ES Diario Oficial de la Unión Europea L 193/1

REGLAMENTO (UE) NO 702/2014 DE LA COMISIÓN

de 25 de junio de 2014

por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (1), y, en particular, su artículo 1, apartado 1, letras a) y b),

Previa publicación de un proyecto del presente Reglamento de conformidad con el artículo 6 y el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) no 994/98,

Previa consulta al Comité Consultivo sobre Ayudas Estatales,

Considerando lo siguiente:

(1) La financiación estatal que cumple los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado constituye ayuda estatal y debe notificarse a la Comisión en virtud de su artículo 108, apartado 3. No obstante, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, el Consejo puede determinar las categorías de ayudas que quedan exentas de esta obligación de notificación. De acuerdo con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión puede adoptar reglamentos relativos a estas categorías de ayudas. El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión a declarar, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, que determinadas categorías de ayudas pueden quedar exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado. Sobre la base de dicho Reglamento, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión (2), aplicable hasta el 30 de junio de 2014.

(2) El 22 de julio de 2013, el Reglamento (CE) no 994/98 fue modificado por el Reglamento (UE) no 733/2013 del Consejo (3) a fin de facultar a la Comisión para ampliar la exención por categorías a nuevas categorías de ayudas, respecto de las cuales pueden definirse condiciones claras de compatibilidad. Estas nuevas categorías de ayudas en los sectores agrícola y forestal deben incluir las ayudas en favor de la conservación del patrimonio, las ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales y las ayudas en favor de la silvicultura que, en determinadas condiciones, pueden estar exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado.

(3) Según el artículo 42 del Tratado, las normas de competencia son aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo. El artículo 211, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), prevé que las normas sobre ayudas estatales se apliquen a las ayudas a la producción y al comercio de productos agrícolas, salvo determinadas excepciones. El artículo 211, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1308/2013, establece que las normas sobre ayudas estatales no se apliquen a los pagos efectuados por los Estados miembros en virtud de las medidas previstas en dicho Reglamento financiadas total o parcialmente por la Unión ni de las medidas incluidas en los artículos 213 a 218 de dicho Reglamento. Por otra parte, las normas sobre ayudas estatales no se aplican a los pagos efectuados por los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) no 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) ni a la financiación suplementaria nacional en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado. Dichos pagos destinados a ofrecer financiación suplementaria nacional en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado deben cumplir los criterios del Reglamento (UE) no 1305/2013 para poder ser autorizados por la Comisión como parte del programa de desarrollo rural de un determinado Estado miembro. Sin embargo, en el caso de las medidas excluidas del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado, las normas sobre ayudas estatales se aplican tanto a la parte cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) como a la financiación nacional suplementaria.

(4) Como los efectos económicos de la ayuda no varían en función de si es financiada o no en parte por la Unión, o si es financiada únicamente por un Estado miembro, debe haber congruencia y coherencia entre la política de la Comisión en materia de control de las ayudas estatales y la ayuda que se conceda al amparo de la política agrícola común y la de desarrollo rural de la propia Unión.

(5) Por consiguiente, el ámbito de aplicación del presente Reglamento debe adecuarse al del Reglamento (UE) no 1305/2013, en particular en lo que atañe a la ayuda en favor del sector forestal y las ayudas en favor de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME) activas en zonas rurales. El presente Reglamento debe aplicarse a las medidas de ayuda en favor de la silvicultura y en favor de las PYME activas en las zonas rurales excluidas del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado que están cubiertas por el Reglamento (UE) no 1305/2013 únicamente en tanto que tales medidas estén incluidas en programas de desarrollo rural y sean cofinanciadas por el Feader. Por otro lado, el presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas a empresas en zonas rurales para actividades excluidas del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado ni al sector forestal cuando no exista un vínculo directo con los programas de desarrollo rural ni sean cofinanciadas por el Feader. Sin embargo, las ayudas para transferencia de conocimientos y actividades de información en el sector forestal y las ayudas para servicios de asesoramiento en el sector forestal deben poder concederse fuera del ámbito de los programas de desarrollo rural enteramente financiados por los Estados miembros, a condición de que cumplan las correspondientes condiciones de compatibilidad establecidas en el presente Reglamento.

(6) De acuerdo con el artículo 81, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1305/2013, los Estados miembros deben disponer de un procedimiento simplificado en el momento de obtener la autorización de la ayuda estatal tanto para la parte cofinanciada como para la financiación suplementaria de sus programas de desarrollo rural. A este respecto, dicha ayuda debe estar exenta de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado a condición de que cumpla las condiciones de compatibilidad correspondientes establecidas en el presente Reglamento.

(7) Con la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 8 de mayo de 2012, titulada «Modernización de las ayudas estatales en la UE» (6), la Comisión puso en marcha una revisión más amplia de las normas relativas a estas ayudas. Los principales objetivos de esta modernización son los siguientes: i) conseguir un crecimiento sostenible, inteligente e integrador en un mercado interior competitivo, que contribuya al mismo tiempo a los esfuerzos de los Estados miembros por utilizar de forma más eficiente los fondos públicos, ii) concentrar el examen ex ante de la Comisión en los asuntos que tengan mayor incidencia sobre el mercado interior, reforzando al mismo tiempo la cooperación de los Estados miembros en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, y iii) simplificar las normas y agilizar y racionalizar las decisiones, fundamentándolas en una motivación económica clara, un planteamiento común y unas obligaciones inequívocas.

(8) El presente Reglamento debe tener en cuenta una mejor priorización de las actividades de ejecución de la ayuda estatal y una mayor simplificación y debe reforzar la transparencia, la evaluación efectiva y el control del cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales a nivel nacional y de la Unión, preservando al mismo tempo las competencias institucionales de la Comisión y de los Estados miembros. De conformidad con el principio de proporcionalidad, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(9) La Comisión ha aplicado en numerosas ocasiones los artículos 107 y 108 del Tratado a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, en particular en el marco del Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión, el Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión (7) y las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (8). La Comisión ha adquirido, pues, una experiencia considerable en este ámbito que le ha permitido, por una parte, definir mejor las condiciones en las que determinadas categorías de ayudas pueden considerarse compatibles con el mercado interior y ampliar el ámbito de aplicación de las exenciones por categorías y, por otra, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la transparencia, así como de controlar y de prever una adecuada evaluación de los grandes regímenes, teniendo en cuenta sus efectos sobre la competencia en el mercado interior.

(10) Las condiciones generales de aplicación del presente Reglamento deben definirse sobre la base de un conjunto de principios comunes que garanticen que las ayudas contribuyen a un objetivo de interés común, tienen un efecto incentivador claro, son apropiadas y proporcionadas, se conceden con plena transparencia y están sujetas a un mecanismo de control y a una evaluación periódica y no alteran las condiciones de los intercambios comerciales de forma contraria al interés común.

(11) Las ayudas que reúnan todas las condiciones establecidas en el presente Reglamento, tanto generales como específicas de la categoría de ayudas pertinente, deben quedar exentas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. Con el fin de garantizar una supervisión eficaz y una gestión simplificada, pero sin mermar la capacidad de control de la Comisión, la ayuda exenta (regímenes de ayudas y ayudas individuales) debe incluir una referencia expresa al presente Reglamento.

(12) Las ayudas estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado, no contempladas en el presente Reglamento, continúan sujetas a la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros notifiquen las ayudas cuyos objetivos correspondan a objetivos en él previstos.

(13) Teniendo en cuenta el mayor impacto potencial de los grandes regímenes en los intercambios comerciales y la competencia, los regímenes cuyo presupuesto medio anual en ayudas estatales rebase un determinado umbral basado en un valor absoluto deben someterse, en principio, a evaluación. Esta evaluación ha de tener por objeto comprobar si se cumplen las hipótesis y condiciones para la compatibilidad del régimen, así como verificar la eficacia de la medida de ayuda a la luz de sus objetivos generales y específicos, y debe proporcionar indicaciones sobre el impacto del régimen en la competencia y el comercio. Con el fin de garantizar la igualdad de trato, la evaluación de las ayudas estatales debe llevarse a cabo sobre la base de un plan de evaluación aprobado por la Comisión. Si bien este plan normalmente debe estar preparado en el momento de la concepción del régimen y aprobado a tiempo para que el régimen pueda entrar en vigor, esto puede no ser posible en todos los casos. Por tanto, a fin de no demorar su entrada en vigor, el presente Reglamento será aplicable a dichos regímenes durante un período máximo de seis meses. La Comisión podrá decidir prorrogar este período, tras la aprobación del plan de evaluación. A tal efecto, el plan de evaluación debe notificarse a la Comisión en el plazo de 20 días hábiles a partir de la entrada en vigor del régimen. La Comisión también puede decidir, con carácter excepcional, que la evaluación no es necesaria habida cuenta de las especificidades del caso. La Comisión debe recibir del Estado miembro la información necesaria para poder examinar el plan de evaluación y solicitar información adicional sin demora injustificada que permita al Estado miembro completar los elementos que falten, de forma que la Comisión pueda adoptar una decisión. Debido a la novedad que supone este proceso, la Comisión proporcionará, en un documento separado, orientaciones detalladas sobre el procedimiento aplicable durante el período de seis meses para la aprobación del plan de evaluación y las correspondientes plantillas que deberán utilizarse para presentar este plan. Las modificaciones de los regímenes objeto de evaluación, distintas de las modificaciones que no puedan afectar a la compatibilidad del régimen de ayudas con arreglo al presente Reglamento o que no puedan afectar de forma significativa al contenido del plan de evaluación aprobado, deben examinarse teniendo en cuenta el resultado de dicha evaluación y excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento. No debe considerarse, en principio, que las modificaciones que constituyan un cambio de naturaleza puramente formal, las modificaciones administrativas o las que se lleven a cabo en el marco de las medidas cofinanciadas por la UE afectan de forma significativa al contenido del plan de evaluación.

