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«ANEXO

ORGANISMOS CUYOS INVESTIGADORES PUEDEN ACCEDER, CON FINES CIENTÍFICOS, A DATOS CONFIDENCIALES

Banco Central Europeo

Banco Central de España

Banco Central de Italia

Cornell University (Nueva York, Estados Unidos de América)

Department of Political Science, Baruch College, New York City University (Nueva York, Estados Unidos de América)

Banco Central de Alemania

Unidad de Análisis del Empleo de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea

Tel. Aviv University (Israel)

Banco Mundial

Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University (Nueva Jersey, Estados Unidos de América)

The University of Chicago, UofC (Illinois, Estados Unidos de América)

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa (Ontario, Canadá)

Unidad de Econometría y Apoyo Estadístico a la Lucha contra el Fraude (ESAF) del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea

Unidad de Apoyo al Espacio Europeo de la Investigación (SERA) del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea

Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University (Ontario, Canadá)

University of Illinois at Chicago, UIC (Illinois, Estados Unidos de América)

Rady School of Management at the University of California, San Diego (California, Estados Unidos de América)

Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques, DARES, Ministerio de Trabajo, Relaciones Sociales y Solidaridad (París, Francia)

The Research Foundation of State University of New York, RFSUNY, Albany (Nueva York, Estados Unidos de América)

Eläketurvakeskus, ETK (Finlandia)

Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques, DREES, bajo la autoridad conjunta del Ministerio de Diálogo Social y Solidaridad, el Ministerio de Sanidad, Juventud y Deporte y el Ministerio del Presupuesto, las Cuentas Públicas y la Reforma del Estado (París, Francia)

Duke University, DUKE (Carolina del Norte, Estados Unidos)

Kansaneläkelaitos, KELA (Finlandia)

Hebrew University of Jerusalem, HUJI (Israel)

Federal Public Service Social Security (Bélgica)

Sabanci University, Tuzla/Estambul (Turquía)

McGill University (Montreal, Canadá)

Dirección de Servicio Económico y Reformas Estructurales de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea

Unidad de Protección Social y Estrategia de Protección e Inclusión Social de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea

Instituto de Estudios Fiscales (IEF), (Madrid, España)».
(225)

En primer lugar, la Comisión constata que el propio Reglamento (CE) no 1370/2007 establece los procedimientos relativos a su entrada en vigor y su aplicación ratione temporis. Con arreglo a su artículo 12, el Reglamento (CE) no 1370/2007 entró en vigor el 3 de diciembre de 2009. De conformidad con el artículo 10, apartado 1, queda derogado en esa misma fecha el Reglamento (CEE) no 1191/69. Por consiguiente, la Comisión no puede basar su evaluación en el Reglamento (CEE) no 1191/69, que ya no estaba en vigor cuando se adoptó la Decisión, sino en el Reglamento (CE) no 1370/2007.
(6)

En su dictamen científico «Scientific Opinion on the safety of a “fermented black bean extract (Touchi extract)” as a Novel Food ingredient» (sobre la seguridad del extracto de semillas de soja negra fermentadas [extracto de Touchi] como nuevo ingrediente alimentario) (2), de 8 de abril de 2011, la EFSA concluyó que dicho producto era seguro, siempre y cuando se cumplieran el uso y las condiciones de uso previstas.
(18)

La Comisión ha considerado que el presente procedimiento debe darse por concluido, dado que la investigación no ha aportado argumentos demostrativos de que dicha conclusión no convenga a los intereses de la Unión. Las partes interesadas fueron informadas en consecuencia y tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones. No obstante, no se recibieron comentarios que pudiesen alterar esa decisión.
(3)

