15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 1 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
Conforme a las disposiciones de los Tratados (artículo 78 séptimo (4) del 
Tratado CECA, artículo 206 bis (4) del Tratado CEE y artículo 180 bis (4) del 
Tratado CEEA) y del Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 (artículo 83), 
así como a las disposiciones correspondientes relativas a los Fondos 
Europeos de Desarrollo, el Tribunal de Cuentas de las Comunidades 
Europeas, en su reunión del 19 de noviembre de 1986, aprobó su 
INFORME ANUAL 
relativo al ejercicio 1985 
El informe, acompañado de las respuestas de las instituciones a las 
observaciones del Tribunal, fue transmitido a las autoridades responsables 
del descargo y a las otras instituciones antes del 30 de noviembre 1986 
Marcel MART 
(Presidente) 
Paul GAUDY 
Aldo ANGIOI 
Pierre LELONG 
André J. MIDDELHOEK 
Keld BRIXTOFTE 
Lothar HAASE 
Stergios VALLAS 
Charles J. CAREY 
Josep SUBIRATS 
Carlos MORENO 
Richie RYAN 
2 foiario Oficial de las Comunidades Europeas 1^.12.^ 
r^^^l^^^ 
1. Las notas correspondientesalas llamadas que aparecen en cada capítulo figuran al 
final del mismo. 
2. Laexplicacióndelasabreviaturasysímbolosutilizadosenelpresenteinfbrmefiguraen 
la página l^^página del anexo IID. 
3. Lasrespuestasdelasinstituciones,señaladasenelmargen con una banda gris, figuran 
acontinuación de los anexos al presente informe. 
1^, 12. ^o lóiarioCoñcial de las Comunidades Puropeas ^ 
Página 
Introducción éó 
Capítulo 1—Conservaciones generales 7 
Capítulo ^^Contabilidad 21 
Capítulo ^ — Ingresos 27 
Capítulo ^ — l^ondoPuropeo de COrientaciónyGarantía Agrícolas Sección ^Garan^ 
tia^^PB^GAGarantia^ ^ 
Capítulo éó — riendo Puropeo de GrientaciónyGarantía Agrícolas Sección^Grienta^ 
ción^^FPGGA^Grientación^yacciones agrícolas especíticas ^ 
Capítulo o — Política Común de la Pesca o7 
Capítulo 7 — Gastos de intervención en el ámbito del desarrollo regionalyen el de los 
transportes 7^ 
Capítulo ^ — Ámbito Social ^ 
Capítulo ^ — investigación^ energías etc ^ 
Capitulólo — Cooperación con los países en vías de desarrolloycon terceros países. 100 
Capítuloll — Gestión de las instituciones comunitariasyde los organismos exteriores 112 
Capítulo!2 — Préstamos^ empréstitosyboniticaciones de intereses !2éó 
^e^nd^P^rt^ 
Fondos Puropeos de iOesarrollo 1^ 
Al^B^GS 
Anexo 1 —Atribuciones de los IvÜembrosdel^fribunal de Cuentasenelmomento de 
la aprobación del presente informe 1^7 
Anexo ii —informesydictámenes aprobados por el^fribunal de Cuentasdurante los 
últimos cinco años 1^ 
Anexo NI —informacióntinancierarelativaalPresupuesto General de las Comunidad 
des Buropeasyalos fondos Bnropeos de L^esarrollo^!^^ léó^ 
4 diario Oticial de las Comunidades Puropeas ró,12.^ 
^e^pse^ts^de^^n^tse^ese^s^eb^ervs^ene^ 
de^nbnns^de^nests^re^s^vs^s^e^ere^ol^^ 
P^^e^P^^e Página 
Capítulo 1—Conservaciones generales 1^ 
Capítulo 2^Contabilidad 1^ 
Capítulo 3 — Ingresos 1^ 
Capítulo 4 — Pondo Puropeo de COríentaciónyGarantía Agrícolas Sección ^Garan^ 
tía^PPCoGAGarantía^ 204 
Capítulo ^ — Pondo Puropeo de COrientaciónyGarantía Agrícolas Sección^COrienta^ 
ción^^PPCOGA^COrientación^yacciones agrícolas especíticas 212 
Capítulo ^ — Política Común de la Pesca 217 
Capítulo 7 — Gastosde intervención en el ámbito del desarrollo regíonalyen el de los 
transportes 220 
Capítulo ^^Ambito Social 22^ 
Capítulo ^ — Investigación^ energías etc 22^ 
Capitulólo — Cooperación con los países en vías de desarrolloycon terceros países. 231 
Capítuloll—Gestión de las instituciones comunitaríasyde los organismos exteriores 237 
Capítulol2 — Préstamos^ empréstitosybonitícaciones de intereses 24^ 
^Bed^P^te 
Pondos Europeos de loesarrollo 2éól 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas 
relativo al ejercicio 1985 
INTRODUCCIÓN 
1. El presente informe, relativo a las cuentas del 
ejercicio 1985, es el noveno Informe Anual del Tribunal 
de Cuentas de las Comunidades Europeas (')• Los 
Tratados (2) y el Reglamento Financiero (3) disponen que 
la Comisión establecerá y transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas, a más 
tardar el 1 de junio, las cuentas relativas a las operaciones 
del Presupuesto, así como un balance financiero descripti­
vo del activo y del pasivo de la Comunidad, acompañados 
de un análisis de la gestión financiera del ejercicio 
concluido. El Tribunal de Cuentas elabora su Informe 
Anual después de haber examinado dichos documentos y 
demás información que considere necesaria para el 
cumplimiento de su misión. En virtud de lo establecido en 
los Tratados (4), el Parlamento, por recomendación del 
Consejo, aprobará la gestión de la Comisión en la 
ejecución del Presupuesto. A tal fin, examinará, después 
del Consejo, las cuentas y el balance financiero antes 
mencionados, así como el Informe Anual del Tribunal 
acompañado de las respuestas de las instituciones a las 
observaciones de éste. Presupuesto General de las Comunidades y a los Fondos 
Europeos de Desarrollo. 
6. El Tribunal ha presentado a las autoridades de 
descargo competentes informes separados sobre las 
cuentas del ejercicio 1985 del JET (Joint European 
Torus), del Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Berlín), de la Fundación Euro­
pea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo (Dublín), de la Agencia de Abastecimiento de 
Euratom y sobre las cuentas del ejercicio 1984 de las 
Escuelas Europeas. El capítulo 11 contiene observaciones 
sobre las contribuciones de la Comisión a los presupues­
tos de las Escuelas. El Tribunal ha elaborado asimismo un 
informe anual separado sobre las operaciones de la 
CECA, así como sobre la gestión financiera de la 
Comisión relativa a estas operaciones, de conformidad 
con el artículo 78 séptimo (5) del Tratado CECA. 
2. Las observaciones de alcance general que el Tribunal 
estima que debe formular se recogen en el capítulo 1 de la 
primera parte del presente informe. Los capítulos 2 a 11 
tratan sobre el Presupuesto General de las Comunidades. 
El capítulo 12 versa sobre las operaciones de préstamo y 
empréstito efectuadas en el marco de los Tratados CEE y 
CEEA, así como sobre las bonificaciones de intereses 
correspondientes, que son financiadas por el Presupuesto. 
3. La segunda parte del informe trata de los Fondos 
Europeos de Desarrollo. Estos Fondos, que prestan 
ayuda y asistencia a los países en vías de desarrollo, no 
constituyen parte integrante del Presupuesto General de 
las Comunidades sino que son financiados mediante 
contribuciones especiales de los Estados miembros. 
4. El anexo I del informe indica las atribuciones de los 
miembros del Tribunal en el momento de la aprobación 
del presente informe. El anexo II contiene la lista de los 
informes y dictámenes aprobados por el Tribunal durante 
los cinco últimos años. 
5. El anexo III contiene resúmenes y diversos análisis 
detallados de las informaciones financieras relativas al 
(') Las notas aparecen al final de la introducción. RENDICIÓN DE LAS CUENTAS 
COMUNITARIAS E INFORME ANUAL DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
7. La presentación de las cuentas del ejercicio 1985 por 
parte de la Comisión tuvo lugar antes del 1 de junio de 
1986. Sin embargo, la Comisión presentó el 17 de octubre 
de 1986 cuadros rectificados de la cuenta de gestión 
aprobada en fecha 31 de diciembre de 1985 (véase 
apartado 7.11). Con anterioridad al 15 de julio de 1986, 
todas las observaciones contenidas en el presente informe 
fueron transmitidas a la Comisión, y los extractos de los 
capítulos 1, 2 y 11, de interés para el Parlamento, el 
Consejo, el Tribunal de Justicia y el Comité Económico y 
Social, fueron igualmente transmitidos a estas institucio­
nes. 
8. El Reglamento Financiero dispone que todas las 
instituciones presentarán sus respuestas al Tribunal a más 
tardar el 31 de octubre. En la práctica, la redacción de las 
respuestas formales fue precedida por conversaciones 
entre las instituciones y el Tribunal. Estas conversaciones 
trataron a la vez sobre las observaciones del Tribunal y 
sobre los proyectos de respuestas comunicados a título 
informal. Este procedimiento ha permitido, en varios 
casos, adaptar tanto las observaciones como las respues-
6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
tas, con objeto de proporcionar al lector una presentación 
lo más objetiva posible de los puntos de vista expresados. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
TRIBUNAL 
9. Una vez recibidas las respuestas de las instituciones, 
el Tribunal aprobó su informe y, de conformidad con el 
artículo 84 del Reglamento Financiero, lo presentó a las 
instituciones, acompañado de las respuestas de éstas, 
antes del 30 de noviembre de 1986. Este año el Tribunal 
no ha considerado necesario añadir, después del procedi­
miento contradictorio, comentarios a las respuestas de las 
instituciones, si bien ello no presupone que el Tribunal 
esté necesariamente de acuerdo con el contenido de las 
respuestas. 
10. Con objeto de permitir una mejor identificación de 
las respuestas de las instituciones, éstas han sido 
señaladas, por primera vez este año, mediante una banda 
gris al margen, con la mención «Respuestas de las 
instituciones ». 13. El Consejo, después de la entrada en vigor del 
Tratado relativo a la adhesión de España y Portugal a las 
Comunidades, ha nombrado Miembros del Tribunal, por 
decisión de 27 de enero de 1986, a los Sres. Josep 
SUBIRATS PIÑANA y Carlos Manuel BOTELHEIRO 
MORENO. En consecuencia, el Tribunal procedió, en su 
reunión del 8 de febrero de 1986, a un nuevo reparto de 
competencias entre los Miembros del Tribunal, habién­
dose modificado este reparto en mayo de 1986 como 
consecuencia del nombramiento por parte del Consejo, 
con efecto a partir del 18 de mayo de 1986, del Sr. Richie 
RYAN como Miembro del Tribunal en sustitución del Sr. 
Michael N. MURPHY. El reparto de responsabilidades 
entre los miembros del Tribunal está indicado en el 
anexo I. 
11. El Tribunal no ha modificado los procedimientos de 
control de sus propias cuentas, que había introducido en 
1983. El examen de un tema concreto en las otras 
instituciones cubre igualmente la utilización de los 
créditos correspondientes en el presupuesto del Tribunal. 
Todas las observaciones resultantes de este examen se 
insertan en el capítulo correspondiente del presente 
informe y las respuestas se adjuntan de la misma manera 
que las de las otras instituciones. PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL 
Y PLANTILLA DE PERSONAL 
14. Los gastos del Tribunal en 1984, incluidas las 
prórrogas a 1985, alcanzaron la cifra de 17,3 millones de 
ECUS; en 1985, incluyendo las prórrogas a 1986, dichos 
gastos se elevaron a 18,1 millones de ECUS. La mayor 
parte de estas cantidades corresponde a sueldos e 
indemnizaciones. 
INFORMES ESPECIALES 
12. Tal y como se ha indicado en el apartado 4, el anexo 
II enumera los informes y dictámenes aprobados por el 
Tribunal durante los cinco últimos años. 15. Los Presupuestos de 1984 y 1985 asignaban al 
Tribunal los siguientes efectivos: 
Categoría A 
Categoría LA 
Categoría B 
Categoría C 
Categoría D 
Total 1984 
107 
36 
63 
78 
19 
303 1985 
109 
36 
64 
77 
21 
307 (5) 
(') El Informe Anual se presenta de acuerdo con lo establecido en el Tratado CECA, 
articulo 78 séptimo (4); en el Tratado CEE, articulo 206 bis (4); en el Tratado 
CEE A, artículo 180 bis (4); en el artículo 83 del Reglamento Financiero de 21 de 
diciembre de 1977, DO L 356 de 31.12.1977; así como en disposiciones análogas 
de los diferentes reglamentos financieros relativos al segundo, tercero, cuarto y 
quinto Fondos Europeos de Desarrollo, respectivamente: 
la decisión 64/356/CEE del Consejo, DO 93 de 11.6.1964, 
la decisión 71/68/CEE del Consejo, DO L 31 de 8.2.1971, 
la decisión 76/647/CEE del Consejo, DO L 229 de 20.8.1976, 
la decisión 81/215/CEE del Consejo, DO L 101 de 11.4.1981. (2) 
0 (4) 
(5) Tratado CECA, artículo 78 quinto; 
Tratado CEE, artículo 205 bis; 
Tratado CEEA, artículo 179 bis. 
Artículos 73 a 77. 
Tratado CECA, artículo 78 octavo; 
Tratado CEE, artículo 206 ter; 
Tratado CEEA, artículo 180 ter. 
De los cuales 268 corresponden a puestos permanentes y 39 a puestos 
temporales. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 7 
PRIMERA PARTE 
CAPITULO 1 
Observaciones generales 
1.0. ÍNDICE DE MATERIAS Apartados 
Introducción 1.1 
Situación de las finanzas comunitarias 1.2 — 1.12 
Cargas futuras 1.2 — 1.4 
Evaluación general de la presentación de las cuentas 1.5 — 1.6 
Desequilibrio entre ingresos y gastos 1.7 — 1.9 
Conclusión 1.10 — 1.12 
Regularidad de determinadas operaciones financieras 1.13 
Análisis de la ejecución del Presupuesto General 1.14 — 1.19 
Compendio global de la utilización de los créditos para compromisos y para 
pagos disponibles en 1985 1.14 — 1.17 
Transferencias de capítulo a capítulo 1.18 
Transferencias sobre créditos prorrogados 1.19 
Otras observaciones 1.20 — 1.36 
Relación de observaciones relativas a varios sectores 1.20 — 1.25 
Observaciones sobre la preparación del Presupuesto 1.26 — 1.29 
Régimen de las doceavas partes provisionales 1.30 — 1.35 
Relación detallada de las decisiones de hacer caso omiso a las denegaciones 
de visado del interventor 1.36 
Informes especiales aprobados por el Tribunal desde su anterior Informe Anual 1.37 
INTRODUCCIÓN 
1.1. De conformidad con el artículo 77 del Reglamento 
Financiero de 21 de diciembre de 1977 ('), el Tribunal de 
Cuentas recibió de la Comisión, el 29 de mayo de 1986, la 
cuenta de gestión, el análisis de la gestión financiera y el 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. balance financiero de las Comunidades Europeas corres­
pondientes al ejercicio 1985 (2). Los créditos definitivos 
para compromisos y para pagos disponibles en 1985 
ascendieron respectivamente a 32 320,4 millones de 
ECUS y a 29 531,0 millones de ECUS (28 437,1 millones 
de ECUS de créditos referentes al ejercicio 1985 y 1 093,9 
millones de ECUS de créditos prorrogados del ejercicio 
1984). Los cuadros 1.1 — 1.3 presentan la utilización de 
estos créditos por grandes sectores de actividad; el cuadro 
3.1, que figura en el capítulo 3, resume según su 
naturaleza los ingresos percibidos a lo largo del ejercicio. 
8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 1.1 — Utilización de los créditos para compromisos en 1984 y 1985 
(Millones de ECUS) 
Sector 
1. Funcionamiento 
(todas las instituciones) 
2. FEOGA-Garantía 
3. Estructuras agrícolas 
4. Pesca 
5. Política regional 
y de transportes 
6. Política social 
7. Investigación, energía, etc. 
8. Reembolsos a 
los Estados miembros 
9. Cooperación al desarrollo 
10. Créditos provisionales y reserva 
Total general Tipo de 
créditos: 
CC = 
créditos de 
compromiso; 
CND = 
créditos no 
disociados 
CND 
CND 
CC 
CND 
CC + CND 
CC 
CND 
CC + CND 
CC 
CND 
CC + CND 
CC 
CND 
CC + CND 
CC 
CND 
CC + CND 
CND 
CC 
CND 
CC + CND 
CC 
CND 
CC + CND 
CC 
CND 
CC + CND 1984 
Créditos 
definitivos 
(1) Compromisos 
contraídos 
(2) 
1245,6 1223,1 (98,2%) 
18 358,0 18 330,8 (99,9%) 
908,0 819,3 (90,2 %) 
51,8 51,2 (98,8%) 
959,8 870,5 (90,7%) 
121,9 66,2 (54,3%) 
32,2 29,9 (92,9 %) 
154,1 96,1 (62,4 %) 
2 595,7 2 444,4 (94,2 %) 
485,5 484,2 (99,7 %) 
3 081,2 2 928,6 (95,0%) 
2 039,4 1859,5 (91,2%) 
419,0 416,2 (99,3 %) 
2 458,4 2 275,7 (92,6%) 
1 034,9 762,5 (73,7 %) 
556,1 555,5 (99,9%) 
1591,0 1318,0 (82,8%) 
1 083,2 1 082,5 (99,9 %) 
625,0 477,9 (76,5 %) 
721,7 721,1 (99,9%) 
1 346,7 1 199,0 (89,0 %) 
7 324,9 6 429,8 (87,8 %) 
22 953,1 22 894,5 (99,7%) 
30 278,0 29 324,3 (96,9%) 1985 
Créditos 
definitivos 
(3) Compromisos 
contraídos 
(4) 
1336,0 1314,4 (98,4%) 
19 859,0 19 728,1 (99,3%) 
933,7 866,1 (92,8 %) 
45,2 44,8 (99,1 %) 
978,9 910,9 (93,1%) 
155,5 74,9 (48,2%) 
59,9 46,8 (78,1 %) 
215,4 121,7 (56,5%) 
3 031,7 2 637,7 (87,0%) 
3,8 3,0 (79,0%) 
3 035,5 2 640,7 (87,0 %) 
2 558,0 2 202,9 (86,1 %) 
209,1 80,6 (38,5%) 
2 767,1 2 283,5 (82,5%) 
1 289,5 945,3 (73,3 %) 
38,3 31,9 (83,3%) 
1327,8 977,2 (73,6%) 
1 266,8 1 244,0 (98,2 %) 
1 283,8 936,6 (73,0 %) 
203,8 202,9 (99,6 %) 
1 487,6 1 139,5 (76,6 %) 
40,5 — — 
5,8 — — 
46,3 — — 
9 292,7 7 663,5 (82,5 %) 
23 027,7 22 696,5 (98,6 %) 
32 320,4 30 360,0 (93,9%) 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 9 
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15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 11 
SITUACIÓN DE LAS FINANZAS 
COMUNITARIAS 
Cargas futuras Otras obligaciones y cargas potenciales 
1.3. A 31 de diciembre de 1985, la lista, no exhaustiva, 
de otras obligaciones y cargas potenciales representaba 
aproximadamente 9 000 millones de ECUS, cuya fecha de 
vencimiento está aún por clarificar. Su cuantía se 
desglosaba como sigue: 
Acumulación de compromisos sobre créditos disociados 
pendientes de liquidación (a) obligaciones, por un importe de 1 680,5 millones de 
ECUS, que figuran en el balance consolidado de las 
Comunidades y que proceden del desequilibrio entre 
ingresos y gastos (véanse apartados 1.7 — 1.8): 
1.2. El cuadro 1.4 muestra que, en los sectores cubiertos 
por los créditos disociados, el volumen de compromisos 
pendientes siguió aumentando hasta alcanzar 11 805,1 
millones de ECUS en fecha 31 de diciembre de 1985. Si se 
deducen de esta cantidad los créditos de pago correspon­
dientes prorrogados a 1986, es decir, 688,7 millones de 
ECUS, queda un saldo de 11 116,4 millones de ECUS a 
financiar con cargo a los presupuestos posteriores de las 
Comunidades. La Comisión debería esforzarse en 
examinar de nuevo, sobre todo para los fondos estructu­
rales, la justificación de numerosos compromisos que 
podrían resultar ser compromisos fantasmas sin grandes 
posibilidades de ser realizados y que podrían pues, en caso 
de anulación, disminuir el importe del saldo pendiente 
(véase apartado 1.25). (i) anticipos reembolsables pagados por 5 Estados 
miembros en 1984, y por otros 5 Estados en 1985 
(véase apartado 3.7), con el fin de cubrir 
parcialmente, hasta un total de 1 001,8 millones 
de ECUS, el déficit previsto en el presupuesto 
rectificativo y suplementario n° 1 del ejercicio 
1984(3); 
(ii) resto, de 654,8 millones de ECUS, del déficit del 
año 1984; 
(iii) déficit de 23,9 millones de ECUS que figura en la 
cuenta de gestión consolidada relativa al año 
1985; 
Cuadro 1.4 — Compromisos pendientes acumulados (créditos disociados) 
(Millones de ECUS) 
Ejercicio 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 Compromisos 
netos 
contraídos 
durante el 
ejercicio (') 
(1) 
1 623,5 
2 797,6 
3 262,0 
3 700,6 
4 554,9 
5 466,1 
5 954,1 
6 698,2 Pagos 
efectuados 
durante el 
ejercicio 
(2) 
918,8 
1 763,5 
2 338,2 
2 594,6 
3 032,5 
3 664,6 
4 503,2 
5 239,2 Aumento 
de los 
compromisos 
pendientes 
durante el 
ejercicio 
(3) = (1) - (2) 
704,7 
1 034,1 
923,8 
1 106,0 
1 522,4 
1 801,5 
1 450,9 
1 459,0 
Desglose del importe del ejercicio 1985 por título del Presupuesto: 
— Estructuras agrícolas (Título 3) 
— Pesca (Título 4) 
— Política regional y de transportes (Título 5) 
— Política social (Título 6) 
— Investigación, energía, etc. (Título 7) 
— Cooperación con los países en vías de desarrollo (Título 9) Compromisos pendientes 
acumulados al cierre 
del ejercicio 
(4) 
1 802,7 
2 507,4 ( + 39,1 %)(2) 
3 541,5 ( + 41,2%) 
4 465,3 ( + 26,1%) 
5 571,3 ( + 24,8%) 
7 093,7 ( + 27,3%) 
8 895,2 ( + 25,4%) 
10 346,1 (+16,3%) 
11805,1 (+14,1%) 
1 169,3 (+ 1,5%) 
125,8 ( + 40,1%) 
5 336,2 (+14,4%) 
2 850,5 (+12,8%) 
1066,7 ( + 34,1%) 
1256,6 (+12,3%) 
(') Incluyendo las anulaciones de compromisos y, para 1978, los ajustes de los saldos realizados a causa de la fluctuación de la UCE. 
(2) Porcentaje de aumento en comparación con el ejercicio anterior. 
12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
(b) obligaciones que no figuran en las cuentas de las 
Comunidades y que representan una cuantía de 
1 709,5 millones de ECUS: 
(i) obligaciones correspondientes a las solicitudes de 
reembolso por parte de algunos Estados miem­
bros de 54,7 millones de ECUS de gastos relativos 
al Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola, sección Orientación (FEOGA-Orienta-
ción) (véase apartado 5.7); 
(ii) otras obligaciones, estimadas en aproximada­
mente 850 millones de ECUS, frente a los Estados 
miembros y vinculadas a programas del FEOGA-
Orientación aprobados por la Comisión (véase 
apartado 5.10); 1.6. Como responsable de la gestión presupuestaria, la 
Comisión debería establecer una lista de todas las 
obligaciones financieras que las Comunidades han 
acumulado en el pasado y esforzarse en establecer un 
calendario de vencimientos y su exigibilidad. Una 
presentación análoga a la establecida ya parcialmente 
para los compromisos contabilizados, y referente en 
especial a los fondos estructurales, se impone para las 
demás obligaciones futuras, potenciales o ciertas, de 
forma que indique el calendario plurianual de los créditos 
de pago necesarios. Tal presentación permitiría que la 
autoridad presupuestaria asumiera sus responsabilidades 
y que pudiera, con conocimiento de causa, extraer las 
consecuencias relativas a los ingresos a movilizar más allá 
de las necesidades normales previsibles que resultan de la 
programación a medio plazo de los presupuestos futuros 
de las Comunidades. 
(iii) obligaciones que ascienden a 466,8 millones de 
ECUS frente a los Estados miembros y que 
derivan de programas aprobados por la Comisión 
en el ámbito del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) (véase apartado 7.17); 
(iv) obligaciones por un importe de 38,0 millones de 
ECUS contraídas antes del 31 de diciembre de 
1985 correspondientes a gastos relativos a la 
ayuda alimentaria; 
(v) otras obligaciones en materia de ayuda alimenta­
ria estimadas en aproximadamente 300 millones 
de ECUS y relativas a la ejecución de los 
programas 1985 y anteriores; 
(c) carga potencial estimada en 5 650 millones de ECUS y 
relacionada a la comercialización posterior de los 
stocks de intervención y que no figuran en las cuentas 
de las Comunidades (véase apartado 4.23). 
1.4. Al añadir las demás obligaciones y cargas potencia­
les a los compromisos sobre créditos disociados pendien­
tes de liquidación, el Tribunal, después de un análisis de 
los principales títulos de los Presupuestos de los ejercicios 
anteriores, evalúa las cargas ciertas o potenciales de las 
Comunidades con fecha 31 de diciembre de 1985 en un 
total de 20 000 millones de ECUS. 
Evaluación general de la presentación de las 
cuentas 
1.5. El Tribunal observa que la presentación actual de 
estas cargas es parcial y heterogénea. En algunos casos, 
las cargas están o bien inscritas en el balance, o bien 
recogidas en forma de notas o « nota adjunta » al balance, 
poco comprensibles para el lector no familiarizado, o bien 
completamente omitidas en las cuentas. Tal presentación 
expone a la Comisión a la crítica de no haber proporcio­
nado una imagen fiel de la situación real de las finanzas 
comunitarias. Desequilibrio entre ingresos y gastos 
1.7. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1984 (4), el 
Tribunal había lamentado especialmente que se hubiera 
llegado de un modo gradual a una situación que cada vez 
se alejaba más del concepto de presupuesto equilibrado y 
que las instituciones no hubieran ejercido siempre los 
poderes presupuestarios que se les confiere «en el 
cumplimiento de las disposiciones del Tratado... en 
materia de recursos propios de las Comunidades y de 
equilibrio entre los ingresos y los gastos». Así, en 1984, 
los ingresos fueron insuficientes para cubrir los gastos y la 
cuenta de gestión de las Comunidades arrojó un déficit de 
827,3 millones de ECUS, después de haber contabilizado 
593,5 millones de ECUS correspondientes a los anticipos 
reembolsables de los Estados miembros percibidos antes 
del 31 de diciembre de 1984. 
1.8. La cuenta de gestión consolidada para 1985 
muestra un déficit de 23,9 millones de ECUS, después de 
haber contabilizado 1 242,4 millones de ECUS corres­
pondientes a los anticipos no reembolsables pagados por 
los Estados miembros, y 408,3 millones de ECUS 
correspondientes a los anticipos reembolsables igualmen­
te debidos por éstos en 1984 pero pagados en 1985. Sin 
embargo, en esta suma no se incluye el resto del déficit de 
1984, que asciende a 654,8 millones de ECUS, es decir, 
827,3 millones de ECUS de déficit total de 1984 menos 
172,5 millones de ECUS, incluidos en el Presupuesto de 
1985. La contabilización de este resto de 654,8 millones de 
ECUS se difiere así al ejercicio 1986 contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 27 del Reglamento Financiero, 
que prevé que el saldo de un ejercicio debe ser 
íntegramente transferido al presupuesto del ejercicio 
siguiente. El Tribunal señala que el anteproyecto del 
presupuesto rectificativo y suplementario n° 1 para el 
ejercicio 1986, presentado el 12 de mayo de 1986 por la 
Comisión (5), lejos de poner fin a esta situación anormal, 
no contempla la contabilización de este gasto. 
1.9. Sometida a presiones presupuestarias, la Comisión 
pareció ciertamente atenerse, para 1985, al límite máximo 
del 1% determinado para el tipo comunitario de recursos 
propios procedentes del Impuesto sobre el Valor Añadido 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 13 
(IVA). Sin embargo, este respeto formal sólo fue posible 
mediante el recurso a anticipos no reembolsables de los 
Estados miembros (es decir, en realidad, a contribuciones 
nacionales), por una parte, y al aplazamiento a ejercicios 
posteriores de los déficits producidos, por otra parte. En 
caso contrario, la contribución de la mayoría de los 
Estados miembros hubiera supuesto, a lo largo del 
ejercicio 1985, un tipo comunitario de recursos propios 
procedentes del IVA de al menos 1,3 % (véase apartado 
3.6). 
Conclusión 
1.10. Por segundo año consecutivo, las Comunidades 
no han respetado uno de los principios fundamentales de 
su organización financiera, a saber, la cobertura íntegra 
de las necesidades anuales mediante ingresos anuales 
equivalentes. Además, el recurso a anticipos de los 
Estados miembros, lejos de contribuir a la amortización 
de la «carga del pasado» — salvo algunos tímidos 
esfuerzos de depreciación de los stocks agrícolas — hizo, 
por el contrario, que ésta se incrementase a lo largo del 
ejercicio 1985. Ciertamente, en la medida en que para la 
aplicación de los fondos estructurales se recurre a créditos 
disociados, el incremento de las cargas pendientes de 
liquidación refleja parcialmente de un modo concreto el 
desarrollo de las actividades de las Comunidades. Sin 
embargo, sigue siendo cierto que, desde 1983, una parte 
predominante y creciente de estas cargas no corresponde 
a esta evolución natural de los compromisos contraídos 
en relación con las políticas comunes futuras, sino a la 
transferencia sistemática de los déficits presupuestarios 
anteriores, así como al aplazamiento a presupuestos 
futuros de la contabilización de determinados costes 
relacionados con la existencia de stocks agrícolas (véanse 
apartados 4.24 — 4.26). 
1.11. En este contexto, el recurso a los anticipos de los 
Estados miembros, aunque presentado como una medida 
excepcional y transitoria, llegará inevitablemente a ser un 
instrumento permanente de financiación si se quiere 
permanecer a la vez dentro del límite del 1,4 % determina­
do para el tipo comunitario de recursos propios 
procedentes del IVA fijado para 1986 y 1987 y emprender 
seriamente la amortización de parte de las cargas y 
obligaciones del pasado, que representan ya por sí solas el 
equivalente a más de un año de ingresos IVA de las 
Comunidades. 
1.12. Esta perspectiva es tanto más lamentable habida 
cuenta de la pérdida de independencia financiera que, 
como se vio en 1984 y 1985, produce el recurso a los 
anticipos por parte de los Estados miembros. Esta 
independencia era el objetivo de los autores de la Decisión 
de 21 de abril de 1970 (6) relativa a los recursos propios de 
las Comunidades. En efecto, la utilización de un sistema 
de anticipos viene a ser una nueva nacionalización del 
Presupuesto de las Comunidades, en contradicción con el 
objetivo de la decisión citada anteriormente. En segundo 
lugar, la necesidad de obtener de cada Estado miembro la 
aprobación de los anticipos reintroduce el poder de veto 
individual en el procedimiento de decisión presupuestaria 
de las Comunidades, que hasta hoy se caracterizaba por el 
voto por mayoría cualificada. REGULARIDAD DE DETERMINADAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 
1.13. Algunas operaciones plantean problemas en 
cuanto a su regularidad: 
(a) no inclusión, por parte de la Comisión, en el 
Presupuesto del ejercicio 1985, del resto del déficit de 
1984 que asciende a 654,8 millones de ECUS (véase 
apartado 1.8); 
(b) gasto en el momento del pago de los anticipos a los 
Estados miembros en concepto de FEOGA-Garan-
tía, que sobrepasa: 
(i) el límite de los créditos para pagos disponibles 
durante la aplicación del régimen de los doceavos 
provisionales tal y como está definido por el 
Tratado CEE, artículo 204, párrafo 1, y por el 
Reglamento Financiero, artículo 8, párrafo 3, 
hasta un total de 1 329,7 millones de ECUS 
durante el período de enero a mayo de 1985 (véase 
apartado 4.8); 
(ii) subsidiariamente, el límite de los créditos para 
compromisos disponibles durante la aplicación 
del régimen de los doceavos provisionales, tal y 
como está definido por el Tratado CEE, artículo 
204, párrafo 1, y por el Reglamento Financiero, 
artículo 8, párrafo 2, hasta un total de 516,9 
millones de ECUS para el anticipo de marzo de 
1985 (véase apartado 4.9); 
(c) déficit de caja de 0,1 millones de ECUS que figura en 
el balance del Parlamento con fecha 31 de diciembre 
de 1985 (véanse apartados 2.2 — 2.3); 
(d) imputación a 1986 de los gastos relativos a los atrasos 
de remuneraciones del ejercicio 1985 en el Parlamento 
(1,6 millones de ECUS; véase apartado 2.5) y en la 
Comisión (1,9 millones de ECUS; véase apartado 
2.13); por otra parte, imputación de la totalidad de 
los ingresos generados por estos atrasos a 1985; 
(e) subestimación en 1,7 millones de ECUS de los 
derechos e impuestos recuperables (véanse apartados 
2.8(c)y2.9); 
(f) no imputación presupuestaria de 9,7 millones de 
ECUS de ingresos procedentes esencialmente de 
reembolsos de ayudas del Fondo Social (véase 
apartado 2.14); 
(g) falta de autorización presupuestaria para unos gastos 
de 60,6 millones de ECUS efectuados al amparo de 
una línea de gastos negativos (véase apartado 4.4(d)); 
(h) pago en exceso de 71 142 ECUS, del importe 
correspondiente a los acuerdos de pesca con algunos 
14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
países en vías de desarrollo (PVD), en comparación 
con el importe que aparece en los documentos 
justificativos (véase apartado 6.10); 
(i) gastos del Fondo Social, no prioritarios, hasta un 
total de 28,4 millones de ECUS y no subvencionables, 
hasta un total de 1,8 millones de ECUS (véase 
apartado 8.16(a)); 
(j) compromisos contraídos, hasta un total de 0,55 
millones de ECUS, a pesar de la ausencia de un 
reglamento de base (véase apartado 10.40); 
(k) gasto de 0,6 millones de ECUS en exceso de los 
créditos en la partida 1110 «Agentes auxiliares» del 
Consejo y pérdida de 57 400 ECUS debido a la 
duplicación de los pagos de contribuciones a la 
Seguridad Social correspondiente a varios agentes 
(véase apartado 11.15); 
(1) gasto de 0,7 millones de ECUS en exceso de los 
créditos en la partida A 1141 «Gastos de viaje con 
motivo de las vacaciones anuales» (véase apartado 
11.16); 
(m)pago, hasta un total de 0,6 millones de ECUS, de 
remuneraciones indebidas a los funcionarios destina­
dos fuera de las Comunidades (véase apartado 
11.20); 
(n) imputación al presupuesto del Centro Común de 
Investigación de Ispra de 0,5 millones de ECUS de 
gastos de transporte del personal no previstos por el 
Estatuto (véanse apartados 11.25 — 11.26); 
(o) subvencionabilidad discutible, hasta un total de 
aproximadamente 61 millones de ECUS, de inversio­
nes financiadas por préstamos del Nuevo Instrumen­
to Comunitario (NIC) y de bonificaciones de 
intereses en favor de las zonas afectadas por seísmos 
(véanse apartados 12.28 — 12.30). 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL 
Compendio global de la utilización de los 
créditos para compromisos y para pagos 
disponibles en 1985 
1.14. Para la Comisión, la utilización global de los 
créditos alcanza el 93,9% de los créditos para compromi­
sos disponibles y el 95,3% de los créditos para pagos 
disponibles. Esto es debido esencialmente al peso 
determinante del FEOGA-Garantía, cuyos créditos 
fueron utilizados prácticamente al 100%, y, por lo tanto, 
conviene subrayar, como muestra el cuadro 1.5, que 
algunas políticas tuvieron un porcentaje de utilización de 
créditos inferior al 90%. En particular, en el sector de la Cuadro 1.5 — Sectores que presentan un nivel de utilización 
de créditos inferior al 90 % en 1985 
Sector 
Pesca 
Política regional y de 
transportes 
Política social 
Investigación, energía, etc. 
Cooperación al desarrollo Porcentaje de utilización (%) 
de los 
créditos 
para 
compromisos 
disponibles 
1984 
62,4 
95,0 
92,6 
82,8 
89,0 1985 
56,5 
87,0 
82,5 
73,6 
76,6 de los 
créditos 
para pagos 
disponibles (') 
1984 
57,2 
86,6 
90,3 
77,2 
77,9 1985 
56,1 
89,4 
85,1 
73,6 
79,9 
(') Incluidas las prórrogas del ejercicio anterior. 
pesca, la utilización de los créditos para compromisos 
bajó del 62,4% en 1984 al 56,5% en 1985 y en el ámbito de 
la cooperación al desarrollo la utilización bajó del 89,0% 
en 1984 al 76,6% en 1985. 
1.15. En los cinco sectores cuya ejecución financiera fue 
inferior al 90%, el Tribunal procedió a la relación 
detallada (véase cuadro 1.6) de las líneas presupuestarias 
que, estando dotadas en 1985 con más de 5 millones de 
ECUS, tuvieron un porcentaje de utilización inferior al 
75%. El volumen I de la cuenta de gestión proporciona en 
varios casos explicaciones de esta infrautilización. La 
relación detallada del Tribunal indica, en su caso, en qué 
medida las líneas presupuestarias en cuestión habían sido 
enmendadas por el Parlamento Europeo. El Tribunal 
señala en particular que el artículo 551 «Programas 
mediterráneos integrados — Acciones comunitarias», 
dotado de 120 millones de ECUS en créditos de 
compromiso, de los que 50 millones de ECUS resultan de 
la enmienda del Parlamento, no ha sido utilizado (véase 
apartado 7.20). Para el artículo 581 «Apoyo financiero a 
los proyectos en materia de infraestructura de los 
transportes en el interior de la Comunidad», reforzado 
por el Parlamento con 14 millones de ECUS en créditos de 
pago y con 60 millones de ECUS en créditos de 
compromiso, sólo fueron utilizados créditos prorrogados 
de 1984 (véase apartado 7.21). Por último, es preciso 
señalar el caso del artículo 958 «Programa especial de 
lucha contra el hambre en el mundo», dotado con 29,5 
millones de ECUS en créditos de compromiso, de los 
cuales 29 millones de ECUS lo fueron por el Parlamento, 
y que quedaron prácticamente sin utilizar (véase apartado 
10.40). 
1.16. Los cuadros 1.2 y 1.3 presentan los créditos para 
pagos propios del ejercicio que fueron prorrogados 
(1 086,1 millones de ECUS) o anulados (214,5 millones de 
ECUS) a 31 de diciembre de 1985, que representan un 
total no utilizado de 1 300,6 millones de ECUS. Esta 
cantidad representa un incremento sustancial con 
respecto a la cifra por el mismo concepto a 31 de 
diciembre de 1984 (1 151,5 millones de ECUS). 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15 
Cuadro 1.6 — Líneas presupuestarias de más de 5 millones de ECUS cuyo nivel de utilización de créditos para pagos (CPP) y/o de créditos 
para compromisos (CC) es inferior al 75 % con indicación, en su caso, del importe de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo 
Sector 
Pesca 
Política regional 
y de transportes 
Política 
social 
Investigación, 
energía, etc. 
Cooperación 
al desarrollo Línea 
presu­
puestaria 
4010 
422 
450 
460 
505 
510 
5411 
5420 
550 
551 
581 
650 
651 
7020 
704 
7302 
7306 
7320 
7326 
7328 
7335 
7390 
941 
958 
96 Denominaciones 
Retirada y primas de aplazamiento para los productos de la 
pesca 
Gastos vinculados a los acuerdos en materia de derechos de 
pesca 
Adaptación de las capacidades pesqueras 
FEOGA-Orientación — Acciones comunes de reestructu­
ración, modernización y desarrollo del sector de la pesca y 
del desarrollo del sector de la acuicultura 
Intervenciones del FEDER (revisión de 1984) 
FEDER — Acciones comunitarias específicas 
Acciones comunitarias en el marco de las operaciones 
integradas 
Construcción, instalación y equipamiento de centros para 
la formación profesional 
Programas mediterráneos — Preparación de los programas 
integrados 
Programas mediterráneos integrados — Acciones comuni­
tarias 
Ayuda financiera a los proyectos en materia de infraestruc­
tura de los transportes dentro de la Comunidad 
Contribución a la CECA en concepto de medidas sociales 
relacionadas con la reestructuración siderúrgica 
Reestructuración de la industria del carbón en la Comuni­
dad 
Nuevas tecnologías de combustión y utilización de los 
residuos combustibles sólidos 
Programa comunitario de ahorro energético 
Técnicas industriales — Investigación tecnológica funda­
mental y aplicaciones de las nuevas tecnologías 
Biotecnología 
Energía no nuclear 
Salud y Seguridad — Biología y protección sanitaria 
Medio ambiente — Programa sectorial en materia de medio 
ambiente 
Tecnologías de la información — ESPRIT 
Terminación de los programas comunes 1980 — 1983 
Participación comunitaria en acciones en favor de PVD 
ejecutadas por organismos no gubernamentales 
Programa especial de lucha contra el hambre en el mundo 
Cooperación con los países de la cuenca mediterránea Créditos 
disponibles (') 
(millones de ECUS) 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 
CPP 
CC 22,9 
22,9 
14,2 
8,1 
41,3 
43,0 
29,4 
103,0 
411,0 
2 474,0 
33,4 
180,9 
30,6 
34,9 
11,6 
15,1 
20,0 
20,0 
p.m. 
120,0 
66,0 
170,0 
62,5 
62,5 
60,0 
60,0 
13,0 
16,4 
31,2 
29,9 
12,3 
61,5 
6,6 
34,1 
25,3 
85,3 
16,7 
22,8 
15,6 
13,9 
143,2 
295,6 
23,9 
4,1 
48,1 
42,5 
56,0 
29,5 
298,2 
241,7 de los que 
mediante 
enmienda del 
Parlamento 
(millones 
de ECUS) 
— 
— 
2,0 
39,9 
10,0 
— 
— 
— 
50,0 
14,0 
60,0 
— 
— 
-1,0 
— 
— 
-0,3 
-0,3 
8,2 
28,7 
-2,9 
-2,9 
3,5 
1,6 
5,0 
— 
12,0 
5,0 
14,0 
29,0 
— Tasa de 
utilización 
(%) 0) 
70,4 
70,4 
62,0 
36,3 
14,3 
100,0 
63,9 
72,0 
99,3 
100,0 
20,9 
29,4 
97,6 
34,4 
58,5 
43,6 
33,8 
— 
41,5 
46,9 
— 
— 
46,9 
98,8 
50,0 
97,3 
8,1 
8,4 
14,5 
11,1 
39,1 
16,1 
63,5 
90,9 
71,4 
66,2 
69,6 
75,3 
49,0 
68,5 
65,0 
99,0 
41,0 
2,0 
43,0 
56,0 
(') Incluidos créditos prorrogados y/o subsistentes. 
16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Anulaciones de créditos para pagos durante el período 
1980 — 1985 
1.17. El cuadro 1.7 presenta, para los ejercicios 1980 a 
1985, las anulaciones de créditos para pagos disponibles. 
Se observa que el porcentaje medio de anulación asciende 
a 2,7% y que después de haber alcanzado un máximo de 
6,7% en 1982, disminuyó progresivamente hasta llegar al 
1,2% (es decir 341,8 millones de ECUS) en 1985. Los 
porcentajes medios de anulación observados varían 
considerablemente de un sector a otro: desde el 1,0% para 
la política regional al 16,5% para el sector de la pesca. 
Transferencias de capítulo a capítulo dad — Biología y protección sanitaria» y 7351 
« Acciones horizontales—Fomento del potencial 
científico y técnico »; 
(b) transferencias dentro de los capítulos: 
(i) 1,0 millones de ECUS de créditos de pago y de 
créditos de compromiso transferidos de la partida 
7503 «Acciones comunitarias en el sector de la 
información especializada» a la partida 7520 
«Acciones prospectivas en materia de innova­
ción». Esta operación constituye una transferen­
cia de los créditos prorrogados a los créditos del 
ejercicio; 
1.18. Sin tener en cuenta los créditos procedentes del 
capítulo 100 «Créditos provisionales», las transferencias 
de créditos para pagos de capítulo a capítulo ascendieron, 
en 1985, para la Comisión, a 1 224 millones de ECUS. Por 
otra parte, el Tribunal observa que el artículo 505 
«Intervenciones del FEDER (revisión de 1984)», inicial-
mente dotado con 281 millones de ECUS en créditos de 
pago propios del ejercicio, fue reforzado posteriormente 
con 70 millones de ECUS que fueron finalmente 
prorrogados en su totalidad al ejercicio 1986 (véase 
apartado 7.9). Asimismo, un importe de 10 millones de 
ECUS transferido a la partida 6011 «Otras regiones» del 
Fondo Social también fue prorrogado. (ii) 1,05 millones de ECUS de créditos de pago 
transferidos de los artículos 931 «Promoción de 
las relaciones comerciales de países en vías de 
desarrollo no asociados (PVDNA)» y 933 
« Cooperación con PVDNA en el campo energéti­
co» al artículo 930 «Cooperación financiera y 
técnica con PVDNA»; 
(iii) 1,0 millones de ECUS de créditos de pago 
transferidos de la partida 3220 «FEOGA-
Orientación — Servicio de asesores técnicos 
agrícolas en Italia» a la partida 3290 «FEOGA-
Orientación — Aceleración del desarrollo agríco­
la en determinadas regiones de Grecia». 
Transferencias sobre créditos prorrogados 
1.19. Durante el ejercicio 1985, la Comisión procedió a 
efectuar operaciones de transferencias sobre créditos 
prorrogados de 1984. Este procedimiento ya fue criticado 
por el Tribunal en sus informes anuales relativos a los 
ejercicios 1979 (7) y 1980 (8) por ser contrario al principio 
de anualidad del presupuesto y no estar previsto en el 
Reglamento Financiero. Se han constatado los casos 
concretos siguientes: 
(a) transferencias aprobadas por la autoridad presupues­
taria : (iv) 0,5 millones de ECUS de créditos de compromiso 
y de pago transferidos de la partida 7771 
«Acciones en el campo de las materias primas 
minerales» a la partida 7710 «Acciones comuni­
tarias para el desarrollo de la tecnología microe-
lectrónica». 
OTRAS OBSERVACIONES 
(i) 60 millones de ECUS de créditos de pago 
transferidos del artículo 510 «FEDER — Accio­
nes comunitarias específicas» al artículo 505 
«Intervenciones del FEDER (revisión de 1984)» 
(véase apartado 7.10); 
(ii) en total, 17,1 millones de ECUS de créditos de 
pago extraídos de las partidas 7302 «Técnicas 
industriales — Investigación tecnológica funda­
mental y aplicación de las nuevas tecnologías», 
7306 «Biotecnologías» y 7320 «Energía no 
nuclear» fueron transferidos a las partidas 7315 
« Fisión nuclear — Gestión y almacenamiento de 
los residuos radiactivos», 7326 «Salud y seguri-Relación de observaciones relativas a varios 
sectores 
1.20. En algunos sectores importantes de la actividad 
comunitaria, en particular donde los servicios y organis­
mos públicos de los Estados miembros (o de los países en 
vías de desarrollo) desempeñan un papel esencial, la 
Comisión debería mostrarse más activa en su papel de 
coordinación y de supervisión, con el fin de mejor 
garantizar la defensa de los intereses comunitarios 
(véanse apartados 3.23, 4.39(d), 4.44, 5.49, 7.61, 8.34, 
10.25 — 10.36). 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17 
00 1 
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18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
1.21. Determinados Estados miembros no están dis­
puestos a cooperar con el Tribunal y la Comisión en lo 
que se refiere al acceso a la información, de manera que el 
Tribunal no ha estado hasta ahora en condiciones de 
asumir plenamente sus responsabilidades en materia de 
auditoría de los recursos propios procedentes del IVA 
(véanse apartados 3.17 — 3.20) y del FEOGA-Garantía 
(véase apartado 4.56). 
1.22. La actividad de gestión de la Comisión podría ser 
reforzada mediante una mejora de la información 
financiera y de gestión de que dispone (véanse apartados 
7.63 — 7.64,9.9,10.7—10.10,10.23) o tiene el derecho de 
exigir como mandante del Banco Europeo de Inversiones 
(véase apartado 12.41). 
1.23. Las diferentes prácticas seguidas por la Comisión 
en cuanto a los compromisos dificultan el control 
presupuestario de los compromisos financieros (véanse 
apartados 5.8 — 5.9, 7.17, 9.13). 
1.24. Se observaron retrasos o progreso lento en la 
ejecución de las operaciones financiadas por las Comuni­
dades, incluso en casos de urgencia (véanse apartados 
5.35,5.39,6.16, 12.19—12.22). 
1.25. El seguimiento a veces ineficaz de los compromi­
sos pendientes de liquidación conlleva un bloqueo inútil 
de los créditos, así como una recuperación muy tardía de 
cantidades, a veces importantes, abonadas indebidamen­
te a terceros. Estas recuperaciones tardías generalmente 
no producen intereses a las Comunidades (véanse 
apartados 6.14 — 6.15, 7.62, 8.35). 
Observaciones sobre la preparación del 
Presupuesto 
1.26. Varias observaciones formuladas en el presente 
informe (véanse apartados 1.18, 5.11 — 5.14, 7.8 — 7.9, 
9.2, 10.20 — 10.22, 10.39 — 10.41) sugieren que la 
preparación del Presupuesto podría ser objeto de 
sensibles mejoras. 
1.27. Desde la introducción generalizada de los créditos 
disociados en 1977, los documentos presupuestarios 
incluyen, para la mayor parte de las líneas relativas a los 
gastos operacionales de las Comunidades distintos a los 
del FEOGA-Garantía, comentarios con un calendario 
previsible de pagos en relación con los compromisos. Los 
calendarios de vencimientos que figuran en el Presupues­
to del ejercicio 1985 (9) fueron preparados a lo largo del 
año 1984 y muestran ciertos importes extraídos de las 
cuentas anuales del ejercicio 1983. Estos importes 
corresponden a compromisos pendientes de liquidación o 
a los créditos de compromiso subsistentes, para los que son necesarios nuevos créditos de pago. Para las acciones 
comunitarias puestas en práctica desde hace varios años, 
estos datos relativos al ejercicio 1983, al menos en la 
misma medida que los créditos de compromiso del 
ejercicio 1985, constituyen la base de fijación de los 
créditos de pago de este último ejercicio. 
1.28. El Tribunal procedió al examen de los calendarios 
de pagos relativos a los créditos disociados de los Títulos 
3 a 9 que figuran en el Presupuesto del ejercicio 1985, para 
determinar si los datos extraídos de las cuentas del 
ejercicio 1983 son exactos y si la programación de los 
nuevos créditos necesarios fue correctamente efectuada. 
Este examen puso en evidencia un gran número de 
anomalías que afectan al cálculo de las necesidades de 
nuevos créditos de pago, es decir, los del año presupuesta­
rio 1985, así como los de los ejercicios posteriores. 
1.29. Las anomalías más importantes pueden ser 
clasificadas en las tres categorías siguientes: 
(a) se inscribieron inútilmente nuevos créditos de pago al 
no haber contabilizado créditos de pago prorrogados 
del ejercicio 1983 (11 casos que totalizan 59,9 millones 
de ECUS de los que, por ejemplo, 35,8 millones de 
ECUS corresponden al artículo 510 «FEDER — 
Acciones comunitarias específicas»); 
(b) en el calendario de vencimientos, los créditos de pago 
destinados a cubrir determinados créditos de com­
promiso son insuficientes y a veces hasta inexistentes 
(11 casos que totalizan 17,4 millones de ECUS, de 
entre ellos, por ejemplo, 7,4 millones de ECUS de 
créditos subsistentes de 1983 en la partida 3242 
«FEOGA-Orientación — Oeste de Irlanda» (véase 
apartado 5.13) y 3 millones de ECUS de créditos de 
compromiso de 1984 en la partida 3222 «FEOGA-
Orientación — Carne en Italia »); 
(c) no se inscribieron nuevos créditos de pago para cubrir 
créditos de compromiso, porque la Comisión hizo 
figurar en el registro de vencimientos créditos 
declarados como prorrogados de 1983 pero que de 
hecho no lo fueron (tres casos que totalizan 7,9 
millones de ECUS, de entre ellos, por ejemplo, 6,2 
millones de ECUS para la partida 3312 «FEOGA-
Orientación — No comercialización de la leche»). 
Régimen de las doceavas partes provisionales 
1.30. La gestión del ejercicio 1985 estuvo marcada por 
las consecuencias del rechazo, el 13 de diciembre de 1984, 
del proyecto de Presupuesto 1985. Así, desde el 1 de enero 
al 13 de junio de 1985, fecha de la aprobación definitiva 
del Presupuesto del ejercicio, la gestión presupuestaria se 
rigió por las disposiciones del artículo 204 del Tratado 
CEE, y del artículo 8 del Reglamento Financiero, que 
definen el régimen de las doceavas partes provisionales. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19 
1.31. Este régimen, que impone reglas estrictas de 
gestión de los créditos, se aplica a las operaciones de 
compromiso y de pago por capítulo, dentro del límite más 
bajo de las dotaciones definidas, para cada capítulo, por 
el Presupuesto del ejercicio anterior y por el proyecto de 
Presupuesto en preparación. Además, en el marco de este 
régimen, sólo los «gastos cuya justificación hubiese sido 
admitida en el último Presupuesto regularmente aproba­
do» son susceptibles de ser ejecutados. Conviene 
finalmente precisar que este régimen, aunque no se 
oponga a la utilización de los créditos prorrogados del 
ejercicio precedente como ejecución retrasada del Presu­
puesto anterior, no admite el recurso a las transferencias 
de capítulo a capítulo, en la medida en que esta práctica 
constituye una técnica de ejecución de un Presupuesto no 
aprobado y en que la autoridad presupuestaria puede, a 
petición de la Comisión, autorizar gastos que representan 
dos o más doceavas partes suplementarias en caso de 
insuficiencia de las dotaciones de los diferentes capítulos. 
1.32. El Tribunal prestó una especial atención al análisis 
de la puesta en práctica del régimen de las doceavas partes 
provisionales durante el ejercicio 1985. A la vista de este 
análisis se puede hacer dos tipos de observaciones. 
Observaciones relativas al carácter incompleto de la 
legislación en vigor 
1.33. Tal y como el Tribunal puso de relieve en su 
Informe Anual relativo al ejercicio 1980 (10) y posterior­
mente en sus dictámenes (n) sobre las propuestas de 
reglamento del Consejo relativas a la modificación del 
Reglamento Financiero, las disposiciones del Reglamen­
to Financiero relativas al régimen de los doceavos 
provisionales presentaron algunas imprecisiones o defi­
ciencias : 
(a) en primer lugar, en cuanto a la aplicación del régimen 
mismo, se observa que la definición de los límites 
aplicables al cálculo de los importes de los doceavos 
provisionales es a veces ambigua; además, el trata­
miento contable de los anticipos que la Comisión 
debe abonar a cargo del FEOGA-Garantía a los 
Estados miembros no está aún claramente definido; 
(b) por otra parte, ciertas consecuencias del paso de una 
gestión bajo régimen de los doceavos provisionales a 
una ejecución presupuestaria normal necesitan una 
clarificación reglamentaria: por ejemplo, las condi­
ciones de regularización de los pagos que exceden de 
los créditos por partida (o artículo) realizados bajo el 
régimen de los doceavos provisionales, cuando el 
límite de consumo de los créditos se aplicaba por 
capítulo, no se encuentran precisadas en la reglamen­
tación en vigor. Observaciones relativas a la gestión presupuestaria bajo 
el régimen de los doceavos provisionales 
1.34. Si bien la puesta a disposición de los ingresos se 
efectuó sin dificultades especiales durante el período de 
aplicación del régimen de los doceavos provisionales, el 
análisis de la gestión de los gastos ha puesto de manifiesto 
diversas dificultades. El Tribunal pudo señalar, en 
particular, las siguientes: 
(a) gestión de los anticipos del FEOGA-Garantía: las 
irregularidades de esta gestión respecto a las reglas 
que limitan los créditos disponibles cuando se aplica 
el régimen de los doceavos provisionales están 
expuestas en los apartados 1.13(b) y 4.6 — 4.11 del 
presente informe; 
(b) transferencias de créditos: a petición de la Comisión, 
la autoridad presupuestaria autorizó, durante el 
período ccmprendido entre el 1 de enero al 13 de junio 
de 1985, una transferencia de créditos por un importe 
de 36 millones de ECUS en créditos de compromiso 
dentro del capítulo 73. Según las disposiciones del 
Título VII (artículo 94, párrafo 1) y del artículo 8 del 
Reglamento Financiero, tal operación, relativa a 
créditos de investigación y de inversión, debe de ser 
considerada como una transferencia de capítulo a 
capítulo y, por consiguiente, irregular; 
(c) contabilización: en varias ocasiones, la contabiliza-
ción presupuestaria de los gastos fue efectuada de 
forma irregular o sobrepasó los créditos disponibles 
(véanse apartados 4.8 — 4.9, 6.9). Estas situaciones 
no fueron regularizadas hasta después de la aproba­
ción definitiva del Presupuesto el 13 de junio de 1985. 
1.35. El Tribunal lamenta que en 1985 la puesta en 
práctica del régimen de los doceavos provisionales no 
haya sido coherente, especialmente debido a la impreci­
sión de los textos legislativos y a la variedad de las 
prácticas que las instituciones o sus servicios desarrolla­
ron para remediarla. El Tribunal señala de nuevo la 
necesidad de completar la revisión del Reglamento 
Financiero, que fue presentada al Consejo en 1983 sin que 
todavía se haya tomado decisión alguna al respecto, así 
como la revisión correspondiente a las modalidades de 
aplicación de dicho reglamento. Así podrá lograrse la 
definitiva clarificación del texto, que, a la vista de las 
dificultades encontradas durante la gestión del ejercicio 
1985, resulta urgentemente necesaria. 
Relación detallada de las decisiones de hacer caso omiso 
a las denegaciones de visado del interventor 
1.36. En aplicación de las disposiciones del artículo 35 
del Reglamento Financiero, el Tribunal fue informado de 
20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
una decisión tomada por el Parlamento y de cinco 
decisiones tomadas por la Comisión de hacer caso omiso 
a denegaciones de visado de los respectivos interventores 
a lo largo del año 1985. Las observaciones que el Tribunal 
formula acerca de algunas de estas decisiones figuran en 
los puntos 4.52 y 11.33 — 11.35. (a) Informe especial 4/85 sobre la organización común de 
los mercados en el sector de los productos de la pesca; 
(b) Informe especial 5/85 sobre la participación comuni­
taria en acciones en favor de los países en vías de 
desarrollo ejecutadas por organizaciones no estata­
les; 
INFORMES ESPECIALES APROBADOS POR 
EL TRIBUNAL DESDE SU ANTERIOR 
INFORME ANUAL 
1.37. Los informes especiales (12) aprobados por el 
Tribunal desde su anterior informe anual son los 
siguientes: (c) Informe especial 1/86 sobre las acciones de contrata­
ción para la ampliación de los mercados en el sector 
de la leche y de los productos lácteos financiadas con 
el producto de la exacción de corresponsabilidad; 
(d) Informe especial 2/86 sobre las acciones específicas 
comunitarias de desarrollo regional del FEDER 
(acciones fuera de cuota); 
(e) Informe especial 3/86 sobre el sistema de subvencio­
nes para las semillas oleaginosas. 
O DO L 356 de 31.12.1977. 
(2) Doc. COM(86) 208 — 212. 
(3) DO L 329 de 17.12.1984. 
(4) DO C 326 de 16.12.1985, apartado 1.22. 
(5) Doc. COM(86) 225. 
(6) DO L 94 de 28.4.1970. 
O DO C 342 de 31.12.1980, apartados 1.10 (8) DO C 344 de 31.12.1981, apartado 1.14. 
(9) DO L 206 de 5.8.1985. 
(10) DO C 344 de 31.12.1981, apartados 1.15 — 1.18. 
(») DO C 232 de 11.9.1981 y DO C 122 de 13.5.1982. 
(12) Para las referencias precisas véase anexo II del presente 
informe. 
1.11. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 21 
CAPITULO 2 
Contabilidad 
2.0. ÍNDICE DE MATERIAS 
Introducción 
Observaciones sobre la contabilidad general y los balances 
Parlamento 
Déficit de caja 
Regulación de anticipos 
Atrasos salariales 
Comisión 
Derechos e impuestos a recuperar 
Ingresos a cobrar 
Anticipos al personal y cuentas corrientes del personal 
Atrasos salariales 
Ingresos diversos a imputar 
Oficinas y delegaciones exteriores 
Reembolso de gastos efectuados por cuenta de la CECA 
Observaciones relativas a la gestión de la tesorería de la Comisión 
Condiciones bancadas 
Sistema de gestión de previsión y reparto de la tesorería Apartados 
2.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.4 
2.5 
2.6 
2.6 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.18 
2.19 
2.23 — 2.17 
— 2.5 
— 2.3 
— 2.17 
— 2.10 
— 2.17 
— 2.24 
— 2.22 
— 2.24 
INTRODUCCIÓN 
2.1. Las observaciones de este capítulo tratan, por una 
parte, de la contabilidad general, de los balances del 
Parlamento y de la Comisión y, por otra parte, de la 
gestión de la tesorería relativa a la ejecución del 
Presupuesto General. 31 de diciembre de 1984, en la rúbrica «Déficit de caja» 
en los gastos a imputar, aparece de nuevo en el balance 
con fecha 31 de diciembre de 1985. El Tribunal de 
Cuentas remite en lo referente a este punto a sus informes 
anteriores (]). 
2.3. La situación a 31 de diciembre de 1985 es la 
siguiente: 
OBSERVACIONES SOBRE 
LA CONTABILIDAD GENERAL Y 
LOS BALANCES (a) los 4,1 millones de BFR no han podido ser aún 
justificados documentalmente, lo que obliga al 
Parlamento a mantener este importe en el activo del 
balance en «Gastos a imputar», desde 1982; 
PARLAMENTO 
Déficit de caja (b) la compañía de seguros que, en aplicación del artículo 
70, apartado 3, párrafo 1, del Reglamento Financiero 
de 21 de diciembre de 1977 (2), cubre los riesgos de 
pérdidas o deterioro de los fondos confiados al 
cuidado de los contables y de los administradores de 
anticipos, se ha negado en 1984 a reembolsar el 
2.2. El importe de 4,1 millones de BFR (± 0,1 millones 
de ECUS), que figuraba en el balance del Parlamento a (•) Las notas aparecen al final del capítulo. 
22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
importe en cuestión, considerando que se trataba de 
un caso de « falta grave y violación intencionada de 
los reglamentos»; 
(c) la sanción disciplinaria (descenso de categoría) que 
había sido impuesta en 1984 al contable en funciones 
en el momento de los hechos, fue anulada por vicio de 
procedimiento por el Tribunal de Justicia, en un fallo 
pronunciado el 20 de junio de 1985; 
(d) siguiendo la recomendación de la Comisión de 
Control Presupuestario, el Parlamento, reunido en 
sesión plenaria, aprobó la gestión del contable 
relativa al ejercicio 1981, reservándose el derecho de 
examinar de nuevo el conjunto de los elementos del 
expediente cuando llegara el momento de considerar 
la aprobación de la gestión relativa al ejercicio 1982; 
(e) en estas circunstancias el Parlamento pidió al 
Tribunal, en fecha 24 de julio de 1985, un dictamen 
relativo al importe y al origen de esta pérdida; en su 
dictamen entregado en noviembre de 1985 (3) el 
Tribunal confirmó la existencia desde 1981 de 
irregularidades y de un déficit de caja de 4,1 millones 
de BFR, importe que corresponde a dos cheques en 
UKL librados en septiembre y en noviembre de 1981. 
Regulación de anticipos 
2.4. El Tribunal ha criticado en varias ocasiones (4) el 
número demasiado elevado de regulaciones de anticipos, 
su funcionamiento (plazos de regularización de los gastos 
pagados, proceso de contabilización), y en particular los 
procedimientos utilizados en el Servicio de Contaduría de 
los Diputados. A pesar de los esfuerzos emprendidos 
desde 1982 para mejorar la organización administrativa y 
contable de las regulaciones de anticipos, su funciona­
miento sigue siendo excesivamente lento. Este es el caso, 
en particular, del Servicio de Contaduría de los Diputa­
dos, debido al elevado número de pagos en metálico o 
mediante cheque y a la ausencia de cuentas individuales. 
Por ello el Tribunal pide al Parlamento: 
(a) examinar de nuevo la legitimidad de las regulaciones 
de anticipos y estudiar la posibilidad de administrar 
los créditos correspondientes según los procedimien­
tos normales previstos en el Reglamento Financie­
ro 0; 
(b) considerar, para el Servicio de Contaduría de los 
Diputados, la supresión de los pagos en metálico. 
Atrasos salariales 
2.5. El pago de los atrasos salariales correspondientes al 
ejercicio 1985 fue imputado, sobre la base de una única 
orden de pago, en parte al ejercicio 1985 (hasta la cuantía 
de los créditos subsistentes: 1 millón de ECUS) y en cuanto al resto al ejercicio 1986 (1,6 millones de ECUS). 
Por el contrario, la totalidad de los ingresos generados 
por estos atrasos (impuestos y retenciones diversas 0,8 
millones de ECUS) fue imputada a 1985. El Tribunal 
observa que: 
(a) estos atrasos salariales, correspondientes exclusiva­
mente al ejercicio 1985, deberían haber sido registra­
dos en su totalidad en 1985, recurriendo a los 
procedimientos adecuados para la obtención de los 
créditos necesarios; 
(b) por otra parte, la imputación a un ejercicio de 
ingresos generados por gastos del ejercicio siguiente 
no se considera regular; 
(c) finalmente, la imputación, tanto de ingresos como de 
gastos, al ejercicio 1985 constituye una irregularidad, 
habida cuenta de que la orden de gasto era de fecha 9 
de enero de 1986. 
COMISIÓN 
Derechos e impuestos a recuperar 
2.6. El Tribunal había observado anteriormente (5) que 
los procedimientos relativos a los derechos e impuestos a 
recuperar debían ser mejorados. En particular, el 
Tribunal había puesto de relieve que el sistema en vigor no 
permite garantizar que la totalidad de los derechos e 
impuestos a recuperar, inicialmente imputados al Presu­
puesto, sean efectivamente objeto de una solicitud de 
reembolso. 
2.7. Según este sistema, en efecto, los gastos son 
contabilizados incluyendo todos los impuestos. El 
importe de los derechos e impuestos a recuperar es 
determinado a continuación de forma extracontable por 
el servicio responsable, a partir de las facturas presenta­
das por los servicios ordenadores. Esta cuantía es 
determinada al principio del ejercicio siguiente y es objeto 
a continuación de una solicitud de reembolso ante los 
Estados miembros antes de ser registrada en el balance 
dentro de los créditos de la Comisión. 
2.8. Teniendo en cuenta el desfase temporal existente 
entre el pago de las facturas y la presentación de la 
solicitud de reembolso, el Tribunal examinó, para 
comprobar la fiabilidad del sistema, los impuestos 
pagados en 1984 y las solicitudes de reembolso formula­
das en 1985. Estos controles, realizados en todos los 
contratos de estudios pedidos por la Comisión, y relativos 
a 16 partidas presupuestarias, mostraron que: 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23 
(a) para los contratos de estudio, las cláusulas de estos 
contratos no permiten determinar si el contratante, en 
particular cuando éste es una persona física, es o no 
sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), y si dicho impuesto ha sido oportunamente 
facturado y debe ser recuperado. En efecto, existe una 
cláusula general del contrato que estipula que « si el 
contratante está obligado a pagar el IVA sobre el 
precio del estudio, el importe del impuesto está 
incluido dentro de la cantidad a tanto alzado 
mencionada en el contrato»; 
(b) en el caso de los estudios realizados por personas 
físicas, el pago se efectúa en base al propio contrato y 
no a partir de una factura, la cual permitiría conocer 
la eventual existencia de IVA y garantizar mejor su 
recuperación; 
(c) de 29 facturas que comprendían impuestos recupera­
bles, solamente 18 importes fueron objeto de una 
solicitud de reembolso en 1985 o en 1986, mientras 
que en el caso de 11 importes (± 63 000 ECUS) dicha 
solicitud fue omitida. 
2.9. En sus informes anuales relativos a los ejercicios 
1983 (6) y 1984 (7), el Tribunal criticó el hecho de que el 
importe de los derechos e impuestos a recuperar sólo 
había sido inscrito en la contabilidad (en el balance) 
después del envío de la solicitud de reembolso al Estado 
miembro. A 31 de diciembre de 1985, el importe del IVA 
recuperable que figura en el balance de la Comisión 
asciende a 1,1 millones de ECUS. Este importe no es 
correcto y debería elevarse a 2,7 millones de ECUS, ya 
que: 
(a) no figura un importe de 2,2 millones de ECUS, 
correspondiente a determinados impuestos recupera­
bles, y para los que las solicitudes de reembolso a los 
Estados miembros no fueron enviadas; 
(b) determinados derechos e impuestos recuperables (0,6 
millones de ECUS) relativos a compras efectuadas 
por el Centro de Petten fueron registrados dos veces. 
2.10. Por tal motivo, el Tribunal invita de nuevo a la 
Comisión a revisar cuanto antes, tal y como se había 
comprometido, los procedimientos relativos a los dere­
chos e impuestos a recuperar. 
Ingresos a cobrar 
2.11. A 31 de diciembre de 1985, la partida «Ingresos a 
cobrar » ascendía a 780 millones de ECUS, de los que la 
mayor parte (763 millones de ECUS) representaban 
créditos vencidos de diversa índole. La situación del 
conjunto de los créditos vencidos y clasificados por 
antigüedad se presenta de la siguiente manera: Vencimiento Importe de los créditos 
en millones de ECUS 
1982 y anterior 
1983 
1984 
1er semestre 1985 
3er trimestre 1985 
octubre 1985 
noviembre 1985 
diciembre 1985 1,8 
4,2 
9,5 
6,7 
1,3 
1,4 
1,6 
736,6* 
763,1 
*Esta suma, compuesta principalmente por créditos no 
reembolsables a los Estados miembros, fue cobrada a 
principios de 1986. 
El Tribunal invita a la Comisión a tomar las medidas 
necesarias para agilizar la producción de las listas 
informáticas, asegurar el seguimiento de los créditos, y 
recuperar lo antes posible los créditos vencidos. 
Anticipos al personal y cuentas corrientes del 
personal 
2.12. A 31 de diciembre de 1985, los anticipos al 
personal ascendían a 4 millones de ECUS y las cuentas 
corrientes del personal a 0,2 millones de ECUS. Estas 
cantidades están basadas en listados informáticos que 
fueron entregados al Tribunal el 2 de junio de 1986. Las 
comprobaciones efectuadas en los listados definitivos 
permitieron observar: 
(a) que los mismos contienen aún un gran número de 
saldos acreedores (981 partidas) por un total de 1,2 
millones de ECUS; 
(b) que muchos saldos son anteriores al ejercicio 1985, lo 
que constituye una infracción al artículo 65 del 
Reglamento Financiero. 
Los listados no fueron objeto, en 1985, de un examen 
suficientemente profundo, que la Comisión se había 
comprometido a realizar en su respuesta al Informe 
Anual del Tribunal correspondiente al ejercicio 1984 (8). 
Atrasos salariales 
2.13. El pago de los atrasos salariales correspondientes 
al ejercicio 1985 fue imputado, sobre la base de dos 
24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
órdenes de pago distintas, en parte al ejercicio 1985 (hasta 
el total de los créditos subsistentes: 7,7 millones de 
ECUS) y la parte restante al ejercicio 1986 (1,9 millones 
de ECUS). Por el contrario, la totalidad de los ingresos 
generados por estos atrasos (impuestos y retenciones 
diversas: 3,5 millones de ECUS) ha sido imputada a 1985. 
El Tribunal observa que: 
(a) estos atrasos salariales, que corresponden únicamen­
te al ejercicio 1985, deberían haber sido totalmente 
registrados en 1985, recurriendo a los procedimientos 
adecuados para la obtención de los créditos necesa­
rios; 
(b) por otra parte, la imputación a un ejercicio de 
ingresos generados por gastos del ejercicio siguiente 
no resulta regular. 
Ingresos diversos a imputar 
2.14. A 31 de diciembre de 1985, la cuenta «Ingresos 
presupuestarios a imputar » presenta un saldo acreedor de 
9,7 millones de ECUS (en lugar de los 0,8 millones de 
ECUS a 31 de diciembre de 1984). Esta situación 
anormal, que es pincipalmente consecuencia de los 
reembolsos de ayuda no utilizada del Fondo Social 
Europeo para el ejercicio 1985, constituye una infracción 
al artículo 15 del reglamento sobre modalidades de 
ejecución de determinadas disposiciones del Reglamento 
Financiero (9). La imputación presupuestaria de los 
ingresos cobrados habría permitido disminuir el déficit 
del ejercicio 1985. 
Oficinas y delegaciones exteriores 
2.15. A 31 de diciembre de 1985, las disponibilidades 
líquidas de las oficinas y delegaciones exteriores ascien­
den a 10,8 millones de ECUS. El Tribunal ha estudiado 
para el ejercicio 1985 el importe de las cuantías máximas 
fijadas para las regulaciones de anticipos «Oficinas y 
delegaciones exteriores». Los controles efectuados 
permitieron observar que el límite máximo de las 
regulaciones representa por término medio de 2,5 a 4,7 
meses de gastos, lo que parece excesivo; además, en el 
caso de tres regulaciones en las que el límite máximo 
representa más de 3 meses de gastos, los haberes 
bancarios excedentes no son remunerados. El Tribunal 
invita a la Comisión a revisar el importe de los límites 
máximos fijados para las oficinas y delegaciones y a pedir 
a los administradores que procedan a renegociar las 
condiciones bancarias. 
Reembolso de gastos efectuados por cuenta de 
la CECA 
2.16. En 1971, la CECA adquirió un edificio en 
Washington, que sirve desde entonces de residencia al jefe 
de la delegación de la Comisión de las Comunidades 
Europeas en Estados Unidos. La CECA percibe por este edificio un alquiler que es pagado con cargo al Presupues­
to General de las Comunidades y que, desde 1984, 
representa 60 000 ECUS por año. Los gastos de 
mantenimiento son a cargo de la CECA. 
2.17. Aprovechando un control in situ, el Tribunal 
observó que importantes trabajos de renovación del 
edificio fueron ejecutados en 1982 y 1983 a cargo de la 
CECA. Los costes, de aproximadamente 399 750 USD 
(± 0,5 millones de ECUS), fueron pagados con cargo a la 
regulación de anticipos de la delegación de la Comisión en 
Washington. Este importe no había sido aún objeto de 
regularización entre las Comunidades Europeas y la 
CECA en el momento del control in situ, a principios de 
marzo de 1986. A pesar de que durante más de dos años 
después de la finalización de las obras (a finales de 1983) 
la Comisión tuvo a su disposición los documentos 
justificativos del detalle de la cuenta, la CECA no efectuó 
el pago a favor de las Comunidades Europeas hasta el 24 
de marzo de 1986. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
GESTIÓN DE LA TESORERÍA DE LA 
COMISIÓN 
2.18. Las observaciones del Tribunal sobre la gestión de 
la tesorería relativa a la ejecución del Presupuesto 
General contenidas en el Informe Anual relativo al 
ejercicio 1984 (10) se referían esencialmente al ejercicio 
1983, por razones que fueron indicadas en estas 
observaciones. La Comisión, en sus respuestas, había 
indicado que ciertos procedimientos habían sido mejora­
dos mientras tanto. Por ello el Tribunal procedió a 
efectuar un sondeo sobre las condiciones bancarias y el 
sistema de gestión y de reparto de la tesorería basado en 
estimaciones, en vigor en octubre de 1985. 
Condiciones bancarias 
2.19. Los expedientes de la Comisión relativos a las 
condiciones bancarias contienen esencialmente las res­
puestas de los bancos, obtenidas a petición del Tribunal 
durante el control realizado para el Informe Anual 
relativo al ejercicio 1984. Estas informaciones siguen 
siendo incompletas, ya que todavía faltan ciertas 
respuestas o ciertos datos. Asimismo ciertas informacio­
nes relativas a la renegociación de determinadas condicio­
nes bancarias faltan aún en estos expedientes. 
2.20. Las renegociaciones efectuadas con ciertos bancos 
a consecuencia de la investigación del Tribunal produje-
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 25 
ron algunos resultados positivos. Conviene, no obstante, 
insistir en que: 
(a) no se realizó ningún estudio previo para determinar 
las condiciones óptimas que podían ser razonable­
mente obtenidas por un cliente de la categoría de las 
Comunidades, y que las gestiones no fueron efectua­
das con prioridad ante los bancos que aplican las 
condiciones menos satisfactorias; 
(b) las condiciones solicitadas y obtenidas difieren de 
forma sensible de un banco a otro en un mismo país; 
(c) no se ha obtenido todavía ninguna mejora de ciertos 
bancos, que se benefician, sin embargo, de un 
volumen importante de operaciones; 
(d) estas negociaciones no son efectuadas en coordina­
ción con las demás instituciones. 
Por tal motivo el Tribunal insiste en que la Comisión 
debería sistemáticamente recurrir la adjudicación por 
medio de concurso, que constituye el medio apropiado 
para obtener las mejores condiciones bancarias. 
2.21. Actualmente la aplicación correcta de estas 
condiciones bancarias no es prácticamente verificada: 
(a) no se clasifican las escalas de interés; no es, pues, 
posible ni cerciorarse de que la totalidad de las escalas 
ha sido recibida, ni verificar la cuantía y el tipo de los 
intereses; 
(b) los gastos y comisiones percibidos por los bancos no 
se controlan sistemáticamente; 
(c) los cambios no son sistemáticamente cotejados con 
indicadores independientes; 
(d) las fechas de valor aplicadas no son suficientemente 
controladas, especialmente debido a que las órdenes 
de transferencia no mencionan (salvo excepciones) la 
fecha de valor. 
2.22. El Tribunal recomienda a la Comisión que 
aumente sus esfuerzos para: (a) renegociar con sus bancos, en coordinación con las 
demás instituciones, con el fin de obtener mejores 
condiciones; 
(b) llevar al día el expediente de las condiciones 
bancarias; 
(c) verificar la correcta aplicación por parte de los bancos 
de las condiciones convenidas; 
(d) generalizar en la medida de lo necesario la práctica de 
indicar la fecha de valor en las transferencias. 
Sistema de gestión de previsión y reparto 
de la tesorería 
2.23. El artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 2891/77 
del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, referente a la 
aplicación de la Decisión de 21 de abril de 1970 relativa a 
la sustitución de las contribuciones financieras de los 
Estados miembros por recursos propios de las Comuni­
dades (n) establece que «la diferencia entre el activo 
global y las necesidades de tesorería será repartida entre 
los Estados miembros y esto, en la medida de lo posible, 
proporcionalmente a la previsión de los ingresos del 
presupuesto provenientes de cada uno de ello». El 
Tribunal examinó si se había mejorado el reparto de los 
fondos entre los Estados miembros. A pesar de observar­
se ciertos progresos en el procedimiento de cálculo, las 
diferencias son más importantes en 1985 que en 1983: 
(a) como media mensual, la proporción de los fondos 
mal repartidos ascendía al 19% del total para el 
segundo trimestre de 1985, contra el 15,5 % para el 
conjunto del ejercicio 1983; 
(b) a final de mes, la proporción de los fondos mal 
repartidos ascendía al 67,4% de promedio para los 
meses de abril, mayo y junio, contra el 23,4% de 
promedio en 1983. 
2.24. El empeoramiento de los resultados, a pesar de las 
modificaciones positivas del sistema, se explica, en gran 
parte, por la falta de Habilidad de las previsiones 
transmitidas por los diferentes ordenadores, lo que el 
Tribunal ya había criticado anteriormente (12). El Tribu­
nal recomienda, pues, a la Comisión que encamine 
especialmente sus esfuerzos a mejorar la fiabilidad de las 
previsiones. 
26 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
(i) — Informe especial relativo al Servicio de Contaduría de 
los Diputados, DO C 202 de 5.8.1982. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1982, DO C 357 de 
31.12.1983, apartado 2.9. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1983, DO C 348 de 
31.12.1984, apartados 2.5 — 2.7. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartado 2.2. 
(2) Reglamento Financiero, aplicable al Presupuesto General 
de las Comunidades Europeas, DO L 356 de 31.12.1977. 
(3) Dictamen sobre el déficit del Servicio de Contaduría de los 
Diputados, presentado el 7.11.1985 al Presidente del 
Parlamento. 
(4) — Informe especial relativo al Servicio de Contaduría de 
los Diputados del Parlamento, DO C 202 de 5.8.1982. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1982, DO C 357 de 
31.12.1983. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1983, DO C 348 de 
31.12.1984. (5) — Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartados 2.3 — 2.4. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1983, DO C 348 de 
31.12.1984, apartados 2.17 — 2.18. 
(6) Informe Anual relativo al ejercicio 1983, DO C 348 de 
31.12.1984, apartado 2.18. 
(7) Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartado 2.3. 
(8) Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartado 2.8. 
(9) Reglamento de la Comisión, de 30 de junio de 1975, sobre 
modalidades de ejecución de determinadas disposiciones del 
Reglamento Financiero de 25 de abril de 1973, DO L 170 de 
1.7.1975. 
(10) Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartados 2.19 — 2.53. 
(U) DO L 336 de 27.12.1977. 
(i2) Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartados 2.24 — 2.25. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27 
CAPITULO 3 
Ingresos 
3.0. ÍNDICE DE MATERIAS Apartados 
Introducción 3.1 —3.2 
Resumen de la información financiera 3.3 —3.10 
Agotamiento de los recursos propios y financiación del Presupuesto 3.4 — 3.6 
Déficit resultante del saldo del ejercicio 3.7 — 3.9 
Impacto de la decisión de 7 de mayo de 1985 3.10 
Recursos propios procedentes del IVA 3.11 — 3.20 
Importes anulados a título de gracia o atrasados 3.12 — 3.16 
Limitación de las auditorías 3.17 — 3.20 
Derechos de aduana 3.21 — 3.27 
Despacho a libre práctica de mercancías en el marco de procedimientos de 
declaración simplificados 3.21 — 3.23 
Sistema de tránsito comunitario — procedimientos simplificados relativos 
al transporte por ferrocarril de mercancías en grandes contenedores 3.24 — 3.27 
Cotizaciones y exacciones reguladoras agrícolas 
Exacción de corresponsabilidad sobre los productos lácteos 
Control físico de las mercancías 
Tráfico triangular relativo a las importaciones de arroz 
Objetivos de autofinanciación en el mercado del azúcar 
Introducción 
El régimen de compensación de los gastos de almacenamiento 
El régimen de cotizaciones/cuotas a la producción 
Conclusiones sobre el azúcar 3.28 — 3.48 
3.28 — 3.30 
3.31 —3.34 
3.35 — 3.39 
3.40 — 3.48 
3.40 — 3.41 
3.42 
3.43 — 3.44 
3.45 — 3.48 
INTRODUCCIÓN pensión, impuestos y otras deducciones de la remunera­
ción del personal corresponden a otros capítulos del 
presente informe. 
3.1. Este capítulo versa sobre los recursos propios y 
otros ingresos diversos de las Comunidades Europeas, 
que se incluyen en la Sección «Ingresos » del Presupuesto 
General. Los ingresos de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA) se tratan en un informe 
separado del Tribunal de Cuentas, mientras que los 
ingresos del Fondo Europeo de Desarrollo, las contribu­
ciones de ciertos Estados miembros a los programas de 
investigación de Euratom, así como las retenciones de 3.2. Los ingresos examinados aquí consisten fundamen­
talmente en los recursos propios asignados a las 
Comunidades por la decisión 70/243/CECA, CEE, 
Euratom del Consejo, de 21 de abril de 1970 (*), sustituida 
posteriormente por la decisión 85/257/CEE, Euratom del 
Consejo, de 7 de mayo de 1985 (2). Estos ingresos 
comprenden los derechos del arancel aduanero común, 
(0 Las notas aparecen al final del capítulo. 
28 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
las exacciones reguladoras agrícolas, que incluyen las 
cotizaciones a la producción y al almacenamiento de 
azúcar e isoglucosa, y los recursos procedentes del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sin exceder del 
1% de una base uniforme para la Comunidad. Excepcio-
nalmente, Grecia continúa pagando, en lugar del IVA, 
una contribución financiera calculada sobre la base de su 
Producto Nacional Bruto, a la espera de la introducción 
en este Estado miembro del régimen común de aplicación 
de este impuesto. 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
3.3. El cuadro 3.1 resume los ingresos del Presupuesto 
General de las Comunidades para 1984 y 1985. Muestra 
las previsiones del Presupuesto para el ejercicio 1985 (3) y 
los ingresos efectivos del ejercicio en cuestión. 
Agotamiento de los recursos propios 
y financiación del Presupuesto 
3.4. Del Presupuesto aprobado para el ejercicio 1985 se 
desprendía que el total de ingresos procedentes de los 
recursos propios tradicionales — derechos de aduana, 
exacciones reguladoras agrícolas y cotizaciones relativas 
al azúcar — más los recursos propios procedentes del 
IVA, dentro del límite del 1% autorizado por la decisión de 
21 de abril de 1970, sería insuficiente para cubrir el 
importe de los gastos inscritos en el Presupuesto. Como 
para 1984, se suscribió un acuerdo intergubernamental en 
virtud del cual este déficit sería cubierto por anticipos 
pagados por cada uno de los Estados miembros. El 
Tribunal observa que los anticipos de 1985 eran no 
reembolsables, a diferencia de los de 1984, que eran 
reembolsables. A pesar de ello, el Presupuesto del 
ejercicio 1985 incluye los ingresos procedentes de 
anticipos (1 981,6 millones de ECUS) en el Título 8, 
«Operaciones de préstamos y empréstitos», como en 
1984. 
3.5. Como ya se ha indicado en el capítulo 1, el déficit 
prorrogado del ejercicio 1984 fue de 827,3 millones de 
ECUS, pero solamente una parte de ese déficit, por un 
importe de 172,5 millones de ECUS, fue inscrita en el 
Presupuesto de 1985. Tal forma de proceder es claramen­
te contraria al artículo 27 del Reglamento Financiero, de 
21 de diciembre de 1977 (4), que prevé que el saldo debe 
ser prorrogado en su integridad al presupuesto del 
ejercicio siguiente. El resultado fue que la diferencia, es 
decir, 654,8 millones de ECUS, solamente se incluyó en el 
balance de 1985 como un resto del déficit del ejercicio 
1984 que aún quedaba por cubrir y fue por tanto remitida 
a cargo de un ejercicio posterior. 
3.6. El Tribunal ha elaborado el cuadro 3.2 que 
muestra: (a) la incidencia en los tipos de IVA comunitario de la 
aplicación en 1985 de la decisión de 7 de mayo de 
1985, artículo 3, apartado 4; 
(b) la modificación de estos tipos que habría resultado de 
una financiación del Presupuesto por los recursos 
propios procedentes del IVA sin aplicar el límite del 
1% y sin recurrir a los anticipos no reembolsables de 
los Estados miembros; y 
(c) la modificación complementaria que habría afectado 
a estos mismos tipos si el Presupuesto de 1985 hubiera 
debido tener en cuenta el déficit final de 1984 tras el 
abono íntegro de los anticipos reembolsables (827,3 
—408,3 = 419,0 millones de ECUS) en lugar de 172,5 
millones de ECUS inscritos en el Presupuesto (véanse 
los apartados 3.5 y 3.7). 
El cuadro 3.2 no tiene en cuenta la financiación de los 
reembolsos de los anticipos de 1 001,8 millones de ECUS 
concedidos por los Estados miembros para financiar el 
presupuesto complementario y rectificativo n° 1 del 
ejercicio 1984 (5). Si los reembolsos de estos anticipos se 
hubieran imputado como gastos de 1985, y no como 
gastos de los ejercicios siguientes, el tipo de IVA 
comunitario hubiera excedido en un 0,065% los tipos que 
aparecen en la última columna del cuadro 3.2. En ese caso, 
se le habría pedido a la mayoría de los Estados miembros 
abonar el equivalente al 1,307% de la base imponible. 
Déficit resultante del saldo del ejercicio 
3.7. El resultado total de ingresos para 1985 estuvo muy 
próximo a la cifra inscrita en el Presupuesto (véase cuadro 
3.1). Tal como se esperaba, los recursos propios fueron 
insuficientes para financiar los gastos del ejercicio. En 
1985 el déficit resultante de la diferencia entre los recursos 
propios y los gastos se elevó a 1 674,6 millones de ECUS. 
Los anticipos no reembolsables mencionados en el 
apartado 3.4 debían cubrir esta insuficiencia de ingresos. 
Sin embargo, a 31 de diciembre de 1985, solamente 
habían sido pagados 1 242,4 millones de ECUS de estos 
anticipos (Bélgica, Dinamarca, República Federal de 
Alemania, Grecia, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido). 
Incluyendo el pago en 1985 del saldo de los anticipos de 
1984, es decir, 408,3 millones de ECUS (Bélgica, 
Dinamarca, Italia, Luxemburgo y Reino Unido), la 
cuenta de gestión mostró un déficit final de 23,9 millones 
de ECUS. 
3.8. Estos datos están basados en los de la cuenta de 
gestión presentada por la Comisión el 29 de mayo de 
1986. Sin embargo, tal como se indicó en el apartado 3.5, 
el resto del déficit del ejercicio 1984, es decir, 654,8 
millones de ECUS, no se ha contabilizado en 1985, sino 
que se ha diferido a cargo de un ejercicio posterior. El 
Tribunal desea llamar la atención de las autoridades de 
descargo sobre el hecho de que, si el déficit de 1984 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29 
Cuadro 3.1 — Ingresos de 1984 y 1985 
(Millones de ECUS) 
Tipo de ingresos 
Derechos de aduana 
Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones azúcar e isoglucosa 
IVA-recursos propios 
Contribuciones financieras 
Subtotal 
Ajustes del IVA-recursos propios 
de 1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
Ingresos diversos 
Excedente del ejercicio anterior 
Total de ingresos disponibles 
Ingresos necesarios para financiar los gastos 
del ejercicio 
Insuficiencia de ingresos 
Anticipos recibidos durante el ejercicio 
Balance del ejercicio 1984 
Ingresos 
efectivos 
O) 
7 960,8 
1 260,0 
1 176,4 
14 372,1 
222,5 
24 991,8 
— 
-198,5 
38,7 
19,4 
12,7 
15,9 
271,8 
307,1 
25 458,9 
26 879,7 
1 420,8 
593,5 
-827,3 1985 
Presupuesto 
(2) 
8 596,1 
1 081,5 
1 025,0 
15 198,1 
263,5 
26 164,2 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
287,4 
p.m. 
26 451,6 
28 433,2 (') 
1 981,6 
1 981,6 
— Ingresos 
efectivos 
(3) 
8 310,1 
1 121,7 
1 057,4 
15 218,9 
260,9 
25 969,0 
62,2 
-26,0 
16,5 
16,7 
12,9 
29,5 
353,6 
— 
26 434,4 
28 109,0 í1) 
1 674,6 
1 650,7 (2) 
-23,9(3) Diferencia 
(3)-(2) 
(4) 
-286,0 (-3,3%) 
+ 40,2 ( + 3,7%) 
+ 32,4 ( + 3,2%) 
+ 20,8 ( + 0,1 %) 
- 2,6 (-1,0%) 
-195,2 (-0,7%) 
(') Incluida una parte del déficit de 1984 (172,5 millones de ECUS). 
(2) Anticipos reembolsables para 1984 (408,3 millones de ECUS) + anticipos no reembolsarles para 1985 (1 242,4 millones de ECUS). 
(3) Véanse observaciones en el apartado 3.8 relativas a la incidencia sobre este déficit del resto del déficit de 1984 que no se ha contabilizado (654,8 millones 
de ECUS), que eleva el déficit real a 678,7 millones de ECUS. 
hubiera sido íntegramente cubierto en 1985, el déficit real 
de la cuenta de gestión para el ejercicio 1985 hubiera sido 
de 678,7 millones de ECUS. (b) en virtud del artículo 12, apartado 2, ha efectuado 
exacciones en los Estados miembros más allá del 
conjunto de su activo. 
3.9. Como consecuencia de los retrasos en el pago de los 
anticipos y del déficit permanente, la Comisión, para 
cubrir sus necesidades de tesorería para 1985, ha 
recurrido a los dos medios previstos por el Reglamento 
(CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 del Consejo, de 19 de 
diciembre de 1977 (6), a saber: 
(a) en virtud del artículo 10, apartado 2, ha pedido a los 
Estados miembros que adelanten en un mes, a lo largo 
del ejercicio, el pago de los recursos propios 
tradicionales; y Impacto de la decisión de 7 de mayo de 1985 
3.10. El 28 de diciembre de 1985, el Consejo recibió de 
los Estados miembros la última notificación de la 
conclusión de los procedimientos de adopción de la 
decisión del Consejo, de 7 de mayo de 1985. Como 
consecuencia, la cantidad a tanto alzado de 1 000 millones 
de ECUS fue deducida conforme al artículo 3, apartado 4, 
de la decisión, del importe de los recursos propios 
30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 3.2 — Variaciones de los tipos de IVA comunitario 
Estado miembro 
Bélgica 
Dinamarca 
RF de Alemania 
(Grecia) (i) 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Reino Unido 
Total Contribución 
al Presupuesto 
de 1985 
sobre la base 
del tipo 
de IVA igual 
al 1 % 
(ECUS) 
505 000 000 
312 000 000 
4 450 000 000 
239 947 760 
3 450 000 000 
135 600 000 
2 278 500 000 
40 000 000 
750 500 000 
3 300 000 000 
15 461 547 760 Contribución 
al Presupuesto 
de 1985 
con arreglo 
a la decisión 
de 7 de mayo 
de 1985 
Artículo 3 (4) 
(ECUS) 
554 511 616 
342 589 354 
4 693 938 249 
263 472 911 
3 788 247 667 
148 894 604 
2 501 890 525 
43 921 712 
824 081 123 
2 300 000 000 
15 461 547 760 Tipo 
por 
Estado 
miembro 
% 
1,098 
1,098 
1,055 
1,098 
1,098 
1,098 
1,098 
1,098 
1,098 
0,697 
1,0 Contribución (2) 
de los Estados 
miembros que 
habría resultado 
de un cálculo 
según el 
apartado 
3.6 (b) 
(ECUS) 
619 234 451 
382 576 532 
5 264 268 186 
294 225 583 
4 230 413 573 
166 273 647 
2 793 912 269 
49 048 273 
920 268 228 
2 722 941 302 
17 443 162 044 Tipo 
por 
Estado 
miembro 
% 
1,226 
1,226 
1,183 
1,226 
1,226 
1,226 
1,226 
1,226 
1,226 
0,825 
1,128 Contribución (3) 
de los Estados 
miembros que 
habría resultado 
de un cálculo 
según el 
apartado 
3.6 (c) 
(ECUS) 
627 286 601 
387 551 326 
5 335 222 782 
298 051 515 
4 285 423 316 
168 435 769 
2 830 242 617 
49 686 067 
932 234 840 
2 775 559 317 
17 689 694 150 Tipo 
por 
Estado 
miembro 
% 
1,242 
1,242 
1,199 
1,242 
1,242 
1,242 
1,242 
1,242 
1,242 
0,841 
1,144 
(') En el caso de Grecia, las cifras representan contribuciones financieras en lugar de recursos propios procedentes del IVA. La restitución del 10 % de su 
contribución financiera figura en el Presupuesto como un gasto y, por lo tanto, no se tiene en cuenta en este cuadro. 
(2) El importe total de los anticipos no reembolsables inscrito en el Presupuesto de 1985 (1 981,6 millones de ECUS) difiere del previsto por el acuerdo 
intergubernamental de 1985 (1 982,4 millones de ECUS). El reparto de estos anticipos entre los Estados miembros tiene en cuenta el importe inscrito en el 
Presupuesto y ha sido calculado según la clave de reparto de IVA-recursos propios. 
(3) El cuadro se basa en los datos disponibles en el momento de la presentación del Presupuesto. No tiene en cuenta los hechos posteriores a la aprobación del 
Presupuesto, particularmente los saldos de IVA-recursos propios del ejercicio 1984 y las correcciones de los saldos de IVA-recursos propios de ejercicios 
anteriores, por un total de 111,8 millones de ECUS. 
procedentes del IVA pagado por el Reino Unido y el 
equivalente de esa cantidad recayó en los demás Estados 
miembros. Parte de estas operaciones se llevó a cabo en 
diciembre de 1985. Sin embargo, 712,0 millones de ECUS 
en concepto de reembolso al Reino Unido y 577,2 
millones de ECUS en concepto de recaudación en los 
demás Estados miembros no fueron efectivamente 
pagados o recibidos hasta el 2 de enero de 1986, aunque la 
totalidad se haya contabilizado en la cuenta de gestión de 
1985. El Tribunal observa que esta última operación es 
contraria a las disposiciones del artículo 5 del Reglamento 
Financiero, que prevé que los ingresos de un ejercicio han 
de imputarse a ese ejercicio en base a los importes 
percibidos durante el mismo, pero el Tribunal precisa, sin 
embargo, que el párrafo segundo del artículo 3, apartado 
4, de la decisión de 7 de mayo de 1985 autorizó a la 
Comisión a anotar en cuenta, con cargo al ejercicio 1985, 
las operaciones relativas a la corrección del IVA en favor 
del Reino Unido de ese año. procedentes del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
debidos por los Estados miembros, que ofrecen a éstos la 
posibilidad de elegir, para calcular el importe que han de 
pagar, entre el método A (declaraciones) y el método B 
(ingresos) fueron prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 
1988 por el Reglamento (CECA, CEE, Euratom) n° 3735/ 
85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985 (7). El Tribunal 
ha proseguido sus investigaciones, mencionadas en 
informes anuales anteriores, sobre el funcionamiento de 
estas disposiciones transitorias. Observa que solamente 
dos Estados miembros (Dinamarca e Irlanda) optaron 
inicialmente por el método A, pero que posteriormente 
abandonaron esta opción para pasar al método B (con 
efecto desde el 1 de enero de 1983 y el 1 de enero de 1986 
respectivamente). El Consejo ha invitado a la Comisión a 
presentar propuestas relativas a la unificación del método 
de determinación de la base de recaudación antes del 31 de 
diciembre de 1987. 
RECURSOS PROPIOS 
PROCEDENTES DEL IVA 
3.11. Las disposiciones transitorias relativas a la 
determinación de los importes de los recursos propios Importes anulados a título de gracia 
o atrasados 
3.12. En el apartado 3.13 de su Informe Anual relativo 
al ejercicio 1984 (8), el Tribunal observó que la elección 
entre el método A y el método B no era neutra. Cuando se 
determinan por el método B, los recursos propios 
procedentes del IVA están principalmente en función del 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31 
importe neto total del IVA recaudado por los Estados 
miembros, mientras que, según el método A, estos 
recursos se determinan a partir de importes declarados 
debidos. En el apartado arriba mencionado el Tribunal se 
refería a las diferencias entre estos métodos causadas por 
los importes debidos pero anulados a título de gracia o 
atrasados. El Tribunal evalúa cuantitativamente estos 
importes, a partir de los datos disponibles, en el 0,9% y el 
5,3% respectivamente del IVA recaudado durante el 
ejercicio 1984 y su incidencia negativa potencial sobre los 
recursos propios en 154,6 y 752,6 millones de ECUS 
respectivamente. 
3.13. Los importes del IVA declarados debidos por un 
sujeto pasivo deben ser pagados por éste con arreglo a las 
disposiciones aprobadas por la sexta directiva relativa al 
IVA|vdel Consejo, de 17 de mayo de 1977 (9). Esta 
directiva, cuyo primer objetivo es el de permitir la 
recaudación uniforme del IVA en todos los Estados 
miembros, autoriza a éstos a « eximir a los sujetos pasivos 
de ciertas obligaciones y del pago del impuesto debido, 
cuando el importe de éste es insignificante» (artículo 22, 
apartado 9). No existe ninguna otra normativa u 
orientación comunitaria que defina las condiciones que 
han de cumplir importes del IVA declarados debidos para 
ser anulados a título de gracia o para que se renuncie a su 
cobro; tampoco se ha hecho ningún intento de definir la 
noción de «insignificante». 
3.14. El Tribunal pidió a cada uno de los Estados 
miembros que indicaran las circunstancias que les 
llevarían a anular o a renunciar al cobro de los importes 
del IVA correctamente declarados debidos. La informa­
ción que se obtuvo de los seis Estados miembros que 
contestaron al cuestionario del Tribunal (Bélgica, 
Dinamarca, República Federal de Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido) muestra que las prácticas 
varían considerablemente. Mientras que la muerte o la 
quiebra judicialmente declarada son admitidas por los 
seis como justificación de la anulación del importe 
debido, no siempre ocurre así cuando se trata de situación 
de penuria económica (caso admitido por tres Estados 
miembros) o de injusticia (caso admitido por dos Estados 
miembros), o cuando la reclamación judicial del deudor 
es considerada no rentable (caso admitido por dos 
Estados miembros) o cuando el intento de recaudación 
por vía de apremio no ha tenido éxito (caso admitido por 
dos Estados miembros). Por el contrario, un Estado 
miembro no dispone de ningún procedimiento de 
anulación a título de gracia de una deuda fiscal, aun 
cuando el importe debido sea insignificante. 
3.15. Los procedimientos utilizados para la recauda­
ción por vía de apremio también varían. Se reveló que los 
seis Estados miembros en cuestión tenían poder para 
imponer multas y/o intereses sobre los atrasos, pero 
solamente uno de ellos podía exigir una garantía 
financiera antes de la fecha de vencimiento en caso de 
riesgo. Las deudas del IVA tienen preferencia sobre las 
dudas comerciales en cuatro Estados miembros, pero 
solamente un Estado miembro utilizaba la supresión de 
registro como medio de obtener una recaudación por vía 
de apremio. 
3.16. El cuadro 3.3 muestra la evolución a lo largo de los 
años de los importes del IVA anulados a título de gracia 
por los Estados miembros o impagados (expresado en 
porcentajes sobre la base de los recursos propios 
procedentes del IVA). Es obvio que las variaciones en los 
procedimientos afectan al total neto del IVA recaudado y, 
por consiguiente, al importe pagado a la Comunidad por 
los Estados miembros que aplican el método B así como a 
la igualdad de trato entre ellos. 
Cuadro 3.3 — Diferencias entre algunos Estados miembros que aplican el método B para los recursos propios procedentes del IVA 
Año 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 (a) Importes anulados a título de gracia 
Bélgica Dina­
marca RFde 
Ale­
mania Francia Países 
Bajos Reino 
Unido 
- - - - 1,05% 0,26% 
- - 0,97% 0,15% 1,18% 0,38% 
0,14% — 1,27% 0,19% 1,88% 0,50% 
0,17% — 1,48% 0,14% 2,77% 0,88% 
0,22% 0,27% 1,46% 0,11% 5,31% 1,23% 
0,31% 0,32% 1,54% 0,16% 2,77% 1,26% Atrasos 
Bélgica Dina­
marca RFde 
Ale­
mania Francia Países 
Bajos Reino 
Unido 
- - 4,59% 4,92% - -
5,41% - 4,93% 5,43% 9,15% -
6,45% — 5,10% 5,09% 14,35% 4,74 %(») 
6,70% 6,44% 4,90% 5,46% 12,81% 4,14% 
7,02% 5,71% 4,60% 5,97% 11,06% 3,31% 
(') Excepcionalmente alto debido a la situación de conflictividad laboral de los empleados del sector público en ese país. 
32 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Limitación de las auditorías 
3.17. Las observaciones efectuadas en los apartados 
3.12 — 3.16 derivan de la obligación que el artículo 206 
bis, apartado 2, del Tratado CEE impone al Tribunal de 
examinar «la legalidad y regularidad de los ingresos». Al 
estar el importe de los recursos propios procedentes del 
IVA que ha de ponerse a disposición de las Comunidades 
determinado con arreglo al método B, sobre una base 
obtenida principalmente a partir de los importes del IVA 
nacional recaudado por cada uno de los Estados 
miembros, el Tribunal estima que, para ejercer las 
responsabilidades que le confiere el Tratado, debe 
examinar: 
(a) el grado de recaudación efectiva del IVA nacional; 
(b) la fiabilidad de los procedimientos de registro, 
determinación y recaudación por vía de apremio 
aplicados por los Estados miembros; y 
(c) la eficacia de los sistemas nacionales de control. 
3.18. Para aplicar esta estrategia, el Tribunal debe 
verificar los ingresos nacionales procedentes del IVA a 
tres niveles: 
(a) comparando los datos y estadísticas globales relevan­
tes; 
(b) estudiando y obteniendo documentación sobre los 
sistemas nacionales de control de la totalidad de los 
ingresos; 
(c) comprobando estas informaciones de acuerdo con la 
práctica normal de auditoría, es decir, por medio de 
tests de conformidad basados en documentos, 
registros o expedientes. Estos tests de conformidad 
tienen por objeto determinar si existen deficiencias en 
los sistemas o en las auditorías llevadas a cabo por los 
organismos nacionales, que pudieran tener alguna 
incidencia sobre los recursos propios de la Comuni­
dad. 
3.19. El Tribunal pudo efectuar y completar estas 
investigaciones en los siguientes Estados miembros: 
Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Reino 
Unido; pero otros Estados miembros se han negado a 
aceptar que estas investigaciones sean de la competencia 
del Tribunal. En particular, Italia y Luxemburgo se 
negaron a facilitar al Tribunal estadísticas fiscales, 
Francia no accedió a proporcionar todas las informacio­
nes necesarias para la descripción de los sistemas y la 
República Federal de Alemania, Francia, Italia y 
Luxemburgo no permitieron al Tribunal efectuar tests de 
conformidad. 3.20. El Tribunal desea llamar la atención de las 
autoridades de descargo sobre el hecho de que, hasta la 
fecha, no ha podido asumir sus responsabilidades 
(conforme al artículo 206 bis del Tratado CEE) en 
materia de control de los recursos propios procedentes del 
IVA pagados por estos Estados miembros. 
DERECHOS DE ADUANA 
Despacho a libre práctica de mercancías en el 
marco de procedimientos de declaración 
simplificados 
3.21. El Tribunal ha estudiado el funcionamiento de los 
procedimientos especiales previstos en los artículos 16-21 
de la directiva 79/695/CEE del Consejo, de 24 de julio de 
1979 (10). Uno de los principales objetivos de la directiva 
era establecer normas comunes que garantizasen una 
aplicación correcta y uniforme no sólo de los derechos de 
importación, sino también de cualquier otra de las 
disposiciones comunitarias que rigen el despacho a libre 
práctica de mercancías. Estas normas estaban destinadas 
a evitar formalidades aduaneras superfluas y a establecer 
prácticas armonizadas, aunque flexibles, manteniendo al 
mismo tiempo la capacidad de las aduanas de intervenir 
mediante controles físicos y a posteriori. La directiva 
estipula particularmente que, a más tardar a partir del 1 
de enero de 1984, se aplicarán solamente los procedimien­
tos especiales que prevé la directiva y que los Estados 
miembros aplicarán la totalidad de esos procedimientos 
«en la medida en que su organización administrativa lo 
permita». 
3.22. En relación con el examen del funcionamiento en 
los Estados miembros de estos procedimientos especiales, 
el Tribunal observa que: 
(a) el artículo 16, apartado 2, de la directiva dispone que 
las condiciones que ha de cumplir una persona para 
obtener la autorización para aplicar los procedimien­
tos se determinan por las autoridades compententes 
en los Estados miembros. El Tribunal halló conside­
rables disparidades entre los criterios adoptados en la 
tramitación de peticiones de autorización; por 
ejemplo, en la República Federal de Alemania, las 
condiciones que han de cumplirse suponen que la 
aplicación de los procedimientos se autoriza para 
aproximadamente el 80% de las importaciones, 
mientras que en Dinamarca esta posibilidad está 
limitada a las mercancías exentas de derechos de 
importación (menos del 10%); 
(b) el artículo 20 de la directiva permite a las personas 
titulares de la autorización recibir las mercancías 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 33 
directamente en sus locales, a condición, entre otras, 
de que se informe a las autoridades aduaneras de la 
llegada de las mercancías con tiempo suficiente para 
que dichas autoridades puedan ejercer su derecho de 
control de las mercancías antes de su despacho a libre 
práctica. Este artículo exige igualmente que los 
importadores inscriban todas las mercancías impor­
tadas en sus registros, los cuales serán puestos a 
disposición de las autoridades aduaneras para su 
control. Se observó que los procedimientos practica­
dos en dos Estados miembros visitados no daban 
realmente a los servicios de Aduanas la posibilidad de 
examinar las mercancías antes de su despacho a libre 
práctica. En Francia, las autoridades aduaneras no 
disponían, para explotar esta posibilidad, más que de 
30 minutos a partir de la comunicación de la llegada 
de las mercancías; en la República Federal de 
Alemania, la mayoría de los importadores obtuvo el 
levante de las mercancías en el mismo momento de su 
inscripción en los registros, lo que excluye toda 
posibilidad de intervención de los servicios de 
Aduana antes del despacho a libre práctica de las 
mercancías. El Tribunal observó igualmente que en la 
República Federal de Alemania el control con arreglo 
a estos procedimientos especiales de los registros 
contables de grandes importadores no se había 
realizado desde hacía más de seis años. 
3.23. El Tribunal desea llamar la atención de la 
Comisión sobre su responsabilidad en materia de 
supervisión del funcionamiento del sistema en los Estados 
miembros y de garantía de que se cumplan los objetivos 
declarados de uniformidad de trato a importadores y 
mercancías y de corrección en la liquidación de los 
derechos de importación. 
Sistema de tránsito comunitario — 
procedimientos simplificados relativos al 
transporte por ferrocarril de mercancías en 
grandes contenedores 
3.24. El objetivo del sistema de tránsito comunitario es 
el de permitir la circulación de mercancías a través de las 
fronteras interiores en el territorio de la Comunidad con 
un mínimo de formalidades y sin que ello dé lugar al pago 
de derechos de aduana u otras exacciones antes de que las 
mercancías alcancen su lugar de destino. Legalmente el 
sistema se basa en el Reglamento (CEE) n° 222/77 del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1976 (H), y el Reglamento 
(CEE) n° 223/77 de la Comisión, de 22 de diciembre de 
1976 (12). El control del pago de los derechos se realiza por 
las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que 
se produce la entrada de las mercancías en la Comunidad 
y a las que las autoridades aduaneras del Estado miembro 
de destino final remiten el documento de tránsito 
comunitario una vez cumplimentado. 3.25. El Reglamento (CEE) n° 902/80 de la Comisión, 
de 14 de abril de 1980 (13), que modifica el Reglamento 
(CEE) n° 223/77 (artículo 50(a) y 50(b)), introduce un 
nuevo procedimiento simplificado de tránsito especial­
mente aplicable al transporte de mercancías en grandes 
contenedores por la administración de ferrocarriles. Este 
procedimiento simplificado relativo a grandes contenedo­
res difiere del sistema normal de tránsito en que existe un 
intermediario en forma de una empresa de transporte con 
sede en un tercer país, en que el boletín de entrega 
expedido por esta empresa se considera como un 
equivalente del documento de tránsito comunitario y en 
que las autoridades ferroviarias garantizan el pago de los 
derechos. Esta empresa es un holding cuyos accionistas 
son varias compañías europeas de ferrocarril. 
3.26. El Tribunal observó que no se había efectuado 
ninguna inspección en la oficina central de la empresa de 
transporte en el tercer país, donde se encuentran los 
documentos más importantes relativos al funcionamiento 
del sistema. El Tribunal observó igualmente que, en los 
Estados miembros visitados (Bélgica, Italia y Países 
Bajos), el control por parte de los servicios de Aduanas de 
los registros del agente de la empresa y de la Administra­
ción Nacional de Ferrocarriles, que está previsto en la 
legislación, era mínimo o inexistente. 
3.27. El Tribunal estima que las autoridades aduaneras, 
al realizar las comprobaciones tal como se ha descrito más 
arriba, no cumplen el papel que se les asigna de garantizar 
razonablemente los recursos propios comunitarios. El 
Tribunal considera que la inspección de los registros 
correspondientes de la empresa del tercer país debería 
haberse efectuado en el marco general del sistema de 
tránsito comunitario. 
COTIZACIONES Y EXACCIONES 
REGULADORAS AGRÍCOLAS 
Exacción de corresponsabilidad sobre los 
productos lácteos 
3.28. Los recursos (632 millones de ECUS) procedentes 
de la exacción de corresponsabilidad sobre los productos 
lácteos, prevista por el Reglamento (CEE) n° 1079/77 del 
Consejo, de 17 de mayo de 1977 (14), están inscritos en la 
partida 2070 del Presupuesto como gastos negativos — es 
decir, que los importes recaudados a título de exacciones 
por o en un Estado miembro son retenidos por dicho 
Estado miembro a cuenta de los importes que le son 
debidos por las Comunidades, las cuales, a su vez, 
^ L^iario Cooficial de las comunidades Europeas léó 1^ ^ 
reducenlos anticipos a ese Estado miembro enanos 
importesequivalentes alos retenidos ^éase apartado 
^tot^, contrariamente a las exacciones reguladoras 
aerícolas recaudadas como recursos propios, que se 
ponen a disposición de la comunidad en base a los 
importes establecidos como debidos, la exacción de 
corresponsabilidad sobre los productos lácteos está 
inscritaenlascuentascomunitariasenbasealosimportes 
electivamente recaudados, ElTribunal considera que los 
recursos procedentes de esta exacción deberían ser 
contados de la misma manera que los recursos propios 
procedentes de las exacciones reguladoras a^rícolasyde 
los derechos de aduana, es decir, en basealos importes 
establecidos como debidos, 
^,^, En barios Estados miembros se habían etectuado 
pa^osdee^accionesporpartedelascentraleslecherascon 
retrasos considerablemente superiores al límite autorizad 
dode4éó días. La CAamisión, con ocasión de laliquidación 
délas cuentas deFECOÓlAClarantíarelati^asa 1^7^ 
1^1,yel interventor de la comisión en l^t^ ya habían 
notado la existencia de dichos atrasos, 
3^ Elartículo^del^e^lamento^EE^n^l^^77de 
la comisión, de^de agosto del^77^^, prevé que los 
Estados miembros adopten las medidas necesarias para 
garantizar la recaudación correcta de dicha exacción. El 
Pribunalpre^untóalaC^omisión^ 
^ si se había asegurado de que estas medidas eran las 
adecuadas^ 
^sóbrelas medidas tomadas para garantizar el pronto 
pa^o de la exacción habida cuenta de la existencia de 
los atrasos, 
El^fribunalobservaquela legislación comunitaria no 
prevé ninguna sanción en caso de retraso en los pa^os. 
3,31, EnsuInformeAnualrelati^oalejerciciol^7^^^, 
yposteriormenteensuinformeespecialrelati^oalsistema 
de pa^ode las restitucionesala exportación de productos 
aerícolas ^, el tribunal criticaba la taita de armonizad 
ciónenlasprácticasdelosdistintos Estados miembros en 
materia de control tísico de las mercancías por parte de 
los servicios de Aduanas, El .Tribunal consideraba 
necesario que la comisión tomara sus medidas para 
determinar el nivel de control mínimo requeridoafin de 
garantizar la eficacia de las comprobaciones realizadas 
por las autoridades aduaneras, 
3,3^, EnsurespuestaalInformeAnualantesmenciona^ 
do, la comisión declaraba su propósito de proceder, 
junto con los representantes de los Estados miembros,a 
un estudio detallado de las condiciones en que se 
realizaban los controles. Posteriormente, en 1^, en su 
respuesta al informe especial, la comisión aceptaba estudiar la posibilidad de adoptar disposiciones comuna 
tarias en ese campo, 
3.33, TOurante los ejercicios l^^yl^^, el Tribunal 
realizó otras investigaciones sobre este aspecto del 
control. El .Tribunal ha observado que,endos délos 
Estados miembros visitados república Federal de 
AlemaniayR.einoL^nido^,lae^tensiónyla calidad de los 
controles tísicos eran, a su juicio, insuficientes para 
garantizar satisfactoriamente que las mercancías impera 
tadas responden realmente a la designación ^ a las 
especificaciones requeridas para la aplicación del tipo de 
elección adecuado. En particular, la toma de muestras 
paraelanálisisdelasmercancíasimportadas,confinesde 
clasificación arancelaria, no se etectuaba sino enerado 
mínimo, 
3.34, ElTribunalconsideraqueloscontrolesfisicosque 
se realizan con ocasión de la presentación de las 
mercancías para su despacho de aduanas son esenciales 
por cuanto que no pueden ser ni son reemplazados por 
controles adecuados en una fase posterior. El tribunal 
considera igualmente que esur^entequelaCAamisión 
formule instrucciones relativas al control tísico o a 
cualquier otracomprobación quepueda reemplazarlo 
adecuadamente. Esas instruccciones deberían fijar las 
normas mínimasde frecuencia, alcanceycualidad de tales 
controlesafin de garantizar la recaudación correcta de 
los derechos reguladores y contribuir a la aplicación 
correcta de la política aerícola común. 
3,3^, En sus informes anuales relati^osalos ejercicios 
1^7^yl^0^^^n los apartados ^,3^y3,1^^3,^ 
respectivamente^, el tribunal señalaba el carácter 
especulativo de los molimientos del arroz entre los 
Estados miembros y su incidencia en los recursos 
financieros de la comunidad. La comisión declaraba en 
su respuesta que no juzgaba oportuno introducir 
montantes compensatorios monetarios t^C^D ^ ^i 
mercado del arroz, dado que las disparidades entre las 
monedas tendíanareducirse^que,en cualquier caso, 
deseaba la suspensión total de los ^C^^, La comisión 
afirmó, sin embarco, queestaba estudiando una solución 
para esta situación concreta consistente en e^ir que el 
producto sedescar^araparasudespachodeaduanasen el 
primer Estado miembro importador, 
3,3t^, T^nranteunamisión deauditoríaetectuadaen 
Bélgica en l^éó con vistasae^aminar la aplicación de las 
exacciones reguladoras sobre las importaciones de arroz, 
se observaron las corrientes de intercambios si^uientes^ 
^el arroz que entraba en las comunidadesatra^és de 
los Países Bajos era inmediatamente enviado a 
Bélgica, donde se pagaban las exacciones re^uladoD 
ras. El arroz se ^olvíaaen^iaralos Países Bajos para 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 35 
su consumo, ahorrando de esa manera al importador 
aproximadamente 17 ECUS por tonelada a expensas 
de los recursos propios; 
(b) el arroz destinado a la República Federal de 
Alemania era importado en Bélgica, donde se 
pagaban las exacciones reguladoras, e inmediatamen­
te re-exportado a la República Federal de Alemania. 
La pérdida para los recursos propios era de aproxi­
madamente 25 ECUS por tonelada. 
3.37. Estas corrientes de intercambio tienen aparente­
mente su origen en la utilización de los tipos de conversión 
agrícolas (tipos verdes) para expresar la exacción 
reguladora en moneda nacional. Así, en Bélgica, el valor 
en ECUS de la exacción reguladora supone un importe en 
francos belgas inferior al que se obtendría si se aplicara el 
tipo de cambio del mercado, mientras que en la República 
Federal de Alemania y en los Países Bajos la situación es 
inversa. Un importador alemán o neerlandés puede 
aprovecharse de esta situación pagando la exacción 
reguladora en Bélgica, en francos belgas comprados en el 
mercado libre más favorable. La Comisión se ha opuesto 
regularmente a la introducción de MCM en el sector del 
arroz, aunque estos montantes compensatorios moneta­
rios se introdujeron con el fin específico de contrarrestar 
este tipo de ventajas injustificadas en otros mercados. 
3.38. El volumen de estas corrientes de intercambio a 
través de Bélgica ha sido evaluado en 67 200 toneladas en 
1984 y 91 200 toneladas en 1985. Su incidencia sobre los 
recursos financieros de la Comunidad puede ser evaluada 
aproximadamente en 1,5 millones de ECUS en 1984 y en 
2,0 millones de ECUS en 1985. 
3.39. El Tribunal señala que este mercado se sigue 
caracterizando por una distorsión en los intercambios en 
perjuicio de los recursos de la Comunidad, más de cinco 
años después de que el Tribunal hubiera llamado la 
atención por primera vez sobre el tráfico triangular en el 
sector del arroz. El Tribunal pide de nuevo que la 
Comisión tome las medidas adecuadas para poner 
remedio a esta situación en el sector del arroz a fin de 
proteger los recursos financieros de la Comunidad. 
Objetivos de autofinanciación en el mercado 
del azúcar 
Introducción 
3.40. A diferencia de otros mercados, la organización 
común del mercado en el sector del azúcar se ha 
caracterizado siempre por: 
(a) un régimen de cuotas de producción; (b) el principio de la plena corresponsabilidad financiera; 
(c) la consideración como recursos propios de los 
ingresos de las cotizaciones. 
Estas características han sido confirmadas y reforzadas 
por el reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30 de 
junio de 1981 (19), aplicable durante cinco años a partir 
del 1 de julio de 1981. Para este fin, los gastos 
presupuestarios relativos al almacenamiento y a la 
exportación del azúcar comunitario deben, en principio, 
estar cubiertos por las exacciones reguladoras recaudadas 
en las fases de comercialización y de producción 
respectivamente. 
3.41. El azúcar producido en la Comunidad está sujeto 
a disposiciones en materia de cuotas de producción, tal 
como lo prevé el Reglamento del Consejo (CEE) n° 1785/ 
81. Según estas disposiciones, los productores reciben una 
garantía de precio hasta una cantidad máxima de 11,8 
millones de toneladas por año, es decir, la cantidad que 
representa el total de las cuotas « A » y « B » en el marco 
del régimen de cuotas. El consumo comunitario de azúcar 
se ha estabilizado en 9,5 millones de toneladas por año. 
La aplicación del régimen ha provocado una situación en 
la cual la producción cubierta por la garantía de precio es 
superior al consumo en una cantidad media anual de 1,6 
millones de toneladas. 
El régimen de compensación de los gastos 
de almacenamiento 
3.42. El régimen de compensación de los gastos de 
almacenamiento ha sido instituido con el fin de asegurar 
un flujo regular de azúcar comunitario durante todo el 
año mediante el reembolso de los gastos de almacena­
miento a los fabricantes de azúcar. Estos gastos de 
almacenamiento del azúcar se reembolsan según una tasa 
a tanto alzado fijada por el Consejo. En el momento de su 
comercialización, el azúcar es objeto de una cotización a 
cargo del fabricante. Conforme al artículo 6 del 
Reglamento (CEE) n° 1358/77 del Consejo, de 20 de junio 
de 1977 (20), esta cotización está pensada para garantizar 
que, en cada campaña de comercialización, la suma 
previsible de las cotizaciones sea igual a la suma previsible 
de los reembolsos de los gastos de almacenamiento. El 
cuadro 3.4 muestra el resultado financiero de las 
campañas de comercialización. Como puede verse, la 
Comisión considera ahora que el régimen está globalmen-
te equilibrado al final de la campaña 1985/86. El Tribunal 
observa, sin embargo, que la utilización de los medios de 
gestión de los que dispone hubiera permitido a la 
Comisión alcanzar antes un mayor equilibrio anual. 
El régimen de cotizaciones/cuotas a la producción 
3.43. El régimen de cuotas de producción prevé que las 
propias empresas productoras compensen íntegramente, 
mediante el pago de una cotización a la producción, el 
36 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 3.4 — Resultado financiero del régimen de compensación de los gastos de almacenamiento del azúcar 
Campaña de 
comercialización 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 (2) Reembolsos 
Tasa por 
mes de 
almacenamiento 
(ECUS/tonelada) 
(1) Total de 
pagos 
(millones de 
ECUS) 
(2) 
5,80 433,0 
6,30 540,8 
5,70 465,6 
5,30 408,1 
5,30 430,5 Cotizaciones 
Tasa por 
tonelada 
comerciali-
(ECUS/tonelada) 
(3) Total de 
ingresos 
(millones 
de ECUS) 
(4) 
35,50 407,4 
42,50 478,7 
42,50 448,9 
42,50 481,0 
42,50 484,5 Saldo 
Saldo de la 
campaña de 
comerciali­
zación 
(millones de 
ECUS) 
(5) = (4) - (2) Saldo 
acumulado 
(millones de 
ECUS) 
(6) 
-25,6 - 30,1(0 
-62,1 - 92,2 
-16,7 -108,9 
72,9 - 36,0 
54,0 18,0 
(') Incluido un déficit prorrogado de 4,5 millones de ECUS. (2) Basado en previsiones. 
coste de dar salida a la producción comunitaria que 
exceda al consumo. El Reglamento (CEE) n° 1785/81 
contiene reglas detalladas para el cálculo de los tipos de 
cotización aplicables durante la campaña. Este reglamen­
to fija también un límite a la cotización que puede 
imponerse y prevé que las pérdidas no cubiertas 
resultantes de la aplicación del régimen en una campaña 
determinada se prorroguen a la campaña siguiente. 
3.44. El déficit global calculado de este modo y su 
desglose para las campañas de comercialización en 
cuestión se presentan en el cuadro 3.5. Este cuadro 
muestra que el régimen de cotizaciones/cuotas a la 
producción se ha caracterizado por un déficit permanente 
desde su creación, habiendo alcanzado el déficit acumula­
do 609,2 millones de ECUS al final de la campaña 1984/ 
85. 
Cuadro 3.5 — Resultado financiero del régimen de 
cotizaciones/cuotas a la producción de azúcar 
(Millones de ECUS) 
Campaña de 
comercia­
lización 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
Total Cálculo de 
ingresos 
procedentes 
de las 
cotizaciones 
410,1 
516,8 
453,4. Cálculo de 
gastos 
relativos a la 
exportación 
del azúcar 
i 
• 1 380,3 • 1 832,2 
507,5 664,8 
1887,8 2 497,0 Diferencia 
• -451,9 
-157,3 
-609,2 Conclusiones sobre el azúcar 
3.45. Ajuicio del Tribunal, el considerable excedente de 
la producción respecto al consumo, combinado con las 
limitaciones reglamentarias de las cotizaciones a la 
producción, indicaba desde el primer momento que el 
objetivo de autofinanciación no podía ser alcanzado. El 
volumen de los déficits reales resultantes de la aplicación 
del régimen ha aumentado regularmente durante las 
correspondientes campañas de comercialización. Al 
mismo tiempo, el Tribunal toma nota de las recientes 
iniciativas tomadas por la Comisión encaminadas a 
reforzar el mecanismo de autofinanciación del régimen. 
3.46. Independientemente del objetivo de autofinancia­
ción, el Tribunal considera que la Comisión debería haber 
cuantificado la carga potencial vinculada a los stocks de 
azúcar tanto privados como públicos que casi seguramen­
te deberán ser exportados beneficiándose de las restitu­
ciones. 
3.47. Mientras que el informe financiero anual sobre el 
FEOGA contiene cierta información sobre el déficit, el 
Tribunal observa que ni el Presupuesto General ni la 
contabilidad contienen adecuada información al respec­
to. Dado el carácter fundamental de los principios de 
financiación en cuestión, la presentación global en el 
Presupuesto General y en la contabilidad anual es 
altamente recomendable. 
3.48. El Tribunal recomienda que las futuras medidas 
respecto a la organización común de los mercados del 
azúcar prevean la recuperación total del déficit y que las 
cotizaciones y las restituciones se fijen a unos niveles que 
permitan alcanzar el objetivo de autofinanciación. 
ró LlDo Diario Oficial de las Comunidades Europeas 37 
(i) DO L 94 de 28.4.1970, p. 19. 
(2) DOL 128 de 14.5.1985, p. 15. 
(3) DO L 206 de 5.8.1985. 
(4) DOL 356 de 31.12.1977. 
(5) DOL 329 de 17.12.1984. 
(*) DO L 336 de 27.12.1977, p. 1. 
O DO L 356 de 31.12.1985, p. 1. 
(8) DO C 326 de 16.12.1985. 
(9) DOL 145 de 13.6.1977, p. 1. 
(i») DO L 205 de 13.8.1979, p. 19. ;n) DO L 38 de 9.2.1977, p. 1. 
12) DO L 38 de 9.2.1977, p. 20. 
13) DO L 97 de 15.4.1980, p. 20. 
W) DOL 131 de 26.5.1977, p. 6. 
i5) DO L 203 de 9.8.1977, p. 1. 
16) DOC 326 de 31.12.1979. 
'i?) DOC 215 de 26.8.1985. 
ig) DOC 344 de 31.12.1981. 
19) DO L 177 de 1.7.1981, p. 4. 
20) DOL 156 de 25.6.1977, p. 4. 
