Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal

(2001/C 12/02)

INTRODUCCIÓN

En el Consejo Europeo de Cardiff de los días 15 y 16 de junio de 1998, se mencionó la noción de reconocimiento mutuo en materia penal.

La letra f) del punto 45 del Plan de acción del Consejo y de la Comisión adoptado el 3 de diciembre de 1998 sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia dispone que se inicie un proceso destinado a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones y la ejecución de las sentencias en materia penal en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Tratado.

La idea fue asumida por el Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999, que consideró que el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales debía convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial tanto en materia civil como en materia penal en el seno de la Unión (puntos 33 a 37). El Consejo Europeo de Tampere concluyó explícitamente que dicho principio debería aplicarse tanto a las sentencias como a las demás resoluciones dictadas por las autoridades judiciales. Además, solicitó al Consejo y a la Comisión que adoptaran, antes de diciembre de 2000, un programa de medidas destinadas a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo (véase el punto 37 de las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere).

La realización de este programa de medidas se integró en el cuadro de objetivos de la Comisión Europea para el estudio de los progresos realizados con vistas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea.

El reconocimiento mutuo debe permitir que se refuerce la cooperación entre Estados miembros, así como la protección de los derechos de las personas. Puede favorecer una mejor reinserción social del delincuente. Por último, el reconocimiento mutuo de las resoluciones constituye un factor de seguridad jurídica en el seno de la Unión, ya que garantiza que una sentencia pronunciada en un Estado miembro no será impugnada en otro.

La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal supone una confianza recíproca de los Estados miembros en sus respectivos sistemas de justicia penal. Dicha confianza se basa, en particular, en el fundamento común que constituye su adhesión a los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho.

Determinadas formas de reconocimiento mutuo ya figuran en los instrumentos de cooperación judicial adoptados en distintos foros con anterioridad al Tratado de Maastricht y, posteriormente, en el marco de la Unión Europea.

Respecto al reconocimiento de las resoluciones definitivas, se han elaborado varios instrumentos: Convenio europeo sobre la validez internacional de las sentencias penales de 28 de mayo de 1970, Convenio entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas sobre la ejecución de condenas penales extranjeras de 13 de noviembre de 1991 adoptado en el marco de la cooperación política y Convenio de la Unión Europea de 17 de junio de 1998 sobre las decisiones de privación del derecho de conducir.

Por otra parte, el traslado de las personas condenadas, tal como se prevé en el Convenio del Consejo de Europa del 21 de marzo de 1983, tiene como objetivo principal favorecer la reclasificación de las personas condenadas, se basa en consideraciones humanitarias e implica necesariamente un reconocimiento de la resolución pronunciada en el Estado de condena por parte del Estado de ejecución.

El reconocimiento de una sentencia también significa que tiene que ser tenida en cuenta por los demás Estados, es decir, que los mismos hechos no volverán a ser juzgados y que las resoluciones definitivas no serán impugnadas. Este principio es objeto del Convenio entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas relativo a la aplicación del principio non bis in idem firmado en Bruselas en el marco de la cooperación política europea el 25 de mayo de 1987. El Convenio del Consejo de Europa de 15 de mayo de 1972 sobre la transmisión de procedimientos en materia penal contiene igualmente normas de non bis in idem. El Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, firmado el 19 de junio de 1990, también contiene disposiciones relativas a este principio.

En el marco de la Unión Europea, deben citarse el Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y el Convenio de 26 de mayo de 1997 relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, así como el Convenio de la Unión Europea de 17 de junio de 1998 sobre las decisiones de privación del derecho de conducir.

De momento ninguno de esos instrumentos ha entrado en vigor en todos los Estados miembros; por lo que se refiere a los instrumentos adoptados o que deben adoptarse en el marco de la Unión Europea corresponde a los Estados miembros ratificarlos lo antes posible. Por lo que se refiere a los demás, incluido el Convenio entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas sobre la ejecución de condenas penales extranjeras de 13 de noviembre de 1991, adoptado en el marco de la cooperación política, conviene buscar, al mismo tiempo, mecanismos más modernos, que cuenten con el mayor carácter normativo de los instrumentos que establece el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea y permitan plantearse un régimen de reconocimiento mutuo lo más completo posible.