En las concesiones de hidrocarburos danesas participan, en calidad de licenciatarios u operadores, veintinueve empresas, siendo tres de dichos operadores los responsables de la actual producción de petróleo y gas. Se trata de Mærsk Olie og Gas A/S («Mærsk», responsable de la explotación de 15 yacimientos), DONG E&P A/S («Dong», que explota tres yacimientos) y Hess Denmark ApS («Hess», que explota un yacimiento) (4). Por otra parte, Wintershall Nordzee B.V. y Altinex Oil Denmark A/S (NORECO), en su condición de operadores, han realizado hallazgos en yacimientos sin desarrollar y que no están actualmente en producción. Por motivos de reparto del riesgo, la gestión normal de las actividades de prospección y explotación se canaliza a través de acuerdos de empresa conjunta, conforme a los cuales se designa «operador» a una de las partes, en tanto que las demás partes en el acuerdo reciben una parte proporcional del petróleo o el gas producido por el consorcio. Los partícipes que no actúan como operadores ostentan pleno control en cuanto al lugar, el momento y los destinatarios de las ventas, de modo que son, al mismo tiempo, socios y competidores de los operadores.
(43)

Los artículos 107, 108 y 109 del TFUE se aplican al sector de la carne de cerdo de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (CEE) no 2759/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino (15). Se aplican al sector de la carne de vacuno de conformidad con el artículo 40 del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno (16). Antes de la adopción del Reglamento (CE) no 1254/1999, los artículos 107, 108 y 109 del TFUE se aplicaban al sector de la carne de vacuno de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CEE) no 805/68 del Consejo (17). Se aplican a los sectores de la carne de ovino y de caprino de conformidad con el artículo 22 del Reglamento (CE) no 2467/98 del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las carne de ovino y de caprino (18). Se aplican al sector de la carne de aves de corral de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CEE) no 2777/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral (19). El Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (20), derogó todos esos reglamentos y previó, en su artículo 180, que se aplicasen a los productos anteriormente indicados las normas en materia de ayudas estatales.
(54)

En especial, cuando la venta de acciones se realiza en la bolsa, se suele presuponer que es en condiciones de mercado y no hay ninguna ventaja. No obstante, cuando la cesión se realiza mediante una venta comercial, se puede presuponer que no hay ninguna ventaja si se cumplen las siguientes condiciones: en primer lugar, la participación debe venderse mediante licitación en condiciones de competencia que esté abierta a todo el mundo y sea transparente y no discriminatoria; en segundo lugar, no deben fijarse condiciones que no sean habituales en transacciones comparables entre partes privadas y que puedan reducir potencialmente el precio de venta; en tercer lugar, la participación debe venderse al mejor postor; y, en cuarto lugar, debe darse a los licitadores suficiente tiempo e información para que estos efectúen una valoración adecuada de los activos como base para su oferta.
(8)

A este respecto hay que señalar que la Comisión no encontró ninguna razón que indique que la conclusión sería perjudicial para los intereses de la Unión, ni las partes interesadas plantearon ninguna razón en ese sentido. Por lo tanto, la Comisión considera que debe concluirse el presente procedimiento. Las partes interesadas fueron informadas en consecuencia y tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones. No se han recibido observaciones en el sentido de que la conclusión no convenga a los intereses de la Unión.
(21)

La Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (3), insta a los Estados miembros, en las directrices no 7 y no 8, a aumentar la participación de la mano de obra mediante políticas que promuevan el envejecimiento activo, aumentar las tasas de empleo de los trabajadores de más edad mediante el fomento de la innovación en la organización del trabajo y aumentar la empleabilidad de los trabajadores de más edad mejorando sus aptitudes y su participación en los sistemas de aprendizaje permanente. En la directriz no 10 se hace hincapié en la necesidad de potenciar los sistemas de protección social, el aprendizaje permanente y las políticas de inclusión activa para crear oportunidades en las distintas fases de la vida de las personas, protegerlas contra el riesgo de pobreza y exclusión social, y reforzar su participación activa en la sociedad.
Norma de coherencia

:
(129)

