ES Diario Oficial de la Unión Europea L 83/1

REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 231/2013 DE LA COMISIÓN

de 19 de diciembre de 2012

por el que se complementa la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las exenciones, las condiciones generales de ejercicio de la actividad, los depositarios, el apalancamiento, la transparencia y la supervisión

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) no 1060/2009 y (UE) no 1095/2010 (1), y, en particular, su artículo 3, apartado 6, su artículo 4, apartado 3, su artículo 9, apartado 9, su artículo 12, apartado 3, su artículo 14, apartado 4, su artículo 15, apartado 5, su artículo 16, apartado 3, su artículo 17, su artículo 18, apartado 2, su artículo 19, apartado 11, su artículo 20, apartado 7, su artículo 21, apartado 17, su artículo 22, apartado 4, su artículo 23, apartado 6, su artículo 24, apartado 6, su artículo 25, apartado 9, su artículo 34, apartado 2, su artículo 35, apartado 11, su artículo 36, apartado 3, su artículo 37, apartado 15, su artículo 40, apartado 11, su artículo 42, apartado 3, y su artículo 53, apartado 3,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2011/61/UE faculta a la Comisión para adoptar actos delegados destinados a especificar, en particular, las normas relativas al cálculo del umbral, el apalancamiento, las condiciones de ejercicio de la actividad de los gestores de fondos de inversión alternativos (en lo sucesivo, «GFIA»), incluida la gestión del riesgo y la liquidez, la valoración y la delegación, normas que detallen las funciones y los deberes de los depositarios de fondos de inversión alternativos (en lo sucesivo, «FIA»), normas sobre transparencia y requisitos específicamente aplicables a terceros países. Es importante que todas estas normas complementarias comiencen a aplicarse al mismo tiempo que la Directiva 2011/61/UE, de modo que los nuevos requisitos impuestos a los GFIA puedan aplicarse de manera efectiva. Las disposiciones del presente Reglamento están estrechamente interconectadas, pues se refieren a la autorización, el ejercicio continuo de la actividad y la transparencia de los GFIA que gestionen y/o comercialicen FIA en la Unión, aspectos estos ineludiblemente relacionados entre sí e inherentes al acceso a la actividad de gestión de activos y al ejercicio de la misma. En aras de la coherencia entre tales disposiciones, que deben entrar en vigor simultáneamente, y con vistas a ofrecer a las personas sujetas a las obligaciones que contienen una visión global de las mismas y la posibilidad de acceder a ellas conjuntamente, incluidos los inversores que no residan en la Unión, resulta conveniente reunir todos los actos delegados prescritos por la Directiva 2011/61/UE en un solo Reglamento.

(2) Es importante garantizar que los objetivos de la Directiva 2011/61/UE se alcancen de forma uniforme en todos los Estados miembros, a fin de reforzar la integridad del mercado interior y ofrecer seguridad jurídica a quienes participan en él, como son los inversores institucionales, las autoridades competentes y otros interesados, adoptando, a tal efecto, un reglamento. La adopción de un reglamento garantiza un marco coherente para todos los operadores del mercado y constituye la mejor garantía posible de que existan condiciones equitativas y uniformes de competencia, así como un nivel de protección del inversor adecuado y común. Garantiza, asimismo, la aplicabilidad directa de normas detalladas uniformes sobre el ejercicio de la actividad de los GFIA, normas que, por su naturaleza, son directamente aplicables y, por tanto, no deben ser objeto de transposición a nivel nacional. El recurso a un reglamento permite, además, evitar retrasos en la aplicación de la Directiva 2011/61/UE en los Estados miembros.

(3) El Reglamento Delegado especifica las funciones y responsabilidades del «órgano de gobierno» y de los «altos directivos», por lo que es importante aclarar el significado de esos términos, en particular el hecho de que un órgano de gobierno puede estar integrado por altos directivos. Al mismo tiempo, dado que el presente Reglamento introduce también el término «función supervisora», la definición de órgano de gobierno debe dejar claro que se trata del órgano responsable de la función de gestión, en el supuesto de que las funciones de supervisión y de gestión estén separadas en virtud del Derecho de sociedades nacional. La Directiva 2011/61/UE establece que los GFIA deben facilitar determinada información a las autoridades competentes, entre ella el porcentaje de los activos del FIA que son objeto de medidas especiales motivadas por su iliquidez. El presente Reglamento aclara qué significa medidas especiales, de forma que los GFIA sepan exactamente qué información deben facilitar a las autoridades competentes.

(4) La Directiva 2011/61/UE establece un régimen menos estricto para aquellos GFIA que gestionen carteras de FIA en relación con los cuales el total de activos gestionados no sobrepase determinados umbrales. Es necesario especificar claramente cómo debe calcularse el valor total de los activos gestionados. En este contexto, es esencial definir los pasos necesarios para calcular el valor total de los activos, determinar claramente qué activos no entran en el cálculo, aclarar cómo han de valorarse los activos adquiridos mediante apalancamiento y establecer normas sobre el tratamiento de los casos de participaciones cruzadas entre FIA gestionados por un GFIA.

(5) El valor total de los activos gestionados debe calcularse al menos anualmente e utilizando información actualizada. El valor de los activos debe determinarse, por tanto, en los doce meses anteriores a la fecha de cálculo del valor total de los activos gestionados, y lo más cerca posible de esa fecha.

(6) A fin de garantizar que un GFIA pueda seguir acogiéndose al régimen menos estricto previsto en la Directiva 2011/61/UE, aquel debe implantar un procedimiento que permita verificar permanentemente el valor total de los activos gestionados. El GFIA puede tener en cuenta los tipos de FIA gestionados y las diferentes clases de activos en los que se ha invertido, de cara a valorar la probabilidad de que se traspase el umbral o la necesidad de un cálculo adicional.

(7) Si un GFIA deja de reunir las condiciones relativas a los umbrales, debe notificarlo a su autoridad competente y solicitar autorización en el plazo de treinta días naturales. No obstante, cuando los umbrales se sobrepasen o se descienda por debajo de los mismos solo ocasionalmente en un determinado año natural, y esas situaciones se consideren de carácter temporal, el GFIA no debe estar obligado a solicitar autorización. En estos supuestos, el GFIA debe informar a la autoridad competente del traspaso del umbral y explicar por qué considera que ese incumplimiento es solo temporal. No puede considerarse temporal una situación que se prolongue durante más de tres meses. A fin de evaluar la probabilidad de que una situación sea temporal, el GFIA debe prever la actividad de subscripción y reembolso o, en su caso, la reclamación y distribución de capital. Dentro de esa evaluación, el GFIA no debe tener en cuenta las previsiones de movimientos de mercado.

(8) Los datos utilizados por el GFIA para calcular el valor total de los activos gestionados no deben obligatoriamente estar a disposición del publico o los inversores. Sin embargo, las autoridades competentes deben poder verificar que el GFIA está efectuando correctamente el cálculo y el seguimiento del valor total de los activos gestionados, así como la evaluación de las situaciones en que ese valor total sobrepase temporalmente el umbral correspondiente, y, por tanto, deben tener acceso a esos datos, cuando así lo soliciten.

(9) Es importante que los GFIA que se acojan al régimen menos estricto previsto en la Directiva 2011/61/UE faciliten a las autoridades competentes información actualizada en el momento del registro. No todos los tipos de GFIA tienen necesariamente documentos de oferta actualizados que reflejen los últimos hechos en relación con los FIA que gestionan, y a estos GFIA puede resultarles más práctico especificar la información requerida en un documento aparte que describa la estrategia de inversión del fondo. Este podría ser el caso de los fondos de capital inversión o de capital riesgo, que, a menudo, captan dinero mediante negociaciones con los inversores potenciales.

(10) Si un FIA posee solo acciones de sociedades cotizadas no se considerará apalancado, siempre y cuando esas acciones no se hayan adquirido mediante préstamo Si ese mismo FIA adquiere opciones sobre un índice de acciones, se considerará que está apalancado, pues se habrá incrementado la exposición del FIA a una determinada inversión.

(11) Al objeto de garantizar una aplicación uniforme de las obligaciones de los GFIA de ofrecer una visión objetiva del apalancamiento utilizado, es necesario prever dos métodos de cálculo del apalancamiento. Según se desprende de estudios de mercado realizados, los mejores resultados pueden obtenerse conjugando lo que se conoce como método «bruto» con lo que se conoce como método «del compromiso».

(12) A fin de disponer de información adecuada para controlar los riesgos sistémicos y obtener una imagen completa del uso de apalancamiento por el GFIA, debe facilitarse a las autoridades competentes y a los inversores información sobre la exposición del FIA, con arreglo al método bruto y al método del compromiso, y todos los GFIA deben, por tanto, calcular la exposición utilizando el método bruto y el método del compromiso. El método bruto refleja la exposición global del FIA, en tanto que el método del compromiso proporciona información sobre las técnicas de cobertura y compensación utilizadas por el gestor; por ello, ambos métodos deben considerarse conjuntamente. Más concretamente, el grado de diferencia entre la exposición global obtenida mediante el método bruto y la obtenida mediante el método del compromiso puede proporcionar información de utilidad. Si fuera necesario para garantizar que todo incremento de la exposición del FIA se refleje adecuadamente, la Comisión puede adoptar nuevos actos delegados referidos a un método adicional y facultativo de cálculo del apalancamiento.

(13) Al calcular la exposición, deben incluirse inicialmente todas las posiciones del FIA, esto es, los activos y pasivos a corto y a largo plazo, los préstamos obtenidos, los instrumentos derivados y cualquier otro método que aumente la exposición cuando los riesgos y beneficios conexos a los activos y pasivos recaigan en el FIA, así como todas las demás posiciones que conformen el valor patrimonial neto.

(14) Los acuerdos de toma de préstamo celebrados por el FIA deben excluirse cuando sean de naturaleza temporal, guarden relación con compromisos de capital adquiridos por los inversores y estén plenamente cubiertos por esos compromisos. Las líneas de crédito renovables no deben considerarse de naturaleza temporal.

(15) Además de mediante el método bruto, resulta oportuno que todos los GFIA calculen la exposición utilizando el método del compromiso. De acuerdo con el método del compromiso, los instrumentos financieros derivados deben convertirse a posiciones equivalentes en el activo subyacente. Ahora bien, si un FIA invierte en determinados derivados con el fin de contrarrestar el riesgo de mercado de otros activos en los que invierte, en condiciones dadas, esos derivados no deben convertirse a su posición equivalente en los activos subyacentes, ya que las exposiciones de las dos inversiones se contrarrestan recíprocamente. Este debe ser el caso cuando, por ejemplo, la cartera de un FIA se invierte en un determinado índice y contiene un instrumento derivado que permuta el rendimiento de ese índice por el rendimiento de un índice diferente, lo que equivaldría a mantener una exposición al segundo índice de la cartera, por lo que el valor del patrimonio neto del FIA no dependería del rendimiento del primer índice.

