ES Diario Oficial de la Unión Europea L 87/1

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/565 DE LA COMISIÓN

de 25 de abril de 2016

por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (1), y en particular su artículo 2, apartado 3; artículo 4, apartado 1, punto 2, párrafo segundo; artículo 4, apartado 2; artículo 16, apartado 12; artículo 23, apartado 4; artículo 24, apartado 13; artículo 25, apartado 8; artículo 27, apartado 9; artículo 28, apartado 3; artículo 30, apartado 5; artículo 31, apartado 4; artículo 32, apartado 4; artículo 33, apartado 8; artículo 52, apartado 4; artículo 54, apartado 4; artículo 58, apartado 6; artículo 64, apartado 7; artículo 65, apartado 7, y artículo 79, apartado 8.

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2014/65/UE establece el marco para un régimen regulador de los mercados financieros en la Unión, que rige las condiciones de funcionamiento relativas a la prestación de servicios de inversión y, cuando proceda, servicios auxiliares y a la realización de actividades de inversión por parte de las empresas de servicios de inversión; los requisitos organizativos aplicables a las empresas de servicios de inversión que realizan dichos servicios y actividades, a los mercados regulados y a los proveedores de servicios de suministro de datos; los requisitos de información relativos a las operaciones con instrumentos financieros; la limitación de posiciones y controles de la gestión de posiciones en derivados sobre materias primas; los requisitos de transparencia relativos a las operaciones con instrumentos financieros.

(2) La Directiva 2014/65/EU faculta a la Comisión para adoptar una serie de actos delegados. Es importante que todas las normas detalladas adicionales relativas a la autorización, el funcionamiento continuo, la transparencia e integridad del mercado, que son aspectos ligados de manera inextricable e inherentes al acceso a los servicios y actividades que contempla la Directiva 2014/65/UE y a su ejercicio, comiencen a aplicarse al mismo tiempo que la Directiva 2014/65/UE, de modo que los nuevos requisitos puedan aplicarse con eficacia. Con el fin de garantizar la coherencia y con vistas a ofrecer a las personas sujetas a dichas obligaciones y a los inversores tengan una visión global de las mismas y la posibilidad de acceder a las disposiciones conjuntamente, resulta oportuno reunir los actos delegados relacionados con las citadas normas en el presente Reglamento.

(3) Es necesario especificar con más detalle los criterios para determinar en qué circunstancias los contratos en relación con los productos energéticos al por mayor deben liquidarse mediante entrega física, a efectos de limitar el ámbito de aplicación establecido en el anexo I, sección C, punto 6), de la Directiva 2014/65/UE. Con el fin de garantizar que el ámbito de aplicación de esta excepción esté limitado con vistas a evitar lagunas, es necesario que dichos contratos requieran que tanto el comprador como el vendedor cuenten con mecanismos proporcionados para realizar o recibir la entrega de la materia prima subyacente al vencimiento del contrato. Con el fin de evitar lagunas en el caso de acuerdos de equilibrio con los gestores de red de transporte en el área de la electricidad y el gas, dichos acuerdos de equilibrio solo deben considerarse mecanismos proporcionados si las partes del acuerdo tienen la obligación de suministrar electricidad y gas mediante entrega física. Los contratos también deben establecer con claridad las obligaciones relativas a la entrega física que no se puedan compensar, reconociendo al tiempo que las formas de neteo operativo, según lo definido en el Reglamento (UE) n.o 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) o en la legislación nacional, no deben considerarse equivalentes a la compensación. Debe permitirse que los contratos que deben liquidarse mediante entrega física admitan la entrega por distintos métodos, si bien todos ellos deben prever una forma de transferencia de derechos de propiedad sobre la materia prima subyacente pertinente o una cantidad pertinente de la misma.

(4) Con el fin de aclarar cuándo un contrato relativo a productos energéticos al por mayor debe liquidarse mediante entrega física, es necesario especificar con más detalle cuándo se dan determinadas circunstancias, como puede ser la existencia de cláusulas de fuerza mayor o incapacidad bona fide de liquidación, cláusulas que no deben alterar la caracterización de dichos contratos como contratos «sujetos a la obligación de liquidación mediante entrega física». También es importante aclarar cómo deben entenderse los derivados energéticos relacionados con el petróleo y el carbón a efectos del anexo I, sección C, punto 6), de la Directiva 2014/65/UE. En este contexto, los contratos relativos al esquisto bituminoso no deben entenderse como derivados energéticos relacionados con el carbón.

(5) Un contrato de derivados solo debe considerarse un instrumento financiero según el anexo I, sección C, punto 7, de la Directiva 2014/65/UE, si atañe a una materia prima y cumple una serie de criterios que determinan si ha de considerarse que un contrato reúne las características de otros instrumentos financieros derivados y no está destinado a fines comerciales. Esto debe incluir los contratos normalizados y negociados en centros de negociación, o contratos equivalentes en los que todas las condiciones sean equivalentes a las de los contratos negociados en centros de negociación. En este caso, debe entenderse, además, que las condiciones de estos contratos incluyen disposiciones referentes, entre otras cosas, a la calidad de la materia prima o el lugar de entrega.

(6) Con el fin de aportar claridad sobre la definición de los contratos relacionados con variables subyacentes que figuran en sección C, punto 10, de la Directiva 2014/65/UE, deben establecerse criterios relativos a las condiciones y las variables subyacentes de dichos contratos. La inclusión de estadísticas actuariales en la lista de subyacentes no supone que el ámbito de aplicación de dichos contratos se haga extensivo a los seguros y reaseguros.

(7) La Directiva 2014/65/UE establece el marco general para un régimen regulador de los mercados financieros en la Unión, enumerando, en el anexo I, sección C, la lista de los instrumentos financieros cubiertos. El anexo I, sección C, punto 4, de la Directiva 2014/65/UE incluye los instrumentos financieros relacionados con una divisa que, por lo tanto, entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva.

(8) Con objeto de garantizar la aplicación uniforme de la Directiva 2014/65/UE, es necesario aclarar las definiciones incluidas en el anexo I, sección C, punto 4, de la Directiva 2014/65/UE en lo que respecta a otros contratos de derivados relacionados con divisas y aclarar que los contratos de contado relacionados con divisas no son otros instrumentos derivados a efectos del anexo I, sección C, punto 4, de la Directiva 2014/65/UE.

(9) El período de liquidación de un contrato de contado generalmente aceptado en la mayoría de las principales divisas, es de dos días o menos, si bien, cuando no es esta la práctica del mercado, procede prever que pueda llevarse a cabo la liquidación de conformidad con la práctica habitual del mercado. En esos casos, la liquidación física no requiere el uso de papel moneda y puede incluir una liquidación electrónica.

(10) Los contratos de tipos de cambio también se pueden utilizar con el fin de efectuar pagos y dichos contratos no deben considerarse como instrumentos financieros, siempre que no se negocien en un centro de negociación. Por lo tanto, es oportuno considerar contratos de contado aquellos contratos de tipos de cambio que se utilizan para efectuar el pago de instrumentos financieros cuando el período de liquidación de los mismos sea superior a dos e inferior a cinco días de negociación. También es oportuno considerar que constituyen un método de pago aquellos contratos de tipos de cambio que se formalizan para adquirir la suficiente certeza en cuanto al nivel de los pagos por bienes, servicios e inversión real. Esto conllevará que se excluyan de la definición de instrumentos financieros aquellos contratos de tipos de cambio celebrados por empresas no financieras que reciben pagos en divisas por la exportación de bienes y servicios identificables y empresas no financieras que realizan pagos en divisas por la importación de bienes y servicios específicos.

(11) La compensación de los pagos es esencial para el funcionamiento eficiente y eficaz de los sistemas de liquidación de divisas y, por lo tanto, la clasificación de un contrato sobre divisas como operación de contado no debe requerir que cada contrato de contado sobre divisas se liquide de forma independiente.

(12) Los contratos a plazo sin entrega de subyacente son contratos por la diferencia entre un tipo de cambio acordado con anterioridad y el tipo de cambio al contado real al vencimiento y, por lo tanto, no deben considerarse contratos de contado, con independencia de su período de liquidación.

(13) Un contrato por el canje de una divisa por otra debe entenderse referido a un canje directo e incondicional de dichas divisas. En el caso de un contrato con múltiples canjes, cada uno de ellos debe considerarse por separado. Sin embargo, una opción o permuta sobre una divisa no debería considerarse un contrato para la venta o canje de una divisa y, por lo tanto, no podría constituir ni un contrato de contado ni un medio de pago, independientemente de la duración de la permuta u opción y con independencia de si se negocia en un centro de negociación o no.

(14) El asesoramiento sobre instrumentos financieros dirigido al público en general no debe considerarse una recomendación a efectos de la definición de «asesoramiento en materia de inversión» incluida en la Directiva 2014/65/UE. En vista del creciente número de intermediarios que ofrecen recomendaciones personalizadas mediante el uso de canales de distribución, procede aclarar que una recomendación emitida, incluso de manera exclusiva, a través de un canal de distribución, como Internet, podría considerarse una recomendación personalizada. Por lo tanto, aquellos casos en los que, por ejemplo, se utiliza la correspondencia por correo electrónico para ofrecer recomendaciones personalizadas a una persona concreta, en lugar de dirigir la información al público en general, pueden equivaler a asesoramiento en materia de inversión.

(15) El asesoramiento genérico sobre un tipo de instrumento financiero no se considera asesoramiento en materia de inversión a efectos de la Directiva 2014/65/UE. Sin embargo, si una empresa de servicios de inversión ofrece asesoramiento genérico a un cliente sobre un tipo de instrumento financiero que presenta como conveniente para ese cliente, o basado en la consideración de las circunstancias de este, y ese asesoramiento no es, en realidad, conveniente para el cliente, o no se basa en una consideración de sus circunstancias, es probable que la empresa esté actuando en contravención del artículo 24, apartado 1 o 3, de la Directiva 2014/65/UE. En concreto, es probable que una empresa que ofrezca a un cliente ese tipo de asesoramiento esté contraviniendo el requisito del artículo 24, apartado 1, de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes. Del mismo modo, o de forma alternativa, tal asesoramiento podría contravenir el requisito del artículo 24, apartado 3, conforme al cual la información dirigida por una empresa a un cliente debe ser imparcial, clara y no engañosa.

(16) Los actos llevados a cabo por una empresa de servicios de inversión que sean preparatorios para la prestación de un servicio de inversión o la realización de una actividad de inversión deben considerarse parte integrante de dicho servicio o actividad. Esto incluiría, por ejemplo, la prestación de asesoramiento genérico por parte de una empresa de servicios de inversión a los clientes o posibles clientes antes o en el curso de la prestación de asesoramiento en materia de inversión o de cualquier otro servicio o actividad de inversión.