Cabe señalar que varios instrumentos existentes ofrecen a los Estados que son parte la posibilidad de elegir entre proseguir la ejecución de la decisión o sustituirla.

El principio de sustitución de la decisión deberá ser objeto de examen para ver la medida en que es compatible con el principio de reconocimiento mutuo consignado en las conclusiones de Tampere.

Ciertos aspectos del reconocimiento mutuo no se han tratado a nivel internacional, en particular los relacionados con las resoluciones previas a las sentencias o a la consideración, en la elaboración de las resoluciones judiciales, de las resoluciones penales extranjeras, sobre todo para evaluar los antecedentes penales y la reincidencia de las personas.

El reconocimiento mutuo reviste, por consiguiente, formas distintas; debe procurarse en todas las fases del procedimiento penal, antes, durante o después de la sentencia condenatoria, si bien sus modalidades difieren en función de la naturaleza de la resolución o de la pena impuesta.

En cada uno de estos ámbitos, el alcance del reconocimiento mutuo depende estrechamente de la existencia y del contenido de determinados parámetros que condicionan la eficacia del ejercicio. Estos parámetros fueron determinados durante los trabajos iniciados en el seno del Consejo, en particular por la Delegación del Reino Unido.

Los parámetros son los siguientes:

- El alcance general o limitado a determinadas infracciones de la medida contemplada. Algunas medidas de aplicación del reconocimiento mutuo pueden limitarse a las infracciones graves.

- El mantenimiento o la supresión de la exigencia de la doble tipicidad como condición del reconocimiento.

- Los mecanismos de protección de los derechos de terceros, de las víctimas y de las personas sospechosas.

- La definición de las normas mínimas comunes necesarias para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, por ejemplo en materia de competencia jurisdiccional.

- La ejecución directa o indirecta de la resolución y la definición y el alcance del posible procedimiento de validación.

- La determinación y alcance de los motivos de denegación de reconocimiento basados en la soberanía o en otros intereses esenciales del Estado requerido o relacionados con la legalidad.

- El régimen de responsabilidad de los Estados en caso de sobreseimiento, puesta en libertad o absolución.

Según la naturaleza de la resolución de que se trate, la consideración de uno u otro parámetro podrá variar en función del objetivo perseguido de conseguir una aplicación más o menos ambiciosa del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones penales, a menos que sea necesario adoptar una medida autónoma que permita aplicar dicho parámetro a todas las medidas.

El programa de medidas, concebido como un programa global, recoge los distintos ámbitos en los que los Estados miembros deberían desplegar sus esfuerzos durante los próximos años para llegar a un reconocimiento mutuo progresivo de las resoluciones penales en la Unión Europea.

No obstante, este programa no debe considerarse como un programa definitivo que establece de una vez para siempre el reconocimiento mutuo de las resoluciones penales, sino como una iniciativa ambiciosa, progresiva y realista. Su objetivo es abrir la vía y exponer el planteamiento que ha de adoptarse en los ámbitos en cuestión, sin por ello determinar de forma obligatoria y definitiva las modalidades de los futuros trabajos. Asimismo, los Estados miembros no deberían estimar que el programa les dispensa de ratificar determinados instrumentos pertinentes sobre esta materia adoptados en otros foros. Siempre que sea posible, los trabajos que requiera este programa deberían partir, en su caso, de soluciones extraídas de los instrumentos ya existentes para evitar una inútil duplicación de los trabajos.

Por último, convendría que, para la realización de este programa, siempre que proceda, se reunieran varias medidas en un mismo instrumento.

La realización de este programa, cuyo progreso deberá ser objeto de una evaluación mutua, constituye una etapa esencial.

El 26 de julio de 2000 la Comisión presentó una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones finales en materia penal.

El programa de medidas integra la contribución de la Comisión y las orientaciones aprobadas en el Consejo informal de Ministros de Justicia y de Interior celebrado en Marsella los días 28 y 29 de julio de 2000.

