Corrección de errores del Reglamento (CE) no 817/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)

( Diario Oficial de la Unión Europea L 153 de 30 de abril de 2004 )

El Reglamento (CE) no 817/2004 se leerá como sigue:

REGLAMENTO (CE) No 817/2004 DE LA COMISIÓN

de 29 de abril de 2004

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (1), y, en particular, sus artículos 34, 45 y 50,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no 1257/1999 establece un único marco jurídico para la ayuda del FEOGA al desarrollo rural, definiendo, en particular, en su título II, las medidas con derecho a ayuda, sus objetivos y sus criterios de subvencionabilidad. Dicho marco se aplica a la ayuda al desarrollo rural en toda la Comunidad.

(2) Para completar ese marco, se adoptó el Reglamento (CE) no 445/2002 de la Comisión, de 26 de febrero de 2002, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (2), teniendo en cuenta la experiencia adquirida gracias a los instrumentos aplicados en virtud de los distintos reglamentos del Consejo que se han derogado de conformidad con el apartado 1 del artículo 55 del Reglamento (CE) no 1257/1999.

(3) El Reglamento (CE) no 445/2002 se ha modificado considerablemente. Además, como parte de la modificación del Reglamento (CE) no 1257/1999, se han introducido cuatro medidas nuevas que requieren las correspondientes disposiciones de aplicación. Por otra parte, habida cuenta de la experiencia adquirida desde el inicio del período de programación, procede aclarar determinadas disposiciones, en particular por lo que respecta al procedimiento de modificación de los documentos de programación, a la gestión financiera de los programas y a los controles. Así pues, en aras de la claridad y de la racionalidad, es conveniente adoptar un nuevo reglamento por el que se establezcan disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 y derogar el Reglamento (CE) no 445/2002.

(4) Dichas disposiciones deben ajustarse al principio de subsidiariedad y limitarse, por lo tanto, a las disposiciones cuya adopción es necesaria a nivel comunitario.

(5) Por lo que respecta a los criterios de subvencionabilidad, la concesión de ayudas a la inversión en explotaciones agrarias y en establecimientos de transformación y la concesión de ayudas a los jóvenes agricultores están supeditadas a tres condiciones básicas establecidas en el Reglamento (CE) no 1257/1999. Procede determinar en qué momento deben cumplirse estas condiciones y precisar la duración del plazo que podrán otorgar los Estados miembros a determinados beneficiarios para el respeto de las normas mínimas, en caso de realización de inversiones con el fin de garantizar el respeto de tales normas.

(6) En el caso de las inversiones en explotaciones agrarias y en establecimientos de transformación, la ayuda comunitaria está condicionada a la existencia de salidas comerciales normales para los productos de que se trate. Deben establecerse disposiciones de aplicación relativas a la evaluación de dichas salidas comerciales.

(7) No procede que la ayuda a la formación profesional se amplíe a los programas reglados de educación agraria y forestal.

(8) Por lo que respecta a las condiciones para la concesión de ayudas al cese anticipado de la actividad agraria, es necesario resolver los problemas específicos derivados de la transferencia de una explotación por varios cesionistas y de la transferencia de una explotación por un arrendatario.

(9) En las zonas desfavorecidas, las indemnizaciones compensatorias relativas a las superficies utilizadas por varios agricultores de forma conjunta deben poder concederse a cada uno de ellos proporcionalmente a sus derechos de utilización.

(10) Conviene precisar las competencias y los medios con los que deberán contar las autoridades o los organismos seleccionados para prestar servicios de asesoramiento agrícola.

(11) Por lo que respecta a las ayudas agroambientales o relativas al bienestar de los animales, el establecimiento de las condiciones mínimas que deben cumplir los agricultores en relación con los distintos compromisos agroambientales o relativos al bienestar de los animales debe garantizar una aplicación equilibrada de las ayudas teniendo en cuenta sus objetivos y contribuyendo de esta manera al desarrollo rural sostenible.

(12) En relación con las ayudas otorgadas a los agricultores que participan en un régimen de calidad, conviene precisar los productos a los que van destinados dichas ayudas, así como los tipos de costes fijos que pueden tenerse en cuenta al calcular su importe.

(13) Para garantizar la complementariedad entre las medidas de promoción establecidas en virtud del artículo 24 quinquies del Reglamento (CE) no 1257/1999 y el régimen relativo a acciones de información y promoción que establece el Reglamento (CE) no 2826/2000 del Consejo, de 19 de diciembre de 2000, sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior (3), deben definirse con mayor precisión las condiciones por las que se rigen las ayudas al fomento de los productos de calidad, en particular por lo que respecta a los beneficiarios y a las actuaciones subvencionables. Por otra parte, para evitar el riesgo de doble financiación, es necesario excluir las ayudas en el marco del desarrollo rural destinadas a las acciones de información y de promoción subvencionadas con arreglo al Reglamento (CE) no 2826/2000.

(14) Deben fijarse los criterios de selección de las inversiones destinadas a mejorar la transformación y comercialización de los productos agrícolas. Habida cuenta de la experiencia adquirida, conviene que dichos criterios de selección se basen en mayor medida en principios generales que en disposiciones sectoriales.

(15) Procede establecer excepciones, en determinadas condiciones, a lo dispuesto en el segundo guión del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento (CE) no 1257/1999, que excluye las ayudas a las inversiones para transformar o comercializar productos de terceros países en regiones comunitarias ultraperiféricas.

(16) Determinados bosques que están excluidos de la ayuda a la silvicultura en virtud del apartado 3 del artículo 29 del Reglamento (CE) no 1257/1999 deben ser objeto de una definición más precisa.

(17) Procede establecer condiciones detalladas en relación con las ayudas concedidas para la forestación de tierras agrícolas y con los pagos concedidos para actividades de mantenimiento y mejora del equilibrio ecológico de los bosques.

(18) De conformidad con el artículo 33 del Reglamento (CE) no 1257/1999, se conceden ayudas para otras medidas relacionadas con las actividades agrarias y su conversión y con las actividades rurales, siempre que no estén incluidas en el ámbito de cualquier otra medida de desarrollo rural. Habida cuenta de la amplia variedad de medidas que podrían incluirse en este artículo, parece adecuado dejar que las condiciones para la concesión de ayudas las fijen en primer lugar los Estados miembros en el ámbito de la programación.

(19) Deben establecerse disposiciones comunes a diversas medidas que aseguren, en particular, la aplicación de los principios de buenas prácticas agrarias habituales, cuando las medidas hagan referencia a este criterio y garanticen la flexibilidad necesaria en los compromisos a largo plazo, para tener en cuenta los sucesos que puedan afectar a estos compromisos, sin poner en peligro, no obstante, la aplicación eficaz de las distintas medidas de ayuda.

(20) Debe distinguirse claramente entre la financiación de la ayuda al desarrollo rural y la de la ayuda prevista en el ámbito de las organizaciones comunes de mercado. Cualquier excepción al principio según el cual las medidas incluidas en los programas de ayuda de las organizaciones comunes de mercado no pueden disfrutar de la ayuda al desarrollo rural debe ser propuesta por los Estados miembros en sus programas, en función de sus necesidades específicas y con arreglo a un procedimiento transparente.

(21) Los pagos correspondientes a la ayuda al desarrollo rural deben abonarse íntegramente a los beneficiarios.

(22) El Reglamento (CE) no 1685/2000 de la Comisión (4) establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (5), en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y, por consiguiente, por la sección de Orientación del FEOGA. En aras de una mayor coherencia, es conveniente que las disposiciones del Reglamento (CE) no 1685/2000 puedan aplicarse a las medidas cofinanciadas por la sección de Garantía del FEOGA, salvo en caso de que se disponga lo contrario en el Reglamento (CE) no 1257/1999, en el Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común (6), y en el presente Reglamento.

(23) La fijación de los baremos para los precios unitarios constituye una práctica frecuente en el caso de determinadas inversiones cofinanciadas en virtud de los guiones primero, segundo y sexto del artículo 30, así como del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1257/1999. En aras de una mayor claridad y al objeto de simplificar la gestión de estas medidas, parece pertinente prever, a partir del año 2000, la posibilidad de dispensar a los beneficiarios de la presentación de las facturas exigida por el Reglamento (CE) no 1685/2000. Procede igualmente establecer las condiciones de aplicación de dichos baremos, con vistas a garantizar una gestión eficaz de su utilización por parte de los Estados miembros.