(16) En el cálculo de la exposición con arreglo al método del compromiso, los derivados que reúnen los requisitos que establece el presente Reglamento no suponen exposición incremental alguna. Así, si el FIA invierte en contratos de futuros sobre índices y mantiene una posición de tesorería igual al valor total de mercado subyacente de los contratos de futuros, ello sería equivalente a invertir directamente en acciones que formen parte del índice y, por tanto, el contrato de futuros sobre índices no debe tenerse en cuenta a efectos del cálculo de la exposición del FIA.

(17) En el cálculo de la exposición con arreglo al método del compromiso, los GFIA deben estar autorizados a tener en cuenta los mecanismos de cobertura y de compensación, siempre y cuando reúnan los requisitos aplicables al método del compromiso.

(18) El requisito de que los mecanismos de compensación se refieran al mismo activo subyacente debe interpretarse en sentido estricto, de tal modo que los activos que el GFIA considere que son equivalentes o mantienen una elevada correlación, como pueden ser diferentes clases de acciones o bonos emitidos por el mismo emisor, no deben considerarse idénticos a efectos de los mecanismos de compensación. La definición de mecanismos de compensación persigue garantizar que solo se tomen en consideración aquellas operaciones que contrarresten los riesgos conexos a otras operaciones, sin riesgo residual significativo. Los conjuntos de operaciones cuya finalidad sea generar un rendimiento, por insignificante que sea, reduciendo algunos riesgos y manteniendo otros, no deben considerarse mecanismos de compensación, por ejemplo, las estrategias de inversión basadas en el arbitraje, que persiguen generar un rendimiento aprovechando las divergencias de precios entre instrumentos derivados de igual subyacente pero diferentes vencimientos.

(19) Una práctica de gestión de cartera que persiga reducir el riesgo de duración conjugando una inversión en bonos a largo plazo con una permuta de tipos de interés, o reducir la duración de una cartera de bonos de un FIA tomando una posición corta en contratos de futuros sobre bonos representativos del riesgo de tipo de interés de la cartera (cobertura de la duración) debe considerarse un mecanismo de cobertura siempre que reúna los requisitos aplicables en materia de cobertura.

(20) Una práctica de gestión de cartera que persiga contrarrestar los riesgos significativos conexos a una inversión en una cartera de acciones muy diversificada tomando una posición corta en un futuro sobre un índice bursátil debe considerarse que reúne los requisitos aplicables en materia de cobertura, siempre que la composición de la cartera de acciones sea muy similar a la del índice bursátil y su rendimiento tenga una elevada correlación con el rendimiento de ese índice, que la posición corta en el futuro sobre el índice bursátil permita indubitablemente reducir el riesgo general de mercado conexo a la cartera de acciones, y que el riesgo específico sea insignificante, por ejemplo en el caso de la cobertura de la beta de una cartera de acciones muy diversificada en la que el riesgo específico se estima insignificante.

(21) Una práctica de gestión de cartera que persiga contrarrestar el riesgo conexo a una inversión en un bono a interés fijo conjugando una posición larga en una permuta de cobertura por impago con una permuta de tipos de interés que permute el tipo de interés fijo por un tipo de interés igual a un tipo de referencia adecuado del mercado monetario más un diferencial debe considerarse un mecanismo de cobertura, siempre que, en principio, se reúnan todos los requisitos de cobertura aplicables en el método del compromiso.

(22) Una práctica de gestión de cartera que persiga contrarrestar el riesgo de una determinada acción tomando una posición corta, a través de un contrato de derivados, en una acción diferente de esa primera acción, pero que mantenga con ella una elevada correlación, no debe considerarse que reúne los requisitos aplicables en materia de cobertura. Aunque esta estrategia se basa en la asunción de posiciones opuestas en el mismo tipo de activo, no cubre el riesgo específico conexo a la inversión en una determinada acción. Por consiguiente, no debe considerarse que constituye un mecanismo de cobertura con arreglo a los requisitos establecidos en relación con el método del compromiso.

(23) Una práctica de gestión de cartera que persiga mantener el alfa de una cesta de acciones (integrada por un reducido número de acciones) conjugando la inversión en esa cesta de acciones con una posición corta ajustada por la beta en un futuro sobre un índice bursátil no debe considerarse que reúna los requisitos aplicables en materia de cobertura. Una estrategia de este tipo no persigue contrarrestar los riesgos significativos conexos a la inversión en la cesta de acciones sino contrarrestar la beta (riesgo de mercado) de esa inversión y mantener el alfa. El componente alfa de la cesta de acciones puede predominar sobre el componente beta y originar de ese modo pérdidas a nivel del FIA. Por esta razón, no debe considerarse que se trata de un mecanismo de cobertura.

(24) Una estrategia de arbitraje de fusión es una estrategia que conjuga una posición corta en una acción con una posición larga en otra acción. Esta estrategia persigue cubrir la beta (riesgo de mercado) de las posiciones y generar un rendimiento derivado de la evolución relativa de ambas acciones. Igualmente, el componente alfa de la cesta de acciones puede predominar sobre el componente beta y originar de ese modo pérdidas a nivel del FIA. No debe considerarse que constituye un mecanismo de cobertura con arreglo a los requisitos establecidos en relación con el método del compromiso.

(25) Una estrategia que persiga cubrir una posición larga en una acción o un bono con protección de crédito adquirida sobre el mismo emisor involucra a dos tipos de activos diferentes y, por tanto, no debe considerarse que se trata de un mecanismo de cobertura.

(26) Cuando utilicen métodos que aumenten la exposición de un FIA, los GFIA deben observar principios generales, como tener en cuenta la sustancia de la operación además de su forma jurídica. Concretamente en las operaciones de recompra, el GFIA debe analizar si el FIA repercute o retiene los riesgos y beneficios que se derivan de los activos. El GFIA debe también examinar por transparencia, a través de los instrumentos derivados u otros acuerdos contractuales, los activos subyacentes para determinar los posibles futuros compromisos que para el FIA se deriven de esas operaciones.

(27) Dado que en el método del compromiso los tipos de interés con diferentes vencimientos se consideran activos subyacentes diferentes, los FIA que, de acuerdo con su política de inversión clave, inviertan principalmente en derivados sobre tipos de interés pueden utilizar normas de compensación de la duración específicas, a fin de tener en cuenta la correlación entre los segmentos de vencimientos de la curva de tipos de interés. Al fijar su política de inversión y su perfil de riesgo, los FIA deben poder definir el nivel del riesgo de tipo de interés y, en consecuencia, determinar un objetivo de duración. Los FIA deben tener en cuenta ese objetivo de duración predefinido al tomar sus decisiones de inversión. Cuando la duración de la cartera difiera del objetivo de duración, la estrategia no se considerará que constituye un mecanismo de compensación de la duración con arreglo a los requisitos establecidos en relación con el método del compromiso.

(28) Las normas de compensación de la duración permiten compensar posiciones largas con posiciones cortas cuyos activos subyacentes sean tipos de interés diferentes. Los vencimientos que marcan los umbrales de las bandas de vencimientos son dos años, siete años y quince años. Debe autorizarse la compensación de posiciones dentro de cada banda de vencimientos.

(29) La compensación de posiciones entre dos bandas de vencimientos diferentes debe autorizarse parcialmente. Las posiciones compensadas deben ser objeto de penalizaciones para permitir solo una compensación parcial. Esas penalizaciones deben expresarse en forma de porcentajes basados en las correlaciones medias entre las bandas de vencimientos a dos años, cinco años, diez años y treinta años de la curva de tipos de interés. Cuanto mayor sea la diferencia entre los vencimientos de las posiciones, mayor debe ser la penalización aplicable a la compensación y, por tanto, los porcentajes deben aumentar.

(30) Las posiciones cuya duración modificada sea mucho mayor que la duración modificada del total de la cartera no son acordes con la estrategia de inversión del FIA y su casación plena no debe autorizarse. Por tanto, no debe ser aceptable casar una posición corta con un vencimiento a dieciocho meses (incluida en la banda de vencimientos 1) con una posición larga con vencimiento a diez años (incluida en la banda de vencimientos 3), si el objetivo de duración del FIA es de en torno a dos años.

(31) Al calcular la exposición, el FIA puede, en primer lugar, determinar los mecanismos de cobertura. A continuación, los derivados que formen parte de esos mecanismos deben excluirse del cálculo de la exposición global. Los FIA deben utilizar un cálculo exacto en los mecanismos de cobertura. En el cálculo de la cobertura, los FIA no deben utilizar normas de compensación de la duración. Las normas de compensación de la duración deben poder utilizarse para convertir los restantes derivados sobre tipos de interés en sus posiciones equivalentes en el activo subyacente.

(32) De acuerdo con la Directiva 2011/61/UE, los GFIA deben garantizar que los riesgos potenciales de responsabilidad profesional derivados de sus actividades estén adecuadamente cubiertos, bien mediante fondos propios adicionales, bien mediante un seguro de responsabilidad civil profesional. La aplicación uniforme de esta disposición exige una comprensión uniforme de los riesgos potenciales de responsabilidad profesional que deban cubrirse. La especificación general de los riesgos derivados de la negligencia profesional de un GFIA debe señalar las características de los pertinentes eventos de riesgo y el alcance de la responsabilidad profesional potencial, incluidos los daños o perjuicios causados por las personas que realicen directamente las actividades cuya responsabilidad jurídica corresponda al GFIA, tales como los administradores del GFIA, los directivos o el personal, y las personas que realicen actividades en virtud de un acuerdo de delegación con el GFIA. De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2011/61/UE, la responsabilidad del GFIA no debe quedar afectada por una delegación o subdelegación, y el GFIA debe prever una adecuada cobertura de los riesgos profesionales conexos a los terceros de los que legalmente responda.

(33) A fin de garantizar que la especificación general se entienda de manera uniforme, debe establecerse una lista de ejemplos que sirva de referencia para determinar los potenciales eventos de riesgo en la responsabilidad profesional. En la lista debe figurar una variada gama de eventos originados por actuaciones negligentes, errores u omisiones, como puede ser la pérdida de documentos acreditativos de la titularidad de inversiones, declaraciones falsas o el incumplimiento de las diversas obligaciones o funciones que incumban al GFIA. Debe incluir también la falta de prevención, mediante sistemas de control interno adecuados, de las conductas fraudulentas dentro de la organización del GFIA. Los daños causados por no haber actuado con la suficiente diligencia en relación con una inversión que haya resultado fraudulenta deben afectar a la responsabilidad profesional del GFIA y cubrirse adecuadamente. Sin embargo, las pérdidas causadas por la reducción del valor de una inversión como consecuencia de condiciones de mercado adversas no deben cubrirse. La lista debe incluir también las valoraciones que se realicen inadecuadamente, lo que se entenderá como un fallo de valoración que infringe el artículo 19 de la Directiva 2011/61/UE y los correspondientes actos delegados.

(34) Con arreglo a sus obligaciones de gestión del riesgo, los GFIA deben disponer de adecuados mecanismos cualitativos de control interno destinados a evitar o atenuar los fallos operativos, incluidos los riesgos de responsabilidad profesional. Por tanto, los GFIA deben prever, dentro de su política de gestión de riesgos, políticas y procedimientos apropiados para la gestión del riesgo operativo, adaptados a la naturaleza, escala y complejidad de su actividad. Tales procedimientos y políticas deben, en cualquier caso, permitir la creación de una base de datos interna sobre pérdidas que sirva para determinar el perfil del riesgo operativo.

