REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1100 DE LA COMISIÓN

de 5 de julio de 2021

por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de Turquía

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (1) («Reglamento de base»), y en particular su artículo 9, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO

1.1. Inicio

(1) El 14 de mayo de 2020, la Comisión Europea («Comisión») inició una investigación antidumping relativa a las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados («HRFS» o «producto investigado»), originarios de Turquía («país afectado»), sobre la base del artículo 5 del Reglamento de base (2).

(2) El 12 de junio de 2020, la Comisión inició una investigación antisubvenciones relativa a las importaciones del mismo producto originario de Turquía (3).

1.2. Registro

(3) A raíz de una solicitud del denunciante basada en las pruebas necesarias, la Comisión sometió a registro las importaciones del producto afectado mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1686 de la Comisión (4) («Reglamento de registro») en virtud del artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base.

1.3. Medidas provisionales

(4) De conformidad con el artículo 19 bis del Reglamento de base, el 17 de diciembre de 2020 la Comisión ofreció a las partes un resumen de los derechos provisionales propuestos y datos sobre el cálculo de los márgenes de dumping y los márgenes adecuados para eliminar el perjuicio ocasionado a la industria de la Unión. Como se explica en los considerandos 215 y 216 del Reglamento provisional, las observaciones facilitadas por las partes no derivaron en la modificación de los márgenes, ya que no se consideraron erratas.

(5) El 7 de enero de 2021, la Comisión estableció un derecho antidumping provisional mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/9 de la Comisión («Reglamento provisional») (5).

1.4. Procedimiento posterior

(6) Tras la divulgación de los hechos y las consideraciones principales que sirvieron de base para la imposición de un derecho antidumping provisional («divulgación provisional»), los denunciantes, un Consorcio que representa los intereses de algunos usuarios, un usuario que importaba productos largos de acero, los productores exportadores incluidos en la muestra, un importador vinculado a uno de los productores exportadores incluidos en la muestra, la Asociación Turca de Exportadores de Acero («ÇİB») y el Gobierno de Turquía facilitaron sus observaciones por escrito respecto a las conclusiones provisionales. Dos productores exportadores solicitaron y recibieron información adicional sobre el cálculo de sus márgenes de perjuicio.

(7) Se concedió audiencia a las partes que lo solicitaron. Se celebraron audiencias con los tres productores exportadores incluidos en la muestra y con el Gobierno de Turquía.

(8) La Comisión siguió solicitando y verificando toda la información que consideró necesaria para formular sus conclusiones definitivas. Para ello, la Comisión tuvo en cuenta las observaciones presentadas por las partes interesadas y revisó sus conclusiones provisionales cuando fue procedente.

(9) La Comisión informó a todas las partes interesadas de los hechos y las consideraciones principales en función de los cuales tenía la intención de imponer un derecho antidumping definitivo a las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados originarios de Turquía («divulgación final»). Se concedió un plazo a todas las partes para formular observaciones en relación con la divulgación final.

(10) También se concedió audiencia a las partes que lo solicitaron. Se celebraron audiencias con los tres productores exportadores incluidos en la muestra. Además, un productor exportador incluido en la muestra solicitó la intervención del consejero auditor con respecto a la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base.

(11) Después de la divulgación final, la Comisión detectó una errata en el cálculo del margen de dumping definitivo de uno de los productores exportadores. Por consiguiente, se envió una divulgación final adicional al productor exportador en cuestión, que formuló más observaciones acerca de la divulgación adicional recibida.

(12) Se consideraron las observaciones presentadas por las partes interesadas, y se han tenido en cuenta, en su caso, en el presente Reglamento.

1.5. Muestreo

(13) En ausencia de otras observaciones sobre el muestreo, se confirmó lo expuesto en los considerandos 7 a 18 del Reglamento provisional.

1.6. Examen individual

(14) En ausencia de otras observaciones sobre el examen individual, se confirmó lo expuesto en el considerando 19 del Reglamento provisional.

1.7. Período de investigación y período considerado

(15) En ausencia de observaciones sobre el período de investigación y el período considerado, se confirmó lo expuesto en el considerando 27 del Reglamento provisional.

1.8. Modificación del alcance geográfico y alegaciones relativas al procedimiento

(16) Desde el 1 de enero de 2021, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («Reino Unido») ya no forma parte de la Unión Europea (UE). Por lo tanto, el presente Reglamento se basa en datos para la Unión Europea, sin tener en cuenta al Reino Unido («Europa de los Veintisiete»). Por ese motivo, la Comisión solicitó al denunciante y a los productores de la Unión incluidos en la muestra que presentaran determinadas partes de sus respuestas originales al cuestionario con datos relativos únicamente a la Europa de los Veintisiete. El denunciante y los productores de la Unión incluidos en la muestra facilitaron los datos solicitados. Puesto que la diferencia entre los indicadores macroeconómicos publicados en el Reglamento provisional y los datos macroeconómicos para la Europa de los Veintisiete se debe a que se dejó al margen a un único productor del Reino Unido, en algunos de los cuadros que figuran en el presente Reglamento se facilitan intervalos de valores para no divulgar información confidencial en relación con esa parte interesada.

(17) Por lo que respecta al dumping, para el cálculo de los márgenes de dumping definitivos solo se tuvieron en cuenta las ventas de exportación de los productores exportadores a la Europa de los Veintisiete.

(18) Por último, para la evaluación del interés de la Unión, la Comisión también investigó el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión en las respuestas al cuestionario enviadas por los usuarios e importadores, a saber, por Marcegaglia Carbon Steel SpA, San Polo Lamiere y los representados por el grupo Network Steel. San Polo Lamiere no reaccionó a la petición de la Comisión. Las demás partes afirmaron que la retirada del Reino Unido no afectaba a la información que ya habían facilitado.

(19) El 12 de enero de 2021, mediante una nota en el expediente (6), la Comisión informó a las empresas y asociaciones del Reino Unido que ya no cumplían los requisitos para ser partes interesadas en los procedimientos de defensa comercial. Solo la International Steel Trade Association, una parte radicada en el Reino Unido que representa los intereses de importadores y usuarios, que estaba registrada como parte interesada, reaccionó a la nota presentado una solicitud justificada para seguir participando en el procedimiento como parte interesada. Habida cuenta de que dicha parte tiene una sede en Alemania que representa a empresas pertinentes de la UE en la Europa de los Veintisiete, la Comisión aceptó su solicitud.

(20) El Gobierno de Turquía consideró que debido a la retirada del Reino Unido las medidas provisionales impuestas el 7 de enero de 2021 eran injustificadas e ilícitas porque se basaban en datos de la Europa de los Veintiocho. El 29 de enero de 2021, el Gobierno de Turquía pidió a la Comisión que suspendiera las medidas provisionales y llevara a cabo un análisis basado en datos que no incluyeran al Reino Unido. La Comisión consideró que la petición del Gobierno de Turquía carecía de justificación, ya que las medidas provisionales se basaban en las conclusiones previamente comunicadas a las partes interesadas en 2020, momento en el cual la Unión aún estaba constituida por veintiocho Estados miembros.

(21) Además, el Gobierno de Turquía y dos de los productores exportadores incluidos en la muestra alegaron que ninguna de las medidas provisionales debía permanecer en vigor más de tres meses, de acuerdo con el artículo 11, apartado 2, del Acuerdo entre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la República de Turquía sobre el comercio de los productos regulados por el tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero («Acuerdo CECA-Turquía») (7). Sin embargo, la Comisión opinaba que las disposiciones recogidas en el artículo 11 del Acuerdo CECA-Turquía solo son pertinentes si es la parte perjudicada la que específicamente se acoge a él. En esta investigación la Comisión no se acogió a las disposiciones recogidas en los artículos 10 u 11 del Acuerdo CECA-Turquía y, por lo tanto, no era necesario que la Comisión impusiera medidas provisionales con un período de vigencia inferior a los seis meses, como prevé el Reglamento de base.

2. PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

2.1. Alegaciones relativas a la definición del producto

(22) En la fase provisional, un fabricante de carretillas elevadoras y componentes para carretillas elevadoras y máquinas de construcción solicitó que se excluyeran las barras largas de acero laminadas en caliente de la definición del producto investigado. En el Reglamento provisional, la Comisión determinó provisionalmente que las barras largas de acero laminadas en caliente no entran dentro del alcance de la presente investigación, dado que una barra laminada en caliente de 6-12 m de longitud es un producto largo, no un producto de acero plano.

(23) Después de la divulgación provisional, dicha parte reiteró su solicitud. Indicó que los productos en cuestión seguían formando parte de la definición del producto y, por lo tanto, estaban sujetos a las medidas. Por tanto, solicitó la exclusión de los «productos cuya longitud supere los 6 000 mm», con vistas a dejar al margen dichos productos, es decir, determinadas barras largas laminadas en caliente clasificadas en el código NC 7226 91 91, uno de los códigos NC sujetos a las medidas. La Comisión constató que la exclusión propuesta por la parte mencionada no era aplicable, puesto que abarcaría determinados HRFS a los que sí deben aplicarse las medidas. En ese sentido, el denunciante señaló que los HRFS enrollados e incluso algunos HRFS cortados a medida pueden alcanzar una longitud de 10 000 mm y que, por lo tanto, esta no era una característica exclusiva de los productos que abarcaba la petición de exclusión. Sin embargo, el denunciante se mostró de acuerdo en que las barras largas de acero laminadas en caliente en cuestión no entraban dentro del ámbito de la investigación.

(24) La Comisión constató que los productos especificados en la petición del fabricante de carretillas elevadoras tenían unas características básicas diferentes a las de los HRFS, no debido a su longitud, sino más bien a su espesor y su anchura, por lo que constituían productos diferentes que tenían también usos distintos. Por consiguiente, se concedió la exclusión a los «productos a) cuya anchura es superior o igual a 350 mm y b) cuyo espesor es superior o igual a 50 mm, independientemente de la longitud del producto».

(25) Después de la divulgación provisional, Erdemir Romania S.R.L. solicitó la exclusión de los productos de acero al silicio llamado «magnético» laminados en caliente que no son de grano orientado clasificados en el código NC 7225 19 10, porque los adquiere únicamente de su empresa matriz Erdemir en Turquía, debido a las supuestas prácticas de los productores de la Unión (a saber, precios elevados y suministro limitado) y a la supuesta ausencia de competencia con los productores de la Unión. Erdemir Romania S.R.L. alegó que, si no se excluían los productos en cuestión, se ejercería un efecto negativo sobre la propia empresa y sobre la economía rumana en general.

