INICIATIVA

de la República Federal de Alemania y de la República de Finlandia con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo sobre procedimientos de insolvencia, presentada al Consejo el 26 de mayo de 1999

(1999/C 221/06)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, la letra c) de su artículo 61 y el apartado 1 de su artículo 67,

Vista la iniciativa de Alemania y Finlandia,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión Europea persigue el objetivo de crear una zona de libertad, seguridad y justicia.

(2) El buen funcionamiento del mercado interior exige mejorar y acelerar los procedimientos de insolvencia que tengan respercusiones transfronterizas y la adopción del presente Reglamento es necesaria para alcanzar dicho objetivo.

(3) Se trata de un objetivo que corresponde al ámbito de cooperación judicial en materia civil con arreglo al artículo 65 del Tratado.

(4) Las actividades empresariales tienen cada vez más repercusiones transfronterizas por lo que cada vez con mayor frecuencia están siendo reguladas por la legislación comunitaria. Si bien es cierto que la quiebra de dichas empresas afecta al buen funcionamiento del mercado internacional, es necesario un acto comunitario que permita coordinar las medidas que deberán adoptarse respecto del activo del deudor insolvente.

(5) Para el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una posición jurídica más favorable (forum shopping).

(6) Por consiguiente, esos objectivos no pueden alcanzarse de forma suficiente a nivel nacional, por lo que está justificada una acción a nivel comunitario.

(7) Con arreglo al principio de proporcionalidad, el presente Reglamento se limita a unas disposiciones que regulan la competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y para decisiones emanadas directamente de dichos procedimientos, con los que están en estrecha relación. Asimismo, el presente Reglamento contiene disposiciones relativas al reconocimiento de esas decisiones y al Derecho aplicable, decisiones que satisfacen igualmente dicho principo.

(8) Los procedimientos de insolvencia relativos a la liquidación de empresas insolventes u otras personas jurídicas, los convenios y los demás procedimientos análogos están excluidos del ámbito de aplicación del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil(3) por los Convenios de adhesión a dicho Convenio(4).

(9) Para alcanzar el objetivo de mejorar y acelerar los procedimientos de insolvencia con repercusiones transfronterizas es necesario y oportuno que las disposiciones sobre competencia judicial, reconocimiento y Derecho aplicable en este ámbito se recojan en un instrumento legal comunitario vinculante y directamente aplicable en los Estados miembros.

(10) El presente Reglamento será igualmente aplicable a todos los procedimientos, independientemente de que el deudor sea una persona física o jurídica, un comerciante o un particular. Los procedimientos de insolvencia relativos a empresas de seguros, entidades de crédito, organismos de inversión que posean fondos o valores negociables de terceros y organismos de inversión colectiva están excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Dichos organismos no están contemplados en el Reglamento dado que están sujetos a regímes especiales y que, en parte, las autoridades nacionales de control disponen de amplias competencias de intervención.

(11) El presente Reglamento acepta el hecho de que, para una amplia serie muy diferenciada de casos legales, apenas es practicable un procedimiento único de insolvencia con validez universal para toda la Comunidad. La aplicación sin excepciones del Derecho del Estado en que se incoa el procedimiento llevaría con frecuencia, dada esta circunstancia, a situaciones difíciles. Esto puede aplicarse, por ejemplo, a las muy diferentes normativas en materia de garantías que pueden encontrarse en la Comunidad. Pero también los privilegios que los deudores concretos reclaman para sí mismos en el procedimiento de insolvencia tienen en gran parte una configuración totalmente diferente. El Reglamento pretende tenerlo en cuenta mediante dos vías: por una parte, se contemplan vínculos especiales para derechos de especial importancia (por ejemplo, derechos reales y contratos de trabajo); por otra parte, se autorizan, junto a un procedimiento principal de insolvencia con validez universal, procedimientos nacionales que abarcan exclusivamente los bienes situados en el país en el que se incoa el procedimiento.

(12) El paralelismo entre el procedimiento principal de insolvencia -reconocido en los demás Estados miembros- y el procedimiento secundario, que permite a los deudores en otro Estado miembro invocar un instrumento local para salvaguardar sus intereses, impide una centralización excesivamente rígida. Unas disposiciones imperativas de coordinación con el procedimiento principal garantizarán la necesaria unidad dentro de la Comunidad.

(13) Los procedimientos de insolvencia pueden abrirse en el Estado miembro donde el deudor tiene el centro de intereses principal. El procedimiento principal tiene alcance universal. Pretende abarcar todos los bienes del deudor a escala mundial y afectar a todos los acreedores donde quiera que se encuentren. Como centro de intereses principal se designa el lugar con el que el deudor mantiene regularmente las relaciones más estrechas en el que se concentran sus diversos contactos de negocios y en el que se encuentra la mayoría de las veces la parte más importante de sus bienes. Este lugar es igualmente bien conocido por los acreedores.

(14) Las normas de competencia del presente Reglamento sólo fijan la competencia internacional, es decir, designan al Estado miembro contratante cuyos tribunales pueden abrir un procedimiento de insolvencia. La competencia territorial interna dentro de ese Estado debe ser determinada por su Derecho nacional.

(15) La regla de competencia internacional del apartado 1 del artículo 3 faculta al tribunal competente para abrir el procedimiento principal de insolvencia, para ordenar medidas provisionales y cautelares desde el momento mismo de solicitud de apertura del procedimiento. Las medidas cautelares y provisionales, ya sean anteriores o posteriores al inicio del procedimiento de insolvencia, son muy importantes para garantizar la eficacia del mismo. El presente Reglamento contempla a este respecto dos posibilidades. Por una parte, el tribunal competente para el procedimiento principal de insolvencia puede también disponer acerca de los bienes situados en el extranjero. Respecto de dichos bienes puede disponerse con arreglo al párrafo tercero del apartado 1 del artículo 25. Por otra parte, el síndico provisional de insolvencia designado con anterioridad al procedimiento principal puede solicitar, en el Estado en que se encuentre un establecimiento del deudor y en el que éste desea iniciar un procedimiento secundario de insolvencia, las medidas de seguridad posibles con arreglo al Derecho de dicho Estado (artículo 38).

