ES Diario Oficial de la Unión Europea L 257/1

REGLAMENTO (UE) No 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 23 de julio de 2014

sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) no 236/2012

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) Los depositarios centrales de valores (DCV), junto con las entidades de contrapartida central (ECC), contribuyen en gran medida al mantenimiento de infraestructuras post-contratación que salvaguardan los mercados financieros y permiten a los participantes en el mercado confiar en que las operaciones con valores se ejecutarán adecuada y puntualmente, incluso en épocas de extrema tensión.

(2) Por su posición clave en el proceso de liquidación, los sistemas de liquidación de valores gestionado por los DCV revisten importancia sistémica para el funcionamiento de los mercados de valores. Al desempeñar una importante función en los sistemas de tenencia de valores a través de los cuales sus participantes comunican las tenencias de valores de los inversores, los sistemas de liquidación de valores gestionados por los DCV constituyen también un instrumento esencial para controlar la integridad de una emisión, es decir, para impedir la creación o reducción indebidas de valores emitidos, contribuyendo así considerablemente a mantener la confianza de los inversores. Por otra parte, los sistemas de liquidación de valores gestionados por los DCV participan activamente en la aportación efectiva de garantías para las operaciones de política monetaria, así como en la aportación efectiva de garantías entre entidades de crédito, por lo que desempeñan un papel importante en los procesos de constitución de garantías.

(3) Si bien la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), permitió reducir la perturbación que puede causar en un sistema de liquidación de valores la incoación de un procedimiento de insolvencia contra alguno de los participantes en el mismo, es necesario abordar otros riesgos a los que se enfrentan los sistemas de liquidación de valores, además del riesgo de insolvencia o de perturbación en el funcionamiento de los DCV que gestionan dichos sistemas. Algunos DCV se exponen a riesgos de crédito y de liquidez derivados de la prestación de servicios bancarios auxiliares de la liquidación.

(4) El creciente número de liquidaciones transfronterizas —a raíz del aumento de enlaces entre DCV— pone en entredicho, en ausencia de normas prudenciales comunes, la capacidad de resistencia de los DCV al importar los riesgos a los que se exponen los DCV de otros Estados miembros. Por otra parte, y pese al aumento de las liquidaciones transfronterizas, la evolución hacia un mercado de servicios de DCV más integrado propiciada por los propios mercados ha resultado muy lenta. La apertura del mercado interior de liquidación de valores debería permitir a cualquier inversor de la Unión invertir en todos los valores de la Unión con la misma facilidad y utilizando los mismos procedimientos que para los valores nacionales. Sin embargo, los mercados de liquidación de la Unión siguen estando fragmentados por las fronteras nacionales, y la liquidación transfronteriza resulta más onerosa, debido a la disparidad entre las normas nacionales que regulan la liquidación y las actividades de los DCV y a la limitada competencia entre DCV. Dicha fragmentación obstaculiza la liquidación transfronteriza y hace pesar sobre ella riesgos y costes adicionales. Es necesario promover la competencia entre los DCV, dada la importancia sistémica que tienen, para que los participantes en el mercado puedan elegir a sus proveedores y para reducir la dependencia respecto de proveedores de infraestructura determinados. En ausencia de idénticas obligaciones para los organismos rectores del mercado y de normas prudenciales comunes para los DCV, las medidas divergentes que probablemente se adopten a nivel nacional tendrán una incidencia directa negativa en la seguridad, la eficiencia y la competencia en los mercados de liquidación de la Unión. Resulta necesario erradicar esos importantes obstáculos al funcionamiento del mercado interior, evitar los falseamientos de la competencia e impedir que surjan tales obstáculos y falseamientos en el futuro. La creación de un mercado integrado para la liquidación de valores, que no establezca distinciones entre las operaciones con valores nacionales y transfronterizas, es necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior. En consecuencia, la base jurídica adecuada para el presente Reglamento es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), tal como ha sido interpretado en reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(5) Es preciso establecer en un reglamento una serie de obligaciones uniformes que se impongan a los participantes en el mercado en relación con determinados aspectos del ciclo de liquidación y la disciplina en este proceso, así como fijar un conjunto de requisitos comunes para los DCV que gestionan los sistemas de liquidación de valores. La aplicabilidad directa de las normas contenidas en un reglamento permitirá garantizar que todos los organismos rectores del mercado y todos los DCV estén sujetos a las mismas obligaciones, normas y reglas, de aplicación directa. Un reglamento incrementará la seguridad y eficiencia de la liquidación en la Unión, al evitar las normas nacionales divergentes a que podría dar lugar la transposición de una directiva. Un reglamento reducirá la complejidad normativa que para los organismos rectores del mercado y los DCV se deriva de la existencia de diferentes normas nacionales y permitirá a los DCV prestar servicios transfronterizos sin tener que ajustarse a distintos requisitos nacionales, como los relativos a la autorización, la supervisión, la organización de los DCV o los riesgos de los DCV. Un reglamento que imponga requisitos idénticos a todos los DCV contribuirá igualmente a eliminar los falseamientos de la competencia.

(6) El 20 de octubre de 2010, el Consejo de Estabilidad Financiera abogó por el fortalecimiento de las infraestructuras básicas del mercado y solicitó la revisión y mejora de las normas en vigor. En abril de 2012, el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) adoptaron unas normas mundiales sobre las infraestructuras del mercado financiero. Estas normas han sustituido a las recomendaciones del BPI de 2001, que fueron adaptadas a nivel europeo en 2009, a través de directrices no vinculantes, por el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores. Teniendo en cuenta la dimensión mundial de los mercados financieros y la importancia sistémica de los DCV, es necesario velar por una convergencia internacional de los requisitos prudenciales a los que están sujetos. El presente Reglamento debe seguir los principios establecidos para las infraestructuras de los mercados financieros elaboradas por el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación y la OICV. Resulta oportuno que, al elaborar o proponer que se revisen las normas técnicas de regulación y de ejecución, así como las directrices y recomendaciones a que se hace referencia en el presente Reglamento, la Comisión y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) («AEVM»), establecida por el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), en estrecha cooperación con los miembros del SEBC, garanticen la coherencia con las normas vigentes y sus futuras modificaciones.

(7) En sus conclusiones de 2 de diciembre de 2008, el Consejo puso de relieve la necesidad de reforzar la seguridad y la solidez de los sistemas de liquidación de valores, así como de eliminar los obstáculos jurídicos a la post-negociación dentro de la Unión.

(8) Una de las funciones básicas del SEBC consiste en promover el correcto funcionamiento de los sistemas de pagos. En este contexto, los miembros del SEBC desarrollan una labor de vigilancia, velando por la eficiencia y solidez de los sistemas de compensación y pago. Los miembros del SEBC actúan con frecuencia como agentes de liquidación en lo que respecta al componente de efectivo de las operaciones con valores. Son igualmente clientes significativos de los DCV, que a menudo gestionan la constitución de garantías reales sobre las operaciones de política monetaria. Resulta oportuno que los miembros del SEBC estén estrechamente involucrados, siendo consultados, en la autorización y supervisión de los DCV, el reconocimiento de los DCV de terceros países y la aprobación de ciertos enlaces entre DCV. Con el fin de evitar que surjan normativas paralelas, conviene, asimismo, que estén estrechamente involucrados, siendo consultados para la elaboración de las normas técnicas de regulación y de ejecución, así como de las directrices y recomendaciones, si bien la responsabilidad básica de establecer tales normas técnicas, directrices y recomendaciones debe seguir incumbiendo a la Comisión y la AEVM, tal como se establece en el presente Reglamento. Lo dispuesto en el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales a la hora de velar por la existencia de sistemas de compensación y de pago eficientes y sólidos dentro de la Unión y en otros países. El presente Reglamento no debe impedir a los miembros del SEBC acceder a la información pertinente para el ejercicio de sus funciones, en particular la vigilancia de los DCV y otras infraestructuras de los mercados financieros.

(9) Es posible que los miembros del SEBC, otros organismos que desempeñen funciones similares en ciertos Estados miembros, u otros organismos públicos que en la Unión se encarguen de la gestión de la deuda pública o intervengan en ella, presten determinados servicios, como la gestión de un sistema de liquidación de valores, que permitan asimilarlos a DCV. Resulta oportuno que dichas instituciones, cuando actúen como DCV sin establecer para ello una entidad separada, queden exentas de los requisitos de autorización y supervisión, de determinados requisitos organizativos y de determinados requerimientos en materia de capital y política de inversión, pero estén sujetas en cambio a todos los demás requisitos prudenciales aplicables a los DCV. Cuando una entidad de este tipo de un Estado miembro actúe como DCV, conviene que no preste sus servicios en otros Estados miembros. Puesto que los miembros del SEBC cumplen la función de agentes de liquidación, también deben estar exentos de los requisitos fijados en el título IV del presente Reglamento.

(10) Procede que el presente Reglamento se aplique a la liquidación de las operaciones relativas a todos los instrumentos financieros y a todas las actividades de los DCV, salvo indicación en contrario. El presente Reglamento debe entenderse también sin perjuicio de otras disposiciones legales de la Unión referentes a instrumentos financieros específicos, como la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y las medidas adoptadas de conformidad con esta Directiva.

(11) El registro de los valores en forma de anotaciones en cuenta es un paso importante para incrementar la eficiencia de la liquidación y garantizar la integridad de una emisión de valores, especialmente en un contexto de creciente complejidad de los métodos de tenencia y transferencia. Por motivos de seguridad, el presente Reglamento prevé el registro en forma de anotaciones en cuenta de todos los valores negociables admitidos a negociación o negociados en los centros de negociación regulados por la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y por el Reglamento (UE) no 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). El presente Reglamento no debe imponer un método en particular para el registro inicial de las anotaciones en cuenta, que puede consistir en una inmovilización o en una desmaterialización de partida. No procede que el presente Reglamento imponga el tipo de institución que ha de registrar los valores en forma de anotaciones en cuenta en el momento de la emisión, por lo que debe permitir desempeñar tal función a distintos agentes, incluidos los registradores de la emisión. No obstante, una vez que las operaciones con esos valores se ejecuten en los centros de negociación regulados por la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) no 600/2014 o se ofrezcan como garantía real en las condiciones previstas en la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), esos valores deben estar registrados en el sistema de anotaciones en cuenta de un DCV a fin de garantizar, entre otras cosas, que todos ellos puedan liquidarse a través de un sistema de liquidación de valores. La inmovilización y la desmaterialización no deben suponer merma alguna de los derechos de los titulares de los valores, y deben realizarse de un modo que garantice que los titulares de los valores puedan verificar sus derechos.

