Proyecto de Directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE con objeto de que las redes de telecomunicaciones y las redes de televisión por cable propiedad de un único operador constituyan entidades jurídicas independientes (98/C 71/05)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 90,

Considerando lo siguiente:

(1) Con arreglo a la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 96/19/CE (2), los Estados miembros deben abolir paulatinamente los derechos especiales o exclusivos para el suministro de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones a más tardar el 1 de enero de 1998, pudiéndose conceder un período transitorio adicional a algunos Estados miembros. Concretamente, el artículo 4 modificado por la Directiva 95/51/CE de la Comisión (3) exige a los Estados miembros que supriman todas las restricciones al suministro de capacidad de transmisión a través de redes de televisión por cable, autoricen la utilización de las redes por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones distintos de los de telefonía vocal y garanticen que la interconexión de las redes de televisión por cable con la red pública de telecomunicaciones sea autorizada para este fin, en particular la interconexión con las líneas arrendadas, y que se supriman las restricciones a la interconexión directa de las redes de televisión por cable por parte de los operadores de televisión por cable.

(2) La Directiva 90/388/CEE, tal como ha sido modificada por la Directiva 95/51/CE, examina dos problemas que afectan a las empresas a las que los Estados miembros han concedido el derecho a establecer redes de televisión por cable y de telecomunicaciones. En primer lugar, dicha Directiva afirma que las empresas del sector no tienen ningún interés en atraer a los usuarios hacia la red más adecuada para el suministro del servicio en cuestión. Asimismo señala que la creación de condiciones equitativas de competencia requerirá, con frecuencia, medidas específicas adaptadas a las particulares circunstancias de los mercados pertinentes. Cuando se adoptó dicha Directiva, la Comisión consideraba que, habida cuenta de las disparidades existentes entre los Estados miembros, las autoridades nacionales eran las que estaban en mejores condiciones para determinar las medidas más apropiadas y, concretamente, para estimar si era indispensable separar estas actividades. En segundo lugar, la Comisión llegó a la conclusión de que tanto el control minucioso de las subvenciones cruzadas como la transparencia contable son esenciales en las fases iniciales de la liberalización del sector de las telecomunicaciones. Por esta razón, el artículo 2 de la Directiva 95/51/CE exige a los Estados miembros que garanticen, en particular, que los organismos de telecomunicaciones que suministren infraestructuras de red de televisión por cable lleven una contabilidad separada por lo que respecta al suministro de cada una de las redes y a sus actividades en calidad de proveedor de servicios de telecomunicaciones. Se indicaba también que, aunque los Estados miembros deberían como mínimo imponer una clara separación de los registros contables de ambas actividades, es preferible una total separación estructural.

(3) Simultáneamente, la Comisión manifestó que, a falta de sistema competidor de transmisión a los hogares, habría de evaluar si la separación de la contabilidad es suficiente para evitar prácticas abusivas y si el suministro de estos dos tipos de redes por un mismo operador no se traduce en una limitación de la capacidad de transmisión potencial a expensas de los proveedores de servicios en el ámbito pertinente, o si está justificado que se adopten nuevas medidas. En este sentido, el tercer párrafo del artículo 2 de la mencionada Directiva establece que la Comisión habría de llevar a cabo, antes del 1 de enero de 1998, una evaluación global de la repercusión del suministro por parte de un único operador de los dos tipos redes de televisión por cable y de telecomunicaciones públicas, en relación con los objetivos de dicha Directiva.

(4) La presente Directiva se basa en la evaluación efectuada por la Comisión en virtud del artículo 2 de la Directiva 95/51/CE. Como preparación de esta evaluación, se encargaron dos estudios sobre las consecuencias que tienen sobre los mercados de las telecomunicaciones y multimedios a) el suministro por un único operador dominante de redes de televisión por cable y de telecomunicaciones, y b) las restricciones sobre la utilización de redes de telecomunicaciones para el suministro de servicios de televisión por cable. Los estudios llegaron, en particular, a la conclusión de que, cuando no existe un alto grado de competencia en los mercados de acceso local, el hecho de que una única empresa sea propietaria de redes de telecomunicaciones y de redes de televisión por cable frena el desarrollo de una infraestructura multimedios total en perjuicio de los consumidores, de los prestadores de servicios y del conjunto de la economía europea.

