REGLAMENTO (UE) 2022/2472 DE LA COMISIÓN

de 14 de diciembre de 2022

por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 108, apartado 4,

Visto el Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (1), y en particular su artículo 1, apartado 1, letras a) y b),

Previa publicación de un proyecto del presente Reglamento de conformidad con el artículo 6 y el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1588,

Previa consulta al Comité Consultivo sobre Ayudas Estatales,

Considerando lo siguiente:

(1) La financiación estatal que cumple los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado constituye ayuda estatal y debe notificarse a la Comisión en virtud de su artículo 108, apartado 3. No obstante, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, el Consejo puede determinar las categorías de ayudas que quedan exentas de esta obligación de notificación. De acuerdo con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión puede adoptar reglamentos relativos a dichas categorías de ayudas. El Reglamento (UE) 2015/1588 faculta a la Comisión a declarar, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, que determinadas categorías de ayudas pueden quedar exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado. Sobre la base de dicho Reglamento, la Comisión adoptó el Reglamento (UE) n.o 702/2014 de la Comisión (2) por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este Reglamento será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2022.

(2) Según el artículo 42 del Tratado, las normas de competencia son aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo. El artículo 211 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), prevé que las normas sobre ayudas estatales se apliquen a las ayudas a la producción y al comercio de productos agrícolas, salvo determinadas excepciones. El artículo 211, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, establece que las normas sobre ayudas estatales no se aplican a los pagos efectuados por los Estados miembros en virtud de las medidas previstas en dicho Reglamento financiadas total o parcialmente por la Unión ni de las medidas incluidas en los artículos 213 a 218 de dicho Reglamento. Asimismo, con arreglo al artículo 145 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), las normas sobre ayudas estatales no se aplican a los pagos realizados por los Estados miembros de conformidad con dicho Reglamento, ni a la financiación nacional complementaria en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado. Dichos pagos destinados a ofrecer financiación nacional complementaria en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado deben cumplir los criterios del Reglamento (UE) 2021/2115 para poder ser autorizados por la Comisión como parte del plan estratégico de la PAC de un determinado Estado miembro. Sin embargo, en el caso de las medidas excluidas del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado, las normas sobre ayudas estatales se aplican tanto a la parte cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) como a la financiación nacional complementaria.

(3) Dado que los efectos económicos de la ayuda no varían en función de si es financiada o no en parte por la Unión, o si es financiada únicamente por un Estado miembro, debe haber congruencia y coherencia entre la política de la Comisión en materia de control de las ayudas estatales y la ayuda que se conceda al amparo de la política agrícola común y la de desarrollo rural de la propia Unión.

(4) El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe, por tanto, armonizarse con el del Reglamento (UE) 2021/2115 en lo que respecta a las medidas cofinanciadas por el Feader.

(5) El presente Reglamento debe permitir una mayor simplificación, así como mejorar la transparencia, la evaluación efectiva y el control del cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales a escala nacional y de la Unión, preservando al mismo tiempo las competencias institucionales de la Comisión y de los Estados miembros.

(6) La Comisión ha aplicado en numerosas ocasiones los artículos 107 y 108 del Tratado a los sectores agrícola y forestal, en consonancia con las condiciones establecidas en las Directrices de 2014 (5). Por ello, ha adquirido una experiencia considerable en estos ámbitos en lo que se refiere a las medidas de ayuda que siguen sujetas a la obligación por parte de los Estados miembros de notificar las ayudas a la Comisión. La experiencia de la Comisión le ha permitido definir mejor las condiciones en las que determinadas categorías de ayudas pueden considerarse compatibles con el mercado interior y ampliar el ámbito de aplicación de las exenciones por categorías, garantizando al mismo tiempo la transparencia y la proporcionalidad de las ayudas.

(7) Las condiciones generales de aplicación del presente Reglamento deben basarse en un conjunto de principios comunes que garanticen que las ayudas tienen un claro efecto incentivador, son apropiadas y proporcionadas, se conceden con plena transparencia y están sujetas a un mecanismo de control y a una evaluación periódica, y no afectan negativamente a la competencia y a las condiciones comerciales.

(8) Las ayudas que reúnan todas las condiciones establecidas en el presente Reglamento, tanto generales como específicas de la categoría de ayudas pertinente, deben quedar exentas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. Para garantizar una supervisión eficaz y una gestión simplificada, pero sin mermar la capacidad de control de la Comisión, las ayudas exentas (regímenes de ayudas y ayudas individuales) deben incluir una referencia expresa al presente Reglamento.

(9) Las ayudas estatales a efectos del artículo 107, apartado 1, del Tratado, no contempladas en el presente Reglamento, continúan sujetas a la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros notifiquen las ayudas cuyos objetivos correspondan a objetivos en él previstos.

(10) Teniendo en cuenta el mayor impacto potencial de los grandes regímenes en los intercambios comerciales y la competencia, los regímenes de ayudas cuyo presupuesto rebase un determinado umbral en un año determinado o en total, basado en un valor absoluto, deben someterse, en principio, a evaluación. Esta evaluación ha de tener por objeto comprobar si se cumplen las hipótesis y condiciones para la compatibilidad del régimen, así como verificar la eficacia de la medida de ayuda a la luz de sus objetivos generales y específicos, y debe proporcionar indicaciones sobre el impacto del régimen en la competencia y el comercio. Para garantizar la igualdad de trato, la evaluación de las ayudas estatales debe llevarse a cabo sobre la base de un plan de evaluación aprobado por la Comisión. Si bien estos planes normalmente deben estar preparados en el momento del diseño del régimen y aprobados a tiempo para que el régimen pueda entrar en vigor, esto puede no ser posible en todos los casos.

(11) Por tanto, a fin de no demorar su entrada en vigor, el presente Reglamento deberá ser aplicable a dichos regímenes durante un período inicial máximo de seis meses. La Comisión podrá decidir prorrogar dicho período, tras la aprobación del plan de evaluación.

(12) A tal efecto, el plan de evaluación debe notificarse a la Comisión en el plazo de veinte días hábiles a partir de la entrada en vigor del régimen. La Comisión también puede decidir, con carácter excepcional, que la evaluación no es necesaria habida cuenta de las especificidades del caso. La Comisión debe recibir del Estado miembro la información necesaria para poder examinar el plan de evaluación y solicitar información adicional sin demora injustificada que permita al Estado miembro completar los elementos que falten, de forma que la Comisión pueda adoptar una decisión.

(13) Exceptuando las modificaciones que no afecten a la compatibilidad del régimen de ayudas con arreglo al presente Reglamento o que no afecten de forma significativa al contenido del plan de evaluación aprobado, las modificaciones de los regímenes objeto de evaluación deben examinarse teniendo en cuenta el resultado de dicha evaluación y excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento. No debe considerarse, en principio, que las modificaciones que constituyan un cambio de naturaleza puramente formal, las modificaciones administrativas o las que se lleven a cabo en el marco de las medidas cofinanciadas por la Unión afectan de forma significativa al contenido del plan de evaluación.

(14) El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados ni a las ayudas a las actividades relacionadas con la exportación. No debe aplicarse, en particular, a las ayudas destinadas a financiar el establecimiento y la explotación de redes de distribución en otro Estado miembro o tercer país. Las ayudas destinadas a los gastos de participación en ferias comerciales o de estudios o servicios de consultoría, necesarios para el lanzamiento de un producto nuevo o existente en un nuevo mercado de otro Estado miembro o de un tercer país, no deben constituir ayudas a actividades relacionadas con la exportación.

(15) La Comisión debe velar por que las ayudas autorizadas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés general. Por consiguiente, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento las ayudas concedidas a beneficiarios que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado las ayudas ilegales e incompatibles con el mercado interior. No obstante, en el contexto de las ayudas destinadas a compensar situaciones de riesgo y crisis, como las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o plagas vegetales y las ayudas destinadas a sufragar los gastos de prevención, control y erradicación de enfermedades animales, es importante actuar con rapidez. Por lo tanto, la exclusión de las ayudas no debe aplicarse en tales circunstancias. Asimismo, dada la naturaleza de estos regímenes en los que no es posible identificar a los beneficiarios individuales, tampoco debe aplicarse a las ayudas de pequeña cuantía destinadas a las pequeñas y medianas empresas («pymes») que participen en proyectos de desarrollo local participativo («DLP») o en proyectos de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas («AEI»).

(16) Las ayudas concedidas a empresas en crisis deben, por regla general, quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que este tipo de ayudas debe evaluarse con arreglo a las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (6). No obstante, es necesario establecer algunas excepciones a esta norma. En primer lugar, el presente Reglamento debe aplicarse a empresas en crisis en casos de ayuda destinada a las pymes que participen en proyectos de DLP o en proyectos de grupos operativos de la AEI o se beneficien de ellos, en los que difícilmente se pueda identificar a los beneficiarios individuales de dichos regímenes. En segundo lugar, debe aplicarse a dichas empresas en casos en los que esté en juego la protección de la salud pública, es decir, en casos de ayuda para sufragar los costes de erradicación de enfermedades animales y de ayuda para la destrucción y eliminación de ganado muerto. En tercer lugar, en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado, el presente Reglamento también debe aplicarse a empresas en crisis en los casos en que las ayudas estén destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales. Lo mismo debe aplicarse en los casos en los que la crisis se deba a los daños causados por acontecimientos que escapan al control de la empresa en cuestión, a saber, fenómenos climáticos adversos que pueden asimilarse a un desastre natural, enfermedades animales o plagas vegetales, animales protegidos, incendios forestales, catástrofes en los bosques y fenómenos relacionados con el cambio climático.

(17) Si una ayuda estatal o las condiciones inherentes a la misma, incluido su método de financiación cuando este forme parte integrante de la ayuda, entrañan de forma indisociable una infracción de la legislación de la Unión, la ayuda no puede ser declarada compatible con el mercado interior. Por lo tanto, el presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas que entrañen de forma indisociable una infracción de la legislación de la Unión.

(18) La aplicación de las normas sobre ayudas estatales depende en gran medida de la cooperación de los Estados miembros. Así pues, estos deben tomar todas las medidas necesarias para velar por el cumplimiento del presente Reglamento, incluido el cumplimiento de las ayudas individuales concedidas al amparo de regímenes de exención por categorías.