(12) En aras de la seguridad de la liquidación, todo participante en un sistema de liquidación de valores que compre o venda determinados instrumentos financieros, esto es, valores negociables, instrumentos del mercado monetario, participaciones y acciones de instituciones y entidades de inversión colectiva y derechos de emisión, debe liquidar su obligación en la fecha teórica de liquidación.

(13) Un plazo más largo para la liquidación de las operaciones con valores negociables provoca incertidumbre y mayores riesgos para los participantes en los sistemas de liquidación de valores. La existencia de plazos de liquidación de duración diferente en función de los Estados miembros dificulta la conciliación y es fuente de errores para los emisores, los inversores y los intermediarios. Por ello, es necesario prever un plazo de liquidación común, que facilite la determinación de la fecha teórica de liquidación y la aplicación de las medidas de disciplina de liquidación. Resulta oportuno que la fecha teórica de liquidación de las operaciones con valores negociables ejecutadas en los centros de negociación regulados por la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) no 600/2014 no sea posterior al segundo día hábil después de la contratación. Para las transacciones complejas compuestas por varias operaciones, como los pactos de recompra de valores o préstamo de valores, este requisito debe aplicarse a la primera operación que entrañe una transferencia de valores. Al no estar normalizadas, las operaciones que las partes negocian a título privado pero que se ejecutan en centros de negociación regulados por la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) no 600/2014 deben quedar exentas de este requisito, al igual que las operación ejecutadas de manera bilateral pero notificadas a un centro de negociación regulado por la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) no 600/2014. Por otra parte, este requisito no debe aplicarse a la primera operación si los valores negociables de que se trate están sujetos a registro inicial en forma de anotación en cuenta.

(14) Los DCV y las demás infraestructuras del mercado deben tomar medidas para prevenir y corregir los fallos en la liquidación. Es esencial que esas reglas se apliquen directa y uniformemente en la Unión. En particular, procede exigir a los DCV y demás infraestructuras del mercado que establezcan procedimientos que les permitan tomar medidas adecuadas para suspender a cualquier participante que sistemáticamente cause fallos en la liquidación y hacer pública su identidad, a condición de que se ofrezca a dicho participante la oportunidad de formular observaciones antes de que se adopte tal decisión.

(15) Una de las maneras más eficientes de corregir los fallos en la liquidación consiste en imponer a los participantes que incumplan sus obligaciones el cumplimiento obligatorio del acuerdo inicial. Resulta oportuno que el presente Reglamento establezca normas uniformes sobre sanciones y sobre determinados aspectos de la operación de recompra para todos los valores negociables, instrumentos del mercado monetario, participaciones y acciones de organismos de inversión colectiva y derechos de emisión, tales como los plazos y el establecimiento de tarifas. Para evitar que estas normas afecten negativamente a la liquidez y la eficiencia de los mercados de valores, es necesario adaptarlas a las particularidades de los diferentes mercados de valores, de determinados centros de negociación como los mercados de pymes en expansión definidos en la Directiva 2014/65/UE y de ciertas operaciones complejas como los pactos de recompra o préstamo de valores a muy corto plazo. Las normas sobre disciplina de liquidación deben aplicarse de tal modo que constituyan un incentivo para liquidar las operaciones con todos los instrumentos financieros pertinentes en la fecha teórica de liquidación.

(16) Los procedimientos y sanciones aplicables a los fallos en la liquidación deben ser proporcionales a la magnitud y gravedad de estos, y modularse de tal manera que mantengan y protejan la liquidez de los instrumentos financieros pertinentes. Las actividades de creación de mercado, en particular, desempeñan una función esencial en la oferta de liquidez a los mercados de la Unión, sobre todo para los valores menos líquidos. Es necesario ponderar las medidas destinadas a prevenir y corregir los fallos en la liquidación teniendo en cuenta la necesidad de mantener y proteger la liquidez en dichos valores. Las sanciones pecuniarias aplicadas a los participantes que incumplan sus obligaciones deben, en la medida de lo posible, abonarse a los clientes cumplidores en concepto de indemnización, y no deben, en ningún caso, convertirse en fuente de ingresos para el DCV. Los DCV deben consultar a las infraestructuras de mercado respecto de las cuales presten servicios de DCV acerca de la aplicación de las medidas de disciplina de liquidación que se establecen en el presente Reglamento.

(17) En la mayoría de los casos, si los instrumentos financieros no se han entregado dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha teórica de liquidación, debe entablarse un proceso de recompra. Sin embargo, en el caso de los instrumentos financieros ilíquidos conviene que el plazo para entablar el proceso de recompra se amplíe a siete días hábiles como máximo. Conviene que los criterios para determinar cuándo debe considerarse que un instrumento financiero es ilíquido se establezcan mediante normas técnicas de regulación, teniendo en cuenta las evaluaciones ya realizadas en el Reglamento (UE) no 600/2014. Cuando se determine tal situación de iliquidez, el plazo para entablar el proceso de recompra debe ampliarse hasta un máximo de siete días hábiles.

(18) Conviene permitir que los mercados de pymes en expansión tengan flexibilidad para no entablar el proceso de recompra hasta un máximo de 15 días después de la fecha de la contratación, con objeto de tener en cuenta las características de liquidez de dichos mercados y posibilitar, en particular, la actuación de los creadores de mercado en estos mercados menos líquidos. Las medidas de disciplina de liquidación específicas para los mercados de pymes en expansión solo deben aplicarse a las operaciones realizadas en este tipo de mercados. Como se indica en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 7 de diciembre de 2011 que acompaña a la Comunicación de la Comisión titulada «Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las pymes», debe desarrollarse el acceso de las pymes a los mercados de capitales, como alternativa a los préstamos bancarios, y por ello conviene adaptar las normas a las necesidades de estos mercados destinados a financiar el crecimiento de las pymes.

(19) Debe permitirse que los DCV supervisen la ejecución de las recompras en lo que se refiere a las instrucciones de liquidación múltiples, relativas a los mismos instrumentos financieros y cuyo período de prórroga venza en la misma fecha, a fin de minimizar el número de recompras en la medida compatible con los requisitos del presente Reglamento.

(20) Dado que la principal finalidad del presente Reglamento es establecer una serie de obligaciones jurídicas que se impongan directamente a los organismos rectores del mercado, consistentes, en particular, en el registro en un DCV en forma de anotaciones en cuenta de todos los valores negociables, cuando dichos valores se negocian en los centros de negociación regulados por la Directiva 2014/65/UE y por el Reglamento (UE) no 600/2014 o se ofrecen como garantías en las condiciones que establece la Directiva 2002/47/CE, y en la liquidación de sus obligaciones a más tardar en el segundo día hábil después de la contratación, y habida cuenta de que los DCV son responsables del funcionamiento de los sistemas de liquidación de valores y de la aplicación de medidas encaminadas a una liquidación a tiempo en la Unión, es fundamental velar por la seguridad y la solidez de todos los DCV y cerciorarse de que cumplan en todo momento los estrictos requisitos prudenciales, de organización y de conducta fijados por el presente Reglamento, incluyendo la adopción de todas las medidas razonables para paliar el fraude y la negligencia. La existencia de normas uniformes y directamente aplicables en materia de autorización y supervisión continua de los DCV es, por tanto, un corolario esencial de las obligaciones jurídicas impuestas a los participantes en el mercado por el presente Reglamento, con las que aquellas están interrelacionadas. Es, pues, necesario incluir las normas relativas a la autorización y supervisión de los DCV en el mismo acto que las obligaciones jurídicas impuestas a los participantes en el mercado.

(21) Teniendo en cuenta la conveniencia de que los DCV estén sujetos a una serie de requisitos comunes, y con vistas a eliminar los actuales obstáculos a la liquidación transfronteriza, todo DCV autorizado ha de poder prestar libremente sus servicios en el territorio de la Unión, en particular mediante la apertura de una sucursal. Para garantizar que los servicios de DCV prestados por depositarios centrales de valores autorizados en otro Estado miembro ofrezcan un nivel de seguridad adecuado, estos DCV deben quedar sujetos a un procedimiento específico, establecido en el presente Reglamento, si se proponen prestar determinados servicios básicos de DCV enumerados en el presente Reglamento.

(22) En un mercado de liquidación sin fronteras en la Unión Europea, resulta necesario definir las competencias de las distintas autoridades que intervienen en la aplicación del presente Reglamento. Procede que los Estados miembros designen específicamente a las autoridades competentes responsables de la aplicación del presente Reglamento, a las que deben conferirse los poderes de supervisión e investigación oportunos para el ejercicio de sus funciones. Los DCV deben estar sujetos a la autorización y supervisión de la autoridad competente del Estado miembro de origen, que es la que mejor situada está y la que debe quedar facultada para examinar el funcionamiento diario de los DCV, realizar controles periódicos y tomar las medidas adecuadas cuando sea necesario. No obstante, resulta oportuno que dicha autoridad consulte lo antes posible y coopere con otras autoridades relevantes, a saber: las autoridades responsables de la vigilancia de cada uno de los sistemas de liquidación de valores que gestione el DCV; los bancos centrales emisores de las monedas de liquidación más relevantes; en su caso, los bancos centrales que actúen como agentes de liquidación respecto de cada uno de tales sistemas; y, en su caso también, las autoridades competentes a las que estén sujetas otras entidades del mismo grupo. Esta cooperación implica asimismo que las autoridades afectadas intercambien información y que se informe de inmediato a las autoridades interesadas en situaciones de urgencia que afecten a la liquidez y la estabilidad del sistema financiero de cualquiera de los Estados miembros en los que estén establecidos el DCV o sus participantes.

(23) Si un DCV presta sus servicios en otro Estado miembro, la autoridad competente del Estado miembro de acogida debe poder pedir a la autoridad competente del Estado miembro de origen toda la información referente a las actividades del DCV que sea de interés para aquella. Esta información puede referirse, en particular, a los servicios prestados a los usuarios del DCV establecidos en el Estado miembro de acogida y a los instrumentos o monedas con los que trabaja, y puede incluir información relativa a circunstancias adversas, resultados de evaluaciones de riesgo o medidas correctivas, a fin de que la supervisión pueda coordinarse de manera efectiva. La autoridad competente del Estado miembro de origen también debe tener acceso a cualquier información que el DCV notifique periódicamente a la autoridad competente del Estado miembro de acogida.