(5) La Comisión adoptó una Comunicación sobre la evaluación requerida por las Directivas 95/51/CE y 96/19/CE (4). En dicha evaluación, la Comisión afirmó que el desarrollo óptimo de los mercados de las telecomunicaciones y multimedios depende de cuatro factores: competencia entre los servicios, competencia entre las infraestructuras, mejora de éstas y otros tipos de innovación. Asimismo, la Comisión comprobó que la prestación simultánea en la Comunidad de servicios de telecomunicaciones y de televisión por cable por parte de un único operador crea desde el principio una situación de desequilibrio favorable a los operadores de telecomunicaciones en posición dominante en comparación con los nuevos competidores. Esta situación supondrá una importante limitación para el desarrollo óptimo de los mercados de telecomunicaciones.

(6) El Tratado, y concretamente su artículo 90, encomienda a la Comisión la tarea de garantizar que los Estados miembros cumplan las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario en lo que respecta a las empresas públicas y a las que disfruten de derechos especiales o exclusivos. Con arreglo al apartado 3 del artículo 90, la Comisión puede especificar y precisar las obligaciones derivadas de dicho artículo y, en este contexto, determinar las condiciones necesarias para que pueda llevar a cabo de forma efectiva la tarea de supervisión que le encomienda el citado apartado.

(7) La mayoría de los organismos de telecomunicaciones europeos siguen siendo empresas controladas por el Estado. Aunque la normativa comunitaria prevé la retirada de los derechos especiales o exclusivos para el suministro de servicios y redes de telecomunicaciones, los organismos de telecomunicaciones continuarán disfrutando, una vez pasada la fecha de la plena liberalización, de derechos especiales definidos por la Directiva 90/388/CEE, tal como ha sido modificada por la Directiva 94/46/CE de la Comisión (5), especialmente en el ámbito de las radiofrecuencias utilizadas para el suministro de redes de telecomunicaciones y de capacidad de transmisión. Esto se debe al hecho de que los organismos de telecomunicaciones siguen disfrutando de derechos de utilización de radiofrecuencias que históricamente les han sido concedidos con arreglo a criterios que no son objetivos, proporcionados ni discriminatorios. Las autorizaciones son unas ventajas reglamentarias que fortalecen la posición de estos operadores y que siguen influyendo considerablemente en las posibilidades de las demás empresas de competir con los organismos de telecomunicaciones en el ámbito de las infraestructuras. Por lo tanto, estos operadores de telecomunicaciones son empresas que entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 90.

(8) La mayoría de los Estados miembros han adoptado medidas por las que se conceden a los organismos de telecomunicaciones derechos especiales o exclusivos respecto al suministro de redes de televisión por cable. Estos derechos pueden revestir la forma de licencias exclusivas o no exclusivas cuando el número de licencias se restringe con arreglo a criterios que no son objetivos, proporcionados ni discriminatorios.

(9) El artículo 86 del Tratado prohíbe que una o más empresas que ocupan una posición dominante abusen de ella en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.

(10) Cuando los Estados miembros han concedido un derecho especial o exclusivo para construir y operar redes de televisión por cable a un organismo de telecomunicaciones que ocupa una posición dominante en el mercado de servicios que utiliza una infraestructura de telecomunicaciones, dicho organismo no tiene aliciente alguno que le impulse a mejorar su red pública de banda estrecha de telecomunicaciones ni su red de banda ancha de televisión por cable para conseguir una red integrada de comunicaciones de banda ancha («red de servicio completo») capaz de transmitir comunicaciones vocales, datos e imágenes en gran anchura de banda.

Dicho de otra forma, dicho organismo se encuentra ante un conflicto de intereses, ya que cualquier mejora sustancial de su red de telecomunicaciones o de su red de televisión por cable puede suponer un descenso de su actividad comercial en la otra red. En estas circunstancias, sería conveniente separar la propiedad de ambas redes en dos empresas diferentes, ya que la posesión de ambas redes por el mismo propietario hace que estos organismos retrasen la aparición de nuevos servicios avanzados de comunicación y limita, por ende, el desarrollo técnico en perjuicio de los usuarios, en contradicción con lo establecido en el apartado 1 del artículo 90 del Tratado, en relación con la letra b) del segundo párrafo del artículo 86.

Por lo tanto, todos los Estados miembros deben, al menos, garantizar que los organismos de telecomunicaciones que disfrutan de derechos especiales o exclusivos con respecto al suministro de redes de televisión por cable exploten estas últimas como una entidad jurídica distinta.

