INFORME ANUAL SOBRE LA CECA

(ejercicio 1994)

(95/C 329/01)

Artículo 88 del Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 en su versión modificada por última vez por el Reglamento (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995

ÍNDICE

Apartados Página

CAPÍTULO 1 - OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN CONTABLE 1.1 - 1.202

Introducción 1.12

Solvencia de la CECA 1.2 - 1.72

Coeficiente de solvencia 1.2 - 1.42

Dispersión de los riesgos 1.53

Correcciones de valor 1.6 - 1.73

Evolución de los empleos y recursos presupuestarios de la CECA 1.8 - 1.144

Evolución de los empleos 1.84

Evolución de los recursos 1.9 - 1.115

Evolución de la provisión para la financiación del POC 1.12 - 1.145

Evolución del balance de la CECA 1.156

Varios 1.16 - 1.178

Inmovilizado material 1.168

Recuperación de las bonificaciones 1.178

Calendario de cierres 1.188

Conclusión 1.19 - 1.208

CAPÍTULO 2 - DECLARACIÓN DE FIABILIDAD SOBRE LA CECA 2.1 - 2.39

CAPÍTULO 3 - AYUDAS A LA READAPTACIÓN 3.1 - 3.499

Introducción 3.1 - 3.29

Fundamento jurídico y principales características de los diferentes tipos de ayudas 3.3 - 3.169

Ayudas tradicionales 3.4 - 3.119

Ayudas complementarias en el sector del carbón 3.12 - 3.1410

Capítulo social acero (1993-1995) 3.15 - 3.1611

Importancia financiera de las ayudas a la readaptación de la CECA 12

Objetivos y enfoque de la fiscalización 3.1712

Eficacia de las ayudas a la readaptación de la CECA 3.18 - 3.3212

Eficacia de las ayudas tradicionales 3.20 - 3.2313

Eficacia del programa RECHAR (1990-1993) 3.24 - 3.2513

Eficacia del capítulo social acero (1993-1995) 3.26 - 3.2813

Eficacia de las diferentes situaciones-tipo 3.29 - 3.3214

Control de la regularidad 3.33 - 3.3615

Aplicación de los convenios bilaterales 3.37 - 3.3815

Funcionamiento del servicio gestor de la Comisión 3.39 - 3.4415

Conclusión 3.45 - 3.4916

Respuestas de la Comisión 17

CAPÍTULO 1

OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN CONTABLE

Introducción

1.1. El presente capítulo trata esencialmente de la solvencia de la CECA al 31 de diciembre de 1994, así como de la evolución de sus principales actividades presupuestarias y bancarias durante el ejercicio. La solvencia de la CECA reviste especial importancia, sobre todo por las siguientes razones:

- aparte de su actividad marginal de préstamos sobre fondos propios, los préstamos de la CECA se financian mediante empréstitos bancarios o emisiones de obligaciones. Por ello es importante que la CECA disfrute de la clasificación más elevada en los mercados financieros, lo cual exige una buena solvencia;

- dado que los préstamos de la CECA van directamente ligados a los empréstitos correspondientes a los mismos (en cuanto a porcentajes, divisas y vencimientos), el único riesgo bancario que subsiste es el impago de los préstamos;

- en la medida en que el Tratado de París expira en el año 2002, conviene vigilar la evolución de los fondos propios necesarios para garantizar la solvencia de la CECA hasta su término.

Solvencia de la CECA

Coeficiente de solvencia

1.2. En el procedimiento de aprobación de la gestión del ejercicio 1986, el Parlamento Europeo había pedido al Tribunal de Cuentas que le informara en cada ejercicio de los datos necesarios para el cálculo y la evaluación del coeficiente de las reservas, del activo neto y de los fondos disponibles, basándose en fórmulas aplicables en la materia (1).

1.3. Como ya indicó en su último Informe Anual sobre la CECA (2), el Tribunal al igual que la Comisión, se propone en adelante analizar la solvencia de la CECA mediante el coeficiente previsto a estos efectos por la Directiva 89/647/CEE del Consejo (3). Este coeficiente es más exacto que los utilizados en ejercicios anteriores puesto que tiene en cuenta la cuenta de orden y cada elemento de su denominador se pondera en función de su riesgo de crédito. En este coeficiente, la Comisión sólo considera el fondo de garantía, el resultado no asignado y la corrección de valor no específica, excluyendo del cálculo la reserva especial, el antiguo fondo de pensiones y la dotación disponible para financiar el presupuesto operativo de la CECA. Esta definición de fondos propios corresponde a una interpretación de la directiva, que se traduce en una evaluación más prudente.

1.4. Al 31 de diciembre de 1994, el coeficiente de solvencia de la CECA era de un 14,95 %, frente al 14,94 % del 31 de diciembre de 1993. El Tribunal comprueba que este coeficiente se mantiene en la banda recomendada (14 % a 16 %) por un gabinete de expertos que en julio de 1992 presentó un informe sobre este asunto, a petición de la Comisión. Esta banda se fijó teniendo en cuenta la comparación de la estructura del balance de la CECA con las de instituciones que le son comparables, así como las características específicas de su actividad.

Dispersión de los riesgos

1.5. El nivel del coeficiente de solvencia no es el único indicador de la solvencia de una entidad financiera, y menos aún de la CECA dada su situación actual. Con la expiración del Tratado de París en el 2002, la CECA ya no está en situación de continuar sus actividades. Su cartera de préstamos disminuirá, concentrándose en un número de deudores cada vez menor, lo que reducirá la dispersión de riesgos. El impago de uno de estos acreedores podría entonces mermar considerablemente los fondos propios si éstos disminuyen en la misma proporción que el volumen de los préstamos. En una situación así, la Comisión debe, ya desde ahora, velar por la aplicación de la Directiva del Consejo sobre la supervisión y control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de crédito (4). Dicha directiva impone dos límites al volumen de los compromisos que una entidad de crédito puede establecer con la misma contrapartida (cliente o grupo de clientes):

- el importe de los compromisos respecto a un único tercero no debe superar el 25 % de los fondos propios de la entidad de crédito en cuestión, o sea de la CECA;

- el volumen total de las operaciones de «gran riesgo» no debe superar el 800 % de estos mismos fondos propios. Existe un «gran riesgo» cuando el importe de los compromisos respecto a un único tercero alcanza o supera el 10 %.

Al 31 de diciembre de 1994, la CECA había excedido estos dos límites, puesto que por una parte, el volumen total de las operaciones de gran riesgo se sitúa en alrededor del 950 % de los fondos propios, y por otra, el tope del 25 % de los fondos propios se ha superado en el caso de once terceros (seis bancos y cinco empresas industriales). Es cierto que la directiva indicada establece disposiciones transitorias, pero aún es necesario que la CECA tome medidas para acercarse a los límites contemplados en la misma.

Correcciones de valor

1.6. En 1993, la Comisión volvió a introducir una corrección de valor no específica (5) a raíz de las recomendaciones del Tribunal. Esta corrección debía hacer frente al riesgo general de impago de las deudas que carecen de garantías de primer orden. Su importe pasó de 50 millones de ecus al 31 de diciembre de 1993 a 22 millones de ecus al 31 de diciembre de 1994 (6). La deuda pendiente de los préstamos en cuestión sufrió pocos cambios desde el ejercicio anterior, pero el porcentaje pasó del 4,0 % al 1,7 %. La Comisión justifica la disminución de la corrección de valor no específica por la mejora coyuntural observada en 1994 de la situación económica de la Unión Europea, especialmente en el sector del acero. El Tribunal considera que semejante reducción del tipo utilizado anteriormente es excesiva. No es bueno cambiar todos los años y en tal proporción, una corrección de valor que pretende escalonar en el tiempo las cargas aleatorias por naturaleza. Además, la tendencia de mejora del mercado puede cambiar con la misma rapidez con que apareció y las empresas siderúrgicas se verían enfrentadas a una nueva crisis en los años venideros, máxime cuando no se alcanzaron los objetivos de eliminación de los excesos estructurales de las capacidades de producción.

