19.

Constata que los hechos establecidos por el grupo de trabajo, sobre la base de la información puesta a su disposición, son los siguientes: — el acuerdo de arrendamiento en virtud del cual el Parlamento arrienda los dos edificios en cuestión implica una relación triangular entre, por una parte, el propio Parlamento como arrendatario de los edificios WIC y SDM, por otra, la ciudad de Estrasburgo como arrendador y, por último, la sociedad SCI Erasme como inversor privado y entidad propietaria de los edificios, — ningún elemento parece indicar que se haya cometido alguna ilegalidad en la conclusión y aplicación de los acuerdos de arrendamiento y cláusulas adicionales; a pesar de que, no obstante, caben dudas con respecto al pleno respeto del principio de «buena gestión financiera» consagrado en el Reglamento financiero, — no existe ninguna base absolutamente fiable para el establecimiento de un alquiler apropiado para los edificios WIC y SDM cuando el Parlamento es el único cliente interesado, como en Estrasburgo; tampoco es adecuada una comparación de los costes de las superficies de oficina en diferentes países y diferentes ciudades; es comprensible que ello dificultara establecer un «precio justo» para el alquiler en cuestión y, por lo tanto, evaluar si el Parlamento había estado pagando un alquiler verdaderamente justo a lo largo de los años, — una razón esencial del aumento de los alquileres a lo largo de los años es que en 1985 las autoridades políticas del Parlamento dieron su conformidad a la propuesta de la ciudad de Estrasburgo de indizar los importes anuales, a pesar de los dictámenes contrarios emitidos en 1980 por los Cuestores y la Comisión de Presupuestos, — existe una diferencia considerable entre el importe de los alquileres pagados a la ciudad de Estrasburgo por los edificios WIC y SDM por una parte y, por otra, los pagos mensuales de la ciudad de Estrasburgo al inversor privado: según los cálculos de su administración, el excedente ascendería, tras 25 años y deducidos los gastos de inversión y de las obras realizadas, como mínimo a 32 millones de EUR; actualmente, si bien la ciudad de Estrasburgo y la sociedad SCI Erasme aún han de proporcionar datos complementarios, no se puede excluir que los excedentes asciendan a 46 millones de EUR (auditoría interna) o a cerca de 60 millones de EUR (auditoría externa), — solo en marzo de 2006 tuvo conocimiento de que el importe de los alquileres pagados a la ciudad de Estrasburgo rebasaba los pagos de esta al inversor privado; hasta entonces el Parlamento suponía equivocadamente que los alquileres que abonaba a la ciudad de Estrasburgo eran transferidos en su totalidad a la sociedad SCI Erasme, cuando, de hecho, no era este el caso, — a lo largo de este largo período, la administración del Parlamento nunca cuestionó si los alquileres pagados constituían un «alquiler justo» y nunca verificó si los pagos por el contrato de arrendamiento eran transferidos en su totalidad a la sociedad SCI Erasme, pero la propia ciudad de Estrasburgo tampoco le informó nunca sobre esta cuestión, — solo la ciudad de Estrasburgo sabía de la existencia de dos diferentes relaciones contractuales entre las tres partes implicadas y solo la ciudad de Estrasburgo conocía desde 1981 la diferencia entre los dos importes, — la ciudad de Estrasburgo, mediante carta de 29 de noviembre de 2005, informó a la administración del Parlamento de que no habían concluido las negociaciones con el inversor privado; a más tardar en ese momento la administración del Parlamento debería que haberse percatado de que habían existido negociaciones entre la ciudad de Estrasburgo y el inversor privado, — los alquileres que paga el Parlamento por los edificios deberían cubrir los gastos de construcción, mantenimiento y utilización, pero no un margen de beneficios para el país de acogida o las colectividades territoriales o regionales de dicho país; es asimismo habitual que todo solar público puesto a disposición por un Estado miembro de acogida con el fin de albergar una institución de la Unión Europea se ceda a la institución en cuestión de forma gratuita y libre de gravámenes; que, no obstante, hay que reconocer que nada de ello se estableció contractualmente, debido a las buenas relaciones con la ciudad de Estrasburgo, considerada como un organismo público sin ánimo de lucro; además, no existe ninguna disposición legal que prohíba a un Estado o una colectividad territorial obtener un beneficio; considera, no obstante, que la forma de actuar de la ciudad de Estrasburgo es, cuando menos, poco elegante, ya que es contraria a las normas de hospitalidad normales con respecto a las instituciones internacionales, — la ciudad de Estrasburgo estaba al corriente de la sistemática exclusión de cláusulas de indemnización en los contratos inmobiliarios por parte del Parlamento y que la ha ignorado deliberadamente; que esto ha afectado a la relación de confianza entre la ciudad de Estrasburgo y el Parlamento, — lamenta la retirada de la ciudad de Estrasburgo de las negociaciones tripartitas con el Parlamento, en el curso de las cuales se había reiterado que quedaba excluida la indemnización por la pérdida del largo contrato de arrendamiento entre la ciudad de Estrasburgo y la sociedad SCI Erasme; esta postura fue posteriormente ignorada en las subsiguientes negociaciones bilaterales entre la ciudad de Estrasburgo y la sociedad SCI Erasme;