Decisión por la que se constituye una comisión temporal de investigación

(96/C 7/01)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 138 C,

- Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 20 B,

- Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 107 B,

- Vista la Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 19 de abril de 1995, relativa a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo (1),

- Visto el artículo 136 de su Reglamento,

- Vista la solicitud adjunta a la presente Decisión presentada por más de la cuarta parte de sus miembros para la constitución de una comisión temporal de investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción o de mala administración en el marco del régimen de tránsito comunitario,

- Vista la propuesta de la Conferencia de Presidentes, de 7 de diciembre de 1995, con respecto a esta solicitud,

1. Decide consituir una comisión temporal de investigación para examinar las alegaciones de infracción o de mala administración en el marco del régimen de tránsito comunitario.

2. Decide que la comisión temporal de investigación informará al Parlamento en un plazo de doce meses a partir de la fecha de publicación de la presente decisión en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

3. Decide que esta comisión temporal de investigación estará compuesta por 17 miembros.

(1) DO n° L 113 de 19. 5. 1995, p. 2.

ANEXO

SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN TEMPORAL DE INVESTIGACIÓN PARA EXAMINAR LAS ALEGACIONES DE INFRACCIÓN O DE MALA ADMINISTRACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRÁNSITO COMUNITARIO (formulación de conformidad con la decisión de la Conferencia de presidentes de 7 de diciembre de 1995)

Los diputados que suscriben solicitan, en virtud del artículo 138 C del Tratado CE, que se constituya una comisión de investigación con el objeto de examinar, en el actual régimen de tránsito comunitario, los casos de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho comunitario. A este respecto exponen lo siguiente:

1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Régimen de tránsito comunitario

Como indica el Informe anual 1994 de la Comisión sobre la «Protección de los intereses financieros de la Comunidad - Lucha contra el fraude» (1) (sección 5 del capítulo 1), el procedimiento de tránsito comunitario permite la circulación de mercancías bajo control aduanero de un punto a otro del territorio de la Comunidad, con suspensión del pago de derechos e impuestos, así como de las ventajas de cualquier otra medida derivada de las políticas comunitarias aplicables.

El procedimiento se basa en la designación de una persona (física o jurídica) como principal obligado, encargado de prestar una garantía destinada a cubrir la percepción de los derechos que deban abonarse en caso de irregularidad y de presentar mercancías en buen estado en la oficina de aduanas de destino dentro del plazo fijado. Si se considera que la operación de tránsito se ha tramitado de forma regular, el principal obligado queda liberado de sus cargas.

Por el contrario, en caso de irregularidad, los derechos e impuestos exigibles se reclaman al autor de la infracción, si resulta identificado. En su defecto, el pago se reclama al principal obligado; finalmente, si éste no se encuentra en condiciones de dar cumplimiento a esta obligación, se ejecuta la garantía que cubra la operación de tránsito.

1.2. Problemas actuales

La Comisión estima en este documento que el régimen de tránsito se ha convertido en un objetivo privilegiado para las redes de delincuencia organizada, con el fin de desarrollar operaciones fraudulentas. En este contexto, la circulación de mercancías con alta fiscalidad (cigarrillos y otros productos financiados por la PAC) supone un riesgo cierto. A esta misma conclusión ha llegado por otra parte el Consejo en su Resolución de 23 de noviembre de 1995 relativa a la informatización de los regímenes de tránsito aduanero (2).

Siempre según el informe de la Comisión, los fraudes se llevan a cabo particularmente mediante los comportamientos siguientes:

- no presentación de las mercancías en la oficina de aduana de destino y distribución en la Comunidad sin previo pago de los derechos y gravámenes exigibles,

- falsificación de los documentos aduaneros que atestiguan la presentación de las mercancías en la oficina de destino, mediante sellos robados o falsificados.

En estos casos, las mercancías se introducen y comercializan de forma irregular en el mercado comunitario, sin haberse sometido al pago de derechos y gravámenes debidos.

1.3. Objeto de la comisión temporal de investigación

Gravemente preocupada por este fenómeno, la Comisión adoptó el 29 de marzo de 1995 una Comunicación con el título «Fraude en el procedimiento de tránsito - Soluciones previstas y perspectivas para el futuro» (3). El Tribunal de Cuentas, por su parte, se ha ocupado también del problema y su análisis, los resultados de sus investigaciones figuran en el informe anual sobre el ejercicio de 1994. Ahora bien, estos dos documentos suscitan más preguntas que dan respuestas, particularmente en lo que se refiere a la naturaleza y la extensión de la mala administración al aplicar el Derecho comunitario en este ámbito.

El objeto de la presente comisión temporal de investigación consiste en permitir determinar la realidad de estas alegaciones y las consecuencias que de ello se deriven para las administraciones interesadas, para poder formular en su caso las recomendaciones previstas en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión de 19 de abril de 1995, relativa a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo (4), así como en el apartado 10 del artículo 136 del Reglamento del Parlamento (5).

