Decisión de la Comisión

de 16 de diciembre de 2003

relativa a las disposiciones nacionales sobre la utilización de parafinas cloradas de cadena corta notificadas por el Reino de los Países Bajos con arreglo al apartado 4 del artículo 95 del Tratado CE

[notificada con el número C(2003) 4749]

(El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/1/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 6 de su artículo 95,

Considerando lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

(1) Mediante carta de la Representación Permanente del Reino de los Países Bajos ante la Unión Europea, de 17 de enero de 2003, el Gobierno neerlandés, haciendo referencia al apartado 4 del artículo 95 del Tratado, notificó a la Comisión sus disposiciones nacionales sobre la utilización de las parafinas cloradas de cadena corta (denominadas en lo sucesivo "PCCC") cuyo mantenimiento considera necesario tras la adopción de la Directiva 2002/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, por la que se modifica por vigésima vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos(1).

1. APARTADOS 4 Y 6 DEL ARTÍCULO 95 DEL TRATADO

(2) Los apartados 4 y 6 del artículo 95 del Tratado establecen lo siguiente:

"4. Si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas disposiciones así como los motivos de su mantenimiento.

[...]

6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de la notificación, las disposiciones nacionales mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.

Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones nacionales a que se refiere el apartado 4 [...] se considerarán aprobadas.

Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud humana, la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo mencionado en este apartado se amplía por un periodo adicional de hasta seis meses.".

2. DIRECTIVA 2002/45/CE

(3) La Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos(2), modificada, establece normas para limitar la comercialización y utilización de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

(4) Con arreglo al apartado 1 del artículo 1, la Directiva se aplicará a las sustancias y preparados peligrosos enumerados en el anexo I. El artículo 2 establece que los Estados miembros tomarán todas las medidas que consideren necesarias para que las sustancias y preparados peligrosos enumerados en el anexo I sólo puedan comercializarse o utilizarse en las condiciones previstas por éste.

(5) La Directiva 76/769/CEE se ha modificado en diversas ocasiones, entre otras cosas, para añadir nuevas sustancias y preparados peligrosos a su anexo I, introduciendo las limitaciones sobre su comercialización o utilización que son necesarias para proteger la salud humana o el medio ambiente.

(6) La Directiva 2002/45/CE, que se adoptó tomando como fundamento jurídico el artículo 95 del Tratado, introdujo en el anexo I de la Directiva 76/769/CEE un nuevo punto 42 relativo a los alcanos, C10-C13, cloro (PCCC), en el que se establecían normas sobre la comercialización y utilización de dichas sustancias.

(7) De conformidad con el punto 42.1, las PCCC no se podrán poner en el mercado como sustancias o componentes de otras sustancias o preparados en concentraciones superiores al 1 % destinados a utilizarse en:

- la elaboración de metales,

- el engrasado del cuero.

(8) El punto 42.2 establece que, antes del 1 de enero de 2003, la Comisión Europea, en cooperación con los Estados miembros y la Comisión OSPAR, revisará todos los restantes usos de las PCCC, teniendo en cuenta los nuevos datos científicos sobre los riesgos de las PCCC para la salud y el medio ambiente, y que se informará al Parlamento Europeo del resultado de esta revisión.

(9) El apartado 1 del artículo 2 establece que los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el 6 de julio de 2003 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión y aplicarán dichas disposiciones a más tardar el 6 de enero de 2004.

3. DISPOSICIONES NACIONALES

(10) Las disposiciones nacionales notificadas por los Países Bajos se introdujeron mediante la Decisión de 3 de noviembre de 1999 por la que se establecen las normas para prohibir determinados usos de las parafinas cloradas de cadena corta (Decisión sobre parafinas cloradas, Ley de Sustancias Químicas, WMS) (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 1999, 478).

(11) El artículo 1 establece que la Decisión se aplica a los alcanos clorados con una cadena comprendida entre 10 y 13 átomos de carbón, inclusive, y con un grado de cloración igual o superior al 48 % de su peso.

Según el apartado 1 del artículo 2 las PCCC a que hace referencia el artículo 1 no pueden utilizarse:

a) como plastificantes de pinturas, revestimientos o sellantes;

b) en líquidos para trabajar el metal;

c) como productos ignífugos en caucho, plásticos o textiles.

No obstante, según el apartado 2 del artículo 2, las PCCC se pueden seguir utilizando hasta el 31 de diciembre de 2004 en sellantes para diques o como productos ignífugos en cintas transportadoras para su uso exclusivo en minería.

(12) Estas disposiciones se notificaron a la Comisión en forma de proyecto el 8 de marzo de 1999 en virtud de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas(3). Los Países Bajos señalaron que la introducción de las disposiciones previstas era necesaria para cumplir sus obligaciones internacionales derivadas del Convenio para la prevención de la contaminación marina de origen terrestre ("Convenio de París") y de la Decisión 95/1 de la Comisión de París (Parcom), de junio de 1995, sobre la eliminación progresiva de las PCCC adoptada para la aplicación del anterior, del que el Reino de los Países Bajos es parte contratante(4). Cinco Estados miembros(5) y la Comisión Europea formularon observaciones, y España formuló un dictamen motivado. Todos esos Estados miembros, excepto Dinamarca y Austria, se opusieron a la introducción de las disposiciones nacionales previstas, al igual que la Comisión Europea.

4. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS PCCC

(13) Las parafinas cloradas son sustancias químicas fabricadas a partir de la cloración de parafinas de cadena lineal o alcanos. Se dividen con frecuencia en varios grupos en función de la longitud de la cadena del material de partida y la cantidad de cloro en el producto final. Hay tres grupos principales, que son las parafinas cloradas de cadena corta, media y larga (PCCC, PCCM y PCCL, respectivamente). Las PCCC se elaboran a partir de parafinas de cadena lineal cuya cadena tiene una longitud de C 10 a C 13. Las PCCC comerciales pueden contener una media de entre un 49 % y un 71 % de cloro y se pueden comercializar y utilizar en su forma pura, pero también pueden aparecer como impurezas en otras sustancias y preparados, especialmente PCCM(6).

(14) En la Comunidad Europea, las PCCC se utilizan principalmente como aditivos en líquidos para trabajar el metal. También se usan como productos ignífugos en formulaciones del caucho y como aditivos para pinturas y otros sistemas de revestimiento. Otros usos menos comunes son como agentes engrasantes y suavizantes en la industria del cuero, agentes impregnantes en la industria textil y como aditivos en compuestos para sellar.

(15) Debido a su toxicidad y a su evidente persistencia y tendencia a la bioacumulación, las PCCC pertenecen al grupo de sustancias para el que el Convenio de París (actualmente Convenio OSPAR)(7) contempla medidas destinadas a luchar contra la contaminación. A principios de los años noventa, la Comisión de París expresó su preocupación sobre las emisiones de PCCC al medio marino y comenzó a estudiar la posibilidad de adoptar medidas reglamentarias sobre la utilización de dichas sustancias. En aquella época, los fabricantes europeos presentaron una propuesta de acuerdo voluntario con objeto de eliminar progresivamente el suministro de PCCC destinado a aplicaciones en líquidos para trabajar el metal y animar a la industria transformadora a usar productos menos nocivos para el medio acuático. Las negociaciones no tuvieron éxito y la Comisión de París (PARCOM) finalmente adoptó la Decisión 95/1. El Reino Unido se opuso a esta Decisión argumentando que no se habían evaluado los riesgos adecuadamente.

(16) En virtud del Reglamento (CE) n° 1179/94 de la Comisión(8), las PCCC se incluyeron en la primera lista de sustancias prioritarias sometidas a evaluación del riesgo con arreglo al Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes(9), y el Reino Unido actuó como ponente.