(14) El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados ni a las ayudas a las actividades relacionadas con la exportación. No debe aplicarse, en particular, a las ayudas destinadas a financiar el establecimiento y la explotación de redes de distribución en otro Estado miembro o tercer país. Las ayudas destinadas a los gastos de participación en ferias comerciales o de estudios o servicios de consultoría, necesarios para el lanzamiento de un producto nuevo o existente en un nuevo mercado de otro Estado miembro o de un tercer país, no deben constituir normalmente ayudas a actividades relacionadas con la exportación.

(15) La Comisión debe velar por que las ayudas autorizadas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés general. Por consiguiente, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento las ayudas concedidas a beneficiarios que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de las ayudas destinadas a indemnizar los daños causados por determinados desastres naturales.

(16) Las ayudas concedidas a empresas en crisis deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que tales ayudas deben evaluarse con arreglo a las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (9) o las Directrices que las sustituyan, a fin de evitar su elusión, con excepción, en determinadas condiciones, de las ayudas concedidas para compensar los daños causados por desastres naturales, por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural, por enfermedades animales o plagas vegetales y las ayudas para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales, fenómenos climáticos adversos, plagas, enfermedades, catástrofes y sucesos derivados del cambio climático, tal como se establece en el presente Reglamento. Además, por razones de protección de la salud pública y teniendo en cuenta la situación de emergencia, no debe hacerse ninguna distinción, en determinadas condiciones, con respecto a la situación económica de una empresa en el caso de las ayudas para los costes de erradicación de enfermedades animales y para la destrucción y eliminación del ganado muerto. En aras de la seguridad jurídica, conviene establecer criterios claros que no requieran una evaluación de todas las particularidades de la situación de una empresa para determinar si ha de considerarse que está en crisis a efectos del presente Reglamento.

(17) Si una ayuda estatal o las condiciones inherentes a la misma, incluido su método de financiación cuando este forme parte integrante de la ayuda, entrañan de forma indisociable una infracción de la legislación de la Unión, la ayuda no puede ser declarada compatible con el mercado interior. Por lo tanto, el presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas que entrañen de forma indisociable una infracción de la legislación de la Unión.

(18) La aplicación de las ayudas estatales depende en gran medida de la cooperación de los Estados miembros. Así pues, estos deben tomar todas las medidas necesarias para velar por el cumplimiento del presente Reglamento, incluido el cumplimiento de las ayudas individuales concedidas al amparo de regímenes de exención por categorías.

(19) Puesto que las ayudas de gran cuantía presentan un riesgo elevado de alterar las condiciones de los intercambios comerciales, es conveniente que sean evaluadas individual o conjuntamente por la Comisión tras su notificación. Por consiguiente, para determinadas categorías de ayudas a la inversión incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, deben fijarse umbrales por importe máximo de ayuda en un nivel que tenga en cuenta la categoría de la ayuda y sus posibles repercusiones en las condiciones de los intercambios comerciales. Cualquier ayuda que rebase dichos umbrales debe seguir sujeta a la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado. Los umbrales establecidos en el presente Reglamento no deben ser eludidos mediante la división artificial de los regímenes de ayudas o los proyectos de ayudas, por ejemplo en varios regímenes o proyectos de características, objetivos o beneficiarios similares. No debe considerarse que otras categorías de ayudas tienen un alto riesgo de afectar desfavorablemente a las condiciones de los intercambios comerciales, en la medida en que satisfagan las condiciones de compatibilidad y las intensidades máximas de ayuda o los importes máximos de ayuda establecidos en el presente Reglamento.

(20) En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la eficacia del seguimiento, el presente Reglamento solo debe aplicarse a las ayudas cuyo equivalente en subvención bruta pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo (ayudas transparentes).

(21) Con respecto a determinados instrumentos de ayuda específicos, como préstamos, garantías, medidas fiscales y, en particular, anticipos reembolsables, el presente Reglamento debe definir en qué condiciones esos instrumentos pueden considerarse transparentes. Las ayudas comprendidas en garantías deben considerarse transparentes si el equivalente en subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas para el correspondiente tipo de empresa. Por ejemplo, en el caso de las PYME, la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (10) indica los niveles de las primas anuales por encima de los cuales una garantía estatal no se consideraría constitutiva de ayuda. También debe considerarse transparente si, antes de la aplicación de la medida, la metodología utilizada para calcular la intensidad de la ayuda de la garantía estatal ha sido notificada a la Comisión y aceptada por esta de conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía. A los efectos del presente Reglamento, no se considerarán ayudas transparentes las ayudas comprendidas en medidas de financiación de riesgos ni las inyecciones de capital.

(22) Siempre deben notificarse a la Comisión las ayudas que de otro modo estarían incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, pero que no son transparentes. La notificación de ayuda no transparente debe ser examinada por la Comisión especialmente a la luz de los criterios establecidos en las Directrices de la Unión Europea sobre las ayudas estatales en el sector agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 (11) o en los demás encuadramientos, directrices, comunicaciones y anuncios pertinentes.

(23) Con objeto de garantizar que las ayudas son necesarias y sirven de incentivo para desarrollar determinadas actividades o proyectos, el presente Reglamento no debe aplicarse a aquellas ayudas destinadas a actividades o proyectos que el beneficiario llevaría a cabo de todas formas, incluso en ausencia de las ayudas. No deben concederse ayudas con carácter retroactivo por actividades o proyectos que el beneficiario ya haya emprendido. Las ayudas solo deben quedar exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado de acuerdo con el presente Reglamento en caso de que la actividad o el trabajo en el proyecto subvencionado empiece después de que el beneficiario haya presentado por escrito una solicitud de ayuda.

(24) En lo que atañe a cualesquiera ayuda ad hoc cubierta por el presente Reglamento concedida a un beneficiario que sea un gran empresa, el Estado miembro también debe garantizar, además de las condiciones sobre el efecto incentivador aplicable a las PYME, que el beneficiario haya analizado, en un documento interno, la viabilidad del proyecto o actividad objeto de la ayuda con y sin ella. El Estado miembro debe verificar que este documento interno confirma un incremento sustancial del alcance del proyecto o actividad, un incremento sustancial del importe total desembolsado por el beneficiario en el proyecto o actividad objeto de la ayuda o una aceleración sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate. También debe ser posible acreditar el efecto incentivador sobre la base de que, de no ser por la ayuda, el proyecto de inversión o la actividad no se habrían llevado a cabo en la zona rural en cuestión.

(25) Los regímenes de ayuda automáticos en forma de ventajas fiscales deben seguir estando sujetos a una condición específica en cuanto al efecto incentivador, teniendo en cuenta que las ayudas resultantes de estos regímenes de ayudas se conceden en el marco de procedimientos distintos de los de las demás categorías de ayudas. Esa condición específica significa que esos regímenes de ayudas deben haberse adoptado antes de que se inicien las tareas o los trabajos del proyecto o actividad objeto de la ayuda. Sin embargo, esta condición no debe aplicarse a los regímenes fiscales sucesores, siempre que la actividad ya se encontrase cubierta por los regímenes fiscales anteriores en forma de ventajas fiscales. Para la evaluación del efecto incentivador de dichos regímenes de ayudas, el momento crucial es aquel en que la medida fiscal se haya establecido por primera vez en el régimen original, que luego es sustituido por el régimen sucesor.

(26) En lo que atañe a las ayudas para la ordenación territorial, las medidas de promoción en forma de publicaciones destinadas a aumentar la concienciación sobre los productos agrícolas entre el público en general, las ayudas destinadas a compensar las pérdidas ocasionadas por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural, las ayudas destinadas a compensar los costes de la erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y las pérdidas causadas por tales enfermedades animales o plagas vegetales, las ayudas destinadas a sufragar los costes de retirada y destrucción del ganado muerto, las ayudas para investigación y desarrollo, las ayudas destinadas a indemnizar los daños causados por desastres naturales y las ayudas a las inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural en la explotación agrícola, la existencia de un efecto incentivador no debe exigirse o debe presumirse si se cumplen las condiciones específicas establecidas para estas categorías de ayudas en el presente Reglamento.

(27) Con el fin de garantizar que las ayudas son proporcionadas y se circunscriben al importe necesario, siempre que sea posible los importes máximos de ayuda deben expresarse en términos de intensidades de ayuda en relación con un conjunto de costes subvencionables. Cuando no pueda fijarse la intensidad máxima de ayuda por la imposibilidad de determinar los costes subvencionables o a fin de facilitar instrumentos más sencillos cuando se trate de pequeñas cantidades, deben establecerse importes máximos de ayuda definidos en términos nominales, con objeto de garantizar la proporcionalidad de la ayuda. A la luz de la experiencia de la Comisión, la intensidad de la ayuda y los importes máximos de ayuda deben fijarse en niveles que minimicen el falseamiento de la competencia en el sector beneficiario y consigan al mismo tiempo el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades económicas de los beneficiarios en el sector agrícola, las zonas rurales o el sector forestal. En aras de la coherencia con las medidas de desarrollo rural financiadas por la Unión, los límites máximos deben armonizarse con los establecidos en el Reglamento (UE) no 1305/2013, en la medida en que esté en consonancia con los principios de ayuda estatal.

