DECISIÓN (UE) 2019/767 DE LA COMISIÓN

de 31 de julio de 2018

relativa a la ayuda estatal SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) ejecutada por Francia respecto al límite de la CSPE

[notificada con el número C(2018) 4975]

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en particular su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (1), y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO

(1) A raíz de los contactos preliminares celebrados en 2013 entre los servicios de la Comisión y Francia, el 11 de octubre de 2013 Francia notificó su régimen de ayudas a la energía eólica terrestre, que hasta esa fecha estaba siendo financiado por una tasa aplicable a la electricidad denominada «contribución al servicio público de la electricidad» (contribution au service public de l'électricité, «CSPE»).

(2) Puesto que el régimen estaba ya en vigor en el momento de la notificación, el expediente fue transferido al registro de ayudas no notificadas el 29 de noviembre de 2013.

(3) Mediante carta de 27 de marzo de 2014, la Comisión informó a Francia de que no formulaba objeción alguna a la ayuda a la energía eólica terrestre, pero que tenía dudas sobre la compatibilidad con el mercado interior de las reducciones de la CSPE concedidas a los autoconsumidores, los grandes consumidores de electricidad y a los consumidores con consumo intensivo de electricidad. Por lo tanto, comunicó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») por lo que se refiere a estas reducciones de la CSPE.

(4) La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento («Decisión de incoación») se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre las medidas en cuestión y con respecto a una posible aplicación de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (2) («Directrices de 2014») a las reducciones de la CSPE en cuestión.

(5) La Comisión recibió observaciones de cinco partes interesadas: i) Air Liquide, mediante carta de 3 de noviembre de 2014; ii) EDF, mediante carta de 17 de noviembre de 2014; iii) RATP, mediante carta de 2 de diciembre de 2014; iv) SNCF, mediante carta de 3 de diciembre de 2014, y v) la Union des Industries Utilisatrices d'Energie (UNIDEN), mediante carta de 3 de noviembre de 2014. Estas observaciones, en primer lugar, abordaban la existencia de una ayuda estatal y, en segundo lugar, la conformidad de las medidas con el TFUE, por un lado, y con las Directrices 2014, por otro lado.

(6) Francia presentó sus observaciones mediante nota de 5 de mayo de 2014, completada mediante carta de 22 de octubre de 2015. En esta correspondencia, tras recordar las distintas reducciones de la CSPE, Francia alegó en primer lugar que dichas reducciones concedidas a los autoproductores no constituían ayuda. Además, consideró que el límite máximo de la CSPE por centro de producción y la limitación de la CSPE al 0,5 % del valor añadido eran compatibles con las normas sobre ayudas estatales.

(7) Durante el procedimiento de investigación formal, la Comisión envió siete solicitudes de información entre el 21 de agosto de 2014 y el 27 de octubre de 2017. Por su parte, las autoridades francesas enviaron once notas y documentos informativos entre el 7 de mayo de 2014 y el 12 de diciembre de 2017. Estos intercambios de información abordaron i) la aclaración de los valores de la CSPE abonada y de las reducciones concedidas a determinados tipos de beneficiarios, ii) la cualificación de las medidas como ayuda estatal y el análisis jurídico de su cumplimiento de las normas en materia de ayudas estatales y iii) la presentación de un plan de ajuste, con el objetivo de convertir los niveles de reducción de la CSPE concedidos en niveles compatibles con las normas aplicables en materia de ayudas estatales. El primer plan de ajuste propuesto se presentó en la nota de 4 de noviembre de 2014 y se ultimó en la nota de 23 de noviembre de 2017.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS

(8) En esta sección se presentan consecutivamente la CSPE, por una parte, y las reducciones de dicha contribución para el período 2003-2015, por otra, que son objeto de la presente Decisión.

2.1. Presentación de la CSPE

(9) La CSPE se creó mediante la Ley n.o 2003-8, de 3 de enero de 2003, relativa a los mercados del gas y la electricidad y al servicio público de la energía («Ley n.o 2003-8»). El régimen descrito en la presente Decisión es el anterior a la reforma de la CSPE de 2016, introducida por la Ley n.o 2015-1786, de 29 de diciembre de 2015, que rectificó los presupuestos para 2015.

(10) La CSPE se destina a compensar los costes adicionales de las tarifas de servicio público de la electricidad soportados por los proveedores de electricidad tradicionales (EDF y las empresas de distribución local). Estos costes adicionales se derivan principalmente de la financiación de cuatro tipos de políticas: a) en primer lugar, de la obligación de compra, por parte de EDF o de las empresas de distribución local (EDL), de la electricidad producida por determinados tipos de instalaciones a partir de fuentes de energía renovables (eólica, fotovoltaica, etc.). Este componente representa el 39 % de la CSPE recaudada durante todo el período cubierto por las medidas, es decir, 2003-2015; b) corresponden a la financiación de la cogeneración de alta eficiencia, equivalente al 25 % de la CSPE recaudada durante el período 2003-2015. En su nota de 20 de diciembre de 2016, Francia aclaró que la CSPE solo se destinó a financiar la cogeneración de alta eficiencia y especificó que este apoyo se basaba, por una parte, en un mecanismo de contrato de compra establecido entre 1997 y 2001 que costeaba las instalaciones de cogeneración cuya eficiencia energética superase el 65 % y, por otra parte, en el apoyo, a partir de 2013, a las instalaciones de cogeneración de gas natural de alta eficiencia de más de 12 MW; c) son la consecuencia de la compensación a los productores de electricidad en zonas no interconectadas (Córcega o los departamentos de ultramar), de modo que no repercutan los costes de producción más altos en comparación con los costes soportados en el territorio continental de Francia y que se reflejan en el precio de la electricidad pagado por el consumidor final, que es inferior al beneficiarse del coste de la energía nuclear. Esta partida representa el 31 % de la CSPE total recaudada a lo largo del período 2003-2015. Este sistema de mantenimiento de las tarifas eléctricas equivalentes a las tarifas aplicadas en la Francia continental, Córcega y los departamentos de ultramar se denomina «perecuación tarifaria»; d) se generan, en un 3 %, mediante la aplicación de la tarifa social, aplicable a los «productos de primera necesidad», así como una parte de los costes soportados por los proveedores de electricidad como consecuencia de su participación financiera en el régimen para personas en situación precaria.

(11) La Comisión observa que, además de estas políticas financiadas por la CSPE, otras políticas son financiadas por la CSPE en menor medida. Estas políticas representan menos del 2 % de la CSPE recaudada. Se trata, en particular, de: (1) la ayuda concedida a instalaciones para la producción de electricidad procedente de la incineración de residuos domésticos entre 2003 y 2015. EDF y las empresas de distribución local estaban obligadas a comprar la electricidad producida por estas instalaciones a una tarifa fijada por orden ministerial. Los costes adicionales soportados por estos operadores fueron compensados por la CSPE. Francia considera que la cuota de energía renovable producida por estas instalaciones es del 50 %, de conformidad con las normas de la AIE y de Eurostat relativas a las estadísticas sobre energía. (2) el apoyo a instalaciones avanzadas que contribuyan a la seguridad del suministro. Estas instalaciones son principalmente generadores de gasóleo y se construyeron en la década de 1990. Se recurre a ellas durante un reducido número de horas en función de las necesidades del sistema eléctrico. (3) el apoyo a diversas medidas (221 millones EUR para el período 2003-2015), en primer lugar para la financiación de los llamados «contratos de potencia garantizada» para fomentar la producción independiente (instalaciones de producción de electricidad de menos de 8 000 kVA, instalaciones para utilizar el poder calorífico de los residuos urbanos), presentados por Francia como de «utilidad secundaria» para el servicio público de electricidad. En segundo lugar, la financiación de contratos con varios productores relativos a la compra de su producción.

(12) El artículo L121-7 del Código de la Energía dispone que la compensación de los gastos imputables a las misiones de servicio público de la electricidad debe garantizarse con las contribuciones de los consumidores finales de electricidad instalados en el territorio nacional. Todos estos componentes juntos constituyen un coste adicional único para los consumidores franceses. La contribución será abonada por todos los consumidores finales de electricidad en proporción a los kWh (kilowatios/hora) consumidos, incluidos los autoproductores de electricidad. Entre 2003 y 2015, la CSPE varió de la siguiente manera: Variaciones del importe de la CSPE retirado - 2003-2015 (EUR/MWh) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CSPE 3,0 3,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 9,0 10,5 13,5 16,5 19,5 Fuente: Informe del Tribunal de Cuentas de 2017

(13) Las contribuciones de los consumidores finales elegibles, que ejercieron los derechos concedidos en la parte III, del artículo 22, de la Ley n.o 2000-108, de 10 de febrero de 2000, relativa a la modernización y el desarrollo del servicio público de electricidad («Ley n.o 2000-108»), aportadas por intermediario de la red pública de transporte o por una red pública de distribución, las recupera el operador encargado de la gestión de la red a la que estos consumidores están conectados, en forma de un cargo adicional a las tarifas de utilización de las redes.

(14) Las contribuciones recuperadas por dicho operador se devuelven a los operadores que soportan los costes del servicio público a través de la Caisse des dépôts et consignations («CDC»). La CDC paga, cuatro veces al año, esta contribución a los operadores que asumen los gastos cubiertos por las cantidades recaudadas. El 1 de enero de cada año, la CDC abona al mediador nacional de la energía una cantidad equivalente al importe de su presupuesto.

(15) La CDC reagrupa estas diversas operaciones en una cuenta específica. Los ministros competentes en materia de economía y de energía determinan anualmente los gastos de gestión soportados por la CDC. Cuando el importe de las contribuciones recaudadas no se corresponda con el importe de los gastos que se hayan producido durante el año, el año siguiente tendrá lugar una regularización en concepto de los gastos adeudados ese año. Si las cantidades que se deben no se recuperan durante el año, se sumarán a la cantidad de los gastos del año siguiente (3)..

(16) La Comisión Reguladora de la Energía (CRE) evalúa en su informe anual el funcionamiento del régimen relativo a las tarifas del servicio público de la electricidad. El Decreto n.o 2004-90 modificado (Decreto n.o 2004-90, de 28 de enero de 2004, relativo a la compensación de los gastos del servicio público de la electricidad) organiza el funcionamiento de la compensación: cada año, antes del 15 de octubre, la CRE propone al ministro responsable de la energía los costes estimados para el año siguiente y la contribución unitaria por kWh consumido en Francia, lo que permite su financiación. La propuesta de la CRE se basa en la declaración de costes registrados el año anterior (N-1) y en la declaración de costes estimados para el año siguiente (N+1). Las declaraciones son efectuadas por los operadores que asumen los costes. Como se explica en los considerandos (14) y (15), el mecanismo de recuperación está centralizado a nivel de la CDC.

(17) La CRE verifica el importe de los gastos señalados. En cuanto a los costes relacionados con el apoyo a las energías renovables, corresponden a la diferencia entre el importe de la ayuda y el precio de mercado obtenido por la venta de esta energía por los operadores obligados. La referencia al precio de mercado sirve, pues, para determinar el importe de la compensación. La CRE ha especificado el método para determinar este precio de mercado. No corresponde al valor real de mercado que el operador obligado ha obtenido, sino a un valor de referencia, establecido sobre la base de diversos parámetros (precios de mercado a plazo y precios al contado, con diferentes pesos en función de los sectores; precios de mercado intradiario; precios de liquidación de los desvíos), lo que refleja lo más fielmente posible el comportamiento de un operador de mercado eficiente con el fin de incitarle a obtener buenos resultados.