Como se señala en el punto 20 de las Directrices de salvamento y reestructuración, una empresa en crisis, dado que está en peligro su propia existencia, no puede considerarse un instrumento adecuado para promover otros objetivos políticos hasta que su viabilidad no esté garantizada. Como todos los posibles beneficiarios del artículo 8c(1a) de la KStG son empresas en crisis, de acuerdo con el punto 10, letra c), de las Directrices de salvamento y reestructuración, la Comisión considera que el artículo 8c(1a) de la KStG no es compatible con el mercado interior como ayuda en favor del medio ambiente.
(18)

La Sparkasse pagó por la participación sin voto una remuneración de Euribor a doce meses más 7,25 %. El importe de la remuneración se fijó con arreglo a una fairness opinion del Deutsche Bank. Los pagos de la remuneración están vinculados al beneficio contable y no se efectúan si la Sparkasse no tiene beneficios en el ejercicio. Se descarta un pago cuando el coeficiente de fondos propios en el momento de su vencimiento sea inferior al 9 % y el pago ocasionaría o aumentaría el déficit en el ejercicio correspondiente. En caso de que no se efectúe el pago, no hay obligación de pagar posteriormente el importe no percibido. La participación sin voto absorbe además pérdidas del ejercicio proporcionalmente al capital total que participa en las pérdidas.
(147)

En opinión de la Comisión no hay espacio para la analogía con el artículo 25 del RGEC. En primer lugar, las normas aplicables al presente asunto no son similares a aquellas cuya aplicación análoga se solicita. Del texto del artículo 25 del RGEC se desprende claramente que esta disposición se aplica exclusivamente a los impuestos medioambientales armonizados mediante la Directiva sobre la imposición de la energía. En este sentido, la clasificación como impuesto sobre la energía es, por lo tanto, un «requisito» para la aplicación del artículo 25 del Reglamento. Esta interpretación se ve apoyada por el hecho de que de la lógica del sistema del RGEC se desprende que su ámbito de aplicación no puede ser más amplio que las Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente a las que se refiere. Por ello, está claro que el artículo 25 del RGEC solo se puede aplicar a los impuestos sobre la energía regulados por la Directiva sobre la imposición de la energía. Como ya se ha señalado antes, las contribuciones abonadas en el marco de la Ley sobre fiscalidad ecológica no son impuestos medioambientales y no se les aplican las disposiciones de la Directiva sobre la imposición de la energía. De ello se desprende que las normas que rigen los impuestos sobre la energía no son similares a las que regulan las tarifas de recompra austriacas. En segundo lugar, las normas aplicables al asunto no tienen omisión alguna que sea incompatible con un principio general de la legislación de la Unión Europea y a la que pueda ponerse remedio por analogía. Las reducciones fiscales o medidas similares que no están cubiertas por el RGEC no son por si mismas incompatibles con la legislación de la UE, simplemente tienen que respetar la obligación general de notificación con arreglo al artículo 108 del TFUE. Pueden evaluarse y considerarse compatibles con el mercado interior con arreglo a las Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente o, en caso de que estas no sean de aplicación, directamente con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. De ello se desprende que las normas aplicables a la evaluación del régimen de ayuda austriaco no incluyen omisión alguna incompatible con la legislación de la UE.
(2)

Estos programas deben elaborarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 199/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativo al establecimiento de un marco comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común (2), y en el Reglamento (CE) no 665/2008 de la Comisión, de 14 de julio de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 199/2008 del Consejo (3).
Hecho en doble ejemplar en Brasilia, el catorce de julio de dos mil diez, en las lenguas alemana, búlgara, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, siendo cada una de estas versiones igualmente auténtica.

