5)

Se insertan los artículos siguientes: «Artículo 4 bis Normas específicas sobre los límites máximos de las sanciones que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, en el caso de las infracciones de reglamentos y decisiones adoptados por el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión, los límites de las multas y pagos periódicos coercitivos que pueda imponer el BCE serán los siguientes: a) multas: el límite máximo será igual al doble del importe del beneficio obtenido o la pérdida evitada mediante la infracción si dicho beneficio o pérdida puede determinarse, o el 10 % del volumen de negocios total anual de la empresa; b) pagos periódicos coercitivos o multas coercitivas: el límite máximo será igual al 5 % del volumen de negocios medio diario por cada día de infracción. Los pagos periódicos coercitivos podrán imponerse por un período máximo de seis meses desde la fecha estipulada en la decisión que los imponga. 2. A efectos del apartado 1, se entenderá por: a) “volumen de negocios anual”: el volumen de negocios anual de la empresa de que se trate durante el ejercicio precedente, tal como se defina en las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, y, si no se dispusiera de este dato, tal como conste en el las cuentas financieras anuales más recientes de la persona de que se trate. Si la empresa de que se trate es una empresa filial o una empresa matriz, el volumen de negocios anual que se tendrá en cuenta será el volumen de negocios anual total que conste en las cuentas financieras consolidadas anuales más recientes de que se disponga para el ejercicio anterior, y si esta información no estuviera disponible, el que conste en las cuentas financieras anuales más recientes de que se disponga para dicha persona; b) “volumen de negocios medio diario”: el volumen de negocios anual conforme se define en la letra a), dividido por 365. Artículo 4 ter Normas específicas de procedimiento para las sanciones que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1 a 8, del presente Reglamento, las infracciones de los reglamentos y decisiones adoptados por el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión estarán sujetas a las normas del presente artículo. 2. Si el BCE, en el ejercicio de sus funciones con arreglo al Reglamento (UE) no 1024/2013, considera que hay razones para sospechar que una empresa con domicilio social en un Estado miembro de la zona del euro ha cometido o está cometiendo una o varias infracciones de un reglamento o decisión del BCE en el sentido del artículo 18, apartado 7, del mencionado Reglamento, el BCE llevará a cabo las investigaciones correspondientes de acuerdo con las disposiciones que figuran a continuación. 3. Una vez concluida la investigación y antes de que se elabore una propuesta completa de proyecto de decisión para su presentación al Consejo de Supervisión, el BCE, en su calidad de autoridad facultada para investigar infracciones en materia de supervisión, notificará por escrito a la empresa de que se trate las conclusiones de la investigación realizada y las objeciones formuladas en su contra. En la notificación a que se refiere el párrafo primero, el BCE, en su calidad de autoridad facultada para investigar infracciones en materia de supervisión, informará a la empresa de que se trate de su derecho a dirigir alegaciones escritas al BCE acerca de los hechos observados y las objeciones formuladas contra la entidad que allí se recojan, incluidas las disposiciones concretas objeto de la presunta infracción, y establecerá un plazo razonable para la presentación de tales alegaciones. El BCE no estará obligado a tener en cuenta las alegaciones escritas presentadas fuera del plazo que el mismo haya fijado en su calidad de autoridad facultada para investigar infracciones en materia de supervisión. El BCE, en su calidad de autoridad facultada para investigar infracciones en materia de supervisión, también podrá, previa notificación de conformidad con el párrafo primero, invitar a la empresa de que se trate a una audiencia oral. En la audiencia, las partes objeto de investigación podrán estar representadas o ser asistidas por abogados u otras personas cualificadas. Las audiencias orales no serán públicas. Se garantizará el derecho de la empresa objeto de la investigación a acceder al expediente. Este derecho de acceso no se aplicará a la información confidencial. 4. El Consejo de Supervisión propondrá al Consejo de Gobierno un proyecto completo de decisión en la que se determine si la empresa de que se trate ha cometido o no una infracción y se especifiquen las sanciones que deban imponerse, en su caso, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 26, apartado 8, del Reglamento (UE) no 1024/2013. 5. La empresa podrá solicitar que la decisión que el Consejo de Gobierno haya adoptado conforme al apartado 4 sea examinada por el Comité Administrativo de Revisión con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento (UE) no 1024/2013. Artículo 4 quater Plazos específicos para las sanciones que imponga el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el derecho de adoptar la decisión de imponer una sanción por infracciones de decisiones o reglamentos adoptados por el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión prescribirá a los cinco años de la comisión de la infracción o, si esta es de carácter continuado, a los cinco años de haber cesado la infracción. 2. El plazo del apartado 1 se interrumpirá por cualquier medida que adopte el BCE a efectos de investigar una infracción o tramitar el procedimiento sobre ella. Dicho plazo se interrumpirá con efectos a partir de la fecha en que la medida se notifique a la entidad supervisada de que se trate. Cada interrupción del plazo significará su reinicio. No obstante, el plazo no excederá los diez años siguientes a la comisión de la infracción o, si esta es de carácter continuado, los diez años siguientes al cese de la infracción. 3. Los plazos establecidos en los apartados precedentes podrán ampliarse en los casos siguientes: a) si la decisión del Consejo de Gobierno es objeto de examen ante el Comité Administrativo de Revisión o de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o b) si está pendiente una causa penal contra la empresa por los mismos hechos. En estos casos, los plazos establecidos en los apartados precedentes se ampliarán por el tiempo necesario para que el Comité Administrativo de Revisión o el Tribunal de Justicia revisen la decisión o hasta que concluya la causa penal contra la empresa. 4. El derecho del BCE de ejecutar una decisión de imponer una sanción prescribirá a los cinco años de la adopción de la decisión. Toda medida adoptada por el BCE para la ejecución de un pago o de condiciones de pago con arreglo a la sanción impuesta interrumpirá el plazo de prescripción para la ejecución de la sanción. 5. El plazo de prescripción para la ejecución de las sanciones se suspenderá: a) hasta transcurrido el plazo de pago de la sanción impuesta; b) si la ejecución del pago de la sanción impuesta se suspende por decisión del Consejo de Gobierno o del Tribunal de Justicia.» .