(24) Si un DCV presta sus servicios en un Estado miembro distinto de aquel en que esté establecido, en particular mediante la apertura de una sucursal, la autoridad competente de su lugar de establecimiento es la principal responsable de la supervisión de dicho DCV. Si las actividades de un DCV en un Estado miembro de acogida han adquirido importancia significativa para el funcionamiento de los mercados de valores y la protección de los inversores de ese Estado miembro de acogida, las autoridades competentes y relevantes del Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida deben establecer mecanismos de cooperación para la supervisión de las actividades de ese DCV en el Estado miembro de acogida. La autoridad competente del Estado miembro de origen debe poder decidir asimismo que esos mecanismos de cooperación prevean una cooperación multilateral, incluyendo la cooperación mediante colegios, entre la autoridad competente del Estado miembro de origen y las autoridades competentes y relevantes de los Estados miembros de acogida en cuestión. Ahora bien, estos mecanismos de cooperación no deben considerarse colegios de supervisores en el sentido del Reglamento (UE) no 1095/2010. Ningún Estado miembro o grupo de Estados miembros debe sufrir discriminación directa o indirecta como lugar de establecimiento de DCV o de prestación de servicios de liquidación. En el ejercicio de las funciones que se le asignan en el presente Reglamento, ninguna autoridad debe discriminar, directa o indirectamente, a las empresas de otros Estados miembros. De acuerdo con el presente Reglamento, los DCV de un Estado miembro no deben ser objeto de restricciones ni trabas que les impidan liquidar instrumentos financieros en la moneda de otro Estado miembro o de un tercer país.

(25) El presente Reglamento no debe impedir que los Estados miembros, en sus respectivas legislaciones nacionales, supediten a un marco jurídico específico la cooperación diaria a escala nacional entre la autoridad competente respecto del DCV y autoridades relevantes. Este marco jurídico nacional debe ser coherente con las directrices sobre prácticas de supervisión y cooperación entre autoridades que pueda emitir la AEVM al amparo del presente Reglamento.

(26) Toda persona jurídica que se ajuste a lo definido como DCV necesita obtener la autorización de las autoridades nacionales competentes antes de iniciar sus actividades. A fin de tener en cuenta distintos modelos empresariales, conviene definir los DCV por referencia a ciertos servicios básicos, que consisten en servicios de liquidación, que implican la gestión de un sistema de liquidación de valores, servicios notariales y servicios de mantenimiento central de cuentas de valores. Un DCV debe, como mínimo, gestionar un sistema de liquidación de valores y prestar otro servicio básico. Esta combinación es esencial con objeto de que los DCV desempeñen su cometido en la liquidación de valores y a la hora de garantizar la integridad de una emisión de valores. Procede, por tanto, excluir de esta definición las entidades que no gestionan sistemas de liquidación de valores, como los registradores, los agentes de transferencia, las autoridades y organismos públicos que tengan a su cargo un sistema de registro establecido de conformidad con la Directiva 2003/87/CE, o las entidades de contrapartida central reguladas por el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(27) Los DCV deben disponer de planes de recuperación que garanticen la continuidad de sus operaciones esenciales. Sin perjuicio de lo previsto en la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11), las autoridades competentes deben velar por que se establezcan y mantengan para cada DCV planes de resolución adecuados de conformidad con la legislación nacional pertinente de cada Estado miembro.

(28) Para que se pueda disponer de datos fiables sobre la escala de las actividades de liquidación de valores realizadas al margen de los sistemas de liquidación, y para garantizar que se puedan supervisar y afrontar a los riesgos que surjan, todas las entidades distintas de los DCV que liquiden operaciones con valores fuera de un sistema de liquidación de valores deben notificar sus actividades de liquidación a las autoridades competentes. Las autoridades competentes que reciban los datos deben remitir esta información a la AEVM ulteriormente e informarla de todo riesgo potencial derivado de este tipo de actividades de liquidación. Además, la AEVM debe supervisar tales actividades de liquidación y tomar en consideración los riesgos potenciales a que puedan dar lugar.

(29) A fin de evitar que los DCV asuman riesgos en otras actividades que no sean las supeditadas a autorización en virtud del presente Reglamento, los DCV autorizados no deben ejercer más actividades que la prestación de los servicios cubiertos por su autorización o notificados en virtud del presente Reglamento y no deben poseer ninguna participación, tal como se define en el presente Reglamento por referencia a la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), ni tener, directa o indirectamente, el 20 % o más de los derechos de voto o del capital de ninguna entidad que no preste servicios similares, a menos que tal participación sea autorizada por las autoridades competentes respecto de los DCV por no incrementar significativamente el perfil de riesgo de los mismos.

(30) En aras de un funcionamiento seguro de los sistemas de liquidación de valores, su gestión ha de estar exclusivamente a cargo de los DCV, o de los bancos centrales que actúen como DCV, que estén sujetos a las normas contenidas en el presente Reglamento.

(31) Sin perjuicio de las disposiciones específicas del Derecho tributario de los Estados miembros, procede autorizar a los DCV a prestar servicios auxiliares de sus servicios básicos que contribuyan a mejorar la seguridad, eficiencia y transparencia de los mercados de valores y que no supongan riesgos indebidos para sus servicios básicos. Conviene que tales servicios se enumeren en el presente Reglamento sin ánimo de exhaustividad, de modo que los DCV puedan adaptarse a la evolución futura de los mercados. En el supuesto de que la prestación de tales servicios esté relacionada con las obligaciones de retención fiscal y de información a la administración tributaria, seguirá llevándose a cabo de conformidad con el Derecho de los Estados miembros interesados. De conformidad con el artículo 114, apartado 2, del TFUE, la potestad de adoptar medidas con arreglo al artículo 114, apartado 1, no se aplica a las disposiciones fiscales. En su sentencia de 29 de abril de 2004 en el asunto C-338/01, Comisión/Consejo (13), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que los términos «disposiciones fiscales» deben interpretarse «en el sentido de que abarcan no solo las disposiciones que determinan los sujetos pasivos, las operaciones imponibles, la base imponible, los tipos impositivos y las exenciones de los impuestos directos e indirectos, sino también las relativas a los procedimientos de recaudación de estos». El presente Reglamento no abarca, por tanto, las disposiciones relacionadas con la recaudación de impuestos, para las cuales habría que utilizar una base jurídica diferente.

(32) Resulta oportuno que todo DCV que se proponga externalizar a terceros un servicio básico o prestar un nuevo servicio básico o un servicio auxiliar distinto de los enumerados en el presente Reglamento, gestionar otro sistema de liquidación de valores, recurrir a otro agente de liquidación o crear cualquier tipo de enlace entre DCV que suponga riesgos significativos, solicite autorización siguiendo el mismo procedimiento que el exigido para la autorización inicial, salvedad hecha de la necesidad de que la autoridad competente informe al DCV solicitante en el plazo de tres meses de la concesión o denegación de la autorización. No obstante, los enlaces entre DCV que no supongan riesgos significativos o los enlaces interoperables entre DCV que externalicen aquellos de sus servicios que están relacionados con esos enlaces interoperables a entidades públicas, como los miembros del SEBC, no deben estar supeditadas a autorización previa, aunque sí deben ser notificadas por los DCV correspondientes a sus autoridades competentes.

(33) Cuando un DCV tenga intención de ampliar sus servicios a servicios auxiliares de tipo no bancario expresamente mencionados en el presente Reglamento que no impliquen un aumento del perfil de riesgo del DCV, debe poder hacerlo, previa notificación a la autoridad competente de su Estado miembro de origen.

(34) Los DCV establecidos en terceros países deben poder ofrecer sus servicios en la Unión, en particular mediante la apertura de una sucursal. Para garantizar que los servicios de DCV prestados por depositarios centrales de valores de terceros países ofrezcan un nivel de seguridad adecuado, estos DCV deben obtener el reconocimiento de la AEVM si se proponen prestar determinados servicios enumerados en el presente Reglamento. Los DCV de terceros países deben poder establecer conexiones con DCV establecidos en la Unión si no existe tal reconocimiento, siempre y cuando la autoridad competente no formule objeciones. Dada la dimensión mundial de los mercados financieros, la AEVM es la más indicada para decidir sobre el reconocimiento de los DCV de terceros países. Es conveniente que la AEVM solo pueda reconocer a los DCV de terceros países si la Comisión llega a la conclusión de que están sujetos a un régimen jurídico y de supervisión realmente equivalente al previsto en el presente Reglamento, si están realmente autorizados y sometidos a supervisión y vigilancia en su país, y si la AEVM y las autoridades competentes y relevantes respecto de los DCV han celebrado acuerdos de cooperación. El reconocimiento por parte de la AEVM está supeditado a un reconocimiento efectivo equivalente del marco prudencial aplicable a los DCV establecidos en la Unión y autorizados con arreglo al presente Reglamento.

(35) Teniendo en cuenta la complejidad y el carácter sistémico de los DCV y de los servicios que prestan, resulta oportuno garantizar, mediante normas de gobernanza transparentes, que los altos directivos, los miembros del órgano de dirección, los accionistas y los participantes que se hallen en condiciones de ejercer sobre el funcionamiento del DCV un control, tal como se define por referencia a la Directiva 2013/34/UE, sean personas idóneas para velar por una gestión adecuada y prudente del DCV.

(36) Las estructuras de gobierno corporativo varían según los Estados miembros, aunque, en la mayoría de los casos, se trata de estructuras monistas o duales o de una combinación de ambas. Las definiciones empleadas en el presente Reglamento deben englobar todas las estructuras existentes, sin abogar por ninguna en concreto. Son puramente funcionales, con miras a establecer normas destinadas a obtener un resultado concreto, independientemente del Derecho de sociedades nacional que se aplique a una entidad en cada Estado miembro. Por tanto, las definiciones no deben interferir en la asignación general de competencias prevista en el Derecho de sociedades nacional.

(37) Unas normas de gobernanza transparentes permitirán garantizar que se tengan en cuenta los intereses de los accionistas, la dirección y el personal del DCV, por un lado, y los intereses de los usuarios finales de los servicios de los DCV, por otro. Esos principios de gobernanza deben aplicarse sin perjuicio del modelo de propiedad adoptado por el DCV. Procede crear comités de usuarios en relación con cada sistema de liquidación de valores gestionado por el DCV, a fin de dar a los usuarios la oportunidad de asesorar al órgano de dirección del DCV sobre las cuestiones fundamentales que les afecten; debe darse a estos comités los instrumentos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones. Los intereses de los diferentes usuarios de los DCV, incluidos los de los titulares de diferentes tipos de valores, deben estar representados en el comité de usuarios.

