REGLAMENTO (UE) 2019/1896 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 13 de noviembre de 2019

sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1052/2013 y (UE) 2016/1624

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letras b) y d), y su artículo 79, apartado 2, letra c),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) El objetivo de la política de la Unión en materia de gestión de las fronteras exteriores es el establecimiento y la aplicación de la gestión europea integrada de las fronteras a escala nacional y de la Unión, que es un corolario necesario para la libre circulación de personas dentro de la Unión y un componente fundamental de un espacio de libertad, seguridad y justicia. La gestión europea integrada de las fronteras reviste una importancia capital. Se trata de gestionar eficientemente el cruce de las fronteras exteriores y de hacer frente a los retos de la migración y a las posibles amenazas futuras en dichas fronteras, contribuyendo de este modo a combatir las formas graves de delincuencia con una dimensión transfronteriza y a asegurar un nivel elevado de seguridad interior en el seno de la Unión. Asimismo, es necesario actuar respetando los derechos fundamentales y salvaguardando la libre circulación de personas en el interior de la Unión.

(2) La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea se creó mediante el Reglamento (CE) n.o 2007/2004 del Consejo (4). Desde que asumiera sus responsabilidades el 1 de mayo de 2005, ha asistido satisfactoriamente a los Estados miembros en la aplicación de los aspectos operativos del control de las fronteras exteriores mediante operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas rápidas, análisis de riesgos, intercambios de información, relaciones con terceros países y retorno de personas que sean objeto de una decisión de retorno.

(3) La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea ha pasado a denominarse Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (en lo sucesivo, «Agencia»), comúnmente conocida como Frontex, y sus tareas se han ampliado con plena continuidad en todas sus actividades y procedimientos. Las funciones clave de la Agencia deben ser: elaborar una estrategia técnica y operativa como parte de la aplicación del ciclo de política estratégica plurianual para la gestión europea integrada de las fronteras; supervisar el funcionamiento efectivo del control fronterizo en las fronteras exteriores; llevar a cabo análisis de riesgos y evaluaciones de la vulnerabilidad; proporcionar una mayor asistencia técnica y operativa a los Estados miembros y los terceros países mediante operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas rápidas; garantizar la ejecución práctica de las medidas en una situación que requiera acciones urgentes en las fronteras exteriores; prestar asistencia técnica y operativa para ayudar en las operaciones de búsqueda y salvamento de personas en peligro en el mar y organizar, coordinar y realizar operaciones e intervenciones de retorno.

(4) Desde el principio de la crisis migratoria en 2015, la Comisión ha tomado iniciativas importantes y ha propuesto una serie de medidas con miras a reforzar la protección de las fronteras exteriores y restablecer el funcionamiento normal del espacio Schengen. En diciembre de 2015, se presentó una propuesta para reforzar significativamente el mandato de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores, que se negoció rápidamente durante 2016. El Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) a que dio lugar entró en vigor el 6 de octubre de 2016.

(5) Sin embargo, es preciso seguir mejorando el marco de la Unión en los ámbitos del control de las fronteras exteriores, el retorno, el asilo y la lucha contra la delincuencia transfronteriza. A tal fin, y para respaldar los esfuerzos operativos actuales y futuros, es preciso reformar la Guardia Europea de Fronteras y Costas otorgando a la Agencia un mandato reforzado y, en particular, dotándola de las capacidades necesarias en forma de un cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (en lo sucesivo, «cuerpo permanente»). El cuerpo permanente debe alcanzar, de manera gradual pero rápida, el objetivo estratégico de tener una capacidad de 10 000 miembros de personal operativo, tal como se especifica en el anexo I, con competencias ejecutivas, en su caso, para apoyar eficazmente sobre el terreno a los Estados miembros en sus esfuerzos por proteger las fronteras exteriores, luchar contra la delincuencia transfronteriza y reforzar considerablemente el retorno efectivo y sostenible de los migrantes irregulares. Esta capacidad de 10 000 miembros de personal operativo representa la capacidad máxima disponible requerida para abordar de manera eficaz las necesidades operativas, actuales y futuras, de las operaciones relativas a las fronteras y al retorno en la Unión y en terceros países, incluidas la capacidad de reacción rápida para hacer frente a crisis futuras.

(6) La Comisión debe llevar a cabo una revisión del número total y la composición del cuerpo permanente, incluido el tamaño de las contribuciones individuales de cada Estado miembro a dicho cuerpo, así como de su formación, experiencia y profesionalidad. A más tardar en marzo de 2024, la Comisión deberá presentar, cuando proceda, propuestas adecuadas para modificar los anexos I, II, III y IV. Si la Comisión no presenta una propuesta, debe explicar los motivos de ello.

(7) La aplicación del presente Reglamento, en especial la creación del cuerpo permanente, también tras la revisión por parte de la Comisión del cuerpo permanente, debe estar sujeta al marco financiero plurianual.

(8) En sus conclusiones de 28 de junio de 2018, el Consejo Europeo hizo un llamamiento para continuar reforzando el papel de apoyo de la Agencia, en particular en la cooperación con terceros países, mediante un aumento de los recursos y un mandato reforzado, con vistas a garantizar el control efectivo de las fronteras exteriores y reforzar significativamente el retorno efectivo de los migrantes irregulares.

(9) Es necesario supervisar eficazmente el cruce de las fronteras exteriores, hacer frente a los retos de la migración y a las posibles amenazas futuras en las fronteras exteriores, garantizar un nivel elevado de seguridad interior en la Unión, salvaguardar el funcionamiento del espacio Schengen y respetar el principio general de solidaridad. Estas acciones y objetivos deben ir acompañados de una gestión proactiva de la migración, que incluya las medidas necesarias en los terceros países. Con este fin, es necesario consolidar la Guardia Europea de Fronteras y Costas y seguir ampliando el mandato de la Agencia.

(10) A la hora de aplicar la gestión europea integrada de las fronteras, se debe garantizar la coherencia con otros grandes objetivos políticos.

(11) La gestión europea integrada de las fronteras, basada en el modelo de control de acceso de cuatro niveles, incluye medidas en terceros países como las previstas en el marco de la política común de visados, medidas con terceros países vecinos, medidas de control de las fronteras exteriores, un análisis de riesgos y medidas tomadas dentro del espacio Schengen y medidas en materia de retorno.

(12) La gestión europea integrada de las fronteras debe aplicarse como una responsabilidad compartida de la Agencia y de las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardacostas en la medida en que lleven a cabo operaciones de vigilancia de las fronteras marítimas y cualesquiera otras tareas de control fronterizo, así como las autoridades nacionales responsables en materia de retorno. Aunque los Estados miembros siguen siendo los principales responsables de gestionar sus fronteras exteriores, tanto en su propio interés como en interés de todos los Estados miembros, y son responsables de dictar las decisiones de retorno, la Agencia debe apoyar la aplicación de las medidas de la Unión relacionadas con la gestión de las fronteras exteriores y el retorno mediante el refuerzo, la evaluación y la coordinación de las acciones de los Estados miembros que ejecuten dichas medidas. Las actividades de la Agencia deben ser complementarias de los esfuerzos de los Estados miembros.

(13) Para garantizar una aplicación efectiva de la gestión europea integrada de las fronteras y aumentar la eficiencia de la política de retorno común, debe establecerse una Guardia Europea de Fronteras y Costas. Debe estar dotada de los recursos financieros y humanos, así como del equipamiento necesario. La Guardia Europea de Fronteras y Costas debe estar compuesta por la Agencia y por las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardacostas en la medida en que lleven a cabo labores de control fronterizo, así como las autoridades responsables en materia de retorno. Se basará en el uso común de la información, las capacidades y los sistemas a escala nacional y en la respuesta de la Agencia a escala de la Unión.

(14) La gestión europea integrada de las fronteras no altera las respectivas competencias de la Comisión y los Estados miembros en el ámbito aduanero, en particular, en relación con los controles, la gestión de riesgos y el intercambio de información.

(15) La elaboración de la política y de la legislación en materia de control de las fronteras exteriores y de retorno, incluido el desarrollo de una política estratégica plurianual para la gestión europea integrada de las fronteras, sigue siendo responsabilidad de las instituciones de la Unión. Debe garantizarse una coordinación estrecha entre la Agencia y estas instituciones.

(16) La Comisión y la Guardia Europea de Fronteras y Costas deben garantizar la aplicación efectiva de la gestión europea integrada de las fronteras mediante un ciclo de política estratégica plurianual. El ciclo plurianual debe establecer un proceso integrado, unificado y continuo para proporcionar directrices estratégicas a todos los actores pertinentes a escala de la Unión y nacional en el ámbito de la gestión de las fronteras y el retorno, de forma que esos actores puedan llevar a cabo la gestión europea integrada de las fronteras de manera coherente. También abordará todas las interacciones pertinentes de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con la Comisión y otras instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como la cooperación con otros socios pertinentes, incluidos terceros países y terceras partes, según proceda.

(17) La gestión europea integrada de las fronteras requiere una planificación integrada entre los Estados miembros y la Agencia para las operaciones relativas a las fronteras y al retorno, para preparar respuestas a los desafíos en las fronteras exteriores, para la planificación de contingencias y para la coordinación del desarrollo a largo plazo de las capacidades, tanto en términos de contratación y formación como de adquisición y desarrollo del equipamiento.

(18) La Agencia debe elaborar normas técnicas para el intercambio de información, tal como se establece en el presente Reglamento. Asimismo, para una aplicación efectiva del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), deben desarrollarse normas mínimas comunes para la vigilancia de las fronteras exteriores. A tal fin, la Agencia debe poder contribuir a desarrollar normas mínimas comunes respetando las respectivas competencias de los Estados miembros y de la Comisión. Estas normas mínimas comunes de vigilancia de las fronteras exteriores deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de fronteras, los niveles de impacto que la Agencia atribuya a cada sección de las fronteras exteriores, y otros factores como las particularidades geográficas. Al desarrollar estándares mínimos comunes, se deben tener en cuenta las posibles limitaciones derivadas del Derecho nacional.

