DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 7 de abril de 1999

relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE

[IV/36147 - Código de conducta del IAA (EPI)]

[notificada con el número C(1999) 494]

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(1999/267/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado(1), cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, y, en particular, sus artículos 2 y 6,

Vista la solicitud de declaración negativa y, con carácter subsidiario, la notificación para obtener una exención, presentada el 17 de julio de 1996, en aplicación de los artículos 2 y 4 del Reglamento n° 17,

Vista la decisión de la Comisión, de 7 de mayo de 1998, de iniciar el procedimiento relativo a este asunto,

Visto el resumen de la solicitud y de la notificación publicados(2) de conformidad con el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17 y con el artículo 3 del Protocolo 21 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE),

Previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes,

Considerando lo siguiente:

I. HECHOS

A. La notificación

(1) El 17 de julio de 1996, el Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (denominado en lo sucesivo "el IAA") notificó a la Comisión el código de conducta, modificado en último término por su Consejo el 7 de mayo de 1996, con objeto de obtener una declaración negativa o, en su defecto, una decisión de exención de la prohibición de los acuerdos.

(2) Dicha notificación se produjo tras el envío al IAA de un pliego de cargos el 18 de noviembre de 1995, a raíz de una denuncia presentada el 8 de junio de 1992 por Dibb Lupton Broomhead Solicitors, bufete de abogados con sede en el Reino Unido (asunto IV/34.775).

El 18 de diciembre de 1996, los servicios de la Comisión enviaron una carta de advertencia al IAA en la que se indicaba que las disposiciones del código de conducta relativas a la prohibición de la publicidad, en la medida en que se basan en conceptos vagos e imprecisos, así como la disposición que obliga a los miembros a aplicar unos honorarios razonables, no podían declararse exentas.

El 3 de abril de 1997, el IAA comunicó a la Comisión una nueva versión del código de conducta, que seguía sin ser satisfactoria. Tras mantener discusiones con los servicios de la Comisión, el 14 de octubre de 1997 el IAA remitió la versión del código de conducta, modificado los días 30 de septiembre y 3 de octubre de 1997, y objeto de la presente Decisión.

B. El IAA y su marco reglamentario

1. El Convenio de Múnich

(3) El Convenio sobre concesión de patentes europeas (denominado en lo sucesivo "el Convenio"), firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, establece un Derecho común a los Estados contratantes(3) en materia de concesión de patentes de invención.

La Organización Europea de Patentes (denominada en lo sucesivo "la Organización") es una institución intergubernamental creada por el Convenio, con autonomía administrativa y financiera, cuya misión consiste en conceder patentes europeas.

Los órganos de la Organización son la Oficina Europea de Patentes (denominada en lo sucesivo "la OEP") y el Consejo de administración. La OEP concede las patentes bajo el control del Consejo de administración.

El Consejo de administración está compuesto por representantes de los Estados contratantes (uno por Estado) y sus suplentes (uno por Estado).

2. El IAA

(4) El Consejo de administración de la Organización ha creado, basándose en la letra b) del apartado 8 del artículo 134 del Convenio, el Instituto de agentes autorizados ante la OEP (IAA).

El IAA es un organismo sin ánimo de lucro cuyos gastos se sufragan mediante los recursos propios procedentes, concretamente, de las cotizaciones de sus miembros. Su objeto consiste en colaborar con la Organización en los asuntos relacionados con la profesión de agente autorizado, especialmente en lo que se refiere a los asuntos disciplinarios y al examen europeo de cualificación, y en velar por el respeto por parte de sus miembros de las normas de conducta profesional emitiendo, en particular, recomendaciones.

Toda persona inscrita en la lista de agentes autorizados es miembro del IAA. La OEP comunica al IAA cualquier modificación introducida en la lista. Así pues, todos los agentes de patentes europeas son miembros del IAA.

El Consejo del IAA es elegido por sus miembros. Cada Estado Parte del Convenio constituye una circunscripción en la que pueden votar los miembros que tengan en la misma su lugar de establecimiento o de trabajo. Cada miembro dispone de un voto (apartados 1 y 2 del artículo 7 del Reglamento relativo a la creación del IAA). El Consejo administra y gestiona las actividades del IAA y está facultado, dentro de los límites establecidos en el Reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados, para formular recomendaciones referentes a la deontología (apartado 3 del artículo 9 del Reglamento relativo a la creación del IAA). El presidente del Consejo representa al IAA. Una Junta, compuesta al menos por el presidente, los vicepresidentes, el secretario general y el tesorero, ejerce las funciones que le encomienda el Consejo (artículo 10 del Reglamento relativo a la creación del IAA).

(5) La profesión de agente de patentes europeas es, por lo tanto, una profesión organizada y unificada en el seno del IAA. El Convenio no establece distinción alguna entre los agentes de patentes por cuenta propia y los que ejercen la profesión por cuenta ajena en el departamento de patentes de una empresa.

3. El Reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados

(6) Con arreglo a la letra c) del apartado 8 del artículo 134 del Convenio, el Consejo de administración de la Organización ha adoptado las disposiciones relativas a la potestad disciplinaria del IAA y de la OEP sobre los agentes autorizados (Reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados, de 21 de octubre de 1977, denominado en lo sucesivo "el Reglamento"). Este Reglamento establece en su primera parte las "normas de conducta profesional", es decir, las obligaciones profesionales generales de los agentes autorizados en el ejercicio de sus funciones, que consisten en:

- demostrar su responsabilidad profesional, observar una actitud compatible con la dignidad de su profesión y, especialmente, abstenerse de cualquier declaración falsa o falaz (apartado 1 del artículo 1 del Reglamento),

- actuar de tal forma que no atenten contra la confianza que se debe poder otorgar a la profesión (apartado 2 del artículo 1 del Reglamento),

- abstenerse de aceptar o continuar un mandato cuando la aceptación o continuación le lleven a conocer de un asunto concreto en el que haya asesorado o representado a una persona cuyos intereses sean opuestos a los de su mandante, a menos que el conflicto de intereses haya cesado de existir (apartado 2 del artículo 3 del Reglamento).

Todo agente autorizado que no respete estas normas de conducta profesional podrá ser objeto de una sanción (advertencia, amonestación, multa, exclusión de la lista de agentes autorizados por un período limitado o indefinido, según el artículo 4 del Reglamento).

(7) Las instancias competentes en materia de infracciones a las normas de conducta profesional son el Comité de disciplina del IAA, el Consejo de disciplina de la OEP y la Sala de recursos de la OEP (artículo 5 del Reglamento).

(8) El Comité de disciplina es elegido cada dos años por el Consejo del IAA, previa recomendación de cada grupo nacional representado en el Consejo. Está compuesto por miembros del IAA que no pertenecen ni al Consejo ni a la Junta del IAA (artículo 11 del Reglamento relativo a la creación de un IAA ante la OEP).

Cuando el Comité de disciplina debe conocer de una posible infracción a las "normas de conducta profesional", su presidente nombra tres miembros y un miembro suplente que se constituyen en sección destinada a examinar la presunta conducta infractora.