(18) Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas por la ley, si la contribución no está disponible o no es adecuada en el plazo de dos meses a partir de la fecha de vencimiento, la CRE enviará un recordatorio con una penalización por retraso del 10 % del importe de la contribución adeudada. Por último, en caso de incumplimiento de pago del deudor de las contribuciones previstas, el ministro responsable de la energía impondrá una sanción administrativa con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 41.

(19) Entre 2003 y 2015, el importe de la CSPE recaudada por el operador encargado de la red ascendió a 36 900 millones EUR. Se repartió del siguiente modo: Importes recuperados por EDF en concepto de la CSPE (En millones EUR) ENR Cogeneración Perecuación tarifaria Tarifas sociales Otros Total 2003 129 689 332 0 69 1 219 2004 261 835 470 0 89 1 655 2005 186 810 501 98 99 1 694 2006 72 944 540 49 66 1 671 2007 (5) 560 921 (12) 2 1 466 2008 121 488 995 49 41 1 694 2009 293 499 780 42 42 1 656 2010 411 769 678 57 21 1 936 2011 1 231 784 767 32 68 2 882 2012 1 724 741 1 063 70 29 3 627 2013 2 667 823 1 462 134 60 5 146 2014 3 286 545 1 495 251 46 5 623 2015 4 057 626 1 618 304 58 6 663 14 433 9 113 11 622 1 074 690 36 932 Fuente: Nota de las autoridades francesas a los servicios de la Comisión - 20 de diciembre de 2016

(20) Entre 2003 y 2015, la composición de la CSPE varió de la siguiente manera: Variación CSPE – 2003-2015 en miles de milliones EUR Otros Tarifas sociales Perecuación tarifaria Cogeneración ENR 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Fuente: Francia-Nota de 20.12.2016.

2.2. Reducciones de la CSPE

(21) La Ley contempla tres categorías de reducción de la CSPE para determinados consumidores. Estas reducciones son acumulativas y se exponen a continuación: a) para los clientes industriales que consumen más de 7 GWh, el importe de la contribución no puede superar el 0,5 % del valor añadido de la empresa (artículo L. 121-21 del Código de la Energía); b) además, el artículo L 121-12 del Código de la Energía limita a 627 783 EUR (4) el importe de la contribución debida por centro de consumo para los consumidores finales. Hasta 2013, este límite se actualizaba anualmente en previsión de la inflación. En 2014 y 2015, el límite aumentó en consonancia con la contribución unitaria, con un máximo del 5 % anual; c) los productores de electricidad para uso propio también pueden beneficiarse de una exención de la CSPE, hasta un máximo de 240 GWh anuales por centro de producción (artículo L.121-11 del Código de la Energía).

(22) Entre 2003 y 2015, estas diversas reducciones de la CSPE, excluidas las empresas de transporte, ascendieron a 6 800 millones EUR, distribuidos del siguiente modo: Desglose de las reducciones de la CSPE concedidas por categoría – 2003-2015 (6 800 millones EUR ) Valor añadido Centro Consumo propio Consumo propio Centro Valor añadido Fuente: Francia-15.11.2017

(23) A continuación se detallan estos límites.

2.2.1. Límite de la contribución al 0,5 % del valor añadido (artículo L.121-21 del Código de la Energía, introducido por el artículo 67 de la Ley n.o 2005-781, de 13 de julio de 2005, del programa por el que se establecen las directrices para la política energética)

(24) El límite del 0,5 % del valor añadido, que se aplica a los industriales que consumen más de 7 GWh al año, se estableció en 2005 con arreglo a la Ley n.o 2005-781, de 13 de julio de 2005, del programa por el que se establecen las directrices para la política energética y se aplicó efectivamente en 2006.

(25) Francia indicó que el objetivo del límite era mantener la competitividad de las empresas con consumo intensivo de electricidad, principalmente en los sectores del metal, el papel, la industria química, etc., es decir, sectores expuestos a la competencia internacional, en particular aquellos con un nivel de consumo superior al umbral de 7 GWh anuales, al tiempo que dicho umbral limitaba su impacto en otras categorías de consumidores.

(26) Este límite de la CSPE del 0,5 % del valor añadido se declara a la CRE, que toma la decisión de reembolsar las cantidades adeudadas después de verificarlo. Estos importes solo se reembolsarán una vez que se conozca el valor añadido de la empresa (como muy pronto, en el año N+1, por las cantidades retenidas en el año N).

(27) Francia indicó que, de un total de 6 800 millones EUR de reducciones concedidas entre 2003 y 2015, el límite de la CSPE (valor añadido del 0,5 %) era del 69 % (4 700 millones EUR) de las exenciones totales. Según la información facilitada por Francia, este límite afectó a un total de 1 636 empresas durante el período 2003-2015.

2.2.2. Límite de la contribución por centro (artículo L.121-12 del Código de la Energía y artículo 5 de la Ley n.o 2000-108)

(28) En el momento en que se creó la CSPE, este límite fue impuesto por el artículo 37 de la Ley n.o 2003-8, de 3 de enero de 2003 citada anteriormente (que modifica el artículo 5 de la Ley n.o 2000-108). Entró en vigor en 2003. Inicialmente, el límite de la CSPE por centro se estableció a 500 000 EUR. Posteriormente, se aumentó a 550 000 EUR en virtud del artículo 37 de la Ley n.o 210-1657, de 29 de diciembre de 2010, de presupuestos para 2011. Este artículo establecía que este límite máximo se actualizase en la misma medida que la tasa de crecimiento prevista del índice de precios al consumo (excluido el tabaco) asociado al proyecto de ley de presupuestos del año. En 2013, el Parlamento fijó este límite en 569 418 EUR y adoptó una nueva norma para actualizarlo en virtud del artículo 59 de la Ley de presupuestos rectificativa para 2013: por lo tanto, cada año se actualiza un porcentaje igual a la evolución del importe de la contribución unitaria de la CSPE hasta máximo del 5 % anual. El 1 de enero de 2015, ascendía a 627 783 EUR.

(29) El límite de la CSPE por centro es, según Francia, la aplicación del límite del 0,5 % del valor añadido, pero a escala de un centro de consumo, en lugar de a nivel de la empresa. Asimismo, Francia ha declarado que este límite al nivel de permite incluir a empresas que consumen mucha electricidad a nivel de centro, pero que no son empresas con consumo intensivo de electricidad.

(30) Francia informó de que, de un total de 6 800 millones EUR de reducciones concedidas entre 2003 y 2015, el límite de la CSPE por centro era del 29 % (2 000 millones EUR) de este importe. Según Francia, 522 empresas se beneficiaron de este límite.

2.2.3. Umbral de exención a 240 GWh (artículo L.121-11 del Código de la Energía y artículo 5 de la Ley n.o 2000-108)

(31) La exención para la producción propia de electricidad se heredó del Fondo de servicio público de la producción de electricidad (FSPPE, régimen que precedió a la CSPE). Este Fondo fue creado por el artículo 5 de la Ley de 10 de febrero de 2000 relativa a la modernización y el desarrollo del servicio público de la electricidad. Fue financiado por productores, proveedores de electricidad, importadores de electricidad, así como por productores de electricidad para uso propio, por encima de una cantidad de electricidad producida anualmente y fijada por decreto. Esta cantidad se fijó en 240 GWh en el Decreto n.o 2001-1157, de 6 de diciembre de 2001, relativo al Servicio Público para la Producción de Electricidad, adoptado para la aplicación del artículo 5 de la Ley n.o 2000-108.

(32) De este modo, un productor de electricidad puede acogerse a una exención de contribución según el número de kWh producido y autoconsumido, hasta el límite de 240 GWh por centro de producción. El mismo productor puede beneficiar a un único consumidor en el mismo centro, siempre que el número de kWh objeto de exención en concepto de autoconsumo y venta a dicho consumidor no sobrepase el umbral de 240 GWh por centro de producción.

(33) Francia indicó que la finalidad de la exención concedida a la electricidad producida para uso propio es limitar la imposición de los autoconsumidores de electricidad, que, al financiar sus propias instalaciones, optaron por no contribuir a la política energética nacional, pero que tampoco se benefician de ella.

(34) Esta exención entró en vigor en 2002. Se mantuvo en el momento de la creación de la CSPE (sustituyendo el FSPPE) en 2003 por el artículo 37 de la Ley n.o 2003-8: «La electricidad que produce un productor para uso propio o que compra un consumidor final para uso propio a un tercero que explota una instalación de producción en el centro de consumo solo se tendrá en cuenta al calcular la contribución a partir de 240 millones kWh al año y por centro de producción».

(35) Francia especificó que, en la práctica, esta exención afectaba principalmente a las instalaciones industriales, la mayoría de las cuales disponía de instalaciones de cogeneración (sin producción de electricidad) y que, además, los particulares no se beneficiaban de ella.

(36) En 2011, 88 centros se habían beneficiado de esta exención para autoconsumo y sumaban un volumen exento de 11 TWh. Además, en 2012, 2013 y 2014 los volúmenes exentos fueron, respectivamente, de 94,8 TWh, 84,6 TWh y 87,4 TWh (5).

(37) Según Francia, durante todo el período 2003-2015, 88 centros se beneficiaron de esta exención, que representó alrededor del 2 % del total de las reducciones concedidas, de un total de 6 800 millones EUR.

2.3. Valor de las reducciones de la CSPE concedidas

(38) Durante todo el período 2003-2015, las reducciones de la CSPE ascendieron a 6 800 millones EUR. El desglose de estas reducciones por tipo se presenta en las secciones 2.2.1 a 2.2.3.

2.4. Beneficiarios de las medidas

(39) Las empresas que se benefician de las reducciones de la CSPE son grandes consumidoras de electricidad pertenecientes a unos 227 sectores, según la codificación de la NACE. Los principales ámbitos de actividad en los que operan son los metales, las industrias química y petroquímica, el gas, el papel, la energía nuclear, la aeronáutica, la electrónica, la fabricación de automóviles, la industria agroalimentaria y el transporte. Una empresa puede beneficiarse simultáneamente de varios criterios de exención.

(40) Estos beneficiarios de las medidas pueden acogerse a la aplicación de uno o varios de los límites de la CSPE. Según la información facilitada por Francia a lo largo de todo el período en cuestión, 2003-2015, 1 664 empresas se beneficiaron de reducciones de la CSPE, que se desglosan del siguiente modo: 1 636 en virtud del límite máximo de la CSPE del 0,5 % del valor añadido, 552 se acogieron a los límites máximos de la CSPE por centro y 88 (6) en virtud de la exención por consumo propio. Algunas empresas pudieron combinar varios tipos de reducciones.

2.5. Duración de las medidas y reforma de 2016

(41) La CSPE se introdujo en 2003. Su importe y distribución se presentan en las secciones 2.2.1 a 2.2.3.

(42) En 2015, se sustituyó por un nuevo régimen. La Ley n.o 2015-1786, de 29 de diciembre de 2015, que rectificó los presupuestos para 2015, introdujo una reforma de la fiscalidad de la energía, en particular por lo que se refiere a la financiación de los costes del servicio público de electricidad y gas. Por consiguiente, la CSPE se suprimió para el consumo posterior al 31 de diciembre de 2015.

