ES Diario Oficial de la Unión Europea L 132/21

DIRECTIVA (UE) 2016/801 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 11 de mayo de 2016

relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair

(versión refundida)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 79, apartado 2, letras a) y b),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) Es preciso introducir una serie de modificaciones en las Directivas 2004/114/CE (4) y 2005/71/CE (5) del Consejo. En aras de la claridad, procede refundir ambas Directivas.

(2) La presente Directiva debe responder a las necesidades determinadas en los informes de aplicación de las Directivas 2004/114/CE y 2005/71/CE, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas, garantizar una mayor transparencia y seguridad jurídica y ofrecer un marco jurídico coherente a las distintas categorías de nacionales de países terceros que entran en la Unión. Para ello, se deben simplificar y racionalizar las disposiciones aplicables a las distintas categorías, reuniéndolas en un único instrumento. A pesar de que las categorías que regula la presente Directiva presentan ciertas diferencias, también comparten una serie de características que posibilitan su regulación bajo un marco jurídico común a escala de la Unión.

(3) La presente Directiva debe contribuir al objetivo recogido en el Programa de Estocolmo de aproximar las legislaciones nacionales que establecen los requisitos de entrada y de residencia de los nacionales de países terceros. La inmigración procedente de fuera de la Unión es una fuente de personas altamente cualificadas, y especialmente los estudiantes y los investigadores son cada vez más solicitados. Estos desempeñan un importante papel en la configuración del activo clave de la Unión, a saber, el capital humano, y para garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, contribuyendo de ese modo a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

(4) Los informes de aplicación de las Directivas 2004/114/CE y 2005/71/CE señalaron ciertas carencias, sobre todo en relación con las condiciones de admisión, los derechos, las garantías de procedimiento, el acceso de los estudiantes al mercado laboral durante sus estudios y la disposiciones relativas a la movilidad dentro de la Unión. También se han estimado necesarias algunas mejoras concretas en lo relativo a las categorías optativas de nacionales de países terceros. Posteriores y más amplias consultas han destacado asimismo la necesidad de mejorar las posibilidades de búsqueda de empleo de los investigadores y estudiantes y la protección de los au pairs, que quedaban al margen de las Directivas 2004/114/CE y 2005/71/CE.

(5) Con el fin de instaurar progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) contempla la adopción de medidas en los ámbitos del asilo, la inmigración y la protección de los derechos de los nacionales de países terceros.

(6) La presente Directiva debe fijarse asimismo el objetivo de fomentar los contactos entre los ciudadanos y la movilidad como elementos importantes de la política exterior de la Unión, especialmente en lo que respecta a los países beneficiarios de la política europea de vecindad o a los socios estratégicos de la Unión. Debe permitir una mejor contribución al Enfoque Global de la Migración y la Movilidad y sus Asociaciones de Movilidad, que ofrecen una estructura concreta para el diálogo y la cooperación entre Estados miembros y países terceros, incluso con miras a facilitar y organizar la migración legal.

(7) Las migraciones con los fines establecidos en la presente Directiva deberían fomentar la generación y la adquisición de conocimientos y capacidades. Constituyen una forma de enriquecimiento recíproco para los migrantes interesados, su Estado de origen y el Estado de que se trate, reforzando los vínculos culturales y aumentando la diversidad cultural.

(8) La presente Directiva debe promocionar la Unión como un espacio atractivo para la investigación y la innovación, mejorando su posición en la competencia global por el talento y conduciendo, de esta manera, a un aumento de la competitividad general y los índices de crecimiento de la Unión, al tiempo que crea puestos de trabajo que aporten una mayor contribución al crecimiento del PIB. La apertura de la Unión a los nacionales de países terceros que pueden ser admitidos con fines de investigación forma también parte de la iniciativa emblemática denominada Unión por la Innovación. La creación de un mercado de trabajo abierto para los investigadores de la Unión y de países terceros se consideró también uno de los objetivos clave del Espacio Europeo de Investigación, espacio unificado en el que circulan libremente investigadores, conocimientos científicos y tecnología.

(9) Conviene facilitar la admisión de aquellos nacionales de países terceros que solicitan su admisión con el fin de ejercer actividades de investigación, mediante un procedimiento de admisión independiente de su vínculo jurídico con el organismo de investigación de acogida y no exigiendo que, además de la autorización, tengan que solicitar un permiso de trabajo. Este procedimiento debe basarse en la colaboración entre los organismos de investigación y las autoridades de inmigración de los Estados miembros. Debe otorgar a esos organismos un papel central en el procedimiento de admisión, con el fin de facilitar y acelerar la entrada de los nacionales de países terceros que solicitan su admisión con el fin de ejercer actividades de investigación en la Unión, al tiempo que se preservan las prerrogativas de los Estados miembros en cuanto a política de inmigración. Los organismos de investigación, respecto de los cuales los Estados miembros deben tener la posibilidad de aprobarlos previamente, deben poder firmar con nacionales de países terceros convenios de acogida o contratos para la realización de actividades de investigación. Los Estados miembros deben expedir las autorizaciones sobre la base de los convenios de acogida o contratos, si se cumplen los requisitos de entrada y residencia.

(10) Dado que los esfuerzos que se han de realizar para alcanzar el objetivo de invertir el 3 % del PIB en investigación afectan en gran medida al sector privado, debe estimularse en este sector, cuando proceda, la contratación de más investigadores en los próximos años.

(11) A fin de que la Unión sea más atractiva para aquellos nacionales de países terceros que desean ejercer actividades de investigación en la Unión, se debe permitir que los miembros de su familia, según se definen en la Directiva 2003/86/CE del Consejo (6), les acompañen y disfruten de las disposiciones relativas a la movilidad dentro de la Unión. Esos miembros de la familia deben tener acceso al mercado de trabajo en el primer Estado miembro y, en caso de movilidad de larga duración, en los segundos Estados miembros, salvo en circunstancias excepcionales, como tasas de desempleo particularmente elevadas, en las que los Estados miembros deben conservar la posibilidad de comprobar que la vacante no puede ser cubierta recurriendo al mercado laboral nacional durante un período que no supere los doce meses. Con las excepciones establecidas en la presente Directiva, deben aplicarse todas las disposiciones contenidas en la Directiva 2003/86/CE, incluida la motivación para la denegación, la retirada, el rechazo o la renovación. Por consiguiente, podrían retirarse los permisos de residencia de los miembros de la familia o denegarse su renovación si la autorización del investigador al que acompañan llega a su fin y no gozan de ningún derecho de residencia autónomo.

(12) Cuando proceda, debería alentarse a los Estados miembros a que otorguen a los doctorandos la consideración de investigadores a efectos de la presente Directiva.

(13) La aplicación de la presente Directiva no debería favorecer la fuga de cerebros de los países emergentes o en desarrollo. En colaboración con los países de origen y a fin de establecer una política global de inmigración, deben adoptarse medidas destinadas a facilitar la reintegración de los investigadores en sus países de origen.

(14) A fin de promover el rol de Europa en su conjunto como centro mundial de excelencia para los estudios y la formación, deben mejorarse y simplificarse los requisitos de entrada y residencia de aquellos que deseen trasladarse a la Unión con esos fines. Ese objetivo se ajusta a los de la agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa, especialmente en el contexto de la internacionalización de la enseñanza superior europea. Parte de este esfuerzo consiste en la aproximación de las correspondientes legislaciones nacionales de los Estados miembros. En este contexto, y de acuerdo con las Conclusiones del Consejo sobre la modernización de la enseñanza superior (7), el término «educación superior» engloba a todas las instituciones de enseñanza superior, que pueden incluir, entre otros, a las universidades, las universidades de ciencias aplicadas, los institutos técnicos, las escuelas superiores, las escuelas de negocios, las escuelas de ingeniería, los institutos universitarios técnicos, los colegios de educación superior, las escuelas de formación profesional, las universidades politécnicas y las academias superiores.

(15) La ampliación y profundización del proceso de Bolonia, puesto en marcha a través de la Declaración conjunta de Bolonia de los ministros europeos de Educación, de 19 de junio de 1999, ha dado lugar a sistemas de enseñanza superior más comparables, compatibles y coherentes en los países participantes, y también fuera de ellos. Esto responde al hecho de que los Estados miembros han respaldado la movilidad de los estudiantes y a que las instituciones de enseñanza superior la han integrado en sus planes de estudios. Esta evolución ha de reflejarse en la mejora de las disposiciones sobre movilidad de los estudiantes en el interior de la Unión. Conseguir que la educación superior europea sea atractiva y competitiva es uno de los objetivos de la Declaración de Bolonia. El proceso de Bolonia ha desembocado en el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior. Su estructura en tres ciclos, con planes y grados fácilmente comprensibles, así como la introducción de marcos de cualificaciones, hacen que estudiar en Europa resulte más atractivo para los nacionales de países terceros.

(16) Los Estados miembros deberían determinar, con arreglo a su Derecho nacional, la duración y otras condiciones de los cursos preparatorios para estudiantes contemplados en la presente Directiva.

(17) La prueba de la admisión de un nacional de un país tercero en una institución de enseñanza superior podrá consistir, entre otras posibilidades, en una carta o certificado de matrícula.

(18) Los nacionales de países terceros que soliciten ser admitidos como personas en prácticas deben demostrar que han obtenido un título de educación superior en los dos años anteriores a la fecha de solicitud o que están realizando estudios en un país tercero que conducen a la obtención de un título de educación superior. Deben presentar también un convenio de formación que contenga una descripción del programa de formación, su objetivo educativo o componentes de las prácticas, su duración y las condiciones en que se procederá a la supervisión de la persona en prácticas, que acredite que recibirán formación real y no serán empleadas como el resto de los trabajadores. Además, se puede exigir a las entidades de acogida que demuestren que las prácticas no amortizan un puesto de trabajo. En los casos en los que el Derecho nacional, los acuerdos colectivos o las prácticas relativas a las personas en prácticas ya incluyan requisitos específicos, los Estados miembros han de poder exigir a los nacionales de países terceros que soliciten ser admitidos como personas en prácticas que cumplan dichos requisitos específicos.

