DIRECTRICES SOBRE AYUDAS A LA FORMACIÓN (98/C 343/07) (Texto pertinente a los fines del EEE)

I. INTRODUCCIÓN

1. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la Comunidad consiste en mejorar la situación del empleo. A pesar de que la actividad económica en la Comunidad ha mejorado progresivamente, todavía existen 18 millones de parados. Por este motivo, el empleo fue el centro de los debates del Consejo Europeo de Amsterdam y la promoción de un «alto nivel de empleo» adquiere, en el Tratado de Amsterdam, el rango de asunto de interés común de los Estados miembros. El nuevo título sobre el empleo, que debe insertarse en el Tratado CE, exige a los Estados miembros que desarrollen una estrategia coordinada en favor del empleo y de la promoción de una mano de obra cualificada, formada y capaz de adaptarse, así como de un mercado de trabajo susceptible de reaccionar rápidamente ante los cambios económicos. Este objetivo del alto nivel de empleo debe también tenerse en cuenta en las demás políticas y acciones comunitarias.

2. La importante función de la formación, tanto para reforzar la competitividad de la Comunidad como en el marco de la creación y mantenimiento de empleos, se subrayaba ya en el Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo de 1993. Los Consejos Europeos de los años siguientes, y especialmente los de Essen, Cannes y Madrid, instaron a los Estados miembros a fomentar las inversiones en formación como importante factor de competitividad y catalizador de la reactivación de un nivel de empleo socialmente aceptable. Durante el Consejo extraordinario sobre el empleo celebrado en Luxemburgo los días 10 y 21 de noviembre de 1997, los Gobiernos de los Estados miembros acordaron llevar a la práctica las nuevas disposiciones del Tratado referentes al empleo. La Resolución del Consejo de 15 de diciembre de 1997 sobre las Directrices para el empleo correspondientes a 1998 (1) ha establecido un conjunto de recomendaciones que deberán ser incorporadas por todos los Estados miembros mediante programas de acción nacionales. El Consejo de Cardiff confirmó esas orientaciones.

3. Según numerosos estudios, la existencia de una mano de obra cualificada es un importante factor a la hora de decidir la ubicación de las empresas. Por consiguiente, la formación desempeña un importante cometido no sólo para el trabajador, que mejora su situación en el mercado de trabajo y reduce el riesgo de quedarse en paro, y para la empresa, que dispone de un factor que mejora sus resultados, sino también para la economía de las regiones, cuyo nivel de cualificación de la mano de obra supone una baza importante a la hora de atraer nuevas inversiones.

4. Los esfuerzos destinados a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y reducir los déficit de formación exigen una participación activa de todos los interlocutores: Estados miembros, empresas, particulares e interlocutores sociales. La propia Comisión ha instaurado distintas iniciativas, ya sean comunitarias o complementarias de las nacionales, en el ámbito de la formación. También ha procurado integrar la dimensión de la formación y su enfoque favorable al respecto en las demás políticas comunitarias, incluida la política de competencia. En el Consejo extraordinario sobre el empleo, celebrado los días 20 y 21 de noviembre de 1997 en Luxemburgo, se confirmó que la Comisión velará por que el control de las ayudas estatales no obstaculice las medidas de política de mercado laboral compatibles con el Tratado.

5. La acción de los Estados miembros no puede limitarse a mejorar los sistemas de formación inicial, de formación profesional y de formación de parados. La adaptación de las empresas a los cambios estructurales y tecnológicos no se puede realizar únicamente mediante el despido y la contratación de mano de obra exterior más cualificada. Es necesario desarrollar políticas preventivas que inciten a los trabajadores a mejorar sus competencias y su capacidad de adaptarse y a las empresas a invertir en la formación de sus empleados. Estas políticas deben intentar evitar que los trabajadores menos cualificados se deslicen hacia el paro y garantizar, en cambio, que adquieran una nueva formación o unas cualificaciones transferibles. Los medios económicos preceptivos para ello son considerables y una intervención pública puede constituir un incentivo necesario, en interés del conjunto de la Comunidad. De hecho, esto constituye uno de los fundamentos esenciales del apoyo de los Fondos Estructurales a la inversión en recursos humanos como parte de la política de cohesión económica y social.

