DIRECTRICES COMUNITARIAS SOBRE AYUDAS DE ESTADO DE SALVAMENTO Y DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS (94/C 368/05)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Desde hace algunos años, la necesidad de llevar a cabo un control exhaustivo y firme de las ayudas de Estado que se conceden en la Comunidad Europea goza de amplio reconocimiento. El efecto falseador de las ayudas se agrava a medida que se van eliminando otras repercusiones originadas por intervenciones estatales y se van abriendo e integrando los mercados. Por este motivo, en el mercado único resulta más importante que nunca mantener un control estricto de las ayudas de Estado.

A medio plazo, se espera que el mercado único rinda beneficios considerables desde el punto de vista de un mayor crecimiento económico, a pesar de que la actual recesión ha provocado un estancamiento de la economía. Una gran parte de este mayor crecimiento económico que, en última instancia, se derivará del mercado único, tendrá su origen en los enormes cambios estructurales que el nuevo mercado impulsará en los Estados miembros. Los cambios estructurales resultan más fáciles en una economía en expansión; pero, incluso en una coyuntura de recesión, no es deseable que los Estados miembros frustren o retrasen indebidamente el proceso de cambio estructural mediante subvenciones a empresas que ante la nueva situación del mercado estarían condenadas a desaparecer o a reestructurarse. Este tipo de ayudas desviaría el peso del cambio estructural a otras empresas más rentables, y provocaría una carrera de subvenciones. Además de impedir que se aprovechen completamente las ventajas del mercado único en el conjunto de la Comunidad, las subvenciones pueden ejercer una gran presión sobre los presupuestos nacionales y, de este modo, dificultar la convergencia económica.

1.2. Por otro lado, algunas circunstancias podrían justificar la concesión de ayudas estatales para socorrer a empresas en crisis y ayudarles a llevar a cabo un proceso de reestructuración. Se podrían autorizar ayudas, por ejemplo, al amparo de consideraciones de política social o regional, por la conveniencia de mantener una estructura de mercado competitiva cuando la desaparición de empresas pudiera llevar a la creación de un monopolio o de un oligopolio restringido, o por las necesidades específicas y las más amplias ventajas económicas que presenta el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME).

1.3. La última vez que la Comisión expuso su política sobre ayudas de salvamento y de reestructuración a empresas en crisis fue en el octavo Informe sobre la política de competencia, de 1979 (1). Desde entonces, el Tribunal de Justicia la ha confirmado en numerosas ocasiones (2).

No obstante, por las razones aducidas en el punto 1.1, el advenimiento del mercado único exige una revisión y una actualización de esta política, que, además, deberá adaptarse al nuevo objetivo de la cohesión económica y social (3) y clarificarse a la luz de las evoluciones en materia de aportaciones de capital público (4), de transferencias financieras a empresas públicas (5) y de ayudas a las PYME (6).

2. DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES

2.1. Definición de las ayudas de salvamento y de reestructuración

Resulta apropiado examinar en un mismo bloque las ayudas de salvamento y las de reestructuración, porque, en ambos casos, el Gobierno tiene ante sí a una empresa en crisis incapaz de recuperarse por sus propios medios u obteniendo los recursos que necesita de sus accionistas o a través de un préstamo, y porque el salvamento y la reestructuración son a menudo dos partes, aunque claramente distinguibles, de una única operación. La debilidad financiera de las empresas que son auxiliadas por sus Gobiernos o reciben ayuda para su reestructuración se debe, por lo general, a unos resultados insuficientes en el pasado y a unas perspectivas poco halagüeñas. Los síntomas típicos son una rentabilidad decreciente o un aumento de las pérdidas, un volumen de negocios en descenso, existencias crecientes, un exceso de capacidad productiva, un flujo de tesorería decreciente, un aumento de las deudas, unos gastos financieros crecientes y un valor reducido de su activo neto. En casos extremos, la empresa puede estar en suspensión de pagos o haber estar incursa en un procedimiento de quiebra.

No es posible establecer un conjunto de características financieras universal y preciso que permita determinar cuándo la ayuda concedida a una empresa lo es de salvamento o de reestructuración. Pero ambas situaciones presentan diferencias fundamentales.

Una operación de salvamento sostiene temporalmente la posición de una empresa que se enfrenta a un serio deterioro de su situación financiera, lo que se refleja en una aguda crisis de liquidez o de insolvencia técnica, cuando aún se puede efectuar un análisis de las circunstancias que han originado las dificultades de la empresa y elaborar un plan adecuado para afrontar la situación. En otros términos, la ayuda de salvamento proporciona un breve respiro, generalmente nunca durante más de seis meses, a los problemas financieros de una empresa mientras aún resulta posible encontrar una solución a largo plazo.