(19) Las normas técnicas para los sistemas de información y las aplicaciones informáticas deben ajustarse a las normas utilizadas por la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA) para otros sistemas informáticos en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

(20) La aplicación del presente Reglamento no afecta al reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, ni a las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales aplicables.

(21) La aplicación del presente Reglamento no afecta al Reglamento (UE) n.o 656/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). Las operaciones marítimas deben desarrollarse de manera que, en todos los casos, se garantice la seguridad de las personas interceptadas o rescatadas, la seguridad de las unidades que participen en la operación marítima en cuestión y la seguridad de terceros.

(22) La Agencia debe ejercer sus funciones de acuerdo con el principio de subsidiariedad y sin perjuicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.

(23) La Agencia debe desempeñar sus tareas sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros en materia de defensa.

(24) La ampliación de tareas y competencias de la Agencia debe equilibrarse con el refuerzo de las salvaguardias de los derechos fundamentales y una mayor obligación de rendir cuentas y responsabilidad, en particular por lo que respecta al ejercicio de competencias ejecutivas por parte del personal estatutario.

(25) La Agencia depende de la cooperación de los Estados miembros para poder llevar a cabo sus tareas de manera efectiva. En ese sentido, es importante que la Agencia y los Estados miembros actúen de buena fe y mantengan un intercambio de informaciones precisas en el momento oportuno. Ningún Estado miembro debe estar obligado a facilitar información cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad.

(26) Los Estados miembros también deben, en su propio interés y en interés de los demás Estados miembros, aportar los datos pertinentes necesarios para las actividades realizadas por la Agencia, también a efectos del conocimiento de la situación, el análisis de riesgos, las evaluaciones de la vulnerabilidad y la planificación integrada. Deben, igualmente, garantizar que esos datos sean exactos, estén actualizados y se hayan obtenido e introducido legalmente. Siempre que estos datos incluyan datos personales, debe aplicarse plenamente el Derecho de la Unión en materia de protección de datos.

(27) La red de comunicación prevista en el presente Reglamento debe basarse en la red de comunicación EUROSUR, desarrollada en el marco del Reglamento (UE) n.o 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), y sustituirla. Debe utilizarse la red de comunicación prevista en el presente Reglamento para todos los intercambios seguros de información en el seno de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. El nivel de acreditación de la red de comunicación debe elevarse al grado de clasificación «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», a fin de mejorar la garantía de la información entre los Estados miembros y con la Agencia.

(28) EUROSUR es necesario para que la Guardia Europea de Fronteras y Costas sea capaz de proporcionar un marco para el intercambio de información y la cooperación operativa entre las autoridades nacionales de los Estados miembros y con la Agencia. EUROSUR proporciona a dichas autoridades y a la Agencia las infraestructuras y herramientas necesarias para mejorar su conocimiento de la situación y aumentar su capacidad de reacción en las fronteras exteriores con objeto de detectar, prevenir y combatir la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza, contribuyendo así a salvar las vidas de los inmigrantes y a garantizar su protección.

(29) Los Estados miembros deben crear centros nacionales de coordinación para mejorar el intercambio de información y la cooperación entre los Estados miembros y con la Agencia a efectos de vigilancia de las fronteras de realización de inspecciones fronterizas. Es esencial para el funcionamiento adecuado de EUROSUR que todas las autoridades nacionales con responsabilidades en materia de vigilancia de las fronteras exteriores en virtud del Derecho nacional cooperen a través de los centros nacionales de coordinación.

(30) La función del centro nacional de coordinación de coordinar e intercambiar información entre todas las autoridades con responsabilidades de control de las fronteras exteriores en el ámbito nacional se entiende sin perjuicio de las competencias establecidas en el ámbito nacional en cuanto a la planificación y la ejecución del control de fronteras.

(31) El presente Reglamento no debe impedir a los Estados miembros tomar medidas para que sus centros nacionales de coordinación sean también responsables de coordinar el intercambio de información y la cooperación en relación con otros componentes de la gestión europea integrada de las fronteras.

(32) La calidad de la información intercambiada entre los Estados miembros y la Agencia y lo oportuno del intercambio de dicha información son requisitos previos para el correcto funcionamiento de la gestión europea integrada de las fronteras. Basándose en el éxito de EUROSUR, dicha calidad debe garantizarse mediante la normalización, la automatización del intercambio de información entre redes y sistemas, la garantía de la información y el control de la calidad de los datos y la información transmitidos.

(33) La Agencia debe proporcionar la asistencia necesaria para el desarrollo y el funcionamiento de EUROSUR, incluida la interoperabilidad de los sistemas, en particular mediante la creación, el mantenimiento y la coordinación de EUROSUR.

(34) EUROSUR debe proporcionar un mapa exhaustivo de la situación no solo en las fronteras exteriores, sino también dentro del espacio Schengen y en la zona prefronteriza. Debe incluir la vigilancia de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así como las inspecciones fronterizas. La provisión de conocimientos sobre la situación en el espacio Schengen no debe comportar actividades operativas de la Agencia en las fronteras interiores de los Estados miembros.

(35) La vigilancia de las fronteras aéreas debe ser un elemento de la gestión de las fronteras, ya que tanto los vuelos comerciales como los privados y los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia se utilizan para actividades ilegales relacionadas con la inmigración y la delincuencia transfronteriza. El objetivo de la vigilancia de fronteras aéreas es detectar y supervisar aquellos vuelos sospechosos que atraviesen o intenten atravesar las fronteras exteriores de la Unión, y llevar a cabo los análisis de riesgos conexos, con miras a activar la capacidad de reacción de las autoridades competentes de la Unión y de los Estados miembros. A este fin, la cooperación entre agencias en el ámbito de la Unión debe fomentarse entre la Agencia, el gestor de la red europea de gestión del tránsito aéreo (EATMN) y la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea (AESA). Cuando proceda, los Estados miembros deben poder recibir información sobre vuelos exteriores sospechosos y reaccionar en consecuencia. La Agencia debe supervisar y apoyar las actividades de investigación e innovación en ese ámbito.

(36) La información sobre actividades relativas a movimientos secundarios no autorizados en EUROSUR contribuirá a la supervisión por parte de la Agencia de los flujos migratorios hacia la Unión y en su interior, con fines de análisis de riesgos y de conocimiento de la situación. El acto de ejecución por el que se establezcan los detalles de los niveles de información de los mapas situacionales y las normas para el establecimiento de mapas situacionales específicos, debe definir aún más el tipo de información que cumple mejor dicho objetivo.

(37) Los servicios de fusión de EUROSUR prestados por la Agencia deben basarse en la aplicación común de los instrumentos de vigilancia y la cooperación entre agencias en el ámbito de la Unión, incluida la prestación de servicios de seguridad de Copernicus. Los servicios de fusión de EUROSUR deben proporcionar a los Estados miembros y a la Agencia servicios de información de valor añadido relacionados con la gestión europea integrada de las fronteras. Los servicios de fusión de EUROSUR deben ampliarse para apoyar las inspecciones fronterizas, la vigilancia de las fronteras aéreas y el seguimiento de los flujos migratorios.

(38) La práctica de viajar en embarcaciones pequeñas y no adaptadas para la navegación en alta mar ha aumentado drásticamente el número de inmigrantes que perecen ahogados en las fronteras marítimas exteriores meridionales. La creación de EUROSUR debe mejorar notablemente la capacidad operativa y técnica de la Agencia y de los Estados miembros para detectar estas pequeñas embarcaciones y aumentar la capacidad de reacción de los Estados miembros, con lo que se contribuiría a que menos inmigrantes pierdan la vida en el mar, también en el marco de las operaciones de búsqueda y salvamento.

(39) El presente Reglamento reconoce que también toman las rutas migratorias personas que requieren protección internacional.

(40) La Agencia debe realizar análisis de riesgos generales y específicos, basados en un modelo común de análisis de riesgos integrado que deberán aplicar tanto la Agencia como los Estados miembros. Partiendo también de la información facilitada por los Estados miembros, la Agencia debe ofrecer información apropiada sobre todos los aspectos pertinentes para una gestión europea integrada de las fronteras, especialmente el control fronterizo, el retorno, el fenómeno de los movimientos secundarios no autorizados de nacionales de terceros países dentro de la Unión en términos de tendencias, volúmenes y rutas, la prevención de la delincuencia transfronteriza, incluida la facilitación del cruce de fronteras no autorizado, la trata de seres humanos, el terrorismo y las amenazas de carácter híbrido, así como la situación en los terceros países de que se trate, con el fin de permitir que se tomen medidas adecuadas o de hacer frente a las amenazas y los riesgos detectados con vistas a mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores.

(41) Teniendo en cuenta su actividad en las fronteras exteriores, la Agencia debe contribuir a la prevención y detección de delitos transfronterizos, como el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos y el terrorismo, siempre y cuando proceda una intervención de la misma y haya obtenido la información pertinente a través de sus actividades. Debe coordinar sus actividades con Europol, que es la agencia responsable de apoyar y reforzar las medidas de los Estados miembros y la cooperación de estos en materia de prevención y lucha contra los delitos graves que afecten a dos o más Estados miembros. La dimensión transfronteriza se caracteriza por delitos directamente vinculados al cruce no autorizado de las fronteras exteriores, incluida la trata de seres humanos o el tráfico de migrantes. De conformidad con la Directiva 2002/90/CE del Consejo (9), los Estados miembros pueden decidir no imponer sanciones cuando el objetivo del comportamiento sea prestar ayuda humanitaria a los migrantes.

(42) En aras de una responsabilidad compartida, la función de la Agencia debe consistir en realizar un seguimiento regular de la gestión de las fronteras exteriores, incluido el respeto de los derechos fundamentales dentro de las actividades de gestión de las fronteras y de retorno de la Agencia. La Agencia debe garantizar un seguimiento adecuado y efectivo no solo a través del conocimiento de la situación y el análisis de riesgos, sino también mediante la presencia en los Estados miembros de expertos de su propio personal. Por consiguiente, la Agencia debe poder enviar funcionarios de enlace a los Estados miembros por un período de tiempo, durante el cual los funcionarios de enlace informen al director ejecutivo. Los informes de los funcionarios de enlace deben formar parte de la evaluación de vulnerabilidad.