(19) Dado que las ayudas de gran cuantía presentan un riesgo elevado de alterar las condiciones de los intercambios comerciales, es conveniente que sean evaluadas individual o conjuntamente por la Comisión tras su notificación. Por consiguiente, para determinadas categorías de ayudas a la inversión incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, deben fijarse umbrales por importe máximo de ayuda en un nivel que tenga en cuenta la categoría de la ayuda y sus posibles repercusiones en las condiciones de los intercambios comerciales. Cualquier ayuda que rebase dichos umbrales debe seguir sujeta a la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado. Los umbrales establecidos en el presente Reglamento no deben ser eludidos mediante la división artificial de los regímenes de ayudas o los proyectos de ayudas, por ejemplo en varios regímenes o proyectos de características, objetivos o beneficiarios similares. No debe considerarse que otras categorías de ayudas tienen un alto riesgo de afectar desfavorablemente a las condiciones de los intercambios comerciales, en la medida en que satisfagan las condiciones de compatibilidad y las intensidades máximas de ayuda o los importes máximos de ayuda establecidos en el presente Reglamento.

(20) En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la eficacia del seguimiento, el presente Reglamento solo debe aplicarse a las ayudas cuyo equivalente bruto de subvención pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo («ayudas transparentes»).

(21) Con respecto a determinados instrumentos de ayuda específicos, como préstamos, garantías, medidas fiscales y, en particular, anticipos reembolsables, el presente Reglamento debe definir en qué condiciones esos instrumentos pueden considerarse transparentes. Las ayudas consistentes en garantías deben considerarse transparentes si el equivalente bruto de subvención se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas para el tipo de empresa de que se trate. También deben considerarse transparentes si, antes de la aplicación de la medida, la metodología utilizada para calcular la intensidad de ayuda de la garantía estatal ha sido notificada a la Comisión y aceptada por esta de conformidad con la Comunicación relativa a las ayudas en forma de garantía (7). A los efectos del presente Reglamento, no se considerarán ayudas transparentes las ayudas comprendidas en medidas de financiación de riesgos ni las inyecciones de capital.

(22) Siempre deben notificarse a la Comisión las ayudas que de otro modo estarían incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, pero que no son transparentes. La notificación de ayuda no transparente debe ser examinada por la Comisión especialmente a la luz de los criterios establecidos en las Directrices de 2023 (8) o en los demás marcos, directrices, comunicaciones y anuncios pertinentes.

(23) Con objeto de garantizar que las ayudas son necesarias y sirven de incentivo para desarrollar determinadas actividades o proyectos, el presente Reglamento no debe aplicarse a aquellas ayudas destinadas a actividades o proyectos que el beneficiario llevaría a cabo de todas formas, incluso en ausencia de las ayudas. No deben concederse ayudas con carácter retroactivo por actividades o proyectos que el beneficiario ya haya emprendido. Las ayudas solo deben quedar exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado de acuerdo con el presente Reglamento en caso de que la actividad o el trabajo en el proyecto subvencionado empiece después de que el beneficiario haya presentado por escrito una solicitud de ayuda.

(24) En lo que atañe a cualquier ayuda ad hoc cubierta por el presente Reglamento concedida a un beneficiario que sea una gran empresa, el Estado miembro también debe garantizar, además de las condiciones sobre el efecto incentivador aplicables a las pymes, que el beneficiario ha analizado, en un documento interno, la viabilidad del proyecto o actividad objeto de la ayuda con y sin dicha ayuda. El Estado miembro debe verificar que este documento interno confirma un incremento sustancial del alcance del proyecto o actividad, un incremento sustancial del importe total desembolsado por el beneficiario en el proyecto o actividad objeto de la ayuda o una aceleración sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate. También debe ser posible acreditar el efecto incentivador sobre la base de que, de no ser por la ayuda, el proyecto de inversión o la actividad no se habrían llevado a cabo en la zona rural en cuestión.

(25) Los regímenes de ayudas automáticos en forma de ventajas fiscales deben seguir estando sujetos a una condición específica en cuanto al efecto incentivador, teniendo en cuenta que las ayudas resultantes de estos regímenes de ayudas se conceden automáticamente. Esa condición específica significa que esos regímenes de ayudas deben haberse adoptado antes de que se inicien las tareas o los trabajos del proyecto o actividad objeto de la ayuda. Sin embargo, esta condición no será aplicable en el caso de los regímenes fiscales sucesores, siempre que la actividad ya se encontrase cubierta por los regímenes fiscales anteriores en forma de ventajas fiscales. Para la evaluación del efecto incentivador de regímenes de ayudas sucesores, el momento crucial es aquel en que la medida fiscal se haya establecido por primera vez en el régimen original.

(26) Por lo que se refiere a las zonas de la red Natura 2000 (9) en el sector agrícola, el objetivo es garantizar los resultados medioambientales y la eficiencia de las empresas que desarrollan su actividad en el sector agrícola. La ayuda por hectárea debe cumplir la legislación de la Unión y la legislación nacional de los Estados miembros de que se trate, en materia de protección ambiental, la consecución de los objetivos agroambientales y climáticos, incluido el estado de conservación de la biodiversidad de especies y hábitats, así como el aumento del carácter de utilidad pública de las zonas Natura 2000.

(27) En lo que atañe a las ayudas destinadas a la concentración parcelaria, las ayudas para acciones de información destinadas a poner la información a disposición de un número indeterminado de beneficiarios en los sectores agrícola y forestal, las medidas de promoción en forma de publicaciones destinadas a sensibilizar al público en general sobre los productos agrícolas, las ayudas destinadas a reparar los daños ocasionados por un fenómeno climático adverso que puede asimilarse a un desastre natural o por otros fenómenos climáticos adversos, las ayudas destinadas a compensar los costes de la prevención, el control y la erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y las pérdidas causadas por tales enfermedades animales o plagas vegetales, las ayudas destinadas a sufragar los costes de retirada y destrucción del ganado muerto, las ayudas destinadas a reparar los daños causados por animales protegidos, las ayudas destinadas a compensar las desventajas relacionadas con las zonas Natura 2000, las ayudas para la investigación, el desarrollo y la innovación, las ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales y las ayudas a las inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural en la explotación agrícola y en los bosques, las ayudas destinadas a la reparación de los daños causados a los bosques, las ayudas destinadas a la participación de los agricultores en regímenes de calidad del algodón y de los productos alimenticios y las ayudas destinadas a empresas que participen en proyectos de DLP o se beneficien de ellos y en proyectos de grupos operativos de la AEI, la existencia de un efecto incentivador no debe exigirse o debe presumirse si se cumplen las condiciones específicas establecidas para estas categorías de ayudas en el presente Reglamento.

(28) Con el fin de garantizar que las ayudas son proporcionadas y se circunscriben al importe necesario, siempre que sea posible, los importes máximos de ayuda deben expresarse en términos de intensidades de ayuda en relación con un conjunto de costes subvencionables. Cuando no pueda fijarse la intensidad máxima de ayuda por la imposibilidad de determinar los costes subvencionables o a fin de facilitar instrumentos más sencillos cuando se trate de pequeñas cantidades, deben establecerse importes máximos de ayuda definidos en términos nominales, con objeto de garantizar la proporcionalidad de la ayuda. La intensidad de ayuda y los importes máximos de ayuda deben fijarse en niveles que minimicen el falseamiento de la competencia en el sector beneficiario y consigan al mismo tiempo el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades económicas de los beneficiarios en el sector agrícola, las zonas rurales o el sector forestal. En aras de la coherencia con las intervenciones de desarrollo rural financiadas por la Unión, los límites máximos deben armonizarse con los establecidos en el Reglamento (UE) 2021/2115, en la medida en que ello esté en consonancia con los principios de ayuda estatal resultantes de la aplicación del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado.

(29) Para el cálculo de la intensidad de ayuda, solo deben incluirse los costes subvencionables. El presente Reglamento no debe eximir las ayudas que rebasen la intensidad de ayuda pertinente como consecuencia de la inclusión de costes no subvencionables. La identificación de los costes subvencionables debe estar sustentada por pruebas documentales claras, concretas y actuales. El cálculo debe basarse en importes antes de cualquier deducción de impuestos u otras cargas. Las ayudas pagaderas en varios plazos deben actualizarse a su valor en el momento de su concesión. Los costes subvencionables también deben actualizarse a su valor en el momento de la concesión de las ayudas. El tipo de interés que debe emplearse a efectos de actualización y para calcular el importe de las ayudas en caso de que no consistan en subvenciones debe ser, respectivamente, el tipo de actualización y el tipo de referencia aplicables en la fecha de concesión de las ayudas, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (10). Si las ayudas se conceden en cualquier forma distinta a la subvención, el importe de las ayudas debe expresarse en equivalente bruto de subvención. Cuando las ayudas se concedan en forma de ventajas fiscales, los tramos de ayuda deben actualizarse sobre la base de los tipos de actualización aplicables en las distintas fechas en que se hagan efectivas dichas ventajas. Debe fomentarse la utilización de ayudas en forma de anticipos reembolsables, ya que dichos instrumentos de riesgo compartido contribuyen a reforzar el efecto incentivador de las ayudas. Conviene, por tanto, establecer que cuando las ayudas se concedan en forma de anticipos reembolsables puedan incrementarse las intensidades de ayuda aplicables previstas en el presente Reglamento.

(30) En el caso de los beneficios fiscales sobre futuros impuestos, el tipo de actualización aplicable y el importe exacto de los tramos de ayuda puede no conocerse de antemano. En este caso, los Estados miembros deben fijar previamente un tope para el valor actualizado de las ayudas que respete la intensidad de ayuda aplicable. Posteriormente, cuando se conozca el importe del tramo de ayuda en una fecha determinada, podrá calcularse la actualización sobre la base del tipo de actualización aplicable en ese momento. El valor actualizado de cada tramo de ayuda debe descontarse del importe global del tope («importe máximo»).