(24) La Decisión 1999/659/CE de la Comisión, de 8 de septiembre de 1999, por la que se establece una distribución indicativa entre los Estados miembros de las asignaciones con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola para las medidas de desarrollo rural durante el período 2000-2006 (7), especifica el tipo de gastos que forman parte de la dotación asignada a los Estados miembros. Por otro lado, según el Reglamento (CE) no 2603/1999 de la Comisión, de 9 de diciembre de 1999, por el que se establecen disposiciones transitorias para la ayuda al desarrollo rural prevista por el Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo (8), los pagos relativos a determinados compromisos contraídos antes del 1 de enero de 2000 pueden integrarse, en determinadas condiciones, en la programación del desarrollo rural correspondiente al período 2000-2006. Procede, pues, precisar qué incluye el importe global de la ayuda comunitaria que se determina para cada programa de desarrollo rural en el documento de programación aprobado por la Comisión.

(25) En el caso de los Estados miembros que han optado por una programación de desarrollo rural regionalizada, procede prever, al objeto de permitir una gestión financiera más flexible, la posibilidad de indicar el importe global de la ayuda comunitaria otorgada a cada programa regional en una decisión separada que incluya un cuadro financiero consolidado relativo al conjunto del Estado miembro en cuestión.

(26) Por otra parte, según el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común (9), los importes procedentes, por un lado, de las sanciones por incumplimiento de los requisitos en materia de protección del medio ambiente y, por otro, de la modulación, deben permanecer a disposición de los Estados miembros en concepto de ayuda comunitaria adicional para determinadas medidas de desarrollo rural. Es necesario precisar los conceptos que la Comisión debe aprobar en relación con esas medidas.

(27) Deben establecerse disposiciones de aplicación para la presentación y revisión de los programas de desarrollo rural.

(28) Para facilitar la creación de programas de desarrollo rural y su examen y aprobación por la Comisión, deben fijarse normas comunes en lo referente a la estructura y contenidos de dichos programas sobre la base, en particular, de los requisitos establecidos en el artículo 43 del Reglamento (CE) no 1257/1999.

(29) Deben establecerse condiciones sobre las modificaciones en la documentación relativa a la programación del desarrollo rural, para permitir un examen eficaz y rápido de las mismas por la Comisión.

(30) Únicamente deben someterse al procedimiento del comité de gestión las modificaciones que introduzcan cambios importantes en los documentos de programación del desarrollo rural. Cualquier otro tipo de modificación debe ser decidido por los Estados miembros y comunicado a la Comisión.

(31) Con el fin de garantizar un seguimiento eficaz y regular, es necesario que los Estados miembros tengan a disposición de la Comisión una versión electrónica consolidada y actualizada de sus documentos de programación.

(32) De acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 35 del Reglamento (CE) no 1257/1999, deben establecerse disposiciones detalladas en lo relativo a los planes de financiación y a la participación en la financiación de las medidas financiadas por la sección de Garantía del FEOGA.

(33) A este respecto, los Estados miembros deben informar periódicamente a la Comisión acerca de la situación de la financiación de las medidas de desarrollo rural.

(34) Es oportuno tomar medidas que garanticen la utilización eficaz de los créditos destinados a la ayuda al desarrollo rural y, en concreto, disponer la concesión por la Comisión de un primer anticipo para los organismos pagadores y la adaptación de las dotaciones en función de las necesidades y resultados anteriores. Asimismo, para facilitar la aplicación de medidas de inversión, es conveniente prever la posibilidad de conceder, en determinadas condiciones, anticipos a determinadas categorías de beneficiarios.

(35) Las disposiciones comunes sobre disciplina presupuestaria y, en particular, las relativas a las declaraciones incompletas o incorrectas de los Estados miembros se sumarán a las disposiciones de aplicación establecidas en el presente Reglamento.

(36) Los pormenores de la administración financiera de las medidas de desarrollo rural deben regularse mediante las normas adoptadas para la aplicación del Reglamento (CE) no 1258/1999.

(37) Los procedimientos y requisitos para el seguimiento y evaluación deben establecerse sobre la base de los principios aplicables a otras medidas de ayuda comunitaria, en particular, de los derivados del Reglamento (CE) no 1260/1999.

(38) Las disposiciones administrativas deben permitir una mejor gestión, seguimiento y control de la ayuda al desarrollo rural. En aras de la simplicidad, conviene aplicar, en la medida de lo posible, el sistema integrado de gestión y control contemplado en el capítulo IV del título II del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (10), cuyas disposiciones de aplicación se establecen en el Reglamento (CE) no 2419/2001 de la Comisión (11).

(39) Procede establecer un régimen de sanciones adecuado tanto a nivel comunitario como en los Estados miembros.

(40) La información sobre la aplicación de las antiguas medidas complementarias establecidas en los Reglamentos del Consejo (CEE) no 2078/92 (12), (CEE) no 2079/92 (13), y (CEE) no 2080/92 (14), que forman parte de la programación financiera para el período 2000-2006, deben figurar entre los datos incluidos en el Informe Anual de ejecución previsto en el apartado 2 del artículo 48 del Reglamento (CE) no 1257/1999. Por otra parte, los gastos derivados de estas medidas deben incluirse en la información que los Estados miembros han de facilitar a más tardar el 30 de septiembre de cada año.

(41) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de estructuras agrarias y desarrollo rural.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL

SECCIÓN 1

Inversiones en las explotaciones agrarias

Artículo 1

El plazo para el cumplimiento de las nuevas normas que podrán otorgar los Estados miembros con arreglo al apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1257/1999 no deberá ser superior a 36 meses a partir de la fecha en la que la norma se convierte en obligatoria para el agricultor. El período de inversiones contemplado en el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1257/1999 deberá finalizar dentro del plazo establecido en el primer párrafo.

El plazo establecido en el primer párrafo no se aplicará a las solicitudes de ayuda presentadas antes del 7 de mayo de 2004.

Artículo 2

1. A efectos del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1257/1999, la existencia de salidas normales al mercado se evaluará en el nivel apropiado en relación con:

a) los productos en cuestión;

b) los tipos de inversión;

c) la capacidad actual y la prevista.

2. Se tendrán en cuenta cualesquiera restricciones de la producción o limitaciones de la ayuda comunitaria en virtud de las organizaciones comunes de mercado.

3. En caso de que, en virtud de una organización común de mercado, existan restricciones de la producción o limitaciones de la ayuda comunitaria en relación con los agricultores individuales, las explotaciones o los establecimientos de transformación, no se concederá ayuda por las inversiones que estén destinadas a aumentar la producción por encima de dichas restricciones o limitaciones.

Artículo 3

En los casos en los que las inversiones sean realizadas por jóvenes agricultores, se aplicará el apartado 2 del artículo 4.

SECCIÓN 2

Instalación de jóvenes agricultores

Artículo 4

1. Las condiciones para la ayuda destinada a facilitar la instalación de jóvenes agricultores, establecidas en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1257/1999 deberán cumplirse en el momento de adoptar la decisión individual de concesión de la ayuda.

2. En lo referente a los conocimientos y competencia profesionales, la viabilidad económica y las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, podrá autorizarse, no obstante, un período de adaptación de hasta cinco años después de la instalación para el cumplimiento de estas condiciones, siempre que sea necesario para facilitar la instalación de los jóvenes agricultores o el ajuste estructural de sus explotaciones agrarias.

Artículo 5

La decisión individual sobre la ayuda prevista en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1257/1999 deberá adoptarse como máximo en el plazo de los 12 meses siguientes al momento de la instalación, según se define en las disposiciones vigentes en los Estados miembros.

SECCIÓN 3

Formación

Artículo 6

La ayuda a la formación profesional no incluirá los cursos de preparación o formación que formen parte de programas o sistemas reglados de educación agrícola o forestal de enseñanza secundaria o superior.

SECCIÓN 4

Cese anticipado de la actividad agraria

Artículo 7

En el caso que la explotación sea cedida por varios cesionistas, la ayuda total estará limitada al importe establecido para un cesionista.

Artículo 8

La actividad agraria sin fines comerciales efectuada por el cesionista de conformidad con el primer guión del apartado 1 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 1257/1999 no podrá acogerse a las ayudas previstas en la política agrícola común.

Artículo 9

El arrendatario podrá transferir al propietario la tierra que quede libre, siempre que se ponga fin al arrendamiento y se cumplan los requisitos vinculados al cesionario pertinente, establecidos en el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 1257/1999.