Por otro lado, la reestructuración forma parte de un plan factible, coherente y de amplio alcance destinado a restablecer la viabilidad a largo plazo de una empresa. Normalmente, contiene uno o más de los siguientes elementos: la reorganización y racionalización de las actividades de la empresa para hacerlas más rentables, lo que, por lo general, implica el abandono de aquéllas que ya no resultan viables o que generan pérdidas, la reestructuración de aquéllas que pueden recuperar su competitividad y, posiblemente, el desarrollo de nuevas actividades o la diversificación de la producción. La reestructuración fisica debe complementarse generalmente con una reestructuración financiera (aportaciones de capital, reducción de la deuda). Los planes de reestructuración toman en consideración, entre otras cosas, las circunstancias que originaron las dificultades de la empresa, la oferta y la demanda del mercado de los productos de que se trate y su prevista evolución, así como las ventajas y desventajas específicas de la empresa.Permiten una transición ordenada de la empresa hacia una nueva estructura que le dé perspectivas de viabilidad a largo plazo y le permita operar solo con sus propios recursos, sin necesidad de más apoyo estatal.

2.2. Ámbito sectorial

La Comisión aplica el enfoque aquí utilizado, en materia de ayudas de salvamento y de reestructuración, a todos los sectores. Sin embargo, en los sectores regulados por normas específicas sobre ayudas estatales, las presentes Directrices sólo serán aplicables en la medida en que sean compatibles con aquéllas. Actualmente, existen normas específicas sobre ayudas estatales en los siguientes sectores: agricultura, pesca, acero, construcción naval, textiles y confección, fibras sintéticas, industria del motor, transporte y carbón. En el sector agrario, los Estados miembros pueden optar por seguir aplicando las normas específicas sobre ayudas de salvamento y de reestructuración como una alternativa a las presentes Directrices.

2.3. Aplicabilidad del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE

Por las razones aducidas en el punto 1.1, las ayudas de salvamento y de reestructuración a empresas en crisis tenderán, por su propia naturaleza, a falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros. Por lo tanto, como norma general, entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE y requieren la correspondiente excepción.

La única excepción general la constituyen las ayudas cuyo volumen es tan reducido que no pueden producir ningún efecto significativo sobre el comercio intracomunitario. Este importe de minimis ha sido fijado en 50 000 ecus, cada tres años, para cada una de las dos amplias categorías de gastos (inversión y otros gastos), independientemente de la fuente de la ayuda y del régimen de que se trate (7). La regla de minimis no es aplicable a los sectores regulados por normas comunitarias específicas (8).

Las ayudas de reestructuración pueden adoptar distintas formas: aportaciones de capital, condonaciones de deuda, préstamos, bonificaciones de intereses, deducciones de impuestos o de las contribuciones a la Seguridad Social, y garantías sobre préstamos. En cambio, las ayudas de salvamento han de limitarse a préstamos al tipo de interés vigente en el mercado o a avales para préstamos (véase el punto 3.1). El concesionario de la ayuda puede ser cualquier organismo estatal -central, regional o local- y cualquier «empresa pública», tal y como quedó definida en el artículo 2 de la Directiva relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (9). Por ejemplo, una ayuda de salvamento o de reestructuración puede proceder de holdings públicos o de sociedades públicas de inversión (10).

El método empleado por la Comisión para determinar cuándo constituyen ayudas las aportaciones de nuevo capital a empresas que ya son propiedad estatal o que, como resultado de la operación, pasen a ser de propiedad estatal, total o parcialmente, quedó fijado en la Comunicación de 1984 (11), y fue revisado y ampliado a otro tipo de ayudas en la Comunicación sobre las empresas públicas de 1993 (12). El criterio se basa en el denominado principio del «inversor privado». Según este principio, cuando un inversor privado actuando con criterio racional en una economía de mercado hubiera concedido la financiación, se concluye que la concesión de un aval o de fondos a una empresa no implica ayuda estatal.

No obstante, cuando el Estado concede o garantiza una operación de financiación a una empresa con dificultades financieras, se presume que las transferencias correspondientes implican ayuda estatal. Por lo tanto, las transacciones de esta índole han de comunicarse previamente a la Comisión, de conformidad con el apartado 3 del artículo 93 (13). La presunción de la existencia de ayuda es forzosa cuando el sector, en su conjunto, está en crisis o padece un exceso de capacidad productiva estructural.

