DIRECTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 27 de noviembre de 2019

relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican las Directivas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) Una supervisión prudencial robusta es parte integrante de las condiciones reglamentarias en las que las entidades financieras prestan servicios dentro de la Unión. Las empresas de servicios de inversión están, junto con las entidades de crédito, sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) en lo que respecta a su tratamiento y supervisión prudenciales, mientras que su autorización y otros requisitos organizativos y de conducta se recogen en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(2) Los actuales regímenes prudenciales en virtud del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y de la Directiva 2013/36/UE se basan en gran medida en iteraciones sucesivas de las normas internacionales de regulación establecidas para los grandes grupos bancarios por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y abordan solo parcialmente los riesgos específicos inherentes a las diversas actividades de un gran número de empresas de servicios de inversión. Las vulnerabilidades y riesgos específicos inherentes a estas empresas de servicios de inversión deben, por tanto, tratarse con mayor atención por medio de disposiciones prudenciales eficaces, apropiadas y proporcionadas a nivel de la Unión que contribuyan a establecer unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, aseguren una supervisión prudencial eficaz con unos costes de conformidad ajustados y garanticen un nivel suficiente de capital para los riesgos de las empresas de servicios de inversión.

(3) Una supervisión prudencial sólida debe garantizar que las empresas de servicios de inversión se gestionen de manera ordenada y en el mejor interés de sus clientes. Debe tener en cuenta la posibilidad de que las empresas de servicios de inversión y sus clientes asuman riesgos excesivos, así como los diferentes grados de riesgo que asumen y entrañan las empresas de servicios de inversión. Del mismo modo, dicha supervisión prudencial debe procurar evitar que se imponga una carga administrativa desproporcionadas a las empresas de servicios de inversión. Al mismo tiempo, esta supervisión prudencial debe posibilitar un equilibrio entre garantizar la seguridad y la solidez de las diferentes empresas de servicios de inversión y evitar unos costes excesivos que pudieran afectar a la viabilidad de sus actividades económicas.

(4) Muchos de los requisitos que se derivan del marco constituido por el Reglamento (UE) n.o 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE fueron concebidos para abordar los riesgos comunes que afrontan las entidades de crédito. En consecuencia, los actuales requisitos están en gran medida calibrados para preservar la capacidad de préstamo de las entidades de crédito a lo largo de los ciclos económicos y para proteger a los depositantes y los contribuyentes de su posible inviabilidad, y no están concebidos para hacer frente a todos los diferentes perfiles de riesgo de las empresas de servicios de inversión. Las empresas de servicios de inversión no tienen grandes carteras de préstamos minoristas y préstamos a empresas, y no aceptan depósitos. La probabilidad de que su inviabilidad pueda tener efectos perjudiciales para la estabilidad financiera general es menor que en el caso de las entidades de crédito, pero las empresas de servicios de inversión no dejan de suponer un riesgo al que hay que dar respuesta con un marco sólido. Los riesgos a los que se enfrentan y que plantean la mayoría de las empresas de servicios de inversión son, por tanto, sustancialmente diferentes de aquellos a los que se enfrentan y que plantean las entidades de crédito, y estas diferencias deben reflejarse claramente en el marco prudencial de la Unión.

(5) Las diferencias en la aplicación del marco prudencial vigente en los distintos Estados miembros ponen en peligro la igualdad de las condiciones de competencia para las empresas de servicios de inversión dentro de la Unión, dificultando el acceso de los inversores a nuevas oportunidades y a mejores opciones de gestionar sus riesgos. Esas diferencias se derivan de la complejidad general de la aplicación del marco a las distintas empresas de servicios de inversión en función de los servicios que prestan, cuando algunas autoridades nacionales ajustan o integran esa aplicación en la normativa o la práctica nacionales. Dado que el marco prudencial vigente no aborda todos los riesgos a los que se enfrentan y que entrañan algunos tipos de empresas de servicios de inversión, se han aplicado grandes adiciones de capital a determinadas empresas de servicios de inversión en algunos Estados miembros. Deben establecerse disposiciones uniformes para abordar esos riesgos, de forma que se asegure una supervisión prudencial armonizada de las empresas de servicios de inversión en toda la Unión.

(6) Por lo tanto, se necesita un régimen prudencial específico para las empresas de servicios de inversión que no sean de importancia sistémica por su tamaño y grado de interconexión con otros agentes financieros y económicos. Sin embargo, las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica deben seguir estando sujetas al marco prudencial existente con arreglo al Reglamento (UE) n.o 575/2013 y a la Directiva 2013/36/UE. Esas empresas de servicios de inversión son un subconjunto de las empresas de servicios de inversión a las que se aplica actualmente el marco constituido por el Reglamento (UE) n.o 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE y que no se benefician de exenciones específicas de ninguno de sus requisitos principales. Las empresas de servicios de inversión con mayor tamaño y mayores niveles de interconexión tienen modelos de negocio y perfiles de riesgo similares a los de las entidades de crédito significativas. Prestan servicios «de tipo bancario» y asumen riesgos a una escala significativa. Por otra parte, las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica poseen el tamaño suficiente y modelos de negocio y perfiles de riesgo tales como para representar una amenaza para el funcionamiento ordenado y estable de los mercados financieros en la misma medida que las entidades de crédito de gran tamaño. Por lo tanto, resulta adecuado que dichas empresas de servicios de inversión sigan estando sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 y en la Directiva 2013/36/UE.

(7) Las empresas de servicios de inversión que negocian por cuenta propia, que aseguran instrumentos financieros o los colocan sobre la base de un compromiso firme a una escala significativa, o que son miembros compensadores en contrapartes centrales, pueden tener modelos de negocio y perfiles de riesgo similares a los de las entidades de crédito. Habida cuenta de su tamaño y actividades, dichas empresas pueden plantear riesgos para la estabilidad financiera comparables a los de las entidades de crédito. Las autoridades competentes deben contar con la opción de exigirles permanecer sujetos al mismo tratamiento prudencial que las entidades de crédito comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y a cumplir con la supervisión prudencial con arreglo a la Directiva 2013/36/UE.

(8) Es posible que en algunos Estados miembros las autoridades competentes para la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión sean distintas de las autoridades que son competentes para la supervisión de la conducta en el mercado. Es necesario, por tanto, crear un mecanismo de cooperación y de intercambio de información entre esas autoridades con el fin de garantizar en toda la Unión una supervisión prudencial armonizada de las empresas de servicios de inversión que funcione de forma ágil y eficiente.

(9) Las empresas de servicios de inversión pueden operar por medio de miembros compensadores en otro Estado miembro. Para el supuesto en que lo haga, procede instaurar un mecanismo para compartir información entre las autoridades competentes pertinentes de los distintos Estados miembros. Dicho mecanismo debe permitir compartir información entre la autoridad competente encargada de la supervisión prudencial de la empresa de servicios de inversión y la autoridad pertinente encargada de la supervisión del miembro compensador o bien la autoridad encargada de la supervisión de la entidad de contrapartida central por lo que respecta al modelo y los parámetros empleados para el cálculo de los requisitos de garantías de la empresa de servicios de inversión, cuando dicho método de cálculo se utilice como base para calcular los requisitos de fondos propios de la empresa de servicios de inversión.

(10) Con el fin de impulsar la armonización de las normas y prácticas de supervisión dentro de la Unión, resulta oportuno que la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) creada por el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) (ABE), en estrecha colaboración con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) creada por el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) (AEVM), conserve la responsabilidad principal en materia de coordinación y convergencia de las prácticas en el ámbito de la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión dentro del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF).

(11) El nivel exigido de capital inicial de una empresa de servicios de inversión debe basarse en los servicios y actividades que la empresa de servicios de inversión está autorizada a, respectivamente, prestar y realizar con arreglo a la Directiva 2014/65/UE. La posibilidad de que los Estados miembros reduzcan el nivel exigido de capital inicial en situaciones específicas, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2013/36/UE, por un lado, y la aplicación desigual de esta Directiva, por otro, han dado lugar a una situación en la que el nivel exigido de capital inicial es divergente en la Unión. Para poner fin a esta fragmentación, debe armonizarse el nivel de capital inicial exigido a todas las empresas de servicios de inversión de la Unión. Para reducir las barreras de entrada en el mercado que existen actualmente para los sistemas multilaterales de negociación (SMN) y los sistemas organizados de contratación (SOC), el capital inicial de las empresas de servicios de inversión que operen un SMN o un SOC se debe fijar en el nivel que se indica en la presente Directiva. Cuando una empresa de servicios de inversión autorizada para operar un SOC también tenga autorización para negociar por cuenta propia con arreglo a las condiciones que figuran en el artículo 20 de la Directiva 2014/65/UE, su capital inicial se debe fijar en el nivel que se indica en la presente Directiva.

(12) Aunque las empresas de servicios de inversión deben quedar fuera del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y del de la Directiva 2013/36/UE, ciertos conceptos utilizados en el marco de dichos actos legislativos deben conservar su significado ya asentado. Para posibilitar y facilitar una lectura coherente de esos conceptos cuando se utilicen en actos jurídicos de la Unión, las referencias en dichos actos al capital inicial de las empresas de servicios de inversión, a las facultades de supervisión de las autoridades competentes en relación con las empresas de servicios de inversión, al proceso de evaluación de la adecuación del capital interno de las empresas de servicios de inversión, al proceso de revisión y evaluación supervisoras de las empresas de servicios de inversión por parte de las autoridades competentes y a las disposiciones sobre gobernanza y sobre remuneraciones aplicables a las empresas de servicios de inversión deben entenderse hechas a las disposiciones correspondientes de la presente Directiva.