(19) Los trabajadores en formación que vengan a trabajar a la Unión en el marco de un traslado intraempresarial no están regulados por la presente Directiva, dado que se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(20) La presente Directiva debe apoyar los objetivos del Servicio Voluntario Europeo de desarrollar la solidaridad, el entendimiento mutuo y la tolerancia entre los jóvenes y las sociedades en las que viven, contribuyendo al mismo tiempo a reforzar la cohesión social y al fomento de la ciudadanía activa entre los jóvenes. A fin de velar por el acceso al Servicio Voluntario Europeo de forma coherente en toda la Unión, los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva a los nacionales de países terceros que presenten solicitudes a efectos del Servicio Voluntario Europeo.

(21) Los Estados miembros deben tener la posibilidad de aplicar las disposiciones de la presente Directiva a alumnos, voluntarios no incluidos en el Servicio Voluntario Europeo y au pairs, a fin de facilitar su entrada y residencia y velar por sus derechos.

(22) Si los Estados miembros deciden aplicar la presente Directiva a los alumnos, se les anima a velar por que el procedimiento nacional de admisión de profesores que se limitan a acompañar a los alumnos en el marco de un programa de intercambio de alumnos o de un proyecto educativo sea coherente con el procedimiento previsto en la presente Directiva para los alumnos.

(23) La colocación au pair contribuye a estimular los contactos interpersonales dando a los nacionales de países terceros la posibilidad de mejorar sus competencias lingüísticas y desarrollar su conocimiento y sus vínculos culturales con los Estados miembros. Al mismo tiempo, los au pairs nacionales de países terceros pueden estar expuestos a abusos. A fin de garantizar un trato equitativo de los au pairs y atender a sus necesidades específicas, los Estados miembros han de poder aplicar las disposiciones de la presente Directiva en lo que respecta a la entrada y la residencia de los au pairs.

(24) Si los nacionales de países terceros pueden demostrar que obtienen recursos a lo largo del período de su estancia en el Estado miembro de que se trate, procedentes de subvenciones, ayudas y becas, un contrato de trabajo válido, una oferta de empleo en firme o una declaración de toma a cargo por una organización de un programa de intercambio de alumnos, una entidad de acogida de personas en prácticas, una organización de un programa de voluntariado, una familia de acogida o una organización mediadora en la colocación au pair, los Estados miembros deben tenerlo en cuenta al evaluar la disponibilidad de dichos recursos. Los Estados miembros han de poder establecer un importe de referencia indicativo que consideren que representa «recursos suficientes», que podría variar para cada una de las respectivas categorías de nacionales de países terceros.

(25) Se anima a los Estados miembros a permitir a los solicitantes que presenten documentos e información en una lengua oficial de la Unión distinta de sus propias lenguas oficiales, determinadas por el Estado miembro en cuestión.

(26) Los Estados miembros deben tener la posibilidad de contemplar un procedimiento de aprobación de los organismos de investigación públicos o privados que deseen acoger a investigadores nacionales de países terceros, o para instituciones de enseñanza superior que deseen acoger a estudiantes nacionales de países terceros. Dicha aprobación debe ser conforme a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional o en la práctica administrativa del Estado miembro en cuestión. Deben facilitarse las solicitudes en los organismos de investigación o instituciones de enseñanza superior aprobados, lo que debería agilizar la entrada de nacionales de países terceros que vengan a la Unión con fines de investigación o de estudio.

(27) Los Estados miembros han de tener la posibilidad de establecer un procedimiento de aprobación para las respectivas entidades de acogida que deseen acoger a alumnos, personas en prácticas o voluntarios que sean nacionales de países terceros. Los Estados miembros han de tener la posibilidad de aplicar dicho procedimiento a algunas categorías de entidades de acogida o a todas. Dicha aprobación debe ser conforme a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional o en la práctica administrativa del Estado miembro afectado. Las solicitudes para entidades de acogida aprobadas deberían agilizar la entrada de nacionales de países terceros que vengan a la Unión para hacer prácticas o voluntariado, o en programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos.

(28) Si los Estados miembros establecen procedimientos de aprobación para las entidades de acogida, deben tener la facultad de decidir entre permitir la admisión únicamente por medio de las entidades de acogida aprobadas o establecer un procedimiento de aprobación, pero permitir al mismo tiempo la admisión por medio de entidades de acogida no aprobadas.

(29) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a expedir autorizaciones con fines de estudios, investigación o prácticas diferentes de los regulados por la presente Directiva a nacionales de un país tercero que se sitúen fuera de su ámbito de aplicación.

(30) Una vez se cumplan los requisitos generales y específicos de admisión, los Estados miembros deben expedir una autorización dentro de unos plazos determinados. Si un Estado miembro expide permisos de residencia solamente en su territorio y se cumplen todos los requisitos de admisión contemplados en la presente Directiva, dicho Estado miembro debe conceder al nacional del país tercero los visados necesarios y velar por que las autoridades competentes cooperen eficazmente con este fin. En caso de que el Estado miembro no expida los visados, debe conceder al interesado de un país tercero un permiso equivalente autorizando la entrada.

(31) Las autorizaciones deben indicar el estatuto del nacional de un país tercero de que se trate. Los Estados miembros han de poder indicar información adicional, en papel o en formato electrónico, siempre que ello no suponga la introducción de condiciones suplementarias.

(32) Los distintos períodos de duración de las autorizaciones contempladas por la presente Directiva deben reflejar la naturaleza específica de la estancia de cada categoría de nacionales de países terceros a los que se aplica la presente Directiva.

(33) Los Estados miembros deben tener derecho a determinar que la duración total de la residencia de los estudiantes no supere la duración máxima de los estudios, según se establezca en el Derecho nacional. A este respecto, la duración máxima de los estudios puede incluir también, si así lo contempla el Derecho nacional del Estado miembro en cuestión, la posible prórroga de estudios a fin de repetir uno o más cursos.

(34) Los Estados miembros han de poder cobrar a los solicitantes tasas por la tramitación de las autorizaciones y comunicaciones. La cuantía de las tasas no debe ser desproporcionada ni excesiva a fin de no representar un obstáculo para los objetivos de la presente Directiva.

(35) Los derechos otorgados a nacionales de un país tercero que se sitúen dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva no deben depender de la forma de autorización que expida cada Estado miembro.

(36) Debe existir la posibilidad de denegar la admisión a los efectos de la presente Directiva por razones debidamente motivadas. En particular, debe poder denegarse la admisión cuando un Estado miembro considere, basándose en una evaluación de los hechos en cada caso individual y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, que el nacional de que se trate de un país tercero constituye una amenaza potencial para la seguridad, el orden o la salud públicos.

(37) El objetivo de la presente Directiva no es regular la admisión y la residencia de nacionales de países terceros a efectos de empleo, y no pretende armonizar el Derecho o las prácticas nacionales en lo relativo al estatuto de los trabajadores. No obstante, es posible que en algunos Estados miembros se considere que categorías específicas de nacionales de países terceros a los que se aplica la presente Directiva hayan establecido una relación laboral de acuerdo con el Derecho, los convenios colectivos o la práctica nacionales. En caso de que un Estado miembro considere que los investigadores, voluntarios, personas en prácticas u au pairs nacionales de países terceros han iniciado una relación laboral, dicho Estado miembro debe conservar su derecho a determinar los volúmenes de admisión de la categoría o categorías afectadas de acuerdo con el artículo 79, apartado 5, del TFUE.

(38) Cuando un investigador, voluntario, persona en prácticas u au pair nacional de un país tercero solicite que se admita el inicio de una relación laboral en un Estado miembro, dicho Estado miembro debe tener la posibilidad de comprobar que la vacante no puede ser ocupada recurriendo al mercado de trabajo nacional.

(39) En lo que respecta a los estudiantes, no deben aplicarse volúmenes de admisión, ya que, aunque están autorizados a trabajar durante sus estudios de conformidad con las condiciones establecidas en la presente Directiva, solicitan la admisión al territorio de los Estados miembros para continuar sus estudios como actividad principal a tiempo completo, lo que podría incluir unas prácticas obligatorias.

(40) Cuando, después de haber sido admitido en el territorio del Estado miembro en cuestión, un investigador, voluntario, persona en prácticas u au pair solicite renovar la autorización para iniciar o mantener una relación laboral en el Estado miembro de que se trate, excepto si se trata de un investigador que continúa la relación laboral con la misma entidad de acogida, dicho Estado miembro debe tener la posibilidad de comprobar que la vacante no puede ser ocupada recurriendo al mercado de trabajo nacional.

(41) En caso de duda en lo que respecta a las motivaciones de la solicitud de admisión, los Estados miembros deben poder llevar a cabo las correspondientes comprobaciones o solicitar pruebas a fin de evaluar caso por caso, la investigación, los estudios, las prácticas, el voluntariado, el programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo o la colocación au pair a los que se pretende acceder y luchar contra el abuso y el uso improcedente del procedimiento establecido en la presente Directiva.

(42) Cuando la información facilitada sea incompleta, los Estados miembros deben notificar al solicitante, en un plazo razonable, la información complementaria que se requiere y fijar un plazo razonable para su presentación. Si no se ha facilitado la información complementaria en dicho plazo, se podría denegar la solicitud.

(43) Las autoridades nacionales deben notificar al solicitante la decisión adoptada sobre la solicitud. Esa decisión debe notificarse por escrito a la mayor brevedad posible y, como máximo, en el plazo especificado en la presente Directiva.

(44) La presente Directiva tiene por objeto facilitar la movilidad de investigadores y estudiantes dentro de la Unión, entre otras medidas reduciendo la carga administrativa relacionada con la movilidad en varios Estados miembros. A estos efectos, la presente Directiva establece un régimen específico de movilidad dentro de la Unión por el cual los nacionales de países terceros que posean una autorización con fines de investigación o estudios expedida por el primer Estado miembro están autorizados a entrar, permanecer y llevar a cabo una parte de su actividad de investigación o de sus estudios en un segundo Estado miembro o en varios, de conformidad con las disposiciones que rigen la movilidad con arreglo a la presente Directiva.

(45) A fin de permitir a los investigadores moverse fácilmente de un organismo de investigación a otro con el fin de ejercer actividades de investigación, su movilidad de corta duración debe incluir estancias en segundos Estados miembros por períodos de hasta 180 días por Estado miembro en cualquier período de 360 días. La movilidad de larga duración para los investigadores debe incluir estancias en uno o varios segundos Estados miembros por períodos de más de 180 días por Estado miembro. Los miembros de la familia de los investigadores deben tener derecho a acompañar al investigador en esta movilidad. El procedimiento para su movilidad debe equipararse al del investigador al que acompañan.