(17) La formulación de una recomendación general sobre una operación con un instrumento financiero o un tipo de instrumento financiero constituye la prestación de un servicio auxiliar según figura en el anexo I, sección B, punto 5, de la Directiva 2014/65/UE y, en consecuencia, la Directiva 2014/65/UE y las salvaguardas que prevé son aplicables a dicha recomendación.

(18) Con el fin de garantizar la aplicación objetiva y eficaz de la definición del término internalizadores sistemáticos en la Unión de conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 20, de la Directiva 2014/65/UE, deben proporcionarse mayores especificaciones sobre los límites preestablecidos aplicables a efectos de lo que constituye una negociación extrabursátil (OTC) frecuente, sistemática y sustancial. Los límites preestablecidos deben fijarse a un nivel adecuado para garantizar que esté comprendida en ellos la negociación extrabursátil a tal escala que tenga un efecto significativo en la formación de precios, excluyendo al mismo tiempo la negociación extrabursátil a tan pequeña escala que resultaría desproporcionada la obligación de cumplir los requisitos aplicables a los internalizadores sistemáticos.

(19) De conformidad con la Directiva 2014/65/UE, no se debe permitir que un internalizador sistemático confronte los intereses de compra y venta de terceros de la misma forma, en términos funcionales, que un centro de negociación. Un internalizador sistemático no debe consistir en un sistema de casamiento interno que ejecuta órdenes de clientes de forma multilateral, actividad que requiere de autorización como sistema multilateral de negociación (SMN). Un sistema de casamiento interno en este contexto es un sistema destinado a casar las órdenes de clientes, lo que lleva a la empresa de servicios de inversión a realizar operaciones mediante interposición de la cuenta propia con regularidad y no de manera ocasional.

(20) Por razones de claridad y seguridad jurídica y a fin de garantizar una aplicación uniforme, resulta oportuno establecer disposiciones complementarias en relación con las definiciones relativas a la negociación algorítmica, las técnicas de negociación algorítmica de alta frecuencia y el acceso electrónico directo. En la negociación automatizada se recurre a diversos dispositivos técnicos. Es esencial aclarar cómo deben categorizarse dichos dispositivos en relación con las definiciones de negociación algorítmica y acceso electrónico directo. Los procesos de negociación basados en el acceso electrónico directo y los que comportan negociación algorítmica o su subsegmento, la técnica de negociación algorítmica de alta frecuencia, no son mutuamente excluyentes. La negociación que lleva a cabo una persona que tenga acceso electrónico directo puede, por tanto, entrar también en el ámbito de la definición de negociación algorítmica, incluida la técnica de negociación algorítmica de alta frecuencia.

(21) La negociación algorítmica, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, punto 39, de la Directiva 2014/65/UE debe incluir dispositivos en virtud de los cuales el sistema toma decisiones, distintas de las consistentes meramente en determinar el centro o centros de negociación en los que haya que introducir la orden, en cualquier fase de los procesos de negociación, incluidas las fases de iniciación, generación, encaminamiento o ejecución de las órdenes. Por lo tanto, procede aclarar que la negociación algorítmica, que incluye la negociación con intervención humana nula o limitada, debe referirse no solo a la generación automática de órdenes, sino también a la optimización de los procesos de ejecución de órdenes por medios automatizados.

(22) La negociación algorítmica debe abarcar los encaminadores inteligentes de órdenes cuando dichos dispositivos utilicen algoritmos para la optimización de los procesos de ejecución de órdenes que determinen parámetros de la orden distintos del centro o centros donde debe presentarse la misma. La negociación algorítmica no debe abarcar los encaminadores automatizados de órdenes, cuando, aun utilizando algoritmos, dichos dispositivos solo determinan el centro o centros de negociación en los que debe presentarse la orden, sin modificar ningún otro parámetro de la misma.

(23) La técnica de negociación algorítmica de alta frecuencia, contemplada en el artículo 4, apartado 1, punto 40, de la Directiva 2014/65/UE, que es un subsegmento de la negociación algorítmica, se debe precisar en mayor medida mediante el establecimiento de criterios que permitan definir las elevadas tasas de mensajes intradía consistentes en órdenes, cotizaciones, modificaciones o cancelaciones. El uso de umbrales cuantitativos absolutos basados en las tasas de mensajes proporciona seguridad jurídica, al permitir que las empresas y las autoridades competentes evalúen la actividad de negociación individual de las empresas. El nivel y el alcance de estos umbrales deben ser lo suficientemente amplios como para abarcar la negociación realizada mediante la técnica de negociación de alta frecuencia, incluidas las operaciones relativas a instrumentos individuales y a instrumentos múltiples.

(24) Dado que el uso de la técnica de negociación algorítmica de alta frecuencia está particularmente extendida en lo que respecta a instrumentos líquidos, en el cálculo de la tasa elevada de mensajes intradía solo deben incluirse aquellos instrumentos para los que exista un mercado líquido. Asimismo, dado que la técnica de negociación algorítmica de alta frecuencia es un subsegmento de la negociación algorítmica, los mensajes introducidos con fines de negociación que cumplan los criterios del artículo 17, apartado 4, de la Directiva 2014/65/UE deben incluirse en el cálculo de las tasas de mensajes intradía. A fin de no considerar ninguna actividad negociadora distinta de las técnicas de negociación algorítmica de alta frecuencia –atendiendo a las características de dicho tipo de negociación, según se contempla en el considerando 61 de la Directiva 2014/65/UE, en particular el hecho de que suele ser utilizado por operadores que negocian con su propio capital para aplicar estrategias de negociación más tradicionales, como la creación de mercado o el arbitraje, mediante el uso de tecnologías avanzadas–, solo deben incluirse en el cálculo de las elevadas tasas de mensajes intradía los mensajes introducidos con fines de negociación por cuenta propia, y no los introducidos con el fin de recibir y transmitir órdenes o de ejecutar órdenes por cuenta de clientes. Sin embargo, procede incluir en el cómputo de la elevada tasa de mensajes intradía los mensajes introducidos mediante técnicas distintas de las basadas en la negociación por cuenta propia si, consideradas en su conjunto y atendiendo a todas las circunstancias, la ejecución de la técnica se estructura de tal manera que se evite la ejecución por cuenta propia, por ejemplo, mediante la transmisión de órdenes entre entidades del mismo grupo. A fin de que, al determinar lo que constituyen elevadas tasas de mensajes intradía, se tome en consideración la identidad del cliente último que está en el origen de la actividad, resulta oportuno que los mensajes que procedan de clientes de proveedores de acceso electrónico directo se excluyan del cómputo de la elevada tasa de mensajes intradía en relación con dichos proveedores.

(25) Es necesario precisar en mayor medida la definición de acceso electrónico directo. La definición de acceso electrónico directo no debe abarcar ninguna otra actividad más allá de la provisión de acceso directo al mercado y acceso patrocinado. Por lo tanto, deben distinguirse los dispositivos con arreglo a los cuales los miembros o participantes de un centro de negociación ejercen la intermediación por vía electrónica de las órdenes de clientes, como el corretaje en línea, y aquellos que otorgan a los que los clientes acceso electrónico directo a un centro de negociación.

(26) En el caso de la intermediación de órdenes, quienes presentan las órdenes no tienen control suficiente sobre los parámetros del dispositivo de acceso al mercado, por lo que dicha intermediación no debe quedar comprendida en el ámbito del acceso electrónico directo. En consecuencia, los dispositivos que permiten a los clientes transmitir órdenes a una empresa de servicios de inversión en formato electrónico, tales como el corretaje en línea, no deben considerarse acceso electrónico directo, cuando los clientes no puedan determinar la fracción de segundo de la introducción de la orden ni el tiempo de vida de la orden en ese lapso de tiempo.

(27) Los mecanismos con arreglo a los cuales el cliente de un miembro o participante de un centro de negociación, incluido el cliente de un cliente directo de sistemas organizados de contratación (SOC), presenta sus órdenes a través de dispositivos para la optimización de los procesos de ejecución de órdenes que determinan, respecto de la orden, los parámetros distintos del centro o centros de negociación en los que la orden debe presentarse sirviéndose de encaminadores inteligentes de órdenes integrados en la infraestructura del proveedor, en lugar de la del cliente, deben excluirse del ámbito de aplicación del acceso electrónico directo, ya que el cliente del proveedor no tiene control sobre el momento de la presentación de la orden y su duración. La caracterización del acceso electrónico directo cuando se utilizan encaminadores inteligentes de órdenes debe depender, por tanto, de si esos sistemas están integrados en el sistema del cliente en lugar del proveedor.

(28) Las normas relativas a la implementación del régimen que regula los requisitos organizativos aplicables a las empresas de servicios de inversión que presten servicios de inversión y, en su caso, servicios auxiliares, y ejerzan actividades de inversión con carácter profesional, a los mercados regulados y a los proveedores de servicios de suministro de datos, deben ser coherentes con el objetivo de la Directiva 2014/65/UE. Deben ser concebidas para asegurar un nivel elevado de integridad, competencia y solidez entre las empresas de servicios de inversión y las entidades que operan en mercados regulados, SMN o SOC, y aplicarse de manera uniforme.

(29) Es necesario especificar los requisitos y procedimientos organizativos concretos respecto de las empresas de servicios de inversión que realizan dichos servicios o actividades. En concreto, deben preverse procedimientos rigurosos en relación con cuestiones tales como la verificación del cumplimiento, la gestión de riesgos, la tramitación de las reclamaciones, las operaciones personales, la externalización y la identificación, gestión y revelación de los conflictos de intereses.

(30) Los requisitos organizativos y las condiciones de autorización de las empresas de servicios de inversión deben establecerse en forma de conjunto de normas que garantice la aplicación uniforme de las disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/65/UE. Ello es necesario con vistas a garantizar a las empresas de servicios de inversión tengan acceso a todos los mercados de la Unión en igualdad de condiciones y eliminar los obstáculos vinculados a los procedimientos de autorización que dificultan las actividades transfronterizas en el ámbito de los servicios de inversión.