La evaluación de las ayudas de salvamento o de reestructuración no se ve afectada por cambios en la propiedad de la empresa subvencionada. De este modo, será imposible eludir el control transfiriendo la empresa a otra persona fisica o jurídica.

2.4. Base para la aplicación de una excepción

Los apartados 2 y 3 del artículo 92 del Tratado CE establecen la posibilidad de conceder una excepción a las ayudas que entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92. La única base para conceder tal excepción a una ayuda de salvamento o de reestructuración a empresas en crisis -aparte de los casos en que se producen catástrofes nacionales y circunstancias excepcionales exentas por la letra b) del apartado 2 del artículo 92, que no se consideran en el presente documento, y, en la medida en que sigue siendo aplicable la letra c) del apartado 2 del artículo 92, de las ayudas concedidas en Alemania que puedan quedar cubiertas por esta disposición- es la letra c) del apartado 3 del artículo 92. Conforme a esta disposición, la Comisión está facultada para autorizar «las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades . . ., siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.».

A juicio de la Comisión, las ayudas de salvamento y de reestructuración pueden contribuir al desarrollo de actividades económicas sin afectar adversamente al comercio en contra del interés de la Comunidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos que figuran en el punto 3 del presente documento. Por consiguiente, autorizará estas ayudas bajo esas condiciones. Cuando las empresas destinatarias de tales ayudas estén situadas en regiones subvencionadas, la Comisión tendrá en cuenta consideraciones de carácter regional, con arreglo a las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92, conforme a lo indicado en el punto 3.2.3.

2.5. Regímenes de ayudas existentes

Las presentes Directrices se adoptan sin perjuicio de los regímenes de ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis autorizados previamente a su publicación. No obstante, en aplicación del apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE, la Comisión revisará dichos regímenes antes del 31 de diciembre de 1995.

Asimismo, las Directrices se adoptan sin perjuicio de la aplicación de los regímenes de ayudas autorizados cuyos objetivos sean distintos del salvamento o la reestructuración, como por ejemplo, el desarrollo regional o el desarrollo de PYME, siempre y cuando las ayudas de salvamento o de reestructuración concedidas en aplicación de dichos regímenes reúnan los requisitos establecidos en la correspondiente autorización de la Comisión.

3. REQUISITOS GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE AYUDAS DE SALVAMENTO Y DE

REESTRUCTURACIÓN

3.1. Ayudas de salvamento

Para recibir la correspondiente autorización de la Comisión, las ayudas de salvamento, tal y como han quedado definidas, deben seguir cumpliendo los requisitos que la Comisión fijó en 1979 (14), que son los siguientes:

- deben constituir ayudas de liquidez consistentes en avales para préstamos o en préstamos a los tipos de interés vigentes en el mercado;

- deben limitarse al importe necesario para mantener a la empresa en funcionamiento (por ejemplo, cobertura de los costes de sueldos y salarios y suministros corrientes);

- deben pagarse exclusivamente durante el tiempo necesario (generalmente, durante no más de seis meses) (15) para elaborar el correspondiente plan de recuperación, que ha de ser un plan factible;

- deben justificarse sobre la base de serias dificultades sociales, y no pueden tener, indebidamente, repercusiones negativas sobre la situación del sector en otros Estados miembros.

Otro requisito consiste en que, en principio, el salvamento debería ser una operación única e irrepetible. Una serie de repetidas medidas de salvamento que en realidad se limiten a mantener el status quo, retrasen lo inevitable y, mientras tanto, trasladen los problemas laborales y sociales pendientes a otros productores más eficientes y a otros Estados miembros, es absolutamente inaceptable. Por lo tanto, las ayudas de salvamento deberán consistir, como norma general, en una única operación de sostenimiento realizada durante un período de tiempo limitado en el que pueda evaluarse el futuro de la empresa.

Las ayudas de salvamento no es necesario que se abonen en una sola entrega. De hecho, sería conveniente distribuir los pagos en varios tramos, procediendo a evaluaciones separadas, con objeto de tomar en consideración circunstancias externas que podrían ser enormemente fluctuantes o de estimular a la empresa para que adopte las necesarias medidas correctivas.

Al aplicar estos requisitos a las PYME, la Comisíon tendrá especialmente en cuenta las características específicas de esta categoría de empresas.

