Decisión del Parlamento Europeo

de 6 de julio de 2000

por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998 - Sección I - Parlamento Europeo/anexo: Defensor del Pueblo

(2000/545/CE)

EL PARLAMENTO EUROPEO,

Visto su Reglamento y, en particular, el apartado 3 de su artículo 184,

Vistos el artículo 77 del Reglamento financiero y el artículo 13 de las Normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo,

Vista su Resolución, de 13 de abril de 2000, por la que se aplaza la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1998 - Sección I - Parlamento Europeo/anexo: Defensor del Pueblo Europeo [SEC(1999) 414 - C5-0008/1999 - 1999/2051(DEC)],

Vista la información proporcionada por su Secretario General en respuesta a las instrucciones específicas contenidas en el apartado 33 de dicha Resolución,

Visto el hecho de que la concesión de la aprobación de la gestión se ha vinculado con la cuestión de la financiación de los grupos y partidos políticos, que no incide en el ámbito de las competencias administrativas del Secretario General,

Visto informe de la Comisión de control presupuestario (A5-0189/2000),

1. Recuerda que:

a) las cifras que cierran las cuentas de la institución correspondientes al ejercicio 1998 se aprobaron en el contexto de su Resolución, antes mencionada, de 13 de abril de 2000;

b) en dicha Resolución se encargaba al Secretario General que tomara cierto número de medidas para mejorar la gestión financiera y administrativa en el Parlamento; entre ellas, las siguientes, con mención de un calendario vinculante:

- la presentación, antes del 1 de junio de 2000, de medidas concretas para invertir la tendencia al alza del número de contratos atribuidos mediante el procedimiento excepcional de "negociación directa" en favor de las licitaciones, incluidas medidas de formación y mejora de las cualificaciones del personal del Parlamento Europeo encargado de la atribución de los contratos,

- antes del 1 de junio de 2000, información a la Comisión de control presupuestario sobre los progresos realizados en cuanto a la introducción de un nuevo sistema de gestión de los inventarios,

- antes del 30 de junio de 2000, la presentación de un informe sobre las conclusiones del actual proceso de reforma en la Comisión por lo que se refiere a la política de personal,

- presentación por la Mesa, antes del 1 de julio de 2000, de opciones con vistas a una acción y un plan de financiación precisos, en particular para el edificio Louise Weiss en Estrasburgo, incluida una evaluación jurídica en la que tome en consideración la situación en que se encuentran las negociaciones,

- presentación de un informe con la suficiente antelación para la primera lectura del presupuesto 2001 en el que se examine la conveniencia de que el Parlamento Europeo asuma toda la responsabilidad en relación con la gestión de sus propias necesidades en materia de intérpretes freelance;

c) pidió al Tribunal de Cuentas:

- la elaboración con prontitud de un dictamen sobre si, a la luz de las modificaciones introducidas entretanto en el Reglamento financiero y de las disposiciones relativas a la adjudicación de contratos públicos de servicios, el procedimiento seguido para la financiación del edificio Altiero Spinelli era aplicable a futuros proyectos,

- un informe especial sobre la práctica de adjudicación de los contratos de vigilancia de los edificios del Parlamento Europeo, incluido un examen de su eficacia;

d) en el apartado 33 de dicha Resolución se supeditaba la concesión de la aprobación de la gestión a las siguientes medidas e información suplementarias:

- presentación de un plan de acción para reducir drásticamente el número de licitaciones restringidas y de adjudicaciones directas,

- conclusión y presentación del inventario de 1998,

- información a los órganos adecuados de los progresos realizados en los procedimientos disciplinarios abiertos, en particular, los relacionados con casos perdidos en el Tribunal de Justicia,

- presentación de una política a largo plazo en materia de edificios que incluya la financiación, las nuevas inversiones y los costes totales previstos, así como un plan de acción para evitar obligaciones contractuales que limiten las posibilidades del Parlamento Europeo de realizar procedimientos abiertos de licitación,

- presentación de un calendario para la reforma administrativa del Parlamento Europeo,

- atención a que los nuevos contratos autorizados para la seguridad y vigilancia de sus edificios en Estrasburgo guarden total conformidad con las normas, en particular con las relativas a los procedimientos de licitación,

- atención a que, a la vista del informe definitivo del Tribunal de Cuentas sobre el gasto de los grupos políticos, de que estos últimos presenten, en el plazo de dos meses tras la recepción del informe, medidas específicas para corregir las irregularidades descubiertas.

2. Toma nota de la información puesta a la disposición de la Comisión de presupuestos en la que se presentan las medidas tomadas y los compromisos asumidos, que deberían hacer posible una utilización más eficiente de los créditos destinados a la institución. Considera que se ha visto confirmado su parecer de que el aplazamiento de la aprobación de la gestión del ejercicio 1998 tuvo un efecto constructivo e incitó a la administración del Parlamento Europeo a realizar mayores esfuerzos a la hora de emplear el dinero de los contribuyentes de forma más eficaz.

