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(9)

Se aplicaron medidas significativas en el contexto de una estrategia global frente a los préstamos no productivos. Esto condujo a una reducción notable de los préstamos no productivos en el sector bancario, gracias principalmente a la venta y la liquidación del Cyprus Cooperative Bank y a la transferencia de su cartera de préstamos no productivos a una sociedad estatal de gestión de activos. Por otra parte, mejoró la legislación sobre la venta de préstamos y se aprobó una ley sobre la titulización de préstamos. Para maximizar las ganancias procedentes de la venta de activos y, en última instancia, ayudar a reducir la deuda privada, es esencial que la sociedad estatal de gestión de activos tenga una estructura de gobernanza eficaz, una gestión muy especializada, independencia operativa con respecto al Estado chipriota y objetivos bien definidos y acordes con los compromisos contraídos por el gobierno en el contexto de la decisión en materia de ayuda estatal relativa a la venta del Cyprus Cooperative Bank, que fue aprobada por la Comisión Europea. Por otra parte, es importante que se establezca un marco de supervisión adecuado para las empresas que adquieren créditos, incluida la sociedad estatal de gestión de activos, ya que el número de ellas ha aumentado y están planeadas más ventas de carteras de préstamos no productivos en el futuro. La capacidad administrativa y de gobernanza de los supervisores de seguros y fondos de pensiones sigue siendo baja. Debería concretarse sin demora la integración de estos supervisores. En términos más generales, debe reforzarse el marco de supervisión aplicable a los mercados de capitales, habida cuenta de la considerable importancia relativa de las actividades transfronterizas de las empresas de servicios financieros no bancarios y del crecimiento exponencial de las empresas autorizadas en los últimos años.
(11)

La estructura tributaria de Austria se caracteriza por una elevada presión fiscal sobre el factor trabajo (impuestos sobre salarios y cotizaciones a la seguridad social). Se prevé que dicha presión aumente con el tiempo, en la medida en que los tramos impositivos no están indexados en función de la inflación. En 2017, la proporción que representan los impuestos sobre el trabajo en los ingresos tributarios totales (55,3 %) era una de las más elevadas de la Unión (media: 49,7 %). Las reformas recientes, tales como las reducciones de las cotizaciones a la seguridad social para los perceptores de rentas bajas y los empresarios y la bonificación fiscal para los padres que trabajan, proporcionada por el nuevo bono familiar plus, han contribuido a disminuir la cuña fiscal sobre el factor trabajo. No obstante, existe un margen de maniobra para orientar la presión fiscal hacia fuentes favorables a un crecimiento más inclusivo y sostenible. En particular, se considera que los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles son relativamente favorables al crecimiento y progresivos, ya que es probable que los perceptores de rentas elevadas posean más patrimonio inmobiliario. Sin embargo, debido a una base imponible en gran medida obsoleta, los ingresos procedentes de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles en Austria se mantienen a un bajo nivel, muy por debajo de la media de la Unión. Una revalorización de la base imponible contribuiría a generar más ingresos y a abordar cuestiones de equidad que surgen cuando los valores de los terrenos o de los inmuebles se apartan de los precios de mercado. Un impuesto sobre el patrimonio bien diseñado y eficaz también podría aumentar la equidad del sistema tributario, especialmente en el contexto de la flagrante desigualdad de la distribución de la riqueza en Austria y en ausencia de un impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por último, los impuestos medioambientales contribuyen a internalizar los efectos externos negativos para la salud y el clima de la utilización de recursos y de las actividades contaminantes. En este contexto, deberá volverse a examinar el régimen fiscal preferente de que disfrutan actualmente tales actividades.
(21)

A pesar de las recientes iniciativas, Francia no ha sido capaz de reducir su brecha con los líderes de la Unión en materia de innovación según el cuadro de indicadores de la innovación. La inversión en investigación y desarrollo se ha mantenido estable, y las nuevas empresas tienen dificultades para crecer. En general, Francia no está avanzando al ritmo adecuado hacia el cumplimiento de su objetivo de intensidad total de investigación y desarrollo (del 3 % para 2020), y el nivel de inversión en investigación y desarrollo del sector empresarial sigue estando muy por debajo del objetivo del 2 %. El gasto público en investigación y desarrollo es superior a la media de la Unión e incluye una amplia gama de regímenes de apoyo directo e indirecto para la labor de investigación e innovación de las empresas, incluido el régimen de crédito fiscal a la investigación y el desarrollo (Crédit d’impôt recherche), que es uno de los más generosos entre los países de la OCDE. Sin embargo, el rendimiento global del ecosistema de investigación y desarrollo e innovación no se corresponde todavía con el elevado volumen de ayuda pública. Aunque las herramientas existentes, entre ellas el Crédit d’impôt recherche, se han evaluado recientemente, un análisis completo de la combinación general de políticas ayudaría a orientar la aplicación de la futura política. El Consejo de Innovación (Conseil de l’innovation), creado en julio de 2018, se encarga de supervisar las medidas de simplificación, que incluyen una mejor coordinación entre el apoyo regional, nacional y europeo a la innovación. Una relación más estrecha entre ciencia y empresa, en particular mediante sistemas de transferencia de conocimientos, también podría contribuir a la difusión de la innovación, ya que Francia sigue situándose por debajo de la media de la Unión en investigación y desarrollo públicos financiados por empresas. El apoyo a los polos de competitividad (pôles de compétitivité) se ha renovado para una cuarta fase (2019-2022), y se dará prioridad a las organizaciones de agrupaciones que estén bien conectadas con otras estructuras a nivel local, centradas en las prioridades industriales nacionales y con un historial de participación en proyectos de la Unión. El Fondo de Innovación y de la Industria (Fonds pour l’innovation et l’industrie), financiado mediante privatizaciones, también contribuirá a proporcionar financiación para la inteligencia artificial. El desarrollo en tiempo oportuno de tecnologías conexas, como la internet de las cosas, las redes 5G, la informática de alto rendimiento y, de manera más general, la economía de los datos, será una de las claves del éxito de estas iniciativas. También existen grandes diferencias entre regiones en cuanto a la inversión regional en investigación y desarrollo y al rendimiento de la innovación. Varias regiones rurales o regiones en transición industrial están por debajo de la media de la Unión. Las regiones ultraperiféricas se encuentran en el extremo inferior de la escala.
(6)