(38) Los DCV deben poder externalizar la explotación de sus servicios a condición de que se gestionen adecuadamente los riesgos derivados de tal externalización. Dada la importancia de las funciones confiadas a los DCV, conviene disponer en el presente Reglamento que los DCV no pueden transferir sus responsabilidades a terceros mediante la externalización contractual de sus actividades a terceros. La externalización de las mencionadas actividades debe subordinarse a condiciones estrictas que sigan atribuyendo a los DCV la responsabilidad por sus actividades y aseguren que la supervisión de los DCV no se vea perjudicada. La externalización de las actividades de un DCV a entidades públicas puede, en determinadas condiciones, quedar exenta de tales requisitos.

(39) El presente Reglamento no debe impedir que los Estados miembros que autoricen los sistemas de tenencia directa puedan disponer en sus respectivas legislaciones nacionales que otras partes, además de los DCV, desempeñarán o podrán desempeñar determinadas funciones que en otros tipos de sistemas de tenencia de valores son desempeñadas normalmente por DCV, y que puedan especificar de qué manera deberán desempeñarse tales funciones. En particular, en algunos Estados miembros, los operadores de cuentas o los participantes en los sistemas de liquidación de valores gestionados por DCV registran las anotaciones en las cuentas de valores mantenidas por el DCV, sin ser ellos necesariamente proveedores de cuentas. Ante la necesidad de seguridad jurídica sobre las anotaciones realizadas en las cuentas a nivel de los DCV, es preciso que el presente Reglamento reconozca la función específica que desempeñan esas otras partes. Por ello debe ser posible, en circunstancias específicas y cumpliendo normas estrictas establecidas en disposiciones legales, disponer que el DCV y la otra parte de que se trate compartan la responsabilidad, o bien disponer que la responsabilidad exclusiva respecto de ciertos aspectos relacionados con el mantenimiento de cuentas de valores en el nivel más alto recaiga en esa otra parte, siempre que esta esté sujeta a una regulación y supervisión adecuadas. No conviene establecer restricciones respecto de la medida en que se comparte la responsabilidad.

(40) Las normas de conducta deben promover la transparencia de las relaciones entre el DCV y sus usuarios. En particular, todo DCV debe aplicar, a efectos de la participación en el sistema de liquidación de valores, criterios que se hayan publicado, que sean transparentes, objetivos y no discriminatorios y que solo permitan restringir el acceso de los participantes en función de los riesgos existentes. Procede poner a disposición de las autoridades competentes una solución rápida y adecuada para hacer frente a una posible negativa injustificada de los DCV a prestar sus servicios a los participantes. Los DCV deben publicar los precios y comisiones que cobren por sus servicios. Con vistas a un acceso abierto y no discriminatorio a los servicios de los DCV, y dado el considerable poder de mercado de que goza aún cada DCV en el territorio de su Estado miembro, los DCV no deben poder apartarse de la política de tarificación que hayan publicado para sus servicios básicos y deben mantener cuentas separadas para los costes y los ingresos asociados a cada uno de los servicios básicos y los servicios auxiliares que presten. Estas disposiciones en materia de participación completan y refuerzan el derecho de los participantes en el mercado a recurrir a un sistema de liquidación de otro Estado miembro, previsto en la Directiva 2014/65/UE.

(41) A fin de facilitar procesos eficientes de registro, liquidación y pago, los DCV deben adaptarse, en sus procedimientos de comunicación con los participantes y las infraestructuras de mercado con los que estén en relación, a los procedimientos y normas internacionales abiertos de comunicación pertinentes en materia de mensajería y datos de referencia.

(42) Habida cuenta del papel primordial que desempeñan los sistemas de liquidación de valores en los mercados financieros, resulta oportuno que, al prestar sus servicios, los DCV pongan el máximo empeño en asegurar la liquidación a tiempo de las operaciones con valores y la integridad de la emisión de valores. El presente Reglamento no debe afectar a la legislación nacional que regula en cada Estado miembro las tenencias de valores y los dispositivos destinados a mantener la integridad de las emisiones de valores. No obstante, para aumentar la protección de los activos de los participantes en el DCV y de sus clientes, el presente Reglamento debe exigir a los DCV que segreguen las cuentas de valores de cada participante y ofrezcan, previa solicitud, la posibilidad de una mayor segregación de las cuentas de los clientes de los participantes, servicio que, en algunos casos, solo estará disponible a un precio superior, que será abonado por los clientes de los participantes que soliciten una mayor segregación. Es importante que se exija a los DCV y sus participantes que ofrezcan tanto servicios de segregación en cuentas globales de clientes como servicios de segregación individualizada por clientes, de modo que cada cliente pueda elegir el nivel de segregación que considere adecuado para sus necesidades. Es conveniente que solo se pueda hacer una excepción a esta obligación en caso de que, debido a otros requisitos normativos, relacionados en particular con la recaudación eficiente y transparente de impuestos, un DCV y sus participantes estén obligados a ofrecer la segregación individualizada por clientes a los nacionales y residentes de un Estado miembro y a las personas jurídicas establecidas en él, y en el supuesto de que, en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, tal segregación sea obligatoria en virtud del Derecho nacional del Estado miembro a cuyo amparo se emitan los valores, y únicamente para los ciudadanos y residentes del Estado miembro en cuestión y las personas jurídicas en él establecidas. Los DCV deben velar por que estos requisitos se apliquen por separado a cada sistema de liquidación de valores explotado por ellos. Sin perjuicio de la prestación de servicios auxiliares, los DCV no deben utilizar por cuenta propia los valores pertenecientes a un participante, salvo con la autorización expresa de este, ni utilizar de ningún otro modo por cuenta propia valores que no les pertenezcan. Además, los DCV deben exigir a los participantes que obtengan el consentimiento previo de sus clientes siempre que sea necesario.

(43) La Directiva 98/26/CE dispone que las órdenes de transferencia cursadas a los sistemas de liquidación de valores de conformidad con las normas de dichos sistemas son jurídicamente vinculantes y oponibles a terceros. Sin embargo, dado que la Directiva 98/26/CE no se refiere específicamente a los DCV que explotan sistemas de liquidación de valores, conviene, por motivos de claridad, que en el presente Reglamento se exija a los DCV que definan el momento o momentos en que las órdenes de transferencia se cursan a sus sistemas y adquieren carácter irrevocable de conformidad con las normas de dicha Directiva. Además, para aumentar la seguridad jurídica, los DCV deben informar a sus participantes del momento en que las transferencias de valores y efectivo, en un sistema de liquidación de valores, pasan a ser jurídicamente vinculantes y oponibles a terceros de conformidad, cuando corresponda, con las normas de la legislación nacional. Los DCV deben tomar asimismo todas las medidas razonables para garantizar que las transferencias de valores y efectivo sean jurídicamente vinculantes y oponibles a terceros a más tardar al final del día hábil de la fecha de liquidación efectiva.

(44) A fin de evitar los riesgos de liquidación derivados de la insolvencia del agente de liquidación, y siempre que sea posible y factible, los DCV deben liquidar el componente de efectivo de la operación con valores a través de cuentas abiertas en un banco central. Cuando ello no sea posible o factible, los DCV han de poder efectuar la liquidación a través de cuentas abiertas en una entidad de crédito que se haya establecido con arreglo a las condiciones previstas en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (14), con sujeción a un procedimiento de autorización específico y a los requisitos prudenciales previstos en el título IV del presente Reglamento.

(45) Los servicios bancarios auxiliares a la liquidación que entrañan riesgos de crédito y de liquidez solo deben ser realizados por DCV o externalizarse a entidades autorizadas para prestar los servicios bancarios auxiliares a las actividades de los DCV que se establecen en el presente Reglamento.

(46) A fin de propiciar la mayor eficiencia derivada de la prestación tanto de servicios de DCV como de servicios bancarios dentro del mismo grupo de empresas, los requisitos establecidos en el presente Reglamento no deben impedir que esa entidad y el DCV pertenezcan a un mismo grupo de empresas. Conviene establecer los mecanismos con arreglo a los cuales se podrá autorizar a los DCV a prestar a sus participantes y a otras entidades servicios auxiliares desde una misma entidad jurídica o desde una entidad jurídica separada que puede ser parte del mismo grupo de empresas últimamente controladas por la misma empresa o no. Siempre que una entidad de crédito distinta de un banco central actúe como agente de liquidación, debe poder prestar a los participantes del DCV los servicios contemplados en el presente Reglamento que estén cubiertos por la autorización, pero no prestar otros servicios bancarios desde la misma entidad jurídica, a fin de limitar la exposición de los sistemas de liquidación a los riesgos derivados del impago de la entidad de crédito.

(47) Dado que la Directiva 2013/36/UE no aborda específicamente los riesgos de liquidez y de crédito intradía resultantes de la prestación de servicios bancarios auxiliares de la liquidación, las entidades de crédito y los DCV que presten tales servicios deben estar asimismo sujetos a requisitos específicos complementarios de reducción de los riesgos de crédito y liquidez —en particular un requisito de capital adicional que refleje los riesgos pertinentes. Este tipo de requisitos complementarios específicos de reducción de los riesgos de crédito y de liquidez debe ajustarse a las normas internacionales aplicables a las infraestructuras de los mercados financieros y a los principios establecidos en el documento sobre los instrumentos de seguimiento de la gestión de la liquidez intradía (Monitoring tools for intraday liquidity management) publicado en abril de 2013 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

(48) Algunos DCV que actúan además como entidades de crédito están sujetos a requisitos de información y de fondos propios aplicables a las entidades de crédito y recogidos en el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) y en la Directiva 2013/36/UE. Dada la importancia sistémica que tiene este tipo de DCV, es conveniente que se le aplique los requisitos más estrictos que prevea el Derecho de la Unión, con el fin de evitar la aplicación simultánea de diferentes normas de la Unión, por ejemplo en relación con la información sobre los fondos propios. En relación con todos los ámbitos en los que se determine que puede estarse produciendo una duplicación innecesaria de requisitos, la AEVM y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) establecida por el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) (ABE) deben emitir un dictamen sobre la aplicación adecuada de los actos de la Unión, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento (UE) no 1093/2010 y del Reglamento (UE) no 1095/2010.