PROGRAMA DE MEDIDAS

1. CONSIDERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES PENALES DEFINITIVAS PRONUNCIADAS CON ANTERIORIDAD POR EL JUEZ DE OTRO ESTADO MIEMBRO

1.1. Non bis in idem

Objetivo: Reforzar la seguridad jurídica en la Unión garantizando que la resolución penal condenatoria definitiva pronunciada en un Estado miembro no sea impugnada en otro. La existencia de una resolución de este tipo adoptada en un Estado miembro debe impedir que el hecho o comportamiento ya examinado vuelva a ser perseguido en otro. Este objetivo se alcanzó parcialmente en los artículos 54 a 57 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

A este respecto, las posibilidades de reservas previstas en el artículo 55 del citado Convenio deberían volverse a estudiar, sobre todo la que autoriza a un Estado a declararse no vinculado por el principio non bis in idem cuando "los hechos contemplados en la sentencia extranjera hayan tenido lugar total o parcialmente en su territorio ...".

Respecto a las demás resoluciones, como por ejemplo las de puesta en libertad, convendría examinar de qué manera podrían mantenerse en el principio non bis in idem, posiblemente con determinadas reservas.

Por último, podría tratarse también la cuestión de la resolución pronunciada en un Estado tras una mediación penal.

Medida n° 1: Nuevo estudio de los artículos 54 a 57 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, tomados del Convenio entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas relativo a la aplicación del principio non bis in idem firmado en Bruselas el 25 de mayo de 1987, desde el punto de vista de la plena aplicación del principio de reconocimiento mutuo.

Grado de prioridad: 6.

1.2. Individualización de la sanción

Objetivo: Conseguir que el juez de un Estado miembro tenga en cuenta una condena pronunciada en otro con el objeto de evaluar el pasado penal del delincuente y de sacar consecuencias para la condena del interesado.

Medida n° 2: Adopción de uno o varios instrumentos que establezcan el principio en virtud del cual el juez de un Estado miembro debe estar en condiciones de tener en cuenta las resoluciones penales definitivas pronunciadas en los demás para apreciar el pasado penal del delincuente, para constatar la reincidencia y para determinar la naturaleza de las penas y las modalidades de ejecución que pueden aplicarse.

Grado de prioridad: 4.

Como la eficacia de este principio implica el conocimiento de la resolución condenatoria extranjera, será conveniente:

Medida n° 3: Para facilitar la información mutua, elaborar un modelo de solicitud de antecedentes judiciales traducido a las lenguas de la Unión [letra d) del punto 49 del Plan de acción de 3 de diciembre de 1998 sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia], sobre la base del modelo elaborado en el marco de las instancias de Schengen.

Grado de prioridad: 2.

Medida n° 4: Realizar un estudio de viabilidad que permita determinar la mejor manera de mantener informadas sobre las condenas penales dictadas contra una persona, teniendo plenamente en cuenta las exigencias relativas a las libertades individuales y a la protección de datos, a las autoridades competentes en la Unión Europea. El estudio deberá incluir, en particular, los tipos de condena a los que debería aplicarse y plantearse el mejor método entre los siguientes: a) facilitar los intercambios bilaterales de información; b) poner en red los registros nacionales; c) crear un auténtico registro central europeo.

Grado de prioridad: 2.

2. EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES PREVIAS A LA SENTENCIA

2.1. Resoluciones relativas a la protección de las pruebas y al embargo de bienes

2.1.1. Resoluciones destinadas a la obtención de pruebas

Objetivo: Permitir la admisibilidad de las pruebas, evitar su desaparición y facilitar la ejecución de las resoluciones de registro y de incautación con el objeto de garantizar que se obtengan rápidamente elementos probatorios en el marco de una causa penal (punto 36 de las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere). Convendrá tener presentes el artículo 26 del Convenio europeo sobre transmisión de procedimientos en materia penal, de 15 de mayo de 1972, y el artículo 8 del Convenio de Roma de 6 de noviembre de 1990 sobre transmisión de los procedimientos en materia penal.