3. Encarga a su Comisión de control presupuestario que, a la hora de considerar la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1999, vuelva a los temas centrales planteados en relación con el aplazamiento de la aprobación de la gestión para 1998: deficiencias en las licitaciones, política inmobiliaria, política de personal e inventario.

Competencia en cuanto licitación pública y adjudicación de contratos

4. Toma nota del plan de acción para facilitar la competencia en cuanto a la licitación pública de acuerdo con los términos de las disposiciones vigentes; pide una programación óptima de las adjudicaciones de contratos y espera que se efectúe un seguimiento estricto de dicha programación, así como la introducción de medidas administrativas que lo hagan posible. Recuerda que la libre competencia en la oferta de bienes y servicios forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario, que en este contexto el Parlamento ha de dar buen ejemplo y que por ello en el futuro sólo en casos excepcionales ha de ser posible una adjudicación libre de contratos, lo que, por otra parte, queda explícitamente dispuesto en el Reglamento financiero. Pide la elaboración de un informe sobre el estado de aplicación así como una primera evaluación antes del 31 de enero de 2001.

5. Apoya firmemente la idea de la cooperación interinstitucional en relación con la adjudicación de contratos, siempre que resulte posible; aprueba la intención declarada por parte del Secretario General de tomar las medidas necesarias para este fin en cooperación con sus homólogos. Espera que se facilite información precisa como parte de la cuenta de gestión y el balance financiero, incluyendo datos estadísticos comparables de las diversas instituciones y órganos consultivos de la Unión, en interés de una mayor competencia y de la protección de los intereses financieros de la Unión.

Inventario

6. Encarga a su comisión competente que continúe controlando detenidamente el inventario y que examine si el nuevo sistema de gestión de los bienes del Parlamento (ELS) se ha aplicado de manera reglamentaria y eficaz. Pide que, como parte de la cuenta de gestión y el balance financiero de cada ejercicio, se informe en detalle del inventario material permanente; espera, en particular, que la cuenta de gestión y el balance financiero del ejercicio 2000 reflejen la realización de medidas aún pendientes. Espera que se tomen medidas que aseguren una aplicación acorde al nuevo sistema.

7. Encarga a su Secretario General que, con sus homólogos, tome la iniciativa de adoptar normas reguladoras de la gestión del inventario sobre una base interinstitucional, incluyendo normas comunes sobre depreciación.

Asuntos procesales perdidos en cuanto nombramientos de puestos de alto nivel

8. Toma conocimiento de la comunicación del Secretario General en en sentido de que actualmente no está pendiente en la administración del Parlamento ningún procedimiento disciplinario. Acoge con satisfacción que el 1 de diciembre de 1999, es decir, ya antes de los debates relativos a la aprobación de la gestión para 1998, la Mesa iniciara, a propuesta del Secretario General, una investigación administrativa. Toma conocimiento de la decisión de la Mesa de 13 de junio de 2000 según la cual, en el contexto del caso Frederiksen, no se han reclamado reparaciones, sobre la base del artículo 22 del Estatuto; toma conocimiento de que esta decisión está basada en que la investigación administrativa no ha permitido determinar indicios de "faltas personales graves" de personas concretas en el sentido del artículo 22 del Estatuto. Señala, sin embargo, que la investigación administrativa ha puesto de manifiesto tanto problemas en los procesos internos de toma de decisiones como también la tendencia a descuidar los riesgos procesales en relación con supuestas consideraciones "de principio". Extrae de estos hechos la conclusión de que en una fecha considerablemente más temprana hubiera resultado oportuno reconsiderar el caso y realizar una nueva estimación de los riesgos procesales; recuerda el apartado 23 de su Resolución antes mencionada de 13 de abril de 2000 en el que se pide al Servicio Jurídico que informe a la Mesa antes de sus decisiones sobre los riesgos procesales, en particular, a la luz de las sentencias ya dictadas en asuntos de personal. Acoge con satisfacción la Resolución de 13 de junio de 2000, de acuerdo con la cual se encarga a los Vicepresidentes Lienemann y Provan que examinen si, para evitar resultados procesales semejantes resultan necesarias otras reformas administrativas internas. Encarga a la Mesa que informe a las comisiones competentes sobre sus conclusiones al respecto.

Política inmobiliaria

9. Lamenta la dispersión geográfica de los lugares de trabajo del Parlamento, así como de la de sus servicios, de la que la institución no es responsable directamente, dado que se trata de una consecuencia del Tratado celebrado por los Gobiernos de los Estados miembros. Hace hincapié en la necesidad de minimizar las desventajas logísticas en el contexto de las necesidades inmobiliarias futuras de la institución con vistas a la próxima ampliación; insiste, en consecuencia, en que toda decisión futura en el sector de la política inmobiliaria se guíe por el principio de funcionalidad, particularmente por lo que se refiere a la regrupación de lo servicios del Parlamento en cada lugar de trabajo y a la utilización óptima de los recursos financieros.