38 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
CAPITULO 4 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
Sección «Garantía» (FEOGA-Garantía) 
4.0. ÍNDICE DE MATERIAS Apartados 
Introducción 4.1 —4.2 
Resumen de la información financiera 4.3 
Observaciones sobre la ejecución presupuestaria 4.4 — 4.13 
Presentación de las cuentas y del balance 4.4 — 4.5 
El régimen de los doceavos provisionales 4.6 — 4.11 
La gestión de la tesorería en los Estados miembros 4.12 
Conclusiones sobre la ejecución presupuestaria 4.13 
Observaciones sobre la gestión financiera 4.14 — 4.39 
Almacenamiento público: aspectos generales 4.14 — 4.26 
Evolución de los stocks 4.14 — 4.16 
Evolución de los gastos 4.17 — 4.20 
Gastos técnicos 4.18 
Gastos financieros 4.19 
Gastos repercutidos en los presupuestos nacionales 4.20 
Pérdidas potenciales y depreciaciones 4.21 — 4.22 
Gastos potenciales 4.23 
Conclusiones sobre el almacenamiento público: aspectos generales 4.24 — 4.26 
Almacenamiento público: cereales 4.27 — 4.39 
Introducción 4.27 — 4.28 
Calidad 4.29 — 4.37 
Criterios comerciales y comunitarios 4.29 — 4.30 
Control de calidad 4.31 — 4.37 
Otros aspectos de la gestión nacional 4.38 
Conclusiones acerca del almacenamiento público de cereales 4.39 
Observaciones sobre los controles internos 4.40 — 4.56 
Fraudes e irregularidades 4.40 — 4.44 
Fiabilidad y exhaustividad de la información 4.40 — 4.41 
Recuperación de créditos 4.42 — 4.43 
Asistencia mutua en la lucha contra el fraude 4.44 
Liquidación de cuentas 4.45 — 4.55 
Repercusiones financieras de las decisiones de liquidación 4.45 
Actividades de control de la Comisión 4.46 — 4.48 
El problema de las reservas 4.49 — 4.55 
Colaboración de los Estados miembros 4.56 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 39 
Seguimiento del informe especial relativo a las 
Ayudas a la producción 
Introducción 
Agencias de control del aceite de oliva 
Controles habituales 
Sanciones administrativas 
Registro de cultivos de aceituna 
Liquidación de cuentas 
Stocks de aceite de oliva 
Conclusiones acerca del aceite de oliva 
INTRODUCCIÓN 
4.1. Durante 1985 la gestión del Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agrícola, Sección «Garantía» 
(FEOGA-Garantía) continuó siendo regulada por el 
Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21 de abril 
de 1970 ('), el cual, conjuntamente con las disposiciones 
del Reglamento Financiero, en particular las de su Título 
VIII, constituye un marco reglamentario autónomo 
respecto a las normas aplicables al Presupuesto General. 
4.2. La característica principal del sistema de financia­
ción establecido por el Reglamento (CEE) n° 729/70 es la 
puesta en práctica de un sistema de gestión parcialmente 
descentralizada, cuya descripción más detallada consta 
en el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al 
ejercicio 1984 (2). 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
4.3. La información básica referente a la gestión de los 
créditos del FEOGA-Garantía está contenida en el 
cuadro 4.1. Los créditos disponibles para la financiación 
de los gastos del FEOGA-Garantía en 1985 ascendieron a 
19 883,1 millones de ECUS. La Comisión puso a 
disposición de los Estados miembros créditos por importe 
de 19 787,0 millones de ECUS. Los Estados miembros 
declararon 19 737,8 millones de ECUS de gastos, que la 
Comisión imputó a las cuentas del ejercicio, incrementa­
dos en 2,0 millones de ECUS para pagos realizados 
directamente, lo que equivale a un gasto total inscrito en 
la cuenta de gestión de 19 739,8 millones de ECUS, que 
representa un aumento del 7,6 % respecto a 1984. 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. ayudas al aceite de oliva 4.57 — 4.65 
4.57 — 4.62 
4.57 
4.58 — 4.59 
4.60 
4.61 
4.62 
4.63 
4.64 
4.65 
OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Presentación de las cuentas y del balance 
A A. Al analizar las cifras relativas al FEOGA-Garantía, 
tal y como son presentadas en los estados financieros de 
las Comunidades, es preciso tener en cuenta los siguientes 
puntos, que afectan bien a la exhaustividad de los estados 
financieros, bien a su anualidad, o bien a la claridad de las 
cuentas: 
(a) las reservas de la Comisión en materia de liquidación 
(véanse apartados 4.49 — 4.52) con respecto a la 
aceptación de los gastos declarados por los Estados 
miembros, mantienen en suspenso la aprobación 
definitiva de los gastos. Estas reservas, que tienen la 
naturaleza de derechos y obligaciones potenciales 
frente a los Estados miembros, deberían ser recogidas 
en un anexo al balance; 
(b) con la finalidad de conseguir la antes indicada 
exhaustividad, el balance debería reflejar, de alguna 
forma, las cantidades a recuperar como consecuencia 
de ciertas irregularidades, que podrían ascender a 106 
millones de ECUS a finales de 1985 (véase apartado 
4.42); 
(c) al igual que en años precedentes, la Comisión 
contabilizó determinados ingresos como gastos 
negativos; esta práctica equivale a una ocultación de 
la verdadera situación presupuestaria. El importe del 
gasto bruto en 1985 alcanza la cifra de 20 823,1 
millones de ECUS, que comparados con los 19 739,8 
millones de ECUS inscritos en la cuenta de gestión, 
dan una diferencia de 1 083,3 millones de ECUS. El 
Tribunal considera que el importe del gasto bruto 
debería ser reflejado en una nota explicativa a la 
indicada cuenta; 
40 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 4.1 — Cuadro general de las cuentas de 1985 
(Millones de ECUS) 
Créditos 
Prórrogas automáticas de 1984 
Anulación de créditos: 
Créditos utilizados: 
Créditos del presupuesto inicial 
(Títulos 1 y 2, Capítulo 40): 
Transferencias a: 
— Capítulo 92: 
— Capítulo 32: 
Total disponible: 
Anulaciones de créditos (3): 
Total de créditos 
utilizados: 2,6 
0,4 
2,2 
19 979,1 
-36,0 
-60?0 
-96,0 
19 883,1 
138,9 
19 744,2 Compromisos 
— 
Saldo de disponibilidades de los 
Estados miembros a 1. 1. 1985 Q) 29,4 
Anticipos concedidos a los 
Estados miembros: 
— normales: 13 579,2 
— fraccionados: 5 910,6 
— extraordinarios: 311,6 
Total de anticipos: 19 801,4 
Diferencia de cambio: —14,4 
Total de compromisos 
provisionales globales: 19 787,0 
Gastos comprometidos directamente 
por la Comisión: 6,4 
Total: 19 793,4 
Desafectación del saldo 
disponible en los Estados miembros 
a 31. 12. 1985: 49,2 
Total de compromisos: 19 744,2 Imputaciones a la 
cuenta de gestión 
Pagos sobre prórrogas 
automáticas de 1984: 
Imputaciones como pagos (2): 
— normales: 
— fraccionados y/o 
atrasados: 
Total de 
imputaciones: 
Gastos pagados directamente 
por la Comisión: 
Total de pagos: 
Prórrogas automáticas 
a 1986: 
Total: 2,2 
2 111,9 
17 625,9 
19 737,8 
2,0 
19 739,8 
4,4 
19144a 
(•) Este saldo fue incluido en el compromiso del anticipo correspondiente al mes de abril. 
(2) La imputación del mes de noviembre tiene en cuenta las consecuencias de la liquidación de cuentas 1980-1981 (—99,2 millones de ECUS). 
(3) De los que 8 millones de ECUS corresponden al Capítulo 40, Pesca. 
(d) debe señalarse, por otra parte, que la práctica de los 
gastos negativos ha experimentado este año una 
nueva transformación respecto a la «exacción 
complementaria», relacionada con el establecimiento 
del régimen de cuotas de producción lechera, para el 
que había sido inscrito en el Presupuesto un gasto 
negativo de 148 millones de ECUS. De hecho, la 
gestión de esta línea de ingresos requiere los siguientes 
comentarios: (ii) un gasto de 2,1 millones de ECUS fue inscrito en 
esta línea en la cuenta de gestión, pero esta 
inscripción no es más que el resultado neto de un 
conjunto de operaciones de cobro que alcanza­
ron, después de efectuados los reembolsos de lo 
percibido en exceso en 1984, la suma de 58,5 
millones de ECUS, y de gastos, que alcanzaron 
los 60,6 millones de ECUS, efectuadas y declara­
das por la República Federal de Alemania y los 
Países Bajos, y posteriormente registradas por la 
Comisión en subpartidas de la partida 2071; 
(i) como consecuencia de una transferencia positiva 
de 160 millones de ECUS de un artículo a otro, la 
partida 2071 fue transformada en una línea de 
gasto para la cual los créditos definitivos del 
ejercicio se elevaban a 12 millones de ECUS; (iii) estas operaciones fueron posibles en virtud de dos 
reglamentos del Consejo, que autorizan a los 
Estados miembros a no percibir la exacción si el 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 41 
exceso de cuota ha sido compensado a nivel 
regional o incluso nacional (artículo 4 bis del 
Reglamento del Consejo n° 857/84 (3)), o bien a 
utilizar directamente esta exacción para pagar 
indemnizaciones por abandono de producción 
(artículo 9, apartado 4, del Reglamento del 
Consejo n° 857/84 (4)); 
(iv) El tratamiento presupuestario de las disposicio­
nes que autorizan a los Estados miembros a 
afectar la exacción percibida a la financiación de 
las indemnizaciones por abandono de la produc­
ción tuvo como efecto la creación de gastos en 
líneas no previstas en el Presupuesto, a pesar de 
que el Reglamento correspondiente era anterior a 
su aprobación. Como consecuencia de ello, estos 
gastos no aparecen en la cuenta de gestión, 
tendiendo, de este modo, a mantener a las 
autoridades presupuestaria y de descargo en la 
imposibilidad de asumir sus responsabilidades en 
este ámbito. 
4.5. Al comparar los gastos de 1985 con los de 1984, el 
Tribunal resalta el hecho de que los gastos de segunda 
categoría de 1985 para los cereales, la mantequilla y la 
carne bovina incluyen, a diferencia de los gastos de 1984, 
la suma de 439 millones de ECUS para cubrir la 
depreciación del stock en cuestión (véanse apartados 4.17 
y 4.21). 
El régimen de los doceavos provisionales 
4.6. Los comentarios que siguen, relacionados con la 
aplicación por parte de la Comisión del régimen de los 
doceavos provisionales a los gastos del FEOGA en los 
primeros meses de 1985, han de ser leídos teniendo en 
cuenta los comentarios más generales sobre el régimen de 
los doceavos provisionales contenidos en el capítulo 1 
(apartados 1.30— 1.35). 
4.7. La intención manifiesta del Tratado (artículo 204) y 
del Reglamento Financiero (artículos 8 y 92) es requerir a 
la Comisión para que, en ausencia de presupuesto, 
gestione los gastos de la forma más comedida posible. La 
forma en que la Comisión aplicó el régimen de los 
doceavos provisionales a los gastos del FEOGA durante 
los primeros meses de 1985 fue, de hecho, contraria al 
espíritu antes indicado. 
4.8. En la sección «Garantía» del FEOGA, los gastos 
tienen lugar en los Estados miembros, y son financiados 
por la Comisión por medio de anticipos mensuales. En 
1985 la Comisión equiparó dichos anticipos a las 
operaciones de compromiso dimanantes del artículo 8, 
párrafo 2, del Reglamento Financiero. De este modo, en 
vez de mantenerse dentro del límite de un doceavo por 
mes, la Comisión se asignó a sí misma tres doceavos para 
enero, con un doceavo adicional para cada uno de los 
meses siguientes. Esta práctica fue ya criticada por el Tribunal en su informe anual correspondiente al ejercicio 
de 1980 (5). En opinión del Tribunal, dichos anticipos, que 
dieron lugar a pagos a beneficiarios en los Estados 
miembros, han de ser regulados por las disposiciones del 
Reglamento Financiero (artículo 8, párrafo 3) referentes 
a los créditos de pago en el sistema de los doceavos 
provisionales. El Tribunal calculó que el exceso del gasto 
real realizado por los Estados miembros durante el 
período enero-mayo de 1985, tomando como base de 
referencia el total máximo permitido en virtud del artículo 
204 del Tratado y del artículo 8, párrafo 3, del 
Reglamento Financiero, era de por lo menos 1 329,7 
millones de ECUS. 
4.9. A pesar del mayor margen de maniobra que 
proporciona este régimen de compromisos, la Comisión 
constató que los anticipos que deseaba efectuar en marzo 
de 1985 rebasarían el menor de los dos límites de dicho 
mes. Ante la negativa por parte de las autoridades 
presupuestarias a conceder un doceavo adicional (de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 
8 del Reglamento Financiero), la Comisión aplicó el 
límite más alto. Como consecuencia de ello, los anticipos 
a los Estados miembros en marzo de 1985 sobrepasaron la 
suma máxima legal en 516,9 millones de ECUS. 
4.10. Sea cual fuese la interpretación jurídica que se dé 
al régimen de anticipos, la Comisión no queda exonerada 
de la importante obligación de impedir que el gasto de los 
Estados miembros sobrepase los límites del Tratado, es 
decir, de aplicar al gasto de los Estados miembros el 
menos flexible régimen de pagos establecido en el párrafo 
tercero del artículo 8 del Reglamento Financiero. En este 
caso concreto, la Comisión no hizo nada en especial para 
asegurar que los Estados miembros respetasen las cifras 
máximas mensuales de gasto establecido por el Tratado, 
es decir, la cifra más baja que resulte de la comparación 
entre un doceavo del gasto real de 1984, y un doceavo del 
gasto propuesto para 1985. 
4.11. Respecto al ejercicio 1985, el Tribunal no puede 
sino concluir que la infracción del principio del doble 
límite, la asimilación de los anticipos a los compromisos y 
la financiación de anticipos por encima del límite de un 
doceavo por mes han supuesto un incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el régimen de los doceavos 
provisionales. 
La gestión de la tesorería en los Estados 
miembros 
4.12. Del cuadro 4.2, que refleja los créditos que 
permanecían disponibles a fin de mes en los Estados 
miembros, se desprende lo siguiente: 
(a) el nivel de las cantidades no gastadas en los Estados 
miembros fue particularmente elevado durante los 
cuatro primeros meses del año, lo cual refleja una vez 
más el importe excesivo de los anticipos cuando el 
régimen de los doceavos provisionales debería haber 
42 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Estado miembro 
beneficiario 
Bélgica 
Dinamarca 
RF de Alemania 
Grecia 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Reino Unido 
Total Cuadro 4.2 — Créditos disponibles a final de mes en los Estados miembros 
31.1.85 
- 8,5 
- 0,9 
- 4,1 
+ 20,3 
- 0,1 
+ 24,1 
+ 320,0 
- 0,1 
- 22,1 
+ 80,1 
408,7 28. 2. 85 
- 9,5 
- 1,1 
+ 18,1 
+ 51,4 
- 42,2 
+ 48,2 
+ 209,2 
+ 0,3 
+ 4,4 
+ 86,9 
365,7 31.3.85 
+ 8,6 
+ 22,6 
+ 85,3 
+ 50,2 
-23,7 
+ 14,7 
+ 70,0 
+ 0,0 
+ 74,3 
+ 55,8 
357,8 30. 4. 85 
- 26,7 
+ 32,5 
+ 63,2 
+ 16,5 
+ 19,7 
+ 10,4 
+194,3 
+ 0,5 
+ 94,3 
+ 2,0 
406,7 Saldos durante el ejercicio 
31.5.85 
+ 4,1 
+ 35,7 
+ 80,9 
- 23,0 
+ 7,3 
+ 1,7 
+ 133,8 
- 0,1 
- 4,0 
+ 6,8 
243,2 30. 6. 85 
+ 3,9 
+ 34,6 
+ 37,4 
- 7,2 
- 6,6 
+ 8,6 
+ 79,5 
- 0,0 
-27,1 
+ 57,3 
180,4 31.7.85 
+ 27,3 
+ 26,7 
- 9,6 
-27,9 
-35,0 
+ 19,3 
+ 94,4 
+ 0,3 
-63,5 
+ 50,5 
82,5 1985 
31.8.85 
- 1,9 
- 8,9 
+ 8,7 
- 7,3 
- 18,3 
- 6,5 
+124,6 
+ 0,1 
- 30,2 
+ 7,5 
67,8 30. 9. 85 
+ 6,9 
+ 16,3 
+ 99,6 
+ 6,8 
+ 0,3 
+ 19,9 
+ 46,8 
- 0,1 
-17,3 
+ 13,3 
192,5 31. 10.85 
- 9,7 
+ 36,5 
+ 97,9 
+ 37,9 
+ 11,7 
+ 0,2 
+140,9 
+ 0,0 
- 5,8 
+ 13,1 
322,7 (Millones de ECUS) 
30. 11.85 
-24,7 
+ 10,7 
+ 87,4 
+ 20,7 
-36,7 
+ 8,0 
-17,3 
+ 0,0 
-20,0 
- 4,9 
23,2 31.12.85 
+ 0,9 
- 0,05 
+ 13,1 
- 0,1 
+ 0,3 
+ 0,1 
+ 6,2 
+ 0,1 
+ 28,0 
+ 0,6 
49,2 
impuesto unas limitaciones especiales (véanse los 
apartados 4.6 — 4.11); 
(b) el promedio mensual de estos créditos asciende a 225 
millones de ECUS, frente a los - 35,8 millones de 
ECUS de 1984. En términos relativos, ello significa 
que la Comisión concedió a los Estados miembros 
anticipos que son de promedio un 14% superiores a 
las necesidades reales. Este porcentaje aumenta, en el 
caso concreto de dos países cuya tesorería a fin de mes 
fue claramente positiva prácticamente durante todo 
el año, hasta situarse en el 19,4% (Reino Unido) y 
40,9% (Italia); 70, ha llevado a la Comisión a conformarse, a corto plazo, 
con un objetivo más modesto. Este objetivo consistiría en 
basarse en un sistema de tratamiento informático de los 
gastos, ya utilizado en Dinamarca, haciéndolo extensivo 
a todos los Estados miembros, lo que de por sí ya 
representaría una mejora respecto al tipo y rapidez de la 
información disponible a nivel comunitario. A pesar de 
lamentar el alejamiento de la perspectiva de una reforma 
más profunda del sistema existente, el Tribunal no puede 
sino fomentar todo progreso conducente a una asunción 
más rápida de las responsabilidades centralizadas que 
incumben a la Comisión en materia de financiación del 
FEOGA-Garantía. 
(c) por otra parte, la Comisión tampoco pudo evitar que 
al finalizar determinados meses, incluido diciembre, 
los gastos agrícolas de algunos Estados miembros 
fueran superiores a los anticipos de la Comisión. OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN 
FINANCIERA 
Conclusiones sobre la ejecución presupuestaria Almacenamiento público: aspectos generales 
4.13. Los hechos antes indicados ponen de relieve, una 
vez más, que el sistema de anticipos basados en las 
estimaciones de los Estados miembros ha de ser revisado. 
A este respecto, el Tribunal ha seguido con interés el 
desarrollo de las iniciativas encaminadas a la introduc­
ción de un sistema de pagos directos que podría obviar, 
según reconoce la propia Comisión, la mayor parte de las 
dificultades actuales. No obstante, la reticencia de los 
Estados miembros hacia lo que consideran como una 
renuncia forzosa a sus competencias de ejecución 
financiera, establecidas por el Reglamento (CEE) n° 729/ Evolución de los stocks 
4.14. El valor contable (esencialmente basado en el 
precio de compra) de los productos que se encontraban en 
régimen de almacenamiento de intervención al finalizar el 
ejercicio de 1985 ascendía a 11 019 millones de ECUS, lo 
que representa un aumento del 26% con respecto a 1984; 
esta tasa de crecimiento es comparable a la que se 
constató el año precedente. Tras la depreciación (véase 
apartado 4.22) el importe ha quedado reducido a 10 580 
millones de ECUS (véase cuadro 4.3). 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 43 
Cuadro 4.3 — Cantidades y valores de los productos en almacenamiento público 
Producto 
Trigo blando 
Cebada 
Centeno 
Trigo duro 
Total cereales 
Azúcar 
Aceite de oliva 
Colza 
Tabaco 
Alcohol procedente de la destilación 
obligatoria de vino (3) 
Leche desnatada en polvo 
Mantequilla 
Carne de vacuno sin deshuesar 
Carne de vacuno deshuesada 
Carne de porcino 
Total Situación a 
Cantidad 
(1000 
toneladas) 
6 463 
1 636 
441 
853 
9 393 
43 
167 
58 
14 
— 
773 
973 
468 
127 
— 
— 30. 11. 84(') 
Valor(2) 
(Millones 
de ECUS) 
1 263 
320 
92 
227 
1 902 
26 
272 
26 
14 
— 
1 242 
3 537 
1 297 
435 
— 
8 751 Situación a 
Cantidad 
(1000 
toneladas) 
11 903 
4 651 
1 108 
986 
18 648 
— 
75 
0 
15 
501 
514 
1 018 
589 
214 
26 
— 30. 11. 85(') 
Valor (2) 
(Millones 
de ECUS) 
2 390 
940 
226 
264 
3 820 
— 
116 
— 
15 
47 
867 
3 416 
1 509 
761 
29 
10 580 
0) En virtud de lo establecido en el Reglamento (CEE) n° 3184/83 de la Comisión, los gastos de segunda categoría imputables a un ejercicio son los 
derivados de operaciones de intervención realizadas durante el período de diciembre a noviembre. 
(2) El valor en ECUS ha sido obtenido aplicando al valor de prórroga fijado en moneda nacional los tipos presupuestarios válidos para la conversión de los 
gastos del mes de noviembre. Las cantidades indicadas en el cuadro representan los valores contables después de la depreciación. 
(3) Las cantidades de alcohol están expresadas en hectolitros de alcohol puro. 
Fuente: 15° Informe Financiero FEOGA, 1985. 
Cuadro 4.4 — Cuadro analítico del movimiento de los stocks públicos 1983-1985 (') 
(1000 t) 
Producto 
Trigo blando panificable 
Trigo blando no panificable 
Subtotal trigo blando 
Cebada 
Centeno 
Trigo duro 
Total cereales 
Aceite de oliva 
Tabaco 
Leche descremada en polvo 
Mantequilla 
Carne de vacuno sin deshuesar 
Carne de vacuno deshuesada 
Total carne de vacuno 1982 
Stocks 
31.12.1982 
6 504 
22 
6 526 
1 679 
298 
801 
9 304 
181 
37 
607 
138 
155 
61 
216 1983 
Compras Ventas Stocks 
30.11.1983 
2 520 2 462 6 562 
7 15 14 
2 527 2 477 6 576 
1 251 1 568 1 362 
37 24 311 
329 396 734 
4 144 4 465 8 983 
30 93 118 
16 22 31 
869 448 1 028 
590 43 685 
323 177 301 
69 44 86 
392 221 387 1984 
Compras Ventas Stocks 
30.11.1984 
2 898 5 012 4 448 
2 015 14 2 015 
4 913 5 026 6 463 
1 544 1 270 1 636 
249 119 441 
309 204 853 
7 015 6 619 9 383 
131 87 162 
12 28 15 
454 695 787 
509 222 972 
370 190 481 
89 42 133 
459 232 614 1985 
Compras Ventas Stocks 
30.11.1985 
1 671 2 228 3 891 
6 248 251 8 012 
7 919 2 479 11903 
4 418 1 404 4 651 
686 19 1 108 
695 561 986 
13 718 4 463 18 648 
12 98 76 
13 13 15 
223 496 514 
494 447 1 018 
253 145 588 
129 48 214 
382 193 802 
(') La comparación de las cantidades relativas a los ejercicios incluidos en este cuadro se complica por el hecho de que el ejercicio 1983 se vio reducido a 11 
meses, tras la publicación del Reglamento (CEE) n. 3184/83 de la Comisión. 
44 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
4.15. La evolución cuantitativa de los movimientos de 
los stocks queda reflejada en el cuadro 4.4, el cual permite 
asimismo observar la relación entre las compras y las 
ventas de los principales productos. Puede observarse que 
el desequilibrio de la mantequilla se inicia en 1983 y 
continúa en 1984; para la carne bovina el desequilibrio es 
constante desde hace varios años; los movimientos de los 
stocks de cereales se han desequilibrado realmente por 
primera vez en 1985, debido a una casi duplicación de las 
compras y una comercialización insuficiente, inferior 
incluso al nivel de 1984. FEOGA, sección «Garantía». El Tribunal reconoce, no 
obstante, que la política de promoción de las exportacio­
nes agrícolas, a seguir por parte de la Comisión, ha de 
tener en cuenta importantes consideraciones de tipo no 
financiero (tales como las obligaciones internacionales de 
la Comunidad y sus relaciones comerciales con Estados 
Unidos). 
Evolución de los gastos 
4.16. El incremento de las compras de intervención fue 
particularmente relevante en el caso de determinados 
cereales, habiendo sido consecuencia automática de la 
excepcional cosecha de 1985 y de las decisiones del 
Consejo y de la Comisión respecto a los precios y otros 
aspectos de la organización de mercado. El total de 
exportación de cereales (procedentes del mercado libre y 
de los stocks) superó los niveles de 1984, pero sólo en una 
cantidad reducida, y no fue suficiente para evitar un 
incremento sustancial en los niveles de stocks de finales de 
1985. El Tribunal es consciente de dos factores que, 
previsiblemente, pudieran haber permitido a la Comisión 
alcanzar un nivel más alto de exportación de cereales en 
1985. Uno ha sido el tipo de cambio del dólar, que motivó 
que los precios del mercado mundial de cereales 
igualaran, incluso excedieran, en algunas ocasiones 
durante el año, los precios comunitarios. El otro factor ha 
sido la disponibilidad de 665,9 millones de ECUS de 
créditos presupuestarios (de los cuales 439 millones de 
ECUS se destinaron, en este caso, al concepto de 
depreciación; 130,9 millones de ECUS fueron cancela­
dos, y 96 millones de ECUS fueron transferidos del 4.17. Los gastos relativos al almacenamiento público 
contabilizados para el ejercicio de 1985, ascendieron a 
3 542,4 millones de ECUS. Es de destacar que la 
comparación de los gastos relativos a los diferentes 
ejercicios es complicada a causa de la política seguida por 
la Comisión en materia de depreciación (véanse los 
apartados 4.5 y 4.21). Los productos lácteos continúan 
representando más de la mitad de los gastos (51%). La 
distribución de estos gastos por categoría y por producto 
está indicada en el cuadro 4.5, que hace asimismo 
referencia a las ayudas al almacenamiento privado. La 
categoría más importante de estos gastos es la de pérdidas 
sobre ventas, que representan la devolución, por parte del 
FEOGA a los Estados miembros, de la diferencia entre el 
precio contable de compra y el precio obtenido en la 
venta. Para 1985, estas pérdidas, por importe de 2 193,8 
millones de ECUS, según resulta del cuadro 4.5, incluyen 
a la vez el importe de las pérdidas sobrevenidas (1 754,8 
millones de ECUS) y el de las pérdidas anticipadas (439 
millones de ECUS) resultantes de la depreciación 
efectuada por la Comisión (véase apartado 4.21). El 
análisis que sigue a continuación se refiere a la doble 
categoría de gastos técnicos y gastos financieros. 
Cuadro 4.5 — Distribución de los gastos de almacenamiento en 1984 y 1985 
(Millones de ECUS) 
Producto 
Cereales 
Azúcar 
Aceite de oliva 
Oleaginosas 
Vino y alcohol 
Tabaco 
Leche descremada 
en polvo 
Mantequilla 
Queso 
Carne de vacuno 
Carne de porcino 
Total Almacenamiento 
privado 
1984 
— 
429,5 
— 
— 
135,6 
— 
152,4 
60,0 
14,1 
38,9 
830,5 1985 
— 
438,9 
— 
— 
88,1 
— 
98,8 
67,0 
159,6 
32,5 
884,9 Almacenamiento público 
Total 
1984 
314,8 
0,4 
66,6 
2,1 
— 
28,2 
819,4 
678,6 
— 
800,4 
— 
2 710,5 1985 
751,8 
1,2 
5,2 
-0,5 
1,5 
11,8 
580,0 
1 226,9 
— 
934,5 
30,0 
3 542,4 Gastos 
técnicos 
1984 
199,2 
0,3 
31,5 
0,3 
— 
6,2 
33,7 
134,5 
— 
135,9 
— 
541,6 1985 
353,5 
1,7 
20,0 
0,7 
0,5 
6,9 
16,9 
134,3 
— 
198,1 
0,7 
733,3 Gastos 
financieros 
1984 
92,7 
0,1 
21,3 
0,1 
— 
1,5 
107,1 
233,1 
— 
58,8 
— 
514,7 1985 
174,8 
2,0 
14,1 
1,1 
1,0 
1,5 
57,8 
234,5 
— 
128,2 
0,3 
615,3 Pérdidas 
sobre ventas 
1984 
22,4 
— 
13,8 
1,7 
— 
20,5 
678,6 
311,0 
— 
605,7 
— 
1 653,7 1985 
223,5 
- 2,5 
-28,9 
- 2,3 
— 
3,4 
505,3 
858,1 
— 
608,2 
29,0 
2 193,8 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 45 
Gastos técnicos 
4.18. Los costes denominados «gastos técnicos» repre­
sentan el importe de los reembolsos pagados a tanto 
alzado por el FEOGA a los Estados miembros para 
cubrir el coste de las operaciones materiales relativas al 
almacenamiento. Dicho coste está, pues, en relación 
directa con las cantidades almacenadas y con su 
movimiento. Los gastos técnicos (733,4 millones de 
ECUS) han aumentado en un 35% con relación al año 
anterior. La mayor parte de este aumento encuentra su 
explicación en el incremento de stocks de cereales, los 
cuales, por sí mismos, absorben actualmente casi la mitad 
de los gastos técnicos. 
Gastos financieros 
4.19. Los costes denominados «gastos financieros» 
corresponden a los reembolsos, también a tanto alzado, 
por indemnizaciones a los Estados miembros en concepto 
de intereses por sus capitales inmovilizados por las 
compras de intervención. Las variaciones de estos gastos 
están, pues, en relación directa con la variación del valor 
contable de los stocks. Los gastos financieros (615,2 
millones de ECUS) han aumentado un 20% en 1985, con 
respecto a 1984. 
Gastos repercutidos en los presupuestos nacionales 
4.20. El nivel de los reembolsos a tanto alzado, tanto 
para la financiación de stocks como para las operaciones 
materiales relativas a los mismos, se ha situado global-
mente, en 1985, por debajo del nivel de los costes reales en 
que han incurrido los Estados miembros. En base a las 
declaraciones de los costes reales para 1985 presentadas 
por los Estados miembros con objeto de proceder a una 
revisión de las cantidades a tanto alzado, se puede cifrar el 
importe global de los gastos repercutidos en los presu­
puestos nacionales, en 1985, en la suma de 117,1 millones 
de ECUS para los gastos de financiación, y 43,1 millones 
de ECUS para los gastos técnicos, totalizando, pues, una 
cantidad de 160,2 millones de ECUS. El cuadro 4.6 
muestra el detalle de las diferencias entre los costes 
declarados y los reembolsos a tanto alzado para todos los 
Estados miembros. El efecto de los nuevos Reglamentos 
(CEE) n° 1334/86 del Consejo (6), de 6 de mayo de 1986, y 
n° 1730/86 de la Comisión (7), de 3 de junio de 1986, será 
el de reforzar la renacionalización de estos gastos, en la 
medida en que los mismos establecen explícitamente la 
fijación de las cantidades a tanto alzado para los gastos 
financieros en un nivel inferior al nivel representativo y de 
las cantidades a tanto alzado para los gastos técnicos en 
un 75% de su nivel normal. 
Pérdidas potenciales y depreciaciones 
4.21. Durante el período en el cual el valor contable de 
los stocks ha sido ampliamente cuadruplicado, a saber, 
entre 1982 y 1984, no se ha hecho uso alguno de la Cuadro 4.6 — Prórroga de los gastos de almacenamiento público 
en 1985 a los presupuestos nacionales (') 
(Millones de ECUS) 
Estado miembro 
Bélgica 
Dinamarca 
RF de Alemania 
Grecia 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Reino Unido 
Total Gastos 
financieros Gastos 
técnicos Total 
+ 1,0 - 1,0 + 0,0 
+ 1,8 + 0,2 + 2,0 
- 39,7 +26,8 - 12,9 
+ 3,2 + 0,1 + 3,3 
+ 40,2 - 2,0 + 38,2 
+ 13,1 + 9,5 + 22,6 
+ 51,7 + 3,4 + 55,1 
+ 0,0 - 0,0 - 0,0 
- 4,1 - 9,9 - 14,0 
+ 49,9 +16,0 + 65,9 
+ 117,1 +43,1 +160,2 
(') Diferencia entre los gastos nacionales y los reembolsos comunitarios a 
tanto alzado. 
posibilidad prevista en el párrafo segundo del artículo 8 
del Reglamento (CEE) n° 1883/78 (8) del Consejo, de 2 de 
agosto de 1978, de imputar al ejercicio una parte de las 
pérdidas potenciales por medio de una operación de 
depreciación. El Tribunal ha formulado, en numerosas 
ocasiones, objeciones respecto a la forma de aplicación de 
esta regla; estas objeciones se han referido, principalmen­
te, a la aplicación de la depreciación, no en función de la 
importancia de las pérdidas potenciales, sino en función 
de la disponibilidad de créditos al final del ejercicio, con 
una asignación arbitraria de los gastos al plan anual. En 
opinión del Tribunal (9), conviene sustituir la deprecia­
ción opcional por una regla fija, a saber: la valoración de 
los stocks al precio que resulte menor de la comparación 
entre el de compra y el de venta. 
4.22. El Reglamento (CEE) n° 1883/78, en su versión 
modificada en marzo de 1986 (10), permitirá, de hecho, en 
lo sucesivo, la aplicación del método preconizado por el 
Tribunal, del mismo modo que la inscripción de líneas 
presupuestarias específicas en el presupuesto de 1986 
deberá permitir, en el futuro, identificar, desde el punto de 
vista presupuestario y contable, la repercusión financiera 
de la depreciación de los stocks. No obstante, es 
conveniente observar, respecto a la operación de 
depreciación efectuada a finales de 1985, lo siguiente: 
(a) la repercusión financiera de las pérdidas anticipadas 
continúa confundida, dentro de la cuenta de gestión, 
con la de las pérdidas sobre ventas efectivamente 
realizadas (véase apartado 4.17); 
46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
(b) la Comisión no ha utilizado más que una parte de los 
créditos disponibles en el FEOGA-Garantía (toda 
vez que anuló 130,9 millones de ECUS y transfirió 96 
millones de ECUS a otros capítulos) para efectuar 
una depreciación limitada a 439 millones de ECUS, lo 
que equivale a menos de un tercio de la depreciación 
máxima posible (1 428 millones de ECUS); 
(c) esta depreciación máxima posible ha sido cuantifica-
da, de acuerdo con la normativa vigente, en la mitad 
de la pérdida potencial; esta última ha sido calculada, 
habida cuenta de las actuales obligaciones de 
procedimientos, en base a los datos contables que 
reflejaban la situación a 30 de agosto (2 856 millones 
de ECUS), mientras que la aplicación de este método 
en base a los datos contables de final de ejercicio, y 
que reflejaban por tanto la situación a dicha fecha, 
había hecho aparecer una pérdida potencial de 3 010 
millones de ECUS (véase cuadro 4.7); 
(d) finalmente, y en lo que respecta al reparto de la 
depreciación entre los diferentes productos, el 
Tribunal no puede sino subrayar la ausencia de reglas 
precisas: en 1985 dicho reparto se efectuó del 
siguiente modo: cereales (98,0 millones de ECUS), 
mantequilla (268,6 millones de ECUS) y carne bovina 
(72,3 millones de ECUS), sin que se puedan relacio­
nar objetivamente estos importes con las depreciacio­
nes máximas posibles calculadas para cada uno de 
estos productos. Gastos potenciales 
4.23. La situación no satisfactoria de los últimos años 
por lo que respecta a la depreciación en general ha sido 
algo atemperada por la publicación, en 1984, como anexo 
al balance financiero, de una valoración de los gastos 
potenciales relativos a los stocks públicos a finales de año. 
No obstante, a diferencia de la práctica seguida en 1984, el 
anexo al balance financiero de 1985 ya no menciona de 
forma directa los gastos potenciales, sino que obliga al 
lector a determinarlos calculando la diferencia entre los 
valores contables y los gastos de comercialización 
previsibles, y ya no hace referencia explícita a las 
cantidades de «stock normal» (véase letra (a), (iii)): 
(a) en 1985, los gastos potenciales (después de la 
depreciación) han sido de 4 459 millones de 
ECUS (n). Este importe difiere del indicado para las 
pérdidas potenciales (3 010 millones de ECUS), por 
tres motivos principales: 
(i) la cifra tomada en consideración no es la 
diferencia entre el precio contable de compra y el 
precio real de venta durante el pasado año, sino la 
diferencia entre el precio contable de compra y el 
precio de venta previsto para el siguiente período; 
Cuadro 4.7 — Evolución de las pérdidas sobre stocks públicos 
Producto 
Trigo blando para forraje 
Cebada 
Centeno 
Trigo duro 
Aceite de oliva 
Tabaco 
Leche descremada en polvo 
Mantequilla 
Carne de vacuno sin deshuesar 
Carne de vacuno deshuesada 
Total 1983 
Pérdida Q) 
producida 
por la 
venta (%) 
— 
— 
— 
— 
— 
87 
83 
64 
18 
6 
— Pérdida poten­
cial (2) sobre 
stock (millones 
de ECUS) 
— 
— 
— 
— 
— 
16,8 
1 154,2 
1 493,3 
134,9 
16,1 
2 815,3 1984 
Pérdida (') 
producida 
por la 
venta (%) 
— 
4 
7 
— 
8 
87 
66 
40 
30 
15 
— Pérdida poten­
cial (2) sobre 
stock (millones 
de ECUS) 
— 
12,9 
5,8 
— 
21,9 
11,8 
739,0 
1 310,5 
356,5 
61,0 
2 519,4 1985 
Pérdida (') 
producida 
por la 
venta (%) 
0,4 
24 
7 
6 
— 
85 
62 
46 
34 
13 
— Pérdida poten­
cial (2) sobre 
stock (millones 
de ECUS) 
7,2 
207,3 
14,6 
16,9 
— 
13,9 
501,2 
1 566,5 
583,1 
99,7 
3 010,4 
(') Diferencia entre los precios medios de venta del ejercicio, y el precio medio de compra contable, expresado en % de este último. Para la carne de vacuno, el 
% de pérdidas se refiere al precio contable, es decir, al precio de compra disminuido en un 20 %, para tomar en cuenta inicialmente la pérdida de valor 
debida a la congelación. 
(2) Valores en ECUS verdes, condicionados al efecto del doble tipo. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 47 
(ii) dentro de los gastos potenciales se incluyen los 
importes de las devoluciones por stocks destina­
dos a la exportación; 
(iii) el cálculo excluye la parte de stock considerada 
«normal». Se utiliza aquí el concepto de «stock 
estratégico», es decir, un stock de reserva 
destinado a asegurar el suministro a la población 
en circunstancias excepcionales; 
(b) los dos primeros párrafos precedentes no requieren 
especiales comentarios. Respecto al tercero, el 
Tribunal considera que la exclusión del «stock 
normal» podría estar justificada si existiese una 
decisión, al nivel adecuado, de separar de forma 
permanente ciertas cantidades de stock en concepto 
de reserva estratégica. Por el momento el Tribunal no 
tiene conocimiento de la existencia de una decisión de 
este tipo, la cual, por otra parte, debería hacer 
referencia a las cantidades que constituyen dicha 
reserva. En la situación actual, no parece realista 
considerar que una parte de los stocks, consistente en 
productos fuertemente excedentarios, está protegida 
contra cualquier pérdida de valor; en especial si esta 
parte se eleva a 5 millones de toneladas para los 
cereales, 400 000 toneladas para los productos 
lácteos, y 100 000 toneladas para la carne bovina. Por 
el contrario, es precisamente el total remanente de 
dichos stocks el que empuja los precios a la baja en los 
correspondientes mercados. El hecho de que en otro 
documento presentado por la Comisión (12) los gastos 
potencíales sean valorados a un nivel mucho más 
elevado, a saber, 5 650 millones de ECUS, puede ser 
indicativo de que la propia Comisión no está segura 
de poder comercializar esta parte de los stocks sin 
sufrir pérdidas considerables. 
Conclusiones sobre el almacenamiento público: aspectos 
generales 
4.24. El Tribunal considera que las prácticas antes 
indicadas, consistentes en un reenvío de gastos derivados 
de la puesta en práctica de la política común de 
intervención, bien al Presupuesto comunitario de ejerci­
cios futuros, o bien a los presupuestos nacionales, 
conducen a una situación en la cual ya no es posible 
conocer de forma completa, ni de forma exacta, los gastos 
reales de un ejercicio determinado. Así, la cuenta de 
gestión: 
(a) cubre únicamente una pequeña parte de la pérdida 
conocida del valor de los stocks de intervención, 
posponiendo por tanto la cobertura de la mayor parte 
de la pérdida para los presupuestos de los años 
siguientes; 
(b) no puede reflejar la totalidad de los costes de 
almacenamiento y financiación de los stocks de 
intervención, en la medida en que una parte creciente 
es soportada directamente por los Estados miembros. 4.25. En general, la adopción por parte de la Comuni­
dad de principios contables inadecuados ha contribuido, 
en opinión del Tribunal, a la agravación del actual 
problema de exceso de stocks, al facilitar a las institucio­
nes el que eviten o aplacen las decisiones difíciles respecto 
al almacenamiento de intervención. 
4.26. El actual nivel de stocks (11019 millones de 
ECUS) refleja los pagos de intervención en beneficio de 
los productores agrícolas de la Comunidad. No obstante, 
la relación coste-efectividad de este nivel de ayuda parece 
difícil de justificar por el hecho de que los stocks requieren 
unos costes anuales de almacenamiento y financiación 
que ascienden a 1 350 millones de ECUS por año y 
conllevan unos gastos potenciales de comercialización de 
aproximadamente 5 650 millones de ECUS. 
Almacenamiento público: cereales 
Introducción 
4.27. El mercado que ha conocido el desarrollo más 
acentuado en el ámbito del almacenamiento en 1985 es, 
sin duda, el de los cereales, tal y como muestra el cuadro 
4.4. Tras un período de tres años durante los cuales la 
situación ha permanecido prácticamente estable, con 
alrededor de 9,5 millones de toneladas en stock y de 375 
millones de ECUS de gastos, estas cifras, repentinamente, 
se han duplicado. Este incremento refleja las dificultades 
con las que se encuentra actualmente este mercado, que se 
han transformado en poco tiempo de deficitario en 
excedentario, sobre todo después de las cosechas récord 
de las dos últimas campañas (de un 15% a un 20% por 
encima de la media de los años precedentes). En el futuro, 
la comercialización del stock actual, en gran parte a través 
del mercado de exportación, implicará un gasto potencial 
estimado por la Comisión en más de 800 millones de 
ECUS. El gasto real será todavía más importante si se 
considera que la Comisión, tal y como ya se ha indicado, 
no ha previsto pérdidas derivadas de la comercialización 
de 5 millones de toneladas, consideradas como «stock 
normal». 
4.28. El Tribunal ha prestado, pues, una atención 
especial al almacenamiento de cereales, incluyendo en su 
auditoría la gestión de la intervención en los principales 
Estados miembros afectados. Las observaciones que se 
formulan a continuación se basan en constataciones 
realizadas in situ con ocasión de visitas que han tenido 
lugar entre noviembre de 1985 y febrero de 1986 en la 
República Federal de Alemania, Francia y el Reino 
Unido, los cuales se han visto afectados en 1985 por un 
gasto, por concepto de almacenamiento público de 
cereales, superior al 80%. Los detalles geográficos y 
técnicos correspondientes a estas observaciones han sido 
puestos a disposición de la Comisión. 
48 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Calidad 
Criterios comerciales y comunitarios 
4.29. Teniendo en cuenta que la principal salida para la 
comercialización de stocks es el mercado mundial, es 
preciso poner de relieve que la calidad mínima aceptable 
para intervención en 1985, en base a la normativa 
actualmente existente, no corresponde a las exigencias del 
mercado internacional. En efecto: 
(a) en el mercado mundial se aplica la norma de un 
porcentaje de humedad del 14% mientras que la 
intervención puede aceptar hasta un 16%, y el 
mercado mundial requiere habitualmente, por ejem­
plo en el caso del trigo, un peso específico de 76 kg/hl, 
mientras que la Comunidad toma en intervención a 
partir de 68 kg/hl; 
(b) numerosos expertos consultados por el Tribunal son 
de la opinión de que la calidad del trigo aceptado 
como panificable por intervención es tan baja que no 
cubre las características técnicas realmente necesarias 
para la fabricación de pan. La normativa en vigor 
hasta la campaña de comercialización 1985/1986 no 
ha excluido, por tanto, la toma en intervención de 
trigo considerado «panificable», cuando, en reali­
dad, dicho tipo podría ser inadecuado para la 
fabricación de pan; 
(c) durante el curso de los dos últimos años los stocks de 
trigo blando no panificable se han incrementado 
considerablemente, pasando de algunos miles de 
toneladas a 2 millones de toneladas a finales de 1984 y 
a 8 millones de toneladas a finales de 1985, lo que 
equivale a los dos tercios del stock total de trigo 
blando. Este incremento corresponde a una clasifica­
ción más administrativa que técnica, que refleja la 
introducción, a partir de la campaña 1983/84, de un 
límite de garantía de 3 millones de toneladas para el 
trigo blando panificable, pagada a un precio más alto. 
La Comisión ha procedido, asimismo, a efectuar una 
baja relativa del precio medio de compra para el trigo 
de intervención. Desde un punto de vista cualitativo, 
las dos definiciones reglamentarias se confunden casi 
por completo, y, al contrario de lo observado en el 
apartado (b) precedente, parte del stock calificado 
como no panificable es de hecho apto para la 
panificación. Esta situación incoherente no favorece 
en absoluto la comercialización en óptimas condicio­
nes. 
4.30. Por lo que respecta a la humedad, es preciso notar 
que la diferencia entre un porcentaje del 14% y uno del 
16% equivale de hecho a la diferencia entre un cereal apto 
para el almacenamiento de larga duración y un cereal 
difícil de conservar más allá de un año. Así, pues, una 
situación caracterizada por una producción excedentaria 
y por dificultades en encontrar salidas para la comerciali­
zación significa inevitablemente un almacenamiento 
prolongado. El hecho de aceptar en intervención cereales de alta humedad plantea problemas de control de calidad 
y entraña gastos complementarios considerables para 
tratamientos especiales, tales como el secado, el enfriado 
y la homogeneización. Los costes de estos tratamientos 
son reembolsados por parte del FEOGA por medio de 
cantidades especiales a tanto alzado. 
Control de calidad 
4.31. El Tribunal emprendió una investigación previa 
acerca de los mecanismos de control de calidad para los 
stocks de intervención de cereales. Durante el transcurso 
de la investigación, funcionarios del Tribunal visitaron 12 
almacenes y tomaron 16 muestras de grano, con objeto de 
someterlas a análisis técnico en tres Estados miembros 
(República Federal de Alemania, Francia, y el Reino 
Unido). A pesar de que sería inadecuado formular 
conclusiones generales a partir de los resultados de esta 
investigación previa, el Tribunal es de la opinión de que 
los resultados obtenidos dan lugar a determinadas dudas 
acerca de la adecuación de los mecanismos de control de 
calidad. 
4.32. En el ámbito del control técnico de la calidad de 
los productos comprados y almacenados en intervención, 
las medidas adoptadas por los diferentes Estados 
miembros varían considerablemente. Así, por ejemplo: 
(a) por una parte, existen en determinados casos 
reglamentaciones muy completas estableciendo con 
detalle los procedimientos a seguir, las normas a 
observar y la información que debe ser comunicada 
por los almacenistas, acompañada de una estrecha 
vigilancia por parte del organismo de intervención 
mediante una elevada frecuencia de visitas de 
inspección (República Federal de Alemania y Países 
Bajos); 
(b) en otros casos, nos encontramos con mecanismos 
bastante generales, con una actividad inspectora 
relativamente poco intensa. 
4.33. Sin embargo, en general, se otorga una gran 
confianza a los almacenistas, hasta el punto de que son 
principalmente ellos mismos quienes se ocupan de la toma 
y análisis de las muestras en el momento de la entrada de 
la mercancía en el almacén y deciden las bonificaciones y 
reducciones de precios que corresponden a los suministra­
dores en función de la calidad de las mercancías. Esta 
confianza se basa en el hecho de que los almacenistas son, 
en principio, contractualmente responsables tanto de la 
cantidad como de la calidad de los cereales de interven­
ción que son confiados a su custodia. No obstante, esta 
responsabilidad es más difícil de cuestionar en lo que 
respecta a la calidad que en lo que respecta a la cantidad, 
debido a la práctica constante de mezclar en grandes lotes 
diversas compras de diferentes calidades (almacenamien­
to combinado), lo que produce un conjunto no homogé­
neo, y asimismo debido a la escasa Habilidad del sistema 
de determinación de la calidad, tanto en la entrada como 
en la salida. Esta Habilidad únicamente puede considerar­
se garantizada si la toma de muestras y el análisis de las 
mismas se realizan de forma contradictoria por dos partes 
con intereses opuestos, o bien si son realizados directa­
mente por el organismo de intervención. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 49 
4.34. La investigación del Tribunal ha revelado lo 
siguiente: 
(a) que los cereales son frecuentemente almacenados en 
grandes partidas, en ocasiones de más de 20 000 
toneladas, las cuales evidentemente no pueden ser 
homogéneas, lo que produce los siguientes resulta­
dos: 
(i) en primer lugar, aumenta el riesgo de que partidas 
de calidad inferior a la de las normas de 
intervención sean introducidas y mezcladas con la 
masa general; 
(ii) en segundo lugar, hace que los controles interme­
dios, basados en la toma de muestras representa­
tivas, sean extremadamente difíciles; 
(iii) finalmente, constituye una desventaja en el 
momento de la puesta en venta de las partidas del 
lote global, toda vez que la calidad real de una 
partida puede ser considerablemente diferente de 
la calidad media teórica; 
(b) que ciertos organismos de intervención establecen 
una calidad promedio a la entrada y a la salida, por 
almacén considerado en su totalidad para un 
producto y una campaña determinados, y no por 
partida almacenada (como ocurre en el caso de otro 
organismo); 
(c) que en la mayoría de los casos, durante el control de 
calidad a la entrada y/o salida de los productos, no 
queda garantizada una auténtica comprobación por 
proceso contradictorio: por ejemplo, cuando el 
vendedor y el almacenista son la misma empresa o la 
misma persona, o cuando la oferta de venta se basa en 
la calidad teórica; 
(d) que la responsabilidad financiera de los almacenistas 
es raramente exigida: de hecho, solamente existe un 
Estado miembro en el cual se han dado casos de 
exigencia de responsabilidad a los almacenistas por 
las consecuencias financieras (reducción de precios) 
de una merma de calidad durante el almacenamiento. 
4.35. Por otra parte, bajo la responsabilidad del 
Tribunal, expertos independientes tomaron muestras que 
fueron analizadas por un laboratorio igualmente inde­
pendiente. Los resultados de los análisis efectuados sobre 
las 16 muestras han puesto de relieve: 
(a) dos casos de calidad no aceptable para intervención, 
uno de ellos por haberse sobrepasado el porcentaje 
máximo de granos fragmentados, y el otro por 
haberse sobrepasado el porcentaje máximo de 
humedad; registrados en el momento de la entrada, lo cual 
produjo consecuencias financieras relativas a las 
bonificaciones/reducciones de precios. Cinco de estos 
casos se han producido en el Estado miembro en el 
que el análisis de entrada se había confiado entera­
mente a los almacenistas; 
(c) diversos casos relativos en especial a partidas de 
centeno, que se han beneficiado de la prima para la 
calidad panificable, algunas de cuyas características 
técnicas y químicas parecen imposibles de determinar 
de forma objetiva. El Tribunal ha constatado que 
algunas de estas características aparecen con valores 
muy diferentes según el técnico que las analiza, hasta 
el punto de calificarlas unas veces como conformes y 
otras como no conformes con los criterios reglamen­
tarios ; 
4.36. Respecto a las anteriores constataciones, cabe 
destacar la conveniencia de reforzar el sistema de control 
de calidad y, con este fin, adoptar disposiciones 
reglamentarias que prevean particularmente: 
(a) la obligación de los organismos de intervención de 
registrar, para cada partida almacenada (que puede 
consistir en una combinación de diversas partidas 
compradas), la calidad media constatada en el 
momento de la entrada en intervención, así como la 
calidad media constatada en el momento de la salida; 
(b) la limitación del volumen de una partida almacenada 
al contenido de una cámara o de un pequeño grupo de 
cámaras, en el caso de almacenamiento en silos, y a 
una cierta cantidad máxima, por ejemplo 4 000 o 
5 000 toneladas, en el caso de almacenamiento en 
plano; 
(c) el almacenamiento combinado, en tales partidas, de 
productos de calidades similares, en la medida en que 
las circunstancias prácticas lo permitan; 
(d) la obligación para los organismos de intervención de 
inspeccionar de cerca los registros de control de 
calidad, tanto a la entrada como a la salida, y, en los 
casos en que un control contradictorio fiable no esté 
garantizado, de intervenir por sus propios medios o 
hacer intervenir a empresas independientes especiali­
zadas en esta materia; 
(e) poner en práctica la exigencia de la responsabilidad 
financiera a los almacenistas, cargándoles sistemáti­
camente las consecuencias financieras del deterioro 
de calidad que se constate y que les sea imputable, en 
base a reducciones de precio aplicables al producto en 
cuestión por sus especiales características. Estas 
sanciones deberán ser declaradas para ser contabili­
zadas por el FEOGA, lo cual no ocurrió en el caso 
antes referido (véase apartado 4.34(d)). 
(b) siete casos de discrepancia entre los valores constata­
dos en el momento de la investigación y los valores 4.37. El Tribunal no ignora que la Comisión es 
actualmente consciente de este problema y que ha 
comenzado a poner en práctica un control de calidad 
50 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
sobre muestras extraídas a la salida del stock de 
intervención. La Comisión tiene, no obstante, ciertas 
dudas sobre el método a seguir, en la medida en que: 
(a) dicho método únicamente permite, actualmente, la 
verificación del respeto de los criterios de calidad 
mínima, pero no el control del precio de compra 
pagado y de la adecuada conservación (lo que exigiría 
una comparación entre la calidad a la entrada y la 
calidad a la salida); 
(b) se basa en la hipótesis de una toma de muestras 
efectuada de forma contradictoria entre dos partes 
con intereses opuestos, lo cual, según las propias 
constataciones de los agentes del Tribunal, no ocurre 
en la mayor parte de las salidas en los tres Estados 
miembros examinados. 
Otros aspectos de la gestión nacional 
4.38. La investigación in situ en los organismos 
encargados de la intervención en los Estados miembros 
antes indicados, ha revelado una notable heterogeneidad 
de los procedimientos administrativos, contables y de 
control entre los diferentes Estados miembros. Las 
principales diferencias son las siguientes: 
(a) condiciones de pago: los suministradores de cereales 
para intervención en los diferentes Estados miembros 
se ven afectados por plazos de pago distintos. En la 
práctica actual — admitida por la normativa 
comunitaria (13) — estos plazos oscilan entre 60 días 
(República Federal de Alemania) y 120 días (Fran­
cia). Si se tienen asimismo en cuenta los diferentes 
tipos de interés, se puede subrayar el hecho de que los 
vendedores más favorecidos, los alemanes, obtienen 
una ventaja financiera de un 3,3% respecto a sus 
colegas franceses. Esta diferencia se refleja en los 
precios del mercado libre y provoca el riesgo de 
originar movimientos de mercancías de un Estado 
miembro a otro; 
(b) incrementos mensuales de los precios de interven­
ción: el Reglamento (CEE) n° 1569/77 (14) de la 
Comisión, de 11 de julio de 1977, en su artículo 3, 
apartado tercero, establece que «el precio que se 
deberá pagar al vendedor es el precio válido durante 
el mes designado como mes de suministro durante la 
aceptación de la oferta». En la práctica esta 
disposición no ha sido cumplida por los organismos 
de intervención, que se consideran libres de aplicar el 
precio del mes de entrega efectiva si la partida en 
cuestión (o una parte de ésta) es entregada dentro de 
un mes posterior al previsto en el contrato; 
(c) dificultades de concordancia de los datos contables: 
las declaraciones, presentadas a la Comisión, de 
gastos reembolsables derivados de operaciones realizadas, son elaboradas de forma extracontable. 
La concordancia de estas declaraciones con los datos 
que resultan de las contablidades de los organismos 
de intervención es, en ocasiones, extremadamente 
difícil de conseguir; 
(d) intensidad del control externo a nivel nacional: la 
investigación llevada a efecto en los Estados miem­
bros ha revelado que los controles de las agencias de 
intervención llevados a cabo por parte de organismos 
independientes de inspección difieren considerable­
mente, no sólo en cuanto a sus métodos, sino también 
en cuanto a su intensidad. 
Conclusiones acerca del almacenamiento público de 
cereales 
4.39. El Tribunal considera que: 
(a) los procedimientos de intervención — caracterizados 
por criterios de calidad poco selectivos y por un 
esquema de diferenciación de precios que no constitu­
ye un mecanismo disuasor adecuado respecto a la 
baja calidad — han fomentado la producción de 
grandes cantidades de cereales, abarcando calidades 
que habrían representado un riesgo demasiado 
elevado para los agricultores afectados si no hubiese 
existido la seguridad de la intervención. En este 
sentido, estos procedimientos han contribuido a crear 
la actual situación de producción excedentaria; 
(b) es por tanto necesario hacer más estrictos los criterios 
acerca de la calidad y de las condiciones de los precios. 
La adopción por parte del Consejo, en abril de 1986, 
de medidas relacionadas con el paquete de precios 
para la campaña de comercialización de cereales 
1986/87 significa sin duda un avance en la dirección 
correcta, pero no alcanza a llenar el vacío existente 
entre los criterios de intervención comunitarios y los 
criterios comerciales; 
(c) la insatisfactoria situación del control de calidad 
requiere una intervención normativa por parte de la 
Comisión, con el fin de evitar que la actual calidad, 
que ya es de por sí mediocre, sufra una ulterior 
degradación, que se traduciría en mayores pérdidas (o 
gastos potenciales) para la Comunidad; 
(d) por lo que respecta a los procedimientos nacionales 
administrativos, contables y de inspección, sería 
aconsejable que la Comisión intentase conseguir un 
mínimo de armonización mediante esfuerzos de 
coordinación, bien a través de sus propios controles, 
bien por medio de la adopción de disposiciones 
reglamentarias más detalladas. A este respecto, el 
Tribunal destaca el importante papel que podrían 
desarrollar los Tribunales de Cuentas nacionales 
verificando el buen funcionamiento del sistema de 
control. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 51 
OBSERVACIONES SOBRE LOS 
CONTROLES INTERNOS 
Fraudes e irregularidades 
Fiabilidad y exhaustividad de la información 
4.40. En 1985, los Estados miembros declararon 219 
casos de irregularidades, por un importe total de casi 12 
millones de ECUS. Se ha producido, pues, en relación a 
1984, un incremento del 70% en número, y del 100% en 
importe. El desglose de estas cifras (según tipo de medida, 
mercado y Estado miembro) viene indicado en el 15.° 
Informe Financiero de la Comisión, referente al FEO-
GA (15). La importante concentración de irregularidades 
en determinados países confirma las dudas expresadas 
por el Tribunal en los informes anuales precedentes 
acerca de la fiabilidad de estas estadísticas. Ante una 
observación del mismo tipo referida al ejercicio 1984, la 
Comisión se comprometió a indicar los motivos de dicho 
desequilibrio; por el momento, el Tribunal no ha recibido 
todavía las respuestas prometidas por la Comisión, que 
son actualmente muy necesarias a la vista del fuerte 
aumento de 1985. 
4.41. Por otra parte, el Tribunal lamenta el aumento, 
debido a recursos insuficientes, del retraso de introduc­
ción de «Irene», sistema informático para el registro y 
análisis de fraudes e irregularidades declaradas por los 
Estados miembros; este sistema será operativo únicamen­
te a finales de 1986, casi dos años después de la fecha 
inicialmente prevista. 
Recuperación de créditos 
4.42. Las recuperaciones efectuadas en 1985 como 
consecuencia de pagos indebidos corresponden a 70 
casos, por un importe de únicamente 1,3 millones de 
ECUS. El Tribunal observa lo siguiente: 
(a) que, como consecuencia de ello, las cantidades a 
recuperar continúan incrementándose, habiendo 
alcanzado los 106 millones de ECUS a finales de 
1985; 
(b) la Comisión se ha comprometido a estudiar a fondo la 
cuestión de la contabilización del importe del crédito, 
problema éste que ya se suscitó en 1984 (16). 
4.43. El Tribunal destaca el estudio que actualmente 
lleva a cabo la Comisión acerca de las disposiciones 
nacionales actualmente en vigor en cada uno de los Estados miembros para la recuperación de pagos 
nacionales indebidos. Este estudio debería permitir una 
mejor evaluación del comportamiento de los Estados 
miembros en el proceso de recuperación de pagos 
comunitarios y repercutir sobre el Estado miembro 
negligente el coste del crédito comunitario considerado 
incobrable, de acuerdo con lo previsto por el Reglamen­
to (17). El Tribunal espera que la Comisión, a partir del 
próximo año, esté en condiciones de poner en práctica los 
resultados de este estudio. 
Asistencia mutua en la lucha contra el fraude 
4.44. El Reglamento (CEE) n° 1468/81 (18) del Consejo, 
de 19 de mayo de 1981, prevé una asistencia mutua entre 
las autoridades administrativas de los Estados miembros 
y la colaboración entre éstas y la Comisión en el marco de 
la lucha contra el fraude en materia aduanera y agrícola: 
(a) no obstante, el artículo 2 de este reglamento confiere 
solamente a los Estados miembros las funciones de 
«autoridad requirente» para formular peticiones de 
asistencia y por tal motivo la Comisión se ve limitada 
a una mera función de observador pasivo; 
(b) en opinión del Tribunal, la extensión de las funciones 
de autoridad requirente a la Comisión constituiría 
una mejora apreciable de las posibilidades de control 
por parte de la Comisión en materia de fraude e 
irregularidades; 
Liquidación de cuentas 
Repercusiones financieras de las decisiones de 
liquidación 
4.45. Las decisiones adoptadas en materia de liquida­
ción de cuentas durante el transcurso del ejercicio 
presupuestario de 1985 (19) hacen referencia al gasto de 
los Estados miembros en 1980 y 1981. Estas decisiones 
han permitido una recuperación neta de 99,2 millones de 
ECUS y elevan, por tanto, a 458,4 millones de ECUS los 
importes recuperados desde 1971, año en que se puso en 
práctica el sistema de financiación del FEOGA-Garantía. 
El importe así determinado presupone, además de 
diversos reajustes contables, un rechazo del gasto bruto 
por un total de 145,2 millones de ECUS en los ejercicios 
1980-1981 y una aceptación de 24,4 millones de ECUS de 
gastos que habían sido previamente rechazados, condi­
cionada a la presentación por parte de los Estados 
miembros de las pruebas necesarias para su aceptación. 
52 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Actividades de control de la Comisión 
4.46. Teniendo en cuenta por una parte el crecimiento 
continuo y sustancial del volumen de gastos a controlar, 
así como la complejidad creciente de la normativa y, por 
otra parte, la relativa estabilidad del número de 
controladores en plantilla, la decisión de la Comisión (20), 
encaminada a eliminar antes del 30 de junio de 1987 el 
actual retraso en la liquidación, presupone necesariamen­
te una reducción del número de controles realizados in 
situ, tanto en su valor absoluto como relativo. 
4.47. Por otra parte, la Comisión no ha logrado los 
progresos previstos para la aplicación general de los 
procesos de verificación basados en el análisis y en la 
evaluación de los sistemas nacionales de control. De 
hecho, tras efectuar un examen de los informes de las 
misiones llevadas a cabo por los diferentes equipos, el 
Tribunal ha constatado que esta operación no ha sido aún 
realizada y que, por tanto, se han mantenido los antiguos 
métodos de control, con sus debilidades e insuficiencias 
ya constatadas. 
4.48. El Tribunal ha observado que la recuperación 
parcial del retraso en la liquidación sólo ha sido posible 
gracias a una reducción del número de controles y a un 
detrimento de su calidad. 
El problema de las reservas 
4.49. Como consecuencia de las decisiones de liquida­
ción de 1980-1981, las reservas existentes a final de 1985 
pueden desglosarse del siguiente modo: 
(a) aceptaciones provisionales (reservas positivas) no 
cuantificadas; 
(b) rechazos provisionales de gasto (reservas negativas) 
que totalizan 51,4 millones de ECUS, de los cuales 
29,8 millones de ECUS corresponden a las liquidacio­
nes de 1980-1981. 
4.50. El Tribunal, en numerosas ocasiones, tanto en su 
informe especial relativo a la liquidación de cuentas del 
FEOGA-Garantía (21), como en sus informes anuales, ha 
criticado la introducción de reservas en las decisiones de 
liquidación, principalmente en base a que dichas reservas 
carecen de fundamento legal y las decisiones de liquida­
ción resultantes ya no son definitivas. 
4.51. Las indicadas reservas, por otra parte, no quedan 
reflejadas en modo alguno, como información financiera, 
en el balance, a pesar de que la Comisión ha precisado, en 
sus respuestas al informe anual precedente, que estudiaría 
la forma de satisfacer los deseos del Tribunal (22). 4.52. En 1985 el Interventor denegó la aprobación de las 
decisiones de liquidación relativas a las cuentas del 
FEOGA-Garantía de Francia, Italia y Reino Unido. El 
motivo de ello fue su postura contraria a las reservas 
positivas (apartado 4.49(a) precedente) que habían sido 
introducidas por la Comisión como consecuencia de 
investigaciones que se estaban llevando a efecto durante 
dicho período. En el caso de Italia, la reserva se refería al 
gasto en concepto de ayuda para la producción de aceite 
de oliva (véase el apartado 4.63), mientras que en el caso 
de Francia y el Reino Unido, la reserva se refería a las 
sumas pagadas como indemnización financiera a grupos 
productores de fruta y hortalizas por la retirada de dichos 
productos del mercado. Estas denegaciones fueron todas 
ellas revocadas por la Comisión (éstas fueron las únicas 
revocaciones que en 1985 afectaron al FEOGA-Garan­
tía). El Tribunal lamenta estas decisiones de la Comisión 
y apoya al Interventor en su oposición a las reservas de 
esta naturaleza. 
4.53. Preocupa al Tribunal el largo período de tiempo 
necesario para efectuar las investigaciones complementa­
rias relativas a la introducción de reservas. Entre los casos 
que analizamos, el referente a frutas y hortalizas en 
Francia es la fase final de una investigación que comenzó 
en 1978; la investigación acerca del aceite de oliva 
comenzó en la campaña de comercialización 1979/80; la 
referente al sector de fruta y hortalizas en el Reino Unido 
fue iniciada durante 1985, aunque durante una visita de 
control en 1981 ya se detectó un problema potencial. 
4.54. Estos largos retrasos ponen de relieve dos 
importantes deficiencias dentro de la Comisión: 
(a) una falta de conocimiento detallado de los sistemas 
establecidos por los Estados .miembros para desem­
bolsar y controlar el gasto de la Comunidad, debido a 
la inadecuación de los mecanismos de control y 
seguimiento; 
(b) insuficiente preocupación por la asignación de los 
recursos necesarios para la rápida finalización de las 
investigaciones. 
4.55. Ambas deficiencias producen retrasos: la primera, 
un retraso en el descubrimiento de fallos en el sistema de 
control; la segunda, un retraso en la determinación del 
alcance real del fallo. En casos como los que nos ocupan, 
los retrasos de 8 años o más para determinar el alcance de 
las debilidades graves de control, una vez han sido 
detectadas, son totalmente inaceptables. La información 
disponible indica que, al menos por lo que respecta a la 
investigación sobre el aceite de oliva, el retraso se 
prolongará durante cierto tiempo. Mientras tanto, la 
acumulación de reservas se incrementa a medida que los 
fondos continúan siendo desembolsados, en condiciones 
de dudosa legalidad. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 53 
Colaboración de los Estados miembros 
4.56. En su Informe Anual referente al ejercicio 1984, el 
Tribunal criticó, haciendo referencia a casos muy 
concretos, la actitud generalmente poco cooperativa de 
los Estados miembros tanto en lo que respecta a los 
controles de los que son los principales responsables, tales 
como los de gestión diaria y prevención y represión de 
fraudes, como en lo que respecta a los controles de que los 
mismos son objeto por parte de los servicios comunita­
rios, en particular en lo referente a la liquidación de 
cuentas. A la vista de las respuestas de la Comisión y de 
las informaciones posteriores obtenidas de ésta, el 
Tribunal no ve ninguna razón para alterar su opinión. El 
Tribunal no puede sino lamentar de nuevo, en particular, 
la insuficiencia de la información obtenida respecto a las 
actividades de control de los Estados miembros, especial­
mente en la medida en que la comunicación del resultado 
de estas actividades está formalmente prevista por la 
normativa comunitaria, o en la medida en que esta 
comunicación constituye la única prueba tangible de la 
correcta aplicación de la indicada normativa. 
SEGUIMIENTO DEL INFORME ESPECIAL 
RELATIVO A LAS AYUDAS AL ACEITE DE 
OLIVA 
Ayudas a la producción 
Introducción 
4.57. En su respuesta al informe especial del Tribunal 
acerca de la organización común del mercado de aceite de 
oliva (23), la Comisión estimó que la mayor parte de los 
puntos débiles del sistema de administración de la ayuda a 
la producción han sido eliminados como consecuencia de 
la aprobación de los Reglamentos del Consejo, números 
(CEE) 2261/84, de 17 de julio de 1984, y 2262/84, de 17 de 
julio de 1984(24), con vigencia a partir de la campaña 
comercial 1984/85. La Comisión continúa diciendo: «En 
particular, la función asignada a las agencias (las nuevas 
de control del aceite de oliva) en la administración de las 
ayudas a la producción y el consumo es merecedora de 
una mayor atención...» (25). Con posterioridad a la 
investigación del Tribunal, que fue realizada en 1983, el 
gasto en ayudas a la producción y al consumo pasó de 
615,5 millones de ECUS en dicho año, a 977,0 millones de 
ECUS en 1984. Ello es reflejo de la cosecha récord de 
Italia en 1983/84, en que la cantidad total de aceite 
afectado por las ayudas a la producción ascendió a 
888 000 toneladas (compárese esta cifra con el récord anterior de 751 000 toneladas en 1977/78). En 1985, el 
gasto bajó a 624,2 millones de ECUS. Es conveniente, por 
tanto, hacer un breve análisis del progreso logrado en las 
principales áreas en cuestión. 
Agencias de control del aceite de oliva 
4.58. La creación de las agencias indicadas en el 
apartado 4.57 fue prevista por el artículo 1 del Reglamen­
to (CEE) n° 2262/84. Dichas agencias debían tener el 
carácter de autónomas, y ser creadas por los Estados 
miembros productores de aceite de oliva (excepto 
Francia). Tenían que ser investidas de la autoridad 
necesaria y dotadas de los medios precisos para llevar a 
término una amplia gama de controles destinados a 
«asegurar que los procedimientos de ayuda a la 
producción son correctamente aplicados». El reglamen­
to, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1984, 
estableció asimismo que el gasto de las agencias debía ser 
imputado al presupuesto de la Comunidad durante los 
tres primeros años, del siguiente modo: 
(a) 100% durante los dos primeros años, con un máximo 
de 14 millones de ECUS en el caso de Italia y 7 
millones de ECUS en el caso de Grecia; 
(b) 50% durante el tercer año. 
4.59. El Tribunal ha comprobado que, en los dos 
Estados miembros afectados, las agencias fueron puestas 
en funcionamiento durante 1985. A partir de dicha fecha, 
se han dedicado principalmente a llevar a término las 
formalidades preliminares, a la adquisición de las oficinas 
necesarias y a la organización del trabajo. A finales de 
marzo de 1986 habían llegado a insertar anuncios 
publicitarios para la contratación de la plantilla. A pesar 
de que una gran parte del trabajo preparatorio ya ha sido 
realizado, la verificación de las operaciones confiadas a 
las agencias no ha comenzado aún. 
Controles habituales 
4.60. El artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 27/85 de la 
Comisión, de 5 de enero de 1985 (26), establece que, hasta 
que las agencias estén en posición de poder llevar a 
término las restantes verificaciones que les han sido 
asignadas, los Estados miembros deben, al menos, 
realizar los controles habituales previstos en los regla­
mentos. Dentro del contexto del presente análisis, no es 
posible afirmar la efectividad de estos procedimientos. Se 
observó, no obstante, en Grecia, que el fichero informati-
zado establecido en el artículo 11 del Reglamento (CEE) 
n° 3061/84 de la Comisión, de 31 de octubre de 1984 (27), 
no había sido puesto en funcionamiento, a pesar de que la 
fecha límite era el 31 de octubre de 1985. 
54 LOiarioCOticial de las comunidades Europeas 15,1^, 8o 
^L Losarticulos^y^delIoeglamento^EE^n^^^ 
8^ del C^onsejo,vigenteapartirdellde noviembre de 
1984, obligaron a los Estados miembros a ^tornar 
medidas específicas y adecuadas para sancionar las 
infracciones en los procedimientos de ayuda a la 
producción,,,^. En precia, las disposiciones pertinentes 
fueron incluidas en eldecretopresidencialque creóla 
agencia del aceite de oliva,yque entró en vigor e!9de 
mayo de 1985. En Italia existen competencias para 
imponer sanciones administrativasalas empresas, pero 
las mismas no pueden ser, por el momento, impuestasa 
los productores individuales de aceitunas,Clnantepro^ 
yecto de ley reguladora de las sanciones en el sector del 
FEC^C^Aseestá discutiendo actualmente en el Parlamen^ 
to italiano, pero por el momento no ha sido aprobado. 
^,^, respecto a la planificación del registro de 
referencia en precia, no se ha efectuado por el momento 
progreso alguno. Se espera una decisión de la CAomisión 
relativa al registroyalosmétodosautilizar, respecto al 
registro italiano, todo el trabajo técnico se ha efectuado 
en9provincias,queconjuntamenterepresentane!45^de 
la producción nacional. Existe un proyecto de ampliar 
dichostrabajos, paratinalesde 1987, aunáreaque 
represente el 8t^B de la producción. El coste total, 
actualmente estimado en 99 500 millones de liras,^o5 
millones de EC^LlS^apreciosdel981^principalmente^, 
está siendo sufragado confondos retenidos de la ayudaa 
la producción, Lasautoridades italianas hanmanitestado 
queel registro ya está produciendo actualmente un efecto 
psicológicobenetícioso al desincentivar el fraudeylas 
irregularidades. Además, dichas autoridades esperan 
poder utilizar el registroparavolveracomprobarlas 
solicitudes de ayuda correspondientesaañosanterioresa 
su tinalización, mientras tanto, sin embargo, no ha sido 
posible, incluso enlasprovinciasenqueel trabajo técnico 
ha sido finalizado, utilizar el registro para los fines 
previstosenel reglamento ^EE^n^l54^75del consejo, 
decide enero de 1975^, es decir, para determinar el potencial de producción de aceitunas y de aceite, y 
mejorar la operatividad del sistema de ayudas. 
4,ó^, respecto a los años precedentes, es necesario 
recordar queseprodujounimportanteretrasoenla 
liquidaciónfmaldelascuentasreferentesalasayudasala 
producción de aceite de oliva en Italia, Para 1979, 1980y 
19811a C^omisiónhabíaformulado una reservarespectoa 
su aceptacióndel correspondiente gasto,en espera del 
resultado de una revisiónafondo de las peticiones de 
ayuda correspondientesa!979^80ycampañas comerciad 
les siguientes. El progreso de la comprobación tinal, en 
dicho Estado miembro, de estas solicitudes de ayuda ha 
sido tan lento que,atinalesdel985, 188 000 casos de 
1981^y^80000 casos de 198^8^ estaban todavía 
pendientes de comprobación. Existe el peligro de que se 
pierda el control de la situación toda vez que, como ya se 
ha indicado en los apartados precedentes, algunos de los 
aspectos insatisfactorios de los años precedentes conti^ 
núanmanitiestándoseincluso traslaadopcióndelos 
reglamentos de 198^, 
^,ó4, ElTribunal comprobó con preocupación que las 
cuentas relativas al aceite de olivapresentadas por las 
autoridades italianas revelaban una reducción no justifi^ 
cadade5o00toneladas^8,^millonesde Enlístenlas 
existencias iniciales del ejercicio!985 en relación con las 
existencias tíñales del ejercicio!984. 
^,^5, Chorno resumen, la auditoría del Príbunal corres^ 
pondienteal985muestraqueloscontrolesenelsectordel 
aceite de oliva dejan todavía bastante que desear,apesar 
de las confiadas predicciones de la comisión contenidas 
en su respuesta al informe especial del Tribunal, 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 55 
(') DO L 94 de 28.4.1970, p. 13. 
(2) Informe Anual correspondiente al ejercicio 1984, DO C 326 
de 16.12.1985, apartado 4.2. 
(3) Introducido por el Reglamento (CEE) n° 590/85 del 
Consejo, de 26.2.1985, DO L 68 de 8.3.85. 
(4) Introducido por el Reglamento (CEE) n° 1305/85 del 
Consejo, de 23.5.1985, DO L 137 de 27.5.85. 
(5) DO C 344 de 31.12.1981, apartados 4.14 — 4.19. 
(6) Reglamento (CEE) n° 1334/86 del Consejo, DO L 119 de 
8.5.1986. 
(7) Reglamento (CEE) n° 1730/86 de la Comisión, DO L 150 de 
4.6.1986. 
(8) Reglamento (CEE) n° 1883/78 del Consejo, de 2.8.1978, 
referente a las reglas generales sobre la financiación de las 
intervenciones del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agrícola, Sección «Garantía» (DO L 216 de 
5.8.1978, p. 1). 
(9) Dictamen n° 1/86 del Tribunal, de 6.3.1986, DO C 80 de 
9.4.1986, p. 9. 
0°) Reglamento (CEE) n° 964/86 del Consejo, de 25.3.1986, que 
modifica el Reglamento (CEE) n° 1883/78, relativo a las 
reglas generales sobre financiación de las intervenciones del 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, 
Sección «Garantía» (DO L 89 de 4.4.1986, p. 1). 
(n) Nota anexa a la cuenta de gestión del ejercicio 1985, doc. 
COM (86) 212. 
(12) Perspectivas financieras 1987-1990, comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, COM (86) 
201 final, p. 8 de la versión francesa de 2.4.1986. 
(!3) Reglamento (CEE) n° 2180/85 déla Comisión, de 30.7.1985, 
que modifica el Reglamento (CEE) n° 1569/77, en lo referente a las demoras en el pago respecto a los cereales 
comprados por los organismos de intervención (DO L 203 
de 1.8.1985, p. 62). Reglamento (CEE) n° 2262/85 de la 
Comisión, de 2.8.1985, que modifica el Reglamento (CEE) 
n° 1569/77 en lo que respecta a las demoras en el pago, en el 
caso de los cereales comprados por los organismos de 
intervención (DO L 211 de 8.8.1985, p. 23). 
(14) Reglamento (CEE) n° 1569/77 de la Comisión, de 11.7.1977, 
que establece el procedimiento y condiciones de aceptación 
de cereales por parte de los organismos de intervención (DO 
L 174 de 14.7.1977, p. 15). 
(15) Doc COM (86) 631 final. 
(16) Informe Anual correspondiente al ejercicio 1984, DO C 326 
de 16.12.1985, apartado 4.25. 
(17) Artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 
21.4.1970, relativo a la financiación de la política agrícola 
común, DO L 94 de 28.4.1970. 
(18) DOL 144 de 2.6.1981, p. 1. 
(19) DOL 267 de 9.10.1985. 
(20) Decisión de la Comisión de 30.7.1985. 
(2Ó DOC 313 de 29.11.1982. 
(22) Informe Anual correspondiente al ejercicio 1984, DO C 326 
de 16.12.1985, apartado 4.30. 
(23) DOC 134 de 3.6.1985. 
(24) DOL 208 de 3.8.1984. 
(25) DOC 134 de 3.6.1985. 
(26) DO L 4 de 5.1.1985, p. 5. 
(27) DO L 288 de 1.11.1984, p. 52. 
(28) DOL 19 de 24.1.1975, p. 1. 
5^ lOiarioOtícial de las Comunidades Puropeas 15.12.^ 
CAPIPI1L05 
Fondo Europeo de OrientaciónyGarantía Agrícola, Sección 
«Orientación» (FEOGA-Orienta^ión),yacciones agrícolas específicas 
5.0. ^lOlCPloP^ATPPIAS Apartados 
Introducción 5.1 
resumen de la información fmanciera 5.2 —5.5 
Observaciones sobre la gestión presupuestaria 5.ro —5.1^ 
Pecuperación de cantidades pagadas en exceso 5.^ó 
bastos pendientes de realizar 5.7 —5.10 
Crestión de los créditos del artículo ^20 5.11^5.12 
Plaboración de los calendarios de previsiones de pagos 5.1^—5.14 
Castos complementarios en el marco de la partida ^^l^Programas de 
investigación^ 5.15 
Créditos inscñtosenla partida ^^92^Sacriticiodecerdosytransformación 
de carne de porcino en el Reino Unidor 5.1t^ 
Aplicación de medidas relativasala mejora de las condiciones de transformad 
ciónycomercíalizaciónenfavordeempresasdefrutasyhortalizas^eglamento 
^CPP^n^55^ 5.17^5.31 
Principios generales 5.17 
Observaciones del Tribunal 5.1^^5.^1 
Fundamento de las observaciones 5.1^ 
Problemas relativosala garantía de la rentabilidad de los proyectos 5.19—5.20 
Problemasrelacionadosconlacapacidadde transformación detomates 5.21—5.22 
Problemas relacionadoscon el cumplimientodel plan de tínanciación de 
los proyectos 5.2^—5.27 
Problemasrelacionadosconlamoditicacióndelosproyectosdespuésde 
la concesión de ayudas 5.2^ 
Problemas relacionados con las ayudas repetitivas 5.29 — 5.ÓN 
Acciones comunes en favor de la ganadería en Italia 5.^2—5.^9 
reglamento ^CPPB^ 1944^1 5.^2^5.^5 
reglamento ^CPE^n^29^9^ 5.^0^5.^9 
L^elimitación de las zonas de montañayotras zonas destavorecidas 5.^0—5.4^ 
Pvolución del proceso de delimitación de las zonas 5.40 — 5.^ 
justificación de la ampliación de las zonas 5.^ — 5.4t^ 
CObservaciones generales sobre las medidas de ayuda regional 5m7^5m9 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 57 
INTRODUCCIÓN 
5.1. Por medio del FEOGA-Orientación, que fue 
creado por los Reglamentos del Consejo n° 25/62, de 4 de 
abril de 1962 (i) y n° 17/64, de 5 de febrero de 1964 (2), la 
Comunidad financia las acciones comunes encaminadas a 
la consecución de los objetivos definidos en el artículo 39, 
apartado l(a), del Tratado CEE. Sus intervenciones 
comprenden acciones de tipo «proyecto», que compor­
tan la concesión de ayudas a beneficiarios individuales 
para la realización de inversiones específicas, y acciones 
del tipo «reembolso», que permiten reembolsar a los 
Estados Miembros una parte de los gastos que han 
efectuado para operaciones que cumplen las condiciones 
previstas en la normativa comunitaria. Estas intervencio­
nes están previstas en el Título 3 del Presupuesto 
comunitario; sin embargo el capítulo 38 de dicho Título, 
referente a los gastos del sector agrícola, no está 
financiado por el FEOGA-Orientación. 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
5.2. La situación de compromisos y pagos correspon­
diente al ejercicio está resumida en el cuadro 5.1, que 
indica, asimismo, el importe de los créditos disponibles. 
Los créditos están disociados, excepto los del capítulo 38, 
relativos a las medidas agrícolas específicas, que en su 
mayoría no lo están. 
5.3. El Reglamento (CEE) n° 870/85 del Consejo, de 26 
de marzo de 1985 (3) prevé para el período 1985-1989 una 
dotación de 5 250 millones de ECUS. Este importe ha sido 
elevado a 6 350 millones de ECUS por el Reglamento 
(CEE) n° 3769/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985 
(4), con motivo de la adhesión de España y Portugal. 
5.4. En 1985, los compromisos contraídos para el 
conjunto del Título 3 alcanzaron los 910,9 millones de 
ECUS (en 1984: 870,5 millones de ECUS), que equivalen 
al 93,1% de los créditos disponibles (en 1984: 90,7%). El 
total de pagos efectuados en 1985 se elevó a 738,6 millones 
de ECUS (en 1984: 702,8 millones de ECUS), que 
equivale al 92% de los créditos disponibles (en 1984: 
88,1%). 
5.5. El total de los compromisos pendientes de pago al 
cierre del ejercicio 1985 ascendía a 1 180,9 millones de 
ECUS, de los cuales 686,4 millones de ECUS habían sido 
asignados a proyectos individuales (capítulo 30), 380,3 
millones de ECUS a medidas para ayudar a las regiones 
desfavorecidas (capítulo 32), 75,7 millones de ECUS para 
acciones estructurales (capítulo 33), y 38,5 millones de 
(*) Las notas aparecen al final del capítulo. ECUS para gastos correspondientes al sector agrícola 
(capítulo 38). Del total de 1 180,9 millones de ECUS, un 
montante de 11,6 millones de ECUS corresponde a 
créditos no disociados prorrogados al ejercicio 1986. 
OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Recuperación de cantidades pagadas en 
exceso 
5.6. En 1985, la Comisión emitió 26 órdenes de ingreso 
por un total de 1 529 042 ECUS, con el fin de recuperar los 
importes pagados en exceso a los beneficiarios dentro del 
marco de los gastos financiados por los capítulos 30 y 32 
del Presupuesto, de los cuales 982 483,45 ECUS queda­
ban todavía pendientes de recuperar a finales del ejercicio 
1985. Teniendo en cuenta las cantidades de los ejercicios 
anteriores, el total pendiente de recuperar al cierre del 
ejercicio 1985 se elevaba a aproximadamente 1 080 000 
ECUS. La auditoría del Tribunal de Cuentas ha revelado 
que el seguimiento de la recuperación de créditos no es 
sistemático, lo que explica la importancia de los retrasos 
(el Tribunal constató la existencia de un crédito de 1981 y 
otros de fechas posteriores, todavía pendientes de 
recuperación). 
Gastos pendientes de realizar 
5.7. En fecha 31 de diciembre de 1985, un importe de 
aproximadamente 54,7 millones de ECUS, correspon­
diente a demandas de reembolso presentadas por 
Francia, Italia y Luxemburgo, relativos a gastos del 
ejercicio 1984 por el concepto del artículo 320 «Agricultu­
ra de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas», 
quedaba pendiente de comprometer y pagar. Como en 
dicha fecha ya no quedaba disponible ningún crédito de 
dicho artículo, el gasto será imputado a los créditos del 
ejercicio 1986. Por otra parte, la documentación financie­
ra preparada al cierre de 1985 no hace mención a las antes 
indicadas sumas ni siquiera a título estimativo. Respecto 
al artículo antes indicado, el Tribunal ya ha hecho 
constar, en el apartado 5.23 de su informe correspondien­
te al ejercicio 1984 (5), que determinadas sumas pendien­
tes de pago a finales de dicho ejercicio no constaban en el 
balance. 
5.8. Es conveniente, por otra parte, recordar las 
observaciones de carácter general formuladas por el 
Tribunal, expresadas en los apartados 5.11 — 5.12 del 
informe anual correspondiente al ejercicio 1979 (6), 
referentes a la contabilización de los compromisos 
relativos a las acciones llamadas «indirectas», es decir, 
aquéllas que dan lugar a reembolsos globales a los 
Estados miembros. Estos compromisos son contabiliza­
dos en el momento del pago, o sea, cuando un anticipo o 
un reembolso son pagados al Estado miembro. De este 
58 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 5.1 — Gastos en el sector de estructuras agrícolas (Título 3): 
créditos disponibles en 1985 y su utilización 
(Millones de ECUS) 
Línea presupuestaria 
Capítulo 30: 
Proyectos de mejora de las estructuras agrícolas 
— 300 Proyectos individuales 
— 301 Comercialización 
Capítulo 31: 
Acciones socio-estructurales de carácter general 
— 310 Modernización 
— 311 Cese de actividades 
— 312 Formación profesional 
Capítulo 32: 
Acciones en favor de las regiones desfavorecidas 
— 320 Agricultura de montaña 
— 321 Regiones específicas — Mediterráneo 
— 322 Regiones específicas — Italia 
— 323 Regiones específicas — Francia 
— 324 Regiones específicas — Irlanda 
— 325 Regiones específicas — Groenlandia 
— 326 Regiones específicas — Reino Unido 
— 327 Regiones específicas — Bélgica 
— 328 Regiones específicas — RF de Alemania 
— 329 Regiones específicas — Grecia 
Capítulo 33: 
Acciones estructurales relacionadas con las organizaciones 
comunes de mercado 
— 330 Organizaciones de productores 
— 331 Leche y carne 
— 332 Vitivinícola 
— 333 Fruta 
Total FEOGA-Orientación (3) 
Capítulo 38: 
Gastos correspondientes al sector agrícola 
— 380 Lucha contra las epizootias 
— 381 Medidas veterinarias 
— 382 Semillas y plantas 
— 383 Red comunitaria de información contable agrícola 
— 384 Investigación agrícola 
— 386 Formación profesional agraria 
— 387 Comprobación de la ejecución de la normativa 
agrícola 
— 388 Acciones forestales 
— 389 Acciones regionales específicas 
Total acumulado del Título 3 
Porcentaje de utilización de los créditos Compromisos 
Créditos 
para 
compromisos 
disponibles 
en 1985 O Compromisos 
contraídos 
en 1985 
334,5 313,9 
6,5 6,4 
328.0 307,5 
109.1 102,3 
98,8 95,1 
1,2 0,9 
9,1 6,3 
386,8 356,5 
118.1 118,1 
108,4 106,7 
18,8 9,1 
35,8 35,3 
30,1 29,5 
0,4 0,4 
16,1 10,8 
1,0 0,1 
5,4 4,9 
52.7 41,6 
87.8 80,1 
7.0 5,5 
30,0 27,4 
42,7 40,6 
8.1 6,6 
918.2 852,8 
60,7 58,1 
4,9 4,9 
29,1 28,7 
0,2 0,2 
4.4 4,0 
10,1 8,7 
0,3 0,3 
5.5 5,5 
6,2 5,8 
978,9 910,9 
(93,1 %) Pagos 
Créditos 
para 
pagos 
disponibles 
en 1985(2) Pagos 
efectuados 
en 1985 
175.0 175,0 
15.4 15,4 
159.6 159,6 
108.7 102,3 
98,8 95,1 
1,2 0,9 
8,7 6,3 
377.8 352,2 
118.1 118,1 
51,1 42,4 
67,1 65,1 
35,6 35,3 
29,8 29,5 
0,4 0,4 
17.5 12,1 
0,1 0,0 
7.6 7,1 
50,5 42,2 
66,5 60,6 
6.7 5,5 
30,0 27,4 
23,0 21,1 
6.8 6,6 
728,0 690,1 
74,9 48,5 
8,8 5,6 
29.3 28,7 
0,2 0,2 
3,7 3,3 
12.4 4,3 
0,3 0,2 
5,6 2,1 
4,6 1,8 
10,0 2,3 
802,9 738,6 
(92,0%) 
(') Teniendo en cuenta las transferencias, desafectaciones, ajustes y créditos subsistentes de 1984. 
(2) Teniendo en cuenta las transferencias y prórrogas de 1984. 
(3) A excepción del Capítulo 46, que aparece en el Capítulo 6 del presente informe (Pesca). 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 59 
modo la documentación financiera no proporciona una 
imagen completa de las cargas asumibles por la Comisión. 
Los procedimientos de gestión presupuestaria deberían 
ser mejorados para determinar mejor estas cargas y, en los 
casos en que no se pueda calcular con precisión un 
importe, haría falta que apareciera por lo menos una 
estimación en la documentación financiera. 
5.9. Es, cuando menos, sorprendente que en los casos de 
pago de anticipos parciales, únicamente el importe de la 
parte de anticipo pagada es contabilizada como compro­
miso, en vez de contabilizarse el total del gasto previsto, 
en base al cual se calcula el anticipo. Este último método 
permitiría asimismo, gracias a la existencia de un saldo en 
las cuentas, controlar mejor las operaciones de regulariza-
ción. 
5.10. A título estimativo y a 31 de diciembre de 1985, 
puede considerarse que el conjunto de gastos a prever por 
los conceptos del capítulo 32 del Presupuesto, correspon­
dientes a programas aprobados y no mencionados en la 
documentación financiera preparada al cierre del ejerci­
cio, alcanzaban aproximadamente los 900 millones de 
ECUS. 
Gestión de los créditos del artículo 320 
5.11. Respecto al artículo 320 « Agricultura de montaña 
y de determinadas zonas desfavorecidas», la gestión de 
los créditos ha sido objeto de decisiones en sentidos 
diversos. Un total de 16,5 millones de ECUS de dichos 
créditos fue utilizado mediante una imputación provisio­
nal de carácter irregular (véase apartado 6.9 del presente 
informe). 
5.12. Los créditos de pago de 148,3 millones de ECUS, 
abiertos en el artículo 320 del Presupuesto, fueron en 
primer lugar reducidos, por medio de diversas transferen­
cias entre artículos, en una cuantía de 90,2 millones de 
ECUS, destinada especialmente a financiar la continua­
ción de las operaciones colectivas de irrigación en el 
Mezzogiorno, para la que los créditos de pago previstos 
en el Presupuesto de 1985 eran netamente insuficientes. 
Posteriormente, los créditos de pagos del artículo 320 
fueron aumentados en 60 millones de ECUS mediante 
una transferencia procedente del Título 2 del Presupues­
to, que resultó, como ya se ha indicado en el apartado 5.7, 
insuficiente para cubrir la totalidad de las demandas de 
reembolso presentadas por los Estados miembros en 
1985. Tales operaciones de transferencias en sentidos 
contrarios equivalen de hecho a la utilización de los 
créditos del artículo 320 para fines distintos a aquéllos 
para los cuales son necesarios y han sido asignados. Ello 
constituye un uso abusivo del procedimiento de transfe­
rencia. Elaboración de los calendarios de previsiones 
de pagos 
5.13. Los calendarios de previsiones de pagos que 
figuran en los diversos artículos o partidas del capítulo 32 
«Acciones en favor de las regiones desfavorecidas» 
contienen diversas anomalías que revelan una falta de 
exactitud en su preparación. Respecto al Presupuesto de 
1985 (7), cuyos calendarios cubren el ejercicio 1984 y 
siguientes, el total de pagos previstos por los mismos 
difiere, en doce casos, del total de los compromisos 
correspondientes. Por ejemplo, para la partida 3242 
«Programa específico de desarrollo de la agricultura en 
las regiones del oeste de Irlanda», el total de pagos 
escalonados asciende a 8,8 millones de ECUS, mientras 
que los correspondientes créditos de compromiso se 
estimaban en 16,2 millones de ECUS. En otros casos 
(artículo 327 « Programa de desarrollo integrado relativo 
al sudeste de Bélgica», y partida 3290 «Aceleración del 
desarrollo agrícola en determinadas regiones de Gre­
cia »), el calendario no toma en consideración los créditos 
subsistentes o prorrogados de 1983 que pueden ser 
utilizados en 1984. 
5.14. Se puede asimismo observar que, para la partida 
3292 del Presupuesto de 1986 (8), «Lanzamiento de un 
programa de irrigación en Grecia», el calendario de 
pagos hace referencia a un total de 22 millones de ECUS, 
mientras que el importe global provisional de la acción 
sólo asciende a 17 millones de ECUS. Por otra parte, para 
el conjunto de los calendarios del capítulo 32 del 
Presupuesto de 1986, las necesidades de pago son 
sobreestimadas en 90,5 millones de ECUS, habiendo sido 
ciertos importes tomados en consideración dos veces. 
Gastos complementarios en el marco de la 
partida 3841, «Programas de investigación» 
5.15. En el marco de la partida 3841, la Comisión ha 
librado órdenes de pago en ECUS para el pago de 
cantidades facturadas en moneda nacional. Consecuencia 
de ello es que las cantidades en moneda nacional 
percibidas por los titulares de los créditos no se 
corresponden con los importes facturados, debido a las 
variaciones del tipo de cambio del ECU entre el momento 
de la orden y el del pago. El Tribunal considera que, a fin 
de evitar tales divergencias, la Comisión debería efectuar 
sus pagos en la misma moneda que la de la facturación 
correspondiente. 
Créditos inscritos en la partida 3892 
« Sacrificio de cerdos y transformación 
de carne de porcino en el Reino Unido » 
5.16. A pesar de las observaciones del Tribunal en su 
Informe Anual relativo al ejercicio 1984 (9) y a pesar de 
que la Comisión, en su respuesta, reconoció que aquéllas 
60 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
eran en principio válidas, esta institución, en 1985, y al 
amparo del Reglamento (CEE) n° 355/77 del Consejo, de 
15 de febrero de 1977 (10), ha continuado utilizando los 
créditos de la partida 3892 para la financiación comple­
mentaria de una acción común del FEOGA-Orientación 
para la cual está prevista una línea específica (artículo 301 
del Presupuesto). Los importes así utilizados se elevan 
a 931 905,73 ECUS en el caso de los compromisos y a 
1 178 393,90 ECUS en el caso de los pagos. Una 
utilización tal de los créditos inscritos en la partida 3892 
constituye una violación del principio de especialización 
de los créditos definido en el Reglamento Financiero 
(artículo 15, apartado 2, y artículo 21). Por otra parte, la 
utilización, para la financiación de una acción común del 
FEOGA-Orientación, de créditos que no forman parte de 
la dotación presupuestaria del mismo no es conforme a la 
normativa específica que regula el Fondo, la cual prevé, 
en particular, un tope máximo financiero quinquenal, 
determinado por el Consejo, para la financiación del 
conjunto de las acciones comunes (n). 
APLICACIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS 
A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN FAVOR DE 
EMPRESAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
(Reglamento (CEE) n° 355/77) 
Principios generales 
5.17. El Reglamento (CEE) n° 355/77, en su actual 
redacción, tras diversas modificaciones y su adaptación 
con motivo de la entrada de España y Portugal (10), ha 
establecido una acción común relativa a la mejora de las 
condiciones de transformación y comercialización de los 
productos agrícolas. El FEOGA-Orientación contribuye 
a esta acción mediante la participación en la financiación 
de proyectos de inversión que deben formar parte de 
programas específicos. 
Observaciones del Tribunal 
Fundamento de las observaciones 
5.18. Las observaciones indicadas a continuación se 
basan, por una parte, en el examen de los expedientes 
cerrados en 1985 relativos a las frutas y hortalizas (160 
expedientes en total) y, por otra parte, en las constatacio­nes realizadas sobre la base de 42 proyectos auditados 
durante el transcurso de misiones autónomas realizadas 
en 1985 en los Estados miembros correspondientes (todos 
excepto Dinamarca, Grecia, Irlanda y Luxemburgo). 
Problemas relativos a la garantía de la rentabilidad de 
los proyectos 
5.19. De acuerdo con el artículo lO.b del Reglamento 
(CEE) n° 355/77 los proyectos deben ofrecer garantías 
suficientes en cuanto a su rentabilidad. 
5.20. Los proyectos de mejora estructural, tales como 
los financiados por el FEOGA, son difícilmente aislables • 
del conjunto de la estructura productiva de la empresa y, 
por consiguiente, su rentabilidad influye directamente en 
la de la empresa beneficiaría. El Tribunal, no obstante, 
tiene dudas respecto al efecto antes indicado, en el caso de 
las siguientes empresas: 
(a) en Francia, una cooperativa agrícola, en la cual el 
tratamiento de tomates representa la parte más 
importante de sus actividades (aproximadamente un 
85% de su volumen de ventas), ha recibido una ayuda 
del Fondo por importe de 2 millones de FF (± 0,3 
millones de ECUS), destinada a la compra de bienes 
de equipo para el tratamiento y acondicionamiento 
de los tomates. Durante los cinco últimos años, no 
obstante, los resultados financieros de sus actividades 
no han sido más que ligeramente positivos o 
negativos, a pesar de las ayudas comunitarias a la 
producción, a cargo del FEOGA-Garantía, y de las 
subvenciones procedentes del Estado miembro o de 
los organismos nacionales. Los importes de estas 
ayudas representan, con relación a las cifras de 
ventas, porcentajes muy altos (de 40% a 78%). Del 
mismo modo, en el caso de dos empresas en Italia, la 
transformación de productos agrícolas, objeto de los 
proyectos, no sería económicamente viable sin la 
ayuda a la producción a cargo del FEOGA-Garantía; 
(b) en el Reino Unido sucede lo mismo con una empresa 
en la cual el resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias 1984-1985 ha sido negativo en 2 000 UKL 
(es decir, ± 3 400 ECUS), en lugar de reflejar un 
saldo favorable de 101 000 UKL (± 170 000 ECUS), 
tal como se indicaba en el expediente de solicitud; 
(c) en Italia, una empresa de transformación de frutas y 
hortalizas está en administración intervenida 
(«amministrazione controllata») desde el mes de 
enero de 1985, y sus perspectivas de recuperación son 
muy inciertas. A pesar de que, según los documentos 
de instrucción judicial, la situación de la empresa se 
revela comprometida a partir de 1980, la ayuda del 
FEOGA ha sido otorgada por la Comisión en fecha 
22 de diciembre de 1981; 
(d) en Francia, una sociedad civil agrícola de producción 
. y acondicionamiento de fruta ha recibido una 
segunda ayuda del Fondo (12) en 1980-1981, por un 
importe total de 6 719 405 FF (± 1,1 millones de 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 61 
ECUS). No obstante, se ha constatado que, según las 
cuentas de explotación general, la empresa ha sido 
deficitaria en 1979 y durante el período 1982 — 1984. 
Este déficit ha tenido que ser cubierto con subvencio­
nes y por ventas de material; 
(e) por otra parte, se ha comprobado que la rentabilidad 
de ciertas actividades subvencionadas es fuertemente 
dependiente de la política comunitaria de gestión del 
mercado. Así, por ejemplo, en la República Federal 
de Alemania se han constatado problemas en el caso 
de dos beneficiarios, de los cuales uno es una empresa 
de transformación que produce, entre otras cosas, 
cantidades importantes de guindas garrafales en 
almíbar y el otro una cooperativa, en la cual las 
guindas garrafales constituyen la principal produc­
ción. Estos dos beneficiarios han declarado haber 
tenido graves dificultades en la comercialización de 
dicho tipo de guindas a causa de la política de 
mercado seguida por la Comunidad durante las 
campañas 1983/84 y 1984/85. En efecto, la produc­
ción comunitaria de guindas garrafales estimulada 
por el establecimiento de la prima a la transformación 
de guindas garrafales en almíbar, se ha tenido que 
enfrentar, a partir de 1983, con importaciones 
masivas de guindas transformadas yugoslavas de 
dicho tipo a precios muy bajos, a la vez que el Consejo 
decidía, en marzo de 1984, una reducción del importe 
de la prima a la transformación. Esta situación no ha 
mejorado hasta junio de 1985, en que la Comisión ha 
tomado medidas de salvaguardia para el mercado 
comunitario (13), permitidas por la normativa sobre 
la organización común del mercado de frutas y 
hortalizas transformadas. 
Problemas relacionados con la capacidad 
de transformación de tomates 
5.21. Los criterios para la selección de los proyectos 
prevén, a partir de 1981, la exclusión de las ayudas del 
Fondo para las inversiones destinadas a aumentar la 
capacidad de transformación de tomates, con objeto de 
limitar la producción excedentaria y los gastos crecientes 
que se derivan de la misma, a cargo del FEOGA-
Garantía. 
5.22. En Italia, el beneficiario de un proyecto no 
relacionado con el aumento de la capacidad de tratamien­
to de tomates realizó, al margen del proyecto FEOGA, 
inversiones relativas a la producción de zumo de tomate. 
Ello ha representado un aumento de la cantidad de 
tomates frescos transformados, que se ha más que 
duplicado entre 1981 (16 600 toneladas) y 1985 (34 973 
toneladas durante los 10 primeros meses). En el mismo 
país, el beneficiario de un proyecto no relacionado con el 
tomate ejerce, con carácter principal, una actividad de 
transformación del mismo. Entre 1982 y 1984, los 
resultados de explotación de su empresa muestran un 
aumento de las cantidades de tomates frescos transforma­
dos de alrededor de un 40%: 12 811 toneladas en 1984 
contra 9 114 toneladas en 1982. De las anteriores constataciones se deduce que la ayuda del FEOGA-
Orientación debería ser objeto de un análisis que tuviese 
en cuenta la totalidad de la actividad y no solamente la 
parte subvencionada. La Comisión debería asegurarse, en 
el momento de tomar la decisión de concesión de la 
ayuda, de que los fondos otorgados no afectan más que a 
la actividad subvencionada y de que no generan recursos 
técnicos y financieros que permitan, en su caso, un 
aumento de la capacidad de transformación. 
Problemas relacionados con el cumplimiento del plan de 
financiación de los proyectos 
5.23. El artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 355/77 fija 
los niveles de participación de cada una de las tres fuentes 
de financiación de cada proyecto, que son el beneficiario, 
el Estado miembro correspondiente y el Fondo. El 
porcentaje de participación del beneficiario debe ser por 
lo menos del 50% de la inversión realizada. Este 
porcentaje puede, sin embargo, reducirse al 25% para 
beneficiarios situados en determinadas regiones de 
Grecia, Francia, Irlanda e Italia. El Estado miembro debe 
contribuir en un porcentaje por lo menos igual al 5% del 
coste subvencionable del proyecto. Finalmente, el 
porcentaje máximo de participación de la Comisión se 
sitúa entre el 25% y el 50% del coste aprobado a efectos de 
subvención, dependiendo de la región donde se realiza la 
inversión. 
5.24. Si la ayuda nacional es inferior al 8% (14), la 
participación del Fondo queda limitada a 2,5 veces la 
ayuda nacional. En este tipo de casos es de destacar que 
para el cálculo de la participación del FEOGA, la 
Comisión aplica la llamada regla de «prorrata». En 
virtud de esta regla, si los costes subvencionables son 
inferiores a los costes totales del proyecto, la participa­
ción del Fondo no puede ser superior a 2,5 veces el 
porcentaje de la ayuda nacional, multiplicado por la 
cuantía de los costes subvencionables. 
5.25. El plan de financiación de cada proyecto aproba­
do por la Comisión constituye un elemento esencial de la 
decisión adoptada por la misma. 
5.26. La auditoría efectuada por el Tribunal, tanto en 
base a documentos como a información obtenida in situ, 
ha revelado diversas anomalías relacionadas, en particu­
lar, por una parte con los documentos que justifican el 
importe real pagado por el Estado miembro y, por otra 
parte, con la forma de cálculo de la participación máxima 
posible concedida por el FEOGA: 
(a) así, en el caso de ocho proyectos en el Reino Unido y 
de tres proyectos en Francia, no existe ninguna 
concordancia entre las cantidades que figuran, por 
una parte, en los documentos justificativos presenta­
dos a la Comisión en el momento del pago de la 
última fracción de la ayuda, en aplicación de la 
normativa comunitaria (15) y, por otra parte, las que 
figuran en las certificaciones proporcionadas in situ 
por las autoridades locales o los beneficiarios; 
(b) en el caso de cuatro proyectos en el Reino Unido, la 
Comisión ha adoptado, en el momento del pago del 
62 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
saldo, un método para el cálculo de la ayuda distinto 
del utilizado en el momento de la decisión, lo que 
supone el abandono por parte de la Comisión de la 
regla según la cual la ayuda nacional acumulada a la 
ayuda del FEOGA no puede sobrepasar el 50% del 
coste efectivo aprobado a efectos de subvención; 
(c) en el caso de un proyecto francés, la ayuda máxima 
posible ha sido calculada de forma incorrecta, de 
modo que se ha concedido una ayuda demasia­
do elevada (la cantidad pagada en exceso ha sido de 
386 054 FF, equivalente a ± 57 400 ECUS); 
(d) en el caso de un proyecto neerlandés, a pesar de que el 
importe real de la inversión haya sido inferior al 
importe declarado en el momento de la solicitud, la 
ayuda del Fondo ha sido pagada en su totalidad (la 
cantidad pagada en exceso ha sido de 185 629 HFL, 
equivalente a ± 74 800 ECUS); 
(e) en el caso de un proyecto en el Reino Unido, durante 
la realización del control se ha constatado, a través de 
la contabilidad del beneficiario, que el Estado 
miembro había pagado una ayuda de 14 749,44 UKL, 
en vez de los 16 493 UKL previstos en la decisión. El 
importe así constatado se sitúa en un nivel inferior en 
un 8% al coste de la inversión, lo que habría tenido 
que motivar una reducción de la ayuda del FEOGA 
en un importe de 13 738 UKL, equivalente a ± 8 100 
ECUS; 
(f) en el momento de presentar la solicitud de ayuda, una 
empresa francesa, contraviniendo la normativa 
comunitaria, se abstuvo de manifestar a la Comisión 
que había recibido del Estado una ayuda denominada 
«prima para el ordenamiento territorial (POT)». La 
toma en consideración de esta ayuda ha de llevar 
consigo la revisión de la ayuda pagada, y la Comisión 
debe fijar la cantidad a reembolsar; 
(g) en el caso de un proyecto alemán, el propio 
beneficiario realizó una parte importante de los 
trabajos correspondientes al proyecto. Entre los 
gastos derivados de dichos trabajos, aparece una 
suma de 546 043 DM (± 247 500 ECUS) correspon­
dientes al coste de materiales diversos. La Comisión 
pagó la ayuda del Fondo correspondiente a dichos 
materiales, sin que el beneficiario presentara ningún 
documento que constituyera una prueba cierta de su 
valor, de la fecha de compra y de su naturaleza. En 
caso de no proporcionarse una prueba complementa­
ria, la Comisión debería plantearse la eventual 
recuperación de lo pagado en exceso. 
5.27. El Tribunal considera que los diferentes casos 
antes comentados denotan una situación que podría 
poner en duda la fiabilidad de los sistemas de gestión, 
establecidos a este respecto hace años, tanto en el seno de 
la Comisión como al nivel de los Estados miembros. Problemas relacionados con la modificación de los 
proyectos después de la concesión de ayudas 
5.28. En el caso de una sociedad anónima agrícola de la 
República Federal de Alemania, dos de cuyas fábricas 
estaban especializadas en la producción de zumo de fruta, 
la Comisión otorgó, en 1982, una ayuda para la 
construcción de un almacén y de depósitos de zumos de 
fruta, con una capacidad de cinco millones de litros. En el 
momento en que el proyecto debería haber quedado 
terminado (julio de 1983), el beneficiario presentó, como 
modificación del proyecto inicial, un proyecto completa­
mente nuevo, que preveía la construcción de silos de 
recepción de frutas y la remodelación de determinadas 
instalaciones técnicas. Al mismo tiempo, la Comisión fue 
informada de que una de las fábricas del beneficiario, así 
como la marca registrada de la empresa, habían sido 
vendidas. De este modo, la identidad y la actividad de la 
empresa habían cambiado: en lugar de producir zumos de 
frutas comercializados bajo marca propia, la fábrica se 
estaba especializando en la producción de concentrados. 
Además, la empresa, que anteriormente había sido una 
sociedad anónima agrícola con participación directa de 
los trabajadores, se había transformado en una sociedad 
de responsabilidad limitada y los trabajadores ya no eran 
los propietarios directos de la empresa. En opinión del 
Tribunal, estos cambios deberían haber llevado a la 
Comisión a exigir la presentación de un nuevo proyecto 
por parte del beneficiario y no a darle el tratamiento de 
proyecto modificado. 
Problemas relacionados con las ayudas repetitivas 
5.29. El artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 355/77 
estipula que « el otorgamiento de la ayuda del Fondo no 
debe alterar las condiciones de competencia de forma que 
resulte incompatible con los principios contenidos en el 
Tratado». 
5.30. En sus misiones a diferentes Estados miembros, el 
Tribunal ha constatado que esta norma no es siempre 
tenida suficientemente en cuenta por la Comisión. 
5.31. Así, por ejemplo, ciertas empresas industriales han 
recibido, para proyectos diferentes, diversas ayudas del 
FEOGA, sin haber probado la existencia de causas 
válidas para el otorgamiento de ayudas sucesivas. Esto es 
lo que ha sucedido con una fábrica de mermelada situada 
en Francia, que ha recibido la ayuda del Fondo en tres 
ocasiones. Del mismo modo, en Bélgica, una gran fábrica 
de conservas y congelados, que revestía la forma jurídica 
de sociedad anónima, de carácter familiar, ha sido 
subvencionada cuatro veces. La tramitación de expedien­
tes de este tipo debería comportar un análisis de todos los 
elementos, especialmente sectoriales y regionales, que, a 
efectos de su justificación con respecto a los objetivos de 
la política agrícola común, garantizan que ayudas tan 
importantes son lo suficientemente neutras desde el punto 
de vista de la igualdad de las condiciones de competencia 
en el sector al cual pertenece la empresa. 
15 12 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 63 
ACCIONES COMUNES ENEAVOR DE LA 
GANADERÍA EN ITALIA 
^^^^^^CEE^^^^^ 
532 El Reglamento^CEE^ 19^/81 del Censen de 
30de^umode 1981 ^restableció unaacción común para 
la adaptación v modernización de la estructura de 
producción decarnede vacunos ovmovcapnnoenltalia 
Suob^etivo^veaseelcuartoconsiderandode la exposición 
de motivos del Reglamentóles el de mejorar la situación 
económica de lase^plotaciones agrícolas vdetener la 
disminución de la producción de carne en este país Con 
esta finalidad^ el Fondo financiad hasta un importe 
estimativo de 291millones de ECUS durante cinco años^ 
el ^O^B del gasto público aprobado a efectos de 
subvención^ que debe ser previsto en programas especiad 
les establecidosamvelregionalvque se inscriben dentro 
deunprogramamarconacional Estos programas son 
e^ammadosvaprobados por la Comisión 
533 En el programa^marco^^ aprobado en 1982^ se 
indica que los importes máximos subvencionables tienen 
un nivel demasiado ba^o para revestir un carácter 
realmente motivador Esto es motivo suficiente para que 
losob^etivosdecaráctereconómicodelreglamento fuesen 
de dificilrealización^vparaquela acción nopudiese 
producir importantes etectos dinámicos en el desarrollo 
de la ganadería Por otra partea los efectos económicos 
parecen reducidos según las previsiones del programad 
marcos la aplicación de esta medida permitirá un aumen^ 
to anual de la producción de carne de vacuno de cerca de 
250 000 quintales^ lo que equivale al ^3^B de las 
importaciones italianas de carne de vacuno en 1980 
5 3^ Enrealidad^elconte^toeconómicogeneraldel 
mercado de la carnea caracterizado por importantes 
e^cedentesanivel comunitarios no constituía un marco 
adecuado para el buen fin de la medidas que ha 
permanecido en granparte inaplicada Por otra partea 
mientras que alrededor del ^O^B de las necesidades 
nacionales de carne devacunosoncubiertas mediante 
importaciones^ mtra o e^tracomumtanas^ una parte 
importante de la producción italianas estimada apro^i^ 
madamenteenunlO^esentregadaalamtervenciónEl 
programamarcono aborda este problemas nicontiene 
disposición alguna tendente a una adaptación de la 
producción v del consumos a pesar del aumento 
considerable de la intervención comunitaria decidida por 
el Reglamento (CEE^n^ 797/85 del Conse^o^del2 de 
mar^odel985(^^ elevación quenoseharefle^adoen una 
revisión de los objetivos del programamarco 
5 35 El Reglamento (CEE^ n^ 19^/81 permenece^ 
cuatro años después de su aprobación^ aplicado enun 
grado muv limitado A finales de 1985^ tres regiones no 
habían todaviapresentadounprogramaespecial ala 
Comisiónv^en lo que se refiereaotrascuatro regiones^ el programapresentadoestabapendiente de aprobación 
De lasl^regionesrestantescuvo programa especialhabía 
sido aprobados solamente cuatro habían presentadoala 
Comisión solicitudes de pago^prmcipalmenteatítulo de 
anticipo El totalpagadopor el FEOGA ascendían a 
finales de 1985^alL9 millones de ECUS^ lo queequivale 
a un^lB^ de la participación prevista hasta el fin de la 
vigenciadelamedida^enoctubrede!987 Apesardeque 
losimportestranslendosalasregionesporelEstado 
miembro eran mucho más elevados (más de 50 millones 
deECUSafinalesde!983valrededorde30millonesde 
ECUSenfebrerodel985^11egarondemasiadotardepara 
asegurar una puesta enmarcha eficaz de la acción común 
v^ en algunos casóse las regiones proporcionaron 
cobertura financiera con sus fondos propios^afin de que 
la medida pudiese comenzaraser puesta en práctica 
^^^^^^CEE^^^O^e^ 
536 Otra medida en favor de la ganadería en Italia fue 
establecidaporelReglamento(CEE^n^2969/83del 
Censen de 19 de octubre de 1983 (^ Se tratad según el 
artículo L apartado Ldel Reglamento deuna acción 
urgente cuvo objetivo es facilitar la puesta en práctica de 
las medidas previstas por el Reglamento(CEE^n^ 19^/ 
8Lotorgandoalos explotadores agrícolasunaavuda 
para permitirles transformar sus préstamosacorto plazo 
en préstamosamedio plazo 
537 En realidad^ e^isteunarelaciónmdirectaentre 
ambas medidas Por una partea el reglamento de 1983 se 
aplicaaunmavor número de regionesv^por otra partea 
va dirigido al conjunto de explotaciones ganaderas^ 
participen o no en el logro de los objetivos del 
Reglamento (CEE^n^ 19^/81 
538 Se ha comprobado que las previsiones del 
programa(^elaborado de conformidad con el ReglaD 
mentó (CEE^ n^ 2969/83 carecían de fundamentos 
habiéndoseconsideradoque todos los préstamosen curso 
debían ser prorrogados^ sin ninguna reducción para las 
prórrogas no solicitadas por los interesados o no 
acordadas por los organismos financieros Una previsión 
tan elevada era aún más injustificada por el hecho de que 
no había campaña de información efectivaanivel local 
Las comprobaciones^^^ del Tribunal han permitidos 
en efectos constatar que^ en generala los servicios 
penlericos de las administraciones regionales interesadas 
en la aplicación de la medida no tenían conocimiento de 
su existencia 
539 Esta situación ha dado como resultado un escaso 
nivel de ejecución de este reglamentos que constituía sin 
embargo una acción urgente que debía llevarseatérmino 
antes del 30 de noviembre de 1983^vrespectoala cual la 
financiación comunitaria cubría la totalidad de la avuda 
nacional Del coste total previsto para la accion^de60 
millonesdeECUS^sepagóaltalia^enagostodel98^un 
anticipo de apro^imadamente2L8millonesdeECUS^ 
dosterciosdeloscuales^equrvalentesaapro^imadamente 
64 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
un 25% de la financiación comunitaria, habían sido 
utilizados en octubre de 1985. Mientras tanto, el 
Reglamento (CEE) n° 1713/85 del Consejo, de 20 de junio 
de 1985 (21), prorrogó la duración de la acción hasta el 1 
de abril de 1985. 
DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS 
DE MONTAÑA Y OTRAS ZONAS 
DESFAVORECIDAS 
Evolución del proceso de delimitación de las 
zonas 
5.40. La Directiva 75/268/CEE del Consejo, de 28 de 
abril de 1975 (22), cuyas disposiciones han sido en gran 
parte reemplazadas por las del Reglamento (CEE) n° 797/ 
85, ha previsto, en favor de las explotaciones situadas en 
zonas de montaña u otras zonas desfavorecidas, diversas 
medidas destinadas a compensar las limitaciones que 
afectan a la actividad agrícola en estas regiones. Dado que 
en 1985 los pagos realizados en aplicación de esta 
directiva han representado un 17% de los pagos 
efectuados por concepto de FEOGA-Orientación y que, 
además, existen otros reglamentos que contienen disposi­
ciones específicas en favor de las zonas antes indicadas, 
queda claro que la delimitación de estas últimas tiene una 
influencia directa en la gestión financiera de las Comuni­
dades. Esta influencia se ve actualmente potenciada por el 
hecho de que la directiva es aplicable a más del 50% de la 
superficie agrícola útil de la Comunidad. 
5.41. Las zonas están repartidas en tres categorías: 
zonas de montaña, zonas desfavorecidas y zonas con 
limitaciones específicas. Las primeras son definidas en 
base a criterios físicos tales como la altitud y/o la 
pendiente. Las zonas desfavorecidas son aquéllas que, 
amenazadas de despoblación, responden simultáneamen­
te a tres tipos de criterios: baja productividad del entorno 
natural, mala situación económica de la agricultura y 
densidad reducida o tendencia a la regresión de una 
población que depende de forma preponderante de la 
agricultura. Existen, finalmente, zonas con limitaciones 
específicas en las que resulta necesario el mantenimiento 
de la actividad agrícola. 
5.42. En virtud del artículo 2 de la Directiva 75/268/ 
CEE, es el Consejo, a propuesta de la Comisión, el que 
establece la lista comunitaria de zonas afectadas y el que 
decide, por tanto, las modificaciones de la misma. Existe 
un procedimiento simplificado, que no requiere la 
intervención del Consejo, para los cambios de escasa 
importancia que no incrementan la superficie agrícola útil 
de las zonas subvencionables del Estado miembro en más 
de un 0,5% del total de su superficie agrícola útil, 
porcentaje que en 1980 se elevó al 1,5%. 5.43. El cuadro 5.2, preparado en base a la información 
disponible en los expedientes de la Comisión, refleja el 
incremento, entre 1975 y 1985, de la superficie agrícola 
útil de las zonas subvencionables en base a la Directiva 
75/268/CEE. Durante el transcurso de dicho período, 
únicamente algunas zonas subvencionables de superficie 
reducida fueron desclasificadas en los Países Bajos. 
Justificación de la ampliación de las zonas 
5.44. Los datos proporcionados por el cuadro 5.2, a 
pesar de su carácter aproximado, muestran que, respecto 
a las superficies iniciales, la ampliación, en fecha 31 de 
diciembre de 1985, había sido del 11%. 
5.45. El examen de los documentos justificativos 
presentados por la Comisión ha llevado, sin embargo, a 
constataciones decepcionantes. Varios expedientes relati­
vos a las superficies iniciales en Italia y en determinadas 
áreas de Francia ya no estaban disponibles en el momento 
de la realización de las auditorías. Por otra parte, los 
justificantes presentados por los Estados miembros en 
apoyo de sus solicitudes de revisión son muy sucintos y el 
análisis de los expedientes no ha permitido comprobar 
que la Comisión haya efectuado comprobaciones en 
esta materia. En el caso del Reino Unido, la superficie de 
7 654 000 ha inicialmente declarada, ha sido corregida en 
1982, quedando en 8 636 000 ha, sin que del expediente 
presentado al Tribunal se desprenda que haya existido 
verificación alguna por parte de la Comisión en esta 
materia. Lo mismo ha ocurrido con un área de Francia en 
la cual, en 1984 y 1985, han aumentado las zonas de 
montaña en 109 900 ha (de las cuales 101 600 ha han sido 
transferidas de otras zonas desfavorecidas o de zonas con 
limitaciones específicas y 8 300 ha han sido añadidas 
como nueva zona subvencionable), a pesar de que se trata 
de zonas determinadas por criterios físicos (altitud, 
pendiente, etc.) normalmente estables. 
5.46. También en el caso del Reino Unido, en relación 
con una ampliación de área solicitada en 1982, los 
criterios de productividad de las tierras y la densidad de 
población no han sido aplicados para las nuevas zonas 
cuya subvencionabilidad se había propuesto, sino 
únicamente para un conjunto formado por antiguas y 
nuevas zonas. Del examen del expediente no se desprende 
que la Comisión se haya preocupado de saber si se habían 
respetado los criterios en el caso de las nuevas zonas 
consideradas aisladamente. En otros casos, se aceptaron 
unos rendimientos comparativos equivalentes al 82% y al 
83% del promedio nacional, mientras que el porcentaje 
máximo permitido es normalmente del 80%. En el caso de 
las decisiones de ampliación para Irlanda en 1985, el 
criterio de «porcentaje de terrenos de pastos de baja 
calidad superior al 38%» ha sido reemplazado por el de 
«porcentaje de tierras cultivables inferior al 7,8%». En el 
epediente no aparece ninguna investigación relativa a este 
cambio, a pesar de tener repercusión en la producción de 
leche, toda vez que los productores de las áreas protegidas 
se benefician de un régimen especial para la aplicación del 
sistema de exacción de corresponsabilidad. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 65 
Cuadro 5.2 — Directiva 75/268/CEE: variaciones de la superficie agrícola útil de las zonas 
subvencionables desde 1975 hasta 1985 
(en 1 000 ha) 
Estado miembro 
Bélgica 
RF de Alemania 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Reino Unido 
Total (6) 
Grecia Artículo 3 (3) (•) 
Superficie 
inicial 
349,0 
3 620,0 
— 
4 895,8 
— 
— 
— 
8 864,8 
4 805,0 Amplia­
ción 
2,5(2) 
721,9(3) 
— 
268,4(5) 
— 
— 
— 
992,8 
173,8 Artículo 3 (4) (') 
Superficie 
inicial 
302,5 
3 398,6 
7 025,0 
3 500,0 
2 034,0 
129,9 
— 
8 636,0 
25 026,0 
1 084,1 Amplia­
ción 
11,9 
11,3 
148,2 
378,7(4) 
1 057,9 
— 
— 
1 222,3 
2 830,3 
916,5 Artículo 3 (5) ([) 
Superficie 
inicial 
262,8 
327,2 
— 
196,6 
3,2 
13,6 
— 
803,4 
233,2 Amplia­
ción 
6,6 
116,6 
— 
1,3 
— 
5,3 
0,7 
130,5 
26,3 Total 
314,4 
4 030,8 
11 958,9 
3 878,7 
8 454,0 
133,1 
18,9 
9 859,0 
38 647,8 
7 238,9 % 
de incre­
mento 
3,9 
0,5 
9,0 
10,8 
18,6 
— 
39,0 
14,2 
11,4 
18,2 
(') Artículo 3 (3): zonas de montaña. 
Artículo 3 (4): zonas desfavorecidas amenazadas de despoblación. 
Artículo 3 (5): zonas afectadas por limitaciones específicas. 
(2) De las cuales 2 105 ha. proceden de una transferencia de zonas en peligro de despoblación (art. 3 (4)). 
(3) De las cuales 133 400 ha. proceden de una transferencia de 121 200 ha. de zonas en peligro de despoblación (art. 3 (4)) y 12 200 ha. de zonas con 
limitaciones específicas (art. 3 (5)). 
(4) De las cuales 31 600 ha. proceden de una transferencia de zonas con limitaciones específicas (art. 3 (5)) posteriormente transferidas a las zonas 
desfavorecidas (art. 3 (4)). 
(5) Incluye una transferencia de otras zonas de superficie no determinada. 
(6) Dinamarca no aplica la Directiva 75/268/CEE. Los datos relativos a Grecia, que únicamente ha formado parte de la Comunidad desde 1981, no han sido 
incluidos en el total y se presentan por separado. 
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE 
LAS MEDIDAS DE AYUDA REGIONAL 
5.47. El problema de la selección de objetivos y 
determinación de prioridades se plantea tanto en relación 
con la política de estructuras globalmente considerada, 
como en relación a cada acción común. Los objetivos son 
frecuentemente definidos en términos de equilibrio entre 
elementos diversos y en ocasiones contradictorios. Existe, 
de este modo, el peligro de que, en estas condiciones, la 
ejecución de las acciones se caracterice por la prosecución 
de objetivos diversos y poco homogéneos, atenuando así 
la eficacia de las medidas y conduciendo a resultados 
poco significativos. 
5.48. Los retrasos en la ejecución han de ser atribuidos a 
diversas causas, tales como el establecimiento de programas que representan un escaso incentivo para los 
beneficiarios, problemas de reorganización administrati­
va impuesta por la regionalización y restricciones 
presupuestarias, así como motivos técnicos o políticos. 
Sin embargo, la experiencia de acciones anteriores 
debería ser mejor utilizada, para evitar la repetición de 
situaciones análogas, para permitir el establecimiento de 
previsiones cada vez más realistas y para conseguir una 
mejor comprobación de los resultados de las medidas. 
5.49. Es de lamentar que la Comisión no conceda una 
mayor prioridad al análisis de la repercusión económica 
de las medidas. Esta institución considera que las 
dificultades de disponibilidad de personal la obligan a 
concentrarse en los controles de la regularidad de los 
gastos, así como en las medidas de sensibilización de las 
administraciones. Ello produce una importante laguna 
del sistema que el Tribunal considera que debe poner de 
relieve. 
66 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
C1) DO 30 de 20.4.1962, p. 991. 
(2) DO 34 de 27.2.1964, p. 586. 
(3) DO L 95 de 2.4.1985, p. 1. 
(4) DO L 362 de 31.12.1985, p. 17. 
(5) DO C 326 de 16.12.1985. 
(6) DO C 342 de 31.12.1980. 
(7) DO L 206 de 5.8.1985, p. 486. 
(8) DO L 358 de 31.12.1985, p. 535. 
(9) DO C 326 de 16.12.1985, p. 52. 
(10) Reglamento (CEE) n° 355/77 del Consejo, de 15.2.77, 
relativo a una acción común para la mejora de las 
condiciones de transformación y de comercialización de los 
productos agrícolas y pesqueros (DO L 51 de 23.2.1977, p. 1) 
modificado recientemente por el Reglamento (CEE) 
n° 2224/86 del Consejo, de 14.7.1986 (DO L 194 de 
17.7.1986, p. 4). 
(») Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21.4.1970, 
relativo a la financiación de la Política Agrícola Común (DO 
L 94 de 28.4.1970, p. 13), modificado recientemente por el 
Reglamento (CEE) n° 3769/85 del Consejo, de 20.12.1985 
(DO L 362 de 31.12.1985, p. 17). (12) En 1972 se concedió una primera ayuda, por un importe de 
1 035 500 FF (± 0,2 millones de ECUS). 
(13) Reglamento (CEE) n° 1626/85, de 14.6.1985 (DO L 156 de 
15.6.1985, p. 13). 
(14) Este porcentaje debe ser sustituido por: 
— 16% para el Mezzogiorno, oeste de Irlanda y Grecia, con 
excepción del Gran Atenas; 
— 11% para el Languedoc-Rosellón y los proyectos 
relativos al vino en los departamentos del Var, Vancluse, 
Bouches-du-Rhóne, L'Ardéche y La Dróme (DO C 
152/83 de 10.6.1983, p. 6). 
(15) Reglamento (CEE) n° 1685/78 de la Comisión, de 11.7.1978 
(DOL 197 de 22.7.1978, p. 1). 
(16) DO L 197 de 20.7.1981, p. 27. 
(17) DO L 322 de 18.11.1982, p.36. 
(18) DO L 93 de 30.3.1985, p. 1. 
(19) DO L 293 de 25.10.1983, p. 7. 
(20) Decisión n° 84/95/CEE de la Comisión, de 8.2.1984 (DO L 
51 de 22.2.1984, p. 20). 