(46) En lo que respecta a los estudiantes cubiertos por programas de la Unión o multilaterales o por un acuerdo entre dos o más instituciones de enseñanza superior, a fin de velar por la continuidad de sus estudios la presente Directiva debe contemplar la movilidad en uno o varios segundos Estados miembros por períodos de hasta 360 días por Estado miembro.

(47) Cuando un investigador o estudiante se traslade a un segundo Estado miembro basándose en un procedimiento de comunicación y sea necesario un documento para facilitar su acceso a servicios y derechos, dicho segundo Estado miembro ha de tener la posibilidad de expedir un documento para certificar que el investigador o estudiante está autorizado a permanecer en su territorio. Dicho documento no ha de constituir una condición adicional para disfrutar de los derechos contemplados en la presente Directiva y solo ha de tener carácter declarativo.

(48) Si bien el régimen específico de movilidad que crea la presente Directiva debe crear unas normas autónomas relativas a la entrada y a la estancia por motivos de investigación o estudios en Estados miembros que no sean el que expidiera la autorización inicial, deben seguir siendo de aplicación todas las demás normas que rigen la circulación de personas a través de las fronteras, establecidas en las disposiciones correspondientes del acervo de Schengen.

(49) Cuando la autorización sea expedida por un Estado miembro que no aplica íntegramente el acervo de Schengen y el investigador, los miembros de su familia o el estudiante, en el marco de la movilidad dentro de la Unión, cruce una frontera externa en la acepción del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), un Estado miembro debe tener derecho a solicitar pruebas de que el investigador o estudiante se traslada a su territorio con fines de investigación o estudios, o los familiares se trasladan a su territorio con el fin de acompañar al investigador en el marco de la movilidad. Además, en caso de cruzarse una frontera exterior en la acepción del Reglamento (UE) 2016/399, los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen deben consultar el Sistema de Información de Schengen y denegar la entrada u oponerse a la movilidad de las personas para las que se haya introducido en dicho sistema una descripción a efectos de denegación de entrada o de estancia, según se recoge en el Reglamento (CE) n.o 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(50) La presente Directiva debe permitir a los segundos Estados miembros solicitar que los investigadores o estudiantes que se trasladen en virtud de una autorización expedida por el primer Estado miembro y no cumplen o han dejado de cumplir los requisitos para la movilidad abandonen su territorio. Cuando el investigador o estudiante disponga de una autorización válida expedida por el primer Estado miembro, el segundo Estado miembro debe poder exigir a ese investigador o estudiante que regrese al primer Estado miembro, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11). Cuando el segundo Estado miembro autorice la movilidad basándose en la autorización expedida por el primer Estado miembro y dicha autorización sea retirada o su vigencia se extinga durante el período de movilidad, el segundo Estado miembro ha de poder elegir entre retornar al investigador o estudiante a un país tercero, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE, o pedir sin demora al primer Estado miembro que permita de nuevo la entrada del investigador o estudiante. En este último caso, el primer Estado miembro debe expedir al investigador o estudiante un documento autorizándole de nuevo la entrada en su territorio.

(51) Las normas y políticas de la Unión en materia de inmigración, por una parte, y las políticas y programas de la Unión que favorecen la movilidad de investigadores y estudiantes a escala de la Unión, por otra, deben complementarse mutuamente en mayor medida. Al determinar el período de validez de la autorización expedida a investigadores y estudiantes, los Estados miembros deben tener en cuenta la previsión de movilidad a otros Estados miembros, de conformidad con las disposiciones sobre movilidad. Los investigadores o estudiantes cubiertos por programas de la Unión o multilaterales que incluyan medidas o acuerdos de movilidad entre dos o más instituciones de enseñanza superior deben tener derecho a recibir autorizaciones que abarquen al menos dos años, siempre que cumplan los requisitos de admisión pertinentes durante dicho período.

(52) Para permitir a los estudiantes cubrir parte del coste de sus estudios y, siempre que sea posible, para adquirir experiencia práctica, debe serles concedido acceso, durante el tiempo que duren sus estudios, al mercado laboral del Estado miembro en el que cursen estudios, en las condiciones establecidas en la presente Directiva. Debe permitirse a los estudiantes trabajar una determinada cantidad mínima de horas, tal como especifica la presente Directiva a tales efectos. El principio del acceso de los estudiantes al mercado laboral debe ser la norma general. No obstante, en circunstancias excepcionales, los Estados miembros deben poder tener en cuenta la situación de sus mercados de trabajo nacionales.

(53) Como parte de su empeño por asegurar la existencia de una mano de obra cualificada en el futuro, los estudiantes que se licencien en la Unión deben tener la posibilidad de permanecer en el territorio del Estado miembro en cuestión durante el tiempo que señala la presente Directiva, a fin de detectar oportunidades de trabajo o de crear una empresa. Los investigadores deben tener la posibilidad de hacer lo propio tras la culminación de su actividad investigadora según se defina en el convenio de acogida. A fin de que les sean expedidos permisos de residencia a tales efectos, se debe poder pedir a los investigadores y estudiantes que aporten pruebas de conformidad con los requisitos de la presente Directiva. Una vez que los Estados miembros expidan los permisos de residencia en cuestión, dejan de ser considerados como investigadores o estudiantes en el sentido de la presente Directiva. Los Estados miembros han de poder comprobar, tras un período de tiempo mínimo fijado en la presente Directiva, si tienen una oportunidad real de ser contratados o de crear una empresa. Esta posibilidad se entiende sin perjuicio de otras obligaciones de comunicación fijadas por el Derecho nacional con otros fines. La autorización expedida con el fin de detectar oportunidad de empleo o de creación de una empresa no debe suponer la concesión de un derecho de acceso automático al mercado laboral o de creación de una empresa. Los Estados miembros deben conservar la facultad de tomar en consideración la situación de su mercado laboral cuando el nacional de un país tercero a quien se le expidió una autorización para permanecer en el territorio con fines de búsqueda de empleo o para crear una empresa solicite un permiso de trabajo para cubrir una vacante.

(54) Debe velarse por el trato equitativo de los nacionales de países terceros regulados por la presente Directiva, de conformidad con el artículo 79 del TFUE. Los investigadores deben gozar de igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro afectado en lo que respecta al artículo 12, apartados 1 y 4, de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), sujeto a la posibilidad de que dicho Estado miembro limite la igualdad de trato en los casos concretos previstos en la presente Directiva. Debe seguir aplicándose la Directiva 2011/98/UE a los estudiantes, incluidas las restricciones previstas en dicha Directiva. Debe aplicarse la Directiva 2011/98/UE a las personas en prácticas, los voluntarios y au pairs cuando se considere que mantienen una relación laboral en el Estado miembro en cuestión. Las personas en prácticas, los voluntarios y au pairs, cuando no se considere que mantienen una relación laboral en el Estado miembro en cuestión, así como los alumnos, deben gozar de igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro de que se trate en lo que respecta a un conjunto mínimo de derechos previstos en la presente Directiva. Esto incluye el acceso a bienes y servicios, entre los que no se incluyen las becas o préstamos para estudios o formación profesional.

(55) La igualdad de trato concedida a los investigadores y estudiantes, así como a las personas en prácticas, voluntarios y au pairs cuando se considere que mantienen una relación laboral en el Estado miembro en cuestión, incluye la igualdad de trato en lo que respecta a las ramas de la seguridad social incluidas en la lista que figura en el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). La presente Directiva no armoniza la legislación de los Estados miembros en materia de seguridad social. Se limita a aplicar el principio de igualdad de trato en el ámbito de la seguridad social a los nacionales de países terceros incluidos en su ámbito de aplicación. Además, la presente Directiva no concede derechos en aquellas situaciones excluidas del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, como en el caso de que los miembros de la familia residan en un país tercero. No obstante, esto no debe afectar al derecho de los supérstites que sean titulares de derechos generados por nacionales de países terceros incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva a percibir, cuando corresponda, las pensiones de supervivencia cuando residan en un país tercero.

(56) En muchos Estados miembros, el derecho a las prestaciones familiares se supedita a un determinado vínculo con el Estado miembro en cuestión, ya que las prestaciones están pensadas para fomentar un desarrollo demográfico positivo con objeto de garantizar la futura mano de obra en dicho Estado miembro. Por consiguiente, cuando el investigador y su familia permanezcan temporalmente en un Estado miembro, la presente Directiva no debe afectar a la facultad del Estado miembro en cuestión de restringir, en determinadas condiciones, la igualdad de trato respecto de las prestaciones familiares.

(57) En caso de movilidad entre Estados miembros, se aplica el Reglamento (UE) n.o 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (14). La presente Directiva no debe conceder más derechos que los ya previstos en la legislación de la Unión vigente en el ámbito de la seguridad social para los nacionales de países terceros que tengan intereses transfronterizos entre Estados miembros.

(58) La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de las disposiciones más favorables contenidas en el Derecho de la Unión y en los instrumentos internacionales aplicables.

(59) Los permisos de residencia contemplados en la presente Directiva deben ser expedidos por las autoridades competentes del Estado miembro usando el formato unificado establecido en el Reglamento (CE) n.o 1030/2002 del Consejo (15).

(60) Cada Estado miembro debe velar por poner a disposición del público en general información adecuada y actualizada, especialmente en internet, en lo relativo a las entidades de acogida aprobadas a efectos de la presente Directiva y a las condiciones y procedimientos para la admisión de nacionales de países terceros en el territorio de los Estados miembros a efectos de la presente Directiva.

(61) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

(62) Los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva sin discriminación alguna por motivos de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

(63) De conformidad con la declaración política común, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (16), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a sus medidas de incorporación, en los casos debidamente justificados, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos de incorporación nacionales. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

(64) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer las condiciones de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas y Servicio Voluntario Europeo, como disposiciones de cumplimiento obligatorio, e intercambio de alumnos y de voluntariado distinto al Servicio Voluntario Europeo, como disposiciones optativas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión o efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para lograr dicho objetivo.

(65) De conformidad con los artículos 1 y 2 y con el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación.

(66) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(67) La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de las Directivas 2004/114/CE y 2005/71/CE. La obligación de incorporar las disposiciones que se mantienen inalteradas se deriva de dichas Directivas.

