15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 1 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
Conforme a lo dispuesto en los Tratados artículo 78 séptimo (4) del 
Tratado CECA, artículo 206 bis (4) del Tratado CEE y artículo 180 bis (4) del 
Tratado CEEA y en el Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 (artículo 83), 
así como a las disposiciones correspondientes sobre los Fondos 
Europeos de Desarrollo, el Tribunal de Cuentas de las Comunidades 
Europeas, en su reunión de los días 10 y 11 de noviembre de 1987 ha aprobado su 
INFORME ANUAL 
relativo al ejercicio 1986 
El informe, acompañado de las respuestas de las instituciones a las 
observaciones del Tribunal, ha sido transmitido a las autoridades responsables 
del descargo y a las otras instituciones antes del 30 de noviembre de 1987 
Marcel MART 
(Presidente) 
Aldo ANGIOI 
Pierre LELONG 
André J. MIDDELHOEK 
Keld BRIXTOFTE 
Lothar HAASE 
Stergios VALLAS 
Charles J. CAREY 
Josep SUBIRATS 
Carlos MORENO 
Richie RYAN 
Fernand HEBETTE 
2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
NOTA AL LECTOR 
1. Las notas correspondientes a las llamadas que aparecen en cada capítulo figuran al 
final del mismo. 
2. La explicación de las abreviaturas y símbolos utilizados en el presente informe figura en 
la segunda página del Anexo III. 
3. Las respuestas de las instituciones, que se señalan con una banda gris en el margen, 
aparecen a continuación de los anexos al presente informe. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3 
ÍNDICE DE MATERIAS 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas 
relativo al ejercicio 1986 
Página 
Introducción 5 
Primera Parte 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas 7 
Capítulo 1 — Observaciones generales 7 
Capítulo 2 — Ejecución presupuestaria 15 
Capítulo 3 — Contabilidad 33 
Capítulo 4 — Ingresos 37 
Capítulo 5 — Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección 
Garantía (FEOGA-Garantía) , 44 
Capítulo 6 — Fraudes e irregularidades 62 
Capítulo 7 — Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección 
Orientación (FEOGA-Orientación) 67 
Capítulo 8 — Medidas estructurales relativas a los cítricos y a la pesca 75 
Capítulo 9 — Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 78 
Capítulo 10 — Investigación 87 
Capítulo 11 — Ayuda alimentaria 98 
Capítulo 12 — Personal y funcionamiento 103 
Capítulo 13 — Subvenciones 112 
Capítulo 14 — Préstamos, empréstitos y bonificaciones de intereses 120 
Segunda Parte 
Fondos Europeos de Desarrollo 129 
ANEXOS 
Anexo I — Atribuciones de los Miembros del Tribunal de Cuentas en el momento 
de la aprobación del presente informe 145 
Anexo II — Informes y dictámenes aprobados por el Tribunal de Cuentas durante 
los últimos cinco años 147 
Anexo III — Información financiera sobre el Presupuesto General de las Comuni­
dades Europeas y los Fondos Europeos de Desarrollo (1986) 153 
4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Respuestas de las instituciones a las observaciones 
del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 1986 
Primera Parte Página 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas 187 
Capítulo 1 — Observaciones Generales 187 
Capítulo 2 — Ejecución presupuestaria 192 
Capítulo 3 — Contabilidad 200 
Capítulo 4 — Ingresos 203 
Capítulo 5 — Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección 
Garantía (FEOGA-Garantía) 206 
Capítulo 6 — Fraudes e irregularidades 213 
Capítulo 7 — Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección 
Orientación (FEOGA-Orientación) 216 
Capítulo 8 — Medidas estructurales relativas a los cítricos y a la pesca 223 
Capítulo 9 — Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 225 
Capítulo 10 — Investigación 230 
Capítulo 11 — Ayuda alimentaria 238 
Capítulo 12 — Personal y funcionamiento 240 
Capítulo 13 — Subvenciones 247 
Capítulo 14 — Préstamos, empréstitos y bonificaciones de intereses 251 
Segunda Parte 
Fondos Europeos de Desarrollo 253 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas 
relativo al ejercicio 1986 
INTRODUCCIÓN 
1. El presente informe sobre las cuentas del ejercicio 
1986 es el décimo Informe Anual del Tribunal de Cuentas 
de las Comunidades Europeas (>). Los Tratados (2) y el 
Reglamento Financiero (3) disponen que la Comisión 
tendrá hasta el Io de junio para preparar las cuentas 
correspondientes a las operaciones del Presupuesto, así 
como un balance financiero descriptivo del activo y del 
pasivo de las Comunidades, acompañados de un análisis 
de la gestión financiera del ejercicio anterior y presentar­
los al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de 
Cuentas. En este contexto, el Tribunal elabora antes del 
30 de noviembre su Informe Anual (4) después de haber 
examinado los documentos antes citados y el resto de la 
información que considere necesaria para cumplir su 
misión. En virtud de lo establecido en los Tratados (5), el 
Parlamento, previa recomendación del Consejo y antes 
del 30 de abril del año siguiente, concederá a la Comisión 
el descargo por la ejecución del Presupuesto. A tal fin, 
examina, después del Consejo, las cuentas y el balance 
financiero antes mencionado, así como el Informe Anual 
del Tribunal acompañado de las respuestas de las 
instituciones a las observaciones de éste. 
2. La evolución reciente de los métodos de trabajo 
empleados por el Tribunal se refleja en el presente 
Informe Anual. De este modo, en la primera parte, aparte 
del capítulo 1 que sigue presentando un mensaje de 
carácter general del Tribunal sobre la situación financiera 
de las Comunidades, se ha incluido este año un nuevo 
capítulo 2. las cuentas del ejercicio 1986. Por ello, al igual que en los 
informes especiales, el Tribunal debe realizar una cierta 
selección de los temas a analizar. A este respecto, el 
Tribunal llama la atención de la autoridad de descargo y 
de los lectores de su Informe Anual sobre la complemen-
tariedad de sus informes especiales con los capítulos 4 a 14 
del presente informe, debido especialmente a la informa­
ción complementaria que estos informes especiales 
aportan a los capítulos sectoriales. 
5. La segunda parte del Informe trata de los Fondos 
Europeos de Desarrollo, que no forman parte del 
Presupuesto General de las Comunidades sino que se 
financian por medio de contribuciones especiales de los 
Estados miembros. 
6. En el Anexo I del Informe se ofrecen las atribuciones 
de los miembros del Tribunal en el momento de la 
aprobación del mismo. En el Anexo II figura la lista de 
informes y dictámenes aprobados por el Tribunal en los 
cinco últimos años. En el Anexo III se presentan 
resúmenes y diversos análisis detallados de los datos 
financieros correspondientes al Presupuesto General de 
las Comunidades y a los Fondos Europeos de Desarrollo. 
3. El nuevo capítulo 2 reúne todas las observaciones, del 
Tribunal resultantes de la auditoría horizontal sobre la 
ejecución presupuestaria o del examen de la legalidad y 
regularidad de las operaciones del ejercicio, con indepen­
dencia del sector presupuestario de que se trate. Este 
capítulo 2 intenta ser todo lo exhaustivo posible. El 
capítulo 3, inalterado en su espíritu, agrupa las observa­
ciones hechas por el Tribunal en materia contable, con 
independencia de los ámbitos afectados. 
4. El método elegido permite aliviar la presentación de 
los capítulos siguientes (4 a 14) que «se dedican más 
especialmente a las observaciones relacionadas con la 
buena gestión financiera. Las observaciones recogidas en 
estos últimos capítulos tienen un alcance potencialmente 
muy amplio y, a diferencia de las contenidas en los 
capítulos 2 y 3, en algunos casos sobrepasan los límites de 
(*) Las notas aparecen al final de la introducción. 7. El Tribunal presenta a las autoridades de descargo 
competentes informes separados sobre el ejercicio 1986 
del JET (Joint European Torus), del Centro Europeo 
para el Desarrollo de la Formación Profesional (Berlín), 
de la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo (Dublín), de la Agencia 
de Abastecimiento de Euratom y de las cuentas de los 
ejercicios 1985 y 1986 de las Escuelas Europeas. El 
capítulo 10 está dedicado principalmente a observaciones 
sobre la contribución al JET y el capítulo 13 a las 
efectuadas por la Comisión a los presupuestos de las 
Escuelas y a las subvenciones, especialmente a la 
Fundación de Dublín y al Centro de Berlín. El Tribunal 
ha elaborado asimismo un informe anual separado sobre 
las operaciones contables relacionadas con las activida­
des operacionales de la CECA así como sobre la gestión 
financiera de estas operaciones a cargo de la Comisión, de 
conformidad con el artículo 78 séptimo (5) del Tratado 
CECA. 
6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
RENDICIÓN DE LAS CUENTAS 
COMUNITARIAS E INFORME ANUAL 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
8. La Comisión realizó la presentación de las cuentas 
del ejercicio de 1986 dentro del plazo del Io de junio de 
1987. Antes del 15 de julio de 1986 todas las observaciones 
que figuran en el presente informe fueron presentadas a la 
Comisión. Antes de esta fecha también se entregaron al 
Parlamento, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al 
Tribunal de Cuentas y al Comité Económico y Social las 
secciones correspondientes de los capítulos 2, 3 y 12 que 
les afectaban. 
9. El Reglamento Financiero dispone que todas las 
instituciones presentarán sus respuestas al Tribunal a más 
tardar el 31 de octubre. En la práctica, la redacción de las 
respuestas formales ha estado precedida por conversacio­
nes entre las instituciones y el Tribunal. Estas conversa­
ciones han tratado a la vez sobre las observaciones del 
Tribunal y sobre los proyectos de respuestas comunica­
dos a título informal. Este procedimiento ha permitido, 
en varios casos, adaptar tanto las observaciones como las 
respuestas con objeto de proporcionar al lector una 
representación lo más objetiva posible de los puntos de 
vista expresados. 
10. Una vez recibidas las respuestas de las instituciones, 
el Tribunal procedió a la aprobación de su informe y, de 
conformidad con el artículo 84 del Reglamento Financie­
ro, antes del 30 de noviembre de 1987 lo presentó a las 
instituciones acompañado de las respuestas de éstas. Este 
año el Tribunal no ha considerado oportuno añadir 
comentarios a las respuestas de las instituciones, tras el 
procedimiento contradictorio, si bien ello no presupone 
que esté necesariamente de acuerdo con el contenido de 
las respuestas. 
11. El Tribunal no ha modificado los procedimientos de 
control de sus propias cuentas, que fueron introducidos 
en 1983. El examen de un tema concreto en las otras 
instituciones cubre igualmente la utilización de los 
(l) El informe anual se presenta de acuerdo con lo establecido 
en el Tratado CECA, artículo 78 séptimo (4), en el Tratado 
CEE, artículo 206 bis (4); en el Tratado CEEA, artículo 180 
bis (4); en el artículo 83 del Reglamento Financiero de 21 de 
diciembre de 1977, DO L 356 de 31.12.1977; así como en 
disposiciones análogas de los diferentes reglamentos 
financieros relativos al tercero, cuarto, quinto y sexto 
Fondos Europeos de Desarrollo, respectivamente: 
(i) la Decisión 71/68/CEE del Consejo, DO L 31 de 
8.2.1971; 
(ii) la Decisión 76/647/CEE del Consejo, DO L 229 de 
20.8.1976; 
(iii) la Decisión 81/215/CEE del Consejo, DO L 101 de 
11.4.1981; 
(iv) la Decisión 86/548/CEE del Consejo, DO L 325 de 
20.11.1986. créditos correspondientes en el presupuesto del Tribunal. 
Todas las observaciones resultantes de este examen se 
insertan en el capítulo correspondiente del presente 
informe y las respuestas se adjuntan de igual forma que 
las de las otras instituciones. 
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
TRIBUNAL 
12. Con efecto a partir del 18 de octubre de 1987, el 
Tribunal ha llevado a cabo un nuevo reparto de funciones 
entre sus Miembros. Las atribuciones de éstos se 
presentan en el Anexo I. Por otra parte, el Consejo ha 
nombrado Miembro del Tribunal con efecto desde el 18 
de octubre de 1987 al Sr. Fernand HEBETTE en 
sustitución del Sr. Paul GAUDY. 
PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL Y 
PLANTILLA DE PERSONAL 
13. Los gastos del Tribunal en 1986 (pagos sobre 
créditos de 1986 más pagos sobre prórrogas de 1985) han 
ascendido a 21,6 Mío ECU. 
14. Los presupuestos de 1985 y de 1986 asignaban al 
Tribunal los siguientes efectivos: 
Categoría A 
Categoría LA 
Categoría B 
Categoría C 
Categoría D 
Total 1985 
109 
36 
64 
77 
21 
307 1986 
124 
44 
70 
82 
25 
345 (6) 
(2) Tratado CECA, artículo 78 quinto; 
Tratado CEE, artículo 205 bis; 
Tratado CEEA, artículo 179 bis. 
(3) Artículo 77. 
(4) Artículo 84 del Reglamento Financiero. 
(5) Tratado CECA, articulo 78 octavo; 
Tratado CEE, artículo 206 ter; 
Tratado CEEA, artículo 180 ter. 
Artículo 85 del Reglamento Financiero. 
(6) De los que 293 corresponden a puestos permanentes y 52 a 
puestos temporales. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 7 
PRIMERA PARTE 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
CAPÍTULO 1 
Observaciones generales 
1.0. ÍNDICE Apartados 
Principales datos presupuestarios resultantes de las cuentas del ejercicio 1986 1.1 — 1.4 
Situación de las finanzas comunitarias 
Introducción 
Presentación de las cuentas presupuestarias 
Cargas futuras 
Exactitud de la previsión presupuestaria 
Observación final 1.5 — 1.27 
1.5 
1.6 — 1.12 
1.13 — 1.20 
1.21 — 1.23 
1.24 — 1.27 
PRINCIPALES DATOS PRESUPUESTARIOS 
RESULTANTES DE LAS CUENTAS DEL 
EJERCICIO 1986 presupuesto rectificativo (2) sobre el que el Consejo, el 21 
de noviembre de 1986, no pudo llegar a un acuerdo. 
1.1. El Presupuesto General de las Comunidades 
Europeas para el ejercicio 1986 (•), aprobado definitiva­
mente el 10 de julio de 1986, se eleva a 36 052,1 Mió ECU 
de créditos para compromisos y 35 174,1 Mió ECU de 
ingresos y créditos para pagos. Las cuentas del ejercicio 
1986 presentan un déficit contable final entre ingresos y 
gastos de 819,9 Mió ECU. Sin embargo, el déficit 
presupuestario real, es decir, la diferencia entre los 
ingresos disponibles y la totalidad de los gastos imputa­
bles al ejercicio, se eleva al 512,9 Mío ECU si se tienen en 
cuenta 693,0 Mió ECU de gastos vencidos del Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sección 
«garantía» (FEOGA-Garantía), cuyo pago, a falta de 
créditos en 1986, hubo de posponerse al ejercicio 1987. En 
el transcurso del ejercicio no se aprobó ningún presupues­
to rectificativo o suplementario, aunque el 4 de septiem­
bre de 1986 la Comisión presentó un anteproyecto de 
(!) Las notas aparecen al final del capítulo. 1.2. Habida cuenta de los créditos prorrogados del 
ejercicio 1985, los créditos finales para compromisos y 
para pagos disponibles en 1986 se elevaron a 
38 298,2 Mió ECU y 36 267,7 Mió ECU respectivamen­
te. La utilización de los créditos para compromisos 
disponibles alcanzó el 95,0 % (93,9 % en 1985) y la de los 
créditos para pagos disponibles el 94,3 % (95,2 % en 
1985). Como ya lo señalara el Tribunal de Cuentas en su 
Informe Anual relativo al ejercicio 1985 (3), este alto nivel 
de ejecución se debe principalmente al peso determinante 
del FEOGA-Garantía, cuyos créditos fueron utilizados 
en su totalidad debido a la regulación específica por la que 
se rige (véanse apartados 1.11 — 1.12). 
1.3. Haciendo abstracción de los pagos efectuados en el 
marco del FEOGA-Garantía, resulta que en los « gastos 
obligatorios» (GO) (4) el nivel de utilización de los 
créditos para pagos disponibles sólo alcanzó el 83,1 % 
(véase cuadro 1.1). El Tribunal señala que 796,9 Mío 
ECU de créditos concedidos para gastos obligatorios en 
los otros campos de intervención de la Comunidad 
8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
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15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 9 
quedaron sin utilizar, fenómeno cuando menos paradóji­
co habida cuenta del carácter fijo de estos gastos. 
1.4. En los campos de « gastos no obligatorios »(GNO), 
el nivel de utilización de los créditos para pagos alcanzó el 
86,6 % en 1986. El Tribunal señala que ese porcentaje 
cubre situaciones muy dispares según el sector de 
intervención y que, en concreto, la política de coopera­
ción al desarrollo ha tenido un nivel de ejecución muy 
mediocre, con un 72,5 % de pagos en concepto de gastos 
no obligatorios en 1986. 
SITUACIÓN DE LAS FINANZAS 
COMUNITARIAS 
Introducción 
1.5. Por tercer año consecutivo las Comunidades no 
han respetado los principios fundamentales de su 
organización financiera, y entre los más importantes la 
total cobertura de los gastos del ejercicio con los ingresos 
anuales correspondientes, tal como estipula el artículo 
199 del Tratado CEE. El Tribunal subraya, además, que 
la no consideración por parte de la autoridad presupues­
taria de los gastos realmente efectuados a título del 
ejercicio 1986 ha creado una apariencia de respeto del 
límite máximo definido para los recursos propios 
comunitarios y, en especial, del tipo del 1,4 % fijado para 
los recursos propios procedentes del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA). En opinión del Tribunal, la toma 
en cuenta de la totalidad del saldo negativo real del 
ejercicio de 1986, es decir, 1 512,9 Mió ECU, se hubiera 
traducido para la mayor parte de los Estados miembros 
en un tipo comunitario de los recursos propios proceden­
tes del IVA igual al 1,5% en lugar del 1,39996% que 
figura en el Presupuesto. 
Presentación de las cuentas presupuestarias 
1.6. Desde su aprobación hasta su cierre, el Presupuesto 
de 1986 no ha reproducido fielmente la realidad de los 
ingresos y gastos del ejercicio (véase cuadro 1.2). Así, el 
Tribunal observó que: 
(a) no se incorporaron al presupuesto del ejercicio gastos 
del FEOG A-Garantí a por un importe de 693,0 Mió 
ECU efectuados en 1986; Cuadro 1.2 — Ingresos, gastos y déficit reales del ejercicio 1986 
(Mió ECU) 
Datos extraídos de las 
cuentas de gestión 
A añadir 
(a) compensación entre 
ingresos y gastos: 
(i) gastos negativos 
(ii) anticipos no reem-
bolsables/resto de 
los déficits de ejerci­
cios anteriores 
(b) gastos del FEOGA-Ga-
rantía prorrogados a 
1987 
Datos reales Ingresos 
34 043,30) 
1 305,7 
678,7 
36 027,7 Gastos 
34 863,2 
1 305,7 
678,7 
693,0 
37 540,6 Déficit 
819,9 
693,0 
1 512,9 
(') Incluida la anulación del saldo de los créditos prorrogados de 1985 
(355,6 Mió ECU) y las diferencias de cambio del ejercicio (20,5 Mió 
ECU). 
(b) no se cubrió el déficit propio del ejercicio de 1986, es 
decir, 819,9 Mío ECU, debido a que la Comisión no 
presentó un presupuesto suplementario; 
(c) se efectuó una compensación entre ingresos y gastos 
del FEOGA-Garantía por una cantidad de 
1 305,7 Mió ECU (véase apartado 1.12); 
(d) el saldo pendiente de los déficits de ejercicios 
anteriores, es decir, 678,7 Mió ECU, y su importe 
correspondiente en forma de anticipos no reembolsa-
bles concedidos por los Estados miembros no se 
inscribieron en el Presupuesto de 1986, ni en los 
ingresos ni en los gastos. 
1.7. El Tribunal debe señalar además que las orientacio­
nes definidas por la Comunidad en la cumbre europea de 
Fontainebleau de 1984, que se basaban en el principio de 
obligatoriedad del marco presupuestario anual, no han 
tenido los efectos deseados. Frente a esta situación, la 
autoridad presupuestaria respondió de una manera 
parcial y puntual, como es el establecimiento de medios de 
financiación suplementarios (anticipos reembolsables en 
1984 y no reembolsables en 1985 y prórroga a los 
ejercicios 1989-1992 del programa especial de comerciali­
zación de mantequilla por un importe estimado de 
3 200 Mió ECU) (5). 
1.8. Al recurrir a anticipos reembolsables o a mecanis­
mos de financiación diferidos, como los definidos para el 
programa de reducción de las existencias de mantequilla, 
la Comunidad hipoteca aún más su futuro y, de hecho, ha 
establecido una forma de recurso a empréstitos. Esta 
práctica es aún más condenable por cuanto que afecta a la 
10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
financiación de gastos corrientes, cuando ni en el Tratado 
ni en el Reglamento Financiero se prevé tal posibilidad y 
además no va acompañada de las garantías al uso en 
operaciones de ese tipo. 1.11 — 1.12 y 1.18) y, por otra, el aumento de las cargas y 
obligaciones del pasado, que seguirán siendo soportadas 
por los presupuestos venideros de las Comunidades 
(véanse apartados 1.13 y siguientes). 
1.9. En 1986, a pesar de la acumulación de los 
resultados negativos provocados por esta política 
presupuestaria a corto plazo y del aumento de la 
diferencia entre los recursos propios disponibles y los 
gastos reales del ejercicio, ni la Comisión ni la autoridad 
presupuestaria estimaron que debían poner remedio a 
esta situación mediante la definición de un mecanismo 
riguroso de igualación de ingresos y gastos o con un 
presupuesto suplementario cuyo contenido hubiera 
satisfecho, al menos temporalmente, la exigencia de 
equilibrio anual del presupuesto impuesta por el artículo 
199 del Tratado CEE. 
1.10. Por el contrario, la Comisión se limitó a presentar 
el 4 de septiembre de 1986 un anteproyecto de presupues­
to rectificativo, que además el Consejo no aprobó, en el 
que en cuanto a gastos únicamente se tomaba en cuenta, 
la disminución neta de los recursos propios. De ahí que la 
gestión del Presupuesto de 1986 se haya caracterizado por 
dos fenómenos importantes: por una parte, la falta de 
contención real de los gastos agrícolas (véanse apartados 1.11. En lo que se refiere a los gastos agrícolas el 
Tribunal observa que, según las cuentas de la Comisión, 
en 1986, y tras tres años de aumento continuo, el 
porcentaje de gastos del FEOGA-Garantía en el conjunto 
de los gastos disminuyó al 64,7 %, frente al 70,2 % en 1985 
(véase cuadro 1.3). 
1.12. Sin embargo, este porcentaje del 64,7% debe 
corregirse al alza para tener en cuenta los gastos 
prorrogados al ejercicio 1987 (693,0 Mió ECU) y también 
los gastos llamados «negativos», que en 1986 se elevaron 
a 1 305,7 Mío ECU. Estos «gastos negativos» (véase 
cuadro 1.4), que en realidad son ingresos a los que se hace 
directamente reducir gastos presupuestarios realizados, 
están constituidos, en lo fundamental, por cantidades 
percibidas de los productores de leche o por exacciones 
sobre transacciones agrícolas intracomunitarias en 
concepto de montantes compensatorios monetarios 
(MCM). Así, tras la toma en cuenta de todos estos 
elementos, el FEOGA-Garantía representa el 66,6 % del 
total de los gastos del ejercicio de 1986. 
Cuadro 1.3 — Parte relativa de los gastos anuales del FEOGA-Garantía en el total de los gastos presupuestarios anuales (') 
Gastos presupuestarios anuales = 100% 
% gastos presupuestarios anuales 
FEOGA-Garantía 
>-
1973 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
(') Gastos anuales = pagos con cargo a créditos del ejercicio más pagos con cargo a créditos prorrogados del ejercicio anterior. 86 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 11 
Cuadro 1.4 — Gastos negativos FEOGA-Garantía en 1986 
(Mió ECU) 
Sector 
Cereales y arroz 
Aceite de oliva 
Leche 
Montantes 
compensatorios 
monetarios 
Liquidaciones Artí­
culo 
1030 
1232 
207 
2802 
2804 
290 Partida 
Exacciones de corres­
ponsabilidad 
Otros gastos de almace­
namiento público 
Participación financiera 
de los productores de 
leche 
MCM/importaciones re­
caudados por los Esta­
dos miembros importa­
dores 
MCM/exportaciones re­
caudados por los Esta­
dos miembros exporta­
dores 
Liquidaciones de ejerci­
cios anteriores 
Total Importes 
56,4 
1,2 
717,1 
179,7 
296,0 
55,3 
1 305,7 
Cargas futuras 
1.13. En su informe anual relativo al ejercicio de 
1985 (6), el Tribunal ponía especialmente de relieve el 
volumen cada vez mayor de los compromisos pendientes 
de liquidación, y las inevitables consecuencias que para 
los presupuestos posteriores de las Comunidades implica 
la acumulación de cargas repercutidas de un ejercicio a 
otro, así como una presentación de las cuentas que no 
refleja sino de forma parcial y heterogénea la realidad de 
la situación. El Tribunal preparó entonces una lista de las 
obligaciones financieras de la Comunidad según su 
carácter cierto o potencial e invitó a la Comisión a 
establecer una «lista de todas las obligaciones financieras 
que las Comunidades han acumulado en el pasado y 
esforzarse en establecer un calendario de vencimientos y 
su exigibilidad». 
1.14. El Tribunal se felicita ahora por los esfuerzos 
realizados por la Comisión para presentar una imagen lo 
más fiel posible de la situación financiera de las 
Comunidades, en particular en el volumen V de la cuenta 
de gestión relativa al ejercicio 1986 (7) (véase cuadro 1.5). 
Esta cuenta muestra que las obligaciones existentes a 
finales de 1986, que deberán ser atendidas en los próximos 
años, y que pueden calificarse de jurídicamente obligato­
rias, se elevan a 14 053,4 Mió ECU, de los que 
11 681,7 Mió ECU son de compromisos pendientes de 
liquidación de ejercicios anteriores. A ello hay que sumar 
los gastos, también ineludibles, vinculados a la existencia 
y comercialización de los excedentes agrícolas, que la 
Comisión estima en 6 810,2 Mió ECU, es decir, 
20 863,6 Mió ECU de gastos de carácter obligatorio. 1.15. Por otra parte, por primera vez la Comisión cifra 
en aproximadamente 13 400 Mió ECU las cargas que 
califica de potenciales, y especialmente en 11 300 Mió 
ECU los elementos siguientes: 
(a) FEOGA-Orientación (cuadro financiero quinque­
nal): 3 504 Mió ECU; 
(b) Programas Integrados Mediterráneos (esfuerzo pre­
supuestario específico): 1 600 Mió ECU; 
(c) decisiones sobre programas específicos a partir del 
programa marco de investigación y desarrollo 
tecnológico: 5 396 Mió ECU; 
(d) programa marco de estructuras pesqueras — paquete 
indicativo quinquenal: 800 Mío ECU. 
1.16. Las obligaciones y cargas potenciales así enumera­
das por la Comisión —y respecto a las cuales el Tribunal 
tiene que señalar que el importe final y las fechas de 
exigibilidad pueden experimentar variaciones importan­
tes— representan una masa global de aproximadamente 
34 000 Mío ECU, de las que 20 863,6 Mió ECU 
corresponden a obligaciones de carácter vinculante (véase 
apartado 1.14) y 13 400 Mió ECU a otras cargas 
potenciales (véase apartado 1.15). 
1.17. La presentación más exhaustiva de la Comisión ha 
ofrecido sin duda a las autoridades presupuestarias una 
imagen más completa de los órdenes de magnitud que hay 
que tomar en consideración en el marco de la programa­
ción económica plurianual. Sin embargo, el Tribunal 
sugiere que, además de los importes enumerados por la 
Comisión, se tengan en cuenta otros 3 500 Mió ECU 
constituidos por los elementos siguientes: 
(a) complemento a la valoración de la comercialización 
de las existencias agrícolas compradas a la interven­
ción, 1 691,5 Mió ECU (véase apartado 5.14); 
(b) destilación de vino procedente de existencias privadas 
y no comercializables (artículos 39 y 40 del Reglamen­
to (CEE) n° 337/79, del Consejo, de 5 de febrero de 
1979 (8)), aproximadamente 300 Mió ECU (véase 
apartado 5.15); 
(c) obligaciones originadas por contratos firmados por la 
Comisión en virtud de medidas destinadas a ampliar 
mercados en el sector de la leche y de los productos 
lácteos y financiadas por una exacción de correspon­
sabilidad (Reglamento (CEE) n° 1079/77, del Conse­
jo, de 17 de mayo de 1977 (9)), 28,1 Mió ECU; 
(d) estimación de los gastos derivados de la aplicación, 
durante 8 ejercicios, del Reglamento (CEE) n° 
1336/86, del Consejo, de 6 de mayo de 1986 (10) por el 
que se fija la indemnización por abandono definitivo 
de la producción de leche, 905,6 Mió ECU; 
12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Cuadro 1.5 — Situación de las obligaciones y cargas potenciales a 31 de diciembre de 1986 
(Mió ECU) 
A. Obligaciones 
(1) Obligaciones «jurídicamente obligatorias» 
(a) obligaciones que figuran en el balance consolidado de las Comunidades y que 
proceden del desequilibrio entre ingresos y gastos: 
(i) anticipos reembolsables pagados por los Estados miembros en 1984 y 1985 
con el fin de cubrir parcialmente los déficits de los ejercicios 1984 y 1985 
(ii) déficit del año 1986 
(b) compromisos contabilizados con cargo a créditos disociados pendientes de 
liquidación y no cubiertos por los créditos de pago prorrogados al ejercicio 1987 
(c) obligaciones que resultan de los compromisos jurídicamente obligatorios pero 
que no figuran como compromisos contables en las cuentas de la Comunidad: 
(i) gastos del FEOGA-Garantía diferidos a falta de créditos disponibles 
(ii) obligaciones relativas a las solicitudes de reembolso de gastos del FEOGA-
Orientación por parte de determinados Estados miembros 
(2) Estimación de la carga potencial derivada de la comercialización de las existencias de 
productos agrícolas comprados a la intervención en virtud de los reglamentos del 
FEOGA-Garantía 
Total 
B. Otras cargas potenciales 
(1) Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola-Sección Orientación (marco 
financiero quinquenal) 
(2) Programa marco de las estructuras pesqueras (paquete indicativo quinquenal) 
(3) Obligaciones resultantes de programas aprobados fuera de cuota por la Comisión en 
el ámbito del FEDER (paquetes plurianuales) 
(4) Programas Integrados Mediterráneos (esfuerzo presupuestario específico) 
(5) Obligaciones ante Estados miembros y terceros países derivadas de programas 
plurianuales dentro del Título 7 del presupuesto (investigación, energía, etc.) 
(a) decisiones sobre programas 
(b) decisiones de programas específicios a tomar a partir del programa marco de 
investigación y desarrollo tecnológico cuya aprobación se espera en breve 
(6) Ayuda al desarrollo prevista en el marco del Primer y Segundo Protocolo con los 
países mediterráneos 
Total Situación a 31.12.1986 
750,9 
819,9 
693,0 
107,9 
1 460,0 
5 396,0 1 570,8 
11 681,7 
800,9 
3 504,0 
800,0 
539,0 
1 600,0 
6 856,0 
93,0 14 053,4 
6 810,2 
20 863,6 
13 392,0 
(e) obligaciones frente a Estados miembros derivadas de 
programas comunitarios aprobados por la Comisión 
en el ámbito del FEDER, 434,7 Mió ECU (véase 
apartado 9.60); 
(f) obligaciones en materia de ayuda alimentaria relati­
vas a la ejecución de programas de 1986 y anteriores, 
131,1 Mió ECU. los recursos propios. Esta situación se debe principalmen­
te al automatismo, inherente a la Política Agrícola 
Común, del apoyo casi ilimitado de los precios, fijados a 
un nivel muy alto, del que siguen beneficiándose incluso 
los productores de productos agrícolas excedentarios. En 
tal contexto, el paso de la Comunidad de una situación 
deficitaria a una situación excedentaria en un gran 
número de mercados va acompañada de déficits presu­
puestarios cada vez mayores (para más detalles véanse los 
apartados 5.5 — 5.21). 
1.18. El Tribunal desea atraer también la atención de las 
autoridades presupuestarias sobre el hecho de que, 
contrariamente a la orientación política adoptada en la 
cumbre europea de Fontainebleau de 1984, los gastos 
agrícolas han experimentado —y existe el riesgo de que lo 
sigan haciendo— una tasa de crecimiento superior a la de 1.19. En cualquier caso, los presupuestos futuros 
deberán soportar los efectos del retraso en realizar la 
depreciación contable de las existencias en almacén al 
final de 1986. La ya decidida comercialización parcial en 
1987 y 1988 de enormes existencias de mantequilla 
depreciada gravará, por sí misma y por el peso del pasado, 
los ejercicios 1989-1992 con 3 200 Mió ECU, mientras 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 13 
que todavía no se ha aprobado ninguna medida 
importante con vistas a reabsorber los excedentes de otros 
productos, en particular de carne de vacuno. En vista de 
ello, el Tribunal exhorta a la autoridad presupuestaria a 
tomar muy en consideración la intención anunciada por 
la Comisión de inscribir en su anteproyecto de presupues­
to de 1988 (n) no sólo «los créditos relativos a la 
comercialización de existencias, sino también un total de 
1 000 Mió ECU en concepto de depreciación de las 
existencias no comercializadas», sobre todo porque el 
valor comercial de las existencias de mantequilla que 
queden por comercializar, especialmente de mantequilla 
salada o demasiado vieja, se aproximará cada vez más a 
cero. 
1.20. Por consiguiente, la rectificación de la situación 
financiera de las Comunidades exige medidas que 
respondan adecuadamente a las debilidades fundamenta­
les que sufre desde hace varios años. Durante el ejercicio 
1986 la Comisión ha intentado posponer el impacto al 
precio de la prórroga masiva a ejercicios posteriores de los 
déficits presupuestarios y de los gastos efectivamente 
realizados, con la exclusiva preocupación del respeto 
aparente al tipo comunitario del 1,4% de los recursos 
propios procedentes del IVA (véase apartado 1.5). En 
febrero de 1987 la Comisión presentó a la autoridad 
presupuestaria un conjunto de propuestas cuyo objetivo 
declarado era, a la vez, reequilibrar los ingresos y gastos 
en el Presupuesto y definir nuevas prioridades respecto a 
las grandes masas de gastos del Presupuesto (l2). 
Exactitud de la previsión presupuestaria 
1.21. De conformidad con la exigencia de anualidad 
presupuestaria, no deberían solicitarse créditos, y menos 
aún autorizarse, a menos que la probabilidad de 
consumirlos sea muy alta, con el fin de no movilizar y por 
lo tanto no esterilizar inútilmente los recursos del 
presupuesto comunitario. Numerosas comprobaciones 
efectuadas por el Tribunal muestran una inquietante 
infrautilización de las dotaciones de numerosas líneas 
presupuestarias y cuestionan la Habilidad de las previsio­
nes efectuadas tanto en la presentación del anteproyecto 
de Presupuesto por la Comisión como con ocasión de la 
definición del Presupuesto por la autoridad presupuesta­
ria (véanse apartados 2.2 — 2.13). 
1.22. Parece conveniente señalar desde ahora que el 
análisis de las líneas presupuestarias afectadas permite 
reagrupar las principales causas de infrautilización de 
créditos de esta forma: 
(a) retrasos estructurales debidos al carácter poco 
realista de determinados programas, al largo tiempo 
que requiere su realización e incluso a la lentitud de su 
tramitación; 
(b) pesadez y a veces extrema complejidad de los 
procedimientos y mecanismos que condicionan el 
acceso de los beneficiarios a los fondos comunitarios; (c) ausencia de base jurídica; 
(d) aparición de elementos imprevisibles. 
1.23. Si bien claramente esta última causa no es 
achacable a la Comisión, no ocurre lo mismo con las tres 
primeras, a las que tanto ella como la autoridad 
presupuestaria deberían prestar atención, especialmente 
cuando está demostrado que año tras año se produce la 
infrautilización de las mismas líneas presupuestarias. 
Observación final 
1.24. Del análisis de la situación financiera de la 
Comunidad, y concretamente de la ejecución del Presu­
puesto del ejercicio 1986, el Tribunal saca dos tipos de 
conclusiones. En primer lugar que es significativo 
comprobar que la aplicación de algunos dispositivos 
reglamentarios relacionados con la ejecución de las 
políticas comunes o del Presupuesto se ha traducido en la 
práctica en el desarrollo de procedimientos que se alejan 
sensiblemente de los principios y normas de la ortodoxia 
financiera que, sin embargo, corresponden a la voluntad 
expresa del legislador formulada en el Reglamento 
Financiero en vigor. 
1.25. En segundo lugar el Tribunal debe hacer constar 
que, a pesar de sus análisis de ejercicios anteriores, en los 
que se describía la situación comparada de los gastos e 
ingresos reales y se ponía de relieve el carácter estructual 
de su inadecuación, no se ha esbozado en el transcurso del 
ejercicio 1986 ninguna solución, ni siquiera puntual, para 
poner remedio a la situación de crisis financiera que 
sufren las Comunidades desde 1983. 
1.26. El Tribunal observa que los mecanismos de 
disciplina presupuestaria emanados de las conclusiones 
de la cumbre europea de Fontainebleau de 1984 no han 
podido mantener el Presupuesto comunitario a salvo de 
dificultades financieras posteriores. Estas dificultades 
obedecen principalmente a la falta de equilibrio entre: 
(a) los gastos efectuados, cuyo aumento se debe funda­
mentalmente a decisiones tomadas fuera del marco 
presupuestario tales como la fijación de los precios 
agrícolas de la campaña correspondiente, o a 
fenómenos ajenos al Presupuesto, tales como las 
fluctuaciones de las paridades monetarias; 
y 
(b) los ingresos disponibles (recursos propios o medios de 
financiación suplementarios) a cuyo crecimiento se 
pone un tope artificial sin tener en cuenta las 
14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
verdaderas necesidades de financiación que compor­
tan los mecanismos comunitarios. 
1.27. En vista de la persistencia de estas dificultades, el 
Tribunal considera que su solución exige una reforma de 
conjunto del sistema normativo comunitario, tanto en lo 
que se refiere a la definición de los medios de la futura 
financiación de las Comunidades (conservando la 
autonomía de éstas, querida por el legislador desde 1970), 
como al establecimiento de un mecanismo que haga obligatoria la adecuación de los ingresos y los gastos y su 
mutuo reequilibrio dentro del presupuesto. El Tribunal 
añade que, habida cuenta de las enseñanzas obtenidas del 
examen de la gestión presupuestaria realizada, esta 
reforma debe ir acompañada de una renovación del 
marco reglamentario que rige la previsión, aprobación y 
ejecución presupuestarias y reforzada por un retorno al 
respeto estricto de los principios presupuestarios funda­
mentales. 
(>) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) DO L 214 de 4.8.1986. 
Doc. COM(86) 475 final. 
DO C 321 de 15.12.1986, apartado 1.14. 
Según la clasificación aprobada por la Comisión para 
distinguir los gastos «obligatorios» y «no obligatorios» en 
la cuenta de gestión. 
Reglamento (CEE) n° 801/87 del Consejo de 16.3.1987, DO 
L 79 de 21.3.1987, p.14. 
DO C 321 de 15.12.1986, apartados 1.2.- 1.6. 
Doc. COM(87) 191, anexo. (8) DO L 54 de 5.3.1979, p.l. 
(9) DO L 131 de 26.5.1977, p.6. 
(!0) DO L 119 de 8.5.1986, p.21. 
(") Doc. COM(87) 191, Volumen V de la cuenta de gestión, 
anexo, apartado 1.13. 
(12) «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo» (Doc. COM(87) 100 final) e «Informe de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
financiación futura del Presupuesto de la Comunidad» 
(Doc. COM(87) 101 final). 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15 
CAPITULO 2 
Ejecución presupuestaria 
2.0. ÍNDICE 
Análisis de la ejecución del Presupuesto General 1986 
Datos generales 
Previsión presupuestaria y gestión de los créditos 
Evaluación general de la utilización de los créditos 
Transferencias de créditos 
Créditos de pago prorrogados 
Análisis de la subutilización de los créditos por grandes grupos 
Recurso a la reserva negativa 
Respeto del Reglamento Financiero 
Universalidad del Presupuesto 
Anualidad del Presupuesto 
Procedimiento aplicable a los compromisos 
Control financiero 
Normas de competencia 
Documentos justificativos 
Observaciones diversas 
Gestión de los compromisos 
Interpretación de la noción de compromiso 
Seguimiento de los compromisos con cargo a créditos disociados pendientes 
de liquidación 
Créditos de compromiso disponibles por anulación de compromisos de 
ejercicios anteriores 
Recuperaciones de entregas a cuenta por modificación o anulación de 
compromisos 
Sobreestimación de las solicitudes de entregas a cuenta 
Retrasos en la determinación de los importes a cobrar 
Intereses sobre las entregas a cuenta a recobrar 
Observación final sobre la gestión de los compromisos Apartados 
2.1 —2.13 
2.1 
2.13 
2.4 
2.6 
2.10 
2.12 2.2 
2.2 
2.5 
2.7 
2.11 
2.13 
2.14 —2.48 
2.15 —2.21 
2.22 — 2.27 
2.28 — 2.33 
2.34 — 2.37 
2.38 
2.39 — 2.45 
2.46 — 2.48 
2.49 — 2.70 
2.50 — 2.53 
2.54 — 2.58 
2.59 — 2.62 
2.63 — 2.69 
2.64 
2.65 — 2.67 
2.68 — 2.69 
2.70 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL 1986 
Datos generales Presupuesto General de las Comunidades Europeas (l), el 
Tribunal de Cuentas recibió de la Comisión la cuenta de 
gestión, el análisis de la gestión financiera y el balance de 
las Comunidades Europeas del ejercicio 1986 (2). Los 
cuadros 2.1 y 2.2 muestran respectivamente la evolución y 
la utilización de los créditos disponibles por grandes 
líneas de actividad durante 1986. Para una exposición 
más detallada de la evolución y utilización de estos 
créditos conviene referirse al Anexo III, cuadros 6, 7 y 14, 
del presente informe; el cuadro 2.3 muestra los ingresos 
del ejercicio por categorías. 
2.1. De conformidad con el artículo 77 del Reglamento 
Financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al (') Las notas aparecen al final del capítulo. 
16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
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ditos no disocia 
ditos disociados 
18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Cuadro 2.3 — Ingresos de 1985 y 1986 
(Mió ECU) 
Tipo de ingresos 
Derechos de aduana 
Exacciones agrícolas 
Cotizaciones azúcar e isoglucosa 
Recursos propios IVA 
Contribuciones fínancier. 
Sub-total 
Ajustes del IVA - Recursos propios 
de 1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
Ingresos diversos 
Excedente del ejercicio anterior 
Total de ingresos disponibles 
Ingresos necesarios para cubrir los gastos del 
ejercicio 
Insuficiencia de ingresos 
Anticipos recibidos durante el ejercicio 
Saldo del ejercicio 1985 
Ingresos 
efectivos 
(1) 
8 310,1 
1 121,7 
1 057,4 
15 218,9 
260,9 
25 969,0 
— 
62,2 
-26,0 
16,5 
16,7 
12,9 
29,5 
353,6 
_ 
26 434,4 
28 109,0 
1 674,6 
1 650,7 
-23,9 1986 
Presupuesto 
(2) 
9 700,5 
1 584,9 
1 113,8 
22 257,2 
211,0 
34 867,4 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
257,5 
— 
35 124,9 
35 852,80) 
727,9 
727,9 
— Ingresos 
efectivos 
(3) 
8 172,9 
1 175,5 
1 111,5(3) 
22 223,4 
210,1 
32 893,4 
216,6 
92,6 
16,5 
18,9 
-0,4 
9,0 
24,1 
342,7(3) 
— 
33 613,4 
35 165,8(2) 
1 552,4 
732,5 
-819,9 Diferencia 
(4) = (3)-(2) 
(4) 
- 1 527,6 
-409,4 
-2,3 
-33,8 
-0,9 
-1 974,0 (-15,7%) 
(-25,8%) 
(-0,2%) 
(-0,2%) 
(-0,4%) 
(-5,7%) 
(') Gastos previstos en el Presupuesto más el remanente de los déficits (678,7 Mió ECU) de ejercicios anteriores. 
(2) Gastos del ejercicio, tras deducir el saldo cancelado de los créditos prorrogados del ejercicio anterior (355,6 Mió ECU) y los beneficios de cambio 
(20,5 Mió ECU) y sumar el remanente de los déficits (678,7 Mió ECU) de ejercicios anteriores. 
(3) Los ingresos, es decir, 68,3 Mió ECU, relativos a la cotización de reabsorción previstos por el Reglamento (CEE) n° 934/86, y que figuran bajo ingresos 
diversos en la cuenta de gestión (Volúmenes II y V), fueron retomados bajo la rúbrica «Cotizaciones azúcar e isoglucosa». 
Previsión presupuestaria y gestión de los 
créditos 1 918,9 Mió ECU (1 960,4 Mió ECU en 1985), de los que 
498,2 fueron anulados y 1 420,7 Mío ECU quedaron 
disponibles para 1987. Estos créditos para compromisos 
no utilizados se repartían como sigue: 
Evaluación general de la utilización de los créditos (a) 403,8 Mío ECU para gastos obligatorios (GO) (3), es 
decir, el 1,5 % de éstos; 
2.2. Los créditos para compromisos disponibles en 1986 (b) 1 515,1 Mío ECU para gastos no obligatorios 
y no utilizados el 31 de diciembre de 1986 se elevan a (GNO) (3), es decir, el 13,0 % de éstos. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19 
2.3. Los créditos para pagos disponibles en 1986 y no 
utilizados el 31 de diciembre de 1986 se elevan a 
2 074,9 Mió ECU (1 300,6 Mió ECU en 1985), de los que 
669,7 Mió ECU fueron anulados y 1 405,2 Mió ECU 
prorrogados a 1987. Estos créditos para pagos no 
utilizados se repartían como sigue: 
(a) 1 715,2 Mió ECU para créditos propios del ejercicio 
1986, de los cuales: 
(i) 674,6 Mío ECU para GO, es decir, el 2,5 % de 
éstos; 
(ii) 1 040,6 Mío ECU para GNO, es decir, el 12,2 % 
de éstos; 
(b) 359,7 Mió ECU para pagos prorrogados de 1985 a 
1986, de los cuales: 
(i) 141,7 Mió ECU para GO, es decir, el 63,1 % de 
los créditos prorrogados por este concepto; y 
(ii) 218,0 Mió ECU para GNO, es decir, el 25,2 % de 
los créditos prorrogados por este concepto. 
2.4. Hay que poner de manifiesto también que en un 
gran número de los créditos concedidos como consecuen­
cia de enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo 
(312,1 Mió ECU de créditos para compromisos en 77 
líneas presupuestarias y 103,9 Mió ECU de créditos para 
pagos en 66 líneas presupuestarias), el importe de los 
créditos que a final de año estaban sin utilizar fue superior 
al importe de la enmienda. Del cuadro 2.4 se desprende 
que a 19 líneas presupuestarias les corresponden 
217,7 Mió ECU de créditos para compromisos y a 13 
líneas presupuestarias 34,1 Mió ECU de créditos para 
pagos. 
Transferencias de créditos 
2.5. La importancia de las transferencias a las que 
procedió la Comisión en 1986 atrajo la atención del 
Tribunal ya que su volumen constituye un indicador 
significativo de una previsión presupuestaria que se 
apoya en estimaciones demasiado aleatorias: 
(a) se transfirieron entre capítulos 2 000 Mío ECU de 
créditos para compromisos, de los cuales 1 740 Mió 
ECU al FEOGA-Garantía; 
(b) se transfirieron entre capítulos 1 860 Mió ECU de 
créditos para pagos, de los cuales 1 740 Mió ECU al 
FEOGA-Garantía; (c) dentro de los capítulos se transfirieron más de 
2 000 Mío ECU. 
2.6. En lo que se refiere a los créditos para compromi­
sos, durante el ejercicio 1986 hubieron de movilizarse en 
forma de transferencias 150,0 Mió ECU para cubrir la 
«reserva negativa» incluida en los créditos inscritos en el 
capítulo 100 del Presupuesto (véase apartado 2.13). En el 
cuadro 2.5 se indican las líneas presupuestarias cuyos 
créditos de compromiso fueron reducidos de esta forma 
en 1986. 
Créditos de pago prorrogados 
2.7. El artículo 1.3 del Reglamento Financiero dispone 
que «los créditos de pago cubrirán, hasta el importe 
inscrito en el Presupuesto, los gastos resultantes de la 
ejecución de los compromisos adquiridos durante el 
ejercicio y/o ejercicios anteriores». 
2.8. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1985 (4), el 
Tribunal criticaba que en oposición a lo dispuesto en el 
artículo 1.3 del Reglamento Financiero se habían 
utilizado créditos de pago prorrogados de 1984 para 
pagar los nuevos compromisos contraídos en 1985. En el 
procedimiento de descargo, el Consejo compartió la 
opinión del Tribunal. 
2.9. El cuadro 2.6 muestra la utilización de los créditos 
de pago prorrogados del ejercicio anterior en 1985 y 1986. 
De él se desprende que en 1986 para pagos de compromi­
sos del ejercicio corriente se utilizaron solamente 
65,4 Mió ECU, frente a 222,1 Mío ECU en 1985. Según 
un estudio en profundidad realizado por el Tribunal, en 
1986 la preferencia por los créditos del ejercicio sobre los 
prorrogados entrañó la anulación suplementaria de 
93,7 Mió ECU de créditos de pago prorrogados. Como 
esta cifra (incluida en los 210,9 Mió ECU anulados del 
cuadro 2.6) ya figuraba como gasto del ejercicio 1985, su 
posterior anulación se tradujo de hecho en un ingreso del 
ejercicio 1986, con lo que redujo el déficit de este ejercicio. 
2.10. De los 945,9 Mió ECU de créditos de pago 
prorrogados el 31 de diciembre de 1986, solamente 
776,3 Mió ECU corresponden a compromisos pendientes 
de liquidación. Si la diferencia entre los dos importes 
(169,6 Mió ECU) hubiera sido anulada, como debiera 
haberlo sido con arreglo al Reglamento Financiero, el 
déficit contable del ejercicio 1986 hubiera disminuido 
otro tanto. 
20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Cuadro 2.4 — Créditos inscritos por enmiendas del Parlamento y que no han sido utilizados 
Sector 
Pesca 
Política regional 
y de transportes 
Política social 
Investigación, 
energía, etc. 
Cooperación al 
desarrollo Línea 
presu­
puestaria 
4400 
4401 
4403 
450 
5412 
5420 
551 
581 
5841 
5842 
6000 
6010 
6611 
6613 
6616 
6706 
671 
7021 
7358 
7720 
7760 
930 
9340 
936 
951 
958 Denominación 
Programas de investigación en el campo de los cultivos 
acuáticos y marinos 
Programas de investigación sobre los métodos de pesca 
Programas de investigación sobre recursos pesqueros 
Adaptación de la capacidad pesquera 
Nuevas acciones integradas 
Construcción, instalación y equipamiento de centros para la 
formación profesional 
Programas Integrados Mediterráneos — Aportación adicional 
Ayuda financiera a proyectos en materia de infraestructura de 
transportes dentro de la Comunidad 
Ayuda financiera a proyectos de infraestructura transalpina de 
transportes para facilitar el tránsito por Austria 
Ayuda financiera a proyectos de infraestructura de transportes 
para facilitar el tránsito por Yugoslavia 
Regiones desfavorecidas 
Regiones desfavorecidas 
Protección del medio ambiente natural en determinadas zonas 
sensibles de interés comunitario 
Medidas en materia de medio ambiente capaces de favorecer la 
creación de empleo 
Acción de urgencia tendente a salvaguardar las especies 
amenazadas y a combatir la contaminación accidental 
Financiación de los trabajos de restauración y conservación del 
Partenón en la Acrópolis de Atenas 
Promoción del sector cultural 
Acciones en el sector de la licuación y gasificación de 
combustibles sólidos 
Materias primas — Investigación y desarrollo en el sector de las 
materias primas 
Bonificaciones de intereses para nuevas inversiones que tengan 
como objetivo aumentar el empleo 
Promoción de las exportaciones de la Comunidad con destino a 
Japón 
Cooperación financiera y técnica con los países en vías de 
desarrollo de América Latina y de Asia 
Envío de expertos, sesiones de perfeccionamiento, becas y 
apoyo a los institutos locales de formación en beneficio de 
países en desarrollo de América Latina y de Asia 
Ayuda para la autosuficiencia de los refugiados y las personas 
desplazadas 
Participación en la financiación de compras de productos 
alimentarios por organismos no gubernamentales 
Programa Especial de Lucha contra el Hambre en el Mundo 
Total Créditos inscritos por 
enmiendas del Parlamento 
para 
compromisos 
130 000 
120 000 
180 000 
7 000 000 
1 300 000 
1 800 000 
10 000 000 
35 000 000 
4 000 000 
4 000 000 
77 287 500 
20 554 500 
100 000 
160 000 
9 000 000 
20 500 OOO(') 
10 000 000 
600 000 
16 000 000 
217 732 000 para 
pagos 
2 000 000 
1 300 000 
1 800 000 
400 000 
100 000 
600 000 
100 000 
160 000 
4 000 000 
20 000 OOO(') 
400 000 
250 000 
3 000 000 
34 110 000 
(') Inscrito inicialmente en el capítulo 100 y transferido a la línea presupuestaria en cuestión a principios de diciembre de 1986. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 21 
Cuadro 2.5 — Ejecución de la reserva negativa (l) en créditos de compromiso en 1986 
(ECU) 
Capítulo 
Artículo 
440 
510 
542 
551 
581 
584 
930 
958 
100(7331) Denominación 
Programas comunes de investigación en el sector de la 
pesca 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional — Acciones 
comunitarias específicas 
Ayuda financiera especial en favor de Grecia para el 
sector social 
Programas Integrados Mediterráneos — Aportación 
adicional 
Ayuda financiera a proyectos en materia de infraestruc­
tura de transportes dentro de la Comunidad 
Ayuda financiera a proyectos de infraestructura de 
transportes para facilitar el tránsito por Austria y 
Yugoslavia 
Cooperación financiera y técnica con los países en vías 
de desarrollo de América Latina y Asia 
Programa Especial de Lucha contra el Hambre en el 
Mundo 
Créditos provisionales 
Total Exacciones efectuadas 
Falta cierta 
de base legal 
en 1986 
1 080 000 
27 000 000 
3 000 000 
16 000 000 
7 500 000 
54 580 000 Dificultades de ejecución 
que permiten prever 
ya un excedente de 
créditos de 
compromiso 
30 000 000 
5 420 000 
30 000 000 
30 000 000 
95 420 000 
150 000 000 
(') Fuente: Volumen I de la cuenta de gestión — doc. COM(87) 186, Sección III, p. 66. 
Análisis de la subutilización de los créditos por grandes 
grupos 
2.11. De los seis grupos, que constituyen todos los 
sectores operativos del Presupuesto, en los que global-
mente la utilización de los créditos de compromiso o de 
pago fue inferior al 90 %, el Tribunal elaboró una relación 
(véase cuadro 2.7) de las líneas presupuestarias dotadas 
con más de 5 Mió ECU en créditos inicialmente puestos a 
disposición en 1986 y cuyo nivel de utilización fue inferior 
al 75 %. Esta relación indica, en su caso, la magnitud de 
las modificaciones efectuadas por el Parlamento. El 
Tribunal observa en particular que: 
(a) 33 líneas presupuestarias dotadas con más de 5 Mió 
ECU de créditos para compromisos han tenido una 
utilización inferior al 75 %. Representan una masa 
financiera de 2 124,7 Mió ECU, de los que 
1 293,3 Mió ECU no se utilizaron como se había 
previsto inicialmente; Cuadro 2.6 — Utilización de los créditos de pago prorrogados 
del ejercicio anterior en 1985 y 1986 
(Mió ECU) 
Utilización de los créditos 
(1) Créditos prorrogados del 
ejercicio anterior 
(2) Transferencias a créditos 
del ejercicio 
(3) Créditos definitivos ((l) + (2)) 
(4) Pagos, 
de los que: 
— pagos con cargo a compromi­
sos pendientes de liquidación 
al cierre del ejercicio anterior 
— pagos con cargo a 
compromisos del ejercicio 
(5) Créditos prorrogados al 
ejercicio siguiente 
(6) Anulaciones ((3) - (4) - (5)) 1985 
687,7 
-1,0 
686,7 
581,0 
358,9 
222,1 
4,4 
101,3 1986 
749,8 
749,8 
534,9 
469,5 
65,4 
4,0 
210,9(1) 
(') Incluida la anulación de 93,7 Mió ECU de créditos prorrogados de 
1985 en razón de la prioridad dada por la Comisión a la utilización de 
créditos del ejercicio. 
22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Cuadro 2.7 — Líneas presupuestarias dotadas con más de 5 000 ECU en las que el nivel de utilización de los créditos para pagos (CPP) y/o de 
los créditos para compromisos (CPC) puestos inicialmente a disposición en el ejercicio 1986 (créditos iniciales y créditos remanentes o 
prorrogados de 1985) es inferior al 75 % 
Sector 
Estructuras 
agrícolas 
Pesca 
Política 
regional 
y de 
transportes 
(4) 
Política 
social 
(4) 
(4) puesta-
ría (>) 
300 
3221 
3222 
3240 
3261 
3290 
3292 
330 
3430 
387 
(CND) 
3890 
(CND) 
3891 
(CND) 
3892 
4010 
(CND) 
420 
(CND) 
422 
(CND) 
450 
451 
510 
5420 
5421 
550 
551 
581 
607 
608 
610 
6300 
(CND) 
631 
(CND) 
641 
(CND) 
6430 
(CND) 
6460 
650 
(CND) 
651 
(CND) Denominación 
FEOGA-Orientación — Proyectos de mejora de estructuras 
contempladas en el art. 13 Regí. 17/64/CEE 
FEOGA-Orientación — Operaciones colectivas de regadío en el 
Mezzogiorno 
FEOGA-Orientación — Adaptación y modernización de la estructu­
ra de producción de carne en Italia 
FEOGA-Orientación — Operaciones de drenaje en Irlanda 
FEOGA-Orientación — Programa de desarrollo acelerado de las 
zonas desfavorecidas de Irlanda del Norte 
FEOGA-Orientación — Aceleración del desarrollo agrícola en 
determinadas regiones de Grecia 
FEOGA-Orientación — Lanzamiento de un programa de regadío en 
Grecia 
FEOGA-Orientación — Programa específico de desarrollo de la 
agricultura portuguesa 
FEOGA-Orientación — Mejora del sector de cítricos 
Control comunitario de la aplicación de regulaciones agrícolas 
Encuestas agrícolas en Italia 
Acción excepcional de urgencia en favor de la ganadería en Italia 
Sacrificio de cerdos y transformación de carne de porcino en el Reino 
Retirada y primas de aplazamiento para los productos de la pesca 
Gastos vinculados a la pesca en aguas del Mediterráneo fuera de la 
jurisdicción de la Comunidad 
Gastos vinculados a los acuerdos en materia de derechos de pesca 
Adaptación de las capacidades pesqueras 
Reorientación de las capacidades pesqueras 
FEDER — Acciones comunitarias específicas 
Construcción, instalación y equipamiento de centros para la 
formación profesional 
Construcción, instalación y equipamiento de centros para los 
minusválidos psíquicos 
Programas Mediterráneos — Preparación de programas integrados 
Programas Integrados Mediterráneos — Aportación adicional 
Ayuda financiera a los proyectos en materia de infraestructura de los 
transportes dentro de la CE 
Financiación de las acciones emprendidas antes del ejercicio 1984 
(aptiguo capítulo 60) 
Financiación de las acciones emprendidas antes del ejercicio 1984 
(antiguo capítulo 61) 
Fondo Social Europeo — Acciones específicas 
Ejecución del programa «Educación» 
Preparación de los jóvenes para la vida laboral 
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo 
Tareas encomendadas a la institución para favorecer los intercambios 
de jóvenes trabajadores 
Acción comunitaria específica de lucha contra la pobreza 
Contribución a la CECA en concepto de medidas sociales relaciona­
das con la reestructuración siderúrgica 
Reestructuración de la industria del carbón en la Comunidad •Sí" 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC Créditos 
puestos ini­
cialmente a 
disposición 
(2) 
12 071 599 
26 536 778 
9 781 108 
9 761 108 
7 804 284 
7 803 963 
5 728 204 
5 827 652 
39 621 562 
40 276 298 
5 115 932 
620 000 
20 500 000(5) 
33 000 000(5) 
8 654 194 
9 961 304 
12 409 208 
9 000 000 
8 514 200 
3 614 200 
19 250 368 
19 250 368 
5 500 000 
359 974 
39 000 000 
39 000 000 
11 000 000(5) 
11 000 000(5) 
29 149 550(5) 
29 000 000(5) 
38 000 000 
57 000 000 
8 196 100 
11 196 100 
91 000 000 
210 000 000 
21 300 000 
19 067 268 
19 762 789 
15 880 336 
23 266 162 
33 235 357 
118 000 000 
360 000 000 
58 000 000 
155 000 000 
263 110 279 
254 039 488 
51 578 252 
117 941 104 
8 214 399 
6 051 125 
11 253 433 
7 920 000 
6 402 000 
5 200 000 
5 121 575 
4 500 000 
7 442 000 
8 014 871 
62 500 000 
62 500 000 
60 000 000 
60 000 000 De los que 
créditos 
inscritos 
por enmien-
Parlamento 
614 200 
614 200 
2 000 000 
7 000 000 
1 800 000 
1 800 000 
10 000 000 
35 000 000 
920 000 
920 000 
1 200 000 
1 200 000 Nivel de 
utiliza­
ción de 
créditos 
56 
29 
0,0 
0,0 
31 
31 
19 
19 
49 
48 
35 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
38 
98 
58 
100 
0,0 
0,0 
2 
100 
37 
37 
0,0 
0,0 
31 
100 
37 
14 
3 
8 
98 
68 
27 
31 
18 
80 
42 
71 
6 
4 
76 
58 
69 
55 
64 
79 
62 
97 
41 
95 
73 
100 
65 
99 
71 
93 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23 
Sector 
Investigación, 
energía, etc. 
(4) 
Cooperación 
al desarrollo 
(4) puesta-
ria(') 
7021 
7030 
7031 
7301 
7328 
7331 
7350 
7352 
7356 
7358 
7382 
7389 
7390 
7503 
7521 
7703 
7710 ' 
7713 
(CND) 
7717 
7720 
7739 
(CND) 
9202 
9211 
923 
925 
(CND) 
930 
931 
950 
(CND) 
953 
958 
96(3) Denominación 
Acciones en el sector de la licuación y gasificación de combustibles 
sólidos 
Acciones en el sector de la sustitución de hidrocarburos 
Acciones en el sector de las fuentes de energía nuevas y renovables 
Acciones horizontales — Fomento de la cooperación y de los 
intercambios científicos y técnicos europ. 
Medio ambiente — Programa sectorial en materia de medio ambiente 
Desarrollo de las capacidades endógenas de investigación en los 
países en desarrollo 
Técnicas industriales — Metrología aplicada y materiales de 
referencia 
Técnicas industriales — Investigación tecnológica fundamental y 
nuevas aplicaciones 
Biotecnologías — Biotecnología 
Materias primas — Investigación y desarrollo en el sector de las 
materias primas 
Prestaciones de servicios por cuenta de terceros 
Explotación del reactor HFR 
Terminación de los programas comunes 1980-1983 
Acciones comunitarias en el sector de la información especializada 
Promoción de la infraestructura de ayuda a la innovación y de 
transferencia de las tecnologías 
Sistema interinstitucional de información INSIS 
Acciones comunitarias para el desarrollo de la tecnología microeléc-
Plan de acción para las tecnologías de la información 
Normalización en el sector de las tecnologías de la información 
Bonificaciones de intereses para nuevas inversiones que tengan como 
objetivo aumentar el empleo 
Control de la aplicación de determinadas medidas adoptadas en el 
sector siderúrgico 
Ayuda alimentaria complementaria en cereales 
Ayuda alimentaria en «butter oil» 
Ayuda alimentaria en aceite vegetal/aceite de oliva 
Gastos de transporte de las ayudas alimentarias 
Cooperación financiera y técnica con los países en desarrollo de 
América Latina y Asia 
Promoción de las relaciones comerciales de los países en desarrollo de 
América Latina y Asia 
Ayuda a poblaciones de países en desarrollo y de terceros países 
víctimas de catástrofes 
Programa de acciones positivas en relación con África Austral 
Programa Especial de Lucha contra el Hambre en el Mundo 
Cooperación con los países de la Cuenca Mediterránea •£• 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC Créditos 
inicial-
mente a 
disposición 
(2) 
6 359 248 
28 237 118 
12 423 880 
18 278 551 
16 619 106 
45 759 639 
13 554 910 
19 039 970 
11 980 877(5) 
27 681 173(5) 
1 000 000(5) 
17 500 000(5) 
7 183 753 
7 212 898 
16 033 385 
60 061 762 
10 489 831 
31 182 438 
14 579 326(5) 
26 868 156(5) 
6 331 082 
6 312 582 
15 304 962 
18 328 249 
13 473 830 
1 541 339 
5 627 500 
6 813 003 
5 684 735(5) 
5 947 961(5) 
5 328 052 
6 523 754 
7 711 661 
816 301 
6 467 360 
4 000 000 
3 750 000 
5 360 000 
4 000 000 
10 000 000 
18 000 000(5) 
18 000 000(5) 
73 000 000 
78 000 000 
75 300 000 
83 000 000 
9 194 310 
10 000 000 
119 275 637 
102 200 000 
190 931 455(5) 
486 072 242 
6 935 332 
9 393 357 
32 473 372 
18 500 000 
5 000 000 
10 000 000 
30 000 000 
44 951 602 
394 844 794(5) 
185 049 680(5) De los que 
créditos 
inscritos 
por enmien-
Parlamento 
9 000 000 
9 620 000 
1 000 000 
7 500 000 
1 500 000 
20 500 000 
1 000 000 
1 000 000 
4 000 000 
10 000 000 
30 000 000 
24 600 000 
20 000 000 
16 000 000 Nivel de 
utiliza­
ción de 
créditos 
100 
69 
72 
100 
73 
92 
67 
99 
94 
15 
0,0 
0,0 
53 
100 
44 
99 
74 
96 
82 
13 
51 
63 
91 
73 
38 
1 
72 
80 
51 
84 
63 
85 
53 
69 
73 
100 
33 
71 
0,0 
0,0 
5 
71 
18 
40 
61 
95 
65 
100 
57 
100 
90 
55 
60 
76 
52 
30 
67 
66 
47 
0,0 
27 
73 
(') CND = Créditos no disociados. 
(2) Créditos iniciales del Presupuesto más los créditos previstos en el capítulo 100 y los créditos prorrogados/remanentes a 31 de diciembre de 1985. 
(3) En este capítulo, 17 de las 25 partidas/artículos responden a los criterios aplicados en este cuadro. 
(4) Líneas presupuestarias que, según la Comisión, experimentan un retraso en su ejecución debido a la falta de base legal. Véase Anexo 4 del volumen 7 de la 
cuenta de gestión — Doc. COM(87) 186. 
(5) Incluidos los créditos previstos en el capítulo 100. 
24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
(b) 55 líneas presupuestarias dotadas con más de 5 Mió 
ECU en créditos para pagos han tenido una 
utilización inferior al 75 %. Representan una masa 
financiera de 2 109,8 Mió ECU, de los que 
1 265,8 Mió ECU tampoco se utilizaron como se 
había previsto inicialmente. 
2.12. El volumen I de la cuenta de gestión (« Análisis de 
la gestión financiera») proporciona en algunos casos 
explicaciones de la infrautilización. En particular, el 
anexo 4 de ese volumen agrupa los casos de infrautiliza­
ción fruto, según la Comisión, de la ausencia de una base 
legal. 
Recurso a la reserva negativa 
2.13. Frente al agotamiento de los recursos comunita­
rios, la superación del porcentaje máximo de aumento de 
los gastos y la reducción del margen de maniobra del 
Parlamento y a la vista de que en los años anteriores ha 
habido muchos créditos no consumidos durante el 
ejercicio, la autoridad presupuestaria introdujo en 1986 
una «reserva negativa» en el capítulo 100 que redujo el 
importe total de los créditos concedidos. Durante el 
ejercicio esta reserva negativa se compensó mediante 
transferencias desde líneas presupuestarias que se veía 
que no se iban a utilizar completamente. En 1986 este 
procedimiento afectó sólo a los créditos de compromiso y 
se aplicó a 150 Mío ECU. En 1987 se extendió a los 
créditos de pago (88,9 Mío ECU en créditos de pago y 
181,1 Mió ECU en créditos de compromiso). Este 
artificio presupuestario es en la práctica una especulación 
con el subempleo de determinados créditos. 
RESPETO DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO 
2.14. En los párrafos que siguen se detallan, sin 
pretensiones de exhaustividad, las principales infraccio­
nes del Reglamento Financiero en el ejercicio 1986 
observadas por el Tribunal. 
Universalidad del Presupuesto 
2.15. El artículo 3, apartado 1, del Reglamento 
Financiero recuerda claramente los principios del artículo 
199 del Tratado y estipula concretamente que «los 
ingresos y los gastos se inscribirán por su importe íntegro en el Presupuesto y en las cuentas sin compensación entre 
ellos». El respeto de este último principio constituye una 
condición previa para la transparencia del Presupuesto y 
de las cuentas y por lo tanto para el examen de éstas por el 
Tribunal y por la autoridad presupuestaria y de descargo. 
Si bien el Reglamento contempla algunas excepciones a 
este principio, están estrictamente definidas y tienen una 
repercusión financiera relativamente limitada. Sin embar­
go, durante los últimos años se han añadido numerosas 
excepciones. Todas ellas constituyen alteraciones del 
principio de universalidad del Presupuesto y a menudo 
afectan a cantidades muy importantes. 
2.16. En la Sección Garantía del FEOGA, la persisten­
cia de la inscripción en « Gastos negativos » de diferentes 
ingresos generados por la Política Agrícola Común ha 
llevado a reducir como mínimo en 1 305,7 Mió ECU la 
cifra presentada como volumen total de operaciones 
financiadas por el FEOGA-Garantía en 1986. Para 
conseguir una idea exacta del total de la ejecución del 
Presupuesto en 1986 convendría añadir esa cantidad al 
total de gastos e ingresos del ejercicio (véase apartado 
1.12 y cuadro 1.4). 
2.17. En los capítulos del FEOGA-Garantía que 
incluyen tanto gastos —en el sentido estricto— como 
gastos negativos (ingresos), la técnica de transferencias de 
créditos de la Comisión (sobre las que puede decidir sola, 
ya que se trata de transferencias dentro de capítulos) lleva 
a permitir que los gastos brutos aumenten en consonancia 
con el aumento de los gastos negativos (ingresos). Así, en 
1986, el capítulo 28 « Montantes compensatorios moneta­
rios » registró un exceso de gastos brutos de 140 Mió ECU 
en relación a los gastos autorizados inicialmente (véase 
apartado 5.25 (b)). El Tribunal hace notar que esta 
práctica, vinculada a la inscripción de gastos negativos en 
el Presupuesto, no respeta la obligación de obtener la 
aprobación de las autoridades presupuestarias antes de 
aumentar los gastos brutos de un capítulo. 
2.18. Por otra parte, el examen de las cuentas del 
ejercicio 1986 revela otros artificios que han permitido 
reducir aparentemente el volumen de ingresos y gastos y 
hacer que el Presupuesto de 1986 y su ejecución 
parecieran estar dentro de los límites de la disciplina 
presupuestaria que intenta imponerse en la Comunidad. 
El resultado del ejercicio anterior se presenta así como un 
excedente de 49,2 Mió ECU y como tal se imputa como 
ingreso al artículo 300, cuando de hecho esa cantidad 
representa el saldo de tres elementos distintos: 
(a) el importe de los anticipos no reembolsables que los 
Estados miembros se habían comprometido a pagar 
en 1985 pero que no pagaron hasta 1986, es decir, 
unos ingresos de 727,9 Mió ECU; 
(b) un resto (gasto) de déficit de 1984 prorrogado 
irregularmente a 1986 por un importe de 654,8 Mió 
ECU; 
(c) y el resultado (gasto) propiamente dicho del ejercicio 
1985, es decir, un déficit de 23,9 Mió ECU. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 25 
Si cada uno de esos elementos hubiera sido imputado sin 
compensación entre sí, el importe total de los ingresos y 
gastos del ejercicio 1986 se hubiera visto aumentado en 
678,8 Mió ECU. 
2.19. El Banco Europeo de Inversiones (BEI), que 
administra por cuenta de la Comisión los préstamos 
efectuados con recursos presupuestarios en el marco de 
los protocolos mediterráneos, cobra a los prestatarios 
intereses que ingresa en cuentas abiertas en nombre de la 
Comisión. Por ese servicio, el BEI recibe una comisión de 
gestión que carga a esas mismas cuentas. Aunque la 
Comisión dispone de los elementos necesarios para 
imputar por separado esos ingresos y gastos, sólo 
contabiliza el saldo resultante. Esta forma es irregular e 
impide que aparezca claramente en las cuentas el importe 
de las comisiones pagadas al BEI, estimado en varios 
millones de ECU. Esta práctica, al igual que las 
precedentes, lleva directamente a infravalorar tanto los 
ingresos como los gastos del ejercicio. 
2.20. Para hacer frente a un aumento de las tarifas 
postales sin necesidad de solicitar los créditos suplemen­
tarios correspondientes, la Oficina de Publicaciones 
utilizó parte de los recursos (aproximadamente 0,6 Mió 
ECU) procedentes de la venta del Diario Oficial, cuando 
en los comentarios del Presupuesto se indica que sólo se le 
permite usar 440 000 ECU. 
2.21. Al decidir retrasar la transferencia de los ingresos 
procedentes de la venta de publicaciones desde la cuenta 
de la Oficina de Publicaciones a su propia cuenta, la 
Comisión ha prolongado en un año la posibilidad de 
volver a utilizar un importe de 494 000 ECU. 
Anualidad del Presupuesto 
2.22. El principio de anualidad de la utilización 
presupuestaria está establecido en el artículo 199 del 
Tratado y confirmado en el artículo 1 del Reglamento 
Financiero. El Tribunal ha descubierto varias infraccio­
nes de este principio. 
2.23. El hecho de diferir a 1987 la asunción de 
693,0 Mió ECU de gastos por cuenta del FEOGA-
Garantía, efectuados y vencidos en 1986, hace que el 
importe de los gastos disminuya artificialmente y con él el 
déficit del ejercicio 1986. 
2.24. Como se ha indicado anteriormente, la Comisión 
sigue utilizando los créditos de pago prorrogados para atender compromisos del ejercicio corriente, contraria­
mente a las disposiciones del artículo 1.3 del Reglamento 
Financiero. 
2.25. En 1985 se realizaron servicios de vigilancia de 
edificios del Parlamento (importe comprobado por el 
Tribunal: 122 971 ECU) sin que estuvieran disponibles 
los créditos necesarios: se imputaron a los créditos del 
ejercicio 1986. Lo mismo puede decirse respecto a gastos 
por un importe de 37 400 ECU de participantes en 
coloquios y seminarios celebrados en 1985. Por otra 
parte, créditos abiertos en la partida 2710 «Publicaciones 
de carácter general» fueron prorrogados de derecho al 
ejercicio 1986 y utilizados para trabajos de reproducción 
de documentos (146 619 ECU) cuyos pedidos se hicieron 
con posterioridad al 15 de diciembre de 1985 y en su 
mayor parte en 1986. 
2.26. Algunos pagos efectuados por la Comisión 
(995 143 ECU) no corresponden al ejercicio en que fueron 
inscritos: 
(a) servicios y suministros del año 1985 pagados con 
cargo a créditos del ejercicio 1986 (710 569 ECU); 
(b) servicios corrientes del año 1986 pagados con cargo a 
créditos del ejercicio 1985 (17 076 ECU); 
(c) gastos pagados en diciembre de 1985 pero imputados 
con cargo a créditos de 1986 (245 148 ECU); 
(d) servicios del año 1987 pagados con cargo a créditos 
del ejercicio 1985 (22 350 ECU). 
2.27. En las cuentas a 31 de diciembre de 1986 del 
Tribunal de Cuentas: 
(a) un importe de 17 949 ECU que representa las 
cantidades pagadas en concepto de sueldos del mes de 
diciembre de 1986 a nuevos funcionarios no se imputó 
con cargo a los créditos de 1986 sino de 1987; 
(b) un importe de 5 315 ECU pagado en concepto de 
anticipos de gastos de misión fue imputado a los 
créditos del ejercicio 1986 en vez de a los de 1987; sin 
embargo, este importe está parcialmente compensado 
por tres subestimaciones de gastos de la misma 
naturaleza efectuados en 1986 cuya imputación se 
hizo en el Presupuesto de 1987. 
26 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Procedimiento aplicable a los compromisos 
2.28. Se observan continuamente retrasos importantes, 
de hasta cinco meses por encima del máximo de dos meses 
autorizado por el Reglamento Financiero, hasta que la 
Comisión efectúa el compromiso detallado de las 
operaciones del FEOGA-Garantía (véase apartado 5.25 
(e))-
2.29. En algunos gastos de impresión de actas del 
Parlamento (195 557 ECU), los compromisos fueron 
establecidos por los Ordenadores y visados por el 
Interventor a posteriori. Además, determinados compro­
misos (106 705 ECU) relativos a compra de material con 
cargo a créditos de 1986 fueron efectuados antes de la 
aprobación definitiva del Presupuesto, cuando tal 
anticipación sólo es posible para gastos de gestión 
corrientes. 
2.30. En el Consejo se realizaron trabajos de acondicio­
namiento de un edificio en enero de 1986 y se pagaron en 
marzo de 1986 (199 477 ECU). Sin embargo, el compro­
miso no se estableció hasta marzo de 1986, tras haber 
recibido la factura del contratista. 
2.31. En la Comisión no se establecieron ni visaron 
compromisos de gastos por un importe de 216 437 ECU 
hasta después de haber recibido las facturas y realizado el 
trabajo o la entrega. 
2.32. En el Comité Económico y Social, al menos en 13 
líneas presupuestarias los pagos fueron superiores a los 
compromisos (en total 5,7 Mió ECU); algunos gastos 
(alquileres, honorarios de intérpretes, gastos de viaje y 
estancia de miembros del Comité, etc.) fueron efectuados 
sin compromiso previo. El Tribunal de Cuentas ya 
criticaba esta práctica en su Informe Anual relativo al 
ejercicio 1984 (5). 
2.33. Por otra parte, la contabilidad presupuestaria del 
Comité Económico y Social sólo registra los pagos, 
dejando el seguimiento de los compromisos a cargo de los 
servicios del Interventor. De ello resulta una documenta­
ción contable a la vez incompleta e imprecisa, ya que el 
sistema no garantiza la exactitud del registro de los 
compromisos y de los pagos. 
Control financiero 
2.34. Un análisis del procedimiento seguido en materia 
de pagos puso de manifiesto que a menudo el Interventor 
del Comité Económico y Social visa la orden de pago sin 
la firma del ordenador (92 casos). Por otra parte, se han 
efectuado pagos sin el visado del Interventor. 2.35. El artículo 24, apartado 3, del Reglamento 
Financiero dispone que «cuando el interventor compro­
base que un acto que ha engendrado un título de crédito 
no se ha establecido, o que un título de crédito no ha sido 
cobrado, habrá de informar a su institución». Para ello 
no se concede al Interventor ninguna demora. En la 
práctica, el Interventor de la Comisión ha cogido la 
costumbre de preparar anualmente un informe que la 
Comisión examina y le permite orientar en consecuencia 
la acción de los servicios de gestión. 
2.36. En el pasado, el Tribunal ha lamentado que el 
Interventor no mencionara en sus informes las deudas al 
FEOGA-Garantía resultantes de fraudes o irregularida­
des. En su duodécimo informe, emitido en junio de 1985 y 
examinado por la Comisión en agosto de 1985, el 
Interventor comenzaba a cubrir esta laguna indicando la 
existencia de deudas al FEOGA-Garantía, pero sin 
cifrarlas en detalle. Por lo demás, recalcaba especialmente 
a la Comisión un volumen total de 463,9 Mió ECU de 
ingresos o deudas pendientes de cobro. Junto con los 
alrededor de 100 Mió ECU pendientes de cobro a título 
por FEOGA-Garantía, el importe que faltaba en el 
Presupuesto de la Comunidad se elevaba en aquel 
momento a aproximadamente 560 Mió ECU. 
2.37. A principios de julio de 1977, el Tribunal no tenía 
aún conocimiento de que el Interventor había presentado 
un nuevo informe con arreglo al artículo 24, apartado 3, 
del Reglamento Financiero. En un período en el que los 
recursos de la Comunidad se han hecho más escasos y el 
cobro de gastos es un problema continuo, el Tribunal 
lamenta que el Interventor no haya podido seguir 
presentando este informe con periodicidad anual, y se 
pregunta incluso si, en este período difícil, no podría 
contemplarse proporcionar esta información cada seis o 
incluso cada tres meses. 
Normas de competencia 
2.38. El Secretario General del Parlamento tomó diez 
decisiones de no tener en cuenta, cuando el Reglamento 
Financiero dispone expresamente que las decisiones de 
ese tipo no pueden ser delegadas por la institución. 
Documentos justificativos 
2.39. En 1986 las diez decisiones de no tener en cuenta 
denegaciones de visado del Interventor del Parlamento no 
fueron comunicadas al Tribunal de Cuentas en los plazos 
prescritos en el Reglamento Financiero. Tras varios 
recordatorios, le llegaron finalmente el 22 de mayo de 
1987. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27 
2.40. Según los términos del artículo 79 del Reglamento 
Financiero, cada institución debe enviar trimestralmente 
al Tribunal los documentos justificativos de los asientos 
contables. El envío debe hacerse dentro del mes siguiente 
al trimestre finalizado y los del cuarto trimestre dentro del 
mes siguiente al cierre del ejercicio. 
2.41. Desgraciadamente no siempre las instituciones 
sometidas al control del Tribunal han respetado dichos 
plazos, impidiéndole así ejercer su misión en las mejores 
condiciones. 
2.42. Así, a mediados de enero de 1987 el Tribunal no 
disponía aún de documentos justificativos de los gastos 
efectuados en concepto del FEOGA-Garantía en el 
período de marzo a noviembre de 1986. El 30 de abril de 
1987 aún no habían sido enviados al Tribunal los 
documentos justificativos de los compromisos de la 
Comisión para el cuarto trimestre de 1986, ni tampoco las 
declaraciones mensuales del FEOGA de ese mismo 
período. A mediados de mayo de 1987 el Tribunal aún no 
había recibido ningún documento justificativo de los 
ingresos presupuestarios del cuarto trimestre del ejercicio 
1986. 
2.43. Además, el Tribunal observa que los expedientes 
que le envía la Comisión no siempre contienen todos los 
documentos justificativos necesarios para la liquidación y 
el pago de los gastos. Ese es el resultado del examen de una 
muestra de los gastos de la Parte A de la Sección III del 
Presupuesto General. Concretamente se echan en falta 
órdenes de pedido, certificados de recepción y certificados 
de inscripción en el inventario. 
2.44. Desde la entrada en vigor del nuevo Fondo Social, 
la Comisión ha introducido un nuevo sistema documental 
que recurre en mayor medida al equipo informático. Ello 
implica el uso de órdenes de pago «proforma» globales 
por Estado miembro, cuyos justificantes son listados que 
enumeran los beneficiarios individuales. Los demás 
documentos justificativos, en particular cada uno de los 
formularios de crédito, ya no se adjuntan a las copias de 
las órdenes de pago o a los listados citados. Estos últimos, 
en los que cada elemento constituye de hecho la orden de 
pago, no están certificados por los funcionarios compe­
tentes (Ordenador de pagos, Interventor, Contable). 
2.45. Por su parte, el Comité Económico y Social no 
envió los documentos justificativos de los gastos efectua­
dos en el cuarto trimestre de 1986 hasta el 19 de mayo de 
1987. Observaciones diversas 
2.46. Hay documentos justificativos de compras de 
material por el Parlamento que no van acompañados de 
un certificado que confirme la inscripción en el inventario 
(importe de las compras: 337 902 ECU) y en otros no 
figura la mención del dictamen de la Comisión Consultiva 
de Compras y Contratos (CCCC). 
2.47. En el Comité Económico y Social, el Interventor y 
tres Ordenadores de pagos, así como el Contable, 
disponen de firma reconocida en las cuentas bancarias, lo 
que no se ajusta al principio de separación de funciones. 
2.48. En 1984 se creó el fondo de anticipos para 
« Reuniones», con objeto de atender el reembolso de los 
gastos y el pago de las indemnizaciones de los miembros 
del Comité. Ahora bien, el administrador de anticipos 
también fue nombrado contable del Comité, con efectos 
desde el 1 de octubre de 1986. Además, este fondo de 
anticipos no dispone de una contabilidad independiente. 
GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS 
2.49. Los créditos de compromiso fueron establecidos 
con el fin de disponer de un instrumento adecuado para la 
autorización y gestión de las acciones plurianuales y para 
permitir a las Comunidades contraer compromisos 
jurídicos aun cuando los pagos correspondientes no 
tengan que realizarse hasta mucho más tarde. Sin 
embargo, el funcionamiento de este sistema ha planteado 
dificultades, algunas de las cuales no han podido 
encontrar hasta la fecha una solución satisfactoria. 
Interpretación de la noción de compromiso 
2.50. El Reglamento financiero trata en dos ocasiones 
del concepto de compromiso: 
(a) (artículo 1): «los créditos de compromiso cubrirán, 
durante el ejercicio en curso, el coste total de las 
obligaciones jurídicas que sean consecuencia de 
acciones cuya realización se extienda más allá de un 
ejercicio »; 
(b) (artículo 32): «cualquier medida capaz de producir 
un gasto con cargo al Presupuesto deberá de ir 
precedida de una propuesta de compromiso por parte 
del ordenador» y «servirán como compromisos de 
gastos las decisiones tomadas por la Comisión de 
28 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
conformidad con las disposiciones que la autorizan a 
conceder una ayuda financiera con arreglo a los 
diferentes fondos o acciones análogas». 
2.51. Del inventario de cargas futuras de las Comunida­
des que figura en los apartados 1.14 — 1.17 se desprende 
que no todos los compromisos jurídicamente vinculantes 
de las Comunidades están cubiertos por compromisos 
contables. Existen además otras obligaciones para las 
cuales los compromisos contables corresponden única­
mente a tramos anuales de utilización y por lo tanto no 
reflejan la totalidad de gastos repartidos en varios 
ejercicios (véase, por ejemplo, el apartado 10.41). A la 
inversa, el Tribunal comprobó que existían casos en los 
que la Comisión efectúa compromisos contables, aunque 
al final del ejercicio correspondiente éstos no correspon­
dan a ningún compromiso jurídicamente vinculante para 
las Comunidades (véanse, por ejemplo, los apartados 
10.49 a 10.51). 
2.52. En un documento de septiembre de 1985 titulado 
«Consideraciones sobre los distintos procedimientos de 
establecimiento de compromisos, etc.», la Dirección 
General de Presupuestos (DG XIX) de la Comisión 
elaboró un inventario de las distintas prácticas seguidas 
en los diversos sectores del Presupuesto. En él se intenta 
explicar la diversidad de las prácticas seguidas por: 
(a) el carácter heterogéneo de los diversos sectores 
presupuestarios; 
(b) el hecho de que los artículos 32 a 35 del Reglamento 
Financiero hayan sido concebidos esencialmente sólo 
desde el punto de vista de los gastos de funcionamien­
to; 
(c) el respeto de lo exigido en el artículo 32 antes citado 
que obliga a establecer un compromiso cada vez que 
la Comunidad toma una medida susceptible de 
provocar un gasto con cargo al Presupuesto. 
2.53. En sus informes anuales relativos a los ejercicios 
1983 y 1985 (6), el Tribunal exponía los diversos 
procedimientos de la Comisión en materia de compromi­
sos financieros, que dificultan su control presupuestario. 
El análisis del ejercicio 1986 realizado por el Tribunal 
confirma la urgente necesidad de que la Comisión 
proponga normas precisas sobre la noción de compromi­
so y la manera de proceder al registro de esas operaciones 
en las cuentas. La situación actual, caracterizada por un 
exceso de flexibilidd de los procedimientos, hace que 
disminuya la eficacia de las dotaciones en créditos de 
compromiso concedidas por la autoridad presupuestaria 
como medio de control de los gastos. 
Seguimiento de los compromisos con cargo a 
créditos disociados pendientes de liquidación 
2.54. Los compromisos pendientes de liquidación en los 
sectores afectados por los créditos disociados ascienden a 
12 458,1 Mió ECU a 31 de diciembre de 1986 y han 
experimentado un aumento del 5,5 % respecto al importe correspondiente al 31 de diciembre de 1985 (véase cuadro 
2.8). Deducidos los créditos de pago prorrogados al 
ejercicio 1987 (776,3 Mió ECU) quedan 11 681,8 Mió 
ECU de compromisos pendientes de liquidación no 
cubiertos por créditos de pago. Este saldo que, en su 
mayor parte, deberá ser financiado por los futuros 
presupuestos de las Comunidades, figura en los «compro­
misos fuera de balance» y es objeto de una nota que 
acompaña al balance consolidado de las Comunidades a 
31 de diciembre de 1986. 
2.55. En el cuadro 2.9 se puede ver que hay importes 
considerables que permanecen comprometidos durante 
mucho tiempo, a veces incluso más de diez años. En su 
Informe Anual relativo al ejercicio 1985 (7), el Tribunal 
deploraba «un seguimiento a veces ineficaz de los 
compromisos pendientes de liquidación », en los sectores 
de la pesca, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE). El Tribunal 
observa que con excepción de la administración del Título 
6 del Presupuesto (Créditos de intervención en el ámbito 
social), que mejoró notablemente en 1986, la Decisión 
tomada el 18 de noviembre de 1985 por la Comisión 
encaminada a establecer procedimientos más exactos 
para el seguimiento de los compromisos pendientes de 
liquidación no ha tenido el efecto esperado. 
2.56. El examen de una muestra de alrededor de 
700 Mió ECU de compromisos pendientes de liquidación 
de otros sectores ha puesto de relieve que su seguimiento 
por los servicios competentes de la Comisión es insufi­
ciente. Como consecuencia de la no anulación a tiempo de 
saldos que habían perdido objeto, a 31 de diciembre de 
1986 los compromisos pendientes de liquidación estaban 
sobrevalorados en al menos 54,8 Mió ECU (véase cuadro 
2.10). Esta estimación, que resulta solamente de un 
número limitado de expedientes examinados por el 
Tribunal, apunta a que el número real de casos similares y 
el volumen de los importes en cuestión podrían ser 
bastante más elevados. 
2.57. Por consiguiente, el Tribunal recomienda que la 
DG XIX tome parte activa en el proceso de gestión, de 
forma que las deseadas mejoras en el seguimiento de los 
compromisos pendientes de liquidación sean una reali­
dad. En particular, las direcciones generales XIX y XX 
(Control financiero) deberían estar en condiciones de 
asegurar que los servicios de los diferentes sectores de la 
actividad comunitaria con funciones de ordenadores de 
pagos apliquen rigurosamente los procedimientos que 
establece la Decisión de la Comisión de 18 de noviembre 
de 1985. 
2.58. A este respecto, el Tribunal considera que un 
factor fundamental que contribuye a que la cancelación 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29 
Cuadro 2.8 — Acumulación de compromisos pendientes de liquidación (créditos disociados) 
(Mío ECU) 
Evolución de 
los compromisos 
Total acumulado de los compromisos 
pendientes de liquidación al comien­
zo del ejercicio 
Anulaciones y revalorizaciones de 
compromisos de ejercicios anteriores 
Pagos efectuados con cargo a com­
promisos de ejercicios anteriores 
Total acumulado de compromisos de 
ejercicios anteriores pendientes de 
liquidación al cierre del ejercicio 
Compromisos contraídos durante el 
ejercicio 
Pagos efectuados con cargo a com­
promisos del ejercicio 
Acumulación de compromisos pen­
dientes de liquidación al cierre del 
ejercicio 
Desglose de los compromisos acumu­
lados por Título del Presupuesto: 
— Estructuras agrarias (Título 3) 
— Pesca (Título 4) 
— Política regional y de transportes 
(Título 5) 
— Política social (Título 6) 
— Investigación, energía, etc. 
(Título 7) 
— Cooperación con países en vías de 
desarrollo (Título 9) 1984 
8 927,1 
- 507,6 
-2 591,9 
5 827,6 
+ 6 429,8 
-1 911,3 
10 346,1 (+16,3%)(i) 
1 151,7 ( + 9,8%) 
89,8 ( + 48,7%) 
4 663,5 ( + 23,6%) 
2 527,0 (+1,1%) 
795,5 ( + 28,3%) 
1 118,6 ( + 20,7%) 1985 
10 346,1 
-965,2 
-2 639,1 
6 741,8 
+ 7 663,5 
- 2 600,2 
11805,1 (+14,1%) 
1 169,3 (+1,5%) 
125,8 ( + 40,1%) 
5 336,2 (+14,4%) 
2 850,5 (+12,8%) 
1066,7 ( + 34,1%) 
1256,6 (+12,3%) 1986 
11 805,1 
- 1 298,0 
-3 860,1 
6 647,0 
+ 9 121,2 
-3 310,1 
12 458,1 ( + 5,5%) 
1259.8 ( + 7,7%) 
187,3 ( + 48,9%) 
6 049- (+13,4%) 
2 071,0 (-27,3%) 
1278,1 (+19,8%) 
1612.9 ( + 28,4%) 
(') Las cifras entre paréntesis indican el porcentaje de aumento respecto al ejercicio anterior. 