(35) A fin de garantizar que los fondos propios adicionales y el seguro de responsabilidad civil profesional cubran adecuadamente los riesgos potenciales de responsabilidad profesional, deben establecerse parámetros cuantitativos mínimos para determinar el nivel de cobertura adecuado. El GFIA fijará esos parámetros cuantitativos estableciendo un porcentaje específico del valor de las carteras de los FIA gestionados, calculado como la suma del valor absoluto de todos los activos de todos los FIA gestionados, con independencia de que se adquieran mediante apalancamiento o con el dinero de los inversores. En este contexto, los instrumentos derivados se valorarán a su precio de mercado, pues podrían sustituirse a ese precio. La cobertura mediante un seguro de responsabilidad civil profesional es, por naturaleza, menos segura que la obtenida mediante fondos propios adicionales, por lo que deben establecerse diferentes porcentajes para esos dos instrumentos diferentes utilizados como cobertura del riesgo de responsabilidad profesional.

(36) A fin de garantizar que el seguro de responsabilidad civil profesional resulte eficaz para la cobertura de las pérdidas originadas por los sucesos asegurados, debe concertarse con una empresa de seguros autorizada a ofrecer seguros de responsabilidad civil profesional. Ello incluye a empresas de seguros de la UE y a empresas de seguros no pertenecientes a la UE, siempre y cuando estén autorizadas por el Derecho de la Unión o el Derecho nacional a prestar ese servicio de seguros.

(37) De cara a permitir una cierta flexibilidad al concebir un seguro de responsabilidad civil profesional adecuado, el GFIA y la empresa de seguros deben poder acordar una cláusula con arreglo a la cual un determinado importe corra a cargo del GFIA como primera parte de toda posible pérdida (franquicia definida). Siempre que se acuerde una franquicia, el GFIA debe prever fondos propios que se correspondan con el importe de pérdida definido que deba soportar. Esos fondos propios serán adicionales al capital inicial del GFIA y a los fondos propios que deba prever el GFIA con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2011/61/UE.

(38) Como principio general, la adecuación de la cobertura mediante fondos propios adicionales o seguro de responsabilidad civil profesional debe revisarse una vez al año. No obstante, los GFIA deben disponer de procedimientos que garanticen el seguimiento permanente del valor total de las carteras de FIA gestionadas y ajustes permanentes del importe de la cobertura de los riesgos de responsabilidad profesional en caso de detectarse discordancias significativas. Por otra parte, la autoridad competente del Estado miembro de origen de un GFIA puede reducir o incrementar el requisito mínimo de fondos propios adicionales, atendiendo al perfil de riesgo del GFIA, su historial de pérdidas y la adecuación de sus fondos propios adicionales o su seguro de responsabilidad civil profesional.

(39) La Directiva 2011/61/UE dispone que los GFIA deben actuar en el mejor interés de los FIA, los inversores de estos y la integridad del mercado. Los GFIA deben, por tanto, aplicar políticas y procedimientos adecuados que les permitan evitar las malas prácticas, como la sincronización con el rendimiento del mercado o la negociación extemporánea. Quienes recurren a la sincronización con el rendimiento del mercado aprovechan precios obsoletos o vencidos de valores en cartera que afectan al cálculo del valor del patrimonio neto del FIA o adquieren y reembolsan participaciones del FIA en el curso de pocos días, explotando así la forma en que el FIA calcula el valor de su patrimonio neto. La negociación extemporánea supone colocar órdenes de compra o reembolso de participaciones de FIA después de un momento límite fijado, pero el precio aplicado es el vigente en ese momento límite. Ambas malas prácticas son perjudiciales para los intereses de los inversores a largo plazo, pues diluyen su rendimiento y afectan negativamente a los rendimientos del FIA, ya que aumentan los costes de transacción y falsean la gestión de cartera. Los GFIA deben también establecer procedimientos adecuados que garanticen que el FIA se gestione eficientemente, y han de actuar de modo que ni el FIA ni sus inversores soporten costes indebidos.

(40) En consonancia con el principio aplicado a los gestores de OICVM, los GFIA deben garantizar un elevado nivel de diligencia en la selección y seguimiento de las inversiones. Deben tener conocimientos y experiencia profesional adecuados con respecto a los activos en los que los FIA estén invertidos. A fin de garantizar que las decisiones de inversión se lleven a cabo conforme a la estrategia de inversión y, en su caso, los límites de riesgo de los FIA gestionados, los GFIA deben establecer por escrito y aplicar políticas y procedimientos de diligencia debida. Esas políticas y procedimientos deben revisarse y actualizarse periódicamente. Cuando los GFIA inviertan en tipos específicos de activos a largo plazo, en activos menos líquidos, como bienes inmuebles, o participaciones en sociedades de personas, los requisitos de diligencia debida deben aplicarse también en la fase de negociación. Las actividades que un GFIA realice antes de cerrar un acuerdo deben estar bien documentadas al objeto de demostrar que son coherentes con el plan económico y financiero y, por tanto, con la duración del FIA. Los GFIA deben conservar las actas de las reuniones pertinentes, la documentación preparatoria y los análisis económicos y financieros efectuados para evaluar la viabilidad del proyecto y el compromiso contractual.

(41) El requisito de que los GFIA actúen con la debida competencia, atención y diligencia debe aplicarse también cuando el GFIA designe a un intermediario principal o una contraparte. El GFIA debe seleccionar y designar solo intermediarios principales y contrapartes que estén sujetos a supervisión permanente, que sean financieramente solventes y dispongan de la estructura organizativa necesaria para los servicios que vayan a prestar al GFIA o al FIA. A fin de garantizar que los intereses de los inversores estén adecuadamente protegidos, es importante aclarar que uno de los criterios de evaluación de la solvencia financiera debe consistir en determinar si los intermediarios principales o contrapartes están o no sujetos a la pertinente regulación prudencial, en particular requisitos de capital, y una supervisión efectiva.

(42) De acuerdo con la Directiva 2011/61/UE, que establece que los GFIA deben actuar honestamente, con lealtad y la debida competencia, quienes dirijan de manera efectiva la actividad de los GFIA, que pertenezcan al órgano de gobierno, o formen parte de los altos directivos, en el caso de entidades que no tengan un órgano de gobierno, deben poseer conocimientos, competencias y experiencia suficientes para ejercer sus funciones, en particular para comprender los riesgos conexos a la actividad del GFIA. Conforme a lo expuesto en el Libro Verde de la Comisión sobre el gobierno corporativo en el sector financiero (2), las personas que dirijan de manera efectiva la actividad de un GFIA deben dedicar también tiempo suficiente a ejercer sus funciones en él, y actuar con honestidad, integridad e independencia de espíritu, entre otras cosas para analizar eficazmente las decisiones de los altos directivos e impugnarlas.

(43) Al objeto de garantizar que las actividades pertinentes se ejecuten adecuadamente, los GFIA deben disponer de personal que posea las competencias, los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar las tareas que se les asignen.

(44) Los GFIA que presten servicios de gestión de cartera individual deben cumplir las normas sobre incentivos establecidas en la Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (3). Por motivos de coherencia, esos preceptos deben aplicarse también a los GFIA que presten servicios de gestión de cartera colectiva y de comercialización. La existencia, naturaleza e importe de la tarifa, comisión o prestación o, en caso de que dicho importe no pueda determinarse, el método de cálculo del mismo, deben reflejarse en el informe anual del GFIA.

(45) Quienes inviertan en FIA deben gozar de una protección similar a la de los clientes de los GFIA a quienes estos presten servicios de gestión de cartera individual, ya que, en ese caso, deben cumplir las normas sobre ejecución óptima establecidas en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (4), así como en la Directiva 2006/73/CE. No obstante, deben tenerse en cuenta las diferencias entre los diversos tipos de activos en los cuales los FIA estén invertidos, pues una ejecución óptima no resultará pertinente, por ejemplo, cuando el GFIA invierta en bienes inmuebles o en participaciones en sociedades de personas y la inversión se realice tras extensas negociaciones sobre los términos del acuerdo. Cuando no se pueda elegir entre diferentes centros de ejecución de órdenes, el GFIA debe poder demostrarlo a las autoridades competentes y a los auditores.

(46) En aras de la coherencia con los requisitos aplicables a los gestores de OICVM, deben aplicarse a los GFIA normas que regulen la tramitación de órdenes y agrupación y asignación de órdenes de negociación cuando presten servicios de gestión de cartera colectiva. No obstante, esas normas no deben aplicarse cuando la inversión en activos se realice tras extensas negociaciones sobre los términos del acuerdo, como en el caso de inversiones en bienes inmuebles, participaciones en sociedades de personas o inversiones en sociedades no cotizadas, pues, en estos supuestos, no se ejecutan órdenes.

(47) Es importante especificar aquellas situaciones en las que cabe prever conflictos de intereses, en particular cuando exista la posibilidad de obtener un beneficio financiero o evitar una pérdida financiera, o cuando se ofrezcan incentivos financieros o de otro tipo al objeto de orientar la conducta del GFIA de forma tal que favorezca intereses concretos a expensas de los de otros interesados, como pueden ser otro FIA, sus clientes, organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) u otros clientes del GFIA.

(48) La política de conflictos de intereses establecida por el GFIA debe determinar las situaciones en las que las actividades que desarrolle puedan comportar conflictos de intereses que conlleven o no el riesgo potencial de menoscabar los intereses de los FIA o de sus inversores. De cara a esa determinación, el GFIA debe tener en cuenta no solo la actividad de gestión de cartera colectiva, sino también otras actividades que esté autorizado a desarrollar, incluidas las actividades de sus delegados, sus subdelegados, su valorador externo o su contraparte.

(49) En consonancia con lo establecido en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (5), por lo que atañe a las sociedades de gestión de OICVM, y en la Directiva 2004/39/CE, por lo que atañe a las empresas de inversión, los GFIA deben adoptar procedimientos y medidas que garanticen que las personas competentes que desarrollen distintas actividades que puedan comportar conflictos de intereses las ejerzan con independencia, de forma acorde con el tamaño y las actividades del GFIA.

(50) Es esencial establecer un marco general con arreglo al cual deban gestionarse y darse a conocer los conflictos de intereses, en su caso. La política de conflictos de intereses que debe establecer el GFIA debe aclarar los procedimientos y medidas detallados que deban aplicarse en esas situaciones..