10. Espera que los países que albergan los edificios del Parlamento hagan contribuciones de valor comparable para la adquisición de propiedad inmobiliaria.

11. Reitera su posición de principio de que el método de financiación que se emplee en el futuro, incluyendo el aplicado al edificio Louise Weiss de Estrasburgo, sea el de financiación directa, con el fin de garntizar el mayor grado posible de transparencia y de obtener el mayor rendimiento del dinero de los contribuyentes europeos. Exhorta, por tanto, al Consejo a que reconsidere su posición al respecto.

Reforma administrativa

12. Toma nota con satisfacción del calendario presentado. Encarga a la Mesa y al Secretario General que mantengan informadas a las comisiones competentes acerca de la aplicación progresiva de la reforma administrativa interna. Insiste en la necesidad de participación activa del personal en este proceso.

13. Reitera su exigencia de un presupuesto común en materia de edificios y de una gestión común de los mismos para las instituciones y los órganos consultivos de la Unión Europea.

Seguridad

14. Toma nota de la decisión de la Mesa de hacer caso omiso de la denegación de visado no 00/05 del interventor en el ejercicio de su facultad de autoridad superior. Lamenta que no se hiciera ningún intento de adjudicar el contrato de vigilancia de sus edificios en Estrasburgo por un período transitorio y más corto y de aprovechar este plazo para volver a poner en marcha el procedimiento de adjudicación respetando plenamente los reglamentos comunitarios relativos a la adjudicación de contratos públicos.

Financiación de los grupos y partidos políticos

15. Toma nota explícitamente del hecho de que solamente los propios grupos políticos son responsables de la utilización de los créditos puestos a su disposición con arreglo al capítulo 37.

16. Toma nota con satisfacción de las respuestas de la Mesa a las observaciones preliminares del Tribunal de Cuentas y espera que las medidas encaminadas a una reforma radical del marco jurídico pertinente se completen sin demora de conformidad con las disposiciones financieras y con el principio de transparencia.

17. Acoge con satisfacción que los cinco grupos políticos activos actualmente en el Parlamento que también estuvieron en actividad en la legislatura anterior hayan facilitado sus respuestas específicas a las observaciones preliminares del Tribunal de Cuentas.

18. Lamenta la falta de voluntad del Tribunal de Cuentas de mencionar explícitamente a aquellos grupos cuyas prácticas financieras cuestionables se mencionan específicamente en el cuerpo del informe.

19. Toma nota de las conclusiones del Tribunal y como resultado del examen de las mismas:

- acoge con satisfacción la decisión de la Conferencia de Presidentes de 26 de febrero de 1999 de adoptar directrices con objeto de definir aquellas actividades de información que son características de las campañas electorales y, deben por ello quedar excluidas de la financiación con cargo a fondos derivados del presupuesto para la campaña de información de los grupos políticos,

- pide que los procedimientos contables internos sean transparentes y que estos procedimientos sean aplicados por todos los grupos y se completen mediante reglamentos financieros específicos de los grupos, lo que, como lo señala el Tribunal, no es actualmente el caso,

- pide que se alcance la transparencia en lo que respecta a las operaciones financieras y a los sistemas internos de auditoría de las delegaciones nacionales de los grupos políticos,

- critica el hecho de que determinados grupos no facilitaran al Gabinete del Presidente del Parlamento una certificación de sus cuentas por un auditor externo, incluso si en aquel momento no existía una prescripción obligatoria al respecto,

- solicita que se adopten medidas para impedir la posibilidad de que se pueda prestar asistencia financiera a partidos políticos nacionales o a otras organizaciones similares como resultado de acciones conjuntas emprendidas entre los mismos y los grupos políticos,

- deplora que uno de los grupos políticos haya esperado hasta ahora para informar a su Presidenta, en el marco del informe anual, sobre el capital acumulado de una fundación pública creada con arreglo al Derecho luxemburgués, a la que ha transferido fondos,

- subraya la necesidad de claridad en lo que respecta a los contratos de trabajo.

Asunto relativo a la Caja de los Diputados

20. Espera de las autoridades competentes, a la luz de la sentencia de 29 de marzo de 2000 del Tribunal de Apelación de Luxemburgo en la acción interpuesta por el Parlamento contra Royale Belge SA, que inicien el procedimiento previsto en el artículo 22 del Estatuto de los funcionarios con vistas a determinar las responsabilidades en relación con la diferencia de 4136125 francos belgas existentes entre la situación real de caja y las cuentas correspondientes en 1982.

21. Concede a su Secretario General la aprobación de la gestión en lo que se refiere a la ejecución del presupueso en el ejercicio 1998.

22. Autoriza la concesión de la aprobación de la gestión del contable en lo que se refiere al ejercicio 1998.

23. Encarga a su Presidenta que transmita la presente Decisión a la Comisión, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al Defensor del Pueblo Europeo.

El Secretario General

Julian Priestley

La Presidenta

Nicole Fontaine