(17) El informe sobre evaluación de riesgos relativo a las PCCC elaborado por el Reino Unido se terminó en septiembre de 1997, tras ser revisado por los expertos técnicos de los Estados miembros(10). El informe, que tuvo en cuenta todas las pruebas científicas disponibles hasta 1996, incluidas las que sirvieron para fundamentar la Decisión 95/1 de la PARCOM, puso de manifiesto determinados riesgos medioambientales para los organismos acuáticos a causa del uso de las PCCC en la elaboración de metales y acabado del cuero, para los cuales propuso el estudio de medidas de reducción de riesgos. Los demás usos actuales no se consideraron preocupantes para el medio ambiente y la salud humana, aunque el informe aconseja una mayor información y la realización de más pruebas para caracterizar adecuadamente algunos posibles riesgos medioambientales a causa del uso de las PCCC en el caucho.

(18) El informe sobre la evaluación de riesgos elaborado por el Reino Unido se presentó al Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente (CCTEMA) para su revisión paritaria. En su dictamen de 27 de noviembre de 1998(11), el CCTEMA confirmó la validez científica de los resultados de la evaluación de riesgos.

(19) Mediante la Directiva 98/98/CE de la Comisión(12), las PCCC se han clasificado como sustancias peligrosas con arreglo al anexo I de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas(13). En concreto, dichas sustancias se clasifican como cancerígenas, categoría 3, y se etiquetan con la frase de riesgo R 40 (Posibilidad de efectos irreversibles) y el símbolo Xn (nocivo). También se clasifican como peligrosas para el medio ambiente y se etiquetan con la frase de riesgo R 50/53 ("muy tóxico para los organismos acuáticos" y "puede producir efectos nefastos a largo plazo para el medio ambiente acuático") y el símbolo N ("peligrosos para el medio ambiente").

(20) El informe sobre la evaluación de riesgos relativo a las PCCC se terminó en octubre de 1999(14). Sus resultados y la correspondiente estrategia de reducción de riesgos se adoptaron finalmente a escala comunitaria por medio de la Recomendación 1999/721/CE de la Comisión, de 12 de octubre de 1999(15), con arreglo al Reglamento (CEE) n° 793/93. Las partes pertinentes de la Recomendación se reproducen a continuación.

"I. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

A. Salud humana

La conclusión de la evaluación de los riesgos para el ser humano en el caso de los TRABAJADORES, CONSUMIDORES y DEMÁS PERSONAS EXPUESTAS A TRAVÉS DEL MEDIO AMBIENTE es que actualmente no se requiere más información ni ensayos ni son necesarias medidas de reducción de riesgos además de las que se aplican. Esta conclusión se deriva del hecho de que:

- la evaluación de los riesgos muestra que no son de esperar riesgos relacionados con las poblaciones mencionadas. La principal vía de exposición potencial de los trabajadores durante la producción y el uso es la exposición cutánea. La inhalación también constituye una vía potencial de exposición durante el uso de líquidos para trabajar el metal y de revestimientos termoadhesivos que contengan la sustancia. Se consideran suficientes las medidas de reducción de riesgos ya aplicadas en el marco de la legislación sobre protección de los trabajadores u otras legislaciones comunitarias pertinentes en vigor,

- la exposición del consumidor que puede darse por el contacto con productos de cuero tratados con la sustancia y por el uso no profesional de líquidos para trabajar el metal se considera irrelevante.

B. Medio ambiente

La conclusión de la evaluación de los riesgos para el medio ambiente en cuanto al ECOSISTEMA ACUÁTICO (sedimentos) y TERRESTRE es que se requiere más información y/o ensayos. Esta conclusión se deriva del hecho de que:

- se requiere más información para caracterizar adecuadamente los riesgos para el compartimento sedimentario derivados de la producción de la sustancia y de su uso en el caucho, así como de los riesgos para los compartimentos edáfico y sedimentario relacionados con la formulación y el uso de líquidos para trabajar el metal y de productos de acabado de la industria del cuero, y de los riesgos para los compartimentos edáfico y sedimentario a nivel regional.

La información requerida se refiere a los aspectos siguientes:

- determinación experimental del Koc(16),

- datos de control del suelo y los sedimentos próximos a fuentes de emisión,

- prueba de toxicidad en organismos propios del suelo y los sedimentos si la información anteriormente mencionada no elimina la preocupación por los compartimentos mencionados.

La conclusión de la evaluación de los riesgos para el medio ambiente en cuanto a MICROORGANISMOS de las DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES y la ATMÓSFERA es que en la actualidad no se requiere más información ni ensayos ni son necesarias medidas de reducción de riesgos además de las que ya se aplican. Esta conclusión se deriva del hecho de que:

- la evaluación del riesgo muestra que no cabe esperar que se produzcan riesgos relacionados con la población mencionada; se consideran suficientes las medidas de reducción de riesgos ya aplicadas.

La conclusión de la evaluación de los riesgos para el medio ambiente en cuanto al ECOSISTEMA ACUÁTICO (excluidos los sedimentos) y los EFECTOS EN LA CADENA ALIMENTARIA NO LIMITADOS A DETERMINADOS COMPARTIMENTOS AMBIENTALES es que se requieren medidas específicas de reducción de riesgos. Esta conclusión se deriva de:

- la preocupación por los efectos sobre los ámbitos acuáticos locales anteriormente mencionados debidos a la exposición durante la formulación y el uso de líquidos para trabajar el metal y productos de acabado del cuero que contienen la sustancia,

- la preocupación por los efectos en la cadena alimentaria no limitados a determinados compartimentos ambientales debidos a la formulación y el uso de productos de acabado de la industria del cuero y de líquidos para trabajar el metal que contienen la sustancia.

II. ESTRATEGIA DE LIMITACIÓN DEL RIESGO PARA EL MEDIO AMBIENTE

Debería considerarse la introducción a escala comunitaria de restricciones a la comercialización y el uso de la sustancia, a fin de proteger el medio ambiente de los efectos derivados del uso y la formulación de productos destinados especialmente a trabajar el metal y al acabado del cuero. Se requieren nuevos trabajos para determinar las aplicaciones para las que puede estar justificado hacer excepciones. Las medidas identificadas para proteger el medio ambiente servirán también para reducir la exposición humana.".

(21) El 20 de junio de 2000, la Comisión adoptó una propuesta de modificación de la Directiva 76/769/CE con objeto de introducir las limitaciones sobre la comercialización y utilización propuestas por la evaluación comunitaria de los riesgos, que dio lugar finalmente a la adopción de la Directiva 2002/45/CE por el Parlamento Europeo y el Consejo.

(22) Según los dispuesto en el punto 42.2 del anexo I de la Directiva 76/769/CEE, introducido por la Directiva 2002/45/CE, la Comisión ha comenzado a revisar los restantes usos de las PCCC. En este contexto, la Comisión solicitó al Reino Unido, en calidad de Estado miembro ponente en la evaluación de los riesgos de las PCCC con arreglo al Reglamento (CE) n° 793/93, que recopilara y revisara toda la información nueva de relevancia y, en su caso, actualizara el informe comunitario sobre evaluación de riesgos. Por otra parte, la Comisión preguntó a la secretaría de OSPAR si existía nueva información científica sobre los riesgos provocados por las PCCC que pudiera modificar las conclusiones de la anterior evaluación de riesgos. La Comisión preguntó por último al CCTEMA si conocía nuevas pruebas científicas disponibles capaces de influir sobre los resultados de la evaluación de riesgos y que pudieran aconsejar una modificación de sus conclusiones.

(23) En su dictamen de 22 de diciembre de 2002, el CCTEMA concluyó que la revisión de los nuevos conocimientos sobre las PCCC no pone de manifiesto una necesidad de modificar las conclusiones de la evaluación de riesgos comunitaria(17).