(16) El derecho a solicitar la apertura de procedimientos territoriales independientes está limitado a los acreedores locales y a los acreedores de establecimientos locales o a los casos en que el procedimiento principal no puede incoarse con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que el deudor tiene su centro de intereses principal. El motivo de esta limitación de procedimientos particulares independientes es que dichos procedimientos deben limitarse a lo indispensable.

(17) Pueden darse casos en que los bienes del deudor sean demasiados complejos para ser administradores unitariamente, en que las diferencias en el sistema legal en cuestión sean tan grandes que puedan surgir dificultades debido a la ampliación de los efectos emanados de la legislación del Estado de la apertura a los demás Estados en que estén situados los activos. Por este motivo, el síndico del procedimiento principal podrá solicitar la apertura de procedimiento secundario si la administración eficaz de los bienes así lo requiriera.

(18) Sin embargo, el procedimiento principal y los procedimientos particulares de insolvencia sólo podrán contribuir a una liquidación eficiente de la masa de insolvencia si los procedimientos paralelos pendientes están coordinados. A este respecto, una condición esencial es la estrecha colaboración de los diferentes síndicos, que debe suponer, en particular, un intercambio suficiente de información. Para asegurar el papel predominante del procedimiento principal de insolvencia se ofrecen al síndico de dicho procedimiento varias posibilidades de intervención en procedimientos simultáneos secundarios. Por ejemplo, puede solicitar la apertura de un procedimiento de esta índole, proponer un plan de saneamiento o convenio, o bien solicitar el aplazamiento de la liquidación de la masa en el procedimiento secundario de insolvencia.

(19) Cualquier acreedor, independientemente de dónde esté domiciliado dentro de la Comunidad, tiene el derecho de notificar sus pretensiones sobre el partrimonio del deudor en todos los procedimientos de insolvencia pendientes en la Comunidad. Esto es también válido para las autoridades fiscales y para los organismos de seguridad social. No obstante, en interés de la igualdad de trato de los acreedores, debe coordinarse la distribución del activo liquidado. Cada acreedor deberá conservar lo que haya recibido en el marco de un procedimiento de insolvencia, pero sólo podrá participar en el reparto de la masa en otro procedimiento cuando los acreedores del mismo rango hayan obtenido el mismo porcentaje de sus pretensiones. De este modo deberá establecerse un cuadro general consolidado de las cuotas para la Comunidad.

(20) El presente Reglamento establece un reconocimiento inmediato de las decisiones relativas a la apertura, desarrollo y terminación de los procedimientos de insolvencia que entran en su ámbito de aplicación y de las decisiones pronunciadas en relación directa con dicho procedimiento de insolvencia. El reconocimiento automático tiene por consecuencia que los efectos que el Derecho del Estado de la apertura del procedimiento produce en el procedimiento se extienden a todos los demás Estados. El reconocimiento de las decisiones pronunciadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros debe reposar en el principio de la confianza mutua. A este respecto, los motivos de no reconocimiento se reducen al mínimo necesario. También deberá solventarse con arreglo a este principio el conflicto que se produce cuando los tribunales de dos Estados miembros se consideran competentes para incoar un procedimiento principal de insolvencia. La decisión del tribunal que lo inicie en primer lugar deberá ser reconocida en los otros Estados miembros, que no estarán autorizados a someter a control la decisión de dicho tribunal.

(21) El presente Reglamento establece, para las materias que entran en su ámbito de aplicación, normas uniformes de conflicto sobre la ley aplicable que sustituyen a las normas de Derecho internacional privado nacionales. El término "ley aplicable" se refiere, en el presente Reglamento, al Derecho interno del Estado miembro, con exclusión de sus normas de Derecho internacional privado. Salvo disposición en contrario, es de aplicación la ley del Estado miembro contratante de apertura del procedimiento (lex concursus). Esta norma de conflicto opera tanto en los procedimientos principales como en los territoriales. La lex concursus determina todos los efectos del procedimiento de insolvencia, tanto procesales como materiales, sobre las personas y las relaciones jurídicas implicadas, y regula todas las condiciones para la apertura, desarrollo y terminación del procedimiento de insolvencia.

(22) El reconocimiento automático de un procedimiento de insolvencia, en el que por lo general es de aplicación la ley del Estado de apertura de dicho procedimiento, puede interferir en las normas con arreglo a las que se realizan las operaciones mercantiles en dichos Estados miembros. Con el fin de proteger las expectativas legítimas y la seguridad de las operaciones en Estados miembros distintos de aquel en el que se inicia el procedimiento, el presente Reglamento establece una serie de excepciones a la norma general a que se hace referencia en los artículos 5 a 15.

(23) Un requerimiento particular de una conexión divergente de la ley del Estado en el que se abre el procedimiento existe para los derechos reales, puesto que éstos son de considerable importancia para la concesión de créditos. El fundamento, la validez y el alcance de dichos derechos reales se determinan por ello con arreglo al Derecho del lugar de establecimiento y no se ven afectados por la incoación del procedimiento de insolvencia. El poseedor del derecho real puede así seguir haciendo valer su derecho a la detracción y separación del objeto de la garantía. Cuando, con arreglo a la ley del Estado de establecimiento, pueden también incluirse en un procedimiento de insolvencia los derechos reales, el síndico puede solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia secundario, siempre que el deudor tenga allí un establecimiento. Si no se abre dicho procedimiento secundario particular, el objeto en cuestión se ve sujeto al embargo universal por insolvencia del procedimiento principal, de modo que en el caso de enajenación del objeto de la garantía el remanente del producto de la venta debe añadirse a la masa.

(24) Si con arreglo al Derecho del Estado de la apertura no está autorizada la compensación, el acreedor tendrá igualmente derecho a dicha compensación, si ésta es posible según la ley aplicable al crédito del deudor insolvente. De esta forma, la compensación adquiere una función de garantía sobre la base de disposiciones legales en las que el acreedor puede confiar en la fecha de la aparición del crédito.

