ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
—

En el subapartado relativo a las «Características y manejo de los parques» del pliego de condiciones (apartado E.1 «Sistema de producción»), se ha reducido la superficie mínima de la zona al aire libre. En concreto, se sustituye la frase: «La superficie mínima de la zona al aire libre disponible y por cabeza será de 2 m2.» por la siguiente: «La superficie mínima de la zona al aire libre disponible y por cabeza será de 1 m2.». Se ha disminuido la superficie mínima de la zona al aire libre, debido a que en el momento de la redacción del pliego de condiciones se estimó la dimensión de los patios para la correcta organización de las granjas y la gestión de los lotes según las prácticas tradicionales. Sin embargo, los corrales tradicionales no eran homogéneos entre sí, en cuanto a superficie disponible, y a menudo no disponían de cerramientos, hecho que ha dificultado la labor de medir la superficie óptima necesaria para el buen desarrollo y bienestar de los animales. Ello conllevó que se sobredimensionase el espacio. Transcurrido el tiempo, se ha demostrado que los animales no utilizan la totalidad de la superficie disponible. Este espacio no utilizado conlleva problemas de gestión, como el recubrimiento de malas hierbas no deseadas y difíciles de gestionar que favorecen la invasión de fauna salvaje, y aumenta el riesgo a nivel sanitario. Además, los animales no están todos a la vez en el exterior o en el interior de la granja, sino que van alternándose, con lo que el espacio disponible per cápita es mayor. Puesto que toda la superficie disponible no ha sido utilizada en ningún caso, su reducción no supone ningún cambio a nivel de la calidad de la carne ni respecto al bienestar animal.
(10)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas en materia de competencia y otros ámbitos del Derecho de la Unión. En particular, los criterios y métodos utilizados para evaluar la exposición directa a la competencia con arreglo al artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE no son necesariamente idénticos a los utilizados para realizar una evaluación con arreglo a los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (7). Este extremo ha sido confirmado por el Tribunal General (8).
(6)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
DECISIÓN (UE) 2019/1179 DEL CONSEJO

de 8 de julio de 2019

relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades (Línea presupuestaria 02 04 77 03 – Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartado 9,

Visto el Reglamento (CE) n.o 2894/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, relativo a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1), y en particular su artículo 1, apartado 3,

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (2), y en particular su artículo 58, apartado 2, letra b), su artículo 110, apartado 1, y su artículo 181,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994.

(2) En virtud del artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE puede decidir la modificación, entre otros aspectos, del Protocolo 31 del Acuerdo EEE.

(3) El Protocolo 31 del Acuerdo EEE contiene disposiciones sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades.

(4) Procede mantener la cooperación de las Partes Contratantes en el Acuerdo EEE en las acciones de la Unión financiadas con cargo al presupuesto general de la Unión Europea relativas a la acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa.

(5) Procede, por lo tanto, modificar el Protocolo 31 del Acuerdo EEE para que esa cooperación ampliada pueda desarrollarse a partir del 1 de enero de 2019.

(6) En consecuencia, la posición de la Unión en el Comité Mixto del EEE debe basarse en el proyecto de Decisión adjunto.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1 La posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a la propuesta de modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades, se basará en el proyecto de Decisión del Comité Mixto del EEE adjunto a la presente Decisión.

Artículo 2 La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2019. Por el Consejo La Presidenta A.-K. PEKONEN

(1) DO L 305 de 30.11.1994, p. 6.

(2) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.

(3) DO L 1 de 3.1.1994, p. 3.
(5)

Sobre la base de esa evaluación y teniendo en cuenta, con arreglo al artículo 11, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) n.o 549/2004, la necesidad de que los objetivos de rendimiento del bloque funcional del espacio aéreo de Europa Central (FABEC, por sus siglas en inglés) sean coherentes, la Comisión ha constatado, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra d), del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 391/2013, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 550/2004, que la tarifa unitaria de 2019 para zonas de tarificación de ruta presentada por Suiza es conforme con los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 390/2013 y (UE) n.o 391/2013.
(16)

