Iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de una Decisión marco del Consejo para combatir los delitos graves contra el medio ambiente

(2000/C 39/05)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 3 y la letra b) del apartado 2 de su artículo 34,

Vista la iniciativa del Reino de Dinamarca,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) El Consejo está preocupado por la creciente importancia de los delitos contra el medio ambiente y por sus frecuentes efectos transfronterizos.

(2) Los delitos graves contra el medio ambiente representan una amenaza para éste y requieren por ello una respuesta firme.

(3) Los delitos graves contra el medio ambiente son un problema común de todos los Estados miembros, que deben por ello tomar medidas concertadas para proteger el medio ambiente a través del Derecho penal.

(4) Los delitos graves contra el medio ambiente han de combatirse mediante investigaciones y procedimientos judiciales eficaces en los Estados miembros y mediante una cooperatión eficaz a nivel policial, penal y administrativo entre éstos.

(5) Los intercambios de información entre Estados miembros sobre los delitos graves contra el medio ambiente deben intensificarse.

(6) El 9 de septiembre de 1998 el Consejo de Europa adoptó un Convenio sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho penal (denominado en lo sucesivo "el Convenio de 1998"),

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

Artículo 1

1. En la presente Decisión marco se entenderá por "delito grave contra el medio ambiente" todo acto u omisión en el que concurran circunstancias agravantes contrarias a la legislación nacional sobre protección del medio ambiente, y que se traduzca en:

a) contaminación atmosférica, del agua, del suelo o del subsuelo que suponga un deterioro sustancial o un peligro manifiesto de deterioro sustancial del medio ambiente;

b) formas de almacenamiento, eliminación o vertido de residuos o sustancias similares que supongan un deterioro sustancial o un peligro manifiesto de deterioro sustancial del medio ambiente.

2. Se entenderá que concurren "circunstancias agravantes", en particular, cuando:

a) el acto u omisión no pueda considerarse parte del ejercicio cotidiano normal de una actividad por lo demás lícita;

b) el delito sea de una magnitud considerable; o

c) el delito haya generado ganancias económicas o se haya cometido con ánimo de lucro.

Para determinar si el delito es de una magnitud considerable se concederá una importancia especial a los factores siguientes, entre otros:

a) el que la conducta de que se trate sea sistemática o persistente y demuestre un incumplimiento deliberado de normas elementales de protección el medio ambiente;

b) el que el delito se haya cometido con pemeditación;

c) el que se haya intentado ocultar la contaminación o el almacenamiento, agravando con ello el daño o el peligro, al no haberse tomado o haberse tomado muy tarde medidas de descontaminación o de prevención.

Artículo 2

1. Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que:

a) los delitos graves contra el medio ambiente estén castigados en el Derecho penal con sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias y puedan dar lugar a extradición;

b) las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables, de conformidad con el Derecho penal nacional, de los delitos graves contra el medio ambiente.

2. Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que:

a) pueda procederse, de conformidad con la legislación nacional, al embargo preventivo y decomiso de equipos y beneficios (o activos de valor equivalente) en relación con delitos graves contra el medio ambiente;

b) los delitos graves contra el medio ambiente se contemplen en las disposiciones nacionales encaminadas a dar cumplimiento al Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, de 8 de noviembre de 1990;

c) toda persona condenada por un delito grave contra el medio ambiente pueda ser castigada con pena de prohibición o inhabilitación para ejercer actividades que requieran autorización o aprobación oficial si los hechos probados demuestran que existe un riesgo claro de que la situación o actividad se preste a abusos;

d) toda persona condenada por un delito grave contra el medio ambiente pueda ser castigada, si concurren circunstancias especiales que lo hagan necesario, con pena de inhabilitación para otra actividad o para crear, gestionar o ser administrador de una sociedad de responsabilidad limitada, compañía o asociación que requiera aprobación oficial especial o un fondo, en las condiciones contempladas en la letra c); y

e) los delitos graves contra el medio ambiente sean objeto de normas efectivas de indemnización por daños y de normas sobre rehabilitación del medio ambiente con arreglo a la legislación nacional.

Artículo 3

Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que, además de la aplicación normal de medidas coercitivas como el seguimiento y el embargo preventivo, las autoridades policiales y judiciales dispongan de atribuciones y métodos de investigación que les permitan investigar y perseguir eficazmente los delitos graves contra el medio ambiente, respetando las garantías jurídicas pertinentes.

