ES Diario Oficial de la Unión Europea L 205/28

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 12 de julio de 2005

relativa a las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y la Comunidad (2005-2008)

(2005/601/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 99, apartado 2,

Vista la recomendación de la Comisión,

Visto el debate celebrado por el Consejo Europeo los días 16 y 17 de junio de 2005,

Considerando que el Parlamento Europeo ha adoptado una Resolución sobre la recomendación de la Comisión,

RECOMIENDA:

INTRODUCCIÓN

El Consejo Europeo de marzo de 2005 dio un nuevo impulso a la Estrategia de Lisboa centrándola en el crecimiento y el empleo en Europa (1). Con esta decisión, los Jefes de Estado y de Gobierno transmitieron un mensaje claro sobre las prioridades de la Unión para los próximos años. Europa debe centrar sus políticas aún más en el crecimiento y el empleo a fin de alcanzar los objetivos de Lisboa, en un contexto sólido de políticas macroeconómicas y en un marco orientado a la cohesión social y a la sostenibilidad medioambiental, pilares vitales de la Estrategia de Lisboa.

Se ha de prestar especial atención a la realización del programa de Lisboa. Para alcanzar estos objetivos la Unión debe recurrir más a todos los medios nacionales y comunitarios a fin de explotar mejor las sinergias entre ellos. Además, la participación de las partes interesadas puede contribuir a concienciar de la necesidad de políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad y de reformas estructurales, y también a mejorar la calidad de su realización e incrementar el grado de asunción de la Estrategia de Lisboa como algo propio.

Para ello, las presentes orientaciones generales para las políticas económicas (OGPE) reflejan el nuevo inicio de la Estrategia de Lisboa y se concentran en la contribución de las políticas económicas al aumento del crecimiento y del empleo. En la sección A se trata de la contribución que las políticas macroeconómicas pueden aportar al respecto. La sección B se centra en las medidas y las políticas que deberían aplicar los Estados miembros a fin de potenciar el conocimiento y la innovación con vistas al crecimiento y a hacer de Europa un lugar más atractivo para invertir y trabajar. Siguiendo las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas (22 y 23 de marzo de 2005), como instrumento general para la coordinación de las políticas económicas, las OGPE deberían seguir abarcando toda la gama de políticas macroeconómicas y microeconómicas, al igual que la política de empleo, en la medida en que ésta interactúa con aquéllas; las OGPE garantizarán la coherencia económica general entre los tres vectores de la estrategia. Seguirán aplicándose los acuerdos multilaterales de seguimiento vigentes para las OGPE.

Las presentes orientaciones son aplicables a todos los Estados miembros y a la Comunidad. Deberían fomentar la coherencia de las medidas de reforma contenidas en los programas de reforma nacionales establecidos por los Estados miembros y se verán complementadas por el Programa Comunitario de Lisboa 2005-2008 que abarcará todas las acciones que se hayan de emprender a nivel comunitario en interés del crecimiento y del empleo. La puesta en práctica de todos los aspectos pertinentes de las presentes orientaciones debería tener en cuenta la integración de los objetivos de la igualdad de los sexos en todas las actuaciones.

ESTADO DE LA ECONOMÍA DE LA UE

La actividad económica de la UE, que había tomado impulso desde mediados de 2003, se frenó durante el segundo semestre de 2004 por culpa de factores externos, como precios del petróleo elevados y fluctuantes, la ralentización de la expansión comercial mundial y la apreciación del euro. En parte, la escasa capacidad de recuperación de algunas economías europeas puede también derivar de debilidades estructurales persistentes. Se espera que el crecimiento del PIB real siga a un ritmo moderado en 2005, si bien una transferencia del año anterior inferior a lo previsto afectará inevitablemente a la media anual global. La contribución de la demanda interna a la recuperación ha sido hasta el momento desigual entre los Estados miembros, aunque se prevé un refuerzo gradual a lo largo del año, apoyado por condiciones financieras favorables (incluidos unos tipos de interés reales reducidos) y unas presiones inflacionistas contenidas.

La recuperación económica ha dependido en gran medida de la reactivación del crecimiento mundial y del rápido aumento del comercio internacional. A medida que el ciclo del crecimiento mundial alcance su madurez y absorba el efecto amortiguador de la subida de los precios mundiales del petróleo se hará cada vez mas hincapié en la demanda interna de la UE como factor impulsor de la recuperación. Las políticas estructurales y macroeconómicas han de concebirse teniendo en cuenta el contexto de un aumento de precios de las materias primas, en particular el petróleo, y de una presión a la baja para los precios industriales. Por consiguiente, el retorno a tasas de crecimiento potenciales en la UE depende en gran medida del aumento de la confianza de empresas y consumidores, así como de una evolución económica mundial favorable, incluidos los precios del petróleo y los tipos de cambio. En estas circunstancias, es importante que las políticas económicas inspiren confianza y, por consiguiente, contribuyan a crear las condiciones para la intensificación de la demanda interior y de la creación de empleo a corto plazo, y que las reformas estructurales contribuyan a un aumento del potencial de crecimiento a medio plazo.

Se prevé que los índices de desempleo disminuyan, aunque lentamente, hasta el 8,7 % en 2006. La tasa de empleo general estimada es del 63 % para la UE-25 en 2003, lo cual está significativamente por debajo del objetivo acordado del 70 %. El avance hacia el objetivo del índice de empleo femenino del 60 % ha sido lento, y dicho índice se sitúa actualmente en el 55,1 % para la UE-25, aunque se espera un nuevo repunte. La tasa de empleo de los trabajadores de más edad, que siguió subiendo hasta poco más de 40,2 %, es la más alejada del objetivo del 50 % fijado para 2010. Al mismo tiempo, la mejora de la calidad del trabajo ha progresado de manera irregular y la recesión económica ha puesto de relieve los problemas de inclusión social. Tras varios años de disminución, el desempleo de larga duración volvió a aumentar y parece improbable que se reduzca en el futuro próximo.

La lentitud de la recuperación económica de la UE sigue siendo inquietante. La economía de la UE se encuentra, en diversos aspectos, más lejos que en marzo de 2000 de su objetivo de convertirse en la economía más competitiva del mundo. En estas circunstancias, la distancia entre el potencial de crecimiento de Europa y el de sus socios económicos no se ha reducido significativamente.

— La primera explicación de la persistencia de estos resultados insatisfactorios de la economía de la Unión es que su insumo de mano de obra sigue siendo comparativamente bajo. Gracias a los esfuerzos realizados por los Estados miembros, la tasa de empleo aumentó del 61,9 % en 1999 al 63 % en 2003. Sin embargo, sigue habiendo un considerable margen de mejora, especialmente entre los trabajadores más jóvenes y los de más edad, si se han de cumplir los objetivos de Lisboa.