(51) Uno de los componentes esenciales de un sistema de gestión de riesgos es la función permanente de gestión del riesgo. En aras de la coherencia, las tareas y responsabilidades propias de esta función deben ser de similar naturaleza a las asignadas en la Directiva 2010/43/UE de la Comisión, de 1 de julio de 2010, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los requisitos de organización, los conflictos de intereses, la conducta empresarial, la gestión de riesgos y el contenido de los acuerdos celebrados entre depositarios y sociedades de gestión (6), a la función permanente de gestión del riesgo en las sociedades de gestión de OICVM. Esa función debe desempeñar un papel primordial en la configuración de la política de riesgos del FIA, el control y la medición del riesgo, a fin de garantizar que el nivel de riesgo se ajuste permanentemente al perfil de riesgo del FIA. Debe tener, asimismo, la autoridad necesaria, acceso a toda la información pertinente y contactos regulares con los altos directivos y el órgano de gobierno del GFIA, a fin de facilitarles información actualizada que les permita adoptar prontamente medidas correctoras, en su caso.

(52) La política de gestión del riesgo constituye otro pilar del sistema de gestión del riesgo. Esta política debe documentarse adecuadamente y debe recoger, en particular, las medidas y los procedimientos empleados para medir y gestionar los riesgos, las garantías establecidas para la actuación independiente de la función de gestión del riesgo, las técnicas utilizadas para la gestión de riesgos y los datos referentes a la asignación de responsabilidades dentro del GFIA en lo que atañe a la gestión del riesgo y a los procedimientos operativos. Con el fin de garantizar su eficacia, la política de gestión del riesgo debe ser revisada por la alta dirección al menos anualmente.

(53) Tal y como exige la Directiva 2011/61/UE, la función de gestión del riesgo debe estar funcional y jerárquicamente separada de las unidades operativas. Debe, por tanto, aclararse que esa separación debe garantizarse hasta el nivel del órgano de gobierno del GFIA y que quienes ejerzan la función de gestión del riesgo no deben desarrollar tareas que entren en conflicto con aquella, ni ser supervisados por personas que realicen funciones que entren en conflicto con aquella.

(54) Es esencial especificar qué garantías debe establecer el GFIA en toda situación para velar por la independencia de la función de gestión del riesgo y, en particular, por que quienes ejerzan esa función no tengan a su cargo tareas con las que aquella entre en conflicto y adopten sus decisiones basándose en datos que puedan valorar adecuadamente, y que el proceso de toma de decisiones pueda ser revisado.

(55) Aunque la Directiva 2011/61/UE no impone restricciones de inversión a los FIA, no es posible gestionar eficazmente los riesgos en que incurra cada FIA si el GFIA no fija límites de riesgo de antemano. Los límites de riesgo deben adecuarse al perfil de riesgo del FIA y deben comunicarse a los inversores, de acuerdo con la Directiva 2011/61/UE.

(56) En aras de la coherencia, los requisitos en materia de identificación, medición y control del riesgo se basan en disposiciones similares de la Directiva 2010/43/UE. Los GFIA deben atender convenientemente a la posible vulnerabilidad de sus técnicas y modelos de medición de riesgos, realizando pruebas de resistencia, pruebas retrospectivas y análisis de escenarios. Si las pruebas de resistencia y los análisis de escenarios reflejan una especial vulnerabilidad a un conjunto dado de circunstancias, el GFIA debe adoptar prontamente medidas y acciones correctoras.

(57) La Directiva 2011/61/UE establece que la Comisión debe especificar los sistemas de gestión de la liquidez y los procedimientos que permitan al GFIA controlar el riesgo de liquidez del FIA, salvo cuando el FIA sea un FIA de tipo cerrado no apalancado, y garantizar que el perfil de liquidez de las inversiones del FIA esté en consonancia con sus obligaciones subyacentes. En consecuencia, es importante establecer requisitos generales fundamentales dirigidos a todos los GFIA, cuya aplicación debe adaptarse al tamaño, la estructura y la naturaleza de los FIA gestionados por el GFIA considerado.

(58) Los GFIA deben poder demostrar a sus autoridades competentes que disponen de políticas y procedimientos adecuados y eficaces para la gestión de la liquidez. Esto exige atender debidamente a la naturaleza del FIA, en particular al tipo de activos subyacentes y al importe del riesgo de liquidez a que esté expuesto el FIA, al tamaño y la complejidad de este o la complejidad del proceso de liquidación o venta de los activos.

(59) Los sistemas y procedimientos de gestión de la liquidez pueden permitir que los GFIA utilicen las herramientas y medidas necesarias frente a los activos no líquidos y los problemas de valoración conexos, a fin de satisfacer las solicitudes de reembolso. Esas herramientas y medidas pueden incluir, si el Derecho nacional lo autoriza, restricciones de reembolso, reembolsos parciales, la toma temporal de préstamos, plazos de preaviso y la mancomunación de activos líquidos. La cartera separada de activos ilíquidos (side pockets) y otros mecanismos en los que determinados activos del FIA estén sujetos a acuerdos similares entre el FIA y sus inversores deben considerarse «medidas especiales», pues afectan a los derechos de reembolso específicos de los inversores del FIA. La suspensión de un FIA no debe considerarse una medida especial, ya que afecta a todos los activos del FIA y a todos sus inversores. El uso de herramientas y medidas especiales para gestionar la liquidez debe supeditarse a circunstancias concretas y debe variar según la naturaleza, el tamaño y la estrategia de inversión del FIA.

(60) La obligación de controlar la gestión de la liquidez de los organismos de inversión colectiva subyacentes en los que el FIA invierta, así como la obligación de disponer de herramientas y medidas para gestionar el riesgo de liquidez y determinar, gestionar y controlar los conflictos de intereses entre inversores no deben aplicarse a los GFIA que gestionen FIA de tipo cerrado, ya se considere o no que están apalancados. La exención de esas obligaciones de gestión de la liquidez conexas al reembolso debe reflejar las diferencias entre las condiciones generales de reembolso de los inversores de un FIA de tipo cerrado y las de un FIA de tipo abierto.

(61) La aplicación de límites mínimos por lo que respecta a la liquidez o iliquidez del FIA podría ser una herramienta de control eficaz para determinados tipos de GFIA. La superación de un límite, en sí misma, puede no exigir medidas por parte del GFIA, ya que ello depende de los hechos y circunstancias y de los niveles de tolerancia fijados por el GFIA. Los límites podrían, por tanto, utilizarse en la práctica para controlar los reembolsos medios diarios frente a la liquidez del fondo en términos de días dentro de un mismo período. Podrían también utilizarse para controlar la concentración de inversores de cara a sustentar los escenarios de las pruebas de resistencia. Esos límites pueden servir de señal para una continua vigilancia o la adopción de medidas correctoras, según las circunstancias.

(62) Las pruebas de resistencia deben, cuando proceda, simular déficits de liquidez de los activos y solicitudes de reembolso atípicas. Deben tomarse en consideración las suscripciones y reembolsos recientes y previsibles en el futuro, así como el efecto sobre esa actividad del rendimiento previsto del FIA frente a otros fondos similares. El GFIA debe analizar el plazo de tiempo necesario para satisfacer las solicitudes de reembolso en los escenarios de resistencia simulados. El GFIA debe también realizar pruebas de resistencia atendiendo a factores de mercado, como los movimientos en los tipos de cambio que puedan incidir significativamente en el perfil crediticio del GFIA o del FIA y, en consecuencia, en las exigencias de garantías. El GFIA debe tener en cuenta las posibles variaciones de valoración en condiciones de tensión en su planteamiento de las pruebas de resistencia o los análisis de escenarios.

(63) La frecuencia de realización de las pruebas de resistencia debe depender de la naturaleza, la estrategia de inversión, el perfil de liquidez, el tipo de inversor y la política de reembolso del FIA. No obstante, se espera que esas pruebas se efectúen al menos anualmente. Si las pruebas de resistencia indican un riesgo de liquidez significativamente mayor de lo previsto, el GFIA debe actuar en el mejor interés de todos los inversores del FIA, atendiendo al perfil de liquidez de los activos del FIA, el nivel de solicitudes de reembolso y, en su caso, la adecuación de las políticas y los procedimientos de gestión de la liquidez.

(64) La Directiva 2011/61/UE establece que la Comisión debe especificar la forma de lograr una concordancia entre la estrategia de inversión, el perfil de riesgo y la política de reembolso. La coherencia entre esos tres elementos está asegurada si los inversores pueden rescatar sus inversiones de acuerdo con la política de reembolso del FIA, que debe contemplar las condiciones de reembolso en circunstancias normales y excepcionales, y de forma que resulte compatible con un tratamiento equitativo de los inversores.

(65) La Directiva 2011/61/UE dispone que debe existir coherencia intersectorial y deben eliminarse las discrepancias entre los intereses de las entidades originadoras que reempaquetan préstamos transformándolos en valores negociables y los GFIA que invierten en esos valores u otros instrumentos financieros por cuenta del FIA. A fin de lograr ese objetivo, se han tenido en cuenta las disposiciones pertinentes de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (7), que establecen los requisitos cuantitativos y cualitativos que deben reunir los inversores expuestos al riesgo de crédito de una titulización, así como las entidades originadoras y patrocinadoras. El presente Reglamento persigue los mismos objetivos de conjugar los intereses de las entidades originadoras o los patrocinadores y los intereses de los inversores que las pertinentes disposiciones de la Directiva 2006/48/CE, por lo que es esencial que la terminología se utilice de forma coherente entre ambos actos, y, en consecuencia, se han tomado como referencia las definiciones establecidas en la Directiva 2006/48/CE. Dado que el Comité de Supervisores Bancarios Europeos, antecesor de la Autoridad Bancaria Europea, ha emitido directrices detalladas para la interpretación de las pertinentes disposiciones de la Directiva 2006/48/CE (8), el logro de la coherencia intersectorial exige que las disposiciones actuales destinadas a conjugar los intereses de las entidades originadoras, los patrocinadores y los GFIA se interpreten a la luz de esas directrices.

(66) Es importante que las operaciones consistentes en reempaquetar préstamos para transformarlos en valores negociables no se estructuren de manera que se evite aplicar los requisitos establecidos con respecto a las inversiones en posiciones de titulización. Así, la referencia a una inversión en valores negociables u otros instrumentos financieros basados en el reempaquetado de préstamos no debe interpretarse estrictamente como una transmisión legalmente válida y vinculante de la titularidad de esos instrumentos, sino como una inversión efectuada en un sentido económico material, de tal modo que cualquier otra forma de inversión sintética debe estar cubierta por los requisitos específicos, y sujeta a ellos. A fin de evitar malentendidos y armonizar el lenguaje con el utilizado en la legislación bancaria, debe utilizarse la expresión «asunción de la exposición al riesgo de crédito de una titulización», en lugar de «inversión en valores negociables u otros instrumentos financieros basados en el reempaquetado de préstamos».

(67) Los requisitos que deben reunir las entidades que actúen de entidad originadora, patrocinador o acreedor inicial en una titulización les vienen directamente impuestos por la Directiva 2006/48/CE. Así, es importante establecer las correspondientes obligaciones de los GFIA que asuman exposiciones a titulizaciones. En consecuencia, el GFIA debe asumir la exposición a titulizaciones solo si la entidad originadora, el patrocinador o el acreedor original han declarado explícitamente al GFIA que conservan un interés económico significativo en el activo subyacente, el denominado «requisito de retención». Asimismo, el GFIA debe velar por que se cumplan diversos requisitos cualitativos que la Directiva 2006/48/CE impone al patrocinador y a la entidad originadora. Además, el propio GFIA debe cumplir requisitos cualitativos que le permitan comprender de forma global y completa la inversión en titulizaciones y su riesgo subyacente. A estos efectos, los GFIA deben tomar sus decisiones de inversión solo tras haber llevado a cabo un proceso de diligencia debida que les permita obtener la información y el conocimiento oportuno sobre las titulizaciones consideradas.