1.7. El importe incluido en el balance en concepto de correcciones de valor específicas respecto a los préstamos evolucionó poco desde el ejercicio anterior. Sigue siendo del orden de 60 millones de ecus (7), de los que más del 90 % se imputaron a una sola empresa. En este ejercicio, de acuerdo con la petición del Tribunal (8), el análisis discriminatorio utilizado por la Comisión para determinar por anticipado la probabilidad de impago por parte de las empresas, se extendió a todas las empresas beneficiarias de préstamos financiados por fondos de empréstito y que carecían de garantía de primer orden, sin tener en cuenta el plazo para el reembolso de estos préstamos. Los resultados de dicho análisis no muestran la necesidad de constituir correcciones de valor suplementarias.

Evolución de los empleos y recursos presupuestarios de la CECA

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Evolución de los empleos

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1.8. En el contexto de la reducción de recursos ligada a la futura expiración, el nivel de las ayudas sociales a la readaptación de los trabajadores casi se mantuvo en 1994, lo que sólo fue posible en detrimento de las ayudas a la investigación y de las bonificaciones de interés, a las que desde hace varios años se asignan importes aproximadamente iguales.

Evolución de los recursos

1.9. En cuanto a los recursos, registraron una ligera disminución a pesar de la transferencia de la provisión para indemnizaciones. Esta provisión se había constituido en 1992 y completado en 1993, correspondiendo al importe máximo que la CECA podía tener que abonar a las empresas como resultado del perjuicio sufrido por la aplicación del régimen de cuotas vigente de octubre de 1980 a junio de 1988. Por último, de los 91,9 millones de ecus previstos, sólo se pagaron 32,5 millones de ecus (véase la partida «indemnización efectivamente pagada» del cuadro 1.1), al término de las negociaciones. La diferencia permitió alimentar el POC en concepto de ingreso excepcional en 1994.

1.10. La exacción sobre la producción de carbón y acero de las empresas de la Comunidad mantuvo su tendencia a la baja, debido sobre todo a la disminución de su porcentaje, que en 1994 fue del 0,23 %. Desde el año 1990 en el que ascendía a 0,31 %, este porcentaje disminuye un 0,02 % anual, hasta su eliminación total prevista para 1999.

1.11. El resultado de las operaciones no presupuestarias cayó un 44 % en 1994 respecto a 1993, a pesar de la transferencia de 28 millones de ecus de la corrección de valor no específica (véase el apartado 1.6). La razón principal de esta evolución es una corrección de valor de casi 70 millones de ecus de las obligaciones y otros títulos de renta fija (evaluados al más bajo coste medio de adquisición o de valor del mercado al 31 de diciembre de 1994), motivada a su vez, por la baja generalizada de los mercados de obligaciones en 1994.

Evolución de la provisión para la financiación del POC

1.12. En 1992 y 1993, se aportó gran parte de la provisión disponible para la financiación del POC, respectivamente 163,2 y 105,9 millones de ecus, para cubrir el déficit de recursos respecto a los empleos debido a los diversos factores explicados en el Informe del Tribunal del último ejercicio (9). En 1994, su disminución neta fue sólo de 43,3 millones de ecus, pero al mismo tiempo, se ha retomado la corrección de valor no específica de 28 millones de ecus (véase el apartado 1.6), lo cual ha servido igualmente para alimentar los gastos del ejercicio.

1.13. Las multas, los recargos por demora y los reembolsos de bonificaciones de interés no se consideran recursos de la CECA hasta que se cobren efectivamente. Mientras tanto, la contrapartida de estas deudas se constituye en provisión. En consecuencia, los 72,5 millones de ecus correspondientes aún no están disponibles para financiar el POC. Esta provisión aumentó considerable>SITIO PARA UN CUADRO>

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mente en 1994 debido a las multas, por un importe global de unos 104 millones de ecus, impuestas por la Comisión a empresas siderúrgicas que incumplieron las normas de la competencia en el ámbito de la comercialización de viguetas de acero. La parte de esta multa que aún no se ha cobrado figura como títulos de crédito en el activo del balance.

1.14. En total, a pesar de una disminución neta de los gastos presupuestarios que permitió reducir el desequilibrio entre los empleos y los recursos generados por el ejercicio, la utilización de fondos propios ascendió a 71,8 millones de ecus, como se indica en el cuadro 1.4.

Evolución del balance de la CECA

1.15. El total del balance de la CECA disminuyó un 7,5 % entre el 31 de diciembre de 1993 y el 31 de diciembre de 1994. Este descenso de 766 millones de ecus se debe principalmente a la reducción de la actividad de préstamos y empréstitos, que disminuyeron en 668 y 760 millones de ecus, respectivamente. El volumen de los préstamos sigue superando al de los empréstitos debido a los préstamos sobre fondos propios. La segunda disminución significativa que aparece en el activo se refiere a la tesorería, y se debe esencialmente a una corrección de valor de unos 70 millones de ecus (véase el apartado 1.11).

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Varios

Inmovilizado material

1.16. La CECA no efectuó nuevas adquisiciones inmobiliarias en 1994. En cambio, el 21 de diciembre de 1994 transfirió a la CE la propiedad de los inmuebles de París. Estos inmuebles se habían comprado en 1990, y se habían amortizado inmediata y completamente gracias al producto excepcional obtenido de la venta del inmueble parisino que se poseía con anterioridad (10). Como en el edificio antiguo, las tres Comunidades tenían la copropiedad de los mismos, siendo la participación de la CECA del 28 %. Estos inmuebles, recientemente evaluados en unos 6 millones de ecus por los expertos, fueron transferidos a la CE de forma gratuita. No hay ningún rastro contable de que en el pasado las otras Comunidades hayan efectuado el reembolso a la CECA del 28 % de la inversión. La CECA renunció a su parte proporcional del valor, es decir 1,68 millones de ecus.

Recuperación de las bonificaciones

1.17. El Tribunal comprueba con satisfacción que la Comisión tiene previsto apelar al Tribunal de Justicia para recuperar las bonificaciones pagadas indebidamente (11) en Bagnoli y cuyo reembolso había solicitado, sin éxito. En cuanto a las bonificaciones pagadas a dos minas británicas (12), la Comisión, alegando que los cierres no los había decidido la empresa beneficiaria sino que los había impuesto el Gobierno británico, consideró que no podía recuperar las bonificaciones ya abonadas, aunque no realizó pagos suplementarios.

Calendario de cierre

1.18. Las cuentas de cierre y sus justificantes se envían con demasiado retraso al Tribunal de Cuentas. Este año la primera versión de los estados financieros, parcial y provisional, se transmitió informalmente al final de abril de 1995, así como otros documentos importantes, por ejemplo los relativos a la situación de los prestatarios. En estas condiciones, al Tribunal le resulta difícil trabajar adecuadamente en los plazos fijados por la legislación comunitaria y por los procedimientos parlamentarios de aprobación de la gestión. Es cierto que el cierre requiere mucho tiempo, sobre todo porque intervienen dos sistemas contables, el de la Dirección General XVIII en el que se basan las cuentas anuales, y el de la Dirección General XIX relativo a las cuentas del POC. Sin embargo, la Comisión debe estudiar este problema para ver si puede conseguir que el Tribunal lleve a cabo su fiscalización más pronto.

Conclusión

1.19. Al 31 de diciembre de 1994, el coeficiente de solvencia de la CECA se mantenía en la banda recomendada. Sin embargo, el respeto a esta banda no basta para garantizar la suficiente solvencia, y conviene vigilar la dispersión de los riesgos, sobre todo en el contexto de disminución de las actividades de préstamo. El Tribunal comprueba con satisfacción la extensión del análisis discriminatorio a todos los deudores que carecen de garantía de primer orden. En cambio, la política sobre la corrección de valor no específica fluctúa demasiado y tiene demasiado en cuenta los factores coyunturales en detrimento de los datos estructurales que siempre recomiendan prudencia.

1.20. En 1994, la CECA registró una reducción de gastos superior a la de los ingresos, lo cual dió lugar a un nuevo equilibrio presupuestario. Sin embargo fue necesario recurrir a las reservas, aunque su utilización fuera netamente inferior a la de los dos ejercicios anteriores. La disminución global del presupuesto operativo se confirmará a continuación sin duda, debido a la evolución prevista de los recursos. Esta tendencia obliga a efectuar determinadas elecciones presupuestarias que tengan también en cuenta la eventual transferencia de actividades al presupuesto general.