Cuando el Comité de disciplina no puede pronunciarse sobre una presunta infracción a las normas de conducta profesional en el plazo de nueve meses a partir de la presentación del asunto, informa de ello, antes del final del plazo, al presidente del Consejo de disciplina de la OEP. Éste decide o bien prorrogar el plazo o bien remitir el asunto al Consejo de disciplina (apartados 3 y 4 del artículo 6 del Reglamento).

El Comité de disciplina no puede excluir a los miembros del IAA de la lista de agentes autorizados ante la OEP. No obstante, puede celebrar debates, emitir advertencias o amonestaciones o incluso remitir el asunto al Consejo de disciplina de la OEP cuando estime que la infracción es merecedora de una sanción más grave que una mera advertencia o amonestación [letras b) y c) del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento].

Los procedimientos ante el Comité de disciplina no son públicos y sus deliberaciones son confidenciales.

Las decisiones del Comité de disciplina establecen los hechos y los fundamentos pero, al contrario de las de las otras dos instancias disciplinarias, no se publican en el Diario Oficial de la OEP. Sólo se publican en el boletín interno del IAA (EPI Information).

(9) El Consejo de disciplina y la Sala de recursos en cuestiones de disciplina son instancias independientes que forman parte de la Organización.

El Consejo de disciplina está compuesto por tres juristas miembros de la OEP y dos agentes autorizados. Conoce de las presuntas infracciones de las normas de conducta profesional que le remite el Comité de disciplina (apartado 1 del artículo 7 del Reglamento).

Los miembros del Consejo de disciplina son nombrados por el presidente de la OEP por un período de tres años. Los agentes autorizados miembros son elegidos de una lista presentada al presidente por la Junta del IAA y no pueden formar parte al mismo tiempo de otra instancia disciplinaria ni de la Junta del IAA, ni trabajar a tiempo completo o parcial en el IAA (apartado 2 del artículo 9 del Reglamento).

Tras tomar todas las medidas de instrucción que estime pertinentes, el Consejo de disciplina debe optar entre archivar el asunto o imponer una sanción (apartado 2 del artículo 7 del Reglamento).

(10) La Sala de recursos en materia de disciplina está compuesta por tres juristas miembros de la OEP y dos agentes autorizados, nombrados todos ellos por el Consejo de administración por un período de cinco años. Esta Sala conoce de los recursos contra las decisiones por las que se pone fin a las actuaciones, incluidas las decisiones de archivo dictadas por el Comité de disciplina del IAA y por el Consejo de disciplina de la OEP (apartado 1 del artículo 8 del Reglamento). Pueden presentar un recurso el agente autorizado presunto infractor, el presidente del Consejo del IAA y el presidente de la OEP. Los miembros de la Sala de recursos no pueden formar parte simultáneamente de otra instancia disciplinaria ni de la Junta del IAA, ni trabajar a tiempo completo o parcial en el IAA.

(11) Los miembros de una instancia disciplinaria son independientes en el desempeño de su misión (artículo 11 del Reglamento).

Antes de adoptar cualquier decisión contra el agente autorizado que sea objeto de procedimiento disciplinario, la instancia correspondiente deberá ofrecer al interesado la oportunidad de presentar sus observaciones.

Esta misma facultad se atribuye al presidente del Consejo del IAA y al de la OEP con carácter previo a cualquier decisión que ponga fin a las actuaciones iniciadas (artículo 12 del Reglamento). Toda decisión de una instancia disciplinaria deberá motivarse y formularse por escrito. Se notificará al agente autorizado, al presidente del Consejo del IAA y al de la OEP. Se informará al denunciante, en caso de haberlo, de la medida adoptada (apartado 1 del artículo 21 del Reglamento).

(12) Las decisiones de la Sala de recursos en materia disciplinaria no son recurribles ante los tribunales nacionales de los Estados miembros de la Organización. No obstante, los reglamentos del IAA y de la OEP no contemplan prohibición alguna en este sentido.

Esta situación parece compatible con el principio general de acceso de todos los ciudadanos a la justicia, ya que la Sala de recursos parece poder asimilarse a un órgano jurisdiccional por las razones siguientes: 1) sus miembros son personas que poseen una cualificación jurídica (3 miembros) o técnica (2 miembros) y que no pueden pertenecer a otras instancias disciplinarias que hayan participado en la decisión tomada inicialmente; 2) los miembros de la Sala de recursos son nombrados por un período de cinco años y no pueden ser desposeídos de sus funciones durante el mismo salvo por causas graves; 3) los miembros son independientes en el desempeño de su misión, no están vinculados por instrucción alguna a la hora de tomar decisiones y no pueden conocer de un recurso si tienen un interés personal en el mismo; 4) las decisiones deben motivarse y, antes de adoptar cualquier decisión perjudicial para un agente autorizado, éste tiene derecho a presentar sus observaciones; esta misma posibilidad se ofrece al presidente del Consejo del IAA y al de la OEP; 5) el procedimiento oral se inicia o bien a solicitud del agente autorizado o bien de oficio si la Sala de recursos lo estima procedente. Todo procedimiento oral se celebra en presencia de todos los miembros de la Sala de recursos, de un encargado de redactar el acta, del agente autorizado y de su abogado y de los presidentes de la OEP y del IAA o de sus representantes.

4. Código de conducta profesional

(13) El código de conducta profesional notificado modifica la versión adoptada por el quinto Consejo del IAA celebrado el 5 de noviembre de 1985 en Múnich(4). La responsabilidad de este código incumbe exclusivamente al Consejo del IAA (su texto se publica en el Diario Oficial de la OEP con el único objeto de facilitar al público una información completa sobre las normas de conducta de los agentes autorizados), aun cuando su adopción por el IAA tenga su fundamento jurídico en los artículos 1 a 4 del Reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados y en la letra c) del artículo 4 del Reglamento relativo a la creación de un IAA ante la OEP, adoptados por el Consejo de administración de la Organización.

El Consejo del IAA puede modificar este código por voluntad propia sin necesidad de autorización alguna ni de la OEP ni del Consejo de administración de la Organización.

En cambio, el Consejo de administración de la Organización no puede modificar ni derogar el código propiamente dicho. No obstante, puede, a iniciativa propia o del Consejo del IAA, modificar el Reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados (artículo 29 del Reglamento). Además, puede modificar el Reglamento relativo a la creación de un IAA.

El objeto del código estriba en regular la conducta y otras actividades de los miembros, siempre que éstas tengan una relación con el Convenio.

