DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 14 de marzo de 1995 relativa a las ayudas a la inversión concedidas por España a la empresa Piezas y Rodajes SA, acería de fundición situada en la provincia de Teruel, Aragón, España (El texto en lengua española es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE) (95/438/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el párrafo primero del apartado 2 de su artículo 93,

Después de haber emplazado a los terceros interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo 93, y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo que sigue:

I

El 24 de abril de 1991, la Comisión adoptó la Decisión NN 12/91 de no plantear objeciones a las ayudas a una inversión de lanzamiento concedidas a la sociedad española Piezas y Rodajes SA (denominada en lo sucesivo PYRSA) por determinadas entidades públicas españolas a nivel regional y local.

PYRSA fue fundada en septiembre de 1988 y opera en el sector de la fundición de acero y fabrica ruedas dentadas y equipos GET.

El 30 de julio de 1991, la sociedad británica Cook, que opera en el mismo sector que PYRSA, interpuso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y contra la Comisión una acción de nulidad de dicha Decisión.

En su sentencia de 19 de mayo de 1993 (1), el Tribunal de Justicia anuló la Decisión NN 12/91 de la Comisión, « de no plantear objeciones » a las diversas ayudas estatales concedidas a PYRSA, en la medida en que se refiere a las ayudas distintas de la subvención de 975 905 000 pesetas españolas otorgada por el Gobierno español en el marco de un régimen regional de ayuda autorizado por la Comisión.

El principal motivo que asistía al Tribunal de Justicia para proceder a la anulación de la Decisión NN 12/91 consistía en que, como la Comisión había intentado basarse en la ausencia de exceso de capacidad en el subsector de las ruedas dentadas y los equipos GET sin poder demostrar este extremo, debía haber incoado el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado con el fin de determinar, después de recabar todas la opiniones necesarias, si su apreciación era correcta.

II

De conformidad con esta sentencia del Tribunal de Justicia, el 28 de julio de 1993 la Comisión decidió incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93 en relación con las ayudas siguientes concedidas a PYRSA:

1) 182 millones de pesetas españolas: subvención a fondo perdido;

2) garantía para cubrir un préstamo de 490 millones de pesetas españolas a once años; (ambas concedidas por la Comunidad Autónoma de Aragón);

3) bonificación de intereses de siete puntos porcentuales durante cinco años para el citado préstamo de 490 millones de pesetas españolas; (concedida por la Diputación Provincial de Teruel);

4) 2,3 milones de pesetas españolas en forma de donación de terrenos; (concedida por el Ayuntamiento de Monreal del Campo).

La decisión de incoar el procedimiento se notificó a las autoridades españolas mediante carta de 6 de agosto de 1993. Esta carta fue publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (2) a fin de informar a los demás Estados miembros y terceros interesados. En esta carta, la Comisión ponía de relieve que, al no haberse comprobado el impacto sectorial, las mencionadas ayudas no podían acogerse a ninguna de las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 92 y, en esas circunstancias, no serían compatibles con el mercado común. En consecuencia, la Comisión emplazó al Gobierno español a que presentara sus observaciones y, más concretamente, a que facilitara toda la información necesaria para el análisis sectorial a este respecto.

El tiempo que la presente Decisión final sobre las ayudas ha requerido se debe a la complejidad del expediente y al considerable volumen de información que había que tramitar. Tras analizar, a la luz del procedimiento del apartado 2 del artículo 93, toda la información pertinente disponible, la Comisión concluyó también que era necesario encargar a un experto independiente la realización de un estudio del mercado que ayudara a determinar el sector pertinente.

III

En el contexto del presente procedimiento, la Comisión recibió observaciones que le presentaron directamente cuatro empresas, situadas respectivamente en Francia, Italia, Alemania y España (la sociedad beneficiaria) y dos cartas remitidas por una sociedad de abogados, una de ellas en nombre de una sociedad (situada en España) y la otra con observaciones de catorce empresas (situadas en Inglaterra, Francia y Alemania), además de un cuadro con datos del Comité de las asociaciones europeas de fundición (CAEF) sobre la capacidad de fundición de acero en diversos países europeos.