Artículo 10

Las tierras que queden libres podrán incluirse en una operación de concentración parcelaria o de simple intercambio de parcelas.

En tales casos, las condiciones aplicables a las tierras que queden libres deberán aplicarse a las superficies agronómicamente equivalentes a las de estas últimas.

Por otra parte, los Estados miembros podrán disponer que las tierras que queden libres pasen a disposición de un organismo que se comprometa a transferirlas posteriormente a un cesionario que cumpla las condiciones establecidas sobre cese anticipado de la actividad agraria.

SECCIÓN 5

Zonas desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales específicas

Artículo 11

Las indemnizaciones compensatorias relativas a las superficies utilizadas por varios agricultores de forma conjunta con el fin de destinarlas al pastoreo podrán concederse a cada uno de ellos proporcionalmente a su utilización o derecho de utilización de esas superficies.

SECCIÓN 6

Respeto de la normativa

Artículo 12

Las autoridades y los organismos privados seleccionados para prestar los servicios de asesoramiento agrícola que contempla el apartado 2 del artículo 21 quinquies del Reglamento (CE) no 1257/1999 deberán disponer de recursos adecuados tanto de personal cualificado como de equipamiento administrativo y técnico, así como de experiencia y fiabilidad acerca del asesoramiento que proporcionarán en relación con los requisitos reglamentarios contemplados en el apartado 1 del artículo 21 quinquies del Reglamento (CE) no 1257/1999.

SECCIÓN 7

Medidas agroambientales y de bienestar de los animales

Artículo 13

Los compromisos para llevar a cabo una ganadería extensiva o cualquier otra forma de gestión de la ganadería deberán cumplir, como mínimo, las condiciones siguientes:

a) deberá mantenerse la gestión de los pastos;

b) el ganado deberá distribuirse en la explotación agraria de forma que se mantenga la totalidad de la superficie de pastos, evitando tanto el pastoreo excesivo como su infrautilización;

c) la densidad del ganado se determinará teniendo en cuenta la totalidad de los animales que pasten en la explotación o, tratándose de un compromiso encaminado a reducir la lixiviación de elementos fertilizantes, la totalidad de los animales de la explotación que deban tenerse en cuenta en el compromiso en cuestión.

Artículo 14

1. La ayuda podrá incluir los compromisos siguientes:

a) criar animales domésticos de razas locales autóctonas de la zona y amenazadas de abandono;

b) preservar los recursos genéticos vegetales que estén naturalmente adaptados a las condiciones locales y regionales y que estén amenazados de erosión genética.

2. Las razas locales y los recursos genéticos vegetales deberán desempeñar una función en la conservación del medio ambiente en el área concreta en que se aplique la medida prevista en el apartado 1.

En el cuadro que figura en el anexo I del presente Reglamento se recogen las especies de animales domésticos subvencionables y los criterios por los que se determina el umbral de abandono de las razas locales.

Artículo 15

A efectos del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 24 del Reglamento (CE) no 1257/1999, se considerarán inversiones no productivas las que, por lo general, no produzcan un aumento neto significativo del valor o de la rentabilidad de la explotación.

Artículo 16

Los compromisos agroambientales suscritos que excedan del período mínimo de cinco años contemplado en el apartado 1 del artículo 23 del Reglamento (CE) no 1257/1999 no podrán prorrogarse por un período mayor del razonablemente necesario para producir sus efectos ambientales. Por lo general, no deberán exceder de diez años, salvo en el caso de compromisos específicos en los que se considere indispensable un período más largo.

Artículo 17

Los diferentes compromisos agroambientales o relativos al bienestar de los animales podrán combinarse siempre que sean complementarios y compatibles entre sí

En caso de que exista dicha combinación, la cuantía de la ayuda tendrá en cuenta las pérdidas de renta y los costes adicionales específicos resultantes de la misma.

Artículo 18

1. El nivel de referencia para calcular las pérdidas de renta y los costes adicionales resultantes de los compromisos contraídos será el que corresponda a las buenas prácticas agrarias habituales de la zona en que se aplique la medida.

Cuando las circunstancias agronómicas o medioambientales lo justifiquen, podrán tomarse en consideración las consecuencias económicas del abandono de tierras o de la suspensión de determinadas prácticas agrarias.

2. Cuando los compromisos se expresen normalmente en unidades que no sean las utilizadas en el anexo del Reglamento (CE) no 1257/1999, los Estados miembros podrán calcular los pagos basándose en tales unidades. En esos casos, los Estados miembros velarán por que se respeten los importes anuales máximos subvencionables de la ayuda comunitaria previstos en el anexo mencionado. Con este fin, los Estados miembros tendrán la alternativa siguiente:

a) establecer un límite para el número de unidades por hectárea de la explotación en la que se aplican los compromisos agroambientales;

b) determinar el importe máximo global para cada explotación en cuestión y garantizar que los pagos para cada una de ellas son compatibles con dicho límite.

3. Los pagos podrán basarse en las limitaciones para la utilización de fertilizantes, productos fitosanitarios u otros insumos, siempre que dichas limitaciones sean técnica y económicamente mensurables.

Artículo 19

Los Estados miembros determinarán, basándose en criterios objetivos, la necesidad de proporcionar un incentivo financiero con arreglo a lo dispuesto en el tercer guión del apartado 1 del artículo 24 del Reglamento (CE) no 1257/1999.

Este incentivo no podrá exceder del 20 % de las pérdidas de renta o de los costes suplementarios derivados de los compromisos contraídos, excepto en el caso de compromisos específicos en los que se considere necesario un porcentaje superior para la aplicación efectiva de la medida.

Artículo 20

Los agricultores que contraigan un compromiso agroambiental o relativo al bienestar de los animales destinado a una parte de la explotación deberán respetar, como mínimo, las normas de buenas prácticas agrarias habituales en el conjunto de la explotación.

Artículo 21

1. Los Estados miembros podrán autorizar la transformación de un compromiso en otro durante el período de ejecución de aquél, en las condiciones siguientes:

a) que dicha transformación constituya un beneficio indiscutible para el medio ambiente o para el bienestar de los animales;

b) que el compromiso existente se refuerce de forma significativa;

c) que el programa aprobado incluya los compromisos en cuestión.

De acuerdo con las condiciones contempladas en las letras a) y b) del primer párrafo, podrá autorizarse la transformación de un compromiso agroambiental en un compromiso para forestación de tierras agrícolas de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1257/1999. El compromiso agroambiental terminará sin que se exija el reembolso.

2. Los Estados miembros podrán realizar adaptaciones de los compromisos agroambientales o relativos al bienestar de los animales durante su período de ejecución, siempre que el programa aprobado contemple esa posibilidad y que la adaptación esté debidamente justificada considerando los objetivos del compromiso.

SECCIÓN 8

Calidad alimentaria

Subsección 1

Participación en los regímenes de calidad alimentaria

Artículo 22

1. Las ayudas que prevé el artículo 24 ter del Reglamento (CE) no 1257/1999 sólo podrán concederse a los agricultores que participen en regímenes de calidad si el producto agrícola o alimenticio de que se trate ha sido oficialmente reconocido en virtud de los Reglamentos o de los regímenes de calidad nacionales contemplados, respectivamente, en los apartados 2 y 3 de dicho artículo.

2. Cuando se prevea en un documento de programación de desarrollo rural una ayuda en virtud del artículo 24 ter del Reglamento (CE) no 1257/1999 para la participación en un régimen de calidad previsto por el Reglamento (CE) no 2092/91 del Consejo (15) para un producto determinado, los costes fijos derivados de la participación en este régimen de calidad no podrán ser tenidos en cuenta para el cálculo de la cantidad de la ayuda en el marco de una ayuda medioambiental que financie la agricultura biológica para ese mismo producto.

Los «costes fijos» a los que se refiere el artículo 24 quater del Reglamento (CE) no 1257/1999 se entenderán como los gastos realizados para acceder a un régimen de calidad y las cotizaciones anuales relacionadas con la participación en dicho régimen, incluidos, cuando proceda, los gastos de control relacionados con el cumplimiento del pliego de condiciones.

Subsección 2

Promoción de productos de calidad

Artículo 23

A efectos del apartado 1 del artículo 24 quinquies del Reglamento (CE) no 1257/1999, se entenderá por «agrupación de productores» cualquier organización que reúna, con independencia de su forma jurídica, a los operadores que participan activamente en uno de los regímenes de calidad relacionados con un producto agrícola o un producto alimentario específico que contempla el artículo 24 ter de dicho Reglamento.