(68) Hay circunstancias en las que, si bien determinadas entidades responden a la definición de entidad originadora o patrocinador, o desempeñan la función de acreedor original, otras entidades que no responden a la definición de patrocinador o de entidad originadora, ni desempeñan la función de acreedor original —pero cuyos intereses coinciden óptimamente con los de sus inversores— pueden intentar cumplir el requisito de retención. En aras de la seguridad jurídica, esas otras entidades no deben estar obligadas a cumplir el requisito de retención si este ya lo cumplen la entidad originadora, el patrocinador o el acreedor original.

(69) En caso de incumplimiento del requisito de retención o de los requisitos cualitativos, el GFIA debe plantearse la adopción de medidas correctoras, tales como cubrir, vender o reducir la exposición o dirigirse a la parte que incumple el requisito de retención con el fin de restablecer el cumplimiento. Estas medidas correctoras deben buscar siempre el interés de los inversores y no deben comportar la obligación directa de vender los activos de forma inmediata tras observarse el incumplimiento, a fin de evitar una venta a «precios de saldo». El GFIA debe tener en cuenta este incumplimiento cuando se plantee realizar otra inversión en una nueva operación en la que participe la parte que incumple el requisito.

(70) A fin de cumplir lo establecido en la Directiva 2011/61/UE y especificar los procedimientos internos y las medidas organizativas que todo GFIA debe aplicar, los GFIA deben estar obligados a dotarse de una estructura organizativa debidamente documentada que asigne claramente las responsabilidades, defina mecanismos de control y garantice un buen flujo de información entre las partes implicadas. Asimismo, los GFIA deben establecer sistemas que protejan la información y garanticen la continuidad de la actividad. Al establecer esos procedimientos y estructuras, los GFIA deben tener en cuenta el principio de proporcionalidad, con arreglo al cual los procedimientos, los mecanismos y la estructura organizativa pueden adaptarse a la naturaleza, escala y complejidad de los negocios del GFIA y a la naturaleza y gama de las actividades realizadas en el curso de esos negocios.

(71) La información a los inversores es de primordial importancia para protegerlos, por lo que los GFIA deben adoptar políticas y procedimientos adecuados que garanticen que las condiciones de reembolso aplicables a un determinado FIA les sean comunicadas a los inversores con el suficiente detalle y de forma suficientemente destacada, antes de que estos inviertan y en caso de modificaciones significativas. Esa información puede referirse a los plazos de preaviso aplicables a los reembolsos, los períodos mínimos de inversión, las circunstancias en las que podrían no aplicarse o podrían suspenderse los mecanismos de reembolso normales, y cualquier medida que pueda plantearse aplicar el órgano de gobierno, como las restricciones de reembolso o las carteras separadas de activos ilíquidos, puesto que afectan a los derechos de reembolso de los inversores de ese determinado FIA.

(72) A fin de garantizar que las actividades pertinentes se realicen adecuadamente, el GFIA, en particular, debe utilizar sistemas electrónicos adecuados para cumplir los requisitos de registro aplicables con respecto a las operaciones de cartera o las órdenes de suscripción y reembolso, y establecer, aplicar y mantener políticas y procedimientos contables que garanticen que el cálculo del valor del patrimonio neto se realice conforme a lo dispuesto en la Directiva 2011/61/UE y en el presente Reglamento.

(73) En aras de la coherencia con los requisitos que la Directiva 2009/65/CE impone a las sociedades de gestión de los OICVM, el órgano de gobierno, los altos directivos o, en su caso, la función de supervisión del GFIA deben tener a su cargo tipos de tareas similares, a las que deben asignarse las oportunas responsabilidades. No obstante, la asignación de responsabilidades tiene que ser coherente con las funciones y responsabilidades que deban asumir el órgano de gobierno, los altos directivos y la función de supervisión según la legislación nacional. Entre los altos directivos pueden figurar todos o una parte de los miembros del órgano de gobierno.

(74) El requisito de contar con una función permanente y eficaz de verificación del cumplimiento debe reunirlo siempre el GFIA, con independencia de la escala y complejidad de sus negocios. Sin embargo, los pormenores de la organización técnica y en materia de personal correspondiente a esa función deben adaptarse a la naturaleza, escala y complejidad de los negocios del GFIA, y a la naturaleza y gama de sus servicios y actividades. El GFIA no tiene que establecer una unidad de verificación del cumplimento independiente si ello resulta desproporcionado a la vista del tamaño del GFIA o la naturaleza, escala o complejidad de sus negocios.

(75) Los criterios de valoración varían según los países y las clases de activos. El presente Reglamento debe complementar las normas generales comunes y establecer parámetros aplicables por los GFIA al desarrollar y aplicar políticas y procedimientos adecuados y coherentes para una valoración apropiada e independiente de los activos del FIA. Las políticas y procedimientos deben describir las obligaciones, funciones y responsabilidades de cuantos intervienen en la valoración, incluidos los valoradores externos.

(76) El valor de los activos puede determinarse de diferentes formas, como, por ejemplo, por referencia a los precios observables en un mercado activo o haciendo una estimación a través de otros métodos de valoración de acuerdo con el Derecho nacional, el reglamento o los documentos constitutivos del FIA. Dado que el valor de los activos y pasivos individuales puede determinarse a través de diferentes métodos y puede tomarse de distintas fuentes, el GFIA debe determinar qué métodos de valoración emplea, y describirlos.

(77) Cuando para valorar los activos se emplee un modelo, en las políticas y los procedimientos de valoración deben indicarse las características principales del modelo. Antes de emplearlo, el modelo debe someterse a un proceso de validación ejecutado por una persona interna o externa que no haya intervenido en el proceso de realización del modelo. Debe considerarse que una persona está cualificada para ejecutar un proceso de validación del modelo utilizado para valorar los activos si posee una competencia y experiencia adecuadas en la valoración de activos utilizando ese tipo de modelos; esta persona puede ser un auditor.

(78) Los GFIA operan en un entorno dinámico en el que las estrategias de inversión pueden variar con el tiempo, por lo que las políticas y los procedimientos de valoración deben revisarse al menos anualmente y, en todo caso, antes de que el FIA adopte una nueva estrategia de inversión o un nuevo tipo de activo. Todo cambio en las políticas y los procedimientos de valoración, incluido en los métodos de valoración, debe seguir un proceso preestablecido.

(79) El GFIA debe velar por que los activos individuales de un FIA se hayan valorado adecuadamente, de acuerdo con las políticas y los procedimientos de valoración. En relación con algunos activos, especialmente los instrumentos financieros complejos e ilíquidos, el riesgo de efectuar una valoración incorrecta es más elevado. A fin de solventar este tipo de situación, el GFIA debe implantar controles suficientes que garanticen que pueda atribuirse al valor de los activos del FIA un grado adecuado de objetividad.

(80) El cálculo del valor liquidativo de cada participación está sujeto al Derecho nacional o, en su caso, al reglamento o los documentos constitutivos del fondo. El presente Reglamento establece solo el procedimiento de cálculo y no el método de cálculo. El propio GFIA puede efectuar el cálculo del valor liquidativo de cada participación como parte de las funciones administrativas que desempeñe para el FIA. Existe también la opción de designar a un tercero que se ocupe de las tareas de administración, incluido el cálculo del valor liquidativo. Un tercero que realice el cálculo del valor liquidativo por cuenta de un FIA no debe considerarse un valorador externo a efectos de lo establecido en la Directiva 2011/61/UE, en tanto no realice la valoración de activos individuales, incluidos aquellos que exijan una opinión subjetiva, sino que incorpore al proceso de cálculo los valores obtenidos del GFIA, de fuentes de fijación de precios o de un valorador externo.

(81) Algunos procedimientos de valoración pueden aplicarse diariamente, por ejemplo, los de valoración de instrumentos financieros, pero otros procedimientos de valoración no pueden aplicarse con la misma frecuencia con que tienen lugar las emisiones, suscripciones, reembolsos y cancelaciones, por ejemplo, los de valoración de bienes inmuebles. En la frecuencia de valoración de los activos mantenidos por un fondo de tipo abierto han de tenerse en cuenta las diferencias en los procedimientos de valoración por lo que atañe a los tipos de activos mantenidos por el FIA.

(82) Los rigurosos requisitos y limitaciones a que es preciso atenerse en caso de que un GFIA desee delegar la realización de funciones se establecen en la Directiva 2011/61/UE. El GFIA conserva en todo momento la plena responsabilidad por la adecuada ejecución de las funciones delegadas y la conformidad de estas con la Directiva 2011/61/UE y sus medidas de ejecución. El GFIA debe, por tanto, asegurarse de que el delegado aplique los mismos criterios de calidad que aplicaría el propio GFIA, y actúe con arreglo a los mismos. Asimismo, si fuera necesario para garantizar que las funciones delegadas se ejecuten con una elevada calidad en todo momento, el GFIA debe poder poner fin a la delegación, por lo que el acuerdo de delegación debe otorgar derechos flexibles de rescisión al GFIA. Los requisitos y límites de la delegación deben aplicarse a las funciones de gestión establecidas en el anexo I de la Directiva 2011/61/UE, en cambio, las tareas básicas de apoyo, como son las funciones administrativas o técnicas de asistencia en las tareas de gestión, tales como el apoyo logístico mediante servicios de limpieza y restauración, y el suministro de servicios o productos básicos, no debe considerarse que constituyen una delegación de funciones del GFIA. Otros ejemplos de funciones técnicas o administrativas son la compra de programas informáticos estándar disponibles en el comercio y el recurso a proveedores de programas informáticos para asistencia operativa puntual en relación con sistemas estándar o la prestación de apoyo de recursos humanos, como la provisión de empleados temporales o el procesado de la nómina.

(83) A fin de garantizar una elevada protección del inversor, además de una mayor eficiencia en el ejercicio de la actividad del GFIA, la delegación en su conjunto debe basarse en razones objetivas. Al examinar esas razones, las autoridades competentes deben tener en cuenta la estructura de la delegación y sus efectos sobre la estructura del GFIA, y la interacción de las actividades delegadas con las actividades conservadas por el GFIA.

(84) De cara a evaluar si la persona que dirige la actividad del delegado de manera efectiva goza de la suficiente honorabilidad, debe comprobarse la conducta de dicha persona y si ha cometido delitos en el ámbito de las actividades financieras. Al evaluar si se cumple el requisito de suficiente honorabilidad, debe tenerse en cuenta cualquier otra información pertinente sobre las cualidades personales que pueda incidir negativamente en la conducta profesional de la persona, como pueden ser dudas sobre su honestidad e integridad.