(43) La Agencia debe llevar a cabo una evaluación de la vulnerabilidad, basada en criterios objetivos, que valore la capacidad y preparación de los Estados miembros para hacer frente a los retos en sus fronteras exteriores y para contribuir al cuerpo permanente y al contingente del equipamiento técnico. La evaluación de la vulnerabilidad debe incluir una evaluación del equipamiento, la infraestructura, el personal, el presupuesto y los recursos financieros de los Estados miembros y sus planes de contingencia para gestionar posibles crisis en las fronteras exteriores. Los Estados miembros deben tomar medidas para solucionar las posibles deficiencias detectadas en esta evaluación. El director ejecutivo debe determinar las medidas que deban tomarse y recomendárselas al Estado miembro afectado. El director ejecutivo debe igualmente fijar un plazo para su adopción y seguir de cerca su aplicación oportuna. En caso de que no se adopten las medidas en el plazo fijado, el caso debe ser sometido al consejo de administración para que tome una decisión.

(44) En caso de que no se facilite a la Agencia la información precisa y oportuna necesaria para llevar a cabo una evaluación de la vulnerabilidad, debe poder tener en cuenta este hecho al realizar la evaluación de la vulnerabilidad, excepto en aquellos casos en que haya razones debidamente justificadas para la no transmisión de los datos.

(45) La evaluación de la vulnerabilidad y el mecanismo de evaluación de Schengen establecido por el Reglamento (UE) n.o 1053/2013 del Consejo (10) son dos mecanismos complementarios para garantizar el control de calidad por parte de la Unión del adecuado funcionamiento del espacio Schengen y asegurar una preparación permanente tanto a nivel nacional como de la Unión para responder a los retos que se presenten en las fronteras exteriores. Si bien el mecanismo de evaluación de Schengen es el principal método empleado para evaluar la aplicación y el cumplimiento del Derecho de la Unión en los Estados miembros, deben aprovecharse al máximo las sinergias entre los mecanismos de evaluación de la vulnerabilidad y de Schengen a fin de establecer una mejor visión de la situación del funcionamiento del espacio Schengen, evitando, en la medida de lo posible, la duplicación de esfuerzos en los Estados miembros y garantizando un uso más coordinado de los instrumentos financieros pertinentes de la Unión que apoyan la gestión de las fronteras exteriores. A tal fin, debe establecerse un intercambio periódico de información entre la Agencia y la Comisión sobre los resultados de ambos mecanismos.

(46) Dado que los Estados miembros establecen secciones de las fronteras, a las que la Agencia atribuye niveles de impacto, y que las capacidades de reacción de los Estados miembros y de la Agencia deben estar vinculadas a dichos niveles de impacto, debe establecerse un cuarto nivel de impacto —el nivel de impacto crítico— que se debe atribuir a una sección de la frontera con carácter temporal cuando el espacio Schengen se encuentre en peligro y la Agencia deba intervenir.

(47) Cuando se asigne un nivel de impacto elevado o crítico a una sección de la frontera marítima debido a un aumento de la inmigración ilegal, los Estados miembros afectados deben tener en cuenta este aumento a efectos de la planificación y la realización de las operaciones de búsqueda y salvamento, pues tal situación puede generar un aumento de la demanda de asistencia a personas en peligro en el mar.

(48) La Agencia debe organizar una asistencia técnica y operativa adecuada para los Estados miembros, con el fin de reforzar su capacidad para cumplir sus obligaciones en materia de control de las fronteras exteriores y hacer frente a los retos en las fronteras exteriores derivados de un aumento de las cifras de llegadas de migrantes irregulares o de la delincuencia transfronteriza. Dicha asistencia debe entenderse sin perjuicio de la competencia de las autoridades nacionales correspondientes de iniciar una instrucción penal. En ese sentido la Agencia debe, ya sea por iniciativa propia y con el consentimiento del Estado miembro en cuestión o a petición de dicho Estado miembro, organizar y coordinar operaciones conjuntas para uno o varios Estados miembros, desplegar equipos de gestión de fronteras, equipos de apoyo a la gestión de la migración y equipos de retorno (en conjunto denominados «equipos») del cuerpo permanente y proporcionar el equipamiento técnico necesario.

(49) En caso de que exista un reto concreto y desproporcionado en las fronteras exteriores, la Agencia debe, por iniciativa propia y con el consentimiento del Estado miembro en cuestión, o a petición de dicho Estado miembro, organizar y coordinar intervenciones fronterizas rápidas y desplegar tanto equipos del cuerpo permanente como equipamiento técnico, incluido el contingente de equipamiento de reacción rápida. El contingente del equipamiento de reacción rápida debe contener un número limitado de artículos de equipamiento necesarios para posibles intervenciones fronterizas rápidas. Las intervenciones fronterizas rápidas deben ofrecer apoyo, durante un período de tiempo limitado, en situaciones en las que se requiera una respuesta inmediata y en las que una intervención de este tipo suponga una respuesta efectiva. Para garantizar la eficacia de dicha intervención, los Estados miembros deben hacer que el personal que destinen a la Agencia, que pongan a disposición de esta para despliegues de corta duración y que desplieguen para la reserva de reacción rápida, esté disponible para formar los correspondientes equipos y proporcionarles el equipamiento técnico necesario. Cuando el personal desplegado con el equipamiento técnico de un Estado miembro sea originario del mismo Estado miembro, contará como parte de la contribución de dicho Estado miembro al cuerpo permanente. La Agencia y el Estado miembro en cuestión deben acordar un plan operativo.

(50) Cuando un Estado miembro se enfrente a retos de migración concretos y desproporcionados en zonas particulares de sus fronteras exteriores, caracterizados por afluencias significativas de flujos migratorios mixtos, los Estados miembros deben poder contar con un mayor apoyo técnico y operativo. Ese apoyo reforzado debe ser prestado en los puntos críticos por equipos de apoyo a la gestión de la migración. Estos equipos deben estar compuestos por personal operativo procedente del cuerpo permanente y por expertos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), de Europol y, en su caso, de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales, así como de otros órganos y organismos de la Unión, y de los Estados miembros. La Comisión debe garantizar la necesaria coordinación de la evaluación de las necesidades presentadas por los Estados miembros. La Agencia debe asistir a la Comisión en la coordinación de los diferentes organismos sobre el terreno. La Comisión, en cooperación con el Estado miembro de acogida y los organismos pertinentes de la Unión, debe definir los términos de cooperación en los puntos críticos. La Comisión debe garantizar la cooperación de los correspondientes organismos dentro de sus respectivas competencias y ser responsable de la coordinación de las actividades de los equipos de apoyo a la gestión de la migración.

(51) Los Estados miembros deben velar por que cualesquiera autoridades que es probable que reciban solicitudes de protección internacional, tales como policía, guardias de fronteras, autoridades de inmigración y personal de los centros de internamiento, dispongan de la información pertinente. También deben garantizar que el personal de esas autoridades reciba el nivel de formación necesario acorde a sus funciones y responsabilidades, así como instrucciones para informar a los solicitantes sobre dónde y cómo pueden presentarse las solicitudes de protección internacional, e instrucciones sobre cómo derivar a las personas en situación de vulnerabilidad a los mecanismos de remisión adecuados.

(52) En sus conclusiones de 28 de junio de 2018, el Consejo Europeo volvió a confirmar la importancia de basarse en un enfoque global de la migración y consideró que la migración es un reto no solo para Estados miembros concretos, sino también para Europa en su conjunto. A este respecto, destacó la importancia de que la Unión preste todo su apoyo para garantizar una gestión ordenada de los flujos migratorios.

(53) La Agencia y la EASO deben cooperar estrechamente para abordar con eficacia los retos migratorios, caracterizadas por flujos migratorios mixtos de gran volumen, en particular en las fronteras exteriores. En particular, la Agencia y la EASO deben coordinar sus actividades y ayudar a los Estados miembros a facilitar el procedimiento de protección internacional y el procedimiento de retorno con respecto a los nacionales de terceros países cuyas solicitudes de protección internacional sean rechazadas. La Agencia y la EASO también deben cooperar en otras actividades operativas comunes, como el análisis común de los riesgos, la recopilación de datos estadísticos, la formación y el apoyo a los Estados miembros en relación con la planificación de contingencias.

(54) Las autoridades nacionales que llevan a cabo funciones de guardacostas son responsables de una gran variedad de tareas, que pueden incluir la seguridad, la protección, la búsqueda y el salvamento marítimos, el control fronterizo, el control de la pesca, el control aduanero, las funciones de policía y seguridad en general y la protección del medio ambiente. Por consiguiente, la Agencia, la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) deben intensificar su cooperación, tanto entre sí como con las autoridades nacionales que lleven a cabo funciones de guardacostas, con el fin de mejorar el conocimiento del entorno marítimo y de respaldar una actuación coherente y, en su aspecto económico, eficiente. Las sinergias entre los diferentes actores del medio marítimo deben estar en consonancia con la gestión europea integrada de las fronteras y las estrategias de seguridad marítima.

(55) En los puntos críticos, los Estados miembros deben cooperar con las agencias pertinentes de la Unión, que deben actuar en el marco de sus respectivos mandatos y competencias, y bajo la coordinación de la Comisión. Esta, en cooperación con las agencias de la Unión pertinentes, debe velar por que las actividades en los puntos críticos cumplan el Derecho de la Unión aplicable y los derechos fundamentales.

(56) Cuando lo justifiquen los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad o el análisis de riesgos o cuando se atribuya temporalmente un nivel de impacto crítico a una o varias zonas fronterizas, el director ejecutivo de la Agencia debe recomendar al Estado miembro de que se trate que inicie y realice operaciones conjuntas o intervenciones fronterizas rápidas.