(21) DO L 165 de 25.6.1985, p. 1. 
(22) DO L 128 de 19.5.1975, p. 1. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 67 
CAPITULO 6 
Política común de la Pesca 
6.0. ÍNDICE DE MATERIAS 
Introducción 
Observaciones sobre la gestión presupuestaria 
Utilización de los créditos disponibles 
Gastos derivados del acuerdo sobre la pesca relativo a Groenlandia 
Pagos efectuados en el marco de los acuerdos de pesca con determinados 
países en vías de desarrollo (PVD) 
Observaciones relativas a la acción común para el desarrollo de los sectores de la 
pesca y la acuicultura (artículo 460 del Presupuesto) 
Características principales de la acción común 
Observaciones especiales 
Proyectos italianos 
Proyectos irlandeses 
Proyectos griegos 
Observación general Apartados 
6.1 
6.4 
6.4 
6.9 — 6.3 
— 6.11 
— 6.8 
6.10 —6.11 
6.12 —6.32 
6.12 —6.16 
6.17 —6.31 
6.17 —6.21 
6.22 — 6.25 
6.26 —6.31 
6.32 
INTRODUCCIÓN barcos comunitarios en las aguas de dichos países 
(capítulo 42); 
6.1. Por medio de los créditos relativos a la política 
común de la pesca (en 1985, 215,4 millones de ECUS 
disponibles en créditos para compromisos y 145,9 en 
créditos para pagos), inscritos en el Título 4 del 
Presupuesto, la Comunidad financia: 
(a) una organización común de los mercados de los 
productos de la pesca, financiada por el FEOGA-
Garantía (capítulo 40); 
(b) acciones específicas relativas a programas de investi­
gación, estudios biológicos y al refuerzo de las 
medidas de control de la observancia de la legislación 
comunitaria reguladora de la pesca (capítulo 41); (d) programas sociales relativos a la formación profesio­
nal de los pescadores y a la asistencia médica en el mar 
(capítulo 43); 
(e) acciones estructurales relativas a la adaptación y 
reorientación de la capacidad operativa del sector 
pesquero (capítulo 45); 
(f) una acción común del FEOGA-Orientación relativa a 
la construcción o a la modernización de barcos de 
pesca y al desarrollo de la acuicultura, así como a 
ayudas para el nuevo establecimiento de organizacio­
nes de productores, asimismo a cargo del FEOGA-
Orientación (capítulo 46). 
(c) acuerdos con terceros países, principalmente en vías 
de desarrollo (PVD), con el fin de obtener, mediante 
contraprestación, derechos de pesca en favor de 6.2. La situación de los compromisos y pagos del 
ejercicio está resumida en el cuadro 6.1 y la evolución de 
los créditos disponibles en 1985 está indicada en el cuadro 
6.2. 
68 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 6.1 — Pesca (Titulo 4): créditos disponibles en 1985 y su utilización 
(millones de ECUS) 
Línea presupuestaría 
Capítulo 40: 
Organización común de los mercados de los productos de la 
pesca 
— 400 Devoluciones 
— 401 Intervenciones 
Capítulo 41: 
Acciones específicas 
— 410 Vigilancia de las zonas marítimas 
— 411 Investigación 
— 412 Estudios biológicos 
— 413 Coordinación de operaciones de vigilancia 
— 416 Programa Mediterráneo 
Capítulo 42: 
Acuerdos pesqueros con terceros países 
— 420 Mediterráneo 
— 421 Mar Báltico 
— 422 Países en vías de desarrollo 
— 423 Canadá 
— 424 Groenlandia 
Capítulo 43: 
Medidas sociales 
— 430 Educación y formación 
— 431 Asistencia médica 
Capítulo 45: 
Adaptación y reorientación de la capacidad pesquera 
— 450 Adaptación de la capacidad 
— 451 Reorientación de la capacidad 
Capítulo 46 
Mejora de estructuras — Acciones comunes 
— 460 Acciones comunes, proyectos 
— 461 Agrupaciones de productores 
Total general del Título 4 (4) 
Grado de utilización de los créditos (%) Compromisos 
Créditos 
para 
compromisos 
disponibles 
en 1985 (») 
24,1 
0,5 
23,6 
IA 
0,0 
0,7 
0,8 
0,3 
1,0 
34,6 
p.m. 
0,1 
8,0 
0,0 
26,5 
PJ. 
0,1 
0,0 
50,2 
43,0 
7,2 
103,6 
103,1 
0,5 
215,4 Compro­
misos 
pnn tra t a H rw 
en 1985 
16,0 
-0,1(3) 
16,1 
IA — 
— 
0,8 
0,3 
0,5 
29,5 
— 
0,1 
2,9 
0,0 
26,5 
PJ. 
0,1 
0,0 
8j6 
6,1 
2,5 
65,9 
65,8 
0,1 
121,7 
(56,5%) Pagos 
Créditos 
para 
pagos 
disponibles 
en 1985 (2) 
24,1 
0,5 
23,6 
%A — 
0,2 
1,4 
0,3 
0,5 
40,8 
p.m. 
0,1 
14,2 
0,0 
26,5 
0j2 
0,2 
0,0 
48,5 
41,3 
7,2 
29,9 
29,4 
0,5 
145,9 Pagos 
efectuados 
en 1985 
16,0 
-0,1(3) 
16,1 
0JJ 
— 
— 
0,6 
0,2 
35,4 
— 
0,1 
8,8 
0,0 
26,5 
0J. 
0,1 
0,0 
— 
— 
— 
29,5 
29,4 
0,1 
81,8 
(56,1 %) 
(') Teniendo en cuenta las transferencias, descompromisos, ajustes y créditos pendientes de 1984. 
í2) Teniendo en cuenta las transferencias y prórrogas de 1984. 
(3) Recuperación en 1985 de gastos pagados indebidamente en 1984. 
(4) Los créditos inscritos en el capítulo 40 son créditos no disociados del FEOGA-Garantía; el capítulo 41 contiene créditos disociados y créditos no 
disociados; los capítulos 42 y 43 únicamente créditos no disociados, y los capítulos 45 y 46, únicamente créditos disociados. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 69 
Cuadro 6.2 — Pesca (Título 4): evolución de los 
créditos disponibles en 1985 
(millones de ECUS) 
Naturaleza de los créditos 
Presupuesto inicial 
Créditos subsistentes (l) 
Créditos prorrogados de 1984 
Transferencias (2) 
Total Créditos 
para 
compro­
misos Créditos 
para 
pagos 
150,2 105,4 
65,2 — 
— 38,5 
— + 2,0 
215,4 145,9 
(1) Incluidos los créditos que quedaron disponibles a causa de la 
variación de los tipos de cambio del ECU y de los créditos reutilizados. 
(2) Transferencia del capítulo B 100 (créditos provisionales) al capítulo 
46. 
6.3. El Tribunal de Cuentas ha publicado recientemente 
un informe especial relativo a la organización común de 
los mercados de los productos de la pesca (')• 
OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Utilización de los créditos disponibles 
6.4. Los créditos para compromisos han sido superiores 
en un 40 % a los del ejercicio 1984 y los créditos para 
pagos lo han sido en un 46 %, principalmente debido a la 
existencia de créditos subsistentes de 1984 y de créditos 
prorrogados de dicho año. 
6.5. Los compromisos para el conjunto del Título 4 
alcanzaron la cifra de 121,7 millones de ECUS en 1985 
(96,1 millones de ECUS en 1984), lo que equivale a un 
56,5 % de las dotaciones disponibles (62 % en 1984). 
6.6. El total de los pagos efectuados en 1985 se eleva a 
81,8 millones de ECUS (57,1 millones de ECUS en 1984), 
lo que equivale al 56,1 % de las dotaciones disponibles 
(57 % en 1984). 
(•) Las notas aparecen al final del capítulo. 6.7. El nivel de utilización de los créditos se ha 
mantenido bajo durante 1985, principalmente a causa del 
retraso en la puesta en práctica de dos acciones 
estructurales acordadas por el Consejo en octubre de 1983 
y financiadas por medio de créditos inscritos en el 
capítulo 45. En el caso de una de estas acciones, relativa a 
la adaptación de la capacidad operativa del sector 
pesquero, se podrían haber efectuado pagos en 1985 si la 
Comisión hubiese adoptado a su debido tiempo disposi­
ciones fijando el contenido y la forma de las peticiones de 
reembolso a presentar por los Estados miembros. 
6.8. Los créditos disponibles relativos al artículo 411 
(0,7 millones de ECUS en créditos para compromisos y 
0,2 millones de ECUS en créditos para pagos), destinados 
a favorecer la puesta en práctica de programas comunes 
de investigación, no han sido utilizados. Una propuesta 
de Reglamento sobre esta materia, presentada por la 
Comisión al Consejo el 18 de julio de 1980, estaba todavía 
pendiente de aprobación a finales de 1985. 
Gastos derivados del acuerdo sobre la pesca 
relativo a Groenlandia 
6.9. El artículo 424, incluido por primera vez en el 
Presupuesto en el ejercicio 1985, ha previsto la suma de 
26,5 millones de ECUS para los gastos derivados del 
acuerdo relativo a Groenlandia en materia de derechos de 
pesca. El rechazo del Presupuesto de 1985 ha motivado la 
aplicación del régimen de los doceavos provisionales y la 
imposibilidad subsiguiente de realizar los gastos antes 
mencionados. No obstante, en febrero de 1985 se efectuó 
un pago de 26,5 millones de ECUS, de los cuales 10 
millones de ECUS se imputaron «provisionalmente» al 
artículo 422 (acuerdos sobre pesca con PVD), y los 
restantes 16,5 millones de ECUS al artículo 320 
(agricultura de montaña y de determinadas zonas 
desfavorecidas). Esta operación constituye sin lugar a 
dudas una irregularidad y su visado debería haber sido 
rechazado por el interventor. Por otra parte, ninguna de 
las normas actualmente vigentes permite la práctica de 
«imputaciones provisionales». En lo que se refiere a la 
contabilidad, los asientos fueron modificados tras la 
aprobación del Presupuesto: el pago fue imputado al 
artículo 424 y los créditos de los artículos 320 y 422 fueron 
inscritos de nuevo en la línea presupuestaria con sumas 
equivalentes a las cantidades utilizadas para Groenlan­
dia. 
Pagos efectuados en el marco de los acuerdos 
de pesca con determinados países en vías de 
desarrollo (PVD) 
6.10. En diciembre de 1985 la Comisión efectuó una 
serie de pagos en favor de un organismo francés que 
asume responsabilidades respecto a determinados subdi­
tos de Guinea, Guinea-Bissau y Senegal beneficiarios de 
becas de formación concedidas por la Comunidad dentro 
del marco de los acuerdos sobre pesca. El total pagado fue 
de 329 470 ECUS, equivalente a 2 217 106 FF, a pesar de 
70 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
que el único documento justificativo de estos pagos era 
una liquidación del organismo en cuestión, que hacía 
referencia a un crédito frente a la comunidad de 
únicamente 1 708 366,24 FF (258 328 ECUS). Este error 
de gestión es imputable tanto al ordenador como al 
interventor, el cual puso su visado, sin poner objeción, a 
órdenes de pago que sobrepasaban apliamente el importe 
resultante de los documentos justificativos presentados. 
6.11. En 1985 se negoció un acuerdo con Madagas-
car (2) con vistas a obtener derechos de pesca para la 
Comunidad en la zona marítima de este país, mediante 
cotraprestación financiera. A pesar de que la Comisión, 
en su respuesta a las observaciones presentadas en el 
Informe Anual del Tribunal correspondiente al ejercicio 
1984 (3), había declarado no disponer de ningún derecho 
de control sobre la utilización de los fondos desembolsa­
dos, reconoció no obstante que en el nuevo acuerdo 
aparece una cláusula que prevé el destino de dichos 
fondos. En estas condiciones, el Tribunal espera que la 
Comisión haga pleno uso de las posibilidades de control 
que de este modo se le presentan. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
ACCIÓN COMÚN PARA EL DESARROLLO 
DE LOS SECTORES DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA (ARTÍCULO 460 DEL 
PRESUPUESTO) 
Características principales de la acción común 
6.12. Entre 1979 y 1983, el FEOGA-Orientación ha 
financiado, en base a los Reglamentos (CEE) n° 1852/78 
del Consejo, de 25 de julio de 1978 (4), y n° 31/83 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 1982 (5), una acción 
común «provisional» (prorrogada de año en año) de 
reestructuración de los sectores de la pesca costera y la 
acuicultura. Dentro del marco de esta acción se han 
otorgado ayudas para proyectos de inversión relativos a 
la compra, construcción o* modernización de barcos de 
pesca y a la construcción o mejora de las instalaciones de 
acuicultura. Durante el transcurso de esta operación, 
1 153 proyectos han sido objeto de compromisos, 
habienda ascendido las ayudas del FEOGA a la suma de 
103,6 millones de ECUS. 
6.13. A partir del ejercicio 1984, se ha continuado la 
acción común del FEOGA-Orientación en base al 
Reglamento (CEE) n° 2908/83 del Consejo, de 4 de 
octubre de 1983 (6), aprobado dentro del marco de un 
«paquete» de medidas estructurales acordado simultá­
neamente y en coordinación con la puesta en práctica de 
la política de gestión de los recursos de la pesca. En base al 
Reglamento (CEE) n° 2908/83, 1 653 proyectos han sido 
financiados antes de finales de 1985, habiendo ascendido 
las ayudas del FEOGA a la suma de 132,6 millones de 
ECUS. 
6.14. A pesar de que los reglamentos que regulan la 
acción común en cuestión no fijan ningún plazo para la realización de los proyectos financiados, la Comisión 
tiene la facultad de suprimir la ayuda si el beneficiario no 
inicia los trabajos dentro de los dos años siguientes a la 
notificación de concesión de la ayuda y si no proporciona, 
dentro del indicado plazo, garantías suficientes de que el 
proyecto será realizado. La Comisión puede, por otra 
parte, reducir o suprimir la ayuda si el proyecto no es 
realizado en la forma prevista (7). Las cantidades así 
recuperadas pueden ser utilizadas para la financiación de 
nuevos proyectos. 
6.15. En 1985 aparecían todavía en la contabilidad de la 
Comisión compromisos relativos a determinados proyec­
tos financiados desde hacía más de dos años. La situación 
respecto a cada uno de los Estados miembros es la 
indicada en el cuadro 6.3. 
6.16. Se ha observado, al examinar los expedientes que 
obran en poder de la Comisión, que los retrasos en la 
ejecución de determinados proyectos presentan un 
carácter anormal en Italia, Grecia e Irlanda, mientras que 
en el caso de otros Estados miembros tales retrasos han 
sido, en opinión de la Comisión, justificados por los 
beneficiarios y por las Administraciones afectadas. El 
Tribunal se ha limitado, en una primera fase, a efectuar 
un examen, en las propias dependencias de la Comisión y 
en las de los organismos competentes italianos, griegos e 
irlandeses, de los proyectos cuya realización se ha 
retrasado y de las causas que han originado tal retraso. 
Observaciones especiales 
Proyectos italianos 
6.17. El Tribunal ha examinado en las correspondientes 
dependencias de la Comisión los 115 expedientes 
referentes a los proyectos italianos financiados durante el 
transcurso de los años 1979, 1981, 1982 y 1983, que 
permacían todavía abiertos en fecha 31 diciembre de 
1985. Este examen ha permitido comprobar que los 
documentos contenidos en los expedientes de 85 de los 
proyectos no proporcionaban información o sobre las 
causas del retraso en la presentación de la solicitud de 
pago final de la ayuda comunitaria. La Comisión depende 
de las Administraciones nacionales en lo que respecta a 
tales informaciones. Por tal motivo, el Tribunal ha 
recabado y obtenido informes suplementarios del Minis­
terio italiano de la Marina Mercante, que centraliza en sus 
dependencias la gestión de la acción común. 
6.18. Esta centralización consiste, en particular, en la 
organización y ejecución de todas las comprobaciones in 
situ necesarias para verificar que los trabajos estén siendo 
realizados de conformidad con las especificaciones del 
proyecto o, en su caso, averiguar las causas de los retrasos 
en la ejecución del proyecto. En estas circunstancias, 
resulta difícil realizar un seguimiento detallado de los 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 71 
Cuadro 6.3 -
Estado miembro 
Bélgica 
Dinamarca 
RF de Alemania 
Grecia 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Países Bajos 
Reino Unido 
Total - Estado de los proyectos pendientes de terminar en fecha 31.12.1985 
y por ejercicio de compromiso de los créditos 
1979 
A B 
nesde 
ECUS C 
— 
1 0,3 — 
— 
— 
_ 
36 2,4 — 
4 2,0 2 
— 
2 0,3 — 
43 5,0 2 D 
nesde 
ECUS 
— 
— 
— 
— 
— 
0,3 
— 
0,3 1980 
A B 
nesde 
ECUS c D 
nesde 
ECUS 
1 0,2 — — 
3 0,3 — — 
9 0,5 — — 
4 1,3 — — 
11 4,0 2 0,1 
35 4,5 — — 
__ _ 
34 4,3 1 0,0 
97 15,1 3 0,1 1981 
A B 
nesde 
ECUS C D 
nesde 
ECUS 
3 0,4 — — 
20 0,7 1 0,0 
10 0,6 — — 
13 3,4 3 0,2 
18 3,8 4 0,4 
46 5,9 7 0,7 
9 0,6 2 0,1 
53 4,5 4 0,1 
172 19,9 21 1,5 , por Estado miembro 
1982 
A B 
nesde 
ECUS 
1 0,1 
35 1,4 
12 1,4 
10 1,8 
26 3,3 
38 4,4 
97 7,2 
16 1,0 
60 4,5 
295 25,1 C 
— 
1 
1 
7 
3 
4 
30 
2 
11 
59 D 
nesde 
ECUS 
— 
0,0 
0,1 
0,4 
0,1 
0,6 
1,8 
0,0 
0,6 
3,6 1983 
A B 
nesde 
ECUS 
1 0,1 
58 2,2 
27 2,4 
100 6,2 
57 5,5 
78 5,6 
115 8,5 
10 1,9 
100 6,2 
546 38,6 C D 
nesde 
ECUS 
— — 
10 0,3 
3 0,2 
62 2,3 
15 0,8 
12 0,9 
76 5,0 
5 0,9 
19 0,7 
202 11,1 
Columna: A. número total de proyectos financiados. 
B: total de ayudas concedidas (millones de ECUS). 
C: número total de proyectos pendientes de terminar a finales de 1985. 
D: total de compromisos aún disponibles a finales de 1985 (millones de ECUS). 
Fuentes: — Informes financieros referentes al FEOGA-Orientación. 
— Cuenta periódica publicada por el Centro Único de Contabilidad. 
proyectos y efectuar rápidamente las comprobaciones 
necesarias. Así, 9 proyectos que, según la información 
facilitada a la Comisión, deberían haber sido objeto 
tiempo atrás de un control in situ, no habían sido todavía 
inspeccionados en el momento de la visita del Tribunal. 
Por otra parte, en el caso de otros 25 proyectos, no se 
disponía de información precisa acerca del estado de 
ejecución de los trabajos, debido a la falta de respuestas 
por parte de los beneficiarios, que habían sido contacta­
dos únicamente por correo. El seguimiento de los 
proyectos, tal y como está actualmente organizado, no 
ofrece suficientes garantías de rapidez y eficacia. La 
Comisión y las autoridades nacionales deberían conside­
rar la introducción de un sistema que previese un contacto 
más directo con los pescadores y acuicultores. 
6.19. La ayuda nacional que acompaña obligatoria­
mente a la ayuda comunitaria es pagada por el Ministerio 
de la Marina Mercante en forma de porcentaje de los 
costes que la Comisión, en el momento de la presentación 
de los documentos justificativos, considera subvenciona-
bles para el pago de la totalidad de la ayuda del FEOGA. 
La contribución financiera del Estado miembro es 
condición previa para el pago de la totalidad de la ayuda 
comunitaria. En caso de no haber sido pagada la ayuda 
nacional, la Comisión no concede más que el 80 % de la 
participación del Fondo y subordina el pago del 20 % 
restante a la prueba de la concesión de la ayuda nacional. 
El período de tiempo comprendido entre ambos pagos es, 
en ocasiones, de varios meses y constituye una especial 
causa de retrasos. 
6.20. La incapacidad de cierto número de pescadores 
para efectuar los desembolsos de fondos propios 
indicados en su plan financiero preliminar, impide la 
realización normal de los proyectos. Este problema pone de relieve la necesidad de un examen más profundo de los 
planes de financiación presentados por los beneficiarios. 
En particular, las posibilidades de autofinanciación 
deben ser cuidadosamente examinadas, tanto más cuanto 
que la puesta a disposición de los pescadores de créditos 
públicos con tipo de interés subvencionado, prevista por 
una Ley de 1982, no se ha efectuado todavía. 
6.21. Por otra parte, durante el transcurso de la 
indicada investigación, se pudo comprobar que, entre 
tanto, un determinado número de proyectos habían sido 
objeto de una solicitud de pago final (25 proyectos), de 
una renuncia (6 proyectos), de una petición de verifica­
ción de los trabajos realizados (5 proyectos), o bien 
presentaban problemas particulares todavía no resueltos 
(15 proyectos). 
Proyectos irlandeses 
6.22. El Tribunal ha comprobado que 20 expedientes de 
proyectos financiados en el marco de los Reglamentos 
(CEE) n° 1852/78 y n° 31/83, no habían sido aún cerrados 
en fecha 31 de diciembre de 1985. En el caso de 8 de éstos, 
la información obtenida en la Comisión ha mostrado que 
los mismos estaban a punto de ser cerrados, o en espera de 
liquidación final, o en proceso de cancelación, o bien se 
referían a personas jurídicas en proceso de liquidación. 
Otros 12 proyectos, en cambio, han sido abjeto de un 
examen en profundidad con las autoridades irlandesas, en 
particular con el BIM (Irish Sea Fisheries Board) y el 
«Udaras na Gaeltachta» (responsable de las zonas de 
habla gaélica). 
72 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
6.23. Según la información obtenida por el Tribunal, la 
preocupación por la prosecución de las medidas provisio­
nales ha llevado a las autoridades irlandesas a solicitar 
financiación comunitaria para proyectos importantes que 
sólo han podido ser realizados en parte. En la mayor parte 
de los casos, la fase inicial ya ha sido terminada y está en 
situación operativa. En opinión del Tribunal, esta fase 
inicial podía y debía haber constituido el proyecto en sí 
mismo, que de este modo se podría haber terminado 
dentro de un plazo normal. El largo período de 
inactividad, causado específicamente por problemas de 
abastecimiento, transcurrido entre esta fase inicial y la 
eventual continuación del proyecto, ha motivado la 
inmovilización innecesaria de créditos importantes. 
6.24. Es de lamentar que la Comisión, en el momento 
del examen de las peticiones, no compruebe las condicio­
nes de ejecución de los trabajos propuestos y no 
subordine la concesión de la ayuda a la existencia de 
garantías suficientes de éxito, especialmente en el caso de 
proyectos sucesivos, al menos en lo que esté al alcance de 
sus posibilidades, con objeto de no inmovilizar compro­
misos importantes durante largos períodos de tiempo. 
Así, por ejemplo, en el momento de examinar el proyecto 
IRL/109/82, y a pesar de que la petición mencionaba su 
vinculación con un proyecto inicial (IRL/61/80), la 
Comisión no se cercioró ni del estado de ejecución del 
proyecto inicial, ni de sus posibilidades de éxito. 
6.25. Los retrasos en el proceso de cancelación de las 
ayudas son otra de las causas del bloqueo de los créditos. 
Estos retrasos son debidos al carácter vago e incompleto 
de las respuestas dilatorias de las Administraciones 
nacionales, que la Comisión acepta sin más, sin pedir una 
mayor concreción de las mismas. Estas respuestas, de 
hecho, sólo contienen informaciones parciales referentes 
a perspectivas normalmente muy aleatorias. 
Proyectos griegos 
6.26. El número de proyectos griegos aprobados por la 
Comisión en 1982 y 1983, referentes a la construcción y 
modernización de barcos, así como a la introducción de la 
acuicultura, es el siguiente: 
1982 
1983 
Total Número de proyectos 
aprobados 
10 
100 
110 Número de beneficiarios 
respectivos 
64 
211 
275 
En este cuadro se observa que varios de los proyectos 
aprobados comprenden un amplio número de subproyec-
tos. 
6.27. De estos 110 proyectos, 45 no habían sido todavía 
concluidos en marzo de 1986. Cuarenta de estos 45 
proyectos se referían a barcos de pesca y 5 a la 
acuicultura. 6.28. En el caso de determinados expedientes aún no 
cerrados, no se había efectuado ningún recordatorio 
durante períodos que oscilaban entre seis meses y un año. 
Asimismo, en el momento de la inspección, la Comisión 
no había organizado ningún contacto in situ con las 
autoridades nacionales competentes ni con los beneficia­
rios. Ello habría sido particularmente deseable, si se tiene 
en cuenta que Grecia ha sido miembro de la Comunidad 
únicamente desde el 1 de enero de 1981. El gran número de 
renuncias, cancelaciones y desistimientos (que afectaron 
aproximadamente a un 23 % de los beneficiarios) 
proceden, sin duda, de la falta de información. 
6.29. A este respecto, sería de desear que la Comisión 
iniciara de forma inmediata, y en colaboración con las 
autoridades nacionales competentes, el proceso de 
cancelación de las ayudas caducadas o de las que 
infringen la normativa comunitaria. 
6.30. Por otra parte, se ha constatado in situ que el 
sistema aplicado por la Administración Central para el 
seguimiento de los proyectos se organiza, en principio, 
para satisfacer las exigencias comunitarias. No obstante, 
a falta de un cuadro de planificación puesto al día, el 
servicio de centralización de informes no puede asegurar 
un seguimiento sistemático del desarrollo de los trabajos 
en el caso de cada uno de los beneficiarios. Del mismo 
modo, la vinculación establecida entre los servicios 
centrales, por una parte, y los servicios locales y 
autoridades portuarias, por otra, no funciona de forma 
regular y eficaz, principalmente debido a la falta de 
respuesta adecuada por parte de los servicios locales. Por 
este motivo la Administración Central ignoraba, en el 
momento de efectuarse el control, la situación exacta de 
16 beneficiarios (11 proyectos), y las peticiones de 
información dirigidas a las autoridades locales habían 
quedado sin respuesta. 
6.31. El mero hecho de que el 41 % de los proyectos 
«colectivos» presentados en 1981 y 1982 y aprobados por 
la Comisión, correspondientes a aproximadamente el 
50% del numero total de beneficiarios, no estuvieran 
terminados en el momento de efectuarse la investigación 
constituye prueba de la existencia de un retraso excesivo, 
debido principalmente al largo período de tiempo que 
precede al comienzo de la ejecución de los trabajos. Ello 
resulta particularmente significativo si se observa que 
únicamente 5 de los proyectos pendientes de terminación 
se relacionan con la acuicultura, mientras que otros 40 
proyectos pendientes de terminación, que afectan a 131 
beneficiarios, se relacionan con la construcción o 
modernización de barcos de pesca de tonelaje medio, para 
los que el período necesario de realización no suele ser 
superior a seis o siete meses. 
Observación general 
6.32. Una vez transcurrido el plazo reglamentario de 
dos años, la Comisión está obligada a iniciar el 
procedimiento de información conducente o bien a la 
toma de una decisión de cancelación de la ayuda, o bien a 
esperar que los beneficiarios terminen de realizar los 
proyectos. Sin embargo, dentro del marco de este 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 73 
proceso, la Comisión se conforma con respuestas diversas 
que no reflejan suficientemente el estado exacto de 
ejecución de los proyectos. Por otra parte, los reglamen­
tos no contienen disposición alguna relativa a los 
contactos que han de mantenerse entre la Cornisón, el 
Estado miembro y los beneficiarios, una vez iniciados los 
trabajos previstos en el proyecto. Esta laguna debería ser 
cubierta por una iniciativa de la Comisión adoptada dentro del marco reglamentario, tendente a definir con 
claridad, sistematizar y acelerar el procedimiento de 
cancelación de las ayudas comunitarias. Se deberían fijar 
plazos estrictos tanto para la transmisión de la informa-
cón como para las diferentes fases del procedimiento de 
cancelación de las ayudas, con objeto de evitar que 
quedase un número demasiado elevado de compromisos 
pendiente de liquidar. 
O DOC 339 de 31.12.1985. 
(2) DO L 73 de 18.3.1986, p. 25. 
(3) DO C 326 de 16.12.1985, apartados 6.10 — 6.12. 
(4) DO L 211 de 1.8.1978, p. 30. El Reglamento (CEE) n° 1852/ 
78 ha sido modificado por los Reglamentos (CEE) n° 592/79 
de 26.3.79 (DO L 78 de 30.3.79, p. 5), n° 1713/80 de 
27.6.1980 (DO L 167 de 1.7.1980, p. 50) y n° 2992/81 de 
19.10.81 (DO L 299 de 20.10.1981, p. 24). (5) 
(6) 
(7) DO L 5 de 7.1.1983, p. 1 . 
DO L 290 de 22.10.1983, p. 1. El Reglamento (CEE) 
n° 2908/83 ha sido modificado por el Reglamento (CEE) 
n° 3733/85, del Consejo, de 20.12.1985 (DO L 361 de 
31.12.1985, p. 78). 
Reglamento (CEE) n° 1852/78, artículo 10, apartado 2; 
Reglamento (CEE) n° 31/83, artículo 10, apartado 2; 
Reglamento (CEE) n° 2908/83, artículo 18, apartado 2. 
74 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
CAPITULO 7 
Gastos de intervención en el ámbito 
del desarrollo regional y en el de los transportes 
7.0. ÍNDICE DE MATERIAS Apartados 
Introducción 7.1 — 7.2 
Resumen de la información financiera 7.3 — 7.7 
Análisis de la ejecución presupuestaria 7.8 — 7.21 
Los créditos no utilizados del FEDER 7.8 — 7.9 
Las transferencias de créditos del FEDER 7.10 — 7.11 
Estado de los pagos del FEDER por Estado miembro 7.12 — 7.14 
La situación de los compromisos pendientes de pago 7.15 — 7.18 
Otras acciones previstas en el marco del Título 5 7.19 — 7.21 
Observaciones sobre la gestión del FEDER 7.22 — 7.31 
El paso del antiguo al nuevo reglamento 7.22 — 7.25 
La financiación de los programas 7.26 — 7.28 
La parte de ayuda afectada a las inversiones industriales 7.29 — 7.31 
Observaciones relativas al sistema de gestión y de control de las ayudas del 
FEDER 7.32 — 7.74 
Los programas de desarrollo regional 7.34 — 7.41 
La elección de los proyectos 7.42 — 7.49 
Las decisiones globales 7.50 — 7.53 
La ejecución de los proyectos 7.54 — 7.64 
El control de las realizaciones y la evaluación de los resultados 7.65 — 7.74 
Observación general 7.75 — 7.77 
INTRODUCCIÓN 
7.1. Los gastos agrupados bajo este Título se refieren 
principalmente al Fondo Europeo de Desarrollo Regio­
nal (FEDER) creado por el Reglamento (CEE) n° 724/75 
del Consejo, de 18 de marzo de 1975 (•), y cuya finalidad 
es contribuir a corregir los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Comunidad mediante la participa­
ción financiera en el desarrollo y el ajuste estructural de 
las regiones menos desarrolladas y la reconversión de las 
regiones industriales en decadencia. El rasgo más 
(!) Las notas aparecen al final del capítulo. destacable de la gestión del Fondo en 1985 fue la 
aplicación del Reglamento (CEE) n° 1787/84 del Consejo, 
de 19 de junio de 1984 (2), que entró en vigor el 1 de enero 
de 1985. 
7.2. La dotación del FEDER se fija anualmente en 
créditos de compromiso y en créditos de pago en el 
Presupuesto General de las Comunidades. El Fondo 
reembolsa a los Estados miembros una parte de los gastos 
que realizan para la ejecución de los programas comuni­
tarios, programas nacionales de interés comunitario, 
proyectos y estudios. Los recursos son utilizados por los 
Estados miembros siguiendo unas escalas cuyos límites 
superiores e inferiores se aplican por un período de tres 
años. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 75 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
7.3. La utilización de los créditos del Título 5 del 
Presupuesto «Créditos de intervención en el ámbito del 
desarrollo regional y en el de los transportes» está 
indicada en el cuadro 7.1. 7.5. Las ayudas otorgadas a los proyectos se reparten 
entre industria (18%) e infraestructura (82%). Su 
financiación fue objeto de 743 decisiones que cubrieron 
3 265 inversiones. La contribución media por proyecto se 
elevó en 1985 a 711 000 ECUS, contra 529 000 ECUS en 
el ejercicio precendente. Esta diferencia es debida al 
crecimiento del importe medio de las inversiones, así 
como, en más de la mitad de los casos, a la aplicación de 
los niveles de ayuda más altos fijados por el nuevo 
reglamento. 
7.4. En el caso del FEDER (capítulos 50 y 51), los 
créditos totales disponibles para compromisos se eleva­
ron en 1985 a 2 654,8 millones de ECUS, de los cuales 
fueron utilizados 2 495,2 millones de ECUS, es decir, el 
94,7 %. Los compromisos cubrieron proyectos de inver­
sión (2 321,3 millones de ECUS), programas nacionales 
de interés comunitario (134 millones de ECUS), 37 
estudios (2,1 millones de ECUS), así como la continua­
ción de las acciones fuera de cuota previstas en el antiguo 
reglamento (37,8 millones de ECUS). Un crédito de 
compromiso de 28 millones de ECUS para las acciones 
fuera de cuota, que databa de 1984, fue anulado a finales 
de 1985, al igual que un crédito de compromiso de 9,6 
millones de ECUS relativo al antiguo reglamento. 7.6. Los créditos de pago totales disponibles para los 
dos capítulos del FEDER se elevaron a 1 739,2 millones 
de ECUS, de los que se utilizaron 1 624,2 millones de 
ECUS, es decir, el 93,4 % (véase cuadro 7.1). El anexo III 
del presente informe muestra la distribución de los 
compromisos y los pagos por Estado miembro. 
7.7. Para las intervenciones del FEDER, el Presupuesto 
de 1985 ha previsto tres artículos, números 500,505 y 510, 
relativos respectivamente a la aplicación del antiguo 
reglamento (sección de cuota), a la del nuevo reglamento 
y a las acciones fuera de cuota del antiguo reglamento. La 
situación de los créditos de estos tres artículos en 1985 se 
resume en el cuadro 7.2. 
Cuadro 7.1 — Intervenciones en los campos del desarrollo regional y de los transportes: 
créditos disponibles en 1985 y su utilización 
(millones de ECUS) 
Capítulo presupuestario 
Artículo 500: antiguo reglamento (de cuota) 
Artículo 505: nuevo reglamento 
Artículo 510: antiguo reglamento (fuera de cuota) 
Total capítulos 50 y 51 (FEDER) 
Capítulo 54: 
Otras intervenciones de carácter regional 
Capítulo 55: 
Programas mediterráneos 
Capítulo 58: 
Política de transportes (l) 
Total general Compromisos 
Créditos 
para 
compromisos 
disponibles 
en 1985 Compromisos 
contraídos 
en 1985 
9,9 0,3 
2 464,1 2 457,1 
180,8 37,8 
2 654,8 2 495,2 
69,1 57,5 
140,0 6,8 
171,6 81,2 
3 035,5 2 640,7 Pagos 
Créditos 
para 
pagos 
disponibles 
en 1985 Pagos 
efectuados 
en 1985 
1 294,9 1 294,8 
411,0 296,1 
33,3 33,3 
1 739,2 1 624,2 
55,2 17,4 
20,0 7,8 
116,0 76,1 
1 930,4 1 725,5 
(') Incluidas las prórrogas relativas a créditos no disociados del capítulo 78. 
76 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 7.2 — Utilización de los créditos del FEDER en 1985 
(millones de ECUS) 
Naturaleza de los créditos 
Créditos abiertos en el Presupuesto de 1985 
Créditos disponibles por anulación de contribu­
ciones concedidas anteriormente 
Créditos disponibles por efecto de las variacio­
nes del tipo de cambio 
Créditos subsistentes o prorrogados de 1984 
Subtotal 
Transferencias del artículo 500 al artículo 505 
Transferencias del artículo 510 al artículo 505 
Total de créditos disponibles 
Créditos utilizados Artículo 500 
(antiguo 
reglamento — 
de cuota) 
Créditos 
de 
compro­
miso Créditos 
de pago 
— 1 259,0 
95,4 — 
198,8 — 
4,9 35,9 
299,1 1294,9 
-289,2 — 
9,9 1 294,9 
0,3 1 294,8 Artículo 505 
(nuevo 
reglamento) 
Créditos 
de 
compro­
miso Créditos 
de pago 
2 174,9 281,0 
2 174,9 281,0 
+ 289,2 — 
— +130,0 
2 464,1 411,0 
2 457,1 296,1 Artículo 510 
(antiguo 
reglamento — 
fuera de cuota) 
Créditos 
de 
compro­
miso Créditos 
de pago 
115,0 70,0 
65,8 93,3 
180,8 163,3 
— -130,0 
180,8 33,3 
37,8 33,3 Totales 
Créditos 
de 
compro­
miso Créditos 
de pago 
2 289,9 1 610,0 
95,4 — 
198,8 — 
70,7 129,2 
2 654,8 1 739,2 
2 654,8 1 739,2 
2 495,2 1 624,2 
reglamento no han podido ser atendidas. Estos pagos, 
que deberán ser efectuados a principios de 1986, 
absorberán aproximadamente una tercera parte de los 
créditos previstos en el artículo 500 del Presupuesto de 
1986 para la continuación de la aplicación del antiguo 
reglamento. Una situación así plantea la duda de si las 
transferencias de créditos al artículo 505 estaban o no 
justificadas. 
Las transferencias de créditos del FEDER 
7.10. En lo que se refiere a las operaciones de 
transferencia, el Tribunal ha observado que: 
(a) de la transferencia de créditos de pago de 130 millones 
de ECUS del artículo 510 al artículo 505 antes 
indicada, 60 millones de ECUS corresponden a 
créditos prorrogados de 1984. Se trata, pues, en lo que 
se refiere a este último importe, de una transferencia 
del Presupuesto de 1984 al de 1985, procedimiento 
que el Tribunal ha criticado en más de una ocasión 
por su carácter contrario a las disposiciones del 
artículo 21 del Reglamento Financiero, debiendo las 
transferencias de créditos tener lugar antes del cierre 
del ejercicio (4); 
(b) en este caso, además, los créditos de pago de 1984 se 
utilizarán finalmente para pagar los compromisos 
contraídos en 1985. Tal utilización no se ajusta a la 
definición de créditos disociados que figura en el 
artículo primero del Reglamento Financiero, según la ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Los créditos no utilizados del FEDER 
7.8. En el marco de la gestión presupuestaria del 
FEDER, los créditos disponibles para las acciones fuera 
de cuota (artículo 510) quedaron en gran parte sin utilizar 
en 1985, ya que los compromisos y los pagos sólo 
correspondieron a una parte de los créditos existentes o 
prorrogados de 1984. Este tema ha sido analizado más 
detalladamente en un informe especial del Tribunal de 
Cuentas (3). 
7.9. Por otra parte, se observó que 130 millones de 
ECUS de los créditos disponibles para las acciones fuera 
de cuota emprendidas dentro del marco del antiguo 
reglamento habían sido transferidos al artículo 505, cuyo 
fin es el de cubrir las operaciones del nuevo reglamento, y 
para el que, al final del ejercicio, quedaban por utilizar 
créditos de pago por un total de 114,9 millones de ECUS. 
De hecho, la mayor parte de las decisiones tomadas en el 
marco del nuevo reglamento habían sido adoptadas en 
diciembre de 1985, por lo que no han podido afectar sino 
a escasas peticiones de pago. Además, numerosas 
peticiones de pago por un importe del orden de los 220 
millones de ECUS y relativas a la aplicación del antiguo 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 77 
cual, los créditos de pago disociados están destinados 
a cubrir los gastos resultantes de la ejecución de los 
compromisos adquiridos durante el ejercicio y/o 
ejercicios anteriores (5); 
(c) por otra parte, de los créditos de compromiso del 
artículo 500, que databan de 1984, y que se elevaban a 
4,9 millones de ECUS, 2,2 millones de ECUS fueron 
transferidos al artículo 505, lo que constituye 
asimismo una transferencia del Presupuesto de 1984 
al de 1985. De los 2,7 millones de ECUS que 
quedaban disponibles se utilizó un total de 0,3 
millones de ECUS, y 2,4 millones de ECUS fueron 
anulados al cierre del ejercicio 1985. 
7.11. El importe total de los créditos de compromiso 
anulados al cierre del ejercicio 1985 se eleva a 9,6 millones 
de ECUS, ya que al importe de 2,4 millones de ECUS 
antes mencionado se añaden 7,2 millones de ECUS 
correspondientes a los créditos del artículo 500 que 
quedaron disponibles por la retirada de las ayudas ya 
concedidas. Al no ser conforme tal situación con las 
disposiciones del artículo 9, apartado 6, del antiguo 
reglamento, que prevé la reafectación a nuevos proyectos 
de los fondos liberados, la Comisión restableció los 
créditos a principios de 1986, hecho que no obstante 
debería haber dado lugar a una inscripción en la cuenta de 
gestión de 1985. Desde entonces, la Comisión presentó el 
17 de octubre de 1986 los cuadros rectificados de la cuenta 
de gestión en los que aparece que el importe de 9,6 
millones de ECUS está inscrito como créditos de 
compromiso subsistentes a 31 de diciembre de 1985 y ha 
dejado de figurar en los créditos anulados. 
Estado de los pagos del FEDER por Estado 
miembro 
7.12. Del conjunto de decisiones de contribución 
tomadas por la Comisión a mediados de diciembre, 
solamente algunas han podido ser objeto de pago en 1985, 
debido al breve plazo que media entre la decisión de 
contribución y el cierre del ejercicio. En el caso de: 
(a) dos decisiones relativas a Francia, por una contribu­
ción total de 25,2 millones de ECUS, de los que se 
pagaron 15 millones de ECUS; 
(b) quince decisiones relativas a Irlanda, por una 
contribución total de 85,6 millones de ECUS, de los 
que se pagaron 34,1 millones de ECUS; 
(c) ocho decisiones relativas a Grecia, por una contribu­
ción total de 174,6 millones de ECUS, de los que se 
pagaron 128,9 millones de ECUS. 
7.13. Un análisis de los pagos relativos a las ayudas 
concedidas en 1984 muestra que el porcentaje de ayuda 
pagado es claramente más alto en los casos de Irlanda y 
Grecia. En efecto, a 31 de diciembre de 1985, el porcentaje de ayuda de 1984 pagado a cada Estado miembro fue el 
siguiente: 
Bélgica 
Dinamarca 
RF de Alemania 
Grecia 
Francia 23,6% 
54,6% 
56,6% 
71,1 % 
28,9% Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Reino Unido 74,5% 
17,5% 
12,9% 
1,6% 
52,0% 
7.14. Diferencias como las mencionadas en los aparta­
dos precedentes pueden explicarase por varios factores 
relacionados principalmente con los procedimientos de 
información y las prácticas administrativas de los Estados 
miembros. Sin embargo, la rapidez de pago no debe ser 
considerada prueba de la eficiencia de la gestión del 
FEDER. En realidad, tal rapidez es debida al hecho de 
que las ayudas se conceden a proyectos que se encuentran 
en una avanzada fase de realización, lo cual disminuye la 
incidencia del Fondo en la decisión de invertir y atenúa el 
carácter adicional de la ayudo (véase el Informe Anual del 
Tribunal relativo al ejercicio de 1984) (6). La Comisión 
debería tomar nota de las diferencias observadas entre los 
Estados miembros en lo relativo al ritmo de pagos del 
Fondo y precisar más exactamente los criterios aplicados 
en materia de pagos acelerados, dada su repercusión 
sobre el impacto de las ayudas y la evolución de las 
cantidades pendientes de pago. 
La situación de los compromisos pendientes de 
pago 
7.15. Para el conjunto del Título 5, el total acumulado 
de compromisos de ejercicios anteriores pendientes de 
liquidación se elevaba a 5 336,2 millones de ECUS al final 
de 1985. Los créditos de compromiso aún no utilizados al 
cierre del ejercicio se elevaban a 356,2 millones de ECUS. 
Si se deducen los créditos de pago prorrogados de 1985 a 
1986, que suponen un importe de 195,1 millones de 
ECUS, la Comunidad deberá utilizar a partir de 1986 la 
cantidad de 5 497,3 millones de ECUS para hacer frente a 
las cargas resultantes de la pasada gestión del Título 5. 
Esta cantidad, que representa aproximadamente el 50 % 
del conjunto de los compromisos pendientes de liquida­
ción por parte de la Comisión, es debida en su mayor 
parte a intervenciones del FEDER. 
7.16. Los compromisos del FEDER que quedaban por 
pagar se elevaban a 5 115 millones de ECUS a 31 de 
diciembre de 1985, contra 4 543 millones de ECUS a 31 de 
diciembre de 1984. Debido a que los créditos de 
compromiso abiertos en el Presupuesto han excedido 
cada año a los créditos de pago, la ejecución normal del 
Presupuesto conduce a un crecimiento automático de los 
compromisos pendientes de pago. 
7.17. En lo que se refiere a las antiguas acciones fuera de 
cuota, hay que señalar, tal como ha observado el Tribunal 
en su informe especial, que de un total de 490 millones de 
78 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
ECUS de ayuda concedida a los programas aprobados, 
312 millones de ECUS quedaban por comprometer a 31 
de diciembre de 1985. Lo mismo sucede con los 154,8 
millones de ECUS relativos a los programas nacionales 
de interés comunitario a los que se refiere al apartado 
7.27. 
7.18. El cuadro 7.3, que indica la distribución por 
Estado miembro de los compromisos que quedan por 
pagar por parte del FEDER, muestra que el 47,6 % del 
total se refiere a Italia y que además subsisten compromi­
sos para decisiones tomadas durante los ejercicios 1975-
1977 (10 millones de ECUS, contra 14,5 millones de 
ECUS a 31 de diciembre de 1984), así como para 
decisiones tomadas durante los ejercicios 1978-1980 
(222,9 millones de ECUS, contra 314,1 millones de ECUS 
a 31 de diciembre de 1984). La situación apenas mejora de 
año en año y el Tribunal ha tenido ocasión de formular 
sus comentarios al respecto en su Informe Anual relativo 
al ejercicio de 1983 (7). Hay que recordar igualmente que 
la parte de ayuda pagada no siempre corresponde al 
estado de realización de los proyectos, ya que algunas 
peticiones de reembolso son presentadas con retraso por 
los Estados miembros y, a la inversa, algunas decisiones 
de contribución son objeto de pagos acelerados. 
Otras acciones previstas en el marco del 
Título 5 
7.19. En lo que se refiere a «Otras intervenciones de 
carácter regional» (capítulo 54), se han gastado 57,5 
millones de ECUS, lo que supone el 83,2 % de los créditos 
disponibles para compromisos, que se elevaban a 69,1 
millones de ECUS. No sucede lo mismo respecto a los 
créditos disponibles para pagos, de los que se han gastado 
el 31,5 %, es decir 17,4 millones de ECUS de un total de 
55,2 millones de ECUS. Esta situación se ha producido a 
causa de la lentitud del ritmo de los estudios preparato­
rios de las acciones integradas y de los retrasos para la 
puesta en práctica de los proyectos sociales en Grecia. 
7.20. Los créditos asignados a los «Programas medite­
rráneos» (capítulo 55) fueron también infrautilizados. 
Los compromisos contraídos en 1985 (6,8 millones de 
ECUS) representan menos del 4,9 % de los créditos 
disponibles para compromisos (140 millones de ECUS). 
Se utilizaron 7,8 millones de ECUS de los créditos para 
pagos, es decir el 39 % del total de los créditos disponibles, 
que se elevaba a 20 millones de ECUS. La falta casi 
completa de utilización de los créditos de compromiso se 
debe principalmente al hecho de que la Comisión no pudo 
aprobar ningún programa integrado mediterráneo du­
rante el ejercicio, ya que solamente fue presentado un 
programa por Grecia al final del año. En lo que se refiere a 
los créditos de pago, el bajo nivel de utilización de créditos 
ha de ser atribuido a los retrasos en la ejecución de las 
acciones preparatorias. 
7.21. Los créditos disponibles para compromisos y para 
pagos relativos a la «Política de transportes» (capítulo 
58) se elevaron a 171,6 millones de ECUS y a 116,0 
millones de ECUS respectivamente. Los respectivos 
niveles de utilización han sido del 47,3%, o sea, 81,2 Cuadro 7.3 — FEDER: compromisos pendientes de pago por 
Estado miembro a 31 de diciembre de 1985 
(millones de ECUS) 
Estado Miembro 
Bélgica 
Dinamarca 
RF de Alemania 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Reino Unido 
Total 
Compromisos que 
quedan por pagar 
a 31. 12.84 1975-77 
1,1 
0,7 
1,1 
0,2 
4,9 
1,3 
0,7 
10,0 
14,5 1978-80 
1,8 
9,8 
28,4 
4,8 
124,6 
7,8 
45,7 
222,9 
314,1 1981-84 
32,9 
17,2 
84,2 
366,7 
128,7 
66,5 
1 433,7 
4,1 
54,1 
533,4 
2 721,5 
4 214,6 1985 
24,4 
13,3 
73,6 
294,3 
215,6 
90,7 
871,0 
17,1 
561,2 
2 161,2 Total 
60,2 
30,5 
168,3 
690,5 
344,3 
162,2 
2 434,2 
4,1 
80,3 
1 141,0 
5 115,6 
4 543,2 
millones de ECUS, y del 65,6 %, o sea, 76,1 millones de 
ECUS. Aunque son los más altos de los tres últimos años 
estos niveles de utilización son todavía reducidos. En 
particular, ninguno de los créditos inscritos en el artículo 
581 del Presupuesto de 1985 ha sido utilizado (90 millones 
de ECUS de créditos para compromisos y 34 millones de 
ECUS de créditos para pagos). En su anteproyecto de 
Presupuesto, la Comisión había pedido 110 millones de 
ECUS de créditos para compromisos y 34 millones de 
ECUS de créditos para pagos (cifras posteriormente 
reducidas por el Consejo a 30 millones de ECUS y a 20 
millones de ECUS respectivamente y posteriormente 
aumentadas por el Parlamento a 90 millones de ECUS y a 
34 millones de ECUS respectivamente). Para permitir el 
compromiso de estos créditos, la Comisión había 
introducido, el 6 de septiembre de 1984, una enmienda a 
su propuesta de 9 de agosto de 1983, que no ha sido 
examinada por el Consejo. 
OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN 
DEL FEDER 
El paso del antiguo al nuevo reglamento 
7.22. Las disposiciones en vigor no prevén una norma 
para pasar del antiguo al nuevo reglamento, sobre todo en 
lo que se refiere a los créditos que han quedado 
disponibles debido al efecto de la variación del tipo de 
cambio del ECU sobre las decisiones de ayuda expresadas 
en moneda nacional. El importe de 198,8 millones de 
ECUS liberado en 1985 es, evidentemente, un saldo 
resultante de movimientos positivos o negativos en cada 
Estado miembro. En el caso de las monedas que se 
deprecian, el crédito liberado debe ser utilizado para 
mantener el nivel de las cuotas de los países de que se trate. 
Para las monedas que se revalúan, la diferencia debe 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 79 
cargarse a los nuevos créditos del ejercicio para mantener 
el importe de las ayudas acordadas. El resultado es que 
existen pasos del antiguo al nuevo reglamento que no se 
rigen por ninguna disposición en vigor. 
7.23. Una f normalización de las prácticas a seguir en este 
área es tanto más necesaria por cuanto que, para algunos 
Estados miembros, los importes en cuestión pueden ser 
elevados. En el caso de Italia, el crédito liberado a 
consecuencia de la variación del tipo de cambio del ECU 
alcanzó el 7,2 % de la dotación presupuestaria del 
FEDER para 1985 y fue utilizado para nuevas decisiones 
de contribución. 
7.24. La necesidad de precisar las modalidades del paso 
del antiguo al nuevo reglamento se plantea igualmente en 
materia de decisiones de contribución. Un sondeo 
efectuado por el Tribunal sobre más del 40 % de las 
decisiones de 1985 mostró que, en el 13 % de los casos, se 
concedió ayuda aplicando las tasas previstas en el antiguo 
reglamento, que eran entre el 20 % y el 40 % menos 
favorables que las tasas del nuevo reglamento. Teniendo 
en cuenta que el nuevo reglamento entró en vigor el 1 de 
enero de 1985, tal aplicación es cuestionable, incluso 
aunque se refiera a solicitudes de contribución presenta­
das con anterioridad a esa fecha. 
7.25. En lo que respecta a la nomenclatura presupuesta­
ria, todas las intervenciones del FEDER en el marco del 
nuevo reglamento se concentraron en una sola línea del 
Presupuesto. Las operaciones del Fondo están más 
diversificadas que antes, debido a la creación, por 
ejemplo, de programas comunitarios, programas nacio­
nales de interés comunitario, acciones de desarrollo 
endógeno y acciones integradas de desarrollo. Los 
créditos que anteriormente no se encontraban repartidos 
más que en dos líneas presupuestarias se han agrupado en 
una sola. Tal globalización no contribuye a aumentar la 
transparencia presupuestaria y no facilita la planificación 
y el análisis de las operaciones. 
La financiación de los programas 
7.26. El nuevo reglamento del Fondo prevé la participa­
ción del FEDER en la financiación de programas 
comunitarios y de programas nacionales de interés 
comunitario. El artículo 6 precisa a este respecto que, 
« con carácter experimental», cada Estado miembro cuyo 
límite superior en la escala rebase el 1,5 % procurará que 
se presente un número suficiente de solicitudes de 
contribución en forma de programa para que la Comisión 
pueda garantizar, dentro de lo posible, que la parte de la 
contribución del FEDER destinada a la financiación por 
programas, incluidos los programas comunitarios, se 
incremente progresivamente hasta alcanzar al menos el 
20 % de los créditos concedidos por el FEDER al término 
del tercer año». 7.27. El Reino Unido presentó diez propuestas de 
programas nacionales de interés comunitario, de las que 
tres fueron aprobadas por la Comisión, una fue 
rechazada y seis estaban siendo examinadas al final del 
ejercicio. Los tres programas aprobados consistían en 
una ayuda comunitaria de 260 millones de ECUS durante 
cuatro años, de la que una parte correspondiente a 105,2 
millones de ECUS fue contabilizada entre los compromi­
sos de 1985. El Tribunal ha criticado en un informe 
especial sobre las acciones fuera de cuota el procedimien­
to de contabilización de los compromisos por tramos 
anuales, ya que no proporciona una visión completa de 
las ayudas decididas ni de las partes que quedan por 
pagar. Así, la ayuda de 154,8 millones de ECUS que había 
sido concedida a los tres programas aludidos anterior­
mente no está mencionada en los documentos contables 
del ejercicio. 
7.28. Francia presentó seis propuestas que, por su 
forma y su contenido, la Comisión no consideró 
inmediatamente susceptibles de un contrato de progra­
ma. Se concedió ayuda del Fondo por un total de 28,8 
millones de ECUS a ciertas operaciones incluidas en la 
solicitud y calificadas de prioritarias. Esta ayuda se 
concedió en forma de financiación de proyectos y no 
estaba condicionada a una decisión favorable respecto a 
la solicitud en su conjunto o a alguna de sus partes. Tal 
forma de proceder, si llegara a generalizarse, amenazaría 
con reducir la esperada eficacia de la financiación por 
programas que constituye una de las innovaciones 
importantes del nuevo reglamento. 
La parte de ayuda afectada a las inversiones 
industriales 
7.29. Puede hacerse una observación análoga en lo que 
se refiere a la aplicación del artículo 35 del nuevo 
reglamento. Dicho artículo prevé que «los Estados 
miembros, al presentar sus solicitudes, y la Comisión, 
durante la gestión del FEDER, se esforzarán por asegurar 
que una parte adecuada (a ser posible el 30 %) de los 
fondos del FEDER sea asignada a las inversiones 
industriales, artesanales y en el sector de los servicios». 
7.30. Sólo en muy pocas ocasiones se ha alcanzado el 
porcentaje del 30 %, tal como muestra la evolución desde 
1979: 28 % en 1979, 26 % en 1980, 12 % en 1981, 13 % en 
1982, 11 % en 1983 y 14% en 1984. Del conjunto de la 
ayuda otorgada en 1985, la parte asignada a las 
inversiones industriales, artesanales y del sector de los 
servicios, fue del 18 %, que, aunque supone un progreso 
respecto al ejercicio precedente, aún queda claramente 
por debajo del nivel previsto en el reglamento. Por lo que 
respecta a la ayuda concedida a cada Estado miembro, 
esta parte queda reducida a un 15 % para el Reino Unido, 
9 % para Francia y 0 % para Grecia. 
80 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
7.31. Las inversiones en infraestructura son una 
condición importante para el desarrollo económico de las 
regiones, pero la utilidad final de las inversiones depende 
de su utilización, lo que, a su vez, depende de una 
actividad suficiente en el campo de la industria, del 
artesanado y de los servicios y, consecuentemente, del 
volumen de inversiones en ese sector. Por consiguiente, es 
importante llegar a un mejor reparto de los dos tipos de 
inversiones para asegurar un rendimiento óptimo de las 
intervenciones del Fondo. Por otra parte, a la vista de los 
resultados obtenidos en materia de inversiones industria­
les en el curso de los últimos años, es evidente que deberá 
hacerse un mayor esfuerzo a fin de alcanzar el objetivo de 
una parte del 30 % para las ayudas a proyectos del sector 
industrial. 
OBSERVACIONES RELATIVAS AL 
SISTEMA DE GESTIÓN Y DE CONTROL 
DE LAS AYUDAS DEL FEDER 
7.32. Con ocasión de la entrada en vigor del nuevo 
reglamento del Fondo, el Tribunal llevó a cabo un 
examen global del sistema de gestión y de control del 
FEDER, tanto a nivel comunitario como nacional, ya 
que la casi totalidad de la contribución comunitaria se 
otorga para apoyar iniciativas adoptadas a nivel nacio­
nal. 
7.33. Las comprobaciones en los Estados miembros se 
llevaron a cabo principalmente en Dinamarca, República 
Federal de Alemania, Grecia, Francia, Irlanda y el Reino 
Unido. Versaron, particularmente, sobre los aspectos de 
los procedimientos nacionales que pueden tener mayor 
incidencia en la puesta en funcionamiento del FEDER y 
que tienden a atraer más especialmente la atención de la 
Comisión. Las observaciones que siguen se derivan del 
examen en cuestión y se refieren, respectivamente, a los 
programas de desarrollo regional, a la elección de los 
proyectos, a la ejecución de los proyectos, así como al 
control de las realizaciones y a la evaluación de los 
resultados. 
Los programas de desarrollo regional 
Los programas de desarrollo regional en los Estados 
miembros 
7.34. La información de los Estados miembros a la 
Comisión sobre sus programas de desarrollo regional no 
tiene únicamente la finalidad de permitir a la Comisión 
determinar los campos prioritarios de intervención del 
Fondo, sino también la de ayudar a examinar la 
coherencia de los programas nacionales con los proyectos 
y objetivos de la Comunidad. 7.35. Los programas, que tienen un carácter indicativo, 
especifican los objectivos y los medios operacionales de 
desarrollo de la región en cuestión. El artículo 2, apartado 
3, del nuevo reglamento, prevé que, siempre que sea 
posible, las autoridades regionales interesadas tomen 
parte en la elaboración y los Estados miembros envíen a la 
Comisión, en la medida de lo posible, junto con los 
programas, información referida, para el conjunto de su 
territorio, a las medidas públicas esenciales susceptibles 
de influir en el equilibrio regional, incluidos los gastos 
regionalizados de sus presupuestos de infraestructura. 
7.36. El examen de estos programas llamados «de 
tercera generación» está previsto para 1986. Al final del 
ejercicio de 1985, solamente Grecia había enviado un 
nuevo programa, que estaba siendo examinado. Bélgica, 
Francia, Luxemburgo y los Países Bajos todavía no 
habían enviado ningún documento nuevo, mientras que 
Dinamarca, la República Federal de Alemania, Irlanda, 
Italia y el Reino Unido habían enviado modificaciones de 
sus programas en curso, las cuales, evidentemente, no 
sustituyen al nuevo programa previsto por las disposicio­
nes en vigor. En lo que se refiere a 1985, los antiguos 
programas, eventualmente modificados, siguieron vigen­
tes y han servido de base para la concesión de ayudas. Las 
observaciones que siguen se refieren, asimismo, a estos 
antiguos programas. 
7.37. A pesar de existir un plan estándar de preparación 
de programas (8), elaborado en 1976 por el Comité de 
Política Regional, y a pesar de las recomendaciones 
formuladas a este respecto por la Comisión en 1979 (9), 
existen aún importantes diferencias en la concepción y 
función de los programas, que dificultan la comparación 
de un país con otro. Incluso desde el punto de vista de la 
forma, los documentos se presentan de manera muy 
diversa y , en lo que se refiere simplemente a las fases de 
ejecución, incluyen un reparto de la financiación, pero no 
un calendario de realización de las distintas fases. 
7.38. No se especifican los tipos de infraestructura o los 
sectores industriales prioritarios en cuanto a desarrollo y 
no se precisa el beneficio que se espera, en términos de 
desarrollo regional, de la realización de los proyectos. En 
su forma actual, los programas tienden más a ser un 
inventario de diversos tipos de inversiones posibles que un 
instrumento de selección de proyectos en función de su 
contribución al desarrollo de las regiones. 
7.39. La cuestión de la coordinación de las medidas 
comunitarias, nacionales y regionales apenas se trata. En 
ciertos casos, como el de Dinamarca, ni siquiera se 
menciona. El programa alemán hace referencia al 
problema de la coordinación de los instrumentos 
comunitarios, pero sin proporcionar cifras. El programa 
griego enumera las ayudas esperadas de diversos fondos, 
pero sin considerar la forma de coordinarlas. La 
diversidad de instrumentos comunitarios (FEDER, 
Fondo Social, FEOGA-Orientación, Nuevo Instrumento 
Comunitario, CECA, Política de Transportes, Política de 
Energía, Banco Europeo de Inversiones, etc.) requiere, sin 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 81 
embargo, tal coordinación. Por otra parte, investigacio­
nes llevadas a cabo por el Tribunal en Schleswig-Holstein 
revelaron que el programa de desarrollo regional no tenía 
en cuenta un régimen de ayuda en materia industrial 
instituido por el Land, cuyo objetivo específico era el de 
influir en el desarrollo regional. Si este régimen de ayuda 
hubiera sido tenido en cuenta habría proporcionado un 
elemento útil de apreciación. Por otra parte, la falta de 
indicaciones en cuanto al carácter adicional de la ayuda 
que se espera de la Comunidad y los benficios comple­
mentarios derivados de tal ayuda, hace difícil la 
evaluación del efecto esperado de las ayudas comunita­
rias. 
7.40. Sería deseable una actualización del plan estándar 
de elaboración de programas, particularmente para 
satisfacer mejor las exigencias del nuevo reglamento. Ello 
permitiría aprovechar la experiencia adquirida con vistas 
a perfeccionar el marco que sirve de referencia a las 
intervenciones del Fondo y proporcionar información 
adecuada en cuanto al carácter adicional de la ayuda y los 
resultados esperados de ésta. 
Acciones prioritarias de la Comisión 
7.41. A nivel de la Comisión, el examen de los 
programas debería llevar a la adopción de conclusiones 
precisas, tanto en lo que se refiere a las elecciones y 
elementos operativos que han de guiar la intervención, 
como en materia de coordinación con las políticas 
comunitarias o con los demás instrumentos financieros de 
la Comunidad. En lo que se refiere a las elecciones 
operativas, los programas deberían permitir a la Comi­
sión conceder una mayor prioridad a las regiones y zonas 
que tienen más necesidad de ayuda, con el fin de alcanzar 
el objetivo del Fondo de corregir los desequilibrios 
económicos entre las regiones comunitarias. Los progra­
mas deberían igualmente permitir a la Comisión dar 
prioridad a ciertas categorías de inversión a fin de 
conseguir un rendimiento óptimo, en términos de empleo 
y renta per cápita, para el desarrollo de la región de que se 
trate. El objetivo del examen de los programas, tal como 
se ha descrito, no se ha alcanzado plenamente, a causa, 
particularmente, de las deficiencias de los programas en 
cuanto instrumentos de selección de proyectos (véase el 
apartado 7.38). 
La elección de los proyectos 
7.42. Normalmente, una unidad administrativa central 
en los Estados miembros se encarga de la presentación de 
las solicitudes de contribución del Fondo. Dicha unidad 
administrativa es responsable también del seguimiento de 
los proyectos que han sido aceptados, así como de la 
organización de la coordinación entre las administracio­
nes gestoras de los proyectos y el Fondo. Comprobacio­
nes efectuadas por el Tribunal acerca de la actividad y el papel de estas unidades administrativas revelaron que 
éstas disponían a menudo de una información incompleta 
acerca del conjunto de las medidas con algún impacto en 
materia de desarrollo regional puestas en práctica por el 
Estado miembro y por los diversos instrumentos comuni­
tarios. En tales condiciones, la efectividad de la unidad 
administrativa central en la coordinación de los instru­
mentos comunitarios y en la orientación y prioridad de la 
política regional en los ámbitos comunitario y nacional es 
muy limitada. 
7.43. Tales lagunas, a las que se añade el carácter poco 
operativo de los programas, tienden a reducir el 
procedimiento de selección por parte de la unidad 
administrativa central a una simple comprobación de que 
se han seguido los criterios formales del reglamento y 
algunas prioridades muy generales. En Francia y en el 
Reino Unido no se ha hecho un análisis a fondo de la 
coherencia de los proyectos industriales con las perspecti­
vas del sector de actividad con el que se relacionan, ni 
tampoco se ha analizado con la suficiente atención el 
efecto de las ayudas sobre los operadores económicos. No 
se trata de casos aislados, ya que las mismas observacio­
nes pueden hacerse respecto a otros Estados miembros. 
Además, en el ámbito local, los servicios que gestionan los 
proyectos están a menudo poco o mal informados de los 
objetivos del Fondo y los proyectos que proponen no 
responden necesariamente a los objetivos comunitarios. 
Así, en Irlanda y en el Reino Unido las instrucciones 
transmitidas a los servicios descentralizados no hacen 
alusión al impacto sobre el desarrollo regional de las 
inversiones financiadas por el Fondo. 
7.44. El conjunto de los proyectos presentados a la 
Comisión para una posible contribución del Fondo 
refleja más bien la diversidad de los objetivos de los 
Estados miembros en materia de desarrollo regional, sin 
prestar consideración a la dimensión comunitaria en este 
campo. Por consiguiente, es fundamental que la Comi­
sión continúe sus esfuerzos para perfeccionar la defini­
ción y aplicación de sus propios criterios de selección, los 
cuales, una vez conocidos, deberían influir en las 
elecciones efectuadas a nivel nacional. 
7.45. Los informes básicos de que disponen las unidades 
administrativas centrales relativos a la evaluación apriori 
y a los resultados esperados de las inversiones son 
también demasiado parciales y poco satisfactorios. Esto 
es consecuencia de una falta de coordinación y de un 
intercambio insuficiente de información, tanto entre la 
unidad central y las autoridades regionales, como entre 
los diversos departamentos nacionales interesados. 
7.46. En materia de creación de empleo, las previsiones, 
cuando existen, se refieren únicamente al efecto directo, 
con exclusión del efecto indirecto del proyecto sobre el 
empleo. Por otra parte, las comprobaciones del Tribunal 
han revelado que, en materia de proyectos viarios en 
Francia, la evaluación de la rentabilidad prevista 
consistía a menudo en citar datos sacados de estudios 
realizados a nivel nacional. Tal método no proporciona 
los medios adecuados para evaluar la rentabilidad 
esperada de un proyecto específico. 
82 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
7.47. El Fondo ha financiado también cierto número de 
inversiones para la producción de energía hidroeléctrica 
en Francia. Se trata de operaciones de alto grado de 
intensidad en cuanto a capital que suponen solamente la 
creación de un pequeño número de puestos de trabajo 
estables y cuya contribución al desarrollo regional es 
limitada. Estas inversiones sirven principalmente para el 
abastecimiento general del país, sin que se demuestre 
claramente la importancia de su contribución al desarro­
llo regional. Para estos proyectos, como para los 
proyectos viarios, los métodos de evaluación empleados 
para seleccionar las inversiones que han de financiarse se 
basan principalmente en criterios relacionados con las 
actividades de los organismos de gestión y no tienen en 
cuenta sino de forma muy marginal el posible impacto del 
proyecto en el desarrollo regional. 
7.48. Por otro lado, debería prestarse una mayor 
atención a los casos de ayudas sucesivas otorgadas a un 
mismo beneficiario. El Tribunal ha observado de nuevo el 
caso de dos beneficiarios en Schleswig-Holstein, que han 
recibido ayudas sucesivas para la realización de proyectos 
industriales, a pesar de que las previsiones de empleo de 
los primeros proyectos no habían sido cumplidas en los 
plazos previstos y sin que se haya hecho un examen 
apropiado de los motivos que han dado lugar a tal 
situación. 
7.49. En estas circunstancias, es inevitable que la 
Comisión reciba solicitudes que no están suficientemente 
elaboradas y que a menudo se limite a aceptar las 
selecciones efectuadas por los Estados miembros. Es, 
pues, importante una mejora de los métodos y datos que 
se utilizan para evaluar las aportaciones de la ejecución de 
los proyectos al desarrollo de las regiones consideradas. 
Para la aplicación del nuevo reglamento, y a propósito de 
la selección de los proyectos, la Comisión ha aprobado 
criterios formales de evaluación apriori de los resultados. 
La puesta en práctica de estos criterios en 1985 ha tenido 
un carácter más bien experimental, que varía de un país a 
otro y cuyo cumplimiento aún queda por asegurar. 
Las decisiones globales 
7.50. Para los proyectos, tanto industriales como de 
infraestructura, localizados en una misma región, y en los 
que la cantidad invertida no alcanza los 10 millones de 
ECUS en el antiguo reglamento y 15 millones de ECUS en 
el nuevo, la ayuda del fondo es concedida en forma de 
decisiones globales. Se considera, en particular, que las 
decisiones globales introducen una mayor facilidad 
administrativa en la la gestión del Fondo, por el hecho de 
que, para ser adoptadas, no requieren más que un mínimo 
de información sobre los distintos proyectos individuales. 7.51. Por consiguiente, si los proyectos incluidos en una 
decisión global han de evaluarse de acuerdo con las 
disposiciones del artículo 21 del reglamento del FEDER, 
en la mayor parte de los casos la Comisión deberá pedir a 
los Estados miembros información adicional. El número 
considerable de decisiones globales que reciben ayuda del 
Fondo hace que tal sistema sea poco practicable. Entre 
los 2 560 proyectos de infraestructura financiados en 
1985, 2 502 estaban incluidos en decisiones globales, 
contra 58 en decisiones individuales, por un importe total 
de ayuda comparable en ambos casos. 
7.52. En cuanto a la esperada facilidad administrativa 
de las decisiones globales, hay que decir que ésta es 
frecuentemente ilusoria. De hecho, la información sobre 
los diferentes proyectos individuales que no ha sido 
proporcionada con anterioridad, debe, en la mayoría de 
los casos, suministrarse en el monento del cierre de los 
expedientes, lo que no deja de suponer retrasos en las 
operaciones de cierre. 
7.53. Sin duda se mejoraría la gestión del FEDER si se 
redujera el número de demandas globales y se financiaran 
proyectos de menor dimensión en el marco de los 
programas de interés comunitario o de los programas 
nacionales de interés comunitario previstos por las 
disposiciones en vigor. 
La ejecución de los proyectos 
El control de la ejecución por los Estados miembros 
7.54. La unidad administrativa central encargada de la 
presentación de las solicitudes de ayuda en los Estados 
miembros es también responsable del control de la 
ejecución de los proyectos subvencionados. Debe igual­
mente comprobar la validez de las solicitudes de pago 
presentadas por los servicios gestores o reunir la 
información necesaria para su preparación. 
7.55. Las indicaciones que la unidad central recibe de las 
administraciones gestoras reviste a menudo un carácter 
sumario que no responde adecuadamente a las exigencias 
del reglamento del Fondo. En la mayor parte de los casos, 
dichas indicaciones no permiten más que una simple 
comprensión de la ejecución de los proyectos, sin que sea 
posible comprobar la adecuación de las inversiones 
realizadas en relación a las previsiones. En términos 
generales no existen procedimientos sistemáticos para 
controlar la ejecución de los proyectos subvencionados y 
determinar aquéllos que experimentan retrasos en su 
realización. Éste es particularmente el caso de Francia, 
donde los informes periódicos que la unidad administrati­
va central recoge de los servicios a los que afecta la ayuda 
del FEDER permiten solamente identificar los gastos con 
derecho a reembolso del Fondo. 
ró LlDo lOiarioCOücial de las comunidades Puropeas 83 
7Bóo. La ejecución de los proyectos se retrasaamenudo 
por falta de cobertura tinancieraadecuadaani^eldel 
astado miembro. Para editar tales diticultades, los 
actuales formularios de solicitud de ayuda incluyen 
espacios que permiten conocer el plan de financiación del 
proyecto. Sin embarco, estos espacios no siempre se 
rellenan. Por otra parte, el conocimiento únicamente del 
plan de financiación puede resultar insuficiente para 
ase^uraruna buena cobertura tinanciera,particularmen 
te cuando el proyecto no está lo suficientemente 
completado para ser utilizableocuando su coste se ha 
infravalorado. f^ importante, pues, que los datos 
suministrados sean analizados atentamente por la unidad 
central del astado miembroypor la comisión. 
7.éó7. Las inspecciones lle^adasacabo por elfribunal 
han permitido constatar la aplicación, en loinamarca, en 
materia de proyectos industriales, de un sistema de 
anticipos que, con el propósito de acelerar la realización 
de las inmersiones, pone rápidamenteadisposición de los 
inversores el importe de la ayuda. Se trata de un 
procedimiento que debería ser atentamente examinado, 
ya que es susceptible de contribuirala aceleración de las 
realizaciones, ^ncuanto sedecidelaconcesióndela 
ayuda nacional, ésta es pagada en su totalidad al 
beneficiario a título de anticipo, condicionado a una 
garantía bancaria que permita, e^entualmente, la recupe^ 
racióntotaloparcialde las cantidades anticipadas en 
caso de inobservancia de las condiciones de concesión, 
incluidos los plazos. 
^.éó8. Cetras diterencias se retierenalos bastos subven 
cionablesyelPribunalhasubrayado,ensuinformeanual 
del ejercicio del983^^, la presentación por elR.eino 
llnidoatítulo de proyectos, de operaciones que son en 
realidad tramos anuales de bastos relati^osain^ersiones 
cuya realización se entiende durante un período de barios 
años. La delimitación exacta de los trabajos correspon 
dientes a estos tramos anuales no está fijada, lo que 
conduce, para los proyectos en cuestión,ano distinguir 
entre la inmersión inicialmente prevista, las modiiicacio 
nesulterioresylaaplicacíóndelascláusulasdere^isiónde 
precios, así comoane^ar al procedimiento del cierre del 
proyecto su significación fundamental. 
^.éó9. Araízdeunainspecciónenólrecia^Ppiro^,el 
Tribunal observó el caso de dos proyectos industrialesa 
cuya realización los beneficiarios habían renunciado 
desde hacía dos años, sin que las autoridades nacionales 
nilaC^omisiónhubieransidoinformadasdeello.Se puede 
comprobar que, en la práctica,afalta de petición deparo 
por parte de los beneticiaríos de las ayudas, las 
autoridades nacionales no adoptaron ninguna medida de 
inspeccióndelpro^resodelosproyectos,loquetu^o 
como consecuencia el mantener los créditos inútilmente 
comprometidos. En general, a ni^el de los astados 
miembros, deberían mejorarse los procedimientos de 
control del progreso de los proyectos, tanto más cuanto 
que ciertos proyectos se benefician depares acelerados 
cuyarecuperación,enausencia de tal control, puede^erse 
considerablemente retrasada. 
^0. Aceces de promueven in^ersionesapesar de que 
sus perspectivas de utilización, pasado el período inicial de e^aluación,sehayan reducido eneran medida Pn 
Tesalia se han realizado importantes proyectos de 
desarrollo delpuertodeVolos,con^istasaunenlace 
^trenderry^ con Siria, que había sido objeto de un 
acuerdo inter^ubernamental. La realización de uno de los 
proyectos examinados por el Tribunal se inicióalinales 
de 1983, cuando no se habían fijado las condiciones 
jurídicas para la puesta en práctica del acuerdo ínterin 
bernamental, sinque ello diera lu^aralare^isióndel 
proyecto. 
7.rol. ^de fundamental importancia que la ejecución 
de los proyectos sea controlada por la CAomisiónyen este 
campo debería progresarse aún más. La comisión 
debería esforzarseporintroducirunamayoruniformidad 
y eliminar las brandes diterencias que existen entre los 
Pstadosmíembrosenlascondicionesde realización de los 
proyectos. Las diferencias que existen en materia de 
pa^osaceleradosyahansidosubrayadasenlosapartados 
71^^71^ 
7.^. La comisión debería reforzar su sistema de 
control de proyectosafin de que, en los casos en que los 
retrasos constatados en la ejecución financiera de los 
proyectos sean debidosacausas poco justificadas, tales 
como la prolongación e^cesi^a de los plazos de ejecución 
omodítlcacionesimportantesenlosproyectossub^encio 
nados, esté en condiciones de reafectar los fondos a 
nuevos proyectos cuya realización suponga una bestión 
mejor de los recursos del Pondo. 
7.0B3. P^ace barios años se iniciaron estudios y otros 
trabajos para la puesta en práctica de una bestión 
informati^ada de las intervenciones del Fondo, pero los 
resultados obtenidos no son todavía suficientemente 
operativos. Pl tratamiento informático se presenta 
prácticamente como el único medio de asegurar las 
condiciones indispensables para una bestión rápida y 
actualizada de los datos relati^osaun número creciente 
deproyectos,particularmenteenloqueserefiereasu 
estado de tananciaciónyde realización.La necesidad del 
tratamiento informático se ha acrecentado como conse 
cuencia de la entrada en ^or del nue^o reglamento del 
Prendo, que di^ersitica los tipos de intervenciones, 
aumenta las responsabilidades de la comisión en la 
coordinación de las ayudasyprecisa las normas que hay 
que aplicar en el caso de que los proyectos no sean 
realizados. 
7.ó^P Afalta de un método informático apropiado para 
eltratamientorápidodelainformacióndisponible, la 
actividad de los servicios gestores corre el riesgo de ser 
absorbida por las tareas de registro de datos y de 
redacción de informes más que por una labor de análisis 
cualitativo. 
84 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
El control de las realizaciones 
y la evaluación de los resultados 
El control de la realización de los proyectos 
7.65. Todos los Estados miembros utilizan sistemas 
tradicionales para controlar la realización de las inversio­
nes, tanto en materia de proyectos industriales como de 
infraestructura. Sin embargo, estos sistemas no están 
diseñados para responder a las necesidades particulares 
del FEDER y el control in situ sobre documentos por 
parte de los organismos comunitarios es indispensable 
para asegurar que los proyectos han sido realizados de 
manera correcta. 
7.66. La inversión puede sufrir cambios en el curso de la 
ejecución, particularmente por razones de innovación 
tecnológica o para responder a nuevas orientaciones de 
mercado. En la mayoría de los Estados miembros, los 
servicios gestores de la ayuda no proceden, sin embargo, a 
un examen preciso de si tales cambios son o no 
procedentes. Éstos son aceptados frecuentemente a 
posteriora o incluso de manera tácita, sin un verdadero 
examen de su justificación. 
7.67. En materia, sobre todo, de puestos de trabajo 
creados o mantenidos gracias a la realización de los 
proyectos industriales, los datos suministrados por los 
Estados miembros son, a menudo, poco satisfactorios. 
Las disposiciones nacionales no siempre prevén el control 
del cumplimiento de las previsiones de empleo y, en caso 
de que lo hagan, el control no se efectúa sino con vistas a 
la Comunidad. Ésa era la situación de Irlanda y el Reino 
Unido; sin embargo, por lo que se refiere a este segundo 
país, en 1985 entraron en vigor nuevas disposiciones que 
prevén un control nacional del número de puestos de 
trabajo creados o mantenidos. 
7.68. Por otra parte, el Tribunal ha observado que en 
Dinamarca y en la República Federal de Alemania los 
documentos en materia de empleo de que disponen los 
servicios de gestión de las ayudas consisten, fundamental­
mente, en declaraciones hechas por los beneficiarios de la 
contribución y aceptadas como tales. En Dinamarca se 
reveló incluso que los documentos que habían de ser 
presentados a los servicios nacionales de gestión de las 
ayudas consistían únicamente en certificados de carácter 
financiero, sin que se hubiera pedido información sobre 
los puestos de trabajo generados ni siquiera sobre la 
localización de las infraestructuras del proyecto. 
7.69. Un aspecto específico del control de la creación de 
empleo es el del carácter estable de dicho empleo. En 
varios países esta estabilidad se evalúa en base a un 
período de cinco años a partir de la finalización de la 
realización del proyecto. En el Reino Unido las nuevas 
disposiciones en vigor en 1985 preveían únicamente una 
duración de 18 meses y tales diferencias en la puesta en 
práctica del fondo deben ser evitadas. 7.70. A nivel de los Estados miembros y, por tanto, a 
nivel de la Comisión, se dispone de pocos datos de 
conjunto (sectores, regiones, duración) relativos a los 
puestos de trabajo realmente creados por los proyectos 
industriales. Incluso cuando se dispone de datos parcia­
les, no se hace uso de ellos con vistas a una evalución 
global de los resultados. Esta omisión priva a los 
organismos gestores de la ayuda de elementos de 
información útiles en cuanto a la eficacia de su acción, los 
cuales permitirían también orientar mejor la selección de 
nuevos proyectos. 
Evaluación de los resultados obtenidos en materia de 
desarrollo regional 
7.71. Solamente en unos pocos países se ha intentado 
evaluar el impacto de las acciones desde el punto de vista 
del cumplimiento de los objetivos del programa de 
desarrollo regional. En la República Federal de Alemania 
el problema está siendo estudiado especialmente en 
relación con la elaboración de los programas sucesivos. 
En muchos otros Estados miembros los intentos en este 
sentido se encuentran todavía en un estado preliminar e 
informal. 
7.72. A nivel comunitario, el antiguo reglamento del 
Fondo preveía la presentación por los Estados miembros, 
antes del 1 de octubre de cada año, de un resumen 
estadístico que describiera los fondos invertidos y los 
resultados obtenidos en el marco del FEDER durante el 
ejercicio precedente. Esta obligación no ha sido cumplida 
sino parcialmente. En marzo de 1986 la Comisión 
solamente había recibido los resúmenes estadísticos 
relativos al año 1984 de cinco Estados miembros 
(Dinamarca, República Federal de Alemania, Italia, 
Luxemburgo y los Países Bajos). Irlanda había suminis­
trado informaciones provisionales. Francia no había 
presentado ningún resumen estadístico de los años 
posteriores a 1981. Bélgica y el Reino Unido habían 
presentado datos parciales relativos a 1983 y Grecia no 
había enviado el resumen de 1984. En cuanto al contenido 
de los resúmenes, el Tribunal ha subrayado en sus 
informes anteriores (n) el carácter heterogéneo e incom­
pleto que los hace inadecuados para establecer compara­
ciones entre Estados miembros o, incluso, para evaluar 
los resultados en un país o en una región determinados. 
7.73. En cuanto al nuevo reglamento del Fondo, está 
previsto, en su artículo 2, apartado 3(b), la presentación a 
la Comisión, con efecto a partir del final de 1985, de un 
informe sobre la ejecución de los programas de desarrollo 
regional. La República Federal de Alemania y Dina­
marca presentaron su informe anual en enero y marzo de 
1986 respectivamente, y también en marzo de 1986, el 
Reino Unido presentó un documento provisional. Los 
informes de los otros países se esperaban para más 
adelante. 
7.74. En su informe periódico sobre la situación de las 
regiones, la Comisión examina la situación y el desarrollo 
de las regiones de los Estados miembros. Se trata, no 
obstante, de un informe general que no permite establecer 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 85 
la relación que pudiera existir entre el desarrollo 
observado y las intervenciones del Fondo. Tal relación es, 
en todo caso, difícil de evaluar por falta de información 
disponible en los Estados miembros. 7.76. Para evitar el debilitamiento del impacto de las 
intervenciones es indispensable una mejor definición de 
los métodos de evaluación y selección de los proyectos, así 
como del control de su ejecución, que permita asegurar el 
cumplimiento de las condiciones y las finalidades de la 
actividad del FEDER. 
OBSERVACIÓN GENERAL 
7.75. El conjunto de las observaciones realizadas 
referidas a la gestión del Fondo, tanto a nivel nacional 
como comunitario, pone de relieve la necesidad de definir 
mejor los elementos esenciales que deben caracterizar la 
intervención comunitaria. 7.77. Por otra parte, a falta de métodos adecuados y de 
estadísticas fiables para una evaluación socio-económica 
aposteriori de los efectos de las políticas aplicadas y para 
el análisis de su impacto regional, resulta todavía difícil 
hacer una valoración de la utilización adecuada de los 
recursos comunitarios diez años después de la creación 
del Fondo. 
O 
(2) 
(3) 
(4) DO L 73 de 21.3.1975, p. 1, modificado por los reglamentos 
del Consejo (CEE) n° 214/79 de 6.2.1979 (DO L 35 de 
9.2.1979, p. 1) y n° 3325/80 de 16.12.1980 (DO L 349 de 
23.12.1980, p. 10). 
DO L 169 de 28.6.1984, p. 1, modificado por los reglamentos 
del Consejo (CEE) n° 3634/85 de 17.12.1985 y n° 3641/85 de 
20.12.1985 (DO L 350 de 27.12.1985, pp. 6 y 40). 
DOC 262 de 20.10.1986. 
Apartado 1.10 del Informe Anual relativo al ejercicio 1979 
(DO C 342 de 31.12.1980) y apartado 1.14 del Informe 
relativo al ejercicio 1980 (DO C 344 de 31.12.1981). (5) Apartado 7.8 del Informe Anual relativo al ejercicio 1979 
(DOC 342 de 31.12.1980). 
(6) DO C 326 de 16.12.1985, apartados 7.10 — 7.15. 
(i) DO C 348 de 31.12.1984, apartados 7.11 — 7.16. 
(8) DOC 69 de 24.3.1976, p. 2. 
(9) DO L 143 de 12.6.1979, p. 9. 
(10) DO C 348 de 31.12.1984, apartados 7.31 — 7.33. 
(n) Apartados 7.23 del Informe Anual relativo al ejercicio de 
1983 (DO C 348 de 31.12.1984) y apartado 7.27 del Informe 
relativo al ejercicio de 1980 (DO C 344 de 31.12.1981). 
86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
CAPITULO 8 
Ámbito Social 
8.0. ÍNDICE DE MATERIAS 
Introducción 
Resumen de la información financiera general 
Título 6 
Fondo Social Europeo 
Observaciones sobre la gestión del Fondo Social Europeo que entró en vigor 
el 23 de octubre de 1983 
Breve presentación del nuevo Fondo 
Segundo acuerdo de aprobación de 23 de diciembre de 1985 
Acuerdos de aprobación individuales 
Primeras conclusiones 
Observaciones sobre la liquidación del antiguo Fondo Social Europeo 
Expedientes pendientes de cierre 
Expedientes anteriores a 1980 tovadía no cerrados a 1 de enero de 1985 
Peticiones de pago de saldo en suspenso en fecha 1 de enero de 1985 y 
relativas a los compromisos posteriores a 1 de enero de 1980 
Proyectos controlados in situ por el Tribunal 
Mejora de la gestión 8.1 
8.2 
8.2 
8.3 
8.9 
8.9 
8.12 
8.15 
8.17 
8.18 
8.19 
8.20 
8.25 
8.27 — 8.8 
— 8.8 
— 8.17 
— 8.11 
— 8.14 
— 8.16 
— 8.36 
— 8.26 
— 8.24 
— 8.26 
— 8.36 
8.37 — 8.41 
INTRODUCCIÓN Fondo Social Europeo 
8.1. El Título 6 de la Parte B de la Sección III 
«Comisión» del Presupuesto General recoge los créditos 
de intervención en el ámbito social. Los capítulos 60 y 61 
recogen los créditos afectados al Fondo Social Europeo 
(FSE), que constituyen la mayor parte de la financiación 
de las actividades sociales de la Comunidad. 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA GENERAL 
Título 6 8.3. El cuadro 8.2 indica los créditos disponibles y su 
evolución en lo que se refiere a las actividades del FSE. 
8.4. El importe de los créditos de compromiso disponi­
bles se elevó a 2 536,3 millones de ECUS; el total de los 
compromisos contraídos fue de 2 188,5 millones de 
ECUS, el nivel de utilización llegó al 86% (92% en 
1984) 0). 
8.5. Los compromisos pendientes de liquidar a princi­
pios de 1985 totalizaban 2 519,5 millones de ECUS; de 
este importe fueron pagados 380,3 millones de ECUS 
(15 %) (29 % en 1984), de los que 358,6 millones de ECUS 
lo fueron a cargo del antiguo Fondo (!) y 105 millones de 
ECUS fueron anulados. A 31 de diciembre de 1985 estos 
8.2. El cuadro 8.1 muestra los créditos disponibles en 
1985 y su utilización para el conjunto del Título 6. 0 Las notas aparecen al final del capítulo. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 87 
Cuadro 8.1 — Ámbito social: créditos disponibles en 1985 y su utilización 
(millones de ECUS) 
Línea presupuestaria 
Capítulo 60: 
Acciones generales: 
— Jóvenes de menos de 25 años, 
regiones desfavorecidas (6000) 
— Jóvenes de menos de 25 años, 
otras regiones (6001) 
— Personas de más de 25 años, 
regiones desfavorecidas (6010) 
— Personas de más de 25 años, 
otras regiones (6011) 
Acciones comprometidas antes de 1984: 
— Antiguo Capítulo 60 (607) 
— Antiguo Capítulo 61 (608) 
— Antiguo Capítulo 62 (609) 
Capítulo 61: 
Acciones específicas (610) 
Total Capítulos 60 a 61 
(Fondo Social) 
Capítulo 63: 
Gastos relativos a educación y formación 
profesional 
Capítulo 64: 
Gastos procedentes del ámbito social 
Capítulo 65: 
Contribución a la CECA a título de medidas 
sociales en relación con la reestructuración de 
los sectores del carbón y del acero 
Capítulo 66: 
Gastos relativos a la protección del medio 
ambiente y de los consumidores 
Capítulo 67: 
Gastos en el sector cultural y Fundación 
Europea 
Capítulo 69: 
Ayuda a las poblaciones comunitarias víctimas 
de catástrofes 
Total Capítulos 63 a 69 
Total Título 6 
(Ámbito social) Compromisos 
Créditos para 
compromisos 
disponibles 
en 1985 Compromisos 
contraídos 
en 1985 
2 459,9 2 115,7 
753,9 646,5 
1 089,2 996,9 
247,6 184,4 
309,5 287,8 
14.7 0,1 
44.8 0,0 
0,2 — 
76,4 72,8 
2 536,3 2 188,5 
17.7 17,7 
24,6 23,3 
122,5 — 
26,6 19,7 
2,6 2,6 
36.8 31,7 
230,8 95,0 
2 767,1 2 283,5 Pagos 
Créditos 
para pagos 
disponibles 
en 1985 Pagos 
efectuados 
en 1985 
1 477,0 1 388,0 
326,7 325,4 
508,3 502,6 
83,3 81,5 
142,3 119,9 
204,1 154,6 
210,3 203,0 
2,0 1,0 
28,5 25,0 
1 505,5 1 413,0 
23.8 16,5 
30.9 18,1 
122.5 — 
26,8 11,0 
3,3 2,1 
39,3 30,0 
246.6 77,7 
1 752,1 1 490,7 
compromisos totalizaban 2 832,2 millones de ECUS. De 8.6. Los compromisos del ejercicio 1976 pendientes de 
esta cantidad el 30 % correspondía a Italia, el 26 % al liquidar a principios del ejercicio 1985 fueron pagados o 
Reino Unido y el 15 % a Francia. La parte del antiguo anulados; los de los ejercicios posteriores no han sido 
Fondo se elevaba a 1 022,9 millones de ECUS ('). liquidados aún. 
88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 8.2 — Fondo Social: evolución de los créditos de 
compromiso y de los créditos de pago 
(millones de ECUS) 
Naturaleza de los créditos 
Presupuesto inicial de 1985 
Créditos subsistentes de 1984 
antiguo Fondo 
Créditos prorrogados de 1984 
Créditos procedentes de importes 
descomprometidos sobre com­
promisos de 1984: 
antes de diciembre 
en diciembre 
Créditos procedentes de la reva­
luación sobre los compromisos 
pendientes de liquidación 
Transferencia de créditos 
Total de los créditos definitivos Créditos 
de compro­
miso 
2 010 
168,4 
59,7 
35,1 
239,7 
23,4 
2 536,3 Créditos 
de 
pago 
1 410 
95,5 
1 505,5 
8.7. En 1985, las recuperaciones de anticipos pagados 
en exceso respecto a la ayuda realmente debida se 
elevaron a 48 millones de ECUS, de los que 9 millones de 
ECUS correspondían a la República Federal de Alema­
nia, 26 millones de ECUS a Francia, 8 millones de ECUS 
a Italia y 2 millones de ECUS al Reino Unido. 
8.8. Las recuperaciones de 48 millones de ECUS tienen 
su origen en el exceso pagado a título de anticipos y su 
importe se determina al examinar las peticiones de saldo. 
La Comisión suele hacer compensaciones — en el caso de 
un mismo promotor que se beneficia de ayudas sucesivas 
— entre recuperación y nueva ayuda. Sin embargo, esta 
práctica debe limitarse estrictamente al ámbito de 
tesorería y debe desglosarse, en la contabilidad, entre 
ingresos y gastos presupuestarios. 
OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN 
DEL FONDO SOCIAL EUROPEO QUE 
ENTRÓ EN VIGOR EL 23 DE OCTUBRE 
DE 1983 
Breve presentación del nuevo Fondo 
8.9. La decisión 83/516/CEE del Consejo de 17 de 
octubre de 1983 (2) redefinió las misiones del FSE y fue 
desarrollada por el Reglamento (CEE) n° 2950/83 del 
Consejo de 17 de octubre de 1983 (3). Estos textos 
constituyen la base de la política comunitaria en este 
campo. En su decisión 83/673/CEE de 22 de diciembre de 
1983 (4), la Comisión precisa los procedimientos de 
gestión del Fondo. Estas disposiciones fijan particular­
mente : (a) las condiciones de admisibilidad relativas al modo de 
presentación, por parte de los Estados miembros, de 
las solicitudes de ayuda y de pago; 
(b) las condiciones de subvencionabilidad relativas a las 
categorías de beneficiarios, tipos de acciones y 
naturaleza de los gastos. 
8.10. La Comisión (5), previa consulta con los Estados 
miembros, define al comienzo de cada ejercicio las 
orientaciones de la política anual. Para 1985, la Comisión 
ha previsto igualmente criterios de reducción ponderada 
en función de las diferentes condiciones sociales naciona­
les. En este marco la Comisión establece las reglas de 
prioridad a las que va a ajustarse y que deben permitir a 
los Estados miembros seleccionar los proyectos que se 
han de presentar. 
8.11. En virtud del artículo 4, apartado 2, del Regla­
mento (CEE) n° 2950/83, la Comisión debe tomar su o sus 
acuerdos de aprobación antes del 31 de marzo del 
ejercicio correspondiente. Inmediatamente después de la 
aprobación, los beneficiarios tienen derecho a un anticipo 
automático del 50 % de la ayuda concedida. El saldo no se 
liquida sino tras la presentación de una solicitud dentro 
de los 10 meses siguientes a la terminación de la operación 
y, como plazo máximo, antes del 31 de octubre del 
ejercicio siguiente. Esta solicitud debe estar acompañada 
de un certificado del Estado miembro (certificador) 
relativo a la validez real y contable de la operación (6). Si 
el anticipo concedido resulta ser demasiado elevado, la 
Comisión procede a la recuperación de lo pagado en 
exceso. 
Segundo acuerdo de aprobación de 23 de 
diciembre de 1985 
8.12. Durante el ejercicio 1985 la Comisión tomó 2 
acuerdos relativos a la intervención del FSE para 
financiar proyectos presentados por los Estados miem­
bros. El acuerdo de aprobación de 19 de junio de 1985 se 
refirió a 4 785 solicitudes de ayuda y se llegó a un 
compromiso global de 2 091 millones de ECUS (7) para 
3 600 de dichas solicitudes. El acuerdo de 23 de diciembre 
consistió en aumentar, por un importe de 118 millones de 
ECUS (8), 530 de las solicitudes aprobadas el 19 de junio, 
después de un nuevo cálculo del conjunto de los créditos 
de compromiso disponibles el 30 de noviembre de 1985. 
8.13. El Tribunal de Cuentas pone en duda la eficacia de 
tal medida. En efecto: 
(a) debido al retraso en la adopción de este acuerdo, el 
mismo careció de efecto incentivador, especialmente 
debido a que los pagos de anticipos automáticos, 
derivados del acuerdo de aprobación conforme al 
artículo 5, apartado 1 del Reglamento (CEE) n° 2950/ 
83, no se pudieron efectuar hasta principios de 
1986H; Presupuesto inicial de 1985 
Créditos subsistentes de 1984 
antiguo Fondo 
Créditos prorrogados de 1984 
Créditos procedentes de importes 
descomprometidos sobre com­
promisos de 1984: 
antes de diciembre 
en diciembre 
Créditos procedentes de la reva­
luación sobre los compromisos 
pendientes de liquidación 
Transferencia de créditos 
Total de los créditos definitivos 2 010 
168,4 
59,7 
35,1 
239,7 
23,4 
2 536,3 1 410 
95,5 
1 505,5 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 89 
(b) este acuerdo sobre un importe relativamente reducido 
supuso, a pesar de no referirse a nuevas solicitudes, un 
considerable trabajo administrativo para la elección 
de las solicitudes aprobadas que habían de aumentar­
se, la consulta a los Estados miembros, la nueva 
reducción a aplicar, la información y la contabiliza-
ción; además, este trabajo administrativo interfiere 
con el examen de las solicitudes de ayuda relativas al 
ejercicio 1986 (10) y de las solicitudes de saldo relativas 
a las operaciones aprobadas en 1984 (''), que merecen 
un tratamiento prioritario. 
8.14. Estas consideraciones no hacen sino replantear el 
problema de la fecha del acuerdo de aprobación. Con el 
actual sistema, la Comisión corre el riesgo de verse 
obligada a tomar un segundo acuerdo si quiere utilizar 
prácticamente en su totalidad los créditos de compromiso 
que han quedado disponibles durante el ejercicio. Sería 
mejor que se adoptara un único acuerdo en una fecha más 
próxima a aquella en que los organismos beneficiarios 
establecen los planes definitivos de las actividades objeto 
de solicitud de ayuda del Fondo, o bien en cuanto se 
conozca el importe de los créditos disponibles. Los efectos 
positivos de esta medida serían los siguientes: 
(a) los organismos sabrían en un momento más oportuno 
— a menudo antes de la fecha del comienzo de la 
actividad subvencionada — qué peticiones de ayuda 
han sido aceptadas por la Comisión. Ello serviría de 
estímulo para presentar proyectos más dignos de 
consideración y el efecto financiero del régimen de 
anticipos se vería reforzado; 
(b) se reduciría de forma efectiva la desafectación de los 
compromisos de créditos; 
(c) la Comisión estaría en condiciones de organizar de 
manera más eficaz la evaluación de las solicitudes de 
ayuda, evitando la superposición de los períodos de 
evaluación de los distintos tipos de solicitudes. 
Acuerdos de aprobación individuales 
8.15. De un total de 3 600 solicitudes aprobadas, 420 
fueron examinadas por el Tribunal, en base a las 
informaciones, especialmente numéricas, contenidas en 
los expedientes, desde el punto de vista de la admisibili­
dad, subvencionabilidad y prioridad de las correspon­
dientes solicitudes de ayuda y también desde el punto de 
vista de la toma en consideración de estos elementos por 
parte de los departamentos competentes en el momento 
de la evaluación de estas solicitudes. 
8.16. De este examen se desprenden las siguientes 
observaciones: (a) en el caso de 8 solicitudes aprobadas, los gastos 
provisionales total o parcialmente no subvenciona-
bles corresponden a un importe aprobado de 1,8 
millones de ECUS. En el caso de otras 8 solicitudes 
por un importe aprobado de 28,4 millones de ECUS, 
el Tribunal ha observado que las pruebas por las que 
se establecía la prioridad requerida eran insuficientes; 
(b) tal como ocurrió en el ejercicio 1984, numerosos 
acuerdos de aprobación individuales (50 % de los 
casos examinados) se basaron en informaciones, 
contenidas en el formulario ad hoc de peticiones de 
ayuda, que se revelaron insuficientes, particularmen­
te en lo que se refiere a la duración de la formación, la 
adecuación a las orientaciones respectivas, las 
perspectivas de empleo y los métodos de cálculo de 
gastos. Ello plantea, según los casos, el problema de la 
admisibilidad, la subvencionabilidad o la prioridad 
de las solicitudes de ayuda aprobadas. Por otra parte, 
las solicitudes que indican de forma precisa los 
métodos de cálculo son objeto de un trato distinto; en 
los casos en que se proporciona esta información es 
fácil eliminar los importes no subvencionables, 
mientras que las solicitudes que no incluyen tales 
precisiones eluden, hasta cierto punto, este examen; 
(c) la falta de precisión de algunas reglas hace surgir la 
duda acerca de la subvencionabilidad o la prioridad 
de ciertas acciones objeto de solicitud de ayuda del 
Fondo. Por ejemplo, es dudosa la prioridad de ciertas 
acciones de formación profesional cuyo fin es facilitar 
la introducción de nuevas tecnologías, ya que, en las 
orientaciones correspondientes, la Comisión no ha 
determinado de una manera clara el papel de las 
nuevas tecnologías en las acciones en cuestión; 
(d) la Comisión ha tenido en cuenta, de forma desigual, 
las informaciones adicionales presentadas por los 
Estados miembros. En diversos casos ha aceptado 
tales informaciones adicionales, aprobando a veces 
solicitudes o parte de solicitudes que había rechazado 
inicialmente (16 casos). En otros casos no ha tenido 
en cuenta estas informaciones y ha mantenido, sin 
razón aparente, su decisión inicial de rechazo, o bien 
ha aplicado, de forma no motivada, tasas de 
participación que a veces eran distintas de las 
propuestas por el Estado miembro (9 casos). 
Primeras conclusiones 
8.17. En lo que se refiere a la aplicación del nuevo 
Fondo, la imprecisión de ciertas reglas que determinan la 
subvencionabilidad y la prioridad de los proyectos 
presentados a la Comisión y, por otra parte, el escaso 
rigor en los procedimientos de evaluación de las 
solicitudes de ayuda, revelan una falta de definición clara 
de los objetivos comunitarios y de las medidas necesarias 
90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
para alcanzar dichos objetivos. Estas primeras observa­
ciones acerca de las solicitudes presentadas por los 
Estados miembros y su examen por parte de la Comisión 
no hacen prever una simplificación real de los procedi­
mientos, lo cual constituía uno de los principales 
objetivos del nuevo Fondo. El nuevo Fondo tiende a 
perpetuar las mismas deficiencias fundamentales inheren­
tes al antiguo Fondo, que fueron descritas en el informe 
del Tribunal elaborado de conformidad con las conclu­
siones del Consejo Europeo de 18 junio de 1983 (12). 
OBSERVACIONES SOBRE LA 
LIQUIDACIÓN DEL ANTIGUO FONDO 
SOCIAL EUROPEO 
8.18. El Tribunal prestó particular atención a los 
expedientes del antiguo Fondo que quedaban pendientes 
de liquidación a principios del ejercicio de 1985. 
Expedientes pendientes de cierre 
8.19. A 1 de enero de 1985, 76 compromisos anteriores 
al 1 de enero de 1980, por un equivalente de aproximada­
mente 30 millones de ECUS, estaban aún abiertos, de los 
cuales 16 eran relativos a estudios o experiencias piloto. 
Estos 76 compromisos se referían a 57 expedientes que 
habían sido aprobados por el FSE con anterioridad al 1 
de enero de 1980. Por lo que respecta a los compromisos 
anteriores al 1 de enero de 1980, unas 300 peticiones de 
saldo, por un importe de aproximadamente 90 millones 
de ECUS, estaban todavía pendientes de resolución a 
principios del ejercicio de 1985, a pesar de que habían sido 
recibidas por la Comisión antes del 30 de junio de 1984. 
Expedientes anteriores a 1980 todavía no cerrados 
a 1 de enero de 1985 
8.20. Se observó que el 40 % de los expedientes que no 
habían sido saldados a 1 de enero de 1985 no habían sido 
objeto de petición de saldo a su debido tiempo, ni de 
justificación de los anticipos recibidos. Estos expedientes 
se referían a operaciones que se suponía terminadas en los 
años 1979, 1980 y 1981 y, en todos los casos, la Comisión 
ha esperado más de 2 años antes de pedir, en los casos en 
que efectivamente lo hizo, justificantes de los anticipos 
pagados. 
8.21. Durante el ejercicio 1985 se cerraron 26 compro­
misos, por un equivalente de 10,75 millones de ECUS, 
anteriores al 1 de enero de 1980, de los que solamente 1 fue 
cerrado por pago de saldo (18 100 ECUS). En los demás 
se procedió a la anulación o, eventualmente, a la 
recuperación de los pagos efectuados. 
8.22. En lo que se refiere a 7 expedientes cerrados en 
1985 que dieron lugar a la recuperación de los anticipos 
pagados indebidamente, el tiempo que transcurrió entre el pago de los anticipos y su recuperación fue de 5 años y 3 
meses por término medio. En un caso, el organismo 
beneficiario, después de haber preguntado en varias 
ocasiones a la Comisión sobre el modo de reembolsar un 
importe percibido indebidamente, decidió, después de 
una espera de 1 año, enviar los fondos por transferencia 
bancaria (cuyo origen la Comisión no pudo identificar 
sino hasta 3 años después). 
8.23. Seis expedientes que habían sido objeto de una 
inspección in situ por parte de la Comisión, fueron 
cerrados en 1985, es decir, tres años y nueve meses por 
término medio después del control. Uno de los expedien­
tes, saldado a finales de 1985, había sido objeto de una 
detallada inspección in situ en junio de 1978. 
8.24. Las anulaciones de compromisos relativas a 
algunos de estos expedientes, efectuadas en 1985, se 
realizaron, por término medio, 5 años y 9 meses después 
del compromiso inicial. El examen mostró además que 
una décima parte de los compromisos todavía abiertos a 
31 de diciembre de 1985 habría podido ser saldada en 
1985, e incluso en 1984 o 1983. Tres anulaciones de 
compromisos efectuadas en 1985 provenían de operacio­
nes que ni siquiera habían sido comenzadas y cuya falta 
de ejecución había sido puesta en conocimiento de la 
Comisionen 1980 o 1981. 
Peticiones de pago de saldo en suspenso en fecha 1 de 
enero de 1985 y relativas a los compromisos posteriores 
al 1 de enero de 1980 
8.25. En lo que se refiere a los compromisos posteriores 
al 1 de enero de 1980, el examen de 300 peticiones de saldo 
presentadas antes del 30 de junio de 1984 reveló que los 
retrasos superiores a 6 meses entre la fecha de recepción 
de las peticiones de saldo y la fecha de ejecución no 
siempre están justificados por la necesidad de obtener 
documentos o información adicionales o de efectuar 
visitas in situ. 
8.26. Se observó que: 
(a) en 43 casos, el pago del saldo se efectuó con un retraso 
superior a 6 meses después de la fecha de recepción de 
la petición, sin que se pueda encontrar explicación 
alguna a este retraso. Para 22 de estos expedientes, el 
retraso fue superior a 12 meses y para otros 3 llegó a 
alcanzar 20 meses; 
(b) en 18 casos, a pesar de que la Comisión había 
obtenido la necesaria información adicional o había 
llevado a cabo una inspección in situ, han tenido que 
transcurrir más de 6 meses para que se efectuara el 
pago; 
(c) en lo que se refiere a los expedientes que no habían 
sido saldados en el momento de efectuarse el control 
por parte del Tribunal, la Comisión había recibido, 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 91 
para 59 de ellos, solicitud de pago del saldo — u 
obtenido la información adicional — desde hacía más 
de 6 meses, sin que nada se hubiera hecho por 
saldarlos; en 42 de estos casos el retraso sobrepasó los 
12 meses. 
Proyectos controlados «in situ » por el 
Tribunal 
8.27. Durante un control in situ en Francia se descubrió 
que un promotor no había mencionado en su informe de 
ejecución derechos de inscripción pagados por los 
aprendices. La toma en consideración de esos ingresos 
debería normalmente suponer una reducción de 2/3 del 
importe de la ayuda del FSE. 
8.28. Durante la misma inspección se pudo comprobar 
que los criterios por los que la formación profesional para 
mujeres era subvencionable, en trabajos en los que éstas 
están poco representadas o en el caso de nuevas 
profesiones, no se basaban en ninguna definición precisa, 
lo que motivó que se concedieran ayudas que no estaban 
expresamente respaldadas por el texto de la orientación. 
8.29. En 3 expedientes importantes del mismo país y 
representativos de los métodos utilizados en relación con 
el Fondo, se observó que: 
(a) las accciones de formación a cargo del FSE no 
correspondían más que a partes no identificables de 
los programas nacionales; 
(b) la petición de saldo no se basaba en datos reales sino 
en previsiones; 
(c) la ejecución de los contratos de formación no 
correspondía a los períodos cubiertos por el acuerdo 
de aprobación. 
8.30. En 2 casos, en Francia y en Italia, se descubrió que 
las cuentas finales del beneficiario no habían sido 
controladas por el certificador antes de ser enviadas a la 
Comisión. En uno de los casos, el examen in situ del 
expediente reveló gastos no subvencionables; además, la 
realización del proyecto presentaba diferencias importan­
tes en relación a lo que había sido acordado o afirmado en 
el informe de realización. 
8.31. En otro caso, en Italia, se descubrió que la 
inspección del certificador no había sido terminada en el 
momento del envío a la Comisión de la petición de saldo. 
El importe de la ayuda, determinada como resultado de 
los controles efectuados por el certificador posteriores a la presentación de la petición de saldo e, incluso, posteriores 
al pago del saldo, se reveló 113 110,81 ECUS (13) inferior 
al importe pagado por la Comisión. 
8.32. En 2 expedientes italianos relativos a las medidas 
de ayuda al empleo de los jóvenes, previstas por el 
Reglamento (CEE) n° 3039/78 del Consejo de 18 de 
diciembre de 1978 (l4), se observó que algunos beneficia­
rios no estaban «en situación de desempleo o inscritos 
como demandantes de empleo» antes de ser contratados, 
tal como lo estipula el reglamento, sino que ya estaban 
empleados en otra actividad en el momento de su 
contratación. Además, los documentos disponibles no 
permiten comprobar la situación de empleo de otros 
beneficiarios antes de su contratación. 
8.33. Durante un control en Italia en una empresa textil 
que acababa de ser comprada por una sociedad mayor, se 
observó que el coste por hora de la formación dada por la 
sociedad matriz había sido imputado por un importe 4 
veces mayor al observado en otras empresas del mismo 
sector en las que la formación había sido impartida por el 
personal de la empresa misma. 
8.34. En conjunto, los controles in situ de los proyectos 
mostraron que la certificación de las peticiones de saldo 
no siempre era fiable. Esta falta de Habilidad de la 
certificación es atribuible a la ausencia de controles 
previos por parte del certificador o a controles incomple­
tos, así como al hecho de que el certificador no tuviera en 
cuenta los criterios de subvencionabilidad establecidos 
por los reglamentos del FSE. Convendría que la cuestión 
de la certificación fuera examinada con todo detalle por la 
Comisión y que en los formularios de solicitudes de pago 
se precisara la naturaleza de los controles efectuados 
antes de la certificación, su contenido, sus autores y sus 
conclusiones. 
8.35. La existencia de expedientes anteriores a 1980 no 
cerrados a 1 de enero de 1985, así como los plazos 
excesivamente largos para la evaluación de ciertas 
peticiones de saldo, se debieron esencialmente al hecho de 
que la Comisión no siguiera la evolución de los 
expedientes. Esta deficiencia proviene no sólo de 
frecuentes cambios de administrador, sino también de la 
falta de planificación y de un sistema que organice el 
seguimiento, fase a fase, de la evolución de los expedien­
tes, tanto en términos de gestión en general como de 
gestión financiera en particular. 
8.36. El Tribunal ha observado que una docena de 
expedientes anteriores a 1980 no cerrados a 1 de enero de 
1985, que pidió consultar, se encontraba ya clasificada en 
los archivos de expedientes definitivamente cerrados. 
92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
MEJORA DE LA GESTIÓN 8.39. Deberían fijarse reglas internas en cuanto a los 
plazos para la evaluación y seguimiento de las solicitudes 
de saldo. 
8.37. La expiración del plazo de caducidad de las 
peticiones de saldo debería dar lugar a una exigencia 
sistemática de justificación de todos los anticipos 
abonados. 
8.38. Las peticiones formuladas por la Comisión, 
particularmente en lo que se refiere a la presentación de 
documentos justificativos o de información adicional, 
tanto durante un control como durante la evaluación de 
un expediente, deberían ir acompañadas de un plazo de 
respuesta claramente definido y de una indicación de los 
procedimientos a seguir en caso de que el plazo no se 
respetara. 8.40. La evaluación del expediente debería incluir un 
examen de conjunto que permitiera plantear al promotor 
de una sola vez todas las cuestiones necesarias para el 
cierre del expediente. 
8.41. Durante los controles in situ relacionados con la 
ejecución de las operaciones a cargo del FSE, la Comisión 
debería definir, con los organismos correspondientes, los 
procedimientos que se han de aplicar para completar la 
evaluación de las peticiones de saldo, particularmente en 
materia de plazos de respuesta. Del mismo modo, 
deberían sacarse conclusiones precisas de esos controles, 
en particular en el plano financiero. Finalmente, debería 
encargarse a los inspectores el seguimiento y la ejecución 
de estas conclusiones. 
(') Véase anexo III del presente informe. 
(2) DO L 289 de 22.10.1983, p. 38. 
(3) DO L 289 de 22.10.1983, p. 1. 
(4) DO L 377 de 31.12.1983. 
(5) DO C 5 de 10.1.1984, p. 2. 
(6) Para el nuevo Fondo, la certificación está definida por el 
artículo 5, apartado 4 del Reglamento (CEE) n° 2950/83 del 
Consejo de 17.10.1983, DO L 289 de 22.10.1983, que 
estipula que «El Estado miembro interesado certificará la 
exactitud fáctica y contable de los datos que figuren en las 
solicitudes de pago ». Para el antiguo Fondo, está definida 
en los mismos términos por el artículo 4, apartado 1, párrafo 
5 del Reglamento (CEE) n° 858/72 del Consejo de 24 de abril 
de 1972, DO L 101 de 28.4.1972, p. 3, modificado por el 
Reglamento (CEE) n° 2894/77 del Consejo de 20.12.1977, 
DO L 337 du 27.12.1977, p. 5. 
(7) Se adoptó una decisión rectificativa en fecha 31.7.1985, de 
ciertos acuerdos de aprobación individuales en favor de la 
R.F. de Alemania y Luxemburgo, sin modificar los importes 
globales concedidos a estos Estados miembros en la decisión 
de 19.6.1985. (8) Después de una reevaluación según el tipo de cambio el 
31.12.1985, el importe global de los compromisos contraí­
dos en 1985 se eleva a 2 188,5 millones de ECUS. 
(9) Los pagos de los anticipos automáticos, resultantes del 
acuerdo de aprobación de 23.12.1985, se contabilizaron el 19 
y 20.2.1986. 
(10) Las solicitudes de ayuda deben presentarse antes del 21 de 
octubre de cada año. 
(n) Las solicitudes de saldo deben presentarse dentro de un 
plazo de 10 meses después del final de las operaciones. 
(12) DOC 287 de 24.10.1983. 
(13) Al tipo de cambio vigente en junio de 1985. 
(14) DO L 361 de 31.12.1978, p. 3. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 93 
CAPITULO 9 
Investigación, energía, etc. 
9.0. ÍNDICE DE MATERIAS 
Introducción 
Ejecución presupuestaria 
Coordinación de la gestión de los contratos a gastos compartidos 
Iniciativas de la Comisión 
Grupo de trabajo «Armonización» 
Registro central de datos 
Otras iniciativas 
Consecuencias financieras 
Conclusiones sobre los contratos a gastos compartidos 
Gestión de los contratos de estudio Apartados 
9.1 
9.2 
9.3 
9.7 
9.7 
9.9 
9.10 
9.11 
9.16 
9.19 — 9.18 
— 9.10 
— 9.8 
— 9.15 
— 9.18 
— 9.21 
INTRODUCCIÓN 
9.1. El presente capítulo está dedicado a los gastos 
relacionados con la energía, la investigación, y con 
diversas actividades conexas, para las que los créditos 
correspondientes se inscriben en los capítulos 70-77 de la 
parte B de la sección «Comisión» del Presupuesto. Los 
créditos disponibles ascienden a 1 327,8 millones de 
ECUS para los compromisos y 961,6 millones de ECUS 
para los pagos (véase cuadro 9.1). Por lo que respecta al 
ejercicio 1985, las observaciones del Tribunal de Cuentas 
hacen referencia a la gestión de dos de los principales tipos 
de gastos realizados por la Comisión en este sector: 
(a) los contratos a gastos compartidos, que han absorbi­
do el 70 % (929,4 millones de ECUS) de los créditos 
disponibles para compromisos; 
(b) los contratos de estudio, que han absorbido el 5 
(70,5 millones de ECUS) de los créditos. 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
9.2. El cuadro 9.1 resume la utilización de los créditos en 
1985. En el mismo se puede comprobar que 350,6 millones de ECUS de créditos para compromisos (26 %) y 254,1 
millones de ECUS de créditos para pagos (26 %) no han 
sido utilizados. El cuadro 9.2, que muestra la evolución de 
los niveles de utilización entre 1982 y 1985, pone de relieve 
el hecho de que durante el último año los niveles han sido 
sensiblemente inferiores a los de los dos años precedentes. 
Uno de los resultados ha sido un aumento del 34 % de los 
compromisos pendientes de liquidar, que han pasado de 
795,5 millones de ECUS en fecha 31 de diciembre de 1984, 
a 1 066,7 millones de ECUS en fecha 31 de diciembre de 
1985. El Tribunal formula las siguientes observaciones 
sobre el nivel de utilización de los créditos para pagos y 
para compromisos: 
(a) acción indirecta de investigación (capítulo 73). En 
1985 se han dejado de utilizar créditos para compro­
misos por un importe de 213,9 millones de ECUS, y 
créditos para pagos por un importe de 91,1 millones 
de ECUS. Ello representa una disminución sensible 
del nivel de utilización con relación a los años 
precedentes. Este bajo nivel de utilización es debido 
principalmente a los retrasos producidos en la 
aprobación, por parte del Consejo (marzo de 1985), 
de siete nuevos programas de investigación, y, en 
segundo lugar, a los procedimientos comunitarios de 
evaluación de las propuestas de investigación, que 
han motivado que los contratos no hayan podido 
quedar preparados para la firma antes del final del 
ejercicio; 
(b) investigación en el sector de las tecnologías de la 
información — programa Esprit (partida 7335). Los 
niveles de utilización han experimentado una mejora; 
pero ello ha sido debido a la utilización, en 1985, de un 
94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 9.1 — Investigación, energía, etc.: créditos disponibles en 1985 y su utilización 
(millones de ECUS) 
Sector de gastos 
(capítulo del Presupuesto) 
Energía: 
— Política energética (70 excepto 707) 
— Medidas comunitarias específicas (707) 
Investigación e inversiones: (73) 
— Acción directa de investigación 
— Acción indirecta de investigación (3) 
— Tecnologías de la información y de la 
telecomunicación 
Industria: (77) 
— Política industrial 
— Tecnologías de la información y de la 
telecomunicación 
Otras actividades: 
— Controles de seguridad nuclear (71) 
— Mercado de la información e 
innovación (75) 
— Varios (72) 
Total Compromisos 
Créditos 
para 
com­
promisos 
disponi­
bles en 
1985(0 Créditos 
con­
tratados 
en 1985 Créditos 
no 
utilizados Nivel 
de uti­
liza­
ción 
(%) 
169.5 155,6 13,9 92 
232,0 212,4 19,6 92 
511,8 297,9 213,9 58 
305.6 224,6 81,0 74 
29,3 21,6 7,7 74 
41,2 37,2 4,0 90 
3,5 2,9 0,6 83 
31,9 22,1 9,8 69 
3,0 2,9 0,1 97 
1327,8 977,2 350,6 74 Pagos 
Créditos 
para 
pagos 
disponi­
bles en 
1985(2) Pagos 
efectua­
dos en 
1985 Créditos 
no 
utilizados Nivel 
de uti­
liza­
ción 
(%) 
125.8 80,5 45,3 64 
45,8 45,8 — 100 
224,6 203,1 (4) 21,5 90 
298.9 207,8(5) 91,1 70 
146,2 99,7(6) 46j5 68 
41,6 18,9 22,7 45 
44,4 30,9 13,5 70 
5,0 2,7 2,3 54 
23,6 15,1 8,5 64 
5,7 3,0 2,7 53 
961,6 707,5 254,1 74 
(•) Créditos del Presupuesto 1985 y créditos subsistentes a ñnales de 1984, después de efectuadas las transferencias. 
(2) Créditos del Presupuesto 1985 y prórrogas de 1984, después de efectuadas las transferencias. 
(3) Incluida la contribución al JET (57,5 millones de ECUS). 
(4) De los cuales 115,0 millones de ECUS forman parte de los gastos correspondientes al personal de investigación. 
(5) De los cuales 19,6 millones de ECUS forman parte de los gastos correspondientes al personal de investigación. 
(6) De los cuales 4,3 millones de ECUS forman parte de los gastos correspondientes al personal de investigación. 
Cuadro 9.2 — Investigación, energía, etc.: evolución de los niveles de utilización de los créditos disponibles, entre 1982 y 1985 
(%) 
Sector de gastos 
(capítulo del Presupuesto) 
Energía: 
— Política energética (70 excepto 707) 
— Medidas comunitarias específicas (707) 
Investigación e inversiones: (73) 
— Acción directa de investigación 
— Acción indirecta de investigación 
— Tecnologías de la información y de la telecomunicación 
Industria: (77) 
— Política industrial 
— Tecnología de la información y de la telecomunicación 
Otras actividades: 
— Controles de seguridad nuclear (71) 
— Mercado de la información e innovación (75) 
— Varios (72) 
Total Compromisos 
1982 
61 
89 
86 
29 
100 
48 
95 
76 1983 
89 
100 
94 
90 
92 
100 
66 
91 
95 1984 
94 
100 
86 
70 
65 
92 
39 
100 
57 
97 
83 1985 
92 
92 
58 
74 
74 
90 
83 
69 
97 
74 Pagos 
1982 
56 
78 
92 
37 
58 
53 
55 
77 1983 
35 
99 
83 
90 
53 
64 
47 
43 
87 1984 
65 
90 
86 
80 
4 
49 
52 
59 
44 
48 
77 1985 
64 
100 
90 
70 
68 
45 
70 
54 
64 
53 
74 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 95 
volumen importante de créditos prorrogados de 1984, 
dándose además la circunstancia de que, en términos 
absolutos, los créditos que habían quedado inutiliza­
dos a finales de 1985 para compromisos (72,9 
millones de ECUS) y para pagos (43,5 millones de 
ECUS) eran de una cuantía comparable a los de 
finales de 1984. Ello pone de relieve el hecho de que el 
problema de los retrasos que afectan a la puesta en 
práctica de los programas anuales de trabajo Esprit, 
ya mencionado por el Tribunal en el apartado 9.2(c) 
de su Informe Anual relativo al ejercicio 1984 (l), no 
ha sido tadavía resuelto por la Comisión; 
(c) energía (capítulo 70). El capítulo 70 registra, por los 
motivos indicados en el apartado 9.13, un alto nivel 
de utilización en cuanto a créditos para compromisos 
(92 %) y, en contraposición, un nivel reducido de 
utilización de los créditos para pagos (64%). Este 
reducido nivel (que se traduce en la no utilización de 
45,3 millones de ECUS de créditos para pagos) es 
imputable, como en años precedentes, a factores que 
no han sido adecuadamente tenidos en cuenta en el 
momento de la elaboración del Presupuesto, en 
particular la lentitud de los procedimientos comuni­
tarios y los retrasos en la ejecución de los contratos. 
En su respuesta al apartado 9.2(a) del Informe Anual 
del Tribunal relativo al ejercicio de 1984 (1), la 
Comisión indicó que, con objeto de tener en cuenta 
estos factores, había procedido a efectuar una 
limitación estricta de los créditos para pagos inscritos 
sen el anteproyecto del Presupuesto de 1986; 
(d) política industrial (capítulo 77). El nivel de utilización 
de los créditos ha disminuido, y 7,7 millones de ECUS 
de créditos para compromisos y 22,7 millones de 
ECUS de créditos para pagos no han sido utilizados. 
Esta situación es debida en parte a los retrasos que se 
han producido en los procesos de aprobación de los 
contratos de servicios y de estudio, los cuales han 
motivado, en ciertos casos, la anulación de créditos 
no disociados (véase apartado 9.20(a)). 
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
CONTRATOS A GASTOS COMPARTIDOS 
9.3. Las principales disposiciones reglamentarias que 
regulan los gastos contractuales de las Comunidades 
están contenidas en los artículos 50 — 58 del Reglamento 
Financiero. Estas disposiciones reglamentarias se refieren 
principalmente al otorgamiento de los contratos, siendo 
sin embargo poco explícitas respecto a otros aspectos de 
la gestión de dichos contratos (como, por ejemplo, la 
evaluación de los recursos financieros y técnicos de los 
contratantes, el análisis de los proyectos, la comproba­
ción de los costes, la supervisión de la ejecución de los 
contratos, la evaluación de los resultados, el seguimiento 
de la ejecución, etc.). A pesar de que la Comisión ha 
adoptado directivas complementarias relativas a los 
contratos de estudio (véase apartado 9.19), no existen ni 
instrucciones ni directrices que cubran el ámbito específi­
co de los contratos a gastos compartidos. 
(!) Las notas aparecen al final del capítulo. 9.4. La Comisión comenzó a utilizar por primera vez los 
contratos a gastos compartidos en 1960. A partir de 
entonces, diferentes procedimientos de gestión de dicho 
tipo de contratos han sido elaborados de forma autóno­
ma por diferentes servicios de la Comisión, en particular 
por los servicios responsables de los siguientes sectores: 
(a) ciencia, investigación y desarrollo (DG XII); 
(b) energía (DG XVII); 
(c) tecnologías de la información y de las telecomunica­
ciones («task forcé») (2); 
(d) mercado de la información e innovación (DG XIII). 
9.5. El Tribunal, en el apartado 9.6 de su Informe Anual 
relativo al ejercicio 1983 (3), ha puesto de relieve la 
necesidad de una mejor coordinación entre los servicios 
antes mencionados en materia de procedimiento, y de un 
intercambio de información relativa a los contratistas. En 
su respuesta, la Comisión afirmó que «un esfuerzo 
considerable y continuado ha sido realizado y continuará 
siendo realizado en materia de coordinación interna, en el 
sentido recomendado por el Tribunal de Cuentas». Se 
encomendó a un grupo de trabajo (véanse los apartados 
9.7 — 9.8), dentro del seno de la Comisión, el analizar los 
procedimientos contractuales con vistas a su mejora, lo 
que comportaría la creación de un registro central de 
datos, e informar posteriormente a la Comisión de los 
resultados del análisis. En mayo de 1986, el Comité 
Económico y Social aprobó un dictamen (4) sobre los 
«Programas de investigación, desarrollo y exhibición a 
gastos compartidos de la Comunidad Europea». Este 
dictamen es el resultado de diversas reuniones con los 
contratantes y con los servicios correspondientes de la 
Comisión: en lo referente a la coordinación de la gestión 
de los contratos a gastos compartidos, las constataciones 
efectuadas apuntan en el mismo sentido que las observa­
ciones formuladas por el Tribunal relativas al ejercicio 
1983. 
9.6. En estas circunstancias, el Tribunal ha examinado 
los resultados de la actividad desplegada por la Comisión 
para mejorar la gestión financiera mediante una mejor 
coordinación de los procedimientos aplicados a los 
contratos a gastos compartidos. Éstos últimos no son más 
que uno de los muchos tipos de contratos existentes, 
caracterizándose, no obstante, por el hecho de que en los 
mismos los pagos de la Comisión se basan en las 
declaraciones de costes de los contratantes, por lo que es 
esencial que se definan, para los mismos, procedimientos 
eficaces de gestión y de control. Por otra parte, los 
contratos a gastos compartidos revisten una especial 
importancia, toda vez que son los más numerosos y 
representan las cuantías más elevadas; en los sectores de 
investigación y energía había, en fecha 31 de diciembre de 
1985, 4 500 contratos en curso, mientras que los 
compromisos que quedaban por liquidar ascendían en 
total a 918,3 millones de ECUS. 
96 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Iniciativas de la Comisión 
Grupo de trabajo «Armonización» 
9.7. En virtud del mandato que le había sido confiado, 
el grupo de trabajo «Armonización», creado por la 
Comisión y colocado bajo la responsabilidad del servicio 
jurídico, tenía como única misión el análisis de las 
cláusulas contractuales. En mayo de 1985 se publicó un 
informe sobre el trabajo de este grupo, que describía y 
trataba de justificar la falta de concordancia existente 
entre las bases jurídicas y los contratos-tipo preparados 
por los servicios correspondientes. A pesar de que en 
dicho informe se formulan comentarios acerca de 
determinados procedimientos precontractuales, otras 
cuestiones esenciales, tales como el método a seguir para 
la comprobación de los gastos, los requisitos en materia 
de presentación de documentos, el desarrollo de sistemas 
informáticos o la creación de un registro central de datos 
relativos a los contratistas, no son tratadas. Por otra 
parte, y en lo que respecta a la mejora de la coordinación, 
el informe no formula ninguna conclusión o recomenda­
ción prácticas susceptibles de ser estudiadas por la 
Comisión. 
