ES Diario Oficial de la Unión Europea L 347/320

REGLAMENTO (UE) No 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 17 de diciembre de 2013

por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 177,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo (1),

Vistos los dictámenes del Comité de las Regiones (2),

Vistos los dictámenes del Tribunal de Cuentas (3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que, a fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, la Unión se propondrá reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, y que se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como las regiones ultraperiféricas, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población, y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña. El artículo 175 del TFUE exige a la Unión que apoye la consecución de estos objetivos a través de la actuación que realiza mediante el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Orientación», el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos.

(2) Para mejorar la coordinación y armonizar la ejecución de los Fondos que ofrecen ayudas en el marco de la política de cohesión, a saber, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión, con la del Fondo para el desarrollo rural, a saber, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y la de los Fondos del sector marítimo y de la pesca, a saber, las medidas financiadas en virtud de la gestión compartida del Título V del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), conviene establecer disposiciones comunes para todos estos Fondos (en lo sucesivo, «Fondos Estructurales y de Inversión Europeos» - «Fondos EIE»). Además, el presente Reglamento contiene disposiciones generales que se aplican al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión, pero que no se aplican al Feader ni al FEMP, así como disposiciones que son comunes al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión y al FEMP, pero que no se aplican al Feader. Debido a las peculiaridades de cada uno de los Fondos EIE, deben establecerse en reglamentos distintos las normas específicas aplicables a cada Fondo EIE y al objetivo de cooperación territorial europea en el marco del FEDER.

(3) En consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo del 17 de junio de 2010, en las que se adoptó la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la Unión y los Estados miembros deben hacer lo necesario para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo armonioso de la Unión y reduciendo las desigualdades regionales. Los Fondos EIE deben desempeñar un papel prominente en el logro de los objetivos de la Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

(4) En cuanto a la política agrícola común (PAC), ya se han obtenido sinergias importantes armonizando y racionalizando las normas de gestión y control del primer pilar (Fondo Europeo Agrícola de Garantía, FEAGA) y el segundo pilar (Feader) de la PAC. Debe, por tanto, mantenerse el estrecho vínculo entre el FEAGA y el Feader, y deben preservarse las estructuras ya existentes en los Estados miembros.

(5) Las regiones ultraperiféricas deben beneficiarse de medidas específicas eficaces y de una financiación adicional suficiente para compensar su situación estructural social y económica junto con las desventajas derivadas de los factores a los que se refiere el artículo 349 del TFUE.

(6) Las regiones septentrionales escasamente pobladas deben beneficiarse de medidas específicas y de una financiación adicional para compensar las desventajas naturales o demográficas graves a que se refiere el artículo 2 del Protocolo no 6 del Acta de adhesión de 1994.

(7) Para asegurar la interpretación correcta y coherente de las disposiciones y contribuir a la seguridad jurídica de los Estados miembros y los beneficiarios, es necesario definir algunos de los términos utilizados en el presente Reglamento.

(8) Cuando se fije un plazo para que la Comisión adopte o modifique una decisión de conformidad con el presente Reglamento, dicho plazo para la adopción o la modificación de tal decisión no debe incluir el período que empieza en la fecha en que la Comisión haya enviado sus observaciones al Estado miembro y que dura hasta que el Estado miembro haya respondido a las mismas.

(9) El presente Reglamento se compone de cinco partes: la primera presenta el objeto y las definiciones; la segunda, las normas aplicables a todos los Fondos ESI; la tercera, las disposiciones aplicables únicamente al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión («los Fondos»); la cuarta, las disposiciones aplicables únicamente a los Fondos y al FEMP; y la quinta incluye las disposiciones finales. En aras de una interpretación coherente de las distintas partes del presente Reglamento, así como entre este y los Reglamentos específicos relativos a cada Fondo, es importante fijar claramente las diferentes relaciones existentes entre ellos. Además, las normas específicas establecidas en los Reglamentos específicos de cada Fondo pueden ser complementarias pero solo deben establecer excepciones a las disposiciones correspondientes del presente Reglamento cuando dicha posibilidad se prevea expresamente en este último.

(10) De conformidad con el artículo 317 del TFUE, y en el contexto de la gestión compartida, conviene especificar las condiciones necesarias para que la Comisión pueda ejercer sus responsabilidades relacionadas con la ejecución del presupuesto de la Unión y aclarar las responsabilidades de cooperación de los Estados miembros. Tales condiciones deben permitir a la Comisión asegurarse de que los Estados miembros estén empleando los Fondos EIE de manera legal y regular, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera a efectos del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»). Los Estados miembros al nivel territorial apropiado, de acuerdo con su marco institucional, jurídico y financiero y los organismos designados por ellos al efecto deben ser los responsables de concebir y ejecutar los programas. Dichas condiciones hacen que se preste atención a la necesidad de garantizar la complementariedad y la coherencia de la correspondiente intervención de la Unión, de respetar el principio de proporcionalidad y tener en cuenta el objetivo general de reducir la carga administrativa.

(11) Para el acuerdo de asociación y para cada programa, respectivamente, cada Estado miembro debe organizar una asociación con los representantes de las autoridades regionales, locales y urbanas y otras autoridades públicas competentes, los interlocutores económicos y sociales y otros organismos pertinentes que representen a la sociedad civil, incluidos los interlocutores medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y organismos responsables de fomentar la inclusión social, la igualdad de géneros y la no discriminación, incluidas, en su caso, las organizaciones centrales que engloban a tales autoridades y organismos. El propósito de esa asociación consiste en respetar los principios de gobernanza en varios niveles, y también tener en cuenta la subsidiariedad, la proporcionalidad y las características específicas de los diferentes marcos institucionales y jurídicos de los Estados miembros, así como garantizar que las partes interesadas hagan suyas las intervenciones planeadas, y se aproveche la experiencia y los conocimientos técnicos de los principales agentes. Los Estados miembros deben identificar a los socios pertinentes más representativos. Entre dichos socios han de contarse las instituciones, organizaciones y agrupaciones que puedan influir en la preparación de los programas o que podrían verse afectadas por su preparación y aplicación. En este contexto, los Estados miembros también han de poder designar como socios pertinentes, cuando corresponda, a las organizaciones centrales, es decir, a las asociaciones, federaciones o confederaciones de autoridades regionales, locales y urbanas u otros organismos pertinentes, de acuerdo con la normativa y las prácticas nacionales aplicables. Procede facultar a la Comisión para adoptar un acto delegado que establezca un código europeo de conducta en materia de asociación con el fin de apoyar y facilitar a los Estados miembros que organicen una asociación para garantizar que los socios pertinentes participen en la preparación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los acuerdos de asociación y los programas de una manera coherente. El acto delegado adoptado no debe tener, bajo ninguna circunstancia e independientemente de su interpretación, efecto retroactivo ni constituir la base para determinar irregularidades que deriven en correcciones financieras. El acto delegado adoptado no debe especificar una fecha de aplicación que sea anterior a la fecha de su adopción. El acto delegado que se adopte debe permitir que los Estados miembros determinen las disposiciones concretas más adecuadas para dar desarrollo a la asociación, de conformidad con sus marcos jurídicos e institucionales y con sus competencias nacionales y regionales, a condición de que se cumplan sus objetivos conforme a lo previsto en el presente Reglamento.

(12) Las actividades de los Fondos EIE y las operaciones que con ellos se financien deben atenerse a la legislación aplicable de la Unión y a la legislación nacional relacionada con ella que ejecute directa o indirectamente el presente Reglamento y las normas específicas para cada Fondo.

(13) En sus esfuerzos por aumentar la cohesión económica, territorial y social, la Unión debe tener por objetivo, en todas las fases de ejecución de los Fondos EIE, eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres e integrar la perspectiva de género, así como luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual tal como se establece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el artículo 10 del TFUE y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, teniendo en cuenta, en particular, la accesibilidad de las personas con discapacidad, así como el artículo 5, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales que establece que nadie puede ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.

(14) Los objetivos de los Fondos EIE deben perseguirse en el marco de un desarrollo sostenible y del fomento del objetivo de la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente por parte de la Unión, tal como se recoge en el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga. Para ello, los Estados miembros deben proporcionar información sobre el apoyo prestado para conseguir los objetivos fijados en materia de cambio climático, en consonancia con el propósito de dedicar al menos el 20 % del presupuesto de la Unión a dichos objetivos, según una metodología basada en las categorías de intervención, ámbitos o medidas de interés adoptadas por la Comisión mediante un acto de ejecución que refleje el principio de proporcionalidad.

(15) A fin de contribuir a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y a las misiones específicas de cada Fondo de acuerdo con sus objetivos basados en el Tratado, incluida la cohesión económica, social y territorial, los Fondos EIE deben centrar su ayuda en un número limitado de objetivos temáticos comunes. El alcance concreto de cada uno de los Fondos EIE ha de establecerse en normas específicas para cada Fondo, y podrá limitarse a solo algunos de los objetivos temáticos definidos en el presente Reglamento.

(16) Para aprovechar al máximo la contribución de los Fondos EIE y establecer principios rectores para facilitar el proceso de programación a nivel de los Estados miembros y regiones, es preciso establecer un Marco Estratégico Común (MEC). El MEC debe facilitar la coordinación sectorial y territorial de la intervención de la Unión con cargo a los Fondos EIE y con otras políticas e instrumentos pertinentes de la Unión, en consonancia con las metas y los objetivos de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, teniendo en cuenta los retos territoriales clave de los diferentes tipos de territorios.

(17) El MEC debe, por tanto, determinar el modo en que los Fondos EIE deben contribuir a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; las medidas para promover un uso integrado de los Fondos EIE; los acuerdos de coordinación entre los Fondos EIE y otros instrumentos y políticas de la Unión pertinentes; los principios horizontales y los objetivos transversales de actuación relacionados con la ejecución de los Fondos EIE; las disposiciones para hacer frente a retos territoriales clave, y los ámbitos prioritarios para las actividades de cooperación en virtud de los Fondos EIE.

(18) Los Estados miembros y las regiones afrontan retos crecientes asociados a las repercusiones de la globalización, a las cuestiones medioambientales y energéticas, al envejecimiento de la población y los cambios demográficos, a la transformación tecnológica y las demandas de innovación y a las desigualdades sociales. Debido a la naturaleza compleja e interrelacionada de esos retos, las soluciones que reciban ayudas de los Fondos EIE deben ser integradas, multisectoriales y multidimensionales. En este contexto, y con el fin de aumentar la eficacia y la eficiencia de las políticas, debe posibilitarse la combinación de los Fondos EIE en paquetes integrados diseñados para ajustarse a las necesidades territoriales concretas.