(43) A partir del 1 de enero de 2016, la financiación de las políticas, que antes garantizaba la CSPE, se ejecuta con cargo al presupuesto del Estado.

2.6. Exclusión del ámbito de la Decisión de las reducciones de la CSPE concedidas a las empresas de transporte

(44) Teniendo en cuenta el marco normativo específico aplicable a las empresas de transporte ferroviario (7), las reducciones de la CSPE concedidas a dichas empresas se excluyen del presente procedimiento y serán objeto de una Decisión específica de la Comisión. Por tanto, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Decisión.

(45) El importe de las reducciones de la CSPE, que se exponen en la sección 2.2, no incluye, por lo tanto, las reducciones concedidas a las empresas de transporte ferroviario.

2.7. Descripción de las razones que han conducido a la incoación del procedimiento

(46) En su Decisión de incoación (8), la Comisión estimó que las medidas constituían una ayuda estatal, cuya contabilidad con el mercado interior no estaba suficientemente demostrada.

2.7.1. Existencia de ayuda

(47) La Comisión consideró que las reducciones concedidas por la CSPE constituían ayuda estatal.

(48) Primeramente, la Comisión consideró que las diversas reducciones de la CSPE establecidas por ley constituían una ventaja selectiva en beneficio de las empresas autoconsumidoras, los grandes consumidores de electricidad y las empresas con consumo intensivo de electricidad: en primer lugar, la exención de la CSPE concedida a las empresas productoras de electricidad autoconsumida, según lo establecido en el considerando (144) de la Decisión de incoación, constituye una ayuda selectiva. En segundo lugar, la Comisión constató que la existencia de una ventaja concedida a los beneficiarios de un límite máximo de la CSPE por centro solo se concedió realmente a determinados sectores económicos. Por último, el límite máximo de la CSPE del 0,5 % del valor añadido se refiere únicamente a las empresas industriales que superan un determinado nivel de consumo, por lo que también confiere una ventaja a dichas empresas.

(49) La Comisión observó a continuación que los beneficios derivados de las reducciones de la CSPE, junto con la CSPE, se habían financiado mediante recursos estatales y que eran imputables al Estado. Puesto que la CSPE era un recurso estatal, las reducciones de la CSPE constituían a fortiori una renuncia a recursos estatales.

(50) Por último, la Comisión también consideró que las diversas reducciones de la CSPE podían tener un impacto en el comercio entre Estados miembros y falsear la competencia debido a la diferencia de trato entre los beneficiarios de las medidas y sus competidores, que no tenían derecho a beneficiarse de ellas.

2.7.2. Compatibilidad de la ayuda

(51) Respecto a la compatibilidad de las medidas con el mercado interior, la Comisión observó que en la fecha de la Decisión de incoación, la CSPE no era un impuesto medioambiental armonizado en el sentido del punto 153 de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente (9), ni un impuesto medioambiental no armonizado en el sentido del punto 151, en relación con el punto 70(14) de dichas Directrices de 2008.

(52) A este respecto, la Comisión señaló que la base imponible específica no tenía necesariamente un efecto negativo sobre el medio ambiente, ya que la CSPE se aplica en parte a la electricidad renovable. Por esta razón, no puede decirse que la Comisión tenga el objetivo de internalizar los costes medioambientales en el importe de la CSPE. Además, no tiene por objeto orientar a los fabricantes ni al consumidor final hacia actividades más respetuosas con el medio ambiente. Por el contrario, una reducción del consumo implicaría la necesidad de aumentar la CSPE para cubrir los costes de producción de las energías renovables. En consecuencia, el capítulo 4 (10) de la Directrices de 2008 no es aplicable.

(53) Sin embargo, la Comisión consideró que las medidas para reducir la CSPE podían analizarse con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, al tiempo que se invitaba a Francia a aclarar las modalidades.

(54) La Comisión observó también que el proceso de revisión de las Directrices de 2008 estaba en curso y que el proyecto de Directrices de 2014 incluía los siguientes puntos: «(180) La financiación de la ayuda aportada a la energía producida a partir de fuentes renovables mediante cánones no se dirige, como tal, a un efecto externo negativo y, por consiguiente, no tiene un efecto medioambiental directo. No obstante, puede provocar un aumento de los precios de la electricidad. Este aumento puede ser explícito, mediante la aplicación de un canon específico añadido al precio de la electricidad y cobrado a los consumidores, o indirecto, a través de los costes adicionales a que se enfrentan los proveedores de electricidad debido a la obligación de adquirir energía renovable, que posteriormente repercuten a sus clientes, los consumidores. Un ejemplo típico es la obligación de compra por parte de los proveedores de un determinado porcentaje de energías renovables a través de certificados verdes, obligación por la que los proveedores no reciben ninguna compensación. (181) En principio, todos los consumidores de energía deben soportar los costes de la financiación del apoyo a las energías renovables. No obstante, algunas reducciones pueden resultar necesarias para garantizar una base de financiación suficiente para apoyar las energías renovables (84). Con el fin de evitar que las empresas especialmente afectadas por la financiación del apoyo a la energía renovable queden en una situación competitiva difícil, los Estados miembros podrán conceder una compensación parcial por los costes adicionales con objeto de facilitar la financiación general del apoyo a la energía renovable y evitar las emisiones de carbono. Sin compensación a las empresas particularmente afectadas, la ciudadanía podría no apoyar especialmente la adopción de medidas ambiciosas de apoyo a la energía renovable. Por otra parte, en caso de que dicha compensación fuese demasiado elevada o se otorgase a un número demasiado alto de consumidores de electricidad, la aceptación pública del apoyo a la energía renovable podría verse igualmente obstaculizada. »

(55) Por último, la Comisión señaló que el proyecto de Directrices de 2014 (punto 229) establecía que las ayudas en forma de reducción de las contribuciones para financiar el apoyo a la energía procedente de fuentes renovables se evaluarían sobre la base de las nuevas Directrices sobre ayudas para el medio ambiente y la energía, una vez adoptadas (incluso si las ayudas se hubiesen concedido antes de la entrada en vigor de las Directrices de 2014).

(56) Dado que Francia aportó muy pocas pruebas sobre el objetivo de las reducciones y su justificación, la Comisión también planteó dudas sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior. Por otra parte, pidió a Francia que especificase: i) el objetivo de interés común de la medida, ii) su adecuación, iii) su efecto incentivador, iv) su prevención suficiente de efectos negativos e indebidos sobre el comercio.

(57) En su Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión consideró, por tanto, que Francia no había justificado suficientemente la compatibilidad con el mercado interior de las medidas destinadas a reducir la CSPE para determinados beneficiarios.

2.8. Adopción de las Directrices de 2014

(58) Las Directrices de 2014 entraron en vigor el 1 de julio de 2014. Introducen una sección 3.7.2 sobre «Ayudas en forma de reducciones de la financiación en apoyo a la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables».

(59) En esa sección se reconoce, en primer lugar, que las tasas percibidas para financiar las políticas energéticas no tienen un efecto directo en el medio ambiente y no constituyen impuestos medioambientales en el sentido estricto del término, cuyo objetivo es aumentar el coste de los comportamientos nocivos para el medio ambiente. Pueden, no obstante, contribuir indirectamente a la protección del medio ambiente permitiendo la financiación de regímenes de ayuda que contribuyan a dicha protección.

(60) En segundo lugar, las Directrices señalan que, en algunos casos, el sistema de financiación del apoyo a través de una tasa sobre la electricidad solo puede concebirse si las empresas particularmente afectadas por los costes de financiación del apoyo a las energías renovables pueden beneficiarse de las reducciones.

(61) En tercer lugar, las Directrices determinan los niveles de reducción que son aceptables para preservar la aceptabilidad financiera de las medidas de apoyo, evitando al mismo tiempo un reparto de cargas demasiado significativo para los otros consumidores.

(62) Por último, la sección 3.7.3 de las Directrices establece la posibilidad de adoptar un plan de ajuste para hacer converger de manera progresiva los niveles de reducción previstos por una medida nacional hacia niveles de reducción compatibles con las disposiciones de las Directrices y proporcionales respecto a la normativa en materia de ayudas estatales.

3. OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS

(63) Aparte de las empresas de transporte, que se tratan por separado, se formularon las siguientes observaciones sobre la Decisión de incoación.

3.1. EDF

(64) EDF presentó sus observaciones a la Comisión el 17 de noviembre de 2014. Según este grupo, casi el […]% de las exenciones que recibió se refieren al consumo de electricidad autoconsumida para la producción de electricidad inyectada en la red pública. Según EDF, este autoconsumo se refiere, por una parte, al consumo de electricidad de los equipos auxiliares de las instalaciones y, por otra parte, a las estaciones de transferencia de energía mediante bombeo en las centrales hidroeléctricas, suministrada, en este último caso, por centrales nucleares.

(65) El grupo considera que este autoconsumo debe beneficiarse de una exención total de la CSPE, por una parte, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/96/CE del Consejo (11), citada en el párrafo (51), que establece que los Estados miembros eximirán del impuesto a los productos energéticos y la electricidad utilizados para producir electricidad o para mantener la capacidad de producir electricidad y, por otro lado, en virtud de la Decisión que valida, en relación con las ayudas estatales, el régimen alemán de «sobrecarga EEG», que establece la Ley «EEG de 2014» (12).

(66) Como complemento, EDF destacó la necesidad de garantizar la coherencia entre los sistemas de exención de los costes vinculados a la energía entre los distintos Estados miembros y, en particular, los que benefician a las industrias con consumo intensivo de electricidad. Una diferencia en el tratamiento de estas exenciones entre los Estados miembros podría, por tanto, aumentar las diferencias de competitividad que se observan actualmente en los distintos mercados.

3.2. ALFI

(67) ALFI (Air Liquide France Industrie) presentó sus observaciones a la Comisión el 3 de noviembre de 2014. Señala, en primer lugar, que los costes de energía que soporta representan del […] al […]% de los costes de producción. En segundo lugar, ALFI afirma que un aumento demasiado importante del coste de la electricidad incitaría a la internalización de la producción de gases industriales por parte de las distintas industrias que los utilizan (química, siderúrgica, petroquímica, vidriera), pero a más pequeña escala, lo provocaría un incremento del consumo mundial de energía.

(68) A continuación, ALFI contesta a que las reducciones de la CSPE den lugar a la concesión de una ventaja a sus beneficiarios. Según ALFI, estas reducciones solo sirven para responder a una «misión de servicio público» de suministro y, por tanto, no pueden constituir ayudas, sin especificar exactamente la base jurídica.

(69) Por último, ALFI considera que, sin perjuicio de la ausencia de ayuda, tal como se señala en el considerando anterior, en caso de ser calificadas como ayuda estatal estas reducciones de la CSPE serían compatibles con la sección 3.7.2 de las Directrices de 2014, que reconoce, en determinadas condiciones, la compatibilidad de una diferenciación y de reducciones específicas en beneficio de las empresas industriales con consumo intensivo de electricidad. Por lo tanto, si se estima que existe una ayuda, debería excluirse en cualquier caso la recuperación de la misma.

3.3. UNIDEN

(70) UNIDEN, una asociación que representa los intereses de las industrias con gran consumo de energía en Francia, presentó sus observaciones a la Comisión el 3 de noviembre de 2014. Según esta asociación, las reducciones de la CSPE persiguen varios objetivos de interés común, que hacen que las medidas sean compatibles en el sentido del artículo 107, apartado 3, del TFUE y de las Directrices de 2014.