(14) Las normas previstas en el código se agrupan en siete artículos. El primero de ellos se refiere a las "consideraciones generales" y los siguientes a la "publicidad", las "relaciones con el público", las "relaciones con los clientes", las "relaciones con los otros miembros", las "relaciones con la Oficina Europea de Patentes" y las "relaciones con el Instituto". Anteceden al código algunas definiciones, entre ellas una relativa a los "honorarios" entendiéndose por tales los honorarios razonables y justificables. Estas definiciones constituyen un preámbulo al código y su aplicación propiamente dicha no es competencia del IAA. Por consiguiente, el IAA no puede sancionar a sus miembros si los honorarios que aplican no son razonables o justificables. El contenido de las disposiciones del código se recoge a continuación: "Artículo 1

- Consideraciones generales

a) Las obligaciones generales de los miembros del Instituto se establecen en el Reglamento en materia de disciplina.

b) Los principios generales de conducta profesional se establecen en el presente código, que refleja las actuales opiniones del Consejo. El presente código no exime a los miembros de su propia responsabilidad de respetar las normas de conducta profesional establecidas en el Reglamento en materia de disciplina y más concretamente en sus artículos 1, 2 y 3.

c) El deber fundamental de un miembro consiste en actuar ofreciendo una asesoría digna de confianza a las personas interesadas en asuntos relacionados con patentes. Debe actuar como consejero independiente sirviendo los intereses de sus clientes de forma imparcial, sin tener en cuenta sus sentimientos e intereses personales.

d) Los miembros deberán tomar medidas para salvaguardar los intereses de sus clientes en caso de que aquéllos no puedan ejercer sus funciones.

e) Es necesaria una buena confraternidad entre los miembros con objeto de preservar el buen nombre de la profesión. Esta confraternidad se ejercerá independientemente de los sentimientos personales.

f) Cada miembro deberá tener conocimiento del presente código y no podrá hacer valer su ignorancia del mismo.

g) Los autores de infracciones del presente código no podrán justificarse alegando que obedecen a las instrucciones de un cliente.

Artículo 2

- Publicidad

a) Se autoriza por lo general la publicidad, siempre que sea verídica, objetiva y acorde con los principios esenciales, concretamente la lealtad y el respeto del secreto profesional.

b) Constituyen excepciones a la publicidad autorizada:

1) la comparación de los servicios profesionales de un miembro con los de otro;

2) la mención de la identidad de un cliente, salvo autorización expresa de este último;

3) la mención del nombre de otra entidad profesional, salvo si existe un acuerdo de colaboración escrita entre el miembro y dicha entidad, y

4) la publicidad, el anuncio o publicación de ofertas de compra, venta o negociación de derechos de propiedad industrial, salvo si obedecen a las instrucciones de un cliente.

Artículo 3

- Relaciones con el público

a) Los miembros deben preservar el buen renombre del Instituto, de sus miembros y de la representación ante la Oficina Europea de Patentes.

b) En su lugar de trabajo, en sus cartas con membrete, en cualquier otro artículo de escritorio, o por cualquier otro medio, los miembros no podrán facilitar indicación alguna que pueda inducir al público a error.

c) Un miembro no deberá abonar comisión a terceros por la transmisión de tareas. No obstante, esta cláusula no se aplicará a la adquisición parcial o total de la clientela de otro gabinete de patentes.

d) Los miembros no deberán permitir, sin el control adecuado, que una persona que no sea miembro ejerza en nombre de un miembro, o del grupo al que pertenece, actividades profesionales relacionadas con la Oficina Europea de Patentes.

e) Por lo que se refiere al ejercicio de su profesión, los miembros serán responsables de los actos de sus colaboradores que no sean miembros.

Artículo 4

- Relaciones con los clientes

a) Los miembros deberán, en todo momento, dedicar el cuidado y atención pertinentes a toda tarea que les encomienden sus clientes y dar prueba de la competencia necesaria en dicha actividad. Los miembros deberán mantener a sus clientes informados de la situación de sus expedientes.

b) En principio, los miembros no están obligados a servir los intereses de un cliente en asuntos que no guarden relación con el trabajo profesional que le haya sido encomendado por dicho cliente.

c) Los miembros tienen derecho a solicitar anticipos a los clientes.

d) Sin perjuicio de lo exigido en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento en materia de disciplina, los miembros deberán renunciar a las órdenes que sean contradictorias con sus propios intereses. En este tipo de casos, si la orden no puede aplazarse sin perjudicar eventualmente al cliente, el miembro deberá aceptarla y ejecutarla dentro de los límites de lo inmediatamente necesario para evitar un posible perjuicio; posteriormente se desvinculará del expediente.

e) Los miembros no deberán adquirir intereses financieros en ningún derecho de propiedad industrial en circunstancias tales que puedan dar lugar a un conflicto entre sus obligaciones profesionales y sus intereses. Los miembros no percibirán honorarios en relación directa con el resultado de los servicios que presten.

f) Como complemento a los artículos 2 y 3 del Reglamento en materia de disciplina, los miembros no podrán iniciar ninguna acción contra un asunto concreto que esté siendo o haya sido tratado por un miembro o por otra persona de su gabinete, a menos que el cliente interesado esté de acuerdo con dicha acción o a menos que dicho miembro no tenga conocimiento del asunto de que se trate o ya no esté en condiciones de tener conocimiento del mismo. Los miembros no están autorizados a utilizar en el transcurso de la acción las informaciones obtenidas durante el período en el que fue tratado anteriormente el asunto, a menos que dichas informaciones sean públicas.

g) Los miembros quedan automáticamente liberados de su obligación de guardar el secreto según el artículo 2 del Reglamento en materia de disciplina, si las informaciones secretas han pasado a ser de dominio público.

Artículo 5

- Relaciones con los otros miembros

a) Los miembros deberán guardar buena confraternidad entre sí, es decir deberán ser corteses y no referirse a otros miembros en forma descortés o injuriosa. Los agravios a otro miembro deberán debatirse en primer lugar en privado con dicho miembro, ya sea directamente ya sea por intermediario de un tercer miembro, y posteriormente, si es necesario, a través de las vías oficiales establecidas por el presente Instituto y en el Reglamento en materia de disciplina.

b) Dado que uno de los principales intereses del Instituto estriba en mantener la unidad de la profesión, ningún miembro ejercerá ni favorecerá la discriminación entre los miembros.

c) Los miembros deberán evitar cualquier intercambio de opiniones sobre un caso concreto que conozcan o sospechen que está siendo tratado por otro miembro con el cliente de dicho caso, a menos que dicho cliente manifieste su deseo de obtener una opinión independiente o de cambiar de agente. El miembro podrá informar al otro miembro únicamente si el cliente lo autoriza.

d) Cuando un miembro reciba de un cliente instrucciones al objeto de hacerse cargo de un caso procedente de otro miembro, el miembro que reciba las instrucciones podrá aceptarlas pero debe asegurarse de que el otro miembro está informado de ello. Este otro miembro está obligado, sin demora, a comunicar o remitir todos los documentos necesarios a la tramitación del asunto o a facilitar copias al nuevo agente a un precio razonable.

Artículo 6

- Relaciones con la Oficina Europea de Patentes

En todas las relaciones con la Oficina Europea de Patentes y sus empleados, los miembros deberán actuar con cortesía y hacer todo lo posible para mantener el buen nombre del Instituto y de sus miembros.

Artículo 7

- Relaciones con el Instituto

a) Los miembros deberán comunicar al Instituto la dirección a la que debe remitirse toda la correspondencia o comunicación del Instituto. Se deberá comunicar sin demora al secretario general cualquier cambio de dirección.

b) Los miembros deberán abonar la cuota anual mencionada en el artículo 6 del Reglamento de creación, con arreglo a las disposiciones establecidas y notificadas por el Consejo.