(31) Las normas relativas a la implementación del régimen que regula las condiciones de funcionamiento para la prestación de servicios de inversión y auxiliares, así como el ejercicio de actividades de inversión, deben reflejar el objetivo que subyace a ese régimen. Deben estar concebidas para garantizar un grado elevado de protección de los inversores, que se aplique de manera uniforme mediante la introducción de normas y requisitos claros que rijan la relación entre la empresa de servicios de inversión y su cliente. Por otra parte, en lo relativo a la protección del inversor, y, en concreto, al suministro de información a los inversores o la obtención de información de los inversores, debe tenerse en cuenta la naturaleza minorista o profesional del cliente o posible cliente en cuestión.

(32) A fin de garantizar la aplicación uniforme de las distintas disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/65/UE, es necesario establecer un conjunto armonizado de requisitos organizativos y condiciones de funcionamiento aplicables a las empresas de servicios de inversión.

(33) El tamaño, la estructura y la naturaleza de la actividad de las empresas de servicios de inversión es muy variable. Un régimen regulador debe adaptarse a dicha diversidad al tiempo que impone requisitos reglamentarios fundamentales apropiados para todas las empresas. Las entidades reguladas deben cumplir sus obligaciones de alto nivel, y elaborar y adoptar las medidas que mejor se adapten a su naturaleza y circunstancias particulares.

(34) Resulta oportuno establecer criterios comunes para evaluar si un servicio de inversión se presta de forma accesoria en el marco de una actividad profesional, a fin de garantizar una aplicación armonizada y estricta de la excepción prevista en la Directiva 2014/65/UE. La excepción solo será aplicable si el servicio de inversión tiene una conexión intrínseca con el ámbito principal de la actividad profesional y está subordinado el mismo.

(35) Los requisitos organizativos establecidos en virtud de la Directiva 2014/65/UE no son un obstáculo para la aplicación de los sistemas previstos en la legislación nacional para el registro o el control por parte de las autoridades competentes o las empresas de las personas que trabajan en empresas de servicios de inversión.

(36) A efectos de la obligación de las empresas de servicios de inversión de adoptar, aplicar y mantener una política de gestión de riesgos adecuada, entre los riesgos relacionados con las actividades, procesos y sistemas de la empresa deben figurar los riesgos asociados a la externalización de funciones esenciales o importantes. Esos riesgos deben incluir los derivados de la relación de la empresa con el proveedor de servicios, así como los riesgos que pueden surgir cuando múltiples empresas de servicios de inversión u otras entidades reguladas concentran sus funciones externalizadas en un número limitado de proveedores de servicios.

(37) El hecho de que las funciones de verificación del cumplimiento y gestión de riesgos sean desempeñadas por la misma persona no compromete necesariamente el funcionamiento independiente de cada una de estas funciones. La exigencia de que las personas que asuman funciones de verificación del cumplimiento no participen también en el desempeño de las funciones que supervisan, y que el método para determinar la remuneración de dichas personas no pueda normalmente de comprometer su objetividad, pueden ser desproporcionada en el caso de las pequeñas empresas de servicios de inversión. Sin embargo, sólo serían desproporcionadas para las empresas más grandes en circunstancias excepcionales.

(38) Los clientes o posibles clientes deben tener la posibilidad de manifestar su insatisfacción con los servicios de inversión prestados por las empresas de servicios de inversión en interés de la protección de los inversores, así como del reforzamiento de la observancia de sus obligaciones por parte de las empresas de servicios de inversión. Las reclamaciones de los clientes o posibles clientes deben tramitarse de forma eficaz y de manera independiente por una función de gestión de reclamaciones. En consonancia con el principio de proporcionalidad, la función de verificación del cumplimiento podría llevar a cabo dicha función.

(39) Las empresas de servicios de inversión tienen la obligación de recopilar y conservar información sobre los clientes y los servicios prestados a los clientes. Cuando dicha obligación implica la recogida y el tratamiento de datos personales, debe garantizarse el respeto al derecho a la protección de los datos personales de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo Parlamento y del Consejo (4), que regulan el tratamiento de datos personales llevado a cabo en la aplicación de la presente Directiva. El tratamiento de datos personales por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en aplicación del presente Reglamento está sujeto al Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(40) Debe introducirse una definición de la remuneración con el fin de asegurar la aplicación coherente y eficaz de los requisitos relativos a los conflictos de intereses y la conducta profesional en el ámbito de la remuneración, y dicha definición debe incluir todas las formas de prestaciones económicas y no económicas o pagos proporcionados directa o indirectamente por las empresas a las personas pertinentes en la prestación de servicios de inversión o servicios auxiliares a los clientes, tales como efectivo, acciones, opciones, cancelaciones de préstamos a personas pertinentes en caso de despido, cotizaciones al régimen de pensiones, remuneración por terceros, por ejemplo, a través de modelos de participación en cuenta, aumento de salarios o promociones, seguros médicos, descuentos o prestaciones especiales, generosos reembolsos de gastos o seminarios en destinos exóticos.

(41) A fin de asegurar que los intereses de los clientes no sufran menoscabo, las empresas de servicios de inversión deben elaborar y poner en práctica políticas de remuneración respecto de todas las personas que puedan influir el servicio prestado o en la conducta de la empresa, incluido el personal de atención al cliente, el personal de ventas o demás personal que interviene indirectamente en la prestación de servicios de inversión o servicios auxiliares. Las personas que supervisan al personal de ventas, tales como los superiores directos, que pueden recibir incentivos para presionar al personal de ventas, o los analistas financieros, cuyas publicaciones puede utilizar el personal de ventas para persuadir a los clientes a tomar determinadas decisiones de inversión, o las personas encargadas de la tramitación de las reclamaciones o de la concepción y el desarrollo de productos, deben incluirse también entre las personas a sujetas a las normas de remuneración. Entre las personas pertinentes deben contarse también agentes vinculados. Al determinar la remuneración de los agentes vinculados, las empresas deben considerar su condición particular, así como las correspondientes especificidades nacionales. Sin embargo, en tales casos, las políticas y prácticas de las empresas en materia de remuneración deben seguir definiendo los criterios adecuados que se deben utilizar para evaluar el desempeño de las personas pertinentes, incluidos criterios cualitativos para alentar a las personas pertinentes a actuar en el mejor interés del cliente.

(42) Si se llevan a cabo operaciones personales sucesivas por cuenta de una persona de conformidad con instrucciones previas dadas por esa persona, las obligaciones conexas a las operaciones personales no deben aplicarse por separado a cada operación sucesiva si las instrucciones se mantienen vigentes y sin cambios. Del mismo modo, dichas obligaciones no deben aplicarse a la anulación o la retirada de dichas instrucciones, siempre que los instrumentos financieros que previamente hayan sido adquiridos con arreglo a las instrucciones no se enajenen al mismo tiempo que se anulan o retiran las instrucciones. Sin embargo, dichas obligaciones deben ser aplicables en relación con una operación personal o con el inicio de operaciones personales sucesivas, llevadas a cabo por cuenta de la misma persona si se modifican las instrucciones o si se emiten nuevas instrucciones.

(43) Las autoridades competentes no deben supeditar la autorización para ofrecer servicios o actividades de inversión a una prohibición general de la subcontratación de una o más funciones esenciales o importantes. Se debe permitir a las empresas de servicios de inversión subcontratar dichas funciones si los acuerdos de subcontratación celebrados por la empresa cumplen ciertas condiciones.

(44) La externalización de servicios o actividades de inversión o de funciones esenciales e importantes puede constituir un cambio significativo de las condiciones para la autorización de la empresa de servicios de inversión, según lo previsto en el artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE. Si tales acuerdos de externalización se celebran después de que la empresa de servicios de inversión haya obtenido una autorización conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I, de la Directiva 2014/65/UE, los acuerdos deben ser notificados a la autoridad competente cuando lo disponga el artículo 21, apartado 2, de dicha Directiva.

(45) Entre las circunstancias que deben considerarse generadoras de conflictos de intereses deben figurar aquellas en que exista un conflicto entre los intereses de la empresa, o determinadas personas vinculadas a la empresa o al grupo al que ésta pertenezca y las obligaciones de la empresa con respecto a un cliente; o entre los diferentes intereses de dos o más de sus clientes, frente a cada uno de los cuales la empresa mantenga obligaciones. No es suficiente que la empresa pueda obtener un beneficio, si no existe también un posible perjuicio para un cliente, o que un cliente con respecto al cual la empresa mantenga obligaciones pueda obtener un beneficio o evitar una pérdida, si no existe una posible pérdida concomitante para otro cliente.

(46) Los conflictos de intereses solo deben regularse cuando una empresa de servicios de inversión preste un servicio de inversión o un servicio auxiliar. La condición del cliente al que se preste el servicio —minorista, profesional o contraparte elegible— es irrelevante a estos efectos.

(47) En cumplimiento de su obligación de elaborar una política de conflictos de intereses conforme a la Directiva 2014/65/UE que identifique las circunstancias que constituyan o puedan dar lugar a un conflicto de intereses, la empresa de servicios de inversión debe prestar una atención especial a las actividades de elaboración de informes y asesoramiento en materia de inversión, negociación por cuenta propia, gestión de carteras y prestación de servicios financieros a empresas, incluido el aseguramiento o la venta en el marco de una oferta de valores y el asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones. En concreto, esa atención especial resulta apropiada cuando la empresa o una persona directa o indirectamente vinculada a la empresa por una relación de control lleve a cabo una combinación de dos o más de esas actividades.

(48) Las empresas de servicios de inversión deben tratar de identificar y prevenir o gestionar los conflictos de intereses que surjan en relación con sus diferentes líneas de negocio y las actividades de su grupo mediante una política integral de conflictos de intereses. Si bien el artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE, exige la revelación de conflictos de intereses concretos, debe ser esta una medida de último recurso empleada solamente cuando las medidas administrativas y organizativas establecidas por la empresa de servicios de inversión para prevenir o gestionar sus conflictos de intereses de conformidad con el artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE no sean suficientes para garantizar, con un grado de confianza razonable, que se eviten los riesgos de perjuicio para los intereses del cliente. No debe permitirse una dependencia excesiva de la revelación sin considerar la manera de prevenir o gestionar los conflictos adecuadamente. La revelación de conflictos de intereses por parte de una empresa de servicios de inversión no debe eximirla de la obligación de mantener y aplicar las medidas organizativas y administrativas efectivas que exige el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2014/65/UE.

(49) Las empresas deben cumplir en todo momento las normas sobre incentivos previstas en el artículo 24 de la Directiva 2014/65/UE, en particular cuando prestan servicios de colocación. De manera especial, las comisiones que perciben las empresas de servicios de inversión por la colocación de los instrumentos financieros emitidos entre sus clientes inversores deben cumplir esas disposiciones y técnicas como el laddering y el spinning deben considerarse prácticas abusivas.