Medida n° 5: Estudiar los progresos que puedan realizarse:

- para que entre los Estados miembros no puedan oponerse las reservas y declaraciones previstas en el artículo 5 del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal de 1959, completado con los artículos 51 y 52 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen en lo que respecta a las medidas coercitivas, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de infracciones y la delincuencia financiera,

- para que entre los Estados miembros no puedan oponerse los motivos de denegación de asistencia previstos en el artículo 2 del Convenio de 1959, completado con el artículo 50 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

Grado de prioridad: 1.

Medida n° 6: Elaboración de un instrumento sobre reconocimiento de las resoluciones de embargo de pruebas, a fin de impedir la pérdida de pruebas que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro.

Grado de prioridad: 1.

2.1.2. Medidas provisionales a efectos de decomiso o de devolución a las víctimas

Objetivo: Permitir el reconocimiento y la ejecución inmediata de las resoluciones de embargo preventivo de bienes con vistas al decomiso o a su devolución a la víctima de una infracción penal.

Medida n° 7: Elaboración de un instrumento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo preventivo de bienes. Este instrumento debería permitir embargar provisionalmente bienes en caso de urgencia, sin recurrir a los procedimientos de asistencia judicial, mediante la ejecución de los autos pronunciados por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro.

Se podrá prever el mismo instrumento para la realización de las medidas 6 y 7.

Grado de prioridad: 1.

2.2. Resoluciones relativas a las personas

2.2.1. Resoluciones de detención

Objetivo: Facilitar la ejecución de las órdenes de detención a los efectos de las diligencias. A este respecto conviene tener presente la recomendación n° 28 de la Estrategia de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio, según la cual debería considerarse la posibilidad a largo plazo de crear un espacio jurídico europeo único para la extradición.

Medida n° 8: Buscar los medios para establecer, al menos para las infracciones más graves enumeradas en el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea, un régimen de entrega que se base en el reconocimiento y ejecución inmediata de la orden de detención dictada por la autoridad judicial requirente. Este régimen debería establecer, en particular, las condiciones en que la orden de detención constituiría base suficiente para que las autoridades competentes requeridas entreguen a la persona con miras a crear un espacio jurídico único en materia de extradición.

Grado de prioridad: 2.

2.2.2. Medidas de control no privativas de libertad

Objetivo: Garantizar la cooperación en el supuesto de que una persona esté sometida a obligaciones o medidas de vigilancia en el marco de un control judicial antes de que se juzgue al interesado.

Medida n° 9: Realización de un inventario de medidas que puedan verse afectadas, de formas de control que permitan asegurarse de que cumplen las medidas aquellas personas a las que están destinadas, y de sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

Grado de prioridad: 3.

Medida n° 10: A la vista de dicho inventario, considerar la adopción de un instrumento que permita el reconocimiento y la ejecución inmediata de las medidas de control, de vigilancia o de seguridad dictadas por una autoridad judicial con anterioridad a la sentencia sobre el fondo. Este instrumento debería aplicarse a todas las personas que siendo objeto de procedimientos en un Estado miembro pudieran encontrarse en otro y debería prever el procedimiento de control del cumplimiento de las medidas y la sanción en caso de incumplimiento de las mismas.

Grado de prioridad: 5.

2.3. Consideración de las resoluciones de incoación de un procedimiento en otros Estados miembros

Objetivo: La evolución de la delincuencia internacional ha supuesto un aumento considerable de los casos en que varios Estados miembros son competentes, en virtud de sus normas procesales internas, para perseguir y juzgar los mismos hechos o hechos afines. Conviene, por consiguiente, favorecer en el seno de la Unión la solución de los conflictos positivos de competencia entre Estados miembros y evitar, en la medida de lo posible, la multiplicidad de procedimientos. Para ello, debería realizarse un estudio de viabilidad sobre la creación de un repertorio central que permitiese inculpaciones que se rechazarían a tenor del principio non bis in idem, y que diese asimismo información útil sobre las investigaciones relacionadas con infracciones que implican a la misma persona.