(71) En primer lugar, las medidas persiguen el objetivo de mantener la competitividad de sectores expuestos a la competencia mundial. En segundo lugar, persiguen un objetivo social. En tercer lugar, persiguen un objetivo de cohesión económica, social y territorial, en particular protegiendo a los consumidores más desfavorecidos. Por último, persiguen un objetivo de eficiencia energética, en plena coherencia con el Derecho de la Unión Europea.

4. COMENTARIOS DE FRANCIA

(72) Francia presentó comentarios sobre la clasificación de las medidas y su compatibilidad con el mercado interior.

4.1. Los límites de la CSPE por centro y del 0,5 % del valor añadido no constituyen ayuda estatal

(73) Los principales argumentos aducidos por Francia para justificar la ausencia de ayuda se refieren a la ausencia de selectividad y de falseamiento de la competencia.

4.1.1. Ausencia de selectividad

(74) Según Francia, las medidas no son selectivas por tres razones principales:

(75) En primer lugar, la jurisprudencia considera que la introducción de reducciones en las sobrecargas por parte de los Estados miembros no es suficiente para establecer la selectividad porque, por hipótesis, las empresas que superan los umbrales fijados no se encuentran en la misma situación de hecho que otras empresas. La jurisprudencia del Tribunal también considera que el límite máximo por centro no es suficiente para convertirlo en una medida selectiva y que los límites tributarios no pueden, efectivamente, constituir una ayuda selectiva (13). Respecto al límite de la CSPE del 0,5 % del valor añadido, Francia se basa en la jurisprudencia del Consejo Constitucional (14) para reiterar que al observar la CSPE de acuerdo con el principio de igualdad respecto a la tributación, el juez reconoció que los beneficiarios de dicho límite se encontraban en una situación de hecho distinta a la de otras empresas, de ahí la ausencia de ayuda selectiva.

(76) En segundo lugar, por lo que se refiere más concretamente al autoconsumo, Francia considera que la exención de la CSPE concedida a los autoconsumidores se refiere a beneficiarios situados en una situación de hecho diferente de la de los otros contribuyentes a la CSPE y, por consiguiente, excluye la selectividad de la ayuda.

(77) En tercer lugar, la ausencia de selectividad se justifica por la naturaleza del sistema fiscal francés del que se derivan las medidas, y que no tiene carácter selectivo. Según Francia, los límites de la CSPE son el resultado de la propia naturaleza del sistema fiscal que establece que la carga fiscal debe tener en cuenta las competencias contributivas de cada contribuyente.

(78) Por último, en el caso de los autoconsumidores que producen electricidad a partir de fuentes de energía renovables o mediante cogeneración, que operan principalmente en la industria química, siderúrgica y petroquímica, Francia señala que es lógico que la electricidad producida y autoconsumida quede exenta de la participación de la CSPE en la financiación de la ENR o en el apoyo a la cogeneración, ya que dicha electricidad no se beneficia de ninguna ayuda pública financiada por la CSPE, si bien contribuye al objetivo de protección del medio ambiente que persigue el apoyo a las energías renovables y a la cogeneración financiada por la CSPE, de la misma manera que la electricidad inyectada en la red (que recibe el apoyo de la CSPE). Francia subraya que, por esta razón, la exención de los autoconsumidores que utilizan energías renovables o la cogeneración no constituye una ventaja selectiva.

4.1.2. Ausencia de falseamiento de la competencia

(79) Francia alega que existía una medida similar antes de la entrada en vigor de la CSPE en 2003. Por consiguiente, considera que la ayuda ha tenido escaso impacto en la situación económica y competitiva de las empresas situadas en Francia.

4.2. En el supuesto de que se confirme la calificación de ayuda, los límites de la CSPE por centro y del 0,5 % del valor añadido constituirán una ayuda compatible

(80) En el supuesto de que se confirmara la calificación de ayuda, Francia propone un análisis de la compatibilidad de la CSPE de tres maneras diferentes:

(81) En primer lugar, la compatibilidad de las medidas se debe a que se ajustan a lo dispuesto en la Directiva 2003/96 (véase la sección 4.2.1).

(82) En segundo lugar, la CSPE puede considerarse un impuesto medioambiental y, por lo tanto, sus reducciones son totalmente compatibles con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (15) («Directrices de 2001»), las Directrices de 2008 y las de 2014 (véase la sección 4.2.2).

(83) En tercer lugar, si la CSPE no se pudiese calificar como impuesto medioambiental, entonces sus límites serían compatibles con las Directrices de 2014 por la parte relativa a la CSPE que financia las energías renovables y, los otros componentes de la CSPE serían compatibles con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE (véase la sección 4.2.3).

4.2.1. La compatibilidad de las medidas dimana del cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 2003/96/CE

(84) Francia hace hincapié en que la Directiva 2003/96/CE de la Comisión permite determinadas exenciones:

(85) En primer lugar, el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva permite la exención de los costes relativos a la electricidad utilizada para producir electricidad o mantener la capacidad de producción. Esta exención se aplica en gran medida a la exención del autoconsumo previsto en el marco de las medidas en cuestión.

(86) En segundo lugar, el artículo 15, apartado 1, letra e), de la Directiva permite las exenciones de los costes de la electricidad autoconsumida y producida mediante cogeneración.

(87) Por último, el artículo 17, apartado 1, letra a), de la Directiva permite exenciones parciales para las empresas «con un gran consumo de energía», que se definen como empresas cuya adquisición de productos energéticos y de electricidad representa el 3 % del valor de la producción o cuyos impuestos energéticos representan el 0,5 % de su valor añadido.

4.2.2. En el supuesto de que la CSPE constituya un impuesto medioambiental, los límites de la CSPE serán compatibles con las normas aplicables a las ayudas estatales

(88) En su correspondencia con la Comisión, Francia considera que la CSPE puede considerarse un impuesto medioambiental, según la definición del punto (70)(14) de las Directrices de 2008. Estima que la base imponible tiene efectos negativos para el medio ambiente, incluso si se trata de financiar las energías renovables, y que, por tanto, el régimen de ayudas es favorable para el medio ambiente. Esta clasificación da como resultado la evaluación de la compatibilidad de las medidas con el mercado interior según tres bases sucesivas de compatibilidad.

(89) En primer lugar, la compatibilidad de las reducciones de la CSPE, para el período 2003-2008, debe evaluarse con respecto a las Directrices de 2001. Según Francia, esta compatibilidad está garantizada por el hecho de que los beneficiarios pagan una parte significativa de la CSPE, es decir, como mínimo el 20 %, de conformidad con el apartado 51, punto 1, letras a) y b), de las Directrices de 2001.

(90) En segundo lugar, Francia considera que las medidas están en consonancia con las Directrices de 2008 para el período 2008-2014. Por una parte, Francia considera que la CSPE es un impuesto medioambiental. Por otra parte, en el punto (4) de las Directrices de 2008 se establece que los impuestos medioambientales son compatibles con el mercado interior. Por lo tanto, la compatibilidad de las medidas con el mercado interior quedaría suficientemente demostrada.

(91) Por último, Francia estima que los dos límites de la CSPE son compatibles con las Directrices de 2014, aplicables entre el 1 de julio y la conclusión de las medidas en 2015, y que, sobre todo, se ajustan al punto (170) de dichas Directrices.

4.2.3. Esta compatibilidad se justifica en virtud de la sección 3.7.2 de las Directrices de 2014 y del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE

(92) Sin embargo, en su notificación de 22 de octubre de 2015, Francia aceptó contemplar la posibilidad de no considerar la CSPE como un impuesto medioambiental y sacar las conclusiones respecto al análisis de su compatibilidad con el mercado interior con arreglo a la sección 3.7.2 de las Directrices de 2014, por una parte, y al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, por otra.

4.2.3.1. Reducción de la CSPE puesto que permite financiar las energías renovables

(93) Según Francia, la conformidad de las medidas con las Directrices de 2014 está demostrada. Francia hace referencia explícitamente a la sección 3.7.2 como base jurídica para evaluar la compatibilidad de las medidas en cuestión (16) con el mercado interior.

(94) En primer lugar, Francia señala que todas la ayudas concedidas, antes del 1 de enero de 2011, en forma de reducción de contribuciones destinadas a financiar el apoyo a la electricidad producida a partir de fuentes renovables, pueden declararse compatibles con el mercado interior, tal como se establece en el punto (248) de las Directrices de 2014.

(95) En segundo lugar, para el período posterior a 2011, Francia considera que las ayudas pueden concederse en la medida en que estén sujetas a un plan de ajuste que garantice, por criterios objetivos, la convergencia de los niveles de reducción concedidos en el contexto de las medidas en cuestión, con los niveles autorizados por la sección 3.7.2 de las Directrices de 2014.

(96) Francia señala que el 50 % de las ayudas a la incineración debe calificarse como apoyo a la producción de energía renovable, dado que el 50 % de los residuos incinerados son residuos biodegradables, según se refleja en las estadísticas de la AIE y de Eurostat.

4.2.3.2. Reducción de la CSPE puesto que permite financiar la cogeneración, la perecuación tarifaria y las tarifas sociales

(97) En el caso de la parte de la CSPE que no afecta a la financiación de la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, Francia ha presentado un análisis detallado de la compatibilidad de las medidas, que la Comisión describe a continuación.

4.2.4. Objetivo de interés común de los límites máximos

(98) Francia considera que el Tratado supone una base jurídica favorable para justificar la compatibilidad de la medida con el mercado interior, respecto a los límites de la CSPE sobre las «políticas distintas del desarrollo de las energías renovables, los límites relativos a la parte de la CSPE que financia el desarrollo de las energías renovables […] que se rigen por las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía de 2014».

(99) Francia señala, en primer lugar, que la legislación europea permite considerar legítimo que las empresas con consumo intensivo de electricidad no soporten costes excesivos de suministro eléctrico, habida cuenta de los objetivos de interés común de i) la cogeneración, ii) el objetivo de cohesión territorial y de protección de las regiones ultraperiféricas, iii) el objetivo de cohesión social y la lucha contra la exclusión. (1) En primer lugar, el apoyo a la cogeneración está justificado, por una parte, por la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17) y, por otra parte, por la Decisión del Consejo Europeo, de 7 y 8 de marzo de 2007, que fija el objetivo de reducción del consumo de energía, según el cual la cogeneración desempeña un papel importante. Francia señala que la participación de la CSPE en el apoyo a la cogeneración puede incluir el apoyo a la incineración de residuos no biodegradables, si se utilizan para la cogeneración de alta eficiencia. (2) En segundo lugar, la perecuación tarifaria contribuye al objetivo comunitario de la cohesión territorial reconocido en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Francia alega también que el objetivo de interés común de dicha política se basa en los artículos 174 del TFUE, 349 del TUE y 107, apartado 3, letra a), del TFUE. (3) En tercer lugar, según Francia, las tarifas sociales consideran que sus objetivos de interés común se basan en los artículos 3 del TUE y 174 del TFUE. Francia recuerda que el objetivo de dicha política también puede justificarse con el artículo 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales. A continuación, Francia señala el considerando (45) de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18), según el cual «Es importante que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para proteger a los consumidores vulnerables en el contexto del mercado interior de la electricidad.». Francia señala que las tarifas sociales de la electricidad, al garantizar el acceso a un bien fundamental, forman parte de la protección de la dignidad del ser humano.