(31) Para determinar si se respetan los umbrales de notificación individual y las intensidades máximas de ayuda o los importes máximos de ayuda establecidos en el presente Reglamento, debe tenerse en cuenta el importe total de las ayudas estatales concedidas a la actividad o al proyecto de que se trate. El presente Reglamento debe especificar además en qué circunstancias pueden acumularse diferentes categorías de ayudas. Las ayudas exentas de notificación en virtud del presente Reglamento y cualquier otra ayuda compatible exenta en virtud de otro Reglamento o aprobada por la Comisión podrán acumularse siempre y cuando dichas medidas se refieran a costes subvencionables identificables diferentes. Cuando diferentes fuentes de ayuda se refieran —parcial o totalmente— a los mismos costes subvencionables identificables, la acumulación debe autorizarse si no supera la intensidad máxima de ayuda o el importe de ayuda más elevado aplicables a dicha ayuda en virtud del presente Reglamento. El presente Reglamento también debe establecer normas especiales para la acumulación de ayudas con y sin costes subvencionables identificables y para la acumulación con ayudas de minimis. Las ayudas de minimis no suelen concederse o atribuirse a costes subvencionables identificables específicos. En tal caso, debe ser posible acumular libremente las ayudas de minimis con las ayudas estatales exentas en virtud del presente Reglamento. No obstante, cuando las ayudas de minimis se concedan para los mismos costes subvencionables identificables que las ayudas estatales exentas en virtud del presente Reglamento, la acumulación únicamente debe autorizarse hasta la intensidad máxima de ayuda establecida en el capítulo III del presente Reglamento.

(32) La financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros órganos de la Unión, que no esté directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro no constituye ayuda estatal. En caso de que dicha financiación de la Unión se combine con una ayuda estatal, únicamente esta última debe tomarse en consideración para determinar si se respetan los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda, siempre que el importe total de la financiación pública concedida en relación con los mismos costes subvencionables no exceda del porcentaje de financiación más favorable establecido en las normas aplicables del Derecho de la Unión.

(33) En principio, las ayudas estatales a efectos del artículo 107, apartado 1, del Tratado están prohibidas. No obstante, en virtud del artículo 107, apartados 2 y 3 del Tratado, la Comisión permitirá o podrá permitir, en determinadas condiciones, que los Estados miembros concedan ayudas estatales. Por lo tanto, es importante que todas las partes puedan comprobar si una ayuda se concede de conformidad con las normas aplicables. Por consiguiente, la transparencia de las ayudas estatales es esencial para la correcta aplicación de las normas del Tratado y propicia un mejor cumplimiento, una mayor rendición de cuentas, la revisión inter pares y, en definitiva, un gasto público más eficaz. Para garantizar la transparencia, conviene obligar a los Estados miembros a crear sitios web generales sobre ayudas estatales, a escala regional o nacional, que contengan información resumida relativa a cada medida de ayuda exenta en virtud del presente Reglamento. La compatibilidad de las ayudas individuales con el mercado interior debe quedar supeditada al cumplimiento de esa obligación. Conforme a la práctica habitual en relación con la publicación de información establecida en la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), debe utilizarse un formato normalizado que permita buscar, descargar y publicar fácilmente la información en internet. Los enlaces a los sitios web de ayudas estatales de todos los Estados miembros deben publicarse en el sitio web de la Comisión. De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1588, debe publicarse en el sitio web de la Comisión un resumen de la información relativa a cada medida de ayuda exenta en virtud del presente Reglamento.

(34) En lo que atañe a la publicación de información sobre ayudas individuales concedidas, procede fijar umbrales por encima de los cuales dicha publicación puede considerarse proporcionada teniendo en cuenta la importancia de las ayudas. La experiencia de la Comisión muestra que en el período 2014-2019, con un umbral de publicación fijado en 60 000 EUR en el caso de la producción agrícola primaria, alrededor del 30 % de las ayudas concedidas fueron objeto de publicación. Por lo tanto, a fin de aumentar la eficacia de los requisitos de transparencia y dado que el importe medio de las ayudas a la inversión para la producción primaria concedida en el período 2014-2019 se estima en unos 17 000 EUR, procede reducir el umbral de publicación a 10 000 EUR en el caso de la producción agrícola primaria.

(35) Para garantizar un seguimiento eficaz procede establecer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1588, un formulario normalizado mediante el cual los Estados miembros deben facilitar a la Comisión información resumida cada vez que, en cumplimiento del presente Reglamento, se aplique un régimen de ayudas o se conceda una ayuda individual al margen de cualquier régimen de ayudas. Además, es conveniente establecer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión (12) y en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (UE) 2015/1588, normas relativas a la presentación de informes anuales sobre las ayudas exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Reglamento, incluidos los requisitos específicos para determinadas categorías de ayuda, que los Estados miembros deben presentar a la Comisión.

(36) Habida cuenta de la amplia disponibilidad de la tecnología necesaria, la información resumida y el informe anual deben presentarse en formato electrónico y enviarse a la Comisión.

(37) Dado el plazo de prescripción para la recuperación de las ayudas establecido por el artículo 17 del Reglamento (UE) 2015/1589, procede establecer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1588, normas relativas a los registros que los Estados miembros deben llevar en relación con las ayudas exentas del requisito de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado, de conformidad con el presente Reglamento.

(38) Para reforzar la eficacia de las condiciones de compatibilidad establecidas en el presente Reglamento, conviene prever la posibilidad de que la Comisión retire el beneficio de la exención por categorías a futuras medidas de ayuda en caso de incumplimiento de dichos requisitos. La Comisión debe tener la posibilidad de restringir la retirada del beneficio de la exención por categorías a determinados tipos de ayudas, a determinados beneficiarios o a medidas de ayuda adoptadas por determinadas autoridades, cuando el incumplimiento del presente Reglamento solo afecte a un grupo limitado de medidas o a determinadas autoridades. Dicha retirada selectiva debe representar una solución proporcionada directamente vinculada al incumplimiento constatado del presente Reglamento. Cuando una ayuda no se notifica y no cumple todas las condiciones para quedar exenta de notificación, constituye una ayuda ilegal que la Comisión examinará en el marco del procedimiento pertinente establecido en el Reglamento (UE) 2015/1589 para las ayudas no notificadas. En caso de incumplimiento de los requisitos previstos en el capítulo II, la retirada del beneficio de la exención por categorías por lo que se refiere a futuras medidas de ayuda no afectará al hecho de que las anteriores medidas conformes con el presente Reglamento hayan sido objeto de exención por categorías.

(39) Las pymes desempeñan una función decisiva en la creación de empleo y, en términos más generales, constituyen un factor de estabilidad social y dinamizan la economía. No obstante, su desarrollo puede verse limitado por las deficiencias del mercado, lo que hace que sufran una serie de trabas características. A menudo tienen dificultades para obtener capital o créditos, dadas las reticencias de determinados mercados financieros a asumir riesgos y las escasas garantías que aquellas pueden ofrecer. Sus limitados recursos también pueden restringir sus posibilidades de acceso a la información, especialmente en lo que se refiere a nuevas tecnologías y mercados potenciales. Para facilitar el desarrollo de las actividades económicas de las pymes, el presente Reglamento debe, por lo tanto, eximir determinadas categorías de ayudas en favor de las pymes de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado.

(40) Con objeto de eliminar diferencias que puedan dar pie a falseamientos de la competencia y facilitar la coordinación entre las distintas iniciativas nacionales y de la Unión relativas a las pymes, así como por razones de claridad administrativa y seguridad jurídica, la definición de pyme utilizada a efectos del presente Reglamento debe basarse en las definiciones establecidas en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (13).

(41) A fin de garantizar la coherencia con la política agrícola común y simplificar las normas sobre la base de la experiencia ya adquirida por la Comisión con la aplicación de las Directrices de 2014, procede eximir de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado diferentes categorías de ayudas en favor de empresas activas en los sectores agrícola y forestal, sin perjuicio de la aplicación de cualquier norma sustantiva en vigor.

(42) Es también conveniente considerar que los sectores de la agricultura y la silvicultura están especialmente expuestos a fenómenos climáticos adversos, enfermedades animales, plagas vegetales y daños causados por animales protegidos. La experiencia demuestra que estos sectores son más vulnerables a estos acontecimientos y que los agricultores y los silvicultores sufren daños considerables a consecuencia de ellos. Por lo tanto, las medidas de ayuda destinadas a reparar dichos daños se consideran un instrumento adecuado para ayudar a las empresas a recuperarse de ellos y a mantener su actividad. De esta manera garantizan el desarrollo de las actividades económicas y el cumplimiento de las funciones medioambientales de los ecosistemas en la agricultura y la silvicultura.

(43) En el sector agrícola, deben aplicarse exenciones a las ayudas destinadas a las pymes para inversiones en la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, concentración parcelaria, traslado de edificios agrícolas, creación de empresas, jóvenes agricultores y pequeñas explotaciones, agrupaciones de productores, regímenes de calidad, actividades de transferencia de conocimientos e información, servicios de asesoramiento, actividades de promoción, servicios de sustitución en las explotaciones agrícolas, así como gestión de riesgos y crisis relacionados con fenómenos climáticos adversos, enfermedades animales, plagas vegetales, daños causados por animales protegidos, ayudas destinadas al pago de primas de seguros, a contribuciones financieras a fondos mutuales, a las conservación de recursos genéticos, al bienestar de los animales y a la cooperación. Las exenciones deben aplicarse también a empresas de todos los tamaños en el caso de las ayudas destinadas a la protección del medio ambiente en la agricultura, las ayudas a las inversiones destinadas a la conservación del patrimonio cultural y natural situado en explotaciones agrícolas y bosques, las ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales en el sector agrícola, así como las ayudas destinadas a investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrícola y forestal y ayudas en favor de la silvicultura.

(44) Deben aplicarse exenciones a las ayudas destinadas a la silvicultura y a determinadas actividades no agrícolas en zonas rurales cofinanciadas como intervenciones de desarrollo rural en el marco del Feader, así como a las ayudas destinadas a la transferencia de conocimientos y actividades de información, investigación, desarrollo e innovación, incluido mediante el uso de datos y servicios espaciales de la UE y la concentración parcelaria.