(19) Se prevé que la combinación de la disminución de la población activa y de un porcentaje cada vez mayor de pensionistas en la población general, así como los problemas asociados a la dispersión de la población seguirán generando tensión, en particular, sobre las estructuras educativas y de apoyo social de los Estados miembros y, por ende, sobre la competitividad económica de la Unión. La adaptación a esos cambios demográficos constituye uno de los principales retos a los que se enfrentan los Estados miembros y las regiones en los próximos años y, como tal, debe ser objeto de una consideración especialmente alta en las regiones más afectadas por el cambio demográfico.

(20) Basándose en el MEC, cada Estado miembro debe preparar, en colaboración con sus socios y en diálogo con la Comisión, un acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación debe traducir los elementos del MEC al contexto nacional y establecer compromisos firmes para conseguir los objetivos de la Unión a través de la programación de los Fondos EIE. El acuerdo de asociación debe establecer mecanismos para garantizar la coherencia con la estrategia de la Unión para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como con las misiones específicas de cada Fondo de acuerdo con sus objetivos basados en el Tratado, mecanismos para garantizar la ejecución efectiva y eficiente de los Fondos EIE y disposiciones sobre el principio de asociación y un enfoque integrado para el desarrollo territorial. Debe distinguirse entre los elementos esenciales del acuerdo de asociación que deben someterse a decisión de la Comisión y aquellos que no requieren dicha decisión y pueden ser modificados por el Estado miembro. Es necesario prever disposiciones específicas para la presentación y adopción del acuerdo de asociación y de los programas en caso de que se aplace o se espere que se aplace la entrada en vigor de uno o varios reglamentos específicos relativos a los Fondos. Esto implica la elaboración de disposiciones que permitan la presentación y adopción del acuerdo de asociación aunque falten algunos elementos en relación con el Fondo o los Fondos EIE afectados por el aplazamiento así como la presentación posterior de un acuerdo de asociación tras la entrada en vigor del reglamento o de los reglamentos específicos relativos a los Fondos afectados por ese aplazamiento. Habida cuenta de que los programas cofinanciados por el Fondo EIE afectado por el aplazamiento no pueden en tal caso presentarse y adoptarse hasta después de la entrada en vigor del Reglamento específico relativo al Fondo de que se trate, procede asimismo fijar plazos adecuados para la presentación de los programas afectados.

(21) Los Estados miembros deben concentrar el apoyo para garantizar una contribución significativa a la consecución de los objetivos de la Unión de acuerdo con sus necesidades específicas de desarrollo nacional y regional. Deben definirse una condicionalidad ex ante, así como un conjunto conciso y exhaustivo de criterios objetivos para su evaluación, que garanticen el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para el uso efectivo y eficiente de la ayuda de la Unión. A tal fin, solo procede aplicar una condición ex ante a una prioridad de un programa determinado cuando guarde una relación directa y auténtica con la consecución efectiva y eficiente del objetivo específico de una prioridad de inversión o de una prioridad de la Unión, y tenga una incidencia directa en ella, dado que no todos los objetivos específicos están necesariamente vinculados a una condición ex ante establecida en las normas específicas relativas a los Fondos. La evaluación de la aplicabilidad de la condicionalidad ex ante debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad por lo que respecta al nivel de ayuda asignado, cuando proceda. El Estado miembro debe evaluar la observancia de las condiciones ex ante aplicables cuando elabore los programas y, en su caso, el acuerdo de asociación. La Comisión debe examinar posteriormente la coherencia y pertinencia de la información facilitada por el Estado miembro. En los casos en que no se cumpla una condición ex ante aplicable dentro del plazo establecido, la Comisión debe tener la facultad de suspender los pagos intermedios a las prioridades correspondientes del programa, en unas condiciones determinadas con precisión.

(22) La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, debe efectuar en 2019 un examen del rendimiento basado en un marco de rendimiento. Dicho marco de rendimiento debe definirse para cada programa para que se realice el seguimiento de los avances hacia los objetivos y metas fijados para cada prioridad en el transcurso del período de programación 2014-2020 («período de programación»). A fin de garantizar que el presupuesto de la Unión no se despilfarre ni se utilice de manera ineficiente, cuando existan pruebas de que una prioridad ha fracasado notablemente en el logro de los hitos relacionados exclusivamente con los indicadores financieros, los indicadores de productividad y las etapas clave de ejecución que se prevén en el marco de rendimiento, debido a deficiencias de ejecución claramente identificadas y comunicadas previamente que la Comisión sin que el Estado miembro haya aplicado las medidas correctivas adecuadas, la Comisión debe poder suspender los pagos al programa o, al final del período de programación, aplicar correcciones financieras. La aplicación de correcciones financieras debe tener en cuenta, respetando debidamente el principio de proporcionalidad, el nivel de absorción y los factores externos que hayan contribuido al fracaso. Las correcciones financieras no deben aplicarse cuando los objetivos no se hayan logrado como consecuencia del impacto de factores socioeconómicos o medioambientales o de cambios significativos en las condiciones económicas o medioambientales de un Estado miembro, o por razones de fuerza mayor que afecten gravemente a la aplicación de las prioridades de que se trate. Los indicadores de resultados no deben tenerse en cuenta a efectos de suspensiones o correcciones financieras.

(23) Para favorecer la concentración en el rendimiento y el logro de los objetivos de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, debe establecerse para cada Estado miembro una reserva de rendimiento consistente en el 6 % de la asignación total destinada al objetivo de inversión en crecimiento y empleo, así como al Feader y a las medidas financiadas en gestión compartida con arreglo a un acto jurídico futuro de la Unión por el que se establezcan las condiciones para la ayuda financiera a la política marítima y de la pesca para el período de programación 2014-2020 («Reglamento FEMP»). Debido a su diversidad y a su naturaleza transnacional, no procede establecer una reserva de rendimiento para los programas correspondientes al objetivo de cooperación territorial europea. Deben excluirse del cálculo de la reserva de rendimiento los recursos destinados a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil tal como se define en el programa operativo de conformidad con el Reglamento (UE) no 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) («Reglamento del FSE»), así como a la asistencia técnica a iniciativa de la Comisión; las transferencias del primer pilar de la PAC al Feader con arreglo al Reglamento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6); las transferencias al Feader con arreglo a las disposiciones sobre ajuste voluntario de pagos directos en 2013 y sobre transferencias al Feader establecidas en el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo (7) respecto de los años naturales 2013 y 2014; las transferencias al Mecanismo «Conectar Europa» desde el Fondo de Cohesión; las transferencias al Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados, tal como se definan en un futuro acto jurídico de la Unión; y las acciones innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano sostenible.

(24) Se requiere una relación más estrecha entre la política de cohesión y la gobernanza económica de la Unión a fin de garantizar que la eficacia del gasto conforme a los Fondos EIE se vea favorecida por unas buenas políticas económicas y que los Fondos EIE puedan, si es necesario, reorientarse para abordar los problemas económicos a los que se enfrente un Estado miembro. En el marco del primer componente de las medidas que asocian la eficacia de los Fondos EIE a la buena gobernanza económica, la Comisión debe poder solicitar modificaciones del acuerdo de asociación y los programas a fin de apoyar la aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo o de maximizar el impacto en términos de crecimiento y competitividad de los Fondos EIE disponibles en caso de que los Estados miembros se beneficien de la ayuda financiera pertinente. Solo se recurrirá a la reprogramación en aquellos casos en que pudiera darse efectivamente un impacto directo en la corrección de los retos identificados en las recomendaciones pertinentes del Consejo en el contexto de los mecanismos de gobernanza económica, a fin de evitar una reprogramación frecuente que perturbaría la previsibilidad de la gestión de los fondos. En el marco del segundo componente de las medidas que asocian la eficacia de los Fondos EIE a la buena gobernanza económica, si un Estado miembro no emprende acciones eficaces en el contexto del proceso de gobernanza económica, la Comisión debe hacer una propuesta al Consejo para suspender parte o la totalidad de los compromisos o pagos en relación con los programas de dicho Estado miembro. Es preciso establecer distintos procedimientos de suspensión de los compromisos y pagos. No obstante, en ambos casos, al presentar una propuesta de suspensión, la Comisión debe tener en cuenta toda la información pertinente y prestar la debida consideración a cualquier elemento que se derive del diálogo estructurado con el Parlamento Europeo y a cualquier opinión formulada en el contexto de dicho diálogo. El alcance y el nivel de una suspensión deben ser proporcionados y eficaces, y respetar el principio de igualdad de trato entre Estados miembros. Además, una suspensión debe tener en cuenta las circunstancias económicas y sociales del Estado miembro en cuestión así como el posible impacto económico global en un Estado miembro como consecuencia de las distintas fases del procedimiento de déficit excesivo y del procedimiento de desequilibrio excesivo.

(25) En virtud del Protocolo no 15 sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte anejo al TUE y al TFUE, determinadas disposiciones sobre déficit excesivo y procedimientos relacionados no deben aplicarse al Reino Unido. Las disposiciones sobre suspensión de la totalidad o de parte de los pagos y compromisos no deben, por lo tanto, aplicarse al Reino Unido.

(26) Habida cuenta de la extrema importancia del principio de cofinanciación en la ejecución de los Fondos EIE para garantizar la apropiación de las políticas sobre el terreno, y en consonancia con la aplicación proporcional de las suspensiones, las decisiones sobre suspensiones desencadenadas en el marco del segundo componente de las medidas que asocian la eficacia de los Fondos EIE a la buena gobernanza económica deben adoptarse teniendo en cuenta los requisitos específicos aplicables al Estado miembro afectado a la hora de aportar cofinanciación para los programas financiados con cargo a los Fondos EIE. Tan pronto como el Estado miembro en cuestión emprenda las acciones necesarias, deben levantarse las suspensiones y ponerse de nuevo a su disposición los fondos.

