INFORME ANUAL 1997 (98/C 380/01)

Estrasburgo, 20 de abril de 1998

SEÑOR JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Presidente

Parlamento Europeo

rue Wiertz

B-1047 Bruselas

Señor Presidente:

De conformidad con el apartado 1 del artículo 138 E del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el apartado 8 del artículo 3 de la Decisión del Parlamento Europeo sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, le adjunto mi informe relativo al año 1997.

Jacob SÖDERMANN

Defensor del Pueblo Europeo

>SITIO PARA UN CUADRO>

1. PRÓLOGO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO

Este Informe constituye el tercer Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo, si bien es sólo el segundo que cubre un año completo de actividad. Si bien la institución se encuentra todavía en una fase relativamente temprana de su desarrollo, en 1997 conseguimos ya aumentar el número de investigaciones de oficio, archivar más asuntos con decisiones motivadas e incrementar el número de soluciones positivas para los demandantes. Asimismo, se propusieron y aceptaron tres soluciones amistosas, y se presentó el primer Informe especial al Parlamento Europeo.

En el curso de este año se pudo inaugurar, con una modesta celebración, la principal oficina en Estrasburgo, además de abrir una delegación en Bruselas. De conformidad con el artículo 14 de su Estatuto, el Defensor del Pueblo adoptó las normas de ejecución y se constituyó una red de funcionarios de enlace para la coordinación con las oficinas de los Defensores del Pueblo nacionales y organismos similares en los Estados miembros.

INFORMAR A LOS CIUDADANOS SOBRE EL DERECHO A PRESENTAR RECLAMACIONES

Desde que inicié mi labor como Defensor del Pueblo Europeo el 1 de septiembre de 1995, he consagrado una considerable parte de mi tiempo a informar a los ciudadanos europeos sobre su derecho a presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo, sobre las situaciones en las que es adecuado presentar una reclamación y sobre la forma en que debe hacerse. Con el fin de potenciar un mejor conocimiento por parte de los ciudadanos, he establecido contactos y cauces de cooperación regulares con las oficinas de los Defensores del Pueblo nacionales y organismos análogos, con las oficinas de información del Parlamento Europeo y con las representaciones de la Comisión Europea en los Estados miembros. En todas estas entidades nuestro material informativo, incluido el formulario para presentar reclamaciones, se encuentra a disposición del público. Todas ellas han mostrado una positiva disposición a cooperar en todo momento.

Para facilitar una información más rápida y eficaz a los ciudadanos, hemos abierto también una página en Internet, accesible desde la del Parlamento Europeo, donde se ofrece información general sobre el derecho a presentar reclamaciones y sobre nuestras actividades. También se ha transmitido información a la prensa europea sobre las decisiones o iniciativas de interés general y presentado la labor del Defensor del Pueblo en una serie de publicaciones periódicas especializadas.

He visitado, además, los Estados miembros con objeto de difundir la labor del Defensor del Pueblo. Sólo queda un Estado miembro por visitar, que es Portugal, aunque he previsto mi visita al mismo en abril de 1998, en cooperación con la Oficina de Información del Parlamento Europeo en Lisboa y la Oficina del Defensor del Pueblo portugués.

Las estadísticas que muestran el número de reclamaciones en relación con la población de cada Estado miembro permiten formarse una primera idea sobre la recepción de la campaña de información (véase el apéndice A). Pueden deducirse de las mismas algunas diferencias significativas. Dejando aparte países como Bélgica, Luxemburgo y Finlandia, cuyos casos exigen una explicación específica, parece que entre los Estados más pequeños Irlanda se encuentra bien informada, mientras que se han recibido menos reclamaciones de Austria y Suecia. Por lo que se refiere a los países grandes, la campaña de información tuvo éxito en España y Francia, si bien fue relativo en Alemania e Italia.

A nivel general, se presentaron 1 181 nuevas reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo durante 1997. Estas cifras representan un incremento del 40 % respecto del total de 842 nuevas reclamaciones recibidas en 1996. También se registró un incremento en el número de reclamaciones admisibles, aunque éste ha sido claramente menos pronunciado.

Todavía hay mucho por hacer en el campo de la información. Puedo suponer que el Parlamento Europeo y la Comisión de peticiones tienen el mismo problema a la hora de promover el conocimiento del derecho de petición. La diferencia radica en que, en razón a las relativas limitaciones de mi mandato, que está confinado a las actividades de las instituciones y órganos comunitarios, he debido centrar mi mensaje hacia aquellas personas con problemas derivados del funcionamiento de la administración europea, en vez de promover campañas generales. A lo largo de 1998, la campaña de información del Defensor del Pueblo se concentrará en ciudadanos y entidades que tienen trato con la administración de la Comunidad Europea. Se dedicarán más esfuerzos a explotar las posibilidades de utilización de Internet tanto para comunicar directamente con los ciudadanos como para facilitar a las oficinas de información y organizaciones europeas información sobre el derecho a reclamar ante el Defensor del Pueblo. Asimismo, parece importante un enfoque más regionalizado en aquellos Estados miembros con una estructura descentralizada. Esta actividad de información también podría utilizarse para difundir información sobre el derecho de petición de los ciudadanos al Parlamento Europeo.

INICIATIVAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

El artículo 138 E del Tratado brinda al Defensor del Pueblo la posibilidad de realizar investigaciones tanto de oficio, como en respuesta a reclamaciones. Dentro de los límites de mi mandato, he hecho uso de esta primera competencia para promover la transparencia en la Unión, al iniciar tres investigaciones de oficio sobre asuntos en los que una serie de reclamaciones sugerían un descontento más generalizado entre los ciudadanos.

La investigación de oficio de los procedimientos utilizados por la Comisión Europea para tramitar quejas de los ciudadanos sobre infracciones del Derecho comunitario por los Estados miembros se inició y archivó durante 1997, siendo recogida en este informe (véase el capítulo 3). El Parlamento acogió con satisfacción este informe de oficio en su Resolución relativa al XIV Informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (ponente Astrid Thors).

Otra investigación de oficio encaminada a fomentar una mayor transparencia se refiere a los procedimientos de contratación de personal utilizados por las instituciones comunitarias. Esta investigación se inició en noviembre de 1997 y se encuentra todavía en curso.

Por último, hay que mencionar la investigación de oficio sobre el acceso público a los documentos, que inicié en junio de 1996. Con fecha de 20 de diciembre de 1996, formulé proyectos de recomendación a 14 instituciones y órganos comunitarios para que adoptasen y pusiesen a disposición de la opinión pública normas relativas al acceso público a los documentos. El proyecto de recomendaciones y los motivos en que se basaban se explicaban detalladamente en el Informe anual relativo a 1996.

Las respuestas de las instituciones y órganos interesados al proyecto de recomendaciones fueron objeto del Informe especial del Defensor del Pueblo al Parlamento Europeo que sometí al Presidente del Parlamento, Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, el 15 de diciembre de 1997. Por tratarse del primer Informe especial de conformidad con el Estatuto del Defensor del Pueblo, propuse que se tramitase por un procedimiento análogo al aplicado al Informe anual.

Para garantizar una respuesta coherente y eficaz a la labor del Defensor del Pueblo, sería de máxima importancia que la comisión parlamentaria competente para las relaciones con el Defensor del Pueblo se ocupara también de todos los informes que éste someta al Parlamento Europeo de acuerdo con su Estatuto. Si son necesarias consultas especializadas en relación con un informe especial, éstas podrían recabarse en su debida forma, por ejemplo, solicitando opinión a otra comisión. Para evitar confusiones, sería conveniente que el Parlamento estudiase una puntualización de su Reglamento que detallara la tramitación de los informes anuales y especiales del Defensor del Pueblo.

RESULTADOS

Cada año de funcionamiento de la Secretaría del Defensor del Pueblo Europeo ha brindado resultados más positivos para los ciudadanos. Este año ha aumentado el número de asuntos resueltos por las instituciones y se han alcanzado las primeras soluciones amistosas. En este aspecto se debe seguir avanzando durante el próximo año, antes de que los resultados puedan considerarse satisfactorios. La creación de una delegación en Bruselas facilitará las actividades de inspección de documentos y de negociación de soluciones amistosas, que exigen una gran inversión de tiempo. La adopción y publicación de un código de conducta sobre buen comportamiento administrativo elevaría indudablemente la calidad de las prácticas administrativas de las instituciones y mejoraría sus relaciones con los ciudadanos europeos.

Aunque la Oficina consiguió decidir rápidamente sobre la admisibilidad de nuevas reclamaciones, asesorando a los demandantes, en su caso, para que reclamasen ante otros órganos competentes, y si bien también consiguió abordar muchos más asuntos admisibles e iniciar más investigaciones por propia iniciativa, se ha acumulado un cierto retraso a la hora de tramitar algunas reclamaciones admisibles.

El objetivo debe ser realizar las investigaciones necesarias sobre una reclamación e informar al ciudadano sobre el resultado en el plazo de un año, a menos que concurran circunstancias especiales que exijan una investigación más prolongada. A finales de 1997, había unos 30 asuntos en los que este objetivo no se había conseguido, en parte porque la fase inicial había exigido más trabajo administrativo del esperado, pero también por la necesidad objetiva de una mayor dotación de personal. Esta necesidad se ve acentuada, además, por las nuevas competencias que el Tratado de Amsterdam va a suponer para el Defensor del Pueblo Europeo. Espero que el problema encuentre una adecuada solución en el procedimiento presupuestario correspondiente a los ejercicios 1999 y 2000.

En su resolución sobre el Informe anual del Defensor del Pueblo relativo a 1996, el Parlamento Europeo expresó la necesidad de definir el concepto de «mala administración». El Defensor del Pueblo asumió esa obligación y una definición que tiene en cuenta la experiencia de los Defensores del Pueblo nacionales y órganos análogos en los Estados miembros se incluye en el capítulo 2 del presente Informe anual.

La atmósfera positiva y cooperativa a la que he hecho referencia en anteriores Informes anuales prosiguió durante 1997 y hago votos para que los ciudadanos europeos puedan beneficiarse de una administración europea más abierta y humana.

Jacob SÖDERMAN

2. RECLAMACIONES PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO

El cometido más importante del Defensor del Pueblo europeo es hacer frente a la mala administración en la actuación de las instituciones y órganos comunitarios. El Defensor del Pueblo conoce de los presuntos casos de mala administración fundamentalmente a través de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos europeos. El Defensor del Pueblo tiene asimismo la posibilidad de llevar a cabo investigaciones de oficio.

Todos los ciudadanos de la Unión o los no ciudadanos residentes en un Estado miembro pueden presentar una reclamación al Defensor del Pueblo. También pueden presentar reclamaciones las empresas, asociaciones u otros organismos que dispongan de una oficina registrada en el territorio de la Unión. Las reclamaciones pueden presentarse al Defensor del Pueblo directamente o a través de un diputado del Parlamento Europeo.

El examen de las reclamaciones al Defensor del Pueblo tienen carácter público, a no ser que el demandante solicite la confidencialidad. Es importante que el Defensor del Pueblo pueda actuar con tanta apertura y transparencia como sea posible, para que los ciudadanos europeos puedan seguir y comprender su trabajo, y para servir de ejemplo para otros.