(57) Cuando el control de las fronteras exteriores sea tan ineficaz que pueda poner en peligro el funcionamiento del espacio Schengen, ya sea porque un Estado miembro no tome las medidas necesarias conforme a una evaluación de la vulnerabilidad o porque un Estado miembro que se enfrente a un reto concreto y desproporcionado en las fronteras exteriores no haya solicitado a la Agencia ayuda suficiente, o no estuviese realizando las actuaciones necesarias para su aplicación, debe darse una respuesta unificada, rápida y efectiva a escala de la Unión. A fin de aminorar estos riesgos, y con el objetivo de garantizar una mejor coordinación a escala de la Unión, la Comisión debe proponer al Consejo una decisión en la que se especifiquen las medidas que deba aplicar la Agencia y se exija al Estado miembro de que se trate que coopere con la Agencia para su aplicación. Deben conferirse al Consejo competencias de ejecución para adoptar tal decisión, debido al posible carácter políticamente delicado de las medidas que se vayan a adoptar, que probablemente afecten a competencias ejecutivas y policiales nacionales. La Agencia debe determinar a continuación las acciones que llevará a cabo para la ejecución práctica de las medidas indicadas en la decisión del Consejo. La Agencia debe elaborar un plan operativo junto con el Estado miembro de que se trate. El Estado miembro de que se trate debe facilitar la ejecución de la decisión del Consejo y del plan operativo mediante el cumplimiento, entre otras, de sus obligaciones establecidas en el presente Reglamento. En caso de que un Estado miembro no cumpla en el plazo de treinta días esa decisión del Consejo y no coopere con la Agencia en la aplicación de las medidas contenidas en la misma, la Comisión debe poder activar el procedimiento específico previsto en el artículo 29 del Reglamento (UE) 2016/399 para hacer frente a circunstancias excepcionales que pongan en peligro el funcionamiento general del espacio sin controles en las fronteras interiores.

(58) El cuerpo permanente debe estar compuesto de cuatro categorías de personal operativo, a saber, los miembros del personal estatutario, el personal destinado a la Agencia en comisión de servicios de larga duración por los Estados miembros, el personal proporcionado por los Estados miembros para despliegues de corta duración y el personal que forma parte de la reserva de reacción rápida para intervenciones fronterizas rápidas. El personal operativo debe estar compuesto de guardias de fronteras, escoltas para retornos, especialistas en retorno y otro personal pertinente. El cuerpo permanente debe desplegarse en el marco de los equipos. El número real de personal operativo desplegado del cuerpo permanente debe depender de las necesidades operativas.

(59) El personal operativo desplegado como miembro de los equipos debe disponer de todas las competencias necesarias para llevar a cabo las tareas de control fronterizo y retorno, incluidas aquellas que requieran competencias ejecutivas, definidas en la legislación nacional aplicable o en el presente Reglamento. Cuando el personal estatutario ejerza competencias ejecutivas, la Agencia debe ser responsable de cualquier daño causado.

(60) Los Estados miembros deben contribuir al cuerpo permanente de conformidad con el anexo II, en el caso de las comisiones de servicio de larga duración, y con el anexo III, en el caso de los despliegues de corta duración. Las contribuciones individuales de los Estados miembros deben establecerse sobre la base de la clave de distribución acordada durante las negociaciones de 2016 relativas al Reglamento (UE) 2016/1624 para la reserva de reacción rápida y que figura en el anexo I de dicho Reglamento. La clave de distribución se adoptó proporcionalmente al tamaño del cuerpo permanente. Dichas contribuciones también deben establecerse de manera proporcionada para los países asociados a Schengen.

(61) Al seleccionar los números y los perfiles del personal que se vayan a indicar en la decisión del consejo de administración, el director ejecutivo debe aplicar el principio de igualdad de trato y de proporcionalidad, en especial en lo relativo a las capacidades nacionales de los Estados miembros.

(62) Los plazos exactos para los despliegues a corto plazo del cuerpo permanente y la puesta a disposición del equipamiento técnico cofinanciado de acuerdo con las acciones específicas del Fondo de Seguridad Interior u otro fondo de la Unión pertinente deben acordarse entre cada Estado miembro y la Agencia mediante negociaciones bilaterales anuales, teniendo en cuenta las capacidades y la proporcionalidad. Al solicitar las contribuciones nacionales, el director ejecutivo debe aplicar como norma general los principios de proporcionalidad e igualdad de trato de los Estados miembros, con el fin de prevenir situaciones que afecten sustancialmente a la ejecución de tareas nacionales en un Estado miembro solicitando el despliegue de las contribuciones anuales de dicho Estado miembro en un período concreto de cuatro meses. Estas disposiciones deben incluir la posibilidad de que los Estados miembros cumplan sus obligaciones relativas a los períodos de despliegue mediante períodos no consecutivos. En relación con los despliegues a corto plazo del cuerpo permanente, los Estados miembros también deben poder cumplir sus obligaciones de despliegue a corto plazo de manera acumulativa, mediante el despliegue de más personal durante períodos más cortos o mediante el despliegue de miembros del personal durante más de cuatro meses con arreglo a la planificación acordada a través de negociaciones bilaterales anuales.

(63) Sin perjuicio de la conclusión a tiempo del plan operativo relativo a las operaciones marítimas, la Agencia debe facilitar a los Estados miembros participantes, en la fase más temprana posible, información específica sobre la jurisdicción competente y el Derecho aplicable, en especial sobre las prerrogativas de los comandantes de buques y aeronaves, las condiciones del uso de la fuerza y la imposición de medidas restrictivas o privativas de libertad.

(64) El desarrollo a largo plazo de los recursos humanos para garantizar las contribuciones de los Estados miembros al cuerpo permanente debe estar respaldado por un sistema de ayuda financiera. Con este fin, procede autorizar a la Agencia a que utilice la concesión de subvenciones a los Estados miembros, sin necesidad de una convocatoria de propuestas, en el marco de una «financiación no vinculada a los costes», sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (11). La ayuda financiera debe permitir a los Estados miembros contratar y formar personal adicional para proporcionarles la flexibilidad necesaria para cumplir la contribución obligatoria al cuerpo permanente. El sistema de ayuda financiera debe tener en cuenta el tiempo que se requiere para la contratación y la formación, por lo que debe basarse en la norma N+2. El sistema de financiación específico debe conseguir un equilibrio adecuado entre los riesgos de irregularidades y fraude y los costes del control. El Reglamento establece las condiciones esenciales de activación de la ayuda financiera, a saber, la contratación y la formación del número adecuado de guardias de fronteras u otros especialistas que corresponda al número de agentes destinados a la Agencia en comisión de servicios de larga duración o el despliegue efectivo de agentes durante las actividades operativas de la Agencia durante un período consecutivo o no consecutivo de al menos cuatro meses o en proporción a los despliegues durante un período consecutivo o no consecutivo inferior a cuatro meses de duración. Dada la falta de datos pertinentes y comparables sobre los costes reales en todos los Estados miembros, el desarrollo de un sistema de financiación basado en los costes sería excesivamente complejo y no abordaría la necesidad de un sistema de financiación simple, rápido, eficiente y eficaz. A fin de fijar el importe de dicha financiación destinada a los Estados miembros, resulta oportuno utilizar como importe de referencia el salario anual de agente contractual, grupo de funciones III, grado 8, escalón 1, de las instituciones de la Unión, modulado por un coeficiente corrector por Estado miembro, en consonancia con el principio de buena gestión financiera y la igualdad de trato. Al ejecutar este apoyo financiero, la Agencia y los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de los principios de cofinanciación y de prohibición de la doble financiación.

(65) Con el fin de mitigar el posible impacto en los servicios nacionales relacionados con la contratación del personal estatutario para el cuerpo permanente, debe prestarse apoyo a los servicios pertinentes de los Estados miembros para cubrir las inversiones en formación del nuevo personal que sustituya al personal saliente.

(66) Con vistas al despliegue del cuerpo permanente en los territorios de terceros países, la Agencia debe desarrollar las capacidades necesarias para sus propias estructuras de mando y control, así como un procedimiento para garantizar la responsabilidad civil y penal de los miembros de los equipos.

(67) A fin de permitir el despliegue efectivo del cuerpo permanente a partir del 1 de enero de 2021, deben adoptarse y ponerse en marcha lo antes posible determinadas decisiones y medidas de aplicación. Por consiguiente, la Agencia, junto con los Estados miembros y la Comisión, debe participar en la preparación de tales medidas de ejecución y decisiones de aplicación por parte del consejo de administración. Este proceso preparatorio debe incluir la contratación correspondiente por parte de la Agencia y de los Estados miembros, tal como se prevé en el presente Reglamento.

(68) No obstante, con el fin de garantizar la continuidad del apoyo a las actividades operativas organizadas por la Agencia, todos los despliegues, incluido el de la reserva de reacción rápida, que se vayan a realizar, hasta el 31 de diciembre de 2020 deben planificarse y ejecutarse, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1624 y de conformidad con las negociaciones bilaterales anuales llevadas a cabo en 2019. A tal efecto, esas disposiciones de dicho Reglamento solo deben derogarse con efectos a partir del 1 de enero de 2021.

(69) El personal de la Agencia estará compuesto por efectivos que realicen las tareas confiadas a la Agencia, bien en la sede, bien en el marco del cuerpo permanente. El personal estatutario del cuerpo permanente debe desplegarse principalmente como miembros de los equipos. Debe ser posible contratar solo un número limitado y claramente definido de personal estatutario para desempeñar funciones de apoyo para la creación del cuerpo permanente, especialmente en la sede.