(85) Las sociedades de inversión autorizadas al amparo de la Directiva 2009/65/CE no debe considerarse que constituyen empresas autorizadas o registradas a efectos de la gestión de activos y sujetas a supervisión, puesto que no están autorizadas a realizar actividades distintas de la gestión de carteras colectivas en virtud de dicha Directiva. Del mismo modo, un FIA internamente gestionado no debe clasificarse como una de tales empresas, pues no debe realizar actividades ajenas a la gestión interna del FIA.

(86) Cuando la delegación se refiera a la gestión de carteras o la gestión del riesgo, que constituyen el núcleo de la actividad del GFIA y, por tanto, son de gran relevancia por lo que atañe a la protección del consumidor y al riesgo sistémico, además de los requisitos establecidos en el artículo 20, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/61/UE, la autoridad competente del Estado miembro de origen del GFIA y la autoridad de supervisión de la empresa del tercer país deben haber celebrado un acuerdo escrito de cooperación. El acuerdo debe celebrarse antes de la delegación. En los términos del acuerdo deben tenerse en cuenta las normas internacionales.

(87) Los acuerdos escritos deben conferir a las autoridades competentes el derecho a realizar inspecciones in situ, incluida la solicitud a la autoridad de supervisión de la empresa del tercer país, en la que se hayan delegado funciones, de que realice inspecciones in situ, y la solicitud de autorización a dicha autoridad de supervisión del tercer país para realizar las inspecciones ellas mismas o acompañar al personal de esa autoridad de supervisión del tercer país para ayudarlo a realizar las inspecciones in situ.

(88) Basándose en las obligaciones que establece la Directiva 2011/61/UE, los GFIA deben actuar siempre en el mejor interés de los FIA o los inversores de los FIA que gestionen. Por consiguiente, solo podrá admitirse una delegación si no impide que el GFIA actúe, o gestione el FIA, en el mejor interés de los inversores.

(89) En toda delegación, se tendrán en cuenta los posibles conflictos de intereses, a fin de mantener un elevado nivel de protección del inversor. Deben establecerse diversos criterios por los que se fijen parámetros para detectar situaciones que puedan dar lugar a conflictos de intereses importantes. Debe entenderse que tales criterios no tienen carácter exhaustivo y no descartan que los conflictos de intereses de poca importancia sean también pertinentes a efectos de la Directiva 2011/61/UE. Así, las funciones de verificación del cumplimiento o de auditoría debe considerarse que entran en conflicto con la tarea de gestión de carteras, y la creación de mercado o el aseguramiento de emisiones debe entenderse que entran en conflicto con la gestión de cartera o del riesgo. Esta obligación ha de establecerse sin perjuicio de la obligación del delegado de separar funcional y jerárquicamente la gestión de carteras de la gestión del riesgo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Directiva 2011/61/UE.

(90) Los requisitos aplicables a la delegación del desempeño de funciones por cuenta del GFIA deben aplicarse mutatis mutandis cuando el delegado subdelegue cualquiera de las funciones en él delegadas, y también en caso de ulteriores subdelegaciones.

(91) A fin de garantizar que, en cualquier caso, el GFIA realice las funciones de gestión de inversiones, este no debe delegar sus funciones hasta el punto de que, en esencia, ya no pueda considerarse que es el gestor del FIA y de que se convierta en una entidad ficticia. El GFIA debe mantener, en todo momento, recursos suficientes para supervisar las funciones delegadas eficientemente. El GFIA debe desarrollar él mismo las funciones de gestión de inversiones, tener los suficientes conocimientos y recursos, conservar el poder de adoptar las decisiones que entren dentro de las responsabilidades de la alta dirección, y realizar las funciones de alta dirección, tales como la aplicación de la política general de inversiones y las estrategias de inversión.

(92) Evaluar una estructura de delegación es un ejercicio complejo que ha de basarse en una serie de criterios, a partir de los cuales las autoridades competentes puedan formarse un juicio. Es necesaria una combinación para tener en cuenta la diversidad de estructuras de fondos y estrategias de inversión existente en toda la Unión. La AEVM puede formular orientaciones para garantizar una evaluación coherente de las estructuras de delegación en toda la Unión.

(93) La Comisión controlará la manera en que se apliquen los criterios y su impacto en los mercados. La Comisión reexaminará la situación al cabo de dos años y, de resultar necesario, tomará las medidas oportunas para especificar con más detalle las condiciones en las que se considerará que un GFIA ha delegado sus funciones hasta el extremo de convertirse en una entidad ficticia y no puede ya reputarse gestor del FIA.

(94) La Directiva 2011/61/UE establece una extensa serie de requisitos aplicables al depositario de un FIA, con el fin de garantizar una elevada protección del inversor. En consecuencia, deben establecerse claramente los derechos y obligaciones concretos, respectivamente, del depositario, el GFIA y/o el FIA y terceros. El contrato debe recoger toda la información necesaria para que el depositario o un tercero en quien se hayan delegado funciones de custodia de acuerdo con la Directiva 2011/61/UE puedan custodiar adecuadamente todos los activos del FIA, y para que el depositario desempeñe adecuadamente sus funciones de vigilancia y control. A fin de que el depositario pueda evaluar y controlar el riesgo de custodia, el contrato debe recoger información suficiente sobre las categorías de activos en los que el FIA puede invertir y especificar las regiones geográficas en las que el FIA tiene previsto invertir. El contrato debe recoger también los pormenores de un procedimiento de gradación ascendente (escalation). Así, el depositario debe alertar al GFIA de todo riesgo significativo detectado en el sistema de liquidación de un determinado mercado. En cuanto a la rescisión del contrato, debe reflejarse el hecho de que la rescisión es la solución última del depositario en caso de que considere que los activos no están suficientemente protegidos. La rescisión debe, asimismo, prevenir el riesgo moral, con arreglo al cual el GFIA tomaría decisiones de inversión sin tener en cuenta los riesgos de custodia, basándose en que, en la mayoría de los casos, el responsable sería el depositario. A fin de mantener un elevado grado de protección del consumidor, la disposición que detalla cómo vigilar a terceros debe aplicarse en toda la cadena de custodia.

(95) Los depositarios establecidos en terceros países deben estar sujetos a regulación prudencial pública y a supervisión prudencial efectuada por una autoridad de supervisión que sea competente para realizar una supervisión continua, emprender investigaciones e imponer sanciones. Cuando la supervisión del depositario involucre a diversas autoridades públicas, una de esas autoridades públicas debe servir de enlace a efectos de la Directiva 2011/61/UE y todas las medidas delegadas y de ejecución adoptadas en cumplimiento de la misma.

(96) La evaluación de la legislación del tercer país conforme al artículo 21, apartado 6, párrafo último, de la Directiva 2011/61/UE debe efectuarla la Comisión comparando los criterios de autorización y las condiciones continuas de ejercicio de la actividad aplicables al depositario en el tercer país con los correspondientes requisitos aplicables en virtud del Derecho de la Unión a las entidades de crédito y/o a las empresas de inversión para acceder a la actividad de depositario y ejercer las funciones de depositario, al objeto de determinar si los criterios locales tienen los mismos efectos que los establecidos en el Derecho de la Unión. Los depositarios que estén sujetos a supervisión prudencial y estén autorizados en el tercer país dentro de una categoría local que no sea la de entidad de crédito o empresa de inversión deben poder ser escrutados por la Comisión Europea para determinar si las disposiciones pertinentes de la legislación del tercer país tienen los mismos efectos que las establecidas en el Derecho de la Unión para las entidades de crédito y/o las empresas de inversión.

(97) Al objeto de que el depositario tenga una imagen nítida de las entradas y salidas de efectivo del FIA en todos los casos, el GFIA debe garantizar que el depositario reciba sin demora indebida información exacta sobre todos los flujos de tesorería, incluida información procedente de todo tercero en el que el FIA tenga abierta una cuenta de efectivo.

(98) A fin de que los flujos de tesorería del FIA sean objeto de un adecuado seguimiento, el depositario debe tener la obligación de garantizar que existan procedimientos para ello, que estos se apliquen de manera efectiva y que sean revisados periódicamente. En particular, el depositario debe examinar el procedimiento de conciliación para comprobar si es adecuado para el FIA y si se aplica con la debida periodicidad, atendiendo a la naturaleza, el tamaño y la complejidad del FIA. Este procedimiento debe, por ejemplo, comparar uno a uno cada flujo de tesorería, según figure en los estados bancarios, con los flujos de tesorería registrados en las cuentas del FIA. Si las conciliaciones se hacen diariamente, como ocurre en la mayoría de FIA de tipo abierto, el depositario debe efectuar la conciliación también diariamente. El depositario debe, en particular, comprobar las divergencias puestas de relieve por los procedimientos de conciliación y las medidas correctoras adoptadas, al objeto de notificar al GFIA, sin demora indebida, toda posible anomalía no subsanada y revisar íntegramente los procedimientos de conciliación. La revisión debe hacerse al menos anualmente. El depositario debe también detectar oportunamente los flujos de tesorería significativos y, en particular, aquellos que no resulten coherentes con las operaciones del FIA, como, por ejemplo, variaciones en las posiciones de los activos del FIA o suscripciones y reembolsos, y debe recibir periódicamente estados de las cuentas de efectivo y verificar la concordancia de sus propios registros de posiciones de efectivo con los del GFIA. El depositario debe mantener su registro actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, apartado 8, letra b), de la Directiva 2011/61/UE.

(99) El depositario debe velar por que todos los pagos efectuados por los inversores o en su nombre a raíz de la suscripción de participaciones de un FIA se reciban y consignen en una o varias cuentas de efectivo de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2011/61/UE. El GFIA debe, por tanto, asegurarse de que el depositario disponga de la información pertinente que necesite para comprobar adecuadamente la recepción de los pagos de los inversores. El GFIA debe asegurarse de que el depositario obtenga esta información sin demora indebida cuando el tercero reciba una orden de reembolso o emisión de participaciones de un FIA. La información debe, pues, ser transmitida al depositario al término del día laboral por la entidad responsable de la suscripción y el reembolso de las participaciones de un FIA, a fin de impedir un posible uso indebido de los pagos del inversor.

(100) Dependiendo del tipo de activos que deban custodiarse, los activos serán, bien mantenidos en custodia, como en el caso de los instrumentos financieros que puedan consignarse en una cuenta de instrumentos financieros, o entregarse físicamente al depositario, de acuerdo con la Directiva 2011/61/UE, bien objeto de verificación de la propiedad y registro. El depositario debe mantener en custodia todos los instrumentos financieros del FIA o del GFIA que actúe por cuenta del FIA que puedan consignarse o mantenerse en una cuenta directa o indirectamente a nombre del depositario o de un tercero en el que se deleguen funciones de custodia, en particular a nivel del depositario central de valores. Además de estas situaciones, deben mantenerse en custodia los instrumentos financieros que estén solo directamente registrados en el propio emisor o su agente a nombre del depositario o de un tercero en que se hayan delegado funciones de custodia. Los instrumentos financieros que, de acuerdo con la legislación nacional aplicable, estén registrados en el emisor o su agente solo a nombre del FIA, como pueden ser las inversiones en sociedades no cotizadas realizadas por fondos de capital inversión y de capital riesgo, no deben mantenerse en custodia. Deben mantenerse asimismo en custodia todos los instrumentos financieros que puedan entregarse físicamente al depositario. Siempre que se reúnan las condiciones en las cuales han de mantenerse en custodia los instrumentos financieros, los instrumentos financieros aportados como garantía a un tercero o aportados por un tercero en beneficio del FIA deben también ser mantenidos en custodia por el propio depositario o por un tercero en el que se hayan delegado las funciones de custodia, siempre y cuando sean propiedad del FIA o del GFIA que actúe por cuenta del FIA. Asimismo, los instrumentos financieros poseídos por el FIA o por el GFIA por cuenta del FIA, y que el FIA, o el GFIA por cuenta del FIA, haya autorizado al depositario a reutilizar deben seguir en custodia hasta tanto no se ejerza el derecho de reutilización.