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DETALLADA

En los documentos citados, la Comisión (punto 4.2) y el Tribunal de Cuentas (punto 1.48), tras haber precisado que las administraciones nacionales son responsables de la calidad de los controles administrativos y de la gestión del régimen, concluyen sin embargo en que la calidad de estos controles ha venido disminuyendo progresivamente en estos últimos años.

Esta insuficiencia de control administrativo está básicamente en el origen del citado fenómeno grave y creciente de los fraudes en perjuicio de la Comunidad.

Las causas de la muy importante disminución de la calidad del control administrativo de que se trata pueden agruparse en las tres categorías de alegaciones siguientes:

2.1. Retrasos/tolerancia del incumplimiento de los plazos

- Los operadores económicos están obligados a presentar las mercancías y los documentos en la oficina de aduanas de destino dentro de los plazos fijados (por ejemplo, veinte días para el transporte aéreo, cuarenta y cinco para el transporte marítimo), plazos que en la práctica no parecen sin embargo respetarse, ni sancionarse;

- los procedimientos de investigación de las operaciones pendientes no se inician en una etapa suficientemente precoz, con el resultado de que el fraude se comprueba a menudo en un momento muy tardío;

- la entrega tardía a la oficina de aduanas de salida de la copia de devolución supone una acumulación de documentos sin ultimar. En ciertos casos, los retrasos en la transmisión de expedientes entre oficinas de aduanas parecen tan amplios que los plazos previstos por las normas comunitarias no pueden ya respetarse sin un esfuerzo de recuperación, teniendo en cuenta los retrasos comunitarios.

2.2. Mala gestión del régimen

- Los procedimientos de investigación no se tramitan con la prioridad y el rigor necesarios, puesto que las administraciones de los Estados miembros no conceden una prioridad suficiente a los controles del tránsito;

- los Estados no aplican siempre la normativa y las disposiciones administrativas vigentes de forma que asegure una correcta gestión;

- la vigilancia de las entradas y salidas de los almacenes parece a veces totalmente insuficiente.

2.3. Comunicación y modalidades de recuperación de los importes

- En el ámbito de los recursos propios, los importes comunicados por los Estados miembros, basándose en el Reglamento (CEE) n° 1552/89 del Consejo (1) sobre la aplicación del sistema de recursos propios de las Comunidades y correspondientes a los casos de fraude o de irregularidades, parecen mantenerse a un nivel muy insuficiente, del orden del tercio de los importes de los fraudes conocidos;

- los importes recuperados parecen, por su parte, mínimos;

- están previstas sanciones en la normativa comunitaria vigente (cuya definición y aplicación se regulan en las legislaciones nacionales de los Estados miembros), pero prácticamente nunca se aplican;

- por lo demás, sólo un pequeño porcentaje de los casos notificados en virtud del citado Reglamento parece ser objeto de acciones judiciales.

En relación con estos tres grupos de alegaciones, ya suficientemente articulados e importantes por sí mismos los informes citados del Tribunal de Cuentas y de la Comisión no parecen precisar en todos los casos por qué se producen y siguen aumentando a lo largo de los años estas lagunas y estos casos de mala administración, e incluso de infracción de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario.

3. MANDATO DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE INVESTIGACIÓN

Esta comisión temporal de investigación se constituirá, pues, con el objetivo de aclarar la naturaleza y las causas de estos casos de mala administración por parte de las autoridades competentes nacionales, junto con el fraude en el procedimiento de tránsito y la infracción del Derecho comunitario que de ello se derivan.

Recomendará también mejoras en lo que se refiere a la detección y prevención del fraude, salvaguardia de los intereses económicos y financieros de la Comunidad y recuperación de los importes devengados.

La comisión examinará en particular:

- la génesis de la crisis del sistema de tránsito,

- los fallos y lagunas de los procedimientos,

- las medidas adoptadas para mejorar los procedimientos,

- las medidas complementarias que hayan de adoptarse desde ahora,

- las medidas adoptadas o que deban adoptarse para recuperar las cantidades perdidas y para sancionar a los infractores.

4. DURACIÓN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE INVESTIGACIÓN

La comisión temporal de investigación elaborará un informe al término de un plazo de doce meses a partir de la publicación de la decisión del Parlamento Europeo por la que se constituya.

(1) COM(95) 0098.

(2) DO n° C 327 de 7. 12. 1995, p. 2.

(3) COM(95) 0108.

(4) DO n° C 113 de 19. 5. 1995, p. 2.

(5) DO n° L 293 de 7. 12. 1995, p. 1.

(1) DO n° L 155 de 7. 6. 1989, p. 1