(27) Los Fondos EIE deben ejecutarse mediante programas que abarquen el período de programación de conformidad con el acuerdo de asociación. Los Estados miembros deben elaborar los programas sobre la base de procedimientos que sean transparentes, de acuerdo con su marco institucional y jurídico. Los Estados miembros y la Comisión deben cooperar para garantizar la coordinación y la coherencia de los mecanismos de programación de los Fondos EIE. Dada la estrecha interrelación entre el contenido de los programas y el del acuerdo de asociación, los programas deben presentarse en un plazo de tres meses a partir de la presentación del acuerdo de asociación. Debe establecerse un plazo de nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento para la presentación de programas en el marco del objetivo de cooperación territorial europea con el fin de tener en cuenta el carácter multinacional de los mismos. Concretamente, es preciso distinguir entre los elementos básicos del acuerdo de asociación y los programas que deben someterse a una decisión de la Comisión, y otros elementos que no incluye dicha decisión y que pueden modificarse bajo la responsabilidad del Estado miembro. La programación debe garantizar la coherencia con el MEC y el acuerdo de asociación, la coordinación entre los Fondos EIE y con los demás instrumentos de financiación existentes, y las aportaciones del Banco Europeo de Inversiones, en su caso.

(28) Con el fin de garantizar la coherencia entre los programas financiados con cargo a distintos Fondos EIE, en particular por lo que respecta a garantizar una contribución a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, es necesario establecer requisitos mínimos comunes relativos al contenido de los programas, que pueden complementarse con normas específicas para cada Fondo que tengan en cuenta la naturaleza particular de cada uno de los Fondos EIE.

(29) Es necesario establecer procedimientos claros para la evaluación, la adopción y la modificación de programas por parte de la Comisión. Con el fin de garantizar la coherencia entre el acuerdo de asociación y los programas, debe especificarse que los programas, exceptuados los destinados al objetivo de cooperación territorial europea, no pueden aprobarse con anterioridad a la decisión de la Comisión por la que se apruebe el acuerdo de asociación. Con el fin de reducir la carga administrativa impuesta a los Estados miembros, toda aprobación por la Comisión de una modificación de determinadas partes de un programa debe dar lugar automáticamente a una modificación de las partes pertinentes del Acuerdo de asociación. Además, debe garantizarse la movilización inmediata de los recursos destinados a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil mediante el establecimiento de normas especiales para el procedimiento de presentación y aprobación de los programas operativos dedicados a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil recogida en el Reglamento del FSE.

(30) Para aprovechar al máximo la plusvalía de las inversiones financiadas total o parcialmente mediante el presupuesto de la Unión en el ámbito de la investigación y la innovación, deben buscarse sinergias, en particular, entre el funcionamiento de los Fondos EIE y Horizonte 2020, tal y como se establece en el Reglamento (UE) no 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) respetando sus distintos objetivos. Para lograr esas sinergias, los mecanismos clave deben ser el reconocimiento de tipos fijos para costes subvencionables con cargo a Horizonte 2020 para operaciones y beneficiarios similares y la posibilidad de combinar fondos procedentes de distintos instrumentos de la Unión, incluidos los Fondos EIE y Horizonte 2020, en la misma operación, evitando la doble financiación. Para reforzar las capacidades de los agentes nacionales y regionales en materia de investigación e innovación, y para lograr el objetivo de construir una «vía hacia la excelencia» en las regiones menos desarrolladas, y en Estados miembros y regiones con un bajo rendimiento en materia de investigación, desarrollo e innovación, deben desarrollarse sinergias estrechas entre los Fondos EIE y Horizonte 2020 en todas las prioridades de los programas pertinentes.

(31) El TFUE ha añadido la cohesión territorial a los objetivos de cohesión económica y social, por lo que es necesario abordar el papel de las ciudades, las áreas geográficas funcionales y las zonas subregionales que sufren problemas geográficos o demográficos específicos. Para ello, y para movilizar mejor el potencial a nivel local, es preciso reforzar y facilitar el desarrollo local participativo estableciendo normas comunes y garantizando una estrecha coordinación con todos los Fondos EIE pertinentes. El desarrollo local participativo debe tener en cuenta el potencial y las necesidades locales, así como las características socioculturales pertinentes. Como principio esencial, la responsabilidad de elaborar y poner en práctica las estrategias de desarrollo local participativo debe darse a los grupos de acción locales que representan los intereses de la comunidad. Las disposiciones concretas relativas a la definición del área y la población a las que se aplican las estrategias de desarrollo local participativo deben establecerse en los programas pertinentes con arreglo a las normas específicas del Fondo.

(32) Con objeto de garantizar un enfoque gestionable de su integración en el proceso de programación, el desarrollo local participativo debe efectuarse en el contexto de un único objetivo temático de promoción de la integración social y lucha contra la pobreza o de fomento del empleo y la movilidad laboral, sin perjuicio de que las acciones financiadas como parte del desarrollo local participativo puedan contribuir a todos los demás objetivos temáticos.

(33) Cuando una estrategia de desarrollo urbano o territorial exija un enfoque integrado debido a la implicación de inversiones relacionadas con más de un eje prioritario de uno o varios programas operativos, ha de ser posible que la acción respaldada por los Fondos, que puede complementarse con ayudas financieras del Feader o del FEMP, se realice como inversión territorial integrada dentro de un programa o programas operativos.

(34) Los instrumentos financieros son cada vez más importantes por su efecto multiplicador con respecto a los Fondos EIE, por su capacidad para combinar diversas formas de recursos públicos y privados en apoyo de objetivos de actuación pública y porque formas de financiación de carácter rotatorio hacen que esa ayuda sea más sostenible a largo plazo.

(35) Los instrumentos financieros que reciben apoyo de los Fondos EIE deben emplearse para satisfacer necesidades específicas del mercado de una manera rentable, de acuerdo con los objetivos de los programas, y no deben excluir a la financiación privada. La decisión de financiar medidas de apoyo por medio de instrumentos de financiación debe por tanto basarse en una evaluación ex ante que haya demostrado la existencia de deficiencias de mercado o situaciones de inversión subóptimas y haya definido el nivel estimado de las necesidades de inversión pública y su alcance. Deben definirse claramente en el presente Reglamento los elementos esenciales de las evaluaciones ex ante. Dada la naturaleza pormenorizada de la evaluación ex ante, debe preverse la realización de evaluaciones ex ante por etapas, así como el examen y la actualización de la evaluación ex ante durante su realización.

(36) Los instrumentos financieros deben diseñarse y aplicarse de modo que promuevan una participación sustancial de inversores y entidades financieras del sector privado y que se compartan adecuadamente los riesgos. A fin de que sean lo bastante atractivos para el sector privado, los instrumentos financieros deben diseñarse y aplicarse de manera flexible. Por tanto, las autoridades de gestión deben decidir cuáles son las mejores maneras de aplicarlos para satisfacer las necesidades específicas de las regiones destinatarias, de acuerdo con los objetivos del programa pertinente, con los resultados de la evaluación ex ante y con las normas sobre ayudas de Estado aplicables. Cuando sea posible, esta flexibilidad también debe incluir la posibilidad de reutilizar parte de los recursos devueltos durante el período de subvencionabilidad a fin de proporcionar la remuneración preferente de los inversores privados o de los inversores públicos que operen con arreglo al principio de la economía de mercado. Dicha remuneración preferente debe tener en cuenta las normas del mercado y garantizar que toda ayuda de Estado cumpla la legislación de la Unión y nacional aplicable y se limite a la mínima cuantía necesaria para compensar la falta de capital privado disponible teniendo en cuenta las deficiencias del mercado o situaciones de inversión subóptimas.

(37) Con el fin de tener en cuenta el carácter reembolsable de las ayudas proporcionadas a través de instrumentos financieros y de ajustarse a las prácticas del mercado, la ayuda de los Fondos EIE que se proporciona a los destinatarios finales en forma de inversiones de capital o cuasicapital, préstamos o garantías u otros instrumentos de riesgo compartido, puede cubrir la totalidad de las inversiones realizadas por los destinatarios finales, sin distinción de los costes asociados al IVA. En consecuencia, el modo en que el destinatario final tenga en cuenta el IVA solo ha de ser pertinente para determinar la subvencionabilidad de los gastos asociados a la subvención en los casos en los que los instrumentos financieros se combinen con subvenciones.

(38) Cuando determinados elementos de una inversión no generen rendimientos financieros directos podría estar justificado combinar instrumentos financieros con ayuda en forma de subvenciones, en la medida en que lo permitan las normas aplicables sobre ayudas de Estado, con el fin de que los proyectos sean sostenibles desde el punto de vista económico. Deben establecerse condiciones específicas que impidan la doble financiación en tal situación.

(39) A fin de garantizar que los recursos asignados a los instrumentos financieros en favor de las pymes alcancen una masa crítica efectiva y eficaz de nueva financiación de deuda de las pymes, debe ser posible utilizar dichos recursos en todo el territorio del Estado miembro de que se trate independientemente de las categorías de regiones presentes en el mismo. Sin embargo, también ha de ser posible que la negociación del acuerdo de financiación entre el Estado miembro y el BEI permita un reembolso proporcional a una región o grupo de regiones dentro del mismo Estado miembro, como parte de un único programa nacional específico por contribución financiera del FEDER o del Feader.

(40) Las contribuciones de los Estados miembros a una garantía ilimitada conjunta y a instrumentos financieros titulizados en favor de pymes deben escalonarse a lo largo de los años 2014, 2015 y 2016 y los importes que los Estados miembros han de abonar al BEI deben programarse de modo correspondiente en el acuerdo de financiación, conforme a la práctica bancaria habitual y con el fin de que los efectos en los créditos de pago se distribuyan entre los distintos años.

(41) En el caso de las operaciones de titulización, debe garantizarse, al cierre del programa, que al menos el importe correspondiente a la contribución de la Unión se haya destinado al objetivo de apoyo a las pymes, en consonancia con los principios relativos a los instrumentos de financiación establecidos en el Reglamento Financiero.

(42) Las autoridades de gestión deben tener flexibilidad para aportar recursos de los programas a los instrumentos de financiación establecidos a nivel de la Unión y gestionados directa o indirectamente por la Comisión, o a los instrumentos establecidos a nivel nacional, regional, transnacional o transfronterizo y gestionados por la autoridad de gestión o bajo su responsabilidad. Asimismo, las autoridades de gestión deben tener la posibilidad de aplicar los instrumentos de financiación directamente, a través de fondos existentes o de nueva creación o a través de fondos de fondos.