For the European Union

За правителството на Федеративна република Бразилия

Por el Gobierno de la República Federativa de Brasil

Za vládu Brazilské Federativní republiky

For den Føderative Republik Brasiliens regering

Für die Regierung der Föderativen Republik Brasilien

Brasiilia Liitvabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Βραζιλίας

For the Government of the Federative Republic of Brazil

Pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil

Per il governo della Repubblica federativa del Brasile

Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības vārdā –

Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Brazil Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Federativa tal-Brażil

Voor de regering van de Federale Republiek Brazilië

W imieniu rządu Federacyjnej Republiki Brazylii

Pelo Governo da República Federativa do Brasil

Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei

Za vládu Brazílskej federatívnej republiky

Za Vlado Federativne Republike Brazilije

Brasilian liittotasavallan hallituksen puolesta

För Förbundsrepubliken Brasiliens regering
Hecho en Bruselas, en doble ejemplar, el veintinueve de junio de 2011, en lenguas alemana, búlgara, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana, sueca e indonesia, siendo todos los textos igualmente auténticos.

For the European Union

За правителството на Република Индонезия

Por el Gobierno de la República de Indonesia

Za vládu Indonéské republiky

For Republiken Indonesiens regeringen

Für die Regierung der Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας

For the Government of the Republic of Indonesia

Pour le gouvernement de la République d'Indonésie

Per il governo della Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas valdības vārdā –

Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu

Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de regering van de Republiek Indonesië

W imieniu rządu Republiki Indonezji

Pelo Governo da República da Indonésia

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Za vládu Indonézskej republiky

Za vlado Republike Indonezije

Indonesian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indonesiens regeringen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia
(129)

Sin embargo, el sistema de recuperación propuesto no es conforme a los requisitos en materia de recuperación de ayudas ilegales e incompatibles. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia, el objetivo de la recuperación consiste en restablecer la situación existente en el mercado antes de la concesión de la ayuda. Este objetivo se logra cuando el beneficiario devuelve la ayuda ilegal e incompatible, y pierde así la ventaja de que había disfrutado sobre sus competidores en el mercado, restableciéndose así la situación anterior a la concesión de la ayuda (45). La ayuda recuperable devengará intereses calculados a un tipo adecuado que fije la Comisión, desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación (46). Sobre la base del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (47), se debe aplicar un tipo de interés compuesto, lo que no ha sido el caso aquí. Además, el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 prevé que el Estado miembro deberá adoptar todas las medidas necesarias para conseguir una ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión. La recuperación, tal como fue propuesta y aplicada, en parte, por Bélgica, no se ajusta a los requisitos anteriormente indicados y no puede considerarse una recuperación en la acepción del artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999.
(153)

Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la compensación por servicio público no constituye ayuda estatal en el sentido de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, si reúne determinadas condiciones (véase el considerando 89 de la presente Decisión). Sin embargo, si las compensaciones de servicios públicos no cumplen dichas condiciones y si los criterios generales de aplicabilidad del artículo 107, apartado 1, del TFUE se cumplen, las citadas compensaciones constituyen ayudas estatales, que, sin embargo, pueden ser declaradas compatibles con el TFUE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 2, del mismo Tratado, si fueran necesarias para el funcionamiento de servicios de interés económico general y no afectasen al desarrollo de los intercambios comerciales de forma tal que sea contraria al interés de la Unión. La Comisión precisó las condiciones que deben cumplirse para obtener dicho equilibrio. Ya en su Comunicación sobre los servicios de interés general en Europa (46), de 2001, la Comisión precisó que hay que asegurar que ninguna restricción de las normas del Tratado CE y, en especial, las restricciones de la competencia y las limitaciones de las libertades del mercado interior excedan lo necesario para garantizar el cumplimiento efectivo de la misión de servicio público. Esto implica, en particular, que la compensación no debe ser superior a los costes adicionales netos generados por la misión asignada a la empresa en cuestión. La Comisión precisó dichas condiciones, posteriormente, también en el «Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público» (47) y en su Decisión de 28 de noviembre de 2005 relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2 (48). Por lo que respecta al cálculo de la compensación, la Comisión precisó que el importe de la misma no puede superar lo necesario para cubrir los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los correspondientes ingresos, así como un beneficio razonable por el desempeño de estas obligaciones. En particular, el beneficio razonable puede incluir, total o parcialmente, los incrementos de productividad realizados por las empresas en cuestión durante un período convenido y limitado, sin menoscabar el nivel cualitativo de los servicios fijado por el Estado.
(104)