(13) El buen funcionamiento del mercado interior exige que la responsabilidad de efectuar la supervisión prudencial de la solidez financiera de una empresa de servicios de inversión, en particular su solvencia y solidez financiera, corresponda a la autoridad competente de su Estado miembro de origen. Además, para lograr una supervisión eficaz de las empresas de servicios de inversión en otros Estados miembros donde presten servicios o tengan una sucursal, debe garantizarse una cooperación estrecha y el intercambio de información con las autoridades competentes de dichos Estados miembros.

(14) A efectos de información y de supervisión, y en particular para garantizar la estabilidad del sistema financiero, las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida deben tener la posibilidad, a la luz de las circunstancias de cada caso, de llevar a cabo comprobaciones sobre el terreno e inspeccionar las actividades de las sucursales de las empresas de servicios de inversión en su territorio y de exigir información sobre las actividades de esas sucursales. Las medidas de supervisión de dichas sucursales han de seguir siendo, no obstante, competencia del Estado miembro de origen.

(15) Para proteger la información comercialmente sensible, las autoridades competentes deben estar vinculadas por las normas de secreto profesional al llevar a cabo sus funciones de supervisión y al intercambiar información confidencial.

(16) Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y la protección de sus clientes, los auditores deben realizar su verificación de modo imparcial e informar con celeridad a las autoridades competentes de los hechos que puedan tener un efecto grave en la situación financiera de una empresa de servicios de inversión o en su organización administrativa y contable.

(17) A efectos de la presente Directiva, el tratamiento de datos personales debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (10). En particular, cuando la presente Directiva permita los intercambios de datos personales con terceros países, deben aplicarse las disposiciones pertinentes del capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679 y capítulo V del Reglamento (UE) 2018/1725.

(18) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), los Estados miembros deben establecer sanciones administrativas y otras medidas administrativas que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. A fin de que las sanciones administrativas tengan un efecto disuasorio, deben publicarse, excepto en determinadas circunstancias bien definidas. Para que los clientes e inversores puedan tomar una decisión informada sobre sus opciones de inversión, deben tener acceso a la información sobre las sanciones administrativas y otras medidas administrativas impuestas a las empresas de servicios de inversión.

(19) A fin de detectar incumplimientos tanto de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva como del Reglamento (UE) 2019/2033, conviene que los Estados miembros posean las facultades de investigación necesarias y establezcan mecanismos eficaces y rápidos de información acerca de incumplimientos reales o potenciales.

(20) Las empresas de servicios de inversión no consideradas pequeñas y no interconectadas deben disponer de un capital interno que resulte adecuado en cantidad, calidad y distribución para cubrir los riesgos específicos a los que estén o puedan estar expuestas. Las autoridades competentes deben asegurarse de que las empresas de servicios de inversión disponen de estrategias y procedimientos adecuados para evaluar y mantener la adecuación de su capital interno. Las autoridades competentes también deben poder solicitar a las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas la aplicación de requisitos similares cuando proceda.

(21) Las facultades de revisión y evaluación supervisoras deben seguir siendo un importante instrumento regulador que permita a las autoridades competentes evaluar elementos cualitativos, tales como los controles y la gobernanza internos o los procesos y procedimientos de gestión de riesgos, y en caso necesario establecer requisitos adicionales, en particular en relación con los requisitos de fondos propios y liquidez, especialmente para empresas de servicios de inversión no consideradas pequeñas y no interconectadas, y cuando la autoridad competente lo considere justificado y adecuado también para empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas.

(22) El principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor se establece en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las entidades de servicios de inversión deben aplicar este principio de forma sistemática. Para aproximar las remuneraciones al perfil de riesgo de las empresas de servicios de inversión y garantizar condiciones de competencia equitativas, las empresas de servicios de inversión han de estar sujetas a disposiciones claras en materia de gobernanza empresarial y disponer de normas de remuneración no discriminatorias entre mujeres y hombres y que tengan en cuenta las diferencias entre las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión. Las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas deben, no obstante, quedar exentas de esas normas, ya que las disposiciones en materia de remuneraciones y gobernanza empresarial establecidas en la Directiva 2014/65/UE son lo suficientemente exhaustivas para esos tipos de empresas de servicios de inversión.

(23) De modo similar, el informe de la Comisión, de 28 de julio de 2016, sobre la evaluación de las normas sobre remuneración de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 575/2013 puso de manifiesto que los requisitos sobre aplazamiento y pago mediante instrumentos, contemplados en la Directiva 2013/36/UE, no son apropiados para las empresas de servicios de inversión pequeñas y no complejas, ni para el personal con niveles bajos de remuneración variable. Son necesarios criterios claros, coherentes y armonizados para la identificación de aquellas empresas de servicios de inversión y personas que quedan exentas de estos requisitos, de modo que se garanticen la convergencia de las prácticas de supervisión y condiciones de competencia equitativas. Habida cuenta del importante papel que desempeñan las personas altamente remuneradas en la dirección de la actividad y en el rendimiento a largo plazo de las empresas de servicios de inversión, procede garantizar una supervisión efectiva de las prácticas y tendencias en materia de remuneración de las personas altamente remuneradas. Por consiguiente, las autoridades competentes deben contar con la posibilidad de realizar un seguimiento de la remuneración de las personas altamente remuneradas.

(24) Es asimismo conveniente ofrecer a las empresas de servicios de inversión cierta flexibilidad en el modo en que utilizan los instrumentos distintos del efectivo para abonar una remuneración variable, siempre que dichos instrumentos sean eficaces para alcanzar el objetivo de aproximar los intereses del personal a los de las distintas partes interesadas, como los accionistas y acreedores, y contribuir a la adaptación de la remuneración variable al perfil de riesgo de la empresa de servicios de inversión.

(25) Los ingresos de las empresas de servicios de inversión en forma de comisiones y otros ingresos relacionados con la prestación de diferentes servicios de inversión son muy volátiles. Limitar el componente variable de las remuneraciones a una parte de su componente fijo afectaría a la capacidad de la empresa de servicios de inversión para reducir las remuneraciones en momentos de reducción de los ingresos y podría dar lugar a un incremento de la base de costes fijos de la empresa de servicios de inversión, entrañando a su vez riesgos para la capacidad de aquella de resistir períodos de recesión económica o de reducción de los ingresos. Para evitar esos riesgos, no debe imponerse a las empresas de servicios de inversión sin importancia sistémica una ratio máxima única entre el componente fijo y el variable de las remuneraciones. En su lugar, dichas empresas de servicios de inversión han de establecer por sí mismas las ratios apropiadas. Sin embargo, la presente Directiva no ha de ser óbice para que los Estados miembros apliquen medidas de Derecho nacional que impongan a las empresas de servicios de inversión requisitos más estrictos de ratio máxima entre el componente fijo y el variable de las remuneraciones. La presente Directiva tampoco debe impedir a los Estados miembros imponer dicha ratio máxima a todas las empresas de servicios de inversión o a determinados tipos específicos.

(26) La presente Directiva no debe ser óbice para que los Estados miembros adopten un planteamiento más estricto en materia de remuneración cuando las empresas de servicios de inversión reciban ayuda financiera pública extraordinaria.

(27) Existen en los Estados miembros diferentes estructuras de gobernanza de las empresas. En la mayoría de los casos se trata de estructuras unitarias o duales de órganos de dirección. Las definiciones establecidas en la presente Directiva pretenden englobar todas las estructuras existentes, sin mostrar ninguna preferencia por ninguna en concreto. Se trata de definiciones meramente funcionales, con miras a establecer normas destinadas a obtener un resultado concreto, independientemente de la normativa nacional en materia de sociedades que se aplique en cada Estado miembro. Por tanto, las definiciones no deben interferir en la asignación general de competencias prevista en el Derecho de sociedades a nivel nacional.

(28) Debe entenderse que los órganos de dirección tienen funciones ejecutivas y supervisoras. Las competencias y la estructura de los órganos de dirección varían de un Estado miembro a otro. En los Estados miembros donde los órganos de dirección tienen una estructura unitaria, el consejo de administración único ejerce normalmente las funciones de gestión y de supervisión. En los Estados miembros con un sistema dual, un órgano de vigilancia separado sin funciones ejecutivas ejerce la función supervisora, y otro órgano de dirección separado ejerce la función ejecutiva y es responsable y debe rendir cuentas de la gestión cotidiana de la empresa. Por tanto, entes diferentes del órgano de dirección tienen asignadas funciones diferentes.

(29) En respuesta a la creciente demanda de transparencia fiscal por parte de la opinión pública y para promover la responsabilidad empresarial de las empresas de servicios de inversión, es conveniente exigir a estas empresas, excepto a las consideradas pequeñas y no interconectadas, que divulguen anualmente determinada información, incluida información sobre los beneficios obtenidos, los impuestos pagados y las posibles subvenciones públicas recibidas.