En 1997, el Defensor del Pueblo se ocupó de 1 412 casos. De ellos, 1 181 eran nuevas reclamaciones recibidas en 1997. Y de éstas, 1 067 provenían directamente de ciudadanos particulares, 57, de asociaciones y 38, de empresas. 17 reclamaciones fueron transmitidas por diputados del Parlamento Europeo. 227 casos venían tramitándose desde el año 1996. El Defensor del Pueblo inició además 4 investigaciones de oficio.

Como se señaló por primera vez en el Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 1995, existe un acuerdo entre la Comisión de peticiones y el Defensor del Pueblo sobre la remisión mutua de reclamaciones y peticiones, cuando así procede. En 1997, fueron remitidas 2 peticiones al Defensor del Pueblo, con la conformidad de los peticionarios para que fueran tramitadas como reclamaciones. Se remitieron 13 reclamaciones, con la conformidad de los demandantes, al Parlamento Europeo para su tramitación como peticiones. Además, en 86 casos el Defensor del Pueblo aconsejó al demandante que presentara una petición al Parlamento Europeo (véase el anexo A, «Estadísticas»).

2.1. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

El Defensor del Pueblo desempeña su trabajo de conformidad con el artículo 138 E del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y con el Estatuto del Defensor del Pueblo (1). El artículo 14 del Estatuto dispone que el Defensor del Pueblo deberá adoptar las normas de ejecución. En razón de la limitada experiencia sobre el funcionamiento de la Secretaría del Defensor del Pueblo de la que se disponía en 1996, las normas de ejecución se adoptaron en principio con carácter indicativo y transitorio en septiembre de 1996. El Defensor del Pueblo informó a la Comisión de peticiones y a la Comisión de reglamento del Parlamento Europeo de la adopción de normas de ejecución con carácter indicativo y transitorio, así como que las normas de ejecución definitivas se adoptarían en el curso de 1997.

El 16 de octubre de 1997, el Defensor del Pueblo adoptó unas normas de ejecución oficiales y definitivas que entraron en vigor el 1 de enero de 1998, informándose de ello a la Comisión de Peticiones y a la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo. Estas medidas están publicadas en todos los idiomas oficiales en la página de Internet del Defensor del Pueblo (http://www.euro-ombudsman-eu.int), pudiéndose así mismo obtener directamente en la Secretaría del Defensor del Pueblo. En el Diario Oficial se publicó una nota sobre cuestiones relativas a la adopción y publicación de las normas de ejecución.

Las normas de ejecución afectan al funcionamiento interno de la Secretaría del Defensor del Pueblo. Sin embargo, con el fin de que constituyan un documento comprensible y útil para todos los ciudadanos, incluyen también cierta información relativa a otras instituciones y órganos, que ya se recogía en el Estatuto del Defensor del Pueblo.

El artículo 13 de las normas de ejecución revisa y consolida las normas relativas al acceso del público a los documentos en poder del Defensor del Pueblo. Anteriormente, las normas relativas al acceso a documentos relacionados con las reclamaciones se recogían en las normas de ejecución provisionales e indicativas, mientras que las normas sobre el acceso del público a otros documentos estaban incluidas en una decisión separada del Defensor del Pueblo, de 24 de marzo de 1997.

En 1997, la Comisión de Reglamento propuso enmiendas al artículo 161 (ponente, Sr. Brian CROWLEY). El Defensor del Pueblo asistió a la reunión de la Comisión el 24 de septiembre en la que se examinaron las enmiendas propuestas. El informe de la Comisión de Reglamento sobre la enmienda al artículo 161 del Reglamento del Parlamento, aprobado por unanimidad por la Comisión en su reunión de 4 de noviembre de 1997, no fue examinado en el Pleno en 1997.

El Reglamento del Parlamento no recoge disposiciones específicas sobre el modo en que el Parlamento debe tramitar el informe anual y los informes especiales del Defensor del Pueblo. Si se considera necesario incorporar disposiciones en este sentido, el Defensor del Pueblo está dispuesto a presentar una propuesta al respecto, como establece el apartado 1 del artículo 161 del Reglamento.

2.2. TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES

Todas las reclamaciones enviadas al Defensor del Pueblo son registradas, acusándose posteriormente recibo de las mismas. En el acuse de recibo se informa al demandante del procedimiento de examen de su reclamación y se incluye el nombre y el número de teléfono del jurista responsable. El siguiente paso es la comprobación que la reclamación entra dentro del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo.

2.2.1. ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

El ámbito de competencias del Defensor del Pueblo, delimitado por el artículo 138 E del Tratado CE, le faculta para la tramitación de reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga una sede registrada en un Estado miembro, en relación con casos de mala administración de las instituciones y órganos comunitarios, con la excepción del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En consecuencia, una reclamación quedará fuera de su ámbito de competencias si

1) el demandante no es una persona capacitada para presentar la reclamación;

2) la reclamación no se dirige contra una institución u órgano comunitario;

3) la reclamación se dirige contra el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, o

4) la reclamación no se refiere a un presunto caso de mala administración.

¿Quién tiene derecho a presentar una reclamación?

Un ciudadano turco residente en Estados Unidos presentó una reclamación al Defensor del Pueblo en relación con el trato aplicado por la Comisión Europea a la solicitud de adhesión de Turquía a la Unión Europea.

Teniendo en cuenta que la reclamación no provenía ni de un ciudadano de la Unión ni de un residente en un Estado miembro de la Unión, quedaba al margen del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo propuso al demandante que escribiera directamente al Comisario responsable para tratar la cuestión y le informó de la dirección a la que podía enviar la correspondencia.

(1017/97/OV)

Un ciudadano marroquí escribió al Defensor del Pueblo desde una dirección de Marruecos para presentar una reclamación por haber sido expulsado de Francia, sin audiencia judicial, a raíz de que el Prefecto de París le retirara el permiso de residencia.

Puesto que la reclamación provenía de una persona que no era ciudadana de la Unión ni residente en un Estado miembro, quedaba fuera del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo informó al demandante en términos generales de las condiciones necesarias para la tramitación de un asunto por la Comisión Europea de Derechos Humanos.

Nota: Aunque el demandante hubiera continuado residiendo en Francia, la reclamación habría quedado fuera del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo por no estar dirigida contra una institución u órgano comunitario.

(978/97/XD)

Ejemplos de reclamaciones no dirigidas contra una institución u órgano comunitario

Un ciudadano del Reino Unido solicitó apoyo a un Centro de empresa e innovación para un proyecto de creación de una empresa. En su reclamación al Defensor del Pueblo, se quejaba de que la solicitud no había dado resultado por irregularidades en su tramitación por el Centro.

El Centro de empresa e innovación contra el que se dirigía la reclamación forma parte de la Red europea de centros de empresa e innovación, consistente en diferentes centros de empresa de la Comunidad. La Comunidad apoya la creación y el desarrollo de estos centros con asistencia financiera y técnica. Sin embargo, los propios centros se basan en asociaciones del sector público y el sector privado formadas por entes como autoridades locales, cámaras de comercio, asociaciones profesionales, sindicatos, entidades financieras, universidades, centros de investigación, empresas y asociaciones locales de intereses de este tipo. La Comisión no está representada en sus órganos de gobierno.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo informó al demandante de que los centros de empresa de la Red europea de centros de empresa e innovación no son instituciones u órganos comunitarios.

(Reclamación 947/97/HMA)

Una antigua empleada del Laboratorio europeo de biología molecular presentó una reclamación al Defensor del Pueblo en relación con el Laboratorio. La demandante alegaba que había sido objeto de malos tratos y acoso y que había sufrido lesiones por la falta de medidas de seguridad en el lugar de trabajo.

El Laboratorio se creó en el contexto de la Conferencia europea de biología molecular de la que son miembros 16 países. El Acuerdo de fundación del Laboratorio de 1973 fue firmado inicialmente por diez Estados: Austria, Dinamarca, Francia, la República Federal de Alemania, Israel, Italia, los Países Bajos, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Es decir, el laboratorio no se constituyó en virtud de los Tratados comunitarios, ni mediante un acto adoptado por las instituciones comunitarias, y su financiación tampoco es comunitaria.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo informó a la demandante de que el Laboratorio no es una institución u órgano comunitario.

(Reclamación 374/15.01.96/MV/UK/PD)

Un funcionario de la Comisión Europea presentó una reclamación al Defensor del Pueblo acerca de la Escuela Europea de Woluwe (Bruselas)

La reclamación se refería a las decisiones tomadas en relación con su hijo por el consejo de la clase y el Consejo de disciplina de la Escuela. El demandante alegaba que no existía un derecho de defensa ni del estudiante ni de sus padres. Criticaba también el sistema de recurso de la Escuela Europea ya que era injusto, en su opinión, que el Consejo de la clase tratara los recursos contra sus propias decisiones.

El Defensor del Pueblo decidió que la reclamación quedaba fuera de su ámbito de competencias por no estar dirigida contra una institución u órgano comunitario. Aunque la Comisión tiene cierta responsabilidad porque está representada en el Consejo Superior de las Escuelas Europeas y proporciona buena parte del presupuesto, no puede considerársela responsable de cuestiones administrativas internas.

(Reclamación 989/97/OV)

Otra cuestión relativa a la competencia del Defensor del Pueblo fue planteada por seis reclamaciones contra el Consejo presentadas por el periodista británico Tony Bunyan, en nombre de la organización no gubernamental «Statewatch», en noviembre y diciembre de 1996. Las reclamaciones se referían a las respuestas del Consejo a las peticiones del Sr. Bunyan de acceso a documentos relacionados con actividades del «tercer pilar» («tercer pilar» es el término empleado para designar la cooperación en los ámbitos de la Justicia y los Asuntos Interiores contemplada en el título VI del Tratado de la Unión Europea).

Tras establecer que las seis reclamaciones quedaban dentro de su ámbito de competencias, eran admisibles y que existían razones para llevar a cabo una investigación, el Defensor del Pueblo transmitió las reclamaciones al Consejo en enero de 1997. En marzo de 1997, el Consejo remitió una respuesta en la que contestaba la competencia del Defensor del Pueblo para tramitar estas reclamaciones.

El 15 de abril de 1997, el Defensor del Pueblo se dirigió por escrito al Consejo para confirmar su primera decisión por la que las reclamaciones incidían en su ámbito de competencias, reiterando su petición de que se elaborara un informe motivado sobre el fondo de las mismas. El 20 de junio de 1997, el Consejo atendió la petición del Defensor del Pueblo (2).

La afirmación del Consejo de que el Defensor del Pueblo carecía de competencias para tratar las reclamaciones del Sr. Bunyan parecía apoyarse en dos premisas:

1) el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo no comprende las acciones del Consejo en el ámbito del tercer pilar;

2) el objeto de las reclamaciones estaba relacionado con acciones decididas por el Consejo en el marco del tercer pilar.

Al confirmar su decisión inicial de que era competente para tramitar las reclamaciones, el Defensor del Pueblo expuso que la segunda de las premisas mencionadas era incorrecta. Por consiguiente, no había necesidad de que se pronunciara sobre la primera de ellas.