(70) A fin de subsanar las carencias persistentes en la puesta en común voluntaria del equipamiento técnico por parte de los Estados miembros, en particular por lo que se refiere a los grandes activos, la Agencia debe disponer del propio equipamiento que necesite y que se desplegarán en operaciones conjuntas o en intervenciones fronterizas rápidas o en cualquier otra actividad operativa. Dichos activos deben ser autorizados por los Estados como activos al servicio de un Gobierno. Si bien la Agencia ha podido legalmente adquirir o arrendar su propio equipamiento técnico desde 2011, esta posibilidad se vio seriamente obstaculizada por la falta de recursos presupuestarios.

(71) En consecuencia, a fin de responder al nivel de ambición subyacente en la creación del cuerpo permanente, la Comisión ha destinado una dotación significativa dentro del marco financiero plurianual 2021-2027, a fin de que la Agencia pueda adquirir, mantener y utilizar los activos aéreos, marítimos y terrestres necesarios, correspondientes a las necesidades operativas. Aunque la adquisición de los activos necesarios podría ser un proceso largo, especialmente en el caso de los grandes activos, el equipamiento propio de la Agencia debería, en última instancia, convertirse en la espina dorsal de los despliegues operativos, solicitando contribuciones adicionales de los Estados miembros en circunstancias excepcionales. El equipamiento de la Agencia debe ser manejado en gran parte por su personal técnico, que forma parte del cuerpo permanente. A fin de garantizar el uso eficaz de los recursos financieros propuestos, el proceso de adquisición de los activos necesarios debe basarse en una estrategia plurianual decidida lo antes posible por el consejo de administración. Es necesario garantizar la sostenibilidad de la Agencia a través de los futuros marcos financieros plurianuales y mantener una gestión europea integrada de las fronteras de carácter amplio.

(72) Al aplicar el presente Reglamento, la Agencia y los Estados miembros deben aprovechar óptimamente las capacidades existentes, tanto por lo que respecta a los recursos humanos como al equipamiento técnico, a escala nacional y de la Unión.

(73) El desarrollo a largo plazo de nuevas capacidades en la Guardia Europea de Fronteras y Costas debe coordinarse entre los Estados miembros y la Agencia, en consonancia con el ciclo de política estratégica plurianual para la gestión europea integrada de las fronteras, teniendo en cuenta la larga duración de determinados procesos. Ello incluye la contratación y la formación de nuevos guardias de fronteras que, durante su carrera profesional, puedan servir tanto en los Estados miembros como en el cuerpo permanente, la adquisición, el mantenimiento y la eliminación del equipamiento (para los que deben buscarse posibilidades de interoperabilidad y economías de escala), así como el desarrollo de nuevo equipamiento y tecnologías conexas, también a través de la investigación.

(74) La hoja de ruta de capacidades debería combinar los planes de desarrollo de capacidades de los Estados miembros y la planificación plurianual de los recursos de la Agencia para optimizar la inversión a largo plazo y proteger de la mejor manera posible las fronteras exteriores.

(75) Teniendo en cuenta el mandato reforzado de la Agencia, la creación del cuerpo permanente, su mayor presencia sobre el terreno en las fronteras exteriores y su mayor compromiso en el ámbito del retorno, la Agencia debe poder crear antenas en lugares próximos a sus actividades operativas significativas mientras se desarrollen estas actividades, para que actúen como interfaz entre la Agencia y el Estado miembro de acogida, desempeñen tareas de coordinación, logística y apoyo, y faciliten la cooperación entre la Agencia y el Estado miembro de acogida.

(76) Teniendo en cuenta que la cooperación interorgánica forma parte de la gestión europea integrada de las fronteras, la Agencia debe cooperar estrechamente con todos los órganos y organismos de la Unión competentes, en especial con Europol y la EASO. Tal cooperación debe tener lugar entre sedes centrales, en los ámbitos de operaciones y, cuando proceda, entre antenas.

(77) La Agencia y los Estados miembros, en particular sus academias de formación, deben cooperar estrechamente en la formación del cuerpo permanente, garantizando al mismo tiempo que los programas de formación están armonizados y fomentando los valores comunes establecidos en los Tratados. La Agencia, previa aprobación del consejo de administración, debe poder crear un centro de formación propio para facilitar en mayor medida la inclusión de una cultura europea común en la formación impartida.

(78) La Agencia debe seguir desarrollando planes de estudio básicos comunes y herramientas de formación adecuadas para la gestión de fronteras y el retorno, incluida la formación específica en materia de protección de las personas vulnerables, por ejemplo, niños. Debe proporcionar, además, cursos de formación adicional y seminarios sobre las tareas de gestión integrada de fronteras, también para los funcionarios de los organismos nacionales competentes. La Agencia debe proporcionar a los miembros del cuerpo permanente la formación especializada pertinente para sus funciones y competencias. Dicha formación debe incluir el Derecho de la Unión e internacional aplicable, así como en materia de derechos fundamentales. La Agencia debe estar autorizada para organizar actividades formativas en cooperación con Estados miembros y terceros países en sus territorios.

(79) El retorno de los nacionales de terceros países que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en los Estados miembros, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), es un componente esencial de los esfuerzos globales para luchar contra la inmigración ilegal y representa un asunto importante de interés público esencial.

(80) La Agencia debe intensificar la asistencia que facilita a los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países, en virtud de la política de retorno de la Unión y de lo previsto en la Directiva 2008/115/CE. En concreto, la Agencia debe coordinar y organizar operaciones de retorno desde uno o varios Estados miembros y organizar y llevar a cabo intervenciones de retorno para reforzar los sistemas de retorno de los Estados miembros que requieran una mayor asistencia técnica y operativa para cumplir con su obligación de retornar a los nacionales de terceros países de conformidad con dicha Directiva.

(81) La Agencia debe, respetando plenamente los derechos fundamentales y sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de dictar decisiones de retorno, prestar asistencia técnica y operativa a los Estados miembros en el proceso de retorno, incluida la identificación de los nacionales de terceros países y otras actividades de los Estados miembros previas al retorno y relativas al retorno. Además, la Agencia debe asistir a los Estados miembros en la obtención de documentos de viaje para el retorno, cooperando para ello con las autoridades de los terceros países de que se trate.

(82) La Agencia debe permitir, previo acuerdo del Estado miembro en cuestión, que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa efectúe visitas cuando lleve a cabo operaciones de retorno, en el marco del mecanismo de supervisión creado por los miembros del Consejo de Europa en virtud de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.

(83) La asistencia a los Estados miembros para llevar a cabo operaciones de retorno debe incluir la facilitación de información práctica sobre los terceros países de retorno de importancia para la aplicación del presente Reglamento, como por ejemplo los datos de contacto u otra información logística necesaria para garantizar el buen y digno desarrollo de las operaciones de retorno. La asistencia debe incluir asimismo el funcionamiento y el mantenimiento de una plataforma para el intercambio de los datos y la información necesarios para que la Agencia preste asistencia técnica y operativa de conformidad con el Reglamento. Esta plataforma debe disponer de una infraestructura de comunicación que permita la transmisión automatizada de estadísticas por los sistemas de gestión del retorno de los Estados miembros.

(84) La posible existencia de un acuerdo entre un Estado miembro y un tercer país no exime a la Agencia o a los Estados miembros de las obligaciones o la responsabilidad que les incumben en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho internacional, especialmente el respeto del principio de no devolución y la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

(85) Los Estados miembros deben poder cooperar a nivel operativo con otros Estados miembros o con terceros países en las fronteras exteriores, incluidas operaciones militares con fines de ejecución de la ley, siempre que dicha cooperación sea compatible con las acciones de la Agencia.

(86) La Agencia debe mejorar el intercambio de información y la cooperación con otros órganos y organismos de la Unión, como Europol, la EASO, la AESM, el Centro de Satélites de la Unión Europea, la AESA o el gestor de la EATMN, para optimizar la información, las capacidades y los sistemas existentes que ya están disponibles a nivel europeo, como el Programa de Observación y Vigilancia de la Tierra de la Unión (Copernicus).

(87) La cooperación con terceros países es un elemento importante de la gestión europea integrada de las fronteras. Debe servir para promover las normas europeas en materia de gestión de las fronteras y de retorno, intercambiar información y análisis de riesgos, facilitar la ejecución de los retornos con vistas a aumentar su eficiencia y apoyar a terceros países en el ámbito de la gestión de las fronteras y la migración, incluido mediante el despliegue del cuerpo permanente, cuando tal apoyo sea necesario para proteger las fronteras exteriores y la gestión eficaz de la política de migración de la Unión.

(88) Cuando la Comisión recomiende que el Consejo la autorice a negociar un acuerdo de estatuto con un tercer país, la Comisión debe evaluar la situación de los derechos fundamentales aplicables a los ámbitos que regula el acuerdo de estatuto en dicho tercer país e informar de ello al Parlamento Europeo.

(89) La cooperación con terceros países debe tener lugar en el marco de la acción exterior de la Unión y en consonancia con los principios y objetivos establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE). La Comisión debe garantizar la coherencia entre la gestión europea integrada de las fronteras y otras políticas de la Unión en el ámbito de la acción exterior de la Unión, y en particular la política común de seguridad y defensa. La Comisión debe estar asistida por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Dicha cooperación debe producirse, en particular, en las actividades de la Agencia que tengan lugar en el territorio de terceros países o que involucren a agentes de terceros países en ámbitos como el análisis de riesgos, la planificación y desarrollo de operaciones, la formación, el intercambio de información y la cooperación.

(90) Con el fin de garantizar que la información contenida en EUROSUR sea lo más completa y actualizada posible, en particular por lo que se refiere a la situación en terceros países, la Agencia debe cooperar con las autoridades de terceros países, bien en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales entre los Estados miembros y terceros países, incluidas las redes regionales, bien a través de acuerdos de trabajo celebrados entre la Agencia y las autoridades pertinentes de terceros países. A tal fin, el Servicio Europeo de Acción Exterior y las delegaciones y oficinas de la Unión deben facilitar a la Agencia toda información que pueda ser pertinente para EUROSUR.