La aprobación de las ayudas de salvamento no presupone en absoluto la posterior aprobación de ayudas que formen parte de un plan de reestructuración; éstas deberán ser examinadas independientemente.

3.2. Ayudas de reestructuración

3.2.1. Orientaciones básicas

Las ayudas de reestructuración plantean problemas específicos desde el punto de vista de la competencia, dado que pueden suponer un reparto injusto del peso del ajuste estructural y de los problemas laborales y sociales pendientes, desviándolos a otros productores que sobreviven sin ayudas y a otros Estados miembros. Por lo tanto, como principio general, sólo se deberían permitir estas ayudas en circunstancias en las que se pueda demostrar que su aprobación reviste interés comunitario. Esto sólo resultará posible cuando se cumplan una serie de estrictos requisitos y se tomen plenamente en consideración los posibles efectos distorsionadores de la ayuda.

3.2.2. Requisitos generales

Sin perjuicio de las disposiciones especiales aplicables a las regiones promocionables y a las PYME, que serán analizadas más adelante, la aprobación de una ayuda a un plan de reestructuración por parte de la Comisión requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos generales:

i) Restablecimiento de la viabilidad

El requisito sine qua non de todo plan de reestructuración es que debe restablecer la viabilidad a largo plazo y la solvencia de la empresa en un plazo de tiempo razonable y sobre la base de unas perspectivas realistas en cuanto a sus futuras condiciones de funcionamiento. Por consiguiente, la ayuda deberá estar vinculada a un programa de reestructuración o de recuperación, que, suficientemente detallado, deberá ser presentado a la Comisión. El plan deberá restablecer la competitividad de la empresa en un período de tiempo razonable. La mejora de la viabilidad debe resultar principalmente de medidas internas contenidas en el plan de reestructuración, y sólo podrá guiarse por factores externos como el aumento de los precios o de la demanda sobre los que la empresa no ejerza gran influencia cuando las presunciones sobre el mercado que sirvan de base gocen de reconocimiento general. El éxito de la reestructuración implicaría el abandono de las actividades que generen pérdidas desde el punto de vista estructural.

Para cumplir el requisito de la viabilidad, el plan debe ser considerado capaz de situar a la empresa en una posición que le permita cubrir todos los costes, incluidos los relativos a la amortización y las cargas financieras, y generar un mínimo rendimiento del capital, de forma que, finalizada la reestructuración, la empresa no necesite más apoyo estatal y pueda competir en el mercado sobre la base de sus propios recursos. Como para las ayudas de salvamento, para las ayudas de reestructuración, su concesión por lo general, no debería ser necesaria más que una sola vez.

ii) Ausencia de falseamiento indebido de la competencia mediante la concesión de la ayuda

Otro requisito de las ayudas a la reestructuración es el de que se adopten medidas para contrarrestar en lo posible los efectos adversos que la ayuda puede surtir con respecto a los competidores. De otro modo, la ayuda sería «contraria al interés común» y no podría acogerse a una excepción al amparo de la letra c) del apartado 3 del artículo 92.

Cuando un análisis objetivo de la situación de la oferta y la demanda revele la existencia de un exceso de capacidad productiva estructural en un mercado en el ámbito de la Comunidad Europea en el que opere el destinatario de la ayuda, el plan de reestructuración deberá contribuir, de forma proporcional al importe de la ayuda recibida, a la reestructuración de la industria que suministre a dicho mercado de la Comunidad Europea, reduciendo irreversiblemente o cerrando capacidad productiva. Una reducción o un cierre de capacidad es irreversible cuando las instalaciones correspondientes son desmanteladas, cuando se imposibilita con carácter permanente su capacidad de producción al ritmo anterior, o cuando se destinan, también con carácter permanente, a un uso distinto. La venta de capacidad a los competidores no es suficiente a este respecto, salvo que se vendan las instalaciones de producción para su utilización en otro lugar del mundo en el que la continuidad de las actividades de producción no pueda tener repercusiones significativas sobre la situación competitiva en la Comunidad.

Cabría permitir una flexibilización del principio de reducción proporcional de la capacidad si tal reducción pudiera causar un deterioro manifiesto de la estructura del mercado; por ejemplo, favoreciendo una situación monopolística o de oligopolio restringido.