(26) La solicitud de exclusión mencionada anteriormente alude al suministro de insumos de HRFS a un fabricante de acero magnético radicado en Rumanía desde su empresa matriz Erdemir en Turquía. La Comisión constató que estas materias primas no son diferentes, sino que comparten las mismas características que otros tipos de HRFS sujetos a las medidas sobre la base de sus características físicas, técnicas y químicas, sus usos finales y su intercambiabilidad. Por tanto, la Comisión denegó la solicitud de exclusión de los productos de acero al silicio llamado «magnético» laminados en caliente que no son de grano orientado clasificados en el código NC 7225 19 10. Lo que es más, varios productores de la Unión fabrican productos de acero al silicio llamado «magnético» laminados en caliente que no son de grano orientado que compiten directamente con los productos importados. Por lo que respecta al impacto sobre la parte solicitante, la Comisión no veía por qué sería «catastrófico» que se denegara la exclusión como afirmaba dicha parte, dado el nivel de derechos antidumping aplicable a la empresa matriz.

2.2. Conclusión

(27) En ausencia de otras observaciones sobre la definición del producto, la Comisión confirmó sus conclusiones de los considerandos 28 a 33 del Reglamento provisional, tal y como se corrige en el considerando 24 del presente Reglamento.

3. DUMPING

(28) Después de las divulgaciones provisional y final, la Comisión recibió observaciones por escrito de los tres productores exportadores incluidos en la muestra y del denunciante acerca de las conclusiones provisionales y definitivas sobre el dumping.

3.1. Aplicación del artículo 18 del Reglamento de base

(29) La información detallada sobre la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base a la información facilitada por dos productores exportadores vinculados en cuanto a los costes de transporte comunicados respecto a las ventas en el mercado nacional se reflejó en los considerandos 26 y 56 a 59 del Reglamento provisional.

(30) Después de la divulgación provisional, los dos productores exportadores vinculados se opusieron a la aplicación provisional del artículo 18 del Reglamento de base con respecto a sus costes de transporte en su mercado nacional y alegaron que en el caso que nos ocupa no se cumplían las condiciones para aplicar dicho artículo. También alegaron que, si la Comisión concluía lo contrario, solo podía ajustar los costes de transporte en su mercado nacional de aquellas rutas de suministro para las cuales los datos de las empresas se consideraban incorrectos.

(31) En sus observaciones enviadas después de la divulgación provisional, el denunciante se opuso a la alegación de los productores exportadores y respaldó la aplicación provisional del artículo 18 del Reglamento de base por parte de la Comisión por lo que respecta a los costes de transporte incurridos por los productores exportadores en cuestión.

(32) Después de la divulgación provisional, los productores exportadores en cuestión volvieron a presentar sus alegaciones. En primer lugar, alegaron que ya no era necesario determinar los costes incurridos debido al transporte de HRFS entre un productor y otra empresa del grupo, ya que la Comisión decidió calcular los márgenes de dumping para ambos productores exportadores del grupo por separado. En segundo lugar, alegaron que la Comisión debería haber utilizado los datos proporcionados en la respuesta a la carta en virtud del artículo 18 y debería haber adaptado únicamente el coste del transporte para las rutas de suministro que implicaran un puerto o almacén de una empresa vinculada perteneciente al grupo como punto intermedio de ventas o suministro. En ese sentido, la empresa solicitó, asimismo, que interviniera el consejero auditor, y se celebró una audiencia el 6 de mayo de 2021.

(33) La Comisión analizó la alegación y concluyó que la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base respecto a los costes de transporte en el mercado nacional incurridos por los productores exportadores estaba justificada. En primer lugar, aunque se realizaron cálculos por separado para las dos empresas después de sus observaciones sobre la divulgación provisional, las empresas siguieron siendo partes vinculadas, así que los costes de transporte interno seguían siendo relevantes. En segundo lugar, los documentos presentados por las empresas para respaldar su alegación no aportaron información nueva y no proporcionaron un desglose claro y completo de todas las rutas de suministro a través de las cuales se realizaban las ventas del producto investigado en el mercado nacional que permitiera a la Comisión identificar claramente —y, por tanto, verificar— todas las transacciones en las que un almacén o puerto de una empresa conexa actuaba como punto de venta o distribución intermedio. A partir de la información recogida en el expediente, no es posible descartar con suficiente certeza que no existieran otras rutas de suministro, de las cuales también habría que excluir parte de los costes de transporte interno.

(34) A raíz de las recomendaciones del consejero auditor, la Comisión volvió a evaluar la proporcionalidad de los ajustes realizados en los costes de transporte en el mercado nacional incurridos por los productores exportadores. La Comisión observó que la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base solo afectaba a un número limitado de transacciones de ventas en el mercado nacional (alrededor del 10 % para un productor exportador y alrededor del 20 % para otro productor exportador perteneciente al grupo) y corrigió únicamente las transacciones de ventas entregadas al cliente. Por tanto, los ajustes para la mayoría de transacciones de ventas en el mercado nacional siguieron siendo los mismos. Lo que es más, aunque la Comisión aplicó los datos disponibles, no rechazó completamente el ajuste de los costes de transporte. Por el contrario, utilizó los datos actuales facilitados por las empresas para calcular los costes de transporte para aquellas rutas en las que no estaba clara la participación de un punto intermediario vinculado. Por consiguiente, la Comisión consideró que, dados los hechos y la necesidad de que los productores exportadores justificaran los ajustes reclamados, el enfoque adoptado respecto al cálculo del ajuste de los costes de transporte para las transacciones de ventas en el mercado nacional era proporcionado y razonable.

(35) Por lo tanto, se rechazó la alegación y la Comisión confirmó sus conclusiones de los considerandos 56 a 59 del Reglamento provisional.

3.2. Valor normal

(36) La información detallada sobre el cálculo del valor normal se expuso en los considerandos 38 a 49 del Reglamento provisional.

(37) Un productor exportador alegó que, para determinar el coste de producción, la Comisión debía ajustar el coste que había calculado de nuevo para un insumo adquirido con sus registros contables.

(38) La Comisión evaluó la alegación y opinó que estaba justificada. La metodología que aplicó la Comisión en la fase provisional para redistribuir el coste del insumo adquirido con el fin de reflejar la diferencia del coste resultante de las distintas características técnicas tuvo como resultado un coste total superior de ese insumo que no concordaba con los registros contables del productor exportador. Por tanto, se aceptó la alegación y en el cálculo definitivo la Comisión revisó el coste del insumo adquirido en consecuencia.

(39) Un productor exportador alegó que, al determinar el coste de producción, la Comisión debería haber aceptado la compensación del precio de la electricidad que había comunicado. Alegó que, en sus conclusiones provisionales, la Comisión no comprendió bien la función de la empresa en el mercado turco y el funcionamiento general del sistema YEKDEM, un mecanismo que promueve la energía renovable en Turquía. El productor exportador explicó que la electricidad generada mediante fuentes renovables es vendida por el operador de mercado (EPIAS) a los participantes del mercado a un precio determinado. Sin embargo, si el precio de mercado al que EPIAS había adquirido esta electricidad posteriormente descendía, la diferencia se reembolsaba a los compradores de electricidad. Por ese motivo, la empresa alegó que era necesaria una compensación del precio de la electricidad que reflejara el coste neto de la electricidad, teniendo en cuenta el reembolso.

(40) La Comisión analizó las nuevas explicaciones proporcionadas y concluyó que la alegación estaba justificada. Por consiguiente, se aceptó la alegación y se introdujo una compensación del precio de la electricidad en el coste de producción en el cálculo definitivo del dumping de la empresa.

(41) Un productor exportador alegó que, para el cálculo de los costes de producción de HRFS, la Comisión solo debería haber tenido en cuenta el coste de los HRFS vendidos en el mercado nacional, que dicho productor exportador había proporcionado de forma independiente al coste de los HRFS exportados a la Unión, en lugar de establecer un único coste de la producción de HRFS fusionando los dos conjuntos de datos de costes facilitados. La empresa alegó que este enfoque ignoraba el hecho de que un tipo de producto definido en el número de control del producto («NCP») podía comprender distintas gamas de productos según el mercado de destino.

(42) En sus observaciones remitidas después de la divulgación provisional, el denunciante se opuso a la alegación del productor exportador y afirmó que, si dos o más productos se clasifican en el mismo NCP, deben tener el mismo coste de producción, a pesar de que el productor los considere distintos en su propio sistema de contabilidad de costes. Por lo tanto, deben figurar en el mismo cuadro de coste de producción.

(43) Después de la divulgación provisional, el productor exportador reiteró la alegación de que en el cálculo del valor normal solo debería haberse tenido en cuenta el coste de producción para las ventas en el mercado nacional, que se comunicó de forma independiente del coste de producción para las ventas a la Unión.

(44) La Comisión consideró que el productor exportador no demostró que existiera ninguna diferencia objetiva en el coste de producción en función del mercado de destino que justificara un cálculo independiente del coste. Las diferencias de coste alegadas se debían a que la empresa facilitó costes de producción basados en su sistema de códigos interno, en lugar de en los NCP. La Comisión consideró que no existían motivos para diferenciar entre el coste de producción para los productos vendidos en el mercado nacional y los exportados si no existen diferencias objetivas en el proceso de producción. Como el productor exportador no aportó pruebas que demostraran que el proceso de producción para las ventas nacionales y para exportación dentro del mismo NCP fuera diferente, la Comisión concluyó que no podía aceptar dos conjuntos de costes distintos. Por tanto, se rechazó la alegación.

(45) Los tres productores exportadores formularon observaciones sobre el cálculo de sus gastos de venta, generales y administrativos en el mercado nacional, en particular por lo que respecta a la exclusión o redistribución provisional de algunos elementos financieros, como los ingresos financieros, las pérdidas y ganancias por cambio de divisas y las pérdidas y los ingresos extraordinarios a los efectos del cálculo de los gastos de venta, generales y administrativos.

(46) En las observaciones que remitió después de la divulgación provisional, el denunciante se opuso a las alegaciones de los productores exportadores que afirmaban que los importes excluidos no estaban relacionados con la producción ni con las ventas del producto investigado, sino con los resultados de otras actividades llevadas a cabo por las empresas, como los depósitos bancarios o las operaciones de revalorización.

(47) Después de la divulgación final, los tres productores exportadores reiteraron sus alegaciones con respecto al cálculo de los gastos de venta, generales y administrativos.

(48) Dos productores exportadores vinculados cuestionaron el hecho de que la Comisión reclasificara algunos gastos de la categoría de costes de los productos vendidos a gastos de venta, generales y administrativos o al coste de producción (como los gastos de capacidad no utilizada, suministros para material inactivo), mientras que no hizo lo mismo con otros gastos clasificados en la categoría de costes de los productos vendidos. Las empresas alegaron, asimismo, que la Comisión debería haber tenido en cuenta las pérdidas o ganancias por el cambio de divisas realizado, así como aquellas derivadas de las diferencias de valoración monetaria. Por último, las empresas alegaron que la reclasificación parcial de los gastos de venta, generales y administrativos relacionados con el transporte a gastos de venta, generales y administrativos generales no debería haberse efectuado para el comerciante vinculado del grupo, ya que este no incurrió en costes de transporte interno. Esta última alegación se repitió después de la divulgación final adicional. En particular, los productores exportadores alegaron que esta reclasificación no afectaba al comerciante vinculado, puesto que constituía la última rama del flujo de transporte.