(24) En febrero de 2003, el Reino Unido elaboró un borrador de informe actualizado sobre evaluación de riesgos de las PCCC como seguimiento de la Directiva 2002/45/CE, que posteriormente se presentó a los expertos técnicos de los Estados miembros para su revisión(18). La versión definitiva estuvo disponible a finales de julio de 2003. El informe examina la información sobre la exposición ambiental, el destino y los efectos de las PCCC que se ha obtenido desde la realización de la primera evaluación de riesgos y reevalúa los riesgos derivados de usos distintos de los sometidos a restricciones de comercialización y utilización contemplados en la Directiva 2002/45/CE. También ha tenido en cuenta los dos dictámenes del CCTEMA mencionados anteriormente (considerandos 18 y 23). A diferencia de la primera evaluación de riesgos, la evaluación actualizada se ocupa de los riesgos para el medio marino, tanto a escala local como a mayor escala. Este último aspecto se ha evaluado en relación con criterios recién formulados para la identificación de sustancias persistentes o muy persistentes, bioacumulables o muy bioacumulables y tóxicas (PBT, vPBT, PvBT o vPvBT)(19). Asimismo, estudia pormenorizadamente las emisiones de PCCC durante el ciclo de vida de los productos que las contienen.

(25) El informe se centra en los riesgos medioambientales y consta de dos partes. La primera ilustra la evaluación realizada sobre la base de la relación PEC/PNEC(20) (en lo sucesivo denominada "evaluación de riesgos clásica"). La segunda parte aborda la evaluación de PCCC respecto a los criterios PBT y evalúa los riegos para el medio marino a mayor escala (en lo sucesivo denominada "evaluación PBT").

(26) Los resultados de la evaluación de riesgos actualizada son los siguientes:

"x) i) Se requiere más información y/o ensayos.

Las relaciones PEC/PNEC en la hipótesis más pesimista indican un posible riesgo para las aguas superficiales y los sedimentos (a causa de la formulación y uso [aplicación] de revestimientos de textiles), el suelo (a causa de la formulación y uso en caucho y textiles y de las fuentes regionales de 'desechos que permanecen en el medio ambiente') y envenenamiento secundario (a causa de la formulación y uso en caucho y textiles, y del uso en pinturas y revestimientos), así como para los ecosistemas marinos (a causa de todos los usos de las parafinas cloradas de cadena corta, excepto el uso en sellantes, la formulación de pinturas y las instalaciones de producción). Se requiere una mayor información sobre exposiciones específicas, para mejorar las estimaciones de emisiones. En concreto, se podría facilitar información sobre:

- las emisiones reales procedentes de la composición y conversión del caucho;

- las cantidades de parafinas cloradas de cadena corta utilizada en instalaciones normales de composición (formulación) y revestimiento de textiles;

- las emisiones procedentes de instalaciones normales de formulación de revestimientos y de revestimiento de textiles;

- las emisiones procedentes de instalaciones de aplicación de pinturas;

- las emisiones durante el uso y eliminación de productos.

La sustancia cumple los criterios de clasificación para ser considerada una sustancia PBT, por lo cual podría realizarse también un ensayo de simulación de la biodegradabilidad para determinar la vida media en el medio marino. Otros datos sobre toxicidad permitirían una revisión de la concentración prevista sin efecto (PNEC) tanto en el caso del agua marina como de los sedimentos, pero la necesidad de reunir esos datos es menos importante que la determinación de la persistencia. Por otra parte, podría contemplarse la realización de más ensayos de biodegradación de las parafinas cloradas de cadena corta en el suelo.

Nota:

Las mediciones indican que la sustancia se encuentra ampliamente difundida en el medio ambiente. No se conoce la tendencia de los niveles, que podrían estar relacionados con antiguos usos actualmente bajo control. Además, no se ha identificado un riesgo claro en base a esas mediciones. No obstante, la existencia de parafinas cloradas de cadena corta en el Ártico y en depredadores marinos significa que esos resultados siguen siendo preocupantes. Aunque no es posible afirmar si existe un riesgo presente o futuro para el medio ambiente, desde un punto de vista científico, a la vista de:

- los datos que indican presencia en la biota,

- la persistencia evidente de la sustancia (a partir de ensayos de laboratorio),

- el tiempo que se tardaría en reunir la información, y

- el hecho de que pudiera ser difícil reducir la exposición si la información adicional confirmara un riesgo,

podría contemplarse a escala política la necesidad de investigar ahora opciones de cautela en la gestión de riesgos a falta de datos medidos sobre la vida media ambiental, para reducir las entradas en el agua (y en el suelo a partir de la utilización de lodos de depuradora), incluyendo a partir de 'desechos que permanecen en el medio ambiente'. Podría volver a contemplarse esta necesidad si un ensayo de simulación medioambiental muestra que no se cumple el criterio de persistencia. En relación con todo esto, hay que señalar que la sustancia parece reunir los criterios de clasificación para ser considerada un candidato a contaminante orgánico persistente (POP) de acuerdo con los convenios internacionales.

x) ii) Actualmente, no se requiere más información ni ensayos ni son necesarias medidas de reducción de riesgos además de las que ya se aplican.

Esta conclusión se aplica a la evaluación:

- del compartimento local de aguas superficiales para las instalaciones de producción, composición y conversión de caucho, la formulación y utilización de sellantes, la formulación y utilización de pinturas y revestimientos y a nivel regional (cabe señalar que existe cierta incertidumbre sobre el valor PNEC para este parámetro y, si se optara por una interpretación de los datos más conservadora, se identificarían riesgos posibles para las instalaciones de producción, composición y conversión de caucho y la aplicación industrial de pinturas y revestimientos);

- el compartimento sedimentario local para las instalaciones de producción, la formulación y utilización de sellantes, la formulación y utilización de pinturas y revestimientos y a nivel regional;

- la evaluación de plantas de tratamiento de aguas residuales de todo tipo de usos;

- el compartimento atmosférico y los procesos de tratamiento de aguas residuales para producción y todo tipo de usos;

- el compartimento terrestre local para instalaciones de producción y la formulación y utilización de sellantes y la formulación y utilización de pinturas y el compartimento del suelo agrícola regional (cabe señalar que existe cierta incertidumbre sobre el valor PNEC para este parámetro y, si se optara por una interpretación de los datos más conservadora, se identificarían riesgos posibles para el uso industrial de pinturas), y

- el envenenamiento secundario para instalaciones de producción, la utilización de sellantes y la formulación de pinturas.".