El Defensor del Pueblo recordó que las reclamaciones hacían referencia a la respuesta del Consejo a las solicitudes de acceso a documentos. Las solicitudes se habían hecho en virtud de la Decisión del Consejo sobre el acceso del público a los documentos de su producción (3) y el Consejo las había tramitado pretendidamente en aplicación de dicha Decisión. La Decisión sobre el acceso del público a los documentos del Consejo se había tomado de conformidad con el artículo 151 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El Tribunal de Justicia había confirmado en su sentencia Países Bajos contra Consejo (4) que la Decisión, como Derecho comunitario, tiene efectos legales vinculantes para terceros.

El Tribunal de Primera Instancia interpretó y aplicó la Decisión en el asunto Carvel and Guardian Newspapers contra Consejo (5). El asunto tenía relación, entre otras, con el acceso a documentos relacionados con medidas decididas por el Consejo en el ámbito del tercer pilar.

Teniendo en cuenta las limitaciones de la competencia del Tribunal de Justicia impuestas por el artículo L del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Primera Instancia no habría sido competente para tratar este aspecto del asunto Carvel si el acceso a los documentos del Consejo relacionado con medidas del tercer pilar fuera en sí mismo un asunto del tercer pilar. El Tribunal, no obstante, se consideró competente en este asunto.

La interpretación y la aplicación correctas de la Decisión del Consejo sobre el acceso del público a los documentos del Consejo es, por consiguiente, una cuestión de Derecho comunitario y no una cuestión tratada en el tercer pilar, incluso en el supuesto de que los documentos en cuestión se refieran a medidas del tercer pilar.

El concepto de mala administración

En su Resolución sobre el Informe anual del Defensor del Pueblo de 1996, el Parlamento Europeo alentaba al Defensor del Pueblo a que hiciera pleno uso de las competencias que le conferían los Tratados para tratar los casos de mala administración en la actuación de las instituciones u órganos comunitarios.

La Resolución también hacía referencia en este contexto a la necesidad de una definición clara del concepto de mala administración.

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea no define la mala administración. Con ocasión de la aprobación por el Parlamento de la Resolución mencionada, el Defensor del Pueblo se comprometió a facilitar una definición más precisa en su informe anual para 1997.

En el Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 1995, se explicaba la noción de mala administración del modo siguiente:

Es evidente que podremos hablar de mala administración si una institución u órgano comunitario incumple los Tratados y los actos comunitarios vinculantes o si no respeta las regulaciones y principios de derecho establecidos por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia.

Por ejemplo, el Defensor del Pueblo europeo ha de tener en cuenta la exigencia contemplada en el artículo F del Tratado de la Unión Europea por el cual las instituciones y órganos comunitarios han de respetar los derechos fundamentales.

La mala administración engloba otras muchas prácticas como, por ejemplo:

- irregularidades administrativas,

- omisiones administrativas,

- abusos de autoridad,

- negligencias,

- procedimientos ilícitos,

- agravios comparativos,

- casos de mal funcionamiento o incompetencia,

- discriminaciones,

- demoras injustificadas

- falta de información o negativa a facilitar información.

Esta lista no pretende ser exhaustiva. La experiencia de los Defensores del Pueblo nacionales demuestra que es mejor no intentar definir de manera rígida lo que puede constituir mala administración. En efecto, el carácter abierto de este concepto es uno de los elementos que distingue la función del Defensor del Pueblo de la de un juez.

No obstante, hay límites a la hora de definir la mala administración. Todas las reclamaciones relativas a decisiones de carácter más político que administrativo son consideradas inadmisibles, como, por ejemplo, las reclamaciones relativas a la labor política del Parlamento Europeo o de sus órganos, como decisiones de la Comisión de peticiones. Tampoco corresponde al Defensor del Pueblo examinar las cualidades de actos legislativos de las Comunidades, como Reglamentos y Directivas.

En el informe del Parlamento Europeo sobre el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 1995, se aceptó esta explicación de la noción de mala administración. También fue mencionada de manera aprobatoria en la reunión de Defensores del Pueblo nacionales de Europa celebrada en septiembre de 1997.

Con el fin de completar mediante una definición la explicación ofrecida, se pidió a los Defensores del Pueblo nacionales y órganos similares que informaran al Defensor del Pueblo del sentido dado a «mala administración» en sus Estados miembros.

Las respuestas recibidas permiten elaborar la definición siguiente de la idea fundamental de mala administración:

Se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a que ha de atenerse obligatoriamente.

Hay que hacer dos comentarios acerca de esta definición.

En primer lugar, las competencias de algunos Defensores del Pueblo nacionales están restringidas por la legislación que instituye dicha figura. Por ejemplo, la ley por la que se establece el cargo de Comisario parlamentario para la administración del Reino Unido establece que por regla general no investigará las reclamaciones que puedan ser objeto de acción judicial (6). Evidentemente, ello limita sus investigaciones sobre casos de mala administración. Sin embargo, estas restricciones no son parte integrante del significado normal de la noción de «mala administración», ya que si así fuera, no sería necesario establecerlas expresamente. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo danés, que sirvió de inspiración para la creación del cargo de Defensor del Pueblo Europeo, no conoce ninguna de estas restricciones, y en la definición del Consejo de Europa de las funciones de defensor del pueblo se incluye la comprobación de la legalidad de los actos administrativos (7).

En segundo lugar, las normas y principios específicos de obligado cumplimiento por parte de los órganos públicos varían en función del marco constitucional, jurídico y administrativo del país de que se trate. Además, las normas y principios no son estáticos. Cambian y evolucionan como producto de la actividad del legislador, los tribunales, el Defensor del Pueblo y la propia administración.

Por consiguiente, puede ser oportuno ofrecer otros comentarios sobre las normas y principios vinculantes en el contexto de la Comunidad Europea.

Estado de Derecho

La Ley es el punto de partida de la actividad de todas las instituciones y órganos creados por los Tratados europeos o en virtud de éstos. Como ha destacado el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones, la Comunidad Europea es una Comunidad de Derecho. Por lo tanto, cuando el Defensor del Pueblo europeo investiga si una institución u órgano comunitario ha actuado con arreglo a las normas y principios a que ha de atenerse obligatoriamente, su cometido primero y fundamental es determinar si ha actuado de manera ajustada a Derecho. Al desempeñar su cometido, el Defensor del Pueblo es siempre consciente del hecho de que, como exponía en el Informe anual para 1995, en la interpretación y aplicación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia es la más alta autoridad. Además, como establece el artículo 138 E del Tratado CE, el Defensor del Pueblo no puede llevar a cabo ninguna investigación si los hechos en cuestión son o han sido objeto de un procedimiento judicial.

Algunas reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo plantean cuestiones dependientes de la legislación nacional. En particular, en el caso de que una reclamación se refiera a una relación contractual vigente entre el demandante y una institución comunitaria, el contrato está regulado por las disposiciones de la ley nacional pertinente.

En muchos Estados miembros, el Defensor del Pueblo no se ocupa de controversias contractuales, bien por las características generales de dichos contratos en virtud de la legislación nacional, bien por que la Ley por la que se determinan las competencias del Defensor del Pueblo excluye expresamente los asuntos contractuales. Como se exponía en el Informe anual para 1995, parte del cometido del Defensor del Pueblo consiste en contribuir a reducir el recurso a los Tribunales mediante el fomento de soluciones amistosas y recomendaciones para evitar los procesos judiciales. El Defensor del Pueblo, por lo tanto, conoce de reclamaciones por casos de mala administración surgidos de relaciones contractuales.

Sin embargo, no trata de determinar si alguna de las partes es responsable de incumplimiento del contrato. Sólo un tribunal podría abordar esta cuestión con eficacia, al poder escuchar los argumentos de las partes, considerarlos en relación con las leyes nacionales aplicables y de ponderar los divergentes elementos de juicio de las partes sobre cuestiones de hecho en disputa. No obstante, en aras de la buena práctica administrativa, una autoridad pública inmersa en una controversia contractual con una parte privada debería en todo caso poder exponer coherentemente al Defensor del Pueblo la base jurídica de sus actuaciones y las razones en que se fundamenta su consideración de la situación contractual.

Normas y principios de la buena práctica administrativa

Lo que representan en la práctica la buena o la mala administración se concreta habitualmente caso por caso. La cuestión también puede aclararse mediante la adopción de una ley o un código de conducta en relación con la buena práctica administrativa, como se ha hecho en muchos de los Estados miembros. Una iniciativa de importancia es la tomada por Roy Perry, diputado del Parlamento Europeo, ponente para el informe de la Comisión de peticiones sobre sus deliberaciones durante el ejercicio parlamentario 1996 1997 (8), al pedir el establecimiento de un código de buena práctica administrativa para las instituciones y órganos comunitarios. El Secretario General de la Comisión Europea informó al Defensor del Pueblo en una reunión celebrada en Estrasburgo el 21 de octubre de 1997 que la Comisión había comenzado a elaborar un proyecto de código aplicable a sus funcionarios.

Hay que acoger muy favorablemente estas iniciativas. Con la publicación de un código de buena práctica administrativa se informaría a las funcionarios sobre las tareas que éstos deben prestar, y a los ciudadanos de lo que pueden razonablemente esperar. Con ello se contribuiría a elevar el nivel de calidad del trabajo administrativo, mejorándose las relaciones con los ciudadanos.

La Secretaría del Defensor del Pueblo ha contribuido a los trabajos preparatorios del Secretario General de la Comisión facilitando información y ejemplos extraídos de la experiencia de los Estados miembros y comentando los principios aplicados en las fases iniciales de la redacción del proyecto. En particular, el Defensor del Pueblo transmitió al Secretario General la Ley danesa relativa a la administración pública, y la Ley finlandesa de procedimientos administrativos de 1982; ambas contienen disposiciones detalladas relativas a cuestiones de procedimiento, incluyendo la motivación de las decisiones, el derecho a ser oído y el deber de facilitar información acerca de posibles vías de recurso.

El Defensor del Pueblo transmitió asimismo al Secretario General el Código portugués de procedimiento administrativo de 1991; el reciente proyecto de ley francés sobre las relaciones entre la administración y el público, que contiene disposiciones relativas al acuse de recibo, la obligación de transmitir la correspondencia al servicio competente, los plazos de respuesta y el derecho a presentar observaciones verbales y escritas antes de una decisión; los principios en que se basa la Carta del ciudadano del Reino Unido; listas de comprobación de la buena práctica administrativa confeccionadas por el Defensor del Pueblo de Irlanda y por el de Hong Kong, y otros materiales de interés.

Límites del concepto de mala administración

Para concluir esta sección del presente informe, podría ser de utilidad contribuir a clarificar los límites del concepto de mala administración en relación, en primer lugar, al ejercicio de las facultades administrativas discrecionales y, en segundo lugar, al trabajo político del Parlamento.

Para desempeñar las tareas administrativas encomendadas por los Tratados o en virtud de éstos, una institución u órgano comunitario puede tener autoridad legal para elegir entre dos o más líneas de actuación. Por ejemplo, si la Comisión considera que un Estado miembro no ha cumplido una obligación impuesta por el Tratado CE, siguiendo las etapas necesarias del procedimiento puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 169 del Tratado. Se trata de un poder discrecional, por lo que no se puede exigir a la Comisión que lleve una infracción ante el Tribunal de Justicia.