(30) Con el fin de abordar los riesgos a nivel de los grupos exclusivos de empresa de servicios de inversión, el método de consolidación prudencial exigido por el Reglamento (UE) 2019/2033 debe, en el caso de estructuras de grupo más simples, ir acompañado de una prueba de capital del grupo. La determinación del supervisor de grupo, sin embargo, debe basarse en ambos casos en los mismos principios que se aplican en el caso de la supervisión en base consolidada con arreglo a la Directiva 2013/36/UE. Para garantizar una cooperación adecuada, los elementos básicos de las medidas de coordinación, y en particular los requisitos de información en situaciones de urgencia o los mecanismos de cooperación y coordinación, deben ser similares a los elementos básicos de coordinación aplicables en el marco del código normativo único de las entidades de crédito.

(31) La Comisión debe estar facultada para presentar al Consejo recomendaciones para la negociación de acuerdos entre la Unión y terceros países destinados al ejercicio práctico de la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo por parte de las empresas de servicios de inversión cuyas empresas matrices tengan su sede en terceros países y de las empresas de servicios de inversión que operen en terceros países y cuyas empresas matrices tengan su sede en la Unión. Por otra parte, los Estados miembros y la ABE también deben poder celebrar acuerdos de cooperación con terceros países para el desempeño de sus funciones de supervisión.

(32) A fin de garantizar la seguridad jurídica y de evitar solapamientos entre el marco prudencial actualmente aplicable a las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión y la presente Directiva, el Reglamento (UE) n.o 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE deben ser modificados para excluir a las empresas de servicios de inversión de su ámbito de aplicación. No obstante, las empresas de servicios de inversión que formen parte de un grupo bancario deben seguir estando sujetas a las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y de la Directiva 2013/36/UE que sean pertinentes para el grupo bancario, tales como las normas de consolidación prudencial previstas en los artículos 11 a 24 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y las disposiciones sobre la empresa matriz intermedia de la UE previstas en el artículo 21 ter de la Directiva 2013/36/UE.

(33) Es necesario especificar las medidas que las empresas deben adoptar para verificar si están incluidas en la definición de entidad de crédito que establece el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y si, por lo tanto, deben obtener autorización como entidad de crédito. Dado que determinadas empresas de servicios de inversión ya llevan a cabo las actividades que se enumeran en el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE, también es necesario garantizar la claridad en relación con la continuidad de la autorización relativa a esas actividades. En particular, en la transición del marco actual al nuevo marco resulta esencial que las autoridades competentes garanticen suficiente seguridad jurídica para las empresas de servicios de inversión.

(34) A fin de garantizar una supervisión eficaz, es importante que las empresas que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 soliciten autorización como entidad de crédito. Por consiguiente, las autoridades competentes deben tener la posibilidad de imponer sanciones a las empresas que no soliciten dicha autorización.

(35) La modificación de la definición de «entidad de crédito» en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 por el Reglamento (UE) 2019/2033 puede englobar, a partir de la entrada en vigor de este último, a las empresas de servicios de inversión que ya operan sobre la base de una autorización expedida con arreglo a la Directiva 2014/65/UE. Esas empresas deben estar facultadas para seguir operando con su autorización como empresas de servicios de inversión hasta que se les conceda la autorización como entidad de crédito. Deben presentar una solicitud de autorización como entidad de crédito a más tardar cuando la media de sus activos totales mensuales sea igual o superior a alguno de los umbrales señalados en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 a lo largo de un período de doce meses consecutivos. Cuando las empresas de servicios de inversión alcancen cualquiera de los umbrales señalados en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, la media de sus activos totales mensuales debe calcularse teniendo en cuenta los doce meses consecutivos anteriores a esa fecha. Esas empresas de servicios de inversión deben solicitar la autorización como entidad de crédito en el plazo de un año y un día tras la entrada en vigor de la presente Directiva.

(36) La modificación de la definición de «entidad de crédito» en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 por el Reglamento (UE) 2019/2033 puede afectar también a las empresas que ya hayan solicitado su autorización como empresas de servicios de inversión con arreglo a la Directiva 2014/65/UE y cuya solicitud aún esté pendiente. En caso de que el total previsto de activos pertenecientes a la empresa sea igual o superior a alguno de los umbrales establecidos en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, esas solicitudes deben transferirse a las autoridades competentes con arreglo a la Directiva 2013/36/UE y tratarse de conformidad con lo que dicha Directiva dispone en relación con la autorización.

(37) Las empresas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 también deben estar sujetas a todos los requisitos de acceso a la actividad de las entidades de crédito establecidos en el título III de la Directiva 2013/36/UE, incluidas las disposiciones relativas a la revocación de la autorización de conformidad con el artículo 18 de dicha Directiva. El artículo 18 de dicha Directiva debe modificarse, no obstante, con el fin de garantizar que las autoridades competentes puedan revocar la autorización concedida a una entidad de crédito cuando esta la utilice exclusivamente para llevar a cabo las actividades mencionadas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y su media de activos totales se sitúe durante cinco años consecutivos por debajo de los umbrales establecidos en dicha letra.

(38) De conformidad con el artículo 39 de la Directiva 2014/65/UE, las empresas de terceros países que presten servicios financieros en la Unión están sujetas a regímenes nacionales que pueden requerir el establecimiento de una sucursal en un Estado miembro. Para facilitar el seguimiento y la evaluación periódicos de las actividades llevadas a cabo por parte de empresas de terceros países a través de sucursales en la Unión, las autoridades competentes deben ser informadas sobre la magnitud y el alcance de los servicios prestados y de las actividades realizadas a través de sucursales sitas en su territorio.

(39) Las referencias cruzadas específicas que figuran en las Directivas 2009/65/CE (12), 2011/61/UE (13) y 2014/59/UE (14) del Parlamento Europeo y del Consejo a aquellas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y de la Directiva 2013/36/UE que dejen de aplicarse a las empresas de servicios de inversión en la fecha de aplicación de la presente Directiva y del Reglamento (UE) 2019/2033, deben entenderse hechas a las disposiciones correspondientes de la presente Directiva y del Reglamento (UE) 2019/2033.

(40) La ABE, en cooperación con la AEVM, ha publicado un informe que se sustenta en un profundo análisis del contexto, la recogida de datos y la realización de consultas acerca de un régimen prudencial específico para todas las empresas de servicios de inversión sin importancia sistémica, el cual sirve de base para el marco prudencial revisado de las empresas de servicios de inversión.

(41) A fin de garantizar la aplicación armonizada de la presente Directiva, la ABE debe elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para especificar de forma más precisa los criterios a fin de incluir a otras empresas de servicios de inversión en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 575/2013, especificar la información que las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de los Estados miembros de acogida deben intercambiar en el contexto de la supervisión, a fin de establecer la forma en que las empresas de servicios de inversión deben evaluar el volumen de sus actividades a efectos de los requisitos de gobernanza interna y, en particular, para evaluar si constituyen empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas. Las normas técnicas de regulación deben indicar asimismo las categorías de miembros del personal cuya actividad profesional incide de manera importante en el perfil de riesgo de las empresas a los efectos de las disposiciones sobre remuneraciones, y especificar los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de nivel 2 que puedan considerarse remuneración variable. Por último, las normas técnicas de regulación deben especificar los elementos para la evaluación de los riesgos específicos de liquidez, de la aplicación de requisitos de fondos propios adicionales por parte de las autoridades competentes y el funcionamiento de los colegios de supervisores. La Comisión debe completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación elaboradas por la ABE, mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010. La Comisión y la ABE deben velar por que todas las empresas de servicios de inversión afectadas puedan aplicar esas normas técnica de regulación de manera proporcional a la naturaleza, la magnitud y la complejidad de dichas empresas y de sus actividades.

(42) Asimismo, la Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución elaboradas por la ABE relativas al intercambio de información entre las autoridades competentes y a los requisitos de publicación de las autoridades competentes, y normas técnicas de regulación elaboradas por la AEVM mediante actos de ejecución en virtud del artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.

(43) A fin de garantizar la aplicación uniforme de la presente Directiva y de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, para completar la presente Directiva aportando mayor claridad a las definiciones contenidas en ella, a las evaluaciones del capital interno y de los riesgos de las empresas de servicios de inversión, y a las facultades de revisión y evaluación supervisoras de las autoridades competentes. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (15). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(44) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un marco prudencial eficaz y proporcionado para garantizar que las empresas de servicios de inversión autorizadas a operar en la Unión lo hagan sobre una base financiera sólida y se gestionen de manera ordenada, actuando también en el mejor interés de sus clientes, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(45) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (16), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

TÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1 Objeto La presente Directiva establece normas sobre: a) el capital inicial de las empresas de servicios de inversión; b) las facultades y los instrumentos para la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión por parte de las autoridades competentes; c) la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión por parte de las autoridades competentes de manera coherente con las normas que establece el Reglamento (UE) 2019/2033; d) los requisitos de publicación de las autoridades competentes en el ámbito de la reglamentación y la supervisión prudenciales de las empresas de servicios de inversión.

Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. La presente Directiva se aplicará a las empresas de servicios de inversión autorizadas y supervisadas con arreglo a la Directiva 2014/65/UE. 2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, los títulos IV y V de la presente Directiva no se aplican a las empresas de servicios de inversión a que se refiere el artículo 1, apartados 2 y 5, del Reglamento (UE) 2019/2033, que se supervisarán para verificar el cumplimiento de los requisitos prudenciales establecidos en los títulos VII y VIII de la Directiva 2013/36/UE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2019/2033.