(100) Según Francia, los dos límites de la CSPE, por centro y en un 0,5 % del valor añadido, persiguen, en segundo lugar, el objetivo de mantener la competitividad de las empresas, apoyado por el artículo 173, apartado 1, del TFUE. Francia señala que la Directiva 2003/96/CE también ofrece a los Estados miembros la opción de aplicar exenciones en favor de las grandes empresas de consumo para mantener su competitividad, lo que también está reconocido por las Directrices de 2014 (sección 3.7.2) sobre la financiación de las energías renovables. Si este objetivo de preservar la competitividad no es suficiente para justificar la existencia de un interés común, contribuye, en opinión de Francia, a justificar dicho objetivo de interés común.

4.2.4.1. Necesidad

(101) Según Francia, la necesidad de las medidas está debidamente justificada, ya que contribuyen a reforzar la competitividad de las empresas beneficiarias y, por tanto, a prevenir los riesgos de deslocalización. Por otra parte, puesto que las medidas estaban correctamente orientadas y los límites máximos se establecieron de manera adecuada, no son, por lo tanto, discriminatorios. Francia señala que los umbrales elegidos entre las dos familias de exención, por centro y valor añadido, son coherentes con el límite máximo por centro, ya que solo es una variación por centro del límite del 0,5 % del valor añadido. Por último, los beneficiarios se seleccionan con arreglo a criterios transparentes y objetivos, encaminados a las empresas con mayor riesgo de pérdida de competitividad.

(102) Francia también justifica la necesidad de las medidas por el hecho de que un replanteamiento de estas reducciones daría lugar a costes adicionales, valorados entre el 12 % y el 24 % del valor añadido. Asimismo, Francia afirma que un aumento de 2 EUR/MWh en la factura energética representa un incremento del 2 % de los costes de producción, lo cual representa más que el «margen neto» de estas empresas. En este contexto, un esfuerzo financiero suplementario provocado por la supresión de las reducciones de la CSPE aumentaría, según Francia, el riesgo de deslocalización de las empresas con consumo intensivo de electricidad y supondría un riesgo para la financiación de las políticas en cuestión, desplazando la carga para los demás consumidores.

4.2.4.2. Idoneidad de la ayuda

(103) Del mismo modo, Francia considera que la adecuación de las medidas está justificada por la Directiva 2003/96/CE, que acepta que las empresas que pagan un impuesto energético igual al 0,5 % de su valor añadido podrán acogerse a exenciones por encima de dicho umbral, debido tanto a la falta de armonización fiscal como a los riesgos de pérdida de competitividad a nivel internacional.

(104) Por lo tanto, las reducciones de la CSPE son apropiadas, según Francia, en un contexto de plena no armonización de la fiscalidad y teniendo en cuenta el importante deterioro de la competitividad europea.

4.2.4.3. Proporcionalidad

(105) Francia subraya que las reducciones de la CSPE son proporcionadas. Corresponden a una contribución media del 31 % al 34 % de la contribución total, es decir, entre 5,1 y 5,6 EUR/MWh (según lo estimado en 2014), en comparación con una CSPE por un importe de 16,5 EUR/MWh en la misma fecha. Francia destaca que esta tasa del 31 % al 34 % es superior a la tasa mínima autorizada por las Directrices de 2008 y también por las secciones 3.7.1 y 3.7.2 de las Directrices de 2014 y, por consiguiente, es proporcionada.

(106) Por lo tanto, las reducciones pueden, según Francia, considerarse proporcionadas en la medida en que dejan a cargo de los beneficiarios el pago de una parte suficientemente importante de la CSPE.

(107) Francia ha notificado las cantidades de la CSPE por beneficiario de 2014. Por consiguiente, la Comisión observa que, solo en 2014, al menos 124 beneficiarios pagaron un nivel de CSPE inferior al porcentaje del 15 % establecido en el punto (188) de las Directrices de 2014.

4.2.4.4. Efecto incentivador de las medidas

(108) Francia considera que esta condición no es aplicable en este caso. La Comisión observa que las medidas no tienen por objeto animar a los beneficiarios a cambiar su comportamiento, sino más bien tratar de evitar, como medida preventiva, cualquier deterioro de su competitividad.

4.2.4.5. Limitación de los efectos que falsean la competencia y balance coste-beneficio positivo

(109) Francia apoya a este respecto que las exenciones de la CSPE establecidas precisamente sirven para limitar estos falseamientos de la competencia. En sus observaciones, señaló que, a pesar de estos límites de la CSPE, la diferencia de precios entre Francia y América del Norte sigue siendo significativa, en torno a 10 EUR/MWh, para las empresas con consumo intensivo de electricidad. Asimismo, Francia cita un estudio de ICF para destacar que Francia concede menos exenciones que Alemania, Italia y Dinamarca (19).

4.2.4.6. Compatibilidad de los límites de la CSPE cuando se asigna a otros objetivos que no sean la financiación de la producción de electricidad a partir de energías renovables, de la cogeneración de alta eficiencia, o que no sean el apoyo a la perecuación tarifaria y a las tarifas sociales

(110) Por último, por lo que se refiere a los demás componentes de la CSPE, descritos en los considerandos (11)(1) a (11)(3), Francia precisó: (1) Por lo que se refiere a la ayuda a la incineración de residuos biodegradables, Francia señala, en primer lugar, la existencia de un interés común en la cuota de incineración para las energías renovables. En el caso de la incineración de residuos no biodegradables, Francia subraya que su apoyo se destina a mejorar la eficiencia energética. Francia explicó que las medidas son proporcionadas, en la medida en que la tarifa de compra permite alcanzar una tasa de rentabilidad de entre el 6 % y el 7 %. Por último, las medidas no tienen ningún efecto falseador puesto que todas las instalaciones de incineración pueden acogerse al régimen. (2) El apoyo a las instalaciones más avanzadas sirve al objetivo de interés común de la seguridad del suministro. La ayuda es necesaria para la realización de inversiones. Por último, Francia consideró que la potencia limitada de las instalaciones en cuestión (78 MW en 2014) contiene el efecto falseador. (3) Por último, con respecto a la financiación de los contratos de potencia garantizada, Francia no especificó la necesidad ni la idoneidad de este apoyo.

4.3. Las exenciones de la CSPE concedidas a los autoconsumidores de electricidad no constituyen una ayuda estatal

(111) Como observación preliminar, Francia indica que esta exención, en el caso del autoconsumo para producir electricidad, es totalmente compatible con la Directiva 2003/96/CE, que establece que los pequeños productores de electricidad pueden quedar exentos del impuesto sobre la electricidad, siempre que los productos utilizados para la producción de esta electricidad se graven al mismo tiempo.

(112) Por lo que se refiere a la existencia de ayuda, Francia explica en primer lugar que estas exenciones de la CSPE no constituyen una ayuda selectiva. Señala que esta exención es independiente de la naturaleza de la actividad de los beneficiarios y se aplica en principio a todas las empresas, con una capacidad máxima de 240 GWh. Además, estos beneficiarios no imponen ninguna carga al sistema eléctrico para la parte de consumo propio. Por lo tanto, es legítimo que reciban un trato diferente al de los consumidores que compran toda su electricidad.

(113) Francia considera que la exención de la CSPE concedida a las empresas que autoconsumen electricidad no falsea la competencia puesto que, en particular, varios países de la Unión Europea aplican el mismo tipo de exención. Por lo tanto, esta exención no puede constituir una ayuda estatal.

(114) Por lo que se refiere a la compatibilidad de la exención, Francia considera que, en caso de que el consumo propio sea constitutivo de ayuda, perseguirá un objetivo de interés común, contribuyendo a la seguridad del suministro mediante la reducción de los efectos de los picos en el consumo de electricidad.

4.4. Plan de ajuste tras la adopción de las Directrices de 2014

(115) Francia, tras haber considerado la hipótesis de una base de compatibilidad con el mercado interior suministrada conjuntamente por la sección 3.7.2 de las Directrices de 2014, y el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, tal como se expone en la sección 4.2.3, expuso sus conclusiones en una carta dirigida a la Comisión el 27 de octubre de 2017 en la que presentó una nueva versión del plan de ajuste, con arreglo a la sección 3.7.3 de las Directrices de 2014, destinada a hacer converger, de acuerdo con normas objetivas, las reducciones concedidas en virtud de las medidas a los niveles de exención compatibles con las Directrices, tal como se definen en su sección 3.7.2.

(116) Este paso en el cálculo de la CSPE asignada a diferentes objetivos permite calcular el importe a pagar por los beneficiarios de las reducciones de la CSPE en el contexto del plan de ajuste. Este importe se sitúa entre la cantidad de la CSPE ya pagada y el importe calculado con arreglo a las Directrices. La cantidad de la CSPE que deba pagarse se calculará de manera diferente según los componentes de la CSPE pertinentes y se determinará según lo establecido en la sección 4.4.1.

4.4.1. Aplicación directa de la sección 3.7.3 para el componente «financiación de las energías renovables» de la CSPE

(117) Para la parte de la CSPE que financia las energías renovables, incluida la incineración de residuos biodegradables, Francia prevé un plan de ajuste que llevará a que, de manera progresiva, el 1 de enero de 2019, la fecha programada ya que la CSPE se interrumpió el 1 de enero de 2016, el importe de la CSPE que se deba pagar a dicha fecha programada sea el que se calcula según las Directrices de 2014:

(118) Si la empresa i) pertenece a un sector de actividad incluido en el anexo 3 de las Directrices de 2014 y tiene una intensidad de uso de la electricidad superior al 20 % o ii) tiene, de manera conjunta, una intensidad de uso de la electricidad de al menos un 20 %, y una exposición al comercio internacional superior al 4 % (o que está incluida en el anexo 5 de las Directrices), deberá pagar el equivalente al 15 % de la carga o al 0,5 % de su valor añadido, de ambos el que sea menor.

(119) Si la empresa pertenece a un sector de la lista que figura en el anexo 3 de las Directrices de 2014 y presenta menos del 20 % de intensidad de uso de la electricidad, entonces deberá pagar el equivalente al 15 % de la carga o al 4 % de su valor añadido., de ambos el que sea menor.

(120) En otros casos, si la empresa i) pertenece a un sector que no está incluido en el anexo 3 de las Directrices o ii) si su sector se incluye en el anexo 5 pero tiene una intensidad de uso de la electricidad inferior al 20 %, y iii) ha recibido una ayuda antes del 1 de julio de 2014, entonces debe pagar como mínimo el 20 % de la carga.

(121) Por último, en el resto de casos, el 1 de enero de 2019 se debe alcanzar el 100 % del nivel de la CSPE.

4.4.2. Por analogía, se aplicará la sección 3.7.3 a los componentes de «cogeneración», «perecuación tarifaria» y «tarifas sociales» de la CSPE

(122) Para la cogeneración, la perecuación tarifaria y las tarifas sociales, el plan de ajuste supone que el importe de la CSPE pagada en 2019 a más tardar sea de: — el 15 % en el caso de una empresa con consumo intensivo de electricidad en el sentido de los puntos (185) a (186) de las Directrices de 2014. Si la empresa presenta una intensidad de uso de la electricidad superior al 20 % y si su sector pertenece a los sectores enumerados en el anexo 3 o en el anexo 5 de las Directrices mencionadas, el importe de la CSPE podrá limitarse al 0,5 % de su valor añadido y al 4 % si la empresa no tiene una intensidad del 20 % o más. — 100 % para las demás empresas.