Tanto los ingresos tributarios como el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias están aumentando, y hay una serie de iniciativas en marcha. No obstante, la recaudación no parece estar mejorando al mismo ritmo en todos los sectores. En particular, no lo está haciendo en los impuestos sobre el trabajo y las cotizaciones a la seguridad social, así como en algunas categorías de impuestos especiales. También se ha evidenciado que el trabajo no declarado y el comercio ilícito de combustible siguen constituyendo un problema. Mantener los esfuerzos por mejorar la recaudación de impuestos y adoptar medidas específicas adicionales para hacer frente a las dificultades en ámbitos específicos del sistema tributario reviste una importancia capital para reducir la aún significativa economía sumergida.
(1)

El artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 establece que los documentos expedidos por la institución de un Estado miembro que acrediten la situación de una persona a efectos de la aplicación de los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 deberán ser aceptados ante la institución de otro Estado miembro mientras no sean retirados o invalidados por el Estado miembro en el que hayan sido emitidos.
(5)

El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.
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El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (5), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión consideró que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de activación de la cláusula general de salvaguardia y solicitó al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite desviarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que no se ponga en riesgo la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo tocante al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros desviarse de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación, al tiempo que permite a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto.
(5)

El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo aprobar esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.
(1)

El 30 de junio de 2020, el Consejo adoptó una Recomendación sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (1) (en lo sucesivo, «Recomendación»). El 16 de julio de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/1052, de 16 de julio de 2020, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (2). El 30 de julio de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/1144, de 30 de julio de 2020, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción (3).
(5)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Recomendación y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Recomendación desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá si la aplica, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, en un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre la presente Recomendación.
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La solidez del sector financiero de la zona del euro ha aumentado desde la crisis, aunque persisten ciertas vulnerabilidades que es preciso abordar. Los altos niveles de endeudamiento de las empresas y los hogares, al que contribuye el sesgo en favor del endeudamiento existente en muchos sistemas tributarios nacionales, puede ser fuente de riesgos. La necesidad de adaptar los modelos empresariales de los bancos, el entorno de bajos tipos de interés y la competencia creciente de otras formas de financiación sigue ejerciendo presión sobre la rentabilidad de los bancos. Se ha avanzado de forma constante en la reducción del riesgo, especialmente en lo que se refiere a la reducción de los préstamos no productivos. No obstante, cuando las ratios de préstamos no productivos se mantienen en un nivel elevado, se requieren nuevos esfuerzos sostenidos, y todos los Estados miembros deben prever políticas adecuadas para evitar la acumulación de dichos préstamos. En marzo de 2018, la Comisión presentó un conjunto de medidas de reducción del riesgo con vistas tanto a facilitar la resolución del problema de los préstamos no productivos heredados del pasado como a evitar el riesgo de una nueva acumulación de ellos en el futuro. En el marco de las medidas legislativas sobre préstamos no productivos, en abril de 2019 se adoptó el Reglamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) que introduce un mecanismo legal de protección prudencial para prevenir el riesgo de insuficiencia de provisiones para futuros préstamos dudosos; por otra parte, es preciso realizar progresos adicionales para seguir resolviendo la cuestión de los préstamos no productivos, en particular avanzando con el proyecto de Directiva sobre los mercados secundarios de préstamos no productivos. Ya se han logrado avances en la mejora del marco existente de lucha contra el blanqueo de capitales. Con todo, tal como se destaca en los informes de la Comisión publicados en julio de 2019, en la Unión es necesario aplicar un enfoque más global a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas a fin de paliar las deficiencias estructurales detectadas. Para ello es preciso, en particular, estudiar formas de aumentar la armonización y de mejorar la supervisión y el cumplimiento de las normas, mediante una actuación de la Unión.
(12)