(28) Para el cálculo de la intensidad de ayuda, solo deben incluirse los costes subvencionables. El Reglamento no debe eximir las ayudas que rebasen la intensidad de ayuda pertinente como consecuencia de la inclusión de costes no subvencionables. La identificación de los costes subvencionables debe estar sustentada por pruebas documentales claras, concretas y actuales. Todas las cifras utilizadas deben entenderse antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas. La ayuda pagadera en varios plazos debe actualizarse a su valor en el momento de su concesión. Los costes subvencionables también deben actualizarse a su valor en el momento de la concesión de la ayuda. El tipo de interés que debe emplearse a efectos de actualización y para calcular el importe de las ayudas en caso de que no consistan en subvenciones debe ser, respectivamente, el tipo de actualización y el tipo de referencia aplicables en la fecha de concesión de la ayuda, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (12). Si la ayuda se concede en cualquier forma distinta a la subvención, el importe de la ayuda debe expresarse en equivalente en subvención bruta. Cuando las ayudas se concedan en forma de beneficios fiscales, los tramos de ayuda deben actualizarse sobre la base de los tipos de actualización aplicables en las distintas fechas en que se hagan efectivos dichos beneficios. Debe fomentarse la utilización de ayudas en forma de anticipos reembolsables, ya que dichos instrumentos de riesgo compartido contribuyen a reforzar el efecto incentivador de la ayuda. Conviene, por tanto, establecer que cuando la ayuda se conceda en forma de anticipos reembolsables puedan incrementarse las intensidades de ayuda aplicables previstas en el presente Reglamento.

(29) En el caso de los beneficios fiscales sobre futuros impuestos, el tipo de actualización aplicable y el importe exacto de los tramos de ayuda puede no conocerse de antemano. En este caso, los Estados miembros deben fijar previamente un límite para el valor actualizado de la ayuda que respete la intensidad de ayuda aplicable. Posteriormente, cuando se conozca el importe del tramo de ayuda en una fecha determinada, podrá calcularse la actualización sobre la base del tipo de actualización aplicable en ese momento. El valor actualizado de cada tramo de ayuda debe descontarse del importe global del límite (importe máximo).

(30) Para determinar si se respetan los umbrales de notificación individual y las intensidades máximas de ayuda o los importes máximos de ayuda establecidos en el presente Reglamento, debe tenerse en cuenta el importe total de la ayuda estatal concedida a la actividad o al proyecto de que se trate. Además, el presente Reglamento debe especificar en qué circunstancias pueden acumularse diferentes categorías de ayudas. Las ayudas exentas de notificación en virtud del presente Reglamento y cualquier otra ayuda compatible exenta en virtud de otro Reglamento o aprobada por la Comisión podrán acumularse siempre y cuando dichas medidas se refieran a costes subvencionables identificables diferentes. Cuando diferentes fuentes de ayuda se refieran a los mismos costes subvencionables identificables, parcial o totalmente solapados, debe autorizarse la acumulación si no supera la intensidad de ayuda o el importe de ayuda más elevados aplicables a dicha ayuda en virtud del presente Reglamento. El presente Reglamento también debe establecer normas especiales para la acumulación de ayudas con y sin costes subvencionables identificables y para la acumulación con ayudas de minimis. Las ayudas de minimis no suelen concederse o atribuirse a costes subvencionables identificables específicos. En tal caso, debe ser posible acumular libremente las ayudas de minimis con las ayudas estatales exentas en virtud del presente Reglamento. No obstante, cuando las ayudas de minimis se concedan para los mismos costes subvencionables identificables que las ayudas estatales exentas en virtud del presente Reglamento, la acumulación únicamente debe autorizarse hasta la intensidad máxima de la ayuda establecida en el anexo III del presente Reglamento.

(31) La financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros órganos de la Unión, que no esté directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro no constituye ayuda estatal. En caso de que dicha financiación de la Unión se combine con una ayuda estatal, únicamente esta última debe tomarse en consideración para determinar si se respetan los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda, siempre que el importe total de la financiación pública concedida en relación con los mismos costes subvencionables no exceda del porcentaje de financiación más favorable establecido en las normas aplicables del Derecho de la Unión.

(32) Dado que las ayudas estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado están, en principio, prohibidas, es importante que para todas las partes sea posible comprobar si una ayuda se concede de conformidad con las normas aplicables. Por consiguiente, la transparencia de las ayudas estatales es esencial para la correcta aplicación de las normas del Tratado y propicia un mejor cumplimiento, una mayor rendición de cuentas, la revisión inter pares y, en definitiva, un gasto público más eficaz. Para garantizar la transparencia, procede instar a los Estados miembros a crear sitios web completos sobre ayudas estatales, a nivel regional o nacional, que contengan información resumida relativa a cada medida de ayuda exenta en virtud del presente Reglamento. La compatibilidad de la ayuda con el mercado interior debe quedar supeditada al cumplimiento de esa obligación. Conforme a la práctica habitual en relación con la publicación de información, establecida en la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), debe utilizarse un formato estándar que permita buscar, descargar y publicar fácilmente la información en Internet. Los enlaces a los sitios web de todos los Estados miembros deben publicarse en el sitio web de la Comisión. De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 994/98, modificado por el Reglamento (UE) no 733/2013, debe publicarse en el sitio web de la Comisión un resumen de la información relativa a cada medida de ayuda exenta en virtud del presente Reglamento.

(33) En lo que atañe a la publicación de información sobre ayudas individuales concedidas, procede fijar límites por encima de los cuales dicha publicación puede considerarse proporcionada teniendo en cuenta la importancia de la ayuda. Basándose en la evaluación de los regímenes de ayuda a la inversión en el sector agrícola primario con el gasto anual más elevado presentado en el marco del Informe anual sobre el ejercicio de 2013 que pueden considerarse más distorsionadores que las demás categorías de ayudas, la Comisión ha establecido un importe medio de ayuda por beneficiario de 59 596 EUR. Con el fin de limitar la carga administrativa de los Estados miembros, procede, por tanto, fijar en 60 000 EUR el límite para la publicación de información sobre ayudas individuales concedidas a los productores agrícolas primarios. Teniendo en cuenta que la transformación y la comercialización de productos agrícolas es similar a la de los productos industriales, procede ajustar el límite para la publicación de información sobre ayudas individuales concedidas a los beneficiarios en estos subsectores, así como en el sector forestal y en las actividades que quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado, al límite establecido en el Reglamento (UE) no 651/2014 de la Comisión (14).

(34) Para garantizar un seguimiento eficaz procede establecer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 994/98, un formulario normalizado mediante el cual los Estados miembros deben facilitar a la Comisión información resumida cada vez que, en cumplimiento del presente Reglamento, se aplique un régimen de ayudas o se conceda una ayuda individual al margen de cualquier régimen de ayudas. Además, procede establecer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión (15) y en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) no 994/98, normas relativas a la presentación de informes anuales que los Estados miembros deben presentar a la Comisión sobre las ayudas exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Reglamento, que incluyan requisitos específicos para determinadas categorías de ayudas.

(35) Habida cuenta de la amplia disponibilidad de la tecnología necesaria, la información resumida y el informe anual deben presentarse en formato electrónico y enviarse a la Comisión a través de los sistemas electrónicos de que dispone esta.

(36) Además, procede establecer, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) no 994/98, normas relativas a los registros que los Estados miembros deben llevar sobre las ayudas exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado en virtud del presente Reglamento, habida cuenta del período de prescripción establecido por el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo (16).

(37) Para reforzar la eficacia de las condiciones de compatibilidad establecidas en el presente Reglamento, conviene prever la posibilidad de que la Comisión retire el beneficio de la exención por categorías a futuras medidas de ayuda en caso de incumplimiento de dichos requisitos. La Comisión debe tener la posibilidad de restringir la retirada del beneficio de la exención por categorías a determinados tipos de ayudas, a determinados beneficiarios o a medidas de ayuda adoptadas por determinadas autoridades, cuando el incumplimiento del presente Reglamento solo afecte a un grupo limitado de medidas o a determinadas autoridades. Esta retirada selectiva debe representar una solución proporcionada directamente vinculada al incumplimiento constatado del presente Reglamento. En caso de que no se cumplan las condiciones de compatibilidad establecidas en los capítulos I y III, las ayudas concedidas no quedarán cubiertas por el presente Reglamento y constituirán, por consiguiente, ayudas ilegales, que la Comisión examinará en el marco del procedimiento pertinente contemplado en el Reglamento (CE) no 659/1999. En caso de incumplimiento de los requisitos previstos en el capítulo II, la retirada del beneficio de la exención por categorías por lo que se refiere a futuras medidas de ayuda no afectará al hecho de que las anteriores medidas conformes con el presente Reglamento hayan sido objeto de exención por categorías.

(38) Visto lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, las ayudas no deben tener como única consecuencia la reducción permanente o periódica de los costes de explotación que tendría que soportar, en condiciones normales, el beneficiario, y deben ser proporcionales a los obstáculos que han de superarse para lograr aquellos beneficios socioeconómicos que se considera que revierten en interés de la Unión. Las ayudas estatales unilaterales cuyo objetivo simplemente se limita a la mejora de la situación financiera del productor, sin contribuir en modo alguno al desarrollo del sector, y, especialmente, las que se conceden únicamente sobre la base del precio, la cantidad, la unidad de producción o la unidad de medios de producción, deben considerarse ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado interior. Además, si se conceden en el sector de la agricultura, estas ayudas suelen perturbar el mecanismo de las organizaciones comunes de mercado. Procede, por lo tanto, limitar el ámbito de aplicación del presente Reglamento a determinados tipos de ayudas.