Por otro lado, cuando no exista exceso de capacidad productiva en un mercado en el ámbito de la Comunidad Europea en el que opere la empresa destinataria de la ayuda, la Comisión, por lo general, no exigirá una reducción de la capacidad como contrapartida de la ayuda. No obstante, la ayuda deberá ser utilizada exclusivamente para restablecer la viabilidad de la empresa, y no se permitirá al destinatario, mientras no haya finalizado el plan de reestructuración, aumentar su capacidad de producción, salvo en la medida en que sea esencial para restablecer la viabilidad, siempre y cuando no se falsee indebidamente la competencia. Para garantizar que la ayuda no falsea la competencia en un sentido contrario al interés común, la Comisión impondrá cualesquiera condiciones y obligaciones que sean necesarias.

iii) Proporcionalidad de la ayuda con los costes y beneficios de la reestructuración

El importe y la intensidad de la ayuda deberán limitarse a lo estrictamente necesario para permitir llevar a cabo la reestructuración, y deberán guardar proporción con las ventajas que se espere obtener desde el punto de vista de la Comunidad. Por lo tanto, los destinatarios de la ayuda estarán obligados, por lo general, a contribuir significativamente al plan con sus propios recursos o con ayuda de financiación externa comercial. Para limitar el falseamiento de la competencia, se evitará que la ayuda proporcione a la empresa un exceso de flujo de tesorería, que podría ser utilizado para actividades agresivas y distorsionadoras del mercado no vinculadas al proceso de reestructuración. Las ayudas de reestructuración financiera no deberían reducir indebidamente las cargas financieras de le empresa.

Cuando la ayuda se utilice para la condonación de una deuda derivada de pérdidas registradas con anterioridad, se deberán suprimir cualesquiera bonificaciones fiscales vinculadas a las pérdidas, no pudiéndose utilizar para compensar futuros beneficios, ni vender ni transferir a terceros, ya que en este caso la empresa estaría recibiendo la ayuda dos veces.

iv) Aplicación íntegra del plan de reestructuración y observancia de las condiciones

La empresa deberá aplicar íntegramente el plan de reestructuración presentado y aprobado por la Comisión, y cumplir cualesquiera otras obligaciones fijadas en la decisión de la Comisión. De no ser así, salvo que se modifique la decisión original a raíz de una nueva notificación del Estado miembro, la Comisión adoptará las medidas oportunas para exigir el reembolso de la ayuda.

v) Supervisión e informe anual

La puesta en práctica, la evolución y los resultados del plan de reestructuración serán objeto de supervisión, y se exigirá la presentación de informes anuales detallados a la Comisión. El informe anual contendrá toda la información que la Comisión necesite para supervisar la aplicación del programa acordado, la recepción de la ayuda por parte de la empresa, su situación financiera y la observancia de las condiciones u obligaciones fijadas en la decisión de aprobación de la Comisión. Cuando surja una necesidad específica de una rápida confirmación de determinados datos esenciales, como los relativos a los cierres, la reducción de capacidad, etc., la Comisión podrá solicitar informes más frecuentes.

3.2.3. Requisitos de las ayudas de reestructuración en regiones promocionables

Habida cuenta de que la cohesión económica y social constituye un objetivo prioritario de la Comunidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 130 A del Tratado CE, y de que, conforme al artículo 130 B, otras políticas deberán también contribuir a este objetivo (16), la Comisión ha de tener en cuenta las necesidades de desarrollo regional a la hora de evaluar las ayudas de reestructuración en regiones promocionables. El hecho de que una empresa en crisis esté situada en una región promocionable no justifica, sin embargo, que se adopte una actitud de plena permisividad con respecto a las ayudas de reestructuración. A un plazo entre medio y largo, no puede decirse que el apoyo artificial a empresas que, por razones estructurales o de otro tipo, están destinadas a fracasar en última instancia, constituya una ayuda para la región.

Además, dado que los recursos comunitarios y nacionales disponibles para fomentar el desarrollo regional son escasos, interesa a las regiones utilizar estos escasos recursos para desarrollar lo antes posible actividades alternativas que sean viables y duraderas. Por último, se deben reducir lo máximo posible los efectos falseadores de la competencia, incluso en el caso de las ayudas concedidas a empresas situadas en regiones promocionables.