(25) Existe también una necesidad especial de protección en el caso de los sistemas de pago y de los mercados financieros. Esto es aplicable, por ejemplo, a los contratos de liquidación y a los acuerdos de compensación, así como a las cesiones de valores y a las garantías ofrecidas como compensación de estas operaciones, tal como establece la Directiva 98/26/CE del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pago y de liquidación de valores(5). Para estas operaciones sólo deberá ser determinante el Derecho aplicable al sistema y al mercado en cuestión. Con esta disposición podrá evitarse que, en caso de insolvencia de un socio, puedan modificarse los mecanismos previstos para los sistemas de pagos y liquidaciones de operaciones y para los mercados financieros regulados de los Estados miembros. Para una parte de los casos mencionados, la Directiva 98/26/CE contiene disposiciones especiales que prevalecen sobre la normativa general del presente Reglamento.

(26) En lo que se refiere a la protección de los trabajadores y de las relaciones laborales, los efectos del procedimiento de insolvencia sobre la continuación o conclusión de dichas relaciones, así como sobre los derechos y obligaciones de todas las partes implicadas en dichas relaciones, deberán regularse mediante el Derecho aplicable a los contratos con arreglo a las normas generales de conflicto. Otras cuestiones del derecho relativo a la insolvencia, como la posible protección de los derechos de los trabajadores mediante un privilegio, o la de cuál ha de ser el rango de dicho privilegio en su caso, se determinarán con arreglo al Derecho del Estado de apertura del procedimiento.

(27) En interés de los flujos comerciales, el contenido esencial de la decisión relativa a la apertura de un procedimiento deberá notificarse a los demás Estados miembros, a petición del síndico. Si en el Estado de que se trate se encuentra un establecimiento, podrá disponerse la notificación obligatoria. La notificación no es, sin embargo, en ninguno de ambos casos, condición para el reconocimiento del procedimiento en otro país.

(28) Puede darse el caso de que algunas de las personas afectadas no tengan efectivamente conocimiento de la apertura del procedimiento y actúen de buena fe en contradicción con la nueva situación de hecho. En protección de esas personas que, en desconocimiento de la apetura del proceso en otro país, satisfacen prestaciones al deudor, cuando en realidad deberían haberlas satisfecho al síndico del otro país, el presente Reglamento dispone el efecto liberador de la deuda respecto de quien satisface la prestación o efectúa el pago.

(29) El presente Reglamento contiene unos anexos relativos a la organización del procedimiento de insolvencia con arreglo al Derecho interno de los Estados miembros. El Consejo se reserva el derecho de modificar dichos anexos, a fin de poder responder a posibles modificaciones del Derecho interno de los Estados miembros.

(30) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda, anexado por el Tratado de Amsterdam al Tratado de la Unión Europea y al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, dichos Estados miembros no participarán en la adopción del presente Reglamento. En consecuencia, el presente Reglamento no vincula al Reino Unido ni a Irlanda y no es de aplicación en relación con estos Estados, salvo si ellos ejercen sus respectivos derechos en virtud de los artículos 3 y 4 de dicho Protocolo.

(31) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anexado por el Tratado de Amsterdam al Tratado de la Unión Europea y al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, este Estado miembro no participará en la adopción del presente Reglamento. En consecuencia, el presente Reglamento no vincula a Dinamarca y no es de aplicación en relación con este Estado, salvo si dicho Estado miembro informa al Consejo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 de dicho Protocolo manifestando su voluntad de no continuar acogiéndose a la totalidad o a la parte relevante de dicho Protocolo,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a los procedimientos colectivos fundados en la insolvencia del deudor que impliquen el desapoderamiento parcial o total de este último y el nombramiento de un síndico.

2. El presente Reglamento no se aplicará a los procedimientos de insolvencia relativos a las empresas de seguros y a las entidades de crédito, ni a las empresas de inversión que presten servicios que impliquen la posesión de fondos o de valores negociables de terceros, ni a los organismos de inversión colectiva.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) "procedimiento de insolvencia": uno de los procedimientos colectivos contemplados en el apartado 1 del artículo 1. La lista de dichos procedimientos figura en el anexo A, que forma parte integrante del presente Reglamento;

b) "síndico": cualquier persona u órgano cuya función consista en administrar o liquidar la masa o supervisar la gestión de los negocios del deudor. En el anexo C, que forma parte integrante del Reglamento, figura la lista de dichas personas u órganos;

c) "procedimiento de liquidación": el procedimiento de insolvencia del apartado 1 del artículo 1 que implica la liquidación de los bienes del deudor, incluidos los casos en los que el procedimiento se termina bien a consecuencia de un convenio o de otras medidas que pongan fin a la insolvencia del deudor, bien a causa de la insuficiencia del activo. Estos procedimientos se enumeran en el anexo B, que forma parte integrante del presente Reglamento;

d) "tribunal": el órgano judicial o cualquier otra autoridad competente de un Estado miembro habilitados para abrir un procedimiento de insolvencia o para adoptar decisiones en el curso del procedimiento;

e) "decisión": en relación con la apertura de un procedimiento de insolvencia o el nombramiento de un síndico, la decisión de cualquier tribunal competente para abrir un procedimiento o para nombrar a un síndico;

f) "momento de apertura del procedimiento": el momento a partir del cual la decisión de apertura produzca efectos, independientemente de que la decisión sea o no definitiva;

g) "Estado miembro en el que se encuentre un bien":

- para los bienes materiales, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el bien,

- para los bienes y derechos cuya propiedad o titularidad deba inscribirse en un registro público, el Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve dicho registro,

- para los créditos, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el centro de los intereses principales de su deudor, tal como se determina en el apartado 1 del artículo 3;

h) "establecimiento": todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes.

Artículo 3

Competencia internacional

1. Tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de los intereses principales del deudor. En lo que se refiere a las sociedades y personas jurídicas, se presumirá que el centro de los intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social.

2. Cuando el centro de los intereses principales del deudor se encuentre en el territorio de un Estado miembro, los tribunales de otro Estado miembro sólo serán competentes para abrir un procedimiento de insolvencia con respecto a ese deudor si éste posee un establecimiento en el territorio de este último Estado. Los efectos de dicho procedimiento se limitarán a los bienes del deudor situados en el territorio de dicho Estado miembro.