(27) A raíz de la petición de la Comisión para que revisara el informe actualizado sobre la evaluación de riesgos y aclarara determinados puntos pertinentes para la evaluación de las disposiciones nacionales notificadas, el CCTEMA adoptó un dictamen al respecto el 3 de octubre de 2003(21). Al formularlo, el CCTEMA tuvo también en cuenta el estudio "Ecotoxicological advice on chlorinated paraffins", encargado por el Gobierno neerlandés, y la serie de sustancias prioritarias de la OSPAR sobre PCCC (Comisión OSPAR, 2001), así como el expediente del grupo de expertos ad hoc de la CEPE sobre PCCC (versión final II, 2003). Respecto a la evaluación PBT, el CCTEMA considera que, aunque sigue existiendo incertidumbre en relación con la clasificación de las PCCC como sustancias PBT, esta clasificación, habida cuenta de la importancia de las pruebas y de la presencia demostrada de PCCC en compartimentos medioambientales y depredadores principales en emplazamientos remotos, es adecuada y probablemente no se modificará con posteriores trabajos. No obstante, el CCTEMA vuelve a insistir en que la clasificación PBT no puede constituir la única base para la gestión del riesgo, y expresa su opinión de que se necesita para ello un análisis más minucioso del riesgo y, como mínimo, de las fuentes, los itinerarios y las vías hacia el medio marino. Respecto a la "evaluación clásica del riesgo", el CCTEMA señala que, pese a basarse en una serie de hipótesis más pesimistas en cuanto a emisiones y exposiciones, esta evaluación ha ampliado los ámbitos de preocupación a los riesgos para el medio acuático, los sedimentos y el suelo derivados del revestimiento de textiles y el caucho. Asimismo y contrariamente al informe, el CCTEMA señala que en el caso del suelo y los sedimentos debería aplicarse un factor suplementario de 10 a las relaciones PEC/PNEC, con lo que se obtendría un valor superior a 1 en todos los cocientes de riesgo relativos a los compartimentos edáfico y sedimentario. No obstante, el CCTEMA considera que los valores PNEC utilizados para evaluar los riesgos para estos compartimentos medioambientales no son fiables. Mantiene que las decisiones sobre gestión del riesgo serían más fiables si se basaran en un valor PNEC obtenido empíricamente y considera que estos datos podrían recogerse con relativa rapidez. El CCTEMA destaca otras deficiencias en las hipótesis asociadas al envenenamiento secundario. Como conclusión, el CCTEMA, pese a reconocer que los usos de las PCCC no sometidos actualmente a controles en el marco de las medidas comunitarias vigentes de reducción de riesgos pueden ser preocupantes por sus efectos en el medio ambiente, opina que los datos disponibles no son adecuados para justificar medidas de reducción de riesgos y que se necesitan más información y ensayos para evaluar correctamente los riesgos.

(28) Como complemento de lo anterior, la Comisión, con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 793/93(22), está preparando un Reglamento para obligar a la industria a facilitar los datos que falten y poder proceder a una nueva evaluación de riesgos más fiable. Tras su revisión por los expertos técnicos de los Estados miembros, el nuevo informe actualizado sobre la evaluación de riesgos se presentará, si procede, al CCTEMA para una revisión inter pares.

(29) Además de las medidas comunitarias a que se hace referencia más arriba, otros actos comunitarios también se ocupan de las PCCC. Las PCCC son tóxicas para el ser humano y para el medio acuático, su presencia está ampliamente detectada en el medio acuático y ya son objeto de la Decisión 95/1 de la Parcom; por todas estas razones las PCCC, en virtud de la Decisión n° 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE(23), se incluyeron entre las sustancias peligrosas prioritarias definidas en el apartado 3 del artículo 16 de esta última Directiva. De conformidad con dicha Directiva, deben adoptarse medidas específicas a nivel comunitario destinadas a la interrupción o eliminación progresiva de los vertidos, emisiones y pérdidas en un plazo de 20 años a partir de su adopción. Hasta la fecha, no se han adoptado medidas de ese tipo en relación con las PCCC.

II. PROCEDIMIENTO

(30) Cuando se adoptó la Directiva 2002/45/CE, la delegación neerlandesa votó en contra de la misma y manifestó, en una explicación de voto realizada el 24 de abril de 2002, que la aplicación de una Directiva sobre PCCC impediría a los Países Bajos cumplir sus obligaciones internacionales derivadas del Convenio de París y la Decisión 95/1 de la Parcom.

(31) Mediante carta de la Representación Permanente del Reino de los Países Bajos ante la Unión Europea, de 17 de enero de 2003, el Gobierno neerlandés, haciendo referencia al apartado 4 del artículo 95 del Tratado, notificó a la Comisión sus disposiciones nacionales sobre la utilización de las PCCC que tiene intención de mantener tras la adopción de la Directiva 2002/45/CE.

(32) Mediante carta de 25 de marzo de 2003, la Comisión informó al Gobierno neerlandés que había recibido la notificación con arreglo al apartado 4 del artículo 95 del Tratado y que el plazo de seis meses para su comprobación en virtud del apartado 6 del artículo 95 comenzaba el 22 de enero de 2003, día siguiente al de la recepción de la notificación.

(33) Mediante carta de 15 de abril de 2003, la Comisión informó a los demás Estados miembros de la notificación recibida de los Países Bajos. La Comisión publicó asimismo una Comunicación relativa a la notificación en el Diario Oficial de la Unión Europea(24) con objeto de informar a otros posibles interesados sobre las disposiciones nacionales que los Países Bajos tienen la intención de mantener, así como sobre los motivos aducidos a tal efecto.

(34) En febrero de 2003, el Reino Unido elaboró el primer borrador de informe actualizado sobre la evaluación de los riesgos de las PCCC, al cual se hace referencia en la sección I.4 de la presente Decisión.

(35) El 17 de julio de 2003, con arreglo al apartado 6 del artículo 95, la Comisión notificó al Reino de los Países Bajos su Decisión 2003/549/CE, de la misma fecha, por la que se amplía hasta el 20 de diciembre de 2003 el plazo a que hace referencia el primer párrafo de dicho artículo para aprobar o rechazar las disposiciones nacionales notificadas. La Comisión consideró que ante la inexistencia de peligro real para la salud humana, esta ampliación se justificaba por la necesidad de consultar al CCTEMA para aclarar en la medida de lo posible las cuestiones planteadas en el borrador de informe actualizado sobre la evaluación de riesgos.

(36) A finales de julio de 2003, el Reino Unido presentó la versión definitiva del informe actualizado sobre la evaluación de los riesgos de las PCCC, que se remitió entonces al CCTEMA para su examen, junto con las pruebas presentadas por el Reino de los Países Bajos en apoyo de su notificación.

(37) El 3 de octubre de 2003, el CCTEMA adoptó el dictamen a que se refiere la sección I.4 de la presente Decisión.

III. EVALUACIÓN

1. ADMISIBILIDAD

(38) En la Decisión 2003/549/CE mencionada anteriormente, la Comisión concluía que la solicitud presentada por el Reino de los Países Bajo era admisible. A los efectos de la presente Decisión, se hace referencia a la Decisión 2003/549/CE. No obstante, es útil recordar los aspectos en los que las disposiciones nacionales notificadas son incompatibles con los requisitos de la Directiva 2002/45/CE.

(39) En resumen, las disposiciones nacionales notificadas se apartan de los requisitos de la Directiva 2002/45/CE en los siguientes aspectos:

- el uso de las PCCC con un grado de cloración igual o superior al 48 % como sustancias plastificantes de pinturas, revestimientos o sellantes y como sustancias ignífugas en el caucho, plásticos o textiles, no sujeto a restricciones de comercialización y utilización en virtud de la Directiva, está prohibido en los Países Bajos,

- el uso, en líquidos para trabajar el metal, de sustancias y preparados en los que las PCCC con un grado de cloración igual o superior al 48 % aparecen como componentes, no sujeto a restricciones de comercialización y utilización en virtud de la Directiva si las PCCC aparecen en una concentración inferior al 1 %, está prohibido en los Países Bajos.

2. FONDO DE LA CUESTIÓN

(40) De conformidad con el apartado 4 y con el primer párrafo del apartado 6 del artículo 95 del Tratado, la Comisión deberá comprobar si se cumplen todas las condiciones que permiten a un Estado miembro mantener disposiciones nacionales que establezcan excepciones a una medida de armonización comunitaria prevista en ese mismo artículo.

(41) En particular, la Comisión debe evaluar si las disposiciones nacionales se justifican por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 30 del Tratado o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y no exceden de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo perseguido. Además, cuando considere justificada la introducción de tales disposiciones nacionales, la Comisión deberá comprobar, con arreglo el apartado 6 del artículo 95, si estas disposiciones nacionales son o no un medio de discriminación arbitrario o una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.