(123) Francia considera que este plan de ajuste está justificado por las mismas razones expuestas en la sección 3.7.3 de las Directrices de 2014 sobre las reducciones de las cargas destinadas a la financiación de las energías renovables. En particular, el plan de ajuste evita un aumento excesivo de la carga que se derivaría de la aplicación inmediata de los criterios establecidos en los puntos (185) a (189) de las Directrices de 2014. En este sentido, contribuye a la sostenibilidad financiera de la CSPE, garantizando la aceptabilidad de la ayuda y de las modalidades de su financiación.

4.4.3. No aplicación del plan de ajuste a los otros componentes de la CSPE

(124) No obstante, respecto a la reducción de la CSPE asignada a los objetivos descritos en el considerando (110)(1) y (110)(2), Francia no prevé su inclusión en el plan de ajuste. Francia confirmó que la CSPE asignada a estos objetivos debía pagarse en su totalidad respecto al período en cuestión, 2003-2015 (20), y las reducciones de la CSPE concedidas para la CSPE asignada a estos objetivos se recuperarán totalmente.

4.4.4. Fecha de inicio de los planes de ajuste

(125) Por lo que se refiere a los componentes a la energía renovable y la cogeneración, Francia puso en marcha el plan de ajuste en 2011. A este respecto, Francia se apoya en el punto (248) de las Directrices de 2014 y en las Decisiones de la Comisión de 15 de junio (SA.38635 (21)) y 21 de septiembre de 2017 (SA.47887) (22).

(126) Por lo que se refiere a los demás componentes financiados por la CSPE, Francia, tras las dudas expresadas por la Comisión en su Decisión de incoar el procedimiento, puso en marcha el plan de ajuste a partir de 2004. Francia considera que esta fecha está justificada por el plazo de 10 años aplicable en este caso sobre la base del límite de 10 años previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.o 1589/2015 del Consejo (23).

4.4.5. El consumo propio en el marco del plan de ajuste

4.4.5.1. Exención de la CSPE para el consumo de electricidad utilizado para producir electricidad.

(127) Según Francia, de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 2003/96/CE, que establece que el consumo de electricidad para la producción de electricidad y para mantener la capacidad de producción de electricidad está totalmente exento de impuestos, los beneficiarios de la exención por autoconsumo que son los productores de electricidad (código NACE 3511) pueden quedar exentos de la CSPE sobre la electricidad autoconsumida. Francia considera, por lo tanto, que no es necesario incluir a estos beneficiarios en el plan de ajuste.

4.4.5.2. Electricidad producida mediante energías renovables y autoconsumida

(128) Para los beneficiarios de la exención que producen electricidad a partir de fuentes renovables, la electricidad producida y autoconsumida puede quedar exenta de la CSPE que financia las energías renovables ya que esta electricidad no ha recibido ninguna ayuda pública, mientras que la CSPE financió parcialmente el apoyo a las energías renovables.

(129) Sin embargo, Francia incluyó en el plan de ajuste la exención de la parte restante de la CSPE, salvo que el beneficio correspondiente sea inferior al límite de las ayudas de minimis.

4.4.5.3. Electricidad producida mediante cogeneración y autoconsumida

(130) Del mismo modo, para los beneficiarios de la exención que producen electricidad mediante cogeneración, la electricidad producida y autoconsumida puede ser eximida de la parte de la CSPE que financia la cogeneración, ya que esta no se ha beneficiado de ayudas públicas.

(131) Sin embargo, Francia incluyó en el plan de ajuste la exención de la parte restante de la CSPE, salvo que el beneficio correspondiente sea inferior al límite de las ayudas de minimis.

4.4.6. Método de distribución por políticas de la CSPE teóricamente debida, sin exención

(132) En el caso de la CSPE a pagar, sin exención, Francia calcula, para cada empresa, sobre la base del porcentaje anual y del consumo de la empresa. Esta cantidad teórica de la CSPE se distribuye por políticas según la distribución transmitida por el CRE, comunicada a la Comisión el 20 de diciembre de 2016: Energías renovables (%) Incineración (%) Cogeneración (%) Perecuación tarifaria (%) Tarifas sociales (%) Producción avanzada (%) Otros (%) 2003 11 2 57 27 0 2 1 2004 16 3 50 28 0 2 1 2005 11 2 48 30 6 3 1 2006 4 1 57 32 3 2 1 2007 0 – 3 38 63 – 1 2 1 2008 7 – 1 29 59 3 3 1 2009 18 0 30 47 3 1 1 2010 21 – 1 40 35 3 1 1 2011 43 1 27 27 1 0 1 2012 48 0 20 29 2 0 0 2013 52 1 16 28 3 0 0 2014 58 1 10 27 4 0 0 2015 61 1 9 24 5 0 0 Total 41,9 0,6 23,0 30,5 2,9 0,7 0,5 Peso anual de cada política. Nota de las autoridades francesas de 20 de diciembre de 2016

(133) Francia señala que las energías renovables, la cogeneración, la perecuación tarifaria y las tarifas sociales representan el 98,2 % de los importes de la CSPE soportados desde 2003.

(134) Por lo que se refiere a la incineración, Francia destaca que las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía y de Eurostat reconocen que la energía producida por las unidades de incineración de residuos domésticos, explotada en forma de calor o electricidad, se contabiliza como renovable al 50 %. Por consiguiente, el 50 % de la CSPE asignada al apoyo a la incineración se integra en la parte de la ENR. Además, la ayuda a la incineración de residuos no biodegradables utilizados para la cogeneración de alta eficiencia se destina al componente de cogeneración de la CSPE. Esta hipótesis lleva a Francia a presentar el siguiente desglose: Energías renovables (%) Cogeneración (%) Perecuación + Dispositivos sociales (%) Incineración de residuos no biodegradables (%) Otros (%) 2003 12 57 27 1 3 2004 17 50 28 2 2 2005 12 48 35 1 4 2006 5 57 35 1 3 2007 – 2 38 62 – 2 3 2008 6 29 62 – 1 4 2009 18 30 50 0 2 2010 21 40 38 – 1 2 2011 43 27 28 1 1 2012 48 20 31 0 1 2013 52 16 31 0 0 2014 59 10 31 0 0 2015 61 9 29 0 0

4.4.6.1. Aplicación de los umbrales de minimis

(135) Francia especifica que para cada una de las reducciones de la CSPE concedidas, se aplicó el umbral de minimis previsto por el Reglamento (UE) n.o 1407/2013 (24): para cada beneficiario, el importe de la ayuda concedida durante los últimos tres años se compara con el importe de 200 000 EUR. En el caso de que el importe de la ayuda concedida durante esos últimos tres años sea inferior a 200 000 EUR, entonces el importe del reembolso será nulo durante estos tres años. Francia especifica que también tendrá en cuenta la Decisión N 7/2009 (25) de la Comisión Europea, que prevé un aumento del umbral de minimis a 500 000 EUR, para los años 2009 y 2010, con el fin de tener en cuenta el contexto de crisis económica del momento.

4.4.7. Progresividad del plan de ajuste

(136) En el caso de los beneficiarios que no pueden clasificarse como empresas con consumo intensivo de electricidad, en el sentido de los puntos (185) a (187) de las Directrices de 2014, o que no cumplen plenamente las disposiciones de la sección 3.7.2 de dichas Directrices, Francia ha presentado un plan de ajuste que da lugar a un aumento progresivo de su contribución [véanse los considerandos (117) y (118)].

(137) Este plan de ajuste es común a todos los componentes de la CSPE. Corrige el conjunto de límites y exenciones concedidos en virtud de la medida. También cubre todas las políticas financiadas por la CSPE.

(138) El punto de partida del plan de ajuste es la CSPE efectivamente pagada por los beneficiarios durante el año en que se puso en marcha el plan (2004 o 2011, según el caso).

(139) Este plan de ajuste relativo a las diversas reducciones de la CSPE concedidas debe conseguir que, el 1 de enero de 2019 a más tardar, los importes abonados alcancen los niveles de contribución mínimos de conformidad con la normativa en materia de ayudas estatales. Debe alcanzarse el importe de la CSPE exigido según las normas descritas en los considerandos (118) a (122).

(140) Este aumento se consigue aplicando la siguiente norma de evolución:

(141) Importe que debe pagarse al año por política financiada = importe pagado

(142) + (importe pagadero) – importe pagado) × [(e^n)-1]/[(e^N)-1] con n: número del año del plan de ajuste (por ejemplo: para un plan que se puso en marcha en 2011 y con plena aplicación en 2019, en 2011 n = 0, en 2012 n = 1, ..., en 2019 n = 8) y N: número de años del plan (por ejemplo: para el mismo ejemplo, N = 8)

(143) Esta norma garantiza que el importe de la CSPE a pagar se acerque con el tiempo al nivel teórico de la CSPE que deberá pagarse en 2019. Dado que la CSPE se suprimió en 2016, el plan de ajuste no se aplicará más allá de 2015.

(144) La función utilizada para ir desde el punto de partida hasta el punto de llegada teórica es progresiva.

4.4.8. Cálculo de las cantidades que se deben recuperar

(145) El plan de ajuste dispone que se recuperará la cantidad de la CSPE exenta más allá de los niveles autorizados por el plan de ajuste.

(146) El importe que debe reembolsarse es la diferencia entre i) la CSPE que debe pagarse, tal como se describe en las secciones 4.4.1 a 4.4.7, y ii) la CSPE efectivamente pagada por los beneficiarios. Este importe se calcula para cada beneficiario y para cada año.

(147) En el caso de los beneficiarios de la exención para electricidad autoconsumida producida a partir de fuentes de energía renovables o mediante cogeneración, el nivel mínimo de la CSPE es cero para la CSPE que financia respectivamente las energías renovables y la cogeneración.

(148) Si, para un beneficiario y año determinado, el importe pagado por una política determinada es superior o igual al importe que debe pagarse al nivel mínimo exigido por la CSPE, el importe correspondiente al plan de ajuste será el nivel mínimo exigido de la CSPE que deberá pagarse ese mismo año. En este caso, el importe pagado en exceso no se deducirá del importe de la recuperación adeudada por dicho beneficiario, derivado del cálculo realizado para los demás ejercicios.

(149) En su nota de 11 de octubre, Francia presentó una estimación preliminar de los importes que debían recuperarse, por un importe de 31 millones EUR. Alrededor de 700 empresas estarían afectadas por un procedimiento de recuperación. Sin embargo, Francia dejó claro que la evaluación de este importe debe concluirse una vez que la información sobre las reducciones por beneficiario se recoja para todos los años.

5. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN

5.1. Existencia de ayuda

(150) El artículo 107, apartado 1, del TFUE dispone que serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(151) La Comisión examinó la calificación de ayuda de las distintas reducciones de la CSPE a la luz de estas disposiciones:

5.1.1. Calificación de ayuda estatal de los límites de la CSPE por centro y del 0,5 % del valor añadido

5.1.1.1. Ayuda imputable al Estado y financiada mediante fondos estatales

(152) La Comisión llegó a la conclusión, en la sección 3.1.1 de la Decisión de incoación de 2014, de que la CSPE era un recurso estatal.

(153) La Comisión señala, en primer lugar, que ninguna parte interesada está en desacuerdo con la conclusión de la Comisión a la que se hace referencia en el considerando anterior.