3. Cuando se haya abierto un procedimiento de insolvencia en aplicación del apartado 1, cualquier otro procedimiento de insolvencia que se abra con posterioridad en aplicación del apartado 2 será un procedimiento secundario. Dicho procedimiento deberá ser un procedimiento de liquidación.

4. Con anterioridad a un procedimiento principal de insolvencia en aplicación del apartado 1, un procedimiento territorial de insolvencia basado en el apartado 2 sólo podrá abrirse en uno de los casos siguientes:

a) si no puede obtenerse la apertura de un procedimiento principal de insolvencia a tenor de las condiciones establecidas por la ley del Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de los intereses principales del deudor;

b) si la apertura del procedimiento territorial de insolvencia ha sido solicitada por un acreedor cuyo domicilio, residencia habitual o sede se encuentre en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentra el establecimiento en cuestión, o cuyo crédito tenga su origen en la explotación de dicho establecimiento.

Artículo 4

Legislación aplicable

1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos será la del Estado miembro en cuyo territorio se abra dicho procedimiento, denominado en lo sucesivo "Estado de apertura".

2. La ley del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia determinará las condiciones de apertura, desarrollo y terminación del procedimiento de insolvencia. Dicha ley determinará en particular:

a) los deudores que puedan ser sometidos a un procedimiento de insolvencia en calidad de tales;

b) los bienes que forman parte de la masa y la suerte de los bienes adquiridos por el deudor después de la apertura del procedimiento de insolvencia;

c) las facultades respectivas del deudor y del síndico;

d) las condiciones de oponibilidad de una compensación;

e) los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los contratos en vigor en los que el deudor sea parte;

f) los efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia sobre las ejecuciones individuales con excepción de los procesos en curso;

g) los créditos que deban cargarse al pasivo del deudor y la suerte de los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia;

h) las normas relativas a la presentación, examen y reconocimiento de los créditos;

i) las normas del reparto del producto de la realización de los bienes, la graduación de los créditos y los derechos de los acreedores que hayan sido parcialmente indemnizados después de la apetura del procedimiento de insolvencia en virtud de un derecho real o por el efecto de una compensación;

j) las condiciones y los efectos de la conclusión del procedimiento de insolvencia, en particular mediante convenio;

k) los derechos de los acreedores después de terminado el procedimiento de insolvencia;

l) la imposición de las costas y gastos del procedimiento de insolvencia;

m) las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales al conjunto de los acreedores.

Artículo 5

Derechos reales de terceros

1. La apertura del procedimiento de insolvencia no afectará al derecho real de un acreedor o de un tercero sobre los bienes, materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, que pertenezcan al deudor y que, en el momento de apertura del procedimiento, se encuentren en el territorio de otro Estado miembro.

2. Los derechos contemplados en el apartado 1 son, en particular:

a) el derecho a realizar o hacer realizar el bien y a ser pagado con el producto o los rendimientos de dicho bien, en particular en virtud de prenda o hipoteca;

b) el derecho exclusivo a cobrar un crédito, en particular el derecho garantizado por una prenda de la que sea objeto el crédito o por la cesión de dicho crédito a título de garantía;

c) el derecho a reivindicar el bien y reclamar su restitución a cualquiera que lo posea o utilice en contra de la voluntad de su titular;

d) el derecho real a percibir los frutos de un bien.

3. Se asimilará a un derecho real el derecho, inscrito en un registro público y oponible frente a terceros, que permita obtener un derecho real en el sentido del apartado 1.

4. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá el ejercicio de las acciones de nulidad, anulación o inoponibilidad mencionadas en la letra m) del apartado 2 del artículo 4.

Artículo 6

Compensación

1. La apertura del procedimiento de insolvencia no afectará al derecho de un acreedor a reclamar la compensación de su crédito con el crédito del deudor, cuando la ley aplicable al crédito del deudor insolvente permita dicha compensación.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá el ejercicio de las acciones de nulidad, anulación o inoponibilidad mencionadas en la letra m) del apartado 2 del artículo 4.

Artículo 7

Reserva de propiedad

1. La apertura de un procedimiento de insolvencia contra el comprador de un bien no afectará a los derechos del vendedor basados en una reserva de propiedad cuando dicho bien se encuentre, en el momento de apertura del procedimiento, en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado de apertura.

2. La apertura de un procedimiento de insolvencia contra el vendedor de un bien después de que éste haya sido entregado no constituye una causa de resolución o de rescisión de la venta y no impedirá al comprador la adquisición de la propiedad del bien vendido cuando dicho bien se encuentre en el momento de apertura del procedimiento en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado de apertura.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no impedirá el ejercicio de las acciones de nulidad, anulación o inoponibilidad mencionadas en la letra m) del apartado 2 del artículo 4.

Artículo 8

Contratos sobre bienes inmuebles

Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre un contrato que otorgue un derecho de uso o de adquisición de un bien inmueble se regularán exclusivamente por la ley del Estado miembro en cuyo territorio esté situado el bien.

Artículo 9

Sistemas de pago y mercados financieros

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los derechos y obligaciones de los participantes en un sistema de pago o compensación o en un mercado financiero se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro aplicable a dicho sistema o mercado.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá el ejercicio de una acción de nulidad, anulación o inoponibilidad de los pagos o de las transacciones, en virtud de la ley aplicable al sistema de pago o al mercado financiero de que se trate.

Artículo 10

Contratos de trabajo

Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre el contrato de trabajo y sobre la relación laboral se regularán exclusivamente por la ley del Estado miembro aplicable al contrato de trabajo.

Artículo 11

Efectos sobre los derechos sometidos a registro

Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los derechos del deudor sobre un bien inmueble, un buque o una aeronave que estén sujetos a la inscripción en un registro público se regularán de acuerdo con la ley del Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve el registro.

Artículo 12

Patentes y marcas comunitarias

A efectos del presente Reglamento, una patente comunitaria, una marca comunitaria o cualquier otro derecho análogo establecido por disposiciones comunitarias únicamente podrá incluirse en un procedimiento del apartado 1 del artículo 3.