Cuadro 2.9 — Compromisos relativos a créditos disociados pendientes de liquidación al 31 de diciembre de 1986 (')(2) 
(Mió ECU) 
Sector 
Estructuras agrarias 
(Título 3) 
Pesca (Título 4) 
Política regional y 
de transportes 
(Título 5) 
Política social 
(Título 6) 
Investigación, energía, 
etc. (Título 7) 
Cooperación con los 
países en vías de 
desarrollo (Título 9) 
Total Sin des­
glosar 
(3) 
(647,9) 
(647,9) Ejercicios en que los compromisos fueron contraídos 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
2,2 1,8 9,7 17,5 44,5 73,1 139,1 199,6 369,1 403,2 
(4,2) (5,0) (16,9) (28,8) (65,9) (122,0) (211,4) (262,3) (452,8) 
0,2 0,02 0,8 2,7 4,7 23,3 40,9 114,7 
(0,3) (0,2) (1,5) (3,7) (11,1) (38,3) (70,7) 
9,5 15,8 50,8 114,3 254,7 319,7 451,0 927,1 1367,2 2 538,9 
(10,0) (18,9) (61,5) (142,5) (321,8) (417,9) (668,8) (1 392,0) (2 302,8) 
3,1 1,1 5,8 23,8 62,3 169,4 135,5 379,9 1 290,1 
(5,1) (4,4) (7,2) (41,0) (57,5) (224,4) (684,6) (656,6) (1 169,7) 
1,3 11,1 8,4 21,2 64,4 135,4 348,2 688,1 
(3,3) (16,1) (11,1) (29,7) (68,7) (98,5) (191,4) 
3,8 5,1 26,6 40,6 81,8 84,8 105,6 225,3 263,2 776,1 
(6,6) (7,5) (42,5) (51,7) (126,5) (119,2) (135,1) (317,6) (449,9) 
15,5 25,8 89,7 189,3 414,0 563,8 934,2 1 646,2 2 768,5 5 811,1 
(25,9) (35,8) (131,7) (280,3) (584,3) (916,9) (1 779,7) (2 765,3) (4 637,3) 1 259,8 
(1 169,3) 
187,3 
(125,8) 
6 049,0 
(5 336,2) 
2 071,0 
(2 850,5) 
1 278,1 
(1 066,7) 
1 612,9 
(1 256,6) 
12 458,1 
(11 805,1) 
(') Fuente: volumen V de las cuentas de gestión de 1985 y 1986. 
(2) La situación al 31 de diciembre de 1985 figura entre paréntesis. 
(3) Los compromisos del capítulo 73 pendientes de liquidación a 31 de diciembre no están desglosados por ejercicio de origen. 
30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Cuadro 2.10 — Resumen de los resultados del examen de los compromisos 
pendientes de liquidación a 31 de diciembre de 1986 
Sector 
Estructuras agrarias: 
— capítulo 32 
— otros capítulos 
Pesca 
Política regional y de transportes: 
— 1975-1980 
— 1981-1983 
Investigación, energía, etc.: 
— investigación directa 
— energía 
Cooperación con los países en vías de desarrollo 
Total Muestra 
examinada 
Núm. Mió ECU 
22 90,6 
234 25,7 
95 1,1 
93 135,0 
30 286,8 
29 13,2 
24 34,0 
45 97,0 
683,4 Compromisos 
a anular 
Núm. Mió ECU 
4 9,4 
148 8,0 
95 1,1 
12 10,5 
2 1,7 
10 8,0 
9 15,9 
2 0,2 
54,8 Compromisos poco 
susceptibles de dar 
origen a pagos 
en el futuro 
Núm. Mió ECU 
9 1,6 
— — 
_ 
3 7,1 
6 1,1 
de los compromisos pendientes de liquidación se haga 
demasiado tarde reside en la falta de un plazo reglamenta­
rio superado el cual los compromisos en suspenso deban 
ser anulados automáticamente. Así, en varios sectores, los 
beneficiarios están obligados a enviar a la Comisión 
diversos documentos (declaraciones, informes de ejecu­
ción, etc.), pero los procedimientos en vigor o no fijan 
plazos para cumplir esa obligación, o si lo hacen no 
contemplan la anulación automática de los compromisos 
en caso de que no se respeten. De ello resulta inevitable­
mente una acumulación de compromisos no finiquitados 
por falta de justificantes. 
Créditos de compromiso disponibles por 
anulación de compromisos de ejercicios 
anteriores 
2.59. El cuadro 2.1 muestra que, de un total de 
10 717,2 Mió ECU de créditos de compromiso disponi­
bles durante el ejercicio 1986, 786,6 Mió ECU quedaron 
disponibles como consecuencia de las operaciones de 
anulación de los compromisos pendientes de liquidación 
a 31 de diciembre de 1985. 
2.60. La norma general que figura en el artículo 6.2 (a) 
del Reglamento Financiero dispone que « permanecerán 
disponibles para el ejercicio siguiente los créditos de 
compromiso cuyo compromiso no se haya realizado al 
final del ejercicio para el cual habían sido inscritos». 
2.61. Las excepciones a esta norma son las siguientes: (a) el artículo 88.3 del Reglamento Financiero referente a 
los créditos de investigación e inversión (el actual 
capítulo B 73), estipula que «los créditos de 
compromiso continuarán siendo válidos hasta su 
anulación según el procedimiento presupuestario»; 
(b) el artículo 6.6 del Reglamento Financiero dispone que 
los créditos del FEOGA-Orientación «podrán ser 
utilizados excepcionalmente para financiar proyectos 
para los cuales inicialmente no hubiesen sido 
comprometidos, en las condiciones previstas por el 
Reglamento (CEE) n° 3171/75» (es decir, en caso de 
anulación o reducción de una contribución del 
Fondo); 
(c) para el FEDER, el Reglamento (CEE) n° 1787/84 del 
Consejo, de 19 de junio de 1984 (8), dispone en su 
artículo 32, apartado 6, que en caso de no realizarse 
una contribución «la parte de la contribución del 
FEDER que quede sin objeto será asignada (...) a 
cualquier otra acción situada en regiones del mismo 
Estado miembro » —y esto « no obstante lo dispuesto 
en el artículo 6, apartado 2, del Reglamento 
Financiero »; 
(d) respecto a los ajustes a la baja de los compromisos 
pendientes de liquidación de ejercicios anteriores 
como consecuencia de cambios de las paridades 
monetarias, hasta 1986 la Comisión consideró que 
esos ajustes daban lugar a la apertura de créditos de 
compromiso que podían ser reutilizados en todos los 
sectores presupuestarios, con independencia del 
ejercicio en que el compromiso se hubiera establecido 
inicialmente. Sin embargo, el artículo 95 del nuevo 
Reglamento de 11 de diciembre de 1986 (en vigor 
desde el 1 de enero de 1987) sobre modalidades de 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31 
ejecución de determinadas disposiciones del Regla­
mento Financiero de 21 de diciembre de 1977 (9), fija 
ya un límite de tiempo a esta posibilidad: la 
disponibilidad de los créditos se restringe a que el 
ajuste de los compromisos correspondientes se 
produzca dentro de los dos años siguientes a su 
ejercicio de origen. 
Estas excepciones dejaron disponibles en 1986 aproxima­
damente 200 Mió ECU de créditos de compromiso. 
2.62. En algunos sectores, los créditos comprometidos 
que posteriormente quedan disponibles pueden, según 
ciertas modalidades, ser reutilizados para nuevos proyec­
tos. En la práctica, parece ser que los servicios competen­
tes de la Comisión esperan a veces la eventual aprobación 
de proyectos nuevos antes de anular el compromiso inicial 
y reconstituir los créditos correspondientes que vuelven a 
estar disponibles. De ello resulta la sobrevaloración de los 
compromisos pendientes de liquidación y la subvalora-
ción de los créditos disponibles. Por ello, el Tribunal 
recomienda que la Comisión proceda a la anulación 
inmediata de los compromisos que no tengan objeto, sin 
esperar a una nueva afectación de los créditos que se 
hagan disponibles. 
Recuperaciones de entregas a cuenta por 
modificación o anulación de compromisos 
2.63. Parece ser que en los sectores que cubren los 
créditos disociados con mucha frecuencia se hacen 
entregas a cuenta a los beneficiarios de las intervenciones 
comunitarias. Estas entregas pueden llegar a representar 
del 50 al 80 % del importe de los compromisos. Tanto el 
cálculo de su valor como los procedimientos para su 
eventual recuperación dan lugar a varias observaciones 
que se recogen en los párrafos que siguen. 
Sobreestimación de las solicitudes de entregas a cuenta 
2.64. En particular, el 31 de diciembre de 1986 el Fondo 
Social, que debía recuperar 156,0 Mió ECU correspon­
dientes a 1986, se enfrentaba con el problema de la 
devolución de las entregas a cuenta de 500 de los 3 300 
proyectos aprobados en 1984 (es decir, el 15,1 %) y de 280 
de los 3 600 proyectos aprobados en 1985 (es decir, el 
7,8 %), a lo que se añade el hecho de que las solicitudes de 
pago del saldo de estos últimos, que podrían orientar 
sobre su grado de realización, aún no habían sido 
estudiadas. Esta considerable cifra de proyectos con 
cantidades pendientes de recuperación constituye una 
indicación de que muchos promotores sobreestiman el 
coste de los proyectos en su solicitud de contribución del 
Fondo. En algunos casos se ha visto que el 50 % que la Comisión anticipa automáticamente al aprobar la 
solicitud representaba el 100 % de la contribución final. 
Retrasos en la determinación de los importes a cobrar 
2.65. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1985 (10), 
el Tribunal observaba en el capítulo del FEOGA-
Orientación que el seguimiento de la recuperación de las 
deudas no era sistemático, lo que explicaba los retrasos 
importantes. Esta observación sigue siendo pertinente, no 
sólo para el FEOGA-Orientación, sino también para el 
FEDER. 
2.66. Del examen de una muestra de expedientes del 
FEDER de compromisos pendientes de liquidación 
correspondientes al período 1975 a 1980, se desprende 
que las órdenes de recobro de cuatro casos, por un total de 
5,4 Mío ECU, el 31 de diciembre de 1986 aún no habían 
sido emitidas, a pesar de la existencia de cartas u otros 
documentos de los Estados miembros que manifestaban 
claramente la anulación de los proyectos. Además, el 
Tribunal ha descubierto en el FEOGA-Orientación dos 
casos en que las órdenes de recobro, por un total de 60 000 
ECU, fueron emitidas en 1986; un retraso de por lo 
menos dos años. 
2.67. De lo anterior se deduce que los procedimientos de 
recuperación no siempre se aplican a su debido tiempo. 
Consecuentemente, el Tribunal recomienda que las 
órdenes de adeudo se establezcan en cuanto los servicios 
de la Comisión estén en condiciones de determinar los 
importes a cobrar. 
Intereses sobre las entregas a cuenta a recobrar 
2.68. A la hora de recuperar las entregas a cuenta 
efectuadas a proyectos de varios años de duración, suele 
darse que no se ha dado a los fondos comunitarios el 
destino determinado por la Comunidad. Sin embargo, la 
Comisión sólo reclama los intereses de las entregas a 
cuenta indebidamente percibidas en proyectos financia­
dos en el ámbito de la política energética (capítulo B 70). 
Sin embargo, es interesente observar que en otras áreas de 
intervención, como el Fondo Social, en ocasiones los 
beneficiarios han pagado no solamente el importe de la 
entrega a cuenta reclamada por la Comisión, sino 
también los intereses que había producido. 
2.69. Por consiguiente, el Tribunal recomienda que el 
principio de que a los reembolsos se añadan unos intereses 
razonables sea considerado como una obligación de los 
beneficiarios, en particular cuando los fondos comunita­
rios se ponen a disposición de terceros durante un período 
de tiempo largo y no se utilizan para los fines previstos. 
32 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Observación final sobre la gestión de los 
compromisos prever, un límite de tiempo para proceder a su 
cancelación; 
2.70. El Tribunal desea que se defina con claridad el 
concepto de compromiso, que se conceda más atención al 
seguimiento de estos compromisos y que en lo que se 
refiera al ámbito de las reglas y procedimientos se realicen 
las mejoras adecuadas para colmar sin más dilación las 
lagunas observadas en materia de: 
(a) prórroga a varios ejercicios sucesivos de compromi­
sos pendientes de liquidación, sin fijar, ni siquiera (b) reutilización, sin plazo límite, de créditos que quedan 
disponibles por anulaciones y ajustes monetarios de 
compromisos pendientes de liquidación; 
(c) puesta a disposición de fondos muy considerables 
durante largos períodos de tiempo que, a la hora de su 
recuperación —por lo demás muy desigual y muy a 
menudo tardía— no han producido intereses. 
0) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) DO L 356 de 31.12.1977. 
Doc. COM(87) 186-191. . 
Según la clasificación adoptada por la Comisión para 
distinguir los gastos « obligatorios » y « no-obligatorios » en 
la cuenta de gestión. 
DO C 321 de 15.12.1986, apartado 7.10 (b). 
DO C 326 de 16.12.1985, apartado 12.21. (6) 
(7) 
(8) 
(9) DO C 348 de 31.12.1984, apartados 9.4 — 9.5. 
DO C 321 de 15.12.1986, apartados 1.23, 5.8 — 5.9, 7.17, 
9.13. 
DO C 321 de 15.12.1986, apartados 1.25, 6.14 — 6.15, 7.62, 
8.35. 
DOL 169 de 28.6.1984. 
DO L 360 de 19.12.1986. 
(10) DO C 321 de 15.12.1986, apartado 5.6. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 33 
CAPITULO 3 
Contabilidad 
3.0. ÍNDICE 
Introducción 
Observaciones sobre la contabilidad general y los balances 
Parlamento 
Déficit de caja 
Comisión 
Ingresos diversos a imputar 
Ingresos a cobrar 
Derechos e impuestos a recuperar 
Anticipos al personal 
Tribunal de Cuentas 
Capital circulante de la Oficina de Publicaciones 
Importes a cobrar 
Comité Económico y Social 
Cierre del ejercicio 
Contabilidad en divisas 
Observaciones sobre los descuentos y los plazos de pago concedidos a la 
Comisión y a la Oficina de Publicaciones 
Introducción 
Descuentos 
Plazos de pago 
Conclusión 3.1 
3.2 -
3.2 
3.2 
3.3 -
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.8 -
3.8 
3.9 
3.10 -
3.10 
3.11 
3.12 
3.12 
3.13 
3.16 
3.17 -3.12 
-3.7 
— 3.7 
— 3.9 
— 3.11 
— 3.17 
— 3.15 
INTRODUCCIÓN OBSERVACIONES SOBRE LA 
CONTABILIDAD GENERAL Y LOS 
BALANCES 
PARLAMENTO 
3.1. Siguiendo su programa de trabajo, que está 
organizado de modo plurianual, el Tribunal examinó los 
balances de algunas instituciones así como el balance de 
las Comunidades. El Tribunal ha continuado asimismo 
con el examen de los descuentos y plazos de pago 
concedidos a la Comisión y a la Oficina de Publicaciones. Déficit de caja 
3.2. El importe de 4,1 MioBFR(± 0,1 Mió ECU), que 
figuraba en el balance del Parlamento a 31 de diciembre 
de 1985 en la rúbrica «Déficit de caja» de los gastos a 
34 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
imputar, aparece de nuevo en el activo del balance a 31 de 
diciembre de 1986. En lo que a este punto se refiere el 
Tribunal de Cuentas remite a sus informes anteriores ('). 
COMISIÓN Derechos e impuestos a recuperar 
3.5. El Tribunal ha observado varias veces, y en especial 
en su Informe Anual relativo al ejercicio 1985 (3), que 
debían mejorarse los procedimientos correspondientes a 
los derechos e impuestos a recuperar véase también el 
apartado 10.43 (b). La Comisión, en su respuesta, indicó 
que en 1987 se empezaría a aplicar un procedimiento de 
seguimiento del IVA pendiente de recuperación. La 
situación a 31 de diciembre de 1986 sigue sin ser 
satisfactoria: 
Ingresos diversos a imputar 
3.3. En su Informe relativo al ejercicio 1985 (2) el 
Tribunal criticaba el incremento de la partida «Ingresos 
diversos a imputar» que pasó de 0,8 Mió ECU el 31 de 
diciembre de 1984 a 9,7 Mió ECU el 31 de diciembre de 
1985. A 31 de diciembre de 1986 la situación es aún más 
grave ya que el saldo de esta partida se eleva a 27 Mió 
ECU. 
Ingresos a cobrar 
3.4. A 31 de diciembre de 1985, el importe de las cuentas 
acreedoras vencidas (sin contar los anticipos no reembol­
sares) se elevaba a 30,9 Mió ECU. El Tribunal invita de 
nuevo a la Comisión a que aumente sus esfuerzos para 
acelerar la recuperación de los créditos vencidos, ya que a 
31 de diciembre de 1986 la partida ingresos pendientes de 
cobro se eleva a 283,6 Mió ECU, en su mayoría 
(237,2 Mió ECU) vencidos: 
Vencimiento 
1982 
1983 
1984 
1985 
1er semestre 1986 
3er trimestre 1986 
Octubre 1986 
Noviembre 1986 
Diciembre 1986 Importe de las 
cuentas acreedoras 
0,1 
3,3 
8,5 
6,8 
20,1 
133,1 
4,3 
4,4 
56,6 (a) al contrario que el año anterior, el Tribunal no ha 
podido determinar el importe de IVA que debería 
haber figurado en el balance, ya que sólo se han 
preparado las solicitudes de reembolso de tres 
Estados miembros (el IVA a recuperar de los otros 
Estados miembros correspondiente al ejercicio 1985 
se elevaba a 0,5 Mío ECU); 
(b) las condiciones de exención aplicables a los dos 
nuevos Estados miembros todavía no han sido 
acordadas y los ordenadores han realizado los pagos 
tanto sin impuestos como incluyendo todos los 
impuestos; además, la Dirección General de Presu­
puestos, DG XIX, responsable de la recuperación de 
los impuestos, no ha recibido los documentos 
necesarios para la preparación de las solicitudes de 
recuperación. 
Anticipos al personal 
3.6. A 31 de diciembre de 1986 los anticipos al personal 
se elevaban a 4,5 Mió ECU, frente a 4 Mió ECU al final 
de 1985. En sus Informes Anuales relativos al ejercicio 
1984 (4) y 1985 (5) el Tribunal criticó el hecho de que los 
listados informáticos de las cuentas contenían un gran 
número de partidas acreedoras, es decir, deudas de la 
institución al personal. A pesar de las promesas hechas 
por la Comisión en sus respuestas, la situación a 31 de 
diciembre de 1986 sigue sin ser satisfactoria. 
(a) El Tribunal ha encontrado 503 partidas acreedoras 
que totalizan 0,5 Mió ECU, de las que 229 (0,3 Mió 
ECU) figuraban ya en los listados del final de 1985; 
(b) además, en determinadas cuentas la casi totalidad de 
las partidas acreedoras a final de 1985 subsisten a 
final de 1986. 
237,2 
(!) Las notas aparecen al final del capítulo. El Tribunal invita a la Comisión a que someta estos 
listados a las comprobaciones necesarias. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 35 
3.7. El saldo de la cuenta « Anticipos sobre sueldos» ha 
pasado de 1,1 Mió ECU a 31 de diciembre de 1985 a 
1,6 Mió ECU a 31 de diciembre de 1986. Este importe, 
que corresponde casi totalmente a los sueldos del personal 
recientemente contratado, no fue imputado al Presupues­
to. El Tribunal recuerda que todos los gastos deben 
imputarse al Presupuesto y que en el caso de que esta 
imputación sea técnicamente imposible deben figurar en 
el balance bajo la rúbrica «Gastos a imputar». 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
Capital circulante de la Oficina de 
Publicaciones 
3.8. Para que la Oficina de Publicaciones pueda 
disponer del capital circulante necesario para hacer frente 
a los gastos de impresión del Diario Oficial, las 
instituciones y organismos comunitarios le conceden 
anticipos. En su Informe relativo al ejercicio 1983 (6) el 
Tribunal indicaba cómo deberían contabilizarse estos 
anticipos. Durante el ejercicio 1986 se llevó a cabo una 
nueva distribución de las cuotas de las instituciones, 
reduciéndose la participación del Tribunal de Cuentas en 
16 600 ECU. Esta reducción fue erróneamente contabili­
zada como ingresos ya que se trataba de una devolución 
de anticipos. Los ingresos y el activo del balance del 
Tribunal están, por lo tanto, sobrevalorados en esa 
cantidad. 
Importes a cobrar 
3.9. La aplicación errónea, durante los ejercicios 1983 a 
1985, del coeficiente corrector y del tipo de cambio 
previamente corregido con este mismo coeficiente para el 
cálculo de la indemnización transitoria (7) ha supuesto 
que se hayan pagado 29 072 ECU de más, que el Tribunal 
debe seguir esforzándose para recuperar lo antes posible. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
Cierre del ejercicio 
3.10. Los datos correspondientes a la elaboración de la 
cuenta de gestión estaban incompletos, ya que numerosos 
pagos de 1986 no pudieron ser inscritos en la cuenta de 
gestión de 1986 y lo fueron en cuentas extrapresupuesta-
rias. 
Contabilidad en divisas 
3.11. El artículo 77 del Reglamento de 30 de junio de 
1975 (8) sobre las modalidades de ejecución de determina­
das diposiciones del Reglamento Financiero (9) dispone 
que las cuentas bancarias y postales deben llevarse en 
divisas y en ECU. Ahora bien, el Comité sólo prepara su 
contabilidad general en ECU. La ausencia de una 
contabilidad en divisas para las cuentas financieras es 
irregular y hace más difícil llevar a cabo las conciliaciones 
bancarias. 
OBSERVACIONES SOBRE LOS 
DESCUENTOS Y LOS PLAZOS DE PAGO 
CONCEDIDOS A LA COMISIÓN Y A LA 
OFICINA DE PUBLICACIONES 
Introducción 
3.12. En su Informe relativo al ejercicio 1985 (10) el 
Tribunal estudió mediante un muestreo si sus sistemas 
internos le permitían aprovechar al máximo los descuen­
tos sobre factura y los plazos de pago concedidos por los 
proveedores. Algunos de ellos conceden plazos que van de 
30 a 90 días, otorgando a veces descuentos del 2 al 3 % si 
se paga en 8 ó 15 días. El Tribunal examinó el 
funcionamiento de los sistemas de la Comisión y de la 
Oficina de Publicaciones en el ejercicio 1986, estudiando 
los pagos efectuados en los tres primeros trimestres del 
año encuadrados en el Título 1 (Gastos relativos a las 
personas vinculadas a la institución), el Título 2 
(Inmuebles, material y gastos diversos de funcionamien­
to) y el Título 3 (Gastos resultantes del ejercicio de 
funciones específicas: informaciones y publicaciones) y 
en el Anexo II (Oficina de Publicaciones) del Presupues-
to("). 
36 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Descuentos 
3.13. Sólo el servicio administrativo de la Comisión en 
Luxemburgo aplica un procedimiento de pago acelerado 
en los casos en que se ofrecen descuentos sobre las 
facturas. Este procedimiento funciona correctamente y 
ha permitido que en el período considerado se consiguie­
ran los descuentos en el 73 % de los pagos correspondien­
tes a los Títulos 1 y 2 del Presupuesto (''). Por el contrario, 
ninguno de los cuatro casos del Título 3 observados 
(partida 3411) tuvo descuento. 
3.14. En contraste, los servicios de la Comisión en 
Bruselas no parecen dedicar atención especial a los 
descuentos. Así, se observa que: 
(a) en el Título 1, en los cuatro casos en que era posible no 
se ha realizado ninguna deducción; 3.15. La Oficina de Publicaciones no dispone de un 
procedimiento propio para pagos acelerados, lo que no le 
ha permitido aprovechar los descuentos ofrecidos en un 
cierto número de casos. 
Plazos de pago 
3.16. No se presta atención a los plazos de pago 
concedidos por los proveedores. Se han encontrado 138 
casos de pagos anticipados (de 4 a 54 días, considerando 
como fecha de pago la consignada por el Servicio de Caja 
de la Dirección General de Presupuestos) por un importe 
de 1,6 Mió ECU. La Comisión ha pagado, pues, a sus 
proveedores antes de lo necesario. Estos adelantos 
sorprenden más aún al haber sido la propia institución la 
que ha solicitado el aplazamiento del pago en el momento 
de hacer el pedido. 
(b) en el Título 2, de los 116 casos de descuento, sólo se ha 
efectuado una vez; Conclusión 
(c) en el Título 3, sólo se llevó a cabo una deducción en 12 
casos posibles. 
Los créditos así desaprovechados se elevan, para el 
conjunto de la parte A del Presupuesto ("), en los tres 
primeros trimestres, a alrededor de 11 300 ECU. Sin 
embargo, esta cifra no debe considerarse como exhausti­
va ya que los controles del Tribunal se efectuaron por 
muestreo. 3.17. Aunque los importes antes mencionados no sean 
muy importantes en comparación con el Presupuesto, 
conviene señalar las lagunas encontradas en la gestión de 
los créditos de funcionamiento. La Comisión debería, por 
tanto, establecer un procedimiento de pago acelerado 
para todos los ordenadores afectados que permita 
aprovechar los descuentos de las facturas. A la inversa, 
conviene no anticipar los pagos que tengan concedido un 
aplazamiento. 
0) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) Informe especial relativo al Servicio de Contaduría de los 
Diputados del Parlamento, DO C 202 de 5.8.1982. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1982, DO C 357 de 
31.12.1983, apartado 2.9. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1983, DO C 348 de 
31.12.1984, apartados 2.5 a 2.7. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartado 2.2. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1985, DO C 321 de 
15.12.1986, apartados 2.2 a 2.3. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1985, DO C 321 de 
15.12.1986, apartado 2.14. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1985, DO C 321 de 
15.12.1986, apartados 2.6 a 2.10. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartados 2.8 a 2.9. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1985, DO C 321 de 
15.12.1986, apartado 2.12. (6) Informe Anual relativo al ejercicio 1983, DO C 348 de 
31.12.1984, apartado 2.36. 
(7) Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 del 
Consejo, de 18.10.1977, por el que se establece el régimen 
económico de los Miembros del Tribunal de Cuentas, DO L 
268 de 20.10.1977. 
(8) Reglamento de la Comisión de 30.6.1975, por el que se 
establecen las modalidades de ejecución de determinadas 
disposiciones del Reglamento Financiero de 25.4.1973, DO 
L 170 de 1.7.1975. 
(9) Reglamento Financiero aplicable al Presupuesto General de 
las Comunidades Europeas, DO L 356 de 31.12.1977. 
(10) Informe Anual relativo al ejercicio 1985, DO C 321 de 
15.12.1986, apartado 11.39. 
(n) Presupuesto General de las Comunidades Europeas para el 
ejercicio 1986, DO L 358 de 31.12.1985. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 37 
CAPITULO 4 
Ingresos 
4.0 ÍNDICE 
Introducción 
Recursos propios IVA 
Seguimiento de la aplicación de la Sexta directiva del Consejo sobre el IVA 4.9 
Limitación de las auditorías 
Recursos propios tradicionales 
Puesta a disposición de los derechos de aduana por España y Portugal 
Información financiera contenida en los estados mensuales de cuentas de los 
Estados miembros correspondientes a los recursos propios tradicionales 
Fraudes e irregularidades 
Liquidación y puesta a disposición de los derechos de aduana y las 
exacciones agrícolas 
Utilización de los datos de las importaciones como medio de comprobar los 
importes de los derechos de aduana liquidados por los Estados miembros 
Compensación a tanto alzado a los Estados miembros por los gastos de 
recaudación de recursos propios 
Objetivos de autofínanciación en el mercado del azúcar 4.1 
4.3 
4.9 
4.11 
4.12 
4.12 
4.14 
4.18 
4.19 — 4.2 
— 4.11 
— 4.11 
— 4.37 
— 4.13 
— 4.17 
— 4.22 
4.23 — 4.25 
4.26 — 4.30 
4.31 —4.37 
INTRODUCCIÓN 
4.1. El presente capítulo recoge los recursos propios y 
otros ingresos diversos de las Comunidades europeas que 
se incluyen en el Presupuesto de Ingresos. 
4.2. Los ingresos examinados consisten, fundamental­
mente, en los recursos propios asignados a las Comunida­
des por la Decisión 85/257/CEE, Euratom, del Consejo 
del 7 de mayo de 1985 (1). Estos ingresos comprenden los 
recursos propios tradicionales (derechos del arancel 
aduanero común y las exacciones agrícolas —que 
incluyen las cotizaciones a la producción y al almacena­
miento de azúcar e isoglucosa—) y los recursos propios 
procedentes del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
Los ingresos para 1986 incluyen, por primera vez, los 
recursos propios tradicionales recaudados por España y 
Portugal. Los apartados 4.12 y 4.13 de este informe hacen 
referencia a los ingresos comunitarios, por derechos de aduana, en esos dos Estados miembros. En cuanto a los 
recursos propios IVA, se incluye la aportación de España, 
que implantó este impuesto el 1 de enero de 1986. Por lo 
que se refiere a Portugal, que introdujo el IVA el 1 de 
enero de 1986, este Estado miembro aportó una 
contribución financiera, en virtud de la excepción 
temporal —hasta 1989— a la que se refiere el artículo 378 
(Anexo XXXII) del Acta que acompaña al Tratado de 
Adhesión de España y Portugal, de 12 de junio de 1985. Y 
Grecia, que no ha implantado el IVA hasta el 1 de enero 
de 1987, aportó una contribución calculada como si el 
IVA estuviera en vigor. 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. RECURSOS PROPIOS IVA 
4.3. El Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 3735/85 
del Consejo, del 20 de diciembre de 1985 (2), prorrogó, 
hasta el 31 de diciembre de 1988, las disposiciones 
38 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
transitorias para la determinación, por los Estados 
miembros, de la base de cálculo de los recursos propios 
procedentes del Impuesto sobre el Valor Añadido, que 
permiten a aquéllos elegir entre la aplicación del método 
A (declaraciones) o el método B (ingresos). El 15 de 
febrero de 1987 la Comisión presentó una comunicación 
en la que proponía especialmente nuevas formas de 
gestionar el presupuesto y ha aceptado el compromiso de 
presentar al Consejo, antes del 31 de diciembre de 1987, 
un informe con propuestas en relación al establecimiento 
de un método uniforme para la determinación de la base 
de percepción de los recursos propios IVA. En consecuen­
cia, los comentarios que siguen a continuación se refieren 
al sistema que ha estado en vigor durante el ejercicio 
financiero de 1986. 
4.4. Los Estados miembros abonan los recursos propios 
IVA en las cuentas de la Comisión todos los meses, en la 
proporción de una doceava parte del importe que figura 
al respecto en el presupuesto (artículo 10, párrafo 3 del 
Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 del 
Consejo, del 19 de diciembre de 1977) (3). Cuando un 
presupuesto no está aprobado, los pagos mensuales 
deben basarse en los importes de los doceavos del 
presupuesto anterior (artículo 3 párrafo 6 de la decisión 
n° 85/257/CEE, Euratom del Consejo). 
4.5. Los problemas presupuestarios que aparecieron 
durante la primera mitad del año dieron lugar a 
variaciones en el cálculo de las expresadas doceavas 
partes durante aquellos primeros meses. Así, con la 
aquiescencia de la Comisión, los pagos sobre los doceavos 
provisionales de los recursos propios IVA se realizaron, a 
lo largo de 1986, como sigue: 
(a) en enero, se calcularon según la cifra del proyecto de 
presupuesto y se ajustaron en febrero, en función del 
presupuesto firmado el 18 de diciembre de 1985, que 
incluía unos recursos propios IVA y unas contribu­
ciones financieras de 20 485 Mió ECU, para todo el 
año 1986; 
(b) en febrero y marzo, se calcularon según la cifra del 
presupuesto firmado el 18 de diciembre de 1985; 
(c) de acuerdo con la orden provisional del Tribunal de 
Justicia del 17 de marzo de 1986, los pagos de abril, 
mayo, junio y julio se basaron en el proyecto del 
presupuesto aprobado por el Consejo el 27 de 
noviembre de 1985 (que incluía unos recursos propios 
IVA de 19 845 Mió ECU, para el conjunto del año 
1986); (d) y, en fin, desde agosto en adelante, se realizó el cálculo 
en función del presupuesto aprobado el 10 de julio de 
1986 (22 280 Mió ECU), con los incrementos adecua­
dos para la compensación de los menores importes 
pagados en los meses anteriores. 
4.6. Los pagos realizados de esta forma, a lo largo del 
año, lo son a modo de anticipos. De manera que, como se 
ha mencionado en anteriores informes anuales del 
Tribunal de Cuentas, estos pagos anticipados son objeto 
de un ajuste, al año siguiente, cuando los Estados 
miembros presentan sus estados de cuentas anuales, tal 
como exige el artículo 10 del Reglamento (CEE, 
Euratom, CECA) n° 2892/77 del Consejo del 19 de 
diciembre de 1977 (4). E, igualmente, pueden producirse, 
además, otros ajustes, en los ejercicios siguientes, cuando 
la Comisión examine la información proporcionada por 
dichos estados de cuentas. 
4.7. Los ajustes a los recursos propios IVA, realizados 
en las cuentas de las Comunidades, se recogen en el cuadro 
4.1. En los informes anuales relativos a los ejercicios 1983 
y 1984 (5), el Tribunal ha hecho referencia a los 
prolongados retrasos que pueden darse en la resolución 
de los litigios entre la Comisión y el Estado miembro 
implicado, acerca de la exactitud de las cifras. 
4.8. Por lo que se refiere a dichos retrasos el Tribunal de 
Cuentas señala que, a 31 de diciembre de 1986, 38 casos 
continuaban en litigio y que la Comisión no se encontraba 
en condiciones de proporcionar al Tribunal una evalua­
ción de su incidencia financiera sobre los recursos 
propios. El origen de 12 de esos casos se remonta a los 
estados de cuentas establecidas para 1979. La Comisión 
ha de esforzarse para conseguir la pronta resolución de 
todos los casos pendientes. 
Cuadro 4.1 — Ajustes efectuados en los recursos propios del IVA 
y de las contribuciones financieras, según el año del ajuste 
(Mió ECU) 
ajuste 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986(0 
Total Años sobre los que se .realizó el ajuste 
1979 
-13,3 
4,6 
7,3 
15,9 
29,5 
2,4 
46,4 1980 
61,0 
35,6 
12,7 
12,9 
— 
122,2 1981 
26,8 
19,3 
16,7 
— 
62,8 1982 
38,7 
16,5 
— 
55,2 1983 
-26,0 
— 
-26,0 
(') Situación ál 30.6.1986. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 39 
Seguimiento de la aplicación de la Sexta 
directiva del Consejo sobre el IVA Limitación de las auditorías 
4.9. La Comisión está obligada, por el Reglamento 
(CEE/Euratom/CECA) n° 2892/77 del Consejo, a 
asegurarse de que los recursos propios IVA se han 
determinado correctamente sobre la base uniforme 
establecida por la Sexta directiva. Con el fin de cumplir 
esta obligación, la Comisión necesita, entre otras cosas, 
proceder al seguimiento de los textos legales nacionales, a 
fin de asegurarse de su coherencia con la Sexta directiva 
IVA del Consejo. El Tribunal ha examinado los 
procedimientos seguidos por la Comisión y ha observado 
que: 4.11. En los apartados 3.17 — 3.20 de su informe anual 
sobre el ejercicio financiero de 1985, el Tribunal de 
Cuentas señaló a las autoridades de descargo que algunos 
Estados miembros habían impuesto limitaciones a los 
controles que el Tribunal consideraba necesario llevar a 
cabo en los mismos. El Tribunal debe manifestar que las 
limitaciones a sus auditorías se mantienen como se dijo el 
año pasado y que, por lo tanto, no se encuentra en 
condiciones de cumplir de manera satisfactoria con sus 
responsabilidades en materia de control de los recursos 
propios IVA pagados por los Estados miembros, cuyo 
importe asciende a 22 223,4 Mió ECU, en 1986. 
(a) no se había completado la revisión de las legislaciones 
nacionales sobre el IVA de Dinamarca, España y 
Países Bajos, principalmente por problemas de 
personal, de carácter lingüístico; RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES 
(b) la Comisión no mantiene una documentación com­
pleta acerca de todos los Estados miembros, en parte 
porque éstos no estaban obligados a proporcionárse­
la y en parte por las dificultades derivadas del hecho 
de que las técnicas legislativas varían considerable­
mente de un Estado miembro a otro; 
(c) no existía un procedimiento habitual para asegurarse 
de que todas las cuestiones, surgidas del examen 
inicial de la legislación nacional, fueran objeto de un 
estudio detallado, ya sea dentro de los servicios 
internos de la Comisión, ya sea durante sus controles 
«in situ». Puesta a disposición de los derechos de 
aduana por España y Portugal 
4.12. Los nuevos Estados miembros, España y Portu­
gal, deben liquidar ingresos comunitarios, de acuerdo con 
la Decisión 85/257/CEE, Euratom y las disposiciones 
financieras del Tratado de Adhesión (8). Estas disposicio­
nes financieras incluyen una referencia a la aplicación de 
las reglas para el cálculo de los recursos propios 
procedentes de los derechos de aduana « desde la fecha de 
adhesión» (1 de enero de 1986). El Tratado dispone 
asimismo la introducción progresiva del Arancel Aduane­
ro Común y otros regímenes arancelarios a partir del Io de 
marzo de 1986. 
4.10. La Comisión es la responsable de estudiar la 
exactitud de los datos y los cálculos proporcionados por 
los Estados miembros en sus estados de cuentas anuales. 
En este aspecto y en lo que se refiere al tipo medio 
ponderado, por su influencia en la determinación de la 
base de los recursos propios IVA, el Reglamento (CEE/ 
Euratom/CECA) n° 3625/83 del Consejo, de 19 de 
diciembre de 1983 (6), establece que la información 
requerida se desglosa en cinco categorías (en síntesis: 
consumo final; consumo intermedio; formación bruta de 
capital fijo de las administraciones públicas; formación 
bruta de capital fijo de otros sectores, y terrenos 
construidos y por construir). A pesar de que en 1981 la 
Comisión hizo hincapié (7) en que la falta de homogenei­
dad en el modo en que los Estados miembros proporcio­
naban la información comprometía la exactitud de los 
cálculos, sólo Francia, Italia y Luxemburgo proporcio­
nan actualmente la información en el formato exigido. 4.13. El Tribunal ha observado que las autoridades de 
España y Portugal han liquidado los derechos de aduana 
comunitarios a partir del 1 de marzo de 1986 y no desde la 
fecha de adhesión. Por tanto, los recursos propios 
procedentes de los derechos de aduana aplicados a 
importaciones de Estados que no forman parte de la 
Comunidad a España y Portugal durante los meses de 
enero y febrero de 1986 no fueron ni liquidados ni puestos 
a disposición de las Comunidades. Al no haberse 
liquidado los derechos a las importaciones, los ingresos en 
cuestión no se conocen con exactitud, aunque los 
departamentos de la Comisión los sitúan entre 50 y 
60 Mió ECU. El 27 de enero de 1987 la Comisión hizo un 
requerimiento formal de pago de los derechos de aduana 
en cuestión antes del 30 de abril de 1987, que no fue 
atendido por los Estados miembros. La Comisión 
continúa ocupándose de esta cuestión. 
40 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Información financiera contenida en los 
estados mensuales de cuentas de los Estados 
miembros correspondientes a los recursos 
propios tradicionales 
4.14. El artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CEE) 
n° 2891/77 dispone que los Estados miembros deberán 
llevar una contabilidad de los recursos propios « clasifica­
da por tipos de recursos». El apartado 3 del mismo 
artículo dispone que cada Estado miembro deberá enviar 
a la Comisión un estado mensual de sus cuentas. 
4.15. En sus informes anuales relativos a los ejercicios 
1979 (9) (apartado 3.22), 1983 (apartado 1.17) y 1984 
(apartado 3.8), el Tribunal se refirió a la falta de 
información financiera y de gestión pertinente y precisa 
en las cuentas que se envían a la Comisión. Esta 
deficiencia dificulta la labor de la Comisión de previsión, 
y en su caso de revisión, de los ingresos por recursos 
propios y la realización de controles eficaces. 
4.16. El Tribunal ha efectuado un examen de los estados 
mensuales de los recursos propios tradicionales enviados 
por todos los Estados miembros. Este examen ha 
revelado que ha habido una cierta mejora en la 
presentación de los datos de las exacciones agrícolas de la 
mayoría de los Estados miembros, pero que la mayor 
parte de las deficiencias referidas anteriormente por el 
Tribunal todavía persisten. Los principales puntos que 
destaca el Tribunal son los siguientes: 
(a) en términos generales, el formato de estos estados y la 
presentación de la información en ellos contenida 
varía considerablemente de un Estado miembro a 
otro; y 
(b) respecto a las regularizaciones de los recuros propios 
liquidados, Irlanda proporciona una información 
completa, indicando las regularizaciones positivas y 
las negativas. La República Federal de Alemania, 
Grecia, España, los Países Bajos y Portugal no 
explican los ajustes de los recursos previamente 
liquidados. Los restantes Estados miembros facilitan 
únicamente el importe de la regularización neta sin 
indicar sus componentes positivos y negativos. 
4.17. En opinión del Tribunal, la información sobre 
ingresos contenida en los estados mensuales enviados a la 
Comisión es de capital importancia para los sistemas de 
previsión y de control de los recursos propios, y la 
claridad y calidad de esa información debería mejorarse 
considerablemente. El Tribunal tiene conocimiento de los 
esfuerzos realizados por la Comisión desde 1979 para 
mejorar la situación, pero está preocupado por la falta de 
progresos en el logro de resultados. Las mejoras deseadas 
están muy retrasadas. Fraudes e irregularidades 
4.18. El Tribunal ha revisado los informes de los 
Estados miembros sobre fraudes e irregularidades en 
materia de derechos de aduana y exacciones agrícolas. 
Sus observaciones se recogen en los apartados 6.3 a 6.6 del 
presente Título. 
Liquidación y puesta a disposición de los 
derechos de aduana y las exacciones agrícolas 
4.19. El Reglamento (CEE) n° 2891 ¡11 (artículos 1,2,9, 
10 y 17) constituye el marco legal de la liquidación y 
puesta a disposición de los recursos propios procedentes 
de los derechos de aduana y las exacciones agrícolas. 
4.20. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1978 (10) 
(apartados 12.38 a 12.40) el Tribunal hacía referencia a 
las diferencias entre los Estados miembros en la fecha de 
liquidación de los recursos propios y recomendó que la 
Comisión tomara medidas para armonizar las normas 
aplicadas en los Estados miembros. Como estas diferen­
cias influyen en las fechas de puesta a disposición de los 
recursos propios, el Tribunal ha efectuado un examen de 
la situación actual de esta cuestión y ha comprobado que 
desde 1978 no se ha realizado ningún progreso. 
4.21. Un informe del Interventor de la Comisión (n) 
sobre la liquidación de los recursos propios procedentes 
de derechos de aduana y exacciones agrícolas en los 
Estados miembros, aprobado por la Comisión el 11 de 
marzo de 1983, confirmaba que los artículos 1 y 2 del 
Reglamento (CEE) n° 2891/77 no garantizan la uniformi­
dad de los procedimientos que aplican los Estados 
miembros para la liquidación de los derechos de aduana y 
las exacciones agrícolas. 
4.22. A la vista de esta laguna en el Reglamento, la 
Comisión ha efectuado propuestas (12) para subsanarla. 
El Tribunal ha presentado el dictamen (13) sobre dos de 
estas propuestas. El Consejo todavía no ha tomado 
ninguna decisión sobre ellas. El Tribunal lamenta que, a 
pesar de haber llamado la atención por primera vez hace 
diez años sobre las diferencias entre las fechas de 
liquidación de los recursos propios de los Estados 
miembros, el Consejo no haya decidido sobre ninguna de 
las propuestas de la Comisión para modificar el 
Reglamento (CEE) n° 2891/77, la última de las cuales se 
transmitía al Consejo en agosto de 1984. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 41 
Utilización de los datos de las importaciones 
como medio de comprobar los importes de los 
derechos de aduana liquidados por los Estados 
miembros 
4.23. Los métodos utilizados en los Estados miembros 
para liquidar los recursos propios procedentes de los 
derechos de aduana y las exacciones agrícolas se 
caracterizan por sistemas de recaudación descentralizada 
y prácticas nacionales divergentes. Con las normas 
comunitarias en vigor los Estados miembros han 
conservado responsabilidades y facultades amplias. 
Además, las facultades de inspección en los Estados 
miembros concedidas a la Comisión son muy limitadas. 
Estas deficiencias en los poderes de supervisión y control 
de la Comisión ponen de relieve el valor de un 
instrumento capaz de proporcionar, de forma sistemáti­
ca, comprobaciones de credibilidad y control de la 
totalidad de los recursos propios procedentes de derechos 
de importación pagados por los Estados miembros. Por 
tal motivo, el Tribunal considera que es necesario 
examinar con detenimiento la viabilidad de reforzar los 
controles de la Comisión por medio de comprobaciones 
centralizadas. Teniendo en cuenta que las estadísticas de 
importación de los Estados miembros se preparan con la 
documentación presentada a las aduanas para el despa­
cho de las importaciones, podrían ser consideradas como 
una base adecuada para efectuar comparaciones especial­
mente de los importes liquidados en concepto de derechos 
de importación. Esta posibilidad ha sido también 
reconocida por el Parlamento que, con ocasión de su 
decisión de descargo sobre el Presupuesto de 1983, 
observó la falta de correspondencia entre las estadísticas 
comerciales y los ingresos comunitarios procedentes de 
derechos de aduana. 
4.24. El Tribunal ha estudiado la relación entre los 
datos comerciales y los derechos de aduana en cada uno 
de los Estados miembros. Debido a la diversidad de los 
regímenes arancelarios en vigor aplicables tanto a 
productos como a países suministradores, se comprobó 
que no es posible efectuar comparaciones sencillas y 
directas entre los ingresos arancelarios calculados a partir 
de las estadísticas de las importaciones y los ingresos 
arancelarios liquidados por los Estados miembros 
durante el período correspondiente y puestos a disposi­
ción de la Comisión. 
4.25. La mejora del análisis y de la información sobre el 
comercio y los ingresos sería útil para poner de relieve los 
efectos de los diferentes métodos de liquidación y 
recaudación de los Estados miembros, así como para 
identificar los procedimientos defectuosos que pueden 
producir pérdidas de ingresos. Compensación a tanto alzado a los Estados 
miembros por los gastos de recaudación de 
recursos propios 
4.26. La Decisión 70/243/CEE, Euratom, CECA, del 
Consejo, de 21 de abril de 1970 (14), concedió a los 
Estados miembros el derecho a una devolución del 10 % 
de los derechos de aduana y. exacciones agrícolas 
recaudados por la Comunidad «con objeto de cubrir los 
gastos de recaudación». Después de estar 14 años en 
vigor, este mecanismo fue mantenido por la Decisión 
85/257/CEE, Euratom que sustituyó a la anterior 
legislación. El texto esencial de la disposición original fue 
repetido literalmente en la Decisión de 1985: «Las 
Comunidades restituirán a cada Estado miembro ... en 
concepto de gastos de recaudación, el 10% de los 
importes pagados ...». Durante el año 1986 se reembolsa­
ron 1 045,4 Mió ECU a los Estados miembros mediante 
este sistema. 
4.27. En su informe (15) de respuesta a las conclusiones 
del Consejo Europeo de 18 de junio de 1983 (Stuttgart), el 
Tribunal señalaba que el nivel del 10 % «no se basa en los 
costes reales». Las Decisiones del Consejo de establecer y 
mantener un sistema de pago a tanto alzado del 10 % no 
parecen haber prestado la debida consideración a la 
necesidad de asegurar que las desviaciones respecto a los 
costes reales fuesen mínimas. No se han definido ni el 
nivel del servicio necesario ni los gastos de recaudación 
que la devolución debía cubrir y el Tribunal no ha podido 
averiguar sobre qué base se adoptó inicialmente el tipo del 
10 %. Se debería haber tenido en cuenta que el sistema de 
recursos propios que entonces se instauraba no compor­
taría, en lo esencial, que los Estados miembros adminis­
traran nuevas estructuras fiscales, sino la asunción 
comunitaria de responsabilidades en el campo de los 
sistemas tradicionales de recaudación de ingresos sobre 
las importaciones. Estas responsabilidades habrían de 
tener únicamente efectos marginales sobre los' costes de 
los servicios nacionales de recaudación. 
4.28. Un grave fallo del sistema fue no prever un 
mecanismo para la revisión del nivel de reembolso en 
función de los cambios de los costes administrativos. En 
sus auditorías en los Estados miembros el Tribunal ha 
observado que desde 1971 se han producido reducciones 
de personal y se han agilizado los procedimientos de 
despacho y recaudación. El sistema de tanto alzado es un 
mecanismo de gasto que opera independientemente de los 
costes reales y no puede, por tanto, tener en cuenta sus 
alteraciones. Si bien los Estados miembros tienen la 
libertad de reducir los costes de recaudación de los 
recursos propios y obtener los beneficios económicos 
resultantes, el gasto en el Presupuesto comunitario no es 
objeto de la correspondiente reducción. Al no haberse 
establecido los niveles de servicios mínimos contra 
prestación del reembolso, los Estados miembros disponen 
42 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
de una gran flexibilidad en este área. Estos factores 
tienden a introducir un elemento creciente de compensa­
ción excesiva de los costes de recaudación a expensas del 
Presupuesto comunitario. 
4.29. Vista la importancia del gasto comunitario en el 
sistema de reembolso, el no haber previsto un mecanismo 
de revisión del tipo del 10 % y la prórroga de su vigencia a 
ese nivel dispuesta por la Decisión del Consejo en 1985 
pone de relieve lo arbitrario de su naturaleza. 
4.30. El Tribunal ha tomado debida nota de las dudas 
sobre el sistema, formuladas tanto por el Parlamento 
como por la Comisión y, en particular, de las recientes 
propuestas de la Comisión (16) sobre la financiación del 
Presupuesto comunitario, que incluyen una propuesta de 
supresión del sistema de reembolso. El Tribunal conside­
ra que el pago por la Comunidad de unos fondos 
calculados sobre una base arbitraria y como contrapres­
tación de unos servicios no definidos no es satisfactorio. 
Es necesario reevaluar el pago de dicha compensación a 
los Estados miembros teniendo en cuenta los cambios 
ocurridos desde 1970, año de instauración del sistema de 
reembolso. 
Objetivos de autofinanciación en el mercado 
del azúcar 
4.31. La exposición de motivos del Reglamento (CEE) 
n° 1785/81 del Consejo, de 30 de junio de 1981, sobre la 
organización común de mercados en el sector del 
azúcar (17) indica que se debe «dotar a la Comunidad de 
los instrumentos necesarios para ... que los mismos 
productores financien íntegramente los gastos de comer­
cialización de los excedentes». Este reglamento básico fue 
modificado por el Reglamento del Consejo (CEE) 
n° 934/86, de 24 de marzo de 1986, con efectos a partir del 
1 de julio de 1986 (18). El principio de autofinanciación fue 
expresamente confirmado en la exposición de motivos de 
este nuevo reglamento: «... desde la campaña de 
comercialización 1981/82, la organización común de 
mercados del azúcar descansa sobre el principio de la 
responsabilidad financiera de los productores por el 
conjunto de las pérdidas debidas a la comercialización de 
los excedentes de producción comunitaria en relación con 
el consumo interior». 
4.32. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1985 
(apartado 3.45) el Tribunal afirmaba que «el objetivo de 
autofinanciación no podía ser alcanzado mediante el 
régimen de cuotas de producción de azúcar. El volumen 
de los déficits reales resultantes de la aplicación del 
régimen ha aumentado regularmente durante las corres­
pondientes campañas de comercialización». En aquella 
fecha el déficit acumulado del régimen correspondiente a 
las cuatro campañas de comercialización comprendidas 
entre 1981/82 y 1984/85 había alcanzado los 609,2 Mió ECU. Los temores del Tribunal de que «el objetivo de 
autofinanciación no pudiera ser alcanzado» se han 
confirmado: según los servicios de la Comisión, en otoño 
de 1986 (es decir, al finalizar el primer período de cinco 
años de aplicación de las normas de organización común 
del mercado del azúcar) la pérdida acumulada se había 
incrementado en otros 263,9 Mió ECU hasta alcanzar los 
873,1 Mío ECU. 
4.33. El antes mencionado Reglamento (CEE) 
n° 934/86 reconoce expresamente la existencia del déficit: 
«Considerando que, ..., para permitir cubrir la totalidad 
de los gastos efectivos relativos a la exportación de los 
excedentes de producción comunitaria de las campañas 
de comercialización 1981/82 a 1985/86, ..., conviene 
prever el establecimiento de una cotización de reabsor­
ción para el sector del que se trata; que, con este fin, 
conviene pedir a todos los productores afectados un 
esfuerzo de solidaridad destinado a permitir la reabsor­
ción del déficit observado al término del período 1981/82 
a 1985/86 y que se estima que asciende, en términos 
presupuestarios, a 400 Mió ECU». El Consejo estimó un 
déficit de únicamente 400 Mío ECU, tal como había 
propuesto la Comisión, y estableció una cotización para 
reabsorberlo a distribuir en los cinco años siguientes y a 
pagar en plazos anuales de 80 Mió ECU. 
4.34. Del déficit total de 873,1 Mió ECU, quedaba, por 
tanto, un déficit no cubierto de 473,1 Mió ECU, que no 
había sido tenido en cuenta en el reglamento, aunque el 
Tribunal había recomendado en su Informe Anual 
relativo al ejercicio 1985 (apartado 3.48) que «las futuras 
medidas respecto a la organización común de los 
mercados del azúcar prevean la recuperación total del 
déficit». La Comisión, al proponer la cifra de 400 Mió 
ECU para el déficit, había manifestado que la ampliación 
de la Comunidad a Portugal produciría la absorción de 
azúcar comunitario por dicho país, y el consiguiente 
ahorro de 210 Mió ECU en restituciones a la exportación. 
La Comisión estima actualmente que sólo se absorbieron 
de esta forma 50 Mío ECU. También preveía nuevas 
salidas que ahorrarían costes en la industria química de la 
Comunidad. El Tribunal no ha podido encontrar en la 
documentación disponible justificación adecuada de 
ninguna de las suposiciones de la Comisión. 
4.35. El objetivo de autofinanciación del reglamento 
básico no se está alcanzando. Este hecho está encubierto 
por la falta de claridad de la presentación en el 
Presupuesto. El Tribunal ha señalado a la Comisión la 
existencia de incongruencias e imprecisiones en las 
observaciones a los ingresos y gastos del Presupuesto, que 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 43 
deberían ser corregidas para ofrecer la realidad exacta de 
la actual situación financiera del sector del azúcar. 
4.36. El 7 de agosto de 1985 la Comisión propuso la 
renovación del sistema de cuota de la producción de 
azúcar, acompañada de un refuerzo sustancial del 
mecanismo de autofinanciación. La propuesta, que 
preveía un incremento de la cotización máxima del azúcar 
« A » y « B » (19) del 2 % al 2,5 % del precio de intervención 
y del 37,5 % al 47 % del precio de intervención para el 
azúcar «B», fue rechazada por el Consejo, de forma que 
continúan en vigor los niveles máximos del 2 % y 37,5 % 
respectivamente. Sin embargo, el Consejo, tal como se ha 
indicado en el apartado 4.33, aceptó la adopción de una 
cotización de reabsorción, que eliminaría sólo una parte 
del déficit acumulado. En opinión del Tribunal, la 
limitación estatutaria de las cotizaciones a la producción continúa siendo, como en el pasado, un importante 
obstáculo para la consecución del objetivo de autofinan­
ciación. 
4.37. Teniendo en cuenta el objetivo repetidamente 
confirmado de autofinanciación de la organización 
común del mercado del azúcar, el Tribunal hace hincapié 
en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para 
asegurar que el déficit acumulado de este sector se cubra 
rápidamente mediante las cotizaciones adecuadas, que no 
se produzcan nuevos déficits y que la situación financiera 
específica aparezca claramente en el Presupuesto y en las 
cuentas. Si se hubiese respetado el principio de autofinan­
ciación, los créditos utilizados para financiar las pérdidas 
del sector del azúcar (579 Mió ECU) no habrían sido 
necesarios y el déficit global de la Comunidad habría 
disminuido en consonancia. 
(!) 
í2) 
í3) 
(4) 
í5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(») 
(12) DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
Doc 
DO 
DO 
DO 
Doc 
DO 
DO 
DO 
DO L 128 de 14. 5.1985, p. 15. 
L 356 de 31.12.1985, p. 1. 
L 336 de 27.12.1977, p. 1. 
L 336 de 27.12.1977, p. 8. 
C 348 de 31.12.1984. apartados 3.19 
C 326 de 16.12.1985. apartados 3.14 
L 360 de 23.12.1983, p. 2. 
. XIX/327/81 — Anexo V. 
L 302 de 15.11.1985. 
C 342 de 31.12.1980, apartado 3.22. 
C 326 de 31.12.1979, apartados 12.38 
. COM SG (83) D/8029. 
C 231 de 4.9.1982, p. 15, apartados 6-7; 
C 146 de 4.6.1983, p. 4, apartado 2; 
C 303 de 10.11.1983, p. 19, apartados 1-6; 
C 219 de 21.8.1984, p. 7, apartados 3-11. 3.20; 
3.20. 
12.40. (13) DO C 133 de 20.5.1983, p. 3; 
DOC 163 de 23.6.1984, p. 8. 
(14) DO L 94 de 28.4.1970, p. 19. 
('5) DO C 287 de 24.10.1983, apartado 1.2.4. 
(16) Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la 
financiación del Presupuesto comunitario (Doc. COM 
(87) 101 final de 28.2.1987). 
('7) DO L 177 de 1.7.1981, p. 5. 
(18) DO L 87 de 2.4.1986, p. 1.. 
(19) Azúcar «A» significa la cuota de producción con menor 
cotización y azúcar «B» la cuota de producción con 
cotización mayor hasta un límite cuantitativo determinado 
(Reglamento (CEE) n° 1785/81). 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPITULO 5 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, 
Sección Garantía (FEOGA-Garantía) 
5.0. ÍNDICE Apartados 
Introducción 5.1 
Resumen de la información financiera 5.2 — 5.4 
Almacenamiento público 5.5 —5.21 
Consecuencias presupuestarias de los excedentes estructurales 5.5 — 5.6 
La función de la intervención 5.7 — 5.8 
Consideraciones presupuestarias 5.9 — 5.10 
Pérdidas en la comercialización y depreciación 5.11 — 5.15 
Reembolso de los costes de almacenamiento 5.16 
Conclusiones 5.17 — 5.21 
Gestión y control interno del FEOGA Sección Garantía por la Comisión 5.22 — 5.44 
Contabilización de los anticipos a los Estados miembros y del gasto 
declarado 5.24 — 5.25 
Observaciones resultantes de la auditoría 5.25 
Liquidación de cuentas 5.26 — 5.44 
Objetivos y métodos 5.26 
Métodos de trabajo 5.27 — 5.34 
Dotación de personal ' 5.35 
Atrasos en el trabajo 5.36 — 5.39 
Cooperación de los Estados miembros 5.40 — 5.41 
Consulta preventiva 5.42 — 5.43 
Observaciones finales 5.44 
Auditoría de los mercados 5.45 — 5.69 
El sistema de cuota y tasa suplementaria en el sector lácteo 5.47 — 5.50 
Medidas de destilación en el sector vitivinícola 5.51 — 5.53 
Primas a la producción en el sector del tabaco 5.54 — 5.55 
Ayudas a la producción de guisantes, habas y haboncillos 5.56 — 5.59 
Evolución del sistema 5.56 — 5.57 
Observaciones de la auditoría 5.58 — 5.59 
Ayuda a la producción de algodón 5.60 — 5.69 
Observaciones de la auditoría 5.63 — 5.69 
Conclusiones generales 5.70 — 5.72 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 45 
INTRODUCCIÓN RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
5.1. En 1986, la gestión del Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agrícola, Sección Garantía 
(FEOGA-Garantía), continuó siendo regida por el 
Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21 de abril 
de 1970 ('), que, junto con las disposiciones del Regla­
mento Financiero, en particular su Título VIII, constitu­
ye un marco legislativo diferente a la normativa del 
Presupuesto General. 
(!) Las notas aparecen al final del capítulo. 5.2. El cuadro 5.1 muestra los principales datos 
financieros de la gestión de los créditos del FEOGA-
Garantía. Los créditos disponibles para la financiación 
del gasto de 1986 ascendieron a 22 153,3 Mió ECU. La 
Comisión entregó a los Estados miembros anticipos por 
un total de 22 150,8 Mió ECU y éstos declararon un gasto 
de 22 131,4 Mió ECU. Este último importe, junto con 
cantidades pagadas directamente por la Comisión que 
ascienden a 2,5 Mió ECU, ha sido imputado a las cuentas 
Cuadro 5.1 — FEOGA-Garantía 1986: Resumen de las Cuentas 
(Mió ECU) 
Créditos 
Prórrogas automáticas de 1985 
Anulaciones de créditos: 
Créditos utilizados: 
Créditos presupuestarios (•) 
Títulos 1 y 2: 
Capítulo 40: 
Total disponible: 
Anulaciones de créditos (2): 
Total de créditos utilizados: : 4,4 
0,3 
4,1 
22 112,0 
41,3 
22 153,3 
15,9 
22 137,4 Compromisos 
Saldo de los créditos disponibles en los . 
Estados miembros a 1.1.1986 (3) 49,2 
Anticipos a los Estados miembros: 
— pagados en una vez: 
— fraccionados: 
Total de anticipos: 
Diferencia de cambio: 
Gastos comprometidos directa­
mente por la Comisión: 
Total de compromisos: 
Desafectación del saldo 
disponible en los Estados 
miembros a 31.12.1986: 
Total de compromisos 7 424,4 
14 726,4 
22 150,8 
-4,2 
6,0 
22 152,6 
15,2 
22 137,4 Imputaciones a la cuenta 
de gestión 
Pagos sobre prórrogas automáticas 
de 1985: 4,1 
Imputaciones como pagos (4): 
— en la fecha prevista: 1 849,2 
— atrasadas: 20 282,2 
Total: 22 131,4 
Cantidades pagadas directa­
mente por la Comisión: 2,5 
Total de pagos: 22 133,9 
Prórrogas automáticas a 1987: 3,5 
Total: 22 137,4 
(•) Presupuesto aprobado el 10 de julio. DO L 214 de 4.8.1986. 
(2) De los que 0,3 Mió ECU corresponden al capítulo 40, Pesca. 
(3) Este saldo fue incluido en el compromiso del anticipo del mes de abril. 
(4) Las cantidades imputadas tienen en cuenta las consecuencias de la liquidación de cuentas de 1982 (55,3 Mió ECU). 
46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
como el gasto de 1986 y representa un incremento del 
12 % respecto al gasto de 1985. Este incremento hubiera 
sido del 15,5 % si la Comisión no hubiera pospuesto a 
1987 pagos por un total de 693 Mió ECU (véase apartado 
5.25(a)). 
5.3. Otros datos financieros se dan en el cuadro 5.2, que 
muestra el gasto anual desglosado por capítulo y por 
sector, y en el cuadro 5.3, que proporciona un análisis de 
la utilización de los créditos de 1986, incluyendo las 
transferencias entre capítulos. Los cuadros 5.4 y 5.5 
muestran respectivamente las cantidades y valores 
contables de las existencias agrícolas en almacenamiento 
público a finales de 1986, comparados con los niveles de 
los años precedentes. Con la importante excepción de los 
productos lácteos, en términos cuantitativos la posición 
de algunos productos ha experimentado una cierta 
mejora aunque el valor contable total de las existencias ha 
continuado aumentando (hasta 11 400 Mió ECU). 
5.4. El incremento real del 15,5 % del gasto agrícola en 
1986 es especialmente preocupante si se tiene en cuenta 
que en el transcurso del año las pérdidas potenciales de la 
futura comercialización de las existencias de intervención 
aumentaron, según cálculos del Tribunal de Cuentas, a 
8 500 Mió ECU (véase el apartado 5.14), lo que 
representa un incremento del 49 % sobre la cifra 
comparable de 1985 (5 700 Mió ECU). En vista de que la 
gravedad de la situación de las existencias de intervención 
continúa, el Tribunal ha efectuado en los apartados 5.5 a 
5.21 un análisis detallado de la evolución de este 
problema y de la respuesta de la Comunidad. 
ALMACENAMIENTO PÚBLICO 
Consecuencias presupuestarias de los 
excedentes estructurales 
5.5. El continuo incremento anual de coste de las 
existencias y de los gastos relativos a su manipulación, 
financiación y comercialización, muestra claramente que 
partes importantes del mercado agrícola común sufren un 
grave desequilibrio. El valor contable total de las 
existencias de intervención pasó de alrededor de 
2 000 Mió ECU en los años próximos a 1980 a más de 
11 000 Mió ECU a finales de 1986. El gasto correspon­
diente cargado al Presupuesto se multiplicó por cuatro en 
el mismo período, hasta alcanzar 4 700 Mío ECU en 
1986. Además, no se tienen en cuenta las pérdidas 
potenciales de 8 500 Mió ECU mencionadas en el 
apartado 5.4. 
5.6. Sin embargo, los principales indicadores de la 
situación en los diversos mercados son sus grados de 
autosuficiencia, que durante muchos años han experi­
mentado una tendencia al alza (especialmente en la 
década de 1970) y en algunos casos han alcanzado valores 
ampliamente superiores al 100%. El Presupuesto de la Comunidad ha tenido que pagar dos veces por esta 
situación. En primer lugar se ha producido una pérdida 
de ingresos por exacciones agrícolas a las importaciones 
de la Comunidad, reflejo de su creciente autosuficiencia, y 
en segundo, la combinación de unas existencias de 
intervención en constante aumento con una diferencia 
creciente entre los precios de la CEE y los más bajos 
mundiales han provocado un incremento desmesurado 
del coste presupuestario de la Política Agrícola Común, 
cuyo componente principal son los costes reales y 
potenciales de comercialización de las existencias de 
intervención. 
La función de la intervención 
5.7. En la última década se ha producido un cambio 
fundamental del papel del almacenamiento de interven­
ción en la organización de los principales mercados 
agrícolas. La compra de intervención desempeña una 
función válida como instrumento cíclico de puesta en 
práctica de la política de garantía de precios y, por lo 
tanto, de la consecución, dentro de un mercado interno en 
expansión de algunos de los objetivos del artículo 39 del 
Tratado CEE intentando reducir la dependencia de las 
importaciones. También contribuye a crear un clima 
económico de confianza para los productores. No 
obstante, cuando se sobrepasa la autosuficiencia del 
100 % y la producción interna pasa a depender de las 
posibilidades de exportación a un mercado mundial 
donde a menudo los precios son considerablemente 
inferiores a los del mercado interno, el sistema de 
almacenamiento público se transforma con demasiada 
facilidad en una salida garantizada para productos que de 
hecho no tienen un mercado real, contribuyendo por 
tanto a la creación de excedentes estructurales. 
5.8. En su Informe Anual correspondiente al ejercicio 
1985 (2), que incluía los resultados de una investigación 
especial sobre los sistemas de almacenamiento público de 
cereales, el Tribunal ponía de relieve también la influencia 
de los criterios de calidad de los cereales aceptados en 
intervención. Se llegaba a la conclusión de que el criterio 
de calidad mínima baja, junto con un sistema de 
diferenciación de precios que no recompensaba adecua­
damente la mejor calidad, había estimulado la produc­
ción de cantidades excesivas de cereales, incluyendo 
algunos de calidad inferior que habrían representado un 
riesgo económico demasiado grande para los producto­
res, si no hubiesen tenido la seguridad ofrecida por la 
intervención. El Tribunal llegó a conclusiones muy 
parecidas en sus recientes informes especiales (3) sobre las 
medidas comunitarias de destilación en el sector vitiviní­
cola y la organización común del mercado del tabaco 
crudo. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 47 
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48 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
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15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 49 
Cuadro 5.4 — FEOGA-Garantía 
Producto 
Trigo blando panificable 
Trigo blando no panificable 
Subtotal trigo blando 
Cebada 
Centeno 
Trigo duro 
Maíz 
Sorgo 
Total cereales 
Azúcar 
Aceite de oliva 
Colza 
Semillas de girasol 
Alcohol (2) 
Tabaco 
Leche desnatada en polvo 
Mantequilla almacenada antes 
1.3.85(3) 
Mantequilla almacenada después 
1.3.85 
Total mantequilla 
Carne de vacuno sin deshuesar 
almacenada antes del 1.3.85 (3) 
Carne de vacuno sin deshuesar 
almacenada después del 1.3.85 
Total carne de vacuno sin deshuesar 
Carne de vacuno deshuesada 
almacenada antes del 1.3.85 (3) 
Carne de vacuno deshuesada 
almacenada después del 1.3.85 
Total carne de vacuno deshuesada 
Total carne de vacuno 
Carne de porcino : Cuadro analítico de los movimientos de las existencias púb 
1984 
Com­
pras 
2 898 
2015 
4 913 
1 544 
249 
309 
— 
— 
7 015 
— 
131 
— 
— 
— 
12 
454 
— 
— 
509 
— 
— 
370 
— 
— 
89 
459 
— Ventas 
5 012 
14 
5 026 
1 270 
119 
204 
— 
— 
6 619 
— 
87 
— 
— 
— 
28 
695 
— 
— 
222 
— 
— 
190 
— 
— 
42 
232 
— Exis­
tencias 
30.11.1984 
4 448 
2 015 
6 463 
1 636 
441 
853 
— 
— 
9*383 
— 
162 
— 
— 
— 
15 
787 
— 
— 
972 
— 
— 
481 
— 
— 
133 
614 
— 1985 
Com­
pras 
1 671 
6 248 
7 919 
4 418 
686 
695 
— 
— 
13 718 
— 
12 
— 
— 
— 
13 
223 
— 
— 
494 
— 
— 
253 
— 
— 
129 
382 
26 Ventas 
2 228 
251 
2 479 
1 404 
19 
561 
— 
— 
4 463 
— 
98 
— 
— 
— 
13 
496 
— 
— 
447 
— 
— 
145 
— 
— 
48 
193 
— Exis­
tencias 
30.11.1985 
3 890 
8 012 
11 902 
4 651 
1 108 
986 
— 
— 
18 647 
— 
75 
— 
— 
501 
15 
514 
— 
— 
1 018 
— 
— 
589 
— 
— 
214 
803 
26 ticas 1984-1986 
(1 000 t) 
1986 
Exis­
tencias 
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986 
— 
— 
19 292 
— 
247 
— 
— 
501 
15 
514 
689 
329 
1 018 
353 
245 
598 
94 
118 
214 
810 
26 Com­
pras 
1 683 
2 217 
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2 433 
364 
271 
392 
3 
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61 
75 
0,2 
31 
165 
40 
508 
— 
632 
632 
— 
348 
348 
— 
162 
162 
510 
12 Ventas 
3 270 
3 987 
7 257 
3 905 
323 
230 
201 
— 
11 916 
45 
35 
5 
— 
16 
247 
315 
26 
341 
285 
206 
491 
68 
87 
155 
646 
38 Exis­
tencias 
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(4) 
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1 023 
190 
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14 717 
16 
283 
0,2 
26 
666 
39 
862 
374 
931 
1 305 
67 
386 
453 
26 
193 
219 
672 
— 
(') Incluyendo España y Portugal. 
(2) Las cantidades de alcohol se expresan en hectolitros de alcohol puro. 
(3) El Reglamento (CEE) n° 1624/86 del Consejo dispone la depreciación de estos productos y prevé su venta antes del final del ejercicio 1986. 
(4) Las diferencias entre las existencias finales teóricas (existencias iniciales + compras-ventas) y las cantidades correspondientes a las existencias finales que 
aparecen en el cuadro tiene su explicación en dos factores: 1) pérdidas y 2) modificaciones realizadas por los Estados miembros aún no contabilizadas por 
la Comisión. 
Consideraciones presupuestarias 
5.9. En su Informe Anual correspondiente al ejercicio 
1983 (4), año en que se registró el mayor aumento anual de 
las existencias públicas, el Tribunal observaba que el 
aumento de las cantidades de productos de intervención 
correspondía aproximadamente a una reducción de los 
volúmenes de exportación previstos. El Tribunal observó 
que, en un período de excedentes agrícolas y de escasez de 
créditos presupuestarios, acumular la producción en 
almacenes públicos en lugar de darle salida fuera de la 
Comunidad tiene el efecto de hacer mínima la carga 
inmediata para el Presupuesto comunitario; pero a costa 
de una carga final muy superior, producto del coste de un 
almacenamiento prolongado y de una posibilidad de 
mayores pérdidas en el momento de la comercialización final. Ello se debe a que las compras de intervención, que 
realizan organismos nacionales de intervención que 
actúan en representación de la Comunidad, son financia­
das inicialmente mediante fondos proporcionados por los 
Estados miembros. Aunque los Estados miembros son 
reembolsados por sus costes de intereses mediante una 
subvención a tanto alzado, la financiación comunitaria 
del valor del producto no se produce hasta el momento de 
la comercialización, cuando las agencias de intervención 
de los Estados miembros reciben del comprador el valor 
de la venta, asumiendo la Comunidad la diferencia entre 
los precios de compra y de venta, que normalmente es una 
pérdida. 
5.10. Esto explica de una forma más general la 
influencia de las consideraciones presupuestarias sobre 
las decisiones de venta y la política de comercialización. 
Los últimos cinco o seis años se han caracterizado por una 
combinación de restricciones presupuestarias y altos 
niveles de existencias comercializables únicamente a un 
50 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Cuadro 5.5 — FEOGA-Garantía: Valor contable de las 
existencias públicas 1984-1986 
(Mió ECU) 
Producto 
Trigo blando panifícable 
Trigo blando no panifícable 
Subtotal trigo blando 
Cebada 
Centeno 
Trigo duro 
Maíz ' 
Sorgo 
Total cereales 
Colza 
Girasol 
Total oleaginosas 
Carne vacuno sin deshuesar 
Carne vacuno deshuesada 
Total carne vacuno 
Carne porcino 
Leche desnatada en polvo 
Mantequilla 
Total productos lácteos 
Azúcar 
Aceite de oliva 
Tabaco 
Alcohol 
Total general 1984 
872,4 
390,8 
1 263,2 
319,7 
91,9 
226,8 
1 901,6 
26,2 
26,2 
1 297,1 
434,8 
1 731,9 
— 
1 242,4 
3 536,8 
4 779,2 
25,7 
272,6 
13,5 
8 750,7 1985 
776,7 
1 613,6 
2 390,3 
940,5 
225,7 
264,2 
3 820,7 
1 508,7 
761,5 
2 270,2 
28,9 
866,7 
3 415,7 
4 282,4 
115,6 
14,6 
47,3 
10 579,7 1986*0 
541,2 
1 135,4 
1 676,6 
728,8 
248,3 
287,7 
34,9 
0,7 
2 977,0 
0,1 
13,9 
14,0 
1 211,9 
783,6 
1 995,5 
_ 
1 621,6 
4 284,7 
5 906,3 
9,7 
421,1 
30,4 
64,8 
11 418,8 
0 Incluyendo España y Portugal. 
Fuente: Informes financieros del FEOGA-Garantía para los años 1984 a 
1986. 
* Provisional. 
alto coste. Esto ha sido el origen de la práctica de aplazar 
las ventas hasta disponer en el Presupuesto de los créditos 
necesarios para reembolsar a las agencias de intervención 
de los Estados miembros por las pérdidas registradas en 
las ventas. Así, las pérdidas no realizadas se acumulan y 
almacenan para el futuro. De esta forma, la Comunidad, 
al almacenar productos agrícolas, está incrementando el 
gasto presupuestario futuro del sector agrícola ya que el 
crecimiento continuo de las existencias hace que bajen 
tanto los precios de mercado como el valor del producto, 
que normalmente con el paso del tiempo se va deterioran­
do. Un buen ejemplo de ello es el caso del programa 
especial de comercialización de la mantequilla que se 
realizará en 1987 y 1988. Al amparo de este programa se 
va a vender un millón de toneladas de mantequilla vieja 
para la que ha sido imposible encontrar vías de 
comercialización normales a unos precios tan bajos que 
van a producir pérdidas cercanas al 100 % de su valor 
contable. Las ventajas económicas de este tipo de 
comercializaciones, comparadas con la simple destruc­
ción, no están claras. El coste total de este programa de 
comercialización alcanzará los 3 200 Mió ECU. Para 
evitar añadir este coste a los presupuestos de 1987 y 1988, el Consejo ha decidido repartirlo en cuatro plazos anuales 
iguales (1989 a 1992), decisión que, en opinión del 
Tribunal (5), está en desacuerdo con el principio de 
anualidad fijado por los Tratados. 
Pérdidas en la comercialización y depreciación 
5.11. Un grave defecto de los procedimientos contables 
aplicados a las existencias de intervención comunitarias es 
que éstas no han sido nunca objeto de una depreciación 
sistemática. La depreciación aplicada a las existencias de 
intervención, que no son estrictamente activos de la 
Comunidad, consiste en la reducción del valor contable 
de determinadas existencias, acompañada del reembolso 
a los Estados miembros de la diferencia de valor y de la 
carga de este importe al Presupuesto comunitario. A 
consecuencia de ello, la correspondiente pérdida en la 
venta será correlativamente menor, lo mismo que su 
reembolso y su cargo al Presupuesto en el momento de su 
comercialización. En realidad, la depreciación es aquí un 
sistema de previsión de pérdidas futuras. Por lo tanto, 
según los principios contables generalmente aceptados, la 
reducción del valor de las existencias a su valor neto 
realizable (esto es: su valor real de venta) cuando éste es 
inferior al coste de compra es una práctica financiera 
aconsejable y conviene efectuarla sistemáticamente, 
eliminando así el obstáculo a una política de ventas eficaz 
descrito en el apartado 5.10. Si el Tribunal ha criticado 
enérgica y repetidamente a la Comisión en el pasado, ha 
sido precisamente por no aplicar la depreciación de forma 
sistemática. 
5.12. Hasta 1986 los reglamentos permitían la cancela­
ción de la diferencia entre el valor de compra de las 
existencias totales de determinado producto y su valor 
realizable cuando éste fuera menor, pero sólo hasta la 
mitad de dicha diferencia, como máximo, y únicamente al 
final del año. Esta última restricción ha llevado a una 
aplicación completamente casual del mecanismo de 
depreciación, que no ha consistido más que en una 
asignación arbitraria de los créditos presupuestarios 
pendientes de utilización al final del año, a las existencias 
de varios productos. La Comisión utilizó la posibilidad de 
efectuar depreciaciones parciales para consumir los 
créditos presupuestarios restantes en 1978, 1980 y 1981. 
En los años siguientes, hasta 1985 no hubo créditos 
disponibles. Pero las existencias habían comenzado a 
acumularse a ritmo creciente. A final de 1985 la Comisión 
aplicó créditos no utilizados por valor de 439 Mío ECU a 
la depreciación de las existencias de cereales, mantequilla 
y carne de vacuno, pero esto no impidió que los costes 
potenciales de comercialización de las existencias de esa 
fecha alcanzaran nuevos máximos, que estimaciones 
diversas cifran entre 4 500 y 5 700 Mió ECU. 
5.13. En 1986, se cambiaron las normas relativas a la 
depreciación mediante una modificación del correspon­
diente Reglamento del Consejo (6), suprimiendo las dos 
restricciones principales: el límite del 50 % y la norma de 
final de año. Al mismo tiempo, se incluía por primera vez 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 51 
en el Presupuesto y se aplicaba durante el curso del año un 
modesto elemento de depreciación (471 Mió ECU). El 
Tribunal, en su Dictamen de 6 de marzo de 1986 (7), se 
manifestó favorable a estos cambios, considerándolos un 
paso adelante en la dirección correcta, que abría el 
camino hacia la completa aplicación de prácticas 
financieras adecuadas. No obstante, ha de observarse que 
el procedimiento de depreciación como tal ha conservado 
su carácter opcional y que no existen por el momento 
indicios de que la Comisión vaya a utilizarlo de forma 
sistemática. En 1986 la depreciación parcial de las 
existencias de mantequilla y carne se aplicó únicamente a 
la parte destinada a la venta antes de fin de año. Esta 
práctica es difícil de compatibilizar con la redacción 
actual del reglamento correspondiente, que sólo prevé un 
único precio para todas las existencias de un producto. 
Como quiera que no se realizaron todas las ventas 
esperadas, la Comisión refleja actualmente en sus libros 
valores distintos para un mismo producto de la misma 
antigüedad. En realidad la Comisión se ha limitado a 
utilizar los fondos asignados por la autoridad presupues­
taria para depreciación como suplemento de la provisión 
por pérdidas sobre ventas del Presupuesto de 1986, con lo 
que las pérdidas totales sobre ventas cargadas al 
Presupuesto de 1986 ascendieron a 2 300 Mió ECU. 5.14. Una vez contabilizadas las ventas efectuadas en 
1986 y sus pérdidas correspondientes, el Tribunal estima 
que las pérdidas potenciales de las existencias públicas de 
intervención a finales de 1986 son de 8 500 Mió ECU. El 
cuadro 5.6muestra el cálculo en detalle. La explicación de 
la diferencia de 1 691,5 Mió ECU entre la Comisión y el 
Tribunal es que el cálculo de la Comisión excluye los 
costes potenciales de la comercialización de lo que llama 
existencias normales. Con independencia de la finalidad 
concreta de estas existencias, que no está clara, el 
Tribunal sigue sin ver razón para considerarlas inmunes a 
la pérdida general de valor que ha afectado a otras 
existencias (8). El Tribunal, por tanto, ha tenido en cuenta 
las existencias llamadas normales en su cálculo de los 
costes potenciales. 
5.15. Por otra parte, la cifra de la Comisión no tiene en 
cuenta los costes potenciales para la Comunidad 
resultantes de la comercialización de las existencias 
nacionales de alcohol destilado obtenido de los subpro­
ductos de la vinificación y de vino no de mesa, previstas en 
los artículos 39 y 40 del Reglamento (CEE) n° 337/79 del 
Cuadro 5.6 — FEOGA-Garantía 1986: Previsión de las cargas financieras que resultarían de la comercialización de los productos 
agrícolas en almacenamiento de intervención al final del ejercicio 1986 (30.11.1986) 
Producto 
(1) 
Trigo blando panificable 
Trigo blando no panificable 
Cebada 
Centeno 
Trigo duro 
Maíz 
Sorgo 
Aceite de oliva 
Colza 
Girasol 
Alcohol 
Azúcar 
Tabaco 
— en hojas 
— transformado 
— embalado 
Leche desnatada en polvo 
Mantequilla 
Carne de vacuno 
— sin deshuesar 
— deshuesada 
Total Existencias al 
final del 
ejercicio 
(toneladas) 
(2) 
2 475 287 
6 084 585 
3 792 777 
1 148 808 
1 022 503 
190 417 
3 400 
283 140 
157 
26 014 
666 421(3) 
15 703 
26 893 
6 684 
5 826 
861 888 
1 306 083 
452 485 
219 510 
— Existencias 
públicas 
consideradas 
como 
normales 
(toneladas) 
(3) 
1 000 000 
2 000 000 
1 500 000 
200 000 
300 000 
— 
— 
100 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
200 000 
200 000 
50 000 
50 000 
— Existencias 
públicas 
por encima 
de lo 
normal 
(toneladas) 
(4) = (2)-(3) 
1 475 287 
4 084 585 
2 292 777 
948 808 
722 503 
190 417 
3 400 
183 140 
157 
26 014 
666 421(3) 
•— 
26 893 
6 684 
5 826 
661 888 
1 106 083 
402 485 
169 510 
— Pérdidas 
medias 
ponderadas 
en las 
ventas 
(ECU/tm)(') 
(5) 
118 
118 
118 
118 
195 
118 
118 
— 
— 
— 
95(4) 
— 
293 
345 
1 128 
1 100 
3 080(2) 
2 450 
2 400 
— Cargas potenciales 
Según la 
Comisión (2) 
(Mió ECU) 
(6) = (4)x(5) 
174,1 
482,0 
270,5 
112,0 
140,9 
22,5 
0,4 
— 
— 
— 
63,3 
— 
7,9 
2,3 
6,6 
728,1 
3 406,7 
986,1 
406,8 
6 810,2 Según el 
Tribunal 
(Mió ECU) 
(7) = (5)x(2) 
292,1 
718,0 
447,5 
135,6 
199,3 
22,5 
0,4 
— 
— 
— 
63,3 
— 
7,9 
2,3 
6,6 
948,2 
4 022,7 
1 108,5 
526,8 
8 501,7 
(') Los datos se basan en las perspectivas de pérdidas a final del ejercicio 1986, es decir en las previsiones utilizadas para calcular los créditos del Presupuesto 
1987, corregidas con el cambio de coyuntura contenido en las propuestas de precios 1987/88. 
(2) Cantidad calculada sobre la base de las comercializaciones especiales previsibles. 
(3) Hectolitro de alcohol del 100 % vol. 
(4) ECU/hl. 
52 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Consejo, de 5 de febrero de 1979 (9). El Tribunal estima 
estos costes potenciales en alrededor de 285 Mió ECU. 
Reembolso de los costes de almacenamiento 
5.16. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1985 (2), 
el Tribunal señaló que el sistema de reembolsos a tanto 
alzado de los costes financieros y técnicos tiene dos 
consecuencias: en primer lugar que haya Estados 
miembros que salgan ganando con los reembolsos 
mientras que otros salen perdiendo; y en segundo, que se 
introduce un elemento neto de financiación nacional en el 
programa, hecho que no puede reflejarse en las cuentas de 
gastos de la Comunidad. El Tribunal cifró la transferen­
cia resultante de la Comunidad a los presupuestos 
nacionales en 1985 en 160 Mió ECU (10). Lejos de 
restablecer el equilibrio, en mayo de 1986 (n) el Consejo 
decidió llevar más lejos aún esta discrepancia decidiendo 
que los costes técnicos fueran reembolsados únicamente 
al 75 % de su nivel representativo, y que el interés a tanto 
alzado se fijara a un nivel más bajo que su nivel 
representativo. Además, en el caso de los Estados 
miembros con un tipo real de intereses más bajo, debería 
efectuarse un ajuste a la baja. La Comisión, que propuso 
esta modificación del sistema de reembolso, esperaba 
conseguir un «ahorro» adicional de al menos 300 Mió 
ECU. 
Conclusiones 
5.17. Es difícil no llegar a la conclusión de que el 
problema de los excedentes agrícolas de la Comunidad se 
lo ha creado en gran medida ella misma. Dos factores en 
particular se han unido para agravarlo: la reiterada 
negativa del Consejo a dotar al Presupuesto de los 
ingresos adecuados, o a efectuar ahorros importantes en 
los gastos, y el fracaso de la legislación comunitaria en 
establecer una normativa contable realista para el 
almacenamiento de intervención. La interacción de estos 
factores ha llevado a una situación donde el Consejo ha 
buscado el ahorro a corto plazo a costa de incrementos 
muy superiores de los gastos futuros. 
5.18. Otro factor importante que ha contribuido al 
problema ha sido la inadecuada respuesta normativa de la 
Comunidad a la situación que se ha creado, y en 
particular el fracaso de las instituciones en lograr y 
mantener el equilibrio de los distintos mercados agrícolas. 
Las medidas aprobadas por el Consejo —tal como el 
aumento en unos pocos puntos porcentuales de tasa de 
corresponsabilidad o la reducción de los precios si la 
producción sobrepasaba determinado umbral— resulta­
ron demasiado marginales para ser efectivas. Estas 
correcciones fueron fácilmente compensadas por un 
incremento de la productividad de los agricultores y por 
decisiones posteriores de las instituciones destinadas a 
anular sus efectos, por ejemplo, mediante compensación 
monetaria a través de los canales de la diplomacia del tipo 
de cambio verde, o por compensación de las revisiones de 
precios (tal como criticó el Tribunal en su Informe Anual 
correspondiente al ejercicio 1983 (4)). 5.19. Durante los últimos años la Comisión ha forzado 
casi hasta su límite las normas del sistema de contabilidad 
de caja, por ejemplo mediante aplazamientos cada vez 
más largos de varios pagos y reembolsos (principalmente 
no realizando la depreciación de sus existencias antes de 
su comercialización), o cambiando las fechas del ejercicio 
(tal como hizo en 1983 con los gastos de almacenamiento 
público de intervención, eliminando con ello el gasto de 
un mes) (12). Esto no sólo tiene el efecto de distorsionar la 
visión presentada por las cuentas anuales y la compara­
ción entre ejercicios, sino también el de encubrir, y por lo 
tanto agravar, los problemas reales. 
5.20. También carecen de sentido las soluciones que se 
limitan a trasladar el problema a otros sectores. Un 
ejemplo claro de esto puede encontrarse en el mercado del 
vino, en el cual el efecto de la intervención (a través de las 
medidas comunitarias de destilación) es transformar, a 
coste excesivamente elevado, los excedentes de vino de 
mesa en excedentes de alcohol. 
5.21. Por último, pero no por ello menos importante, las 
medidas de comercialización propuestas deben tener una 
justificación económica. Esto significa no sólo que se 
deben analizar y evaluar los efectos directos e indirectos, 
sino también que cuando (por citar el ejemplo reciente de 
la comercialización de la mantequilla) los importes a 
cancelar resultantes de una medida propuesta se acercan 
al 100 % del valor contable, debe ser la Comisión la que 
demuestre que esa forma concreta de comercialización es 
económicamente más atractiva que la simple destrucción. 
GESTIÓN Y CONTROL INTERNO DEL 
FEOGA SECCIÓN GARANTÍA POR LA 
COMISIÓN 
5.22. En informes anuales anteriores el Tribunal ha 
puesto frecuentemente de relieve la naturaleza especial del 
régimen de gestión y control interno del gasto financiado 
por el FEOGA, Sección Garantía. En efecto, la responsa­
bilidad de la gestión diaria del gasto corresponde de 
forma exclusiva a los Estados miembros, que presentan 
mensualmente a la Comisión las previsiones de sus 
necesidades de tesorería, y ésta las utiliza para anticipar 
fondos mensualmente. La Comisión contabiliza poste­
riormente las cantidades declaradas cada mes por los 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 53 
Estados miembros como desembolsadas en contrapartida 
a esos anticipos. Una vez finalizado el año los Estados 
miembros presentan a la Comisión cuentas de cierre de 
todas las operaciones del año. Con ellas la Comisión 
verifica los gastos utilizando un procedimiento conocido 
como liquidación de las cuentas. En los apartados 5.24 a 
5.44 se recogen los resultados del examen llevado a cabo 
por el Tribunal sobre el funcionamiento de estas formas 
de control en 1986. 
5.23. Además de sus responsabilidades en relación con 
la concesión de anticipos y la liquidación de cuentas, que 
emanan directamente de su función de ejecución del 
Presupuesto, la Comisión examina las medidas de los 
Estados miembros para combatir el fraude y las 
irregularidades, y ofrece información de gestión y de 
prevención basada en los casos notificados. Los comenta­
rios del Tribunal sobre el funcionamiento de estos 
procedimientos en 1986 se recogen en el capítulo 6. 
Contabilización de los anticipos a los Estados 
miembros y del gasto declarado 
5.24. En su auditoria financiera del gasto del FEOGA 
en 1986 el Tribunal examinó la contabilidad y los 
procedimientos contables de la Comisión en lo que se 
refiere a los anticipos a los Estados miembros y al gasto 
declarado. Esta auditoria no comprobó la validez de la 
información suministrada por los Estados miembros a la 
Comisión. 
Observaciones resultantes de la auditoría 
5.25. El Tribunal estima que la auditoria realizada 
permite formular cinco observaciones de especial impor­
tancia : 
(a) la Comisión pospuso hasta el ejercicio 1987 el pago de 
anticipos por un total de 693 Mió ECU (aproximada­
mente el 3 % del gasto total) cuyo pago correspondía 
a diciembre de 1986, porque había agotado sus 
créditos presupuestarios. Un factor que contribuyó 
de modo importante a este estado de cosas fue que en 
1986 la tasa de corresponsabilidad de los cereales 
produjo 56,4 Mió ECU en lugar de los 452 Mió ECU 
previstos; 
(b) en los capítulos del Presupuesto que incluyen tanto 
gastos como ingresos, el sistema de la Comisión 
consiste en permitir que cualquier incremento de los 
ingresos se utilice para financiar un incremento del gasto. Así, en 1986, 140 Mió ECU de ingresos 
extraordinarios del capítulo 28 (Montantes Compen­
satorios Monetarios) se utilizaron para financiar 
gastos por el mismo importe por encima del aprobado 
por la autoridad presupuestaria. El Tribunal no está 
de acuerdo con este procedimiento contable, que 
equivale a arrogarse la potestad de la autoridad 
presupuestaria de establecer el tope del gasto bruto; 
(c) el volumen de transferencias de créditos en 1986, 
tanto entre capítulos como dentro de éstos, excedió en 
mucho el de los años precedentes. En este año, las 
transferencias totales ascendieron a 3 550 Mió ECU, 
equivalentes al 16,1 % del Presupuesto inicial, frente a 
un 7,8 % en 1985, de los que 1 740 Mió ECU fueron 
transferencias entre capítulos (el cuadro 5.3 contiene 
un resumen de las transferencias entre capítulos); 
(d) al igual que en años precedentes, en 1986 la Comisión 
efectuó únicamente una depreciación parcial de las 
existencias de intervención (las existencias de mante­
quilla fueron depreciadas en 319 Mió ECU y las de 
carne de vaca y ternera en 149 Mió ECU). En opinión 
del Tribunal, la forma de aplicar esta depreciación 
parcial contraviene los reglamentos y, además, no 
tuvo un efecto significativo a la hora de reducir el 
valor contable, ni por lo tanto, el peso del pasado, 
prorrogado a 1987 (véase apartado 5.13); 
(e) se han venido produciendo importantes retrasos, de 
hasta cinco meses, en la imputación por la Comisión 
de las operaciones al Presupuesto, con más de un 90 % 
del gasto no contabilizado dentro de los dos meses 
previstos en el artículo 97 del Reglamento Financiero 
y 1 800 Mió ECU acumulados en cuentas de orden en 
noviembre de 1986 en espera de las transferencias de 
crédito necesarias antes de pasarlas al Presupuesto. 
Además de infringir el Reglamento Financiero, esta 
situación obstaculiza el buen control del gasto 
declarado durante el año. También es causa de que el 
Tribunal no reciba los documentos justificativos 
necesarios para la auditoría hasta mucho después de 
los plazos máximos establecidos en el artículo 79 del 
Reglamento Financiero. 
Liquidación de cuentas 
Objetivos y métodos 
5.26. El objetivo de la liquidación es comprobar el 
importe del gasto de cada Estado miembro que puede ser 
54 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
reconocido como cargo para la Sección de Garantía del 
presupuesto agrícola del año en cuestión. Este objetivo 
general se recoge en el Reglamento (CEE) n° 1723/72 de la 
Comisión, de 26 de julio de 1972 (13) y en la propuesta de 
la Comisión de 1984 sobre modificación del Reglamento 
Financiero (14). Pero la normativa comunitaria ofrece 
pocas guías sobre los pasos prácticos mediante los cuales 
la Comisión debe lograr este objetivo. Por lo tanto, la 
Comisión ha debido buscar sus propias soluciones a 
problemas tales como el grado de prioridad a dar a la 
liquidación en el momento de distribuir el personal o 
adoptar los métodos de trabajo. El Tribunal considera 
que el objetivo del trabajo de liquidación de la Comisión 
debe ser el de permitir a ésta decidir si el gasto de los 
Estados miembros es conforme con la normativa de la 
Comunidad; para ello el objetivo operativo de los 
procedimientos de liquidación debe consistir en ofrecer 
una garantía razonable sobre la exactitud y propiedad de 
todos los gastos incluidos en la contabilidad de los 
Estados miembros y cargados al Presupuesto General de 
la Comunidad. Esta interpretación, y especialmente el 
hincapié en la necesidad de un juicio o conclusión 
favorable por parte de la Comisión, parece respaldada 
por una sentencia reciente del Tribunal de Justicia (15). 