Artículo 3 Definiciones 1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1) «empresa de servicios auxiliares», una empresa cuya actividad principal sea la tenencia o gestión de inmuebles, la gestión de servicios de tratamiento de datos u otra actividad similar que tenga carácter auxiliar con respecto a la actividad principal de una o varias empresas de servicios de inversión; 2) «autorización», la autorización de una empresa de servicios de inversión, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2014/65/UE; 3) «sucursal», una sucursal tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 30, de la Directiva 2014/65/UE; 4) «vínculos estrechos», los vínculos estrechos tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 35, de la Directiva 2014/65/UE; 5) «autoridad competente», una autoridad o un organismo público de un Estado miembro que esté oficialmente reconocido y facultado por la legislación nacional para supervisar a las empresas de servicios de inversión con arreglo a la presente Directiva, en el marco del sistema de supervisión vigente en dicho Estado miembro; 6) «operador en materias primas y derechos de emisión»: un operador en materias primas y derechos de emisión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 150, del Reglamento (UE) n.o 575/2013; 7) «control», la relación existente entre una empresa matriz y una filial, tal y como se describe en el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (17) o en las normas de contabilidad a que está sujeta una empresa de servicios de inversión en virtud del Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), o una relación similar entre cualquier persona física o jurídica y una empresa; 8) «cumplimiento de la prueba de capital del grupo», el cumplimiento, por parte de una empresa matriz de un grupo de empresas de servicios de inversión, de los requisitos previstos en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2033; 9) «entidad de crédito», una entidad de crédito tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013; 10) «derivados», los derivados tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 29, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (19); 11) «entidad financiera», una entidad financiera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 14, del Reglamento (UE) 2019/2033; 12) «política de remuneración no discriminatoria entre mujeres y hombres», una política de remuneración no discriminatoria entre mujeres y hombres tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 65, de la Directiva 2013/36/UE modificada por la Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo (20); 13) «grupo», un grupo tal como se define en el artículo 2, punto 11, de la Directiva 2013/34/UE; 14) «situación consolidada», una situación consolidada tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 11, del Reglamento (UE) 2019/2033; 15) «supervisor de grupo», una autoridad competente responsable de la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo por las empresas de servicios de inversión matrices de la Unión y las empresas de servicios de inversión controladas por sociedades de cartera de inversión matrices de la Unión o por sociedades financieras mixtas de cartera matrices de la Unión; 16) «Estado miembro de origen», el Estado miembro de origen tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 55, letra a), de la Directiva 2014/65/UE; 17) «Estado miembro de acogida», el Estado miembro de acogida tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 56, de la Directiva 2014/65/UE; 18) «capital inicial», el capital exigido a efectos de obtener la autorización como empresa de servicios de inversión, cuyo importe y composición se especifican en los artículos 9 y 11; 19) «empresa de servicios de inversión», una empresa de servicios de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE; 20) «grupo de empresa de servicios de inversión», un grupo de empresa de servicios de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 25, del Reglamento (UE) 2019/2033; 21) «sociedad de cartera de inversión», una sociedad de cartera de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 23, del Reglamento (UE) 2019/2033; 22) «servicios y actividades de inversión», los servicios y actividades de inversión tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2014/65/UE; 23) «órgano de dirección», un órgano de dirección tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 36, de la Directiva 2014/65/UE; 24) «órgano de dirección en su función supervisora», el órgano de dirección cuando desempeñe funciones de vigilancia y supervisión del proceso de adopción de decisiones de la dirección; 25) «sociedad financiera mixta de cartera», una sociedad financiera mixta de cartera tal como se define en el artículo 2, punto 15, de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (21); 26) «sociedad mixta de cartera», una empresa matriz que no sea una sociedad financiera de cartera, una sociedad de cartera de inversión, una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión o una sociedad financiera mixta de cartera en el sentido de lo dispuesto en la Directiva 2002/87/CE, entre cuyas filiales se incluya al menos una empresa de servicios de inversión; 27) «alta dirección», la alta dirección tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 37, de la Directiva 2014/65/UE; 28) «empresa matriz», una empresa matriz tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 32, de la Directiva 2014/65/UE; 29) «filial», una filial tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 33, de la Directiva 2014/65/UE; 30) «riesgo sistémico», un riesgo sistémico tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 10, de la Directiva 2013/36/UE; 31) «empresa de servicios de inversión matriz de la Unión», una empresa de servicios de inversión matriz de la Unión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 56, del Reglamento (UE) 2019/2033; 32) «sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión», una sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 57, del Reglamento (UE) 2019/2033; 33) «sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión», una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 58, del Reglamento (UE) 2019/2033. 2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 58 a fin de completar la presente Directiva aportando mayor claridad a las definiciones establecidas en el apartado 1 para: a) garantizar la aplicación uniforme de la presente Directiva; b) tener en cuenta, en la aplicación de la presente Directiva, la evolución de los mercados financieros.

TÍTULO II

AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 4 Designación y facultades de las autoridades competentes 1. Los Estados miembros designarán a una o más autoridades competentes para desempeñar las funciones y cumplir los deberes previstos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) (UE) 2019/2033. Los Estados miembros informarán a la Comisión, a la ABE y a la AEVM de esa designación y, cuando exista más de una autoridad competente, de las funciones y deberes de cada una. 2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes supervisen las actividades de las empresas de servicios de inversión y, en su caso, de las sociedades de cartera de inversión y de las sociedades financieras mixtas de cartera, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva y del Reglamento (UE) 2019/2033. 3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes tengan todas las facultades necesarias, incluida la de llevar a cabo comprobaciones in situ de conformidad con el artículo 14, para obtener la información necesaria para evaluar el cumplimiento, por parte de las empresas de servicios de inversión y, en su caso, de las sociedades de cartera de inversión y de las sociedades financieras mixtas de cartera, de los requisitos de la presente Directiva y del Reglamento (UE) 2019/2033, y para investigar posibles incumplimientos de esos requisitos. 4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes posean la experiencia, los recursos, la capacidad operativa, las facultades y la independencia necesarios para ejercer las funciones relativas a la supervisión prudencial, la investigación y las sanciones previstas en la presente Directiva. 5. Los Estados miembros exigirán que las empresas de servicios de inversión proporcionen a sus autoridades competentes toda la información necesaria para evaluar si las empresas de servicios de inversión cumplen las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y el Reglamento (UE) 2019/2033. Los mecanismos de control interno y los procedimientos administrativos y contables de las empresas de servicios de inversión harán posible que las autoridades competentes comprueben el cumplimiento de esas disposiciones en todo momento. 6. Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión registren todas sus operaciones y documenten todos los sistemas y procesos sujetos a la presente Directiva y al Reglamento (UE) 2019/2033, de tal manera que las autoridades competentes puedan comprobar en todo momento el cumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y el Reglamento (UE) 2019/2033.

Artículo 5 Facultad discrecional de las autoridades competentes para someter a determinadas empresas de servicios de inversión a los requisitos del Reglamento (UE) n.o 575/2013 1. Las autoridades competentes podrán decidir aplicar los requisitos del Reglamento (UE) n.o 575/2013, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, párrafo primero, letra c), del Reglamento (UE) 2019/2033, a una empresa de servicios de inversión que lleve a cabo alguna de las actividades enumeradas en el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE, cuando el valor total de los activos consolidados de la empresa de servicios de inversión, calculado como la media de los doce meses anteriores, sea igual o superior a 5 000 millones EUR, y sea de aplicación una o varias de las condiciones siguientes: a) la empresa de servicios de inversión lleva a cabo las citadas actividades a una escala tal que en caso de quiebra o dificultades financieras de la empresa de servicios de inversión podría provocar un riesgo sistémico; b) la empresa de servicios de inversión es un miembro compensador en el sentido de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, punto 3, del Reglamento (UE) 2019/2033; c) la autoridad competente lo considera justificado habida cuenta del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la empresa de servicios de inversión de que se trate, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y tomando en consideración uno o varios de los siguientes factores: i) la importancia de la empresa de servicios de inversión para la economía de la Unión o del Estado miembro pertinente; ii) la importancia de las actividades transfronterizas de la empresa de servicios de inversión; iii) la interconexión de la empresa de servicios de inversión con el sistema financiero. 2. El apartado 1 no se aplicará a los operadores en materias primas y derechos de emisión, a los organismos de inversión colectiva ni a las empresas de seguros. 3. Cuando una autoridad competente decida aplicar los requisitos del Reglamento (UE) n.o 575/2013 a una empresa de servicios de inversión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, dicha empresa de servicios de inversión será objeto de supervisión para comprobar el cumplimiento de los requisitos prudenciales establecidos en los títulos VII y VIII de la Directiva 2013/36/UE. 4. Cuando una autoridad competente decida revocar una decisión adoptada de conformidad con el apartado 1, deberá notificarlo sin demora a la empresa de servicios de inversión. Toda decisión adoptada por las autoridades competentes en virtud del apartado 1dejará de aplicarse si la empresa de servicios de inversión deja de cumplir el límite cuantitativo a que se hace referencia en el citado apartado, calculado sobre la base de un período de doce meses consecutivos. 5. Las autoridades competentes informarán sin demora a la ABE de cualquier decisión adoptada de conformidad con los apartados 1, 3 y 4. 6. La ABE, previa consulta a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar de forma más precisa los criterios establecidos en el apartado 1, letras a) y b), y garantizar su aplicación uniforme. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el 26 de diciembre de 2020. Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo segundo, con arreglo a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010.