CAPÍTULO 2

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD SOBRE LA CECA

2.1. De acuerdo con el artículo 45 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el Tribunal examinó la fiabilidad de las cuentas del ejercicio 1994, así como la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes.

2.2. El informe del Tribunal sobre los estados financieros de la CECA al 31 de diciembre de 1994 (13) corresponde a la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas.

2.3. Además, con objeto de garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes a las cuentas de la CECA del ejercicio 1994, el Tribunal se basó en su conocimiento de los sistemas de control interno, así como en los exámenes realizados. De todo ello resulta que, en opinión del Tribunal, la legalidad y la regularidad de estas operaciones quedan suficientemente garantizadas.

CAPÍTULO 3

AYUDAS A LA READAPTACIÓN

Introducción

3.1. El presente capítulo se refiere a las ayudas a la readaptación pagadas por la CECA. Los controles se centraron en el período transcurrido entre el 1 de enero de 1989, fecha de entrada en vigor de los convenios bilaterales, y el 31 de diciembre de 1994. Por su volumen, estas ayudas constituyen el instrumento más importante del presupuesto operativo de la CECA (POC). En la situación de los compromisos al 31 de diciembre de 1994, las ayudas representan el 56 %. Los otros dos instrumentos del POC, la investigación y las bonificaciones de interés, fueron objeto de observaciones del Tribunal en sus Informes Anuales sobre la CECA en 1992 y 1993, respectivamente.

3.2. Las ayudas a la readaptación de la CECA son ayudas no reembolsables abonadas por la Comisión a los trabajadores de las industrias siderúrgicas y del carbón que pierden su empleo a raíz de ciertos acontecimientos económicos (que provocan una reestructuración o un cierre) o técnicos (modernización), a través de diferentes organismos como los ministerios, organismos regionales y las empresas afectadas, variando el circuito de un Estado miembro a otro.

Fundamento jurídico y principales características de los diferentes tipos de ayuda

3.3. Distinguimos las ayudas «tradicionales» y las denominadas «complementarias». Por lo general, estas últimas se abonan a beneficiarios de las primeras. Las ayudas complementarias incluyen el programa RECHAR (1990-1993) y el capítulo social del carbón (1994-1997) para este sector, así como el capítulo social del acero (1993-1995) que continúa el de 1988 a 1991 para el sector siderúrgico.

Ayudas tradicionales

3.4. Las ayudas tradicionales a la readaptación se establecen en la letra c) del apartado 1 y la letra b) del apartado 2 del artículo 56 del Tratado CECA. La principal diferencia entre estos dos apartados corresponde a la existencia de dos tipos de circunstancias que ocasionan la pérdida de empleo.

3.5. La letra c) del apartado 1 del artículo 56 se refiere a la reducción de excepcional importancia de las necesidades de mano de obra debidas a la introducción de procedimientos técnicos o de instalaciones nuevas. Sólo se aplica desde 1989 (14) y únicamente en el sector del carbón. Se utiliza en el marco de la mejora de la productividad en los puntos de extracción más rentables, es decir cuando una mecanización genera a la vez beneficios de productividad e importantes supresiones de empleo, sin reducir necesariamente el nivel de producción.

3.6. La letra b) del apartado 2 del artículo 56 se refiere a los casos en los que aparece la necesidad de cesar, reducir o cambiar de actividad debido a cambios profundos en las condiciones de mercado de las industrias del carbón o del acero que no estén directamente vinculados al establecimiento del mercado común. Este instrumento, que se viene aplicando desde 1954, se utilizó ampliamente, incluyendo el período entre 1989 y 1994, tanto en el sector del carbón que sufrió cierres muy numerosos, como, más aún, en el sector siderúrgico en el que resultó necesario realizar importantes reestructuraciones.

3.7. En todos los casos, el artículo 56 del Tratado CECA establece que la Comisión «subordinará la concesión de una ayuda no reembolsable al pago por parte del Estado interesado de una contribución especial equivalente al menos al importe de dicha ayuda, salvo que el Consejo, por mayoría de dos tercios, autorice una excepción».

3.8. Estas disposiciones del Tratado CECA se recogieron en los convenios bilaterales firmados entre la Comisión y cada Estado miembro. Dichos convenios entraron en vigor el 1 de enero de 1989 en sustitución de los acuerdos existentes anteriormente. Sus objetivos principales fueron armonizar todo lo posible las ayudas abonadas en los diferentes Estados miembros y limitar la intervención de la CECA con la creación de topes. Además, introdujeron innovaciones respecto a los mecanismos anteriores, como por ejemplo la consideración del potencial económico de las diferentes regiones o también la anulación automática de los créditos no utilizados al 30 de junio del cuarto año siguiente al de la decisión de concesión de la Comisión.

3.9. Los convenios bilaterales prevén cinco situaciones-tipo que pueden ser parcialmente financiadas por la CECA: la jubilación anticipada, el desempleo, la movilidad funcional interna, la conversión externa y la formación profesional. Para cada una de ellas se indican los gastos a los que la CECA puede contribuir, así como el cálculo de esta contribución y sus topes (véase el cuadro 3.1).

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3.10. Una cláusula de reserva, prevista en el artículo 10 de los convenios bilaterales, establece que en caso de que los créditos consignados en el presupuesto operativo de la CECA fuesen insuficientes para hacer frente a las solicitudes de ayuda subvencionables, la Comisión podrá reducir la cuantía de su participación. En este caso, se procede a una reducción lineal aplicada al conjunto de solicitudes elegibles.

3.11. En el marco del «phasing out» (expiración del Tratado CECA, transferencia de ciertos elementos al presupuesto general), la Comisión decidió suspender (15), con efectos a partir del 1 de enero de 1995, su intervención en los programas de formación profesional y de ayuda al empleo contemplados por el artículo 56 del Tratado CECA, tanto respecto a las ayudas tradicionales como a las complementarias. A partir de ahora estas ayudas podrán ser financiadas por el Fondo Social Europeo (FSE) si reúnen las condiciones exigidas, es decir especialmente si son subvencionables por los Fondos Estructurales según su reglamentación (16). Esto permite aliviar el presupuesto operativo de la CECA cuyos recursos deben ir disminuyendo, a la vez que se mantiene el grado de intervención de la CECA en las demás medidas. Por otra parte, las ayudas mencionadas pierden, evidentemente, su carácter sectorial.

Ayudas complementarias en el sector del carbón

3.12. La CECA adoptó un programa para un período de cuatro años (1990-1993) paralelamente a la iniciativa de CEE respecto a la reconversión económica de las zonas mineras del carbón (17). Estos dos programas se denominan RECHAR. Las ayudas RECHAR de la CECA se rigen, al igual que las ayudas tradicionales, por la letra c) del apartado 1 y la letra b) del apartado 2 del artículo 56 del Tratado de París.

3.13. Una comunicación de la Comisión a los Estados miembros (18) indica las cuatro medidas subvencionables (formación profesional, aprendizaje previo, ayudas a la creación de empresas y jubilación anticipada) y fija sus criterios de concesión. Por regla general, estas ayudas se pagan como complemento de las ayudas tradicionales doblando en la mayoría de los casos, la duración de su intervención y aumentando el importe medio por trabajador de 3 000 a 7 000 ecus. Salvo indicación en contrario, las demás modalidades y condiciones de gestión de las ayudas RECHAR son las mismas que las de los convenios bilaterales que rigen las ayudas tradicionales.

3.14. Paralelamente a la iniciativa comunitaria RECHAR II (1994-1997) (19) (20) que prorroga RECHAR, la Decisión n° 3632/93/CECA (21) introdujo un capítulo social de acompañamiento del programa de reestructuración de la industria del carbón que se refiere al mismo período. Las modalidades de este capítulo social, indicadas en una nota informativa (22), son comparables a las de RECHAR (1990-1993) aunque con algunas modificaciones notables:

- se convierten en subvencionables las indemnizaciones en compensación por la pérdida de salario, las bajas incentivadas y las indemnizaciones de movilidad geográfica en concepto de recolocación (que corresponde a la conversión externa de las ayudas tradicionales), así como el desempleo;

- la contribución complementaria máxima de la CECA se mantiene en 4 000 ecus, salvo para el desempleo para el que asciende a 2 000 ecus.