Las organizaciones profesionales o interprofesionales que sean representativas de uno o varios sectores no pueden considerarse como una agrupación de productores en el sentido del primer parágrafo.

Artículo 24

A efectos del apartado 2 del artículo 24 quinquies del Reglamento (CE) no 1257/1999, las actividades de información, promoción y publicidad que podrán optar a las ayudas deberán ser acciones destinadas a animar a los consumidores a que adquieran productos agrícolas o alimenticios acogidos a los regímenes de calidad inscritos en el documento de programación en virtud de la medida denominada «participación en los regímenes de calidad alimentaria».

Dichas actividades tendrán por objeto destacar las características específicas o las ventajas del producto de que se trate, en particular por lo que respecta a aspectos vinculados al régimen en cuestión, como son la calidad, los métodos de producción específica, el bienestar de los animales y el respeto del medio ambiente y divulgar los conocimientos técnicos y científicos en relación con dicho producto.

Las actividades podrán incluir, en concreto, la organización de ferias y exposiciones, la participación en las mismas, las acciones de relaciones públicas similares y la publicidad a través de los distintos medios de comunicación o en los puntos de venta.

Artículo 25

1. Sólo podrán optar a las ayudas previstas en el artículo 24 quinquies del Reglamento (CE) no 1257/1999 las actividades de información, promoción y publicidad en el mercado interior.

2. Las actividades previstas en el artículo 24 del presente Reglamento no podrán estar orientadas en función de marcas comerciales, ni animar al consumo de un producto debido a su origen concreto, salvo cuando se trate de los productos acogidos al régimen de calidad que establece el Reglamento (CE) no 2081/92 del Consejo (16), así como de los contemplados en el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (17).

Esta disposición no excluye la posibilidad de indicar el origen del producto que sea objeto de las actividades, siempre y cuando dicha referencia al origen sea secundaria en relación con el mensaje principal.

3. Cuando las actividades que se describen en el artículo 24 del presente Reglamento guarden relación con un producto acogido a uno de los regímenes de calidad contemplados en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 24 ter del Reglamento (CE) no 1257/1999, el logotipo comunitario previsto por dichos regímenes deberá figurar en los materiales de información, promoción o publicidad.

4. Las acciones de información y de promoción subvencionadas con arreglo al Reglamento (CE) no 2826/2000 no podrán recibir una ayuda en virtud del artículo 24 quinquies del Reglamento (CE) no 1257/1999.

Artículo 26

Los Estados Miembros habrán de velar por que los proyectos de materiales de información, promoción o publicidad elaborados en el marco de las actividades beneficiarias de una ayuda con arreglo al artículo 24 quinquies del Reglamento (CE) no 1257/1999 se ajusten a la normativa comunitaria. A tal efecto, los beneficiarios deberán remitir a la autoridad competente del Estado miembro dichos proyectos.

SECCIÓN 9

Mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas

Artículo 27

El gasto subvencionable podrá cubrir:

a) la construcción y adquisición de bienes inmuebles, excepto la compra de terrenos;

b) la adquisición de nueva maquinaria y de equipo, incluidos los programas informáticos;

c) los gastos generales, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad, adquisición de patentes y licencias.

Los gastos mencionados en la letra c) del primer párrafo se añadirán al gasto a que se refieren las letras a) y b) y se considerarán gastos subvencionables hasta un límite del 12 % de dicho gasto. Para la experimentación de nuevas tecnologías a la que se refiere el cuarto guión del apartado 2 del artículo 25 del Reglamento (CE) no 1257/1999, dicho límite podrá alcanzar el 25 %.

Artículo 28

1. A efectos del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 26 del Reglamento (CE) no 1257/1999, se entenderá por «pequeñas unidades de transformación» las empresas que empleen a menos de diez trabajadores y cuyo volumen de negocios anual o balance anual total no supere los 2 millones de euros.

2. El plazo para el cumplimiento de las nuevas normas que podrán otorgar los Estados miembros con arreglo al segundo párrafo del apartado 1 del artículo 26 del Reglamento (CE) no 1257/1999 no podrá ser superior a treinta y seis meses a partir de la fecha en la cual la norma se convierte en obligatoria para la pequeña unidad de transformación.

El período de inversiones contemplado en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 26 del Reglamento (CE) no 1257/1999 deberá finalizar dentro del plazo establecido en el segundo párrafo del presente artículo.

Artículo 29

1. A efectos del apartado 3 del artículo 26 del Reglamento (CE) no 1257/1999, la existencia de salidas normales al mercado se evaluará en el nivel apropiado en relación con:

a) los productos en cuestión;

b) los tipos de inversión;

c) la capacidad actual y la prevista.

2. Se tendrán en cuenta cualesquiera restricciones de la producción o limitaciones de la ayuda comunitaria en virtud de las organizaciones comunes de mercado.

Artículo 30

En las regiones ultraperiféricas, podrán concederse ayudas a la inversión en los sectores de la transformación y comercialización de productos de terceros países, a condición de que los productos transformados se destinen al mercado de la región en cuestión.

A efectos del cumplimiento de la condición prevista en el primer párrafo, la ayuda estará limitada a la capacidad de transformación que corresponda a las necesidades regionales, siempre que la capacidad de transformación no sea superior a esas necesidades.

SECCIÓN 10

Silvicultura

Artículo 31

Los bosques excluidos de la ayuda a la silvicultura, de conformidad con el apartado 3 del artículo 29 del Reglamento (CE) no 1257/1999, serán:

a) los bosques y otras superficies forestales que sean propiedad de las administraciones centrales o regionales o pertenezcan a empresas públicas;

b) los bosques y otras superficies forestales propiedad de la Corona;

c) los bosques propiedad de personas jurídicas cuyo capital pertenezca en un 50 %, como mínimo, a alguna de las instituciones contempladas en las letras a) y b).

Artículo 32

Los Estados miembros especificarán las tierras agrícolas que puedan acogerse a la ayuda para la forestación de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1257/1999, que incluirán, en particular, las tierras cultivables, los pastos, los pastizales permanentes y las tierras destinadas a cultivos perennes, en las que se lleve a cabo la agricultura con carácter habitual.

Artículo 33

1. A efectos del segundo guión del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1257/1999, se entenderá por «agricultor» la persona que dedique la mayor parte de su actividad laboral a la realización de actividades agrarias y obtenga de ello una parte significativa de su renta, de conformidad con criterios detallados que serán establecidos por el Estado miembro.

2. A efectos del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1257/1999, los términos «especies de crecimiento rápido que se cultiven a corto plazo» se refieren a las especies cuyo período de rotación (intervalo que separa dos cortas principales en la misma parcela) sea inferior a 15 años.

Artículo 34

1. La ayuda prevista en el artículo 32 del Reglamento (CE) no 1257/1999 no podrá concederse para aquellas superficies que hayan recibido ayuda con arreglo al artículo 31 de dicho Reglamento.

2. Los pagos destinados a asegurar el mantenimiento de cortafuegos por medio de prácticas agrícolas, de conformidad con el segundo guión del apartado 1 del artículo 32 del Reglamento (CE) no 1257/1999, no se concederán para aquellas superficies que se beneficien de ayudas agroambientales.

Dichos pagos serán coherentes con cualesquiera restricciones de la producción o limitaciones de la ayuda comunitaria en virtud de las organizaciones comunes de mercado y tendrán en cuenta los pagos efectuados al amparo de éstas.

SECCIÓN 11

Normas comunes a diversas medidas

Artículo 35

1. A efectos del tercer guión del apartado 2 del artículo 14 y del párrafo primero del apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CE) no 1257/1999, las buenas prácticas agrarias habituales corresponderán a las prácticas normales que aplicaría un agricultor responsable en la región en cuestión.

Los Estados miembros definirán en sus programas de desarrollo rural prácticas normales comprobables. Dichas prácticas habrán de incluir, como mínimo, el cumplimiento de los requisitos medioambientales obligatorios generales. Por lo que respecta al apoyo relativo al bienestar de los animales incluido en la letra f) del segundo párrafo del artículo 22 del Reglamento (CE) no 1257/1999, dichas prácticas comprenderán como mínimo, el respeto de las requisitos obligatorios en este ámbito.