(68) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición y a las fechas de aplicación de las Directivas establecidos en el anexo I, parte B.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece:

a) los requisitos de entrada y residencia por un período superior a 90 días en el territorio de los Estados miembros, y los derechos de los nacionales de países terceros y, en su caso, de los miembros de sus familias, con fines de investigación, estudios, prácticas o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo y, cuando así lo decidan los Estados miembros, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos, voluntariado distinto al Servicio Voluntario Europeo o colocación au pair;

b) los requisitos de entrada y residencia, y los derechos de los investigadores y, en su caso, de los miembros de sus familias, y de los estudiantes, a que hace referencia la letra a), en Estados miembros distintos del primer Estado miembro que les concede una autorización sobre la base de la presente Directiva.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplica a los nacionales de países terceros que soliciten ser admitidos o que hayan sido admitidos en el territorio de un Estado miembro con fines de investigación, estudios, prácticas o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo. Los Estados miembros podrán decidir asimismo si aplican las disposiciones de la presente Directiva a los nacionales de países terceros que soliciten la admisión con el fin de participar en un programa de intercambio de alumnos, en un proyecto educativo, en un voluntariado distinto del Servicio Voluntario Europeo o para alguna colocación au pair.

2. La presente Directiva no se aplica a los nacionales de países terceros:

a) que soliciten protección internacional o que disfruten de protección internacional de conformidad con la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (17), o que disfruten de protección temporal de conformidad con la Directiva 2001/55/CE del Consejo (18) en un Estado miembro;

b) cuya expulsión se haya suspendido por razones de hecho o de Derecho;

c) que sean miembros de la familia de ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación dentro de la Unión;

d) que disfruten del estatuto de residente de larga duración en un Estado miembro de conformidad con la Directiva 2003/109/CE del Consejo (19);

e) que disfruten, junto con los miembros de sus familias e independientemente de su nacionalidad, de derechos de libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la Unión en virtud de acuerdos entre la Unión y sus Estados miembros y países terceros, o entre la Unión y países terceros;

f) que vengan a la Unión como trabajadores en formación en el marco de un traslado intraempresarial con arreglo a la Directiva 2014/66/UE;

g) que sean admitidos como trabajadores altamente cualificados de conformidad con la Directiva 2009/50/CE del Consejo (20).

Artículo 3

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) «nacional de un país tercero»: cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión a tenor del artículo 20, apartado 1, del TFUE;

2) «investigador»: un nacional de un país tercero titular de un doctorado o de una cualificación de educación superior adecuada que le permita acceder a programas de doctorado, seleccionado por un organismo de investigación y admitido en el territorio de un Estado miembro para llevar a cabo un proyecto de investigación para el que normalmente se requiere dicha cualificación;

3) «estudiante»: un nacional de un país tercero que haya sido aceptado por una institución de enseñanza superior y sea admitido en el territorio de un Estado miembro para seguir, como actividad principal, un programa de estudios a tiempo completo que conduzca a la obtención de un título de educación superior reconocido en dicho Estado miembro (entre otros, diploma, certificado o doctorado en una institución de enseñanza superior), lo que puede incluir un curso preparatorio a dicha educación superior, con arreglo al Derecho nacional o a unas prácticas de formación obligatorias;

4) «alumno»: un nacional de un país tercero que sea admitido en el territorio de un Estado miembro para cursar un programa de educación secundaria estatal o regional, reconocido equivalente al nivel 2 o 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, en el marco de un programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo gestionado por un centro de enseñanza de conformidad con el Derecho nacional o la práctica administrativa nacional;

5) «persona en prácticas»: un nacional de un país tercero que posea un título de educación superior o que curse estudios en un país tercero que conduzcan a la obtención de un título de educación superior y que sea admitido en el territorio de un Estado miembro para participar en un programa de prácticas con el fin de mejorar sus conocimientos, su práctica y su experiencia en un entorno profesional;

6) «voluntario»: un nacional de un país tercero que sea admitido en el territorio de un Estado miembro a fin de participar en un programa de voluntariado;

7) «programa de voluntariado»: un programa de actividades solidarias prácticas, que se inscriba en el marco de un programa reconocido como tal por el Estado miembro afectado, que persiga objetivos de interés general para una causa sin ánimo de lucro, en el que las actividades no son remuneradas, excepto en forma de reembolso de gastos o dinero de bolsillo o ambos;

8) «au pair»: un nacional de un país tercero que sea admitido en el territorio de un Estado miembro para ser acogido temporalmente por una familia a fin de mejorar sus competencias lingüísticas y su conocimiento del Estado miembro en cuestión, a cambio de tareas domésticas ligeras y cuidado de niños;

9) «investigación»: un trabajo de creación realizado de manera sistemática con el fin de aumentar el conjunto de los conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, de la cultura y de la sociedad, así como la utilización de dicho conjunto de conocimientos para nuevas aplicaciones;

10) «organismo de investigación»: una organización pública o privada que lleve a cabo tareas de investigación;

11) «centro de enseñanza»: un centro público o privado de enseñanza secundaria reconocido por el Estado miembro de que se trate o cuyos programas de estudio estén reconocidos de conformidad con el Derecho nacional o la práctica administrativa nacional, sobre la base de criterios transparentes, y que participe en un programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo a los efectos establecidos en la presente Directiva;

12) «proyecto educativo»: un conjunto de actuaciones educativas desarrolladas por un centro de enseñanza de un Estado miembro en cooperación con centros similares de un país tercero, con el fin de compartir cultura y conocimientos;

13) «institución de enseñanza superior»: cualquier tipo de institución de enseñanza superior reconocida o considerada como tal según el Derecho nacional, que, de conformidad con este o con la práctica nacional, ofrezca títulos de educación superior reconocidos o cualquier otra cualificación superior reconocida, cualquiera que sea el nombre que reciba ese tipo de centros, o cualquier institución que, de conformidad con la ley o la práctica nacionales, ofrezca formación profesional o prácticas de nivel superior;

14) «entidad de acogida»: un organismo de investigación, una institución de enseñanza superior, un centro de enseñanza, una organización responsable de un programa de voluntariado o una entidad que acoja personas en prácticas, asignada al nacional de un país tercero a efectos de la presente Directiva y situada en el territorio del Estado miembro afectado, cualquiera que sea su forma jurídica, de conformidad con el Derecho nacional;

15) «familia de acogida»: una familia que acoja temporalmente a un au pair y que comparta con él su vida diaria en el territorio de un Estado miembro, con arreglo a un acuerdo celebrado entre esa familia y el au pair;

16) «empleo»: el ejercicio de actividades que adopten cualquier forma de trabajo u obra regulada por el Derecho nacional, los convenios colectivos aplicables o conformes a la práctica establecida, por cuenta o bajo la dirección o supervisión de un empleador;

17) «empleador»: toda persona física o jurídica por cuenta de la que o bajo cuya dirección o supervisión se ejerza el empleo;

18) «primer Estado miembro»: Estado miembro que sea el primero en expedir a un nacional de un país tercero una autorización con arreglo a la presente Directiva;

19) «segundo Estado miembro»: cualquier Estado miembro distinto del primer Estado miembro;

20) «programas de la Unión o multilaterales que incluyan medidas de movilidad»: los programas financiados por la Unión o por Estados miembros que promuevan la movilidad de nacionales de países terceros en la Unión o en los Estados miembros que participen en ellos;

21) «autorización»: un permiso de residencia o, si así lo dispone el Derecho nacional, los visados para estancias de larga duración expedidos a efectos de la presente Directiva;

22) «permiso de residencia»: una autorización expedida haciendo uso del formato establecido en el Reglamento (CE) n.o 1030/2002, que permita a su titular permanecer legalmente en el territorio de un Estado miembro;

23) «visado para estancias de larga duración»: una autorización expedida por un Estado miembro conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio de Schengen (21), o expedida de conformidad con el Derecho nacional de los Estados miembros que no aplican la totalidad del acervo de Schengen;

24) «miembros de la familia»: los nacionales de países terceros según se definen en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2003/86/CE.

Artículo 4

Disposiciones más favorables

1. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones más favorables que puedan resultar de:

a) acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre la Unión, sola o con sus Estados miembros, por una parte, y uno o más países terceros, por otra parte, o

b) acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre uno o más Estados miembros y uno o más países terceros.

2. La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de adoptar o mantener disposiciones más favorables para los nacionales de países terceros a los cuales sea aplicable la presente Directiva en lo que respecta al artículo 10, apartado 2, letra a), y a los artículos 18, 22, 23, 24, 25, 26, 34 y 35.

CAPÍTULO II

ADMISIÓN

Artículo 5

Principios

1. La admisión de un nacional de un país tercero en virtud de la presente Directiva estará sujeta a que, una vez comprobadas las pruebas documentales, quede demostrado que el nacional de un país tercero cumple lo siguiente:

a) los requisitos generales establecidos en el artículo 7, y

b) los requisitos específicos correspondientes incluidos en los artículos 8, 11, 12, 13, 14 o 16.

2. Los Estados miembros podrán exigir al solicitante que presente las pruebas documentales a que se refiere el apartado 1 en una lengua oficial del Estado miembro de que se trate o en alguna de las lenguas oficiales de la Unión que determine dicho Estado miembro.

3. Una vez se cumplan todos los requisitos generales y los específicos pertinentes, los nacionales de países terceros tendrán derecho a una autorización.

Si un Estado miembro expide permisos de residencia solamente en su territorio y se cumplen todos los requisitos de admisión establecidos en la presente Directiva, dicho Estado miembro expedirá al nacional de un país tercero los visados necesarios.

Artículo 6

Volúmenes de admisión

La presente Directiva no afectará a la facultad de cada Estado miembro de fijar, de conformidad con el artículo 79, apartado 5, del TFUE, los volúmenes de admisión de nacionales de los países terceros a los que hace referencia el artículo 2, apartado 1, de la presente Directiva, a excepción de los estudiantes, si el Estado miembro en cuestión considera que mantienen o mantendrán una relación laboral. Basándose en ello, una solicitud de autorización puede considerarse inadmisible o denegarse.