9.8. Esta falta de resultados concretos corrobora la 
recomendación formulada por el Tribunal en el apartado 
9.15 de su Informe Anual relativo al ejercicio 1984 (l), en 
la cual pedía a la Comisión que definiera más explícita­
mente las responsabilidades de sus servicios financieros 
centrales en materia de asesoramiento y supervisión. En el 
caso de los contratos a gastos compartidos, estos servicios 
no han desempeñado ningún papel directivo en los 
trabajos del grupo a pesar de que en el pasado lo habían 
hecho en ámbitos parecidos (por ejemplo, los contratos de 
estudio. Véase apartado 9.19). 
Registro central de datos 
9.9. Si bien se ha establecido un registro para todos los 
contratistas que reúnen los requisitos necesarios para 
obtener de la Comisión contratos de estudio (sistema 
CERES), no se ha establecido nada parecido para los 
contratos a gastos compartidos, con excepción del 
sistema Sesame, recientemente puesto en práctica. Este 
sistema está, sin embargo, esencialmente destinado a 
constituir un instrumento de evaluación de los proyectos, 
y a difundir y utilizar la información obtenida a partir de 
éstos, principalmente respecto a usuarios que no pertene­
cen a la Comisión. Dicho sistema no ha sido concebido 
para facilitar el control interno ejercido por la Comisión 
sobre los contratos, o el intercambio, entre los diferentes 
servicios, de información esencial en materia administra­
tiva y contractual (por ejemplo, los resultados de la 
evaluación de los recursos financieros y técnicos de los 
contratantes). 
Otras iniciativas 
9.10. El Tribunal toma nota de las decisiones de la 
Comisión de 17 de octubre de 1984 (5) y 18 de noviembre de 1985 (6), destinadas a mejorar el control del volumen 
creciente de compromisos pendientes de liquidar, y que 
revisten una especial importancia para la mejora de la 
gestión, por parte de todos los servicios, de los contratos a 
gastos compartidos. Por otra parte, se han mantenido 
periódicamente intercambios de puntos de vista entre 
determinados servicios sobre temas concretos, tales 
como: 
(a) la elección de empresas de auditoría exteriores 
encargadas de realizar las comprobaciones financie­
ras en las propias dependencias de los contratistas; 
(b) los medios de reducir los retrasos de las pagos 
correspondientes a los contratos. 
Consecuencias financieras 
9.11. No existe ningún interés especial en buscar la 
coordinación o la uniformidad como fines en sí mismos. 
Las diferencias entre los fundamentos jurídicos de los 
contratos o entre los objetivos de los programas se 
traducen inevitablemente en diferencias entre algunos de 
sus parámetros-clave (por ejemplo, el grado de participa­
ción comunitaria en los costes, la duración del contrato, 
las condiciones de reembolso, etc.). Respecto a otras 
diferencias menos importantes entre las disposiciones 
contractuales o los procedimientos, la armonización no 
sería de gran provecho a nivel financiero. Por el contrario, 
existen diversos sectores en los que la insuficiencia de las 
medidas de coordinación arriba descrita ha conducido a 
prácticas divergentes con una incidencia financiera 
importante. Los apartados 9.12 — 9.15 proporcionan 
diversos ejemplos de ello. 
9.12. Los medios, tanto humanos como materiales, 
serían utilizados más eficazmente si la comunicación de la 
información y de la experiencia ya adquiridas estuviesen 
mejor garantizadas. Por ejemplo: 
(a) como ya se ha explicado arriba en el apartado 9.9, no 
existe actualmente ningún sistema que permita 
identificar a los contratistas comunes a varias 
direcciones generales, y paliar la falta de un registro 
central de datos adecuado. Para averiguar los 
nombres de los contratistas y el número de éstos, el 
Tribunal se ha visto obligado a comparar los 
diferentes registros de varios servicios. Esta compara­
ción ha permitido constatar que el número de 
contratistas comunes a dos o más servicios es superior 
a 100. Cada dirección general posee un servicio de 
contratos específicos que aplica en parte, en lo que se 
refiere a los contratistas comunes, los procedimientos 
ya seguidos por otros servicios en ámbitos tales 
como: 
(i) la evaluación de los recursos financieros y 
técnicos antes de la firma del contrato; 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 97 
(ii) la comprobación de los costes declarados por los 
contratistas y los documentos contables justifica­
tivos; 
(iii) el seguimiento y evaluación de los resultados; 
(b) el desarrollo de los sistemas de gestión informatizada 
de los contratos se caracteriza por una coordinación 
insuficiente. Cada servicio ha puesto en práctica su 
propio sistema sin haber demostrado claramente que 
los sistemas ideados o ya utilizados por otros servicios 
eran inaplicables en su caso. Durante el transcuroso 
del segundo semestre de 1984, tanto la DG XII como 
la DG XVII han puesto en práctica sistemas distintos 
y, a finales de 1985, la «task forcé» estaba elaboran­
do, por su cuenta, dos sistemas principales suplemen­
tarios. A pesar de que a nivel de la ejecución del 
programa existen diferencias de organización y de 
medios (por ejemplo, gestión descentralizada de los 
contratos, en el caso de la «task forcé», y ausencia de 
contratos multilaterales en el caso de la DG XVII), la 
información requerida en materia de contratos a 
gastos compartidos es esencialmente la misma. El 
coste de elaboración de los cuatro sistemas antes 
mencionados se estima en 900 000 ECUS a 31 de 
diciembre de 1985. 
9.13. El tratamiento que se da a los gastos contractuales 
en el Presupuesto y en la contabilidad no es coherente. En 
los apartados 9.4 — 9.5 de su Informe Anual relativo al 
ejercicio 1983 (3), el Tribunal recomendaba reforzar la 
uniformidad del tratamiento que se da a los compromi­
sos. En septiembre de 1985 la Comisión presentó al 
Tribunal un documento en el cual analiza las principales 
diferencias entre los procedimientos aplicados. Las 
incoherencias, confirmadas por este documento, son 
resultado de interpretaciones distintas, por parte de los 
servicios de la Comisión, del artículo 32 del Reglamento 
Financiero. Para los contratos a gastos compartidos la 
DG XVII registra los compromisos desde el momento en 
que se produce una decisión del Consejo o de la Comisión 
relativa a los proyectos, generalmente varios meses antes 
de la firma de los contratos, mientras que las otras DG, 
que toman a su nivel decisiones semejantes, esperan para 
hacerlo a que los contratos estén preparados para su 
firma. Como consecuencia de ello, la DG XVII ha 
registrado en 1985 compromisos por un importe de 127 
millones de ECUS que, con el sistema utilizado por los 
servicios, no habrían sido contabilizados por lo menos 
antes de 1986. Debido a estas incoherencias las estimacio­
nes presentadas por la Comisión con fines presupuesta­
rios, así como las cifras reflejadas en las cuentas 
presentadas a la autoridad de descargo, pierden su 
utilidad (véase apartado 9.2(c)). 
9.14. El trato que la Comisión da a los contratistas 
encargados de los contratos a gastos compartidos es 
igualmente incoherente en diversos aspectos, lo que puede 
dar como resultado el que ciertos contratistas se 
beneficien de condiciones más favorables, en detrimento 
de las Comunidades. Por ejemplo: 
(a) los servicios afectados aplican reglas distintas para 
determinar la fecha inicial hasta la cual los gastos 
subvencionables en que han incurrido los contratistas pueden, como máximo, remontarse. Estas reglas 
oscilan desde los seis meses antes de la firma del 
contrato, en unos casos, hasta la fecha de notificación 
de comienzo de los trabajos (después de la firma del 
contrato), en otros casos. La práctica consistente en 
aceptar los gastos producidos antes de la firma del 
contrato aumenta el riesgo de que la Comunidad 
financie proyectos que deberían ser de todos modos 
ejecutados (el Tribunal ya ha formulado observacio­
nes a este respecto en sus informes anuales relativos a 
los ejercicios 1981 (7) y 1982 (8)); 
(b) la práctica generalmente observada en materia de 
anticipos iniciales a los contratistas consiste en 
efectuar el pago automático en el momento de la 
firma del contrato. No obstante, la DG XVII abona 
estos anticipos en cuentas bancarias de depósito que 
devengan intereses para la Comunidad (139 000 
ECUS en el caso de 36 contratos ejecutados entre 
junio de 1984 y abril de 1986), mientras que la «task 
forcé» subordina el pago a la notificación del 
comienzo de los trabajos por parte del contratista; 
(c) el grado de precisión con el cual son definidos los 
costes subvencionables en los contratos-tipo o en sus 
anexos varía considerablemente según los servicios. 
Algunos de ellos indican con detalle los costes que 
pueden o no ser presentados por los contratistas, 
mientras que otros se conforman con establecer 
grandes categorías, lo que facilita la inclusión de 
costes injustificados; 
(d) las diferencias entre los mecanismos de aplicación del 
IVA merecen una mención especial. La DG XVII 
aplica el método más sencillo, excluyendo de los 
costes subvencionables todos los importes de IVA 
soportados por los contratistas. Las otras direcciones 
generales incluyen el IVA dentro de los costes 
subvencionables únicamente en el caso de que el 
contratista no haya tenido la oportunidad de 
recuperarlo, y de que proporcione los documentos 
necesarios que permitan a la Comisión recuperar 
dicho IVA del Estado miembro correspondiente. 
Teniendo en cuenta la lentitud de los procedimientos 
de recuperación del IVA, esta práctica tiene sin lugar 
a dudas un efecto negativo en la Tesorería de la 
Comisión, como lo demuestra el hecho de que a 31 de 
diciembre de 1985 el reembolso de 493 000 ECUS 
pagados a los contratistas por la DG XII no había 
sido todavía recuperado de los Estados miembros. 
9.15. Actualmente no hay ningún servicio concreto de la 
Comisión encargado de definir el sistema que ofrezca 
mejores garantías de buena gestión de los contratos a 
gastos compartidos, ni de uniformizar los procedimientos 
de control interno a este respecto. A pesar de que los 
métodos aplicados para declarar válidas las solicitudes de 
reembolso presentadas por los contratistas han sido 
objeto de numerosas observaciones en los informes 
anuales del Tribunal (') (3), el control interno efectuado 
varía sensiblemente según los servicios de que se trate. 
Mientras que la «task forcé» pretende apoyarse en gran 
medida en sociedades externas de auditoría para efectuar 
las verificaciones in situ de la totalidad o de la mayoría de 
los contratos, otros servicios, que realizan anualmente 
gastos de cuantía similar para contratos a gastos 
compartidos, se apoyan mucho más en los controles de 
^D Diario COticial de las Comunidades Europeas 10 l^D^ 
viabilidad efectuados por sus propios agentes^ y no 
recurrenaveritícaciones^^^másqueenloscasosde 
contratos importantesoque hayan suscitado problemas. 
En conclusión^elPribunal estima quela naturalezas 
amplituddelascomprobacionesetectuadasdependen 
másdeladisponibilidaddemediosinternosdepersonalo^ 
en el caso del programa Esprit de la^task forcea de la 
disponibilidad de créditos que permitan recurrir a 
sociedades e^temas^ que de un estuerzo coordinado 
orientado adetinirlaformamásetectivay eticazde 
controlar este tipo de gastos. 
^.Iró. El control realizado por el^fribunal ha contírma^ 
do las observaciones presentadas en los informes anuales 
precedentes ^^(^^elPribunalhallegado^ en particulada 
las siguientes conclusiones^ 
^ a pesar de haber existido algunas iniciativas^^c 
que se han revelado útiles ^véase apartador.10^ las 
acciones empredidas hasta la techa por la Comisión 
como consecuencia de laanteriores observaciones del 
^ribunal^reterentespricipalmenteacreacióndeun 
grupo provisional de trabajo denominado ^ArmonP 
zación^han sido insuticientes^véanse los apartados 
^e^istendivergencias entre los procedimientosylas 
condiciones contractuales aplicados por los diteren^ 
tes servicios de la Comisión que gestionan los 
contratosagastoscompartidos^ que no están siempre 
bastilleadas por la diversidad de proyectos. Algunas 
de estas divergenciastienenincidenciastinancieras 
negativas ^véanselos apartados^.ll—^léó^ 
^ subsisten incoherencias en la interpretación del 
artículo ^^del reglamento Financiero que atectan al 
tratamiento que se da a los compromisos tanto 
durante el proceso de elaboración de las previsiones 
presupuestarias como durante el de preparación de 
las cuentas presentadasala autoridades de descargo 
^véaseapartado^.lóE^ 
^es^ pues^ necesario mejorar la coordinación y el 
intercambio de informaciónentre los servicios que 
gestionan los contratosagastos compartidos. 
^.17 Con el fin de asegurar una coordinación más 
eficaz^ la Comisión debería emprender estudios que 
requerirían la participación de todos los servicios de la 
Comisión afectados^ con objeto de determinar todas las 
posibilidades de armonización positiva de la gestión de 
loscontratos agastoscompartidos. Seríaconveniente 
estudiar hasta qué punto sería útil establecer principios 
basados en la práctica más eficaz^ que serían obligatorias 
mente aplicablesala gestión de los contratosagastos 
compartidos^ bien mediante una ampliación de la 
normativa del ^eglamentoFinanciero^véase apartado 
^.^ bien por medio de directivas internas. ^.1^. Debería crearse un registro central de datos 
relativos a los contratistas^ con objeto de facilitar la 
identificación de los contratistas comunes a varios 
servicios^yal intercambio de información administrativa 
y técnica reterentealos mismos ^véaseapartado^.l^. 
^ESPI^L^^L^SC^^^RAPC^S^^ 
ES1NUDTCD 
^.1^. Desde 1^7^ la gestión de los contratos de estudio 
está regulada por instrucciones internas de la Comisión 
denominadas^Directivas coordinadas para la gestión de 
los créditos deestudios». Estas directivasprevén que 
todas las proposiciones de estudio han de seguir el 
siguiente procedimientos 
^consulta a los ^Crrupos Interdepartamentales de 
Coordinación»^ 
^consulta al ^Comité Consultivo de Estudios»^ 
^ autorización de la Comisión. 
En el caso de la mayoría de los contratos de estudióles 
decir^ contratos de una duración no superioradosaños^ 
los créditos disponibles no están disociados^ esdecinque^ 
conlacondicióndequesehayaestablecido un compróme 
so durante el transcurso del ejercicio presupuestarios los 
créditos pueden ser prorrogados automáticamente al 
ejercicio siguientes al ün del cual quedan sin efecto. 
^0. El Iribunal tras haber estudiado la aplicación de 
estos procedimientos en el sector industrial^capítulo 77^ 
formula las siguientes observaciones^ 
^ apesardeque^ de acuerdo con las directivas^ las 
autorizaciones relativas a las proposiciones de 
estudio estén divididas cada año en tres fases^ 
correspondientes a los meses de lebreros abril y 
octubres no ha habidos debido a retrasos en la 
aplicación de los procedimientos^ más que dos fases 
de autorizaciones en 1^^ no habiendo tenido lugar 
la segunda de ellas hasta el 1^ de diciembre.Como 
consecuenciadeello^noquedó tiempo suticientepara 
negociar todos los estudiosyprocederaelectuar los 
compromisos correspondientes antes de tin de año^ 
habiendo sido anulados determinados créditos. Por 
ejemplos en las partidas 77^y77^ la mayor parte 
de los ^éó 7^ ECL^S que se anularon ^17^Bde los 
créditosdisponibles^lofueronacausadediticultades 
relativas a los contratos de estudios. Durante el 
ejerciciol^4 se constataron diticultades análogas^ 
^ el procedimiento actual de consultayautorización se 
aplica principalmente con el fin de eliminar una 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 99 
eventual duplicación de los estudios, y de repartir los 
créditos; pero, con excepción de los estudios cuyo 
coste es superior a 100 000 ECUS, no sirve para 
evaluar la aptitud del contratista. De hecho, en la 
«ficha financiera» tipo que acompaña a cada 
proposición de estudio, el servicio responsable no 
tiene ninguna obligación de justificar su elección, y 
ninguno de los 18 expedientes examinados por el 
Tribunal (totalizando propuestas de contrato por un 
importe global de 780 000 ECUS) contenía valora­
ción alguna de la aptitud de los contratistas o de sus 
propuestas de estudio. 
9.21. El Tribunal recomienda que la Comisión exa­
mine: (a) la forma de evitar los retrasos que afectan a los 
procedimientos de consulta y de autorización; 
(b) si las previsiones presupuestarias de gastos corres­
pondientes a los estudios concuerdan con el calenda­
rio previsible de autorizaciones; 
(c) la forma de lograr que los procedimientos incluyan 
una valoración de la aptitud de todos los contratistas 
sobre la base de una justificación proporcionada por 
los servicios resposables. 
0) DOC 326 de 16.12.1985. 
(2) La «task forcé» se fusionó con la DG XIII en 1986. 
(3) DO C 348 de 31.12.1984. 
(4) DOC 207 de 18.8.1986. (5) Doc. COM(84), PV 754. 
(6) Doc. SEC(85), 1650. 
(7) DO C 344 de 31.12.1982, apartado 8.18. 
(8) DO C 357 de 31.12.1983, apartados 8.50 8.52. 
100 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
CAPITULO 10 
Cooperación con los países en vías de desarrollo 
y con terceros países 
10.0. ÍNDICE DE MATERIAS 
Introducción 
Resumen de la información financiera 
Ejecución del Plan de Dublín 
Observaciones relativas a la ayuda alimentaria (capítulo 92) 
Cantidades movilizadas y plazos de entrega 
Estadísticas de ejecución de la ayuda alimentaria 
Observaciones relativas a la cooperación con los países en vías de desarrollo 
no asociados (PVDNA) (capítulo 93) — Gestión de los créditos del artículo 
930 
Volumen de compromisos y de pagos 
Comparación entre los compromisos contables y las orientaciones 
establecidas por el Consejo 
Nomenclatura presupuestaria 
Seguimiento de la gestión del artículo 930 
Observaciones relativas a las acciones específicas de cooperación con los 
países en vías de desarrollo (capítulo 94) — Gestión del artículo 941 
Observaciones relativas a las acciones coyunturales en favor de países en vías 
de desarrollo y de terceros países (capítulo 95) 
Programa especial de lucha contra el hambre en el mundo 
Observaciones relativas al funcionamiento de las delegaciones de la 
Comisión en los países en vías de desarrollo (capítulo 98) 
Control de las delegaciones por parte de la AEC 
Gestión central de la AEC Apartados 
10.1 
10.2 
10.3 
10.6 
10.6 
10.7 
10.11 
10.11 
10.16 
10.20 
10.23 — 10.5 
— 10.10 
— 10.10 
— 10.24 
— 10.15 
— 10.19 
— 10.22 
— 10.24 
10.25 — 10.36 
10.37 
10.37 
10.42 
10.44 
10.46 — 10.41 
— 10.41 
— 10.51 
— 10.45 
— 10.51 
INTRODUCCIÓN 
10.1. El Título 9 del Presupuesto General agrupa, en 
líneas generales, los créditos relativos a la ayuda 
alimentaria, la cooperación con los países en vías de 
desarrollo no asociados y con determinados países 
mediterráneos, la financiación conjunta de acciones 
puestas en práctica por organizaciones no estatales 
(ONE) y determinadas ayudas urgentes. Comprende 
asimismo la ayuda económica a la Asocación Europea 
para la Cooperación (AEC) y los créditos destinados al 
funcionamiento de las delegaciones en los países medite­
rráneos del sur y ACP. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
10.2. El cuadro 10.1 muestra la forma en que los créditos 
disponibles correspondientes al Presupuesto de 1985 y a 
los de ejercicios anteriores han sido objeto de compromi­
sos y de pagos en 1985. Los créditos disponibles para 
compromisos han sido superiores en un 10 % a los de 
1984, mientras que los créditos disponibles para pagos 
han sido inferiores en un 8 % a los de 1984. El total de 
cantidades comprometidas ha disminuido en un 5 % con 
relación a 1984, y el de los pagos lo ha hecho en un 6 %. El 
porcentaje de utilización de los créditos para compromi-
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 101 
Cuadro 10.1 — Título 9: créditos disponibles en 1985 y su utilización 
(millones de ECUS) 
Capítulo 
Presupuestario 
(1) 
Capítulo 92: 
Ayuda alimentaria 
Capítulo 93: 
Cooperación con los PVD no asocia­
dos 
Capítulo 94: 
Acciones específicas de cooperación 
con los PVD 
Capítulo 95: 
Acciones coyunturales en favor de los 
PVD y de terceros países 
Capítulo 96: 
Cooperación con los países de la 
cuenca mediterránea 
Capítulo 98: 
Funcionamiento de las delegaciones 
de la Comisión en los PVD 
Capítulo 99: 
Cooperación con terceros países 
Total Compromisos 
Créditos 
para 
compromisos 
disponibles 
en 1985 
(2) 
689,1 
384,4 
44,2 
65,0 
241,7 
58,2 
5,0 
1 487,6 Compromisos 
contraídos 
en 1985 
(3) 
689,1 
173,2 
44,1 
35,4 
134,6 
58,1 
5,0 
1 139,5 Nivel de 
utiliza­
ción 
(4) = 7„(3)/(2) 
100% 
45% 
100% 
54% 
56% 
100% 
100% 
77% Pagos 
Créditos 
para 
pagos 
disponibles 
en 1985 
(5) 
568,8 
164,9 
53,2 
207,7 
298,2 
58,2 
6,3 
1 357,3 Pagos 
efectuados 
en 1985 
(6) 
543,8 
159,6 
34,6 
159,3 
127,7 
58,1 
1,6 
1084,7 Nivel de 
utiliza­
ción 
(7) = %(6)/(5) 
96% 
97% 
65% 
77% 
43% 
100% 
25% 
80% 
sos ha pasado del 89 % en 1984 al 77 % en 1985, y el de los 
créditos para pagos ha aumentado del 78 % al 80 %. El 
descenso del nivel de utilización de los créditos para 
compromisos afecta a los capítulos 93, 95 y 96. Se ha 
constatado un aumento del nivel de utilización de los 
créditos para pagos en el caso de los capítulos 93, 94 y 95. 
Del Volumen V de la Cuenta de Gestión se desprende, por 
otra parte, que el total de compromisos de ejercicios 
anteriores pendientes de liquidar ascendía, a finales de 
1985, a 1 256,6 millones de ECUS. Los créditos de 
compromiso no utilizados subsistentes al cierre del 
ejercicio ascendían a 343,8 millones de ECUS. Los 
créditos de pago prorrogados de 1985 a 1986 totalizan 
236,6 millones de ECUS. La Comunidad deberá, por 
tanto, muy probablemente, liberar de sus recursos a partir 
de 1986, 1 363,8 millones de ECUS para hacer frente a las 
obligaciones resultantes de la anterior gestión del Título 
9. Este gasto se deriva principalmente de las acciones 
emprendidas en el marco de la cooperación financiera y 
técnica con los países en vías de desarrollo no asociados 
(PVDNA) (véanse los apartados 10.14 — 10.15). EJECUCIÓN DEL PLAN DE DUBLIN 
10.3. El Plan de Dublín, puesto en marcha por el 
Consejo Europeo a finales de 1984, tenía por objeto hacer 
entrega de 1,2 millones de toneladas de cereales o de su 
equivalente en otros productos, a los países africanos más 
afectados por la sequía. Comprendía tres partes: 400 000 
toneladas a entregar por los Estados miembros, 300 000 
toneladas del programa comunitario ordinario de ayuda 
alimentaria de 1985, y 500 000 toneladas, por un importe 
de 175 millones de ECUS, en concepto de ayudas de 
urgencia. Estos 175 millones de ECUS han sido financia­
dos, hasta la suma de 80 millones de ECUS, en base al 
artículo 137 del Convenio de Lomé II, relativo a las 
ayudas de urgencia, y la parte restante en base al artículo 
950 del Presupuesto, completado a estos efectos, median­
te diversas transferencias, en 90 millones de ECUS. Los 
mismos representan la parte más importante de la 
aportación real realizada como complemento de la 
concedida normalmente para ayudar a estos países. 
102 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
miembros han entregado, de hecho, 632 000 toneladas, y 
la ayuda comunitaria ordinaria ha sido de 321 000 
toneladas, que se han añadido a las 312 000 toneladas 
antes mencionadas, lo que ha compensado la reducción 
que se produjo en la partida «Ayudas de urgencia». Los 
Estados miembros han contribuido igualmente al trans­
porte de las ayudas por vía aérea o terrestre. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
AYUDA ALIMENTARIA (CAPÍTULO 92) 
Cantidades movilizadas y plazos de entrega 
10.6. El cuadro 10.3 muestra que las cantidades 
movilizadas en 1985 han sido inferiores a las de 1984. Las 
mismas representan únicamente el 88 % del programa 
anual de 1985. La importancia creciente que han tomado 
los nuevos productos (azúcar, aceite vegetal, judías, 
pescado seco, etc.) es digna de destacar. El examen de una 
muestra de las partidas embarcadas en 1985 en concepto 
de ayuda alimentaria ordinaria ha permitido al Tribunal 
de Cuentas constatar una cierta estabilidad en los plazos 
de entrega de los cereales y una mejora sensible en los 
Cuadro 10.2 — Ejecución del Plan de Dublín 
País 
Etiopía 
Sudán 
Niger 
Mozambique 
Mali 
Chad 
Mauritania 
Angola 
Camerún 
Región (incluida 
Burkina Faso) 
Total CEE 
Ayudas urgentes 
Cereales o su equivalente 
(tone­ladas) 
(1) (millo­nes de ECUS) 
(2) Otras ayudas 
nesde ECUS) 
(3) Total 
(millo­nes de ECUS) 
(4) = (2)+ (3) 
98 050 34,8 20,5 55,3 
118 870 37,0 30,6 67,6 
20 290 7,9 3,9 11,8 
12 040 4,0 0,5 4,5 
22 340 9,3 2,5 11,8 
20 790 8,7 3,8 12,5 
2 200 0,5 2,5 3,0 
5 580 2,5 3,2 5,7 
10 150 1,6 — 1,6 
2 000 1,0 0,2 1,2 
312 310 107,3 67,7 175,0 Programa 
de ayuda 
alimentaria 1985 
Cereales o su equivalente 
(tone­
ladas) 
(5) nes de ECUS) 
(6) 
116 200 29,0 
53 620 13,4 
26 100 6,5 
52 200 13,1 
14 400 3,6 
16 000 4,0 
17 080 4,3 
25 785 6,5 
321385 80,4 Total 
Cereales 
o su equivalente 
(tone­ladas) 
(7) = 
(D + (5) Otras ayudas 
(millo-
ECUS) 
(8)=(3) Total 
nesde ECUS) 
(9) = (4)+ (6) 
214 250 20,5 84,3 
172 490 30,6 81,0 
46 390 3,9 18,3 
64 240 0,5 17,6 
36 740 2,5 15,4 
36 790 3,8 16,5 
19 280 2,5 7,3 
31 365 3,2 12,2 
10 150 — 1,6 
2 000 0,2 1,2 
633 695 67,7 255,4 Estados miembros 
Cereales 
equivalente 
(tone­
ladas) 
(10) nes de 
ECUS) 
0) 
(11) 
143 680 35,9 
153 100 38,3 
77 020 19,2 
71 450 17,9 
59 180 14,8 
45 720 11,4 
59 860 15,0 
22 010 5,5 
632 020 158,0 Total Plan de Dublín 
Cereales 
equivalente 
(tone­ladas) 
(12) = 
(7)+(10) Otras ayudas CEE 
(2) 
(millo-
ECUS) 
(13)=(8) Total 
(millo­nes de ECUS) 
(14)= 
(9)+(H) 
357 930 20,5 120,2 
325 590 30,6 119,3 
123 410 3,9 37,5 
135 690 0,5 35,5 
95 920 2,5 30,2 
82 510 3,8 27,9 
79 140 2,5 22,3 
53 375 3,2 17,7 
10 150 — 1,6 
2 000 0,2 1,2 
1 265 715 67,7 413,4 
(0 Calculado sobre la base de 250 ECUS/tonelada. 
(2) Las demás ayudas de los Estados miembros no pueden ser cuantifícadas. 10.4. La ejecución del Plan de Dublín ha sido completa­
mente satisfactoria (véase cuadro 10.2). No obstante, en el 
momento de su puesta en práctica a principios de 1985, 
los beneficiarios han tenido dificultades para desembar­
car, almacenar, transportar y distribuir las partidas en 
cuestión, lo que ha llevado a la Comunidad a recurrir a 
medios de transporte excepcionales, en particular a 
puentes aéreos. La coordinación con los restantes 
donantes ha sido difícil. La situación política o los 
conflictos armados existentes en Etiopía, Sudán y Angola 
han dificultado la distribución. Originariamente centrado 
exclusivamente en la ayuda alimentaria, el Plan ha sido 
llevado a efecto, de hecho, tomando también en 
consideración las necesidades básicas en los ámbitos de la 
salud, la nutrición infantil, el alojamiento de la población 
desplazada y la agricultura (semillas y utensilios). Estas 
acciones han sido confiadas a organizaciones internacio­
nales o no estatales. 
10.5. En total, se han utilizado para la ayuda alimenta­
ria 107 millones de ECUS de los 175 millones de ECUS 
previstos en concepto de aportación comunitaria suple­
mentaria, lo que ha permitido entregar el equivalente de 
312 000 toneladas de cereales, y 68 millones de ECUS 
para las restantes formas de ayuda. La cantidad de 
provisiones entregadas dentro del marco del plan 
(1 265 715 toneladas) ha sido superior a los 1,2 millones 
de toneladas previstos en un principio. Los Estados 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 103 
Cuadro 10.3 — Estado de ejecución de los programas de ayuda alimentaria en cereales, leche descremada en polvo, «butter oil» y otros 
productos 
(en toneladas) 
Estado de ejecución, por año 
1984 
1985 
1986 Prórroga de 1983 
Ajustes en 1984 del programa 1983 
Programa 1984 
Movilizaciones en 1984 
Prórroga de 1984 
Ajustes en 1985 del programa 1984 
Programa 1985 
Movilizaciones en 1985 
Prórroga de 1985 Cereales 
(equivalente) 
622 921 
-42 000 
1 127 663 
1 384 199 
324 385 
1 160 000 
1 016 199 
468 186 Leche descremada 
en polvo 
104 463 
-5 147 
122 500 
165 218 
56 598 
108 600 
109 997 
55 201 « Butter oil» 
35 718 
-626 
32 760 
49 442 
18 410 
28 700 
25 407 
21 703 Otros 
productos 
31 570 
+ 3 311 
34 556 
49 198 
20 239 
+ 12 053 
54 377 
65 518 
21 151 
correspondientes a los productos lácteos con relación a 
1984. En total, desde el inicio de la movilización hasta la 
llegada de los buques al puerto de descarga, han 
transcurrido 15 semanas en el caso de los cereales (igual 
que en 1984), 16 semanas en el caso de la leche 
descremada en polvo y el « butter oil» (lo que representa 
una disminución de 7 y 3 semanas respectivamente) y 15 
semanas en el caso del aceite vegetal. 
Estadísticas de ejecución 
de la ayuda alimentaria 
10.7. Tal como muestra el cuadro 10.4, la Comisión ha 
proporcionado varias series de cifras contradictorias 
entre sí relativas a las cantidades de ayudas alimentarias 
«entregadas» o «ejecutadas» en 1984. Las diferencias 
observadas resultan de la existencia de dos sistemas de 
registro estadístico, utilizado uno de ellos por la 
Dirección General de Agricultura (DG VI) y el otro por la 
Dirección General de Desarrollo (DG VIII). Las mismas 
se explican asimismo por la mala utilización de estas series 
de cifras en los documentos publicados. 
10.8. Ambas direcciones generales han concebido 
respectivamente estos dos sistemas, que son administra­
dos independientemente, en función de sus propias 
necesidades. Dichas direcciones generales definen las 
diferentes fases de ejecución de forma distinta. En el caso 
de la DG VI, se considera que está «en curso de 
ejecución » una ayuda todavía no embarcada, pero que ya 
ha sido aprobada por el Comité de Gestión responsable 
del producto entregado. En el caso de la DG VIII, se 
considera que está « en curso de movilización » una ayuda 
todavía no embarcada, pero que ya ha sido objeto de una demanda de movilización presentada por la DG VIII a la 
DG VI. También en la fase del embarque el concepto 
utilizado es distinto. En el caso de la DG VI, se ha 
«ejecutado» una ayuda cuyo período de embarque 
previsto por el reglamento de movilización había ya 
transcurrido. Por el contrario, la DG VIII se esfuerza en 
establecer la estadística de las ayudas efectivamente 
embarcadas durante el transcurso de un período determi­
nado, y considera como «entregada» una mercancía 
embarcada. 
10.9. A pesar de ello, el sistema de la DG VIII se basa 
todavía parcialmente en una estimación de las fechas de 
embarque. En el momento del cierre del ejercicio dicha 
dirección general no dispone, de hecho, de toda la 
información necesaria relativa a las últimas ayudas 
embarcadas. Para superar esta dificultad, la DG VIII 
podría establecer las estadísticas de ejecución de la ayuda 
alimentaria en dos etapas. Basándose en las fechas 
previstas de embarque, dicha Dirección General podría 
establecer una estimación provisional casi inmediatamen­
te después de la finalización del ejercicio. Después de 
haber reunido todos los elementos de información 
necesarios, podría proceder a establecer un estado 
definitivo, basado en las fechas reales de embarque. 
10.10. En cualquier caso, la armonización de ambos 
sistemas (el de la DG VIII y el de la DG VI) es 
imprescindible y debería tener lugar a la mayor brevedad, 
toda vez que el sistema de la DG VIII es aún muy reciente 
y aún no ha sido definitivamente informatizado. Ambas 
direcciones generales deberían elaborar en estrecha 
colaboración una auténtica « contabilidad de existencias » 
de la ayuda alimentaria, con cuentas multifásicas que 
reflejaran las etapas sucesivas de la ejecución de los 
programas, desde la aprobación de éstos hasta la llegada a 
destino de las ayudas, incluyendo en particular la decisión 
de concesión de la ayuda, la petición de movilización, la 
aprobación del Comité de Gestión, el embarque y el 
desembarque. Únicamente un sistema integrado de este 
tipo permitiría responder a las necesidades de todos los 
gestores y organismos de control, así como a los deseos de 
información por parte del público en general, y garantiza­
ría la total coherencia de todas las cifras publicadas. 
104 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 10.4— Cifras proporcionadas por la Comisión relativas a las cantidades de ayuda alimentaria «entregadas» o «ejecutadas» en 1984 
(en toneladas) 
Fuente de información 
Informe sobre la ejecución del Presupuesto a 31 de 
diciembre de 1984 
y 
cuenta de gestión para el ejercicio 1984 
14° Informe Financiero relativo al FEOGA-Garantía y 
a la ejecución financiera de la ayuda alimentaria para 
1984 
Respuestas de la Comisión al apartado 10.3 del Informe 
Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1984 
Comisión-Dirección General de Agricultura 
Respuesta de un Comisario a la interpelación parlamen­
taria escrita n° 2281/84 (!) Términos 
utilizados para 
definir la fase 
de ejecución 
«ejecutado o 
en curso de 
ejecución » 
« entregado » 
(excluidas las 
movilizaciones 
todavía no 
entregadas) 
« movilizaciones » 
(incluidas las 
que están en 
curso) 
«ejecutado o 
en curso de 
ejecución » 
«entregadas o 
movilizadas» Cereales Leche descre­
mada en polvo Butter oil 
1 476 778 209 614 59 746 
1 505 167 173 094 49 854 
1 505 167 173 094 49 854 
1 384 199 165 218 49 442 
1 340 000 165 000 49 000 
0) DO C 233 de 12.9.1985, p. 10. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES EN VÍAS 
DE DESARROLLO NO ASOCIADOS 
(PVDNA) (CAPÍTULO 93) — GESTIÓN DE 
LOS CRÉDITOS DEL ARTÍCULO 930 
Volumen de compromisos y de pagos 
10.11. Del total de 355,8 millones de ECUS disponibles 
en 1985 en forma de créditos para compromisos, 
únicamente 149,7 millones de ECUS, es decir, el 42 % 
(véase cuadro 10.5) han sido objeto de compromiso 
durante el transcurso del ejercicio 1985, quedando 206,1 
millones de ECUS disponibles en 1986. De los 149,2 
millones de ECUS disponibles en 1985 en forma de 
créditos para pagos, 148,3 millones de ECUS, es decir, el 
99 %, han sido utilizados. 
10.12. El bajo nivel de compromisos no sólo ha sido 
consecuencia de las orientaciones tardías del Consejo 
(véase apartado 10.17) respecto a la forma de repartir los 
créditos concedidos, sino también de un proceso demasia­
do lento de selección y de compromiso de las acciones a 
financiar, debido a la gestión conjunta con los Estados 
miembros (consulta previa a un Comité «PVDNA»). No 
obstante, considerando períodos de dos años, los créditos 
disponibles para compromisos son normalmente objeto 
de una utilización casi completa dentro de cada uno de 
dichos períodos. 10.13. El hecho de que el 99 % de los créditos de pago 
haya sido utilizado durante el curso del ejercicio 1985 no 
es, paradójicamente, signo de una situación satisfactoria 
en cuanto al nivel de pagos. Algunos pagos no correspon­
den, de hecho, en el momento en que son efectuados, a 
operaciones ya realizadas. Tal es el caso de los pagos 
realizados a un banco de desarrollo que desempeña una 
función de mandatario y no efectúa por sí mismo los 
pagos hasta varios años más tarde, en el momento de la 
realización de los trabajos (véase el apartado 10.29 del 
Informe Anual relativo al ejercicio 1984) (l). Del mismo 
modo, cuando se trata de pagos correspondientes a 
servicios prestados, el objeto de la financiación es la 
entrega de bienes consumibles, tales como los fertilizan­
tes. La característica principal de estas entregas es la de 
permitir un pago rápido después del compromiso de los 
créditos correspondientes. A causa de tales prácticas, el 
volumen efectivo de pagos en favor de los proyectos de 
desarrollo gestionados por la Comisión y correspondien­
tes a trabajos finalizados, es notablemente inferior al 
importe total de los pagos, tal y como aparece en las 
cuentas (651,4 millones de ECUS desde 1976). La 
insuficiencia de medios administrativos en los servicios 
correspondientes es probablemente la causa que obstacu­
liza la gestión directa de un mayor número de proyectos 
en los PVDNA. 
10.14. En todo caso, a finales de 1985 quedaban todavía 
pendientes de liquidar 611,5 millones de ECUS de 
compromisos contratados con posterioridad a 1976. Este 
(•) Las notas aparecen al final del capítulo. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 105 
Cuadro 10.5 — Artículo 930: compromisos en 1985 
o destino 
Asia: 
— Bangladesh 
— Bután 
— India 
— Tailandia 
— Yemen 
— Territorios árabes 
ocupados 
Subtotal Asia 
América: 
— Costa Rica 
— Nicaragua 
— Proyectos regionales 
Subtotal América 
África: 
— Angola 
— Mozambique 
Subtotal África 
Compromisos complementarios so­
bre programas anteriores a 1984 
(Subtotal programas) 
Investigación agrícola 
Estudios y asistencia técnica 
Gastos administrativos 
Total comprometido en 1985 Programa de referencia 
1984 
y años anteriores 
Número 
(O 
1 
6 
— 
— 
1 
1 
5 
(12) 
1 
13 
11 
37 Importe 
(millones 
de ECUS) 
(2) 
25,5 
4,5 
15,0 
2,0 
5,8 
2,0 
54,8 
— 
— 
2,3 
2,3 
3,0 
(60,1) 
6,3 
1,9 
2,0 
70,3 1985 
Número 
(3) 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
(9) 
— 
— 
— 
9 Importe 
(millones 
de ECUS) 
(4) 
4,9 
35,0 
39,9 
13,6 
2,5 
11,8 
27,9 
4,2 
7,4 
11,6 
(79,4) 
— 
— 
— 
79,4 Importación 
sobre 
créditos 
subsis­
tentes 
de 1984 
(millones 
de ECUS) 
(5) 
25,5 
4,5 
15,0 
2,0 
5,8 
2,0 
54,8 
7,2 
2,5 
11,8 
21,5 
2,3 
2,3 
3,0 
(81,6) 
6,3 
1,9 
2,0 
91,8 sobre 
créditos 
del ejer­
cicio 1985 
(millones 
de ECUS) 
(6) 
4,9 
35,0 
39,9 
6,4 
6,4 
4,2 
7,4 
11,6 
(57,9) 
— 
0,0 
— 
57,9 Total 
Número 
(7) = 
(l) + (3) 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
3 
5 
(21) 
1 
13 
11 
46 Importe 
(millones 
de ECUS) 
(8) = 
(2) +(4) = 
(5)+ (6) 
30,4 
4,5 
15,0 
37,0 
5,8 
2,0 
94,7 
13,6 
2,5 
11,8 
27,9 
6,5 
7,4 
13,9 
3,0 
(139,5) 
6,3 
1,9 
2,0 
149,7 Reparto 
de los 
importes 
(%) 
(9) 
63,2 
18,6 
9,3 
2,0 
(93,1) 
4,2 
1,3 
1,4 
100 
Análisis global de la utilización de los créditos en 1985: 
— Créditos subsistentes de 1984: 
— Créditos concedidos correspon­
dientes al ejercicio 1985: 
Total Créditos dis­
ponibles en 
1985 
(millones de 
ECUS) 
91,8 0) 
264,0 
355,8 Compromisos 
contratados 
en 1985 
(millones de 
ECUS) 
91,8 
57,9 
149,7 Nivel de 
utilización 
100,0 % 
21,9% 
42,1 % Créditos sub­
sistentes 
para 1986 
(millones de 
ECUS) 
— 
206,1 
206,1 
0 De los cuales 1,7 millones de ECUS resultan de descompromisos sobre ejercicios anteriores a 1985. 
10o Loiario Oficial de las Comunidades Europeas 15,12,^ 
volumen, enloquerespectaaapro^imadamente500 
millones de PC^L^S, se explica por el inevitable retraso en 
la puesta en práctica de acciones consistentes en trabajos 
de infraestructura programados para varios años, Psta 
situación es bastantenormal^noobstanteconvienenotar 
que,enelcaso de diez acciones por untotalderó2,^ 
millones de PC^L^S iniciadas en l^^yl^4,aprincipios 
del e^erciciol^^ no se había realizado todavía ningún 
pago,yni siquiera estabaprevisto el realizarlo, ^stos 
retrasossedeben probablemente, en parte,alainsuficien^ 
cía de medios administrativos antes mencionada. 
10,15, Por otra parte, no se han podido etectuar pagos 
quevencíanenl^5,porun total deapro^imadamente 50 
millones de PCC1S, simplemente porque los créditos de 
pago disponibles no eran suficientes. Si se toman en 
consideración los compromisos todavía pendientes de 
pago, así como los créditos de compromiso aún disponía 
bles,laComunidaddeberáliberardesusrecursos,apartir 
de l^^ó, una cantidad de ^17,o millones de PCLIS para 
hacerfrente al conjunto desusobligacionesenmateria de 
cooperación financieray técnica con los PVIOl^A, Pn 
estas circunstancias, la utilización en 1^5 de un^^de 
los créditos de pago no es signo debuenagestión,La 
Comisión, al no haber obtenido los créditos inicialmente 
pedidos, ni los solicitados por vía de transterencia, ha 
tenido que prorrogaral^ró gastos correspondientesala 
gestióndel^5,nohabiendopodidodeesemodocumplir 
con las obligaciones de la Comunidad trenteaterceros 
países. 
10,1ro, La ayuda financieraytécnica en favor de los 
PVL^l^A, cubierta por los créditos del articulólo, está 
clasificadadentrodelosgastosnoobligatorios,respectoa 
los cuales, en materia de autorización presupuestaria, el 
Parlamento tiene la última palabra. Por otra parte, el 
artículo^delPeglamento(CPP^n^ ^42^1 del Consejo, 
delude tebrerode 1^1 (^,estableceque,apropuestade 
la Comisiónypreviaconsultaala Asamblea, el Consejo 
^determinará, con antelación suficiente al final del año, 
las orientaciones generalesalas que deba someterse la 
ayuda correspondiente al año siguientes, 
10,17, Pn la práctica, las orientaciones son decididas 
duranteeltranscursodelejercicio(enl^^5,en^ulio^y,por 
tanto,conbastanteposterioridadalaaprobacióndel 
PresupuestcAlreterirse tales orientacionesalatbrmaen 
la que se ha de repartir entre los PVL^l^A el total de 
créditos concedidos por la Autoridad presupuestaria, la 
ó^omisiónno puede, antesde la adopción de las indicadas 
orientaciones, comprometer los créditos en cuestión. La 
misma se ve compelida de forma regular, al tratarse de 
créditos disociados,autilizarlosduranteel año siguiente, 
loe este modo, resulta imposible cualquier comparación 
entre la voluntad inicial de la Autoridad presupuestaria, 
las orientaciones delConsejo,ylosresultados anuales 
reflejados en la cuenta de gestión (véase c^^^^,^. 10,1^. Aún en el supuesto de que las orientaciones del 
consejo fueran establecidas^con antelación suficientes, 
el control de laforma en queéstas son puestasen práctica 
se encontraría con otra dificultad. Las escalas de reparto 
establecidasenlasorientacionesnosonlobastanteclaras 
ycoherentes entre sí como para que el análisis délos 
compromisoscontablespermitasuseguimiento,Pnl^5, 
por ejemplo, la ayuda ha sido repartida geográficamente 
del siguiente modo^75^para Asia, 20^Bpara América 
Latinay5^BparaAfrica,loquetotalizaell00^.Pstaba 
asimismo previsto un reparto funcionah entre un5^By 
^^ para las medidas destinadas a paliar los daños 
causados por catástrofes, ^el mismo nivel que en 1^4^ 
(es decir, aproximadamente el l,5^para el fomento de 
la investigación agrícola internacional, y hasta un 
máximo deló^ para los costes de gestión, Pstasdos 
escalas de reparto no pueden combinarse completamente 
entresí,pormediodeunatabladedobleentrada, toda vez 
que la ayudaala investigación agrícola internacional no 
es susceptible de distribución geográfica y,por lo que 
respectaaloscostesdegestión,surepartoesmuydificilde 
realizar, 
10,1^, La Comisiónseha visto, pues, obligadaarepartir 
laayudautilizandoambosmétodossucesivamente,envez 
decombinarlosentre sí, Pn primer lugar, ha separado un 
lO^de los créditos que había repartido entre los gastos 
funcionales, y a continuación ha repartido el ^0^ 
restante en baseaun criterio geográfico (75^B,20^By 
5^B), Si esto es lo que pretendía el Consejo al establecer 
sus orientaciones, hubiese sido mejor que así lo hubiese 
manitestado explícitamente, Pn las actuales circunstan^ 
cías, es imposible para el organismo de auditoría 
pronunciarse acerca de si las orientaciones han sidoono 
respetadas. 
A^^^L^^n^r^^^^^ 
10,20, Pespectoalos créditos destinadosala cooperad 
ción con los PVL^A, el Tribunal haconstatado lo 
siguientes 
(a) el artículo ^Oatectaaun volumen importante de 
créditos^e!45^Bde los créditos para compromisosy 
el l^^Bdeloscréditos para pagos asignadosal Título 
^(e^cluida la ayuda alimentarias 
(b^ el articulólo es muy heterogéneo, Pn 1^5, le han 
sidoimputados21compromisosrelativosaproyectos 
repartidosentretrescontinentesycorrespondientesa 
programas anuales distintos (programas de 1^5, 
1^4,yajustesdeprogramasanteriores^, un compro^ 
miso correspondienteadiversas subvenciones para 
institutosdeinvestigaciónagrícolainternacional,y2^ 
compromisos correspondientesaaccionesbastante 
heterogéneas (participación en el funcionamiento de 
determinadas delegaciones de las Comunidades, 
estudios de viabilidad, misiones de especialistas para 
prestarsuasistenciatécnicaala puesta en prácticade 
proyectosopara etectuar la auditoría de éstos, etc,^ 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 107 
(c) aparte del artículo 930, existen otros varios artículos, 
de menor importancia en cuanto a volumen de 
créditos (en total, aproximadamente el 1 % de los 
créditos del Título 9), destinados a la financiación de 
acciones en favor de los PVDNA en los sectores 
energético, comercial y de la formación. Se trata, en 
particular, de los artículos 931, 932, 933, 934 y 935. 
Todas estas financiaciones se han destinado de hecho 
a la promoción de la cooperación industrial y técnica 
con los PVDNA. 
10.21. El Tribunal considera, pues, que sería deseable 
una doble reforma en la nomenclatura del capítulo 93: 
(a) el artículo 930 debería ser objeto de un desglose 
presupuestario interno en partidas presupuestarias, o 
incluso en subpartidas, a fin de permitir identificar 
rápidamente, mediante la simple lectura de las 
cuentas de la Comisión, los compromisos correspon­
dientes a los diferentes programas anuales, así como 
los destinados a diferentes zonas geográficas en 
función de su naturaleza (proyecto, investigación, 
asistencia técnica, costes de gestión, etc.); 
(b) aparte del artículo 930, los créditos destinados a la 
cooperación industrial, comercial y técnica deberían 
quedar agrupados en un artículo único, desglosado en 
tantas partidas como fuesen necesarias para que los 
tipos de gastos en cuestión quedasen específicamente 
determinados. 
10.22. De este modo sería posible establecer más 
claramente la distinción ente la financiación de proyectos 
de inversión en favor del desarrollo rural de los PVDNA 
(artículo 930) y la financiación de acciones en favor del 
desarrollo industrial, comercial y técnico de estos países 
(nuevo artículo que refundiese los antiguos artículos 931, 
932, 933, etc.), dando así efectividad real al principio de 
especialidad presupuestaria establecido por el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento Financiero: «... los gastos se 
clasificarán, de acuerdo con su naturaleza o afectación, en 
títulos, capítulos, artículos y partidas». 
Seguimiento de la gestión del artículo 930 
10.23. Existe en la Comisión un banco de datos relativos 
al Título 9, pero es únicamente utilizable para la 
financiación imputable a los artículos 965 y 966 
(protocolos mediterráneos). Los datos del resto del Título 
9, y en particular los del artículo 930, cuyos compromisos 
de 1976 y 1977 pendientes de liquidar no están registra­
dos, tienen todavía que ser completados y corregidos 
antes de ser utilizables. Actualmente los responsables 
geográficos de la gestión preparan manualmente las 
estadísticas de ejecución. Estas estadísticas, cuya elabora­
ción requiere un largo período de tiempo, no son 
cotejadas con las del banco de datos. El riesgo de 
inexactitud es, pues, importante. 10.24. Por otra parte, la forma en que los servicios 
gestores instruyen los expedientes no permite conocer y 
evaluar con facilidad el estado de realización de las 
acciones de cooperación financiera y técnica. Los 
expedientes de los servicios financieros son los únicos que 
proporcionan información rápida y segura. Los diferen­
tes tipos de expedientes existentes en los restantes 
servicios no permiten, por lo general, obtener rápidamen­
te dicha información. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LAS 
ACCIONES ESPECÍFICAS DE 
COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES EN VÍAS 
DE DESARROLLO (CAPÍTULO 94) — 
GESTIÓN DEL ARTÍCULO 941 
10.25. Los créditos del artículo 941 tienen como función 
asegurar una « participación comunitaria en acciones en 
favor de países en vías de desarrollo (PVD) realizadas por 
organizaciones no estatales (ONE)». Las subvenciones 
no son pagadas directamente por la Comisión a las ONE 
establecidas en los PVD, sino exclusivamente a las ONE 
que tienen su sede dentro del territorio de la Comunidad, 
correspondiendo a éstas, en su caso, y como ocurre con 
frecuencia, establecer el contacto con el correspondiente 
organismo homólogo local. 
10.26. Las recientes misiones in situ realizadas por el 
Tribunal en 1985 (Burkina Faso, Cabo Verde, Ghana, 
Guinea, India, Kenia, Madagascar, Mauricio, Niger y 
Somalia) han puesto de relieve que las ONE constituyen 
en conjunto una herramienta insustituible para la 
consecución de múltiples acciones, en particular en los 
ámbitos de la ayuda alimentaria y del desarrollo rural. En 
muchos casos estas acciones son llevadas a término a un 
coste inferior al que resultaría en caso de recurrir a medios 
administrativos y técnicos más clásicos. 
10.27. No obstante, basándose en las constataciones 
efectuadas con ocasión del control financiero de la 
Comisión, así como en observaciones propias, el Tribunal 
tiene fundamentos para afirmar que la reglamentación 
aplicable a las ONE, a pesar de haber sido mejorada en 
1982, presenta todavía lagunas y adolece de imprecisio­
nes. El seguimiento satisfactorio de los expedientes se ha 
hecho difícil, toda vez que el personal de la Comisión 
afectado a la gestión y al control de las subvenciones 
concedidas a las ONE es insuficiente en número para 
hacer frente a esta tarea. Los tres casos comentados a 
continuación constituyen un ejemplo de esta situación. 
10.28. Una de las ONE presentó solicitudes de financia­
ción conjunta en condiciones irregulares. De un total de 
diez proyectos, dos de ellos no eran subvencionables al 
estar virtualmente terminados. Un mismo proyecto había 
sido propuesto a varios suministradores de fondos, de 
forma tal que la financiación conjunta excedía del coste 
total. La Comisión mantuvo su subvención después de 
que la ONE hubo reembolsado la contribución recibida 
de otro suministrador de fondos. 
108 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
10.29. Cinco de los diez proyectos examinados adminis­
trados por la ONE antes indicada adolecen, por otra 
parte, de errores de concepto en los aspectos técnico y 
financiero que han motivado el que determinados costes 
fueran sobrepasados. El caso más evidente ha sido el de 
un proyecto de construcción viaria que tuvo que ser 
abandonado porque el elemento esencial, la construcción 
de un puente de 60 m, debía ser replanteado por completo 
en su aspecto técnico, y además porque el coste real del 
cemento era el doble del coste estimado. 
10.30. El seguimiento de los proyectos es deficiente 
debido a la falta de un intercambio adecuado de 
información entre la sede central y las sucursales de la 
ONE. En su sede central, ésta no disponía de documentos 
probatorios relativos a los gastos efectuados. Los 
informes de ejecución normalmente exigibles únicamente 
fueron presentados a la Comisión tras reiteradas 
gestiones por parte de ésta. 
10.31. El responsable administrativo de la ONE en la 
época en que ocurrieron los hechos fue procesado y 
condenado, en julio de 1983, a pena de prisión por 
malversación de una cantidad importante de fondos. 
Todavía no ha sido posible, hasta la fecha, determinar la 
realidad de los hechos en lo que respecta a la transferencia 
de las cantidades pagadas por la Comunidad a los 
proyectos correspondientes. El único control que se ha 
podido realizar se ha referido a la constatación de la 
correcta recepción de las subvenciones por parte de la 
sede central de la ONE, y a los intercambios de 
correspondencia con sus sucursales. Lo que ha sucedido 
en realidad ha sido que los fondos de la Comunidad han 
alimentado el presupuesto de funcionamiento de la ONE, 
que los ha utilizado como ha creído más conveniente. 
10.32. En el mismo Estado miembro existe una segunda 
ONE, que opera exclusivamente a través de organizacio­
nes no estatales locales, y no está pues en situación 
directamente operativa. Dicha ONE ha hecho uso de la 
posibilidad, prevista en las condiciones generales, de 
incluir en el coste total del proyecto un 6 % para cubrir sus 
gastos administrativos propios y un 7,5 % para las 
acciones vinculadas al proyecto en el ámbito del 
desarrollo educativo. A pesar de que estos porcentajes son 
límites máximos, la Comisión no los ha reducido. Ello es 
particularmente de lamentar en el caso del 6 %, relativo a 
los gastos administrativos, toda vez que se trata de una 
ONE no directamente operativa. El estudio de las 
solicitudes de financiación ha sido pues insuficiente. Por 
otra parte, el texto de las condiciones generales aplicables 
a las ONE, especialmente en lo que se refiere al cálculo de 
la participación comunitaria en estos gastos, es muy 
confuso, y debería ser modificado. Además, a pesar de 
que la ONE y la Comunidad deben soportar dichos gastos 
a prorrata de su participación respectiva en el proyecto, la 
ONE ha conseguido que éstos sean financiados en su 
totalidad por la subvención comunitaria. 
10.33. El el caso de cuatro de los doce proyectos 
examinados, la ONE no había podido probar en el 
momento del control el hecho de haber transferido 
efectivamente a los proyectos los fondos recibidos de la 
Comisión. Sin embargo dicha ONE había presentado previamente a la Comisión informes de ejecución, en los 
que se indicaban tales transferencias. 
10.34. A pesar de la importancia de la remuneración 
recibida, la ONE no ha efectuado un seguimiento 
correcto de las operaciones. De los 12 expedientes de 
proyectos examinados, únicamente en dos de ellos no se 
producía ninguna divergencia importante entre la 
solicitud de subvención y su utilización posterior, o no 
existían cálculos incorrectos, o informes incompletos, o 
una combinación de estas deficiencias. 
10.35. Respecto a la tercera ONE, las constataciones 
realizadas por el Tribunal durante el transcurso de su 
visita a un PVD, y posteriormente en las dependencias de 
la sede europea de la ONE en cuestión, confirman la 
validez de las observaciones precedentes. Se comprobó, 
en efecto, que se había pagado una subvención de 0,28 
millones de ECUS para un proyecto determinado, pero 
que la ONE, por su parte, no había efectuado ninguna 
contribución real, a pesar de que las condiciones generales 
preveían una financiación conjunta limitada al 50 % del 
coste total. Determinados retoques en la presentación 
contable (sobrevaloración de los inmuebles existentes e 
inclusión de ingresos futuros) han permitido a la ONE 
eludir cualquier tipo de aportación financiera. 
10.36. Esta operación fue iniciada en 1978, en un 
momento en que las condiciones generales eran poco 
precisas. En 1982 se aprobó una disposición con objeto de 
permitir las aportaciones en especie. Esta norma permite, 
con apariencia de total regularidad, comportamientos 
calificables cuanto menos de discutibles. Éste no es, por 
otra parte, el único defecto que presentan las condiciones 
generales aplicables a las ONE. El control de las 
operaciones realizadas por las ONE seguirá siendo 
insuficiente en tanto éstas no pueden estar sujetas a la 
obligación de verificar in situ las operaciones realizadas 
por su homólogo local, y de tener a disposición de la 
Comisión los justificantes financieros. Es también de 
lamentar que la sanción financiera prevista por las 
condiciones generales para el caso de que una ONE no 
respete sus obligaciones (a saber, el reembolso de la 
subvención recibida) no sea ya aplicada con frecuencia. A 
decir verdad, esta sanción es difícilmente aplicable a 
infracciones tales como la insuficiencia de controles in situ 
o la no transmisión de informes en los plazos establecidos. 
Sería, pues, deseable estudiar un sistema adaptable, que 
permitiera por ejemplo el reembolso parcial de las sumas 
ya pagadas. Las condiciones de otorgamiento de las 
participaciones para la cobertura de gastos administrati­
vos deberían ser revisadas con objeto de tener en cuenta 
los gastos efectivamente declarados. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LAS 
ACCIONES COYUNTURALES EN FAVOR 
DE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y 
DE TERCERO PAÍSES (CAPITULO 95) 
Programa especial de lucha contra el hambre 
en el mundo 
10.37. Los créditos necesarios para la ejecución del 
programa especial de lucha contra el hambre en el mundo 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 109 
han sido previstos, desde 1982, mediante la creación en el 
Presupuesto de 1983 del artículo 958, que ha aparecido 
asimismo en los presupuestos posteriores. El Reglamento 
(CEE) n° 1993/83 (3) del Consejo, de 11 de julio de 1983, 
que estableció este programa, ha quedado sin vigencia a 
partir del 31 diciembre de 1984. La Comisión ha 
propuesto al Consejo, el 6 de agosto de 1985, y 
posteriormente el 26 de diciembre de 1985, la continua­
ción de dicho programa hasta finales de 1986 y 
posteriormente hasta finales de 1987. 
10.38. El objetivo del programa especial es el de 
mejorar, por medio de medidas estructurales, el grado de 
autosuficiencia alimentaria de los PVD y contribuir a la 
conservación de sus recursos naturales. El Tribunal ha 
analizado a este respecto la situación de dos países 
beneficiarios que habían acordado con la Comunidad, en 
el marco de un programa especial, la adquisición con la 
subvención de la Comunidad de cereales de producción 
local, y su posterior reventa en el propio mercado. Ambos 
países se habían comprometido a reembolsar, mediante 
su ingreso en una cuenta especial, el producto de esta 
reventa, con vistas a permitir en el futuro la realización de 
operaciones similares. Sin embargo, en el caso de uno de 
dichos países, la compra únicamente fue por una cuantía 
igual a un tercio de la prevista y fue además efectuada al 
exterior del país en cuestión. Los cereales adquiridos 
fueron distribuidos gratuitamente, no habiendo pues 
existido ninguna contrapartida financiera. En el caso del 
otro país, los fondos resultantes de la reventa no fueron 
restituidos mediante su ingreso en una cuenta especial, tal 
como estaba previsto. Es de temer que, tanto en uno como 
en otro caso, la ayuda comunitaria haya servido 
finalmente para alimentar la tesorería de las organizacio­
nes paraestatales, cuya gestión y situación financiera 
inspiran las mayores inquietudes. 
10.39. Los créditos comprometidos en 1983 (véase 
cuadro 10.6), que no estaban disociados durante dicho 
año, no pudieron ser gastados y fueron por tanto 
prorrogados a 1984. En 1984, bajo el régimen de los 
créditos disociados, los compromisos han continuado a un ritmo importante, pero no se ha efectuado ningún 
pago sobre los créditos del ejercicio. La Comisión, por el 
contrario, ha consumido la totalidad de los créditos 
prorrogados de 1983, llegando incluso a efectuar pagos 
sin que los correspondientes servicios hubiesen sido 
prestados. Ello constituye una infracción del artículo 37 
del Reglamento Financiero. 
10.40. En 1985, la cuantía autorizada para nuevos 
compromisos ha sido reducida a la mitad. La parte más 
importante de los créditos, sin embargo, no ha sido 
utilizada, debido a la ausencia de un reglamento que 
permita la utilización de los créditos inscritos en el 
Presupuesto. Esta situación es atribuible a la presentación 
por parte de la Comisión, en agosto de 1985, y demasiado 
tarde por tanto, de una primera propuesta prorrogando el 
reglamento cuya vigencia había expirado, que el Consejo 
no ha querido aprobar. Una segunda propuesta de la 
Comisión, presentada en fecha 26 de diciembre de 1985, y 
más completa que la anterior, no había sido todavía 
aprobada por el Consejo a finales de abril de 1986. En 
estas condiciones, no es normal de la Comisión haya 
podido, a pesar de todo, comprometer 0,55 millones de 
ECUS. La mayor parte de esta suma (0,46 millones de 
ECUS) corresponde a cantidades debidas a consecuencia 
de contratos firmados en 1984, cuya duración de 
ejecución excedía de la duración de la validez de los 
créditos correspondientes. Esta excusa, discutible por lo 
demás, no es alegable de todos modos para los 0,093 
millones de ECUS restantes. Este importe, imputado en 
cuanto a 0,045 millones de ECUS a créditos disponibles 
correspondientes al ejercicio 1984, y en cuanto a los 0,048 
millones de ECUS restantes a créditos del ejercicio 1985, 
ha sido comprometido a finales de 1985, sin ninguna base 
reglamentaria. La irregularidad, en este caso, ha de ser 
puesta de relieve. 
10.41. En 1985, de nuevo, no se ha podido efectuar 
ningún pago sobre créditos del ejercicio, a pesar de que la 
cuantía de la autorización sólo era de una tercera parte de 
la del ejercicio anterior. Los créditos de pago prorrogados 
de 1984 no han sido utilizados más que hasta un 55 %, lo 
que pone de relieve la imposibilidad de transformar en 
gastos, con suficiente rapidez, los compromisos realiza­
dos, en los casos en que se respeta la normativa existente. 
Cuadro 10.6 — Ejecución del programa especial de lucha contra el hambre en el mundo 
(millones de ECUS) 
Créditos para compromisos 
— créditos del ejercicio 
— créditos subsistentes 
Créditos para pagos 
— créditos del ejercicio 
— créditos prorrogados 1983 
Créditos 
dispo­
nibles Créditos 
utili­
zados 
50,0 49,6 
50,0 0,1 1984 
Créditos 
dispo­
nibles Créditos 
utili­
zados 
58,0 57,8 
42,0 — 
49,5 48,1 1985 
Créditos 
dispo­
nibles Créditos 
utili­
zados 
29,0 0,0 
0,5 0,5 
14,0 — 
42,0 23,1(0 1986 
Créditos 
dispo­
nibles 
16,0 
29,0 
16,0 
14,0 
(') 18,9 millones de ECUS han sido por tanto anulados a finales de 1985. 
110 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
OBSERVACIONES RELATIVAS AL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS 
DELEGACIONES DE LA COMISIÓN EN 
LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 
(CAPÍTULO 98) 
10.42. En 1985 se ha pagado una subvención de 58,14 
millones de ECUS a la Asociación Europea para la 
Cooperación (AEC), con el fin de administrar 77 
delegaciones de la Comisión establecidas en terceros 
países. Mil cuatrocientos catorce agentes, entre los cuales 
están 276 expatriados, están destinados en estas delega­
ciones. 
10.43. Con ocasión del examen, en las dependencias de 
la AEC en Bruselas, de diversas regulaciones de anticipos 
gestionadas por las delegaciones de la Comisión en los 
PVD, el Tribunal ha constatado debilidades en la gestión 
central de la AEC, y más concretamente en la forma en 
que ésta controla la actividad financiera de las delegacio­
nes. 
Control de las delegaciones por parte de la 
AEC Gestión central de la AEC 
10.46. No se ha sacado todo el provecho posible del 
procedimiento puesto en práctica a partir de 1984, 
consistente en dotar a cada delegación de un presupuesto 
interno. Las delegaciones establecen generalmente sus 
propuestas en base a los gastos anteriores. La AEC 
analiza las variaciones observadas de un año a otro, e 
intenta comparar los diversos presupuestos entre sí. Sin 
embargo, la misma no ha podido definir, para el conjunto 
de partidas presupuestarias, los criterios objetivos sobre 
los cuales se deberían basar las propuestas, y el concepto 
de presupuesto-tipo de una delegación permanece 
ignorado. 
10.47. Cuando un gasto específico, por ejemplo, la 
compra in situ de mobiliario, se ha previsto en las 
estimaciones presupuestarias que son aprobadas formal­
mente por la AEC, la regla según la cual debe exigirse el 
acuerdo de la oficina central cuando se trata de un gasto 
superior a 500 ECUS es superflua e innecesaria. En 
cualquier caso, esta regla es mal observada por las 
delegaciones, en parte porque a veces la AEC tarda en 
responder a sus peticiones y no siempre tiene en cuenta sus 
necesidades. Por ejemplo, puede necesitar varios meses 
para dar su opinión sobre las peticiones de compra de 
vehículos o mobiliario. La AEC no aconseja a las 
delegaciones en el aspecto técnico, a fin de buscar las 
soluciones más económicas. No efectúa el seguimiento de 
los contratos anuales de mantenimiento de material, que 
sobrepasan a menudo los 500 ECUS y que están 
sometidos por tanto a la regla de autorización previa. 
10.44. Las delegaciones llevan un registro mensual para 
las regulaciones de anticipos que cubren sus gastos de 
funcionamiento y, en su caso, las operaciones de 
asistencia técnica. Este registro es enviado posteriormente 
a la AEC, junto con los documentos justificativos. El 
control de la AEC consiste en un examen, partida por 
partida, y documento por documento, de los gastos 
declarados, y es realizado por agentes de categoría C. En 
los casos en que los registros llegan a la AEC con retraso, 
se efectúa un examen con mayor profundidad. 
10.45. Este tipo de control de las cuentas de las 
delegaciones no es satisfactorio. De hecho, a pesar de que 
los verificadores de la AEC efectúan su trabajo en 
conciencia, su nivel de formación hace preciso que sus 
tareas sean correctamente definidas. Sin embargo, dichos 
verificadores no disponen siquiera de un manual que 
defina los controles a realizar, y efectúan sus verificacio­
nes en base a simples instrucciones, la mayoría de las veces 
verbales. Debería establecerse un método de control más 
estructurado, en el que se efectuase una selección de 
muestras y de partidas a controlar. Deberían asimismo 
definirse estrategias de control. Los gastos de las 
diferentes delegaciones deberían ser comparados entre sí 
y analizados en función de criterios unificados. Las 
medidas adoptadas por la AEC respecto a los gastos de 
carburantes muestran la ventaja de la adopción de este 
tipo de control. 10.48. Los importes previstos para el funcionamiento 
de las delegaciones son generalmente transferidos desde 
Bruselas en la moneda del país donde se halla la 
delegación. En ocasiones sucede que la AEC efectúa las 
transferencias en divisas fuertes, que son inmediatamente 
convertidas en moneda local. El tipo de cambio utilizado 
es el de curso oficial, que en determinados casos no se 
corresponde con el valor real de la moneda local. Esta 
práctica resulta muy onerosa para el Presupuesto 
comunitario. 
10.49. La AEC no siempre dispone de medios de gestión 
satisfactorios susceptibles de ser utilizados por la 
autoridad jerárquica natural de las delegaciones, es decir, 
la DG VIII de la Comisión. Así pues, el registro contable 
de los gastos de misión se efectúa de tal forma que no es 
posible identificar directamente el conjunto de gastos 
declarados con motivo de las misiones, ni conocer su coste 
total. Además, las misiones no siempre dan lugar a 
reembolsos. Es difícil efectuar un seguimiento de la 
estancia de los agentes en la zona en cuestión y de su 
control sobre la ejecución de los proyectos. El ritmo de 
consumo de los créditos, frecuentemente inferior al 
previsto, podría proporcionar a la Comisión una valiosa 
información. 
10.50. Al no disponer, desde hace varios años, de datos 
actualizados de la situación real, la AEC inició en julio de 
1985 un inventario de los bienes de que disponían las 
delegaciones, ya fuera para su propio funcionamiento o 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 111 
para el alojamiento del personal expatriado. Las insufi­
ciencias constatadas habían llevado a la AEC a soportar 
costes adicionales y, con ocasión de la instalación de un 
nuevo agente, a declarar gastos importantes. Era, pues, 
indispensable disponer de inventarios de las instalaciones 
y del material en el momento de la entrada en funciones 
del personal expatriado, para poder así efectuar una 
comprobación en el momento del cese de sus funciones, y 
poner a su cargo los gastos que se considerasen 
imputables a los mismos. El Tribunal constata que en 
muchas delegaciones estos inventarios se efectúan con 
una extrema lentitud. 
10.51. Los métodos de contabilización deberían ser 
mejorados y armonizados. Las delegaciones no siempre tienen la posibilidad de imputar a una partida de su 
propio presupuesto los gastos efectuados (gastos rechaza­
dos por la oficina central de la AEC y que han de 
regularizarse, gastos ajenos al funcionamiento de la 
delegación y gastos « privados» de los agentes, que han de 
ser recuperados). Las delegaciones imputan dichos gastos 
en una cuenta de espera pero no presentan todos los meses 
un estado de los importes pendientes, limitándose a 
indicar las entradas y salidas contables efectuadas 
durante el mes, y el saldo. Este método no permite poner 
de relieve la importancia de las cantidades pendientes, su 
antigüedad y la rapidez de su liquidación. Por otra parte, 
conviene señalar la falta de homogeneidad de los 
documentos justificativos, particularmente en materia de 
salarios del personal local. 
(i) DO C 326 de 16.12.1985. 
(2) DO L 48 de 21.1.1981, p. 8. (3) DO L 196 de 20.7.1983. 
112 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
CAPITULO 11 
Gestión de las instituciones comunitarias 
y de los organismos exteriores 
11.0 ÍNDICE DE MATERIAS Apartados 
Introducción 11.1 — 11.4 
Gastos de personal 
Resumen de la información financiera y plantilla de las instituciones 
Observaciones relativas a los sistemas informatizados de cálculo de las 
remuneraciones y de gestión de efectivos 
Observaciones relativas a la gestión por parte de las instituciones del 
régimen de asignaciones escolares 
Observaciones relativas a la gestión presupuestaria del Consejo y de la 
Comisión 
Observaciones sobre la gestión de los créditos de personal de la Comisión 11.17 
Remuneración del personal destinado fuera de las Comunidades 
Créditos de personal del Centro Común de Investigaciones (CCI) 
Gastos de funcionamiento 
Resumen de la información financiera 
Observaciones relativas a la presentación de documentos justificativos 
Observaciones relativas a los gastos para el acondicionamiento de locales 
del Consejo y de la Comisión 
Observaciones referentes a la gestión de los créditos de funcionamiento 
de la Comisión 
No consideración de una denegación de visado del interventor 
Realización de un proyecto-piloto de televisión europea 
Observaciones relativas al pago de las facturas por el Tribunal de 
Cuentas 
Organismos exteriores 
Observaciones generales 
Observaciones relativas a la estructura jurídica de los organismos 
beneficiarios 11.5 
11.5 
11.7 
11.9 
11.14 
11.17 
11.18 
11.22 
11.28 
11.28 
11.29 
11.30 
11.33 
11.33 
11.36 
11.39 
11.40 
11.40 
11.42 — 11.27 
— 11.6 
— 11.8 
— 11.13 
— 11.16 
— 11.27 
— 11.21 
— 11.27 
— 11.39 
— 11.32 
— 11.38 
— 11.35 
— 11.38 
— 11.52 
— 11.41 
— 11.45 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 113 
Escuelas Europeas 
Agencia de Abastecimiento de Euratom 
Empresa común JET 
Observaciones relativas a la utilización de las subvenciones de las 
Comunidades por ciertos organismos exteriores 
Escuelas Europeas 
Empresa común JET 11.42 
11.43 
11.45 
11.46 
11.46 
11.51 — 11.44 
— 11.52 
— 11.50 
— 11.52 
INTRODUCCIÓN (d) Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (Centro de Berlín — Cedefop); 
11.1. El presente capítulo trata del examen llevado a 
cabo por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las 
instituciones comunitarias (gastos de personal y de 
funcionamiento) y de las subvenciones a organismos 
exteriores a las Comunidades. La gestión de las institucio­
nes da lugar a observaciones relativas, según el caso, bien 
a temas generales que afectan a todas o a parte de las 
instituciones, bien a asuntos propios de la Comisión. 
11.2. Los créditos destinados a cubrir los gastos de 
personal de las instituciones figuran en el Título 1 de cada 
sección del Presupuesto General (') y, para la Sección III, 
Comisión, en el Título 1 de la parte A y en el Título 7 de la 
parte B (Investigación e Inversión) (2). Estos gastos, que 
ascienden en 1985 a 1 043,1 millones de ECUS, se 
efectúan conforme a las disposiciones del Estatuto de los 
Funcionarios de las Comunidades Europeas, de sus 
anexos, y del anexo dedicado al régimen aplicable a los 
otros agentes (ROA). (e) Fundación Europea para la Mejora de las Condicio­
nes de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín); 
(f) Fundación Europea, París (sin actividad en 1985). 
De conformidad con lo dispuesto en los textos anterior­
mente citados, el Tribunal presenta informes a las 
autoridades de descargo de estos organismos. Estos 
informes, que son distintos del Informe Anual sobre la 
ejecución del Presupuesto General comunitario, se 
relacionan en el Anexo II del presente informe. 
GASTOS DE PERSONAL 
11.3. Los créditos destinados a cubrir los gastos de 
funcionamiento de las instituciones comunitarias figuran 
en los títulos 2 y 3 de cada sección del Presupuesto 
General y, en el caso de la Comisión, en el Título 2, parte 
A, de la Sección III de dicho Presupuesto. Los gastos 
correpondientes ascienden a un total de 391,6 millones de 
ECUS. 
11.4. El Tribunal examina anualmente las cuentas de los 
organismos beneficiarios siguientes, en virtud de compe­
tencias específicas que le son atribuidas por los Tratados 
o por los actos constitutivos o internos de estos 
organismos: Resumen de la información financiera y 
plantilla de las instituciones 
11.5. El volumen y la utilización de los créditos 
correspondientes a los Títulos 1 del Presupuesto se 
presentan, por capítulo presupuestario y por institución, 
en el cuadro 11.1. Globalmente, el nivel de utilización de 
los créditos asciende al 97,5 %, el nivel de créditos 
prorrogados al 1,3 % y el nivel de las anulaciones al 1,2 %. 
(a) Escuelas Europeas y Consejo superior de las Escuelas 
Europeas; 
(b) Empresa común JET; 
(c) Agencia de Abastecimiento de Euratom: 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 11.6. Los efectivos teóricos, es decir, los empleos 
autorizados en el Presupuesto, y los reales, incluyendo las 
demás categorías de personal no previstas en el cuadro de 
efectivos, se detallan en los cuadros 11.2 — 11.3. Estos 
datos muestran una reducción de la diferencia entre los 
empleos efectivamente provistos hasta el final del 
ejercicio y los empleos autorizados en el Presupuesto, 
confirmando así una tendencia ya observada en 1984, 
excepto en la Oficina de Publicaciones Oficiales y en la 
plantilla de «investigación e inversión» de la Comisión. 
114 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 11.1 — Créditos de personal y su utilización, por capítulo presupuestario y por institución 
(millones de ECUS) 
Capítulo presupuestario e institución 
(1) 
A. Por capítulo presupuestario 
10 Miembros de la institución (*) 
11 Personal 
12 Indemnizaciones y gastos relativos a la 
entrada en funciones, el cese de las funciones 
y los traslados 
13 Gastos relativos a las misiones y desplaza­
mientos 
14 Infraestructura de carácter socio-médico 
15 Organización de períodos de prácticas y de 
perfeccionamiento profesional del personal 
16 Gastos de servicio social 
17 Comisión — Gastos de recepción y de 
representación 
37 Gastos particulares de ciertas instituciones y 
de ciertos organismos (2) 
Total 
B. Por institución 
Parlamento 
Consejo 
Comisión (3) 
Tribunal de Justicia 
Tribunal de Cuentas 
Comité Económico y Social 
Total Presupuesto 1985 
Créditos 
definitivos 
(2) 
55,8 
735,9 
93,1 
22,6 
2,5 
3,0 
2,2 
0,7 
1,6 
917,4 
174,3 
77,2 
606,3 
25,7 
16,6 
17,3 
917,4 Compro­
misos 
(3) 
54,2 
730,5 
90,8 
22,5 
2,5 
3,0 
2,0 
0,7 
1,6 
907,8 
172,1 
75,8 
602,5 
24,4 
15,9 
17,1 
907,8 Pagos 
efectuados 
(4) 
52,5 
726,9 
90,1 
17,7 
2,1 
2,8 
1,6 
0,4 
1,6 
895,7 
166,6 
75,4 
596,7 
24,2 
15,7 
17,1 
895,7 Prórrogas 
a 1986 
(5) 
1,7 
3,6 
0,7 
4,8 
0,4 
0,2 
0,4 
0,3 
0,0 
12,1 
5,5 
0,4 
5,8 
0,2 
0,2 
0,0 
12,1 Anula­
ciones 
(6) = (2)-
(4)-(5) 
1,6 
5,4 
2,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
9,6 
2,2 
1,4 
3,8 
1,3 
0,7 
0,2 
9,6 Prórrogas de 1984 
Créditos 
prorroga­
dos de 
1984 
(7) 
1,7(4) 
3,2(4) 
0,6(4) 
4,2(4) 
0,4 
0,2(4) 
0,0 
0,2(4) 
— 
10,5(4) 
4,4 
0,5 
5,4(4) 
0,1 
0,1 
0,0 
10,5(4) Pagos 
efectuados 
(8) 
1,4 
2,2 
0,4 
3,8 
0,4 
0,1 
0,0 
0,2 
— 
8,5 
3,6 
0,5 
4,2 
0,1 
0,1 
0,0 
8,5 Anula­
ciones 
(9) = 
(7)-(8) 
0,3 
1,0 
0,2 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
— 
2,0 
0,8 
0,0 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
(') Parlamento, Comisión, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, Comité Económico y Social. 
(2) Excepto la partida 3742 de la Sección II — Consejo (Gastos de funcionamiento con motivo de la adhesión de España y Portugal). 
(3) Incluida la Oficina de Publicaciones Oficiales. 
(4) Estas cuantías tienen en cuenta el cambio de la nomenclatura presupuestaria de la Comisión en 1985. 
11.8. La investigación reveló que la comparación entre 
las diversas informaciones recogidas no había sido 
organizada, ni dentro de cada sistema, ni de un sistema a 
otro, lo que constituye una deficiencia importante del 
control interno ejercido sobre la gestión de personal. Ni 
siquiera se ha llevado a cabo el paso previo de esta 
comparación, ya que no se han totalizado los efectivos 
dentro de cada sistema, lo que impide contrastarlos con 
facilidad. Así, por ejemplo: 
(a) en el sistema «PAIE», ni la relación mensual de los 
sueldos por agente, ni las listas bancadas mensuales 
hacen referencia al número total de agentes pagados; Observaciones relativas a los sistemas 
informatizados de cálculo de las 
remuneraciones y de gestión de efectivos 
11.7. Los datos relativos a la relación de los efectivos en 
servicio en cada institución deben concordar con los que 
sirven para el cálculo de las remuneraciones. El Tribunal 
verificó en qué medida era posible realizar una compara­
ción entre la plantilla efectiva y la plantilla remunerada, 
partiendo de los sistemas informáticos aplicados por dos 
instituciones: los sistemas «RAPE» (Parlamento), 
«SYSPER» (Comisión) y «PAIE» (común a las dos 
instituciones). 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 115 
Cuadro 11.2 — Funcionarios y agentes temporales 
Institución 
(1) 
Parlamento 
Consejo 
Comisión 
(a) Administración excluyendo la Oficina de 
Publicaciones Oficiales 
(b) Oficina de Publicaciones Oficiales 
(c) Investigaciones e inversión: 
— acciones directas 
— acciones indirectas 
Tribunal de Justicia 
Tribunal de Cuentas 
Comité Económico y Social 
Total 1984 
Empleos 
autorizados 
(2) Efectivos 
a 
31.12.1984 
(3) Diferencia 
columnas 
(2)-(3) 
(4) 
2 966 2 826 140 
1 792 1 711 81 
10 037 9 587 450 
312 287 25 
2 222 2 155 67 
629 551 78 
480 438 42 
303 283 20 
398 398 — 
19 139(2) 18 236 903 1985 
Empleos 
autorizados 
(5) Efectivos 
a 
31.12.1985 
(6) Diferencia 
columnas 
(5)-(6) 
(7) 
2 941 (0 2 917 24 
1 888 1 823 65 
10 429 10 027 402 
331 303 28 
2 260 2 164 96 
662 578 84 
480 441 39 
307 289 18 
405 402 3 
19 703(2) 18 944 759 
(') No incluye, en 1985, una reserva de 57 empleos. 
(2) Esta cifra no incluye ni a los 43 agentes del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, ni a los 38 agentes de la Fundación Europea 
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. 
Fuente de los datos: instituciones de las CE. 
Cuadro 11.3 — Agentes auxiliares, agentes locales y consejeros especiales 
Institución 
Parlamento 
Consejo 
Comisión: 
— Administración 
— Investigación e inversión 
Tribunal de Justicia 
Tribunal de Cuentas 
Comité Económico y Social 
Total . 31.12.1984 
Agentes 
auxiliares Agentes 
locales 
0) Consejeros 
especiales Total 
83 — — 83 
42 — — 42 
77 498 46 621 
67 — — 67 
20 10 1 31 
3 5—8 
17 — — 17 
309 513 47 869 31.12.1985 
Agentes 
auxiliares Agentes 
locales 
0) Consejeros 
especiales Total 
88(2) — — 88 
32(3) _ _ 32 
145 532 54 731 
98 — — 98 
18 (4) 12 1 31 
7 2—9 
22(5) — — 22 
410 546 55 1 011 
(') Esta cifra no incluye los agentes locales pagados por organismos extra-presupuestarios (restaurantes, guarderías, etc.). 
(2) 88 agentes a 31.12.1985, pero 253 durante el ejercicio. 
(3) 82 agentes a 31.12.1985, pero 55 durante el ejercicio. 
(4) 18 agentes a 31.12.1985, pero 30 durante el ejercicio. 
(5) 22 agentes a 31.12.1985, pero 51 durante el ejercicio. 
Fuente de los datos: instituciones de las CE. 
116 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
(b) las listas nominales producidas por los sistemas de 
gestión corriente, «RAPE» y «SYSPER», no 
incluyen cifra total alguna de los efectivos, ni 
globalmente ni por categoría; 
(c) por último, se han descubierto diferencias entre los 
distintos documentos producidos por el sistema 
«SYSPER» y entre éstos y los documentos produci­
dos por el sistema «PAIE». 
Las anomalías observadas en la Comisión le fueron 
comunicadas. Ésta las está investigando con el fin de 
justificarlas. 
Observaciones relativas a la gestión por parte 
de las instituciones del régimen 
de asignaciones escolares 
11.9. Las asignaciones escolares, parte de los comple­
mentos familiares cuyos créditos están inscritos en las 
partidas 1002 y 1101 de las cinco secciones del Presupues­
to, han supuesto, para el ejercicio 1985, gastos que 
ascienden a 15,4 millones de ECUS. El examen de estos 
gastos en el conjunto de las instituciones dio lugar a 
observaciones de alcance general, recogidas a continua­
ción. 
11.10. Los textos de base que organizan el régimen de 
las asignaciones escolares (3) establecen el principio del 
reembolso de los gastos efectivos para cada hijo 
escolarizado hasta un límite, simple o doble según los 
casos. Para la puesta en práctica de estos textos, las 
disposiciones generales de ejecución actualmente en 
vigor (4) precisan que una parte de los gastos se debe 
cubrir mediante una asignación a tanto alzado, siendo la 
otra parte reembolsada sobre la base de los gastos 
efectivos, hasta el límite anteriormente citado. Por otra 
parte, desde el ejercicio 1984, se inscribe en la partida A 
2898 del Presupuesto de la Comisión una subvención a 
centros escolares, accesible al personal de todas las 
instituciones. El análisis presenta esta subvención como 
un suplemento de la asignación escolar. 
11.11. Si bien la gestión de la parte a tanto alzado es 
relativamente sencilla, efectuada por otra parte por medio 
de sistemas informatizados de confección de nóminas, no 
sucede lo mismo con la parte calculada en base a los 
gastos reales. Esta parte, aunque sólo representa 
alrededor del 20 % del gasto total, requiere una gestión 
muy compleja debido al gran número de casos y de 
expedientes con los que se ha de trabajar y conduce a 
diferencias de trato difícilmente comprensibles. Así, por 
ejemplo: 
(a) a igualdad de gastos de escolaridad, se concede el 
doble del límite máximo, en la enseñanza superior, a 
los funcionarios que reciben la indemnización de 
expatriación y no se concede a los funcionarios que 
reciben la indemnización por residencia fuera del país 
de origen; (b) se concede el doble del límite máximo a los 
funcionarios destinados a más de 50 km del centro 
escolar al que asisten sus hijos, incluso en los casos en 
los que el hogar familiar se encuentra a menos de 50 
km; 
(c) al personal destinado en oficinas de información 
situadas en su país de origen, se concede el doble del 
límite para la enseñanza primaria y secundaria y no se 
concede para la enseñanza superior. 
11.12. Los créditos inscritos, por un importe de 0,1 
millones de ECUS, en la partida A 2898 se destinan a 
cubrir los gastos de escolarización de hijos que, por 
motivos pedagógicos imperiosos o debido al lugar de 
destino de la madre o del padre funcionario (oficinas 
exteriores), no pueden cursar estudios en una Escuela 
Europea. Los gastos correspondientes son doblemente 
cuestionables: por su propia naturaleza y por ser 
abonados directamente a los agentes beneficiarios, 
constituyen un suplemento de la asignación escolar que, 
por una parte, es contrario a la regla que limita los 
reembolsos de los gastos de escolaridad y, por otra, se 
imputa artificialmente como subvenciones a centros de 
enseñanza. Consecuentemente, el Tribunal considera que 
debe ponerse fin a esta práctica, a menos que se adopten 
disposiciones estatutarias específicas en favor de ciertos 
casos particulares (oficinas exteriores). 
11.13. El examen del sistema de gestión de las asignacio­
nes escolares pone de relieve la complejidad de la 
reglamentación relativa al reembolso de los gastos reales 
de escolaridad. Las condiciones de aplicación de esta 
reglamentación requieren una gestión administrativa 
lenta y conducen a errores, reembolsos retroactivos, 
discriminaciones e imposibilitan un contral eficaz. Ahora 
bien, las situaciones reales no son lo suficientemente 
diferentes ni complejas como para necesitar reglas tan 
detalladas. En estas condiciones, el Tribunal recomienda 
que el sistema sea simplificado sobre la base de una 
asignación a tanto alzado para los gastos de escolaridad 
correspondientes a cada uno de los tres ciclos de 
enseñanza. 
Observaciones relativas a la gestión 
presupuestaria del Consejo y de la Comisión 
11.14. El ejercicio 1985 se ha caracterizado por la 
aplicación, hasta el 13 de junio, fecha de aprobación del 
Presupuesto, del régimen de los «doceavos provisiona­
les». En sus auditorías en el Consejo y la Comisión, el 
Tribunal observó los dos casos siguientes. 
11.15. En el primer caso, el examen de la gestión de los 
créditos de la partida 1110 «Agentes auxiliares» del 
Consejo permitió observar que, entre el 13 de junio y el 7 
de octubre de 1985, inicialmente se habían sobrepasado 
los créditos en 618 988 ECUS y posteriormente, después 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 117 
del 1 de agosto, en importes que oscilan entre 30 000 y 
60 000 ECUS. El déficit inicial fue parcialmente compen­
sado mediante una nueva imputación de pagos por valor 
de 584 131 ECUS a la partida 3741 « Gastos relacionados 
con la adhesión de España y Portugal a las Comunida­
des». Sin embargo, ni esta operación, ni una transferencia 
posterior, bastaron para volver a dotar adecuadamente la 
partida 1110. A pesar de presentar un saldo negativo, se 
siguieron imputando gastos a esta partida. No se 
restableció un saldo positivo, logrado mediante una 
segunda transferencia, hasta el 7 de octubre de 1985. Estas 
dificultades fueron motivadas, en parte, por la aproba­
ción tardía del Presupuesto 1985, lo que hizo que el 
Consejo mantuviera, durante seis meses, a causa de la 
futura ampliación de las Comunidades, a 35 agentes de 
nacionalidad española y portuguesa como agentes 
auxiliaires. La institución les concedió a continuación, 
con efectos retroactivos, la categoría de agentes tempora­
les, con una pérdida de cotizaciones al régimen de 
seguridad social belga de 57 400 ECUS. Sin restar 
importancia a las causas del problema, el Tribunal 
subraya que la utilización continuada de la partida 1110, 
entre el 13 de junio y el 7 de octubre de 1985, 
contraviniendo el Reglamento Financiero (5), no debería 
haber sido autorizada en las distintas etapas del proceso 
de ejecución presupuestaria. 
11.16. El segundo caso está relacionado con la partida 
A 1141 de la Comisión « Gastos de viaje con ocasión de las 
vacaciones anuales». Los créditos de la partida se 
sobrepasaron durante el mes de junio de 1985. Después de 
la aprobación del Presupuesto el 13 de junio de 1985, el 
importe de los créditos autorizados era de 5,3 millones de 
ECUS. Los días 11 y 12 de junio, el ordenador de pagos 
había establecido dos propuestas de compromiso que 
elevaban el importe total de los créditos comprometidos a 
6 millones de ECUS. El interventor, al haber examinado 
las propuestas de compromiso los días 17 y 21 de junio, es 
decir con posterioridad a la aprobación del Presupuesto, 
debería haber negado su visado por insuficiencia de 
créditos por un valor de 0,7 millones de ECUS. 
Observaciones sobre la gestión de los créditos 
de personal de la Comisión 
11.17. El examen de la gestión de los gastos de personal 
de la Comisión pone de relieve dos tipos de observaciones 
relativas, por una parte, a la remuneración de los 
funcionarios destinados fuera de las Comunidades y, por 
otra parte, a los gastos de personal del Centro Común de 
Investigaciones (CCI). 
Remuneración del personal destinado fuera de las 
Comunidades 
11.18. La Comisión mantiene personal, en determina­
dos terceros países, destinado en sus oficinas de 
información y delegaciones exteriores o en los servicios de 
la Asociación Europea para la Cooperación. Estos 
agentes, cuyos empleos han sido creados a medida que iban apareciendo nuevas necesidades, se encuentran con 
problemas de adaptación de nivel de vida, alojamiento, 
divisas y seguridad, que no habían sido previstos en el 
momento de la aprobación del Estatuto en 1962. Por 
ejemplo, éste no prevé el reembolso de los gastos de 
alojamiento (6) fuera de los Estados miembros, excepto en 
el caso de los agentes con puesto de trabajo en Ginebra. 
La Comisión tuvo que ir, pues, adoptando medidas 
específicas a medida que se presentaban las necesidades, 
para hacer frente a situaciones que, en realidad, habrían 
necesitado el establecimiento de un verdadero régimen 
especial estatutario. Fue necesario esperar al 6 de marzo 
de 1986 para que una propuesta de reglamento en este 
sentido fuera presentada al Consejo (7). La gestión 1985, 
en sí misma, se caracterizó, no sólo por el incumplimiento 
de las disposiciones estatutarias, sino también por una 
falta de rigor financiero en los ámbitos de gastos de 
alojamiento y pago de salarios. 
11.19. Respecto a los gastos de alojamiento, la Comi­
sión abonó en 1985 indemnizaciones de alojamiento a 123 
funcionarios con puesto de trabajo en 18 ciudades, por un 
importe total de 2 millones de ECUS (de los cuales 0,7 
millones de ECUS en Tokio, 0,4 millones de ECUS en 
Nueva York y 0,2 millones de ECUS en Ginebra), 
siguiendo un método que carga a la Comunidad el 
importe del alquiler, previa deducción de una participa­
ción proporcional (15% a 20% del sueldo neto) del 
funcionario. Esta práctica no es conforme a lo dispuesto 
en el artículo 14 del anexo VII del Estatuto, que 
únicamente contempla el reembolso parcial de los gastos 
de alojamiento de los funcionarios cuando éstos, que son 
una minoría, efectúan regularmente gastos de representa­
ción. Además, al no establecer ni límite máximo ni criterio 
objetivo de evaluación de las necesidades reales de los 
agentes, esta práctica motivó una observación por parte 
del interventor. Del mismo modo, la Comisión reembolsa 
a los funcionarios recién destinados los gastos reales de 
hotel presentados por éstos, previa deducción de la 
indemnización diaria debida normalmente o de la 
participación proporcional antes citada cuando la 
estancia se prolonga más allá de un mes. Esta práctica es 
asimismo contraria a las disposiciones del artículo 10 del 
anexo VII del Estatuto. 
11.20. Respecto al pago de las remuneraciones, el 
artículo 63 y el artículo 17 del anexo VII del Estatuto 
disponen que la remuneración del funcionario será 
pagada en el lugar y con la moneda del país donde ejerce 
sus funciones. Contraviniendo estas normas, la Comisión 
autoriza la conversión del 50 % de los sueldos de los 
funcionarios destinados en determinados terceros países 
(Brasil, Chile, India, Israel, Líbano, Venezuela y Yugosla­
via) en divisas distintas de las locales, principalmente en 
USD, y, además, utilizando los tipos de cambio del mes de 
agosto de 1983 (8) en lugar de los tipos de cambio vigentes 
que hubiera sido normal utilizar. Esta práctica fue 
establecida mediante dos decisiones de la Comisión que 
fueron objeto de dos denegaciones de visado por parte del 
interventor en 1983 y 1984, a las cuales la autoridad 
superior hizo caso omiso. Los gastos correspondientes 
afectan a 27 agentes y se elevan a 1,1 millones de ECUS en 
118 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
1985, incluyendo una pérdida de cambio resultante de la 
utilización de los tipos de cambio vigentes en 1983, cuya 
cuantía estimada por el Tribunal es de 0,6 millones de 
ECUS. El Tribunal pone de relieve que estos gastos son 
contrarios a las disposiciones estatutarias. 
11.21. En conclusión, el Tribunal, aunque es consciente 
de que la Comisión se vio en la necesidad de realizar 
correcciones imprescindibles del nivel de vida del 
personal destinado fuera de las Comunidades, observa sin 
embargo que las medidas adoptadas fueron poco 
sistemáticas y jurídicamente discutibles. El Tribunal, 
asimismo, lamenta que para la preparación de las 
medidas actualmente existentes y de la propuesta de 
Reglamento del Consejo de 6 de marzo de 1986, no se 
haya utilizado ningún método objetivo de evaluación de 
las necesidades reales de los agentes y de las correcciones 
necesarias. 
Créditos de personal del Centro Común de 
Investigaciones (CCI) 
11.22. Según una práctica constante, los créditos de 
personal inscritos en los Títulos 1 de las cinco secciones 
del Presupuesto son créditos no disociados repartidos 
según una nomenclatura con rúbricas tradicionales 
(sueldo base, complementos familiares, otros agentes, 
etc.). Los créditos de personal del CCI, presentados según 
una nomenclatura por programas de acción, son créditos 
disociados, al igual que el conjunto de los créditos de 
investigación e inversión del capítulo B 73 del Presupues­
to de la Comisión. La dificultad de reconocer y controlar 
los componentes corrientes de los gastos de personal 
aumenta por tanto, en lo que respecta al CCI, debido a la 
posibilidad del mantenimiento acumulativo de los 
créditos sobre varios ejercicios (9), mientras que los gastos 
de personal deben ser normalmente limitados al ejercicio. 
Al amparo de este régimen excepcional, la gestión de los 
créditos de personal del CCI ha permitido la existencia de 
diversas prácticas generadoras de anomalías que perjudi­
can tanto a la ortodoxia presupuestaria como al principio 
de la igualdad de retribución entre funcionarios de las 
Comunidades tal y como muestran los apartados 
siguientes. 
11.23. El volumen global de créditos de personal del 
CCI se encuentra en excedente sistemático sobre las 
necesidades estrictas del ejercicio. Este excedente es, en 
especial, el resultado de la práctica consistente en basar 
las previsiones de créditos sobre el número de empleos 
inscritos en el cuadro de efectivos, no teniendo suficiente­
mente en cuenta los puestos no ocupados (previsiones 
basadas en 2 222 puestos de los que solamente 2 164 
fueron ocupados) y, en menor medida, de la fijación de los 
créditos sociales por agente (0,5 millones de ECUS para 
2 222 agentes del CCI contra 0,2 millones de ECUS para 
1 788 agentes del Consejo) a un nivel más elevado que el 
de las otras instituciones, aún cuando lo justifiquen 
parcialmente las particularidades del CCI. 
11.24. Las cantidades disponibles así liberadas son 
utilizadas, en gran parte, para cubrir gastos que ya no 
tienen relación alguna con el personal. La cuenta de 
personal contiene una categoría especial 19 reservada, 
según el plan financiero, a «créditos procedentes de una escasez eventual de plantilla». Según las reglas internas 
del CCI, esta categoría está destinada a cubrir «gastos 
sustitutivos de gastos de personal», es decir, gastos 
científicos o de funcionamiento administrativo o técnico 
normalmente cubiertos por créditos de la misma naturale­
za. En 1985, la categoría 19 recibió una dotación final de 
5,7 millones de ECUS, que equivale aproximadamente a 
la mitad de la dotación total de créditos inicialmente 
reservados a los contratos de investigación del CCI. De 
este modo se estableció un mecanismo permanente de 
transferencia hacia el funcionamiento de créditos inscri­
tos en exceso para el personal. 
11.25. Por otra parte, y según una antigua práctica, el 
CCI garantiza a su personal, con excepción del corres­
pondiente al establecimiento de Geel, la gratuidad del 
transporte entre su domicilio y el lugar de trabajo. Los 
gastos correspondientes ascienden, para el ejercicio, a 0,4 
millones de ECUS. Tales ventajas en especie, generaliza­
das a todo el personal, deben ser consideradas contrarias 
al Estatuto. Éste, en efecto, sólo prevé una indemnización 
de transporte para determinados casos específicos, 
procedentes de regímenes excepcionales que deben ser 
interpretados de forma restrictiva (10). A falta de 
disposiciones legales, esta práctica debe ser considerada 
irregular y las ventajas concedidas al personal discrimina­
torias respecto a los demás agentes de las Comunidades. 
A pesar de ser admisible, e incluso útil, que en ausencia de 
una red de transporte público, como es el caso de Ispra, el 
CCI organice en las mejores condiciones posibles un 
sistema colectivo de transporte, el coste correspondiente 
no debe ser soportado por el CCI sino por los usuarios. 
11.26. Del mismo modo, a los agentes que, debido a su 
horario de trabajo especial (agentes en servicio continuo o 
por turnos, o por permanencia en el lugar o en el 
domicilio), no pueden beneficiarse del sistema de 
transporte gratuito, el CCI concede en compensación una 
indemnización kilométrica de transporte. Los gastos 
correspondientes ascienden a 0,1 millones de ECUS. 
Estos gastos siguen sin estar previstos por los textos 
reglamentarios, los cuales sólo contemplan una indemni­
zación a tanto alzado para los desplazamientos efectua­
dos por razón del servicio, y no entre el domicillio y el 
lugar de trabajo (10). 
11.27. El análisis de los gastos de personal del CCI pone 
de manifiesto la necesidad de volver a sistemas de gestión 
más ortodoxos con el fin, por una parte, de garantizar una 
mayor claridad de las opciones presupuestarias y, por 
otra parte, de evitar la concesión de ventajas adicionales 
al personal. En el ámbito presupuestario, estas preocupa­
ciones son compartidas por la Comisión, la cual hizo 
determinadas propuestas en el marco de la revisión del 
Reglamento Financiero, con vistas a crear un título 
especial para los gastos de personal, ateniéndose a una 
nomenclatura clásica y de créditos no disociados. El 
Tribunal desea que estas propuestas sean completadas 
con la adopción de un método de previsión de créditos 
más realista y con la supresión de la categoría de «gastos 
sustitutivos de gastos de personal». 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 119 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Observaciones relativas a la presentación de 
documentos justificativos 
Resumen de la información financiera 
11.28. El cuadro 11.4 muestra los créditos disponibles a 
lo largo del ejercicio 1985 para los gastos de funciona­
miento, así como su utilización por capítulo presupuesta­
rio y por institución. 11.29. En cuanto a los gastos de funcionamiento, el 
Tribunal comprobó que durante el ejercicio 1985, algunas 
instituciones (el Parlamento y el Consejo) presentaron sus 
documentos justificativos de manera bastante irregular, 
con incumplimiento de los plazos concedidos por el 
artículo 79 del Reglamento Financiero. Por otra parte, el 
Comité Económico y Social no hizo llegar al Tribunal los 
documentos justificativos correspondientes al conjunto 
del ejercicio 1985 hasta el mes de abril de 1986. 
Cuadro 11.4 — Créditos de funcionamiento y su utilización, por capítulo presupuestario y por institución 
(millones de ECUS) 
Capítulo presupuestario e institución 
(1) 
A. Por capítulo presupuestario 
20 Inversión inmobiliaria, arrendamiento de 
inmuebles y gastos accesorios 
21 Gastos de informática 
22 Bienes muebles y gastos accesorios 
23 Gastos de funcionamiento administrativo 
corriente 
24 Comisión — Franqueo postal y telecomuni­
caciones 
24 Otras instituciones — Gastos de recepción y 
de representación 
25 Gastos de reuniones y de convocatorias 
26 Gastos de estudios, encuestas y consultas 
27 Gastos de publicación y de información 
28 Subvenciones de equilibrio presupuesta-
rio(i) 
29 Subvenciones y participaciones 
37 Gastos particulares de ciertas instituciones y 
de ciertos organismos (2) 
Total 
B. Por institución 
Parlamento 
Consejo (2) 
Comisión (') 
Tribunal de Justicia 
Tribunal de Cuentas 
Comité Económico y Social 
Total Presupuesto 1985 
Créditos 
tivos 
(2) 
137,1 
34,1 
23,2 
30,9 
17,0 
0,7 
27,3 
11,3 
51,2 
55,8 
12,1 
17,0 
417,7 
63,1 
54,3 
281,7 
6,9 
2,4 
9,3 
417,7 Compro­
misos 
(3) 
135,4 
33,9 
22,8 
30,4 
17,0 
0,6 
24,9 
11,1 
50,7 
54,6 
8,1 
17,0 
406,5 
60,6 
50,9 
276,9 
6,6 
2,3 
9,2 
406,5 Pagos 
efectuados 
(4) 
113,1 
23,7 
14,1 
23,8 
15,2 
0,5 
20,6 
2,9 
31,6 
52,5 
5,4 
11,1 
314,5 
50,0 
34,1 
215,2 
4,9 
1,8 
8,5 
314,5 Prórrogas 
a 1986 
(5) 
22,3 
10,3 
8,7 
6,6 
1,8 
0,1 
4,3 
8,2 
19,1 
2,0 
2,7 
5,9 
92,0 
10,6 
16,8 
61,8 
1,6 
0,5 
0,7 
92,0 Anula­
ciones 
(6) = (2)-
(4)-(5) 
1,7 
0,1 
0,4 
0,5 
0,0 
0,1 
2,4 
0,2 
0,5 
1,3 
4,0 
0,0 
11,2 
2,5 
3,4 
4,7 
0,4 
0,1 
0,1 
11,2 Prórrogas de 1984 
Créditos 
prorroga­dos de 
1984 
(7) 
22,7 
8,5 
8,2 
11,4(3) 
2,6(3) 
0,1 (3) 
2,7 
8,0 
17,3(3) 
3,1 
0,8 
0,3 
85,7 (3) 
11,0 
12,5 
58,1 (3) 
2,4 
0,8 
0,9 
85,7(3) Pagos 
efectuados 
(8) 
20,6 
8,2 
7,5 
10,9 
2,2 
0,1 
1,5 
7,7 
14,6 
3,0 
0,6 
0,2 
77,1 
8,2 
12,0 
53,5 
1,9 
0,7 
0,8 
77,1 Anula­
ciones 
(9) = 
(7)-(8) 
2,1 
0,3 
0,7 
0,5 
0,4 
0,0 
1,2 
0,3 
2,7 
0,1 
0,2 
0,1 
8,6 
2,8 
0,5 
4,6 
0,5 
0,1 
0,1 
8,6 
(') Incluidos los gastos de funcionamiento de la Oficina de Publicaciones Oficiales. 
(2) Exceptuada la partida 3741 del Presupuesto del Consejo (Gastos de personal con motivo de la adhesión de España y Portugal). 
(3) Estos importes tienen en cuenta el cambio de la nomenclatura presupuestaria en 1985. 
120 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Observaciones relativas a los gastos para el Observaciones referentes a la gestión de los 
acondicionamiento de locales del Consejo y de créditos de funcionamiento de la Comisión 
la Comisión 
11.30. A lo largo del ejercicio, el Consejo y la Comisión 
procedieron, en la parte que respectivamente les corres­
pondía, a efectuar diversos acondicionamientos de locales 
en sus edificios de Bruselas. El examen del Tribunal se 
centró de forma particular en las obras de acondiciona­
miento del edificio «Charlemagne» decididas por el 
Secretariado General del Consejo en el ámbito de un 
contrato-marco referente al período 1985-1989 por un 
importe de 3,4 millones de ECUS en 1985 (Sección II, 
artículo 204 y partida 3742), así como a las obras de 
renovación de la red telefónica del edificio JECL de la 
Comisión, igualmente efectuadas mediante contrato-
marco, por un importe de 0,5 millones de ECUS en 1985. 
11.31. Aún presentando cada una características pro­
pias y siendo realizadas de forma independiente, estas 
operaciones dan lugar a observaciones similares, que 
pueden ser resumidas como sigue: 
(a) los contratos-marco concluidos por el Consejo y la 
Comisión respectivamente no contienen los elemen­
tos necesarios para el control y la verificación de los 
costes de las obras a realizar par el contratista, de 
forma que la institución no está en condiciones de 
controlar el coste real de los conceptos constitutivos 
de los precios facturados. Además, en el caso del 
contrato concluido por el Consejo, el anuncio del 
concurso de ofertas no cubría los diferentes aspectos 
del contrato en cuestión (importe, totalidad de los 
trabajos a realizar, etc.); 
(b) a pesar de lo dispuesto en el artículo 56 del 
Reglamento Financiero, no se exigió ninguna consti­
tución de fianza previa para la ejecución de los 
contratos, incluso en el caso de obras por un importe 
superior a 0,2 millones de ECUS para los cuales la 
fianza es obligatoria. 
11.32. Los gastos de acondicionamiento de locales 
efectuados por el Consejo y la Comisión a lo largo del 
ejercicio en los edificios «Charlemagne» y «JECL» 
fueron realizados dentro de un marco jurídico que, en 
varios aspectos, no respetaba las disposiciones del 
Reglamento Financiero y las estipulaciones contractuales 
que vinculan estas instituciones con los propietarios de 
estos locales. Asimismo, resulta evidente que estas 
instituciones no agotaron, en esta ocasión, las posibilida­
des de participación de estos propietarios en los gastos 
antes indicados. No consideración de una denegación de visado del 
interventor 
11.33. El Reglamento Financiero (artículos 32 y 
siguientes) prevé que cualquier medida susceptible de 
provocar un gasto debe ser precedida por una propuesta 
de compromiso visada por el interventor certificando, 
entre otras cosas, la disponibilidad de los créditos. En el 
caso de un compromiso provisional (a cargo del cual se 
pueden imputar varios gastos), el ordenador está 
obligado a comprobar, bajo su responsabilidad, que los 
compromisos individuales no sobrepasen el compromiso 
provisional correspondiente. 
11.34. A este respecto, el Tribunal debe poner de relieve 
que, para determinados gastos de manipulación y de 
mudanza correspondientes al ejercicio 1985 (créditos 
correspondientes: 0,3 millones de ECUS), el ordenador 
competente obligó a la Comisión frente a terceros sin 
cerciorarse previamente de la disponibilidad de los 
créditos necesarios. Al no haber sido aceptadas por el 
interventor las propuestas de compromisos provisionales 
presentadas con retraso, la Comisión decidió finalmente 
hacer caso omiso a la denegación de visado de dicho 
interventor. 
11.35. El Tribunal observó ya en diversas ocasiones en 
el pasado (n) el incumplimiento por parte de la Comisión 
de la disposición fundamental prevista por el Reglamento 
Financiero en su artículo 32. Se trata en este caso de una 
debilidad importante del sistema de gestión actual. La 
Comisión debería solucionar este problema mediante una 
mejora de los procedimientos de programación y de 
vigilancia de los gastos. 
Realización de un proyecto-piloto de televisión europea 
11.36. La Comisión concedió a una sociedad privada 
una subvención de 1 millón de ECUS con vistas a la 
realización por dicha sociedad de un «proyecto-piloto de 
televisión europea», destinado a explorar la posibilidad 
de una presentación televisada del contenido, finalidades 
y políticas de la Comunidad. La Comisión concedió la 
subvención a cargo de los ejercicios 1983 y 1984; sin 
embargo, debido a retrasos en la realización del proyecto, 
los pagos no finalizaron hasta diciembre de 1985. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 121 
11.37. El examen por parte del Tribunal de la concesión 
y de la puesta en práctica de esta subvención da lugar a las 
siguientes observaciones : 
(a) en lo que se refiere a la concesión de esta subvención, 
el Tribunal observa que las decisiones de la Comisión 
no fueron acompañadas de condiciones vinculantes 
para el beneficiario, en particular en lo referente a los 
gastos realmente a cargo de éste (los recursos, 
distintos de los de la Comisión, asignados al proyecto 
ascendieron finalmente a 0,4 millones de ECUS en 
lugar de 0,6 millones de ECUS, es decir el 26,9 % del 
presupuesto inicial en lugar del 36,8 % previsto), ni de 
condiciones que garantizaran que el proyecto no 
habría de superar el coste presupuestado (coste 
previsto: 1,6 millones de ECUS; coste final declarado 
por el beneficiario: 1,9 millones de ECUS); 
(b) en lo que se refiere a las posibilidades de evaluar los 
gastos del beneficiario, el Tribunal observa que los 
pagos de la Comisión fueron efectuados en base a un 
calendario no vinculado a la presentación de informes 
detallados de los gastos realizados y que el pago 
definitivo se efectuó a pesar de la insuficiencia de 
documentación de las cuentas definitivas. Así, el 
importe anormal de gastos de consulta, la presenta­
ción indiferenciada de partidas importantes (tales 
como derechos de autor o gastos generales y de 
representación), así como el déficit del proyecto de 0,4 
millones de ECUS no estaban suficientemente 
justificados o detallados en las cuestas definitivas del 
beneficiario. 
11.38. El proyecto piloto de televisión europea se 
benefició de una subvención que no se concedió en las 
condiciones financieras y de garantía que su importancia 
merecía. Al efectuar los pagos parciales y final de esta 
subvención, la Comisión no procedió a las comprobacio­
nes necesarias para garantizar que el objetivo del 
proyecto-piloto había sido alcanzado. 
Observaciones relativas al pago de las facturas por el 
Tribunal de Cuentas 
11.39. Con el fin de comprobar los plazos de pago de las 
facturas recibidas por el Tribunal, se controló un gran 
número de facturas pagadas o recibidas durante el primer 
trimestre de 1985. Estos controles mostraron que, en un 
caso concreto, el Tribunal no había exigido el descuento 
que los proveedores suelen conceder cuando el pago de las 
facturas se efectúa antes de 15 días. ORGANISMOS EXTERIORES 
Observaciones generales 
11.40. En virtud de lo dispuesto en los Tratados y en la 
legislación derivada, el Tribunal tiene la obligación de 
analizar anualmente las cuentas de los organismos 
citados en el apartado 11.4. En base a créditos inscritos en 
el Presupuesto General, la Comisión paga subvenciones 
anuales a estos diversos organismos exteriores a las 
Comunidades. Los datos financieros relativos a estos 
organismos se muestran en el cuadro 11.5. La característi­
ca principal de estos pagos es que constituyen la mayor 
parte de los recursos de los que disponen estos organis­
mos y, en el caso de la Agencia de Abastecimiento de 
Euratom y de las Escuelas Europeas, esos pagos 
representan verdaderas subvenciones para equilibrar el 
presupuesto. Así pues, el importe con cargo al Presupues­
to comunitario depende directamente de la calidad de la 
gestión de dichos organismos, la cual se encuentra, sin 
embargo, confiada a autoridades independientes de las 
Comunidades. 
Cuadro 11.5 — Subvenciones pagadas por la Comisión 
a determinados organismos exteriores a las Comunidades 
Organismo 
Escuelas 
Europeas(0 
Empresa común 
JET 
Agencia de 
Abastecimiento 
de Euratom 
Centro para el 
desarrollo de la 
Formación 
Profesional 
Fundación para la 
Mejora de las 
Condiciones de 
Vida y de Trabajo 
Fundación Europea Pagos 
efectuados 
por el 
organismo 
(millones de 
ECUS) 
64,00 
94,00 
1,36 
4,69 
4,23 
— Subvención 
de la 
Comisión 
(millones de 
ECUS) 
41,00 
52,50 
1,34 
4,68 
4,32 
0,1 Importancia 
de la sub­
vención 
en relación 
con los pagos 
64% 
56 %(2) 
99% 
100% 
102 %(3) 
— 
(') Los datos de las Escuelas Europeas se refieren al ejercicio 1984 tanto 
para los pagos como para la subvención de la Comisión. 
(2) Siendo influenciada la ejecución del Presupuesto por los pagos 
efectuados a partir de las reservas de los años anteriores, la subvención 
de la Comisión resulta inferior al 80 % previsto por los estatutos del 
JET. 
(3) Algunos pagos fueron diferidos al ejercicio siguiente debido a las 
prórrogas de créditos. 
122 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
11.41. Aparte de las observaciones contenidas en los 
informes específicos elaborados por el Tribunal sobre la 
gestión de estos organismos, el examen de la utilización de 
estas subvenciones da lugar a dos tipos de comentarios. 
En primer lugar, la estructura jurídica interna de algunos 
de estos organismos tiene incidencia en la utilización de 
las subvenciones. En segundo lugar, la gestión de algunos 
organismos no alcanza el nivel de rigor que las Comuni­
dades tienen el derecho de esperar, en su posición de 
principal proveedor de fondos. 
Observaciones relativas a la estructura 
jurídica de los organismos beneficiarios 
Escuelas Europeas 
11.42. Los estatutos de las Escuelas Europeas estable­
cen la división de competencias y responsabilidades, 
siguiendo un modelo que concentra en manos de una 
misma autoridad, el Consejo superior de las Escuelas 
Europeas, funciones incompatibles entre sí de autoridad 
presupuestaria, de autoridad gestora y de autoridad de 
control de la gestión (autoridad de descargo). Esta 
situación es preocupante ya que es principalmente en esta 
falta de separación de poderes donde hay que buscar el 
origen de las deficiencias observadas desde hace varios 
años en la administración de las escuelas. 
Agencia de Abastecimiento de Euratom 
11.43. La Agencia fue creada y sus funciones definidas 
en el capítulo VI del Tratado Euratom, que preveía 
igualmente que el Consejo, por mayoría cualificada y a 
propuesta de la Comisión, debía aprobar los estatutos. 
11.44. Por diversas razones, las actividades de la 
Agencia no se han desarrollado tal como se esperaba, 
dando lugar a una situación jurídica imprecisa en cuanto 
a la organización interna y la definición de las actividades 
de la Agencia. En efecto, las propuestas de la Comisión de 
1982 y 1984 acerca de nuevas disposiciones del capítulo 
VI del Tratado Euratom están aún siendo consideradas 
por el Consejo, mientras que las propuestas previstas en 
los artículos 171 y 183 del Tratado Euratom, que prevén 
la elaboración de un reglamento financiero, no han sido 
aún presentadas (12). Esta situación conlleva las siguien­
tes consecuencias para el Presupuesto General: (a) los Estados miembros abonaron únicamente un 
primer tramo del 10 % del capital autorizado; 
(b) a propuesta unánime del Consejo CEEA, la Comisión 
ha aplazado sine die, desde 1960, la introducción del 
canon destinado a cubrir los gastos de funcionamien­
to de la Agencia y ha sustituido éste por una 
subvención de equilibrio a cargo del Presupuesto 
General. 
Empresa común JET 
11.45. Mientras que el artículo 3 de los estatutos del 
JET (13) prevé una separación entre la Autoridad 
presupuestaria (el Consejo del JET) y el administrador (el 
director del proyecto), el artículo 5.2(c) de esos mismos 
estatutos favorece una cierta ambigüedad respecto a 
responsabilidades en materia de decisiones de gestión. En 
efecto, el Comité ejecutivo del JET se ha visto obligado a 
jugar un papel cada vez más activo en el proceso 
decisorio, actuando más como órgano de administración 
encargado de aprobar ciertas decisiones propuestas por el 
director del proyecto que como órgano consultivo 
encargado de la instrucción de los expedientes de la 
Autoridad presupuestaria. Esta práctica, ratificada por 
diversos documentos internos (14), es particularmente 
preocupante. 
Observaciones relativas a la utilización de las 
subvenciones de las Comunidades por ciertos 
organismos exteriores 
Escuelas Europeas 
11.46. El consejo superior de las Escuelas Europeas 
decidió, durante su reunión de diciembre de 1985, dar 
curso a dos observaciones anteriormente formuladas por 
el Tribunal: la cuestión de la financiación de las escuelas 
por organismos públicos o privados que habían suscrito 
acuerdos con el Consejo superior, por una parte, y la 
puesta al día del reglamento financiero, por otra. Sin 
embargo, aunque se tomaron decisiones de principio en 
estos dos campos, aún no han dado como resultado 
ninguna mejora concreta. 
11.47. Aunque planteada en varias ocasiones por el 
Tribunal, la cuestión crucial de la revisión del sistema de 
remuneración del personal docente enviado por los 
gobiernos de los Estados miembros sólo fue examinada 
superficialmente y se hace precisa en lo sucesivo una 
acción más firme por parte de la Comisión en todas las 
fases del procedimiento presupuestario. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 123 
11.48. El examen de las cuentas de las escuelas relativas 
al ejercicio 1984 pone de relieve que el importe de la 
subvención pagada por las Comunidades podría verse 
significativamente afectado si todas las posibilidades de 
ahorro o de aumento de los ingresos fueran exploradas 
sistemáticamente. Esto ocurre especialmente en: 
(a) tasas escolares cobradas a los alumnos no exentos; 
(b) obligaciones profesionales del personal docente; 
(c) la remuneración de las horas suplementarias; 
(d) el régimen de pensión de los sustitutos; 
(e) creación y mantenimiento de clases; 
(f) la gestión de ciertas actividades no incluidas en el 
presupuesto, en particular las cantinas. 
11.49. Por todas estas razones y ante la acumulación de 
deficiencias de gestión de las escuelas, el Tribunal estimó 
en su informe sobre las cuentas de las Escuelas Europeas 
relativas el ejercicio 1984 dirigido al Consejo superior, 
que debería llegarse a un nuevo acuerdo entre la 
Comisión y el Consejo superior, con la finalidad de 
determinar inequívocamente las condiciones para recu­
rrir a fondos del Presupuesto comunitario y determinar 
las garantías necesarias en el campo de la gestión y del 
control. El acuerdo temporal concluido el 11 de diciembre 
de 1957 con la Alta Autoridad de la CECA para una sola 
escuela y por un año de duración, no ha sido nunca 
examinado de nuevo. Mientras tanto, se han creado otras 
ocho escuelas, el número de los alumnos ha pasado de 
varios cientos a más de 12 000; más de la tercera parte de 
estos alumnos no tienen ninguna relación con las instituciones comunitarias y se ha superado ampliamente 
el límite de la subvención inicialmente previsto. 
11.50. Ajuicio del Tribunal, la Comisión debe examinar 
seriamente los medios de los que dispone su representante 
en el Consejo superior para permitirle participar más 
activamente en el proceso de toma de decisiones con el fin 
de luchar de una manera más eficaz contra las deficiencias 
que se mencionan en los informes del Tribunal dirigidos al 
Consejo superior. 
Empresa común JET 
11.51. En el apartado 7 de su informe sobre los estados 
financieros del JET relativos al ejercicio 1984, el Tribunal 
había estimado que, ya que el ritmo de sus pagos se 
revelaba más débil de lo previsto, debería revisarse el 
presupuesto del JET para evitar una congelación inútil de 
las disponibilidades comunitarias. En septiembre de 
1985, considerando que la reducción del ritmo de gastos 
del JET continuaría hasta el final del ejercicio, la 
Comisión estimó necesario obtener del Consejo del JET 
una disminución del presupuesto de 21,9 millones de 
ECUS en créditos de pago. Esta reducción fue decidida 
por el Consejo del JET durante su reunión del 25 de 
octubre de 1985. El Tribunal recibe con satisfacción esta 
iniciativa de la Comisión. 
11.52. Al final del ejercicio 1983, el personal destinado 
por UKAEA (15) al JET presentó un recurso contra la 
Comisión y el Consejo ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas con el fin de obtener el estatuto 
de agentes temporales Euratom. El caso estaba aún 
pendiente a 31 de diciembre de 1985 y sus consecuencias 
financieras (que conciernen a unas 200 personas) siguen 
siendo inciertas para la Comisión. 
124 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
(') A los créditos del Título 1 de la Sección II (Consejo), se 
añaden, en 1985, los créditos inscritos en la partida 3741, 
artículo 374 («Gastos relacionados con la adhesión de 
España y Portugal a las Comunidades»), del Título 3. 
(2) Determinados créditos figuran igualmente en el Título 9 de 
la parte B del Presupuesto de la Comisión para ciertos gastos 
de personal de la Asociación Europea para la Cooperación 
(AEC) y las delegaciones de la Comisión. No se tienen en 
cuenta en el presente capítulo. 
(3) Artículo 67 del Estatuto de los Funcionarios y artículo 3 de 
su anexo VII; artículos 20 y 21 del régimen aplicable a los 
otros agentes. 
(4) Disposiciones generales de ejecución que entraron en vigor 
los días 1.3.1975 (Parlamento, Tribunal de Justicia, 
Comisión), 1.5.1978 (Comité Económico y Social), 4.5.1978 
(Consejo), 3.3.1983 (Tribunal de Cuentas). 
(5) Artículo primero del Reglamento Financiero, de 21.12.1977, 
aplicable al Presupuesto General de las Comunidades 
Europeas, DO L 356 de 31.12.1977. 
(6) Artículo 14 bis del anexo VII del Estatuto y Reglamentos nos 
6/66/Euratom, 121/66/CEE de los Consejos de 28.7.1966, 
DO 150 de 12.8.1966, p. 2749. 
(?) DO C 74 de 3.4.1986, p. 11. 
(8) Cambio vigente en agosto de 1984, y posteriormente en 
enero de 1985 y julio de 1985 para Israel. (9) Reglamento Financiero, de 21.12.1977, aplicable al Presu­
puesto General de las Comunidades Europeas: artículo 88, 
apartado 3: «... los créditos de compromiso continuarán 
siendo válidos hasta su anulación...»; artículo 6, apartado 2 
b) y artículo 88, apartado 4: «Se prorrogarán automática­
mente, pero únicamente hasta el siguiente ejercicio, los 
créditos de pago que no hayan sido utilizados a final del 
ejercicio para el cual habían sido inscritos». 
(10) Véase el Estatuto, anexo VII, artículo 12, apartado 4 
(desplazamiento durante una misión), artículo 14 ter 
(condiciones de transporte difíciles u onerosas) y artículo 15 
(constantes desplazamientos requeridos por el ejercicio de 
las funciones). 
(") Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1981, 
apartados 11.6 — 11.8, DO C 344 de 31.12.1982. Informe 
Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1982, apartados 
12.34 — 12.36, DO C 357 de 31.12.1983. 
(12) Desde 1982, la Agencia aplica instrucciones internas en 
asuntos de contabilidad para paliar este vacío jurídico. 
(13) Artículo 3 de los estatutos de la empresa común JET, DO L 
151 de 7.6.1978. 
(14) Reglamento Financiero y modalidades de ejecución del 
Reglamento Financiero. 
(15) United Kingdom Atomic Energy Authority. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 125 
CAPITULO 12 
Préstamos, empréstitos y bonificaciones de intereses 
12.0. ÍNDICE DE MATERIAS Apartados 
Introducción 12.1 — 12.4 
Resumen de la información financiera 12.5 — 12.7 
Observaciones relativas a los balances y a las cuentas de pérdidas y ganancias 
de los sistemas NIC y Euratom 12.8 — 12.11 
Observaciones relativas a la legalidad y a la gestión financiera 
Gastos administrativos del Banco Europeo de Inversiones 
Tesorería del NIC 
Préstamos NIC y bonificaciones de intereses en favor de las zonas 
afectadas por los seísmos 
Introducción 
Préstamos y bonificaciones de intereses en favor de las zonas 
afectadas por los seísmos en Italia 12.19 — 12.30 
Préstamos y bonificaciones de intereses en favor de las zonas 
afectadas por los seísmos en Grecia 12.31 — 12.37 
El control por parte de la Comisión 12.38 — 12.40 
Conclusión 12.41 
Préstamos globales NIC 12.42 — 12.45 12.12 
12.12 
12.15 
12.16 
12.16 — 12.45 
— 12.14 
— 12.41 
— 12.18 
INTRODUCCIÓN 
12.1. Este capítulo se refiere a los préstamos y las 
bonificaciones de intereses del Nuevo Instrumento 
Comunitario (NIC), los préstamos de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom), los préstamos 
destinados al apoyo de las balanzas de pagos (préstamos 
BP), así como a los empréstitos contraídos por las 
Comunidades para financiar estos tres sistemas de 
préstamos. Los préstamos y empréstitos de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA) se tratan en un 
informe separado (l) no publicado en el Diario Oficial. 
Los préstamos del Fondo Europeo de Desarrollo se 
tratan en la segunda parte de este informe. 
12.2. Los préstamos y empréstitos de las Comunidades 
se administran fuera del Presupuesto General y figuran en 
el balance financiero descriptivo del activo y del pasivo de 
las Comunidades. La sección «Comisión» del Presupues­
to General incluye inscripciones para memoria que 
0) Las notas aparecen al final del capítulo. representan la garantía presupuestaria de los empréstitos 
comunitarios relativos a los sistemas NIC, Euratom y BP. 
Las bonificaciones de intereses están inscritas en el 
capítulo 69 del Presupuesto General de las Comunidades. 
12.3. Los préstamos Euratom son concedidos por la 
Comisión y administrados por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) por delegación de la Comisión. En el 
caso de los préstamos NIC, la Comisión decide la 
subvencionabilidad de los proyectos; los préstamos son 
concedidos y administrados por el BEI en calidad de 
mandatario de la Comisión y a riesgo de ésta, sin perjuicio 
del cumplimiento por parte del BEI de sus obligaciones. 
Los préstamos BP son concedidos por el Consejo de 
Ministros y administrados por el Banco Internacional de 
Compensaciones. La Comisión contrae los empréstitos 
correspondientes a todos los préstamos antes menciona­
dos. 
12.4. En 1985, el Tribunal ha controlado particular­
mente los préstamos NIC y las bonificaciones de intereses 
en favor de las zonas afectadas por los seísmos en Italia y 
en Grecia. 
126 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
12.5. Los cuadros 12.1 y 12.2 muestran la evolución de 
los préstamos y empréstitos durante el ejercicio 1985, así 
como el grado de utilización de los importes máximos 
fijados por el Consejo. 
12.6. De un total de 245 millones de ECUS, en concepto 
de bonificaciones de intereses sobre los préstamos NIC y 
BEI (recursos propios del Banco), previstos para la 
reconstrucción de las zonas afectadas por los seísmos en 
Italia (Campania y Basilicata) y en Grecia (Ática, Beocia, 
Corinto, Eubea y Fócida), se pagaron 28,4 millones de 
ECUS en 1985; de esa cantidad, Italia recibió 25,7 
millones de ECUS y Grecia 2,7 millones de ECUS. 