Si un miembro no abona su cuota conforme a dichas disposiciones, el tesorero podrá presentar el asunto ante el Comité de disciplina.

c) Salvo autorización del presidente del Instituto, ningún miembro podrá, en nombre de dicho Instituto, efectuar una comunicación escrita o verbal de cualquier tipo.

d) Los miembros tienen derecho a solicitar, a través del secretario general, un dictamen sobre el carácter lícito, con arreglo al presente código, de cualquier acción que un miembro pretenda emprender o sancionar. Dicho dictamen no será vinculante para las instancias disciplinarias.

e) Sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del artículo 5, las infracciones al presente código deberán ponerse en conocimiento del Comité de disciplina por escrito.".

C. Modificaciones introducidas en el código de conducta

(15) El código de conducta objeto de la presente Decisión presenta modificaciones considerables con respecto a la versión que fue objeto del envío del pliego de cargos de 18 de noviembre de 1995, e incluso con respecto a la versión notificada. Anteriormente, se prohibía por principio la publicidad individual y sólo estaba autorizada la publicidad que beneficiaba al conjunto de la profesión. Según el nuevo código, se autoriza la publicidad individual en principio, pero continúa estando prohibida la publicidad comparativa. El antiguo código prohibía cualquier oferta de servicios no solicitados. Las nuevas disposiciones continúan prohibiendo la oferta de servicios referentes a asuntos pendientes así como la oferta de servicios a los usuarios que ya hayan sido clientes de otro agente en un asunto concreto. La disposición que imponía a los miembros la obligación de aplicar honorarios razonables pero suficientes para mantener su independencia profesional [letra f) del artículo 1] ha sido suprimida. No obstante, el preámbulo del nuevo código contiene una referencia a los honorarios razonables y justificables. Esta referencia debe interpretarse únicamente como una sugerencia que no podrá ser aplicada por el IAA, por sí sola o en relación con otras disposiciones del código, para sancionar a los miembros. Por otra parte, la letra b) del artículo 5 debe interpretarse en el sentido de que sólo se refiere a las discriminaciones basadas en la nacionalidad, la lengua, la raza o de otro tipo.

D. Mercado afectado

(16) Los servicios pertinentes son las prestaciones vinculadas a las solicitudes de patentes europeas ante la OEP.

(17) Los procedimientos relativos a las solicitudes de patentes europeas no son intercambiables con los relativos a la obtención de una patente nacional. Una patente europea corresponde a una multiplicidad de patentes nacionales. Una patente internacional obtenida en el marco del Tratado de cooperación en materia de patentes(5), denominado en lo sucesivo "TCP", representa también una multiplicidad de patentes correspondientes a los países designados en la petición. Una patente nacional por sí misma no es intercambiable con una patente internacional o con una patente europea. Varias patentes nacionales obtenidas separadamente en los Estados designados conceden en dichos Estados la misma protección que una patente europea o una patente internacional. Sin embargo, el procedimiento OEP es un procedimiento único conocido de todos los agentes autorizados independientemente del país en que ejerzan su actividad; de esta manera están capacitados para tramitar las solicitudes de patentes europeas procedentes de cualquier país del mundo. Por el contrario, las peticiones de patentes nacionales se regulan por procedimientos distintos según el país de que se trate. Los agentes de patentes locales son los más capacitados para tramitarlas y, debido a las exigencias reglamentarias, son los únicos que pueden tramitar las solicitudes procedentes del extranjero. Por otra parte, los procedimientos relativos a las solicitudes de patentes europeas comportan costes muy distintos de los relativos a las solicitudes de patentes nacionales.

La demanda de estos servicios la forman las empresas y los inventores individuales que desean obtener una patente europea para proteger sus invenciones u oponerse a la expedición de una patente europea, así como los asesores en patentes de los países que no han firmado el Convenio y, eventualmente, los de los Estados contratantes que no tienen la condición de agente autorizado ante la OEP. La demanda tiene dimensión mundial.

(18) La oferta de estos servicios por lo que respecta a los procedimientos instaurados por el Convenio relativos a solicitudes (distintas de la presentación de solicitudes de patente europea procedentes de Estados no contratantes) está constituida, en principio, por los agentes autorizados ante la OEP y por abogados autorizados para ejercer en el territorio de uno de los Estados contratantes y que tengan en el mismo su domicilio profesional, en la medida en que puedan actuar en dicho Estado en calidad de agentes en materia de patentes de invención (los únicos con derecho de representación ante la OEP). En los procedimientos instaurados por el Convenio, relativos a las solicitudes procedentes de uno de los Estados contratantes, los solicitantes no están obligados a hacerse representar ante la OEP.

(19) Las personas que presentan solicitudes por cuenta propia o las empresas que presenten su solicitud a través de un agente autorizado que forma parte de su personal no pueden considerarse competidores de los agentes autorizados debido al número reducido de solicitudes presentadas por esta vía. Lo mismo ocurre en el caso de los abogados comunitarios, incluidos aquellos que reúnen las condiciones para ejercer, junto con los agentes autorizados, el derecho de representación ante la OEP. Estos abogados no ejercen este derecho casi nunca. El IAA confirmó que el 85 % de las solicitudes europeas las presentan los agentes autorizados y sostuvo que este porcentaje se debe al hecho de que los solicitantes consideran que las solicitudes de patentes europeas sólo pueden confiarse a profesionales cualificados -los agentes autorizados ante la OEP- debido a la importancia que tienen estas solicitudes (carta de 10 de noviembre de 1993). En efecto, incluso aquellos solicitantes que no están obligados a hacerse representar ante la OEP recurren a los servicios de un agente autorizado ante la OEP. Por otra parte, algunos solicitantes importantes, en particular los especializados en el sector de la química, al solicitar una patente normalmente no designan formalmente como agentes a los agentes autorizados de sus propios departamentos de patentes, sino que también recurren a los servicios de los agentes autorizados independientes(6).

(20) Por todo ello puede concluirse que el mercado es el mercado de servicios vinculados a las solicitudes de patentes europeas, que constituye un mercado separado del mercado de las prestaciones vinculadas a las solicitudes de patentes nacionales. El primero de estos mercados tiene una dimensión como mínimo europea y en él compiten los agentes autorizados de los distintos Estados contratantes. Por el contrario, el segundo mercado está compuesto por la yuxtaposición de varios mercados nacionales.

(21) En 1997 la lista de agentes autorizados ante la OEP incluía 5861 personas(7), de las cuales 5563 agentes en la totalidad de los Estados miembros, distribuidos de la forma siguiente: Bélgica, 101; Dinamarca, 110; Alemania, 2078; Grecia, 46; España, 176; Francia, 565; Irlanda, 32; Italia, 276; Luxemburgo, 13; Países Bajos, 273; Austria, 84; Portugal, 51; Finlandia, 163; Suecia, 246; Reino Unido, 1349.

En la Comunidad, dos países -Alemania (37,4 %) y Reino Unido (24,2 %)- contaban con la mayoría de los agentes autorizados.

Además, gran parte de las solicitudes de patentes europeas proceden de solicitantes de Estados Unidos y de Japón que deben designar a tal efecto un agente de patentes europeo.