Artículo 13

Actos perjudiciales

No se aplicará lo dispuesto en la letra m) del apartado 2 del artículo 4 cuando el que se haya beneficiado de un acto perjudicial para los intereses de los acreedores pruebe que:

- dicho acto está sujeto a la ley de un Estado miembro distinto del Estado de apertura, y que

- en ese caso concreto, dicha ley no permite en ningún caso que se impugne dicho acto.

Artículo 14

Protección de los terceros adquirentes

Cuando el deudor, por un acto celebrado después de la apertura de un procedimiento de insolvencia, dispusiere a título oneroso:

- de un bien inmueble,

- de un buque o de una aeronave sujetos a inscripción en un registro público, o

- de valores negociables cuya existencia suponga una inscripción en un registro determinado por ley,

la validez de dicho acto se regirá por la ley del Estado en cuyo territorio se encuentre el bien inmueble o bajo cuya autoridad se lleve el registro.

Artículo 15

Efectos del procedimiento de insolvencia sobre procedimientos en curso

Los efectos del procedimiento de insolvencia con respecto a otros procedimientos en curso en relación con un bien o un derecho de la masa se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro en el que esté en curso dicho procedimiento.

CAPÍTULO II

RECONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA

Artículo 16

Principio

1. Toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia, adoptada por el tribunal competente de un Estado miembro en virtud del artículo 3, será reconocida en todos los demás Estados miembros desde el momento en que la resolución produzca efectos en el Estado de apertura.

Esta norma se aplicará también cuando el deudor, por sus circunstancias personales, no pueda ser sometido a un procedimiento de insolvencia en los demás Estados miembros.

2. El reconocimiento de un procedimiento de insolvencia abierto por el tribunal de un Estado miembro, competente en virtud del apartado 1 del artículo 3, no impedirá la apertura de otro procedimiento de insolvencia por parte del tribunal competente de otro Estado miembro en virtud del apartado 2 del artículo 3. Este otro procedimiento se considerará procedimiento secundario conforme al capítulo III.

Artículo 17

Efectos del reconocimiento

1. La resolución de apertura de un procedimiento del apartado 1 del artículo 3 producirá, sin ningún otro trámite, en cualquier otro Estado miembro, los efectos que le atribuya la ley del Estado en que se haya abierto el procedimiento, salvo disposición en contrario del presente Reglamento y en tanto en cuanto ningún otro procedimiento de los contemplados en el apartado 2 del artículo 3 sea abierto en ese Estado miembro.

2. Los efectos de un procedimiento de insolvencia abierto por un tribunal competente en virtud del apartado 2 del artículo 3 no podrán ser recurridos en los demás Estados miembros. Cualquier limitación de los derechos de los acreedores, en particular un aplazamiento de pago o una condonación de deuda resultante de dicho procedimiento, sólo podrá oponerse, por lo que respecta a los bienes situados en el territorio de otro Estado miembro, a los acreedores que hayan manifestado su consentimiento.

Artículo 18

Poderes del síndico

1. El síndico designado por un tribunal competente en virtud del apartado 1 del artículo 3 podrá ejercer en el territorio de otro Estado miembro todos los poderes que le hayan sido conferidos por la ley del Estado en el que se haya abierto el procedimiento en la medida en que no haya sido abierto ningún otro procedimiento de insolvencia o adoptada ninguna medida cautelar contraria como consecuencia de una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia en dicho Estado. En especial, podrá trasladar los bienes del deudor fuera del territorio del Estado miembro en que se encuentren, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 7.

2. El síndico designado por un tribunal competente en virtud del apartado 2 del artículo 3 podrá hacer valer por vía judicial o extrajudicial en cualquier otro Estado miembro que un bien mueble ha sido trasladado del territorio del Estado de la apertura al territorio de ese otro Estado miembro tras la apertura del procedimiento de insolvencia. Podrá también ejercitar cualquier acción revocatoria conveniente para los intereses de los acreedores.

3. El síndico deberá respetar, en el ejercicio de sus poderes, la ley del Estado miembro en cuyo territorio quiera actuar, en particular en lo que respecta a las modalidades de realización de los bienes. Dichos poderes no incluyen el uso de medios de apremio ni la facultad de pronunciarse sobre litigios o controversias.

Artículo 19

Prueba del nombramiento del síndico

El nombramiento del síndico se establecerá mediante la presentación de una copia certificada conforme al orginal de la decisión por la que se le nombre o por cualquier otro certificado expedido por el tribunal competente.

Podrá exigirse su traducción en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en cuyo territorio pretenda actuar. No se exigirá ninguna otra legalización o formalidad análoga.

Artículo 20

Restitución e imputación

1. El acreedor que, tras la apertura de un procedimiento del apartado 1 del artículo 3, obtenga por cualquier medio, en particular por vía ejecutiva, un pago total o parcial de su crédito sobre los bienes del deudor situados en el territorio de otro Estado miembro, deberá restituir lo que haya obtenido al síndico, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 7.

2. Para garantizar la igualdad de trato de los acreedores, el acreedor que haya obtenido en un procedimiento de insolvencia un dividendo sobre su crédito, sólo participará en el reparto abierto en otro procedimiento cuando los acreedores del mismo rango o de la misma categoría hayan obtenido, en ese otro procedimiento, un dividendo equivalente.

Artículo 21

Publicación

1. El síndico podrá pedir que se publique el contenido esencial de la decisión por la que se abra el procedimiento de insolvencia y, en su caso, la decisión de su nombramiento, en todo Estado miembro con arreglo a las modalidades de publicación previstas en dicho Estado. En estas publicaciones se especificará el síndico designado y se precisará si la norma de competencia aplicada es la del apartado 1 del artículo 3 o la del apartado 2 del artículo 3.

2. No obstante, cualquier Estado miembro en el que el deudor tenga un establecimiento podrá prever la publicación obligatoria. En ese caso, el síndico o cualquier autoridad habilitada a tal fin en el Estado miembro en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia en virtud del apartado 1 del artículo 3 deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar dicha publicación.

Artículo 22

Inscripción en un registro público

1. El síndico podrá solicitar que la decisión por la que se abra el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 3 se inscriba en el Registro de la propiedad, en el Registro mercantil o en cualquier otro registro público llevado en los demás Estados miembros.