Además, tras la decisión de la Comisión del 24 de junio de 1994 (23) la formación profesional y la ayuda al empleo dejaron de ser elegibles, a partir del 1 de enero de 1995.

Capítulo social acero (1993-1995)

3.15. El capítulo social de acompañamiento del programa de reestructuración siderúrgica (1993-1995), denominado corrientemente capítulo social acero, establece una intervención del Fondo Social Europeo (FSE) así como de la CECA, la cual aporta las ayudas a la readaptación regidas por la letra b) del apartado 2 del artículo 56 de su Tratado. Las modalidades de este capítulo social se describen en una nota informativa de la Comisión (24).

3.16. Pueden solicitar estas ayudas los trabajadores cuyo empleo se vea afectado por un programa de cierre de las capacidades de producción, lo cual es más restrictivo que los criterios aplicables a las ayudas tradicionales. Además, sólo se aceptan tres tipos de medidas: la jubilación anticipada, la recolocación (que incluye la formación profesional relativa a la misma), y el desempleo. Sus topes medios de intervención ascienden respectivamente a 5 000, 4 000 y 3 000 ecus. Por último, salvo que se indique lo contrario, las modalidades y condiciones de gestión se toman de los convenios bilaterales de concesión de ayudas tradicionales.

Importancia financiera de las ayudas a la readaptación de la CECA

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Objetivos y enfoque de la fiscalización

3.17. Los objetivos principales de la presente fiscalización consistieron en comprobar el buen funcionamiento de los sistemas comunitarios y nacionales (siempre que la Comisión se base en informaciones procedentes de las administraciones nacionales) respecto a las ayudas a la readaptación, así como en evaluar su eficacia. Para alcanzar estos objetivos, el Tribunal efectuó misiones de control en la Comisión, así como en los siete Estados miembros beneficiarios principales de estas ayudas.

Eficacia de las ayudas a la readaptación de la CECA

3.18. En sus últimas observaciones sobre las ayudas a la readaptación (25) que datan de 1989, el Tribunal de Cuentas exhortó a la Comisión a elaborar un informe sobre la realización de los objetivos de los nuevos convenios. La Comisión respondió que las actividades de la readaptación de la CECA serían objeto de un informe periódico. Desde entonces, la Comisión presentó dos informes de actividad sobre estas ayudas, en 1991 (26) y 1994. Dada esta periodicidad, será conveniente que los análisis se refieran a todo el período transcurrido desde el primer informe y no sólo al ejercicio en curso. También será interesante indicar en estos informes, además de la realización de los objetivos sociales, la de los objetivos industriales y regionales de las ayudas complementarias.

3.19. La eficacia de las ayudas CECA a la readaptación es muy difícil de evaluar, tanto más puesto que se ignora cómo habría evolucionado la situación sin estas ayudas. Para poder hacerlo, hay que definir sus objetivos (sociales, industriales o regionales), que pueden variar según las diferentes ayudas (tradicionales y complementarias) y según el sector (carbón o acero). Por otra parte, esta cuestión puede tratarse a dos niveles: el del instrumento en general, y el de cada medida-tipo, o incluso cada gasto cofinanciado por la CECA.

Eficacia de las ayudas tradicionales

3.20. Las ayudas tradicionales responden a un objetivo esencialmente social. La evolución de los mercados del carbón y del acero conlleva importantes pérdidas de empleo en ambos sectores. Por lo tanto, los pagos de la CECA que se añaden a las ayudas nacionales, tienen por objetivo garantizar un buen nivel de protección social a los trabajadores afectados. En otros términos, los trabajadores del carbón y del acero deben, gracias a la CECA, disfrutar de un tratamiento especial que permita a estos sectores la realización de sus adaptaciones estructurales dentro de una relativa «paz social». El trato privilegiado de los trabajadores de las industrias de la CECA respecto a los demás se justifica por la procedencia de los recursos presupuestarios de dicha Comunidad. En efecto, estas ayudas se financian con las exacciones sobre la producción del carbón y del acero, o con los intereses generados por las reservas y demás fondos disponibles de la CECA. En este sentido, los fondos comunitarios en cuestión funcionan como una mutualidad sectorial.

3.21. Los análisis de la Comisión parecen mostrar una utilidad de las ayudas a la readaptación en la medida en que se suprimieron cientos de miles de empleos, limitando los conflictos sociales. De hecho, la casi totalidad de las bajas fueron voluntarias, fruto del consenso que se pudo negociar con los trabajadores gracias a las ayudas de las que disfrutaron.

3.22. Sin poner en duda el éxito del principal objetivo social, podemos cuestionar el impacto de las ayudas CECA en el futuro. Históricamente, la CECA ha desarrollado una política social muy avanzada que ha tenido un efecto de «arrastre» de la intervención de los Estados miembros en los sectores del carbón y del acero, y ha podido servir de ejemplo para las políticas sociales nacionales en otros sectores. Hoy día, este efecto de arrastre es menos evidente, especialmente debido a la mejora general de la protección social. En la práctica, el tratamiento social de los trabajadores se rige en la mayoría de los casos por los convenios nacionales, resultando los pagos de la CECA un reembolso parcial de las ayudas gubernamentales.

3.23. El vínculo entre las ayudas nacionales y las ayudas de la CECA varía de un Estado miembro a otro, y a veces es difícil definir si una disminución de estas últimas tendría consecuencias sobre la evolución de las primeras, y por lo tanto sobre el salario de los trabajadores. Los siguientes ejemplos son contradictorios y no permiten establecer conclusiones sobre este punto, en todo caso, no de forma idéntica para todos los Estados miembros. Uno de ellos (España) no tuvo necesidad de modificar, al entrar en la Comunidad Europea, su régimen de protección social de los trabajadores del carbón y del acero para poder disfrutar de las ayudas de la CECA. Por otra parte, los trabajadores de sectores en dificultades, diferentes de los del carbón y del acero, a los que la CECA no aporta evidentemente ninguna contribución, disfrutan de este mismo régimen nacional. Dada esta situación, las ayudas a la readaptación no tienen un impacto real. En cambio otro Estado miembro (los Países Bajos) puso fin a su régimen especial de protección de los obreros siderúrgicos alegando una disminución de la contribución de la CECA a la financiación del coste total de dicho régimen. Por último, otro Estado miembro (el Reino Unido) dejó de pagar ayudas especiales a los trabajadores del sector siderúrgico y tiene previsto hacer lo mismo con los trabajadores del sector del carbón, a pesar de las ayudas de la CECA.

Eficacia del programa RECHAR (1990-1993)

3.24. Las consideraciones puramente económicas llevan a prescindir del carbón europeo, con sólo algunas excepciones, debido a su insuficiente rentabilidad respecto a la competencia mundial. A consecuencia de esta constatación, los Estados miembros adoptaron posiciones que se incluyen en una política energética común. Bélgica no extrae carbón desde 1992. Francia ha previsto cerrar sus últimas minas lorenas en el año 2005. El Reino Unido ha privatizado los pocos yacimientos restantes, que emplean a unas 8 000 personas. Alemania y España, teniendo en cuenta consideraciones sociales y estratégicas, no han decidido cesar su producción y siguen discutiéndolo en la actualidad. Todo ello va acompañado de importantes pérdidas de empleo, cuyo impacto social y regional se esfuerza por paliar la CECA.

3.25. El capítulo social del carbón (1990-1993) de la CECA se incluye en el marco del programa de carácter regional RECHAR de la CEE, cuyo objetivo es reforzar el apoyo comunitario a la reconversión económica de las zonas mineras de carbón de la Comunidad. En su informe de actividad de 1994, la Comisión explicó que, de la totalidad del programa, la CECA aportó 175 millones de ecus de los que se han beneficiado 121 812 trabajadores. Además, teniendo en cuenta las pérdidas de empleo futuras, se decidió crear un segundo capítulo social del carbón (1994-1997) asignándole 40 millones de ecus para 1994. La presentación de los resultados de estas ayudas se limita a sus primeras repercusiones, es decir de tipo social, sin tener en cuenta su aspecto regional.