Artículo 6 Cooperación dentro de un Estado miembro 1. Las autoridades competentes cooperarán estrechamente con las autoridades u organismos públicos responsables de la supervisión de las entidades de crédito y las entidades financieras en su Estado miembro. Los Estados miembros exigirán a esas autoridades competentes y a esas autoridades u organismos públicos que intercambien, sin demora, toda la información esencial o pertinente para el ejercicio de sus funciones y deberes. 2. Las autoridades competentes que no sean las designadas de conformidad con el artículo 67 de la Directiva 2014/65/UE establecerán un mecanismo para cooperar con estas e intercambiar toda la información pertinente para el ejercicio de sus respectivas funciones y deberes.

Artículo 7 Cooperación dentro del Sistema Europeo de Supervisión Financiera 1. En el ejercicio de sus funciones, las autoridades competentes tendrán en cuenta la convergencia de los instrumentos y las prácticas de supervisión en la aplicación de las disposiciones legales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y al Reglamento (UE) 2019/2033. 2. Los Estados miembros velarán por que: a) las autoridades competentes, como integrantes del SESF, cooperen con confianza y pleno respeto mutuo, en particular para garantizar el intercambio de información apropiada, fiable y exhaustiva entre ellas y otras partes del SESF; b) las autoridades competentes participen en las actividades de la ABE y, cuando corresponda, en los colegios de supervisores a que se refieren el artículo 48 de la presente Directiva y el artículo 116 de la Directiva 2013/36/UE; c) las autoridades competentes hagan lo posible para garantizar el cumplimiento de las directrices y recomendaciones que formule la ABE de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y atenerse a los avisos y recomendaciones que formule la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (22); d) las autoridades competentes cooperen estrechamente con la JERS; e) los cometidos y facultades conferidos a las autoridades competentes no impidan a estas ejercer sus funciones en cuanto miembros de la ABE o de la JERS o de conformidad con la presente Directiva y con el Reglamento (UE) 2019/2033.

Artículo 8 Dimensión de la supervisión a escala de la Unión Las autoridades competentes de cada Estado miembro, en el ejercicio de sus funciones generales, tomarán debidamente en consideración la posible incidencia de sus decisiones en la estabilidad del sistema financiero de otros Estados miembros afectados y de la Unión en su conjunto, en particular en situaciones de urgencia, basándose en la información disponible en el momento de que se trate.

TÍTULO III

CAPITAL INICIAL

Artículo 9 Capital inicial 1. El capital inicial exigido a las empresas de servicios de inversión con arreglo al artículo 15 de la Directiva 2014/65/UE para autorizar la prestación de cualquiera de los servicios o la realización de cualquiera de las actividades de inversión enumerados en el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE será de 750 000 EUR. 2. El capital inicial exigido a las empresas de servicios de inversión con arreglo al artículo 15 de la Directiva 2014/65/UE para autorizar la prestación de cualquiera de los servicios o la realización de cualquiera de las actividades de inversión enumerados en el anexo I, sección A, puntos 1, 2, 4, 5 y 7, de la Directiva 2014/65/UE, siempre que no les esté permitido tener en depósito dinero de clientes o valores pertenecientes a clientes, será de 75 000 EUR. 3. El capital inicial exigido con arreglo al artículo 15 de la Directiva 2014/65/UE a las empresas de servicios de inversión distintas de las contempladas en los apartados 1, 2 y 4, del presente artículo será de 150 000 EUR. 4. El capital inicial de una empresa de servicios de inversión autorizada a prestar los servicios de inversión o a realizar la actividad de inversión enumerada en el anexo I, sección A, punto 9, de la Directiva 2014/65/UE, cuando esa empresa de servicios de inversión practique la negociación por cuenta propia o tenga autorización para ello, será de 750.000 EUR.

Artículo 10 Referencias al capital inicial en la Directiva 2013/36/UE A partir del 26 de junio de 2021, deberá entenderse que las referencias a los niveles de capital inicial establecidos en el artículo 9 de la presente Directiva sustituyen a las referencias que otros actos jurídicos de la Unión contengan a los niveles de capital inicial establecidos por la Directiva 2013/36/UE, de la manera siguiente: a) toda referencia al capital inicial de las empresas de servicios de inversión en el artículo 28 de la Directiva 2013/36/UE se entenderá hecha al artículo 9, apartado 1, de la presente Directiva; b) toda referencia al capital inicial de las empresas de servicios de inversión en los artículos 29 y 31 de la Directiva 2013/36/UE se entenderá hecha al artículo 9, apartados 2, 3 o 4, de la presente Directiva, en función del tipo de servicios y de las actividades de inversión de la empresa de servicios de inversión; c) toda referencia al capital inicial en el artículo 30 de la Directiva 2013/36/UE se entenderá hecha al artículo 9, apartado 1, de la presente Directiva.

Artículo 11 Composición del capital inicial El capital inicial de las empresas de servicios de inversión se constituirá con arreglo al artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2033.

TÍTULO IV

SUPERVISIÓN PRUDENCIAL

CAPÍTULO 1

Principios de la supervisión prudencial

Sección 1

Competencias y obligaciones de los Estados miembros de origen y de acogida

Artículo 12 Competencias de las autoridades competentes del Estado miembro de origen y de acogida La supervisión prudencial de una empresa de servicios de inversión estará a cargo de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Directiva que atribuyan competencia a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.

Artículo 13 Cooperación entre las autoridades competentes de distintos Estados miembros 1. Las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros colaborarán estrechamente en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Directiva y al Reglamento (UE) 2019/2033, en especial mediante el intercambio, sin demora, de información sobre las empresas de servicios de inversión, incluidos los elementos siguientes: a) información sobre la dirección y la estructura de propiedad de la empresa de servicios de inversión; b) información sobre el cumplimiento de los requisitos de fondos propios por parte de la empresa de servicios de inversión; c) información sobre el cumplimiento de los requisitos de concentración de riesgos y de liquidez de la empresa de servicios de inversión; d) información sobre los procedimientos administrativos y contables y los mecanismos de control interno de la empresa de servicios de inversión; e) cualquier otro factor relevante que pueda influir en el riesgo que entrañe la empresa de servicios de inversión. 2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen comunicarán inmediatamente a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida toda la información y las constataciones en relación con cualquier problema y riesgo que una empresa de servicios de inversión pueda plantear para la protección de los clientes o la estabilidad del sistema financiero del Estado miembro de acogida y que hayan detectado durante la supervisión de las actividades de la empresa de servicios de inversión. 3. A raíz de la información facilitada por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, las autoridades competentes del Estado miembro de origen procederán a adoptar todas las medidas necesarias para resolver o evitar los posibles problemas y riesgos mencionados en el apartado 2. Previa solicitud, las autoridades competentes del Estado miembro de origen explicarán detalladamente a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la manera en que hayan tenido en cuenta la información y las constataciones transmitidas por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida. 4. Cuando, tras la comunicación de la información y las constataciones a que se refiere el apartado 2, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida consideren que las autoridades competentes del Estado miembro de origen no han tomado las medidas necesarias contempladas en el apartado 3, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, tras informar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, a la ABE y a la AEVM podrán tomar las medidas adecuadas para proteger a los clientes destinatarios de los servicios o preservar la estabilidad del sistema financiero. Las autoridades competentes podrán someter a la ABE aquellos casos en que una solicitud de colaboración, en particular una solicitud para intercambiar información, haya sido denegada o no haya sido atendida dentro de un plazo razonable. En esos casos, la ABE podrá, sin perjuicio del artículo 258 del TFUE, actuar de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010. La ABE también podrá ayudar a las autoridades competentes a alcanzar un acuerdo sobre el intercambio de información en virtud del presente artículo por propia iniciativa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del mencionado Reglamento. 5. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen que estén en desacuerdo con las medidas de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán remitir el asunto a la ABE, que actuará de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010. Cuando la ABE actúe de conformidad con el artículo citado, adoptará una decisión en el plazo de un mes. 6. A efectos de evaluar la condición que figura en el artículo 23, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento (UE) 2019/2033, la autoridad competente del Estado miembro de origen de la empresa de servicios de inversión podrá solicitar a la autoridad competente del Estado miembro de origen de un miembro compensador información relativa al modelo de garantías y a los parámetros utilizados para el cálculo de las garantías exigidas a la empresa de servicios de inversión correspondiente. 7. La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los requisitos de tipo y naturaleza de la información a la que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo. Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010. 8. La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para establecer formularios, plantillas y procedimientos normalizados referentes a los requisitos en materia de intercambio de información, con el fin de facilitar la supervisión de las empresas de servicios de inversión. Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010. 9. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas mencionados en los apartados 7 y 8 a más tardar el 26 de junio de 2021.

Artículo 14 Comprobación e inspección in situ de las sucursales establecidas en otro Estado miembro 1. Los Estados miembros de acogida dispondrán que, cuando una empresa de servicios de inversión autorizada en otro Estado miembro ejerza su actividad a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tras haber informado a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, puedan proceder, por sí mismas o por mediación de personas a quienes hayan designado para ello, a la comprobación in situ de las informaciones contempladas en el artículo 13, apartado 1, y a la inspección de tales sucursales. 2. Con fines de supervisión y cuando lo consideren pertinente por motivos de estabilidad del sistema financiero en el Estado miembro de acogida, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida tendrán la facultad de llevar a cabo, atendiendo a las circunstancias de cada caso, comprobaciones e inspecciones in situ de las actividades realizadas por las sucursales de las empresas de servicios de inversión en su territorio, así como de exigir información a una sucursal sobre sus actividades. Antes de proceder a tales comprobaciones e inspecciones, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida consultarán sin demora a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. A la mayor brevedad posible, una vez realizadas esas comprobaciones e inspecciones, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comunicarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen la información obtenida y los resultados que sean pertinentes para la evaluación del riesgo de la empresa de servicios de inversión correspondiente.