Métodos de trabajo 
5.27. A falta de una buena definición de los métodos de 
trabajo la Comisión ha tenido problemas con los 
procedimientos aplicados a la liquidación. La interpreta­
ción de los objetivos operativos de la liquidación de 
cuentas se ha dejado a los jefes de los diferentes equipos 
con resultados diversos. 
5.28. Ya en 1978 la Comisión reconocía la necesidad de 
una mejora de los procedimientos y, a la vista de un 
informe elaborado por asesores externos, decidió que, a 
más tardar, en 1980, promulgaría normas internas sobre 
los objetivos y normas de auditoría, con atención especial 
a la auditoría de sistemas (16). 
5.29. En 1984, el Tribunal (17) manifestaba que la 
Comisión sólo había conseguido progresos lentos en la 
aplicación de la auditoría de sistemas y que el resto de las 
normas de auditoría eran inadecuadas. Los posteriores 
informes anuales del Tribunal han continuado poniendo 
de relieve estos aspectos. 
5.30. En 1986 el Tribunal examinó la actividad de 
liquidación de cuentas de la Comisión y observó que 
todavía no había adoptado las normas internas de los 
procedimientos de auditoría. En particular, el Tribunal 
observa que sigue siendo necesario mejorar los procedi­
mientos en los mismos puntos débiles que fueron 
indicados a la Comisión por sus asesores en 1978, a saber: (a) planificación de la auditoría, incluida la planificación 
estratégica; 
(b) preparación y aprobación del programa de trabajo de 
la auditoria; 
(c) documentación del trabajo de auditoría; 
(d) revisión del trabajo finalizado, incluyendo el control 
de calidad. 
5.31. Como parte de sus incesantes esfuerzos para 
mejorar la eficacia del procedimiento de liquidación de 
cuentas, la Comisión solicitó y recibió en 1986 un manual 
de auditoría preparado por una segunda empresa de 
consultores. Este manual propone objetivos operativos 
claramente definidos para la liquidación y fija normas 
para la planificación, el trabajo «in situ», la documenta­
ción y la presentación y revisión del trabajo finalizado. La 
adopción y puesta en práctica de las normas de auditoria 
establecidas en este manual podría ayudar a solucionar 
las deficiencias antes señaladas y la Comisión debe 
concederles atención prioritaria. 
5.32. El Tribunal observó también que en la aplicación 
de la auditoria de sistemas la Comisión había hecho pocos 
progresos. El Tribunal observa que esta técnica fue 
únicamente aplicada a dos tipos de gastos, restituciones a 
la exportación y MCM, y que podía ser mejorada. En 
particular, no todas las agencias pagadoras fueron 
examinadas y no hubo análisis de los sistemas de aduanas, 
que son de la máxima importancia para este gasto. 
Respecto a la auditoría informática, la capacidad de la 
Comisión parece ser más limitada. 
5.33. Respecto a todas las demás medidas, que forman 
la mayor parte del gasto del FEOGA, el método de la 
Comisión consiste principalmente en un examen de las 
cuentas anuales presentadas por los Estados miembros, 
su conciliación con los registros contables nacionales y un 
análisis de determinadas medidas, que a juicio de los 
auditores de la Comisión representan el principal riesgo 
financiero. El número de medidas y aspectos selecciona­
dos para examen detallado es difícil de establecer ya que la 
Comisión no lleva las estadísticas correspondientes. Pero 
el análisis del Tribunal sobre las medidas examinadas en 
detalle en la liquidación de 1982, sobre la que se tomó una 
decisión en mayo de 1986, muestra que no se ha 
producido un cambio sustancial en la situación descrita 
por el Tribunal en su Informe Anual de 1983 (1T), en el que 
descubrió que mientras que la Comisión intentaba 
verificar todas las medidas financiadas, sólo un número 
muy pequeño de transacciones, seleccionadas sin utilizar 
técnicas de muestreo estadístico, estaban sujetas a 
auditorias detalladas. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 55 
5.34. El método no basado en auditoría de sistemas ha 
permitido a la Comisión seleccionar para su desautoriza­
ción un pequeño porcentaje del gasto (55,3 Mió ECU en 
la liquidación de las cuentas de 1982 donde los gastos 
ascendieron a 12 000 Mió ECU). Pero esto no permite a la 
Comisión pronunciarse acerca de la precisión y adecua­
ción de todos los gastos incluidos en las cuentas de los 
Estados miembros y cargados al Presupuesto de la 
Comunidad. En opinión del Tribunal tampoco ofrece al 
Interventor una base fiable para otorgar su visado a las 
decisiones de liquidación de cuentas de la Cornisón. 
Dotación de personal 
5.35. La falta de una buena definición de los métodos de 
trabajo ha sido la causa de que la Comisión haya tenido 
dificultades respecto a las normas a aplicar y, como 
consecuencia, problemas a la hora de calcular el personal 
necesario. Sin una idea clara del trabajo a realizar ha sido 
difícil presentar a las autoridades presupuestarias 
argumentos razonados y objetivos en favor de un 
determinado nivel de personal. La actual dotación de 
personal ejecutivo de la División de Liquidación, 26 
personas, se basa en recomendaciones efectuadas en 1978 
y no ha sido posteriormente objeto de ninguna revisión 
exhaustiva y objetiva. A la vista del incremento que ha 
experimentado desde 1978 el volumen del gasto a 
liquidar, el número y la complejidad de las medidas y el 
número de Estados miembros, debería revisarse de 
inmediato la plantilla del personal destinado a la 
liquidación de cuentas, preferiblemente por una inspec­
ción de personal familiarizada con el entorno de 
auditoría. Teniendo en cuenta los métodos que han de 
adoptarse para la liquidación en el futuro, la revisión 
debería también cubrir la experiencia y conocimientos 
que va a necesitar la división. 
Atrasos en el trabajo 
5.36. La liquidación por parte de la Comisión de las 
cuentas de los Estados miembros está, pues, condiciona­
da por deficiencias importantes en las áreas vitales de 
normas y de personal. A éstas hay que añadir el problema 
resultante de la decisión adoptada por la Comisión en 
1985 (18) de eliminar el trabajo atrasado de liquidación de 
cuentas acumulado a raíz de las decisiones sobre las 
liquidaciones de los ejercicios precedentes. 
5.37. El atraso acumulado ha sido criticado frecuente­
mente por el Parlamento y por el Tribunal, principalmen­te porque ha sido la causa de que las decisiones de 
descargo tuvieran que basarse en las cuentas de los 
Estados miembros, que casi no eran verificadas por el 
servicio de liquidación de cuentas de la Comisión. 
5.38. La revisión por el Tribunal en 1986 del trabajo de 
liquidación de cuentas de la Comisión ha mostrado que se 
están realizando progresos en la puesta al día del trabajo 
atrasado. Durante 1986 la Comisión decidió sobre la 
liquidación de 1982, completó el trabajo correspondiente 
a la liquidación de las cuentas de 1983, sobre la que la 
Comisión decidió formalmente en enero de 1987, e inició 
la de las cuentas de 1984 y 1985, para decidir sobre ellas en 
junio de 1987. Respecto a la liquidación de las cuentas 
hasta 1985, los progresos realizados cumplen el calenda­
rio propuesto por el Parlamento en abril de 1985 en su 
decisión de descargo sobre las cuentas de 1983 (19). 
También ha permitido a la Comisión comenzar a tiempo 
la liquidación de las cuentas de 1986. Queda por ver, sin 
embargo, si la Comisión completará la liquidación de 
estas cuentas, como sería lógico y solicitó el Parlamento, 
antes de que la autoridad presupuestaria considere su 
decisión de descargo en abril de 1988. 
5.39. El valor de la puesta al día por la Comisión de los 
atrasos de la liquidación de cuentas se ve limitado por la 
reducción de la calidad y la profundidad del método con 
que se ha hecho. De forma general, durante este período 
de puesta al día, el número de operaciones examinado ha 
estado en función del tiempo disponible (siempre 
insuficiente), y no de fórmulas estadísticas y, por tanto, 
objetivas. Por otra parte, como ya señalaron las 
respuestas de la Comisión a las observaciones hechas por 
el Tribunal en su Informe Anual relativo al ejercicio 
1985 (2), la aceleración se está logrando al precio de 
incrementar las reservas, incluidas las «disyunciones» (el 
aplazamiento de decisiones sobre determinados gastos) 
que pueden llevar las decisiones de liquidación de la 
Comisión. 
Cooperación de los Estados miembros 
5.40. La clave para lograr la buena gestión financiera 
del sistema FEOGA descentralizado es la cooperación 
entre los Estados miembros y la Comisión. Para la 
liquidación de cuentas, los Estados miembros están 
obligados (por el Reglamento (CEE) n° 729/70 del 
Consejo (•) y por el Reglamento (CEE) n° 1723/72 de la 
Comisión (l3)) a presentar las cuentas de cierre y la 
documentación de apoyo a la Comisión dentro de los tres 
meses siguientes al cierre del ejercicio. Otras obligaciones 
importantes son las que tienen los organismos de control 
nacional de transmitir informes a la Comisión y de 
comunicarle las disposiciones adoptadas para la aplica­
ción de las medidas comunitarias. Los Estados miembros 
también están obligados a tomar las medidas necesarias 
para prevenir irregularidades y, en el caso de que se 
56 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
produzcan, investigarlas, denunciarlas a la Comisión y 
recuperar las cantidades pagadas indebidamente. 
5.41. En la práctica, el nivel de cooperación de los 
Estados miembros ha sido decepcionante: situación ésta 
repetidamente deplorada por el Tribunal (20). Parte de la 
culpa de esta situación la tiene, sin duda, el procedimiento 
de liquidación aplicado hasta ahora y el sistema de 
correcciones financieras correspondiente. Los Estados 
miembros tienen muy poco interés en ayudar a la rápida 
finalización de un proceso en el que (correcta o 
erróneamente) únicamente ven la posibilidad de pérdidas 
económicas. En lo que se refiere a los gastos irregulares o 
a la incorrecta aplicación de la normativa comunitaria, el 
riesgo de posibles sanciones financieras a lo largo del 
proceso de liquidación, unido al hecho de que raramente 
pueden recuperar el dinero de los beneficiarios, hace que 
los Estados miembros sean reacios a denunciar este tipo 
de casos y podría incluso llevarlos a concluir que lo que les 
conviene es no descubrirlos. De una forma más general, la 
no existencia de unas normas fijas, coherentes y objetivas 
en la liquidación ha hecho que, en algunos casos, a la 
Comisión le haya sido difícil convencer a los Estados 
miembros de lo razonable de las decisiones de liquida­
ción. Esto ha tenido un efecto desincentivador comple­
mentario para los Estados miembros. Por ello, el proceso 
de liquidación presenta un sesgo significativo para la 
cooperación, que se ha visto acentuado por los atrasos en 
las liquidaciones, pero seguirá siendo un factor potencial-
mente significativo incluso cuando el programa de 
liquidación esté al día. 
Consulta preventiva 
5.42. El Tribunal opina que algunos de los anteriores 
obstáculos para la cooperación entre los Estados 
miembros podrían mitigarse sin poner en peligro la 
importante y esencial facultad que el proceso de 
liquidación da a la Comisión de insistir en la recuperación 
de los fondos del FEOGA que han sido indebidamente 
pagados. Un posible camino sería continuar en la línea de 
los modestos progresos realizados por la Comisión en 
materia de prevención. El Tribunal ve con satisfacción 
que en la preparación de nueva legislación comunitaria se 
ha convertido en práctica normal consultar con la 
División de Liquidación de Cuentas de la Comisión sobre 
la inclusión de procedimientos de control adecuados y la 
claridad de redacción de las propuestas de nueva 
normativa comunitaria, y que como señalaba en el 
apartado 3.9 de su Informe Especial de 1982 (21), la 
Comisión conteste a las peticiones de los Estados de 
decisiones sobre interpretaciones de la normativa existen­
te. La finalidad de esta forma de consulta preventiva es la 
pronta detección de errores en el sistema e interpretacio­
nes erróneas de la normativa comunitaria. Representa un 
avance importante, sobre todo porque indica un deseo de 
buscar conjuntamente una solución. 5.43. En opinión del Tribunal debe continuarse esta 
línea de actuación en el contexto de una liquidación de 
cuentas basada en sistemas, de la que es una ampliación 
lógica. El Tribunal recomienda, especialmente, a la 
Comisión que aplique plenamente las disposiciones del 
Reglamento (CEE) n° 729/70 (') con el objeto de que los 
Estados miembros le informen con rapidez y de forma 
suficiente de los sistemas que usen para la aplicación de 
las nuevas medidas comunitarias. A su vez la Comisión 
debería encargarse de aconsejar a los Estados miembros 
sobre la calidad de los controles contenidos en sus 
sistemas. Las ventajas serían dobles: los Estados 
miembros, al tener la posibilidad de una confirmación 
rápida de la aceptabilidad de sus sistemas, tendrían un 
incentivo para transmitir la información correspondiente 
a la Comisión y se fomentaría que se siguieran las 
orientaciones formuladas por la Comisión al saber que el 
no hacerlo podría provocar correcciones financieras en la 
fase de liquidación. 
Observaciones finales 
5.44. El Tribunal hace las siguientes observaciones 
finales: 
(a) el principal motivo de la falta de cooperación de los 
Estados miembros es la creencia de que, desde el 
punto de vista financiero, no tienen nada que ganar 
con el proceso de liquidación. Esto seguirá cumplién­
dose mientras el 100 % de sus gastos sea prefinancia-
do mediante anticipos mensuales o reembolsado 
contra declaraciones de gastos no verificadas. Si se 
redujera el porcentaje del gasto de los Estados 
miembros que se cubre mediante anticipos o reembol­
sos, por ejemplo al 90 o al 80 %, dejando el resto para 
la liquidación de cuentas, se daría un paso importante 
hacia la solución de los problemas citados en el 
apartado 5.41; 
(b) para que el proceso de liquidación sea verdaderamen­
te eficaz una vez actualizado el trabajo atrasado la 
Comisión tendrá que actuar rápidamente para 
resolver las deficiencias observadas por el Tribunal en 
materia de métodos de trabajo y recursos; 
(c) al preconizar el cambio a la auditoría de sistemas, 
orientada más a la prevención que a la detección, el 
Tribunal está invitando a la Comisión a embarcarse 
en un programa de cambio muy ambicioso. Pero el 
Tribunal opina que los procedimientos actuales son 
contraproducentes e ineficaces y que una acción 
preventiva de la Comisión y los Estados miembros en 
una fase temprana tiene más posibilidades de 
producir una mejora general de los sistemas de 
control. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 57 
AUDITORÍA DE LOS MERCADOS 
5.45. Las múltiples medidas de apoyo correspondientes 
a los mercados comunitarios de productos agrícolas son 
examinadas por el Tribunal a lo largo de un ciclo 
plurianual. En el último año el Tribunal ha completado 
estudios de auditoría en las siguientes áreas: 
(a) el sistema de cuota y tasa en el sector lácteo; 
(b) las medidas de destilación en el sector vitivinícola; 
(c) las primas a la producción en el sector del tabaco; 
(d) las ayudas a la producción de guisantes, habas, 
haboncillos y forrajes desecados; 
(e) las ayudas a la producción de algodón. 
Los resultados de las auditorías correspondientes a los 
puntos (a), (b) y (c) han sido aprobados por el Tribunal en 
forma de informes especiales. Las principales conclusio­
nes de la auditoría de (d) y (e) se recogen en los apartados 
5.56 a 5.69. 
5.46. El Tribunal considera que es útil llamar la 
atención acerca de los problemas que son comunes a los 
distintos sectores. Por ello, en lo que se refiere al sistema 
de cuota y tasa suplementaria en el sector lácteo, las 
medidas de destilación en el sector vitivinícola y las 
primas a la producción en el sector del tabaco, esta 
sección recogerá únicamente un resumen de los comenta­
rios relacionados con los problemas comunes. Para una 
visión más completa de los resultados de las auditorías es, 
sin embargo, necesario remitirse a las publicaciones 
correspondientes (22). 
El sistema de cuota y tasa suplementaria en el 
sector lácteo 
5.47. El objetivo general del sistema de cuota y tasa en el 
sector lácteo es restablecer el equilibrio entre la produc­
ción y el consumo de leche y productos lácteos. El coste 
presupuestario previsto de comercialización de los 
excedentes de leche, que en 1986 se calcularon en 9,6 Mió 
tm, es de al menos 2 688 Mió ECU. 
5.48. A pesar de que el sistema de cuota y tasa 
suplementaria frenó inicialmente el aumento de la producción, tenía fallos de concepto y se fue debilitando 
progresivamente con las modificaciones aprobadas por el 
Consejo en sus dos primeros años de funcionamiento. 
Como consecuencia, no pudo tener un efecto significativo 
de cara a solucionar el problema de los excedentes de 
leche. Además, los ingresos obtenidos con la tasa 
quedaron muy lejos del nivel necesario para financiar la 
comercialización de los excedentes que se continuaban 
produciendo. A final de 1986 la situación era tan grave 
que el Consejo se vio obligado a aprobar un amplio 
paquete de medidas para reforzar el sistema de cuota y 
tasa, restringiendo la aplicación "de la intervención de 
mantequilla y leche desnatada en polvo y estableciendo 
un programa especial de comercialización de 1 Mió tm de 
mantequilla a precios muy bajos. En su Dictamen 
n° 1/87 (23) el Tribunal ha expresado su desacuerdo con 
los métodos de financiación. 
5.49. Aunque en general los Estados miembros adopta­
ron medidas para la aplicación del sistema que estaban de 
acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos, hubo una 
serie de excepciones que afectaron directamente la 
consecución de los objetivos del sistema: 
(a) la ausencia de progresos en la aplicación en Italia; 
(b) la asignación de una cuota excesiva a la República 
Federal de Alemania y, en menor medida, a los Países 
Bajos y Bélgica; 
(c) que Francia evitara tener que pagar 21,7 Mió ECU de 
tasa correspondiente a 1985/86, al excluir las entregas 
correspondientes a un día del cálculo de la tasa, y 
(d) el establecimiento en Dinamarca del sistema de 
comprador único, que no cumple la definición normal 
de comprador ni la recogida en los reglamentos de la 
cuota. 
5.50. El papel de supervisión de la Comisión ha sido 
menos eficaz de lo que debiera, especialmente en lo que se 
refiere a: 
(a) la insuficiencia de los controles «in situ»; 
(b) las deficiencias en la información de gestión y en la 
evaluación de la repercusión de las distintas propues­
tas y opciones que se han considerado; 
(c) la organización de encuentros de funcionarios de los 
Estados miembros en los que puedan compartir sus 
experiencias y discutir problemas de aplicación 
comunes. 
58 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Medidas de destilación en el sector vitivinícola 
5.51. Las medidas de destilación están concebidas para 
complementar los acuerdos de almacenamiento privado, 
mediante la retirada de forma permanente del mercado 
del excedente de vino. Estas medidas han sido responsa­
bles de más de las dos terceras partes del gasto 
comunitario en los últimos años (1986: 461,9 Mió ECU). 
5.52. En cuanto a la eficacia del sistema: 
(a) la complicada serie de medidas en vigor carece de la 
coherencia suficiente y solamente consigue retirar el 
excedente de vino del mercado a costa de crear 
existencias no deseadas de alcohol (aproximadamen­
te 13,4 Mió hl al 31 de agosto de 1986) a un coste 
demasiado alto; 
(b) los atractivos precios ofrecidos en las medidas de 
destilación no hacen sino perpetuar el excedente 
estructural actualmente existente; 
(c) las medidas de destilación obligatoria de vino de 
mesa, recientemente adoptadas, concebidas para 
desincentivar los altos rendimientos, difícilmente 
lograrán los resultados apetecidos debido a la 
facilidad con que los productores pueden transferir 
sus obligaciones a otros productores y escapar así de 
las sanciones financieras contempladas en las medi­
das. 
5.53. En lo que se refiere a la administración de las 
medidas: 
(a) las deficiencias que existen en los reglamentos y en 
algunos de los procedimientos de control hacen que el 
sistema presente serios riesgos de irregularidades y de 
fraude; 
(b) los mayores riesgos surgen de deficiencias en las 
disposiciones de toma de muestras y análisis del vino 
destinado a la destilación y de la propia definición de 
vino de mesa. El Tribunal estima que como resultado 
de estas deficiencias existe un verdadero peligro de 
que no se detecte vino adulterado entregado para 
destilación; 
(c) basar el pago únicamente en el contenido alcohólico 
del vino induce a aumentos fraudulentos del grado 
alcohólico; 
(d) existe una dependencia excesiva en los controles 
documentales y un nivel insuficiente de inspecciones 
físicas. Primas a la producción en el sector del tabaco 
5.54. Un objetivo importante de la prima a la produc­
ción es fomentar la producción en la Comunidad de 
tabaco que tenga una demanda real. La producción de 
tabaco en la Comunidad de los Diez fue en 1986 de 
352 700 tm, lo que equivale al 46 % de la demanda 
interna. Las primas a la producción supusieron un gasto 
presupuestario de 733,9 Mió ECU. 
5.55. En el período estudiado, el sistema de primas ha 
evolucionado con una consideración insuficiente de las 
condiciones del mercado internacional y del objetivo 
comunitario arriba citado. Como consecuencia, después 
de 16 años de apoyo comunitario, sólo el 29% de la 
cosecha tiene una demanda real, es decir, puede 
comercializarse sin recurrir a subvenciones importantes. 
En algunos casos las subvenciones superan el valor de la 
cosecha. A menos que se puedan producir variedades que 
cuentan verdaderamente con demanda a precios razona­
blemente competitivos es difícil justificar la elección 
comunitaria, que implica un nivel de ayuda elevado. La 
Comisión ha permitido, además, normas nacionales de 
control menos estrictas que las disposiciones de los 
reglamentos comunitarios en cuanto a la determinación 
del peso neto y la emisión de certificados de identificación 
en el momento en que el tabaco es supervisado en las 
instalaciones de transformación. 
Ayudas a la producción de guisantes, habas y 
haboncillos (Reglamento (CEE) n° 1431/82, 
en su versión actual (24)) 
Evolución del sistema 
5.56. Al existir en la Comunidad una demanda de 
proteínas para pienso muy superior a la producción, el 
Consejo aprobó el 22 de mayo de 1978 una serie de 
medidas especiales de ayuda a la producción (mediante 
un sistema de pago de diferencias) para fomentar el 
cultivo de guisantes y de habas y haboncillos para pienso. 
Esta subvención se hace efectiva al transformador 
siempre que éste pague un precio mínimo de productor. A 
partir del 1 de agosto de 1982 el sistema de subvenciones 
se amplió para incluir los guisantes y habas para consumo 
humano y los preparados y envasados para alimentar 
palomas. 
5.57. La producción de leguminosas para pienso en 
1985/86 fue del orden de 1,6 Mió tm, lo que supus*o un 
incremento del 55 % para los guisantes y del 8 % para las 
habas en relación con 1984/85. La producción para 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 59 
consumo humano fue del orden de 200 000 tm, lo que 
representa un incremento del 45 % en relación con 
1984/85. El gasto se elevó a 372,4 Mió ECU en 1985 y 
459,4 Mió ECU en 1986. 
Observaciones de la auditoría 
Ayudas al consumo humano 
5.58. El cambio que se está llevando a cabo de pasar de 
cultivos con excedente, por ejemplo, los cereales, a 
guisantes y habas para pienso puede considerarse 
satisfactorio y está de acuerdo con las « Perspectivas de la 
Política Agrícola Común » (25) de la Comisión. No puede 
decirse lo mismo para la producción de guisantes, habas y 
haboncillos para consumo humano: otras hortalizas 
deshidratadas competidoras no reciben subvenciones, ni 
tampoco los guisantes y habas congelados o enlatados 
que también compiten con los productos deshidratados. 
Procedimientos de control en los Estados miembros 
5.59. El examen del Tribunal ha puesto de relieve las 
siguientes deficiencias: 
(a) tanto en Francia como en la República Federal de 
Alemania, las autoridades no llevan a cabo controles 
sistemáticos del peso y la calidad de los guisantes, 
habas y haboncillos, en el momento de su recepción 
en las instalaciones de los transformadores ni 
tampoco exigen notificación anticipada de la llegada; 
(b) a pesar de que el Reglamento exige que los Estados 
miembros organicen un sistema de control aduanero 
o administrativo para evitar que la ayuda comunita­
ria se haga efectiva a productos importados de 
terceros países, las autoridades italianas y francesas 
no pudieron demostrar al Tribunal que tuvieran un 
sistema que permitiera efectuar un seguimiento de los 
guisantes, habas y haboncillos importados hasta su 
llegada al usuario final. Una posible solución sería la 
instauración de fianzas de importación (como en el 
régimen de las semillas oleaginosas), solución que 
también podría sustituir el relativamente complejo 
sistema de certificados oficiales actualmente en vigor; 
(c) en los Países Bajos se observó que en los casos en que 
durante la verificación de una solicitud de ayuda el 
organismo pagador descubría que no se había pagado 
el precio mínimo, la agencia permitía que el primer comprador pudiera pagar la diferencia al productor y 
cumplir así el requisito de pagar el precio mínimo. Las 
autoridades de los Países Bajos han informado 
después al Tribunal de que esta práctica ya no se 
realizaba; 
(d) generalmente los precios que se pagan en Francia no 
incluyen los gastos de transporte del agricultor para 
hacer la entrega al primer comprador. Debido a ello, 
el criterio de precio mínimo puede que no se respete 
siempre. Una cláusula en el contrato entre agricultor 
y primer comprador que hiciera mención de los costes 
de transporte ayudaría a aclarar este punto; 
(e) con la excepción del Reino Unido, las autoridades 
nacionales no llevan a cabo las comprobaciones 
preliminares necesarias para asegurar que los prime­
ros compradores llevan y están en condiciones de 
presentar la documentación necesaria. El Tribunal 
recomienda a la Comisión que considere la aplicación 
generalizada en los Estados miembros de un sistema 
de inspección de los primeros compradores antes de 
concederles la aprobación conforme a los reglamen­
tos. 
Ayuda a la producción de algodón 
(Reglamento (CEE) n° 2169/81 (26)) 
5.60. El algodón en bruto producido por los agriculto­
res se procesa en instalaciones llamadas «plantas 
desmotadoras », de las que salen dos productos finales: el 
algodón «desmotado» y las semillas de algodón. A 
continuación se somete al algodón desmotado a otros 
procesos, generalmente en instalaciones distintas, para 
obtener productos textiles. Las semillas de algodón, que 
son semillas oleaginosas, se prensan para producir aceite 
vegetal y margarina. La ayuda comunitaria se concede a 
los productores a través de las empresas desmotadoras y 
solamente para el algodón en bruto. 
5.61. La Comunidad apoya al mercado del algodón 
mediante una ayuda a la producción que se basa en la 
diferencia entre un precio de objetivo fijado anualmente 
por el Consejo y un precio que se calcula del mercado 
mundial. 
5.62. En 1986 la producción de algodón en bruto fue del 
orden de 568 000 tm en Grecia y 251 000 tm en España 
(los dos únicos Estados miembros que lo cultivan), con un 
gastó presupuestario de 370,6 Mió ECU y 161,7 Mió 
ECU respectivamente. 
60 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Observaciones de la auditoría 
Cálculo del precio del mercado mundial 
5.63. El sistema de ayuda se-basa en el algodón bruto, 
producto que no llega a los mercados internacionales, por 
lo que para obtener un precio del mercado mundial 
representativo es necesario combinar los valores de sus 
productos derivados (algodón desmotado y semillas de 
algodón) y descontar los costes de desmotado. 
5.64. Para el algodón desmotado la Comisión calcula la 
media diaria de su cotización en el Liverpool Cotton 
Exchange sin tener en cuenta el volumen de operaciones 
en el mercado comunitario. Como quiera que los precios 
pueden tener diferencias del 10 al 15 % según el país de 
origen, sería recomendable estudiar la posibilidad de 
calcular una media ponderada de estos precios. 
5.65. En opinión del Tribunal, los procedimientos 
empleados para el cálculo de un precio representativo de 
las semillas de algodón no son satisfactorios debido a lo 
esporádico y a veces contradictorio de la información 
sobre precios disponible, lo que hace que el elemento 
discrecional tenga una importancia excesiva. Los proble­
mas de este tipo, unidos a las dificultades para calcular los 
costes de desmotado, han llevado a la Comisión a incluir 
en las propuestas de precios para 1987 que la base de la 
ayuda sea el algodón desmotado, para el que existen 
precios del mercado mundial. 
Nivel máximo de la ayuda 
5.66. Cada año el Consejo fija un techo para la cantidad 
total que se va a subvencionar. Con la entrada de España 
en la Comunidad en 1986 este techo se aumentó. Para la 
campaña comercial 1986/87 se espera que la producción 
comunitaria alcance las 950 000 tm, lo que supone casi 
200 000 tm por encima del techo. Esto tiene como 
consecuencia que todas las plantas desmotadoras, tanto 
en Grecia como en España, reciban proporcionalmente 
menos ayuda por tonelada de la que de otro modo les 
correspondería. 
5.67. El algodón cultivado en la Comunidad es de alta 
calidad y tiene una fuerte demanda, pero el nivel de 
autosuficiencia actual es sólo del 15 %. La existencia de 
un techo de producción en este sector pone en evidencia 
objetivos contrapuestos, similares a los del mercado de 
semillas oleaginosas; en primer lugar el gasto debe ser controlado, pero a la vez se debe fomentar que los 
agricultores cambien de cultivos excedentarios a otros 
que tengan mercado. 
Contabilidad de existencias 
5.68. Los registros que llevaban las empresas desmota­
doras visitadas en Grecia y en España no cumplían, en su 
mayoría, lo dispuesto en los reglamentos. Con pocas 
excepciones, no llevan contabilidad de existencias ni 
consignan las referencias de las facturas en los registros de 
existencias. El Tribunal considera que un buen sistema de 
control de existencias que permita la conciliación del 
algodón en bruto utilizado con el algodón desmotado 
producido es un instrumento de control de suma 
importancia que debería ser exigido por las autoridades 
competentes. 
Procedimientos de entrega 
5.69. En España es frecuente que las plantas desmota­
doras dispongan de varios centros de recepción en las 
zonas rurales colindantes, donde los agricultores pueden 
entregar su algodón. En estos puntos la cosecha se pesa 
(sin supervisión oficial) y posteriormente se entrega en 
lotes mayores a las plantas desmotadoras en donde se 
vuelve a pesar (esta vez bajo supervisión oficial). 
Frecuentemente no es posible conciliar exactamente las 
dos pesadas ya que las entregas a la planta desmotadora 
pueden incluir fracciones de lotes. Como consecuencia, es 
imposible verificar que los pagos a los productores se 
hayan hecho por las cantidades reales de algodón que 
entregaron. El Tribunal considera que es esencial que el 
procedimiento documental sea coherente y conciliable. 
CONCLUSIONES GENERALES 
5.70. Las observaciones recogidas en este capítulo 
ponen de relieve deficiencias graves, tanto en los sistemas 
que la Comunidad ha creado para organizar los distintos 
mercados como en el control y supervisión del gasto del 
FEOGA (Sección Garantía) en la Comunidad y en los 
Estados miembros. De todos los problemas identificados, 
el más preocupante es el tamaño y aumento de los 
excedentes almacenados. Sin embargo, no se podrá 
repetir lo suficiente que el problema con que se enfrenta 
actualmente la Política Agrícola Común no consiste 
solamente en unas existencias de intervención muy altas. 
El problema real tiene una trascendencia mucho mayor y 
Jas existencias de intervención son sólo, debido a su 
materialidad física, el síntoma más visible. Las causas de 
las actuales dificultades estriban en que el conjunto de los 
instrumentos decididos durante los primeros años de la 
PAC, por muy valiosos y efectivos que fuesen en aquellos 
días y en aquellas circunstancias, no están adaptados a la 
situación actual y de hecho han contribuido en gran 
medida a crear los problemas actuales. En la situación 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 61 
actual, la compra de intervención en su antigua forma de 
absorción casi ilimitada del exceso de la producción se ha 
convertido en un anacronismo cuando la escasez ha 
dejado de ser un problema y los mercados exteriores son 
cada vez más difíciles de encontrar. 
5.71. El Tribunal también quiere llamar la atención 
acerca de los problemas comunes a los diferentes sectores 
que deben afrontarse conjuntamente. En especial: 
(a) algunos de los objetivos principales de las medidas 
examinadas no se están logrando; (b) la supervisión por la Comisión de la aplicación de las 
medidas, tanto a nivel central como nacional, no es 
adecuada; 
(c) las disposiciones reglamentarias carecen de precisión, 
especialmente en lo que se refiere a la naturaleza de los 
controles a efectuar por las autoridades nacionales. 
5.72. Queda por mencionar el reto para la Comisión y 
los Estados miembros, citado en los comentarios del 
Tribunal sobre la liquidación de cuentas (apartados 5.26 a 
5.44) de que se reconozcan su mutuo interés en que el 
gasto del FEOGA se gestione correctamente y en trabajar 
juntos para lograr una mejora general de los controles. 
(i) DO L 94 de 28.4.1970. 
(2) DO C 321 de 15.12.1986. 
(3) DOC 297 de 6.11.1987. 
(4) DO C 348 de 31.12.1984, apartado 4.29. 
(5) DO C 59 de 7.3.1987. 
(6) Reglamento (CEE) n° 1883/78 del Consejo, de 2 de agosto 
de 1978, DO L 216 de 5.8.1978. 
(7) Dictamen 1 /86 del Tribunal de 6 de marzo de 1986 (DO C 80 
de 9.4.1986). 
(8) Véase el apartado 4.23(b) del Informe Anual del Tribunal de 
Cuentas de 1985 y las respuestas de la Comisión (DO C 321 
de 15.12.1986). 
(9) DO L 54 de 5.3.1979 (sustituido por el Reglamento (CEE) n° 
882/87 de 16 de marzo de 1987, DO L 84 de 27.3.1987). 
(10) Informe Anual relativo al ejercicio 1985, DO C 321 de 
15.12.1986, apartado 4.20. 
(• 0 Reglamento (CEE) n° 1334/86 del Consejo, de 6 de mayo de 
1986, DO L 119 de 8.5.1986. 
(12) DO C 348 de 31.12.1984, apartado 4.31. 
(13) DO L 186 de 16.8.1972. 
(14) Doc. COM(84) 123 final de 9.3.1984. 
(15) Sentencia n° 819/79 del Tribunal de Justicia, Informe de los 
asuntos presentados al Tribunal en 1981, p. 34. (16) Procedimiento escrito n° E/958/79 de 10.9.1979 (Doc. 
SEC(79)1324). 
(17) DO C 348 de 31.12.84, apartado 4.44. 
(18) Decisión de la Comisión de 30.7.1985. 
(19) DO L 132 de 21.5.1985, apartado 38. 
(20) DO C 321 de 15.12.1986, apartado 4.56. 
(21) DOC 313 de 29.11.1982. 
(22) Informe Especial n° 2/87 sobre el sistema de cuota y tasa en 
el sector lácteo, DO C 266 de 5.10.1987; Informe Especial n° 
4/87 sobre las medidas comunitarias de destilación de vino e 
Informe Especial n° 3/87 sobre la organización común del 
mercado del tabaco crudo, DO C 297 de 6.11.1987. 
(23) DO C 59 de 7.3.1987, p. 5. 
i24) Reglamento (CEE) n° 1431/82 del Consejo, de 18 de mayo 
de 1982, por el que se fijan medidas especiales para los 
guisantes, habas y haboncillos, DO L 162 de 12.6.1982. 
(25) Doc. COM(85)333 final, de 15.7.1985 «Perspectivas de la 
Política Agrícola Común (Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento)», apartado 38. 
(26) Reglamento (CEE) n° 2169/81 del Consejo, de 27 de julio de 
1981, por el que se establecen las normas generales del 
régimen de ayudas al algodón, DO L 211 de 31.7.1981. 
62 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPITULO 6 
Fraudes e irregularidades 
6.0. ÍNDICE 
Introducción 
Recursos propios tradicionales 
FEOGA-Garantía 
Aplicación del procedimiento de notificación 
Recuperación de los importes pagados indebidamente 
Observaciones de carácter general 
Carácter incompleto de la legislación comunitaria sobre el control 
Consecuencias del recurso a la legislación nacional 
Ausencia de una política global en la Comisión 
Comentario final 6.1 -
6.3 -
6.7 -
6.8 -
6.11 -
6.13 -
6.13 
6.14 -
6.20 -6.2 
-6.6 
-6.12 
-6.10 
-6.12 
-6.20 
-6.19 
6.21 
INTRODUCCIÓN 
6.1. La puesta en práctica de los objetivos definidos en 
el Tratado y contenidos en el Presupuesto comunitario 
está gobernada por el principio de descentralización de la 
gestión, que deja a los Estados miembros la responsabili­
dad de la ejecución de las medidas comunitarias en 
cooperación con la Comisión. En lo referente al control 
de esta ejecución y en concreto a la lucha contra los 
fraudes e irregularidades que afectan al Presupuesto 
comunitario, el marco reglamentario consagra también la 
responsabilidad primera de los Estados miembros y fija 
de forma precisa las facultades de control «in situ » de los 
agentes de la Comisión, tanto en materia de recursos 
propios tradicionales (Reglamento (CEE) n° 2891/77 del 
Consejo, de 19 de diciembre de 1977 ('), como de 
ejecución de las políticas agrícolas (Reglamento (CEE) n° 
729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970 (2)). 
6.2. Respecto a los fraudes e irregularidades que afectan 
a los recursos propios, el Tribunal señala que, dadas las 
limitaciones puestas al ejercicio de sus funciones de 
control sobre los recursos propios procedentes del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (véase el 
apartado 4.11), los comentarios que figuran más adelante 
se limitan a los fraudes e irregularidades que afectan a los recursos propios tradicionales. Dentro de este contexto, el 
Tribunal de Cuentas expone a continuación observacio­
nes específicas sobre éstas así como sobre el Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección 
Garantía (FEOGA-Garantía) y tras ellas otras de 
carácter general. 
RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES 
6.3. Tras su análisis, presentado en su Informe Anual 
relativo al ejercicio 1983 (3), el Tribunal ha vuelto a 
examinar el sistema de información de fraudes e 
irregularidades que afectan a los recursos propios 
tradicionales tal como lo describe el Reglamento (CEE) 
n° 2891/77 (artículos 5, 17 y 18) para los recursos propios, 
el Reglamento (CEE) n° 1697/79 del Consejo, de 24 de 
julio de 1979 (4), para las recaudaciones (artículo 9) y el 
Reglamento (CEE) n° 1468/81 del Consejo, de 19 de mayo 
de 1981, para la asistencia mutua (5). 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 6.4. Las observaciones suscitadas por este examen 
complementario son las siguientes: 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 63 
(a) las informaciones comunicadas por los Estados 
miembros son desiguales, imprecisas y no uniformes; 
(b) la Comisión continúa estando mal informada por los 
Estados miembros, que sólo informan en un número 
limitado de casos, y ello de una manera no sistemática 
e irregular. La Comisión debería seguir insistiendo 
para que los Estados miembros transmitan una 
información completa y sistemática; 
(c) la calidad de las informaciones enviadas no ha 
mejorado desde 1983. Un análisis de los casos 
comunicados muestra que las prácticas fraudulentas 
no siempre se explicaban de forma suficiente y que los 
métodos de detección de las irregularidades se 
describían en pocas ocasiones o con poca claridad. A 
pesar de su gran importancia, en la mayoría de los 
casos comunicados no se facilitaba información sobre 
la posibilidad de recaudación de los ingresos; 
(d) la información contenida en los informes anuales y 
semestrales que los Estados miembros envían a la 
Comisión conforme a los artículos 5 y 17 del 
Reglamento (CEE) n° 2891/77 es demasiado general, 
e insuficiente para permitir analizar los diferentes 
casos de fraude; 
(e) ni los Estados miembros ni la Comisión mantienen 
registros contables completos que reflejen la totalidad 
de los recursos propios potenciales o todos los casos y 
su fecha de liquidación, la recaudación y la puesta a 
disposición y el número de casos de fraude o 
irregularidad pendientes de solucionar cuyos recursos 
propios correspondientes están en suspenso. El 
Tribunal estima que debería llevarse un registro 
contable que contenga los datos completos de los 
recursos propios adeudados y/o en suspenso que 
permita su control y seguimiento a intervalos 
regulares. Los Estados miembros deberían facilitar 
más datos en sus informes mensuales; 
(f) la Comisión no ha efectuado controles de los fraudes 
en todos los Estados miembros para verificar si los 
sistemas nacionales y los trabajos de prevención del 
fraude permiten garantizar los recursos propios. 
Según la Comisión a esta situación ha contribuido la 
falta de personal en este sector; 
(g) los Estados miembros deberían poner a disposición 
los recursos propios descubiertos, aunque no los 
recauden (Reglamento (CEE) n° 2891/77, artículo 
17), y sólo lo hacen Dinamarca, la República Federal 
de Alemania y los Países Bajos. En lo referente a 
España y Portugal es demasiado pronto para 
pronunciarse a este respecto, pero los otros Estados 
miembros no ponen a disposición los importes no 
recaudados correspondientes a casos de fraude, a pesar de tener la obligación de hacerlo. Considerando 
que en virtud de la legislación comunitaria los 
Estados miembros perciben el 10 % de los derechos de 
aduana y de las exacciones agrícolas, el Tribunal 
estima que las Comunidades tienen derecho a esperar 
un pago completo y pronto de los recursos propios 
tradicionales liquidados. 
6.5. El Tribunal considera que en el curso de los tres 
últimos años se han realizado muy pocas mejoras en 
cuanto a los fraudes e irregularidades que afectan a los 
recursos propios tradicionales de la Comunidad. El 
Parlamento y la Comisión estiman que es imposible 
calcular de forma adecuada la amplitud del problema 
mientras que la Comisión no sea informada por los 
Estados miembros de forma plena y sistemática y no 
realice los controles adecuados. 
6.6. Entre 1979 y 1985 la Comisión presentó seis 
propuestas al Consejo (6) para modificar el Reglamento 
base (CEE) n° 2891/77 reforzando las facultades de 
control de la Comisión. Hasta la fecha no se ha aprobado 
ninguna de ellas. Estas seis propuestas hechas al Consejo 
desde 1979 reflejan el interés de la Comisión por el 
necesario refuerzo de su capacidad de garantizar los 
recursos propios de la Comunidad y de luchar contra los 
fraudes e irregularidades en este ámbito. 
FEOGA-GARANTÍA 
6.7. El Tribunal ha examinado el actual sistema de 
información sobre fraudes e irregularidades que afectan 
al FEOGA-Garantía tal como está organizado en virtud 
del artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 729/70 y del 
Reglamento (CEE) n° 283/72 del Consejo, de 7 de febrero 
de 1972 (7). Este último estipula que los Estados 
miembros deberán notificar trimestralmente a la Comi­
sión las irregularidades que afecten al FEOGA, así como 
los progresos realizados en la recuperación de los 
importes pagados indebidamente. El papel de la Comi­
sión consiste esencialmente en seguir los esfuerzos de 
control de los Estados miembros, fomentarlos, coordi­
narlos y apoyarlos. 
Aplicación del procedimiento de notificación 
6.8. En 1986 los Estados miembros declararon 311 
casos de fraudes o irregularidades por un importe total de 
28,7 Mió ECU (en comparación con 230 casos y 11,7 Mió 
ECU en 1985). Igual que en los años anteriores, el número 
de notificaciones varía considerablemente según los 
Estados. Alrededor del 35 % de todas las irregularidades 
de 1986 fueron comunicadas por la República Federal de 
64 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Alemania, mientras que Grecia y Luxemburgo no 
informaron de ninguna. Como señala la Comisión en sus 
informes financieros anuales sobre el FEOGA-Garantía 
existen numerosas razones que pueden explicar esta 
desigual distribución de los fraudes e irregularidades. La 
Comisión afirma estar estudiando este problema desde 
1979. El Tribunal quiere subrayar que hasta el final de 
1986 la Comisión seguía sin estar en condiciones de 
garantizar la fiabilidad de los sistemas de notificación de 
los fraudes e irregularidades de todos los Estados 
miembros. 
6.9. Utilizando una muestra representativa, el Tribunal 
ha analizado los 311 casos comunicados en 1986 a la 
Comisión en función de su incidencia sobre medidas o 
mercados, así como del tipo de fraude o irregularidad. 
Los aspectos más destacados revelados por este análisis 
son los siguientes: 
(a) una proporción no desdeñable (25 %) de los casos 
notificados se ha producido en operaciones de 
intercambios intra y extracomunitarios (percepción 
irregular de restituciones a la exportación y de 
montantes compensatorios monetarios (MCM)). La 
segunda categoría más afectada fue la de las ayudas al 
consumo y a la producción; 
(b) los mercados más afectados fueron el de productos 
lácteos (alrededor del 43 % de los casos notificados) y 
el del vino (15%); 
(c) en la gran mayoría de los casos notificados se habían 
utilizado técnicas bien conocidas, por ejemplo 
declaraciones inexactas de nomenclatura, cantidades, 
peso, etc. y productos adulterados. 
6.10. Además, el Tribunal ha observado que: 
(a) los Estados miembros rara vez respetan el plazo para 
efectuar las declaraciones a la Comisión fijado por el 
Reglamento (CEE) n° 283/72. Terminado el mes de 
marzo de 1987 la Comisión no había recibido las 
declaraciones del cuarto trimestre de 1986 de tres 
Estados miembros, Bélgica, Dinamarca y los Países 
Bajos, y otros dos, Grecia e Irlanda, no habían 
presentado ninguna de las del año 1986. Como 
solamente un Estado miembro, Luxemburgo, infor­
ma regularmente a la Comisión de la ausencia de 
casos de fraude o irregularidad a comunicar, la no 
declaración de los otros Estados miembros da lugar a 
diversas interpretaciones sobre la naturaleza de esta 
falta de notificación; 
(b) ocurre, muy a menudo, que las informaciones 
comunicadas son vagas, de ahí que pocas veces se 
puedan utilizar como la sola base de un análisis válido de las circunstancias en que se han producido o 
detectado los fraudes y las irregularidades y de las 
posibilidades de recaudación; 
(c) como las notificaciones no indican el nombre del 
beneficiario del fraude o la irregularidad, ni siquiera 
en forma de clave conocida únicamente por los 
servicios nacionales de inspección, no es posible 
averiguar la repetición de los fraudes o irregularida­
des por un mismo autor, lo que implica el riesgo de 
que en algunos casos puedan continuar recibiendo 
ayudas; 
(d) en un Estado miembro, Italia, varios casos fueron 
descubiertos en inspecciones fiscales realizadas tras la 
quiebra de los beneficiarios. 
Recuperación de los importes pagados 
indebidamente 
6.11. Se han prorrogado al ejercicio 1986 recuperacio­
nes pendientes de 1985 y años anteriores por importe de 
106 Mió ECU, a las que hay que añadir los 28,7 MioECU 
de nuevos casos detectados en 1986. Dado que en 1986 
sólo se han recuperado 14,8 Mió ECU, el saldo a pasar a 
1987 es de 119,9 Mió ECU. 
6.12. En el cuadro 6.1 se desglosan por antigüedad los 
componentes del saldo. Dado que es poco probable que se 
puedan recaudar deudas de esta naturaleza, que pueden a 
veces remontarse a más de cinco años, la Comisión 
debería examinar sistemáticamente los casos de recupera­
ciones en suspenso durante mucho tiempo para identifi­
car conjuntamente con los Estados miembros la parte de 
la deuda que es irrecuperable. 
Cuadro 6.1 — FEOGA-Garantía: desglose por antigüedad 
de las recuperaciones en suspenso 
Antigüedad 
Hasta 2 años 
2-5 años 
Más de 5 años 
Total Importe (') 
(Mió ECU) 
36,7 
42,3 
40,9 
119,9 Número (') 
304 
203 
315 
822 
(') Datos a 31.12.1986, facilitados por la Comisión. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 65 
OBSERVACIONES DE CARÁCTER 
GENERAL 
Carácter incompleto de la legislación 
comunitaria sobre el control 
6.13. Los textos comunitarios que rigen el control 
obligan a los Estados miembros a notificar los fraudes e 
irregularidades. Debe señalarse, sin embargo, que los 
procedimientos, el alcance y el contenido de la obligación 
de notificación son diferentes según las disposiciones 
aplicables. En concreto, son más precisas para el FEOGA 
que para los recursos propios, en los que además la 
redacción de los textos deja lugar para interpretaciones 
divergentes. Esta situación amenaza la eficacia del papel 
central de la Comisión en el control al hacer que en la 
práctica le sea difícil conocer todos los casos y tipos de 
fraudes que se producen. La identificación y la elimina­
ción de las lagunas de la legislación comunitaria se 
encuentran obstaculizadas, especialmente en los campos 
aduanero y agrícola. Es imposible formarse una idea 
correcta de la importancia a nivel comunitario de los 
fraudes e irregularidades que afectan al Presupuesto. 
Consecuencias del recurso a la legislación 
nacional 
6.14. En el estado actual del Derecho comunitario, la 
aplicación del principio de la responsabilidad primera de 
los Estados miembros en la lucha contra los fraudes e 
irregularidades lleva a recurrir a la legislación nacional de 
cada uno de los Estados miembros para definir los 
conceptos y los procedimientos de represión y sanción de 
los fraudes e irregularidades que afectan al Presupuesto 
comunitario. 
6.15. En 1976 la Comisión presentó al Consejo una 
propuesta, sobre la que éste aún no ha resuelto, de 
modificación de los Tratados con el objeto de establecer 
un régimen común de protección penal de los intereses 
financieros de la Comunidad y procedimientos judiciales 
por infracciones de los Tratados (8). En los considerandos 
de esta propuesta, la Comisión explicaba que, en general, 
las legislaciones nacionales no bastaban para garantizar 
la protección de los intereses económicos de la Comuni­
dad ni para llevar a término las reclamaciones por 
infracción de los Tratados o de las disposiciones 
legislativas y reglamentarias aprobadas por los Estados 
miembros en aplicación de esos Tratados y que aseguran 
su ejecución. 
6.16. De hecho, esta propuesta no se dirigía a modificar 
las disposiciones penales previstas por las legislaciones de 
los Estados miembros para los fraudes, sino que 
propugnaba reglas comunes en los ámbitos siguientes: (a) persecución en otros Estados miembros de los fraudes 
cometidos en uno de ellos; 
(b) asistencia mutua entre las autoridades de los Estados 
miembros en materia de represión de las infracciones; 
(c) garantía de que los intereses económicos de la 
Comunidad gocen de la misma protección penal que 
la contemplada para las finanzas nacionales por las 
legislaciones internas en vigor. 
En opinión del Tribunal estas propuestas constituían un 
mínimo de partida hacia la instauración de una protec­
ción penal armonizada de los intereses de la Comunidad. 
6.17. En efecto, la disparidad de las disposiciones de las 
legislaciones nacionales de los diferentes Estados, y 
dentro de cada una de ellas según las cuestiones 
(legislación fiscal, aduanera, agrícola, etc.), hace que 
conceptos tan esenciales como los de «fraude» e 
«irregularidad », que afectan al Presupuesto comunitario, 
especialmente en los temas agrícolas, no estén definidos o 
tratados de forma armonizada en los diferentes ordena­
mientos jurídicos nacionales. Por ello, en situaciones 
comparables no siempre se aplican sanciones equivalen­
tes, con lo que se lesiona el principio de igualdad de los 
agentes económicos ante la ley. 
6.18. Por lo tanto, los sistemas nacionales de control no 
pueden dar una respuesta armonizada al fenómeno del 
fraude, que no conoce fronteras. En este sentido, el 
Tribunal ha podido observar que la mayoría de las 
notificaciones de casos de fraude enviadas no consigna­
ban el nombre del agente autor de la irregularidad, ni 
siguiera en forma codificada, de forma que la Comisión 
no puede conocer los agentes que recurren repetidamente 
al fraude ni explotar de forma sistemática las declaracio­
nes preparadas por los Estados miembros. 
6.19. El Tribunal destaca además que la Comisión, 
administradora del Presupuesto, no dispone de ningún 
instrumento jurídico que le permita participar en la 
represión del fraude agrícola, en concreto ante los 
tribunales nacionales. El Tribunal estima que, además del 
carácter en ocasiones ejemplar de este tipo de intervencio­
nes, esta posibilidad reforzaría la capacidad de la 
Comisión de actuar sobre algunos expedientes represen­
tativos, en razón ya del importe del fraude o del 
mecanismo de defraudación utilizado. 
66 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Ausencia de una política global en la 
Comisión COMENTARIO FINAL 
6.20. Según las informaciones en poder del Tribunal, y a 
pesar de las exhortaciones al efecto contenidas en su 
Informe Anual relativo al ejercicio 1983 (9), en el curso del 
ejercicio 1986 la Comisión no ha conseguido un 
mecanismo eficaz de coordinación de sus direcciones 
generales con competencias en el fenómeno del fraude. En 
efecto, la Comisión: 6.21. La situación arriba descrita reclama la introduc­
ción de mejoras capaces de evitar las incoherencias 
actuales y que a la vez respeten el mantenimiento del 
principio de un sistema descentralizado, esto es, dejando a 
los Estados miembros la primera responsabilidad en la 
lucha contra el fraude. Dentro de esta óptica, el Tribunal 
formula estos deseos: 
(a) aún no ha establecido un sistema que le permita 
evaluar el grado de eficacia de los controles naciona­
les y el carácter exhaustivo de las notificaciones de los 
Estados miembros según los sectores de actividad 
afectados; 
(b) no ha centralizado, o lo ha hecho sólo parcialmente , 
ni aprovechado de forma sistemática la información 
que se le transmite. En informes anuales anteriores el 
Tribunal ha insistido sobre los retrasos en la puesta en 
servicio del sistema informático de la Comisión 
(IRENE) diseñado para contener y analizar los 
fraudes e irregularidades notificados por los Estados 
miembros, originalmente prevista para finales de 
1984. El Tribunal observa que la parte del sistema que 
recoge los fraudes e irregularidades notificados está 
en funcionamiento desde marzo de 1987, pero que 
para que se pueda considerar que el sistema está 
totalmente en funcionamiento falta una serie de 
trabajos; 
(c) a falta de los medios adecuados, participa en una 
parte ínfima de las verificaciones «in situ» y no 
refuerza su seguimiento. (a) que se defina, en las legislaciones de los Estados 
miembros, un concepto armonizado de fraude e 
irregularidad respecto al Presupuesto comunitario, y 
se prevean instrumentos jurídicos que permitan a la 
Comisión actuar en el Derecho penal nacional en 
calidad de parte perjudicada, de parte interesada o de 
« autoridad requirente » en el sentido del Reglamento 
(CEE) n° 1468/81 sobre la asistencia mutua; 
(b) que se constituya, dentro de los servicios de la 
Comisión, una unidad de coordinación que impulse 
la lucha contra el fraude y que se definan, por sector 
de actividad, sistemas de centralización y análisis 
sistemático de la información comunicada por los 
Estados miembros; 
(c) que la Comisión proceda a un registro sistemático de 
los incumplimientos de las obligaciones de los 
Estados miembros en materia de prevención y lucha 
contra los fraudes y las irregularidades, definidas por 
la legislación comunitaria (véanse apartados 6.4 y 6.8 
— 6.10) y ponga los medios adecuados para poner fin 
a estas deficiencias. 
(0 DO L 336 de 27.12.1977, p. 1. 
(2) DO L 94 de 28.4.1970, p. 13. 
(3) DO C 348 de 31.12.1984, apartado 3.11. 
(4) DO C 197 de 3.8.1979. 
(5) DO L 144 de 2.6.1981, p. 1, tras su última modificación por 
el Reglamento (CEE) n° 945/87 del Consejo, de 30 de marzo 
de 1987, DO L 90 de 2.4.1987, p. 3. (6) 
(7) 
(8) 
(9) DOC 88 de 4.4.1979. 
DO C 231 de 4.4.1982. 
DOC 146 de 4.6.1983. 
DOC 303 de 10.11.1983. 
DOC 219 de 21.8.1984. 
DOC 267 de 18.10.1985. 
DO L36de 10.2.1972. 
DO C 222 de 22.9.1976. 
DO C 348 de 31.12.1984, apartado 4.39. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 67 
CAPITULO 7 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, Sección 
Orientación (FEOGA-Orientación) 
7.0. ÍNDICE 
Introducción 
La política estructural en el marco de la Política Agrícola Común 
Dificultades para la aplicación de una verdadera política comunitaria de 
estructuras agrarias 
En la idea de conjunto 
Orientaciones generales 
Conceptos imprecisos 
Exigencias poco realistas 
Créditos disponibles 
En la definición de las medidas 
En la aplicación de las medidas 
Acciones directas e indirectas 
La financiación por programa 
Los créditos disociados 
Control y seguimiento de las medidas 
Incidencia en la política agrícola 
Dispersión de medidas y créditos 
Ayudas a infraestructuras mal coordinadas con otras ayudas 
Débil incidencia de las medidas de orientación de las producciones 
Ayudas a la formación y cualificación profesional en gran parte sin utilizar 
Ayudas para la mejora de las condiciones de transformación y comercializa­
ción de productos agrícolas mal coordinadas 
Observaciones finales Apartados 
7.1 —7.2 
7.3 7.4 
7.5 -
7.5 -
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 -
7.10 -
7.14 -
7.14 
7.15 -
7.20 -
7.22 -
7.25 -
7.25 • 
7.30 
7.34 • 
7.39 
7.43 
7.47 -7.24 
-7.9 
— 7.9 
— 7.13 
— 7.24 
— 7.19 
— 7.21 
— 7.24 
— 7.46 
— 7.29 
— 7.33 
— 7.38 
— 7.42 
— 7.46 
— 7.51 
INTRODUCCIÓN 
7.1. En los últimos 25 años la Política Agrícola Común 
de estructuras ha estado financiada fundamentalmente 
por la Sección Orientación del FEOGA. A 31 de 
diciembre de 1986, el total de compromisos desde 1965 
con cargo a créditos correspondientes a esta Sección se 
eleva a 8 896 Mió ECU. 7.2. La política de estructuras agrarias se basa princi­
palmente en acciones de carácter general establecidas por 
el Reglamento (CEE) n° 355/77 del Consejo, de 15 de 
febrero de 1977 (Acciones de proyectos individuales) ('), 
la Directiva (CEE) n° 75/268 del Consejo, de 28 de abril de 
1975 (agricultura de montaña y de determinadas zonas 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 
68 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
desfavorecidas) (2), y el Reglamento (CEE) n° 797/85 del 
Consejo, de 12 de marzo de 1985 (que sustituye al 
conjunto de directivas socioestructurales) (3). Una serie 
de disposiciones específicas contempla acciones particu­
lares principalmente en los campos de infraestructura 
regional, ayudas a la comercialización, orientación de las 
producciones, formación profesional, etc. El Tribunal de 
Cuentas considera conveniente formular algunas obser­
vaciones generales sobre las dificultades que han 
acompañado hasta el presente la elaboración y puesta en 
práctica de una política comunitaria de estructuras 
agrarias y sobre los efectos que de ella se derivan. 
LA POLÍTICA ESTRUCTURAL EN EL 
MARCO DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA 
COMÚN 
7.3. El Tratado aborda la Politica Agrícola Común 
dentro de una idea de conjunto. Se trata de establecer 
progresivamente una política agrícola común que asegure 
a los productores un «nivel de vida equitativo». El 
elemento de progresividad se imponía especialmente a 
causa de las «desigualdades estructurales y naturales 
entre las distintas regiones agrícolas» que necesitaban 
«oportunas adaptaciones». 
7.4. Así pues, el aspecto estructural de esta política debe 
considerarse como un elemento íntimamente ligado a la 
filosofía del Tratado. Sin embargo, prácticamente un 
cuarto de siglo después de la creación de la Sección 
Orientación del FEOGA, que debía servir de instrumento 
financiero, éste no ha respondido a las expectativas. Los 
precios demasiado elevados decididos al comienzo de la 
Política Agrícola Común para garantizar ingresos 
suficientes a una gran diversidad de agricultores han 
contribuido al mantenimiento de explotaciones económi­
camente inviables. Esta situación ha privado a las 
medidas estructurales de gran parte de su razón de ser. 
DIFICULTADES PARA LA APLICACIÓN 
DE UNA VERDADERA POLÍTICA 
COMUNITARIA DE ESTRUCTURAS 
AGRARIAS 
En la idea de conjunto 
Orientaciones generales 
7.5. A pesar de lo dispuesto en el Tratado, el primer 
intento de política estructural vio la luz con diez años de retraso en relación a la política de gestión de mercados. 
Así, cuando en 1962 se estaban creando las bases de las 
primeras organizaciones comunes de mercados, en lo 
referente a las estructuras, la Comunidad se limitaba a 
establecer los principios de una coordinación de las 
políticas nacionales sobre estructuras (Decisión del 
Consejo de 4 de diciembre de 1962) (4). Esta actitud 
negativa inicial respecto al establecimiento de una política 
estructural comunitaria pareció superada por el Regla­
mento n° 17/64 del Consejo, de 5 de febrero de 1964 (5), 
que, al crear la Sección Orientación del FEOGA, 
enmarcaba sus intervenciones en programas comunes que 
había de aprobar el Consejo a propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, a pesar de la decena de propuestas 
presentadas por la Comisión, dichos programas comuni­
tarios nunca vieron la luz, y las disposiciones del 
Reglamento n° 17/64 que los contemplaban fueron 
derogadas. Desde entonces, excepto un intento por un 
planteamiento más global contenido en las directivas 
socioestructurales conocidas con el nombre de «plan 
Mansholt», ninguna otra reglamentación general ha 
intentado definir las orientaciones comunitarias de 
conjunto que permitan delimitar la acción del FEOGA -
Orientación. Como se desprende de los apartados 7.30 y 
siguientes, la intervención del FEOGA-Orientación se 
caracteriza por la aplicación de una serie de acciones, 
llamadas « comunes », de conformidad con las disposicio­
nes del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21 de 
abril de 1970 (6), que constituye el primer marco de la 
actividad de este Fondo. 
Conceptos imprecisos 
7.6. Sin embargo, la realización de las acciones comunes 
no ha supuesto un progreso sustancial en el sentido de una 
política estructural realmente comunitaria. En efecto, 
estas acciones se establecieron sin una definición previa y 
uniforme de determinados conceptos que permitieran 
determinar el alcance de las medidas y los objetivos a 
conseguir. La falta de una definición de los criterios y de 
los métodos concretos que han de utilizarse en la 
aplicación de conceptos no suficientemente precisos, tales 
como «habitantes dependientes principalmente de la 
agricultura»(7), «infraestructuras que sirven principal­
mente a la agricultura»(7), «operaciones o inversiones 
colectivas » (8),« número adecuado de vacas lecheras » (9), 
«agricultor como ocupación principal» (10), comporta a 
menudo la imposibilidad de controlar de forma efectiva la 
existencia de las condiciones exigidas y da lugar a 
prácticas administrativas divergentes entre los Estados 
miembros e incluso entre distintas regiones de un mismo 
Estado miembro. En estas condiciones es imposible 
dirigir con precisión las intervenciones de la Comunidad, 
comprobar si se respetan las condiciones de aplicación y 
disponer de una visión de conjunto válida de la situación. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 69 
Exigencias poco realistas 
7.7. El concepto de plan de desarrollo, utilizado 
especialmente en el marco de la Directiva 72/159/CEE del 
Consejo, de 17 de abril de 1972 (n), para planificar de 
forma racional el desarrollo de explotaciones, es una 
exigencia necesaria, pero que se ha traducido de una 
forma demasiado abstracta para la mayoría de los 
agricultores, tanto más cuanto que las inversiones 
realizadas son de carácter modesto. Las nociones de 
unidad de trabajo humano, rentas comparables y rentas 
del trabajo han sido interpretadas de forma muy amplia. 
Como el Tribunal ha hecho notar en varias ocasiones (12), 
no se ha llevado la contabilidad exigida o bien ha estado a 
cargo, durante la duración de aplicación de las ayudas, de 
centros contables que se las han apropiado. El nuevo 
sistema del plan de mejora que figura en la normativa 
posterior no ha eliminado realmente las lagunas del 
primero. 
Créditos disponibles 
7.8. El Reglamento del Consejo n° 25, de 14 de enero de 
1962 (13), había dispuesto que la aportación del FEOGA a 
la realización de los objetivos relativos a estructuras 
agrarias representaría en la medida de lo posible un tercio 
de la contribución del Fondo a los otros gastos 
subvencionables. A falta de un conocimiento exacto de 
las necesidades reales, esta proporción no se ha llevado a 
la práctica. En el ejercicio 1980, la dotación anual se 
sustituyó por un paquete quinquenal (Reglamento (CEE) 
n° 929/79 del Consejo, de 8 de mayo de 1979 (14)), cuyo 
importe fue de 3 755 Mió ECU para el período 1980-1984 
y es de 6 350 Mío ECU para el período de 1985-1989 para 
una Comunidad de doce miembros. Este paquete sigue 
constituyendo un tope sin significado preciso. De hecho, 
en muy pocas ocasiones las ayudas de la Sección 
Orientación alcanzaron el 5 % de los gastos anuales del 
conjunto del FEOGA y en 1986 eran del orden del 4 %. 
7.9. Por lo demás, la dotación anual ha quedado en gran 
parte sin utilizar, ya que, de 1969 a 1975, se hizo una 
reserva de créditos por un importe total de 531,1 Mió UC, 
de la que en 1978 y 1979 se utilizaron 398,1 Mío UC, 
siendo anulado el saldo restante de 133 Mió UC. 
En la definición de las medidas 
7.10. La aplicación de acciones comunes encuentra 
dificultades en los países que tienen una estructura 
administrativa y política descentralizada. Se han observa­
do interminables demoras en la elaboración de disposicio­nes nacionales y regionales, especialmente en un país que 
debía hacer el mayor esfuerzo estructural. Aunque dichas 
disposiciones estén aprobadas por la Comisión, se 
observan diferencias de aplicación de un país a otro. La 
consecución de los objetivos se ve comprometida por 
cuestiones burocráticas. Además, a la Comisión le resulta 
más difícil efectuar los controles. 
7.11. Las normas de aplicación establecidas por la 
Comisión no aportan las precisiones necesarias para 
resolver los problemas señalados. Generalmente dichas 
normas sólo se refieren a los procedimientos de solicitud 
de ayudas, reembolsos y pagos de anticipos, e incluso en 
este ámbito son a veces inadecuadas. Por ejemplo, en lo 
que se refiere al Reglamento (CEE) n° 2416/80 de la 
Comisión, de 16 de septiembre de 1980 (15), sobre las 
modalidades de ejecución de las decisiones de ayudas a 
programas forestales, algunos trabajos en bosques o 
zonas de montaña no pueden realizarse en los plazos 
prescritos, debido a su carácter estacional o a condiciones 
climáticas adversas. Frente a un sistema poco eficaz y con 
el limitado número de controles de la Comisión (véase 
apartado 7.23) los Estados miembros tienden a aplicar las 
medidas haciendo caso omiso de las condiciones que no 
les convienen. 
7.12. En general, las medidas aprobadas no son lo 
suficientemente explícitas respecto a las condiciones. Por 
ejemplo, no se dan definiciones de zona dependiente 
principalmente de la agricultura, repoblación forestal, 
mejora de bosque degradado o protección contra 
incendios, lo que da lugar a interpretaciones diversas. El 
Reglamento (CEE) n° 1078/77 del Consejo, de 17 de mayo 
de 1977 (16), relativo a la no comercialización de leche, 
exigía la «posesión de un número adecuado de vacas 
lecheras en relación a la cantidad de leche producida». 
Esta desafortunada redacción ha permitido a ciertos 
ganaderos vender el ganado de calidad productor de la 
leche y llevar al matadero vacas de desecho, obteniendo 
así un doble beneficio sin que se alcance el objetivo de la 
medida de reducir la producción de leche (9). 
7.13. Algunas acciones tienen efectos contradictorios. 
La Directiva 75/268/CEE del Consejo, de 28 de abril de 
1975, contempla el mantenimiento de las actividades 
agrícolas como forma de conservar el espacio natural. Por 
el contrario, la Directiva 72/160/CEE del Consejo, de 17 
de abril de 1972 (17), fomenta el cese de la actividad 
agrícola y en especial la reducción de tierras de utilización 
agrícola, y ello incluso en las zonas cubiertas por la 
Directiva 75/268/CEE. También se produce una contra­
dicción entre, por una parte, determinadas ayudas 
estructurales al desarrollo de explotaciones, al drenaje y a 
la puesta en riego, que han dado lugar a un aumento de la 
producción y, por otra, la preocupación en dirección 
contraria de la Sección Garantía por reducir los 
excedentes. 
70 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
En la aplicación de las medidas 
Acciones directas e indirectas 
7.14. Las intervenciones del FEOGA-Orientación son 
de dos clases: las acciones directas constituidas por 
proyectos individuales aprobados y financiados directa­
mente por la Comisión y las acciones indirectas realizadas 
por los Estados miembros, a los que la Comisión 
reembolsa una parte de los costes. La acción indirecta 
comporta, pues, una importante delegación de la 
realización en los Estados miembros, ya que son éstos los 
que realizan las acciones, debiendo la Comunidad 
encargarse sobre todo de la supervisión de los resultados 
socioeconómicos. Sin embargo, en la práctica de la 
Sección Orientación, la delegación en los Estados 
miembros ha dado lugar a la idea de que las acciones 
indirectas son realizadas bajo la responsabilidad de estos 
últimos y de que la dimensión comunitaria de este tipo de 
acciones está más atenuada. El planteamiento más global 
que permiten las acciones indirectas, en comparación con 
el número de decisiones individuales que exigen las 
acciones directas, no ha sido suficientemente explotado y, 
como se verá, se ha desistido de efectuar el examen de los 
resultados obtenidos en lo que se refiere a los objetivos 
socioeconómicos. Las deficiencias encontradas en este 
examen se analizan más adelante (véase apartado 7.24). 
La financiación por programa 
7.15. Excepto las acciones indirectas de alcance general, 
la intervención de la Sección Orientación está condiciona­
da actualmente a la aprobación por la Comisión de 
programas elaborados por los Estados miembros con el 
fin de mejorar el marco de las acciones. 
7.16. Los programas que los Estados miembros presen­
tan a la Comisión tienden más a cumplir las condiciones 
formales de los reglamentos que a conseguir que las 
intervenciones tengan el máximo efecto. En general, se 
limitan a cuantificar los datos físicos de los trabajos que 
han de realizarse sin prever su incidencia en la producción 
o en los ingresos de las explotaciones. Desde el principio, 
la Comisión se ha conformado con aprobar programas 
imprecisos e insuficientes, con lo que cualquier petición 
de modificación corre el riesgo de prolongar los plazos y 
retrasar la realización de las acciones (18). 
7.17. Las decisiones de aprobación de programas o las 
disposiciones que fijan las modalidades de realización de 
las acciones exigen la presentación de informes de 
ejecución por los Estados miembros. Se trata de modelos 
normalizados de cuadros que, mediante una exposición 
de carácter fundamentalmente financiero, muestran el estado de realización de los trabajos y el desglose de las 
solicitudes de reembolso. La Comisión no solicita una 
información detallada acerca del efecto económico de las 
medidas y su incidencia en la situación de la agricultura, y 
los datos comunicados por los Estados miembros son aún 
más imprecisos. 
7.18. Además, en el propio funcionamiento de la 
administración comunitaria existe una separación entre 
los servicios encargados de la aprobación y el seguimiento 
de los programas y los responsables de la gestión 
financiera de las ayudas. Esta separación, que en sí misma 
no es negativa, se caracteriza, sin embargo, por una cierta 
falta de intercambio de información con vistas a 
establecer un método común y un mejor seguimiento del 
potencial de las acciones. 
7.19. La coordinación es insuficiente tanto en lo que se 
refiere a las disposiciones reglamentarias como a los 
procedimientos de aplicación. Falta por establecer una 
verdadera coordinación en este área, así como en los 
programas de desarrollo integrado y los Programas 
Integrados Mediterráneos, en concreto a través de la 
nueva dirección general encargada de la coordinación de 
los instrumentos financieros con fines estructurales. 
Los créditos disociados 
7.20. A partir del ejercicio 1977 se estableció el sistema 
de créditos disociados en la gestión presupuestaria de la 
Sección «Orientación». La distinción entre créditos de 
compromiso y créditos de pago se hizo atendiendo a los 
plazos que transcurren entre la concesión de la ayuda y su 
pago y debía permitir una mayor exactitud en las 
previsiones de pagos y contribuir así a una verdadera 
planificación financiera. 
7.21. La aplicación de ese sistema por la Comisión en lo 
que se refiere a las acciones indirectas (contabilización 
simultánea de los compromisos y los pagos) no se 
corresponde con las exigencias particulares del FEOGA-
Orientación. En efecto, sería necesario disponer de 
previsiones suficientemente completas y exactas en 
cuanto a las cargas financieras que pueden derivarse de 
los programas aprobados y de las solicitudes de 
reembolso en suspenso. 
Control y seguimiento de las medidas 
7.22. A la Comisión le llegan certificados de las 
autoridades nacionales que no siempre tienen el mismo 
valor y que a menudo no se ajustan a la realidad. Para la 
evaluación de dichos certificados la Comisión recurre a 
conceptos como «costes subvencionables», «costes no 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 71 
subvencionables», «fecha de comienzo de los trabajos», 
«aumento admisible de gastos», «reducción a prorrata 
de la ayuda concedida», «modificación aceptable del 
proyecto», que no están definidas. Esto da lugar a una 
falta de transparencia y de rigor en la gestión de las 
acciones. 
7.23. De ahí que la respuesta dada a las solicitudes de 
reembolso sea o una reducción de las ayudas en función 
únicamente de los errores constatados, o una reducción a 
tanto alzado, o la aceptación de la solicitud. La Comisión 
no está en condiciones de efectuar un control concienzudo 
de todas las operaciones del FEOGA-Orientación. Su 
labor está dispersa en una multitud de verificaciones 
puntuales de los expedientes de proyectos. En las acciones 
indirectas, se conforma en gran parte con el envío por los 
Estados miembros de una muestra de fichas individuales 
muy someras previstas únicamente en el marco de las 
cuatro acciones de alcance general (directivas 72/159-160-
161/CEE y Reglamento (CEE) n° 797/85), sin profundi­
zar el examen de los expedientes de los beneficiarios ni las 
visitas «in situ». La práctica de efectuar los reembolsos 
antes del cierre del ejercicio limita también las posibilida­
des de verificación cuando la mayoría de las solicitudes de 
los Estados miembros llega a la Comisión durante el 
segundo semestre. 
7.24. El seguimiento de las medidas y el análisis de los 
resultados son muy sucintos cuando no inexistentes. El 
Reglamento (CEE) n° 729/70 exige únicamente la 
presentación de un informe financiero anual sobre la 
gestión del FEOGA, que consiste en una simple 
recopilación estadística de los compromisos y los pagos. 
La mayor parte de los reglamentos y directivas no 
contemplan la presentación de informes analíticos sobre 
la incidencia de las acciones y, en los casos en que lo 
hacen, los documentos presentados consisten sólo en 
consideraciones generales sin mayor interés. El ejemplo 
más sobresaliente es la ausencia de informes analíticos 
sobre los resultados de las directivas socioestructurales de 
1972. 
INCIDENCIA EN LA POLÍTICA AGRÍCOLA 
Dispersión de medidas y créditos 
7.25. A 31 de diciembre de 1986 se pueden citar 77 
acciones emprendidas; esta cifra, sin embargo, es mucho 
más importante si se consideran las distintas medidas 
incluidas en algunas acciones. Desde 1977 se han 
aprobado cerca de 50 reglamentos o directivas sobre 
acciones de carácter regional, que incluyen un número de 
medidas mucho mayor. Estas acciones se caracterizan a menudo por su subdivisión en numerosas intervenciones: 
inversiones en infraestructura, formación profesional, 
mejora de suelos, diversificación de la producción, etc. 
7.26. A partir de 1977 se multiplicaron las acciones de 
carácter regional de aplicación general en regiones de un 
mismo país o, en algunos casos, en varios Estados 
miembros, particularmente en el sector forestal, las 
puestas en regadío y las obras de drenaje (véase como 
ilustración el Informe Especial del Tribunal de Cuentas de 
7 de octubre de 1987 sobre la Ayuda Comunitaria a la 
Aceleración del Desarrollo Agrícola en Grecia). Por las 
mismas fechas, el Reglamento (CEE) n° 355/77 del 
Consejo, de 15 de febrero de 1977, todavía hoy en vigor, 
estableció nuevas disposiciones para la financiación de 
proyectos individuales de inversión relativos a la 
transformación y comercialización de productos agríco­
las. 
7.27. Este elevado número de acciones lleva consigo el 
riesgo de que los medios se dispersen y las intervenciones 
se decidan caso por caso, sin visión de conjunto, y para 
determinadas zonas o producciones. Las medidas apro­
badas son parciales, dispares, particularmente en cuanto 
a porcentajes de subvención, y a veces contradictorias 
entre sí o con otras intervenciones comunitarias (véase 
apartado 7.30 y siguientes). La gestión del Fondo debería 
enfocarse de una manera más global, manteniendo las 
situaciones existentes y fomentando los cambios de 
estructura que resulten necesarios. 
7.28. En 1985 entró en vigor el Reglamento (CEE) n° 
797/85 del Consejo, de 12 de marzo de 1985, sobre la 
mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, que 
desarrollaba las directivas socioestructurales de carácter 
regional. Este Reglamento consiste prácticamente en una 
recopilación y extensión de las principales acciones 
anteriores sin someterlas a una verdadera revisión. 
7.29. Aproximadamente el 80 % de los créditos compro­
metidos para el FEOGA-Orientación hasta el final de 
1986 (es decir, aproximadamente 7 000 Mió ECU) se 
concentró en seis acciones, a saber: 
— proyectos de mejora de las condi­
ciones de producción y comercia­
lización (Reglamento 17/64): 2 115,1 Mió ECU, 
es decir, el 23,7 % 
— proyectos de comercialización 
(Reglamento (CEE) n° 355/77): 1 946,3 Mió ECU, 
es decir, el 21,9% 
72 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
— zonas desfavorecidas (Directiva 
75/268/CEE): 1 172,6 Mió ECU, 
es decir, el 13,2 % 
— modernización de explotaciones 
(Directiva 72/159/CEE): 848,5 Mió ECU, 
es decir, el 9,5 % 
— no comercialización de leche (Re­
glamentos (CEE) nos 1975/69, 
1353/73, 1078/77): 629,3 Mió ECU, 
es decir, el 7,1 % 
— acción forestal (Reglamento 
(CEE) n° 269/79): 286,6 Mió ECU, 
es decir el 3,2 % 
Los demás créditos se repartieron entre otras 70 acciones. 
Ayudas a infraestructuras mal coordinadas 
con otras ayudas 
7.30. Bajo esta rúbrica pueden agruparse las medidas 
que afectan a redes viarias, electrificación y traída de 
aguas en zonas rurales, así como obras de mayor 
envergadura, sobre todo en materia de drenaje y puesta en 
riego. Una veintena de reglamentos preveía ayudas 
comunitarias para tales inversiones y, en general, el nivel 
de realización de las acciones es muy satisfactorio, sobre 
todo en los casos de obras financiadas por los presupues­
tos nacionales, de las que la Comunidad cubre una parte. 
7.31. Agua, electricidad y carreteras pueden modificar 
de manera fundamental el entorno social y las posibilida­
des de desarrollo. Estas infraestructuras contribuyen en 
consecuencia a la mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo en el medio rural. 
7.32. En muchos casos, sin embargo, su incidencia en la 
agricultura puede ser menos evidente ya que la ayuda del 
Fondo se concede incluso en los casos en que en la 
población afectada sólo haya un 35 % de agricultores (7). 
En tales casos sería normal recurrir a una financiación no 
agrícola o, como mínimo, no poner a cargo del FEOGA 
más que una parte de la ayuda, proporcional al número de 
agricultores en la población afectada por el proyecto. 
7.33. Por otra parte, al no tener suficientemente en 
cuenta la necesaria coordinación de los diversos objetivos 
de la política estructural, existe el riesgo de que esas 
infraestructuras influyan decisivamente en el volumen de 
producción y en los rendimientos, sin contribuir a una 
mejor orientación de las actividades ni a una mejor 
relación entre la oferta y la demanda de productos. Así, por ejemplo, las tierras mejoradas por drenajes han sido 
principalmente utilizadas como pastizales para la produc­
ción de leche. 
Débil incidencia de las medidas de orientación 
de las producciones 
7.34. Las medidas aprobadas con vistas a una orienta­
ción de la producción más conforme con las necesidades 
del mercado comprenden principalmente operaciones de: 
(a) reducción de factores de producción: arranque de 
frutales, viñedos, lúpulo, etc., y sacrificio de vacas, 
incluyendo el fomento de la no comercialización de 
leche y productos lácteos; 
(b) mejora de la calidad de los productos para adaptarlos 
mejor a la demanda de los consumidores (vino, 
cítricos, determinadas medidas sobre ganadería, 
etc.); 
(c) diversificación de la producción, favoreciendo la 
evolución de las explotaciones hacia producciones 
susceptibles de una mejor comercialización. 
7.35. La más aplicada de estas acciones ha sido la que 
contemplaba el sacrificio de vacas y la no comercializa­
ción de leche y productos lácteos, ya que los pagos totales 
a cargo del FEOGA desde 1969 a 1985, incluyendo una 
parte imputada a la Sección Garantía, se elevaron a más 
de 1 000 Mió ECU. Incluso en este caso, la operación de 
reducción de excedentes ha tenido una incidencia relativa, 
pues se ha sacrificado la parte menos productiva de la 
cabana y la producción de leche ha seguido aumentan-
do H. 
7.36. A propósito de la producción de leche hay que 
hacer constar que la mayoría de los planes de mejora 
financiados en el marco de la Directiva sobre moderniza­
ción de explotaciones agrícolas se referían a ganado de 
leche, lo cual no contribuye a la reabsorción de los 
excedentes de este sector. Por otra parte, un creciente 
número de explotaciones están dispensadas total o 
parcialmente de la exacción de corresponsabilidad en 
materia de producción de leche debido a la extensión de 
los límites de las zonas de montaña y las zonas 
desfavorecidas. 
7.37. Las demás acciones de orientación de la produc­
ción han quedado en gran parte sin aplicar, incluso en los 
casos en que resultaba evidente la necesidad de mejorar la 
calidad de los productos. La deficiente aplicación del 
«plan cítricos» es un ejemplo de ello (10). 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 73 
7.38. La incidencia en el mercado ha sido igualmente 
marginal en lo que respecta a la reestructuración de 
viñedos y el abandono de superficies vitícolas. Mientras 
las medidas de apoyo del mercado proporcionen salidas 
suficientes incluso a la parte de la producción que no 
encuentra comprador, tales acciones difícilmente pueden 
hacer volver la producción al nivel de una utilización 
normal (19). 
Ayudas a la formación y cualificación 
profesional en gran parte sin utilizar 
7.39. La posibilidad de una coordinación eficaz de los 
esfuerzos realizados en los ámbitos de formación 
profesional, investigación y extensión agraria, que 
pueden implicar proyectos o instituciones financiadas en 
común, se enunciaba expresamente en el artículo 41 del 
Tratado CEE. Sin embargo, hasta 1972 no se aprobaron 
las primeras disposiciones sobre una ayuda para la 
información y cualificación de los agricultores. 
7.40. Desde esa fecha, una decena de reglamentos, 
generalmente de alcance regional, han previsto acciones 
para la formación de profesores, asesores y agentes de 
extensión agraria, organización de cursos teóricos y de 
prácticas y la construcción y mejora y hasta el funciona­
miento de centros de formación y experimentales. 
7.41. La aplicación de estos reglamentos ha sido en 
general muy limitada y los resultados de las acciones 
decepcionantes. A pesar de la ayuda prometida por el 
FEOGA, los Estados miembros interesados aún no están 
en condiciones de ampliar sus servicios de extensión 
agraria. En la construcción o mejora de centros de 
formación, las previsiones no se han mantenido o bien las 
realizaciones sufren retrasos excesivos. 
7.42. La información y la cualificación profesional 
constituyen, sin embargo, un elemento fundamental de 
cualquier acción de reforma de las estructuras agrícolas y 
condicionan el éxito de casi todas las demás medidas. 
Ayudas para la mejora de las condiciones de 
transformación y comercialización de 
productos agrícolas mal coordinadas 
7.43. Una decena de reglamentos contempla ayudas 
para mejorar las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas. Se trata de un 
sector de intervención tradicional que, en términos 
económicos, representa la parte más importante de las 
financiaciones y probablemente constituye la parte más 
significativa de la actividad del FEOGA-Orientación. 
7.44. Como ya se ha visto, estas financiaciones, 
establecidas originalmente por el Reglamento (CEE) n° 
17/64, junto con las ayudas para la mejora de las 
condiciones de producción, hasta 1977 se aprobaron sin 
estar incluidas en programas comunitarios. A partir de 
esa fecha se recogen en el Reglamento (CEE) n° 355/77 del 
Consejo, de 15 de febrero de 1977, y se inscriben en el 
marco de programas nacionales aprobados por la 
Comisión que se establecen por sector. De ello resulta una 
multiplicación de programas específicos que traducen las 
diferencias de planteamiento de los Estados miembros y 
en los que siguen echándose de menos los objetivos 
comunitarios globales. Estos programas, a pesar de 
disposiciones comunitarias precisas, tampoco tienen en 
cuenta otras ayudas análogas concedidas por el FEDER. 
Como no es deseable que el mismo tipo de inversión 
pueda ser subvencionada por dos fondos, como mínimo 
deberían establecerse procedimientos precisos de coordi­
nación. 
7.45. Se parte de la idea de que, al desarrollar los 
mercados de los productos agrícolas, la mejora de la 
transformación y de la comercialización incide positiva­
mente, como resultado de las condiciones del mercado, en 
las rentas de los agricultores. Sin embargo, no se ha 
demostrado que se compruebe periódicamente la relación 
entre la ayuda dispensada a los intermediarios y las rentas 
de los agricultores, sobre todo a más largo plazo. Por otra 
parte, no se ha realizado ningún seguimiento de las 
intervenciones con el fin de comprobar las consecuencias 
reales y duraderas de estas ayudas para los agricultores. 
7.46. Estas inversiones influyen en los objetivos de la 
política de mercados e incluso pueden haber sido 
concebidas con la finalidad de sacar partido de las 
medidas de apoyo financiero previstas en el marco de las 
organizaciones comunes de mercados agrícolas. Tal es el 
caso de los productos que, al menos parcialmente, están 
destinados a la intervención (como los derivados de la 
leche, carne y determinadas conservas), así como de 
productos o servicios cuyo mercado se desarrolla en el 
contexto de medidas de sostenimiento de precios 
agrícolas (piensos para ganado, instalaciones de almace­
namiento, destilerías de vino). Más que con una 
orientación a largo plazo de las estructuras, y a pesar de 
las precauciones tomadas, se corre el riesgo de encontrar­
se con inversiones generadas por las ventajas del sistema 
de sostenimiento de precios, inversiones cuya rentabili­
dad depende de ese sistema y que en cierto modo 
contribuyen a consolidarlo (20). 
74 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
OBSERVACIONES FINALES 
7.47. La falta de una Política Agrícola Común clara y 
coherente ha hecho de los objetivos de la política 
estructural un conjunto inconexo y demasiado dirigido al 
incremento de la producción, a veces en contradicción 
con los nuevos objetivos de reducción de las producciones 
excedentarias. El sistema introducido por el nuevo 
Reglamento (CEE) n° 797/85 no aporta ninguna mejora a 
la eficacia global. 
7.48. Conviene subrayar que, en la gestión de la Sección 
Orientación, la interacción entre objetivos económicos y 
sociales debería estar mejor definida y supervisada. existe actualmente debería tener como fin reducir las 
producciones, salvaguardando siempre su contenido 
social. En este orden de cosas, deberían ser sometidas a 
una revisión sistemática las medidas para regiones 
desfavorecidas que fomentan producciones que la 
Comunidad se esfuerza por reducir en otras zonas. 
7.50. Por lo demás, una verdadera reforma de las 
estructuras no podrá interesar a los agricultores e 
intermediarios mientras siga existiendo un régimen de 
sostenimiento de precios demasiado rentable. En estas 
circunstancias existe el peligro de que las realizaciones 
financiadas se utilicen más para sacar partido a las ayudas 
ofrecidas para el sostenimiento de precios que para 
contribuir a su reducción. 
7.49. Sin olvidar las disparidades regionales, las 
intervenciones deberían formar parte de un planteamien­
to global en función de los fines de los distintos 
instrumentos financieros. Debería existir una mejor 
coordinación entre las diversas medidas subvencionadas 
por la Sección Orientación del FEOGA y entre ésta y la 
Sección Garantía. De ello se deduce en especial que una 
parte de las medidas de orientación mayor que la que 7.51. La política de las estructuras agrícolas fue 
sacrificada desde que comenzó a aplicarse la Política 
Agrícola Común y sólo ha producido algunas medidas 
fragmentadas. Sin embargo, los problemas que quiere 
solucionar son globales y requieren una verdadera 
reflexión de conjunto con arreglo a los objetivos 
originales del Tratado situados en el contexto económico, 
social y financiero actual. 
(i) DO L51 de 23.2.1977, p. 1. 
(2) DO L 128 de 19.5.1975, p. 1. 
(3) DO L 93 de 30.3.1985, p. 1. Las directivas socioestructura-
les, también conocidas con el nombre de «Plan Mansholt», 
estuvieron en vigor en el período 1972-1984 y se referían a la 
modernización de las explotaciones agrícolas (Directiva 
72/159/CEE); el cese de la actividad agrícola (Directiva 
72/160/CEE); la información socioeconómica y la cualifica-
ción profesional de los agricultores (Directiva 72/161/CEE). 
DO 136 de 17.12.1962. 
DO 34 de 27.2.1964, p. 586. 
DO L94de 28.4.1970, p. 13. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1982, DO C 357 de 
31.12.1983, apartados 5.17-20. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartado 5.57. 
— Informe Especial sobre la aplicación de la Directiva 
75/268/CEE, DO C 358 de 31.12.1980, apartado 2.3.1. 
Informe Especial sobre la aplicación de los reglamentos 
(CEE) n° 1078/77 y n° 1041/78, DO C 278 de 17.10.1983, 
apartados 2.1-2. 
(10) Presente Informe Anual, apartados 8.4 — 8.5. 
(ii) DO L 96 de 23.4.1972, p. 1. 
C2) — Informe Anual relativo al ejercicio 1981, DO C 344 de 
31.12.1982, apartados 5.11-19. (4) 
(5) 
(6) 
O 
(8) 
o — Informe en proceso de elaboración sobre las conclusiones 
del Consejo Europeo de 18 de junio de 1983, DO C 287 de 
24.10.1983, apartado 3.2.4. 
— Informe Especial sobre la aplicación de la Directiva 
75/268/CEE, DO C 358 de 31.12.1980, apartados 2.2.6 y 
3.2.2. 
O3) DO 30 de 20.4.1962, p. 991. 
(14) DO L 117 de 12.5.1979, p. 4. 
(>5) DO L 249 de 20.9.1980, p. 5. 
(16) DO L 131 de 26.5.1977, p. 1. 
(i^) DO L 96 de 23.4.1972, p. 9. 
(,8) — Informe Anual relativo al ejercicio 1982, DO C 357 de 
31.12.1983, apartado 5.13. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1983, DO C 348 de 
31.12.1984, apartado 5.43. 
— Informe en proceso de elaboración sobre las conclusiones 
del Consejo Europeo de 18 de junio de 1983, DO C 287 de 
24.10.1983, apartado 3.2.2. 
(19) — Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartados 5.62-64. 
(20) - Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartado 5.58. 
— Informe Anual relativo al ejercicio 1985, DO C 321 de 
15.12.1986, apartado 5.20. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 75 
CAPITULO 8 
Medidas estructurales relativas a los cítricos y a la pesca 
8.0. ÍNDICE Apartados 
Ayudas al sector cítricos 8.1 —8.11 
Introducción 8.1 — 8.3 
Noción de agricultor como actividad principal 8.4 — 8.5 
Coordinación de las diversas medidas que forman parte de la acción común 8.6 — 8.8 
Medidas específicas previstas para Córcega 8.9 —8.10 
Ayudas a la reconversión y reestructuración de plantaciones 8.11 
Ayudas a la reducción de la capacidad pesquera 8.12 — 8.14 
AYUDAS AL SECTOR CÍTRICOS 
Introducción 
8.1. El Reglamento (CEE) n° 2511/69 del Consejo de 9 
de diciembre de 1969 (') constituye la base legal de las 
medidas especiales encaminadas a la mejora de la 
producción y comercialización de los cítricos, organiza­
das, a partir de 1982, en «acción común» del FEOGA-
Orientación por el Reglamento (CEE) n° 1204/82 del 
Consejo, de 18 de mayo de 1982 (2). Esta acción se aplica 
en Italia, Grecia y Francia (Córcega) y afecta a las ayudas 
concedidas por los Estados miembros, de las que una 
parte, en el marco de los planes aprobados por la 
Comisión en 1983, corre por cuenta del FEOGA-
Orientación. 
8.2. Así, son susceptibles de ser parcialmente financia­
dos por el FEOGA-Orientación los gastos de creación, 
mejora o ampliación de centros de empaquetado, 
almacenamiento o transformación, la reconversión o 
sustitución de plantaciones existentes, las mejoras en 
explotaciones agrícolas y la producción de material de 
reproducción, así como la compensación de las pérdidas 
temporales de ingresos sufridas por los citricultores. 
8.3. El cuadro 8.1 muestra en esquema los créditos 
inscritos en el presupuesto y los pagos efectuados en virtud del Reglamento (CEE) n° 2511/69 desde 1976, año 
de los primeros gastos comunitarios. En su forma 
original, las medidas especiales tuvieron un comienzo 
muy lento y una aplicación reducida. El coste previsto de 
la acción común se estimó en 288,5 Mió ECU. Sin 
embargo, su aplicación es igualmente lenta. En efecto, los 
créditos inscritos en el Presupuesto hasta 1986 ascienden 
únicamente a 18,6 Mió ECU y los pagos efectuados a 
6,6 Mió ECU. 