Medida n° 11: Elaboración de un instrumento que prevea la posibilidad de transmisión de los procedimientos en materia penal a otros Estados miembros y favorecer, a estos efectos, la coordinación entre los Estados miembros teniendo en cuenta el ámbito de competencia en esta materia de Eurojust, una de cuyas misiones consiste precisamente en "facilitar la adecuada coordinación de las fiscalías nacionales" (punto 46 de las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere). Se podrían establecer criterios que faciliten la determinación de competencias para facilitar dicha coordinación teniendo en cuenta, entre otras cosas, los casos de transmisión de procedimientos previstos en el artículo 8 del Convenio europeo sobre transmisión de procedimientos en materia penal firmado en Estrasburgo el 15 de mayo de 1972.

Grado de prioridad: 4.

Medida n° 12: Realizar un estudio de viabilidad que permita determinar la mejor manera de mantener informadas sobre las investigaciones o acciones penales en curso sobre una persona, teniendo plenamente en cuenta las exigencias relativas a las libertades individuales y la protección de datos, a las autoridades competentes en la Unión Europea. El estudio deberá incluir, en particular, los tipos de infracción que podrían considerarse y la fase del procedimiento en que debería producirse la información. Deberá optar por el mejor método entre los siguientes: a) facilitar los intercambios bilaterales de información; b) poner en red los registros nacionales; c) crear un auténtico registro central europeo.

Grado de prioridad: 2.

3. RESOLUCIONES CONDENATORIAS

3.1. Penas de prisión

3.1.1. Reconocimiento y ejecución inmediata de la condena definitiva pronunciada en un Estado miembro contra un ciudadano de otro Estado miembro cuando la extradición es denegada, por el único motivo de que se trata de un nacional suyo, por un Estado que ha declarado que no extraditaría a sus nacionales en aplicación del apartado 2 del artículo 7 del Convenio de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea de 27 de septiembre de 1996.

Objetivo: En el supuesto de que le sea imposible a un Estado miembro renunciar al principio de no extradición de sus ciudadanos, garantizar la ejecución en su territorio de la condena por la que se solicita la extradición.

Medida n° 13: Adopción de un instrumento adicional al Convenio de extradición de la Unión Europea de 27 de septiembre de 1996 y al Convenio europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957. En la letra b) del artículo 3 de la Convención entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas sobre la ejecución de condenas penales extranjeras firmado en Bruselas el 13 de noviembre de 1991 únicamente se había previsto la transmisión facultativa de la ejecución. El instrumento que se elabore podría consagrar para dicho supuesto un nuevo principio: "extraditar o ejecutar la condena". En este instrumento deberán recogerse las modalidades de ejecución concretas de la condena, tales como la continuación de la ejecución o la sustitución de la condena.

Grado de prioridad: 3.

Objetivo: Será conveniente evaluar los instrumentos internacionales que tratan sobre las resoluciones definitivas de condena a penas de privación de libertad y ver si esos instrumentos permiten garantizar un régimen completo de reconocimiento mutuo.

Medida n° 14: Evaluar la medida en que unos mecanismos más modernos permiten contemplar un régimen completo de reconocimiento mutuo de las resoluciones definitivas de condena a penas de privación de libertad.

Grado de prioridad: 3.

3.1.2. Traslado de personas que intentan escapar de la justicia tras haber sido condenadas por sentencia definitiva

Objetivo: Simplificación de los procedimientos en el supuesto de que una persona condenada por sentencia definitiva intente escapar de la justicia (punto 35 de las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere).

Medida n° 15: Adopción de un instrumento que suprima el procedimiento formal de extradición permitiendo trasladar al Estado en que ha sido condenada a la persona que intente escapar de la justicia tras haber sido condenada por sentencia definitiva, de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. Deberían preverse los casos en que pudiera sustituirse el traslado por la continuación de la ejecución de la pena. Este instrumento de instauración del principio de "entrega o continuación de la ejecución de la pena" se aplicará en particular a los condenados evadidos.

Grado de prioridad: 3.

3.1.3. Traslados de personas condenadas con el objeto de favorecer la reinserción social

Objetivo: Permitir a los residentes de un Estado miembro cumplir la pena en su Estado de residencia. A este respecto, conviene tener en cuenta el artículo 2 del Acuerdo relativo a la aplicación entre los Estados miembros de la Unión Europea del Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, de 25 de mayo de 1987.