(45) Debido al riesgo de falseamiento de la competencia que conllevan las ayudas para inversiones con destino específico en el sector de la producción agrícola primaria, las ayudas a las inversiones exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado no deben limitarse a un determinado producto agrícola. Esta condición no debe impedir a ningún Estado miembro excluir ciertos productos agrícolas del ámbito de aplicación de una ayuda específica, cuando no puedan encontrarse salidas comerciales normales para los mismos, o cuando haya un exceso de capacidad en el mercado interior. Además, las ayudas destinadas a ciertos tipos de inversiones no deben, por sí mismas, beneficiarse de la exención de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado, en virtud del presente Reglamento.

(46) A fin de asegurar un equilibrio adecuado entre minimizar el falseamiento de la competencia y fomentar la eficiencia en el uso de la energía y los recursos, en el caso de las inversiones en explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria, las ayudas se concederán solo para inversiones relacionadas con la producción en las explotaciones de biocombustibles o energía procedente de fuentes renovables y únicamente cuando dicha producción no supere el consumo medio anual de combustible o energía de la explotación. En dichos casos, las ayudas a los biocombustibles solo deberán estar cubiertas en la medida en que se concedan para biocombustibles sostenibles de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (14).

(47) A fin de incentivar el cambio hacia la producción de formas más avanzadas de biocombustibles, tal como prevén las normas horizontales sobre ayudas estatales en materia de medio ambiente y energía, las ayudas destinadas a los biocombustibles basados en cultivos alimentarios deben quedar excluidas del presente Reglamento en el caso de las ayudas destinadas a inversiones relacionadas con la transformación de productos agrícolas.

(48) El Reglamento (UE) 2015/1588 permite a la Comisión declarar, mediante reglamentos, determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior cuando la Comisión cuente con una experiencia suficiente para definir criterios generales de compatibilidad. Habida cuenta de la experiencia adquirida durante el período 2014-2021 en la evaluación de la compatibilidad de numerosas ayudas estatales a la luz de las Directrices de 2014, la Comisión puede ahora hacer uso de sus competencias para eximir del requisito de notificación las ayudas estatales destinadas a servicios básicos e infraestructuras en las zonas rurales cofinanciadas por el Feader, a la cooperación, a las medidas de prevención y reparación de los daños causados por animales protegidos, a la conservación de los recursos genéticos en la agricultura, a los compromisos en materia de bienestar animal, a compensar las desventajas relacionadas con las zonas Natura 2000 y a los compromisos agroambientales y climáticos, así como a la agricultura ecológica.

(49) Por lo que se refiere al sector forestal, la Comisión, basándose en su experiencia en la aplicación de las Directrices de 2014, puede eximir de la obligación de notificación las medidas que se financien exclusivamente con fondos nacionales, sin perjuicio de la aplicación de cualquier norma sustantiva en vigor.

(50) En el período 2014-2020 y en aplicación de las Directrices de 2014, la Comisión aprobó cincuenta y dos regímenes de ayudas destinadas a la compensación por daños causados por animales protegidos al sector agrícola. Los daños causados por animales protegidos requieren una intervención urgente de las autoridades otorgantes a fin de restablecer lo más rápidamente posible los medios de producción y la actividad económica, de manera que las empresas afectadas puedan seguir ejerciendo su actividad y, de este modo, garantizar el desarrollo de las actividades económicas. La experiencia de la Comisión demuestra que estas ayudas, dado su carácter compensatorio y la existencia de criterios claros para la compatibilidad con el mercado interior, no suelen dar lugar a un falseamiento significativo de la competencia en el mercado interior. Es, por ello, adecuado eximir estas ayudas de los requisitos de notificación de las ayudas estatales.

(51) Las ayudas destinadas a reparar los daños causados por animales protegidos deben estar a disposición de las pymes dedicadas a la producción agrícola primaria. Las condiciones para eximir las ayudas destinadas a reparar los daños causados por animales protegidos deben seguir la práctica ya establecida para otras ayudas compensatorias, como las ayudas destinadas a compensar la pérdida de animales o plantas destruidos sobre la base del valor de mercado, las ayudas destinadas a pagar los costes veterinarios o laborales y la compensación de los daños materiales a equipos, maquinaria y edificios agrícolas y existencias.

(52) En el período 2014-2020 y en aplicación de las Directrices de 2014, la Comisión aprobó cuatro regímenes de ayudas destinadas a la conservación de recursos genéticos en la agricultura. La experiencia de la Comisión demuestra que estas ayudas no suelen dar lugar a un falseamiento significativo de la competencia en el mercado interior, mientras que contribuyen al objetivo de interés público de conservación de la biodiversidad. Es, por ello, adecuado eximir estas ayudas de los requisitos de notificación de las ayudas estatales.

(53) Las ayudas destinadas a prácticas agrícolas sostenibles específicas, como los compromisos en materia de bienestar de los animales, los compromisos agroambientales y climáticos o la agricultura ecológica, solo suponen un riesgo limitado de falseamiento de la competencia. Con el fin de responder mejor a la demanda de alimentos de alta calidad y producidos de manera sostenible de la sociedad, la Comisión debe tener la posibilidad de eximir este tipo de medidas de ayuda de la obligación de notificación de las ayudas estatales.

(54) Por otra parte, es conveniente que esas medidas fijen importes máximos de ayuda por unidad, sobre la base de la experiencia adquirida con las Directrices de 2014. Alrededor del 64 % de todas las medidas con compromisos agroambientales y climáticos (que representan el mayor porcentaje de medidas con compromisos voluntarios) notificadas en el período comprendido entre julio de 2014 y marzo de 2020 superaron los importes máximos por hectárea, por lo que fueron objeto de un análisis detallado para determinar si tales importes superiores están justificados. Es probable que esta tendencia continúe con la inflación actual y el aumento de los precios de los insumos. Por lo tanto, los importes máximos por unidad fijados en las Directrices de 2014 se consideran umbrales adecuados para las medidas de exención por categorías que implican compromisos voluntarios en favor del medio ambiente, el clima o el bienestar animal.

(55) En el período comprendido entre 2014 y 2020, y en aplicación de las Directrices de 2014, la Comisión aprobó veintiún regímenes de ayudas destinadas a compromisos en favor del bienestar animal con arreglo a las Directrices de 2014. La experiencia de la Comisión demuestra que estas ayudas, dado su carácter compensatorio y la existencia de criterios claros para la compatibilidad con el mercado interior, no suelen dar lugar a un falseamiento significativo de la competencia en el mercado interior. Es, por ello, adecuado eximir estas ayudas de los requisitos de notificación de las ayudas estatales.

(56) La Comisión ha aplicado los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas destinadas a compensar las desventajas relacionadas con las zonas Natura 2000 en el sector agrícola y a las ayudas destinadas a los compromisos agroambientales y climáticos en el marco de las Directrices de 2014. En el período 2014-2020, la Comisión aprobó diez regímenes de ayudas vinculados a zonas Natura 2000 en el sector agrícola, sesenta y cinco regímenes de ayudas para compromisos agroambientales y climáticos y cinco regímenes de ayudas a la agricultura ecológica. La experiencia de la Comisión demuestra que estas ayudas, especialmente por debajo de determinados umbrales, no suelen dar lugar a un falseamiento significativo de la competencia, mientras que contribuyen a la consecución del objetivo estratégico público de protección del medio ambiente. Procede, por tanto, que la Comisión haga uso también de las facultades que le confiere el Reglamento (UE) 2015/1588, en lo que atañe a las ayudas destinadas a compensar las desventajas relacionadas con la red Natura 2000 en el sector agrícola, las ayudas destinadas a compromisos agroambientales y climáticos y las ayudas a la agricultura ecológica.

(57) La exención de las ayudas destinadas a compensar las desventajas relacionadas con la red Natura 2000 en el sector agrícola, las ayudas destinadas a compromisos agroambientales y climáticos y las ayudas destinadas a la agricultura ecológica deben aplicarse únicamente a empresas dedicadas al sector de la producción agrícola primaria.

(58) Los proyectos financiados por la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI) dan lugar a innovaciones en el sector agrícola y en las zonas rurales. Las ayudas estatales concedidas a empresas que participan en proyectos de grupos operativos de la AEI contemplados en el artículo 127 del Reglamento (UE) 2021/2115 tienen una repercusión menor en la competencia, en particular, en vista del papel positivo que desempeña la ayuda en el intercambio de conocimientos, especialmente para las comunidades locales y agrícolas, así como el carácter a menudo colectivo de las ayudas y su escala relativamente reducida. La naturaleza de estos proyectos es integrada. Suelen contar con múltiples actores y ser multisectoriales, lo que puede dar lugar a ciertas dificultades para su clasificación con arreglo a la legislación sobre ayudas estatales. Dada la naturaleza local de los proyectos individuales de los grupos operativos de la AEI, seleccionados sobre la base de una estrategia plurianual de desarrollo local determinada y aplicada por asociaciones público-privadas y su orientación a los intereses comunitarios, sociales, medioambientales y climáticos, el presente Reglamento debe abordar determinadas dificultades a las que se enfrentan los proyectos de los grupos operativos de la AEI a fin de facilitar su conformidad con las normas sobre ayudas estatales.

(59) Habida cuenta del efecto limitado sobre el comercio y la competencia de las ayudas de pequeña cuantía concedidas a empresas que se benefician, directa o indirectamente, de proyectos de los grupos operativos de la AEI, conviene establecer normas sencillas para los casos en los que el importe agregado de las ayudas por proyecto no supere un determinado límite máximo.