Con la salvedad de PYRSA, todas las empresas que han respondido señalan que no existe un subsector claramente identificable de ruedas dentadas y equipos GET, puesto que la tecnología de las fundiciones de acero es la misma en todas partes y las fundiciones sólo se especializan con arreglo a su experiencia y sus conocimientos técnicos. Por consiguiente, el sector analizado es el de fundición de acero en general. Por otra parte, todas ellas afirman que en 1990 existía un exceso de capacidad en este sector y que desde entonces este exceso de capacidad se ha incrementado y las perspectivas hasta el año 2000 indican un nuevo deterioro.

Los datos facilitados se refieren a capacidad y producción, volumen de negocios y beneficios para los productos de fundición en general y, en algunos casos, para los equipos GET y/o las ruedas dentadas. Los años a que se refieren los datos son 1990, 1991, 1992 y 1993.

Por lo que respecta al año 1990 y a la fundición de acero en general, de las dieciocho empresas que respondieron (entre las que no está incluida la empresa beneficiaria), tres no presentan cifras de exceso de capacidad con la suficiente claridad como para que sean tenidas en cuenta, ocho presentan índices de exceso de capacidad (1) evidente (entre 26,6 % y 194 %) y otras siete empresas presentan índices que podrían ser de una actividad normal (entre 3,1 % y 17,6 %). Todas las empresas (siete) que ofrecen datos separados para las ruedas dentadas y/o los equipos GET presentan una situación aún peor en estos productos que la ofrecida en el sector en general, con unos índices mucho más elevados de exceso de capacidad (sólo una con un índice del 30 % y todas las demás por encima del 100 %).

También por lo que se refiere al año 1990 y a la fundición de acero en general, el cuadro presentado por los países productores europeos, cuya fuente era el CAEF, muestra los índices de exceso de capacidad por país que oscilan entre un índice normal del 11,5 % en Alemania y un índice real de exceso de capacidad del 42,9 % en España. El índice medio de los cinco países productores más importantes de la Comunidad (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) es del 22,1 %.

En cuanto a los años posteriores a 1990, todas las empresas indican un grave deterioro de su situación, ya que todas ellas poseen elevadísimos índices de exceso de capacidad. En 1991 sólo tres de ellas notifican índices de exceso de capacidad por debajo del 25 % y en 1992, solo dos. Una de ellas cesó su actividad en 1992. La media aritmética simple de los índices notificados por las empresas que respondieron pasó del 36,9 % en 1990 al 59,1 % en 1991 y al 82,3 % en 1992. También el cuadro del CAEF prevé un grave deterioro en el sector, al menos hasta 1995.

IV

Las autoridades españolas no presentaron sus propias observaciones ni los datos solicitados. Sí presentaron observaciones, sin embargo, sobre las respuestas dadas por los terceros interesados. Estas se pueden resumir de la siguiente forma:

- las empresas que respondieron no son representativas del sector, ya que representaban únicamente el 4 % de la producción europea en 1990;

- las empresas que respondieron facilitaron información en ralación con los años 1990, 1991, 1992 y 1993, que no son los años de referencia, puesto que las ayudas fueron aprobadas por las autoridades españolas en mayo de 1988. En el momento de la decisión, las perspectivas para el período 1987-1990 eran faborables tanto para la demanda, como para la producción;

- las ruedas dentadas y los equipos GET constituían el sector de referencia. La definición de subsectores en el sector de la fundición de acero se realizaba en función del tamaño y del tipo de las instalaciones. Para que PYRSA pasara de su actual especialización de productos a otra, tendría que hacer inversiones cuantiosas (400 millones de pesetas españolas);

- las empresas que respondieron afirmaban la existencia de un exceso de capacidad en el sector de la fundición de acero pero no decían en concreto qué tal era la situación en el sector de las ruedas dentadas y los equipos GET, que es el sector de referencia;

- las empresas que respondieron señalaban que el mercado se había deteriorado aún más con la presencia de nuevas importaciones a bajos precios procedentes de la India, China y los países de Europa oriental. Sin embargo, PYRSA estaba preparada para competir con ellas debido a su adecuada especialización de la producción (no por la ventaja que le otorgaban las ayudas concedidas);

- una de las ayudas a que se refiere el procedimiento, la garantía concedida por la Comunidad Autónoma de Aragón, no era una ayuda cuantificable, al menos hasta el momento de su ejecución;

- las autoridades españolas concluían sus observaciones afirmando una vez más que, por encima de todo, debía tenerse en cuenta que la intensidad global de la ayuda concedida a PYRSA seguía situándose muy por debajo del límite máximo del 75 % previsto para la región en la que está situada.