— La segunda explicación clave de los malos resultados de la UE está vinculada al bajo nivel de crecimiento de su productividad, que ha seguido una tendencia descendente durante varias décadas.

SECCIÓN A

POLÍTICAS MACROECONÓMICAS PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO (2)

A.1 Políticas macroeconómicas que posibiliten un mayor crecimiento y creación de empleo

Garantizar la estabilidad económica y aumentar el potencial de empleo y crecimiento

Unas políticas macroeconómicas sólidas son fundamentales para apoyar una expansión económica equilibrada y la realización plena del actual potencial de crecimiento. Son así mismo imprescindibles para establecer las condiciones marco que promuevan unos niveles adecuados de ahorro e inversión, y una más firme orientación de éstos hacia el conocimiento y la innovación, a fin de situar la economía en una senda de aumento sostenido y no inflacionista del crecimiento y del empleo. Esto debería permitir mantener tipos de interés a largo plazo favorables y contribuir a una evolución razonable de los tipos de cambio. Al planificar su futuro, las empresas y los particulares deben tener confianza en que se mantendrá la estabilidad de los precios.

Las políticas monetarias pueden contribuir a ello promoviendo la estabilidad de los precios y, sin perjuicio de este objetivo, apoyando otras políticas económicas generales respecto del crecimiento y del empleo. Para los nuevos Estados miembros, será importante que las políticas monetarias contribuyan a la consecución de una convergencia real — y nominal — sostenibles. Los regímenes de tipo de cambio constituyen una parte importante del marco de políticas económicas y monetarias y deberían orientarse al objetivo de lograr una convergencia real y nominal sostenible. La participación en el mecanismo de cambio europeo (MCE II), en una fase adecuada ulterior a la adhesión, debería suponer una ayuda para estos esfuerzos. Otra tarea de política macroeconómica que alguno de estos Estados miembros tiene por delante es la de mantener su déficit por cuenta corriente dentro de unos límites en los que pueda garantizarse una financiación externa saneada. En este aspecto, la austeridad fiscal será fundamental para reducir los déficit por cuenta corriente.

Garantizar una posición presupuestaria saneada permitirá la actuación plena y simétrica de los estabilizadores automáticos presupuestarios a lo largo del ciclo para estabilizar la producción en torno a una tendencia de crecimiento mayor y sostenible. En el caso de los Estados miembros que han logrado ya una posición presupuestaria saneada, el desafío consiste en mantenerla. Para los demás es crucial tomar todas las medidas correctivas necesarias para lograr sus objetivos presupuestarios a medio plazo, en particular si las condiciones económicas mejoran, evitando así las políticas procíclicas para situarse, en cambio, en una posición en la que se disponga de margen suficiente para la actuación plena de los estabilizadores automáticos a lo largo del ciclo antes de la siguiente recesión económica. En línea con el informe del Ecofin «Mejorar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» suscrito por el Consejo Europeo (22 y 23 de marzo de 2005), para los distintos Estados miembros el objetivo presupuestario a medio plazo debería diferenciarse en función de las diversas posiciones y evoluciones económicas y presupuestarias, así como del riesgo fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas, también frente a la perspectiva de cambios demográficos. Los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aplicables a los Estados miembros de la zona euro también son aplicables a los Estados miembros del MCE II.

Directriz n.o 1. A fin de garantizar la estabilidad económica para el crecimiento sostenible: 1. En sintonía con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Estados miembros deberían respetar sus objetivos presupuestarios a medio plazo. En la medida en que ese objetivo aún no se haya alcanzado, deberían adoptar todas las medidas correctoras necesarias para conseguirlo. Los Estados miembros deben evitar las políticas fiscales procíclicas. Además, es necesario que los Estados miembros con déficit excesivo tomen medidas efectivas para garantizar la pronta corrección de los déficit excesivos. 2. Los Estados miembros cuyo déficit por cuenta corriente pueda llegar a ser insostenible deben corregirlo mediante reformas estructurales, fomentando la competitividad exterior y, en su caso, contribuyendo a su corrección mediante políticas fiscales. Véase también la directriz integrada «Para contribuir al dinamismo y buen funcionamiento de la UEM» (no 6).

Salvaguardar la sostenibilidad económica a largo plazo teniendo en cuenta el envejecimiento de la población europea

El envejecimiento de la población de Europa plantea riesgos graves para la sostenibilidad a largo plazo de la economía de la Unión Europea. Según las previsiones más recientes, en 2050 la población de la UE en edad de trabajar (15-64) será un 18 % menor que en 2000, y el número de personas mayores de 65 años habrá aumentado en un 60 %. Esto no sólo implica índices más elevados de dependencia, sino también que, a menos que se tomen ya medidas para salvaguardar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, podría haber un aumento de la carga de endeudamiento debido al aumento del gasto público derivado del envejecimiento, y una disminución del potencial de producción per cápita, debido a la reducción de la población en edad de trabajar, y dificultades futuras a la hora de financiar los sistemas de pensiones, seguridad social y asistencia sanitaria.

Los Estados miembros, como parte de la bien establecida estrategia tripartita para atajar las implicaciones presupuestarias del envejecimiento, deberían abordar dichas implicaciones intentando alcanzar un ritmo satisfactorio de reducción de la deuda, creando incentivos para aumentar las tasas de empleo e incrementando la mano de obra para compensar el impacto de la futura reducción de la población en edad de trabajar. A pesar del reciente aumento, hasta alcanzar el 63 % en 2003, la tasa de empleo relativamente reducida indica que Europa posee una reserva de mano de obra no utilizada. De esta forma, el margen para ulteriores mejoras es considerable, en particular en lo que respecta a las mujeres, los jóvenes y trabajadores de más edad. En coherencia con esta estrategia, resulta también esencial modernizar los sistemas de protección social y garantizar así su viabilidad financiera, estableciendo incentivos para que la población en edad laboral participe de forma activa en el mercado del trabajo, garantizando al mismo tiempo que cumplen sus objetivos en términos de acceso y adecuación. En particular, la mejora de la interacción entre los sistemas de protección social y los mercados laborales puede eliminar las distorsiones y fomentar la ampliación de la vida laboral en un contexto de mayor esperanza de vida.

Directriz n.o 2. Para salvaguardar la sostenibilidad económica y fiscal como base para el aumento del empleo los Estados miembros deberían, ante los costes previstos del envejecimiento demográfico: 1. Adoptar un ritmo satisfactorio de reducción de la deuda pública a fin de fortalecer las finanzas públicas. 2. Reformar y reforzar los sistemas de pensiones, seguridad social y asistencia sanitaria garantizando que sean financieramente viables, socialmente adecuados y accesibles. 3. Tomar medidas para aumentar la participación en el mercado laboral y la oferta de mano de obra en particular entre las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de más edad y promover un enfoque de ciclo vital del trabajo a fin de aumentar las horas trabajadas en la economía. Véase también la directriz integrada «Promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida» (no 18 y 4, 19 y 21).