Mediante carta de 30 de marzo de 2004, la Comisión consideró que las autoridades españolas no habían aclarado los criterios que debían aplicarse a la hora de otorgar las ayudas a la cobertura de cargas excepcionales no relacionadas con la producción corriente (cargas heredadas del pasado), basadas en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1407/2002. Mediante carta de 3 de octubre de 2003, España notificó a la Comisión que estas ayudas se otorgarían exclusivamente a las unidades de producción que iban a cerrar en el período 2003-2005, y que el importe de las ayudas no superaría el de los costes. Sin embargo, la Orden Ministerial ECO/2731/2003, de 24 de septiembre de 2003, no incluía de manera explícita estas condiciones. Esta Orden no contenía suficientes garantías de que las ayudas para cubrir los costes del cierre de las unidades de producción no excederían de estos costes y de que las unidades de producción en cuestión estarían cerradas antes del 31 de diciembre de 2005. La Comisión consideró que los criterios previstos por España para calcular las ayudas a la cobertura de los costes del cierre de las unidades de producción, basados en la reducción de las entregas de carbón previstas en los contratos con las centrales eléctricas y en una ayuda aproximada de 13 EUR por cada 1 000 termias reducidas, no garantizaban suficientemente el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1407/2002. La Comisión señaló asimismo que los importes de las ayudas basadas en dicho artículo parecían muy altos, y se planteaba la duda de si la ayuda propuesta por este concepto no sería demasiado elevada en relación con la intensidad del proceso de reestructuración.
(9)

La presente Decisión no debe abarcar el control de las condiciones puramente nacionales, ni aplicarse a las medidas de control relativas a condiciones distintas de las condiciones comunes a que hace referencia el artículo 7, apartado 2, de la Decisión no 626/2008/CE. Habida cuenta de la dimensión fundamentalmente nacional de cualesquiera condiciones específicas relativas a los componentes complementarios en tierra de sistemas móviles por satélite, el control de la aplicación de las condiciones a que alude el artículo 8, apartado 3, de la Decisión no 626/2008/CE no debe estar incluido en el ámbito de la presente Decisión.
(124)

En efecto, el que no sean necesarios fondos propios reglamentarios refleja la ausencia de riesgo de pérdida de crédito, como sucede en el caso de los saldos centralizados en la CDC. La actividad de captación de depósitos por cuenta de la CDC tampoco entraña un riesgo de liquidez (con excepción del riesgo intramensual), ni de transformación de los vencimientos, porque el importe asignado a la CDC se ajusta mensualmente en función de la evolución de los depósitos y el tipo de interés pagado por la CDC se transfiere inmediatamente a los depositantes. Por lo tanto, es verdad que este servicio de interés económico general tiene un bajo nivel de riesgo para el Crédit Mutuel. Sin embargo, existen otros tipos de riesgos, como, por ejemplo, el operativo, el económico (riesgo de que el nivel de la remuneración no cubra los costes soportados), el jurídico y el de reputación. Allende de esto, otras actividades bancarias como la distribución de fondos mutualizados, la gestión de patrimonios o la venta de productos financieros (por ejemplo, acciones y obligaciones) no requieren el uso de fondos propios reglamentarios, sin dejar de ser, por esa razón, muy rentables. En consecuencia, no existe un vínculo directo entre la utilización de fondos propios reglamentarios —calculada sobre la base de reglas de prudencia cuyo objetivo específico no consiste en modo alguno en evaluar la rentabilidad de una actividad— y el beneficio que se espera de una actividad.