(91) El presente Reglamento contiene disposiciones sobre la cooperación con terceros países, habida cuenta de la importancia fundamental que revisten para los objetivos de la gestión europea integrada de las fronteras un intercambio de información y una cooperación bien estructurados y permanentes con esos países, incluidos, entre otros, los terceros países vecinos. Resulta crucial que todo intercambio de información y toda cooperación entre Estados miembros y terceros países se realice respetando plenamente los derechos fundamentales.

(92) La asistencia a terceros países debe complementar el apoyo de la Agencia a los Estados miembros en la aplicación de las medidas de la Unión relativas a la ejecución de la gestión europea integrada de las fronteras.

(93) Los acuerdos bilaterales y multilaterales celebrados por los Estados miembros con terceros países en los ámbitos comprendidos en la gestión europea integrada de las fronteras deben poder contener información sensible en materia de seguridad. Cuando se notifique a la Comisión, esta debe tratar tal información conforme a las normas aplicables en materia de seguridad.

(94) Para establecer un mapa exhaustivo de la situación y un análisis de riesgos que abarque la zona prefronteriza, la Agencia y los centros nacionales de coordinación deben recabar información y coordinarse con los funcionarios de enlace de inmigración desplegados en terceros países por los Estados miembros, la Comisión, la Agencia u otros órganos y organismos de la Unión.

(95) Mediante la Acción común 98/700/JAI del Consejo (13) se creó el sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red («FADO») en el seno de la Secretaría General del Consejo, que permite a las autoridades de los Estados miembros acceder a información sobre los nuevos métodos de falsificación detectados y sobre los nuevos documentos auténticos que están en circulación.

(96) En sus conclusiones de 27 de marzo de 2017, el Consejo declaró que la gestión del sistema FADO es obsoleta y que es necesario modificar su base jurídica para seguir cumpliendo los requisitos de las políticas de Justicia y Asuntos de Interior. El Consejo también señaló que podrían aprovecharse las sinergias a este respecto, aprovechando los conocimientos técnicos de la Agencia en el ámbito del fraude documental y el trabajo que ya ha realizado la Agencia en este ámbito. Se pretende, por consiguiente, que la Agencia se haga cargo de la administración y de la gestión operativa y técnica del sistema FADO desempeñadas hasta ahora por la Secretaría General del Consejo, tan pronto como el Parlamento Europeo y el Consejo hayan adoptado el correspondiente acto jurídico en relación con el sistema FADO en sustitución de la Acción común 98/700/JAI.

(97) Antes de la adopción del correspondiente acto jurídico relativo al sistema FADO, es deseable garantizar que el sistema FADO esté plenamente operativo hasta que la transferencia se lleve a cabo efectivamente y los datos existentes se transfieran al nuevo sistema. La propiedad de los datos existentes se transferiría entonces a la Agencia.

(98) Todo tratamiento de datos de carácter personal por la Agencia en el marco del presente Reglamento debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (14).

(99) Todo tratamiento de datos de carácter personal por los Estados miembros en el marco del presente Reglamento debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) o la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), en su caso.

(100) En el contexto del retorno, es frecuente que los nacionales de terceros países no tengan en su poder ningún documento de identificación, y que no cooperen para determinar su identidad, ocultando información o facilitando datos personales incorrectos. Habida cuenta de la necesidad política particular de agilizar los procedimientos de retorno, es necesario que la Agencia pueda restringir determinados derechos de los sujetos de los datos a fin de evitar que el abuso de tales derechos obstaculice la correcta ejecución de los procedimientos de retorno y la ejecución efectiva de las decisiones de retorno de los Estados miembros o impida a la Agencia desempeñar sus tareas eficientemente. En particular, el ejercicio del derecho a la restricción del tratamiento puede retrasar considerablemente y obstaculizar la ejecución de las operaciones de retorno. Además, en algunos casos el derecho de acceso por parte del nacional de un tercer país puede poner en peligro una operación de retorno al aumentar el riesgo de fuga en caso de que dicho nacional de un tercer país tenga conocimiento de que la Agencia está tratando sus datos en el contexto de una operación de retorno prevista. El derecho de rectificación puede aumentar el riesgo de que el nacional del tercer país de que se trate pueda inducir a error a las autoridades facilitando datos incorrectos. Para que la Agencia pueda restringir ciertos derechos de los sujetos de los datos, debe poder adoptar normas internas sobre dichas restricciones.

(101) Para desempeñar correctamente sus tareas en el ámbito del retorno, en particular ayudando a los Estados miembros en la correcta aplicación de los procedimientos de retorno y en la ejecución efectiva de las decisiones de retorno, así como para facilitar las operaciones de retorno, puede ser necesario que la Agencia transfiera a terceros países los datos personales de los retornados. A menudo, los terceros países de retorno no están sujetos a las decisiones de adecuación adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679 o del artículo 36 de la Directiva (UE) 2016/680, ni han celebrado ni tienen la intención de celebrar un acuerdo de readmisión con la Unión o prevén salvaguardias adecuadas a tenor del artículo 48 del Reglamento (UE) 2018/1725 o de las disposiciones nacionales de transposición del artículo 37 de la Directiva (UE) 2016/680. Sin embargo, a pesar de los intensos esfuerzos de la Unión en la cooperación con los principales países de origen de los nacionales de terceros países en situación irregular sujetos a una obligación de retorno, no siempre es posible garantizar que estos terceros países cumplan sistemáticamente la obligación establecida por el Derecho internacional de readmitir a sus propios nacionales. Los acuerdos de readmisión, celebrados o en fase de negociación por la Unión o los Estados miembros y que prevén salvaguardias adecuadas para los datos personales, se refieren a un número limitado de esos terceros países. En caso de que aún no existan tales acuerdos, la Agencia debe transferir datos personales para facilitar las operaciones de retorno de la Unión, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 50, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 2018/1725.

(102) Cualquier transferencia de datos personales por parte de los Estados miembros a terceros países debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680, según el caso. A falta de acuerdos de readmisión, y como excepción al requisito de que se hayan adoptado decisiones de adecuación o se hayan previsto salvaguardias apropiadas, los Estados miembros deben poder transferir datos personales a las autoridades de terceros países a efectos de la aplicación de la política de retorno de la Unión. Debe ser posible utilizar la excepción para situaciones específicas previstas en el artículo 49 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el artículo 38 de la Directiva (UE) 2016/680, según el caso, en las condiciones establecidas en dichos artículos.

(103) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos por los artículos 2 y 6 del TUE y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular, el respeto a la dignidad humana, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la trata de seres humanos, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, el derecho de acceso a los documentos, el derecho de asilo y de protección contra la repatriación y expulsión, el principio de no devolución, el principio de no discriminación y los derechos del menor.

(104) El presente Reglamento debe establecer un mecanismo de denuncia para que la Agencia, en cooperación con el agente de derechos fundamentales, garantice el respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia. Debe ser un mecanismo administrativo en virtud del cual el agente de derechos fundamentales sea responsable de gestionar las reclamaciones recibidas por la Agencia de conformidad con el derecho a una buena administración. El agente de derechos fundamentales debe examinar la admisibilidad de las denuncias, registrar las quejas admisibles, enviar todas las reclamaciones registradas al director ejecutivo, enviar las denuncias sobre los miembros de los equipos al Estado miembro de origen y registrar el seguimiento realizado por la Agencia o el Estado miembro. El mecanismo de denuncia debe ser efectivo y garantizar un seguimiento adecuado de las reclamaciones. El mecanismo de denuncia debe entenderse sin perjuicio del acceso a vías de recurso administrativas y judiciales y no constituye un requisito para el empleo de dichas vías. Las investigaciones penales deben ser llevadas a cabo por los Estados miembros. Con el fin de aumentar la transparencia y la obligación de rendir cuentas, la Agencia debe informar sobre el mecanismo de denuncia en su informe anual. El informe debe indicar, en particular, el número de reclamaciones recibidas, los tipos de violaciones de los derechos fundamentales a que se refieren, las operaciones en cuestión y, en su caso, las medidas de seguimiento adoptadas por la Agencia y los Estados miembros. El agente de derechos fundamentales debe tener acceso a toda la información relacionada con el respeto de los derechos fundamentales relativa a todas las actividades de la Agencia. El agente de derechos fundamentales debe disponer de los recursos y el personal necesarios para poder desempeñar eficazmente todos sus cometidos con arreglo al presente Reglamento. El personal asignado al agente de derechos fundamentales debe tener las competencias y el rango que correspondan a la ampliación de las actividades y las competencias de la Agencia.

(105) La Agencia debe ser independiente desde el punto de vista técnico y operativo, y gozar de autonomía jurídica, administrativa y financiera. En este sentido, es necesario y conveniente que la Agencia sea un organismo de la Unión dotado de personalidad jurídica y en ejercicio de los poderes ejecutivos que se le confieren en virtud del presente Reglamento.

(106) La Comisión y los Estados miembros deben estar representados en un consejo de administración para supervisar a la Agencia. Este consejo de administración debe estar integrado, en la medida de lo posible, por los jefes operativos de los servicios nacionales responsables de la gestión de las fronteras o por sus representantes. Las partes representadas en el consejo de administración deben esforzarse por limitar la rotación de sus representantes, a fin de garantizar la continuidad del trabajo del consejo de administración. Además, debe disponer de las competencias necesarias para fijar el presupuesto, verificar su ejecución, adoptar las normas financieras adecuadas, establecer procedimientos de trabajo transparentes para la toma de decisiones por parte de la Agencia y nombrar al director ejecutivo y a tres directores ejecutivos adjuntos, a cada uno de los cuales se les debe conferir responsabilidades en un ámbito determinado de competencias de la Agencia, como gestionar el cuerpo permanente, supervisar las tareas de la Agencia en materia de retorno o gestionar la participación de esta en los sistemas informáticos a gran escala. La Agencia debe regirse y operar teniendo en cuenta los principios del enfoque común aplicado en las agencias descentralizadas de la Unión, adoptado el 19 de julio de 2012 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

(107) Puesto que el Parlamento Europeo interviene en los asuntos regidos por el presente Reglamento, el presidente del consejo de administración debe poder invitar a un experto del Parlamento Europeo a asistir a las reuniones del consejo de administración.