Promover una asignación eficiente de los recursos, orientada al crecimiento y al empleo

Es preciso contar con unos regímenes impositivos y de gasto bien concebidos que promuevan una asignación eficiente de los recursos para que el sector público contribuya plenamente al crecimiento y el empleo sin comprometer los objetivos de estabilidad y sostenibilidad económicas. Esto puede lograrse reorientando el gasto hacia categorías que potencian el crecimiento, como la investigación y el desarrollo (I+D), las infraestructuras físicas, las tecnologías respetuosas del medio ambiente, el capital humano y el conocimiento. Además, los Estados miembros pueden controlar otras categorías de gasto mediante el uso de normas de gasto, la elaboración de presupuestos basados en resultados y mecanismos de evaluación que garanticen la correcta elaboración de las diferentes medidas de reforma y de los conjuntos de medidas. Una prioridad clave para la economía de la UE es que las estructuras tributarias y su interacción con los sistemas asistenciales promuevan un mayor potencial de crecimiento merced a un aumento del empleo y de la inversión.

Directriz n.o 3. Para promover una asignación de los recursos eficiente, orientada al crecimiento y al empleo los Estados miembros deben, sin perjuicio de las directrices de estabilidad y sostenibilidad económicas, reorientar la composición del gasto público hacia categorías que fomentan el crecimiento en sintonía con la Estrategia de Lisboa, adaptar las estructuras tributarias para fortalecer el potencial de crecimiento, velar por que existan mecanismos para evaluar la relación entre el gasto público y la realización de los objetivos políticos y garantizar la coherencia global de los programas de reforma. Véase también la directriz integrada «Para fomentar la utilización sostenible de los recursos y potenciar las sinergias entre la protección del medio ambiente y el crecimiento» (no 11).

Garantizar una evolución de los salarios que contribuya al crecimiento y a la estabilidad y complemente las reformas estructurales

La evolución de los salarios puede contribuir a la estabilidad de las condiciones macroeconómicas y formar parte de un conjunto de políticas favorables al empleo, a condición de que las subidas de los salarios reales sean acordes con la tasa subyacente de crecimiento de la productividad a medio plazo y coherentes con un índice de rentabilidad que propicie la inversión en productividad, capacidad y creación de empleo. Para ello es preciso que los factores temporales como la variación de la productividad debida a factores cíclicos o subidas excepcionales de la tasa global de inflación no causen una tendencia insostenible de crecimiento salarial y que la evolución de los salarios responda a las condiciones del mercado de trabajo local.

Teniendo en cuenta la continua presión al alza de los precios del petróleo y las materias primas, es necesario vigilar la repercusión de los acuerdos salariales y del aumento de los costes laborales en la estabilidad y la competitividad de los precios. El hecho de que este efecto secundario no se haya observado hasta el momento se acoge con satisfacción. Estas cuestiones han de tenerse en cuenta en el diálogo y el intercambio de información constantes entre las autoridades monetarias y fiscales y los interlocutores sociales en el marco del diálogo macroeconómico.

Directriz n.o 4. Para garantizar que la evolución salarial contribuya a la estabilidad macroeconómico y al crecimiento y para incrementar la adaptabilidad, los Estados miembros deben fomentar unas condiciones que supongan un marco adecuado para los sistemas de negociación salarial, respetando plenamente al mismo tiempo el papel de los interlocutores sociales, con vistas a la promoción de una evolución de los salarios nominales y de los costes laborales compatible con la estabilidad de los precios y con la tendencia de la productividad a medio plazo, teniendo en cuenta las diferencias entre cualificaciones y condiciones de los mercados de trabajo locales. Véase también la directriz integrada «Velar por que la evolución de los costes laborales y los mecanismos de fijación de salarios favorezcan el empleo» (no 22).

Promover políticas macroeconómicas, estructurales y de empleo coherentes

La función de unas políticas macroeconómicas sólidas es proporcionar condiciones favorables para la creación de empleo y el crecimiento. Las reformas estructurales, coherentes con posiciones fiscales sólidas a corto y medio plazo, resultan esenciales para aumentar la productividad y el empleo a medio plazo conduciendo así a la plena realización y refuerzo del potencial de crecimiento. También contribuyen a la sostenibilidad fiscal, a la estabilidad macroeconómica y a la capacidad de recuperación de las crisis. Al mismo tiempo, unas políticas macroeconómicas adecuadas resultan fundamentales para recoger plenamente los beneficios de las reformas estructurales en términos de crecimiento y de empleo. Una característica decisiva de la estrategia económica general de los Estados miembros es que garanticen que éstos tengan un conjunto coherente de políticas estructurales que apoye el marco macroeconómico y viceversa. En concreto, las reformas del mercado deben mejorar la adaptabilidad y la capacidad de ajuste generales de las economías en respuesta a los cambios cíclicos de las condiciones económicas, así como a tendencias a más largo plazo, como la globalización y la evolución tecnológica. En este sentido, debe llevarse a cabo un esfuerzo con el fin de reformar los sistemas tributarios y asistenciales para que sea rentable trabajar y se evite toda posible desincentivación a incorporarse al mercado de trabajo.

Directriz n.o 5. Para promover una mayor coherencia entre las políticas macroeconómicas, estructurales y de empleo, los Estados miembros deben continuar las reformas de los mercados del trabajo y de productos que al mismo tiempo aumentan el potencial de crecimiento y apoyan al marco macroeconómico al incrementar la flexibilidad, la movilidad de los factores y la capacidad de ajuste de los mercados del trabajo y de los productos en repuesta a la globalización, los avances tecnológicos, los cambios de la demanda y las variaciones cíclicas. En particular, los Estados miembros deben renovar el impulso de las reformas de los sistemas tributarios y asistenciales a fin de mejorar los incentivos y lograr que trabajar sea rentable; aumentar la adaptabilidad de los mercados de trabajo combinando la flexibilidad y seguridad del empleo; y mejorar la empleabilidad invirtiendo en capital humano. Véase también la directriz integrada «Promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo, prestando la debida atención a la función de los interlocutores sociales» (no 29 y no 18).

A.2 Garantizar el dinamismo y el buen funcionamiento de la zona del euro

La necesidad de incrementar el crecimiento y el empleo es especialmente acuciante en la zona del euro, debido a su débil rendimiento económico reciente y a su reducido potencial de crecimiento, de alrededor del 2 % (según cálculos de la Comisión). En su última previsión de primavera, la Comisión revisó a la baja su previsión para 2005, estimando un crecimiento del 1,6 % en la zona del euro. Pueden aumentar las divergencias económicas en la zona del euro en términos de crecimiento, demanda interior y presiones inflacionistas. La deceleración del crecimiento económico en la zona del euro durante el segundo semestre del año pasado puede atribuirse tanto a factores externos —precios elevados y fluctuantes del petróleo, ralentización del crecimiento comercial mundial y apreciación del euro— como a la rigidez interna. En lo que a los factores exteriores se refiere, la adversa evolución de los precios del petróleo y los persistentes desequilibrios mundiales siguen representando un riesgo de caída nada despreciable.