V

La Comisión no puede aceptar la afirmación de las autoridades españolas de que la muestra de las empresas que respondieron no es representativa del sector. Las diecisiete empresas están situadas en los cinco Estados miembros que son los productores más importantes de fundición de acero. Además, la información facilitada por el CAEF engloba a todos los países y corrobora los datos facilitados por las empresas a título individual en relación con la cuestión del exceso de capacidad del sector.

La Comisión cuestiona también la cifra del 4 % facilitada por las autoridades españolas como la cuota de la producción en 1990 en las empresas que respondieron. Una estimación aproximativa realizada por la Comisión de la cuota que estas empresas representaban en la producción de fundición de acero en la Comunidad en 1990 ofrece una cifra superior al 15 %.

Además, por lo que respecta a las consecuencias negativas de la ayuda sobre los intercambios en el sector, tampoco se puede admitir este argumento puesto que, incluso en el caso de que la ayuda sólo perjudicase a otra empresa, en la medida en que falsee la competencia en el mercado de la Comunidad, estos efectos negativos son suficientes para considerar a la ayuda como no compatible con el mercado común.

Las cifras facilitadas por las diferentes empresas se refieren al año 1990 y siguientes. Las autoridades españolas consideran que no deberían ser tenidas en cuenta dichas cifras puesto que las ayudas habían sido aprobadas por las autoridades españolas en mayo de 1988. Sin embargo, esto se contradice con una información anterior que las mismas autoridades facilitaron mediante carta de 13 de mayo de 1993. En ella se comunicaba que las ayudas a que se refiere el procedimiento habían sído aprobadas en 1989 y 1990. La garantía para cubrir un préstamo de 490 millones de pesetas españolas se aprobó en abril de 1990. La subvención de 182 millones de pesetas españolas se aprobó en junio de 1990 y se abonó entre 1990 y 1992. Además, en la Decisión NN 12/91 y en la posterior tramitación del asunto ante el Tribunal de Justicia, se utilizaron datos relativos a 1990.

En el momento de la Decisión NN 12/91, no obraban en poder de la Comisión datos precisos sobre la utilización de la capacidad en el subsector de las ruedas dentadas y los equipos GET. Por consiguiente, tomó la determinación de basarse en los datos disponibles sobre la producción como indicador de sustitución para evaluar la situación del sector. Sin embargo, el Tribunal de Justicia declaró que « las cifras que figuran en esas estadísticas son sólo parciales. [. . .] No hacen posible evaluar la capacidad de producción, ni compararla con la producción y la demanda del mercado ». En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia decidió que la Comisión debería haber incoado el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 para determinar, tras haber recabado las opiniones necesarias, si existía o no exceso de capacidad en el sector.

La información recibida en el marco del procedimiento parece contradecir la posición de la Comisión que considera que los productos fabricados por PYRSA forman parte de un subsector específico. Todas las empresas que respondieron consideran que tal división de subsectores no es realista y que el sector objeto del procedimiento es todo el sector de la fundición de acero.

Con algunas pocas excepciones, las capacidades de las fundiciones de acero son totalmente flexibles por lo que se refiere al tipo de componentes que fabrican. Las únicas limitaciones que impiden a determinadas fundiciones suministrar sus productos a determinados mercados son las derivadas de su experiencia y los conocimientos técnicos o de su propia capacidad de producción y no de la tecnología existente. La gama de productos que puede ofrecer una fundición que fabrica equipos GET y ruedas dentadas es de una gran variedad. Cuando una fundición pasa de fabricar un componente a otro, los costes en que se incurre son únicamente los correspondientes a los moldes necesarios para la fabricación de los nuevos componentes que normalmente no se vuelven a utilizar y que representan aproximadamente un 20 % de los costes totales de producción de un kilogramo de producto. Al no ser necesarias grandes inversiones para llevar a cabo esta transformación, determinadas fundiciones han utilizado esta flexibilidad en la producción para poder sobrevivir en estos últimos años.