Eficacia del capítulo social acero (1993-1995)

3.26. El contexto económico del sector siderúrgico es totalmente diferente al del carbón. No se trata aquí de gestionar su declive, sino de sanearlo para reforzar su competitividad. En 1992, la Comisión evaluó, por categoría de productos, los excesos de capacidad estructural de producción del sector siderúrgico europeo. Para solucionarlos propuso ciertas medidas, y entre ellas un apoyo social financiado por el presupuesto de la CECA (27). Según una fiscalización de las empresas solicitada por la Comisión («misión Braun») y las informaciones obtenidas de las administraciones nacionales, el número de beneficiarios previsto en el marco de esta reestructuración se estimó en 69 000 personas, para las que la Comisión preveía asignar 240 millones de ecus de los que 60 millones se consignaron en el presupuesto 1993.

3.27. El objetivo del capítulo social acero (1993-1995) es desde luego, social, pero está también relacionado con la política industrial, puesto que se trata de acompañar un programa de reducción de las capacidades de producción. Al final de 1994, ya se habían concedido 146 millones de ecus para 43 969 trabajadores. En 1993, como las solicitudes de ayuda subvencionables superaban los 60 millones de ecus previstos en el presupuesto, la Comisión aplazó el exceso de solicitudes al presupuesto de 1994 para evitar tener que efectuar una reducción lineal. En 1994, debido a esta prórroga de 1993, también hubo un ligero excedente que se prorrogó al presupuesto de 1995. Según las recientes estimaciones de la Comisión, el presupuesto restante para 1995 debe bastar para cubrir las solicitudes previstas para este ejercicio. Sin embargo, el comité consultivo de la CECA está convencido de que los 240 millones de ecus del capítulo social resultarán insuficientes debido a la importancia de las pérdidas de empleo que se esperan tras 1995 (28).

3.28. Respecto al objetivo industrial de saneamiento del sector siderúrgico, la Comisión elaboró en octubre de 1994, un balance (29) en el que indica en conclusión que «no se ha logrado el objetivo, aún válido, de un nivel mínimo de reducciones de capacidad de 19 millones de toneladas» y que «ya no hay motivos para mantener la parte esencial de las medidas de acompañamiento». En consecuencia, no tiene la intención de aumentar la dotación presupuestaria por encima de los 240 millones de ecus inicialmente previstos. La influencia de este capítulo social sobre el resultado de la reestructuración siderúrgica es difícil de determinar. No hay ninguna certeza de que unos importes mayores lo hubieran mejorado. Y al contrario, con menos ayudas sociales el nivel de reducción alcanzado tal vez habría sido menor. La respuesta sólo puede encontrarse a nivel de cada empresa, cuando se trata de decidir el cierre o la reducción de sus capacidades de producción, teniendo en cuenta numerosos parámetros.

Eficacia de las diferentes situaciones-tipo

3.29. Para poder evaluar mejor la eficacia de las situaciones-tipo, conviene agruparlas en dos categorías: las que ayudan a los trabajadores a encontrar una nueva actividad, y las que se pueden considerar más bien como una compensación a los trabajadores que aceptan abandonar su empleo.

3.30. La primera categoría incluye la formación profesional, la conversión externa (que abarca, en particular, las ayudas a la creación de empresas) y la movilidad interna. En general, el dinero no se paga al trabajador (excepto las primas) sino que se utiliza para proporcionarle conocimientos suplementarios que le permitan encontrar un nuevo empleo, o le ayuden, con asesoramiento y asistencia, a crear su propio empleo. Mientras que la ayuda a la creación de empresas permaneció relativamente marginal y es, por su propia naturaleza, limitada, la formación profesional se utilizó ampliamente, a veces en combinación con otras situaciones-tipo (desempleo, conversión externa o movilidad interna). La eficacia real de la formación profesional es a menudo difícil de evaluar puesto que necesita un seguimiento entre esta formación y el futuro trabajo de la persona afectada, seguimiento que raramente se efectúa. Sin embargo, el carácter positivo de estas medidas de ayuda demuestra ir en el sentido de los objetivos, tanto del Fondo Social Europeo (FSE) del que dependen desde el 1 de enero de 1995, como del Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo.

3.31. La segunda categoría incluye las situaciones-tipo restantes, básicamente, la jubilación anticipada y el desempleo. No se trata aquí de denigrar las medidas que demostraron su utilidad en el consenso que acompañó a los despidos, sino tal vez de subrayar los límites y en todo caso, las diferencias con los objetivos del FSE destinado a apoyar el mercado de trabajo.

3.32. En lo específicamente relativo a la jubilación anticipada, la expresión misma de «readaptación» resulta impropia dado que se refiere a los trabajadores que abandonan definitivamente el mercado de trabajo. La edad mínima de acceso a la jubilación anticipada varía según los Estados miembros, entre 48 años (en Portugal) y los 57,5 años (en los Países Bajos), y a veces se sustituye por una condición de antigueedad (por ejemplo, 20 años para los mineros de extracción belgas). Así pues, a veces personas aún jóvenes se encuentran inactivas, lo que puede plantear problemas económicos y sociales. Es una medida que cuesta muy caro a los Estados miembros. Por último, provoca graves problemas de personal, sobre todo en las empresas siderúrgicas, porque los candidatos a la jubilación anticipada son a menudo los trabajadores más experimentados. En resumen, la jubilación anticipada es sin duda, un mal menor para las personas cuyo empleo es suprimido, pero presenta muchos inconvenientes. Esta es la situación-tipo más utilizada, con diferencia. En el futuro lo será menos, debido a la disminución del número de trabajadores que reúnen las condiciones de edad o de antigueedad requeridas.

Control de la regularidad

3.33. Los diferentes controles sobre el terreno efectuados por los agentes del Tribunal en los principales Estados miembros beneficiarios no han detectado irregularidades. En el ámbito de las ayudas a la readaptación, el riesgo de irregularidades, voluntarias o no, es relativamente limitado a causa de los tres elementos siguientes.

3.34. En principio y sobre todo, el hecho de que los Estados miembros paguen una contribución especial al menos igual, y en realidad a menudo muy superior, a la de la CECA les lleva a efectuar sus propios controles. Así se ha descubierto recientemente un caso de presunto fraude en un Estado miembro.

3.35. Los gastos cofinanciados por la CECA (sobre la jubilación anticipada, el desempleo, etc.) son múltiples y variados pero sus justificantes son en conjunto relativamente sencillos de comprobar, excepto sin embargo los de los gastos de formación profesional.

3.36. El carácter subvencionable de la industria, es decir la realidad del contexto económico o técnico que ha llevado a que las empresas reduzcan su personal, así como el número de trabajadores que pueden optar a la ayuda, son controlados por los diversos servicios de la Comisión, que conocen bien los sectores del carbón y del acero, lo que les permite confirmar las informaciones proporcionadas por las solicitudes de ayuda.

Aplicación de los convenios bilaterales

3.37. Los convenios bilaterales se redactaron con la intención de armonizar las ayudas entre los diferentes Estados miembros teniendo en cuenta el carácter específico de las legislaciones nacionales en materia de protección social. No obstante, ciertas cláusulas siguen estando adaptadas a cada país (como por ejemplo, la condición de edad o de antigueedad exigida para disfrutar de la jubilación anticipada). Además, el contenido real de ciertos términos varía de un Estado miembro a otro (como por ejemplo, el «salario anterior» utilizado para calcular la contribución de la CECA, que puede ser la media de los tres, seis o doce últimos meses, o incluso un salario a tanto alzado por sector o por empresa, etc.).