2. No obstante, cualqier Estado miembro podrá prever la inscripción obligatoria. En ese caso, el síndico o cualquier otra autoridad habilitada a tal fin en el Estado miembro en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia en virtud del apartado 1 del artículo 3 deberá tomar las medidas necesarias para garantizar dicha publicación.

Artículo 23

Gastos

Los gastos ocasionados por las medidas de publicación y de registro previstas en los artículos 21 y 22 se considerarán gastos del procedimiento.

Artículo 24

Ejecución a favor del deudor

1. Quien ejecute en un Estado miembro una obligación a favor de un deudor sometido a un procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro, cuando debería haberlo hecho a favor del síndico de este procedimiento, quedará liberado si ignoraba la apertura del procedimiento.

2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que quien haya ejecutado dicha obligación antes de las medidas de publicación en el artículo 21 ignoraba la apertura del procedimiento de insolvencia; de haberla ejecutado después de las medidas de publicación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tenía conocimiento de la apertura del procedimiento.

Artículo 25

Reconocimiento y carácter ejecutorio de otras resoluciones

1. Las resoluciones relativas al desarrollo y conclusión de un procedimiento de insolvencia dictadas por el tribunal cuya resolución de apertura deba reconocerse en virtud del artículo 16 y el convenio aprobado por dicho tribunal se reconocerán asimismo sin otros procedimientos. Tales resoluciones se ejecutarán con arreglo a los artículos 31 a 51, con excepción del apartado 2 del artículo 34, del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil o mercantil, modificado por los Convenios de adhesión a dicho Convenio.

Los dispuesto en el párrafo primero se aplicará asimismo a las resoluciones, incluso las dictadas por otro órgano jurisdiccional, que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia y que guarden inmediata relación con éste.

Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará asimismo a las resoluciones relativas a las medidas cautelares adoptadas después de la solicitued de apertura de un procedimiento de insolvencia.

2. El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones distintas de las contempladas en el apartado 1 se regirán por el Convenio contemplado en el apartado 1, en la medida en que sea aplicable dicho Convenio.

3. Los Estados miembros no estarán obligados a reconocer ni a ejecutar resoluciones de las indicadas en el apartado 1 que tengan por efecto una limitación de la libertad personal o del secreto postal.

Artículo 26

Orden público

Todo Estado miembro podrá negarse a reconocer un procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro o a ejecutar una resolución dictada en el marco de dicho procedimiento cuando dicho reconocimiento o dicha ejecución pueda producir efectos claramente contrarios al orden público de dicho Estado, en especial a sus principios fundamentales o a los derechos y a las libertades individuales garantizados por su Constitución.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTOS SECUNDARIOS DE INSOLVENCIA

Artículo 27

Apertura

El procedimiento de insolvencia abierto por un tribunal competente de un Estado miembro reconocido en otro Estado miembro (procedimiento principal), permitirá abrir en ese otro Estado miembro en el que un tribunal fuera competente en virtud del apartado 2 del artículo 3 un procedimiento secundario de insolvencia sin que sea examinada en dicho Estado la insolvencia del deudor. Dicho procedimiento deberá ser uno de los procedimientos mencionados en el anexo B. Sus efectos se limitarán a los bienes del deudor situados en el territorio de dicho Estado miembro.

Artículo 28

Ley aplicable

Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable al procedimiento secundario será la del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto el procedimiento secundario.

Artículo 29

Derecho a solicitar la incoación

Podrán solicitar la apertura de un procedimiento secundario:

a) el síndico del procedimiento principal;

b) cualquier otra persona o autoridad habilitada para solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia con arreglo a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio se solicite la apertura del procedimiento secundario.

Artículo 30

Anticipo de gastos y costas

Cuando la legislación del Estado miembro en que se haya solicitado la apertura de un procedimiento secundario exija que el activo del deudor sea suficiente para cubrir, total o parcialmente, los gastos y costas del procedimiento, el tribunal que conozca de dicha solicitud podrá exigir al solicitante un anticipo de gastos o una fianza adecuada.

Artículo 31

Obligaciones de información y cooperación

1. Sin perjuicio de las normas que limitan la comunicación de información, el síndico del procedimiento principal y los síndicos de los procedimientos secundarios estarán obligados por un deber de información recíproca. Deberán comunicar sin demora toda información que pueda resultar útil para el otro procedimiento, en especial el estado de la presentación y verificación de los créditos y las medidas destinadas a poner término al procedimiento.

2. Sin perjuicio de las normas aplicables a cada uno de los procedimientos, el síndico del procedimiento principal y los síndicos de los procedimientos secundarios estarán sometidos a un deber de cooperación recíproca.

3. El síndico del procedimiento secundario deberá permitir al síndico del procedimiento principal, con tiempo suficiente, que presente propuestas relativas a la liquidación o a cualquier otra utilización de los activos del procedimiento secundario.

Artículo 32

Ejercicio de los derechos de los acreedores

1. Todo acreedor podrá presentar su crédito en el procedimiento principal y en todo procedimiento secundario.

2. Los síndicos del procedimiento principal y de los procedimientos secundarios presentarán en los otros procedimientos los créditos ya presentados en el procedimiento para el que se les haya nombrado, en la medida en que sea útil para los acreedores cuyos intereses representen y sin perjuicio del derecho de estos últimos a oponerse a ello y a retirar su presentación, cuando así lo contemple la ley aplicable.

3. El síndico de un procedimiento principal o secundario estará habilitado para participar en otro procedimiento en las mismas condiciones que cualquier acreedor, en particular formando parte de una junta de acreedores.

Artículo 33

Suspensión de la liquidación

1. El tribunal que haya abierto el procedimiento secundario suspenderá total o parcialmente las operaciones de liquidación a petición del síndico del procedimiento principal, sin perjuicio de la facultad del tribunal de exigir en tal caso al síndico del procedimiento principal cualquier medida adecuada para garantizar los intereses de los acreedores del procedimiento secundario y de determinados grupos de acreedores. La petición del síndico del procedimiento principal únicamente podrá ser rechazada si, manifiestamente, no tiene interés para el procedimiento principal. Dicha suspensión de la liquidación podrá ser ordenada por un período máximo de tres meses. Podrá prolongarse o renovarse por períodos de la misma duración.