Por lo tanto, los criterios que figuran en el punto 3.2.2 son igualmente aplicables a las regiones subvencionadas, incluso cuando se toman en consideración las necesidades de desarrollo regional. Más en concreto, el resultado de la operación de reestructuración deberá ser viable desde el punto de vista económico y contribuir al verdadero desarrollo de la región, sin necesidad de recurrir reiteradamente a apoyo externo. Por consiguiente, la repetida concesión de ayudas no será analizada, como hasta ahora, con más indulgencia que en el caso de las regiones no promocionables. Del mismo modo, los planes de reestructuración deberán ser llevados hasta el fin y habrán de ser supervisados. Para evitar que se falsee indebidamente la competencia, la ayuda también deberá guardar proporción con los costes y los beneficios de la reestructuración. No obstante, podría mostrarse cierto mayor grado de flexibilidad en las regiones promocionables con respecto al requisito de reducción de capacidad en los mercados que sufran exceso de capacidad estructural. Si las necesidades de desarrollo regional lo justifican, la Comisión exigirá una menor reducción en las regiones promocionables que en las demás, y diferenciará entre zonas que pueden recibir ayudas regionales conforme a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y las que pueden acogerse a la letra c) del apartado 3 del artículo 92, de forma que se tenga en cuenta la mayor gravedad de los problemas regionales en las primeras.

Cualquier ayuda para nuevas inversiones que no sea necesaria para la reestructuración deberá respetar los límites fijados para las ayudas regionales autorizadas por la Comisión.

3.2.4. Ayudas de reestructuración de pequeñas y medianas empresas

Siempre y cuando no se rebase un grado de intensidad aceptable, las ayudas a las PYME tienden a afectar menos a los intercambios comerciales que las concedidas a grandes empresas, y es más probable que las repercusiones negativas sobre la competencia se vean compensadas por ventajas económicas (17). Este criterio también se aplica a las ayudas de reestructuración. Por consiguiente, la Comisión considera justificada una actitud menos restrictiva frente a estas ayudas cuando van destinadas a PYME.

En las Directrices comunitarias sobre ayudas a las PYME (18), la Comisión fijó una definición uniforme de las PYME a efectos del control de las ayudas estatales.

Una PYME queda definida como toda empresa:

- que no tenga más de 250 trabajadores y

- que tenga bien un volumen de negocios anual no superior a 20 millones de ecus, o bien

- un balance general no superior a 10 millones de ecus, y

- en la que una o varias empresas que no cumplan esta definición no tengan una participación superior al 25 %, salvo si éstas son empresas públicas de inversión, empresas de capitales de riesgo o, siempre que no se ejerza el control, inversores institucionales.

Con respecto a las PYME, la Comisión no exigirá que las ayudas de reestructuración cumplan las mismas estrictas condiciones que en el caso de las grandes empresas, especialmente en lo referente a las reducciones de capacidad y a la obligación de presentar informes.

3.2.5. Ayudas para cubrir los costes sociales de la reestructuración

Normalmente, los planes de reestructuración implican reducciones o el abandono de las actividades afectadas. A menudo resulta necesario reducir las actividades de la empresa por motivos de racionalización y eficacia, aparte de las reducciones de capacidad que puedan exigirse como condición para la concesión de ayuda si la industria sufre exceso de capacidad estructural. Cualesquiera que sean las razones para adoptar tales medidas, generalmente llevarán a una reducción de la mano de obra de la empresa.

Algunas legislaciones laborales de los Estados miembros contienen regímenes generales de seguridad social conforme a los cuales las prestaciones de desempleo y las pensiones de jubilación anticipada se pagan directamente a los trabajadores afectados por la reducción de la mano de obra. Estos regímenes no se consideran ayudas estatales incursas en la prohibición contenida en el apartado 1 del artículo 92, en la medida en que el Estado trata directamente con los trabajadores y la empresa queda al margen de la negociación.

Además de las prestaciones directas por desempleo y por jubilación anticipada de los trabajadores, existen regímenes generales de prestaciones sociales conforme a los cuales el Gobierno cubre el coste de las prestaciones que la empresa concede a los trabajadores despedidos y que exceden de sus obligaciones estatutarias o contractuales. Mientras, por lo general, pueden acceder a estos regímenes, sin limitaciones sectoriales, todos los trabajadores que cumplan los requisitos automáticos y previamente establecidos para acogerse a las prestaciones correspondientes, no se considera que constituyen ayudas a empresas en proceso de reestructuración conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92. Por otro lado, si los regímenes se utilizan para apoyar la reestructuración de sectores específicos, podrían implicar ayudas, dado que se utilizan con criterio selectivo.