(154) La Comisión observa que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solo las ventajas otorgadas directa o indirectamente a través de recursos públicos pueden considerarse ayudas estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(155) El mero hecho de que una ventaja no se financie directamente con fondos estatales no es suficiente para excluir la participación de recursos estatales. De hecho, según la jurisprudencia del Tribunal no es necesario acreditar la existencia de una transferencia de fondos del presupuesto general del Estado o de una entidad pública para poder concluir que la ventaja concedida a una o varias empresas constituye una ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE (26).

(156) En virtud de la jurisprudencia y de la constante práctica decisoria de la Comisión, los productos derivados de las recaudaciones del Estado, gestionados y asignados según las disposiciones legislativas nacionales, constituyen ayudas estatales en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, tanto si los gestiona una entidad pública como una privada (Essent (27), Vent de Colère (28)).

(157) Sin embargo, por lo que respecta a la CSPE, el Tribunal ya confirmó que se trata de un recurso estatal. En efecto, en el auto objeto de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2013, Association Vent de Colère (29), sobre la obligación de compra de electricidad eólica tal como se describe en el considerando (10.a), anterior, financiada por la CSPE, el Tribunal concluyó que la CSPE constituía un recurso estatal.

(158) En tercer lugar, la Comisión observa que la ventaja es imputable al Estado, ya que los límites máximos se fijan por ley y por actos administrativos de ejecución, que determinan el régimen y las modalidades de aplicación.

(159) El carácter estatal de la CSPE se confirma además con el régimen aplicado en Francia para recaudarla. Como se explica en los considerandos (14) y (15), la captación de la CSPE está centralizada por la Caisse des Dépôts et Consignations, una entidad pública, de modo que la gestión financiera de la CSPE corre a cargo de una entidad pública y está controlada por el Estado, lo que refuerza la calificación como recurso estatal.

(160) Por lo tanto, la Comisión confirma las conclusiones que había expuesto en su Decisión de incoación. La CSPE, y a fortiori sus límites, son imputables al Estado y asignados con cargo a recursos estatales.

5.1.1.2. Ventaja económica y selectividad

(161) Respecto a la valoración de la existencia de una ventaja, la Comisión señala que en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las medidas que, en diversas formas, mitigan las cargas que asume una empresa y que, sin que sean subvenciones en el sentido estricto, son por naturaleza similares a las ayudas estatales se consideran, por consiguiente, ayudas estatales (30).

(162) En este caso, la Comisión observa que el artículo 5 de la Ley n.o 2000-108 (modificada por el artículo 37, de la Ley n.o 2003-8) establece el principio de que la CSPE corre a cargo de los consumidores finales de electricidad situados en el territorio francés y que el importe de la CSPE se calcula proporcionalmente a la cantidad de electricidad consumida. Al eximir a la electricidad consumida de la CSPE por lo que respecta a todo lo que supere el límite máximo por centro o a las empresas industriales con consumo intensivo de electricidad del 0,5 % de su valor añadido, el Estado ha mitigado las cargas de la CSPE que, de otro modo, habrían tenido que pagar las empresas beneficiarias. Los límites máximos por centro y del valor añadido constituyen, por tanto, una ventaja para las empresas beneficiarias.

(163) Respecto a la existencia de una ventaja selectiva, el Tribunal reiteró en su sentencia de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos Comisión/World Duty Free Group, por una parte, y Comisión/Banco Santander y Santusa, por otra (31), que para demostrar la selectividad de una medida fiscal o una carga de que se trate hay que comprobar si esta introduce entre los operadores que, en relación con el objetivo perseguido por el régimen tributario general en cuestión, se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable una diferenciación no justificada por la naturaleza y la estructura de ese régimen.

(164) Sin embargo, el concepto de ayuda no se aplica a las medidas que establecen una distinción entre empresas en relación con las cargas, cuando dicha diferenciación resulta de la naturaleza y del régimen general del sistema de cargas en cuestión. Corresponde al Estado miembro que ha introducido tal diferenciación entre empresas en materia de cargas fiscales demostrar que está efectivamente justificada por la naturaleza y la estructura del sistema de que se trate (32).

Régimen de referencia

(165) La Comisión observa que el artículo 5 de la Ley n.o 2000-108 (modificada por el artículo 37, de la Ley n.o 2003-8) establece el principio de que la CSPE corre a cargo de los consumidores finales de electricidad situados en el territorio francés y que el importe de la CSPE se calcula proporcionalmente a la cantidad de electricidad consumida. La CSPE se utiliza para financiar las siguientes medidas: a) la obligación de compra de electricidad producida por determinados tipos de instalaciones a partir de fuentes de energía renovables por parte de EDF o de empresas de distribución locales; b) la financiación de la cogeneración de alta eficiencia; c) la compensación a los productores de electricidad en zonas no interconectadas (Córcega o departamentos de ultramar), de forma que los mayores costes de producción en comparación con un coste de producción inferior en Francia continental no repercutan en el precio de la electricidad pagado por el consumidor final («perecuación tarifaria»); d) la aplicación de la tarifas social que cubre los productos de primera necesidad, así como una parte de los costes soportados por los proveedores de electricidad como consecuencia de su participación financiera en el régimen para personas en situación precaria. e) otros objetivos, apoyo a la incineración, principalmente a los picos de producción, hasta el 2 % de la CSPE recaudada.

Diferenciación de las empresas que, considerando el objetivo de las medidas en cuestión, se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable

(166) La Comisión observa que las empresas que se benefician de los límites de la CSPE del 0,5 % del valor añadido y por centro se encuentran en la misma situación fáctica que los demás consumidores finales en relación con los objetivos de la CSPE. Estos consumidores son consumidores de electricidad y no hay ninguna base para considerar que los consumidores que se benefician de estos límites máximos son diferentes de los que no se benefician de los objetivos de financiación del apoyo a las energías renovables, la cogeneración, la perecuación tarifaria y las tarifas sociales. Por tanto, estos beneficiarios deben contribuir, en la misma proporción que los demás consumidores finales, a la financiación del servicio público de la electricidad.

(167) Además, los criterios de admisibilidad de los límites máximos del 0,5 % del valor añadido y por centro dan lugar a una discriminación adicional dentro del grupo de empresas que puede verse afectado por los límites máximos.

(168) En primer lugar, el límite máximo del 0,5 % del valor añadido, que se supone se refiere a las empresas con consumo intensivo de electricidad, está en realidad reservado a las mayores empresas, a causa del umbral de consumo mínimo de 7 GWh anuales. Así pues, las empresas con consumo intensivo de electricidad para las que la CSPE supera el 0,5 % del valor añadido, pero cuyo consumo anual sea menor, no pueden acogerse al límite del valor añadido, pese a que tienen la misma intensidad de uso de electricidad y operan en el mismo sector. Además, el límite del valor añadido está reservado a las empresas industriales, salvo las empresas con consumo intensivo de electricidad que operan en el sector de los servicios, por ejemplo. La Comisión concluye que ninguna de estas diferencias se debe a la naturaleza y a la finalidad de la CSPE.

(169) En segundo lugar, por lo que respecta a la limitación por centro, la Ley n.o 2000-108 (modificada por el artículo 37 de la Ley n.o 2003-8) limita la CSPE a 500 000 EUR —importe inicial— por centro de consumo. La Comisión observa que, según la información adicional facilitada por Francia, este límite, basado en el valor del límite máximo y de la CSPE de 2013, corresponde a un consumo anual de 42 GWh. Tal consumo solo se logra en determinados sectores económicos, tal como lo confirma Francia en la información facilitada relativa a los sectores en cuestión. Este límite confiere una ventaja selectiva a determinadas empresas o sectores y no puede explicarse por la lógica de la CSPE. Por lo tanto, la Comisión concluye que, para este segundo límite, ninguna de estas diferencias introducidas por la Ley puede explicarse por la naturaleza y el objetivo de la CSPE.

(170) Por lo que se refiere al argumento aducido por Francia en el considerando (77) de que los límites de la CSPE se justifican por la aplicación del principio de que las tasas se aplican en relación con la capacidad contributiva del contribuyente, la Comisión observa que Francia no ha demostrado que este principio sea un principio subyacente de la CSPE. Francia tampoco ha demostrado que las empresas que no se benefician del límite estén en condiciones de pagar, lo que es necesario para justificar el hecho de que estos límites se inscriben en la lógica del sistema. Por último, Francia no ha demostrado que todas las empresas que se benefician del límite sean incapaces de pagar un importe superior a la CSPE (33).

(171) Además, la limitación por centro se aplica sin ningún vínculo con la capacidad contributiva del contribuyente. De hecho, si bien puede aceptarse que existe un vínculo entre la capacidad contributiva y el volumen de negocios o el valor añadido de una empresa, el límite máximo por centro implica la exención de la CSPE más allá del límite máximo, independientemente del crecimiento del volumen de negocios o del valor añadido. Por consiguiente, el argumento presentado por Francia en el considerando (77) es inadmisible.

(172) Por último, por lo que se refiere al límite del valor añadido, la Comisión observa que efectivamente parece estar relacionado con la capacidad contributiva de la empresa en cuestión. Sin embargo, incluso si la CSPE se basara en el principio de la capacidad contributiva que Francia no ha establecido, el límite máximo del valor añadido no sería menos selectivo porque no se aplica de manera no discriminatoria a todas las empresas que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica. En efecto, el límite máximo del valor añadido se limita a las empresas industriales, salvo las empresas no industriales. Sin embargo, estas podrían tener un consumo de electricidad que pudiera justificar el beneficio del límite al 0,5 % del valor añadido. Por otra parte, este límite máximo del valor añadido se limita también a las empresas suficientemente grandes para lograr un consumo anual de 7 GWh, con la exclusión de las pequeñas empresas que no alcancen ese nivel de consumo incluso cuando la CSPE ascienda al 0,5 % de su valor añadido.

(173) Por estas razones, la Comisión concluye que los diversos límites previstos por la ley constituyen una ventaja selectiva en beneficio de determinadas empresas o sectores de la economía y, por lo tanto, confirma su análisis expuesto en la Decisión de incoación de 16 de septiembre de 2014. En efecto, las medidas constituyen una ventaja para sus beneficiarios en comparación con el sistema de referencia que exige que todos los consumidores finales participen en el régimen con el fin de financiar los objetivos de la CSPE. En este sentido, la Comisión no comparte la posición de ALFI expuesta en el considerando (68), ni la de Francia expuesta en los considerandos (74) a (78).

(174) Por último, como se explica en el considerando (164), Francia no ha demostrado que esta diferencia de trato fuera el resultado del sistema de tarificación. La carga de la prueba recae, en este caso, en el Estado miembro.

5.1.1.3. Efectos sobre la competencia y el comercio entre Estados miembros

(175) Las empresas favorecidas por los límites de la CSPE por centro y el valor añadido compiten con empresas de otros Estados miembros (metalurgia, artículos de papelería, agroalimentación, industria química, etc.). Por consiguiente, es probable que los límites máximos por centro y valor añadido repercutan en la competencia y los intercambios comerciales entre Estados miembros.

(176) Por consiguiente, la Comisión no está de acuerdo con la posición de Francia mencionada en el considerando (79).

5.1.1.4. Conclusión sobre la existencia de ayuda

(177) Por las razones expuestas en los considerandos (48) a (50), la Comisión confirma las conclusiones alcanzadas en su Decisión de incoación y considera que los límites máximos por centro y el valor añadido constituyen una ayuda estatal.