(42) Conviene señalar que, a la vista del plazo establecido en el apartado 6 del artículo 95 del Tratado CE, al examinar si las medidas nacionales notificadas con arreglo al apartado 4 del artículo 95 se justifican, la Comisión tiene que partir de la base de "las razones" aducidas por el Estado miembro solicitante. Esto significa que, con arreglo a las disposiciones del Tratado CE, la responsabilidad de probar que estas medidas están justificadas incumbe al Estado miembro que desea mantenerlas. A la vista del procedimiento previsto en el artículo 95 del Tratado CE, la Comisión normalmente tiene que limitarse a examinar la pertinencia de los elementos presentados por el Estado miembro solicitante, sin que tenga que buscar ella misma razones posibles de justificación.

(43) No obstante, si dispone de información en virtud de la cual pudiera ser necesario revisar la medida de armonización comunitaria de la que se apartan las disposiciones nacionales notificadas, la Comisión podrá tomar en consideración esta información al evaluar las disposiciones nacionales notificadas.

2.1. JUSTIFICACIÓN DEBIDO A LAS RAZONES IMPORTANTES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 30 O RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE O DEL MEDIO DE TRABAJO

(44) Los Países Bajos consideran que el mantenimiento de sus disposiciones nacionales es necesario para la protección del medio acuático y la salud humana frente a los riesgos derivados de los actuales usos de las PCCC. Se hace referencia al principio de cautela. En su opinión, este principio debe interpretarse en el sentido de que no debe esperarse a que se produzca un problema grave, especialmente a causa de la importancia para la salud pública de las aguas subterráneas y superficiales de alta calidad. Los Países Bajos recuerdan que las PCCC son sustancias extremadamente peligrosas y que están clasificadas como tales tanto para la salud humana como para el medio ambiente en virtud de la Directiva 67/548/CEE. Asimismo, se consideran sustancias persistentes y especialmente nocivas para el medio acuático en el marco del Convenio OSPAR. Debido a su presencia en el medio ambiente, se decidió la eliminación gradual de sus usos mediante la Decisión 95/1 de la Comisión de París (ahora Comisión OSPAR). Los Países Bajos señalan que las PCCC constituyen una grave amenaza para el medio acuático neerlandés, tal como se destaca en un estudio de un consultor neerlandés en toxicología que se adjunta a la notificación presentada por este país. También se aduce que la salud pública está en peligro debido a que tanto las aguas subterráneas como las superficiales se utilizan ampliamente para la extracción de agua potable en los Países Bajos.

(45) Al evaluar si las disposiciones nacionales se justifican, como defienden los Países Bajos, por motivos de salud humana y protección del medio ambiente, la Comisión, en su Decisión 2003/549/CE, había considerado la necesidad de tener en cuenta no sólo las pruebas presentadas por los Países Bajos, sino también todas las pruebas pertinentes en poder de la Comisión y, en particular, los resultados de las evaluaciones de riesgos efectuadas en el marco del Reglamento (CEE) n° 793/93 y todas las demás pruebas disponibles.

(46) Al insistir en esta opinión, la Comisión recuerda que, después de la fecha de la citada Decisión, se hicieron públicos el informe sobre evaluación de riesgos de las PCCC y el dictamen correspondiente del CCTEMA de 3 de octubre de 2003, a los cuales se hace referencia en la sección I.4. Esta información también debe tenerse en cuenta por su pertinencia para la evaluación de las disposiciones nacionales.

(47) En lo que respecta a las pruebas presentadas por los Países Bajos, la Comisión había examinado anteriormente el estudio neerlandés adjunto a la notificación y concluido en su Decisión 2003/549/CE que, contrariamente a las afirmaciones de los Países Bajos, el estudio no pone de manifiesto ningún riesgo para el medio acuático neerlandés o para la población de este país, por lo que no respalda los motivos alegados por los Países Bajos para mantener las disposiciones nacionales. Así pues, este estudio no se tomará en consideración.

(48) En términos generales, las pruebas consideradas por la Comisión a la hora de evaluar las disposiciones nacionales incluyen: la evaluación original de los riesgos de las PCCC elaborada por el Reino Unido en 1997 y el correspondiente dictamen del CCTEMA de 27 de noviembre de 1998, las conclusiones de la evaluación de riesgos de las PCCC, adoptadas en la Recomendación 1999/721/CE, la evaluación actualizada de los riesgos de las PCCC presentada por el Reino Unido a finales de julio de 2003, los resultados de los debates celebrados al respecto por el Comité técnico de los Estados miembros y el dictamen del CCTEMA de 3 de octubre de 2003. Cabe señalar que, al formular este último dictamen, el CCTEMA, a petición de la Comisión, examinó también el estudio presentado por los Países Bajos.

2.1.1. Salud humana

(49) La evaluación original de los riesgos de las PCCC finalizada en 1997 y el correspondiente dictamen del CCTEMA de 27 de noviembre de 1998 no ponen de manifiesto preocupaciones para la salud humana a causa de todos los usos de las PCCC prohibidos en el marco de las disposiciones nacionales. Tampoco se alude a estas preocupaciones para la salud humana a causa de estos usos en las conclusiones de la evaluación adoptada a escala comunitaria en 1999(25) ni en el dictamen del CCTEMA de 22 de diciembre de 2002. Es preciso señalar que, al formular este último dictamen, el CCTEMA tuvo en cuenta tanto la nueva información sobre las PCCC como los efectos previsiblemente beneficiosos derivados de la aplicación de las restricciones previstas en la Directiva 2002/45/CE recientemente adoptada. Por último, la ausencia de preocupaciones para la salud humana a causa de todos los restantes usos de las PCCC se confirmó en la versión definitiva del informe actualizado de la evaluación de riesgos de las PCCC presentado por el Reino Unido a finales de julio de 2003 y el correspondiente dictamen del CCTEMA de 3 de octubre de 2003, que también tuvo en cuenta el estudio presentado por los Países Bajos.

(50) A tenor de lo anterior y ante la falta de pruebas que demuestren lo contrario, puede concluirse que las disposiciones nacionales no se justifican por la necesidad de proteger la salud humana.

2.1.2. Medio ambiente

(51) Las disposiciones nacionales deben evaluarse en relación con cada uno de los aspectos en los que son más restrictivas que los requisitos de la Directiva 2002/45/CE, empezando por la prohibición del uso de las PCCC como componentes de otras sustancias y preparados destinados a utilizarse en la elaboración de metales.

2.1.2.1. Prohibición del uso de las PCCC como componentes de otras sustancias y preparados destinados a utilizarse en la elaboración de metales

(52) La Directiva 2002/45/CE permite el uso de las PCCC como componentes de otras sustancias y preparados en líquidos para trabajar el metal en concentraciones inferiores al 1 %. Este límite, no incluido en la propuesta original de la Comisión, se introdujo finalmente para evitar que las parafinas cloradas de cadena media (PCCM) entraran en el ámbito de la Directiva. Las PCCM contienen PCCC como componentes o como impurezas en concentraciones que pueden oscilar del 0,3 al 1 %, "pueden tener aplicaciones similares a las PCCC y se utilizan para sustituir a las PCCC como aditivos de presión extrema en líquidos para trabajar el metal, como plastificantes de pinturas y como aditivos en sellantes"(26). El legislador comunitario consideró que este límite de concentración garantizaría un nivel adecuado de protección ambiental sin afectar a posibles medidas adoptadas en el futuro en relación con las PCCM, a la espera de los resultados de la evaluación comunitaria en curso sobre los riesgos de estas sustancias(27).