La demanda interna ha sido especialmente débil en la zona del euro, donde tanto el consumo privado como la inversión estuvieron significativamente por debajo de los niveles de la UE-25 en su conjunto en 2004. La debilidad del consumo privado parece tener su origen en la persistente inquietud ante, en particular, las perspectivas de empleo (el desempleo se sigue manteniendo en torno al 9 %) y también en las perspectivas de ingresos a medio plazo. El nivel de confianza y la falta de una mejora sostenida del consumo han seguido pesando en la inversión.

El desafío para la zona del euro consiste en realizar su potencial de crecimiento actual y, más aún, en incrementarlo con el tiempo. Unas políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad y unas reformas estructurales de gran alcance constituyen el mejor medio para lograrlo. Ambas son además especialmente importantes para los Estados miembros de la zona del euro y del MCEII porque tienen una repercusión importante en su capacidad para ajustarse a los impactos de efecto asimétrico y, por lo tanto, en la resistencia económica de toda la zona del euro. Además, los resultados económicos de los distintos Estados miembros de la zona del euro y las políticas que practican afectan a los bienes comunes, como el tipo de cambio del euro, los tipos de interés, la estabilidad de los precios y la cohesión de la zona del euro. Todo ello implica la necesidad de una coordinación efectiva de las políticas, tanto en la UE como en la zona del euro, a fin de aumentar el potencial de crecimiento y el rendimiento.

La ausencia de políticas nacionales de tipos de interés y de cambio implica también una mayor necesidad de lograr y mantener posiciones presupuestarias a lo largo del ciclo que proporcionen el margen presupuestario suficiente para absorber el golpe de fluctuaciones cíclicas o impactos económicos de efecto asimétrico. Son fundamentales unas políticas estructurales que faciliten el ajuste fluido de los precios y de los salarios para que los Estados miembros de la zona del euro tengan la capacidad de adaptarse con rapidez a los impactos (como el actual de los precios del petróleo) y para evitar evoluciones inflacionistas injustificadas. En este contexto, son especialmente importantes políticas que incrementen la capacidad de reacción del mercado de trabajo, mediante la participación generalizada de los trabajadores, la movilidad profesional y geográfica y la fijación de salarios, junto con las reformas adecuadas del mercado de los productos.

A corto plazo, la combinación de políticas de la zona del euro ha de apoyar la recuperación económica al mismo tiempo que salvaguarda la sostenibilidad y la estabilidad a largo plazo. En la coyuntura actual es importante que la combinación de políticas sostenga la confianza entre consumidores e inversores, lo que implica también seguir comprometido con la estabilidad a medio plazo. La política presupuestaria ha de garantizar una posición fiscal coherente con la necesidad de prepararse para las repercusiones del envejecimiento de las poblaciones, por una parte, y, por otra, de conseguir una composición de gasto público y de ingresos que fomente el crecimiento económico.

Para que la zona del euro contribuya a la estabilidad económica internacional y represente mejor sus intereses económicos, es crucial que desempeñe plenamente su papel en la cooperación internacional en materia de política monetaria y de política económica. Una Presidencia estable del Eurogrupo ayudará a coordinar las posiciones de los miembros de la zona del euro, pero también ha de mejorarse la representación exterior de la zona del euro, sobre la base del Acuerdo de Viena de 11 y 12 de diciembre de 1998, de forma que la zona del euro pueda desempeñar un papel estratégico rector en el desarrollo del sistema económico mundial.

Directriz n.o 6. Para contribuir al dinamismo y el buen funcionamiento de la UEM, los Estados miembros de la zona del euro han de garantizar una mejor coordinación de sus políticas económicas y presupuestarias, y en particular: 1. Prestar atención especial a la sostenibilidad fiscal de sus finanzas públicas en el pleno cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; 2. Contribuir a una combinación de políticas que sostenga la recuperación económica y sea compatible con la estabilidad de los precios, fomentando así la confianza en empresas y consumidores a corto plazo, sin dejar de ser al mismo tiempo compatible con el crecimiento sostenible a largo plazo; 3. Seguir adelante con las reformas estructurales que aumenten el crecimiento potencial a largo plazo de la zona del euro y mejoren su productividad, competitividad y capacidad de ajuste económico a los impactos asimétricos, prestando atención especial a las políticas de empleo; y 4. Asegurarse de que la influencia de la zona del euro en el sistema económico mundial está a la altura de su peso económico.

SECCIÓN B

REFORMAS MICROECONÓMICAS PARA INCREMENTAR EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE EUROPA

Las reformas estructurales son esenciales para incrementar el potencial de crecimiento de la UE y sostener la estabilidad macroeconómica, porque incrementan la eficiencia y la adaptabilidad de su economía. El aumento de productividad se alimenta de competencia, inversión e innovación. Aumentar el potencial de crecimiento de Europa exige progresar en la creación de empleo y en el incremento de la productividad. Desde mediados de los años 90 el crecimiento de la productividad en la UE se ha ralentizado de modo notable. Parte de esta ralentización se deriva del aumento del empleo de trabajadores de baja cualificación. No obstante, invertir esta tendencia de la productividad constituye uno de los grandes desafíos a que se enfrenta la Unión, en especial teniendo en cuenta el envejecimiento de su población. Se calcula que el envejecimiento de la población por sí sólo reduce casi a la mitad la tasa actual de crecimiento potencial. Por lo tanto, acelerar el crecimiento de la productividad y aumentar las horas trabajadas resulta indispensable para mantener e incrementar los niveles de vida futuros y garantizar un nivel elevado de protección social.

B.1 Conocimiento e innovación — Motores del crecimiento sostenible

El conocimiento acumulado mediante la inversión en I+D, innovación y educación es un factor fundamental para impulsar el crecimiento a largo plazo. Las políticas de aumento de la inversión en conocimiento y refuerzo de la capacidad de innovación de la economía de la UE ocupan un lugar central en la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Por eso, de conformidad con los objetivos de Lisboa, los programas nacionales y regionales se centrarán cada vez más en inversiones en estos ámbitos.

Incrementar y mejorar la inversión en I+D con vistas a la creación del Área Europea de Conocimiento

La investigación y el desarrollo afectan al crecimiento económico de varias formas: en primer lugar, pueden contribuir a la creación de nuevos mercados o procesos de producción; en segundo lugar, pueden llevar a una mejora cada vez mayor de productos y procesos de producción ya existentes; y, en tercer lugar, incrementan la capacidad de un país para absorber nuevas tecnologías.