(!) Las notas aparecen al final del capítulo. Noción de agricultor como actividad principal 
8.4. La normativa comunitaria dispone que la compen­
sación de las pérdidas temporales de rentas (denominada 
ayuda complementaria) sólo beneficie a los agricultores 
que tengan a la agricultura como actividad principal, a 
condición de que los ingresos que obtienen de su 
explotación no sobrepasen un nivel de referencia dado, 
equivalente actualmente a cinco hectáreas cultivadas de 
cítricos. Desde 1982 la Comisión sostiene la equivalencia 
de la noción de agricultor a título principal que figura en 
el Reglamento (CEE) n° 2511/69 con la de la Directiva 
72/159/CEE de 17 de abril de 1972 (3), que fija dos 
condiciones: que el agricultor dedique a su explotación 
más del 50 % de su tiempo total de trabajo y que obtenga 
de ella al menos el 50 % de sus ingresos totales. Por su 
parte, las autoridades italianas y griegas consideran que 
carecen de los medios para certificar la renta y el empleo 
del tiempo de los solicitantes de ayuda complementaria, 
cuya calidad de agricultor como actividad principal sólo 
76 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Cuadro 8.1 — Créditos presupuestarios y pagos en virtud del 
Reglamento (CEE) n° 2511/69 durante el período 1976-1986 
(1976-77: Mió UC) 
(1978-80: Mió UCE) 
(1981-86: Mió ECU) 
Ejercicio/ 
reglamento 
Reglamento (CEE) 
n° 2511/69 
Versión original 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Total 
Acción común 
(Reglamento 
(CEE) 
n° 1204/82) 
1984 
1985 
1986 
Total Créditos 
presupuestarios 
para 
pagos 
7,0 
15,0 
22,3 
p.m. 
10,0 
8,0 
6,0 
3,3 
71,6 
4,7 
5,4 
8,5 
18,6 Pagos 
efectuados 
1,8 
2,9 
4,7 
4,9 
6,0 
4,9 
3,9 
2,0 
31,1 
— 
6,6 
— 
6,6 
se justifica mediante declaración, tanto más cuanto que, 
habida cuenta de sus bajos ingresos, están exentos de 
llevar contabilidad y de obligaciones fiscales. 
8.5. Esta controversia sólo ha surgido a los seis años del 
primer pago efectuado por el FEOGA. El reembolso de 
un importe total de 4 434 Mió LIT (± 3,0 Mió ECU), es 
decir, el 20,7 % de los solicitados por Italia para el período 
1981-1984, estaba aún en suspenso en 1986. Como gesto 
de conciliación, la administración italiana propuso a la 
Comisión excluir del reembolso un importe de 119 Mió 
LIT (± 82 300 ECU), es decir, el 2,7 % del total retenido, 
correspondiente a una lista de beneficiarios considerados 
a posteriori no conformes con la definición del artículo 3 
de la Directiva 72/159/CEE. 
Coordinación de las diversas medidas que 
forman parte de la acción común 
8.6. Para asegurar la eficacia de la acción común es 
necesaria una coordinación continua de las diversas 
medidas que la integran. En concreto, la utilización 
racional de la capacidad de producción de material de 
reproducción está en función de las operaciones de 
reconversión, cuyo ritmo de ejecución debería ser siempre proporcional a la capacidad que se cree. En Calabria, sin 
embargo, el vivero financiado en último lugar (inversio­
nes del orden de 2 000 Mió LIT, ± 1,4 Mió ECU, 
capacidad creada: 550 000 plantas por año) se resiente de 
dificultades de comercialización a causa del ritmo 
insuficiente de la reconversión. 
8.7. En virtud de la acción común, las plantas de 
transformación se benefician de las ayudas destinadas a la 
mejora o ampliación de centros de empaquetado, 
almacenamiento o transformación de cítricos. Estas 
plantas utilizan, especialmente en la producción de 
zumos, variedades que a la vez están siendo sustituidas en 
el marco de la reconversión de variedades. Este es 
concretamente el caso de la «biondo comune» en 
Cerdeña. Para asegurar el abastecimiento, y por tanto la 
rentabilidad, de las instalaciones de transformación, 
asimismo subvencionadas por la Comunidad, debe 
aceptarse que hay que tener en cuenta las necesidades de 
estas industrias en la reconversión. 
8.8. La coordinación de las distintas medidas implica 
una información suficiente sobre la aplicación de cada 
una de ellas. Si bien el último párrafo del artículo 2 del 
Reglamento (CEE) n° 2511/69 exige a los Estados 
miembros interesados presentar anualmente un informe 
del estado de realización del plan nacional, las autorida­
des italianas no han presentado ningún informe desde la 
entrada en vigor del nuevo plan. 
Medidas específicas previstas para Córcega 
8.9. La acción conjunta para la mejora de la producción 
y la comercialización de los cítricos se aplica a Córcega, 
única región francesa productora de estas frutas, dentro 
de los límites y con las condiciones particulares siguien­
tes: 
(a) el segundo párrafo del artículo 2 del Reglamento 
(CEE) n° 2511/69, modificado por el Reglamento 
(CEE) n° 1204/82, permite la concesión de ayudas a la 
reconversión de variedades (naranjos, mandarinos y 
limoneros) y a los centros de almacenamiento y 
embalaje para operaciones iniciadas antes del 31 de 
diciembre de 1983 y finalizadas el 31 de diciembre de 
1986; 
(b) disposiciones complementarias, previstas en el artícu­
lo 2 del Reglamento (CEE) n° 1204/82, permiten la 
concesión de ayudas a la reconversión de plantacio­
nes de clementinas y para reestructuración (nuevas 
plantaciones y mejora de explotaciones) a operacio­
nes iniciadas antes del 31 de diciembre de 1983 y 
finalizadas el 31 de diciembre de 1986. 
8.10. Para permitir la realización completa del progra­
ma, retrasada a causa del rigor del invierno 1984/85, el 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 77 
Reglamento (CEE) n° 3130/86 del Consejo, de 13 octubre 
de 1986, que entró en vigor el 20 de octubre de 1986 (4), 
modificó las disposiciones mencionadas antes en el punto 
a), eliminando las fechas límites de comienzo y fin de los 
proyectos. Sin embargo, el artículo 2 del Reglamento 
(CEE) n° 1204/82 no fue modificado: es decir, que la 
reconversión de plantaciones de clementinas y la 
reestructuración del sector cítricos siguen estando 
sometidas a los límites temporales previstos por el 
reglamento. Hay que lamentar que, a consecuencia de tal 
olvido, desde el 1 de enero de 1987 las operaciones de 
reconversión y reestructuración de plantaciones de 
clementinas, que constituyen la parte esencial del plan 
para las plantaciones de cítricos corsos, no puedan 
beneficiarse de las ayudas, objetivo expresado en los 
considerandos del reglamento en cuestión. 
Ayudas a la reconversión y reestructuración 
de plantaciones 
8.11. Las ayudas a la reconversión de variedades y a la 
reestructuración (nuevas plantaciones y mejora de 
explotaciones) se ha abonado en Francia con arreglo a 
una prima total uniforme y a tanto alzado por hectárea, 
en Italia con arreglo a la aplicación, a cada explotación 
beneficiaría, de un sistema de niveles máximos de los 
costes establecidos a tanto alzado y en Grecia en función 
de unos costes fijados independientemente de los costes 
reales. Esta última práctica es especialmente criticable, 
habida cuenta de las disposiciones del artículo 5, 
apartado 1, del Reglamento (CEE) n° 2511/69, según las 
cuales las ayudas deben cubrir la totalidad de los gastos 
producidos por las acciones. 
AYUDAS A LA REDUCCIÓN DE LA 
CAPACIDAD PESQUERA 
8.12. La Directiva 83/515/CEE del Consejo, de 4 de 
octubre de 1983 (5), aplicable entre 1983 y 1986, disponed 
establecimiento, facultativo, por los Estados miembros de 
un régimen de ayudas para la reducción definitiva o temporal de la capacidad pesquera. La Comunidad 
reembolsa a los Estados miembros el 50 % de los gastos 
susceptibles de subvención, dentro del límite de los 
créditos presupuestarios. Como consecuencia de la 
adhesión de España y Portugal, el coste total previsto fue 
estimado en 60 Mió ECU para la ayuda a la reducción 
temporal y en 46 Mío ECU para la ayuda a la reducción 
definitiva. 
8.13. La Comisión no efectuó los primeros reembolsos 
hasta 1986, a causa de la aplicación tardía por parte de los 
Estados miembros de sus regímenes de ayudas naciona­
les. El importe de los reembolsos es de aproximadamente 
13,5 Mió ECU. Los beneficiarios son el Reino Unido 
(71 %), la República Federal de Alemania (13 %), Bélgica 
(5 %), los Países Bajos (5 %), Dinamarca (5 %) y Grecia 
(1 %). El Tribunal de Cuentas realizó controles «in situ» 
en los organismos competentes de Bélgica, República 
Federal de Alemania, Dinamarca y Reino Unido. La 
ayuda a la reducción definitiva de capacidad no dio lugar 
a observaciones sustanciales. La ayuda a la reducción 
temporal sólo ha sido aplicada por la República Federal 
de Alemania y el Reino Unido. Se trata de una prima 
diaria de inmovilización calculada sobre la base del 12 % 
como máximo del coste de compra o del valor asegurado 
del barco para una actividad pesquera anual media de 250 
días. 
8.14. La República Federal de Alemania pagó a los 
beneficiarios 7,48 Mió DM (± 3,6 Mió ECU) en 
concepto de medidas de reducción temporal correspon­
dientes a 1984 y 1985. La Comisión reembolsó en 1986 el 
50 % de esa cantidad, es decir, 3,74 Mío DM (±1,8 Mío 
ECU). Ahora bien, este reembolso no es conforme con las 
disposiciones de la Directiva en lo que se refiere a las 
barcos de pesca de altura, ya que el período de referencia 
tenido en cuenta para el cálculo de los días de inactividad 
suplementarios se basa en los años 1975, 1976 y 1977, 
cuando según el artículo 3 de la Directiva debería haber 
sido el de los tres años civiles anteriores a la primera 
solicitud de concesión de la prima; es decir, en los casos 
citados, los años 1981, 1982 y 1983 o bien 1982, 1983 y 
1984. Por consiguiente, debe revisarse la determinación 
del importe de las ayudas y considerar la recuperación de 
lo pagado en exceso. 
0) 
(2) 
(3) DO L 318 de 18.12.1969, p. 1 
DO L 140 de 20.5.1982, p. 38. 
DO L 96 de 23.4.1972, p. 1. (4) DO L 292 de 16.10.1986, p. 5. 
(5) DO L 290 de 22.10.1983, p. 15. 
78 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPITULO 9 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
9.0. ÍNDICE 
Introducción 
Observaciones generales 
Finalidad del FEDER 
Volumen del FEDER 
Coordinación con otros instrumentos financieros 
Selectividad del Fondo 
Prioridades del Fondo en cuanto a las intervenciones 
Adicionalidad 
Sistema de financiación de proyectos por la Comisión 
Tramitación de las solicitudes de contribución 
Solicitudes de contribución 
Análisis inicial 
Multiplicidad de solicitudes relativas a un mismo proyecto o a un mismo 
beneficiario 
Consulta con los otros servicios 
Justificación de los diferentes niveles de contribución 
Ausencia de un informe de análisis 
Ejecución y seguimiento de las decisiones de contribución 
Elementos de base disponibles 
Anticipos y pagos acelerados 
Proyectos congelados 
Procedimientos aplicados en materia de vigilancia de las escalas y los 
importes a recuperar 
El cierre de las decisiones 
Controles «in situ» efectuados por la Comisión de los proyectos y 
valoración de los resultados 
Financiación por programas y Programas Integrados Mediterráneos 
Financiación por programas 
Programas Integrados Mediterráneos Apartados 
9.1 —9.2 
9.3 
9.3 
9.4 
9.5 
9.8 
9.12 
9.17 
9.22 
9.25 
9.25 
9.28 
9.33 
9.35 
9.37 
9.39 
9.41 
9.41 
9.44 
9.47 
9.49 
9.51 9.21 
9.7 
9.11 
9.16 
9.21 
9.57 
9.40 
9.27 
9.32 
9.34 
9.36 
9.38 
9.40 
9.57 
9.43 
9.46 
9.48 
9.50 
9.52 
9.53 — 9.57 
9.58 
9.58 
9.62 — 9.65 
— 9.61 
— 9.65 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 79 
INTRODUCCIÓN 
9.1. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE­
DER) fue creado por el Reglamento (CEE) n° 724/75 del 
Consejo, de 18 de marzo de 1975 (*), que fue sustituido 
por el nuevo Reglamento (CEE) n° 1787/84 del Consejo, 
de 19 de junio de 1984 (2). Tiene como finalidad contribuir 
a corregir los principales desequilibrios regionales en la 
Comunidad mediante una participación financiera en el 
desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos 
desarrolladas y en la reconversión de las regiones 
industriales en crisis y reembolsa a los Estados miembros 
una parte de los gastos en que incurren cuando realizan 
programas comunitarios, programas nacionales de 
interés comunitario, proyectos y estudios. 
9.2. Teniendo especialmente en cuenta los debates que 
tienen lugar actualmente sobre la reforma de los Fondos 
estructurales, el Tribunal formula a continuación algunas 
observaciones generales relativas a la financiación de la 
política de desarrollo regional y a los sistemas comunita­
rios relacionados con el FEDER. Estas observaciones son 
el resultado de un examen general de los sistemas que 
rigen la política regional comunitaria, que completa el de 
los sistemas nacionales en los Estados miembros cuyos 
resultados se ofrecieron en el anterior Informe del 
Tribunal (3). Las observaciones que siguen ponen de 
relieve que, a pesar de las dificultades resultantes de la 
complejidad de la intervención comunitaria y del carácter 
innovador de ciertas medidas, existen muchas posibilida­
des de mejorar la eficacia de la ayuda; mediante una 
mejor selectividad de las operaciones tanto a nivel global 
como a nivel individual, mediante la coordinación de los 
instrumentos financieros y mediante el refuerzo de la 
adicionalidad y la adopción de procedimientos adminis­
trativos que tengan más en cuenta la finalidad de las 
acciones. Los resultados del Fondo, en tanto que 
instrumento financiero de la Comunidad, dependen de los 
criterios adoptados al conceder la ayuda, de la coherencia 
de su aplicación y de su consideración por los Estados 
miembros en sus propias políticas de desarrollo regional. 
El efecto del FEDER no debe ser únicamente considera­
do en términos cuantitativos. La acción del Fondo puede 
y debe tender a la mejora de los objetivos y de los métodos 
de gestión de las ayudas regionales, tanto a nivel 
comunitario como nacional, con objeto de mejorar su 
eficacia. 
OBSERVACIONES GENERALES 
Finalidad del FEDER 
9.3. Las políticas regionales, tanto comunitarias como 
de los Estados miembros, intentan reducir las diferencias 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. de desarrollo entre las regiones de la Comunidad. Tal 
como indica el Tercer Informe Periódico de la Comisión 
sobre la Situación de las Regiones (Doc. COM(87) 230 
final), estas diferencias resultan a partes iguales de las que 
existen entre los Estados miembros y de las diferencias 
entre regiones en el interior de los Estados miembros. 
Debido a la naturaleza de las operaciones financiadas 
(acciones definidas en el marco de programas de 
desarrollo regional aprobadas por los Estados miembros) 
y de los métodos elegidos (principalmente ayuda a 
proyectos preseleccionados por los Estados miembros), el 
FEDER, en el curso de sus diez primeros años de 
existencia, ha podido contribuir más a la reducción de las 
diferencias de desarrollo en el interior de cada Estado 
miembro que a disminuir las distancias entre el conjunto 
de regiones del territorio comunitario. 
Volumen del FEDER 
9.4. Los créditos del FEDER disponibles para compro­
misos en el ejercicio 1986 fueron de 3 381,3 Mió ECU, de 
los que se utilizaron 3 328,1 Mió ECU en 1 253 decisiones 
relativas a proyectos, 14 a programas y 24 a estudios. El 
peso de la participación comunitaria en la financiación 
del desarrollo regional es más importante si se tienen en 
cuenta otras contribuciones comunitarias a los gastos 
susceptibles de influir en el desarrollo de las regiones 
(BEI, FEOGA-Orientación, CECA, NIC). Así, por 
ejemplo, los préstamos del BEI para desarrollo regional se 
elevaron a 3 685,1 Mió ECU en 1986, cifra superior a la 
totalidad de las ayudas del FEDER concedidas el mismo 
año. 
Coordinación con otros instrumentos 
financieros 
9.5. El número de instrumentos financieros de finalidad 
estructural tiene tendencia a aumentar, lo que comporta 
un riesgo de desorden en la gestión y una falta de 
transparencia tanto en los órganos que conceden las 
ayudas como en los beneficiarios. 
9.6. Es imprescindible una coordinación efectiva de 
todos estos instrumentos (que, por otra parte, no debe 
limitarse únicamente a los fondos estructurales), especial­
mente para evitar que se acumulen en los mismos 
proyectos. El grupo de trabajo que había sido constituido 
a este fin en la Comisión ha sido reemplazado por una 
nueva dirección general. Para que la coordinación sea 
efectiva desde la puesta en práctica de las políticas hasta la 
selección de los proyectos, sería necesario modificar los 
reglamentos a fin de que se pueda ejercer respecto a 
objetivos, criterios, procedimientos y ejecución. 
80 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
9.7. La coordinación entre la Comisión y el BEI exige 
ante todo una definición de los campos respectivos de 
aplicación de sus instrumentos, especialmente para 
determinar en que casos la contribución comunitaria a las 
operaciones para las que se ha pedido una ayuda debe 
adoptar la forma de un préstamo o la de una subvención. 
Por otra parte, para poder conocer, a nivel operativo, los 
casos en que se concede una subvención y un préstamo a 
la misma inversión, se podría como mínimo asegurar una 
mejor explotación de las informaciones existentes, ya que 
las que se reciben en los servicios de gestión son 
incompletas e insatisfactorias. 
Selectividad del Fondo 
9.8. El carácter necesariamente limitado de los recursos 
comunitarios disponibles hace necesario intentar aumen­
tar la eficacia del Fondo mediante una mayor selectividad 
de sus intervenciones. 
9.9. Esta selectividad debe, en especial, comprender: 
(a) la elección y delimitación geográfica de las regiones 
subvencionables; 
(b) la determinación de las zonas prioritarias, por 
ejemplo, sobre la base de su mayor necesidad de 
ayuda o de su potencial endógeno; 
(c) la aprobación de proyectos que tengan un impacto 
real en el desarrollo de las regiones en cuestión; 
(d) la elección de proyectos de infraestructura que tengan 
una dimensión significativa para el desarrollo de una 
zona o de una región. Debería evitarse el recurso a 
decisiones globales agrupando un conjunto de 
pequeños proyectos pues suponen la dilución de la 
acción administrativa y hacen muy difícil en la 
práctica una gestión eficaz de la ayuda. Tal como 
indicó el Tribunal en su Informe Anual preceden­
te (4), la financiación de pequeños proyectos por el 
FEDER, cuando sea necesaria, podría efectuarse 
dentro de programas nacionales de interés comunita­
rio, toda vez que el procedimiento de aprobación y 
gestión de estos últimos permite disponer de informa­
ción más adecuada. 
9.10. Para conseguir una mayor selectividad, es necesa­
rio asimismo tener en cuenta que aproximadamente el 
50 % de los gastos del FEDER corresponden a infraes­
tructuras (teléfono, energía, agua, etc.) que son objeto de 
una gestión de tipo comercial por uaorganismo público o 
similar, en la que normalmente los costes deberían estar 
cubiertos por los ingresos cobrados por prestaciones. Las 
circunstancias que motivan la concesión de contribucio­nes a este tipo de infraestructuras «comerciales» en el 
ámbito del desarrollo regional deberían, por tanto, 
definirse de forma precisa. En la medida en que aparece 
como necesaria una ayuda para compensar las diferencias 
existentes en el desarrollo de las regiones, deberían existir 
criterios que permitieran determinar en qué casos se debe 
ayudar a la inversión mediante una aportación de capital, 
en cuáles se precisa una financiación mediante préstamos 
a reembolsar con los ingresos futuros del proyecto y en 
cuáles se debe hacer con una combinación de subvencio­
nes y préstamos. 
9.11. Normalmente, para estas infraestructuras, las 
inversiones de renovación o de ampliación ya están 
planificadas, en el marco de la gestión comercial, y su 
financiación prevista mediante fondos propios o fondos 
tomados a préstamo. Existe por tanto el riesgo de que la 
contribución del Fondo, que alcanza el 50 % del coste de 
la inversión, no tenga repercusión, sino que tienda a 
constituir una simple contribución financiera en beneficio 
del organismo gestor. En otras palabras, existe el riesgo de 
que el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la oferta 
de servicios puestos a disposición de la clientela no sea 
superior al normalmente previsible. En algunos casos la 
contribución comunitaria puede incluso tener como 
efecto la prolongación de una gestión poco eficaz, 
favoreciendo el aplazamiento a una fecha posterior de las 
medidas de saneamiento necesarias. 
Prioridades del Fondo en cuanto a las 
intervenciones 
9.12. El Tribunal ha formulado numerosas observacio­
nes a este respecto en sus informes anuales precedentes. Se 
puede conseguir una mejor selección de las prioridades y 
una mayor selectividad mejorando los programas nacio­
nales de desarrollo regional, desarrollando el intercambio 
de información con los Estados miembros y perfeccio­
nando los procedimientos de su examen por la Comisión 
desde el punto de vista de los aspectos comunitarios tanto 
regionales como sectoriales. En 1986, es decir, más de diez 
años después de la creación del Fondo, el Tribunal ha 
observado todavía el caso de una ayuda concedida a 
operaciones localizadas en una región para la que el 
programa de desarrollo regional aún no se había 
presentado. 
9.13. Los programas de desarrollo regional deberían 
constituir el marco general de referencia para la 
intervención de todos los instrumentos financieros de 
finalidad estructural (BEI, CECA, FEOGA-Orientación, 
NIC) en las regiones subvencionables. Los criterios de 
selección de las operaciones financiadas por el FEDER 
deberían coordinarse con los aplicados para esos otros 
instrumentos financieros y actualizados según las nuevas 
orientaciones comunitarias. Deberían ser comunicados a 
los Estados miembros y ser más tenidos en cuenta por 
estos últimos, como punto de partida para sus interven­
ciones nacionales y sus peticiones de subvención a la 
Comisión. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 81 
9.14. El reglamento del Fondo prevé también financia­
ciones por programas, estando éstos constituidos por un 
conjunto de acciones coherentes y conformes con los 
objetivos nacionales y comunitarios. La aplicación de este 
concepto tiende a ampliarse, especialmente en el marco de 
los PIM. A pesar de un período de preparación 
relativamente largo, los programas presentados son 
frecuentemente de una calidad discreta y las observacio­
nes formuladas a este respecto por el Tribunal en su 
Informe especial sobre las acciones comunitarias específi­
cas llamadas « fuera de cuota» (5) siguen siendo válidas 
(véase también el apartado 9.59). 
9.15. Los Estados miembros encuentran indudables 
dificultades a la hora de establecer programas válidos. 
Por otra parte, existe el riesgo de que el seguimiento por la 
Comisión se vea obstaculizado por la insuficiencia de la 
información que mandan los Estados miembros sobre el 
estado de ejecución y los resultados. Las dificultades son 
todavía mayores en el caso de los programas que se 
aplican en varios Estados, que prácticamente sólo se 
pueden resolver con una mayor asistencia técnica de la 
Comisión. 
9.16. En líneas generales, debería dedicarse una mayor 
atención a los problemas de la financiación por progra­
mas, toda vez que se trata de un tipo de intervención cuya 
función destaca el reglamento del FEDER. Por otra 
parte, la financiación por programas puede también 
facilitar la coordinación de los diversos instrumentos 
financieros. 
Adicional idad 
9.17. El Reglamento del Fondo prevé en su artículo 36 
que, en función de una decisión previa del Estado 
miembro, notificada al mismo tiempo que la solicitud de 
ayuda, ésta podrá añadirse a la concedida por los poderes 
públicos en beneficio de la inversión (adicionalidad 
individual), o bien asignarse en favor de dichos poderes en 
calidad de reembolso parcial de su ayuda (adicionalidad 
global). 
9.18. El carácter adicional de la ayuda del FEDER 
respecto a la ayuda nacional, objetivo mismo de la 
intervención comunitaria, debe traducirse en un incre­
mento de la ayuda global al desarrollo regional. El 
reglamento permite a los Estados miembros elegir entre 
las formas de adicionalidad, pero no contiene ninguna 
disposición eficaz para su puesta en práctica. 
9.19. Los Estados miembros han preferido la adiciona­
lidad global, que es sin embargo difícil de comprobar. 
Incluso en los casos en que se realiza, no está claro que el 
suplemento aportado por la subvención comunitaria sea 
utilizado respetando las prioridades de la política regional 
comunitaria. En un régimen de adicionalidad global 
sucede con frecuencia que a nivel regional y local no se 
sabe que se haya aplicado una subvención comunitaria ni 
se aprecia su efecto. 9.20. Por otra parte, el programa de desarrollo regional, 
que como antes se ha indicado constituye el marco 
general de referencia para la acción del Fondo, no es en sí 
mismo una garantía para conseguir la adicionalidad, pues 
puede comprender inversiones que normalmente serían 
realizadas incluso sin la ayuda del FEDER. Para evitar 
este riesgo, el programa debería incluir calendarios de la 
programación física y financiera de las inversiones a 
realizar preparados sobre la base de las disponibilidades 
nacionales y regionales. Debería indicar también la 
adicionalidad esperada de la ayuda FEDER, en términos 
de aceleración o de aumento del número o del volumen de 
las realizaciones. 
9.21. La adicionalidad se ve favorecida cuando la ayuda 
comunitaria va totalmente en beneficio de los organismos 
privados o públicos que ejecutan los proyectos. También 
lo es si cada país presenta un volumen de solicitudes de 
ayuda que sobrepasa el umbral mínimo de las escalas (6) y 
permite una verdadera selección de los proyectos a 
subvencionar. 
SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS POR LA COMISIÓN 
9.22. En 1986 el Tribunal de Cuentas efectuó un examen 
general del sistema puesto en práctica por la Comisión 
para la gestión y control de las ayudas del FEDER, como 
continuación al de los sistemas nacionales efectuado en el 
curso de los años precedentes. En los apartados siguientes 
se exponen las principales consideraciones resultantes de 
las verificaciones efectuadas en lo que respecta a la 
financiación de los proyectos. En 1986 la Comisión 
concedió ayudas a este tipo de acciones por un importe de 
3 066 Mió ECU, más del 90 % de todas las que concedió. 
Los proyectos subvencionados parcialmente, de enverga­
dura muy variada, tuvieron un coste medio de 2,4 Mió 
ECU. Su número fue de 4 352, de los que 1 321 eran 
proyectos industriales y 3 031 de infraestructura. Fueron 
objeto de 1 253 decisiones de ayuda en favor de todos los 
Estados miembros con excepción de Luxemburgo. 
9.23. Los procedimientos de financiación de un número 
tan importante de proyectos, tanto en la fase de 
tramitación de las solicitudes de ayuda como en el 
seguimiento de las decisiones de contribución, tienen, 
pues, una especial importancia. Estos procedimientos son 
esenciales para conseguir la elección de los proyectos que 
tengan un impacto óptimo en el desarrollo regional y 
responder así a los objetivos propios del FEDER, 
mejorando la asignación y gestión de los recursos 
comunitarios. 
82 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
9.24. Las sugerencias de mejora expuestas a continua­
ción sólo podrán dar fruto si se tienen plenamente en 
cuenta las observaciones de carácter general formuladas 
en los apartados 9.3 — 9.19 que tienden a una mayor 
concentración de las acciones comunitarias, proyectos o 
programas, en las prioridades reales del desarrollo 
regional. Estas sugerencias tienen como objetivo, como 
ya observó el Tribunal en su Informe de Ejecución de las 
conclusiones del Consejo Europeo celebrado el 18 de 
junio de 1983 en Stuttgart (7), evitar que el sistema de 
ayuda comunitaria « degenere en un reembolso parcial de 
los gastos presupuestarios nacionales». 
Tramitación de las solicitudes de contribución 
Solicitudes de contribución 
9.25. El reglamento del FEDER establece la informa­
ción que deben contener las solicitudes de contribución 
presentadas por los Estados miembros. En general, esta 
información se proporciona correctamente en lo que 
respecta a los elementos de identificación tales como 
nombres, referencias y tipos de trabajos. No ocurre lo 
mismo con otros datos tales como la contribución al 
desarrollo de la región, la coordinación con otras 
intervenciones comunitarias o nacionales de vocación 
regional, o incluso la rentabilidad de las inversiones. 
9.26. Respecto a estos aspectos, las indicaciones 
proporcionadas revelan una gran heterogeneidad e 
imprecisión y deberían ser muy mejoradas toda vez que se 
trata de elementos esenciales para analizar el interés de las 
peticiones presentadas con vistas a conseguir una gestión 
eficaz del Fondo y una realización óptima de los objetivos 
comunitarios de desarrollo regional. La elaboración por 
la Comisión desde 1985 de un método para analizar el 
interés comunitario de las acciones previstas ha represen­
tado ciertamente una mejora, pero quedan todavía 
muchos progresos a realizar en este campo. 
9.27. También tendría que ser mejor definido el 
concepto de proyecto. En algunos casos se trata de la 
totalidad de la inversión, pero en otros, por el contrario, 
sólo de la parte que queda pendiente de terminar, o de un 
tramo físico, o simplemente de un tramo financiero. Este 
tipo de concepciones atenúan el efecto de la ayuda, 
especialmente en el caso de aportaciones que no 
representan más que una parte poco significativa de los 
gastos de un proyecto. 
Análisis inicial 
9.28. En la tramitación de las peticiones de contribu­
ción, existen diferencias notables entre los servicios de la Comisión. Los encargados de la tramitación no disponen 
de un documento que describa los métodos a aplicar 
destinado a armonizar los procedimientos. Esta laguna se 
manifiesta asimismo mediante divergencias en cuanto a la 
estructura y contenido de los expedientes. 
9.29. La eficacia del trabajo de los funcionarios que 
tramitan está también en función de un mejor conoci­
miento y evaluación de los sistemas nacionales que 
intervienen en la gestión de las ayudas del FEDER. Por 
otra parte, una mayor utilización de sistemas informáti­
cos permitiría a los informadores concentrarse más en los 
aspectos más cualitativos, poco o mal cubiertos en los 
procedimientos actuales. 
9.30. El reglamento del FEDER estipula que los 
proyectos correspondientes a inversiones iguales o 
superiores a 15 Mió ECU se analicen bajo la óptica de su 
rentabilidad y basándose, en especial, en los resultados de 
los análisis de costes y beneficios sociales y económicos. 
9.31. Incluso cuando los Estados miembros indican en 
su solicitud de ayuda el nivel de rentabilidad resultante de 
estos análisis, la utilidad es escasa ya que no se ha 
aprobado ninguna instrucción relativa a los niveles 
máximos y mínimos de rentabilidad aceptables para la 
concesión de una ayuda del FEDER. Ahora bien, la 
definición de una banda de rentabilidad de las inversiones 
admisibles podría mejorar la selección de los proyectos. 
Del mismo modo, la definición de métodos comunes de 
cálculo de la rentabilidad, así como de valoraciones de los 
costes y ventajas sociales y económicas, ayudaría a 
comparar los diferentes proyectos. 
9.32. El procedimiento actual de tramitación tampoco 
incluye el análisis técnico de las operaciones a financiar, a 
pesar de que el respeto de las previsiones en materia de 
costes y plazos de realización, así como de las relativas a la 
eficacia de las intervenciones, depende en gran medida de 
la buena concepción técnica de los proyectos. La falta de 
este análisis tiene como consecuencia que en aproximada­
mente la mitad de los proyectos se incumplen de forma 
importante los costes y los plazos de ejecución, produ­
ciéndose una congelación de los recursos comunitarios 
durante períodos a veces muy largos. 
Multiplicidad de solicitudes relativas a un mismo 
proyecto o a un mismo beneficiario 
9.33. Aproximadamente un 6 % de las decisiones 
aprobadas en 1986 indican que se trata de proyectos o de 
beneficiarios que ya habían sido objeto de una decisión de 
contribución del Fondo. A menudo se trata de proyectos 
industriales en la República Federal de Alemania y de 
proyectos de infraestructura en Grecia e Italia. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 83 
9.34. Sería sin duda útil un análisis que tuviera en 
cuenta las ayudas del FEDER a los mismos proyectos o 
beneficiarios rechazadas o concedidas anteriormente y 
hasta necesario, tal como exige el reglamento, extender 
dicho examen a todas las intervenciones comunitarias 
referentes a las operaciones en cuestión. Sin embargo, los 
expedientes no mencionan de que forma se tiene en cuenta 
esta circunstancia en el momento de la instrucción y no 
existe actualmente un inventario operativo de los 
proyectos y de los beneficiarios que han presentado una 
solicitud de ayuda comunitaria. 
Consulta con los otros servicios 
9.35. La consulta a las otras direcciones generales o 
servicios especializados de la Comisión constituye una 
fase importante del procedimiento de tramitación. Sin 
embargo, en muchos casos los servicios consultados 
difícilmente pueden efectuar el examen de los documentos 
que se les presentan dentro de los plazos requeridos o 
incluso no están en condiciones de hacerlo por falta de la 
información necesaria o por falta de tiempo. Por tal 
motivo, existe el riesgo de que la consulta tenga un 
carácter formal y de que sus resultados aporten poco a un 
buen análisis del interés comunitario de la inversión. 
9.36. Los servicios consultados deberían elaborar más 
sus criterios de evaluación de las propuestas de ayuda y 
darlos a conocer a los encargados de la tramitación para 
aumentar la eficacia de este procedimiento y mejorar la 
selección. 
Justificación de los diferentes niveles de contribución 
9.37. Existen grandes diferencias en los niveles de 
contribución, especialmente en comparación con el coste 
total de la inversión subvencionada. Los niveles muy 
bajos reducen el poder motivador de la contribución y 
constituyen un factor de debilitamiento de la eficacia del 
Fondo. 
9.38. Por otra parte, los dos criterios aparentemente 
adoptados por la Comisión para la concesión de niveles 
de contribución más altos, la localización geográfica y la 
naturaleza de la inversión, no parecen aplicarse siempre 
de forma coherente. En ocasiones, proyectos de naturale­
za similar situados en una misma región pueden recibir 
porcentajes de ayuda diferentes sin que en los expedientes 
conste ninguna explicación que permita asegurar que 
existen razones económicas que lo justifican. Ausencia de un informe de análisis 
9.39. El procedimiento de tramitación debería terminar 
con un juicio por escrito del funcionario responsable, 
positivo o negativo, donde conste claramente el interés 
comunitario del proyecto en cuestión y, en especial, su 
contribución al desarrollo regional. A pesar de que en 
1985 la Comisión elaboró y comunicó a los Estados 
miembros un sistema de valoración del interés comunita­
rio de las inversiones, las verificaciones del Tribunal han 
permitido observar que, incluso cuando el sistema era 
aplicado, los resultados no se utilizaban para sacar 
conclusiones sobre el interés comunitario de los proyec­
tos. 
9.40. El informe final de la tramitación debería 
asimismo permitir comparar mejor los proyectos y 
facilitar por tanto un método comparativo en el proceso 
de decisión. Contribuiría también a asegurar un mejor 
seguimiento, en particular fijando las reservas o condicio­
nes cuyo respeto debería asegurarse en la fase de 
realización de las operaciones. 
Ejecución y seguimiento de las decisiones de 
contribución 
Elementos de base disponibles 
9.41. Los elementos de que disponen los servicios 
gestores de la Comisión para el seguimiento de la 
realización de los proyectos se limitan prácticamente a las 
informaciones transmitidas por los Estados miembros en 
apoyo de sus peticiones de pago, así como a los resultados 
de las comprobaciones «in situ». Sin embargo, estas 
últimas sólo se realizan en un número limitado de 
proyectos y la parte más importante de la gestión se 
efectúa por tanto sobre la base de documentos presenta­
dos por los Estados miembros. 
9.42. Las peticiones de pago, formuladas en un impreso 
normalizado elaborado por la Comisión, son presentadas 
por un servicio competente de cada Estado miembro que 
certifica asimismo su conformidad con las realizaciones. 
Estas peticiones y certificados son esenciales para la 
regularidad del pago de la ayuda, la cual está condiciona­
da por su exactitud. Sin embargo, se trata esencialmente 
de información financiera que no permite conocer el 
estado del proyecto. La Comisión debería, por tanto, 
recabar una información más completa. 
9.43. El volumen de elementos a tratar requiere el 
recurso creciente a soportes informáticos, habiéndose 
realizado importantes progresos en esta materia en el 
curso de los últimos ejercicios. Sin embargo, en la fase 
84 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
actual, la introducción de datos exactos obtenidos de las 
peticiones de pago en el sistema de gestión de la Dirección 
General de Política Regional (DG XVI) no es objeto de 
un procedimiento de control sistemático. Tampoco se 
efectúan de forma sistemática conciliaciones con los 
documentos de la contabilidad financiera de la Dirección 
General de Presupuestos (DG XIX). 
Anticipos y pagos acelerados 
9.44. Las disposiciones en vigor prevén la posibilidad de 
conceder anticipos a los Estados miembros desde el 
comienzo de la realización de las operaciones, es decir, 
antes de que hayan efectuado pagos. Están asimismo 
previstos pagos acelerados, de hasta el 75 % de la ayuda, a 
condición de que el Estado miembro haya hecho efectivos 
por lo menos un 30 % de los gastos subvencionables. En la 
práctica, en lo que se refiere al recurso a este tipo de pagos 
existen importantes diferencias entre los Estados miem­
bros que no están claramente explicadas. 
9.45. El objetivo principal de los anticipos y pagos 
acelerados es facilitar y acelerar la realización de las 
inversiones. Este elemento motivador está sin embargo 
muy atenuado en el caso de los proyectos en fase de 
realización avanzada en el momento de la decisión de 
concesión de la ayuda, especialmente si se tiene en cuenta 
que los Estados miembros aplican la adicionalidad 
global. Por otra parte, la utilización que se hace de los 
importes pagados, a nivel de Estado miembro, por regla 
general escapa a todo control de la Comisión. 
9.46. Por ello es importante que los pagos acelerados o 
anticipados se rijan por criterios bien definidos que 
tiendan a asegurar el efecto motivador esperado de la 
realización de las inversiones. Por otra parte, los diversos 
tipos de pago (normales, acelerados, anticipos, etc..) 
deberían estar individualizados en las cuentas de la 
Comisión, para garantizar una mejor transparencia de la 
información contable. 
Proyectos congelados 
9.47. Las decisiones que no han tenido la transacción 
financiera correspondiente transcurrido un determinado 
período (cuatro años, según el nuevo reglamento del 
FEDER) son objeto de un procedimiento especial de 
seguimiento por el servicio gestor. Consiste en el envío a 
los Estados miembros de una lista de las decisiones 
afectadas, acompañada de una petición de justificación 
del retraso y de una petición de previsión sobre la 
realización futura de los proyectos. Sin embargo, estas 
peticiones no siempre dan lugar a medidas debido a la 
falta de respuesta de los Estados miembros, y el plazo de 
espera de cuatro años es demasiado largo y debería 
reducirse. 9.48. Por otra parte, los procedimientos aplicados 
prevén un plazo indicativo para la ejecución de los 
proyectos. El Tribunal considera que en los casos en que 
se sobrepasan estos plazos se debería efectuar un nuevo 
examen de las decisiones afectadas y fijar un nuevo plazo, 
cuyo incumplimiento provocase la revisión del concurso. 
La existencia de decisiones que se remontan a 1975-1976, 
relativas a inversiones todavía no terminadas, muestra la 
necesidad de reforzar y hacer más eficaz el procedimiento 
de seguimiento aplicado a los proyectos paralizados. En 
septiembre de 1986 había más de 400 decisiones 
adoptadas entre 1975 y 1980, correspondientes a más de 
600 proyectos no terminados, con 200 Mió ECU en 
créditos comprometidos pendientes de liquidación. 
Procedimientos aplicados en materia de vigilancia de las 
escalas y los importes a recuperar 
9.49. El artículo 4 del reglamento del Fondo dispone 
que los recursos del FEDER deberán utilizarse en 
beneficio de los Estados miembros según unas escalas 
cuyos márgenes superiores e inferiores asimismo estable­
ce, y que se aplican por períodos de tres años. Los 
procedimientos establecidos para vigilar el respeto de esas 
escalas son principalmente extracontables y sus resulta­
dos no aparecen en la cuenta de gestión. En opinión del 
Tribunal se deberían adoptar medidas para que la 
consulta a la cuenta de gestión permitiese conocer la 
situación de las ayudas concedidas a los diversos Estados 
miembros, en comparación con los topes fijados por las 
escalas. Esta información debería ofrecerse no solamente 
al final de los períodos de tres años sino también al final 
de cada ejercicio, ya que es un elemento importante para 
la evaluación de la utilización de los créditos. 
9.50. En caso de reembolso total o parcial por los 
Estados miembros de una ayuda percibida en exceso, el 
ajuste se efectúa mediante compensación con uno o varios 
pagos posteriores a efectuar por la Comisión a otros 
proyectos. En la práctica, los cobros han tenido lugar a 
iniciativa del Estado miembro, que indica los pagos que 
serán objeto de compensación. Por otra parte, las 
cantidades a reembolsar por los Estados miembros no se 
reflejan en una contabilidad de cobros, ni en una cuenta 
de derechos constatados. Tampoco se establece un 
calendario de los importes a recuperar. 
El cierre de las decisiones 
9.51. L&s disposiciones en vigor establecen como 
documento justificativo del cierre de las decisiones una 
solicitud del pago final donde se certifique que los 
proyectos han sido realizados en la forma prevista en la 
decisión de concesión de la ayuda. Por regla general, los 
documentos justificativos y las declaraciones no contie­
nen observaciones sobre el efecto de la inversión realizada 
sobre el desarrollo regional, no existiendo ninguna 
instrucción precisa en esta materia. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 85 
9.52. El cierre de una decisión debiera ser objeto de un 
informe final de los servicios de la Comisión, que 
contenga un análisis concluyente de las divergencias entre 
las previsiones y la realidad que hayan podido aparecer. 
Deberían tomarse medidas para que en ese momento se 
efectúe asimismo un examen de los efectos duraderos de 
los proyectos y de sus efectos en el desarrollo regional. 
Controles «in situ» efectuados por la Comisión de los 
proyectos y valoración de los resultados 
9.53. El reglamento del FEDER contempla el derecho 
de la Comisión, con el consentimieno del Estado 
miembro, a pedir que los organismos correspondientes de 
éste, acompañados por agentes de la Comisión, efectúen 
verificaciones «in situ» o investigaciones relativas a 
operaciones financiadas por el Fondo. Estos exámenes 
«in situ» tienen lugar a iniciativa de los servicios gestores 
y del interventor. 
9.54. Según la Comisión, sus servicios (el servicio gestor 
y el de intervención) han efectuado, en 1986, 21 controles 
«in situ» que afectaron a 146 proyectos y 5 programas 
especiales. En opinión del Tribunal, se trata de un número 
muy reducido de controles, si se tiene en cuenta que en 
1986 había del orden de 20 000 proyectos en curso de 
ejecución. 
9.55. Las observaciones realizadas durante los contro­
les por los servicios gestores de la Comisión, que están 
recogidas en los informes presentados al Tribunal en 
virtud del artículo 82 del reglamento financiero, deberían 
ser más precisas. Por otra parte, el seguimiento que la 
Comisión da a estas observaciones no mejora apenas la 
eficacia del Fondo: se limita exclusivamente al aspecto de 
la regularidad de los compromisos y los pagos correspon­
dientes a los proyectos examinados, sin intentar sacar las 
consecuencias de esas observaciones respecto a la mejora 
de la gestión, especialmente la de las administraciones 
nacionales. 
9.56. El reglamento del FEDER dispone que antes del 
primero de julio de cada año los Estados miembros 
deberán transmitir a la Comisión, por cada región 
ayudada y respecto al año precedente, datos cuantitativos 
de los resultados de la acción regional en términos de 
inversión y de empleo, así como los medios financieros 
utilizados. 
9.57. Los datos de este tipo correspondientes al año 
1985 sólo fueron trnasmitidos por un Estado miembro: 
Luxemburgo. Los últimos datos presentados por Francia 
corresponden al año 1981 y los comunicados por Bélgica 
y el Reino Unido al año 1982. Por otra parte, en líneas 
generales, los datos comunicados no corresponden a lo 
previsto en el reglamento y no permiten efectuar el 
análisis de los resultados previsto. FINANCIACIÓN POR PROGRAMAS Y 
PROGRAMAS INTEGRADOS 
MEDITERRÁNEOS 
Financiación por programas 
9.58. El reglamento del Fondo contempla la participa­
ción del FEDER en la financiación de programas 
comunitarios y de programas nacionales de interés 
comunitario. El artículo 6 precisa a este respecto que 
«con carácter experimental, cada Estado miembro cuyo 
límite superior en la escala rebase el 1,5 % procurará que 
se presente un número suficiente de solicitudes de 
contribución en forma de programas para que la 
Comisión pueda garantizar, dentro de lo posible, que la 
parte de contribución del FEDER destinada a la 
financiación por programas, incluidos los programas 
comunitarios, se incremente progresivamente hasta 
alcanzar al menos el 20 % de los créditos concedidos por 
el FEDER al término del tercer año». 
9.59. De los siete Estados miembros (Bélgica, Dinamar­
ca, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino 
Unido) para los que a finales de 1986 se habían aprobado 
programas nacionales de interés comunitario, sólo tres 
(Francia, Grecia y el Reino Unido) tienen una escala cuyo 
límite superior sobrepasa el 1,5 %. Respecto a los otros 
cinco países que superan también este porcentaje no se 
había aprobado todavía ningún programa. Se observa 
que Luxemburgo es beneficiario de un programa nacional 
de interés comunitario a pesar de que este país no está 
cubierto por un programa de desarrollo regional y de que 
el reglamento prevé que los programas nacionales de 
interés comunitario deben ser valorados precisamente en 
función del programa de desarrollo regional. 
9.60. El artículo 25 del reglamento del Fondo establece 
que los compromisos presupuestarios relativos a la 
financiación de un programa se realizarán por tramos 
anuales dentro del límite de las disponibilidades presu­
puestarias. El Tribunal criticó este procedimiento en el 
informe especial que dedicó a las acciones fuera de 
cuota (8) puesto que no permite reflejar en la contabilidad 
las ayudas decididas ni las cantidades pendientes de pago. 
La contribución del Fondo a los catorce programas 
nacionales de interés comunitario aprobados en 1986 se 
eleva a 420,3 Mió ECU, de los que solamente se 
incluyeron en la contabilidad 85,2 Mió ECU. A esta 
última cantidad se añaden compromisos por importe de 
30,2 Mió ECU, contabilizados en 1986 como segundo 
tramo anual de uno de los tres programas decididos en 
1985. El total comprometido es, pues, de 115,4 Mió ECU, 
frente a 105,2 Mió ECU en 1985, que corresponden a 
aproximadamente el 3,5 % del total de las contribuciones 
concedidas por el Fondo en 1986. En 1985, la parte de 
financiación por programas constituía el 4,2 % del total 
de las ayudas del Fondo. 
86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
9.61. El artículo 13, apartado 2, del Reglamento del 
FEDER dispone la publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de las decisiones relativas a la 
concesión de ayudas para la financiación por programas. 
Hasta la fecha estas disposiciones no han tenido 
continuación, por lo que sería necesario adoptar medidas 
para que, aunque sólo fuese de forma sucinta, estas 
decisiones se publicasen habitualmente a la mayor 
brevedad. 
Programas Integrados Mediterráneos 
9.62. Los Programas Integrados Mediterráneos (PIM) 
fueron establecidos por el Reglamento del Consejo (CEE) 
n° 2088/85 de 23 de julio de 1985 (9). Su objetivo es 
mejorar las estructuras socioeconómicas de determinadas 
regiones de Francia, Grecia e Italia mediante la utiliza­
ción de forma integrada de los diferentes fondos 
estructurales y de otras fuentes de financiación, en 
especial del BEI y del Nuevo Instrumento Comunitario, 
apoyados por una línea presupuestaria específica que 
aumenta las financiaciones de los Fondos tradicionales. 
9.63. A pesar de la importancia atribuida, sobre todo 
por la Comisión, a su aplicación, estos programas se 
iniciaron con importantes retrasos. A finales de 1986 sólo 
se había aprobado uno relativo a Creta, aunque existe todavía una eventual contribución del Banco por integrar 
en este programa. En esta fecha se habían presentado a la 
Comisión una treintena de programas más destinados a 
los tres países citados. 
9.64. Para adquirir experiencia en materia de puesta en 
práctica de los PIM, la Comisión financió, entre 1983 y 
1986, con cargo al artículo 550 del presupuesto, un total 
de 19 acciones-piloto preparatorias, cuyo objetivo era 
probar los métodos de puesta en práctica de estos 
programas. A finales de 1983 se habían decidido trece 
acciones, con una duración fijada inicialmente en dos 
años. Fueron revisadas en 1985 y el plazo de realización 
de diez de ellas se prorrogó un año. Mientras tanto se 
decidieron seis nuevas acciones-piloto, que deberán 
finalizar en agosto de 1987. 
9.65. Las decisiones disponen que los Estados miem­
bros deberán presentar a la Comisión un informe para 
cada acción-piloto dentro de los tres meses siguientes a la 
finalización de las operaciones. Este documento tiene 
como finalidad extraer las experiencias útiles que pueden 
obtenerse de la acción-piloto con vistas a la puesta en 
práctica de los programas. No obstante, a finales de 1987 
la Comisión no había todavía recibido ni solicitado 
ningún informe, ni siquiera sobre las tres acciones 
terminadas en 1985, lo que entraña el riesgo de disminuir 
la utilidad de las acciones-piloto para la buena prepara­
ción de los PIM. 
0) (2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) DO L 73 de 21.3.1975, p. 1. 
DOL 169 de 28.6.1984, p. 1. 
DO C 321 de 15.12.1986, apartados 7.32 y siguientes. 
DO C 321 de 15.12.1986, apartados 7.50 a 7.53. 
DO C 262 de 20.10.1986, apartados 3.6 y siguientes. 
El artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1787/84 dispone que 
los recursos del FEDER se utilizarán conforme a unas 
escalas cuyos límites superior e inferior definan la parte de la 
dotación del Fondo de que puede beneficiarse un Estado 
miembro. C) DO C 287 de 24.10.1983, apartado 3.5.2. 
(8) DO C 262 de 20.10.1986, apartados 2.11 a 2.13. 
(9) DO L 197 de 27.7.1985, p. 1. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 87 
CAPITULO 10 
Investigación 
10.0. ÍNDICE Apartados 
Introducción 10.1 — 10.3 
Planificación y desarrollo de los sistemas informáticos 10.4 — 10.13 
Consecución de los objetivos 10.7 
Planificación y calendario 10.8 
Gestión de los proyectos 10.9 
Control de los costes 10.10 — 10.11 
Coordinación por la Comisión de los proyectos informáticos 10.12 — 10.13 
Las acciones directas de investigación 10.14 — 10.29 
Naturaleza específica de los créditos de investigación 10.14 — 10.15 
Planificación y control 10.16 — 10.19 
Funcionamiento del presupuesto funcional 10.20 — 10.25 
Análisis y utilización de las cuentas mensuales 10.21 
Asignación del gasto 10.22 — 10.25 
Presentación de las cuentas anuales 10.26 — 10.27 
Conclusiones 10.28 — 10.29 
Acciones de investigación a gastos compartidos 10.30 — 10.44 
Generalidades 10.30 — 10.32 
Acciones a gastos compartidos fuera del programa de fusión 10.33 — 10.42 
Marco de gestión de los contratos 10.33 
Control de la gestión 10.34 — 10.35 
Informatización de la gestión presupuestaria 10.36 — 10.39 
Gestión de los créditos de los programas 10.40 — 10.42 
Programa de fusión (exceptuando el JET) 10.43 — 10.44 
Generalidades 10.43 
Subvencionabilidad de los gastos 10.44 
Empresa común JET 10.45 — 10.51 
Verificación externa de las cuentas anuales 10.45 
Acuerdo de apoyo con la organización anfitriona 10.46 
Presentación de las cuentas del JET 10.47 
Compromisos financieros potenciales 10.48 
Compromiso de la contribución de la Comisión 10.49 — 10.51 
88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
INTRODUCCIÓN 
10.1. Este capítulo trata de los gastos de investigación, 
cuyos créditos se recogen en el capítulo 73 de la Parte B del 
Presupuesto General. Los créditos disponibles en 1986 
ascendieron a 997,4 Mió ECU para compromisos y 
767,2 Mío ECU para pagos. En lo que se refiere al 
ejercicio 1986, las observaciones del Tribunal de Cuentas 
no ofrecen un juicio de conjunto sobre la eficacia de los 
programas de investigación de la Comunidad, sino que se 
refieren solamente a ciertos aspectos de la gestión de los 
créditos de investigación cuyos métodos o procedimien­
tos críticos son susceptibles de mejora: 
(a) la planificación y el desarrollo de los principales 
sistemas informáticos de gestión financiera de la 
investigación (acción directa e indirecta); 
(b) la planificación, identificación, control y presenta­
ción de informes que realiza el Centro Común de 
Investigaciones (CCI) sobre los gastos reales de las 
acciones directas de investigación; 
(c) la gestión financiera de los contratos de financiación 
conjunta llevados a cabo en los Estados miembros y 
financiados parcialmente por las Comunidades 
Europeas; 
(d) asuntos diversos de carácter general que surgen del 
examen que el Tribunal ha realizado de las cuentas de 
1986 del JET, Joint European Torus, cuya principal 
fuente de financiación es la Comisión. 
10.2. En su Informe Anual de 1985 (') el Tribunal 
señaló que se deberían racionalizar y armonizar los 
procedimientos que la Comisión utiliza para la gestión de 
los contratos de financiación conjunta y de estudios. 
Comprobó, especialmente, que existían diferencias 
injustificadas entre los procedimientos empleados por los 
distintos servicios de la Comisión responsables de los 
contratos de financiación conjunta y que se hacía 
necesario mejorar la coordinación y el intercambio de 
información entre estos servicios. El Parlamento Euro­
peo, en su decisión de descargo del ejercicio 1985, hizo 
una invitación concreta a la Comisión en este sentido (2). 
10.3. La Comisión ha comunicado al Tribunal y a las 
autoridades de descargo las medidas tomadas para 
atender estas observaciones, y en particular la creación de 
un grupo de armonización interservicios que examinará el 
problema y en cuyos trabajos basará sus decisiones de 
racionalización y armonización. 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
10.4. En 1985 y 1986 el Tribunal, con el objeto de 
determinar las necesidades de mejora de la planificación y 
el desarrollo de los sistemas informáticos de la Comisión, 
ha examinado tres proyectos informáticos clave en el 
campo de la investigación que han comenzado a 
funcionar recientemente. Hasta el final de 1986, el coste 
de estos proyectos se calcula en unos 6,2 Mió ECU, 
imputados al capítulo 73 de la Parte B del Presupuesto 
General. 
10.5. Todos los proyectos examinados tienen como 
finalidad ofrecer a la Comisión información importante 
de tipo presupuestario, contable o contractual. Su 
eficacia es crucial para la buena gestión de los créditos 
para pagos, que se elevaron a 767,2 Mió ECU en 1986. 
Los proyectos se seleccionaron de modo que cubrieran los 
tres servicios responsables de la investigación de la 
Comunidad y también que permitieran realizar una 
evaluación tras las diferentes etapas de realización o 
puesta en funcionamiento. Son los siguientes: 
(a) «systéme d'information budgétaire et comptable 
automatisé» (SIBECA) del CCI de Ispra, en el que se 
empezó a trabajar en 1979 pero no fue operativo 
hasta 1987; 
(b) DIODONII, de la Dirección General de las Ciencias, 
la Investigación y el Desarrollo (DG XII) de Bruselas, 
puesto a punto entre 1980 y 1984 (sistema de gestión 
de los contratos de los programas de investigación); 
(c) sistemas de gestión del programa ESPRIT de la 
Dirección General XIII de Bruselas, desarrollado 
entre 1983 y 1986 como parte del proyecto «Euro-
pean Local Área Network» (ELAN). 
10.6. La auditoría ha revelado que, a pesar de la 
naturaleza específica de cada una de las actividades 
investigadoras para las que se desarrollaron los proyectos 
SIBECA, DIODON II y ELAN, se produjeron algunas 
deficiencias básicas comunes que se resumen en los 
apartados 10.7 a 10.11 (véanse también los apartados 
10.36 a 10.39, donde se exponen las deficiencias 
operativas actuales del sistema DIODON II). 
Consecución de los objetivos 
10.7. En los tres proyectos se han puesto en funciona­
miento los elementos básicos contables o contractuales de 
las aplicaciones, con lo que se contribuye a mejorar la 
gestión cotidiana del aspecto administrativo y financiero 
de las operaciones. Sin embargo, todavía no se han 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 89 
alcanzado otros objetivos como la interconexión y 
utilización del SIBECA por todos los establecimientos del 
CCI y que SIBECA y DIODON II transmitan regular­
mente información de gestión financiera a todos los 
servicios técnicos que les sirva como base para el 
seguimiento y control de las actividades y para la toma de 
decisiones. Quizá sea necesario modificar estos nuevos 
sistemas para lograr su completo aprovechamiento. 
Planificación y calendario 
10.8. Se han producido demoras importantes en la 
realización de incluso los elementos básicos de las 
aplicaciones. Dada la justificación original de los 
proyectos, estas demoras han obligado a la Comisión a 
continuar utilizando los sistemas antiguos. Concretamen­
te, según el calendario original, el sistema SIBECA debía 
entrar en funcionamiento en 1982 y no el 1 de enero de 
1987. DIODON II tenía que haber entrado en funciona­
miento en 1983, pero la transferencia de la administración 
de los contratos al nuevo sistema no se completó hasta 
1985. 
Gestión de los proyectos 
10.9. El Tribunal opina que la evolución de las 
necesidades o la novedad de los medios informáticos no 
son las únicas causas de los retrasos y del aumento de los 
costes sufridos por los proyectos. Al contrario, considera 
que la mayoría de las dificultades que se han presentado 
se deben a deficiencias en la gestión de los proyectos: 
(a) no haber examinado adecuadamente la viabilidad de 
los proyectos, lo que produjo una importante falta de 
conocimiento sobre su complejidad y del tiempo y los 
recursos necesarios; 
(b) desde el comienzo de los proyectos, la ausencia de 
estructuras de gestión adecuadas contribuyó a que no 
se consultara a los usuarios potenciales, lo que 
dificultó la labor de coordinación de sus necesidades; 
(c) al no existir sistemas formales de notificación del 
avance de los trabajos, el seguimiento y el control de 
los proyectos fue insuficiente, lo que impidió prever 
las dificultades más importantes; 
(d) la intención de la Comisión de utilizar el proyecto 
ELAN para la realización de sistemas de gestión 
interna se mostró incompatible con su condición de instalación de prueba y experimentación dentro del 
programa ESPRIT; 
(e) en el caso de SIBECA, la Comisión estaba compro­
metida con el proyecto por una serie de contratos 
firmados por el CCI entre 1979 y 1984 con una 
empresa independiente. Las importantes decisiones 
tomadas por la dirección en el sentido de formalizar 
esos contratos se tomaron sin un análisis adecuado y 
bien informado sobre la viabilidad de un proyecto 
plurianual de tal complejidad, duración y coste. 
Además, no se contó con la autorización expresa de la 
autoridad presupuestaria. 
Control de los costes 
10.10. En los tres proyectos se sobrepasó ampliamente 
el coste inicial previsto, llegándose a un coste total de 
6,2 Mió ECU en lugar de los 2,5 Mió ECU inicialmente 
programados. (En SIBECA, el coste final de 4,1 Mío 
ECU se estima que fue 3 Mió ECU superior al previsto.) 
Estos excesos se debieron no solamente a una infravalora-
ción de la complejidad de los proyectos en el momento de 
la planificación, sino también a lo superficial de las 
previsiones de los costes y a la ausencia total de un control 
plurianual sobre los costes reales incurridos. 
10.11. El control de costes de los proyectos debería 
haber servido para seguir los avances y las dificultades, así 
como para cuantificar las consecuencias financieras de las 
decisiones de gestión equivocadas. Sin embargo cuando 
se realizó el estudio de viabilidad no se prepararon los 
análisis de coste/beneficio. Tampoco se llevaron registros 
de los costes reales de cada proyecto para compararlos 
con las estimaciones. 
Coordinación por la Comisión de los 
proyectos informáticos 
10.12. En septiembre de 1982 la Comisión (Dirección 
General de Personal y Administración — Dirección de 
Informática [DG IX-F]) emitió directrices para la gestión 
de los proyectos informáticos (3). En ellas se recogían 
recomendaciones detalladas para evitar el tipo de 
deficiencias citadas en el apartado 10.9 pero, en lo que se 
refiere al control de costes (apartado 10.11), no mencio­
naban la necesidad de llevar registros de los costes reales 
del proyecto para poderlos comparar con los previstos. 
Las directrices deben ser completadas en este aspecto. 
10.13. Las deficiencias observadas en la gestión del 
proyecto ELAN, iniciado en 1983, por tanto con 
90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
LAS ACCIONES DIRECTAS 
DE INVESTIGACIÓN 
Naturaleza específica de los créditos 
de investigación 
10.14. Las acciones directas de investigación que lleva a 
cabo el Centro Común de Investigación (CCI) correspon­
den a los artículos B 737, B 738 y B 739 del Presupuesto 
General de 1986 (créditos disponibles en 1986: 240,5 Mió 
ECU para compromisos y 228,4 Mió ECU para pagos). 
A diferencia de otras secciones del Presupuesto comunita­
rio, los créditos de investigación incluyen tanto los costes 
de personal como los administrativos, así como los costes 
directos de los proyectos. El Anexo I del Presupuesto 
General analiza los créditos de acción directa en un 
«cuadro de correspondencias», clasificados en grandes 
categorías de gastos (en el cuadro 10.1 se presenta de 
forma análoga un resumen de los compromisos de 1986), 
que también muestra la duración del programa de 
Cuadro 10.1 — Acción directa de investigación 
Sinopsis del cuadro de correspondencia de los compromisos de 1986 
(Mío ECU) 
Presup. 
Artículo 
Partida 
737 
7370 
7371 
7372 
7373 
7374 
7376 
738 
7382 
7383 
7389 
739 
7390 Denominación 
Programas de acción Acción 
directa 
Técnicas industriales 
Fusión termonuclear 
Fisión nuclear 
Energías no nucleares 
Medio ambiente 
Proyectos piloto en el campo de la 
teledetección espacial 
Artículo 737 Total 
Otras actividades Acción direc-
Prestaciones de servicios por 
cuenta de terceros 
Prestaciones a otros servicios de la 
Comisión 
Explotación del reactor HFR 
Artículo 738 Total 
Terminación de los programas 
anteriores •-- Acción directa 
Terminación de los programas 
comunes 1980-1983 
Artículo 739 Total 
Artículos 737 a 739 - Total Personal 
(1) 
15,5 
9,8 
58,3 
6,8 
18,9 
109,3 
0,1 
3,1 
3,9 
7,1 
116,4 Funcio­
namiento 
adminis­
trativo 
(2) 
3,1 
1,3 
10,3 
1,3 
3,0 
19,0 
0,5 
0,7 
1,0 
2,2 
21,2 Funcio­
namiento 
técnico 
(3) 
4,7 
2,6 
16,2 
1,2 
3,6 
28,3 
2,3 
0,6 
7.9 
10,8 
39,1 Inversiones 
(4) 
1,8 
8,6 
4,1 
0,4 
1,9 
16,8 
1,1 
0,1 
0,5 
1,7 
18,5 Contra­
tos 
(5) 
0,3 
0,4 
6,1 
0,4 
1,9 
9,1 
— 
0,1 
0,1 
9,2 Reserva 
para 
gastos 
pers. 
(9) 
— 
— 
-
— 
— 
— 
--
— 
— Total 
25,4 
22,7 
95,0 
10,1 
29,3 
— 
182,5 
4,0 
4,5 
13,4 
21,9 
204,4 posterioridad a las directrices, son similares en muchos 
aspectos a las observadas en SIBECA y DIODON II, que 
comenzaron antes de la publicación de las directrices (y 
también a las observadas en el sistema del Fondo Social, 
recogidas en un informe especial aprobado por el 
Tribunal el 15 de diciembre de 1983 (4)). El Tribunal 
considera que la Comisión debería tomar medidas para 
garantizar que las deficiencias antes indicadas no vuelvan 
a producirse. Para ello debería: 
(a) dar a sus directrices el carácter de instrucciones; 
(b) facultar a su Dirección de Informática para compro­
bar la aplicación de estas instrucciones en todos los 
servicios que trabajen con sistemas informáticos; 
(c) autorizar a sus servicios financieros centrales a que 
ejerzan un control efectivo sobre los costes de los 
proyectos plurianuales de esta naturaleza. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 91 
investigación del CCI (5) mediante un calendario pluri-
anual de los compromisos y los pagos. 
10.15. El Tribunal, al igual que el grupo de expertos 
industriales presidido por el Dr. Harry Beckers (6), 
considera que el coste real de la acción directa de 
investigación es uno de los elementos esenciales a la hora 
de plantear la investigación comunitaria futura y la 
estructura del CCI. Por ello, el Tribunal ha examinado 
una muestra de proyectos del CCI de 1986 para 
comprobar si los costes reales de la actividad investigado­
ra se han planificado, identificado, controlado y declara­
do de modo correcto. 
Planificación y control 
10.16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del 
Reglamento Financiero (7), las cantidades correspon­
dientes a las acciones directas de investigación que 
aparecen en el Anexo I del Presupuesto General están 
respaldadas por un plan financiero detallado. Sin 
embargo, este plan no forma parte del Presupuesto 
General (y, por lo tanto, no se publica). Más que el propio 
Presupuesto, el elemento clave de la gestión financiera y 
de la contabilidad del CCI debe ser el plan financiero. 
10.17. Los gestores utilizan el plan financiero principal­
mente para repartir los créditos presupuestarios a los 
programas de investigación y a las divisiones funcionales 
encargadas de la investigación. Aunque el plan no tiene 
carácter presupuestario, la distribución de los créditos 
que contiene se considera, al igual que en el Presupuesto 
General de las Comunidades, fija y no rectificable sin una 
autorización formal. Esta rigidez excesiva alarga el 
proceso de autorización del gasto y disminuye su agilidad, 
al hacer necesarios frecuentes movimientos de créditos 
entre las subdivisiones del plan para impedir que se 
sobrepasen los límites. Se debería transformar el plan 
financiero en un instrumento de gestión ágil. Esto 
facilitaría la elaboración de análisis motivados sobre el 
origen de los movimientos de créditos y de las desviacio­
nes respecto a las previsiones. 
10.18. Las fichas de actividad son el elemento básico 
utilizado por el CCI para la elaboración de su plan 
financiero y el control de los aspectos financieros de los 
proyectos. Esta ficha, que se prepara durante la etapa de 
planificación, indica los recursos necesarios para comple­
tar las etapas clave de la actividad investigadora. Sin 
embargo, no se explotan completamente las posibilidades 
que ofrece el sistema para seguir la ejecución de los 
proyectos. Los informes de situación de los progresos se 
limitan a los aspectos técnicos y no hacen referencia a la 
situación financiera que se trasluce de la ficha de 
actividad. El sistema se vería mejorado si las fichas de 
actividad sirvieran de base para comparaciones más regulares entre los gastos de todos los proyectos y sus 
previsiones, justificándose las desviaciones importantes 
en los informes de situación de los trabajos. 
10.19. El sistema de información financiera del CCI se 
basa en el registro y presentación de los gastos de 
realización de los proyectos. No concede atención a la 
elaboración periódica de previsiones de los gastos que es 
probable que se presenten antes de la finalización de los 
proyectos. En estas condiciones no es posible determinar 
el riesgo de exceder las previsiones de los planes 
financieros y, en su caso, justificar estos gastos por 
encima de lo previsto en función de los resultados 
suplementarios eventuales. 
Funcionamiento del presupuesto funcional 
10.20. El plan financiero analiza los créditos con un 
sistema llamado de presupuesto funcional, principalmen­
te por objetivos de investigación y servicios de apoyo, 
pero también por tipos de gasto. En este sistema de 
contabilidad, todos los costes de personal y administrati­
vos y los costes directos del proyecto llegan a asignarse a 
los objetivos de investigación, directamente o indirecta­
mente mediante cuentas de distribución. Según las 
normas internas de la Comisión (8) sobre la utilización de 
los créditos de investigación e inversión, los objetivos del 
sistema de presupuesto funcional son: 
(a) adaptar el Presupuesto a un método moderno de 
gestión; 
(b) permitir que se realice una elección racional entre los 
mejores medios de realización de los objetivos; 
(c) permitir un seguimiento permanente de la evolución 
de los gastos por partida y determinar con mayor 
facilidad el coste real de cada parte del programa. 
El Tribunal ha formulado observaciones sobre este 
sistema en sus informes anuales relativos a los ejercicios 
1978(9), 1979 (10) y 1982 (")• Constata que, por los 
motivos expuestos en los apartados 10.21 a. 10.25, estos 
objetivos no han sido aún alcanzados. 
Análisis y utilización de las cuentas mensuales 
10.21. El CCI prepara mensualmente los estados de 
cuentas utilizando el sistema funcional. Sin embargo, la 
comparación de estos estados con el plan financiero que 
llevan a cabo los servicios financieros del CCI es 
superficial, ya que no explica las diferencias observadas. 
92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Además, los gestores de los proyectos científicos conside­
ran que las cuentas mensuales les son poco útiles. Aunque 
son responsables de la buena relación entre el coste y la 
eficacia de los proyectos, tienen poca influencia sobre el 
nivel de los gastos indirectos procedentes de las cuentas de 
asignación, imputados a los proyectos, gastos que no 
guardan la suficiente relación con el nivel real de actividad 
científica (véanse apartados 10.22 a 10.25). 
Asignación del gasto 
10.22. Los costes de los gastos indirectos (es decir, 
servicios generales, gastos generales, apoyo científico y 
técnico y personal: el 82,3 % del gasto total de 1986) se 
imputan inicialmente a cuentas de asignación; posterior­
mente se imputan a objetivos de investigación. En su 
Informe Anual relativo al ejercicio 1982 (") (apartado 
8.11), el Tribunal indicaba que no existe un documento 
del CCI que describa los principios que deben aplicarse 
para determinar si una operación concreta debe imputar­
se a una cuenta de asignación o a un objetivo de 
investigación. La persistente ambigüedad de las nor­
mas (12) permitiría al CCI imputar los costes directos (por 
ejemplo, edificios, equipos, mantenimiento) de una 
actividad de investigación para la que faltaran fondos a 
una cuenta de asignación y seguidamente repartirlos entre 
varias actividades de investigación. Otros costes (como 
los relativos a formación de personal, misiones, electrici­
dad-fuerza) se imputan siempre a una cuenta de 
asignación, aunque puedan imputarse a un objetivo de 
investigación concreto. El Tribunal insiste sobre la 
necesidad de respetar siempre el principio de asignar los 
costes a los proyectos con los que están directamente 
relacionados. 
10.23. La mayor parte de los gastos indirectos se reparte 
entre las actividades de investigación utilizando las bases 
teóricas de distribución en lugar de los niveles reales de 
actividad. Los gastos de personal se reparten según la 
plantilla teórica y las previsiones de utilización de 
personal (véase apartado 10.24), mientras que los gastos 
generales se imputan de acuerdo con las proporciones 
fijadas en el plan financiero. Sólo las imputaciones de los 
apoyos científicos y técnicos y de la instalación del reactor 
HFR corresponden a la utilización real de los medios. 
Estas prácticas producen una reducción de las diferencias 
entre las previsiones y los costes liquidados. 
10.24. El examen efectuado por el Tribunal de los gastos 
de personal (el 56,9 % del total de los compromisos para 
acciones directas de investigación, véase el cuadro 10.1) ha 
mostrado que el tiempo efectivamente dedicado a cada 
actividad y proyecto se basa en estimaciones que no están 
respaldadas con un registro de los tiempos empleados. 
Aparte de un examen global llevado a cabo por la División de Finanzas y la Dirección de Proyectos, no se ha 
realizado esfuerzo alguno para confirmar regularmente el 
carácter realista de las estimaciones. 
10.25. Durante el control, el CCI no estaba en 
condiciones de presentar un análisis de los efectos de la 
utilización de otros criterios para la asignación de los 
gastos indirectos. El examen del Tribunal ha mostrado 
que la utilización de otras alternativas puede producir 
resultados muy distintos; por ejemplo, en una selección 
de proyectos de 1986, del 90 al 115 % del gasto realmente 
asignado. 
Presentación de las cuentas anuales 
10.26. La información contable sobre las actividades 
del CCI que se puede obtener fuera de los servicios de la 
Comisión, a pesar de adaptarse al Reglamento Financie­
ro (7), está presentada de un modo inadecuado en lo que 
respecta a los posibles usuarios externos como son los 
parlamentarios, las empresas industriales o los organis­
mos científicos asesores, por ejemplo: 
(a) la forma en que las cuentas de la Comisión recogen la 
utilización de los créditos asignados a la acción 
directa de investigación es demasiado fraccionada y 
compleja para que pueda ser entendida por quien no 
posea un conocimiento profundo de la presentación 
de las cuentas comunitarias. Es especialmente difícil 
diferenciar los costes reales de las actividades de 
investigación de los de apoyo técnico y administra­
ción; 
(b) los principios y métodos contables que utiliza el CCI 
para la preparación de sus cuentas anuales, en 
aplicación del Título VII del Reglamento Financie­
ro (7), difieren en muchos aspectos de los que se 
utilizan para el resto de las cuentas de la Comisión 
(véase apartado 10.14). Estas diferencias no resultan 
aparentes para los usuarios de las cuentas. 
10.27. La presentación actual de la información 
contable del CCI no proporciona una buena base para 
evaluar convenientemente todos los costes de sus 
actividades y su funcionamiento (por ejemplo para las 
deliberaciones de la autoridad presupuestaria y las 
decisiones del Consejo tanto sobre la investigación futura 
de la Comunidad como sobre la estructura del CCI). El 
Tribunal considera que, teniendo en cuenta el tamaño, el 
coste y el carácter singular del CCI, esta información 
debería publicarse como sección suplementaria e inde­
pendiente de las cuentas de la Comunidad (es decir, como 
suplemento de la contabilidad actual sobre la ejecución de 
los créditos de investigación). La Comisión debería 
examinar el modo de integrar este elemento en sus 
propuestas actuales de revisión del Reglamento Financie­
ro O-
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 93 
Conclusiones (a) los métodos de asignación de los costes de personal y 
de los otros costes indirectos a las distintas activida­
des investigadoras son demasiado teóricos; 
10.28. El Tribunal estima que el CCI no ha explotado de 
modo suficiente su información financiera ni sus sistemas 
contables para planificar y controlar eficazmente la 
utilización de los recursos escasos de que dispone. 
Especialmente: 
(a) el sistema de presupuesto funcional se utiliza más 
como medio de redistribución de los créditos que 
como instrumento flexible de control de los gastos; (b) el método utilizado para registrar el tiempo de trabajo 
del personal de investigación es inadecuado; 
(c) la presentación de la información contable, tanto 
dentro del CCI como al exterior, es demasiado 
compleja y no se adapta lo suficiente a las necesidades 
específicas de los posibles usuarios ni de los responsa­
bles que han de tomar las decisiones. 
(b) no se realiza ningún análisis significativo de las 
comparaciones entre los gastos reales y los previstos 
en el plan financiero ni de los proyectos; como 
consecuencia de ello, las desviaciones ni se explican ni 
se justifican, como tampoco se actualizan las 
previsiones de gastos. ACCIONES DE INVESTIGACIÓN 
A GASTOS COMPARTIDOS 
10.29. Además, la información contable de los costes 
reales de investigación del CCI y de su apoyo técnico y 
administrativo no se presenta de un modo lo suficiente­
mente claro y lógico; por ello, es especialmente difícil 
para los responsables de investigación del CCI, la 
Comisión, el Consejo y el Parlamento tomar decisiones 
bien fundamentadas sobre las actuaciones o la estructura 
del CCI. En especial: Generalidades 
10.30. La mayor parte de la investigación a gastos 
compartidos se lleva a cabo en los Estados miembros y 
está parcialmente financiada por la Comisión. Estas 
acciones se enmarcan en su mayoría en programas 
Cuadro 10.2 — Ejecución presupuestaria de los programas de investigación a gastos compartidos 
(Mió ECU) 
Artículos presupuestarios 
Acciones horizontales 
Fusión termonuclear 
y fisión nuclear 
Energía no nuclear, 
salud y seguridad 
y medio ambiente 
Investigaciones vinculadas 
al desarrollo y tecnologías 
de la información 
Técnicas industriales, 
biotecnología y materias 
primas 
Otras actividades 
y terminación de los 
programas anteriores (730) 
(731) 
(732) 
(733) 
(735) 
(736) 
Total Número de 
programas 
específicos 
8 
4 
4 
2(1) 
6 
3 
27 Créditos 
para 
compromisos 
disponibles 
en 1986 
29,0 
225,4 
139,6 
14,9 
130,4 
1,3 
540,6 Compromisos 
contraídos 
en 1986 
26,5 
216,8 
103,9 
3,7 
101,0 
0,8 
452,7 Créditos 
para 
pagos 
disponibles 
en 1986 
22,1 
206,5 
65,9 
15,5 
53,3 
1,5 
364,8 Pagos 
efectuados 
en 1986 
14,8 
199,3 
52,4 
12,3 
34,5 
1,0 
314,3 
(') No incluye los programas ESPRIT y RACE pero incluye el programa «capacidad endógena de investigación en los PVD», en el que los 10 Mió ECU 
subsistentes de 1984 fueron anulados al final del ejercicio 1986. 
94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
específicos aprobados por el Consejo, que a su vez forman 
parte del programa-marco 1984-1987 de actividades 
comunitarias de investigación, desarrollo y demostra­
ción (13). A 31 de diciembre de 1986 se estaban realizando 
27 acciones plurianuales de investigación a gastos 
compartidos. El coste total de los programas que se 
estaban realizando al final de 1986 alcanzaba 1 513,3 Mió 
ECU. 
10.31. Las observaciones siguientes se refieren a las 
acciones a gastos compartidos recogidas en los artículos B 
730 a B 736 del Presupuesto General del ejercicio 1986, 
con la excepción de las partidas 7335, «Esprit», y 7336, 
«RACE» (14). Los créditos presupuestarios del ejercicio 
1986 se resumen en el cuadro 10.2. 
10.32. Los programas de investigación a gastos com­
partidos se realizan mediante contrato. La Comisión 
utiliza distintos tipos de contratos según las acciones 
abordadas y el modo en que sus socios estén organizados. 
Entre las principales categorías de contratos figuran los 
siguientes: contratos de asociación, contratos «a gastos 
compartidos», contratos a costes marginales, las subven­
ciones y los contratos de expertos. Estos contratos están 
gestionados por siete direcciones científicas a las que se 
añade una dirección de apoyo administrativo. El 
programa de fusión termonuclear examinado constituye 
un caso particular tanto desde el punto de vista científico 
como de la gestión administrativa. 
Acciones a gastos compartidos fuera del 
programa de fusión 
Marco de gestión de los contratos 
10.33. Últimamente la Comisión se ha esforzado para 
reducir los plazos de la fase de selección de las propuestas 
de investigación. Sin embargo, en los estadios posteriores 
de la gestión los procedimientos siguen siendo lentos 
debido principalmente a las limitaciones reglamentarias. 
Incluso en la propia Dirección General de Investigación 
la comunicación entre los servicios científicos y adminis­
trativos sigue siendo difícil a pesar de los esfuerzos 
realizados. Por estos motivos, el Tribunal estima que sería 
deseable llevar a cabo un replanteamiento de los 
reglamentos y del papel de cada servicio de la Dirección 
General de Investigación. Control de la gestión 
10.34. Al examinar los procedimientos administrativos 
utilizados en las acciones de investigación a gastos 
compartidos se observa que, a pesar de existir una 
especialización de funciones de los gestores, a menudo 
actúan sobre cuestiones similares de forma diferente. Para 
convencerse de ello basta con fijarse en los retrasos que 
surgen en la preparación de las cláusulas adicionales de 
determinados contratos, los distintos plazos que se 
producen en los intercambios de puntos de vista con los 
servicios científicos, las diferencias en la fiabilidad de las 
informaciones contenidas en las bases de datos o las 
variaciones de calidad en la tramitación de los expedientes 
de gestión. La práctica demuestra que la centralización de 
la gestión administrativa de los contratos no refuerza el 
control de la gestión. 
10.35. Estas consideraciones, junto con los efectos de la 
división de responsabilidades administrativas y científi­
cas, abogan por la necesidad de un replanteamiento del 
reparto del trabajo que podría basarse tanto en la 
descentralización de la gestión diaria como en un mayor 
control de la gestión interna. El papel del control de la 
gestión debería ser la solución de problemas básicos 
relativos a los contratos y asesorar a las direcciones 
científicas, así como aprobar y controlarlos procedimien­
tos en los diferentes sectores científicos. 
Informatización de la gestión presupuestaria 
Base de datos DIODON II 
10.36. La Comisión instaló la base de datos DIODON 
II con el fin de disponer de un instrumento de gestión en 
tiempo real de los contratos de investigación. Después de 
un laborioso período de puesta a punto entró progresiva­
mente en servicio a partir de 1984. Por motivos diversos, 
algunos de los cuales escapan a las posibilidades de 
actuación de la Dirección General de Investigación, los 
resultados obtenidos no responden a las necesidades 
actuales, especialmente en lo que se refiere a la gestión 
científica de los contratos. 
10.37. Comoquiera que el sistema actual padece 
deficiencias de concepto en lo que se refiere a los 
principios presupuestarios y contables, no siempre es 
posible su conciliación con la contabilidad central de la 
Comisión. No recoge los gastos de personal y de 
funcionamiento de los programas, lo que hace imposible 
tener una visión completa del coste plurianual de cada 
uno de ellos. Mientras que en el sistema contable central 
los compromisos no liquidados se recalculan en ECU, el 
sistema DIODON sólo toma los valores históricos, y no 
permite una conciliación inmediata y global con la 
contabilidad central. Los métodos aplicados para los 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 95 
reembolsos de fondos realizados por los contratistas 
difieren de los estipulados en el Reglamento Financiero. 
10.38. El sistema DIODON no se utiliza como un 
instrumento a disposición de los responsables de los 
programas de forma permanente. Aunque inicialmente se 
había previsto entregar a los jefes de programa un 
esquema financiero así como informes sobre las excepcio­
nes destinados a corregir las situaciones anormales, en la 
práctica el acceso de los científicos al sistema DIODON es 
muy limitado y raramente se elaboran los esquemas 
financieros y los informes sobre las excepciones. Para 
justificar su poca utilización se suele invocar la insuficien­
te Habilidad del sistema. 
10.39. Por estos motivos, y a la vista de una reciente 
decisión de la Comisión, el Tribunal opina que la 
Dirección General de Investigación debería contar en el 
futuro con un verdadero instrumento de control de la 
gestión plurianual de los programas tanto para la 
preparación como para la ejecución de programas y 
presupuestos. Tal sistema debería obligatoriamente dar 
solución a todas las deficiencias actualmente existentes. 
Gestión de los créditos de los programas 
10.40. Durante el examen de las operaciones correspon­
dientes al ejercicio 1986 el Tribunal ha observado diversas 
prácticas que infringen las disposiciones reglamentarias o 
atentan contra los principios de una buena gestión. 
Subvencionabilidad de los compromisos 
10.41. Por motivos de eficacia de gestión, debido a la 
insuficiencia de los créditos de compromiso puestos a su 
disposición por la autoridad presupuestaria para varios 
nuevos programas de investigación, la Comisión ha 
decidido realizar contratos que implican importes muy 
superiores a sus disponibilidades presupuestarias inicia­
les. Aunque los trabajos encargados a los contratistas no 
están programados en etapas anuales diferenciadas, esos 
contratos incluyen una cláusula resolutoria aplicable en el 
caso poco probable de que la Comisión no obtuviera los 
créditos anuales necesarios para proseguir los trabajos. 
Debido a esta práctica, los compromisos contables se 
toman y ejecutan en tramos anuales consecutivos, lo que 
es claramente contrario al espíritu de las disposiciones de 
los artículos 1.3 y 88.3 del Reglamento Financiero (7) y al 
concepto de disociación de los créditos. En una muestra 
de 131 contratos el Tribunal ha encontrado 36 casos en los 
que compromisos relativos a obligaciones contractuales 
finales de 29,5 Mió ECU se habían reducido el primer año 
a 14,7 Mió ECU, que para la Comisión representan 
«compromisos jurídicos». Estos contratos se referían a 7 programas de investigación. Tal procedimiento queda, en 
opinión del Tribunal, intrínsecamente al margen de la 
reglamentación financiera y complica las tareas adminis­
trativas. 
Regularidad de determinados gastos 
10.42. Algunos contratos incluyen, entre los gastos que 
cubren, cantidades destinadas a cubrir los gastos 
generales de los contratantes, calculados, en su mayoría, 
como porcentaje de los gastos de personal. Los tipos 
utilizados varían considerablemente según los contratos. 
El Tribunal ha detectado algunos que llegan hasta el 
200 % de los gastos de personal. Aunque la Comisión 
declara que comprueba que los tipos solicitados están 
justificados, el Tribunal no ha encontrado en los 
expedientes de gestión de los contratos ningún indicio de 
que se hayan verificado las bases y los métodos utilizados 
por los contratistas en sus solicitudes de pago de los 
gastos generales. Comoquiera que este procedimiento 
constituye un medio fácil de inflar los costes, es deseable 
que los expedientes que llevan los administradores 
contengan la justificación de la subvencionabilidad de los 
gastos. De 131 contratos examinados por un importe 
total de 136 Mió ECU, 61 tenían gastos generales por un 
valor total de al menos 12 Mió ECU. 
Programa de fusión (exceptuando el JET) 
Generalidades 
10.43. A iniciativa de la Comisión, se creó una 
asociación de los laboratorios de los Estados miembros 
que trabajan en fusión termonuclear controlada. Tam­
bién colaboran en estos trabajos, que se enmarcan en 
programas quinquenales aprobados por el Consejo, dos 
países terceros, Suecia y Suiza. Los años 1985 y 1986 son 
comunes a los dos últimos programas plurianuales (15). 
Los dos últimos paquetes financieros ascendieron a 
1 192 Mió ECU (incluyendo el JET). 
Subvencionabilidad de los gastos 
10.44. Los contratos de asociación disponen que los 
anticipos trimestrales pagados por la Comisión deberán 
ser regularizados anualmente. En los contratos no se 
precisa ni la forma ni el contenido de los pagos a cuenta 
anuales, aunque la Comisión se enfrenta a situaciones en 
96 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
las que ni siquiera se puede realizar un control de la 
verosimilitud de los gastos. Es necesario llevar a cabo un 
examen «in situ » de la contabilidad de las asociaciones, 
ya que el volumen de los documentos justificativos es muy 
alto. Comoquiera que en el campo de fusión termonuclear 
la Comisión no dispone de suficiente personal cualificado 
para llevar a cabo una auditoría «in situ » de los contratos 
de asociación, utiliza los servicios de sociedades de 
censura de cuentas. El 31 de diciembre de 1986, de 15 
contratos de asociación, cuatro no habían sido controla­
dos desde 1981, dos. desde 1982 y cinco desde 1984. 
Teniendo en cuenta la importancia de los gastos, el 
Tribunal considera insuficiente este nivel de control y 
estima que los contratos de asociación deberían ser 
verificados a fondo al menos cada dos años. 
EMPRESA COMÚN JET 
Verificación externa de las cuentas anuales 
10.45. La Comisión es, con mucho, la principal fuente 
de financiación del JET. Los Estatutos del Jet (artículo 
12) fijan los procedimientos de control de sus cuentas 
anuales. Aparte del plazo de presentación de las cuentas, 
no fijan el calendario ni el procedimiento de tramitación 
contradictorio de presentación del informe del Tribunal. 
En los últimos ejercicios estas lagunas han dado lugar a 
dificultades. Por ello el Tribunal propuso al JET llegar a 
un acuerdo que permitiera utilizar en el futuro un 
calendario y un procedimiento parecidos a los del 
Informe Anual sobre el Presupuesto General de las 
Comunidades. Esta propuesta no ha tenido éxito. Frente 
a esta situación, el Tribunal estima que el Consejo debería 
contemplar la revisión de los Estatutos del JET. 
Acuerdo de apoyo con la organización 
anfitriona 
10.46. En el inicio de la fase de construcción del 
proyecto se llegó a un acuerdo de apoyo entre el JET y la 
organización anfitriona (UKAEA (l6)). La fase de 
construcción está terminada desde 1983 y varias disposi­
ciones de ese acuerdo ya no son aplicables. En su informe 
sobre las cuentas del JET del ejercicio 1985 el Tribunal 
sugirió que se negociara un nuevo acuerdo. Aunque las 
autoridades del JET han reconocido esta necesidad, una 
de las opciones que baraja es un simple documento de 
interpretación que podría concretar algunas cuestiones 
que ya no se adaptan a la situación existente. El Tribunal 
duda que este planteamiento fuera suficiente para aclarar 
el papel y las responsabilidades de la organización 
anfitriona en la fase operativa del proyecto y sobre todo a 
la hora de establecer los principios y las líneas directrices que deben gobernar la facturación de determinados 
gastos generales cargados al JET, no porque correspon­
dan a sus propias necesidades, sino por la estructura de 
los gastos fijos de la organización anfitriona. El Tribunal 
considera que la Comisión, a la que corresponde el 80 % 
del esfuerzo financiero, debería preocuparse por que los 
principios subyacentes en las facturaciones de la organi­
zación anfitriona no le lleven a soportar cargas excesivas. 
Hasta el presente el Tribunal no ha observado ninguna 
preocupación en este sentido por parte de la Comisión. 
Presentación de las cuentas del JET 
10.47. Desde hace varios años, el JET encuentra 
importantes dificultades a la hora de contratar personal. 
Para intentar paliarlas recurre a subcontratar personal a 
empresas industriales o de servicios. Al final de 1986 
había por lo menos 120 personas empleadas de este modo. 
Sin embargo, en el presupuesto del JET los gastos 
derivados de esta manera de contratar personal se 
asimilan a gastos de funcionamiento. Esto provoca una 
presentación equívoca de los presupuestos y las cuentas 
de final del ejercicio. El JET, que ha reconocido esta 
situación, está considerando la aplicación de medidas de 
corrección parcial que, en opinión del Tribunal, son 
insuficientes. Incumbe a la Comisión insistir al JET para 
que presente las cuentas de acuerdo con la realidad. 
Compromisos financieros potenciales 
10.48. El JET ha pedido a la Comisión que presente al 
Consejo una solicitud de prórroga de dos años del 
proyecto. Al ritmo actual de los gastos (alrededor de 
100 Mío ECU por año) el gasto suplementario resultante 
sería de al menos 200 Mió ECU. Esta información no 
figura en las notas explicativas que acompañan a las 
cuentas del JET aprobadas a final de 1986. 
Compromiso de la contribución de la 
Comisión 
10.49. La Comisión entrega al JET una contribución 
anual que corresponde al 80 % de los créditos de pago del 
presupuesto de éste. Los créditos de compromiso no se 
toman en consideración a la hora de fijar la contribución 
de la Comisión, pero el artículo 10.5 de los Estatutos del 
JET establece que su presupuesto no entrará en vigor 
hasta después de haberse aprobado definitivamente el de 
la Comisión. 
10.50. Hasta 1983, para efectuar su contribución al 
JET, la Comisión disponía de las mismas cantidades en 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 97 
créditos de compromiso y en créditos de pago. A partir de 
1984 los créditos de compromiso han sido ligeramente 
superiores a los créditos de pago. La Comisión compro­
metía cada año la totalidad de los créditos de compromiso 
aunque no fueran necesarios para la financiación 
inmediata del JET. Las sumas pendientes de liquidación 
se consideraban como una reserva destinada a hacer 
frente a los compromisos a largo plazo del JET. A 31 de 
diciembre de 1986, las cantidades así inmovilizadas 
representaban 19,2 Mió ECU (compromisos pendientes 
de liquidación). 10.51. La contribución de la Comisión al presupuesto 
del JET puede considerase como una obligación de caja y 
la Comisión no se compromete a hacer frente a los pagos a 
más de un año si no es a través de los programas 
plurianuales aprobados por el Consejo. De este modo, en 
el Presupuesto de la Comisión la inscripción de créditos 
de compromiso superiores a los créditos de pago no viene 
impuesta por la subvención que debe entregarse al JET. 
En opinión del Tribunal, los 19,2 Mió ECU comprometi­
dos y no liquidados a 31 de diciembre de 1986 no son 
reflejo de ninguna realidad concreta y debe considerarse 
que no tienen objeto. 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) DO C 321 de 15.12.1986, apartado 9.16. 
Doc. PE 112 046. 
Guía informática de las instituciones europeas, Sección GI 
003. 
Puede solicitarse en el Tribunal. 
DO L 3 de 5.1.1984. 
Informe del comité de expertos industriales, transmitido por 
la Comisión al Consejo el 5.12.1986. 
DO L 356 de 31.12.1977; DO L 160 de 28.6.1979. 
Anexo 1 de las «Normas internas sobre la ejecución del 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas» — 
Décima edición, Sección A 1.3, p. 171. 
DO C 326 de 31.12.1979. (!«) DOC 342 de 31.12.1980. 
C1) DOC 357 de 31.12.1983. 
(!2) DO L 356 de 31.12.1977, artículo 90; DO L 160 de 
28.6.1979, artículo 1(3); Manual de los procedimientos 
financieros utilizados por el CCI, edición de enero de 1986, 
capítulo 4. Documento del CCI PE PB 150/85/D10. 
(13) Resolución del Consejo de 25.7.1983, DO C 208 de 4.8.1983. 
(14) Estos dos programas fueron confiados a la Dirección 
General de Telecomunicaciones, Industrias de la Informa­
ción e Innovación (DG XIII) de la Comisión. 
05) Decisión del Consejo de 12 de marzo de 1985 n° 85/201 
Euratom, DO L 83 de 25.3.1985, p. 25. 
(16) United Kingdom Atomic Energy Authority. 
98 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPITULO 11 
Ayuda alimentaria 
11.0. ÍNDICE 
Introducción 
Distribución de la ayuda 
Ayuda destinada a la venta 
Distribución gratuita 
Ayuda indirecta 
Efectos económicos 
Níger 
Burkina Faso 
Egipto 
Conclusiones Apartados 
11.1 
11.4 
11.4 
11.6 
11.8 
11.10 
11.10 
11.16 
11.20 — 11.3 
— 11.9 
— 11.5 
— 11.7 
— 11.9 
— 11.24 
— 11.15 
— 11.19 
— 11.24 
11.25 11.30 
INTRODUCCIÓN 
11.1. En 1985 y 1986 el Tribunal de Cuentas visitó tres 
países africanos, Níger, Burkina Faso y Egipto, con el fin 
específico de examinar cómo se realizaba la contribución 
al desarrollo económico social equilibrado de los países 
beneficiarios definida en el Reglamento (CEE) n° 3331/82 
del Consejo, de 3 de diciembre de 1982 (•)• Los gastos en 
ayuda alimentaria a estos tres países de 1983 a 1986 
fueron respectivamente de 48 Mió ECU, 44 Mió ECU, 
36 Mió ECU y 37 Mió ECU y correspondieron principal­
mente a entregas de cereales. 11.3. Esta exigencia de un desarrollo económico y social 
equilibrado supone que cuando las autoridades del 
Estado beneficiario proceden a la venta de los productos 
de la ayuda, el precio debe ser lo suficientemente elevado 
para que la introducción de los productos en el mercado 
no perturbe las condiciones de comercialización de los 
géneros locales comparables, para no desalentar a los 
productores indígenas. Cuando se trate de la distribución 
gratuita, debe elegirse cuidadosamente a los grupos 
sociales beneficiarios y hay que velar para que los canales 
de distribución utilizados no se comuniquen con los que 
abastecen el mercado de consumidores solventes. 
DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA 
11.2. Dejando aparte los casos de urgencia imprevisible, 
la ayuda alimentaria responde a situaciones en las que el 
déficit alimentario que debe paliarse es de alguna manera 
permanente. La ayuda tiene como objetivos simultáneos 
« elevar el nivel nutritivo de las poblaciones beneficiarías » 
y « contribuir al desarrollo económico y social equilibra­
do de los países beneficiarios» (artículo 2 del Reglamento 
(CEE) n° 3331/82 (O). 
(*) Las notas aparecen al final del capítulo. Ayuda destinada a la venta 
11.4. En Níger y Burkina Faso, la venta de cereales la 
llevan a cabo respectivamente la «Office des produits 
vivriers du Niger» (OPVN) y la «Office national des 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 99 
cereales» (OFNACER), que disponen de almacenes y 
centros de distribución de buena calidad y de vehículos 
para realizar la distribución final. Sin embargo, carecen 
de vehículos todo terreno para realizar entregas en 
lugares de difícil acceso. La comercialización de los 
productos a los precios fijados por la administración es a 
veces problemática, ya sea por el bajo poder adquisitivo 
de las poblaciones beneficiarias o, en casos concretos, 
porque la calidad es insuficiente. Cuando esto ha ocurrido 
las autoridades se han visto obligadas a bajar los precios, 
a almacenar los productos como reserva o incluso a 
distribuir gratuitamente una parte. 
11.5. En Egipto, los acuerdos de suministro estipulan 
que la mayor parte de la ayuda será vendida por 
sociedades cooperativas a personas necesitadas. Ahora 
bien, el abastecimiento está nacionalizado, tanto en la 
compra, como en el almacenamiento o la venta, y las 
cooperativas citadas en los acuerdos no son otra cosa que 
tiendas estatales. Por otra parte, como sucede con el resto 
de los productos alimenticios, la ayuda de la CEE se pone 
al alcance de los consumidores mediante un sistema de 
racionamiento que permite comprar los alimentos a 
precios fijados por el gobierno y que varían según las 
categorías sociales. La política del gobierno consiste en 
subvencionar fuertemente los alimentos básicos, lo que da 
unos precios al consumo muy bajos que oscilan, según los 
productos, entre el 35 % (los aceites) y el 70 % (los 
cereales) del valor de importación o de producción en el 
país de estos productos. 
Distribución gratuita 
11.6. En Níger, la ayuda gratuita (excepcional) la 
gestiona la OPVN. La distribución en sí la realiza el 
ejército. El censo de las personas necesitadas lo llevan a 
cabo las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, las 
comisiones locales y los ayuntamientos de los pueblos. 
Una parte relativamente importante de la ayuda gratuita 
se destina a operaciones «food for work» (salario en 
especie) y se distribuye entre las poblaciones que trabajan 
en cultivos fuera de temporada. En conjunto, este plan ha 
funcionado satisfactoriamente. 
11.7. En Burkina Faso, la OFNACER no distribuye la 
ayuda gratuita. Se encarga de ello el« Conseil National de 
Lutte contre les Effets de la Sécheresse» (CNLS). No 
existe una coordinación eficaz entre este circuito y el de la 
OFNACER, que distribuye la ayuda destinada a la venta. 
Por otra parte, la falta de vehículos en las provincias ha 
dificultado la distribución de la ayuda a los pueblos 
aislados, hecho que es especialmente lamentable al 
tratarse de un socorro a las poblaciones necesitadas. Ayuda indirecta 
11.8. En Níger y en Burkina Faso organizaciones no 
gubernamentales u organizaciones internacionales distri­
buyen la ayuda comunitaria por diócesis, comunidades 
religiosas, escuelas o en los campos de trabajos (« food for 
work»). Las cantidades que se suministran están en 
relación con el tamaño de las organizaciones que se 
encargan de distribuirlas y los riesgos de pérdidas o de 
distribución deficiente parecen, en general, ser menores 
que cuando la ayuda es distribuida por los poderes 
públicos. De 1983 a 1985 esta ayuda ha supuesto 2,8 Mió 
ECU para el Níger (frente a 9,3 Mió ECU de ayuda 
directa) y 2,4 Mió ECU para Burkina Faso (frente a 
6,2 Mió ECU de ayuda directa). 
11.9. En Egipto la ayuda indirecta, que es distribuida 
por el Programa Alimentario Mundial (PAM) y algunas 
organizaciones no gubernamentales (ONG), representa 
una parte relativamente pequeña de la ayuda alimentaria 
total (9,4 Mió ECU de 1983 a 1985 frente a 98,2 Mío 
ECU de ayuda directa durante el mismo período). Incluso 
en esta forma de ayuda la presencia del Estado afecta de 
varias maneras las condiciones de distribución de los 
productos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene 
un programa de distribución en las escuelas en el que usa 
productos tanto de la ayuda indirecta como de la directa. 
Si no es por medio de un acuerdo particular con el 
gobierno, la introducción de productos alimenticios en el 
territorio egipcio presenta serias dificultades para las 
organizaciones. La aduana ha llegado a bloquear lotes en 
los puertos durante meses. Una ONG hubiera querido 
vender ayuda destinada por los acuerdos a distribución 
gratuita para financiar proyectos. Esta intención de 
comercializar la ayuda está de acuerdo con la nueva 
política comunitaria de desarrollo, que intenta evitar que 
la distribución gratuita entre en competencia con los 
productores locales y les afecte negativamente. Sin 
embargo, en el caso particular a que nos referimos, los 
acuerdos de suministros no prevén esa posibilidad, que ha 
sido aprobada por la Comisión en condiciones demasiado 
vagas, especialmente lo que se refiere a la utilización de los 
fondos obtenidos. Por otra parte, la ONG sólo ha podido 
llevar a cabo esta venta utilizando el sistema estatal de 
abastecimiento. Esto explica los escasos fondos que ha 
obtenido ya que el gobierno vende a precios muy 
inferiores a los precios mundiales, que además se ven 
reducidos por deducciones de gastos diversos. 
EFECTOS ECONÓMICOS 
Níger 
11.10. Productor de mijo, sorgo y arroz, normalmente 
el Níger es auto suficiente en cereales. Sin embargo, en 
100 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
1984-85, las condiciones climatológicas desfavorables 
produjeron un déficit importante. Al final de 1984 el 
gobierno calculó sus necesidades de importación para 
1985 en unas 500 000 tm de cereales (de las que 65 000 tm 
serían para sus «existencias de seguridad»), que deberían 
ser cubiertas con importaciones comerciales y 395 000 tm 
de ayuda alimentaria. 
11.11. Sin embargo, un año más tarde, en octubre de 
1985, cuando todavía estaba pendiente de suministrar el 
20 % de la ayuda internacional de cereales, según la 
OPVN las existencias públicas eran de 148 500 tm 
mientras que la capacidad total de almacenamiento de 
este organismo no pasaba de las 200 000 tm. Y a las 
existencias públicas hay que añadir las de los comercian­
tes y agricultores, que son difícilmente calculables en ese 
país. El balance cerealista del Níger del período 
comprendido entre las dos cosechas de octubre 1984 y 
octubre 1985 se presenta en el cuadro 11.1. 
Cuadro 11.1 — Balance cerealista eir Níger de octubre 1984 a 
octubre 1985 
(1 000 tm) 
Recursos 
- Existencias OPVN - octubre 1984 
- Existencias privadas - octubre 1984 
- Producción 1984 
- Importaciones comerciales 
- Ayuda alimentaria recibida 
Total 
Utilización 
- Consumo: 
- Existencias OPVN - octubre 1985 
- Existencias privadas - octubre 1985 
Total 44 
mínimo 180 
1 090 
100 
285 
1 699 
1 550 
149 
no se conoce 
1 699 
11.12. Estas cifras resultan de observaciones realizadas 
sobre el terreno por el Tribunal o de informaciones 
ofrecidas por las autoridades locales. El consumo, 
calculado por las autoridades a partir de un mercado 
racionado en 1,55 Mío tm, es, en opinión del Tribunal, un 
mínimo. Se desconocen las existencias privadas, muy 
distribuidas entre agricultores, particulares y una gran 
cantidad de pequeños comerciantes. Al ser la utilización 
final necesariamente igual a los recursos, es obligatorio 
considerar que las existencias privadas eran, en octubre 
de 1984, por lo menos de 180 000 tm, ya que de no ser así 
no existiría un equilibrio entre los recursos y las 
utilizaciones. En realidad, en octubre de 1984 las 
existencias privadas eran probablemente muy superiores 
a 180 000 tm, ya que esta cantidad se obtiene consideran­
do que en octubre de 1985 las existencias se agotan, lo que 
es muy poco probable. Por ejemplo, si en octubre de 1985 
las existencias privadas hubieran sido de 50 000 tm, en 
octubre de 1984 deberían haber sido de 230 000 tm. 11.13. Ahora bien, en octubre de 1984 las autoridades 
nigerinas habían cifrado las existencias privadas en 
solamente 5 000 tm. Esta importante subvaloración es 
una muestra de la tendencia existente en determinados 
países beneficiarios de la ayuda alimentaria a presentar la 
situación como mucho peor de lo que realmente es. Sirve 
igualmente como prueba del carácter muy aleatorio que 
tienen las previsiones de balances alimentarios efectuadas 
para que sirvan como base para la programación de la 
ayuda y también de la necesidad de mejorar la metodolo­
gía en este campo, incluso si algunas estadísticas siguen 
siendo poco fiables. 
11.14. En octubre de 1985, a la vista de la excelente 
cosecha, podía preverse que en los 12 meses siguientes, 
octubre 1985 a octubre 1986, se iba a' producir una 
situación de fuerte excedente de cereales. La saturación de 
la capacidad pública de almacenamiento se consideraba 
inevitable aunque no se produjeran nuevas concesiones 
de ayuda alimentaria ni importaciones comerciales. No 
fue por ello sorprendente que, como observó el Tribunal, 
desde que se conoció la importancia de la cosecha de 
otoño de 1985, los precios de mercado de los cereales se 
hundieran. El del mijo pasó de alrededor de 1 000 ECU/ 
tm en junio a 200 ECU/tm en septiembre. 
11.15. Por lo tanto, los agricultores sufrieron variacio­
nes considerables en sus ingresos. Después de haber 
trabajado intensamente, y a veces de haber invertido en 
nuevas tecnologías, no siempre se han sentido recompen­
sados y, por lo tanto, a medio plazo existe un riesgo de 
disminución de la producción alimentaria local. Tampo­
co es posible exportar a los países vecinos que son 
igualmente excedentarios. Al contrario, existe el peligro 
de que éstos liquiden su propia producción contribuyen­
do aún más al hundimiento de los precios. De este modo 
resulta que la producción local está desincentivada, lo que 
supone un factor de degradación del equilibrio alimenta­
rio del país. 
Burkina Faso 
11.16. Desde hace varios años Burkina Faso ha sufrido 
regularmente déficits alimentarios en cereales. El déficit 
de 1983-1984 fue cubierto mediante 163 000 tm importa­
das, de las cuales 103 000 tm lo fueron como ayuda 
alimentaria. Las autoridades nacionales calcularon al 
principio de la campaña, en el mes de octubre, el déficit de 
la cosecha 1984-85, en 300 000 tm que deberían ser 
cubiertas mediante importaciones comerciales y, hasta el 
máximo posible, con la ayuda alimentaria. En el balance 
cerealista (veáse en cuadro 11.2) que prepararon para 
justificar esta estimación, las existencias privadas al 
principio de la campaña eran, en la parte de recursos, 
20 000 tm y las existencias públicas 22 000 tm. 
11.17. En realidad, la ayuda alimentaria solamente 
aportó 106 000 tm y las importaciones comerciales sólo 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 101 
fueron de 64 000 tm. Por lo tanto, la aportación exterior 
fue de 170 000 tm y no de 300 000 tm. Sin embargo, las 
existencias públicas constatadas al principio y al final de 
la campaña pasan de 22 000 a 74 000 tm. Al conocerse el 
consumo y la producción durante el período y como por 
definición los totales de las utilizaciones y de los recursos 
son iguales se puede deducir que en octubre de 1984 las 
existencias privadas reales eran de al menos 36 000 tm, lo 
que supone casi el doble de lo que las autoridades de 
Burkina Faso habían declarado en su momento. Estas 
36 000 tm son la estimación más baja, que parte de las 
utilizaciones, y en la hipótesis muy improbable de que las 
existencias privadas al final de campaña fueran iguales a 
cero. A título de ejemplo, si el volumen de existencias 
privadas al final de la campaña hubiera sido de 40 000 tm, 
al principio de la campaña • las existencias privadas 
hubieran sido de 76 000 tm, es decir, cuatro veces más de 
lo que declararon las autoridades de Burkina Faso. En 
cualquier caso, la subvaloración produjo una situación 
peligrosa, ya que incluso antes de recoger la cosecha de 
1985 los silos de la OFNACER estaban casi llenos: la 
capacidad de almacenamiento de este organismo es de 
90 000 tm. 
Cuadro 11.2 — Balance cerealista de Burkina Faso de octubre de 
1984 a octubre de 1985 
(1 000 tm) 
Recursos 
- Existencias OFNACER 
1984 
- Existencias privadas 
- Producción 
- Importaciones 
- Ayuda alimentaria 
Utilización 
- Consumo 
- Existencias OFNACER 
1985 
- Existencias privadas - octubre 
Total 
- octubre 
Total 22 
mínimo 36 
1 143 
64 
106 
1 371 
1 297 
74 
no se conoce 
1 371 
11.18. La cosecha del otoño de 1985 fue excepcional, del 
orden de las 1,6 Mió tm. Durante la campaña 1985-1986 
la ayuda alimentaria sumistró otras 65 000 tm. Por ello el 
equilibrio entre los recursos y las utilizaciones entre 
octubre de 1985 y octubre de 1986 sólo se ha podido 
mantener a costa de un incremento de 150 000 tm de las 
cantidades almacenadas, que es muy superior al que 
permite normalmente la capacidad de almacenamiento 
disponible. En 1986 la CEE tuvo que llegar a financiar un 
complemento de capacidad de almacenamiento 5 000 tm 
y ayudar a la compra de cereales locales (1 650 tm). 
11.19. Del análisis se desprende que, como en el caso de 
Níger, la imposibilidad de establecer una previsión del 
balance alimentario válida y especialmente la gran 
subvaloración de las existencias privadas a octubre de 
1984 han llevado a solicitar y obtener más ayuda 
alimentaria de la que era necesaria. Egipto 
11.20. Aunque la participación de las actividades 
agrícolas en el PNB egipcio ha ido disminuyendo 
gradualmente, pasando de alrededor de un 29 % en 1974 
al 17 % en 1985-86, la agricultura sigue siendo el sector 
económico más importante de Egipto, ocupando al 50 % 
de la población activa. Sólo son cultivables 3,5 Mió ha 
(3,5 % de la superficie), repartidas a lo largo del Nilo. En 
esta misma zona viven 50 millones de habitantes (el 99 % 
de la población). Se ha dado un interés prioritario a la 
explotación de nuevas tierras (431 000 ha entre 1952 y 
1982, a las que hay que añadir un programa de 267 000 ha 
en el quinto plan). Sin embargo, a causa de su enorme 
crecimiento demográfico y del éxodo rural, Egipto ha 
pasado a ser deficitario en alimentos, cuando a principios 
de los años 70 era casi auto suficiente. Actualmente tiene 
que importar una tercera parte de los alimentos que 
consume, principalmente en forma de cereales. El trigo y 
la harina de trigo importadas cubren el 50 % de las 
necesidades de cereales del país. En 1986 importó 10 Mió 
tm de alimentos por un valor de 4 000 Mió USD. La gran 
mayoría de estas importaciones son comerciales. Al 
referirse a los cereales, de los que uno de los principales 
proveedores son los Estados Unidos, se observa que la 
Ley americana n° 480 permite reducir de hecho las cargas 
financieras de Egipto en unas condiciones tales (présta­
mos de hasta 50 años a interés muy bajo) que se hace 
difícil distinguir en las importaciones las operaciones 
comerciales a precios del mercado mundial de las 
realizadas en condiciones privilegiadas que incluyen, en la 
práctica, una parte de donación. 
11.21. Desde hace 10 años la Comunidad, con una 
ayuda anual directa media de 135 000 tm, es el mayor 
donante de ayuda alimentaria propiamente dicha de 
Egipto. 
11.22. El gobierno egipcio desarrolla una política de 
precios al consumo muy bajos de los productos alimenti­
cios distribuidos en los núcleos urbanos. Los niveles de 
esos precios son incluso inferiores a los que resultarían si 
se aplicaran los niveles de precios mundiales. Aunque los 
precios a la producción agrícola son de por sí muy bajos se 
necesitan subvenciones presupuestarias importantes para 
llegar a ese nivel de precios. El objetivo oficial es reducir 
paulatinamente estas subvenciones hasta llegar a supri­
mirlas. Pero hasta ahora no ha sido posible obtener 
resultados significativos en este sentido debido a las 
presiones de las necesidades de las ciudades, a la vista del 
muy bajo nivel de salarios. 
11.23. De este modo, se puede considerar que la ayuda 
alimentaria de la CEE es una contribución al presupuesto 
del Estado egipcio ya que, como el Tribunal ha podido 
comprobar en el país, los importes abonados a las cuentas 
de contrapartida son muy inferiores al valor de los 
productos correspondientes en el mercado mundial y 
también debido a que los gastos se inscriben muy 
lentamente en las cuentas, lo que incrementa la tesorería 
del Estado egipcio. 
102 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
11.24. En un momento en el que la política oficial 
declara su voluntad de recuperar tierra agrícola al 
desierto, está sucediendo que las tierras fértiles se 
abandonan poco a poco. En cuanto a los cereales, los 
agricultores, los fellahs, desalentados por los precios tan 
bajos impuestos, abandonan sus actividades agrícolas, 
cuando no se dedican a otros cultivos mejor pagados. Un 
estudio reciente del Banco Mundial muestra claramente 
que los ingresos por hectárea son superiores para 
determinados tipos de cultivos forrajeros que para 
productos como el trigo o el arroz que están sujetos a 
especulación y se ven directamente afectados por la baja 
artificial de los precios. 
CONCLUSIONES 
11.25. Mientras que, en general, la distribución de la 
ayuda se realiza satisfactoriamente, su inserción en la 
economía de los tres países beneficiarios que el Tribunal 
ha analizado presenta serias dificultades. Sin embargo, 
las conclusiones prácticas, especialmente en lo que se 
refiere a las mejoras posibles, son distintas en Egipto por 
un lado y en Burkina Faso o Níger por otro. 
11.26. En Egipto, la ayuda alimentaria y las importacio­
nes comerciales pagadas, en gran parte, muy por debajo 
del precio mundial facilitan que el gobierno continúe con 
un antiguo sistema de fuertes subvenciones a los 
productos alimenticios básicos, fijación de los precios al 
consumo a un nivel muy bajo y fijación de los precios 
agrícolas a la producción a un nivel también tan bajo que 
desalienta a los fellahs. Se está con ello asistiendo a la 
degradación constante de la agricultura cerealista en ese 
país, que fue uno de los graneros del Mediterráneo. 
11.27. La Comisión es consciente de esta situación y ha 
advertido seriamente a las autoridads egipcias sobre los 
problemas que engendra una política de fijación de los 
precios de los productos alimenticios a un nivel demasia­
do bajo. Desde hace ya un año, la delegación de la 
Comisión de las Comunidades Europeas en El Cairo 
viene ejerciendo una labor perseverante para que se 
ejecuten correctamente los compromisos de la adminis­
tración egipcia con respecto a la gestión de los fondos de 
contrapartida. Si estas medidas tienen éxito, la ayuda 
alimentaria europea dejará de tener un efecto negativo 
sobre el nivel de los precios a la producción agrícola 
nacional. 
11.28. En Burkina Faso y Níger la situación es distinta. 
Existen dos aspectos. Por una parte se trata de ver de qué 
manera puede la Comisión contrarrestar la actitud 
demasiado alarmista de los gobiernos locales que reclaman más ayuda de la que necesitan y por otra hay 
que dar a estos gobiernos locales buenas razones para que 
tengan menos miedo al hambre, y conseguir así que hagan 
sonar la alarma de la ayuda alimentaria con menos fuerza 
y antelación. 
11.29. Solucionar completamente el primer aspecto no 
es posible ya que los países en cuestión no disponen de 
estadísticas fiables ni de la producción y los precios 
agrícolas, ni del consumo de alimentos, ni del comercio 
exterior, ni de almacenamiento privado de los productos. 
No parece que esta situación vaya a cambiar pronto. Sin 
embargo, el método de los balances de productos 
alimenticios permite, incluso partiendo de datos estadísti­
cos inciertos, efectuar comparaciones, medir órdenes de 
magnitud y estimar las evoluciones probables. Si los 
servicios de gestión de la ayuda alimentaria de la 
Comisión hubieran utilizado estos balances sin duda se 
hubiera descubierto la improbabilidad de que se produje­
ra un déficit alimentario importante en Burkina Faso y 
Níger en otoño de 1985 y la probabilidad mucho más alta 
de que la enorme ayuda solicitada por los gobiernos de 
estos países creara excedentes que deprimirían los precios 
a la producción agrícola nacional. Queda la pregunta de si 
la comparación de estos diferentes grados de probabili­
dad hubiera dado a la Comunidad una base lo suficiente­
mente sólida para negarse a conceder la ayuda solicitada 
por Burkina Faso y Níger. La respuesta no está clara. 
11.30. En esencia, la Comunidad debería procurar que 
los gobiernos locales tuvieran buenas razones para no 
solicitar ayuda alimentaria más que cuando fuera 
verdaderamente necesaria. La aplicación rigurosa de los 
compromisos contraídos por los beneficiarios sobre los 
fondos de contrapartida tiene como objetivo evitar que 
los presupuestos nacionales de los Estados beneficiarios 
se aprovechen de la ayuda alimentaria. Ahora bien, sería 
un factor muy positivo que se lograra una mejora de la 
rapidez y de la flexibilidad en los sistemas empleados para 
que la ayuda alimentaria llegue a los beneficiarios en el 
momento exacto en que la necesitan. En efecto, en cierta 
medida los gobiernos beneficiarios intentan « asegurarse » 
contra la posibilidad de una falta de alimentos; conocien­
do la lentitud de los procedimientos de decisión y de 
ejecución, solicitan la ayuda con previsión y exceso. Esta 
es la razón por la cual los países del Sahel han sugerido 
que se ponga a su disposición en un puerto africano una 
partida de cereales que puedan utilizar, en el momento 
oportuno y de inmediato, en función de sus necesidades. 
Se podrían arbitrar otras soluciones sin tener que llegar 
tan lejos. Pero todas ellas pasan por una flexibilización de 
la programación y de los procedimientos de movilización 
de la ayuda alimentaria, así como por una mayor libertad 
de movimientos de la Comisión que le permita conservar 
durante el mayor tiempo posible el control de las 
cantidades a suministrar a cada beneficiario. Sin embar­
go, no es función del Tribunal detallar estas soluciones. 
0 DO L 352 de 14.12.1982. Este reglamento fue sustituido el 22 
de diciembre de 1986 por el Reglamento (CEE) n° 3972/86 
del Consejo — DO L 370 de 30.12.1986. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 103 
CAPITULO 12 
Personal y funcionamiento 
12.0. ÍNDICE Apartados 
Gestión de las retribuciones del personal del Parlamento, de la Comisión y del 
Tribunal de Cuentas 12.1 —12.44 
Introducción 12.1 — 12.2 
Observaciones sobre la aplicación informática «PAIE» 12.3 — 12.17 
Ficheros 12.4 — 12.7 
El soporte lógico 12.8 — 12.9 
La seguridad de la aplicación 12.10 — 12.12 
Productos de la aplicación 12.13 — 12.16 
Conclusiones sobre la aplicación informática 12.17 
Observaciones relativas a los sistemas de gestión 12.18 — 12.44 
Comisión 12.19 — 12.28 
Parlamento 12.29 — 12.36 
Tribunal de Cuentas 12.37 — 12.40 
Observación específica 12.41 
Conclusión sobre los sistemas de gestión 12.42 — 12.44 
Gastos de funcionamiento 12.45 — 12.55 
Observaciones sobre los gastos de mantenimiento de los inmuebles 12.45 — 12.51 
Observaciones sobre los gastos de papelería y material de oficina 12.52 — 12.55 
GESTIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL 
PERSONAL DEL PARLAMENTO, DE LA 
COMISIÓN Y DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS 1 (*) de las distintas Secciones del Presupuesto. En 1986 
los del Parlamento se elevaron a 138,4 Mió ECU (3 135 
agentes), los de la Comisión a 532,6 Mió ECU (10 675 
agentes) y los del Tribunal de Cuentas a 16,0 Mió ECU 
(325 agentes). 
Introducción 
12.1. Todas las instituciones comunitarias usan aplica­
ciones informáticas para la gestión de las retribuciones. El 
Parlamento, la Comisión y el Tribunal de Cuentas, con 
excepción del Centro Común de Investigación, la realizan 
con una aplicación informática común denominada 
«PAIE». El Tribunal de Cuentas decidió examinar esta 
aplicación, así como los sistemas manuales de gestión 
aparejados. Los pagos efectuados en concepto de 
retribuciones se inscriben en el capítulo 11 de los Títulos 12.2. El control ha tenido como objetivo verificar que 
los datos de base utilizados para el cálculo de las 
retribuciones responden a la realidad, que la liquidación 
de los sueldos y las imputaciones presupuestarias son 
exactas y que los controles internos son adecuados. La 
ejecución de este programa llevó a examinar en primer 
lugar la aplicación informática «PAIE», a continuación 
los sistemas de gestión y finalmente a realizar pruebas 
informáticas en cada una de las tres instituciones. 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 
104 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Observaciones sobre la aplicación informática 
«PAIE» 
12.3. La aplicación informática, gestionada por la 
Comisión, está compuesta por ficheros y un soporte 
lógico, un conjunto de programas con su estructura 
lógica. Esta aplicación se creó hace unos 20 años y se ha 
ido adaptando a las necesidades por medio de un 
mantenimiento evolutivo, sin haberla sometido a una 
refundición completa. A pesar de ello, en 1983 la 
Comisión comenzó a considerar la posibilidad de realizar 
un proyecto integrado en forma de un proyecto de 
programa para la liquidación de los pagos al personal de 
las instituciones comunitarias, pero renunció a ello en 
julio de 1986 no continuando el procedimiento de 
concurso abierto para este proyecto. 
Ficheros 
12.4. La información utilizada para el cálculo de las 
retribuciones procede de muchos ficheros. Cabe distin­
guir entre las bases de datos (ficheros permanentes) y los 
ficheros de trabajos (ficheros creados temporalmente con 
un objetivo bien definido). Las bases de datos son tres: 
(a) un fichero «datos personales», secuencial, que 
contiene todos los datos imprescindibles para el 
cálculo de la retribución de los agentes; 
(b) un fichero «histórico» indezado, que constituye la 
documentación de los totales mensuales; 
(c) un fichero «tablas de referencia» con datos no 
personalizados que refleja de forma abstracta los 
derechos económicos fijados en los reglamentos en 
vigor. 
12.5. Estas bases de datos deberían ser adaptadas en 
función de la tecnología informática actual. Así: 
(a) el fichero de «datos personales», utilizado en 
«batch» (proceso por lotes) está reducido a 68 
caracteres y constituye el equivalente de un fichero de 
tarjetas perforadas de 80 caracteres. Al ser imposibles 
tanto el acceso directo por terminal como la 
actualización directa, se tuvo que crear otro fichero 
secuencial compactado provisto de un índice. El 
resultado es que entre los tres ficheros « movimientos 
del mes» y «datos personales», uno secuencial y el 
otro indezado, aproximadamente dos tercios de los 
datos son redundantes. La creación de un fichero más 
perfeccionado permitiría reducir consecuentemente el 
espacio necesario; (b) en el fichero « histórico » existen datos redundantes, 
referentes al número personal, código de divisa, etc. 
En el caso de un cálculo de atrasos se borra la 
situación inicial y se registra la nueva. Una prueba 
mostró que se podía pagar íntegramente al interesado 
el nuevo importe en vez de la diferencia entre el 
antiguo y el nuevo; 
(c) para poder realizar los cálculos de atrasos en los dos 
ficheros antes referidos se han introducido datos 
ficticios relativos a los agentes reclutados después de 
1979. Para todos los agentes, estos datos correspon­
den a la fecha de introducción en los ficheros (1979) y, 
en algunos casos, a información personalizada e 
importes monetarios. Esta práctica debe ser conside­
rada criticable puesto que el registro de datos ficticios 
debería estar prohibido, en primer lugar porque no 
está justificado por sí mismo y en segundo porque 
crea un riesgo de confusión para quienes lo utilizan y 
para los interventores. 
12.6. Los ficheros de trabajo no están documentados. 
Sus puntos de intersección, donde los datos se transfieren 
entre programas o de una parte de un programa a otra, no 
están definidos. Un ensayo mostró que, por tal motivo, 
son posibles manipulaciones, nuevas anotaciones o 
supresión de información durante el curso del trabajo, y 
que no existe ningún programa que permita evitarlo. 
12.7. De forma general, la población de los ficheros no 
está definida de forma precisa, a pesar de que varía 
considerablemente de un fichero a otro, por ejemplo, 
entre bases de datos y ficheros de trabajo. Esta situación 
constituye una fuente de confusión muy molesta tanto 
para el gestor como para el interventor. 
El soporte lógico 
12.8. Para el cálculo de las retribuciones, un importante 
número de programas, hasta 52, se ejecutan 11 veces de 
forma independiente. Estas 11 ejecuciones corresponden 
a diversas poblaciones independientes (grupo-objetivo) 
de las tres instituciones (2) para las que se calculan las 
retribuciones. Este procedimiento supone una carga de 
trabajo excesiva, puesto que es preciso crear, para cada 
grupo-objetivo, toda la gama de ficheros de trabajo y 
realizar las 11 ejecuciones. Un nuevo diseño de los 
ficheros haría posible reducir de forma importante el 
tiempo de cálculo sin restringir las posibilidades de 
utilización. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 105 
12.9. Falta documentación técnica de los programas, en 
particular: 
(a) la lista de las variables utilizadas y de su paso por las 
diferentes partes del programa; 
(b) diagramas de flujo de datos que proporcionen una 
visión de conjunto sistemática del desarrollo de los 
programas; 
(c) una descripción de las versiones de los programas 
utilizados; 
(d) posibilidades de documentar las intervenciones 
realizadas durante la ejecución de los programas. 
La seguridad de la aplicación 
12.10. La seguridad interna es la capacidad de un 
programa para detectar los errores lógicos (errores de 
entrada, errores de tratamiento, etc.), registrarlos o 
impedir el tratamiento de la remuneración de la persona 
afectada. Puede ser obtenida mediante un control formal 
previo del contenido de los datos introducidos, de su 
verosimilitud o de su nexo lógico (si hay tres asignaciones 
escolares debe haber tres niños, etc.). Puede también 
realizarse comparando varias liquidaciones sucesivas de 
la misma naturaleza o una de ellas con la norma 
estadística. 
12.11. Actualmente no se hace uso de estas posibilida­
des, a pesar de que el programa de actualización de los 
datos personales incluye controles, elementales solamen­
te, que se juzgan insuficientes. Con diversos ensayos se ha 
mostrado la ausencia de controles de exactitud o de 
plausibilidad importantes: 
(a) hay zonas de datos que pueden ser alimentadas con 
informaciones completamente aberrantes, sin que los 
casos sean consignados o su tratamiento rechazado 
(así, en un solo mes se pueden contabilizar 2 000 horas 
extraordinarias a un mismo agente); 
(b) es posible introducir informaciones incompatibles 
entre sí (el caso de un director general con indemniza­
ción de secretaría no se detecta). 
12.12. La seguridad externa consiste en prohibir el 
acceso a los programas y a los datos a personas no 
autorizadas. Para conseguir este fin, es necesario un 
sistema de seguridad de varias fases. Actualmente no 
existe más que un simple sistema de acceso mediante 
contraseña, sin memorización de los accesos efectivamen­
te realizados. Por tanto, una persona no autorizada que conozca la contraseña de otra con derecho de acceso 
puede efectuar todo tipo de manipulaciones. 
Productos de la aplicación 
12.13. El Centro de Cálculo produce y transmite a los 
usuarios una gran cantidad de información en las formas 
siguientes: 
(a) listados clásicos; 
(b) microfichas (gran cantidad de datos en un espacio 
reducido y a bajo coste); 
(c) terminal con pantalla con posibilidad de imprimir 
una copia sobre papel. 
12.14. Los listados clásicos pueden agruparse en tres 
categorías: 
(a) listados de control de las nuevas incorporaciones o de 
las modificaciones de datos existentes. Los datos que 
figuran en estos listados prueban que se ha efectuado 
una modificación. Debería revisarse su formato en la 
medida en que, por una parte, no precisan qué 
modificaciones han sido efectuadas y, por otra, no 
proporcionan ninguna información desglosada por 
categorías; 
(b) listados informativos que contienen datos personales. 
Del 80 % al 85 % de las listas pertenecen a esta 
categoría. Así, cada mes se producen listados 
alfanuméricos que podrían ser fácilmente sustituidos 
por pantallas; 
(c) listados de datos estadísticos, que ofrecen una visión 
de conjunto y tienen gran valor informativo para los 
usuarios. Esta posibilidad no ha sido utilizada todo lo 
que la instalación lo permitiría. Actualmente sólo se 
producen dos listados de datos estadísticos. El que 
indica el número de agentes pagados por grado y 
escalón responde a las exigencias de una presentación 
de datos estadísticos satisfactoria. Por el contrario, el 
listado que sirve para las imputaciones presupuesta­
rias, que no refleja más que los totales de los pagos del 
mes y de meses anteriores, es insuficiente para un 
control riguroso de los gastos. 
12.15. Actualmente para la Comisión y el Parlamento se 
producen dos tipos de microfichas por cada grupo-
objetivo : el cálculo de retribuciones y nómina (en su caso 
106 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
con atrasos) y las modificaciones de derechos financieros 
con identificación de la antigua y la nueva situación. Este 
instrumento es más eficaz que las listas impresas, pero su 
manejo es complicado y exige mucho tiempo. 
12.16. El terminal con pantalla constituye el medio más 
económico y práctico de acceso a las tres bases de datos 
mencionadas en el apartado 12.4. Debería reemplazar a 
las listas, incluso para la manipulación de los datos 
estadísticos. 
Conclusiones sobre la aplicación informática 
12.17. Las averiguaciones de la investigación permiten 
concluir que la aplicación «PAIE», de concepción 
antigua, no se adapta ya al estado actual de las 
posibilidades que ofrecen las técnicas informáticas, y 
debería ser o bien revisada o bien reemplazada, dentro de 
la óptica siguiente: 
(a) revisión completa de los productos de la aplicación 
mediante la reducción de la producción de listados y 
la mejora de los métodos de explotación de las 
estadísticas. Esta medida, a la vez que podría reducir 
sensiblemente los costes, especialmente gracias a la 
sustitución de los listados por la pantalla, crearía un 
instrumento de control de los gastos más eficaz; 
(b) introducción de un sistema de seguridad avanzado 
que tenga en cuenta las necesidades de los usuarios, 
especialmente en lo que respecta al desarrollo de los 
controles de plausibilidad mediante el examen de la 
verosimilitud de las diferentes informaciones almace­
nadas y del vínculo lógico existente entre ellas. Dicho 
sistema permitiría detectar un elevado porcentaje de 
errores sin ninguna otra intervención de naturaleza 
administrativa; 
(c) mejora de la calidad, de la disponibilidad y de la 
pertinencia de la información registrada, con objeto 
de perfeccionar las características de utilización; 
(d) reducción al mínimo del espacio de memoria y del 
tiempo de cálculo. De esta forma en la actualización 
de los programas y los datos se podrían conseguir 
ahorros tanto en gastos de funcionamiento como en 
recursos humanos. En igual sentido, sería necesario 
paliar la falta de documentación del sistema; 
(e) incorporación de medios de control independientes 
del usuario, que pudiesen servir tanto para el control 
interno como para el control externo de la institución, 
que los avances tecnológicos hacen perfectamente 
posible. Por otra parte, en la elaboración de nuevos programas para estos fines se deberían tener en 
cuenta las necesidades específicas del Tribunal de 
Cuentas. 
Observaciones relativas a los sistemas 
de gestión 
12.18. Antes y después del tratamiento propiamente 
informático de los datos, examinado en los apartados 
12.3 — 12.17, existen diversos procedimientos que 
constituyen la gestión, llamada manual, de las retribucio­
nes. Esta gestión, estrechamente vinculada a la más 
general del personal, depende de la autoridad investida 
del poder de nombramiento (AIPN) y se realiza en todas 
las instituciones según un esquema más o menos idéntico. 
Ha sido examinada bajo tres aspectos diferentes: 
elaboración de la nómina, gestión presupuestaria y 
control financiero. Se efectuaron pruebas siguiendo un 
método informático, mediante selección en los ficheros de 
todos los casos que respondían a una determinada 
configuración (por ejemplo, con relación a una norma 
estatutaria), así como mediante comparación de datos. 
Comisión 
Preparación de la nómina 
12.19. Para preparar la nómina, la unidad administrati­
va dependiente del ordenador de pagos al personal 
introduce en el sistema la información relativa a la 
situación de los nuevos agentes, a los cambios de 
situación de los otros agentes o a las modificaciones de la 
normativa; una media de 12 000 unidades al mes. Estos 
datos se añaden o sustituyen a los ya registrados, y junto 
con ellos forman las bases de datos del personal que se 
utilizan para calcular las retribuciones. En esta fase se han 
observado algunas deficiencias, con el consiguiente riesgo 
de inexactitud de los ficheros. 
12.20. A pesar de una observación incluida en el 
Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1980 (3), 
los servicios de «Derechos Financieros» de Bruselas no 
verifican si el servicio de «Remuneraciones» aplica 
correctamente sus decisiones. De este modo, no se 
garantiza ni la exactitud, ni la validez, ni la exhaustividad 
de los datos introducidos en los ficheros «PAIE». El 
servicio de «Remuneraciones» puede corregir manual­
mente los listados bancarios de resumen de las remunera­
ciones. Aunque las correcciones sean aprobadas por el 
ordenador de pagos, sería preferible evitarlas y utilizar un 
procedimiento de corrección informático. 
12.21. Las unidades administrativas dependientes del 
ordenador de pagos manifiestan que controlan sistemáti-
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 107 
camente las hojas de nómina que han sido modificadas 
durante el mes y verifican exhaustivamente una veintena 
de nóminas elegidas al azar. Sin embargo, no se ha 
conservado ningún vestigio de estos controles o de sus 
resultados, lo que impide evaluar su calidad suponiendo 
que, además, la selección sea representativa. En principio, 
cada mes se emite un listado de las nóminas cuyo importe 
ha variado un 5 % o más con relación al mes anterior. Sin 
embargo, esta herramienta de control, fácil y útil, no fue 
utilizada en 1986. Como norma general, sería deseable 
establecer una ficha de los controles a efectuar cada mes, 
que se adjuntaría a los estados colectivos presentados a la 
firma del ordenador de pagos. 
Gestión presupuestaria 
12.22. Entre los documentos producidos mensualmente 
por el sistema figuran las fichas de nómina y un listado de 
las imputaciones presupuestarias denominado PRIM. El 
desglose por línea presupuestaria de los gastos mensuales 
en retribuciones, imputadas al capítulo 11 del Título Al, 
se realiza sobre la base de este listado. Todos los importes 
calculados por ordenador disponen de un código de 
identificación propio. Se ha establecido un cuadro de 
correspondencias entre estos códigos y las líneas presu­
puestarias, cuyo examen no ha dado lugar a comentarios 
especiales. Los totales en francos belgas se convierten en 
ECU manualmente para su imputación presupuestaria 
por el contable. Sería fácil y más fiable hacerlo por 
ordenador. 
Controles efectuados por el interventor 
12.23. La labor efectuada por el interventor está 
principalmente destinada a garantizar que los pagos 
realizados corresponden a los derechos financieros de los 
agentes. Así, cuando se produce una nueva incorporación 
al servicio, los derechos financieros concedidos se 
verifican sobre la base de la propuesta formulada por el 
Servicio de Personal y de los documentos adjuntos. Cada 
estado colectivo mensual es objeto de una comprobación 
que versa, por una parte, sobre la disponibilidad de los 
créditos y, por otra, sobre la exactitud de las hojas de 
salario, mediante muestreo en el caso de los antiguos 
agentes e íntegramente en el caso de los nuevos. 
Finalmente, se efectúan controles sobre temas más o 
menos anuales (indemnización por expatriación, asigna­
ción familiar, etc.) a partir de los justificantes que figuran 
en los expedientes personales. 
12.24. Tal como están previstos, estos tipos de controles 
son útiles. Su concepción es astuta pues combina una 
comprobación de todas las entradas de datos con 
muéstreos por temas en profundidad. Pero no bastan 
para garantizar la exactitud de los productos del sistema 
de retribuciones, pues no permiten certificar que la 
información que aparece en las bases de datos informáti­
cos sea exacta, válida y completa, ni detectar la totalidad 
de las situaciones irregulares o con riesgo, en relación con 
todas las configuraciones posibles, respecto a las normas estatutarias. El primer objetivo exigiría una comparación 
integral de los ficheros «PAIE» con los ficheros 
« SYSPER » y, sobre todo, con los expedientes individua­
les de los agentes. El segundo objetivo podría alcanzarse 
mediante la incorporación al sistema «PAIE» de un 
auténtico programa informático de control permanente 
que incluya unas pruebas tales que exijan que se disponga 
de toda la información indispensable. 
Resultados de las pruebas 
12.25. Para evaluar la exactitud y la conformidad con 
las disposiciones estatutarias de los datos registrados en 
los ficheros « PAIE » se realizaron pruebas informáticas y 
manuales sobre las retribuciones del mes de julio de 1986. 
12.26. La prueba manual se realizó sobre una muestra 
de 242 agentes (2 % del total) seleccionados de un listado 
alfabético del personal de la institución. El objetivo era 
comparar los documentos justificativos existentes en los 
expedientes personales de los agentes con los diferentes 
elementos de su retribución reflejados en la hoja de 
salario. Esta prueba confirmó la ausencia de documentos 
justificativos en 33 de los expedientes sometidos a control. 
12.27. Las pruebas informáticas se efectuaron bien en el 
interior de la aplicación « PAIE» o comparando las cifras 
que aparecen en este sistema y las que figuran en 
«SYSPER» (4). Este sistema informático de gestión de 
personal lleva, en principio, informaciones idénticas o 
complementarias a las del «PAIE». Algunas de estas 
pruebas han tenido un resultado positivo en la medida en 
que no han sacado a la luz ningún caso susceptible de 
plantear problemas. En este sentido, una prueba de 
análisis de situaciones aparentemente anormales, efectua­
da en las tres instituciones mencionadas, tuvo por 
objetivo aislar los casos de agentes que llevaban más de 
cinco años en el sistema «PAIE» sin más modificaciones 
de su situación que las automáticas (escalón, atrasos, etc.) 
o, por el contrario, los casos correspondientes a períodos 
inferiores a tres meses. Esta prueba no reveló ninguna 
irregularidad. 
12.28. Se han efectuado otras pruebas cuyos resultados 
han sido listas de agentes cuya situación estatutaria 
respecto a unos determinados derechos financieros 
parecía a primera vista anormal. A continuación se 
procedió a controles por muestreo en los expedientes 
personales de estos agentes. Estos muéstreos han revelado 
que en un número limitado de casos eran necesarios 
ajustes y actualizaciones. Se informó de ellos a la 
institución. 
108 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Parlamento 
Preparación de la nómina 
12.29. Al igual que en la Comisión, se observaron 
deficiencias en los procedimientos que preceden a la 
introducción de los datos en el ordenador. Su alimenta­
ción al« P AIE », una media de más de 4 200 incorporacio­
nes mensuales, la hace el «Servicio de salarios», sobre la 
base de una nota que recoge los derechos concedidos 
elaborada por la División de Personal. Cada agente de 
esta división es el responsable único tanto de la 
introducción de los datos como de su comprobación y 
corrección, sin que intervenga una segunda persona. La 
División de Personal no verifica si sus decisiones, y 
únicamente éstas, han sido correctamente aplicadas por el 
«Servicio de salarios». 
12.30. En lo que se refiere al ordenador de pagos no se 
ha comprobado que efectúe controles consecuentes: no se 
verifican los datos introducidos todos los meses en los 
ficheros «PAIE» ni se efectúa ninguna conciliación entre 
los datos que figuran en « PAIE » y en « RAPE », que es, al 
igual que el «SYSPER» en la Comisión, un sistema 
informático de gestión del personal que contiene 
información idéntica o complementaria a la del sistema 
«PAIE». El ordenador de pagos no examina los 
documentos justificativos, tal como exige el artículo 36 
del Reglamento Financiero (5). 
12.31. El Servicio de Tesorería tiene acceso directo y 
general al fichero «PAIE», en concreto para efectuar 
retenciones sobre las retribuciones o transferencias. Esta 
situación, que aumenta los riesgos de manipulación, es 
anormal y peligrosa. 
Gestión presupuestaria 
12.32. La aplicación «PAIE» proporciona al Parla­
mento los mismos servicios que a los demás usuarios, a 
saber, las fichas de nómina de los agentes y el listado 
(PRIM) de las imputaciones presupuestarias. La asigna­
ción de estos importes a las líneas presupuestarias del 
capítulo 11 se efectúa con este listado. Sin embargo, el 
cuadro de correspondencias entre los códigos informáti­
cos y las líneas presupuestarias no es idéntico al utilizado 
por la Comisión y suscita algunas reservas. Una rúbrica, 
«Asignación doble por hijos a cargo», 0,6 Mió ECU en 
1986, se imputó a la línea presupuestaria 1100 «Sueldos 
base» en lugar de a la línea 1101 «Complementos 
familiares». Cinco rúbricas correspondientes a pérdidas 
de cambio (BHW, bancos, etc.), 13,8 Mió ECU en 1986, 
están imputadas a la línea 116 «Coeficientes correcto­
res». Esta cantidad se reimputó posteriormente de forma 
manual a la línea 2321 «Diferencias de cambio». 12.33. Para la contabilización de los compromisos y 
pagos resultantes del listado «PRIM» el Parlamento 
utiliza el sistema informático «Logabax», cuya técnica 
obsoleta hace que las cuentas sean poco fiables. Al no 
estar «Logabax» programado para consulta directa se 
tuvo que crear un subsistema llamado SIRC para permitir 
a los usuarios el acceso por terminal. Pero por una parte 
los datos de SIRC sólo se actualizan cada dos días, y por 
otra la alimentación de «Logabax» sufre un retraso 
medio de un mes. Por tanto, para conocer con exactitud la 
situación de la utilización de los créditos, el interventor 
instauró un sistema de fichas que se actualizan manual­
mente. 
Controles internos efectuados por el interventor 
12.34. Los únicos controles tangibles ejercidos sobre las 
retribuciones son los del interventor que examina todos 
los expedientes de contratación de personal así como las 
decisiones particulares de concesión de derechos. Tam­
bién comprueba los datos alimentados al ordenador, 
mediante un muestreo mensual y la selección de algunos 
expedientes personales y realiza un cierto número de 
controles específicos mediante sondeo. Pero el Tribunal 
no ha podido obtener elementos que le permitieran 
valorar el alcance de los muéstreos efectuados. Por otra 
parte, no existen controles «dirigidos», por ejemplo, 
según el tipo de indemnización. 
12.35. De esta forma puede hacerse en el Parlamento la 
misma observación hecha sobre el interventor de la 
Comisión, es decir: intervención en el momento de la 
introducción de los datos y conciliación de totales entre 
«PAIE» y «RAPE», pero no utilización de los medios 
informáticos para la detección de eventuales situaciones 
irregulares. 
Resultados de las pruebas 
12.36. Se han efectuado pruebas informáticas, tanto 
internas en el sistema «PAIE» como entre «PAIE» y 
« RAPE », para comprobar la exactitud de los registros de 
«PAIE». Al igual que en la Comisión, los listados 
obtenidos con las pruebas han sido analizados por 
muestreo. Los resultados han mostrado algunos casos 
con diferencias que han sido comunicados a la institución. 
La existencia de estos casos muestra la utilidad de la 
utilización de medios informáticos de control. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 109 
Tribunal de Cuentas 
Preparación de la nómina y gestión presupuestaria 
12.37. El Tribunal de Cuentas dispone de un servicio 
llamado « Retribuciones », encargado del mantenimiento 
de los ficheros « PAIE », lo que representa una media de 
200 introducciones de datos al mes. Una sola persona 
efectúa las operaciones de entrada y control, lo que 
disminuye la calidad. Ahora bien, los servicios « Derechos 
financieros» y «Retribuciones» están separados. 
12.38. Las pruebas informáticas generales realizadas en 
los ficheros «PAIE» del Tribunal no revelaron ninguna 
anomalía en el cálculo de los derechos financieros. El 
sistema « SYSPER » estaba siendo cargado en el momen­
to de la investigación, por lo que no fue posible efectuar 
pruebas comparativas con «PAIE». 
12.39. El Tribunal recibe el listado PRIM de las 
imputaciones presupuestarias, que utiliza para su conta­
bilidad con el método de la Comisión. Este método no 
requiere comentarios especiales. 
Controles realizados por el Interventor 
12.40. El Interventor examina caso por caso los 
expedientes de contratación así como todas las decisiones 
individuales de concesión de derechos financieros. 
Realiza igualmente un control sobre el mantenimiento de 
los ficheros « PAIE » verificando el correcto registro de las 
modificaciones mensuales en las hojas de salario. Sería 
deseable añadir controles «dirigidos» sobre temas 
particulares, así como sobre la conformidad de los 
ficheros «PAIE» con los expedientes personales. Estos 
últimos controles podrían ser completos teniendo en 
cuenta la reducida magnitud de la población. 
Observación específica 
12.41. No existe ninguna disposición en el Estatuto que 
permita que a efectos de la antigüedad prevista en el 
artículo 44 se tenga en cuenta un período anterior en el 
que el funcionario hubiera estado al servicio de su 
institución como agente temporal. El Tribunal de Justicia 
se ha pronunciado en varias ocasiones, durante 1984, en el 
sentido de que un agente que obtiene su primer 
nombramiento como funcionario tras un período de 
servicio como agente temporal tiene derecho a que, a 
efectos de clasificación de escalón, se le aplique el artículo 
32, que autoriza una bonificación de antigüedad de 
escalón máxima de 48 ó 72 meses, según los grados. Ni el Parlamento ni la Comisión respetan este artículo: ambas 
instituciones conceden sistemáticamente antigüedades de 
escalón superiores al máximo autorizado en el Estatuto al 
nombrar funcionarios a personas que han sido agentes 
temporales. 
Conclusión sobre los sistemas de gestión 
12.42. Del conjunto de observaciones realizadas resulta 
que, a pesar de las características particulares evidentes 
debidas a la organización de los servicios administrativos 
o al procedimiento de contabilización presupuestaria, la 
gestión de las retribuciones presenta aspectos y deficien­
cias similares en las dos grandes instituciones, el 
Parlamento y la Comisión. 
12.43. Se han detectado varios riesgos, tanto en el 
procedimiento administrativo como en la programación 
informática. Si bien parecen relativamente limitados, tal 
como han demostrado los resultados de las pruebas 
informáticas, son sin embargo reales, lo suficiente como 
para requerir mejoras en los procedimientos, especial­
mente en los de control. Los controles internos, que 
consisten en la comprobación de los expedientes de 
incorporación de agentes y en la verificación de ciertos 
puntos, por muy bien concebidos que estén, son por 
naturaleza limitados. La utilización de la informática 
aumentaría su eficacia de forma sensible, al permitir 
seleccionar, cuando fuese necesario, la totalidad de las 
situaciones buscadas, incluso en una población muy 
numerosa. Queda bien entendido que en este caso sería 
imprescindible reconsiderar la estructura de los ficheros 
informáticos a fin de poder disponer de todos los datos 
necesarios para la ejecución de series de pruebas 
verdaderamente eficaces. 
12.44. El Tribunal debe pues recomendar a las institu­
ciones afectadas que emprendan este camino, que es el 
único lo bastante eficaz como para garantizar la 
conformidad de las retribuciones con la realidad de las 
situaciones personales y las disposiciones estatutarias. 
Dado el interés de la utilización de un soporte lógico 
informático único, sería deseable que las tres instituciones 
cooperasen en la realización de esta tarea. 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Observaciones sobre los gastos de 
mantenimiento de los inmuebles 
12.45. Se ha realizado un control de los gastos de 
mantenimiento de todos los inmuebles de las institucio-
110 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
nes en las tres sedes, Luxemburgo, Bruselas y Estrasbur­
go, sin entrar en los gastos de limpieza. Estos gastos, que 
se recogen en el artículo 203 del Presupuesto « Limpieza y 
mantenimiento de los inmuebles», ascendieron en 1986 a 
aproximadamente 10,2 Mió ECU. 
12.46. En el campo administrativo (gestión de los 
contratos, cláusulas de seguros y de garantías, gestión de 
las existencias, procedimientos de elección de proveedo­
res) se ha observado una diversidad de prácticas, a pesar 
de que: 
(a) el mantenimiento de los inmuebles se rige por 
disposiciones legislativas y reglamentarias de aplica­
ción en todas las instituciones; 
(b) en cada sede las obligaciones de las instituciones, 
como arrendatarios de la mayoría de los inmuebles 
que ocupan, son casi idénticas. 
12.47. El control ha incluido todas las instituciones 
comunitarias, aunque sólo aparecen a continuación los 
casos problemáticos. El examen de los expedientes de las 
compras o de los trabajos realizados en 1986 ha mostrado 
que, al contrario de lo que ocurre en el Consejo, donde 
existe separación de funciones de los agentes responsa­
bles, en el Parlamento y en la Comisión en Bruselas un 
mismo funcionario es responsable de todas las etapas, 
desde la verificación de la necesidad de realización de un 
trabajo hasta la certificación con su firma de la factura a 
pagar. 
12.48. Siguiendo con el Parlamento y la Comisión en 
Bruselas, el procedimiento seguido para la elección de 
proveedor o contratista es normalmente el concurso 
restringido, por el que se invita a determinadas empresas 
a presentar sus ofertas. Se ha observado al respecto que, 
para contratos de valor inferior a 18 000 ECU, límite por 
encima del cual deben someterse al dictamen de la 
Comisión Consultiva de Compras y Contratos (CCCC), 
las ofertas entregadas se abren por separado y antes del 
plazo final de presentación, lo que es contrario a las reglas 
de una verdadera competencia. Con el fin de garantizar el 
secreto de oferta y el respeto al principio de sana 
competencia, es necesario que estas instituciones respeten 
para todos los contratos el procedimiento previsto para la 
presentación y apertura de las ofertas de conformidad con 
lo dispuesto sobre las modalidades de ejecución del 
Reglamento Financiero. 
12.49. En Luxemburgo, el Parlamento, el Consejo y la 
Comisión están obligados por contrato a pagar por 
adelantado, al principio del período de que se trate, el 
precio contratado correspondiente a determinados 
trabajos de mantenimiento (ascensores, instalaciones y 
otros). Buscando la buena gestión financiera, estas 
instituciones deberían renegociar lo antes posible las 
modalidades de pago de modo que los recibos se paguen 
vencidos y contra presentación de los documentos justificativos de la realización de los servicios, como lo 
hace la Comisión en Bruselas. 
12.50. En algunos contratos de alquiler se dispone que 
las instituciones han de pagar los gastos comunes 
mediante entregas a cuenta que se saldan a fin de año 
sobre los gastos realmente efectuados. Sobre estas 
liquidaciones se pueden hacer las siguientes observacio­
nes: 
(a) las de ios gastos comunes de los edificios Hemiciclo y 
Tour ocupados por el Parlamento y el Consejo en 
Luxemburgo se hacen, en general, con un retraso 
considerable. La liquidación correspondiente al 
ejercicio 1984 (para el cual las instituciones hicieron 
entregas a cuenta en exceso) todavía no se había 
saldado a final de 1986. Lo mismo sucede en el 
ejercicio 1985; 
(b) los gastos comunes a cargo del Parlamento y del 
Consejo correspondientes a los edificios Tour, 
Wagner y Hemiciclo de Luxemburgo incluyen un 
importe bastante elevado por los trabajadores bajo la 
responsabilidad del arrendador y que están destina­
dos en los edificios (± 0,5 Mió ECU, de los cuales 
± 0,3 Mió ECU están a cargo de las dos instituciones 
en el edificio Tour, correspondientes al ejercicio 
1984). Contrariamente a lo que deja suponer la 
respuesta del Consejo, los documentos existentes no 
permitían verificaciones por parte de las instituciones, 
que deberían por lo menos disponer de elementos de 
juicio sobre el número, presencia y remuneración del 
personal destinado a los edificios en cuestión. Lo 
mismo sucede en el ejercicio 1985; 
(c) una gran parte de los gastos pagados por los 
propietarios y repercutidos de modo proporcional a 
las dos instituciones incluyen IVA, sin indicar el 
importe de este impuesto. En consecuencia, las 
instituciones pagan el IVA a pesar del privilegio de 
exención que tienen. Por ejemplo, el IVA pagado por 
el Parlamento en los gastos del edificio Tour en el año 
1984 se calcula en 0,7 Mió BFR (± 16 000 ECU). Las 
instituciones deben evitar en el futuro el pago de 
dicho impuesto y estudiar la posibilidad de recuperar 
las cantidades ya pagadas por este concepto. Lo 
mismo sucede en el ejercicio 1985. 
12.51. En Bruselas, la Comisión alquila parte de un 
edificio situado en la Plaza de Meeüs. Según el contrato de 
alquiler, la institución paga al arrendador una cantidad a 
tanto alzado, que en 1986 se elevaba a 48,8 Mió BFR 
(± 1,1 Mió ECU), en concepto de una serie de 
prestaciones y servicios realizados por aquél. Este 
acuerdo da lugar a las siguientes observaciones: 
(a) la comparación de los gastos por inmueble, sin entrar 
en el alquiler, ha puesto de manifiesto que el importe 
pagado por m2 por el edificio en cuestión (2 531 BFR) 
es mucho más alto que el coste medio de los otros 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 111 
edificios ocupados por la Comisión en Bruselas 
(1 388 BFR); 
(b) el arrendador realiza servicios y trabajos para los que 
•la Comisión ya tiene personal cualificado (por 
ejemplo, servicio técnico, servicios de reparaciones, 
etc.); 
(c) lo oneroso de los servicios y trabajos encargados al 
arrendador (cuyo coste es aproximadamente igual al 
50 % del alquiler) debería llevar a la Comisión a 
renegociar las cláusulas contractuales en cuestión con 
el fin de reducir los gastos del inmueble. 
Observaciones sobre los gastos de papelería 
y material de oficina 
12.52. Los gastos de todas las instituciones en la compra 
de productos de papelería y de material de oficina se 
elevaron en 1986 a 9,4 Mió ECU, de los que como 
promedio el 45 % correspondía a la compra de papel. 
12.53. Al evaluar el nivel de existencias se ha observado 
que existen excedentes en determinadas instituciones. En la Comisión en Bruselas y en Luxemburgo, respectiva­
mente el 56 % y el 72 % de los artículos contabilizados 
tenían a principios de 1986 niveles superiores al consumo 
total del año precedente. En la misma época, se ha 
observado el mismo nivel de existencias en el Parlamento 
en el 59 % de los artículos inventariados. 
12.54. La existencia de excedentes demuestra que las 
previsiones presupuestarias de las instituciones en 
cuestión no tuvieron en cuenta sus necesidades reales. 
12.55. En lo que se refiere a la cooperación entre las 
instituciones a la hora de la compra de papelería y 
material de oficina, el Tribunal de Cuentas, en su informe 
especial sobre la adquisición y el control de los 
suministros, material de oficina, etc. (6), ya recomendó 
que las instituciones obtuvieran el grueso de sus 
suministros mediante contratos negociados y celebrados 
por servicios centrales. Actualmente, solamente los 
servicios administrativos del Tribunal de Justicia, del 
Tribunal de Cuentas y del Comité Económico y Social 
utilizan ocasionalmente contratos-marco celebrados por 
las instituciones mientras que la cooperación entre el 
Parlamento, el Consejo y la Comisión es mínima en este 
campo a pesar de la existencia de un grupo interinstitucio­
nal para la armonización de las compras. 
(') Sección III «Comisión», parte A. 
(2) Pensionistas, funcionarios y agentes temporales de la 
Comisión (Bruselas, Luxemburgo), Parlamento y Tribunal 
de Cuentas; auxiliares de la Comisión (Bruselas, Luxembur­
go), Parlamento y Tribunal de Cuentas; comisarios; 
jubilaciones anticipadas. (3) 
(4) 
(5) 
(6) DO C 344 de 31.12.1981, apartado 10.6. 
Sistema de Gestión de Personal (SYSPER). 
Reglamento Financiero de 21.12.1977, DO L 356 de 
31.12.1977 
DO C 326 de 15.12.1980. 
112 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPITULO 13 
Subvenciones 
13.14 
13.3 
13.6 
13.14 13.1 
13.1 
13.4 
13.7 
13.7 
13.8 — 13.9 
13.10 — 13.11 
13.12 — 13.14 13.0. ÍNDICE Apartados 
Subvenciones a la Fundación de Dublín y al Centro de Berlín 
Introducción 
Poderes formales de la Comisión sobre la Fundación y el Centro 
Gestión por la Comisión de las subvenciones 
Coordinación 
Intercambio de experiencias entre la Fundación y el Centro 
Comprobaciones realizadas por el Interventor 
División de responsabilidades en cuestiones operativas 
Escuelas Europeas 13.15 — 13.19 
Otras subvenciones 13.20 — 13.37 
Introducción 13.20 
Subvenciones diversas 13.21 — 13.24 
Tramitación de las solicitudes de subvención 13.21 — 13.22 
Coordinación entre los servicios de la Comisión 13.23 — 13.24 
Foro de la Juventud 13.25 — 13.28 
Generalidades 13.25 
Subvención de la Comisión 13.26 
Financiación del Foro por sus miembros 13.27 
Evaluación de las actividades del Foro 13.28 
Instituto Universitario Europeo de Florencia 13.29 — 13.37 
Generalidades 13.29 
Papel asignado a la Comisión en la administración del Instituto 13.30 — 13.31 
Pago de la subvención al Instituto 13.32 
Utilización de los créditos «archivos históricos» 13.33 — 13.34 
Transferencia de créditos a la «Biblioteca de Investigación» 13.35 — 13.36 
Análisis de los resultados 13.37 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 113 
SUBVENCIONES A LA FUNDACIÓN Poderes formales de la Comisión sobre la 
DE DUBLIN Y AL CENTRO DE BERLÍN Fundación y el Centro 
Introducción 
13.1. La Comisión subvenciona anualmente a la 
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) y al Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(Centro de Berlín) con cargo al Presupuesto General 
(artículos B 641 y B632). Estas subvenciones, que en 1986 
fueron de 12,5 Mió ECU (5,2 Mió ECU a la Fundación 
de Dublín y 7,3 Mió ECU al Centro de Berlín), 
representan el 99 % del Presupuesto de 1986 de ambos 
organismos. La importancia de la subvención de la 
Comunidad se refleja en los estatutos de ambos organis­
mos ('), que disponen que sus proyectos de presupuesto 
serán presentados por la Comisión a la autoridad 
presupuestaria. Los Consejos de Administración ajustan 
seguidamente sus presupuestos en función de las subven­
ciones concedidas por la autoridad presupuestaria. 
13.2. La Fundación de Dublín y el Centro de Berlín 
fueron creados en 1975 por los Reglamentos (CEE) 
n° 1367/75 (•) y n° 337/75 (') del Consejo que los definie­
ron como organismos autónomos que operan dentro del 
marco de las Comunidades Europeas. A la Fundación se 
le asignó el objetivo de contribuir a mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo, así como la tarea de 
desarrollar ideas para alcanzar mejoras a medio y largo 
plazo y de asesorar a las instituciones comunitarias sobre 
objetivos y líneas de actuación. Al Centro se le encargó 
ayudar a la Comisión en el fomento de la promoción y el 
desarrollo de la formación profesional y la creación de 
una política común en ese campo. 
13.3. Dentro de su auditoría anual de la Fundación y del 
Centro, el Tribunal ha realizado un examen de su gestión 
financiera. Los resultados se han presentado a las 
correspondientes autoridades de descargo dentro de los 
informes anuales del ejercicio 1986 de los dos organismos. 
Tanto el estatuto como las bases jurídicas y la estructura y 
los recursos de la Fundación y del Centro son muy 
parecidos. Por ello, el Tribunal ha empleado el mismo 
método a la hora de juzgar la gestión financiera de los dos 
organismos. Para identificar cuáles son los mejores 
métodos y las mejoras posibles, tanto desde el punto de 
vista de la eficiencia como de la eficacia, se ha realizado 
una comparación entre sus procedimientos teniendo en 
cuenta las diferencias que existen en sus campos de 
actuación y objetivos. Este planteamiento se refleja en las 
observaciones siguientes, referidas especialmente al 
control que la Comisión ejerce sobre los dos organismos y 
a su gestión de las subvenciones anuales que les entrega. 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 13.4. La gestión y guía de los dos organismos corres­
ponde a dos Consejos de Administración de 39 miembros 
(en cada uno de los cuales la Comisión tiene tres 
representantes), y dos comités ejecutivos de cuatro 
miembros (donde tiene uno). La Comisión no tiene 
poderes formales sobre las decisiones y la gestión de la 
Fundación y del Centro. Sin embargo, tiene una 
importante influencia no formal ya que: 
(a) los reglamentos disponen que los Consejos de 
Administración aprobarán los programas de trabajo 
de común acuerdo con la Comisión; 
(b) su Interventor ha de comprobar los ingresos y los 
gastos (véase el apartado 13.10). 
13.5. En enero de 1986 la Comisión presentó al Consejo 
de Ministros una propuesta (2) de modificación de los 
Estatutos de la Fundación de Dublín, que contemplaba, 
entre otras cosas, un fortalecimiento del papel de la 
Comisión a la hora de gestionar la Fundación y una 
mayor correspondencia entre sus actividades y los 
objetivos de la Comunidad (véase el apartado 13.14). En 
ese momento, la Comisión señaló que estudiaría la 
posibilidad de presentar propuestas para el Centro de 
Berlín a la vista de la experiencia obtenida de la 
aprobación y aplicación de las propuestas presentadas 
para la Fundación. Sin embargo, debido a presiones 
procedentes de la parte social (sindicatos y patronales), 
del Comité Económico y Social y del Parlamento 
Europeo, la Comisión retiró sus propuestas. 
13.6. El Tribunal observa que ni la Fundación, ni el 
Centro, ni la Comisión han examinado todas las fuentes 
posibles de financiación de las actividades de los dos 
organismos. El Tribunal opina que, manteniendo siempre 
la autonomía de los dos organismos, sería conveniente 
seguir examinando esta cuestión especialmente teniendo 
en cuenta que la continuación de la situación de falta de 
poderes formales de la Comisión no se corresponde con la 
financiación que proporciona. 
Gestión por la Comisión de las subvenciones 
Coordinación 
13.7. El Tribunal observa que, aunque la Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales y Educación 
114 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
(DG V) es la principal responsable de la gestión de las 
subvenciones que se entregan a los dos organismos, no 
existe un planteamiento coordinado de la gestión de las 
subvenciones desde el punto de vista de la buena gestión 
financiera, como se recoge especialmente en los apartados 
13.8 a 13.14. 
Intercambio de experiencias entre la Fundación 
y el Centro 
13.8. Ambos organismos coordinan sus programas de 
trabajo en áreas donde existe la posibilidad de un 
solapamiento de funciones o una zona de interés común 
(por ejemplo, la influencia de las nuevas tecnologías). 
Aparte de algunos contactos entre responsables, sus 
directores se reúnen anualmente. Sin embargo, la 
comparación de sus actividades realizada por el Tribunal 
muestra claramente que esta cooperación no llega a un 
intercambio periódico de información sobre las activida­
des y procedimientos permanentes, al objeto de identifi­
car los mejores métodos y mejorar la eficiencia y la 
eficacia generales. De este intercambio podrían salir 
beneficiados los siguientes aspectos: 
(a) las políticas de impresión y publicación (Dublín tiene 
un departamento de impresión mientras que Berlín 
utiliza los servicios de imprentas externas); 
(b) la organización de sistemas informatizados de 
información de la gestión y de control (Dublín tiene 
proyectos de informatización mientras que Berlín 
cuenta ya con sistemas de cálculo de costes de 
proyectos y de control de traducciones); 
(c) la evaluación interna de los proyectos y control de la 
calidad de sus resultados (Dublín cuenta con una 
política y un sistema detallados mientras que las 
actividades de Berlín a este respecto no están 
sistematizadas); 
(d) una política de financiación conjunta de proyectos 
con los organismos especializados de los Estados 
miembros (sólo la tiene Berlín); 
(e) la comparación de los métodos más rentables para 
lograr los mismos objetivos (el coste por página 
impresa de Dublín es más bajo que el de Berlín, 
mientras que el coste por página traducida en el 
exterior es más alto); 
(f) el mantenimiento de registros de gestión (a diferencia 
de Berlín, Dublín prepara expedientes sistemáticos y 
estructurados de los proyectos, así como actas de las reuniones de su personal sobre el estado de realiza­
ción de su programa de trabajo). 
13.9. El Tribunal considera que la iniciativa de 
garantizar que cada uno de los organismos pueda 
aprovechar la experiencia del otro debe ser de la 
Comisión, que está en una posición privilegiada para 
comparar sus actividades. 
Comprobaciones realizadas por el Interventor 
13.10. Los servicios del Interventor de la Comisión 
comprueban (y visan) todos los pagos e ingresos de la 
Fundación y del Centro con los documentos contables 
enviados a Bruselas. En la mayoría de las reuniones del 
Consejo de Administración de cada organismo, que 
tienen lugar tres veces por año, están presentes represen­
tantes del Interventor que aprovechan estas oportunida­
des para examinar en profundidad una muestra de los 
movimientos y las cuestiones relacionadas con ellos. 
13.11. El Tribunal observa que, a pesar de que de Berlín 
y Dublín se ocupa la misma División de Control 
Financiero, existen diferencias en los métodos de 
preparar los informes sobre los resultados de los controles 
«in situ». Para la Fundación de Dublín se elabora 
después de cada visita un informe de control, no sólo 
sobre la legalidad y regularidad sino también sobre 
algunos aspectos de la buena gestión financiera. Por otra 
parte, y a pesar de que se realizaron visitas regularmente, 
el Interventor no presentó informes sobre el Centro de 
Berlín en 1985/86 (a pesar de que hubo un caso de 
denegación de visado, por falta de respeto a los límites de 
empréstito, desestimado posteriormente). El Tribunal 
estima que el Interventor debería asegurarse de que sus 
servicios actúen de igual modo en los dos organismos 
para aprovechar las considerables posibilidades de 
comparación. 
División de responsabilidades en cuestiones operativas 
13.12. Aunque las cuestiones administrativas y presu­
puestarias referentes tanto a Dublín como a Berlín están a 
cargo de los mismos funcionarios de la DG V de la 
Comisión, los asuntos operativos (por ejemplo el 
programa de trabajo) se asignan a los servicios especiali­
zados apropiados. Para el Centro de Berlín esto supone 
que todas las cuestiones de funcionamiento, incluyendo la 
coordinación de la influencia del Centro en las políticas 
gestionadas por otras direcciones generales (por ejemplo, 
nuevas tecnologías), se tratan en la dirección de la DG V, 
que es responsable de la formación profesional. Todos los 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 115 
representantes de la Comisión en el Consejo de Adminis­
tración del Centro pertenecen a la DG V. 
13.13. A diferencia de lo anterior, la dirección de la DG 
V que se ocupa expresamente de las condiciones de vida y 
trabajo no es responsable de todos los contactos sobre 
temas operativos entre la Fundación y la Comisión. Los 
asuntos de medio ambiente y de tecnología los gestionan 
independientemente las direcciones responsables de 
medio ambiente, protección de los consumidores y 
seguridad nuclear (DG XI) y de ciencia, investigación y 
desarrollo (DG XII), respectivamente. Los representan­
tes de la Comisión en el Consejo de Administración de la 
Fundación pertenecen a las DG V, XI y XII. (En 1985/86, 
a pesar de que los temas de medio ambiente y nuevas 
tecnologías eran de fundamental importancia en los 
programas, los representantes de las DG XI y XII no 
asistieron regularmente a las reuniones del Consejo de 
Administración.) 
13.14. El Tribunal se pregunta si la falta de coordina­
ción de la Comisión en sus contactos de carácter 
operativo con la Fundación (contrariamente a la 
coordinación administrativa) ha reducido la capacidad de 
ésta para realizar de un modo eficaz su cometido, previsto 
en sus Estatutos ('), de aconsejar sobre los objetivos y 
directrices previsibles en la realización de la política 
comunitaria. El Tribunal observa, en concreto, que: 
(a) a pesar de que existen proyectos de la Fundación en 
estrecha relación con algunas políticas comunitarias 
(por ejemplo medio ambiente y biotecnología), no se 
ha definido ni reconocido su papel dentro de la 
política de investigación de la Comunidad. Concreta­
mente, no se han incluido sus actividades (por 
ejemplo, los efectos de las nuevas tecnologías) en la 
propuesta de un programa-marco de actividades 
comunitarias en el campo de la investigación (3), que 
incluye la mejora de las condiciones de vida; 
(b) la Comisión no consulta formalmente a la Fundación 
previamente a la formulación de comunicaciones y 
políticas que estén en relación con sus actividades. 
Esto es sorprendente ya que la Comisión no tiene un 
organismo consultivo para las condiciones de vida y 
de trabajo comparable con el que existe para la 
formación profesional. Por ejemplo, no se consultó 
formalmente a la Fundación durante la preparación 
de una propuesta para un programa de acción 
ambiental para 1987-92 (4). Por otra parte, no existen 
pruebas de que la Fundación, como organismo 
independiente, haya tomado la iniciativa de asesorar, 
de forma regular, en la elaboración de las políticas; (c) aunque se han producido importantes mejoras en la 
calidad y frecuencia de las relaciones con los servicios 
de la Comisión, la Fundación aún no ha establecido 
los contactos adecuados con la DG VII (Transportes) 
y la DG XIII (Telecomunicaciones, Industrias de la 
Información e Innovación), que trabajan en temas 
relacionados con los de la Fundación. 
ESCUELAS EUROPEAS 
13.15. El principal recurso financiero de las Escuelas 
Europeas procede de la subvención comunitaria, inscrita 
en el Presupuesto de la Comisión, que en 1985 ascendió a 
43,3 Mió ECU y en 1986 a 49,7 Mió ECU, lo que equivale 
a aproximadamente el 69 % de su presupuesto. Según lo 
dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de las Escuelas, su 
Consejo Superior aprueba el presupuesto, que figura 
igualmente a título informativo en el Presupuesto General 
de las Comunidades. 
13.16. Ahora bien, el importe de la subvención de la 
Comisión es distinto en los dos documentos. En 1985, la 
subvención que figuraba en el presupuesto de las Escuelas 
era superior en 4,6 Mió ECU a la inscrita en el 
Presupuesto comunitario. En 1986 empezó siendo 
13,6 Mió ECU mayor, pasando la diferencia a 4 Mió 
ECU al aprobarse en noviembre una transferencia de 
créditos de 9,6 Mió ECU del capítulo 100. De ello se 
desprende que las Escuelas basan su gestión en créditos 
disponibles sobrevalorados, aunque deban adaptarse en 
la práctica a los ingresos efectivamente recibidos. Esta 
anomalía debería ser corregida y el Consejo Superior 
debería interpretar la obligación de informar a la 
Comisión de su presupuesto como una obligación de 
armonizarlo con la decisión que sobre él tomen las 
autoridades presupuestarias de las Comunidades. 
13.17. Por otra parte, teniendo en cuenta su contribu­
ción financiera, el papel en materia presupuestaria de la 
Comisión en el Consejo Superior es insuficiente. Debería 
constituir como mínimo una verdadera instancia de 
coordinación y tener a su disposición informaciones 
contables completas periódicas que le permitieran 
escalonar y valorar con conocimiento de causa sus pagos 
parciales a las Escuelas. 
13.18. En realidad, como ya observó el Tribunal en su 
Informe Anual anterior, es la propia estructura de las 
Escuelas Europeas, basada en un antiguo estatuto 
aprobado para una única Escuela, la que debe revisarse. 
Esta reforma tendría por objetivo principal garantizar 
una verdadera separación de poderes entre la autoridad 
presupuestaria, reglamentaria y de descargo y la autori­
dad encargada de la gestión. Asimismo debería apuntar 
hacia una integración más intensa de las Escuelas 
116 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Europeas en las Comunidades. La gestión financiera y 
presupuestaria se haría con ello más transparente sin que 
la autonomía pedagógica de las Escuelas se resintiera. 
13.19. Aparte de esta cuestión fundamental, los proble­
mas existentes en 1985 continúan en 1986, a pesar de que 
todas las partes, y en especial el Parlamento, han tomado 
conciencia de ellos. Los principales son los siguientes: 
(a) la tendencia a permitir el acceso a las Escuelas a 
alumnos de todas las categorías debe ir acompañada 
de criterios precisos de admisión y de participación en 
los gastos; 
(b) debe llegarse a acuerdos con los Estados miembros 
anfitriones de las Escuelas con los que todavía no se 
haya hecho y armonizar las modalidades de grava­
men del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en 
los distintos Estados, si es posible aplicando el 
principio de exención general; 
(c) se debe eliminar del sistema de remuneración de los 
profesores, que se corresponde aproximadamente 
con el de la función pública europea, toda particulari­
dad o ventaja indebida que no tenga equivalente en 
esta última; 
(d) deben renegociarse, en lo referente a las contribucio­
nes financieras reclamadas, los acuerdos de financia­
ción con los organismos públicos o privados que 
participan en el sistema de las Escuelas Europeas; 
(e) por último, las medidas de organización de la gestión 
financiera, tímidamente abordadas, deben intensifi­
carse y aplicarse sin demora. 
OTRAS SUBVENCIONES 
Introducción 
13.20. Las observaciones presentadas bajo este epígrafe 
se refieren a las subvenciones cuya gestión ha sido 
confiada a la Secretaría General de la Comisión. Los 
créditos (no disociados) del ejercicio 1986 han ascendido 
a 4,5 Mió ECU, a los que hay que añadir 0,2 Mió ECU de 
créditos prorrogados de 1985. Estos créditos cubren las 
subvenciones diversas (2,35 Mío ECU para 162 beneficia­
rios) y las subvenciones específicas: al Foro de la 
Juventud (0,63 Mió ECU) y al Instituto Universitario de 
Florencia (1,71 Mió ECU). Subvenciones diversas 
Tramitación de las solicitudes de subvención 
13.21. En el examen del procedimiento de tramitación 
de los expedientes se observa que el análisis de las 
solicitudes no se recoge de un modo diferenciado. Los 
cuadros que se utilizan durante la tramitación son 
documentos de trabajo manuscritos que no pueden 
considerarse como parte del expediente de las solicitudes. 
Sería conveniente que en cada expediente figurara una 
ficha con los motivos por los cuales la subvención ha sido 
concedida y en qué se ha basado la fijación de su importe. 
13.22. La Comisión aprobó los criterios de selección de 
las solicitudes de subvención que recibe en un documento 
interno de 1980. Sin embargo, la práctica muestra que, 
debido a su carácter a menudo demasiado general, la 
aplicación de estos criterios es difícil de verificar a 
posteriori. El Tribunal opina que la Comisión debería 
llevar a cabo una revisión de estos criterios y de sus 
modalidades de aplicación para tener en cuenta los 
cambios producidos desde 1980 y conseguir asegurar una 
mayor transparencia en el procedimiento. 
Coordinación entre los servicios de la Comisión 
Reunión de coordinación 
13.23. El examen de los procedimientos en vigor en el 
Servicio de Subvenciones ha puesto de manifiesto la 
existencia de reuniones de coordinación con otros 
servicios de la Comisión durante la fase de tramitación de 
las solicitudes de subvención, especialmente durante la 
preparación del expediente. Estas reuniones se organizan 
de modo informal y las decisiones que se toman en ellas no 
se recogen claramente en los expedientes de tramitación. 
El Tribunal toma nota de la intención de la Comisión de 
dar un carácter más formal a los procedimientos de 
coordinación. 
Archivo centralizado de las ayudas financieras 
13.24. Una Decisión de la Comisión de 19 de septiembre 
de 1980 disponía que el Servicio de Subvenciones, en 
colaboración con la Dirección General de Presupuestos 
(DG XIX), debía crear un fichero central de subvenciones 
al que debían aportar datos y tener acceso todos los 
servicios de la Comisión. Esta decisión sólo se ha llevado a 
la práctica parcialmente. El Tribunal considera que, en su 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 117 
forma actual, la utilidad del fichero sigue siendo muy 
limitada y subraya de nuevo la necesidad de centralizar la 
información referente a las ayudas financieras en un 
verdadero fichero central que permita que cada servicio 
de la Comisión pueda aprovechar las experiencias de los 
demás. 
Foro de la Juventud 
Generalidades 
13.25. El Foro de la Juventud se crea en 1978 como 
asociación internacional regida por el derecho belga. A 31 
de diciembre de 1986 agrupaba 37 organizaciones de 
jóvenes. Sus Estatutos le asignan el objetivo de actuar 
como plataforma política de las organizaciones juveniles 
ante las instituciones de las Comunidades Europeas. 
Subvención de la Comisión 
13.26. Mientras que las subvenciones entregadas por la 
Comisión raramente superan las decenas de miles de 
ECU, la concedida al Foro de la Juventud fue de 630 000 
ECU en 1986. En 1979, mediante un intercambio de 
cartas con el Presidente de la Comisión, se estableció el 
principio de financiación íntegra por parte de ésta de los 
gastos de funcionamiento del Foro. El régimen estatuta­
rio del Foro no concede ninguna función de decisión, ni 
siquiera presupuestaria, a la Comisión. El Proyecto de 
Reglamento Financiero del Foro data de 1977, pero no 
fue aprobado hasta julio de 1987. El Tribunal estima que, 
para evitar desviaciones, debería establecerse un acuerdo 
formal que regulara las relaciones financieras entre el 
Foro y la Comisión. 
Financiación del Foro por sus miembros 
13.27. Con el paso de los años, el Foro de la Juventud 
adquiere un derecho a existir que tiende a transformar la 
subvención de la Comisión en una especie de carga 
obligatoria. Al no participar los miembros del Foro en su 
financiación, se produce la situación paradójica de que un 
grupo que se autocalifica como de presión es financiado 
por el organismo ante el que se constituye. Al haberse 
garantizado la perpetuidad de su financiación al margen 
de un sistema efectivo de control, parece necesario que se 
haga participar a los miembros, aunque sea de modo 
limitado, en la financiación del Foro, para que así tengan 
un interés directo en su buena gestión financiera. El 
número de miembros es lo suficientemente elevado para que la carga que correspondería a cada uno de ellos sea 
soportable. Por ello, el Tribunal invita a la Comisión a 
ponerse en contacto sin demora con el Foro para poner 
fin a una situación en la que los gestores no tienen que 
soportar las mínimas consecuencias financieras que se 
pudieran derivar de sus actos. 
Evaluación de las actividades del Foro 
13.28. El Foro comunica a la Comisión, al Parlamento 
Europeo y al Consejo sus puntos de vista sobre las 
políticas comunitarias relacionadas con la juventud. 
Sorprende al Tribunal comprobar que la Comisión pueda 
declarar que se niega a emitir juicio sobre los temas 
tratados por el Foro y que pueda considerar suficientes 
análisis ocasionales no recogidos en los informes que 
acompañan al expediente. El Tribunal opina que, a la 
vista de la importancia económica de la subvención, la 
Comisión debería realizar un análisis periódico y 
razonado de las actividades del Foro antes de proceder a 
la concesión de su ayuda. 
Instituto Universitario Europeo de Florencia 
Generalidades 
13.29. El Instituto fue creado en 1972 a raíz de un 
acuerdo intergubernamental entre los países de la 
Comunidad al que aún no se ha adherido Portugal. En él 
realizan sus estudios de doctorado alrededor de 200 
investigadores repartidos en cuatro departamentos: 
(a) historia y civilización; 
(b) ciencias económicas; 
(c) ciencias jurídicas; 
(d) ciencias políticas y sociales. 
En estos departamentos trabaja una treintena de 
profesores. En los servicios administrativos y técnicos del 
Instituto están empleados 70 agentes, remunerados según 
el baremo del Estatuto de los Funcionarios de las 
Comunidades Europeas. La Comisión cubre el 15,4 % del 
presupuesto del Instituto (lo que en 1986 supuso 1,53 Mió 
ECU). A esta contribución hay que añadir la financiación 
de los archivos históricos de la Comunidad; 0,18 Mió 
ECU en 1986. 
118 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Papel asignado a la Comisión en la administración 
del Instituto Utilización de los créditos «archivos históricos» 
13.30. La Comisión no tiene ningún derecho de voto en 
el seno del Consejo Superior del Instituto a pesar de que la 
subvención que aporta está en aumento y nunca ha 
cuestionado el apartado 3 del artículo 6 del convenio de 
creación del Instituto que le asigna el papel de observa­
dor. Esta deficiencia de los textos legales entra en 
contradicción con el papel activo desempeñado por la 
Comisión en el apoyo al Instituto y con el deseo declarado 
de que conserve un carácter esencialmente comunitario. 13.33. El depósito y la organización de los archivos 
históricos de las Instituciones Comunitarias en el 
Instituto han tenido unos comienzos muy lentos. 
Mientras los primeros créditos se inscribieron en el 
Presupuesto en el ejercicio 1982, la inauguración no tuvo 
lugar hasta el otoño de 1985. A final de 1986 los 615 000 
ECU entregados por la Comisión al Instituto habían sido 
utilizados parcialmente, por lo que quedaba una reserva 
de fondos disponibles del orden de 370 000 ECU. 
13.31. La Comisión señala que su participación en los 
trabajos del Consejo de Investigación le permite ejercer 
una influencia significativa en la elección de los trabajos 
del Instituto. El Tribunal considera que la existencia del 
Instituto comprende dos aspectos: 
(a) los programas pedagógicos y de investigación: 13.34. La Comisión estima que esta reserva se irá 
reduciendo conforme la gestión de los archivos vaya 
adquiriendo su velocidad de crucero. Sin embargo, como 
la subvención corresponde a una prestación de servicios, 
una gestión financiera cuidadosa habría evitado que se 
hicieran pagos por adelantado sin haber realizado los 
servicios. En este contexto, el compromiso de 180 000 
ECU inscrito en la partida 3242 del Presupuesto 1986 de 
la Comisión debería haberse diferido, ya que el Instituto 
no estaba en condiciones de utilizar estos fondos en un 
futuro inmediato. Aunque el remanente de los ejercicios 
anteriores a 1987 deba dedicarse enteramente a gastos 
previsibles actualmente para 1987, hay que señalar que 
hubo fondos congelados inútilmente. 
(b) la gestión financiera. 
En materia de gestión financiera, la Comisión no 
desempeña el papel que le debería corresponder, cuando a 
este tema se debería conceder una atención especial, 
principalmente en lo que se refiere a la composición del 
cuadro de efectivos. La Comisión debe hacerse oír en el 
Consejo Superior en todos los casos que tengan repercu­
sión sobre el Presupuesto de la Comunidad. Por este 
motivo, el Tribunal desea que se reconozca a la Comisión 
la posición que le corresponde en el Consejo Superior en 
función de la importancia de su contribución financiera. 
Pago de la subvención al Instituto Transferencia de créditos a la «Biblioteca 
de Investigación» 
13.35. Al igual que en 1985, en 1986 el Instituto ha 
conseguido el acuerdo de la Comisión para reforzar por 
transferencia la partida 3100, «Biblioteca de Investiga­
ción», de su presupuesto tomando fondos de créditos ya 
asignados cubiertos por la subvención de la Comisión. En 
realidad, este incremento estuvo destinado a compensar 
la insuficiencia de créditos del artículo 231, «Biblioteca», 
correspondiente a la parte del presupuesto del Instituto 
financiada por los Estados miembros. Con ello se produjo 
una transferencia de responsabilidades de los Estados 
miembros a la Comisión ya que no existe diferencia entre 
la Biblioteca de Investigación (Comisión) y la Biblioteca 
(Estados miembros). 
13.32. Una vez registrados los compromisos contables, 
la Comisión abona la totalidad de su subvención en la 
cuenta bancada del Instituto. La buena gestión financiera 
aconsejaría hacerlo en varias veces en función de las 
necesidades reales para así mantener un mínimo control 
sobre la gestión presupuestaria. 13.36. El Tribunal observa con satisfacción que en 1987 
han aumentado los créditos del artículo 231 del Presu­
puesto del Instituto, lo que debería evitar que se 
produjera una nueva transferencia en detrimento de la 
contribución de la Comisión. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 119 
Análisis de los resultados 
13.37. En lo que se refiere al Instituto, la Comisión se ha 
marcado como línea de conducta no entrar en las 
cuestiones de selección de profesores y estudiantes. Esta 
actitud es loable ya que garantiza al Instituto la 
independencia necesaria en toda investigación universita­
ria. Sin embargo, a pesar del interés continuado de la Comisión por el Instituto, examinados los expedientes del 
servicio gestor de la Comisión, no se observa que haya 
llevado a cabo una valoración en profundidad del 
resultado de las investigaciones del Instituto. Debido a 
ello es extremadamente difícil comprobar que los créditos 
presupuestarios asignados al Instituto se hayan utilizado 
con discernimiento. 
(') Fundación de Dublín: DO L 139 de 30.5.1975; Centro de 
Berlín: DO L 39 de 13.2.1975. 
(2) Doc. COM(86) 14 final. (3) DO C 275 de 31.10.1986. 
(4) Doc. COM(86) 485 final. 
120 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPITULO 14 
Préstamos, empréstitos y bonificaciones de intereses 
14.0. ÍNDICE Apartados 
Introducción 14.1 — 14. 
Resumen de la información financiera 14.7 
Observaciones sobre los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias NIC y 
Euratom 14.9 14.8 
Observaciones relativas a la legalidad y a la buena gestión financiera 14.10 
Gastos administrativos del Banco Europeo de Inversiones 14.10 
Convención relativa a la auditoría de los préstamos NIC 14.25 
Préstamos y bonificaciones de intereses en favor de las zonas afectadas 
por un terremoto en Grecia 14.31 14.35 
14.24 
14.30 
14.35 
INTRODUCCIÓN 
14.1. El presente capítulo trata de los préstamos y las 
bonificaciones de intereses del Nuevo Instrumento 
Comunitario (NIC), los préstamos de la Comunidad 
Económica de la Energía Atómica (préstamos Euratom) 
y los préstamos destinados al sostenimiento de las 
balanzas de pago (BP), así como sobre la financiación de 
éstos tres mecanismos de préstamo con los empréstitos 
contraídos por las Comunidades. 
14.2. La autoridad presupuestaria inscribe el importe de 
las bonificaciones de intereses en el Presupuesto General 
dentro del procedimiento presupuestario anual y se 
pronuncia sobre la inscripción de la garantía presupuesta­
ria de las operaciones de empréstito en forma de 
menciones para memoria. 
14.3. Los préstamos y empréstitos de las Comunidades 
aparecen en el balance financiero del activo y pasivo de las 
Comunidades. Las bonificaciones de intereses relativas a 
los préstamos NIC y a los préstamos del BEI sobre sus 
recursos propios en favor de la reconstrucción de las 
zonas afectadas por los seísmos ocurridos en Grecia e 
Italia aparecen en el capítulo 69 del Presupuesto General 
de las Comunidades; las bonificaciones de intereses 
relativas a la cooperación con los países de la cuenca 
mediterránea aparecen en el capítulo 96. 
14.4. La Comisión tiene la obligación jurídica formal de 
asumir el servicio de la deuda y el reembolso de los em préstitos que haya contraído en nombre de 
,mimiHciri \ este efecto se tienen los artículos 
constituyen la garantía presupuestaria de 
i r\e> f>tnnrA«titn rnrrmnitíirin smtpc mpnn'n-Comunidad. A este efecto se tienen 
siguientes, que constituyen la garantía presupuestaria a< 
los mecanismos de empréstito comunitario antes mencio 
nados: 
(a) Artículo 790 « Garantía de la Comunidad Económica 
Europea sobre los empréstitos Euratom»; 
(b) Artículo 830 « Garantía de la Comunidad Económica 
Europea sobre los empréstitos y préstamos comunita­
rios destinados a apoyar las balanzas de pagos»; 
(c) Artículo 840 « Garantía de la Comunidad Económica 
Europea sobre los empréstitos destinados a la 
promoción de inversiones en la Comunidad». 
Por otra parte, el Presupuesto incluye en su artículo 969 
una garantía para los préstamos concedidos por el BEI a 
terceros países. 
14.5. El artículo 206 ter del Tratado CEE prevé que el 
Parlamento, por recomendación del Consejo, que 
decidirá por mayoría cualificada, aprobará la gestión de 
la Comisión en la ejecución del presupuesto. A tal fin, 
examinará, después del Consejo, las cuentas y el balance 
financiero mencionados en el artículo 205 bis, así como el 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas, acompañado de 
las respuestas de las instituciones controladas a las 
observaciones de dicho Tribunal. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 121 
14.6. El Consejo de ministros no ha llegado hasta la 
fecha a ningún acuerdo sobre la cuestión de saber si las 
actividades de préstamos y empréstitos, así como las 
correspondientes bonificaciones de intereses, quedan 
comprendidas en el marco del procedimiento de descargo, 
a pesar de que dichas operaciones están garantizadas por 
el Presupuesto comunitario y mencionadas en el balance 
financiero o concedidas sobre créditos presupuestarios. 