(39) Las PYME desempeñan una función decisiva en la creación de empleo y, en términos más generales, constituyen un factor de estabilidad social y dinamizan la economía. No obstante, su desarrollo puede verse limitado por las deficiencias del mercado, lo que hace que sufran una serie de trabas características. A menudo tienen dificultades para obtener capital o créditos, dadas las reticencias de determinados mercados financieros a asumir riesgos y las escasas garantías que aquellas pueden ofrecer. Sus limitados recursos también pueden restringir sus posibilidades de acceso a la información, especialmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y los mercados potenciales. Para facilitar el desarrollo de las actividades económicas de las PYME, el presente Reglamento debe, por lo tanto, eximir determinadas categorías de ayudas en favor de las PYME de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado.

(40) Con objeto de eliminar diferencias que puedan dar pie a falseamientos de la competencia y facilitar la coordinación entre las distintas iniciativas nacionales y de la Unión relativas a las PYME, así como por razones de claridad administrativa y seguridad jurídica, la definición de «PYME» utilizada a efectos del presente Reglamento debe basarse en las definiciones establecidas en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (17).

(41) Con objeto de garantizar la coherencia con la política de desarrollo rural y conseguir la simplificación de las normas sobre la base de la experiencia ya adquirida por la Comisión con la aplicación del Reglamento (CE) no 1857/2006 y el Reglamento (CE) no 800/2008, procede eximir de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado, diferentes categorías de ayudas en favor de las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria, la transformación y la comercialización de productos agrícolas.

(42) Estas categorías de ayudas deben englobar, en particular, las ayudas a la inversión (inversiones en activos materiales o inmateriales o para el traslado de edificios agrícolas), las ayudas destinadas a la creación de empresas y oportunidades comerciales (ayudas para jóvenes agricultores y pequeñas explotaciones, ayudas para agrupaciones de productores y ayudas para la participación en regímenes de calidad), las ayudas para facilitar el desarrollo empresarial (ayudas a la transferencia de conocimientos y a las actividades de información, para servicios de consultoría, para actividades de promoción, para servicios de sustitución en las explotaciones), las ayudas para la gestión del riesgo y las crisis (ayudas para compensar las pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos asimilables a desastres naturales, ayudas para los costes de la prevención y erradicación de las enfermedades animales y las plagas vegetales y las ayudas para el pago de primas de seguros), así como las ayudas para el sector ganadero que persigan objetivos públicos comunes, como la preservación de la calidad genética y la protección de la salud pública y la sanidad animal. El principal objetivo de estas ayudas debe ser aumentar la competitividad y la viabilidad de todo el sector agrícola.

(43) Por otra parte, las ayudas concedidas en favor de las PYME activas en las zonas rurales también deben quedar exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado, en virtud del presente Reglamento. En este sentido y en aras de la coherencia entre las medidas de desarrollo rural cofinanciadas en virtud del FEADER y las medidas financiadas con recursos nacionales adicionales, las normas previstas en el presente Reglamento deben ser coherentes en la medida de lo posible con las previstas en el Reglamento (UE) no 1305/2013 y en los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de dicho Reglamento.

(44) Otras categorías de ayudas como las ayudas para investigación y desarrollo en los sectores agrícola y forestal, las ayudas destinadas a indemnizar los daños causados por desastres naturales en el sector agrícola, las ayudas para inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural situado en las explotaciones agrícolas y las ayudas en favor de la silvicultura, concedidas tanto a las PYME como a las grandes empresas, deben quedar exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado. En particular, en lo que atañe a la ayuda en favor de la silvicultura y en aras de la coherencia entre las medidas de desarrollo rural cofinanciadas en virtud del FEADER y las medidas financiadas con recursos nacionales adicionales o las medidas financiadas exclusivamente a través de ayudas estatales, las normas previstas en el presente Reglamento deben ser coherentes en la medida de lo posible con las previstas en el Reglamento (UE) no 1305/2013 y en los actos delegados y de ejecución.

(45) Las ayudas concedidas a las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria, a la transformación y comercialización de productos agrícolas, las ayudas para investigación y desarrollo, las ayudas en favor del sector forestal o las ayudas en favor de las PYME en las zonas rurales para actividades excluidas del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado también pueden quedar exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) no 651/2014. Cuando los Estados miembros lo consideren más adecuado, podrán elegir, alternativamente, conceder ayudas incluidas en las categorías antes mencionadas de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) no 651/2014. En particular, los Estados miembros pueden optar por conceder a las PYME activas en la producción agrícola primaria ayudas regionales de funcionamiento para compensar los costes adicionales distintos de los costes de transporte en las regiones ultraperiféricas, ayudas para servicios de consultoría en favor de las PYME, ayudas a la financiación de riesgo, ayudas para investigación y desarrollo, ayudas a la innovación en favor de las PYME, ayudas en favor del medio ambiente, ayudas a la formación y ayudas a los trabajadores desfavorecidos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) no 651/2014. En este contexto, y para aclarar la relación entre el ámbito de aplicación del presente Reglamento y el Reglamento (UE) no 651/2014, debe subrayarse que los objetivos, las categorías de ayuda y las condiciones de concesión de la ayuda establecidas en los dos Reglamentos son diferentes, aunque puedan dirigirse al mismo tipo de beneficiarios.

(46) Con el fin de mejorar los resultados económicos y medioambientales y la eficiencia de las PYME activas en sector agrícola, proporcionar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la agricultura y apoyar las inversiones no remuneradoras necesarias para alcanzar objetivos medioambientales, deben concederse ayudas para inversiones en activos materiales o inmateriales que contribuyan a alcanzar estos objetivos. Estas inversiones deben cumplir la normativa de la Unión y la legislación nacional de los Estados miembros de que se trate en materia de protección medioambiental. Además, en el caso de las inversiones que requieran una evaluación de impacto ambiental en aplicación de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (18), la ayuda debe subordinarse a que tal evaluación haya sido realizada y que la autorización de ejecución para el proyecto de inversión de que se trate haya sido otorgada, antes de la fecha de concesión de la ayuda individual.

(47) Debido al riesgo de distorsiones de la competencia que conllevan las ayudas para inversiones con destino específico en el sector de la producción agrícola primaria, las ayudas a las inversiones exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado en virtud del presente Reglamento no deben limitarse a un determinado producto agrícola. Esta condición no debe impedir a ningún Estado miembro excluir ciertos productos agrícolas del ámbito de aplicación de una ayuda específica, especialmente cuando no puedan encontrarse salidas comerciales normales para los mismos. Además, las ayudas a ciertos tipos de inversiones no deben, por sí mismas, beneficiarse de la exención de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado, en virtud del presente Reglamento.

(48) A fin de asegurar un equilibrio adecuado entre minimizar las distorsiones de la competencia y el fomento de la eficiencia en el uso de la energía y los recursos, en caso inversiones en explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria, el presente Reglamento debe prever que la ayuda deba concederse para inversiones vinculadas a la producción, a nivel de las explotaciones agrícolas, de biocarburantes o de energía de fuentes renovables y únicamente cuando esta producción no supere el consumo medio anual de combustible o de energía de la explotación. En tal caso, las ayudas a los biocarburantes solo deben contemplarse en la medida en que se concedan a biocarburantes sostenibles en consonancia con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19).

(49) A fin de incentivar el cambio hacia la producción de formas más avanzadas de biocarburantes, tal como prevén las normas horizontales sobre ayudas estatales en materia de medio ambiente y energía, las ayudas a los biocarburantes basados en cultivos alimentarios deben quedar excluidas del presente Reglamento en el caso de las ayudas para inversiones relacionadas con la transformación de productos agrícolas.

(50) Para incentivar y facilitar la instalación inicial de jóvenes agricultores y el desarrollo de pequeñas explotaciones agrícolas potencialmente viables desde el punto de vista económico, procede eximir de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado las ayudas iniciales. A fin de garantizar la viabilidad de las actividades agrícolas recién creadas, la ayuda debe estar sujeta a la presentación de un plan empresarial. La ayuda inicial debe abarcar únicamente el período inicial de existencia de una empresa y no convertirse en una ayuda de funcionamiento.

(51) Con objeto de ayudar al sector agrícola a afrontar los desafíos planteados por el aumento de la competencia y la consolidación de los mercados consumidores de materias primas en relación con la comercialización de sus productos, incluso en los mercados locales, debe alentarse la creación de agrupaciones y organizaciones de productores. Por lo tanto, procede eximir de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado las ayudas estatales para la creación de agrupaciones y organizaciones de productores. Únicamente deben beneficiarse de la ayuda las agrupaciones y organizaciones de productores consideradas PYME. Para garantizar que la agrupación y organización de productores se convierte en una entidad viable, la agrupación de productores debe presentar a la autoridad competente un plan empresarial como condición para su reconocimiento oficial por los Estados miembros. Para evitar la concesión de ayudas de funcionamiento y mantener el efecto incentivador, la duración máxima de la ayuda debe limitarse a cinco años.

(52) Con el fin de aumentar las oportunidades de mercado y obtener valor añadido para los productos agrícolas en cuestión, procede incitar a las PYME a participar en regímenes de calidad de la Unión o nacionales y, por lo tanto, las ayudas para la participación en regímenes de calidad deben estar exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado. La ayuda directa al beneficiario debe limitarse a la participación por primera vez y abarcar un período máximo de cinco años, dado que es en el momento de su incorporación a este tipo de regímenes de calidad y en los primeros años de su participación cuando los costes y las obligaciones suplementarios impuestos a las PYME como resultado de su participación no son compensados totalmente por el mercado. Por otra parte, la ayuda en forma de servicios subvencionados debe concederse para los costes de las medidas de control obligatorias en relación con los regímenes de calidad o para los costes de las actividades de estudio de mercado o para la preparación de solicitudes de reconocimiento de los regímenes de calidad de la Unión.