12.7. En el apartado 14.4 de su Informe Anual relativo 
al ejercicio 1984 (2), el Tribunal recomendaba a la 
Comisión que, para fijar los límites máximos de 
préstamos y empréstitos en el marco de las operaciones 
NIC «seísmo», recabara un dictamen jurídico acerca de 
la interpretación correcta de las disposiciones aplicables 
en la materia. Dicho dictamen todavía no ha sido 
remitido al Tribunal. la comparabilidad entre los estados financieros 
Cuadro 12.1 — Evolución de los préstamos y empréstitos en 1985 
(millones de ECUS) 
Sistema 
Préstamos: 
— NIC 
— Euratom 
— Balanza de pagos 
Total 
Empréstitos: 
— NIC 
— Euratom 
— Balanza de pagos 
Total Pendientes a 31.12.1984 
Al tipo 
de cambio 
del ECU de 
31.12.1984 
(1) Al tipo 
de cambio 
del ECU de 
31.12.1985 
(2) 
4 034,1 3 795,3 
1 881,3 1 864,0 
4 931,7 3 967,8 
10 847,1 9 627,1 
4 431,6 4 183,2 
1 892,4 1 865,9 
4 931,7 3 967,8 
11 255,7 10 016,9 Operaciones de 1985 (') 
Nuevo 
préstamo 
o nuevo 
empréstito 
(3) Incidencia 
de las 
operaciones 
Swap 
(4) Pago 
o amorti­
zación 
(5) 
1 043,8 — 81,2 
211,0 -10,7 63,6 
— — 732,0 
1 254,8 -10,7 876,8 
843,6 — 67,3 
344,1 — 197,4 
2 691,7 — 3 423,7 
3 879,4 — 3 688,4 Pendientes a 
31.12.1985(0 
(6) 
= (2)+ (3)+ (4) 
~(5) 
4 757,9 
2 000,7 
3 235,8 
9 994,4 
4 959,5 
2 012,6 
3 235,8 
10 207,9 
(') Al tipo de cambio del ECU de 31.12.1985. OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS 
BALANCES Y A LAS CUENTAS DE 
PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS 
SISTEMAS NIC Y EURATOM 
12.8. El Tribunal examinó los balances NIC y Euratom 
a 31 de diciembre de 1985, así como las cuentas de 
pérdidas y ganancias de estos dos sistemas. En relación 
con dicho examen, el Tribunal observó algunos errores 
relativos a Euratom que, en su mayoría, han sido 
rectificados. 
12.9. Si se hubieran efectuado todas las rectificaciones 
propuestas por el Tribunal, habría resultado un pequeño 
déficit (aproximadamente 50 000 ECUS) para el conjunto 
de las operaciones Euratom relativas al ejercicio 1985. El 
resultado positivo del ejercicio (137 000 ECUS) se debe a 
un cambio en el método de amortización de los gastos de 
emisión de empréstitos. Los gastos de emisión derivados 
de los empréstitos de refinanciación no se consideran en 
adelante cargas del ejercicio, sino que se amortizan en el 
plazo del nuevo empréstito. Aunque el nuevo método 
debe considerarse una mejora, recibida con satisfacción 
por el Tribunal, este cambio da lugar, sin embago, a dos 
observaciones: 
(a) dado que los cambios de métodos contables afectan a 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 127 
Cuadro 12.2 — Características principales y límites de los distintos sistemas a 31 de diciembre de 1985 
(millones de ECUS) 
Sistema 
NIC* 
Euratom* 
Balanza de 
pagos Objetivo 
NIC I: 
Decisión 78/870/CEE del Consejo, de 16.10.1978, que 
habilita a la Comisión a contraer empréstitos en el 
marco del Nuevo Instrumento Comunitario para 
promover las inversiones dentro de la Comunidad 
NIC II: 
Decisión 82/169/CEE del Consejo, de 15.3.1982, que 
habilita a la Comisión a contraer empréstitos en el 
marco del Nuevo Instrumento Comunitario para 
promover las inversiones dentro de la Comunidad 
NIC III: 
Decisión 83/200/CEE del Consejo, de 19.4.1983, que 
habilita a la Comisión a contraer empréstitos en el 
marco del Nuevo Instrumento Comunitario para 
promover las inversiones dentro de la Comunidad 
Decisión 81/19/CEE del Consejo, de 20.1.1981, relativa a la 
ayuda extraordinaria de la Comunidad para la reconstruc­
ción de las zonas afectadas por el seísmo de noviembre de 
1980 en Italia 
Decisión 81/1013/CEE del Consejo, de 14.12.1981, relativa 
a la ayuda extraordinaria de la Comunidad para la 
reconstrucción de las zonas afectadas por los seísmos de 
febrero/marzo en Grecia 
Decisiones del Consejo 77/270/Euratom, de 29.3.1977; 82/ 
170/Euratom, de 15.3.1982, y 85/537/Euratom, de 
5.12.1985, que habilitan a la Comisión a contraer emprésti­
tos Euratom para contribuir a la financiación de centrales 
nucleares productoras de electricidad 
Reglamentos del Consejo (CEE) n° 397/75, de 17.2.1975; 
(CEE) n° 682/81, de 16.3.1981, y (CEE) n° 1131/85, de 
30.4.1985, relativos a los empréstitos comunitarios destina­
dos al apoyo de la balanza de pagos de los Estados 
miembros Límite 
de emprés­
titos 
(1) 
1000 
1000 
3 000(3) 
2 900(3) 
1 000(4) 
80,0(4) 
3 000 
3 000(7) 
mili, de USD 
8 000 
mili, de ECUS Préstamos con­
cedidos dentro de 
este límite 
Pagados (') 
(2) No 
pagados 
(3) 
1000 — 
970,4 8,1(2) 
2 050,7 317,9(2) 
536,3(5) 56,4(2) 
79,8(5) __ 
1997,4 — 
2 547,8 O — 
mili, de USD 
3 997,2 — 
mili, de ECUS Saldo 
disponible 
(4) = 
(l)-(2)-(3) 
21,5 
531,4 
117,0(6) 
0,2 
1 002,6 
-(8) 
4 002,8 
mili, de ECUS 
* Fuentes: Comisión DG XVIII. 
(') Préstamos NIC I, II, III y Euratom convertidos en su equivalente en empréstitos, es decir, teniendo en cuenta los gastos de emisión del empréstito 
correspondiente, al tipo de cambio del ECU en la fecha de emisión de cada empréstito. 
(2) Importes no desembolsados, pero previstos en los acuerdos, al tipo de cambio de 31.12.1985. 
(3) A 31.12.1985 se habían autorizado dos tramos (por un importe total de 2 900 millones de ECUS). 
(4) Límite aplicable a la acción en su conjunto, referido, por lo tanto, a los préstamos y empréstitos NIC y BEL 
(5) Al tipo de cambio en vigor dos días laborables antes de cada desembolso (préstamo NIC). 
(6) El saldo se determina teniendo en cuenta también los préstamos pagados sobre los recursos propios del BEI por un importe de 290,3 millones de ECUS. 
(7) Principal e intereses. 
(8) Saldo no disponible (término de la acción). 
anuales, dichos cambios no deben estar justificados 
simplemente por motivos coyunturales. En ocasiones 
anteriores el Tribunal ha expuesto algunas observa­
ciones sobre este punto (3); 
(b) el cambio antes mencionado, al igual que los cambios 
que han sido objeto de observaciones anteriores del 
Tribunal, pone nuevamente de manifiesto la necesi­
dad de una revisión de todos los métodos contables 
utilizados por la Comisión, como el Tribunal ha 
pedido en una ocasión (4). 12.10. En relación con la auditoría de las operaciones 
NIC, el Tribunal examinó si se habían aplicado de forma 
correcta las reglas internas de la DG XVIII relativas al 
pago de los intereses sobre los empréstitos. Este examen 
dio los siguientes resultados: 
(a) conforme al procedimiento escrito E/556/83, se prevé 
que los télex relativos a esos pagos deben estar 
firmados por dos personas (una persona de la DG 
XVIII y otra de la DG XIX). De los 27 télex 
128 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
examinados, cinco de ellos, relativos a pagos por un 
importe global de 39,9 millones de ECUS, no 
llevaban más que una firma; 
(b) por otra parte, para operaciones por un importe 
superior a 15 millones de ECUS, el Tribunal desearía 
que se aplicara igualmente la regla prevista en las 
disposiciones generales de las reglas internas de la DG 
XVIII que exige el visado del Director General o del 
Director de la Dirección de empréstitos. 
El Tribunal debe, por lo tanto, pedir a la Comisión que 
revise sus reglas internas relativas a las firmas correspon­
dientes a la gestión de las cuentas bancarias NIC y 
Euratom y ello, en particular, con el fin de que el 
procedimiento escrito E/556/83 no resulte en un grado de 
control interno inferior al previsto por las disposiciones 
generales de las reglas internas de la DG XVIII. 
12.11. En lo que se refiere a las operaciones relativas al 
NIC-Tesorería y, en particular, a las operaciones de 
préstamo administradas por el BEI, la Comisión se limita 
a retomar en su propia contabilidad las cifras suministra­
das por el BEI. Paralelamente a este registro se lleva a 
cabo un control en base a documentos igualmente 
procedentes del BEI. A juicio del Tribunal, la Comisión 
debería utilizar (con la ayuda de los medios informáticos 
adecuados) los datos ya registrados por el BEI y 
cotejarlos sistemáticamente con los justificantes que 
sirven de base a las operaciones. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
LEGALIDAD Y A LA GESTIÓN 
FINANCIERA 
Gastos administrativos del Banco Europeo 
de Inversiones 
12.12. En 1985, las comisiones recibidas por el BEI para 
la gestión de los préstamos NIC y Euratom se elevaron a 
7,5 millones de ECUS, contra 6,2 millones de ECUS en el 
ejercicio 1984. 
12.13. Al igual que el año anterior, el Tribunal no ha 
podido comprobar si el importe de las comisiones de 
gestión se corresponde con los gastos reales, ya que sigue 
sin poder obtener de la Comisión información relativa a 
los gastos reales del Banco para la gestión de dichos 
fondos. 
12.14. El Tribunal considera poco satisfactorio el hecho 
de que no se haya resuelto este problema — sobre todo después de la expresa declaración del Parlamento 
Europeo al respecto (5) — y debe, por lo tanto, reiterar la 
petición expresada en el apartado 14.23 de su Informe 
Anual relativo al ejercicio 1984 (2) según la cual la 
Comisión debería pedir al BEI que, para nuevos 
contratos, facilitara una relación anual de los costes y los 
ingresos vinculados a los préstamos NIC y Euratom. 
Tesorería del NIC 
12.15. El Tribunal observa que el nivel medio de la 
tesorería del NIC bajó de 471,3 millones de ECUS en el 
ejercicio 1984 a 249,7 millones de ECUS en el ejercicio 
1985, y que el saldo a 31 de diciembre de 1985 se elevaba a 
156,3 millones de ECUS, mientras que el saldo del año 
anterior se elevaba a 321,7 millones de ECUS. Dado que 
los intereses que la Comisión recibe del BEI por los saldos 
de las cuentas NIC-Tesorería son, por término medio, 
1,4% inferiores a los intereses que la Comisión debe 
pagar por los empréstitos correspondientes, el beneficio 
neto de esta reducción del saldo será de aproximadamente 
3,2 millones de ECUS en un año. 
Préstamos NIC y bonificaciones de intereses 
en favor de las zonas afectadas por los 
seísmos 
Introducción 
12.16. Después de los grandes seísmos que han afectado 
a ciertas regiones de Italia en noviembre de 1980 y a 
ciertas regiones de Grecia en marzo de 1981, el Consejo (6) 
ha autorizado a la Comisión a contraer empréstitos a 
cuenta de la Comunidad Económica Europea con la 
finalidad de financiar las inversiones para la reconstruc­
ción de los medios de producción y la reconstrucción de la 
infraestructura económica y social en las regiones 
afectadas. Los préstamos destinados a estas inversiones se 
conceden sobre los recursos del NIC y del BEI con un 
límite de 1 000 millones de ECUS para los proyectos en 
Italia y de 80 millones de ECUS para los proyectos en 
Grecia. Todos estos préstamos pueden gozar, durante un 
período máximo de 12 años, de bonificaciones de 
intereses del 3 % al año a cargo del Presupuesto General 
de las Comunidades Europeas. Si se alcanzan los límites, 
el coste total de estas bonificaciones de intereses se elevará 
aproximadamente a 225 millones de ECUS para los 
proyectos italianos y a 20 millones de ECUS para los 
proyectos griegos. 
12.17. Cinco años después de los seísmos, el Tribunal ha 
inspeccionado la puesta en práctica de estas decisiones del 
Consejo con el fin de determinar si se ha alcanzado el 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 129 
objetivo de mejorar de forma efectiva la situación de las 
regiones afectadas. Hasta el año 1984 inclusive, el control 
se realizó en primer lugar en base a documentos de la 
Comisión, entre los que figuraban igualmente documen­
tos del BEL En lo que respecta al ejercicio 1985, el 
Tribunal llegó a la conclusión de que, para poder apreciar 
correctamente la situación, era necesario efectuar inspec­
ciones in situ. En consecuencia, en noviembre de 1985, 
representantes del Tribunal realizaron una misión de 
auditoría ante las autoridades responables italianas y en 
las zonas afectadas de ese país. 
12.18. La inspección en 1985 de la contribución 
comunitaria a los proyectos de reconstrucción en Grecia, 
en la que se basan las observaciones que figuran en el 
presente informe, se efectuó sólo sobre documentos, ya 
que, a petición de las autoridades griegas responsables de 
la gestión de la ayuda, la misión de auditoría in situ no se 
realizó hasta junio de 1986. 
Préstamos y bonificaciones de intereses en favor de las 
zonas afectadas por los seísmos en Italia 
Puesta en práctica de la decisión del Consejo 
12.19. Los importes de los acuerdos de préstamo 
firmados con las autoridades italianas para cada uno de 
los cinco años del período 1981-85 figuran en el cuadro 
12.3, que presenta igualmente los pagos efectuados en el 
marco de estos acuerdos. El cuadro indica el ritmo de 
ejecución de la decisión del Consejo. Según este cuadro, a 
31 de diciembre de 1985, más de cinco años después del 
seísmo, quedaba aún dentro del límite de 1 000 millones 
de ECUS un saldo disponible de 97,2 millones de ECUS. 
En realidad, el saldo a 31 de diciembre de 1985, calculado 
según el tipo de cambio del ECU en el momento del pago 
de los préstamos, se elevaba a 117 millones de ECUS. 
12.20. Se registraron importantes retrasos en la puesta 
en práctica de ocho proyectos de los trece financiados por 
los recursos NIC, siendo los casos extremos los proyectos 
ferroviarios, que pueden alcanzar retrasos de tres años y 
medio para un proyecto de una duración prevista de dos 
años, y los proyectos viarios, con un retraso de tres años 
para un proyecto de una duración prevista de 18 meses. 
12.21. Los informes presentados por el BEI a la 
Comisión sobre el estado de los proyectos realizados en el 
marco de los préstamos NIC «seísmos» son poco 
explícitos en lo que se refiere a la causa de esos retrasos. 
Los controles in situ efectuados por el Tribunal en 
noviembre de 1985 han revelado las causas principales 
siguientes: 
(a) plazos poco realistas de realización de los contratos; 
(b) comienzo de los proyectos antes de la terminación de 
los trabajos preparatorios esenciales; Cuadro 12.3 — Préstamos para la reconstrucción 
de zonas afectadas por los seísmos (Italia) 
(millones de ECUS) 
Año 
(1) 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Total Préstamos contraídos (') 
NIC 
(2) BEI 
(3) Importe 
total 
(4) = 
(2) + (3) Importe 
pagado 
(5) Importe 
no 
pagado 
(6) = 
(4) - (5) 
296,2 31,8 328,0 328,0 — 
78,4 116,4 194,8 194,8 — 
208,1 61,1 269,2 222,9 46,3 
14,6 51,8 66,4 66,4 — 
14,1 30,3 44,4 30,3 14,1 
611,4 291,4 902,8 842,4 60,4 
(>) AI tipo de cambio del ECU del último día laborable del trimestre 
anterior a la firma del préstamo. 
(c) retrasos en la transferencia de los créditos necesarios 
del Ministerio de Hacienda italiano a los ministerios 
correspondientes y de los ministerios a las autorida­
des locales; 
(d) complicados procedimientos administrativos nacio­
nales y conflictos de competencia; 
(e) dificultades técnicas imprevistas. 
12.22. Ajuicio del Tribunal, algunos de estos problemas 
podrían haber sido evitados o atenuados si en el Estado 
miembro correspondiente hubiera habido una mejor 
coordinación de las medidas tomadas por las distintas 
autoridades competentes y un mejor seguimiento del 
conjunto de la planificación y ejecución de los diferentes 
proyectos. 
Pago de préstamos y bonificaciones de intereses 
12.23. En lo que se refiere al pago de préstamos en el 
marco de los acuerdos de préstamos con bonificaciones de 
intereses, deben hacerse esfuerzos para adaptar en lo 
posible el ritmo del pagos del BEI al ritmo de los pagos 
que debe efectuar el beneficiario final del préstamo. Para 
este fin, el BEI tiene como norma el efectuar los pagos en 
base a los pagos que efectivamente se han realizado y a los 
compromisos a corto plazo. Esta norma figura incluso en 
algunos acuerdos de préstamo. 
12.24. El Tribunal no ha podido comprobar la aplica­
ción de esta norma base a los documentos disponibles en 
130 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
la Comisión. El cuadro 12.4, que el Tribunal ha elaborado 
a partir de información obtenida in situ, presenta, para 
algunos proyectos seleccionados, las fechas y los importes 
de los pagos en concepto de préstamos comparados con 
los pagos realmente efectuados por los beneficiarios 
finales. El cuadro muestra claramente que los pagos del 
BEI en concepto de préstamos han sido efectuados 
mucho antes que los correspondientes pagos de los 
beneficiarios finales a las empresas interesadas, en una 
ocasión dos años y medio antes, y que la norma antes 
mencionada, así como las condiciones de los acuerdos, 
sólo se han respetado parcialmente. 
12.25. En 1985 la Comisión y el BEI han aprobado y 
efectuado en una ocasión pagos de préstamos por un 
importe de 50 000 millones de liras (aproximadamente 
33,6 millones de ECUS) sin que se hubieran ultimado los 
contratos correspondientes a los trabajos de construcción 
previstos. El Tribunal considera que tales decisiones no 
son propias de una óptima gestión financiera. 
12.26. El hecho de que se efectúen pagos con tanta 
antelación a los pagos correspondientes de los beneficia­
rios finales tiene como resultado que los fondos relativos 
a los préstamos con bonificaciones de intereses permane­
cen durante períodos de tiempo considerables en las 
cuentas del Tesoro italiano en el Banco de Italia. 
12.27. Con el fin de evitar la repetición de una situación 
tan poco satisfactoria, convendría que: 
(a) el BEI adaptara mejor el ritmo de sus pagos al ritmo 
de los pagos de los beneficiarios finales, y que 
(b) la Comisión no concediera las bonificaciones de 
intereses sino después de que los beneficiarios finales 
de los préstamos hayan efectivamente pagado a las 
empresas encargadas de los trabajos. Si se siguen estas recomendaciones, se estimularía además 
a las autoridades responsables a acelerar la puesta en 
práctica de los proyectos subvencionados por los 
préstamos con bonificaciones de intereses. 
Subvencionabilidad de los proyectos financiados por los 
recursos NIC 
12.28. La decisión del Consejo aplicable en la mate­
ria (6) estipula que los préstamos por un importe de 1 000 
millones de ECUS y las bonificaciones de intereses, que 
representan un total estimado de 225 millones de ECUS, 
se conceden para «la reconstrucción de los medios de 
producción y la reconstrucción de la infraestructura 
económica y social en las zonas [afectadas]». 
12.29. Ajuicio del Tribunal, no es evidente que todas las 
inversiones que se mencionan a continuación estén en 
conformidad con el objetivo definido por el Consejo de 
reconstrucción de la infraestructura económica y social 
de las zonas afectadas, y que, por lo tanto, sean 
subvencionables: 
(a) construcción de un edificio de oficinas y cuartel para 
los «carabinieri» de Avellino, cuyo coste se estima en 
6 250 millones de liras (aproximadamente 4,6 millo­
nes de ECUS); tal edificio no existía antes del seísmo; 
(b) construcción de un nuevo cuartel general de la policía 
en Avellino, cuyo coste se estima en 10 250 millones 
de liras (aproximadamente 7,5 millones de ECUS) (se 
sigue utilizando el antiguo cuartel general de Avelli­
no); 
(c) construcción de un nuevo edificio destinado a la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Ñapóles, 
cuyo coste se estima en 13 050 millones de liras 
Cuadro 12.4 — Calendario de pagos en concepto de préstamos y de los pagos efectuados por los beneficiarios finales 
(millones de ECUS) 
Proyectos 
Ferrocarriles IA 
Ferrocarriles IB 
Ferrocarriles IC 
Ferrocarriles IIA 
Plantas 
Industriales I 
Edificios 
universitarios Pagado 
por el 
BEI 
27,6 
21,9 
14,6 
14,6 
36,4 
29,2 
7,3 
6,7 Fecha 
1.7.81 
21. 1.83 
14. 3. 84 
26. 5. 83 
21. 11.83 
7. 9. 84 
11. 1.84 
28. 6. 85 Pagos efectuados por los beneficiarios finales 
1981 
•i 
• 15,2 
-
} 1982 1983 1984 1985 
15,1 6,8 5,1 2,5 
— — 
7,5 36,3 18,6 
5,1 Total 
44,7 
— 
62,4 
5,1 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 131 
(aproximadamente 9,5 millones de ECUS) (el antiguo 
edificio de la Facultad había sido ligeramente dañado 
por el seísmo, pero la reparación está financiada con 
fondos nacionales y seguirá utilizándose como 
edificio universitario); 
(d) otro ejemplo que no ha sido objeto de control in situ 
por el Tribunal lo constituye el cuartel militar que ha 
sido construido en Pérsano y cuyo coste es de 55 000 
millones de liras (aproximadamente 40,1 millones de 
ECUS). Tal edificio no existía antes del seísmo. 
12.30. La Comisión decidió, en base a los documentos 
proporcionados por el BEI, considerar subvencionables 
los proyectos que incluyen los subproyectos antes 
mencionados. A excepción de la construcción del cuartel 
de Pérsano, que constituía un proyecto individual, esos 
documentos no indicaban que los distintos proyectos se 
referían a la construcción de nuevos edificios y no a la 
reconstrucción o reparación de edificios destruidos o 
dañados por el seísmo. 
Préstamos y bonificaciones de intereses en favor de las 
zonas afectadas por los seísmos en Grecia 
12.31. En noviembre de 1982, es decir, 20 meses después 
del seísmo, se llegó a un acuerdo con el gobierno griego 
para un préstamo NIC por un importe de 80 millones de 
ECUS (aproximadamente 5 332 millones de dracmas) (7) 
con vistas a completar la financiación de distintos 
proyectos en el marco de un programa adoptado por las 
autoridades griegas para la reconstrucción de los medios 
de producción y la reconstrucción de la infraestructura 
económica y social, incluidas viviendas, en las zonas 
afectadas por el seísmo. 
12.32. Los proyectos que habían de financiarse con 
ayuda de la Comunidad cubrían la reconstrucción y 
reparación de carreteras, edificios y puentes ferroviarios, 
escuelas estatales y la participación en la reconstrucción 
de viviendas privadas. El importe global se estimó en 
7 137 millones de dracmas (aproximadamente 107,1 
millones de ECUS) y los trabajos debían realizarse entre 
1981 y 1985. 
12.33. El préstamo NIC de 5 332 millones de dracmas 
(aproximadamente 80 millones de ECUS) fue pagado en 
tres tramos, el último en abril de 1983. Hasta enero de 
1985, las autoridades griegas no habían retirado aún más 
que el 63 % (3 362 millones de dracmas, aproximadamen­
te 50,5 millones de ECUS) del préstamo transferido a las 
cuentas especiales en el banco de Grecia, lo que significa 
que el préstamo y la bonificación de intereses correspon­
diente han estado disponibles mucho tiempo antes de lo 
necesario. 
12.34. En base a la información disponible en la 
Comisión, los gastos reales a 30 de junio de 1985, es decir, 
más de cuatro años después del seísmo, se pueden estimar, respecto a los proyectos iniciales cofinanciados mediante 
un préstamo NIC, en 4 000 millones de dracmas 
(aproximadamente 60 millones de ECUS). El coste 
previsto inicialmente era, en cambio, de 7 137 millones de 
dracmas (aproximadamente 107,1 millones de ECUS). 
12.35. Según el acuerdo de préstamo, los beneficiarios 
deben enviar al BEI informes semestrales relativos al 
estado de los proyectos. Esa disposición no ha sido 
respetada. 
12.36. En abril de 1985, las autoridades griegas 
propusieron una serie de modificaciones al programa 
inicial. Las principales modificaciones fueron: 
(a) la inclusión de la restauración de 42 541 viviendas 
privadas (coste efectivo a 31 de diciembre de 1985: 
1 325,9 millones de dracmas, es decir, aproximada­
mente 19,9 millones de ECUS); 
(b) la inclusión de la reconstrucción de 3 edificios (4 
subcontratos) que comprendían 120 viviendas, 52 
locales de almacenes y 21 locales comerciales en 
Niquea — Píreo (coste efectivo a 31 de diciembre de 
1985: 437,2 millones de dracmas, es decir, aproxima­
damente 6,6 millones de ECUS); 
(c) el número de secciones viadas que habían de ser 
reparadas se aumentó de 42 a 218 (coste efectivo a 31 
de diciembre de 1985: 1 697 millones de dracmas, es 
decir, aproximadamte 25,5 millones de ECUS en 
lugar del coste inicialmente estimado de 872,3 
millones de dracmas, es decir, aproximadamente 13,1 
millones de ECUS). 
El programa modificado fue aprobado por el BEI. El 
coste global efectivo a 31 de diciembre de 1985 se elevaba 
a 6 648,1 millones de dracmas (aproximadamente 99,7 
millones de ECUS). 
12.37. El acuerdo de financiación prevé que la distribu­
ción del préstamo NIC entre las diversas partes del 
programa puede ser modificada por las partes contratan­
tes mediante un simple intercambio de cartas. El Tribunal 
considera, sin embargo, que, en vista de la amplitud de las 
modificaciones y la inclusión de una serie de proyectos 
completamente nuevos, la Comisión debería haber 
tomado una decisión formal sobre la subvencionabilidad 
de los proyectos que habían de añadirse al programa, 
tanto más cuanto que toda modificación del importe del 
préstamo influye directamente sobre el importe de la 
bonificación de intereses. 
El control por parte de la Comisión 
12.38. Cuando la Comisión decide sobre la subvencio­
nabilidad de los proyectos financiados con préstamos 
NIC, cuando se pronuncia acerca de los proyectos 
propuestos sobre los recursos propios del BEI y cuando 
decide en materia de bonificaciones de intereses, lo hace 
en base a los documentos presentados por el BEI. Es 
cierto que el BEI, que gestiona el conjunto de los 
132 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
préstamos concedidos, presenta a la Comisión informes 
relativos al estado o a la conclusión de los trabajos en el 
marco de los proyectos financiados por los recursos NIC, 
pero no hace lo mismo respecto a los proyectos 
financiados por los recursos propios del Banco, aunque 
estos últimos se benefician igualmente de bonificaciones 
de intereses a cargo del Presupuesto General de las 
Comunidades. El Tribunal considera que la Comisión 
debería exigir que el BEI le enviara informes relativos a 
todos los proyectos que se benefician de créditos 
presupuestarios. 
12.39. Conforme al artículo 7 de las decisiones del 
Consejo (6)81/19/CEE, de 20 de enero de 1981, y 81/1013/ 
CEE, de 14 de diciembre de 1981, la Comisión informa 
anualmente al Consejo y al Parlamento Europeo acerca 
de las operaciones llevadas a cabo en aplicación de estas 
decisiones. 
12.40. El examen del Tribunal ha revelado que estos 
informes únicamente describen la utilización de los 
recursos del préstamo, pero no indican el estado de 
realización de los proyectos, las causas de los eventuales 
retrasos ni la utilización de los fondos pagados y tampoco 
contienen información sobre la eficacia de las ayudas 
concedidas. concedidas hasta la fecha en este tipo de casos para poder 
utilizar estas experiencias en provecho de los programas 
de ayuda urgente actuales y futuros. 
Préstamos globales NIC 
12.42. Desde 1982 se han concedido préstamos globales 
sobre los recursos NIC. Estos préstamos se destinan a 
poner fondos a disposición de entidades financieras en los 
Estados miembros, las cuales, a su vez, canalizan estos 
fondos a riesgo propio hacia las pequeñas y medianas 
empresas que trabajan en proyectos aprobados por el 
BEI. Desde su creación, estos préstamos han aumentado 
considerablemente. Mientras que no se había hecho 
ningún préstamo global sobre los recursos del NIC I, el 
43 % de los préstamos del NIC II, por un importe total de 
988,5 millones de ECUS lo constituían préstamos 
globales y, a 31 de diciembre de 1985, los préstamos 
globales representaban el 71 % de los préstamos del NIC 
III, por un importe total de 2 408 millones de ECUS. 
12.43. En lo que se refiere a estos préstamos, la 
auditoría del Tribunal para el ejercicio 1985 se ha limitado 
a la comprobación de los documentos que se encuentran 
en la Comisión, incluidos documentos del BEI. 
Conclusión 
12.41. En vista de las insuficiencias mencionadas y de 
los problemas que han surgido en relación con estos 
préstamos, el Tribunal considera que la Comisión debería 
intensificar sus esfuerzos en lo que se refiere al control y la 
evaluación de la puesta en práctica de las decisiones del 
Consejo, así como mejorar el carácter informativo de sus 
informes. En particular, el Tribunal invita a la Cornisón a 
efectuar una evaluación exhaustiva de las ayudas 12.44. La comprobación de los documentos existentes 
ha revelado que éstos no contienen información suficiente 
para permitir a la Comisión y al Tribunal hacerse una idea 
de hasta qué punto se han alcanzado los objetivos 
definidos por los reglamentos del Consejo, particular­
mente en lo que se refiere al número real de puestos de 
trabajo creados. 
12.45. El Tribunal está preparando, junto con la 
Comisión, las normas relativas a la realización de 
auditorías in situ en este ámbito. 
(!) Informe (Anexo al Informe Anual CECA 1985) relativo a la (4) 
gestión contable y financiera de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero. (5) 
(2) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1984, DO 
C 326 de 16.12.1985. (6) 
(3) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1984, DO 
C 326 de 16.12.1985, apartados 2.5 — 2.6. — Informe Anual 
del Tribunal relativo al ejercicio 1983, DO C 348 de (7) 
31.12.1984, apartados 2.20 — 2.24. Informe Anual del Tribunal relativo el ejercicio 1983, 
apartado 2.38. 
Resolución del Parlamento Europeo, de 18.4.1986, DO L 
150 de 4.6.1986. 
Decisiones del Consejo, 81/19/CEE de 20.1.1981, DO L 37 
de 10.2.1981, y 81/1013/CEE de 14.12.1981, DO L 367 de 
23.12.1981. 
Todos los importes en dracmas se indican en ECUS al tipo 
de cambio de 15.11.1982. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 133 
SEGUNDA PARTE 
Fondos Europeos de Desarrollo 
0. ÍNDICE DE MATERIAS Apartados 
Introducción 1 
Resumen de la información financiera 2 
Observaciones relativas a la gestión financiera 
Los FED tercero y cuarto 
Quinto FED 
Observaciones relativas a los sistemas y procedimientos contables 
Observaciones relativas a la función de los Estados ACP en la definición de la 
ayuda 
Programación de la ayuda 
Instrucción de los proyectos 
Observaciones relativas a las responsabilidades comunitarias en la gestión de la 
ayuda 
Ejecución de los proyectos 
Evaluación de los proyectos 
El Stabex 
Utilización de las transferencias 
Reembolso de transferencias por países beneficiarios 
El Sysmin 
Retrasos en la ejecución 
Control de los fondos administrados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 73 — 74 9 
10 
24 
43 
43 
51 
62 
62 
64 
67 
69 — 42 
— 23 
— 42 
— 61 
— 50 
— 61 
— 66 
— 63 
— 66 
— 72 
— 72 
INTRODUCCIÓN 
1. Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) constitu­
yen el instrumento principal de la política de cooperación 
que lleva a cabo la CEE, desde 1958, con cierto número de 
países en vías de desarrollo de África, el Caribe y el 
Pacífico (Estados ACP). Distinta del Presupuesto 
General de las Comunidades Europeas, la dotación de 
cada FED se financia por contribuciones de los Estados 
miembros, fijadas según una clave de reparto adhoc. Por 
otro lado, la aplicación de cada FED se rige por un 
reglamento financiero específico. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
2. El cuadro 1 muestra la utilización acumulada de los 
FED tercero, cuarto y quinto a 31 de diciembre de 1985, 
así como del conjunto de los pagos y de los ingresos 
diversos registrados en 1985. El importe de la ayuda 
otorgada para cada país beneficiario figura en la segunda 
parte del anexo III. 
134 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Cuadro 1 — Utilización de los FED tercero, cuarto y quinto 
a 31 de diciembre de 1985 
(millones de ECUS) 
Recursos 
y utilización 
Desembolsos: 
— anteriores a 1985 
— efectuados en 1985 
Total de los importes 
desembolsados 
Aún no desembolsados: 
— comprometidos 
— no comprometidos 
Dotación 
Ingresos diversos: 
— anteriores a 1985 
— cobrados en 1985 
Total de recursos dispo­
nibles 3er FED 
Yaunde II 
(finalización: 
1976) 
875,6 
5,9 
881,5 
17,8 
17,3 
916,6 
— 
— 
916,6 4° FED 
Lomé I 
(finalización: 
1981) 
2 676,3 
105,6 
2 781,9 
216,9 
157,1 
3 155,9 
40,7 
— 
3 196,6 5° FED 
Lomé 11 
(finalización: 
1985) 
1 454,7 
586,3 
2 041,0 
1 621,3 
1 140,0 
4 802,3 
6,9 
20,2 
4 829,4 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
GESTIÓN FINANCIERA 
Los FED tercero y cuarto 
3. En 1985, la Comisión continuó tomando decisiones 
de financiación relativas al tercer FED, retrasando por 
ello aún más su cierre. La mayor parte de los 17,8 millones 
de ECUS comprometidos para el tercer FED pero aún sin 
pagar corresponden a proyectos que fueron comenzados 
hace más de diez años. El Tribunal opina que los 
compromisos, referentes a estos proyectos, contraídos en 
exceso deberían ser ahora liberados y transferidos al 
quinto FED, conjuntamente con los 17,3 millones de 
ECUS que no han sido comprometidos. De la misma 
forma, la Comisión debería presentar propuestas de 
afectación de ciertos recursos del cuarto FED no 
utilizados, tales como la ayuda prevista en el marco del 
programa indicativo (47,1 millones de ECUS) y los 
ingresos diversos (40,7 millones de ECUS). Quinto FED 
4. La parte de los recursos del quinto FED que puede 
ser programada por la Comisión asciende a 3 147,4 
millones de ECUS. El artículo 110 del Segundo Convenio 
de Lomé (quinto FED) (>) especifica que las cantidades a 
comprometer para la ayuda otorgada en el marco del 
programa indicativo deberían ser repartidas con la mayor 
regularidad posible durante el período de aplicación del 
Convenio, que finalizó el 28 de febrero de 1985. El 31 de 
diciembre de 1985, el 77 % de la ayuda programable había 
sido comprometido. El desglose por sector económico 
figura en el cuadro 2. Entre los principales beneficiarios, 
Sierra Leona, Liberia, Surinam, Papua-Nueva Guinea y 
Nigeria se distinguen por unos porcentajes de utilización 
particularmente bajos (respectivamente 17%, 14%, 
12%, 13% y 4%). El porcentaje de desembolso de la 
dotación es considerablemente más bajo para los 
préstamos especiales que para las subvenciones (respecti­
vamente 24% y 37%); esto es debido en parte a la 
excesiva duración de los plazos requeridos para la 
conclusión de los contratos de préstamo. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS 
SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 
5. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1984 (2) y en 
informes anuales anteriores, el Tribunal de Cuentas 
formuló observaciones sobre la cuantía demasiado 
elevada de las contribuciones solicitadas a los Estados 
miembros por la Comisión, sobre los retrasos relativos al 
pago de estas contribuciones por ciertos Estados 
miembros y sobre el carácter inadecuado de los asientos 
contables efectuados por la Comisión en lo que se refiere a 
los saldos bancarios del FED. Estas deficiencias han 
perdurado durante 1985, a la espera de la aprobación de 
las modificaciones propuestas en el Reglamento Finan­
ciero del sexto FED y del examen del sistema de 
contabilidad de caja que había sido anunciado por la 
Comisión en el apartado 15.13 de su respuesta al Informe 
Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1984. 
6. De la misma forma, se observa la persistencia de un 
gran número de deficiencias descubiertas en los años 
anteriores en los documentos justificativos de los pagos 
presentados al departamento financiero para su autoriza­
ción o verificación; ha sucedido lo mismo con algunos 
retrasos referentes a los pagos o a la contabilización, en 
especial durante el primer trimestre del año, a lo largo del 
cual la continuidad de la contabilidad dejó de estar 
asegurada. 
(') Las notas aparecen al final de la segunda parte. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 135 
Cuadro 2 — Utilización a 31 de diciembre de 1985 de las ayudas programables del 5.° FED 
Sector económico 
(1) 
Desarrollo rural 
Transportes y comunicaciones 
Sector social (sanidad y forma­
ción) 
Industria, energía, minería 
Vivienda, urbanismo, saneamien­
to y suministro de agua 
Cooperación técnica 
Microproyectos 
Promoción comercial 
Reserva 
Total de ayudas programables Dotación indicativa 
Mili, de ECUS 
(2) 
1 235,0 
585,0 
410,0 
285,0 
210,0 
100,0 
47,0 
45,0 
230,4 
3 147,4 % del total 
(3) 
39,2 
18,6 
13,0 
9,0 
6,6 
3,2 
1,5 
1,4 
7,5 
100,0 Decisiones de financiación 
Mili, de ECUS 
(4) 
838,8 
600,2 
314,7 
284,9 
221,8 
34,2 
61,7 
65,7 
— 
2 422,0 índice 
de la 
decisión 
de finan­
ciación 
(5) = %(4)/(2) 
68,0 
102,6 
76,8 
100,0 
105,6 
34,2 
131,2 
146,0 
_ 
77,0 Pagos 
Mili, de ECUS 
(6) 
346,6 
317,1 
108,7 
143,1 
105,3 
21,0 
32,4 
24,8 
— 
1 099,0 En 
porcentaje 
de la 
dotación 
(7) = %(6)/(2) 
28,1 
54,2 
26,5 
50,2 
50,1 
21,0 
68,9 
55,1 
— 
34,9 En 
porcentaje 
del importe 
asignado 
por la 
decisión 
de finan­
ciación 
(8) = %(6)/(4) 
41,3 
52,8 
34,6 
50,2 
47,5 
61,4 
52,5 
37,7 
— 
45,4 
Cuadro 3 — Porcentaje, por país visitado, de las ayudas fiscalizadas por el Tribunal 
Ghana 
95% Guinea 
91% Cabo Verde 
61% Madagascar 
67% Isla Mauricio 
53% Kenya 
57% Somalia 
82% 
7. El sistema informático del FED es una de las causas 
principales de los retrasos: dados los medios informáticos 
de los que dispone la Comisión, el personal responsable 
de las órdenes de pago y de la contabilidad debería poder 
acceder directamente a los ficheros magnéticos del FED, 
por ejemplo mediante terminales; ello permitiría suprimir 
los plazos excesivos de espera que preceden actualmente a 
la recepción de registros contables impresos cuya puesta 
al día, con la ayuda de formularios rellenados a mano y de 
tarjetas perforadas, constituye una labor extremadamen­
te pesada. Bruselas efectúan un número creciente de pagos con la 
única base de instrucciones transmitidas por télex por los 
delegados, quienes conservan todos los documentos 
justificativos en la sede de su delegación, como es, por 
ejemplo, el caso de las ayudas excepcionales, por un 
importe global de 80 millones de ECUS, otorgadas con 
motivo del Plan de Dublín. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
FUNCIÓN DE LOS ESTADOS ACP EN LA 
DEFINICIÓN DE LA AYUDA 
8. Las deficiencias observadas en lo referente a 
documentos justificativos reflejan, entre otras cosas, la 
falta de un manual detallado de procedimientos, que sería 
necesario para definir y armonizar la labor de los agentes 
de los departamentos financieros y de las delegaciones de 
la Comisión. La definición y la aplicación de procedi­
mientos de verificación se han convertido en necesidades 
particularmente urgentes; en efecto, para permitir una 
puesta en práctica rápida, los servicios de la Comisión en 9. Durante las investigaciones que ha llevado a cabo en 
1985 en siete países (Ghana, Guinea, Cabo Verde, 
Madagascar, Isla Mauricio, Kenia y Somalia) y en los 
servicios de la Comisión, el Tribunal examinó 63 
proyectos y numerosos microproyectos financiados en el 
marco de los programas indicativos nacionales y de la 
cooperación regional, así como diversas intervenciones 
relativas a la ayuda de urgencia y a la estabilización de los 
136 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
ingresos de exportación. Estas comprobaciones se 
refirieron a sectores tan variados como el desarrollo rural, 
la producción agrícola, la agro-industria, la industria 
manufacturera, las infraestructuras viarias, hidráulicas y 
sanitarias, el sistema de crédito, la asistencia a las 
pequeñas y medianas empresas y la formación. Por otro 
lado, como indica el cuadro 3, la parte, en términos 
financieros, de las ayudas controladas, en comparación 
con la totalidad de las ayudas concedidas correspondien­
tes al cuarto y el quinto FED a cada uno de estos países, 
varía desde el 53 % al 95 %. 
Programación de la ayuda 
Identificación de las necesidades prioritarias de los 
Estados beneficiarios 
10. Según el artículo 109 del Segundo Convenio de 
Lomé (quinto FED) (3), «las intervenciones financiadas 
por la Comunidad, complementarias de los propios 
esfuerzos de los Estados ACP, se integran en los planes y 
programas de desarrollo económico y social de éstos y se 
articulan con los objetivos y prioridades de desarrollo que 
dichos Estados determinen tanto en plano nacional como 
regional». En el examen, numerosos programas indicati­
vos aparecen más como conglomerados de proyectos 
independientes que como conjuntos de acciones coordi­
nadas con objetivos precisamente definidos. 
11. De esta forma, las nociones de selectividad y de 
prioridad están ausentes de algunos programas. A título 
de prueba: el cuarto FED financió en Guinea, que figura 
entre los Estados ACP menos desarrollados según los 
Convenios de Lomé, principalmente inversiones indus­
triales y compras de máquinas agrícolas, a pesar de que 
faltaban las infraestructuras de base (electricidad, 
carreteras, pistas, etc.) indispensables para su funciona­
miento. Las dificultades de abastecimiento de energía 
eléctrica que sufre este país son causa, en una parte 
esencial, del retraso de casi tres años en la rehabilitación 
del complejo textil de Sanoyah, así como de la necesidad 
de aumentar la ayuda comunitaria para esta operación de 
30 a 43,2 millones de ECUS. El retraso de un año en el 
logro de un nivel de producción normal en la fábrica de 
materias plásticas Soguiplast y la aplicación de una 
financiación FED complementaria de 0,5 millones de 
ECUS son igualmente atribuibles a la insuficiencia de la 
infraestructura eléctrica. Es más, si esta carencia se 
prolongase, hipotecaría seriamente el funcionamiento de 
estos dos complejos. En cuanto al proyecto de desarrollo 
de la producción algodonera en Alta Guinea, hay que 
buscar las causas del fracaso, en parte, en la impracticabi­
lidad de las pistas de comunicación y de los puentes de 
esta zona, lo que hizo particularmente penoso el trabajo de sensibilización de los agricultores y el abastecimiento 
de productos para la agricultura. Las dificultades que han 
surgido en estos proyectos demuestran que una fase 
importante del proceso de programación fue omitida: la 
del inventario riguroso de las necesidades prioritarias de 
la economía nacional, paso previo necesario para la 
selección racional de las acciones a fomentar. 
Toma en consideración de las limitaciones nacionales 
derivadas del estado de las finanzas públicas y de las 
reservas de divisas 
12. El artículo 110 del Segundo Convenio de Lomé 
(quinto FED) dispone que el ritmo óptimo de compromi­
so global se define durante la programación con el Estado 
ACP correspondiente «en función de las diversas 
limitaciones que afecten a las partes y de las prioridades 
que cada una de ellas debe respetar». La naturaleza de las 
dificultades encontradas por numerosos proyectos exa­
minados hace pensar que, en el momento del estableci­
miento de los programas indicativos, no fueron tenidas en 
cuenta suficientemente las limitaciones que afectan a las 
estrategias de desarrollo de la mayoría de los Estados 
beneficiarios. Algunas de estas limitaciones, por su 
carácter coyuntural, pueden difícilmente ser tomadas en 
consideración en el caso de una programación quinque­
nal. En cambio, el hecho de que los programas indicativos 
no hagan referencia a limitaciones de carácter estructural 
es por lo menos sorprendente. Entre éstas últimas, la 
situación extremadamente difícil de numerosos presu­
puestos nacionales, y el déficit crónico de divisas que, por 
haber sido ocultados demasiadas veces, han obstaculiza­
do la finalización o el fucionamiento de numerosos 
proyectos. 
13. Las dificultades encontradas por las autoridades 
nacionales bien para cumplir sus compromisos en las 
operaciones de cofinanciación, bien para garantizar la 
cobertura de las cargas de funcionamiento, debido a la 
delicada situación de sus finanzas públicas, son el origen 
de las vicisitudes encontradas por muchos proyectos. 
14. Tratándose de proyectos cofinanciados, se observó 
en un proyecto de construcción y de ampliación de un 
hospital y de centros de sanidad en Kenya, que la 
construcción inicialmente prevista de un centro tuvo que 
ser abandonada, y que las obras de construcción de otros 
dos centros se interrumpieron por varios años en 1982, 
debido a dificultades encontradas por el Estado para 
garantizar el pago a las empresas encargadas de la 
construcción, incluso cuando el acuerdo de financiación 
preveía la cobertura de estos gastos con fondos naciona­
les. En Ghana, el programa de rehabilitación y de 
construcción de viviendas para el personal de la 
plantación de palmeras oleaginosas de Prestea debía ser 
financiado, en parte, con recursos nacionales. No 
habiéndose encontrado el Estado ghanés en condiciones 
de garantizar esta financiación, la construcción de las 
casas debió ser abandonada provisionalmente, lo que 
incrementó la dificultad de dotar la plantación de 
personal cualificado. Un fenómeno análogo se produjo, 
en este mismo país, en la plantación de palmeras 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 137 
oleaginosas de Twifo. Modificaciones de esta índole 
pueden desequilibrar la economía interna de los proyec­
tos en cuestión y, por consiguiente, comprometer su 
viabilidad. En estas condiciones, la Comisión sólo debería 
comprometerse en operaciones de cofmanciación con 
Estados que presenten garantías serias en cuanto a su 
capacidad de cumplir los compromisos que contraigan. 
15. El funcionamiento de proyectos finalizados puede 
ser igualmente entorpecido por unos presupuestos 
nacionales débiles. Así, la visita a tres centros hospitala­
rios en Guinea reveló una clara infrautilización de los 
equipos financiados por el cuarto FED, debido especial­
mente a las carencias de material de asistencia médica y de 
instrumental de base. La mera lectura del presupuesto de 
estos establecimientos pone de relieve la insuficiencia de 
los créditos que les son asignados para permitirles 
funcionar en condiciones satisfactorias. Frente a esta 
situación, hubiera sido preferible sin duda concentrar las 
intervenciones comunitarias en un número reducido de 
inversiones, y realizar dentro de ellas operaciones 
integradas que conllevasen una financiación al 100 % de 
los diferentes componentes de cada una de estas acciones. 
16. Al no haber referencias específicas en los programas 
indicativos, se ha dejado igualmente a cuenta de los 
presupuestos de los Estados beneficiarios el garantizar el 
mantenimiento de la gran mayoría de las inversiones 
financiadas por los FED. Es obligado constatar que en 
numerosos casos examinados la situación de las finanzas 
públicas de estos Estados no les ha permitido asumir esta 
función. 
17. Así, el Estado somalí se había comprometido a 
prever anualmente, en su presupuesto, los créditos 
necesarios para el mantenimiento de la carretera Goluen-
Gelib, y a comunicar las cuantías correspondientes a la 
Comisión. Estas condiciones no fueron nunca respetadas. 
Esto acarreó la aparición de graves defectos que, en 
ciertos tramos, hacen necesaria una rehabilitación de la 
carretera. En el programa de creación de servicios 
públicos y de acondicionamiento de Mathare Valley en 
Kenya, el mantenimiento insuficiente de las infraestructu­
ras por parte del « Nairobi City Council» explica el mal 
estado de las carreteras y las deficiencias de la red de 
alcantarillado. En Madagascar, la evolución decreciente 
de los presupuestos de mantenimiento de las carreteras 
Ambilobe-Vohimarina y Manakara-Irondo augura un 
mal porvenir a estos proyectos. 
18. En este mismo país, un gran número de las 
inversiones financiadas en el sector agrícola durante los 
años 1970 — 1983 fracasaron, a causa principalmente de 
un mantenimiento inadecuado, incluso inexistente. Tal es 
el caso del proyecto de acondicionamiento del Bajo-
Mangoky, donde a consecuencia del enarenamiento de la 
red de conducción y de distribución de aguas, menos del 
50 % de las superficies acondicionadas son cultivadas. 
Las consecuencias de esta situación, considerando la 
desvalorización de equipos costosos y la falta de arroz y 
de algodón en Madagascar, no se pueden comparar con el 
presupuesto de mantenimiento relativamente módico que 
requiere la gestión de un stock de piezas de recambio para 
las máquinas más importantes y el mantenimiento regular 
de las redes. 19. La situación de las finanzas públicas de estos países 
hacía previsible la dificultad, incluso la imposibilidad 
para estos Estados de asumir las cargas de mantenimiento 
de todos los proyectos. En estas condiciones, es lamenta­
ble que la financiación de acciones de mantenimiento no 
haya sido prevista en los programas indicativos, precisa­
mente cuando el artículo 153 del Segundo Convenio de 
Lomé (quinto FED) prevé la posibilidad de financiar 
«acciones de prolongación», destinadas a cubrir «los 
gastos de funcionamiento, de mantenimiento y de gestión 
de inversiones ejecutadas anteriormente, con el fin de 
garantizar la plena utilización de éstas, especialmente 
mediante el suministro de material de mantenimiento y/o 
la ejecución de reparaciones importantes». 
20. La segunda limitación que, cuando afecta a un país, 
es difícilmente superable a corto plazo y que por 
consiguiente hay que tener en cuenta en el momento de la 
programación de la ayuda, es la escasez de divisas. Varios 
proyectos examinados muestran que no se procedió en 
absoluto de esta forma. Así, la fábrica Soguiplast, en 
Guinea, sólo puede funcionar recurriendo a importacio­
nes masivas de materias primas. No disponiendo el 
Estado guineano de las divisas necesarias, el aplazamien­
to del funcionamiento del establecimiento sólo ha podido 
evitarse, hasta ahora, gracias a la concesión de recursos 
comunitarios suplementarios. Sin embargo, no se puede 
pretender cubrir indefinidamente el abastecimiento en 
materias primas de una fábrica mediante la ayuda 
exterior, suponiendo que ésta última se pudiera obtener. 
En un proyecto de desarrollo de la producción de nuez de 
coco de Madagascar, el Estado no puede poner a 
disposición de la sociedad explotadora, la Soavoanio, los 
medios de pago necesarios para la importación de 
materias primas agrícolas (abonos, pesticidas, etc.). 
Obligada aquí también a contar con la ayuda exterior, la 
sociedad se ve privada del control de un elemento esencial 
de su gestión. La programación debería incitar a los 
Estados con balanza de pagos en desequilibrio duradero a 
presentar para la financiación por parte de los FED 
proyectos que dependan poco de materias importadas. 
La complementariedad de los esfuerzos comunitarios y 
nacionales 
21. El artículo 109 del Segundo Convenio de Lomé 
(quinto FED) hace hincapié en el carácter complementa­
rio de las intervenciones comunitarias y de los propios 
esfuerzos de los Estados ACP. Los impulsos divergentes 
dados por las autoridades comunitarias y nacionales a 
ciertos proyectos plantean dudas sobre la realidad de esta 
complementaridad. 
22. Así, en Mauricio, el proyecto de desarrollo agrícola 
de la isla Rodrigues se componía de una parte tendente a 
reducir a la mitad un rebaño de 10 000 cabezas, en su 
mayoría de raza degenerada, y a controlar los desplaza­
mientos de los animales con el fin de poder aplicar 
prácticas veterinarias sanas, limitar el excesivo pastoreo y 
la destrucción de los cultivos. Lejos de aplicar las 
modalidades prácticas de esta orientación, el Estado ha 
ampliado a la isla Rodrigues al alcance de las disposicio-
1^ diario COficial de las comunidades Europeas 1^. 1^ ^ 
nesdiri^idasafomentar de la cría de ganado bovinoenla 
isla Mauricio, tales como la subvenciónalos alimentos 
concentrados v el suministro, de forma garanta, de 
productos sanitarios. Esta incoherencia compromete la 
realización de la partedel provecto tendenteaaumentar el 
rendimiento del maíz, puesto que al no existir una 
reducción delnúmerodeanimales ni unalimitacióndesus 
desplazamientos, los daños ocasionados por el^anado 
errante imposibilitan la puesta en práctica de esta acción. 
^Bl En guinea, el cuarto EEL^tinancióel suministro de 
equipos para cinco institutos politécnicos secundarios 
^IPS^. lOurante este mismo tiempo, el IViinisterio de 
Enseñanza^écnicalv^ediavdeEormaciónRrofesional 
continuaba asi^nandoaestoslPS presupuestos de una 
escasez evidente, que no permitían de ninguna manera 
arre^larloslocalesdestinadosaaco^er estos equipos, 
adquirir los útiles necesarios para su utilización ni 
preparar al personal indispensable para su explotación. 
Esto provocó la desaparación de unafracciónimportante 
de los equipos entregados, estando condenado el restoa 
una infrautilización v a una rápida degradación. El 
material científico suministrado para facultades de 
a^ronomíanoconociómejorsuerte.Unade las facultades 
beneticiarias, en Labe, ha dejado sencillamente de existir. 
El material tinanciado por el PEPO se encuentra almace 
nado en cajas reventadas, los equipos están gravemente 
dañados v la mavoría inutilizables. En otra facultad 
visitada, en ^eankan,una parte sustancialdel material 
está aún almacenada en cajas,varios años después de su 
entre^a,afalta de edificios que la acocan.Esta situación 
suscita seriasdudasencuanto alacoherenciadelas 
intervencionescomunitariasquetiendenapotenciarestos 
establecimientos,vla política ^uineanaquecondena estos 
mismos establecimientos al abandono. 
^^^^^^^^^^^^ 
A^t^^lo^^eto^con^erc^le^ 
^BL La necesidad de garantizar la comercialización de la 
producción esperada de un provecto requiere, en la fase 
de la instrucción, una doble ^estión^en primer luyanla 
identiticacióndelasnecesidadesasatisfacer,coneltlnde 
valorar, en el doble plano cuantitativovcualitativo,las 
salidas e^istentes^ense^undolu^ar,ele^amendelos 
circuitos de distribución, con vistas a establecer una 
conexión eficaz entre el provecto v el mercado. Las 
dificultades encontradas por varios provectos para 
garantizar la salida de sus productos hacen suponer que 
estas dos fases no siempre han sido realizadas con el ri^or 
requerido. 
^éó. Lhrrante la instrucción de algunos provectos, la 
evaluacióndelacapacidadde absorción del mercado 
pudo pecar de poco precisa. Así, en el provecto de desarrollo aerícola de la isla Rodrigues, se había previsto 
aumentar la producción decebollasde^^toneladasen el 
año 1^1 a 1^00 toneladas en 1^^ lOe hecho, la 
producción se redujoala mitad, hasta situarse en ^^ 
toneladas. Estando saturado desde el principio el 
mercado de la isla Mauricio, los ab^etívos de producción 
noeran en absoluto realistas.En ^viada^ascar,el provecto 
dedesarrollodenuezdecoco produjo un vivoaumentode 
la producción de copra. La sociedad explotadora de las 
plantaciones, la ^oavoanio, no consiguiendo dar salidaa 
esta producción,acumula e^istenciasvvive una situación 
de tesorería crítica Esto es imputableala insolvencia 
parcial de las fábricas de aceite cliemes de la Soavoaniov 
a su incapacidad para encontrar las demás materias 
primas necesarias para la fabricación del^abón. Además, 
la construccióndeunafábrica de aceite suplementaria 
prevista para absorber el exceso de producciónno se 
realizó, ^ara otros provectos, no se han tenido en cuenta 
sulicientemente las prelerencias de los clientes potenciad 
les, por falta de un estudio suficientemente detallado del 
mercado. Es el caso, en especial, de la fábrica ^o^uiplast 
en óluinea, cuvos calzados destinados al mercado 
doméstico plantean problemasala hora de la comercialP 
zación, por no corresponder los modelosalos bustos de 
los consumidores, quepretierencalzadoimportadode 
Sierra Leona. 
^. La comercialización de los productos tropieza 
igualmente, en algunos provectos, con un sistema de 
distribución poco eficaz. En el caso de la fábrica 
^o^uiplast citada en el apartador,latotalidad de la 
producción es comprada por el ministerio de comercio 
Interior, el cual la pone en venta en sus almacenes 
públicos. Este mismo ministerio ti^a de oficio los precios 
de venta La empresa no puede controlar, pues, los 
márgenes de benetícios.Eavorecidos por la liberalización 
actual de la economía ^uineana, afluven productos 
competidoresprocedentes de los países vecinos. Estos 
artículos de importación son distribuidos por pequeños 
comerciantes privados, que despliegan cierta agresividad 
comercialvquemodulansuspreciosdeventaconeltinde 
ampliar su participación en el mercado. En estas 
condiciones,losproductosde^o^uiplast,perjudicados 
por un mecanismo rígido de fijación de preciosvuna red 
de distribución poco eticaz, tienen serias dilicultades para 
hacer fremeala competencia. 
Lo^e^tu^o^s técnicos 
^7. Ease importante del ciclo de un provecto, los 
estudios técnicos deben permitir abordar los problemas 
vinculadosalalocalizaciónvma^nituddelainversíón,a 
la disponibilidad de los equipos, de las materias primasv 
delosserviciosindispensables para laproduccíón. En 
estos diferentes aspectos^ la muestra de provectos 
examinada ha revelado numerosas deliciencias,tantoa 
niveldelaconcepcióncomoalde la realización de las 
conclusiones de los estudios. 
^ La elecciónde laicalización de los provectos no 
siempre se realizacon el cuidado sutlcientedurantela fase 
de instrucción, como lo demuestran los casos siguientes. 
Basándose en un estudio sobre el desarrollo del valle del 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 139 
Juba realizado en 1976, las autoridades somalíes decidie­
ron crear un centro de experimentación agrícola en 
Sakow. Con este fin, recibieron dos subvenciones por un 
importe global de 6,35 millones de ECUS a cargo del 
cuarto FED. Los primeros estudios técnicos realizados en 
el marco del proyecto pusieron en duda las conclusiones 
del estudio llevado a cabo en 1976, especialmente en 
cuanto a la rentabilidad económica de la inversión y a la 
adecuación de la naturaleza del suelo de la zona elegida a 
las obras previstas. Además, el difícil acceso a la zona 
implicaba obras de infraestructura desproporcionadas 
con respecto a la dimensión y al objeto de la inversión. A 
pesar de estas advertencias, formuladas desde 1979, sobre 
la no conveniencia de situar el centro de experimentación 
en Sakow, las obras no fueron detenidas hasta noviembre 
de 1983, después de que 897 000 ECUS fueran gastados 
inútilmente. En esta fecha fue reconsiderada la ubicación 
del proyecto. La Comisión propuso entonces instalar el 
centro en Alexandra, ciudad que dista 150 kilómetros de 
la zona incialmente considerada. Argumentando dificul­
tades de tipo administrativo, las autoridades somalíes no 
aceptaron esta propuesta, y se decidió finalmente instalar 
el centro en un tercer lugar, Bardeera. Estas demoras en 
cuanto a la elección de la zona, que causaron un retraso de 
al menos tres años y unas pérdidas financieras sustancia­
les, podrían haber sido evitadas mediante la toma en 
consideración inmediata por parte de la Comisión de las 
conclusiones de los estudios efectuados en 1979. 
29. En Madagascar, el proyecto de desarrollo de la 
producción de nuez de coco preveía la creación de 405 ha 
de plantaciones aldeanas. Solamente fueron plantadas 
105 ha y las plantaciones son gestionadas en lo esencial, 
por la sociedad Soavoanio y no por los campesinos, como 
se había previsto. La concepción inicial era errónea ya que 
los cocoteros fueron concentrados en grandes plantacio­
nes, mientras que los campesinos deseaban plantaciones 
de dimensión más modesta y situadas en la proximidad de 
las aldeas, para así poder ejercer una vigilancia más 
estrecha. 
30. Los estudios técnicos no siempre han tenido la 
profundidad necesaria a la hora de la elección de la 
dimensión de los proyectos, de forma que llegaron a 
presentarse situaciones de hipercapacidad con respecto a 
las necesidades. En Somalia, el proyecto de revalorización 
de la plantación de pomelos de Goluen-Bulo Mererta 
incluía la instalación de una central eléctrica. Ésta fue 
dotada de tres generadores de 200 kW cada uno, entre 
ellos un generador de reserva, y de un generador de 100 
kW, mientras que la necesidad máxima del área, con sus 
nuevas dimensiones, no sobrepasa los 100 kW. 
31. Los presupuestos estimativos establecidos en base a 
datos anteriores y consignados en las propuestas de 
financiación resultan a menudo demasiado aproximati-
vos. Así, en Kenya, el proyecto relativo al refuerzo de la 
infraestructura sanitaria del distrito de Machakos 
valoraba en 2,3 millones de ECUS el coste de la 
construcción y del equipamiento de un nuevo policlínico, 
de la ampliación y del equipamiento de cuatro centros de 
sanidad existentes, de la construcción de un nuevo centro 
de sanidad y de la construcción de viviendas para el personal. De hecho, el coste de la construcción y del 
equipamiento del policlínico ascendió por sí sólo a más de 
3 millones de ECUS. Como consecuencia de esta evidente 
subestimación de los costes, resultó necesario renunciar a 
una parte importante del proyecto. 
32. Igualmente, en un proyecto de rehabilitación de 
explotaciones arroceras en Kenya, se había previsto 
aumentar la superficie de cuatro explotaciones existentes 
de 130 ha a 650 ha. Estos objetivos debieron ser acortados 
para ser fijados en 500 ha. Los objetivos iniciales fueron 
fijados durante la elaboración de la propuesta de 
financiación en octubre de 1981, cuando el estudio de 
viabilidad correspondiente no finalizó hasta mayo de 
1982. Esto acarreó una subestimación de los costes en la 
propuesta de financiación, responsable de la reducción 
posterior de las explotaciones. 
33. Los estudios técnicos no se cercioraron, en varias 
inversiones controladas, de la disponibilidad de los 
materiales y equipos necesarios, así como de las materias 
primas y de las materias consumibles indispensables para 
el buen funcionamiento de los proyectos. En un proyecto 
de acondicionamiento rural en Guinea, las materias 
primas agrícolas no fueron entregadas en cantidad ni en 
calidad suficientes. Los bajos rendimientos arroceros 
registrados en las llanuras de Mansaya y de Donka (500 a 
600 kg/ha), a pesar de existir suelos arcillosos para el 
cultivo del arroz, se explican en parte por la falta de 
abonos. En Kono y en Sagana, la falta de herbicida ha 
obstaculizado el cultivo del maíz, así como el del arroz 
pluvial. Este mismo proyecto se encontró dificultado por 
una inadecuación de los equipos disponibles (tractores y 
arados) a los trabajos agrícolas que se debían realizar. En 
un proyecto de microhidráulica en Madagascar, los 
campesinos tuvieron grandes dificultades para abastecer­
se de simientes seleccionadas y de abonos en el mercado 
local. Esta carencia ha impedido alcanzar los rendimien­
tos esperados de arroz en las zonas en cuestión. 
Examen del entorno administrativo y financiero de los 
proyectos 
34. También en la fase de instrucción es conveniente 
examinar cierto número de asuntos administrativos y 
financieros que condicionarán el funcionamiento del 
proyecto. Las deficiencias observadas durante la investi­
gación muestran que no se procedió a un examen 
sistemático de la Habilidad de los esquemas de financia­
ción, de los problemas relativos a la gestión de las 
inversiones, y de las disposiciones administrativas y 
reglamentarias en vigor en los países beneficiarios y que 
pueden influir en la buena marcha de los proyectos. 
35. El examen del plan de financiación y de la cuenta de 
explotación prevista durante la instrucción de un 
proyecto debería permitir a los servicios de la Comisión 
asegurarse de que se cubren las necesidades del fondo de 
maniobra. Esta precaución elemental fue omitida en 
algunos casos. Así, en el proyecto de rehabilitación del 
140 L^iario Oficial de las comunidades huroneas PÓ 1^ D^ 
complejo textil de Sanoyah en óluinea, las necesidades de 
tesorería de la empresa fueron cubiertas, en la fase inicial, 
mediantefondosdotadospor elEstado. Pero antela 
ausenciadebancoscomercialesenestepaís, conviene 
preguntarse cómo será financiada la necesidad estructu^ 
ralacortopla^o generada por la indispensable renovad 
cióndelase^istenciasydelcréditootor^adoalosclientes. 
Las investigaciones llevadas a cabo ^ ^^ y en la 
comisión no han permitido obtener una soluciónaeste 
problema que, no obstante, condiciona el futuro mismo 
del complejo textil, 
^. Lainstruccióndebeprocurari^ualmentequelas 
condiciones de bestión de los proyectos existentes en los 
Estados beneficiariosnoperturben subuen funcionad 
miento. Efectivamente, ciertas inversiones controladas 
padecen unacarenciademano deobra o estructuras 
gestoras deficientes. Así, en Crhana, en la fase inicial del 
proyecto de desarrollo de la plantación de palmeras 
oleaginosas deP^vifo, el Estado fijaba los salariosaun 
nivel que no permitía satisfacer las necesidades básicas de 
una familia. Esta política salarial inadecuada, junto al 
aislamiento ^eo^ráfico del proyecto, produjo una falta de 
personal en el citado proyecto, particularmente de 
personal cualificado, lo que sunuso graves consecuencias 
para su realización. En el proyecto de microhidráulica 
financiado en ^tada^ascar, algunas obras fueron insufi 
cientementerentabilizadas por falta de personal adecúa 
damente preparado. El servicio de divulgación no 
disponía de medios suficientes para permitir una 
utilización óptima de las zonas re^adas,yel servicio de 
asistencia se mostró incapaz de motivaralos campesinos 
a administrar y a mantener las estructuras de que 
disfrutaban. 
^7. La bestión de algunos proyectos es objeto de 
intervenciones administrativas no coordinadas. Así,en 
un proyecto del cuarto EEL^ de suministro de a^uayde 
saneamiento de la ciudad de Praia, en C^abo Verde, 
participaban tres ministerios, el Iviinisterio de POesarrollo 
R.ural en la bestión de los recursos hidráulicos, el 
IviinisteriodeCObrasPúblicasenlasconduccionesdea^ua 
yel ministerio del Interior en la bestión financiera.Esta 
dispersión de las competencias perjudicó el buen desarro 
lio del proyecto. Pal y como prevé el convenio de 
financiación de este proyecto dentro del ámbito del 
quinto EEIO, una bestión eficaz del proyecto pasaba por 
la creación de un organismo de bestión quedara de 
autonomía financierayestuviera dotado de los medios 
jurídicos,administrativosy técnicos convenientespara 
asegurar la realizaciónyel funcionamiento del proyecto. 
El fracaso parcial del proyecto de desarrollo de la 
producción algodonera en Alta Cañnea encuentra 
igualmente una parte de sus causas en una intervención 
estatal excesiva. L^esprovista de todaautonomíaadminis 
trativa y financiera, la dirección del proyecto estuvo 
sujeta a la tutela de la administración nacional y la 
asistencia técnica se encontró marginada. 
^. L^entro del proyecto de acondicionamientos rurales 
surgieron conflictos de competencia internos en la 
administración ^uineana. mientras la dispersión ^eo^rá 
fica de las obras en las regiones de l^ankanyde Labe 
e^i^ían un esfuerzo de coordinación por parte de las autoridades nacionales, diferentes ministerios intervinie^ 
ron en este proyecto siguiendo orientaciones diferentes,y 
hasta divergentes. Chorno ilustración, la comisión propu^ 
so una listarestrin^ida de cuatro oficinascapacesde 
asegurar laasistencia técnica paraelproyectodeapoyode 
las afincas a^ropastorales de distrito ^Eapd^^. El 
ministerio de cooperación Internacional hizo saberala 
delegación que ninguna oficina presentada podía ser 
aceptada. C^asialmismo tiempo,ellviinisteriodelasEapd 
informaba ala comisión que optabapor unadelas 
oficinas presentadas ^uno de cuyos expertos estaba 
perlectamentecapacitado parala tareaprincipal quesería 
asi^nadaalosasesores^.Estos pocos ejemplos ponen en 
evidencia la necesidad de delimitar claramente, desde la 
fase de instrucción, las competenciasyresponsabilidades 
en la realización y la bestión de los proyectos, de 
identificar los circuitos y las prácticas que, en las 
administraciones nacionales, pueden obstaculizar la 
ejecucióny el funcionamiento delosproyectos. Estos 
exámenes previos debenpermitirelestablecimiento de 
sistemas de bestión apropiados. 
^. Hasta el finalde 1^, laeconomía^uineanase 
caracterizaba por tener un doble sistema de precios, 
fundados uno en la cotización oficial del syli, otro en la 
cotización prevalecientcen el mercado, basadaen un 
poder de compra del syli diez veces menor. El precio de 
compra del algodónalos agricultores, en el marco del 
proyecto de desarrollo de la producción algodonera 
citado anteriormente, sehabíafijadobasándoseenla 
cotización oficial del syli, mientras que el mundo rural 
sólo tenía acceso,en su mayoría,aproductosvendidosen 
el mercado se^ún una cotización paralela. El etecto 
disuasorio asi ejercido sobre los productores de algodón 
contribuyó notablemente al fracaso del proyecto. 
40. En este mismo país un proyecto de asistenciaalas 
pequeñasymedianas empresas t^P^^iE^ comportaba la 
concesión de una línea de crédito al^C^rédit^ational^, 
destinadoala financiación de préstamosalasPVlviE. La 
ejecución del acuerdo de financiación estaba subordinada 
ala entrada en vi^or de un contrato de financiación entre 
el ^ó^rédit ^ational^ y la comisión. Los servicios 
atectados de ésta elaboraron un proyecto de contrato de 
financiación que parecía poder encontrar el beneplácito 
de las partes contratantes. Fue tan sólo al final de este 
lar^o trabajodepreparacióndelcontratocuandolos 
servicios de la comisión se dieron cuenta de que el 
^rédit ^ational^ no tenía capacidad jurídica para 
contratar este tipo de empréstito, resultó, pues, necesario 
emprender una revisión de los estatutos de este establecí 
miento financiero. Es lamentable que las necesidades de 
financiación de lasempresas se hayan cubierto conun 
retraso notable,acausa de obstáculos jurídicoadminis 
trativos que una instrucción rigurosa del proyecto 
hubiera permitido superar rápidamente. 
41. Estasdeficienciasresultan, en buena parte, deque la 
comisión ha adoptado, desde el ejercicio de programa 
ción, un criterio global y esencialmente de orden 
financiero, teniendo, a veces, poco en cuenta las 
características nacionales de los Estados AC^P.Por esto, 
lospro^ramasindicativos realizadosconcada Estado 
beneficiariocasi no han permitido la identificación de las 
necesidades prioritarias de estos últimos, no han tomado 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 141 
en cuenta suficientemente las limitaciones que resultan 
del estado de las finanzas públicas y de las reservas en 
divisas de estos mismos Estados, y no siempre han 
garantizado la necesaria complementaridad de los 
esfuerzos comunitarios y nacionales. La toma en 
consideración de estos factores debería conducir, en el 
futuro, a que la Comunidad se hiciera cargo en un mayor 
grado de las acciones de mantenimiento en los países más 
pobres. 
42. La instrucción de varios de los proyectos controla­
dos se ha revelado insatisfactoria en alguna de estas 
etapas: 
(a) el análisis de los aspectos comerciales no permitió en 
numerosas ocasiones apreciar con suficiente precisión 
las salidas potenciales de algunos productos, ni 
tampoco asegurar la instalación de circuitos de 
distribución eficaces; 
(b) los estudios técnicos han originado emplazamientos 
inoportunos, dimensiones inadecuadas y no siempre 
pusieron el cuidado requerido a la hora de asegurar la 
disponibilidad de los equipos, de las materias primas 
y de los servicios indispensables para el funciona­
miento de los proyectos; 
(c) el examen del entorno administrativo y financiero de 
los proyectos no permitió anticipar los problemas 
relacionados con organismos gestores poco compe­
tentes, con el intervencionismo de las administracio­
nes nacionales y con esquemas de financiación 
insuficientemente fiables. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LAS 
RESPONSABILIDADES COMUNITARIAS 
EN LA GESTIÓN DE LA AYUDA 
Ejecución de los proyectos 
Pliegos de condiciones de los contratos públicos 
financiados por los FED 
43. La reglamentación común que trata de las cláusulas 
y condiciones generales aplicables al otorgamiento y a la 
ejecución de los contratos públicos financiados por el 
Fondo que, según el artículo 22 del protocolo n° 2 anexo 
al Primer Convenio de Lomé (cuarto FED) (4), debería 
haber sido fijada por decisión del Consejo de Ministros 
durante su segunda sesión después de la fecha de entrada 
en vigor del Convenio, no lo fue durante el período de aplicación de este Convenio. Por ello se aplicó una 
disposición transitoria en virtud de la cual, mientras 
tanto, el otorgamiento y la ejecución de los contratos 
públicos en cuestión se regiría para los Estados ACP 
firmantes del Convenio de Yaunde (tercer FED), por la 
legislación en vigor el 31 de enero de 1975, y para los 
demás Estados ACP, por sus legislaciones nacionales o 
sus prácticas establecidas en lo referente a contratos 
internacionales. 
44. Esta situación de carencia no ha sido corregida 
durante el período de aplicación del Segundo Convenio 
de Lomé (quinto FED) que repetía casi en los mismos 
términos la disposición relativa a la reglamentación 
común así como la disposición transitoria del Primer 
Convenio (cuarto FED). Esta nueva deficiencia motivó la 
inserción de dichas disposiciones en el artículo 237 del 
Tercer Convenio de Lomé (sexto FED) (5). Por muy 
deseable que fuera, la puesta en práctica de una 
reglamentación común no parece apenas estar prevista a 
corto plazo el Consejo. 
45. No existiendo pliegos generales de condiciones 
aprobados para los contratos públicos financiados por el 
FED, en la medida en que ello implicaba el recurso a las 
legislaciones nacionales de los Estados ACP no firmantes 
del Convenio de Yaunde (tercer FED), se hacía necesario 
mantener un inventario permanente de dichas legislacio­
nes, regularmente puesto al día. Hasta el momento no se 
ha comenzado gestión alguna en este sentido. 
Procedimiento de arbitraje de los litigios derivados de la 
ejecución de los contratos públicos 
46. Según el artículo 23 del Protocolo n° 2 anexo al 
Primer Convenio de Lomé (cuarto FED), «la resolución 
de los litigios que surgen entre la administración de un 
Estado ACP y un contratista o un proveedor con motivo 
de la ejecución de un contrato financiado por el Fondo se 
efectúa por vía de arbitraje, conforme a un reglamento de 
procedimiento aprobado por decisión del Consejo de 
Ministros a más tardar durante su segunda sesión después 
de la fecha de entrada en vigor del Convenio». 
47. Mediante una declaración común, los Estados 
miembros y los Estados ACP han acordado que « a título 
transitorio y en espera de la aplicación de la decisión 
prevista en el artículo 23 del Protocolo n° 2, todos los 
litigios serán resueltos definitivamente según el reglamen­
to de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional». 
48. Habiendo expirado este Convenio sin que el 
reglamento de procedimiento haya sido aprobado se 
introdujeron disposiciones del mismo tipo en el Segundo 
Convenio de Lomé (quinto FED) y, al perdurar la 
carencia, en el artículo 238 de Tercer Convenio de Lomé 
(sexto FED). 
142 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
49. Por esto, hay que lamentar aún más la ausencia de 
un registro completo de los litigios presentados ante las 
distintas instancias nacionales, administrativas y jurisdic­
cionales, así como ante la Cámara de Comercio Interna­
cional y el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas. 
50. El interés de dicho registro, estructurado en función 
de distintos criterios (sectores afectados, partes conten­
dientes, naturaleza del litigio), es aún más evidente ya que 
estos desacuerdos suelen tener casi siempre una conse­
cuencia financiera para el FED, bien sea porque se 
sobrepasan los gastos previstos en el presupuesto, bien 
sea por los gastos suplementarios que resultan, entre otras 
cosas, de las revisiones de precios derivadas del incumpli­
miento de los plazos. 
Evaluación de los proyectos 
Evaluación durante la ejecución 
51. Según el artículo 118, apartado 1, del Segundo 
Convenio de Lomé (quinto FED), «los proyectos y 
programas de acciones pueden ser objeto de una 
evaluación durante su ejecución. Los Estados ACP 
interesados y la Comunidad establecen de común 
acuerdo, siguiendo una periodicidad acordada, un 
informe de evaluación que trata de los diversos aspectos 
del desarrollo del proyecto y de sus resultados». Es de 
lamentar que la Comisión no haya hecho un uso más 
frecuente de esta disposición. Su aplicación hubiera 
permitido identificar rápidamente ciertas dificultades o 
desviaciones con respecto a los objetivos anunciados y, de 
este modo, dar un impulso o una orientación nueva a los 
proyectos en dificultad. 
52. El proyecto de desarrollo integrado de la región de 
Machakos, en Kenya, prevé una acción de divulgación 
agrícola, destinada a mejorar los métodos de trabajo de 
los agricultores de la zona. Varios años después del inicio 
de esta acción, no se dispone de información alguna 
acerca de su efecto sobre la agricultura local. Sin 
subestimar las dificultades de la tarea, parece que se 
imponía una evaluación del impacto de las acciones de 
divulgación sobre la producción agrícola de la zona, para 
no imposibilitar la rectificación, durante la ejecución, de 
los instrumentos de divulgación y de sensibilización de los 
agricultores que resultaran poco apropiados. 
53. Los proyectos deben ser objeto, durante la ejecu­
ción, de un seguimiento regular y sistemático. No fue así 
en todos los países en los cuales tuvieron lugar las visitas 
de auditoría. Así, en Guinea, la mayoría de los contratos 
financiados por los FED fueron firmados, a partir de 
1981, de común acuerdo, algunas veces después de una 
consulta restringida y muy a menudo con los mismos proveedores. Por otra parte, los documentos justificati­
vos mencionan raras veces las empresas previamente 
consultadas y sus ofertas. 
54. En este mismo país, numerosos pagos han sido 
efectuados basándose únicamente en facturas pro-forma. 
Ciertas facturas manuscritas resultan dudosas. Así, un 
pago de 300 000 sylis para el suministro de 10 000 litros de 
gasoil fue ejecutado basándose en una factura manuscrita 
y la orden de pago correspondiente no menciona ninguna 
cuenta bancaria. Hasta 1982, los acuses de recibo del 
material faltan casi siempre; si bien, más adelante, se les 
adjunta de forma más sistemática a las órdenes de pago, 
son generalmente escuetos y a veces no llevan fecha. Por 
otra parte, a pesar de retrasos frecuentes de entrega, las 
sanciones de demora apenas han sido aplicadas. Final­
mente, no existe información precisa sobre el destino de 
numerosas cantidades de piezas de recambio, de carbu­
rante e incluso camiones financiados por el FED. 
55. El artículo 103, apartado 3, del Segundo Convenio 
de Lomé (quinto FED) dispone que « cualquier beneficio 
en favor del Estado ACP procedente bien de una 
subvención, bien de un préstamo cuyo interés o cuyo 
plazo de reembolso sea más favorable que el del préstamo 
final, debe ser utilizado por el Estado ACP con fines de 
desarrollo, en las condiciones previstas por el acuerdo de 
financiación». La utilización por los Estados ACP del 
beneficio generado por las diferencias de interés de los 
préstamos con condiciones especiales, no es a menudo 
objeto del seguimiento requerido. Así, el Estado de Isla 
Mauricio recibió, dentro del cuarto FED, un préstamo en 
condiciones especiales de 3,04 millones de ECUS en el 
marco de un proyecto que intentaba aliviar el problema 
de vivienda en este país. Las comprobaciones realizadas 
in situ no permitieron recoger ninguna información en 
cuanto a la utilización del beneficio generado por la parte 
del préstamo ya consumida. De la misma forma, el 
acuerdo de financiación del proyecto de rehabilitación de 
la plantación de Prestea, en Ghana, prevé que los intereses 
del préstamo de condiciones especiales concedido deben 
ser utilizados en proyectos para la agricultura. Aunque 
estos intereses hayan empezado a estar disponibles desde 
1982, hasta ahora ningún proyecto agrícola se ha 
beneficiado de ellos, pese a las considerables necesidades 
del sector. 
La evaluación «a posteriori» de los proyectos 
56. El artículo 118, apartado 2, del Segundo Convenio 
de Lomé (quinto FED) dispone que: 
(a) «Los proyectos y los programas acabados serán 
objeto de una evaluación conjunta organizada por los 
Estados ACP en cuestión y la Comunidad. La 
evaluación comparará los resultados con los objeti­
vos, y también examinará la gestión y el funciona­
miento de las realizaciones, así como su mantenimien­
to. Los resultados de estas evaluaciones serán 
estudiados por las dos partes. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 143 
(b) Las autoridades competentes de la Comunidad y de 
los Estados ACP interesados tomarán, cada una 
según sus responsabilidades, las medidas necesarias a 
la vista de los resultatos de los trabajos de evalua­
ción. » 
57. La Comisión hace un uso demasiado escaso de esta 
disposición. En efecto, las malas condiciones de funciona­
miento en que se encuentran ciertos proyectos finalizados 
hubieran necesitado una intervención comunitaria. 
Como ilustración, en el proyecto de plantación de té de 
Sahambavy, en Madagascar, la mayor parte de la 
producción es destinada a la exportación. De 1978, fecha 
de la puesta en funcionamiento de la fábrica, a 1982, el 
propio organismo encargado de la plantación de té 
procedió, con éxito, a la comercialización de la produc­
ción, siendo apreciada la calidad de ésta en el mercado 
internacional. A partir de 1982, el Estado confió la 
comercialización a una sociedad pública, la Somacodis, 
que intentó encontrar compradores directamente, en 
lugar de seguir operando por medio de la bolsa mercantil 
de Londres. Este nuevo sistema de distribución fracasó : 
en julio de 1985, la producción de primera calidad de la 
campaña 1984, que debería haber sido vendida seis meses 
antes, seguía aún almacenada en el puerto de Tamatave, y 
la producción de segunda calidad de la campaña 1983 se 
pudría en la plantación. Además, el precio ofrecido por 
Somacodis es sólo de 60 peniques/kg, mientras que la 
cotización mundial del primer semestre de 1985 variaba 
entre 260 y 140 peniques/kg, y sólo la mitad del precio se 
abona al embarque, siendo pagado el resto después de la 
venta. Por esto, el complejo dedicado a la producción de 
té vende con pérdida una parte reducida de ésta, hasta el 
punto de que la viabilidad del conjunto de la operación se 
encuentra comprometida. La Comisión apenas intervino 
para incitar a las autoridades nacionales a restablecer un 
sistema de distribución apropiado. 
Curso dado a las anteriores observaciones del Tribunal 59. En Madagascar, la situación del proyecto de 
revaloración de la Cuenca de Andapa ha progresado poco 
desde la visita de una delegación enviada por el Tribunal 
en 1979. Los trabajos continuaron siendo retrasados por 
dificultades de abastecimiento y por la ausencia de piezas 
de recambio. La maquinaria de obras públicas es, en gran 
parte, inutilizable. Él decreto gubernamental de 22 de 
diciembre de 1978 relativo a la supresión de la práctica de 
la aparcería aún no se ha aplicado, y la concentración 
excesiva de las tierras persiste. No se ha instituido ningún 
sistema de canon, aunque esta medida haya sido prevista 
en una ordenanza de 22 de diciembre de 1981. En estas 
condiciones la sociedad de gestión registró una pérdida de 
explotación de 0,6 millones de ECUS en 1983. No se 
remedió tampoco el mal mantenimiento de la estación de 
bombeo observado en 1979. En cuanto a los informes de 
ejecución, su utilización con vistas a un seguimiento del 
proyecto es difícil, a causa de su insuficiente calidad. 
60. Estos pocos ejemplos bastan para mostrar que la 
Comisión no siempre da curso a las observaciones 
formuladas, con espíritu constructivo, por el Tribunal. 
Una mejor toma en consideración de éstas permitiría sin 
embargo, en muchos casos, poner fin a ciertas desviacio­
nes en la ejecución de los proyectos, e incluso prevenir las 
consecuencias de deficiencias relativas a las fases de la 
programación de la ayuda y de la instrucción de los 
proyectos. 
61. En conclusión, la realización de las acciones debe 
enfrentarse a falta de normativas relativas a los pliegos de 
condiciones de los contratos públicos financiados por los 
FED, y al procedimiento de arbitraje de los litigios 
producidos durante la ejecución de estos contratos. Por 
otro lado, la evaluación de los proyectos se revela 
insuficiente tanto durante la ejecución como después de 
su finalización. Por otra parte, las observaciones 
formuladas anteriormente por el Tribunal sólo son 
tenidas en cuenta muy relativamente. 
58. Varios proyectos auditados en 1985 por el Tribunal 
en Madagascar, en Kenya y en Somalia, ya habían sido 
objeto de un anterior examen in situ. Algunas observacio­
nes formuladas en esta ocasión no fueron aprovechadas, 
persistiendo las deficiencias señaladas durante las 
primeras visitas. Así, en Kenya, en el proyecto de riego y 
de población de la zona de Bura, las verificaciones 
efectuadas por una misión del Tribunal revelaban, desde 
1980, que las evaluaciones iniciales de los costes estaban 
netamente subvaloradas, y que la gestión del proyecto por 
el «National Irrigation Board» dejaba que desear. Las 
primeras acciones correctoras no fueron emprendidas 
hasta 1983, contribuyendo este plazo de tres años a 
agravar las dificultades surgidas en el proyecto. En este 
mismo país, los objetivos de desarrollo de los recursos 
hidráulicos señalados en el programa de desarrollo 
integrado de la región de Machakos parecían desmasiado 
optimistas. Los hechos confirmaron lo fundado de estos 
temores, puesto que fue necesario reducir el número de 
conducciones de agua de pequeña dimensión de 200 a 100, 
y de grandes conducciones de 50 a 20, y luego a 12. EL STABEX 
Utilización de las transferencias 
62. Las causas de los descensos de ingresos que motivan 
las transferencias Stabex pueden ser locales. Por ejemplo, 
políticas de precios poco realistas, una infraestructura 
insuficiente en el sector de los transportes y estructuras 
paraestatales ineficaces fueron factores que produjeron 
una reducción de la producción de cacao en Ghana, 
producción que cayó de 281 000 toneladas en 1979 a 
178 000 toneladas en 1982. Esta reducción se tradujo en la 
presentación de solicitudes de ayuda acogiéndose al 
Stabex, por un importe de 102,2 millones de ECUS en 
144 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
compensación por las pérdidas de ingresos sufridas en 
1981 y 1982. Dado que los recursos del Stabex eran 
insuficientes en 1981, Ghana percibió finalmente, de la 
cuantía solicitada, 56,8 millones de ECUS, de los cuales el 
40 % ha sido utilizado para la importación de bienes de 
consumo no relacionados con la producción de cacao. 
Según las reglas de Stabex, Ghana no tenía la obligación 
de obtener el acuerdo previo de la Comunidad para un 
programa de reactivación de la producción de cacao; en 
cuanto a los mercados internacionales, no tenía porqué 
recurrir obligatoriamente a proveedores de la Comunidad 
ni al concurso de ofertas; ninguna disposición prevé 
tampoco la supervisión financiera y técnica de la 
delegación (aunque Ghana haya autorizado a la delega­
ción a ejercer una vigilancia sobre la adjudicación de los 
contratos). 
63. En lo que se refiere a la utilización de las divisas 
extranjeras obtenidas por el Stabex, Madagascar se 
propone justificar la mayor parte de los 6,1 millones de 
ECUS que percibió en concepto del Segundo Convenio de 
Lomé (quinto FED), presentando informes referentes a 
gastos realizados por una cuantía equivalente en moneda 
nacional; en cuanto a Cabo Verde, este país no presentó 
ningún informe. La utilización de las transferencias 
Stabex escapa así a todos los controles aplicados a los 
demás campos de la cooperación financiera correspon­
dientes a los Convenios de Lomé. 
Reembolso de transferencias por países 
beneficiarios 
64. El artículo 21 del Primer Convenio de Lomé (cuarto 
FED) y los artículos 43 y 44 del Segundo Convenio de 
Lomé (quinto FED) prevén que ciertos Estados ACP 
deben reembolsar al FED las cantidades que les han sido 
abonadas mediante el sistema Stabex si se lo permite la 
evolución de sus ingresos de exportación o su situación 
financiera. 
65. Las transferencias reembolsables efectuadas en 
concepto del cuarto FED ascendían a un total de 127,3 
millones de ECUS; desde entonces, 5,0 millones de ECUS 
han sido reembolsados al FED, 26,1 millones de ECUS 
han sido recobrados deduciéndolos de transferencias a 
abonar a lo largo de los años siguientes y 6,2 millones de 
ECUS han sido objeto de renuncia al crédito a consecuen­
cia de la nueva clasificación de los Estados en cuestión 
como «Estados menos desarrollados». Un pago de 0,4 
millones de ECUS relativo a un territorio de ultramar 
debe ser todavía reembolsado por el Reino Unido. El 
Consejo de Ministros ACP — CEE aún no ha decidido si 
la cuantía total restante de 89,6 millones de ECUS, 
transferida a cinco Estados ACP (Congo, Gabón, 
Liberia, Madagascar, Senegal), debe ser reembolsada al 
FED, o si se debe renunciar a su cobro. La Comisión ha 
elaborado propuestas relativas a reembolsos y renuncias 
a créditos, pero estas propuestas no se fundan en criterios precisos, ya que no existen normas de aplicación del 
artículo 21 apartado 4, del Primer Convenio de Lomé 
(cuarto FED), que prevé únicamente que la balanza de 
pagos, las reservas de cambio y la deuda exterior de los 
Estados ACP en cuestión «serán tomadas en considera­
ción» con anterioridad a la decisión de exigir un 
reembolso. 
66. A 31 de diciembre de 1985, las transferencias 
reembolsables efectuadas en concepto del quinto FED 
ascendían a un total de 261,2 millones de ECUS. Con esta 
fecha, los reembolsos reclamados por la Comisión según 
el artículo 43 del Segundo Convenio de Lomé (quinto 
FED), a consecuencia de la recuperación de las ventas y 
de los precios de exportación de los Estados ACP, se 
referían a un importe de 161 millones de ECUS, mientras 
que el importe correspondiente sera sólo de 5,0 millones 
de ECUS durante todo el período cubierto por el Primer 
Convenio de Lomé (cuarto FED). Esta situación refleja el 
aumento considerable del nivel de los ingresos de 
exportación de los Estados ACP en cuestión; pero esta 
mejora no ha sido quizás suficiente para permitir a todos 
los países beneficiarios satisfacer la obligación legal de 
reembolso de las transferencias a lo largo del período de 
siete años previsto en el artículo 42 del Segundo Convenio 
de Lomé (quinto FED) para la reconstitución de los 
recursos del sistema, período que comienza en 1986. 
EL SYSMIN 
67. El sistema Sysmin fue establecido en el marco del 
Convenio de Lomé (quinto FED), con una dotación de 
282 millones de ECUS, y con la finalidad de ayudar a los 
Estados ACP cuya economía dependa en gran medida de 
sectores mineros específicos a hacer frente a un descenso 
de su capacidad de exportación y al consiguiente descenso 
de sus ingresos de exportación. La concesión de fondos 
Sysmin pretende restablecer la capacidad del sector en 
cuestión para producir ingresos, bajo la estrecha supervi­
sión de la Comisión; la utilización de estos fondos está 
sometida al Reglamento Financiero y a las reglas de 
adquisición de bienes y servicios del FED. La Comisión 
no dispone de ninguna base precisa para fijar la cantidad 
que ha de percibir un Estado beneficiario, aunque uno de 
los factores que debe de tener en cuenta sea la pérdida de 
ingresos sufrida (artículo 54, apartado 2 del Segundo 
Convenio de Lomé (quinto FED)). El período en el cual 
se evalúa la pérdida de ingresos no está definido 
claramente y un período de referencia muy amplio puede 
tomarse en cuenta; por ejemplo, el período 1976 -1980 ha 
sido elegido como base para el pago de la ayuda a Zambia 
y aZaireen 1980 y 1981. 
68. A 31 de diciembre de 1985, se habían tomado cinco 
decisiones de financiación en el marco del Sysmin en favor 
de cuatro Estados por un importe global de 128,8 
millones de ECUS de los que 92,6 millones de ECUS 
habían sido desembolsados. El cuadro 4 resume la 
situación a este respecto. Las solicitudes presentadas por 
otros cinco Estados estaban aún en fase de instrucción. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 145 
Cuadro 4 — Situación del Sysmin a 31 de diciembre de 1985 (Convención de Lomé II) 
Beneficiarios 
Zambia: 
— Ia decisión 
— 2a decisión 
Zaire: 
— Ia decisión 
— 2a decisión 
Guyana: 
— anticipo 
— saldo 
Rwanda: 
— explotación artesanal 
— explotación industrial Decisiones de financiación 
Fecha 
4/82 
10/85 
7/82 
aún no 
aprobado 
10/84 
aún no 
aprobado 
7/85 
aún no 
aprobado 
Subtotal 
Saldo 
Dotación Sysmin (Lomé II) Importe 
(millones 
de ECUS) 
55,0 
28,0 
40,0 
p.m. 
3,0 
p.m. 
2,8 
p.m. 
128,8 
153,2 
282,0 Abonado 
con fecha 
31.12.1985 
(millones 
de ECUS) 
55,0 
37,4 
0,2 
92,6 
189,4 
282,0 Observaciones 
Acuerdo de financiación aún no firmado. 
Elegibilidad decidida en diciembre de 1985, 
propuesta de financiación aún no aceptada. 
Elegibilidad decidida en julio de 1984, propuesta 
de financiación de 22-32 millones de ECUS aún 
no enviada a la Comisión. 
Contrato de financiación aún no firmado. 
Elegibilidad decidida en septiembre de 1984, 
propuesta de financiación de 12-17 millones de 
ECUS aún no instruida. 
Retrasos en la ejecución 
69. El sistema Sysmin se distingue por la lentitud 
particular de su ejecución: solamente dos proyectos han 
sido efectivamente finalizados, y solamente el 33 % de la 
dotación había sido desembolsado antes del 31 de 
diciembre de 1985. En los dos proyectos finalizados, hizo 
falta de cuatro a seis años a partir de la presentación de las 
solicitudes de financiación, en enero de 1981, para que la 
ayuda llegara a los países beneficiarios. El sistema Sysmin 
no amortiguó, pues, inmediatamente el impacto de los 
descensos de ingresos en divisas extranjeras en la 
economía de los Estados beneficiarios. 
70. Este retraso se debe en gran parte a la exigencia, 
contenida implícitamente en el artículo 52, apartado 1, del 
Segundo Convenio de Lomé (quinto FED), según el cual 
los Estados beneficiarios deben previamente aceptar 
restablecer un nivel de producción viable y económico en 
el sector minero. 
71. La duración del período de aplicación es igualmente 
imputable a las numerosas fases del procedimiento administrativo previo al desembolso de recursos Sysmin. 
En primer lugar, después de consultar al Comité del FED 
del Consejo, la Comisión decide la admisión de la 
solicitud de financiación; luego, después de haber 
procedido a la evaluación de un proyecto o programa 
dado y haber consultado de nuevo al Comité del FED, 
determina la cuantía y las condiciones de la financiación. 
Se firman tres acuerdos en distintos momentos con el 
beneficiario: un acuerdo unificando los puntos de vista 
sobre los objetivos de la política determinada, un acuerdo 
de financiación y, por último, el contrato de préstamo. 
72. El Segundo Convenio de Lomé (quinto FED) 
subraya la necesidad de una utilización rápida de ia ayuda 
concedida en base al Sysmin, y prevé el pago de anticipos 
para permitir la aplicación de medidas preventivas 
durante la instrucción o la ejecución de los proyectos. 
Aunque los plazos sean manifiestamente largos en todos 
los casos, un sólo anticipo, por un importe de 3 millones 
de ECUS, fue concedido a Guyana. A pesar de que han 
percibido efectivamente este anticipo, del que una parte 
estaba destinada a la asistencia técnica, las autoridades de 
Guyana no habían comunicado a la Comisión ningún 
proyecto relativo a la utilización de la financiación de 22 a 
32 millones de ECUS suplementarios prometidos. 
146 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
CONTROL DE LOS FONDOS 
ADMINISTRADOS POR EL BANCO 
EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) 
73. En su Informe Especial (6) relativo a la gestión de los 
Fondos comunitarios de ayuda al desarrollo por el BEI, el 
Tribunal formulaba unas observaciones sobre el carácter 
inadecuado de los expedientes puestos a su disposición 
sobre los proyectos financiados por el FED y administra­
dos por el BEI. El Parlamento aprobó una resolución al 
respecto el 22 de octubre de 1985 (7). A pesar de cierta 
mejora, los expedientes de la Comisión siguen siendo muy 
insuficientes, ya que no se encuentra en ellos ninguna 
información sobre la ejecución de los proyectos aproba­
dos antes de 1 de enero de 1984, a pesar de que se siguen 
efectuando desembolsos para estos proyectos; falta 
igualmente información sobre la ejecución de los 
proyectos con bonificaciones de intereses, aunque la 
contribución del FED ascienda a más del 30% del préstamo otorgado sobre recursos propios del BEI. En 
cuanto a las auditorías in situ de los proyectos administra­
dos por el BEI, es preciso señalar aquí la postura 
claramente expresada por el Tribunal en el dictamen 
acerca del proyecto de Reglamento Financiero aplicable 
al sexto FED(8) (ya esbozada en el informe especial 
arriba mencionado), según la cual está fuera de cuestión 
cualquier limitación, por medio de actos subsecuentes, de 
la amplitud de los poderes de control del Tribunal que 
fueron establecidos, sin limitación alguna por el Tratado 
constitutivo del Tribunal de Cuentas. 
74. El Tribunal no estuvo en condiciones de proporcio­
nar al Parlamento, tal y como éste le sugería en su 
resolución de 22 de octubre de 1985 (7), un análisis de los 
ingresos y de los gastos del BEI en materia de ayuda al 
desarrollo, puesto que no pudo encontrar la información 
necesaria en los expedientes que la Comisión puso a su 
disposición. 
C1) DO L 347 de 22.12.1980. 
(2) DO C 326 de 16.12.1985. 
(3) En el artículo 51 del Primer Convenio de Lomé existe una 
disposición en igual sentido. 
(4) DO L 25 de 30.1.1976. (5) DO L 86 de 31.3.1986. 
(6) Informe Especial 2/84 aprobado el 10.5.1984, no publicado 
pero disponible en el Tribunal. 
(7) DOC 343 de 31.12.1985, p. 27. 
(8) DOC 361 de 31.12.1985. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 147 
ANEXO I 
Atribuciones de los Miembros del Tribunal de Cuentas 
en el momento de la aprobación del presente informe 
Secretaría, personal y administración del Tribunal, relaciones exteriores Marcel MART, 
Presidente 
Grupo de Auditoría I 
Recursos propios 1: 
derechos de aduanas e ingresos de origen agrícola Richie RYAN 
Recursos propios 2: 
recursos IVA, equilibrio del Presupuesto, ingresos diversos Josep SUBIRATS 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Garantía» 1: 
procedimientos de gestión y de control presupuestario y asuntos generales Charles J. CAREY 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Garantía» 2: 
organización común de mercados Keld BRIXTOFTE 
Grupo de Auditoría II 
Fondo Social Europeo Paul GAUDY 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Orientación» 
(excluidas las acciones de carácter regional) 
Pesca 
Fondo Europeo de Desarrollo Aldo ANGIOI 
Cooperación con los países en vías de desarrollo y con terceros países Pierre LELONG 
148 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Orientación» 
(acciones de carácter regional) André J. MIDDELHOEK 
Grupo de Auditoría III 
Cuestiones generales relativas a la auditoría Marcel MART 
Actividades de préstamos y empréstitos 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
Contabilidad general 
Principios contables Lothar HAASE 
Gastos de personal y de funcionamiento de las instituciones 
Oficina de Publicaciones 
Oficinas de Prensa y de Información 
Escuelas Europeas Stergios VALLAS 
Investigación, tecnología, nuevas políticas Carlos MORENO 
Subvenciones 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 149 
ANEXO II 
Informes y dictámenes aprobados por el Tribunal de Cuentas durante los últimos cinco años 
De conformidad con lo dispuesto en los Tratados, el Tribunal de 
Cuentas tiene la obligación de elaborar un Informe Anual. Tiene 
también la obligación, en virtud de los Tratados y otras normas 
en vigor, de elaborar informes anuales sobre determinados 
organismos y actividades comunitarias. Los Tratados confieren además al Tribunal facultades para formular sus observaciones 
sobre cuestiones particulares, y de emitir dictámenes a petición 
de cualquier institución. La lista que aparece a continuación 
enumera los informes y dictámenes aprobados por el Tribunal 
durante los cinco últimos años. 
Fecha de 
aprobación Publicación Título Fecha de 
aprobación Publicación 
4o Informe Anual relativo al ejercicio 1980 26 noviembre 1981 DOC 344 
de 31.12.1981 
Estudio sobre los sistemas de organización financiera de las Comunidades 26 noviembre 1981 DOC 342 
Europeas (1981) de 31.12.1981 
Informe especial relativo a las indemnizaciones de expatriación y por 4 febrero 1982 
residencia fuera del país de origen Disponible 
en el 
Tribunal 
Dictamen sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 18 febrero 1982 DOC 122 
modifica el Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al de 13.5.1982 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
Informe especial sobre las ventas de mantequilla a precio reducido en el 
interior de la Comunidad 
Informe relativo a las cuentas de 1981 de la Agencia de Abastecimiento de 
Euratom 
Informe relativo a los estados financieros del JET correspondientes al ejercicio 
1981 
Informe (artículo 78 séptimo (5) CECA) sobre los estados financieros de la 
CECA a 31 de diciembre de 1981 
Informe especial (observaciones) relativo al Servicio de Contaduría de los 
Diputados del Parlamento Europeo 
Informe especial relativo a préstamos y empréstitos 
Informe especial relativo a la creación o mantenimiento de puestos de trabajo 
en la concesión de ayudas a las inversiones con finalidad regional 
Informe relativo a las cuentas de las Escuelas Europeas correspondientes al 
ejercicio 1980 18 marzo 1982 
29 abril 1982 
29 abril 1982 
27 mayo 1982 
6 julio 1982 
19 julio 1982 
30 julio 1982 
30 julio 1982 DO C 143 
de 7.6.1982 
No publicado 
No publicado 
DO C 270 
de 14.10.1982 
DO C 202 
de 5.8.1982 
DOC 319 
de 6.12.1982 
DO C 345 
de 31.12.1982 
No publicado 
Informe especial relativo al régimen comunitario de perfeccionamiento 16 septiembre 1982 DOC 88 
de 30.3.1983 
150 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Título Fecha de 
aprobación Publicación 
Dictamen 1/82 sobre cuatro propuestas de reglamentos del Consejo por los 
que se modifican determinadas disposiciones aplicables al Centro Europeo 
para el Desarrollo de la Formación Profesional y a la Fundación Europea para 
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
Informe especial relativo a los fraudes de «Come» 16 septiembre 1982 DO C 324 
de 10.12.1982 
16 septiembre 1982 No publicado 
Informe especial sobre el Centro Común de Investigaciones-Gestión 7 octubre 1982 
financiera de los programas plurianuales Disponible 
en el 
Tribunal 
Informe relativo a las cuentas del ejercicio 1981 de la Fundación Europea para 7 octubre 1982 
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) No publicado 
Informe relativo a las cuentas del ejercicio 1981 del Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (Centro de Berlin) 
Informe (anexo al Informe Anual CECA 1980) relativo a los préstamos, 
empréstitos y bonificaciones 
Informe especial (observaciones) relativo a la liquidación de cuentas del 
FEOGA «Garantía» — el sistema y su funcionamiento 
Dictamen 2/82 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 sobre la 
aplicación de la decisión de 21 de abril de 1970 relativa a la sustitución de las 
contribuciones financiadas de los Estados miembros por recursos propios de 
las Comunidades 
Dictamen 3/82 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 
prorroga el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 sobre la 
aplicación, para los recursos propios procedentes del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, de la Decisión de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de las 
contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos propios de 
las Comunidades 
Informe (anexo al Informe Anual CECA 1981) relativo a los préstamos para 
viviendas 7 octubre 1982 No publicado 
12 octubre 1982 No publicado 
12 octubre 1982 DOC 313 
de 29.11.1982 
16 noviembre 1982 DOC 133 
de 20.5.1983 
16 noviembre 1982 DOC 151 
de 9.6.1983 
25 noviembre 1982 No publicado 
5o Informe Anual relativo al ejercicio 1981 
Dictamen 4/82 sobre un proyecto de reglamento de la Comisión sobre 
disposiciones aplicables a la Agencia Europea de Cooperación, y sobre 
disposiciones relativas a las relaciones de la Agencia con la Comisión 
Dictamen 5/82 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n° 2744/80 que establece medidas suplementa­
rias en favor del Reino Unido 
Dictamen 6/82 sobre una propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo, por el 
que se establece un programa especial de desarrollo energético 25 noviembre 1982 
9 diciembre 1982 
16 diciembre 1982 
16 diciembre 1982 DO C 344 
de 31.12.1982 
No publicado 
DOC 160 
de 18.6.1983 
DOC 199 
de 26.7.1983 
p. 7 
Dictamen 7/82 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 2 febrero 1983 DO C 199 
modifica el Reglamento (CEE) n° 2779/78 relativo a la aplicación del ECU en de 26.7.1983 
los actos realizados en el ámbito aduanero n Q 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 151 
Título Fecha de 
aprobación Publicación 
Informe especial 1/83 relativo a los gastos del Parlamento Europeo 10 marzo 1983 Disponible 
correspondientes a las conferencias interparlamentarias en el Tribunal 
Informe especial 2/83 sobre la aplicación de los Reglamentos (CEE) n° 1078/ 14 abril 1983 DO C 278 
77 y (CEE) n° 1041/78, por los que se establece un régimen de primas por no de 17.10.1983 
comercialización de leche y productos lácteos y por reconversión de ganado 
vacuno lechero 
Informe relativo a las cuentas de las Escuelas Europeas correspondiente al 
ejercicio 1981 
Informe relativo a los estados financieros del JET correspondientes al ejercicio 
1982 
Informe especial 3/83 relativo a las cantinas, restaurantes, cafeterías y 
economatos 
Informe relativo a las cuentas de 1982 de la Agencia de Abastecimiento de 
Euratom 
Informe especial 4/83 relativo a la gestión presupuestaria del programa de 
suministro de productos agrícolas y alimentarios a Polonia 
Informe especial 5/83 relativo a la ayuda a la leche descremada transformada 
en caseína y en caseinatos 
Informe (artículo 78 séptimo (5) CECA) sobre los estados financieros de la 
CECA a 31 de diciembre de 1982 
Informe relativo a las cuentas del ejercicio 1982 de la Fundación Europea para 
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
Informe relativo a las cuentas del ejercicio 1983 del Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (Centro de Berlín) 28 abril 1983 
28 abril 1983 
18 mayo 1983 
26 mayo 1983 
9 junio 1983 
9 junio 1983 
22 junio 1983 
14 julio 1983 
14 julio 1983 No publicado 
No publicado 
No publicado 
No publicado 
DO C 278 
de 17.10.1983 
DOC 41 
de 15.2.1984 
DO C 339 
de 19.12.1984 
No publicado 
No publicado 
Dictamen 1/83 sobre un proyecto de reglamento (CEE) de la Comisión 21 julio 1983 No publicado 
relativo al funcionamiento del sistema de anticipos para los gastos financiados 
por la sección «Garantía» del Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola (FEOGA) 
Informe elaborado a raíz de las conclusiones del Consejo Europeo de 18 de 
junio de 1983 
6o Informe Anual relativo al ejercicio 1982 
Informe (anexo al informe anual CECA 1982) relativo a la gestión contable y a 
la gestión financiera de la CECA. 
Informe especial 6/83 sobre el sistema informatizado del Fondo Social 
Europeo 6 octubre 1983 
24 noviembre 1983 
7 diciembre 1983 
15 diciembre 1983 DO C 287 
de 24.10.1983 
DO C 357 
de 31.12.1983 
No publicado 
Disponible 
en el 
Tribunal 
Dictamen 2/83 sobre la propuesta de reglamento (CEE) del Consejo relativo a 12 enero 1984 DO C 55 
la bonificación de determinados préstamos concedidos en el marco del Sistema de 28.2.1984 
Monetario Europeo 
152 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Título Fecha de 
aprobación Publicación 
Informe relativo a las cuentas de las Escuelas Europeas correspondientes al 23 febrero 1984 No publicado 
ejercicio 1982 
Dictamen 4/83 sobre la segunda modificación de la propuesta de reglamento 14 marzo 1984 DO C 163 
(CEE, Euratom, CECA) del Consejo, por el que se modifica el Reglamento de 23.6.1984 
(CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 sobre la aplicación de la decisión de 21 de 
abril de 1970 relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los 
Estados miembros por recursos propios de las Comunidades 
Informe especial 1/84 sobre la coordinación de la ayuda de la Comunidad en 
favor de terceros países 
Dictamen 3/83 sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se habilita 
a la Comisión para participar en la financiación de innovaciones dentro de la 
Comunidad 
Informe especial 2/84 sobre la gestión de los fondos comunitarios de ayuda al 
desarrollo por parte del Banco Europeo de Inversiones 
Dictamen 1/84 sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se 
establecen, habida cuenta del agotamiento de los recursos propios, medidas 
para la cobertura de las necesidades del ejercicio presupuestario 1984 
Informe relativo a las cuentas de 1983 de la Agencia de Abastecimiento de 
Euratom 
Informe sobre los estados financieros 1983 del JET 
Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1983 
Informe especial 3/84 sobre el funcionamiento de la organización común de 
mercados en el sector de la carne de ovino 
Informe especial 4/84 sobre la puesta en práctica de la Directiva 77/43 5/CEE 
de 27 de junio de 1977, relativa al control por parte de los Estados miembros de 
las operaciones pertenecientes al sistema de financiación del FEOGA 
«Garantía» 
Informe sobre las cuentas de 1983 del Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe sobre las cuentas de 1983 de la Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
7o Informe Anual relativo al ejercicio 1983 
Informe (anexo al Informe Anual CECA 1983) relativo a la gestión contable y 
a la gestión financiera de la CECA 
Informe especial 5/84 sobre el régimen de las ayudas a la leche descremada 
líquida utilizada para la alimentación animal 14 marzo 1984 
5 abril 1984 
10 mayo 1984 
7 junio 1984 
19 junio 1984 
19 junio 1984 
26 junio 1984 
19 julio 1984 
11 octubre 1984 
24 octubre 1984 
24 octubre 1984 
22 noviembre 1984 
13 diciembre 1984 
13 diciembre 1984 DO C 224 
de 25.8.1984 
DOC 163 
de 23.6.1984 
Disponible 
en el 
Tribunal 
DO C 228 
de 30.8.1984 
No publicado 
No publicado 
DO C 350 
de 31.12.1984 
DO C 234 
de 4.9.1984 
DO C 336 
de 17.12.1984 
No publicado 
No publicado 
DO C 348 
de 31.12.1984 
No publicado 
DOC 91 
de 12.4.1985 
Informe especial 1/85 relativo a la organización común de mercados en el 25 abril 1985 DO C 134 
sector del aceite de oliva ¿e 3.6.1985 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 153 
Título Fecha de 
aprobación Publicación 
Dictamen 1 /85 sobre una propuesta de reglamento (CEE) del Consejo, relativo 2 mayo 1985 DO C 138 
a la aplicación del acuerdo, en forma de intercambio de correspondencia, de 6.6.1985 
formalizado entre la CEE y la República Portuguesa, sobre la prestación de 
una ayuda financiera específica destinada a la mejora de las estructuras 
agrícolas y de la pesca en Portugal 
Dictamen 2/85 sobre una propuesta de reglamento (CEE, Euratom, CECA) 26 junio 1985 
del Consejo, prorrogando el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 
del Consejo sobre la aplicación, para los recursos propios procedentes del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, de la Decisión de 21 de abril de 1970 relativa 
a la sustitución de las contribuciones financieras de los Estados miembros por 
recursos propios de las Comunidades. 
Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1984 
Informe especial 2/85 sobre el sistema de pago de las restituciones agrícolas a la 
exportación (control de las exportaciones de productos agrícolas) 
Informe especial 3/85 relativo a determinados aspectos de la cooperación 
técnica financiada por la ayuda comunitaria al desarrollo 
Informe sobre las cuentas de las Escuelas Europeas correspondientes al 
ejercicio 1984 
Informe sobre las cuentas de la Agencia de Abastecimientos de Euratom 
correspondientes al ejercicio 1984 
Informe relativo a los estados financieros JET correspondientes al ejercicio 
1984 
Informe relativo a las cuentas de 1984 del Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe relativo a las cuentas de 1984 de la Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
Informe (anexo al informe anual CECA 1984) relativo a la gestión contable y a 
la gestión financiera de la CECA 
8o Informe Anual relativo el ejercicio 1984 
Informe especial 4/85 sobre la organización común de mercados en el sector de 
los productos de la pesca 
Informe especial 5/85 sobre la participación comunitaria en acciones en favor 
de países en vías de desarrollo ejecutadas por organizaciones no estatales 26 junio 1985 
26 junio 1985 
12 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 octubre 1985 
17 octubre 1985 
19 noviembre 1985 
19 noviembre 1985 
28 noviembre 1985 
12 diciembre 1985 DO C 360 
de 31.12.1985 
DOC 215 
de 26.8.1985 
Disponible 
en el 
Tribunal 
No publicado 
No publicado 
No publicado 
No publicado 
No publicado 
No publicado 
DO C 326 
de 16.12.1985 
DO C 339 
de 31.12.1985 
Disponible 
en el 
Tribunal 
Dictamen 3/85 sobre el proyecto de modificación de determinados artículos 12 diciembre 1985 No publicado 
del proyecto de reglamento de la Comisión sobre procedimientos de ejecución 
de determinadas disposiciones del Reglamento Financiero de 21 de diciembre 
de 1977 
Dictamen 4/85 sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo 12 diciembre 1985 DO C 357 
modificando el Reglamento (CEE) n° 2681/74 relativo a la financiación de 31.12.1985 
comunitaria de gastos derivados del suministro de productos agrícolas en 
concepto de ayuda alimenticia DO C 261 
de 12.10.1985 
154 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Título Fecha de 
aprobación Publicación 
Dictamen 5/85 sobre el proyecto de reglamento financiero aplicable al sexto 12 diciembre 1985 DO C 361 
Fondo Europeo de Desarrollo 31.12.1985 
Informe especial 1/86 sobre las acciones de contratación para la amplicación 20 febrero 1986 DO C 127 
de los mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos financiadas de 26.5.1986 
con el producto de la exacción de corresponsabilidad 
Dictamen 1/86 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 6 marzo 1986 DO C 80 
modifica el Reglamento (CEE) n° 1883/78 relativo a las normas generales de 9.4.1986 
sobre la financiación de las intervenciones del Fondo Europeo de Orientación 
y Garantía Agrícola, sección «Garantía» 
Informe sobre las cuentas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 29 mayo 1986 No publicado 
correspondientes al ejercicio 1985 
Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1985 17 junio 1986 DO C 208 
de 19.8.1986 
Informe especial n° 2/86 sobre las Acciones Especificas Comunitarias de 10julio 1986 DOC262 
Desarrollo Regional del FEDER (acciones fuera de cuota) de 20.10.1986 
Informe especial n° 3/86 sobre el sistema de subvenciones para las semillas 10 julio 1986 Disponible 
oleaginosas en ej 
Tribunal 
Informe sobre las cuentas de las Escuelas Europeas correspondientes al 25 septiembre 1986 No publicado 
ejercicio 1984 
Informe relativo a las cuentas de 1985 del Centro Europeo para el Desarrollo 23 octubre 1986 No publicado 
de la Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe relativo a las cuentas de 1985 de la Fundación Europea para la 11 noviembre 1986 No publicado 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
Dictamen 2/86 sobre un proyecto de reglamento financiero relativo a la 11 noviembre 1986 DOC 302 
aplicación de los protocolos financieros con Argelia, Marruecos, Túnez, de 27.11.1986 
Egipto, Líbano, Jordania, Siria, Malta y Chipre 
Informe relativo a los estados financieros del JET correspondientes al ejercicio 19 noviembre 1986 No publicado 
1985 
Informe (anexo al Informe Anual CECA 1985) relativo a la gestión contable y 19 noviembre 1986 No publicado 
a la gestión financiera de la CECA 
9.° Informe Anual relativo al ejercicio 1985 19 noviembre 1986 En el presente DO 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 155 
ANEXO III 
Información financiera relativa 
al Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
y 
a los Fondos Europeos de Desarrollo 
(1985) 
Notas preliminares 
1. Fuente de los datos financieros 
Los datos financieros que figuran en el presente anexo han sido extraídos de las cuentas de gestión y de los 
balances financieros de las Comunidades Europeas (1) y de los Fondos Europeos de Desarrollo, así como de 
otros estados financieros facilitados por la Comisión. 
2. Unidad monetaria 
Todos los datos financieros vienen expresados en millones de ECUS. Se ha efectuado un redondeo a la décima 
de millón. 
3. Cambio de nomenclatura en el Presupuesto General 
En ocasiones se producen ciertos cambios en la nomenclatura presupuestaria. El Tribunal aplica para la 
presentación de los datos históricos la nomenclatura del ejercicio en curso y adapta, cuando se producen 
cambios en ésta, los datos de los ejercicios anteriores a la nomenclatura actual. De este modo los datos 
presentados en los epígrafes 14 a 19 son comparables de un ejercicio a otro. 
(1) Para el ejercicio 1985: Cuenta de gestión y balance financiero relativos a las operaciones del ejercicio 1985 (doc. COM(86) 208, 209, 210, 
211, 212). 
156 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
4. Abreviaturas y símbolos usados 
CE 
CECA 
CEE 
CEEA o Euratom 
FEOGA 
PNB 
IVA 
BFR 
DKR 
DM 
DRA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
UC 
UCE 
ECU 
CD 
CND 
CC 
CP 
CPC 
CPP 
B 
DK 
D 
GR 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
UK 
EUR 9/10 
FED 
ACP 
PTU 
DFU 
Stabex 
Sysmin 
RF 
DO 
S 
T 
C 
0,0 
% 
§ Comunidades Europeas 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
Comunidad Económica Europea 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 
Producto Nacional Bruto 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Franco belga 
Corona danesa 
Marco alemán 
Dracma griego 
Franco francés 
Libra irlandesa 
Lira italiana 
Franco luxemburgués 
Florín neerlandés 
Libra esterlina 
Unidad de Cuenta (hasta 1977) 
Unidad de Cuenta Europea (de 1978 a 1980) 
Unidad de Cuenta en vigor desde el 1.1.1981 
Créditos disociados 
Créditos no disociados 
Créditos de compromiso 
Créditos de pago 
Créditos para compromisos 
Créditos para pagos 
Bélgica 
Dinamarca 
República Federal de Alemania 
Grecia 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Reino Unido 
Total para el conjunto de los nueve o diez Estados miembros de las Comunidades 
Europeas 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico 
Países y Territorios de Ultramar 
Departamentos Franceses de Ultramar 
Estabilización de los ingresos de exportación 
Sistema de estabilización de los ingresos de exportación de productos mineros 
Reglamento Financiero de 21.12.1977 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
Sección del Presupuesto General 
Título del Presupuesto General 
Capítulo del Presupuesto General 
Cero o sin datos 
Cantidad entre cero y 0,05 
Porcentaje 
Epígrafe referente, dentro del Anexo, a textos, gráficos y cuadros 
Peo. P^. ^ró L^i^rioC^tlci^dci^C^ornunid^dc^^urop^^ ^éó7 
índice de tnate^a^ 
^n^e^BOB^te^^es^^esto^ene^^e^BsCon^un^B^es^u^ooeBs Página 
^ 1 Información básica sobre el Presupuesto General 158 
^esL^es^L^^A^L^e^^^ 
^ 2. Presupuesto General 1985: Ingresos previstos 182 
^ 8 Presupuesto General 1985: Previsiones de gastos^créditos para pagos 188 
^ ^. Presupuesto General 1985:Oréditos para compromisos 18^ 
^ 5 Ingresos previstosyefectivosen1985 185 
^ 8. Créditos para compromisos disponibles en1985ysu utilización 188 
^ 7. Créditos para pagos disponibles en1985ysu utilización 187 
^ 8. Ftecursos propios efectivos en1985 188 
^ 9. Nivel de utilización de los créditos disponibles en1985 189 
^ 10. Cuenta de gestión consolidadaydeterminación del saldo del ejercicio1985 178 
^ 11 Pagos efectuados en1985, por sectorypor Estado miembro beneficiario 171 
^ 12. FECGA^Garantía:Pagos efectuados en 1985 por mercadoypor Estado miembro beneficiario 172 
^ 18. Los Fondos estructurales: Compromisos contraídos y pagos efectuados en 1985, por Estado miembro 
beneficiario 178 
^ 1^ Evoluciónyutilización de los créditos para pagos durante el período19811985, por sector 17^ 
^ 15. Nivel de utilización de los créditos para pagos de1981a1985, por sector 175 
^ 18 Pagosanualesduranteelperíodo1981D1985, por sector 178 
^ 17. Evolución de la relación entre«pagos anuales por sector»y«total de los pagos anuales presupuestarios» 
p!9811985^ 177 
^ 18 Pagos anualesalos Estados miemtoros ^19811985^ 178 
^ 19. decursos propios efectivos, por Estado miembro ^1981^1985^ 179 
Seg^n^BOB^te^Los^onCos^^ooeos^eOesB^o^o^C^^tUBctónB^.^.^^ 
^ 20. Información de base sobre los FEO 180 
^ 21 Los FEO ^.^y5.^:Ootaciones,financiación,reparto de ayudas,uivel de utilización 181 
^ 22. EI^FEO: Ayudas por tipoypor país beneficiario 182 
^ 28 El ^.^FEO: Ejecución financiera de las ayudas por país beneficiario 188 
^ 2^. El 5.^FEO:Ayudas por tipoypor país beneficiario 18^ 
^ 25. El 5.^FEO: Ejecución financiera de las ayudas por país beneficiario 185 
^ 28. Los FEO^y5.^:Otilización de las ayudas por sector económico 188 
^ 27. Los cinco FEO:Evolución de los pagos anuales p!980D1985^ 187 
158 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Primera parte: Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
§ 1. Información básica sobre el Presupuesto General 
1.1. Origen del Presupuesto General 
El Presupuesto General fue creado por el Tratado de Fusión (1) (artículo 20). Sustituyó, a partir del 1 de enero de 1968, a los 
tres presupuestos distintos de las Comunidades Europeas que existían hasta ese momento: el Presupuesto Administrativo 
de la CECA, el Presupuesto de la CEE y el Presupuesto de Funcionamiento del Euratom. El Presupuesto de Investigación e 
Inversiones del Euratom fue incorporado al Presupuesto General a partir de 1971 por el Tratado de Luxemburgo (2) (artículo 
1.2. Base jurídica 
El Presupuesto General se rige por las disposiciones financieras de los Tratados de París (3) (artículo 78 CECA) y de 
Roma (4) (5) (artículos 199 a 209 CEE y 171 a 183 Euratom), así como por las modificaciones resultantes del Tratado de 
Fusión (1), de la Decisión del Consejo sobre recursos propios (6), del Tratado de Luxemburgo (2), del Tratado de 
Adhesión (7) y del Tratado de Bruselas (8). El Reglamento Financiero (9) regula los procedimientos relativos al 
establecimiento y la ejecución del Presupuesto, así como los relativos a la presentación y comprobación de las cuentas. El 
Reglamento Financiero se completa con otros actos jurídicos que regulan los detalles de la ejecución del Presupuesto. 
1.3. Principios presupuestarios básicos establecidos por los Tratados y en el Reglamento Financiero 
El presupuesto es aprobado para la duración de un ejercicio presupuestario (anualidad). Los ingresos y gastos del 
presupuesto deben estar equilibrados. Los ingresos deben servir para financiar indistintamente todos los gastos 
presupuestarios (no afectación). Todo ingreso o gasto comunitario debe figurar en el presupuesto (unidad). Todos los 
ingresos o gastos deben estar inscritos íntegramente en el presupuesto y en la contabilidad, sin llevar a cabo 
compensaciones entre ellos (universalidad). Existen ciertas excepciones a estos principios generales. 
1.4. Contenido y estructura del Presupuesto General 
El Presupuesto General comprende las previsiones relativas a los gastos administrativos de la CECA y a los ingresos 
correspondientes, los gastos e ingresos de la CEE y los gastos e ingresos del Euratom. 
El Presupuesto incluye cinco secciones divididas en estados de ingresos y de gastos: (I) Parlamento; (II) Consejo (con el 
anexo relativo al Comité Económico y Social); (III) Comisión; (IV) Tribunal de Justicia; (V) Tribunal de Cuentas. 
Dentro de cada sección, los ingresos y los gastos están clasificados en líneas presupuestarias (títulos, capítulos, artículos y 
partidas) según su naturaleza y el uso al que se destinan. 
1.5. Unidad monetaria del Presupuesto General 
Hasta el año 1977 el Presupuesto se establecía y ejecutaba en Unidades de Cuenta (UC): 1 UC = 0,88867088 gramos de oro 
(= 1 dólar USA entre 1934 y 1972). 
De 1978 a 1980 el Presupuesto se estableció y ejecutó en Unidades de Cuenta Europea (UCE); 1 UCE equivale a la suma de 
los siguientes importes de las monedas de los Estados miembros de la CE: 0,828 DM + 0,0885 UKL + 1 15 FF + 109 LIT + 
0,286 HFL + 3,66 BFR + 0,14 LFR + 0,217 DKR + 0,00759 IRL. 
A partir de 1981, el presupuesto se ha establecido y ejecutado en ECUS. El ECU, al igual que la UCE, es una unidad basada 
en un cesto de monedas nacionales. Para 1981,1982 y 1983, el valor y la composición del cesto del ECU coincidieron con los 
de la UCE (no incluyéndose en el cesto a la moneda griega, el dracma). Para 1984 y 1985,1 ECU = 0,719 DM + 0,0878 UKL 
+ 1,31 FF + 140,0 LIT + 0,256 HFL + 3,71 BFR + 0,14 LFR + 0,219 DKR + 0,00871 IRL + 1,15 DRA. 
Los tipos de cambio con respecto a las monedas nacionales eran el 31 de diciembre de 1985 los siguientes- 1 ECU = 
2,18386 DM = 0,615334 UKL = 6,70474 FF = 1489,94 LIT = 2,46133 HFL = 44,6450 BFR/LFR = 7,95672 DKR = 
0,714055 IRL = 131,200 DRA. 
1.6. Financiación del Presupuesto General (Ingresos presupuestarios) 
El Presupuesto General se financia principalmente mediante los recursos propios de las Comunidades (6): derechos de 
aduana, exacciones reguladoras agrícolas, cotizaciones de azúcar e isoglucosa y el IVA hasta un máximo del 1 % de una 
base imponible uniforme para todos los Estados miembros (10). Existen, además, otros ingresos de menor importancia. 
Desde el 1 de enero de 1971, según lo dispuesto en la Decisión del Consejo, de 21 de abril de 1970 (6), el sistema de 
recursos propios ha reemplazado progresivamente al antiguo sistema de contribuciones financieras de los Estados 
miembros determinados según unaclave preestablecida. Hasta que fue posible aplicar la base imponible uniforme del IVA, 
las contribuciones financieras continuaron siendo pagadas por los Estados miembros. Desde 1975 estas contribuciones 
financieras se calcularon sobre la base de la participación respectiva de los Estados miembros en el Producto Nacional 
Bruto (PNB) comunitario. En 1979, el IVA de los Estados miembros, con la excepción de la R. F. de Alemania, Irlanda y 
Luxemburgo, que siguieron pagando contribuciones basadas en el PNB, pasó a formar parte por primera vez de los 
recursos propios. En 1980, todos los Estados miembros aplicaron el sistema IVA. Desde 1981 a 1985, todos los Estados 
miembros han pagado IVA con la excepción de Grecia, que ha pagado una contribución financiera basada en el PNB. 
0) Tratado de Fusión (8 de abril 1965), por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas. 
(2) Tratado de Luxemburgo (22 de abril de 1970), por el que se modifican ciertas disposiciones presupuestarias de los Tratados constitutivos de las 
Comunidades y del Tratado de Fusión. 
(3) Tratado de París (18 de abril de 1951), por el que se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). 
(4) Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), por el que se constituye la Comunidad Económica Europea (CEE). 
(5) Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), por el que se constituye la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) 
(6) Decisión 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los Estados 
miembros por recursos propios de las Comunidades (DO L 94 de 28.4.1970). 
C) Tratado de Adhesión (22 de enero de 1972); Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados. 
(8) Tratado de Bruselas (22 de julio de 1975), por el que se modifican ciertas disposiciones financieras de los Tratados constitutivos de las Comunidades 
Europeas y del Tratado de Fusión. 
(9) Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 (DO L 356 de 31.12.1977). 