Sección 2

Secreto profesional y deber de información

Artículo 15 Secreto profesional e intercambio de información confidencial 1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y todas las personas que trabajen o hayan trabajado para dichas autoridades competentes, incluidas las personas a que se refiere el artículo 76, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE, estén sujetas a la obligación de secreto profesional a efectos de la presente Directiva y del Reglamento (UE) 2019/2033. La información confidencial que las mencionadas autoridades competentes y personas reciban en el ejercicio de sus funciones solamente podrá ser revelada en forma resumida o agregada, siempre y cuando no pueda identificarse a empresas de servicios de inversión ni a personas concretas, sin perjuicio de los supuestos regulados por el Derecho penal. Cuando una empresa de servicios de inversión haya sido declarada en quiebra o esté en proceso de liquidación forzosa, toda aquella información confidencial que no ataña a terceros podrá ser revelada en el curso de procedimientos civiles o mercantiles cuando dicha revelación fuera necesaria para el desarrollo de estos. 2. Las autoridades competentes utilizarán la información confidencial recopilada, intercambiada o transmitida en virtud de la presente Directiva y del Reglamento (UE) 2019/2033 exclusivamente para desempeñar sus funciones y, en particular, para los fines siguientes: a) el seguimiento de las normas prudenciales establecidas en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) 2019/2033; b) la imposición de sanciones; c) en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la autoridad competente, o d) en el marco de un procedimiento judicial iniciado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23. 3. Las personas físicas o jurídicas y otros organismos, distintos de las autoridades competentes, que reciban información confidencial con arreglo a la presente Directiva y al Reglamento (UE) 2019/2033 harán uso de ella exclusivamente para los fines dispuestos expresamente por la autoridad competente o de conformidad con el Derecho nacional. 4. Las autoridades competentes podrán intercambiar información confidencial a efectos del apartado 2, indicar expresamente el modo en que dicha información debe tratarse y restringir expresamente cualquier otra transmisión de esa información. 5. La obligación contemplada en el apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades competentes transmitan información confidencial a la Comisión cuando dicha información sea necesaria para el ejercicio de las facultades de la Comisión. 6. Las autoridades competentes podrán facilitar información confidencial a la ABE, a la AEVM, a la JERS, a los bancos centrales de los Estados miembros, al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y al Banco Central Europeo en su calidad de autoridades monetarias y, en su caso, a las autoridades públicas responsables de la vigilancia de los sistemas de pago y liquidación, cuando dicha información sea necesaria para el desempeño de sus funciones.

Artículo 16 Acuerdos de cooperación con terceros países para el intercambio de información A efectos del desempeño de sus funciones de supervisión en virtud de la presente Directiva o del Reglamento (UE) 2019/2033, y con objeto de intercambiar información, las autoridades competentes, la ABE y la AEVM, con arreglo al artículo 33 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 o al artículo 33 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, según el caso, podrán celebrar acuerdos de cooperación con las autoridades de supervisión de terceros países, así como con las autoridades u organismos de terceros países que se encarguen de las funciones que se enumeran a continuación, siempre que respecto a la información divulgada existan garantías de secreto profesional equivalentes, al menos, a las que figuran en el artículo 15 de la presente Directiva: a) la supervisión de las entidades financieras y los mercados financieros, incluida la supervisión de entidades financieras que tienen licencia para operar como entidades de contrapartida central, cuando se hayan reconocido dichas entidades de contrapartida central en virtud del artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (23); b) la liquidación y la quiebra de las empresas de servicios de inversión y otros procedimientos similares; c) la vigilancia de los órganos que intervienen en la liquidación y la quiebra de las empresas de servicios de inversión y otros procedimientos similares; d) la realización de auditorías legales de entidades financieras o entidades que administran sistemas de indemnización; e) la vigilancia de las personas encargadas de la realización de las auditorías legales de las cuentas de las entidades financieras; f) la vigilancia de las personas que operan en los mercados de derechos de emisión, a fin de garantizar una visión de conjunto consolidada de los mercados financieros y de contado; g) la vigilancia de las personas que operan en los mercados de derivados sobre materias primas agrícolas, a fin de garantizar una visión de conjunto consolidada de los mercados financieros y de contado.

Artículo 17 Obligaciones de las personas responsables del control de las cuentas anuales y consolidadas Los Estados miembros dispondrán que toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (24) y que realice en una empresa de servicios de inversión las tareas descritas en el artículo 73 de la Directiva 2009/65/CE o en el artículo 34 de la Directiva 2013/34/UE, o cualquier otra tarea a la que esté obligada legalmente, tenga el deber de informar con celeridad a las autoridades competentes sobre cualquier hecho o decisión referente a esa empresa de servicios de inversión, o referente a una empresa que tenga vínculos estrechos con esa empresa de servicios de inversión, que: a) constituya un incumplimiento importante de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas establecidas con arreglo a la presente Directiva; b) pueda afectar a la continuidad de las actividades de la empresa de servicios de inversión; o c) pueda conllevar la denegación de la certificación de cuentas o la formulación de salvedades.

Sección 3

Sanciones, facultades de investigación y derecho de recurso

Artículo 18 Sanciones administrativas y otras medidas administrativas 1. Sin perjuicio de las facultades de supervisión a que hace referencia el título IV, capítulo 2, sección 4, de la presente Directiva, incluidas las facultades de investigación y correctivas de las autoridades competentes y el derecho de los Estados miembros de establecer e imponer sanciones penales, los Estados miembros establecerán normas sobre sanciones administrativas y otras medidas administrativas y garantizarán que sus autoridades competentes puedan imponer dichas sanciones y medidas en relación con los incumplimientos de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y el Reglamento (UE) 2019/2033, también cuando una empresa de servicios de inversión: a) no haya establecido los sistemas de gobernanza interna previstos en el artículo 26; b) no comunique a las autoridades competentes, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 54, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2019/2033, información sobre el cumplimiento de la obligación de satisfacer los requisitos de fondos propios establecidos en el artículo 11 de dicho Reglamento, o transmita esa información pero sea incompleta o inexacta; c) no comunique a las autoridades competentes, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 54, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) 2019/2033, información sobre el riesgo de concentración o transmita información incompleta o inexacta; d) incurra en un riesgo de concentración que exceda de los límites establecidos en el artículo 37 del Reglamento (UE) 2019/2033, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de dicho Reglamento; e) incumpla de manera reiterada o continuada, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento (UE) 2019/2033, la obligación de mantener activos líquidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de dicho Reglamento; f) no revele información o transmita información incompleta o inexacta, incumpliendo así lo dispuesto en la parte sexta del Reglamento (UE) 2019/2033; g) efectúe pagos a titulares de instrumentos incluidos en los fondos propios de la empresa, en supuestos en que los artículos 28, 52 o 63 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 prohíban tales pagos a titulares de instrumentos incluidos en los fondos propios; h) haya sido declarada culpable de un incumplimiento grave de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (25); i) permita que una o más personas que no cumplen los requisitos del artículo 91 de la Directiva 2013/36/UE sean nombradas miembros del órgano de dirección o continúen como tales. Los Estados miembros que no establezcan normas sobre sanciones administrativas para los incumplimientos que entren en el ámbito de aplicación del Derecho penal nacional comunicarán a la Comisión las disposiciones de Derecho penal pertinentes. Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. 2. Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 incluirán lo siguiente: a) la publicidad de la identidad de la persona física o jurídica, empresa de servicios de inversión, sociedad de cartera de inversión o sociedad financiera mixta de cartera responsable, y la naturaleza del incumplimiento; b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla; c) una prohibición temporal para ejercer funciones en empresas de servicios de inversión, aplicable a los miembros del órgano de dirección de la empresa de servicios de inversión o a cualesquiera otras personas físicas a las que se considere responsables; d) si se trata de personas jurídicas, sanciones pecuniarias administrativas de hasta el 10 % del volumen de negocio neto anual total, incluidos los ingresos brutos procedentes de intereses a percibir e ingresos asimilados, los rendimientos de acciones y otros valores de renta fija o variable, y las comisiones de la empresa en el ejercicio anterior; e) si se trata de personas jurídicas, sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias al incumplimiento, en caso de que puedan determinarse; f) si se trata de personas físicas, sanciones pecuniarias administrativas de hasta 5 000 000 EUR o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional a fecha de 25 de diciembre de 2019. Si la empresa a que se refiere el párrafo primero, letra d), es una filial, los ingresos brutos pertinentes serán los ingresos brutos resultantes de las cuentas consolidadas de la última empresa matriz en el ejercicio anterior. Los Estados miembros velarán por que, cuando una empresa de servicios de inversión incumpla las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva o lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/2033, las autoridades competentes puedan aplicar sanciones administrativas a los miembros del órgano de dirección y a otras personas físicas que, con arreglo al Derecho nacional, sean responsables del incumplimiento. 3. Los Estados miembros velarán por que, a la hora de determinar el tipo de sanciones administrativas u otras medidas administrativas a que se refiere el apartado 1 y el nivel de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas, en su caso, las siguientes: a) la gravedad y la duración del incumplimiento; b) el grado de responsabilidad de las personas físicas o jurídicas responsables del incumplimiento; c) la solidez financiera de las personas físicas o jurídicas responsables del incumplimiento, incluido el volumen de negocios total en el caso de las personas jurídicas o los ingresos anuales en el caso de las personas físicas; d) la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por las personas jurídicas responsables del incumplimiento; e) cualquier pérdida sufrida por terceros como consecuencia del incumplimiento; f) el grado de cooperación con las autoridades competentes correspondientes; g) los incumplimientos anteriores de las personas físicas o jurídicas responsables del incumplimiento; h) toda posible consecuencia sistémica del incumplimiento.