(43) Al objeto de garantizar unos regímenes de control proporcionados y salvaguardar la plusvalía de los instrumentos financieros, no conviene desalentar a los beneficiarios finales previstos con un exceso de cargas administrativas. Los organismos responsables de las auditorías de los programas deben realizar auditorías, en primer lugar, a nivel de las autoridades de gestión y de los organismos que ejecutan los instrumentos financieros, incluidos los fondos de fondos. No obstante, pueden darse circunstancias específicas en las que no esté disponible la documentación necesaria para completar dichas auditorías a nivel de las autoridades de gestión o de los organismos que ejecutan los instrumentos financieros o dichos documentos no constituyan una relación veraz y exacta de la ayuda facilitada. En tales casos específicos, es necesario establecer determinadas disposiciones que permitan también las auditorías a nivel de los beneficiarios finales.

(44) El importe de los recursos abonados en cualquier momento por los Fondos EIE a instrumentos financieros debe ser el necesario para realizar las inversiones planeadas y los pagos a los destinatarios finales, incluidos los costes y las tarifas de gestión. Por consiguiente, deben introducirse solicitudes de pagos intermedios. La cuantía que debe abonarse como pago intermedio debe someterse a un tope máximo del 25 % del importe total de las contribuciones de programas destinadas al instrumento de financiación en virtud del acuerdo de financiación correspondiente, con la consiguiente supeditación de los siguientes pagos intermedios al gasto efectivo de un porcentaje mínimo de los importes reales incluidos en las solicitudes anteriores en concepto de gastos subvencionables.

(45) Es necesario establecer normas específicas relativas a los importes que han de aceptarse como gasto subvencionable al cierre de un programa, a fin de garantizar que los importes, incluidos los costes y las tarifas de gestión, abonados por los Fondos EIE a instrumentos financieros se empleen efectivamente en inversiones en destinatarios finales. Las normas deben ser suficientemente flexibles para permitir prestar apoyo a instrumentos basados en capital social en beneficio de empresas destinatarias y, por lo tanto, deben tener en cuenta determinadas características específicas propias a los instrumentos basados en capital social destinados a las empresas, como las prácticas de mercado en lo que atañe a la puesta a disposición de financiación complementaria en el ámbito de los fondos de capital de riesgo. A reserva de las condiciones fijadas en el presente Reglamento, las empresas destinatarias han de poder recibir una ayuda continuada para estos instrumentos con cargo a los Fondos EIE una vez terminado el período de subvencionabilidad.

(46) Asimismo es necesario establecer normas específicas sobre la reutilización de recursos atribuibles a la ayuda de los Fondos EIE hasta la conclusión del período de subvencionabilidad y establecer también normas relativas al uso de recursos cuando finalice el período de subvencionabilidad.

(47) Por norma general, la ayuda de los Fondos EIE no debe emplearse para financiar inversiones que ya han concluido materialmente o han sido íntegramente ejecutadas en la fecha de la decisión de inversión. Sin embargo, con respecto a las inversiones en infraestructuras con el objetivo de apoyar el desarrollo o la regeneración urbanos o inversiones en infraestructuras similares con el objetivo de diversificar las actividades no agrícolas en las zonas rurales, un determinado importe de dicha ayuda puede ser necesario para la reorganización de una cartera de deuda en relación con la infraestructura que forme parte de una nueva inversión. En tales casos, ha de ser posible utilizar la ayuda de los Fondos EIE para reorganizar una cartera de deuda hasta un máximo del 20 % del importe total de la ayuda de programas del instrumento financiero a la inversión.

(48) Los Estados miembros deben hacer un seguimiento de los programas para examinar la ejecución y los avances en la consecución de sus objetivos. Para ello, los Estados miembros deben crear comités de seguimiento, de conformidad con su marco institucional, jurídico y financiero, y su composición y funciones definidas para los Fondos EIE. Dado el carácter especial de los programas en el marco del objetivo de cooperación territorial europea, deben establecerse normas específicas para los comités de seguimiento de esos programas. Podrían establecerse comités de seguimiento conjuntos para facilitar la coordinación entre los Fondos del EIE. A fin de garantizar la eficacia, un comité de seguimiento debe poder realizar observaciones a las autoridades de gestión acerca de la ejecución y la evaluación de los programas, incluidas acciones relacionadas con la reducción de la carga administrativa para los beneficiarios y debe hacer un seguimiento de las medidas tomadas como resultado de sus observaciones.

(49) Es preciso un ajuste de los mecanismos de seguimiento y presentación de informes de los Fondos EIE, a fin de simplificar las medidas de gestión a todos los niveles. Es importante establecer unos requisitos proporcionados para la presentación de informes, pero también garantizar la disponibilidad de información exhaustiva sobre los avances realizados en aspectos clave objeto de examen. Por tanto, es preciso que los requisitos relativos a los informes reflejen las necesidades de información en años determinados y se ajusten al calendario del examen de rendimiento.

(50) Con el fin de hacer un seguimiento de los avances de los programas, debe celebrarse una reunión de examen anual entre el Estado miembro de que se trate y la Comisión. No obstante, el Estado miembro y la Comisión deben tener la posibilidad de acordar no celebrar tal reunión en años que no sean 2017 y 2019 para evitar una carga administrativa innecesaria.

(51) Para que la Comisión pueda hacer un seguimiento de los avances en la consecución de los objetivos de la Unión, así como las misiones específicas del Fondo con arreglo a sus objetivos basados en los Tratados, los Estados miembros deben presentar informes de evolución sobre la puesta en práctica de sus acuerdos de asociación. Basándose en esos informes, la Comisión debe preparar en 2017 y 2019 un informe estratégico sobre los avances. Con el fin de realizar un debate político estratégico periódico sobre la contribución de los Fondos ESI a la consecución de la Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y para mejorar la calidad del gasto y la eficacia de la política de acuerdo con el Semestre Europeo, los informes estratégicos deben debatirse en el Consejo. Sobre la base de dicho debate, el Consejo ha de poder proporcionar información en relación con la evaluación realizada en la reunión de primavera del Consejo Europeo con respecto al papel de todas las políticas e instrumentos de la Unión en la consecución de un crecimiento sostenible creador de empleo en toda la Unión.

(52) Es preciso evaluar la eficacia, la eficiencia y el impacto de la ayuda de los Fondos EIE para mejorar la calidad en la concepción y la ejecución y de los programas, y determinar los efectos de los programas en relación con las metas basadas en la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y en función de la magnitud del programa en relación con el producto interior bruto (PIB) y, en su caso, el desempleo en el ámbito de programa de que se trate. Es preciso especificar las responsabilidades de los Estados miembros y la Comisión a este respecto.

(53) A fin de mejorar la calidad de la concepción de cada programa y de verificar que es posible logar sus objetivos y metas, debe efectuarse una evaluación ex ante del mismo.

(54) La autoridad de gestión o el Estado miembro deben diseñar un plan de evaluación, que pueda incluir más de un programa. Durante el período de programación, las autoridades de gestión deben garantizar que se realicen evaluaciones para estimar la eficacia, la eficiencia y el impacto del programa. Para facilitar las decisiones de gestión, debe informarse al comité de seguimiento y a la Comisión de los resultados de las evaluaciones.

(55) Deben realizarse evaluaciones ex post para estimar la eficacia y la eficiencia de los Fondos EIE y su impacto en relación con los objetivos globales de los propios Fondos EIE y la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador teniendo en cuenta los objetivos establecidos para esa estrategia de la Unión. La Comisión debe preparar, para cada uno de los Fondos EIE, un informe de síntesis que resuma las principales conclusiones de las evaluaciones ex post.

(56) Deben precisarse los tipos de acciones que pueden emprenderse a iniciativa de la Comisión y de los Estados miembros como asistencia técnica con ayuda de los Fondos EIE.

(57) Para garantizar un uso eficaz de los recursos de la Unión y evitar una financiación excesiva de las operaciones generadoras de ingresos netos una vez completadas, deben utilizarse diferentes métodos para determinar los ingresos netos que generen dichas operaciones, en particular un planteamiento simplificado basado en tipos fijos por sectores o subsectores. Los tipos fijos deben basarse en los datos históricos de que disponga la Comisión, en el potencial de recuperación de los costes y en el principio de que quien contamina paga, cuando sea aplicable. Mediante un acto delegado, debe preverse también la posibilidad de hacer extensivos los tipos fijos a nuevos sectores, introducir subsectores o efectuar una revisión de las cuantías para futuros proyectos cuando se disponga de nuevos datos. El recurso a tipos fijos puede ser especialmente adecuado para operaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación, de la investigación, el desarrollo y la innovación, y de la eficiencia energética. Además, para garantizar la aplicación del principio de proporcionalidad y tener en cuenta otras disposiciones reglamentarias y contractuales que pudieran aplicarse, es necesario determinar las excepciones a dichas normas.

(58) Es importante garantizar un enfoque proporcionado y evitar la duplicidad en la verificación de las necesidades de financiación en el caso de operaciones que generan ingresos netos después de la finalización, que están asimismo sujetas a las normas sobre ayudas de Estado, dado que dichas normas también establecen límites a la ayuda que puede concederse. Por consiguiente, cuando se trate de una ayuda de minimis, de una ayuda de Estado compatible para pymes cuando se apliquen una intensidad de la ayuda o un límite al importe de la ayuda, o se trate de una ayuda de Estado compatible en favor de grandes empresas, cuando se haya realizado una verificación individual de las necesidades de financiación de conformidad con las normas aplicables en materia de ayudas de Estado, no deben aplicarse las disposiciones que requieren el cálculo de los ingresos netos. No obstante, los Estados miembros han de tener la posibilidad de aplicar los métodos de cálculo de los ingresos netos cuando así esté establecido en las normas nacionales.

(59) Las asociaciones público-privadas pueden constituir un método eficaz para realizar operaciones que garanticen la consecución de objetivos de interés público, al reunir distintas modalidades de recursos públicos y privados. A fin de facilitar el uso de los Fondos EIE para apoyar operaciones estructuradas como asociación público-privada, se deben tener en cuenta en el presente Reglamento determinadas características específicas de estas adaptando algunas disposiciones comunes de los Fondos EIE.