Teniendo en cuenta el principio de la OICV sobre la transición, la sección 123J faculta a la MAS para negarse a retirar la autorización de un administrador de índices de referencia autorizado si ello no redunda en interés público. La sección 123S de la SFA, junto con la norma reguladora n.o 13 de los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia financieros y la Comunicación sobre la presentación de informes periódicos para los administradores de índices de referencia, se corresponden con el principio de la OICV sobre las auditorías. La sección 123R de la SFA y la norma reguladora n.o 12 de los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia financieros en lo que respecta a los administradores de índices de referencia, así como la sección 123ZN(1) de la SFA y la norma reguladora n.o 20 de los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia financieros en lo que respecta a los transmitentes de índices de referencia se corresponden con el principio de la OICV sobre la pista de auditoría. Las secciones 123V y 123ZR de la SFA se corresponden con el principio de la OICV sobre cooperación con las autoridades reguladoras.
(13)

Con el fin de mejorar la percepción de la independencia de las agencias de calificación crediticia con respecto a las entidades calificadas, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 amplía, en su artículo 6, apartado 4, y en los artículos 6 bis y 6 ter del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las normas sobre conflictos de intereses a los causados por los accionistas o socios que ocupen una posición significativa en las ACC. El marco jurídico y de supervisión japonés impone a las ACC la obligación de adoptar medidas para garantizar que la ACC no perjudique los intereses de los inversores en el proceso de determinación de una calificación crediticia, en particular cuando una entidad calificada posea el 5 % o más del capital de la ACC. Además, se prohíbe a las ACC realizar una calificación crediticia si la ACC tiene un interés en la entidad calificada.
(5)

Con arreglo a la primera condición establecida en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia de un tercer país deberán estar sometidas a autorización o registro y a una supervisión y un control de cumplimiento efectivos de manera continuada. El marco jurídico y de supervisión de Hong Kong exige que las ACC y sus analistas que presten servicios de calificación crediticia en Hong Kong estén autorizados para poder prestar servicios de calificación crediticia, y estén sujetos a la supervisión de la Comisión de Valores y Futuros («Securities and Futures Commission», SFC) de Hong Kong. El marco jurídico y de supervisión de Hong Kong confiere a la SFC toda una serie de poderes que le permiten investigar si las agencias de calificación cumplen con sus obligaciones legales. La SFC puede obligar tanto a las personas reguladas como a las no reguladas a presentar información y documentos que sean pertinentes para la investigación, tales como registros comerciales, extractos bancarios, datos telefónicos y de internet e información sobre la titularidad real. El ejercicio de esta facultad se aplica a las personas investigadas y también a aquellas sobre las que la SFC tenga motivos razonables para creer que poseen información pertinente para la investigación. Además, cuando exista el temor de que se destruyan o se eliminen pruebas, de que se evada el sujeto de la investigación u otro tipo de inquietud, la SFC está facultada para acceder a locales privados pertenecientes a personas reguladas o no reguladas al amparo de una orden de registro emitida por una autoridad judicial. Por otra parte, la SFC está facultada para emprender acciones penales, civiles, administrativas y de otro tipo. Por ejemplo, tiene competencia administrativa para imponer sanciones disciplinarias a las personas autorizadas o registradas en la SFC, para imponer restricciones de las actividades comerciales de las personas autorizadas o registradas, para revocar o suspender la autorización o el registro de una persona autorizada o registrada, y para amonestar o imponer a las personas autorizadas o registradas obligaciones o multas. La SFC está facultada para solicitar al órgano jurisdiccional competente medidas cautelares o reparadoras. Además de inspecciones in situ, la SFC lleva a cabo labores de supervisión desde el exterior a través de interacciones con las ACC autorizadas, a fin de comprender sus modelos y planes de negocio y los riesgos inherentes a sus actividades, con objeto de detectar y evaluar los riesgos derivados de sus actividades comerciales. La información sobre las ACC autorizadas se recoge a través de los documentos presentados a la SFC, en particular, pero no exclusivamente, las cuentas anuales auditadas y los informes anuales de control. La SFC realiza un seguimiento de las reclamaciones y las infracciones autodeclaradas. El acuerdo de cooperación celebrado entre la AEVM y la SFC prevé el intercambio de información en lo que se refiere a las medidas de supervisión y las medidas coercitivas adoptadas en relación con agencias de calificación crediticia de ámbito transfronterizo.
(6)

Los licenciatarios de la ASIC están sujetos a las condiciones de la licencia y a una serie de requisitos legislativos. Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los administradores se encuentran recogidos en la Corporations Act 2001 (en adelante, «Corporations Act»), en las ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 y en las ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018. La ASIC Regulatory Guide 268 (Guía reguladora 268 de la ASIC), relativa al régimen de concesión de licencias para los administradores de índices de referencia financieros (en lo sucesivo, «RG 268»), ofrece orientaciones adicionales para los administradores de índices de referencia. La parte 7.5B de la Corporations Act (en su versión modificada por la Treasury Laws Amendment [2017 Measures No. 5] Act 2018) implementa el marco legislativo para la regulación de los índices de referencia financieros.
(16)