En 1997 se concedieron 39646 patentes europeas(8). De estas patentes, 49 % tienen su origen en un Estado contratante y 47,8 % provienen de Japón y de Estados Unidos. De este total, 28245 patentes se obtuvieron a través de una solicitud europea y el resto correspondía a solicitudes euro-TCP.

En el mismo año el número de solicitudes de patentes europeas presentadas fue de 72904, de las cuales 27466 eran peticiones internacionales en el marco del TCP.

Puede efectuarse una estimación aproximada del valor del mercado de los servicios prestados por los agentes autorizados, a partir del coste medio(9) (considerando Estados designados doce Estados miembros de la Comunidad y Suiza) de una solicitud de patente europea (excluidos los gastos de registro), 8372 ecus, multiplicado por el 85 % del número de solicitudes en 1997. El resultado da una cifra de 519 millones de ecus.

E. Observaciones de terceros

(22) Tras la comunicación efectuada de conformidad con el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento n° 17, la Comisión recibió observaciones del IAA y del Office of Fair Trading.

El IAA solicita que se suprima la referencia al monopolio de hecho de los agentes autorizados, puesto que todo abogado habilitado para ejercer en el territorio de uno de los Estados contratantes puede ejercer también la representación, en las mismas condiciones que un agente autorizado, en los procedimientos establecidos por el Convenio. Por otra parte, el IAA estima que, modificadora de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa(10), la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(11) confiere directamente al IAA el derecho a mantener o prohibir la publicidad comparativa, puesto que "ha recibido de la OEP la misión de regular la actividad de sus agentes autorizados". Según el IAA, en ningún caso la Comisión podría prohibir algo que la Directiva autoriza.

El Office of Fair Trading del Reino Unido estima razonable la posición de la Comisión, pero señala que la Comisión debe supervisar la aplicación del código de conducta del IAA y que la comunicación no menciona los efectos sensibles sobre el comercio entre Estados miembros.

La Comisión ha tenido en cuenta estas observaciones, cuya naturaleza no modifica su posición previa, anunciada en la comunicación publicada. Algunos de los aspectos planteados se tratan en la sección D, "Mercado afectado", y los otros en las secciones siguientes.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Apartado 1 del artículo 85 del Tratado y apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE

1. Empresas, asociaciones de empresas

(23) Los agentes autorizados ante la OEP son empresas, con arreglo a la definición del apartado 1 del artículo 85, cuando ejercen su profesión por cuenta propia. En calidad de tales, prestan sus servicios de manera duradera y a cambio de una remuneración, asumiendo los riegos financieros inherentes al ejercicio de la actividad. El hecho de que se trate de una profesión liberal regulada, de que las prestaciones tengan carácter intelectual, técnico o especializado, y se presten con un carácter personal y directo no modifica en absoluto la naturaleza de la actividad económica(12).

Según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de 23 de abril de 1991 en el asunto C-41/90: Höfner contra Macroton(13), el concepto de empresa incluye toda entidad que ejerza una actividad económica, independientemente de la forma jurídica de esta entidad y de su forma de financiación.

(24) El IAA agrupa todos los agentes autorizados inscritos en la lista de la OEP y es una asociación de empresas con arreglo a la definición de la misma disposición del Tratado, aunque el IAA haya sido creado por el Consejo de administración de la Oficina y, en el marco del Convenio, se le hayan conferido poderes para velar por el respeto de las "normas de conducta profesional". El hecho de que los agentes autorizados que trabajan por cuenta ajena sean también miembros del IAA y se pronuncien sobre disposiciones del código que ni siquiera les afectan no impide que se considere que tales disposiciones son la expresión de la voluntad colectiva de los miembros que ejercen la profesión por cuenta propia.

2. Decisiones de asociaciones de empresas

(25) El código de conducta profesional aprobado por el Consejo del IAA es una decisión de una asociación de empresas.

El código "tiene por objeto regular la conducta y otras actividades de los miembros, siempre que éstas tengan relación con el Convenio" y sus disposiciones tienen carácter obligatorio para todos los miembros. EL IAA vela por que las disposiciones del código se apliquen y para ello puede imponer sanciones (advertencias o amonestaciones).

3. El marco jurídico no influye en la aplicabilidad del artículo 85 del Tratado

(26) La existencia del Reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados, adoptado por el Consejo de administración de la Organización, y los poderes que la letra c) del artículo 4 del Reglamento relativo a la creación de un IAA ante la OEP confiere al IAA, consistentes en "velar por que sus miembros respeten las normas de conducta profesional, en especial emitiendo recomendaciones" (véase el considerando 4) no pueden invocarse para excluir la aplicación de las normas de competencia del Tratado a los comportamientos restrictivos del IAA. Por una parte, la adopción de este código es responsabilidad única del Consejo del IAA. El Diario Oficial de la OEP 9/1986 indica a este respecto que "la responsabilidad de este código incumbe exclusivamente al Consejo del Instituto. El texto se publica en el Diario Oficial de la OEP con la única finalidad de proporcionar al público una información completa de las normas de conducta profesional de los agentes autorizados" (véase el considerando 13). Por otra parte, incluso cuando los poderes públicos delegan a una asociación de empresas el poder para adoptar comportamientos restrictivos de la competencia, la concreción de este poder no se sustrae de la aplicación del artículo 85 del Tratado (véase en este sentido el considerando 48 de la Decisión 95/188/CE de la Comisión(14).

(27) En este caso concreto, las restricciones de competencia se refieren a la adopción por parte del IAA de determinadas disposiciones del código de conducta que limitan la competencia entre los agentes autorizados y que traducen la forma en que el IAA ha aplicado las normas de conducta profesional contenidas en el Reglamento en materia de disciplina.

El Tribunal de Justicia estimó, en su sentencia de 30 de abril de 1985 en el asunto 123/83: BNIC contra Clair(15), que el artículo 85 se aplica, según sus propios términos, a acuerdos entre empresas y a decisiones de asociaciones de empresas y que el marco jurídico en el que se efectúa la conclusión de estos acuerdos y se toman estas decisiones, así como la calificación jurídica que los distintos ordenamientos jurídicos nacionales dan a dicho marco, no inciden en la aplicabilidad de las normas comunitarias de competencia y, en particular, del artículo 85 del Tratado.

Esta misma jurisprudencia es aplicable en el contexto del marco jurídico creado por el Convenio.

Además, en su sentencia de 16 de noviémbre de 1977 en el asunto 13/77: INNO contra ATAB(16), el Tribunal de Justicia declaró que, a menos que se eliminara cualquier efecto útil de los artículos 85 y siguientes, no podían dejar de aplicarse las normas de competencia del Tratado a las empresas por el único hecho de que el poder público hubiera favorecido su comportamiento.

4. Disposiciones del código de conducta que no constituyen restricciones de competencia

(28) Tras las modificaciones introducidas, la mayor parte de las disposiciones del código modificado no restringen la competencia.