(53) Con el fin de aumentar la competitividad y la eficiencia de los recursos y mejorar los resultados medioambientales, la gestión sostenible y el rendimiento global de las PYME, procede eximir de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado las ayudas para la transferencia de conocimientos, para las acciones de información, para los servicios de asesoramiento agrícola y para las medidas de promoción.

(54) Una buena gestión del riesgo y las crisis constituye un instrumento esencial para un sector agrícola sostenible y competitivo. La producción agrícola primaria está expuesta a riesgos y crisis específicos de carácter natural, climático y sanitario. Por lo tanto, la ayuda para la gestión del riesgo y las crisis y la ayuda para el sector ganadero debe limitarse a las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria. Las ayudas estatales para compensar las pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos asimilables a desastres naturales, las ayudas para luchar contra las enfermedades animales y las plagas vegetales y las ayudas para el pago de primas de seguros deben limitarse a ayudar a los beneficiarios que se enfrentan con dificultades particulares a pesar de haber realizado esfuerzos razonables para minimizar dichos riesgos. La ayuda estatal no debe incitar a los beneficiarios a correr riesgos innecesarios. Las propias PYME dedicadas a la producción agrícola primaria deben asumir las consecuencias de elecciones imprudentes de métodos de producción o productos.

(55) La Comisión ha aplicado en numerosas ocasiones los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas para la conservación del patrimonio natural y cultural, en particular en el marco de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 y del Reglamento (CE) no 1857/2006. En el período 2007-2013, la ayuda a la inversión para la conservación de paisajes y edificios tradicionales en favor de las PYME ha estado exenta de la obligación de notificación en virtud del Reglamento (CE) no 1857/2006, mientras que la ayuda a la inversión para la conservación de paisajes y edificios tradicionales en favor de grandes empresas ha estado sujeta a la obligación de notificación y a la aprobación de la Comisión de acuerdo con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013. Durante este período, la Comisión ha evaluado más de ochenta y siete ayudas a inversiones relativas a la conservación de paisajes y edificios tradicionales situados en explotaciones agrarias. Los proyectos de conservación del patrimonio, incluso llevados a cabo por grandes empresas, no suelen dar lugar a un falseamiento significativo de la competencia. Procede, por tanto, que la Comisión haga uso de las facultades que le confiere el Reglamento (CE) no 994/98, en lo que atañe a las ayudas para la conservación del patrimonio natural y cultural.

(56) En el caso de las ayudas para la conservación del patrimonio cultural y natural que deben eximirse de la obligación de notificación al amparo del presente Reglamento, dicha exención debe concederse a las inversiones en activos materiales o instalaciones físicas destinadas a la conservación del patrimonio cultural o natural. El patrimonio cultural o natural debe estar situado en la explotación agrícola del beneficiario y haber sido oficialmente reconocido como tal por la autoridad pública competente del Estado miembro. Habida cuenta de que el umbral de notificación de esta ayuda previsto por el presente Reglamento es de 500 000 EUR por proyecto de inversión y que se considera una infraestructura a pequeña escala en virtud de las Directrices de la Unión Europea sobre las ayudas estatales en el sector agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020, procede, en virtud del presente Reglamento, limitar la intensidad de la ayuda hasta el 100 % de los costes subvencionables.

(57) Las situaciones de emergencia causadas por desastres naturales exigen una actuación urgente de las autoridades que conceden las ayudas. Por lo tanto, es importante garantizar la rápida ejecución de las ayudas previstas. La Comisión ha aplicado los artículos 107 y 108 del Tratado en un número considerable de decisiones relativas a la compensación de los daños causados al sector agrícola por desastres naturales. Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 ya cubrían la posibilidad de autorizar regímenes de ayuda para compensar los daños causados por desastres naturales. En el período 2007-2012 y en aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013, la Comisión aprobó más de veinticinco ayudas relativas a la compensación por los daños causados al sector agrícola por desastres naturales. De la experiencia de la Comisión se desprende que tales medidas deben aplicarse con prontitud para que sean eficaces. Consecuentemente, resulta necesario simplificar el procedimiento de notificación de dichas ayudas. Además, debido a su naturaleza compensatoria y a la existencia de criterios claros de compatibilidad con el mercado interior, no provocan una distorsión importante de la competencia en el mercado interior. Procede, por tanto, que la Comisión haga uso también de las facultades que le confiere el Reglamento (CE) no 994/98, en lo que atañe a las ayudas para compensar los daños causados al sector agrícola por desastres naturales.

(58) La ayuda para compensar los daños causados por desastres naturales debe, por lo tanto, ponerse a disposición de las empresas de todo el sector agrario y concederse tanto a las PYME como a las grandes empresas. Las condiciones para eximir la ayuda para compensar los daños causados por desastres naturales se ajustan a la práctica ya establecida y hacen referencia al reconocimiento formal por las autoridades de los Estados miembros del carácter de desastre natural del suceso, a la existencia de una relación causal directa entre el desastre natural y el daño sufrido por el beneficiario y deben garantizar que se evite la compensación excesiva. En particular, los Estados miembros deben evitar la compensación excesiva como resultado de la combinación de dicha ayuda con otra compensación recibida por los beneficiarios, incluidos los pagos recibidos en virtud de un régimen de seguros.

(59) Las ayudas para investigación y desarrollo pueden contribuir al crecimiento económico sostenible y reforzar la competitividad. A la luz de la experiencia adquirida por la Comisión con la aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013, del Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (20) y del Reglamento (CE) no 800/2008 a las ayudas para investigación y desarrollo en los sectores agrícola y forestal, procede eximir de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado las ayudas para investigación y desarrollo que satisfagan las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Habida cuenta de que la promoción de la investigación y el desarrollo es un objetivo importante de interés común, el presente Reglamento debe exigir que el proyecto de investigación sea del interés de todas las empresas activas en un sector o subsector agrícola o forestal particular. La información relativa al proyecto de investigación y los resultados del mismo deben ponerse a disposición del público en Internet. Además, los resultados de la investigación deben ponerse gratuitamente a disposición de las empresas interesadas.

(60) La silvicultura forma parte integrante del desarrollo rural. La Comisión ha aplicado en numerosas decisiones los artículos 107 y 108 del Tratado a empresas que operan en el sector forestal, en particular en el marco de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013. En el período 2007-2012, la Comisión aprobó 140 ayudas en favor del sector forestal de acuerdo con dichas Directrices. A la luz de la considerable experiencia adquirida por la Comisión gracias a la aplicación de estas Directrices a las empresas dedicadas al sector forestal, procede, con objeto de simplificar los procedimientos pero al mismo tiempo garantizar una supervisión eficiente y el seguimiento de la Comisión, que esta haga uso también de las facultades que le confiere el Reglamento (CE) no 994/98 en lo que atañe a las ayudas en favor del sector forestal. De acuerdo con la experiencia de la Comisión, la ayuda concedida en el sector forestal para las medidas que forman parte de los programas de desarrollo rural y que sea cofinanciada por el Feader o concedida como una financiación nacional suplementaria a tales medidas cofinanciadas, no distorsiona considerablemente la competencia en el mercado interior. Además, la ayuda para la transferencia de conocimientos en el sector forestal y la ayuda para servicios de asesoramiento en el sector forestal no distorsionan considerablemente la competencia en el mercado interior aun cuando se concedan al margen de los programas de desarrollo rural. En el presente Reglamento deben definirse condiciones claras para la compatibilidad de dichas medidas con el mercado interior. Tales condiciones deben ser coherentes en la medida de lo posible con las normas establecidas en el Reglamento (UE) no 1305/2013 y en los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de dicho Reglamento.

(61) Estas categorías de ayudas deben, en particular, englobar las ayudas a la reforestación y a la creación de superficies forestales, las ayudas para sistemas agroforestales, las ayudas para la prevención y reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales, fenómenos climáticos adversos, plagas vegetales o catástrofes, las ayudas a las inversiones para mejorar la resiliencia y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales, las ayudas para desventajas relacionadas con las zonas forestales Natura 2000, tal como se definen en el artículo 3 de la Directiva 92/43/CEE (21) y en el artículo 3 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (22), las ayudas para servicios silvoambientales y climáticos y para la conservación de bosques, las ayudas para transferencia de conocimientos y actividades de información, las ayudas para servicios de asesoramiento, las ayudas para inversiones en infraestructura y las ayudas para inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, la movilización y la comercialización de productos forestales. Las ayudas al sector forestal deben evitar las distorsiones de la competencia y ser neutrales respecto del mercado.

(62) Con el fin de garantizar la coherencia con el Reglamento (UE) no 1305/2013 y lograr la simplificación de las normas para obtener la autorización de la ayuda estatal para la parte cofinanciada y la financiación adicional de los programas nacionales de desarrollo rural, las ayudas en favor del sector forestal exentas de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado en virtud del presente Reglamento deben ser idénticas a las medidas de desarrollo rural en las que se basan y las ayudas exentas solo deben concederse de conformidad con el programa de desarrollo rural del Estado miembro en cuestión. No obstante, las intensidades de la ayuda y los costes subvencionables también deben estar en consonancia con los principios generales de las ayudas estatales de la Unión y las normas sobre ayudas estatales aplicables al sector agrícola. Por lo tanto, gastos tales como el capital circulante que sea adicional y esté vinculado a una nueva inversión no podrán optar a la ayuda en virtud del presente Reglamento. En consonancia con los respectivos programas de desarrollo rural aprobados por la Comisión, las operaciones de inversión incluidas en las medidas forestales también podrían incluir tratamientos forestales excepcionales necesarios para preparar la inversión cuando el objetivo de la disposición pertinente del desarrollo rural lo permita. Debe permitirse que la ayuda para la transferencia de conocimientos, la ayuda para servicios de asesoramiento y la ayuda para concentración parcelaria forestal se concedan independientemente de si dichas ayudas están integradas en el programa de desarrollo rural nacional.