(49) Con respecto a la reclasificación de los gastos clasificados como costes de los productos vendidos, la empresa había comunicado ciertos gastos que no pertenecían a la categoría de coste de producción ni de gastos de venta, generales y administrativos. Por tanto, la Comisión constató que estos gastos quedarían excluidos erróneamente del cálculo del valor normal si no se reclasificaban en una de estas dos categorías. Al mismo tiempo, la Comisión consideró que estos gastos, que no se reclasificaron, no estaban relacionados con la producción o las ventas del producto investigado (por ejemplo, operaciones con derivados) o bien no estaba clara su vinculación con la producción o las ventas del producto investigado (por ejemplo, diferencias en el precio de la materia prima).

(50) Por lo que respecta a las pérdidas o ganancias por cambio de divisas, la Comisión consideró que estas eran el resultado de operaciones de cierre y, por tanto, no estaban relacionadas con la producción o las ventas del producto investigado. Además, las empresas explicaron que las pérdidas o ganancias por cambio de divisas procedían de operaciones en euros o liras turcas, ya que la divisa que utilizaban en su contabilidad era el dólar estadounidense. Como las ventas en el mercado nacional se llevaban a cabo en dólares estadounidenses, la Comisión consideró que no podían atribuirse las pérdidas o ganancias por cambio de divisas a las ventas en el mercado nacional y, por tanto, deberían haberse tenido en cuenta al calcular los gastos de venta, generales y administrativos utilizados en la evaluación del curso de operaciones comerciales normales.

(51) Por último, por lo que respecta a la reclasificación de los costes de transporte interno, a los que se aplican las disposiciones recogidas en el artículo 18 del Reglamento de base, como se explica en los considerandos 29 a 35, por lo que respecta al comerciante vinculado, la Comisión consideró que el problema surgía a nivel del grupo empresarial, del cual formaba parte el comerciante vinculado. En cuando al comerciante vinculado, la Comisión señaló que la empresa tenía sus instalaciones repartidas en cuatro ubicaciones. Por lo tanto, no podía descartarse que los productos se transportaran primero a una de las otras ubicaciones para luego ser enviadas al cliente o recogidas por este.

(52) De esta forma, la Comisión confirmó su planteamiento de la fase provisional y rechazó las alegaciones presentadas por los dos productores exportadores.

(53) Un productor exportador se mostró en desacuerdo con el rechazo por parte de la Comisión de las alegaciones relativas a las pérdidas o ganancias, a los ingresos extraordinarios y a los ingresos financieros que la empresa comunicaba como parte de sus gastos de venta, generales y administrativos. Además, alegó que la Comisión eliminó los ingresos financieros de los gastos de venta, generales y administrativos, pero no hizo lo mismo con los gastos financieros.

(54) De acuerdo con sus prácticas contables, la empresa en cuestión no podía comunicar por separado las pérdidas o ganancias obtenidas por cambio de divisas, que están directamente relacionadas con la producción o las ventas del producto investigado. Por tanto, la Comisión no podía determinar el importe real de las ganancias o pérdidas por cambio de divisas comunicadas que pudieran tenerse en cuenta en el cálculo de los gastos de venta, generales y administrativos.

(55) Respecto a los ingresos extraordinarios, la Comisión observó que, en sus observaciones sobre la divulgación provisional, la empresa alegó que los ingresos extraordinarios tenían que ver con las ventas y las actividades de fabricación del producto investigado. Aun así, la empresa no aportó datos que respaldaran esta alegación. Por otro lado, la Comisión aclaró que solo había rechazado uno de los elementos comunicados en la categoría de ingresos extraordinarios, cuya naturaleza no podía confirmarse sobre la base de la información facilitada por la empresa.

(56) Por último, la Comisión evaluó cuidadosamente la información transmitida en las categorías de gastos e ingresos financieros. La Comisión rechazó la alegación de la empresa relativa a los ingresos financieros, ya que estos no guardaban relación con las actividades cotidianas de ventas y producción de la empresa, sino con operaciones financieras que nada tenían que ver con la fabricación o las ventas del producto investigado. Sin embargo, según la información facilitada por la empresa, la Comisión consideró que los gastos financieros incurridos por la empresa sí estaban relacionados con sus actividades de producción y venta de HRFS.

(57) Por tanto, la Comisión confirmó su planteamiento de la fase provisional y rechazó las alegaciones presentadas por el productor exportador.

(58) Un productor exportador alegó que la Comisión no debería haber ignorado la información presentada en la fase provisional, ya que no existe ninguna excepción temporal que le permita hacerlo, siempre que la información se presente dentro de los plazos de la investigación y la parte interesada que la presente coopere con la Comisión.

(59) En la fase provisional, el productor exportador en cuestión rebatió las correcciones provisionales realizadas por la Comisión en sus gastos de venta, generales y administrativos verificados, y envió datos adicionales a este respecto. La Comisión había reasignado determinados gastos de venta, generales y administrativos que la empresa había asignado inicialmente a otros productos, en particular los insumos para la producción de HRFS fabricados por la propia empresa. La Comisión examinó cuidadosamente la información adicional proporcionada y concluyó que esta no demostraba que el método utilizado por la Comisión para reasignar los gastos de venta, generales y administrativos no fuera razonable ni adecuado, especialmente teniendo en cuenta que el productor no había facilitado ni asignado correctamente dichos gastos de venta, generales y administrativos durante las verificaciones a distancia, y que en sus observaciones sobre la divulgación provisional se había mostrado de acuerdo en que los gastos de venta, generales y administrativos relacionados con los insumos utilizados para fabricar el producto investigado podían asignarse al producto investigado. Por consiguiente, la Comisión rechazó la alegación.

(60) Un grupo de productores exportadores se opuso a la decisión provisional de fusionar los datos de costes y ventas de las dos entidades productoras del grupo para el cálculo del margen de dumping del grupo. Alegó que la Comisión debería haber calculado primero los márgenes de dumping individuales de los dos productores vinculados sobre la base de sus propios valores normales y precios de exportación, para luego calcular una media ponderada del margen de dumping para el grupo en su conjunto sobre esa base.

(61) En sus observaciones presentadas después de la divulgación provisional, el denunciante se opuso a la alegación del productor exportador y afirmó que la Comisión no se equivocó al tratar a las empresas como una única entidad, dada la naturaleza de las actividades económicas del grupo.

(62) La Comisión concluyó que, dado que dos de los productores exportadores del grupo facilitaron sus propios datos de costes y ventas de forma que fue posible diferenciar y rastrear los flujos de ventas y costes de los productos fabricados por cada uno de los dos productores exportadores individualmente, fue posible y resultó más preciso calcular dos márgenes de dumping independientes y, a continuación, fusionarlos en una media ponderada para obtener el margen de dumping de todo el grupo. Por lo tanto, se aceptó la alegación del grupo y se calculó su margen de dumping de la forma correspondiente.

(63) Un productor exportador alegó que la Comisión se equivocó al incluir provisionalmente algunos gastos correspondientes a la capacidad no utilizada en sus costes de producción, y alegó que estos gastos solo afectaban a productos distintos del producto investigado.

(64) La Comisión analizó la información proporcionada por el productor exportador y constató que la alegación estaba justificada. De hecho, la introducción provisional de estos gastos correspondientes a la capacidad no utilizada en el coste del producto investigado fue resultado de un malentendido en cuanto a la categoría de productos a los que estaban vinculados dichos gastos. Por lo tanto, se aceptó la alegación y se eliminaron los gastos relacionados con la capacidad no utilizada del coste de producción del productor exportador.

(65) Un productor exportador volvió a alegar que debía utilizarse el coste real de la producción de los desbastes (materia prima para fabricar HRFS) incurrido por su proveedor vinculado, en lugar del precio de adquisición cobrado por dicho proveedor. Además, la empresa indicó que este enfoque era correcto, ya que en la fase provisional la Comisión fusionó los datos proporcionados por ambos productores vinculados y calculó un único margen de dumping.

(66) En sus observaciones remitidas después de la divulgación provisional, el denunciante se opuso a la alegación del productor exportador, afirmando que debía comunicarse el coste de los desbastes incurrido por el productor exportador. Teniendo en cuenta que los desbastes no se transferían a nivel de costes sino a un nivel superior, utilizar el coste de producción de los desbastes asumido por el proveedor vinculado tendría un efecto de distorsión.

(67) La Comisión señaló que, con arreglo al artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, los costes utilizados en el cálculo del valor normal reflejarán de forma razonable los costes relacionados con la producción y venta del producto investigado de acuerdo con las anotaciones de los registros contables de la empresa. En los registros contables del productor exportador que formuló la alegación, el coste de los desbastes se había registrado reflejando el precio de adquisición abonado al proveedor vinculado. El precio de venta de los desbastes al productor exportador era similar al precio de venta a terceros no vinculados y, por ese motivo, la Comisión consideró razonable reflejar los costes relacionados con la producción y venta del producto investigado. Además, la Comisión consideró que los dos productores eran entidades independientes y calculó dos márgenes de dumping independientes, de manera que el argumento adicional que hacía referencia al cálculo fusionado en la fase provisional ya no era relevante. Por lo tanto, la Comisión confirmó las conclusiones alcanzadas en la fase provisional.

(68) Un productor exportador alegó que la Comisión se equivocó al ajustar provisionalmente el coste de los pellets de mineral de hierro al determinar su coste de producción para los HRFS, ajuste que se efectuó porque el coste de dichos pellets se basaba en los precios de adquisición a terceros vinculados, es decir, no reflejaba el precio real en el mercado. El productor exportador también alegó que, si se iba a realizar un ajuste, solo debía asignarse a la producción del producto investigado una parte de los costes adicionales resultantes, ya que los pellets de mineral de hierro también se utilizan para fabricar otros productos.

(69) En sus observaciones remitidas después de la divulgación provisional, el denunciante se mostró en contra de la alegación del productor exportador, y respaldó el ajuste del coste de los pellets de mineral de hierro realizado por la Comisión, habida cuenta de que los precios de adquisición pagados a terceros vinculados no reflejaban plena competencia.

(70) La Comisión confirmó su conclusión provisional de que, con arreglo al artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, era necesario realizar un ajuste en el coste de los pellets de mineral de hierro indicado por el productor exportador porque estos se adquirían casi exclusivamente de terceros vinculados a precios que no reflejaban plena competencia. Por lo tanto, estos costes se sustituyeron por el precio de adquisición a proveedores no vinculados, facilitado por la empresa. La alegación según la cual solo debía vincularse a la fabricación del producto investigado una parte de los costes adicionales resultantes no se reflejó en la respuesta de la empresa al cuestionario y la precisión de esta información no podía verificarse en una etapa tan tardía de la investigación. Por tanto, se rechazó la alegación.