5.1.2. Exenciones de la CSPE concedidas para el consumo propio destinado a la producción de electricidad

5.1.2.1. Ayuda imputable al Estado y financiada mediante fondos estatales

(178) Por las mismas razones que se exponen en la sección 5.1.1.1, la Comisión confirma que estas exenciones son imputables al Estado y se financian mediante fondos estatales.

5.1.2.2. Efectos sobre la competencia y el comercio entre los Estados miembros

(179) Las empresas que se benefician de estas exenciones de la CSPE (principalmente los productores de electricidad que explotan centrales nucleares y centrales hidroeléctricas que utilizan el bombeo) compiten con empresas de otros Estados miembros. Por consiguiente, es probable que estas exenciones incidan en la competencia y en el comercio entre Estados miembros.

(180) Francia considera además que la exención de la CSPE concedida a las empresas que autoconsumen electricidad no falsea la competencia porque varios países, en particular en la Unión Europea, aplican el mismo tipo de exención, tal como se explica en el considerando (79).

(181) Según una jurisprudencia reiterada, se considera que una medida aplicada por un Estado falsea la competencia cuando mejora la competitividad de un beneficiario respecto a su competencia (34). Este es el caso si una medida reduce las cargas que normalmente recaen sobre una empresa. Además, el Tribunal ya decidió que las medidas individuales que permitan a un Estado miembro alinear las condiciones competitivas de un sector con las que existen en otros Estados miembros no pueden, en su caso, eludir su calificación como ayuda estatal (35).

5.1.2.3. Ventaja económica y selectividad

(182) La Comisión observa que la exención es a primera vista una ventaja para los autoconsumidores. Como ya se ha mencionado en el considerando (162), la CSPE corre a cargo de los consumidores finales de electricidad instalados en territorio francés y el importe de la CSPE se calcula en proporción a la cantidad de electricidad consumida. Al eximir una parte del autoconsumo de la CSPE, el Estado redujo las cargas de la CSPE que, de otro modo, habrían tenido que pagar las empresas beneficiarias.

(183) A continuación, la Comisión examinó si esta ventaja era selectiva. En primer lugar, la Comisión subraya que el sistema de referencia, la CSPE, se describió en el considerando (165). Se trata de una carga que deben pagar todos los consumidores finales de electricidad por su consumo de electricidad. La carga se recoge para financiar medidas de apoyo con objetivos específicos.

(184) En segundo lugar, la Comisión debe verificar si los beneficiarios de la exención que autoconsumen para la producción de electricidad se ajustan a la lógica de un sistema de carga de la electricidad. El consumo de electricidad para la producción de electricidad constituye un consumo (final) de electricidad. Como tal, el consumo de electricidad de un productor de electricidad no difiere del consumo de electricidad de otro consumidor a la luz de los objetivos de la CSPE y la exención parcial del autoconsumo de electricidad con el fin de producir electricidad parece constituir una diferencia que no está justificada por lo que respecta al objetivo de la CSPE. En consecuencia, la Comisión concluye que la medida parece ser, prima facie, selectiva, puesto que introduce una diferencia entre empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz del objetivo de la CSPE.

(185) Francia, sin embargo, sostiene que la exención está destinada a evitar la doble imposición, que es un principio generalmente aceptado en los sistemas fiscales.

(186) Sin la exención, la electricidad consumida por el consumidor final repercutiría dos veces la CSPE: una vez en la electricidad A utilizada para producir la electricidad B y otra vez en la electricidad B producida a partir de la electricidad A.

(187) La Comisión ya reconoció que la cuestión de la prevención de la doble imposición es un principio que se encuentra generalmente en los sistemas que gravan el consumo eléctrico (36), pero también en otros regímenes fiscales (37). Este es también el principio que dio lugar a la adopción del artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/96/CE, de 27 de octubre de 2003. Por consiguiente, la Comisión está de acuerdo con el argumento presentado por Francia en el considerando (111).

(188) Por lo tanto, la Comisión considera que las exenciones concedidas a las empresas que autoconsumen para la producción de electricidad están justificadas por la naturaleza y la estructura del sistema de tasas de la CSPE.

(189) Por lo tanto, la Comisión considera que las exenciones relativas al autoconsumo de electricidad para la producción de electricidad no constituyen una ventaja selectiva. La Comisión llega a la conclusión de que las exenciones de la CSPE concedidas a los centros de autoconsumo que utilizan electricidad para la producción de electricidad no constituyen ayudas estatales.

5.1.2.4. Conclusión sobre la existencia de ayudas

(190) Por las razones expuestas en los considerandos (178) a (189), la Comisión concluye que las exenciones de la CSPE concedidas para el autoconsumo para la producción de electricidad no constituyen ayuda estatal.

(191) Al hacerlo, la Comisión confirma las conclusiones de Francia expuestas en el considerando (127), según las cuales no se requiere ningún plan de ajuste para estos beneficiarios.

5.1.3. Exenciones de la CSPE concedidas para el autoconsumo de electricidad autoproducida mediante cogeneración de alta eficiencia y energías renovables para la parte de la CSPE asignada a la financiación de estos objetivos

5.1.3.1. Ayuda imputable al Estado y financiada mediante fondos estatales

(192) Por las mismas razones expuestas en la sección 5.1.2.1, la Comisión confirma que estas exenciones son imputables al Estado y se financian con fondos estatales.

5.1.3.2. Ventaja económica y selectividad

(193) Como ya se ha mencionado en los considerandos (182) a (189), la Comisión considera de manera preliminar que la exención parcial de la CSPE concedida a los autoconsumidores constituye una ventaja para ellos.

(194) La Comisión examinó a continuación si dicha ventaja era selectiva para el autoconsumo de electricidad autoproducida mediante cogeneración de alta eficiencia y de energías renovables.

(195) En primer lugar, el sistema de referencia se ha descrito en el considerando (165). El sistema de referencia, la CSPE, es decir, una tasa financiada por todos los consumidores de electricidad y que persigue objetivos específicos.

(196) En segundo lugar, por lo que respecta a la exención de la CSPE, para el autoconsumo de electricidad producida por instalaciones que utilicen energías renovables o la cogeneración de alta eficiencia, para la parte de la CSPE que financia las energías renovables y la cogeneración de alta eficiencia, la Comisión considera que los beneficiarios de esta exención se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica que los otros contribuyentes a la CSPE, teniendo en cuenta el objetivo perseguido por la CSPE, que establece que todos los consumidores finales de electricidad deben participar en el sistema con el fin de financiar los objetivos de la CSPE.

(197) La Comisión observa que los autoproductores que han escogido utilizar la energía renovable o la cogeneración de alta eficiencia para su propio consumo de electricidad contribuyen directamente a los objetivos de dos medidas que la CSPE debe financiar, es decir, el apoyo a la producción de energía renovable y a la producción de electricidad a partir de centrales de cogeneración de alta eficiencia. Sin embargo, Francia confirmó que los autoproductores no se benefician medidas de apoyo para la parte autoconsumida. Solo puede prestarse apoyo a la electricidad inyectada a la red a través de la CSPE. Puesto que la autoproducción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables o de la cogeneración de alta eficiencia contribuye del mismo modo que la electricidad inyectada a la red a los objetivos de protección del medio ambiente y de eficacia energética que persiguen las medidas de apoyo financiadas por la CSPE, la Comisión considera, por lo tanto, que resulta lógico y natural teniendo en cuenta la CSPE eximir a los autoproductores que utilizan energías renovables o la cogeneración de alta eficiencia para su propio consumo de electricidad (y que no reciben ningún apoyo financiado por la CSPE para esta electricidad) de la parte de la CSPE destinada a financiar respectivamente las medidas de apoyo a las energías renovables y a la cogeneración (38). Por consiguiente, esta exención no constituye una ventaja selectiva.

(198) Si bien está justificado eximir a un autoproductor que utilice la cogeneración de alta eficiencia de la parte de la CSPE que financia el apoyo a la cogeneración, este no es el caso para la parte de la CSPE que financia el apoyo a las energías renovables, a menos que la instalación de cogeneración utilice además energías renovables. Del mismo modo, aunque está justificado eximir a un autoproductor que utilice energías renovables de la parte de la CSPE que financia la ayuda a las energías renovables, no es este el caso para la parte de la CSPE que financia la ayuda a la cogeneración, a menos que sea una instalación de cogeneración de alta eficiencia.

(199) Además, tampoco está justificado eximir a un autoproductor que utilice la cogeneración de alta eficiencia o energías renovables de la parte de la CSPE para financiar los demás objetivos (en particular, las tarifas sociales y la perecuación tarifaria). En efecto, por lo que se refiere a la financiación de estos otros objetivos, el autoproductor que utilice cogeneración de alta eficiencia o energías renovables se encuentra en una situación fáctica y jurídica comparable a la de otros consumidores de electricidad, ya que su propia producción no contribuye a estos otros objetivos.

(200) La Comisión también observa que las exenciones de la CSPE concedidas a los centros de autoconsumo no pueden justificarse por un objetivo de interés común relacionado con la mejora de la gestión de los picos de demanda, como alega Francia, porque ese objetivo de interés común no es un objetivo relacionado con el sistema de referencia de la CSPE. Por otra parte, incluso si la CSPE se basase en tal objetivo, la exención del consumo propio no permitiría gestionar los picos de consumo. Los autoconsumidores están siempre conectados a la red para inyectar la producción excedentaria, pero también para aprovechar la electricidad de la red en caso de avería o de realización de labores de mantenimiento o, simplemente, para complementar su instalación de autoconsumo. Sin embargo, la exención no está sujeta a la condición de no consumir la electricidad de la red en caso de picos de demanda.

(201) Francia también alegó que la exención parcial de la autoproducción se justificaba por el hecho de que los autoproductores optaron por no beneficiarse del servicio público de la electricidad. Sin embargo, la Comisión observa que Francia no ha demostrado que la CSPE se haya establecido sobre la base del grado de utilización del servicio público de la electricidad. Así pues, Francia confirmó que todos los autoproductores que se beneficiaban de la exención parcial de la autoproducción estaban conectados a la red pública, de modo que todos ellos se beneficiaban de la posibilidad de utilizar la red en caso necesario para inyectar su exceso de producción de electricidad o para consumir la electricidad de la red si su instalación es defectuosa o se realizan labores de mantenimiento. La Comisión observa asimismo que, en el caso de la CSPE destinada a financiar la perecuación tarifaria con los territorios de ultramar, los autoproductores y los consumidores finales en Francia continental se encuentran en la misma situación, ya que ninguno de los dos se beneficia de este servicio, sino que, en un espíritu de solidaridad, tienen que financiarlo.

(202) Por último, Francia considera que la exención (parcial) se justifica por la Directiva 2003/96, que establece que los pequeños productores de electricidad pueden quedar exentos del impuesto sobre la electricidad, siempre que los productos utilizados para la producción de la electricidad se graven por otro lado [véanse los considerandos (76) y (111)]. La Comisión observa a este respecto que la Directiva 2003/96 no es aplicable a la CSPE, lo cual Francia ya declaró en sus escritos antes de la incoación del procedimiento de investigación formal. Por otra parte, si fuese aplicable o si fuese conveniente aplicar a la CSPE los principios rectores de la Directiva 2003/96 por analogía, deberá concluirse que la exención no está justificada. Dado que la CSPE solo se aplica a la electricidad, no se aplica a los productos (distintos de la electricidad) utilizados para la producción de dicha e