(60) La fecha inicial y la fecha final para la subvencionabilidad del gasto debe definirse de forma que se establezca una norma uniforme y equitativa que se aplique a la ejecución de los Fondos EIE en toda la Unión. Con el fin de facilitar la ejecución de los programas, conviene establecer que la fecha inicial para la subvencionabilidad del gasto pueda ser anterior al 1 de enero de 2014 si el Estado miembro de que se trate presenta un programa con anterioridad a dicha fecha. Habida cuenta de la necesidad urgente de movilizar los recursos asignados a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil para apoyar su aplicación inmediata, excepcionalmente la fecha inicial para la subvencionabilidad del gasto debe ser el 1 septiembre de 2013. Para garantizar el uso eficaz de los Fondos EIE y reducir el riesgo para el presupuesto de la Unión, es preciso aplicar restricciones a la ayuda destinada a operaciones finalizadas.

(61) De acuerdo con el principio de subsidiariedad, y a reserva de las excepciones establecidas en el Reglamento (UE) no 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), el Reglamento (UE) no 1300/2013, el Reglamento (UE) no 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), el Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), el Reglamento (UE) no 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y el Reglamento del FEMP, los Estados miembros deben adoptar normas nacionales relativas a la subvencionabilidad del gasto.

(62) A fin de simplificar el uso de los Fondos EIE y reducir el riesgo de error, al tiempo que se hacen las diferenciaciones necesarias para reflejar las especificidades de la política, conviene definir las formas de ayuda, las condiciones armonizadas de reembolso de las subvenciones y de la asistencia reembolsable, de la financiación a tipo fijo, las normas específicas de subvencionabilidad en relación con las subvenciones y la asistencia reembolsable y las condiciones específicas sobre la subvencionabilidad de las operaciones en función de la ubicación.

(63) La ayuda procedente de los Fondos EIE debe poder proporcionarse en forma de subvenciones, premios, asistencia reembolsable o instrumentos financieros, o como una combinación de estos, de manera que los organismos responsables puedan elegir la forma de ayuda más adecuada para responder a las necesidades identificadas detectadas.

(64) Para que la intervención de los Fondos EIE sea efectiva y justa y tenga un impacto sostenible, deben establecerse disposiciones que garanticen que las inversiones en empresas e infraestructuras sean duraderas e impidan obtener de dichos Fondos EIE ventajas indebidas. La experiencia ha demostrado que un período de cinco años es un período mínimo apropiado, salvo que las normas sobre ayudas de Estado prevean un período diferente. No obstante, y de acuerdo con el principio de proporcionalidad, es posible que un período más breve de tres años esté justificado cuando la inversión se refiera al mantenimiento de inversiones o de puestos de trabajo creados por pymes. En el supuesto de una operación que comprenda inversiones en infraestructuras o inversiones productivas, y en que el beneficiario no sea una pyme, dicha operación debe reembolsar la contribución de los Fondos EIE si, en los diez años siguientes al pago final al beneficiario, la actividad productiva es objeto de relocalización fuera de la Unión. Conviene excluir del requisito general de durabilidad las acciones financiadas por el FSE y las que no conlleven inversiones productivas o en infraestructuras, a menos que tales requisitos se deriven de las normas aplicables sobre ayudas de Estado, y excluir igualmente las contribuciones efectuadas o recibidas por instrumentos financieros. Los importes cobrados de forma indebida deben recuperarse y someterse a los procedimientos aplicables a las irregularidades.

(65) Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el establecimiento y funcionamiento adecuados de sus sistemas de gestión y control, a fin de ofrecer garantías del uso legal y regular de los Fondos EIE. Deben, pues, especificarse las obligaciones de los Estados miembros en relación con los sistemas de gestión y control y con la prevención, detección y corrección de irregularidades e incumplimientos de la legislación de la Unión.

(66) De acuerdo con el principio de gestión compartida, los Estados miembros y la Comisión deben ser responsables de la gestión y el control de los programas. La responsabilidad principal de la ejecución y el control de las operaciones en los programas debe corresponder a los Estados miembros, a través de sus sistemas de gestión y control. A fin de mejorar la eficacia del control de la selección y la ejecución de las operaciones y el funcionamiento de los sistemas de gestión y control, deben especificarse las funciones de la autoridad de gestión.

(67) Los Estados miembros deben cumplir las obligaciones de gestión, control y auditoría y asumir las responsabilidades que de ellas se deriven, establecidas en las normas sobre gestión compartida establecidas en el presente Reglamento, el Reglamento Financiero y las normas específicas de cada Fondo. Los Estados miembros deben velar por que, de acuerdo con las condiciones que establece el presente Reglamento, existan mecanismos eficaces para el examen de las reclamaciones relativas a los Fondos EIE. De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben examinar, a petición de la Comisión, las reclamaciones presentadas a la Comisión que entren en el ámbito de los mecanismos acordados, y deben informar a la Comisión, a petición de esta, de los resultados de dichos exámenes.

(68) Deben establecerse las competencias y las responsabilidades de la Comisión por lo que se refiere a la verificación del funcionamiento efectivo de los sistemas de gestión y control y exigir la actuación de los Estados miembros. La Comisión debe estar facultada para efectuar auditorías y comprobaciones sobre el terreno centradas en cuestiones relacionadas con la buena gestión financiera, a fin de extraer conclusiones sobre el rendimiento de los Fondos EIE.

(69) Los compromisos presupuestarios de la Unión deben contraerse por tramos anuales. Para garantizar una gestión eficaz de los programas, es necesario establecer normas comunes aplicables a la prefinanciación, las solicitudes provisionales de pagos y el saldo final, sin perjuicio de las normas específicas que se precisen para cada uno de los Fondos EIE.

(70) El pago de prefinanciación efectuado al inicio de los programas garantiza que el Estado miembro posea también los medios para proporcionar ayuda a los beneficiarios desde el inicio de la ejecución del programa, de modo estos reciban anticipos cuando lo necesiten para realizar las inversiones previstas y se les reembolsen los costes rápidamente tras la presentación de las solicitudes de pago. Por tanto, debe disponerse la concesión de importes de prefinanciación inicial procedentes de los Fondos EIE. La prefinanciación inicial debe liquidarse por completo al cierre del programa.

(71) A fin de salvaguardar los intereses financieros de la Unión, deben establecerse medidas que estén limitadas en el tiempo y que permitan al ordenador delegado interrumpir los pagos cuando haya pruebas claras que indiquen una deficiencia significativa en el funcionamiento del sistema de gestión y control o pruebas de irregularidades relacionadas con una solicitud de pago, o bien si no se han presentado documentos a efectos del examen y la aceptación de las cuentas. La duración del plazo de interrupción debe ser de seis meses como máximo, con una posible ampliación de ese plazo hasta nueve meses con el acuerdo del Estado miembro, a fin de conceder suficiente tiempo para resolver las causas de la interrupción y así evitar el tener que recurrir a suspensiones.

(72) Para salvaguardar el presupuesto de la Unión, es posible que la Comisión tenga que realizar correcciones financieras. A fin de garantizar la seguridad jurídica de los Estados miembros, es importante definir en qué circunstancias los incumplimientos del Derecho de la Unión o nacional aplicable con respecto a su aplicación puede dar lugar a correcciones financieras de la Comisión. Para garantizar que cualesquiera correcciones financieras que la Comisión imponga a los Estados miembros guarden relación con la protección de los intereses financieros de la Unión, esas correcciones deben limitarse a aquellos casos en los que el incumplimiento del Derecho de la Unión o nacional aplicable con respecto a su aplicación afecte directa o indirectamente a la subvencionabilidad, la regularidad, la gestión o el control de las operaciones y el gasto correspondiente declarado a la Comisión. Para garantizar la proporcionalidad, es importante que la Comisión tenga en cuenta la naturaleza y la gravedad del incumplimiento y las repercusiones financieras relacionadas para el presupuesto de la Unión al decidir la aplicación y el importe de la corrección financiera.

(73) A fin de fomentar la disciplina financiera, conviene definir las condiciones para la liberación de cualquier parte de un compromiso presupuestario de un programa, y en particular en qué casos puede excluirse un importe de esa liberación, en particular si los retrasos en la ejecución se deben a circunstancias ajenas a la parte interesada, anómalas o imprevisibles y cuyas consecuencias no pueden evitarse pese a la diligencia empleada, así como en una situación en la que se haya efectuado una solicitud de pago pero cuyo plazo de pago se haya interrumpido o su pago se haya o suspendido.

(74) El procedimiento de liberación también constituye una parte necesaria del mecanismo de asignación de la reserva de rendimiento, y en tales casos debe ser posible restablecer los créditos para su posterior asignación a otros programas y prioridades. Además, en la aplicación de determinados instrumentos financieros específicos en favor de las pymes, cuando la liberación se produzca como consecuencia de una interrupción en la participación de un Estado miembro en dichos instrumentos financieros, debe establecerse el posterior restablecimiento de los créditos para que puedan asignarse en el marco de otros programas. Dado que se requerirá la introducción de disposiciones adicionales en el Reglamento financiero que permitan el mencionado restablecimiento de créditos, tales procedimientos solo deben aplicarse a partir de la fecha de entrada en vigor de la correspondiente modificación del Reglamento financiero.

(75) Se necesitan disposiciones generales adicionales en relación con el funcionamiento específico de los Fondos. En particular, a fin de incrementar su valor añadido y de mejorar su contribución a las prioridades de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y a las misiones específicas de los Fondos con arreglo a sus objetivos basados en los Tratados, el funcionamiento de los Fondos debe simplificarse y concentrarse en el objetivo de inversión en crecimiento y empleo y en el objetivo de cooperación territorial europea.

(76) En la legislación sectorial pertinente se establecen disposiciones adicionales para el funcionamiento específico del Feader y el FEMP.