Con objeto de obtener une opinión independiente, la Comisión pidió a un experto externo que comprobase cual era el sector de referencia y determinase la existencia o no de exceso de capacidad. El experto ha llegado a la conclusión de que no existe tal subsector de ruedas dentadas y equipos GET y que las fundiciones de acero registraron índices de utilización de la capacidad del 69,3 % en 1991, el 62 % en 1992 y el 58 % en 1993, a pesar de registrar reducciones de capacidad de 965 millones de toneladas en 1991, 910 millones de toneladas en 1992 y 862 millones de toneladas en 1993.

A la luz de la nueva información recibida, la Comisión considera que, en el presente asunto, el sector de referencia para evaluar los efectos de las ayudas sobre las condiciones de los intercambios es el sector de la fundición de acero en su conjunto, contrariamente a la posición que había sido adoptada anteriormente. Sin embargo, la Comisión señala que, cuando se ofrecen cifras separadas para las ruedas dentadas o los equipos GET o para ambos productos, la tasa de exceso de capacidad indicada por las empresas que respondieron es aún mayor que la de toda la gama de productos de fundición de acero de dichas empresas.

Según la información que determinadas empresas y el CAEF facilitaron a la Comisión en el marco del procedimiento, como se ha analizado en la seccion III, la Comisión considera que ya en 1990 existía una situación de exceso de capacidad en el sector de la fundición de acero, sin hacer una distinción en el caso de las ruedas dentadas y los equipos GET.

Por lo que respecta a los años 1988 y 1989, que también podrían ser pertinentes en el presente asunto, las empresas que respondieron no han facilitado ningún dato adicional. Sin embargo, si se parte de la hipótesis de que las capacidades en esos años fueron equivalentes a las de 1990, las cifras de producción en esos años facilitadas por el CAEF dan como resultado unas tasas de exceso de capacidad aún superiores a las de 1990 en los cinco principales países productores de la Comunidad.

El hecho de que PYRSA se encuentre en mejor posición que otras fundiciones de acero para hacer frente a las importaciones a bajo precio no demuestra nada en relación con la compatibilidad de las ayudas, ya que podría ser debida a la ventaja que le confieren las mismas y no a su adecuada especialización.

Por lo que respecta al hecho de que la garantía sea considerada como ayuda, no se puede poner en duda que representa una ayuda. En su Decisión NN 12/91, la Comisión consideró que equivalía a una bonificación de intereses del 3 % sobre el préstamo de 490 millones de pesetas españolas, partiendo de la base de que este tipo fuese la prima de mercado para tales garantías. Como todas las ayudas, se cuenta a partir del momento de su concesión y no a partir de su eventual ejecución.

Como se indica en la Comunicación relativa a la incoación del procedimiento, las ayudas de que se trata han de ser valoradas con arreglo a su impacto sectorial. En su Comunicación sobre el método para la aplicación de lo dispuesto en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 a la ayuda regional (1), la Comisión especificó que, para acogerse a la exención establecida en la letra a) del apartado 3 del artículo 92, la ayuda no debe conducir a un exceso de capacidad sectorial a nivel comunitario tal que el problema sectorial comunitario resultante sea de mayor gravedad que el problema regional inicial. Puesto que se trata de una ayuda ad hoc, esta valoración se ha de realizar en relación con la ayuda específica y el hecho de que la intensidad global de la ayuda sea inferior al límite máximo aprobado para esta región no prejuzga los resultados del análisis.