El Defensor del Pueblo no pretende cuestionar las decisiones administrativas discrecionales, siempre que la institución u órgano de que se trate actúe dentro de los límites de su autoridad legal. Estos límites generales a esta autoridad han venido siendo establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que requiere, por ejemplo, que las autoridades administrativas actúen con coherencia y de buena fe, eviten las discriminaciones, se atengan a los principios de proporcionalidad, equidad y expectativas legítimas y respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales (9).

Aunque el artículo 138 E del Tratado CE excluye expresamente del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Tribunal de Justicia, no se hace igual exclusión respecto a la actuación política del Parlamento Europeo. No obstante, la figura clásica del ombudsman de los países nórdicos se instituyó para supervisar la administración pública en nombre del Parlamento, no para supervisar la actuación política del Parlamento. Los Defensores del Pueblo de otros Estados miembros tampoco parecen supervisar la actuación política de sus parlamentos respectivos. Por lo tanto, aplicando un principio constitucional común a los Estados miembros, el Defensor del Pueblo europeo ha resuelto no llevar a cabo investigaciones sobre las actividades políticas del Parlamento Europeo. Esta cuestión tuvo que abordarse en la práctica, ya que la Secretaría del Defensor del Pueblo recibió pronto reclamaciones por presuntos casos de mala administración en la tramitación de peticiones de la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo. Dado que la Comisión de peticiones es un órgano político encargado del examen de peticiones concebido como uno de los cometidos políticos del Parlamento, estas reclamaciones no se consideraron comprendidas en el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo.

2.2.2. ADMISIBILIDAD DE LAS RECLAMACIONES

Una reclamación que queda bajo el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo debe cumplir, además, otros criterios de admisibilidad para que el Defensor del Pueblo pueda iniciar una investigación. Los criterios establecidos por el Estatuto del Defensor del Pueblo son los siguientes:

1) el autor de la reclamación y su objeto deben quedar patentes en la misma (apartado 2 del artículo 3 del Estatuto);

2) el Defensor del Pueblo no puede intervenir en las causas que se sigan ante los tribunales ni poner en tela de juicio la conformidad a derecho de las resoluciones judiciales (apartado 3 del artículo 1);

3) la reclamación deberá presentarse en un plazo de dos años contados desde que el demandante tuvo conocimiento de los hechos que la motivaron (apartado 4 del artículo 2);

4) previamente deberán haberse hecho gestiones administrativas adecuadas ante las instituciones u órganos de que se trate (apartado 4 del artículo 2);

5) en el caso de las reclamaciones relativas a las relaciones laborales entre las instituciones y órganos comunitarios y sus funcionarios u otros agentes, antes de la presentación de la reclamación debe de haberse agotado las posibilidades de solicitud o reclamación administrativas internas (apartado 2 del artículo 8).

Ejemplos de reclamaciones inadmisibles

En octubre de 1997, un doctor griego dedicado a la investigación en Derecho internacional y comunitario, presentó una reclamación al Defensor del Pueblo contra la Comisión Europea.

La reclamación se fundaba en los hechos siguientes. En 1990, se le había excluido por razón de nacionalidad de las oposiciones organizadas para cubrir los puestos de investigador universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad La Sapienza de Roma y del Instituto Universitario di Lingue Moderne de Milán. Presentó varias denuncias a la Comisión por cartas de marzo y junio de 1990, alegando que la exclusión de las oposiciones infringía el artículo 48 del Tratado CE. Según la reclamación presentada al Defensor del Pueblo, aunque la Comisión había respondido a sus cartas en mayo y julio de 1990, no había tomado unas medidas satisfactorias para tratar este caso de discriminación.

El Defensor del Pueblo decidió declarar inadmisible la reclamación, porque el demandante no se había puesto en contacto con la Comisión desde julio de 1990, es decir, por un período de 7 años, antes de presentar la reclamación al Defensor del Pueblo. En consecuencia, se había rebasado considerablemente el plazo de dos años establecido por el apartado 4 del artículo 2.

(Reclamación 937/97/OV)

Una empresa presentó una reclamación al Defensor del Pueblo contra la Comisión en relación a un procedimiento de licitación en el que había participado. La licitación se había efectuado por procedimiento restringido y su propósito era la prestación de servicios de transporte para la valija diplomática y otros tipos de correo.

Según la reclamación, los hechos fueron los siguientes. La Comisión invitó a la empresa a presentar una oferta antes del 29 de septiembre de 1997. Los días 10 y 24 de septiembre, la empresa solicitó algunas informaciones adicionales, así como ciertas aclaraciones sobre algunos aspectos de la documentación de la licitación. El 19 y el 25 de septiembre, la Comisión respondió que no estaba en condiciones de facilitar la información solicitada.

Según el demandante, aquellos que recibieron el anterior contrato tenían la ventaja de conocer los antecedentes. Por lo tanto, la empresa presentó una reclamación al Defensor del Pueblo, solicitando que aclarara la situación.

Aunque el demandante había entablado contacto con la Comisión durante el procedimiento de licitación, no había indicios de que hubiera comunicado a la Comisión su insatisfacción con el desarrollo o los resultados del procedimiento de licitación. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo decidió declarar inadmisible la reclamación, ya que no se habían hecho las gestiones administrativas adecuadas, en contra de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del Estatuto.

Se aconsejó a la empresa demandante que se pusiera en contacto con la Comisión, para exponer con claridad sus reservas acerca del procedimiento de licitación. Si no le satisfacía la respuesta de la Comisión, podría presentar una reclamación al Defensor del Pueblo.

(1136/97/IJH)

2.2.3. RAZONES PARA LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN

El Defensor del Pueblo puede examinar las reclamaciones que incidan en su ámbito de competencias y que cumplan los criterios de admisibilidad. El artículo 138 E del Tratado CE estipula que «el Defensor del Pueblo llevará a cabo las investigaciones que considere justificadas». En algunos casos, puede no haber razones suficientes para que el Defensor del Pueblo inicie una investigación, aunque técnicamente la reclamación sea admisible. Cuando una reclamación ha sido tramitada con anterioridad como petición por la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo ha juzgado, por lo general, que no hay razones para iniciar una investigación a menos que sean aportados nuevos elementos de juicio.

Si en una reclamación se alega simplemente que no se ha recibido respuesta a una carta, la Secretaría del Defensor del Pueblo trata de resolver el asunto mediante investigaciones telefónicas de manera oficiosa. Si la institución u órgano responsable responde con prontitud al demandante, el Defensor del Pueblo suele considerar que no hay razones para proseguir las investigaciones, por lo que se archiva el asunto.

Ejemplos de reclamaciones que no justificaban el inicio de una investigación

En julio de 1997, la Sra. S. presentó una reclamación al Defensor del Pueblo en la que alegaba que los elementos aportados a la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo por dos funcionarios de la Comisión no explicaban ni justificaban satisfactoriamente el parecer de la Comisión de que no se había cometido infracción de la Directiva 92/43/CEE relativa a los hábitats en el caso de la circunvalación de Newbury.

Puesto que el fondo de la reclamación guardaba relación con un asunto que estaba siendo tratado por la Comisión de peticiones en el marco de su examen de las peticiones relacionadas con la carretera de circunvalación de Newbury, el Defensor del Pueblo decidió que no había razones para iniciar una investigación sobre la reclamación, informándose de ello a la Sra. S.

(646/97/IJH)

El 10 de febrero de 1997, la Sra. V. presentó una reclamación al Defensor del Pueblo sobre las medidas de la Comisión en relación con la EEB (enfermedad de las «vacas locas»). Se alegaba que la Comisión había ignorado las opiniones de investigadores británicos y europeos.

El 18 de julio de 1996, el Parlamento Europeo estableció una comisión temporal de investigación, de conformidad con el artículo 138 C del TCE, para examinar el asunto de la EEB. La comisión consideró las responsabilidades de la Comisión, así como las del Consejo y el Gobierno del Reino Unido. El informe de la comisión, publicado el 7 de febrero de 1997 (10) recogía conclusiones críticas para con la Comisión y recomendaciones para el futuro.

En vista del hecho de que las responsabilidades de la Comisión en relación con la EEB ya habían sido objeto de examen por la Comisión temporal de investigación, el Defensor del Pueblo consideró que no había razones para iniciar una investigación sobre la reclamación e informó de ello a la Sra. V.

(Reclamación 143/97/JMA)

2.3. ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES

De las 2 231 reclamaciones registradas desde el principio de la actividad del Defensor del Pueblo, el 14,9 % procedían de Francia; el 14,7 %, de Alemania; el 14 %, de España; el 12,5 % del Reino Unido, y el 11 %, de Italia. En el anexo A («Estadísticas»), se proporciona un análisis completo de la procedencia geográfica de las reclamaciones.

En 1997, se completó el proceso de examen de las reclamaciones en el 97 % de los casos, comprobándose en consecuencia si éstas estaban bajo el ámbito de competencias, cumplían los criterios de admisibilidad y justificaban el inicio de una investigación. El 27 % de las reclamaciones examinadas eran de la competencia del Defensor del Pueblo. De éstas, 230 cumplían los criterios de admisibilidad, pero 34 no justificaban la apertura de una investigación. Por lo tanto, se iniciaron investigaciones en 196 casos.

La mayoría de las reclamaciones que dieron lugar a una investigación se dirigían contra la Comisión Europea (80 %). Teniendo en cuenta que la Comisión es la institución comunitaria más destacada en lo que se refiere a la toma de decisiones con repercusión directa en los ciudadanos, es lógico que sea esta institución el objeto principal de sus reclamaciones. Hubo 18 reclamaciones contra el Parlamento Europeo y 14 contra el Consejo de la Unión Europea.

Los mala administración se debió es esos casos a la falta de transparencia (60 casos), discriminación (42 casos), procedimientos insatisfactorios o no observancia del derecho de defensa (32 casos), agravio comparativo o abuso de autoridad (23 casos), demoras injustificadas y negligencia (22 casos de cada tipo), omisión de la garantía del cumplimiento de obligaciones, esto es, incumplimiento por la Comisión Europea del desempeño de su función de «guardiana de los Tratados» frente a los Estados miembros (20 casos), y errores jurídicos (14 casos).

2.4. CASOS EN LOS QUE SE ACONSEJÓ AL DEMANDANTE QUE RECURRIERA A OTROS ÓRGANOS, O BIEN SE DIO TRASLADO DIRECTAMENTE DE LOS MISMOS

Si la reclamación queda fuera del ámbito de competencias o es inadmisible, el Defensor del Pueblo trata de aconsejar al demandante, en la medida de lo posible, para que se dirija a un órgano que pueda hacerse cargo de la reclamación. Si ello es posible, el Defensor del Pueblo remite la reclamación directamente al órgano competente, con el consentimiento del demandante y siempre que la reclamación parezca estar motivada.

En 1997, se recomendó esta línea de actuación en 490 casos, la mayoría de los cuales guardaban relación con cuestiones de Derecho comunitario. En 254 casos se aconsejó al demandante que presentara su reclamación ante el correspondiente Defensor del Pueblo nacional o regional o ante un órgano similar. Además, con el consentimiento del demandante, se procedió a remitir la reclamación en 3 casos, directamente, a un Defensor del Pueblo nacional, habiéndose realizado ese traslado a un Parlamento nacional como petición en una ocasión. Se aconsejó a 86 demandantes que presentaran una petición al Parlamento Europeo, habiéndose remitido, además, 13 reclamaciones al Parlamento Europeo para que se las tramitara como peticiones, con el consentimiento del demandante. En 76 casos la sugerencia consistió en entablar contacto con la Comisión Europea. En esta cifra se incluyen algunos casos en los que una reclamación contra la Comisión se había declarado inadmisible por no haberse hecho ante esta institución las gestiones administrativas adecuadas. En 73 casos se aconsejó al demandante que recurriera a otros órganos.