(71) Después de la divulgación final, el productor exportador repitió el argumento de que la adquisición de pellets de mineral de hierro a partes vinculadas se produjo en condiciones de plena competencia e impugnó la forma en que la Comisión había calculado este ajuste asignando todos los costes adicionales al producto investigado, a la vez que alegó que los pellets de mineral de hierro también se utilizaban en la fabricación de otros productos. En cuanto a esta última cuestión, la empresa también refutó la conclusión de la Comisión de que la información proporcionada para la asignación de gastos era nueva y no podía verificarse.

(72) La Comisión volvió a evaluar cuidadosamente los argumentos y la información facilitada por la empresa en sus observaciones sobre la divulgación final. La Comisión observó que, efectivamente, el proveedor vinculado de pellets de mineral de hierro vendía la materia prima al productor exportador con un margen. No obstante, el margen era muy inferior al nivel que alegaba el productor exportador y muy inferior al margen aplicado a las ventas entre las empresas del grupo, de acuerdo con la política de transferencia de precios del grupo y, por ese motivo, no parecía reflejar el margen de una transacción en condiciones de plena competencia. Además, la empresa no aportó ninguna prueba más que demostrara que este margen reflejaba un nivel razonable exigido por una sociedad mercantil independiente. Con respecto a la proporción de pellets de mineral de hierro adquirida utilizada en la fabricación de HRFS, la Comisión indicó que la empresa comunicó por separado la compra de mineral de hierro en diversas formas. Aun así, la empresa comunicó el coste del mineral de hierro utilizado en la fabricación de HRFS sin ningún desglose adicional, de manera que no era posible confirmar un consumo más pormenorizado de los pellets de mineral de hierro en la fabricación de HRFS. Por otra parte, los datos que contenía el informe de capacidad presentado por el productor exportador como anexo a su respuesta al cuestionario inicial sugerían que la cantidad total de pellets de mineral de hierro adquiridos se utilizó para fabricar HRFS en la cantidad comunicada por la empresa. Por lo tanto, la Comisión rechazó definitivamente la alegación.

(73) Después de la divulgación final, un productor exportador alegó que la Comisión no debía añadir gastos de venta, generales y administrativos adicionales a sus ventas en el mercado nacional realizadas a través de un productor vinculado del grupo para reflejar la participación de un comerciante vinculado. En particular, este productor exportador alegó que la empresa vinculada implicada en estas ventas en el mercado nacional facturaba las ventas realizadas y los gastos generales, incluido un margen, de acuerdo con la política de transferencia de precios del grupo. Por lo tanto, según el productor exportador, los costes incurridos por el comerciante vinculado ya estaban reflejados en sus gastos de venta, generales y administrativos. A tal fin, el productor exportador hizo referencia a un coste del servicio prestado al grupo cobrado por la empresa vinculada.

(74) En primer lugar, la Comisión observó que, para reflejar los gastos de venta, generales y administrativos de un comerciante que participaba en las ventas en el mercado nacional, adoptó un enfoque conservador al no utilizar los gastos de venta, generales y administrativos reales del productor exportador, sino los gastos de venta, generales y administrativos de otra empresa vinculada del grupo, que actuaba como un mero comerciante para determinadas transacciones de ventas en el mercado nacional. En ese sentido, la Comisión consideró que los gastos de venta, generales y administrativos del productor exportador vinculado serían desproporcionadamente elevados, mientras que podía considerarse que los gastos de venta, generales y administrativos del comerciante vinculado se encontraban a un nivel razonable para las funciones llevadas a cabo por el productor vinculado en cuanto a las ventas en el mercado nacional. Además, la Comisión constató que, efectivamente, el productor exportador vinculado cobró al productor exportador en cuestión por los servicios prestados al grupo. Sobre la base de la información facilitada por las empresas, la Comisión no pudo llegar a una conclusión sobre si los servicios facturados al productor exportador incluían los costes incurridos en la reventa del producto investigado en el mercado nacional, ya que las transacciones registradas en los libros contables o las facturas expedidas estaban marcadas únicamente como servicios prestados al grupo. Además, los gastos para los servicios prestados al grupo registrados en los libros contables del productor exportador y asignados al producto investigado representaban una parte insignificante de las ventas netas. Teniendo en cuenta la falta de certeza en cuanto a la naturaleza de los servicios prestados al grupo registrados en los libros contables del productor exportador en cuestión y el enfoque conservador adoptado por la Comisión desde el principio, la Comisión rechazó la alegación.

3.3. Precio de exportación

(75) La información detallada sobre el cálculo del precio de exportación se expuso en los considerandos 50 y 51 del Reglamento provisional. En ausencia de observaciones sobre esta sección, la Comisión confirmó sus conclusiones provisionales.

3.4. Comparación

(76) La información detallada sobre la comparación del valor normal y el precio de exportación se recogió en los considerandos 52 a 68 del Reglamento provisional.

(77) Un productor exportador volvió a alegar que constituye una única entidad económica con su comerciante vinculado radicado en Turquía, que vendía el producto investigado a la Unión durante el período de investigación y, por tanto, rebatió los ajustes realizados provisionalmente a su precio de exportación con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base. La empresa hizo referencia a la jurisprudencia, en particular por lo que respecta a la presencia de algunas exportaciones directas limitadas realizadas por el productor, y alegó que estas eran insuficientes para rechazar la alegación de que se trataba de una única entidad económica. La empresa también alegó que la presencia de ventas directas en el mercado nacional por parte del productor es irrelevante para determinar si existe una única entidad económica en cuanto a las exportaciones, y que el hecho de que el productor controle al comerciante vinculado es un aspecto esencial que debe tenerse en cuenta al evaluar la alegación.

(78) En sus observaciones remitidas después de la divulgación provisional, el denunciante se opuso a la alegación del productor exportador y afirmó que la existencia de ventas directas gestionadas por la entidad productora demostraba que el comerciante actúa como un revendedor vinculado y respaldó los ajustes realizados por la Comisión en el precio de exportación.

(79) La Comisión analizó las observaciones y los datos recogidos en el expediente, especialmente el contrato marco entre el productor y su comerciante vinculado. La Comisión observó que este contrato marco establece que se paga una comisión por los productos vendidos e indicó que los derechos que suelen asociarse a un departamento de ventas eran retenidos por el fabricante, mientras que los derechos del comerciante vinculado correspondían a los de un agente que presta un servicio relacionado con las exportaciones del fabricante. Esto también guarda coherencia con los gastos de ventas relativamente superiores incurridos por el productor exportador. No se facilitó más información sobre la relación contractual entre el fabricante y el comerciante vinculado. Por tanto, la Comisión concluyó que el contrato marco contenía cláusulas que no guardaban coherencia con la alegación de que la realidad económica de la relación existente entre el comerciante vinculado y el fabricante reflejaba la relación entre un fabricante y un departamento interno de ventas. Por el contrario, el fabricante se ocupaba de las ventas directamente, mientras que el comerciante vinculado desempeñaba actividades relacionadas con las exportaciones en nombre del fabricante y a cambio de una comisión de intermediario. Teniendo en cuenta este dato, junto con las conclusiones de la fase provisional según las cuales el fabricante también realizaba ventas directas, la Comisión concluyó que debía rechazarse la alegación de que ambos constituían una única entidad económica. Por consiguiente, la Comisión confirmó las conclusiones provisionales recogidas en los considerandos 54 a 55 del Reglamento provisional.

(80) En cuanto a la relevancia de las ventas de exportación directas, después de la divulgación final el productor exportador se limitó a repetir los argumentos formulados en sus observaciones sobre la divulgación provisional, que se abordaron en el considerando 54 del Reglamento provisional y en el considerando 79 del presente Reglamento.

(81) El productor exportador también indicó que, en su mayor parte, esas ventas de exportación no constituían ventas de exportación reales, sino que se efectuaban a compradores del mercado nacional en el marco de regímenes aduaneros o jurídicos especiales. La Comisión señaló que el régimen jurídico asignado a las ventas de exportación no es determinante para evaluar si las ventas constituyen ventas de exportación, y que el hecho de que se efectuaran esas ventas directas, junto con las realizadas en el mercado nacional, representaba una prueba de que el fabricante conservaba funciones de venta.

(82) Por otra parte, el productor exportador alegó que el hecho de que todas las ventas en el mercado nacional las realizara directamente el productor sin la participación del comerciante vinculado, no era relevante para determinar la existencia de una única entidad económica responsable de las ventas de exportación. Según la Comisión, este hecho demostraba que el fabricante cuenta con un departamento interno de ventas de pleno derecho, lo cual constituye un factor relevante y fue reconocido como tal por el Tribunal General (8).