(10) Véase la Sexta Directiva del Consejo de 17 de mayo de 1977, sistema común del IVA: base imponible uniforme (DO L 145 de 13.6.1977). 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 159 
1.7. Tipos de créditos presupuestarios 
Para cubrir los gastos previstos, el Presupuesto General distingue los siguientes tipos de créditos presupuestarios: 
a) Los créditos disociados (CD) se utilizan para financiar actividades plurianuales en determinados sectores. Se dividen 
en créditos de compromiso y créditos de pago: 
— los créditos de compromiso (CC) cubren, durante el ejercicio en curso, las obligaciones legales contraídas debido a 
la puesta en práctica de acciones cuya aplicación se extiende durante varios ejercicios; 
— los créditos de pago (CP) cubren los gastos relativos a compromisos contraídos durante el ejercicio en curso y/o 
durante ejercicios anteriores. 
b) Los créditos no disociados (CND) cubren, para acciones anuales, los compromisos y los pagos relativos al mismo 
ejercicio. 
De este modo resulta posible establecer los dos totales siguientes para el mismo ejercicio: 
— el total de créditos para compromisos (CPC) (1) = créditos no disociados (CND) 
+ créditos de compromiso (CC) (1); 
— el total de créditos para pagos (CPP) (1) = créditos no disociados (CND) 
+ créditos de pago (CP) (1). 
Los ingresos presupuestarios se destinan a cubrir los créditos para pagos. Los créditos de compromiso no son financiados 
hasta que los correspondientes créditos de pago se inscriben en el Presupuesto. 
El siguiente esquema simplificado (con importes ficticios) muestra la incidencia de estos tipos de crédito en cada ejercicio: 
Créditos para compromisos: importes asigna­
dos en los presupuestos de los ejercicios 1,2,3 
para compromisos durante los mismos. 
Créditos 
para 
compromisos 
(CPC) •Créditos de 
compromiso (CC) 
Créditos no 
disociados (CND) 
Ejercicio 1: CPC: 150 
Ejercicio 2: CPC: 180 
Ejercicio 3: CPC: 215 Éli¡l _CC: 50. 
CND:100. 
mu .CC: 60. 
,CND:120. 
. CC: 65. 
,CND:150. Créditos de 
compromiso 
(CC) de ejer­
cicios an­
teriores 
Resumen de todos los tipos de créditos 
I \ 
Ejer­
cicio 1 
Ejer­
cicio 2 
Ejer­
cicio 3 o 
o sí II 
ÜTJ 
(D 
100 
120 
150 Créditos di­
sociados (CD) 
(2) 
50 
60 
65 oí (3) 
27 
38 
75 
•r Créditos para 
^ compromisos (CPC) 
150 
180 
215 
"r Créditos para 
1 pagos (CPP) 
127 
158 
225 Calendario: Muestra durante qué ejercicio se han de financiar los 
CPC asignados a los ejercicios 1, 2, 3. Los CND se financian en el 
ejercicio en que se efectúa la asignación. La financiación de los CC se 
reparte entre varios ejercicios. 
Ejercicio 1 
T Importe (fracciones) a financiar: 
Posterior-
Ejercicio 2 Ejercicio 3 mente 
I 
I 1 
I 
i 
i 150 16 1 
1 
D 
l 
Los totales verticales del calendario indican los créditos para pagos 
(CPP) de cada ejercicio que son necesarios para financiar las 
obligaciones legales correspondientes a este ejercicio debido a la 
asignación de los CPC. Para cada ejercicio se cumple que: CPP = 
CND + créditos de pago (CP), siendo los CP del ejercicio el total de 
las fracciones de los CC que se han de financiar en dicho ejercicio. 
-__ -__ 
Ejercicio 1 
O CP Créditos para pagos: 
Ejercicio 2 
/ES 
m27 
3§ </ACP 
Clave: 
Créditos 
pagos 
(CPP) m m Créditos de pago 
(CP) 
Créditos no disociados 
(CND) 
(1) Nota: Es importante tener en cuenta la diferencia entre « créditos para compromisos » y « créditos de compromiso » así como la existente entre « créditos 
para pagos» y «créditos de pago». Tanto los términos «créditos de compromiso» y «créditos de pago» se usan exclusivamente en el contexto de los 
«créditos disociados». 
160 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
1.8. Establecimiento del Presupuesto General 
Para cada ejercicio (que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre), cada institución perfila, antes del 1 de julio 
del año anterior al de ejecución del Presupuesto, un estado de previsión de sus gastos. La Comisión agrupa estos estados 
en un anteproyecto de presupuesto que, no más tarde del 1 de septiembre del mismo año, presenta al Consejo, que, junto 
con el Parlamento, constituye la autoridad presupuestaria. El Consejo establece el proyecto de presupuesto y lo transmite 
al Parlamento, no más tarde del 5 de octubre del mismo año. El Parlamento puede proponer modificaciones al proyecto 
relativas a los gastos obligatorios (1) y efectuar enmiendas de los gastos no obligatorios; estas modificaciones y 
enmiendas se envían al Consejo. La decisión final sobre los gastos obligatorios la toma el Consejo. Para los gastos no 
obligatorios el Parlamento puede, dentro de un índice estadístico máximo de aumento de estos gastos, hacer cambios 
antes de la decisión final. El presidente del Parlamento declara aprobado el Presupuesto. Sin embargo, el Parlamento 
puede rechazar el proyecto, solicitando otro (2). 
Si al principio de un ejercicio el Presupuesto no ha sido aún votado, se aplican disposiciones particulares, relativas a la 
autorización de gastos, de los Tratados y del Reglamento Financiero (3). 
La autoridad presupuestaria puede aprobar presupuestos rectificativos (que no modifiquen el importe total del 
Presupuesto anual) o presupuestos suplementarios (que modifiquen el importe total) (4). 
La asignación de créditos a una línea presupuestaria puede modificarse por transferencias (5) procedentes de otras líneas 
presupuestarias. 
1.9. Ejecución del Presupuesto General 
1.9.1. Responsabilidad de la ejecución 
La Comisión ejecuta el Presupuesto conforme al Reglamento Financiero, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite 
de los créditos concedidos; también concede a las otras instituciones los poderes necesarios para la ejecución de las 
secciones del Presupuesto que les conciernan a cada una (6). El Reglamento Financiero precisa los procedimientos de 
ejecución y, especialmente, las responsabilidades de los ordenadores, de los contables, de los administradores de 
anticipos y de los interventores de las instituciones (7). 
1.9.2. Ejecución de los Ingresos 
Los ingresos previstos se inscriben en el Presupuesto susceptibles de ser modificados por presupuestos rectificativos y 
suplementarios (4). 
La ejecución presupuestaria de los ingresos consiste en comprobar los derechos y en cobrar los importes debidos a las 
Comunidades (recursos propios y otros ingresos); esta ejecución se rige por disposiciones especiales (8). 
Los ingresos efectivos de un ejercicio se definen como la suma de los cobros por derechos devengados durante el ejercicio 
en curso más los cobros por derechos pendientes de ejercicios anteriores. 
1.9.3. Ejecución de los gastos 
Los gastos previstos se inscriben en el Presupuesto. Según la naturaleza de las obligaciones jurídicas, se les hace frente 
mediante créditos para compromisos o créditos para pagos. La ejecución presupuestaria de los gastos, es decir, la 
evolución y utilización de los créditos, se puede resumir de la siguiente forma: 
a) Créditos para compromisos 
— Evolución de los créditos: Los créditos para compromisos inscritos en el presupuesto inicial pueden ser modificados 
antes de convertirse en créditos para compromisos definitivos: créditos para compromisos definitivos = 
presupuesto inicial (CND y CC) + presupuestos rectificativos y suplementarios (4) + ingresos suplementarios (9) ± 
transferencias (5) + créditos de compromiso subsistentes del ejercicio precedente^10) + prórrogas no 
automáticas (11) del ejercicio precedente aún sin comprometer (CND) + créditos descomprometidos de los 
ejercicios anteriores (CC). 
— Utilización de los créditos: Los créditos para compromisos definitivos están disponibles durante el ejercicio para 
contraer compromisos (créditos para compromisos utilizados = importe de los compromisos contraídos). 
— Créditos que permanecen disponibles para el ejercicio siguiente: Los créditos no disociados que no han sido 
comprometidos pueden prorrogarse de modo no automático al ejercicio siguiente después de la aprobación del 
Consejo (11). Los créditos de compromiso no utilizados (créditos subsistentes al cierre del ejercicio) permanecen 
disponibles para el ejercicio siguiente (10). 
— Anulación de créditos: el saldo se anula. 
b) Créditos para pagos del ejercicio 
— Evolución de los créditos: Los créditos para pagos pueden también ser modificados antes de convertirse en créditos 
para pagos definitivos: créditos para pagos definitivos = presupuesto inicial (CND y CP) + presupuestos 
rectificativos y suplementarios (4) + ingresos suplementarios (9) ± transferencias (5). 
— Utilización de los créditos: Los créditos para pagos definitivos están disponibles a lo largo del ejercicio para efectuar 
pagos (créditos para pagos del ejercicio utilizados = importe de los pagos efectuados por créditos del ejercicio). 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 161 
— Prórroga de créditos al ejercicio siguiente: Los créditos no utilizados pueden ser prorrogados al ejercicio siguiente 
como prórrogas automáticas (o de oficio) (12) o como prórrogas no automáticas (11). 
— Anulación de créditos: el saldo se anula. 
c) Créditos para pagos prorrogados del ejercicio precedente (prórrogas automáticas y prórrogas no automáticas). 
En cada ejercicio, estos créditos (después de eventuales transferencias) están también disponibles para efectuar pagos. 
Los importes no pagados después de haber sido prorrogados son anulados, menos en algunos casos en los que se admite 
la repetición de prórrogas (13). Los importes anulados de este modo se añaden al resultado del ejercicio en la cuenta de 
gestión consolidada (véase 1.9.4). 
En materia de gastos efectivos, es necesario distinguir entre los dos conceptos siguientes: 
— gastos efectivos realizados durante un ejercicio = total de pagos efectuados durante el ejercicio = pagos por 
créditos para pagos del ejercicio más pagos por créditos para pagos prorrogados del ejercicio precedente; 
— gastos efectivos realizados a cuenta de un ejercicio = gastos de la cuenta de gestión consolidada (véase 1.9.4) = 
pagos por créditos para pagos del ejercicio más créditos para pagos del ejercicio prorrogados al ejercicio siguiente. 
1.9.4. Cuenta de gestión consolidada y determinación del saldo del ejercicio 
Al cierre de cada ejercicio se establece la cuenta de gestión consolidada. El saldo del ejercicio, que debe inscribirse en el 
presupuesto del ejercicio siguiente con ocasión de un presupuesto rectificativo, se determina en ella (14) (véase epígrafe 
10). 
1.10. Presentación de las cuentas 
La Comisión presenta al Parlamento, al Consejo y al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 1 de junio siguiente al cierre del 
ejercicio, las cuentas de ese ejercicio; estas cuentas se presentan como una cuenta de gestión y un balance financiero, 
acompañados de un análisis de la gestión financiera (15). 
1.11. Control externo 
Desde el ejercicio de 1977, el control externo del Presupuesto General lo lleva a cabo el Tribunal de Cuentas de las 
Comunidades (16). El Tribunal de Cuentas examina las cuentas de la totalidad de los ingresos y los gastos del Presupuesto 
General. El Tribunal examina la legalidad y la regularidad de los ingresos y los gastos y comprueba la buena gestión 
financiera. Las auditorías pueden llevarse a cabo antes del cierre de las cuentas del ejercicio presupuestario en cuestión. 
Las auditorías se llevan a cabo basándose en documentos y, si es necesario, se hacen in situ en las instituciones 
comunitarias y en los Estados miembros. El Tribunal de Cuentas redacta un informe anual relativo a cada ejercicio y puede, 
por otra parte, presentar en cualquier momento sus observaciones sobre temas específicos y dar su opinión a petición de 
una de las instituciones de las Comunidades. 
1.12. Descargo y seguimiento 
Desde 1977 son aplicables las disposiciones siguientes (17): Antes del 30 de abril del segundo año siguiente al ejercicio en 
cuestión, el Parlamento, a recomendación del Consejo, da descargo a la Comisión de la ejecución del Presupuesto. Para 
ello el Consejo y el Parlamento examinan las cuentas presentadas por la Comisión, así como el informe anual del Tribunal 
de Cuentas. Las instituciones deben tomar todas las medidas necesarias relativas a los comentarios que figuren en las 
decisiones de descargo y elaborar un informe sobre las medidas adoptadas (18). 
(1) Gastos obligatorios son aquéllos derivados obligatoriamente de los Tratados o de actas aprobadas en virtud de éstos. 
(2) Para detalles del procedimiento presupuestario, véanse artículos 78 CECA, 203 CEE y 177 Euratom. 
(3) Véase artículo 8 del Reglamento Financiero. 
(4) Véase artículo 1(5) del Reglamento Financiero. 
(5) Véase artículo 21 del Reglamento Financiero. 
(6) Véanse artículos 78 quinto CECA, 205 CEE, 179 Euratom y 18(2) del Reglamento Financiero. 
(7) Véanse artículos 17 a 49 y 68 a 72 del Reglamento Financiero. 
(8) Véanse artículos 23 a 31 del Reglamento Financiero y los Reglamentos del Consejo (CEE, Euratom, CECA) nos 2891/77 y 2892/77 de 19 de diciembre de 
1977 (DO L 336 de 27.12.1977). 
(9) Véase artículo 87 del Reglamento Financiero y artículo 91(2) del Reglamento Financiero modificado. 
(10) Véanse artículos 6(2, a) y 88(3) del Reglamento Financiero. 
(11) Véase articulo 6(1, b) del Reglamento Financiero. 
(12) Véanse artículos 6(1, c), 6(2, b) y 88(4) del Reglamento Financiero. 
(13) Véanse artículos 6(4) y 108(3, a y b) del Reglamento Financiero. 
(14) Véase artículo 27 del Reglamento Financiero y artículos 15 y 16 del Reglamento del Consejo (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 (DO L 336 de 27.12.1977). 
(15) Véanse artículos 73 a 77 del Reglamento Financiero. 
(16) Véanse artículos 78 sexto, séptimo CECA, 206 y 206 bis CEE, 180 y 180 bis Euratom y artículos 78 a 84 del Reglamento Financiero. 
(17) Véanse artículos 78 octavo CECA, 206 ter CEE, 180 ter Euratom. 
(18) véase artículo 85 del Reglamento Financiero. 
162 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
2. Presupuesto General 1985: Ingresos previstos 
(para datos más detallados, véase también § 5). 
(Millones de ECUS y porcentaje) 
Anticipos no reembolsables: 1 981,6 (7,0 %) ~«-
Otros ingresos: 287,4 (1,0 %) -<-
Recursos propios IVA 
y contribuciones financieras: 15461,6 (54,4 %) -* 
Derechos de aduana: 
8 596,1 (30,2 %) 
o o Clave: 
H^l Total de recursos propios (por Estado miembro) 
•• Exacciones reguladoras agrícolas 
^H Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
^| Derechos de aduana 
lllllll Recursos propios IVA y contribuciones financieras 
1 Otros ingresos/Anticipos no reembolsables Cotizaciones de azúcar 
e isoglucosa: 
1 025,0 (3,6 %) 
Exacciones 
reguladoras agrícolas: 
1081,5(3,8%) 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 163 
§ 3. Presupuesto General 1985: Previsiones de gastos — créditos para pagos 
(para datos más detallados, véase también § 7, columna 3) 
(Millones de ECUS y porcentaje) 
10. Créditos provisionales y reserva: 23,2 (0,1 %) (de los cuales, CND: 9,3) 
»- 9. Cooperación al desarrollo: 1 039,2 (3,6 %) (de los cuales, CND: 169,7) 
>- 8. Reembolsos a Estados miembros: 1 266,8 (4,4 %) 
->- 7. Investigación, energía, etc.: 700,3 (2,5 %) (de los cuales, CND: 36,1) 
*- 6. Política social: 1 625,3 (5,7 %) (de los cuales, CND: 209,1) 
>- 5. Política regional y de transportes: 1 697,8 (6,0 %) (de los cuales, CND: 3,8) 
4. Pesca: 105,4 (0,4 %) (de los cuales, CND: 59,8) 
3. Estructuras agrícolas: 687,7 (2,4 %) (de los cuales, CND: 45,2) 
2.11. Otros gastos: -30,0 (-0,1 %) 
2.10. Medidas agro-monetarias: 110,0 (0,4 %) 
*- 2.9. Otros mercados: 669,0 (2,4 %) 
2.8. Carne, huevos y aves de corral: 3 198,0 (11,2 %) 
-*- 2.7. Productos lácteos: 6 602,0 (23,2 %) 
•+- 2.6. Tabaco: 841,0 (3,0 %) 
*~- 2.5. Vino: 998,0(3,5%) 
2.4. Frutas y hortalizas: 1 356,0 (4,8 %) 
*^ 2.3. Materias grasas y proteaginosas: 2 107,0 (7,4 %) 
*- 2.2. Azúcar: 1 689,0 (5,9 %) 
*- 2.1. Cereales y arroz: 2 415,0 (8,5 %) 
Clave: 
| | Créditos no disociados (CND) 
V¿%%\ Sectores con créditos disociados: 
twvvvl créditos de pago23 
Créditos a disposición de la Comisión 
Créditos a disposición de las 
otras instituciones 
164 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
§ 4. Presupuesto General 1985: Créditos para compromisos 
(para datos más detallados, véase también § 6, columna 3) 
de ECUS y porcentaje) 
>- 10. Créditos provisionales y reserva: 68,8 (0,2 %) (de los cuales, CND: 9,3) 
>- 9. Cooperación al desarrollo: 1 284,3 (4,2 %) (de los cuales, CND: 169,7) 
•*- 8. Reembolsos a Estados miembros: 1 266,8 (4,1 %) 
>-~ 7. Investigación, energía, etc.: 1 027,9 (3,4 %) (de los cuales, CND: 36,1) 
>- 6. Política social: 2 229,3 (7,3 %) (de los cuales, CND: 209,1) 
>~ 5. Política regional y de transportes: 2 588,6 (8,5 %) (de los cuales, CND: 3,8) 
*- 4. Pesca: 150,2 (0,5 %) (de los cuales, CND: 59,8) 
>- 3. Estructuras agrícolas: 712,7 (2,3 %) (de los cuales, CND: 45,2) 
Nota: Para los sectores con créditos disociados, este gráfico 
muestra los créditos de compromiso en vez de los créditos de 
pago que se muestran en § 3; los importes de los créditos no 
disociados y su representación gráfica permanece igual. 
El total de los créditos para compromisos no está equilibrado 
con los ingresos presupuestarios 1985, ya que los créditos de 
compromiso incluyen importes que habrán de ser financiados 
con ingresos presupuestarios de ejercicios posteriores (véase 
§ 1 (1.7)). 
2. FEOGA-Garantía: 19 955,0 (65,2 %) 
(para el reparto de los créditos por mercado, véase § 3) 
1. Funcionamiento (todas las instituciones): 1 332,5 (4,3 %) 
(para el reparto de estos créditos por institución, véase § 3) 
Clave: 
Créditos no disociados (CND) 
Sectores con créditos disociados: 
créditos de compromiso 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 165 
§ 5. Ingresos previstos y efectivos en 1985 
A. Ingresos previstos y efectivos en 1985 
Tipo de ingresos 
(Entre paréntesis se indican los títulos (T) 
o los capítulos (Cap), de acuerdo con la 
nomenclatura presupuestaria 1985) 
1. Recursos propios: 
— Exacciones reguladoras agrícolas (Cap 10) 
— Cotizaciones de azúcar e isoglucosa (Cap 
11) 
— Derechos de aduana (Cap 12) 
— Recursos propios IVA (Cap 13) 
— Contribución financiera (PNB) Grecia (Cap 
20-21) 
— Saldos y ajustes anteriores a 1985 de 
recursos propios IVA y contribuciones 
financieras (Cap 31) 
Total recursos proprios 
2. Excedente disponible del ejercicio precedente 
(Cap 30) 
3. Otros i ngresos (T 4; 5; 6; 7; 8, excepto Cap 82; 
9) 
4. Anticipos acordados por los Estados miembros 
(Cap 82): 
— anticipos no reembolsables 
— anticipos reembolsables 
(derechos prorrogados de 1984) 
Total ingresos Ingresos previstos del presupuesto 1985 
Millones de ECUS % 
1 081,5 3,8 
1 025,0 3,6 
8 596,1 30,2 
15 198,1 53,5 
263,5 0,9 
p.m. — 
26 164,2 92,0 
p.m. — 
287,4 1,0 
1 981,6 7,0 
28 433,2 100 Ingresos efectivos en 1985 
(cobros del ejercicio) 
Millones de ECUS % 
1 121,7 4,0 
1 057,4 3,8 
8 310,1 29,6 
15 218,9 54,2 
260,9 0,9 
111,8 0,4 
26 080,8 92,9 
353,6 1,3 
1 242,4 4,4 
408,3 1,4 
28 085,1 100 
B. Recursos propios previstos y efectivos en 1985 por Estado miembro 
(Millones de ECUS) 
Tipo de recurso 
Exacciones reguladoras agrícolas: 
— previstas 
— efectivas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa: 
— previstas 
— efectivas 
Derechos de aduana: 
— previstos 
— efectivos 
Recursos propios IVA/ 
contribuciones financieras (1): 
— previstos 
— efectivos 
Saldos y ajustes anteriores a 1985: 
— previstos 
— efectivos 
Total recursos propios: 
— previstos 
— efectivos Bélgica 
160,0 
197,2 
75,3 
78,4 
493,5 
489,3 
554,5 
554,6 
p.m. 
-26,9 
1 283,3 
1 292,6 Dina­
marca 
7,0 
9,7 
43,0 
43,5 
218,0 
208,2 
342,6 
342,6 
p.m. 
16,4 
610,6 
620,4 R.F. de 
Ale­
mania 
130,0 
142,0 
300,0 
286,3 
2 500,0 
2 414,5 
4 693,9 
4 699,0 
p.m. 
-37,5 
7 623,9 
7 504,3 Grecia 
21,0 
18,1 
16,3 
12,0 
118,9 
95,9 
263,5 
260,9 
p.m. 
1,1 
419,7 
388,0 Francia 
88,0 
74,1 
330,7 
348,0 
1 206,0 
1 174,7 
3 788,3 
3 792,5 
p.m. 
-70,1 
5 413,0 
5 319,2 Irlanda 
5,5 
5,9 
14,9 
15,0 
134,7 
137,2 
148,9 
148,9 
p.m. 
-10,6 
304,0 
296,4 Italia 
276,1 
314,4 
70,2 
75,8 
860,0 
820,1 
2 501,9 
2 491,4 
p.m. 
-72,2 
3 708,2 
3 629,5 Luxem-
burgo 
0,1 
0,2 
— 
5,0 
6,0 
43,9 
43,9 
p.m. 
0,6 
49,0 
50,7 Países 
Bajos 
125,9 
131,7 
88,8 
104,1 
790,0 
781,5 
824,1 
825,4 
p.m. 
46,7 
1 828,8 
1 889,4 Reino 
Unido 
267,9 
228,4 
85,8 
94,3 
2 270,0 
2 182,7 
2 300,0 
2 320,6 
p.m. 
264,3 
4 923,7 
5 090,3 EUR 10 
1 081,5 
1 121,7 
1 025,0 
1 057,4 
8 596,1 
8 310,1 
15 461,6 
15 479,8 
p.m. 
111,8 
26 164,2 
26 080,8 
(1) Grecia hizo efectiva una contribución financiera basada en su PNB. 
166 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
— o <2 o § 6. Créditos para compromisos disponibles en 1985 y su utilización 
Sector 
(Las Secciones (S), Títulos (T) y Capítulos (Cap), 
correspondientes a la nomenclatura presupuestaria 
de 1985, se indican entre paréntesis) 
(D 
1. Funcionamento 
1.1. Parlamento (S I) 
1.2. Consejo (S II) 
(de los cuales: Comité Económico y Social) 
1.3. Comisión (S III, parte A) 
1.4. Tribunal de Justicia (S IV) 
1.5. Tribunal de Cuentas (S V) 
FEOGA-Garantía (T 1, 2) 
2.1. Cereales y arroz (Cap 10) 
2.2. Azúcar (Cap 11) 
2.3. Materias grasas y proteaginosas (Caps 12-13) 
2.4. Frutas y hortalizas (Cap 15) 
2.5. Vino (Cap 16) 
2.6. Tabaco (Cap 17) 
2.7. Productos lácteos (Cap 20) 
2.8. Carne, huevos, aves de corral (Cap 21-24) 
2.9. Otros mercados (Cap 14, 18, 25) 
2.10. Medidas agro-monetarias (Cap 27-28) 
2.11. Otros gastos (Cap 29) 
3. Estructuras agrícolas (T 3) 
(de los que: créditos no disociados) 
3.1. FEOGA-Orientación (Cap 30-33) 
3.2. Acciones específicas (Cap 38) 
4. Pesca (T 4) 
(de los que: créditos no disociados) 
4.1. Organización de mercados (Cap 40) 
4.2. Otras acciones (Cap 41-43, 45-46) o o <r> z o S o ~ 
•£ c g -O p (Millones de ECUS) 
Evolución 
de los créditos 
i= o ~ o. 
o -o en -o g 
(2) 
CND 
CND 
CND 
(CND) 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND + CC 
(CND) 
CND + CC 
Polítical regional y de transportes (T 5) 
(de los que: créditos no disociados) 
5.1. Fondo Regional (Cap 50-51) 
5.2. Transportes (Cap 58) 
5.3. Otras medidas (Cap 52-57) 
6. Política social (T 6) 
(de los que: créditos no disociados) 
6.1. Fondo Social (Cap 60-61) 
6.2. Otras medidas (Cap 63-67, 69) 
Investigación, energía, etc. (T 7) 
(de los que: créditos no disociados) 
7.1. Energía (Cap 70) 
7.2. Investigación e inversiones (Cap 73) 
7.3. Industria (Cap 77) 
7.4. Otras acciones (Cap 71, 72, 75, 79) 
8. Reembolsos a los Estados miembros (T 8) 
8.1. Gastos de recaudación de los 
recursos propios (Cap 80) 
8.2. Otros reembolsos (Cap. 81-86) 
9. Cooperación al desarrollo (T 9) 
(de los que: créditos no disociados) 
9.1. Ayudas alimentarias (Cap 92) 
9.2. Ayudas financieras (Cap 93-99) 
10. Créditos provisionales y reserva (Cap 100-101) CND + CC 
(de los que: créditos no disociados) (CND) CND + CC 
(CND) 
CND 
CND + CC 
CND + CC 
(CND) 
CND + CC 
CND + CC 
CND + CC 
(CND) 
CND + CC 
CND + CC 
(CND) 
CND + CC 
CND + CC 
CND + CC 
CND 
CND 
CND 
CND + CC 
(CND) 
CND + CC 
CND + CC (3) Ó-o 
(4) 
1 332,5 
237,8 
158,5 
(25,9) 
884,5 
32,6 
19,1 1 336,0 
237,8 
158,5 
(26,6) 
888,0 
32,6 
19,1 
19 955,0 
2 415,0 
1 689,0 
2 107,0 
1 356,0 
998,0 
841,0 
6 602,0 
3 198,0 
669,0 
110,0 
-30,0 19 859,0 
2 394,0 
1 807,0 
2 192,5 
1 236,0 
925,0 
865,0 
5 981,0 
3 484,0 
741,0 
196,0 
37,5 
712,7 
(45,2) 
656,0 
56,7 978,9 
(45,2) 
918,2 
60,7 
150,2 
(59,8) 
24,1 
126,1 215,4 
(59,9) 
24,1 
191,3 E o 
Er 
(5) 3 C l»£ 
O" o 0) to 
</, ¡B .o OO 
3 M'E? 
É&« 
1 314,4 
232,7 
153,1 
(26,3) 
879,4 
31,0 
18,2 
19 728,1 
2 360,3 
1 804,5 
2 175,4 
1 230,7 
921,4 
862,9 
5 933,2 
3 476,6 
736,1 
189,8 
37,2 
910,9 
(44,8) 
852,8 
58,1 
2 588,6 
(3,8) 
2 289,9 
91,6 
207,1 3 035,5 
(3,8) 
2 654,9 
171,6 
209,0 
2 229,3 
(209,1) 
2 010,0 
219,3 2 767,1 
(209,1) 
2 536,3 
230,8 
1 027,9 
(36,1) 
141,3 
821,7 
36,8 
28,1 1 327,8 
(38,3) 
169,5 
1 049,4 
70,6 
38,3 
1 266,8 
1 070,3 
196,5 1 266,8 
1 070,3 
196,5 
1 284,3 
(169,7) 
635,6 
648,7 1 487,6 
(203,8) 
689,1 
798,5 
68,8 
(9,3) 46,3 
(5,8) 121,7 
(46,8) 
16,1 
105,6 
2 640,7 
(3,0) 
2 495,3 
81,2 
64,2 
2 283,5 
(80,6) 
2 188,5 
95,0 
977,2 
(31,9) 
155,6 
734,9 
58,8 
27,9 
1 244,0 
1 048,8 
195,2 
1 139,5 
(202,9) 
689,1 
450,4 
Total general (6) 
CND + CC 
CND 
CC 30 616,1 
23 087,3 
7 528,8 32 320,4 
23 027,7 
9 292,7 30 360,0 
22 696,5 
7 663,5 1 570,8 
122,5 
1 448,3 (-) 
54,6 
(—) 
52,5 
2,1 
57,6 
(—) 
57,6 
356,2 
(—) 
122,0 
90,0 
144,2 
418,0 
(122,5) 
288,2 
129,8 
340,6 
(—) 
13,9 
313,6 
3,5 
9,6 
343,8 
(—) 
343,8 
(—) 
S?nJ!SSK?«nf.U!?tari°S Todifi<:ados desPués de haber teníd0 en cuenta los réditos de compromiso subsistentes de 1984, los créditos correspondientes a los ingresos relativos a las prestaciones por cuenta de terceros y las transferencias entre líneas presupuestarias. IUI«»L>¡> i»imivu!»d 
Créditos no disociados no automáticamente prorrogados a 1986 y créditos de compromiso subsistentes al cierre de 1985. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 167 
§ 7. Créditos para pagos disponibles en 1985 y su utilización 
(Millones de ECUS) 
Sector 
(Para las denominaciones y 
para las líneas presupuestarias 
correspondientes, véase 
§ 6, columna 1) 
(1) 
1. Funcionamiento 
1.1. Parlamento 
1.2. Consejo 
(de los que: CES) 
1.3. Comisión 
1.4. Tribunal de Justicia 
1.5. Tribunal de Cuentas 
2. FEOGA-Garantía 
2.1. Cereales y arroz 
2.2. Azúcar 
2.3. Materias gr. y prot. 
2.4. Frutas y hortalizas 
2.5. Vino 
2.6. Tabaco 
2.7. Productos lácteos 
2.8. Carne, huev., aves de cor. 
2.9. Otros mercados 
2.10. Medidas agro-monetar. 
2.11. Otros gastos 
3. Estructuras agrícolas 
(de los cuales: CND) 
3.1. FEOGA-Orientación 
3.2. Acciones específicas 
4. Pesca 
(de los cuales: CND) 
4.1. Organización mercados 
4.2. Otras acciones 
5. Política regional y de transportes 
(de los que: CND) 
5.1. Fondo Regional 
5.2. Transportes 
5.3. Otras medidas 
6. Política social 
(de los que: CND) 
6.1. Fondo Social 
6.2. Otras medidas 
7. Investigación, energía, etc. 
(de los que: CND) 
7.1. Energía 
7.2. Invest. e inversiones 
7.3. Industria 
7.4. Otras acciones 
8. Reemb. Estados miembros 
8.1. Gastos recaudación 
recursos propios 
8.2. Otros reembolsos 
9. Cooperación al desarrollo 
(de los que: CND) 
9.1. Ayudas alimentarias 
9.2. Ayudas financieras 
10. Créditos provisionales y res. 
(de los que: CND) 
Tipo de créditos: 
- créditos no disociados 
(CND) 
- créditos de pago 
(CP) 
(2) 
CND 
CND 
CND 
(CND) 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND + CP 
(CND) 
CP 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) 
CND 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) 
CP 
CND + CP 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) 
CP 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) 
CND + CP 
CP 
CND + CP 
CND + CP 
CND 
CND 
CND 
CND + CP 
(CND) 
CND + CP 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) A. Créditos del ejercicio 1985 
Evolución de 
los créditos 
o 
cu 
¿2 
(3) CO° 
-CD *- 00 
(4) 
1 332,5 1 336,0 
237,8 237,8 
158,5 158,5 
(25,9) (26,6) 
884,5 888,0 
32,6 32,6 
19,1 19,1 
19 955,0 19 859,0 
2 415,0 2 394,0 
1 689,0 1 807,0 
2 107,0 2 192,5 
1 356,0 1 236,0 
998,0 925,0 
841,0 865,0 
6 602,0 5 981,0 
3 198,0 3 484,0 
669,0 741,0 
110,0 196,0 
-30,0 37,5 
687,7 747,7 
(45,2) (45,2) 
632,5 692,5 
55,2 55,2 
105,4 107,4 
(59,8) (59,9) 
24,1 24,1 
81,3 83,3 
1 697,8 1 697,8 
(3,8) (3,8) 
1 610,0 1 610,0 
35,6 35,6 
52,2 52,2 
1 625,3 1 626,2 
(209,1) (209,1) 
1 410,0 1 410,0 
215,3 216,2 
700,3 692,2 
(36,1) (38,3) 
83,3 83,3 
553,2 543,1 
43,7 44,7 
20,1 21,1 
1 266,8 1 266,8 
1 070,3 1 070,3 
196,5 196,5 
1 039,2 1 092,7 
(169,7) (203,8) 
507,9 561,4 
531,3 531,3 
23,2 11,3 
(9,3) (5,8) §5 
^ caco 
(5) 
1 210,3 
216,6 
135,1 
(25,6) 
811,8 
29,2 
17,6 
19 723,7 
2 359,8 
1 804,5 
2 172,1 
1 230,7 
921,4 
862,9 
5 933,2 
3 476,6 
735,5 
189,8 
37,2 
690,8 
(33,2) 
654,5 
36,3 
72,6 
(45,6) 
16,1 
56,5 
1 501,9 
(0,6) 
1 495,0 
0,3 
6,6 
1 373,1 
(54,5) 
1 317,5 
55,6 
469,6 
(7,9) 
42,4 
406,0 
11,1 
10,1 
1 239,3 
1 046,0 
193,3 
855,2 
(163,2) 
536,4 
318,8 
(-) CO 
D) O 
11 
(6) 
104,1 
16,1 
18,0 
(0,7) 
67,6 
1,8 
0,6 
4,4 
0,5 
3,3 
0,6 56,5 
(11,6) 
38,0 
18,5 
21,7 
(1,2) 
21,7 
195,1 
(2,4) 
115,0 
35,1 
45,0 
247,1 
(148,6) 
92,5 
154,6 
215,9 
(24,0) 
40,9 
136,8 
28,0 
10,2 
4,7 
2,8 
1,9 
236,6 
(39,7) 
25,0 
211,6 
(-) o 
< 
(7) = 
(4) - (5) 
- (6) 
21,6 
5,1 
5,4 
(0,3) 
8,6 
1,6 
0,9 
130,9 
33,7 
2,5 
17,1 
5,3 
3,6 
2,1 
47,8 
7,4 
4,9 
6,2 
0,3 
0,4 
(0,4) 
0,4 
13,1 
(13,1) 
8,0 
5,1 
0,8 
(0,8) 
0,2 
0,6 
6,0 
(6,0) 
6,0 
6,7 
(6,4) 
0,0 
0,3 
5,6 
0,8 
22,8 
21,5 
1,3 
0,9 
(0,9) 
0,9 
11,3 
(5,8) B. Prórrogas de 1984 
!f 
•o 2,o> 
CO gj^. lo 
% 2 <D <ü O Q.T3 "O 
(8) 
96,4 
15,4 
13,9 
(0,9) 
63,6 
2,5 
1,0 
2,6 
1,9 
0,7 
55,2 
(5,3) 
35,6 
19,6 
38,4 
(6,9) 
38,4 
232,6 
(59,7) 
129,2 
80,4 
23,0 
125,9 
(24,7) 
95,5 
30,4 
269,5(2) 
(73,7) 
88,2 
126,7 
41,4 
13,2 
8,7 
4,9 
3,8 
264,6 
(129,2) 
7,4 
257,2 
(-) si 
O>coco 
(9) 
85,7 
11,9 
13,3 
(0,8) 
57,7 
1,9 
0,9 
2,2 
1,6 
0,6 
47,8 
(4,8) 
35,6 
12,2 
9,2 
(6,7) 
9,2 
223,6 
(55,4) 
129,2 
75,7 
18,7 
117,6 
(19,8) 
95,5 
22,1 
237,9 
(71,3) 
83,8 
104,6 
38,7 
10,8 
8,7 
4,9 
3,8 
229,5 
(126,6) 
7,4 
222,1 
(-) C0 
o 
•o oo 
£2 
(10) 
(-) 
— 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
4,4 
(-) 
4,4 
— 
(-) 
(-) cu 
g 
< 
(11) = 
(8) - (9) 
- (10) 
10,7 
3,5 
0,6 
(0,1) 
5,9 
0,6 
0,1 
0,4 
0,3 
0,1 
7,4 
(0,5) 
7,4 
29,2 
(0,2) 
29,2 
9,0 
(4,3) 
4,7 
4,3 
8,3 
(4,9) 
8,3 
27,2 
(2,4) 
4,4 
17,7 
2,7 
2,4 
— 
35,1 
(2,6) 
0,0 
35,1 
(-) C. 
Total 
de 
pagos 
realiza­
dos en 
1985 
(12) = 
(5) + (9) 
1 296,0 
228,5 
148,4 
(26,4) 
869,5 
31,1 
18,5 
19 725,9 
2 359,8 
1 804,5 
2 173,7 
1 230,7 
921,4 
862,9 
5 933,2 
3 476,6 
736,1 
189,8 
37,2 
738,6 
(38,0) 
690,1 
48,5 
81,8 
(52,3) 
16,1 
65,7 
1 725,5 
(56,0) 
1 624,2 
76,0 
25,3 
1 490,7 
(74,3) 
1 413,0 
77,7 
707,5 
(79,2) 
126,2 
510,6 
49,8 
20,9 
1 248,0 
1 050,9 
197,1 
1 084,7 
(289,8) 
543,8 
540,9 
(-) 
Total general CND + CP 
CND 
CP 28 433,2 28 437,1 
23 087,3 23 027,7 
5 345,9 5 409,4 27 136,5 
22 478,3 
4 658,2 1 086,1 
340,7 
745,4 214,5 
208,7 
5,8 1 093,9 
407,2 
686,7 962,2 
381,2 
581,0 4,4 
4,4 127,3 
26,0 
101,3 28 098,7 
22 859,5 
5 239,2 
(1) Créditos presupuestarios modificados después de haber tenido en cuenta las transferencias entre lineas presupuestarias y los ingresos correspondientes a las prestaciones por 
cuenta de terceros y las prórrogas de 1984 transferidas a los créditos de 1985. 
(2) Después de transferencias de 1,0 milliones de ECUS a los créditos no disociados del ejercicio 1985. 
168 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
§ 8. Recursos propios efectivos en 1985 
(para datos básicos véase § 5) 
A. Recursos propios efectivos en 1985 — 
por tipo (millones de ECUS y porcentaje): 
Total: 26 080,8 millones 
de ECUS B. Recursos propios efectivos en 1985 — por Estado miembro y por tipo 
(millones de ECUS y porcentaje): 
BP i 
o? 
•<t 
•<>• 
O 
OJ 
MP 
B DK 
Total: 26 080,8 millones de ECUS 
C. Participación de los Estados miembros en cada tipo de recursos propios (%): 
29,9 Recursos propios IVA y 
contribuciones financieras (%) 
23,9 
d,4 ,2,3 \M j 1,7 0,9 15,5 
0,3 5,6 16,5 29,1 Derechos de aduana (%) 
B DK D GR F IRL I NL UK B DK D GR F IRL I L NL UK 
32,9 
Exacciones reguladoras 28,0 
agrícolas (%) Cotizaciones de azúcar e 
isoglucosa (%) 
B DK D GR F IRL I L NL UK 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 169 
§ 9. Nivel de utilización de los créditos disponibles en 1985 
ai 
III 
«1. 
I! 
O)^ I. Créditos para compromisos 
definitivos en 1985 
(véase § 6, columnas 4-7) II. Créditos para pagos defini­
tivos en 1985 
(véase § 7, columnas 4-7) 
0) 
& 
<=>_ 
co 
1 
E 
1 
U. 
--r 
i 
3 i 
u_ 
CM Total: 
32 320,4 millones de ECUS 
8 
s-
o> 
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«> L 11 
iriu co c 
N 
U-o 
o> « 
•<*• 
°5 
£ ^! Total: 
28 437,1 millones de ECUS Clave: 
1 — créditos no disociados 
— créditos de compromiso 
K/%%4 — créditos de pago 
» — porcentaje de 
——' compromisos 
| % | — porcentaje de pagos 
— porcentaje de créditos 
no utilizados que 
permanecen disponibles 
para 1986 (créditos 
subsistentes y/o 
prórrogas) 
— anulaciones 
III. Créditos para pagos 
prorrogados de 1984 
(véase § 7, columnas 8-11) 
Total: 1 093,9 millones de ECUS 
% <£> 
IL 0) M 
3? 
5 
^ 
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1 
. 
i 1 1 1 i , 
af * 
i * 
2 
ss 
i # 
1 • 
£ 
i 
•1,2 % 
4,9 % 
170 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
§ 10. Cuenta de gestión consolidada y determinación del saldo del ejercicio 1985 
(Aplicación del artículo 15 del Reglamento [CEE, Euratom, CECA] n° 2891/77 del Consejo) 
Ingresos: 
Recursos efectivos disponibles 
para la financiación del 
ejercicio 1985 
Total: 
28 237,3 millones de ECUS Gastos: 
Empleo de los recursos 
disponibles para la finan­
ciación del ejercicio 1985 
Total: 
28 237,3 Millones de ECUS 
(6) Saldo (déficit) del 
ejercicio 1985 
(5) Anulaciones de crédito 
prorrogados del 
ejercicio 1984 
(véase § 7 columna 11) 
(4) Prórrogas de 1984 
transferidas a los 
créditos de 1985 
(véase § 7, nota 2) 
(3) Anticipos reembolsables 
(408,3) y no -«-
reembolsables (1 242,4) (millones de ECUS) 
23,9 
127,3 
1 650,7 
(2) Otros ingresos 
efectivos 
(véase § 5) 353,6 
(1) Total de recursos 
propios efectivos en 
1985: 26 080,8 
(véase § 5) r 
mii 
"m 
V 
V ->_ (9) Diferencia 
de cambio 
>_ (8) Créditos para pagos 
del ejercicio 1985 
prorrogados a 1986 
(véase § 7, columna I 
-*- (7) Pagos efectuados 
en 1985 por 
créditos del 
ejercicio 1985 
(véase § 7, columna 5) 
Nota: El resultado del ejercicio 1985, definido como (1) + (2) + (3) - (7) - (8), es de -137,5 millones de ECUS. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 171 
§ 11. Pagos efectuados en 1985, por sector y por Estado miembro beneficiario 
Nota: Pagos efectuados en 1985 = Pagos por créditos 1985 más pagos por prórrogas de 1984. 
A. Pagos por sector (millones de ECUS): 
(véase también § 7, columna 12, y § 14) 
2. FEOGA-Garantía: 19 725,9 -* 
1. Funcionamiento: 1 296,0 -«*• 
9. Cooperación al 
desarrollo: 1 084,7 
8. Reembolsos a 
Estados miembros: 1 248,0 
7. Investigación, 
energía, etc.: 707,5 
B. Pagos a los Estados miembros: 
(para datos más precisos, véanse § 12 y 13) 3. Estructuras agrícolas: 738,6 
*~ 4. Pesca: 81,8 
5. Política regional 
y de transportes: 1 725,5 
6. Política social: 1 490,7 
/ WS. K 
Sí! 
•$0.i: 
liat m 
¿^ 
y 
lÉJf -y / 
A 
ii % Medidas 
especificas 
Gastos de 
recaudación de los 
recursos propios 
FEOGA-Orientación 
Fondo Regional 
Fondo Social 
FEOGA-Garantía 
(millones de ECUS) 
GR IRL NL WC nodüporilWe EUR 10 P 
FEOGA-Garantía (T 1-2) (1) 
FEOGA-Orientación 
(Cap. 30-33) 
Pesca (Cap. 40-43, 45-46) 
Fondo Regional (Cap. 50-51) 
Fondo Social (Cap. 60-61) 
Gastos de recaudación de 
los recursos propios (Cap. 80) 
Medidas específicas (Cap. 82; 
86, artículos 583, 707) 916,3 
12,4 
3,1 
12,3 
49,4 
76,5 829,3 
13,0 
2,9 
7,7 
33,5 
26,1 3 625,6 
81,0 
2,3 
61,7 
109,8 
284,5 
20,1 1 192,6 
83,7 
1,7 
309,0 
79,0 
12,2 
24,6 4 633,3 
122,3 
12,1 
233,2 
255,6 
159,9 1 166,8 
73,1 
3,2 
118,2 
171,6 
15,8 3 410,9 
175,3 
6,0 
381,1 
383,5 
123,5 4,8 
1,8 
0,7 
0,6 
0,6 2 047,4 
18,1 
2,3 
16,4 
46,0 
101,7 1 894,7 
109,4 
12,5 
483,9 
284,0 
250,1 
72,8 4,2 
35,7 19 725,9 
690,1 
81,8 
1 624,2 
1 413,0 
1 050,9 
117,5 
Total 1 070,0 
(4,3%) 912,5 
(3,7%) 4185,0 
(17,0%) 1 702¿ 
(6,9%) 5 416,4 
(21,9%) 1548,7 
(6,3%) 4 480,3 
(18,1%) 8,5 
(0,0%) 2 231,9 
(9,0%) 3107,4 
(12,6%) 39,9 
(0,2%) 24 703,4 
(100%) 
(1) Para el FEOGA-Garantía, los datos incluyen montantes compensatorios monetarios corregidos [véase S 12 D, nota (1)]. 
172 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
§ 12. FEOGA-Garantía: Pagos efectuados en 1985, por mercado y por Estado miembro beneficiario 
A. Pagos realizados en 1985, 
por mercado 
(millones de ECUS y porcentaje): 
-Total: 19 725,9 millones de ECUS B. Pagos realizados en 1985, por Estado miembro 
beneficiario (millones de ECUS y porcentaje): 
Clave: 
- para el color 
correspondiente 
a cada mercado, 
véase A. 
restantes 
mercados 
D GR F IRL I L NL 
Total: 19 725,9 millones de ECUS • 11/ Asignación 
C. Reparto por Estado miembro beneficiario de los pagos realizados en 1985 para los principales mercados (%) 
33,3 
Carne, huevos, aves de Cereales y 
corral (%) _ _ arroz (%) 27 3 Productos lácteos (%) 
23,2 
18,4 
6,1 
3,2 
B DK 2,1 19,1 
0,6 
F IRL I L 
34,8 NL UK 
Materias 
grasas y 
proteaginosas 
(%) 
19,0 
lili 
II Él 6,0 17,S 
18 
0,1 PIPI 
0,0 7,8 71 
0,1 B DK D GR F IRL I L NL UK 
Azúcar(%) 13,4 
3,8 
0,01— 
B DK D GR F IRL I L NL UK Asi9™ci0" 
disponible B DK D GR F IRL I L NL UK 
160,3 Frutas y hortalizas 
(%) 
NL UK B DK D GR NL UK 
D. Estado de pagos efectuados en 1985, por Estado miembro beneficiarlo y por mercado (Millones de ECUS) 
Mercado 
2.1. Cereales y arroz 
2.2. Azúcar 
2.3. Materias grasas y 
proteaginosas 
2.4. Frutas y hortalizas 
2.5. Vino 
2.6. Tabaco 
2.7. Productos lácteos 
2.8. Carne, huevos, aves 
de corral 
2.9. Otros mercados 
2.10. Medidas agro-
monetarias (1) 
2.11. Otros gastos 
Total B 
143,7 
278,8 
104,7 
3,0 
6,7 
256,9 
90,8 
29,3 
1,6 
0,8 
916,3 DK 
74,8 
64,9 
51,3 
2,0 
0,0 
387,3 
193,8 
52,4 
7,2 
-4,4 
829,3 D 
434,8 
320,2 
413,2 
6,4 
8,5 
44,1 
1 617,3 
548,8 
64,3 
46,8 
121,2 
3 625,6 GR 
50,8 
5,7 
130,6 
341,4 
34,6 
352,1 
8,1 
17,8 
217,5 
38,3 
-4,3 
1 192,6 F 
786,2 
774,8 
388,4 
123,2 
329,5 
81,8 
1 273,7 
807,4 
79,0 
-14,9 
4,2 
4 633,3 IRL 
13,9 
14,0 
1,7 
0,2 
477,0 
619,0 
36,8 
5,0 
-0,8 
1 166,8 I 
450,6 
56,1 
757,4 
742,1 
548,2 
377,5 
150,7 
328,5 
40,9 
-1,8 
-39,3 
3 410,9 L 
0,3 
0,0 
0,0 
4,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
4,8 NL 
89,1 
162,1 
170,1 
6,6 
0,7 
1 257,4 
171,1 
117,3 
99,1 
-26,1 
2 047,4 UK 
315,6 
127,9 
153,2 
5,8 
0,6 
500,7 
699,2 
97,4 
8,5 
-14,2 
1 894,7 Asigna­
ción 
no 
dispo­
nible 
3,1 
1,1 
4,2 EUR 10 
2 359,8 
1 804,5 
2173,7 
1 230,7 
921,4 
862,9 
5 933,2 
3 476,6 
736,1 
189,8 
37,2 
19 725,9 
(1) Las medidas agro-monetarias incluyen montantes compensatorios monetarios (MCM) corregidos para anular el efecto del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 974/71 del 
Consejo, en virtud del cual los Estados miembros exportadores pagan directamente los MCM aplicables a la importación en determinados Estados miembros 
importadores. La corrección de los MCM consiste en la asignación a estos Estados miembros importadores de las cantidades que les son imputables. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 173 
§13. Los Fondos estructurales: Compromisos contraídos y pagos efectuados en 1985, 
por Estado miembro beneficiario 
Nota: 
A los Fondos estructurales (FEOGA-Orientación, Fondo Social, Fondo 
Regional) se les dota de créditos disociados que incluyen tanto créditos de 
compromiso como créditos de pago, que tienen efectos financieros no 
directamente comparables [véase § 1 (1.7.)]. Los compromisos contraidos en 
1985 están relacionados con proyectos plurianuales financiados en 1985 y en 
los ejercicios siguientes. Los pagos realizados en 1985, por el contrario, están 
relacionados con compromisos contraídos en 1985 y en los ejercicios 
anteriores. 
Fondo 
Social 
(a) Compromisos 
(b) Pagos FEOGA-
*~ Orientación 
FEOGA-Orientación: 
(a) Compromisos 
(b) Pagos 
Fondo Regional: 
(a) Compromisos 
(b) Pagos 
Fondo Social: 
(a) Compromisos 
(b) Pagos 
Total: 
(a) Compromisos 
(b) Pagos 16,3 
12,4 
24,4 
12,3 
99,3 
49,4 
140,0 
74,1 18,3 
13,0 
13,3 
7,7 
49,9 
33,5 
81,5 
54,2 89,3 
81,0 
83,6 
61,7 
113,5 
109,8 
286,4 
252,5 133,6 
83,7 
409,5 
309,0 
123,6 
79,0 
666,7 
471,7 152,8 
122,3 
309,9 
233,2 
387,2 
255,6 
849,9 
611,1 82,7 
73,1 
156,5 
118,2 
268,8 
171,6 
508,0 
362,9 225,8 
175,3 
871,0 
381,1 
568,2 
383,5 
1 665,0 
939,9 0,9 
1,8 
0,7 
1,1 
0,6 
2,0 
3,1 19,3 
18,1 
18,9 
16,4 
46,4 
46,0 
84,6 
80,5 113,8 
109,4 
608,2 
483,9 
530,5 
284,0 
1 252,5 
877,3 852,8 
690,1 
2 495,3 
1 624,2 
2 188,5 
1 413,0 
5 536,6 
3 727,3 
174 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
§14. Evolución y utilización de los créditos para pagos durante el período 1981-1985, por sector 
(Millones de ECUS) 
Sector / ejercicio 
Presupuesto 
General 
(total) 
1. Funcionamiento 
(todas las 
Instituciones) 
2. FEOGA-Garantía 
3. Estructuras 
agrícolas 
4. Pesca 
5. Política 
regional y de 
transportes 
6. Política 
social 
7. Investigación, 
energía, etc. 
8. Reembolsos a 
Estados 
miembros 
9. Cooperación al 
desarrollo 
10. Créditos 
provisionales 
y reserva 
(Comisión) 1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 A. Créditos para pagos del ejercicio 
Evolución de los créditos 
Presupuesto 
inicial 
(D Presupuesto 
final (1) 
(2) Créditos 
definitivos (2) 
(3) 
19 327,6 18 434,0 18 441,5 
21 984,4 21 984,4 21 994,3 
21558,5 25 061,1 25 068,8 
25 361,5 27 248,6 27 270,7 
28 433,2 28 433,2 28 437,1 
1 007,7 1 015,7 1 037,7 
1 103,2 1 103,2 1 121,2 
1 153,4 1 161,6 1 162,9 
1 229,1 1 236,6 1 245,6 
1 332,5 1 332,5 1 336,0 
12 675,0 11580,0 11538,0 
13 217,3 13 217,3 13 124,3 
14 050,0 15 811,0 15 822,2 
16 150,0 17 983,0 18 358,0 
19 955,0 19 955,0 19 859,0 
468,9 518,9 553,0 
772.1 772,1 763,7 
651.2 653,4 668,5 
655.6 660,1 666,9 
687.7 687,7 747,7 
44,3 49,3 49,9 
75,8 75,8 81,5 
70,1 70,1 45,7 
101,4 112,4 87,4 
105,4 105,4 107,4 
1 675,7 1 798,8 2 417,8 
2 824,5 2 824,5 2 959,3 
1 484,3 2 397,5 2 397,5 
1 488,6 1 488,6 1 967,7 
1 697,8 1 697,8 1 697,8 
670,6 732,6 732,7 
1 022,3 1 022,3 1 130,7 
1 410,6 1 430,6 1 430,7 
1 369,3 1 369,4 1 638,1 
1 625,3 1 625,3 1 626,2 
301.1 308,1 317,1 
408,9 408,9 461,1 
527.2 1 360,4 1 380,7 
610,7 664,4 1 191,6 
700.3 700,3 692,2 
1 506,6 1 431,9 969,1 
1 120,9 1 120,9 1 123,8 
1 122,9 1 089,0 1 089,0 
1 103,5 1 150,2 1 083,2 
1 266,8 1 266,8 1 266,8 
603,6 791,3 816,2 
803,3 803,3 945,3 
966,5 981,2 984,6 
893,1 893,1 1 032,2 
1 039,2 1 039,2 1 092,7 
374,1 207,4 10,0 
636,1 636,1 283,4 
122,3 106,3 87,0 
1 760,2 1 690,8 — 
23,2 23,2 11,3 Pagos 
(4) 
16 712,0 
19 320,3 
23 101,6 
26 119,2 
27 136,5 
886,1 
957,0 
1 019,2 
1 127,2 
1 210,3 
10 951,5 
12 257,3 
15 785,7 
18 328,2 
19 723,7 
457,0 
483,5 
513,7 
611,1 
690,8 
37,7 
50,7 
31,9 
46,6 
72,6 
2 164,8 
2 766,2 
2 268,1 
1 733,9 
1 501,9 
580,9 
910,0 
801,0 
1 509,4 
1 373,1 
214,1 
345,3 
1 213,6 
922,0 
469,6 
869,5 
952,2 
950,6 
1 073,8 
1 239,3 
550,4 
598,1 
517,8 
767,0 
855,2 
— Prórrogas 
al 
ejercicio 
siguiente 
(5) 
1 172,8 
1 385,5 
1 706,8 
1 090,1 
1 086,1 
69,9 
106,6 
100,5 
96,4 
104,1 
162,4 
2,7 
0,1 
2,6 
4,4 
93,3 
277,2 
131,5 
55,2 
56,5 
4,1 
30,4 
12,5 
38,4 
21,7 
243,2 
175,5 
126,9 
232,6 
195,1 
148,5 
220,0 
617,7 
125,9 
247,1 
95,8 
111,8 
155,0 
265,7 
215,9 
97,1 
116,0 
99,5 
8,7 
4,7 
258,5 
345,3 
463,1 
264,6 
236,6 
— Anulaciones 
(6) = 
(3)-(4)-(5) 
556,7 
1 288,5 
260,4 
61,4 
214,5 
81,7 
57,6 
43,2 
22,0 
21,6 
424,1 
864,3 
36,4 
27,2 
130,9 
2,7 
3,0 
23,3 
0,6 
0,4 
8,1 
0,4 
1,3 
2,4 
13,1 
9,8 
17,6 
2,5 
1,2 
0,8 
3,3 
0,7 
12,0 
2,8 
6,0 
7,2 
4,0 
12,1 
3,9 
6,7 
2,5 
55,6 
38,9 
0,7 
22,8 
7,3 
1,9 
3,7 
0,6 
0,9 
10,0 
283,4 
87,0 
11,3 B. Prórrogas del ejercicio precedente 
Créditos 
prorrogados 
definitivos (3) 
(7) 
1 435,1 
1 404,1 
1 521,0 
1 696,6 
1 093,9 
66,2 
69,9 
106,7 
100,6 
96,4 
8,7 
162,4 
2,6 
0,1 
2,6 
343,7 
302,7 
397,3 
131,2 
55,2 
12,7 
4,1 
30,4 
12,5 
38,4 
72,6 
243,2 
175,5 
126,9 
232,6 
269,4 
159,4 
226,8 
617,7 
125,9 
192,7 
106,8 
120,4 
162,5 
269,5 
86,8 
97,1 
116,0 
99,5 
8,7 
382,3 
258,5 
345,3 
445,6 
264,6 
— Pagos 
(8) 
1 080,8 
1 102,4 
1 211,4 
1404,4 
962,2 
56,8 
53,3 
91,2 
88,9 
85,7 
8,7 
112,2 
2,5 
0,1 
2,2 
117,7 
162,6 
236,0 
91,7 
47,8 
12,2 
4,1 
22,9 
10,5 
9,2 
72,6 
243,2 
141,4 
80,4 
223,6 
255,8 
150,6 
219,9 
526,9 
117,6 
162,1 
91,3 
90,4 
122,9 
237,9 
86,8 
97,1 
114,1 
99,4 
8,7 
308,1 
188,0 
293,0 
383,6 
229,5 
— Prórrogas 
al 
ejercicio 
siguiente 
(9) 
231,3 
135,4 
7,5 
4,8 
4,4 
— 
— 
209,4 
120,1 
— 
10,9 
6,7 
11,0 
8,6 
7,5 
4,8 
4,4 
— 
— 
" Anulaciones 
(10) = 
(7)-(8)-(9) 
123,0 
166,3 
302,1 
287,4 
127,3 
9,4 
16,6 
15,5 
11,7 
10,7 
50,2 
0,1 
0,0 
0,4 
16,6 
20,0 
161,3 
39,5 
7,4 
0,5 
7,5 
2,0 
29,2 
0,0 
0,0 
34,1 
46,5 
9,0 
2,7 
2,1 
6,9 
90,8 
8,3 
19,6 
6,9 
22,5 
34,8 
27,2 
1,9 
0,1 
74,2 
70,5 
52,3 
62,0 
35,1 
— 
(1) Después de presupuestos rectificativos y suplementarios. 
(2) Después de ingresos complementarios y transferencias. 
(3) Después de transferencias entre líneas presupuestarias y «transferencias» a los créditos propios del ejercicio en curso. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 175 
§ 15. Nivel de utilización de los créditos para pagos de 1981 a 1985, por sector 
Nivel de 
pagos Nivel 
de prórrogas 
al ejercicio 
siguiente 
Clave: Nivel de 
anulaciones 
jll Créditos del ejercicio 
(créditos definitivos = 100 %) Prórrogas del ejercicio anterior 
(créditos prorrogados = 100 %) 
(Para los datos de base, véase § 14) 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 90,6 
87,8 
92.2 
95,8 
95,4 (%) 
6,4_as 
6,3 Me] 
e!^ 
4,o] 
3,*4 (%) 
M^H 78,5 ^BSSl 
79,6 
82,i 
88,0 o.s-amM 
0,3 -a 
0,4^ 
UH. 1981 
— C ^— 1985 85,4 
85,4 
87,6 
90,5 85,8 
7&3 
85,5 
88,4 
88,9 14,2 
23,7 
14,5 
11,6 
11,1 
¡i 
U. (O 
I! 
Ilíj 
¡I 
11H 
m 
«¿88 
2«ó 
¿31 1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 1981 
1982 
1983 
1984 
1985 94,9 
93,4 
99.8 
99,8 
99,3 1,4-nn 
0,0-+mm 
0,oMq" 
0,0-1 
0,0-¿ 
82,6 
63.3 
78,8 
91,6 
92,4 
75,6 
62,2 
53,3 
67,6 
9&5_ 
88,1 
88,5 
79,3 
80,5 
56,0 
92a 
84,4 
67.5 
74,9 
87,9 
77.4 
67,8 
smsn 
ssssssl 
^SMen 
99.1 
97,8 0,8 -§ 
0.4-H 
63,3 
52,6 
74,3 3,7 
6,6 
0,2 
0,2 
0,7 
0,3 
5,0 
3,6 
0,1 
1,8 100 
100 
80,6 
63.4 
96,1 
95,0 
94,5 
97,0 
85,3 
93,4 
84,1 
85,5 
75,1 
75,8 
88,3 mjnmm 
"ssssss^sssss 
4,0-
4,2-l 
mms 
I 
5,7-mmsj 
e.zMSM^SM 
3.o nssss-HJ 
1,6-SM • I 1 • • 1 1 1 
100 
100 
98,4 1 
99,9 
100 
80,6 
72,7 
84,9 
86,1 
86,7 BSMHsl 
^ssr 
san 0,0 
0,0 
19,4 
36,6 
3,9 
1,0 
1,3 
3,0 
14,7 
6,6 
10,2 
6,4 
18,7 
21,4 
10,1 
27,3 
15,1 
13,3 
176 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
§16. Pagos anuales durante el período 1981-1985, por sector 
Notas: 
1. Pagos anuales = pagos por créditos del ejercicio más pagos por prórrogas del ejercicio precedente. 
2. Para las líneas presupuestarias correspondientes a la nomenclatura del Presupuesto 1985, véase § 6, columna 1. 
Sector 
1. Funcionamiento 
1.1. Parlamento 
1.2. Consejo 
(de los que: Comité Económico y 
Social) 
1.3. Comisión 
1.4. Tribunal de Justicia 
1.5. Tribunal de Cuentas 
2. FEOGA-Garantía 
2.1. Cereales y arroz 
2.2. Azúcar 
2.3. Materias grasas y proteaginosas 
2.4. Frutas y hortalizas 
2.5. Vino 
2.6. Tabaco 
2.7. Productos lácteos 
2.8. Carne, huevos, aves de corral 
2.9. Otros mercados 
2.10. Medidas agro-monetarias 
2.11. Otros gastos 
3. Estructuras agrícolas 
3.1. FEOGA-Orientación 
3.2. Acciones específicas 
4. Pesca 
4.1. Organización de los mercados 
4.2. Otras acciones 
5. Política regional y de transportes 
5.1. Fondo Regional 
5.2. Transportes 
5.3. Otras medidas 
6. Política social 
6.1. Fondo Social 
6.2. Otras medidas 
7. Investigación, energía, etc. 
7.1. Energía 
7.2. Investigación e inversiones 
7.3. Industria 
7.4. Otras acciones 
8. Reembolsos a Estados miembros 
8.1. Gastos de recaudación de los 
recursos propios 
8.2. Otros reembolsos 
9. Cooperación al desarrollo 
9.1. Ayudas alimentarias 
9.2. Ayudas financieras 1981 
Millones 
de ECUS % 
942,9 5,3 
168,0 0,9 
103,9 0,6 
(20,0) (0,1) 
635,4 3,6 
23,1 0,1 
12,5 0,1 
10 960,2 61,6 
1 951,8 11,0 
767,5 4,3 
1 090,7 6,1 
641,1 3,6 
459,4 2,6 
361,8 2,0 
3 342,7 18,8 
1 867,0 10,5 
400,8 2,3 
238,4 1,3 
-161,0 -0,9 
574,7 3,2 
566,5 3,1 
8,2 0,1 
49,9 0,3 
28,0 0,2 
21,9 0,1 
2 237,4 12,6 
798,7 4,5 
1,0 0,0 
1 437,7 8,1 
836.7 4,7 
745.8 4,2 
90,9 0,5 
376,2 2,1 
63.1 0,3 
295,6 1,6 
7,3 0,1 
10.2 0,1 
956,3 5,4 
807,0 4,6 
149,3 0,8 
858,5 4,8 
601.7 3,4 
256.8 1,4 1982 
Millones 
de ECUS % 
1 010,3 5,0 
173,3 0,9 
109,7 0,5 
(20,6) (0,1) 
688,3 3,4 
25,4 0,1 
13,6 0,1 
12 369,5 60,6 
1 874,8 9,2 
1 241,8 6,1 
1 295,0 6,3 
914,3 4,5 
570,6 2,8 
622,6 3,0 
3 327,8 16,3 
1 625,9 8,0 
583,6 2,9 
313,1 1,5 
646.1 3,2 
638.2 3,2 
7,9 0,0 
54,8 0,3 
34,0 0,2 
20,8 0,1 
3 009,4 14,7 
973,0 4,8 
1,1 0,0 
2 035,3 9,9 
1 060,6 5,2 
905,6 4,4 
155,0 0,8 
436,6 2,1 
44,0 0,2 
367,6 1,8 
15,2 0,1 
9,8 0,0 
1 049,3 5,1 
909,3 4,4 
140,0 0,7 
786.1 3,8 
540.2 2,6 
245,9 1,2 1983 
Millones 
de ECUS % 
1 110,4 4,6 
214,8 0,9 
116,7 0,5 
(22,4) (0,1) 
736,3 3,0 
27,2 0,1 
15,4 0,1 
15 788,2 64,9 
2 534,1 10,4 
1 316,2 5,4 
1 764,7 7,2 
1 196,1 4,9 
659.2 2,7 
671.3 2,8 
4 396,1 18,1 
2 310,3 9,5 
559,7 2,3 
488,6 2,0 
-108,1 -0,4 
749,7 3,1 
719,7 3,0 
30,0 0,1 
54,8 0,2 
25,8 0,1 
29,0 0,1 
2 409,5 9,9 
1 255,9 5,2 
3,7 0,0 
1 149,9 4,7 
1 020,9 4,2 
890,9 3,7 
130,0 0,5 
1 304,0 5,4 
828,0 3,4 
423,3 1,7 
41,0 0,2 
11,7 0,1 
1 064,7 4,4 
921,9 3,8 
142,8 0,6 
810,8 3,3 
388,7 1,6 
422,1 1,7 1984 
Millones 
de ECUS % 
1 216,1 4,4 
245,5 0,9 
126,7 0,4 
(24,2) (0,1) 
798,4 2,9 
28,6 0,1 
16,9 0,1 
18 328,3 66,6 
1 697,8 6,2 
1 631,5 5,9 
1 965,6 7,1 
1 454,6 5,3 
1 222,6 4,4 
776,4 2,8 
5 441,7 19,8 
3 246,1 11,8 
541,3 2,0 
376,2 1,4 
-25,5 -0,1 
702,8 2,5 
646,8 2,3 
56,0 0,2 
57,1 0,2 
15,7 0,0 
41,4 0,2 
1 814,3 6,6 
1 350,6 4,9 
430,8 1,6 
32,9 0,1 
2 036,3 7,4 
1 606,3 5,8 
430,0 1,6 
1 044,9 3,8 
545,7 1,9 
441,0 1,6 
43,9 0,2 
14,3 0,1 
1 173,2 4,3 
1 109,9 4,1 
63,3 0,2 
1 150,6 4,2 
709,2 2,6 
441,4 1,6 1985 
Millones 
de ECUS % 
1 296,0 4,6 
228,5 0,8 
148.4 0,5 
(26,4) (0,1) 
869.5 3,1 
31,1 0,1 
18,5 0,1 
19 725,9 70,2 
2 359,8 8,4 
1 804,5 6,4 
2 173,7 7,7 
1 230,7 4,4 
921,4 3,3 
862,9 3,1 
5 933,2 21,1 
3 476,6 12,4 
736,1 2,6 
189,8 0,7 
37,2 0,1 
738,6 2,6 
690,1 2,4 
48,5 0,2 
81,8 0,3 
16,1 0,1 
65,7 0,2 
1 725,5 6,2 
1 624,2 5,8 
76,0 0,3 
25,3 0,1 
1 490,7 5,3 
1 413,0 5,0 
77,7 0,3 
707.5 2,5 
126,2 0,4 
510.6 1,8 
49.8 0,2 
20.9 0,1 
1 248,0 4,4 
1 050,9 3,7 
197,1 0,7 
1 084,7 3,9 
543.8 2,0 
540.9 1,9 
Total general 17 792,8 100 20 422,7 100 24 313,0 100 27 523,6 100 28 098,7 100 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 177 
§17. Evolución de la relación entre «pagos anuales por sector» 
y «total de los pagos anuales presupuestarios» (1981-1985) 
(para datos detallados, véase § 16) 
A. Presupuesto General (conjunto de sectores): 
Total de pagos anuales presupuestarios = 100 % Log 
100 % 
50 % -
10% 
5% -: 
1 % 
0,5% -
0,1 % 2. FEOGA-Garantía 
5. Política regional y de transportes 
6. Política social 
_^ 1. Funcionamiento 
8. Reembolsos a Estados miembros 
9. Cooperación al desarrollo 
3. Estructuras agrícolas 
7. Investigación, energía, etc. 
4. Pesca 
1981 1982 1983 
B. FEOGA-Garantía (conjunto de mercados): 
Total de pagos anuales presupuestarios = 100 % 1984 1985 
100 % Log 
50 % -
10% 
5% 
1 % 
0,5% -
0,1 % ^T 2.7. Productos lácteos 
2.8. Carne, huevos y aves de corral 
_^2.1. Cereales y arroz 
-*- 2.3. Materias grasas y proteaginosas 
-*- 2.2. Azúcar 
_^_ 2.4. Frutas y hortalizas 
2.5. Vino 
^ 2.6. Tabaco 
->- 2.9. Otros mercados 
/2.10. Medidas agro-monetarias 
1.2.11. Otros gastos 
1981 1982 1983 1984 1985 
178 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
§ 18. Pagos anuales a los Estados miembros (1981-1985) 
Notas: 
1. Este cuadro resume los pagos anuales efectuados, a título de los principales sectores, a los Estados miembros. Estos pagos 
representan, para el período considerado, el 88 % del total de los pagos presupuestarios (es decir, la suma de los totales del § 16). 
2. Pagos anuales = pagos por créditos del ejercicio más pagos por prórrogas del ejercicio precedente. 
3. Los pagos del FEOGA-Garantía incluyen montantes compensatorios monetarios corregidos (véase § 12 D, nota 1). 
(Millones de ECUS) 
Ejercicio/sector 
i FEOGA-Garantía (T 6 - 7) 
FEOGA-Orientación (Cap 80 - 83) 
Pesca (Cap 86 - 89) 
Fondo Regional (Cap 55 - 56) 
Fondo Social (Cap 50 - 52) 
Gastos de recaudación de los recursos 
propios (Cap 40) 
Medidas especificas (Cap 49, 57, 58) 
Total Bélgica 
489,1 
21,7 
0,8 
9,2 
15,3 
61,8 
597,9 
(3,9 %) Dina­
marca 
507,8 
20,7 
1,4 
10,7 
18,5 
16,2 
575,3 
(3,7 %) R.F. de 
Alemania 
2 031,5 
134,1 
2,8 
36,2 
72,3 
225,4 
2 502,3 
(16,1 %) Grecia 
146,2 
122,0 
6,6 
8,9 
111,0 
394,7 
(2,5 %) Francia 
3 014,2 
120,8 
4,3 
66,8 
155,3 
123,1 
3 484,5 
(22,5 %) Irlanda 
437,9 
57,6 
5,4 
80,3 
60,4 
8,8 
66,6 
717,0 
(4,6 %) Italia 
2 092,1 
78,5 
6,7 
211,7 
207,1 
94,9 
122,3 
2 813,3 
(18,1 %) Lr;-
4,1 
2,3 
0,9 
0,6 
0,4 
8,3 
(0,1 %) Paises 
Bajos 
1 157,2 
21,9 
8,4 
5,7 
14,3 
77,3 
1 284,8 
(8,3 %) sz 
1 080,1 
108,9 
8,2 
255,2 
195,4 
190,2 
1 286,7 
3 124,7 
(20,1 %) Asignación 
ponible 
11,9 
11,9 
(0,1 %) EUR 10 
10 960,2 
566,5 
49,9 
798,7 
745,8 
807,0 
1 586,6 
15 514,7 
(100 %) 
CM 
$ FEOGA-Garantía (T 1 - 2) 
FEOGA-Orientación (Cap 30 - 33) 
Pesca (Cap 40 - 42, 45 - 47) 
Fondo Regional (Cap 50-51) 
Fondo Social (Cap 60 - 62) 
Gastos de recaudación de los recursos 
propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 52, 53, 82, 86) 
Total 535,1 
17,7 
0,6 
10,8 
16,8 
68,3 
— 
649,3 
(3,6 %) 556,7 
20,8 
3,2 
14,6 
17,6 
17,6 
— 
630,5 
(3,5 %) 2 027,5 
107,1 
3,7 
61,6 
89,9 
237,0 
— 
2 526,8 
(14,0 %) 684,6 
14,5 
— 152,3 
23,5 
18,3 
92,7 
985,9 
(5,5 %) 2 866,2 
167,4 
3,6 
130,0 
119,3 
134,7 
— 
3 421,2 
(19,0 %) 496,5 
84,3 
7,8 
93,5 
115,0 
10,2 
72,7 
880,0 
(4,9 %) 2 502,6 
125,0 
8,9 
281,8 
235,1 
102,6 
142,6 
3 398,6 
(18,8 %) 2,6 
1,6 
— 
0,1 
1,1 
0,4 
— 
5,8 
(0,0 %) 1 416,7 
32,2 
8,3 
3,2 
9,0 
83,9 
— 
1 553,3 
(8,6 %) 1 278,3 
67,6 
9,8 
225,1 
278,3 
236,3 
1 866,5 
3 961,9 
(22,0 %) 2,7 
— 8,9 
— — 
— — 
11,6 
(0,1 %) 12 369,5 
638,2 
54,8 
973,0 
905,6 
909,3 
2 174,5 
18 024,9 
(100 %) 
i FEOGA-Garantía (T 1 - 2) 
FEOGA-Orientación (Cap 30 - 33) 
Pesca (Cap 40 - 43, 45 - 46) 
Fondo Regional (Cap 50-51) 
Fondo Social (Cap 60 - 62) 
Gastos de recaudación de los recursos 
propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 52, 53, 82, 86, 
artículo 707) 
Total 611,9 
18,1 
0,2 
7,0 
20,6 
77,7 
— 
735,5 
(3,4 %) 680,7 
20,5 
3,6 
16,7 
14,7 
20,3 
— 
756,5 
(3,5 %) 3 075,8 
107,7 
2,8 
45,0 
81,5 
241,8 
270,7 
3 825,3 
(17,7 %) 1 007,4 
21,9 
0,1 
214,6 
20,4 
16,6 
70,4 
1 351,4 
(6,2 %) 3 566,6 
182,0 
3,9 
219,3 
140,5 
142,5 
— 
4 254,8 
(19,6 %) 619,4 
84,1 
21,6 
94,5 
134,2 
11,6 
60,8 
1 026,2 
(4,7 %) 2 820,5 
103,0 
5,1 
344,5 
221,2 
105,9 
174,8 
3 775,0 
(17,4 %) 4,2 
0,6 
— 0,0 
0,3 
0,5 
— 
5,6 
(0,0 %) 1 707,8 
32,2 
6,4 
18,1 
12,6 
83,4 
— 
1 860,5 
(8,6 %) 1 691,0 
149,6 
8,4 
296,2 
244,9 
221,6 
1 471,9 
4 083,6 
(18,9 %) 2,9 
— 2,7 
— — 
— 
— 
5,6 
(0,0 %) 15 788,2 
719,7 
54,8 
1 255,9 
890,9 
921,9 
2 048,6 
21 680,0 
(100 %) 
1 FEOGA-Garantía (T 1 - 2) 
FEOGA-Orientación (Cap 30 - 33) 
Pesca (Cap 40 - 43, 45 - 46) 
Fondo Regional (Cap 50 - 51) 
Fondo Social (Cap 60-61) 
Gastos de recaudación de los recursos 
propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 82,86, artícu­
los 707, 783) 
Total 686,4 
12,9 
0,7 
6,0 
52,1 
82,0 
— 
840,1 
(3,5 %) 879,6 
13,9 
3,8 
28,1 
68,7 
26,0 
— 
1 020,1 
(4,2 %) 3 323,0 
89,3 
5,1 
43,9 
63,8 
302,5 
191,7 
4 019,3 
(16,7 %) 961,2 
52,8 
0,6 
216,7 
71,3 
14,8 
46,6 
1 364,0 
(5,7 %) 3 592,0 
143,9 
9,5 
201,7 
225,7 
169,7 
— 
4 342,5 
(18,1 %) 884,4 
64,2 
10,3 
104,1 
131,4 
16,0 
— 
1 210,4 
(5,0 %) 3 909,4 
127,8 
4,1 
435,1 
368,5 
117,5 
— 
4 962,4 
(20,7 %) 3,6 
3,9 
— 2,5 
0,5 
0,7 
— 
11,2 
(0,1 %) 1 964,2 
24,8 
3,6 
14,8 
14,1 
101,1 
— 
2 122,6 
(8,8 %) 2 121,3 
113,3 
9,5 
297,7 
610,2 
279,6 
660,9 
4 092,5 
(17,1 %) 3,2 
— 
9,9 
— — 
— 
— 
13,1 
(0,1 %) 18 328,3 
646,8 
57,1 
1 350,6 
1 606,3 
1 109,9 
899,2 
23 998,2 
(100 %) 
!fi ¡5 FEOGA-Garantía (T 1 - 2) 
FEOGA-Orientación (Cap 30 - 33) 
Pesca (Cap 40 - 43, 45 - 46) 
Fondo Regional (Cap 50 - 51) 
Fondo Social (Cap 60-61) 
Gastos de recaudación de los recursos 
propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 82,86, artícu­
los 583, 707) 
Total 916,3 
12,4 
3,1 
12,3 
49,4 
76,5 
— 
1 070,0 
(4,3 %) 829,3 
13,0 
2,9 
7,7 
33,5 
26,1 
— 
912,5 
(3,7 %) 3 625,6 
81,0 
2,3 
61,7 
109,8 
284,5 
20,1 
4 185,0 
(17,0 %) 1 192,6 
83,7 
1,7 
309,0 
79,0 
12,2 
24,6 
1 702,8 
(6,9 %) 4 633,3 
122,3 
12,1 
233,2 
255,6 
159,9 
— 
5 416,4 
(21,9%) 1 166,8 
73,1 
3,2 
118,2 
171,6 
15,8 
— 
1 548,7 
(6,3 %) 3 410,9 
175,3 
6,0 
381,1 
383,5 
123,5 
— 
4 480,3 
(18,1 %) 4,8 
1,8 
— 0,7 
0,6 
0,6 
— 
8,5 
(0,0 %) 2 047,4 
18,1 
2,3 
16,4 
46,0 
101,7 
— 
2 231,9 
(9,0 %) 1 894,7 
109,4 
12,5 
483,9 
284,0 
250,1 
72,8 
3 107,4 
(12,6 %) 4,2 
35,7 
— 
39,9 
(0,2 %) 19 725,9 
690,1 
81,8 
1 624,2 
1 413,0 
1 050,9 
117,5 
24 703,4 
(100 %) 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 179 
§19. Recursos propios efectivos, por Estado miembro (1981-1985) 
(Millones de ECUS) 
Ejercicio/tipo de recurso 
1 Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (2) 
Total Bélgica 
178,4 
27,8 
408,4 
375,9 
990,5 
(5,5 %) marca 
10,1 
19,3 
135,2 
189,8 
354,4 
(2,0 %) R.F. de 
Alemania 
179,9 
126,9 
1 943,8 
2 806,5 
5 057,1 
(28,1 %) Grecia 
17,4 
1,0 
84,6 
151,5 
254,5 
(1,4%) Francia 
103,1 
154,5 
977,3 
2 256,2 
3 491,1 
(19,4 %) Irlanda 
4,3 
4,6 
81,9 
68,1 
158,9 
(0,9 %) Italia 
247,6 
62,5 
633,0 
1 582,9 
2 526,0 
(14,0 %) Luxem-
0,1 
4,5 
22,6 
27,2 
(0,1 %) Países 
175,4 
39,1 
572,8 
499,8 
1 287,1 
(7,1 %) ¡;ss 
348,6 
46,9 
1 550,9 
1 930,8 
3 877,2 
(21,5%) EUR 10 
1 264,9 
482,6 
6 392,4 
9 884,1 
18 024,0 
(100 %) 
1 Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (2) 
Total 238,6 
44,4 
403,7 
461,6 
1 148,3 
(5,4 %) 7,5 
25,3 
142,6 
226,8 
402,2 
(1,9%) 201,9 
190,2 
1 966,5 
3 339,9 
5 698,5 
(26,9 %) 63,5 
13,1 
108,7 
196,3 
381,6 
(1,8 %) 70,9 
211,0 
1 071,2 
2 872,8 
4 225,9 
(20,0 %) 6,0 
7,0 
87,8 
107,7 
208,5 
(1,0 %) 285,1 
83,5 
660,8 
1 457,8 
2 487,2 
(11,8%) 0,1 
4,3 
25,7 
30,1 
(0,1 %) 172,5 
58,9 
585,2 
649,8 
1 466,4 
(6,9 %) 475,9 
72,4 
1 784,5 
2 782,7 
5 115,5 
(24,2 %) 1 522,0 
705,8 
6 815,3 
12 121,1 
21 164,2 
(100 %) 
1 Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (2) 
Total 293,9 
65,8 
423,8 
432,4 
1 215,9 
(5,3 %) 6,9 
38,9 
159,8 
274,3 
479,9 
(2,1 %) 143,0 
270,5 
2 019,8 
4 038,8 
6 472,1 
(28,1 %) 38,0 
16,7 
107,4 
215,6 
377,7 
(1,6 %) 78,9 
293,7 
1 051,8 
3 082,1 
4 506,5 
(19,6 %) 7,0 
11,6 
100,4 
150,6 
269,6 
(1,2 %) 323,2 
95,0 
657,1 
1 923,4 
2 998,7 
(13,0 %) 0,1 
4,6 
39,2 
43,9 
(0,2 %) 135,8 
82,2 
633,2 
713,7 
1 564,9 
(6,8 %) 320,3 
73,6 
1 830,8 
2 859,7 
5 084,4 
(22,1 %) 1 347,1 
948,0 
6 988,7 
13 729,8 
23 013,6 
(100 %) 
1 Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (2) 
Total 211,0 
83,9 
470,0 
473,4 
1 238,3 
(5,0 %) 8,0 
38,0 
197,3 
289,6 
532,9 
(2,1 %) 158,6 
350,2 
2 309,7 
4 233,9 
7 052,4 
(28,4 %) 19,5 
16,6 
99,4 
220,3 
355,8 
(1,4 %) 94,2 
406,3 
1 100,0 
3 201,8 
4 802,3 
(19,3 %) 6,9 
16,8 
126,7 
135,9 
286,3 
(1,2 %) 288,5 
84,1 
750,9 
2 319,9 
3 443,4 
(13,8 %) 0,1 
5,9 
45,3 
51,3 
(0,2 %) 131,8 
76,9 
740,8 
738,3 
1 6R7.8 
(6,8 %) 341,4 
103,6 
2 160,1 
2 824,4 
5 429,5 
(21,8%) 1 260,0 
1 176,4 
7 960,8 
14 482,8 
24 880,0 
(100 %) 
1 Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (2) 
Total 197,2 
78,4 
489,3 
527,7 
1 292,6 
(5,0 %) 9,7 
43,5 
208,2 
359,0 
620,4 
(2,4 %) 142,0 
286,3 
2 414,5 
4 661,5 
7 504,3 
(28,8 %) 18,1 
12,0 
95,9 
262,0 
388,0 
(1,5%) 74,1 
348,0 
1 174,7 
3 722,4 
5 319,2 
(20,4 %) 5,9 
15,0 
137,2 
138,3 
296,4 
(1,1 %) 314,4 
75,8 
820,1 
2 419,2 
3 629,5 
(13,9 %) 0,2 
6,0 
44,5 
50,7 
(0,2 %) 131,7 
104,1 
781,5 
872,1 
1 889,4 
(7,2 %) 228,4 
94,3 
2 182,7 
2 584,9 
5 090,3 
(19,5%) 1 121,7 
1 057,4 
8 310,1 
15 591,6 
26 080,8 
(100 %) 
(1) Incluidos los saldos y ajustes de los ejercicios anteriores. 
(2) Grecia pagó una contribución financiera basada en el PNB. 
180 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Segunda parte: Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) 
(situación a 31.12.1985) 
§ 20. Informaciones de base sobre los FED 
LOS TRES PRIMEROS FED 
20.1 Determinadas informaciones de base y datos financieros detallados sobre los tres primeros FED, establecidos dentro 
del marco de los convenios en vigor entre 1959 y 1976, fueron recogidos más recientemente en el Informe Anual del 
Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1980. Sólo restan unas pequeñas cantidades pendientes de pago, 
correspondientes al 3.er FED. 
En el epígrafe 27 se ofrece una recapitulación de los pagos anuales efectuados por los tres primeros FED. 
LOS FED CUARTO Y QUINTO 
20.2. Disposiciones jurídicas 
a) Base jurídica relativa a los Estados ACP: 
— 4.° FED: Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 28 de febrero de 1975 (Lomé I). 
— 5.° FED: Segundo Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 31 de octubre de 1979 (Lomé II). 
b) Base jurídica relativa a los PTU y DFU: 
— 4.° FED: Decisión del Consejo 76/568/CEE, de 29 de junio de 1976. 
— 5.° FED: Decisión del Consejo 80/1186/CEE, de 16 de diciembre de 1980 (ya no concierne a los DFU). 
c) Institución de los FED: 
— 4.° FED: Acuerdo interno de 11 julio 1975. 
— 5.° FED: Acuerdo interno de 20 noviembre 1979. 
d) Reglamentos Financieros: 
— 4.° FED: Reglamento Financiero 76/647/CEE, de 27 de julio de 1976. 
— 5.° FED: Reglamento Financiero 81/215/CEE, de 17 de marzo de 1981. 
20.3. Dotaciones, financiación, reparto y naturaleza de las ayudas 
Las dotaciones de los FED, después de ser modificadas (1) por el Consejo, se presentan como sigue: 
— 4.° FED: 3 155,9 Millones de ECUS. 
— 5.° FED: 4 802,3 Millones de ECUS. 
Los FED son financiados por los Estados miembros de la CE (con la excepción de Grecia para el 4.° FED), según los 
porcentajes aprobados en los acuerdos internos. 
Los acuerdos internos arriba citados prevén un reparto de las dotaciones del 4.° y 5.° FED, por una parte entre los Estados 
ACP y los PTU y DFU, y por otra parte entre subvenciones, préstamos especiales, capitales riesgo, Stabex (2) y Sysmin (3) 
para el 5.° FED. 
Una parte de la dotación asignada a subvenciones se reserva para ayudas excepcionales y para bonificaciones de 
intereses para préstamos acordados por el Banco Europeo de Inversiones. El resto de la dotación de subvenciones y la 
dotación de préstamos especiales se reparte entre los países beneficiarios, a excepción de los importes destinados a 
proyectos regionales, gastos administrativos y reserva. Los importes asignados de este modo a los países beneficiarios, 
que en el caso de los Estados ACP se denominan programas indicativos, se utilizan para financiar los programas 
aprobados. 
20.4. Unidad monetaria 
Los importes de los FED se expresan en ECUS; para la conversión a ECUS de las unidades monetarias anteriormente en 
vigor se ha acordado que 1 UC = 1 UCE = 1 ECU. 
20.5. Fecha de entrada en vigor 
— 4.o FED: 1 de abril de 1976; 
— 5.° FED: 1 de enero de 1981. 
20.6. Ejecución financiera 
La Comisión establece un calendario de solicitudes de ayuda que, en principio, han de ser pagadas trimestralmente por los 
Estados miembros de las Comunidades Europeas (4.° FED: semestralmente). La utilización de los recursos de los FED se 
presenta en la contabilidad en tres etapas: (I) decisión de financiación, (II) firma de los contratos sobre fondos asignados a 
los ordenadores nacionales, (III) autorización de efectuar el pago a los adjudicatarios. 
20.7. Control externo 
El Tribunal de Cuentas realiza el control externo de los FED (de acuerdo con el Tratado). 
20.8. Autoridad habilitada para dar descargo 
El Parlamento Europeo da descargo a la gestión financiera de los FED, a recomendación del Consejo (según los acuerdos 
internos). 
> 
(1) Las dotaciones iniciales fueron modificadas por decisiones del Consejo, y se ven aumentadas por varios ingresos tales como las reposiciones de las 
transferencias Stabex y los intereses bancarios. 
(2) Sistema encaminado a garantizar la estabilización de los ingresos procedentes de las exportaciones de los Estados ACP a la Comunidad (Lomé I articulo 
16, y Lomé II, articulo 23). 
(3) Sistema encaminado a ayudar a los Estados ACP cuya economía dependa en gran medida de los sectores mineros y especialmente a ayudarles a 
afrontar una baja en su capacidad de exportación de productos mineros hacia la Comunidad (Lomé II, artículo 49). 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 181 
§ 21. Los FED 4.° y 5.°: Dotaciones, financiación, reparto de ayudas, nivel de utilización 
Dotación y financiación Reparto de las ayudas (millones de ECUS) Utilización a 31.12.1985 
(millones de ECUS y %) 
4.° FED: Dotación: 
155,9 millones de ECUS 
Financiación 
por: 
DK: 2,40 % 
IRL: 0,60 % 
L:0,20% Tipo de 
ayuda: 
Ayudas 
y programables: 
r 2 466,0 a. o < 
o 
TUS, 
> 
- CM 
Eo 
«t 
o>3 Programación 
de ayudas: Utilización: 
< 
PTU-DFU: 67,6 Estados ACP: 
2 398,4 
§0. 
9 ' I & 
O (t 
Capitales 
riesgo Ayu0i¡áí 
;^0:pr1|*i: -<- Aún no 
-N utilizado 
Decisiones de 
\ financiación: 
f 2 359,4(95,7%) 
Aún no 
utilizado 
Decisiones de 
\. financiación: 
687,1 (99,6%) 
5.° FED: 
Dotación: 
802,3 millones de ECUS 
Financiación por: Programación 
de ayudas: Utilización: 
Tipo de ayuda: 
Ayudas 
progra­
mables: 
3 198,0 - cg 
E o 
PTU: 50,6 Estados AGP: 
3 147,4 
0e los que: Proyec* 
tos regionales: 
631,5 Aún no 
utilizado 
Aún no 
utilizado "N 
Decisiones 
de 
Vjinan-
' ciación: 
2 449,6 
(76,6 %) 
182 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
§ 22. El 4.° FED: Ayudas por tipo y por país beneficiario 
(ejecución financiera: situación a 31.12.1985) 
(Millones de ECUS) 
País beneficiario 
(D 
I. Países ACP, 
de los que: 
Etiopia 
Tanzania 
Sudán 
Uganda 
Malí 
Kenya 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Chad 
Ghana 
Zambia 
Costa de Marfil 
Repúbl. Centroafricana 
Togo 
Mauritania 
Sierra Leona 
Congo 
Liberia 
Lesotho 
Guinea-Bissau 
Jamaica 
Botswana 
Surinam 
Mauricio 
Guayana 
Swazilandia 
Gambia 
Papua-Nueva Guinea 
Fiji 
Gabón 
Islas Salomón 
Nigeria 
Otros paises ACP: 
Bahamas 
Barbados 
Cabo Verde 
Comoras 
Djibouti 
Dominica 
Granada 
Guinea Ecuatorial 
Kiribati 
Santo Tomé y Principe 
Santa Lucia 
San Vicente 
Samoa Occidental 
Seychelles 
Trinidad y Tobago 
Tuvalu 
Vanuatu 
(Total otros países) 
II. Proyectos regionales 
Gastos administrativos 
Reserva 
Total ACP (I + II) 
III. PTU-DFU 
Total 4° FED A. Ayudas no programadas 
Decisiones de financiación 
58 "» 
o a o 
o w Bonifica 
de inten 
(subven 
(2) 
57,6 
0,1 
8,5 
0,9 
1,6 
2,3 
0,4 
1,8 
4,2 
1,9 
1,5 
7,1 
0,4 
3,6 
1,2 
1,3 
2,0 
2,0 
1,1 
4,0 
9,0 
— 1,2 
— 
1,5 
(2,7) 
2,6 
-
60,2 
1,5 
61,7 <0 
o.01 
(0 <D 
(3) 
90,9 
7,7 
5,6 
6,5 
0,3 
6,4 
1,2 
2,3 
0,9 
7,6 
1,6 
0,3 
0,2 
7,4 
3,0 
0,5 
5,0 
7,5 
0,2 
3,3 
0,4 
0,9 
3,0 
3,1 
0,4 
0,1 
1,7 
0,0 
3,2 
1,1 
2,4 
1,6 
0,1 
— 
3,6 
0,0 
1,0 
0,2 
— 
0,6 
(5,4) 
6,1 
-
97,0 
1,1 
98,1 <D ÉT 
n Ayudas 
excepcU 
(subvem 
(4) 
125,8 
4,7 
0,3 
19,0 
4,9 
3,3 
1,0 
1,3 
1,5 
7,7 
2,6 
3,0 
13,3 
4,6 
5,9 
2,1 
2,3 
0,3 
2,7 
16,4 
0,0 
0,1 
1,0 
1,4 
0,2 
1,1 
0,5 
1,2 
2,7 
4,5 
0,0 
0,7 
3,6 
— 
— 0,1 
1,4 
3,0 
1,3 
3,9 
0,4 
0,3 
0,3 
1,0 
— 
0,2 
— 
(11,9) 
11,2 
-
137,0 
0,5 
137,5 a 
35 
(5) 
377,5 
14,4 
20,7 
41,8 
20,6 
9,8 
5,7 
22,7 
7,3 
1,9 
65,1 
0,6 
1,5 
4,1 
7,3 
5,2 
20,4 
15,0 
7,8 
3,6 
37,0 
4,0 
7,4 
7,6 
11,3 
13,2 
7,5 
2,1 
6,7 
— 
— 
1,2 
2,8 
1,2 
— 
(5,2) 
-
377,5 
12,3 
389,8 + Total 
(2) + (3 
(4) + (5 
(6) 
651,8 
19,1 
28,8 
24,6 
53,2 
24,2 
17,2 
11,0 
9,5 
32,2 
16,5 
6,5 
3,7 
15,4 
78,9 
9,5 
4,1 
15,6 
15,1 
10,0 
21,2 
20,8 
23,1 
8,8 
7,0 
42,0 
4,0 
10,7 
9,2 
1,2 
11,8 
1,2 
5,7 
6,5 
3,2 
16,3 
10,6 
2,7 
9,8 
6,7 
9,0 
— 1,3 
6,2 
3,0 
2,3 
3,9 
0,4 
0,3 
0,3 
1,2 
2,8 
0,6 
1,4 
1,5 
— 
(25,2) 
19,9 
-
671,7 
15,4 
687,1 O 
11 
O. O 
(7) 
646,7 
19,1 
28,9 
24,5 
53,1 
24,2 
17,1 
10,7 
9,5 
32,2 
16,5 
6,0 
3,5 
15,5 
78,9 
9,5 
4,1 
15,3 
14,6 
10,0 
21,2 
20,7 
22,7 
8,8 
7,0 
41,6 
4,0 
10,7 
9,1 
1,2 
11,8 
1,1 
5,2 
6,5 
3,2 
15,8 
10,6 
2,7 
9,4 
6,7 
9,0 
— 0,8 
6,1 
3,0 
2,3 
3,9 
0,4 
0,3 
0,3 
1,2 
2,8 
0,6 
1,4 
1,4 
— 
(24,5) 
19,7 
-
666,4 
15,3 
681,7 V 
o 
3 o o 
(8) 
1 934,0 
118,2 
103,4 
96,5 
90,6 
73,6 
73,5 
72,0 
69,2 
68,5 
68,0 
67,9 
64,0 
63,6 
59,0 
58,7 
58,1 
55,3 
51,9 
48,0 
45,1 
44,3 
40,0 
37,3 
35,7 
33,6 
31,1 
30,0 
25,0 
22,0 
20,0 
20,0 
19,0 
18,0 
15,3 
12,8 
12,0 
11,3 
10,0 
9,9 
9,5 
9,0 
9,0 
1,8 
2,6 
4,0 
6,3 
2,7 
0,5 
2,0 
7,0 
3,4 
1,8 
0,9 
4,6 
2,4 
3,2 
10,3 
0,6 
— 
(54,1) 
303,9 
108,3 
52,2 
2 398,4 
67,6 
2 466,0 B. Ayudas programables 
(programas indicativos ACP 
y otras ayudas) 
Decisiones de financiación 
(0 
g 
(9) 
1 533,2 
118,1 
69,9 
88,0 
74,7 
63,9 
71,9 
34,2 
62,6 
68,4 
59,7 
56,0 
38,1 
57,1 
39,3 
56,0 
52,2 
32,7 
43,8 
28,4 
27,1 
37,1 
16,9 
37,2 
33,2 
33,3 
27,3 
23,1 
20,2 
18,8 
19,5 
10,0 
18,0 
2,9 
4,6 
5,9 
8,4 
11,2 
6,3 
3,2 
2,0 
0,8 
8,7 
0,7 
0,9 
4,0 
6,3 
2,5 
0,5 
2,0 
7,0 
3,2 
1,8 
0,9 
3,6 
2,4 
3,1 
3,0 
0,6 
— 
(42,5) 
222,5 
108,3 
1 864,0 
36,6 
1 900,6 O <D 
£.2 
0. O 
(10) « + 
(n) 
362,9 1 896,1 
— 118,1 
32,8 102,7 
8,0 96,0 
15,0 89,7 
9,7 73,6 
1,4 73,3 
37,8 72,0 
6,0 68,6 
— 68,4 
7,0 66,7 
11,6 67,6 
25,4 63,5 
— 57,1 
19,3 58,6 
2,6 58,6 
5,0 57,2 
20,8 53,5 
7,6 51,4 
19,6 48,0 
17,6 44,7 
0,3 37,4 
22,8 39,7 
— 37,2 
2,3 35,5 
— 33,3 
3,8 31,1 
6,7 29,8 
4,8 25,0 
3,0 21,8 
— 19,5 
8,6 18,6 
0,6 18,6 
11,5 14,4 
10,6 15,2 
6,8 12,7 
3,5 11,9 
— 11,2 
3,5 9,8 
6,7 9,9 
7,4 9,4 
6,8 7,6 
— 8,7 
1,1 1,8 
1,6 2,5 
— 4,0 
— 6,3 
— 2,5 
— 0,5 
— 2,0 
— 7,0 
— 3,2 
— 1,8 
— 0,9 
0,9 4,5 
— 2,4 
0,1 3,2 
2,3 5,3 
— 0,6 
— — 
(6,0) (48,5) 
72,1 294,6 
— 108,3 
435,0 2 299,0 
23,8 60,4 
458,8 2 359,4 o •o id 
ll O. Q) 
(12) 
1 695,7 
110,9 
91,6 
83,6 
79,5 
53,6 
67,0 
69,9 
63,3 
63,3 
56,1 
63,6 
62,4 
49,5 
54,4 
57,0 
51,4 
44,6 
47,4 
47,3 
40,2 
32,7 
29,7 
34,4 
32,3 
31,7 
26,8 
29,3 
18,4 
18,8 
18,2 
13,2 
16,8 
9,2 
10,5 
12,6 
11,4 
10,6 
8,4 
9,6 
8,9 
7,5 
6,4 
1,6 
1,9 
3,7 
5,4 
2,1 
0,5 
2,0 
6,5 
2,0 
1,8 
0,8 
4,5 
2,4 
3,1 
2,8 
0,6 
— 
(41,7) 
248,1 
105,5 
2 049,3 
50,9 
2 100,2 Total (A + B) 
5 
Jo 
Js 
« c 
a> <D 
(13) = 
(6)+ (11) 
2 547,9 
137,2 
131,5 
120,6 
142,9 
97,8 
90,5 
83,0 
78,1 
100,6 
83,2 
74,1 
67,2 
72,5 
137,5 
68,1 
61,3 
69,1 
66,5 
58,0 
65,9 
58,2 
62,8 
46,0 
42,5 
75,3 
35,1 
40,5 
34,2 
23,0 
31,3 
19,8 
24,3 
14,4 
21,7 
15,9 
28,2 
21,8 
12,5 
19,7 
16,1 
7,6 
17,7 
1,8 
3,8 
10,2 
9,3 
4,8 
4,4 
2,4 
7,3 
3,2 
2,1 
2,1 
7,3 
3,0 
4,6 
6,8 
0,6 
(73,7) 
314,5 
108,3 
2 970,7 
75,8 
3 046,5 O 
•o 
11 
O. <D 
(14) = 
(7)+ (12) 
2 342,4 
130,0 
120,5 
108,1 
132,6 
77,8 
84,1 
80,6 
72,8 
95,5 
72,6 
69,6 
65,9 
65,0 
133,3 
66,5 
55,5 
59,9 
62,0 
57,3 
61,4 
53,4 
52,4 
43,2 
39,3 
73,3 
30,8 
40,0 
27,5 
20,0 
30,0 
14,3 
22,0 
9,2 
17,0 
15,8 
27,2 
21,2 
11,1 
19,0 
15,6 
7,5 
15,4 
1,6 
2,7 
9,8 
8,4 
4,4 
4,4 
2,4 
6,8 
2,0 
2,1 
2,0 
7,3 
3,0 
4,5 
4,2 
0,6 
(66,2) 
267,8 
105,5 
2 715,7 
66,2 
2 781,9 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 183 
§ 23. El 4.° FED: Ejecución financiera de las ayudas por país beneficiario (31.12.1985) 
(para datos detallados, véase § 22) 
B. Ayudas programables 
A. Ayudas no programadas (programas indicativos ACP y otras ayudas) 
Millones de ECUS 50 10 País beneficiario 10 50 100 
Etiopia 
Tanzania 
Zaire 
Sudán 
Uganda 
Kenya 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Costa de Marfil 
Guinea-Bissau 
Islas Salomón 
Otros países ACP 
Proyectos regionales 
Gastos administrativos 
Reserva 
PTU-DFU 
184 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
§ 24. El 5.° FED: Ayudas por tipo y por país beneficiario 
(ejecución financiera: situación a 31.12.1985) 
País beneficiario 
(D 
I. Países ACP, 
de los que: 
Etiopía 
Tanzania 
Sudán 
Uganda 
Malí 
Kenya 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Chad 
Ghana 
Zambia 
Costa de Marfil 
Repúbl. Centroafricana 
Togo 
Mauritania 
Sierra Leona 
Congo 
Liberia 
Lesotho 
Guinea-Bissau 
Jamaica 
Botswana 
Surinam 
Mauricio 
Guayana 
Swazilandia 
Gambia 
Papua-Nueva Guinea 
Fiji 
Gabón 
Islas Salomón 
Nigeria 
Zimbabwe 
Otros países ACP: 
Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Cabo Verde 
Comoras 
Djibouti 
Dominica 
Granada 
Guinea Ecuatorial 
Kiribati 
Santo Tomé y Príncipe 
San Cristóbal y Nieves 
Santa Lucía 
San Vicente 
Samoa Occidental 
Seychelles 
Trinidad y Tobago 
Tu val u 
Vanuatu 
(Total otros países) 
. Proyectos regionales 
Gastos administrativos (Millones de ECUS) 
A. Ayudas no programadas 
Decisiones 
de financiación 
Total ACP (I + II) 
PTU o ® o 
« ¡1 c 
s?> c-.o ° ® m 00 -3-2. (0 O) O C 
(2) (3) ¿."O O) 
a, 3 a> 
x a o .2 ® M- c o 
M"i ?> 
>>2 © 2 < o-o .22. 
(4) (5) (6) co 
+ + 
* + + 
pjcrs^ 
(7) 
8,6 
3,6 
1,2 
1,1 
20,9 
8,5 
10,6 
1,5 
5,3 
0,5 
0,7 
6,3 
0,7 
2,1 
1,4 
6,8 
9,4 
5,1 
6,7 
5,2 
(7,4) 
1,3 244,3 
12,5 
11,0 
18,2 
10,2 
10,0 
3,4 
1,5 
21,2 
7,0 
13,5 
2,7 
9,6 
4,2 
0,7 
6,5 
2,0 
13,6 
1,5 
4,5 
5,1 
7,0 
0,5 
0,7 
6,0 
3,8 
5,0 
4,3 
0,5 
4,0 
0,0 
13,8 
7,8 
2,5 
5,4 
1,9 — 
0,3 0,6 
— 1,7 
— 0,2 
— 2,3 
— 1,0 
— 2,4 
— 2,0 
— 0,2 
— 0,0 
— 1,0 
— 3,3 
— 4,0 
— 2,3 
0,1 
3,0 
(24,1) 
25,9 172,3 
48,2 
0,5 
2,8 
17,5 
4,5 
14,1 
2,4 
1,8 
13,6 
0,5 
0,4 
1,1 
16,2 
2,1 
2,0 
0,2 
1,6 
11,7 
4,4 
1,6 
1,5 
0,8 
0,5 
0,6 
4,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
7,5 
0,2 
1,2 
0,4 
0,3 
0,5 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
1,4 
0,2 
(5,0) 505,8 
10,8 
19,2 
32,2 
9,9 
31,1 
6,1 
1,0 
4,7 
2,8 
64,9 
7,7 
11,6 
17,3 
6,1 
63,9 
4,1 
54,5 
4,2 
28,8 
13,6 
1,3 
3,4 
3,2 
8,2 
14,3 
41,8 
2,1 
3,8 128,8 1 165,2 
0,5 
6,6 
3,0 
4,0 
1,6 
7,0 
1,3 
5,1 
4,0 
0,1 
(33,2) 40,0 
83,0 71,5 
30,7 
61,0 
59,9 
14,5 
27,4 
43,6 
29,1 
17,2 
8,5 
19,8 
4,9 
28,6 
76,8 
13,2 
18,3 
39,8 
19,8 
81,9 
94,6 
10,1 
65,9 
9,8 
30,9 
11,4 
13,6 
5,8 
1,2 
7,4 
7,2 
8,9 
6,5 
4,3 
1,3 
7,0 
10,4 
14,3 
57,0 
21,0 
11,9 
3,8 
5,1 
19,6 
1,9 
0,9 
3,4 
7,2 
2,6 
4,5 
6,4 
2,0 
1,8 
7,1 
2,5 
0,2 
8,5 
4,2 
7,7 
5,2 
0,2 
3,2 (8) 
(—) (69,7) 
— 27,2 
115,3 270,2 172,3 505,8 128,8 1 192,4 
2,9 6,7 0,9 9,8 — 20,3 
Total 5.o FED 118,2 276,9 173,2 515,6 128,8 1 212,7 907,4 
37,0 
28,3 
46,1 
38,4 
13,2 
23,0 
41,4 
17,4 
14,7 
1,5 
9,6 
2,5 
27,6 
74,1 
9,6 
16,4 
31,2 
15,6 
66,4 
62,8 
5,5 
58,8 
9,2 
30,9 
4,0 
13,5 
5,0 
1,2 
3,8 
4,9 
5,9 
5,0 
0,1 
0,9 
0,2 
10,4 
14,3 
53,9 
11,3 
9,5 
3,8 
5,1 
13,5 
0,1 
0,9 
0,9 
3,4 
7,2 
2,5 
4,4 
6,1 
1,8 
7,1 
2,1 
0,2 
8,5 
1,2 
7,3 
5,2 
0,2 
0,8 
(59,9) 
5,9 B. Ayudas programables (programas 
indicativos ACP y otras ayudas) 
(9) Decisiones 
de financiación 
2 515,9 
141,0 
120,7 
104,0 
103,0 
87,0 
96,0 
88,0 
78,0 
80,5 
84,5 
80,0 
80,0 
79,3 
69,0 
79,0 
77,0 
69,0 
62,0 
60,0 
58,0 
55,0 
54,0 
49,0 
43,0 
43,0 
48,5 
31,5 
31,0 
29,0 
25,0 
26,4 
23,0 
18,0 
20,5 
14,6 
18,5 
14,0 
23,0 
13,0 
16,0 
12,0 
50,0 
49,0 
2,7 
2,1 
3,7 
5,5 
16,0 
14,5 
5,4 
3,5 
3,5 
8,5 
4,0 
4,0 
2,2 
3,7 
3,7 
6,2 
3,6 
4,1 
10,5 
1,0 
4,5 
(112,9) 
631,5 (10) 
913,3 3 147,4 
16,8 50,6 
930,1 I 3 198,0 107,8 
93,2 
71,4 
85,8 
60,1 
61,2 
51,4 
60,1 
67,4 
67,6 
57,0 
54,5 
49,9 
36,0 
52,8 
50,7 
26,6 
52,7 
35,2 
33,0 
36,3 
17,8 
41,8 
29,4 
27,8 
24,2 
18,4 
15,5 
19,5 
18,5 
16,5 
17,2 
2,9 
12,7 
13,0 
11,9 
12,0 
6,2 
9,9 
8,0 
6,0 
30,8 
26,9 
0,0 
2,0 
3,7 
0,1 
13,6 
9,8 
4,6 
3,5 
3,3 
4,8 
4,0 
4,1 
1,7 
3,7 
3,4 
6,2 
3,6 
3,1 
6,9 
1,1 
4,5 
(87,7) 
352,3 
3,0 E« 
(11) 
31,0 
11,6 
16,6 
16,4 
11,0 
9,8 
8,0 
7,0 
11,8 
7,0 
17,3 
11,9 
11,7 
17,9 
7,0 
2,0 
6,4 
18,3 
4,7 
6,9 
8,7 
2,4 
12,0 
4,7 
8,8 
9,1 
2,3 
2,7 
7,7 
4,7 
4,4 
5,1 
8,1 
0,8 
0,5 
(1.3) 
68,8 _ + 
(12) 
1 685,3 316,3 2 001,6 
138,8 
104,8 
88,0 
85,8 
60,1 
77,6 
62,4 
69,9 
75,4 
74,6 
68,8 
61,5 
49,9 
53,3 
64,7 
62,4 
44,5 
52,7 
42,2 
35,0 
42,7 
36,1 
46,5 
36,3 
36,5 
26,6 
30,4 
20,2 
28,3 
18,5 
25,6 
19,5 
5,6 
20,4 
13,0 
16,6 
12,0 
10,6 
9,9 
13,1 
6,0 
30,8 
35,0 
0,8 
2,0 
3,7 
0,1 
13,6 
9,8 
4,6 
3,5 
3,3 
4,8 
4,0 
4,1 
2,2 
3,7 
3,4 
6,2 
3,6 
3,1 
6,9 
1,1 
4,5 
(89,0) 
421,1 
3,0 
2 040,6 385,1 2 425,7 
20,1 3,8 23,9 (13) 
895,2 
81,8 
45,5 
40,0 
62,1 
28,6 
31,1 
26,7 
28,2 
29,5 
37,3 
19,3 
25,0 
24,2 
24,1 
35,5 
17,9 
17,5 
21,3 
14,0 
9,8 
11,7 
24,2 
27,7 
23,7 
20,7 
8,2 
28,3 
4,4 
12,6 
8,5 
6,0 
5,1 
2,2 
7,5 
6,4 
4,0 
4,1 
3,0 
6,6 
8,9 
2,0 
2,2 
11,1 
0,0 
0,3 
1,3 
0,1 
2,5 
3,8 
2,1 
2,7 
1,8 
1,0 
0,6 
2,6 
1,9 
2,8 
5,9 
2,2 
0,7 
1,8 
0,4 
2,2 
(36,7) 
204,2 
2,5 Total (A + B) 
o.2 
5 8 
(14) = 
(7)+ (12) 
1 101,9 
9,0 
2 060,7 388,9 2 449,6 1 110,9 3 166,8 
210,3 
135,5 
149,0 
145,7 
74,6 
105,0 
106,0 
99,0 
92,6 
83,1 
88,6 
66,4 
78,5 
130,1 
77,9 
80,7 
84,3 
72,5 
124,1 
129,6 
52,8 
102,0 
56,3 
67,2 
47,9 
40,2 
36,2 
21,4 
35,7 
25,7 
34,5 
26,0 
9,9 
21,7 
20,0 
27,0 
26,3 
67,6 
30,9 
25,0 
9,8 
35,9 
54,6 
1,0 
2,0 
5,6 
1,0 
17,0 
17,0 
7,2 
8,0 
9,7 
6,8 
5,8 
11,2 
2,2 
6,2 
3,6 
14,7 
7,8 
10,8 
12,1 
1,3 
7,7 
(158,7) 
448,3 
3,0 
3 618,1 2 015,2 
44,2 25,8 
3 662,3 2 041,0 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 185 
§ 25. El 5.° FED: Ejecución financiera de las ayudas por país beneficiario (31.12.1985) 
(para datos detallados, véase § 24) 
B. Ayudas programables 
A. Ayudas no programadas (programas indicativos ACP y otras ayudas) 
Millones de ECUS50 10 País beneficiario 10 50 100 
Etiopía 
Tanzania 
Zaire 
Sudán 
Uganda 
Kenya 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Costa de Marfil 
Islas Salomón 
Zimbabwe 
Otros países ACP 
Proyectos regionales 
Gastos administrativos 138,8 141,0 
S33Í 
204,2 421,1 631,5 
PTU 
186 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
§ 26. Los FED 4.° y 5.°: Utilización de las ayudas por sector económico (situación a 31.12.1985) 
Dotación y utilización Decisiones de financiación y pagos por sector económico 
4.o FED: 
Dotación: 
3 155,9 millones de ECUS (100 %) 
.2w Oí 
há 
w O. v 
Decisiones de financiación 
(millones de ECUS) Total: 
3 046,5 Por sector económico: 
718,9 742,5 238,6 171,6 18,8 250,4 69,0 112,9 31,9 137,5 389,8 56,3 108,3 
Pagos (millones de ECUS) 2 781,9 627,1 668,5 223,2 163,8 17,5 217,0 56,4 I 97,9 I 26,3 137,2 389,8 I 51,6 I 105,6 
5.° FED 
Dotación: 
4 802,3 millones de ECUS (100 %) & 
»S? 
.2co .¡2eg 
iQco «O 
Decisiones de financiación 
(Millones de ECUS) 
Pagos (Millones de ECUS) 2 041,0 Total: 
3 662,3 Por sector económico: 
936,9 642,2 314,3 250,1 
396,9 339,9 165,9 127,6 128,6 86,0 206,0 252,3 67,8 
26,1 228,9 50,6 174,0 
109,0 19,2 I 129,9 476,5 59,7 3,0 
476,5 32,9 2,5 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 187 
§ 27. Los cinco FED: Evolución de los pagos anuales (1960-1985) 
400 -
300 -
200 -
100 -
(millones de ECUS) 
1960 62 73 74 75 76 82 83 84 
1.erFED 
2.er FED 
3.er FED 
4.° FED 
5.° FED 
3,4 15,8 53,3 
53,3 65,3 83,4 84,8 
21,9 
106,7 76,7 
31,6 
108,3 61,7 
42,9 
104,6 38,6 
67,9 
106,5 25,6 
89,4 
115,0 16,1 
129,5 
145,6 11,4 
120,5 
22,5 10,1 
78,6 
42,8 
131,5 9,9 
49,4 
98,5 
157,8 5,5 
25,9 
140,6 
172,0 2,4 
23,3 
182,7 
208,4 2,9 
17,2 
131,0 
97,5 
248,6 0,6 
16,3 
79,8 
148,0 
244,7 0,8 
7,9 
66,0 
326,3 
401,0 0,4 
4,1 
37,4 
423,4 
465,3 0,3 
2,5 
19,8 
459,3 
481,9 0,4 
0,9 
20,7 
445,8 
195,9 
663,7 0,4 
11,2 
305,5 
330,1 
647,2 0,1 
14,3 
285,2 
419,2 
718,8 0,1 
8,2 
185,2 
509,5 
703,0 6,0 
105,7 
586,3 
698,0 569,4 
730,4 
881,5 
2 781,9 
2 041,0 
7 004,2 

15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 189 
Respuestas de las instituciones a las observaciones 
del Tribunal de Cuentas relativas al ejercicio de 1985 
PRIMERA PARTE 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL 
CAPÍTULO 1 
Observaciones generales 
INTRODUCCIÓN I. GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
El Tribunal de Cuentas, en su informe anual del ejercicio 
1985, recoge en el Capítulo 1 una serie de observaciones 
generales surgidas del análisis que ha hecho de la 
ejecución presupuestaria en los diferentes ámbitos de las 
actividades comunitarias. 
Ante todo, la Comisión quiere resaltar la importancia que 
ha concedido, en particular desde el inicio de su mandato 
el mes de enero de 1985, a la adecuada gestión financiera 
de los medios comunitarios que se ha hecho imperativa 
dadas las dificultades presupuestarias que caracterizan el 
momento presente. 
Como el año pasado, la Comisión considera pertinente 
incluir en la respuesta al Capítulo 1 del informe del 
Tribunal de Cuentas sus observaciones generales a 
propósito de la ejecución del presupuesto, explicando su 
postura y sus perspectivas de actuación. 
Dado que las observaciones específicas del Tribunal de 
Cuentas se encuentran en los capítulos sectoriales del 
informe, en lo que a ellas respecta nos remitimos a las 
respuestas específicas avanzadas por la Comisión en 
dichos capítulos. 1. Seguimiento de la ejecución presupuestaria 
A principios de 1984, la Comisión, habida cuenta del 
agotamiento de los recursos propios disponibles y a fin de 
proceder a la ejecución del presupuesto en las mejores 
condiciones posibles, implantó un nuevo dispositivo de 
control y de seguimiento de los gastos. 
La Comisión confirma la especial importancia que 
concede a la gestión de los medios financieros de la 
Comunidad, tal y como lo subrayó el 14 de enero de 1985 
con motivo de la presentación al Parlamento Europeo de 
su programa de trabajo. La Comisión ha decidido 
mejorar el control de los ingresos y de los gastos de la 
Comunidad, manifestando así su firme voluntad política 
de conferir un papel preponderante a esta actividad. 
190 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
2. Seguimiento de las observaciones de las 
autoridades de control 
El seguimiento de las observaciones de las autoridades de 
control formuladas, tanto por el Parlamento Europeo en 
la resolución que acompañaba la decisión de descargo, 
como por el Tribunal de Cuentas en su informe anual y en 
sus informes especiales, constituye una preocupación 
constante para la Comisión. 
La Comisión considera que es absolutamente preciso 
respetar los compromisos adquiridos frente a estas 
Instituciones. Por lo tanto, a fin de poder disponer de una 
visión de conjunto de las actuaciones llevadas a cabo y, si 
fuera preciso, aportar las rectificaciones necesarias, la 
Comisión ha preparado un procedimiento interno que le 
permite estar informada cada año acerca de los compro­
misos que ha adquirido frente a las autoridades de 
control, sobre las medidas que hayan entrado en vigor o 
cuyo proceso esté en marcha, así como su calendario de 
realización. El seguimiento de los compromisos de la 
Comisión se aplicó, por primera vez, en la primavera de 
1986. 
De una manera más general, la Comisión reitera su buena 
disposición para facilitar al Parlamento y al Tribunal de 
Cuentas el ejercicio de sus poderes de control. 
3. Perspectivas financieras cuadrienales 
Por lo que respecta a la gestión financiera, la Comisión 
insiste en la importancia que reviste una planificación 
financiera a medio plazo con objeto de reforzar la 
transparencia presupuestaria y la concordancia entre las 
decisiones políticas y las consecuencias financieras que de 
ellas se derivan. 
Bajo esta óptica, la Comisión presentó, el 2 de abril de 
1986, una comunicación al Parlamento y al Consejo sobre 
las perspectivas financieras de la Comunidad para el 
período 1987 a 1990. 
Tales perspectivas son un instrumento esencial, especial­
mente en el contexto actual de rigor presupuestario, para 
poder disponer de una planificación financiera a medio 
plazo y poder dar un nuevo empuje a la realización de los 
objetivos comunitarios prioritarios. 
El ejercicio presupuestario anual se insertará, a partir de 
ahora, dentro de las perspectivas financieras cuadrienales 
cuyas implicaciones políticas deberán sopesar cuidadosa­
mente las dos ramas de la autoridad presupuestaria. Estas 
perspectivas serán objeto de una revisión periódica, lo 
cual es una característica de la planificación financiera y, 
en suma, de toda mejora. 4. Gestión de las políticas comunitarias 
La mejora de la gestión de las políticas comunitarias es 
una preocupación permanente de la Comisión, que ha 
analizado de manera constructiva las observaciones del 
Tribunal de Cuentas. 
En lo que se refiere a los fondos estructurales, la Comisión 
se apoyará en el mandato dictado por el artículo 130 D del 
nuevo Título V del Tratado CEE, relativo a la cohesión 
económica y social, para proceder a las adaptaciones de la 
estructura y del funcionamiento de los Fondos estructu­
rales que sean necesarios para incrementar la eficacia de 
estos últimos. La Comisión opina que debe cumplir este 
mandato en estrecha colaboración con las demás 
Instituciones competentes. Las primeras reuniones 
colegiadas tendrán lugar en el otoño de 1986. 
Por otra parte, la Comisión ha creado, en sus propias 
instancias, un cargo específico que ha confiado a uno de 
sus miembros, y en su propia organización ha creado una 
nueva dirección general a fin de garantizar la coordina­
ción de los instrumentos estructurales. 
En cuanto a la liquidación de cuentas del FEOGA-
Garantía, la Comisión recuerda que se fijó como objetivo 
decidir sobre la liquidación de cuentas de 1985 el 30 de 
junio de 1987, siempre que las declaraciones de los 
Estados miembros hayan sido remitidas a la Comisión, al 
menos, un año antes de esa fecha. Concretamente, el 6 de 
diciembre de 1985, el Presidente de la Comisión dirigió 
una carta a los Estados miembros para resaltarles la 
importancia del procedimiento de liquidación y la 
necesidad de recuperar el retraso. Además, la Comisión 
adoptó las disposiciones reglamentarias pertinentes a fin 
de acelerar las tareas de liquidación. La Comisión liquidó, 
en 1986, las cuentas del ejercicio de 1982 y se propone 
liquidar antes de finales de 1986 las del ejercicio de 1983. 
En lo concerniente al problema de las existencias de 
productos agrícolas, la Comisión anunció en 1986 un 
«Programa de liquidación suplementaria de antiguas 
existencias» en.una propuesta sobre la fijación de los 
precios agrarios (doc. COM(86)20 final, apartado 14). Se 
han tomado decisiones relativas a los créditos correspon­
dientes a este programa con cargo a los presupuestos del 
ejercicio de 1986 y del ejercicio de 1987. Paralelamente, la 
Comisión continúa sus esfuerzos a fin de efectuar ventas 
extraordinarias que permitan disminuir el nivel de las 
existencias. Sin embargo, es absolutamente evidente que 
este problema sólo podrá resolverse con recursos 
apropiados y con la colaboración de todas las Institucio­
nes interesadas, especialmente, del Consejo. 
Por lo que respecta al FEOGA-Orientación, la Comisión, 
tal y como se comprometió a hacerlo en su última 
propuesta sobre la política de las estructuras agrarias 
(doc. COM(86)199 final, de 21 de abril de 1986), reitera su 
voluntad de garantizar una mayor coherencia entre las 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 191 
intervenciones de las dos secciones del FEOGA. Sin 
embargo, la Comisión debe resaltar que, en ciertas 
regiones que atraviesan dificultades, no es factible 
subordinar la política de estructuras a las consideraciones 
relacionadas, exclusivamente, con los mercados agríco­
las. 
En cuanto a la ayuda alimentaria, la Comisión ha 
constituido un grupo de trabajo con vistas a adaptar la 
reglamentación actual y buscar las posibilidades de 
mejora de los procedimientos de decisión y de gestión. Las 
tareas de este grupo han desembocado en una propuesta 
de la Comisión para derogar el Reglamento (CEE) 
n° 3331/82 del Consejo, que fue remitida al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el mes de julio de 1986 (!). La 
Comisión tiene también previstas más medidas tendentes 
a aumentar la eficacia de la política de ayuda alimentaria, 
especialmente, en lo que a la entrega de la ayuda se refiere. 
En cuanto a la investigación y las nuevas tecnologías, la 
Comisión remitió al Consejo y al Parlamento Europeo, el 
1 de agosto de 1986, una propuesta de Reglamento 
relativo al programa-marco de las acciones comunitarias 
de investigación y de desarrollo tecnológico (1987-1991). 
Esta propuesta se elaboró a la luz de los debates del 
Consejo «Investigación» sobre las grandes orientaciones 
del nuevo programa-marco, que la Comisión le había 
remitido el mes de marzo de 1986. 
II. PROBLEMA DEL DESEQUILIBRIO 
ENTRE INGRESOS Y GASTOS 
El Tribunal de Cuentas hacía constar en su informe 
relativo a la ejecución del presupuesto de 1984 la 
existencia de una incoherencia entre los mecanismos que 
generan ingresos y aquellos que generan gastos: la 
Comisión respondió de una manera exhaustiva a esta 
observación (2), que es a todas luces pertinente pero cuyas 
causas deben buscarse en el reparto de competencias 
establecido por el propio Tratado. 
Por otro lado, la Comisión comparte, evidentemente, la 
preocupación del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad 
perentoria de equilibrio entre los ingresos y los gastos: la 
Comisión recuerda, una vez más, que hizo en el momento 
adecuado las propuestas pertinentes. Desgraciadamente, 
la situación en la que, aún en 1985, se ha encontrado la 
Comisión ha sido consecuencia, principalmente, del 
retraso en la aprobación de la nueva decisión sobre 
recursos propios (que entró en vigor el 1 de enero de 
1986). 
(!) Las notas aparecen al final del capítulo. La Comisión lamenta también, al igual que el Tribunal de 
Cuentas, que los Estados miembros hayan recurrido a 
una fórmula no comunitaria — partiendo de un acuerdo 
intergubernamental — para aportar un complemento de 
financiación al presupuesto de 1985 (como ya se había 
hecho en 1984). Efectivamente, el recurso a esta fórmula 
representa un atentado al principio de «autonomía 
financiera» de las Comunidades que se quería conseguir 
dotando a las Comunidades de recursos propios. 
En este contexto, las previsiones financieras cuadrienales 
deberían permitir clarificar la problemática del equilibrio 
a medio plazo entre ingresos y gastos. 
De cualquier manera, respondiendo a los compromisos 
adquiridos en el Consejo Europeo de Fontainebleau, en el 
mes de junio de 1984, la Comisión presentará a finales de 
1986 un informe sobre el sistema de financiación 
comunitario y sobre las mejoras y elementos de evolución 
que pueden introducirse en el mismo. 
III. RÉGIMEN DE LAS DOCEAVAS PARTES 
PROVISIONALES 
La Comisión, más allá de las respuestas avanzadas en las 
observaciones específicas (en particular, con relación a las 
observaciones correspondientes al FEOGA-Garantía), se 
suma al llamamiento que el Tribunal de Cuentas hace 
para que se complete la legislación en vigor. 
La Comisión es consciente, desde hace varios años, de que 
las disposiciones del Reglamento Financiero en la materia 
(véase artículo 8 del texto actual) son muy incompletas. 
Por esta razón, en su propuesta inicial de revisión del 
Reglamento Financiero — elaborada en 1980 —, la 
Comisión preparó un texto mucho más completo a fin de 
llenar todas las lagunas observadas en el pasado. 
A raíz de los dictámenes emitidos por el Tribunal de 
Cuentas y por el Parlamento, la Comisión presentó, en 
marzo de 1984 (doc. COM(84)123 final), su propuesta 
definitiva: la Comisión espera que el Consejo — gracias, 
también, a las observaciones del Tribunal de Cuentas — 
pueda llegar, en el plazo más breve posible, a aprobar el 
texto revisado del Reglamento Financiero, con lo que se 
solucionaría la mayor parte de los problemas que 
subyacen a las observaciones del Tribunal de Cuentas. 
En cuanto a la normalidad de la gestión presupuestaria 
bajo el régimen de las doceavas partes provisionales, la 
Comisión considera que según su interpretación del 
1^ lOiarioOtícial de las Comunidades Europeas ró l^Do 
régimen — que se basa en disposiciones muyincompletas 
— ha aplicado reglamentariamente las disposiciones en 
vigor. 
rTEREL^A^^S^ELPASAL^^ 
ElLribunaldeCuentassepreocupa, con toda justicia, de 
las fuentes de gastos que deberán efectuarse en los 
prójimos añosycuyo origen se sitúa en años anteriores, 
En su Anteproyecto de presupuesto para 1^7, la 
Comisión^uzgónecesariodiferenciarloscompromisosde 
la Comunidad en función de cuatro criterios^ 
— aquellos compromisos que, aun siendo políticamente 
vinculantes, más bien se apoyan en declaraciones 
tales comoladelConsejo Europeo encaminadaa 
intensiticar el papel de la Comunidad enla investigad 
eiónyel desarrollo, así comoaapoyar un desarrollo 
real de los Pondos estructurales^ 
— aquellos compromisos políticos que van unidosaun 
instrumento jurídico porelqueseaplica un programa 
comunitario cuya ejecución abarca varios ejercicios 
presupuestarios, por ejemplo, la cobertura quinqués 
nal del EEC^CrA^rientación o los programas de 
investigación plurianuales^ 
— aquellos compromisos fundados directamente en los 
instrumentos comunitarios, jurídicamente vinculan^ 
tes,porejemplo,loscosteslinancierosderivadosdela 
política agrícola común, el reembolso del lúdelos 
recursos propios tradicionalesalos Estados miemD 
bros o la cobertura financiera de los Programas 
Integrados mediterráneos^ 
— aquellos compromisos que creanoblígacionesconD 
tractualesalaComunidad,porejemplo, los sueldos 
delosfuncionarios, losalquíleres, loscréditosde 
compromiso subsistentesdelosEondosestructurales, 
los Protocolos tinancieros con terceros países, etc. 