(63) La diversificación económica y la creación de nuevas actividades económicas resultan esenciales para el desarrollo y la competitividad de las zonas rurales y, en particular, para las PYME, que constituyen la espina dorsal de la economía rural de la Unión. El Reglamento (UE) no 1305/2013 prevé medidas de apoyo a la creación de empresas no agrícolas en zonas rurales dirigidas al fomento del empleo, a la creación de puestos de trabajo de calidad en las zonas rurales, al mantenimiento de los existentes, a la reducción de las fluctuaciones estacionales en el empleo, al desarrollo de sectores no agrícolas fuera de la agricultura y de la transformación de alimentos, impulsando al mismo tiempo la integración de las empresas y los vínculos intersectoriales locales.

(64) A fin de garantizar la coherencia con el Reglamento (UE) no 1305/2013 y alcanzar la simplificación de las normas para obtener la autorización de las ayudas estatales para la parte cofinanciada y la financiación suplementaria nacional de los programas de desarrollo rural, el presente Reglamento debe eximir de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado diferentes categorías de ayudas en favor de las PYME activas en las zonas rurales. Estas categorías de ayudas deben, en particular, englobar las ayudas para inversiones relativas a la transformación de productos agrícolas en productos no agrícolas o a la producción de algodón, las ayudas destinadas a la creación de empresas para actividades no agrícolas, las ayudas para servicios de asesoramiento, las ayudas para transferencia de conocimientos y actividades de información y las ayudas para los agricultores que participen por primera vez en regímenes de calidad del algodón y de los productos alimenticios y en medidas de promoción de productos alimenticios. Las ayudas que deben eximirse de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado en virtud del presente Reglamento deben ser idénticas a las medidas de desarrollo rural en las que se basan y las ayudas objeto de exención solo deben concederse en los términos y de conformidad con el programa de desarrollo rural del Estado miembro de que se trate. No obstante, las intensidades de la ayuda y los costes subvencionables también deben estar en consonancia con los principios generales de las ayudas estatales de la Unión y las normas horizontales sobre ayudas estatales. Por lo tanto, gastos tales como el capital circulante que sea adicional y esté vinculado a una nueva inversión no podrán optar a la ayuda en virtud del presente Reglamento.

(65) En lo que atañe a las ayudas para inversiones relativas a la transformación de productos agrícolas en productos no agrícolas, conviene precisar que las inversiones vinculadas a la producción de biocarburantes o de energía procedente de fuentes renovables no pueden optar a la ayuda en virtud del presente Reglamento. En principio, deben aplicarse a dichas inversiones las normas horizontales sobre ayudas estatales en materia de medio ambiente y energía.

(66) En el caso de varias categorías de ayudas como: a) ayudas para los costes de los estudios de mercado, concepción y creación de productos y para la preparación de solicitudes para el reconocimiento de los regímenes de calidad; b) ayudas para los costes de las medidas de control obligatorias en relación con los regímenes de calidad; c) ayudas para transferencia de conocimientos y actividades de información; d) ayudas para servicios de asesoramiento; e) ayudas para servicios de sustitución en la explotación agrícola; f) ayudas para medidas de promoción; g) ayudas para compensar los costes de la prevención y la erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y h) ayudas para el sector ganadero, la ayuda se concede a los beneficiarios finales de la misma indirectamente, en especie, mediante servicios subvencionados. En tales casos, la ayuda debe abonarse al proveedor del servicio o actividad en cuestión. Al seleccionar al proveedor, debe prestarse la debida atención a las correspondientes normas sobre contratación pública aplicables y a los principios de transparencia, apertura y no discriminación en el procedimiento de selección.

(67) A la luz de la experiencia de la Comisión en este ámbito, en principio resulta necesario revisar periódicamente la política de ayudas estatales. Por esta razón, el período de aplicación del presente Reglamento debe ser limitado. Por consiguiente, resulta oportuno establecer disposiciones transitorias, incluidas las normas relativas a un período de adaptación para los regímenes de ayuda exentos al término del período de vigencia del presente Reglamento. Estas normas deben dar tiempo a los Estados miembros para adaptarse al posible nuevo régimen.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

ÍNDICE

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES COMUNES 13

CAPÍTULO II: REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 25

CAPÍTULO III: CATEGORÍAS DE AYUDAS 26

Sección 1: Ayudas en favor de las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria, la transformación de productos agrícolas y la comercialización de productos agrícolas 26

Sección 2: Ayudas para inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural situado en explotaciones agrícolas 43

Sección 3: Ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales en el sector agrícola 44

Sección 4: Ayudas para investigación y desarrollo en los sectores agrícola y forestal 45

Sección 5: Ayudas en favor de la silvicultura 46

Sección 6: Ayudas en favor de las PYME en las zonas rurales cofinanciadas por el FEADER o concedidas como financiación suplementaria nacional para tales medidas cofinanciadas 59

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 65

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a las siguientes categorías de ayuda:

a) ayudas en favor de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME): i) activas en el sector agrícola, concretamente producción agrícola primaria, transformación y comercialización de productos agrícolas, con la excepción de los artículos 14, 15, 16, 18, 23 y 25 a 28 que se aplicarán únicamente a las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria, ii) para actividades excluidas del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado, en la medida en que tales ayudas se concedan de conformidad con el Reglamento (UE) no 1305/2013 y sean cofinanciadas por el FEADER o concedidas como financiación suplementaria nacional para tales medidas cofinanciadas;

b) ayudas a las inversiones para la conservación del patrimonio cultural y natural situado en explotaciones agrícolas;

c) ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales en el sector agrícola;

d) ayudas para investigación y desarrollo en los sectores agrícola y forestal;

e) ayudas en favor de la silvicultura.

2. Cuando los Estados miembros lo consideren apropiado, podrán optar por conceder las ayudas contempladas en el apartado 1, letras a), d) y e), del presente artículo con arreglo a las condiciones y de conformidad con el Reglamento (UE) no 651/2014.

3. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas en favor:

a) del sector forestal que no estén cofinanciadas por el Feader o concedidas como financiación suplementaria nacional para dichas medidas cofinanciadas, con excepción de los artículos 31, 38, 39 y 43;

b) de las PYME para actividades excluidas del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado que no estén cofinanciadas por el Feader o concedidas como financiación nacional suplementaria para dichas medidas cofinanciadas.

4. El presente Reglamento no se aplicará a:

a) los regímenes de ayudas previstos en los artículos 17, 32 y 33, en el artículo 34, apartado 5, letras a) a c), y en los artículos 35, 40, 41 y 44 del presente Reglamento, si el presupuesto anual medio de las ayudas estatales es superior a 150 millones EUR, una vez transcurridos seis meses a partir de su entrada en vigor; la Comisión podrá decidir que el presente Reglamento siga aplicándose a cualquiera de estos regímenes de ayudas durante un período más largo, tras haber examinado el plan de evaluación pertinente notificado por el Estado miembro a la Comisión, en el plazo de 20 días hábiles a partir de la entrada en vigor de dicho régimen;

b) cualesquiera modificaciones de los regímenes contemplados en el apartado 4, letra a), del presente artículo, distintas de las modificaciones que no puedan afectar a la compatibilidad del régimen de ayudas con arreglo al presente Reglamento o que no puedan afectar de forma significativa al contenido del plan de evaluación aprobado;

c) las ayudas a actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o las ayudas a otros costes corrientes vinculados a la actividad exportadora;

d) las ayudas supeditadas a la utilización de productos nacionales en detrimento de productos importados.

5. Con la excepción del artículo 30, el presente Reglamento no se aplicará a:

a) los regímenes de ayudas que no excluyan explícitamente la concesión de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior;

b) las ayudas ad hoc en favor de empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

6. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas a las empresas en crisis, con la excepción de:

a) las ayudas destinadas a indemnizar los daños causados por desastres naturales, de conformidad con el artículo 30, las ayudas para los costes de erradicación de enfermedades animales, de conformidad con el artículo 26, apartado 8, y las ayudas para la eliminación y la destrucción del ganado muerto, de conformidad con el artículo 27, apartado 1, letras c), d) y e);

b) las ayudas para los acontecimientos siguientes, a condición de que la empresa se haya convertido en una empresa en crisis debido a las pérdidas o daños causados por el acontecimiento en cuestión: i) compensar las pérdidas causadas por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural, de conformidad con el artículo 25, ii) compensar los costes de la erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y reparar los daños causados por enfermedades animales y plagas vegetales, de conformidad con el artículo 26, apartados 8 y 9, iii) reparar los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales, fenómenos climáticos adversos asimilables a un desastre natural, otros fenómenos climáticos adversos, plagas vegetales, catástrofes y sucesos derivados del cambio climático, de conformidad con el artículo 34, apartado 5, letra d).

7. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas que entrañen, por sí mismas, por las condiciones inherentes a ellas o por su método de financiación, una infracción indisociable del Derecho de la Unión, en particular;

a) las ayudas cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario tenga su sede en el Estado miembro pertinente o de que esté establecido predominantemente en ese Estado miembro;

b) las ayudas cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario utilice bienes de producción nacional o servicios nacionales;

c) las ayudas que restrinjan la posibilidad de que los beneficiarios exploten los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación en otros Estados miembros.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes:

1) «ayuda»: cualquier medida que cumpla todos los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado;

2) «PYME» o «microempresas, pequeñas y medianas empresas»: empresas que cumplen los criterios establecidos en el anexo 1;

3) «sector agrícola»: todas las empresas dedicadas a la producción agrícola primaria, transformación y comercialización de productos agrícolas;

4) «producto agrícola»: los productos que figuran en el anexo I del Tratado, excepto los productos de la pesca y de la acuicultura enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) no 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (23);

5) «producción agrícola primaria»: la producción de productos derivados de la agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado, sin llevar a cabo ninguna otra operación que modifique la naturaleza de dichos productos;

6) «transformación de productos agrícolas»: operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea también un producto agrícola, exceptuando las actividades realizadas en la explotación que sean necesarias para preparar un producto animal o vegetal para la primera venta;

7) «comercialización de productos agrícolas»: la tenencia o exhibición con vistas a la venta, la oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de puesta en el mercado, con excepción de la primera venta por parte de un productor primario a intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta; la venta por parte de un productor primario de productos a los consumidores finales se considerará comercialización solo si se lleva a cabo en instalaciones independientes reservadas a tal fin; una venta realizada por un productor primario a los consumidores finales se considerará comercialización de productos agrícolas si se desarrolla en un local separado reservado para ese fin;

8) «explotación agrícola»: una unidad compuesta por terrenos, locales e instalaciones utilizados para la producción agrícola primaria;

9) «desastres naturales»: terremotos, avalanchas, corrimientos de tierras e inundaciones, tornados, huracanes, erupciones volcánicas e incendios incontrolados de origen natural;

10) «régimen de ayudas»: todo dispositivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas individuales a las empresas definidas en un acto de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, y todo dispositivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas, no vinculadas a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido y por un importe indeterminado;

11) «plan de evaluación»: un documento que contenga al menos los siguientes elementos mínimos: los objetivos del régimen de ayudas que se va a evaluar, las preguntas de la evaluación, los indicadores de resultados, el método previsto para llevar a cabo la evaluación, los requisitos en materia de recogida de datos, el calendario propuesto de la evaluación, incluida la fecha de presentación del informe final de evaluación, la descripción del organismo independiente que llevará a cabo la evaluación o los criterios que se utilizarán para su selección, y las modalidades para garantizar la publicidad de la evaluación;

12) «ayuda individual»:

a) las ayudas ad hoc; así como

b) ayudas concedidas a beneficiarios individuales sobre la base de un régimen de ayudas;

13) «ayuda ad hoc»: la ayuda que no se conceda sobre la base de un régimen de ayudas;

14) «empresa en crisis»: una empresa en la que concurra al menos una de las siguientes circunstancias:

a) si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas. es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; A efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (24) y, «capital social» incluye, cuando proceda, cualquier prima de emisión;

b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad), cuando más de la mitad de su capital, según lo indicado en su contabilidad, haya desaparecido como consecuencia de las pérdidas acumuladas. A efectos de la presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la Directiva 2013/34/UE;

c) cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores;

d) cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración;

e) si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios anteriores: i) la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5, y ii) la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA, se haya situado por debajo de 1,0;

15) «ganado muerto»: animales que hayan sido sacrificados mediante eutanasia, con o sin diagnóstico definitivo, o que hayan muerto, incluidos los nacidos muertos y los nonatos, en una explotación o cualquier otro local o durante su transporte, pero que no hayan sido sacrificados para el consumo humano;

16) «fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural»: condiciones meteorológicas desfavorables, como heladas, tormentas y granizo, hielo, lluvias torrenciales o persistentes o sequía grave, que destruyan más del 30 % de la producción anual media calculada sobre la base de:

a) los tres años anteriores, o

b) su producción media trienal basada en el período quinquenal anterior, excluidos los valores más alto y más bajo;

17) «otros fenómenos climáticos adversos»: condiciones meteorológicas desfavorables que no cumplen las condiciones del artículo 2, apartado 16, del presente Reglamento;

18) «plaga vegetal»: organismos nocivos tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra e), de la Directiva 2000/29/CE del Consejo (25);

19) «catástrofe»: un suceso imprevisto de índole biótica o abiótica causado por la actividad humana que ocasiona trastornos importantes en las estructuras forestales y acaba generando daños económicos importantes en el sector forestal;

20) «equivalente de subvención bruto»: el importe de la ayuda si se ha proporcionado en forma de subvención al beneficiario, antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas;

21) «activos materiales»: activos consistentes en terrenos, edificios e instalaciones, maquinaria y equipos;

22) «activos inmateriales»: activos que no tienen una materialización física o financiera, como las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad intelectual;

23) «sistemas agroforestales»: los sistemas de utilización de las tierras que combinan la explotación forestal y la agricultura en las mismas tierras;

24) «anticipo reembolsable»: todo préstamo destinado a un proyecto, abonado en uno o varios plazos, y cuyas condiciones de reembolso dependan del resultado del proyecto;

25) «inicio de los trabajos del proyecto o actividad»: la fecha en que se produzca en primer lugar bien el inicio de las actividades o las obras de construcción relativas a la inversión bien el primer compromiso jurídicamente vinculante para realizar un pedido de equipos o servicios de empleo o cualquier otro compromiso que haga irreversible el proyecto o la actividad; la compra de terrenos y los trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no se consideran el inicio de los trabajos o actividad;

26) «grandes empresas»: empresas que no cumplen los criterios establecidos en el anexo I;

27) «régimen fiscal sucesor»: un régimen de ayudas en forma de ventajas fiscales que constituya una versión modificada de un régimen existente anteriormente en forma de ventajas fiscales y que lo sustituya;

28) «intensidad de ayuda»: la cantidad bruta de ayuda expresada como porcentaje de los costes subvencionables, antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas;

29) «fecha de concesión de la ayuda»: la fecha en que se otorgue al beneficiario el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen jurídico nacional aplicable;

30) «norma de la Unión»: la norma obligatoria recogida en la legislación de la UE en la que se establece el nivel que deben alcanzar las empresas individuales, en particular en lo referente a medio ambiente, higiene y bienestar animal; sin embargo, las normas u objetivos establecidos a escala de la Unión que sean vinculantes para los Estados miembros, pero no para las empresas individuales, no se considerarán normas de la Unión.

31) «programa de desarrollo rural»: programa de desarrollo rural con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1305/2013;

32) «inversión no productiva»: inversión que no da lugar a un incremento importante del valor o de la rentabilidad de la explotación;

33) «inversiones para cumplir una norma de la Unión»: inversiones realizadas para cumplir una norma de la Unión tras la finalización del período transitorio previsto en la legislación de la Unión;

34) «joven agricultor»: una persona que, en el momento de presentar la solicitud de ayuda, no tenga más de cuarenta años, cuente con la capacitación y la competencia profesionales adecuadas y se instale por primera vez en una explotación agrícola como titular de la misma;

35) «regiones ultraperiféricas»: las regiones a las que se hace referencia en el artículo 349, párrafo primero, del Tratado;

36) «islas menores del mar Egeo»: las islas menores a las que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) no 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

37) «regiones menos desarrolladas»: regiones cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita es inferior al 75 % del PIB medio de la EU-27;

38) «EU-25»: los veinticinco Estados miembros de la Unión que eran Estados miembros de la Unión en mayo de 2005;

39) «EU-27»: los veintisiete Estados miembros de la Unión que eran Estados miembros de la Unión en enero de 2007;

40) «obras capitales»: obras, realizadas por el agricultor personalmente o por sus trabajadores, que crean un activo;

41) «biocarburante producido a partir de cultivos alimentarios»: biocarburante producido a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, azúcares y oleaginosas, tal como se define en la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, presentada por la Comisión (27);

42) «agricultor activo»: un agricultor activo a tenor del artículo 9 del Reglamento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (28);

43) «agrupación y organización de productores»: agrupación u organización creada con el fin de:

a) adaptar la producción y el rendimiento de los productores que sean miembros de dicha agrupación u organización de productores a las exigencias del mercado, o

b) comercializar conjuntamente los productos, incluidas la preparación para la venta, la centralización de las ventas y el abastecimiento a los mayoristas, o

c) establecer normas comunes relativas a la información sobre la producción, con especial referencia a las cosechas y a la disponibilidad, o

d) potenciar otras actividades que puedan realizar las agrupaciones u organizaciones de productores, tales como el desarrollo de competencias empresariales y comerciales, y la organización y facilitación de procesos innovadores;

44) «costes fijos derivados de la participación en un régimen de calidad»: los costes ocasionados por la inscripción en un régimen de calidad subvencionado y la cuota anual de participación en dicho régimen de calidad, incluido, en su caso, el coste de los controles necesarios para comprobar el cumplimiento del pliego de condiciones del régimen de calidad;

45) «asesoramiento»: asesoramiento completo prestado en el marco de un único y mismo contrato;

46) «miembro de la unidad familiar de la explotación»: una persona física o jurídica o un grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacional al grupo y a sus miembros, con excepción de los trabajadores de la explotación.