(101) Los instrumentos financieros mantenidos en custodia deben ser objeto de la debida atención y protección en todo momento. A fin de garantizar una adecuada evaluación del riesgo de custodia, al poner en juego la debida atención, el depositario debe, en particular, saber quienes conforman la cadena de custodia, verificar que se hayan cumplido las obligaciones de diligencia debida y segregación a todo lo largo de dicha cadena, velar por que él mismo tenga un adecuado acceso a los libros y registros de los terceros en quienes se hayan delegado funciones de custodia, velar por que se cumplan estos requisitos, documentar todas estas funciones y facilitar estos documentos al GFIA, y mantener a este informado.

(102) A fin de impedir que se soslaye lo dispuesto en la Directiva 2011/61/UE, el depositario debe aplicar las obligaciones en materia de custodia a los activos subyacentes de las estructuras financieras y/o las estructuras jurídicas controladas directa o indirectamente por el FIA o el GFIA que actúe por cuenta de este. Esta disposición de transparencia no debe aplicarse a los fondos de fondos o estructuras de tipo principal-subordinado, a condición de que cuenten con un depositario que custodie los activos del fondo adecuadamente.

(103) El depositario debe tener, en todo momento, una visión global de todos los activos que no sean instrumentos financieros que deban ser custodiados. En relación con esos activos, se aplica la obligación de verificar la propiedad y mantener un registro de conformidad con la Directiva 2011/61/UE. Son ejemplos de tales activos los activos físicos que no entren en la categoría de instrumentos financieros con arreglo a la Directiva 2011/61/UE o no puedan entregarse físicamente al depositario, contratos financieros tales como derivados, depósitos en efectivo o inversiones en sociedades no cotizadas y participaciones en sociedades de personas

(104) A fin de adquirir certeza suficiente de que el FIA o el GFIA que actúe por cuenta del FIA es realmente el propietario de los activos, el depositario debe cerciorarse de que recibe toda la información que considere necesaria para estar seguro de que el FIA o el GFIA que actúe por cuenta del FIA tiene el derecho de propiedad sobre el activo. Tal información puede consistir en una copia de un documento oficial en el que conste que el FIA o el GIA que actúe por su cuenta es el propietario del activo, o todo elemento de prueba formal y fiable que el depositario considere adecuado. Si fuera necesario, el depositario debe solicitar elementos de prueba adicionales al FIA o al GFIA que actúe por su cuenta, o, en su caso, a un tercero.

(105) El depositario debe llevar un registro de todos los activos que considere que son propiedad del FIA. Puede establecer un procedimiento para recibir información de terceros, siendo posible establecer procedimientos, en el caso de FIA que realicen pocas operaciones y/u operaciones sujetas a negociación previa a la liquidación, que garanticen que los activos no puedan ser transferidos sin que el depositario o el tercero en quien se hayan delegado funciones de custodia sea informado de esas operaciones. El requisito de tener acceso a la documentación de cada operación que obre en poder de un tercero podría resultar oportuno en el caso de los FIA que efectúen operaciones de negociación de cartera más frecuentemente, tales como inversiones en derivados cotizados.

(106) De cara a garantizar que el depositario pueda desempeñar sus funciones, es necesario aclarar las tareas previstas en el artículo 21, apartado 9, de la Directiva 2011/61/UE y, en particular, los controles de segundo nivel efectuados por el depositario. Estas tareas no deben impedir al depositario efectuar verificaciones ex ante cuando lo considere oportuno, y en concertación con el GFIA. A fin de garantizar que pueda desempeñar sus funciones, el depositario debe disponer de su propio procedimiento de gradación ascendente para los casos en que se detecten irregularidades. Este procedimiento debe garantizar que se notifique a las autoridades competentes todo incumplimiento significativo. Las responsabilidades de vigilancia que incumben al depositario con respecto a terceros, según especifica el presente Reglamento, se establecen sin perjuicio de las responsabilidades que incumben al GFIA de acuerdo con la Directiva 2011/61/UE.

(107) El depositario debe verificar si el número de participaciones emitidas coincide con los ingresos por suscripción recibidos. Asimismo, a fin de garantizar que los pagos efectuados por los inversores con motivo de la suscripción se hayan recibido, el depositario debe asegurarse también de que se realice otra conciliación entre las órdenes de suscripción y los ingresos por suscripción. Igual conciliación debe efectuarse por lo que atañe a las órdenes de reembolso. El depositario debe verificar también que el número de participaciones que figure en las cuentas del FIA sea igual al número de participaciones vivas que figure en el registro del FIA. El depositario debe adaptar sus procedimientos, de modo que tenga en cuenta la frecuencia de las suscripciones y los reembolsos.

(108) El depositario debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que se apliquen de manera efectiva las oportunas políticas y procedimientos de valoración de los activos del FIA, realizando verificaciones por muestreo o comprobando si la variación del cálculo del valor del patrimonio neto a lo largo del tiempo es coherente con la de un parámetro. De cara a fijar sus procedimientos, el depositario debe comprender claramente los métodos de valoración utilizados por el GFIA o el valorador externo para valorar los activos del FIA. La frecuencia de las verificaciones debe ser acorde con la frecuencia de valoración de los activos del FIA.

(109) En virtud de la obligación de vigilancia que le impone la Directiva 2011/61/UE, el depositario debe establecer un procedimiento destinado a verificar, con carácter ex post, si el FIA cumple con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como con su reglamento y documentos constitutivos. Ello supone, entre otras cosas, comprobar que las inversiones del FIA sean coherentes con sus estrategias de inversión, según se describen en el reglamento del FIA y sus documentos de oferta, y cerciorarse de que el FIA no incumpla las restricciones de inversión que le sean aplicables, en su caso. El depositario debe vigilar las operaciones del FIA e investigar cualquier operación inhabitual. En caso de incumplimiento de los límites o las restricciones establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias nacionales aplicables, o en el reglamento y los documentos constitutivos del FIA, el depositario debe, por ejemplo, recibir del GFIA la orden de deshacer la operación origen del incumplimiento, corriendo los gastos de su cuenta. El presente Reglamento no impide al depositario adoptar medidas ex ante, cuando lo considere oportuno, y en concertación con el GFIA.

(110) El depositario debe velar por que el cálculo de los ingresos sea exacto, de acuerdo con la Directiva 2011/61/UE. A tal efecto, el depositario debe garantizar que la distribución de ingresos sea adecuada y, cuando detecte un error, que el GFIA adopte las oportunas medidas correctoras. Una vez garantizado esto, el depositario debe verificar que la distribución de ingresos y, en particular, de los pagos de dividendos, sea completa y exacta.

(111) Cuando se deleguen funciones de custodia conexas a otros activos, de acuerdo con la Directiva 2011/61/UE, la delegación es probable que se refiera a funciones administrativas en la mayoría de los casos. Cuando el depositario delegue funciones de custodia, debe, por tanto, tener la obligación de implantar y aplicar un procedimiento adecuado y documentado que garantice que el delegado cumpla, en todo momento, lo establecido en el artículo 21, apartado 11, letra d), de la Directiva 2011/61/UE. A fin de que los activos estén suficientemente protegidos, es necesario establecer una serie de principios aplicables a la delegación de custodia. En la delegación de las funciones de custodia, es importante establecer algunos principios esenciales que deban aplicarse de manera efectiva a lo largo del proceso de delegación. Estos principios no deben considerarse exhaustivos, ni por lo que atañe a la especificación detallada de los deberes de competencia, atención y diligencia del depositario, ni por lo que atañe a la especificación de todas las medidas que un depositario deba tomar en relación con los principios en sí mismos. La obligación de vigilar de forma continua al tercero en quien se hayan delegado funciones de custodia debe consistir en verificar que dicho tercero ejecute correctamente todas las funciones delegadas y cumpla con el contrato de delegación. El citado tercero debe actuar con honestidad y buena fe, en el mejor interés del FIA y de sus inversores, y ateniéndose a los requisitos reglamentarios y de supervisión, y poner en juego la competencia, atención y diligencia que cabe esperar normalmente de un operador extremadamente prudente de esa profesión financiera en circunstancias comparables. El depositario debe examinar, entre otras cosas, los elementos evaluados en el proceso de selección y designación, comparándolos con la evolución del mercado a fin de situarlos en perspectiva. El examen periódico debe adoptar una forma que refleje las circunstancias, de modo que el depositario pueda analizar adecuadamente los riesgos conexos a la decisión de confiar activos a ese tercero. La frecuencia del examen se adaptará de manera que resulte siempre acorde con las condiciones de mercado y los riesgos conexos. El depositario, a fin de poder hacer frente a una posible insolvencia del tercero, debe elaborar planes de emergencia, que prevean estrategias sustitutivas y la posible selección de otros proveedores, según proceda. Aunque estas medidas pueden reducir el riesgo de custodia del depositario, no alteran la obligación de restituir los instrumentos financieros o abonar la correspondiente cuantía en caso de pérdida, en función de si se cumple o no lo establecido en el artículo 21, apartado 12, de la Directiva 2011/61/UE.

(112) Cuando delegue funciones de custodia, el depositario debe garantizar que se cumpla lo dispuesto en el artículo 21, apartado 11, letra d), inciso iii), de la Directiva 2011/61/UE, y que los activos de los FIA clientes del depositario estén debidamente separados. Esta obligación se estima que garantizará, en particular, que los activos del FIA no se pierdan por insolvencia del tercero en quien se hayan delegado funciones de custodia. De cara a minimizar ese riesgo en aquellos países en los que la normativa sobre insolvencia no reconozca los efectos de tal separación, el depositario debe adoptar medidas adicionales. El depositario puede informar al FIA y al GFIA que actúe por cuenta del FIA, de manera que esos aspectos del riesgo de custodia se tomen debidamente en consideración en la decisión de inversión, o adoptar las medidas que sea posible adoptar en el ámbito local para que los activos estén tan protegidos frente a posibles insolvencias como lo permita la legislación local. Asimismo, el depositario podría prohibir déficits temporales en los activos del cliente, recurrir a «colchones» o prohibir que se compense el saldo deudor de un cliente con el saldo acreedor de otro. Aunque estas medidas pueden reducir el riesgo de custodia que afecta al depositario cuando delega funciones de custodia, no alteran la obligación de restituir los instrumentos financieros o abonar la correspondiente cuantía en caso de pérdida, en función de si se cumple o no lo establecido en la Directiva 2011/61/UE.