Artículo 4

1. Cada Estado miembro garantizará que sus autoridades tengan jurisdicción sobre los delitos graves contra el medio ambiente cometidos:

a) total o parcialmente en su territorio, incluso en los buques que estén registrados en él;

b) por personas físicas nacionales del Estado miembro o que tengan residencia permanente en él;

c) por personas jurídicas cuya sede esté en su territorio.

2. Si el delito penal se ha cometido en el territorio de otro Estado miembro, la jurisdicción de las autoridades nacionales podrá estar supeditada, en los casos contemplados en las letras b) y c) del apartado 1 del presente artículo, a la condición de que los hechos de que se trate estén tipificados también como delito penal en la legislación aplicable en el otro Estado.

3. Cada Estado miembro garantizará que sus autoridades tengan jurisdicción sobre los delitos graves contra el medio ambiente que afecten a su territorio o cometidos con la intención de que afecten a su territorio.

Artículo 5

Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar la adecuada coordinación de las actividades que realicen las autoridades nacionales competentes para combatir los delitos graves contra el medio ambiente. En función de la estructura administrativa y del ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate, podrá participar en esa coordinación nacional, regional o local, por ejemplo, ministerios, la fiscalía, la policía y las autoridades responsables del medio ambiente.

Artículo 6

1. Los Estados miembros cooperarán en toda la medida de lo posible en la investigación y persecución de los delitos graves contra el medio ambiente.

2. Los Estados miembros que hayan formulado reservas o declaraciones con arreglo al artículo 5 del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, de 20 de abril de 1959, estudiarán si tales reservas o declaraciones dificultan el establecimiento de una cooperación efectiva con los demás Estados miembros para combatir los delitos graves contra el medio ambiente y, en caso afirmativo, limitarán el alcance de las reservas o declaraciones en relación con los demás Estados miembros.

3. Los Estados miembros garantizarán, de conformidad con los Acuerdos, Convenios y demás instrumentos vigentes, una tramitación rápida de las comisiones rogatorias relativas a delitos graves contra el medio ambiente y mantendrán informado al Estado requirente de la evolución del asunto de que se trate y de todo problema que pueda plantear la tramitación de la comisión rogatoria.

4. Cuando corresponda, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las autoridades locales competentes puedan cursar y recibir directamente comisiones rogatorias.

Artículo 7

1. Los Estados miembros se prestarán mutuamente la mayor asistencia posible, de conformidad con la legislación nacional y con los convenios y acuerdos internacionales pertinentes, en lo que respecta al intercambio de información sobre delitos graves contra el medio ambiente, incluida la información que tenga carácter administrativo o sea competencia de las autoridades administrativas.

2. Cada Estado miembro, de conformidad con la legislación nacional, remitirá motu proprio información concreta sobre delitos graves contra el medio ambiente a otro Estado miembro si considera que procede facilitar dicha información para que se inicie o se lleve a cabo una investigación o proceso penal en el Estado destinatario.

3. Cuando un Estado miembro necesite información para tomar medidas de descontaminación o de prevención, o bien para obtener pruebas o realizar detenciones en relación con delitos graves contra el medio ambiente, los Estados miembros que tengan información pertinente sobre tales delitos se la remitirán inmediatamente, sin dilaciones injustificadas. Dicha información podrá transmitirse, según las circunstancias del caso, a través de los puntos nacionales de contacto designados con arreglo al artículo 9.

Artículo 8

1. Cada Estado miembro garantizará que puedan transmitirse a los demás Estados miembros los procedimientos penales a que den lugar los delitos graves el medio ambiente, de conformidad con el Convenio europeo sobre transmisión de procedimientos en materia penal, de 15 de mayo de 1972.

2. Cada Estado miembro garantizará que puedan ejecutarse las sanciones penales de conformidad con los principios establecidos en el Convenio Europeo sobre la validez internacional de las sentencias penales, de 28 de mayo de 1970.

Artículo 9

1. Cada Estado miembro designará uno o varios puntos de contacto para la recogida y el intercambio con los demás Estados miembros de información sobre delitos graves contra el medio ambiente.