47) «costes de las pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme transmisible (EET) y la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)»: todos los costes, incluidos los de los kits de prueba y los de obtención, transporte, análisis, almacenamiento y destrucción de las muestras necesarias para el muestreo y las pruebas de laboratorio contempladas en el anexo X, capítulo C, del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (29);

48) «libro genealógico»: cualquier libro, registro, fichero o sistema informático:

a) llevado por una organización o una asociación de ganaderos reconocida oficialmente por un Estado miembro en el cual se hubiere constituido la organización o la asociación de ganaderos, y

b) en el que se inscriban o registren los animales reproductores de raza pura de una raza determinada, haciendo mención de sus ascendientes;

49) «animal protegido»: cualquier animal protegido por la legislación de la Unión o por la normativa nacional;

50) «organismo de investigación y difusión de conocimientos»: toda entidad (por ejemplo, universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación), independientemente de su personalidad jurídica (de Derecho público o privado) o su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de las mismas mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de tecnología; cuando una entidad de este tipo lleve a cabo actividades económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado; las empresas que puedan ejercer influencia en estas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no podrán gozar de acceso preferente a las capacidades de investigación de la entidad ni a los resultados de la investigación que genere;

51) «plena competencia»: condiciones de la transacción entre las partes contratantes que no difieren de las que se estipularían entre empresas independientes y sin elemento alguno de colusión; toda transacción que resulte de un procedimiento abierto, transparente e incondicional se considerará conforme con el principio de plena competencia;

52) «árboles de crecimiento rápido»: bosque de ciclo corto, cuyo tiempo mínimo antes de la tala no puede ser inferior a ocho años y el tiempo máximo antes de la tala no puede ser superior a veinte años;

53) «árboles forestales de cultivo corto»: especies arbóreas del código NC 06 02 9041 que serán determinadas por los Estados miembros, que están compuestas de cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o tocones permanecen en el suelo después de la cosecha y de los cuales surgen nuevos vástagos en la estación siguiente y con un ciclo máximo de cosecha que será fijado por los Estados miembros;

54) «coste de transacción»: cualquier coste adicional derivado del cumplimiento de un compromiso, pero que no puede imputarse directamente a su ejecución o no está incluido en los costes o las rentas no percibidas compensados directamente y que puede calcularse con arreglo a un coste estándar;

55) «otro gestor de tierras»: una empresa que gestiona tierras distinta de una empresa activa en el sector agrícola;

56) «transformación de productos agrícolas en productos no agrícolas»: operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea un producto que no está cubierto por el anexo I del Tratado;

57) «zonas “a”»: zonas designadas en un mapa de ayudas regionales aprobado para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, en aplicación de las disposiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado;

58) «zonas “c”»: zonas designadas en un mapa de ayudas regionales aprobado para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, en aplicación de las disposiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado:

59) «zonas con baja densidad de población»: las zonas aceptadas como tales por la Comisión en las decisiones sobre los mapas de ayudas regionales para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020;

60) «región NUTS 3»: una región especificada en el nivel 3 de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (30);

61) «zonas “c” no predeterminadas»: zonas que un Estado miembro puede, a su discreción, designar como zonas «c», siempre y cuando el Estado miembro demuestre que dichas zonas cumplen determinados criterios socioeconómicos y que están designadas en un mapa de ayudas regionales aprobado para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, en aplicación de las disposiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado;

62) «antiguas zonas “a”»: zonas designadas como zonas «a» en un mapa de ayudas regionales aprobado para el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2014;

63) «productos alimenticios»: productos alimenticios que no son productos agrícolas y que figuran enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (31).

Artículo 3

Condiciones para la exención

Los regímenes de ayudas, las ayudas individuales concedidas con arreglo a regímenes de ayudas y las ayudas ad hoc serán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartados 2 o 3, del Tratado, y quedarán exentos de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que dichas ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en el capítulo I del presente Reglamento, así como las condiciones específicas aplicables a la categoría pertinente establecidas en el capítulo III del presente Reglamento.

Artículo 4

Umbrales de notificación

1. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas individuales cuyo equivalente en subvención bruta supere los umbrales siguientes:

a) ayudas para inversiones en activos materiales o inmateriales en explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria, tal como se contempla en el artículo 14: 500 000 EUR por empresa y por proyecto de inversión;

b) ayudas para inversiones relacionadas con el traslado de un edificio agrícola que conlleven la modernización de las instalaciones o un aumento de la capacidad de producción, tal como se contempla en el artículo 16, apartado 4; 500 000 EUR por empresa y por proyecto de inversión;

c) ayudas para inversiones relacionadas con la transformación y la comercialización de productos agrícolas, tal como se contempla en el artículo 17: 7 500 000 EUR por empresa y por proyecto de inversión;

d) ayudas para inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural situado en la explotación agrícola, tal como se contempla en el artículo 29; 500 000 EUR por empresa y por proyecto de inversión;

e) ayudas para investigación y desarrollo en los sectores agrícola y forestal, tal como se contempla en el artículo 31: 7,5 millones EUR por proyecto;

f) ayudas a la reforestación y a la creación de superficies forestales, tal como se contempla en el artículo 32: 7 500 000 EUR por proyecto de creación;

g) ayudas para sistemas agroforestales, tal como se contempla en el artículo 33: 7 500 000 EUR por proyecto de creación de sistema agroforestal;

h) ayudas a las inversiones que mejoran la resiliencia y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales, tal como se contempla en el artículo 35: 7 500 000 EUR por proyecto de inversión;

i) ayudas para inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación del sector forestal, tal como se contempla en el artículo 40: 7 500 000 EUR por proyecto de inversión;

j) ayudas para inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales, tal como se contempla en el artículo 41: 7 500 000 EUR por proyecto de inversión;

k) ayudas para inversiones relativas a la transformación de productos agrícolas en productos no agrícolas o a la producción de algodón, tal como se contempla en el artículo 44: 7 500 000 EUR por proyecto de inversión.

2. Los umbrales fijados en el apartado 1 no podrán ser eludidos mediante la división artificial de los regímenes de ayudas o de los proyectos de ayuda.

Artículo 5

Transparencia de la ayuda

1. El presente Reglamento solamente se aplicará a la ayuda cuyo equivalente bruto de subvención pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo ( «ayuda transparente» ).

2. Se considerarán ayudas transparentes las siguientes categorías de ayudas:

a) las ayudas contenidas en subvenciones y bonificaciones de tipos de interés;

b) las ayudas contenidas en préstamos, cuando el equivalente en subvención bruta se haya calculado a partir de los tipos de referencia vigentes en el momento de concesión de la subvención;

c) las ayudas incluidas en garantías: i) cuando el equivalente en subvención bruta haya sido calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una Comunicación de la Comisión, o ii) cuando antes de la aplicación de la ayuda, el método para calcular el equivalente en subvención bruta de la garantía haya sido aceptado sobre la base de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía, o de cualquier comunicación que suceda a esta, tras su notificación a la Comisión en virtud de cualquier Reglamento adoptado por la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales aplicable en ese momento, y dicho método aprobado tenga explícitamente en cuenta el tipo de garantías y el tipo de transacciones subyacentes en juego en el contexto de la aplicación del presente Reglamento;

d) las ayudas en forma de ventajas fiscales, cuando la medida en cuestión establezca un límite que garantice que no se supera el umbral aplicable;

e) las ayudas en forma de anticipos reembolsables, si el importe nominal total del anticipo reembolsable no supera los umbrales aplicables con arreglo al presente Reglamento o si, antes de la aplicación de la medida, el método para calcular el equivalente en subvención bruta del anticipo reembolsable ha sido aceptado tras su notificación a la Comisión.

3. A efectos del presente Reglamento, no se considerarán ayudas transparentes las categorías de ayudas siguientes:

a) las ayudas comprendidas en aportaciones de capital;

b) las ayudas consistentes en medidas de financiación de riesgo.

Artículo 6

Efecto incentivador

1. El presente Reglamento se aplicará exclusivamente a las ayudas que tengan un efecto incentivador.

2. Se considerará que las ayudas tienen un efecto incentivador si, antes de comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado por escrito una solicitud de ayuda al Estado miembro de que se trate. La solicitud de ayuda contendrá al menos la siguiente información:

a) el nombre y tamaño de la empresa;

b) la descripción del proyecto o de la actividad, incluidas sus fechas de inicio y finalización;

c) la ubicación del proyecto o de la actividad;

d) la lista de costes subvencionables;

e) el tipo (subvención, préstamo, garantía, anticipo reembolsable o de otro tipo) y el importe de la financiación pública necesarios para el proyecto/actividad.

3. Se considerará que las ayudas ad hoc concedidas a grandes empresas tienen un efecto incentivador si, además de garantizar el cumplimiento de la condición establecida en el apartado 2, el Estado miembro ha verificado, antes de conceder la ayuda ad hoc de que se trate, que la documentación preparada por el beneficiario acredita que la ayuda provocará uno o varios de los resultados siguientes:

a) un aumento sustancial del ámbito de aplicación del proyecto o actividad gracias a la ayuda;

b) un aumento sustancial del importe total invertido por el beneficiario en el proyecto o actividad gracias a la ayuda;

c) una aceleración sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate;

d) en el caso de las ayudas ad hoc a la inversión, que el proyecto o actividad no se habría llevado a cabo como tal en la zona rural en cuestión o no habría sido suficientemente rentable para el beneficiario en la zona rural en cuestión de no haber sido por la ayuda.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, se considerará que las medidas en forma de ventajas fiscales tienen un efecto incentivador si se cumplen las siguientes condiciones:

a) que la medida establezca un derecho a la ayuda de acuerdo con criterios objetivos y sin que el Estado miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional, y

b) que la medida h