3.38. Esta diversidad va acompañada de una complejidad que a veces dificulta la aplicación de los convenios bilaterales. Ciertas administraciones no siempre los dominan demasiado bien, incluso varios años después de su entrada en vigor. Llega a ocurrir que no soliciten todas las ayudas a las que tendrían derecho, bien por desconocimiento, o bien porque la gestión administrativa necesaria se considera demasiado laboriosa y costosa en relación a los importes que se percibirían. En consecuencia, la Comisión debe tal vez darles más explicaciones, o incluso asistencia técnica. Así, las solicitudes de ayuda de un Estado miembro para la conversión externa han resultado estar evaluadas por debajo de su valor real, desde hace años, porque los importes solicitados estaban mal calculados. Este Estado recibía tan poca ayuda por esta situación-tipo que estaba pensando en renunciar a la misma. Otro Estado miembro seguía aplicando ciertas normas que figuraban en los acuerdos anteriores pero no en los nuevos convenios. Estos problemas no dieron lugar a pagos indebidos importantes por parte de la CECA, porque la aplicación de los topes limitó su impacto pecuniario. Sin embargo, conviene solucionarlos.

Funcionamiento del servicio gestor de la Comisión

3.39. Los documentos presentados por las administraciones nacionales para apoyar las solicitudes de ayuda varían de un Estado miembro a otro y son a menudo insuficientes. Esto obliga a que los funcionarios afectados reclamen las informaciones complementarias, lo que frecuentemente exige numerosas llamadas telefónicas y una correspondencia creciente. Una normalización de la información exigida de los Estados miembros permitiría que la tramitación de las solicitudes fuera más rápida y fácil, disminuyendo el riesgo de errores. Además, los expedientes serían más comprensibles para las personas que no los hayan instruido pero deban consultarlos, tanto para información como para control.

3.40. El servicio gestor de la Comisión debe realizar otros controles de los pagos, lo que exige contar con los documentos necesarios. El problema de la obtención de los documentos que deben acompañar a las solicitudes de ayuda se vuelve a encontrar en las solicitudes de pago. Además, el apartado 3 del artículo 13 de los convenios bilaterales, que indica la documentación que se ha de presentar con las solicitudes de pago, establece que «se pondrán a disposición de la Comisión los documentos necesarios acreditativos de la realización de los pagos relativos a cada programa, incluidos los datos relativos a la identificación de los trabajadores beneficiarios de dichos pagos y la justificación de su derecho a la percepción de las ayudas CECA». En realidad, la Comisión no siempre pide esta documentación que está a su disposición. Sin embargo, la mera revisión de un listado adecuado permitiría descubrir elementos simples como por ejemplo la falta de la antigueedad exigida o de la contribución especial del Estado miembro.

3.41. La ausencia de ciertos controles, debida en parte a la falta de tiempo y personal, también se explica, e incluso se justifica parcialmente, por los controles efectuados por las administraciones nacionales. Estas filtran y a menudo calculan ellas mismas los compromisos y los pagos que solicitan a la CECA mediante la aplicación de los criterios y topes indicados en los convenios bilaterales. No obstante, para poder basarse en los controles efectuados por terceros, aún hay que conocer y comprobar bien sus sistemas. Sobre éste, y sobre muchos otros aspectos, no se puede generalizar para todos los Estados miembros, pero el conocimiento de estos sistemas nacionales es a veces insuficiente. Esta laguna se debe sobre todo a las recientes rotaciones de personal junto con una falta de transmisión de los conocimientos. Para remediarlo, es conveniente que se instruya respecto a cada Estado miembro un expediente permanente que incluya una descripción de sus procedimientos (a menudo muy complejos), con sus elementos específicos, sus puntos fuertes y sobre todo, sus puntos débiles que la Comisión debe compensar mediante sus propios controles. También convendrá indicar las situaciones en las que los criterios de subvención para las ayudas estatales sean menos restrictivos que los relativos a las ayudas comunitarias, en cuyo caso podrían las administraciones nacionales conceder menos importancia al control de estas últimas.

3.42. El servicio gestor de las ayudas a la readaptación efectúa controles sobre el terreno en las administraciones y empresas que reciben estas ayudas. Los expedientes individuales comprobados en dicha ocasión deberían ser seleccionados por el auditor de forma sistemática y autónoma, lo que no siempre sucede. Generalmente, estas misiones dan lugar a informes interesantes. El Tribunal no pudo obtener la lista de todos los controles realizados desde 1989, puesto que esta información no estaba centralizada a nivel del servicio. En consecuencia, sólo se pudieron consultar algunos informes que constaban en ciertos expedientes. En este sentido, sería conveniente contar con una clasificación exhaustiva y más rigurosa. Además, las misiones programadas por este servicio no se notifican sistemáticamente al Tribunal.

3.43. Las operaciones sobre las ayudas a la readaptación se registran en dos sistemas: la contabilidad general de la Dirección General XIX que centraliza todas las transacciones relativas al presupuesto operativo de la CECA (POC); y una contabilidad interna del servicio gestor de estas ayudas. La primera es la contabilidad oficial. Ella es quien genera las cifras indicadas en los estados financieros de la CECA, y debe permitir al interventor comprobar que el saldo de los compromisos es suficiente para proceder a los pagos correspondientes. La segunda se utiliza por los gestores de los compromisos y los pagos que disponen de un acceso directo y pueden así consultar la situación de las cuentas en todo momento.

3.44. La contabilidad del servicio gestor ya no está al día y por lo tanto, tampoco es fiable. Esta afirmación debe matizarse según las cuentas, pero de forma general, las anotaciones deben ser más sistemáticas y la concordancia entre los saldos resultantes de este sistema y los de la DG XIX debería garantizarse mediante conciliaciones regulares. Esto no se realizó en 1994. Una de las razones alegadas para explicar este problema es la partida del funcionario que dominaba bien el sistema, lo que pone de manifiesto un problema de difusión de los conocimientos.

Conclusión

3.45. Las ayudas a la readaptación de los trabajadores de la CECA constituyen una medida de objetivos múltiples (social, industrial, regional). En lo que respecta a su objetivo prioritario que es garantizar un buen nivel de protección social a los trabajadores de los sectores del carbón y del acero que pierden su empleo, la eficacia de estas ayudas parece bastante satisfactoria. En efecto, varios cientos de miles de empleos se suprimieron limitando los conflictos sociales. En cambio, no se alcanzaron los objetivos de reestructuración, especialmente en materia de reducción de capacidades de la industria siderúrgica, para los que la influencia del capítulo social es difícil de evaluar. Por otra parte, la presentación de los resultados del capítulo social del carbón se limita a sus repercusiones primeras, es decir a las de tipo social, sin tener en cuenta su aspecto regional.

3.46. La suspensión por parte de la CECA de las medidas relativas a la formación profesional y a la creación de empresas le permite concentrar sus medios en lo que continuan financiando. Otras medidas, especialmente las que fomentan la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores podrían ser, en el futuro, objeto de una financiación conjunta por el Fondo Social Europeo (FSE), ya que van en el sentido de una ayuda al mercado de trabajo. Por el contrario, las ayudas relativas a la jubilación anticipada y al desempleo, responden a una lógica completamente diferente y, en consecuencia, en el marco de la reglamentación actual, no podrían encontrar un sustituto en el presupuesto general.

3.47. Los convenios bilaterales en vigor desde 1989 aportaron muchas mejoras a las ayudas a la readaptación pero también las volvieron más complejas, lo que exige una mayor vigilancia de su aplicación y una mayor asistencia a las administraciones nacionales correspondientes.

3.48. Durante sus controles en los Estados miembros, el Tribunal no detectó problemas que pudieran tener un impacto significativo sobre los pagos de la CECA. La participación de las administraciones nacionales, cuyas contribuciones son a menudo muy superiores a las de la Comisión, aporta una garantía suplementaria respecto a los controles efectuados.

3.49. Se constató cierto número de problemas a nivel de la Comisión relativos al funcionamiento del servicio gestor. La Comisión ya ha comenzado a tomar medidas respecto a alguno de ellos. Convendría que las medidas mencionadas en los puntos 3.39 y 3.44 se tomen lo antes posible para acelerar la tramitación de las solicitudes, reducir el riesgo de errores, aumentar los controles basados en los documentos recibidos, e instruir expedientes más fácilmente explotables. Además, un mejor funcionamiento deberá liberar más tiempo para efectuar los controles sobre el terreno y elaborar los estudios sobre las ayudas a la readaptación.

El presente informe ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo en su reunión de los días 25 y 26 de octubre de 1995.

Por el Tribunal de Cuentas

André J. MIDDELHOEK

Presidente

(1) DO C 122 de 9. 5. 1988, p. 66.