(29) Las disposiciones del artículo 7 que regulan las "relaciones con el Instituto" sólo afectan a aspectos de carácter administrativo o de procedimiento. El artículo 1 ("Generalidades") establece los principios generales de aplicación del código [letras a), b), f) y g)], así como las obligaciones profesionales de imparcialidad, competencia, y responsabilidad de los miembros [letras c) a e)], que no son de por sí restrictivas de la competencia. Las letras a), d) y e) del artículo 3, la letra a) del artículo 4 y el artículo 6 (relaciones con la OEP) son igualmente disposiciones que no son restrictivas de por sí, ya que su objeto estriba únicamente en garantizar la responsabilidad y competencia de los miembros. Asimismo, el punto 2 de la letra b) del artículo 2 y las letras b), c) y g) del artículo 4 tampoco producen el efecto de restringir o falsear la competencia.

(30) Las letras a) y b) del artículo 5 son disposiciones que tampoco tienen por objeto ni por efecto restringir ni falsear la competencia entre los miembros de la profesión. Estas disposiciones no pueden producir un efecto restrictivo si se aplican de forma objetiva y sin discriminaciones.

(31) La letra d) del artículo 5 establece unas obligaciones que son necesarias para facilitar la transferencia de expedientes de un miembro a otro, permitiendo al nuevo miembro obtener toda la documentación necesaria para reanudar la tramitación del asunto. Esta disposición fomenta incluso la competencia entre agentes en beneficio de los usuarios.

(32) Las limitaciones de la letra a) del artículo 2, así como de la letra b) del artículo 3, son necesarias para evitar la publicidad engañosa y proteger el secreto profesional.

(33) Las disposiciones del punto 4 de la letra b) del artículo 2 y de la letra d) y la primera frase de la letra e) del artículo 4 son necesarias para evitar los conflictos de intereses. Estos conflictos podrían surgir si el mismo agente prestase servicios a clientes con intereses contrapuestos (por ejemplo, el propietario de una patente y un infractor de la misma) o si los intereses del agente se opusiesen a los del cliente o también si las obligaciones profesionales del agente se opusiesen a sus intereses particulares, especialmente desde el punto de vista económico.

(34) Según el IAA, la letra c) del artículo 3 contempla las dos situaciones siguientes: 1) el pago de una indemnización por un agente a otro que le ha transmitido un expediente a solicitud del cliente o en caso de conflicto de intereses, y 2) el pago de una comisión por un agente a un tercero (que no sea miembro de la profesión) en concepto de captación de clientes. La prohibición de la primera situación no constituye una restricción de la competencia. Facilita la transmisión de expedientes entre agentes y supone un beneficio para los usuarios de estos servicios al tiempo que mejora la competencia.

La segunda situación -prohibición de que los agentes paguen comisiones a terceros- debe valorarse en función de las peculiaridades de la profesión y de su marco reglamentario. La necesidad de salvaguardar el funcionamiento eficaz de la OEP exige que los agentes respeten las normas de conducta profesional (véase el considerando 6). Además, los agentes deben cumplir el código de conducta del IAA, que pretende concretamente imponer a los miembros deberes de competencia, imparcialidad, integridad y responsabilidad así como obligarlos a evitar los conflictos de intereses, mantener el secreto profesional y abstenerse de incurrir en publicidad engañosa. Todas estas obligaciones deben considerarse legítimas y pertenecientes a la deontología de la profesión. La captación de clientes debe realizarse respetando estas obligaciones. Por consiguiente, en esta profesión se justifica la obligación impuesta por el IAA de que los miembros procedan a captar clientes directamente y no a través de intermediarios, ya que sería imposible imponer a terceros las normas que los agentes deben cumplir.

(35) La segunda frase de la letra e) del artículo 4 prohíbe a los miembros determinar los honorarios de las prestaciones en función del resultado obtenido. Así pues, los agentes no pueden, por ejemplo, exigir unos honorarios más elevados por el mero hecho de que se haya concedido la patente, o menos elevados si la patente es denegada. Tampoco pueden exigir unos honorarios en función de los resultados de la explotación de la patente expedida. Esta limitación de la libertad de acción comercial de los miembros debe evaluarse teniendo en cuenta el conjunto del sistema de expedición de patentes por la OEP, sistema que constituye uno de los factores importantes de crecimiento económico. La duración media del procedimiento de solicitud de expedición de patente fue de 50,2 meses en 1997(17) y los resultados económicos de una patente, aun en los casos en que ésta llega a ser importante con el tiempo, son difíciles de prever. Si no existiera esta limitación, los agentes tenderían más bien a ocuparse de los asuntos con buenas perspectivas comerciales a corto plazo en perjuicio de los asuntos cuyo fruto sólo se conocería a largo plazo. Además, se produciría una incertidumbre duradera respecto al precio que el cliente habría de pagar en concepto de las prestaciones del agente. Esto sería un impedimento respecto a la transparencia del precio que habría de abonar el usuario. Asimismo, de no existir la citada limitación, se correría el riesgo de iniciar los procedimientos ante la OEP ya no en función de los méritos de una patente o de una oposición a la misma sino de motivos puramente comerciales del agente. Aunque en otras circunstancias concretas la prohibición de fijar los honorarios en función del resultado puede constituir una restricción de la competencia, en el contexto económico y jurídico de la profesión de agente de patentes esta limitación es necesaria para garantizar la imparcialidad de éstos y el eficaz funcionamiento de la OEP. Por consiguiente, esta prohibición debe sustraerse a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado (apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE).

(36) La letra f) del artículo 4 tiene por objeto evitar los conflictos de intereses en la medida en que sólo pretende prohibir que un miembro inicie una acción contra un asunto que lleva él (o su despacho) o que él mismo o su despacho han llevado. Si no existiese esta limitación, un agente podría representar a clientes con intereses opuestos, por ejemplo el propietario de una patente y un infractor de la misma, u oponerse a una patente obtenida con su intervención.

(37) La letra c) del artículo 5 establece la prohibición de que un agente se dirija a un cliente de otro agente en dos casos: cuando el otro agente está tramitando un asunto de dicho cliente y cuando la tramitación de un asunto de dicho cliente por el otro agente ha concluido. La primera situación (prohibición de ofrecer servicios no solicitados correspondientes a asuntos pendientes llevados por otro agente) no tiene por objeto restringir la competencia. En efecto, esta limitación contribuye a la correcta tramitación de los asuntos, tanto más cuanto que el cliente tiene la posibilidad de cambiar de agente si lo desea y que otras disposiciones del código facilitan la transmisión de expedientes cuando el cliente decide cambiar de agente. Conviene destacar que el agente sólo está obligado a evitar el intercambio de opiniones con el cliente de otro agente cuando sabe objetivamente que el otro agente lleva el asunto en cuestión. Por lo tanto, la palabra "sospechen" que figura en esta disposición debe interpretarse en este sentido.

Por lo que respecta a la segunda situación, constituye una restricción de la competencia, dado que si un agente no puede intercambiar opiniones con un posible cliente sobre un asunto concreto que ya ha sido tratado por otro agente, difícilmente podrá ofrecerle ocuparse de nuevos asuntos relacionados con aquél, e incluso se topará con dificultades a la hora de establecer cualquier tipo de contacto profesional con este cliente. Así pues, esta prohibición puede llegar a impedir que los agentes se dirijan a antiguos clientes de otros agentes. Esta prohibición constituye una restricción de la competencia que se estudiará en los considerandos 39 y siguientes.