(53) Ni el informe original sobre la evaluación de riesgos de las PCCC ni el correspondiente dictamen del CCTEMA de 27 de noviembre de 1998 o las conclusiones de la evaluación de riesgos de las PCCC, adoptadas en la Recomendación 1999/721/CE(28), aclaran si este límite de concentración ofrece la suficiente protección. En su dictamen de 22 de diciembre de 2002, el CCTEMA, tras estudiar detenidamente la nueva información sobre las PCCC y considerar expresamente las restricciones impuestas por la Directiva 2002/45/CE, no cuestiona dicho límite.

(54) En respuesta a la petición de la Comisión de que aclarara esta cuestión, el CCTEMA concluye en su dictamen de 3 de octubre de 2003 que este uso de las PCCC todavía puede plantear riesgos inaceptables.

(55) Por tanto, puede concluirse que las disposiciones nacionales, en la medida en que prohíben el uso de las PCCC como componentes de otras sustancias y preparados destinados a utilizarse en la elaboración de metales, pueden justificarse por la necesidad de proteger el medio ambiente.

(56) Además, a falta de otra información que indique que el objetivo legítimo perseguido puede alcanzarse mediante medidas menos restrictivas, como, por ejemplo, un límite de concentración inferior para las PCCC como componentes de otras sustancias y preparados, puede concluirse que las disposiciones nacionales no parecen ir más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

2.1.2.2. Prohibición del uso de las PCCC como sustancias y componentes de otras sustancias y preparados en los restantes usos

(57) Se evaluará en primer lugar la prohibición de los restantes usos de las PCCC como sustancias.

(58) El informe original sobre la evaluación de riesgos de las PCCC y el correspondiente dictamen del CCTEMA de 27 de noviembre de 1998 no revelan riesgos para el medio ambiente derivados del uso de las PCCC en aplicaciones distintas de la elaboración de metales y el acabado del cuero. La Comisión mantiene esta conclusión en la Recomendación 1999/721/CEEC(29). En su dictamen de 22 de diciembre de 2002, el CCTEMA, tras evaluar detenidamente los nuevos datos relativos a las PCCC y de tener también en cuenta los previsibles efectos beneficiosos derivados de la aplicación de las restricciones previstas en la Directiva 2002/45/CE, recientemente adoptada, declaró que no era necesario modificar esta conclusión.

(59) Las conclusiones de la versión definitiva del informe actualizado sobre la evaluación de los riesgos de las PCCC presentado por el Reino Unido a finales de julio de 2003 discrepan de las de las evaluaciones anteriores. Este informe vuelve a evaluar de forma más exhaustiva los riesgos ambientales asociados a estos usos, sobre la base de los nuevos datos disponibles. Además de proceder a una nueva evaluación de los riesgos ambientales aplicando la metodología tradicional basada en los valores PEC/PNEC (en lo sucesivo denominada "evaluación de riesgos clásica"), se evalúan los riesgos para el medio marino a mayor escala en relación con los criterios de identificación de las sustancias PBT (en lo sucesivo denominada "evaluación PBT"). Por tanto, el informe actualizado sustituye a los anteriores informes y los dictámenes relacionados en las partes comunes, que en consecuencia no deberán tenerse en cuenta a efectos de la evaluación de las disposiciones nacionales.

(60) La Comisión había examinado anteriormente la primera versión de este informe, en forma de borrador, presentado por el Reino Unido en febrero de 2003, y en la Decisión 2003/549/CE concluyó que no incluía indicaciones claras sobre si la información disponible constituía una prueba científica suficiente para justificar el recurso a medidas de reducción de riesgos. Por otro lado, la Comisión observó que el borrador de informe no identificaba del todo los usos de las PCCC que dan lugar a preocupaciones ni hasta qué punto podrían justificarse las medidas de reducción de riesgos para abordar adecuadamente dichas preocupaciones.

(61) La versión definitiva del informe, pese a aclarar algunos aspectos de la evaluación de riesgos, sigue sin contener indicaciones claras. Por un lado, los resultados de la "evaluación de riesgos clásica" no se consideran suficientemente fiables. La "evaluación PBT" tampoco se considera concluyente. Por otro lado, se opina que la amplia distribución de las PCCC en el medio ambiente, conjuntamente con las posibles propiedades PBT de estas sustancias, suscita una preocupación que podría justificar el recurso a medidas cautelares de control para reducir las entradas en el agua y el suelo.

(62) Los expertos técnicos de los Estados miembros, tras analizar el informe actualizado y señalar las incertidumbres pendientes, expresaron la opinión de que era preciso contemplar inmediatamente medidas de reducción de riesgos.

(63) En su dictamen de 3 de octubre de 2003, el CCTEMA llega a diferentes conclusiones. A diferencia del ponente y de los expertos técnicos de los Estados miembros, considera que los datos pertinentes para la "evaluación PBT" no constituyen una base científica suficiente para adoptar medidas de reducción de riesgos, pese a respaldar la clasificación de las PCCC como sustancias PBT. En cuanto a los resultados de la "evaluación de riesgos clásica", el CCTEMA está de acuerdo con la evaluación en que, a pesar de las incertidumbres que persisten, existen riesgos potenciales para el medio ambiente derivados de los usos de las PCCC en los textiles y el caucho. El CCTEMA señala además que también suscitan preocupación todos los restantes usos de las PCCC por su posible impacto en el suelo y los sedimentos. No obstante, el CCTEMA no considera que los datos disponibles constituyan una base científica suficiente para adoptar medidas de reducción de riesgos. Más bien, a la vista del hecho de que los datos necesarios para reducir las incertidumbres que persisten podrían obtenerse de forma relativamente rápida, considera que antes de adoptar medidas deberían esperarse los resultados de una nueva evaluación efectuada sobre la base de valores PEC y PNEC adecuados.

(64) A tenor de lo anterior, parecen persistir incertidumbres en la evaluación de los riesgos derivados de los restantes usos de las PCCC. Si bien hay opiniones divergentes sobre la interpretación de la información disponible en términos de justificación de las medidas de reducción de riesgos, se está de acuerdo en que los restantes usos de las PCCC pueden dar lugar a preocupaciones potenciales, aunque por motivos diferentes y en grados variables.

(65) La Comisión recuerda que una situación de incertidumbre científica sobre la existencia de un riesgo puede justificar el mantenimiento de medidas protectoras de precaución, necesarias para garantizar el nivel deseado de protección durante un período de tiempo limitado, en la medida en que este tiempo es necesario para resolver las incertidumbres científicas(30). Indudablemente, esta incertidumbre existe en el caso de los riesgos potenciales derivados de los restantes usos de las PCCC. Además, las preocupaciones potenciales expresadas apuntan a que la Comisión no puede excluir que la Directiva 2002/45/CE, que permite estos usos, sea insuficiente para garantizar el nivel de protección perseguido por los Países Bajos.

(66) En estas circunstancias y habida cuenta del principio de precaución, puede concluirse que las disposiciones nacionales, en la medida en que prohíben los restantes usos de las PCCC, pueden mantenerse durante un período de tiempo limitado para no interrumpir medidas vigentes que pudieran quedar justificadas tras una futura evaluación de riesgos. Esta conclusión parece tanto más justificada cuanto que las PCCC se consideran sustancias peligrosas prioritarias con arreglo a la Directiva 2000/60/CE, para las cuales se reconoce la necesidad de adoptar medidas específicas de interrupción o supresión gradual de los vertidos, las emisiones y las pérdidas, a fin de conseguir una mayor protección y mejora del medio acuático.

(67) La conclusión expuesta se aplica a la prohibición de los restantes usos de las PCCC como sustancias. En lo que respecta a la prohibición del uso de las PCCC como componentes de otras sustancias y preparados, hay que señalar en primer lugar que estos usos no se abordan en el informe actualizado sobre evaluación de riesgos. A la pregunta de la Comisión sobre si estos usos plantean un riesgo, el CCTEMA da en su dictamen de 3 de octubre de 2003 una respuesta negativa, excepto en el caso de los plásticos, que pueden plantear problemas.