2. Cuando un Estado miembro establezca un plazo para el cumplimiento de una nueva norma tal y como prevé el artículo 1 del presente Reglamento o un plazo para el cumplimiento por parte de los jóvenes agricultores de las normas mínimas como está establecido en el apartado 2 del artículo 4 del presente Reglamento, el agricultor que se beneficie de este plazo continua siendo elegible para las indemnizaciones compensatorias incluidas en el capítulo V del Reglamento (CE) no 1257/1999 y/o a las ayudas agroambientales o relativas al bienestar de los animales incluidas en el capítulo VI del citado reglamento durante la duración de este plazo, bajo reserva del respeto del resto de las condiciones para la concesión de estas ayudas y a condición que el agricultor esté en conformidad con las normas en cuestión al final del plazo concedido.

Artículo 36

Si, durante el período de ejecución de un compromiso contraído como condición para la concesión de una ayuda, el beneficiario transfiere total o parcialmente su explotación a otra persona, ésta podrá asumir el compromiso durante el período que quede por cumplir. En caso contrario, el beneficiario estará obligado a reembolsar las ayudas percibidas.

Los Estados miembros tendrán la facultad de no requerir este reembolso si, en caso de cese definitivo de las actividades agrarias de un beneficiario que haya cumplido una parte significativa del compromiso, la asunción del compromiso por el sucesor no resulta factible.

Los Estados miembros podrán adoptar medidas específicas para evitar que, en caso de cambios insignificantes en la situación de la explotación, la aplicación del primer párrafo conduzca a resultados inadecuados en relación con el compromiso suscrito.

Artículo 37

1. En caso de que, durante el período de ejecución de un compromiso contraído como condición para la concesión de una ayuda, el beneficiario aumente la superficie de su explotación, los Estados miembros podrán ampliar el compromiso a la superficie adicional por el resto del período del mismo, de conformidad con el apartado 2, o sustituir el compromiso inicial del beneficiario por un nuevo compromiso, de conformidad con el apartado 3.

Asimismo, podrá preverse la sustitución en el caso de que la superficie sometida a compromiso se amplíe dentro de la explotación.

2. La ampliación a que se refiere el apartado 1 sólo podrá concederse en las condiciones siguientes:

a) deberá constituir un beneficio indiscutible en relación con la medida en cuestión;

b) habrá de estar justificada en lo que respecta a la naturaleza del compromiso, la duración del período restante y la dimensión de la superficie adicional;

c) no podrá ser en menoscabo de la comprobación efectiva del cumplimiento de las condiciones requeridas para la concesión de ayudas.

La superficie adicional a que se refiere la letra b) del primer párrafo deberá ser significativamente inferior a la superficie original y no exceder de dos hectáreas.

3. El nuevo compromiso a que se refiere el apartado 1 abarcará toda la superficie de que se trate, en condiciones, como mínimo, tan rigurosas como las del compromiso original.

Artículo 38

En caso que el beneficiario no pueda seguir asumiendo los compromisos suscritos debido a que su explotación es objeto de una operación de concentración parcelaria o de cualesquiera otras intervenciones públicas similares de ordenación territorial, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para adaptar los compromisos a la nueva situación de la explotación. Si dicha adaptación resulta imposible, el compromiso se dará por finalizado sin que se exija reembolso alguno por el período de compromiso efectivo.

Artículo 39

1. Sin perjuicio de las circunstancias concretas que se tomen en consideración en cada caso, los Estados miembros podrán admitir, en particular, las siguientes categorías de fuerza mayor:

a) el fallecimiento del productor;

b) una larga incapacidad profesional del productor;

c) la expropiación de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se suscribió el compromiso;

d) una catástrofe natural grave que afecte considerablemente a la superficie agraria de la explotación;

e) la destrucción accidental de los edificios para el ganado de la explotación;

f) una epizootía que afecte a todo el ganado del productor o a una parte de este.

Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de las categorías de fuerza mayor que reconozcan.

2. La notificación de los casos de fuerza mayor y las pruebas relativas a los mismos que se aporten a satisfacción de la autoridad competente deberán comunicarse por escrito a dicha autoridad en el plazo de diez días hábiles a partir del momento en que el productor esté en condiciones de hacerlo. Este plazo podrá prorrogarse en 20 días hábiles, siempre que tal posibilidad esté prevista en el documento de programación.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

SECCIÓN 1

Principios generales

Artículo 40

A efectos de la aplicación del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 37 del Reglamento (CE) no 1257/1999 se aplicarán las disposiciones de los artículos 41, 42 y 43 del presente Reglamento.

Artículo 41

1. Las medidas medioambientales aplicadas en el marco de las organizaciones comunes de mercados, de medidas de calidad agrícola y sanidad o de medidas de desarrollo rural distintas de la ayuda agroambiental no excluyen la ayuda agroambiental para las mismas producciones, siempre que esa ayuda complete y sea coherente con dichas medidas y a reserva de lo dispuesto en el apartado 3.

2. En caso de que exista la combinación a que se refiere el apartado 1, la cuantía de la ayuda tendrá en cuenta las pérdidas de renta y los costes adicionales específicos resultantes de la misma.

3. Las medidas agroambientales sobre la retirada de tierras en virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1251/1999 del Consejo (18) únicamente podrán beneficiarse de la ayuda en caso de que los compromisos sobrepasen las medidas de protección del medio ambiente adecuadas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 6 de dicho Reglamento.

A partir del 1 de enero de 2005, las nuevas medidas agroambientales sobre la retirada de tierras en virtud del artículo 54 o del artículo 107 del Reglamento (CE) no 1782/2003 únicamente podrán beneficiarse de la ayuda en caso de que los compromisos vayan más allá de los requisitos principales a que hace referencia el apartado 1 del artículo 3 de dicho Reglamento.

En el caso de extensificación en el sector de la carne de vacuno, la ayuda tendrá en cuenta la prima por extensificación abonada con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo (19).

En el caso de las ayudas para las zonas desfavorecidas y de las ayudas para las zonas sometidas a restricciones medioambientales, los compromisos agroambientales tendrán en cuenta las condiciones establecidas para las ayudas en las zonas correspondientes.

Artículo 42

En ningún caso el mismo compromiso podrá beneficiarse al mismo tiempo de los pagos en virtud de la ayuda agroambiental y de cualquier otro régimen de ayuda comunitario.

Artículo 43

Las excepciones contempladas en el primer guión del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 37 del Reglamento (CE) no 1257/1999 deberán proponerlas los Estados miembros en el marco de los programas de desarrollo rural o de los documentos de programación presentados para el objetivo no 1 o el objetivo no 2 a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 18 o los apartados 1, 2 y 3 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 1260/1999.

Artículo 44

Los pagos realizados en virtud de las medidas de desarrollo rural se abonarán en su totalidad a los beneficiarios.

Artículo 45

El Reglamento (CE) no 1685/2000 se aplicará a las medidas de la programación mencionadas en los apartados 2 y 3 del artículo 40 del Reglamento (CE) no 1257/1999, salvo disposición contraria de los Reglamentos (CE) no 1257/1999 y (CE) no 1258/1999 y del presente Reglamento.

Artículo 46

1. Los Estados miembros que apliquen baremos para los precios unitarios fijados a fin de establecer el coste de determinadas inversiones en el ámbito silvícola en virtud de los guiones primero, segundo y sexto del apartado 1 del artículo 30 y del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1257/1999 podrán dispensar al beneficiario de la obligación de presentar facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente, prevista en el punto 2 de la norma no 1 del anexo del Reglamento (CE) no 1685/2000.

2. Los baremos contemplados en el apartado 1 podrán aplicarse si se cumplen las condiciones siguientes:

a) los baremos serán calculados por la autoridad pública competente basándose en criterios objetivos que permitan determinar los costes de las actividades individuales adaptados a las condiciones de terreno específicas y evitando cualquier exceso de compensación;

b) las inversiones cofinanciadas se ejecutarán entre la presentación de la solicitud de ayuda y el pago final de la misma.

SECCIÓN 2

Programación

Artículo 47

Los programas de desarrollo rural contemplados en el capítulo II del título III del Reglamento (CE) no 1257/1999 deberán presentarse de conformidad con lo dispuesto en el anexo II del presente Reglamento.

Artículo 48

1. La aprobación de los documentos de programación a que se refiere el apartado 2 del artículo 44 del Reglamento (CE) no 1257/1999 determinará el importe global de la ayuda comunitaria. No obstante, cuando los Estados miembros opten por una programación de desarrollo rural regionalizada, dicho importe podrá figurar en una decisión separada que incluirá un cuadro financiero consolidado relativo a todos los programas de desarrollo rural del Estado miembro en cuestión.