Artículo 7

Requisitos generales

1. Por lo que respecta a la admisión de un nacional de un país tercero, con arreglo a la presente Directiva, el solicitante deberá:

a) presentar un documento de viaje válido, según disponga el Derecho nacional, y, si así se exige, una solicitud de visado o un visado válido o, en su caso, un permiso de residencia válido o un visado para estancias de larga duración válido; los Estados miembros podrán exigir que el período de validez del documento de viaje cubra al menos la duración de la estancia prevista;

b) en caso de que el nacional de un país tercero sea menor de edad conforme al Derecho nacional del Estado miembro en cuestión, presentar una autorización paterna o un documento equivalente para la estancia prevista;

c) presentar documentos que prueben que el nacional de un país tercero ha suscrito o, si así lo exige el Derecho nacional, ha solicitado suscribir un seguro de enfermedad para todos los riesgos cubiertos normalmente para los nacionales del Estado miembro en cuestión; el seguro deberá ser válido para la duración de la estancia prevista;

d) si el Estado miembro así lo exige, presentar la prueba del pago de las tasas exigidas conforme al artículo 36 para tramitar la solicitud;

e) presentar las pruebas que solicite el Estado miembro en cuestión de que el nacional de un país tercero podrá disponer durante la estancia prevista de recursos suficientes para cubrir los gastos de manutención sin recurrir al sistema de ayudas sociales del Estado miembro, así como el coste del viaje de regreso. La evaluación de los recursos suficientes se basará en un estudio individual de cada caso y tendrá en cuenta los recursos procedentes, entre otras fuentes, de subvenciones, ayudas y becas, un contrato de trabajo válido o una oferta de empleo en firme o una declaración de toma a cargo por una organización de un programa de intercambio de alumnos, una entidad de acogida de personas en prácticas, una organización de un programa de voluntariado, una familia de acogida o una organización mediadora en la colocación au pair.

2. Los Estados miembros podrán exigir al solicitante que facilite la dirección del nacional de un país tercero de que se trate en su territorio.

Cuando el Derecho nacional de un Estado miembro exija que se dé una dirección en el momento de la solicitud y el nacional de un país tercero de que se trate todavía no conozca su futura dirección, los Estados miembros aceptarán una dirección temporal. En tal caso, el nacional de un país tercero facilitará su dirección permanente a más tardar en el momento en que se expida la autorización en virtud del artículo 17.

3. Los Estados miembros podrán indicar una cantidad de referencia que estimen como «recursos suficientes» en el sentido del apartado 1, letra e). La evaluación de los recursos suficientes se basará en un examen individual de cada caso.

4. La solicitud se presentará y examinará cuando el nacional de un país tercero esté residiendo fuera del territorio del Estado miembro en el que el nacional de un país tercero desea ser admitido, o cuando el nacional de un país tercero ya esté residiendo en ese Estado miembro como titular de un permiso de residencia válido o de un visado para estancias de larga duración.

Como excepción a lo anterior, un Estado miembro podrá aceptar, de acuerdo con su Derecho nacional, una solicitud presentada por el nacional de un país tercero que no tenga un permiso de residencia válido ni un visado para estancias de larga duración, pero que se encuentre legalmente en su territorio.

5. Los Estados miembros determinarán si las solicitudes deben ser presentadas por el nacional de un país tercero, por la entidad de acogida o por cualquiera de los dos.

6. Se denegará la admisión a los nacionales de países terceros a los que se considere que representan una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

Artículo 8

Requisitos específicos para investigadores

1. Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 7, por lo que respecta a la admisión de un nacional de un país tercero con el fin de ejercer actividades de investigación, el solicitante presentará un convenio de acogida o, si así lo dispone el Derecho nacional, un contrato de conformidad con el artículo 10.

2. De conformidad con el Derecho nacional, los Estados miembros podrán exigir del organismo de investigación que se comprometa por escrito a asumir, en caso de que un investigador permanezca ilegalmente en el territorio del Estado miembro de que se trate, el reembolso de los gastos relacionados con la estancia y el retorno del investigador sufragados mediante fondos públicos. La responsabilidad financiera del organismo de investigación finalizará a más tardar seis meses después de la extinción del convenio de acogida.

Cuando el derecho de residencia del investigador se prorrogue de conformidad con el artículo 25, la responsabilidad del organismo de investigación mencionada en el párrafo primero del presente apartado se limitará hasta la fecha de inicio del permiso de residencia con fines de búsqueda de empleo o creación de una empresa.

3. Un Estado miembro que haya establecido un procedimiento de aprobación para organismos de investigación de conformidad con el artículo 9 eximirá a los solicitantes de presentar uno o varios de los documentos o pruebas a los que se hace referencia en el presente artículo, apartado 2, o en el artículo 7, apartado 1, letras c), d) o e), o en el artículo 7, apartado 2, cuando los nacionales de países terceros vayan a ser acogidos por organismos de investigación aprobados.

Artículo 9

Aprobación de los organismos de investigación

1. Los Estados miembros podrán decidir establecer un procedimiento de aprobación para los organismos de investigación públicos o privados que deseen acoger a un investigador por el procedimiento de admisión establecido en la presente Directiva.

2. La aprobación de los organismos de investigación deberá ser conforme a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional o en la práctica administrativa nacional del Estado miembro de que se trate. Las solicitudes de aprobación de organismos de investigación deberán hacerse de conformidad con dichos procedimientos y basarse en su estatuto jurídico o en su objeto social, según el caso, y acreditar que efectúan actividades de investigación.

La aprobación concedida a un organismo de investigación tendrá una validez mínima de cinco años. En casos excepcionales, los Estados miembros podrán conceder aprobaciones por un período más corto.

3. Un Estado miembro podrá, entre otras medidas, retirar la aprobación o denegar su renovación cuando:

a) un organismo de investigación haya dejado de cumplir los requisitos previstos en el presente artículo, apartado 2, en el artículo 8, apartado 2, o en el artículo 10, apartado 7;

b) la aprobación se haya obtenido fraudulentamente, o

c) un organismo de investigación haya firmado de forma fraudulenta o con negligencia un convenio de acogida con un nacional de un país tercero.

Cuando se deniegue una solicitud de renovación o se retire la aprobación, podrá prohibirse al organismo en cuestión volver a solicitar una aprobación antes de que haya transcurrido un período máximo de cinco años a partir de la fecha de publicación de la decisión de no renovación o retirada.

Artículo 10

Convenio de acogida

1. Un organismo de investigación que desee acoger a un nacional de un país tercero con fines de investigación firmará un convenio de acogida con este último. Los Estados miembros podrán decidir que los contratos que contengan los elementos a que se refiere el apartado 2 y, en su caso, el apartado 3, se consideren como equivalentes a los convenios de acogida a efectos de la presente Directiva.

2. El convenio de acogida incluirá:

a) el título o propósito de la actividad de investigación o el ámbito de investigación;

b) el compromiso, por parte del nacional de un país tercero, de tratar de completar la actividad de investigación;

c) el compromiso, por parte del organismo de investigación, de acoger al nacional de un país tercero con el objetivo de completar la actividad de investigación;

d) las fechas inicial y final de la actividad de investigación o su duración estimada;

e) información sobre la movilidad prevista en uno o varios segundos Estados miembros, si se conoce la movilidad en el momento de la solicitud en el primer Estado miembro.

3. Los Estados miembros también podrán exigir que el convenio de acogida incluya:

a) información sobre la relación jurídica entre el organismo de investigación y el investigador;

b) información sobre las condiciones de trabajo del investigador.

4. Los organismos de investigación únicamente podrán firmar convenios de acogida si la actividad investigadora ha sido aceptada por los órganos competentes del organismo, previo examen de los siguientes elementos:

a) el objeto de la actividad investigadora, su duración estimada y la disponibilidad de los medios financieros necesarios para su realización;

b) las cualificaciones del nacional de un país tercero en relación con el objeto de la investigación; estas deberán acreditarse mediante copia certificada de las cualificaciones.

5. El convenio de acogida se anulará automáticamente en caso de que se deniegue la admisión al nacional de un país tercero o que se ponga fin a la relación jurídica existente entre el investigador y el organismo de investigación.

6. El organismo de investigación informará cuanto antes a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate de cualquier acontecimiento que pudiera impedir la ejecución del convenio de acogida.

7. Los Estados miembros podrán establecer que, en los dos meses siguientes a la fecha de extinción del convenio de acogida en cuestión, el organismo de investigación confirme a las autoridades competentes designadas a tal efecto que la actividad investigadora se ha llevado a cabo.

8. Los Estados miembros podrán fijar en su Derecho nacional las consecuencias que la retirada de la aprobación o la denegación de renovarla despliegue sobre los convenios de acogida existentes, celebrados de conformidad con el presente artículo, así como las consecuencias que de ello se derivan para las autorizaciones de los investigadores de que se trate.

Artículo 11

Requisitos específicos para estudiantes

1. Además de los requisitos generales exigidos en el artículo 7, por lo que respecta a la admisión de un nacional de un país tercero con fines de estudio, el solicitante aportará pruebas de que:

a) el nacional de un país tercero ha sido admitido en una institución de enseñanza superior con objeto de cursar un programa de estudios;

b) se han abonado los derechos de matrícula exigidos por la institución de enseñanza superior, si así lo exige el Estado miembro;

c) se posee un conocimiento suficiente de la lengua del programa de enseñanza que se va a cursar, si así lo exige el Estado miembro;

d) el nacional de un país tercero dispondrá de recursos suficientes para cubrir los costes de los estudios, si así lo exige el Estado miembro.

2. Se considerará que satisfacen el requisito exigido en el artículo 7, apartado 1, letra c), los nacionales de países terceros que, por estar matriculados en una institución de enseñanza superior, se beneficien automáticamente de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos normalmente cubiertos para los nacionales del Estado miembro de que se trate.

3. Todo Estado miembro que haya establecido un procedimiento de aprobación para instituciones de enseñanza superior de conformidad con el artículo 15 eximirá a los solicitantes de presentar uno o varios de los documentos o pruebas a los que se hace referencia en el presente artículo, apartado 1, letras b), c) o d), o en el artículo 7, apartado 1, letra d), o en el artículo 7, apartado 2, cuando los nacionales de países terceros vayan a ser acogidos por instituciones de enseñanza superior aprobadas.