(60) La Comisión ha aplicado en numerosas decisiones los artículos 107 y 108 del Tratado a empresas que operan en el sector forestal, en particular en el marco de las Directrices de 2014. En el período 2014-2020, la Comisión aprobó más de doscientos regímenes de ayudas en favor del sector forestal de acuerdo con dichas Directrices. Según la experiencia de la Comisión, las medidas de ayuda a la silvicultura no han creado ningún falseamiento significativo de la competencia en el mercado interior, ya que existen criterios claros de compatibilidad. A la luz de esta experiencia, y en aras de la simplificación y la economía procesal, debe, por tanto, ser posible eximir las medidas de ayuda al sector forestal de la obligación de notificación, independientemente de si están cofinanciadas por el Feader. Procede, por tanto, que la Comisión haga uso de las facultades que le confiere el Reglamento (UE) 2015/1588 en lo que atañe a las ayudas destinadas a la forestación y la creación de superficies forestales; las ayudas destinadas a sistemas agroforestales; las ayudas destinadas a la prevención y reparación de los daños causados a los bosques por incendios forestales, desastres naturales, fenómenos climáticos adversos que pueden asimilarse a un desastre natural, otros fenómenos climáticos adversos, plagas vegetales y catástrofes; las ayudas a las inversiones que mejoran la resiliencia y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales; las ayudas destinadas a compensar desventajas específicas derivadas de determinados requisitos obligatorios definidos en el artículo 3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo y en el artículo 3 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (15); las ayudas destinadas a servicios silvoambientales y climáticos y a la conservación de los bosques; las ayudas destinadas a inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación del sector forestal; las ayudas destinadas a inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales; las ayudas a la conservación de los recursos genéticos forestales, las ayudas a la puesta en marcha de agrupaciones y organizaciones de productores del sector forestal, las ayudas a la concentración parcelaria forestal y ayudas a la cooperación en el sector forestal.

(61) Con el fin de incentivar iniciativas agrupadas en el sector forestal, la Comisión ha aplicado los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas a la creación de agrupaciones y organizaciones de productores del sector forestal. En el período 2014-2020, la Comisión aprobó ayudas de este tipo en cinco casos. En el sector agrícola, estas ayudas ya estaban exentas de notificación en virtud del Reglamento (UE) n.o 702/2014. Procede, por tanto, eximir las ayudas a la creación de agrupaciones y organizaciones de productores del sector forestal del requisito de notificación de las ayudas estatales.

(62) La diversificación económica y la creación de nuevas actividades económicas, incluidas las de bioeconomía circular, resultan esenciales para el desarrollo y la competitividad de las zonas rurales y, en particular, para las pymes, que constituyen el eje vertebrador de la economía rural de la Unión. El Reglamento (UE) 2021/2115 prevé medidas de apoyo a la creación de empresas no agrícolas en zonas rurales dirigidas al fomento del empleo, a la creación de puestos de trabajo de calidad en las zonas rurales, al mantenimiento de los existentes, a la reducción de las fluctuaciones estacionales en el empleo, al desarrollo de sectores no agrícolas fuera de la agricultura y de la transformación de alimentos, impulsando al mismo tiempo la integración de las empresas y los vínculos intersectoriales locales.

(63) A fin de garantizar la coherencia con el Reglamento (UE) 2021/2115 y de lograr la simplificación de las normas para obtener la autorización de las ayudas estatales para la parte cofinanciada y la financiación nacional complementaria de los planes estratégicos de la PAC, los requisitos de notificación no deben aplicarse a varias categorías de ayudas en favor de las pymes activas en las zonas rurales, incluidas las ayudas destinadas a servicios básicos e infraestructuras, a la creación de empresas, a la cooperación, a la participación de los agricultores por primera vez en regímenes de calidad para el algodón y los productos alimenticios y a las medidas de información y promoción de productos alimenticios cubiertos por un régimen de calidad. Dichas medidas de ayuda deben ser idénticas a las intervenciones de desarrollo rural subyacentes y las ayudas exentas solo deben concederse en virtud del plan estratégico de la PAC del Estado miembro de que se trate y de conformidad con él.

(64) La Comisión ha aplicado en numerosos casos los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas destinadas a servicios básicos e infraestructuras en las zonas rurales y a la cooperación en las zonas rurales, en particular en el marco de las Directrices de 2014. En el período comprendido entre 2014 y 2020, la Comisión aprobó veintisiete regímenes de ayudas relacionados con los servicios básicos y las infraestructuras en las zonas rurales y veintiocho regímenes de ayuda relacionados con la cooperación en las zonas rurales. A la luz de la experiencia de la Comisión, las medidas de ayuda en favor de las zonas rurales no han producido ningún falseamiento significativo de la competencia en el mercado interior, dada la existencia de criterios claros de compatibilidad y dado que las ayudas han contribuido a la diversificación económica y a la creación de nuevas actividades económicas. Por tanto, procede eximir las ayudas destinadas a servicios básicos e infraestructuras en las zonas rurales y las ayudas destinadas a la cooperación en las zonas rurales de la obligación de notificación de las ayudas estatales.

(65) No obstante, las ayudas destinadas a servicios básicos e infraestructuras en las zonas rurales y las ayudas destinadas a la cooperación en las zonas rurales deben quedar exentas del requisito de notificación solo si forman parte de un plan estratégico de la PAC validado por la Comisión en el marco del Reglamento (UE) 2021/2115.

(66) Las ayudas estatales concedidas a pymes que participan en proyectos de desarrollo local participativo (DLP) a que se refiere el artículo 31 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) y designados como Leader en virtud del Reglamento (UE) 2021/2115 tienen escasa repercusión en la competencia, en particular, en vista del papel positivo que desempeñan las ayudas en el intercambio de conocimientos, especialmente para las comunidades locales y agrícolas, así como el carácter a menudo colectivo de las ayudas y su escala relativamente reducida. La naturaleza de estos proyectos es integrada, con múltiples actores y multisectorial, lo que puede dar lugar a ciertas dificultades para su clasificación con arreglo a la legislación sobre ayudas estatales. Dada la naturaleza local de los proyectos de DLP individuales, seleccionados sobre la base de una estrategia plurianual de desarrollo local determinada y aplicada por asociaciones público-privadas y su orientación a los intereses comunitarios, sociales, medioambientales y climáticos, el presente Reglamento debe abordar determinadas dificultades a las que se enfrentan los proyectos de DLP a fin de facilitar su conformidad con las normas sobre ayudas estatales. Los municipios, por su propia naturaleza, quedan fuera del ámbito de aplicación de la definición de pyme (participación pública). Sin embargo, los municipios desempeñan a menudo un papel fundamental en la organización y realización de proyectos de DLP. Por lo tanto, cuando un proyecto de DLP se lleve a cabo en favor de uno de los objetivos establecidos en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/1588, debe ser posible eximir por categorías también las ayudas a los municipios en el contexto de dicho proyecto.

(67) Habida cuenta del efecto limitado sobre el comercio y la competencia de las ayudas de pequeña cuantía concedidas a empresas que se benefician, directa o indirectamente, de proyectos de DLP, conviene establecer normas sencillas para los casos en los que el importe agregado de las ayudas por proyecto no supere un determinado límite máximo. Esto también debe aplicarse a los municipios que se benefician directa o indirectamente de proyectos de DLP, que persiguen uno de los objetivos establecidos en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/1588.

(68) En el caso de varias categorías de ayudas, como investigación, transferencia de conocimientos e información, incluido mediante los datos y servicios espaciales de la UE, servicios de asesoramiento, servicios de sustitución en las explotaciones agrícolas, promoción y prevención y erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales, las ayudas se conceden a los beneficiarios finales de las ayudas indirectamente, en especie, en forma de servicios subvencionados. En tales casos, las ayudas exentas deben abonarse al proveedor del servicio o actividad en cuestión.

(69) De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1588, es necesario revisar periódicamente la política de ayudas estatales. Por esta razón, el período de aplicación del presente Reglamento debe ser limitado. Por consiguiente, resulta oportuno establecer disposiciones transitorias, incluidas las normas relativas a un período de adaptación para los regímenes de ayudas exentos al término del período de vigencia del presente Reglamento. Estas normas deben dar tiempo a los Estados miembros para adaptarse al nuevo régimen.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

ÍNDICE

CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES 12

CAPÍTULO II REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 24

CAPÍTULO III CATEGORÍAS DE AYUDAS 25

Sección 1 Ayudas en favor de las pymes dedicadas a la producción agrícola primaria, la transformación de productos agrícolas y la comercialización de productos agrícolas 25

Sección 2 Ayudas destinadas a la protección del medio ambiente en la agricultura 46

Sección 3 Ayudas destinadas a las inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural 49

Sección 4 Ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales en el sector agrícola 49