(50) Los informes de inversiones deben constituir una subcategoría del tipo de información que se define como recomendación en el Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) (abuso de mercado).

(51) Las medidas y acuerdos adoptados por una empresa de servicios de inversión para gestionar los conflictos de intereses que puedan surgir de la elaboración y divulgación de material que se presente como informes de inversiones deben ser adecuados para preservar la objetividad e independencia de los analistas financieros y de los informes de inversiones que elaboran. Dichas medidas y acuerdos deben garantizar que los analistas financieros disfruten de un grado adecuado de independencia frente a los intereses de las personas cuyas responsabilidades o intereses empresariales quepa razonablemente considerar que entran en conflicto con los intereses de las personas entre las cuales se divulgan los informes de inversiones.

(52) Entre las personas cuyas responsabilidades o intereses empresariales pueda razonablemente considerarse que entran en conflicto con los intereses de las personas entre las cuales se divulgan los informes de inversiones, debe figurar el personal encargado de la prestación de servicios financieros a empresas y las personas encargadas de labores de venta y negociación por cuenta clientes o de la empresa.

(53) Entre las circunstancias excepcionales en que los analistas financieros y otras personas vinculadas con la empresa de servicios de inversión que participen en la elaboración de informes de inversiones puedan, con aprobación previa por escrito, realizar operaciones personales con instrumentos a los que se refiera los informes, deben figurar aquellas en que, por razones personales relacionadas con dificultades financieras, el analista financiero u otra persona se vea obligado a liquidar una posición.

(54) Los honorarios, las comisiones, los beneficios monetarios o no monetarios percibidos de un tercero por la empresa que aporta los informes de inversiones solo deben ser aceptables si se ajustan a los requisitos establecidos en el artículo 24, apartado 9, de la Directiva 2014/65/UE y el artículo 13 de la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión (7).

(55) El concepto de divulgación de los informes de inversiones a clientes o al público no debe incluir la divulgación exclusivamente a personas que formen parte del grupo de la empresa de servicios de inversión. Deben considerarse recomendaciones actuales las que figuren en informes de inversiones que no hayan sido retiradas o cuya validez no haya llegado a término. La modificación sustancial de los informes de inversiones elaborados por terceros debe ajustarse a los mismos requisitos que la elaboración de la investigación.

(56) Los analistas financieros no deben intervenir en actividades distintas de la preparación de informes de inversiones cuando ello sea incompatible con el mantenimiento de su objetividad. Entre tales actividades cabe incluir la participación en actividades bancarias de inversión tales como la prestación de servicios financieros a las empresas y la suscripción de emisiones, presentaciones con vistas al lanzamiento de nuevos negocios o giras promocionales con fines de información sobre nuevas emisiones de instrumentos financieros u otro tipo de actuaciones relacionadas con la comercialización de emisiones de valores.

(57) Teniendo en cuenta las características específicas de los servicios de aseguramiento y colocación de emisiones y la posibilidad de que surjan conflictos de intereses en relación con ese tipo de servicios, procede establecer en el presente Reglamento requisitos más detallados y adaptados. En particular, dichos requisitos deben garantizar que el proceso de aseguramiento y colocación se gestione de forma que respete los intereses de los diferentes agentes. Las empresas de servicios de inversión deben garantizar que sus propios intereses o los intereses de sus otros clientes no influyan de forma indebida en la calidad de los servicios prestados al cliente emisor. Las medidas adoptadas a tal efecto se deben explicar a ese cliente, junto con otra información pertinente sobre el proceso de oferta, antes de que la empresa acepte emprender dicho proceso.

(58) Las empresas de servicios de inversión que participen en actividades de aseguramiento o colocación de emisiones deben adoptar disposiciones adecuadas que garanticen que el proceso de fijación de precios, incluida la construcción del libro de órdenes (book-building), no es perjudicial para los intereses del emisor.

(59) El proceso de colocación implica el ejercicio del juicio por parte de la empresa de servicios de inversión en cuanto a la asignación de una emisión, y se basa en los hechos y circunstancias particulares de los mecanismos, lo que suscita dudas en cuanto a posibles conflictos de interés. La empresa debe establecer requisitos organizativos eficaces para garantizar que las asignaciones realizadas en el marco del proceso de colocación no lleven a anteponer los intereses de la empresa a los del cliente emisor, o los intereses de un cliente inversor a los de otro cliente inversor. En concreto, las empresas deben definir con claridad el proceso para desarrollar las recomendaciones de asignación a través de una política de asignación.

(60) Los requisitos impuestos por el presente Reglamento, incluidos los relativos a las operaciones personales, la negociación con conocimiento de los informes de inversiones y la elaboración o divulgación de los mismos, deben aplicarse sin perjuicio de los requisitos de la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 596/2014 y sus respectivas disposiciones de ejecución.

(61) El presente Reglamento establece requisitos en relación con la información dirigida a los clientes o posibles clientes, incluidas las comunicaciones publicitarias, a fin de garantizar que dicha información sea imparcial, clara y no engañosa, de conformidad con el artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2014/65/UE.

(62) Ninguna disposición del presente Reglamento exige que las autoridades competentes aprueben el contenido y la forma de las comunicaciones publicitarias. Sin embargo, ninguna disposición se lo impide, en la medida en que dicha aprobación previa se basa solo en el cumplimiento de la obligación prevista en la Directiva 2014/65/UE, con arreglo a la cual la información a los clientes o posibles clientes, incluidas las comunicaciones publicitarias, debe ser imparcial, clara y no engañosa.

(63) Deben establecerse requisitos de información que tengan en cuenta si el cliente es minorista, profesional o contraparte elegible. Uno de los objetivos de la Directiva 2014/65/UE es garantizar un equilibrio proporcionado entre la protección de los inversores y las obligaciones de divulgación aplicables a las empresas de servicios de inversión. Con este fin, resulta oportuno establecer requisitos específicos de información menos rigurosos respecto de los clientes profesionales que de los clientes minoristas.

(64) Las empresas de servicios de inversión deben proporcionar a sus clientes o a posibles clientes la información necesaria sobre la naturaleza de los instrumentos financieros y los riesgos asociados con la inversión en los mismos, de modo que los clientes estén adecuadamente informados. El nivel de detalle de la información que debe proporcionarse puede variar según se trate de un cliente minorista o un cliente profesional y en función de la naturaleza y el perfil de riesgo de los instrumentos financieros que se ofrecen, pero siempre debe incluir todos los elementos esenciales. Los Estados miembros pueden determinar los términos precisos, o el contenido, de la descripción de los riesgos exigida por el presente Reglamento, teniendo en cuenta los requisitos de información establecidos en el Reglamento (UE) n.o 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(65) Las condiciones que debe cumplir la información facilitada por las empresas de servicios de inversión a los clientes y posibles clientes para ser imparcial, clara y no engañosa deben aplicarse a las comunicaciones destinadas a los clientes minoristas o profesionales de forma adecuada y proporcionada, teniendo en cuenta, por ejemplo, los medios de comunicación y la información que la comunicación pretende transmitir a los clientes o posibles clientes. En concreto, no sería adecuado aplicar estas condiciones a las comunicaciones publicitarias que consten solamente de uno o varios de los siguientes elementos: el nombre de la empresa, un logotipo u otra imagen asociada con la empresa, un punto de contacto, una referencia a los tipos de servicios de inversión prestados por la empresa.

(66) Con vistas a mejorar la coherencia de la información que reciben los inversores, las empresas de servicios de inversión deben garantizar que la información suministrada a cada cliente se presente de forma coherente en el mismo idioma en cualquier tipo de material informativo y publicitario que se facilite a ese cliente. Sin embargo, esto no debe conllevar la obligación de que las empresas traduzcan los folletos que proporcionan a los clientes, elaborados de acuerdo con la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) o la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(67) Con el fin de ofrecer una presentación imparcial y equilibrada de los beneficios y riesgos, las empresas de servicios de inversión siempre deben indicar de manera clara y visible los riesgos pertinentes, incluidos los inconvenientes y deficiencias, al hacer referencia a los beneficios potenciales de un servicio o instrumento financiero.

(68) La información debe considerarse engañosa si tiende a confundir a la persona o personas a las que va dirigida o a la persona que previsiblemente la va a recibir, con independencia de si la persona que proporciona la información la considera engañosa o pretende que lo sea.

(69) En los casos en los que se exige a una empresa de servicios de inversión que proporcione información a un cliente antes de la prestación de un servicio, cada operación en relación con el mismo tipo de instrumento financiero no debe considerarse prestación de un servicio nuevo o diferente.

(70) La información detallada sobre si el asesoramiento en materia de inversión se presta de manera independiente, sobre el carácter amplio o restringido del análisis de distintos tipos de instrumentos y sobre el proceso de selección utilizado debe ayudar a los clientes a evaluar el alcance del asesoramiento proporcionado. Se deben ofrecer a los clientes detalles suficientes sobre el número de instrumentos financieros analizados por las empresas. El número y la diversidad de los instrumentos financieros que se deben considerar, además de los proporcionados por la empresa de servicios de inversión o entidades próximas a la misma, debe guardar proporción con el alcance del asesoramiento que se va a prestar y las preferencias y necesidades del cliente. Sin embargo, independientemente del alcance de los servicios ofrecidos, todas las evaluaciones deben basarse en un número adecuado de instrumentos financieros disponibles en el mercado, a fin de permitir una consideración adecuada de las alternativas que ofrece el mercado.

(71) El alcance del asesoramiento que ofrecen las empresas de servicios de inversión de forma independiente puede variar, desde amplio y general hasta especializado y específico. Con el fin de garantizar que el alcance del asesoramiento permita una comparación imparcial y adecuada entre diferentes instrumentos financieros, los asesores de inversiones especializados en determinadas categorías de instrumentos financieros y que se centran en criterios que no se basan en la estructura técnica del instrumento en sí, como el carácter «ecológico» o «ético», de los productos de inversión, deben cumplir ciertas condiciones en caso de que se presenten como asesores independientes.

(72) Permitir a un mismo asesor prestar asesoramiento tanto independiente como no independiente podría crear confusión al cliente. A fin de garantizar que los clientes comprendan la naturaleza y el fundamento del asesoramiento en materia de inversión ofrecido, deben establecerse también ciertos requisitos organizativos.

(73) La entrega a un cliente de una copia de un folleto redactado y publicado de conformidad con la Directiva 2003/71/CE por parte de una empresa de servicios de inversión no debe entenderse como el suministro de información a un cliente por la empresa a efectos de las condiciones de funcionamiento previstas en la Directiva 2014/65/UE, referentes a la calidad y el contenido de dicha información, si la empresa no es responsable de la información contenida en el folleto conforme a dicha Directiva.