(113) La responsabilidad que incumbe al depositario en virtud del artículo 21, apartado 12, párrafo segundo, de la Directiva 2011/61/UE se materializa en caso de que se pierda un instrumento financiero mantenido en custodia por el propio depositario o por un tercero en quien se haya delegado la custodia, a no ser que el depositario pueda probar que la pérdida se ha producido como resultado de un acontecimiento externo que escape a un control razonable, cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos por evitarlas. Esta pérdida debe diferenciarse de una pérdida sufrida por los inversores en su inversión por una reducción del valor de los activos como consecuencia de una decisión de inversión.

(114) Para dictaminarse como tal, es importante que la pérdida sea definitiva y no exista posibilidad de recuperar el activo financiero. Así, en las situaciones en las que los instrumentos financieros estén bloqueados o no estén disponibles solo temporalmente no debe considerarse que existe pérdida a tenor de lo establecido en el artículo 21, apartado 12, de la Directiva 2011/61/UE. En cambio, cabe señalar tres tipos de situaciones en las que la pérdida debe considerarse definitiva, a saber: cuando el instrumento financiero ya no existe o nunca ha existido; cuando el instrumento financiero existe, pero el FIA ha perdido definitivamente su derecho de propiedad sobre él; y cuando el FIA ostenta el derecho de propiedad, pero no puede ya transmitir la titularidad o crear derechos limitados de propiedad sobre el instrumento financiero de forma permanente.

(115) Debe considerarse que un instrumento financiero ya no existe si, por ejemplo, ha desaparecido debido a un error contable que no puede subsanarse, o que nunca ha existido, en caso de que la propiedad del FIA se registrara basándose en documentación falsa. Debe considerarse que existe pérdida si la pérdida del instrumento financiero se debe a conducta fraudulenta.

(116) No puede dictaminarse que existe pérdida si el instrumento financiero se ha sustituido por otro instrumento financiero, o se ha convertido en otro instrumento financiero, por ejemplo, en situaciones en las que las acciones se cancelen y se sustituyan con la emisión de nuevas acciones a raíz de la reestructuración de una sociedad. No debe considerarse que un FIA está permanentemente privado de su derecho de propiedad sobre el instrumento financiero si el FIA o el GFIA que actúe por cuenta del FIA ha transmitido legítimamente la propiedad a un tercero. Cuando se establezca una distinción entre la propiedad legal y la propiedad efectiva de los activos, la definición de pérdida debe referirse a la pérdida del derecho de propiedad efectiva.

(117) Solo en caso de producirse un acontecimiento externo que escape a un control razonable, cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos por evitarlas, podría el depositario no ser considerado responsable de acuerdo con el artículo 21, apartado 12, de la Directiva 2011/61/UE. A fin de quedar exento de responsabilidad, el depositario debe demostrar que estas condiciones se cumplen en su totalidad.

(118) En primer lugar, debe determinarse si el acontecimiento que originó la pérdida era externo. La responsabilidad del depositario no debe quedar afectada por la delegación y, por tanto, debe considerarse que un acontecimiento es externo si no se produce como resultado de una acción u omisión del depositario o del tercero en quien se haya delegado la custodia de los instrumentos financieros. A continuación, debe analizarse si el acontecimiento escapa a un control razonable, comprobando si un depositario prudente no podría razonablemente haber hecho nada para evitar que se produjera ese acontecimiento. De acuerdo con estas pautas, tanto acontecimientos naturales como actos de una autoridad pública pueden considerarse acontecimientos externos que escapan a un control razonable. Así, en el contexto de la insolvencia de un tercero en quien se haya delegado la custodia, la legislación del país en el que los instrumentos estén en custodia, si no reconoce los efectos de una separación debidamente efectuada, se debe considerar que constituye un acontecimiento externo que escapa a un control razonable. En cambio, una pérdida originada por no aplicar las obligaciones de separación establecidas en el artículo 21, apartado 11, letra d), inciso iii), de la Directiva 2011/61/UE, o la pérdida de activos por una alteración de la actividad del tercero conexa a su insolvencia no puede considerarse que constituyan acontecimientos externos que escapen a un control razonable.

(119) Por último, el depositario debe demostrar que la pérdida no podría haberse evitado pese a realizarse todos los esfuerzos razonables. En este contexto, el depositario debe informar al GFIA y adoptar las medidas oportunas en función de las circunstancias. Por ejemplo, en una situación en la que el depositario considere que la única actuación adecuada es la enajenación del instrumento financiero, aquel debe informar de ello debidamente al GFIA, que, a su vez, debe dar instrucciones al depositario por escrito sobre si los instrumentos financieros deben conservarse o enajenarse. Toda posible instrucción al depositario en el sentido de conservar los activos debe comunicarse a los inversores del FIA sin demoras indebidas. El GFIA o el FIA deben tener debidamente en cuenta las recomendaciones del depositario. En función de las circunstancias, si el depositario aún considera que el nivel de protección del instrumento financiero no es suficiente, pese a reiterados avisos, debe plantearse posibles medidas adicionales, como rescindir el contrato, a condición de que el FIA disponga de un plazo para hallar otro depositario de acuerdo con el Derecho nacional.

(120) A fin de garantizar igual nivel de protección del inversor, estas mismas consideraciones deben aplicarse al delegado al que el depositario haya transferido contractualmente su responsabilidad. Por consiguiente, para quedar exento de responsabilidad de acuerdo con el artículo 21, apartado 12, de la Directiva 2011/61/UE, el delegado debe demostrar que ese mismo conjunto de condiciones concurren en él.

(121) En determinadas circunstancias, un depositario puede quedar exento de responsabilidad por la pérdida de instrumentos financieros mantenidos en custodia por un tercero en el que se haya delegado la custodia. Esta exención de responsabilidad se permite solo si existe una razón objetiva para incluirla en un contrato, que deben aceptar tanto el depositario como el FIA o el GFIA que actúe por cuenta del FIA. Por cada exención de responsabilidad debe establecerse una razón objetiva, atendiendo a las circunstancias concretas en que se haya delegado la custodia.

(122) Al ponderar una razón objetiva, debe guardarse un equilibrio adecuado, de modo que sea posible confiar realmente en la exención contractual, en caso necesario, y que existan garantías suficientes de que el depositario no hará un mal uso de la exención contractual de responsabilidad. La exención contractual de responsabilidad no debe, en ningún caso, utilizarse para soslayar las disposiciones que, en materia de responsabilidad del depositario, establece la Directiva 2011/61/UE. El depositario debe demostrar que se vio obligado a delegar la custodia en un tercero como consecuencia de unas determinadas circunstancias. Una exención contractual debe establecerse siempre en el mejor interés del FIA o de sus inversores, y el FIA o el GFIA que actúe por cuenta del FIA debe hacer explícito que actúa con arreglo a ese mejor interés. Las situaciones en que pueda considerarse que un depositario no tiene otra opción que delegar la custodia deben ilustrarse mediante ejemplos de escenarios posibles.

(123) Es importante que las autoridades competentes dispongan de información adecuada y suficiente para supervisar las actividades de los GFIA y los riesgos conexos a ellas apropiada y constantemente. Asimismo, toda vez que las actividades de los GFIA pueden tener repercusiones transfronterizas y sobre los mercados financieros, las autoridades competentes deben supervisar los GFIA y los FIA estrechamente, a fin de adoptar las medidas oportunas para evitar que se generen riesgos sistémicos. La mayor transparencia y coherencia que implican las disposiciones sobre presentación de informes y comunicación de la información pertinente establecidas en las medidas de ejecución se considera que permitirá a las autoridades competentes detectar los riesgos en los mercados financieros y hacerles frente.

(124) Es esencial que los inversores obtengan la información mínima necesaria con respecto a GFIA y FIA concretos y a su estructura, a fin de que puedan adoptar las decisiones de inversión adecuadas, acordes con sus necesidades y propensión al riesgo. Esta información debe ser clara, fiable y de fácil comprensión, y estar nítidamente presentada, teniendo en cuenta que la utilidad de la información aumenta cuando admite la comparación entre unos GFIA y otros, entre unos FIA y otros, y entre un ejercicio y el siguiente. Los FIA no deben realizar acciones que obstaculicen la comprensión objetiva y el uso práctico de la información a los inversores, antes de facilitar dicha información, por ejemplo, efectuando operaciones de maquillaje.

(125) Es necesario establecer un marco que prevea normas mínimas con respecto a los requisitos de información anual, indicando los elementos esenciales y una lista no exhaustiva de partidas. Los cambios significativos en la información a que se refiere el artículo 22, apartado 2, letra d), de la Directiva 2011/61/UE deben reflejarse en el informe anual dentro de los estados financieros. Además de las partidas subyacentes de la lista no exhaustiva, resulta oportuno que puedan incluirse otras partidas, rúbricas y subtotales cuando ello resulte pertinente para la comprensión de la situación financiera o los resultados financieros globales de un FIA. Las partidas de diferente naturaleza o función deben poder agregarse, siempre que tales partidas no resulten individualmente significativas. Esas partidas deben poder agregarse bajo «otras categorías», por ejemplo, «otros activos» u «otros pasivos». Cuando una partida no resulte en absoluto procedente para un determinado FIA, resulta oportuno que no sea necesario presentarla. Sean cuales sean las normas contables aplicadas de conformidad con la Directiva 2011/61/UE, todos los activos deben valorarse al menos una vez al año. El balance o el estado de patrimonio a que se refiere la Directiva 2011/61/UE debe incluir, entre otras cosas, el efectivo y los equivalentes de efectivo. Por tanto, los equivalentes de efectivo deben considerarse inversiones de elevada liquidez a efectos del cálculo de la exposición de un FIA.

(126) En relación con el contenido y el formato del informe de actividad del ejercicio que debe formar parte del informe anual en virtud de la Directiva 2011/61/UE, el informe debe contener un análisis objetivo y equilibrado de las actividades del FIA, con descripción de los principales riesgos e inversiones o las incertidumbres económicas a que se enfrente. Esta información no debe incluir información confidencial del FIA que pueda perjudicar a este y a sus inversores. Por consiguiente, si la publicación de una determinada información confidencial puede tener ese efecto, resulta oportuno que pueda agregarse hasta un nivel que evite el efecto perjudicial y que no exija incluir, por ejemplo, los resultados o las estadísticas de una determinada inversión o sociedad de la cartera que puedan revelar información confidencial del FIA. Esta información debe formar parte del informe de gestión, puesto que este se presenta generalmente con los estados financieros.

(127) En relación con el contenido y el formato de la información sobre la remuneración, cuando esta se presenta a escala del GFIA, debe facilitarse información adicional indicando la asignación o el desglose de la remuneración total según corresponda al FIA pertinente. Esto puede lograrse incluyendo los datos sobre la remuneración total del GFIA desglosados en componentes fijos y variables, una declaración de que esos datos se refiere