(77) A fin de promover los objetivos de cohesión económica, social y territorial del TFUE, el objetivo de inversión en crecimiento y empleo debe proporcionar apoyo a todas las regiones. Al objeto de que el apoyo sea equilibrado y gradual y refleje el grado de desarrollo económico y social, conviene que los recursos correspondientes a ese objetivo procedentes del FEDER y el FSE se distribuyan entre las regiones menos desarrolladas, las regiones en transición y las regiones más desarrolladas en función de su PIB per cápita con respecto a la media de la Unión de los Veintisiete. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la inversión procedente del FEDER y el FSE, consolidar el desarrollo alcanzado y avanzar en el crecimiento económico y la cohesión social de las regiones de la Unión, las regiones cuyo PIB per cápita en el período de programación 2007-2013 estaba por debajo del 75 % de la media de la Europa de los Veinticinco en el período de referencia, pero cuyo PIB per cápita ha aumentado a más del 75 % de la media de la Unión de los Veintisiete, deben recibir, como mínimo, el 60 % de su asignación anual media indicativa para el período 2007-2013. La asignación total a un Estado miembro con cargo al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión debe representar, como mínimo, el 55 % de su asignación total individual para el período 2007-2013. Los Estados miembros con una renta nacional bruta (RNB) per cápita inferior al 90 % de la media de la Unión deben beneficiarse del objetivo de inversión en crecimiento y empleo del Fondo de Cohesión.

(78) Conviene fijar criterios objetivos para designar las regiones y zonas que pueden acogerse a la ayuda de los Fondos. Para ello, la identificación de las regiones y zonas a nivel de la Unión debe basarse en el sistema común de clasificación de las regiones establecido por el Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), modificado por el Reglamento (CE) no 105/2007 de la Comisión (14).

(79) Para crear un marco financiero apropiado para los Fondos, la Comisión debe establecer, mediante actos de ejecución, el desglose anual indicativo de los créditos de compromiso disponibles mediante un método objetivo y transparente, con el fin de centrar la atención en las regiones menos desarrolladas, en especial las que reciben ayudas transitorias. A fin de tener en cuenta la situación particularmente difícil de los Estados miembros que están sufriendo las consecuencias de la crisis y de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (15) la Comisión debe revisar las asignaciones totales de todos los Estados miembros en 2016 sobre la base de las estadísticas más recientes disponibles y, en caso necesario, ajustar dichas asignaciones. El ajuste requerido debe distribuirse a partes iguales a lo largo del período 2017-2020.

(80) Con el fin de estimular la necesaria aceleración del desarrollo de infraestructuras de transporte y energía y de las tecnologías de la información y de la comunicación en toda la Unión, se crea el Mecanismo «Conectar Europa», de conformidad con el Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) Debe destinarse ayuda procedente del Fondo de Cohesión a los proyectos de ejecución de las redes principales o a los proyectos y actividades horizontales previstos en la parte I del anexo a dicho Reglamento.

(81) La asignación a un Estado miembro de los créditos anuales procedentes de los Fondos debe limitarse hasta un máximo fijado en función del PIB de ese Estado miembro.

(82) Es necesario fijar los límites de esos recursos para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo y adoptar criterios objetivos para su asignación a las regiones y los Estados miembros. Los Estados miembros deben concentrar la ayuda para garantizar que se dediquen suficientes inversiones al empleo juvenil, la movilidad laboral, el conocimiento, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, asegurando de esta forma que la cuota del FSE expresada como porcentaje de los recursos totales combinados de los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión a escala de la Unión, sin contar la ayuda del Fondo de Cohesión para infraestructuras de transporte conforme al Mecanismo «Conectar Europa» ni la ayuda de los Fondos estructurales para ayuda para las personas más desfavorecidas, no sea inferior a un 23,1 % en los Estados miembros.

(83) Dada la urgente prioridad de abordar el desempleo juvenil en las regiones más afectadas de la Unión y en la Unión en su conjunto, se crea y financia una Iniciativa sobre Empleo Juvenil a partir de una dotación específica y de inversiones selectivas del FSE que se añade a la considerable ayuda ya proporcionada por los Fondos EIE y la refuerza. La Iniciativa sobre Empleo Juvenil debe tener por objetivo apoyar a los jóvenes, en particular los que residen en las regiones subvencionables y no tienen trabajo, ni estudian o siguen una formación. La Iniciativa sobre Empleo Juvenil debe aplicarse como parte del objetivo de inversión en crecimiento y empleo.

(84) Además, en consonancia con el objetivo fundamental de reducción de la pobreza, es preciso reorientar el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados a fin de promover la inclusión social. Conviene prever un mecanismo que transfiera recursos a este instrumento a partir de las asignaciones de los Fondos Estructurales a cada Estado miembro.

(85) Habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, el nivel de transferencia máximo de los Fondos a cada Estado miembro no debe traducirse en asignaciones por Estado miembro superiores al 110 % de su nivel en términos reales en el período de programación 2007-2013.

(86) Con el fin de garantizar una asignación adecuada a cada categoría de regiones, no deben transferirse recursos de los Fondos entre las regiones menos desarrolladas, las regiones en transición y las regiones más desarrolladas, salvo en circunstancias debidamente justificadas relacionadas con el cumplimiento de uno o varios objetivos temáticos. Dichas transferencias no deberían suponer más de un 3 % del crédito total correspondiente a la categoría de regiones de que se trate.

(87) Al objeto de garantizar un verdadero impacto económico, la ayuda de los Fondos no debe sustituir al gasto público u otro gasto estructural equivalente de los Estados miembros al amparo del presente Reglamento. Además, para que la ayuda de los Fondos tenga en cuenta un contexto económico más amplio, el grado de gasto público debe determinarse en relación con las condiciones macroeconómicas generales en las que tiene lugar la financiación, tomando como base los indicadores establecidos en los programas de estabilidad y convergencia presentados anualmente por los Estados miembros conforme al Reglamento (CE) no 1466/1997 del Consejo (17). La verificación por parte de la Comisión del principio de adicionalidad debe concentrarse en aquellos Estados miembros en los que las regiones menos desarrolladas y en transición abarcan al menos el 15 % de la población, dada la magnitud de los recursos financieros que se asignan a estas.

(88) Es necesario establecer disposiciones adicionales relativas a la programación, la gestión, el seguimiento y el control de los programas operativos apoyados por los Fondos, con objeto de centrarse más en la consecución de resultados. En particular, es necesario fijar requisitos pormenorizados para el contenido de los programas operativos. Ello debería facilitar la presentación de un razonamiento de intervención coherente para abordar las necesidades de desarrollo identificadas, exponer el marco para la evaluación del rendimiento y sustentar la ejecución efectiva y eficiente de los Fondos. Como principio general, los ejes prioritarios deben abarcar un objetivo temático, un Fondo y una categoría de región. En su caso, y para aumentar la eficacia de un enfoque integrado temáticamente coherente, ha de ser posible que un eje prioritario se refiera a más de una categoría de región y combine una o más prioridades de inversión del FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión con arreglo a uno o más objetivos temáticos.

(89) En los casos en que un Estado miembro prepare como máximo un programa operativo por cada Fondo, de manera que tanto los programas como el acuerdo de asociación se preparen a nivel nacional, deben establecerse disposiciones específicas para garantizar la complementariedad de esos documentos.

(90) Con objeto de conciliar la necesidad de programas operativos concisos que establezcan compromisos claros por parte de los Estados miembros con la necesidad de permitir cierta flexibilidad para poder adaptarse a circunstancias cambiantes, debe distinguirse entre los elementos esenciales del programa operativo que están sujetos a una decisión de la Comisión y otros elementos que no están sujetos a dicha decisión y pueden ser modificados por un Estado miembro. En consecuencia, conviene prever procedimientos que permitan modificar a escala nacional estos elementos no esenciales de los programas operativos sin que medie una decisión de la Comisión.

(91) A fin de mejorar las complementariedades y de simplificar la ejecución, la ayuda del Fondo de Cohesión y del FEDER debe poder combinarse con la del FSE en programas operativos conjuntos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo.

(92) Los grandes proyectos constituyen una proporción sustancial del gasto de la Unión y con frecuencia revisten importancia estratégica con respecto a la realización de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Así pues, está justificado que las operaciones que superen determinados umbrales sigan estando sujetas a procedimientos específicos de aprobación conforme al presente Reglamento. El umbral debe fijarse en relación con el coste subvencionable total, tras haber tomado en consideración los ingresos netos esperados, con un umbral más elevado para los proyectos de transporte, debido a que, por lo general, las inversiones en este sector son superiores. En aras de la claridad, conviene a tal efecto definir el contenido de una solicitud relativa a un gran proyecto. La solicitud debe contener la información necesaria para garantizar que la contribución financiera de los Fondos no dará lugar a una pérdida importante de puestos de trabajo en centros ya existentes en la Unión Europea.

(93) Con el fin de fomentar que los grandes proyectos se preparen y ejecuten con un sólido respaldo financiero y técnico, y de alentar el uso de asesoramiento por parte de expertos en una fase temprana, en los casos en que expertos independientes, respaldados por la asistencia técnica de la Comisión o, de acuerdo con la Comisión, otros expertos independientes, puedan proporcionar indicaciones claras sobre la factibilidad y la viabilidad económica del gran proyecto, procede racionalizar el procedimiento de aprobación de la Comisión. La Comisión debe poder denegar la aprobación de la contribución financiera únicamente cuando haya constatado carencias significativas en el examen de calidad independiente.

(94) En los casos en que no se haya llevado a cabo un examen de calidad independiente de un gran proyecto, el Estado miembro debe facilitar toda la información necesaria y la Comisión debe valorar el gran proyecto a fin de determinar si está justificada la contribución financiera solicitada.

(95) En aras de la continuidad de la ejecución, para evitar una carga administrativa innecesaria y a efectos de ajuste con la Decisión de la Comisión sobre directrices para el cierre del período de programación 2007-2013, se establecen disposiciones sobre ejecución escalonada de grandes proyectos aprobados con arreglo al Reglamento (CE) no 1083/2006 (18) del Consejo cuyo período de realización se prevé que supere el período de programación regulado por el presente Reglamento. Bajo determinadas condiciones, debe existir un procedimiento acelerado de notificación y aprobación de una segunda fase o fase subsiguiente de un gran proyecto cuya fase o fases anteriores hayan sido aprobadas por la Comisión sobre la base del período de programación 2007-2013. Cada una de las fases de la operación escalonada, que se dirigen al mismo objetivo general, debe ejecutarse con arreglo a las normas de los correspondientes períodos de programación.