(38) En conclusión, las disposiciones del código de conducta citadas en los considerandos 29 a 37, con la excepción de la segunda situación contemplada en la letra c) del artículo 5, no tienen por objeto restringir la competencia. Son necesarias, habida cuenta del contexto específico de esta profesión, para garantizar la competencia, la integridad y la responsabilidad de los agentes, para evitar los conflictos de intereses y la publicidad engañosa, para proteger el secreto profesional o para garantizar la eficacia del funcionamiento de la OEP. Por consiguiente, se sustraen a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado (apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE). Estas disposiciones no pueden producir efectos restrictivos de la competencia si se aplican de forma objetiva y no discriminatoria.

5. Disposiciones del código de conducta que constituyen restricciones significativas de la competencia y afectan los intercambios en Estados miembros

(39) Las disposiciones del código de conducta del IAA relativas a la publicidad comparativa -puntos 1 y 3 de la letra b) del artículo 2-, así como la letra c) del artículo 5, en la medida en que pueden impedir u obstaculizar la oferta activa de servicios a los antiguos clientes de otros agentes, limitan la libertad de acción de los miembros y tienen por objeto o efecto restringir la competencia entre los miembros de la profesión.

(40) Si bien la Comisión reconoce que el mérito del profesional y la calidad de las prestaciones constituyen elementos esenciales de competencia entre los miembros de una profesión liberal, estima que el concepto de competencia abarca también otros elementos como los honorarios(18) y la publicidad.

Los argumentos aducidos por el IAA, según los cuales estas restricciones serían especialmente necesarias para garantizar la reputación de la profesión, no justifican las trabas al acceso a una información clara y precisa sobre los servicios, sus precios y condiciones, que permita al cliente la libre elección del agente.

(41) El concepto de publicidad incluye no sólo la información exacta para el usuario sino también la promoción de servicios, incluida la comparación con un competidor o con los servicios de los competidores. Además, los miembros de una profesión deben poder tener la libertad de procurarse clientes de forma activa sin que ello comprometa directamente la calidad de la relación personal entre los agentes y sus clientes. La oferta de servicios, cuando se basa en informaciones exactas y precisas, y la publicidad comparativa, cuando compara aspectos representativos y comprobables y no es engañosa, son medios para aumentar la información de los usuarios en su propio beneficio y constituyen un elemento importante del proceso competitivo. Permiten a los usuarios diferenciar las alternativas existentes en el momento de procurarse un servicio y elegir racionalmente al profesional al que tienen que dirigirse, dentro de sus fronteras nacionales o en otro lugar de la Comunidad. Además, esta información también facilita el acceso al mercado de nuevos agentes y estimula la innovación de las modalidades de la prestación de los servicios.

(42) Por lo que se refiere a las restricciones relativas a la publicidad comparativa, cabe subrayar que la Directiva 84/450/CEE adopta en el apartado 5 de su artículo 7 un enfoque más flexible por lo que se refiere a la prohibición de la publicidad comparativa en las profesiones liberales. No obstante, esta disposición pretende únicamente no impedir a los Estados miembros mantener o introducir, respetando las disposiciones del Tratado, la prohibición de recurrir a comparaciones en la publicidad de servicios prestados por profesiones liberales. Estas prohibiciones o restricciones pueden derivarse directamente de una legislación o venir impuestas por un organismo o una organización responsable, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, de reglamentar el ejercicio de una actividad liberal, dado que las normas deontológicas aplicables a cada profesión liberal no han sido objeto de una armonización a escala comunitaria.

El apartado 5 del artículo 7 de dicha Directiva no prevé una excepción automática respecto de las normas establecidas por las organizaciones profesionales, sino la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer tales excepciones. Aun en el caso de que el IAA gozara de tal excepción, esto no supondría la inaplicabilidad del artículo 85 del Tratado, ya que la excepción debe en cualquier caso establecerse "respetando las disposiciones del Tratado" (apartado 5 del artículo 7 de la Directiva). Independientemente de otras normas de Derecho eventualmente aplicables, la cláusula debe ser analizada a la luz del artículo 85 del Tratado.

(43) La prohibición de publicidad comparativa de los puntos 1 y 3 de la letra b) del artículo 2, así como la letra c) del artículo 5 en la medida en que puede obstaculizar la oferta de servicios a los antiguos clientes de otros agentes, limitan las posibilidades de que los agentes más eficaces amplíen sus servicios en detrimento de los menos eficaces. De esta manera, estas disposiciones contribuyen a consolidar la clientela de cada agente autorizado dentro de cada mercado nacional. En efecto, los agentes no pueden comparar sus servicios con otros servicios prestados dentro o fuera de sus fronteras nacionales y experimentan una considerable reducción de sus posibilidades de ofrecer sus servicios a clientes potenciales (nacionales o extranjeros) que ya hayan sido clientes de otro agente en un asunto concreto. Con ello, los usuarios del mundo entero carecen de información completa sobre las prestaciones de servicios vinculadas a las solicitudes de patentes europeas que les permita dirigirse a cualquier agente, independientemente de su situación geográfica.

Las disposiciones sobre la prohibición de publicidad comparativa y las que son susceptibles de impedir la libre oferta de servicios a los usuarios que ya hayan sido clientes de otro agente tienen carácter obligatorio para los miembros del IAA. Estas disposiciones no son necesarias para asegurar la responsabilidad, la independencia y el secreto profesional o para impedir declaraciones falsas o falaces o para evitar los conflictos de intereses y, en consecuencia, para velar por que los miembros del IAA respeten normas de conducta profesional (contenidas en la primera parte del Reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados) que, en sí mismas, no restringen la competencia.

(44) Tales restricciones son significativas, puesto que afectan a todos los agentes autorizados inscritos en la lista de la OEP agrupadas en el IAA. Se trata de agentes de todos los Estados contratantes, entre los cuales figuran todos los Estados miembros de la Comunidad.

(45) Estas restricciones afectan a prestaciones transfronterizas, a saber, las prestaciones vinculadas a las solicitudes de patentes europeas presentadas ante la OEP que implican prestaciones en los Estados contratantes designados en la solicitud, por lo que pueden desviar de manera significativa los intercambios de estos servicios entre los Estados miembros.

B. Apartado 3 del artículo 85 del Tratado y apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo EEE

(46) Las restricciones de la competencia citadas anteriormente, es decir, la obligación impuesta a cada miembro del IAA de no hacer publicidad comparativa [puntos 1 y 3 de la letra b) del artículo 2] y de no dirigirse por propia iniciativa a usuarios que ya hayan sido clientes de otro miembro en casos concretos intercambiando opiniones al respecto [letra c) del artículo 5] pueden quedar exentas de la prohibición contemplada en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, ya que reúnen las condiciones previstas en el apartado 3 de dicho artículo (apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo EEE), siempre que mantengan un carácter transitorio.