VI

Las medidas de que se trata han sido identificadas claramente como ayudas de Estado tanto en la Decisión NN 12/91, como en la sentencia del Tribunal de Justicia. La ayuda está constituida por la subvención a fondo perdido de 182 millones de pesetas españolas, la donación de terrenos valorada en 2,3 millones de pesetas españolas, el importe correspondiente a la prima anual del 3 % (prima comercial que, en ese momento, aplicaban normalmente los bancos a préstamos similares) fijada en la garantía estatal al préstamo de 490 millones de pesetas españolas y el importe correspondiente a la bonificación de intereses de siete puntos porcentuales sobre el citado préstamo. En estas circunstancias y considerando que los productos de fundición son objeto de numerosas transacciones intracomunitarias, la Comisión concluye que las ayudas concedidas afectan a las condiciones de los intercambios y falsean la competencia. Por consiguiente, la ayuda reúne las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 92 que establece que toda ayuda que tenga las características que en él se definen será, en principio, incompatible con el mercado común.

Por lo que se refiere a las excepciones a este principio, las excepciones establecidas en el apartado 2 del artículo 92 no son aplicables en este caso, dada la naturaleza y los objetivos de la ayuda considerada. En cualquier caso, el Gobierno español no ha solicitado que se aplique dicha excepción.

El apartado 3 del artículo 92 especifica que tipos de ayuda pueden ser considerados compatibles con el mercado común. La compatibilidad de la ayuda con el Tratado ha de ser evaluada en el contexto de la Comunidad en su conjunto y no en el de un único Estado miembro. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado común y la observancia de lo dispuesto en la letra g) del artículo 3 del Tratado, las excepciones al principio establecido en el apartado 1 del artículo 92 que figuran en el apartado 3 del artículo 92 deben ser interpretadas en sentido estricto al analizar cualquier régimen de ayuda que se proponga o la concesión de ayudas concretas.

En particular, las excepciones son sólo aplicables si la Comisión puede demostrar que, si no se concediesen las ayudas, las fuerzas del mercado por sí solas no inducirían al posible beneficiario a actuar de modo que contribuyese a lograr uno de los objetivos anteriormente mencionados.

Admitir excepciones para las ayudas que no contribuyen en modo alguno al logro de tales objetivos o que no son necesarias a tal fin supondría conceder una ventaja injusta a industrias o empresas de determinados Estados miembros puesto que mejoraría su posición financiera y podría afectar negativamente a las condiciones de los intercambios entre los Estados miembros y falsear la competencia en un grado contrario al interés común.

Por lo que se refiere a la excepción establecida en la letra a) del apartado 3 del artículo 92, las ayudas de que se trata, aunque otorgadas a una empresa situada en una región que puede acogerse a las mismas, no se autorizan de modo automático puesto que no se conceden en el marco de un régimen general de ayuda regional aprobado por la Comisión. Cuando se autoriza un régimen de estas características se entiende que los beneficios producidos por una ayuda concedida en el marco de este régimen compensarán el posible falseamiento de la competencia causado por ella. En un caso concreto, se han de considerar estos efectos para las ayudas de que se trate. Este parecer ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 14 de septiembre de 1994 (Hytasa) (1), en que el Tribunal aceptó claramente la ayuda otorgada sobre la base de que una decisión ad hoc puede considerarse ayuda regional compatible con la letra a) del apartado 3 del artículo 92 si de hecho contribuye al desarrollo a largo plazo de la región, sin que ello afecte de manera negativa al interés común y a las condiciones de competencia dentro de la Comunidad.

Como se ha analizado anteriormente en las secciones III y V, la información recibida por la Comisión en el contexto del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 demuestra que la empresa beneficiaria de la ayuda opera en un sector con un problema de exceso de capacidad a nivel comunitario. Dado que las ayudas de inversión de lanzamiento fueron concedidas a una empresa que creó una nueva capacidad productiva de 5 000 toneladas anuales, dichas ayudas contribuyen a un nuevo deterioro de la situación de exceso de capacidad del mercado. En consecuencia, se ha de concluir que no se cumplen las condiciones para acogerse a la excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 92.

Por lo que se refiere a la excepción establecida en la letra b) del apartado 3 del artículo 92, es evidente que las ayudas no estaban destinadas a fomentar la realización de un proyecto importante de interés europeo común o a poner remedio a una grave perturbación en la economía española.