El Tribunal, así como el Parlamento Europeo, estima que 
de acuerdo con el artículo 206 ter del Tratado CEE estas 
actividades comunitarias quedan comprendidas en el 
marco del procedimiento de descargo anual. También la 
Comisión comparte este punto de vista. propios BEI) en favor de la reconstrucción de las zonas 
afectadas por terremotos en Campania y Basilicata en 
Italia, así como en Ática, Beocia, Corinto, Eubea y 
Fócida en Grecia. De este importe Italia obtuvo 26,3 Mió 
ECU y Grecia 2,7 Mió ECU. Desde 1982 se han pagado 
99,3 Mió ECU por bonificaciones de intereses. Se estima 
que cuando el importe máximo fijado por el Consejo para 
estos préstamos haya sido utilizado por completo, las 
bonificaciones de intereses alcanzarán aproximadamente 
los 245 Mió ECU. 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA OBSERVACIONES SOBRE LOS BALANCES 
Y LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS NIC Y EURATOM 
14.7. Los cuadros 14.1 y 14.2 muestran la evolución de 
los préstamos y empréstitos durante el ejercicio 1986, así 
como la utilización de los importes máximos fijados por el 
Consejo a 31 de diciembre de 1986. 
14.8. En 1986 se pagaron 29,0 Mió ECU en bonificacio­
nes de intereses de préstamos NIC y BEI (recursos 14.9. El Tribunal ha revisado los balances NIC y 
Euratom a 31 de diciembre de 1986, así como las cuentas 
de pérdidas y ganancias de estos dos mecanismos en el 
ejercicio 1986. La gestión contable no ha dado lugar a 
ninguna observación especial. 
Cuadro 14.1 — Evolución de los préstamos y empréstitos en 1986 
(Mió ECU) 
Mecanismo 
Préstamos: 
— NIC 
— Euratom 
— Balanza de pagos 
Total 
Empréstitos: 
— NIC 
— Euratom 
— Balanza de pagos 
Total En curso a 
Al 
cambio 
del ECU a 
31.12.1985 
(1) 
4 757,9 
2 000,7 
3 235,8 
9 994,4 
4 959,5 
2 012,6 
3 235,8 
10 207,9 31.12.1985 
Al 
cambio 
del ECU a 
31.12.1986 
(2) 
4 622,8 
2 031,3 
2 709,8 
9 363,9 
4 820,5 
2 045,5 
2 709,8 
9 575,8 Operaciones realizadas en 
Nuevo 
préstamo 
o nuevo 
empréstito 
(3) 
543,5 
443,2 
861,8 
1848,5 
541,3 
732,1(2) 
861,8 
2 135,2 Incidencia 
de las 
operaciones 
Swap 
(4) 
-4,4 
-4,4 
— 
— 19860) 
Reembolso 
0 
amortización 
(5) 
172,8 
71,9 
1 681,6 
1 926,3 
159,6 
365,3 
1 681,6 
2 206,5 31.12.1986 
0) 
(6) 
= (2)+ (3)+ (4) 
-(5) 
4 993,5 
. 2 398,2 
1 890,0 
9 281,7 
5 202,2 
2 412,3 
1 890,0 
9 504,5 
(') Al cambio del ECU a 31.12.1986. 
(2) Incluidos 243,9 Mió ECU de créditos a plazo o con preaviso. 
122 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Cuadro 14.2 — Principales características y límites máximos de los diferentes mecanismos a 31 de diciembre de 1986 
(Mió ECU) 
Mecanismo 
NIC* 
NIC* 
Euratom* 
Balanza 
de 
pagos Objetivo 
NIC I: 
Decisión 78/870/CEE del Consejo, de 16.10.1978. por 
la que se faculta a la Comisión para contraer 
empréstitos en el marco del Nuevo Instrumento 
Comunitario, con objeto de promover las inversiones 
en la Comunidad 
NIC 11: 
Decisión 82/169/CEE del Consejo, de 15.3.1982, por la 
que se faculta a la Comisión para contraer empréstitos 
en el marco del Nuevo Instrumento Comunitario con 
objeto de promover las inversiones en la Comunidad 
NIC III: 
Decisión 83/200/CEE del Consejo, de 19.4.1983, por la 
que se faculta a la Comisión para contraer empréstitos 
en el marco del Nuevo Instrumento Comunitario con 
objeto de promover las inversiones en la Comunidad 
Decisión 81/19/CEE del Consejo, de 20.1.1981 relativa a la 
ayuda extraordinaria de la Comunidad en favor de la 
reconstrucción de las zonas siniestradas por el seísmo 
ocurrido en Italia en noviembre de 1980 
Decisión 81 /1013/CEE del Consejo, de 14.12.1981 relativa a 
la ayuda extraordinaria de la Comunidad en favor de la 
reconstrucción de zonas siniestradas por los seísmos 
ocurridos en Grecia en febrero/marzo de 1981 
Decisiones del Consejo 77/270/Euratom de 29.3.1977, 
82/170/Euratom del 15.3.1982 y 85/537/Euratom de 
5.12.1985 facultando a la Comisión para contraer emprésti­
tos Euratom con objeto de contribuir a la financiación de 
las centrales nucleares 
Reglamentos del Consejo (CEE) n" 397/75 de 17.2.1975 
(CEE) n"682/81 de 16.3.1981 y (CEE) n» 1131/85 de 
30.4.1985 rclat. a empréstitos comunitarios destinados al 
sostenimiento de balanzas de pagos de los Estados 
miembros Límite 
máximo 
de los 
empréstitos 
(1) 
1 000 
1 000 
3 000(3) 
2 9WQ) 
1 000(4) 
80,0(4) 
3 000 
3 000(7) 
Mió USD 
8 000 
Mió ECU Préstamos acordados sobre 
este límite máximo 
Desembol­
sados (') 
(2) Pendientes 
desembolso 
(3) 
1 000,0 — 
996,7 
2 527,0 
576,9(5) 
79,8(5) 189,9(2) 
16,9(2) 
2 354,0 — 
2 547,8(7) 
Mió USD 
4 872,2 
Mío ECU — Saldo 
disponible 
(4) = 
(l)-(2)-(3) 
3,3 
183,1 
91,3(6) 
0,2 
646,0 
~(8) 
3 127,8 
Mío ECU 
* Fuentes: Comisión DG XVIII. 
(') Préstamos NIC I, II, III y Euratom convertidos en equivalente-empréstito, es decir, teniendo en cuenta los gastos de emisión de los correspondientes 
empréstitos, al tipo de cambio del ECU vigente en la fecha de firma del empréstito. 
(2) Cantidades no desembolsadas pero previstas en los contratos, al cambio de 31.12.1986. 
(3) Dos tramos (2 900 Mío ECU en total) estaban autorizados a 31.12.1986. 
(4) Límite máximo de la medida, es decir, empréstitos y préstamos NIC y BEL 
(5) Al tipo de cambio en vigor dos días laborables antes de cada desembolso (Préstamos NIC). 
(6) El saldo fue obtenido teniendo en cuenta los préstamos desembolsados y los no desembolsados previstos en los contratos, a cargo de recursos propios del 
BEI, es decir, 314,9 Mío ECU. 
(7) Principal e intereses. 
(8) Saldo no disponible (medida finalizada). 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
LEGALIDAD Y A LA BUENA GESTIÓN 
FINANCIERA 
Gastos administrativos del Banco Europeo de 
Inversiones 
14.10. Los préstamos Euratom los concede la Comisión 
y los gestiona el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 
delegación de la Comisión. En el caso de los préstamos 
NIC, la Comisión decide si los proyectos se subvencionan y el BEI concede y gestiona los préstamos por cuenta y 
riesgo de la Comisión, bajo reserva de que el BEI cumpla 
sus obligaciones. La Comisión contrae los empréstitos 
correspondientes a todos los préstamos antes menciona­
dos. Las bonificaciones de intereses relativas a los 
préstamos NIC y BEI por terremotos las concede la 
Comisión y están financiadas por el Presupuesto General 
de las Comunidades. 
14.11. Como retribución por la gestión de los préstamos 
NIC y Euratom que efectúa en nombre de la Comisión, el 
BEI percibe una comisión cuyo importe fue revisado por 
última vez el 1 de abril de 1984. En 1986 el BEI recibió por 
este concepto 5,5 Mió ECU por el NIC y 2,5 Mió ECU 
por Euratom. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 123 
14.12. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1984 (') 
el Tribunal recomendaba: 
(a) «exigir que el BEI presente anualmente una relación 
de los gastos e ingresos directamente relacionados 
con los préstamos NIC y Euratom»; 
(b) «intentar implantar un sistema diferenciado de 
comisiones que refleje más fielmente la magnitud de 
las tareas administrativas que necesitan los diferentes 
tipos de préstamos». 
Apoyándose especialmente en el dictamen del Parlamen­
to Europeo sobre esta materia (2), el Tribunal reiteraba 
sus recomendaciones en su Informe Anual relativo al 
ejecicio 1985. En su respuesta, la Comisión manifestaba 
haber «iniciado un diálogo con el BEI a fin de dar una 
solución satisfactoria a la petición del Parlamento 
Europeo y a las observaciones del Tribunal de Cuentas». 
14.13. En el marco de este diálogo entre la Comisión y el 
BEI, el Tribunal recibió de la Comisión dos documentos: 
(a) el informe provisional de la Comisión sobre las 
medidas adoptadas para dar curso a las observacio­
nes de la resolución que acompaña a la decisión de 
descargo sobre la ejecución del presupuesto del 
ejercicio 1984 (3); 
(b) una nota procedente del BEI titulada «el sistema 
presupuestario del BEI y la determinación del coste 
de sus actividades». 
14.14. En el primer documento, la Comisión indica que: 
(a) «el BEI aplica ... un método de imputación de los 
gastos administrativos que le permite calcular el coste 
del análisis y de la administración de sus diversas 
actividades y, en particular de las operaciones NIC y 
Euratom »; 
(b) « actualmente no hay razones objetivas para estable­
cer diferencias, en función de la amplitud de las tareas 
administrativas requeridas por los diferentes tipos de 
préstamos, en el nivel de comisión global destinada a 
compensar los costes administrativos de gestión del 
Banco »; 
(c) esta práctica de comisión a tanto alzado única «ha 
permitido hasta ahora conceder préstamos NIC a 
(') Las notas aparecen al final del capitulo. partir de la tesorería a tipos de interés idénticos a los 
que practica el BEI para los préstamos del mismo tipo 
que concede con cargo a sus recursos propios», y que 
lo contrario sería discriminatorio; 
(d) «la metodología de estos cálculos y sus resultados son 
verificados por los propios órganos de verificación 
del Banco, que rinden cuentas al Consejo de 
Administración, en el cual está representada la 
Comisión. De esta manera se ha podido observar un 
excedente acumulado actualizado de los costes sobre 
los ingresos percibidos en concepto del NIC y del 
Euratom». 
14.15. En opinión del Tribunal, por razones objetivas, 
la determinación de la comisión de gestión facturada por 
el BEI a la Comisión por las operaciones de préstamos 
NIC y Euratom no debería basarse en el coste administra­
tivo medio calculado por el Banco para sus operaciones 
propias, ya que algunas operaciones de préstamos 
propios del BEI se efectúan en regiones lejanas del 
mundo, mientras que los del NIC y del Euratom se limitan 
normalmente a los países comunitarios. En los documen­
tos que le han sido presentados el Tribunal no ha 
encontrado pruebas de que el método de cálculo de la 
comisión de gestión facturada por el BEI tenga en cuenta 
este hecho a pesar de que en opinión del Tribunal los 
costes administrativos resultantes deben ser diferentes. El 
precio de coste de los préstamos concedidos directamente 
por el BEI incluye, correctamente, los costes administrati­
vos derivados de la captación y seguimiento de las fuentes 
de financiación, principalmente de los empréstitos 
contraídos por el BEI necesarios para la concesión de 
préstamos. Por el contrario, es la Comisión quien capta y 
gestiona directamente los empréstitos utilizados para las 
operaciones de préstamos NIC y Euratom. Esta diferen­
cia aboga igualmente por una nueva facturación a la 
Comisión de los costes administrativos desglosados. La 
utilización de un coste administrativo único equivale en 
este caso a hacer soportar a la Comisión una parte de los 
gastos de gestión de los empréstitos del BEI. No hay 
razón por la que la facturación exacta a la Comisión de los 
gastos directamente soportados por el BEI en él ejercicio 
de las funciones delegadas que realiza deba ser necesaria­
mente incompatible con una armonización de los tipos de 
interés practicados en los préstamos NIC y Euratom y los 
préstamos BEI, la cual, por otra parte, parece deseable. 
14.16. El segundo documento del BEI no es más que 
una simple descripción general del sistema clásico de 
contabilidad analítica que aplica para calcular el precio de 
coste de sus préstamos. El BEI afirma aplicar este mismo 
método para el cálculo de los costes de gestión de las 
operaciones NIC y Euratom. Sin embargo, la vinculación 
entre el método analítico de determinación del precio de 
coste y el tipo de comisión aplicado a las operaciones NIC 
y Euratom no está nada clara. 
14.17. El Tribunal no ha recibido ninguna información 
precisa de importes, por lo que tampoco ha podido, igual 
que en ejercicios anteriores, comprobar que las comisio-
124 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
nes de gestión pagadas por la Comisión al BEI correspon­
den a gastos realmente efectuados. El Tribunal tampoco 
ha podido verificar la afirmación de la Comisión de que 
las operaciones NIC y Euratom producen al BEI más 
gastos que ingresos. Para ello sería necesario: 
(a) analizar la contabilidad analítica del BEI, y obtener el 
desglose de los gastos administrativos directamente 
imputables a la gestión de los préstamos NIC y 
Euratom; 
(b) poder comprobar la validez de las imputaciones de 
estos gastos; 
(c) comparar, a lo largo de la duración total de los 
préstamos, los costes totales con los ingresos por 
comisiones previstos. 
El BEI dispone, según parece, de un instrumental 
analítico lo bastante sofisticado como para proporcionar 
esta información. La Comisión, en su calidad de 
poderdante, y estando además representada en el Consejo 
de Administración del banco, debería haber exigido que 
se le proporcionara esta información a fin de poder 
determinar si los gastos administrativos están justificados 
y ponerla a disposición del Tribunal. 
14.18. A pesar de la falta de cifras precisas, el Tribunal 
ha llegado a algunas conclusiones sobre la naturaleza y 
evolución de los gastos administrativos que le causan al 
BEI los servicios delegados que realiza, que le inducen a 
pensar que el porcentaje de las comisiones de gestión que 
factura podría ser revisado. 
14.19. Con mucha frecuencia los préstamos NIC y 
Euratom van asociados con préstamos BEI. En estos 
casos, para conceder sus propios préstamos, el BEI ha 
tenido que realizar previamente los estudios técnicos de 
los proyectos así como los análisis financieros de las 
empresas prestatarias, que puede volver a utilizar para los 
préstamos NIC y Euratom. Antes de cada vencimiento de 
los préstamos NIC y Euratom, la Comisión comunica al 
BEI el detalle del importe que debe reclamar al 
prestatario, la comisión de gestión del BEI, y los datos de 
la cuenta bancaria de la Comisión donde deberá transferir 
el importe neto de cada amortización. No parece, por 
tanto, que la gestión de los préstamos NIC y Euratom 
implique una cantidad importante de trabajo suplemen­
tario para el BEI. Por el contrario, con ella consigue una 
mejor cobertura de sus costes administrativos ya que 
duplica el volumen de esas operaciones. Este es, también, 
el razonamiento que siguió el BEI cuando en 1977 fijó, de 
acuerdo con la Comisión, el tipo de su comisión de 
gestión. Este tipo representaba entonces la mitad de la 
media de sus costes administrativos. Sin embargo, según 
el BEI, el margen destinado a cubrir sus gastos de gestión, 
que están englobados en el precio de coste de sus 
préstamos, ha disminuido sensiblemente desde 1977. Siguiendo el razonamiento aplicado en 1977, el tipo de 
comisión del BEI hubiera debido ser revisado a la baja en 
la misma proporción. Este tipo revisado se aproximaría 
entonces sensiblemente al aplicado por otros intermedia­
rios financieros utilizados por la Comisión en el marco de 
la CECA. A título indicativo, la aplicación a los 
préstamos Euratom, tal como aparecen a 31 de diciembre 
de 1986, de un tipo de comisión revisado del tipo antes 
descrito, supondría, con respecto a los tipos aplicados 
actualmente, una reducción de la factura del BEI por el 
período comprendido entre 1986 y el final de la duración 
de los préstamos de más de 5,6 Mió ECU. 
14.20. Antes de 1982 los préstamos NIC eran préstamos 
individuales. A partir de ese año, una parte de los recursos 
NIC se distribuye en forma de préstamos globales. Estos 
préstamos globales se destinan a poner a disposición de 
las instituciones de crédito de los Estados miembros 
fondos que ellas canalizan por su cuenta y riesgo hacia las 
pequeñas y medianas empresas que realizan proyectos 
aprobados por el BEI. En estos préstamos globales, una 
parte nada despreciable de las tareas administrativas de 
gestión de los préstamos la desempeñan las instituciones 
de crédito de los Estados miembros, que se resarcen 
mediante una comisión suplementaria que se añade a la 
del BEI y que está incluida en el coste del crédito. El 
cuadro 14.3 ofrece el desglose de los préstamos NIC entre 
préstamos individuales y globales desde 1979 a 1986. El 
Tribunal opina que el continuo aumento de la proporción 
de préstamos globales desde la última renegociación de la 
comisión de gestión del BEI, que data de principios del 
ejercicio 1984, debería haber llevado a una nueva 
reducción del tipo. 
14.21. Desde 1977 a finales de 1986, se han hecho 
efectivos 82 préstamos Euratom por un importe total del 
orden de 2 577 Mió ECU. Los préstamos Euratom se 
caracterizan, pues, por un principal relativamente alto. 
La duración media de los préstamos es de 12 años. 
Debido a las características especiales del campo cubierto 
por el Euratom, los préstamos se conceden únicamente a 
10 empresas prestatarias de dimensión nacional o 
supranacional. Los contratos de préstamos Euratom se 
formalizan mediante un contrato-tipo preparado y 
redactado por el servicio jurídico de la Comisión en 
colaboración con el BEI. 
14.22. En opinión del Tribunal esta serie de característi­
cas debería limitar considerablemente el peso de los 
gastos administrativos de concesión y gestión de los 
préstamos Euratom. Sin embargo, según los cálculos del 
Tribunal, el BEI recibirá por la gestión de los préstamos 
Euratom concedidos hasta el 31 de diciembre de 1986 
(2 577 Mió ECU) una comisión de gestión que, si no se 
actualiza, ascenderá a 25,7 Mió ECU. Únicamente un 
análisis comparativo y actualizado entre el importe de 
esta retribución y los gastos del BEI en concepto de los 
préstamos Euratom permitiría juzgar la facturación del 
BEI. Lamentablemente, por las razones ya expuestas en el 
apartado 14.17, el Tribunal no dispone de la información 
necesaria para realizar dicho análisis. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 125 
Cuadro 14.3 — Desglose de los préstamos NIC entre préstamos individuales y globales 
(Mió ECU) 
Fecha 
de la 
firma del 
préstamo 
(1) 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Total Total de 
préstamos 
concedidos 
Princi­
pal de 
prest. 
(2) Número 
de 
prest. 
(3) 
234,4 9 
168,9 11 
475,4 19 
723,4 22 
1 114,5 49 
l 137,3 69 
866,3 45 
410,0 20 
5 130,2 244 Préstamos individuales 
Princi­
pal de 
prest. 
(4) 
234,4 
168,9 
475,4 
493,4 
617,4 
363,8 
243,3 
142,1 
2 738,7 Porcentaje 
respecto 
a (2) 
(5) = %(4)/(2) 
100 
100 
100 
68,2 
55,4 
32,0 
28,1 
34,7 
53,4 Número 
de 
prest. 
(6) 
9 
11 
19 
16 
28 
20 
12 
6 
121 Porcentaje 
respecto 
a (3) 
(7) = %(6)/(3) 
100 
100 
100 
72,7 
57,1 
29,0 
26,7 
30 
49,6 Préstamos globales 
Princi­
pal de 
prest. 
(8) 
— 
— 
230,0 
497,1 
773,5 
623,0 
267,9 
2 391,5 Porcentaje 
respecto 
a (2) 
(9) = %(8)/(2) 
— 
— 
31,8 
44,6 
68,0 
71,9 
65,3 
46,6 Número 
de 
prest. 
(10) 
— 
_ 
6 
21 
49 
33 
14 
123 Porcentaje 
respecto 
a (3) 
(ll) = °/o(10)/(3) 
— 
— 
27,3 
42,9 
71,0 
73,3 
70 
50,4 
14.23. La comisión que percibe el BEI funciona como 
un interés sobre el préstamo. Ello se debe a que el tipo se 
aplica durante toda la vida de los préstamos al capital 
pendiente de amortización. Así, cuanto más tarde se 
efectúa la amortización del principal del préstamo, mayor 
es la remuneración del BEI. El cuadro 14.4 muestra el 
porcentaje de préstamos Euratom que se caracterizan por 
tener la amortización del capital concentrada al final de la 
vida del préstamo; el 51 % de los préstamos se amortiza­
rán de una sola vez en el último año. Si a esto se añaden los 
préstamos a amortizar en los tres o cuatro últimos 
ejercicios, el porcentaje llega casi al 71 %. Esta situación 
explica en parte el alto nivel de la comisión de gestión 
pagada por la Comisión al BEI y debería justificar una 
revisión de la forma del cálculo de la retribución del BEI. 
14.24. La complejidad de las operaciones NIC no 
permitió al Tribunal efectuar los mismos cálculos que en 
el caso del Euratom. Sin embargo, la mayoría de las 
observaciones del Tribunal relativas al Euratom podrían 
aplicarse «mutatis mutandis» al NIC. Por esta razón el 
Tribunal considera que la Comisión y el BEI deberían 
volver a negociar para definir las normas que permitiesen 
garantizar que la comisión de gestión que percibe el BEI 
sirva únicamente para cubrir sus gastos reales de gestión 
de los préstamos NIC y Euratom. El Tribunal reitera a la 
Comisión la petición formulada en ejercicios precedentes 
de que le consiga cifras exactas que le permitan juzgar la 
justificación de los costes administrativos facturados por 
el BEI, tanto más cuanto que en su calidad de poderdante, 
debería haber tomado ya las medidas necesarias para 
hacerlo ella misma. Convención relativa a la auditoría de los 
préstamos NIC 
14.25. Tal como indica en su Informe Anual relativo al 
ejercicio 1984 (4), las negociaciones emprendidas en 
otoño de 1984 con la Comisión y el BEI proporcionaron 
al Tribunal un marco de trabajo para auditar las 
operaciones NIC del ejercicio 1984, en lo referente a los 
documentos y la información que la Comisión debía 
poner a su disposición. 
14.26. En la auditoría de las operaciones NIC del 
ejercicio 1985, la información y los documentos pedidos a 
la Comisión, y proporcionados por ésta, no han sido 
suficientes para permitir al Tribunal verificar el grado de 
realización del objetivo que el Consejo de ministros había 
fijado en sus decisiones. 
14.27. El artículo 10 de la Decisión del Consejo de 
ministros relativa al NIC IV (5) estipula que el control 
financiero y el control de las cuentas de la Comisión se 
efectúen de conformidad con el Reglamento Financiero 
aplicable al Presupuesto General de las Comunidades 
Europeas. Las operaciones de préstamos y la gestión de la 
tesorería están sometidas a procedimientos de control y 
descargo fijados por los estatutos del Banco para sus 
operaciones, y solamente a ellos. 
14.28. El Tribunal considera que la realización de las 
operaciones contempladas en esta decisión « por mandato 
de la Comunidad Económica Europea» incumbe exclusi­
vamente a la Comisión, que asume además la total 
126 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Cuadro 14.4 — Proporción de los préstamos Euratom amortizados al final de su vigencia 
(Mió ECU) 
Divisa 
(1) 
DM 
BFR 
FF 
LFR 
HFL 
FS 
ECU 
USD 
YEN 
Total Total de 
préstamos 
concedidos 
(2) 
460,8 
466,6 
284,4 
261,3 
280,3 
145,0 
288,0 
216,7 
174,4 
2 577,5 Préstamos 
amortizados 
durante el 
último año 
(3) 
365,6 
300,7 
229,1 
43,9 
64,0 
100,8 
97,7 
116,8 
1 318,6 Porcentaje 
con respecto 
a (2) 
(4) = %(3)/(2) 
79,3 
64,4 
80,6 
16,8 
22,8 
69,6 
33,9 
53,9 
51,1 En varios 
años al final 
de su 
vigencia 
(5) 
159,6 
83,2 
148,8 
115,9 
507,5 Porcentaje 
con respecto 
a (2) 
(6) = %(5)/(2) 
61,1 
29,7 
51,7 
66,5 
19,7 Porcentaje 
acumulado 
con respecto 
a (2) 
(7) = 
%(3) + (5)/(2) 
79,3 
64,4 
80,6 
77,9 
52,5 
69,6 
85,6 
53,9 
66,5 
70,8 
responsabilidad política y jurídica, aunque está autoriza­
da a confiar la gestión de las operaciones al Banco 
Europeo de Inversiones de conformidad con un convenio 
de cooperación (mandato) formalizado entre ella y el 
BEL Por otra parte, sus operaciones están garantizadas 
por el Presupuesto General de las Comunidades y, en 
algunos casos, junto con los préstamos así financiados se 
conceden bonificaciones de intereses con cargo al 
Presupuesto General. Debido a ello, estas operaciones 
están automáticamente sometidas al control externo 
previsto en los artículos 206 bis y 206 ter del Tratado CEE 
y definido en el Reglamento Financiero. En ninguna de 
sus diferentes tomas de posición, ni en su respuesta a las 
observaciones del Informe Anual del Tribunal de Cuentas 
relativo al ejercicio 1985, la Comisión ha puesto 
objeciones a esta situación. 
14.29. La Comisión, tras la Decisión NIC IV de 9 de 
marzo de 1987 (5) y en respuesta a la intervención del 
Tribunal de 24 de marzo de 1987, confirmó de nuevo el 30 
de abril de 1987 que no había modificado en absoluto su 
posición de principio relativa a las competencias del 
Tribunal de Cuentas respecto a los créditos de cuya 
gestión se encarga el BEI por mandato de la Comisión y 
que no tenía la intención de interpretar el texto del 
artículo 10 de la Decisión como una limitación de las 
competencias atribuidas al Tribunal por los Tratados. 
14.30. La Comisión debería hacer que el BEI, su 
mandatario, respetase este punto de vista; en este 
contexto, el Tribunal considera que convendría tomar 
como ejemplo el procedimiento de control aplicado en el 
ámbito de la CECA a satisfacción de todas las institucio­
nes. Préstamos y bonificaciones de intereses en 
favor de zonas afectadas por un terremoto en 
Grecia 
14.31. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1985 (6) 
el Tribunal manifestaba que el control de la ayuda 
comunitaria concedida en 1985 de conformidad con la 
Decisión 81/1013/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 
1981 (7), en favor de los trabajos de reconstrucción 
posteriores al terremoto ocurrido en Grecia, que revistió 
la forma de un préstamo de ± 80 Mió ECU combinado 
con una bonificación de intereses de ± 20 Mío ECU, sólo 
había podido ser controlada sobre documentos. La razón 
es que, de común acuerdo con los responsables griegos de 
la gestión de la ayuda, la misión de visita a Grecia no se 
hizo hasta junio de 1986. Las observaciones suplementa­
rias sobre la gestión de esta ayuda comunitaria que 
figuran a continuación se basan en las averiguaciones del 
Tribunal durante la visita de control. 
Contabilización del préstamo 
14.32. El acuerdo entre la Comisión, el BEI y las 
autoridades griegas estipulaba que el préstamo se 
abonaría en primer lugar al Banco de Grecia y posterior­
mente, una vez cumplidas determinadas condiciones, a 
los ministerios, organismos, etc., encargados de realizar 
los trabajos. Con ayuda de los documentos puestos a su 
disposición por el Ministerio de Economía, el Tribunal 
pudo seguir la recepción del préstamo en varias divisas en 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 127 
el Banco de Grecia, su conversión en dracmas y el reparto 
de los fondos a las instituciones encargadas de realizar los 
gastos. Sin embargo, a continuación, los fondos se 
incluyeron en el programa de inversiones del Estado, de 
forma que ha sido imposible diferenciar la contribución 
comunitaria y los fondos nacionales afectados a la ayuda 
a los damnificados por el terremoto. 
14.33. El Tribunal recomienda que para futuras 
operaciones de este tipo se mantengan cuentas separadas 
como prueba de una gestión adecuada de los fondos 
comunitarios. aparece en su Informe Anual relativo al ejercicio 
1985 (8), donde se indica que no se consultó a la 
Comisión sobre la cuestión de la subvencionabilidad 
de este proyecto adicional añadido al programa. Los 
nuevos edificios son de un nivel muy superior al de las 
viviendas siniestradas. Si el proyecto se hubiera 
realizado a un coste menor, la ayuda cofinanciada por 
la Comunidad hubiera podido llegar a una propor­
ción superior de la población afectada por el 
terremoto. Dadas las condiciones económicas modes­
tas de los antiguos moradores, es difícil comprender 
cómo van a poder soportar la carga económica que 
representan las viviendas de este nivel; 
Control de proyectos específicos 
14.34. Los controles efectuados por el Tribunal se han 
centrado sobre dos aspectos concretos del programa 
modificado: las inversiones en viviendas privadas y las 
escuelas. Dentro de ellos se seleccionaron para un examen 
más detallado unas viviendas construidas en Nikaia 
(± 6,6 Mió ECU) y un instituto construido en Atenas 
(± 0,6 Mió ECU). Los resultados de este examen fueron 
los siguientes: (c) por lo que respecta al nuevo instituto de Atenas, 
existen todavía interrogantes en cuanto a su subven­
cionabilidad en el marco de la reconstrucción de 
edificios afectados por el terremoto, ya que la escuela 
nueva se construyó en un lugar diferente al de la 
antigua y ésta se siguió utilizando como escuela hasta 
1984, fecha en que finalizó la construcción de la 
nueva. 
Pruebas de los daños causados por el terremoto 
(a) aunque las obras de construcción de las viviendas de 
Nikaia se terminaron en diciembre de 1985, la licencia 
de obras no fue concedida hasta mayo de 1986. En el 
momento del control, es decir, más de 5 años después 
del terremoto, no se había efectuado la inspección 
para la recepción definitiva y no se había ocupado 
ninguna vivienda; 
(b) las viviendas de Nikaia no estaban comprendidas en 
el programa de subvenciones que la Comisión aceptó 
inicialmente. Las autoridades griegas no propusieron 
éste y otra serie de proyectos al BEI hasta abril de 
1985. El Tribunal se remite a la observación que 14.35. Las autoridades griegas no han podido presentar 
pruebas de los daños causados por el terremoto. 
Asimismo, no se ha elaborado una relación exhaustiva y 
cuantitativa de los daños correspondientes a los dos 
proyectos examinados. Por tal motivo, el Tribunal no ha 
podido confirmar si los trabajos realizados en el 
programa se debían exclusivamente a los efectos del 
terremoto. Se recomienda, pues, que en el futuro, en los 
casos de ayuda de urgencia, el contrato de financiación 
estipule que los trabajos autorizados no puedan ser 
ejecutados más que contra presentación de una prueba de 
los daños. 
0) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) DO C 326 de 16.12.1985, apartado 14.23. 
Resolución del Parlamento Europeo de 18.4.1986, DOL 150 
de 4.6.1986. 
Doc. COM(86) 423 final. 
DO C 326 de 16.12.1985, apartado 14.8. 
Decisión 87/182/CEE, del Consejo, de 9.3.1987, DO L 71 de 
14.3.1987. (*) DO C 321 de 15.12.1986, apartado 12.18. 
(7) Decisión 81/1013/CEE, del Consejo, de 14.12.1981, DO L 
367 de 23.12.1981. 
(8) DO C 321 de 15.12.1986, apartado 12.37. 

15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 129 
SEGUNDA PARTE 
Fondos Europeos de Desarrollo 
ÍNDICE Apartados 
Introducción 1 — 5 
Observaciones relativas a la gestión financiera 6 — 22 
Tercer y cuarto FED 6 
Quinto FED 7 
Sexto FED 8—9 
Establecimiento de las cuentas de los FED 10 
Fondos de anticipos 11 — 20 
Coste de los contratos de obra 21 — 22 
Ayuda a la formación 23 — 56 
Ejecución financiera de las intervenciones en el sector de la formación 25 — 26 
Programas plurianuales de formación 27 — 50 
Acciones específicas fuera de los programas plurianuales de formación 51 — 55 
Observaciones finales 56 
Ayuda a la promoción comercial 57 — 100 
Base jurídica de las acciones de promoción comercial 58 — 59 
Fuentes de financiación de los programas de promoción comercial y su 
ejecución financiera 60 — 63 
Programas de promoción comercial 64— 71 
Participación en ferias comerciales 72 — 93 
Misiones comerciales 94 — 99 
Observaciones finales 100 
INTRODUCCIÓN 2. En los apartados siguientes se exponen, en primer 
lugar, las observaciones relativas a la gestión financiera 
del tercero, cuarto, quinto y sexto FED. Más adelante, se 
hace un análisis crítico de las condiciones de concesión y 
gestión de las ayudas a las acciones de formación y 
promoción comercial. 
1. Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) constitu­
yen el principal instrumento de la política de cooperación 
de la Comunidad Económica Europea (CEE) con 66 
países en vías de desarrollo de África, el Caribe y el 
Pacífico (Estados ACP). Distinta del Presupuesto 
General de las Comunidades Europeas, la dotación de 
cada FED se nutre de contribuciones financieras de los 
Estados miembros, determinadas según un sistema de 
reparto de costes ad hoc. Por otra parte, la ejecución de 
cada FED se rige por un reglamento financiero específico. 3. En 1986 tres misiones del Tribunal de Cuentas 
visitaron doce países ACP: Guayana, Trinidad y Tobago, 
Granada, Dominica, Santa Lucía, Barbados, Jamaica, 
Chad, Camerún, Guinea Ecuatorial, Níger y Burkina 
Faso. Durante estas visitas se examinaron 93 proyectos y 
un elevado número de microproyectos financiados en el 
marco de programas indicativos nacionales y de coopera-
130 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
ción regional, así como diversas intervenciones en 
concepto de ayuda de urgencia con los mecanismos 
Stabex y Sysmin. 
4. Estas verificaciones, realizadas en cada uno de los 
países afectados sobre una parte significativa de las 
ayudas concedidas en concepto de cuarto y quinto FED 
(una media del 65 % de la dotación de los programas 
indicativos), permitieron comprobar la persistencia de 
deficiencias en las fases de programación, instrucción y 
evaluación de los proyectos, que ya habían sido objeto de 
observaciones en el anterior Informe Anual del Tribunal. 
La procedencia de la mayor parte de éstas no fue 
contestada por la Comisión, la cual, por otra parte, 
precisó que algunas de ellas serían tenidas en cuenta en la 
Tercera Convención de Lomé. Como la aplicación de esta 
última está en fase inicial, el Tribunal no considera útil 
insistir sobre esas observaciones en el presente informe. 
5. El cuadro 1 muestra la utilización acumulada del 
tercero, cuarto, quinto y sexto FED a 31 de diciembre de 
1986, así como los pagos e ingresos diversos registrados 
en 1986. El importe de la ayuda otorgada a cada Estado 
beneficiario aparece en la segunda parte del anexo III. marzo de 1976, estaba en su fase final, y la Comisión 
comenzó a utilizar los recursos no afectados del cuarto 
FED, establecido en virtud de la Primera Convención de 
Lomé, que expiró el 31 de diciembre de 1980. En 
particular, 75,0 Mió ECU procedentes de las reservas del 
cuarto FED, a los que hay que añadir 25,0 Mió ECU del 
quinto FED, fueron afectados a la financiación de un 
programa de rehabilitación y reactivación destinado a los 
Estados africanos más afectados por la sequía, cuya 
práctica totalidad estaba en curso de realización a finales 
de 1986. 
Quinto FED 
7. La Segunda Convención de Lomé, en cuyo marco se 
estableció el quinto FED, expiró el 28 de febrero de 1985, 
pero continuó siendo aplicada de forma transitoria hasta 
la entrada en vigor de la Tercera Convención de Lomé el 
primero de mayo de 1986. A 31 de diciembre de 1986 el 
45 % del quinto FED no había sido abonado. 
Sexto FED 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
GESTIÓN FINANCIERA 
Tercer y cuarto FED 
6. En 1986 el tercer FED, establecido en el marco de la 
Segunda Convención de Yaunde, que expiró el 31 de 8. La Tercera Convención de Lomé (sexto FED) fue 
firmada el 8 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 
primero de mayo de 1986. Los largos plazos que se 
hicieron necesarios a causa del ritmo de firma de los 
programas indicativos, así como el hecho de que el 
Consejo no aprobó su Reglamento Financiero hasta el 11 
de noviembre de 1986, explican que a 31 de diciembre de 
1986 no se hubiera registrado ningún pago importante 
correspondiente al sexto FED, con la excepción de 
determinadas transferencias Stabex por un total de 
105,0 Mió ECU y de ayudas de urgencia por un total de 
3,9 Mió ECU. 
Cuadro 1 — Utilización del 3o, 4o, 5o y 6o FED a 31 de diciembre de 1986 
(Mió ECU) 
Recursos y utilización 
Desembolsos: 
— anteriores a 1986 
— efectuados en 1986 
Total de importes desembolsados 
Pendientes de desembolsar: 
— comprometidos 
— no comprometidos 
Dotación 
Ingresos diversos: 
— anteriores a 1986 
— percibidos en 1986 
Total de recursos disponibles 3° FED 
Yaunde II 
(expiración: 
1976) 
881,5 
3,6 
885,1 
9,4 
2,3 
896,8 
— 
896,8 4" FED 
Lomé I 
(expiración: 
1980) 
2 781,9 
108,5 
2 890,4 
*243,1 
57,0 
3 190,5 
6,1 
3 196,6 5» FED 
Lomé II 
(expiración: 
1986) 
2 041,0 
617,9 
2 658,9 
1 497,8 
605,6 
4 762,3 
138,3 
13,8 
4 914,4 6° FED 
Lomé III 
(expiración: 
1990) 
116,7 
116,7 
196,5 
7 186,8 
7 500,0 
— 
7 500,0 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 131 
9. A 31 de diciembre de 1986 la Comisión aún no había 
adoptado ninguna disposición para colocar una parte de 
la dotación Stabex, que se puede estimar en 70 Mió ECU, 
tal como prevén el artículo 153, apartado 2, de la Tercera 
Convención de Lomé y el artículo 55 del Reglamento 
Financiero aplicable al sexto FED, de forma que no se 
han obtenido intereses para completar los recursos 
Stabex, que en el marco de la Segunda Convención de 
Lomé se mostraron insuficientes para satisfacer las 
demandas aceptadas. 
Establecimiento de las cuentas de los FED 
10. A fin de respetar el plazo reglamentario previsto 
para el establecimiento de las cuentas y asegurarse de que 
se efectúan los controles contables adecuados sobre las 
operaciones del FED, la Comisión debería hacer lo 
necesario para que todas las comprobaciones y compara­
ciones se efectúen regularmente durante el ejercicio, en 
vez de permitir que se produzca un largo retraso al final 
del mismo. Tal y como el Tribunal de Cuentas ha 
subrayado en sus informes anuales precedentes, durante 
el período necesario para preparar las cuentas de final de 
ejercicio, la Comisión no puede acceder a los registros 
contables de las operaciones bancarias (que representan 
un importe total de aproximadamente 200 Mió ECU) ni a 
los datos contables de realización de los proyectos, lo que 
constituye una seria deficiencia en su gestión financiera de 
los FED. 
Fondos de anticipos 
11. Con arreglo al artículo 129(e) de la Segunda 
Convención de Lomé, la Comunidad adapta sus procedi­
mientos de pago para evitar que los Estados ACP menos 
desarrollados tengan que soportar la carga de la 
prefinanciación de los proyectos y programas. El artículo 
230 de la Tercera Convención de Lomé extiende esta 
disposición a todos los Estados ACP. 
12. Sin embargo, desde hace varios años la Comisión ha 
extendido el sistema de anticipos a todos los Estados ACP 
estén o no subdesarrollados, en particular los anticipos 
destinados a cubrir los gastos a efectuar por las 
administraciones locales. La práctica de la Comisión, tal 
como se define en las instrucciones a sus delegados, 
consiste en dejar a la administración local la iniciativa de 
constituir un fondo de anticipos para los gastos aproba­
dos a realizar en moneda nacional. Casi todos los Estados 
ACP han hecho uso de esta facultad, especialmente para 
la realización de proyectos de desarrollo en el sector rural. 
Las instrucciones prevén que estos fondos de anticipos se 
constituyan de forma acorde con los reglamentos 
financieros del FED, con la salvedad de que no se 
determina la responsabilidad del administrador de 
anticipos y de que ninguna disposición prevé la indemni­zación en caso de pérdidas ni la constitución de garantías. 
13. Los anticipos concedidos por la Comisión según 
esta fórmula son importantes, situándose normalmente 
cada uno de ellos entre 50 000 ECU y 400 000 ECU. Se 
destinan a cubrir los pagos de hasta seis meses, se dotan 
trimestralmente y periódicamente se liquidan con la 
presentación al delegado de los documentos justificativos. 
Registro de los anticipos 
14. Se ha comprobado que el registro que lleva la 
Comisión de los fondos de anticipos en las cuentas del 
FED es insuficiente y en algunos casos incorrecto. 
15. Los importes de los anticipos a los Estados ACP no 
se registran en el activo de las cuentas del FED, sino que se 
imputan directamente al proyecto en cuestión. El único 
registro de su concesión y correspondiente liquidación 
está constituido por una contabilidad para memoria por 
partida simple, en moneda local, por cada compromiso. 
Hasta hace poco la Comisión no ha podido presentar al 
Tribunal una lista completa de los anticipos pendientes de 
liquidación en 1986 y en los balances del FED no aparece 
ninguna valoración de esta importante partida del activo. 
16. El Tribunal ha examinado 40 cuentas para memoria 
no saldadas relativas a los anticipos, con un saldo total de 
10 Mió ECU, y ha observado que el 50% de ellas 
contenían imputaciones erróneas, bien porque los 
anticipos habían sido registrados como gastos liquidados, 
o porque los documentos justificativos de los gastos 
liquidados no estaban registrados en su totalidad. En el 
25 % de los anticipos examinados el Tribunal no ha 
podido obtener confirmación de que la contabilidad del 
FED sobre el anticipo haya sido conciliada con los 
registros de la delegación, toda vez que las fichas de 
control mediante las que las delegaciones declaran las 
dotaciones periódicas y las cantidades liquidadas no 
constaban en los expedientes de Bruselas. 
Control de la utilización de los anticipos 
17. Las instrucciones de la Comisión prevén que el 
procedimiento de constitución de los fondos de anticipos 
y su liquidación será fijada en el presupuesto que 
prepararán las autoridades. Dejando aparte algunas 
excepciones, los 40 presupuestos examinados por el 
132 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Tribunal no contenían más que una referencia sucinta a 
los justificantes de los gastos que se deben presentar, lo 
que tiene como consecuencia que el delegado no insista 
para que las administraciones locales envíen los numero­
sos documentos previstos en las instrucciones, como por 
ejemplo la prueba de que se ha aceptado la oferta más 
baja o de que las órdenes de compra han sido debidamen­
te autorizadas. Las instrucciones son incompletas en lo 
que se refiere a un punto importante, a saber: no se prevé 
en ninguna parte que la administración local deba 
presentar su contabilidad de existencias con objeto de 
probar que la utilización de elementos tales como los 
materiales de construcción, carburante y piezas de 
repuesto de los vehículos financiados por el FED se ha 
restringido a los objetivos aprobados. 
Cuentas bancarias de los administradores de anticipos 
18. La Comisión no efectúa ninguna comprobación 
efectiva destinada a comprobar que los saldos no 
utilizados de las regulaciones de anticipos cuadran con los 
saldos de las cuentas bancarias abiertas por los adminis­
tradores de anticipos. Sólo dos expedientes de documen­
tos justificativos examinados por el Tribunal en Bruselas 
contenían indicación de los saldos bancarios del adminis­
trador de anticipos y, en ambos casos, aparecían 
diferencias importantes e inexplicables entre el registro de 
la Comisión del saldo del anticipo y el saldo bancario. En 
tres Estados ACP visitados por el Tribunal en 1986 las 
delegaciones no pudieron presentar ninguna conciliación 
que explicara las diferencias acumuladas durante el curso 
de los años entre el registro de los anticipos de la 
delegación y los correspondientes saldos bancarios. 
Mientras la Comisión no obligue a las delegaciones a 
efectuar regularmente este tipo de conciliaciones, no 
podrá probar que los anticipos han sido utilizados 
exclusivamente para los objetivos acordados y que son, en 
su caso, recuperables. 
Incidencia de las deficiencias observadas 
19. Según los registros que ha podido examinar, el 
Tribunal estima los anticipos concedidos en 1986 en un 
importe total de aproximadamente 80 Mío ECU. Debido 
al retraso en la preparación de la lista completa de los 
anticipos pendientes de liquidación, a los numerosos 
errores contables no corregidos y a la falta de conciliación 
de los registros de los delegados y de los saldos bancarios, 
la Comisión no está en condiciones de seguir la utilización 
de los anticipos. Su control es aún menos eficaz debido a 
que todos los documentos justificativos se conservan en 
las delegaciones y la Dirección General del Control 
Financiero de la Comisión no efectúa ninguna comproba­
ción periódica de los anticipos, limitando su autorización 
formal únicamente a los pagos en moneda de la CEE. 20. Los fondos de anticipos se mantienen frecuentemen­
te durante largos años; esto es debido a que los saldos se 
prorrogan de un presupuesto anual al siguiente y a veces 
corresponden a varios proyectos y FED sucesivos. 
Debido a la falta de conciliaciones periódicas, la tarea de 
identificación de los errores y de las diferencias que 
aparecen entre los registros del FED y los de la 
administración nacional es larga, lo que retrasa el cierre 
de los proyectos. En una tercera parte de los anticipos 
examinados (por un total de 3,2 Mió ECU), tres de los 
cuales datan de 1980 o de años anteriores y representan un 
importe total de 0,6 Mió ECU, la liquidación del anticipo 
llevaba un retraso mínimo de dos años. Se deberían emitir 
órdenes de recobro a fin de recuperar los saldos no 
utilizados o superfluos y evitar con ello que el FED 
registre pérdidas: un anticipo de 0,1 Mió ECU pagado en 
moneda nacional en febrero de 1984 resultó ser superfluo, 
y debido a la depreciación de la moneda nacional el 
reembolso que obtendrá la Comisión será sólo el 27 % del 
importe original en ECU. 
Coste de los contratos de obra 
21. Tal como se indicó en el Informe del Tribunal 
relativo al ejercicio 1984 ('), la Comisión no presta la 
suficiente atención en el momento de aprobar las 
condiciones financieras de los contratos de obra, en 
particular en lo que respecta a las disposiciones relativas a 
las compensaciones por variación de precios. En 1986, el 
adjudicatario de unas obras de carreteras en Tanzania 
recibió una suma de 1,9 Mió ECU, que el Tribunal 
considera injustificada por los siguientes motivos: 
(a) se pidieron 1,5 Mió ECU para compensar los 
aumentos de precios de los materiales y de la mano de 
obra, cuya razón principal fue la fuerte devaluación 
del chelín tanzano. Sin embargo, el contratista ya 
estaba protegido contra la devaluación monetaria, ya 
que el 76 % del contrato, que se hizo en chelines, fue 
pagado en ECU por el FED a un nivel establecido en 
una fecha anterior a la oferta. Por tanto, no hay 
justificación para que el FED pague ninguna 
compensación suplementaria por variación de pre­
cios; 
(b) se reclamaron 0,4 Mió ECU por los gastos correspon­
dientes a los impuestos sobre la venta de carburante, a 
pesar de que la oferta del contratista fue aceptada 
únicamente por ser la más baja, con la condición de 
que todos los impuestos locales estuviesen incluidos 
en su oferta; por otra parte, en contratos similares en 
el mismo país, el contratista (y por tanto el FED) 
estuvo completamente exonerado de impuestos 
locales; 
22. Por otra parte, se pagaron 0,4 Mió ECU al mismo 
adjudicatario en concepto de intereses de mora sobre los 
pagos efectuados por la Comisión. 
(!) Las notas aparecen al final de la segunda parte. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 133 
AYUDA A LA FORMACIÓN sector de la formación. De este modo, como promedio, 
los Estados ACP han dedicado algo más del 10 % de las 
dotaciones de sus programas indicativos a la formación y 
a la enseñanza. 
23. Los sucesivos convenios de asociación con los países 
ACP anteriores a la Primera Convención de Lomé 
introdujeron progresivamente la financiación, con fon­
dos comunitarios, de infraestructuras escolares, conce­
sión de becas de estudios y prácticas y organización de 
programas específicos de formación de ejecutivos, 
técnicos y profesores. La Segunda Convención de Lomé 
cambió sensiblemente el enfoque de las acciones de 
formación, que a partir de este momento deberían 
realizarse principalmente dentro del marco de programas 
plurianuales y subsidiariamente bajo la forma de 
operaciones específicas. 26. Al desglosar las cantidades globales se observa el 
lugar preponderante de las acciones de formación 
propiamente dichas, que se han beneficiado de aproxima­
damente el 60 % de los fondos en cuestión, habiéndose 
destinado el 40 % restante a infraestructuras educativas. 
Es de destacar que las acciones de formación subvencio­
nadas en el marco de otros proyectos de desarrollo no 
están incluidas en las cantidades antes mencionadas, 
debido a que no son registradas de forma separada en las 
cuentas del FED. 
24. Dentro de un estricto respeto de las opciones 
fundamentales de cada Estado asociado en materia de 
enseñanza, las acciones financiadas en el marco de 
programas plurianuales están destinadas a satisfacer las 
necesidades de formación resultantes de los objetivos 
generales de desarrollo enunciados en los programas 
indicativos. Las acciones específicas se refieren a 
operaciones puntuales en los sectores de formación 
profesional, investigación e innovación. Programas plurianuales de formación 
Inventario de las necesidades prioritarias 
Ejecución financiera de las intervenciones 
en el sector de la formación 
25. Tal como muestra el cuadro 2, entre el 1 de abril de 
1976 y el 31 de diciembre de 1986, en el marco del cuarto y 
quinto FED, se comprometieron 524,2 Mió ECU en el 27. El Tribunal ha examinado los 20 programas 
plurianuales de formación (PPF) más importantes desde 
un punto de vista financiero. En ninguno de los países en 
cuestión ni la Comisión ni el país beneficiario habían 
calculado las necesidades de personal medio y superior 
por sector de actividad y nivel de cualificación. En estas 
condiciones, los PPF tenían escasas posibilidades de 
responder a las necesidades prioritarias resultantes de los 
objetivos de los programas indicativos. Por otra parte, era 
Cuadro 2 — Fondos asignados a enseñanza y formación a 31 de diciembre de 1986 
(Mío ECU) 
Forma del proyecto 
Programas plurianuales de formación (') 
Infraestructuras 
Aciones específicas de formación 
Otros seminarios y conferencias 
Total Estados ACP 
Países y territorios de ultramar (PTU) 
Total FED 
Porcentaje de decisiones y de pagos en el marco 
de los programas indicativos Decisiones de 
financiación 
4° FED 
103,5 
117,6 
13,8 
7,3 
242,2 
8,7 
250,9 
10,5% 5° FED 
132,4 
88,0 
36,8 
13,3 
270,5 
3,2 
273,7 
10,1 % Total 
235,9 
205,6 
50,6 
20,6 
512,7 
11,9 
524,6 
10,5% Pagos 
4" FED 
94,5 
100,9 
12,0 
7,0 
214,4 
8,3 
222,7 
10,5% 5° FED 
69,4 
38,5 
16,4 
1,6 
125,9 
1,8 
127,7 
8,7% Total 
163,9 
139,4 
28,4 
8,6 
340,3 
10,1 
350,4 
9,3 % 
(') 4o FED: solamente becas. 
134 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
especialmente difícil para la Comisión asegurarse de que 
los PPF constituyesen un buen complemento de las 
políticas nacionales de formación. 
Becas para estudios y prácticas 
28. El FED financia becas de estudios y de prácticas, 
que pueden ser seguidos en el país beneficiario, en otro 
Estado ACP o en un Estado miembro. Las autoridades de 
los Estados beneficiarios presentan a la Comisión las 
solicitudes de becas. Una vez que se ha aceptado su 
financiación, las becas de estudio en Europa las pagan 
sobre los anticipos del FED los organismos gestores de 
cada Estado miembro de la Comunidad, tales como el 
British Council en el Reino Unido, el Centre international 
des étudiants et stagiares en Francia y l'Association 
européenne pour la cooperation en Bélgica. En el caso de 
estudios iniciados en un Estado ACP, el delegado de la 
Comisión en este Estado efectúa los pagos sobre anticipos 
especiales. Los seminarios financiados en los Estados 
miembros de la Comunidad son autorizados por la 
División « Recursos humanos» de la Dirección General 
de Desarrollo (DG VIII). 
29. Las becas de estudios en los Estados miembros se 
clasifican en tres categorías: enseñanza superior técnica, 
universitaria o del tercer ciclo, cursos de corta duración y 
períodos de prácticas en las empresas. Las becas 
corresponden generalmente a disciplinas relacionadas 
con el desarrollo, pero raras veces tienen relación directa 
con proyectos financiados por el FED. 
30. La mayor parte de las becas de tercer ciclo y todas 
las relativas a cursos de corta duración y a períodos de 
prácticas se otorgan a ciudadanos de los Estados ACP 
empleados por su administración nacional o por el sector 
público. Normalmente se ignora al sector privado, a pesar 
de que el artículo 141, apartado 6, de la Segunda 
Convención de Lomé prevé la posibilidad de conceder 
prioridad a la formación de mandos intermedios y otros 
empleados del sector privado en los 42 Estados ACP 
menos desarrollados. 
31. Por otra parte, y contraviniendo las disposiciones 
generales aprobadas por la Comisión relativas a la 
ejecución de los programas de becas de estudio y de 
prácticas, se concedieron varias becas para estudios de 
enseñanza secundaria no profesionales, concretamente 
unas 20 becas correspondientes a estudios de preparación 
para el bachillerato internacional en los « United World 
Colleges» del Reino Unido y en Italia, con un coste 
aproximado de 10 000 ECU por estudiante y año. La 
decisión de financiar los estudios de este tipo de tres 
estudiantes originarios de Swazilandia enviados al Reino 
Unido es especialmente criticable, ya que el FED financió 
estudios del mismo nivel en una escuela de Swazilandia a 
mitad de precio, y la asistencia técnica correspondiente a 
esta misma escuela. Vinculación de las acciones de formación a los proyectos 
de desarrollo 
32. Con objeto de mejorar la integración de las acciones 
de formación y enseñanza en las políticas de desarrollo, la 
Segunda Convención de Lomé preveía, en su artículo 141, 
apartado 2, la financiación de la formación de mandos 
intermedios y técnicos con relación directa con diversos 
proyectos financiados por la Comunidad. Esta novedad, 
que debía favorecer la sustitución progresiva de la 
asistencia técnica y el control de las inversiones por 
gestores procedentes de los Estados ACP, no tuvo los 
resultados esperados debido a que, con excepción de 
Zimbabwe, Rwanda, Burundi y Malawi (que vio pasar su 
dotación de 2,1 a 2,9 Mió ECU), los países examinados 
infrautilizaron claramente sus dotaciones para semina­
rios y formación profesional de corta duración «in situ », 
mientras que sus asignaciones para becas de estudios 
fueron ampliamente utilizadas, incluso en algunos casos 
sobrepasadas. 
33. Entre los países examinados, Somalia consumió 
íntegramente su dotación de 1,3 Mió ECU en acciones de 
formación en Europa, pero no hizo uso significativo de su 
asignación de 2,9 Mió ECU destinada a acciones de 
formación asociadas a tres proyectos de desarrollo. La 
dotación del programa etíope de formación en el 
extranjero pasó de 0,5 Mió ECU a 2,0 Mío ECU, en 
detrimento de otro programa destinado a formar en ese 
país almacenistas, contables y técnicos encargados de la 
distribución y control de la ayuda a las víctimas del 
hambre. Otras dotaciones del mismo tipo destinadas a 
Nigeria (3,2 Mió ECU, especialmente para la formación 
del personal de las cooperativas) y a otros cuatro países 
(en total 1,8 Mió ECU) están todavía por utilizar. 
34. En Swazilandia se ha utilizado 1,0 Mió ECU (46 % 
del programa plurianual de formación), asignado a 
actividades distintas de la concesión de becas de estudio, 
para financiar el coste de asesores técnicos que sólo de 
forma secundaria desempeñan funciones de formación, 
puesto que se encargan de la renegociación de un acuerdo 
de unión aduanera, de la gestión del banco nacional y del 
mantenimiento de la emisora de radio. 
35. El bajo nivel de realización de las acciones de 
formación «in situ» es atribuible por una parte al mayor 
prestigio de las acciones de formación organizadas fuera 
del continente y, por otra, a que los Estados ACP no 
realizan una planificación verdadera de sus actividades de 
formación, carencia que se ve agravada por el reducido 
número de expertos en formación en el seno de las 
delegaciones de la Comisión. En efecto, las delegaciones 
de la Comisión sólo disponen de dos puestos de asesores 
en temas de formación, lo que motiva que los programas 
de formación no dispongan de la prioridad necesaria. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 135 
Selección y destino de los candidatos Gestión de las becas de estudios y de prácticas 
por los organismos de los Estados miembros 
36. Los controles «in situ» han mostrado que, en la 
mayoría de los casos, el delegado en un Estado ACP 
apenas participa en la preparación del programa de becas 
y en la selección de los candidatos. Tampoco el 
responsable de área geográfica de la DG VIII participa en 
esa fase. Los servicios de la Comisión se dedican 
principalmente a tramitar los expedientes y no están en 
condiciones de apreciar la validez de los criterios y 
procesos de selección de los candidatos ni, por tanto, de 
asegurar que los becarios sean efectivamente los candida­
tos con más méritos y que responden mejor a los intereses 
de las economías de los Estados ACP. 
37. Cuando deciden el destino de los becarios, la 
delegación y los servicios competentes del Estado 
beneficiario no disponen de una lista completa de las 
asignaturas impartidas en los centros de los Estados ACP 
y de los Estados miembros. En estas condiciones no hay 
nada que garantice que las soluciones que se adoptan son 
las más adecuadas y las menos onerosas en cuanto al lugar 
de los estudios. 
38. En dos Estados miembros, los servicios responsa­
bles del destino de los estudiantes declararon que la 
información de que disponen es insuficiente para 
permitirles garantizar que cada candidato sea inscrito en 
el curso que más le conviene. Los impresos de petición de 
la Comisión resultan demasiado sucintos y la informa­
ción que proporcionan sobre las aptitudes de los 
candidatos, su experiencia práctica, sus aspiraciones y la 
naturaleza de las tareas que le serán confiadas al finalizar 
el período de formación es incompleta. Por otra parte, en 
los casos en que el procedimiento de seleccióji se completa 
mediante una entrevista con el candidato preseleccionado 
por la administración nacional, los comentarios del 
delegado son escasos, por no decir inexistentes. Por 
ejemplo, un estudiante fue matriculado en un curso de 
formación profesional de segundo grado, mientras que 
sus títulos y aspiraciones sugerían orientarlo hacia una 
formación de nivel universitario. Ello le produjo una gran 
frustración y abandonó sus estudios, que habían costado 
27 000 ECU. Su impreso de petición había sido cumpli­
mentado sucintamente y no contenía ninguna observa­
ción de la delegación. 
39. El coste de los estudios varía sensiblemente según el 
país anfitrión. Así, las autoridades británicas, a diferencia 
de los demás Estados miembros, revierten la totalidad del 
coste de los estudios sobre los estudiantes extranjeros. 
Este coste osciló entre 7 500 y 13 000 ECU por estudiante 
en 1986, lo que representó un total de 3 Mió ECU. 
Algunos cursos de corta duración en Europa parecen 
excesivamente caros. A título de ejemplo, siete gerentes y 
funcionarios nigerinos realizaron un curso de 10 semanas 
con un coste unitario de 10 000 ECU. Los gastos de 
estudios correspondientes a estos cursos de corta 
duración se aceptan sin negociación ni investigación 
previa de la posibilidad de organizar un curso parecido en 
los Estados ACP a un menor coste y en provecho de un 
mayor número de participantes. 40. El Tribunal efectuó controles «in situ» en tres 
organismos gestores (Bélgica, Francia y Reino Unido), 
responsables de la gestión del 85 % de las becas FED en 
los Estados miembros. 
41. Aparte de sus múltiples funciones en el ámbito de la 
ayuda al desarrollo, la Asociación Europea para la 
Cooperación (AEC), organismo belga de derecho priva­
do, se encarga de la gestión de las-becas FED en Bélgica. 
Esta asociación no ha subsanado las deficiencias 
mencionadas en el Informe Anual del Tribunal corres­
pondiente al ejercicio 1981 (2), que señalaba que, con el 
paso de los años, la contabilidad central se había 
desorganizado y presentaba serias lagunas. Algunos 
cobros y pagos no fueron imputados a las becas sino que 
durante varios años quedaron en cuentas de orden, y 
determinadas partidas por importe de 59 238 ECU 
desaparecen de la contabilidad a partir de 1982. Hace más 
de cuatro años que gastos por un total de 140 000 ECU 
carecen de justificación y sólo se identifican como 
diferencias en las cuentas de anticipos de la AEC. A partir 
de su Informe relativo al ejercicio 1979 (3), el Tribunal ha 
presentado regularmente observaciones sobre la falta de 
control interno de los anticipos del FED a la AEC, sin que 
los servicios afectados hayan actuado en consecuencia. 
La persistencia de estas deficiencias es tanto más 
lamentable por el hecho de que la Comisión, gracias a la 
presencia de sus representantes en el Consejo de 
Administración de la AEC, dispone de medios para 
imponerle las medidas correctoras necesarias. 
42. Dos organismos (de Francia y el Reino Unido) no 
han preparado declaraciones completas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido en sus pagos, lo que ha 
representado que durante años se haya cargado al FED 
impuestos reembolsables por los Estados miembros. 
43. Todavía no se ha reembolsado del Presupuesto 
General un importe de 1,1 Mió ECU, transferido de los 
recursos del FED entre 1980 y 1982 por el organismo 
francés a fin de cubrir el coste de las becas otorgadas en el 
marco de programas comunitarios en favor de países no 
pertenecientes al grupo ACP, lo que se ha traducido en 
una reducción correlativa de los intereses obtenidos sobre 
los saldos bancarios del FED. 
44. Ninguno de estos tres organismos contabiliza el 
importe correspondiente a la decisión de financiación 
relativa a cada beca, lo que motiva que los gastos en 
exceso y los errores de contabilización, tales como 
determinadas prórrogas no autorizadas de becas y de 
viajes detectadas por el Tribunal, que se pagaron dos 
veces, no fueran detectadas a su debido tiempo. 
Asimismo, en sus decisiones de concesión de becas la 
Comisión indica raras veces la fecha exacta del final de los 
estudios, lo que hace recaer sobre el FED el riesgo de 
136 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
cargos por asignaciones mensuales y gastos de gestión 
injustificados. 
Seguimiento de la ejecución de los programas de becas 
45. Los servicios y delegaciones de la Comisión no 
disponen de la información necesaria para efectuar el 
seguimiento de las becas concedidas, en especial para 
conocer los resultados de los programas de becas. Los 
organismos gestores estiman que los estudios se terminan 
en el 85 a 90 % de los casos, pero esta estimación no está 
confirmada por ningún balance estadístico fiable. 
46. La Comisión sigue la ejecución de los programas de 
becas con ayuda de dos sistemas informáticos, uno que 
contiene información detallada sobre cada beca y otro 
que contiene la contabilidad del FED, que no bastan para 
controlar el coste de las becas ni para proporcionar 
información suficiente sobre la ejecución de los progra­
mas. 
47. Estos sistemas no poseen ninguna protección de 
base contra la omisión de información, tal como una 
numeración correlativa de los documentos introducidos. 
Los códigos utilizados para la identificación de las becas 
son diferentes en los dos sistemas, de forma que es 
prácticamente imposible efectuar una comprobación. Los 
gastos se imputan globalmente a cada país en vez de por 
beca, lo que prácticamente impide la identificación de los 
excesos de los costes de las becas e incluso de la ausencia 
de compromiso. La información puesta a disposición de 
las delegaciones es demasiado sucinta para permitirles 
detectar los errores. El Tribunal ha localizado sumas 
importantes pagadas por becas que no habían sido objeto 
de ningún compromiso, bien porque las formalidades 
relativas a la decisión de financiación no habían sido 
cumplimentadas (como en el caso de nueve becas con un 
coste de 360 000 ECU concedidas a estudiantes etíopes 
que han seguido estudios desde 1983), bien porque las 
autorizaciones no mencionaban la cuantía de la beca, 
como en dos casos por un importe de 27 000 ECU. Por el 
contrario, en las cuentas del FED se detectaron registros 
duplicados de compromisos, por un importe total de 
76 000 ECU. 
48. Los compromisos relativos a las becas vencidas 
raramente se corrigen con relación a su coste real, a pesar 
de que este último es normalmente inferior en un 10 % a 
un 20 % a la estimación inicial, más bien prudente, en 
moneda nacional. El coste real en ECU de las becas en el 
Reino Unido en 1986 resultó incluso inferior a estos 
porcentajes de estimación; ello fue debido a que durante 
el transcurso de ese ejercicio la moneda británica se 
depreció un 20 % respecto al ECU. De esta forma han 
permanecido bloqueadas inútilmente importantes sumas, 
que hubieran podido ser útiles destinándolas a otras becas. Sin embargo, la Comisión tendría la posibilidad de 
registrar el coste de cada beca, toda vez que los 
organismos de gestión comunican la información necesa­
ria por escrito y podrían hacerlo, si se les pidiera, 
mediante soporte magnético. 
49. Sólo en un número muy reducido de casos los 
registros de la Comisión contienen la información 
estadística completa. Los registros del resultado positivo 
o negativo de los estudios son escasos, a pesar de que el 
sistema esté diseñado para registrar y presentar la 
información elaborada regularmente por los organismos 
gestores. Por otra parte, la información disponible se 
presenta de manera poco selectiva y en una forma 
codificada que hace difícil su desciframiento por los 
usuarios. 
50. La Comisión no dispone de ningún procedimiento 
para conocer la actividad profesional posterior de los 
becarios y, por tanto, de ningún medio de control de la 
eficacia de los programas de becas. Sería, sin embargo, 
deseable que se informase de las condiciones de inserción 
de los becarios en sus economías nacionales, para 
comprobar, en especial, que ejercen una función corres­
pondiente a la formación recibida. 
Acciones específicas fuera de los programas 
plurianuales de formación 
51. Algunas acciones de formación emprendidas fuera 
de los programas plurianuales, tanto en concepto de 
operaciones específicas como en proyectos más amplios, 
han experimentado algunas vicisitudes. Así, una cantidad 
importante de equipos por un coste de 2,5 Mió ECU, 
suministrados a 98 establecimientos de enseñanza del 
Camerún en 1983, no estaban en condiciones de 
funcionar en el momento de la visita de misión del 
Tribunal en junio de 1986, bien porque no habían sido 
instalados, o porque no eran utilizables por falta de piezas 
de repuesto, de mantenimiento, o de seguridad. 
52. En Guinea Ecuatorial, un proyecto de 1,1 Mió ECU 
definido como acción de formación del personal de 
mantenimiento de carreteras sólo incluía, en realidad, la 
financiación de bienes de equipo y de salarios destinados 
al mantenimiento de carreteras, estando cualquier acción 
de formación destinada al fracaso debido a los métodos 
de trabajo poco satisfactorios impuestos por el ministerio 
responsable. 
53. En Chad, un programa de 5,2 Mió ECU de acciones 
prioritarias en el sector de la enseñanza, en los 11 centros 
de aprendizaje y 3 escuelas previstos, estaba todavía 
pendiente de empezar 18 meses después de la decisión de 
financiación. Sólo se había realizado la parte relativa a las 
becas de estudios y de prácticas fuera del continente. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 137 
54. Los proyectos que tienen una parte formativa 
corresponden principalmente al sector de desarrollo 
rural. Los cursos destinados a satisfacer las necesidades 
de los beneficiarios de los proyectos (agricultores y 
cooperativas) o de la mano de obra pueden tener un 
alcance significativo. No ocurrió así en la parte de 
formación de un proyecto en Níger, que fracasó y fue 
abandonada a los cuatro años porque los centros de 
formación técnica financiados por el FED impartieron 
una formación que no correspondía ni a las necesidades 
específicas de los agricultores ni a las demás partes del 
proyecto. 
55. Numerosos proyectos visitados por misiones del 
Tribunal todavía no disponen de personas capaces de 
asegurar la autonomía futura del proyecto. Así, en el 
Camerún, determinados proyectos de arrozales irrigados, 
pesca y desarrollo integrado continúan dependiendo de 
asesores técnicos para las funciones de gestión. 
Observaciones finales 
56. El aumento de las repercusiones económico-sociales 
de las acciones financiadas por los FED en el ámbito de la 
formación exige ajustes en los procedimientos de 
elaboración, ejecución y seguimiento de los programas, 
en especial: 
(a) la realización de un estudio previo sobre las necesida­
des de formación de cada Estado ACP en cuestión. 
Este análisis conduciría al establecimiento de un 
orden de prioridad de las acciones a emprender; 
(b) una mayor atención de las delegaciones a este tipo de 
acciones y una mayor información de los organismos 
responsables del empleo, a fin de elegir las acciones 
que mejor se adapten a las necesidades de los Estados 
beneficiarios y efectuar una selección de tipos de 
formación que tome más en cuenta el contenido 
pedagógico y los métodos aplicados; 
(c) la instauración de un sistema de control que permita 
evaluar el coste de cada tipo de formación teniendo en 
cuenta su eficacia pedagógica y su interés desde el 
punto de vista de los objetivos de los programas 
indicativos. 
AYUDA A LA PROMOCIÓN COMERCIAL 
57. Las dos primeras Convenciones de Lomé contienen 
una parte referente a la cooperación comercial que hace hincapié en la necesidad de asegurar ventajas efectivas a 
las importaciones procedentes de los Estados ACP, 
mejorando las condiciones de acceso de sus productos al 
mercado comunitario. Por otra parte, se estimó necesario 
completar el régimen de acceso mediante una ayuda 
directa destinada a reforzar la capacidad comercial de 
estos países. 
Base jurídica de las acciones de promoción 
comercial 
58. Para conseguir este objetivo, la Primera Convención 
de Lomé prevé, en su artículo 13, seis tipos de acciones de 
promoción comercial: creación y mejora de las entidades 
que contribuyen al desarrollo del comercio exterior de los 
Estados ACP, formación de técnicos comerciales, 
participación de los Estados ACP en ferias y salones, 
mejora de la cooperación entre los agentes económicos de 
los Estados miembros y los Estados ACP, realización de 
estudios de mercado y de mercadotecnia y obtención y 
difusión de informaciones comerciales. 
59. La Segunda Convención de Lomé amplía el campo 
de aplicación de la promoción comercial. En su artículo 
21 reitera las acciones previstas en la Primera Convención 
y añade las siguientes medidas: elaboración de políticas 
de producto, desarrollo de infraestructuras de apoyo, 
lanzamiento de acciones publicitarias, obtención y 
difusión de datos cuantitativos y cualitativos sobre el 
comercio y asistencia a las pequeñas y medianas 
empresas. 
Fuentes de financiación de los programas de 
promoción comercial y su ejecución financiera 
60. La Primera Convención de Lomé era poco precisa 
en lo que se refiere a las fuentes de financiación; se 
limitaba a estipular, en su artículo 15, que «la Comunidad 
participará, en las condiciones previstas en el Título IV y 
en el Protocolo n° 2, en la financiación de las acciones de 
promoción comercial adecuadas para fomentar el 
desarrollo de las exportaciones de los Estados ACP». 
Esta disposición ofrecía la posibilidad de financiar dichas 
acciones tanto mediante dotaciones asignadas a los 
programas indicativos nacionales como con fondos 
destinados a cooperación regional. 
61. La Segunda Convención de Lomé es, a este respecto, 
más precisa, ya que estipula, en su artículo 22, que 
«además de los créditos que, en el marco de los 
programas indicativos nacionales (...), pueden ser 
asignados por cada Estado ACP a la financiación de las 
operaciones de promoción comercial (...), la contribución 
138 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
de la Comunidad a la financiación de este tipo de 
operaciones de carácter regional podrá alcanzar, en el 
marco de los programas de cooperación regional (...), un 
importe de 40 millones de unidades de cuenta europeas». 
62. Aunque la promoción comercial forma parte desde 
hace mucho tiempo de la asistencia concedida por la CEE, 
en términos económicos nunca ha ocupado un lugar de 
primer orden en la jerarquía de las necesidades expresadas 
por los países ACP. Así, sólo cinco de un total de 52 países 
habían incluido recursos financieros para promoción 
comercial en su programa indicativo al principio del 
período de aplicación de la Primera Convención de Lomé. 
En la Segunda Convención de Lomé, la mitad de los 
Estados ACP, es decir, 32 de un total de 63, asignaron 
fondos a la promoción comercial que representan el 2,3 % 
de la ayuda concedida en el marco de sus programas 
indicativos. La modestia de los importes enjuego pone de 
entrada límites muy estrictos al alcance de las acciones de 
promoción comercial. 
63. Los cuadros3a 7ponen de manifiesto que la puesta 
en práctica de las acciones de promoción comercial fue 
lenta. En efecto, a 31 de diciembre de 1986, los niveles de 
pago de los importes asignados por las decisiones de 
financiación en el marco del cuarto FED se elevaban al 
87 % en los programas indicativos y al 90 % en los fondos 
de cooperación regional, a pesar de que la Primera Convención de Lomé expiró en diciembre de 1980. En la 
Segunda Convención de Lomé, que expiró en mayo de 
1986, los niveles de pago se elevaban al 54% en los 
programas indicativos y al 58 % en los fondos de 
cooperación regional. 
Programas de promoción comercial 
Composición de los programas 
64. El cuadro 7 muestra el desglose de las acciones 
emprendidas en el marco del cuarto y quinto FED. En él 
se pone de relieve la parte importante que han ocupado 
las ferias y exposiciones que, a pesar de haberse reducido 
entre el cuarto y quinto FED, siguen siendo el tipo de 
acción que se ha beneficiado de las dotaciones más 
importantes. Las demás formas de acción previstas en las 
Convenciones de Lomé están notablemente infrautiliza-
das. Entre ellas cabe destacar la asistencia técnica 
(permanencia de larga duración de un asesor en el país en 
cuestión), las prestaciones de servicios técnicos de breve 
duración, las misiones comerciales y las encuestas y 
estudios de mercado, así como el suministro de material y 
bienes de equipo. Todas estas intervenciones se han 
agrupado en los cuadros 3 al 7, en la rúbrica « Acciones de 
carácter general». 
Cuadro 3 — Acciones de promoción comercial financiadas mediante programas indicativos del 4o FED a 31 de diciembre de 1986 
País 
ACP 
PTU Rúbrica 
General 
Estructuras comerciales 
Ferias y exposiciones 
Mercadotecnia 
Total 
Ferias y exposiciones 
Total general Decisiones 
de 
compromiso 
(1) 
(1000 ECU) 
11 448 
1 853 
299 
5 515 
19 115 
60 
19 175 Compromisos 
efectivos 
(contratos concluidos) 
(2) 
(1000 ECU) (3 = 2/1) 
% 
10 699 93 
1 798 97 
299 100 
5 314 96 
18 110 95 
50 83 
18 160 95 Pagos 
(4) 
(1000 ECU) 
9 683 
1798 
299 
4 893 
16 673 
46 
16 719 (5 = 4/1) 
% 
85 
97 
100 
89 
87 
77 
87 
Cuadro 4 — Acciones de promoción comercial para países ACP financiadas con fondos de cooperación regional del 4o FED 
a 31 de diciembre de 1986 
Rúbrica 
General 
Estructuras comerciales 
Ferias y exposiciones 
Total Decisiones 
de 
compromiso 
(1) 
(1000 ECU) 
3 216 
141 
9 310 
12 667 Compromisos 
efectivos 
(contratos concluidos) 
(2) 
(1000 ECU) (3 = 2/1) 
% 
2 243 70 
141 100 
9 310 100 
11 694 92 Pagos 
(4) 
(1000 ECU) 
1 896 
141 
9 309 
11 346 (5 = 4/1) 
% 
59 
100 
100 
90 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 139 
Cuadro 5 — Acciones de promoción comercial financiadas con programas indicativos del 5o FED a 31 de diciembre de 1986 
País 
ACP 
PTU Rúbrica 
General 
Estructuras comerciales 
Ferias y exposiciones 
Mercadotecnia 
Información comercial 
Total 
General 
Total general Decisiones 
de 
compromiso 
(O 
(1000 ECU) 
12 687 
3 191 
1 301 
8 188 
35 
25 402 
355 
25 757 Compromisos 
efectivos 
(contratos concluidos) 
(2) 
(1000 ECU) (3 = 2/1) 
% 
9 340 74 
3 191 100 
1 135 87 
5 992 73 
35 100 
19 693 78 
355 100 
20 048 78 Pagos 
(4) 
(1000 ECU) (5 = 4/1) 
% 
6 774 53 
2 714 85 
683 52 
3 374 41 
33 94 
13 578 53 
355 100 
13 933 54 
Cuadro 6 — Acciones de promoción comercial financiadas con fondos de cooperación regional del 5o FED a 31 de diciembre de 1986 
País 
ACP 
PTU Rúbrica 
General 
Estructuras comerciales 
Ferias y exposiciones 
Formación comercial 
Mercadotecnia 
Información comercial 
Total 
Ferias y exposiciones 
Total general Decisiones 
de 
compromiso 
(1) 
(1000 ECU) 
10 036 
116 
9 503 
133 
2 230 
3 687 
25 705 
657 
26 362 Compromisos 
efectivos 
(contratos concluidos) 
(2) 
(1000 ECU) (3 = 2/1) 
% 
8 139 81 
116 100 
8 495 89 
133 100 
2 191 98 
3 148 85 
22 222 86 
567 86 
22 789 86 Pagos 
(4) 
(1000 ECU) (5 = 4/1) 
% 
5 140 51 
17 15 
5 576 59 
132 99 
1 955 88 
2 239 61 
15 059 59 
328 50 
15 387 58 
Cuadro 7 — Situación de los compromisos relativos a las acciones de promoción 
comercial a 31 de diciembre de 1986 por ACP y PTU 
Rúbrica 
General 
Estructuras comerciales 
Ferias y exposiciones 
Formación comercial 
Mercadotecnia 
Información comercial 
Total 4° FED 
Programas 
indicativos 
(1000 ECU) 
11 448 
1 853 
359 
— 
5 515 
— 
19 175 Programas 
regionales 
(1000 ECU) 
3 216 
141 
9 310 
— 
— 
— 
12 667 Total 
(1000 ECU) 
14 664 
1 994 
9 669 
— 
5 515 
— 
31 842 % 
46,0 
6,3 
30,4 
— 
17,3 
— 
100,0 5° FED 
Programas 
indicativos 
(1000 ECU) 
13 042 
3 191 
1 301 
— 
8 188 
35 
25 757 Programas 
regionales 
(1000 ECU) 
10 036 
116 
10 160 
133 
2 230 
3 687 
26 362 Total 
(1000 ECU) 
23 078 
3 307 
11 461 
133 
10 418 
3 722 
52 119 % 
44,3 
6,3 
22,0 
0,2 
20,1 
7,1 
100,0 
140 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
65. El cuadro 7 muestra asimismo que, en el período 
considerado, aumentó la importancia relativa de los 
proyectos regionales. La asignación de 40 Mió ECU a 
promoción comercial en el marco de la cooperación 
regional prevista en la Segunda Convención de Lomé no 
es ajena a esta evolución. Por otra parte, es de destacar 
que en gran medida estas sumas fueron asignadas a la 
financiación de ferias, especialmente en el cuarto FED. 
Coordinación de las acciones de promoción comercial 
66. Los programas consisten con demasiada frecuencia 
en una o varias acciones puntuales concebidas de forma 
autónoma, sin vinculación entre ellas. Este enfoque ha 
limitado en gran medida la eficacia de las intervenciones 
financiadas por los FED. 
67. Por otra parte, las acciones de promoción de las 
exportaciones de numerosos países ACP reciben frecuen­
temente asistencia financiera y/o técnica procedente de 
ayudas bilaterales, especialmente europeas, y de otros 
organismos internacionales. La Comunidad saldría 
ganando con una coordinación de las acciones que 
subvenciona con las apoyadas por otros donantes, lo cual 
ha faltado en el cuarto y quinto FED. 
Procedimientos administrativos de concepción y puesta 
en práctica de los programas 
68. La responsabilidad de las deficiencias observadas en 
la economía interna de los programas de promoción 
comercial y en su acoplamiento con las políticas 
económicas de los Estados ACP es en parte imputable a 
los propios Estados beneficiarios. En efecto, es a éstos a 
quien corresponde indicar las necesidades que sirven de 
base para la elaboración de la propuesta de financiación y 
que constituyen, por este motivo, el marco del programa. 
Una mala apreciación inicial de las deficiencias de la 
infraestructura comercial a solucionar grava frecuente­
mente el impacto de las acciones posteriormente adopta­
das, al no tener siempre los países afectados la capacidad 
necesaria para establecer un diagnóstico exacto de las 
necesidades más urgentes. En la fase de ejecución no en 
todos los casos se ha contado con el compromiso activo y 
decidido de las autoridades nacionales, condición 
imprescindible para el éxito del programa. 69. Lo mismo se puede decir de los servicios competen­
tes de la Comisión, que por el papel que les corresponde 
en la puesta en práctica de los programas tienen una 
influencia decisiva en su éxito o fracaso. Desde 1982, las 
cuestiones generales relativas a la orientación y estrategia 
de la promoción comercial en los Estados ACP son 
responsabilidad de la División «"Desarrollo del Comer­
cio» (VI11/A/4) de la Dirección General de Desarrollo. 
Por el contrario, la gestión de los proyectos y programas 
depende principalmente de los responsables geográficos 
por país de esta misma dirección general. 
70. Tras un examen al respecto, se ha podido compro­
bar que para las acciones diferentes a determinadas 
misiones y participaciones en ferias, la División VIII/A/4 
no está lo suficientemente asociada a lo que hacen los 
responsables geográficos en materia de promoción 
comercial. Esta situación trae consigo importantes 
consecuencias. En primer lugar, esta diferencia de trato 
entre las ferias y las misiones, por una parte, y las otras 
formas de acciones, por otra, impide un planteamiento 
integrado de los programas de promoción comercial. Y 
ello se ve agravado por el hecho de la circulación de la 
información entre los responsables geográficos de la DG 
VIII y la División VIII/A/4 es especialmente poco fluida. 
La consecuencia es una falta de visión de conjunto, por 
país y forma de acción, de las intervenciones financiadas 
por los FED, que hace especialmente difícil la evaluación 
« a posteriori» de los programas puestos en práctica. 
71. En segundo lugar, una parte importante de los 
créditos de promoción comercial está gestionada por los 
responsables geográficos que, con frecuencia, no tienen ni 
el tiempo ni la competencia técnica necesaria para esta 
tarea. Ello es debido a que, en términos financieros, las 
acciones de promoción comercial no representan más que 
una parte ínfima de los programas indicativos gestiona­
dos por los responsables geográficos, los cuales, concen­
trados en los proyectos de mayor «peso» financiero, no 
conceden a estas acciones comerciales más que una 
importancia marginal y, por tanto, les dedican poco 
tiempo. Por otra parte, en términos generales, el capital de 
conocimientos teóricos y prácticos en este ámbito está en 
la División VIII/A/4, a la que no se consulta regularmente 
en lo que no haga referencia a ferias y misiones. La 
capacidad de la DG VIII en esta materia podría ser mejor 
utilizada. 
Participación en ferias comerciales 
Selección de las ferias y de los productos expuestos 
72. Los FED corren con los gastos de participación en 
todas las ferias de carácter regional hasta 13 500 ECU por 
Estado ACP, repartidos del siguiente modo: alquiler del 
espacio (3 500 ECU), construcción y decoración del 
pabellón (6 500 ECU), gastos de transporte del personal 
del pabellón y de los productos expuestos (2 500 ECU) y 
reserva e imprevistos (1 000 ECU). 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 141 
73. • En las participaciones en ferias que se imputan a los 
programas indicativos nacionales, se puede sobrepasar el 
importe de 13 500 ECU cuando el Estado ACP lo solicita 
acompañando los justificantes. En la práctica, teniendo 
en cuenta los procedimientos de financiación, los FED 
corren con la parte más importante del coste de las 
participaciones en ferias. 
74. En general, la participación en una feria sólo se 
concibe como la culminación de una política integrada de 
promoción de las ventas. Las investigaciones efectuadas 
sobre documentos e «in situ» hacen pensar que los 
servicios correspondientes de la Comisión no se aseguran 
en todos los casos de que sea así. 
75. En efecto, el análisis de una muestra representativa 
de las participaciones en manifestaciones comerciales 
mostró que aproximadamente un tercio de los Estados 
expositores no habían presentado un programa de 
promoción comercial para financiación del FED. Los 
servicios de la Comisión ignoraban si existían las 
condiciones esenciales en las instituciones, infraestructu­
ras, productos y mercados, necesarias para obtener el 
impacto comercial óptimo de estas participaciones. Las 
comprobaciones efectuadas en las propias manifestacio­
nes han puesto de relieve el carácter aislado de la 
participación de determinados países. Ésta no estaba 
articulada con ninguna otra medida encaminada a la 
entrega, en las condiciones requeridas por el mercado, de 
los productos expuestos. Tal concepción de la finalidad 
de la participación en una feria ha de conducir con toda 
probabilidad a resultados decepcionantes. 
76. En el momento de tramitación de las solicitudes, los 
servicios de la Comisión no se preguntan lo suficiente 
sobre la conveniencia de que algunos países participen en 
una feria en vez de adoptar otros métodos para la 
promoción de las ventas. Para que tenga algún interés, la 
participación de un país en una feria debe beneficiarse del 
apoyo firme de los organismos nacionales, públicos o 
privados, de promoción de las exportaciones. Esta 
condición no siempre se cumplía en las manifestaciones 
visitadas. Por otra parte, los objetivos de algunas 
participaciones parecen discutibles. Así, en la feria 
«Socios del Progreso» en Berlín, según manifestaciones 
de sus representantes, Tanzania presentaba algunos 
productos por primera vez, ignorando si existía demanda 
para ellos en el mercado alemán. Esta concepción de la 
función de una feria es errónea. La participación sólo 
tiene razón de ser cuando un estudio ha acreditado la 
existencia de una demanda efectiva para los productos en 
cuestión en el mercado en el que se pretende penetrar. El 
objetivo esencial de la participación debe ser la conclusión 
de contratos de venta y el establecimiento de un flujo 
comercial. En el caso en cuestión, los servicios de la 
Comisión hubieran debido orientar a Tanzania hacia 
formas de actuación más adecuadas: misión comercial, 
estudio de mercado, etc. 
77. Aun en los casos en que se ha comprobado la 
conveniencia de que un país determinado participe en una 
manifestación comercial, la elección de la feria adecuada ha de efectuarse cuidadosamente. Por desgracia, la 
Comisión no tiene posibilidades de actuar en esta línea. 
Sus servicios no envían a los Estados ACP una lista 
exhaustiva de las ferias internacionales completada con 
una descripción precisa de sus características: tipo de 
visitantes, productos de más interés, etc. Una informa­
ción de este tipo sería, sin embargo, indispensable para 
que los Estados ACP pudiesen elegir participar en las 
manifestaciones que constituyesen el marco adecuado 
para su estrategia de exportación. A falta de ella, la 
selección de las ferias es con frecuencia contraria a la 
lógica comercial. Conscientes de esta deficiencia en la 
ayuda que presta la Comisión, varios representantes de 
los Estados ACP presentes en las ferias visitadas han 
manifestado su incapacidad para elegir las ferias en 
función de los mercados que ofrecen más salidas para sus 
productos. 
78. De forma general, la Comisión, a pesar de sus 
esfuerzos recientes orientados en la buena dirección, no 
privilegia de forma suficiente los salones especializados 
respecto a las ferias generales. En estas últimas, los países 
del tercer mundo están frecuentemente perdidos entre una 
multitud de expositores y una gran cantidad de productos 
de los que sólo los más competitivos consiguen captar el 
interés de los visitantes. Por el contrario, en los salones 
especializados, los países ACP, concentrados-principal­
mente en algunos sectores, tales como el agroalimentario, 
de la madera, el textil, etc., consiguen realzar más 
fácilmente las peculiaridades y el consiguiente atractivo 
de sus artículos. 
79. La tramitación de una petición de participación en 
una feria debe también permitir verificar que los 
productos que el Estado ACP desea exponer son 
conformes con las exigencias del mercado deseado. En 
efecto, antes de intentar penetrar en un mercado es 
indispensable saber si los productos son aceptables desde 
el punto de vista de la calidad, embalaje, precio, etc. Sin 
embargo, este tipo de gestión, que se efectúa normalmente 
en las estrategias comerciales, ha sido utilizado muy pocas 
veces en las acciones examinadas. La prueba de ello es que 
las participaciones precedidas por estudios de mercado 
constituyen una excepción. Y lo que es más: algunas 
peticiones han recibido una respuesta positiva incluso 
antes de que los Estados interesados hubiesen dado a 
conocer la lista de productos que querían exponer. Esto 
fue lo que ocurrió en los casos de Zaire, Guinea Bissau, 
Comoras, Sudán, Benin, Togo, Burkina Faso, Zimbabwe 
y Costa de Marfil, con ocasión de las ferias financiadas 
mediante fondos regionales en 1986. 
80. Los servicios de la Comisión deberían prestar más 
atención a los productos elegidos por los gobiernos de los 
Estados ACP. Así, el responsable del pabellón de Costa 
de Marfil en la feria de Trieste informaba de las 
reticencias de las empresas privadas de su país a entregar 
muestras de sus artículos al organismo público responsa­
ble del pabellón (en este caso la Cámara de Comercio de 
Abidján). La consecuencia fue que Costa de Marfil 
presentó sobre todo productos poco competitivos, a pesar 
de que tiene un potencial exportador indudable. 
81. Por otra parte, muchas peticiones de participación 
que recibieron una respuesta favorable no contenían 
142 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
ninguna información sobre las cantidades exportables de 
los productos elegidos disponibles en el Estado ACP 
interesado. Los servicios de la Comisión no se preocupa­
ron demasiado de saber si los productos en cuestión 
podrían ser producidos de forma continua y en cantidad 
suficiente para justificar un esfuerzo de promoción de su 
exportación. Un aparato productivo incapaz de asegurar 
un abastecimiento regular anularía los beneficios obteni­
dos de una presencia fructífera en una manifestación 
comercial. 
82. Por último, una elección cuidadosa de los productos 
a exponer requiere informarse de cuáles van a ser los 
competidores ya establecidos o los que aspiran a una 
cuota de mercado, a fin de poder preparar una estrategia 
comercial adecuada. Sin embargo, la mayor parte de los 
representantes de Estados ACP encontrados en las ferias 
manifestaron su ignorancia casi total en esta materia y la 
falta de asistencia de la Comisión a este respecto. 
Selección del personal presente en los pabellones 
83. La eficacia del personal presente en los pabellones es 
de vital importancia para alcanzar los objetivos. Cons­
ciente de esta necesidad, la Comisión pide a los Estados 
ACP candidatos a una participación que se comprometan 
a enviar representantes cualificados a las ferias. Ahora 
bien, el examen de una muestra representativa de los 
países que participaron en ferias en 1986 ha revelado que 
menos de un 10 % de ellos se habían comprometido a ello 
en la fecha de concesión de su petición. Esta actitud de los 
servicios de la Comisión permite a numerosos expositores 
presentarse con un personal que no está en condiciones de 
informar adecuadamente a los visitantes sobre los 
productos ni de adaptarse a los diferentes tipos de 
posibles clientes y que no está facultado para tratar de 
negocios. 
84. Así, la delegación de Costa de Marfil en la feria de 
Trieste no tenía ningún representante de empresas 
privadas. El personal allí presente no conocía los precios, 
ni las cantidades disponibles ni los plazos de entrega de los 
productos. Tampoco había nadie autorizado para firmar 
contratos. Su papel se reducía a recoger tarjetas de visita y 
enviarlas a las empresas exportadoras. Los representantes 
de Burundi tenían que consultar a sus autoridades 
nacionales antes de fijar los precios de venta. Por otra 
parte, la mayor parte de los delegados anunciados por 
este país en la petición de participación no habían 
asistido. Uganda exponía principalmente café; sin 
embargo, sus representantes no estaban facultados para 
venderlo directamente sino que estaban obligados a pasar 
por su agente permanente en Italia, que detenta el 
monopolio de venta de este producto en este país. Del 
mismo modo, en la feria « Socios del Progreso » en Berlín, 
los pabellones de Tanzania y Etiopía tampoco disponían 
de profesionales cualificados o de representantes de las 
sociedades exportadoras que pudiesen satisfacer la 
demanda de información y firmar contratos. 85. Los representantes de algunos Estados ACP 
tampoco tienen en muchos casos los conocimientos 
comerciales necesarios para captar la atención de los 
visitantes, identificar sus problemas y ayudarles a 
resolverlos. 
Concepción y realización de los pabellones 
86. Las visitas efectuadas a las tres ferias antes indicadas 
han puesto de relieve que la concepción y realización de 
los pabellones no permiten realzar adecuadamente los 
productos ni constituyen un marco favorable para 
reuniones de negocios. 
87. Varias delegaciones se quejaron de no disponer de 
una superficie de exposición y de un número de vitrinas 
suficiente. Éste fue el caso de Mali y de Níger en el Salón 
del Cuero de París. Forzados a amontonar los productos, 
no pudieron presentarlos de una forma atractiva. En esta 
misma manifestación, la totalidad de los representantes 
ACP manifestaron que su trabajo se había visto 
obstaculizado por la falta de teléfono en los pabellones y 
la insuficiencia de material de escritorio. 
88. En estas ferias, los pabellones se componían de una 
superficie de exposición con vitrinas y de un despacho de 
reducidas dimensiones. En varias ocasiones se observó 
que este despacho único era insuficiente para recibir en 
buenas condiciones a los visitantes que pretendían 
obtener información o incluso concluir un contrato. Estas 
dificultades constituían sin duda un obstáculo para la 
eficacia de los esfuerzos efectuados por algunas delega­
ciones. 
89. La ubicación de los pabellones en el recinto de la 
feria tenía también su influencia en el número de visitas 
recibidas. También en este aspecto los servicios de la 
Comisión no han mostrado todavía la vigilancia necesa­
ria. Así, en el Salón del Cuero de París, los pabellones de 
los países ACP estaban agrupados y confinados en un 
ángulo del salón de recepción. Esta ubicación, aparte de 
encerrar a los países ACP en una especie de gueto, situaba 
a los pabellones a una distancia excesiva de los puntos dé 
paso más frecuentados por los visitantes. La Comisión 
podría evitar este tipo de inconvenientes reservando los 
pabellones con suficiente antelación. Debería velar 
también para que los Estados ACP representados 
aparezcan sistemáticamente en el catálogo de las ferias," lo 
que no ocurrió en el caso del Salón del Cuero. 