El importe mencionado en el párrafo anterior incluirá:

a) los gastos relativos a las medidas presentadas en el contexto de la nueva programación del desarrollo rural, incluidas las relativas a la evaluación prevista en el apartado 2 del artículo 49 del Reglamento (CE) no 1257/1999;

b) los gastos realizados en virtud de las antiguas medidas complementarias de los Reglamentos del Consejo (CEE) no 2078/92 (20), (CEE) no 2079/92 (21) y (CEE) no 2080/92 (22) y los correspondientes a medidas de reglamentos anteriores derogados mediante esos Reglamentos;

c) los gastos efectuados en relación con las medidas contempladas en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2603/1999.

2. Además de lo previsto en el apartado 1, la aprobación cubrirá también la repartición y la utilización de los importes que queden a disposición de los Estados miembros en concepto de ayuda comunitaria adicional de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1259/1999. Cuando se recurra a una decisión separada conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1, dichos importes deberán figurar en el cuadro financiero anexo a la decisión.

No obstante, dichos importes no se incluirán en el importe global de la ayuda comunitaria a que se refiere el apartado 1.

3. La aprobación sólo cubrirá las ayudas estatales destinadas a conceder financiación adicional a las medidas de desarrollo rural si dichas ayudas se establecen de conformidad con el punto 16 del anexo II.

Artículo 49

Los Estados miembros harán públicos los documentos de programación del desarrollo rural.

Artículo 50

Cuando las medidas de desarrollo rural se presenten como normas marco de carácter general, los programas de desarrollo rural deberán incluir una referencia adecuada a dichas normas.

Si así fuere, las disposiciones de los artículos 47, 48 y 49 también se aplicarán en el caso previsto en el primer párrafo.

Artículo 51

1. Cualquier modificación de los documentos de programación del desarrollo rural y de los documentos únicos de programación del objetivo no 2 por lo que se refiere a las medidas de desarrollo rural financiadas por la sección de Garantía del FEOGA deberá justificarse debidamente, en particular basándose en la información siguiente:

a) los motivos y eventuales dificultades de ejecución que justifiquen la adaptación del documento de programación;

b) los efectos previstos de las modificaciones;

c) las consecuencias para la financiación y para los controles de los compromisos.

2. La Comisión aprobará, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 50 y en el apartado 3 del artículo 48 del Reglamento (CE) no 1260/1999, cualquier modificación de los documentos de programación del desarrollo rural, del cuadro de programación financiera anexo a la decisión a la que se refiere el apartado 1 del artículo 48 del presente Reglamento y de los documentos únicos de programación del objetivo no 2 por lo que se refiere a las medidas de desarrollo rural financiadas por la sección de Garantía del FEOGA:

a) que afecten a las prioridades;

b) que cambien las características principales de las medidas de apoyo contempladas en el anexo II;

c) que cambien el importe máximo total de la ayuda comunitaria y/o el importe mínimo total del coste total subvencionable o de los gastos públicos subvencionables establecidos en la decisión de aprobación del documento de programación o en la decisión a la que se refiere el párrafo primero del apartado 1 del artículo 48;

d) que cambien el reparto de la asignación financiera entre las medidas del documento de programación en más del: — 15 % del importe total del coste total subvencionable previsto para el programa en cuestión y para el conjunto del período de programación, si la contribución comunitaria se basa en el coste total subvencionable, — 20 % del importe total de los gastos públicos subvencionables previstos para el programa en cuestión y para el conjunto del período de programación, si la contribución comunitaria se basa en los gastos públicos subvencionables, calculados sobre la base de la última columna (total) del cuadro financiero indicativo anexo a la decisión de la Comisión por la que se apruebe el documento de programación o a la decisión a la que se refiere el párrafo primero del apartado 1 del artículo 48, tal como se modificó en último lugar.

3. Las modificaciones contempladas en el apartado 2 se someterán a la Comisión en forma de una única propuesta por programa y como máximo una vez por año natural.

El primer párrafo no se aplicará:

a) en caso de modificaciones necesarias como consecuencia de catástrofes naturales o de otros acontecimientos extraordinarios que tengan una repercusión importante en la programación del Estado miembro;

b) en caso de modificación del cuadro de programación financiera anexo a la decisión a la que se refiere el apartado 1 del artículo 48, como consecuencia de la modificación de un documento de programación de desarrollo rural regional.

4. Las modificaciones de naturaleza financiera que no estén incluidas en la letra d) del apartado 2, así como las modificaciones del porcentaje de contribución comunitaria contemplado en la letra B del apartado 2 del punto 9 del anexo II, se comunicarán a la Comisión, incluido el cuadro financiero modificado con arreglo al punto 8 del anexo II. Las modificaciones entrarán en vigor a partir de la fecha de su recepción por la Comisión.

Las modificaciones de naturaleza financiera contempladas en el primer párrafo, acumuladas durante el año natural en cuestión, no podrán superar los límites máximos previstos en la letra d) del apartado 2.

5. Todas las modificaciones distintas de las contempladas en los apartados 2 y 4 deberán comunicarse a la Comisión con una antelación mínima de tres meses en relación con su fecha de entrada en vigor.

La entrada en vigor podrá anticiparse en los casos en que la Comisión comunique al Estado miembro, antes de que finalice el plazo de tres meses, que la modificación notificada es compatible con la legislación comunitaria.

Cuando la modificación notificada no sea compatible con la legislación comunitaria, la Comisión lo comunicará al Estado miembro y el plazo de tres meses contemplado en el primer párrafo quedará suspendido hasta que la Comisión reciba una modificación que sí lo sea.

Artículo 52

En caso de modificación de la normativa comunitaria, los documentos de programación del desarrollo rural y los documentos únicos de programación del objetivo no 2 serán revisados si es preciso.

El tercer apartado del artículo 51 no se aplicará a estas revisiones.

En caso de que la modificación de los documentos de programación del desarrollo rural o de los documentos únicos de programación del objetivo no 2 se limite a la adecuación de los documentos respecto a la nueva legislación comunitaria, se informará a la Comisión acerca de esa modificación.

Artículo 53

Los Estados miembros mantendrán a disposición de la Comisión una versión electrónica consolidada de sus documentos de programación, actualizada con posterioridad a cada modificación. Comunicarán a la Comisión la dirección electrónica en la que podrán consultarse los documentos de programación en su versión consolidada y la informarán cada vez que se produzca una nueva actualización.

Además, los Estados miembros conservarán una versión electrónica de todas las versiones anteriores de sus documentos de programación.

SECCIÓN 3

Medidas complementarias e iniciativas comunitarias

Artículo 54

El ámbito de asistencia de la sección de Orientación del FEOGA con respecto a las medidas de la iniciativa comunitaria de desarrollo rural se amplía al conjunto de la Comunidad y su financiación se amplía a las medidas subvencionables de acuerdo con los Reglamentos (CE) no 1783/1999 (23) y (CE) no 1784/1999 (24) del Parlamento Europeo y del Consejo.

SECCIÓN 4

Disposiciones financieras

Artículo 55

1. A más tardar el 30 de septiembre de cada año, los Estados miembros notificarán a la Comisión, con respecto a cada documento de programación del desarrollo rural y cada documento único de programación del objetivo no 2 por lo que se refiere a las medidas de desarrollo rural financiadas por la sección de Garantía del FEOGA, los datos siguientes:

a) la situación de los gastos efectuados durante el ejercicio en curso y de los que queden por efectuar hasta el final de dicho ejercicio, cubiertos por la ayuda comunitaria, tal como se definen en el apartado 1 del artículo 48;

b) las previsiones de gastos revisadas para los ejercicios siguientes hasta el final del período de programación de que se trate, en cumplimiento de la dotación asignada a cada Estado miembro.

Dichos datos se notificarán en forma de cuadro, de acuerdo con un modelo informatizado facilitado por la Comisión.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas generales de disciplina presupuestaria, en caso de que la información que los Estados miembros deben enviar a la Comisión de conformidad con el apartado 1 sea incompleta o no se haya respetado el plazo, la Comisión reducirá los anticipos en la contabilización de los gastos agrarios en base al tiempo y a tanto alzado.

Artículo 56

1. Los organismos pagadores podrán incluir en las cuentas, como gasto correspondiente al mes en que se adopte la decisión de aprobación del documento de programación del desarrollo rural o del documento único de programación del objetivo no 2 por lo que se refiere a las medidas de desarrollo rural financiadas por la sección de Garantía del FEOGA, un anticipo del 12,5 %, como máximo, de la contribución media anual del FEOGA prevista en el documento de programación, que cubra los gastos definidos en el apartado 1 del artículo 48.

