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Tras el artículo 7 bis, se inserta el capítulo siguiente: «CAPÍTULO III bis Productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte Artículo 7 ter Requisito de una licencia de exportación 1. Para cualquier exportación de los productos enumerados en el anexo III, se requerirá una licencia independientemente del origen de tales productos. No obstante, no se requerirá licencia para los productos que se limiten a pasar por el territorio aduanero de la Unión, es decir, aquellos a los que no se dé otro tratamiento aduanero que el régimen de tránsito externo en virtud del artículo 226 del Reglamento (UE) n.o 952/2013, incluido el almacenamiento de productos que no proceden de la Unión en una zona franca. El anexo III bis solamente incluirá productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte y hayan sido aprobados, o efectivamente utilizados, para aplicar la pena de muerte por uno o varios terceros países que no han abolido la pena de muerte. No incluirá: a) las armas de fuego controladas en virtud del Reglamento (UE) n.o 258/2012; b) los productos de doble uso controlados por el Reglamento (CE) n.o 428/2009, y c) los productos controlados de conformidad con la Posición Común 2008/944/PESC. 2. Cuando la exportación de medicamentos requiera una licencia de exportación con arreglo al presente Reglamento y la exportación esté asimismo sujeta a requisitos de licencia de conformidad con convenios internacionales que controlen los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas, como el Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, los Estados miembros podrán utilizar un procedimiento único para cumplir las obligaciones que les imponen tanto el presente Reglamento como el correspondiente convenio. Artículo 7 quater Criterios para la concesión de licencias de exportación 1. Las decisiones sobre solicitudes de licencia de exportación de los productos enumerados en el anexo III bis serán tomadas por las autoridades competentes, atendiendo a todas las consideraciones pertinentes, incluida en particular la de que durante los tres años anteriores otro Estado miembro haya denegado la solicitud de licencia de una exportación esencialmente idéntica, y las consideraciones relativas al uso final previsto y al riesgo de desviación. 2. La autoridad competente no concederá la licencia si existen razones fundadas para creer que los productos enumerados en el anexo III bis puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte en un tercer país. 3. Se aplicarán las normas siguientes a la comprobación del uso final previsto y al riesgo de desvío: 3.1. Si el fabricante de los productos citados en la sección 1 del anexo III bis solicita una licencia para la exportación de dichos productos a un distribuidor, la autoridad competente procederá a un examen de las disposiciones contractuales suscritas por el fabricante y el distribuidor y de las medidas que estén adoptando para garantizar que los productos no se utilizarán para aplicar la pena de muerte. 3.2. Si se solicita una licencia para la exportación de productos mencionados en la sección 1 del anexo III bis a un usuario final, la autoridad competente podrá tener en cuenta, al evaluar el riesgo de desvío, los acuerdos contractuales aplicables y la declaración relativa al uso final firmada por el usuario final, en caso de que se proporcione tal declaración. En caso de que no se proporcione una declaración relativa al uso final, corresponderá al exportador demostrar quién va a ser el usuario final y qué uso que va a hacer de los productos. Si el exportador no puede proporcionar datos suficientes relativos al usuario final y al uso final, la autoridad competente considerará que tiene motivos razonables para creer que los productos puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte. 3.3. La Comisión, en cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros, podrá adoptar directrices relativas a las mejores prácticas en materia de examen del uso final y de examen de la finalidad para la que se utilizaría la asistencia técnica. 4. Además de los criterios establecidos en el apartado 1, al examinar una solicitud de licencia global la autoridad competente tendrá en cuenta la aplicación, por parte del exportador, de medios y procedimientos proporcionados y adecuados para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y los objetivos del presente Reglamento, así como los términos y las condiciones de la licencia. Artículo 7 quinquies Prohibición de tránsito Se prohibirá a toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, ya sean residentes o estén establecidos en un Estado miembro o no, proceder al tránsito de productos enumerados en el anexo III bis en caso de que tenga conocimiento de que cualquier parte de un envío de tales productos está destinado a usarse para aplicar la pena de muerte en un tercer país. Artículo 7 sexies Requisito de licencia para determinados servicios 1. Se requerirá una licencia para toda prestación, por parte de un prestador de asistencia técnica o un intermediario, respectivamente, de uno de los servicios que figuran a continuación a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país, con contrapartida o sin ella: a) asistencia técnica en relación con los productos enumerados en el anexo III bis, independientemente del origen de estos productos, y b) servicios de intermediación relativos a productos enumerados en el anexo III bis, independientemente del origen de estos productos. 2. Al decidir sobre solicitudes de licencia de prestación de servicios de intermediación en relación con productos enumerados en el anexo III bis, el artículo 7 quater se aplicará mutatis mutandis. Al decidir sobre solicitudes de licencia de prestación de asistencia técnica en relación con productos enumerados en el anexo III bis, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 7 quater para considerar: a) si la asistencia técnica se prestaría a una persona, entidad u organismo que pueda usar los productos a los que la asistencia técnica se refiere para aplicar la pena de muerte, y b) si la asistencia técnica se utilizaría para reparar, desarrollar, fabricar, probar, mantener o ensamblar productos enumerados en el anexo III bis o para prestar asistencia técnica a una persona, entidad u organismo que pueda usar los productos a los que se refiere la ayuda técnica para aplicar la pena de muerte. 3. El apartado 1 no se aplicará a la prestación de asistencia técnica en caso de que: a) la asistencia técnica consista en facilitar información que es del dominio público, o b) la asistencia técnica sea el mínimo necesario para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento o la reparación de los productos enumerados en el anexo III bis cuya exportación ha sido autorizada por una autoridad competente de conformidad con el presente Reglamento.».