2.5. DECISIONES TOMADAS A RAÍZ DE UNA INVESTIGACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Cuando el Defensor del Pueblo decide iniciar una investigación sobre una reclamación, el primer paso es transmitir la reclamación y los anexos, en su caso, a la institución u órgano comunitario afectado con el objeto de que éste elabore un informe. Una vez recibido el mismo, se remite al demandante, quien puede, si así lo desea, formular comentarios.

En algunos casos, la institución u órgano responsables toman medidas por sí mismos para resolver el asunto y dar satisfacción al demandante. Si el informe y los comentarios muestran que se ha llegado a tal situación, se archiva el asunto en tanto éste ha sido «resuelto por la institución afectada». En algunos otros casos, el demandante opta por no proseguir con su reclamación, procediéndose al archivo de la misma por esta razón.

Si la institución no resuelve la reclamación y el demandante tampoco decide desistir del procedimiento, el Defensor del Pueblo continúa sus investigaciones. Si en las investigaciones no se constata ningún caso de mala administración, se informa de ello al demandante y a la institución u órgano comunitario, archivándose el asunto.

Si en las investigaciones del Defensor del Pueblo se constata un caso de mala administración, el Defensor del Pueblo trata, en la medida de lo posible, de remediarlo y de satisfacer al demandante. En una reunión celebrada en Estrasburgo el 21 de octubre de 1997, el Defensor del Pueblo y el Secretario General de la Comisión, Carlo Trojan, acordaron que en algunos casos una reunión informal podría ser un camino adecuado para tratar de llegar a una solución amistosa en los casos en que se viera afectada la Comisión.

Si no es posible encontrar una solución amistosa, o si no se alcanzan resultados en las gestiones hacia una solución de este tipo, el Defensor del Pueblo archiva el asunto emitiendo un comentario crítico hacia la institución u órgano afectado, o procede a constatar de manera formal un caso de mala administración incluyendo proyectos de recomendación.

Se ha considerado apropiado realizar un comentario crítico en los asuntos en los que el caso de mala administración no parece tener consecuencias generalizadas y no resulta necesario un seguimiento por parte del Defensor del Pueblo.

En los casos en los que resulta necesario el seguimiento por parte del Defensor del Pueblo -a saber, en los casos más graves de mala administración, o en los casos con repercusiones generalizadas-, el Defensor del Pueblo elabora una decisión en la que se incluyen propuestas de recomendación dirigidas a la institución u órgano afectado. De conformidad con el apartado 6 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo, la institución u órgano afectado debe remitirle un informe detallado en un plazo de tres meses. El informe detallado puede consistir en la aceptación de la decisión del Defensor del Pueblo y en una descripción de las medidas tomadas para poner en práctica las recomendaciones.

Si una institución u órgano comunitario no respondiera satisfactoriamente a un proyecto de recomendación, el apartado 7 del artículo 3 del Estatuto dispone que el Defensor del Pueblo remitirá un informe al Parlamento Europeo y a la institución u órgano afectado. En el informe podrá formular recomendaciones. La posibilidad de que el Defensor del Pueblo presente al Parlamento informes especiales de este tipo es de un valor inestimable para su trabajo. Algunos Defensores del Pueblo nacionales han luchado durante largo tiempo por obtener una posibilidad comparable. Por consiguiente, no deberían presentarse informes especiales frecuentemente, sino solamente en relación con cuestiones importantes, en los casos en los que el Parlamento pueda tomar medidas para asistir al Defensor del Pueblo, de conformidad con su Estatuto.

El primer Informe especial del Defensor del Pueblo se concluyó el 15 de diciembre, tras la investigación por iniciativa propia sobre el acceso del público a los documentos de las instituciones u órganos comunitarios (véase el capitulo 4).

En 1997, el Defensor del Pueblo inició 200 investigaciones, 196, a raíz de reclamaciones y 4 de oficio.

Las propias instituciones u órganos resolvieron 16 casos. Los demandantes decidieron no proseguir con otros 2 casos. En 59 casos, las investigaciones del Defensor del Pueblo no pusieron de manifiesto mala administración.

Se dirigió un comentario crítico a la institución afectada en 21 casos. Se logró una solución amistosa en 31 casos. En 1997, no se elaboró ningún proyecto de recomendación a las instituciones u órganos afectados (para más detalles, véase el anexo A, «Estadísticas»).

3. DECISIONES TOMADAS TRAS UNA INVESTIGACIÓN

3.1. CASOS EN LOS QUE NO SE HA CONSTATADO MALA ADMINISTRACIÓN

3.1.1. PARLAMENTO EUROPEO

DECISIÓN DE DECLARACIÓN EN EXCEDENCIA FORZOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS

Decisión sobre la reclamación 483/4.3.96/DG/L/KT contra el Parlamento Europeo

Reclamación

El 27 de febrero de 1996, la Sra. G. presentó una reclamación al Defensor del Pueblo acerca de la decisión del Parlamento Europeo de declararla en excedencia forzosa de conformidad con el artículo 41 del Estatuto de los funcionarios. La Sra. G. ya había presentado una reclamación sobre el mismo asunto al Defensor del Pueblo Europeo el 12 de febrero de 1996. Esta reclamación (424/14.2.96/DG/L/KT) se consideró inadmisible porque la interesada no había agotado las vías administrativas internas (apartado 8 del artículo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo).

A principios de enero de 1996, el Parlamento Europeo informó a la Sra. G. de la decisión de declararla en excedencia forzosa. La decisión propiamente dicha estaba fechada el 21 de diciembre de 1995, con efecto a partir del 15 de diciembre de 1995

La Sra. G. envió una carta al Secretario General del Parlamento en la que contestaba que la decisión le había sido comunicada tres semanas después de haber sido adoptada y que se aplicaría con efecto retroactivo. Señalaba, además, que había sido dada de baja por enfermedad hasta febrero de 1996. La respuesta del Secretario General no satisfizo a la demandante, que presentó de nuevo su reclamación al Defensor del Pueblo Europeo.

Investigación

Observaciones del Parlamento

La reclamación fue transmitida al Parlamento Europeo. En síntesis, el Parlamento formuló las observaciones siguientes.

La Sra. G. era uno de los 34 funcionarios que expresaron su deseo de ser declarados en excedencia forzosa en julio de 1994, tras haber tenido conocimiento de la propuesta de reducir personal en aplicación del artículo 41 del Estatuto de los funcionarios. Posteriormente, no señaló ni a su servicio ni a la administración que hubiera modificado sus intenciones. No había por tanto razón alguna para pensar que la decisión de declarar a la Sra. G. en excedencia forzosas no le era sino altamente favorable.

La decisión de declarar a la Sra. G. en excedencia forzosa se tomó a finales del ejercicio, ya que la autoridad presupuestaria había decidido suprimir un máximo de 15 puestos de trabajo en el curso del programa de 1995.

En cuanto a la retroactividad de la decisión, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se vio en la necesidad de consultar a la Comisión paritaria y al Comité de informes antes de tomar la decisión referente a la excedencia forzosa de la Sra. G. Las consultas concluyeron el 15 de noviembre de 1995.

El 9 de enero de 1996, la Sra. G. solicitó que la fecha de su situación en excedencia forzosa se trasladara al 1 de marzo de 1996, con el fin de poder disfrutar de todo el período de baja por enfermedad que le había concedido su médico, comprendido entre el 24 de octubre de 1995 y el 29 de febrero de 1996.

Cuando el Parlamento tuvo conocimiento que la formulación de su cuadro de personal para el ejercicio de 1996 permitía posponer a 1996 los procedimientos del artículo 41 previstos para 1995 que estaban pendientes o no había sido utilizados, el Servicio de Personal propuso que la fecha de entrada en vigor de la decisión de declaración de la Sra. G. en excedencia forzosa se trasladara al 1 de febrero de 1996. Sin embargo, el interventor consideró que los elementos del asunto no autorizaban la modificación de la decisión inicial.

Se enviaron a la Sra. G. las observaciones del Parlamento Europeo con la indicación que presentara sus comentarios al respecto si así lo deseaba. No se ha recibido comentario alguno.

Decisión

De conformidad con el apartado 2 del artículo 41 del Estatuto de los funcionarios, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos confeccionará la lista de los funcionarios a los que habrá de declararse en excedencia forzosa. Los funcionarios que ocupen uno de los puestos de trabajo afectados por las reducciones y que expresen el deseo de ser declarados en excedencia forzosa figurarán de oficio en esta lista. Los funcionarios incluidos en la lista serán declarados en excedencia forzosa mediante decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

En razón de la información enviada al Defensor del Pueblo Europeo se desprendía que la Sra. G. había expresado su deseo de ser declarada en excedencia forzosa y que el Parlamento Europeo consideró que su decisión de hacerlo le era altamente favorable. El Defensor del Pueblo Europeo no dispone de datos que permitieran concluir que Parlamento Europeo haya cometido infracción alguna del Estatuto de los funcionarios en su tratamiento del asunto.

Resultaba asimismo que el Parlamento había atendido a la solicitud de la Sra. G. de aplazar la entrada en vigor de la decisión de declaración en excedencia forzosa, pero el interventor opinó que los elementos subyacentes no autorizaban la modificación de la decisión inicial. No se han sometido al Defensor del Pueblo Europeo indicios que cuestionen la discreción del interventor.

A la vista de los resultados de la investigación, no se constató ningún caso de mala administración, por lo que el Defensor del Pueblo Europeo decidió archivar el asunto.

TRAMITACIÓN DE UNA RECLAMACIÓN

Decisión sobre la reclamación 130/97/HMA contra el Parlamento Europeo

Reclamación

En febrero de 1997, X presentó una reclamación contra el Comité de gestión de la guardería del Parlamento Europeo. A lo largo de un período de 18 meses, el hijo de X fue mordido en 6 ocasiones por otros niños de la guardería. X sostuvo numerosas conversaciones con la directora de la guardería y con el Comité de gestión para tratar de resolver el problema. Protestó ante el Comité de administración porque la directora de la guardería no hacía nada para proteger a su hijo de nuevos mordiscos. En su opinión, el Comité de gestión no atendió debidamente sus quejas.

Las alegaciones del demandante son las siguientes:

- el Comité de gestión incurrió en negligencia al no hacer nada para proteger a niños en peligro;

- se produjo abuso de poder en forma de intimidación y amenazas. X asevera que se le indicó que, dadas las circunstancias, su futuro hijo podría no ser admitido a la guardería;

- se produjo desigualdad y discriminación, ya que se trataba mejor a los niños que mordían a los demás que a los niños que sufrían los mordiscos. X afirmó que se le dijo que estaba en total libertad para sacar a su hijo de la guardería si no estaba satisfecho con la situación;

- el Comité de gestión se negó a revelar los nombres de los niños que habían mordido al hijo de X, y en ningún momento explicó qué medidas concretas se habían tomado con relación a los niños de la guardería que mordían a los demás, y para impedir la repetición de incidentes del mismo tipo.