La UE gasta actualmente alrededor del 2 % de su PIB en I+D (aunque esta media abarca desde menos del 0,5 % hasta más del 4 % del PIB según los Estados miembros), apenas por encima del nivel registrado cuando se puso en marcha la estrategia de Lisboa. Por otra parte, sólo un 55 % aproximadamente del gasto en investigación de la UE está financiado por el sector empresarial. Los reducidos niveles de las inversiones privadas en I+D se consideran una de las explicaciones principales del desfase en innovación existente entre la UE y los EEUU. Es preciso avanzar de forma más rápida hacia el cumplimiento del objetivo colectivo de la UE de elevar la inversión en investigación al 3 % del PIB. Se pide a los Estados miembros que informen, en sus programas nacionales de Lisboa, sobre sus objetivos de gasto en I+D para 2008 y 2010 y las medidas previstas para lograrlos. La principal tarea es implantar las condiciones marco, los instrumentos y los incentivos para que las empresas inviertan en investigación.

El gasto público en investigación debe ser más eficaz y deben mejorar las relaciones entre la investigación pública y el sector privado. Deben fortalecerse los polos y las redes de excelencia, ha de hacerse un mejor uso general de los mecanismos de ayuda pública para fomentar la innovación en el sector privado y debe garantizarse un mejor efecto de incentivación de las inversiones públicas así como una gestión modernizada de las instituciones de investigación y las universidades. También es esencial garantizar que las compañías funcionan en un entorno competitivo, ya que la competencia es un importante acicate para el gasto privado en innovación. Además hay que actuar con determinación para incrementar el número y la calidad de los investigadores activos en Europa, en particular atrayendo más estudiantes hacia las disciplinas científicas, técnicas y de ingeniería, y mejorar el desarrollo profesional y la movilidad transnacional e intersectorial de los investigadores, así como reducir los obstáculos a la movilidad de investigadores y estudiantes.

La dimensión internacional de la investigación y el desarrollo deben reforzarse en términos de financiación conjunta, obtención de una masa crítica mayor a nivel de la UE en ámbitos vitales que requieren gran financiación y mediante la reducción de obstáculos a la movilidad de investigadores y estudiantes.

Directriz n.o 7. Para aumentar y mejorar la inversión en I+D, en particular por parte de las empresas privadas, el objetivo general para 2010 del 3 % del PIB se confirma con una división adecuada entre inversión privada y pública, y los Estados miembros definirán niveles intermedios específicos. Los Estados miembros deben seguir desarrollando una combinación de medidas adecuada para fomentar la I+D, en particular la I+D empresarial, mediante: 1. La mejora de las condiciones marco y la garantía de que las compañías funcionan en un entorno suficientemente competitivo y atractivo; 2. Un gasto público en I+D más eficiente y eficaz y el desarrollo de los convenios de colaboración entre el sector público y el privado; 3. El desarrollo y refuerzo de los centros de excelencia de instituciones educativas y de investigación de los Estados miembros, así como la creación de nuevos centros donde proceda, y la mejora de la cooperación y la transferencia de tecnología entre los institutos de investigación públicos y las empresas del sector privado; 4. El desarrollo y uso idóneo de incentivos para fomentar la I+D privada; 5. La modernización de la gestión de las instituciones de investigación y las universidades; 6. La garantía de disponibilidad suficiente de investigadores cualificados, atrayendo más estudiantes a las disciplinas científicas, técnicas y de ingeniería y fomentando el desarrollo de las carreras así como la movilidad de los investigadores y el personal de desarrollo a nivel europeo, internacional e intersectorial.

Facilitar la innovación

El dinamismo de la economía europea depende de manera crucial de su capacidad de innovación. Deben existir las condiciones económicas marco necesarias para la innovación. Esto implica unos mercados financieros y de productos que funcionen bien y unos derechos de propiedad intelectual eficaces y asequibles. Con frecuencia son las nuevas empresas, que a veces encuentran especiales dificultades para obtener financiación, las que introducen las innovaciones en el mercado. Por lo tanto, para potenciar la actividad innovadora han de adoptarse medidas, en especial de mejora del acceso a la financiación, que fomenten la creación y el crecimiento de empresas innovadoras. El desarrollo de polos y redes de innovación y la prestación de servicios de apoyo a la innovación dirigidos específicamente a las PYME pueden contribuir a la difusión de las tecnologías y a las políticas para integrar mejor los sistemas de innovación y de educación nacionales. La transferencia de conocimientos a través de la movilidad de los investigadores, la inversión extranjera directa o la importación de tecnologías es especialmente beneficiosa para los países y regiones más rezagados.

Directriz n.o 8. Para facilitar todas las formas de innovación, los Estados miembros deben centrarse en: 1. Mejorar los servicios de apoyo a la innovación, en particular para la difusión y la transferencia de tecnología; 2. La creación y desarrollo de polos, redes e incubadoras de innovación que acerquen entre sí las universidades, las instituciones de investigación y las empresas, también a nivel regional y local, contribuyendo así a superar el desfase tecnológico entre regiones; 3. El fomento de la transferencia de conocimiento transfronteriza, incluyendo la aportación de la inversión extranjera directa; 4. Fomentar la contratación pública de productos y servicios innovadores; 5. Un mejor acceso a la financiación nacional e internacional, y 6. Medios eficientes y asequibles para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual.

La difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en línea con los objetivos y acciones de la próxima iniciativa i2010, también constituye una forma importante de mejorar la productividad y, por consiguiente, el crecimiento económico. La UE no ha sido capaz de aprovechar todas las ventajas del aumento de la producción y de la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto se debe a que la inversión en estas tecnologías sigue siendo insuficiente, así como a las restricciones institucionales y los problemas organizativos que aún dificultan su adopción. La innovación tecnológica depende en última instancia de que exista un contexto económico propicio al crecimiento. En este contexto, la utilización de la logística inteligente es un medio eficaz de garantizar que los costes de producción en los centros europeos sigan siendo competitivos. También es importante en este sentido un mercado de la comunicación electrónica abierto y competitivo.

Directriz n.o 9. Para facilitar la difusión y uso efectivo de las TIC y construir una sociedad de la información plenamente integradora, los Estados miembros deben: 1. Fomentar el uso generalizado de las TIC en los servicios públicos, las PYME y los hogares; 2. Establecer el marco necesario para los cambios correspondientes en la organización de trabajo en la economía; 3. Favorecer una fuerte presencia industrial europea en los segmentos clave de las TIC; 4. Fomentar el desarrollo de sólidas industrias de las TIC y de contenidos, así como mercados que funcionen correctamente; 5. Garantizar la seguridad de las redes y de la información, al igual que la convergencia y la interoperabilidad, a fin de establecer un área de información sin fronteras; 6. Fomentar el despliegue de redes de banda ancha, también para las regiones con peor servicio, a fin de desarrollar la economía del conocimiento. Véase también la directriz integrada «Promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo, prestando la debida atención a la función de los interlocutores sociales» (no 21).

