Decisión 2003/335/JAI del Consejo

de 8 de mayo de 2003

sobre investigación y enjuiciamiento de delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular sus artículos 30 y 31 y la letra c) del apartado 2 de su artículo 34,

Vista la iniciativa del Reino de Dinamarca(1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),

Considerando lo siguiente:

(1) Desde 1995, los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda investigan, procesan y juzgan las violaciones del Derecho internacional en relación con la guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad.

(2) El Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en Roma el 17 de julio de 1998 -que ha sido ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea- confirma que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, en particular el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.

(3) El Estatuto de Roma recuerda que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de tales crímenes internacionales.

(4) El Estatuto de Roma destaca que la Corte Penal Internacional establecida en virtud de ese Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Éstas deberán velar por la investigación efectiva y, en su caso, el enjuiciamiento de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra sin interferencia respecto de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

(5) Salvo cuando sea aplicable el Derecho internacional, la investigación, el enjuiciamiento y el intercambio de información en relación con casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra seguirán siendo responsabilidad de las autoridades nacionales.

(6) En los Estados miembros se presentan frecuentemente casos de personas que han estado implicadas en esos crímenes y que tratan de entrar y permanecer en la Unión Europea.

(7) Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán velar por que, cuando reciban información de que se sospecha que una persona que ha solicitado un permiso de residencia ha cometido o participado en delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, los actos de que se trate puedan investigarse y, si estuviera justificado, someterse a juicio con arreglo al Derecho nacional.

(8) No obstante sus distintos cometidos y responsabilidades, las autoridades nacionales competentes en materia de inmigración y las autoridades policiales y judiciales deberán cooperar muy estrechamente a fin de posibilitar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de esos crímenes por parte de las autoridades competentes que tengan jurisdicción en el plano nacional.

(9) Los Estados miembros deberán garantizar que las autoridades policiales y de inmigración tengan unos recursos y estructuras adecuados que posibiliten su cooperación eficaz, así como la investigación y, en su caso, enjuiciamiento efectivos de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

(10) El buen fin de la investigación y el enjuiciamiento efectivos de esos crímenes requiere también una estrecha cooperación transnacional de las autoridades de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, incluidos los Estados miembros.

(11) El 13 de junio de 2002, el Consejo adoptó la Decisión 2002/494/JAI relativa a la creación de una red europea de puntos de contacto en relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra(3). Los Estados miembros deberán velar por que se recurra plenamente a los puntos de contacto para facilitar la cooperación entre las autoridades internacionales competentes.

(12) Los Estados miembros han manifestado en la Posición Común 2001/443/PESC del Consejo, de 11 de junio de 2001, relativa a la Corte Penal Internacional(4), que los crímenes que son de competencia de la Corte conciernen a todos los Estados miembros, que están decididos a cooperar para prevenir esos crímenes y poner fin a la impunidad de sus autores.

DECIDE:

Artículo 1

Objetivo

El objetivo de la presente Decisión es incrementar la cooperación entre las unidades nacionales a fin de potenciar la capacidad de las autoridades policiales y judiciales de los diferentes Estados miembros para cooperar eficazmente en el ámbito de la investigación y el enjuiciamiento de las personas que hayan cometido o hayan participado en delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra según la definición de los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998.

Artículo 2

Información a las autoridades policiales y judiciales

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a efectos de que se informe a las autoridades policiales y judiciales cuando existan motivos fundados para sospechar que un solicitante de permiso de residencia ha cometido crímenes o delitos de los contemplados en el artículo 1 que puedan dar lugar a enjuiciamiento en un Estado miembro o en tribunales penales internacionales.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las autoridades competentes en materia de inmigración y las autoridades policiales y judiciales estén en condiciones de intercambiar la información necesaria para ejecutar eficazmente sus tareas.

Artículo 3

Investigación y enjuiciamiento

1. Los Estados miembros cooperarán en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes mencionados en el artículo 1, de acuerdo con el Derecho nacional y los acuerdos internacionales pertinentes.

2. En caso de que, al tramitar una solicitud de permiso de residencia, las autoridades competentes en materia de inmigración tuvieran conocimiento de la existencia de motivos para sospechar que el solicitante ha participado en crímenes o delitos de los mencionados en el artículo 1, y de que se comprobara que el solicitante había solicitado previamente autorización para residir en otro Estado miembro, las autoridades policiales y judiciales podrán dirigirse a las autoridades policiales y judiciales competentes de ese otro Estado miembro con el fin de obtener información pertinente, inclusive información procedente de las autoridades de inmigración.

3. Cuando las autoridades policiales de un Estado miembro tengan conocimiento de que un sospechoso de crímenes o delitos de los contemplados en el artículo 1 se halla en otro Estado miembro, comunicarán a las autoridades competentes de dicho Estado sus sospechas y los motivos en los que se basan. Esta información se facilitará con arreglo al Derecho nacional y los acuerdos internacionales pertinentes.

Artículo 4

Estructuras

Los Estados miembros estudiarán la necesidad de crear o designar unidades especializadas, en el marco de sus órganos policiales y judiciales, responsables de investigar y, en su caso, enjuiciar los citados crímenes y delitos.

Artículo 5

Coordinación y reuniones periódicas

1. Los Estados miembros coordinarán los esfuerzos en curso para investigar y enjuiciar a las personas sospechosas de haber cometido o haber participado en delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra.

2. A iniciativa de la Presidencia, los puntos de contacto designados en virtud del artículo 1 de la Decisión 2002/494/JAI, se reunirán periódicamente con vistas a intercambiar información sobre experiencias, prácticas y métodos. Dichas reuniones podrán celebrarse en conjunción con las reuniones de la Red Judicial Europea y, en función de las circunstancias, será posible invitar también a participar en dichas reuniones a representantes de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, la Corte Penal Internacional y otros órganos internacionales.

Artículo 6

Cumplimiento de la legislación sobre protección de datos

Cualquier tipo de intercambio de información u otro tipo de tratamiento de datos personales en virtud de la presente Decisión tendrá lugar en pleno cumplimiento de los requisitos que se deriven de la normativa nacional e internacional aplicable sobre protección de datos.

Artículo 7

Aplicación

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para atenerse a lo dispuesto en la presente Decisión antes del 8 de mayo de 2005.

Artículo 8

Aplicación territorial

La presente Decisión será aplicable en Gibraltar.

Artículo 9

Efecto

La presente Decisión surtirá efecto el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2003.

Por el Consejo

El Presidente

M. Chrisochoïdis

(1) DO C 223 de 19.9.2002, p. 19.

(2) Dictamen emitido el 17 de diciembre de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(3) DO L 167 de 26.6.2002, p. 1.

(4) DO L 155 de 12.6.2001, p. 19.