Medida n° 16: Adopción de un instrumento adicional al Convenio Europeo, de 21 de marzo de 1983, sobre traslado de personas condenadas, que se aplica a los ciudadanos de los Estados afectados, para hacerlo extensivo a los residentes.

Grado de prioridad: 4.

3.2. Multas

Objetivo: Garantizar la recaudación en un Estado miembro de las multas impuestas a personas físicas o jurídicas por otro Estado miembro. Conviene tener en cuenta las disposiciones adoptadas a este respecto en el Convenio celebrado entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas sobre la ejecución de condenas penales extranjeras, de 13 de noviembre de 1991.

Medida n° 17: Integración a escala de la Unión del acuerdo específico preparado en el marco de Schengen en relación con la cooperación en los procedimientos relativos a las infracciones de tráfico y a la ejecución de las sanciones pecuniarias correspondientes, que fue aprobado por el Comité Ejecutivo de Schengen mediante decisión de 28 de abril de 1999. Este acuerdo, que figura entre las decisiones que constituyen el acervo de Schengen, debería ser objeto de un acto del Consejo, sobre la base del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, por el que se estableciera un nuevo instrumento jurídico que incluyera sus disposiciones materiales.

Grado de prioridad: 1.

Medida n° 18: Elaboración de un instrumento que permita garantizar la recaudación por el Estado de residencia de las multas impuestas con carácter definitivo por otro Estado miembro a personas físicas o jurídicas. Este instrumento podría prever una recaudación automática de las multas impuestas por infracciones penales o, en su caso, un procedimiento de validación simplificado. Debería incluir en la mayor medida posible disposiciones sobre el procedimiento aplicable en caso de impago. En los trabajos se tendrán en cuenta las diferencias entre Estados miembros de la Unión Europea sobre la cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas.

Grado de prioridad: 2.

3.3. Decomisos

Objetivo: Mejorar la ejecución en un Estado miembro de una resolución de decomiso, en particular a efectos de la devolución a la víctima de una infracción penal, dictada en otro Estado miembro, habida cuenta de la existencia del Convenio del Consejo de Europa de 8 de noviembre de 1990 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los beneficios del delito.

Medida n° 19: Estudiar:

- en particular, si los motivos de denegación de la ejecución de una resolución de confiscación que cita el artículo 18 del Convenio de 1990 resultan todos ellos compatibles con el principio del reconocimiento mutuo,

- sin perjuicio de las competencias de la Comunidad, el modo de mejorar el reconocimiento y la ejecución inmediata en un Estado miembro de una resolución dictada en otro Estado miembro con el fin de proteger los intereses de una víctima, cuando dicha resolución forme parte de una sentencia condenatoria penal.

Grado de prioridad: 2.

3.4. Privación de derechos y otras sanciones

Objetivo: Ampliar progresivamente la eficacia de las sanciones de privación de derechos a la totalidad del territorio de la Unión Europea: para ser eficaces en el marco europeo, determinadas sanciones deberían, en efecto, ser reconocidas y ejecutadas en toda la Unión. Asimismo conviene que se tome en consideración la recomendación n° 7 del Plan de acción de 1997 para luchar contra la delincuencia organizada, en el que se pedía a los Estados miembros que prohibiesen a las personas que hubieran cometido una infracción que tuviera alguna vinculación con la delincuencia organizada su participación en los procedimientos de licitación pública realizados por los Estados miembros y por la Comunidad y que denegasen sus solicitudes de subvención o de licencia pública, así como la recomendación n° 2 de la Estrategia de la Unión Europea para principios del nuevo milenio en que aparece la misma idea.

Medida n° 20: Realizar un inventario de las privaciones de derechos, prohibiciones e inhabilitaciones comunes a todos los Estados miembros impuestas por condena o a consecuencia de ésta a personas físicas o jurídicas.

Grado de prioridad: 2.