6. La mayor parte de la financiación pública en el ámbito de la formación no entra en el ámbito de aplicación de las normas de competencia. No obstante, cuando los Estados miembros instauran medidas de incentivación financiera y fiscal para estimular a las empresas a que inviertan en la formación de sus trabajadores, es necesario velar por que dichas medidas no sean contrarias a los objetivos de la política de competencia, que pretende, al igual que la política comunitaria en materia de formación, garantizar la competitividad de las empresas. Es la Comisión quien debe, en aplicación, garantizar la competitividad de las empresas. Es la Comisión quien debe, en aplicación de las normas sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 92 y 93 del Tratado CE, examinar las medidas de formación que pueden constituir ayuda a efectos del apartado 1 del artículo 92 del Tratado y velar por su compatibilidad con el mercado común.

7. A este respecto, cabe señalar que es cada vez más frecuente que los costes de formación formen parte de los costes que deben soportar las empresas si quieren mantener su competitividad. Los avances técnicos, la introducción de nuevas tecnologías y la rápida evolución en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológicos obligan a las empresas a formar permanentemente a su personal. Una ayuda a la formación destinada a reducir, en ciertas empresas, los costes que deberían soportar normalmente, en su propio interés, para mejorar las cualificaciones de sus empleados, les confiere una ventaja en relación con sus competidores y es, por consiguiente, susceptible de falsear la competencia.

8. Cuando una medida constituye ayuda estatal a efectos del apartado 1 del artículo 92, debe notificarse con suficiente antelación a la Comisión y obtener la aprobación de ésta antes de su ejecución. El único objetivo de este sistema consiste en garantizar un control preventivo de las ayudas por parte de la Comisión para evitar la aplicación de medidas que causan falseamientos de la competencia contrarios al interés común (2). Al examinar la compatibilidad de la medida con el mercado común, la Comisión tendrá en cuenta los efectos positivos de la ayuda susceptibles de justificar el falseamiento de la competencia.

9. En efecto, la formación suele presentar efectos externos positivos para la sociedad en su conjunto. Así, los gastos de formación de una determinada empresa benefician también a los trabajadores formados e incrementan el número de trabajadores cualificados del que pueden abastecerse las demás empresas. Desde un punto de vista global, las inversiones en formación refuerzan la competitividad de la industria comunitaria y el atractivo de la Comunidad como destino de las inversiones. Dado que una empresa no toma en cuenta estos efectos secundarios al decidir su inversión en formación, es posible que el esfuerzo total de las empresas en este ámbito sea menor que el que sería óptimo desde el punto de vista social, aún más cuanto que, desde el punto de vista de las empresas, una inversión supone el riesgo de que los trabajadores, tras recibir la formación, abandonen la empresa para irse a otra. Este riesgo es tanto mayor cuanto menor es la empresa, lo cual constituye uno de los motivos de las reticencias de estas empresas a invertir en formación. Este riesgo aumenta también a medida que las cualificaciones ofrecidas son susceptibles de ser transferidas. Estas consideraciones implican que la mayor parte de la ayuda de formación no son meras ayudas de funcionamiento y pueden contar con una estimación favorable de la Comisión, siempre que el falseamiento de la competencia que podría ocasionar esté justificado o compensado por su contribución a un objetivo de interés comunitario que las fuerzas de mercado no podrían lograr por sí mismas. Por consiguiente, en la política de ayudas estatales, la Comisión ha adoptado por lo general una actitud favorable frente a las ayudas a la formación.

10. Con objeto de incrementar la transparencia del control comunitario de las ayudas a la formación y de garantizar la igualdad de trato, la Comisión ha definido unas Directrices para la evaluación de la compatibilidad de dichas ayudas con el mercado común. Los criterios desarrollados en las Directrices pretenden garantizar que sólo se autorizarán las ayudas a la formación que contribuyen a la realización de objetivos comunitarios, las ayudas no superen el nivel incentivador necesario y que no equivalgan a ayudas de funcionamiento encubiertas.