(49) Además de los requisitos de fondos propios establecidos en el Reglamento (UE) no 575/2013 y en la Directiva 2013/36/UE, las entidades de crédito y los DCV deben estar sujetos a un requisito de capital adicional que refleje los riesgos, incluidos los riesgos de crédito y de liquidez, resultantes de la concesión de crédito intradía a, entre otros, los participantes en un sistema de liquidación de valores u otros usuarios de servicios de DVC.

(50) Con vistas a asegurar plenamente el cumplimiento de las medidas específicas destinadas a atenuar los riesgos de crédito y de liquidez, las autoridades competentes han de poder exigir a los DCV que designen a más de una entidad de crédito, siempre que puedan demostrar, valiéndose de los datos disponibles, que la exposición de una sola entidad de crédito a la concentración de los riesgos de crédito y de liquidez no está plenamente atenuada. Los DCV también deben poder designar más de una entidad de crédito.

(51) Procede que sean las autoridades competentes contempladas en el Reglamento (UE) no 575/2013 quienes se encarguen de supervisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) no 575/2013 y en la Directiva 2013/36/UE. Con el fin de garantizar una aplicación coherente de las normas de supervisión, es conveniente que los servicios bancarios de los DCV que, por su escala o sus características, planteen un riesgo significativo para la estabilidad financiera de la Unión, sean supervisados directamente por el BCE en las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo (17) que encomienda al BCE tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito. El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del Reglamento (UE) no 1024/2013.

(52) Las entidades de crédito o los DCV autorizados para prestar servicios bancarios auxiliares a la liquidación deben cumplir toda la legislación, presente o futura, de la Unión aplicable a las entidades de crédito. El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la Directiva 2014/59/UE y cualquier otra legislación que la Unión pueda adoptar en el futuro en relación con el establecimiento de un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y otras entidades financieras.

(53) A fin de ofrecer un grado suficiente de seguridad y continuidad de los servicios prestados por los DCV, estos deben estar sujetos a requisitos prudenciales y de capital específicos, que sean uniformes y directamente aplicables y que atenúen realmente sus riesgos jurídicos, operativos y de inversión.

(54) La seguridad de los dispositivos de enlaces entre DCV debe estar sujeta a requisitos específicos a fin de posibilitar el acceso de sus respectivos participantes a otros sistemas de liquidación de valores. La prestación de servicios auxiliares de tipo bancario a través de una entidad jurídica independiente no debe impedir a los DCV recibir tales servicios, en particular cuando sean participantes en un sistema de liquidación de valores explotado por otro DCV. Es particularmente importante que todo posible riesgo derivado de los acuerdos de enlace, tales como los riesgos de crédito, de liquidez, de organización o cualquier otro riesgo pertinente para los DCV, se atenúe debidamente. En el caso de los enlaces interoperables, es importante que, en los sistemas de liquidación de valores conectados, el momento de entrada en el sistema de las órdenes de transferencia y el momento de irrevocabilidad de la transferencia coincidan exactamente y que se utilicen normas equivalentes respecto del momento de firmeza de las transferencias de valores y de efectivo. Resulta oportuno que se apliquen los mismos principios a los DCV que utilicen una infraestructura técnica común de liquidación.

(55) A fin de que las autoridades competentes puedan supervisar de manera efectiva las actividades de los DCV, estos deben estar sujetos a requisitos estrictos de llevanza de registros en virtud del presente Reglamento. Es conveniente que los DCV conserven durante diez años como mínimo todos los registros y datos sobre la totalidad de los servicios que puedan prestar, incluidos los datos de las operaciones relacionadas con servicios generales de gestión de garantías que supongan la gestión de pactos de recompra o préstamo de valores. Puede resultar necesario que los DCV especifiquen un formato común que deban utilizar sus clientes para transmitir los datos de las operaciones a fin de dar cumplimiento a este requisito de conservación de registros, de conformidad con las normas técnicas de regulación y ejecución pertinentes que puedan dictarse al amparo del presente Reglamento.

(56) En muchos Estados miembros, la legislación nacional obliga a los emisores a emitir determinados tipos de valores, en particular las acciones, a través de los DCV nacionales. Con objeto de eliminar este obstáculo al correcto funcionamiento del mercado de post-negociación de la Unión, y de permitir a los emisores optar por la manera más eficiente de gestionar sus valores, resulta oportuno que los emisores tengan derecho a recurrir a cualquier DCV establecido en la Unión para que registre sus valores y les preste cualquier servicio pertinente propio de un DCV. Dado que el ámbito de aplicación del presente Reglamento no incluye la armonización del Derecho de sociedades de los distintos países, deben seguir siendo de aplicación las disposiciones del Derecho de sociedades nacional o las disposiciones legales similares al amparo de las cuales se emiten los valores, y deben arbitrarse medidas para garantizar que los requisitos de dichas disposiciones puedan cumplirse cuando se ejerza el derecho de elección de DCV. Estas disposiciones del Derecho de sociedades nacional o disposiciones legales similares al amparo de las cuales se emiten los valores son las que rigen la relación entre el emisor y el titular o cualquier otro tercero y sus respectivos derechos y deberes derivados de los valores, como los derechos de voto, los dividendos y las actuaciones societarias. La prestación de servicios a un emisor solo debe poder denegarse atendiendo a los resultados de un análisis de riesgos exhaustivo, o en caso de que el DCV no preste servicios de emisión en relación con valores emitidos al amparo del Derecho de sociedades u otra legislación similar del Estado miembro de que se trate. Procede poner a disposición de las autoridades competentes una solución rápida y adecuada para hacer frente a toda posible negativa injustificada de los DCV a prestar sus servicios a los emisores.

(57) Ante el aumento de la tenencia y las transferencias transfronterizas de valores, que el presente Reglamento contribuirá a impulsar, es de máxima urgencia e importancia que se establezcan normas claras sobre la legislación aplicable a los aspectos relativos a los derechos de propiedad en relación con los valores registrados en cuentas mantenidas por DCV. No obstante, esta es una cuestión horizontal que trasciende del ámbito de aplicación del presente Reglamento y que podría regularse en una futura legislación de la Unión.

(58) El Código de Conducta Europeo sobre Compensación y Liquidación, de 7 de noviembre de 2006, creó un marco voluntario para posibilitar el acceso entre DCV y otras infraestructuras del mercado. Con todo, el sector de post-negociación sigue estando fragmentado por las fronteras nacionales, encareciendo innecesariamente las operaciones transfronterizas. Es necesario establecer condiciones uniformes para las conexiones entre DCV y el acceso entre DCV y otras infraestructuras del mercado. A fin de permitir a los DCV ofrecer a sus participantes acceso a otros mercados, procede que tengan derecho a convertirse en participantes de otro DCV o a solicitar a otro DCV que desarrolle funciones especiales para tener acceso a este último. Es importante que dicho acceso se otorgue en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, y que solo pueda denegarse si constituye una amenaza para el funcionamiento correcto y ordenado de los mercados financieros o genera riesgos sistémicos. Procede poner a disposición de las autoridades competentes una solución rápida y adecuada para hacer frente a toda posible negativa injustificada de un DCV a conceder acceso a otro DCV. Las conexiones entre DCV que originen riesgos significativos para la liquidación deben estar sujetas a la autorización y a una supervisión reforzada de las autoridades competentes relevantes.

(59) Los DCV deben también tener acceso a la información (feeds) de las operaciones de las ECC o los centros de negociación y estas infraestructuras del mercado deben tener acceso a los sistemas de liquidación de valores gestionados por los DCV. Es importante que dicho acceso solo pueda denegarse si compromete el funcionamiento armonioso y ordenado de los mercados financieros o genera un riesgo sistémico, y que no pueda denegarse ninguna solicitud por motivos de pérdida de cuota de mercado.

(60) Procede poner a disposición de las autoridades competentes una solución rápida y adecuada para hacer frente a toda posible negativa injustificada de los DCV o las infraestructuras del mercado a conceder acceso a sus servicios. El presente Reglamento completa las modalidades de acceso entre los centros de negociación, las ECC y los DCV, establecidas por el Reglamento (UE) no 648/2012 y por el Reglamento (UE) no 600/2014, necesarias para establecer un mercado interior competitivo de servicios post-negociación. La AEVM y la Comisión deben continuar vigilando atentamente la evolución de la infraestructura de post-contratación y, en su caso, intervenir para impedir que se produzcan falseamientos de la competencia en el mercado interior.

(61) Un marco prudencial y de conducta sólido en el sector financiero debe basarse en unos regímenes de supervisión y sanción eficaces. A tal fin, las autoridades de supervisión deben contar con las oportunas facultades de actuación y con regímenes sancionadores disuasorios aplicables ante cualquier conducta ilícita. En la Comunicación de la Comisión titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros», de 8 de diciembre de 2010, se hace una revisión de las facultades sancionadoras existentes y de su aplicación práctica, con el objetivo de promover la convergencia de las sanciones aplicadas en el conjunto de las actividades de supervisión.

(62) Por consiguiente, y a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los requisitos del presente Reglamento por parte de los DCV, las entidades de crédito designadas como agentes de liquidación, los miembros de sus órganos de dirección y cualesquiera otras personas que ejerzan el control efectivo de su actividad, y demás personas, resulta oportuno que las autoridades competentes puedan aplicar sanciones administrativas y otras medidas que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(63) En aras del carácter disuasorio de las sanciones y de su aplicación coherente en todos los Estados miembros, el presente Reglamento debe establecer una lista de las sanciones administrativas y otras medidas fundamentales que han de estar al alcance de las autoridades competentes; la facultad de imponer esas medidas y sanciones a cualquier persona, física o jurídica, responsable de una infracción; una lista de los criterios fundamentales para determinar el nivel y el tipo de tales sanciones y otras medidas; y los niveles de las multas administrativas. Las multas administrativas deben tener en cuenta factores tales como los beneficios financieros derivados de la infracción que, en su caso, se determinen, la gravedad y duración de la infracción, las posibles circunstancias agravantes o atenuantes y la necesidad de producir efectos disuasorios, y han de prever, cuando sea procedente, una reducción en los casos de cooperación con la autoridad competente. En la adopción y publicación de las sanciones han de respetarse los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), en particular los relativos al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), a la protección de datos de carácter personal (artículo 8), y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47).

