N° C 153/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 6. 90 
AYUDAS ESTATALES 
NN 90/89 
(España) 
(Artículos 92 a 94 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea) 
(90/C 153/05) 
Comunicación de la Comisión en virtud del apartado 4 
del artículo 6 de la Decisión 322/89/CECA de 1 de fe­
brero de 1989, que establece las reglas comunitarias para 
las ayudas a la siderurgia, dirigida a los Estados miem­
bros y a terceras partes interesadas, relativa a las ayudas 
que España ha decidido conceder a favor de la empresa 
siderúrgica Acerinox SA. 
Mediante la carta reproducida a continuación, la Comi­
sión informó al Gobierno español de su decisión de abrir 
el citado procedimiento. 
Mediante nota de su Representación permanente con 
fecha de 11 de abril de 1989, el Gobierno español trans­
mitió a la Comisión algunas informaciones con arreglo a 
las cuales la empresa Acerinox SA podría ser, eventual-
mente, beneficiaría de un proyecto de ayudas. Se trata, 
en este caso, de la posibilidad de una subvención en 
torno a 533 325 900 PTA en beneficio de un programa 
de inversiones que asciende a 9 540 805 000 PTA. 
Mediante sus cartas de fechas 18 de mayo de 1989 y 27 
de octubre de 1989, la Comisión comunicó, por una 
parte, a las autoridades españolas que la nota antes ci­
tada no contiene elemento explícito alguno que permita 
considerarla como notificación de un proyecto con arre­
glo a la Decisión 322/89/CECA, de 1 de febrero de 
1989, que establece las reglas comunitarias para las ayu­
das a la siderurgia, y, por otra parte, rogó a las autorida­
des españolas que la informaran en el más breve plazo 
posible de si debe considerar la comunicación antes ci­
tada como una notificación, con arreglo al apartado 1 
del artículo 6 de dicha Decisión, de un proyecto de 
ayuda dirigido a aplicar al sector siderúrgico un régimen 
de ayudas con finalidad regional respecto al cual ya se 
pronunció en base a las disposiciones del Tratado CEE. 
A pesar de la comunicación de la Representación perma­
nente con fecha de 22 de noviembre de 1989, mediante 
la cual el Gobierno español había solicitado una pró­
rroga del plazo concedido para responder a la carta an­
tes citada de 27 de octubre de 1989, el plazo transcurrió 
hasta el 12 de diciembre de 1989 sin que se comunicara 
hasta esa fecha respuesta alguna. En consecuencia, el 
proyecto de ayuda ha quedado registrado como no co­
municado en buena y debida forma. 
Mediante carta de 19 de enero de 1990 de su Represen­
tación permanente, el Gobierno español informó a la 
Comisión, por una parte, que su comunicación debería 
ser considerada como una notificación con arreglo al 
apartado 1 del artículo 6 de la Decisión 32/89/CECA, y, 
por otra, que parte del programa de inversiones, por un 
importe de 1 570,7 millones de pesetas, se destinaría a la 
protección del medio ambiente y contaría con una ayuda 
por un importe de 237,1 millones de pesetas, es decir un 
15%. Dado que la comunicación del Gobierno español, de 11 
de abril de 1989, para poder surtir los plenos efectos de 
una notificación debería responder a determinadas con­
diciones formales, en particular, a la especificación de la 
intención del Gobierno notificador, la Comisión consi­
dera que el proyecto de ayuda reviste un carácter de no 
notificado. A falta de notificación en buena y debida 
forma, el proyecto de ayuda de que se trata es, por lo 
tanto, ilegal. 
A este respecto, la Comisión quiere llamar la atención 
del Gobierno español sobre el hecho de que cualquier 
ayuda concedida de forma ilegal sin esperar a la decisión 
final adoptada en el marco del correspondiente procedi­
miento, puede ser objeto de una solicitud de reembolso. 
Por otra parte, la Comisión ha observado que el 
proyecto de ayudas contaría, al menos parcialmente, con 
inversiones operativas siderúrgicas. 
Ahora bien, como la Comisión estima que dado que las 
ayudas regionales a las inversiones de las empresas side­
rúrgicas establecidas en España no pueden ser considera­
das compatibles con el buen funcionamiento del mercado 
común, con arreglo al artículo 5 de la Decisión 
322/89/CECA, dichas ayudas entran dentro del ámbito 
de las ayudas prohibidas en la letra c) del artículo 4 del 
Tratado CECA. 
En este caso, la Comisión considera que el proyecto de 
ayudas en beneficio de Acerinox SA, en la medida en 
que beneficiaría a inversiones operativas, cae, en conse­
cuencia, en la prohibición citada. 
Asimismo, la Comisión observa que parte del proyecto 
de ayudas contaría con inversiones operativas destinadas 
a la protección del medio ambiente. 
Ahora bien, como la Comisión recuerda al Gobierno es­
pañol, las ayudas a empresas siderúrgicas y destinadas a 
la protección del medio ambiente sólo pueden ser consi­
deradas como ayudas comunitarias cuando cumplen las 
condiciones del artículo 3 de la Decisión 322/89/CECA. 
Sin embargo, basándose en las informaciones transmiti­
das por las comunicaciones antes citadas, la Comisión 
considera que no está en condiciones de apreciar si las 
ayudas a los gastos destinados a la protección del medio 
ambiente se ajustan a las condiciones antes citadas. 
A este respecto, la Comisión subraya que dichas infor­
maciones no son suficientes para poder apreciar, en par­
ticular, si los citados gastos se destinan a las instalaciones 
en servicio al menos dos años antes de la entrada en vi­
gor de las normas legales de protección del medio am­
biente y, finalmente, si dichos gastos suponen o no un 
incremento de la capacidad de producción. 
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De todo ello se deduce que en este momento la Comi­
sión no está en condiciones, partiendo de las informacio­
nes recibidas, de juzgar si en el presente caso las ayudas 
podrían ser consideradas, en todo o en parte, compati­
bles con las disposiciones de la Decisión 322/89/CECA. 
La Comisión informa al Gobierno español que ha ini­
ciado el procedimiento previsto en el apartado 4 del artí­
culo 6 de la Decisión 322/89/CECA por lo que se re­
fiere a las ayudas que nos ocupan. En el marco de dicho 
procedimiento, la Comisión emplaza al Gobierno espa­
ñol a que le presente sus observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de la presente. 
Asimismo, la Comisión informa al Gobierno español que 
emplazará a los demás Estados miembros así como a los terceros interesados, mediante una publicación en el Dia­
rio Oficial de las Comunidades Europeas, a que le presen­
ten sus observaciones. 
La Comisión emplaza a los demás Estados miembros y a 
terceras partes interesadas a presentar sus alegaciones 
respecto a las medidas en causa en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de la presente publicación a la direc­
ción siguiente: 
Comisión de las Comunidades Europeas, 
Rué de la Loi 200, 
B-1049, Bruselas. 
Estas alegaciones serán comunicadas a España.