(96) Para que los Estados miembros tengan la opción de ejecutar parte de un programa operativo aplicando un enfoque basado en resultados, es útil disponer un plan de acción conjunto que comprenda un proyecto o grupo de proyectos a cargo de un beneficiario para contribuir a la consecución de los objetivos del programa operativo. Al objeto de simplificar y reforzar la orientación de los Fondos a los resultados, la gestión del plan de acción conjunto debe basarse exclusivamente en hitos, productividad y resultados conjuntamente acordados, según se definan en la decisión de la Comisión por la que se adopte el plan de acción conjunto. El control y la auditoría de un plan de acción conjunto han de limitarse únicamente a si este logra sus hitos, productividad y resultados. Por consiguiente, es necesario establecer normas sobre su preparación, contenido, adopción y gestión y control financieros.

(97) Es preciso adoptar normas específicas relativas a las funciones del comité de seguimiento y a los informes anuales sobre la ejecución de los programas operativos apoyados por los Fondos. En la legislación sectorial pertinente se establecen disposiciones adicionales para el funcionamiento específico del Feader.

(98) Para garantizar la disponibilidad de información esencial y actualizada sobre la ejecución de los programas, es preciso que los Estados miembros proporcionen los datos clave a la Comisión con regularidad. A fin de evitar una carga adicional para los Estados miembros, ese suministro de información debe limitarse a los datos recogidos de forma continua, y su transmisión debe efectuarse mediante intercambio electrónico de datos.

(99) Con el fin de reforzar el seguimiento de los avances en la ejecución de los Fondos y de facilitar la gestión financiera, es necesario garantizar con la antelación suficiente la disponibilidad de datos financieros básicos sobre los avances en la ejecución.

(100) De acuerdo con el artículo 175 del TFUE, cada tres años, la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones informes sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión económica, social y territorial. Es preciso establecer disposiciones sobre el contenido de estos informes.

(101) Es importante dar a conocer al público en general los logros de los Fondos de la Unión, así como concienciar sobre los objetivos de la política de cohesión. Los ciudadanos han de tener derecho a saber cómo se invierten los recursos financieros de la Unión. Los principales responsables de que llegue al público la información apropiada deben ser tanto las autoridades de gestión como los beneficiarios de los proyectos, así como las instituciones y los órganos consultivos de la Unión. Para que la comunicación al público en general sea más eficiente y las sinergias entre las actividades de comunicación emprendidas a iniciativa de la Comisión sean más fuertes, los recursos asignados a acciones de comunicación conforme al presente Reglamento han de contribuir también a la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión en la medida en que guarden relación con los objetivos generales del presente Reglamento.

(102) Con el fin de afianzar la accesibilidad y la transparencia de la información sobre las oportunidades de financiación y los beneficiarios de los proyectos, debe crearse en cada Estado miembro un sitio o un portal de Internet único que proporcione información sobre todos los programas operativos, incluidas las listas de operaciones subvencionadas dentro de cada programa operativo.

(103) A fin de lograr una difusión amplia de la información sobre los logros de los Fondos y del papel de la Unión en ellos, y para informar a los beneficiarios potenciales de las oportunidades de financiación existentes, deben definirse en el presente Reglamento disposiciones de aplicación, que tengan en cuenta la magnitud de los programas operativos conforme al principio de proporcionalidad, sobre las medidas de información y comunicación, así como determinadas características técnicas de tales medidas

(104) Con el fin de garantizar que la asignación de cada uno de los Fondos se centre en la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y en las misiones específicas de los Fondos conforme a sus objetivos recogidos en el Tratado, es necesario establecer límites máximos para su atribución a la asistencia técnica del Estado miembro. Es necesario igualmente velar por que el marco jurídico de la programación de la asistencia técnica facilite la creación de mecanismos de realización simplificados en un contexto en el que los Estados miembros ejecuten paralelamente diversos Fondos y ha de ser posible que dicho marco comprenda diversas categorías de regiones.

(105) Es necesario determinar los factores de modulación del porcentaje de cofinanciación de los Fondos para los ejes prioritarios, en particular para aumentar el efecto multiplicador de los recursos de la Unión. También es preciso establecer porcentajes máximos de cofinanciación por categoría de regiones, a fin de garantizar que se respete el principio de cofinanciación merced a un grado apropiado de ayuda nacional pública o privada.

(106) Es preciso que los Estados miembros designen una autoridad de gestión, una autoridad de certificación y una autoridad de auditoría funcionalmente independiente para cada programa operativo. Para que los Estados miembros tengan más flexibilidad al crear sus sistemas de control, conviene que exista la opción de que la autoridad de gestión desempeñe las funciones de autoridad de certificación. Debe permitirse también a los Estados miembros designar organismos intermedios que realicen determinadas tareas de la autoridad de gestión o de la autoridad de certificación. En ese caso, los Estados miembros deben establecer claramente sus respectivas responsabilidades y funciones.

(107) Para tener en cuenta la organización específica de los sistemas de gestión y control para los Fondos y el FEMP, así como la necesidad de garantizar un enfoque proporcionado, se requieren disposiciones específicas relativas a la designación de la autoridad de gestión y la autoridad de certificación. Con el fin de evitar cargas administrativas innecesarias, la verificación ex ante del cumplimiento de los criterios de designación indicados en el presente Reglamento debe limitarse a las autoridades de gestión y certificación y, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Reglamento, no debe exigirse ninguna otra operación de auditoría cuando el sistema sea fundamentalmente el mismo que en el período de programación 2007-2013. No debe exigirse que la Comisión apruebe la designación. Sin embargo, en aras de la seguridad jurídica, los Estados miembros deben tener la posibilidad de transmitir a la Comisión los documentos relativos a la designación, de acuerdo con determinadas condiciones establecidas en el presente Reglamento. La supervisión del respeto de los criterios de designación sobre la base de normas de auditoría y control debe, en caso de que los resultados revelen el incumplimiento de dichos criterios, dar lugar a medidas correctoras y probablemente a una anulación de la designación.

(108) La autoridad de gestión es la principal responsable de la ejecución efectiva y eficiente de los Fondos y del FEMP, y desempeña pues un número importante de funciones relacionadas con la gestión y el seguimiento de los programas, la gestión y el control financieros y la selección de proyectos. Deben establecerse en consecuencia las responsabilidades y funciones de la autoridad de gestión.

(109) La autoridad de certificación debe elaborar y presentar a la Comisión las solicitudes de pago. Asimismo, debe elaborar las cuentas, certificando su exhaustividad, exactitud y veracidad, y certificando que el gasto anotado en las cuentas cumple la normativa de la Unión y nacional aplicable. Deben establecerse las responsabilidades y funciones de la autoridad de certificación.

(110) La autoridad de auditoría debe garantizar que se auditen los sistemas de gestión y control, sobre la base de una muestra apropiada de operaciones y las cuentas. Deben establecerse las responsabilidades y funciones de la autoridad de auditoría. Las auditorías de gastos declarados deben llevarse a cabo sobre la base de una muestra representativa de operaciones para poder extrapolar los resultados. En términos generales, debe utilizarse un método de muestreo estadístico para proporcionar una muestra representativa fiable. No obstante, las autoridades de auditoría han de poder recurrir en circunstancias debidamente justificadas a un método de muestreo no estadístico siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

(111) Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, debe incrementarse la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en este ámbito, y deben fijarse criterios que permitan a la Comisión determinar, en el marco de su estrategia de control de los sistemas nacionales, el grado de garantía que deben ofrecer los organismos nacionales de auditoría.

(112) Además de las normas comunes sobre gestión financiera para los Fondos EIE, deben establecerse disposiciones adicionales para los Fondos y el FEMP. En particular, para que la Comisión tenga garantías razonables antes de la aceptación de cuentas, las solicitudes de pagos intermedios deben reembolsarse en un 90 % del importe resultante de aplicar el porcentaje de cofinanciación de cada prioridad establecido en la decisión por la que se adopte el programa operativo, al gasto subvencionable de la prioridad. Los importes pendientes de pago deben abonarse a los Estados miembros con ocasión de la aceptación de cuentas, siempre que la Comisión pueda determinar que dichas cuentas son completas, exactas y verdaderas.

(113) Los beneficiarios deben recibir la ayuda en su cuantía total antes de que hayan trascurrido 90 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud de pago por el beneficiario, en función de la disponibilidad de fondos procedentes de la prefinanciación inicial y anual y los pagos intermedios. La autoridad de gestión ha de poder interrumpir el plazo cuando los documentos justificativos sean incompletos o haya pruebas de irregularidades que requieran investigaciones más amplias. Debe disponerse una prefinanciación inicial y anual que proporcione a los Estados miembros medios suficientes para aplicar los programas según lo dispuesto. La prefinanciación anual debe liquidarse cada año con la aceptación de las cuentas.

(114) Para reducir el riesgo de que se declaren gastos irregulares, las autoridades de certificación deberían poder incluir en una solicitud de pago intermedio, después del ejercicio en que los hayan incluido en su sistema contable y sin necesidad de justificación complementaria, los importes que requieran verificación ulterior.

(115) Para garantizar la aplicación adecuada de las normas generales sobre liberación, las normas establecidas para los Fondos y el FEAMP deben precisar el modo en que se fijan los plazos de liberación.

(116) Para aplicar los requisitos del Reglamento Financieroa la gestión financiera de los Fondos y del FEAMP, es necesario establecer procedimientos para la preparación, el examen y la aceptación de cuentas que garanticen una base clara y seguridad jurídica en relación para esas disposiciones. Por otra parte, para que los Estados miembros puedan asumir correctamente sus responsabilidades, el Estado miembro debe tener la posibilidad de excluir los importes que están siendo objeto de una evaluación de legalidad y regularidad.

(117) Con objeto de reducir la carga administrativa de los beneficiarios, deben fijarse plazos concretos durante los cuales las autoridades de gestión están obligadas a velar por la disponibilidad de documentos relacionados con las operaciones tras la presentación de los gastos o la conclusión de una operación. Con arreglo al principio de proporcionalidad, el plazo de conservación de los documentos debe diferenciarse en función del gasto total subvencionable de una operación.

(118) Dado que las cuentas se fiscalizan y se aceptan anualmente, debe introducirse una simplificación significativa del procedimiento de cierre. Así, el cierre definitivo del programa debería basarse exclusivamente en los documentos relativos al ejercicio contable definitivo y el informe final de ejecución o al último informe anual de ejecución, sin necesidad de facilitar documentos complementarios.

(119) Para salvaguardar los intereses financieros de la Unión y proporcionar los medios que garanticen la ejecución eficaz de los programas, deben establecerse disposiciones que permitan a la Comisión suspender los pagos al nivel de las prioridades o de los programas operativos.