(64) Con objeto de detectar las posibles infracciones, resulta oportuno instaurar mecanismos eficaces para alentar la comunicación de las infracciones o presuntas infracciones del presente Reglamento a las autoridades competentes. Dichos mecanismos deben incluir garantías adecuadas para las personas que denuncien infracciones o presuntas infracciones del presente Reglamento y para las acusadas de tales infracciones. Conviene establecer procedimientos apropiados para garantizar el derecho de la persona acusada a la protección de sus datos personales, así como a defenderse y ser oída antes de que se adopte una decisión definitiva a su respecto, además del derecho a una tutela judicial efectiva ante cualquier decisión o medida que le pueda concernir.

(65) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones del ordenamiento jurídico de los Estados miembros en relación con las sanciones penales.

(66) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18), regula el tratamiento de los datos personales que se efectúe en los Estados miembros en aplicación del presente Reglamento. Todo intercambio o comunicación de datos personales por las autoridades competentes de los Estados miembros debe realizarse con arreglo a las disposiciones relativas a la transmisión de datos de naturaleza personal previstas en la Directiva 95/46/CE. El Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), regula el tratamiento de datos personales llevado a cabo por la AEVM en virtud del presente Reglamento. Todo intercambio o comunicación de datos personales por la AEVM debe ajustarse a las disposiciones relativas a la transmisión de datos de naturaleza personal previstas en el Reglamento (CE) no 45/2001.

(67) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta —especialmente el derecho al respeto de la vida privada y familiar, a la protección de los datos de carácter personal, a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, a no ser juzgado o condenado dos veces por el mismo delito, y a la libertad de empresa— y su aplicación debe ajustarse a tales derechos y principios.

(68) Resulta oportuno que la AEVM, desempeñe un papel fundamental en la aplicación del presente Reglamento, garantizando una aplicación coherente de las normas de la Unión por las autoridades nacionales competentes y resolviendo las diferencias entre estas autoridades

(69) También resulta oportuno que la AEVM remita cada año a la Comisión un informe en el que se evalúen las tendencias y riesgos potenciales existentes en los mercados regulados por el presente Reglamento. En estos informes deben evaluarse, como mínimo, la eficiencia de la liquidación; las liquidaciones internalizadas; la prestación transfronteriza de servicios; los motivos por los que se han denegado derechos de acceso y cualesquiera otros obstáculos sustanciales a la competencia en la prestación de servicios financieros post-negociación, incluidos los derivados de la mala utilización de sistemas de licencias; la idoneidad de las sanciones por fallos en la liquidación, y en particular la necesidad de una mayor flexibilidad en relación con las sanciones por fallos en la liquidación en operaciones con instrumentos financieros ilíquidos y la aplicación de las normas de los Estados miembros sobre responsabilidad civil por pérdidas atribuibles a los DCV; las condiciones de prestación de servicios auxiliares de tipo bancario, los requisitos relativos a la protección de los valores de los participantes y de sus clientes, y el régimen de sanciones; si es necesario, los informes podrán contener recomendaciones sobre medidas de prevención o corrección. Procede, asimismo, que la AEVM organice, en un plazo adecuado y de conformidad con las normas del Reglamento (UE) no 1095/2010, evaluaciones inter pares de las actividades de las autoridades competentes al amparo del presente Reglamento. Dada la importancia sistémica de los DCV, y en vista de que esta es la primera vez que se reglamentan a escala de la Unión, procede exigir que estas evaluaciones inter pares se realicen en un principio cada tres años, al menos en lo que se refiere a la supervisión de los DCV que se acojan al régimen de libre prestación de servicios o participen en un enlace interoperable.

(70) Como organismo con conocimientos muy especializados sobre los valores y sus mercados, resulta eficiente y adecuado confiar a la AEVM la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución, que no impliquen decisiones políticas, para su presentación a la Comisión. Cuando así se especifique, procede que la AEVM colabore también estrechamente con los miembros del SEBC y con la ABE.

(71) La Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de regulación, de conformidad con el artículo 290 del TFUE y con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1093/2010 y del Reglamento (UE) no 1095/2010 y en relación con los pormenores de las medidas de disciplina de liquidación; la notificación de las liquidaciones internalizadas; la información y otros elementos que debe incluir un DCV en su solicitud de autorización; las condiciones en las cuales las autoridades competentes respecto de los DCV pueden aprobar la participación de estos en el capital de determinadas entidades jurídicas; la información que deben facilitarse mutuamente las distintas autoridades al supervisar a los DCV; la información que el DCV debe presentar a la AEVM en su solicitud de reconocimiento; los elementos de los sistemas de gobernanza de los DCV; los detalles de los registros que lleven los DCV; los riesgos que deben tener en cuenta los DCV al realizar una evaluación exhaustiva de riesgos, y los que deben tener en cuenta las autoridades competentes al evaluar las razones de denegación de solicitudes de acceso; los elementos del procedimiento de acceso de los participantes y los emisores a los DCV, de acceso entre DCV y de acceso entre estos y otras infraestructuras del mercado, los pormenores de las medidas que deben adoptar los DCV con vistas a mantener la integridad de la emisión; la reducción de los riesgos operativos y de inversión y de los riesgos derivados de los enlaces entre DCV; los pormenores de los requisitos de capital de los DCV; y los pormenores de la solicitud de autorización para prestar servicios auxiliares de tipo bancario; el capital adicional y los requisitos prudenciales frente a los riesgos de crédito y de liquidez aplicables a los DCV y a las entidades de crédito designadas que tengan autorización para prestar servicios auxiliares de tipo bancario.

(72) Resulta oportuno, asimismo, que la Comisión esté facultada para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución, con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010, en lo que respecta a los modelos de formularios y plantillas para la notificación de las liquidaciones internalizadas; la solicitud de autorización por los DCV; la transmisión de información entre distintas autoridades competentes a efectos de la supervisión de los DCV; los mecanismos de cooperación pertinentes entre las autoridades del Estado miembro de origen y las del Estado miembro de acogida; el formato de los registros que lleven los DCV; los procedimientos aplicables en caso de denegarse a un participante o emisor el acceso a un DCV o de denegación de acceso entre DCV o entre estos y otras infraestructuras del mercado; la consulta a diversas autoridades antes de la concesión de autorización a un agente de liquidación.

(73) Para alcanzar los objetivos establecidos en el presente Reglamento, procede otorgar a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 TFUE en lo que se refiere a los detalles específicos de ciertas definiciones; el nivel de las sanciones pecuniarias aplicables a los participantes que causen fallos en la liquidación; y los criterios para determinar si las operaciones de un DCV en un Estado miembro de acogida deben considerarse de importancia significativa para ese Estado miembro. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(74) A fin de asegurar condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento, procede conferir a la Comisión competencias de ejecución para decidir sobre la evaluación de las normas de terceros países a efectos del reconocimiento de DCV de terceros países. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (20).

(75) Para la evaluación de las normas pertinentes de terceros países, debe adoptarse un planteamiento proporcionado, basado en los resultados, que se centre en el cumplimiento de las normas aplicables a escala de la Unión y, cuando proceda, a escala internacional. Cuando no haya diferencias sustanciales que permitan prever efectos perjudiciales para los mercados de la Unión, debe poder otorgarse también un reconocimiento condicional o provisional.

(76) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, establecer requisitos uniformes en lo relativo a la liquidación y a los DCV, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(77) Es necesario modificar la Directiva 98/26/CE a fin de adaptarla a la Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (21), en virtud de la cual los sistemas de liquidación de valores designados no se notifican ya a la Comisión sino a la AEVM.

(78) Dado que el presente Reglamento armoniza dentro de la Unión las medidas destinadas a evitar y afrontar los fallos en la liquidación y que establece para dichas medidas un ámbito de aplicación más amplio que el Reglamento (UE) no 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (22), procede derogar el artículo 15 de dicho Reglamento.

(79) Resulta oportuno que los DCV que presten servicios expresamente enumerados en el presente Reglamento queden exentos de la aplicación de la Directiva 2014/65/UE y del Reglamento (UE) no 600/2014. Sin embargo, para garantizar que todas las entidades que presten servicios de inversión y realicen actividades de inversión estén sujetas a la Directiva 2014/65/UE y al Reglamento (UE) no 600/2014 y evitar distorsiones de la competencia entre los diferentes tipos de prestadores de los mencionados servicios, es necesario exigir que los DCV que presten servicios de inversión y realicen actividades de inversión en el contexto de sus servicios auxiliares queden sujetos a los requisitos de la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) no 600/2014.

(80) Resulta oportuno diferir la aplicación de los requisitos de autorización y reconocimiento contenidos en el presente Reglamento, a fin de ofrecer a los DCV establecidos en la Unión o en terceros países tiempo suficiente para solicitar la autorización y el reconocimiento de sus actividades con arreglo a lo previsto en el presente Reglamento. Hasta que se adopte, al amparo del presente Reglamento, la decisión sobre la autorización o el reconocimiento de un DCV y de sus actividades, incluidas las conexiones entre DCV, deben seguir siendo de aplicación las correspondientes normas nacionales sobre autorización y reconocimiento de DCV.

(81) Es necesario, asimismo, diferir la aplicación de los requisitos relativos a la disciplina de liquidación y los requisitos relativos la obligación de notificación de los internalizadores de la liquidación hasta que se establezcan todos los actos delegados o de ejecución que detallen dichos requisitos, así como la de los requisitos relativos al registro de determinados valores negociables en forma de anotaciones en cuenta y de liquidación de las obligaciones, en los sistemas de liquidación de valores, a más tardar en el segundo día hábil posterior a la contratación, con objeto de que los participantes en el mercado que posean valores representados en soporte papel o que apliquen plazos de liquidación más largos dispongan de tiempo suficiente para cumplir con dichos requisitos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece requisitos uniformes para la liquidación de los instrumentos financieros en la Unión, así como normas de organización y conducta de los depositarios centrales de valores (DCV) con vistas a promover una liquidación correcta, eficiente y segura.

2. El presente Reglamento se aplica a la liquidación de todos los instrumentos financieros y todas las actividades de los DCV, salvo que sus disposiciones indiquen lo contrario.

3. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión que regulen instrumentos financieros específicos, en particular la Directiva 2003/87/CE.