(2) Apartado 1.4 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo a la CECA (ejercicio 1993), DO C 346 de 7. 12. 1994.

(3) Directiva del Consejo de 18 de diciembre de 1989 sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito, DO L 386 de 30. 12. 89, p. 14.

(4) Directiva 92/121/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1992, sobre supervisión y control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de crédito, DO L 29 de 5. 2. 1993, p. 1.

(5) Apartados 1.23 a 1.25 del Informe del Tribunal (anexo al Informe Anual CECA 1992) sobre la gestión contable y financiera de la CECA.

(6) Véase el apartado 5.1 de los estados financieros de la CECA al 31 de diciembre de 1994: correcciones de valor sobre préstamos (24 755 428 ecus) = corrección de valor no específica (22 millones de ecus) + correcciones de valor específicas (2 755 428 ecus).

(7) Véanse los estados financieros de la CECA al 31 de diciembre de 1994: correcciones de valor específicas sobre los préstamos (2 755 428 ecus, apartado 5.1) + correcciones de valor específicas sobre los préstamos a los acreedores morosos (57 716 211 ecus, apartado 8).

(8) Apartado 1.13 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la CECA (ejercicio 1993), DO C 346 de 7. 12. 1994.

(9) Apartados 1.9 y 1.10 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la CECA (ejercicio 1993), DO C 346 de 7. 12. 1994.

(10) Véase el Informe del Tribunal (anexo al Informe Anual CECA 1990) sobre la gestión contable y financiera de la CECA, apartados 5.21 a 5.24.

(11) Apartado 22 del Informe «Información complementaria al Informe Anual del Tribunal sobre los estados financieros de la CECA sobre el ejercicio 1991».

(12) Apartado 2.36 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la CECA (ejercicio 1993), DO C 346 de 7. 12. 1994.

(13) Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los estados financieros de la CECA al 31 de diciembre de 1994, DO C 244 de 21. 9. 1995, p. 10.

(14) Procedimiento escrito E/1679/89 sobre las condiciones de aplicación de la letra c) del apartado 1 del artículo 56 del Tratado CECA en el sector del carbón.

(15) DO C 178 de 30. 6. 1994, p. 21.

(16) Reglamento (CEE) n° 2084/93 del Consejo (DO L 193 de 31. 7. 1993, p. 39) por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 4255/88 (DO L 374 de 31. 12. 1988, p. 21) por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2052/88 en lo relativo al Fondo Social Europeo.

(17) DO C 20 de 27. 1. 1990, p. 3.

(18) DO C 185 de 26. 7. 1990, p. 18.

(19) DO C 180 de 1. 7. 1994, p. 26.

(20) DO L 193 de 31. 7. 1993, p. 24 y 36.

(21) DO L 329 de 30. 12. 1993.

(22) DO C 108 de 16. 4. 1994, p. 3.

(23) DO C 178 de 30. 6. 1994, p. 21.

(24) DO C 146 de 26. 5. 1993, p. 5.

(25) Informe (anexo al Informe Anual CECA 1989) sobre la gestión contable y financiera de la CECA, apartado 2 100.

(26) «Informe 1990 sobre las actividades de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero - Ayuda a la readaptación», SEC(91) 2394 final.

(27) «Hacia un refuerzo de la competitividad de la industria siderúrgica: necesidad de una nueva reestructuración», SEC(92) 2160 final.

(28) Resolución del Comité consultivo de la CECA, aprobada en su sesión plenaria n° 318, celebrada el 16. 12. 1994, DO C 40 de 17. 2. 1995, p. 2.

(29) «Reestructuración siderúrgica comunitaria: balance y conclusiones», COM(94) 466 final.

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN A LAS OBSERVACIONES SOBRE EL EJERCICIO 1994 (CECA)

CAPÍTULO 1 OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN CONTABLE

Solvencia de la CECA

Dispersión de los riesgos

1.5. En principio, la Comisión siempre se ha ajustado a las directrices sobre el establecimiento de créditos incluso si, desde un punto de vista estrictamente jurídico, dichas directrices no son aplicables a la CECA en virtud del estatuto y de la particular naturaleza de las actividades de esta organización.

Por lo que se refiere concretamente a la dispersión de los riesgos, la Comisión recuerda que en 1992 elaboró un manual de procedimiento para el seguimiento del riesgo interno global de la CECA. Dicho documento, que tomaba en consideración las especificidades de la CECA (concentración sectorial impuesta por el Tratado, contexto político de determinadas operaciones, etc.), no podía integrar todavía los principios de la Directiva 92/121/CEE, que entró en vigor el 1 de enero de 1994.

La Comisión es sensible a los argumentos del Tribunal de Cuentas, pero, antes de adoptar un nuevo enfoque en el tratamiento de los «grandes riesgos», considera necesario disponer de determinados elementos suplementarios tales como los siguientes:

- el impacto de la aplicación de dicha Directiva en todos los compromisos que se derivan de la aplicación de la Decisión de 22 de junio de 1994 sobre las actividades de préstamo y empréstito de la CECA

- la oportunidad de modificar el nivel del coeficiente de solvencia que se menciona en el punto 1.4 en función de la próxima expiración del Tratado CECA.

En la medida de lo posible, la Comisión espera poder utilizar el resultado de dicho análisis antes de cerrar los estados financieros de 1995.

Correcciones de valor

1.6. El 31 de diciembre de 1994, la Comisión decidió mantener el coeficiente de solvencia al mismo nivel que el año anterior al haber mejorado en el ejercicio de 1994 la situación económica en el sector siderúrgico y haberse fortalecido la situación de algunos de los deudores de la CECA. Para ello, habida cuenta de los fondos propios usados para el cálculo del coeficiente de solvencia y pudiendo reducir bien la corrección de valor no específico o bien el fondo de garantía, prefirió reducir la primera en 28 millones de ecus antes que tocar el fondo de garantía, asimilable al capital social de la CECA.

De todos modos, la corrección de valor no específico se sitúa en el 1,7 % de los créditos no acompañados de garantías de primer orden, lo que ha sido considerado insuficiente por las razones expuestas anteriormente.

Evolución de los empleos y de los recursos presupuestarios de la CECA

Evolución de los recursos

1.11. La favorable evolución de los mercados de obligaciones durante el primer semestre de 1995 permitió recuperar el 30. 6. 1995 una importante parte de la corrección de valor de las obligaciones y otros títulos de renta fija constituidos el 31 de diciembre (38 de los 70 millones de ecus).

Varios

Inmovilizados materiales

1.16. El 11 de junio de 1992 la Comisión tomó la decisión de precisar en beneficio de la CEE el marco en el que la CECA adquiere sus edificios. Tal decisión, que no hacía sino formalizar la práctica, establecía que la CEE pagaría a la CECA un alquiler calculado de modo que se garantizaran unos ingresos por los capitales invertidos equivalentes a los obtenidos mediante inversión de fondos en el mercado. La CECA sigue siendo propietaria de los locales hasta el último pago y, al final del reembolso, la propiedad se transfiere a la CEE. El procedimiento ha sido diferente en el caso del edificio que se adquirió en París en 1958 puesto que la propiedad estaba dividida entre las tres Comunidades, que, en aquel entonces, eran distintas. Sin embargo, el objetivo perseguido era el mismo ya que se convino que el alquiler que pagaban las Instituciones por el arrendamiento en dicho edificio de oficinas y garajes se calcularía de modo que se cubriera la amortización de los locales, el interés de los capitales comprometidos y una participación a tanto alzado en las cargas permanentes y variables. Se trataba, pues, de garantizar una correcta remuneración de la inversión financiera de la CECA. Una vez reembolsado totalmente el edificio y amortizada la inversión de la CECA, la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión de 1992, pudo transferir su propiedad a la CEE.

Recuperación de las bonificaciones

1.17. Por lo que se refiere a las bonificaciones abonadas a dos minas británicas cerradas a iniciativa del Gobierno británico tras la finalización de los proyectos de inversión, el Servicio Jurídico de la Comisión y un gabinete de abogados independientes confirmaron que, de conformidad con los términos del contrato, dichas bonificaciones no eran recuperables.