Seguimiento de la participación en ferias 
90. Al finalizar una feria los Estados ACP deben 
presentar a la Comisión un informe indicando principal-
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 143 
mente el número de contactos comerciales establecidos en 
ella. Por otra parte, en el momento de presentar su 
solicitud de participación, cada Estado ACP debe enviar 
a la Comisión un resumen de los resultados comerciales, 
en cifras, obtenidos a raíz de la participación en las ferias 
del año anterior. 
91. De hecho, el examen de una muestra representativa 
de las participaciones en las ferias de 1986 mostró que 
sólo el 40 % de los países expositores habían presentado a 
la Comisión cifras sobre los resultados obtenidos con 
ocasión de su participación en las ferias de 1985. Cabe, 
por tanto, suponer que los servicios de la Comisión 
aceptan subvencionar la participación de algunos países 
en determinadas ferias durante varios años consecutivos 
sin poder evaluar, ni siquiera de forma aproximada, el 
impacto comercial conseguido. 
92. Por otra parte, sería conveniente que las delegacio­
nes de la Comisión en los países se cercioren de que los 
Estados ACP mantienen los contactos establecidos en las 
ferias mediante los mecanismos adecuados. Sería también 
provechoso que estas mismas delegaciones ayudasen a los 
Estados ACP en la elaboración de un balance de su 
participación en cada feria. Este balance debería permitir 
responder a las siguientes preguntas: ¿representa esta 
feria el marco adecuado para la promoción de nuestros 
productos?; ¿responde la concepción del pabellón a 
nuestras necesidades?; ¿cuántos contactos se han estable­
cido y cuántos han conducido a ventas reales? La 
utilización de las respuestas a estas preguntas debería 
permitir evitar la repetición de muchos de los errores y de 
las deficiencias que se han comentado. 
93. Por último, la Comisión no ha sacado consecuencias 
financieras de los desistimientos de última hora que dan 
lugar a pabellones vacíos en las ferias. A modo de 
ejemplo, entre 1983 y 1986, quedaron sin ocupar ocho 
pabellones a causa de la retirada de Estados ACP en ferias 
financiadas con fondos de cooperación regional; Burun­
di-Burdeos 1983, Mauritania-París Internationale 1984, 
Magadascar-Berlín ITB 1986, Togo-Barcelona 1986, y 
Ghana-Berlín «Socios del Progreso» y Trieste en 1984 y 
Trieste y Barcelona en 1986. Los fondos invertidos por los 
FED en el alquiler del espacio y en la construcción de los 
pabellones no se han recuperado hasta la fecha. 
Misiones comerciales 
94. Una investigación realizada en el seno de los 
servicios correspondientes de la Dirección General del 
Desarrollo permitió poner de relieve serias deficiencias en cuanto a la centralización de la información y la 
coordinación de las acciones en el ámbito de las misiones 
comerciales. 
95. Los servicios de la DG VIII resultan incapaces de 
proporcionar una lista exhaustiva de las misiones 
financiadas en el marco del cuarto y quinto FED. La 
inexistencia de esta información de base, cuya obtención 
requeriría la consulta sistemática de todos los expedientes 
de pago correspondientes a la promoción comercial, 
impide obtener una visión de conjunto de este tipo de 
acciones y no permite una evaluación sistemática y 
rigurosa de sus efectos. 
96. Por otra parte, para que- las misiones tengan ma­
yores posibilidades de éxito, su preparación, ejecución y 
seguimiento deben responder a determinadas condicio­
nes, las más importantes de las cuales están contenidas en 
un documento interno elaborado por la División VIII/A/ 
4. El examen de una muestra de las misiones ha mostrado 
que, en determinados casos, estas condiciones no se han 
respetado. 
97. Los procedimientos de consulta y aprobación de las 
misiones previstas en el documento antes mencionado 
sólo se observan de forma esporádica. De los controles 
efectuados se desprende que a la División VIII/A/4 no se 
le informa de algunas misiones a lugares lejanos y que los 
responsables geográficos no son consultados sistemática­
mente sobre las misiones a los países ACP. Esta falta de 
homogeneidad en el trato de las misiones perjudica 
inevitablemente la coherencia del conjunto de las acciones 
emprendidas. 
98. Las misiones van, en principio, precedidas por un 
estudio preliminar destinado a preparar el terreno en los 
países-objetivo y a identificar los grupos de productos. La 
aprobación definitiva de la misión no debería hacerse 
hasta haber recibido este estudio. Sin embargo, se ha 
observado que en algunas misiones los responsables 
geográficos afectados no han tenido nunca conocimiento 
del informe en cuestión. 
99. Contraviniendo las condiciones establecidas en el 
documento antes mencionado, algunas misiones son de 
más de diez personas. Por otra parte, se sobrepasa 
frecuentemente el tope máximo de tres grupos de 
productos por misión. Y finalmente, no todas las 
misiones tienen, como sería de desear, una reunión previa 
de información y otra de cierre destinada a evaluar los 
resultados comerciales. 
Observaciones finales 
100. La Comunidad Europea se ha dotado del marco 
jurídico adecuado para aportar su contribución al 
desarrollo de las exportaciones de los Estados ACP 
firmando las Convenciones de Lomé. Una vez finalizado 
144 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
el plazo de aplicación de las dos primeras, los resultados 
obtenidos en la promoción de las exportaciones no han 
estado, sin embargo, a la altura de lo que cabía esperar. 
La mejora de la eficacia de este tipo de intervenciones 
exige: 
(a) un análisis sistemático de las posibilidades concretas 
de exportación de los países que presentan un 
programa de promoción comercial para que sea 
financiado por el FED ; 
(b) una utilización más amplia de los diferentes medios de 
acción que ofrecen las convenciones de Lomé (investigaciones y estudios de mercado, ayuda a las 
pequeñas y medianas empresas exportadoras, asisten­
cia técnica de corta duración, etc.); 
(c) un planteamiento integrado de los programas de 
promoción comercial; 
(d) una participación de los países beneficiarios en la 
financiación de las ferias y misiones comerciales a fin 
de fomentar que demuestren más rigor en este tipo de 
acciones. 
(0 DO C 326 de 16.12.1985, apartado 15.39. 
(2) DO C 344 de 31.12.1982, apartado 9.34. (3) DO C 342 de 31.12.1980, segunda parte, apartado 4.3. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 145 
ANEXO I 
Atribuciones de los Miembros del Tribunal de Cuentas 
en el momento de la aprobación del presente informe 
Secretaría, personal y administración del Tribunal. Relaciones exteriores Marcel MART, 
Presidente 
Grupo de Auditoría I 
Recursos propios: Richie RYAN 
Derechos de aduana e ingresos de origen agrícola, recursos IVA, 
equilibrio del Presupuesto e ingresos diversos 
FEOGA — 1: Charles J. CAREY 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Garantía: 
procedimientos de gestión y de control presupuestarios y asuntos generales 
FEOGA — 2: Keld BRIXTOFTE 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Garantía: 
organización común de mercados 
FEOGA — 3: Fernand HEBETTE 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Orientación 
(excluidas las acciones de carácter regional) 
Sección Garantía (azúcar) 
Pesca 
Gastos relacionados con el ámbito de la agricultura 
146 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Grupo de Auditoría II 
Fondos Europeos de Desarrollo Aldo ANGIOI 
Cooperación con los países en vías de desarrollo y terceros países Pierre LELONG 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional André J. MIDDELHOEK 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Orientación 
(Acciones regionales) 
Fondo Social Europeo Josep SUBIRATS 
Grupo de Auditoría III 
Cuestiones generales de auditoría Marcel MART 
Actividades de préstamos y empréstitos Lothar HAASE 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
Contabilidad General 
Principios contables 
Gastos de personal y de funcionamiento de las instituciones Stergios VALLAS 
Oficina de Publicaciones 
Oficinas de Prensa y de Información 
Escuelas Europeas 
Investigación, tecnología y nuevas políticas Carlos MORENO 
Subvenciones 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 147 
ANEXO II 
Informes y dictámenes aprobados por el Tribunal de Cuentas durante los últimos cinco años 
De conformidad con lo dispuesto en los Tratados, el Tribunal de 
Cuentas tiene la obligación de elaborar un Informe Anual. Tiene 
también la obligación, en virtud de los Tratados y otras normas 
en vigor, de elaborar informes anuales sobre determinados 
organismos y actividades comunitarias. Los Tratados confieren además al Tribunal facultades para formular sus observaciones 
sobre cuestiones particulares, y de emitir dictámenes a petición 
de cualquier institución. La lista que aparece a continuación 
enumera los informes y dictámenes aprobados por el Tribunal 
durante los cinco últimos años. 
Fecha de 
aprobación Publicación Título Fecha de 
aprobación Publicación 
5o Informe Anual relativo al ejercicio 1981 25 noviembre 1982 DO C 344 
de 31. 12. 1982 
Dictamen 4/82 sobre un proyecto de reglamento de la Comisión sobre 9 diciembre 1982 
disposiciones aplicables a la Agencia Europea de Cooperación, y sobre 
disposiciones relativas a las relaciones de la Agencia con la Comisión No publicado 
Dictamen 5/82 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 16 diciembre 1982 DO C 160 
modifica el Reglamento (CEE) n° 2744/80 que establece medidas suplementa- de 18. 6. 1983 
rias en favor del Reino Unido 
Dictamen 6/82 sobre una propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo, por el 16 diciembre 1982 
que se establece un programa especial de desarrollo energético DOC 199 
de 26. 7. 1983 
p. 7 
Dictamen 7/82 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 2 febrero 1983 
modifica el Reglamento (CEE) n° 2779/78 relativo a la aplicación del ECU en 
los actos realizados en el ámbito aduanero DO C 199 
de 26. 7. 1983 
p. 8 
Informe especial 1/83 relativo a los gastos del Parlamento Europeo 
correspondientes a las conferencias interparlamentarias 10 marzo 1983 Disponible 
en el Tribunal 
Informe especial 2/83 sobre la aplicación de los Reglamentos (CEE) n° 1078/ 
77 y (CEE) n° 1041/78, por los que se establece un régimen de primas por no 
comercialización de leche y productos lácteos y por reconversión de ganado 
vacuno lechero 14 abril 1983 DO C 278 
de 17. 10. 1983 
Informe relativo a las cuentas de las Escuelas Europeas correspondiente al 28 abril 1983 
ejercicio 1981 No publicado 
Informe relativo a los estados financieros del JET correspondientes al ejercicio 28 abril 1983 
1982 No publicado 
Informe especial 3/83 relativo a las cantinas, restaurantes, cafeterías y 18 mayo 1983 
economatos No publicado 
148 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Título Fecha de 
aprobación Publicación 
Informe relativo a las cuentas de 1982 de la Agencia de Abastecimiento de 26 mayo 1983 No publicado 
Euratom 
Informe especial 4/83 relativo a la gestión presupuestaria del programa de 9 junio 1983 DO C 278 
suministro de productos agrícolas y alimentarios a Polonia de 17. 10. 1983 
Informe especial 5/83 relativo a la ayuda a la leche descremada transformada 9 junio 1983 DO C 41 
en caseína y en caseinatos de 15. 2. 1984 
Informe (artículo 78 séptimo (5) CECA) sobre los estados financieros de la 22 junio 1983 DO C 339 
CECA a 31 de diciembre de 1982 de 19. 12. 1984 
Informe relativo a las cuentas del ejercicio 1982 de la Fundación Europea para 14 julio 1983 No publicado 
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
Informe relativo a las cuentas del ejercicio 1983 del Centro Europeo para el 14 julio 1983 No publicado 
Desarrollo de la Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Dictamen 1/83 sobre un proyecto de reglamento (CEE) de la Comisión 21 julio 1983 No publicado 
relativo al funcionamiento del sistema de anticipos para los gastos financiados 
por la Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola (FEOGA) 
Informe elaborado a raíz de las conclusiones del Consejo Europeo de 18 de 
junio de 1983 
6o Informe Anual relativo al ejercicio 1982 
Informe (anexo al informe anual CECA 1982) relativo a la gestión contable y a 
la gestión financiera de la CECA. 
Informe especial 6/83 sobre el sistema informatizado del Fondo Social 
Europeo 
Dictamen 2/83 sobre la propuesta de reglamento (CEE) del Consejo relativo a 
la bonificación de determinados préstamos concedidos en el marco del Sistema 
Monetario Europeo 
Informe relativo a las cuentas de las Escuelas Europeas correspondientes al 
ejercicio 1982 6 octubre 1983 
24 noviembre 1983 
7 diciembre 1983 
15 diciembre 1983 
12 enero 1984 
23 febrero 1984 DO C 287 
de 24. 10. 1983 
DO C 357 
de 31. 12. 1983 
No publicado 
Disponible 
en el 
Tribunal 
DOC 55 
de 28. 2. 1984 
No publicado 
Dictamen 4/83 sobre la segunda modificación de la propuesta de reglamento 14 marzo 1984 DO C 163 
(CEE, Euratom, CECA) del Consejo, por el que se modifica el Reglamento de 23. 6. 1984 
(CEE, Euratom, CECA) n° 2891 /77 sobre la aplicación de la decisión de 21 de 
abril de 1970 relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los 
Estados miembros por recursos propios de las Comunidades 
Informe especial 1/84 sobre la coordinación de la ayuda de la Comunidad en 14 marzo 1984 DO C 224 
favor de terceros países de 25. 8. 1984 
Dictamen 3/83 sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se habilita 5 abril 1984 DO C 163 
a la Comisión para participar en la financiación de innovaciones dentro de la de 23. 6. 1984 
Comunidad 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 149 
Título Fecha de 
aprobación Publicación 
Informe especial 2/84 sobre la gestión de los fondos comunitarios de ayuda al 10 mayo 1984 Disponible 
desarrollo por parte del Banco Europeo de Inversiones en el 
Tribunal 
Dictamen 1/84 sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se 
establecen, habida cuenta del agotamiento de los recursos propios, medidas 
para la cobertura de las necesidades del ejercicio presupuestario 1984 
Informe relativo a las cuentas de 1983 de la Agencia de Abastecimiento de 
Euratom 
Informe sobre los estados financieros 1983 del JET 
Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1983 
Informe especial 3/84 sobre el funcionamiento de la organización común de 
mercados en el sector de la carne de ovino 7 junio 1984 
19 junio 1984 
19 junio 1984 
26 junio 1984 
19 julio 1984 DO C 228 
de 30.8.1984 
No publicado 
No publicado 
DO C 350 
de 31. 12. 1984 
DO C 234 
de 4. 9. 1984 
Informe especial 4/84 sobre la puesta en práctica de la Directiva 77/435/CEE 11 octubre 1984 DO C 336 
de 27 de junio de 1977, relativa al control por parte de los Estados miembros de de 17. 12. 1984 
las operaciones pertenecientes al sistema de financiación del FEOGA 
« Garantía » 
Informe sobre las cuentas de 1983 del Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe sobre las cuentas de 1983 de la Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
7o Informe Anual relativo al ejercicio 1983 
Informe (anexo al Informe Anual CECA 1983) relativo a la gestión contable y 
a la gestión financiera de la CECA 
Informe especial 5/84 sobre el régimen de las ayudas a la leche descremada 
líquida utilizada para la alimentación animal 
Informe especial 1/85 relativo a la organización común de mercados en el 
sector del aceite de oliva 24 octubre 1984 
24 octubre 1984 
22 noviembre 1984 
13 diciembre 1984 
13 diciembre 1984 
25 abril 1985 No publicado 
No publicado 
DO C 348 
de 31.12.1984 
No publicado 
DOC 91 
de 12.4. 1985 
DOC 134 
de 3. 6. 1985 
Dictamen 1/85 sobre una propuesta de reglamento (CEE) del Consejo, relativo 2 mayo 1985 DO C 138 
a la aplicación del acuerdo, en forma de intercambio de correspondencia, de 6. 6. 1985 
formalizado entre la CEE y la República Portuguesa, sobre la prestación de 
una ayuda financiera específica destinada a la mejora de las estructuras 
agrícolas y de la pesca en Portugal 
Dictamen 2/85 sobre una propuesta de reglamento (CEE, Euratom, CECA) 26 junio 1985 DO C 261 
del Consejo, prorrogando el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 de 12. 10. 1985 
del Consejo sobre la aplicación, para los recursos propios procedentes del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, de la Decisión de 21 de abril de 1970 relativa 
a la sustitución de las contribuciones financieras de los Estados miembros por 
recursos propios de las Comunidades. 
150 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Título Fecha de 
aprobación Publicación 
Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1984 26 junio 1985 DO C 360 
de 31.12.1985 
Informe especial 2/85 sobre el sistema de pago de las restituciones agrícolas a la 26 junio 1985 
exportación (control de las exportaciones de productos agrícolas) DOC 215 
de 26. 8. 1985 
Informe especial 3/85 relativo a determinados aspectos de la cooperación 12 julio 1985 
técnica financiada por la ayuda comunitaria al desarrollo Disponible 
en el 
Tribunal 
Informe sobre las cuentas de las Escuelas Europeas correspondientes al 
ejercicio 1984 
Informe sobre las cuentas de la Agencia de Abastecimientos de Euratom 
correspondientes al ejercicio 1984 
Informe relativo a los estados financieros JET correspondientes al ejercicio 
1984 
Informe relativo a las cuentas de 1984 del Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe relativo a las cuentas de 1984 de la Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
Informe (anexo al informe anual CECA 1984) relativo a la gestión contable y a 
la gestión financiera de la CECA 
8o Informe Anual relativo el ejercicio 1984 
Informe especial 4/85 sobre la organización común de mercados en el sector de 
los productos de la pesca 17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 octubre 1985 
17 octubre 1985 
19 noviembre 1985 
19 noviembre 1985 
28 noviembre 1985 No publicado 
No publicado 
No publicado 
No publicado 
No publicado 
No publicado 
DO C 326 
de 16.12.1985 
DO C 339 
de 31. 12.1985 
Informe especial 5/85 sobre la participación comunitaria en acciones en favor 
de países en vías de desarrollo ejecutadas por organizaciones no estatales 12 diciembre 1985 Disponible 
en el 
Tribunal 
Dictamen 3/85 sobre el proyecto de modificación de determinados artículos 
del proyecto de reglamento de la Comisión sobre procedimientos de ejecución 
de determinadas disposiciones del Reglamento Financiero de 21 de diciembre 
de 1977 12 diciembre 1985 No publicado 
Dictamen 4/85 sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo 
modificando el Reglamento (CEE) n° 2681/74 relativo a la financiación 
comunitaria de gastos derivados del suministro de productos agrícolas en 
concepto de ayuda alimentaria 12 diciembre 1985 DO C 357 
de 31.12.1985 
Dictamen 5/85 sobre el proyecto de reglamento financiero aplicable al sexto 
Fondo Europeo de Desarrollo 12 diciembre 1985 DOC 361 
31. 12.1985 
Informe especial 1/86 sobre las acciones de contratación para la ampliación de 
los mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos financiadas con 
el producto de la exacción de corresponsabilidad 20 febrero 1986 DO C 127 
de 26. 5. 1986 
Dictamen 1/86 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n° 1883/78 relativo a las normas generales 
sobre la financiación de las intervenciones del Fondo Europeo de Orientación 
y Garantía Agrícola, Sección Garantía 6 marzo 1986 DOC 80 
de 9. 4. 1986 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 151 
Título Fecha de 
aprobación Publicación 
Informe sobre las cuentas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 29 mayo 1986 No publicado 
correspondientes al ejercicio 1985 
Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1985 17 junio 1986 DO C 208 
de 19. 8.1986 
Informe especial n° 2/86 sobre las Acciones Especificas Comunitarias de 10 julio 1986 DO C 262 
Desarrollo Regional del FEDER (acciones fuera de cuota) de 20. 10. 1986 
Informe especial n° 3/86 sobre el sistema de subvenciones para las semillas 10 julio 1986 Disponible 
oleaginosas en el 
Tribunal 
Informe sobre las cuentas de las Escuelas Europeas correspondientes al 25 septiembre 1986 No publicado 
ejercicio 1984 
Informe relativo a las cuentas de 1985 del Centro Europeo para el Desarrollo 23 octubre 1986 No publicado 
de la Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe relativo a las cuentas de 1985 de la Fundación Europea para la 11 noviembre 1986 No publicado 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
Dictamen 2/86 sobre un proyecto de reglamento financiero relativo a la 11 noviembre 1986 DO C 302 
aplicación de los protocolos financieros con Argelia, Marruecos, Túnez, de 27. 11. 1986 
Egipto, Líbano, Jordania, Siria, Malta y Chipre 
Informe relativo a los estados financieros del JET correspondientes al ejercicio 19 noviembre 1986 No publicado 
1985 
Informe (anexo al Informe Anual CECA 1985) relativo a la gestión contable y 19 noviembre 1986 No publicado 
a la gestión financiera de la CECA 
9.° Informe Anual relativo al ejercicio 1985 19 noviembre 1986 DO C 321 
de 15. 12. 1986 
Informe especial 4/86 sobre la cooperación financiera y técnica con la India 4 diciembre 1986 DO C 75 
de 23. 3. 1987 
Dictamen 1/87 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 18 febrero 1987 DO C 59 
modifica el Reglamento n° 1883/78 que fija las normas generales sobre la de 7. 3. 1987 
financiación de las intervenciones por el Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola, Sección Garantía 
Dictamen 2/87 sobre la propuesta de la Comisión de un Reglamento (CEE) del 14 mayo 1987 DO C 147 
Consejo, relativo al control del pago de los importes concedidos en el de 5. 6. 1987 
momento de exportaciones de productos agrícolas 
Informe especial 1/87 sobre la calidad de la ayuda alimentaria — 27 mayo 1987 DO C 219 
Conformidad de los productos de la ayuda alimentaria a las normas aplicables de 17. 8. 1987 
de calidad, cantidad, embalaje, plazo y lugar 
Dictamen 3/87 sobre una propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 10 junio 1987 DO C 175 
modifica el Reglamento (CEE) n° 729/70 relativo a la financiación de la de 3. 7. 1987 
Política Agrícola Común en lo que se refiere al sistema de anticipos de la 
Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
152 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Título Fecha de 
aprobación Publicación 
Informe sobre los Estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1986 25 junio 1987 DO C 228 
de 26. 8. 1987 
Informe sobre las cuentas del ejercicio 1986 de la Agencia de Abastecimiento 25 junio 1987 
de Euratom No publicado 
Informe especial 2/87 sobre el sistema de cuota y tasa suplementaria en el 15 julio 1987 
sector de la leche DO C 266 
de 5. 10. 1987 
Informe especial 3/87 sobre la organización común del mercado del tabaco 15 julio 1987 
crudo DO C 297 
de 6. 11. 1987 
Informe especial 4/87 sobre las medidas comunitarias de destilación de vino 17 septiembre 1987 DO C 297 
de 6. 11.1987 
Informe especial 5/87 sobre la ayuda comunitaria a la aceleración del 7 octubre 1987 
desarrollo agrícola en Grecia Disponible 
en el 
Tribunal 
Informe especial 6/87 sobre la ayuda alimentaria a la India de 1978 a 1985 29 octubre 1987 DO C... 
(Operación Flood II) de...O) 
Dictamen 4/87 sobre una propuesta de reglamento (Euratom, CECA, CEE) 
del Consejo para la derogación temporal del Reglamento n° 2891/77 por el que 
se aplica la Decisión de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de las 
contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos propios de 
las Comunidades 29 octubre 1987 DOC... 
de...(») 
Dictamen 5/87 sobre una propuesta de reglamento (Euratom, CECA, CEE) 29 octubre 1987 DO C... 
del Consejo por el que se modifica el Reglamento Financiero de 21 de de...(') 
diciembre de 1977 aplicable al Presupuesto General de las Comunidades 
Europeas 
Informe relativo a las cuentas del ejercicio 1986 del Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe relativo a las cuentas del ejercicio 1986 de la Fundación Europea para 
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
Informe sobre las cuentas de los ejercicios 1985 y 1986 de las Escuelas 
Europeas 
Informe (anexo al Informe Anual CECA 1986) relativo a la gestión contable y 
financiera de la CECA 
10° Informe Anual relativo al ejercicio 1986 4/5 noviembre 1987 
4/5 noviembre 1987 
4/5 noviembre 1987 
10/11 noviembre 1987 
10/11 noviembre 1987 No publicado 
No publicado 
No publicado 
No publicado 
En este DO 
(') En curso de publicación. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 153 
ANEXO III 
Información financiera relativa 
al Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
y 
a los Fondos Europeos de Desarrollo 
(1986) 
Notas preliminares 
1. Fuente de los datos financieros 
Los datos financieros que figuran en el presente anexo han sido extraídos de las cuentas de gestión y de los 
balances financieros de las Comunidades Europeas (1) y de los Fondos Europeos de Desarrollo, así como de 
otros estados financieros facilitados por la Comisión. 
2. Unidad monetaria 
Todos los datos financieros vienen expresados en millones de ECUS (Mió ECU). Se ha efectuado un redondeo a 
la décima de millón. 
3. Cambio de nomenclatura en el Presupuesto General 
En ocasiones se producen ciertos cambios en la nomenclatura presupuestaria. El Tribunal aplica para la 
presentación de los datos históricos la nomenclatura del ejercicio en curso y adapta, cuando se producen 
cambios en ésta, los datos de los ejercicios anteriores a la nomenclatura actual. De este modo los datos 
presentados en los cuadros 14 a 19 son comparables de un ejercicio a otro. 
(1) Para el ejercicio 1986: Cuenta de gestión y balance financiero relativos a las operaciones del ejercicio 1986 [doc. COM(87) 186, 187, 188, 
189, 191]. 
154 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
4. Abreviaturas y símbolos usados 
CE 
CECA 
CEE 
CEEA o Euratom 
FEOGA 
PNB 
IVA 
BFR 
DKR 
DM 
DRA 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
UC 
UCE 
ECU 
Mió ECU 
CD 
CND 
CC 
CP 
CPC 
CPP 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
P 
UK 
EUR 10/12 
FED 
ACP 
PTU 
DFU 
Stabex 
Sysmin 
RF 
DO 
S 
T 
C 
0,0 
% 
§ Comunidades Europeas 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
Comunidad Económica Europea 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 
Producto Nacional Bruto 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Franco belga 
Corona danesa 
Marco alemán 
Dracma griego 
Escudo portugués 
Franco francés 
Florín neerlandés 
Libra irlandesa 
Franco luxemburgués 
Lira italiana 
Peseta española 
Libra esterlina 
Unidad de Cuenta (hasta 1977) 
Unidad de Cuenta Europea (de 1978 a 1980) 
Unidad de Cuenta (en vigor desde el 1.1.1981) 
Millones de ECUS 
Créditos disociados 
Créditos no disociados 
Créditos de compromiso 
Créditos de pago 
Créditos para compromisos 
Créditos para pagos 
Bélgica 
Dinamarca 
República Federal de Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Total para el conjunto de los 10 ó 12 Estados miembros de las Comunidades Europeas 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico 
Países y Territorios de Ultramar 
Departamentos Franceses de Ultramar 
Estabilización de los ingresos de exportación 
Sistema de estabilización de los ingresos de exportación de productos mineros 
Reglamento Financiero de 21.12.1977 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
Sección del Presupuesto General 
Título del Presupuesto General 
Capítulo del Presupuesto General 
Cero o sin datos 
Cantidad entre cero y 0,05 
Porcentaje 
Epígrafe referente, dentro del Anexo, a textos, gráficos y cuadros 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 155 
índice de materias 
Primera parte: Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
Página 
§ 1. Información básica sobre el Presupuesto General 
156 
Presupuesto General del ejercicio 1986 y ejecución del Presupuesto durante el ejercicio 1986 
§ 2. Presupuesto General 1986: Ingresos previstos 160 
§ 3. Presupuesto General 1986: Previsiones de gastos-créditos para pagos 161 
§ 4. Presupuesto General 1986: Créditos para compromisos 162 
§ 5. Ingresos previstos y efectivos en 1986 163 
§ 6. Créditos para compromisos disponibles en 1986 y su utilización, por sector y por institución 164 
§ 7. Créditos para pagos disponibles en 1986 y su utilización, por sector y por institución 165 
§ 8. Recursos propios efectivos en 1986 166 
§ 9. Nivel de utilización de los créditos disponibles en 1986, por sector 167 
§ 10. Cuenta de gestión consolidada y determinación del saldo del ejercicio 1986 168 
§11. Pagos efectuados en 1986, por sector y por Estado miembro beneficiario 169 
§ 12. FEOGA-Garantía: Pagos efectuados en 1986 por mercado y por Estado miembro beneficiario 170 
§ 13. Los Fondos estructurales: Compromisos contraídos y pagos efectuados en 1986, por Estado miembro 
beneficiario 171 
Datos históricos relativos a la ejecución del Presupuesto General (1982-1986) 
§ 14. Evolución y utilización de los créditos para pagos durante el período 1982-1986, por sector 172 
§ 15. Nivel de utilización de los créditos para pagos de 1982 a 1986, por sector 173 
§ 16. Pagos anuales durante el período 1982-1986, por sector y por institución 174 
§ 17. Evolución de la relación entre «pagos anuales por sector» y «total de los pagos anuales presupuestarios» 
(1982-1986) 175 
§ 18. Pagos anuales a los Estados miembros (1982-1986) 176 
§ 19. Recursos propios efectivos, por Estado miembro (1982-1986) 177 
Segunda parte: Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) (situación a 31.12.1986) 
§ 20. Información de base sobre los FED 178 
§ 21. Los FED 4.° y 5.°: Dotación, financiación, reparto de ayudas, utilización global 179 
§ 22. El 6.° FED: Dotación, financiación, reparto de ayudas, utilización global 180 
§ 23. El 4.° FED: Ayudas por sector económico y país beneficiario 181 
§ 24. El 5.° FED: Ayudas por tipo y por país beneficiario 182 
§ 25. El 5.° FED: Ayudas por sector económico y país beneficiario 183 
§ 26. Los FED 4.° y 5.°: Utilización de las ayudas por sector económico 184 
§ 27. Los seis FED: Distribución de los pagos acumulados, por país beneficiario (1960-1986) 185 
§ 28. Los seis FED: Evolución de los pagos anuales (1960-1986) 186 
156 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Primera parte: Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
§ 1. Información básica sobre el Presupuesto General 
1.1. Origen del Presupuesto General 
El Presupuesto General fue creado por el Tratado de Fusión (1) (artículo 20). Sustituyó, a partir del 1 de enero de 1968, a los 
tres presupuestos distintos de las Comunidades Europeas que existían hasta ese momento: el Presupuesto Administrativo 
de la CECA, el Presupuesto de la CEE y el Presupuesto de Funcionamiento del Euratom. El Presupuesto de Investigación e 
Inversiones del Euratom fue incorporado al Presupuesto General a partir de 1971 por el Tratado de Luxemburgo (2) 
(artículo 10). 
1.2. Base jurídica 
El Presupuesto General se rige por las disposiciones financieras de los Tratados de París (3) (artículo 78 CECA) y de 
Roma (4) (5) (artículos 199 a 209 CEE y 171 a 183 Euratom), así como por las modificaciones resultantes del Tratado de 
Fusión (1), de la Decisión del Consejo sobre recursos propios (6), del Tratado de Luxemburgo (2), del Tratado de 
Adhesión (7) y del Tratado de Bruselas (8). El Reglamento Financiero (9) regula los procedimientos relativos al 
establecimiento y la ejecución del Presupuesto, así como los relativos a la presentación y comprobación de las cuentas. El 
Reglamento Financiero se completa con otros actos jurídicos que regulan los detalles de la ejecución del Presupuesto. 
1.3. Principios presupuestarios básicos establecidos por los Tratados y en el Reglamento Financiero 
El presupuesto es aprobado para la duración de un ejercicio presupuestario (anualidad). Los ingresos y gastos del 
presupuesto deben estar equilibrados. Los ingresos deben servir para financiar indistintamente todos los gastos 
presupuestarios (no afectación). Todo ingreso o gasto comunitario debe figurar en el presupuesto (unidad). Todos los 
ingresos o gastos deben estar inscritos íntegramente en el presupuesto y en la contabilidad, sin llevar a cabo 
compensaciones entre ellos (universalidad). Existen ciertas excepciones a estos principios generales. 
1.4. Contenido y estructura del Presupuesto General 
El Presupuesto General comprende las previsiones relativas a los gastos administrativos de la CECA y a los ingresos 
correspondientes, los gastos e ingresos de la CEE y los gastos e ingresos del Euratom. 
El Presupuesto incluye cinco secciones divididas en estados de ingresos y de gastos: (I) Parlamento; (II) Consejo (con el 
anexo relativo al Comité Económico y Social); (III) Comisión; (IV) Tribunal de Justicia; (V) Tribunal de Cuentas. 
Dentro de cada sección, los ingresos y los gastos están clasificados en líneas presupuestarias (títulos, capítulos, artículos y 
partidas) según su naturaleza y el uso al que se destinan. 
1.5. Unidad monetaria del Presupuesto General 
Hasta el año 1977 el Presupuesto se establecía y ejecutaba en Unidades de Cuenta (UC): 1 UC = 0,88867088 gramos de oro 
(= 1 dólar USA entre 1934 y 1972). 
De 1978 a 1980 el Presupuestóse estableció y ejecutó en Unidades de Cuenta Europea (UCE); 1 UCE equivale a la suma de 
los siguientes importes de las monedas de los Estados miembros de la CE: 0,828 DM + 0,0885 UKL +1,15 FF + 109 LIT + 
0,286 HFL + 3,66 BFR + 0,14 LFR + 0,217 DKR + 0,00759 IRL. 
A partir de 1981, el presupuestóse ha establecido y ejecutado en ECU. El ECU, al igual que la UCE, es una unidad basada en 
un cesto de monedas nacionales. Para 1981,1982 y 1983, el valor y la composición del cesto del ECU coincidieron con los de 
la UCE (no incluyéndose en el cesto a la moneda griega, el dracma). Para 1984-1986, 1 ECU = 0,719 DM + 0,0878 UKL + 
1,31 FF + 140,0 LIT + 0,256 HFL + 3,71 BFR + 0,14 LFR + 0,219 DKR + 0,00871 IRL + 1,15 DRA. 
Los tipos de cambio con respecto a las monedas nacionales eran el 31 de diciembre de 1986 los siguientes: 1 ECU = 
43,2325 BFR = 7,86192 DKR = 2,07610 DM = 148,526 DRA = 156,382 ESC = 6,87503 FF = 2,34488 HFL = 0,764828 IRL = 
43,2325 LFR = 1446,19 LIT = 141,151 PTA = 0,724942 UKL. 
1.6. Financiación del Presupuesto General (ingresos presupuestarios) 
El Presupuesto General se financia principalmente mediante los recursos propios de las Comunidades (6): derechos de 
aduana, exacciones reguladoras agrícolas, cotizaciones de azúcar e isoglucosa y el IVA hasta un máximo del 1,4 % de una 
base imponible uniforme para todos los Estados miembros (10)(11). Existen, además, otros ingresos de menor importancia. 
Desde el 1 de enero de 1971, según lo dispuesto en la Decisión del Consejo, de 21 de abril de 1970 (6), el sistema de 
recursos propios ha reemplazado progresivamente al antiguo sistema de contribuciones financieras de los Estados 
miembros determinados según una clave preestablecida. Hasta que fue posible aplicar la base imponible uniforme del IVA, 
las contribuciones financieras continuaron siendo pagadas por los Estados miembros. Desde 1975 estas contribuciones 
financieras se calcularon sobre la base de la participación respectiva de los Estados miembros en el Producto Nacional 
Bruto (PNB) comunitario. En 1979, el IVA de los Estados miembros, con la excepción de la R. F. de Alemania, Irlanda y 
Luxemburgo, que siguieron pagando contribuciones basadas en el PNB, pasó a formar parte por primera vez de los 
recursos propios. En 1980, todos los Estados miembros aplicaron el sistema IVA. Desde 1981 a 1985, todos los Estados 
miembros pagaron recursos propios IVA con la excepción de Grecia, que pagó una contribución financiera basada en el 
PNB. En 1986 todos los Estados miembros han pagado recursos propios IVA, excepto Portugal que pagó una contribución 
financiera basada en el PNB. 
(1) Tratado de Fusión (8 de abril 1965), por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas. 
(2) Tratado de Luxemburgo (22 de abril de 1970), por el que se modifican ciertas disposiciones presupuestarias de los Tratados constitutivos de las 
Comunidades y del Tratado de Fusión. 
(3) Tratado de París (18 de abril de 1951), por el que se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). 
(4) Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), por el que se constituye la Comunidad Económica Europea (CEE). 
(5) Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), por el que se constituye la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). 
(6) Decisión 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los Estados 
miembros por recursos propios de las Comunidades (DO L 94 de 28.4.1970). 
(7) Tratado de Adhesión (22 de enero de 1972); Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados. 
(8) Tratado de Bruselas (22 de julio de 1975), por el que se modifican ciertas disposiciones financieras de los Tratados constitutivos de las Comunidades 
Europeas y del Tratado de Fusión. 
(9) Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 (DO L 356 de 31.12.1977). 
(10) Véase la Sexta Directiva del Consejo de 17 de mayo de 1977, sistema común del IVA: base imponible uniforme (DO L 145 de 13.6.1977). 
(11) Tipo máximo IVA de la base imponible uniforme: de 1979 a 1985, 1 %; a partir de 1986, 1,4 %. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 157 
1.7. Tipos de créditos presupuestarios 
Para cubrir los gastos previstos, el Presupuesto General distingue los siguientes tipos de créditos presupuestarios: 
a) Los créditos disociados (CD) se utilizan para financiar actividades plurianuales en determinados sectores. Se dividen 
en créditos de compromiso y créditos de pago: 
— los créditos de compromiso (CC) cubren, durante el ejercicio en curso, las obligaciones legales contraídas debido a 
la puesta en práctica de acciones cuya aplicación se extiende durante varios ejercicios; 
— los créditos de pago (CP) cubren los gastos relativos a compromisos contraídos durante el ejercicio en curso y/o 
durante ejercicios anteriores. 
b) Los créditos no disociados (CND) cubren, para acciones anuales, los compromisos y los pagos relativos al mismo 
ejercicio. 
De este modo resulta posible establecer los dos totales siguientes para el mismo ejercicio: 
— el total de créditos para compromisos (CPC) (1) = créditos no disociados (CND) 
+ créditos de compromiso (CC) (1); 
— el total de créditos para pagos (CPP) (1) = créditos no disociados (CND) 
+ créditos de pago (CP) (1). 
Los ingresos presupuestarios se destinan a cubrir los créditos para pagos. Los créditos de compromiso no son financiados 
hasta que los correspondientes créditos de pago se inscriben en el Presupuesto. 
El siguiente esquema simplificado (con importes ficticios) muestra la incidencia de estos tipos de crédito en cada ejercicio: 
Créditos para compromisos: importes asigna­
dos en los presupuestos de los ejercicios 1,2,3 
para compromisos durante los mismos. 
Créditos 
para 
compromisos 
(CPC) D Créditos de 
compromiso (CC) 
¡I Créditos no 
Ü disociados (CND) 
Ejercicio 1: CPC: 150 
Ejercicio 2: CPC: 180 
Ejercicio 3: CPC: 215 -CC: 50. 
-CC: 60. 
W3¡¡ **ÍILCND:120. Créditos de 
compromiso 
(CC) de 
ejercicios 
anteriores 
Resumen de todos los tipos de créditos 
i \ 
Ejercicio 1 
Ejercicio 2 
Ejercicio 3 o z o 
g8 ¡1 0=5 
(D 
100 
120 
150 Créditos di­
sociados (CD) 
E 
1 i" 
(2) 
50 
60 
65 (3) 
27 
38 
75 
—r Créditos para 
-^ compromisos (CPC) 
150 
180 
215 
"r Créditos para 
1 pagos (CPP) 
127 
158 
225 Calendarlo: Muestra durante qué ejercicio se han de financiar los 
CPC asignados a los ejercicios 1, 2, 3. Los CND se financian en el 
ejercicio en que se efectúa la asignación. La financiación de los CC se 
reparte entre varios ejercicios. 
Ejercicio 1 r 
í 
100 10 Importe (fracciones) a financiar: 
Ejercicio 2 Ejercicio 3 Posteriormente 
J 
I 
D 
120 12 I 
I 
I 
l 
150 16 ] 
D 
18 
A 
49 
Los totales verticales del calendario indican los créditos para pagos 
(CPP) de cada ejercicio que son necesarios para financiar las 
obligaciones legales correspondientes a este ejercicio debido a la 
asignación de los CPC. Para cada ejercicio se cumple que: CPP = 
CND + créditos de pago (CP), siendo los CP del ejercicio el total de 
las fracciones de los CC que se han de financiar en dicho ejercicio. 
Créditos para pagos: 
Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 
CP: 
zg 
Clave: 
Créditos 
pagos 
(CPP) (• Créditos de pago 
(CP) 
Créditos no disociados 
(CND) 
(1) Es importante tener en cuenta la diferencia entre «créditos para compromisos» y «créditos de compromiso» así como la existente entre «créditos para 
pagos » y « créditos de pago ». Tanto los términos « créditos de compromiso » y « créditos de pago » se usan exclusivamente en el contexto de los « créditos 
disociados». 
158 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
1.8. Establecimiento del Presupuesto General 
Para cada ejercicio (que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre), cada institución perfila, antes del 1 de julio 
del año anterior al de ejecución del Presupuesto, un estado de previsión de sus gastos. La Comisión agrupa estos estados 
en un anteproyecto de presupuesto que, no más tarde del 1 de septiembre del mismo año, presenta al Consejo, que, junto 
con el Parlamento, constituye la autoridad presupuestaria. El Consejo establece el proyecto de presupuesto y lo transmite 
al Parlamento, no más tarde del 5 de octubre del mismo año. El Parlamento puede proponer modificaciones al proyecto 
relativas a los gastos obligatorios (1) y efectuar enmiendas de los gastos no obligatorios; estas modificaciones y 
enmiendas se envían al Consejo. La decisión final sobre los gastos obligatorios la toma el Consejo. Para los gastos no 
obligatorios el Parlamento puede, dentro de un índice estadístico máximo de aumento de estos gastos, hacer cambios 
antes de la decisión final. El presidente del Parlamento declara aprobado el Presupuesto. Sin embargo, el Parlamento 
puede rechazar el proyecto, solicitando otro (2). 
Si al principio de un ejercicio el Presupuesto no ha sido aún votado, se aplican disposiciones particulares, relativas a la 
autorización de gastos, de los Tratados y del Reglamento Financiero (3). 
La autoridad presupuestaria puede aprobar presupuestos rectificativos (que no modifiquen el importe total del 
Presupuesto anual) o presupuestos suplementarios (que modifiquen el importe total) (4). 
La asignación de créditos a una línea presupuestaria puede modificarse por transferencias (5) procedentes de otras líneas 
presupuestarias. 
1.9. Ejecución del Presupuesto General 
1.9.1. Responsabilidad de la ejecución 
La Comisión ejecuta el Presupuesto conforme al Reglamento Financiero, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite 
de los créditos concedidos; también concede a las otras instituciones los poderes necesarios para la ejecución de las 
secciones del Presupuesto que les conciernan a cada una (6). El Reglamento Financiero precisa los procedimientos de 
ejecución y, especialmente, las responsabilidades de los ordenadores, de los contables, de los administradores de 
anticipos y de los interventores de las instituciones (7). 
1.9.2. Ejecución de los ingresos 
Los ingresos previstos se inscriben en el Presupuesto susceptibles de ser modificados por presupuestos rectificativos y 
suplementarios (4). 
La ejecución presupuestaria de los ingresos consiste en comprobar los derechos y en cobrar los importes debidos a las 
Comunidades (recursos propios y otros ingresos); esta ejecución se rige por disposiciones especiales (8). 
Los ingresos efectivos de un ejercicio se definen como la suma de los cobros por derechos devengados durante el ejercicio 
en curso más los cobros por derechos pendientes de ejercicios anteriores. 
1.9.3. Ejecución de los gastos 
Los gastos previstos se inscriben en el Presupuesto. Según la naturaleza de las obligaciones jurídicas, se les hace frente 
mediante créditos para compromisos o créditos para pagos. La ejecución presupuestaria de los gastos, es decir, la 
evolución y utilización de los créditos, se puede resumir de la siguiente forma: 
a) Créditos para compromisos 
— Evolución de los créditos: Los créditos para compromisos inscritos en el presupuesto inicial pueden ser modificados 
antes de convertirse en créditos para compromisos definitivos: créditos para compromisos definitivos = 
presupuesto inicial (CND y CC) ± presupuestos rectificativos y suplementarios (4) + ingresos suplementarios (9) ± 
transferencias (5) + créditos de compromiso subsistentes del ejercicio precedente (10) + prórrogas no 
automáticas (11) del ejercicio precedente aún sin comprometer (CND) + créditos descomprometidos de los 
ejercicios anteriores (CC). 
— Utilización de los créditos: Los créditos para compromisos definitivos están disponibles durante el ejercicio para 
contraer compromisos (créditos para compromisos utilizados = importe de los compromisos contraídos). 
— Créditos que permanecen disponibles para el ejercicio siguiente: Los créditos no disociados que no han sido 
comprometidos pueden prorrogarse de modo no automático al ejercicio siguiente después de la aprobación del 
Consejo (11). Los créditos de compromiso no utilizados (créditos subsistentes al cierre del ejercicio) permanecen 
disponibles para el ejercicio siguiente (10). 
— Anulación de créditos: el saldo se anula. 
b) Créditos para pagos del ejercicio 
— Evolución de los créditos: Los créditos para pagos pueden también ser modificados antes de convertirse en créditos 
para pagos definitivos: créditos para pagos definitivos = presupuesto inicial (CND y CP) ± presupuestos 
rectificativos y suplementarios (4) + ingresos suplementarios (9) ± transferencias (5). 
— Utilización de los créditos: Los créditos para pagos definitivos están disponibles a lo largo del ejercicio para efectuar 
pagos (créditos para pagos del ejercicio utilizados = importe de los pagos efectuados por créditos del ejercicio). 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 159 
— Prórroga de créditos al ejercicio siguiente: Los créditos no utilizados pueden ser prorrogados al ejercicio siguiente 
como prórrogas automáticas (o de oficio) (12) o como prórrogas no automáticas (11). 
— Anulación de créditos: el saldo se anula. 
c) Créditos para pagos prorrogados del ejercicio precedente (prórrogas automáticas y prórrogas no automáticas). 
En cada ejercicio, estos créditos (después de eventuales transferencias) están también disponibles para efectuar 
pagos. Los importes no pagados después de haber sido prorrogados son anulados, menos en algunos casos en los que 
se admite la repetición de prórrogas (13). Los importes anulados de este modo se añaden al resultado del ejercicio en la 
cuenta de gestión consolidada (véase 1.9.4). 
En materia de gastos efectivos, es necesario distinguir entre los dos conceptos siguientes: 
— gastos efectivos realizados durante un ejercicio = total de pagos efectuados durante el ejercicio = pagos por 
créditos para pagos del ejercicio más pagos por créditos para pagos prorrogados del ejercicio precedente; 
— gastos efectivos realizados a cuenta de un ejercicio = gastos de la cuenta de gestión consolidada (véase 1.9.4) = 
pagos por créditos para pagos del ejercicio más créditos para pagos del ejercicio prorrogados al ejercicio siguiente. 
1.9.4. Cuenta de gestión consolidada y determinación del saldo del ejercicio 
Al cierre de cada ejercicio se establece la cuenta de gestión consolidada. El saldo del ejercicio, que debe inscribirse en el 
presupuesto del ejercicio siguiente con ocasión de un presupuesto rectificativo, se determina en ella (14) (véase cuadro 10). 
1.10. Presentación de las cuentas 
La Comisión presenta al Parlamento, al Consejo y al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 1 de junio siguiente al cierre del 
ejercicio, las cuentas de ese ejercicio; estas cuentas se presentan como una cuenta de gestión y un balance financiero, 
acompañados de un análisis de la gestión financiera (15j. 
1.11. Control externo 
Desde el ejercicio de 1977, el control externo del Presupuesto General lo lleva a cabo el Tribunal de Cuentas de las 
Comunidades (16). El Tribunal de Cuentas examina las cuentas de la totalidad de los ingresos y los gastos del Presupuesto 
General. El Tribunal examina la legalidad y la regularidad de los ingresos y los gastos y comprueba la buena gestión 
financiera. Las auditorías pueden llevarse a cabo antes del cierre de las cuentas del ejercicio presupuestario en cuestión. 
Las auditorías se llevan a cabo basándose en documentos y, si es necesario, se hacen in situ en las instituciones 
comunitarias y en los Estados miembros. El Tribunal de Cuentas redacta un informe anual relativo a cada ejercicio y puede, 
por otra parte, presentar en cualquier momento sus observaciones sobre temas específicos y dar su opinión a petición de 
una de las instituciones de las Comunidades. 
1.12. Descargo y seguimiento 
Desde 1977 son aplicables las disposiciones siguientes (17): Antes del 30 de abril del segundo año siguiente al ejercicio en 
cuestión, el Parlamento, a recomendación del Consejo, da descargo a la Comisión de la ejecución del Presupuesto. Para 
ello el Consejo y el Parlamento examinan las cuentas presentadas por la Comisión, así como el informe anual del Tribunal 
de Cuentas. Las instituciones deben tomar todas las medidas necesarias relativas a los comentarios que figuren en las 
decisiones de descargo y elaborar un informe sobre las medidas adoptadas (18). 
(1) Gastos obligatorios son aquellos derivados obligatoriamente de los Tratados o de actas aprobadas en virtud de éstos. 
(2) Para detalles del procedimiento presupuestario, véanse artículos 78 CECA, 203 CEE y 177 Euratom. 
(3) Véase artículo 8 del Reglamento Financiero. 
(4) Véase artículo 1(5) del Reglamento Financiero. 
(5) Véase artículo 21 del Reglamento Financiero. 
(6) Véanse artículos 78 quinto CECA, 205 CEE, 179 Euratom y 18(2) del Reglamento Financiero. 
(7) Véanse artículos 17 a 49 y 68 a 72 del Reglamento Financiero. 
(8) Véanse artículos 23 a 31 del Reglamento Financiero y los Reglamentos del Consejo (CEE, Euratom, CECA) nos 2891/77 y 2892/77 de 19 de diciembre de 
1977 (DO L 336 de 27.12.1977). 
(9) Véase artículo 87 del Reglamento Financiero y artículo 91(2) del Reglamento Financiero modificado. 
(10) Véanse artículos 6(2, a) y 88(3) del Reglamento Financiero. 
(11) Véase artículo 6(1, o) del Reglamento Financiero. 
(12) Véanse artículos 6(1, c), 6(2, b) y 88(4) del Reglamento Financiero. 
(13) Véanse artículos 6(4) y 108(3, a y b) del Reglamento Financiero. 
(14) Véase artículo 27 del Reglamento Financiero y artículos 15 y 16 del Reglamento del Consejo (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 (DO L 336 de 27.12.1977). 
(15) Véanse artículos 73 a 77 del Reglamento Financiero. 
(16) Véanse artículos 78 sexto, séptimo CECA, 206 y 206 bis CEE, 180 y 180 bis Euratom y artículos 78 a 84 del Reglamento Financiero. 
(17) Véanse artículos 78 octavo CECA, 206 ter CEE, 180 ter Euratom. 
(18) Véase artículo 85 del Reglamento Financiero. 
160 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
§ 2. Presupuesto General 1986: Ingresos previstos 
(para datos más detallados, véase § 5). 
(Mió ECU y %) 
Otros ingresos: 257,5 (0,7 %) 
Excedente disponible de 1985: 49,2 (0,2 %) 
Recursos propios IVA 
y contribuciones financieras: 22 468,2 (63,9 %) 
Clave: 
/I I Recursos 
propios 11 
ii i 
1 ' Total de recursos propios (por Estado miembro) 
Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA y contribuciones financieras 
Excedente disponible de 1985 y otros ingresos Derechos de aduana: 
9 700,5(27,6%) 
Cotizaciones de azúcar 
e isoglucosa: 
1 113,8 (3,1 %) 
Exacciones 
reguladoras agrícolas: 
1 584,9 (4,5 %) 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 161 
(Mió ECU y %) 3. Presupuesto General 1986: Previsiones de gastos — créditos para pagos 
(para datos más detallados, véase § 7, columna 3) 
10. Créditos provisionales y reserva: 95,0 (0,3 %) (de los cuales, CND: 43,5) 
-*- 9. Cooperación al desarrollo: 1 141,5 (3,2 %) (de los cuales, CND: 233,9) 
•>- 8. Reembolsos a Estados miembros: 3 299,8 (9,4 %) 
-»- 7. Investigación, energía, etc.: 740,7 (2,1 %) (de los cuales, CND: 30,4) 
*- 6. Política social: 2 651,6 (7,5 %) (de los cuales, CND: 100,1) 
>- 5. Política regional y de transportes: 2 574,8 (7,3 %) (de los cuales, CND: 4,0) 
4. Pesca: 164,1 (0,5 %) (de los cuales, CND: 89,6) 
3. Estructuras agrícolas: 790,2 (2,2 %) (de los cuales, CND: 60,9) 
2.11. Otros gastos: 6,5 (0,0 %) 
2.10. Medidas agro-monetarias: 466,0 (1,3 %) 
>- 2.9. Mercados diversos: 987,0 (2,8 %) 
>- 2.8. Carne, huevos y aves de corral: 3 559,0 (10,1 %) 
*- 2.7. Productos lácteos: 6 100,0 (17,4 %) 
*- 2.6. Tabaco: 792,0 (2,3 %) 
*- 2.5. Vino: 1 087,0 (3,1 %) 
>- 2.4. Frutas y hortalizas: 927,5 (2,6 %) 
>^ 2.3. Materias grasas y proteaginosas: 3 245,0 (9,2 %) 
*- 2.2. Azúcar: 1 642,0 (4,7 %) 
*^ 2.1. Cereales y arroz: 3 300,0 (9,4 %) 
1. Funcionamiento (todas las instituciones): 
-*~ 1 604,4 (4,6 %) 
Otras instituciones: 555,2 Mió ECU (1,6 %) 
— Parlamento: 306,1 
— Consejo (1): 185,6 
— Tribunal de Justicia: 40,0 
— Tribunal de Cuentas: 23,5 
(1) Incluye el Comité Económico y Social: 32,8. Clave: 
Créditos no disociados (CND) 
Sectores con créditos disociados: 
créditos de pago (CP) 
Créditos a disposición de la Comisión 
Créditos a disposición de las 
otras instituciones 
162 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
(Mió § 4. Presupuesto General 1986: Créditos para compromisos 
(para datos más detallados, véase § 6, columna 3) 
ECU y porcentaje) 
*"~ 10. Créditos provisionales y reserva: 78,0 (0,2 %) (de los cuales, CND: 43,5) 
>- 9. Cooperación al desarrollo: 1 243,2 (3,4 %) (de los cuales, CND: 233,9) 
*~ 8. Reembolsos a Estados miembros: 3 299,8 (9,2 %) 
*- 7. Investigación, energía, etc.: 851,7 (2,4 %) (de los cuales, CND: 30,4) 
6. Política social: 2 412,2 (6,7 %) (de los cuales, CND: 100,1) 
*-~ 5. Política regional y de transportes: 3 463,1 (9,6 %) (de los cuales, CND: 4,0) 
*- 4. Pesca: 156,3 (0,4 %) (de los cuales, CND: 89,6) 
—*- 3. Estructuras agrícolas: 831,4 (2,3 %) (de los cuales, CND: 60,9) 
Nota: Para los sectores con créditos disociados, este gráfico 
muestra los créditos de compromiso en vez de los créditos de 
pago que se muestran en § 3; los importes de los créditos no 
disociados y su representación gráfica permanece igual. 
El total de los créditos para compromisos no está equilibrado 
con los ingresos presupuestarios 1986, ya que ios créditos de 
compromiso incluyen importes que habrán de ser financiados 
con ingresos presupuestarios de ejercicios posteriores [véase 
§ 1 (1.7)]. 
->- 2. FEOGA-Garantía: 22 112,0 (61,3 %) 
(para el reparto de los créditos por 
mercado, véase § 3) 
->- 1. Funcionamiento (todas las instituciones): 1 604,4 (4,5 %) 
(para el reparto de estos créditos por institución, véase § 3) 
Clave: 
Créditos no disociados (CND) 
Sectores con créditos disociados: 
créditos de compromiso (CC) 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 163 
§ 5. Ingresos previstos y efectivos en 1986 
A. Ingresos previstos y efectivos en 1986 
Tipo de ingresos 
[entre paréntesis se indican los títulos (T) 
o los capítulos (Cap), de acuerdo con la 
nomenclatura presupuestaria 1986] 
1. Recursos propios: 
— Exacciones reguladoras agrícolas (Cap 10) 
— Cotizaciones de azúcar e isoglucosa (Cap 11) 
(Cap 90 COM) 
— Derechos de aduana (Cap 12) 
— Recursos propios IVA (Cap 13) 
— Contribución financiera (PNB) Portugal (Cap 20) 
— Saldos y ajustes anteriores a 1986 de recursos propios IVA 
y contribuciones financieras (Cap 31) 
Total recursos propios 
2. Excedente disponible del ejercicio precedente (Cap 30) 
3. Otros ingresos (T 4-9, excepto Cap 90 COM) 
Total ingresos Ingresos previstos del 
presupuesto 1986 
Mió ECU % 
1 584,9 4,5 
1 113,8 3,1 
p.m. — 
9 700,5 27,6 
22 257,2 63,3 
211,0 0,6 
p.m. — 
34 867,4 99,1 
49,2 0,2 
257,5 0,7 
35 174,1 100,0 Ingresos efectivos en 1986 
(cobros del ejercicio) 
Mío ECU % 
1 175,5 3,5 
1 043,2 3,1 
68,3 0,2 
8 172,9 24,3 
22 223,4 66,0 
210,1 0,6 
377,3 1,1 
33 270,7 98,8 
53,9 0,2 
342,6 1,0 
33 667,2 100,0 
B. Recursos propios previstos y efectivos en 1986 por Estado miembro 
Nota: Es preciso señalar que los Estados miembros se encargan de recaudar, por cuenta de la Comunidad, los importes adeudados por 
derechos de aduana, exacciones reguladoras agrícolas y cotizaciones de azúcar e isoglucosa. Esta nota es válida también para todos los 
cuadros similares de los §§ 2, 8 y 19. 
(Mío ECU) 
Tipo de recurso 
Exacciones reguladoras agrí­
colas: 
— previstas 
— efectivas 
Cotizaciones de azúcar e 
isoglucosa: 
— previstas 
— efectivas (Cap 11 y 90 
COM) 
Derechos de aduana: 
— previstos 
— efectivos 
Recursos propios IVA/ 
contribuciones financie­
ras (1)(2): 
— previstos 
— efectivos 
Total recursos propios: 
— previstos 
— efectivos B 
186,0 
132,2 
79,6 
84,7 
536,6 
494,6 
725,9 
736,6 
1 528,1 
1 448,1 DK 
7,0 
9,8 
43,6 
47,6 
239,4 
220,5 
483,3 
512,8 
773,3 
790,7 D 
187,5 
111,9 
286,0 
313,0 
2 600,0 
2 436,1 
6 154,0 
5 869,2 
9 227,5 
8 730,2 GR 
26,0 
22,9 
16,4 
16,9 
130,0 
85,5 
504,0 
507,1 
676,4 
632,4 E 
322,0 
10,1 
67,0 
14,5 
580,0 
191,9 
2 112,5 
2 104,1 
3 081,5 
2 320,6 F 
96,0 
107,6 
356,3 
378,6 
1 256,0 
1 150,4 
5 121,1 
5 248,5 
6 829,4 
6 885,1 IRL 
6,2 
6,4 
15,3 
10,8 
160,8 
113,3 
210,0 
213,3 
392,3 
343,8 I 
313,3 
356,4 
70,6 
73,0 
920,0 
770,1 
3 503,8 
3 518,7 
4 807,7 
4 718,2 L 
0,1 
0,2 
— 
4,7 
6,4 
58,8 
59,2 
63,6 
65,8 NL 
170,0 
114,1 
91,3 
95,9 
835,0 
792,0 
1 143,8 
1 230,0 
2 240,1 
2 232,0 P 
10,8 
18,7 
0,2 
128,0 
49,8 
211,0 
210,1 
350,0 
278,6 UK 
260,0 
285,2 
87,5 
76,5 
2 310,0 
1 862,3 
2 240,0 
2 601,2 
4 897,5 
4 825,2 EUR 12 
1 584,9 
1 175,5 
1 113,8 
1 111,5 
9 700,5 
8 172,9 
22 468,2 
22 810,8 
34 867,4 
33 270,7 
(1) Portugal hizo efectiva una contribución financiera basada en su PNB. 
(2) Incluidos los saldos y ajustes anteriores a 1986. 
164 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
§ 6. Créditos para compromisos disponibles en 1986 y su utilización, por sector y por institución 
(Mió ECU) 
Sector e institución 
[las Secciones (S), Títulos (T) y Capítulos (Cap), 
correspondientes a la nomenclatura presupuestaria 
de 1986, se indican entre paréntesis] 
(D 
1. Funcionamiento (Todas las instituciones) 
1.1. Comisión (S III, parte A) 
1.2. Otras instituciones (S I, II, IV, V) 
CO 
Q. 
c" •o 
E 
O 
m 
r 
2 
Q. 
¡n 
o 
•<íí 
f^ 2. FEOGA-Garantía (T 1, 2) 
2.1. Cereales y arroz (Cap 10) 
2.2. Azúcar (Cap 11) 
2.3. Materias grasas y proteaginosas (Cap 12-13) 
2.4. Frutas y hortalizas (Cap 15) 
2.5. Vino (Cap 16) 
2.6. Tabaco (Cap 17) 
2.7. Productos lácteos (Cap 20) 
2.8. Carne, huevos, aves de corral (Cap 21-24) 
2.9. Otros mercados (Cap 14, 18, 25) 
2.10. Medidas agro-monetarias (Cap 27-28) 
2.11. Otros gastos (Cap 29) 
3. Estructuras agrícolas (T 3) 
(de los que: créditos no disociados) 
3.1. FEOGA-Orientación (Cap 30-34) 
3.2. Acciones específicas (Cap 38) 
4. Pesca (T 4) 
(de los que: créditos no disociados) 
4.1. Organización de mercados (Cap 40) 
4.2. Otras acciones (Cap 41-46) 
5. Política regional y de transportes (T 5) 
(de los que: créditos no disociados) 
5.1. Fondo Regional (Cap 50-51) 
5.2. Transportes (Cap 58) 
5.3. Otras medidas (Cap 52-57) 
6. Política social (T 6) 
(de los que: créditos no disociados) 
6.1. Fondo Social (Cap 60-61) 
6.2. Otras medidas (Cap 63-69) 
7. Investigación, energía, etc. (T 7) 
(de los que: créditos no disociados) 
7.1. Energía (Cap 70) 
7.2. Investigación e inversiones (Cap 73) 
7.3. Industria y mercado interior (Cap 77) 
7.4. Otras acciones (Cap 71-72, 75, 78-79) 
8. Reembolsos a los Estados miembros (T 8) 
8.1. Gastos recaudación recursos propíos (Cap 80) 
8.2. Otros reembolsos (Cap. 82-87) 
9. Cooperación al desarrollo (T 9) 
(de los que: créditos no disociados) 
9.1. Ayudas alimentarias (Cap 92) 
9.2. Ayudas financieras (Cap 90-91, 93-99) 
10. Créditos provisionales y reserva (Cap 100-101) 
(de los que: créditos no disociados) 
Total créditos de operaciones (S III, B) 
(de los que: créditos no disociados) 
Total general .. Q O 
«j z o 
s o r Tipo de créd 
- créditos no 
disociados 
- créditos de 
compromisi 
(2) 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND + CC 
(CND) 
CND + CC 
CND+CC 
CND+CC 
(CND) 
CND+CC 
CND+CC 
CND+CC 
(CND) 
CC 
CND+CC 
CND+CC 
CND+CC 
(CND) 
CC 
CND+CC 
CND+CC 
(CND) 
CND + CC 
CC 
CND + CC 
CND + CC 
CND 
CND 
CND 
CND+CC 
(CND) 
CND + CC 
CND + CC 
CND+CC 
(CND) 
CND+CC 
(CND) 
CND + CC 
CND 
CC Evolución de los créditos 
II 
(3) 
1 604,4 
1 049,2 
555,2 
22 112,0 
3 300,0 
1 642,0 
3 245,0 
927,5 
1 087,0 
792,0 
6 100,0 
3 559,0 
987,0 
466,0 
6,5 
831,4 
(60,9) 
762,0 
69,4 
156,3 
(89,6) 
41,3 
115,0 
3 463,1 
(4,0) 
3 098,0 
75,8 
289,3 
2 412,2 
(100,1) 
2 290,0 
122,2 
851,7 
(30,4) 
156,4 
608,0 
64,0 
23,3 
3 299,8 
1 239,9 
2 059,9 
1 243,2 
(233,9) 
693,6 
549,6 
78,0 
(43,5) 
34 447,7 
(25 974,2) 
36 052,1 
27 578,6 
8 473,5 £; 
« 1 
o -2 
•o c 
Ó-o 
(4) 
1 611,0 
1 055,8 
555,2 
22 135,0 
3 485,0 
1 726,0 
3 095,0 
986,5 
632,5 
785,0 
5 409,5 
4 349,5 
1 125,0 
482,5 
58,5 
959,4 
(40,7) 
905,1 
54,3 
271,1 
(75,6) 
18,3 
252,8 
3 915,3 
(4,0) 
3 381,3 
135,9 
398,1 
3 230,5 
(100,3) 
3 096,7 
133,8(1) 
1 300,8 
(42,6) 
188,6 
997,4 
80,0 
34,8 
3 299,8 
1 239,9 
2 059,9 
1 558,2 
(255,9) 
693,6 
864,6 
17,1 
(16,1) 
36 687,2 
(25 970,0) 
38 298,2(1) 
27 581,0(1) 
10 717,2 Utilización de los c 
Compromisos 
en IQftfi 
Importe 
(5) 
1 548,4 
1 011,3 
537,1 
22 119,4 
3 484,9 
1 725,5 
3 091,8 
986,0 
630,8 
782,2 
5 405,8 
4 348,2 
1 124,3 
481,7 
58,2 
903,8 
(38,1) 
853,5 
50,3 
204,7 
(74,7) 
18,0 
186,7 
3 480,0 
(3,2) 
3 328,1 
92,7 
59,2 
2 645,2 
(96,4) 
2 523,0 
122,2 
1 130,5 
(40,9) 
166,4 
869,5 
62,2 
32,4 
3 095,4 
1 045,4 
2 050,0 
1 251,9 
(241,6) 
668,6 
583,3 
— 
(—) 
34 830,9 
(25 709,7) 
36 379,3 
27 258,1 
9 121,2 Nivel 
(%) 
(5a) = 
(5/4) 
(96,1) 
(95,8) 
(96,7) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,7) 
(99,6) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,8) 
(99,5) 
(94,2) 
(93,6) 
(94,3) 
(92,6) 
(75,5) 
(98,8) 
(98,4) 
(73,9) 
(88,9) 
(80,0) 
(98,4) 
(68,2) 
(14,9) 
(81,9) 
(96,1) 
(81,5) 
(91,3) 
(86,9) 
(96,0) 
(88,2) 
(87,2) 
(77,8) 
(93,1) 
(93,8) 
(84,3) 
(99,5) 
(80,3) 
(94,4) 
(96,4) 
(67,5) 
— 
(—) 
(94,9) 
(99,0) 
(95,0) 
(98,8) 
(85,1) Créditos réditos 
que per-
manecen dispo­
nibles Dará 1987 
Prórrogas nc 
automáticas 
(CND) a 1987 
(6) 
2,8 
0,9 
1,9 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
(—) 
— — 
0,5 
(0,5) 
— 0,5 
0,8 
(0,8) 
— 0,2 
0,6 
3,9 
(3,9) 
— 3,9 
1,7 
(1.7) 
— — 1,4 
0,3 
— 
— — 
14,2 
(14,2) 
0,4 
13,8 
— 
(-) 
21,1 
(21,1) 
23,9 
23,9 
— 05 CC subsister 
al cierre 
de 1986 
(7) 
— 
— — 
— 
— — — — — — — — — — — 
54,5 
(—) 54,2 
0,3 
53,9 
(—) 
— 53,9 
328,8 
(-) 53,2 
43,0 
232,6 
555,5 
(—) 547,9 
7,6 
145,1 
(—) 22,2 
104,4 
16,4 
2,1 
— 
— — 
259,0 
(—) 24,6 
234,4 
'— 
(-) 
1 396,8 
(-) 
1 396,8 
— 1 396,8 1 o 
< 
(8) = 
(4-5-
6-7) 
59,8 
43,6 
16,2 
15,6 
0,1 
0,5 
3,2 
0,5 
1,7 
2,8 
3,7 
1,3 
0,7 
0,8 
0,3 
1,1 
(2,6) 
-2,6 
3,7 
12,0 
(0,4) 
0,3 
11,7 
105,7 
(0,0) 
— 0,0 
105,7 
25,9 
(0,0) 
25,8 
0,1 
23,5 
(0,0) 
0,0 
23,5 
0,0 
0,0 
204,4 
194,5 
9,9 
33,1 
(0,1) 
— 33,1 
17,1 
(16,1) 
438,4 
(239,2) 
498,2 
299,0 
199,2 
a> 
o 
y •s 
c Parlamento (SI) 
Consejo (S II) 
(de los que: Comité Económico y Social) 
Comisión (S III) 
(de los que: créditos no disociados) 
Tribunal de Justicia (S IV) 
Tribunal de Cuentas (S V) 
Total general CND 
CND 
(CND) 
CND+CC 
(CND) 
CND 
CND 
CND+CC 306,1 
185,6 
(32,8) 
35 496,9 
(27 023,4) 
40,0 
23,5 
36 052,1 306,1 
185,6 
(32,8) 
37 743,0(1) 
(27 025,8) 
40,0 
23,5 
38 298,2(1) 296,9 (97,0) 
180,1 (97,0) 
(31,7) (96,6) 
35 842,2 (95,0) 
(26 721,0) (98,9) 
38,2 (95,5) 
21,9 (93,2) 
36 379,3 (95,0) 1,9 — 
(—) (—) 22,0 1 3^6,8 
(22,0) (—) 
— — — — 
23,9 1 396,8 9,2 
3,6 
(1,1) 
482,0 
(282,8) 
1,8 
1,6 
498,2 
(1) Créditos presupuestarios modificados después de haber tenido en cuenta los créditos de compromiso subsistentes de 1985, los créditos correspondientes a los ingresos relativos a 
las prestaciones por cuenta de terceros y las transferencias entre lineas presupuestarias; no incluyen las prórrogas no automáticas de 1985 al Capitulo 65 (122,5 Mió ECU). 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 165 
§ 7. Créditos para pagos disponibles en 1986 y su utilización, por sector y por institución 
(Mió ECU) 
Sector e institución 
(para las denominaciones 
y para las líneas presupuestarias 
correspondientes, véase 
§ 6, columna 1) 
(D 
1. Funcionamiento 
1.1. Comisión 
1.2. Otras instituciones 
CQ 
o. 
r-
E 
O 
rn 
r 
O 
Q. 
(U 
w 
•01 
^ 2. FEOGA-Garantía 
2.1. Cereales y arroz 
2.2. Azúcar 
2.3. Materias grasas 
2.4. Frutas y hortalizas 
2.5. Vino 
2.6. Tabaco 
2.7. Productos lácteos 
2.8. Carne,... 
2.9. Otros mercados 
2.10. Medidas agr.-mon. 
2.11. Otros gastos 
3. Estructuras agrícolas 
(de los que: CND) 
3.1. FEOGA-Orientación 
3.2. Acciones... 
4. Pesca 
(de los que: CND) 
4.1. Organización 
4.2. Otras acciones 
5. Política regional... 
(de los que: CND) 
5.1. Fondo Regional 
5.2. Transportes 
5.3. Otras medidas 
6. Política social 
(de los que: CND) 
6.1. Fondo Social 
6.2. Otras medidas 
7. Investigación... 
(de los que: CND) 
7.1. Energía 
7.2. Investigación... 
7.3. Industria 
7.4. Otras acciones 
8. Reembolsos 
8.1. Gastos... 
8.2. Otros reembolsos 
9. Cooperación 
(de los que: CND) 
9.1. Ayudas aliment. 
9.2. Ayudas financieras 
10. Créditos... 
(de los que: CND) 
Total créditos... 
(de los que: CND) 
Total general z 
o 
05 ° « 
JO» 
o J J 
.^o o 
h- , , 
(2) 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND + CP 
(CND) 
CND + CP 
CND + CP 
CND+CP 
(CND) 
CND 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) 
CP 
CND + CP 
CND+CP 
CND + CP 
(CND) 
CP 
CND + CP 
CND+CP 
(CND) 
CND + CP 
CP 
CND + CP 
CND + CP 
CND 
CND 
CND 
CND+CP 
(CND) 
CND + CP 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) 
CND + CP 
(CND) 
CND + CP 
CND 
CP A . Créditos del ejercicio 1986 
Evolución de 
los créditos 
o 
Í3c§ 
a. ? 
(3) 
1 604,4 
1 049,2 
555,2 
22 112,0 
3 300,0 
1 642,0 
3 245,0 
927,5 
1 087,0 
792,0 
6 100,0 
3 559,0 
987,0 
466,0 
6,5 
790,2 
(60,9) 
721,1 
69,1 
164,1 
(89,6) 
41,3 
122,8 
2 574,8 
(4,0) 
2 373,0 
26,8 
175,0 
2 651,6 
(100,1) 
2 533,0 
118,6 
740,7 
(30,4) 
42,0 
618,8 
54,3 
25,6 
3 299,8 
1 239,9 
2 059,9 
1 141,5 
(233,9) 
548,3 
593,2 
95,0 
(43,5) 
33 569,7 
(25 974,2) 
35 174,1 
27 578,6 
7 595,5 <« i 
•CO ^ 00 
OD? 
(4) 
1 611,0 
1 055,8 
555,2 
22 135,0 
3 485,0 
1 726,0 
3 095,0 
986,5 
632,5 
785,0 
5 409,5 
4 349,5 
1 125,0 
482,5 
58,5 
800,2 
(40,7) 
750,3 
49,9 
151,1 
(75,6) 
18,3 
132,8 
2 574,8 
(4,0) 
2 373,0 
26,8 
175,0 
2 652,5 
(100,3) 
2 533,0 
119,5 
760,1 
(42,6) 
42,0 
625,9 
66,6 
25,6 
3 299,8 
1 239,9 
2 059,9 
1 161,6 
(255,9) 
548,3 
613,3 
31,1 
(16,1) 
33 566,2 
(25 970,0) 
35 177,2 
27 581,0 
7 596,2 Utilización 
o 
O- CD 
O) ce CO 
0. 1- T-
(5) 
1 427,5 
937,1 
490,4 
22 115,9 
3 484,9 
1 725,5 
3 091,6 
986,0 
630,8 
782,2 
5 405,8 
4 348,2 
1 121,0 
481,7 
58,2 
720,8 
(19,7) 
696,1 
24,7 
108,3 
(53,8) 
18,0 
90,3 
2 422,2 
(0,9) 
2 368,8 
24,9 
28,5 
2 303,2 
(62,8) 
2 231,5 
71,7 
651,6 
(11,1) 
40,4 
564,9 
28,3 
18,0 
2 967,7 
917,7 
2 050,0 
744,8 
(167,3) 
387,2 
357,6 
— 
(—) 
32 034,5 
(25 399,2) 
33 462,0 
26 826,7 
6 635,3 de los ( 
l_ 
o fe 
0. ? 
(6) 
123,7 
75,1 
48,6 
3,5 
— — 0,2 
— — — — — 3,3 
— — 
76,8 
(18,4) 
54,2 
22,6 
42,4 
(21,4) 
— 42,4 
152,6 
(3,1) 
4,2 
1,9 
146,5 
349,3 
(37,5) 
301,5 
47,8 
108,5 
(31,5) 
1,6 
61,0 
38,3 
7,6 
127,7 
127,7 
— 
416,7 
(88,5) 
161,1 
255,6 
— 
(-) 
1 277,5 
(331,6) 
1 401,2 
455,3 
945,9 créditos 
í 
| 
< 
(7) = 
(4-5 
"6) 
59,8 
43,6 
16,2 
15,6 
0,1 
0,5 
3,2 
0,5 
1,7 
2,8 
3,7 
1,3 
0,7 
0,8 
0,3 
2,6 
(2,6) 
2,6 
0,4 
(0,4) 
0,3 
0,1 
0,0 
(0,0) 
— 0,0 
0,0 
0,0 
(0,0) 
— 0,0 
0,0 
(0,0) 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
204,4 
194,5 
9,9 
0,1 
(0,1) 
0,1 
31,1 
(16,1) 
254,2 
(239,2) 
314,0 
299,0 
15,0 B. Prórrogas de 1985 
<S ¡o 
*£ 8|¡ 
•O t?i; 
'<- 2 d) CO 
(8) 
104,1 
67,6 
36,5 
4,4 
0,5 
— 3,3 
— — — — — 0,6 
— — 
56,5 
(11,6) 
38,0 
18,5 
21,7 
(1,2) 
— 21,7 
195,1 
(2,3) 
115,0 
35,1 
45,0 
247,1 
(148,6) 
92,5 
154,6 
220,2 
(24,0) 
40,8 
141,2 
27,9 
10,3 
4,7 
2,7 
2,0 
236,7 
(39,8) 
25,0 
211,7 
— 
(—) 
986,4 
(236,6) 
1 090,5 
340,7 
749,8 Utilización 
de los créditos 
w N 
o>coco 
Q_ £ ^ 
(9) o 
ls 
0_ T-
(10) 1 
1 
< (11) = 
(8-9 
-10) 
94,5 — 9,6 
61,5 — 6,1 
33,0 — 3,5 
4,1 — 0,3 
0,5 — 0,0 
— — — 3,0 — 0,3 
— — — — — _ — — — — — — — — — 0,6 — — 
— — — — — — 
45,7 — 10,8 
(10,7) (—) (0,9) 
31,0 — 7.0 
14,7 — 3,8 
7,5 — 14,2 
(1,0) (—) (0,2) 
— — — 7,5 — 14,2 
162,9 — 32,2 
(1,9) (—) (0,4) 
115,0 — 0,0 
21,3 — 13,8 
26,6 — 18,4 
116,0 — 131,1 
(22,0) (—) (126,6) 
89,8 — 2,7 
26,2 — 128,4 
186,8 4,0 29,4 
(21,5) (—) (2,5) 
40,2 — 0,6 
114,8 4,0 22,4 
22,6 — 5,3 
9,2 — 1,1 
4,7 — 0,0 
2,7 — — 
2,0 — 0,0 
108,6 — 128,1 
(35,5) (—) (4,3) 
24,9 — 0,1 
83,7 — 128,0 
— — — 
(—) (—) (—) 
636,3 4,0 346,1 
(101,4) (—) (135,2) 
730,8 4,0 355,7 
195,9 — 144,8 
534,9 4,0 210,9 C. Total de los créditos 
disponibles 
y de los 
«,? 
.-§ c 
o « 
"o E 
o.<2 
h- -O 
(12) = 
(4 + 8) 
1 715,1 
1 123,4 
591,7 
22 139,4 
3 485,5 
1 726,0 
3 098,3 
986,5 
632,5 
785,0 
5 409,5 
4 349,5 
1 125,6 
482,5 
58,5 
856,7 
(52,3) 
788,3 
68,4 
172,8 
(76,8) 
18,3 
.154,5 
2 769,9 
(6,3) 
2 488,0 
61,9 
220,0 
2 899,6 
(248,9) 
2 625,5 
274,1 
980,3 
(66,6) 
82,8 
767,1 
94,5 
35,9 
3 304,5 
1 242,6 
2 061,9 
1 398,3 
(295,7) 
573,3 
825,0 
31,1 
(16,1) 
34 552,6 
(26 206,6) 
36 267,7 
27 921,7 
8 346,0 pagos en 
Total de 1986 
pagos 
efectuados 
en 1986 
Importe 
(13) = 
(5 + 9) 
1 522,0 
998,6 
523,4 
22 120,0 
3 485,4 
1 725,5 
3 094,6 
986,0 
630,8 
782,2 
5 405,8 
4 348,2 
1 121,6 
481,7 
58,2 
766,5 
(30,4) 
727,1 
39,4 
115,8 
(54,8) 
18,0 
97,8 
2 585,1 
(2,8) 
2 483,8 
46,2 
55,1 
2 419,2 
(84,8) 
2 321,3 
97,9 
838,4 
(32,6) 
80,6 
679,7 
50,9 
27,2 
2 972,4 
920,4 
2 052,0 
853,4 
(202,8) 
412,1 
441,3 
(—) 
32 670,8 
(25 500,6) 
34 192,8 
27 022,6 
7 170,2 Nivel 
(%) 
(13a) = 
(13/12) 
(88,7) 
(88,9) 
(88,5) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,7) 
(99,6) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,6) 
(99,8) 
(99,5) 
(89,5) 
(58,1) 
(92,2) 
(57,6) 
(67,0) 
(71,4) 
(98,4) 
(63,3) 
(93,3) 
(44,4) 
(99,8) 
(74,6) 
(25,0) 
(83,4) 
(34,1) 
(88,4) 
(35,7) 
(85,5) 
(48,9) 
(97,3) 
(88,6) 
(53,9) 
(75,8) 
(90,0) 
(74,1) 
(99,5) 
(61,0) 
(68,6) 
(71,9) 
(53,5) 
(—) 
(—) 
(94,6) 
(97,3) 
(94,3) 
(96,8) 
(85,9) 
0 
o 
!=¡ Parlamento 
Consejo 
(de los que: CES) 
Comisión 
(de los que: CND) 
Tribunal de Justicia 
Tribunal de Cuentas 
Total general CND 
CND 
(CND) 
CND + CP 
(CND) 
CND 
CND 
CND + CP 306,1 
185,6 
(32,8) 
34 618,9 
(27 023,4) 
40,0 
23,5 
35 174,1 306,1 
185,6 
(32,8) 
34 622,0 
(27 025,8) 
40,0 
23,5 
35 177,2 273,2 
160,5 
(30,7) 
32 971,6 
(26 336,3) 
35,7 
21,0 
33 462,0 23,7 
21,5 
(1,0) 
1 352,6 
(406,7) 
2,5 
0,9 
1 401,2 9,2 
3,6 
(1,1) 
297,8 
(282,8) 
1,8 
1,6 
314,0 16,1 
18,0 
(0,8) 
1 054,0 
(304,2) 
1,8 
0,6 
1 090,5 14,1 — 2,0 
16,9 — 1,1 
(0,6) (—) (0,2) 
697,8 4,0 352,2 
(162,9) (—) (141,3) 
1,4 — 0,4 
0,6 — 0,0 
730,8 4,0 355,7 322,2 
203,6 
(33.6) 
35 676,0 
(27 330,0) 
41,8 
24,1 
36 267,7 287,3 
177,4 
(31,3) 
33 669,4 
(26 499,2) 
37,1 
21,6 
34 192,8 (89,2) 
(87,1) 
(93,2) 
(94,4) 
(97,0) 
(88,8) 
(89,6) 
(94,3) 
(1) Créditos presupuestarios modificados después de haber tenido en cuenta las transferencias entre lineas presupuestarías y los ingresos correspondientes a las prestaciones por 
cuenta de terceros. 
(2) Prórrogas automáticas y no automáticas. 
166 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
§ 8. Recursos propios efectivos en 1986 
(para datos básicos véase § 5) 
A. Recursos propios efectivos 
en 1986, por tipo 
(Mió ECU y %): 
0 
Total: 33 270,7 Mío ECU B. Recursos propios efectivos en 1986, por Estado miembro y por tipo 
(Mió ECU y %): 
I 
•-^ 5^ 
I r 
00 
B DK U-P ZZ7 u) 1 
GR E F IRL I L 
Total: 33 270,7 Mió ECU NL UK 
C. Participación de los Estados miembros en cada tipo de recursos propios (%): 
29,8 
Derechos de aduana (%) 
3'2 2,3 
. .j..::j|.|„W;l,l,1,, 25,7 Recursos propios IVA y 
contribuciones financieras (%) 
2,3 »,¿ 23,U 
0,9 15,4 
0,3 5,4 
0,9 11,4 
B DK GR E IRL I L NL P UK 
Exacciones reguladoras 
agrícolas (%) 30,3 
11,3 
\ li 9,5 9,2 
0,8 
B DK 1,9 
GR 0,9 0,5 
F IRL I 24,3 
0,0 9,7 
NL 1,6 
UK 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 167 
§ 9. Nivel de utilización de los créditos disponibles en 1986, por sector 
:2~ 
°) = Créditos para compromisos 
definitivos en 1986 
(datos básicos: 
§ 6, columnas 4 a 8) 
^ 
I 
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O < O o 
CM Total: 
38 298,2 Mió 
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O-D 
O ,_ 
g 
1> 
? II. Créditos para pagos 
definitivos en 1986 
(datos básicos: 
§ 7, columnas 4 a 7) 
Total: 
35 177,2 Mió ECU l_J • 
m 
BBBI 
[%] 
" 
• Clave: 
— créditos no disociados 
— créditos de compromiso 
— créditos de pago 
— porcentaje de 
compromisos 
— porcentaje de pagos 
— porcentaje de créditos 
no utilizados que 
permanecen disponibles 
para 1987 (créditos 
subsistentes y/o 
prórrogas) 
— anulaciones 
III. Créditos para pagos 
prorrogados de 1985 
(datos básicos: 
§ 7, columnas 8 a 11) 
Total: 1 090,5 Mió ECU 
3? 
, 
co 
8 o o 
5¡5 
a> 
8 (O 
o> 
^ 
8 o? 
£ :.0» 
S 2* 
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CO 
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00 
%• s^ 
« "* 
^ 
»^ s o» 
to 
%$ 
O) 
•8 <*£ \ 
*' 00 
s S? 
CM S? 
O) 
§ 1 1 • 
(O 
3f 1 
e£ 7 
oo 
" 
00 *•? 
8 1 
SS 
0,4 % 32,6 % 
168 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
§10. Cuenta de gestión consolidada y determinación del saldo del ejercicio 1986 
(Aplicación del artículo 15 del Reglamento [CEE, Euratom, CECA] n° 2891/77 del Consejo) 
Ingresos: 
Recursos efectivos disponibles 
para la financiación del 
ejercicio 1986 
Total: 
34 863,2 Mió ECU Gastos: 
Empleo de los recursos 
disponibles para la financiación 
del ejercicio 1986 
Total: 
34 863,2 Mió ECU 
(Mío ECU) 
(6) Saldo (déficit) del 
ejercicio 1986 
(5) Beneficios por 
cambio de moneda 
(4) Anulaciones de 
prórrogas de 1985 
(véase § 7, columna 11) 
(3) Excedente disponible 
de 1985 
(véase § 5) 
(2) Otros ingresos 
efectivos en 1986 
(véase § 5) 20,4 
355,7 
342,6 
r 
(1) Total de recursos 
propios efectivos en 1986 . 
(véase § 5): 33 270,7 •< Recursos propios 
IVA y 
contribuciones 
financieras: 
22810,8 
(incluyendo los 
saldos y ajustes 
anteriores a K ->- (8) Créditos para pagos 
del ejercicio 1986 
prorrogados a 1987 
(véase § 7, columna 6) 
(7) Pagos efectuados 
en 1986 por 
créditos del 
ejercicio 1986 
(véase § 7, columna 5) 
Nota: El resultado del ejercicio 1986, definido como (1) + (2) + (3) - (7) - (8), es de -1196,0 Mió ECU. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 169 
§ 11. Pagos efectuados en 1986, por sector y por Estado miembro beneficiario 
Nota: Pagos efectuados en 1986 = Pagos por créditos 1986 más pagos por prórrogas de 1985. 
A. Pagos por sector (mió ECU y %): 
(véase también § 7, columna 13 y § 16) 
2. FEOGA-Garantía: 22 120,0 
1. Funcionamiento: 1 522,0 
9. Cooperación al 
desarrollo: 853,4 
8. Reembolsos a 
Estados miembros: 2 972,4 
7. Investigación, 
energía, etc.: 838,4 
B. Pagos a los Estados miembros: (Mió ECU y %) 
(véanse también §§ 12, 13 y 18) 
Nota: Este cuadro recoge los pagos 
efectuados en 1986 a los 
Estados miembros a cargo 
de los principales sectores 
(89,2 % del total de los 
pagos de 1986) 3. Estructuras agrícolas: 766,5 
*~ 4. Pesca: 115,8 
*~ 5. Política regional 
y de transportes: 2 585,1 
6. Política social: 2 419,2 
Gastos 
recaudación 
recursos propios 
FEOGA-Orienta-
Pesca 
Fondo Regional 
Fondo Social 
Asignación 
disponible mil 
FEOGA-Garantía (T1- 2) (1) 
FEOGA-Orientación 
(Cap. 30-34) 
Pesca (T 4) 
Fondo Regional (Cap. 50-51) 
Fondo Social (Cap. 60-61) 
Gastos de recaudación de 
los recursos propios (Cap. 80) 
Medidas específicas (Cap. 86) 978,4 
15,5 
4,5 
29,5 
72,9 
63,4 1 063,2 
13,9 
11,3 
18,9 
80,7 
23,8 4 400,6 
105,1 
6,1 
92,5 
134,6 
249,5 1 386,9 
86,2 
3,4 
309,1 
107,1 
10,4 
2,0 271,4 
0,0 
314,3 
174,9 
19,0 
1 635,9 5 440,3 
176,7 
19,7 
219,0 
328,4 
139,5 1 212,9 
64,2 
2,6 
79,3 
203,1 
11,8 3 067,8 
167,0 
6,9 
712,1 
462,2 
107,3 2,1 2 276,5 30,4 1 983,0 6,5 
2,3 
0,1 
1,4 
0,6 17,1 
2,9 
13,1 
50,6 
89,3 0,4 
188,8 
109,2 
5,7 
163,3 79,1 
21,7 
506,7 
596,2 
200,1 36,3 
0,4 22 120,0 
727,1 
115,8 
2 483,8 
2 321,3 
920,4 
1 801,2 
Total 1164,2 
(3,8%) 1 211,8 
(4,0%) 4 988,4 
(16,4%) 1 905,1 
(6,3%) 2 415,5 
(7,9%) 6 323,6 
(20,7%) 1 573,9 
(5,2%) 4 523,3 
(14,8%) 6,5 
(0,0%) 2 449,5 
(8,0%) 497,8 
(1,6%) 3 386,8 
(11,1%) 43,2 
(0,2%) 30 489,6 
(100%) 
(1) Para el FEOGA-Garantía, los datos incluyen montantes compensatorios monetarios corregidos [véase § 12 D, nota (1)]. 
170 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
§ 12. FEOGA-Garantía: Pagos efectuados en 1986, por mercado y por Estado miembro beneficiario 
A. Pagos realizados en 1986, 
por mercado (Mió ECU y %): 
¿7! 
Total: 22 120,0 Mió ECU B. Pagos realizados en 1986, por Estado miembro 
beneficiario (Mió ECU y %): 
3 5 
LOSS Clave: 
-para el color 
correspondiente 
a cada mercado, 
véase A. 
•_ restantes 
mercados 
NL 
Total: 22 120,0 Mió ECU Z=7 
P UK Asignación 
disponible 
C. Reparto por Estado miembro beneficiario de los pagos realizados en 1986 para los principales mercados (%) 
30<7 Productos lácteos (%) Carne, huevos, aves de 
corral (%) 27,4 Cereales y 
arroz (%) 
20,1 
5,0 4,4 • 1,7 0,8 35,7 
13,3 14,9 
0,3 r3,8 
JZL 0,0 
B DK D GR E F IRL I L NL P UK 
Materias grasas y 
proteaginosas (%) 
22,3 21,2 22,5 
6,5 
3,2 7,6 
1,4 0,1 B DK D GR E F IRL I L NL P UK 
Azúcar(%) 
* 18,5 18,2 
8,2 
0,0 6,3 
0,6 0,1 B DK D 
Frutas 
(%) 
0,3 0,3 °'6 
«:r ii" ..S=: GR 
y n 
19,5 E F RL 
ortalizas 
7,2 
0,0 I 
^ L NL P UK 
70,2 
0,9 0,6 0,4 
B DK D GR E F IRL I L NL P UK B DK D GR E F IRL I L NL P UK B DK D GR E F IRL I L NL P UK 
D. Estado de pagos efectuados en 
Mercado 
2.1. Cereales y arroz 
2.2. Azúcar 
2.3. Materias grasas y 
proteaginosas 
2.4. Frutas y hortalizas 
2.5. Vino 
2.6. Tabaco 
2.7. Productos lácteos 
2.8. Carne, huevos, aves 
de corral 
2.9. Otros mercados 
2.10. Medidas agro-
monetarias (1) 
2.11. Otros gastos 
Total B 
175,5 
318,9 
200,0 
2,8 
— 7,0 
118,7 
108,8 
31,7 
12,2 
2,8 
978,4 1986, por Estado miembro beneficiario y por mercado 
DK 
152,1 
80,9 
99,1 
2,5 
0,0 
— 402,1 
232,3 
61,1 
38,1 
-5,0 
1 063,2 D 
699,3 
313,8 
690,9 
5,8 
6,6 
49,5 
1 658,8 
721,4 
79,8 
72,3 
102,4 
4400,6 GR 
60,6 
5,9 
236,3 
192,7 
14,2 
283,9 
4,9 
24,5 
377,1 
211,9 
-25,1 
1 386,9 E 
28,8 
11,2 
44,3 
— 1,5 
13,2 
0,5 
9,9 
161,8 
0,2 
— 
271,4 F 
1 243,9 
703,6 
656,7 
71,2 
295,6 
86,8 
1 124,9 
1 193,2 
84,7 
-14,4 
-5,9 
5440,3 IRL 
9,7 
5,9 
1,8 
0,2 
— — 339,2 
760,3 
44,5 
52,0 
—0,7 
1212,9 I 
462,7 
45,5 
695,8 
692,1 
312,7 
335,9 
103,3 
377,7 
48,9 
-13,0 
6,2 
3067,8 L 
-0,0 
— 
0,0 
— — — 1,7 
0,2 
0,2 
0,0 
— 
2,1 NL 
132,0 
137,8 
253,5 
8,6 
— 0,5 
1 242,3 
241,1 
124,4 
139,6 
-3,3 
2276,5 P 
— 
18,4 
5,8 
— 5,4 
— 
— — 
0,8 
— 
30,4 UK 
520,3 
102,0 
193,6 
4,3 
0,2 
— 409,4 
678,8 
105,6 
-18,0 
-13,2 
1 983,0 (Mío ECU) 
Asigna­
ción 
no 
dispo­
nible 
0,5 
— 
4,2 
— — — — 
— 1,8 
— — 
6,5 EUR 12 
3485,4 
1 725,5 
3094,6 
986,0 
630,8 
782,2 
5405,8 
4348,2 
1121,6 
481,7 
58,2 
22120,0 
(1) Las medidas agro-monetarias incluyen montantes compensatorios monetarios (MCM) corregidos para anular el efecto del articulo 2 del Reglamento (CEE) n° 974/71 del 
Consejo, en virtud del cual los Estados miembros exportadores pagan directamente los MCM aplicables a la importación en determinados Estados miembros 
importadores. La corrección de los MCM consiste en la asignación a estos Estados miembros importadores de las cantidades que les son imputables. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 171 
172 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
§14. Evolución y utilización de los créditos para pagos durante el período 1982-1986, por sector 
Nota: Para los niveles de utilización correspondientes a las columnas (4), (5), (6) y (8), (9), (10), véase § 15. 