Reforzar las ventajas competitivas de la base industrial Europea

La reciente ralentización del crecimiento de la productividad de la UE está en parte relacionada con la dificultad para reorientar su economía hacia los sectores con mayor crecimiento de la productividad.

Para mejorar y mantener su liderazgo económico y tecnológico, Europa debe incrementar su capacidad de desarrollar y comercializar nuevas tecnologías, incluidas las TIC. Deben analizarse y explotarse las sinergias derivadas de tratar conjuntamente los problemas de investigación, regulación y financiación a escala europea, en los casos en que, por razones de escala o de alcance, los Estados miembros por separado no pueden resolver aisladamente fallos del mercado. La UE no ha logrado aún realizar plenamente su potencial tecnológico. La puesta en común de la excelencia europea, el desarrollo de asociaciones entre los sectores público y privado y la cooperación entre los Estados miembros, cuyos beneficios para la sociedad superan a los que reporta al sector privado, ayudarán a aprovechar este potencial.

Directriz n.o 10. Para reforzar las ventajas competitivas de su base industrial, Europa necesita de un tejido industrial sólido en todo su territorio. La necesaria consecución de una política industrial moderna y activa supone potenciar las ventajas competitivas de la base industrial, trabajando también para crear unas condiciones marco atractivas tanto para las manufacturas como para los servicios, al tiempo que se garantiza la complementariedad de la acción nacional, transnacional y europea. Los Estados miembros deben: 1. Empezar por identificar los factores de valor añadido y de competitividad en sectores industriales clave y hacer frente a los desafíos de la globalización. 2. Centrarse también en el desarrollo de nuevas tecnologías y mercados. a) ello implica en particular comprometerse a promover nuevas iniciativas tecnológicas basadas en las asociaciones entre el sector público y el privado, y la cooperación entre Estados miembros, que contribuyan a corregir auténticos fallos de mercado. b) ello implica también la creación y desarrollo de redes de agrupaciones regionales o locales en toda la UE con una mayor participación de las PYME. Véase también la directriz integrada «Mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo» (no 20).

Fomentar la utilización sostenible de los recursos

La durabilidad del éxito de la Unión dependerá también de que se aborden una serie de problemas medioambientales y de recursos que, si se pasan por alto, frenarán el futuro crecimiento. En este contexto, la evolución y las perspectivas recientes de los precios del petróleo han puesto de relieve la urgencia de tratar la eficiencia energética. Es importante una política en materia de eficiencia energética a fin de reducir la vulnerabilidad de la economía europea frente a las variaciones de los precios del petróleo. Cuanto más se retrase el tratamiento de estos problemas, mayor será el coste económico de la actuación que se emprenda. Ésta deberá incluir, entre otras, medidas para racionalizar el uso de los recursos. También serán importantes medidas en este ámbito para abordar el problema del cambio climático. En este contexto, los Estados miembros han de renovar los esfuerzos para cumplir las obligaciones del Protocolo de Kioto. Los Estados miembros deben en particular continuar la lucha contra el cambio climático a fin de conseguir que el aumento de la temperatura del planeta no supere los 2 °C por encima de los niveles preindustriales, al tiempo que se realizan los objetivos de Kioto de forma rentable. Los Estados miembros deben mantener el compromiso de detener la pérdida de biodiversidad de aquí a 2010, en particular incorporando este requisito a otras políticas, dada la importancia de la biodiversidad para determinados sectores económicos. La utilización de instrumentos de mercado, con precios que reflejen mejor el daño ambiental y los costes sociales, desempeña un papel clave en este contexto. Fomentando el desarrollo y utilización de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, potenciando la dimensión ecológica de la contratación pública, prestando especial atención a las PYME, y eliminando las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, junto con otros instrumentos políticos, se puede mejorar el carácter innovador y contribuir al desarrollo sostenible de los sectores afectados. Por ejemplo, las empresas de la UE figuran entre las líderes mundiales del desarrollo de nuevas tecnologías de energías renovables. En un contexto de subida constante de los precios de la energía y de acumulación de las amenazas para el clima, es importante impulsar mejoras de la eficiencia energética como contribución al crecimiento y al desarrollo sostenible.

Directriz n.o 11. Para fomentar la utilización sostenible de los recursos y potenciar las sinergias entre la protección del medio ambiente y el crecimiento, los Estados miembros deben: 1. conceder prioridad a la eficiencia energética y a la cogeneración, al desarrollo de energías sostenibles, incluidas las renovables, y a la rápida generalización de tecnologías respetuosas para el medio ambiente y eficientes desde el punto de vista ecológico a) dentro del mercado interior, por un lado, en particular en los ámbitos de los transportes y de la energía, a fin de, entre otras cosas, reducir la vulnerabilidad de la economía europea frente a las variaciones de los precios del petróleo, b) respecto del resto del mundo, por otra parte, dado que se trata de un sector con un considerable potencial de exportación; 2. Fomentar el desarrollo de medios de internalización de los costes medioambientales externos y desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. La puesta en práctica de estas prioridades deberá atender a la legislación comunitaria vigente así como a las acciones e instrumentos propuestos en el Plan de Acción sobre Tecnologías Medioambientales (ETAP), por ejemplo mediante a) el uso de instrumentos basados en el mercado, b) fondos de riesgo y financiación de la I+D, c) el fomento de pautas de producción y consumo sostenibles, incluida la dimensión ecológica de la contratación pública, d) especial atención a las PYME y e) la reforma de las subvenciones que pueden tener consecuencias perjudiciales considerables para el medio ambiente y son incompatibles con el desarrollo sostenible, con miras a eliminarlas gradualmente. 3. Perseguir el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad de aquí a 2010, en especial incorporando este requisito a otras políticas, dada la importancia de la biodiversidad para determinados sectores económicos. 4. Continuar la lucha contra el cambio climático, cumpliendo los objetivos de Kioto de forma eficiente en relación con los costes, con particular atención a las PYME. Véase también la directriz integrada «Para promover una asignación eficiente de los recursos orientada al crecimiento y al empleo» (no 3).

B.2 Hacer de Europa un lugar más atractivo para invertir y trabajar

El atractivo de la Unión Europea como lugar en el que invertir depende, entre otras cosas, del tamaño y de la apertura de sus mercados, de su entorno regulador, de la calidad de su mano de obra y de sus infraestructuras.