(68) Por tanto, puede concluirse que las disposiciones nacionales, en la medida en que prohíben el uso de las PCCC como componentes de otras sustancias y preparados en las demás aplicaciones, excepto en los plásticos, no se justifican por la necesidad de proteger el medio ambiente.

(69) Queda por evaluar si las disposiciones nacionales, en la medida en que la Comisión considera que pueden mantenerse de forma temporal, no exceden de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo perseguido. A este respecto, la Comisión señala que, en el marco de la Directiva 2000/60/CE, se está debatiendo sobre medidas adecuadas de control de las emisiones de PCCC que sean rentables y proporcionadas, y que, hasta la fecha, no ha sido posible identificar medidas menos restrictivas que las disposiciones nacionales que permitan garantizar que el nivel de exposición del medio ambiente a las PCCC a partir de sus restantes usos actuales se mantenga efectivamente en el mínimo. Sobre la base de la información disponible, las disposiciones nacionales parecen constituir la única medida disponible para garantizar el mantenimiento del elevado nivel de protección medioambiental perseguido por los Países Bajos.

(70) Sobre la base de la información disponible y a la espera de identificar las medidas de reducción de los riesgos mencionadas anteriormente, cabe concluir por tanto que las disposiciones nacionales no son desproporcionadas respecto al objetivo legítimo perseguido.

(71) La Comisión examinará la pertinencia de adaptar la Directiva 2002/45/CE o de proponer medidas adecuadas, con arreglo a la Directiva 2000/60/CE, en función de cualquier información suplementaria, tal como se ha señalado anteriormente.

2.2. AUSENCIA DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA O DE UNA RESTRICCIÓN ENCUBIERTA AL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS O DE OBSTÁCULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INTERIOR

2.2.1. Ausencia de discriminación arbitraria

(72) El apartado 6 del artículo 95 obliga a la Comisión a verificar que las disposiciones nacionales no sean un medio de discriminación arbitraria. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que no exista discriminación no debe darse un trato diferente a situaciones similares, ni un trato similar a situaciones diferentes.

(73) Las disposiciones nacionales son generales y se aplican a los usos de las PCCC con independencia de si las sustancias se fabrican en los Países Bajos o se importan de otros Estados miembros. A falta de datos que demuestren lo contrario, cabe concluir que las disposiciones nacionales no son un medio de discriminación arbitraria.

2.2.2. Ausencia de una restricción encubierta al comercio

(74) Unas medidas nacionales que limiten el uso de productos en mayor medida que una directiva comunitaria constituirían normalmente un obstáculo al comercio, en la medida en que productos que pueden usarse y comercializarse legalmente en el resto de la Comunidad no podrían comercializarse en el Estado miembro interesado, como resultado de la prohibición de uso. Los requisitos establecidos en el apartado 6 del artículo 95 tienen por misión impedir restricciones que se deriven de la aplicación de los criterios de los apartados 4 y 5 por razones inadecuadas y que en realidad constituyan medidas económicas para impedir la importación de productos de otros Estados miembros, es decir, una forma de proteger indirectamente la producción nacional.

(75) Como ya se ha demostrado anteriormente, el verdadero objetivo de las disposiciones nacionales es la protección del medio ambiente contra los riesgos asociados a los usos de las PCCC. A falta de pruebas que demuestren que las disposiciones nacionales constituyen en efecto una medida destinada a proteger la producción nacional, cabe concluir que no constituyen una restricción encubierta al comercio entre los Estados miembros.

2.2.3. Ausencia de obstáculos para el funcionamiento del mercado interior

(76) Esta condición no puede interpretarse de tal forma que prohíba la aprobación de cualquier medida nacional que pueda afectar al funcionamiento del mercado interior. De hecho, cualquier medida nacional que constituya una excepción respecto de una medida de armonización destinada a establecer y permitir el funcionamiento del mercado interior constituye en esencia una medida que puede afectar al mercado interior. Por consiguiente, para preservar la utilidad del procedimiento de excepción previsto en el artículo 95 del Tratado CE, el concepto de obstáculo al funcionamiento del mercado interior deberá entenderse, en el contexto del apartado 6, como un efecto desproporcionado en relación con el objetivo perseguido

(77) Se ha establecido que las disposiciones nacionales pueden mantenerse con carácter temporal por motivos relativos a la protección del medio ambiente y que, sobre la base de la información disponible, parece que constituyen la única medida disponible para garantizar el mantenimiento del elevado nivel de protección perseguido por los Países Bajos. La Comisión considera, por tanto, que a la espera de identificar las medidas adecuadas de reducción de los riesgos, puede concluirse que se cumple la condición relativa a la ausencia de obstáculos para el funcionamiento del mercado interior.

IV. CONCLUSIÓN

(78) A la luz de las consideraciones anteriores, puede concluirse que las disposiciones nacionales:

- pueden mantenerse con carácter temporal por motivos relativos a la protección del medio ambiente y no exceden de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo perseguido, en la medida en que prohíben el uso de las PCCC como componentes de otras sustancias y preparados en líquidos para trabajar el metal, o destinadas a utilizarse como productos ignífugos en plásticos, como plastificantes de pinturas, revestimientos o sellantes, y como productos ignífugos en textiles,

- no se justifican por motivos relativos a la protección del medio ambiente, en la medida en que prohíben el uso de las PCCC como componentes de otras sustancias y preparados en concentraciones inferiores al 1 %, destinadas a utilizarse como plastificantes de pinturas, revestimientos o sellantes, y como productos ignífugos en caucho o textiles.

(79) Además, las disposiciones nacionales, en la medida en que pueden mantenerse con carácter temporal, no constituyen un medio de discriminación arbitraria, una restricción encubierta al comercio entre los Estados miembros ni un obstáculo desproporcionado para el funcionamiento del mercado interior.

(80) Por consiguiente, la Comisión considera que las disposiciones nacionales, en la medida que se especifica anteriormente, pueden aprobarse. No obstante, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se han evaluado las disposiciones nacionales, la Comisión considera que su aprobación ha tener vigencia limitada. Como se indica en la sección I.4 de la presente Decisión, están en marcha iniciativas destinadas a reunir la información necesaria para eliminar o reducir las incertidumbres existentes en torno a la evaluación de los riesgos de las PCCC. Por tanto, no puede excluirse que las disposiciones nacionales se justifiquen a la luz de la nueva información disponible. La aprobación debería ser válida durante el tiempo necesario para recabar y evaluar detenidamente la información necesaria. La Comisión considera que para todo ello es preciso un plazo que expire el 31 de diciembre de 2006, fecha en la que expirará la aprobación.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se aprueban las disposiciones nacionales relativas a las PCCC notificadas por los Países Bajos el 21 de enero de 2003 con arreglo al apartado 4 del artículo 95, en la medida en que no se apliquen al uso de las PCCC como componentes de otras sustancias y preparados en concentraciones inferiores al 1 % destinadas a utilizarse como:

- plastificantes de pinturas, revestimientos o sellantes,

- productos ignífugos en caucho o textiles.

Artículo 2

La Decisión será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2006.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de los Países Bajos.

Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 2003.

Por la Comisión

Erkki Liikanen

Miembro de la Comisión

(1) DO L 177 de 6.7.2002, p. 21.

(2) DO L 262 de 27.9.1976, p. 201.