(83) El productor exportador planteó varios argumentos en relación con el acuerdo marco que suscribió con el comerciante vinculado. Alegó que el motivo por el cual existe un contrato de este tipo entre el productor exportador y el comerciante vinculado es «tener pruebas documentales en caso de auditoría fiscal o de la Administración y normas para la transferencia de precios». En ese sentido, la Comisión señaló que, aunque el acuerdo suscrito entre el productor exportador y su comerciante vinculado también puede ser relevante por motivos fiscales, esto no desmerece el hecho de que el acuerdo estipula claramente que el comerciante vinculado prestaba servicios de exportación a cambio del pago de una comisión basada en las ventas realizadas. El productor exportador confirmó, asimismo, que el acuerdo establece claramente que él (el fabricante) es el responsable de captar clientes y suscribir los contratos o acuerdos que sean necesarios con dichos clientes. Según la Comisión, esto demostraba que el productor exportador tiene su propio departamento de ventas plenamente operativo para las ventas de exportación y que, por tanto, el comerciante vinculado no operaba como departamento interno de ventas del productor exportador. Además, el argumento del productor exportador parece insinuar que solo podía realizarse un ajuste con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base en aquellas situaciones en las que se asigne al comerciante vinculado el conjunto completo de actividades que normalmente realiza un departamento de ventas. Esto no es correcto. El artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base hace referencia a las «comisiones pagadas por las ventas en cuestión» (en este caso, las ventas de exportación), pero no matiza más detalladamente el tipo de servicios prestados. El objetivo de un ajuste contemplado en el artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base es garantizar que, con el fin de asegurarse de que puedan compararse con las ventas en el mercado nacional, se ajustan debidamente todas las comisiones abonadas a un agente por las ventas de exportación con el fin de remunerar los servicios prestados por dicho agente en relación con esas actividades de venta, sean cuales sean esos servicios. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(84) El productor exportador también alegó que el hecho de que el contrato dispusiera que todos los beneficios o pérdidas derivados de las operaciones relativas a la exportación de productos no corresponderían al comerciante vinculado contradecía la noción de que el comerciante vinculado tendría funciones similares a las de un agente que trabaja a cambio de una comisión, ya que un agente no aceptaría que (todos) sus beneficios se transfirieran a la empresa fabricante y que solo se le compensaran los gastos relacionados con la comprobación de cartas de crédito, la tramitación de documentos para el despacho aduanero, la preparación de la documentación necesaria para la exportación y la garantía de la recepción del pago. La Comisión indicó que las condiciones financieras acordadas entre el productor exportador y el comerciante vinculado reflejaban las actividades y funciones de este último que, de conformidad con el acuerdo, se ha comprometido a llevarlas a cabo a cambio de una remuneración. El ajuste realizado por la Comisión, aplicando por analogía el artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base, se calibró para que se adaptara a esas funciones y reflejara la remuneración correcta proporcionada a cambio del servicio prestado en condiciones de plena competencia. Por consiguiente, el hecho de que el comerciante vinculado reciba una remuneración en forma de comisión de intermediario que cubre los servicios de exportación prestados al productor exportador demuestra que el comerciante vinculado presta los servicios acordados en nombre del productor exportador sin recibir una remuneración adecuada, en particular, sin obtener un beneficio razonable. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(85) El productor exportador también alegó que el hecho de que ejerciera algunas funciones que normalmente se asocian a un departamento de ventas no impide que se determine la existencia de una única entidad económica. Según el productor exportador, la dilatada jurisprudencia indica que un productor y una sociedad mercantil pueden constituir una única entidad económica, aunque el fabricante asuma algunas de las funciones de ventas él mismo. La Comisión observó que, conforme las condiciones establecidas en el acuerdo, el productor exportador llevaba a cabo, si no todas, la mayoría de las funciones que suelen asociarse a un departamento de ventas. Como ya se menciona en el considerando 83, esto contradice la alegación del productor exportador de que no debe considerarse que el comerciante vinculado es su departamento interno de ventas. Por el contrario, el comerciante vinculado, como reiteró el propio productor exportador, lleva a cabo funciones adicionales relacionadas con las ventas de exportación a cambio de una remuneración o comisión. El ajuste previsto en el artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base se efectuó para ajustar estas comisiones.

(86) La Comisión señaló que el productor exportador se refirió en repetidas ocasiones a las circunstancias objetivas imperantes en la investigación y sentencia del asunto PT Musim Mas/Consejo (9). Básicamente, el productor exportador parecía suponer que, como su situación objetiva no se asemeja a la de PT Musim Mas, no se garantiza el ajuste previsto en el artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base. La Comisión manifestó su desacuerdo. Debe analizarse si se cumplen los requisitos para que se efectúe un ajuste con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base en función de los hechos imperantes en cada caso concreto, y sobre la base de todos los datos de los que disponga la Comisión. La sentencia del asunto PT Musim Mas/Consejo no estableció un nivel mínimo que debía alcanzarse en todos los casos. Por el contrario, en el asunto PT Musim Mas/Consejo, el Tribunal estuvo de acuerdo con la evaluación realizada por el Consejo sobre la base de los hechos observados en ese caso. En cualquier caso, como se ha reiterado anteriormente, muchos de los hechos pertinentes presentes en el asunto PT Musim Mas/Consejo también se aplican a la situación del productor exportador y es especialmente pertinente la existencia de un acuerdo que es incompatible con la posibilidad de que el comerciante vinculado fuera de facto el departamento interno de ventas del grupo.

(87) El productor exportador también alegó que la existencia de control por parte del productor exportador sobre el comerciante vinculado, el hecho de que este último no compre a proveedores no vinculados y el hecho de que el productor exportador y el comerciante vinculado estén ubicados en la misma dirección, constituyen factores relevantes para determinar la existencia de una única entidad económica.

(88) En ese sentido, la Comisión señaló que no todos los factores analizados de forma individual tienen por qué demostrar la ausencia de una única entidad económica entre el productor exportador y el comerciante vinculado. Por el contrario, la Comisión debe valorar todas las condiciones por las que se rige la relación entre el productor exportador y el comerciante vinculado. La existencia de control no es determinante para concluir que el comerciante vinculado no constituye un departamento interno de ventas, sino que presta distintos tipos de servicios dentro del grupo, en este caso servicios relacionados con las exportaciones. El hecho de que el comerciante vinculado prestara servicios relacionados con las exportaciones a cambio de una comisión de intermediario exclusivamente para el productor exportador, así como su ubicación, demuestran que el comerciante vinculado no presta los mismos servicios para otros clientes a ese nivel. Esto no significa que el comerciante vinculado sea el departamento interno de ventas del productor exportador.

(89) Sobre la base de lo anterior, en este caso, la Comisión consideró que el comerciante vinculado estaba desempeñando las funciones de un agente que se ocupa de llevar a cabo actividades de exportación del productor exportador, en particular, la comprobación de cartas de crédito recibidas, la tramitación y el seguimiento de documentos para la carga y el despacho aduanero, la preparación de la documentación exportación necesaria para la exportación después de la carga y la realización de otros procedimientos relacionados con la exportación, como la garantía de la recepción del pago de los productos. El comerciante vinculado recibía su remuneración mediante una comisión basada en las ventas realizadas. Puesto que dicha remuneración se veía afectada por la relación dentro del grupo, y aplicando por analogía el artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base, se consideró adecuado utilizar un margen de beneficio razonable para evitar los posibles efectos de distorsión que pudieran surgir a raíz de los acuerdos internos entre el productor exportador y el comerciante vinculado (10).

(90) En conclusión, por todos los motivos expuestos en el considerando 54 del Reglamento provisional y en los considerandos 79 a 88 del presente Reglamento, se rechazó la alegación.

(91) Dos productores exportadores volvieron a alegar que la Comisión debía calcular el dumping trimestral.

(92) En sus observaciones remitidas después de la divulgación provisional, el denunciante se opuso a las alegaciones de los productores exportadores y afirmó que en este caso no procedía realizar un cálculo trimestral del dumping porque ni la existencia de fluctuaciones mínimas de los costes ni la inflación y depreciación de la lira turca justificaban la aplicación de un enfoque trimestral.

(93) La Comisión concluyó que, dado que ninguna de las dos empresas proporcionó datos nuevos que justificaran su alegación y que permitieran modificar la evaluación de la Comisión, se confirmaron las conclusiones provisionales recogidas en los considerandos 64 a 68 del Reglamento provisional y se rechazó la alegación.

(94) Después de la divulgación final, un productor exportador volvió a alegar que debía calcularse el dumping trimestralmente. Además, la empresa comparó las fluctuaciones de los costes y las medias de las tasas de inflación y devaluación de la lira turca frente a los márgenes de subcotización calculados, para demostrar la supuesta importancia de aquellas. Por último, la empresa señaló que, aunque la Comisión utiliza un mecanismo de indexación de los precios de la materia prima en todos los procedimientos de las empresas, en este caso no se tuvieron en cuenta las fluctuaciones de los precios para el cálculo del margen de dumping.

(95) La empresa no aportó ningún dato nuevo que respaldara esta alegación. Como se explica en el considerando 68 del Reglamento provisional, la Comisión consideró que, al contrario de lo que alegaba el productor exportador, la fluctuación del coste de producción trimestral afectó principalmente a un trimestre del período de investigación, mientras que las ventas del producto investigado se produjeron durante todo el período de investigación, y que los costes totales de la fluctuación, la tasa de inflación y la devaluación de la lira turca no fueron de tal magnitud como para justificar una desviación de la práctica constante de la Comisión de calcular el margen de dumping de manera anual. La comparación realizada por el productor exportador entre el nivel de los márgenes de subcotización y las diferencias en los costes, la inflación y la devaluación durante el período de investigación no se sostuvo, ya que aludía a dos evaluaciones completamente diferentes que no estaban directamente relacionadas la una con la otra. Por lo que respecta a los mecanismos de indexación de los precios en las empresas, la Comisión señala que estos son necesarios para mantener un precio mínimo de importación adecuado, con el fin de evitar abusos y elusión y, de esta manera, eliminar correctamente el dumping y el perjuicio establecidos. La determinación del dumping y el perjuicio se realiza mediante el análisis de un período anterior y, por tanto, ambas situaciones no son comparables.

(96) Un productor exportador y dos productores exportadores vinculados rebatieron el rechazo provisional de un ajuste para el cambio de divisas, que según ellos se debía a contratos con cobertura de tipo de cambio relacionados con sus ventas a la Unión. La alegación tiene que ver con el tipo de cambio que se utiliza al convertir el valor de las ventas en divisas extranjeras (el euro, en este caso) a la divisa del país exportador (la lira turca). Las empresas hicieron referencia a las disposiciones recogidas en el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, que afirma que «cuando la venta de divisas extranjeras en los mercados a término esté directamente relacionada con la venta de exportación en cuestión, […] se utilizará el tipo de cambio de la venta a término».

(97) En sus observaciones remitidas después de la divulgación provisional, el denunciante se mostró en contra de las alegaciones de los productores exportadores, y afirmó que la cobertura de tipo de cambio es un proceso interno y que las empresas no pueden alegar que sin esa cobertura el precio de venta habría sido superior porque no está claro que los clientes hubieran pagado un precio superior.

(98) La Comisión explicó que el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base es aplicable a situaciones en las que es necesario llevar a cabo un cambio de divisas para comparar el valor normal y el precio de exportación. La práctica habitual consiste en realizar esta comparación en la divisa del país afectado. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa la Comisión utilizó la lira turca como divisa para la comparación. Ambas empresas alegaron que el ajuste para el cambio de divisas protegía aquellas transacciones de ventas de exportación que estaban expresadas en euros. Sin embargo, la cobertura frente al riesgo del tipo de cambio de divisa derivado de estas transacciones les protegía en todos los casos frente al dólar estadounidense. Habida cuenta de que la comparación se efectuó en liras turcas y que todas las transacciones en euros se convirtieron directamente a liras turcas, sin un cambio intermedio al dólar estadounidense, al igual que todas las ventas en el mercado nacional se efectuaron en lira turcas, la Comisión consideró que el tipo de cambio entre euro y dólares estadounidenses acordado en los contratos con cobertura de tipo de cambio no era relevante a los efectos de la citada comparación. Por tanto, la Comisión rechazó provisionalmente las alegaciones de los tres productores exportadores.