El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce salvaguardias en el artículo 8, apartado 5 bis; apartado 6, letras a) bis y a) ter; y apartado 7 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, a fin de garantizar que las modificaciones de los métodos de calificación no den lugar a métodos menos rigurosos. El marco jurídico y de supervisión de México obliga a las ACC a publicar en su sitio web los métodos y procedimientos utilizados para la investigación, análisis, dictamen, evaluación y consideración de la calidad crediticia, antes de utilizarlos, y a publicar cualquier cambio sustancial de sus metodologías, de modo que el público inversor pueda consultarlos. Del mismo modo, las ACC están obligadas a revisar sus métodos y modelos, aunque no existe un requisito explícito de llevar a cabo una consulta con los participantes en el mercado antes de cambiar su metodología, y a subsanar los errores detectados en sus metodologías. Sin embargo, en caso de que una ACC introduzca cambios significativos en las metodologías de calificación crediticia, deberá notificar a la CNBV las modificaciones y publicarlas sin revelar el motivo de las mismas. En caso de que se realice una modificación de los modelos y métodos de calificación de las ACC, estas deberán revisar todas las calificaciones emitidas con anterioridad.
(5)

Con arreglo a la primera condición establecida en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia de un tercer país deberán estar sometidas a autorización o registro y a una supervisión y un control de cumplimiento efectivos de manera continuada. El marco jurídico y de supervisión de EE.UU. exige que las ACC estén registradas como Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (NRSRO) en la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC) a fin de que se permita la utilización de sus calificaciones con fines reglamentarios. Posteriormente son supervisadas por la SEC de forma continuada. Las amplias facultades de supervisión conferidas a la SEC le permiten investigar si las agencias de calificación crediticia cumplen con sus obligaciones legales. La SEC está facultada, entre otras cosas, para acceder a la documentación, llevar a cabo investigaciones y realizar inspecciones in situ, así como exigir acceso a los archivos de grabaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas. La SEC puede ejercer las citadas facultades no solo respecto de las ACC, sino también respecto de otras personas que intervengan en actividades de calificación crediticia. El marco jurídico y de supervisión de EE.UU. exige que la SEC efectúe un examen de cada NRSRO al menos una vez al año, e informe de los resultados de esos exámenes. En caso de que la SEC determine que una NRSRO ha infringido alguna de las obligaciones que se derivan de las normas pertinentes, puede adoptar un amplio abanico de medidas de supervisión para poner fin a la infracción. Entre estas medidas cabe citar la posibilidad de proceder a la baja registral, de suspender la utilización de las calificaciones con fines reglamentarios y de ordenar a una agencia de calificación crediticia que ponga fin a la infracción. La SEC también puede imponer severas sanciones a las agencias de calificación crediticia que incumplan los requisitos pertinentes. Así pues, las NRSRO están sujetas a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos de manera continuada. El acuerdo de cooperación celebrado entre la AEVM y la SEC prevé el intercambio de información en lo que se refiere a las medidas de supervisión y coercitivas adoptadas contra agencias de calificación crediticia de ámbito transfronterizo.
(121)

Como se explica en los considerandos 112 a 117, a lo largo de la investigación formal, la Comisión no encontró elementos que pudieran corroborar las dudas respecto a la posibilidad de que el presente asunto esté relacionado con un conflicto de calificación. Las diferentes interpretaciones del término «negocio» en la legislación fiscal luxemburguesa y en la legislación fiscal estadounidense no han llevado a Luxemburgo y a Estados Unidos a aplicar disposiciones diferentes del CDI, sino a interpretar de manera distinta la misma disposición, a saber, el artículo 5 del CDI Luxemburgo – Estados Unidos. En caso de diferencias de interpretación, el informe de 1999 especifica que el Estado de residencia (Luxemburgo) no está obligado a aceptar la interpretación propuesta por el Estado de la fuente (Estados Unidos) (73). Asimismo, en caso de diferencias de interpretación y en ausencia de una disposición en el CDI correspondiente al artículo 23A, apartado 4, del modelo tributario de la OCDE (como en el caso del CDI Luxemburgo – Estados Unidos), puede producirse la doble no imposición. Dicha doble no imposición resultante de interpretaciones divergentes del convenio sobre doble imposición puede resolverse negociando una enmienda al mismo (74) o recurriendo al procedimiento de mutuo acuerdo previsto en el artículo 27 de dicho convenio.
(5)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participó en la adopción de la Decisión 2001/470/CE y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación. Por este motivo, el término «Estado miembro» debe entenderse como todos los Estados miembros excepto Dinamarca.
(169)