2. El tribunal contemplado en el apartado 1 pondrá fin a la suspensión de las operaciones de liquidación:

- a petición del síndico del procedimiento principal,

- de oficio, a petición de un acreedor o a petición del síndico del procedimiento secundario cuando dicha medida no parezca ya justificada, en particular, por el interés de los acreedores del procedimiento principal o del procedimiento secundario.

Artículo 34

Terminación del procedimiento secundario de insolvencia

1. Cuando, de conformidad con la ley aplicable al procedimiento secundario, sea posible terminar dicho procedimiento sin liquidación mediante un plan de recuperación, un convenio o una medida similar, dicha medida podrá ser propuesta por el síndico del procedimiento principal.

La terminación del procedimiento secundario mediante una medida contemplada en el párrafo primero sólo pasará a ser definitiva si cuenta con la conformidad del síndico del procedimiento principal, o, en ausencia de conformidad de éste, cuando la medida propuesta no afecte a los intereses financieros de los acreedores del procedimiento principal.

2. Las limitaciones de los derechos de los acreedores, tales como un aplazamiento de pagos o una condonación de la deuda, derivadas de una medida de las que se contemplan en el apartado 1 propuesta en un procedimiento secundario, sólo podrán producir efectos con respecto a los bienes del deudor que no formen parte de dicho procedimiento si hay conformidad de todos los acreedores interesados.

3. Durante la suspensión de las operaciones de liquidación ordenada en virtud del artículo 33, solamente el síndico del procedimiento principal, o el deudor con su consentimiento, podrá proponer una medida de las que se contemplan en el apartado 1 del presente artículo en el procedimiento secundario; no se podrá someter a votación ni aprobar ninguna otra propuesta de medida similar.

Artículo 35

Excedente del activo del procedimiento secundario

Si la liquidación de activos del procedimiento secundario permitire satisfacter todos los créditos admitidos en dicho procedimiento, el síndico designado en dicho procedimiento remitirá de inmediato el excedente del activo al síndico del procedimiento principal.

Artículo 36

Apertura posterior del procedimiento principal

Cuando se abra un procedimiento del apartado 1 del artículo 3 después de que se haya abierto otro procedimiento del apartado 2 del artículo 3 en otro Estado miembro se aplicarán los artículos 31 a 35 al procedimiento abierto en primer lugar, en la medida en que la situación de dicho procedimiento lo permita.

Artículo 37

Terminación y conversión del procedimiento anterior

El síndico del procedimiento principal podrá pedir la conversión de un procedimiento mencionado en el anexo A, abierto anteriormente en otro Estado miembro, en un procedimiento de liquidación, si ello resulta útil paras los intereses de los acreedores del procedimiento principal.

El tribunal competente en virtud del apartado 2 del artículo 3 ordenará la conversión en uno de los procedimientos mencionados en el anexo B.

Artículo 38

Medidas cautelares

Cuando el tribunal de un Estado miembro, competente en virtud del apartado 1 del artículo 3, nombrare a un síndico provisional con el fin de asegurar la conservación de los bienes del deudor, dicho síndico provisional estará habilitado para solicitar cualquier medida de conservación o protección sobre los bienes del deudor situados en otro Estado miembro, prevista por la ley de dicho Estado para el período comprendido entre la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia y la resolución de apertura.

CAPÍTULO IV

INFORMACIÓN A LOS ACREEDORES Y PRESENTACIÓN DE SUS CRÉDITOS

Artículo 39

Derecho a presentar los créditos

Los acreedores que tengan su residencia habitual, su domicilio o su sede en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya abierto el procedimiento, incluidos las autoridades fiscales y los organismos de la seguridad social de los Estados miembros, tendrán derecho a presentar sus créditos por escrito en el procedimiento de insolvencia.

Artículo 40

Obligación de informar a los acreedores

1. Desde el momento en el que se efectúe la apertura de un procedimiento de insolvencia en un Estado miembro, el tribunal competente de dicho Estado o el síndico que haya sido nombrado por el mismo informará sin demora a los acreedores conocidos que tengan su residencia habitual, su domicilio o su sede en los demás Estados miembros.

2. Esta información, garantizada mediante el envío individualizado de una nota, se referirá, en especial, a los plazos que deberán respetarse, a las sanciones previstas en relación con dichos plazos, al órgano o autoridad habilitada para recibir la presentación de los créditos y a otras medidas prescritas. Dicha nota indicará asimismo si los acreedores cuyo crédito estuviere garantizado por un privilegio o por una garantía real deben presentar su crédito.

Artículo 41

Contenido de la presentación de un crédito

El acreedor enviará una copia de los justificantes que obren en su poder, e indicará la naturaleza del crédito, la fecha de su nacimiento y su importe; también indicará si reivindica para el crédito un carácter privilegiado, una garantía real o una reserva del derecho de propiedad, y cuáles son los bienes a que se refiere la garantía que invoca.

Artículo 42

Lenguas

1. La información prevista en el artículo 40 se dará en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia. Para ello se utilizará un impreso en cuyo encabezamiento podrán leerse, en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, los términos "Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables".

2. Todo acreedor que tenga su residencia habitual, su domicilio o su sede en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia podrá presentar su crédito en la lengua o en una de las lenguas oficiales de dicho Estado. En tal caso, la presentación de su crédito deberá, sin embargo, llevar el encabezamiento "Presentación de crédito" en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado en que se haya abierto el procedimiento. Además, se le podrá exigir una traducción de la presentación del crédito de dicha lengua.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 43

Ámbito territorial de aplicación

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán únicamente a los procedimientos de insolvencia que se abran después de la fecha de su entrada en vigor. Los actos jurídicos que el deudor haya llevado a cabo antes de la entrada en vigor del presente Reglamento continuarán sujetos a la ley que les fuese aplicable en el momento de su celebración.