La Comisión consideraque, en elinformedelTribunal de 
Cuentas, dosdeestoscompromisosmerecenunaatención 
particular^ 
^^ los compromisos contratados pendientes de líquidas 
ción,enparticular,loscorrespondientesalosEondos 
estructurales^ 
— los gastos relacionados con la liquidación de las 
existencias agrícolas. m CEeo^^^^^^^^^^^^^^^oó^ 
SegúnlaComisión (y elPribunaldeCuentas^ estos 
compromisos ascendían, a tíñales de 1^, a 11^ 
millones de ECUS (véase elVolumenVde la cuenta de 
gestión, páginas, ^.estandoadichoimportela prórroga 
alano l^de los créditosde pago que lescorresponden, 
queda pendiente de tinanciación,acargo de los prójimos 
presupuestosdelaComunidad, un saldo de 1111^,4 
millones de ECL^S, 
La existencia de un ^pendiente de liquidación^ es, en sí 
misma, perfectamente normal, puesto que va ligadaala 
disociación entre créditos para compromisosycréditos 
para pagos, Esta^carga del pasadores consecuencia de 
una política voluntarista de la autoridad presupuestaría, 
llevada a cabo a propuesta de la Comisión, para 
desarrollar el conjunto de políticasestructuralesynuevas 
actuaciones de la Comunidad, 
ElTribunal de Cuentas subraya la importancia creciente 
que ha ido tomandoalo largo de los años la cifra del 
^pendiente de liquidación^. Si bien esta evolución es el 
resultado, por una parte,ycomo ya se ha visto, de la 
decisión deliberada de reforzar el papel de estos Fondos, 
el retraso, mayor de lo previsto, en la ejecución de los 
compromisosyla insuficiencia de los créditos de pago 
concedidos han acentuado el electo. 
Los pagos correspondientesaestoscompromisos pueden 
hipotecar el desarrollo de las políticas estructurales si las 
disponibilidades presupuestariasde los pró^imosaños no 
se aumentan en consecuencia. 
En sus anteproyectos de presupuesto, asícomo en sus 
previsiones cuadrienales, la Comisión ha expuesto 
claramente los problemasyha sugerido soluciones. En 
particular, ensuAnteproyecto depresupuesto para 1^7, 
la Comisión ha propuesto créditos que permitan la 
cobertura necesaria de los pagos que deban efectuarse en 
l^^en concepto de compromisos anteriores^ simultá 
neamente, la Comisión ha tenido en cuenta la necesidad 
ineludible deretenerelcrecimientodelos créditos de 
nuevos compromisos. 
La Comisión quiere manifestar una vez más que la 
voluntad de una buena gestióntinanciera es incompatible 
con la tentación de posponer los pagos que se adeudan. 
LOesde 1^, las existencias agrícolas han aumentado 
considerablemente tanto en volumen como en valor, 
debido, principalmente,aque el aumento de productiva 
dad no se ha visto acompañado de un crecimiento 
igualmente rápido del consumo interioryaque se ha 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 193 
comprobado que las posibilidades de exportación son 
limitadas. 
Por ello el valor contable de las existencias en poder de los 
organismos de intervención, evaluado en unos 4 000 
millones de ECUS a finales de 1982, ha ascendido a 7 000 
millones de ECUS a finales de 1983, a 8 800 millones de 
ECUS a finales de 1984 y a 10 500 millones de ECUS a 
finales de 1985, con un valor comercial de unos 5 000 
millones de ECUS. 
Lo elevado de estas existencias constituye, por lo tanto, 
una hipoteca que pesa sobre los ejercicios posteriores 
debido a las pérdidas potenciales que las mismas 
representan. Una solución para hacer frente a este 
aumento del valor de las existencias dado el nivel de 
producción sería aumentar los gastos, ya sea en forma de 
restituciones a la exportación o de otras formas de 
liquidación, ya sea en forma de depreciación financiera 
anual de las existencias. 
La Comisión decidió una depreciación de las existencias a 
finales de 1985 (435,1 millones de ECUS) y a principios de 
1986 ejecutando así los créditos consignados por dicho 
concepto en el presupuesto de 1986 (471 millones de 
ECUS). Se trata de importes totalmente insuficientes que 
deberían aumentarse considerablemente si se quieren 
conseguir resultados apreciables. La Comisión aprove­
chará cualquier oportunidad para continuar, en los 
próximos años, su política encaminada a aproximar el 
valor de las existencias a su valor comercial. 
La Comisión recuerda que las nuevas normas de 
depreciación, que el Consejo decidió en 1986 a raíz de su 
propuesta, permiten que, actualmente, sea posible aplicar 
el método preconizado por el Tribunal de Cuentas. 
Para 1987, la Comisión pretende continuar la ejecución 
del programa trienal de limitación del almacenamiento 
que ya comenzó en 1986. Sin embargo, el problema de las existencias, que no cesa de agravarse, necesita soluciones 
extraordinarias que vayan mucho más lejos que las 
medidas ya tomadas en este ámbito. 
3. Presentación de las cuentas 
La Comisión consigna en el balance de las Comunidades 
las obligaciones que se derivan de las operaciones 
efectivamente comprobadas y que se desprenden de su 
contabilidad, por ejemplo, el importe de los anticipos que 
deben reembolsarse a los Estados miembros o el déficit 
del ejercicio. 
Por otra parte, la Comisión consigna fuera del balance las 
futuras obligaciones ya registradas, tales como los 
compromisos relativos a los créditos disociados que 
deberán cubrirse posteriormente con los créditos de 
pagos. 
Finalmente, desde el ejercicio de 1984, la Comisión 
elabora una nota aneja a la cuenta de gestión relativa a la 
financiación por el FEOGA-Garantía de las existencias 
de intervención y de los costes potenciales que se derivan 
de la liquidación de tales existencias. 
La Comisión está dispuesta a estudiar de qué forma 
podría incluir ciertos costes potenciales en la documenta­
ción financiera del ejercicio, por ejemplo, en los 
compromisos fuera de balance. La Comisión, sin 
embargo, no puede pretender que se presente una relación 
de costes potenciales cuya existencia es dudosa, cuya 
estimación es aleatoria y cuyos plazos de pago están 
sometidos a factores imprevisibles. 
La Comisión no cree que tales informaciones permitirían 
que las autoridades presupuestarias sacaran de ellas 
elementos cuantitativos utilizables en los futuros presu­
puestos de las Comunidades. 
(!) « Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la política y la 
gestión de la ayuda alimentaria y sobre la derogación del 
Reglamento n° 3331/82». (Doc. COM(86)418 final/2, de 
29.9.1986.) (2) Véase DO C 326, de 16.12.1983, página 60, apartado II.2. 
194 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
RESPUESTAS DE LAS INSTITUCIONES AL 
CAPÍTULO 2 
Contabilidad 
RESPUESTAS DEL PARLAMENTO 
OBSERVACIONES SOBRE 
LA CONTABILIDAD GENERAL 
Y LOS BALANCES 
Déficit de caja 
2.2 - 2.3. El Parlamento Europeo pide al Tribunal de 
Cuentas que se remita a su Decisión de 11 de julio de 1986 
sobre la ejecución del presupuesto del Parlamento para el 
ejercicio de 1982 (DO C 227/154 de 8.9.1986). El 
Parlamento Europeo, con el fin de cubrir incluso 
parcialmente dicha pérdida en caja, podrá recurrir al 
saldo acreedor de las cuentas de garantía previstas en el 
artículo 70 (3) del Reglamento Financiero en los límites y 
en las condiciones de éste y de sus modalidades de 
ejecución. El Parlamento Europeo se propone volver a 
examinar este asunto en lo que se refiere al importe no 
cubierto por este posible recurso a las cuentas de garantía. 
Regulación de anticipos 
2.4. Las actividades políticas y administrativas del 
Parlamento Europeo se desarrollan en tres lugares de 
trabajo, y a menudo las reuniones de sus órganos políticos 
se celebran en diferentes lugares de Europa y, en 
ocasiones, también fuera de ella. Este extenso ámbito 
geográfico en que desarrolla sus diversas actividades 
justifica plenamente que el Parlamento Europeo recurra 
al mecanismo de efectuar sus pagos rápida y eficazmente 
por medio de la regulación de anticipos. realizados son eficaz y rápidamente regularizados y 
contabilizados en el presupuesto. En la creación de una 
regulación de anticipos, el contable dicta al funcionario 
ordenador y al administrador de anticipos instrucciones 
sobre los plazos límite para la conformidad y regulariza-
ción del gasto. 
La junta de Cuestores examinó en mayo de 1985 la 
cuestión referente a la eliminación de los pagos en efectivo 
a los miembros del Parlamento Europeo: el 9 de julio de 
1985, la Mesa adoptó la propuesta de la Junta según la 
cual los diputados deberían poder seguir eligiendo el 
modo de pago de sus dietas de viaje y de estancia. 
Atrasos salariales 
2.5. El Reglamento del Consejo referente a la adapta­
ción de las remuneraciones data del 17 de diciembre de 
1985 (DO L 343 de 20 de diciembre de 1985). El 
Parlamento Europeo ha imputado el máximo de atrasos 
en la remuneración que ha de pagarse (es decir, un monto 
total de 2,6 millones de ECUS) a los créditos remanentes 
del ejercicio de 1985 y el resto a los créditos de 1986, 
debido a la fecha tardía en que se adoptó el Reglamento. 
De hecho, el Parlamento Europeo no podía actuar de otro 
modo, pues la fecha de adopción del Reglamento por el 
Consejo impidió el recurso a los procedimientos habitua­
les de transferencia de créditos antes de acabar el año de 
1985. La Comisión Europea, que se encontraba en la 
misma situación, también ha escogido la solución 
adoptada por el Parlamento. 
La regulación de anticipos no debe evitarse necesaria­
mente si se establecen topes realistas y si los pagos La institución no comparte la opinión del Tribunal de 
Cuentas según la cual la imputación a un ejercicio de los 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 195 
ingresos generados por los gastos del mismo ejercicio 
sería irregular. Al contrario, los ingresos generados por 
los gastos de los atrasos de 1985 corresponden al ejercicio 
de 1985 y se deben imputar de oficio a este ejercicio. Las 
retenciones efectuadas sobre las remuneraciones de 1985 
no pueden extrapolarse o desglosarse en dos ejercicios. 
Sólo pueden considerarse dos soluciones para evitar, en el 
futuro, la imputación de estos gastos a dos ejercicios: 
(a) una dotación más generosa del capítulo 11 del 
Presupuesto que permita enfrentarse a cualquier 
eventualidad. Esta solución puede enfrentarse con la 
oposición de la Autoridad presupuestaria, que desde 
RESPUESTAS DE 
OBSERVACIONES SOBRE 
LA CONTABILIDAD GENERAL 
Y LOS BALANCES 
Derechos e impuestos a recuperar 
2.8. El problema a que se refiere el Tribunal.de Cuentas 
únicamente se plantea en aquellos casos en que la 
exención del IVA en favor de la Comisión se basa en la 
aplicación de los artículos 3 y 4 del Protocolo sobre los 
privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas. 
En la hipótesis de que el contratante esté sujeto al IVA, se 
incluirá el importe del impuesto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8.6 del contrato-tipo en materia de 
estudios, en el importe a tanto alzado establecido por el 
artículo 4 de dicho contrato, en concepto de remunera­
ción por el trabajo efectuado. 
La Comisión es consciente de las dificultades que plantea 
la recuperación de las sumas cuyo reembolso está 
autorizada a reclamar, y se ha preocupado, desde la 
aplicación de la normativa que regula la gestión de los 
contratos de estudios, de definir las obligaciones que 
incumben a los contratantes a fin de permitir que la 
Comisión cobre los importes que ella misma ha satisfecho 
en concepto del IVA. 
Estas disposiciones provienen, en particular: 
— del segundo párrafo del artículo 8.6 del contrato-tipo; 
— de las disposiciones fiscales enunciadas en la letra c) 
del apartado VI del manual para la aplicación de las 
directivas coordinadas en materia de estudios, 
relativas a la ejecución presupuestaria de los contra­
tos, por las que, en concreto, se exige a los 
contratantes que pongan a disposición de la Comi-hace varios años pide que estos créditos se calculen del 
modo más exacto posible; 
(b) se podría pedir al Consejo que adoptase sus decisio­
nes en materia de adaptación de las remuneraciones 
bien antes del 1 de diciembre de un año determinado, 
o bien después del 1 de enero del año siguiente. En este 
caso, ya no cabrían dudas en cuanto al ejercicio al que 
deben imputarse estas adaptaciones y el Parlamento 
Europeo podría tomar las medidas correspondientes. 
La búsqueda de una solución definitiva no podrá llevarse 
a cabo sino en el marco de un concierto interinstitucional. 
LA COMISIÓN 
sión todos los documentos justificativos que le 
permitan tramitar el reembolso del IVA ante las 
administraciones nacionales. 
Además, se han recordado en varias ocasiones las 
obligaciones que incumben tanto a los contratantes como 
a los servicios de la Comisión en su calidad de 
administradores de los créditos. 
A fin de corresponder a la preocupación del Tribunal de 
Cuentas, la Comisión tiene ante sí una propuesta para 
incluir el importe que se deba pagar en concepto de IVA 
en los contratos de estudios. Introduciendo dicha 
modificación en este tipo de contratos, en el futuro, se 
evitaría que en la gestión de los mismos se produjeran 
equívocos que comprometieran la recuperación efectiva 
de las sumas debidas a la Comisión. 
2.9. Para 1987 se ha programado la implantación del 
registro contable de los derechos y tributos pagados cuya 
recuperación puede obtenerse de los Estados miembros, 
tal como la Comisión lo anunció en sus respuestas a las 
observaciones relativas al ejercicio 1984. Este análisis 
contable permitirá determinar todos los créditos poten­
ciales que deberían consignarse en el balance y conocer su 
importe. 
En cuanto a los derechos y tributos recuperables, que 
ascienden a 0,6 millones de ECUS, su importe ha sido 
consignado en el activo del balance por dos conceptos 
distintos. Habida cuenta de la observación hecha por el 
Tribunal de Cuentas, la Comisión procurará que, en el 
futuro, se evite este doble registro. 
2.10. A finales de junio de 1986 la Comisión solicitó a 
los Estados miembros que no practican el sistema de 
exención directa del IVA el inicio de conversaciones con 
objeto de poder determinar las posibilidades de modificar 
las disposiciones de aplicación de los artículos 3 y 4 del 
Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de las 
Comunidades Europeas. 
1^0 Diario Oticial de las Comunidades Puropeas lóEL^o 
2.1L Se tomaron medidas parala implantación, en 
enerodel^^deunsistemaintormáticodere^istrodelos 
créditosyde los cobros. Durante el primer año de su 
aplicación, se tuvieron que etectuarmoditícacionesenlos 
pro^ramas,Porotraparte,actualmenteseestárealizando 
un^ranestuerzo para^arantizar el seguimiento y la 
tramitación del cobro de los créditos vencidos. 
2.12. Como consecuencia de determinados problemas 
de etectivosyde información, unosl^ espedientes no 
pudieron incorporarse al pa^o automático antes del tínal 
del ejerciciol^eó.I^^o ha llevadoaquealos agentes 
temporales atectados,apesar de estar en servicio desde 
vanos meses antes, se les haya pagado mediante 
anticipos, con car^oauna cuenta fuera de presupuesto, 
Pste retraso pudo recuperarsedurantelosprimerosmeses 
de l^o, de forma que las re^ularizaciones, tanto 
presupuestarias como e^trapresupuestarias,aparecerán 
enlascuentasde l^ro, Enunaampliamedida, esto 
explica el volumen de anticipos al personal a óN de 
diciembre de l^éó pero, de todas formas, conviene 
recordar que es prácticamente imposible incorporar el 
sueldodeuna^entealpa^oautomáticoenunplazo 
inferioralos dos meses de su entrada en servicio. 
Por otra parte, los servicios competentes de la Comisión 
hane^aminado,desde l^^yhastalaactualidad,las 
cuentas de anticipos así como las cuentas corrientes del 
personalconespecial atención. De este modoha sido 
posible regularizar un número bastante considerable de 
este tipo de cuentas. 
^^^^^^ 
2.L3.^ La Decisión del Consejo sobre las adaptación 
nesdelasremuneraciones es el resultado ^ieunlar^o 
procescCln paso previoala Decisión es la transmisión, 
porpartedelosPstadosmiembros,dedatosestadísticosa 
la Comisión, Parael ejercicio l^éó,laComisiónnoestuvo 
en disposición de presentar un proyecto de Decisión al 
Consejo hasta el^de noviembre del^^,Pl Consejo 
adoptó su Decisión el 1^ de diciembre del^éó, 
^abidacuenta de la techa tardíadela Decisióndel 
Consejoenl^^,la Comisión yano tuvo la posibilidadde 
realizar las transferencias pertinentes. La Comisión 
tampoco podía proceder a efectuar una transferencia 
basándoseen su propuesta, dado quecompeteal Consejo 
adoptar la decisión tinalyque,tratándose de créditos 
provisionales, el Consejo no está tacultado para aprobar 
una transterencia si falta la Decisión que constituye su 
fundamento. Pn respeto de la anualidad y de la transparencia 
presupuestarias,laComisiónhaimputadoalejercicio 
l^^,querepresentaelejerciciodeimputaciónnormal,el 
máximo de ^astoscorrespondientesalosatrasosdel^ó, 
f^n cuanto al resto, la Comisión debía hacer frentealas 
obligaciones jurídicas imputando el saldoalos créditos 
delejerciciol^ó. 
La Comisión tienepocaintluenciasobreelcalendariodel 
procedimiento de adaptacióndelos salarios, Atinde 
paliar el problema, la Comisión desea que, en adelante, 
este procedimiento se concluya en el mes de noviembre 
mediante una Decisión delConsejo,de manera que la 
Comisiónpueda adoptar lasmedidasnecesariaspara 
cubrir de forma adecuada los bastos que se deriven, 
^ La Comisión opina que la imputación de los 
in^resosnoestásometidaalasmismascondicionesquela 
imputación de los ^astos,Además,desdeelpuntodevista 
técnico, es muy difícil desglosar por ejercicios las 
estimacionesde los in^resoscorrespondientesalos bastos 
imputados de lamisma manera que se desglosan los 
bastos propiamente dichos. 
2.1^. Pl retraso en la emisión de las órdenes de ingreso 
con vistasala imputación presupuestaria de los ingresos 
se debealasditicultades con que se han encontrado los 
serviciosalos que la Comisión no deja de recordar las 
disposiciones sobre la comprobación de los créditos. 
2.15. La Comisión revisa una vez al año el límite de la 
dotación de los servicios para adaptarloalas necesidades 
reales, Psta revisión se etectúa basándose en la media de 
los bastos de los once meses anteriores^. La Comisión 
estima que es necesaria una cobertura de tres meses para 
prever los posibles retrasos en las comunicaciones, las 
necesidades específicas de los servicios muy lejanosylas 
alteraciones en el flujo de bastos, Pn junio del^^ se 
efectuó una revisión basadaen el período dediciembrede 
l^anoviembredel^éó 
2.1^^2.1^. Las dificultades con que se toparon los 
servicios contables en el pasado para efectuar el análisis 
délas cuentas ^véaselarespuestaalapartado^del 
informe del ejercicio 1^^ junto a circunstancias 
fortuitas que se han presentado en la liquidación de los 
bastos efectuada por los servicios administrativos de la 
Comisión son la causa de que este asunto haya 
permanecido al^ún tiempo en suspenso. 
C^L^not^^^^c^^tii^Lt^c^n^to, 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 197 
La Comisión reconoce que la regularización administrati­
va de los costes de las obras de la residencia de 
Washington se ha efectuado con retraso. 
OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN 
DE LA TESORERÍA DE LA COMISIÓN 
2.18 - 2.22. La Comisión ha emprendido una renego­
ciación general de las condiciones que ofrecen los bancos, 
teniendo en cuenta las observaciones del Tribunal de 
Cuentas y por propia iniciativa. Se han obtenido algunos 
resultados, tal como se complace en señalar el Tribunal de 
Cuentas en el apartado 2.20. La realización de esta 
negociación se ha retrasado por la sobrecarga de trabajo 
que genera y por sus características especiales. La 
Comisión lamenta este retraso y precisa que, no obstante, 
esta acción sigue siendo un objetivo prioritario de la 
Comisión. 
En cuanto al apartado citado anteriormente, es preciso 
señalar que: 
(a) Mientras tanto, la Dirección General de Presupuestos 
ha emprendido un estudio sobre los procedimientos, 
la seguridad, etc. En este contexto también se 
abordarán las relaciones con los bancos. 
(c) El« volumen considerable de operaciones » podría ser 
un elemento negativo. 
(d) El contable de la Comisión celebró el 16 de junio de 
1986 una primera reunión con sus colegas de las 
demás Instituciones para debatir, entre otras cosas, el 
problema de las condiciones bancarias. 
Por lo que se refiere al apartado 2.21: 
(a), (b) y (d) Las dificultades que se mencionan en el 
apartado anterior han impedido, por ahora, la acción 
sistemática deseada por el Tribunal de Cuentas. (c) En las operaciones de cambio importantes (transferen­
cias de un Estado miembro a otro), con arreglo al artículo 
208 del Tratado, intervienen los Bancos Centrales. Éstos 
efectúan generalmente la conversión de acuerdo con los 
tipos medios del «fixing». 
En las operaciones de compra de ECU, siguiendo la 
práctica habitual de los agentes de cambio, se deja actuar 
la libre competencia entre los bancos. 
En lo que se refiere a la fecha de valor, la principal 
preocupación de la Comisión en la actualidad es procurar 
que sus órdenes lleguen rápidamente a los bancos; hacer 
constar una fecha de valor no hace más que retrasar la 
ejecución de las órdenes. A pesar de lo anterior, cada vez 
que un pago exija una fecha de valor, la Comisión la 
menciona. 
La Comisión recuerda que cada vez que un pago lo exige 
se efectúa una transferencia telegráfica. 
Sistema de gestión de previsión y reparto de 
la tesorería 
2.23-2.24. El Tribunal de Cuentas estima que el 
deterioro observado (letra (a) del apartado 2.23) proviene 
de la falta de Habilidad de las previsiones suministradas 
por los servicios ordenadores al servicio competente, a 
pesar de que se han conseguido algunos adelantos en el 
procedimiento de cálculo. 
El contexto presupuestario de 1985 (y el actual) ha 
determinado la disminución de las sumas disponibles 
para el reparto. Es evidente que en estas circunstancias 
cualquier desfase de igual importancia tiene, en porcenta­
je, una repercusión mayor. 
Además, es preciso referirse al artículo 12 del Reglamento 
(CEE) n° 2891/77 del Consejo, de 19 de diciembre de 
1977, y más especialmente al período de frase: «... y esto, 
en la medida de lo posible,...», con objeto de saber cuál es 
su significado y su importancia. El objetivo de estas 
palabras es, en realidad, no hacer excesivo el trabajo de 
gestión de esta tesorería. 
(!) Las oficinas exteriores cierran el mes de noviembre en la 
primera decena del mes de diciembre; el resto de diciembre y 
el mes de enero se incluyen en un mismo detalle. 
198 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL 
CAPÍTULO 3 
Ingresos 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA El déficit real de los tres años asciende, pues, a 123,3 
millones de ECUS. 
Agotamiento de los recursos propios 
y financiación del presupuesto 
3.4. La consignación de los anticipos en el Título 8, que 
permite la comparación directa entre los del ejercicio 1984 
y los del ejercicio 1985, garantiza la transparencia 
presupuestaria. Por otra parte, tratándose de anticipos, 
incluso no reembolsables, el encabezamiento del Título 8, 
«Operaciones de préstamo y empréstito» es el más 
apropiado del estado de ingresos para acogerlos. 
3.5. El retraso acumulado en el procedimiento presu­
puestario es el causante de que sólo una parte del déficit 
del ejercicio de 1984 se haya consignado en el presupuesto 
de 1985. En términos financieros, hay que tener en cuenta 
que el saldo del ejercicio de 1984 habría contabilizado 
también los saldos IVA (111,8 millones de ECUS) y los 
anticipos intergubernamentales del ejercicio 1984 paga­
dos en 1985 (408,3 millones de ECUS). En este supuesto, 
el importe neto del déficit se habría elevado a 134,7 
millones de ECUS. 
Déficit resultante del saldo del ejercicio El remanente del déficit del ejercicio de 1984 sólo puede 
integrarse en las cuentas del ejercicio 1985 por medio de 
un presupuesto. Tal consignación habría ido acompaña­
da de los saldos IVA y de los anticipos no pagados en 1984 
(véase punto 3.5). La suma restante de 134,7 millones de 
ECUS habría sido cubierta por otras medidas tendentes a 
equilibrar el presupuesto. Así, el déficit del ejercicio 1984 
se habría cubierto enteramente. 
3.8. Para el cálculo del saldo del ejercicio, se ha 
respetado el procedimiento previsto por el Reglamento 
Financiero y se han efectuado los cálculos de acuerdo con 
las disposiciones del artículo 15 del Reglamento (CEE) 
n° 2891/77 del Consejo, de 19 de diciembre de 1977. 
En cuanto al déficit del ejercicio de 1984, la Comisión se 
remite a la respuesta dada al punto 3.5. 
3.7-3.9. Dados los retrasos de las entregas de los 
Estados miembros de los anticipos intergubernamentales 
correspondientes a los ejercicios 1984 y 1985, sólo se 
puede obtener una visión global correcta si se toman en 
consideración los saldos de los ejercicios 1984 y 1985 y de 
los anticipos del ejercicio 1985 pagados en 1986: Como en 1985 no se adoptó ningún presupuesto 
rectificativo y/o suplementario, el remanente del déficit 
del ejercicio de 1984 estaba pendiente de consignación 
como gasto presupuestario. 
1984: déficit 
1985: déficit 
1986: entregas de los anticipos 
correspondientes al ejercicio 1985 (millones de ECUS) 
827,3 (i) 
23,9 
déficit neto 
C1) Las notas aparecen al final del capítulo. 727,9 
123,3 No obstante, cabe señalar que el balance consolidado de 
las Comunidades (página 19 del Volumen V) muestra 
claramente en su epígrafe «Valores realizables» el déficit 
total por cubrir al cierre del ejercicio 1985 (678,8 millones 
de ECUS), es decir, la suma de los déficits del ejercicio 
1984 (remanente de 654,8 millones de ECUS) y del 
ejercicio 1985 (24,0 millones de ECUS). 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 199 
RECURSOS PROPIOS PROCEDENTES DEL 
IVA 
Importes anulados a título de gracia 
o atrasados 
3.12-3.16. Tal como ya señaló la Comisión en sus 
respuestas a las observaciones del Tribunal de Cuentas 
correspondientes al ejercicio de 1984 (2), el artículo 3 del 
Reglamento (CEE) n° 2892/77 del Consejo modificado 
estipula que cada Estado miembro puede optar por el 
método de su elección y el primer párrafo del artículo 6 del 
mismo Reglamento fundamenta la base de los recursos 
propios del IVA de los Estados miembros que escogen el 
método B en el total de los ingresos netos recaudados a lo 
largo de un ejercicio por el Estado miembro. La situación 
descrita por el Tribunal de Cuentas está, pues, conforme 
con la economía del mencionado Reglamento, del que 
constituye una aplicación correcta. 
No obstante, la Comisión desea precisar de nuevo los 
siguientes puntos: 
i) El Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n* 3735/85 
del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por el que se 
prorroga el Reglamento 2892/77 prevé que la 
Comisión presente, antes del 31 de diciembre de 1987, 
propuestas sobre un método uniforme de determina­
ción de la base de percepción de los recursos propios 
IVA. En este contexto la Comisión se propone 
estudiar todas las cuestiones vinculadas con la 
igualdad de trato de los Estados miembros en cuanto 
a la determinación de dicha base. 
ii) El hecho de que todos los Estados miembros que 
pagan recursos propios IVA hayan optado, a partir 
del ejercicio 1986, por el método D va, de hecho, en el 
sentido de una mayor igualdad de trato entre ellos. 
iii) La mayor parte de los ingresos IVA recaudados por 
los Estados miembros (entre el 88 % y el 95 %, según 
los casos) queda en poder de éstos, por lo cual les 
interesa, desde el punto de vista financiero, controlar 
rigurosamente la recaudación. La Comisión recuer­
da, no obstante, que sigue esforzándose por lograr 
una mayor armonización del sistema del IVA en la 
Comunidad y que ya ha hecho diferentes propuestas 
sobre las que el Consejo aún no se ha pronunciado. 
iv) La existencia de impagados al final del ejercicio no 
ocasiona pérdidas de recursos propios y sólo constitu­
ye un desfase en el momento de la contabilización de 
ciertas operaciones: estos importes se incluyen en la 
base calculada para los ejercicios a lo largo de los cuales se hace efectivo su pago y, por consiguiente, 
dependen del tipo del IVA reclamado en los ejercicios 
anteriores. Llegado el caso, hay que tener en cuenta, 
más que el importe de estos pagos atrasados al final de 
un ejercicio, su evolución de un año a otro. Por otro 
lado, los datos presentados al respecto en el cuadro 
3.3 difícilmente pueden compararse entre sí ya que, 
como sus orígenes quedan fuera de la normativa 
relativa a los recursos propios, los datos reflejan 
situaciones nacionales diferentes. 
Limitación de los controles 
3.17 - 3.20. La Comisión no puede pronunciarse acerca 
de las dificultades con que se enfrenta el Tribunal de 
Cuentas ante los Estados miembros para llevar a cabo su 
tarea. 
Por su parte, la Comisión ejerce, dentro de los límites de la 
normativa actual, los poderes de control que le son 
otorgados. 
DERECHOS DE ADUANA 
Despacho a libre práctica de mercancías en el 
marco de procedimientos de declaración 
simplificados 
3.21 - 3.22. La Comisión toma nota de las diferencias 
observadas por el Tribunal de Cuentas en la aplicación 
por los diferentes Estados miembros de las disposiciones 
que rigen los procedimientos específicos previstos en los 
artículos 16-21 de la Directiva 79/695/CEE. 
La Comisión comparte el deseo del Tribunal de Cuentas 
de que estos procedimientos se apliquen de tal modo que 
garanticen un trato uniforme a los importadores que se 
hayan establecido en la Comunidad, y de que se mantenga 
un nivel suficiente de control aduanero, al mismo tiempo 
que se simplifican al máximo los trámites. 
Respecto al primer objetivo, el Tribunal de Cuentas 
recuerda, con razón, que, según lo especificado en la 
Directiva anteriormente citada, los procedimientos 
mencionados se aplican «en la medida en que la 
organización administrativa de los Estados miembros lo 
permite». 
200 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Ahora bien, puesto que las estructuras administrativas 
actuales difieren mucho de un Estado miembro al otro, la 
frecuencia con que se recurre a esos procedimientos y sus 
modalidades de aplicación también varían dentro de los 
límites trazados por la Directiva mencionada más arriba. 
Teniendo en cuenta esto, una limitación sistemática de la 
ventaja de los procedimientos simplificados a las 
mercancías exoneradas de derechos a la importación 
únicamente no podría justificarse apelando al Derecho 
Comunitario. 
Respecto al segundo objetivo, la Comisión señala que, si 
las disposiciones comunitarias tienden, obviamente, a 
respetar la posibilidad de que la aduana proceda a un 
control físico de las mercancías antes de que se pronuncie 
el levante, las modalidades prácticas deben adaptarse a 
las circunstancias específicas de cada caso, tales como la 
naturaleza de las mercancías, la regularidad o irregulari­
dad del tráfico de importación, la lejanía de la oficina de 
aduana encargada de la vigilancia, etc.. 
3.23. La Comisión se propone proceder, en los próxi­
mos meses, a un examen exhaustivo de las condiciones en 
las que se aplican realmente los procedimientos simplifi­
cados en la Comunidad. 
Si fuera necesario, la Comisión propondrá una Directiva 
de aplicación del artículo 20 de la Directiva 79/695/CEE. 
No obstante, debe precisarse que la aplicación de una tal 
Directiva se traduciría, ciertamente, en una mejor 
armonización de las condiciones de utilización del 
procedimiento simplificado de que se trata en los Estados 
miembros en los que éste se aplica, pero no tendría como 
consecuencia que pudiera recurrirse a dicho procedimien­
to en todos los Estados miembros. 
Sistema de tránsito comunitario — 
procedimientos simplificados relativos a 
transportes por ferrocarril de mercancías en 
grandes contenedores 
3.24-3.27. El procedimiento simplificado de tránsito 
comunitario para los transportes por ferrocarril por 
medio de grandes contenedores se elaboró según unas 
orientaciones comparables, en todos sus puntos, a las 
utilizadas para el procedimiento simplificado aplicable a 
los transportes por carretera propiamente dichos. Estas 
orientaciones se apoyan, en gran parte, en la confianza 
que se pueda tener en los ferrocarriles y en la empresa de 
transporte de que se trata, la cual es, tanto a nivel jurídico 
como práctico, una derivación de los ferrocarriles. 
Esta situación permitió, a semejanza del proceso que se 
siguió en el caso de los ferrocarriles, basar el procedimien­to simplificado para los transportes en grandes contene­
dores, en un mecanismo de control contable operado por 
cada Estado miembro interesado; dicho control queda 
registrado en los libros del representante o de los 
representantes nacionales de la empresa de transportes. 
Añadamos que esta última solución se adoptó tras un 
estudio profundo y un examen sobre el terreno que 
demostraron que ofrecía todas las garantías necesarias. 
La Comisión llama la atención al Tribunal de Cuentas 
acerca de las dificultades existentes para efectuar un 
control en la sede central de una empresa situada en un 
tercer país. 
Al tratarse del ejercicio efectivo de estos controles por 
parte de las autoridades nacionales, los servicios de la 
Comisión recordarán a dichas autoridades, en particular, 
en el marco de las reuniones del Comité sobre la 
circulación de mercancías, la responsabilidad que deben 
asumir en la materia así como la necesidad de explotar las 
posibilidades de control contenidas en el Derecho 
Comunitario. 
COTIZACIONES Y EXACCIONES 
REGULADORAS AGRÍCOLAS 
Exacción de corresponsabilidad sobre los 
productos lácteos 
3.28. En opinión del Tribunal de Cuentas, la tasa de 
corresponsabilidad sobre los productos lácteos debería 
formar parte del régimen de recursos propios. Ahora 
bien, como se indicó en la respuesta al apartado 4.4 del 
presente informe, esta tasa es un mecanismo de interven­
ción y, por ello, debe seguir las normas que rigen el 
FEOGA-Garantía. El sistema de recaudación de la tasa 
láctea difiere del sistema de exacciones reguladoras 
agrícolas. Por este motivo, los importes se contabilizan de 
la misma manera que los pagos, es decir, tomando como 
base los importes recaudados. 
3.29. En un Estado miembro se rebasó el limite de 45 
días para el pago de la tasa y los importes debidos en 1982 
sólo se abonaron en la cuenta del FEOGA el año 1983. 
Como consecuencia de la solicitud de la Comisión, las 
autoridades nacionales correspondientes tomaron medi­
das estrictas que condujeron a una neta mejora de la 
situación. 
Sin embargo, otro Estado miembro sigue retrasándose en 
el pago de la tasa cobrada a los productores, a pesar de la 
insistencia con la que la Comisión reclamó la aplicación 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 201 
de medidas pertinentes para mejorar la situación, 
teniendo en cuenta que la normativa comunitaria no 
prevé sanciones. Con fecha de 21 de mayo de 1986, 
la Comisión decidió una corrección negativa de unos 
690 000 ECUS relativa al ejercicio presupuestario de 
1982, a fin de contabilizar los importes debidos en 1982 
pero abonados en cuenta en 1983. 
Además, la Comisión abrió un procedimiento de 
infracción que tuvo como resultado que las autoridades 
nacionales correspondientes introdujeran medidas enca­
minadas a resolver dicho problema. La Comisión 
verificará la aplicación de estas nuevas medidas en el 
momento de la liquidación de cuentas de los ejercicios de 
1984 y 1985. 
3.30. La Comisión precisa al Tribunal de Cuentas: 
a) que se ha asegurado de que, además del caso citado en 
el apartado 3.29, los Estados miembros adopten las 
medidas necesarias para garantizar la recaudación de 
la tasa, 
b) que confirma la información anteriormente suminis­
trada, a petición del Tribunal de Cuentas, de que ha 
tomado las medidas citadas en el apartado 3.29 para 
garantizar el pago de la tasa en los plazos previstos. 
Aunque bien es cierto que la propia normativa para la 
recaudación de la tasa de corresponsabilidad no prevé 
sanciones a nivel de la Comunidad en caso de retraso de 
los pagos, dicha situación se trata en el marco de la 
legislación comunitaria en un sentido más amplio. Así, en 
1986, la Comisión ha procedido a una corrección negativa 
sustancial de las cuentas del Estado miembro relativa al 
ejercicio 1982. Por otra parte, los Estados miembros 
utilizan, frente a las industrias lácteas o a los particulares, 
los procedimientos nacionales administrativos, incluso 
judiciales, de recaudación. 
Control físico de las mercancías 
3.31 - 3.32. Tal como lo indica el Tribunal de Cuentas 
en el apartado 3.32, la Comisión aceptó, a la luz de las 
observaciones del Tribunal de Cuentas en su informe 
especial relativo al sistema de pago de las restituciones 
agrícolas a la exportación, examinar la posibilidad de 
adoptar disposiciones comunitarias en esta materia. 
Desde entonces, la Comisión trabaja activamente sobre 
dicho asunto y tiene la intención de presentar al Consejo, 
antes de fin de año, una propuesta de normativa 
comunitaria (véase apartado 3.33). Dicha propuesta 
responderá a los deseos del Tribunal de Cuentas a 
propósito de la insuficiencia de armonización entre las 
prácticas de los diferentes Estados miembros y la necesidad de tomar medidas para determinar el nivel de 
control mínimo necesario para garantizar la eficacia de 
las inspecciones que llevan a cabo las autoridades 
aduaneras, con respecto a las declaraciones de exporta­
ción de productos agrícolas que dan derecho a restitucio­
nes. 
3.33 - 3.34. La Comisión comparte la preocupación del 
Tribunal de Cuentas acerca de la necesidad de garantizar 
de una forma correcta la recaudación de las exacciones 
reguladoras agrícolas a la importación y sobre la 
necesidad de garantizar un control físico apropiado de las 
mercancías. 
Es conveniente sobre todo que los importadores sean 
conscientes de que están expuestos permanentemente a 
tales controles, a fin de desalentar las maniobras 
encaminadas a obtener, irregularmente, ventajas finan­
cieras. 
Por este motivo, la Directiva 79/695/CEE prevé, en su 
artículo 9: 
— que « sin perjuicio de los otros medios de control de 
que dispone, el servicio de aduanas puede proceder al 
examen, total o parcial, de las mercancías» (apartado 
i)y 
— que «el servicio de aduanas puede, al proceder a 
examinar las mercancías, sacar muestras para proce­
der a su análisis o a un control físico » (apartado 5). 
La Directiva 82/57/CEE, de 17 de diciembre de 1981, por 
la que se fijan ciertas disposiciones de aplicación de la 
Directiva 79/695/CEE (3) precisa, por otra parte, en sus 
artículos 11 al 17, determinadas normas que deben 
cumplirse en lo que respecta al examen de las mercancías y 
a la toma de muestras. 
Pero la oportunidad de aplicar estos controles sobre una u 
otra mercancía, o sobre una u otra operación de 
importación, depende normalmente de la apreciación del 
servicio de aduanas, basada en circunstancias específicas 
y revistiendo un carácter subjetivo. Al respecto, debe 
dejarse una gran iniciativa al servicio de aduanas. 
Por este motivo, antes de preparar una nueva propuesta 
de Directiva relativa al control físico de las mercancías 
despachadas en libre práctica, la Comisión considera 
conveniente conocer los resultados de los trabajos del 
Consejo sobre la propuesta relativa al control físico de las 
mercancías cuya exportación da lugar a restitución, de 
modo que se pueda tener en cuenta para la elaboración 
del nuevo texto (véase la respuesta de los puntos 3.31 y 
3.32. del informe del Tribunal de Cuentas). 
202 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Tráfico triangular relativo a las importaciones 
de arroz 
3.35 - 3.39. Tal como lo indicó en sus respuestas a las 
observaciones del Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios 
1978 y 1980, la Comisión no juzga favorable la 
introducción de montantes compensatorios monetarios 
en este sector, sobre todo si se tiene en cuenta que la 
introducción de los MCM afecta no sólo a los intercam­
bios comunitarios sino también a los intercambios con 
terceros países. 
Los problemas indicados por el Tribunal de Cuentas 
siguen llamando la atención a la Comisión. 
Objetivos de autofinanciación en el mercado 
del azúcar 
Introducción 
3.41. Si bien la garantía que se concede a los producto­
res para las cuotas A y B se eleva a 11,8 millones de 
toneladas, la producción real está, de hecho, más próxima 
al nivel de consumo (por ejemplo, 10,9 millones de 
toneladas en 1983/1984, 11,1 millones de toneladas en 
1984/1985). El desfase entre el nivel de producción de 
azúcar correspondiente a las cuotas A y B y el consumo es, 
en realidad, menor. 
El régimen de compensación de los gastos 
de almacenamiento 
3.42. El régimen de compensación de los gastos de 
almacenamiento tiene por objeto no sólo garantizar la 
reducción periódica de existencias de azúcar en el 
mercado, sino también evitar la venta de azúcar en 
intervención pública. El que las ventas de intervención 
sean escasas demuestra la eficacia del sistema. 
La Comisión señala que la cotización debe fijarse, por 
razones prácticas y comerciales, antes del comienzo de la 
nueva campaña en la que vaya a aplicarse. En ese 
momento, ni siquiera se conocen con exactitud las cifras 
de producción final de la campaña en curso, y no pueden 
estimarse ni la cosecha siguiente, ni el ritmo de 
exportación, ni el nivel de existencias acumuladas. Por 
todo ello, la Comisión no comparte la opinión del 
Tribunal de Cuentas, según la cual habría sido posible 
conseguir con anterioridad un mejor equilibrio anual en 
la compensación de los gastos de almacenamiento; la 
Comisión hace todo lo posible para mantener un 
equilibrio global. El régimen de cotizaciones/cuotas a la producción 
3.43. En efecto, el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del 
Consejo establece en su artículo 28 que los cálculos 
relativos a la autofinanciación en el sector del azúcar se 
hagan de forma acumulada puesto que los saldos, 
positivos o negativos, se trasladan a la campaña siguiente. 
Conclusiones sobre el azúcar 
3.45. La Comisión recuerda que propuso, el 7 de agosto 
de 1985, la renovación del régimen de cuotas para la 
producción de azúcar, junto con un importante fortaleci­
miento del mecanismo de autofinanciación. Dicha 
propuesta, encaminada a ajustar la cotización máxima 
sobre el azúcar A, del 2% al 2,5% del precio de 
intervención, y sobre el azúcar B, del 37,5 % al 47 % de 
dicho precio, no ha sido tenida en cuenta por el Consejo. 
No obstante, el Consejo adoptó el sistema de «cotizacio­
nes de reabsorción » a fin de eliminar el déficit acumulado. 
Dicho sistema fue objeto del Reglamento «déficit 
acumulado» (Reglamento n° 934/86 del Consejo, de 24 
de marzo de 1986). Esta cotización se basa, por una parte, 
en las contribuciones pagadas en el pasado por el 
conjunto de los plantadores de remolacha, caña de azúcar 
y de los productores de azúcar e isoglucosa de cada región 
y, por otra parte, en la producción efectiva previsible en 
las mismas regiones con relación a la producción de la 
campaña de comercialización 1984-85. 
3.46. La Comisión quiere subrayar que en el sector del 
azúcar no hay almacenamiento para la intervención 
pública. Por ello no existe carga potencial en los términos 
mencionados por el Tribunal de Cuentas en el apartado 
4.23. 
Respecto a las pérdidas que podrían derivarse del 
excedente exportable, la información concerniente se ha 
publicado en el informe financiero anual de la Comisión 
sobre el FEOGA-Garantía. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 203 
3.47. La contabilidad de los ingresos y los documentos 
de las cuentas de gestión se presentan según la nomencla­
tura presupuestaria adoptada, ya que los ingresos del 
sector azúcar siguen siendo recursos propios según los 
términos de la Decisión de 7 de mayo de 1985. Hay que 
indicar que el informe financiero anual del FEOGA 
contiene un cierto número de informaciones relativas al 
déficit por campaña. 3.48. Tal como se explicó en el apartado 3.45, el Consejo 
ya decidió las medidas necesarias para recuperar el déficit 
acumulado al introducir la cotización de reabsorción 
mediante el Reglamento n° 934/86. 
(!) De los que 172,5 millones de ECUS se consignaron en el 
Presupuesto de 1985. 
(2) DO C 326, de 16 de diciembre de 1985, p. 176. (3) DO L 28, de 5.2.1982, .p. 38. 
204 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL 
CAPÍTULO 4 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
Sección «Garantía» (FEOGA — Garantía) 
OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA pormenorizados sobre las tasas percibidas en concepto de 
la corresponsabilidad en el sector de la leche y de los 
productos lácteos así como su utilización. 
Presentación de las cuentas y del balance 
4.4. (a) La Comisión completará, a partir del ejercicio 
1986, el cuadro «Desglose, por partidas presupuestarias, 
de las consecuencias de las decisiones de liquidación » que 
adjunta a la cuenta de gestión (página 144 del volumen II 
de 1985) con una nota referente a las reservas hechas por 
la Comisión a la aceptación de los gastos declarados por 
los Estados miembros. 
(b) La información relativa a las irregularidades se 
encuentra en el informe financiero anual del FEOGA 
(número de casos, implicaciones financieras e importes 
recuperados). Al no haberse utilizado todavía los 
resultados del estudio realizado por el grupo de trabajo 
mencionado en la respuesta al apartado 4.25 del informe 
del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 1984, la 
Comisión debe reafirmarse en la postura adoptada en 
dicha respuesta. 
(c) Tal como la Comisión tuvo ya la ocasión de exponer en 
el informe anual del ejercicio 1983 (apartado 4.5), el 
concepto de gastos negativos se deriva de disposiciones 
específicas introducidas, por razones políticas y prácticas, 
en la normativa comunitaria; la tasa de corresponsabili­
dad es una medida que forma parte de las intervenciones 
destinadas a la estabilización del mercado (l). Como 
consecuencia de ello, la autoridad presupuestaria decidió 
su consignación en el presupuesto. 
La utilización de una nomenclatura precisa, que permita 
discernir el producto de estas recaudaciones, reduce los 
inconvenientes relativos a la transparencia presupuesta­
ria. (d) Se pueden aplicar los mismos argumentos en lo que 
respecta a la «exacción complementaria». Su objetivo 
consiste principalmente en desalentar la sobreproducción 
de leche por encima de las cuotas por medio de una fuerte 
penalización. 
En la situación descrita por el Tribunal de Cuentas 
influyen dos factores: 
el cálculo de la exacción complementaria que deben 
pagar los agricultores o las industrias lácteas se efecúa 
por campaña lechera. El pago de la primera cantidad, 
a finales de 1984, tenía únicamente un carácter 
provisional a la espera del cómputo definitivo. 
Debido a los plazos de adaptación de la producción 
lechera, el importe que se debía pagar por una 
campaña fue, en ciertos casos, inferior al anticipo, lo 
cual dio lugar a devoluciones de exacción. 
el Reglamento (CEE) n° 1305/85 del Consejo autori­
za, para las campañas 1984/85 y 1985/86, a que los 
Estados miembros utilicen el importe de la exacción 
complementaria en medidas de carácter nacional de 
restructuración de la producción lechera. Por este 
motivo en las cuentas del FEOGA sólo aparece la 
parte de la exacción no utilizada en estas medidas. 
Para hacer efectivo el control de la exacción, la 
Comisión solicitó que las declaraciones de los países 
correspondientes incluyeran la totalidad de las 
operaciones. 
El régimen de los doceavos provisionales 
Por otra parte, la Comisión publica anualmente en su 
informe financiero sobre el FEOGA/Garantía los datos 
0) Las notas aparecen al final del capítulo. 4.7. La Comisión recuerda su postura sobre la financia­
ción del régimen de las doceavas partes provisionales: se 
trata de un régimen de protección destinado a garantizar 
la continuidad del servicio público. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 205 
4.8 - 4.10. El artículo 8 del Reglamento Financiero no 
incluye disposiciones explícitas para el FEOGA- Garan­
tía. Sin embargo, el artículo 96 del Reglamento precisa 
que los «anticipos» para el FEOGA-Garantía represen­
tan, en materia de ejecución presupuestaria, «compromi­
sos provisionales globales». 
Por lo tanto, los anticipos son en realidad compromisos, 
incluso si tienen una particularidad propia, en virtud del 
carácter específico de la financiación de la Sección 
Garantía del FEOGA. 
Se deduce de ello que las disponibilidades en compromi­
sos para enero de 1985 correspondieran a tres doceavas 
partes. 
Tal como lo indica el Tribunal de Cuentas, en el mes de 
marzo, las disponibilidades fueron insuficientes, lo que 
obligó a la Comisión a solicitar una doceava parte 
complementaria. 
Esta doceava parte se calculó, de conformidad con el 
artículo 8 del Reglamento Financiero, tomando como 
base el doble límite constituido por el presupuesto de 
1984, sin olvidar las transferencias y el proyecto de 
presupuesto rechazado para 1985. 
La autoridad presupuestaria consideró, después, que en 
caso de rechazo del presupuesto el único límite que se 
debería tener en cuenta era el del presupuesto precedente 
y que, por consiguiente, no era necesaria una doceava 
parte complementaria al ser suficientes las disponibilida­
des existentes. La Comisión ejecutó los créditos disponi­
bles a la vez que insistía en el hecho de mantener su 
postura inicial y en la creciente necesidad de conducir la 
revisión del Reglamento Financiero que se inició el mes de 
diciembre de 1980. 
Por último, al haberse aprobado, el 24 de abril de 1985, el 
nuevo proyecto de presupuesto para 1985, creando así el 
segundo límite admitido por la autoridad presupuestaria, 
la Comisión pudo ajustarse de nuevo a los principios del 
doble límite. 
4.11. Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión no 
comparte las conclusiones del Tribunal de Cuentas según 
las cuales no se habían respetado las obligaciones del 
régimen de las doceavas partes provisionales. 
La Comisión desea, al igual que el Tribunal de Cuentas 
(véase el apartado 1.35), que se finalice, lo más 
rápidamente posible, la revisión del Reglamento Finan­
ciero, para que puedan precisarse las normas aplicables en 
esta materia y se evite de este modo en el futuro las 
dificultades de interpretación que existen actualmente. La gestión de la tesorería en los Estados 
miembros 
y 
conclusiones sobre la ejecución presupuestaria 
4.12-4.13. La Comisión comparte la inquietud del 
Tribunal de Cuentas acerca de la necesidad de poner 
remedio a la existencia de saldos importantes y toma nota 
del interés que el Tribunal de Cuentas muestra hacia los 
trabajos iniciados para mejorar el sistema de pago del 
FEOGA-Garantía. Para llevar a cabo dicha mejora es 
necesario introducir ciertas transformaciones en el 
funcionamiento de los servicios que efectúan los pagos de 
los Estados miembros y que dependen de las administra­
ciones nacionales, además de la generalización de un 
sistema informático entre los Estados miembros y la 
Comisión. Por estas razones, la Comisión decidió, el mes 
de junio de 1986, poner en marcha, en una primera etapa, 
un proyecto piloto conjuntamente con el país que ha 
adaptado su sistema nacional en función de las orienta­
ciones de la Comisión, a saber, Dinamarca. La Comisión 
considera que se trata de un paso hacia delante que debe 
conducir a la Comunidad a un sistema capaz de mejorar 
la gestión de los créditos del FEOGA-Garantía. 
Además, respecto a la observación del apartado 4.12 (a), 
hay que señalar que la situación a la que se alude se debió, 
en parte, a una huelga prolongada de los servicios 
públicos de un Estado miembro. 
OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN 
FINANCIERA 
Almacenamiento público: aspectos generales 
Evolución de los stocks 
4.14. La Comisión lamenta, al igual que el Tribunal de 
Cuentas, el crecimiento de las existencias que se 
encontraban en régimen de almacenamiento a finales de 
1985, por lo que ha realizado sus propuestas de precio 
para 1986/87 teniendo en cuenta lo anterior. Para ello ha 
hecho uso de su facultad de depreciar financieramente los 
productos almacenados en función de su pérdida de valor 
comercial, lo que implica un ahorro en los gastos de 
intereses. 
4.16. La Comisión señala que la producción mundial de 
cereales alcanzó, en 1985, su nivel máximo y que las 
solicitudes de los principales países importadores fueron 
limitadas. 
206 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
A pesar de ello, la Comunidad logró aumentar sus 
exportaciones, tal y como el Tribunal de Cuentas no deja 
de señalar. 
El Tribunal de Cuentas reconoce los importantes factores 
de orden no financiero que la Comisión debe tener en 
cuenta en materia de promoción de las exportaciones 
agrícolas y que condicionan su desarrollo. 
Evolución de los gastos 
4.17. Si se comparan los gastos de 1985 con los de 1984, 
sin tener en cuenta la depreciación financiera de las 
existencias almacenadas de 439 millones de ECUS que se 
efectuó en 1985, aparece un aumento de un 14,7%. 
Gastos repercutidos en los presupuestos 
nacionales 
4.20. El. sistema comunitario que se ha elegido para la 
financiación de los gastos de almacenamiento es un 
sistema a tanto alzado que se aplica y controla en un 
entorno de factores y de niveles de costes no armonizados 
entre Estados miembros. Por ello la financiación de estos 
gastos de almacenamiento no cubre el 100% de los costes 
en los que han incurrido ciertos organismos de interven­
ción. 
Por otra parte, teniendo en cuenta la situación difícil 
presupuestaria de la Comunidad, los gastos de financia­
ción y de almacenamiento se reembolsan de forma 
restrictiva. Para el período de 1986 a 1988, el Consejo, que 
adoptó el Reglamento (CEE) n° 1334/86 previo dictamen 
del Parlamento Europeo, intensificó dicha práctica 
dentro de unos límites. Sin embargo, hay que subrayar 
que la intervención de los Estados miembros afecta sólo a 
una parte de los gastos (160,2 millones de ECUS); se trata 
de medidas transitorias, lo que no impide el carácter 
comunitario de dicha política. 
Pérdidas potenciales y depreciaciones 
4.21. La Comisión comparte la opinión del Tribunal de 
Cuentas según la cual sería conveniente establecer una 
norma fija para calcular el valor de las existencias que se 
encuentran en almacenamiento a un nivel de precios que 
se adapte mejor a la realidad del mercado. 
La Comisión considera, no obstante, que actualmente no 
se reúnen las condiciones necesarias para establecer dicha 
norma, debido al bajo nivel actual de los recursos propios 
con respecto al nivel, muy elevado, de las existencias que 
se encuentran en almacenamiento. 
Cuando la Comisión considere que las condiciones son 
más favorables, propondrá una modificación definitiva 
del cálculo del valor de las existencias almacenadas para 
intervención. 
Mientras tanto, la Comisión aprovecha cualquier oportu­
nidad para efectuar depreciaciones puntuales dentro de la 
normativa vigente. Las posibilidades para proceder de 
esta forma se han visto aumentadas por el Reglamento 
(CEE) n° 964/86 del Consejo. 4.22. (a) Si bien es cierto que hasta 1985 el impacto 
financiero de las pérdidas anticipadas se incluye en las 
líneas presupuestarias « otros gastos del almacenamiento 
público », en el informe financiero de la Comisión relativo 
al FEOGA éste se presenta separadamente. Hay que 
señalar que para el ejercicio de 1986, la autoridad 
presupuestaria creó, a iniciativa de la Comisión, dos 
nuevas partidas relativas a la depreciación de las 
existencias que se encuentran en almacenamiento en los 
Capítulos «productos lácteos» y «carne de vacuno», 
dichas partidas se mantienen en el presupuesto de 1987. 
(b) La Comisión considera que el objetivo prioritario era 
evitar la aparición de un saldo negativo en la ejecución del 
presupuesto de 1985, como consecuencia, especialmente, 
de una previsión de los recursos propios inferior a la 
consignada en el presupuesto. Por este motivo, la 
Comisión no utilizó al máximo los créditos disponibles 
para la depreciación financiera de las existencias que se 
encuentran en almacenamiento. 
(c) Aunque si la Comisión tuviera en cuenta dichas 
existencias al fin del ejercicio para conocer las posibilida­
des máximas de depreciación financiera de los mismos, le 
sería imposible conocer dicho máximo antes del mes de 
enero del año siguiente, es decir, demasiado tarde para 
poder reaccionar en el mismo ejercicio. Por otra parte, 
una adaptación de método no habría tenido ningún 
resultado práctico en 1985 ya que los créditos máximos 
disponibles para tal operación habrían sido, sin lugar a 
dudas, inferiores al tercio de la depreciación máxima. 
(d) La Comisión procedió a la distribución de la 
depreciación financiera entre productos según los 
criterios establecidos por el Reglamento (CEE) n° 1883/ 
78 del Consejo, teniendo en cuenta el potencial de 
depreciación, la cantidad de existencias almacenadas y las 
perspectivas de salida de los productos. 
Debido al elevado nivel de las existencias de mantequilla 
almacenada y a las grandes pérdidas que genera su 
comercialización, la Comisión le dio prioridad. 
Gastos potenciales 
4.23. (a) La Comisión adjuntó, por primera vez, a la 
cuenta de gestión de 1984 una nota informativa sobre los 
gastos potenciales, procedimiento que utilizó de nuevo en 
1985, suministrando un balance estimativo del valor de 
comercialización. 
La Comisión opina que, de este modo, ha actuado según 
los deseos del Tribunal de Cuentas. 
A partir del ejercicio 1986, la Comisión incorporará a los 
estados financieros un anexo relativo a los ingresos de 
comercialización estimativos y a los gastos potenciales. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 207 
(b) El «stock normal» que la Comisión utiliza para el 
cálculo de los gastos potenciales tiene un carácter 
estimativo en función de la experiencia anterior y de su 
porcentaje en relación al consumo. Los «stocks norma­
les» representan, según los productos, entre 5 y 40 días de 
consumo, lo que no parece excesivo si se compara con 
otros sectores como, por ejemplo, el petróleo, en el que se 
suelen calcular unos 90 días. 
En sus estimaciones cuadrienales, la Comisión trató de 
calcular el valor real de las existencias de intervención 
partiendo de una hipótesis diferente: la salida de todas las 
existencias a corto plazo ejerciendo una mayor presión 
sobre los precios de salida. 
Conclusiones sobre el almacenamiento público: aspectos 
generales 
4.24-4.26. Respecto a los gastos potenciales, la 
Comisión complació al Tribunal de Cuentas adjuntando 
a las cuentas información suplementaria. En cuanto a la 
parte, poco importante, de gastos de almacenamiento 
correspondientes a los Estados miembros, la Comisión se 
remite a su respuesta al apartado 4.20. 
En opinión de la Comisión, el problema de las existencias 
está en función, sobre todo, de diferentes parámetros 
económicos y de la normativa agrícola de la Comunidad. 
Almacenamiento público: cereales 
Introducción 
4.27 - 4.28. La Comisión es plenamente consciente de 
que la producción de cereales aumenta más rápidamente 
que sus posibilidades de salida. Por este motivo, insiste 
ante el Consejo, tanto en la negociación de los precios 
para 1985/86 como para 1986/87, para que se adopten 
medidas que modifiquen la organización común del 
mercado de cereales. Calidad 
Criterios comerciales y comunitarios 
4.29 - 4.30. Mediante Reglamentos del Consejo y de la 
Comisión se reforzaron, a partir del primero de julio de 
1986, los criterios de calidad relativos a las ventas de 
cereales de intervención pública (Reglamentos (CEE) 
nos 1580/86, 2134/86 y 2135/86). De este modo, el grado 
de humedad para la intervención se fijó, como norma 
general, en un 14 % en lugar de un 16 %. En cuanto a la 
definición del trigo panificable, el Consejo empleó 
criterios más restrictivos. A estas medidas se añadió una 
reducción del precio de intervención aplicable al trigo que 
no responde a los criterios establecidos. 
Control de calidad 
4.31. La Comisión admite que la ejecución práctica de 
las operaciones de intervención pública existentes difiere 
de un Estado miembro a otro. No obstante, la Comisión 
señala el carácter provisional de los resultados de la 
investigación preliminar emprendida por el Tribunal de 
Cuentas. 
4.32. En lo que se refiere a la inspección de la calidad de 
los cereales aceptados a intervención, las observaciones 
del Tribunal de Cuentas reflejan las estructuras adminis­
trativas específicas de los Estados miembros. Para evitar 
mayores gastos administrativos, la intervención se 
organiza en cada Estado miembro ajustándose lo más 
posible a las prácticas comerciales. 
4.33. Tal como lo indica el Tribunal de Cuentas, los 
almacenistas son responsables, bajo contrato, ante los 
organismos de intervención de los Estados miembros, de 
la cantidad y de la calidad de los cereales de intervención 
que se les confían. Si bien es cierto que, en lo que se refiere 
a la calidad, dicha responsabilidad es más difícil de 
demostrar, la Comisión recuerda que, en tales casos y 
después de efectuar sus propias comprobaciones, aporta 
correcciones a los gastos en sus decisiones de liquidación 
de cuentas si los Estados miembros no lo han hecho 
previamente al presentar sus declaraciones de gastos. 
4.34. La Comisión es consciente de los problemas 
desvelados por la investigación preliminar del Tribunal de 
Cuentas. 
Señala que, en el estadio actual, el almacenamiento 
depende de la infraestructura de los almacenes existentes, 
por lo tanto, puede ocurrir que el almacenaje de los lotes 
de existencias tenga que hacerse en grandes volúmenes, 
dificultando, por consiguiente, su identificación y 
determinación del grado de homogeneidad. Sin embargo, 
208 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
una organización diferente del almacenaje precisaría, con 
toda seguridad, almacenes reservados únicamente al 
organismo de intervención o bien reestructuraciones 
importantes de los almacenes existentes, lo que acarrearía 
costes elevados. 
4.35. La Comisión tendrá en cuenta esta información al 
proceder a la liquidación de cuentas de los Estados 
miembros correspondientes. 
4.36 - 4.37. La Comisión comparte la preocupación del 
Tribunal de Cuentas acerca de la necesidad de reforzar los 
controles de calidad. 
En este sentido, la Comisión procedió, durante la 
campaña 1985-1986, al análisis de cerca de 2 000 muestras 
de cereales en intervención y, actualmente, se está 
efectuando la lectura mecánica de los datos obtenidos. 
Después de haber estudiado los resultados, la Comisión 
formulará sus propuestas respecto de una eventual 
ampliación de la investigación y de las mejoras que crea 
necesario aportar al sistema de control, teniendo en 
cuenta las sugerencias del Tribunal de Cuentas. 
Otros aspectos de la gestión nacional 
4.38. (a) Por lo que respecta a los plazos de pago, que en 
un principio establecían los Estados miembros, la 
Comisión procedió, en una primera etapa, a su armoniza­
ción, fijando una banda de 60-120 días. Dicha banda se 
redujo a 90-120 días, en virtud del Reglamento (CEE) 
n° 2180/85 de la Comisión, de 30 de julio de 1985. 
(b) Las situaciones mencionadas por el Tribunal de 
Cuentas pueden producirse en aquellos casos en los que, 
por exigencias técnicas o a causa de la saturación de 
capacidad de almacenamiento, el organismo de interven­
ción solicita que la entrega efectiva se retrase con respecto 
a la fecha prevista en la oferta. 
(c) y (d) La Comisión intentará que los procedimientos de 
control (entre ellos la organización de las contabilidades 
en el mismo organismo de intervención), que son 
competencia de los Estados miembros, respondan a las 
exigencias de la normativa comunitaria. 
Conclusiones acerca del almacenamiento público de 
cereales 
4.39. La Comisión considera que la producción de 
cereales depende de diferentes parámetros como, por 
ejemplo, los precios de garantía, los costes de producción, 
la previsión de producciones alternativas o las condicio­
nes meteorológicas. Además la revolución tecnológica y biotecnológica ha sido el factor principal del enorme 
aumento de los rendimientos y de la producción. 
La Comisión respondió a esta situación proponiendo, en 
1984, una reducción del precio de los cereales y propuso la 
introducción de una tasa de corresponsabilidad en dicho 
sector. Al mismo tiempo, la Comisión limitó las 
condiciones de la compra de intervención pública. 
Sin embargo, la Comisión es consciente de la importancia 
que se da a la mejora del control de la calidad. La 
Comisión se reserva el derecho, a la vista de los estudios 
que se realizan actualmente en las diferentes Instituciones 
comunitarias, de adoptar las medidas que fueran 
necesarias. 
OBSERVACIONES SOBRE 
LOS CONTROLES INTERNOS 
Fraudes e irregularidades 
Fiabilidad y exhaustividad de la información 
4.40. El incremento de los casos comunicados, con 
respecto a 1984, concierne a la mayoría de los Estados 
miembros y, prácticamente, a todos los sectores producti­
vos, lo cual podría ser síntoma de una mejor aplicación de 
los reglamentos. 
Sin embargo, para una valoración más precisa de la 
fiabilidad y représentatividad de las estadísticas es 
necesario tener en cuenta una serie de factores como, por 
ejemplo, los sistemas de control aplicados, la importancia 
financiera relativa de los gastos por Estado miembro, así 
como, para ciertas medidas, el número de transacciones y, 
para otras, el número y tipo de beneficiarios. 
En su respuesta al informe del Tribunal de Cuentas del 
ejercicio de 1984, la Comisión señaló que se había iniciado 
un estudio a fin de poder determinar precisamente por 
qué algunos Estados miembros presentaban muchos más 
casos de irregularidades que otros. El estudio sigue su 
curso. La Comisión estará en disposición de informar a 
las Instituciones interesadas cuando lo haya terminado. 
Se espera que los resultados del estudio estén disponibles 
a finales de 1986. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 209 
Recuperación de los créditos 
4.42 - 4.43. Tal como se indica en el punto 4.4.(b), la 
Comisión se remite a su respuesta dada en el apartado 
4.25 del informe anual del Tribunal de Cuentas del 
ejercicio de 1984. 
Asistencia mutua en la lucha contra el fraude 
4.44. La Comisión participa activamente en el desarro­
llo de la asistencia mutua entre las autoridades adminis­
trativas de los Estados miembros y de la cooperación 
entre estos últimos y la Comisión. Este desarrollo queda 
plasmado en los contactos diarios y en las reuniones 
periódicas que se celebran entre los Estados miembros y la 
Comisión. La propuesta de modificación del Reglamento 
(CEE) n° 1468/81 del Consejo está encaminada a 
fortalecer dicha cooperación con la mayor rapidez 
posible. Principalmente, se pretende que los Estados 
miembros, a iniciativa de la Comisión, faciliten la 
información que sea necesaria relativa a los casos de 
abuso o de irregularidades graves que puedan tener 
consecuencias en otros Estados miembros. 
Cabe añadir que la Comisión adoptó, el 1 de julio de 1986, 
para su transmisión al Consejo, una enmienda a la 
propuesta inicial (párrafo segundo del artículo 140 del 
Tratado CEE) (2). Dicha enmienda establece, en particu­
lar, la posibilidad de que la Comisión efectúe controles en 
los Estados miembros. 
Liquidación de cuentas 
Actividades de control de la Comisión 
4.46. Efectivamente, para poder liquidar las cuentas de 
los ejercicios hasta el año 1985, el 30 de junio de 1987, 
deberían adoptarse los procedimientos haciendo hincapié 
en los aspectos prioritarios de los controles. 
4.47. La Comisión prosigue sus tareas para la introduc­
ción de la auditoría de los sistemas. Hay que señalar 
asimismo que, partiendo de la experiencia adquirida, se 
elaboró un manual de control siguiendo la técnica de la 
auditoría de los sistemas, que se aplicará a partir de 
ahora. Con la utilización de dicho manual los controles 
serán más completos y se contribuirá a la armonización de 
los métodos de trabajo de los controladores. Al respecto, los organismos habilitados más importantes 
de los Estados miembros han sido objeto de una segunda 
visita de control para examinar las modificaciones que se 
introdujeron en los sistemas tras la primera visita; 
asimismo, otros dos organismos habilitados han sido 
objeto, por primera vez, de una auditoría de los sistemas. 
Además, la Comisión examinó la fiabilidad de los 
sistemas nacionales de control relacionados con una serie 
de medidas importantes 
4.48. Se mantiene la calidad de los controles individua­
les in situ; asimismo, la eliminación del retraso actual en la 
liquidación permitirá llevar a cabo un estudio más 
profundo de los controles y mejorará su eficacia después 
del 30 de junio de 1987. 
El problema de las reservas 
4.49-4.51. A raíz de las observaciones y críticas 
formuladas estos últimos años por el Tribunal de Cuentas 
respecto al problema de las reservas, la Comisión se 
replanteó su concepción general en materia de reservas y 
considera útil exponerla aquí de manera exhaustiva. 
Conviene distinguir entre la reserva general, que concier­
ne a las investigaciones específicas en curso, y las reservas 
puntuales. 
1. Por lo que respecta a la reserva general, se trata de 
preservar del derecho que tiene la Comisión de sacar 
conclusiones financieras de investigaciones específi­
cas que se llevan a cabo independientemente de los 
procedimientos de liquidación de cuentas de un 
ejercicio dado. Estas investigaciones específicas se 
refieren, principalmente, a los procedimientos relati­
vos al análisis de los expedientes «infracciones» 
(procedimiento artículo 169 del Tratado), de los 
expedientes «ayudas nacionales incompatibles» 
(procedimiento artículo 93 del Tratado), así como de 
los expedientes relativos a los casos de supuestas 
irregularidades o negligencias (procedimiento según 
el artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 283/72 o el 
artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 729/70). 
En realidad, la única relación con la liquidación de 
cuentas es que la decisión de liquidación constituye el 
medio de regular las consecuencias financieras que 
resultan, llegado el caso, de investigaciones específi­
cas. Por otra parte, se ha introducido una reserva 
general en las decisiones de liquidación para preser­
var el derecho que tiene la Comisión de sacar, 
posteriormente, conclusiones financieras. 
2. Las reservas puntuales no están relacionadas directa­
mente con la liquidación de cuentas. Las reservas 
puntuales pueden adoptar la forma de aceptaciones 
provisionales (reservas positivas) o de rechazo 
(reservas negativas). 
210 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
(a) La aceptación provisional se utilizó cuando había una 
postura favorable a tener en cuenta el gasto pero 
subsistía una duda que sólo podía disiparse comple­
tando el análisis del expediente. 
En la actualidad se utiliza otro sistema para los casos 
que hacen necesarias comprobaciones suplementa­
rias. Para dichos casos, la Comisión puede, a fin de no 
retrasar sus decisiones de liquidación, decidir la 
exclusión de los gastos declarados de su decisión de 
liquidación. Por consiguiente, la liquidación de estos 
gastos se aplaza a una fecha posterior. Este sistema, 
que se aplicó por primera vez en las liquidaciones de 
1980/81 y 1982, evita la aceptación provisional de los 
gastos (reserva positiva) pero provoca una fragmen­
tación de la decisión de liquidación. 
(b) En lo que se refiere a los rechazos provisionales de los 
gastos, pueden desglosarse así: 
— rechazos provisionales a la espera de la sentencia 
del Tribunal de Justicia sobre un asunto similar al 
que es objeto del rechazo provisional; 
— rechazos provisionales por otros motivos, en 
general justificaciones complementarias que debe 
suministrar el Estado miembro. Los rechazos 
provisionales por dichos motivos sólo están 
previstos excepcionalmente por motivos debida­
mente justificados. Su importe en 1980/81 se 
elevaba a 24 millones de ECUS, aproximadamen­
te, contra los 2 120 millones de ECUS declarados. 
Estos rechazos son de carácter temporal; en 
principio, la Comisión decide definitivamente al 
efectuar la liquidación siguiente. 
(c) Los importes relativos a los rechazos provisionales y a 
los desgloses se indican en las decisiones de liquida­
ción y se adjuntarán a las cuentas de gestión mediante 
una nota informativa. 
4.52-4.55. Las investigaciones mencionadas por el 
Tribunal de Cuentas, a saber, las efectuadas en Italia en el 
sector del aceite de oliva y en Francia en el sector de las 
frutas y hortalizas, son investigaciones específicas 
efectuadas por las autoridades nacionales a demanda de 
la Comisión en virtud del artículo 9 del Reglamento 
(CEE) n° 729/70. Dichas investigaciones se llevan a cabo 
independientemente de los procedimientos de liquida­
ción. 
Por lo que se refiere a la investigación efectuada en Italia, 
se explicó en el informe de síntesis relativo a la liquidación 
del ejercicio de 1982 (apartado 3.4.1.1) que los resultados 
de la investigación no han dado lugar, hasta el momento, 
a correcciones financieras. En cuanto a las consecuencias financieras relativas a la investigación en Francia, hay 
que decir que se han regularizado en las liquidaciones de 
1978/1982. 
Hay que destacar, asimismo, que tanto en Italia como en 
Francia se han adoptado medidas para mejorar los 
sistemas de control en los sectores correspondientes tan 
pronto como se han observado puntos débiles. 
Tal como indicó la Comisión en su respuesta al informe 
anual de 1984 (apartado 4, sección III, Capítulo 1), es 
consciente de la necesidad de mejorar el control sobre la 
ejecución de las políticas de la Comunidad. Por lo tanto, 
la Comisión comparte el punto de vista del Tribunal de 
Cuentas sobre los plazos que necesitan Francia e Italia 
para poder realizar las investigaciones solicitadas por la 
Comisión, y sigue esforzándose para superar dichas 
dificultades. 
Colaboración de los Estados miembros 
4.56. La Comisión confirma la respuesta dada a este 
punto en el informe del Tribunal de Cuentas de 1984 
(apartados 4.43—4.44) sobre la importancia que concede 
al acceso a los informes nacionales de control. A fin de 
superar las dificultades que se presentan en este contexto, 
la Comisión interviene ante los Estados miembros. 
Hay que señalar que el Presidente de la Comisión envió, el 
6 de diciembre de 1985, una carta a todos los Estados 
miembros recordándoles la importancia que revisten las 
cuestiones de liquidación de cuentas e invitándoles a que 
intensifiquen su colaboración con los servicios de la 
Comisión. 
SEGUIMIENTO DEL INFORME ESPECIAL 
RELATIVO A LAS AYUDAS AL ACEITE DE 
OLIVA 
Ayudas a la producción 
Agencias de control del aceite de oliva 
4.58-4.59. Ciertamente, ha existido un retraso en la 
realización de los controles y en otras obligaciones 
atribuidas, según el Reglamento (CEE) n° 2262/84 del 
Consejo, a las agencias de control del aceite de oliva en 
Italia y Grecia. Las principales causas de este retraso son 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 211 
las dificultades administrativas y/o legales que encontra­
ron los dos Estados miembros al tomar las primeras 
medidas para crear las agencias. 
Controles habituales 
4.60. Desde el principio la Comisión ha seguido muy de 
cerca la evolución de la creación de las agencias. El 
artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 27/85 establece que 
los Estados miembros asumirán la realización de los 
controles previstos por la legislación en el sector del aceite 
de oliva hasta el momento en que las agencias estén en 
condiciones de efectuarlos. 
Por lo que se refiere al archivo informatizado previsto en 
Grecia, la Comisión envió una carta de requerimiento a 
dicho Estado miembro el 25 de julio de 1986; se está a la 
espera de su respuesta. En la misma fecha, la Comisión 
envió igualmente una carta de requerimiento a Italia 
relativa al archivo informatizado previsto en ese país. 
Registro de cultivos de aceituna 
4.62. La Comisión solicitó a las autoridades italianas la 
utilización de la parte ya elaborada del registro de cultivo 
de aceituna para la comprobación de las declaraciones de 
cultivo de los oleicultores a partir de la campaña 1983/84. 
Todavía no han empezado los trabajos sobre el registro en 
Grecia ya que las autoridades y la Comisión siguen 
discutiendo las modalidades de aplicación. El retraso de 
su ejecución se debe a la falta de un catastro territorial en 
Grecia y a la propuesta de este país de elaborarlo al 
mismo tiempo que el registro de cultivo de aceitunas. 
Liquidación de cuentas 
4.63. El caso mencionado por el Tribunal de Cuentas 
todavía no ha sido objeto de una liquidación de cuentas al 
tratarse de una investigación específica cuyos resultados 
siguen sin conocerse. La Comisión expresó una reserva 
general sobre este caso (véase también la respuesta a los apartados 4.46 a 4.55 del presente informe). La Comisión 
no dejará de recordar al Estado miembro interesado sus 
obligaciones. 
Stocks de aceite de oliva 
4.64. Puede producirse tal discordancia habida cuenta 
de los procedimientos de comprobación llevados a cabo 
posteriormente por los Estados miembros, para las 
declaraciones para la liquidación de cuentas, por ejemplo. 
En este caso concreto, tras la solicitud de la Comisión, la 
administración italiana facilitó una serie de datos. En 
efecto, éstos muestran que el inventario de existencias 
elaborado a 30 de diciembre de 1984 fue corregido más 
tarde teniendo en cuenta las diferencias que se observaron 
durante tales comprobaciones. Provisionalmente, se tiene 
en cuenta la corrección sin perjuicio de un examen 
posterior en el momento de la liquidación de cuentas. 
Conclusiones acerca del aceite de oliva 
4.65. La creación de agencias de control fue una 
respuesta concreta a las dificultades que presentaba el 
sector del aceite de oliva. 
A pesar del retraso, mencionado en el apartado 4.59, en la 
implantación de determinados elementos del nuevo 
régimen, la Comisión considera que los problemas que 
presenta el sector de la ayuda a la producción podrán 
resolverse con las medidas previstas en 1984. 
El retraso debe atribuirse a los problemas en la creación y 
puesta en funcionamiento de las agencias más que a los 
principios de los mecanismos de control adoptados. 
Además, hay que señalar que la Comisión tiene previsto 
proponer, antes del verano de 1987, los principales 
elementos que se deben tener en cuenta para adaptar el 
acerbo comunitario en el sector de las materias grasas 
vegetales, de conformidad con la declaración común 
aneja al Acta de adhesión de España y de Portugal a las 
Comunidades Europeas. 
(>) Reglamento (CEE) n° 1079/77, segundo considerando. (2) COM(86) 381 final de 2. 7. 1986. 
212 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL 
CAPÍTULO 5 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, 
Sección «Orientación» (FEOGA-Orientación), 
y acciones agrícolas específicas 
OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA Por otra parte, en cuanto a las acciones específicas con un 
programa adoptado por un Reglamento del Consejo, 
estos programas son de tal naturaleza que, a menudo, 
únicamente establecen un importe estimado con valor 
indicativo. 
Recuperación de cantidades pagadas en 
exceso 5.9. La Comisión está dispuesta a examinar la propues­
ta del Tribunal de Cuentas. 
5.6. La Comisión remite en este punto a la respuesta que 
ha formulado al apartado 2.11 del Informe del Tribunal 
de Cuentas. 5.10. El importe a que se refiere el Tribunal de Cuentas 
no constituye más que una estimación a título provisional 
que se inscribe en la dotación quinquenal fijada por el 
Consejo en su Reglamento (CEE) n° 729/70 (cf. remite la 
respuesta al Capítulo 1). 
Gastos pendientes de realizar 
Gestión de los créditos del artículo 320 
5.7. La Comisión está de acuerdo en que los importes de 
las solicitudes de reembolso, que por diversos motivos no 
se hayan podido pagar a final de año, consten de forma 
adecuada en la documentación financiera relativa al 
ejercicio. 
Se sobreentiende que estos importes sólo serán indicati­
vos y no prejuzgan las decisiones de reembolso que adopte 
la Comisión previa verificación de las solicitudes. 5.11. La Comisión se remite a su respuesta al apartado 
6.9 del informe del Tribunal de Cuentas. 
5.12. El presupuesto del ejercicio 1985 para el FEOGA-
Orientación se elaboró en condiciones de austeridad y, 
por consiguiente, para un gran número de artículos del 
Capítulo 32 los créditos han sido insuficientes. 
5.8. Es conveniente hacer la distinción entre acciones 
indirectas sin límite global preestablecido (acciones 
socioestructurales e indemnizaciones compensatorias a 
zonas desfavorecidas) y acciones indirectas específicas 
sujetas a un programa. 
En el primer caso es imposible establecer con precisión los 
costes antes de que se presente la solicitud de reembolso. La Comisión, consciente de esta situación, ha decidido 
conceder prioridad a las acciones específicas por las 
siguientes razones: a) la continuación de estas acciones 
depende de la financiación comunitaria; b) estas acciones 
ocasionan gastos a mediados de año, contrariamente a los 
créditos para la indemnización compensatoria de las 
zonas desfavorecidas que no se utilizan hasta finales de 
año. Esto ha llevado, en una primera fase, a transferencias 
del artículo 320 hacia otras partidas del Capítulo para no 
entorpecer el ritmo de realización de estas acciones. En 
una segunda fase, la Comisión ha reforzado el artículo 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 213 
320 mediante una transferencia procedente del Título 2 
que no se podía realizar hasta finales del ejercicio, a fin de 
poder reembolsar todas aquellas solicitudes cuyo examen 
de expediente había sido terminado. 
En consecuencia, la Comisión considera que ha efectuado 
una ejecución responsable del presupuesto, en circunstan­
cias particularmente difíciles. 
Elaboración de los calendarios de previsiones 
de pagos 
5.13 - 5.14. La Comisión tiene empeño en señalar que la 
duración del procedimiento presupuestario y las normas 
generales adoptadas para fijar los vencimientos impiden 
que, en algunos casos, sus servicios dispongan de toda la 
información que se precisa para fijar los vencimientos con 
la exactitud deseada. 
Gastos complementarios en el marco de la 
partida 3841 «Programas de investigación» 
5.15. La Comisión quiere indicar al Tribunal de 
Cuentas que ha decidido que también se reembolsen en 
ECUS los gastos complementarios presentados por 
terceros en monedas nacionales para aplicar uniforme­
mente criterios respecto a su decisión sobre los contratos 
de investigación y para fomentar la utilización del ECU. 
La Comisión comprende, sin embargo, la preocupación 
que subyace a la observación del Tribunal de Cuentas y 
está dispuesta a examinar su propuesta siempre que ello 
no provoque problemas de seguimiento y de gestión 
difíciles de superar. 
Créditos inscritos en la partida 3892 
« Sacrificio de cerdos y transformación de 
carne de porcino en el Reino Unido ». 
5.16. En consideración a las observaciones formuladas 
por el Tribunal de Cuentas sobre las imputaciones 
presupuestarias a la partida 3892, la Comisión ha tenido 
en cuenta, en la ejecución del presupuesto de 1985, su 
punto de vista según el cual «el comentario incluido en el 
presupuesto rectificativo y suplementario (PRS) n° 2/83, 
que creó la línea 3892, interpretaba bien la voluntad de la 
autoridad presupuestaria y constituía una base válida 
suficiente para proceder a una imputación en esta 
línea» Q). 
Para el futuro, la Comisión ha propuesto en el Antepro­
yecto del Presupuesto (APP) de 1987 que los pagos 
pendientes referidos a los compromisos contratados para 
esta acción se efectúen con cargo al artículo 301 del 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. Presupuesto y, por consiguiente, la antigua partida 3892 
ya no se incluye en el capítulo 38 del APP 1987. 
APLICACIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS A 
LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN FAVOR DE 
EMPRESAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
(Reglamento (CEE) n° 355/77) 
Problemas relativos a la garantía de rentabilidad de los 
proyectos 
5.19 - 5.20. Los servicios de la Comisión deben exami­
nar la cuestión de la rentabilidad ex ante, el Tribunal de 
Cuentas determina los resultados ex post. Es por lo tanto 
evidente que el pronóstico basado en los datos disponibles 
cuando se examina el expediente puede, en determinados 
casos y por razones muy diversas, no corresponder a la 
realidad. 
5.20. (a) En lo que atañe a la cooperativa francesa que nos 
ocupa, a la Comisión no le sorprende que los resultados 
financieros no sean más que ligeramente positivos o 
incluso negativos. Esto les ocurre a casi todas las 
cooperativas cuyo objetivo principal es conseguir que sus 
miembros se beneficien de los precios y las condiciones 
más favorables. 
(b) En este caso, el Tribunal de Cuentas compara las 
previsiones hechas en 1979 con el resultado real 
observado con posterioridad en el año 1984/85. Un 
resultado ligeramente negativo (y el saldo negativo es 
muy pequeño con relación al volumen de negocios) 
durante uno o dos años, no tiene, por otra parte, ninguna 
significación respecto a la rentabilidad a medio y largo 
plazo. En el caso de referencia, la situación no es 
preocupante en absoluto. 
(c) En el momento de la concesión de la contribución a 
finales de 1981, los balances 1977 — 1978 — 1979 
mostraban una situación financiera y económica satisfac­
toria. Además, la empresa cerró el ejercicio 1981 con 
beneficios. 
214 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Las previsiones de rentabilidad de la inversión también 
eran satisfactorias. 
El problema del proyecto parece que se deriva, más bien, 
de un problema de gestión a causa de la jubilación del 
responsable comercial. 
(d) En lo que respecta a la concesión de la ayuda, la 
evolución desfavorable posterior no era previsible en el 
momento de la decisión, ya que la sociedad había tenido 
una evolución muy estable durante muchos años. 
(e) Es evidente que con la concesión de una contribución 
del FEOGA-Orientación a un proyecto, la Comisión no 
puede garantizar una situación siempre favorable frente a 
determinadas especulaciones. 
Además, tal como lo indica el Tribunal de Cuentas, la 
Comisión ha reaccionado tomando las medidas apropia­
das a partir del momento en que se ha agravado la 
situación (cf. respuesta a la pregunta escrita n° 1631/85 
del Señor Happart a la Comisión) (2). 
Problemas relacionados con la capacidad de 
transformación de tomates 
5.22. El Tribunal de Cuentas observa, con mucha 
razón, que los proyectos no se refieren al aumento de las 
capacidades de transformación de tomates y que, por lo 
tanto, están totalmente de acuerdo con los criterios de 
selección. Dentro del marco del Reglamento (CEE) 
n° 355/77, con el establecimiento de los criterios de 
selección de los proyectos, la Comisión evita sistemática­
mente conceder contribuciones del FEOGA-Orientación 
al desarrollo de producciones excedentarias. 
Por otra parte, es evidente que las empresas que invierten 
en proyectos perfectamente válidos no pueden ser 
excluidas del beneficio de las ayudas previstas por la 
normativa por el mero hecho de que hayan invertido, 
independientemente de estos proyectos y de forma 
totalmente legal, sus propios recursos en otros sectores. 
No obstante, la Comisión, preocupada por este proble­
ma, examinará en la medida de sus posibilidades los casos 
que puedan implicar riesgos de este tipo. 
Problemas relacionados con el cumplimiento del plan de 
financiación de los proyectos 
5.26. (a) Es cierto que en un determinado número de casos 
(de los que el Tribunal de Cuentas ha mencionado algunos), se ha observado que existían contradicciones o 
confirmaciones erróneas en los documentos justificativos 
presentados. La Comisión ha pedido explicaciones a las 
correspondientes autoridades y las ha invitado a que 
apliquen estrictamente la normativa comunitaria. En 
Francia, las autoridades ya han reaccionado reorganizan­
do determinados procedimientos, lo que debería evitar 
que se repitieran casos de este tipo. 
(b) La Comisión se enfrenta a los siguientes problemas: 
los proyectos de ejecución lenta situados en países con 
una inflación elevada no se ejecutarán si no se permite que 
los Estados miembros se hagan cargo de la parte de los 
costes suplementarios que no corran a cargo del 
beneficiario. Ésta es la razón por la que la Comisión limita 
la regla de cálculo de prorrata al pago de los costes 
elegibles aunque sin rebasar el importe de la contribución 
fijado en su Decisión. 
(c) Es cierto que en el caso del proyecto francés no se han 
aplicado correctamente las instruciones internas para el 
cálculo, por lo que se ha recordado la necesidad de 
cumplirlas escrupulosamente. No obstante, como el 
importe calculado de forma incorrecta figura en la 
Decisión y el beneficiario actúa de buena fe ya que ignora 
las instrucciones internas, no existe posibilidad de 
rechazar o de recuperar la contribución. 
(d) En el caso neerlandés, la Comisión se ha visto obligada 
a pagar el importe total de la contribución puesto que, de 
todos modos, este importe era inferior a la contribución 
máxima legalmente posible, es decir, al 25 %. 
De esta forma, el beneficiario ha podido obtener una 
contribución proporcionalmente más elevada, gastando 
menos de lo previsto. Con la intención de evitar 
situaciones semejantes, la Comisión ha introducido desde 
finales de 1985 una cláusula en las decisiones que permite 
evitar que tales casos se produzcan. 
(e) En cuanto al proyecto británico, la ayuda de 16 493 
UKL se calculó correctamente en el momento de la 
determinación de la contribución. En el momento del 
pago, el Estado miembro no pagó el importe total de su 
participación de acuerdo con las normas vigentes. A 
partir de entonces la Comisión no ha controlado el 
importe pagado por el Estado miembro. No obstante, la 
Comisión ha entrado en contacto con las autoridades 
británicas para efectuar la regularización de la situación. 
Además, se han tomado medidas para evitar que se 
repitan tales casos. 
(f) En el caso que se cita, se han pedido explicaciones 
sobre la concesión de la ayuda mencionada. No es 
evidente, sin embargo, que esta concesión implique una 
reducción de la ayuda comunitaria. En efecto, la ayuda 
comunitaria únicamente se reducirá cuando las ayudas 
acumuladas del Estado miembro y del FEOGA sobrepa­
sen el 5% de los costes, con lo que la participación del 
beneficiario ya no alcanzaría el mínimo reglamentario 
previsto. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 215 
(g) En el caso de referencia, el beneficiario ha presentado 
una documentación en la que consta: 
— la fecha de facturación 
— el importe 
— la forma de pago y 
— la fecha de pago. 
La Comisión ha considerado que esta documentación era 
suficiente para el caso de referencia. La Comisión está de 
acuerdo con el Tribunal de Cuentas en que, normalmente, 
la documentación es más completa. Habida cuenta de la 
observación hecha por el Tribunal de Cuentas, la 
Comisión está dispuesta a reexaminar este caso. 
Problemas relacionados con la modificación de los 
proyectos después de la concesión de ayudas 
5.28. Efectivamente, el proyecto ha sufrido importantes 
modificaciones impuestas por la situación del mercado. 
Existen, al nivel de la Comisión, instrucciones muy 
concretas que indican en qué medida son aceptables las 
modificaciones de este tipo. Según estas instrucciones, las 
modificaciones aportadas al proyecto en cuestión eran 
aceptables. 
En el momento de la modificación de la decisión, la 
sociedad beneficiaría era jurídicamente la misma, pero 
una sociedad privada había adquirido una parte del 
capital. Sin embargo, el gran grupo cooperativo seguía 
detentando más de la tercera parte del capital y los 
contratos con los productores no se vieron afectados. 
Problemas relacionados con las ayudas repetitivas 
5.30 - 5.31. El simple hecho de que una empresa reciba 
consecutivamente varias contribuciones no es de por sí 
criticable. En realidad se trata, por norma general, de 
beneficiarios que tienen una política de inversiones 
prudente y que en cada solicitud de contribución sólo 
presentan una parte de las inversiones realizables a corto 
plazo. Por el contrario, existen beneficiarios que, a pesar 
de haber obtenido una única contribución, se han 
beneficiado de ayudas mucho más elevadas que los 
beneficiarios citados por el Tribunal de Cuentas. En general, la Comisión puede confirmar que concede 
especial importancia a la cuestión del cumplimiento de las 
condiciones de competencia. 
ACCIONES COMUNES EN FAVOR DE LA 
GANADERÍA EN ITALIA 
Reglamento (CEE) n° 1944/81 
5.33. En el Reglamento (CEE) n° 1944/81, el Consejo 
fijó, previo dictamen favorable del Parlamento Europeo, 
los importes por unidad máximos elegibles para determi­
nadas medidas de la acción común, así como el importe 
global elegible por el Fondo para los distintos tipos de 
intervención. El programa-marco se ha elaborado de 
conformidad con el Reglamento del Consejo. 
5.34. En lo que se refiere a la observación del Tribunal 
de Cuentas sobre la entrega a los organismos de 
intervención, la Comisión estima que se tuvo en cuenta la 
situación del mercado de la carne en el momento de la 
adopción del Reglamento y se remite a la respuesta dada 
al apartado 4.15 del informe correspondiente al ejercicio 
1984. 
Las modificaciones que aporta el Reglamento (CEE) 
n° 797/85 del Consejo no van encaminadas a modificar 
esta apreciación puesto que sólo pretenden adaptar las 
condiciones de concesión de las ayudas dentro del marco 
del Reglamento (CEE) n° 1944/81 a las previstas en dicho 
Reglamento, que es de aplicación general. 
5.35. La Comisión admite que la aplicación del 
Reglamento sigue siendo limitada y que, hasta el 
momento, sólo seis regiones han presentado solicitudes de 
reembolso. 
Las razones por las que la acción no ha avanzado se deben 
atribuir, al menos en parte, al carácter innovador del 
programa, tanto en sus mecanismos como en sus 
objetivos. Esto, junto a una administración nacional muy 
descentralizada, ha retrasado la puesta en marcha de la 
acción. 
La Comisión estima que debería acelerarse el ritmo de 
realización de esta acción habida cuenta de las modifica­
ciones hechas al Reglamento como consecuencia de la 
adopción del Reglamento (CEE) n° 797/85. 
216 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Reglamento (CEE) n° 2969/83 
5.37. El hecho de que el Reglamento (CEE) n° 2969/83 
cubra un mayor número de explotaciones ganaderas que 
el Reglamento (CEE) n° 1944/81 no reduce en nada su 
carácter de medida capaz de facilitar la puesta en marcha 
del Reglamento (CEE) n° 1944/81. 
5.38. La Comisión reconoce que se ha basado en las 
previsiones comunicadas por las autoridades nacionales. 
Se trata, en efecto, de un caso típico en el que el ritmo de 
realización de una medida está directamente ligado a la 
acogida que la misma tenga entre los agricultores. En 
estos casos, es difícil realizar una previsión y los 
resultados están forzosamente sujetos a variaciones. 
Además, la Comisión subraya que los servicios responsa­
bles de la aplicación de la medida eran los bancos. 
DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE 
MONTAÑA Y OTRAS ZONAS 
DESFAVORECIDAS 
Justificación de la ampliación de las zonas 
5.45. Las propuestas de la Comisión para la clasifica­
ción de las zonas desfavorecidas siempre se han efectuado 
tras un examen detallado de los datos proporcionados 
por los Estados miembros. 
En el caso del Reino Unido, la Comisión se ha enfrentado 
a problemas estadísticos especiales derivados del hecho de 
que una gran parte de la superficie se compone de pastos 
poco abundantes. No obstante, la Comisión ha analizado 
y comprobado la diferencia entre las superficies declara­
das en 1974 y en 1982. 
En otros casos, como el de Francia, la Comisión hace 
notar que la ampliación y la adaptación de las zonas y, 
por lo tanto, la transferencia de zonas de una categoría a otra de acuerdo con los criterios comunitarios, se 
justifican por el hecho de que, al principio, se hizo una 
delimitación de las zonas un tanto restringida. 
5.46. Los criterios generales de clasificación de las zonas 
se enuncian en la Directiva 75/268/CEE. Sin embargo, 
estos criterios generales se deben traducir en categorías 
estadísticas y estas categorías estadísticas pueden variar 
según los Estados miembros, las regiones o incluso, con el 
tiempo, a fin de atenerse mejor a la realidad de cada 
situación. 
Cuando la Comisión modifique los criterios que aplica, 
estas modificaciones se mencionarán en su propuesta a fin 
de que el Consejo y el Parlamento Europeo puedan 
juzgarlas. 
En el caso de la modificación, en 1985, de los criterios de 
clasificación en Irlanda, la Comisión quiere subrayar que 
la ha propuesto después de haber realizado profundas 
invstigaciones. 
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE 
LAS MEDIDAS DE AYUDA REGIONAL 
5.48. La Comisión está de acuerdo con el Tribunal de 
Cuentas. La Comisión se propone tener en cuenta la 
experiencia adquirida en la elaboración de las propuestas 
de adaptación de las políticas estructurales que someterá 
al Consejo. 
5.49. La Comisión admite que es necesario valorar el 
impacto económico de las medidas. 
La Comisión siempre ha seguido de cerca la aplicación y 
los efectos de las distintas medidas y se propone 
intensificar este esfuerzo, especialmente recurriendo a las 
disposiciones del artículo 22 del Reglamento (CEE) 
n° 797/85, que prevé una financiación comunitaria para la 
realización de estudios para valorar la eficacia económica 
de las medidas establecidas por este Reglamento. 
(!) DO C 326 de 16.12.1985, apartado 5.12. (2) DO C 29 de 10.2.1986, p. 21. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 217 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL 
CAPÍTULO 6 
Política común de la pesca 
INTRODUCCIÓN 
6.3. Las conclusiones del informe especial del Tribunal 
de Cuentas relativo a la organización común de mercados 
de los productos pesqueros han sido estudiadas por la 
Comisión y tenidas en cuenta en la medida de lo posible 
dentro del seguimiento de los compromisos que ésta 
última tomó para el ejercicio de 1985. 
OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Utilización de los créditos disponibles 
6.7. A partir del mes de septiembre de 1985 las normas 
de aplicación en materia de solicitudes de reembolso ya 
entraron en vigor (Decisión 85/474/CEE de la Comisión, 
de 16 de septiembre de 1985) (»). Sin embargo, la 
participación de los Estados miembros ha sido inferior a 
las previsiones. 
6.8. La Comisión adoptó, el 14 de noviembre de 1985, 
una nueva propuesta de Reglamento del Consejo sobre la 
coordinación y la promoción de la investigación en el 
sector pesquero. Esta propuesta se está debatiendo 
todavía en las instancias del Consejo (2). Gastos derivados del acuerdo sobre la pesca 
relativo a Groenlandia 
6.9. Para hacer frente a la obligación jurídica que se 
deriva de un Acuerdo internacional (Reglamento (CEE) 
n° 2/85 del Consejo) según la cual debía entregarse al 
gobierno local de Groenlandia una suma de 26,5 millones 
de ECUS y dada la imposibilidad de hacerlo dentro del 
régimen de las doceavas partes provisionales, la Comisión 
sometió este problema a las autoridades presupuestarias. 
Tal y como se indica en el acuerdo al que llegaron las dos 
ramas de la autoridad presupuestaria, 10 millones de 
ECUS se imputaron al artículo 422 y 16,5 millones de 
ECUS al artículo 320. 
Cuando se procedió a la aprobación final del Presupuesto 
de 1985, la entrega se imputó íntegramente al artículo 424, 
previsto para tal fin. 
Pagos efectuados en el marco de los acuerdos 
de pesca con determinados países en vías 
desarrollo (PVD) 
6.10. Las series de pagos efectuados en diciembre de 
1985 en favor de un organismo francés que toma a su 
cargo becarios de ciertos países africanos, cubrían los 
costes de los años académicos 1985/86 y 1986/87. 
Estos costes se basan en estimaciones de gastos realizadas 
para cada estudiante y abarcan todo el período de 
formación previsto; por lo tanto, no pueden confirmarse 
hasta el final del período de formación. 
0) Las notas aparecen al final del capítulo. Por consiguiente, estos pagos se han efectuado en calidad 
de anticipos. 
218 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Debe subrayarse que se ha solicitado la presentación 
periódica, además de las estimaciones ya entregadas, de 
una relación de los gastos reales de cada uno de los 
becarios y que esta relación es objeto de control por parte 
de los servicios de la Comisión. 
6.11. La Comisión ha tenido que aceptar esta cláusula 
en el acuerdo negociado con Madagascar por demanda 
expresa de la otra parte. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
ACCIÓN COMÚN PARA EL DESARROLLO 
DE LOS SECTORES DE LA PESCA Y DE LA 
ACUICULTURA (ARTÍCULO 460 DEL 
PRESUPUESTO) 
Observaciones especiales 
Proyectos italianos 
6.18-6.21. En varias ocasiones y, especialmente, con 
motivo de una visita in situ, se recomendó a las 
autoridades italianas que entregaran la ayuda nacional en 
su globalidad antes de presentar la solicitud de pago final 
a la Comisión. Según las autoridades italianas, la 
legislación nacional no permite el pago total de la ayuda 
nacional si la Comisión aún no ha entregado el 80% de su 
participación. La Comisión es consciente del hecho de 
que tal práctica provoca retrasos en la tramitación de los 
expedientes y multiplica inútilmente las operaciones de 
pago. 
En lo que respecta a los planes de financiación presenta­
dos por los beneficiarios, los servicios de la Comisión no 
pueden garantizar que los fondos propios de que dispone 
el solicitante en el momento de su petición aún subsistan 
en el momento de la ejecución del proyecto. 
Efectivamente, es evidente que el módico capital que 
posee el pescador autónomo se emplea, a veces, para 
hacer frente a situaciones imprevistas (reparaciones, 
accidentes, etc). La Ley de 1982, citada por el Tribunal de 
Cuentas, fue prevista para subvenir a los problemas de 
financiación, pero, tal y como se menciona en el informe, 
esta ley aún no es de aplicación general. Proyectos irlandeses 
6.22-6.25. La naturaleza experimental de estos pro­
yectos no permite que los beneficiarios respeten siempre 
los plazos previstos. 
Se supone que las autoridades nacionales estudian 
previamente, entre otros, la fíabilidad de los balances y de 
las cuentas de explotación y que sólo envían los proyectos 
que presentan mayores garantías de éxito en su realiza­
ción. No obstante, hay que resaltar que a una gran parte 
de pescadores su legislación les reconoce el derecho a 
llevar un balance y una contabilidad simplificados y que 
las inversiones en la industria pesquera son, por 
naturaleza, operaciones que implican un cierto factor de 
riesgo. 
Por lo que respecta a los proyectos IRL/61/80 e IRL/109/ 
82 (el primero destinado a la cría de alevines de anguilas y 
el segundo a su desarrollo), la solicitud presentada para el 
segundo proyecto ha aceptado que el primero de ellos era 
operacional. El segundo proyecto no sólo ha sido objeto, 
de entrada, de un examen detallado sino que, además, 
durante una visita in situ se ha constatado que el primer 
proyecto había evolucionado normalmente y que la 
implantación prevista para el segundo proyecto era 
conforme a las normas existentes en la materia. Entretan­
to, se produjeron acontecimientos externos que hicieron 
difícil la evolución de los trabajos. Primeramente, a la 
abundancia de alevines salvajes siguió, bruscamente y en 
sólo dos temporadas, una ausencia total de la especie—lo 
cual ocurre, a veces, con los peces migradores. En 
segundo lugar, el plan de desarrollo de estos alevines 
dependía del suministro de agua caliente procedente de 
una central eléctrica. El organismo que proporcionaba la 
electricidad (Electricity Supply Board) anunció, en 
septiembre de 1983, que se estaba elaborando un estudio 
encaminado a verificar el coste de funcionamiento de la 
central, la cual estaba previsto clausurar. En 1985, este 
organismo decidió mantener en funcionamiento la central 
y el proyecto se puso de nuevo en marcha alcanzando una 
producción de anguilas de 6 toneladas que fueron 
exportadas en su totalidad al mercado comunitario. Estos 
proyectos finalizarán en 1986/87. 
En cuanto a la evolución y avance de los proyectos, la 
Comisión está, evidentemente, obligada a pedir informa­
ción sobre los mismos, dirigiéndose para ello a las 
autoridades nacionales competentes. Sin embargo, las 
respuestas de los Estados miembros sólo pueden ser 
verificadas mediante controles in situ que, a menudo, 
duran bastante tiempo. La Comisión tratará de efectuar 
tales controles con los medios actualmente a su disposi­
ción. 
Proyectos griegos 
6.28 - 6.31. Los servicios de la Comisión organizaron, 
en marzo de 1986, una misión en Grecia. Durante esta 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 219 
misión, por una parte, se procedió a la supervisión de 
varios proyectos y, por otra parte, se consultó a las 
autoridades nacionales a fin de controlar los justificantes. 
A raíz de las visitas efectuadas por el Tribunal de Cuentas 
y la Comisión se han anulado 23 proyectos. 
En cuanto a los proyectos colectivos, el proceso inicial de 
puesta en marcha provocó un cierto retraso que una vez 
normalizada la situación debería recuperarse y, más 
concretamente, gracias a la introducción de las medidas apropiadas propuestas por la Comisión (véase la 
respuesta al apartado 6.32). 
Observación general 
6.32. La Comisión estudia actualmente la posibilidad 
de simplificar y acelerar los procedimientos en todos los 
estadios de realización de los proyectos y dentro de las 
nuevas medidas estructurales propuestas por la Comisión 
al Consejo (doc. COM(86) 446 final). 
(!) DO L 284 de 24.10.1985. (2) Doc. COM(85) 590 final. 
220 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL 
CAPÍTULO 7 
Gastos de intervención en el ámbito del 
desarrollo regional y en el de los transportes 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Los créditos no utilizados del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) 
7.8. En lo que se refiere a la no utilización parcial de los 
créditos disponibles para las acciones comunitarias 
específicas («fuera de cuota»), la Comisión remite a la 
respuesta que dio al informe especial del Tribunal de 
Cuentas sobre estas acciones ('), en la que señala que su 
carácter innovador explica las dificultades de su aplica­
ción por los Estados miembros. 
7.9. La transferencia de 130 millones de ECUS disponi­
bles en el Capítulo 51 se hizo, por error, al artículo 505 
(Nuevo FEDER) en lugar de hacerse al artículo 500 
(Antiguo FEDER) en el que se necesitaban créditos de 
pago. Este error se corrigió al principio del ejercicio 1986. 
Los 115 millones de ECUS de créditos para pagos que 
quedaron disponibles en el artículo 505 se han transferido 
en 1986 al artículo 500 y permitirán cubrir más de la mitad 
de las solicitudes de pago no ejecutadas en 1985. 
Las transferencias de créditos del FEDER 
7.10. De acuerdo con la letra b) del apartado 3 del 
artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 214/79, de 6 de 
febrero de 1979 (2), los medios de pago de 1984 previstos 
para las acciones «fuera de cuota» que no habían sido 
utilizados antes del fin de 1985 se asignaron a las acciones 
(•) Las notas aparecen al final del capítulo. «de cuota» por una transferencia autorizada por la 
Autoridad presupuestaria. Tal como ya lo ha señalado, la 
Comisión considera lícita esta operación de transferen­
cia (3). 
Por otra parte, los créditos de pago prorrogados se 
pueden utilizar para cubrir los compromisos del año (4). 
De los créditos de compromiso subsistentes de 1984 en el 
artículo 500, que ascendían a 4,9 millones de ECUS, 4,6 
millones de ECUS han pasado a la contabilidad de 1986. 
7.11. La anulación de un crédito de compromiso de 9,6 
millones de ECUS a finales de 1985 fue el resultado de un 
malentendido; a principios de 1986 se restableció dicho 
crédito. Se trata, en efecto, de un crédito que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 32 del nuevo 
Reglamento FEDER, no puede ser anulado. La cuenta de 
gestión del ejercicio 1986 lo recogerá como crédito 
subsistente de 1985. 
Estado de los pagos del FEDER por Estado 
miembro 
1A4. En cuanto a la concesión de ayuda a proyectos 
« que se encuentran en una avanzada fase de realización », 
lo cual, según el Tribunal de Cuentas, disminuye la 
incidencia del FEDER, la Comisión recuerda que el 
propio Reglamento FEDER considera elegibles los 
gastos producidos a partir del duodécimo mes anterior a 
la solicitud de ayuda (artículo 29 del nuevo Reglamento). 
La Comisión está de acuerdo con el Tribunal de Cuentas 
en que se debe hacer hincapié en el carácter adicional de 
las intervenciones del FEDER y se esforzará, en la medida 
de lo posible, por lograr tal objetivo. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 221 
El análisis del Tribunal de Cuentas, si bien sólo abarca los 
pagos en 1984 y 1985 de los compromisos de 1984, 
demuestra efectivamente las diferencias en cuanto al 
ritmo de pagos del FEDER. En su gestión financiera, la 
Comisión está obligada a tener en cuenta la existencia de 
diferentes sistemas de pago en el Reglamento, según se 
trate de solicitudes normales, solicitudes de anticipos o 
pagos acelerados; éstos últimos se realizan de conformi­
dad con los criterios fijados en el apartado 3 del artículo 
28 del nuevo Reglamento. 
La situación de los compromisos pendientes de 
pago 
7.16. Tal como ya lo ha señalado la Comisión en su 
respuesta a la misma observación formulada por el 
Tribunal de Cuentas con respecto al ejercicio 1983 (5), el 
desfase entre el ritmo de los pagos y el de los compromisos 
es inherente a la misma naturaleza de las intervenciones y, 
por tanto, a la normativa que regula el FEDER. El 
sistema de anticipos que introduce el nuevo Reglamento 
puede contribuir a reducir este desfase, siempre y cuando 
los Estados miembros hagan uso del sistema. No 
obstante, otro factor de aumento de los compromisos 
pendientes de pago es la insuficiencia de los créditos de 
pagos, como ha sido el caso en 1985 y se prevé para 1986. 
7.18. El antiguo Reglamento FEDER no contenía 
ninguna disposición obligatoria sobre el cierre de los 
expedientes ni sobre el período de realización anunciado 
en la solicitud de ayuda, tal como ya lo señaló la Comisión 
en su respuesta a las observaciones del Tribunal de 
Cuentas correspondientes al ejercicio 1984 (6). El nuevo 
Reglamento, en el apartado 6 de su artículo 32, introduce 
una disposición más imperativa, ya que permite la 
liberación de la ayuda FEDER cuando una operación no 
da lugar a ningún pago durante cuatro años. No obstante, 
la posibilidad de que el Estado miembro justifique este 
retraso reduce el aspecto imperativo de esta disposición. 
No obstante, la Comisión ha tomado medidas para 
acelerar el cierre de los expedientes (reactivación anual 
global y exámenes específicos con ocasión de las misiones 
de control sobre el terreno; esas medidas se describen en 
la respuesta de la Comisión a las observaciones del 
Tribunal de Cuentas correspondientes al ejercicio 
1983) (5). 
Otras acciones previstas en el marco del 
Título 5 
7.21. Los créditos de 1985 no han podido utilizarse a 
falta de un Reglamento del Consejo. El Consejo no ha examinado ni la enmienda a su 
propuesta de 9 de agosto de 1983, presentada el 6 de 
septiembre de 1984 por la Comisión, ni la comunicación 
doc. COM(84) 709, que debería haber servido para 
establecer el marco de una acción a medio plazo. Este 
marco habría permitido evitar la solución provisional de 
la citada enmienda. 
La Comisión ha vuelto a tomar una iniciativa, trasmitien­
do al Consejo, en junio de 1986, un programa a medio 
plazo de infraestructura de transporte (doc. 
COM(86) 340, de 17 de junio de 1986), acompañado de 
una propuesta de Reglamento del Consejo que debería 
permitir a la Comisión tomar las decisiones de atribución 
de la ayuda financiera y utilizar los créditos prorrogados 
del ejercicio presupuestario de 1985. 
OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN 
DEL FEDER 
El paso del antiguo al nuevo Reglamento 
7.22. La nueva utilización de los créditos que han 
quedado disponibles como consecuencia de las variacio­
nes del tipo de cambio es inherente al empleo del ECU 
como unidad de cuenta desde 1979 y no hay razón para 
formalizarla en el Reglamento FEDER. 
Los puntos planteados por el Tribunal de Cuentas se 
inscriben en un conjunto de problemas relacionados, 
sobre todo, con la entrega de la ayuda del FEDER en 
moneda nacional. La Comisión examinará la oportuni­
dad de comprometer en ECU todas las ayudas del 
FEDER. 
7.24. Las solicitudes de ayuda transmitidas por los 
Estados miembros antes de la fecha de aplicación del 
nuevo Reglamento se presentaron con arreglo al antiguo 
Reglamento. Tras ser confirmadas por los Estados 
miembros, fueron admitidas como tales por la Comisión. 
7.25. Como la nueva normativa del FEDER no da los 
medios para prever las necesidades de créditos por tipo de 
intervención, no es posible introducir una diversificación 
en la nomenclatura presupuestaria que, por otra parte, es 
incompatible con la flexibilidad de gestión. 
222 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
En cambio, la Comisión puede aportar a posteriori un 
desglose de los datos. 
La financiación de los programas 
7.27. La Comisión, tal como lo indicó ya en su respuesta 
al informe especial del Tribunal de Cuentas sobre las 
acciones comunitarias específicas (7), es consciente de que 
puede haber un problema de falta de transparencia de las 
consecuencias financieras de los compromisos políticos 
que adquiere la Comunidad al aprobar la cobertura 
financiera indicativa global para cinco años de cada 
programa, y examina esta cuestión en un contexto más 
amplio. (Véase punto IV de la respuesta al Capítulo 1 del 
presente informe.) 
7.28. En cuanto a las intervenciones en favor de 
Francia, la ayuda del FEDER se ha concedido a 
proyectos incluidos en solicitudes de programas a la 
espera de que Francia revisara sus propuestas. Esta 
solución se adoptó de manera transitoria, para no 
retrasar ni poner en peligro la realización de operaciones 
que se consideraban prioritarias. 
La parte de ayuda afectada a las a inversiones 
industriales 
7.29-7.31. En este punto, el nuevo Reglamento es 
menos restrictivo que el antiguo. Esta adaptación 
responde a la realidad. En efecto, para la realización del 
objetivo del 30% previsto por el Reglamento, hay que 
tener bien presentes los problemas de las regiones en que 
la tendencia a las inversiones productivas todavía es poco 
importante a causa de una situación socioeconómica 
desfavorable y de la falta de infraestructura. Por otra 
parte, cabe señalar que los proyectos industriales sólo son 
numerosos cuando la coyuntura es buena. 
No obstante, la Comisión opina que se debe aumentar la 
parte de los recursos del Fondo consagrada a las 
inversiones industriales, artesanales y al sector de los 
servicios. OBSERVACIONES RELATIVAS AL 
SISTEMA DE GESTIÓN Y DE CONTROL 
DE LAS AYUDAS DEL FEDER 
Los programas de desarrollo regional 
7.37. Tal como lo indicó la Comisión en su Dictamen de 
19 de junio de 1984 sobre los programas de desarrollo 
regional (8), los programas de la segunda generación se 
elaboraron de acuerdo con el esquema común establecido 
por el Comité de Política Regional (9) y teniendo en 
cuenta la Recomendación de la Comisión de 23 de mayo 
de 1979 (10). Sin embargo, es inevitable que, a pesar de 
estas directrices comunes, los programas reflejen la 
diversidad de los problemas, de las tradiciones y de las 
estructuras administrativas de los diferentes Estados 
miembros. La Comisión no ha considerado oportuno, 
por el momento, modificar el esquema común de los 
programas de desarrollo regional (7.40). 
7.41. Si bien en su Dictamen de 19 de junio de 1984 la 
Comisión señaló que los programas de la segunda 
generación constituyen una mejora sustancial con 
respecto a los del período anterior y que permiten realizar 
en mejores condiciones la apreciación de los proyectos de 
inversión presentados para acogerse a una ayuda del 
FEDER, sabe bien que esta mejora debe continuar. 
En este contexto, la preparación de los programas de la 
tercera generación destinados a cubrir el período 
comprendido entre 1986 y 1990 ha dado lugar a un 
intenso cambio de pareceres entre las administraciones de 
los Estados miembros y los servicios de la Comisión. 
Coincidiendo con el Dictamen de la Comisión de 19 de 
junio de 1984 (8), uno de los temas principales de estas 
conversaciones ha sido la necesidad de definir mejor las 
prioridades de desarrollo de las regiones. 
La elección de los proyectos 
7.44. Cabe señalar que el nuevo Reglamento, en 
términos generales, aporta mejoras con respecto al 
antiguo en lo que se refiere a la posibilidad de que la 
Comisión aprecie el interés comunitario de las inversiones 
para las que se prevé la ayuda del FEDER. 
Cabe señalar que, de acuerdo con el nuevo Reglamento, 
los Estados miembros deben presentar a la Comisión, al 
menos cuando se trate de grandes inversiones industriales 
y de infraestructura, los resultados de las evaluaciones de 
rentabilidad y de los análisis de costes y ventajas 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 223 
socioeconómicas para que la Comisión pueda apreciar 
mejor la factibilidad de las inversiones. 
Por otra parte, al adoptar el nuevo Reglamento, la 
Comisión declaró que, como el reparto concreto de los 
recursos del FEDER está en función del interés comuni­
tario de las actividades para las que se prevé una ayuda, 
elaboraría un método eficaz para la apreciación de dicho 
interés comunitario. Este método, que hace explícitos los 
criterios de apreciación previstos por el Reglamento 
FEDER, ya ha sido elaborado y comunicado a los 
Estados miembros para su utilización como guía práctica. 
La Comisión, en contacto permanente con los Estados 
miembros, se esfuerza por conseguir que los Estados 
miembros tengan bien presente la dimensión comunitaria 
a la hora de preparar sus solicitudes de ayuda FEDER. 
Las decisiones globales No obstante, teniendo en cuenta la diversidad de las 
estructuras y prácticas administrativas de los diferentes 
Estados miembros, es difícil armonizar las condiciones 
nacionales de realización de los proyectos (véase el 
apartado 7.61), que, por otra parte, no viene impuesta por 
ninguna disposición reglamentaria. 
En cuanto a los proyectos de inversión cuya ejecución se 
ve retrasada (véase el apartado 7.62), la Comisión sigue 
sus esfuerzos en materia de seguimiento (véase el 
apartado 7.18) para poder liberar y asignar de nuevo los 
importes correspondientes. 
El control de las realizaciones y la evaluación 
de los resultados 
7.50-7.53. La Comisión comparte la opinión del 
Tribunal de Cuentas de que las intervenciones del 
FEDER en forma de decisiones globales deben dejar 
paso, progresivamente y en la medida de lo posible, a la 
financiación por programas. Valoración de los resultados obtenidos en materia de 
desarrollo regional 
La ejecución de los proyectos 
Control de la ejecución por parte de la Comisión 
7.61 - 7.64. La Comisión no ignora las diferencias de 
procedimiento nacional al realizar los controles sobre el 
terreno. 7.72 - 7.75. Los informes periódicos sobre la aplicación 
de los programas deben permitir a la Comisión seguir con 
más atención la realización de los objetivos enunciados en 
tales programas. Tal como lo ha señalado el propio 
Tribunal de Cuentas, la incidencia del FEDER en el 
desarrollo socioeconómico de las regiones afectadas sigue 
siendo difícil de medir por las dificultades metodológicas 
y estadísticas con que se encuentran los Estados 
miembros para valorar el impacto de las políticas 
regionales. 
í1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) DO C 262 de 20.10.1986. 
DO L 35 de 9.2.1979, p. 1. 
DO C 344 de 31.12.1981, p. 210, apartado 1.14. 
DO C 342 de 31.12.1980, p. 277, apartado 7.8. 
DO C 348 de 31.12.1984, p. 208, apartados 7.11. a 7.16. (6) DO C 326 de 16.12.1985, p. 191. 
(7) DO C 262 de 20.10.1986. 
(8) DO L 211 de 8.8.1984. 
(9) DOC 69 de 24.3.1979, p. 2. 
(10) DO L 143 de 12.6.1976, p. 9. 
224 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL 
CAPÍTULO 8 
Ámbito social 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN 
FINANCIERA GENERAL DEL FONDO SOCIAL EUROPEO QUE 
ENTRÓ EN VIGOR EL 23 DE OCTUBRE 
DE 1983 
Segundo acuerdo de aprobación de 23 de 
diciembre de 1985 
Fondo Social Europeo 
8.4. El 86% del porcentaje de utilización se debe 
esencialmente a que la Comisión no tuvo conocimiento de 
los créditos no utilizados y que pueden volverse a utilizar 
hasta que se produjeron las solicitudes de pago de saldo 
relativas a los compromisos del ejercicio 1984, justo antes 
de la fecha límite (31.10.1985), es decir, demasiado tarde 
para que los créditos correspondientes fueran liberados y 
comprometidos de nuevo antes del término del ejercicio. 
8.5. La cuantía pagada en 1985 en concepto de saldos, 
pagos complementarios y segundos avances (alrededor de 
380 millones de ECUS) fue aproximadamente la misma 
que la que se pagó por el mismo concepto durante 1984, 
tanto en términos absolutos como en porcentaje (15%). 
El 29% que se indica para 1984 se calculó incluyendo 
también en la cuantía pagada los 320 millones de ECUS 
desembolsados al principio del ejercicio en concepto de 
avances sobre los compromisos suscritos al término del 
ejercicio precedente. 8.12. - 8.14. La Comisión toma nota de la crítica del 
Tribunal de Cuentas. Para comprometer los créditos 
disponibles del Fondo, la Comisión espera tener que 
efectuar, a partir del ejercicio 1986, un único acuerdo. 
Acuerdos de aprobación individuales 
8.16. (a) Los controles efectuados por la Comisión han 
mostrado que cinco de los ocho expedientes citados por el 
Tribunal de Cuentas incluían estimaciones de gastos no 
elegibles, por una cuantía total de aproximadamente 1,4 
millones de ECUS, frente a los 1,8 millones de ECUS que 
indica el Tribunal de Cuentas. Las correcciones necesa­
rias deben efectuarse en el momento del examen de las 
solicitudes de pago de saldo que se deberá presentar en el 
caso de la mayoría de los expedientes a más tardar el 31 de 
octubre de 1986. 
Por lo que se refiere a otras ocho aprobaciones, en las que 
el Tribunal de Cuentas determina casos de no prioridad 
por una cuantía de 28,4 millones de ECUS, la Comisión 
confirma la validez de las decisiones de aprobación 
excepto en lo referente a dos expedientes de 0,4 millones 
de ECUS. Hay que señalar que la aprobación de una 
solicitud de asistencia financiera de 27,2 millones de 
ECUS y que representa por sí sola la casi totalidad de la 
cuantía que pone en tela de juicio el Tribunal de Cuentas 
en sus observaciones, fue discutida con las autoridades 
nacionales competentes para que en la aprobación sólo se 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 225 
tuvieran en cuenta las medidas que respondan a las 
prioridades comunitarias. El expediente de esta solicitud 
de asistencia financiera recoge dichas discusiones. 
(b) Por lo respecta a la cuestión de si las informaciones 
incluidas en los expedientes son suficientes, hay que 
señalar que, efectivamente, ciertas solicitudes son, a 
veces, muy escuetas en la presentación de las medidas y 
demasiado esquematizadas en las justificaciones del 
respeto de las condiciones previstas por las orientaciones. 
En tales casos, la Comisión dedica a estos expedientes una 
atención especial en el momento de efectuar el saldo. De 
todos modos, la Comisión sólo acepta dichas solicitudes 
si tiene un amplio conocimiento de la realidad de las 
situaciones de que se trate. 
(c) Por lo que se refiere a la falta de precisión de ciertas 
normas, la Comisión se remite a su respuesta al punto 
8.17. La noción de «nuevas tecnologías» se valora 
teniendo en cuenta una serie de datos, como por ejemplo: 
la categoría de las personas o la localización de las 
medidas. No es posible, ni deseable, intentar establecer 
una lista de «nuevas tecnologías», ya que se trata de una 
noción que por su naturaleza evoluciona constantemente 
y no siempre de la misma forma en toda la Comunidad. 
(d) Determinados Estados miembros transmitieron, 
después de la presentación de las solicitudes, varias 
informaciones encaminadas a completar, modificar o 
corregir ciertos expedientes; las informaciones que 
llegaron antes del 21 de octubre de 1984, plazo fijado por 
la normativa para la presentación de solicitudes de 
asistencia financiera, se tuvieron en cuenta al evaluar las 
solicitudes. Igualmente, se aceptaron aquellas informa­
ciones cuyo objeto era disminuir la cuantía solicitada. 
Por otra parte, el estudio de las solicitudes puso de 
manifiesto ciertas lagunas cuya amplitud no pareció 
suficientemente importante como para justificar un 
rechazo total de una solicitud o grupo de solicitudes. En 
este tipo de casos, concretos y limitados, la administra­
ción del Fondo, teniendo en cuenta los méritos específicos 
de los expedientes correspondientes, pero en el respeto 
más estricto de la igualdad de trato, incluyó varias 
informaciones complementarias para que se tuvieran en 
cuenta al analizar las solicitudes. 
Las divergencias de interpretación que todavía existen 
con respecto a los expedientes arriba mencionados entre 
el Tribunal de Cuentas y la Comisión se deben esencial­
mente a que el Tribunal del Cuentas se basa exclusiva­
mente en los datos que se incluyen en los expedientes, 
mientras que los servicios utilizan también los conoci­
mientos prácticos adquiridos a lo largo de los años de los 
expedientes y los organismos, así como informaciones 
orales que reciben en los debates obtenidos con los 
representantes de los Estados miembros. La Comisión ha recordado a sus servicios la necesidad de elaborar 
expedientes completos y que, en lo sucesivo, debe constar 
por escrito cualquier información en la que se apoyen, en 
cualquier fase de la vida de un expediente, para establecer 
un acuerdo de aprobación. 
Primeras conclusiones 
8.17. En el cumplimiento de sus tareas de gestión, la 
Comisión persigue los objetivos comunitarios tal como se 
definen en los textos vigentes. En este ámbito, la 
Comisión no duda en poner la máxima atención en las 
observaciones constructivas del Tribunal de Cuentas. De 
este modo, en 1985, la Comisión mejoró principalmente 
los procedimientos de preparación de acuerdos de 
aprobación y utilizó una lista de control más sistemática y 
exhaustiva para apreciar la admisibilidad, elegibilidad y 
prioridad de las solicitudes de asistencia financiera. 
Además, por lo que respecta a la selección de éstas, las 
orientaciones de gestión se aplicaron con mayor rigor. 
Estos esfuerzos no van a disminuir en 1986 y la Comisión 
continuará su acción en el sentido sugerido por el 
Tribunal de Cuentas. 
OBSERVACIONES SOBRE LA 
LIQUIDACIÓN DEL ANTIGUO FONDO 
SOCIAL EUROPEO 
Expedientes pendientes de cierre 
Expedientes anteriores a 1980 todavía no cerrados 
a 1 de enero de 1985 
8.19-8.21 La Comisión comparte la opinión del 
Tribunal de Cuentas de que es necesario cerrar lo antes 
posible los expedientes que se refieran a compromisos 
anteriores a 1980. Por ello, el gran esfuerzo que se realizó 
en 1985 continúa en 1986. En septiembre de 1986, el 
número de compromisos para los cuales todavía no se ha 
iniciado el procedimiento de liquidación asciende tan sólo 
a siete en total. 
La Comisión proseguirá sus esfuerzos para poner 
remedio a las dificultades señaladas por el Tribunal de 
Cuentas. 
8.22-8.24. Los retrasos en la tramitación de las 
solicitudes de pago se debieron principalmente a la 
escasez de efectivos y a los plazos que los Estados 
226 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
miembros necesitaban para facilitar las informaciones 
complementarias, así como a una cierta lentitud en los 
reembolsos mediante compensación. 
Entre tanto, la Comisión ha adoptado las medidas 
necesarias para solucionar dicha situación tanto en su 
propia administración como en la de las dependencias 
competentes de los Estados miembros. Es importante 
recordar que ha puesto en práctica un sistema para 
recuperar las cuantías indebidas con la mayor brevedad 
posible y anular, sin dilación, los compromisos que 
quedan sin utilizar. 
Por último, hay que señalar que, en opinión de la 
Comisión, el plazo medio necesario que puede transcurrir 
antes de la anulación final de los créditos que quedan sin 
utilizar debería contarse a partir de la fecha de recepción 
de las solicitudes de pago de saldo (o, a falta de éstas, del 
estado general de gastos o del anuncio de no realización) y 
no a partir de la fecha de compromiso inicial. 
Peticiones de pago de saldo en suspenso en fecha 1 de 
enero de 1985 y relativas a los compromisos posteriores 
a 1 de enero de 1980 
8.25-8.26. La Comisión conoce el problema que 
representan los retrasos en la liquidación de los pagos, 
por lo que se consagra actualmente a investigar cuáles son 
los obstáculos de procedimiento cuya eliminación 
implicaría en el futuro que no hubiera nuevos retrasos en 
el ritmo de los pagos. La Comisión confía en que la 
situación de los pagos está a punto de quedar normaliza­
da (otoño de 1986). 
Para valorar dicho problema hay que tener en cuenta, 
asimismo, el notable incremento del volumen de trabajo 
en el transcurso de los últimos años. Por otra parte, la 
complejidad de determinados casos, y, a veces, su 
abundancia no sólo constituyen obstáculos para el cierre 
de los expedientes de que se trate, sino también 
representan circunstancias que tienden a frenar el 
conjunto del trabajo administrativo de liquidación de los 
pagos. 
Por último, cabe subrayar que los tres casos que señala el 
informe del Tribunal de Cuentas como más retrasados, 
formaban parte de una solicitud conjunta (véase 8.26 (a)). 
Se trataba de subexpedientes cuya tramitación dependía 
de la solución de problemas relacionados con la solicitud 
conjunta en general. Proyectos controlados «in situ» por el 
Tribunal de Cuentas 
8.27. La Comisión solicita el reembolso. 
8.28. Lo que el Tribunal de Cuentas pone en entredicho 
no es tanto la elegibilidad de determinadas medidas que se 
han beneficiado de la financiación del Fondo como su 
carácter prioritario y, por lo tanto, el modo en que la 
Comisión ha hecho uso del margen de apreciación, que le 
corresponde en tanto que organismo de gestión. Ahora 
bien, el carácter prioritario de una medida en favor del 
empleo para mujeres se aprecia en función de una serie de 
datos diversos. No parece conveniente actualmente 
elaborar una lista, que sería de aplicación para toda la 
Comunidad, sin tener en cuenta las regiones, los grupos 
de mujeres y los niveles de calificación correspondientes. 
8.29. La Comisión toma nota de las puntualizaciones 
del Tribunal de Cuentas y se compromete a proceder 
rápidamente a su examen. 
8.30 - 8.31. La Comisión comprende el problema de la 
garantía de la fiabilidad de los sistemas de certificación. 
Sus servicios tratan de encontrar, en colaboración con las 
autoridades nacionales, una solución satisfactoria desde 
el punto de vista de la buena gestión de los recursos 
comunitarios. 