Medida n° 21: Realizar un estudio de viabilidad que permita determinar la mejor manera de mantener informadas sobre las medidas de privación de derechos, prohibición e inhabilitación dictadas en un Estado miembro, teniendo plenamente en cuenta las exigencias relativas a las libertades individuales y la protección de datos, a las autoridades competentes de la Unión Europea. El estudio deberá optar por el mejor método entre los siguientes: a) facilitar los intercambios bilaterales de información; b) poner en red los registros nacionales; c) crear un auténtico registro central europeo.

Grado de prioridad: 2.

Medida n° 22: Elaborar uno o varios instrumentos que permitan hacer efectivas las privaciones de derechos así inventariadas en el Estado de residencia del condenado y ampliar determinadas privaciones de derechos a la totalidad del territorio de la Unión, al menos para determinadas categorías de infracciones y de privaciones de derechos. También se debería abordar en este marco la cuestión de la ampliación a la totalidad de la Unión Europea de la sanción de prohibición del territorio pronunciada en uno de los Estados miembros.

Grado de prioridad: 5.

4. RESOLUCIONES ADOPTADAS EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS CONSECUTIVAS A UNA CONDENA PENAL

Objetivo: Garantizar la cooperación cuando se trate de una persona sometida a obligaciones o medidas de vigilancia y de asistencia con arreglo, en particular, a una condena en suspenso o a la libertad condicional.

Medida n° 23: Procurar optimizar la aplicación del Convenio europeo relativo a la vigilancia de las personas con condenas en suspenso o en libertad condicional, de 30 de noviembre de 1964. En particular, convendría determinar la medida en que podría establecerse que entre los Estados miembros de la Unión Europea no puedan oponerse ciertas reservas y motivos de denegación de ejecución, en su caso mediante un instrumento específico.

Grado de prioridad: 6.

5. EVALUACIÓN MUTUA

Objetivo: Prever un mecanismo de evaluación mutua del reconocimiento de las resoluciones en materia penal que permita medir el grado de progreso de los Estados miembros en la aplicación de las medidas previstas.

Medida n° 24: Incluir el principio de evaluación mutua en un instrumento basado en el modelo de la Acción común de 5 de diciembre de 1997 por la que se establece un mecanismo de evaluación de la aplicación y ejecución a escala nacional de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia organizada. A este respecto, la recomendación n° 8 del documento "Prevención y control de la delincuencia organizada: Estrategia de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio" establece que el Consejo deberá estudiar la posibilidad de completar el mecanismo de evaluación existente, que podría servir en el marco de la evaluación de ámbitos específicos.

Grado de prioridad: véase la recomendación n° 8.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS

Es delicado fijar plazos límite para los trabajos que habrán de realizarse en la Unión Europea: los plazos demasiado breves son ilusorios y los demasiado largos desmovilizan a los Estados miembros.

Por lo tanto, se ha optado por fijar prioridades que de cualquier manera deberán considerarse desde el punto de vista de los recursos de las instituciones y de los Estados miembros, así como de los demás trabajos que se desarrollan actualmente.

Dichas prioridades se han establecido teniendo en cuenta los parámetros siguientes:

- En el momento de prepararse este plan, algunas medidas están ya propuestas en determinadas iniciativas. Por consiguiente, se han consignado como primera prioridad.

- Determinadas medidas ya han sido calificadas como prioritarias, bien en las conclusiones de Tampere, bien en Consejos de Ministros posteriores.

- Ciertas medidas son estudios de viabilidad. En ese caso, puede pensarse que será posible delegar su ejecución, que por lo tanto no supondrá una carga excesiva para los recursos del Consejo. Por lo general, estas medidas se han consignado como relativamente prioritarias. Será conveniente, a efectos de estas medidas, utilizar plenamente los programas financiados por el presupuesto de las Comunidades.

- Por último, se tuvieron en cuenta las repercusiones positivas previsibles sobre la realización de los objetivos fijados por los Tratados.

Habida cuenta de la importancia que las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere conceden al reconocimiento mutuo, es deseable que se realicen progresos sustanciales en la aplicación de las medidas del nivel 1 y 2 antes de finales del año 2002. Se propone que en esa fecha el Consejo examine los progresos realizados.

A. CUADRO POR ORDEN DE PRIORIDADES

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B. CUADRO POR ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LAS MEDIDAS

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