11. Por consiguiente, los objetivos de las presentes Directrices son varios:

- aclarar la interpretación de los artículos 92 y 93 del Tratado por lo que respecta al concepto de ayuda a la formación, con objeto de garantizar una mejor seguridad jurídica y una mayor transparencia en cuanto a la obligación de notificar a tenor del apartado 3 del artículo 93 del Tratado,

- garantizar la coherencia, por una parte, entre las normas de competencia y la aplicación de otras políticas comunitarias, en particular en el ámbito de la formación y el empleo, y, por otra, entre las normas sobre ayudas a la formación y las definidas para otras tipos de ayuda (especialmente en otras Directrices o marcos),

- incrementar la transparencia del enfoque de la Comisión en su evaluación de la compatibilidad de las ayudas a la formación.

12. En la sección II se define en primer lugar el tipo de medidas que pueden constituir una ayuda que entra en el ámbito de aplicación de las normas de competencia del Tratado. La sección III delimita el ámbito de aplicación de las Directrices. En la sección IV se desarrollan los principios en los que la Comisión basará su evaluación de la compatibilidad de las medidas que constituyan ayudas. Estos principios, que permiten compaginar los objetivos de una política activa de empleo con unas reglas de juego equitativas aplicables a las empresas, llevan a la Comisión a definir una serie de umbrales de intensidad por debajo de los cuales las ayudas podrán considerarse compatibles con el mercado común. Los distintos umbrales propuestos reflejan los diferentes grados de los efectos externos y de necesidad de la ayuda en función del carácter más o menos transferible de la formación, de la dimensión de la empresa y de la región en la que ésta está situada.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 92 DEL TRATADO CE

13. Las presentes Directrices sólo se refieren a las medidas que entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE que declara «incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales con los Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o productos». Las ayudas afectadas por las presentes Directrices son las que favorecen a una o varias empresas o sectores al reducir los costes que éstos deberían soportar normalmente si desean que sus empleados adquieran nuevas competencias o si les ofrecen la oportunidad de adquirirlas.

14. Cabe señalar que buen número de medidas relativas a la formación no entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado sino que tienen carácter de medidas generales. En efecto, la mayoría de las actividades de formación forman parte de las tareas tradicionales del Estado y benefician fundamentalmente a las personas o trabajadores en general. La financiación por el Estado de este tipo de medidas de formación no favorece a determinadas empresas o producciones a efectos del apartado 1 del artículo 92. La práctica decisoria de la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal ilustran los casos en los que una medida tiene el carácter de «medida general» y queda, por lo tanto, excluida del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado. Así ocurre, concretamente, con:

- los sistemas educativos y la formación inicial (por ejemplo, los contratos de aprendizaje y los sistemas de formación en alternancia),

- los sistemas de cualificación o reciclaje de trabajadores en paro, en los que se incluyen los períodos de prácticas en empresas, etc.,

- las medidas dirigidas directamente a los trabajadores o incluso a determinadas categorías de éstos, que les ofrecen la posibilidad de seguir una formación ajena a la empresa o al sector al que pertenecen (por ejemplo, el sistema de «learning accounts»),

- los regímenes generales de incentivos fiscales (por ejemplo, un crédito fiscal), a los que puedan optar todas las empresas que efectúen inversiones para la formación de trabajadores y cuya aplicación sea automática.

15. No obstante, a este respecto cabe señalar que una medida que, aun siendo en teoría de aplicación general, favorezca en la práctica a una o varias empresas o sectores reviste un carácter específico. Así sucede cuando los poderes públicos disponen, a la hora de aplicar una medida general, de un poder discrecional que les permite adaptar la intervención financiera en función de las circunstancias de cada caso (3). Estas medidas pueden constituir ayuda a efectos del apartado 1 del artículo 92 y deben notificarse con arreglo al apartado 3 del artículo 93 del Tratado.