Por último, por lo que se refiere a la excepción establecida en la letra c) del apartado 3 del artículo 92, para que la ayuda facilite el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, ésta podrá ser compatible si no afecta negativamente a las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Como ya se ha indicado antes con respecto a la excepción establecida en la letra a) del apartado 3 del artículo 92, la ayuda contribuye al ulterior deterioro de una situación de exceso de capacidad a nivel comunitario en el sector en que opera la empresa. Por consiguiente, se ha de concluir que las ayudas consideradas alteran las condiciones de los intercambios en la Comunidad en forma contraria al interés común. En consecuencia, no pueden justificarse de conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 92.

Las ayudas de que se trata no pueden beneficiarse de ninguna de las excepciones establecidas en el Tratado. Por consiguiente, la Comisión concluye que tales ayudas son incompatibles con el mercado común.

VII

Las ayudas específicas concedidas a PYRSA definidas en la sección II son ilegales puesto que han sido concedidas infringiendo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93, que exige la notificación previa de las mismas a la Comisión.

Dado que las ayudas son ilegales e incompatibles con el mercado común, deberán ser reembolsadas. Además, deberán anularse sus consecuencias económicas con objeto de restablecer el status quo. Por consiguiente, el importe total de ayuda abonado se incrementará con los intereses devengados a partir de la fecha de pago de las ayudas. Este reembolso se deberá llevar a cabo con arreglo a los procedimientos y disposiciones de la legislación española, en especial en lo que se refiere a los intereses de demora debidos al Estado, que se computarán entre la fecha de pago de las ayudas y la fecha de devolución efectiva [carta de la Comisión a los Estados miembros, de 4 de marzo de 1991 (SG(91) D/4571)],

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las ayudas que figuran a continuación, concedidas por España a la sociedad Piezas y Rodajes, SA (PYRSA), son ilegales puesto que se han otorgado infringiendo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 de Tratado CE. Además son incompatibles con el mercado común en virtud de lo dispuesto en el artículo 92 del Tratado CE:

1) 182 millones de pesetas españolas: subvención a fondo perdido; (concedida por la Comunidad Autónoma de Aragón);

2) garantía para cubrir un préstamo de 490 millones de pesetas españolas a once años; la ayuda que representa esta garantía equivale al 3 % anual del préstamo anterior; (concedida por la Comunidad Autónoma de Aragón);

3) bonificación de intereses de siete puntos porcentuales durante cinco años, hasta un máximo de 150 millones de pesetas españolas, para el citado préstamo de 490 millones de pesetas; (concedida por la Diputación Provincial de Teruel);

4) 2,3 millones de pesetas españolas en forma de donación de terrenos; (concedida por el Ayuntamiento de Monreal del Campo).

Artículo 2

España deberá suprimir sin demora la ayuda que concede actualmente a Piezas y Rodajes, SA (PYRSA), mediante la aplicación de condiciones normales de mercado a la prima de garantía sobre el préstamo de 490 millones de pesetas españolas y la paralización de cualquier pago de la bonificación de intereses para el citado préstamo.

Artículo 3

Las ayudas abonadas y consistentes en:

1) la subvención a fondo perdido de 182 millones de pesetas españolas;

2) el importe que representa la prima anual del 3 % que suponía la garantía del Estado para cubrir el préstamo de 490 millones de pesetas españolas, aplicado desde abril de 1990 hasta la fecha de supresión de la ayuda, a que se refiere el artículo 2;

3) el importe ya abonado de los 150 millones de pesetas españolas, que corresponde a la bonificación de intereses de siete puntos para el citado préstamo;

y 4) la donación de terrenos valorada en 2,3 millones de pesetas españolas,

deberán ser reembolsadas con arreglo a los procedimientos y a las disposiciones de la legislación española, en especial en lo que se refiere a los intereses de demora debidos al Estado, que se computarán entre la fecha de pago de las ayudas y la fecha de devolución efectiva.

Artículo 4

España informará a la Comisión, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la presente Decisión, acerca de las medidas que hubiere adoptado en cumplimiento de la misma.

Artículo 5

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.

Hecho en Bruselas, el 14 de marzo de 1995.

Por la Comisión Karel VAN MIERT Miembro de la Comisión

(1) DO n° C 212 de 12. 8. 1988, p. 2.

(1) Asuntos acumulados C-278/92, C-279/92 y C-280/92, España/Comisión, Rec. 1994, p. I-4103.