Sección 5 Ayudas destinadas a investigación, desarrollo e innovación 50

Sección 6 Ayudas en favor de la silvicultura 52

Sección 7 Ayudas en favor de las pymes en las zonas rurales 64

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 70

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 1 Ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento se aplicará a las siguientes categorías de ayudas: a) ayudas en favor de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes): i) que operan en el sector agrícola, concretamente en la producción agrícola primaria, transformación y comercialización de productos agrícolas, con excepción de los artículos 14, 15, 16, 18, 23 y 25 a 31, que se aplicarán únicamente a las pymes dedicadas a la producción agrícola primaria, ii) que llevan a cabo actividades no agrícolas excluidas del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado, en la medida en que tales ayudas se concedan de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/2115 y sean cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) o concedidas como financiación nacional complementaria para tales medidas cofinanciadas. No obstante, el presente Reglamento se aplicará a las ayudas destinadas a los municipios que se beneficien directa o indirectamente de proyectos de DLP, de conformidad con los artículos 60 y 61 del presente Reglamento; b) ayudas destinadas a la protección del medio ambiente en la agricultura a que se refieren los artículos 33, 34 y 35, que solo se aplicarán a las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria; c) ayudas destinadas a las inversiones para la conservación del patrimonio cultural y natural situado en explotaciones agrícolas y en bosques; d) ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales en el sector agrícola; e) ayudas destinadas a investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrícola y forestal; f) ayudas en favor de la silvicultura. 2. Cuando los Estados miembros lo consideren apropiado, podrán optar por conceder las ayudas contempladas en el apartado 1, letras a), e) y f), de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión (17). 3. El presente Reglamento no se aplicará a: a) los regímenes de ayudas contemplados en los artículos 14, 17, 41 a 44 y 46 y los regímenes de ayudas contemplados en los artículos 49 y 50, si cumplen las condiciones del artículo 12, desde que hayan transcurrido seis meses tras su entrada en vigor. No obstante, la Comisión podrá decidir que el presente Reglamento siga aplicándose a un régimen de ayudas durante un período superior a seis meses, tras haber examinado el correspondiente plan de evaluación notificado por el Estado miembro a la Comisión. Cuando presenten los planes de evaluación, los Estados miembros presentarán también toda la información necesaria para que la Comisión lleve a cabo un examen de los planes de evaluación y tome una decisión; b) las modificaciones de los regímenes contemplados en la letra a), distintas de las modificaciones que no afecten a la compatibilidad del régimen de ayudas con arreglo al presente Reglamento o que no afecten de forma significativa al contenido del plan de evaluación aprobado; c) las ayudas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o a otros costes corrientes vinculados a la actividad exportadora; d) las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados. 4. El presente Reglamento no se aplicará a: a) los regímenes de ayudas que no excluyan explícitamente el pago de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda concedida por el mismo Estado miembro ilegal e incompatible con el mercado interior, con excepción de: i) las ayudas destinadas a reparar los daños causados por un desastre natural, de conformidad con el artículo 37, ii) las ayudas destinadas a proyectos de desarrollo local participativo (DLP) o en proyectos de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas (AEI) de conformidad con los artículos 40 y 61; b) las ayudas ad hoc a las empresas contempladas en la letra a). 5. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas destinadas a las empresas en crisis, con excepción de las ayudas concedidas: a) para actividades de información los sectores agrícola y forestal de conformidad con los artículos 21 y 47; b) para medidas de promoción en forma de publicaciones destinadas a sensibilizar al público en general sobre los productos agrícolas de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, letra b); c) para compensar los costes de prevención, control y erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales de conformidad con el artículo 26, apartados 8 y 9; d) para cubrir los costes de retirada y destrucción de ganado muerto con arreglo al artículo 27, apartado 2, letras c), d) y e); e) para las desventajas relacionadas con las zonas Natura 2000, de conformidad con el artículo 33; f) para reparar los daños causados por desastres naturales de conformidad con el artículo 37; g) para las empresas que participen o se beneficien de proyectos de DLP y de proyectos del grupo operativo de la AEI de conformidad con los artículos 40 y 61; h) en los siguientes casos, a condición de que la empresa se haya convertido en una empresa en crisis debido a las pérdidas o daños causados por el acontecimiento en cuestión: i) para reparar los daños causados por un fenómeno climático adverso que puede asimilarse a un desastre natural de conformidad con el artículo 25, ii) para reparar los daños causados por enfermedades animales y plagas vegetales según el artículo 26, apartados 9 y 10, iii) para reparar los daños causados por animales protegidos según el artículo 29, iv) para reparar los daños causados a los bosques de conformidad con el artículo 43, apartado 2, letra d). 6. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas que entrañen, por sí mismas, por las condiciones inherentes a ellas o por su método de financiación, una infracción indisociable del Derecho de la Unión, en particular: a) las ayudas cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario utilice bienes de producción nacional o servicios nacionales; b) las ayudas que restrinjan la posibilidad de que los beneficiarios exploten los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación en otros Estados miembros. 7. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas en favor de productos agrícolas en el sentido del anexo 1 del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (18), que constituyen una subvención a la exportación tal como se define en dicho Acuerdo. Tampoco se aplicará a las ayudas en favor de tales productos, que constituyen apoyo financiero a la exportación proporcionado por un gobierno o cualquier organismo público en el marco de la Decisión ministerial de la OMC sobre la competencia de las exportaciones, de 19 de diciembre de 2015 (19), si no cumplen los requisitos pertinentes del apartado 15 de dicha Decisión sobre el plazo máximo de reembolso y la autofinanciación.

Artículo 2 Definiciones A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1) «ayuda ad hoc»: la ayuda que no se concede sobre la base de un régimen de ayudas; 2) «fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural»: las condiciones meteorológicas desfavorables, como heladas, tormentas y granizo, hielo, lluvias torrenciales o persistentes o sequías graves, que destruyen, en el caso de la agricultura, más del 30 % de la producción media calculada sobre la base del período trienal o cuatrienal anterior o de una media trienal basada en los períodos de cinco u ocho años anteriores, excluidos los valores más alto y más bajo; en el caso de la silvicultura, más del 20 % del potencial forestal; 3) «asesoramiento»: un asesoramiento completo prestado en el marco de un único y mismo contrato; 4) «actividad agrícola»: una actividad según determine un Estado miembro en su plan estratégico de la PAC de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/2115; 5) «superficie agrícola»: una superficie según determine un Estado miembro en su plan estratégico de la PAC de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/2115; 6) «explotación agrícola»: una unidad compuesta por terrenos, locales e instalaciones utilizados para la producción agrícola primaria; 7) «producto agrícola»: los productos que figuran en el anexo I del Tratado, excepto los productos de la pesca y de la acuicultura enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (20); 8) «sector agrícola»: todas las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria, transformación y comercialización de productos agrícolas; 9) «sistemas agroforestales»: los sistemas de utilización de las tierras que combinan la explotación forestal y la agricultura en las mismas tierras; 10) «ayuda»: toda medida que cumpla todos los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado; 11) «ayuda concedida en el marco de un plan estratégico de la PAC»: el apoyo concedido de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/2115 ya sea como ayuda cofinanciada por el Feader, o como financiación nacional complementaria de dicha ayuda cofinanciada; 12) «intensidad de ayuda»: el importe bruto de ayuda expresado en porcentaje de los costes subvencionables, antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas; 13) «régimen de ayudas»: todo dispositivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas individuales a las empresas definidas en un acto de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, y todo dispositivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas, no vinculadas a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado; 14) «plena competencia»: condiciones de la transacción entre las partes contratantes que no difieren de las que se estipularían entre empresas independientes y sin elemento alguno de colusión. Toda operación derivada de un procedimiento abierto, transparente e incondicional se considerará conforme con el principio de plena competencia; 15) «medidas de bioseguridad»: conjunto de medidas físicas y de gestión destinadas a reducir el riesgo de introducción, desarrollo y propagación de enfermedades hacia, desde y en el seno de: a) una población animal; b) un establecimiento, zona, compartimento, medio de transporte o cualquier otra instalación, local o lugar; 16) «libro genealógico»: el libro a que se hace referencia en el artículo 2, apartado 12, del Reglamento (UE) n.o 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo (21); 17) «plan estratégico de la PAC»: el plan estratégico de la PAC a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2021/2115; 18) «obras capitalizadas»: obras, realizadas por el agricultor personalmente o por sus trabajadores, que crean un activo; 19) «regímenes de captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas»: regímenes de ayudas relativos a las prácticas de gestión de la tierra que den lugar a un aumento del almacenamiento de carbono en la biomasa viva, la materia orgánica muerta y los suelos mediante el incremento de la captura de carbono o la reducción de la liberación de carbono a la atmósfera; 20) «catástrofe»: un suceso imprevisto de índole biótica o abiótica causado por la actividad humana que ocasiona trastornos importantes en las estructuras forestales y acaba generando daños económicos importantes en el sector forestal; 21) «fecha de concesión de la ayuda»: la fecha en que se otorgue al beneficiario el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen legal nacional aplicable; 22) «medidas de control y erradicación»: medidas relativas a enfermedades animales respecto de las cuales una autoridad competente del Estado miembro haya reconocido oficialmente un brote, o relativas a plagas vegetales o especies exóticas invasoras cuya presencia haya sido oficialmente reconocida por una autoridad competente; 23) «plan de evaluación»: un documento que abarca uno o varios regímenes de ayudas y que contiene al menos los siguientes aspectos: los objetivos que se han de evaluar, las preguntas de la evaluación, los indicadores de resultados, el método previsto para llevar a cabo la evaluación, los requisitos en materia de recogida de datos, el calendario propuesto de la evaluación, incluida la fecha de presentación de los informes intermedio y final de evaluación, la descripción del organismo independiente que llevará a cabo la evaluación o los criterios que se utilizarán para su selección, y las modalidades para hacer pública la evaluación; 24) «ganado muerto»: animales que hayan sido sacrificados mediante eutanasia, con o sin diagnóstico definitivo, o que hayan muerto, incluidos los nacidos muertos y los nonatos, en una explotación o cualquier otro local o durante su transporte, pero que no hayan sido sacrificados para el consumo humano; 25) «árboles de crecimiento rápido»: un bosque de ciclo corto, cuyo tiempo mínimo antes de la tala no puede ser inferior a ocho años y el tiempo máximo antes de la tala no puede ser superior a veinte años; 26) «régimen fiscal sucesor»: un régimen de ayudas en forma de ventajas fiscales que constituya una versión modificada de un régimen existente anteriormente en forma de ventajas fiscales y que lo sustituya; 27) «costes fijos derivados de la participación en un régimen de calidad»: los costes ocasionados por la inscripción en un régimen de calidad subvencionado y la cuota anual de participación en dicho régimen de calidad, incluido, en su caso, el coste de los controles necesarios para comprobar el cumplimiento del pliego de condiciones del régimen de calidad; 28) «biocombustible procedente de cultivos alimentarios»: un biocombustible producido a partir de cultivos alimentarios y forrajeros, tal y como se define en la Directiva (UE) 2018/2001; 29) «productos alimenticios»: productos alimenticios que no son productos agrícolas y que figuran enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (22); 30) «equivalente de subvención bruto»: el importe de la ayuda si esta se hubiese proporcionado en forma de subvención al beneficiario, antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas; 31) «ayuda individual»: a) una ayuda ad hoc; b) una ayuda concedida a beneficiarios individuales sobre la base de un régimen de ayudas; 32) «activos inmateriales»: activos que no tienen una materialización física o financiera, como las patentes, las licencias, los conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad intelectual; 33) «inversiones para cumplir una norma de la Unión»: inversiones realizadas para cumplir una norma de la Unión tras la finalización del período transitorio previsto en la legislación de la Unión; 34) «gran empresa»: toda empresa que no cumple los criterios establecidos en el anexo I; 35) «comercialización de productos agrícolas»: la tenencia o exhibición con destino a la venta, la oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de presentación en el mercado, con excepción de la primera venta por parte de un agricultor a intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta; la venta por parte de un agricultor a los consumidores finales se considerará comercialización de productos agrícolas si se lleva a cabo en locales o instalaciones independientes reservados a tal fin; 36) «fondo mutual»: un régimen acreditado por un Estado miembro de conformidad con su Derecho nacional que permite a los agricultores afiliados asegurarse y mediante el cual se efectúan pagos compensatorios a los agricultores que sufren pérdidas económicas; 37) «zonas Natura 2000»: las zonas agrícolas o forestales especiales definidas en el artículo 3 de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 3 de la Directiva 2009/147/CE; 38) «desastres naturales»: terremotos, avalanchas, corrimientos de tierras e inundaciones, tornados, huracanes, erupciones volcánicas e incendios forestales de origen natural; 39) «inversión no productiva»: inversión que no da lugar a un incremento importante del valor o de la rentabilidad de la explotación; 40) «operaciones previas a la transformación industrial»: la tala, el despiece, el descortezado, el tronzado, el almacenamiento, la aplicación de tratamientos protectores y el secado de la madera, así como todas las demás operaciones previas al aserrado industrial de la madera en una serrería; así como la serrería con una capacidad máxima anual de 20 000 m3 de madera en rollo para aserrado; 41) «otros fenómenos climáticos adversos»: condiciones meteorológicas desfavorables que no entran en la definición de fenómeno climático adverso que puede asimilarse a un desastre natural; 42) «regiones ultraperiféricas»: las regiones contempladas en el artículo 349, párrafo primero, del Tratado; 43) «plaga vegetal»: cualquier especie, cepa o biotipo de una planta, animal o agente patógeno perjudicial para las plantas o los productos vegetales; 44) «producción agrícola primaria»: la producción de productos derivados de la agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado, sin llevar a cabo ninguna otra operación que modifique la naturaleza de dichos productos; 45) «transformación de productos agrícolas»: operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea también un producto agrícola, exceptuando las actividades realizadas en la explotación que sean necesarias para preparar un producto animal o vegetal para la primera venta; 46) «agrupación u organización de productores»: agrupación u organización creada con uno de los fines siguientes: a) adaptar la producción y el rendimiento de los productores que sean miembros de dicha agrupación u organización de productores a las exigencias del mercado; b) comercializar conjuntamente los productos, incluidas la preparación para la venta, la centralización de las ventas y el abastecimiento a los mayoristas; c) establecer normas comunes relativas a la información sobre la producción, con especial referencia a las cosechas y a la disponibilidad; d) otras actividades que puedan llevar a cabo agrupaciones u organizaciones de productores, como el desarrollo de capacidades empresariales y de comercialización, la organización y facilitación de procesos de innovación, la gestión conjunta de las tierras de los miembros, el uso de prácticas de cultivo y técnicas de producción respetuosas con el medio ambiente, así como de prácticas y técnicas respetuosas con el bienestar de los animales; 47) «animal protegido»: cualquier animal protegido por la legislación nacional o de la Unión, incluidas especies animales para las que la legislación nacional establece normas específicas para preservar la población; 48) «mapa de ayudas regionales»: la lista de las zonas designadas por un Estado miembro con arreglo a las condiciones establecidas en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (23) y aprobadas por la Comisión; 49) «anticipo reembolsable»: todo préstamo destinado a un proyecto, abonado en uno o varios plazos, y cuyas condiciones de reembolso dependan del resultado del proyecto; 50) «organismo de investigación y difusión de conocimientos»: toda entidad, independientemente de su personalidad jurídica o su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de las mismas mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de tecnología; 51) «islas menores del mar Egeo»: las islas menores a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (24); 52) «pymes» o «microempresas y pequeñas y medianas empresas»: empresas que cumplen los criterios establecidos en el anexo I; 53) «inicio de los trabajos del proyecto o de la actividad»: la fecha en que se produzca en primer lugar bien el inicio de las actividades o los trabajos de construcción en relación con la inversión, bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos o el empleo de servicios, bien otro compromiso que haga el proyecto o la actividad irreversible; la adquisición de terrenos y los trabajos preparatorios, como la obtención de permisos o la realización de estudios de viabilidad, no se consideran el inicio de los trabajos del proyecto o de la actividad; 54) «servicios subvencionados»: una forma de ayuda en la que la ayuda se concede al beneficiario final indirectamente, en especie, y se paga al prestador del servicio o de la actividad en cuestión; 55) «activos materiales»: activos consistentes en terrenos, edificios e instalaciones, maquinaria y equipos; 56) «coste de transacción»: cualquier coste adicional derivado del cumplimiento de un compromiso, pero que no puede imputarse directamente a su ejecución o no está incluido en los costes o las rentas no percibidas compensados directamente; y que pueden calcularse con arreglo a un coste estándar; 57) «costes de las pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme transmisible (EET) y la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)»: todos los costes, incluidos los de los kits de prueba y los de obtención, transporte, análisis, almacenamiento y destrucción de las muestras necesarias para el muestreo y las pruebas de laboratorio contempladas en el capítulo C del anexo X del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (25); 58) «árboles forestales de cultivo corto»: especies arbóreas del código NC 06 02 9041 que serán determinadas por los Estados miembros, que están compuestas de cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o tocones permanecen en el suelo después de la cosecha y de los cuales surgen nuevos vástagos en la estación siguiente y con un ciclo máximo de cosecha que será fijado por los Estados miembros; 59) «empresa en crisis»: una empresa que cumple los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 18, del Reglamento (UE) n.o 651/2014; 60) «normas de la Unión»: las normas obligatorias recogidas en la legislación de la Unión en las que se establecen los niveles que deben alcanzar las empresas individuales, en particular en lo referente a medio ambiente, higiene y bienestar animal; no obstante, las normas u objetivos establecidos a escala de la Unión que sean vinculantes para los Estados miembros, pero no para las empresas individuales, no se considerarán normas de la Unión; 61) «joven agricultor»: un agricultor según determine un Estado miembro en su plan estratégico de la PAC de conformidad con el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (UE) 2021/2115.