Artículo 12

Requisitos específicos para alumnos

1. Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 7, por lo que respecta a la admisión de un nacional de un país tercero en un programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo, el solicitante aportará pruebas de:

a) que el nacional de un país tercero ni está por debajo de la edad y el grado mínimos ni supera la edad y el grado máximos establecidos por el Estado miembro de que se trate;

b) su aceptación en un centro de enseñanza;

c) su participación en un programa educativo estatal o regional reconocido en el contexto de un programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo gestionado por un centro de enseñanza de conformidad con el Derecho o la práctica administrativa nacionales;

d) que el centro de enseñanza o, en la medida en que así lo disponga el Derecho nacional, un tercero acepta hacerse responsable del nacional de un país tercero durante la estancia en el territorio del Estado miembro en cuestión, en particular en lo que respecta al coste de sus estudios;

e) que el nacional de un país tercero se alojará durante su estancia con una familia o en un alojamiento especial dependiente del centro de enseñanza o, en la medida en que así lo disponga el Derecho nacional, en cualquier otra instalación que cumpla las condiciones fijadas por el Estado miembro en cuestión y elegida de acuerdo con las normas del programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo en el que participe el nacional de un país tercero.

2. Los Estados miembros podrán limitar la admisión de los alumnos participantes en un programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo a los nacionales procedentes de aquellos países terceros que ofrezcan una posibilidad similar a sus propios nacionales.

Artículo 13

Requisitos específicos para personas en prácticas

1. Además de los requisitos generales exigidos en el artículo 7, por lo que respecta a la admisión de un nacional de un país tercero con el fin de participar en unas prácticas, el solicitante deberá:

a) presentar un convenio de prácticas con una entidad de acogida, que contemple una formación teórica y práctica. Los Estados miembros podrán exigir que dicho convenio de prácticas sea aprobado por la autoridad competente y que los términos en los que se basa el convenio cumplan los requisitos establecidos por el Derecho nacional, los convenios colectivos o las prácticas del Estado miembro de que se trate. El convenio de prácticas contendrá: i) una descripción del programa de prácticas, incluido el objetivo educativo o los componentes de las prácticas, ii) la duración de las prácticas, iii) las condiciones de las prácticas y de su supervisión, iv) las horas de prácticas, y v) la relación jurídica entre la persona en prácticas y la entidad de acogida;

b) aportar pruebas de que ha obtenido un título de educación superior en los dos años anteriores a la fecha de solicitud o que está realizando estudios que conducen a la obtención de un título de educación superior;

c) aportar pruebas, si así lo exige el Estado miembro, de que el nacional de un país tercero dispondrá durante su estancia de recursos suficientes para cubrir los costes de las prácticas;

d) aportar pruebas, si así lo exige el Estado miembro, de que el nacional de un país tercero ha recibido o recibirá formación lingüística para disponer de los conocimientos necesarios para realizar las prácticas;

e) aportar pruebas, si así lo exige el Estado miembro, de que la entidad de acogida se hace responsable del nacional de un país tercero durante toda su estancia en el territorio del Estado miembro correspondiente, en particular en lo que respecta a los costes de manutención y alojamiento;

f) aportar pruebas, si así lo exige el Estado miembro, de que si el nacional de un país tercero es alojado durante toda su estancia por la entidad de acogida, el alojamiento cumple las condiciones fijadas por el Estado miembro en cuestión.

2. Los Estados miembros podrán exigir que las prácticas se efectúen en el mismo campo académico y al mismo nivel de cualificación que el título de educación superior o el programa de estudios a que hace referencia el apartado 1, letra b).

3. Los Estados miembros podrán exigir a la entidad de acogida que acredite que la persona en prácticas no está ocupando ningún puesto de trabajo.

4. De conformidad con el Derecho nacional, los Estados miembros podrán exigir a la entidad de acogida que se comprometa por escrito a asumir, en caso de que una persona en prácticas permanezca ilegalmente en el territorio del Estado miembro de que se trate, el reembolso de los gastos relacionados con la estancia y el retorno sufragados mediante fondos públicos. La responsabilidad financiera de la entidad de acogida finalizará a más tardar seis meses después de la finalización del convenio de prácticas.

Artículo 14

Requisitos específicos para voluntarios

1. Además de los requisitos generales exigidos en el artículo 7, por lo que respecta a la admisión de un nacional de un país tercero con el fin de participar en un programa de voluntariado, el solicitante deberá:

a) presentar un convenio con la entidad de acogida o, en la medida en que así lo disponga el Derecho nacional, otro organismo responsable en el Estado miembro en cuestión del programa de voluntariado en el que el nacional de un país tercero participe. El convenio incluirá: i) una descripción del programa de voluntariado, ii) la duración del programa de voluntariado, iii) las funciones y condiciones de supervisión del programa de voluntariado, iv) las horas de trabajo voluntario, v) los recursos disponibles para cubrir los gastos de manutención y alojamiento del nacional de un país tercero y una cantidad mínima en concepto de dinero de bolsillo durante toda su estancia, y vi) en su caso, la formación que recibirá el nacional de un país tercero para que pueda realizar el programa de voluntariado;

b) aportar pruebas, si el Estado miembro así lo exige, de que si el nacional de un país tercero es alojado durante toda su estancia por la entidad de acogida, el alojamiento cumple las condiciones fijadas por el Estado miembro en cuestión;

c) aportar pruebas de que la entidad de acogida o, en la medida en que así lo disponga el Derecho nacional, otro organismo responsable del programa de voluntariado, ha suscrito un seguro de responsabilidad a terceros por sus actividades;

d) aportar pruebas, si el Estado miembro así lo exige, de que el nacional de un país tercero ha recibido o recibirá una introducción básica al idioma, la historia y las estructuras sociales y políticas de dicho Estado miembro.

2. Los Estados miembros podrán fijar una edad mínima y otra máxima para los nacionales de países terceros que soliciten su admisión en programas de voluntariado, sin perjuicio de las normas del Servicio Voluntario Europeo.

3. A los voluntarios que participen en el Servicio Voluntario Europeo no se les exigirá presentar las pruebas mencionadas en el apartado 1, letra c), ni, en su caso, las mencionadas en la letra d).

Artículo 15

Aprobación de instituciones de enseñanza superior, centros de enseñanza, organizaciones responsables de programas de voluntariado o entidades de acogida de personas en prácticas

1. A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros podrán decidir establecer un procedimiento de aprobación para instituciones de enseñanza superior, centros de enseñanza, organizaciones responsables de programas de voluntariado o entidades de acogida de personas en prácticas.

2. Dicha aprobación deberá ser conforme a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional o en la práctica administrativa del Estado miembro de que se trate.

3. Si un Estado miembro decide establecer un procedimiento de aprobación de conformidad con los apartados 1 y 2, proporcionará a las entidades de acogida afectadas información clara y transparente, entre otras cosas, sobre las condiciones y criterios para la aprobación, su período de validez, las consecuencias del incumplimiento, como la posible retirada o no renovación, así como las sanciones aplicables.

Artículo 16

Requisitos específicos para au pairs

1. Además de los requisitos generales exigidos en el artículo 7, por lo que respecta a la admisión de un nacional de un país tercero con el fin de colocarse como au pair, el nacional de un país tercero deberá:

a) presentar un acuerdo entre el nacional de un país tercero y la familia de acogida, en el que se determinen los derechos y obligaciones del nacional de un país tercero, en su condición de au pair, incluidos los pormenores referentes al dinero de bolsillo y las disposiciones para la asistencia a cursos del au pair, y el máximo de horas de las tareas familiares;

b) ser mayor de dieciocho años y menor de treinta. En casos excepcionales, los Estados miembros podrán autorizar la admisión como au pair de un nacional de un país tercero que supere el límite de edad máximo;

c) aportar pruebas de que la familia de acogida o una organización mediadora en la colocación au pair, en la medida en que el Derecho nacional así lo disponga, acepte hacerse responsable del nacional de un país tercero durante toda su estancia en el territorio del Estado miembro en cuestión, en particular en lo que respecta a los costes de estancia, alojamiento y riesgo de accidentes.

2. Los Estados miembros podrán exigir que el nacional de un país tercero que solicite su admisión como au pair aporte pruebas de:

a) un conocimiento básico de la lengua del Estado miembro de que se trate, o

b) que ha terminado sus estudios secundarios, que posee una cualificación profesional o, en su caso, que cumple las condiciones para ejercer una profesión regulada, según disponga el Derecho nacional.

3. Los Estados miembros podrán decidir que la colocación au pair se lleve a cabo exclusivamente por organizaciones mediadoras en la colocación au pair en las condiciones fijadas en el Derecho nacional.

4. Los Estados miembros podrán exigir que los miembros de la familia de acogida tengan una nacionalidad diferente a la del nacional de un país tercero que solicite su admisión para colocarse como au pair y que no tengan ningún vínculo familiar con el nacional de un país tercero.

5. La dedicación a las tareas como au pair no superará el máximo de 25 horas semanales. El au pair tendrá al menos un día a la semana libre de tareas como au pair.

6. Los Estados miembros podrán fijar una cantidad de dinero mínima que deberá abonarse al au pair en concepto de dinero de bolsillo.

CAPÍTULO III

AUTORIZACIONES Y DURACIÓN DE LA RESIDENCIA

Artículo 17

Autorizaciones

1. Cuando la autorización se conceda en forma de permiso de residencia, los Estados miembros utilizarán el formato establecido en el Reglamento (CE) n.o 1030/2002, e indicarán los términos «investigador», «estudiante», «alumno», «persona en prácticas», «voluntario» u «au pair» en el permiso de residencia.

2. Cuando la autorización se conceda en forma de visado para estancias de larga duración, los Estados miembros introducirán una referencia en la que declaren que se expide al «investigador», «estudiante», «alumno», «persona en prácticas», «voluntario» u «au pair» en el apartado «observaciones» de la etiqueta del visado.

3. Para los investigadores y estudiantes que lleguen a la Unión en el marco de un programa de la Unión o multilateral específico que incluya medidas de movilidad, o de un convenio entre dos o más instituciones de enseñanza superior reconocidas, la autorización hará referencia a dicho programa o convenio.

4. Cuando se expida a un investigador la autorización de movilidad de larga duración en forma de permiso de residencia, los Estados miembros utilizarán el formato establecido en el Reglamento (CE) n.o 1030/2002 e indicarán «investigador-movilidad» en el permiso de residencia. Cuando se expida a un investigador la autorización de movilidad de larga duración en forma de visado para estancias de larga duración, los Estados miembros indicarán «investigador-movilidad» en el apartado «observaciones» de la etiqueta del visado.