La obligación de la propia empresa, conforme a la legislación laboral o los convenios colectivos celebrados con los sindicatos, de proporcionar prestaciones de desempleo o pensiones de jubilación anticipada forma parte de los costes normales de uma empresa, que ésta debe satisfacer con sus propios recursos. Por lo tanto, cualquier contribución a estos costes por parte del Estado debe calificarse de ayuda. Esta consideración es aplicable independientemente de que los pagos se efectúen directamente a la empresa o se gestionen en favor de los trabajadores a través de un organismo gubernamental.

La Comisión adopta una actitud positiva con respecto a estas ayudas, dado que proporcionan ventajas económicas que exceden de los intereses de la empresa de que se trate, facilitando el cambio estructural y mitigando la dificultad de tal situación; además, a menudo se limitan a equilibrar las diferencias entre las obligaciones que la legislación nacional impone a las empresas.

Además de satisfacer el coste de las prestaciones de desempleo y de jubilación anticipada, se suelen conceder ayudas en combinación con un proceso específico de reestructuración para formación, asesoramiento y ayuda práctica para buscar un empleo alternativo, ayuda para traslado de puestos de trabajo, y formación y asistencia profesional para trabajadores que deseen iniciar nuevas actividades. La Comisión, por consiguiente, tiene una actitud favorable al respecto.

Las ayudas para iniciativas sociales que beneficien exclusivamente a los trabajadores despedidos a raíz de una reestructuración no se toman en consideración a efectos de determinar el volumen de la reducción de capacidad necesaria conforme al inciso ii) del punto 3.2.2.

4. REQUISITOS DE LA NOTIFICACIÓN Y DURACIÓN Y REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES

4.1. Regímenes de salvamento y de reestructuración de PYME

Con respecto a las PYME que respondan a la definición del punto 3.2.4, la Comisión estará dispuesta a autorizar regímenes de ayudas para salvamento y reestructuración de empresas. Lo hará dentro del plazo habitual de dos meses a partir de la recepción de la información completa, salvo que el régimen cumpla los requisitos de aplicación del procedimiento acelerado de autorización, con respecto al cual la Comisión cuenta con un plazo de veinte días laborables (19). Estos regímenes deben determinar con claridad qué empresas pueden acogerse a las ayudas, las circunstancias en las que se pueden conceder las ayudas de salvamento y de reestructuración y el importe máximo disponible. Un requisito para la aprobación será el de presentar un informe anual sobre el funcionamiento del régimen, que deberá contener la información que se indica en las instrucciones de la Comisión sobre los informes normalizados (20). Los informes deberán contener también una lista en la que figuren todas las empresas beneficiarias, en la que constarán los siguientes datos: nombre de la empresa, código del sector [conforme a los códigos de clasificación sectorial de dos dígitos del NACE (21)], número de trabajadores, volumen de negocios anual, importe de la ayuda concedida en el año corriente, confirmación de si se han recibido ayudas de salvamento o de reestructuración en los dos años precedentes, y, en caso afirmativo, importe total concedido con anterioridad.

Las ayudas de salvamento o de reestructuración de PYME concedidas al margen de un régimen autorizado deberán ser notificadas individualmente a la Comisión, al igual que las ayudas de este tipo concedidas a grandes empresas.

Las ayudas o los regímenes de ayudas de salvamento o de reestructuración que reúnan los requisitos de la regla de minimis (véase el punto 2.3) no deberán ser notificados.

4.2. Ayudas de salvamento o de reestructuración de grandes empresas

Las ayudas de salvamento o de reestructuración de grandes empresas -es decir, las que no responden a la definición de PYME- han de ser notificadas individualmente. Como, normalmente, el tiempo no juega a favor de las empresas afectadas, sobre todo en los casos de salvamento, la Comisión hará todo lo posible por adoptar su decisión con rapidez. El límite temporal para decidir sobre las notificaciones de ayudas individuales que no formen parte de un régimen autorizado es de dos meses a partir de la recepción de la información completa.

Los propios Estados miembros pueden contribuir a evitar retrasos innecesarios del siguiente modo:

- notificando con antelación su intención de conceder la ayuda. Aunque, por los procedimientos administrativos internos, el Estado miembro no pueda comunicar inmediatamente los datos pormenorizados de la ayuda de salvamento o de reestructuración propuesta, sería aconsejable que comunicara a la Comisión los aspectos que ya se hayan decidido, con objeto de familiarizarse con el caso y de reducir o evitar posibles solicitudes de información complementaria como consecuencia de una notificación ulterior incompleta;

- presentando notificaciones completas. En particular, las notificaciones deberían contener una clara distinción entre lo que responde a una ayuda de salvamento y lo que constituye una ayuda de reestructuración, y deberían hacer referencia directa y separada a todos los requisitos generales de aprobación de ayudas de salvamento o de reestructuración contenidos en las Directrices. De no hacerlo, la notificación estaría incompleta, y se retrasaría la autorización. En sus notificaciones, los Estados miembros también deberían informar a la Comisión de todas la demás ayudas que se hayan concedido a la empresa que no tengan relación directa con la operación, de forma que la Comisión conozca todas las circunstancias que rodean el caso.

