2)

El apartado 7 se modifica como sigue: a) La letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) un presupuesto para 2012 que se ajuste a la EPMP y al déficit máximo fijado en la presente Decisión; actualizar y publicar información sobre las medidas previstas en la EPMP; y adoptar los actos legislativos en materia de impuestos y gastos necesarios para la aplicación del presupuesto al mismo tiempo que se adopta el presupuesto;». b) La letra d) se sustituye por el texto siguiente: «d) Evaluación de los resultados de la primera fase de la revisión funcional independiente de la Administración central, que se traducirá en un plan de actuación para la aplicación de las recomendaciones políticas operativas. Estas recomendaciones determinarán el modo de lograr un servicio público más racional y eficiente, definir con claridad responsabilidades y líneas de mando en los departamentos ministeriales, eliminando competencias coincidentes, y mejorar la movilidad entre servicios y dentro de ellos; conclusión de la revisión funcional de los programas sociales vigentes que se está llevando a cabo;». c) Se añaden las letras siguientes: «i) nombramiento de asesores para las demás operaciones de privatización programadas para 2012 y que no se incluyen en el apartado 6 bis), letra n); aceleración del registro de la propiedad de tierras estatales y de la adopción de legislación secundaria sobre viviendas para turistas y sobre la utilización del suelo; creación y puesta en funcionamiento de una nueva secretaría general de propiedades públicas que colabore con el organismo de reciente fusión KED/ETA (instituciones de gestión inmobiliaria y de propiedades inmobiliarias para turistas, respectivamente), que han de preparar bienes inmobiliarios para la privatización de activos comerciales y negociables. El objetivo es mejorar la gestión de los activos inmobiliarios, liberarlos de cargas y prepararlos para la privatización; creación de seis carteras inmobiliarias por parte del HRDAF; adopción del acto legal sobre la transferencia al Estado de los activos muebles e inmuebles de las entidades que se liquiden; j) reforma de la administración tributaria mediante la activación de una unidad de grandes contribuyentes; supresión de barreras para lograr una administración fiscal eficiente poniendo en práctica las reformas fundamentales de la nueva ley tributaria, como la sustitución de aquellos administradores que no cumplan los objetivos de rendimiento y la reevaluación de las cualificaciones de los inspectores de Hacienda; puesta en funcionamiento del órgano de resolución rápida de litigios administrativos, de reciente creación, para que resuelva con rapidez (en un plazo de 90 días) conflictos de gran envergadura; centralización de las funciones de al menos 31 agencias tributarias y fusión de estas; k) racionalizar el control del gasto mediante el nombramiento de interventores financieros permanentes en todos los ministerios; l) publicación de un programa de recursos humanos a medio plazo hasta 2015, con arreglo a la norma de una contratación por cada cinco jubilaciones o despidos que se aplica a las administraciones públicas en su conjunto sin excepciones sectoriales; transferencia a la reserva laboral de unos 15 000 empleados que actualmente trabajan en varias entidades públicas, y jubilación anticipada de 15 000 empleados. El personal en la reserva laboral y los prejubilados cobrarán el 60 % de su salario básico (excluidas las horas extras y otras pagas extras) durante un máximo de doce meses. Este período de doce meses podrá prorrogarse hasta veinticuatro meses en el caso del personal que esté próximo a la jubilación. Los pagos efectuados al personal mientras se encuentre en reserva laboral se considerarán parte de la indemnización por despido; m) revisión de la lista de oficios duros y penosos y reducción de su cobertura a menos del 10 % de la población activa. Revisión a fondo del funcionamiento de los regímenes públicos de pensiones secundarios o complementarios, incluidos los fondos de asistencia social y las prestaciones de pago único con el objetivo de estabilizar el gasto de las pensiones, asegurar la neutralidad presupuestaria de estos regímenes y garantizar la viabilidad a medio y largo plazo del sistema. La revisión deberá permitir alcanzar los objetivos siguientes: una reducción adicional del número de regímenes existentes; la eliminación de desequilibrios en los fondos deficitarios; la estabilización de los gastos corrientes a un nivel sostenible gracias a la realización de los ajustes necesarios a partir del 1 de enero de 2012; y la sostenibilidad a largo plazo de los regímenes secundarios merced a una vinculación estricta entre cotizaciones y prestaciones.».