Artículo 19 Facultades de investigación Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes dispongan de todas las facultades de recopilación de información y de investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones, incluidas: a) la facultad de solicitar información a las siguientes personas físicas o jurídicas: i) empresas de servicios de inversión establecidas en el Estado miembro de que se trate; ii) sociedades de cartera de inversión establecidas en el Estado miembro de que se trate; iii) sociedades financieras mixtas de cartera establecidas en el Estado miembro de que se trate; iv) sociedades mixtas de cartera establecidas en el Estado miembro de que se trate; v) personas pertenecientes a los entes contemplados en los incisos i) a iv); vi) terceros a los que los entes contemplados en los incisos i) a iv) hayan subcontratado funciones o actividades operativas; b) la facultad de llevar a cabo todas las investigaciones necesarias por parte de cualquier persona contemplada en la letra a) establecida o situada en el Estado miembro de que se trate, lo que incluirá el derecho a: i) exigir a las personas mencionadas en la letra a) que presenten documentos; ii) examinar los libros y registros de las personas mencionadas en la letra a) y obtener copias o extractos de dichos libros y registros; iii) obtener explicaciones escritas o verbales de las personas mencionadas en la letra a) o de sus representantes o personal; iv) entrevistar a cualquier otra persona pertinente a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación; c) la facultad de proceder a cuantas inspecciones sean necesarias en los locales de uso profesional de las personas jurídicas contempladas en la letra a) y de cualesquiera otras empresas incluidas en la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo, cuando la autoridad competente sea el supervisor de grupo, siempre que se notifique previamente a las otras autoridades competentes afectadas.

Artículo 20 Publicación de las sanciones administrativas y de otras medidas administrativas 1. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes publiquen en sus sitios web oficiales, sin demora indebida, todas las sanciones administrativas y otras medidas administrativas impuestas de conformidad con el artículo 18 y contra las que no se haya interpuesto recurso o no sea ya posible interponerlo. Dicha publicación incluirá información sobre el tipo y la naturaleza del incumplimiento, así como la identidad de la persona física o jurídica sobre la que recaiga la sanción o contra la que se adopte la medida. La información solamente se publicará una vez que la persona haya sido informada de dichas sanciones o medidas y en la medida en que la publicación sea necesaria y proporcionada. 2. Cuando los Estados miembros permitan la publicación de las sanciones administrativas u otras medidas administrativas impuestas de conformidad con el artículo 18 contra las que se haya interpuesto un recurso, las autoridades competentes publicarán también en su sitio web oficial información sobre el estado en que se encuentre el recurso y sobre su resultado. 3. Las autoridades competentes publicarán las sanciones administrativas u otras medidas administrativas impuestas de conformidad con el artículo 18 de manera anónima en cualquiera de las circunstancias siguientes: a) cuando la sanción o medida se haya impuesto a una persona física y la publicación de los datos personales se considere desproporcionada; b) cuando la publicación pueda comprometer una investigación penal en curso o la estabilidad de los mercados financieros; c) cuando la publicación pueda causar un perjuicio desproporcionado a las empresas de servicios de inversión o a las personas físicas implicadas. 4. Las autoridades competentes garantizarán que la información publicada en virtud del presente artículo permanezca en sus sitios web oficiales durante cinco años como mínimo. Los datos de carácter personal solo podrán mantenerse en el sitio web oficial de la autoridad competente, cuando lo permitan las normas aplicables en materia de protección de datos.

Artículo 21 Notificación de las sanciones a la ABE Las autoridades competentes informarán a la ABE de las sanciones y otras medidas administrativas impuestas de conformidad con el artículo 18, de cualquier recurso contra dichas sanciones y otras medidas administrativas y del resultado de dichos recursos. La ABE mantendrá una base de datos central en la que constarán las sanciones administrativas y otras medidas administrativas que se le hayan comunicado, exclusivamente a fines de intercambio de información entre autoridades competentes. Dicha base de datos solo será accesible a las autoridades competentes y a la AEVM y se actualizará periódicamente, y al menos anualmente. La ABE mantendrá un sitio web con enlaces a la publicación por cada autoridad competente de las sanciones administrativas y otras medidas administrativas impuestas de conformidad con el artículo 18, e indicará el período durante el cual cada Estado miembro publica las sanciones administrativas y otras medidas administrativas.

Artículo 22 Notificación de los incumplimientos 1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes establezcan mecanismos eficaces y fiables para permitir que se notifiquen rápidamente a las autoridades competentes los incumplimientos reales o potenciales de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y del Reglamento (UE) 2019/2033. Esos mecanismos incluirán: a) procedimientos específicos para la recepción, tratamiento y actuación consecutiva a dichas notificaciones, incluido el establecimiento de canales de comunicación seguros; b) protección adecuada frente a represalias, discriminaciones y otros tipos de trato injusto por parte de la empresa de servicios de inversión para los empleados de las empresas de servicios de inversión que informen de incumplimientos cometidos en ellas; c) protección de los datos personales relativos tanto a las personas que informen del incumplimiento como a la persona física presuntamente responsable de dicho incumplimiento, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679; d) normas precisas que garanticen en todos los casos la confidencialidad en relación con la persona que informe de los incumplimientos cometidos dentro de la empresa de servicios de inversión, a menos que la normativa nacional exija su divulgación en el contexto de ulteriores investigaciones o de procedimientos administrativos o judiciales subsiguientes. 2. Los Estados miembros exigirán a las empresas de servicios de inversión que dispongan de procedimientos adecuados para que sus empleados puedan notificar incumplimientos a nivel interno a través de un canal específico independiente. Los interlocutores sociales podrán facilitar estos procedimientos siempre que estos ofrezcan la misma protección que la mencionada en el apartado 1, letras b), c) y d).

Artículo 23 Derecho de recurso Los Estados miembros velarán por que las decisiones y medidas que se tomen de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2033 o con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas de conformidad con la presente Directiva puedan ser objeto de recurso.

CAPÍTULO 2

Proceso de revisión

Sección 1

Proceso de evaluación de la adecuación del capital interno y proceso de evaluación del riesgo interno

Artículo 24 Capital interno y activos líquidos 1. Las empresas de servicios de inversión que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2033 para considerarse empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas dispondrán de sistemas, estrategias y procedimientos sólidos, eficaces y exhaustivos a fin de evaluar y mantener de forma permanente los importes, los tipos y la distribución del capital interno y de activos líquidos que consideren adecuados para cubrir la naturaleza y el nivel de los riesgos que dichas empresas de servicios de inversión pueden suponer para terceros a los cuales estén o puedan estar expuestas ellas mismas. 2. Los sistemas, estrategias y procedimientos a que se refiere el apartado 1 serán adecuados y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de la empresa de servicios de inversión correspondiente. Serán objeto de revisión interna periódica. Las autoridades competentes podrán exigir a aquellas empresas de servicios de inversión que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2033 para considerarse empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas la obligación de aplicar los requisitos establecidos en el presente artículo en la medida en que dichas autoridades lo estimen pertinente.

Sección 2

Gobernanza interna, transparencia, tratamiento de los riesgos y remuneraciones

Artículo 25 Ámbito de aplicación de la presente sección 1. No será de aplicación la presente sección cuando, sobre la base del artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2033, una empresa de servicios de inversión determine que cumple todas las condiciones establecidas en dicho apartado para considerarse empresa de servicios de inversión pequeña y no interconectada. 2. Cuando una empresa de servicios de inversión que no cumpliera todas las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2033 las cumpla posteriormente, la presente sección dejará de aplicarse tras un período de seis meses a partir del momento en el que cumpla dichas condiciones. La presente sección dejará de aplicarse a una empresa de servicios de inversión tras dicho período únicamente si la empresa de servicios de inversión hubiera seguido cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2033 de manera ininterrumpida durante dicho período y lo hubiera notificado en consecuencia a la autoridad competente. 3. Cuando una empresa de servicios de inversión determine que ya no satisface todas las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2033, deberá notificarlo a la autoridad competente y cumplir lo dispuesto en la presente sección en un plazo de doce meses a partir de la fecha en que haya tenido lugar la evaluación. 4. Los Estados miembros exigirán a las empresas de servicios de inversión que apliquen las disposiciones del artículo 32 a las remuneraciones concedidas por los servicios prestados o el desempeño durante el ejercicio siguiente a aquel en que se haya llevado a cabo la evaluación a que se refiere el apartado 3. Cuando sea de aplicación la presente sección y se aplique el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2033, los Estados miembros se asegurarán de que la presente sección se aplique a las empresas de servicios de inversión individualmente. Cuando sea de aplicación la presente sección y se aplique el artículo 7 del Reglamento (UE) 2019/2033, los Estados miembros se asegurarán de que la presente sección se aplique a las empresas de servicios de inversión individualmente y en base consolidada. Como excepción a lo dispuesto en el párrafo tercero, la presente sección no se aplicará a las empresas filiales incluidas en una situación consolidada que estén establecidas en terceros países, cuando la empresa matriz de la Unión pueda demostrar a las autoridades competentes que la aplicación de la presente sección es ilegal con arreglo a la legislación de los terceros países en que estén establecidas las filiales.