16. Por último, las ayudas sólo entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 si afectan a los intercambios entre Estados miembros. Por este motivo, las ayudas a la formación concedidas a empresas o sectores cuyas actividades no son o no pueden ser objeto de intercambios entre los Estados miembros (por ejemplo, los servicios de proximidad) no entran en dicho ámbito de aplicación. Conviene añadir que se considera que las ayudas que reúnen los requisitos de la norma de minimis según la definición de la Comisión (4), tampoco afectan a los intercambios intracomunitarios. Por consiguiente, no entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado y están exentas de la obligación de notificación establecida en el apartado 3 del artículo 93.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS PRESENTES DIRECTRICES

A. Principios

17. Las presentes Directrices se aplicarán a todas las ayudas a la formación notificadas o concedidas durante su período de aplicación, salvo las previstas como parte de las ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, especialmente las destinadas al reciclaje de trabajadores, que se evaluarán con arreglo a las orientaciones establecidas en las correspondientes Directrices de la Comisión (5) . Por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas (PYME), las presentes Directrices sustituyen en lo sucesivo a las disposiciones relativas a las ayudas a la formación establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (6) vigentes.

18. Las presentes Directrices se aplican en principio a todos los sectores. No obstante, en los sectores que la Comisión considere sensibles y para los cuales existan normas comunitarias especiales en materia de ayudas (7), sólo se aplicarán en la medida en que no sean contrarias a estas últimas. En cambio, se aplicarán sin restricción alguna al sector del transporte aéreo.

19. Las presentes Directrices se aplicarán a las ayudas a la formación, independientemente de que ésta sea impartida por las propias empresas o por centros de formación públicos o privados.

B. Relación con las ayudas al empleo

20. Las ayudas a la formación a que se refieren las presentes Directrices deben distinguirse de las ayudas al empleo cuya compatibilidad con el mercado común debe evaluarse con arreglo a las correspondientes directrices (8). Cierto es que algunas ayudas al empleo se justifican parcialmente por el hecho de que la empresa beneficiaria, al contratar determinados trabajadores, debe soportar unos gastos suplementarios de formación. Así ocurre, concretamente, con las ayudas destinadas a fomentar la contratación de ciertas categorías de parados que experimentan dificultades especiales para insertarse en el mercado de trabajo. No obstante, siempre que el objetivo y el efecto directo de tal ayuda consista en fomentar el empleo incitando financieramente al empleador a efectuar contrataciones que no hubiera realizado de no existir la ayuda, esta última debe calificarse íntegramente de ayuda al empleo. En dicho caso la formación es un elemento secundario que se inscribe en la actividad de contratación que constituye el objetivo de la ayuda. Por lo demás, en casos semejantes, sería a menudo imposible determinar la parte de la ayuda que se destina a formación disociándola del proyecto en su totalidad. Una ayuda al empleo, aunque contenga una faceta de formación, se examinará por consiguiente como ayuda al empleo. Si se trata de un régimen de ayudas, los Estados miembros pueden continuar utilizando el formulario estándar aplicable a las ayudas al empleo que contiene un apartado destinado a la formación (9).

21. Cabe destacar que sólo entran en el ámbito de aplicación de las Directrices sobre ayudas al empleo las ayudas que no estén ligadas a una inversión. Por consiguiente, cuando una ayuda al empleo ligada a una inversión contenga una faceta de formación, ésta se examinará por separado con arreglo a las presentes Directrices.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS AYUDAS A LA FORMACIÓN

A. Principios generales

22. En determinadas condiciones, las ayudas a la formación prohibidas con arreglo al apartado 1 del artículo 92 pueden acogerse a una de las excepciones del apartado 3 de dicho artículo.

23. La excepción más importante al respecto es la contemplada en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 a tenor de la cual la Comisión podrá autorizar las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades cuando no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Las medidas destinadas a mejorar la competencia del personal de una empresa contribuyen a reforzar la competitividad de las empresas afectadas y, en este sentido, facilitan el desarrollo de determinadas actividades. Por otra parte, la formación desempeña un cometido indispensable como parte de la introducción de las nuevas tecnologías y del fomento de la innovación y la inversión. También puede contribuir a la creación y la conservación de empleos. Por estos motivos, las ayudas a la formación pueden acogerse a la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 92.