(74) La Directiva 2014/65/UE refuerza las obligaciones de las empresas de servicios de inversión en lo que respecta a la divulgación de información acerca de todos los costes y gastos, y amplía esas obligaciones a las relaciones con los clientes profesionales y las contrapartes elegibles. Con el fin de garantizar que todas las categorías de clientes se beneficien de esa mayor transparencia en materia de costes y gastos, debe permitirse a las empresas de servicios de inversión, en ciertas situaciones, cuando presten servicios de inversión a clientes profesionales o contrapartes elegibles, que pacten con dichos clientes una limitación de los requisitos detallados establecidos en el presente Reglamento. Sin embargo, esto no debe dar lugar a el incumplimiento de las obligaciones impuestas a las empresas de servicios de inversión con arreglo al artículo 24, apartado 4, de la Directiva 2014/65/UE. En este sentido, las empresas de servicios de inversión deben informar a los clientes profesionales de todos los costes y gastos previstos en el presente Reglamento, cuando se presten servicios de asesoramiento en materia de inversión o de gestión de carteras, o cuando, con independencia del servicio de inversión prestado, los instrumentos financieros en cuestión tengan derivados implícitos. Las empresas de servicios de inversión también deben informar a las contrapartes elegibles de todos los costes y gastos establecidos en el presente Reglamento cuando, con independencia del servicio de inversión prestado, el instrumento financiero en cuestión tenga un derivado implícito y vaya a ser distribuido a sus clientes. Sin embargo, en otros casos, cuando se presten servicios de inversión a clientes profesionales o contrapartes elegibles, las empresas de servicios de inversión podrán acordar, por ejemplo, a petición del cliente en cuestión, no facilitar la ilustración que muestre el efecto acumulado de los costes sobre la rentabilidad o una indicación de la divisa de que se trate y los costes y tipos de conversión aplicables, si cualquier parte de los costes y gastos totales se expresa en una moneda extranjera.

(75) Teniendo en cuenta la obligación general de actuar en el mejor interés de los clientes y la importancia de informarles de antemano de todos los costes y gastos que vayan a soportar, la referencia a los instrumentos financieros recomendados o comercializados debe incluir, en concreto, las empresas de servicios de inversión que presten asesoramiento en materia de inversión o servicios de gestión de carteras, las empresas que ofrezcan recomendaciones generales sobre instrumentos financieros, o promocionen ciertos instrumentos financieros en el marco de la prestación de servicios de inversión y servicios auxiliares a los clientes. Por ejemplo, este sería el caso de las empresas de servicios de inversión que hayan celebrado acuerdos de distribución o de colocación con un productor o emisor de productos.

(76) De conformidad con la obligación general de actuar en el mejor interés de los clientes y teniendo en cuenta las obligaciones que se derivan de la legislación específica de la Unión que regula determinados instrumentos financieros (en particular, participaciones de organismos de inversión colectiva y productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros), las empresas de servicios de inversión deben revelar y agregar todos los costes y gastos, incluidos los costes del instrumento financiero, en todos los casos en los que las empresas de servicios de inversión estén obligadas a facilitar al cliente información de los costes de un instrumento financiero, de acuerdo con la legislación de la Unión.

(77) Cuando las empresas de servicios de inversión no comercialicen o recomienden un instrumento financiero o no estén obligadas con arreglo al Derecho de la Unión a informar a sus a clientes acerca de los costes de un instrumento financiero, pueden no estar condiciones de tomar en consideración todos los costes asociados a dicho instrumento financiero. Incluso en estos casos aislados, las empresas de servicios de inversión deben informar a los clientes con antelación de todos los costes y gastos asociados al servicio de inversión y el precio de adquisición del instrumento financiero pertinente. Por otra parte, las empresas de servicios de inversión deben cumplir cualesquiera otras obligaciones de facilitar información adecuada sobre los riesgos del instrumento financiero pertinente, de conformidad con el artículo 24, apartado 4, letra b), de la Directiva 2014/65/UE, o proporcionar a sus a clientes, a posteriori, informes adecuados sobre los servicios prestados, de conformidad con el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 2014/65/UE, incluidos los correspondientes costes.

(78) Con el fin de garantizar que los clientes estén informados de todos los costes y gastos que van a soportar, así como la evaluación de dicha información y la comparación con diferentes instrumentos financieros y servicios de inversión, las empresas de servicios de inversión deben proporcionar a los clientes información clara y comprensible de todos los costes y gastos antes de prestar los servicios. La información previa acerca de los costes conexos al instrumento financiero o servicio auxiliar puede basarse en un supuesto importe de la inversión. No obstante, los costes y gastos comunicados deben representar los costes que el cliente realmente soportaría, sobre la base de ese supuesto importe de la inversión. Por ejemplo, si una empresa de servicios de inversión ofrece de manera continuada una gama de servicios y son distintos los gastos asociados a cada servicio, la empresa debe informar al cliente de los costes asociados al servicio que este suscribe. Si se trata de comunicación a posteriori, aquella información relacionada con los costes y gastos debe reflejar el importe real de la inversión del cliente en el momento en que se produzca la comunicación de información.

(79) Para garantizar que los inversores reciban información acerca de todos los costes y gastos, de conformidad con el artículo 24, apartado 4, de la Directiva 2014/65/UE, debe entenderse que el riesgo de mercado subyacente se refiere solamente a las variaciones del valor del capital invertido, derivadas directamente de las variaciones del valor de los activos subyacentes. Los costes de transacción y los gastos recurrentes conexos a instrumentos financieros deben, por tanto, incluirse también en la agregación de costes y gastos exigida, y deben estimarse utilizando hipótesis razonables, acompañadas de una explicación que indique que tales estimaciones se basan en hipótesis y pueden diferir de los costes y gastos que se soportarán realmente. Con el mismo objetivo de comunicación íntegra, las prácticas que implican «neteo» de costes no deben estar excluidas de la obligación de informar sobre los costes y gastos. La divulgación de los costes y gastos se basa en el principio de que toda diferencia entre el precio de una posición para la empresa y el correspondiente precio para el cliente debe ser revelada, incluidos incrementos y descuentos.

(80) Las empresas de servicios de inversión deben, además de agregar todos los costes y gastos, de conformidad con el artículo 24, apartado 4, de la Directiva 2014/65/UE e informar a los clientes de los costes generales expresados tanto como importe monetario como en porcentaje, poder proporcionar a los clientes o posibles clientes, por separado, cifras que incluyan los costes y gastos iniciales agregados, los costes y gastos corrientes agregados, y los costes de salida agregados.

(81) Las empresas de servicios de inversión que distribuyan instrumentos financieros respecto de los cuales la información sobre costes y gastos sea insuficiente deben, además, informar a sus clientes de tales costes, así como de los demás costes y gastos relativos a la prestación de servicios de inversión en relación con dichos instrumentos financieros, de modo que se garantice el derecho de los clientes a una información completa sobre costes y gastos. Este sería el caso de las empresas de servicios de inversión que distribuyan participaciones de organismos de inversión colectiva cuyos costes de transacción no han sido comunicados, por ejemplo, por las sociedades de gestión de OICVM. En esos casos, las empresas de servicios de inversión deben ponerse en contacto con las sociedades de gestión de OICVM para obtener la información pertinente.

(82) A fin de mejorar la transparencia para los clientes en lo que respecta a los costes de sus inversiones y el rendimiento en el tiempo de sus inversiones frente a los costes y gastos pertinentes, se debe ofrecer también información ex post periódica si las empresas de servicios de inversión tienen o han tenido una relación continua con el cliente durante el año. La información ex post de todos los costes y gastos pertinentes debe facilitarse de forma personalizada. La información ex post periódica puede basarse en las obligaciones de información vigentes, tales como las obligaciones aplicables a las empresas que prestan servicios de ejecución de órdenes distintos de la gestión de carteras, de gestión de carteras o de mantenimiento de instrumentos financieros o fondos del cliente.

(83) La información que debe facilitar una empresa de servicios de inversión a sus clientes sobre los costes y gastos conexos incluye información sobre las condiciones de pago o de ejecución del contrato de prestación de servicios de inversión y cualquier otro contrato relativo a un instrumento financiero que se ofrezca. En este contexto, las condiciones de pago serán por lo general relevantes cuando el contrato correspondiente a un instrumento financiero concluye con su liquidación en efectivo. Las condiciones de ejecución serán por lo general relevantes si, en el momento de su conclusión, el instrumento financiero requiere la entrega de acciones, bonos, certificados de opción, lingotes u otro instrumento o materia prima.

(84) Es necesario introducir diversos requisitos para la aplicación de la evaluación de la idoneidad establecida en el artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE y la evaluación de la conveniencia establecida en el artículo 25, apartado 3, de dicha Directiva. Estas pruebas tienen un ámbito de aplicación diferente en lo que respecta a los servicios de inversión a que se refieren y tienen características y funciones diferentes.

(85) En el informe de idoneidad las empresas de servicios de inversión deben recabar la atención de los clientes e incluir información sobre la probabilidad de que los servicios o instrumentos recomendados requieran que el cliente minorista solicite un reexamen periódico de lo acordado. Se contemplan concretamente aquellas situaciones en las que sea probable que el cliente necesite asesoramiento para readaptar la cartera de inversiones a la asignación original recomendada, si existe la probabilidad de que la cartera se desvíe del objetivo de asignación de activos.

(86) A fin de atender a la evolución del mercado y garantizar un mismo nivel de protección a los inversores, cabe aclarar que las empresas de servicios de inversión deben seguir siendo responsables de las evaluaciones de la idoneidad si los servicios de asesoramiento en materia de inversión o gestión de carteras se prestan, total o parcialmente, mediante un sistema automatizado o semiautomatizado.

(87) De conformidad con el requisito de evaluación de la idoneidad previsto en el artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE, también cabe aclarar que las empresas de servicios de inversión deben llevar a cabo una evaluación de la idoneidad, no solo en relación con las recomendaciones de compra de un instrumento financiero, sino en lo que respecta a todas las decisiones de negociación, entre ellas, las decisiones sobre si comprar, mantener o vender, o no, una inversión.

(88) A efectos del artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE, una operación puede no ser idónea para el cliente o posible cliente debido a los riesgos inherentes a los instrumentos financieros conexos, el tipo de operación, las características de la orden o la frecuencia de la negociación. Una serie de operaciones, cada una de las cuales es idónea si se considera de forma aislada, puede no serlo si la recomendación o las decisiones de negociación se adoptan con una frecuencia que no se corresponde con el mejor interés del cliente. En lo que respecta a la gestión de carteras, una operación puede también no ser idónea si compromete la idoneidad de la cartera.