La eficacia de las decisiones sobre el levantamiento de la restricción de los viajes no esenciales a la UE depende de que los Estados miembros las apliquen de manera coordinada en todas las fronteras exteriores. Ningún Estado miembro debe tomar unilateralmente la decisión de levantar la restricción de los viajes no esenciales a la UE desde un determinado tercer país antes de que los demás Estados miembros hayan decidido, de manera coordinada, levantar la restricción de los viajes desde ese país. No obstante, los Estados miembros podrán, con total transparencia, levantar progresivamente la restricción de los viajes hacia los países que figuran en el anexo I.
(7)

Según las previsiones de la Comisión del invierno de 2020, ampliadas con variables presupuestarias hasta 2022, el déficit de las administraciones públicas se mantendría por encima del valor de referencia del 3 % del PIB durante todo el período de previsión. Con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, la Comisión prevé un déficit de las administraciones públicas del 4 % del PIB en 2019, el 4,9 % en 2020, el 6,9 % en 2021 y el 7,7 % en 2022. El déficit estructural se deterioraría un 1 % del PIB en 2020, un 1,9 % del PIB en 2021 y un 0,8 % del PIB en 2022. El aumento del déficit previsto por la Comisión estaría impulsado principalmente por las significativas subidas de las pensiones aprobadas en el verano de 2019. El mayor gasto en pensiones contribuiría en 0,9 puntos porcentuales del PIB al aumento del déficit en 2020, en 1,7 puntos porcentuales del PIB en 2021, y en 1,1 puntos porcentuales del PIB en 2022. Se estima que la duplicación de la asignación por hijo a cargo, cuya entrada en vigor está prevista en agosto de 2020, tendrá un coste presupuestario anual equivalente al 0,6 % del PIB. En su Estrategia Fiscal, el Gobierno prevé un déficit de las administraciones públicas del 3,6 % del PIB en 2020, el 3,4 % en 2021 y el 2,8 % en 2022. Según las estimaciones del Gobierno, esto llevaría a un ajuste estructural del 0,3 % en 2020, el 0,2 % en 2021 y el 0,6 % en 2022. El ajuste contemplado en la Estrategia Fiscal se realizaría principalmente por el lado del gasto. En particular, se prevé que disminuyan las proporciones que representan en el PIB los gastos en salarios de los empleados públicos, los gastos en bienes y servicios y los gastos en inversiones no cofinanciadas por la UE. El hecho de que en la Estrategia Fiscal se prevea un déficit inferior al contemplado en las previsiones de la Comisión se deriva de unas hipótesis macroeconómicas subyacentes más optimistas en la Estrategia Fiscal y del hecho de que dicha Estrategia no tiene en cuenta los efectos presupuestarios de algunas medidas adoptadas, mientras que la moderación prevista de los gastos corrientes no está plenamente respaldada por unas medidas adoptadas o anunciadas de forma creíble, por lo que no se pudo tomar plenamente en cuenta en las previsiones de la Comisión.
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Además, con arreglo a los procedimientos de vigilancia del mercado pertinentes del Reglamento (UE) 2016/425 y, en particular, de su artículo 38, apartados 1 y 2, cuando las autoridades de vigilancia del mercado detecten un EPI que no lleve el marcado CE, tienen la obligación de evaluarlo. Cuando, en el transcurso de la evaluación, las autoridades de vigilancia del mercado constaten que el EPI no cumple los requisitos establecidos en el Reglamento, deben pedir al agente económico en cuestión que adopte medidas correctoras para adaptar el EPI a los citados requisitos, retirarlo del mercado o recuperarlo en un plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo. También han de informar a la Comisión y a los demás Estados miembros de los resultados de la evaluación y de las medidas que hayan pedido al agente económico.
(21)

El sector bancario estonio es en general sólido, pero persisten los riesgos de blanqueo de capitales. Aunque se han tomado medidas para limitar la exposición a los riesgos reduciendo los depósitos de no residentes, el análisis nacional de riesgos no contempla otros productos que podrían presentar riesgos, como los servicios de custodia para clientes no residentes. Una actualización del análisis nacional de riesgos garantizaría una identificación adecuada de estos y permitiría poner en marcha las medidas de mitigación necesarias. Si bien se han adoptado medidas de supervisión contra los bancos y las entidades de pago incumplidores, hay margen para mejorar aún más la eficacia de la supervisión y de la aplicación de esas medidas. En particular, aún no se ha adoptado una serie de instrumentos legislativos destinados a reforzar el marco preventivo y el decomiso y a aumentar las sanciones administrativas. Las investigaciones sobre los casos de blanqueo de capitales avanzan con lentitud. Todavía no se ha reforzado lo suficiente la capacidad de la Autoridad de Supervisión Financiera estonia, y sigue sin aplicarse plenamente el enfoque basado en el riesgo para la supervisión, en particular cuando se trata de inspecciones temáticas sobre el terreno. Falta proactividad en el intercambio de información entre la Unidad de Información Financiera y las fuerzas de seguridad.