Calendario de cierres

1.18. La tardía presentación de las cuentas de la CECA obedeció a un excepcional cúmulo de circunstancias. La Comisión tomó las medidas necesarias para que ello no se reprodujera en el futuro.

Conclusión

1.19-1.20. El Tribunal de Cuentas reitera las críticas ya formuladas en los puntos 1.5, 1.6 y 1.11 sobre los que la Comisión ha emitido sus respuestas.

Por lo que a la dispersión de los riesgos se refiere (punto 1.5) y antes de considerar la adopción de un nuevo enfoque en el tratamiento de los «grandes riesgos», la Comisión estima necesario disponer de determinados datos suplementarios.

En la medida de lo posible, la Comisión espera poder usar el resultado de este análisis antes de cerrar los estados financieros de 1995.

En cuanto a la corrección de valor no específico (punto 1.6), la Comisión decidió el 31 de diciembre de 1994 mantener el coeficiente de solvencia al mismo nivel que el del año anterior. Para ello, prefirió reducir la corrección de valor no específico en 28 millones de ecus antes que tocar el fondo de garantía, asimilable al capital social de la CECA.

En lo referente a la evolución de los recursos (punto 1.11), hay que señalar que la favorable evolución de los mercados de obligaciones durante el primer semestre de 1995 permitió recuperar el 30. 6. 1995 una parte importante de la corrección de valor de las obligaciones y otros títulos de ingresos fijos constituidos el 31 de diciembre de 1994 (38 de los 70 millones de ecus).

CAPÍTULO 3 LAS AYUDAS A LA READAPTACIÓN

Eficacia de las ayudas a la readaptación de la CECA

3.18. La información recogida en los informes es de orden general y se ajusta perfectamente a la periodicidad plurianual. El informe referente a 1993 incluía un amplio abanico de informaciones. El plan del próximo informe, que se publicará en 1996, se inspirará en este último e incluirá los datos de 1994 y 1995 y el capítulo social del sector del acero en relación con los resultados del programa comunitario de cierre de instalaciones siderúrgicas. En el futuro tiene la Comisión la intención de dar a este tipo de informe una periodicidad bianual.

3.19. Cierto es que las ayudas concedidas en virtud del artículo 56 del Tratado de la CECA pueden perseguir uno u otro objetivo secundario, pero es evidente que el objetivo primordial es el social. Se trate de ayudas tradicionales o de la suma de éstas a los programas complementarios, podemos considerar que dichas ayudas tienen prioritariamente el objetivo individual de garantizar un buen nivel de protección social a los trabajadores que pierden su empleo o ayudarles a encontrar trabajo. A un nivel más amplio, contribuyen además a reducir los conflictos sociales facilitando que se alcance el consenso sobre la necesidad de las reestructuraciones.

Eficacia de las ayudas tradicionales

3.23. Efectivamente, dada la disparidad de las situaciones nacionales, resulta muy difícil imaginar cuáles serían las consecuencias para los propios trabajadores de una disminución de las ayudas de la CECA. Sin embargo, en el caso español, incluso si se han previsto medidas sociales comparables para los trabajadores de varios sectores en dificultades, el nivel de ayuda no es necesariamente el mismo en todos los sectores.

Eficacia del programa RECHAR (1990-1993)

3.25. No se puede detectar aisladamente la contribución indirecta al fomento de la actividad económica de las zonas mineras que se han podido beneficiar de las ayudas a la readaptación, independientemente del hecho de si son tradicionales o complementarias, dado que gran parte de ellas son ayudas a la jubilación anticipada y su contribución al fomento de la actividad económica pasa por el fomento del nivel de vida individual.

Eficacia del capítulo social del sector del acero (1993-1995)

3.27. El capítulo social del sector del acero expira a finales de 1995. Por esta razón y a sabiendas de que de todos modos ya no se podrán beneficiar de ayuda alguna las pérdidas de empleo que se esperan a partir de 1995, tanto si se deben a reducciones de capacidad de producción como si no, la dotación de 240 millones de ecus será suficiente.

Eficacia de las diferentes situaciones-tipo

3.30. Cabe señalar que un informe de realización con una evaluación sucinta de los resultados del programa de ayuda acompaña, en principio, las solicitudes de pago de las ayudas comprometidas.

Aplicación de los convenios bilaterales

3.37. En la reunión de 26. 9. 1991 celebrada por la Comisión y las administraciones nacionales encargadas de las ayudas concedidas en virtud del artículo 56 del Tratado de la CECA se llegó a un acuerdo sobre el modo de cálculo del salario anterior usado como referencia para establecer la contribución de la CECA. Dicho modo de cálculo se basa en una definición uniforme los componentes del salario y tiene en cuenta los hábitos nacionales, e incluso locales, en materia de transmisión de datos acerca de las empresas.

3.38. Con las administraciones nacionales afectadas la Comisión mantiene intercambios regulares y frecuentes en las reuniones anuales con los Estados miembros y en los comités paritarios formales, las misiones de inspección y en numerosos contactos directos.

Además, la Comisión está procediendo en la actualidad a un esfuerzo suplementario de simplificación y armonización que debería impedir que se volvieran a repetir anomalías como las señaladas al Tribunal.

Funcionamiento de la unidad de gestión de la Comisión

3.39. La normalización aconsejada está en curso. Se ha elaborado un impreso que a partir de 1996 deberá acompañar a todas las solicitudes de ayuda. Algunos Estados miembros ya lo han añadido en 1995 a sus solicitudes formales.

3.40. La normalización también está en curso en este ámbito: se ha enviado a las administraciones nacionales un impreso-tipo, que deberá acompañar a todas las solicitudes de pago. Dicho impreso incluye los datos que se recogen en el listado sugerido por el Tribunal de Cuentas.

3.41. La Comisión fomenta la movilidad de su personal. Lamentablemente, siempre transcurre un lapso de tiempo entre el momento en que se libera una plaza y el momento en que se cubre, lo que excluye la transmisión directa de la experiencia adquirida. Sin embargo, en el caso de la gestión de las ayudas a los Estados miembros, como la responsabilidad está dividida entre dos personas, una de las cuales se encarga de las concesiones y otra de los pagos, los conocimientos sobre los procedimientos y las realidades nacionales pueden frecuentemente ser transmitidos por el miembro del «equipo» que no causa baja. No obstante, el servicio velará por que la transferencia de los conocimientos sobre los sistemas específicos de los Estados miembros esté garantizado, siguiendo incluso la sugerencia del Tribunal de Cuentas.

3.42. Las misiones in situ tienen varios objetivos: 1) verificar directamente o, eventualmente, a partir de una muestra, la validez de las informaciones referentes a la eligibilidad de los trabajadores y, en concreto, de los justificantes de gastos; 2) mejorar el conocimiento sobre el sector; y 3) intercambiar informaciones prácticas, principalmente sobre cuestiones de procedimiento, con las administraciones nacionales. En el futuro, la Comisión transmitirá sistemáticamente al Tribunal de Cuentas los informes sobre las misiones y sus previsiones de misiones de inspección. En cuanto a la preparación de estas últimas, hay que mejorar el procedimiento por el que se notifica a los Estados miembros la documentación que deben preparar, así como la selección previa de los expedientes individuales que formen parte de la muestra.

3.44. Actualmente, se está redefiniendo la base de datos del sistema informático de la unidad de gestión, que permite seguir el día a día de la evolución de los pagos y anulaciones. Por lo tanto, resulta difícil proceder a un ejercicio de reconciliación de cuentas en tanto en cuanto dicho sistema no esté operativo, lo cual está previsto para el otoño.

Conclusión

3.45. Incluso si, junto a su objetivo primordial, claramente social, los programas complementarios tuvieran otros objetivos subsidiarios en relación con alguna política determinada de la Comisión, su impacto en la materia no podría diferenciarse, principalmente por su naturaleza marginal, del impacto de otras medidas aplicadas en el marco de dicha política concreta.

3.49. Algunas de las medidas que sugiere el Tribunal de Cuentas ya han sido llevadas a la práctica o lo serán en un futuro próximo, lo cual se verá facilitado por la estabilidad en los efectivos del servicio de gestión.