4. Los artículos 10 a 20, 22 a 24 y 27, el artículo 28, apartado 6, el artículo 30, apartado 4, y los artículos 46 y 47, así como las disposiciones del título IV y los requisitos de informar a las autoridades competentes o a las autoridades relevantes o de cumplir las órdenes de estas con arreglo al presente Reglamento, no serán de aplicación a los miembros del SEBC, a otros organismos nacionales de los Estados miembros que desempeñen funciones similares ni a otros organismos públicos que se encarguen de la gestión de la deuda pública o intervengan en dicha gestión en la Unión en relación con ninguno de los DCV que los mencionados organismos gestionen directamente bajo la responsabilidad de un mismo órgano de dirección, que tenga acceso a los fondos de dichos organismos y que no sea una entidad independiente.

Artículo 2

Definiciones

1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «depositario central de valores» o «DCV»: una persona jurídica que gestione un sistema de liquidación de valores conforme a lo que se recoge en el anexo, sección A, punto 3, y que preste al menos otro de los servicios básicos enumerados en el anexo, sección A;

2) «DCV de un tercer país»: una persona jurídica establecida en un tercer país que preste un servicio similar al servicio básico que se recoge en el anexo, sección A, punto 3, y que preste al menos otro de los servicios básicos enumerados en el anexo, sección A;

3) «inmovilización»: la acción de concentrar la ubicación de valores físicos en un DCV de un modo que permita que las transferencias posteriores se realicen mediante anotaciones en cuenta;

4) «forma desmaterializada»: forma de los instrumentos financieros que solo existen como registros en un sistema de anotaciones en cuenta;

5) «DCV receptor»: el DCV que recibe la solicitud de otro DCV que desea tener acceso a sus servicios a través de un enlace entre DCV;

6) «DCV solicitante»: el DCV que solicita a otro DCV que le dé acceso a sus servicios a través de un enlace entre DCV;

7) «liquidación»: la finalización de una operación con valores, dondequiera que se realice, con el fin de extinguir las obligaciones de las partes en dicha operación mediante la transferencia de fondos, de valores, o de ambas cosas;

8) «instrumento financiero» o «valores»: un instrumento financiero tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 15, de la Directiva 2014/65/UE;

9) «orden de transferencia»: una orden de transferencia como se define en el artículo 2, letra i), segundo guion, de la Directiva 98/26/CE;

10) «sistema de liquidación de valores»: un sistema, conforme a lo previsto en el artículo 2, letra a), guiones primero, segundo y tercero, de la Directiva 98/26/CE, que no esté gestionado por una entidad de contrapartida central y cuya actividad consista en ejecutar órdenes de transferencia;

11) «internalizador de la liquidación»: cualquier entidad, incluidas las autorizadas con arreglo a la Directiva 2013/36/UE o a la Directiva 2014/65/UE que ejecute órdenes de transferencia por cuenta de clientes o por cuenta propia por medios distintos de un sistema de liquidación de valores;

12) «fecha teórica de liquidación»: la fecha, anotada en el sistema de liquidación de valores como fecha de liquidación, en la que las partes en una operación con valores acuerden que se realice la liquidación;

13) «plazo de liquidación»: el intervalo entre la fecha de contratación y la fecha teórica de liquidación;

14) «día hábil»: la jornada laborable definida en el artículo 2, letra n), de la Directiva 98/26/CE;

15) «fallo en la liquidación»: el hecho de no efectuarse o de efectuarse solo parcialmente la liquidación de una operación con valores en la fecha teórica de liquidación, por falta de valores o fondos, con independencia de la causa subyacente;

16) «entidad de contrapartida central (ECC)»: una ECC como se define en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) no 648/2012;

17) «autoridad competente»: la autoridad designada por cada Estado miembro de conformidad con el artículo 11, salvo que el presente Reglamento indique otra cosa;

18) «autoridad pertinente»: cualquiera de las autoridades a que se hace referencia en el artículo 12;

19) «participante»: cualquier participante, según se define en el artículo 2, letra f), de la Directiva 98/26/CE, en un sistema de liquidación de valores;

20) «participación»: una participación definida en el artículo 2, punto 2, primera frase, de la Directiva 2013/34/UE o la tenencia, directa o indirecta, del 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa;

21) «control»: la relación entre dos empresas descrita en el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE;

22) «filial»: una empresa filial tal como se define en el artículo 2, punto 10, y en el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE;

23) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el cual está establecido un DCV;

24) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro, distinto del Estado miembro de origen, en que un DCV tenga una sucursal o preste servicios de DCV;

25) «sucursal»: un centro de actividad, distinto de la administración central, que forme parte de un DCV, que no tenga personalidad jurídica y que preste servicios de DCV cubiertos por la autorización del DCV;

26) «impago»: la situación de un participante en relación con el cual se incoa un procedimiento de insolvencia, según se define en el artículo 2, letra j), de la Directiva 98/26/CE;

27) «entrega contra pago (ECP)»: un mecanismo de liquidación de valores que vincula una transferencia de valores a una transferencia de fondos, de modo que la entrega de los primeros tiene lugar única y exclusivamente si se efectúa la transferencia de fondos correspondiente, y viceversa;

28) «cuenta de valores»: una cuenta en la que pueden abonarse o adeudarse valores;

29) «enlace entre DCV»: un acuerdo entre DCV en virtud del cual uno de ellos se convierte en participante en el sistema de liquidación de valores de otro DCV a fin de facilitar la transferencia de valores entre los participantes del segundo DCV y los participantes del primero o accede al otro DCV indirectamente, a través de un intermediario. Los enlaces entre DCV incluyen los enlaces estándar, los enlaces personalizados, los enlaces indirectos y los enlaces interoperables;

30) «enlace estándar»: un enlace entre DCV en virtud del cual un DCV se convierte en participante en el sistema de liquidación de valores de otro DCV en las mismas condiciones que cualquier otro participante en el sistema de liquidación de valores gestionado por el segundo;

31) «enlace personalizado»: un enlace entre DCV en virtud del cual se prestan al DCV, que se convierte en participante en el sistema de liquidación de valores de otro DCV, servicios específicos adicionales a los servicios normalmente prestados por el segundo a los participantes en el sistema de liquidación de valores;

32) «enlace indirecto»: un acuerdo entre un DCV y un tercero que no es un DCV pero que es un participante en el sistema de liquidación de valores de otro DCV. Este tipo de enlace es establecido por un DCV para facilitar la transferencia de valores de los participantes de otro DCV a sus propios participantes;

33) «enlace interoperable»: un enlace entre DCV en virtud del cual los DCV acuerdan establecer soluciones técnicas mutuas para la liquidación en los sistemas de liquidación de valores que los DCV gestionan;

34) «procedimientos y normas internacionales abiertos de comunicación»: normas internacionalmente aceptadas para los procedimientos de comunicación, como los formatos de mensaje normalizados y la representación normalizada de datos, a las que puede acceder en condiciones equitativas, abiertas y no discriminatorias cualquier interesado;

35) «valores negociables»: los valores negociables definidos en el artículo 4, apartado 1, punto 44, de la Directiva 2014/65/UE;

36) «acciones»: los valores especificados en el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra a), de la Directiva 2014/65/UE;

37) «instrumentos del mercado monetario»: los instrumentos del mercado monetario definidos en el artículo 4, apartado 1, punto 17, de la Directiva 2014/65/UE;

38) «participaciones de instituciones y entidades de inversión colectiva»: las participaciones de instituciones y entidades de inversión colectiva a que se refiere el anexo I, sección C, punto 3, de la Directiva 2014/65/UE;

39) «derechos de emisión»: los derechos de emisión descritos en el anexo I, sección C, punto 11, de la Directiva 2014/65/UE, excluidos los instrumentos financieros derivados de derechos de emisión;

40) «mercado regulado»: el definido en el artículo 4, apartado 1, punto 21, de la Directiva 2014/65/UE;

41) «sistema multilateral de negociación (SMN)»: el definido en el artículo 4, apartado 1, punto 22, de la Directiva 2014/65/UE;

42) «centro de negociación»: un centro de negociación definido en el artículo 4, apartado 1, punto 24, de la Directiva 2014/65/UE;

43) «agente de liquidación»: el definido en el artículo 2, letra d), de la Directiva 98/26/CE;

44) «mercado de pymes en expansión»: un mercado de pymes en expansión definido en el artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2014/65/UE;

45) «órgano de dirección»: el órgano u órganos de un DCV, constituido de conformidad con el Derecho nacional, que está facultado para fijar la estrategia, los objetivos y la orientación general del DCV, y que se ocupa de la vigilancia y control del proceso de toma de decisiones de la dirección. Deberá incluir a personas que dirijan de hecho la actividad del DCV.

Si el órgano de dirección comprende, de conformidad con la legislación nacional, diferentes órganos con funciones específicas, los requisitos del presente Reglamento solo se aplicarán a aquellos miembros del órgano de dirección a los que la legislación nacional aplicable atribuya la responsabilidad correspondiente;

46) «alta dirección»: las personas físicas que ejercen funciones ejecutivas en el DCV y que son responsables de la gestión diaria del DCV y deben rendir cuentas de ello ante el órgano de dirección.

2. La Comisión estará facultada para adoptar, de conformidad con el artículo 67, actos delegados relativos a medidas que especifiquen con mayor precisión los servicios auxiliares de tipo no bancario previstos en el anexo, sección B, puntos 1 a 4, y los servicios auxiliares de tipo bancario previstos en el anexo, sección C.

TÍTULO II

LIQUIDACIÓN DE VALORES

CAPÍTULO I

Anotaciones en cuenta

Artículo 3

Anotaciones en cuenta

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, todo emisor establecido en la Unión que emita o haya emitido valores negociables que se admitan a negociación o se negocien en centros de negociación velará por la representación de tales valores mediante anotaciones en cuenta, ya sea mediante su inmovilización o a través de su emisión directa, en forma desmaterializada.

2. Cuando se realice una operación con valores negociables en un centro de negociación, los valores correspondientes se registrarán mediante anotaciones en cuenta en un DCV a más tardar en la fecha teórica de liquidación, a menos que ya hayan sido objeto de tal registro.

Los valores negociables que se transfieran a raíz de un acuerdo de garantía financiera, según se define en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/47/CE, se registrarán en forma de anotaciones en cuenta en un DCV en la fecha de liquidación o con anterioridad a la misma, a menos que ya hayan sido objeto de tal registro.

Artículo 4

Control del cumplimiento

1. Las autoridades del Estado miembro en que esté establecido el emisor que emita valores velarán por la aplicación del artículo 3, apartado 1.