Ampliar y profundizar el mercado interior

Si bien el mercado interior de las mercancías está relativamente bien integrado, los mercados de servicios siguen estando, jurídicamente o de facto, bastante fragmentados y la movilidad de la mano de obra sigue siendo reducida en Europa. Para promover el crecimiento y el empleo y fortalecer la competitividad, el mercado interior de los servicios tiene que ser plenamente operativo, al mismo tiempo que se ha de preservar el modelo social europeo. El Consejo Europeo ha solicitado que se haga todo lo posible dentro del proceso legislativo para garantizar un amplio consenso a fin de progresar hacia un mercado único de los servicios. La eliminación de obstáculos a las actividades transfronterizas aportaría también importantes aumentos de la eficiencia. Por último, la plena integración de los mercados financieros incrementaría la producción y el empleo, al propiciar una distribución más eficiente del capital y mejorar las condiciones para la financiación empresarial.

A pesar del reconocimiento general de las ventajas potenciales de un Mercado Único Europeo, la tasa de transposición de las Directivas sobre el mercado interior sigue siendo decepcionantemente baja. Además, con frecuencia las Directivas no se aplican o se aplican incorrectamente, como pone de manifiesto el elevado número de procedimientos de infracción iniciados por la Comisión. Es preciso que los Estados miembros cooperen más activamente entre sí y con la Comisión para proporcionar a sus ciudadanos y a las empresas todos los beneficios de la legislación sobre el Mercado Interior. Por ejemplo, queda aún un margen considerable para la mejora de las prácticas de contratación pública. Un reflejo de esta mejora sería el incremento del número de procedimientos de contratación pública que se anuncian públicamente. Por otra parte, una mayor apertura de la contratación reportaría ahorros presupuestarios significativos a los Estados miembros.

Directriz no 12. Para ampliar y profundizar el mercado interior, los Estados miembros deben: 1. Agilizar la transposición de las Directivas del mercado interior; 2. Dar prioridad a una aplicación mejor y más estricta de la legislación sobre el mercado interior; 3. Eliminar los obstáculos que quedan a las actividades transfronterizas; 4. Aplicar de forma efectiva las normas de la UE en materia de contratación pública; 5. Promover un mercado interior de servicios plenamente operativo, protegiendo al mismo tiempo el modelo social europeo; 6. Acelerar la integración del mercado financiero mediante una aplicación y cumplimiento coherentes del Plan de Acción de Servicios Financieros. Véase también la directriz integrada «Mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo» (no 20).

Garantizar la apertura y la competitividad de los mercados dentro y fuera de Europa

La economía mundial abierta ofrece nuevas oportunidades para estimular el empleo y la competitividad de la economía europea. La política de competencia ha desempeñado un papel fundamental al nivelar las condiciones en que operan las empresas de la UE, y puede ayudar también a revisar el marco normativo general en que operan los mercados, para promover las condiciones que permitan a las empresas competir realmente. La apertura de los mercados europeos a la competencia puede ampliarse también reduciendo el nivel general de las ayudas estatales restantes. Esta actuación debe acompañarse de una reorientación de las ayudas estatales que aún quedan a favor de objetivos horizontales concretos. La revisión de la normativa sobre ayudas estatales debería producir un nuevo impulso en esta dirección.

Las reformas estructurales que facilitan la entrada en los mercados son un instrumento especialmente eficaz para potenciar la competencia. Serán especialmente importantes en los mercados que antes estaban resguardados de la competencia por comportamientos anticompetitivos, la existencia de monopolios, la regulación excesiva (por ejemplo los permisos, licencias, requisitos de capital mínimo, barreras jurídicas, horarios de apertura comercial, etc. pueden dificultar el desarrollo de un medio realmente competitivo) o medidas de proteccionismo comercial.

Además, la aplicación de medidas ya acordadas para abrir las empresas de red a la competencia (en los ámbitos de la electricidad y el gas, los transportes, las telecomunicaciones y los servicios postales) debería contribuir a una rebaja general de los precios y a una diversificación de las opciones, sin dejar de garantizar la prestación de servicios de interés económico general para todos los ciudadanos. Las autoridades normativas y de la competencia deben velar por la competencia en los mercados liberalizados. Al mismo tiempo debe también garantizarse una prestación satisfactoria de servicios de interés económico general con un nivel elevado de calidad a un precio asequible.

La apertura exterior al comercio y la inversión, también en un contexto multilateral, mediante el aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones, es un incentivo importante para el crecimiento y el empleo y puede así potenciar la realización de la reforma estructural. La conclusión de un ambicioso y equilibrado acuerdo en el marco de la Ronda de Doha, así como el desarrollo de acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales, deberían abrir más los mercados al comercio y la inversión, lo cual contribuiría a incrementar el crecimiento potencial.

Directriz n.o 13. Para garantizar la apertura y la competitividad de los mercados dentro y fuera de Europa y recoger los beneficios de la globalización, los Estados miembros deben dar prioridad a: 1. La eliminación de las barreras normativas, comerciales y de otros tipos que obstaculizan indebidamente la competencia; 2. Una aplicación más efectiva de las políticas de competencia; 3. Un análisis selectivo de los mercados y de las normas por las autoridades reguladoras y de la competencia a fin de localizar y eliminar los obstáculos a la competencia y a la entrada en los mercados; 4. La reducción de las ayudas estatales que distorsionan la competencia; 5. En línea con el próximo marco comunitario, la reorientación de las ayudas estatales en favor de objetivos horizontales concretos, como la investigación, la innovación y la optimización del capital humano, y de fallos del mercado bien identificados; 6. La promoción de la apertura externa, también en un contexto multilateral; 7. La plena aplicación de las medidas acordadas para abrir las industrias de red a la competencia a fin de garantizar una competencia real en unos mercados europeos amplios e integrados. Al mismo tiempo, la prestación, a precios asequibles, de servicios de interés económico general eficaces tiene un papel importante que desempeñar dentro de una economía competitiva y dinámica.

Mejorar la regulación europea y nacional

La regulación de los mercados es fundamental para crear un entorno de trabajo en el que puedan tener lugar las transacciones comerciales a precios competitivos. Sirve también para corregir fallos del mercado y para proteger a los que participan en él. Ahora bien, el efecto acumulativo de las normas puede imponer costes económicos sustanciales. Por lo tanto, es de máxima importancia que la normativa esté bien elaborada y sea proporcionada. La calidad de los entornos normativos europeo y nacional es una cuestión de compromiso común y responsabilidad compartida tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros.

Al elaborar o revisar legislación, los Estados miembros deben evaluar sistemáticamente los costes y los beneficios de sus iniciativas legislativas. Deben mejorar la calidad de sus normas, manteniendo al mismo tiempo sus objetivos. Esto implica consultar a las partes interesadas. De acuerdo con el método de la Comisión para mejorar la normativa, las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de la reglamentación nueva o revisada se evalúan minuciosamente con el fin de encontrar las posibles compensaciones y sinergias entre diferentes objetivos políticos. Además, se analiza la normativa vigente para simplificarla en lo posible y se pondera su repercusión en la competitividad. Por último, se está desarrollando un enfoque común para medir los costes administrativos de la nueva legislación y de la vigente. Los Estados miembros deben establecer sistemas para la simplificación de la normativa vigente. Deben consultar a nivel general sobre los costes y los beneficios de sus iniciativas reguladoras o de su no actuación, en particular cuando hay en juego compensaciones entre diferentes objetivos políticos. Los Estados miembros deben también velar por que se tengan debidamente en cuenta las alternativas adecuadas a la reglamentación.