24. El principal argumento en favor de las ayudas a la formación estriba en que contribuyen a corregir determinadas imperfecciones del mercado. Esto es especialmente cierto en el caso de la formación profesional ya que este ámbito produce numerosos efectos externos. La importancia de estos efectos está relacionada directamente con la posibilidad de transferir las competencias y las cualificaciones resultantes de la formación. Por este motivo, la Comisión estima justificada una actitud más favorable ante los proyectos de formación profesional permanente en los que una parte sustancial beneficia realmente a los trabajadores, más allá de lo estrictamente necesario en su puesto de trabajo, y no responde exclusivamente a las necesidades concretas de la empresa.

25. A este respecto, la Comisión distinguirá entre las acciones de formación específica y las de formación general:

- una formación específica incluye una enseñanza teórica y práctica aplicable directamente en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria. Está relacionada con la actividad concreta de la empresa. Parte de dicha formación se desarrolla normalmente en el propio puesto de trabajo del empleado. Las posibilidades de que ésta se traslade a otras empresas o a otros ámbitos laborales son muy escasas;

- una formación general incluye una enseñanza que no es únicamente aplicable en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria. Está relacionada con el funcionamiento general de la empresa y proporciona cualificaciones en su mayor parte transferibles a otras empresas o a otros ámbitos laborales.

Las acciones de formación general ofrecen a los trabajadores que las reciben unas cualificaciones suplementarias transferibles directamente a otras empresas. Por consiguiente, mejoran de hecho el nivel de cualificación, la empleabilidad y la capacidad de adaptación de los trabajadores, contribuyendo así en mayor medida a la consecución de objetivos comunitarios en materia de empleo y de desarrollo de los recursos humanos.

26. Entre los criterios que determinan el carácter transferible de las competencias adquiridas mediante la formación, podemos destacar los siguientes, a título ilustrativo:

- el reconocimiento, homologación o convalidación de las cualificaciones y competencias por parte de las autoridades u organismos públicos o por otros organismos o instituciones a los que el Estado o la Comunidad Europea hayan atribuido competencias en este ámbito. Se presume que tiene carácter general la formación sancionada por un diploma, certificado o título reconocido por el Estado o con arreglo a sistemas de certificación y convalidación de la experiencia profesional;

- el hecho de que la formación esté abierta a los trabajadores de distintas empresas o se organice como parte de la cooperación entre varias empresas independientes.

A este respecto, conviene señalar que la formación interna de una empresa, que responde directamente a sus necesidades actuales, puede tener carácter general si las competencias que procura son en su mayor parte transferibles.

27. Para autorizar ayudas con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, la Comisión debe garantizar que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. La Comisión velará por que la ayuda sea necesaria para alcanzar los objetivos comunitarios que no se podrían alcanzar únicamente mediante las fuerzas del mercado. Para poder beneficiarse de esta excepción, las ayudas estatales han de tener carácter incentivador y ser proporcionales a los objetivos de interés común que persiguen. Se considerará que esta última condición se cumple siempre que la intensidad de la ayuda no supere los umbrales establecidos en el punto 32.

28. Para determinar el efecto incentivador de la ayuda, la Comisión examinará si incita a las empresas a realizar esfuerzos suplementarios en materia de formación, que excedan de la actividad habitual de la empresa o los recursos destinados normalmente a la formación. Una ayuda relativa a los gastos habituales de funcionamiento de la empresa (cursos tipo de preparación para nuevos trabajadores, etc.) que se utiliza únicamente para reducir, con carácter permanente o periódico, los costes que aquélla debería soportar en condiciones normales, carece de carácter incitativo y, por lo general, no puede autorizarse. El efecto incentivador deberá demostrarse para las ayudas a la formación específica que se conceden a las grandes empresas situadas fuera de la regiones asistidas con arreglo a las letras a) o c) del apartado 3 del artículo 92. En el resto de los casos, se presumirá el efecto incentivador atendiendo a las razones que se especifican en el punto 29.