4.3. Ayudas no notificadas

La notificación y la autorización previa de la ayuda antes de su concesión constituyen requisitos imprescindibles. Se recuerda a los Estados miembros el riesgo de que se concedan ayudas ilegalmente, dado que la Comisión tiene la facultad de ordenar la devolución de tales ayudas (22).

4.4. Duración y revisión de las Directrices

La Comisión se regirá por las presentes Directrices en su evaluación de las ayudas de salvamento o de reestructuración de empresas en crisis durante tres años a partir de la fecha de su publicación. Antes de finalizado este período, procederá a revisar su funcionamiento.

(1) Apartados 227 a 228 y 177.

(2) Véanse, en particular: sentencia de 14 de febrero de 1990, asunto C-301/87, Francia/Comisión, Rec. p. I-307 (Boussac); sentencia de 21 de marzo de 1990, asunto C-142/87, Bélgica/Comisión, Rec. p. I-959 (Tubemeuse); sentencia de 21 de marzo de 1991, asunto C-303/88, Italia/Comisión, Rec. p. I-1433 (ENI-Lanerossi); sentencia de 21 de marzo de 1991, asunto C-305/89, Italia/Comisión, Rec. p. I-1603 (Alfa Romeo). Véanse también: sentencia de 14 de noviembre de 1984, asunto 323/82, Intermills/Comisión, Rec. p. 3809; sentencia de 13 de marzo de 1985, asuntos 296 y 318/82, Países Bajos y Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisión, Rec. p. 809; sentencia de 10 de julio de 1986, asunto 234/84, Bélgica/Comisión, Rec. p. 2263 (Meura).

(3) Artículo 130 A del Tratado CE. El artículo 130 B del Tratado CE, incorporado por el Tratado de la Unión Europea, establece que las otras políticas han de contribuir a este objetivo: «Al formular y desarrollar las políticas y acciones de la Comunidad y al desarrollar el mercado interior, se tendrán en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 130 A, participando en su consecución.».

(4) Bol. CE 9-1984, apartado 3.5.1.

(5) DO n° C 307 de 13. 11. 1993, p. 3.

(6) DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 2.

(7) Véanse las Directrices sobre ayudas a las PYME (nota 6), el punto 3.2 y la nota orientativa sobre el uso de la regla de minimis, carta de 23 marzo de 1993, referencia IV (93) D/06878.

(8) Véase el punto 2.2.

(9) DO n° L 195 de 29. 7. 1980, p. 35; modificada en el DO n° L 254 de 12. 10. 1993, p. 16.

(10) Véase la sentencia de 22 de marzo de 1977, asunto 78/76, Steinike und Weinlig/Alemania, Rec. p. 595; Crédit Lyonnais/Usinor-Sacilor, comunicado de prensa de la Comisión IP(91) 1045.

(11) Véase la nota 4.

(12) Véase la nota 5.

(13) Véase el apartado 27 del documento sobre las empresas públicas (nota 5).

(14) Octavo informe sobre la política de competencia, apartado 228.

(15) Si la Comisión sigue examinando el plan de reestructuración cuando el período para el cual ha sido autorizada la ayuda de salvamento ha finalizado, considerará con criterio favorable la ampliación de la ayuda de salvamento hasta que haya concluido la investigación (véase el vigésimo tercer informe sobre la política de competencia, apartado 527).

(16) Véase la nota 3.

(17) Directrices comunitarias sobre ayudas a las PYME (DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 2; punto 3.3).

(18) Ibid, apartado 2.2.

(19) DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 10.

(20) Véase la carta a los Estados miembros de 22 de febrero de 1994.

(21) Nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea, publicada por la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas.

(22) Comunicación de la Comisión sobre las ayudas concedidas ilegalmente DO n° C 318 de 24. 11. 1983, p. 3. La Comisión también hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 301/87 (Boussac) -véase la nota 2- y a las conclusiones extraídas de dicha sentencia para la tramitación de estos casos, tal y como indicó en su carta a los Estados miembros de 4 de marzo de 1991.