Artículo 3 Condiciones de exención Los regímenes de ayudas, las ayudas individuales concedidas con arreglo a regímenes de ayudas y las ayudas ad hoc serán compatibles con el mercado interior a efectos del artículo 107, apartados 2 o 3, del Tratado y quedarán exentos de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que dichas ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en el capítulo I del presente Reglamento, así como las condiciones específicas aplicables a la categoría de ayuda pertinente establecidas en el capítulo III del presente Reglamento.

Artículo 4 Umbrales de notificación 1. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas individuales cuyo equivalente de subvención bruto supere los umbrales siguientes: a) ayudas destinadas a las inversiones en explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria, tal como se contempla en el artículo 14: 600 000 EUR por empresa y por proyecto de inversión; b) ayudas destinadas a las inversiones relacionadas con el traslado de un edificio agrícola que conlleven una modernización de las instalaciones o un aumento de la capacidad de producción a que se refiere el artículo 16, apartado 4: 600 000 EUR por empresa y por proyecto de inversión; c) ayudas destinadas a las inversiones relacionadas con la transformación y la comercialización de productos agrícolas a que se refiere el artículo 17: 7,5 millones EUR por empresa y por proyecto de inversión; d) ayudas destinadas a compromisos en favor del bienestar animal a que se refiere el artículo 31: 500 EUR por unidad de ganado mayor y año; e) ayudas destinadas a compensar las desventajas relacionadas con las zonas Natura 2000 a que se refiere el artículo 33: 500 EUR por hectárea y año durante el período inicial no superior a cinco años y posteriormente 200 EUR por hectárea y año; f) ayudas destinadas a compromisos agroambientales y climáticos a que se refiere el artículo 34: 600 EUR por hectárea y año para los cultivos anuales, 900 EUR por hectárea y año para los cultivos perennes especializados y 450 EUR por hectárea y año para otros usos de la tierra; g) ayudas a la agricultura ecológica a que se refiere el artículo 35: 600 EUR por hectárea y año para los cultivos anuales, 900 EUR por hectárea y año para los cultivos perennes especializados y 450 EUR por hectárea y año para otros usos de la tierra; h) ayudas destinadas a las inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural situado en la explotación agrícola, a que se refiere el artículo 36: 600 000 EUR por empresa y por proyecto de inversión; i) ayudas destinadas a investigación y desarrollo en los sectores agrícola y forestal, a que se refiere el artículo 38: 7,5 millones EUR por proyecto; j) ayudas a los costes en que incurran las empresas que participen en proyectos de grupos operativos de la AEI a que se refiere el artículo 39: 2 millones EUR por empresa y por proyecto; k) importes limitados de ayudas destinadas a las empresas que se beneficien de proyectos de grupos operativos de la AEI a que se refiere el artículo 40: 500 000 EUR por proyecto de grupos operativos de la AEI; l) ayudas a la forestación y a la creación de superficies forestales a que se refiere el artículo 41: 7,5 millones EUR por proyecto de creación; m) ayudas destinadas a sistemas agroforestales a que se refiere el artículo 42: 7,5 millones EUR por proyecto de creación de sistema agroforestal; n) ayudas para inversiones destinadas a incrementar la resiliencia y el valor medioambiental de ecosistemas forestales a que se refiere el artículo 44: 7,5 millones EUR por proyecto de inversión; o) ayudas destinadas a compensar las desventajas específicas resultantes de determinados requisitos obligatorios a que se refiere el artículo 45: 500 EUR por hectárea y año durante el período inicial no superior a cinco años y posteriormente 200 EUR por hectárea y año; p) ayudas destinadas a servicios silvoambientales y climáticos y a la conservación de los bosques a que se refiere el artículo 46: 200 EUR por hectárea y año, con excepción de las ayudas contempladas en el artículo 46, apartado 8; q) ayudas destinadas a servicios de asesoramiento en el sector forestal, a que se refiere el artículo 48: 200 000 EUR por empresa y año; r) ayudas destinadas a las inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación del sector forestal, a que se refiere el artículo 49: 7,5 millones EUR por proyecto de inversión; s) ayudas destinadas a las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales, tal como se contempla en el artículo 50: 7,5 millones EUR por proyecto de inversión; t) ayudas destinadas a las inversiones en servicios básicos e infraestructuras en las zonas rurales a que se refiere el artículo 55: 10 millones EUR por proyecto de inversión; u) ayudas destinadas a sufragar los gastos soportados por las pymes que participan en proyectos de DLP, designados como Leader en el marco del Feader a que se refiere el artículo 60: 2 millones EUR por empresa y por proyecto; v) importes limitados de ayudas destinadas a las pymes que se beneficien de proyectos de DLP a que se refiere el artículo 61: 200 000 EUR por proyecto de DLP. 2. Los umbrales fijados en el apartado 1 no podrán ser eludidos mediante la división artificial de los regímenes de ayudas o de los proyectos de ayuda.