Hay que señalar que la cuantía indebida del equivalente 
de 113 110,81 ECUS que el Tribunal de Cuentas indica, 
fue reembolsada por la administración italiana antes de 
finalizar el año 1985. 
8.32. La Comisión toma nota de la observación y 
procura que la interpretación dada por los Estados 
miembros a las condiciones de elegibilidad se atenga al 
Reglamento 3039/78, y, en particular, a la letra (a) de su 
artículo 1. Por lo que respecta a los dos casos menciona­
dos, la Comisión se reserva el derecho de recoger en el 
Estado miembro de que se trate informaciones suplemen­
tarias que comunicará directamente al Tribunal de 
Cuentas. 
8.33. La Comisión toma nota del tipo de problema que 
plantea la comprobación de importantes diferencias en 
los costes por hora de formación, pero tiene que aceptar 
dichas diferencias si los justificantes de los gastos no dan 
pie a discusión. Al igual que en otras materias, aquí no 
existe fijación de tarifa de prestaciones que pueda servir 
de referencia comunitaria. 
8.34. La Comisión se remite a la respuesta dada en los 
apartados 8.30 y 8.31. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 227 
8.35-8.36. La utilización de la informática debería 
posibilitar un mayor control de los expedientes, sobre 
todo en lo que se refiere a la justificación para solicitar 
sistemáticamente los anticipos que no van seguidos, en el 
momento del vencimiento, de una solicitud de pago de 
saldo. 
MEJORA DE LA GESTIÓN 
8.37 - 8.41. La Comisión comparte el deseo del Tribu­
nal de Cuentas de lograr una mayor eficacia en la gestión del Fondo Social Europeo y hace constar que varias de las 
sugerencias formuladas en el informe ya se han incorpo­
rado a la práctica administrativa del Fondo, como por 
ejemplo, la fijación de un plazo de respuesta claro y 
preciso, así como las consecuencias que se derivan del 
incumplimiento de dichos plazos. 
Por lo que se refiere a las otras sugerencias, la Comisión 
examinará las ventajas que se derivarían del examen 
conjunto de una solicitud de asistencia financiera o de 
pago de saldo, tal como lo preconiza el Tribunal de 
Cuentas. La Comisión comparte la opinión del Tribunal 
de Cuentas de que, al término de los controles, deben 
sacarse conclusiones precisas, en particular desde el punto 
de vista financiero. 
228 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL 
CAPÍTULO 9 
Investigación, energía, etc. 
OBSERVACIONES GENERALES 
1. La fórmula por la que ha optado el Tribunal de 
Cuentas consagrando un capítulo a los gastos relativos a 
energía, investigación y diversas actividades conexas 
cuyos créditos se consignan en los Capítulos 70 a 77 de la 
parte B de la sección « Comisión » del Presupuesto, obliga 
a que este Capítulo 9 contenga un cierto número de 
observaciones de carácter horizontal. La Comisión 
considera que en el Título 7 del presupuesto se agrupan 
actividades muy diferentes que deben ser examinadas en 
función de su especificidad, por ello la Comisión se 
encuentra con ciertas limitaciones a la hora de seguir al 
pie de la letra las sugerencias del Tribunal de Cuentas. 
En efecto, las actividades del Título 7 del Presupuesto 
abarcan el extenso campo de la investigación, el 
desarrollo y la tecnología (IDT), así como el sector 
energético o la política industrial, además, no debe 
olvidarse que los créditos de este Título se destinan a la 
financiación de actividades muy distintas, tales como: 
— actividades normativas (mediante la realización de 
programas IDT o, por ejemplo, a través de organis­
mos de normalización) 
— estudios (energía, industria, etc.) 
— actividades de investigación de carácter horizontal 
— programas sectoriales de investigación (con objetivos 
muy diversos que engloban desde la industria al 
medio ambiente o la investigación médica) 
— proyectos de demostración (energía) 
— acciones encaminadas al fomento de la innovación — actividades de apoyo (banco de datos, Systran, etc.). 
A todo esto se añade el hecho de que dentro de un mismo 
capítulo como, por ejemplo, el Capítulo 73 relativo a la 
investigación — al que en el año 1985 se le destinó el 70% 
de los créditos disponibles para compromisos correspon­
dientes al Título 7 — las actividades están muy lejos de ser 
homogéneas. Las actividades de la Comisión en el campo 
de la investigación y del desarrollo (ID) se ejecutan: 
— ya sea por la vía de actividades efectuadas en los 
centros comunitarios de investigación, 
— ya sea por la vía de acciones a gastos compartidos 
mediante contratos de investigación firmados con la 
industria, la universidad, los centros de investigación, 
etc., 
— ya sea por la vía de acciones concertadas. 
2. Si bien el Tribunal de Cuentas no observa errores ni 
irregularidades en la forma en que los diferentes 
ordenadores tramitan los contratos a gastos compartidos, 
no deja de señalar que existen varios ámbitos en los que la 
insuficiencia de medidas de coordinación ha engendrado 
prácticas divergentes que tienen, según el Tribunal, 
consecuencias financieras. 
Hay tres factores determinantes para llevar a cabo una 
gestión eficaz de las actividades que nos ocupan: 
La Comisión, para la ejecución de las acciones a 
gastos compartidos, debe atenerse a lo que dicta la 
legislación. No obstante, debe observarse que, por 
ejemplo, los proyectos de demostración energéticos 
obedecen, en materia de procesos decisorios y, por 
consiguiente, en cuanto a la metodología de los 
compromisos, a una problemática totalmente distinta 
a la de los programas ID. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 229 
— Cada ordenador debe poder, en función de sus EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
propias necesidades, gozar de una cierta autonomía. 
Por lo tanto, tal como lo señala el Tribunal de 
Cuentas en el apartado 9.11, no debe buscarse una 
armonización a cualquier precio de la gestión de los 
programas ni, por consiguiente, de los contratos en 
aquellos sectores que son específicos en cuanto a sus 
objetivos y a sus medios de ejecución. La Comisión, 
con esta óptica y basándose en una experiencia de más 
de 25 años, ha preparado contratos tipo y contratos 
marco. 
— Si bien es verdad que la Comisión se preocupa de 
coordinar la gestión de los contratos sin olvidarse de 
las especificidades, esta coordinación se ha visto 
frenada por un problema de recursos, tanto en el 
plano de la informática como en el de los efectivos, 
todo lo cual se traduce en el retraso de la implantación 
de la gestión informatizada de los contratos. 
3. La Comisión recuerda al Tribunal de Cuentas que 
desde 1984 dedica mayores esfuerzos si cabe a fomentar 
en la Comunidad la realización de numerosos programas 
de investigación y desarrollo tecnológicos centrados, 
especialmente, en el aumento de la competitividad 
industrial (ESPRIT, BRITE, Biotechnologies, etc.) y en 
la implantación progresiva de una red europea de 
investigación (Stimulation: fomento del potencial euro­
peo para la intensificación de los intercambios de 
investigadores). Este esfuerzo se ve acompañado en el 
plano de la gestión de los programas de ID, por la 
implantación de una política contractual basada en los 
criterios del programa marco 1984-1987 (masa crítica, 
transnacionalidad) y de una política de valoración 
sistemática de los programas ID basada en la Resolución 
del Consejo (julio de 1983). 
4. No obstante, la Comisión opina, concordando en ello 
con el Tribunal de Cuentas, que sería muy útil llevar un 
registro centralizado en el que figurara toda la informa­
ción referente a los contratantes potenciales a los que la 
Comisión podría acudir, así como proceder a la 
integración de los sistemas de gestión informatizada. 
Este esfuerzo debería, finalmente, aunarse al esfuerzo 
general que debe realizarse a propósito de la gestión de las 
actividades del programa marco 1987-1991; la Comisión 
ha encargado a un grupo de trabajo (véanse los apartados 
9.3 — 9.18) la misión de profundizar en esta cuestión y 
tomar en consideración las observaciones del Tribunal de 
Cuentas. 9.2. De una manera general debe señalarse que el 
volumen de créditos no utilizados incluye los créditos 
prorrogables a 1986. Las prórrogas automáticas y la 
posterior utilización de estos créditos se han efectuado en 
las condiciones que establece el Reglamento Financiero. 
9.2. (a) La Comisión debe subrayar que, en su 
momento, había recabado la atención de las autoridades 
presupuestarias sobre las dificultades con las que se 
encontraba para la utilización de los créditos de 
investigación de 1985. La Comisión recuerda que el 
cálculo de los créditos de 1986 se efectuó teniendo en 
cuenta este factor. 
A todo ello se añade el hecho de que el lanzamiento de 
ciertas acciones decididas el 12 de marzo de 1985 por el 
Consejo se vio frenado por la aplicación del régimen de las 
doceavas partes provisionales. 
Finalmente, las acciones de investigación y de desarrollo 
no deben confundirse con subvenciones, puesto que la 
Comisión está obligada a cumplir un procedimientto 
riguroso (llamamientos a la presentación de propuestas, 
dictámenes de los Comités de gestión de contratos, 
selección) antes de llegar a la fase de firma de los contratos 
propiamente dicha. 
9.2. (b) La capacidad de ejecución del programa 
ESPRIT ha sido ampliamente reforzada en 1985: Los 223 
millones de ECUS en CC y los 100 millones de ECUS en 
CP deben compararse a los 134 millones de ECUS en CC 
y a los 2 millones de ECUS en CP ejecutados en 1984, que 
fue el año de lanzamiento de un importante programa por 
parte de un equipo que aún se estaba formando. 
En otros términos, en el programa se habrán utilizado, en 
los años 1984 y 1985, 357 millones de ECUS de los 430 
concedidos. 
Esta evolución positiva ha continuado en el año 1986. 
9.2. (c) La Comisión se reafirma en la respuesta dada en 
años anteriores. Sin embargo, debe añadir que el carácter 
innovador y la naturaleza altamente tecnológica de los 
trabajos encuadrados en el Capítulo 70 hacen muy difícil 
la previsión exacta de los gastos en un año dado. 
9.2. (d) El bajo nivel de utilización de los créditos de 
pago en el ámbito de la política industrial se debe a varios 
factores entre los cuales figura, principalmente, la 
recepción tardía de las facturas relativas al control del 
acero (artículo 775). 
Otras acciones, también incluidas en el Capítulo 77, han 
contribuido a engrosar el crédito de pago prorrogando, 
230 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
especialmente, el programa microelectrónico cuya finali­
zación dentro del plazo previsto no ha sido posible. 
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
CONTRATOS A GASTOS COMPARTIDOS 
9.3 - 9.18. Como ya se ha dicho en la introducción, la 
Comisión está procediendo, en paralelo a la preparación 
del nuevo programa marco de las actividades de IDT 
1987-1991, a una reflexión sobre la gestión de estas 
actividades a fin de poder disponer de una herramienta 
idónea para su realización. 
Desde este punto de vista, la Comisión considera que los 
trabajos del grupo «Armonización» han permitido 
elaborar una lista de los problemas existentes en materia 
de contratos. Sus trabajos y otros trabajos preparatorios 
más recientes, los cuales han tenido consecuencias 
positivas inmediatas en la gestión de los programas ya 
existentes, han llevado a la Comisión a constituir, el 24 de 
julio de 1986, un grupo cuya tarea consiste en llegar a 
propuestas concretas en el período más breve posible, 
especialmente, en lo que respecta a una mejor utilización 
de las posibilidades que ofrece la informática y una 
organización del trabajo más directa y eficaz. 
Aunque para algunos de los problemas planteados no se 
pueda encontrar una solución hasta que finalice un 
proceso que abarca varios años, otros podrían resolverse 
a corto plazo: se refieren, principalmente, a la ejecución 
del Presupuesto, tanto en compromisos como en pagos, al 
IVA y a las operaciones de control. 
9.13. La norma general aplicada en todos los sectores de 
la Comisión es que una propuesta de compromiso debe ir 
acompañada de un proyecto de contrato o de pedido listo 
para firmar. 
La única excepción la constituyen las Decisiones de la 
Comisión que equivalen a un compromiso según el 
apartado 2 del artículo 32 del Reglamento financiero. 
En el caso de la política energética (DG XVII), La 
Comisión está vinculada financiera y jurídicamente por 
sus decisiones, en la medida en que éstas identifican los 
importes y los beneficiarios y se comunican mediante una 
carta que equivale a un contrato marco. El compromiso debe realizarse en ese estadio a fin de 
garantizar la disponibilidad de los medios de pago y, por 
consiguiente, la actitud de la Comisión es el reflejo de la 
aplicación de los textos en vigor. 
GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
ESTUDIOS 
9.20. (a) Es cierto que, en 1985, se presentaron dos fases 
de estudios a la aprobación de la Comisión; sin embargo, 
puede decirse que la primera fase incluye, generalmente, 
el grueso de los programas de estudios a fin de reservar un 
lapso de tiempo lo más largo posible para su ejecución en 
función del tiempo de validez de los créditos; a título de 
ejemplo puede decirse que el 56,7 % de los créditos del 
Capítulo 26 fueron autorizados de esta manera. 
Por otro lado, el régimen de las doceavas partes 
provisionales y la incertidumbre sobre la financiación del 
Presupuesto explican las circunstancias que condujeron a 
la Comisión a no adoptar más que dos fases de estudios 
durante el ejercicio de 1985 y a poder decidir sobre la 
última fase únicamente el mes de diciembre. 
(b) Por lo que respecta a la elección del contratista, la 
Comisión debe recordar su Decisión de 19 de diciembre 
de 1984 según la cual los administradores de los contratos 
de estudios deben justificar la elección de sus contratistas, 
siempre que los gastos estén comprendidos entre 50 000 y 
100 000 ECUS, mediante referencia al directorio 
elaborado a partir de la base CERES (base de documenta­
ción y de gestión de estudios y encuestas confiados al 
exterior). 
En cuanto a los contratos de estudios cuyo coste supera 
los 100 000 ECUS, generalmente debe recurrirse a la 
licitación, si bien esta licitación puede ser restringida; la 
selección del contratista se realiza entonces al nivel de los 
servicios aplicando el criterio de la relación calidad/ 
precio. 
El hecho de que los expedientes examinados no incluye­
ran una apreciación de los contratistas o de sus 
propuestas de estudio no significa que no se llevara a cabo 
(véase el apartado 9.21 (c)). Las selecciones realizadas son 
el resultado de dicha apreciación. 
9.21. (a) y (b) Para 1986 se han programado cuatro 
fases de estudio; tres de ellas ya han sido aprobadas; la 
última será presentada a la Comisión durante el último 
trimestre. 
(c) Durante el ejercicio de 1985 y en 1986, en el momento 
de examinar los estudios propuestos en las tres primeras 
fases, los grupos de coordinación interservicios se 
dedicaron a obtener de estos servicios la justificación de la 
selección del contratista, tanto para los estudios cuyo 
importe se sitúa entre los 50 000 y los 100 000 ECUS, 
como para aquéllos que rebasan los 100 000 ECUS. A fin 
de responder a las preocupaciones del Tribunal de 
Cuentas, la Comisión tomará las disposiciones necesarias 
para incluir en la ficha financiera un epígrafe — en 
aquellos casos en los que aún no figure — relativo a una 
justificación sistemática de la elección del contratista. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 231 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL 
CAPÍTULO 10 
Cooperación con los países en vías de desarrollo y con terceros países 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
AYUDA ALIMENTARIA (CAPÍTULO 92) 
Estadísticas de ejecución de la ayuda 
alimentaria 
10.8-10.10. Tal como el Tribunal de Cuentas lo señala 
de forma muy acertada, las necesidades estadísticas de la 
Dirección General de Desarrollo y las de la Dirección 
General de Agricultura no son las mismas. 
No obstante, se ha buscado una armonización que 
debería hacerse efectiva para el programa de 1986. 
Los datos estadísticos se desglosarán en 4 columnas: 
1) concesiones: cifras comunes a las dos direcciones 
generales, que representan las cantidades de produc­
tos que hayan sido objeto de una decisión de 
concesión; 
2) adjudicaciones: cifras comunes a las dos direcciones 
generales, que representan las cantidades de produc­
tos que hayan sido objeto de una aprobación del 
Comité de gestión pero que aún no han sido 
embarcadas con arreglo al punto 3; 
3) entregas: cifras comunes a las dos direcciones 
generales, que representan las cantidades de produc­
tos que se consideran automáticamente embarcadas 
al término del período de entrega; 
4) movilización: cifras adicionales editadas por la 
Dirección General de Desarrollo, que representan las 
cantidades de productos pendientes de adjudicación,-
es decir, que hayan sido objeto de una solicitud de 
movilización dirigida a la Dirección General de 
Agricultura. No es posible establecer una columna específica que 
identifique las cantidades de productos en la fase del 
desembarque de destino. 
En efecto, es prácticamente imposible conocer la fecha de 
llegada a destino de las ayudas cuando se trata de 
concesiones en la fase FOB. Además, en el caso de la 
ayuda indirecta, esta noción de llegada al destino puede, 
para un mismo lote, fragmentarse en numerosas informa­
ciones de las que no se dispone hasta pasados varios 
meses. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES EN VÍAS 
DE DESARROLLO NO ASOCIADOS 
(PVDNA) (CAPÍTULO 93) — GESTIÓN DE 
LOS CRÉDITOS DEL ARTÍCULO 930 
Volumen de compromisos y de pagos 
10.13. Es cierto que la entrega de bienes que pueden 
consumirse puede permitir un pago rápido, pero éste no es 
el principal objeto de este tipo de ayuda, que se destina 
siempre a salvar una situación específica en el país 
beneficiario. 
El propósito de la ayuda comunitaria ha sido siempre el 
de facilitar una ayuda eficaz y si dicho propósito puede 
realizarse utilizando los servicios de una organización que 
tenga una amplia experiencia en una materia o en una 
región concreta, la Comisión lo hace (p.e. UNICEF para 
proyectos de saneamiento de agua en Laos). No obstante, 
en estos casos los servicios de la Comisión deben 
concertar un convenio de administración de proyecto con 
el organismo de que se trate y seguir el desarrollo de los 
proyectos. 
232 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Verdad es que los medios administrativos de los servicios 
de la Comisión encargados de la administración de la 
ayuda en favor de los países en vías de desarrollo de 
América Latina/Asia (PVD ALA) no bastan y que no ha 
sido posible todavía solucionar esta situación, en 
particular, debido a las restricciones presupuestarias. Por 
este motivo, la implantación de determinados mecanis­
mos de gestión tiene como finalidad atenuar estas 
dificultades. 
10.14. Si bien es verdad que la falta de personal no 
permite siempre el apoyo práctico necesario para poder 
iniciar los proyectos en el momento deseado, los 
problemas administrativos en los países beneficiarios 
representan a menudo la causa principal de los retrasos. 
Éste es el caso de la mayoría de las diez acciones 
mencionadas por el Tribunal de Cuentas. 
10.15. La Comisión había presentado a su debido 
tiempo la solicitud de transferencia de créditos de pago 
necesarios, pero no obtuvo una respuesta positiva de la 
Autoridad presupuestaria. 
Comparación entre los compromisos contables 
y las orientaciones establecidas por el Consejo 
10.17. Si el Consejo fijara sus orientaciones a principios 
del año, sería más fácil, ciertamente, una comparación 
entre la voluntad inicial de la Autoridad presupuestaria, 
las orientaciones del Consejo y los resultados anuales de 
la gestión. 
10.18. El texto de las orientaciones generales adoptadas 
por el Consejo parece expresar de una manera suficiente­
mente clara la voluntad política de los Estados miembros. 
Sin embargo, se podría mejorar sin duda su presentación 
en el futuro. De todos modos, estas orientaciones deben 
mantener cierta flexibilidad para recoger las posibilidades 
prácticas de iniciar proyectos válidos y sensatos en un 
conjunto de países. 
10.19. El sistema de las dos distribuciones distintas 
(geográfica y funcional) sobre las que decide el Consejo 
existe desde hace varios años. Su control puede efectuarse 
de forma global a través de los informes anuales (véase 
10.17.) o cada vez que un proyecto de compromiso se 
presente al Comité PVDNA para su financiación. 
Nomenclatura presupuestaria 
10.21. (a) La sugerencia del Tribunal de Cuentas de 
desglosar los créditos del artículo 930 en subpartidas de 
ejecución no permitiría identificar los compromisos 
correspondientes a los diferentes programas anuales, tanto más cuanto que los programas anuales van, grosso 
modo, de medio año en medio año, mientras que el 
presupuesto cubre años civiles. De todos modos, un 
desglose de este tipo implicaría que las autoridades 
presupuestarias establecieran importes por región, mien­
tras que las decisiones al respecto deben realizarse en 
función de consideraciones políticas y prácticas relacio­
nadas con las posibilidades reales de desarrollo. 
(b) No es del todo evidente que sea ventajosa la 
reagrupación de los créditos destinados a la cooperación 
industrial, comercial y técnica en un único artículo 
(desglosado en tantas partidas como es necesario). 
10.22. En materia de desarrollo a menudo es difícil 
definir, y por consiguiente clasificar, una acción en un 
sector concreto. Incluso la noción de «desarrollo rural» 
puede tener múltiples interpretaciones. La Comisión 
considera que las sugerencias del Tribunal de Cuentas, 
que llevarían a fijar las coberturas presupuestarias mucho 
antes de que se examine cada programa anual, son 
demasiado rígidas y complicarían inútilmente la gestión 
de los programas. 
Seguimiento de la gestión del artículo 930 
10.23. Es indudable que las estadísticas de ejecución se 
prestan perfectamente a un tratamiento informático. No 
obstante, al menos en la fase inicial, hace falta personal 
suplementario para elaborar un sistema óptimo y 
transferir los datos del sistema manual al sistema 
informatizado. 
10.24. Los servicios que realizan la gestión reconocen la 
utilidad de un sistema de clasificación uniforme que 
permitiría verificar más rápidamente el nivel de desarrollo 
de las acciones de cooperación financiera y técnica. 
Dichos servicios tienen la intención de introducir el 
mencionado sistema desde el momento en que lo permita 
el nivel del personal. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LAS 
ACCIONES ESPECÍFICAS DE 
COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES EN VÍAS 
DE DESARROLLO (CAPÍTULO 94) — 
GESTIÓN DEL ARTÍCULO 941 
10.25. El texto vigente de las Condiciones Generales de 
Cofinanciación estipula que se deben tomar en considera­
ción una serie de elementos para determinar si una 
Organización No Gubernamental (ONG) puede recibir 
una ayuda financiera, a saber: 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 233 
su capacidad de movilizar la ayuda privada en la 
Comunidad Europea para sus actividades de desarro­
llo en ultramar; 
— la prioridad que concede a la ayuda al desarrollo en 
ultramar; 
su experiencia anterior en materia de ayuda a los PVD 
y, en particular, en las cofmanciaciones con la CCE o 
regímenes análogos administrados por los Estados 
miembros de la Comunidad; 
— su eficacia en cuanto a organización y su capacidad de 
definir bien y realizar de forma fiable los proyectos 
que acomete o apoya por iniciativa de las poblaciones 
de que se trate; 
— la naturaleza y el alcance de sus relaciones con 
organizaciones similares en los países en vías de 
desarrollo; 
— la naturaleza y el alcance de sus relaciones con otras 
ONG tanto dentro como fuera de la Comunidad. 
Asimismo, se estipula explícitamente que las ONG que 
actúan como representantes de otras organizaciones no 
habilitadas para la presentación de solicitudes y que no 
tienen ninguna influencia en la realización y financiación 
de los proyectos de que se trate no podrán recibir una 
ayuda comunitaria. 
10.27. La Comisión confirma que el servicio que realiza 
la gestión de la línea 941 tiene necesidad de personal, lo 
cual no quiere decir que dicho servicio no se esfuerce, con 
los medios de que dispone, por tramitar los expedientes de 
la forma más satisfactoria posible y por gestionar 
correctamente las operaciones que le son encomendadas, 
aunque el número de éstas siga en aumento. 
10.28. El Tribunal de Cuentas se refiere a dos proyectos 
que la Comisión aceptó para cofinanciación, «no 
elegibles puesto que están prácticamente terminados». 
Es preciso señalar que el primero de estos proyectos se 
regía por las antiguas condiciones generales que no 
contenían ninguna referencia concreta a la cofinanciación 
retroactiva de los proyectos. 
Respecto al segundo proyecto, presentado el mes de julio 
de 1981 y comprometido en 1982, es oportuno señalar que 
su ejecución sigue en curso. Las condiciones revisadas de 
cofinanciación (aplicables desde el 1.1.1982) establecen 
que únicamente las solicitudes de cofinanciación de 
proyectos que en la fecha de presentación del expediente se encuentren ya en una fase muy avanzada no serán 
admisibles, lo cual no era el caso. 
10.29. Las ONG efectúan su trabajo sin perseguir un fin 
lucrativo y recurren, a menudo, al trabajo voluntario. Las 
ONG realizan proyectos de bajo coste, muy inferior al 
coste de los proyectos realizados por empresas comercia­
les. Por lo tanto, es comprensible que el nivel de 
perfeccionamiento de la concepción técnica y financiera 
de los proyectos sea menor que el de las empresas 
comerciales estructuradas de distinta forma y que 
disponen de otros medios financieros y humanos. Por este 
motivo, puede darse el caso de que una ONG deba 
rectificar de cuando en cuando el concepto inicial o 
incluso abandonar un proyecto en función de las 
condiciones locales existentes. Respecto al coste de las 
materias primas, es obvio que la ONG suele trabajar en 
regiones muy aisladas y en países que sufren inflaciones 
galopantes, la mayoría de las veces difíciles de calcular 
por anticipado. 
10.30. Tras una visita de inspección a la sede de la 
primera ONG a que se refiere el Tribunal de Cuentas, la 
Comisión recordó a la ONG sus obligaciones contables y 
llamó su atención sobre la necesidad de mejorar el 
intercambio de informaciones con sus delegaciones 
locales. El hecho de que la ONG europea disponga de 
documentos contables para sus gastos en Europa y de una 
relación que recoge los gastos efectuados in situ no se 
contradice con las condiciones generales de cofinancia­
ción. 
La Comisión admite que determinados informes de 
ejecución tardaron demasiado tiempo en ser presentados. 
No obstante, la Comisión observa una clara mejora tras 
la visita de inspección efectuada a la sede de la ONG. 
10.31. La Comisión suspendió todo desembolso • de 
fondos y la conclusión de nuevos contratos con la ONG a 
partir del momento en que tuvo conocimiento de la 
malversación de fondos. Ño se reanudó la cooperación 
hasta tener la seguridad de que se había alcanzado 
realmente el objetivo para el cual los fondos comunitarios 
habían sido concedidos. 
Desde entonces, la ONG efectúa las transferencias al 
lugar de intervención de los fondos comunitarios de 
forma separada. 
10.32. Las condiciones generales de cofinanciación de 
proyectos ONG prevén la posibilidad de incluir en el coste 
total de un proyecto un 5 % para gastos de preconcepción 
del mismo, un 6 % para gastos administrativos y un 7,5 % 
para acciones educativas relacionadas con el proyecto 
—independientemente del hecho de que se trate de una 
ONG que tenga o no su campo de acción sobre el propio 
terreno. Una ONG que tenga su campo de acción sobre el 
propio terreno no tiene la posibilidad de recurrir a sus 
representantes locales, lo que acarrea la necesidad 
evidente de costosas comisiones de servicios al lugar de 
234 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
intervención. Por consiguiente, la Comisión considera 
justificada la inclusión de un 6 % para gastos administra­
tivos y opina que no se trata de que se haya efectuado un 
estudio insuficiente de las solicitudes de financiación 
presentadas por la ONG, que nunca solicitó una 
participación de la Comisión en los gastos (que los hubo) 
de preconcepción del proyecto. 
Los servicios de la Comisión, al darse cuenta de que el 
texto de las condiciones generales actuales podría dar 
lugar a distintas interpretaciones, elaboraron, a finales de 
1985, una única interpretación para el cálculo de los 
gastos administrativos, a saber: 
«Se acepta que estos gastos sean a tanto alzado y 
representen como máximo el 6 % del coste real del 
proyecto a distribuir proporcionalmente según los 
diferentes proveedores de fondos. Por lo tanto, la parte 
imputada a la CCE no podrá ser superior al 6 % de su 
contribución al proyecto». 
10.33. Con excepción de la ejecución de una acción en el 
marco de la donación global para la cual la Comisión 
solicitó el reembolso de los fondos, la ONG demostró que 
el interlocutor local había recibido las subvenciones 
concedidas. 
10.34. Debido al tipo de programas que apoya la ONG 
se hace necesaria, e incluso indispensable, una constante 
adaptación a la realidad evolutiva e imprevisible. En 
muchos casos, ello tiene una explicación en las divergen­
cias entre las previsiones y la ejecución del proyecto. Es 
cierto que la ONG no siempre ha informado a tiempo a la 
Comisión de sus cambios. Tras el control efectuado se 
recordaron a la ONG dichas obligaciones y, desde 
entonces, ésta última se esfuerza considerablemente en 
regularizar y completar, por una parte, los expedientes 
que ya han sido financiados y, por otra, en tratar los 
proyectos en curso o las nuevas solicitudes aplicando de 
forma más estricta las condiciones generales. 
En este contexto, hay que señalar que la ONG contrató 
una persona que desde 1985 trata todos los aspectos de la 
cofinanciación con la Comisión. Ello facilita, sin lugar a 
dudas, la colaboración con esta ONG y contribuye a la 
mejora de la calidad de su «resultado administrativo». 
10.35. Las condiciones generales que había entonces 
permitían a esta ONG contabilizar los inmuebles 
existentes como aportación. Después estas condiciones 
han sido revisadas. 
10.36. Las condiciones generales revisadas, en vigor 
desde 1982, prevén que la Comisión conceda, en 
principio, la prioridad a proyectos en los que la ONG 
reúna un 15% de fondos privados. Asimismo, la 
Comisión puede aceptar la inclusión en los costes totales 
de un proyecto de la valoración en metálico de las 
contribuciones suministradas en especie, tales como 
terrenos, mano de obra... así como el valor estimado en 
metálico de las infraestructuras existentes o de proyectos 
conexos ya realizados, a condición de que éstos tengan 
menos de dos años. No obstante, la Comisión recuerda periódicamente a las 
ONG su obligación de facilitar informes (carta que se 
envía a la ONG de forma sistemática después de cada 
pago) y de llevar una contabilidad separada por proyecto 
(recordatorio que se envía con cada contrato). 
A falta de una presentación adecuada de informes 
provisionales, descriptivos y financieros, la Comisión no 
efectúa el pago de los tramos posteriores. 
En las diferentes comisiones de servicios de control 
efectuadas in situ se comprobó que las ONG están en 
constante relación con sus interlocutores locales y 
efectúan por su cuenta comisiones de servicio de control y 
de evaluación. 
Por consiguiente, la Comisión considera que no es 
necesario ni eficaz adoptar sanciones financieras distintas 
de las que se prevén en las condiciones generales. 
Respecto a los gastos administrativos, la Comisión cree 
oportuno recordar que el 6 % constituye un máximo; en 
efecto, de 1982 a 1985, la subvención media otorgada a 
esta rúbrica representa un 3,5 % de los créditos concedi­
dos. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LAS 
ACCIONES COYUNTURALES EN FAVOR 
DE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y 
DE TERCEROS PAÍSES (CAPÍTULO 95) 
Programa especial de lucha contra el hambre 
en el mundo 
10.38. Las observaciones del Tribunal de Cuentas se 
refieren a dos acciones decididas en diciembre de 1983 en 
dos países ACP, una de 3 millones de ECUS (fondo de 
operaciones) y otra de 2 millones de ECUS (fondo 
renovable): 
— en cuanto a la primera acción, la compra de 
aproximadamente 3 000 toneladas de maíz en un país 
vecino se justifica por la grave situación de escasez 
con la que se encontró el país a finales de 1984 
(campaña 1984/85), que tuvo por efecto que el 
organismo estatal, de acuerdo con la Comisión, 
utilizara los fondos que se utilizan para estabilizar el 
mercado, para hacer frente a una situación de 
urgencia que la ayuda alimentaria normal no podía 
solucionar, debido a sus plazos de aplicación; de este 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 235 
modo se explica que se haya efectuado la compra en el 
exterior (insuficiencia .de recursos de producción 
local) y la cesión gratuita (insuficiencia de cantidades 
de ayuda alimentaria disponibles en estas condicio­
nes). No obstante, se trata de una situación provisio­
nal, ya que el organismo estatal en cuestión, con una 
vuelta a condiciones más normales de abastecimien­
to, debe reconstituir progresivamente la dotación 
inicial para utilizarla para los fines a los que se 
destinaba; 
— la segunda acción permitió que un organismo estatal 
comprara 6 800 toneladas de cereales de producción 
local, que todavía no han podido presentarse a la 
reventa debido a una situación relativamente satisfac­
toria en 1985 de los abastecimientos del país y a que se 
dispuso de una ayuda alimentaria procedente de 
distintos sitios y otorgada gratuitamente. Por lo 
tanto, no fue posible reconstituir el fondo de 
contrapartida en el control efectuado por el Tribunal 
de Cuentas, pero todo hace pensar que sólo se trata de 
un retraso debido circunstancial. 
La Comisión procurará, tal como lo hizo en el pasado, 
que se respeten las obligaciones en materia de fondos de 
contrapartida. 
10.39. Para facilitar la gestión in situ de estas ayudas y, 
de este modo, poder utilizar mejor los créditos no 
disociados concedidos por la Autoridad presupuestaria, 
se han abierto una serie de cuentas en favor de los países 
beneficiarios. Dichas cuentas se someten a la doble firma 
del ordenador nacional del país beneficiario y del 
delegado de la Comisión. 
La elección de este procedimiento fue una consecuencia 
ineludible del tipo de créditos consignados en el 
presupuesto de 1983 y del importe de los créditos de pago 
consignados en el presupuesto de 1984. Tal como lo 
menciona el Tribunal de Cuentas en el apartado 10.38, el 
objetivo del programa especial era mejorar el nivel de 
autosuficiencia alimentaria de los países beneficiarios 
mediante medidas estructurales, es decir, medidas cuya 
ejecución se efectúa necesariamente en varios años. 
Ahora bien, en 1983, los créditos consignados en el 
presupuesto (50 millones de ECUS) eran créditos no 
disociados; por otra parte, sólo se pudo disponer de ellos 
tras la adopción del Reglamento de base de 11 de julio de 
1983. Por consiguiente, era imposible liquidar todas las 
acciones y proceder a todos los pagos antes del 31 de 
diciembre de 1984. 
Aunque se hayan disociado los créditos del ejercicio 1984 
(créditos de compromiso: 58 millones de ECUS, créditos 
de pago: 42 millones de ECUS), se aplica el razonamiento 
anterior a su utilización. En efecto, de nada sirve conceder 
la disociación de créditos, si el ratio elaborado por la 
Autoridad presupuestaria entre créditos de pago y 
créditos de compromiso es excesivamente elevado. La 
ejecución normal de proyectos estructurales apenas 
hubiera necesitado más de 10 millones de ECUS en 
créditos de pago frente a los 58 millones de ECUS de 
compromisos contraídos. 10.40 El 6 de agosto de 1985 se envió el proyecto de 
reglamento al Consejo y al Parlamento Europeo, porque 
la Comisión consideró que no era oportuno transmitirlo 
antes de que se adoptara definitivamente el Presupuesto 
para 1985. Ahora bien, éste último no fue adoptado hasta 
el 16 de junio de 1985. No se puede hablar de retraso y, en 
todo caso, no es la demora de un mes y medio la que 
originó la no utilización de los créditos del presupuesto 
para 1985, sino el rechazo del Consejo a dar curso a dicha 
propuesta de reglamento. 
10.41. La utilización parcial de los créditos de pago del 
ejercicio 1984 demuestra simplemente que el ratio 42/58 
entre créditos de pago y créditos de compromiso para 
proyectos de carácter estructural no era realista. 
Por consiguiente, no es sorprendente que los créditos del 
ejercicio 1985 (14 millones de ECUS) no se hayan 
utilizado en su totalidad. Por otra parte, la Comisión 
había renunciado a solicitar créditos de pago para este 
ejercicio a lo largo del procedimiento presupuestario. 
OBSERVACIONES RELATIVAS AL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS 
DELEGACIONES DE LA COMISIÓN EN 
LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 
(CAPÍTULO 98) 
Control de las delegaciones por parte de la 
AEC 
10.44 -10.45. El control de las administraciones de 
anticipos efectuado por la AEC y sus inspectores se 
inspira en numerosos criterios perfectamente conocidos 
que originan que los agentes extremen más o menos el 
control de una administración de anticipos cuando se 
ponen de manifiesto estos criterios. 
Se pueden citar, como ejemplo: 
— falta de extractos de cuenta bancarios, 
— extractos bancarios dudosos, 
— estados comparativos bancarios relativos a operacio­
nes de larga duración, 
— calidad de los documentos justificativos, 
236 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
— utilización anormal de los créditos (en exceso o en 
defecto). 
Para lo que se considere oportuno, conviene precisar que, 
incluso a falta de un manual, existen determinados 
documentos de trabajo en la AEC que permiten a cada 
inspector orientar su control y, en particular, un listado 
informático que recoge los gastos desglosados de 
aproximadamente 50 partidas contables en un período de 
12 meses. 
Gestión central de la AEC 
10.46. La gestión presupuestaria de las delegaciones, 
implantada en 1984, está dando resultados satisfactorios, 
tanto en lo que se refiere a las delegaciones como a la sede; 
se llevan a cabo análisis precisos antes de aprobar el 
presupuesto de cada delegación, y, en particular, por 
medio de un análisis del coste medio por agente y mes en 
cada delegación, comparando las diferencias con respecto 
a una distribución estadística normal. 
10.47. El Tribunal de Cuentas pone en tela de juicio una 
regla de gestión interna de la AEC. Ésta última tomó la 
iniciativa, en el marco de la reunión anual de Delegados, 
de modificar dicha regla, cuyas modalidades se discutie­
ron en el grupo de trabajo «Presupuesto— Gestión Moderna». Se aplicarán nuevos procedimientos para la 
ejecución del presupuesto 1987. 
10.48. Es cierto que el respeto de los tipos de cambio 
oficiales es costoso para el presupuesto comunitario. Por 
este motivo se han dado instruccciones desde hace mucho 
tiempo, tanto en lo que se refiere a la gestión del FED 
como a la de la AEC, para que los delegados negocien con 
los gobiernos ACP la aplicación a nuestras operaciones 
del tipo de cambio oficial más favorable cuando exista un 
doble mercado de cambios. Es evidente que, mientras no 
exista un doble mercado, la AEC y el FED sólo podrán 
basarse en el tipo oficial vigente. 
10.49. Al igual que en las nomenclaturas presupuesta­
rias de las Instituciones comunitarias, la AEC dispone de 
desgloses por clases de gastos y presta atención, a través 
de las administraciones de anticipos, a las comisiones de 
servicios locales cuyo ritmo de utilización de créditos se 
inspecciona con especial atención. 
Así, la sede puede seguir con mayor facilidad la presencia 
de agentes in situ y su actividad de control de la ejecución 
de los proyectos. 
10.51. Los inspectores de la sede efectúan mensualmen-
te un seguimiento de todas las operaciones en curso, para 
efectuar su regularización cuanto antes. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 237 
RESPUESTAS DE LAS INSTITUCIONES AL 
CAPÍTULO 11 
Gestión de las instituciones comunitarias 
y de los organismos exteriores 
RESPUESTAS DEL PARLAMENTO 
GASTOS DE PERSONAL 
Observaciones relativas a los sistemas 
informatizados para el cálculo de las 
remuneraciones y el número de efectivos 
11.7 -11.8. La Comisión gestiona los sistemas « PAIE » 
y «SYSPER» y el Parlamento gestiona el sistema 
«RAPE». 
El Parlamento comparte la opinión del Tribunal según la 
cual se pueden mejorar los sistemas de control que 
permiten la adecuación de la cuantía de los efectivos de 
personal con las remuneraciones. Este problema podrá 
resolverse en el marco de un sistema informatizado que 
integre la gestión del personal y el cálculo de las 
remuneraciones. 
Con este objeto, en 1985 se ha puesto en marcha un 
equipo-proyecto con el cometido de poner en funciona­
miento un nuevo sistema informático de gestión del 
personal que tenga en cuenta el problema del control de la 
gestión (efectivos de personal/remuneraciones). 
Las listas nominales establecidas por el sistema de gestión 
del personal «RAPE» no contienen en efecto una 
totalización del número de personal, pero, en el momento 
de la solicitud de la lista, el usuario puede, por medio de 
una función especial, obtener el total de los efectivos de 
personal recogidos en la lista. Observaciones relativas a la gestión por parte 
de las instituciones del régimen de 
asignaciones escolares 
11.11. El Parlamento ha suprimido la anomalía citada 
en la letra a) mediante una decisión de su Presidente, de 24 
de enero de 1984. Las anomalías mencionadas en las 
letras b) y c) son consecuencia de la interpretación común 
que las instituciones comunitarias han dado a las 
«Disposiciones generales de ejecución relativas a la 
concesión de la prestación escolar». 
11.12. Puesto que los créditos en cuestión se han inscrito 
en el presupuesto de la Comisión, en la partida 2898, que 
lleva el título de «Otros establecimientos escolares» y 
están gestionados por ella, los puntos planteados 
conciernen a esta última de un modo más específico. 
11.13. El Parlamento Europeo tiene la intención de 
emprender una iniciativa a nivel interinstitucional que 
tendría como objetivo hacer los textos de base más 
simples y coherentes. 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Observaciones relativas a la presentación de 
documentos justificativos 
11.29. Se ha convenido en que no se ha respetado 
fielmente el calendario establecido en el Reglamento 
financiero, pero las demoras en la entrega han permitido 
238 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
liquidar sumas en las cuentas transitorias sin necesidad de 
fotocopiar, con el gasto que ello conlleva, todos los 
documentos y evitando el trabajo, largo y a veces difícil, 
de enviar a miembros del personal al edificio del Tribunal 
de Cuentas para buscar los justificantes. 
En el caso de que se modifique el Reglamento financiero, 
los documentos deberían permanecer en las Instituciones 
y quedar a disposición del Tribunal, en vez de enviarlos al 
GASTOS DE PERSONAL 
Observaciones relativas a la gestión por parte 
de las instituciones del régimen de 
asignaciones escolares 
11.11 y 11.13. El Consejo considera que los problemas 
planteados por el Tribunal de Cuentas deberían ser 
tomados en consideración por las instancias competentes 
para intentar simplificar los textos en cuestión. 
11.12. Hasta este momento, en el Consejo no han 
existido funcionarios afectados por esta disposición. 
Observaciones relativas a la gestión 
presupuestaria del Consejo 
11.14-11.15. El Consejo acepta las observaciones 
hechas por el Tribunal de Cuentas respecto a la gestión de 
los créditos de. la línea presupuestaria 1110 «agentes 
auxiliares», pero quiere subrayar las grandes dificultades 
que se han planteado en las circunstancias de 1985 para la 
gestión de esta línea presupuestaria. Estas dificultades se 
explican primordialmente, por una parte, por la imposibi­
lidad de transferir antes de la adopción (tardía) del 
Presupuesto de 1985 a un gran número de agentes 
auxiliares españoles y portugueses a la situación de 
agentes temporales y, por otra parte, por la insuficiencia 
de créditos en el capítulo 1110 en el Presupuesto de 1985. 
Otros elementos excepcionales que han ocasionado, a 
causa de su carácter repentino e imprevisto, las dificulta­
des consideradas por el Tribunal de Cuentas, han sido los 
siguientes: la imposibilidad de recuperación de las 
cotizaciones desembolsadas a la ONSS, dificultades 
mayores sobrevenidas súbitamente a nivel de la traduc­
ción del derecho derivado y que han necesitado de manera edificio del Tribunal, lo que requeriría un amplio espacio 
para su almacenamiento así como personal para el 
control de los documentos. Esto permitiría que las 
instituciones pudieran tener un fácil acceso a sus 
documentos con objeto de liquidar las partidas de espera 
y otras cuestiones que deban ser investigadas. 
imperiosa la contratación suplementaria de agentes, la 
decisión a breve plazo e ineluctable del mantenimiento de 
secretarios auxiliares más allá del período previsto. 
El Consejo considera que la situación de la que se ocupa el 
Tribunal de Cuentas no debería repetirse en el futuro y ha 
llamado la atención de los responsables de la gestión del 
presupuesto sobre la necesidad de respetar escrupulosa­
mente el Reglamento Financiero. 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Observaciones relativas a la transmisión de 
los documentos justificativos 
11.29. El Consejó acepta la crítica del Tribunal de 
Cuentas. En el futuro, la transmisión de los documentos 
justificativos se hará en los plazos establecidos. 
Observaciones relativas a gastos para el 
acondicionamiento de locales del Consejo 
11.31. (a) 
i) Como lo comprueba el Tribunal, el contrato marco 
no establece en todos sus detalles los elementos 
necesarios para el control ni para la verificación de los 
costes de las obras realizadas por el contratante. Sin 
embargo, los procedimientos siguientes aplicados por 
la Secretaría del Consejo garantizan los controles 
necesarios en este campo. En efecto, dichos procedi­
mientos permiten verificar: RESPUESTAS DEL CONSEJO 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 239 
— el nivel de los costes de los salarios por horas en el 
momento de la presentación de las ofertas en base 
a los haremos oficiales para la facturación de los 
salarios regulados por el Ministerio de Asuntos 
Económicos; 
— el índice del horario medio obtenido por el 
conjunto de los obreros, considerando su cualifi-
cación; este examen se hizo con motivo de la 
remisión de los documentos establecidos según el 
sistema «libros abiertos». 
Por lo que respecta al control de calidad de los 
trabajos realizados, de los materiales utilizados y de 
los equipos instalados, el arquitecto del Consejo, por 
una parte, y los responsables del servicio afectado de 
la Secretaría General del Consejo, por otra, asumen la 
responsabilidad. 
ii) El Tribunal comprueba con razón que la totalidad de 
los distintos aspectos del contrato marco no estaban 
cubiertos por la llamada a la competencia. En opinión 
del Consejo, esta llamada, por su naturaleza general, 
no podía contener una lista exhaustiva de los trabajos 
que se debían realizar. Se ha establecido una lista no 
exhaustiva de 13 proyectos para permitir a los 
posibles suscriptores hacerse una idea de la amplitud 
Resumen de la información financiera y 
plantilla de las instituciones 
11.6. Del cuadro 11.2 se desprende que los puestos de 
trabajo que no se cubrieron al final del ejercicio 1985 se 
encuentran en regresión con respecto a 1984. No 
obstante, en la Oficina de Publicaciones su número 
aumenta, dados los problemas específicos que se obser­
van en dicha oficina, en particular, en materia de 
corrección de pruebas, así como en investigación, cuyos 
efectivos se mantienen provisionalmente a un nivel 
superior para que puedan aplicarse las medidas de 
prestaciones voluntarias. de los trabajos que se deberán realizar durante la 
duración del contrato marco. 
11.31. (b) Se ha tomado buena nota de la observación 
sobre la fianza. Aunque se considere que la Secretaría 
General disponía de los medios de presión suficientes 
para que se garantizara la buena ejecución de los trabajos, 
la práctica de exigir una fianza en forma de garantía 
bancaria se ha seguido desde que se hizo dicha observa­
ción. 
11.32. Por la naturaleza de los trabajos realizados en 
1985, el Consejo no ha podido obtener una participación 
por parte del propietario. El propietario del edificio 
«Charlemagne» ha participado, sin embargo, en varias 
ocasiones anteriores, en los gastos de determinados 
trabajos importantes que representaban una revaloriza­
ción de su edificio, por ejemplo: 
— con 4 millones de BFR en la realización de las 
medidas para el ahorro de energía; 
— con 4,5 millones de BFR en la mejora de la 
alimentación eléctrica de emergencia; 
— con 3,5 millones de BFR en la ampliación del 
recorrido de los ascensores. 
11.7-11.8. Por lo que respecta a la Comisión, los 
sistemas utilizados para la determinación y la liquidación 
de los derechos financieros de las distintas categorías de 
personal son los siguientes: 
— por una parte, el sistema «SYSPER» es un sistema 
informático que determina los derechos financieros 
de cada agente estatutario; dicho sistema permite 
totalizar los derechos de las diferentes categorías de 
efectivos; 
— por otra parte, la Comisión dispone de un programa 
informático «PAIE», que liquida los derechos 
financieros elaborados por el sistema «SYSPER»; 
los dos sistemas son independientes entre sí. Además, 
el sistema «PAIE» incluye, entre otras, una lista 
« BUDCOL » que recoge un desglose por grado y por 
nivel del efectivo pagado durante el mes de que se RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
GASTOS DE PERSONAL Observaciones relativas a los sistemas 
informatizados de cálculo de las 
remuneraciones y de gestión de efectivos 
240 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
trate y que permite conocer el número total de agentes 
pagados. 
La Comisión comparte la opinión del Tribunal de 
Cuentas de que es necesario proceder periódicamente a 
una comparación entre el programa de la paga colectiva y 
el sistema «SYSPER». 
Respecto a la diferencia que el Tribunal de Cuentas 
advirtió entre el número de agentes en los sistemas 
«PAIE» y «SYSPER», cabe señalar que el personal se 
encuentra en constante evolución y que los dos sistemas 
constituyen dos bancos de datos diferentes. 
Por otra parte, estas listas nó constituyen una población 
homogénea. Por ejemplo, el sistema « PAIE »incluye en la 
paga al personal del JET de Culham, al de la Fundación 
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
de Dublín y al de la sede de la AEC. Sin embargo, el 
personal del JET y de dicha Fundación no son adminis­
trados por el «SYSPER» y el personal de la AEC figura 
en « SYSPER» en la partida administrativa A 20 (destino 
en interés del servicio). 
Un reexamen efectuado por los servicios de la Comisión 
permitió comprobar la concordancia de los dos sistemas 
«PAIE» y «SYSPER». 
Observaciones relativas a la gestión por parte 
de las instituciones del régimen de 
asignaciones escolares 
11.11-11.13. En lo que se refiere a los apartados 
11.11 (a), (b) y (c), la Comisión aplica las disposiciones 
estatutarias vigentes y, por consiguiente, las disposiciones 
reglamentarias que se derivan de ellas. Por otra parte, 
estas disposiciones no tienen en cuenta actualmente la 
diversidad de situaciones existentes. En la actualidad, se 
prepara una modificación del artículo 3 del Anexo VII del 
Estatuto, que dispone acerca de las asignaciones por 
escolaridad. Por lo demás, esos trabajos implicarán la 
supresión definitiva de la partida presupuestaria A 2898. 
11.12. La Autoridad presupuestaria creó la partida 
presupuestaria A 2898 para paliar problemas muy 
específicos que no están cubiertos por el Estatuto. 
Para tener derecho a una asignación en concepto de esta 
partida presupuestaria se requieren las condiciones 
siguientes: 
— por una parte, que existan imperativos pedagógicos 
debidamente certificados por un director de escuela 
europea que justifiquen el cambio a otro centro, o bien que no haya una escuela europea o una 
institución nacional apropiada en un radio de 50 km; 
— por otra parte, un excedente de los gastos de 
escolaridad anual respecto a la asignación por 
escolaridad decidida de al menos un 30 % del sueldo 
base mensual. (El mínimo de un 30 % se fijó para 
poder apreciar en qué medida los gastos que siguen a 
cargo de un funcionario representan una parte 
importante de sus ingresos.) 
Como el examen efectuado por un grupo paritario de las 
solicitudes para obtener dicha asignación (26 solicitudes 
seleccionadas) llevó cierto tiempo, los padres funciona­
rios ya habían efectuado el pago a los centros escolares 
antes de que se adoptara la decisión que les afectaba. 
Por este motivo, la asignación se pagó directamente a los 
padres implicados como reembolso parcial del importe ya 
pagado por ellos al centro docente. 
La Comisión confirma que en el marco de aplicación del 
nuevo régimen de asignaciones por escolaridad podrá 
proponer la supresión de la partida presupuestaria A 
2898. 
Observaciones sobre la gestión de los créditos 
de personal de la Comisión 
Remuneración del personal destinado fuera de las 
Comunidades 
11.18-11.21. El Estatuto, tal como está redactado 
actualmente, no prevé ninguna disposición que tenga en 
cuenta los destinos en el mundo entero; la Comisión se 
encuentra, pues, con la obligación de adoptar ciertas 
disposiciones relativas a los funcionarios destinados fuera 
de la Comunidad. Una propuesta de reglamento, 
transmitida el 6 de marzo de 1986 al Consejo, pretende 
cubrir las lagunas indicadas por el Tribunal de Cuentas y 
crear el marco estatutario específico para este personal 
destinado fuera de la Comunidad. 
La propuesta se debate actualmente en el Consejo y el 
Parlamento Europeo ha dado un dictamen favorable. 
11.19. Respecto a la atribución de la indemnización de 
alojamiento, la Comisión examina detalladamente cada 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 241 
caso individual para comprobar que el alojamiento 
ocupado corresponde a las funciones ejercidas por el 
funcionario y a la composición de su familia. Si es 
necesario se requieren informaciones complementarias. 
11.20. La Comisión considera que las medidas que 
critica el Tribunal de Cuentas debieron adoptarse para 
respetar uno de los principios fundamentales del Estatu­
to, a saber, la equivalencia del poder adquisitivo de los 
funcionarios comunitarios en los diferentes lugares de 
destino. 
Como consecuencia de las fluctuaciones monetarias en 
determinados lugares de destino, combinadas en ciertos 
lugares con restricciones de convertibilidad cuyo efecto 
era la disminución del poder adquisitivo de los funciona­
rios comunitarios, la Comisión decidió, el 27 de julio de 
1983, proceder en cuatro lugares de destino (l) a la 
conversión de una parte de la remuneración en divisa 
local de uso corriente por medio de un tipo fijo de 
conversión. Esta decisión se prolongó el 8 de noviembre 
de 1983 y el 29 de febrero de 1984 utilizando los tipos de 
cambio vigentes en agosto de 1983. El 12 de diciembre de 
1984 la Comisión extendió estas disposiciones a otros tres 
países (2). 
Tras la modificación de los baremos de remuneración con 
efectos al 1 de julio de 1985, se comprobó que la 
generalización del mantenimiento de los tipos de cambio 
de agosto de 1983 hubiera tenido como efecto una 
compensación excesiva de las pérdidas de poder adquisiti­
vo en determinados lugares de destino, por lo que se 
decidió en estos casos adaptar las fechas de los tipos de 
cambio. 
Paralelamente a la aplicación de estas medidas, la 
Comisión hizo que se estudiara, en el marco de su 
propuesta de Reglamento del Consejo de 6 de marzo de 
1986 mencionada en la respuesta al apartado 11.18, una 
posible modificación del Estatuto para evitar que en el 
futuro se produjeran tales problemas. Dicha propuesta 
tiene en cuenta la experiencia práctica adquirida no sólo 
con la gestión del personal estatutario sino con la de los 
agentes de la Asociación Europea de Cooperación. La 
adopción de la propuesta permitirá garantizar un mejor 
equilibrio de las remuneraciones de los funcionarios 
destinados en los países que se encuentran fuera de la 
Comunidad y, en particular, en los lugares de destino que 
se caracterizan por tener una situación económica y 
monetaria fluctuante. 
Créditos de personal del Centro Común de Investigación 
(CCI) 
11.22. La Comisión aplica la normativa financera 
vigente que prevé que los créditos de compromiso, 
í1) Las notas aparecen al final del capítulo. incluidos los correspondientes al personal, pueden 
mantenerse durante varios ejercicios. Tal como señala el 
Tribunal de Cuentas en el apartado 11.27, la Comisión 
tiene la intención hacerse eco de ciertas críticas del 
Tribunal de Cuentas en la propuesta de modificación del 
Reglamento Financiero. 
Pero la Comisión recuerda que el régimen excepcional 
previsto actualmente por el Reglamento Financiero 
responde al carácter específico del CCI. 
11.23 -11.24. Respecto a los créditos de investigación, 
la práctica general es valorar los créditos necesarios para 
los salarios tomando como base el número total de 
puestos de trabajo autorizados consignados en el cuadro 
de efectivos. En efecto, este total corresponde a las 
necesidades de ejecución del programa tal como lo 
decidió el Consejo. Momentáneamente, puede cubrirse en 
parte por personal exterior contratado. 
En cuanto a los créditos sociales del Centro Común de 
Investigación (CCI), se fijan en función de las característi­
cas de dicho centro, tal como el Tribunal de Cuentas lo 
admite en parte. 
Respecto a la categoría especial 19, la propuesta 
modificada del Reglamento Financiero (véase la respues­
ta al apartado 11.27) prevé nuevas disposiciones en la 
materia. 
11.25 -11.26. En el momento de su creación los cuatro 
centros del CCI han: 
— sucedido a centros nacionales, 
— o han sido implantados cerca de los centros nacio­
nales. 
En tales condiciones, los cuatro centros adoptaron un 
cierto número de costumbres existentes; entre ellas, el 
transporte gratuito del personal, que se justifica por la 
lejanía de los centros urbanos y la falta de transportes 
públicos. 
Respecto a las indemnizaciones por kilómetro, la 
Comisión considera que en los casos de trabajo en servicio 
continuo o por turno, los desplazamientos entre el 
domicilio y el lugar de trabajo son desplazamientos que se 
efectúan en cumplimiento del servicio. La Comisión tiene 
en cuenta el problema planteado por el Tribunal de 
Cuentas. 
11.27. La Comisión desea aprovechar la revisión del 
Reglamento Financiero para hacerse eco de ciertas 
preocupaciones del Tribunal de Cuentas. Al respecto, la 
Comisión propuso que «los créditos de personal 
242 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
utilizables en caso de que el personal presente sea 
temporalmente inferior al personal decidido, sigan 
utilizándose de forma exclusiva para los gastos destina­
dos a compensar la insuficiencia de personal». 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Observaciones relativas a los gastos para el 
acondicionamiento de locales del Consejo y de 
la Comisión 
11.31-11.32. Las obras de renovación de la red 
telefónica del inmueble JECL fueron objeto de una 
licitación que se atuvo a las disposiciones del apartado 2 
del artículo 51 del Reglamento Financiero. 
En virtud de las disposiciones del artículo 54 del 
Reglamento Financiero, la Comisión Consultiva de 
Compras y Contratos (CCCC), efectuó un examen de las 
licitaciones recibidas. 
Al término de este procedimiento normal se eligió la 
oferta más conveniente. Dicha oferta respondía a un 
pliego de condiciones donde se describían los trabajos de 
forma detallada. Al ser la oferta a tanto alzado no había 
motivo para proceder a comprobaciones por unidad. 
Se impuso la fórmula del contrato-tipo debido a la 
obligación de escalonar los trabajos en varios ejercicios, 
ya que la Comisión sólo se compromete a tramos 
sucesivos en función de las disponibilidades presupuesta­
rias. 
A continuación, las disposiciones de este contrato-tipo se 
ampliaron a todos los inmuebles donde era necesario 
efectuar periódicamente trabajos de acondicionamiento 
de la red telefónica. 
El precio de estas obras, para las cuales no se podía fijar 
un importe previo a tanto alzado, se determinó para cada 
obra a partir de un presupuesto presentado a la Comisión, 
después de que los representantes cualificados del 
contratista y de la Comisión hubieran presentado una 
descripción de las operaciones que se debían efectuar. 
Por otra parte, el contratista, sociedad reconocida por los 
servicios públicos belgas y luxemburgueses, aplicó su 
baremo oficial para el salario por horas; dichos 
procedimientos permitían efectuar el control, y así lo 
hicieron los servicios de la Comisión. Hay que señalar que después de la elaboración del 
informe se convocó una nueva licitación. El pliego de 
condiciones no trataba de una operación exactamente 
definida como era el caso de la renovación del inmueble 
JECL, renovación en cuya financiación participaba el 
propietario en un porcentaje importante, sino que la base 
de la negociación fue una lista de operaciones habituales 
para los trabajos de telecomunicación de los que los 
licitadores han presentado sus precios. 
Estos precios de referencia permitieron eliminar a los 
competidores; el contratista anterior volvió a ser el más 
adecuado y, por lo tanto, ha visto renovado su contrato-
tipo. 
Al igual que en el pasado, los pedidos que se efectúen a 
partir de ahora se someterán a una aprobación previa 
mediante un presupuesto alternativo. 
Observaciones referentes a la gestión de los 
créditos de funcionamiento de la Comisión 
No consideración de una denegación de visado del 
interventor 
11.33 -11.35. La ejecución del Presupuesto para 1985 
fue particularmente difícil por lo que respecta a los 
créditos de funcionamiento, como consecuencia de un 
largo período de doceavos provisionales. Debido a las 
dificultades presentadas, la Comisión tuvo que recurrir a 
la reserva del Capítulo B. 101 (reserva para imprevistos), a 
fin de cubrir los gastos administrativos inevitables (entre 
ellos, los gastos mencionados más arriba, es decir, 3,2 
millones de ECUS). 
Respecto al caso concreto de los gastos de la partida A 
2353 (mantenimiento y traslado de servicios), la extinción 
de dicha partida se había previsto — teniendo como base 
los primeros meses de ejecución — para el último 
trimestre de 1985. Ahora bien, el programa de manteni­
miento y traslado de servicios experimentó una progre­
sión considerable durante el verano (período normal de 
interrupción). Dicha progresión estuvo relacionada con 
los preparativos de la ampliación de las Comunidades a 
España y Portugal, de tal modo que la extinción se 
localizó dentro del año mucho antes de lo previsto en un 
principio, sin posibilidad práctica de reforzar dicha 
partida. Ante esta situación, los ordenadores de pagos 
superaron temporalmente el límite de los créditos 
disponibles. 
En su decisión de desestimación la Comisión ordenó a sus 
servicios que procedieran a una mejora de los procedi­
mientos de programación y de supervisión de los créditos, 
en particular, en el marco de la ejecución de su Decisión 
de 17 de octubre de 1984 relativa a la aplicación de 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 243 
medidas concretas para crear y reforzar secciones 
financieras en las Direcciones Generales. 
Realización de un proyecto piloto de televisión europea 
11.37. (a) La contribución financiera que la Comisión 
concedió a este proyecto se basaba en un presupuesto que 
presentó la sociedad privada de producción audiovisual 
mencionada por el Tribunal de Cuentas. del Reglamento Financiero: basándose en dicho artículo, 
el beneficiario estaba obligado a presentar una cuenta 
financiera tres meses después de la utilización de la 
subvención. El pago definitivo de 35 294 ECU (78 000 
DM) se efectuó una vez aceptado el estudio sobre la 
posibilidad de realizar una serie televisiva de gran 
audiencia (« TV Family Project»), un proyecto de emisión 
que tuviera un argumento adecuado para el público 
familiar, así como un informe final, tal como se habían 
mencionado en el artículo 7 del contrato de 27 de febrero 
de 1984. 
Este presupuesto se elevaba a 1,6 millones de ECUS 
(3 607 156 DM) y se financiaba de la forma siguiente: 
Comisión: 
Sociedad privada de 
producción audiovisual: 
Total: 1031 674 ECU: 63,2% 
600 523 ECU: 36,8% 
1 632 197 ECU En un plazo de tres meses, la sociedad de producción 
presentó la cuenta financiera definitiva, pero la Comisión 
consideró que, ante la importancia del proyecto, era 
necesario efectuar un control de los gastos en esta 
sociedad, que se efectuará en Hamburgo en otoño de este 
año. 
Se había acordado que la sociedad de producción 
audiovisual, sociedad comercial de derecho alemán, 
cubriría su inversión mediante ingresos procedentes de 
acuerdos de coproducción o venta de producciones a 
otros centros de televisión, así como a través de ingresos 
procedentes de un acto organizado en Bruselas (Euro-
show en Forest National). La Comisión espera informarse en dicha sociedad acerca 
de los gastos de consulta y sobre determinadas partidas 
importantes, tales como los derechos de autor, gastos 
generales y gastos de representación. 
Según la cuenta financiera, los gastos reales ascendieron a 
1 884 168 ECU, que se desglosaron de la manera 
siguiente: 
Comisión: 
Sociedad de produc­
ción: 
de los cuales: 
ingresos Zweites 
Deutsches 
Fernsehen (ZDF) 
y ventas: 
déficit: 1031 679 ECU =55^ 
852 489 ECU = 45 % 
436 639 ECU = 23 °/t 
415 850 ECU = 22°/ 
1 884 168 ECU 
Al tratarse de un proyecto piloto, cuyos gastos además se 
escalonaron en dos años, era difícil realizar, al principio, 
una estimación precisa: ello originó que se rebasara el 
presupuesto inicial de 0,3 millones de ECUS. Como el 
compromiso financiero era a tanto alzado dicho rebasa-
miento no se imputó a la Comisión. 
(b) Los pagos se efectuaron con arreglo al artículo 7 del 
contrato y tras la firma de la declaración del artículo 82 La Comisión considera que el proyecto experimental dio 
un resultado positivo en su conjunto y menciona, en 
particular, que el Euroshow tuvo un público de aproxi­
madamente 30 millones de personas, lo que permitió a la 
Comisión sensibilizar a los sectores de la opinión pública 
que son de difícil acceso a través de los medios 
tradicionales de información comunitaria. 
11.38. Se trataba de un primer proyecto piloto de 
carácter totalmente experimental y, por lo tanto, difícil de 
evaluar previamente. Por consiguiente, se realizarán las 
comprobaciones finales necesarias (véase el apartado 
11.37 (b)). En cualquier caso, la Comisión considera que a 
través del proyecto alcanzó su objetivo de sensibilizar a la 
opinión pública europea. 
En el futuro, la Comisión tendrá en cuenta la experiencia 
adquirida en este sector y, en lo posible, las observaciones 
del Tribunal de Cuentas. 
244 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
ORGANISMOS EXTERIORES 
Observaciones relativas a la estructura 
jurídica de los organismos beneficiarios 
Escuelas Europeas 
11.42. El marco jurídico de las Escuelas Europeas no ha 
previsto responsabilidad directa de la Comisión en su 
gestión. No obstante, la Comisión examina dicha 
cuestión y se reserva el derecho de ha ?r las correspon­
dientes propuestas a las instancias competentes. 
Agencia de Abastecimiento de Euratom 
11.44. La Comisión considera que hasta que no se 
encuentre una solución a ciertos problemas relativos al 
Capítulo VI del Tratado Euratom no es conveniente 
prever cambios en los estatutos de la Agencia respecto a 
su capital, ni a la financiación y gestión financiera de su 
presupuesto, puesto que dichas materias dependen del 
papel que desempeña la Agencia y de una posible 
modificación del mismo. 
Empresa común JET 
11.45. La Comisión confirma el respeto total de las 
disposiciones de los estatutos de la empresa común JET y 
del Reglamento Financiero establecido en virtud del 
artículo 11 de estos mismos estatutos. En efecto, el 
Comité ejecutivo de la empresa común sólo ejerce sus 
funciones en el ámbito de los poderes que se le otorgan. 
Obervaciones relativas a la utilización de las 
subvenciones de las Comunidades por ciertos 
organismos exteriores 
Escuelas Europeas 
11.46. a) En su sesión extraordinaria, celebrada el 15 de 
septiembre de 1986, el Consejo Superior encargó a su representante que llevara a buen término para noviembre 
de 1986 las negociaciones que se habían iniciado respecto 
a la financiación con los organismos nacionales o 
internacionales (OTAN, NAMSA, etc.). La aplicación de 
los acuerdos debería realizarse en el año escolar 1987/ 
1988. 
b) Asimismo, se acordó que el Consejo Superior se 
pronunciara, en su reunión del mes de abril de 1987, 
acerca de un proyecto de nuevo Reglamento Financiero 
elaborado por el Comité Administrativo y Financiero, 
instancia del Consejo Superior, en colaboración con la 
Comisión. 
11.47. En noviembre de 1986, se apelará al Consejo 
Superior para un análisis de las dificultades planteadas 
por el sistema de remuneración del profesorado destina­
do. Deberá pronunciarse sobre el método que se debe 
utilizar para un estudio adecuado de los problemas, entre 
ellos, la oportunidad de recurrir a un consultor exterior, 
tal como ya se había propuesto en varias ocasiones. 
Finalmente, se adoptará un calendario preciso para 
obtener los resultados de dicho estudio, de tal modo que 
sea posible presentar un informe, aunque sea provisional, 
en el mes de noviembre de 1987. 
11.48. La Comisión se da cuenta de que pueden 
aplicarse reducciones o incrementos de ingresos que den 
lugar a que se reduzca la subvención de las Comunidades. 
La Comisión subraya, en particular, que, gracias a su 
solicitud, se está realizando un examen para determinar 
las contribuciones escolares exigidas de ciertos alumnos. 
Y no dejará de plantear ante las instancias de las Escuelas 
las otras cuestiones mencionadas por el Tribunal de 
Cuentas. 
11.50. Al igual que el Tribunal de Cuentas, la Comisión 
considera muy importante que pueda seguir desempeñan­
do un papel aún más activo en el proceso de decisión de las 
Escuelas Europeas. Sin lugar a dudas, ello podría 
realizarse en el marco de las propuestas que han sido 
examinadas anteriormente en los puntos 11.42 y 11.48. 
0 Chile, India, Venezuela, Yugoslavia. (2) Brasil, Israel, Líbano. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 245 
RESPUESTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
GASTOS DE PERSONAL 
Observaciones relativas a la gestión por parte de las instituciones del régimen de asignaciones 
escolares 
11.9-11.13. El Tribunal de Justicia está dispuesto a seguir la recomendación de buscar, mediante una concertación 
interinstitucional, una simplificación del régimen de las asignaciones escolares sobre la base de una dieta global para 
gastos de escolaridad en cada uno de los tres ciclos de enseñanza. 
RESPUESTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Observaciones relativas al pago de facturas por parte del Tribunal de Cuentas 
11.39 Tan pronto como tuvieron conocimiento del resultado del control, los servicios del Tribunal de Cuentas 
consiguieron el descuento, por lo que las finanzas comunitarias no han sufrido perjuicio alguno. 
246 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL 
CAPÍTULO 12 
Préstamos, empréstitos y bonificaciones de intereses 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
LEGALIDAD Y A LA GESTIÓN 
FINANCIERA 
12.7 Desde aquel momento los servicios de la Comisión 
han hecho de ello una práctica habitual. La Comisión 
informará al Tribunal de Cuentas de su postura y 
justificaciones. 
Gastos administrativos del Banco Europeo de 
Inversiones 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS 
BALANCES Y A LAS CUENTAS DE 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS 
SISTEMAS NIC Y EURATOM 12.12-12.14. Como consecuencia de la observación 
que el Tribunal de Cuentas apuntaba en su informe de 
1984 sobre los gastos administrativos del BEI, la 
Comisión ha recabado explicaciones complementarias 
del BEI, ha presentado un primer análisis sobre esta 
cuestión (i) y ha entablado un diálogo con el BEI para dar 
una solución satisfactoria a la solicitud del Parlamento 
Europeo y a las observaciones del Tribunal de Cuentas. 
12.9. (a) La Comisión especifica que, para Euratom, los 
gastos de emisión de empréstitos superiores a 200 000 
ECUS se distribuían, anteriormente, a lo largo del 
período de duración de los mismos, mientras que los 
empréstitos inferiores a dicha cantidad se contabilizaban 
directamente como gasto del ejercicio. La Comisión recuerda que las valoraciones efectuadas 
han llevado a la reducción de las comisiones de gestión 
que se aplican a los préstamos NIC y Euratom a partir del 
1 de abril de 1984. 
Este cambio de imputación contable efectuado en el 
balance a 31 de diciembre de 1985, que el propio Tribunal 
de Cuentas ha juzgado como una mejora de los métodos 
contables empleados por la Comisión, no ha sido 
motivado por razones puntuales, sino que ha sido 
escogido a fin de determinar con mayor exactitud los 
resultados del ejercicio. Tesorería del NIC 
12.15. La Comisión se complace de la observación del 
Tribunal de Cuentas sobre su política de gestión de la 
tesorería del NIC. 
12.10 - 12.11. La Comisión toma nota de la sugerencia 
del Tribunal de Cuentas y procederá a su estudio. (') Las notas aparecen al final del capítulo. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 247 
Préstamos NIC y bonificaciones de intereses 
en favor de las zonas afectadas por los 
seísmos 
Introducción 
12.17 -12.18. La Comisión recuerda el acuerdo tripar­
tito que se celebró entre el Tribunal de Cuentas, la 
Comisión y el BEI en marzo de 1985, por el que se 
estableció un sistema reforzado de control sobre los 
documentos para el ejercicio de 1984. 
Durante este período, según una comunicación de su 
Presidente, el Tribunal de Cuentas «no haría uso de su 
derecho de controlar in situ, a condición de que las tres 
partes se comprometieran a reanudar la negociación 
sobre esta cuestión, a su debido tiempo, a fin de controlar 
las operaciones financiadas por el NIC durante los 
últimos ejercicios ». 
El Tribunal de Cuentas efectuó controles in situ ocho 
meses más tarde. 
Ahora bien, la Comisión no ha recibido indicaciones 
detalladas del Tribunal de Cuentas sobre las posibles 
lagunas de la documentación presentada que cubre, en 
efecto, una amplia gama de informaciones sobre la 
realización o el estado de los proyectos. La Comisión esta 
dispuesta, dentro del límite de sus posibilidades, y a 
instancias del Tribunal de Cuentas, a presentar toda la 
información complementaria que sea necesaria. 
En estas condiciones, la Comisión pone un gran empeño 
en ayudar al Tribunal de Cuentas y al BEI para que 
encuentren la mejor solución posible, teniendo en cuenta 
sus competencias respectivas 
Préstamos y bonificaciones de intereses en favor de las 
zonas afectadas por los seísmos en Italia 
Puesta en práctica de la Decisión del Consejo 
12.20 -12.22. Excepto para dos operaciones (acueduc­
to de Pugliese y Persano), en realidad todos los proyectos 
se componen de un gran número de programas individua­
les (por ejemplo, 1 179 actuaciones en escuelas). 
Los informes periódicos del BEI sobre el estado de los 
proyectos (de los que el Tribunal de Cuentas puede 
solicitar más información si lo precisa) ilustran la 
situación con respecto al progreso material y exponen los 
motivos de los retrasos que hayan podido producirse. En 
la mayoría de los proyectos sólo queda por terminar un número limitado o un tipo particular de operaciones, por 
ejemplo, en el caso de los ferrocarriles, (cuyos planos han 
sido discutidos varias veces por las autoridades locales 
después de la aprobación de los contratos), la reconstruc­
ción de una estación, y, en el caso de los polígonos 
industriales, las instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales. 
Para este tipo de proyectos combinados, los plazos de 
ejecución de las últimas obras o acabados, difícilmente 
pueden ser indicativos del progreso material del proyecto 
en su conjunto. 
Además, el incumplimiento de los plazos de ejecución 
preestablecidos es endémico en el sector de desarrollo de 
la infraestructura. La experiencia demuestra claramente 
que, en este sector, el plazo de ejecución tiene un valor 
indicativo. Los proyectos de reconstrucción fueron 
especialmente complejos por varias razones. En particu­
lar, durante 1981 y parte de 1982, hubo varios seísmos de 
poca intensidad que agravaron los daños existentes y 
crearon nuevos problemas. Por otra parte, las normas 
técnicas para la construcción en zonas sísmicas son, 
ahora, más rigurosas. Consecuentemente, se tuvieron que 
revisar los planos y reorganizar las obras. Inevitablemen­
te, se produjeron retrasos respecto a las fechas previstas 
en los contratos de préstamo. Sin embargo, no se 
modificó de forma considerable ni el objetivo ni la 
envergadura de ningún proyecto. 
De todo ello se deduce que las principales causas de 
retraso citadas por el Tribunal de Cuentas en el apartado 
12.21 sólo reflejan las dificultades que se encuentran 
normalmente en la realización y financiación de proyec­
tos de infraestructura, especialmente los combinados, y 
ello sin contar las dificultades añadidas por los seísmos. 
Pago de los préstamos y bonificaciones de intereses 
12.24 -12.26. A propósito de la observación del 
Tribunal de Cuentas, la Comisión debe hacer los 
siguientes comentarios: 
Las bonificaciones de intereses son a cargo de la 
Comisión y aplicadas por el Banco en forma de tipos de 
interés reducido en doce plazos anuales coincidiendo con 
los doce vencimientos de interés del préstamo, sin tener en 
cuenta si los fondos de los préstamos se usan en realidad 
ligeramente antes o después de lo previsto. Además, debe 
recordarse que el prestatario de los préstamos concedidos 
por seísmos es el Estado italiano, a través del Tesoro, y 
que, además, asume el pago de los intereses de la deuda. 
Los beneficiarios finales (que forman parte, a su vez, de la 
248 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
administración del Estado) no son responsables del pago 
de los intereses de la deuda y no tienen nada que ver, por 
consiguiente, con estos desajustes temporales. 
A parte de la interpretación de los datos, la información 
utilizada por el Tribunal de Cuentas en el Cuadro 12.4 
difiere del flujo de información entre las autoridades 
italianas y el Banco, suministrada de conformidad con los 
contratos de préstamo que existen entre ellos (véase la 
respuesta de la Comisión a los apartados 12.17 y 12.18). 
El Cuadro tampoco se corresponde con la información 
del Banco sobre los pagos efectuados por los beneficiarios 
finales. Todos estos pagos son más elevados que los 
citados por el Tribunal de Cuentas. Esto puede deberse a 
las definiciones utilizadas, que, en este campo, pueden 
variar substancialmente, en especial con respecto a las 
correspondientes fases de los procedimientos (trabajos 
acabados pero pendientes de facturación, facturados pero 
pendientes de pago, facturados y pagados), sin mencionar 
las previsiones de gastos para los siguientes seis meses, 
que siempre están sujetas a modificaciones. 
Además, a la vista de la urgencia de los proyectos de 
reconstrucción, el BEI pagó por anticipado, a petición del 
Estado o en virtud de su control sobre el proyecto, en los 
casos en que las sumas correspondientes no estaban 
disponibles inmediatamente en los presupuestos pero 
eran necesarias para garantizar la puesta en marcha de las 
obras. Esto se hizo precisamente para evitar retrasos en la 
ejecución de los proyectos ya que, de acuerdo con las 
legislaciones contables nacionales, ningún organismo 
público puede autorizar contratos a menos que disponga 
de fondos con los que cubrir, como mínimo, el importe de 
las obras. La decisión del Banco de efectuar un pago 
anticipado en el caso citado en el apartado 12.25 se tomó 
después de un estudio detallado de las circunstancias y fue 
especialmente útil para evitar el bloqueo total de la 
ejecución de un proyecto. 
12.27. Habida cuenta de los comentarios hechos en los 
apartados anteriores y, en particular, del contexto general 
en que se han efectuado estas operaciones, la Comisión 
considera que las conclusiones del Tribunal de Cuentas, 
cuyo fundamento comparte la Comisión, en este caso no 
podían aplicarse estrictamente. 
Elegibilidad de los proyectos financiados con los 
recursos NIC 
12.29-12.30. Las dudas del Tribunal de Cuentas 
acerca de la elegibilidad de determinados proyectos de 
préstamos y bonificaciones de intereses del NIC para 
seísmos se derivan de una interpretación excesivamente 
restrictiva de la Decisión del Consejo 81/19/CEE. 
En realidad, esta Decisión aún estaba en un proceso de 
interpretación cuando la elaboración del «convenio» 
entre la Comisión, el Banco y la República de Italia, de 16 
de marzo de 1981, se dio por concluida. En aquella ocasión se acordó que se interpretaría «la reconstitución 
de los medios de producción...» y «la reconstrucción de la 
infraestructura económica y social» de la siguiente 
manera: 
— al haberse desdibujado las distinciones habituales 
entre infraestructura económica y social debido a la 
situación excepcional que existía después del seísmo, 
debían reconstruirse todo tipo de elementos necesa­
rios para reestablecer las condiciones normales de 
vida y de producción, sin las cuales es imposible 
conseguir el restablecimiento de un nivel apropiado 
de «productividad económica general» (véase el 
artículo 20.1b del Estatuto del Banco). 
— esto afectaba, no sólo a la infraestructura económica 
tal como se entiende generalmente, sino también a 
edificios públicos de todo tipo y, probablemente, a la 
reconstrucción de pueblos enteros, así como todos los 
servicios públicos necesarios. 
durante el proceso se incorporarían todas las mejoras 
pertinentes, en la medida en que estuvieran justifica­
das por el progreso técnico, por condiciones económi­
cas y sociales cambiantes, o por la readaptación a las 
necesidades del momento. De esta forma, los 
proyectos viarios podrían incorporar mejoras en el 
trazado, adaptación al volumen del tráfico actual, 
racionalización de las obras de ingeniería civil y 
sistemas de mantenimiento más eficaces. 
La posibilidad de financiar nuevos edificios (véase 
también la Ley italiana de reconstrucción 219/81) está 
implícita en esta definición y fue aceptada más tarde por 
los órganos decisores del Banco, como fue el caso para el 
proyecto de «zonas industriales», cuyo objetivo era crear 
una infraestructura que no existía anteriormente. En 
cualquier caso, parecería inadecuado que los edificios 
existentes antes del seísmo fueran simplemente recons­
truidos o incluso modernizados, teniendo en cuenta que 
en muchos casos eran antiguos, que no se adaptaban a las 
exigencias actuales y que estaban situados en áreas 
congestionadas o inadecuadas. Como consecuencia de las 
catástrofes naturales se consideró necesario efectuar 
cambios en la localización y realizar ampliaciones, como 
fue el caso en Persano, donde se construyeron instalacio­
nes de protección civil dentro del recinto militar, o el 
nuevo edificio de la Facultad de Farmacia en Ñapóles, 
para proporcionar las infraestructuras adecuadas para un 
desarrollo económico normal de las regiones afectadas. 
Préstamos y bonificaciones de intereses en favor de las 
zonas afectadas por los seísmos en Grecia 
12.33. La Comisión remite a la respuesta dada a los 
apartados 12.24 a 12.26 del presente informe. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 249 
12.34. Al final del ejercicio 1985, el proyecto estaba 
terminado y su importe real fue de 6 648 millones de 
DRA, tal como el Tribunal de Cuentas lo menciona en el 
apartado 12.36; este importe debe compararse a la 
estimación de 6 666 millones de DRA hecha al modificar 
el programa. 
12.35. A la vista de las dificultades temporales en el 
envío de informaciones escritas que ha sufrido el 
prestatario, el BEI prefirió seguir la ejecución del 
proyecto de forma más eficaz desde la oficina de Atenas, 
así como mediante el envío de misiones de control. 
12.37. La Comisión confirma que no se ha producido 
ninguna modificación en el importe del préstamo. En 
realidad, a pesar de una ligera reducción del programa 
total, éste ha sido lo bastante importante como para 
absorber la totalidad del préstamo, con el que se ha 
financiado, finalmente, el 85% del coste de la inversión. 
Además, este tipo de modificaciones del programa se 
ajustan, tanto por su finalidad como por sus característi­
cas técnicas, a los objetivos del proyecto, y se insertan, por 
consiguiente, en el marco de la decisión de elegibilidad de 
la Comisión. 
Control efectuado por la Comisión 
12.38. El BEI elabora los informes sobre el estado y la 
finalización de los proyectos y, normalmente, envía a la 
Comisión aquellos correspondientes a proyectos finan­
ciados, en parte, con fondos del BEI y, en parte, con 
fondos del NIC (aproximadamente la mitad de los 
proyectos de financiación en los que participa el BEI 
. relacionados con las operaciones de reconstrucción en 
Italia). En los demás casos, en los cuales el préstamo de 
capital proviene totalmente de los recursos propios del 
BEI, sería inadecuado que la Comisión solicitara este tipo 
de información para controlar los préstamos. 
12.40. Los informes anuales elaborados por la Comi­
sión se atienen al mandato al que se refiere el Tribunal de 
Cuentas en el apartado 12.39. En sí mismos, estos 
informes no son ni documentos contables ni informes de 
inspección. No obstante, es una práctica establecida 
incluir una valoración general de cada tipo de acción una 
vez que se han puesto en marcha todas sus partes. 
Conclusión 
12.41. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión, al 
proceder a la valoración general de estas acciones, se esforzará en aprovechar los resultados obtenidos en estas 
experiencias de los programas de ayuda de urgencia. 
Préstamos globales NIC 
12.44. La Comisión considera que su papel principal 
consiste en designar qué proyectos son elegibles para una 
financiación. A partir de entonces, la tramitación de los 
préstamos eventualmente concedidos se confía al BEI, 
que es, a su vez, un órgano comunitario. En caso de que se 
produzca una desviación de los fondos prestados con 
respecto a los objetivos implícitos en la decisión de 
elegibilidad, el BEI está obligado a informar de ello a la 
Comisión inmediatamente. La documentación completa 
que el BEI presenta sirve, en realidad, de segundo control, 
ya que se añade al que efectúa nuestro mandatario 
durante su actividad cotidiana. 
En materia de empleo, la Comisión ha señalado, en sus 
respuestas a las observaciones del Tribunal de Cuentas 
sobre el ejercicio 1984, que los efectos directos de un 
proyecto de inversión, tomados en consideración — al 
mismo tiempo que muchos otros factores — en el 
momento de decidir la elegibilidad, son mucho menos 
importantes que los efectos indirectos y multiplicadores, 
los cuales escapan a una cuantificación exacta. 
Los objetivos del NIC, tal como se deducen de las 
decisiones del Consejo, son amplios y múltiples. El Banco 
los aplica en función de las «líneas directrices» definidas 
por la Comisión, buscando al mismo tiempo la simplifica­
ción de los procedimientos, como también desea la 
Comisión. La Comisión lamenta que el Tribunal de 
Cuentas no esté satisfecho con la documentación que se 
ha puesto a su disposición. La Comisión está dispuesta a 
reexaminar todas las nuevas peticiones del Tribunal de 
Cuentas con objeto de que pueda disponer de todos los 
documentos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. En este contexto, la Comisión le prestará la 
asistencia práctica que se requiera para una mejor y más 
completa comprensión de esta documentación. 
12.45. En cuanto a la intención del Tribunal de Cuentas 
de realizar controles in situ especialmente en lo que se 
refiere a los préstamos globales, es preciso señalar que, a 
pesar de que en virtud del Reglamento financiero el 
Tribunal de Cuentas está capacitado para efectuar tales 
controles, la Comisión desea que el Tribunal comparta su 
opinión de que estos controles no son convenientes ya que 
esto equivaldría, en realidad, a someter al beneficiario a 
un tercer control potencial. 
Es preciso recordar, además, que en el caso de los 
préstamos globales el intermediario financiero asume 
todos los riesgos. 
La Comisión sugiere, por lo tanto, al Tribunal de Cuentas 
que recurra a otros sistemas alternativos para ejercer la 
competencia que le corresponde. De forma general, la 
250 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
Comisión recuerda que los problemas de los controles in 
situ que debe realizar el Tribunal de Cuentas están siendo 
estudiados y que dadas las dificultades que plantea la 
definición de las modalidades prácticas de los mismos esta cuestión está siendo estudiada por las más altas instancias 
de las partes interesadas. (Véase también la respuesta de 
la Comisión a los apartados 12.17 — 12.28 sobre los 
controles in situ en general.) 
í1) Véase el informe provisional de la Comisión sobre las 
medidas adoptadas en el marco del descargo de 1984 — doc 
COM (86) 423 final. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 251 
SEGUNDA PARTE 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
Fondos Europeos de Desarrollo 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
GESTIÓN FINANCIERA 
Los FED tercero y cuarto 
3. En 1985, la Comisión tomó otras dos decisiones de 
financiación con cargo al tercer FED. Se trataba de 
operaciones de desembolso rápido, una de las cuales ya ha 
quedado saldada. 
El 10 de septiembre de 1986, la Comisión tomó la decisión 
de transferir al quinto FED los saldos subsistentes del 
tercer FED (15,95 millones de ECUS). 
La parte comprometida pero pendiente de pago (13,6 
millones de ECUS a 31 de agosto de 1986) es, por 
definición, para proyectos que aún no han sido finaliza­
dos. Cuando finalicen todos estos proyectos, es decir, al 
cerrarse el tercer FED, el saldo disponible de estos 
proyectos se transferirá, a su vez, al quinto FED, 
mediante una decisión análoga a la mencionada en el 
párrafo anterior. 
En lo que se refiere a los recursos sobrantes del cuarto 
FED, los ingresos diversos se están utilizando, en gran 
parte, para el plan de reactivación y rehabilitación de 
determinados países del Sahel. Las partes de los 
programas indicativos que aún están disponibles se irán 
comprometiendo a medida que se pongan en marcha los 
correspondientes proyectos. Quinto FED 
4. Los porcentajes que cita el Tribunal de Cuentas con 
respecto a determinados países son los de los pagos de 
final del 1985 en concepto de la ayuda programable del 
quinto FED. Los porcentajes respectivos de los compro­
misos eran del 55 %, 65 %, 31 %, 45 % y 62 % cifras 
menos alejadas de la media del 77 % mencionada poco 
antes por el Tribunal de Cuentas. 
En cuanto a las observaciones del Tribunal de Cuentas 
sobre la excesiva duración de los plazos requeridos para la 
conclusión de los contratos de préstamo, cabe señalar que 
el calendario de preparación de los contratos de préstamo 
se fija de tal forma que su firma tenga lugar en una fecha 
que permita la realización normal de los desembolsos a 
cuenta de los préstamos especiales, permitiendo, al mismo 
tiempo, mantener lo mejor posible el aplazamiento de 
reembolso de 10 años que comienza a partir de la firma de 
los contratos de préstamos. 
Se tiene en cuenta, por lo tanto: 
— la disponibilidad, en su caso, de una subvención que 
debe agotarse lógicamente en primer lugar, lo que 
permite retrasar la firma del contrato de préstamo; de 
ello resulta, en estos casos, que el porcentaje de 
desembolso de las subvenciones será mayor que el de 
los préstamos especiales; 
— la fase en que se encuentra el procedimiento de 
contratación y, por lo tanto, la fecha que se prevé para 
el primer pago. 
Es excepcional que se haya retrasado un desembolso por 
el mero hecho de que no exista un contrato de préstamo 
firmado. 
252 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
OBSERVACIONES SOBRE LOS SISTEMAS 
Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
5. Como consecuencia de los esfuerzos realizados por 
los servicios de la Comisión para que los Estados 
miembros cumplan sus compromisos, en 1985 se redujo 
en casi un tercio, respecto a 1984, el retraso en el pago de 
las contribuciones. Se espera que con la adopción del 
Reglamento Financiero del sexto FED, que establece 
intereses de demora para los pagos retrasados, se 
eliminará este problema. 
El Tribunal de Cuentas alude a la práctica de no 
contabilizar los pagos en las cuentas hasta que no se 
hayan recibido los avisos de débito por parte del banco 
correspondiente. 
El sistema actual se implantó con objeto de reducir el 
número de asientos contables necesario para realizar los 
ajustes correspondientes a las diferencias de cambio que 
se derivan de los pagos realizados en una moneda distinta 
del ECU. Se espera que las propuestas que se estudian 
sobre el acceso directo a los bancos a través de un enlace 
por ordenador permitan, en el futuro, una contabilización 
más rápida de los pagos. 
6. Del examen de los casos citados por el Tribunal de 
Justicia se desprende que se trata de: 
— en lo que se refiere a los documentos justificativos, la 
rectificación — sin un procedimiento particular — de 
errores de perforación (2 casos); documentos existen­
tes pero archivados en expedientes en poder de 
servicios diferentes; compromiso contraído basándo­
se en el contrato, con exclusión de documentos anejos 
considerados no indispensables (2 casos); pago 
efectuado basándose en el certificado de inspección 
de las obras y en el certificado de la administración 
responsable, pero sin disponer de la cuenta del 
contratista; modificaciones de una cuenta hechas a 
mano por la delegación, que es la única que puede 
certificar la veracidad del servicio realizado. 
— en cuanto a los retrasos en el pago, de los 11 casos 
observados por el Tribunal de Cuentas, sólo en 3 de 
ellos puede atribuirse la responsabilidad a los 
servicios de la Comisión. En los otros casos, se trata 
de retrasos atribuibles ya sea al Estado ACP (3 casos), 
ya sea a discrepancias por resolver o a acuerdos a los 
que hay que llegar antes de poder efectuar el pago 
(3 casos), ya sea al propio acreedor (presentación 
tardía de una garantía bancaria). Finalmente, en un 
caso, no hay tal retraso sino que la fecha de la factura 
era errónea. 
En cuanto a los retrasos que afectarían a la 
contabilización, en especial durante el primer trimes­
tre del año, es preciso señalar que el ejercicio 1985 
estaba cerrado y las cuentas se abrieron de nuevo el 21 
de febrero de 1986. Es cierto que, durante cierto período, no hay 
continuidad en la elaboración de la contabilidad 
oficial. Esto no impide que hasta el cierre de las 
cuentas del ejercicio anterior, se lleven las del nuevo 
ejercicio de forma separada, incluso cuando no es 
factible elaborar cuentas acumulativas. 
7. Los servicios correspondientes están de acuerdo con 
la opinión del Tribunal de Cuentas. Recientemente se ha 
conseguido un progreso en este sentido mediante la 
sustitución de las tarjetas perforadas por un registro 
directo, en la terminal conectada al ordenador, de los 
datos destinados a las tarjetas de proyecto y de licitación. 
No obstante, queda mucho por hacer. La Comisión, 
plenamente consciente, trabaja en ello tanto como se lo 
permiten sus disponibilidades de personal y de créditos. 
8. A falta de un manual de procedimientos propiamente 
dicho, existe desde hace tiempo una recopilación de las 
instrucciones para uso de los delegados, que trata en 
detalle, entre otras cuestiones, de la contratación y de la 
ejecución del FED. 
Esta recopilación, de la que acaba de enviarse una edición 
totalmente actualizada a las delegaciones, contribuye en 
gran medida a « definir y armonizar la labor de los agentes 
de los servicios financieros y de las delegaciones». 
En lo que se refiere a las ayudas excepcionales (por 
ejemplo, el Plan de Dublín), las exigencias de rapidez de 
intervención hacen que el papel de la delegación sea 
determinante. En particular, la delegación es la única que 
puede certificar la veracidad de los servicios prestados a 
los servicios de Bruselas, basándose, sobre todo, en los 
documentos que conserva, y que están, por supuesto, a 
disposición de las diferentes instancias de control, tanto 
interno como externo, para utilizarlos en los controles in 
si tu. 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
FUNCIÓN DE LOS ESTADOS ACP EN LA 
DEFINICIÓN DE LA AYUDA 
Programación de la ayuda 
Identificación de las necesidades prioritarias de los 
Estados miembros (l) 
10. La concepción de la programación no ha cesado de 
evolucionar de un Convenio a otro, reflejando la 
(l) Las notas aparecen al final de la segunda parte. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 253 
voluntad, tanto de los ACP como de la Comunidad, de 
aumentar la eficacia del ejercicio. 
De Lomé I a Lomé II se ha realizado un esfuerzo para 
pasar de una programación centrada esencialmente en la 
determinación de una lista de proyectos, a una programa­
ción orientada a la definición de « objetivos prioritarios » 
con vistas a articular mejor las intervenciones financiadas 
por la Comunidad con las prioridades de desarrollo 
fijadas por cada uno de los Estados ACP. 
En función de los objetivos y prioridades del Estado, se 
debían definir los ámbitos de intervención prioritarios 
entre los que se repartiría el importe indicativo de la 
ayuda comunitaria. Este reparto se debía realizar, en la 
medida de lo posible, en porcentaje. En el programa 
indicativo (PI) únicamente debían mencionarse los 
proyectos ó programas de acción que estuvieran clara­
mente identificados. 
La fase más delicada de la programación consistía, pues, 
en definir los « objetivos prioritarios » en la medida en que 
se trataba de ir más alia de la identificación de objetivos 
generales que representan fines de carácter macroeconó-
mico, para pasar a determinar objetivos más eficaces y 
concretos (por ejemplo, de finalidad sectorial). 
Esta experiencia no siempre se ha podido llevar a cabo 
hasta el final: a la noción de objetivo le sustituyó entonces 
la de sector; la discusión sobre la programación se refería 
al reparto en porcentaje del programa indicativo entre 
sectores prioritarios. Los programas indicativos de Lomé 
II presentan, la mayoría de las veces, tres o cuatro sectores 
de intervención acompañados de un porcentaje de 
créditos del PI que se les debe asignar, indicando para 
cada uno de ellos los objetivos generales que se persiguen. 
Detrás de estos sectores, aparecieron rápidamente los 
proyectos presentados en el programa indicativo como 
claramente identificados, lo que no siempre correspondía 
a la realidad. 
La experiencia de programación Lomé II constituyó, de 
este modo, el primer paso de un enfoque que tiende a 
alejarse de la elaboración de una lista de proyectos, tal 
como se hacía en Lomé I, y se orienta hacia una mayor 
complementariedad entre las intervenciones financiadas 
por la Comunidad y los propios esfuerzos de los Estados 
ACP. La plasmación de este enfoque en los hechos sólo 
podía realizarse progresivamente y depende, especial­
mente, del entorno socioeconómico y administrativo de 
cada uno de los Estados ACP. 
Con el ejemplo que sacaron de esta experiencia, los 
negociadores de Lomé III dieron un nuevo impulso a la 
programación, limitando más su contenido y acentuando 
la importancia de los trabajos preparatorios de la 
programación. 
Es así como, a fin de garantizar una mayor adecuación de 
las acciones comunitarias a los objetivos sectoriales prioritarios definidos para cada uno de los Estados ACP, 
el artículo 215 de Lomé III ha hecho del apoyo a las 
políticas sectoriales el centro del proceso de programa­
ción, articulándolo alrededor de dos principios básicos: 
— la concentración de la ayuda en un número limitado 
de sectores, incluso en uno solo, con objeto de 
reforzar su impacto; 
— el diálogo previo a la programación entre represen­
tantes del Estado ACP y de la Comisión para 
identificar, en el ámbito del sector o sectores en los 
que se concentra la ayuda, las medidas y medios que 
deben aplicar ambas partes para alcanzar los 
objetivos sectoriales fijados. 
El enfoque adoptado en el marco de Lomé III tiende, por 
lo tanto, a paliar las deficiencias que se habían observado 
en la programación de Lomé II, centrándose en la noción 
de apoyo a una o dos políticas sectoriales prioritarias del 
Estado interesado, para lo cual se ha partido de la 
identificación de las principales limitaciones a las que se 
enfrenta el desarrollo de cada uno de los Estados ACP. 
11. La adhesión de Guinea Conakry al Convenio de 
Lomé I fue aceptada por los Estados miembros de la 
Comunidad y por la Comisión en un contexto muy difícil: 
una dictatura encerrada en sí misma desde hacía más de 
15 años. De ello resultó que la elección de los proyectos 
del cuarto FED, orientado esencialmente a la rehabilita­
ción de dos industrias nacionales (complejo textil y 
fábrica de plástico) y a la compra masiva de máquinas 
destinadas a la ordenación rural relacionada con la 
proliferación de explotaciones agrícolo-ganaderas 
(FAPA), se reveló llena de incertidumbres y riesgos. 
Con Lomé II se consiguió, finalmente, que el gobierno 
entonces en el poder se atuviese a razones y puede 
afirmarse que se consiguió no sólo reducir las dificultades, 
sino también buscar orientaciones mejores (proyecto de 
desarrollo agrícola de la Alta Guinea, revisión y 
concentración de los programas de ordenación rural, 
microrrealizaciones, hidráulica rural). 
Toma en consideración de las limitaciones nacionales 
que resultan del estado de las finanzas públicas y de las 
reservas en divisas 
12 -13. En el marco del ejercicio de programación 
Lomé II, la Comisión ha intentado tomar en considera­
ción los problemas de finanzas públicas y de escasez de 
divisas de los Estados ACP. 
Algunos programas indicativos mencionan explícitamen­
te la necesidad de garantizar la rehabilitación de 
inversiones u obras existentes o de .«consolidar lo ya 
^ diario COficial de las Comunidades Puropeas 1^ 1^ Dró 
le^rado^^perejemple,enmateriadeinfraestructuras,PI 
Mauritania, ^alí,BurkinaFase^. Algunos programas 
prevén la utilización de losfondos de contrapartida de la 
avuda alimentaria para financiar la participación del 
Estado en los proyectesfinanciades per el FPL^por 
ejemplo, PILe^. 
Aunqueestos problemas seconocían en elmomento de la 
programación, en determinados países la capacidad 
presupuestaria del E^doelasituaciónde escasez de 
divisas no se tuvo suficientemente en cuenta al analizar 
los proyectos. 
Pl deseo de integrar todos estos elementos se intensificó 
más en el marco del ejercicio de programación Lomé III, 
en la línea del Convenio que hace hincapié en los 
problemas de rehabilitación, de mantenimiento, y de 
apoyoalos países que sufren escasez de divisas. 
Lo anterior se traduce en los propios testos de los 
programas indicativos que se han firmado hasta ahora,a 
tres niveles^ 
1^ En la parte del PIdedicadaalas medidas que son 
responsabilidad del Estado beneficiario, éste se 
comprometeamanteneroaumentarlapartedesu 
presupuesto destinada al sector en el que se concenD 
traráelapoyocomunitario^porejemplo,laa^ricultu 
ra^y,cuando se trate de infraestructuras económicas, 
el Estado secompromete a peñeren práctica un 
programa de rehabilitaciónyaestablecerocensoli^ 
darunfendo que ^aranticeel mantenimiento deestas 
infraestructuras. 
^ En la parte dedicadaalos criterios de análisis de los 
preyectesypre^ramas, muchos PI recocen e^presa^ 
mente criterios que reflejan el te^to mismo de la 
Convención, tales cornos 
— bastos recurrentes en relación con las disposición 
nes presupuestarias del Estado y^ede las celectP 
vidadesatectadas^ 
— prioridadalarehabilitaciónyal mantenimiento 
de las inversiones existentes. 
^ En cuanto al apoyecemunitarie,ésteprevée^plícita^ 
mente, para determinados países que sufren un 
problema de escasez de divisas, la posibilidad de 
financiación de programas sectoriales de importación 
nes^art 1^ 
^. En lo que serefierealos centros de sanidadde 
tecnia, uno de los descentres cuyacenstrucción fue 
interrumpida en 1^^, está actualmente terminadoyen 
servicie desde 1^^. En marzo de 1^ la Comisión 
aprobó una financiación complementaria, con lo que el 
proyecto, en su conjunte, se está terminando. Enelmomentodelapuestaenmarchaenl^delplande 
financiación de los dos proyectos de palmeras olea^inoD 
sas,Crana podía sufragar su cuota, en la que se incluían, 
esencialmente, les costes locales. L^es^raciadamente, 
come consecuencia del ^rave deterioro de sus finanzas 
públicas, sebrevenideacemienzodeladécadade lósanos 
^0,este país se encontró en la imposibilidad dehacer 
frente a sus compromisos en el momento en que el 
proyecte se hallaba en fase de ejecución. 
^. En cuanto al proyecte ^uineano, los servicios de la 
Comisión se han propuesto evitar toda dispersión, 
limitando veluntariamenteelnúmeredeintervenciones,a 
pesar delapresióndelasautoridades^uineanasque 
esperaban queelpreyecteatectaraaunmayornúmerode 
establecimientos hospitalarios. 
Esta acción fue concebida, además, comoun proyecto 
integrado que incluían 
— el envío de asistencia técnica ^AT) para el mantenía 
mienten 
— elsuministrodepequeñes^ruposelectró^enosparael 
funcionamiento délas consultas dentales,especiaL 
mente, 
— el suministre de piezas sueltas, así como un lote de 
medicamentos y de pequeño material de primera 
necesidad 
En el contente ^uineano era dificil hacer más. 
^D^. La utilización temporal de les fondos del FEIO 
para el mantenimiento o la reparación de proyectos 
anterieres estaba autorizada con arreglo al Convenio de 
Lomé II,pereúnicamente en cases excepcionales ^art. 
l^.EstarestríccíónneseincluyóenLemélII^apartado 
^del articúlela 
^0. A fin de respendermejorala escasez de divisas que 
sufren muchos Estados ACP,el Convenio de Lomé III 
prevé desde ahora la financiación de los recursos básicos 
delsistema productivo talescememateriasprimas, piezas 
de recambie, abonos, etc. ^véaseapartadeldel artículo 
1^ 
L^co^le^ueBt^ed^dde^e^Be^zo^co^UBB^t^rno^ 
^. La Comisión se ha percatado del problema plantead 
deperelTribunaldeCuentasaprepósitodelpreyectode 
desarrellea^ríceladelaisla^odri^ues^auricie^.Aeste 
respecte, la Comisión ha presentado prepuestas cencre-^ 
tásalas autoridades nacionales, sin que elle haya surtido 
electo debido a que, per le viste, les principales 
ganaderos de la isla están muy relacionados con las 
autoridades. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 255 
23. La solicitud inicial guineana se refería a la 
financiación del suministro de equipos a 33 institutos 
politécnicos secundarios (IPS) y facultades de agronomía. 
Los servicios de la Comisión, ante la imposibilidad de 
llevar a cabo una profunda investigación fuera de 
Conakry, limitaron la intervención al suministro de 
equipos a 5 IPS y 9 facultades de agronomía sobre los que 
se disponía de alguna información. 
Por otro lado, es preciso señalar que: 
— el material suministrado, tanto a los IPS como a las 
facultades de agronomía, era material de base; se 
concedió especial atención al material de uso manual 
más que a las máquinas herramientas o equipos 
científicos complejos que sólo funcionan con electrici­
dad; 
— se suministró una determinada cantidad de material 
de construcción y de piezas de recambio para que el 
material pueda utilizarse convenientemente; 
— se emprendió, no sin dificultades en un época en la 
que no estaba bien vista la llegada de asistentes 
técnicos europeos, la tarea de perfeccionar y formar a 
personal nacional, destinado tanto a la enseñanza 
como al manteniniento. 
Instrucción de los proyectos 
Análisis de los aspectos comerciales 
24. El análisis planteado por el Tribunal de Cuentas está 
entre las preocupaciones de los servicios de la Comisión. 
Debe señalarse a este respecto que las acciones de 
desarrollo del comercio y de los servicios previstos en la 
Convención de Lomé III (art. 95 a 100) se decantan hacia 
los aspectos relativos a la puesta en práctica de estrategias 
comerciales y a la adaptación de los productos a las 
necesidades del mercado, factores que influirán, necesa­
riamente, en los proyectos de producción. 
26. Cuando se realizó el proyecto, todo estaba en manos 
del «Estado providencia»: fijar los precios de venta, la 
política de comercialización, la red de distribución, etc.. y 
como éste no tenía competidor, estos distintos paráme­
tros sólo tenían un valor relativo. El verdadero problema se planteó con la apertura de las 
fronteras y la liberalización de la economía guineana, a 
raíz de lo cual la producción de Soguiplast se enfrentó a la 
competencia de artículos de importación. 
Por otro lado, para que la producción de Soguiplast sea 
competitiva — tanto en cuanto a la calidad, para 
responder a la evolución del gusto de la clientela, como en 
el de los costes (producción, venta) — los servicios de la 
Comisión han convocado una licitación a fin de buscar un 
socio técnico europeo que desee asociarse con Soguiplast 
con vistas a una reestructuración de la fábrica y su 
explotación racional. 
Estudios técnicos 
28. Observaciones sobre el proyecto del Centro de 
Experimentación de Saakow 
En 1979, no era evidente que las dificultades, que ya se 
perfilaban, fueran a poner en peligro la realización del 
proyecto. Esta eventualidad únicamente se confirmó más 
tarde, en el transcurso de la experiencia (éste era el primer 
intento de aplicación de un proyecto agrícola o incluso de 
cualquier proyecto de desarrollo en la región). 
La cronología del fracaso de este contrato de obras se 
define algo vagamente. Debe recordarse que la licitación 
de las obras de Saakow se convocó en marzo de 1981 y que 
se firmó un contrato el 1 de noviembre de aquel año. Los 
retrasos, atribuibles a la administración y al contratista, 
aplazaron el comienzo efectivo de las obras hasta octubre 
de 1982, y éstas fueron paralizadas en noviembre de 1983, 
cuando resultó evidente que el contratista atravesaba 
graves dificultades. 
La reconsideración de la localización del proyecto 
empezó en febrero de 1984. La decisión de trasladar el 
proyecto a Baardhere se tomó en julio de 1984. 
29. La venta a los campesinos de, aproximadamente, 
60 000 plantas y nueces de semilla entre 1980 y 1985 es un 
indicador evidente del desarrollo de las plantaciones 
aldeanas con respecto a las plantaciones grandes. 
30. En lo que se refiere a las observaciones sobre el 
proyecto de pomelos en Golwein, los tres generadores 
grandes en un principio fueron diseñados para cubrir las 
necesidades punta, es decir, el bombeo de agua subterrá­
nea de 13 pozos destinada al riego durante la estación 
seca. Finalmente, sólo se construyeron nueve pozos 
debido a las modificaciones sucesivas que se aportaron a 
las instalaciones. No obstante, su capacidad se utilizará 
plenamente cuando el sistema de irrigación entre en 
256 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
funcionamiento y se complete la plantación de las 185 ha. 
El generador de 100 kW suministra energía al edificio de 
la explotación agrícola. 
31. Véase el apartado 14 anterior. 
33. En Guinea, como en otras partes, no se ha 
descuidado el problema del abastecimiento de recursos 
básicos y productos de consumo. 
Los bajos rendimientos arroceros no son exclusivamente 
atribuibles a la insuficiencia de abonos, sino también a la 
política agrícola del régimen existente: 
recaudación por parte del Estado de un diezmo sobre 
la producción, 
— falta de bienes de primera necesidad en los mercados 
rurales, 
— precios agrícolas poco estimulantes. 
Por consiguiente, la insuficiencia del rendimiento arroce­
ro observada en las explotaciones afectadas se debe 
principalmente a la falta de motivación de los campesinos 
que tendían a vivir en autarquía. 
Examen del entorno administrativo y financiero de los 
proyectos 
35. El aumento de la producción de la fábrica textil de 
Sanoyah en Guinea se realiza en buenas condiciones y 
recientemente se ha firmado un protocolo de acuerdo 
para la creación de una sociedad de economía mixta entre 
un grupo internacional y Guinea con objeto de llevar a 
cabo la explotación del complejo, lo cual demuestra que 
se han superado las dificultades. 
36. El proyecto está ubicado en una zona que, por 
cierto, forma parte de la región más desarrollada del país, 
en la que las condiciones ecológicas y meteorológicas son 
favorables. 
El problema de la insuficiencia de los salarios tiene su 
origen en el grave deterioro de la situación económica del 
país que se produjo entre el periodo de preparación y el de 
la ejecución del proyecto. Este problema sólo podrá 
resolverse a medida que avance la reactivación económica 
actualmente en curso. En la situación actual no es posible 
prever un aumento general de los salarios. La Comisión es 
consciente de esta situación, que seguramente mejorará en el marco general de la rehabilitación de la economía de 
Gana, a la que debe contribuir el proyecto Twifo. 
37. Suministro de agua a la ciudad de Praia (Cabo 
Verde). El Tribunal de Cuentas plantea el importante 
problema de la gestión del servicio público de suministro 
de agua potable de Praia, que precisa una reestructura­
ción profunda si se quiere alcanzar la utilización óptima 
de las inversiones financieras con los recursos del FED o 
de otros proveedores de fondos. 
Es cierto que la Comisión ha financiado una fase de 
urgencia con recursos del cuarto FED destinada a la 
rehabilitación de los equipos existentes en los barrios más 
poblados. El estudio del proyecto ha puesto de manifiesto 
la necesidad de reestructurar el sistema de gestión 
existente ya que, en efecto, tres ministerios intervenían en 
ella. Esta organización — herencia de la antigua potencia 
colonial — estaba perfectamente adaptada a la política 
seguida en el pasado cuando las inversiones y el 
funcionamiento estaban, de hecho, en manos de la 
metrópoli. 
La Comisión ha juzgado conveniente someter a la 
reflexión de las autoridades de Cabo Verde algunas 
recomendaciones para mejorar la gestión del agua de 
Praia, recomendaciones que son el objeto del estudio 
financiado con los recursos del cuarto FED. Este estudio 
propone una estructura financieramente autónoma y un 
plan de aumento de los cánones para alcanzar el 
equilibrio financiero. 
40. La línea de crédito para la asistencia a las PYME 
guineanas ha sido transferida a la BICIGUI, nueva 
creación bancaria de la que el BEI ha tomado una parte de 
capital, y ya ha entrado en su fase operacional. 
41-42. Las observaciones del Tribunal de Cuentas 
contenidas en estos dos apartados se sitúan en la misma 
línea que las observaciones generales formuladas en los 
apartados 10 a 13, en los que la Comisión ha centrado su 
respuesta. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 257 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LAS 
RESPONSABILIDADES COMUNITARIAS 
EN LA GESTIÓN DE LA AYUDA 
Ejecución de los proyectos 
Pliegos de condiciones de los contratos públicos 
financiados por los FED 
43 - 44. Se negoció extensamente un pliego de condicio­
nes para las obras y los suministros, válidos para los 
Estados asociados a la Comunidad en el marco de los 
Convenios de Yaunde, que después fue adoptado y 
publicado en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas en 1972 (2). Este texto fue introducido a 
continuación en la legislación o la reglamentación de 
todos los Estados miembros y asociados firmantes de los 
Convenios de Yaunde. 
En el momento de la primera ampliación, se estimó que, 
habida cuenta de las particularidades del derecho 
aplicable en los Estados ACP anglófonos y en algunos de 
los nuevos Estados miembros, este pliego no se podía 
adoptar en el conjunto de los países ACP tal y como era: 
era necesario proceder, por lo tanto, a una reestructura­
ción completa del texto. Se emprendió este trabajo que 
desembocó en tres documentos (obras, suministros y 
servicios), fechados en 1979 y 1980 (VIH/1213/79, VIH/ 
347/79 y VIII/510/80). Estos documentos siguieron el 
procedimiento normal del Consejo de Ministros de la 
Comunidad en cuyas instancias fueron objeto de una 
larga discusión. Después fueron sometidos a los ACP, que 
formularon contrapropuestas que fueron aceptadas, en 
parte, por la Comunidad. El resultado de estos trabajos, 
de los que no es preciso señalar la extensión y la 
complejidad, aparece en dos documentos, uno para las 
obras y otro para los suministros (6421/83 y 6422/83). En 
un momento en que se hubiera podido emprender una 
verdadera negociación entre la Comunidad y los Estados 
ACP, las exigencias de las negociaciones para la 
renovación del propio Convenio vinieron a entorpecerla. 
El pliego de servicios se trató separadamente ya que las 
contrapropuestas de los ACP hacían difícil la discusión y, 
entre tanto, el tercer Convenio de Lomé vino a 
transtornar los principios de estos contratos: ha sido 
preciso, por lo tanto, revisar completamente esta materia; 
este proceso se termina en estos momentos en los servicios 
de la Comisión, que, el mes de octubre de 1985 
comenzaron a negociar, de forma informal, los documen­
tos sobre las obras y los suministros. Recientemente los 
ACP han hecho saber que la negociación será larga 
debido a que ellos no disponen de expertos cualificados 
que les asesoren en una materia tan compleja. La mención « para memoria » que figura en los programas 
del grupo de trabajo ACP/FIN significa que la cuestión se 
consignará formalmente a partir del momento en que las 
negociaciones informales de que se habla más arriba 
permitan aclarar las posiciones y resolver determinados 
problemas previos. Sólo se deberá recurrir al grupo ACP/ 
FIN en caso de que se les presenten dificultades 
importantes a los negociadores, obligando con ello a que 
la Comunidad reexamine sus posiciones iniciales. 
45. La Comisión dispone de parte de las legislaciones 
nacionales a las que se refiere el Tribunal de Cuentas y, en 
caso de necesidad, se puede consultar a las delegaciones in 
situ para obtener informaciones complementarias. No 
obstante, sus medios no le permiten disponer de un 
inventario permanente de dichas legislaciones sujeto a 
actualizaciones periódicas. 
Sería, por otro lado, erróneo pensar que nos encontramos 
frente a una multiplicidad de legislaciones heterogéneas: 
a parte del hecho de que las legislaciones que regulan la 
materia tienen muchos puntos en común, es preciso saber 
que, a menudo y cada vez más, los Estados que no 
participaron en el Convenio de Yaunde se refieren ya sea 
al Pliego de condiciones FIDIC, ya sea al Pliego de 
condiciones de 1972/73 mencionado más arriba, o incluso 
aplicando voluntariamente los proyectos también citados 
anteriormente. 
Procedimiento de arbitraje de los litigios derivados de la 
ejecución de los contratos públicos 
46-48. Los trabajos de redacción del reglamento de 
arbitraje previsto en el artículo 23 del Protocolo n° 2 
anejo al primer Convenio de Lomé comenzaron sin 
retraso alguno en los servicios de la Comisión y 
desembocaron, en 1977, en un proyecto de reglamento de 
arbitraje de los contratos públicos financiados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo. 
No obstante, este documento fue objeto de críticas por 
parte de algunos Estados miembros a quienes les parecía 
superfluo legislar en una materia sobre la que ya existen 
numerosos textos, la mayoría de los cuales adoptados por 
organizaciones internacionales y cuya utilidad ya ha sido 
probada. 
Los dos Convenios de Yaunde y los tres Convenios de 
Lomé habían previsto, a título provisional, la referencia 
de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI). Pero este reglamento se ha utilizado poco: en total 
se han llevado 18 asuntos ante la CCI y sólo en 3 casos se 
ha pronunciado el fallo de una sentencia. Además, por 
razones de técnica jurídica y por razones políticas, se ha 
ido desarrollando, de forma gradual, una actitud hostil 
hacia el Tribunal de Arbitraje de la CCI entre los Estados 
ACP y las tres sentencias en cuestión no se han ejecutado. 
258 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 86 
A finales de 1979, los Servicios de la Dirección General de 
Desarrollo y el Servicio Jurídico de la Comisión llegaron a 
la conclusión de que podía sustituirse el sistema de 
arbitraje de la CCI por el sistema de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo del Comercio 
Internacional (CNUDCI) que, habiendo sido adoptado a 
nivel mundial, no debería, en principio, encontrar 
oposición ni por parte de los Estados miembros ni por 
parte de los ÁCP. 
En el momento de la negociación de Lomé III, la 
Comisión propuso un texto que hacía referencia expresa 
al reglamento de la CNUDCI. Los Estados miembros 
estimaron, sin embargo, que la tecnicidad de la materia 
merecía un examen más profundo que las circunstancias 
de la negociación no permitían y prorrogaron la 
disposición correspondiente de Lomé II, a la vez que 
solicitaban a la Comisión que estudiara el problema. Este 
examen se está llevando a cabo en la actualidad: se ha 
emprendido un trabajo de adaptación del reglamento de 
arbitraje de la CNUDCI a las particularidades del FED y 
un documento de trabajo podría estar preparado en 
febrero de 1987. 
49-50. La Comisión no tiene competencia jurídica 
para intervenir en la solución de contenciosos que surgen 
entre una empresa y una administración. Sólo puede 
hacerlo si se lo piden las partes; además, determinados 
pliegos de condiciones, por ejemplo los pliegos de 
suministros y de obras de los que se trata más arriba, 
establecen que no se puede someter a arbitraje ningún 
litigio hasta que no se hayan agotado los recursos de 
gracia de la legislación nacional correspondiente. De este 
modo, a menudo, los conflictos se solucionan amigable­
mente 
En estas condiciones, la Comisión no dispone de los 
medios para elaborar un repertorio exhaustivo de los 
litigios llevados ante las diversas entidades nacionales, 
administrativas y jurisdiccionales. En cuanto a los 
arbitrajes ante la CCI, son competencia de las partes, las 
cuales no siempre se toman la molestia de informar a la 
Comisión, ajena al procedimiento. 
A falta de poder elaborar un repertorio de este tipo, se ha 
preparado un programa informatizado con objeto de 
recopilar los principales casos de contenciosos tratados 
desde 1983, clasificándolos por países, sectores y 
problemas jurídicos, de conformidad con el deseo 
expresado por el Tribunal de Cuentas. Este programa 
debería estar en funcionamiento en octubre de 1986. Evaluación de los proyectos 
Evaluación durante la ejecución 
51. La Comisión comparte la opinión del Tribunal de 
Cuentas según la cual se hubiera podido hacer más uso del 
apartado 1 del artículo 118 del Convenio de Lomé II. 
La Comisión se propone hacer incluir, en el futuro, en los 
convenios de financiación, las disposiciones y financiacio­
nes que permitan un seguimiento y una valoración de los 
programas y proyectos. 
Esto no quiere decir que en el pasado no se hayan 
realizado esfuerzos de esta índole. Al contrario, en 
muchos casos el seguimiento realizado, especialmente, 
por las delegaciones y las valoraciones efectuadas entre 
las diversas fases de los proyectos han permitido mejorar 
el desarrollo, la orientación y los resultados. 
55. Desde la firma del contrato de préstamo de 
condiciones especiales de 3,04 millones de ECUS, en 
1981, las autoridades de Mauricio han creado un fondo de 
rotación destinado a financiar la construcción de 
viviendas modestas, gracias a préstamos con un interés 
del 2,5%. 
La Comisión, por su parte, ha procedido al pago de 
1 485 846 ECUS, en tres plazos sucesivos, al Mauritius 
Housing Corporation. No obstante, las cantidades 
restantes aún no han sido pagadas, hasta el momento, 
debido a que las informaciones sobre la utilización de los 
créditos concedidos aún no han sido comunicadas a la 
Comisión a pesar de haberlas solicitado hace mucho 
tiempo. La última gestión efectuada en mayo de 1986 
para obtener estas informaciones ha sido presentada 
como una última llamada antes de paralizar el proyecto. 
La evaluación a posteríori de los proyectos 
57. A pesar de que la Comisión tiene la firme intención 
de introducir sistemáticamente valoraciones concomitan­
tes, esto será, no obstante, mucho más difícil y, por otro 
lado, menos justificado, en lo que respecta a las 
evaluaciones a posteriori que lógicamente no pueden 
financiarse dentro de los proyectos y de las que basta un 
número representativo para sacar conclusiones con vistas 
a la preparación de otros proyectos de una categoría 
dada. 
La Comisión reconoce, sin embargo, la legitimidad de la 
preocupación expresada por el Tribunal de Cuentas e 
ilustrada por el ejemplo mencionado. La Comisión se 
esforzará en reforzar las evaluaciones a posteriori de 
forma progresiva, especialmente en el marco de las 
valoraciones llamadas «globales» por países. 
15. 12. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 259 
Curso dado a las anteriores observaciones del Tribunal 
60-61. El Tribunal de Cuentas parece considerar que 
sólo depende de la Comisión el remediar las lagunas o 
insuficiencias que éste pone de manifiesto en sus 
controles. 
Es necesario recordar que la cooperación establecida por 
los Convenios de Lomé se efectúa en un pie de igualdad 
entre la Comunidad y los Estados ACP y que, por 
consiguiente, no compete a la Comisión paliar los 
incumplimientos o carencias de los propios Estados 
miembros, los cuales están, a menudo, en la base de tales 
lagunas o insuficiencias. 
La Comisión se esfuerza, por su parte, en sacar el máximo 
partido de la experiencia. 
EL STABEX 
Utilización de las transferencias 
62. La búsqueda de causas locales no sólo se impone 
para saber si estas pérdidas provienen de una política 
comercial hostil a la Comunidad, sino también y sobre 
todo en el marco de las consultas destinadas a determinar 
si es conveniente reducir la base de transferencias por 
causas cuyo responsable es el Estado ACP afectado 
(artículo 164). 
Con anterioridad a la entrada en vigor del tercer 
Convenio, la decisión de un Estado ACP beneficiario 
relativa a la utilización de los recursos transferidos 
únicamente debía cumplir los objetivos fijados en el 
apartado 2 del artículo 23 del segundo Convenio, bien que 
ninguna disposición pretendía vincular esta decisión con 
el origen de la pérdida observada. El tercer Convenio 
(apartado 3 del artículo 170) ha enmendado este régimen 
exigiendo al Estado ACP que tenga intención de afectar 
los recursos a otro sector distinto a aquel en el que se haya 
producido la pérdida de ingresos que presente una 
justificación. 
63. Con anterioridad a la entrada en vigor del tercer 
Convenio, no se preveía ninguna sanción para los Estados 
ACP que no cumplieran su obligación de presentar un 
informe de utilización. La Comisión sólo podía recordar 
dicha obligación. El tercer Convenio, por el contrario, 
permite, bajo determinadas condiciones, sobreseer la 
aplicación de una decisión relativa a una transferencia 
posterior. Reembolso de transferencias por países 
beneficiarios 
65. Los créditos en los que se fundamentan las 
propuestas de la Comisión son los mencionados por las 
disposiciones aplicables y no pueden, por consiguiente, 
ser más precisos que estos últimos. 
66. La Comisión es consciente de los problemas que 
pueden derivarse de una aplicación estricta de los textos 
en la situación descrita por el Tribunal de Cuentas. 
EL SYSMIN 
68. Es preciso añadir que una decisión ACP/CEE fija el 
31 de octubre de 1986 como fecha límite para la 
presentación de las solicitudes de intervención Sysmin 
correspondientes al segundo Convenio de Lomé, lo que 
explica las tres peticiones tardías. 
Retrasos en la ejecución 
69. En lo que respecta a los dos proyectos mencionados 
es conveniente precisar los factores siguientes: 
Zaire: — plazo de 24 meses entre la fecha de la 
solicitud y la firma del contrato de préstamo 
(o sea, de puesta a disposición de los fondos 
Sysmin), 
— al que debe añadirse un plazo de 3 años y 
medio para la ejecución del proyecto, al final 
del cual se desembolsó el 100% de la 
intervención. 
Zambia: — plazo de 20 meses entre la solicitud y la firma 
del contrato de préstamo, 
— al que debe añadirse un plazo de 3 años y dos 
meses para la ejecución del proyecto, al final 
del cual se desembolsó el 100% de la 
intervención. 
70. Es preciso añadir que este retraso se debe especial­
mente a la elaboración y a la implantación, por parte del 
Estado ACP o del operador minero qué recibe la ayuda, 
del programa o proyecto de aplicación. 
260 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 1^ nl^o 
^L Las etapas del procedimiento son las siguientes^la 
comisión decide la elegibilidad de la solicitud de 
intervención y después determina la cuantía de esta 
intervención^ luego, después dehaber procedido ala 
valoracióndeunproyectooprogramadadoy haber 
consultado de nuevo al Comité del FEL^,laComisión 
decide la financiación. 
^L^^I^tSPR^^^SP^RELBA^C^ 
ELlR^PE^^EI^VERST^^ES(B^I) 
^-^. PITribunaldeCuentasadmiteque la situación 
relati^aalainformaciónsuministradaporelBanco sobre 
losproyectosfinanciadosporelFPIOyadministradospor 
el Banco Puropeo de Inversiones hamejorado desde 
1^^, como consecuencia de un acuerdo entre la 
Comisión y el Banco sobre la información que debe 
suministrar este último. Psta mejora ha sido considerable 
en lo que se refierealos proyectos que se han adoptado 
desdeelldeenerodel^4ylainformaciónsuministrada 
se corresponde, ^^^^^^,alo que acordaron en 
l^la Comisión, el BancoyelPribunal de Cuentas con 
respectoalos proyectos administrados por el Bancoy 
financiados por el lluevo Instrumento Comunitario. Se 
consideró necesaria la techa límite dellde enero de 1^4 
debidoala existencia de problemas prácticos para reunir 
informaciones sobreproyectos que, enmuchoscasos, 
habían sido adoptados Daríos años antes. La Comisióny 
el Banco ya han comunicado al Tribunal de Cuentas su 
deseo de negociar conjuntamente un acuerdosobrela 
informaciónquedebe suministrar el Banco sóbrelos 
proyectos administrativos por el que se benefician de la 
ayuda comunitaria al desarrollo, incluyendo, si es 
necesario, todas las modificaciones que se hayan hechoa 
las informaciones ya suministradas. Pn marzo deliro se 
celebró una primera reunión con elTribunal de Cuentas, 
altérmino déla cualel representante de laComisión 
estimó que podía garantizar que esta información sobre 
losproyectosdedesarrollocoincidiriaconlaqueelBanco 
pudiera acordar con el Tribunal de Cuentas con vistasa 
ser suministrada enelfuturosobrelasinversiones de 
ayuda dell^IC Priste la posibilidad de celebrar otras 
reuniones. En cualquier caso, la Comisión está dispuestaaree^ami^ 
nar toda nueva petición delPribunal de Cuentasafin de 
que pueda disponer de cualquier documento que le sea 
necesario para el cumplimiento de sus funciones. 
Los proyectos financiados con los propios recursos del 
Banco que se benefician de bonificaciones de intereses 
están totalmente administrados por el Banco de confort 
midad con las normas, condiciones y procedimientos 
establecidos en el f^^atuto del Bancoyen los convenios 
de Lomé. Por lo tanto, el control dedichosproyectosestá 
incluido en las disposiciones del Pstatuto del Banco. La 
concesión de bonificaciones de intereses para los 
préstamos que financian los proyectos es, según el 
Convenio, automática. Plobjeti^ode una bonificación de 
intereses noescompletar la financiación de una inversión 
como tal, sino aligerar la carga futura de las obligaciones 
de la deudaala que debe hacer frente el PstadoACP 
prestatario. La intormación suministrada por el Banco 
sobre todas las bonificaciones de intereses es suficiente 
para que elTribunalde Cuentas puedaverificar sise 
cumple este objetivo. 
Pnlo que se refierealoscontroles^^^ de los proyectos 
administradosporelBanco,lalegislacióncomunitariaha 
especificado lascompetenciasen esta cuestióny,especiaP 
mente, el artículo^.4delAcuerdoIinternocorrespon^ 
diente alConveniodeLoméII,que establece quelas 
operaciones del PPIo administradas por el Bf^Ideben 
estar sujetasalos procedimientos decontrol establecidos 
porelPstatutodelB^L 
A pesar de estas disposiciones, la práctica aceptada por la 
Comisión y el Banco es que el Tribunal de Cuentas puede 
llevar a cabo controles in situ de proyectos del FED 
administrados por el Banco, cuando estos proyectos estén 
financiados conjuntamente por el Banco y la Comisión. 
De una manera general, la Comisión recuerda que los 
problemas de control in situ por parte del Tribunal de 
Cuentas se están examinando y que, dadas las dificultades 
para definir las modalidades prácticas de dichos contro­
les, están siendo estudiados por las más altas instancias de 
las partes interesadas. 
(!) Véanse también las observaciones formuladas por el (2) DO L 39 de 14.2.1972, rectificado por el DO L 214 de 
Tribunal de Cuentas a los apartados 41 y 42. 2.8.1973.