Este anticipo constituirá un fondo de operaciones que se recuperará, en cada documento de programación:

a) cuando el total de los gastos pagados por el FEOGA y del importe del anticipo alcance el importe total de la contribución del FEOGA previsto en el documento de programación, o bien

b) al final del período de programación, si no se alcanza el importe total de la contribución del FEOGA.

No obstante, Los Estados miembros podrán decidir el reembolso del anticipo antes de que finalice el período de programación.

2. La inclusión en las cuentas del anticipo a que se refiere el apartado 1 se efectuará, en el caso de los Estados miembros cuya moneda no sea el euro en la fecha de la inclusión, mediante la aplicación del tipo de cambio vigente el penúltimo día hábil en la Comisión del mes anterior a aquel en que los organismos pagadores contabilicen dicho anticipo.

Artículo 57

1. Los gastos declarados de cada Estado miembro con cargo a un ejercicio sólo se financiarán hasta una cantidad equivalente a los importes comunicados en aplicación de la letra b) del primer párrafo del apartado 1 del artículo 53 y que estén cubiertos por los créditos consignados en el presupuesto del ejercicio de que se trate.

2. Cuando el importe total de las previsiones comunicadas en aplicación de lo dispuesto en la letra b) del primer párrafo del apartado 1 del artículo 53 sobrepase el importe total de los créditos consignados en el presupuesto del ejercicio considerado, el importe máximo de los gastos que deban financiarse para cada Estado miembro se fijará en función de la clave de reparto del importe de la asignación anual correspondiente, según se define en la Decisión 1999/659/CE.

Si, una vez efectuada esa reducción, quedaran créditos disponibles por ser las previsiones de determinados Estados miembros inferiores a su asignación anual, el importe excedentario se distribuirá en proporción a los correspondientes importes de la citada asignación anual, sin que en ningún momento pueda sobrepasarse el importe de la previsión de cada Estado miembro mencionada en el primer párrafo. En el curso de los dos meses posteriores a la aprobación del presupuesto del ejercicio considerado, la Comisión adaptará en consecuencia las asignaciones iniciales por Estado miembro que establece la Decisión 1999/659/CE. En el curso de las seis semanas posteriores a dicha adaptación, los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión, con respecto a cada documento de programación del desarrollo rural y cada documento único de programación del objetivo no 2 por lo que se refiere a las medidas de desarrollo rural financiadas por la sección de Garantía del FEOGA, un nuevo cuadro financiero que sea compatible con las previsiones ajustadas para el ejercicio de que se trate y con las asignaciones previstas en la Decisión 1999/659/CE en su última versión modificada.

Por lo que respecta al año 2004, la comunicación del nuevo cuadro financiero prevista en el párrafo segundo deberá efectuarse en las ocho semanas posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento.

3. Cuando los gastos reales de un Estado miembro en un determinado ejercicio sean superiores a los importes comunicados en aplicación de la letra b) del primer párrafo del apartado 1 del artículo 55 o los importes resultantes de la aplicación del apartado 2 del presente artículo, se asumirán los gastos excedentarios del ejercicio en curso hasta una cantidad equivalente a los créditos restantes disponibles tras el reembolso de los gastos a los demás Estados miembros y en proporción a los rebasamientos constatados.

4. Cuando los gastos reales de un Estado miembro en un determinado ejercicio sean inferiores al 75 % de los importes previstos en el apartado 1, los gastos que se vayan a reconocer con cargo al ejercicio siguiente se reducirán en un tercio de la diferencia constatada entre ese límite o los importes resultantes de la aplicación del apartado 2, cuando éstos sean inferiores a dicho límite, y los gastos reales comprobados durante el ejercicio considerado.

Esta reducción no se tendrá en cuenta para el cálculo de los gastos reales del ejercicio siguiente a aquel en que se haya efectuado la reducción.

Artículo 58

Los artículos 55, 56 y 57 no se aplicarán a los gastos derivados de la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1259/1999.

Artículo 59

La participación en la financiación de las evaluaciones en los Estados miembros con arreglo al apartado 2 del artículo 49 del Reglamento (CE) no 1257/1999 se aplicará a las evaluaciones que realmente contribuyan a la evaluación a escala comunitaria debido a su ámbito de aplicación, en particular, a través de sus respuestas a las preguntas de evaluación comunes y a través de su calidad.

La participación no superará el 50 % de un límite que, salvo en casos debidamente justificados, será del 1 % del coste total del programa de desarrollo rural.

Artículo 60

1. Los beneficiarios de las medidas de inversión de los capítulos I, VII, VIII y IX del título II del Reglamento (CE) no 1257/1999 podrán solicitar a los organismos pagadores competentes el abono de un anticipo, en caso de contemplarse esta posibilidad en el documento de programación. Respecto de los beneficiarios públicos, este anticipo sólo podrá concederse a los municipios y asociaciones de municipios y a los organismos de derecho público.

2. El importe del anticipo no podrá superar el 20 % del coste total de la inversión y su liquidación deberá supeditarse a la constitución de una garantía bancaria o de una garantía equivalente que corresponda al 110 % del importe anticipado.

No obstante, tratándose de los beneficiarios públicos mencionados en el apartado 1, el organismo pagador podrá aceptar una garantía escrita de su autoridad de acuerdo con las disposiciones en vigor en los Estados miembros, equivalente al porcentaje mencionado en el primer párrafo, siempre que esa autoridad se comprometa a abonar el importe cubierto por la garantía en caso de que no se haya establecido el derecho al importe anticipado.

3. La garantía se liberará cuando el organismo competente compruebe que el importe de los gastos reales derivados de la inversión supera el importe del anticipo.

4. Los organismos pagadores podrán declarar a la sección de Garantía del FEOGA la parte correspondiente a la cofinanciación comunitaria:

a) del anticipo abonado;

b) el importe de los gastos reales liquidados abonado posteriormente a los beneficiarios menos el importe del anticipo.

SECCIÓN 5

Seguimiento y evaluación

Artículo 61

1. De conformidad con el apartado 2 del artículo 48 del Reglamento (CE) no 1257/1999, los informes anuales de ejecución deberán presentarse a la Comisión antes del 30 de junio de cada año y referirse al año natural anterior.

Los informes de ejecución deberán contener los elementos siguientes:

a) toda modificación de las condiciones generales que tenga importancia para la ejecución de la intervención, en particular, los cambios socioeconómicos significativos y las modificaciones de las políticas nacionales, regionales o sectoriales;

b) el estado de avance de las medidas y de las prioridades, en relación con sus objetivos operativos y específicos, a través de una cuantificación de los indicadores;

c) las disposiciones adoptadas por la autoridad de gestión y por el comité de seguimiento, en su caso, para garantizar la calidad y la eficacia de la ejecución, en particular: i) las actuaciones de seguimiento, control financiero y evaluación, incluidos los procedimientos de recogida de datos, ii) un resumen de las principales dificultades surgidas en la gestión de la intervención y las eventuales medidas adoptadas;

d) las medidas adoptadas para garantizar la compatibilidad con las políticas comunitarias.

2. En la medida de lo posible, los indicadores mencionados en la letra b) del apartado 1 deberán atenerse a los indicadores comunes definidos en las líneas directrices elaboradas por la Comisión. En caso de que sea necesario disponer de indicadores adicionales para el seguimiento eficaz de los avances conseguidos en relación con los objetivos de los documentos de programación del desarrollo rural, dichos indicadores también deberán incluirse.

Artículo 62

1. Las evaluaciones las realizarán evaluadores independientes con arreglo a métodos reconocidos.

2. Las evaluaciones responderán, en particular, a preguntas de evaluación comunes elaboradas por la Comisión, previa consulta con los Estados miembros, y, por regla general, irán acompañadas de criterios e indicadores relativos al cumplimiento.

3. La autoridad encargada de la gestión del documento de programación del desarrollo rural reunirá los recursos adecuados para las evaluaciones, utilizando los resultados del seguimiento completados, en caso necesario, mediante la recopilación de información adicional.

Artículo 63

1. La evaluación previa deberá analizar las disparidades, lagunas y posibilidades de la situación actual y examinar la coherencia de la estrategia propuesta con la situación y objetivos, teniendo en cuenta los temas planteados en las preguntas de evaluación comunes. La evaluación deberá determinar el efecto esperado de las prioridades de actuación escogidas y cuantificar sus objetivos si su naturaleza se presta a ello. También deberá comprobar las disposiciones de aplicación propuestas y la coherencia con la política agrícola común y las demás políticas.