(99) Después de la divulgación final, los tres productores exportadores volvieron a alegar que debía realizarse un ajuste para el cambio de divisa en las ventas de la Unión, de forma que en las operaciones de cambio de divisa se tuviera en cuenta el riesgo del tipo de cambio derivado de efectuar las transacciones en euros. Repitieron el argumento de que, independientemente de la divisa utilizada para la comparación de precios, las pérdidas o ganancias resultantes del tipo de cambio en el momento del cambio de divisa tienen repercusiones significativas sobre la comparación de precios. En particular, aportaron un ejemplo teórico de un pedido para la venta en el mercado nacional con un precio unitario en dólares estadounidenses acordado en un día concreto y un pedido para la exportación con el mismo precio unitario en EUR equivalente acordado ese mismo día. El cálculo de las empresas demostró que, cuando se tramitan esos pedidos de ventas en el mismo día y el valor facturado se convierte directamente desde la divisa de la factura a la lira turca, la comparación resultante confirmaría la existencia de dumping, a pesar de que el precio acordado en los dos pedidos de ventas era el mismo en la fecha en que se tramitaron. Alegaron que debía efectuarse un ajuste por el cambio de divisa, ya fuera sobre la base del artículo 2, apartado 10, letra j), o del artículo 2, apartado 10, letra k), del Reglamento de base.

(100) La Comisión analizó la alegación, especialmente el ejemplo teórico, que supuestamente demostraba que el tipo de cambio que figuraba en los contratos con cobertura de tipo de cambio debía tenerse en cuenta a los efectos de la comparación de precios. En primer lugar, la Comisión indicó que, aunque el ejemplo era matemáticamente correcto, no reflejaba la realidad de las actividades empresariales de las empresas ni de los cálculos del margen de dumping. Concretamente, el ejemplo daba a entender que el margen de dumping se calcula comparando dos transacciones individuales efectuadas al mismo tiempo, y no es el caso, ya que la Comisión compara la media del valor normal y la media del precio de exportación calculado durante el período de investigación para cada tipo de producto. En segundo lugar, el ejemplo asumía que todos los pedidos de ventas tramitados en un día determinado se realizan a una hora similar, dato que se ha demostrado que es incorrecto. De hecho, uno de los productores exportadores formuló una alegación por separado en la que indicaba que el plazo entre la finalización de la producción y la recogida de los productos por el cliente era muy superior en el mercado nacional en comparación con las ventas de exportación. Por lo tanto, el ejemplo proporcionado por las empresas se consideró impreciso para la situación que nos ocupa. Es más, ninguna de las empresas aportó pruebas de que sus transacciones de ventas de exportación expresadas en euros se negociaran originalmente en su precio en dólares estadounidenses. Por el contrario, los contratos de ventas o los pedidos de ventas de esas transacciones de ventas de exportación estaban expresados directamente en euros, no había ninguna referencia a dólares estadounidenses. Por lo tanto, la conversión de euros a liras turcas con una conversión intermedia en dólares estadounidenses se consideró irrelevante. Por ese motivo, la Comisión rechazó el ajuste reclamado sobre la base del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base.

(101) Además, aunque las empresas alegaron ser capaces de relacionar las transacciones de exportación con operaciones de cobertura de tipo de cambio individuales, estas podían ajustarse después de la venta —y, de hecho, se ajustaban— dependiendo del resultado financiero obtenido y con el fin de maximizar el rendimiento de las empresas. Por tanto, la Comisión no consideró que la cobertura pudiera vincularse directamente a la venta de exportación en cuestión, y que teniendo en cuenta los precios de venta a plazo habría corrido el riesgo de distorsionar el precio real de exportación.

(102) La Comisión también rechazó la alegación sobre la base del artículo 2, apartado 10, letra k), ya que las empresas no aportaron pruebas de que sus actividades de cobertura de tipo de cambio tuvieran como consecuencia que los clientes pagaran constantemente precios diferentes en el mercado nacional.

(103) Dos productores exportadores se opusieron a la denegación provisional de realizar algunos ajustes que habían solicitado en las ventas en el mercado nacional, uno de ellos relacionado con la existencia de un sistema de devolución de derechos y otro relativo al ajuste de los costes de rotación de existencias. Uno de ellos también rebatió las condiciones de pago utilizadas por la Comisión para calcular sus costes de crédito nacionales.

(104) En sus observaciones presentadas después de la divulgación provisional, el denunciante se opuso a las alegaciones de los productores exportadores. Con respecto a la devolución de derechos, afirmó que no pueden utilizarse costes puramente teóricos para la realización de un ajuste, ya que no es posible establecer un vínculo claro entre los productos exportados y los derechos no pagados por los insumos importados. En cuanto a los costes de rotación de existencias, el denunciante se mostró de acuerdo con la denegación de dicho ajuste por parte de la Comisión, ya que la empresa en cuestión no pudo justificar que los precios en el mercado nacional fueran superiores para los productos que se conservaban más tiempo en el almacén.

(105) Dado que ninguna de las dos empresas proporcionó datos nuevos sobre el ajuste relativo a la devolución de derechos que permitieran modificar la evaluación provisional de la Comisión, se confirmaron las conclusiones provisionales recogidas en los considerandos 60 a 63 del Reglamento provisional y se rechazó la alegación. El ajuste de los costes de rotación de existencias alegado por un productor exportador con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra k), del Reglamento de base, está relacionado con el hecho de que, para algunas de sus ventas en el mercado nacional, los clientes se retrasaron en la recogida de los productos, de manera que estos permanecieron más tiempo en el almacén de la empresa. Con respecto a esta alegación, la Comisión concluyó que, dado que la empresa no podía relacionar este supuesto coste con las transacciones de ventas individuales ni con clientes concretos, ni tampoco podía demostrar que los precios en el mercado nacional se vieran afectados por el coste de rotación de existencias, tenía que rechazarse esta alegación. En cuanto a las condiciones de pago utilizadas para el cálculo de los costes de crédito nacionales, la empresa afectada no aportó datos nuevos que pudieran modificar el planteamiento provisional de la Comisión, es decir, que sustituyeran las condiciones de pago comunicadas, que durante la verificación a distancia se comprobó que contradecían las condiciones acordadas en los contratos de venta conexos, de manera que la empresa facilitara condiciones de pago más precisas que pudieran verificarse durante las verificaciones a distancia. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(106) Después de la divulgación final, un productor exportador volvió a alegrar que los ajustes relativos a la devolución de derechos y a los costes de rotación de existencias debían tenerse en cuenta con respecto a sus ventas en el mercado nacional, y volvió a refutar las condiciones de pago utilizadas por la Comisión para calcular sus costes de crédito nacionales.

(107) En cuanto al ajuste relativo a la devolución de derechos, repitió el aumento de que independientemente de que realmente se haya pagado o no un derecho de importación, la existencia de dicho derecho de importación aplicable a una materia prima tiene un impacto sobre el precio que cobran los proveedores nacionales de dicha materia prima.

(108) Por lo que respecta al ajuste relativo a los costes de rotación de existencias, la empresa argumentó de nuevo que un ajuste de dichos costes se asemeja al ajuste relativo a los costes de crédito, ya que ambos están relacionados con una demora en los pagos. Argumentó, asimismo, que el rechazo de ese ajuste interno no guardaba coherencia con la aceptación de un ajuste de las exportaciones para los costes de sobrestadía aplicables a sus ventas a la Unión, y alegó que en ambos casos se produce un retraso en la llegada de los productos que genera costes adicionales.

(109) En cuanto a las condiciones de pago utilizadas para calcular los costes de crédito nacionales, la empresa repitió que la Comisión debería haber calculado los costes del crédito sobre la base de las condiciones de pago acordadas, y no basándose en el momento en que se efectúan los pagos, ya que las condiciones de pago acordadas son las únicas que afectan al cálculo del precio.

(110) Como respuesta a estas observaciones, por lo que respecta al supuesto ajuste relativo a la devolución de derechos, además de las consideraciones provisionales de la Comisión según las cuales no puede tenerse en cuenta un coste teórico para el cálculo, parecía que, al contrario de lo que alegaba la empresa, los precios de venta en el mercado nacional aplicados por el productor exportador no tenían en cuenta el importe de la devolución de derechos reclamada, de lo contrario, las ventas habrían producido pérdidas. Por tanto, se rechazó la alegación.

(111) En cuanto al ajuste relativo a los costes de rotación de existencias, la Comisión observó que, aunque el coste total de las ventas ya incluye gastos de almacenamiento adicionales para los productos que los clientes se demoran en recoger, no puede concederse el ajuste reclamado para cubrir el pago retrasado, que la empresa comparó con un ajuste de los costes de crédito, porque la empresa no tuvo en cuenta el posible retraso en la recogida cuando suscribió el contrato de venta ni pudo vincularlo con ningún cliente o transacción en concreto, de forma que se confirmó que el ajuste reclamado no se reflejaba en el precio de venta. Al contrario de lo que sucede con los costes de sobrestadía, que la empresa aplicó únicamente a aquellas transacciones de exportación en las que realmente se abonaron costes de sobrestadía, la empresa no pudo mostrar ninguna correspondencia entre los costes de rotación de existencias recamados y las transacciones a las que supuestamente afectaron. Por tanto, se rechazó la alegación.

(112) Por lo que respecta a las condiciones de pago utilizadas para calcular los costes de crédito nacionales, la Comisión consideró que las condiciones de pago reales aportadas por la empresa eran más precisas, ya que se constató que los pagos que se comunicaron como acordados en los pedidos de ventas no concordaban con las condiciones de pago realmente acordadas en los pedidos de ventas conexos para una muestra de transacciones. Por tanto, se rechazó la alegación.

(113) Un grupo de productores exportadores se opuso al rechazo provisional de la alegación que pedía un ajuste para la facturación de las ventas en el mercado nacional realizadas con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra c), del Reglamento de base, con el fin de reflejar descuentos concedidos supuestamente tras la expedición de las facturas.

(114) En el transcurso de la investigación, en particular cuando se solicitó durante la verificación a distancia, la empresa explicó que no podía relacionar el ajuste de la facturación anotado en sus registros con transacciones individuales. Por ejemplo, no pudo encontrar anotaciones de cargos o abonos relacionadas con las facturas concretas cuyo valor supuestamente debían corregir los ajustes de la facturación. Por tanto, la Comisión concluyó que el ajuste solicitado no estaba suficientemente justificado y confirmó que se rechazaba la alegación.

(115) Dos productores exportadores vinculados cuestionaron el cálculo provisional de los costes de crédito para las ventas a la Unión. En particular, las empresas alegaron que la Comisión cometió un error al aplicar a todos los productores exportadores incluidos en la muestra los mismos tipos de interés para el euro y el dólar estadounidense obtenidos del Banco Central Turco, ya que según ellas no se reflejaba de este modo el hecho de que los tipos de interés para préstamos dependían de las características específicas de las empresas y de su situación financiera. Alegaron que, en su lugar, deberían haberse utilizado los tipos de interés que realmente se aplican a los préstamos de las empresas.