29. Las estadísticas demuestran que existe un vínculo directo entre la dimensión de la empresa y la probabilidad de que los trabajadores reciban una formación en la misma (10). Por lo general, el número de trabajadores que participa en un curso de formación aumenta paralelamente a la dimensión de la empresa. Habida cuenta de la considerable escasez de inversión en formación por parte de las pequeñas y medianas empresas (11) , la Comisión considera que las ayudas a la formación tienen siempre un efecto incentivador y que se pueden autorizar intensidades más elevadas. Por lo demás, en las regiones cuyo nivel de vida es anormalmente bajo o en las que existe un grave subempleo [letra a) del apartado 3 del artículo 92], se podrá renunciar a este requisito, incluso para las grandes empresas, debido al mayor efecto externo que la formación puede producir en estas regiones. Es en ellas donde menores son el gasto en formación y el nivel de cualificación (12), y en las que es mayor el interés comunitario en reforzar este nivel, con objeto de mejorar la situación del empleo y atraer nuevas inversiones, por lo que también se justifica el incremento de las intensidades autorizadas. Dado que la cualificación y el reciclaje de los trabajadores desempeñan también un importante cometido en la reconversión industrial, resulta justificado el mismo enfoque para las regiones contempladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 92. Por último, en lo que se refiere a la formación general, el efecto incentivador puede siempre presumirse atendiendo a las efectos externos de este tipo de formación. En cambio, cuando el trabajador que recibe la formación está obligado contractualmente a pagar una indemnización al empresario si abandona la empresa en un plazo determinado, los efectos externos serán escasos y la Comisión considerará que, en principio, no se justifica la concesión de una ayuda a la formación.

B. Costes subvencionables

30. Los costes subvencionables con cargo a un proyecto de ayuda a la formación (13) son:

1) costes del personal docente;

2) gastos de desplazamiento del personal docente y de los beneficiarios de la formación;

3) otros gastos corrientes (materiales, suministros, etc.);

4) amortización de los instrumentos y equipos en proporción a su utilización exclusiva para el proyecto de formación de que se trate;

5) costes de servicios de asesoría en relación con la acción de formación;

6) costes de personal de los participantes en el proyecto de formación, hasta un importe equivalente al total de los demás costes subvencionables indicados en los anteriores puntos 1 a 5.

Los costes subvencionables deben ser transparentes, justificarse y desglosarse por partidas. En relación con los costes de personal de los participantes indicados en el punto 6, sólo pueden tenerse en cuenta las horas en las que los trabajadores han participado realmente en la formación, una vez deducidas de las horas productivas o de su equivalente.

C. Intensidades admisibles

31. Las ayudas a la formación podrán autorizarse en virtud del apartado 3 del artículo 92 del Tratado siempre que respeten las siguientes intensidades admisibles en relación con los costes subvencionables definidos en el punto 30.

32. La intensidad admisible es del 50 % para los proyectos de formación general y del 25 % para los de formación específica. Estos porcentajes se incrementarán en 10 puntos (formación específica) o en 20 puntos (formación general) para las PYME, en 5 puntos para las regiones asistidas a tenor de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 y en 10 puntos para las regiones asistidas a tenor de la letra a) del apartado 3 del artículo 92. Se obtiene así el resultado siguiente:

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

33. Los porcentajes indicados en el punto 32 pueden incrementarse en 10 puntos cuando los beneficiarios de la formación pertenezcan a categorías de trabajadores desfavorecidos (trabajadores menos cualificados, minusválidos, trabajadores de edad avanzada, mujeres que se reintegran al mercado laboral, etc.).

34. Las ayudas a la formación sólo se podrán acumular dentro de los límites de las intensidades descritas en los puntos 32 y 33.