2. Las autoridades que elaboren el programa de desarrollo rural se encargarán de la evaluación previa, que formará parte del mismo.

Artículo 64

1. Las evaluaciones intermedia y ex post se ocuparán de los temas concretos del documento de programación del desarrollo rural de que se trate y de las preguntas de evaluación comunes pertinentes al nivel comunitario. Estas últimas incluirán las condiciones de vida y estructura de la población rural, empleo e ingresos derivados de las actividades agrarias o no agrarias, estructuras agrarias, productos agrícolas básicos, calidad, competitividad, recursos forestales y medio ambiente.

Si una pregunta común de evaluación resulta inadecuada en relación con un determinado documento de programación de desarrollo rural, deberá justificarse.

2. La evaluación intermedia, al tiempo que cubre las preguntas de evaluación, examinará en particular los logros iniciales, su pertinencia y coherencia con el documento de programación de desarrollo rural y en qué medida se han alcanzado los objetivos. También analizará el uso de los recursos financieros, el seguimiento y la ejecución.

La evaluación posterior responderá a las preguntas de evaluación y examinará en particular la utilización de los recursos, la eficacia y eficiencia de la ayuda concedida y sus efectos, extrayendo asimismo conclusiones sobre la política de desarrollo rural, incluidas las relativas a su contribución a la política agrícola común.

3. Las evaluaciones intermedia y ex post se llevarán a cabo en colaboración con la Comisión bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de gestionar el programa de desarrollo rural.

4. La calidad de cada evaluación será comprobada por la autoridad encargada de gestionar el documento de programación del desarrollo rural, el comité de seguimiento, en su caso, y la Comisión, utilizando métodos reconocidos. Los resultados de las evaluaciones se harán públicos.

Artículo 65

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2003, se enviará a la Comisión un informe de evaluación intermedia. La autoridad encargada de la gestión del documento de programación del desarrollo rural informará a la Comisión acerca del seguimiento de las recomendaciones incluidas en su informe de evaluación. La Comisión elaborará un resumen a nivel comunitario tras recibir cada uno de los informes de evaluación. En caso necesario, la evaluación intermedia se actualizará como muy tarde el 31 de diciembre de 2005.

2. Antes de que transcurran dos años desde el final del período de programación, se enviará a la Comisión un informe de evaluación ex post. En los tres años siguientes al final del período de programación y tras recibir cada uno de los informes de evaluación, la Comisión elaborará un resumen a nivel comunitario.

3. Los informes de evaluación explicarán los métodos aplicados, incluidos sus efectos en la calidad de los datos y de los resultados. Incluirán una descripción del contexto y de los contenidos del programa, información financiera, las respuestas — incluidos los indicadores utilizados — a las preguntas de evaluación comunes y a las preguntas de evaluación elaboradas a escala nacional o regional, conclusiones y recomendaciones. En la medida de lo posible, su estructura deberá ajustarse a la estructura común recomendada de los informes de evaluación, determinada en las líneas directrices elaboradas por la Comisión.

SECCIÓN 6

Solicitudes, controles y sanciones

Artículo 66

1. Las solicitudes de ayuda al desarrollo rural relativas a superficies o animales, que se presenten por separado de las solicitudes de ayuda a que se refiere el artículo 6 del Reglamento (CE) no 2419/2001, indicarán todas las superficies y animales de la explotación a los que afecte el control de la aplicación de la medida en cuestión, incluidos aquellos para los que no se solicita ayuda.

2. Cuando una medida de ayuda al desarrollo rural se aplique a superficies, las parcelas se indicarán individualmente. Durante el período de ejecución del compromiso, no podrán permutarse las parcelas a las que se refiere la ayuda, salvo en los casos en que el documento de programación lo prevea específicamente.

3. Cuando la solicitud de pago se incluya con una solicitud de ayuda por superficie del sistema integrado de control, el Estado miembro garantizará que las parcelas para las que se solicite una ayuda al desarrollo rural se declaren por separado.

4. Las superficies de terreno y los animales se identificarán de conformidad con los artículos 18 y 20 del Reglamento (CE) no 1782/2003.

5. Cuando se trate de ayudas plurianuales, los pagos siguientes al del primer año de presentación de la solicitud se efectuarán previa presentación anual de una solicitud de pago de ayuda, salvo si el Estado miembro ha establecido un procedimiento eficaz de verificación anual como el contemplado en el apartado 1 del artículo 64 del presente Reglamento.

Artículo 67

1. Las solicitudes iniciales de participación en el régimen y las sucesivas solicitudes de pago se controlarán de forma que se garantice la verificación real del cumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión de la ayuda.

De acuerdo con la naturaleza de la medida de ayuda, los Estados miembros establecerán los sistemas y medios para su verificación así como las personas que serán sometidas a controles.

Siempre que proceda, los Estados miembros podrán recurrir al sistema integrado de gestión y control establecido por el Reglamento (CE) no 1782/2003.

2. Las verificaciones se realizarán mediante controles administrativos y sobre el terreno.

Artículo 68

Los controles administrativos serán exhaustivos e incluirán comprobaciones cruzadas, siempre que resulte apropiado, con los datos del sistema integrado de gestión y control. Estas comprobaciones abarcarán las parcelas y animales por los que se reciban ayudas, para evitar los pagos injustificados. También se controlará el cumplimiento de los compromisos a largo plazo.

Artículo 69

Los controles sobre el terreno se realizarán de conformidad con el título III del Reglamento (CE) no 2419/2001. Afectarán anualmente como mínimo al 5 % de los beneficiarios, abarcando todos los tipos de medidas de desarrollo rural establecidos en los documentos de programación. En el caso de la medida para el «cese anticipado de la actividad agraria» contemplada en el capítulo IV del Reglamento (CE) no 1257/1999 y de la medida para la «forestación de tierras agrícolas» contemplada en el artículo 31 del mismo Reglamento, este porcentaje podrá reducirse hasta el 2,5 % a partir del sexto año de la concesión de la ayuda relativa a estas medidas sin aumento del porcentaje de control para el resto de medidas.

Los controles sobre el terreno se realizarán a lo largo del año de acuerdo con un análisis de riesgos presentado para cada medida de desarrollo rural. En lo que respecta a las medidas de apoyo a la inversión contempladas en los capítulos I, VII, VIII y IX del título II del Reglamento (CE) no 1257/1999, los Estados miembros podrán prever que los controles sobre el terreno se limiten a los proyectos en vías de finalización.

Se controlarán todos los compromisos y obligaciones de un beneficiario que sea posible controlar en el momento de la visita.

Artículo 70

Los artículos 30, 31 y 32 del Reglamento (CE) no 2419/2001 se aplicarán a la ayuda concedida basada en las superficies. Dichos artículos no serán aplicables a la ayuda concedida a las medidas forestales distintas de la forestación de tierras agrícolas.

Los artículos 36, 38 y 40 del citado Reglamento se aplicarán a la ayuda concedida basada en los animales.

Artículo 71

1. El artículo 44 del Reglamento (CE) no 2419/2001 se aplicará a las ayudas concedidas a todas las medidas de desarrollo rural.

2. En caso de pago indebido, el beneficiario individual de una ayuda al desarrollo rural deberá reembolsar los correspondientes importes, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Reglamento (CE) no 2419/2001.

Artículo 72

1. Si se demuestra que una declaración falsa ha sido el resultado de una negligencia grave, el beneficiario en cuestión será excluido de todo tipo de medidas de desarrollo rural incluidas en el capítulo correspondiente del Reglamento (CE) no 1257/1999 para el año natural de que se trate.

En caso de una declaración falsa realizada intencionadamente, el beneficiario será excluido también durante el año siguiente.

2. Las sanciones previstas en el apartado 1 se aplicarán sin perjuicio de las demás sanciones que establezcan las normas nacionales.

Artículo 73

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Estas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 74

1. Queda derogado el Reglamento (CE) no 445/2002.

Seguirá aplicándose el apartado 2 del artículo 65 del Reglamento (CE) no 445/2002.

2. Las referencias al Reglamento derogado se entenderá que se hacen al presente Reglamento y deberán leerse de acuerdo con el cuadro de correspondencias que figura en el anexo III.

Artículo 75

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El artículo 46 será aplicable a partir del 1 de enero de 2000.