De esta forma, pueden conseguirse mejoras significativas del marco normativo teniendo en cuenta consideraciones de rentabilidad en relación con la reglamentación, incluidos los costes administrativos. Esto es especialmente importante para las PYME, cuyos recursos para gestionar la administración que impone la legislación comunitaria y nacional suelen ser limitados.

Directriz n.o 14. Para crear un entorno empresarial más competitivo y fomentar la iniciativa privada por medio de una mejor regulación, los Estados miembros deben: 1. Reducir la carga administrativa para las empresas, en particular las PYME y las empresas de nueva creación; 2. Mejorar la calidad de la regulación vigente y de la nueva, manteniendo al mismo tiempo sus objetivos, por medio de un análisis sistemático y riguroso de su impacto económico, social (salud incluida) y medioambiental, al tiempo que se tiene en cuenta y se progresa en la medición de la carga administrativa asociada a la regulación, así como su repercusión para la competitividad, también en relación con la aplicación; 3. Alentar a las empresas a que desarrollen su responsabilidad social corporativa.

Europa tiene que promover su espíritu de iniciativa empresarial con más eficacia y necesita más empresas nuevas dispuestas a embarcarse en proyectos creativos o innovadores. Se ha de apoyar el aprendizaje del espíritu de empresa en todas las formas de educación y de formación y se han de proporcionar las cualificaciones pertinentes. Habrá de integrarse la dimensión empresarial en la formación permanente desde la escuela. Para ello, deben fomentarse las asociaciones con empresas. La creación de empresas y su crecimiento pueden fomentarse también mejorando el acceso a la financiación y potenciando los incentivos económicos, también mediante la adopción de regímenes tributarios que recompensen el éxito, la reducción de los costes no salariales de la mano de obra y la reducción de la carga administrativa para el inicio de las empresas, en particular mediante la prestación de los correspondientes servicios de asistencia a las empresas, sobre todo para los jóvenes empresarios, como la creación de ventanillas únicas y el fomento de redes de apoyo nacional para las empresas. Se ha de hacer hincapié especialmente en facilitar la transmisión de propiedad y mejorar los procedimientos de rescate y reestructuración, en particular mediante una legislación sobre la quiebra más eficaz.

Directriz n.o 15. Para promover la cultura empresarial y crear un entorno favorable para las PYME, los Estados miembros deben: 1. Mejorar el acceso a la financiación, a fin de favorecer su creación y crecimiento, en particular los microcréditos y otras formas de capital de riesgo; 2. Potenciar los incentivos económicos, incluida la simplificación de los sistemas tributarios y la reducción de los costes laborales no salariales; 3. Reforzar el potencial innovador de las PYME y 4. Suministrar los servicios de apoyo pertinentes, como la creación de ventanillas únicas y la promoción de redes nacionales de asistencia a las empresas, a fin de propiciar su creación y crecimiento, en línea con la Carta de la pequeña empresa. Además, los Estados miembros deben reforzar la educación y la formación empresariales dirigidas a las PYME. También deben facilitar la transmisión de propiedad, modernizar cuando sea necesario su legislación en materia de quiebra y mejorar sus procedimientos de rescate y reestructuración. Véanse también las directrices integradas «Para promover una asignación de los recursos eficiente, orientada al crecimiento y al empleo» (no 3) y «Para facilitar todas las formas de innovación» (no 8) y no 23 y no 24.

Ampliar y mejorar las infraestructuras europeas

Unas infraestructuras modernas son un factor importante que influye en el poder de atracción de un lugar. Facilitan la movilidad de las personas, las mercancías y los servicios en toda la Unión. Unas infraestructuras modernas de transporte, energía y comunicación electrónica constituyen un importante factor para la reactivación de la Estrategia de Lisboa. La reducción de los costes de transporte y la ampliación de los mercados, la interconexión y la interoperabilidad de las redes transeuropeas fomentan el comercio internacional y estimulan la dinámica del mercado interior. Además, la liberalización en curso de las empresas de red europeas fomenta la competencia e impulsa mejoras de eficiencia en estos sectores.

Por lo que respecta a la futura inversión en infraestructuras europeas, deben considerarse prioritarias la realización de los 30 proyectos de transporte prioritarios señalados por el Parlamento y el Consejo en las orientaciones sobre las redes transeuropeas, así como la ejecución de los proyectos «Quick-start» transfronterizos de transporte, energía renovable, comunicaciones de banda ancha e investigación indicados en la Iniciativa Europea de Crecimiento y la ejecución de los proyectos de transporte asistidos por el Fondo de Cohesión. Deben tratarse también los problemas que obstruyen las infraestructuras en el interior de cada país. El establecimiento de sistemas apropiados para la fijación de los precios de las infraestructuras puede contribuir a su utilización eficiente y al desarrollo de un equilibrio sostenible entre los modos de transporte.

Directriz n.o 16. Para ampliar, mejorar e interconectar las infraestructuras europeas y ejecutar los proyectos transfronterizos prioritarios con el objetivo particular de incrementar la integración de los mercados nacionales en la UE ampliada, los Estados miembros deben: 1. Desarrollar condiciones adecuadas para un transporte eficiente en términos de recursos, energía e infraestructuras de TIC —con carácter prioritario, los que figuran en las redes transeuropeas— complementando los mecanismos comunitarios, sobre todo teniendo en cuenta las secciones transfronterizas y las regiones periféricas, como condición indispensable para el éxito de la apertura de las empresas de red a la competencia; 2. Considerar el desarrollo de las asociaciones entre el sector público y el privado; 3. Considerar la viabilidad de la introducción de sistemas apropiados de fijación de los precios de las infraestructuras y el desarrollo de un equilibrio sostenible entre modos de transporte, insistiendo en la variación de tecnología y en la innovación y teniendo debidamente en cuenta los costes medioambientales y las repercusiones en el crecimiento. Véase también la directriz integrada «Para facilitar la generalización y uso efectivo de las TIC y construir una sociedad de la información plenamente integradora» (no 9).

Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2005. Por el Consejo El Presidente G. BROWN

(1) Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2005, (http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=432&mode=g&name).

(2) Al poner en práctica las directrices políticas enunciadas, los Estados miembros deberán observar que siguen siendo válidas, como referencia general, las recomendaciones específicas para cada país formuladas en la Recomendación del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre las orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la Comunidad (período 2003-2005) completada y actualizada en la Recomendación del Consejo de 5 de julio de 2004 sobre la actualización de 2004 de estas orientaciones.