(89) Toda recomendación o petición formulada, o asesoramiento prestado, a un cliente por un gestor de carteras que tenga por efecto el otorgamiento o la modificación de un mandato a este último que defina los límites de sus facultades discrecionales debe considerarse una recomendación según se contempla el artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE.

(90) Con el fin de aportar seguridad jurídica y permitir a los clientes comprender mejor la naturaleza de los servicios prestados, resulta oportuno que las empresas de servicios de inversión que ofrezcan servicios de inversión o servicios auxiliares a los clientes celebren con el cliente un acuerdo básico por escrito que establezca los derechos y obligaciones esenciales de la empresa y el cliente.

(91) El presente Reglamento no exige que las autoridades competentes aprueben el contenido del acuerdo básico entre una empresa de servicios de inversión y sus clientes. Tampoco se opone a ello, en la medida en que tal aprobación se base únicamente en el cumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones, con arreglo a la Directiva 2014/65/UE, de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes y crear un registro que establezca los derechos y obligaciones de las empresas de servicios de inversión y sus clientes, así como las demás condiciones en las que las empresas vayan a prestar servicios a sus clientes.

(92) Los registros que debe llevar una empresa de servicios de inversión han de ajustarse al tipo de actividad y la gama de servicios y actividades de inversión que desarrolle, siempre que se cumplan las obligaciones en materia de registro establecidas en la Directiva 2014/65/UE, el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), el Reglamento (UE) n.o 596/2014, la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y el presente Reglamento, y que las autoridades competentes puedan llevar a cabo sus funciones de supervisión y velar por el cumplimiento de la normativa con vistas a garantizar tanto la protección del inversor como la integridad del mercado.

(93) A la luz de la importancia de los informes y las comunicaciones periódicas para todos los clientes, y de la ampliación del alcance del artículo 25, apartado 6, de la Directiva 2014/65/UE, a la relación con las contrapartes elegibles, los requisitos de información establecidos en el presente Reglamento deben aplicarse a todas las categorías de clientes. Considerando la naturaleza de las interacciones con las contrapartes elegibles, las empresas de servicios de inversión deben estar autorizadas a celebrar acuerdos que determinen el contenido y la frecuencia específicos de la comunicación de información, distintos de los aplicables a los minoristas y clientes profesionales.

(94) Cuando una empresa de servicios de inversión que preste servicios de gestión de carteras deba proporcionar a sus clientes o posibles clientes información sobre los tipos de instrumentos financieros que pueden figurar en las carteras de los clientes y los tipos de operaciones que pueden llevarse a cabo con dichos instrumentos, esta información debe especificar por separado si la empresa de servicios de inversión ha de recibir un mandato para invertir en instrumentos financieros no admitidos a negociación en un mercado regulado, en derivados, o en instrumentos ilíquidos o muy volátiles; o realizar ventas en corto, compras con fondos tomados en préstamo, operaciones de financiación de valores o cualquier operación que implique el pago de margen, el depósito de garantías reales o el riesgo de tipo de cambio.

(95) Los clientes deben estar informados del rendimiento de su cartera y de la depreciación de sus inversiones iniciales. En el caso de la gestión de carteras, el umbral a partir del cual deba facilitarse información debe fijarse en una depreciación del 10 %, y posteriormente en múltiplos de 10 %, del valor total de la cartera completa y no debe aplicarse a las participaciones individuales.

(96) A efectos de las obligaciones de información en relación con la gestión de carteras, por «operación que implica un pasivo contingente» debe entenderse toda operación que implique para el cliente un compromiso real o potencial de importe superior al coste de adquisición del instrumento.

(97) A efectos de lo dispuesto sobre la información a clientes, una referencia al tipo de la orden debe entenderse como referencia a su condición de orden limitada, orden de mercado, u otro tipo específico de orden.

(98) A efectos de lo dispuesto sobre la información a clientes, una referencia a la naturaleza de la orden debe entenderse como referencia a órdenes de suscripción de valores, o de ejercitar opciones, u otras órdenes similares procedentes de clientes.

(99) Al establecer su política de ejecución de conformidad con el artículo 27, apartado 4, de la Directiva 2014/65/UE, las empresas de servicios de inversión deben determinar la importancia relativa de los factores mencionados en el artículo 27, apartado 1, de dicha Directiva, o al menos establecer el proceso con arreglo al cual determinan la importancia relativa de esos factores, de modo que puedan ofrecer el mejor resultado posible a sus clientes Para llevar a efecto esa política, las empresas de servicios de inversión deben seleccionar los centros de ejecución que les permitan obtener de forma sistemática el mejor resultado posible para la ejecución de las órdenes de sus clientes. A fin de cumplir la obligación jurídica de ejecución óptima, al aplicar los criterios de ejecución óptima respecto de sus clientes profesionales, las empresas de servicios de inversión no recurrirán, por lo general, a los mismos centros de ejecución para las operaciones de financiación de valores y para las demás operaciones. Ello obedece a que las operaciones de financiación de valores se utilizan como fuente de financiación sujeta al compromiso, por parte del prestatario, de devolver valores equivalentes en una fecha futura, y a que las condiciones de dichas operaciones suelen definirse de manera bilateral entre las contrapartes antes de la ejecución. Por tanto, el número de centros de ejecución en los que pueden realizarse las operaciones de financiación de valores es más limitado que cuando se trata de otras operaciones, puesto que depende de las condiciones particulares definidas de antemano entre las contrapartes y de si existe una demanda específica de los instrumentos financieros en cuestión en esos centros de ejecución. En consecuencia, la política de ejecución de órdenes establecida por las empresas de servicios de inversión debe atender a las características particulares de las operaciones de financiación de valores y los centros de ejecución en los que se efectúen dichas operaciones deben figurar por separado. La empresa de servicios de inversión debe aplicar su política de ejecución a cada orden de cliente que ejecute a fin de obtener el mejor resultado posible para el cliente de acuerdo con esa política.

(100) Con el fin de garantizar que las empresas de servicios de inversión que transmitan a otras entidades o coloquen en ellas órdenes de clientes para su ejecución actúen en el máximo interés de estos, de conformidad con el artículo 24, apartados 1 y 4, de la Directiva 2014/65/UE, facilitando información adecuada a los clientes sobre la empresa y sus servicios, las empresas de servicios de inversión deben ofrecer a sus clientes información adecuada sobre las cinco principales entidades, respecto de cada clase de instrumento financiero, a las que transmitan o en las que coloquen órdenes de clientes, y proporcionando a los clientes información sobre la calidad de la ejecución, de conformidad con el artículo 27, apartado 6, de la Directiva 2014/65/UE y sus correspondientes disposiciones de ejecución. Las empresas de servicios de inversión que transmitan a otras entidades o coloquen en ellas órdenes de clientes para su ejecución deben poder seleccionar una única entidad a tal efecto solamente si pueden demostrar que ello les permite obtener el mejor resultado posible para sus clientes de manera sistemática y si pueden razonablemente confiar en que la entidad seleccionada vaya a permitirles obtener unos resultados para los clientes que sean al menos tan buenos como los resultados que podrían razonablemente esperar si recurrieran a otras entidades para la ejecución. Estas expectativas razonables deben apoyarse en datos pertinentes publicados de conformidad con el artículo 27 de la Directiva 2014/65/UE, o en otros análisis internos efectuados por las empresas de servicios de inversión.

(101) A fin de garantizar que una empresa de servicios de inversión obtenga el mejor resultado posible para el cliente al ejecutar la orden de un cliente minorista en ausencia de instrucciones específicas de este, la empresa debe tomar en consideración todos los factores que le permitan ofrecer el mejor resultado posible en relación con la contraprestación total, constituida por el precio del instrumento financiero y los costes de ejecución. Factores tales como la rapidez, la probabilidad de la ejecución y la liquidación, el volumen y la naturaleza de la orden, el impacto en el mercado y otros costes de transacción implícitos pueden tener prioridad sobre la contraprestación inmediata en términos de precios y costes solo en la medida en que sean esenciales para conseguir el mejor resultado posible en términos de contraprestación total para el cliente minorista.

(102) Cuando una empresa de servicios de inversión ejecute una orden siguiendo instrucciones específicas del cliente, debe considerarse que ha cumplido su obligación de ejecución óptima solo por lo que atañe a la parte o al aspecto de la orden a que se refieran tales instrucciones. El hecho de que el cliente haya impartido instrucciones específicas en relación con una parte o un aspecto de la orden no debe llevar a considerar que la empresa de servicios de inversión esté exenta de su obligación de ejecución óptima con respecto a otras partes o aspectos de la orden no contemplados en esas instrucciones. Las empresas de servicios de inversión no deben inducir a sus clientes a darles instrucciones específicas sobre cómo ejecutar una orden, sugiriéndoles explícita o implícitamente el contenido de la instrucción, cuando resulte razonable suponer que las empresas sepan que ese tipo de instrucción previsiblemente les impedirá obtener los mejores resultados posibles para ese cliente. Sin embargo, ello no obsta para que la empresa invite al cliente a elegir entre dos o más centros determinados de negociación, siempre que tales opciones sean coherentes con la política de ejecución de la empresa.

(103) La negociación por cuenta propia con clientes por parte de una empresa de servicios de inversión debe considerarse una ejecución de órdenes de clientes y estará, por lo tanto, supeditada a lo exigido en la Directiva 2014/65/UE y en el presente Reglamento y, en especial, a las obligaciones relacionadas con la ejecución óptima. Sin embargo, si una empresa de servicios de inversión ofrece una cotización a un cliente y cabe considerar que esa cotización se ajusta a las obligaciones que tiene la empresa de servicios de inversión de conformidad con el artículo 27, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE si la empresa ejecuta esa cotización en el momento en que se facilita, procede considerar que la empresa cumple esas mismas obligaciones si ejecuta su cotización después de que el cliente lo acepte, a condición de que, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes del mercado y el tiempo transcurrido entre la oferta y la aceptación del cotización, esta no quede manifiestamente desfasada.