(3) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

(4) Según el Convenio de París, las Partes contratantes se comprometieron a tomar todas las medidas posibles para evitar y combatir la contaminación marina de origen terrestre. Todos los Estados miembros de la Comunidad Europea excepto Austria, Grecia, Luxemburgo e Italia son signatarios de dicho Convenio. La Comunidad Europea también es Parte contratante. La Comisión de París (Parcom), compuesta por representantes de cada parte contratante, es responsable de la gestión del Convenio. El apartado 3 del artículo 18 establece que la Comisión puede adoptar programas y medidas para evitar o reducir la contaminación de origen terrestre causada por determinadas sustancias químicas enumeradas en las partes I, II y III del anexo A del Convenio. La Decisión 95/1 de la Parcom se adoptó tomando como fundamento jurídico el apartado 3 del artículo 18 y contempla la eliminación progresiva de determinadas utilizaciones de las PCCC de acuerdo con el siguiente calendario: el uso como plastificantes en pinturas y revestimientos, el uso en líquidos para trabajar el metal y el uso como productos ignífugos en caucho, plásticos y textiles antes del 31 de diciembre de 1999; el uso como plastificantes en sellantes y como productos ignífugos en cintas transportadoras para su uso exclusivo en minería antes del 31 de diciembre de 2004. De los 11 Estados miembros de la Comunidad Europea que son partes contratantes del Convenio de París, todos salvo el Reino Unido se han comprometido con la Decisión 95/1/de la Parcom. La Comunidad Europea no es Parte de la Decisión PARCOM. El Convenio de París fue sustituido por el nuevo Convenio sobre protección del medio marino del nordeste atlántico (Convenio OSPAR, 1992). Según el nuevo Convenio, una nueva Comisión OSPAR sustituyó a la Comisión de París.

(5) Italia, Dinamarca, Reino Unido, Austria y Alemania.

(6) La Directiva 2002/45/CE establece un límite del 1 % para las concentraciones de PCCC como componentes de otras sustancias y preparados.

(7) Véase la nota 4.

(8) DO L 131 de 26.5.1994, p. 3.

(9) DO L 84 de 5.4.1993, p. 1. Este Reglamento establece, entre otras cosas, un procedimiento comunitario para la evaluación de los riesgos de las sustancias existentes, es decir las sustancias que figuran en el Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas (DO C 146 de 15.6.1990, p. 1). En virtud de ese Reglamento, las listas de sustancias prioritarias que se van a someter a la evaluación de riesgos comunitaria deberán adoptarse mediante un Reglamento de la Comisión que especifique, para cada sustancia, el Estado miembro responsable de su evaluación. Al realizar la evaluación de los riesgos reales o potenciales que representan las sustancias en cuestión para el ser humano y el medio ambiente deberán aplicarse procedimientos y metodologías específicos. Éstos se especifican en el Reglamento (CE) n° 1488/94 de la Comisión, de 28 de junio de 1994, por el que se establecen los principios de evaluación del riesgo para el ser humano y el medio ambiente de las sustancias existentes de acuerdo con el Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo (DO L 161 de 29.6.1994, p. 3) y se explican más pormenorizadamente en el Technical Guidance Document on Risk Assessment for New and Existing Substances TGD - (http://ecb.jrc.it/existing- chemicals/). Los resultados de la evaluación de riesgos y, en su caso, la estrategia recomendada se adoptan finalmente a escala comunitaria, generalmente en forma de recomendación de la Comisión. Sobre la base de la evaluación de riesgos y de la estrategia recomendada adoptada en consecuencia, la Comisión debe decidir si propone medidas comunitarias en el marco de la Directiva 76/769/CEE o a través de otros instrumentos comunitarios apropiados existentes.

(10) Los expertos de los Estados miembros se reúnen periódicamente con objeto de revisar los informes sobre evaluación de riesgos para preparar las medidas que deben adoptarse de acuerdo con el procedimiento de comité establecido por el Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo.

(11) Dictamen del CCTEMA sobre los resultados de la evaluación de los riesgos de las PCCC elaborado con arreglo al Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes; Dictamen emitido en la 6a sesión plenaria del CCTEMA, Bruselas, 27 de noviembre de 1998. http://europa.eu.int/comm/ food/fs/sc/sct/out23_en.html.

(12) DO L 355 de 30.12.1998, p. 1. Esta Directiva añade, entre otras sustancias, las PCCC al anexo I de la Directiva original. El anexo I constituye un índice de sustancias peligrosas para las que existe un sistema armonizado de clasificación y etiquetado, acordado en la Comunidad de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva.

(13) DO 196 de 16.8.1967, p. 1.

(14) "European Union Risk Assessment Report, CAS No.: 85535-84-8, EINECS No.: 287-476-5, alkanes, C10-13, chloro", primera lista prioritaria, volumen 4, Centro Común de Investigación, Comisión Europea, Oficina de Sustancias Químicas, Instituto de Sanidad y Protección de los Consumidores, http://ecb.jrc.it/existing- chemicals/.

(15) DO L 292 de 13.11.1999, p. 42.

(16) Coeficiente de repartición del carbono orgánico, parámetro que representa la distribución de un compuesto entre carbono orgánico en el suelo (por ejemplo, ácido húmico) y en el agua.

(17) Dictamen del CCTEMA sobre las "PCCC". Seguimiento de la Directiva 2002/45/CE, dictamen formulado en la 35a sesión plenaria del CCTEMA, Bruselas, 17 de diciembre de 2002 (http://europa.eu.int/comm/ food/fs/sc/sct/out23_en.html).

(18) Véase la nota 10.

(19) Con arreglo al TGD (véase la nota 9), se considera que las sustancias con propiedades PBT pueden contaminar el medio marino a mayor escala, por lo que requieren medidas para el control de emisiones.

(20) Esta metodología de evaluación de riesgos, esbozada en el Reglamento (CE) n° 1488/94 de la Comisión y expuesta con más detalla en el Technical Guidance Document (véase la nota 9) consiste en calcular la relación entre el valor PEC (Predicted Environmental Concentration, concentración ambiental prevista) de una determinada sustancia y el valor PNEC (Predicted No Effect Concentration, concentración prevista sin efecto) de dicha sustancia en un compartimento medioambiental específico; un resultado superior a 1 refleja una situación de riesgo potencial o real, en función de la incertidumbre que planteen los valores PEC y PNEC.

(21) Dictamen del CCTEMA "The scientific basis of the national provisions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs) being more restrictive than those laid down in Directive 2002/45/EC that The Netherlands intends to maintain in accordance with Article 95(4) of the EC Treaty" ("Base científica de las disposiciones nacionales relativas a las PCCC más restrictivas que las previstas en la Directiva 2002/45/CE que los Países Bajos pretenden mantener de conformidad con el apartado 4 del artículo 95 del Tratado CE"), adoptado por el CCTEMA mediante procedimiento escrito el 3 de octubre de 2003 (http://europa.eu.int/comm/ food/fs/sc/sct/out200_en.pdf).

(22) De conformidad con el Reglamento, los fabricantes e importadores deben presentar por norma general al ponente determinada información o realizar pruebas. El artículo 10 establece que cuando, a efectos de la evaluación del riesgo, el ponente considere necesario solicitar a los fabricantes o importadores mayor información y/o realizar nuevas pruebas, informará de ello a la Comisión y la decisión se adoptará de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15.

(23) DO L 331 de 15.12.2001, p. 1.

(24) DO C 100 de 26.4.2003, p. 20.

(25) Véase el considerando 20 de la presente Decisión.

(26) Véase el documento de la Comisión OSPAR sobre las PCCC, 2001, apartado 33.

(27) Las PCCM son objeto de una evaluación de riesgos en el marco del Reglamento (CEE) n° 793/93; el Reino Unido actúa de ponente.

(28) Véase el considerando 20 de la presente Decisión.

(29) Véase el considerando 20 de la presente Decisión.

(30) Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución [COM(2000)1].