(11) Esta conclusión queda confirmada por las consideraciones siguientes. Cuando los Estados miembros conceden a una empresa el derecho especial o exclusivo de establecer redes de televisión por cable en la misma zona geográfica en la que ya suministra redes públicas de telecomunicaciones, es probable que aparezcan distintas formas de comportamiento anticompetitivo, a no ser que se exija un nivel de transparencia adecuado en sus operaciones.

A pesar de las exigencias del Derecho comunitario con respecto a la separación de contabilidades, algunas de las cuales sólo entraran en vigor con ocasión de la aplicación del paquete de medidas generales para la apertura, a partir del 1 de enero de 1998, de los mercados de telecomunicaciones en la mayoría de los Estados miembros, cuando existen graves conflictos de interés debido a la posesión de ambas redes por el mismo propietario, dicha separación no asegura la defensa necesaria contra las distintas formas de comportamiento anticompetitivo. Por otra parte, la separación contable sólo permite una mayor transparencia de los flujos financieros, mientras que la separación jurídica conducirá a una mayor transparencia de activos y costes y facilitará el control de la rentabilidad y la gestión de la explotación de las redes de cable. El suministro de redes de telecomunicaciones y de redes de televisión por cable son actividades conexas. La posición de un operador en unos de estos mercados influye en su posición en el otro, y el control de sus actividades en esos mercados es más difícil. Además, cuando un organismo de telecomunicaciones en posición dominante tiene intereses en la televisión por cable, ello tiene un efecto disuasivo en las demás empresas debido a la solidez financiera del operador de telecomunicaciones. Para una empresa que todavía no está establecida en los mercados de telecomunicaciones o televisión de pago, las perspectivas financieras de las redes de televisión por cable siguen siendo inciertas.

Por lo tanto, es fundamental que los organismos de telecomunicaciones en posición dominante organicen sus actividades de explotación de redes de televisión por cable de manera que puedan supervisarse con el fin de evitar que utilicen sus recursos para abusar de su posición. Durante la fase crucial de la total apertura del sector a la competencia, la separación jurídica entre el funcionamiento de la red pública conmutada de telecomunicaciones y la red de televisión por cable de los organismos de telecomunicaciones constituye el requisito mínimo para garantizar la observancia del artículo 90 del Tratado. Para lograr esta transparencia, es necesario que los operadores de las redes sean entidades jurídicas distintas aunque puedan, en principio, pertenecer a la misma empresa. Por consiguiente, este requisito de la separación jurídica podría satisfacerse si las operaciones de televisión por cable de un organismo de telecomunicaciones se transfiriesen a una filial que fuese propiedad al 100 % del organismo de telecomunicaciones.

(12) La Comisión examinará en cada caso si es compatible con el principio de proporcionalidad exigir que los Estados miembros tomen medidas adicionales.

Las decisiones que se adopten en cada caso concreto podrían prever medidas tales como la apertura a la participación de terceros en el operador de cable, o la exigencia de desprenderse por completo de la entidad en cuestión.

(13) La distribución de programas audiovisuales destinados al público en general a través de redes de telecomunicaciones, así como el contenido de dichos programas, continuará rigiéndose por las normas específicas que adopten los Estados miembros de conformidad con el Derecho comunitario y no están, por consiguiente, sujetos a lo dispuesto en la presente Directiva.

(14) Conviene, por lo tanto, modificar la Directiva 90/388/CEE.

(15) Los Estados miembros se abstendrán de establecer nuevas medidas que tengan por objeto o efecto obstaculizar el objetivo de la presente Directiva,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo1

El artículo 9 de la Directiva 90/388/CEE se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 9

Los Estados miembros garantizarán que los organismos de telecomunicaciones a los que concedan derechos especiales o exclusivos en el ámbito de las radiofrecuencias correspondientes, o que estén bajo su control, y que ocupen una posición dominante en una parte sustancial del mercado común y operen una red de televisión por cable en virtud de derechos especiales o exclusivos no recurran para ello a la misma entidad jurídica utilizada para su red pública de telecomunicaciones.».

Artículo 2

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar a los nueve meses de la entrada en vigor de la presente Directiva, las informaciones necesarias que le permitan confirmar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Directiva.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) DO L 192 de 24.7.1990, p. 10.

(2) DO L 74 de 22.3.1996, p. 13.

(3) DO L 256 de 26.10.1995, p. 49.

(4) DO C . . . de . . . , p. . . .

(5) DO L 268 de 19.10.1994, p. 15.