Artículo 18

Duración de la autorización

1. El período de validez de una autorización para investigadores será de al menos un año o igual a la duración del convenio de acogida en caso de ser esta inferior. La autorización se renovará si el artículo 21 no es aplicable.

La duración de la autorización para investigadores cubiertos por programas de la Unión o multilaterales que incluyan medidas de movilidad será de al menos dos años, o igual a la duración del convenio de acogida en caso de ser esta inferior. Si los requisitos generales establecidos en el artículo 7 no se cumplen durante los dos años o a lo largo de todo el período de validez del convenio de acogida, se aplicará el párrafo primero del presente apartado. Los Estados miembros conservarán la facultad de comprobar que no son aplicables los motivos de retirada establecidos en el artículo 21.

2. El período de validez de una autorización para estudiantes será de al menos un año o igual a la duración de los estudios en caso de ser esta inferior. La autorización se renovará si el artículo 21 no es aplicable.

La duración de la autorización para estudiantes cubiertos por programas de la Unión o multilaterales que incluyan medidas de movilidad o por un convenio entre dos o más instituciones de enseñanza superior será de al menos dos años, o igual a la duración de sus estudios en caso de ser esta inferior. Si los requisitos generales establecidos en el artículo 7 no se cumplen durante los dos años o a lo largo de todo el período de estudios, se aplicará el párrafo primero del presente apartado. Los Estados miembros conservarán la facultad de comprobar que no son aplicables los motivos de retirada establecidos en el artículo 21.

3. Los Estados miembros podrán determinar que el tiempo total de residencia por estudios no supere la duración máxima de los estudios tal como la defina el Derecho nacional.

4. El período de validez de una autorización para alumnos será igual a la duración del programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo en caso de que esta sea inferior a un año, o de un año como máximo. Los Estados miembros podrán decidir conceder la renovación de la autorización una vez por el tiempo necesario para completar el programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo si el artículo 21 no es aplicable.

5. El período de validez de una autorización para los au pairs será igual a la duración del acuerdo entre el au pair y la familia de acogida en caso de que esta sea inferior a un año, o de un año como máximo. Los Estados miembros podrán decidir conceder la renovación de la autorización una vez por un período máximo de seis meses, tras la presentación de una solicitud justificada por parte de la familia de acogida si el artículo 21 no es aplicable.

6. El período de validez de una autorización para personas en prácticas será igual a la duración del convenio de prácticas en caso de que esta sea inferior a seis meses, o de seis meses como máximo. Si la duración del convenio es superior a seis meses, la validez de la autorización podrá coincidir con el período correspondiente, de acuerdo con el Derecho nacional.

Los Estados miembros podrán decidir conceder la renovación de la autorización una vez por el tiempo necesario para completar las prácticas si el artículo 21 no es aplicable.

7. El período de validez de una autorización para voluntarios será igual a la duración del convenio a que hace referencia el artículo 14, apartado 1, letra a), en caso de que esta sea inferior a un año, o de un año como máximo. Si la duración del convenio es superior a un año, la validez de la autorización podrá coincidir con el período correspondiente de acuerdo con el Derecho nacional.

8. Los Estados miembros podrán decidir que, en caso de que la validez del documento de viaje del nacional de un país tercero en cuestión sea inferior a un año o inferior a dos años para los casos a que hacen referencia los apartados 1 y 2, el período de validez de la autorización no pueda ser superior al período de validez del documento de viaje.

9. Cuando los Estados miembros autoricen la entrada y la residencia durante el primer año sobre la base de un visado para estancias de larga duración, deberá presentarse una solicitud de permiso de residencia antes de que se extinga la vigencia del visado para estancias de larga duración. El permiso de residencia se expedirá si el artículo 21 no es aplicable.

Artículo 19

Información adicional

1. Los Estados miembros podrán indicar información adicional en formato papel o almacenar dicha información en formato electrónico, según dispone el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1030/2002 y la letra a), punto 16, de su anexo. Dicha información podrá estar relacionada con la residencia y, en los casos regulados por el artículo 24 de la presente Directiva, las actividades económicas del estudiante, e incluir en particular la lista completa de Estados miembros a los que el investigador o estudiante pretende desplazarse en el marco de la movilidad, o información pertinente sobre un programa de la Unión o multilateral específico que incluya medidas de movilidad o un convenio entre dos o más instituciones de enseñanza superior.

2. Los Estados miembros podrán disponer también que la información a que hace referencia el apartado 1 del presente artículo se indique en el visado para estancias de larga duración, tal y como señala el punto 12 del anexo del Reglamento (CE) n.o 1683/95 del Consejo (22).

CAPÍTULO IV

MOTIVOS DE DENEGACIÓN, RETIRADA O NO RENOVACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 20

Motivos de denegación

1. Los Estados miembros podrán denegar una solicitud:

a) cuando no se cumplan los requisitos generales establecidos en el artículo 7 o los requisitos específicos pertinentes establecidos en los artículos 8, 11, 12, 13, 14 o 16;

b) cuando los documentos presentados hayan sido adquiridos fraudulentamente, falsificados o manipulados;

c) cuando el Estado miembro de que se trate únicamente permita la admisión por medio de una entidad de acogida aprobada y esta no lo esté.

2. Los Estados miembros podrán denegar una solicitud:

a) cuando la entidad de acogida, otro organismo según se menciona en el artículo 14, apartado 1, letra a), un tercero según se menciona en el artículo 12, apartado 1, letra d), la familia de acogida o la organización mediadora en la colocación au pair haya dejado de cumplir sus obligaciones legales en materia de seguridad social, fiscalidad, derechos laborales o condiciones de trabajo;

b) si procede, cuando la entidad de acogida o la familia de acogida que vaya a emplear al nacional de un país tercero no cumpla las condiciones de empleo establecidas en la legislación, los convenios colectivos o las prácticas nacionales en el Estado miembro de que se trate;

c) cuando la entidad de acogida, otro organismo según se menciona en el artículo 14, apartado 1, letra a), un tercero según se menciona en el artículo 12, apartado 1, letra d), la familia de acogida o la organización mediadora en la colocación au pair haya sido objeto de una sanción de conformidad con el Derecho nacional por trabajo no declarado o ilegal;

d) cuando la entidad de acogida se haya establecido u opere con la finalidad principal de facilitar la entrada de nacionales de países terceros que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;

e) en su caso, cuando la actividad de la entidad de acogida esté siendo o haya sido liquidada en virtud del Derecho nacional sobre insolvencia, o no se esté realizando actividad económica alguna;

f) cuando el Estado miembro tenga pruebas o motivos serios y objetivos para determinar que el nacional de un país tercero residiría con fines distintos de aquellos para los que solicita la admisión.

3. Cuando un nacional de un país tercero solicite la admisión para iniciar una relación laboral en un Estado miembro, este podrá comprobar si el puesto de que se trata podría cubrirse con sus propios nacionales o con otros nacionales de la Unión, o con nacionales de países terceros que residan legalmente en dicho Estado miembro, en cuyo caso podrá denegar la solicitud. El presente apartado se aplicará sin perjuicio del principio de preferencia de los ciudadanos de la Unión, tal y como se enuncia en las disposiciones aplicables de las Actas de Adhesión correspondientes.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, cualquier decisión de denegar una solicitud tendrá en cuenta las circunstancias específicas del caso y respetará el principio de proporcionalidad.

Artículo 21

Motivos de retirada o no renovación de una autorización

1. Los Estados miembros retirarán o, en su caso, denegarán la renovación de una autorización:

a) cuando el nacional de un país tercero ya no cumpla los requisitos generales establecidos en el artículo 7, a excepción de su apartado 6, o los requisitos específicos pertinentes establecidos en los artículos 8, 11, 12, 13, 14 o 16, o los requisitos del artículo 18;

b) cuando la autorización o los documentos presentados hayan sido adquiridos fraudulentamente, falsificados o manipulados;

c) cuando el Estado miembro de que se trate únicamente permita la admisión por medio de una entidad de acogida aprobada y esta no lo esté;

d) cuando el nacional de un país tercero esté residiendo con fines distintos de aquellos para los que se le haya autorizado a residir.

2. Los Estados miembros podrán retirar o, en su caso, denegar la renovación de una autorización:

a) cuando la entidad de acogida, otro organismo según se menciona en el artículo 14, apartado 1, letra a), un tercero según se menciona en el artículo 12, apartado 1, letra d), la familia de acogida o la organización mediadora en la colocación au pair haya dejado de cumplir sus obligaciones legales en materia de seguridad social, fiscalidad, derechos laborales o condiciones de trabajo;

b) si procede, cuando la entidad de acogida o la familia de acogida que emplee al nacional de un país tercero no cumpla las condiciones de empleo establecidas en las leyes, los convenios colectivos o las prácticas nacionales en el Estado miembro de que se trate;

c) cuando la entidad de acogida, otro organismo según se menciona en el artículo 14, apartado 1, letra a), un tercero según se menciona en el artículo 12, apartado 1, letra d), la familia de acogida o la organización mediadora en la colocación au pair haya sido objeto de una sanción de conformidad con el Derecho nacional por trabajo no declarado o ilegal;

d) cuando la entidad de acogida se haya establecido u opere con la finalidad principal de facilitar la entrada de nacionales de países terceros que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;

e) en su caso, cuando la actividad de la entidad de acogida esté siendo o haya sido liquidada en virtud del Derecho nacional en materia de insolvencia, o no se esté realizando actividad económica alguna;

f) en el caso de los estudiantes, cuando se incumplan los límites temporales impuestos con arreglo al artículo 24 en lo que respecta al acceso a las actividades económicas, o cuando un estudiante no haga progresos suficientes en sus estudios conforme a lo dispuesto en el Derecho o en la práctica administrativa nacionales.

3. En caso de retirada, al evaluar la falta de progresos realizados en los estudios correspondientes, según se dispone en el apartado 2, letra f), el Estado miembro podrá consultar con la entidad de acogida.

4. Los Estados miembros podrán retirar una autorización o denegar su renovación por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.

5. Cuando un nacional de un país tercero solicite la renovación de su autorización para iniciar o continuar una relación laboral en un Estado miembro, con excepción de los investigadores que continúen su relación laboral con la misma entidad de acogida, dicho Estado miembro podrá verificar si el puesto de que se trate podría cubrirse con sus propios nacionales o con otros nacionales de la Unión, o con nacionales de países terceros que sean residentes de larga duración en dicho Estado miembro, en cuyo caso podrán denegar la renovación de la autorización. El presente apartado se aplicará sin perjuicio del principio de preferencia de los ciudadanos de la Unión, tal y como se enuncia en las disposiciones correspondientes de las Actas de Adhesión pertinentes.