(116) En sus observaciones remitidas después de la divulgación provisional, el denunciante se opuso a la alegación de los productores exportadores y afirmó que la decisión provisional de la Comisión de aplicar tipos de interés uniformes obtenidos del Banco Central Turco era transparente y objetiva y debía mantenerse.

(117) La Comisión examinó esta alegación y concluyó que, para los préstamos obtenidos por uno de los productores exportadores vinculados a precios de mercado en bancos independientes, efectivamente, estaba justificado utilizar el tipo de interés reflejado en el contrato en dólares estadounidenses que realmente pagaba el productor por la obtención de préstamos a corto plazo para calcular sus costes de crédito. Por lo tanto, se aplicó esta modificación en el cálculo definitivo. Sin embargo, para el crédito obtenido en un banco relacionado con el productor, la Comisión concluyó que estaba justificado utilizar el promedio del tipo de interés en euros facilitado por el Banco Central Turco, ya que el tipo de interés que figuraba en el contrato no reflejaba las condiciones del mercado. El otro productor exportador del grupo no tenía ningún préstamo pendiente en el período de investigación y, por ese motivo, no se disponía de ningún tipo de interés específico de la empresa que pudiera utilizarse como aproximación para el cálculo del ajuste de los costes de crédito. Por tanto, estaba justificado utilizar el promedio de los tipos de interés facilitado por el Banco Central Turco.

(118) Después de la divulgación final, los dos productores exportadores vinculados alegaron que la Comisión debería haber aplicado el mismo tipo de interés en dólares estadounidenses a ambos productores del grupo, ya que sus condiciones financieras eran las mismas. En particular, un productor exportador aportó información adicional que demostraba que uno de los préstamos comunicados por el productor exportador vinculado fue utilizado por el productor exportador en cuestión.

(119) La Comisión evaluó la alegación y observó que las condiciones financieras para el productor exportador en cuestión no eran las mismas que para la otra empresa del grupo, lo cual quedaba demostrado por el hecho de que el tipo de interés aplicable al préstamo del productor exportador en cuestión era superior a la media del tipo de interés de los demás préstamos, y este tipo de interés aún no incluía el margen cobrado por la prestación de servicios a la sede, como ya explicaron las empresas durante las verificaciones a distancia y reiteraron en sus observaciones sobre la divulgación final. En vista de lo anterior, la Comisión rechazó esta alegación.

(120) Además, un productor exportador alegó que la Comisión debería haber utilizado los tipos de interés de los préstamos de la empresa, ya que la Comisión aceptó este enfoque para otro productor exportador incluido en la muestra.

(121) La Comisión consideró que ambos casos eran diferentes. El otro productor exportador aportó información sobre sus propios préstamos en su respuesta al cuestionario inicial, mientras que la empresa en cuestión no comunicó la existencia de ningún préstamo a corto plazo. En su lugar, propuso utilizar los tipos de interés interbancarios para el cálculo de los costes del crédito. La Comisión consideró que la empresa no podría obtener un préstamo a tipos de interés interbancarios y, por consiguiente, sustituyó esos tipos de interés por una media del tipo de interés de los préstamos comerciales a corto plazo publicados por el Banco Central Turco.

(122) Además, la Comisión evaluó los nuevos datos aportados por el productor exportador en cuestión en sus observaciones sobre la divulgación provisional, complementados por sus observaciones sobre la divulgación final. La Comisión consideró que, en vistas de la información contradictoria facilitada en la respuesta al cuestionario inicial y en una etapa posterior de la investigación, no podía considerarse que la decisión provisional de la Comisión de utilizar los tipos de interés publicados por el Banco Central Turco para el cálculo de los costes de crédito no era razonable. Por consiguiente, la Comisión rechazó esa alegación.

(123) Dos productores exportadores alegaron que existía una incoherencia entre los datos relativos a las ventas y a los costes en los tipos de cambio de divisas. Con respecto a sus datos de ventas, se utilizó un promedio del tipo de cambio de divisas mensual, mientras que para sus datos de costes se usó un promedio del tipo de cambio de divisas anual.

(124) En sus observaciones remitidas después de la divulgación provisional, el denunciante se opuso a la alegación de los productores exportadores y se mostró a favor del planteamiento provisional de la Comisión en cuanto a los tipos de cambio utilizados. En su opinión, los costes (que se registran en las cuentas de las empresas para un período de tiempo superior) deberían calcularse anualmente y convertirse mediante una media del tipo de cambio para el período de investigación, mientras que los ingresos relacionados con las ventas deberían convertirse en el momento en que se generan los ingresos utilizando tipos de cambio mensuales o incluso diarios.

(125) La Comisión analizó esta alegación y determinó que estaba justificada. Por tanto, se aceptó la alegación y se utilizó el promedio de los tipos de cambio mensuales para convertir tanto los datos de costes como de ventas de las empresas en el cálculo definitivo.

(126) Después de la divulgación final, los productores exportadores alegaron que, dado que comunicaron todos los datos pertinentes para el cálculo del dumping en dólares estadounidenses, con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, no era necesario convertirlos de dólares estadounidenses a liras turcas a los efectos de la comparación de precios. Después las empresas hicieron referencia al artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, según el cual «los costes deberán ser calculados normalmente sobre la base de los datos de la parte investigada», a la vez que mencionaron que, si se convertían los importes de dólares estadounidenses a liras turcas, los importes para el coste de producción utilizados por la Comisión en el cálculo de sus valores normales serían diferentes de los comunicados en sus registros contables.

(127) En primer lugar, la Comisión observó que los productores exportadores llevaron a cabo transacciones en dólares estadounidenses, euros y liras turcas. Por lo tanto, era necesario realizar cambios de moneda para expresar los valores en una divisa que permitiera la comparación. En segundo lugar, la Comisión no puso en duda el hecho de que las empresas convirtieran todos los importes a dólares estadounidenses, puesto que esta era la divisa que utilizaban en su contabilidad. Sin embargo, la Comisión consideró adecuado utilizar la moneda del país afectado a los efectos de la comparación entre el valor normal y el precio de exportación. Por último, dado que las empresas comunicaron el coste de producción en dólares estadounidenses, la Comisión consideró justificado convertir los datos a liras turcas utilizando tipos de cambio mensuales, también de acuerdo con las observaciones remitidas por las empresas sobre la divulgación provisional. Como las empresas no facilitaron un conjunto completo de datos sobre el coste de la producción en liras turcas, no puede tenerse en cuenta ninguna diferencia existente en los valores en liras turcas como divisa complementaria utilizada en sus registros contables. Por consiguiente, la Comisión rechazó la alegación.

(128) Después de la divulgación final, un productor exportador alegó que, a la hora de calcular el precio de sus ventas a la Unión, la Comisión no debería haber restado determinados ajustes, a saber, la deducción en concepto de tasa de pertenencia a una asociación de exportación y la deducción de exportación a tanto alzado.

(129) La Comisión señaló que el productor exportador también presentó esta alegación en sus observaciones sobre la divulgación provisional y que el diálogo sobre los ajustes se mantuvo en la audiencia organizada después de la divulgación provisional.

(130) En dicha audiencia, la empresa confirmó que pagaba una tasa de pertenencia a una asociación de exportación a cambio de pertenecer a la ÇİB. La empresa explicó, asimismo, que la tasa abonada correspondía a un porcentaje del valor de cada transacción de exportación. Por lo tanto, la Comisión consideró que la tasa de pertenencia a una asociación de exportación constituía un coste en el que la empresa incurría únicamente debido a sus transacciones de exportación y su nivel dependía del nivel de exportaciones de la empresa. Además, el valor del ajuste podía calcularse para cada transacción de exportación de forma individual, en función de su valor.

(131) Por lo que respecta a la deducción de exportación a tanto alzado, la empresa alegó que no era correcto deducir su valor del precio de exportación, ya que se trataba simplemente de un beneficio fiscal, no de un gasto real de la empresa. En sus observaciones sobre la divulgación final, la empresa se refirió a la legislación turca (11), que permite que todo exportador deduzca el 0,5 % de sus ingresos por ventas de exportación para reflejar los gastos en los que incurre que no pueden registrarse de otra manera en los libros debido a la falta de la documentación correspondiente. Por lo tanto, la Comisión consideró que la deducción de exportación a tanto alzado representaba un gasto en el que la empresa realmente incurría debido a sus transacciones de ventas de exportación, para las cuales la empresa no disponía de la documentación correspondiente y que no podían registrarse en los libros en ninguna otra cuenta de gastos. Lo que es más, la Comisión podía determinar el valor de la deducción para cada una de las transacciones de forma individual.

(132) Como consecuencia, la Comisión rechazó la alegación relativa a la deducción de la tasa de pertenencia a una asociación y la deducción de exportación a tanto alzado.

3.5. Márgenes de dumping

(133) Como se explica detalladamente en los considerandos 28 a 132, la Comisión tuvo en cuenta las observaciones remitidas por las partes interesadas después de la divulgación provisional y calculó de nuevo los márgenes de dumping correspondientes.

(134) Los márgenes de dumping definitivos, expresados como porcentaje del precio cif (coste, seguro y flete) en la frontera de la Unión, derechos no pagados, son los siguientes: Empresa Margen de dumping definitivo Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 7,3 % Grupo Erdemir: — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. — İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 5,0 % Habaş Sinai Ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. 4,7 % Ağir Haddecilik 5,7 % Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. 5,7 % Todas las demás empresas 7,3 %

(135) Los cálculos de los márgenes de dumping individuales se comunicaron a los productores exportadores incluidos en la muestra tras las correcciones y los ajustes realizados a raíz de las observaciones de las partes interesadas posteriores a las divulgaciones provisional y final.

4. PERJUICIO

4.1. Definición de la industria de la Unión y de la producción de la Unión

(136) Durante el período de investigación, en la Europa de los Veintisiete, el producto similar fue fabricado por veintiún productores conocidos que pertenecían a catorce grupos. Todos estos productores constituyen la «industria de la Unión», según su definición en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento de base.

(137) La producción total de la Europa de los Veintisiete durante el período de investigación se estableció en el intervalo de 71 a 74,5 millones de toneladas, incluida la producción para el mercado cautivo.

(138) Los tres productores de la Unión incluidos en la muestra representaban del 34 al 38 % del total de la producción de la Unión del producto similar en la Europa de los Veintisiete. Representaban del 40 al 44 % del volumen de ventas de la Unión de los productores que se presentaron en el marco del análisis previo a la evaluación de inicio.

4.2. Determinación del mercado pertinente de la Unión

(139) El Gobierno de Turquía consideró que la Comisión no explicó de forma satisfactoria por qué era necesario examinar por separado las cifras del mercado libre y del mercado cautivo. El Gobierno de Turquía opinaba que las explicaciones expuestas por la Comisión contradecían al Grupo Especial en el asunto Marruecos – Acero laminado en caliente (Turquía) y al Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el asunto Estados Unidos – Acero laminado en caliente, según los cuales, en principio, las autoridades investigadoras deberían examinar de la misma manera todas las partes de una industria, así como la industria en su conjunto, o bien justificar de forma satisfactoria por qué no lo hacían, si ese era el caso.