De conformidad con el apartado 3 del artículo 2 del Estatuto, la reclamación se clasificó como confidencial, a petición del demandante.

Investigación

Observaciones del Parlamento Europeo

La reclamación fue transmitida al Parlamento Europeo. En síntesis, el Parlamento Europeo formuló las observaciones siguientes:

No se incurrió en negligencia, pues las autoridades competentes habían examinado con detalle la reclamación. De los datos se desprende que un miembro del Comité de gestión presenció un incidente similar en la guardería y vio cómo se enfrentaban al mismo.

La alegación de intimidaciones y amenazas no tenía fundamento. No había ningún obstáculo para la admisión del futuro hijo de X en la guardería.

La alegación de abuso de poder se debía en parte a que el Comité de gestión se negó a solicitar el traslado del hijo de X a la guardería de la Comisión. Existen normas estrictas en lo referente a las solicitudes de traslado, y la única situación en que se considera fundamentada la solicitud es cuando el solicitante se encuentra bien colocado en la lista de prioridades para la admisión a la guardería y no hay plazas disponibles en las instalaciones del Parlamento. Por tanto, no se produjo abuso de poder.

La directora de la guardería facilitó al Comité de gestión explicaciones detalladas con referencia a los acontecimientos descritos, así como sobre la política del personal para enfrentarse a ellos. Sobre la base de estas explicaciones, el Comité de gestión no encontró ninguna prueba de discriminación. Según el Parlamento, en ningún momento se obligó a X a retirar a su hijo de la guardería Eastman.

El no revelar el nombre del niño que mordió al hijo de X estaba justificado. Se sigue esta política con el fin de evitar escenas violentas entre los padres en la guardería, que serían perjudiciales para todos los afectados. El asunto se trataba entre la guardería y los padres del niño que mordió al hijo de X. El Parlamento indicó que, por lo demás, se mantenía a X informado de los procedimientos y de todas las decisiones adoptadas por el Comité de gestión y la directora de la guardería. Se solicitó a X que discutiera el asunto en mayor profundidad con la directora de la guardería.

Comentarios del demandante

X observó que, aunque el Comité de gestión hubiera examinado su reclamación, ello no indicaba que no se hubiera incurrido en negligencia en lo referente a la sustancia y resultados de la investigación.

Argumentó que se le había «prohibido» tener contacto directo con los padres del niño que mordió a su hijo. Y sostuvo que la directora en ningún momento le informó de su intención de hablar con ellos, ni de las medidas concretas que había tomado para resolver el problema.

Por lo que se refiere a las amenazas, X mantuvo su posición en lo referente a la amenaza de no admitir a su futuro hijo en la guardería, dadas las circunstancias.

Decisión

En lo que se refiere a la acusación de negligencia contra el Comité de gestión, este órgano había examinado la reclamación y preguntado sobre el asunto a la directora de la guardería, realizando una investigación acorde con los principios de buena administración.

Por lo que se refiere a la alegación de abuso de poder, el Parlamento había declarado que no había ningún obstáculo para la admisión del futuro hijo del demandante a la guardería. En cuanto a la solicitud de trasladar al hijo del demandante a la guardería de la Comisión, no pareció apropiado investigar en mayor profundidad sobre la justificación de la denegación de esta solicitud, ya que, mientras tanto, se había colocado al niño en otra guardería.

Por lo que se refiere a la alegación de discriminación, se constató que la pedagogía que se sigue en la guardería se aplica a todos los niños por igual, y por tanto, no existe discriminación. No existen pruebas de que el demandante se viera obligado a sacar a su hijo de la guardería.

Por lo que se refiere a la negativa de la directora, con el apoyo del Comité de gestión, de revelar los nombres de los niños que habían mordido al hijo de X, esta negativa se basó en consideraciones pedagógicas. Al parecer, la directora de la guardería es consciente de que los padres se oponen con frecuencia a este tipo de decisión, pero prefirió que el enfado de los padres se dirigiera hacia ella que hacia otros padres y niños. Nada indica que esta decisión de naturaleza pedagógica infrinja los principios de la buena administración.

La investigación reveló que se informó al demandante de que se castigaba a los niños que mordían a los demás de acuerdo con la pedagogía que se sigue en la guardería, y de que la directora se había puesto en contacto con los padres de estos niños para resolver el problema. Se invitó al denunciante a discutir el asunto con la directora. La decisión de no revelar las medidas concretas que se habían adoptado se debió a la ética profesional. Nada indica que una decisión de naturaleza ética como esta infrinja los principios de la buena administración.

Sobre la base de las investigaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo Europeo sobre esta reclamación, no se constató ningún caso de mala administración por parte del Comité de gestión de la guardería del Parlamento Europeo. Por tanto, el Defensor del Pueblo decidió archivar el asunto.

3.1.2. PARLAMENTO EUROPEO, COMISIÓN EUROPEA, TRIBUNAL DE CUENTAS, COMITÉ DE LAS REGIONES Y COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

RECLAMACIÓN EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN POPULAR: LÍMITES DE EDAD EN LOS CONCURSOS DE RECLUTAMIENTO

Decisión sobre la reclamación 1042/25.11.96/SKTOL/FIN/BB contra la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social

Reclamación

En noviembre de 1996, el Sr. B. presentó una reclamación al Defensor del Pueblo en nombre de la Federación de oficinas de traducción finlandesas (Suomen Käännöstoimistojen Liitto r.y.) acerca de los límites de edad en los anuncios de concursos publicados por las instituciones y órganos comunitarios y, en particular, las convocatorias COM/A/1029, EUR/LA/118 y EUR/LA/119.

Según la reclamación, en opinión de los profesionales de la traducción, la práctica actual de las instituciones comunitarias discrimina a las personas por su edad y, por tanto, es contraria al principio de igualdad de trato, y, posiblemente, incluso a la Carta de las Naciones Unidas. Los traductores afirman que es tanto más desconcertante que esta práctica exista precisamente en la Unión Europea, que insiste en la libre competencia y la Europa de los ciudadanos.

El Sr. B. pidió al Defensor del Pueblo que investigase la legalidad de todos los límites de edad y que adoptase las medidas necesarias al respecto.

Investigación

La reclamación fue transmitida a las instituciones y órganos afectados.

Observaciones de la Comisión

Las observaciones de la Comisión hacen referencia en primer lugar a una nota de base que envió al Defensor del Pueblo el 31 de octubre de 1996.

Además, la Comisión indicó que la fijación de límites de edad en los concursos es una posibilidad que contempla el Estatuto de los funcionarios, que se puede aplicar con flexibilidad en función de las circunstancias y los objetivos específicos de cada concurso.

La Comisión también explicó que la aplicación de límites de edad se ha utilizado como instrumento para gestionar un elevado número de posibles candidaturas.

Por último la Comisión señaló que los límites de edad no impiden la presentación de candidaturas de mujeres. Además, los resultados de los concursos para los nuevos Estados miembros han mostrado que la edad es un factor importante en relación con la movilidad.

Observaciones del Parlamento Europeo

El Parlamento indicó que, de conformidad con el Estatuto de los funcionarios, se puede establecer un límite de edad para los candidatos a los concursos organizados por las instituciones comunitarias. Corresponde a las diversas autoridades responsables de la selección decidir, sobre la base de su propio juicio y de sólidos principios administrativos, si se justifica un límite de edad.

El Parlamento subrayó que todas las instituciones aplican límites de edad en su política de contratación. Las distintas instituciones justifican la aplicación de un límite de edad como sigue:

a) el mantenimiento de la estructura de la carrera;

b) las dificultades de establecerse en un entorno multicultural y plurilingüe lejos del hogar aumentan con la edad;

c) los problemas administrativos y financieros aumentarían con la eliminación de los límites de edad, ya que la contratación sería más laboriosa y cara, sin un aumento concomitante del número de plazas a cubrir.

Observaciones del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas se asoció a las observaciones de la Comisión transmitidas el 19 de marzo de 1997.

Comité de las Regiones y Comité Económico y Social

El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social emitieron una opinión común, asociándose a los comentarios de la Comisión transmitidos el 19 de marzo de 1997.

Decisión

1. Límites de edad en la política de reclutamiento de las instituciones comunitarias

1.1. Como regla general, todas las instituciones comunitarias aplican límites de edad para la admisión de candidatos a los concursos. Esta posibilidad se contempla en el anexo III del Estatuto de los funcionarios, y, en particular, en la letra g) de su artículo 1, que establece que la convocatoria deberá especificar, en su caso, el límite de edad y la ampliación del límite de edad para los agentes de las Comunidades que hayan completado al menos un año de servicio.

1.2. Los límites de edad pueden ampliarse, al menos para los candidatos que hayan realizado el servicio militar obligatorio, que se hayan encargado del cuidado de un hijo dependiente en edad escolar obligatoria o que sufra una minusvalía física o psíquica grave, así como para los candidatos con una minusvalía física.

1.3. Las instituciones consideran los límites de edad instrumentos importantes para garantizar la carrera de los funcionarios y el respeto de las obligaciones estatutarias. Las instituciones siguen el principio de contratar al personal en el grado inicial de su categoría, y, por tanto, cambiar este principio podría tener efectos negativos sobre la motivación y la buena gestión. Según la Comisión, la investigación muestra que cuanto mayor es el límite de edad, mayor es el desequilibrio geográfico. Además, la Comisión sostiene que la experiencia ha mostrado que participan más mujeres en los concursos generales para A8 que para A7/6.

2. La investigación por iniciativa propia del Defensor del Pueblo sobre el uso de límites de edad en la política de reclutamiento de las instituciones comunitarias

2.1. El Defensor del Pueblo ha recibido diversas reclamaciones en las que se alegan casos de mala administración por el uso de límites de edad para la contratación de personal de las instituciones comunitarias.

2.2. Las investigaciones del Defensor del Pueblo en relación con esta reclamación y otras relacionadas con el uso de los límites de edad por parte de diversas instituciones comunitarias llevaron al Defensor del Pueblo a la conclusión de la conveniencia de realizar un examen más general sobre el uso de los límites de edad.

2.3. De las reclamaciones recibidas por el Defensor del Pueblo se desprende que la práctica actual en lo que se refiere al uso de límites de edad por parte de las instituciones produce una considerable insatisfacción entre los ciudadanos europeos y, en particular, entre los ciudadanos de los nuevos Estados miembros.

2.4. De conformidad con el artículo 138 E del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Defensor del Pueblo está facultado para llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia en relación con posibles casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios. En virtud de esta disposición, el Defensor del Pueblo inició una investigación por iniciativa propia sobre el uso de los límites de edad en la contratación de funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas el 14 de julio de 1997.

Conclusión

Sobre la base de las investigaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo en relación con la presente reclamación y con otras reclamaciones contra el uso de los límites de edad, consideró justificado abrir una investigación general sobre el uso de los límites de edad.

El 14 de julio de 1997, el Defensor del Pueblo inició una investigación por iniciativa propia sobre el uso de los límites de edad en la contratación de las instituciones comunitarias. Los temas que plantea esta reclamación específica se tendrán en cuenta en la investigación por iniciativa propia. Por tanto, el Defensor del Pueblo decidió archivar el asunto.