(108) Cada año, el consejo de administración debe elaborar un documento de programación único. Al preparar dicho documento, el consejo de administración debe tener en cuenta las recomendaciones del Grupo de trabajo interinstitucional sobre los recursos de las agencias descentralizadas.

(109) Para garantizar la autonomía de la Agencia se la debe dotar de un presupuesto propio con un ingreso que proceda principalmente de una contribución de la Unión. El presupuesto de la Agencia debe elaborarse de conformidad con el principio de presupuestación basada en el rendimiento, teniendo en cuenta los objetivos de la Agencia y los resultados que se esperan de su trabajo. El procedimiento presupuestario de la Unión se aplicará a la contribución de la Unión y a cualesquiera otras subvenciones que corran a cargo del presupuesto general de la Unión. La auditoría de las cuentas debe ser realizada por el Tribunal de Cuentas. En casos excepcionales en los que el presupuesto disponible se considere insuficiente y el procedimiento presupuestario no permita responder adecuadamente a situaciones sometidas a una rápida evolución, la Agencia ha de poder recibir subvenciones de fondos de la Unión para cumplir sus cometidos.

(110) El director ejecutivo, en su función de ordenador, debe evaluar periódicamente los riesgos financieros relacionados con las actividades de la Agencia, adoptar las medidas necesarias para atenuarlos, de conformidad con el marco financiero aplicable a la Agencia, e informar de ello al consejo de administración.

(111) Se espera que la Agencia tenga dificultades en los próximos años para responder a necesidades excepcionales de contratar y retener a personal cualificado procedente del espectro geográfico más amplio posible.

(112) En aras de una responsabilidad compartida, la Agencia debe exigir que sus empleados, en particular el personal estatutario del cuerpo permanente, incluido el personal estatutario desplegado en actividades operativas, tengan el mismo nivel de formación, competencias específicas y profesionalidad que el personal cedido en comisión de servicios o empleado por los Estados miembros. Por consiguiente, la Agencia debe revisar y evaluar si su personal estatutario actúa de forma apropiada en las actividades operativas de control fronterizo y retorno.

(113) El Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) debe aplicarse sin restricciones a la Agencia, que debe adherirse al Acuerdo Interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (18).

(114) De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (19), la Fiscalía Europea debe poder investigar y perseguir el fraude y otras infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (20).

(115) Debe aplicarse a la Agencia el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (21). La Agencia debe ser lo más transparente posible con respecto a sus actividades, sin poner en peligro la consecución del objetivo de sus operaciones. Debe hacer pública la información sobre todas sus actividades. Debe igualmente asegurarse de que el público y cualquier parte interesada reciban rápidamente información sobre su trabajo.

(116) La Agencia debe igualmente informar de sus actividades al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de la manera más completa posible.

(117) La Comisión debe realizar una evaluación del presente Reglamento. Esta evaluación debe valorar, entre otros aspectos, el atractivo de la Agencia como empleador para la contratación de personal estatutario con el fin de garantizar la calidad de los candidatos y el equilibrio geográfico.

(118) Las fronteras exteriores que se mencionan en el presente Reglamento son aquellas a las que resultan de aplicación las disposiciones del título II del Reglamento (UE) 2016/399, que incluye las fronteras exteriores de los Estados miembros pertenecientes al espacio Schengen de conformidad con el Protocolo n.o 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, anejo al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(119) Para garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (22).

(120) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la creación y puesta en marcha de un sistema de gestión integrada de las fronteras exteriores que garantice un funcionamiento adecuado del espacio Schengen, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros actuando de forma descoordinada, sino que, debido a la falta de controles en las fronteras interiores, a los retos migratorios significativos en las fronteras exteriores, a la necesidad de supervisar eficazmente el cruce de esas fronteras y a la necesidad de contribuir a un nivel elevado de seguridad interior en el seno de la Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(121) Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (23), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (24). El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre las modalidades de participación de estos Estados en la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (25) incluye normas sobre la participación de estos países en el trabajo de la Agencia, incluidas disposiciones sobre las contribuciones financieras y el personal.

(122) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (26), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (27).

(123) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (28), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (29).

(124) El Acuerdo entre la Comunidad Europea, por una parte, y la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein, por otra parte, sobre las modalidades de participación de estos Estados en la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (30) incluye normas sobre la participación de estos países en el trabajo de la Agencia, incluidas disposiciones sobre las contribuciones financieras y el personal.

(125) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una medida sobre el presente Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.

(126) El presente Reglamento constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (31); el Reino Unido no participa, en consecuencia, en la adopción del presente Reglamento ni está vinculado por este ni sujeto a su aplicación.

(127) El presente Reglamento constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (32); Irlanda no participa, en consecuencia, en la adopción del presente Reglamento ni está vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

(128) La Agencia debe facilitar la organización de actividades específicas en las que los Estados miembros puedan aprovechar la experiencia y los medios que Irlanda y el Reino Unido estén dispuestos a ofrecer, en los términos que el consejo de administración decida según las circunstancias de cada caso. Para tal fin, podrá invitarse a representantes de Irlanda a asistir a todas las reuniones del consejo de administración para que puedan participar plenamente en la preparación de estas actividades específicas. Los representantes del Reino Unido podrán ser invitados a asistir a las reuniones del consejo de administración hasta la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido conforme al artículo 50, apartado 3, del TUE.

(129) Aunque el Reino Unido no participa en el presente Reglamento, se le ha concedido la posibilidad de cooperar con la Guardia Europea de Fronteras y Costas debido a su posición de Estado miembro. Teniendo en cuenta la notificación del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión conforme al artículo 50 del TUE, el régimen especial aplicable a la cooperación operativa con el Reino Unido sobre la base del presente Reglamento debe ser aplicable hasta la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido conforme al artículo 50, apartado 3, del TUE o siempre que haya entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido de conformidad con el artículo 50 del TUE, que regule ese régimen especial.

(130) Existe una controversia entre el Reino de España y el Reino Unido con relación a la demarcación de las fronteras de Gibraltar.

(131) La suspensión de la aplicabilidad del presente Reglamento a las fronteras de Gibraltar no implica cambio alguno en las respectivas posiciones de los Estados en cuestión.

(132) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (33), el 7 de noviembre de 2018, emitió su dictamen el 30 de noviembre de 2018.

(133) La finalidad del presente Reglamento es modificar y ampliar las disposiciones de los Reglamentos (UE) 2016/1624 y (UE) n.o 1052/2013. Dado que las modificaciones que deben realizarse son significativas en número y alcance, procede que esos actos jurídicos sean derogados, en aras de la claridad.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

GUARDIA EUROPEA DE FRONTERAS Y COSTAS

Artículo 1 Objeto El presente Reglamento crea una Guardia Europea de Fronteras y Costas con el objetivo de garantizar una gestión europea integrada de las fronteras exteriores, con miras a gestionar esas fronteras eficientemente respetando plenamente los derechos fundamentales, y aumentar la eficiencia de la política de retorno de la Unión. El presente Reglamento da respuesta a los desafíos migratorios y a los posibles retos y amenazas futuros en las fronteras exteriores. Garantiza un elevado nivel de seguridad interior en la Unión respetando plenamente los derechos fundamentales y salvaguardando al mismo tiempo la libre circulación de personas dentro de la Unión. Contribuye a la detección, prevención y lucha contra la delincuencia transfronteriza en las fronteras exteriores.