Cuando el punto de contacto de un Estado miembro no pueda responder directamente a una solicitud o ejecutar una petición de un Estado miembro, estará facultado para remitir la solicitud o petición a la autoridad correspondiente de su país. Al menos uno de los puntos de contacto de cada Estado miembro deberá estar disponible las veinticuatro horas del día.

2. La Secretaría General del Consejo preparará una lista de los puntos de contacto de cada Estado miembro y la mantendrá actualizada. Dicha lista se distribuirá a todos los Estados miembros. Este cometido se asignará a Europol en caso de que, para alcanzar los objetivos fijados en el apartado 1 del artículo 2 del Convenio Europol, se decidiera incluir en el mandato de la Oficina los delitos contra el medio ambiente.

Artículo 10

1. La Secretaría General del Consejo, denominada en lo sucesivo "el depositario del registro", se encargará de la preparación, custodia y difusión de un registro de competencias y conocimientos especializados para combatir los delitos graves contra el medio ambiente, denominada en lo sucesivo "el registro".

2. La labor contemplada en el apartado 1 se asignará a Europol en caso de que, para alcanzar los objetivos fijados en el apartado 1 del artículo 2 del Convenio Europol, se atribuya competencia a Europol.

Artículo 11

1. Los Estados miembros remitirán al depositario del registro su contribución a dicho registro.

2. El depositario del registro compilará el registro basándose en la aportación de los Estados miembros.

3. El depositario se ocupará de que todos los cambios o complementos del registro basados en información adicional facilitada por los Estados miembros se incluyan debidamente en él y se notifiquen a los Estados miembros.

Artículo 12

1. Cada Estado miembro contribuirá a la formación del registro con información sobre los conocimientos técnicos, competencias o aptitudes especiales que haya adquirido en relación con la lucha contra los delitos graves contra el medio ambiente y que, a su juicio, deba estar a disposición de todos los demás Estados miembros.

2. La contribución aportada por los Estados miembros deberá ofrecer, como mínimo, una descripción suficientemente detallada de los distintos tipos de conocimientos técnicos, competencias o aptitudes especiales, de modo que los organismos competentes de los demás Estados miembros puedan determinar si esa información es pertinente a efectos de la realización de sus operaciones para combatir los delitos graves contra el medio ambiente. La información comunicada por los Estados miembros especificará asimismo de qué forma puede accederse con rapidez a la fuente de conocimientos técnicos de que se trate.

3. Será competencia de los Estados miembros el velar por que la información comunicada se actualice cuando corresponda.

4. Los Estados miembros podrán pedir en cualquier momento que se incluyan nuevos datos en el registro o que se supriman datos anteriormente comunicados.

5. El registro no podrá incluir más datos personales que los nombres y direcciones o números de teléfono necesarios para que el sistema funcione.

Artículo 13

1. Cada Estado miembro tendrá un ejemplar del registro o posibilidad de acceder a él. Cuando los organismos competentes de un Estado miembro deseen hacer uso de los conocimientos técnicos, competencias o aptitudes especiales recogidos en el registro, deberán ponerse en contacto directamente con el Estado miembro que haya facilitado la información correspondiente.

2. Los Estados miembros interesados convendrán directamente entre sí las condiciones en que podrá hacerse uso de los conocimientos técnicos, competencias o aptitudes especiales recogidos en el registro; no podrá entenderse en ningún caso que la inclusión de un dato en el registro da automáticamente derecho a utilizarlo.

Artículo 14

Cada Estado miembro velará, de conformidad con la legislación nacional, por tomar cuanto antes, y a más tardar el 1 de enero de 2000, todas las medidas necesarias para proceder a la firma del Convenio de 1998. Garantizará que, a más tardar el 1 de enero de 2001, el Parlamento nacional tenga ante sí propuestas de ratificación del Convenio de 1998. Al ratificar dicho Convenio, los Estados miembros procurarán en la medida de lo posible no formular ninguna reserva al respecto.

Artículo 15

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Decisión marco a más tardar a finales del año 2000.

2. Los Estados miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo el texto de las disposiciones de transposición al derecho nacional de las obligaciones que impone la presente Decisión marco. El Consejo evaluará antes del 30 de junio de 2001, sobre la base de la información recogida por la Secretaría General del Consejo, si los Estados miembros han dado cumplimiento a lo dispuesto en la presente Decisión marco.

Artículo 16

La presente Decisión marco entrará marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en ...

Por el Consejo

El Presidente

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