2. Las autoridades competentes para la supervisión de los centros de negociación, incluidas las autoridades competentes designadas de conformidad con el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (23), velarán por que se aplique lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, del presente Reglamento cuando los valores a que se refiere el artículo 3, apartado 1, del presente Reglamento se negocien en centros de negociación.

3. Las autoridades de los Estados miembros responsables de la aplicación de la Directiva 2002/47/CE velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del presente Reglamento cuando los valores a que se refiere el artículo 3, apartado 1, del mismo se transfieran a raíz de un acuerdo de garantía financiera, según se define en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/47/CE.

CAPÍTULO II

Plazos de liquidación

Artículo 5

Fechas teóricas de liquidación

1. Todo participante en un sistema de liquidación de valores que liquide en ese sistema, por cuenta propia o de terceros, operaciones con valores negociables, instrumentos del mercado monetario, participaciones de instituciones y entidades de inversión colectiva y derechos de emisión liquidará esas operaciones en la fecha teórica de liquidación.

2. En el caso de las operaciones con valores negociables a que se refiere el apartado 1 que se ejecuten en centros de negociación, la fecha teórica de liquidación no será posterior al segundo día hábil tras la contratación. Este requisito no se aplicará a las operaciones que se negocien a título privado pero que se ejecuten en centros de negociación, a las operaciones ejecutadas bilateralmente pero notificadas a un centro de negociación, ni a la primera operación en la que los valores negociables en cuestión sean registrados por vez primera en forma de anotación en cuenta con arreglo al artículo 3, apartado 2.

3. Las autoridades competentes velarán por la aplicación del apartado 1.

Las autoridades competentes para la supervisión de los centros de negociación velarán por la aplicación del apartado 2.

CAPÍTULO III

Disciplina de liquidación

Artículo 6

Medidas para prevenir fallos en la liquidación

1. Los centros de negociación establecerán procedimientos que permitan confirmar los detalles pertinentes de las operaciones relativas a los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1, en la fecha en que se haya ejecutado la operación.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas de inversión autorizadas de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2014/65/UE establecerán, cuando corresponda, medidas destinadas a limitar el número de fallos en la liquidación.

Estas medidas consistirán, como mínimo, en acuerdos entre las empresas de servicios de inversión y sus clientes profesionales a que se refiere el anexo II de la Directiva 2014/65/UE para garantizar la rápida notificación de toda asignación de valores a la operación, la confirmación de dicha asignación y la confirmación de la aceptación o rechazo de las condiciones, con suficiente antelación respecto de la fecha teórica de liquidación.

En estrecha cooperación con los miembros del SEBC, la AEVM emitirá directrices de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) no 1095/2010 sobre los procedimientos normalizados y los protocolos de mensajería normalizados que deban utilizarse a los efectos del párrafo segundo del presente apartado.

3. Para cada sistema de liquidación de valores que gestionen, los DCV establecerán procedimientos que faciliten la liquidación de las operaciones con los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1, en la fecha teórica de liquidación, con una exposición mínima de sus participantes a los riesgos de contraparte y de liquidez y una reducida proporción de fallos en la liquidación. Promoverán una pronta liquidación en la fecha teórica de liquidación a través de mecanismos adecuados.

4. Para cada sistema de liquidación de valores que gestionen, los DCV establecerán medidas que propicien e incentiven la liquidación a tiempo de las operaciones por parte de sus participantes. Los DCV exigirán a los participantes que liquiden sus operaciones en la fecha teórica de liquidación.

5. La AEVM, en estrecha cooperación con los miembros del SEBC, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen las medidas que deban establecer las empresas de servicios de inversión a efectos de lo dispuesto en el apartado 2, párrafo primero, los pormenores de los procedimientos destinados a facilitar la liquidación a que se refiere el apartado 3, y los pormenores de las medidas destinadas a propiciar e incentivar la liquidación a tiempo de las operaciones a que se refiere el apartado 4.

La AEVM presentará esos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el 18 de junio de 2015.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1095/2010.

Artículo 7

Medidas para tratar los fallos en la liquidación

1. Para cada sistema de liquidación de valores que gestionen, los DCV establecerán un sistema orientado al seguimiento de los fallos en la liquidación de las operaciones relativas a los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1. Presentarán a la autoridad competente y a las autoridades relevantes informes periódicos que recojan el número y los pormenores de los fallos en la liquidación, así como cualquier otra información pertinente, junto con las medidas que prevén adoptar el DCV y sus participantes para mejorar la eficiencia en la liquidación. Los DCV harán públicos estos informes con periodicidad anual, en forma agregada y anónima, Las autoridades competentes trasladarán a la AEVM toda información pertinente sobre los fallos en la liquidación.

2. En relación con cada sistema de liquidación de valores que exploten, los DCV establecerán procedimientos que faciliten la liquidación de las operaciones relativas a los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1, que no se liquiden en la fecha teórica de liquidación. Dichos procedimientos incluirán un mecanismo de sanción que constituya un factor disuasorio eficaz para los participantes que provoquen fallos en la liquidación.

Antes de establecer los procedimientos a que se refiere el párrafo primero, cada DCV consultará a los centros de negociación y ECC pertinentes a los que preste servicios de liquidación.

Los mecanismos de sanción contemplados en el párrafo primero incluirán sanciones pecuniarias para los participantes que causen fallos en la liquidación (en lo sucesivo, «los participantes incumplidores»). Las sanciones pecuniarias se calcularán diariamente para cada día hábil en que una operación no haya sido liquidada pasada la fecha teórica de liquidación y hasta el final del proceso de recompra a que se refiere el apartado 3, pero sin exceder de la fecha de liquidación real.

Las sanciones pecuniarias no podrán configurarse como una fuente de ingresos para el DCV.

3. Sin perjuicio del mecanismo de sanción a que se refiere el apartado 2 y del derecho a cancelar bilateralmente la operación, cuando un participante incumplidor no entregue al participante destinatario los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha teórica de liquidación (período de prórroga), deberá ponerse en marcha un proceso de recompra, de modo que dichos instrumentos queden disponibles para liquidación y se entreguen al participante destinatario dentro de un plazo adecuado.

Si la operación se refiere a instrumentos financieros negociados en un mercado de pymes en expansión, el período de prórroga será de 15 días, salvo en caso de que el mercado de pymes en expansión decida aplicar un período de prórroga más breve.

4. El requisito establecido en el apartado 3 estará sujeto a las siguientes excepciones:

a) en función del tipo de activo y de la liquidez de los instrumentos financieros de que se trate, el período de prórroga de cuatro días hábiles podrá incrementarse hasta un máximo de siete días hábiles, en caso de que un período de prórroga más breve pueda afectar al funcionamiento correcto y ordenado de los mercados financieros en cuestión;

b) para las transacciones compuestas de varias operaciones como por ejemplo los acuerdos de recompra o préstamo de valores, el proceso de recompra a que se refiere el apartado 3 no se aplicará si dicho proceso resulta ineficaz por ser suficientemente corto el plazo acordado para tales transacciones.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7, las excepciones contempladas en el apartado 4 no se aplicarán respecto de operaciones con acciones compensadas por una ECC.

6. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias a que se refiere el apartado 2, cuando el precio de las acciones acordado cuando se negoció la operación sea superior al precio abonado al ejecutarse la recompra, el participante incumplidor abonará la diferencia correspondiente al participante destinatario a más tardar durante el segundo día hábil siguiente a la fecha en que los instrumentos financieros mencionados en el artículo 5, apartado 1, hayan sido entregados a raíz de la recompra.

7. Si la recompra falla o no es posible, el participante destinatario podrá elegir entre recibir una indemnización en efectivo o aplazar la ejecución de la recompra hasta una fecha posterior adecuada («el período de aplazamiento»). Si los instrumentos financieros en cuestión no se entregan al participante destinatario al final del período de aplazamiento, se abonará la indemnización en efectivo.

La indemnización en efectivo se abonará al participante destinatario a más tardar durante el segundo día hábil siguiente al final del proceso de recompra a que se refiere el apartado 3 o al final del período de aplazamiento si se optó por el período de aplazamiento.

8. El participante incumplidor reembolsará a la entidad que ejecute la recompra todas las cantidades abonadas de conformidad con los apartados 3, 4 y 5, incluidos los gastos de ejecución que puedan derivarse de la recompra. Estos gastos se comunicarán con claridad a todos los participantes.

9. Los DCV, las ECC y los centros de negociación establecerán procedimientos que les permitan suspender, en consulta con sus respectivas autoridades competentes, a cualquier participante que reiterada y sistemáticamente no entregue los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1, en la fecha teórica de liquidación, y hacer pública su identidad, a condición de haber dado previamente a ese participante la oportunidad de presentar sus observaciones y de haber informado debidamente a las autoridades competentes de los DCV, de las ECC, los centros de negociación y ese participante. Además de consultarlas antes de toda suspensión, los DCV, las ECC y los centros de negociación notificarán sin demora a sus respectivas autoridades competentes la suspensión de un participante. La autoridad competente informará de inmediato a las autoridades relevantes de la suspensión del participante.

En la difusión pública de las suspensiones no se incluirán datos personales en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46/CE.

10. Los apartados 2 a 9 se aplicarán a todas las operaciones con los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1, que estén admitidos a negociación o se negocien en un centro de negociación o se compensen a través de ECC, del siguiente modo:

a) para las operaciones que se compensen a través de una ECC, será la ECC quien ejecute el proceso de recompra contemplado en los apartados 3 a 8;

b) en el caso de las operaciones no compensadas por una ECC pero ejecutadas en un centro de negociación, este último recogerá en su reglamento interno la sujeción obligatoria de sus miembros y participantes a las medidas a que se refieren los apartados 3 a 8;

c) para todas las operaciones distintas de las contempladas en las letras a) y b) del presente párrafo, los DCV recogerán en su reglamento interno la sujeción obligatoria de sus participantes a las medidas a que se refieren los apartados 3 a 8.

Los DCV facilitarán la información de liquidación necesaria a las ECC y los centros de negociación, a fin de que puedan cumplir las obligaciones que les impone el presente apartado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del párrafo primero, los DCV podrán hacer el seguimiento de la ejecución de las recompras contempladas en dichas letras cuando se refiera a instrucciones de liquidación múltiples, sobre los mismos instrumentos financieros y con plazos de ejecución que venzan en l