V. NOTIFICACIÓN Y REGÍMENES EXISTENTES

35. Las medidas que según las presentes Directrices no sean ayudas estatales incluidas en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado no deberán notificarse a la Comisión. En cambio, todos los regímenes de ayudas a la formación y todos los casos concretos de ayuda a la formación no pertenecientes a regímenes autorizados y que no reúnan las condiciones de la norma de minimis deberán notificarse a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, con la suficiente antelación para que la Comisión pueda pronunciarse respecto a su compatibilidad con el mercado común.

36. Las presentes Directrices no son óbice para la ejecución de los regímenes ya autorizados por la Comisión, que incluyen las medidas cofinanciadas por los Fondos Estructurales, en el momento de la publicación de las mismas. No obstante, la Comisión volverá a examinar estos regímenes con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del Tratado. Para ello, propone a los Estados miembros como medidas apropiadas a efectos de dicha disposición:

- que le notifiquen a partir del 1 de enero de 1999 todo proyecto de ayuda en aplicación de un régimen autorizado cuando el importe de la ayuda concedida a una misma empresa supere los 2,5 millones de ecus en equivalente de subvención bruta durante un período de tres años,

- que le notifiquen todos los regímenes existentes que no expiren antes del 31 de diciembre de 1999.

37. En caso de que los Estados miembros no aceptasen las medidas apropiadas propuestas, la Comisión se vería obligada a incoar un procedimiento con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado.

VI. DURACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRESENTES DIRECTRICES

38. La Comisión se basará en las presentes Directrices para evaluar las ayudas a la formación durante cinco años a partir de la fecha de publicación de las mismas. Antes del término de dicho período se evaluarán las presentes Directrices y, en caso necesario, se procederá a su revisión.

(1) DO C 30 de 28.1.1998, p. 1.

(2) Cabe señalar que, el 7 de mayo de 1998, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n° 994/98 (DO L 142 de 14.5.1998, p. 1), basado en el artículo 94 del Tratado, que faculta a la Comisión para eximir de la obligación de notificación a determinadas categorías de ayudas ajustadas a criterios que garanticen la compatibilidad de las mismas con el mercado común. Entre las categorías de ayudas afectadas figuran también las ayudas a la formación.

(3) Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de septiembre de 1996, en el asunto C-241/94: Francia contra Comisión («Kimberly Clark») (Rec. 1996, p. I-4551).

(4) DO C 68 de 6.3.1996, p. 9.

(5) En la actualidad, Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (DO C 368 de 23.12.1994, p. 12). Para la agricultura y la pesca: DO C 283 de 19.9.1997, p. 2.

(6) DO C 213 de 23.7.1996, p. 4.

(7) En la actualidad, la construcción naval, las fibras sintéticas, el sector de los vehículos de motor, la pesca, la siderurgia y el transporte. En cuanto al sector agrario, las Directrices no se aplican a los sectores de la producción, transformación y comercialización de productores agrícolas (anexo II del Tratado). Las presentes Directrices no se aplican al sector del carbón y de la siderurgia que dependen del Tratado CECA. Sin embargo, conviene señalar que la Decisión de la Comisión, de 24 de junio de 1994, relativa a la suspensión de la financiación de determinadas ayudas CECA en el ámbito social continúa aplicándose hasta que expire el Tratado CECA (DO C 178 de 30.6.1994, p. 21).

(8) En la actualidad, las Directrices sobre ayudas al empleo (DO C 334 de 12.12.1995, p. 4).

(9) DO C 218 de 27.7.1996, p. 4.

(10) Eurostat, Statistics in Focus, Population and social conditions, 1996, n° 7, cuadro 2.

(11) Véase la Recomendación de la Comisión, de 3 de abril de 1996, relativa a la definición de pequeña y mediana empresa (DO L 107 de 30.4.1996, p. 4).

(12) Eurostat, Statistics in Focus, Population and social conditions, n° 7 (1996), cuadro 1.

(13) La Comisión se asegurará en la práctica de que la definición de costes subvencionables sea coherente con las reglas sobre la elegibilidad de los gastos en el marco de los Fondos Estructurales definidas en las decisiones de la Comisión de 23 de abril de 1997 (DO L 146 de 5.6.1997).