Artículo 26 Gobernanza interna 1. Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas de servicios de inversión cuenten con sistemas de gobernanza sólidos, que incluyan todo lo siguiente: a) una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes; b) procedimientos eficaces de identificación, gestión, seguimiento y comunicación de los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas las empresas de servicios de inversión o de los riesgos que ellas supongan o puedan suponer para terceros; c) mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables sólidos; d) políticas y prácticas en materia de remuneraciones que sean coherentes con una gestión de riesgos sólida y eficaz y la promuevan. Las políticas y prácticas de remuneración mencionadas en la letra d) del párrafo primero serán no discriminatorias entre mujeres y hombres. 2. Al establecer los sistemas a que se refiere el apartado 1, se tendrán en cuenta los criterios fijados en los artículos 28 a 33. 3. Los sistemas contemplados en el apartado 1 serán adecuados y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos inherentes al modelo de negocio y a las actividades de la empresa de servicios de inversión. 4. La ABE, tras consultar a la AEVM, emitirá directrices sobre la aplicación de los sistemas de gobernanza a que se refiere el apartado 1. La ABE, tras consultar a la AEVM, emitirá directrices de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 relativas a las políticas de remuneración no discriminatorias entre mujeres y hombres para las empresas de servicios de inversión. En el plazo de dos años a partir de la fecha de publicación de dichas directrices, la ABE presentará un informe sobre la aplicación de las políticas de remuneración no discriminatorias entre mujeres y hombres por parte de las empresas de servicios de inversión que se basará en la información recopilada por las autoridades competentes.

Artículo 27 Comunicación de información por país 1. Los Estados miembros exigirán a las empresas de servicios de inversión que tengan una sucursal o una filial que sea una entidad financiera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, en un Estado miembro o en un tercer país distinto de aquel en el cual se haya concedido la autorización a la empresa de servicios de inversión, que comuniquen con carácter anual, por Estado miembro y por tercer país, la información siguiente: a) el nombre, la naturaleza de las actividades y la ubicación de todas las filiales y sucursales; b) el volumen de negocios; c) el número de empleados en cifras equivalentes a tiempo completo; d) el resultado bruto antes de impuestos; e) los impuestos sobre el resultado; f) las subvenciones públicas recibidas. 2. La información a que se refiere el apartado 1 del presente artículo será auditada de conformidad con la Directiva 2006/43/CE y, cuando sea posible, publicada como anexo de los estados financieros anuales o, en su caso, de los estados financieros consolidados de la empresa de servicios de inversión de que se trate.

Artículo 28 Función del órgano de dirección en la gestión de los riesgos 1. Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección de la empresa de servicios de inversión apruebe y revise periódicamente las estrategias y políticas sobre la propensión al riesgo de la empresa de servicios de inversión, y en materia de gestión, seguimiento y mitigación de los riesgos a los que la empresa esté o pueda estar expuesta, teniendo en cuenta el entorno macroeconómico y el ciclo económico de la empresa de servicios de inversión. 2. Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección dedique tiempo suficiente a considerar adecuadamente las cuestiones a que se hace referencia en el apartado 1 y asigne los recursos adecuados a la gestión de todos los riesgos importantes a los que esté expuesta la empresa de servicios de inversión. 3. Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión determinen líneas jerárquicas de información al órgano de dirección para todos los riesgos importantes y todas las políticas de gestión de riesgos y sus modificaciones. 4. Los Estados miembros exigirán a todas las empresas de servicios de inversión que no cumplan los criterios establecidos en el artículo 32, apartado 4, letra a), que establezcan un comité de riesgos compuesto por miembros del órgano de dirección que no desempeñen función ejecutiva alguna en la empresa de servicios de inversión de que se trate. Los miembros del comité de riesgos a que se refiere el párrafo primero poseerán los oportunos conocimientos, competencias y experiencia para entender plenamente, gestionar y controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la empresa de servicios de inversión. Garantizarán que el comité de riesgos asesore al órgano de dirección sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la empresa de servicios de inversión y su estrategia en este ámbito, y asista a dicho órgano en la vigilancia de la aplicación de esa estrategia por la alta dirección. La responsabilidad global sobre las estrategias y políticas de riesgos de la empresa de servicios de inversión seguirá correspondiendo al órgano de dirección. 5. Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección en su función supervisora y el comité de riesgos de dicho órgano de dirección, cuando se haya instituido tal comité, tengan acceso a la información sobre los riesgos a los que la empresa de servicios de inversión esté o pueda estar expuesta.

Artículo 29 Tratamiento de los riesgos 1. Las autoridades competentes se asegurarán de que las empresas de servicios de inversión dispongan de estrategias, políticas, procedimientos y sistemas sólidos para la identificación, la valoración, la gestión y el seguimiento de los elementos siguientes: a) las fuentes importantes de riesgos para los clientes y sus efectos, así como cualquier repercusión importante en sus fondos propios; b) las fuentes importantes de riesgos para el mercado y sus efectos, así como cualquier repercusión importante en sus fondos propios; c) las fuentes importantes de riesgos para las empresas de servicios de inversión y sus efectos, en particular aquellas que pudieran reducir el nivel de los fondos propios disponibles; d) el riesgo de liquidez en un conjunto apropiado de horizontes temporales, incluido el intradía, con objeto de garantizar que la empresa de servicios de inversión mantenga niveles adecuados de recursos líquidos, entre otras cosas con objeto de abordar las fuentes importantes de riesgos con arreglo a las letras a), b) y c). Las estrategias, políticas, procedimientos y sistemas serán proporcionados a la complejidad, el perfil de riesgo y el alcance de la actividad de las empresas de servicios de inversión y la tolerancia al riesgo fijada por su órgano de dirección, y reflejarán la importancia de la empresa de servicios de inversión en cada uno de los Estados miembros en los que ejerza su actividad. A efectos del párrafo primero, letra a), y del párrafo segundo, las autoridades competentes tendrán en cuenta la normativa nacional en materia de segregación aplicable al dinero de clientes. A efectos del párrafo primero, letra a), las empresas de servicios de inversión deberán plantearse disponer de un seguro de responsabilidad profesional como instrumento eficaz para la gestión de riesgos. A efectos del párrafo primero, letra c), entre las fuentes importantes de riesgos para la propia empresa de servicios de inversión se incluirán, si procede, las modificaciones importantes del valor contable de los activos, incluidos los créditos frente a agentes vinculados, la inviabilidad de clientes o contrapartes, las posiciones en instrumentos financieros, en divisas extranjeras y en materias primas, y las obligaciones frente a regímenes de pensión de prestaciones definidas. Las empresas de servicios de inversión tomarán debidamente en consideración cualquier repercusión importante para los fondos propios cuando dichos riesgos no se vean reflejados adecuadamente en los requisitos de fondos propios calculados con arreglo al artículo 11 del Reglamento (UE) 2019/2033. 2. En el caso de que las empresas de servicios de inversión necesiten liquidar y cesar sus actividades, las autoridades competentes les exigirán que, teniendo en cuenta la viabilidad y sostenibilidad de sus modelos empresariales y estrategias, tomen debidamente en consideración los requisitos y los recursos necesarios que resulten realistas, en cuanto a plazos y mantenimiento de los fondos propios y recursos líquidos, durante todo el proceso de salida del mercado. 3. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 25, el apartado 1, letras a), c) y d), del presente artículo será de aplicación a las empresas de servicios de inversión que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2033para considerarse empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas. 4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 58 con el fin de completar la presente Directiva a fin de garantizar que las estrategias, las políticas, los procedimientos y los sistemas de las empresas de servicios de inversión sean sólidos. La Comisión tendrá en cuenta, para ello, la evolución de los mercados financieros y, en particular, la aparición de nuevos productos financieros, la evolución de las normas contables y los avances que faciliten la convergencia de las prácticas de supervisión.

Artículo 30 Políticas de remuneración 1. Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión, a la hora de establecer y aplicar las políticas de remuneración de las categorías de personal, entre otras los altos directivos, los empleados que asumen riesgos, el personal encargado de funciones de control y cualquier otro empleado que reciba una remuneración global al menos igual a la remuneración más baja percibida por los altos directivos y los empleados que asumen riesgos, cuyas actividades profesionales incidan de manera importante en el perfil de riesgo de la empresa de servicios de inversión o de los activos que gestione, cumplan los principios siguientes: a) que la política de remuneración esté claramente documentada y sea proporcional al tamaño, a la organización interna y a la naturaleza, así como al alcance y a la complejidad de las actividades de la empresa de servicios de inversión; b) que la política de remuneración no sea discriminatoria entre mujeres y hombres; c) que la política de remuneración fomente una gestión de riesgos sólida y eficaz y sea coherente con ella; d) que la política de remuneración se ajuste a la estrategia empresarial y a los objetivos de la empresa de servicios de inversión y tenga en