(104) La obligación de obtener el mejor resultado posible al ejecutar órdenes de clientes es aplicable en lo que respecta a todos los tipos de instrumentos financieros. Sin embargo, dadas las diferencias en las estructuras de los mercados o de los instrumentos financieros, puede resultar difícil determinar y aplicar una norma y un procedimiento uniformes para la ejecución óptima que sea válida y efectiva para todas las clases de instrumentos. La obligación de ejecución óptima debe aplicarse, por lo tanto, de manera que tenga en cuenta las diversas circunstancias asociadas con la ejecución de órdenes referidas a tipos concretos de instrumentos financieros. Por ejemplo, las operaciones relacionadas con un instrumento financiero extrabursátil adaptado al cliente y de las cuales se derive una relación contractual única adaptada a las circunstancias del cliente y de la empresa de servicios de inversión no pueden ser comparables, a efectos de ejecución óptima, a las operaciones relacionadas con acciones negociadas en centros de ejecución centralizados. Dado que la obligación de ejecución óptima se aplica respecto de todos los instrumentos financieros, con independencia de si se negocian en centros de negociación o en mercados extrabursátiles, las empresas de servicios de inversión deben reunir datos de mercado pertinentes con objeto de comprobar si el precio extrabursátil que se ofrece a un cliente es justo y se ajusta a la obligación de ejecución óptima.

(105) Lo dispuesto en el presente Reglamento en lo relativo a la política de ejecución debe entenderse sin perjuicio de la obligación general que tiene una empresa de servicios de inversión, en virtud del artículo 27, apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE, de supervisar la efectividad de sus sistemas y su política de ejecución de órdenes y de evaluar periódicamente los centros que contempla en su política de ejecución de órdenes.

(106) El presente Reglamento no debe exigir una duplicación de esfuerzos en lo relativo a la ejecución óptima entre una empresa de servicios de inversión que preste servicios de recepción y transmisión de órdenes o de gestión de carteras y cualquier empresa de servicios de inversión a la que aquella transmita sus órdenes para su ejecución.

(107) La obligación de ejecución óptima con arreglo a la Directiva 2014/65/UE exige que las empresas de servicios de inversión adopten todas las medidas razonables para obtener el mejor resultado posible para sus clientes. La calidad de ejecución, que incluye aspectos tales como la rapidez y probabilidad de ejecución (como la tasa de ejecución) y la posibilidad e incidencia de una mejora de precios, es un factor importante en la consecución de la ejecución óptima. La disponibilidad, comparabilidad y consolidación de los datos relativos a la calidad de ejecución que ofrecen los diversos centros de ejecución resultan cruciales para que las empresas de servicios de inversión y los inversores puedan determinar qué centros de ejecución ofrecen la mayor calidad de ejecución para sus clientes. A fin de obtener una ejecución óptima para un cliente, las empresas de servicios de inversión deben comparar y analizar los datos pertinentes, incluidos los publicados de conformidad con el artículo 27, apartado 3, de la Directiva 2014/65/UE y sus correspondientes disposiciones de ejecución.

(108) Las empresas de servicios de inversión que ejecuten órdenes deben poder incluir un único centro de ejecución en su política solamente si pueden demostrar que ello les permite obtener una ejecución óptima para sus clientes de manera sistemática. Las empresas de servicios de inversión solo deben seleccionar un único centro de ejecución si pueden razonablemente confiar en que el centro de ejecución seleccionado vaya a permitirles obtener resultados para los clientes, que sean al menos tan buenos como los resultados que razonablemente podrían esperar si recurrieran a otros centros de ejecución. Estas expectativas razonables deben apoyarse en datos publicados de conformidad con el artículo 27 de la Directiva 2014/65/UE o en otros análisis internos efectuados por las empresas.

(109) La reasignación de las operaciones debe considerarse perjudicial para un cliente si, como resultado de esa reasignación, se otorga una prioridad injusta a la empresa de servicios de inversión o a un cliente determinado.

(110) Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento (UE) n.o 596/2014, a efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento en lo relativo a la tramitación de órdenes de clientes, estas no deben considerarse por lo demás comparables si se reciben por diferentes conductos y no sería posible tramitarlas de forma secuencial. Cualquier uso por parte de una empresa de servicios de inversión de la información relativa a una orden pendiente de un cliente para negociar por cuenta propia con los instrumentos financieros a los que se refiera la orden del cliente, o con instrumentos financieros conexos, debe considerarse un uso inadecuado de esa información. Sin embargo, no debe considerarse que constituya un uso inadecuado de la información por sí solo el mero hecho de que los creadores de mercado o los organismos autorizados para actuar como contrapartes se limiten a desarrollar su legítima actividad de compra y venta de instrumentos financieros, o de que las personas autorizadas a ejecutar órdenes por cuenta de terceros se limiten a la ejecución de una orden diligentemente.

(111) Al evaluar si un mercado cumple el requisito establecido en el artículo 33, apartado 3, letra a), de la Directiva 2014/65/UE, conforme al cual, al menos un 50 % de los emisores admitidos a negociación en ese mercado deben ser pequeñas y medianas empresas (pymes), las autoridades competentes deben adoptar un enfoque flexible con respecto a los mercados sin antecedentes de actividad, las pymes de nueva creación cuyos instrumentos financieros lleven admitidos a negociación menos de tres años y las entidades que solo emitan instrumentos financieros distintos de las acciones.

(112) Dada la diversidad de los modelos operativos de los SMN existentes en la Unión y centrados en las pymes y a fin de garantizar el éxito de la nueva categoría de mercados de pymes en expansión, conviene conceder a estos mercados un grado de flexibilidad apropiado a la hora de evaluar la adecuación de los emisores a efectos de admisión en sus centros. En todo caso, un mercado de pymes en expansión no debe tener normas que impongan a los emisores obligaciones mayores que las aplicables a los emisores en los mercados regulados.

(113) En relación con el contenido del documento de admisión que debe presentar un emisor en el momento de la admisión inicial a cotización de sus valores en un mercado de pymes en expansión, si no se aplica el requisito de publicar un folleto conforme a la Directiva 2003/71/CE, resulta oportuno que las autoridades competentes estén facultadas para determinar discrecionalmente si las normas establecidas por el operador del mercado de pymes en expansión garantizan la información adecuada de los inversores. Si bien la plena responsabilidad de la información que figura en el documento de admisión debe incumbir al emisor, compete al organismo rector de un mercado de pymes en expansión definir la forma adecuada en que debe revisarse dicho documento. Ello no debe implicar necesariamente una aprobación formal por parte de la autoridad competente o el organismo rector.

(114) La publicación de informes financieros anuales y semestrales por parte de los emisores representa una norma mínima de transparencia adecuada que es coherente con las buenas prácticas que prevalecen en los mercados existentes centrados en las pymes. Por lo que se refiere al contenido de los informes financieros, el organismo rector de un mercado de pymes en expansión debe tener libertad para prescribir el uso, por los emisores cuyos instrumentos financieros se negocien en su centro, bien de las Normas Internacionales de Información Financiera, bien de las normas de información financiera que autoricen las disposiciones legales y reglamentarias locales, bien de ambas. Los plazos para la publicación de informes financieros deben ser menos rígidos que los prescritos en la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), ya que los plazos menos estrictos parecen mejor adaptados a las necesidades y las circunstancias de las pymes.

(115) Dado que las normas relativas a la difusión de información sobre los emisores de los mercados regulados contenidas en la Directiva 2004/109/CE constituirían una carga excesiva para los emisores de los mercados de pymes en expansión, es conveniente que el punto de convergencia para los inversores que buscan información sobre los emisores que cotizan en un mercado de pymes en expansión sea el sitio web del organismo rector de ese mercado. La publicación en el sitio web del organismo rector del mercado de pymes en expansión puede realizarse también mediante la inclusión de un enlace directo al sitio web del emisor en caso de que la información se encuentre publicada en él, si el enlace conduce directamente a la parte pertinente del sitio web del emisor donde los inversores pueden encontrar fácilmente la información reglamentaria.

(116) Es preciso especificar en qué circunstancias la suspensión o exclusión de la negociación de un instrumento financiero puede causar un perjuicio grave a los intereses de los inversores o al funcionamiento ordenado del mercado. La convergencia en ese ámbito es necesaria a fin de garantizar que los participantes en el mercado de un Estado miembro en el que se hayan excluido instrumentos financieros o se haya suspendido la negociación de los mismos no estén en situación de desventaja en comparación con los participantes en el mercado de otro Estado miembro, donde la negociación se mantenga.

(117) Para asegurar el nivel necesario de convergencia, conviene definir una lista de circunstancias que representen un perjuicio grave para los intereses de los inversores y para el funcionamiento ordenado del mercado, y en las que podría basarse la decisión de una autoridad nacional competente, el organismo rector de un mercado regulado, una empresa de servicios de inversión o el organismo rector de un mercado que gestione un SMN o un SOC de no solicitar la suspensión o exclusión de la negociación de un instrumento financiero, o de apartarse de una notificación en ese sentido. Resulta oportuno que dicha lista no sea exhaustiva, ya que de esa forma proporcionará a las autoridades nacionales competentes un marco en el que podrán ejercer su juicio y les permitirá conservar el margen de flexibilidad necesario a la hora de evaluar casos individuales.

(118) El artículo 31, apartado 2, y el artículo 54, apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE exigen a las empresas de servicios de inversión y los organismos rectores de mercados que gestionen un SMN o un SOC, y a los organismos rectores de mercados regulados, respectivamente, que informen inmediatamente a sus autoridades nacionales competentes en determinadas circunstancias. Este requisito está destinado a asegurar que las autoridades nacionales competentes puedan desempeñar su cometido reglamentario y sean informadas oportunamente de aquellos incidentes que puedan tener un impacto negativo sobre el funcionamiento y la integridad de los mercados. La información recibida de los organismos rectores de centros de negociación debe permitir a las autoridades nacionales competentes detectar y evaluar los riesgos a los que se expongan los mercados y sus participantes, así como reaccionar con eficiencia y tomar medidas si fuera necesario.

(119) Procede confeccionar una lista no exhaustiva de circunstancias generales en las que pueda presumirse que se han producido infracciones significativas de las normas del centro de negociación, anomalías en las condiciones de negociación o perturbaciones del sistema en relación con un instrumento financiero, obligando así a los organismos rectores de los centros de negociación a informar inmediatamente a sus autoridades competentes, tal y como establecen el artículo 31, apartado 2, y el artículo 54, apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE. A tal fin, el concepto de «normas de un centro de negociación» debe entenderse en sentido amplio y englobar todas las normas, resoluciones, órdenes, así como condiciones generales de los acuerdos contractuales entre el centro de negociación y sus participantes, que contengan las condiciones para la negociación y la admisión al centro de negociación.