3.1.3. CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

RECLUTAMIENTO: EXCLUSIÓN DE UN CONCURSO

Decisión sobre la reclamación 725/16.7.96/GD/FR/KH contra el Consejo

Reclamación

En julio de 1996, el Sr. D. presentó una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo acerca de su exclusión de un concurso general (C/360) organizado por el Consejo. Tras haber superado las pruebas escritas se le había invitado por carta de 10 de mayo de 1996 a participar en el examen oral cuya celebración estaba prevista para el 10 de junio de 1996 en París. La carta estaba remitida a la dirección de Marsella que el Sr. D. había facilitado al Consejo. El Sr. D. salió de Marsella para Bruselas el 22 de mayo de 1996 y encargó a su padre que le reenviara el correo. El 16 de junio de 1996, a través de una llamada telefónica a sus padres, el Sr. D. tuvo noticia por primera vez que había recibido una carta del Consejo. A la recepción de la misma, el 20 de julio de 1996, el Sr. D. tuvo conocimiento de la invitación a participar en las pruebas orales. Cuando se puso en contacto con el Consejo se le informó que el tribunal del concurso había concluido sus trabajos el 17 de junio de 1996.

Mediante carta de 21 de junio de 1996, el Sr. D. solicitó al presidente del tribunal que se organizara un examen oral complementario para él. Una de las razones aducidas en apoyo de la solicitud era que en vista del límite de edad aplicado normalmente a las candidaturas, el Sr. D. no tendría otra oportunidad para participar en un concurso organizado por las instituciones comunitarias. El 25 de junio de 1996, el presidente del tribunal informó por escrito al Sr. D. que el tribunal había concluido sus trabajos y que se le había excluido del concurso.

Investigación

Observaciones del Consejo

La reclamación fue transmitida al Consejo. En sus observaciones, el Consejo abordaba los puntos siguientes.

Si el Sr. D. se hubiera puesto en contacto con la Secretaría General del Consejo el 17 de junio a primera hora, el tribunal probablemente habría podido incorporarlo aún al examen oral.

Sin embargo, desde el momento en que se estableció la lista de reserva, el principio de igualdad de oportunidades entre todos los candidatos impedía al Consejo la reapertura del procedimiento de concurso con la organización de una prueba oral específica para el Sr. D.

Comentarios del demandante

En sus comentarios sobre las observaciones del Consejo, el Sr. D. mantuvo su reclamación originaria.

Decisión

El Defensor del Pueblo Europeo señaló que, según las observaciones del Consejo, habría sido posible responder favorablemente a la solicitud del demandante si hubiera sido presentada en su debido momento. Sin embargo, teniendo en cuenta que la solicitud llegó al Consejo después de la clausura del procedimiento de concurso, su aceptación habría entrañado la reapertura del mismo. A la vista de los resultados de la investigación, no se constató ningún caso de mala administración, por lo que el Defensor del Pueblo Europeo decidió archivar el asunto.

Comentarios adicionales del Defensor del Pueblo Europeo

El Defensor del Pueblo Europeo señaló que había decidido, ante el elevado número de reclamaciones recibidas en relación con los límites de edad para el reclutamiento del personal de las instituciones, llevar a cabo una investigación por iniciativa propia sobre esta práctica.

3.1.4. CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Y COMISIÓN EUROPEA

DISCRIMINACIÓN EN CONCURSOS GENERALES

Decisión sobre la reclamación 851/3.9.96/ALC/ES/VK contra la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea

Reclamación

En agosto de 1996, el Sr. L.C., de nacionalidad española, presentó una reclamación al Defensor del Pueblo sobre un supuesto caso de mala administración de la Comisión y del Consejo de la Unión Europea en relación con diversos aspectos de su política de contratación.

El demandante formuló tres quejas:

1) en su opinión, la Comisión incumple las normas y condiciones para el acceso al funcionariado tal y como se recogen en el folleto informativo de la Comisión «La carrera en la Comisión de las Comunidades Europeas», publicado en español, en su política real de contratación de funcionarios;

2) también se incumple el del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, ya que el Reglamento (CE) n° 626/95 del Consejo de 20 de marzo de 1995 (11), permite la adopción temporal de medidas discriminatorias que, en su opinión, son contrarias al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas;

3) finalmente, la Comisión y el Consejo discriminan por razón de edad, puesto que en general establecen límites de edad para la contratación de funcionarios.

El demandante solicita la eliminación de cualquier límite de edad en las oposiciones comunitarias, y que se garantice el respeto del principio de no discriminación por razón de nacionalidad.

Investigación

La reclamación fue transmitida a la Comisión y al Consejo.

Observaciones de la Comisión

Tras una anterior solicitud del Defensor del Pueblo, la Comisión ya le había transmitido sus observaciones sobre la cuestión general de la aplicación de límites de edad.

Señaló que las instituciones aplicaban límites de edad para la contratación de funcionarios de la Comunidad sobre la base de las disposiciones del artículo 1 del anexo III del Estatuto de los funcionarios. Sin embargo, a la vista de las críticas manifestadas por varios diputados al Parlamento Europeo sobre los límites de edad, realizó una evaluación detallada de las posibles repercusiones de la eliminación del límite de edad. En opinión de la Comisión, las principales razones en favor del límite de edad son las siguientes:

1) garantizar mejores condiciones para una gestión equilibrada de los recursos humanos;

2) promover el equilibrio geográfico entre los funcionarios de la institución; y

3) favorecer las candidaturas de mujeres.

Por lo que se refiere a los puntos específicos de la reclamación del Sr. L.C., la Comisión indicó que el folleto informativo a que se refiere el denunciante no tiene valor jurídico, y que fue redactado con fines informativos. En cuanto al incumplimiento del principio de no discriminación por causa de la nacionalidad, el Reglamento (CE) n° 626/95 había instaurado unas medidas de carácter transitorio a fin de facilitar la contratación de los nacionales de los nuevos Estados miembros que se adhirieron a la Unión el 1 de enero de 1995. La Comisión subrayó que el demandante había presentado anteriormente una petición sobre el mismo asunto al Parlamento Europeo (Petición n° 898/95). La Comisión de peticiones ya había examinado el asunto, y decidió archivarlo a la vista de la respuesta de la Comisión.

Observaciones del Consejo

En primer lugar, el Consejo subrayó que, en aplicación de su política de contratación, la institución debe tener en cuenta las plazas realmente disponibles así como sus restricciones presupuestarias. En segundo lugar, que el Reglamento (CE) n° 626/95, que instaura medidas especiales y transitorias para favorecer la contratación de funcionarios de los nuevos Estados miembros, no viola el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad.

Comentarios del demandante

El Sr. L.C. argumentó que la posibilidad de establecer límites de edad prevista en el artículo 1 del anexo III del Estatuto de los funcionarios es contraria al Convenio europeo de derechos humanos y a la Constitución española. Considera que carece de relevancia el argumento de que las perspectivas de carrera sean más limitadas para un nuevo funcionario relativamente mayor, puesto que no todos ellos consideran una prioridad la promoción en su carrera. Por último, considera que no se puede conseguir una representación equilibrada de los ciudadanos de todos los Estados miembros por la simple limitación del acceso a los concursos por razón de la nacionalidad, sino favoreciendo la igualdad de acceso a estos concursos de todos los ciudadanos de la Unión.

Decisión

De la investigación se desprende que el tipo de folleto informativo, así como su presentación y contenido, muestran que su finalidad no es crear un marco jurídico que defina las condiciones de acceso a la función pública de la Unión, sino facilitar información general sobre los concursos generales para la contratación por parte de las instituciones. El Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que no cabe considerar las posibles divergencias entre la situación existente y el objetivo general del folleto como un caso de mala administración por parte de la Comisión.

En cuanto a la discriminación por razón de la nacionalidad, el denunciante había dirigido una petición al Parlamento Europeo sobre el mismo asunto, tramitada con el número 898/95 por la Comisión de peticiones. Por tanto, el Defensor del Pueblo no consideró justificado proseguir la investigación en la materia.

El tema de los límites de edad es objeto de una investigación por iniciativa propia del Defensor del Pueblo, iniciada el 14 de julio de 1997, y, por tanto, el Defensor del Pueblo no consideró necesarias nuevas investigaciones en la materia. Sin embargo, se informará al demandante del resultado de la investigación por iniciativa propia.

En este contexto, el Defensor del Pueblo decidió archivar el asunto.

RECLUTAMIENTO: EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y FALTA DE RESPUESTA

Decisión sobre la reclamación 940/11.10.96/AS/SW/BB contra la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea

Reclamación

En octubre de 1996, la Sra. S. presentó una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo sobre la evaluación de la experiencia laboral en el concurso EUR/LA/75, organizado por la Comisión, y sobre la falta de respuesta por parte del Consejo a la petición de la Sra. S. de recibir una copia de su examen corregido en el concurso CONSEJO/LA/369.

La Sra. S. había quedado excluida del concurso EUR/LA/75 por carecer de la necesaria experiencia laboral de 12 años.

A petición de la Sra. S., el tribunal volvió a examinar su decisión, decidiendo mantenerla. Posteriormente, la Sra. S. escribió de nuevo al tribunal, alegando que no habían especificado la forma en que habían evaluado su experiencia profesional. Además, la Sra. S señaló que no sabía que no se reconocían los períodos de estudios a tiempo completo realizados en paralelo a la actividad laboral. Por tanto, no había enviado un expediente académico detallado, sino sólo el certificado final, con las fechas de aprobación de cada asignatura. Por último, la Sra. S. había calculado que, su expediente académico detallado demostraba que tenía los necesarios 12 años de experiencia laboral. La Sra. S. solicitó una segunda revisión de la decisión del tribunal.

En enero de 1996, el tribunal contestó que había revisado de nuevo su decisión. El Tribunal se refirió al punto B.3 de la convocatoria y a los puntos V.B.2, VI.2 y XI del impreso de candidatura publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 219 A, de 24 de agosto de 1995, y declaró que no era posible hacer excepciones a estas normas.

En su reclamación al Defensor del Pueblo, la Sra. S. alegó que la Comisión no había indicado los criterios utilizados para la evaluación de la experiencia laboral. Subrayó que sería necesario para garantizar la igualdad de trato de los candidatos que el tribunal informase sobre el método de evaluación.

En febrero de 1996, la Sra. S. envió una carta al Consejo, solicitando una copia de su examen de inglés corregido, en el concurso CONSEJO/LA/369. En su reclamación al Defensor del Pueblo Europeo, afirma que no recibió respuesta a dicha carta.

Investigación

La reclamación fue transmitida a la Comisión y al Consejo.