Artículo 5 Transparencia de las ayudas 1. El presente Reglamento se aplicará únicamente a las ayudas transparentes. 2. Se considerará que una ayuda es transparente si es posible calcular previamente con precisión el equivalente de subvención bruto sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo. 3. A efectos del presente Reglamento, se considerarán ayudas transparentes las siguientes formas de ayuda: a) las ayudas consistentes en subvenciones, bonificaciones de intereses y servicios subvencionados; b) las ayudas consistentes en préstamos, siempre y cuando su equivalente de subvención bruto se haya calculado sobre la base del tipo de referencia vigente en el momento de la concesión; c) las ayudas consistentes en garantías cuando se aplique una de las siguientes condiciones: i) que el equivalente de subvención bruto se haya calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión, ii) que, antes de la aplicación de las ayudas, el método para calcular el equivalente de subvención bruto de la garantía haya sido aceptado sobre la base de la Comunicación sobre las Garantías, tras la notificación de dicho método a la Comisión en virtud de cualquier reglamento en materia de ayudas estatales adoptado por la Comisión y aplicable en ese momento, y dicho método aprobado tenga explícitamente en cuenta el tipo de garantías y el tipo de transacciones subyacentes en juego en el contexto de la aplicación del presente Reglamento; d) las ayudas en forma de ventajas fiscales, cuando la medida en cuestión establezca un tope que garantice que no se supera el umbral aplicable; e) las ayudas en forma de anticipos reembolsables, si el importe nominal total del anticipo reembolsable no supera los umbrales aplicables con arreglo al presente Reglamento o si, antes de la aplicación de la medida, el método para calcular el equivalente de subvención bruto del anticipo reembolsable ha sido aceptado tras su notificación a la Comisión; f) las ayudas en forma de venta o arrendamiento de activos materiales por debajo de los tipos de mercado, si el valor se ha establecido mediante tasación de un perito independiente antes de la operación o por referencia a un parámetro público, actualizado con regularidad y generalmente aceptado. 4. A efectos del presente Reglamento, no se considerarán ayudas transparentes las siguientes formas de ayuda: a) las ayudas consistentes en aportaciones de capital; b) las ayudas consistentes en medidas de financiación de riesgo.

Artículo 6 Efecto incentivador 1. El presente Reglamento se aplicará exclusivamente a las ayudas que tengan un efecto incentivador. 2. Se considerará que las ayudas tienen un efecto incentivador si, antes de comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado por escrito una solicitud de ayuda al Estado miembro de que se trate. La solicitud de ayuda contendrá al menos la siguiente información: a) nombre y tamaño de la empresa; b) la descripción del proyecto o de la actividad, incluidas sus fechas de inicio y finalización; c) la ubicación del proyecto o de la actividad; d) lista de costes subvencionables; e) el tipo (subvención, préstamo, garantía, anticipo reembolsable o de otro tipo) y el importe de la financiación pública necesarios para el proyecto o actividad. 3. Se considerará que las ayudas ad hoc concedidas a grandes empresas tienen un efecto incentivador si, además de garantizar el cumplimiento de la condición establecida en el apartado 2, el Estado miembro ha verificado, antes de conceder las ayudas ad hoc de que se trate, que la documentación preparada por el beneficiario acredita que las ayudas tendrán uno o varios de los resultados siguientes: a) un aumento sustancial del ámbito de aplicación del proyecto o actividad gracias a las ayudas; b) un aumento sustancial del importe total invertido por el beneficiario en el proyecto o actividad gracias a las ayudas; c) una aceleración sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate; d) en el caso de las ayudas ad hoc a la inversión, que el proyecto o actividad no se habría llevado a cabo como tal en la zona rural en cuestión o no habría sido suficientemente rentable para el beneficiario en la zona rural en cuestión de no haber sido por las ayudas. Estos requisitos no se aplicarán a los municipios que constituyan autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 000 000 EUR y menos de 5 000 habitantes. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, se considerará que las medidas en forma de ventajas fiscales tienen un efecto incentivador si se cumplen las siguientes condiciones: a) la medida establece un derecho a las ayudas de acuerdo con criterios objetivos y sin que el Estado miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional; b) la medida ha sido adoptada y está en vigor antes de que se haya empezado a trabajar en el proyecto o actividad subvencionados, excepto en los casos de regímenes fiscales sucesores, en los que la actividad ya estuviese cubierta por los regímenes anteriores en forma de ventajas fiscales. 5. Además, no obstante lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4, no será necesario que las siguientes categorías de ayudas tengan un efecto incentivador ni se considerará que lo tienen: a) los regímenes de ayudas destinadas a la concentración parcelaria cuando se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 15 o 53 y si: i) el régimen de ayudas establece un derecho a las ayudas de acuerdo con criterios objetivos y sin que el Estado miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional, y ii) el régimen de ayudas ha sido aprobado y está en vigor antes de que el beneficiario haya contraído los costes subvencionables en virtud de los artículos 15 o 53; b) las ayudas destinadas a actividades de información en el sector de la agricultura de conformidad con los artículos 21 y 22, consistentes en poner la información a disposición de un número indefinido de beneficiarios; c) las ayudas destinadas a medidas de promoción en forma de publicaciones destinadas a sensibilizar al público en general sobre los productos agrícolas, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 24, apartado 2, letra b); d) las ayudas destinadas a compensar las pérdidas causadas por un fenómeno climático adverso que puede asimilarse a un desastre natural, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 25; e) las ayudas destinadas a compensar los costes de prevención, control y erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y las pérdidas causadas por dichas enfermedades animales o plagas vegetales, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 26; f) las ayudas destinadas a cubrir los costes de la eliminación y la destrucción de ganado muerto, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 27, apartado 2, letras c), d), e) y f); g) las ayudas destinadas a reparar los daños causados por animales protegidos, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 29; h) las ayudas destinadas a compensar las desventajas relacionadas con las zonas Natura 2000 a que se refiere el artículo 33; i) las ayudas destinadas a las inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural situado en explotaciones agrícolas o en bosques, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 36; j) las ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales en el sector agrícola, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 37; k) las ayudas destinadas a investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrícola y forestal, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 38; l) las ayudas destinadas a reparar los daños causados en los bosques de conformidad con el artículo 43, apartado 2, letra d), cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 43; m) las ayudas destinadas a actividades de información en el sector forestal de conformidad con los artículos 47 y 48, consistentes en poner la información a disposición de un número indefinido de beneficiarios; n) las ayudas destinadas a la conservación de recursos genéticos forestales, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 51; o) las ayudas destinadas a la participación de agricultores en los regímenes de calidad del algodón y de los productos alimenticios cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 58; p) las ayudas destinadas a las empresas que participan en proyectos de DLP y en proyectos del grupo operativo de la AEI o se benefician de dichos proyectos, si se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 39, 40, 60 y 61.

Artículo 7 Intensidad de ayuda y costes subvencionables 1. A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y de los costes subvencionables, todas las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas. Los costes subvencionables serán avalados por pruebas documentales claras, específicas y actualizadas. Los importes de los costes subvencionables podrán calcularse con arreglo a las opciones de costes simplificados establecidas en el Reglamento (UE) 2021/1060 y en el Reglamento (UE) 2021/2115, siempre que la operación sea financiada, al menos parcialmente, mediante el Feader y que la categoría de costes sea subvencionable de conformidad con la disposición de exención de que se trate. 2. Los importes de las ayudas para las medidas o tipos de operaciones a que se refieren los artículos 31, 33, 34, 35, 41, 45 y 46 podrán fijarse sobre la base de hipótesis estándar de los costes adicionales y de las pérdidas de ingresos. En tales casos, los Estados miembros velarán por que los cálculos y las ayudas correspondientes contengan únicamente elementos verificables, se basen en cifras determinadas por los expertos pertinentes, indiquen claramente la fuente de las cifras utilizadas, se diferencien en función de las condiciones regionales o locales y el uso real de la tierra, cuando proceda, y no contengan elementos vinculados a costes de inversión. 3. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no será subvencionable, excepto cuando no sea reembolsable en virtud de la legislación nacional correspondiente. 4. Cuando las ayudas se concedan en una forma que no sea una subvención, el importe de las ayudas será su equivalente de subvención bruto. 5. Las ayudas pagaderas en el futuro, incluidas las ayudas pagaderas en varios plazos, se actualizarán a su valor en el momento en que se concedan. Los costes subvencionables se actualizarán a su valor en la fecha de concesión de las ayudas. El tipo de interés que se habrá de emplear a efectos de actualización será el tipo de referencia aplicable en la fecha de concesión de las ayudas. 6. Cuando las ayudas se concedan mediante ventajas fiscales, el cálculo actualizado de los tramos de ayuda se basará en los tipos de actualización aplicables en los distintos momentos en que se hagan efectivas esas ventajas. 7. Cuando las ayudas se concedan en forma de anticipos reembolsables que, en ausencia de un método aceptado para calcular su equivalente de subvención bruto, se expresen como porcentaje de los costes subvencionables y cuando la medida establezca que en caso de éxito del proyecto, definido sobre la base de una hipótesis razonable y prudente, los anticipos se reembolsarán a un tipo de interés al menos igual al tipo de actualización aplicable en la fecha de la concesión de las ayudas, las intensidades máximas de ayuda establecidas en el capítulo III podrán incrementarse en diez puntos porcentuales.

Artículo 8 Acumulación 1. A la hora de determinar si se respetan los umbrales de notificación previstos en el artículo 4 y las intensidades e importes máximos de ayuda establecidos en el capítulo III, se tendrá en cuenta el importe total de las ayudas estatales a la actividad, proyecto o empresa beneficiarios. 2. En caso de que la financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros órganos de la Unión, que no esté directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro se combine con ayudas estatales, únicamente se tomarán en consideraci