Artículo 44

Relación con los Convenios

1. Tras su entrada en vigor, el presente Reglamento, en las relaciones entre los Estados miembros, sustituirá, y para las materias a las que se refiere, a los Convenios suscritos entre dos o más Estados miembros, en particular:

- el Convenio entre Bélgica y Francia relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Paris el 8 de julio de 1899,

- el Convenio entre Bélgica y Austria sobre la quiebra, el concordato y el aplazamiento de pago (con el Protocolo adicional de 13 de junio de 1973), firmado en Bruselas el 16 de julio de 1969,

- el Convenio entre Bélgica y los Países Bajos relativo a la competencia judicial territorial, procedimientos de insolvencia y reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 28 de marzo de 1925,

- el Tratado entre Alemania y Austria sobre quiebra y concordato, firmado en Viena el 25 de mayo de 1979,

- el Convenio entre Francia y Austria sobre la competencia judicial, en reconocimiento y la ejecución de las decisiones sobre quiebra, firmado en Viena el 27 de febrero de 1979,

- el Convenio entre Francia e Italia relativo a la ejecución de las actas judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 3 de junio de 1930,

- el Convenio entre Italia y Austria sobre quiebra y concordato, firmado en Roma el 12 de julio de 1977,

- el Convenio entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal de Alemania relativo al reconocimiento y a la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales y otras obligaciones en materia civil y mercantil, firmado en La Haya el 30 de agosto de 1962,

- el Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia, relativo a la quiebra, firmado en Copenhague el 11 de noviembre de 1933,

- el Convenio europeo relativo a determinados aspectos internacionales de los procedimientos de insolvencia, firmado en Estambul el 5 de junio de 1990.

2. Los Convenios mencionados en el apartado 1 seguirán surtiendo efecto en las materias en las que se aplica el presente Convenio, cuando se trate de procedimientos abiertos antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.

3. El presente Reglamento no será aplicable:

- en cualquier Estado miembro cuando lo dispuesto en el mismo sea incompatible con las obligaciones en materia de quiebra resultantes de un Convenio celebrado antes de la entrada en vigor del presente Reglamento por dicho Estado y uno o varios terceros Estados.

Artículo 45

Modificación de los anexos

Los anexos del presente Reglamento podrán ser modificados por decisión del Consejo.

Artículo 46

Entrada en vigor

En presente Reglamento entrará en vigor el ...

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el ...

Por el Consejo

El Presidente

(1) Dictamen emitido el ... (no publicado aún en el Diario Oficial)

(2) Dictamen emitido el ... (no publicado aún en el Diario Oficial)

(3) DO L 299 de 31.12.1972, p. 32.

(4) DO L 204 de 2.8.1975, p. 28.

DO L 304 de 30.10.1978, p. 1.

DO L 388 de 31.12.1982, p. 1.

DO L 285 de 3.10.1989, p. 1.

DO C 15 de 15.1.1997, p. 1.

(5) DO L 166 de 11.6.1998, p. 45.

ANEXO A

BELGIQUE/BELGIË

- La faillite/Het faillissement

- Concordat judiciaire/Het gerechtelijk akkoord

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren

- Das gerichtliche Vergleichsverfahren

- Das Gesamtvollstreckungsverfahren

- Das Insolvenzverfahren

ELLAS

- Πτώχευση

- Η ειδική εκκαθάριση

- Η προσωρινή διαχείριση εταιρίας. Η διοίκηση και η διαχείριση των πιστωτών

- Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας με τους πιστωτές

ESPAÑA

- Concurso de acreedores

- Quiebra

- Suspensión de pagos

FRANCE

- Liquidation judiciaire

- Redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur

ITALIA

- Fallimento

- Concordato preventivo

- Liquidazione coatta amministrativa

- Amministrazione straordinaria

- Amministrazione controllata

LUXEMBOURG

- Faillite

- Gestion contrôlée

- Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)

- Régime spécial de liquidation du notariat

NEDERLAND

- Het faillissement

- De surséance van betaling

ÖSTERREICH

- Das Konkursverfahren

- Das Ausgleichsverfahren

- Das Vorverfahren

PORTUGAL

- O processo de falência

- Os processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

- A concordata

- O acordo de credores

- A reestruturação financeira

- A gestão controlada

SUOMI/FINLAND

- Konkurssi/konkurs

- Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

- Konkurs

- Offentligt ackord

- Företagsrekonstruktion

ANEXO B

BELGIQUE/BELGIË

- La faillite/Het faillissement

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren

- Das Gesamtvollstreckungsverfahren

- Das Insolvenzverfahren

ELLAS

- Πτώχευση

- Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

- Concurso de acreedores

- Quiebra

- Suspensión de pagos basada en la insolvencia definitiva

FRANCE

- Liquidation judiciaire

ITALIA

- Fallimento

- Liquidazione coatta amministrativa

LUXEMBOURG

- Faillite

- Régime spécial de liquidation du notariat

NEDERLAND

- Het faillissement

ÖSTERREICH

- Das Konkursverfahren

PORTUGAL

- O processo de falência

SUOMI/FINLAND

- Konkurssi/konkurs

SVERIGE

- Konkurs

ANEXO C

BELGIQUE/BELGIË

- Le curateur/de curator

- Le juge délégué/de rechter-commissaris

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter

- Vergleichsverwalter

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Verwalter

- Insolvenzverwalter

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Treuhänder

ELLAS

- Σύνδικος

- Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

- Ο ειδικός εκκαθαριστής

- Ο επίτροπος

ESPAÑA

- Depositario-administrador

- Interventor o interventores

- Síndicos

- Comisario

FRANCE

- Représentant des créanciers

- Mandataire liquidateur

- Administrateur judiciaire

- Commissaire à l'exécution de plan

ITALIA

- Curatore

- Commissario liquidatore

LUXEMBOURG

- Le curateur

- Le commissaire

- Le liquidateur

- Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat

NEDERLAND

- De curator in het faillissement

- De bewindvoerder in de surséance van betaling

ÖSTERREICH

- Masseverwalter

- Ausgleichsverwalter

- Sachwalter

- Treuhänder

- Besonderer Verwalter

- Vorläufiger Verwalter

- das Konkursgericht

PORTUGAL

- Gestor judicial

- Liquidatário judicial

- Comissão de Credores

SUOMI/FINLAND

- Pesänhoitaja/boförvaltare

- Selvittäjä/utredare

SVERIGE

- Förvaltare

- God man

- Rekonstruktör