Observaciones de la Comisión

En síntesis, la Comisión formuló las observaciones siguientes:

De conformidad con la convocatoria de concurso, los candidatos debían tener al menos doce años de experiencia profesional, tras la obtención de su título universitario;

La convocatoria de concurso establecía que también contarían como experiencia profesional los períodos debidamente certificados en que se hubieran realizado cursos de especialización o de perfeccionamiento. Los demás cursos de formación deberían tener un nivel al menos equivalente a los necesarios para la admisión al concurso. Por tanto, los cursos de especialización o perfeccionamiento, así como otros cursos, podrían tenerse en cuenta en el cálculo de la experiencia profesional. Sin embargo, para poder contabilizarlos, la formación debía realizarse a tiempo completo. Lo mismo se aplicaba a la experiencia profesional. En otras palabras, si la formación hubiera tenido lugar a la vez que el trabajo, no cabría contabilizarla en el cálculo de la experiencia profesional. De conformidad con el punto XI de la convocatoria, el candidato debía adjuntar a la solicitud las fotocopias justificativas de que cumplía las condiciones para la admisión.

La experiencia profesional de la Sra. S. se calculó sobre la base de su solicitud original y documentos adjuntos. En total, su experiencia profesional era de once años y seis meses.

El texto de la convocatoria de concurso es jurídicamente vinculante, y el tribunal debe respetarlo.

Observaciones del Consejo

En síntesis, el Consejo formuló las observaciones siguientes:

En enero de 1996, se informó a la Sra. S. de que no se le admitía al examen oral debido a los resultados insuficientes de la parte 3 de la prueba escrita.

En febrero de 1996, la Sra. S. pidió una copia de su examen escrito corregido. El presidente del tribunal respondió con detalle a esta petición, explicando los procedimientos, pero negándose a enviar el examen corregido.

En octubre de 1996, la Sra. S. informó al Defensor del Pueblo sobre la negativa del Consejo a enviarle una copia del examen corregido. El mismo día, escribió al Sr. Brunmayr, Subdirector General, solicitando una respuesta.

En octubre de 1996, se volvió a enviar a la demandante una copia de la carta de 27 de febrero de 1996.Los exámenes corregidos están amparados por el secreto de las actuaciones del tribunal de selección en virtud del artículo 6 del anexo III del Estatuto de los funcionarios;

El gran número de candidatos que participan en los concursos haría muy difícil considerar que se aceptasen peticiones de copias de los exámenes corregidos.

Comentarios de la demandante

En síntesis, la demandante formuló las observaciones siguientes:

Por lo que se refiere a la evaluación de la experiencia laboral, seguía considerando que la convocatoria de concurso no mencionaba que no se contabilizaría la formación adicional realizada durante un empleo para el cómputo de la experiencia profesional. Si la convocatoria hubiera indicado con claridad este punto, la Sra. S. sostiene que habría enviado el expediente académico detallado de la Universidad de Estocolmo junto con el original de la candidatura para el concurso general EUR/LA/369.

Cuando solicitó que se revisase la decisión de excluirla del concurso mencionado, la Comisión debería haber calculado su experiencia laboral de conformidad con el expediente académico detallado adjunto a la petición de revisión. La Sra. S. sostiene que, si se tiene en cuenta dicho expediente, cumple el requisito de 12 años de experiencia laboral.

En cuanto a la carta del Consejo de 27 de febrero de 1996, la Sra. S. sostiene que sólo recibió la copia de esta carta en octubre de 1996. Alegó que el Consejo nunca le envió la primera carta. Mantiene su petición de que le envíen una copia de su examen corregido.

Decisión

1. Evaluación de la experiencia laboral

1.1. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los tribunales de los concursos tienen amplias competencias discrecionales. En el ejercicio de estas competencias, los tribunales deben respetar el marco jurídico de sus actividades, establecido en la convocatoria de concurso.

1.2. En su carta de 19 de diciembre de 1995 y en sus comentarios al Defensor del Pueblo, la Comisión informó a la Sra. S. del método utilizado por el tribunal para la evaluación de la experiencia laboral. Además, los comentarios especificaban cómo se había calculado la experiencia laboral de la demandante.

1.3. Sobre la base de las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en relación con la presente reclamación, el tribunal actuó de acuerdo con la convocatoria.

2. Falta de respuesta a la correspondencia

2.1. El Consejo facilitó al Defensor del Pueblo una copia de su carta de 27 de febrero de 1997. En dicha carta, el Consejo contestaba que, por regla general, no enviaba copias de los exámenes corregidos.

2.2. El Defensor del Pueblo consideró que no existían elementos de juicio que permitieran fundamentar la alegación de la demandante de que el Consejo no envió la carta mencionada.

3. Copia del examen corregido

3.1. En la situación actual del Derecho comunitario, no existe fundamento jurídico para considerar que el Consejo tiene obligación de enseñar la copia de un examen escrito corregido a los candidatos que lo soliciten.

3.2. El Defensor del Pueblo ha recibido diversas reclamaciones en relación con la contratación, en particular por la falta de transparencia de los procedimientos. Entre otras cosas, los demandantes se quejan de la negativa a su solicitud de recibir copia de los exámenes corregidos.

3.3. De conformidad con el artículo 138 E del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Defensor del Pueblo está facultado para realizar investigaciones por iniciativa propia en relación con posibles casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios. En virtud de esta disposición, el 7 de noviembre de 1997 inició una investigación por iniciativa propia sobre el secreto que forma parte de los procedimientos de contratación de la Comisión.

3.4. En el marco de esta investigación por iniciativa propia, el Defensor del Pueblo investigará si la Comisión se propone tomar medidas para permitir que los candidatos afectados puedan tener acceso a copias de los exámenes corregidos.

A la vista de los resultados anteriores, no se constató ningún caso de mala administración por parte de la Comisión ni del Consejo, por lo que el Defensor del Pueblo decidió archivar el asunto.

Otros comentarios

En vista del gran número de reclamaciones recibidas por el Defensor del Pueblo en relación con la falta de transparencia en los procedimientos de contratación a través de concursos organizados por las instituciones comunitarias, inició una investigación por iniciativa propia sobre el tema el 7 de noviembre de 1997.

3.1.5. COMISIÓN EUROPEA

SELECCIÓN DE BECARIOS: ACCESO AL «LIBRO AZUL»

Decisión sobre la reclamación 111/95/VK contra la Comisión Europea

Reclamación

En septiembre de 1995, X presentó una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo, alegando que las becas en la Comisión no se concedían sobre la base del mérito, sino gracias a tener los contactos adecuados con altos cargos.

En apoyo de sus alegaciones, X se refirió a las dos solicitudes que presentó para obtener una beca en la Comisión, que no fueron aceptadas. Afirmó que es imposible comprender por qué se le incluyó en el llamado «Libro Azul» de la Comisión la primera vez, y no la segunda vez, en que estaba mucho mejor preparado.

De conformidad con el apartado 3 del artículo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo, la reclamación se clasificó como confidencial a petición del demandante.

Investigación

Observaciones de la Comisión

La reclamación fue transmitida a la Comisión, que en sus observaciones indicó que X cumplía los requisitos para la admisión según la normativa aplicable a las becas. Sin embargo, en razón del gran número de solicitudes que se reciben cada año, fue necesario realizar una prueba de preselección sobre la base de los resultados reales de los estudios de los candidatos, y sobre los posibles estudios realizados sobre la integración europea o en el ámbito del Derecho comunitario.

La Comisión indicó que, sobre la base del excelente perfil de su currículum vitae, fue posible incluir a X en el Libro Azul, y que posteriormente X no cumplió otros requisitos. Además, la Comisión subrayó que, en principio, era necesario tener en cuenta el equilibrio geográfico y la cantidad de solicitudes presentadas cada año.

Comentarios del demandante

Las observaciones de la Comisión se transmitieron al demandante, que mantuvo su reclamación. El demandante añadió que sólo gracias a la recomendación de un alto cargo pudo entrar al fin en la lista adicional del Libro Azul la segunda vez que presentó una solicitud.

Otras investigaciones

El Defensor del Pueblo solicitó información a la Comisión en relación con el procedimiento de inclusión en el Libro Azul. Además, el Defensor del Pueblo solicitó copias de los formularios de solicitud de los demás candidatos de la misma nacionalidad que X, con el fin de evaluar el perfil de sus cualificaciones.

La Comisión transmitió sus comentarios adicionales, así como copias de los formularios de solicitud de los demás candidatos de la misma nacionalidad que X. La Comisión señaló que la lista adicional se utilizaba para una evaluación más detenida de las solicitudes, y se utilizaba con fines de corrección de errores técnicos o de imprenta.

Decisión

El Defensor del Pueblo observó que los criterios aplicados para la selección de becarios, tal y como se los comunicó la Comisión, no eran infundados.

Es necesario recordar que una autoridad administrativa cuenta con un cierto margen de discrecionalidad para establecer si una determinada solicitud cumple los requisitos para ocupar una vacante.

El examen del Defensor del Pueblo de las solicitudes de otros candidatos de la misma nacionalidad que X no permitió constatar que la Comisión hubiese infringido los criterios establecidos.

X argumentó que se le había incluido en la lista adicional del Libro Azul gracias a la recomendación de un alto cargo. Teniendo en cuenta la falta de cualquier indicación sobre la identidad de la persona o personas sobre las que supuestamente se habría ejercido influencia, el Defensor del Pueblo consideró que no había razones para realizar nuevas investigaciones en relación con la presente reclamación.

Por lo tanto, el Defensor del Pueblo decidió archivar el asunto.

RECHAZO DE UN CERTIFICADO EUR. 1 DE COSTA DE MARFIL

Decisión sobre la reclamación 187/17.10.95/fs/b/ijh contra la Comisión Europea

Reclamación

En octubre de 1995, el Sr. S. presentó una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo en nombre de una empresa denominada B.NV. En la reclamación se afirmaba que B.NV había adquirido en abril de 1994 cierta cantidad de arroz de grano largo procedente de Costa de Marfil a través de un agente comercial del Reino Unido para su importación a la Comunidad. El arroz originario de Costa de Marfil, país perteneciente al Convenio de Lomé, está sujeto a un derecho a la importación reducido.

B.NV presentó un certificado EUR. 1 a las autoridades aduaneras belgas como prueba del origen del arroz. Sin embargo, las autoridades aduaneras sospecharon que el arroz no procedía de Costa de Marfil y se negaron a admitir el certificado. Para obtener el desembargo del arroz, B.NV facilitó a las autoridades aduaneras una garantía equivalente al 10 % de los aranceles aduaneros adicionales pagaderos en caso que el arroz fuera originario de Costa de Marfil.

Las autoridades aduaneras belgas tomaron muestras del arroz para examinarlas e iniciaron los trámites de comprobación del certificado EUR. 1. En marzo de 1995, se informó a B.NV que el Gobierno de Costa de Marfil había confirmado la validez del certificado EUR. 1, tras lo que B.NV solicitó el levantamiento de la garantía aportada. Mediante carta de 28 de julio de 1995, las autoridades aduaneras belgas informaron a B.NV que la unidad comunitaria de lucha anti-fraude se oponía al levantamiento de la garantía y deseaba seguir las investigaciones.

En su reclamación al Defensor del Pueblo Europeo, el Sr. S. sostenía que, dado que el procedimiento de comprobación había concluido, debía levantarse la garantía facilitada por B.NV. Afirmaba que las dudas vinculadas con la emisión de certificados EUR. 1 por Costa de Marfil era una cuestión que debían solventar las autoridades comunitarias y el Gobierno de Costa de Marfil.

Investigación

Observaciones de la Comisión

La reclamación fue transmitida a la Comisión en enero de 1996. En sus observaciones, la Comisión hacía refer