Artículo 2 Definiciones A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1) «fronteras exteriores»: las fronteras exteriores conforme se definen en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2016/399; 2) «paso fronterizo»: el paso fronterizo conforme se define en el artículo 2, punto 8, del Reglamento (UE) 2016/399; 3) «control fronterizo»: el control fronterizo conforme se define en el artículo 2, punto 10, del Reglamento (UE) 2016/399; 4) «inspecciones fronterizas»: las inspecciones fronterizas como se definen en el artículo 2, punto 11, del Reglamento (UE) 2016/399; 5) «vigilancia de fronteras»: la vigilancia de fronteras conforme se define en el artículo 2, punto 12, del Reglamento (UE) 2016/399; 6) «vigilancia de las fronteras aéreas»: la vigilancia de todo vuelo de una aeronave tripulada o no tripulada y sus pasajeros o carga con procedencia o destino en los territorios de los Estados miembros, que no sea un vuelo interior conforme se define en el artículo 2, punto 3, del Reglamento (UE) 2016/399; 7) «conocimiento de la situación»: capacidad de controlar, detectar, identificar, rastrear y entender las actividades transfronterizas ilegales con el fin de encontrar argumentos razonados para las medidas de respuesta, sobre la base de la combinación de información nueva con los conocimientos existentes, y con el fin de dotarse de mejores medios para reducir las muertes de inmigrantes en las fronteras exteriores o en sus proximidades; 8) «capacidad de reacción»: capacidad de llevar a cabo acciones dirigidas a combatir las actividades transfronterizas ilegales en las fronteras exteriores, o en sus proximidades, incluidos el tiempo y los medios requeridos para reaccionar adecuadamente; 9) «EUROSUR»: el marco para el intercambio de información y la cooperación entre los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas; 10) «mapa de situación»: una agregación de datos e información georreferenciados en tiempo cuasirreal recibidos de diferentes autoridades, sensores, plataformas y otras fuentes, que sea transmitida a través de canales seguros de comunicación e información y pueda procesarse y mostrarse de forma selectiva y compartirse con otras autoridades pertinentes para lograr un conocimiento de la situación y apoyar la capacidad de reacción en las fronteras exteriores o en sus proximidades y en la zona prefronteriza; 11) «sección de la frontera exterior»: totalidad o parte de la frontera exterior de un Estado miembro, tal como la define el Derecho nacional o la determine el centro nacional de coordinación o cualquier otra autoridad nacional responsable; 12) «delincuencia transfronteriza»: cualquier delito grave con una dimensión transfronteriza que se haya cometido o intentado cometer en las fronteras exteriores o en sus proximidades; 13) «zona prefronteriza»: zona geográfica más allá de las fronteras exteriores, relevante para la gestión de las fronteras exteriores mediante análisis de riesgos y conocimiento de la situación; 14) «incidente»: una situación relacionada con la inmigración ilegal, la delincuencia transfronteriza o con un riesgo para las vidas de inmigrantes en las fronteras exteriores o en sus proximidades; 15) «personal estatutario»: personal empleado por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de conformidad con el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto de los funcionarios») y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión (en lo sucesivo, «régimen aplicable a los otros agentes») establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (34); 16) «personal operativo»: guardias de fronteras, escoltas para retornos, especialistas en retorno y otros agentes pertinentes que constituyen el «cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas» de acuerdo con las cuatro categorías establecidas en el artículo 54, apartado 1, que actúan como miembros de los equipos con competencias ejecutivas, cuando proceda, y el personal estatutario responsable del funcionamiento de la unidad central del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) que no puede desplegarse en calidad de miembros del equipo; 17) «miembro de los equipos»: miembro del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas desplegado a través de los equipos de gestión de fronteras, los equipos de apoyo a la gestión de la migración y los equipos de retorno; 18) «equipos de gestión de fronteras»: equipos formados a partir del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas que se desplegarán durante las operaciones conjuntas en las fronteras exteriores y las intervenciones fronterizas rápidas en los Estados miembros y terceros países; 19) «equipos de apoyo a la gestión de la migración»: equipos de expertos que proporcionan refuerzo técnico y operativo a los Estados miembros, en particular en puntos críticos, compuesto por personal operativo, expertos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y de Europol, y, cuando proceda, por expertos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), otros órganos y organismos de la Unión, así como de los Estados miembros; 20) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en cuyo territorio tiene lugar una operación conjunta, una intervención fronteriza rápida, una operación de retorno o una intervención de retorno o en el que se despliega un equipo de apoyo a la gestión de la migración; o a partir del cual se inicia esa operación conjunta, esa intervención fronteriza rápida, esa operación de retorno, esa intervención de retorno o ese despliegue del equipo de apoyo a la gestión de la migración; 21) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro a partir del cual se despliega a un miembro del personal o se le destina en comisión de servicios al cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas; 22) «Estado miembro participante»: un Estado miembro que participa en una operación conjunta, una intervención fronteriza rápida, una operación de retorno, una intervención de retorno o en el despliegue de un equipo de apoyo a la gestión de la migración facilitando el equipamiento técnico o el personal para el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, así como los Estados miembros que participan en operaciones o intervenciones de retorno facilitando el equipamiento técnico o el personal, pero que no sea un Estado miembro de acogida; 23) «punto crítico»: una zona establecida a petición del Estado miembro de acogida en la que el Estado miembro de acogida, la Comisión, los organismos de la Unión competentes y los Estados miembros participantes cooperan con el objeto de gestionar un reto migratorio desproporcionado, existente o potencial, caracterizado por un aumento significativo del número de migrantes que llegan a las fronteras exteriores; 24) «retorno»: el retorno conforme se define en el artículo 3, punto 3, de la Directiva 2008/115/CE; 25) «decisión de retorno»: una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se declara ilegal la estancia de un nacional de un tercer país y se impone o declara una obligación de retorno que respete la Directiva 2008/115/CE; 26) «retornado»: un nacional de un tercer país en situación irregular que es objeto de una decisión de retorno ejecutiva; 27) «operación de retorno»: una operación organizada o coordinada por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y que implica apoyo técnico y operativo a uno o varios Estados miembros, en cuyo marco se lleva a cabo el retorno desde uno o varios Estados miembros, tanto con carácter forzoso como voluntario, sea cual sea el medio de transporte; 28) «intervención de retorno»: una actividad de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que proporciona a los Estados miembros una asistencia técnica y operativa reforzada consistente en el despliegue de equipos de retorno y en la organización de operaciones de retorno; 29) «equipos de retorno»: equipos formados a partir del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas que se desplegarán durante las operaciones de retorno, las intervenciones de retorno en los Estados miembros u otras actividades operativas relacionadas con la ejecución de tareas relacionadas con el retorno; 30) «funcionario de enlace de inmigración»: el funcionario de enlace de inmigración conforme se define en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo (35).

Artículo 3 Gestión europea integrada de las fronteras 1. La gestión europea integrada de las fronteras constará de los siguientes elementos: a) control fronterizo, incluidas medidas para facilitar el cruce legítimo de fronteras y, cuando proceda, medidas relacionadas con la prevención y la detección de la delincuencia transfronteriza en las fronteras exteriores, en particular el tráfico ilícito de personas, la trata de seres humanos y el terrorismo, y mecanismos y procedimientos para identificar a las personas vulnerables y los menores no acompañados, identificar a las personas que necesitan protección internacional o que desean solicitarla, facilitar información a dichas personas y derivarlas; b) operaciones de búsqueda y salvamento de personas en peligro en el mar, lanzadas y realizadas de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 656/2014 y con el Derecho internacional, que tengan lugar en situaciones que puedan presentarse durante las operaciones de vigilancia de las fronteras marítimas; c) análisis de los riesgos para la seguridad interior y análisis de las amenazas que pueden afectar al funcionamiento o a la seguridad de las fronteras exteriores; d) intercambio de información y cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos regulados por el presente Reglamento, e intercambio de información y cooperación entre los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, incluido el apoyo coordinado por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas; e) cooperación interorgánica entre las autoridades nacionales de cada Estado miembro responsables del control fronterizo o de otras tareas que se lleven a cabo en las fronteras, así como entre las autoridades responsables del retorno en cada Estado miembro, incluido el intercambio periódico de información a través de las herramientas de intercambio de información existentes. Se incluirá, si procede, la cooperación con los organismos nacionales responsables de la protección de los derechos fundamentales; f) cooperación entre las instituciones, órganos y organismos de la Unión competentes en los ámbitos regulados por el presente Reglamento, incluso mediante el intercambio periódico de información; g) cooperación con terceros países en los ámbitos regulados por el presente Reglamento, centrándose especialmente en los terceros países vecinos y en los terceros países que se hayan identificado en los análisis de riesgos como países de origen o tránsito de la inmigración ilegal; h) medidas técnicas y operativas en el interior del espacio Schengen relacionadas con el control fronterizo y diseñadas para abordar la inmigración ilegal y luchar mejor contra la delincuencia transfronteriza; i) retorno de nacionales de terceros países que sean objeto de una decisión de retorno emitida por un Estado miembro; j) empleo de tecnología punta, incluidos sistemas de información a gran escala; k) un mecanismo de control de calidad, en particular el mecanismo de evaluación de Schengen, la evaluación de la vulnerabilidad y posibles mecanismos nacionales, para garantizar la aplicación del Derecho de la Unión en materia de gestión de las fronteras; l) mecanismos de solidaridad, en particular los instrumentos de financiación de la Unión. 2. Los derechos fundamentales, la educación y la formación, así como la investigación y la innovación, constituirán elementos generales de la ejecución de la gestión europea integrada de las fronteras.

Artículo 4 Guardia Europea de Fronteras y Costas La Guardia Europea de Fronteras y Costas estará compuesta por las autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardacostas en la medida en que lleven a cabo tareas de control fronterizo, las autoridades nacionales responsables en materia de retorno y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (en lo sucesivo, «Agencia»).

Artículo 5 Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 1. La Agencia se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento. 2. La Agencia comprenderá el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (en lo sucesivo, «cuerpo permanente») a que se refiere el artículo 54, con una capacidad de hasta 10 000 miembros de personal operativo, de conformidad con el anexo I. 3. Con el fin de garantizar una gestión europea integrada de las fronteras coherente, la Agencia facilitará y hará más efectiva la aplicación de las medidas de la Unión relacionadas con la gestión de las fronteras exteriores, especialmente el Reglamento (UE) 2016/399, y de las medidas de la Unión relativas al retorno. 4. La Agencia contribuirá a la aplicación constante y uniforme del Derecho de la Unión, incluido el acervo de la Unión en materia de derechos fundamentales, en particular la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en las fronteras exteriores. Su contribución incluirá el intercambio de buenas prácticas.

Artículo 6 Rendición de cuentas La Agencia deberá rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y el Consejo, de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 7 Responsabilidad compartida 1. La Guardia Europea de Fronteras y Costas realizará la gestión europea integrada de las fronteras como responsabilidad compartida de la Agencia y de las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardacostas en la medida en que lleven a cabo operaciones de vigilancia de las fronteras marítimas y cualesquiera otras tareas de control fronterizo. Los Estados miembros serán los principales responsables de la gestión de sus secciones de las fronteras exteriores. 2. La Agencia proporcionará asistencia técnica y operativa en la aplicación de las medidas relativas a los retornos, tal como se menciona en el artículo 48 del presente Reglamento, a petición del Estado miembro de que se trate o por iniciativa propia y con el acuerdo del Estado miembro afectado. Los Estados miembros serán los únicos responsables de emitir las decisiones de retorno y de la adopción de las medidas relativas al internamiento de los retornados de conformidad con la Directiva 2008/115/CE. 3. Los Estados miembros garantizarán la gestión de sus fronteras exteriores y la ejecución de las decisiones de retorno, en estrecha cooperación con la Agencia, tanto en su propio interés como en el interés común de todos los Estados miembros, respetando plenamente el Derecho de la Unión, incluidos los derechos fundamentales, y de conformidad con el ciclo de política estratégica plurianual para la gestión europea integrada de las fronteras a que se refiere el artículo 8. 4. La Agencia apoyará la aplicación de las medidas de la Unión relacionadas con la gestión de las fronteras exteriores y la ejecución de las decisiones de retorno mediante el refuerzo, la evaluación y la coordinación de las acciones de los Estados miembros y mediante la prestación de asistencia técnica y operativa, para la ejecución de dichas medidas, así como en materia de retorno. La Agencia no apoyará medidas ni participará en actividades relacionad