(120) A fin de proporcionar seguridad jurídica a los Estados miembros, conviene establecer las disposiciones y los procedimientos específicos para que los Estados miembros y la Comisión hagan correcciones financieras con respecto a los Fondos y los FEMP, respetando el principio de proporcionalidad.

(121) Es necesario establecer un marco jurídico que contemple sistemas sólidos de gestión y control en los planos nacional y regional y una adecuada división de funciones y responsabilidades en el contexto de una gestión compartida. Procede, por lo tanto, especificar y aclarar el cometido de la Comisión y establecer normas proporcionadas para la aplicación de correcciones financieras por parte de la Comisión.

(122) La frecuencia de las auditorías de operaciones debe ser proporcional a la magnitud de la ayuda de la Unión procedente de los Fondos y el FEMP. En particular, el número de auditorías debe reducirse cuando el gasto total subvencionable de una operación no exceda de 200 000 EUR en el caso del FEDER y el Fondo de Cohesión, de 150 000 EUR en el caso del FSE, y de 100 000 EUR en el caso del FEMP. Sin embargo, debe ser posible realizar auditorías en cualquier momento cuando haya pruebas de irregularidades o fraudes, o tras el cierre de una operación terminada, como parte de una muestra de auditoría. La Comisión debe poder revisar la pista de auditoría de la autoridad de auditoría o tomar parte en las auditorías sobre el terreno de la autoridad de auditoría. En caso de que la Comisión no haya obtenido por estos medios las garantías necesarias en cuanto al funcionamiento eficaz de la autoridad de auditoría, la Comisión debe poder repetir la actividad de auditoría siempre que ello sea conforme con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas. Para que el grado de auditoría de la Comisión sea proporcional al riesgo, la Comisión debe poder reducir su labor de auditoría en relación con los programas operativos cuando no existan deficiencias significativas o la autoridad de auditoría sea fiable. Con objeto de reducir la carga administrativa para los beneficiarios, deben introducirse normas específicas para reducir el riesgo de solapamiento entre auditorías de las mismas operaciones efectuadas por distintas instituciones, a saber, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión y la autoridad de auditoría.

(123) A fin de complementar y modificar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a un código europeo de conducta en materia de asociación; los complementos y modificaciones de las secciones 4 y 7 del MEC; los criterios para determinar el grado de corrección financiera que debe aplicarse; las normas específicas sobre la adquisición de terrenos y combinación de la asistencia técnica con instrumentos financieros; el papel, las obligaciones y la responsabilidad de las entidades que ejecutan los instrumentos financieros; la gestión y control de instrumentos financieros; la retirada de pagos a instrumentos financieros y los correspondientes ajustes respecto de las solicitudes de pago; el establecimiento de un sistema de capitalización de tramos anuales para instrumentos financieros; las normas específicas relativas a los criterios para calcular los costes y las tasas de gestión, basándose en el rendimiento y en los umbrales aplicables, así como las normas sobre el reembolso de los costes y las tasas de gestión capitalizados en el caso de instrumentos basados en capital social y microcréditos; el ajuste del tipo fijo para operaciones que generen ingresos netos en sectores específicos así como el establecimiento de un tipo fijo en relación con determinados sectores o subsectores en los ámbitos de las tecnologías de la información y la comunicación, la investigación, el desarrollo y la innovación y la eficiencia energética, así como la incorporación de sectores o subsectores; el método de cálculo de los ingresos netos descontados para operaciones generadoras de ingresos netos; normas adicionales sobre la sustitución de un beneficiario en operaciones de asociación público-privada; requisitos mínimos que hayan de constar en los acuerdos de asociación público-privada y sean necesarios para la aplicación de excepciones en materia de subvencionabilidad del gasto; la definición del tipo fijo aplicado a los gastos indirectos de subvenciones basadas en los métodos vigentes y las tasas correspondientes aplicables a las políticas de la Unión; la metodología que debe utilizarse al realizar el estudio de calidad de un gran proyecto; los criterios para determinar los casos de irregularidad que deben notificarse, los datos que deben facilitarse y las condiciones y procedimientos que deben aplicarse para determinar si los Estados miembros deben reembolsar los importes incobrables; los datos que deben registrarse y almacenarse de manera informatizada en los sistemas de seguimiento establecidos por las autoridades de gestión; los requisitos mínimos sobre la pista de auditoría; el ámbito y el contenido de las auditorías y los métodos de muestreo, el uso de los datos recabados en el transcurso de las auditorías; los criterios para determinar deficiencias graves en el funcionamiento efectivo de los sistemas de gestión y control, para determinar el nivel de corrección financiera que debe aplicarse y para aplicar tipos fijos o correcciones financieras extrapoladas. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular, con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(124) En lo que atañe a todos los Fondos EIE, la Comisión debe estar facultada para adoptar, mediante actos de ejecución, decisiones por las que se aprueben los elementos de los acuerdos de asociación y sus modificaciones; decisiones por las que se aprueben los elementos de los acuerdos de asociación revisados; decisiones sobre los programas y prioridades hayan alcanzado sus hitos y que pueden beneficiarse de la asignación de la reserva de rendimiento; decisiones sobre la modificación de los programas como consecuencia de medidas correctivas relativas a la transferencia de asignaciones financieras a otros programas; decisiones sobre planes anuales de acciones que deben financiarse con asistencia técnica a iniciativa de la Comisión, y, en caso de liberación, decisiones para modificar las decisiones por las que se adopten los programas; y, por lo que respecta al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión, decisiones en las que se identifiquen las regiones y los Estados miembros que cumplen los criterios del objetivo de inversión en crecimiento y empleo; decisiones que establezcan el desglose anual de los créditos de compromiso para los Estados miembros; decisiones en las que se fije el importe que debe transferirse de la asignación del Fondo de Cohesión de cada Estado miembro al Mecanismo "Conectar Europa"; decisiones en las que se fije el importe que debe transferirse de la asignación de los Fondos Estructurales de cada Estado miembro a la ayuda para las personas necesitadas; decisiones de aceptación de transferencias de parte de los créditos para el objetivo de cooperación territorial europea al de inversión en crecimiento y empleo; decisiones sobre la realización, o no, de correcciones financieras en caso de incumplimiento del criterio de adicionalidad; decisiones por las que se adopten y modifiquen programas operativos; decisiones que denieguen la contribución financiera a un gran proyecto; decisiones sobre la aprobación de una contribución financiera para un gran proyecto seleccionado y la ampliación del plazo para la realización de las condiciones relativas a la aprobación de grandes proyectos, y decisiones sobre planes de acción conjuntos; y, por lo que se refiere al FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión y el FEMP, decisiones por las que no se aprueben las cuentas y sobre el importe exigible en caso de no aprobarse las cuentas, decisiones de suspensión de pagos intermedios y decisiones sobre correcciones financieras.

(125) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución con respecto al modelo que debe utilizarse para presentar el informe de evolución, el modelo de programa operativo para los Fondos; el formato para informar sobre grandes proyectos y la metodología que debe utilizarse al efectuar el análisis coste-beneficio; el formato para la información sobre grandes proyectos; el modelo de plan de acción conjunto; el modelo de los informes de ejecución anual y final; la frecuencia de la presentación de informes sobre irregularidades y el formato que debe utilizarse; el modelo de declaración de fiabilidad y los modelos de la estrategia de auditoría, del dictamen y del informe de control anual. Dichas competencias de ejecución deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (19).

(126) Con el fin de garantizar la necesaria contribución y una mejor participación de los Estados miembros cuando la Comisión ejerce sus competencias de ejecución con el fin de aplicar el presente Reglamento en determinados ámbitos políticos particularmente sensibles relativos a los Fondos EIE, y con el fin de fortalecer el papel de los Estados miembros en la adopción de condiciones uniformes al respecto o de otras medidas ejecutivas con implicaciones sustanciales o que pueden tener un impacto significativo en la economía nacional, el presupuesto nacional o el correcto funcionamiento de la administración pública de los Estados miembros, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de examen establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011 los actos de ejecución relativos a la metodología para facilitar información sobre el apoyo a los objetivos del cambio climático; las disposiciones concretas para garantizar un enfoque coherente al determinar, en el marco de rendimiento, los hitos y metas para cada prioridad y al evaluar el logro de dichos hitos y metas; las condiciones generales para el seguimiento de los instrumentos financieros; las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa gestionadas por los organismos que ejecuten los instrumentos financieros; un modelo para el acuerdo de financiación relativo a la garantía ilimitada conjunta y a los instrumentos financieros titulizados en favor de pymes; los modelos que deben utilizarse al presentar información adicional relativa a los instrumentos financieros con las solicitudes de pago a la Comisión y al informar a esta sobre los instrumentos financieros; las condiciones del sistema de intercambio electrónico de datos a efectos de gestión y control; la nomenclatura en la que deba basarse la definición de categorías de intervención relativas a los ejes de prioridad de los programas operativos; el formato de la notificación del gran proyecto seleccionado; las características técnicas de las medidas de información y comunicación para la operación y las instrucciones para crear el emblema y la definición de los colores normalizados; el modelo que debe utilizarse al facilitar los datos financieros a la Comisión con fines de control; normas específicas sobre el intercambio de información entre beneficiarios y autoridades de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos intermedios; el modelo del informe y del dictamen del organismo de auditoría independiente y la descripción de las funciones y los procedimientos vigentes destinados a las autoridades de gestión y, en su caso, de las autoridades de certificación; las especificaciones técnicas del sistema de gestión y control; así como los modelos de las solicitudes de pago y de las cuentas.

(127) En el caso de determinados actos de ejecución que deben adoptarse de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011, el impacto y las implicaciones potenciales son de tal magnitud para los Estados miembros que está justificada la aplicación de una excepción respecto de la regla general. Como consecuencia, si el Comité no emite dictamen alguno, la Comisión no debe adoptar el proyecto de acto de ejecución. Dichos actos de ejecución se refieren al establecimiento de la metodología para facilitar información sobre el apoyo a los objetivos relativos al cambio climático; la determinación de la metodología de definición de los hitos y metas en el marco de rendimiento; el establecimiento de las condiciones generales en relación con los instrumentos financieros; la fijación de las modalidades de transferencia y gestión de las contribuciones de los programas con respecto a determinados instrumentos financieros; la adopción del modelo de