(140) Para ofrecer una visión de la industria de la Unión tan completa como fuera posible, la Comisión obtuvo datos correspondientes al conjunto de la producción del producto afectado y determinó si la producción se destinaba a un uso cautivo o al mercado libre. Para los indicadores de perjuicio mencionados en el considerando 82 del Reglamento provisional, la Comisión analizó por separado los datos relacionados con el mercado libre y el mercado cautivo y realizó un análisis comparativo cuando era posible y estaba justificado. Por lo que respecta a los indicadores económicos mencionados en el considerando 83 del Reglamento provisional, la Comisión solo pudo llevar a cabo una evaluación significativa haciendo referencia al conjunto de la actividad de la industria de la Unión. Por consiguiente, la Comisión consideró que su análisis estaba en consonancia con la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión y de la OMC (12).

(141) Después de la divulgación final, el Gobierno de Turquía insistió en que la Comisión no había actuado conforme a la jurisprudencia de la OMC, ya que: i) no analizó por separado los datos de los precios de venta, el coste de la producción, el crecimiento, el volumen y los precios de exportación, la rentabilidad, el rendimiento de las inversiones y el flujo de caja; ii) tampoco aportó ninguna explicación de por qué solo analizó los datos del mercado libre, en lugar de realizar un análisis independiente y comparable. La Comisión se mostró en desacuerdo ya que, además de lo explicado en el considerando anterior, las respuestas al cuestionario presentadas por los productores de la Unión incluidos en la muestra permitían un análisis de los precios de venta, los volúmenes de venta y la rentabilidad en el mercado libre frente a otros mercados. El hecho de que el cuadro 10 muestre los precios de venta en el mercado libre no significa que no se hayan analizado los precios en el mercado cautivo.

(142) En ausencia de otras observaciones sobre esta sección, la Comisión confirmó sus conclusiones de los considerandos 78 a 83 del Reglamento provisional.

4.3. Consumo de la Unión

4.3.1. Consumo del mercado libre en la Unión

(143) En la Europa de los Veintisiete, el consumo de la Unión en el mercado libre durante el período considerado evolucionó de la manera siguiente: Cuadro 1 Consumo del mercado libre en el mercado de la Unión (toneladas) 2016 2017 2018 Período de investigación Consumo de la Unión en el mercado libre 33-34 millones 32-33 millones 34-35 millones 33-34 millones Índice 100 96 102 99 Fuente: Eurofer, productores de la Unión incluidos en la muestra y Eurostat.

(144) Entre 2016 y 2018, el consumo del mercado libre aumentó un 2 %, pero posteriormente disminuyó. El consumo total en el mercado libre disminuyó un 1 % durante el período considerado.

4.3.2. Consumo cautivo en el mercado de la Unión

(145) En la Europa de los Veintisiete, el consumo cautivo de la Unión durante el período considerado evolucionó de la manera siguiente: Cuadro 2 Consumo cautivo en el mercado de la Unión (toneladas) 2016 2017 2018 Período de investigación Consumo cautivo de la Unión 42,5-45,5 millones 44-47 millones 43,5-46,5 millones 39,5-42,5 millones Índice 100 103 102 93 Fuente: Eurofer y productores de la Unión incluidos en la muestra.

(146) El consumo del mercado cautivo aumentó ligeramente en la primera parte del período de investigación, después de la cual disminuyó. El consumo cautivo total se redujo en siete puntos porcentuales durante el período considerado.

4.3.3. Consumo total

(147) Durante el período considerado, el consumo total —la suma del consumo en el mercado cautivo y en el mercado libre— en la Europa de los Veintisiete evolucionó de la manera siguiente: Cuadro 3 Consumo total (mercado libre y mercado cautivo) (toneladas) 2016 2017 2018 Período de investigación Consumo total de la Unión 78-81 millones 78-81 millones 80-83 millones 74-77 millones Índice 100 100 102 95 Fuente: Eurofer, productores de la Unión incluidos en la muestra y Eurostat.

(148) El cuadro anterior muestra que el consumo total aumentó ligeramente en 2018, pero disminuyó un 5 % en total en comparación con 2016. El consumo cautivo representó casi el 59 % del consumo total en el período de investigación.

4.4. Importaciones procedentes de Turquía

4.4.1. Volumen y cuota de mercado de las importaciones procedentes de Turquía

(149) Las importaciones procedentes de Turquía en la Europa de los Veintisiete evolucionaron de la manera siguiente: Cuadro 4 Volumen y cuota de mercado de las importaciones 2016 2017 2018 Período de investigación Volumen de las importaciones procedentes de Turquía (toneladas) 934 651 1 738 017 2 779 174 2 767 658 Índice 100 186 297 296 Cuota de mercado en el mercado libre (%) 2,8-3,1 5,3-5,6 7,8-8,1 8,2-8,5 Índice 100 190-220 270-300 270-300 Fuente: Eurofer, productores de la Unión incluidos en la muestra y Eurostat.

(150) Las importaciones procedentes de Turquía aumentaron en un 196 % durante el período considerado, lo que casi triplicó su cuota en el mercado libre.

(151) Después de la divulgación provisional, el Gobierno de Turquía afirmó que las importaciones procedentes de Turquía no restaron cuota de mercado a la industria de la Unión, sino que solamente obtuvieron parte de la cuota de terceros países, lo cual no podía afectar de ningún modo a los productores de la Unión.

(152) Después de la divulgación final, el Gobierno de Turquía añadió que el análisis de la Comisión del volumen de las importaciones procedentes de Turquía fue un análisis de principio a fin del período y, en su lugar, invitó a la Comisión a estudiar la evolución sobre la base de datos trimestrales de 2019 y 2020 y las caídas de las importaciones después del período de investigación. La Comisión indicó que el enfoque del Gobierno de Turquía no puede cuestionar el hecho de que entre 2016 y 2018 las importaciones procedentes de Turquía aumentaron en términos interanuales en un 196 % durante el período considerado y que prácticamente triplicaron su cuota en el mercado libre.

(153) Dada la naturaleza de estas observaciones, se abordan en la sección 5 más adelante.

4.4.2. Precios de las importaciones procedentes de Turquía y subcotización de precios

(154) La Comisión estableció los precios de las importaciones basándose en los datos de Eurostat. El precio medio ponderado de las importaciones procedentes de Turquía a la Europa de los Veintisiete evolucionó de la manera siguiente: Cuadro 5 Precios de importación (EUR/tonelada) 2016 2017 2018 Período de investigación Turquía 363 490 538 492 Índice 100 135 148 136 Fuente: Eurostat.

(155) Los precios medios de las importaciones procedentes de Turquía aumentaron de 363 EUR/tonelada en 2016 a 492 EUR/tonelada durante el período de investigación, lo que representa un aumento del 36 %. La diferencia entre el promedio de los precios de las importaciones objeto de dumping y el promedio de los precios de venta de la industria de la Unión durante el período de investigación, como se refleja en el cuadro 10, fue significativa (7,8 %).

(156) Después de la divulgación provisional, el Gobierno de Turquía consideró que los precios de las importaciones turcas no podían haber causado perjuicio a los productores de la Unión. Dada la naturaleza de estas observaciones, se abordan en la sección 5 más adelante.

(157) Se han revisado los cálculos del margen de subcotización para que reflejen la situación de la Europa de los Veintisiete y la Comisión determinó que las importaciones objeto de dumping de los productores exportadores incluidos en la muestra reflejaban márgenes de subcotización medios ponderados de entre el 1,2 y el 2 %. Teniendo en cuenta que el mercado de HRFS es muy sensible a los precios y que la competencia se basa en gran medida en el precio, la Comisión consideró que los citados márgenes de subcotización eran significativos.

(158) Después de la divulgación final, Eurofer hizo hincapié en que, dada la naturaleza del mercado, y la existencia de una competencia de precios significativa, incluso un nivel de subcotización comparativamente reducido podía ser significativo. Sin embargo, el Gobierno de Turquía afirmó que considerar que los márgenes de subcotización eran significativos era una mera alegación, ya que carecía de una evaluación adecuada o de criterios que establecieran qué margen debía considerarse significativo. La Comisión rechazó la alegación por considerarla infundada. La evolución del mercado y el cambio en las fuentes de importaciones observados en el cuadro 14 confirman la importancia del precio en el mercado de los HRFS. Lo que es más, el propio Gobierno de Turquía había admitido que una pequeña diferencia de precio era la causa del aumento de la cuota de mercado de las importaciones turcas (13).

(159) Después de la divulgación final, los grupos Erdemir y Colakoglu alegaron que al establecer subcotización para el 66,1 % (grupo Colakoglu) o para el 69,5 % (grupo Erdemir) de las ventas de los productores de la Unión incluidos en la muestra, la Comisión no estableció la subcotización para el producto en conjunto y, por lo tanto, infringió el artículo 3, apartado 3, del Reglamento de base. En su opinión, no podía descartarse que los márgenes de subcotización calculados hubieran sido diferentes si la Comisión hubiera examinado el efecto del precio sobre la base de las ventas de todos los productores de la Unión incluidos en la muestra. La Comisión rechazó esta alegación por considerarla infundada, ya que el Reglamento de base no exige que la determinación de la existencia de subcotización se base en la totalidad de las ventas de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Por el contrario, un análisis de precios se basa en una comparación entre los modelos exportados a la Unión y el producto similar y consiste en comparar las ventas de los productores exportadores que venden a la industria de la Unión, ya que no todos los modelos vendidos por los (tres) productores de la Unión incluidos en la muestra eran exportados a la Unión por cada uno de los productores exportadores a título individual. En cualquier caso, la Comisión recordó que la diferencia entre el promedio de los precios de las importaciones objeto de dumping y el promedio de los precios de venta de la industria de la Unión durante el período de investigación, como se refleja en el cuadro 10, fue significativa (7,8 %).

4.5. Situación económica de la industria de la Unión

4.5.1. Observaciones generales

(160) La Comisión recuerda que, en la fase inicial, el denunciante había solicitado a la Comisión que comenzara el análisis de las tendencias del perjuicio a partir de 2017, alegando que 2016 (el primer año del período considerado en la presente investigación) no era un año representativo, ya que se constató que la industria de la Unión sufrió el perjuicio infligido por importaciones objeto de dumping y de subvenciones de diversas fuentes. La Comisión reconoció que la evolución de los indicadores de perjuicio que comenzaba en 2016 se vio perjudicada por el hecho de que la situación de la industria de la Unión aún estaba afectada por las importaciones objeto de dumping y de subvenciones en 2016, mientras que en 2017 la industria de