(120) En lo que respecta a las conductas que puedan indicar abuso a efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 596/2014, conviene asimismo establecer una lista no exhaustiva de señales indicativas de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado que el organismo rector de un centro de negociación debe tener en cuenta al examinar las operaciones u órdenes de negociar, a fin de determinar si es aplicable la obligación de informar a la autoridad nacional competente, conforme al artículo 31, apartado 2, y al artículo 54, apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE. A estos efectos, debe entenderse que «orden de negociar» abarca todos los tipos de órdenes, incluyendo las iniciales y las modificaciones, actualizaciones y cancelaciones de órdenes, independientemente de si se han ejecutado o no y de los medios utilizados para acceder al centro de negociación.

(121) La lista de señales indicativas de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado no debe ser ni exhaustiva ni determinante de abuso de mercado o intento de abuso de mercado, ya que cada una de las señales por sí misma no necesariamente constituirá un abuso de mercado o un intento de abuso de mercado. Pueden llevarse a cabo operaciones u órdenes de negociar que comporten una o varias de las señales por motivos legítimos o de conformidad con las normas del centro de negociación.

(122) Con vistas a ofrecer la oportuna transparencia a las partes interesadas del mercado y, al mismo tiempo, evitar el abuso de mercado y preservar la confidencialidad de la identidad de los titulares de posiciones, en la publicación de informes semanales sobre las posiciones agregadas a que se refiere el artículo 58, apartado 1, letra a), de la Directiva 2014/65/UE deben incluirse únicamente los contratos negociados por un cierto número de personas y, por encima de ciertos tamaños, tal como se especifica en el presente Reglamento.

(123) Para garantizar que se proporcionen datos de mercado en condiciones comerciales razonables y de manera uniforme en la Unión, el presente Reglamento especifica las condiciones que deben cumplir los APA y los PIC. El objetivo perseguido al fijar estas condiciones es asegurar que la obligación de proporcionar datos de mercado en condiciones comerciales razonables esté suficientemente clara para permitir su aplicación efectiva y uniforme, teniendo en cuenta a un tiempo los diferentes modelos de funcionamiento y estructuras de costes de los proveedores de datos.

(124) A fin de asegurar que el nivel de las comisiones cobradas por los datos de mercado sea razonable, el cumplimiento de la obligación de proporcionar datos de mercado en condiciones comerciales razonables requiere que exista una relación razonable entre el precio y el coste de producir y difundir los datos. Por lo tanto, y sin perjuicio de la aplicación de las normas de competencia, los proveedores de datos deben determinar sus comisiones basándose en sus costes, pudiendo al mismo tiempo obtener un margen razonable, en función de factores como el margen de beneficio, el rendimiento con respecto a los costes, el rendimiento sobre los activos de explotación y el rendimiento sobre el capital. Si los proveedores de datos incurren en costes conjuntos para la provisión de datos y la prestación de otros servicios, los costes correspondientes a la provisión de datos pueden incluir una proporción adecuada de los costes derivados de cualquier otro servicio pertinente prestado. Dado que especificar el coste exacto resulta sumamente complejo, es oportuno especificar en lugar de ello los métodos de asignación y distribución de costes, dejando que sean los proveedores de datos de mercado quienes especifiquen tales costes.

(125) Los datos de mercado deben proporcionarse de forma no discriminatoria, lo que supone que se ofrezcan precios y condiciones idénticos a todos los clientes de la misma categoría con arreglo a criterios objetivos publicados.

(126) Con el fin de permitir a los usuarios de los datos obtener datos de mercado sin tener que comprar otros servicios, la oferta de datos de mercado debe disociarse de otros servicios. Para evitar que se cobre a los usuarios varias veces por los mismos datos de mercado cuando compren datos a diferentes distribuidores de datos de mercado, estos deben ofrecerse en función de cada usuario, a menos que ello resulte desproporcionado en relación con el coste de esa forma de oferta de los datos, teniendo en cuenta el alcance y la magnitud de los datos de mercado proporcionados por los APA y los PIC.

(127) Con vistas a que los usuarios de los datos y las autoridades competentes puedan evaluar de forma efectiva si los datos de mercado se proporcionan en condiciones comerciales razonables, es necesario informar al público de todas las condiciones esenciales para su suministro. Por lo tanto, los proveedores de datos deben facilitar información sobre sus comisiones y el contenido de los datos de mercado, así como sobre los métodos de contabilidad utilizados para determinar sus costes, sin tener que revelar sus costes reales.

(128) Conviene fijar los criterios para determinar cuándo las operaciones de un mercado regulado, un SMN o un SOC tienen una importancia sustancial en un Estado miembro de acogida, de tal manera que se evite obligar a los centros de negociación a tratar con más de una autoridad competente, o estar sujetos a la supervisión de más de una autoridad competente, cuando no sea necesario según la Directiva 2014/65/UE. En cuanto a los SMN y SOC, resulta oportuno que solamente se consideren de importancia sustancial aquellos que dispongan de una cuota de mercado significativa, de tal forma que cualquier reubicación o cualquier adquisición de un SMN o SOC económicamente insignificante no dé lugar al establecimiento de disposiciones de cooperación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 79, apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE.

(129) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios, en particular el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de empresa, el derecho a la protección de los consumidores, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Cualquier tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento debe respetar los derechos fundamentales, incluido el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter personal, con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y ajustarse a la Directiva 95/46/CE y al Reglamento (CE) n.o 45/2001.

(130) Se ha consultado a la AEVM, establecida por el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), para obtener su asesoramiento técnico.

(131) Con el fin de permitir que las autoridades competentes y las empresas de servicios de inversión se adapten a los nuevos requisitos establecidos en el presente Reglamento, de forma que puedan aplicarse de manera eficiente y eficaz, la fecha de inicio de la aplicación del presente Reglamento debe coincidir con la fecha de inicio de la aplicación de la Directiva 2014/65/UE.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El capítulo II y el capítulo III, secciones 1 a 3, sección 4, artículo 59, apartado 4, y artículo 60, y secciones 6 y 8, así como, en la medida en que están relacionados con dichas disposiciones, el capítulo I, el capítulo III, sección 9, y el capítulo IV del presente Reglamento se aplicarán a las empresas de gestión de conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE y el artículo 6, apartado 6, de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15).

2. Las referencias a las empresas de servicios de inversión incluirán a las entidades de crédito y las referencias a los instrumentos financieros incluirán los depósitos estructurados en relación con todos los requisitos contemplados en el artículo 1, apartados 3 y 4, de la Directiva 2014/65/UE y sus disposiciones de ejecución establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «persona pertinente»: en relación con una empresa de servicios de inversión, cualquiera de las siguientes:

a) un administrador, socio o equivalente, directivo o agente vinculado a la empresa;

b) un administrador, socio o equivalente, o un directivo de cualquier agente vinculado a la empresa;

c) un empleado de la empresa o de un agente vinculado a la empresa, así como cualquier otra persona física cuyos servicios se pongan a disposición y estén bajo el control de la empresa o de un agente vinculado a la empresa y que participe en la prestación por la empresa de servicios y actividades de inversión;

d) una persona física que participe directamente en la prestación de servicios a la empresa de servicios de inversión o a su agente vinculado con arreglo a un acuerdo de externalización con vistas a la prestación por parte de la empresa de servicios y actividades de inversión;

2) «analista financiero»: una persona pertinente que lleve a cabo la parte fundamental de los informes de inversiones;

3) «externalización»: cualquier tipo de acuerdo entre una empresa de servicios de inversión y un proveedor de servicios en virtud del cual este realice un proceso, un servicio o una actividad que en otras circunstancias llevaría a cabo la propia empresa de servicios de inversión;

3) bis «persona con la que una persona pertinente tiene una relación de parentesco»: cualquiera de las siguientes:

a) el cónyuge de la persona pertinente o toda persona considerada equivalente a un cónyuge por la legislación nacional;

b) el hijo o hijastro dependientes de la persona pertinente;

c) cualquier otro familiar de la persona pertinente que haya compartido el hogar de esta durante un año como mínimo en la fecha de la operación personal considerada;

4) «operación de financiación de valores»: una operación de financiación de valores tal como se define en el artículo 3, punto 11, del Reglamento (UE) n.o 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo (16);

5) «remuneración»: todas las formas de pagos o prestaciones económicas y no económicas proporcionadas directa o indirectamente por las empresas a las personas pertinentes en la prestación de servicios de inversión o servicios auxiliares a los clientes;

6) «materia prima»: cualquier bien de naturaleza fungible que pueda entregarse, incluidos los metales y sus minerales y aleaciones, los productos agrarios, y la energía, por ejemplo la electricidad.

Artículo 3

Condiciones aplicables a la provisión de información

1. Cuando, a efectos del presente Reglamento, se exija que se facilite la información en un soporte duradero tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 62, de la Directiva 2014/65/UE, las empresas de servicios de inversión tendrán derecho a proporcionar esa información en un soporte duradero que no sea el papel solo si:

a) la provisión de dicha información en ese soporte resulta apropiada al contexto en que el negocio entre la empresa y el cliente sea, o vaya a ser, llevado a cabo, y

b) la persona a quien se deba facilitar la información, cuando se le ofrezca la posibilidad de elegir entre la información en papel o en ese otro soporte duradero, elija específicamente la provisión de la información en ese otro soporte.

2. Cuando, de conformidad con los artículos 46, 47, 48, 49 o 50 o el artículo 66, apartado 3, del presente Reglamento, la empresa de servicios de inversión facilite información a un cliente a través de un sitio web y esa información no vaya dirigida personalmente al cliente, la empresa se asegurará de que se cumplen las siguientes condiciones:

a) que la provisión de dicha información en ese soporte resulte apropiada al contexto en que el negocio entre la empresa y el cliente sea, o vaya a ser, llevado a cabo;

b) que el cliente consienta expresamente en que se facilite esa información en dicho soporte;

c) que se notifique electrónicamente al cliente la dirección del sitio web, y el lugar del mismo donde pueda accederse a la información;

d) que la información esté actualizada;

e) que la información esté accesible de forma continua a través de ese sitio web durante el período de tiempo que el cliente pueda razonablemente necesitar para examinarla.

3. A efectos del presente artículo, la provisión de información mediante comunicaciones electrónicas se considerará apropiada al contexto en que el negocio entre la empresa y el cliente sea, o vaya a ser, llevado a cabo si existen pruebas de que el cliente tiene acceso habitualmente a internet. Se considerará que la comunicación por parte del cliente de una dirección de correo electrónico a efectos de la realización de ese negocio constituye una prueba válida.

Artículo 4

Prestación de un servicio de inversión de forma accesoria

(Artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE)

A efectos de la excepción reco