En cuanto a la duda expresada en la Decisión de incoación y a la alegación correspondiente realizada por el denunciante de que la Decisión de la GHA de 2013 habría instado a PSA y AG a reubicar su tráfico en puertos en los que se aplicara más estrictamente el cumplimiento de los RTM, la Comisión observa que PSA y AG, al estudiar dónde gestionar su tráfico durante el período 2009-2012, todavía desconocían la decisión que adoptaría la GHA sobre la cuestión de las compensaciones por los RTM no cumplidos durante esos años. De hecho, la GHA no abordó esta cuestión hasta hacerlo de manera retroactiva a través de la Decisión de la GHA de 2013. Por otra parte, la Decisión de la GHA de 2013, a pesar de reajustar a la baja los RTM aplicables a PSA y AG, seguía previendo RTM superiores a los resultados reales de PSA y AG durante el período 2009-2012 (a excepción de AG en 2011, cuando obtuvo unos resultados ligeramente superiores a los RTM reajustados). Además, si bien la GHA participó en conversaciones con PSA y AG sobre la reducción de los RTM originales (véase el considerando 20), el contenido de estas comunicaciones refleja que la GHA nunca pretendió reducir los RTM hasta eliminar por completo el efecto de la compensación por los RTM no cumplidos. Por consiguiente, la Comisión concluye que la Decisión de la GHA de 2013 no facilitó ningún incentivo a PSA ni a AG para reubicar el tráfico en otros puertos en los que se aplicara estrictamente el cumplimiento de los RTM.
—

En The cook's guide to bread, de Christine Ingram y Jennie Shapter (1999) se puede leer una curiosa descripción de este pan: «The Pan Gallego often looks like a squashy cottage loaf with a top knot». [El «Pan Gallego suele parecerse a una hogaza de pan esponjoso coronada con una bolita en forma de moña»].
(3)

Con el fin de permitir la presentación de notificaciones de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea la solicitud de aprobación de la modificación del pliego de condiciones, que no se considera de menor importancia, tal como se contempla en el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 de la Comisión (2), junto con el documento único modificado y la referencia a la publicación del pliego de condiciones correspondiente, de la denominación registrada «Cordero Manchego» (IGP).
(4)

La objeción formal presentada por Suecia se refiere un accidente en el lugar de trabajo en el que un empleado que llevaba puesto un chaleco salvavidas inflable equipado con un dispositivo de inflado automático cayó en agua fría y el chaleco salvavidas no se infló. Una serie de investigaciones llevadas a cabo por la Autoridad Sueca del Entorno Laboral concluyeron que el chaleco salvavidas no se infló porque el cartucho de gas se había desprendido y descosido parcialmente debido a los movimientos del cuerpo, los factores medioambientales y las operaciones que se llevaron a cabo durante su utilización. Si el cilindro de gas se desprende, el chaleco salvavidas inflable deja de ser seguro y no mantiene sus propiedades protectoras durante toda su utilización, por lo que el producto deja de proteger contra el riesgo de ahogamiento. Asimismo, la Autoridad Sueca del Entorno Laboral ha informado de otros accidentes e incidentes que afectaron tanto a usuarios profesionales como consumidores y en los que se encontraron cilindros de gas sueltos o desprendidos en varios chalecos salvavidas inflables. Además, se ha constatado que algunas marcas de chalecos salvavidas inflables carecen de ventanilla de indicación, por lo que, durante la utilización del producto, no hay ninguna indicación de si este es seguro o no, o, en caso de que el chaleco salvavidas inflable sí cuente con una ventanilla de indicación, esta no es visible para el usuario durante su uso debido a su posición en el chaleco salvavidas.
(10)

Sobre la base del dictamen de la Autoridad, no parece necesario someter los productos a los que se aplica la presente Decisión a requisitos de etiquetado específicos distintos de los establecidos en el artículo 13, apartado 1, y el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, y en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Sin embargo, para asegurarse de que dichos productos se utilicen dentro de los límites de la autorización concedida por la presente Decisión, el etiquetado de los productos que contengan maíz modificado genéticamente 5307 o estén compuestos de este maíz, a excepción de los productos alimenticios, debe contener una indicación clara de que los productos en cuestión no están destinados al cultivo.