6. Cuando un Estado miembro se proponga retirar o no renovar la autorización de un estudiante de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, letras a), c), d) o e), se permitirá al estudiante presentar una solicitud de acogida en una institución de enseñanza superior diferente para un curso equivalente que le permita terminar sus estudios. Se autorizará al estudiante a permanecer en el territorio del Estado miembro de que se trate hasta que las autoridades competentes hayan resuelto sobre su solicitud.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, cualquier decisión de retirar una autorización o denegar su renovación tendrá en cuenta las circunstancias específicas del caso y respetará el principio de proporcionalidad.

CAPÍTULO V

DERECHOS

Artículo 22

Igualdad de trato

1. Los investigadores tendrán derecho a recibir un trato igual al dispensado a los nacionales del Estado miembro de que se trate según se dispone en el artículo 12, apartados 1 y 4, de la Directiva 2011/98/UE.

2. En lo que respecta a los investigadores, los Estados miembros podrán restringir la igualdad de trato:

a) con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/98/UE, excluyendo los créditos y becas de estudio y de manutención u otros tipos de créditos y becas;

b) con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98/UE, no concediendo prestaciones familiares a los investigadores que hayan sido autorizados a residir en el territorio del Estado miembro de que se trate por un período no superior a seis meses;

c) con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra f), de la Directiva 2011/98/UE, limitando su aplicación a los casos en los que el lugar de residencia registrado o habitual de los miembros de la familia del investigador para los que este solicita tales beneficios se encuentre en el territorio del Estado miembro en cuestión;

d) con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra g), de la Directiva 2011/98/UE, limitando el acceso a la vivienda.

3. Las personas en prácticas, los voluntarios y au pairs, cuando se considere que han establecido una relación laboral en el Estado miembro de que se trate, y los estudiantes tendrán derecho a recibir un trato igual al dispensado a los nacionales del Estado miembro de que se trate según lo dispuesto en el artículo 12, apartados 1 y 4, de la Directiva 2011/98/UE, bajo las restricciones contempladas en el apartado 2 de dicho artículo.

4. Las personas en prácticas, los voluntarios y au pairs, cuando no se considere que han establecido una relación laboral en el Estado miembro de que se trate, y los alumnos tendrán derecho a la igualdad de trato en relación con el acceso a bienes y servicios y al suministro de bienes y servicios a disposición del público, conforme a lo dispuesto en el Derecho nacional, así como, en su caso, en relación con el reconocimiento de diplomas, certificados y otras cualificaciones profesionales, con arreglo a los procedimientos nacionales aplicables.

Los Estados miembros podrán decidir no concederles la igualdad de trato respecto de los procedimientos de acceso a la vivienda o los servicios proporcionados por las oficinas públicas de empleo de conformidad con el Derecho nacional.

Artículo 23

Enseñanza a cargo de los investigadores

Los investigadores, además de ejercer sus actividades de investigación, podrán impartir clases con arreglo al Derecho nacional. Los Estados miembros fijarán el número máximo de horas o de días lectivos para impartir clases.

Artículo 24

Actividades económicas de los estudiantes

1. Al margen del tiempo de estudio, y cumpliendo las normas y requisitos aplicables a la actividad correspondiente en el Estado miembro de que se trate, los estudiantes tendrán derecho a trabajar por cuenta ajena, y podrán tener derecho a ejercer una actividad económica por cuenta propia, con las limitaciones contempladas en el apartado 3.

2. En caso necesario, los Estados miembros concederán autorizaciones previas a los estudiantes o a los empleadores, o a ambos, de conformidad con el Derecho nacional.

3. Cada Estado miembro fijará el número máximo de horas semanales o de días o meses anuales que se permitan para dicha actividad, que no será inferior a quince horas semanales, o su equivalente en días o meses al año. Se podrá tener en cuenta la situación del mercado laboral en el Estado miembro de que se trate.

Artículo 25

Estancia con fines de búsqueda de empleo o empresariales para investigadores y estudiantes

1. Al término de la actividad de investigación o de los estudios, los investigadores y estudiantes tendrán la posibilidad de permanecer en el territorio del Estado miembro que haya expedido una autorización con arreglo al artículo 17, sobre la base del permiso de residencia mencionado en el apartado 3 del presente artículo, durante un período de nueve meses como mínimo a fin de buscar un empleo o crear una empresa.

2. Los Estados miembros podrán decidir el nivel mínimo de grado que deberán alcanzar los estudiantes para acogerse a la aplicación del presente artículo. Dicho nivel no deberá ser superior al nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (23).

3. A fines de la estancia mencionada en el apartado 1, los Estados miembros expedirán, previa solicitud del investigador o estudiante, un permiso de residencia a favor del nacional de un país tercero de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1030/2002, cuando se sigan cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras a), c), d) y e), el artículo 7, apartado 6, y en su caso, el artículo 7, apartado 2, de la presente Directiva. Los Estados miembros exigirán, en el caso de los investigadores, la confirmación por parte del organismo de investigación de la finalización de la actividad de investigación o, en el caso de los estudiantes, la prueba de haber obtenido un título o certificado de educación superior u otra prueba de cualificación oficial. En su caso, y si se siguen cumpliendo las disposiciones del artículo 26, el permiso de residencia contemplado en dicho artículo se renovará en consecuencia.

4. Los Estados miembros podrán denegar una solicitud al amparo del presente artículo cuando:

a) no se cumplan las condiciones establecidas en los apartados 3 y, en su caso, 2 y 5;

b) los documentos presentados hayan sido obtenidos fraudulentamente, falsificados o alterados.

5. Los Estados miembros podrán exigir al investigador o estudiante y, en su caso, a los miembros de la familia del investigador, que presenten la solicitud a que se refiere el presente artículo al menos 30 días antes de la fecha en que se extinga la vigencia de la autorización expedida con arreglo a los artículos 17 o 26.

6. Si la prueba de haber obtenido un título o certificado de educación superior u otra prueba de cualificación oficial o la confirmación por parte del organismo de investigación de la finalización de la actividad de investigación no están disponibles antes de que se extinga la vigencia de la autorización expedida de conformidad con el artículo 17, y se cumplen todas las demás condiciones, el Estado miembro permitirá al nacional de un país tercero que permanezca en su territorio a fin de presentar dichas pruebas dentro de un plazo razonable de acuerdo con el Derecho nacional.

7. Transcurrido un período mínimo de tres meses a partir de la fecha de expedición del permiso de residencia a que se refiere el presente artículo por el Estado miembro de que se trate, este último podrá exigir a los nacionales de países terceros que demuestren que tienen posibilidades auténticas de ser contratados o de crear una empresa.

Los Estados miembros podrán exigir que el empleo que esté buscando el nacional de un país tercero o la empresa que esté intentando crear corresponden al nivel de investigación o de estudios finalizados.

8. Si las condiciones establecidas en los apartados 3 o 7 han dejado de cumplirse, los Estados miembros podrán retirar el permiso de residencia al nacional de un país tercero y, en su caso, a los miembros de su familia de conformidad con el Derecho nacional.

9. Los segundos Estados miembros podrán aplicar el presente artículo a los investigadores y, en su caso, a los miembros de la familia del investigador, o a los estudiantes que residan o hayan residido en el segundo Estado miembro de que se trate de conformidad con los artículos 28, 29, 30 o 31.

Artículo 26

Miembros de las familias de los investigadores

1. A fin de permitir a los miembros de la familia del investigador reunirse con este en el primer Estado miembro o, en caso de movilidad de larga duración, en los segundos Estados miembros, los Estados miembros aplicarán las disposiciones de la Directiva 2003/86/CE con las excepciones establecidas en el presente artículo.

2. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, y el artículo 8 de la Directiva 2003/86/CE, la concesión de un permiso de residencia a los miembros de la familia no estará supeditada al requisito de que el investigador tenga unas perspectivas razonables de obtener el derecho de residencia permanente ni a que haya cumplido un período mínimo de residencia.

3. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, último párrafo, y en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/86/CE, las condiciones y medidas de integración contempladas en esas disposiciones solo podrán aplicarse después de que se haya concedido un permiso de residencia a los interesados.

4. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2003/86/CE, los permisos de residencia para los miembros de la familia serán concedidos por un Estado miembro si se cumplen las condiciones para la reagrupación familiar, dentro del plazo de 90 días a partir de la fecha en que se presente la solicitud completa. La autoridad competente del Estado miembro de que se trate tramitará la solicitud para los miembros de la familia al mismo tiempo que la solicitud de admisión o de movilidad de larga duración para el investigador, en caso de que la solicitud para los miembros de la familia haya sido presentada al mismo tiempo. El permiso de residencia para los miembros de la familia solo se concederá si se expide al investigador una autorización con arreglo al artículo 17.

5. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Directiva 2003/86/CE, el período de validez del permiso de residencia de los miembros de la familia expirará, por regla general, en la fecha en que se extinga la vigencia de la autorización del investigador. Esto incluirá, en su caso, las autorizaciones expedidas al investigador con fines de búsqueda de empleo o de creación de una empresa con arreglo al artículo 25. Los Estados miembros podrán exigir que el período de validez de los documentos de viaje abarque como mínimo la duración de la estancia prevista.

6. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, segunda frase, de la Directiva 2003/86/CE, el primer Estado miembro o, en el caso de la movilidad de larga duración, los Estados miembros segundos no aplicarán plazo límite alguno con respecto al acceso de los miembros de la familia al mercado laboral, excepto en circunstancias excepcionales, como una tasa de desempleo particularmente elevada.

CAPÍTULO VI

MOVILIDAD ENTRE ESTADOS MIEMBROS

Artículo 27

Movilidad dentro de la Unión

1. Un nacional de un país tercero que posea una autorización válida expedida por el primer Estado miembro para fines de estudios en el marco de un programa de la Unión o multilateral que comprenda medidas de movilidad o de un acuerdo entre dos o más instituciones de enseñanza superior, o para fines de investigación podrá entrar y permanecer para realizar sus estudios o sus actividades de investigación en uno o varios Estados miembros segundos sobre la base de dicha autorización y de un docu