La profesión de agente tiene una larga tradición de prohibición casi total de la publicidad individual y de la oferta de servicios no solicitados. El mantenimiento de esta situación, así como de las restricciones antes evocadas, es ciertamente incompatible con el sistema de competencia efectiva y sin falseamiento que exige el Tratado. No obstante, el cambio de un régimen de prohibición casi total de la publicidad y de la oferta de servicios no solicitados, que era la situación hasta el presente, a un régimen de libertad total supone una importante modificación del marco en que se desenvuelve la profesión de agente autorizado. Si este cambio se realiza bruscamente, cabe temer que exista un riesgo de confusión en la mente de los usuarios, lo que puede ser perjudicial para la imagen que estos profesionales transmiten de las instituciones que participan en la administración de justicia.

Por consiguiente, tanto los agentes como los usuarios deben poder disponer de un período de adaptación a la nueva situación. Por este motivo, se justifica el mantenimiento, con carácter transitorio, de las restricciones antes citadas, lo cual, al evitar los riesgos de confusión, permitirá también a los usuarios recibir una parte equitativa del beneficio resultante.

Las desventajas competitivas resultantes de estas restricciones parecen menos importantes que las ventajas derivadas de una transición paulatina. El código de conducta modificado constituye ya, de hecho, una mejora significativa respecto a la situación anterior.

La competencia no queda eliminada en una parte sustancial de los servicios en cuestión, ya que las restricciones sólo excluyen ciertos métodos publicitarios y de oferta de servicios dejando a los miembros la libertad de competir por otros medios. En efecto, el código de conducta del IAA permite a partir de ahora a los agentes autorizados, por ejemplo, anunciar sus oficinas en las páginas amarillas o en la prensa sin límites de tiempo, anunciar los servicios que ofrecen no solamente mediante circulares sino también, entre otros medios, en revistas especializadas y en la prensa, divulgar los baremos de precios de sus servicios, anunciar una especialización o una experiencia profesional especialmente útil para determinar la elección de los usuarios que busquen unos conocimientos concretos para un caso específico. Estas formas de publicidad garantizan la información de los usuarios en cuanto a los servicios que pueden obtener, en cuanto a sus precios y al agente autorizado más cualificado para ocuparse de un caso concreto. Así, hacen que estos servicios sean más accesibles a los usuarios y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas, y fomentan el desarrollo de una mejor eficacia de la profesión de agente autorizado.

Las restricciones referentes a la publicidad comparativa y a la oferta de servicios deben también considerarse indispensables para evitar los inconvenientes de una transición brusca a un régimen de libertad total, siempre que tengan un carácter transitorio. En efecto, las indiscutibles ventajas derivadas de la existencia de un corto período transitorio no podrían alcanzarse por ningún otro medio.

C. Duración de la exención

(47) En virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 8 del Reglamento n° 17, la Decisión de exención debe indicar la fecha a partir de la cual surtirá efecto y el período durante el cual se aplicará.

(48) La Comisión estima que un período transitorio desde el 14 de octubre de 1997, fecha en que el IAA remitió a la Comisión la versión del código de conducta objeto de la presente Decisión, hasta el 23 de abril de 2000, fecha límite concedida a los Estados miembros para adoptar las disposiciones necesarias para cumplir la Directiva 97/55/CE, es adecuado. Es suficiente para permitir a los agentes adaptarse gradualmente a la nueva situación y para evitar los riesgos de confusión para el usuario que podrían perjudicar la imagen que los agentes dan de las instituciones ante las que representan a sus clientes. Estos riesgos se derivarían, en efecto, de la transición repentina de una situación en que se prohíbe casi totalmente a los miembros del IAA la publicidad individual y la oferta de servicios no solicitados, a una situación en que se admitirá cualquier tipo de publicidad y de oferta de servicios. El período de exención no debe superar la fecha del 23 de abril de 2000, a fin de evitar la creación de situaciones discriminatorias entre esta profesión y las demás profesiones liberales en los Estados miembros que, a partir de dicha fecha, pongan en práctica las disposiciones de la citada Directiva sin prever excepciones respecto de los servicios de las profesiones liberales,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

De conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE y en el apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo EEE, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE y el apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE se declaran inaplicables a las disposiciones del código de conducta del Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (IAA), en su versión adoptada los días 30 de septiembre y 3 de octubre de 1997, por las que se prohíbe a los miembros efectuar publicidad comparativa -puntos 1 y 3 de la letra b) del artículo 2- así como a la letra c) del artículo 5, en la medida en que esta disposición pueda prohibir u obstaculizar la oferta de servicios a los usuarios que ya hayan sido clientes de otros agentes en un caso concreto.

La exención se concede desde el 14 de octubre de 1997 hasta el 23 de abril de 2000.

Artículo 2

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado y en el apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE y basándose en los elementos de los que tiene conocimiento, la Comisión considera que no procede intervenir en lo que respecta a las disposiciones del código de conducta del IAA distintas de las mencionadas en el artículo 1 de la presente Decisión.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión será el: Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (IAA/EPI) Erhardtstraße, 27 D - 80331 München.

Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 1999.

Por la Comisión

Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión

(1) DO 13 de 21.2.1962, p. 204.

(2) DO C 155 de 20.5.1998, p. 3.

(3) En la actualidad, los quince Estados miembros de la Comunidad, así como Liechtenstein, Mónaco y Suiza.

(4) DO de la OEP 9/1986, p. 331.

(5) El Tratado de cooperación en materia de patentes es un tratado internacional firmado el 19 de junio de 1970. Las solicitudes internacionales presentadas de conformidad con el Tratado de cooperación pueden ser objeto de procedimientos ante la OEP. Cuando ésta actúe en calidad de Oficina designada o de Oficina elegida para una solicitud internacional, esta solicitud se considerará solicitud de patente europea (apartados 2 y 3 del artículo 150 del Convenio).

(6) En este sentido, véase el discurso pronunciado en el Congreso de la Federación Internacional de Asesores de la Propiedad Industrial (FICPI) el 27 de junio de 1978 por Paul Braendli, presidente del IAA en aquel momento. La citada carta del IAA de 10 de noviembre de 1993 no contradice estas situaciones.

(7) OEP, Informe anual 1997, p. 30.

(8) OEP, Informe anual 1997, p. 62.

(9) Se trata de costes medios correspondientes a 1991. Véase "Obtaining a patent protection in an industrialized country: the time, risks and costs involved", A. Bouju: EC, Comisión, 1991, Rapports EUR, 13488.

(10) DO L 250 de 19.9.1984, p. 17.

(11) DO L 290 de 23.10.1997, p. 18.

(12) Véase, en este mismo sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1998 en el asunto C-35/96: Comisión contra Italia, apartados 37 y 38 (Recopilación 1998, p. I-3851).

(13) Recopilación 1991, p. I-1979, apartado 21.

(14) DO L 122 de 2.6.1995, p. 37.

(15) Recopilación 1985, p. 391, apartado 17.

(16) Recopilación 1977, p. 2115, (apartados 30 a 34).

(17) OEP, Informe anual 1997, p. 19.

(18) Véanse las notas 12 y 14, así como la Decisión 93/438/CE de la Comisión (DO L 203 de 13.8.1993, p. 27).