(Mió ECU) (%) 
Sector/ejercicio 
(para la definición 
de los sectores 
véase § 6, 
columna 1) 
1. Funciona- 1982 
miento 1983 
(todas las 1984 
instituciones) 1985 
1986 
Total 1982-1986 
2. FEOGA- 1982 
Garantía 1983 
1984 
1985 
1986 
Total 1982-1986 
3. Estructuras 1982 
agrícolas 1983 
1984 
1985 
1986 
Total 1982-1986 
4. Pesca 1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Total 1982-1986 
5. Política 1982 
regional y de 1983 
transportes 1984 
1985 
1986 
Total 1982-1986 
6. Política 1982 
social 1983 
1984 
1985 
1986 
Total 1982-1986 
7. Investigación, 1982 
energía, etc. 1983 
1984 
1985 
1986 
Total 1982-1986 
8. Reembolsos a 1982 
Estados 1983 
miembros 1984 
1985 
1986 
Total 1982-1986 
9. Cooperación 1982 
al desarrollo 1983 
1984 
1985 
1986 
Total 1982-1986 
10. Créditos 1982 
provisionales 1983 
y reserva 1984 
(Comisión) 1985 
1986 A. Créditos para pagos del ejercicio 
Evolución de los créditos 
puesto 
inicial 
d) puesto 
final (1) 
(2) Créditos 
tivos (2) 
O) 
1 103,2 1 103,2 1 121,2 
1 153,4 1 161,6 1 162,9 
1 229,1 1 236,6 1 245,6 
1 332,5 1 332,5 1 336,0 
1 604,4 1 604,4 1 611,0 
13 217,3 13 217,3 13 124,3 
14 050,0 15 811,0 15 822,2 
16 150,0 17 983,0 18 358,0 
19 955,0 19 955,0 19 859,0 
22 112,0 22 112,0 22 135,0 
772.1 772,1 763,7 
651.2 653,4 668,5 
655.6 660,1 666,9 
687.7 687,7 747,7 
790,2 790,2 800,2 
75,8 75,8 81,5 
70,1 70,1 45,7 
101,4 112,4 87,4 
105,4 105,4 107,4 
164,1 164,1 151,1 
2 824,5 2 824,5 2 959,3 
1 484,3 2 397,5 2 397,5 
1 488,6 1 488,6 1 967,7 
1 697,8 1 697,8 1 697,8 
2 574,8 2 574,8 2 574,8 
1 022,3 1 022,3 1 130,7 
1 410,6 1 430,6 1 430,7 
1 369,3 1 369,4 1 638,1 
1 625,3 1 625,3 1 626,2 
2 651,6 2 651,6 2 652,5 
408,9 408,9 461,1 
527.2 1 360,4 1 380,7 
610,7 664,4 1 191,6 
700.3 700,3 692,2 
740,7 740,7 760,1 
1 120,9 1 120,9 1 123,8 
1 122,9 1 089,0 1 089,0 
1 103,5 1 150,2 1 083,2 
1 266,8 1 266,8 1 266,8 
3 299,8 3 299,8 3 299,8 
803,3 803,3 945,3 
966,5 981,2 984,6 
893,1 893,1 1 032,2 
1 039,2 1 039,2 1 092,7 
1 141,5 1 141,5 1 161,6 
636,1 636,1 283,4 
122,3 106,3 87,0 
1 760,2 1 690,8 — 
23,2 23,2 11,3 
95,0 95,0 31,1 Utilización de los créditos 
Pagos 
(4) Prórrogas 
al 
ejercicio 
siguiente 
(5) ciones 
(6)= (3-
4-5) 
957,0 106,6 57,6 
1 019,2 100,5 43,2 
1 127,2 96,4 22,0 
1 210,3 104,1 21,6 
1 427,5 123,7 59,8 
5 741,2 204,2 
12 257,3 2,7 864,3 
15 785,7 0,1 36,4 
18 328,2 2,6 27,2 
19 723,7 4,4 130,9 
22 115,9 3,5 15,6 
88 210,8 1 074,4 
483,5 277,2 3,0 
513.7 131,5 23,3 
611,1 55,2 0,6 
690.8 56,5 0,4 
720,8 76,8 2,6 
3 019,9 29,9 
50,7 30,4 0,4 
31,9 12,5 1,3 
46,6 38,4 2,4 
72,6 21,7 13,1 
108,3 42,4 0,4 
310,1 17,6 
2 766,2 175,5 17,6 
2 268,1 126,9 2,5 
1 733,9 232,6 1,2 
1 501,9 195,1 0,8 
2 422,2 152,6 0,0 
10 692,3 22,1 
910,0 220,0 0,7 
801,0 617,7 12,0 
1 509,4 125,9 2,8 
1 373,1 247,1 6,0 
2 303,2 349,3 0,0 
6 896,7 21,5 
345,3 111,8 4,0 
1 213,6 155,0 12,1 
922,0 265,7 3,9 
469,6 215,9 6,7 
651,6 108,5 0,0 
3 602,1 26,7 
952,2 116,0 55,6 
950,6 99,5 38,9 
1 073,8 8,7 0,7 
1 239,3 4,7 22,8 
2 967,7 127,7 204,4 
7 183,6 322,4 
598.1 345,3 1,9 
517,8 463,1 3,7 
767,0 264,6 0,6 
855.2 236,6 0,9 
744,8 416,7 0,1 
3 482,9 7,2 
— — 283,4 
— — 87,0 
— — 11,3 
— — 31,1 B. Prórrogas del ejercicio precedente 
Créditos 
gados 
tivos (3) 
(7) 
69,9 
106,7 
100,6 
96,4 
104,1 
162,4 
2,6 
0,1 
2,6 
4,4 
302,7 
397,3 
131,2 
55,2 
56,5 
4,1 
30,4 
12,5 
38,4 
21,7 
243,2 
175,5 
126,9 
232,6 
195,1 
159,4 
226,8 
617,7 
125,9 
247,1 
106,8 
120,4 
162,5 
269,5 
220,2 
97,1 
116,0 
99,5 
8,7 
4,7 
258,5 
345,3 
445,6 
264,6 
236,7 
— Utilización de los créditos 
-
(8) Prórrogas 
al 
ejercicio 
siguiente 
O) ciones 
(10)= (7-
8-9) 
53,3 — 16,6 
91,2 — 15,5 
88,9 — 11,7 
85,7 — 10,7 
94,5 — 9,6 
413,6 64,1 
112,2 — 50,2 
2,5 — 0,1 
0,1 — 0,0 
2,2 — 0,4 
4,1 — 0,3 
121,1 51,0 
162,6 120,1 20,0 
236,0 — 161,3 
91.7 — 39,5 
47.8 — 7,4 
45,7 — 10,8 
583,8 239,0 
4.1 — — 
22,9 — 7,5 
10,5 — 2,0 
9.2 — 29,2 
7,5 — 14,2 
54,2 52,9 
243,2 — 0,0 
141.4 — 34,1 
80,4 — 46,5 
223,6 — 9,0 
162,9 — 32,2 
851.5 121,8 
150,6 6,7 2,1 
219,9 — 6,9 
526,9 — 90,8 
117,6 — 8,3 
116,0 — 131,1 
1 131,0 239,2 
91.3 8,6 6,9 
90.4 7,5 22,5 
122,9 4,8 34,8 
237,9 4,4 27,2 
186,8 4,0 29,4 
729,3 120,8 
97,1 — — 
114,1 — 1,9 
99,4 — 0,1 
8,7 — — 
4,7 — 0,0 
324,0 2,0 
188,0 — 70,5 
293,0 — 52,3 
383,6 — 62,0 
229.5 — 35,1 
108.6 — 128,1 
1 202,7 348,0 
— — — C. Indicadores 
de la ejecución 
de los pagos 
Parte de 
los pagos 
en el total 
ejecutado 
(pagos y 
anulaciones) 
(4) 
(11) = 
(4 + 8) 
(4 + 6 + 8+10) Parte 
pagos 
primer 
E(5° 
(12) = 
(4) 
(4 + 8) 
* 93,2 * 94,7 
95,0 *91,8 
97,3 * 92,7 
97,6 * 93,4 
95,6 * 93,8 
95,8 * 93,3 
* 93,1 99,1 
99.8 99,9 
99.9 99,9 
99,3 99,9 
99,9 99,9 
98,7 99,9 
96,6 *** 74,8 
" 80,2 *** 68,5 
* 94,6 ** 87,0 
99,0 * 93,5 
98,3 * 94,0 
* 93,1 ** 83,8 
99,3 * 92,5 
** 86,2 *** 58,2 
*92,8 "81,6 
"* 65,9 " 88,8 
** 88,8 * 93,5 
** 83,8 ** 85,1 
99.4 *91,9 
98.5 *94,1 
97,4 95,6 
99,4 ** 87,0 
98,8 * 93,7 
98,8 * 92,6 
99,7 ** 85,8 
98,2 *** 78,5 
95,6 *** 74,1 
99,0 *92,1 
* 94,9 95,2 
96,9 ** 85,9 
97,6 ***79,1 
97,4 * 93,1 
96,4 ** 88,2 
95,4 *** 66,4 
96.6 *** 77,7 
96.7 ** 83,2 
95,0 * 90,7 
96,3 ** 89,3 
99,9 * 91,5 
98,2 99,3 
* 93,6 99,8 
95,9 95,7 
*91,6 ***76,1 
* 93,5 *** 63,9 
* 94,8 *** 66,7 
96,8 *** 78,8 
** 86,9 ** 87,3 
* 93,0 *** 74,3 
— — 
Presupuesto 1982 
General 1983 
- total - 1984 
1985 
1986 
Total 1982-1986 21 984,4 21 984,4 21 994,3 
21558,5 25 061,1 25 068,8 
25 361,5 27 248,6 27 270,7 
28 433,2 28 433,2 28 437,1 
35 174,1 35 174,1 35 177,2 19 320,3 
23 101,6 
26 119,2 
27 136,5 
33 462,0 
129 139,6 1 385,5 
1 706,8 
1 090,1 
1 086,1 
1 401,2 1 288,5 
260,4 
61,4 
214,5 
314,0 
2 138,8 1 404,1 
1 521,0 
1 696,6 
1 093,9 
1 090,5 1 102,4 
1 211,4 
1 404,4 
962,2 
730,8 
5 411,2 135,4 
7,5 
4,8 
4,4 
4,0 166,3 
302,1 
287,4 
127,3 
355,7 
1 238,8 *93,4 
97,7 
98,7 
98,8 
98,1 
97,6 *94,6 
95,0 
*94,9 
96,6 
97,9 
96,0 
(1) Después de presupuestos rectificativos y suplementarios. 
(2) Después de ingresos suplementarios, transferencias entre lineas presupuestarias y «transferencias» de prórrogas del ejercicio precedente. 
(3) Después de transferencias entre líneas presupuestarias y «transferencias» a los créditos propios del ejercicio en curso. 
(4) El indicador (11) expresa la evolución de la parte de los créditos finalmente pagados durante los ejercicios. La diferencia hasta el 100 % corresponde a la parte de los créditos 
finalmente anulados. Los indicadores (11) inferiores a 95 % se señalan con (*), los inferiores a 90 % con (**), los inferiores a 80 % con (***). 
(5) El indicador (12) expresa la evolución de la parte de los pagos contra créditos propios del ejercicio en el total de los pagos efectuados durante éste. La diferencia hasta el 100 % 
expresa la parte de los efectuados contra prórrogas del ejercicio anterior. Los indicadores (12) inferiores a 95 % se señalan con (*), los inferiores a 90 % con (**), los inferiores a 
80 % con (***). 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 173 
4. Pesca 
7. Investi-§ 15. Nivel de utilización de los créditos para pagos de 1982 a 1986, por sector 
Nota: El análisis siguiente se basa en las informaciones financieras recogidas en el § 14. 
1982 
1984 1. Funcio­
namiento 
(todas las 
instltucio- 1985 
nes) 1986 
2. FEOGA- IM0° 
Garantía 1984 
1985 
3. Estructu- :9bJ 
ras agrícolas 1984 
1985 
1986 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 
5. Política 1983 
regional igs4 
y de trans- 1985 
portes 1986 
1982 
6. Política 1983 
social 1984 
1985 
1986 
1982 
1983 
gación, 1984 
energía, 1985 
1986 
8. Reembol- 1932 
sos a Esta- 1983 
dos miembros 1984 
1985 
1986 
1982 
9. Coopera- 1983 
clon al 1984 
1985 desarrollo 
1982 
Presupues- 1933 
to General -1934 
(total) 1985 
1986 Nivel de 
pagos (%) Nivel de prórrogas 
al ejercicio Nivel de 
siguiente (%) anulaciones (%) 
Clave: 
Créditos del ejercicio 
Datos básicos: § 14, columnas 3 a 6 
Créditos definitivos (col. 3) = 100 % 
(%) 
. 85,4 •••• 
;:¿7í©.;: .;. '^^^H 
';•••»*£••:;; •• ••1 
.;,';.:.::. .•P^;- .:,,: -•.,.«;•• 
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93,4 
99,8 
99,8 
• 99,3 
99Í9 0.0 ~*. mfn •fi,{r:-*'j 
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90,1 ^H 
62,2 ••J 
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93,5 
94,6 
S8,5 
94,1 
80,5 
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mr 
74.9 
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67,8 
85,7. 
63,3 
H3 74,3 
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3,5 
0,1 
0,0 
0,3 
U.... 84,7 •• • ^ •••• 
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•'•.'"97,8 .• 
•':"';•«*» • /'a,É"§§ 
"..' .-o^PH :' 3,Í"BB1 B. Prórrogas del ejercicio anterior 
Datos básicos: § 14, columnas 7 a 10 
Créditos prorrogados (col. 7) = 100 % 
100 
JQJ 
83,5 
too 
180 
"188" 85,5 ....... „!.•• • '.i., ..U 
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75.6 
88,3 
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B.1M( 
PSBIÍÍli 6,4 
18,7 
21,4 
10,1 
13,4 
1,6 
0,1 
0,0 
174 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
§16. Pagos anuales durante el período 1982-1986, por sector y por institución 
Nota: Pagos anuales = pagos contra créditos del ejercicio más pagos contra prórrogas del ejercicio precedente. 
~ 
E o O 
g o 
<¡3 
O 
<s o Sector e institución 
(para la definición de los sectores véase § 6, 
columna 1) 
1. Funcionamiento (todas las instituciones) 
1.1. Comisión 
1.2. Otras instituciones 
2. FEOGA-Garantía 
2.1. Cereales y arroz 
2.2. Azúcar 
2.3. Materias grasas y proteaginosas 
2.4. Frutas y hortalizas 
2.5. Vino 
2.6. Tabaco 
2.7. Productos lácteos 
2.8. Carne, huevos, aves de corral 
2.9. Otros mercados 
2.10. Medidas agro-monetarias 
2.11. Otros gastos 
3. Estructuras agrícolas 
3.1. FEOGA-Orientación 
3.2. Acciones específicas 
4. Pesca 
4.1. Organización de los mercados 
4.2. Otras acciones 
5. Política regional y de transportes 
5.1. Fondo Regional 
5.2. Transportes 
5.3. Otras medidas 
6. Política social 
6.1. Fondo Social 
6.2. Otras medidas 
7. Investigación, energía, etc. 
7.1. Energía 
7.2. Investigación e inversiones 
7.3. Industria 
7.4. Otras acciones 
8. Reembolsos a Estados miembros 
8.1. Gastos de recaudación de los recursos propios 
8.2. Otros reembolsos 
9. Cooperación al desarrollo 
9.1. Ayudas alimentarias 
9.2. Ayudas financieras 
Total sectores de operaciones 
Total general 1982 
Mió ECU 
1 010,3 
688,3 
322,0 
12 369,5 
1 874,8 
1 241,8 
1 295,0 
914,3 
570,6 
622,6 
3 327,8 
1 625,9 
583,6 
313,1 
646,1 
638,2 
7,9 
54,8 
34,0 
20,8 
3 009,4 
973,0 
1,1 
2 035,3 
1 060,6 
905,6 
155,0 
436,6 
44,0 
367,6 
15,2 
9,8 
1 049,3 
909,3 
140,0 
786,1 
540,2 
245,9 
19 412,4 
20 422,7 % (1) 
5,0 
3,4 
1,6 
60,6 
9,2 
6,1 
6,3 
4,5 
2,8 
3,0 
16,3 
8,0 
2,9 
1,5 
3,2 
3,2 
0,0 
0,3 
0,2 
0,1 
14,7 
4,8 
0,0 
9,9 
5,2 
4,4 
0,8 
2,1 
0,2 
1,8 
0,1 
0,0 
5,1 
4,4 
0,7 
3,8 
2,6 
1,2 
95,0 
100 198C 
Mió ECU 
1 110,4 
736,3 
374,1 
15 788,2 
2 534,1 
1 316,2 
1 764,7 
1 196,1 
659,2 
671,3 
4 396,1 
2 310,3 
559,7 
488,6 
-108,1 
749,7 
719,7 
30,0 
54,8 
25,8 
29,0 
2 409,5 
1 255,9 
3,7 
1 149,9 
1 020,9 
890,9 
130,0 
1 304,0 
828,0 
423,3 
41,0 
11,7 
1 064,7 
921,9 
142,8 
810,8 
388,7 
422,1 
23 202,6 
24 313,0 % (1) 
4,6 
3,0 
1,6 
64,9 
10,4 
5,4 
7,2 
4,9 
2,7 
2,8 
18,1 
9,5 
2,3 
2,0 
-0,4 
3,1 
3,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
9,9 
5,2 
0,0 
4,7 
4,2 
3,7 
0,5 
5,4 
3,4 
1,7 
0,2 
0,1 
4,4 
3,8 
0,6 
3,3 
1,6 
1,7 
95,4 
100 1984 
Mió ECU 
1 216,1 
798,4 
417,7 
18 328,3 
1 697,8 
1 631,5 
1 965,6 
1 454,6 
1 222,6 
776,4 
5 441,7 
3 246,1 
541,3 
376,2 
-25,5 
702,8 
646,8 
56,0 
57,1 
15,7 
41,4 
1 814,3 
1 350,6 
430,8 
32,9 
2 036,3 
1 606,3 
430,0 
1 044,9 
545,7 
441,0 
43,9 
14,3 
1 173,2 
1 109,9 
63,3 
1 150,6 
709,2 
441,4 
26 307,5 
27 523,6 % (1) 
4,4 
2,9 
1,5 
66,6 
6,2 
5,9 
7,1 
5,3 
4,4 
2,8 
19,8 
11,8 
2,0 
1,4 
-0,1 
2,5 
2,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,2 
6,6 
4,9 
1,6 
0,1 
7,4 
5,8 
1,6 
3,8 
1,9 
1,6 
0,2 
0,1 
4,3 
4,1 
0,2 
4,2 
2,6 
1,6 
95,6 
100 1985 
Mío ECU 
1 296,0 
869,5 
426,5 
19 725,9 
2 359,8 
1 804,5 
2 173,7 
1 230,7 
921,4 
862,9 
5 933,2 
3 476,6 
736,1 
189,8 
37,2 
738,6 
690,1 
48,5 
81,8 
16,1 
65,7 
1 725,5 
1 624,2 
76,0 
25,3 
1 490,7 
1 413,0 
77,7 
707,5 
126,2 
510,6 
49,8 
20,9 
1 248,0 
1 050,9 
197,1 
1 084,7 
543,8 
540,9 
26 802,7 
28 098,7 % (1) 
4,6 
3,1 
1,5 
70,2 
8,4 
6,4 
7,7 
4,4 
3,3 
3,1 
21,1 
12,4 
2,6 
0,7 
0,1 
2,6 
2,4 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
6,2 
5,8 
0,3 
0,1 
5,3 
5,0 
0,3 
2,5 
0,4 
1,8 
0,2 
0,1 
4,4 
3,7 
0,7 
3,9 
2,0 
1,9 
95,4 
100 1986 
Mió ECU 
1 522,0 
998,6 
523,4 
22 120,0 
3 485,4 
1 725,5 
3 094,6 
986,0 
630,8 
782,2 
5 405,8 
4 348,2 
1 121,6 
481,7 
58,2 
766,5 
727,1 
39,4 
115,8 
18,0 
97,8 
2 585,1 
2 483,8 
46,2 
55,1 
2 419,2 
2 321,3 
97,9 
838,4 
80,6 
679,7 
50,9 
27,2 
2 972,4 
920,4 
2 052,0 
853,4 
412,1 
441,3 
32 670,8 
34 192,8 % (1) 
4,4 
2,9 
1,5 
64,7 
10,2 
5,0 
9,1 
2,9 
1,8 
2,3 
15,8 
12,7 
3,3 
1,4 
0,2 
2,2 
2,1 
0,1 
0,3 
0,0 
0,3 
7,6 
7,3 
0,1 
0,2 
7,1 
6,8 
0,3 
2,5 
0,2 
2,0 
0,2 
0,1 
8,7 
2,7 
6,0 
2,5 
1,2 
1,3 
95,6 
100 
c8 c 
•5 
B 
£ Parlamento 
Consejo 
(de los que: Comité Económico y Social) 
Comisión 
Tribunal de Justicia 
Tribunal de Cuentas 
Total general 173,3 
109,7 
(20,6) 
20 100,7 
25,4 
13,6 
20 422,7 0,9 
0,5 
(0,1) 
98,4 
0,1 
0,1 
100 214,8 
116,7 
(22,4) 
23 938,9 
27,2 
15,4 
24 313,0 0,9 
0,5 
(0,1) 
98,4 
0,1 
0,1 
100 245,5 
126,7 
(24,2) 
27 105,9 
28,6 
16,9 
27 523,6 0,9 
0,4 
(0,1) 
98,5 
0,1 
0,1 
100 228,5 
148,4 
(26,4) 
27 672,2 
31,1 
18,5 
28 098,7 0,8 
0,5 
(0,1) 
98,5 
0,1 
0,1 
100 287,3 
177,4 
(31,3) 
33 669,4 
37,1 
21,6 
34 192,8 0,8 
0,5 
(0,1) 
98,5 
0,1 
0,1 
100 
(1) Porcentaje del total de los pagos presupuestarios anuales. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 175 
§17. Evolución de la relación entre «pagos anuales por sector» 
y «total de los pagos anuales presupuestarios» (1982-1986) 
(para datos detallados, véase § 16) 
A. Presupuesto General (conjunto de sectores): 
Total de pagos anuales presupuestarios = 100 % 
100% -2 
50% Log 
10% 
5% 
1 % 
0,5 % -
0,1 % 2. FEOGA-Garantía 
8. Reembolsos a Estados miembros 
5. Política regional y de transportes 
6. Política social 
1. Funcionamiento 
9. Cooperación al desarrollo 
7. Investigación, energía, etc. 
3. Estructuras agrícolas 
4. Pesca 
1982 1983 1984 
B. FEOGA-Garantía (conjunto de mercados): 1985 1986 
100 % —i 
50 % -
10 °/ 
l 
5% -
-
-
1 % 
0,5 % -
0,1 % Total de pagos anuales presupuestarios = 100 % 
""*"•*-.».. Log 
"~~-^^ 
^^" 
--"" •>- 2.7. Productos lácteos 
•>- 2.8. Carne, huevos y aves de corral 
.^ 2.1. Cereales y arroz 
-k^ 2.3. Materias grasas y proteaginosas 
_>^ 2.2. Azúcar 
_^ 2.9. Otros mercados 
->- 2.4. Frutas y hortalizas 
•*- 2.6. Tabaco 
•*- 2.5. Vino 
^12.10. Medidas agro-monetarias 
12.11. Otros gastos 
1982 1983 1984 1985 1986 
176 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
§ 18. Pagos anuales a los Estados miembros (1982-1986) 
Notas: 
1. Este cuadro resume los pagos anuales efectuados, a título de los principales sectores, a los Estados miembros. Estos pagos 
representan, para el período considerado, el 88,4 % del total de los pagos presupuestarios (es decir, la suma de los totales del § 16). 
2. Pagos anuales = pagos por créditos del ejercicio más pagos por prórrogas del ejercicio precedente. 
3. Los pagos del FEOGA-Garantía incluyen montantes compensatorios monetarios corregidos [véase § 12 D, nota (1)]. 
(Mió ECU) 
Ejercicio/sector 
1982: 
FEOGA-Garantía (T 1 - 2) 
FEOGA-Orientación (Cap 30 -
33) 
Pesca (T 4) 
Fondo Regional (Cap 50 - 51) 
Fondo Social (Cap 60 - 62) 
Gastos de recaudación de los 
recursos propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 52, 
53, 82 86) 
Total B 
535,1 
17,7 
0,6 
10,8 
16,8 
68,3 
649,3 
(3,6 %) DK 
556,7 
20,8 
3,2 
14,6 
17,6 
17,6 
630,5 
(3,5 %) D 
2 027,5 
107,1 
3,7 
61,6 
89,9 
237,0 
2 526,8 
(14,0 %) GR 
684,6 
14,5 
152,3 
23,5 
18,3 
92,7 
985,9 
(5,5%) E 
— 
— F 
2 866,2 
167,4 
3,6 
130,0 
119,3 
134,7 
3 421,2 
(19,0 %) IRL 
496,5 
84,3 
7,8 
93,5 
115,0 
10,2 
72,7 
880,0 
(4,9 %) I 
2 502,6 
125,0 
8,9 
281,8 
235,1 
102,6 
142,6 
3 398,6 
(18,8 %) L 
2,6 
1,6 
0,1 
1,1 
0,4 
5,8 
(0,0 %) NL 
1 416,7 
32,2 
8,3 
3,2 
9,0 
83,9 
1 553,3 
(8,6 %) P 
— 
— UK 
1 278,3 
67,6 
9,8 
225,1 
278,3 
236,3 
1 866,5 
3 961,9 
(22,0 %) Asig­
nación 
ponible 
2,7 
8,9 
11,6 
(0,1 %) EUR 
10/12 
12 369,5 
638,2 
54,8 
973,0 
905,6 
909,3 
2 174,5 
18 024,9 
(100 %) 
1983: 
FEOGA-Garantía (T 1 - 2) 
FEOGA-Orientación (Cap 30 -
33) 
Pesca (T 4) 
Fondo Regional (Cap 50 - 51) 
Fondo Social (Cap 60 - 62) 
Gastos de recaudación de los 
recursos propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 52, 
53, 82, 86; artículo 707) 
Total 611,9 
18,1 
0,2 
7,0 
20,6 
77,7 
— 
735,5 
(3,4 %) 680,7 
20,5 
3,6 
16,7 
14,7 
20,3 
— 
756,5 
(3,5 %) 3 075,8 
107,7 
2,8 
45,0 
81,5 
241,8 
270,7 
3 825,3 
(17,7 %) 1 007,4 
21,9 
0,1 
214,6 
20,4 
16,6 
70,4 
1 351,4 
(6,2 %) — 
— — — — 
— 
— 
— 3 566,6 
182,0 
3,9 
219,3 
140,5 
142,5 
— 
4 254,8 
(19,6%) 619,4 
84,1 
21,6 
94,5 
134,2 
11,6 
60,8 
1 026,2 
(4,7 %) 2 820,5 
103,0 
5,1 
344,5 
221,2 
105,9 
174,8 
3 775,0 
(17,4 %) 4,2 
0,6 
— 0,0 
0,3 
0,5 
— 
5,6 
(0,0 %) 1 707,8 
32,2 
6,4 
18,1 
12,6 
83,4 
— 
1 860,5 
(8,6 %) — 
— — — — 
— 
— 1 691,0 
149,6 
8,4 
296,2 
244,9 
221,6 
1 471,9 
4 083,6 
(18,9 %) 2,9 
— 2,7 
— — 
— 
— 
5,6 
(0,0 %) 15 788,2 
719,7 
54,8 
1 255,9 
890,9 
921,9 
2 048,6 
21 680,0 
(100 %) 
1984: 
FEOGA-Garantía (T 1 - 2) 
FEOGA-Orientación (Cap 30 -
33) 
Pesca (T 4) 
Fondo Regional (Cap 50 - 51) 
Fondo Social (Cap 60-62) 
Gastos de recaudación de los 
recursos propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 82, 
86, artículos 707, 783) 
Total 686,4 
12,9 
0,7 
6,0 
52,1 
82,0 
— 
840,1 
(3,5 %) 879,6 
13,9 
3,8 
28,1 
68,7 
26,0 
— 
1 020,1 
(4,2 %) 3 323,0 
89,3 
5,1 
43,9 
63,8 
302,5 
191,7 
4 019,3 
(16,7 %) 961,2 
52,8 
0,6 
216,7 
71,3 
14,8 
46,6 
1 364,0 
(5,7 %) — 
— — — — 
— 
— 3 592,0 
143,9 
9,5 
201,7 
225,7 
169,7 
— 
4 342,5 
(18,1 %) 884,4 
64,2 
10,3 
104,1 
131,4 
16,0 
— 
1 210,4 
(5,0 %) 3 909,4 
127,8 
4,1 
435,1 
368,5 
117,5 
— 
4 962,4 
(20,7 %) 3,6 
3,9 
— 2,5 
0,5 
0,7 
— 
11,2 
(0,1 %) 1 964,2 
24,8 
3,6 
14,8 
14,1 
101,1 
— 
2 122,6 
(8,8 %) — 
— — — — 
— 
— 
— 2 121,3 
113,3 
9,5 
297,7 
610,2 
279,6 
660,9 
4 092,5 
(17,1 %) 3,2 
— 9,9 
— — 
— 
— 
13,1 
(0,1 %) 18 328,3 
646,8 
57,1 
1 350,6 
1 606,3 
1 109,9 
899,2 
23 998,2 
(100 %) 
1985: 
FEOGA-Garantía (T 1 - 2) 
FEOGA-Orientación (Cap 30 -
33) 
Pesca (T 4) 
Fondo Regional (Cap 50 - 51) 
Fondo Social (Cap 60-61) 
Gastos de recaudación de los 
recursos propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 82, 
86, artículos 583, 707) 
Total 916,3 
12,4 
3,1 
12,3 
49,4 
76,5 
— 
1 070,0 
(4,3 %) 829,3 
13,0 
2,9 
7,7 
33,5 
26,1 
— 
912,5 
(3,7 %) 3 625,6 
81,0 
2,3 
61,7 
109,8 
284,5 
20,1 
4 185,0 
(17,0 %) 1 192,6 
83,7 
1,7 
309,0 
79,0 
12,2 
24,6 
1 702,8 
(6,9 %) — 
— — — — 
— 
— 
— 4 633,3 
122,3 
12,1 
233,2 
255,6 
159,9 
— 
5 416,4 
(21,9%) 1 166,8 
73,1 
3,2 
118,2 
171,6 
15,8 
— 
1 548,7 
(6,3 %) 3 410,9 
175,3 
6,0 
381,1 
383,5 
123,5 
— 
4 480,3 
(18,1 %) 4,8 
1,8 
— 0,7 
0,6 
0,6 
— 
8,5 
(0,0 %) 2 047,4 
18,1 
2,3 
16,4 
46,0 
101,7 
— 
2 231,9 
(9,0 %) — 
— — — — 
— 
— 
— 1 894,7 
109,4 
12,5 
483,9 
284,0 
250,1 
72,8 
3 107,4 
(12,6 %) 4,2 
— 35,7 
— — 
— 
— 
39,9 
(0,2 %) 19 725,9 
690,1 
81,8 
1 624,2 
1 413,0 
1 050,9 
117,5 
24 703,4 
(100 %) 
1986: 
FEOGA-Garantía (T 1 - 2) 
FEOGA-Orientación (Cap 30 -
34) 
Pesca (T 4) 
Fondo Regional (Cap 50 - 51) 
Fondo Social (Cap 60-61) 
Gastos de recaudación de los 
recursos propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 80) 
Total 978,4 
15,5 
4,5 
29,5 
72,9 
63,4 
1 164,2 
(3,8 %) 1 063,2 
13,9 
11,3 
18,9 
80,7 
23,8 
1 211,8 
(4,0 %) 4 400,6 
105,1 
6,1 
92,5 
134,6 
249,5 
4 988,4 
(16,4%) 1 386,9 
86,2 
3,4 
309,1 
107,1 
10,4 
2,0 
1 905,1 
(6,3 %) 271,4 
0,0 
314,3 
174,9 
19,0 
1 635,9 
2 415,5 
(7,9 %) 5 440,3 
176,7 
19,7 
219,0 
328,4 
139,5 
6 323,6 
(20,7 %) 1 212,9 
64,2 
2,6 
79,3 
203,1 
11,8 
1 573,9 
(5,2 %) 3 067,8 
167,0 
6,9 
712,1 
462,2 
107,3 
4 523,3 
(14,8 %) 2,1 
2,3 
0,1 
1,4 
0,6 
6,5 
(0,0 %) 2 276,5 
17,1 
2,9 
13,1 
50,6 
89,3 
2 449,5 
(8,0 %) 30,4 
0,4 
188,8 
109,2 
5,7 
163,3 
497,8 
(1,6%) 1 983,0 
79,1 
21,7 
506,7 
596,2 
200,1 
3 386,8 
(11,1 %) 6,5 
36,3 
0,4 
43,2 
(0,2 %) 22 120,0 
727,1 
115,8 
2 483,8 
2 321,3 
920,4 
1 801,2 
30 489,6 
(100 %) 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 177 
§ 19. Recursos propios efectivos, por Estado miembro (1982-1986) 
Nota: Recursos propios efectivos = recursos propios cobrados durante el ejercicio. 
(Mió ECU) 
Ejercicio/tipo de recurso 
1982: 
Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (2) 
Total B 
238,6 
44,4 
403,7 
461,6 
1 148,3 
(5,4 %) DK 
7,5 
25,3 
142,6 
226,8 
402,2 
(1,9%) D 
201,9 
190,2 
1 966,5 
3 339,9 
5 698,5 
(26,9 %) GR 
63,5 
13,1 
108,7 
196,3 
381,6 
(1,8%) E 
— 
— F 
70,9 
211,0 
1 071,2 
2 872,8 
4 225,9 
(20,0 %) IRL 
6,0 
7,0 
87,8 
107,7 
208,5 
(1,0%) I 
285,1 
83,5 
660,8 
1 457,8 
2 487,2 
(11,8%) L 
0,1 
4,3 
25,7 
30,1 
(0,1 %) NL 
172,5 
58,9 
585,2 
649,8 
1 466,4 
(6,9 %) P 
— 
— UK 
475,9 
72,4 
1 784,5 
2 782,7 
5 115,5 
(24,2 %) EUR 
10/12 
1 522,0 
705,8 
6 815,3 
12 121,1 
21 164,2 
(100%) 
1983: 
Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (2) 
Total 293,9 
65,8 
423,8 
432,4 
1 215,9 
(5,3 %) 6,9 
38,9 
159,8 
274,3 
479,9 
(2,1 %) 143,0 
270,5 
2 019,8 
4 038,8 
6 472,1 
(28,1 %) 38,0 
16,7 
107,4 
215,6 
377,7 
(1,6%) — 
— 78,9 
293,7 
1 051,8 
3 082,1 
4 506,5 
(19,6 %) 7,0 
11,6 
100,4 
150,6 
269,6 
(1,2%) 323,2 
95,0 
657,1 
1 923,4 
2 998,7 
(13,0%) 0,1 
4,6 
39,2 
43,9 
(0,2 %) 135,8 
82,2 
633,2 
713,7 
1 564,9 
(6,8 %) — 
— 320,3 
73,6 
1 830,8 
2 859,7 
5 084,4 
(22,1 %) 1 347,1 
948,0 
6 988,7 
13 729,8 
23 013,6 
(100 %) 
1984: 
Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (2) 
Total 211,0 
83,9 
470,0 
473,4 
1 238,3 
(5,0 %) 8,0 
38,0 
197,3 
289,6 
532,9 
(2,1 %) 158,6 
350,2 
2 309,7 
4 233,9 
7 052,4 
(28,4 %) 19,5 
16,6 
99,4 
220,3 
355,8 
(1,4%) — 
— 94,2 
406,3 
1 100,0 
3 201,8 
4 802,3 
(19,3 %) 6,9 
16,8 
126,7 
135,9 
286,3 
(1,2 %) 288,5 
84,1 
750,9 
2 319,9 
3 443,4 
(13,8 %) 0,1 
5,9 
45,3 
51,3 
(0,2 %) 131,8 
76,9 
740,8 
738,3 
1 687,8 
(6,8 %) — 
— 341,4 
103,6 
2 160,1 
2 824,4 
5 429,5 
(21,8 %) 1 260,0 
1 176,4 
7 960,8 
14 482,8 
24 880,0 
(100 %) 
1985: 
Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (2) 
Total 197,2 
78,4 
489,3 
527,7 
1 292,6 
(5,0 %) 9,7 
43,5 
208,2 
359,0 
620,4 
(2,4 %) 142,0 
286,3 
2 414,5 
4 661,5 
7 504,3 
(28,8 %) 18,1 
12,0 
95,9 
262,0 
388,0 
(1,5%) — 
— 74,1 
348,0 
1 174,7 
3 722,4 
5 319,2 
(20,4 %) 5,9 
15,0 
137,2 
138,3 
296,4 
(1,1 %) 314,4 
75,8 
820,1 
2 419,2 
3 629,5 
(13,9 %) 0,2 
6,0 
44,5 
50,7 
(0,2 %) 131,7 
104,1 
781,5 
872,1 
1 889,4 
(7,2 %) — 
— 228,4 
94,3 
2 182,7 
2 584,9 
5 090,3 
(19,5 %) 1 121,7 
1 057,4 
8 310,1 
15 591,6 
26 080,8 
(100 %) 
1986: 
Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e Isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (3) 
Total 132,2 
84,7 
494,6 
736,6 
1 448,1 
(4,4 %) 9,8 
47,6 
220,5 
512,8 
790,7 
(2,4 %) 111,9 
313,0 
2 436,1 
5 869,2 
8 730,2 
(26,2 %) 22,9 
16,9 
85,5 
507,1 
632,4 
(1,9%) 10,1 
14,5 
191,9 
2 104,1 
2 320,6 
(7,0 %) 107,6 
378,6 
1 150,4 
5 248,5 
6 885,1 
(20,7 %) 6,4 
10,8 
113,3 
213,3 
343,8 
(1,0%) 356,4 
73,0 
770,1 
3 518,7 
4 718,2 
(14,2 %) 0,2 
6,4 
59,2 
65,8 
(0,2 %) 114,1 
95,9 
792,0 
1 230,0 
2 232,0 
(6,7 %) 18,7 
49,8 
210,1 
278,6 
(0,8 %) 285,2 
76,5 
1 862,3 
2 601,2 
4 825,2 
(14,5 %) 1 175,5 
1 111,5 
8 172,9 
22 810,8 
33 270,7 
(100 %) 
(1) Incluidos los saldos y ajustes de los ejercicios anteriores. 
(2) Grecia pagó una contribución financiera basada en el PNB. 
(3) Portugal pagó una contribución financiera basada en el PNB. 
178 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Segunda parte: Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) 
(situación a 31.12.1986) 
§ 20. Informaciones de base sobre los FED 
LOS TRES PRIMEROS FED 
20.1. Determinadas informaciones de base y datos financieros detallados sobre los tres primeros FED, establecidos 
dentro del marco de los convenios en vigor entre 1959 y 1976, fueron recogidos más recientemente en el Informe Anual del 
Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1980. Sólo restan unas pequeñas cantidades pendientes de pago, 
correspondientes al 3.er FED. 
En los cuadros 27 y 28 se ofrece una recapitulación de los pagos efectuados por los tres primeros FED. 
LOS FED CUARTO, QUINTO Y SEXTO 
20.2. Disposiciones jurídicas 
a) Base jurídica relativa a los Estados ACP: 
— 4.° FED: Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 28 de febrero de 1975 (Lomé I), 
— 5.° FED: Segundo Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 31 de octubre de 1979 (Lomé II), 
— 6.° FED: Tercer Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 8 de diciembre de 1984 (Lomé III). 
b) Base jurídica relativa a los PTU y DFU: 
— 4.° FED: Decisión del Consejo 76/568/CEE, de 29 de junio de 1976, 
— 5.° FED: Decisión del Consejo 80/1186/CEE, de 16 de diciembre de 1980 (ya no concierne a los DFU), 
— 6.° FED: Decisión del Consejo 86/283/CEE, de 30 de junio de 1986 (ya no concierne a los DFU). 
c) Institución de los FED: 
— 4.° FED: Acuerdo interno de 11 de julio de 1975, 
— 5.° FED: Acuerdo interno de 20 de noviembre de 1979, 
— 6.° FED: Acuerdo interno de 19 de febrero de 1985. 
d) Reglamentos Financieros: 
— 4.° FED: Reglamento Financiero 76/647/CEE, de 27 de julio de 1976, 
— 5.° FED: Reglamento Financiero 81/215/CEE, de 17 de marzo de 1981, 
— 6.° FED: Reglamento Financiero 86/548/CEE, de 11 de noviembre de 1986. 
20.3. Dotaciones, financiación, reparto y naturaleza de las ayudas 
Las dotaciones de los FED, después de ser modificadas (1) por el Consejo, se presentan como sigue: 
— 4.° FED: 3 196,6 Mió ECU, 
— 5.° FED: 4 914,4 Mió ECU, 
— 6.° FED: 7 500,0 Mió ECU. 
Los FED son financiados por los Estados miembros de la CE (véanse también los cuadros 21 y 22), según los porcentajes 
aprobados en los acuerdos internos. 
Los acuerdos internos arriba citados prevén un reparto de las dotaciones del 4.° y 5.° FED, por una parte entre los Estados 
ACP y los PTU y DFU, y por otra parte entre subvenciones, préstamos especiales, capitales riesgo, Stabex (2) y Sysmin (3) 
para los FED 5.° y 6.°. 
Una parte de la dotación asignada a subvenciones se reserva para ayudas excepcionales y para bonificaciones de 
intereses para préstamos acordados por el Banco Europeo de Inversiones. El resto de la dotación de subvenciones y la 
dotación de préstamos especiales se reparte entre los países beneficiarios, a excepción de los importes destinados a 
proyectos regionales, gastos administrativos y reserva. Los importes asignados de este modo a los países beneficiarios, 
que en el caso de los Estados ACP se denominan programas indicativos, se utilizan para financiar los programas 
aprobados. 
20.4. Unidad monetaria 
Los importes de los FED se expresan en ECU; para la conversión a ECU de las unidades monetarias anteriormente en vigor 
se ha acordado que 1 UC = 1 UCE = 1 ECU. 
20.5. Fecha de entrada en vigor 
— 4.0 FED: 1 de abril de 1976, 
— 5.° FED: 1 de enero de 1981, 
— 6.° FED: 1 de mayo de 1986. 
20.6. Ejecución financiera 
La Comisión establece un calendario de solicitudes de ayuda que, en principio, han de ser pagadas trimestralmente por los 
Estados miembros de las Comunidades Europeas (4.° FED: semestralmente). La utilización de los recursos de los FED se 
presenta en la contabilidad en tres etapas: (I) decisión de financiación, (II) firma de los contratos sobre fondos asignados a 
los ordenadores nacionales, (III) autorización de efectuar el pago a los adjudicatarios. 
20.7. Control externo 
El Tribunal de Cuentas realiza el control externo de los FED (de acuerdo con el Tratado). 
20.8. Autoridad habilitada para dar descargo 
El Parlamento Europeo da descargo a la gestión financiera de los FED, a recomendación del Consejo (según los acuerdos 
internos). 
(1) Las dotaciones iniciales fueron modificadas por decisiones del Consejo, y se ven aumentadas por varios ingresos tales como las reposiciones de las 
transferencias Stabex y los intereses bancarios. 
(2) Sistema encaminado a garantizar la estabilización de los ingresos procedentes de las exportaciones de los Estados ACP a la Comunidad (Lomé I, artículo 
16; Lomé II, artículo 23; Lomé III, artículo 147). 
(3) Sistema encaminado a ayudar a los Estados ACP cuya economía dependa en gran medida de los sectores mineros y especialmente a ayudarles a 
afrontar una baja en su capacidad de exportación de productos mineros hacia la Comunidad (Lomé II, artículo 49; Lomé III, artículo 176). 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 179 
§ 21. Los FED 4.° y 5.°: Dotación, financiación, reparto de ayudas y utilización 
Dotación y financiación Reparto de las ayudas (Mió ECU) Utilización a 31.12.1986 
(Mió ECU y %) 
4.° FED: 
DK: 2,40 % Dotación: 
3196,6 Mió ECU 
Financiación 
por: 
IRL: 0,60% 
L: 0,20% 
ingresos 
diversos: 6,1 Mió ECU Tipo de 
ayuda: 
lili 
47»»* 
Subven­
ciones: 
2 229,8 
to (U 
> Ayudas 
programables: 
2 420,4 Programación 
de ayudas: Utilización: 
PTU-DFU 
rfí-. 
Capitales 
riesgo: 100,i 
No asignado: 6,1 •*no:;pfG*' 
•íám :-Z: 
f 76;2 : Aún no 
utilizado 
Decisiones de 
financiación: 
2 373,8 (98,1 %] 
Aún no 
utilizado 
Decisiones de 
financiación: 
759,7 (97,9 %) 
5.° FED: 
Dotación : 
4 914,4 Mió ECU 
Financiación por: Programación 
de ayudas: 
Tipo de ayuda: -~T 
:P5Í0: 
Subvenciones: 
3 060,4 
««j 
o"° " 
<" 3 c 
"•S ó ¡o <2 (0 (0 <D ™« ÜM 
3"§ E 2? •* 
s > Ayudas 
progra­
mables : 
3 201,0 w 
«se. ^ 
— CM 
PTU: 53,6 
X Estados ACP: 
3 147,4 
De los que: 
Proyectos 
regionales: 
631,5 
Capitales riesgo 
No asignado: 
40,9 :;Apd¡as:fiO :•'-• 
':prograMiíías:í Utilización: 
Aún no 
utilizado 
180 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
§ 22. El 6.° FED: Dotación, financiación, reparto de ayudas y utilización 
Dotación y financiación Reparto de las ayudas (Mió ECU) Utilización a 31.12.1986 
(Mío ECU y %) 
Dotación: 
7 500,0 Mió ECU 
Financiación 
por: 
(1) Provisional 
(2) Aproximado Programación 
de ayudas: Utilización: 
Tipo de 
ayuda: 
Préstamos 
especiales: 625,0 
Subvenciones: 
o 4 915,0 es, 
: 294 
es nal 
cia 
res pcio 
rgen 
inte 
8 = o 
* O ~° <PT3 0) 
8¡§ § •o-o .2 
£< 8 
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^ISI^iPMBPIIS#^í:^i.; 
lí^fels lililí nfifiraifii *\ 
1¿ Ayudas 
progra-
mables: 
5 016,0 
PTU: <N 
SS 
ftf < W «S> f 
J3 3\ 
^ » E w T"® 2 > « .. tr o 
«r 
2 §* 
o.^ v. 
56,0^ Estados ACP: 
4 960,0 
de los que: 
Proyectos regionales 
y reserva: 993,8 
—-~i- -. • ra-., ,r„;a Aún no 
utilizado 
T 
Pagos: 108,9(4,4%) Pagos 7,8 (0,2 %) 
Aún no 
utilizado 
Reparto de las ayudas programables a 31.12.1986 
(Mió ECU) 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Camerún 
Cabo Verde 
República Centroafricana 
Comoras 
Congo 
Costa de Marfil 
Djibouti 
Dominica 
Etiopía 
Fiji 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Granada 
Guinea 
Guinea Bissau 
Guinea Ecuatorial 95,0 
4,0 
3,0 
5,0 
8,0 
80,0 
32,0 
115,0 
108,0 
96,0 
23,0 
70,0 
21,0 
44,0 
75,0 
8,0 
5,5 
230,0 
19,0 
23,0 
20,0 
86,0 
5,0 
114,0 
35,0 
12,0 Guayana 
Jamaica 
Kenia 
Kiribati 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauricio 
Mauritania 
Mozambique 
Níger 
Nigeria 
Uganda 
Papua-Nueva Guinea 
Ruanda 
San Cristóbal y Nieves 
Santa Lucía 
San Vicente y las 
Granadinas 
Salomón 
Samoa Occidental 
Santo Tomé y Principe 
Senegal 
Seychelles 20,5 
39,0 
122,0 
6,0 
41,0 
44,0 
110,0 
114,0 
136,0 
29,0 
61,0 
145,0 
120,0 
200,0 
125,0 
32,5 
111,0 
3,0 
5,5 
5,5 
17,5 
9,0 
6,0 
97,0 
5,2 Sierra Leona 
Somalia 
Sudán 
Surinam 
Swazilandia 
Tanzania 
Chad 
Togo 
Tonga 
Trinidad y Tobago 
Tuvalu 
Vanuatu 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 
Proyectos regionales 
y reserva 
Total ACP 
PTU 
Total de dotaciones 
de ayudas programables 69,0 
113,0 
145,0 
23,0 
26,0 
169,0 
89,0 
61,0 
6,0 
15,0 
1,5 
6,5 
147,0 
81,0 
73,0 
993,8(1; 
4 960,0 
56,0 
5 016,0 
(1) Se prevén 1 000 Mió ECU para la cooperación regional, a imputar a esta dotación y a los recursos propios del BEI. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 181 
§ 23. El 4.° FED: Ayudas por sector económico y por país beneficiario 
(situación a 31.12.1986) 
(Mió ECU) 
País beneficiario 
(D 
i. Países ACP, 
de los que: 
Etiopía 
Tanzania 
Sudán 
Uganda 
Mali 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Chad 
Ghana 
Zambia 
Costa de Marfil 
República Centroafricana 
Togo 
Mauritania 
Sierra Leona 
Congo 
Liberia 
Lesotho 
Guinea-Bissau 
Jamaica 
Botswana 
Surinam 
Mauricio 
Guayana 
Swazilandia 
Gambia 
Papua-Nueva Guinea 
Fiji 
Gabón 
Islas Salomón 
Nigeria 
Otros países ACP: 
Bahamas 
Barbados 
Cabo Verde 
Comoras 
Djibouti 
Dominica 
Granada 
Guinea Ecuatorial 
Kiribati 
Santo Tomé y Príncipe 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Samoa Occidental 
Seychelles 
Trinidad y Tobago 
Tuvalu 
(Total otros países) 
II. Proyectos regionales 
Gastos administrativos 
Total ACP (I + II) 
III. PTU-DFU 
Total 4.° FED Decisiones de financiación 
o 
> 
(2) 
116,3 
1,8 
2,3 
3,4 
3,0 
20,7 
3,3 
2,4 
3,1 
3,3 
3,2 
1,5 
1,7 
2,5 
3,9 
2,3 
2,2 
3,7 
2,9 
2,0 
2,0 
1,8 
3,4 
2,9 
2,3 
2,9 
1,2 
2,2 
2,1 
1,0 
1,7 
1,4 
1,0 
1,4 
0,9 
1,0 
0,6 
1,0 
0,6 
0,4 
1,6 
3,6 
0,4 
0,3 
0,0 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
6,9 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,9 
(10,1) 
34,4 
150,7 
4,7 
155,4 
idustriali 
ación, 
nergía y 
linería 
_ N <U fc 
(3) 
379,5 
30,3 
30,7 
7,2 
6,9 
3,9 
29,1 
36,5 
2,7 
1,3 
14,2 
21,6 
37,3 
6,3 
10,8 
27,1 
3,7 
12,5 
14,6 
11,1 
5,4 
3,4 
8,3 
1,4 
3,4 
3,7 
1,1 
0,2 
1,6 
2,2 
0,5 
0,2 
3,5 
2,0 
2,7 
0,3 
6,7 
2,8 
4,0 
0,2 
0,0 
9,8 
1,2 
0,3 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,2 
2,8 
0,6 
1,8 
0,4 
(8,3) 
42,9 
422,4 
6,9 
429,3 f s 
i 2 
(4) 
681,7 
33,4 
19,2 
41,6 
34,7 
38,7 
24,2 
36,3 
19,8 
23,3 
20,1 
23,2 
20,3 
16,0 
19,3 
4,2 
29,6 
22,7 
28,0 
19,5 
27,9 
10,5 
18,1 
12,6 
12,5 
19,6 
11,0 
2,8 
12,6 
5,5 
7,0 
10,0 
8,6 
10,0 
0,3 
11,4 
2,6 
2,5 
4,9 
1,7 
2,2 
1,5 
— 
0,7 
1,7 
0,7 
2,7 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
"0,9 
0,9 
1,6 
0,4 
0,1 
1,1 
0,2 
(11,8) 
29,5 
711,2 
16,6 
727,8 </) .2 
o.2 
2¡ 
1- u 
(5) 
541,9 
22,0 
53,8 
19,9 
33,2 
6,8 
16,1 
25,3 
27,4 
29,6 
13,8 
0,1 
28,6 
14,4 
23,6 
12,5 
20,4 
8,4 
15,8 
4,3 
23,3 
1,3 
16,5 
13,0 
3,7 
10,2 
18,1 
5,6 
8,3 
7,2 
5,0 
0,0 
8,7 
3,6 
1,1 
3,4 
3,0 
7,1 
5,8 
6,0 
— 
3,6 
2,6 
0,3 
0,3 
1,5 
3,2 
0,3 
0,2 
3,0 
(15,0) 
175,9 
717,8 
26,5 
744,3 ™ ,. 
c-O 
iS £ 
(6) 
205,7 
6,1 
2,0 
25,2 
20,7 
2,9 
2,3 
2,3 
7,8 
7,4 
2,7 
5,7 
4,3 
3,4 
14,3 
4,6 
7,9 
6,3 
6,7 
2,6 
4,6 
2,9 
3,9 
3,5 
5,4 
3,7 
6,5 
1,0 
4,4 
4,6 
2,0 
4,7 
1,3 
1,3 
0,7 
0,6 
4,5 
4,8 
1,5 
0,2 
1,1 
0,0 
2,7 
0,5 
0,3 
0,1 
0,2 
0,8 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
2,3 
(4,6) 
36,5 
242,2 
8,7 
250,9 « 
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(7) 
69,2 
10,2 
0,0 
2,3 
4,4 
2,3 
3,9 
3,3 
3,2 
2,2 
7,6 
3,0 
2,5 
0,1 
1,3 
4,4 
1,1 
5,9 
2,2 
2,4 
1,2 
0,5 
1,8 
0,4 
1,7 
— 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
(1.3) 
0,5 
69,7 
1,2 
70,9 <n° •bras 
idráulica 
desarro 
rbano 
O -C >, 3 
(8) 
107,2 
15,6 
4,7 
5,0 
0,0 
0,1 
3,8 
9,7 
4,3 
5,8 
3,5 
5,0 
1,7 
0,8 
5,2 
0,1 
11,7 
1,4 
4,4 
0,1 
5,4 
0,8 
0,4 
0,0 
2,4 
3,1 
0,2 
0,3 
0,9 
1,7 
2,3 
2,8 
0,6 
0,7 
1,8 
0,9 
(6,8) 
1,7 
108,9 
3,2 
112,1 'o ü o 
§ o3E 
a. o 3 
(9) 
26,4 
0,5 
0,0 
0,1 
0,5 
2,5 
0,5 
1,5 
2,8 
0,1 
0,6 
0,7 
0,8 
1,0 
0,6 
2,6 
0,1 
0,0 
3,0 
0,3 
0,0 
0,2 
2,8 
0,6 
0,5 
0,0 
0,0 
0,1 
2,4 
0,1 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,7 
(1,3) 
13,2 
39,6 
1,0 
40,6 8! 
ns'o 
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< <D 
(10) 
201,2 
32,7 
0,3 
19,0 
24,9 
3,3 
8,0 
1,3 
1,5 
15,7 
2,6 
3,0 
13,3 
4,6 
5,9 
2,1 
2,3 
8,3 
2,7 
16,4 
0,0 
0,1 
1,0 
5,4 
0,2 
1.1 
0,5 
1,2 
2,7 
4,5 
0,0 
0,7 
3,6 
— 
0,0 
1,4 
2,9 
1,3 
3,9 
0,5 
0,3 
0,3 
1,0 
0,5 
0,2 
(12,3) 
11,2 
212,4 
— 
212,4 a 
1 * 
C J3 
K ¡55 
(11) 
377,5 
14,4 
20,7 
41,8 
20,6 
9,8 
5,7 
22,7 
7,3 
1,9 
65,1 
0,6 
1,5 
4,1 
7,3 
5,2 
20,4 
15,0 
7,8 
3,6 
37,0 
4,0 
7,4 
7,6 
11,3 
13,2 
7,5 
2,1 
6,7 
0,0 
— 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
2,8 
1,2 
(5,2) 
377,5 
12,3 
389,8 p 
+ 
2 + 
H £L 
(12) 
2 706,6 
167,0 
133,7 
121,4 
165,7 
99,2 
99,8 
85,4 
81,0 
111,5 
83,0 
75,7 
68,9 
79,6 
141,1 
70,0 
62,8 
72,8 
76,3 
59,9 
67,7 
66,8 
64,4 
48,3 
44,6 
81,9 
36,3 
42,7 
35,4 
24,0 
32,6 
20,3 
25,1 
15,6 
22,6 
16,9 
28,8 
22,5 
13,1 
20,0 
17,7 
9,2 
18,6 
1,9 
4,1 
10,1 
9,5 
4,8 
4,6 
2,6 
7,3 
3,2 
2,2 
2,3 
0,5 
7,5 
3,1 
4,7 
7,7 
0,6 
(76,7) 
345,8 
3 052,4 
81,1 
3 133,5 II 
I- Q. 
(13) 
2 508,2 
146,9 
130,7 
116,7 
140,4 
83,7 
92,0 
83,3 
77,3 
104,4 
75,6 
72,4 
67,9 
72,9 
137,8 
68,5 
59,0 
65,2 
68,9 
59,4 
64,1 
56,6 
57,5 
45,6 
42,2 
78,5 
32,4 
42,3 
29,6 
22,3 
31,4 
16,2 
23,6 
11,0 
19,6 
16,8 
27,9 
22,1 
12,5 
19,5 
17,3 
8,3 
16,9 
1,8 
3,0 
9,8 
9,0 
4,5 
4,6 
2,6 
6,8 
2,9 
2,2 
2,3 
0,5 
7,5 
3,1 
4,7 
5,1 
0,6 
(71,0) 
309,7 
2 817,9 
72,5 
2 890,4 
182 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
§ 24. El 5.° FED: Ayudas por tipo y por país beneficiario 
(ejecución financiera: situación a 31.12.1986) 
(Mió ECU) 
País beneficiario 
(D 
I. Países ACP, 
de los que: 
Etiopía 
Tanzania 
Sudán 
Uganda 
Malí 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Chad 
Ghana 
Zambia 
Costa de Marfil 
República Centroafricana 
Togo 
Mauritania 
Sierra Leona 
Congo 
Liberta 
Lesotho 
Guinea-Bissau 
Jamaica 
Botswana 
Surinam 
Mauricio 
Guayana 
Swazilandia 
Gambia 
Papua-Nueva Guinea 
Fiji 
Gabón 
Islas Salomón 
Nigeria 
Zimbabwe 
Otros países ACP: 
Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Cabo Verde 
Comoras 
Djibouti 
Dominica 
Granada 
Guinea Ecuatorial 
Kiribati 
Santo Tomé y Príncipe 
San Cristóbal y Nieves 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Samoa Occidental 
Seychelles 
Trinidad y Tobago 
Tuvalu 
Vanuatu 
(Total otros países) 
II. Proyectos regionales 
Gastos administrativos 
Total ACP (I + II) 
III. PTU 
Total 5.° FED A. Ayudas no programadas onificaciones 
e intereses 
subvenciones 
CQ -0-2Í-
(2) 
111,0 
8,6 
3,6 
1,2 
1,1 
5,6 
20,9 
8,5 
9,8 
1,5 
5,3 
0,5 
0,7 
6,3 
0,7 
2,1 
1,4 
6,8 
7,2 
5,1 
6,7 
1,9 
0,3 
5,2 
— 
(7,4) 
1,3 
112,3 
4,5 
116,8 £ o 
ü~ 
(3) 
248,6 
13,0 
9,7 
18,2 
10,2 
10,0 
3,4 
1,4 
21,2 
7,0 
15,0 
2,7 
9,6 
4,2 
0,7 
6,5 
2,0 
13,6 
1,8 
4,5 
5,1 
7,0 
0,5 
2,2 
6,0 
3,8 
5,0 
4,2 
0,5 
4,0 
0,0 
13,8 
7,2 
2,5 
0,1 
5,4 
0,6 
1,8 
0,2 
2,2 
1,0 
2,2 
2,0 
0,2 
0,0 
1,0 
3,0 
3,3 
4,0 
2,3 
0,1 
2,7 
(26,6) 
25,9 
~ 
274,5 
7,0 
281,5 Decisiones 
de financiación 
« yudas excep-
¡onales y ayu 
e urgencia 
< o -o 
(4) 
206,3 
44,7 
0,5 
3,6 
37,8 
5,3 
13,9 
2,4 
4,2 
13,7 
0,5 
0,4 
1,1 
19,6 
2,1 
2,0 
0,2 
1,6 
13,1 
4,4 
1,6 
1,5 
0,8 
0,5 
0,5 
7,7 
0,3 
0,1 
0,1 
3,2 
0,1 
0,1 
4,7 
7,5 
0,2 
2,2 
0,4 
0,3 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
1,4 
0,2 
(6,5) 
18,0 
~ 
224,3 
0,9 
225,2 « 
55 
(5) E 
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(6) + 
« + 
°£S 
(7) 
643,0 169,8 1 378,7 
11,3 — 69,0 
20,9 — 31,1 
— 81,0 102,8 
40,7 — 88,7 
— — 15,3 
10,7 — 28,0 
31,1 — 43,5 
10,0 — 35,4 
— — 17,3 
1,0 — 8,5 
4,9 — 21,5 
— — 4,9 
2,8 — 32,0 
90,6 — 102,5 
7,7 2,8 13,2 
13,8 — 20,5 
29,6 — 52,1 
6,6 — 21,7 
85,5 — 103,5 
— 83,0 94,9 
4,6 — 10,6 
93,4 — 104,0 
5,2 — 10,8 
28,8 — 30,8 
— — 14,7 
14,4 — 14,7 
— — 5,8 
— — 2,7 
1,3 — 7,4 
3,6 — 7,4 
4,3 — 10,1 
— — 9,5 
— — 4,2 
— — 1,3 
— 3,0 7,0 
8,2 — 10,4 
18,2 — 18,2 
50,7 — 65,9 
2,9 — 21,6 
— — 9,7 
4,2 — 4,3 
— — 5,1 
— — 19,6 
— — 0,2 
— — 1,9 
— — 0,9 
0,5 — 4,5 
6,6 — 7,2 
— — 2,5 
3,5 — 5,0 
4,0 — 6,2 
— — 2,0 
1,6 — 1,8 
7,6 — 8,0 
1,6 — 2,8 
— — 3,2 
6,5 — 10,0 
— — 4,3 
4,0 — 7,7 
— — 5,2 
0,1 — 0,2 
— — 2,9 
(36,0) (—) (76,5) 
— — 45,2 
643,0 169,8 1 423,9 
9,8 — 22,2 
652,8 169,8 1 446,1 o 
« 11 
Q. "5 
(8) 
1 150,5 
51,5 
31,0 
49,8 
70,5 
14,6 
24,7 
43,1 
27,9 
15,0 
3,8 
13,9 
3,3 
29,2 
100,5 
9,7 
19,7 
48,9 
17,1 
92,7 
74,3 
6,1 
97,0 
10,8 
30,8 
6,0 
14,5 
5,7 
1,2 
4,1 
5,1 
7,1 
6,5 
1,0 
0,9 
3,0 
10,4 
18,2 
62,7 
18,9 
9,6 
4,3 
5,1 
14,3 
0,1 
1,7 
0,9 
3,3 
7,2 
2,5 
5,0 
6,1 
1,8 
7,3 
2,7 
0,8 
9,9 
3,0 
7,5 
5,1 
0,2 
0,9 
(66,0) 
14,8 
~ 
1 165,3 
18,9 
1 184,2 B. Ayudas programables (programas 
indicativos ACP y otras ayudas) 
S 
o 
(9) 
2 515,9 
141,0 
120,7 
104,0 
103,0 
87,0 
96,0 
88,0 
78,0 
80,5 
84,5 
80,0 
80,0 
79,3 
69,0 
79,0 
77,0 
69,0 
62,0 
60,0 
58,0 
55,0 
54,0 
49,0 
43,0 
43,0 
48,5 
31,5 
31,0 
29,0 
25,0 
26,4 
23,0 
18,0 
20,5 
14,6 
18,5 
14,0 
23,0 
13,0 
16,0 
12,0 
50,0 
49,0 
2,7 
2,1 
3,7 
5,5 
16,0 
14,5 
5,4 
3,5 
3,5 
8,5 
4,0 
4,0 
2,2 
3,7 
3,7 
6,2 
3,6 
4,1 
10,5 
1,0 
4,5 
(112,9) 
631,5 
3 147,4 
53,6 
3 201,0 Decisiones 
de 
o 
V) 
(10) 
1 839,7 
109,6 
96,4 
71,4 
87,2 
78,8 
64,5 
55,3 
61,0-
71,8 
70,6 
61,4 
57,3 
63,5 
37,8 
59,9 
59,7 
29,5 
59,7 
41,2 
33,7 
38,2 
24,9 
42,3 
31,1 
30,8 
32,8 
18,6 
20,5 
19,5 
21,6 
16,4 
17,2 
3,1 
12,7 
14,5 
13,0 
12,0 
12,2 
11,1 
8,0 
11,8 
32,1 
28,1 
1,7 
2,0 
3,7 
0,4 
14,0 
11,3 
5,4 
3,4 
3,4 
8,5 
4,0 
3,9 
1,7 
3,7 
3,7 
6,2 
3,6 
3,1 
7,7 
1,0 
4,5 
(96,9) 
417,7 
7,5 
2 264,9 
20,5 
2 285,4 financiación 
05 0) 
D. (D 
(11) 
346,8 
31,0 
11,6 
16,7 
17,8 
15,2 
9,8 
8,0 
7,0 
11,8 
9,9 
18,9 
15,4 
11,7 
17,9 
7,0 
2,0 
6,4 
22,3 
4,7 
6,9 
8,7 
2,4 
12,0 
4,7 
8,8 
9,1 
5,8 
2,7 
7,7 
4,7 
8,2 
5,1 
13,4 
1,0 
0,5 
— 
(1,5) 
73,8 
420,6 
4,6 
425,2 _ + 
1- C 
(12) 
2 186,5 
140,6 
108,0 
88,1 
87,2 
78,8 
82,3 
70,5 
70,8 
79,8 
77,6 
73,2 
67,2 
63,5 
56,7 
75,3 
71,4 
47,4 
59,7 
48,2 
35,7 
44,6 
47,2 
47,0 
38,0 
39,5 
35,2 
30,6 
25,2 
28,3 
21,6 
25,5 
23,0 
5,8 
20,4 
14,5 
17,7 
12,0 
20,4 
11,1 
13,1 
11,8 
32,1 
41,5 
2,7 
2,0 
3,7 
0,4 
14,0 
11,3 
5,4 
3,4 
3,4 
8,5 
4,0 
3,9 
2,2 
3,7 
3,7 
6,2 
3,6 
3,1 
7,7 
1,0 
4,5 
(98,4) 
491,5 
7,5 
2 685,5 
25,1 
2 710,6 O 
(0 1! 
Q. d) 
(13) 
1 185,6 
101,8 
59,6 
54,4 
72,7 
38,2 
40,1 
35,6 
37,2 
42,5 
43,1 
27,8 
36,6 
27,3 
33,4 
52,6 
24,8 
26,6 
32,1 
24,0 
13,0 
17,1 
29,6 
33,1 
29,2 
25,7 
11,4 
29,0 
8,6 
16,6 
12,1 
9,0 
7,2 
2,3 
10,4 
8,2 
6,4 
6,1 
5,4 
7,8 
11,3 
2,6 
5,3 
13,5 
0,0 
0,9 
2,0 
0,1 
8,2 
6,0 
2,4 
2,8 
2,6 
2,6 
0,8 
3,2 
0,8 
2,4 
2,8 
6,0 
3,0 
1,3 
2,4 
0,7 
3,3 
(54,3) 
269,9 
6,4 
1 461,9 
12,8 
1 474,7 Total (A + B) ecisiones de 
nanciación 
') + (12) 
a-^z'-z. 
(14) 
3 565,2 
209,6 
139,1 
190,9 
175,9 
94,1 
110,3 
114,0 
106,2 
97,1 
86,1 
94,7 
72,1 
95,5 
159,2 
88,5 
91,9 
99,5 
81,4 
151,7 
130,6 
55,2 
151,2 
57,8 
68,8 
54,2 
49,9 
36,4 
27,9 
35,7 
29,0 
35,6 
32,5 
10,0 
21,7 
21,5 
28,1 
30,2 
86,3 
32,7 
22,8 
16,1 
37,2 
61,1 
2,9 
2,0 
5,6 
1,3 
18,5 
18,5 
7,9 
8,4 
9,6 
10,5 
5,8 
11,9 
2,2 
6,5 
6,9 
16,2 
7,9 
10,8 
12,9 
1,2 
7,4 
(174,9) 
536,7 
7,5 
4 109,4 
47,3 
4 156,7 
agos 
fectuados 
5) + (13) 
D.0)5i 
(15) 
2 336,1 
153,3 
90,6 
104,2 
143,2 
52,8 
64,8 
78,7 
65,1 
57,5 
46,9 
41,7 
39,9 
56,5 
133,9 
62,3 
44,5 
75,5 
49,2 
116,7 
87,3 
23,2 
126,6 
43,9 
60,0 
31,7 
25,9 
34,7 
9,8 
20,7 
17,2 
16,1 
13,7 
3,3 
11,3 
11,2 
16,8 
24,3 
68,1 
26,7 
20,9 
6,9 
10,4 
27,8 
0,1 
0,9 
3,7 
1,0 
11,5 
13,2 
4,9 
7,8 
8,7 
2,6 
2,6 
10,5 
0,8 
5,1 
3,6 
15,9 
6,0 
8,8 
7,5 
0,9 
4,2 
(120,3) 
284,7 
6,4 
2 627,2 
31,7 
2 658,9 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 183 
§ 25. El 5.° FED: Ayudas por sector económico y por país beneficiario 
(situación a 31.12.1986) 
(Mió ECU) 
País beneficiario 
(1) 
I. Países ACP 
de los que: 
Etiopía 
Tanzania 
Sudán 
Uganda 
Malí 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Chad 
Ghana 
Zambia 
Costa de Marfil 
República Centroafricana 
Togo 
Mauritania 
Sierra Leona 
Congo 
Liberia 
Lesotho 
Guinea-Bissau 
Jamaica 
Botswana 
Surinam 
Mauricio 
Guayana 
Swazilandia 
Gambia 
Papua-Nueva Guinea 
Fiji 
Gabón 
Islas Salomón 
Nigeria 
Zimbabwe 
Otros países ACP: 
Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Cabo Verde 
Comoras 
Djíbouti 
Dominica 
Granada 
Guinea Ecuatorial 
Kiribati 
Santo Tomé y Príncipe 
San Cristóbal y Nieves 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Samoa Occidental 
Seychelles 
Trinidad y Tobago 
Tuvalu 
Vanuatu 
(Total otros países) 
II. Proyectos regionales 
Gastos administrativos 
Total ACP (I + II) 
III. PTU 
Total 5° FED Decisiones de financiación 
o 
> 
(2) 
22,4 
0,4 
0,1 
1,4 
3,1 
0,7 
0,3 
0,6 
0,5 
0,0 
2,0 
1,0 
0,4 
0,5 
1,0 
0,3 
1,6 
0,3 
1,6 
0,0 
0,3 
0,2 
1,7 
0,1 
0,4 
1,2 
0,3 
0,4 
0,1 
0,5 
0,0 
0,9 
0,1 
0,1 
0,3 
— 
(1,9) 
32,1 
54,5 
0,5 
55,0 £ 
(0 idustriali 
nergía 
minería 
J= o >> 
(3) 
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15,9 
20,7 
7,5 
31,7 
4,1 
17,3 
18,1 
31,8 
10,1 
9,2 
7,8 
19,8 
14,4 
2,0 
18,3 
95,3 
8,4 
6,3 
5,4 
0,3 
8,5 
1,5 
5,2 
3,3 
13,3 
9,8 
10,7 
4,3 
6,3 
11,5 
2,1 
0,6 
16,2 
12,2 
13,0 
6,4 
10,2 
0,9 
0,9 
3,8 
0,6 
2,2 
1,0 
2,3 
4,9 
0,0 
0,6 
1,0 
2,9 
9,5 
4,0 
2,0 
3,6 
0,4 
2,7 
(43,3) 
101,5 
817,1 
16,9 
834,0 |s 
a. EE 
(4) 
908,2 
30,2 
51,6 
17,9 
65,3 
33,4 
32,9 
35,6 
27,0 
27,0 
23,6 
26,9 
14,7 
17,5 
35,8 
28,3 
37,6 
30,1 
28,4 
35,1 
21,3 
9,5 
43,5 
21,0 
10,9 
26,9 
21,0 
0,1 
9,9 
1,2 
10,4 
11,6 
10,1 
3,6 
5,4 
5,8 
4,8 
2,4 
1,5 
4,5 
9,1 
2,7 
12,7 
23,6 
1,9 
1,1 
2,8 
1,9 
4,7 
2,4 
0,9 
0,3 
2,5 
3,1 
2,7 
2,1 
0,4 
0,1 
0,7 
4,0 
0,2 
4,0 
(35,8) 
119,5 
1 027,7 
4,6 
1 032,3 0 
m° 
o.y 
Q- c 
2l 
H o 
(5) 
543,5 
5,8 
26,5 
37,8 
18,9 
26,1 
9,6 
20,0 
20,6 
26,8 
17,0 
31,3 
0,1 
28,6 
5,0 
23,1 
10,0 
22,6 
11,9 
13,0 
0,1 
19,1 
20,0 
19,6 
7,0 
1,7 
27,3 
9,5 
14,3 
7,3 
1,3 
2,1 
5,5 
0,9 
3,4 
17,7 
5,8 
0,0 
1,2 
2,7 
0,8 
1,0 
6,3 
1,2 
2,4 
2,0 
1,4 
0,8 
1,0 
1,3 
0,1 
0,3 
3,3 
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0,3 
(22,3) 
166,7 
710,2 
4,5 
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1,9 
5,1 
5,1 
4,7 
8,7 
5,2 
9,2 
10,3 
0,4 
7,0 
2,2 
3,7 
2,5 
0,2 
3,1 
3,6 
2,6 
7,1 
1,2 
2,2 
4,6 
0,6 
4,8 
3,5 
1,1 
1,3 
9,0 
2,4 
3,3 
2,1 
0,6 
1,8 
18,0 
10,2 
0,0 
0,2 
0,3 
0,1 
0,8 
0,7 
0,4 
0,2 
0,9 
1,3 
0,3 
0,0 
0,8 
0,3 
0,3 
0,1 
0,4 
0,1 
5,3 
0,0 
0,2 
(12,7) 
59,9 
270,5 
3,2 
273,7 <0 
tt> 
(7) 
73,4 
1,5 
1,4 
0,7 
1,5 
1,3 
2,1 
5,5 
4,5 
1,3 
3,8 
8,5 
0,4 
5,9 
0,7 
0,1 
10,1 
2,0 
0,1 
2,5 
1,4 
1,5 
0,0 
1,9 
4,9 
3,2 
— 
0,2 
0,3 
0,8 
2,9 
2,4 
— 
(6,6) 
7,7 
81,1 
4,1 
85,2 o 
, o 
•rt « 'bras hid 
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(8) 
248,4 
55,3 
20,0 
8,3 
6,0 
10,8 
9,0 
3,9 
10,2 
19,7 
0,9 
11,2 
5,3 
6,8 
9,3 
0,1 
3,0 
1,3 
5,8 
4,6 
12,0 
0,1 
3,3 
0,1 
2,6 
2,5 
2,7 
1,4 
2,1 
2,0 
2,6 
3,5 
5,8 
0,1 
6,4 
2,1 
4,1 
1,8 
0,1 
0,4 
0,8 
0,4 
— 
(9,7) 
0,5 
248,9 
— 
248,9 'o o o 
2o E 
o E-£ 
a. 8 B 
(9) 
36,2 
0,6 
0,6 
0,1 
0,0 
0,4 
1,1 
1,9 
8,6 
2,9 
0,7 
3,4 
0,1 
0,1 
1,0 
0,1 
0,8 
3,5 
2,7 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,8 
2,1 
1,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,8 
0,5 
0,1 
0,4 
0,6 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
— 
(1,0) 
37,8 
74,0 
2,8 
76,8 ® 
(8 " 
< CD 
(10) 
203,5 
44,7 
0,5 
2,8 
37,8 
5,3 
13,9 
2,4 
2,2 
13,7 
0,5 
0,4 
1,1 
19,6 
2,1 
2,0 
0,2 
1,6 
13,1 
4,4 
1,6 
1,5 
0,8 
0,5 
0,5 
7,7 
0,3 
0,1 
0,1 
3,2 
0,1 
0,1 
0,0 
4,7 
0,0 
0,0 
7,5 
0,2 
2,2 
0,4 
0,3 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
1,4 
0,2 
(6,5) 
18,5 
222,0 
0,9 
222,9(1) « 
1 c5 
£ 55 
(11) 
603,4 
11,1 
20,7 
38,3 
10,6 
26,5 
9,2 
1,0 
4,8 
2,6 
84,8 
7,6 
13,8 
25,8 
6,6 
78,3 
4,4 
85,7 
4,9 
28,8 
14,1 
1,2 
3,6 
4,3 
8,2 
17,5 
46,8 
2,9 
4,2 
— 
0,5 
6,6 
3,4 
3,9 
1,6 
7,4 
1,6 
6,0 
4,0 
0,1 
0,0 
(35,1) 
0,0 
603,4 
9,8 
613,2(2) E. 
+ 
l-S-
(12) 
3 565,2 
209,6 
139,1 
190,9 
175,9 
94,1 
110,3 
114,0 
106,2 
97,1 
86,1 
94,7 
72,1 
95,5 
159,2 
88,5 
91,9 
99,5 
81,4 
151,7 
130,6 
55,2 
151,2 
57,8 
68,8 
54,2 
49,9 
36,4 
27,9 
35,7 
29,0 
35,6 
32,5 
10,0 
21,7 
21,5 
28,1 
30,2 
86,3 
32,7 
22,8 
16,1 
37,2 
61,1 
2,9 
2,0 
5,6 
1,3 
18,5 
18,5 
7,9 
8,4 
9,6 
10,5 
5,8 
11,9 
2,2 
6,5 
6,9 
16,2 
7,9 
10,8 
12,9 
1,2 
7,4 
(174,9) 
544,2 
4 109,4 
47,3 
4 156,7 H O. 
(13) 
2 336,1 
153,3 
90,6 
104,2 
143,2 
52,8 
64,8 
78,7 
65,1 
57,5 
46,9 
41,7 
39,9 
56,5 
133,9 
62,3 
44,5 
75,5 
49,2 
116,7 
87,3 
23,2 
126,6 
43,9 
60,0 
31,7 
25,9 
34,7 
9,8 
20,7 
17,2 
16,1 
13,7 
3,3 
11,3 
11,2 
16,8 
24,3 
68,1 
26,7 
20,9 
6,9 
10,4 
27,8 
0,1 
0,9 
3,7 
1,0 
11,5 
13,2 
4,9 
7,8 
8,7 
2,6 
2,6 
10,5 
0,8 
5,1 
3,6 
15,9 
6,0 
8,8 
7,5 
0,9 
4,2 
(120,3) 
291,1 
2 627,2 
31,7 
2 658,9 
(1) Las diferencias con relación al § 23, columna 4, tienen su origen en el análisis distinto de los proyectos realizados en algunos países. 
(2) Las diferencias con relación al § 23, columna 5, tienen su origen en el análisis distinto de los proyectos Stabex realizados en algunos países. 
184 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
§ 26. Los FED 4.° y 5.°: Utilización de las ayudas por sector económico (situación a 31.12.1986) 
Dotación y utilización Decisiones de financiación y pagos por sector económico 
4.° FED: 
Dotación: 
3 196,6 Mió ECU (100 %) O 
Oto 
COCO 
Decisiones de financiación 
(Mió ECU) Total: 
3 133,5 Por sector económico: 
155,4 429,3 727,8 744,3 250,9 70,9 112,1 40,6 212,4 389,8 
Pagos (Mió ECU) 2 890,4 149,7 408,5 650,2 705,4 222,7 59,5 102,0 36,6 166,0 389,8 
-IOI 
5.° FED: 
Dotación: 
4 914,4 Mió ECU (100%) 
Decisiones de financiación 
(Mió ECU) Total: 
4 156,7 Por sector económico: 
55,0 834,0 lp> 
1 032,3 714,7 273,7 85,2 248,9 76,8 222,9 613,2 
Pagos (Mió ECU) 2 658,9 33,3 521,1 521,1 435,3 127,7 38,6 146,1 43,2 179,7 612,8 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 185 
§ 27. Los seis FED: Reparto de los pagos acumulados por país beneficiario (1960-1986) 
(Mió ECU) 
País beneficiario 
I. Países ACP, 
de los que: 
Etiopía 
Tanzania 
Sudán 
Uganda 
Malí 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Chad 
Ghana 
Zambia 
Costa de Marfil 
República Centroafricana 
Togo 
Mauritania 
Sierra Leona 
Congo 
Liberia 
Lesotho 
Guinea-Bissau 
Jamaica 
Botswana 
Surinam(1) 
Mauricio 
Guayana 
Swazilandia 
Gambia 
Papua-Nueva Guinea 
Fiji 
Gabón 
Islas Salomón (1) 
Nigeria 
Zimbabwe 
Otros países ACP: 
Angola 
Argelia 
Antigua y Barbuda (1) 
Bahamas 
Barbados 
Belice(1) 
Cabo Verde 
Comoras 
Djibout¡(1) 
Dominical1) 
Granada 
Guinea Ecuatorial 
Irian Occidental 
Kiribati (1) 
Mozambique 
Santo Tomé y Príncipe 
San Cristóbal y Nieves (1) 
Santa Lucía (1) 
San Vicente y las Granadinas (1) 
Samoa Occidental 
Seychelles 
Trinidad y Tobago 
Tuvalu (1) 
Vanuatu(1) 
(Total otros países) 
II. Proyectos regionales y 
gastos administrativos 
Total ACP (l + ll) 
III. PTU-DFU 
Total 1.8r FED 
500,7 
18,0 
42,3 
56,4 
31,1 
29,5 
9,8 
43,2 
5,1 
5,0 
52,4 
28,4 
20,3 
39,7 
16,7 
15,6 
15,4 
24,6 
17,5 
— 
25,6 
4,1 
— 
(29,7) 
2,2 
502,9 
66,5 
569,4 2.° FED 
659,3 
79,3 
33,9 
68,7 
31,7 
31,0 
27,9 
61,6 
22,4 
21,1 
55,5 
33,1 
23,4 
59,4 
27,7 
20,5 
18,2 
22,9 
21,0 
— 
— 
(-) 
8,4 
667,7 
62,7 
730,4 3.er FED 
804,6 
83,3 
50,5 
70,3 
47,6 
45,5 
40,7 
67,1 
34,0 
33,7 
61,1 
42,9 
27,6 
59,3 
29,6 
28,0 
27,2 
26,3 
4,6 
25,3 
— 
— 
(-) 
14,5 
819,1 
66,0 
885,1 4.° FED 
2 508,2 
146,9 
130,7 
116,7 
140,4 
83,7 
92,0 
83,3 
77,3 
104,4 
75,6 
72,4 
67,9 
72,9 
137,8 
68,5 
59,0 
65,2 
68,9 
59,4 
64,1 
56,6 
57,5 
45,6 
42,2 
78,5 
32,4 
42,3 
29,6 
22,3 
31,4 
16,2 
23,6 
11,0 
19,6 
16,8 
27,9 
22,1 
12,5 
19,5 
17,3 
8,3 
16,9 
— 
1,8 
3,0 
9,8 
9,0 
4,5 
4,6 
2,6 
6,8 
2,9 
2,2 
2,3 
0,5 
7,5 
3,1 
4,7 
5,1 
0,6 
— 
(71,0) 
309,7 
2 817,9 
72,5 
2 890,4 5.° FED 
2 336,1 
153,3 
90,6 
104,2 
143,2 
52,8 
64,8 
78,7 
65,1 
57,5 
46,9 
41,7 
39,9 
56,5 
133,9 
62,3 
44,5 
75,5 
49,2 
116,7 
87,3 
23,2 
126,6 
43,9 
60,0 
31,7 
25,9 
34,7 
9,8 
20,7 
17,2 
16,1 
13,7 
3,3 
11,3 
11,2 
16,8 
24,3 
68,1 
26,7 
20,9 
6,9 
10,4 
27,8 
0,1 
0,9 
3,7 
1,0 
11,5 
13,2 
4,9 
7,8 
8,7 
2,6 
2,6 
10,5 
0,8 
5,1 
3,6 
15,9 
6,0 
8,8 
7,5 
0,9 
4,2 
(120,3) 
291,1 
2 627,2 
31,7 
2 658,9 6.° FED 
112,6 
0,5 
3,5 
0,1 
38,5 
0,2 
0,4 
5,9 
0,2 
3,6 
28,1 
0,1 
0,3 
3,5 
9,3 
0,1 
0,1 
0,5 
0,4 
0,3 
4,8 
0,4 
— 
2,0 
9,1 
0,1 
0,0 
0,6 
— 
(11.8) 
4,1 
116,7 
— 
116,7 Total 
Importe 
6 921,5 
300,7 
224,8 
401,6 
322,1 
136,7 
283,9 
162,0 
337,8 
278,2 
228,7 
117,7 
107,8 
207,8 
471,7 
192,3 
163,3 
309,8 
222,8 
176,1 
151,4 
154,6 
342,5 
163,5 
175,6 
171,1 
58,4 
150,8 
39,4 
43,0 
49,1 
32,7 
37,6 
14,3 
35,5 
28,0 
44,7 
51,2 
80,6 
46,2 
102,0 
15,6 
27,3 
27,8 
25,6 
0,1 
2,7 
6,7 
1,0 
21,3 
24,2 
9,4 
12,4 
11,3 
9,4 
4,1 
5,5 
9,1 
12,7 
0,8 
7,4 
4,1 
23,5 
9,1 
14,1 
12,6 
1,5 
4,2 
(232,8) 
630,0 
7 551,5 
299,4 
7 850,9 % 
88,2 
3,8 
2,9 
5,1 
4,1 
1,7 
3,6 
2,1 
4,3 
3,5 
2,9 
1,5 
1,4 
2,6 
6,0 
2,5 
2,1 
3,9 
2,8 
2,2 
1,9 
2,0 
4,4 
2,1 
2,2 
2,2 
0,7 
1,9 
0,5 
0,5 
0,6 
0,4 
0,5 
0,2 
0,5 
0,4 
0,6 
0,7 
1,0 
0,6 
1,3 
0,2 
0,4 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
(3,0) 
8,0 
96,2 
3,8 
100,0 
(1) Estos países también han recibido dotación PTU—DFU. 
186 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
1.er FED 
2.° FED 
3.er FED 
4.° FED 
5.° FED 
6.° FED 
3,4 15,8 53,3 65,3 83,4 84,8 
21,9 
106,7 76,7 
31,6 
108,3 61,7 
42,9 
104,6 38,6 
67,9 
106,5 25,6 
89,4 16,1 
129,5 
145,6 11,4 
120,5 
22,5 
154,4 10,1 
78,6 
42,8 9,9 
49,4 
98,5 
157,8 5,5 
25,9 
140,6 
172,0 2,4 
23,3 
182,7 2,9 
17,2 
131,0 
97,5 
248,6 0,6 
16,3 
79,8 
148,0 0,8 
7,9 
66,0 
326,3 0,4 
4,1 
37,4 
423,4 
465,3 0,3 
2,5 
19,8 
459,3 0,4 
0,9 
20,7 
445,8 
195,9 0,4 
11,2 
305,5 
330,1 
663,7 647,2 0,1 
14,3 
285,2 
419,2 
718,8 0,1 
8,2 
185,2 
509,5 6,0 
105,7 
586,3 3,6 
108,5 
617,9 
116,7 
698,0 846,7 569,4 
730,4 
885,1 
2 890,4 
2 658,9 
116,7 
7 850,9 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 187 
Respuestas de las instituciones a las observaciones 
del Tribunal de Cuentas relativas al ejercicio de 1986 
PRIMERA PARTE 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
CAPÍTULO 1 
Observaciones generales 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
Introducción A. Propuestas de reforma fundamentales 
En su informe anual relativo al ejercicio 1986, el Tribunal 
incluye en el capítulo 1 una serie de observaciones 
generales centradas en: 
los principales datos presupuestarios resultantes de 
las cuentas del ejercicio 1986, y 
— la situación de las finanzas comunitarias. 
Antes de responder a estas observaciones, la Comisión 
estima pertinente recordar en este capítulo las propuestas 
fundamentales de las reformas que ha presentado. en 
1987. Estas propuestas hacen de 1987 un año clave en la 
evolución comunitaria hacia el restablecimiento de una 
política presupuestaria basada en unos principios 
rigurosos de buena gestión financiera en todos los 
ámbitos de las actividades comunitarias. La Comisión presentó en febrero de 1987 la comuni­
cación « Llevar a buen término el Acta Única » [Doc. 
COM(87)100] que esboza un número considerable de 
propuestas —agricultura, reforma de los Fondos 
Estructurales, financiación de la Comunidad y 
disciplina presupuestaria— destinadas a aportar una 
solución de conjunto y a medio plazo a los problemas 
que se le plantean a la Comunidad. 
La Comisión también presentó, de conformidad con 
las conclusiones de Fontainebleau, un informe sobre 
la financiación del Presupuesto de la Comunidad 
[Doc. COM(87)101]. Este informe contiene un 
análisis riguroso de las causas que han provocado la 
presente situación y una serie de propuestas para 
mejorarla radicalmente con vistas a la implantación 
de un nuevo régimen de recursos propios. 
Estas comunicaciones se han elaborado teniendo en 
cuenta los cauces que ha seguido la evolución comunita­
ria tras la ampliación y la aprobación del Acta Única. En 
estos dos textos básicos, la Comisión ha trazado las líneas 
de la reforma de los Fondos Estructurales, de la Política 
Agrícola Común, de la disciplina presupuestaria y del 
188 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
régimen de recursos propios. Los principales puntos de 
estas propuestas se indican a continuación. 
1. Por lo que respecta a los Fondos Estructurales, la 
Comisión propone, en las citadas comunicaciones, los 
principios de la reforma de los mismos cuya finalidad 
es que sus acciones tengan un impacto económico real 
merced a una concentración de los objetivos y de las 
regiones prioritarias, a una gestión más eficaz y más 
coordinada y a un aumento de los medios financieros 
puestos a la disposición de estos fondos. 
La Comisión ha elaborado una propuesta de conjun­
to con arreglo al artículo 130 D del Tratado CEE 
[Doc. COM(87)376 final 2]. El Tratado establece que 
el Consejo se pronuncie por unanimidad en el plazo 
de un año. De la reforma propuesta se desgranarán a 
continuación los reglamentos de aplicación sobre los 
que el Consejo se pronunciará por mayoría cualifica­
da. 
En esta propuesta de conjunto la Comisión completa 
y precisa los objetivos que había esbozado en su 
comunicación «Llevar a buen término el Acta 
Única» y describe las bases en que se fundamentan 
sus propuestas de reforma. 
2. Por lo respecta a la Política Agrícola Común, la 
Comisión elaboró —respondiendo así a una petición 
del Consejo Europeo de Bruselas— el« Balance de las 
medidas de control de los mercados agrarios y 
perspectivas de la Política Agrícola Común» [Doc. 
COM(87)410]. 
Este documento recuerda, principalmente, los « esta­
bilizadores » existentes y propone nuevos dispositivos 
destinados a mantener los gastos dentro de los límites 
presupuestarios previstos. 
La Comisión ya propuso en septiembre de 1987 
mecanismos de estabilización del gasto agrario para 
el azúcar, la leche, la carne de ovino, los cereales, el 
vino, la fruta, las hortalizas y el tabaco. 
3. Por lo que respecta a la disciplina presupuestaria 
—sobre la que se hacía especial hincapié en los 
documentos COM 100 y 101— la Comisión elaboró 
una comunicación a este respecto [Doc. COM(87)430 
final]. 
Ateniéndose a las propuestas adoptadas el mes de 
febrero y a las conclusiones del Consejo Europeo de 
Bruselas, esta comunicación se concentra en: 
— precisar los principios generales de la disciplina 
presupuestaria fijando las condiciones de su 
ejecución tanto en lo que respecta a la agricultura 
como a los GNO, — presentar los diferentes puntos de un Acuerdo 
interinstitucional. 
Por otra parte, la Comisión presentó, el 24 de julio de 
1987 [Doc. COM(87)400 final], las propuestas de 
modificación del Reglamento Financiero que repre­
sentan el soporte técnico indispensable para la 
realización de esta nueva disciplina presupuestaria y 
que se articulan principalmente alrededor de los ejes 
siguientes: 
— saneamiento de las condiciones de elaboración y 
ejecución del Presupuesto (una objetividad más 
rigurosa a fin de evitar cualquier presupuestación 
excesiva, refuerzo del principio de anualidad, 
etc.); 
— sustitución del sistema de anticipos por el de 
reembolsos en lo que concierne al FEOGA-
Garantía; 
— mejora del seguimiento de la ejecución (control 
más estricto, supresión de los compromisos 
inutilizados...). 
4. Finalmente, el 30 de julio de 1987 [Doc. COM(87)420 
final], la Comisión elaboró un proyecto de «Decisión 
relativa a los recursos propios» en el que recuerda y 
precisa los principios generales y el dispositivo del 
nuevo régimen de recursos propios y propone una 
decisión del Consejo. 
Las propuestas de la Comisión introducen en el 
régimen actual tres cambios principales: 
— fijan un límite, expresado en porcentaje del 
producto nacional bruto de la Comunidad, a los 
recursos propios de la Comunidad. Además de 
este límite, que corresponde a un 1,4 % del PNB 
comunitario en 1992, la nueva decisión relativa a 
los recursos propios establece límites anuales que 
representan el nivel máximo de recursos que 
pueden solicitarse. En lo que concierne a los 
créditos de compromiso, éstos no pueden rebasar 
el 1,4% del PNB en 1992; 
— modifican la composición de los recursos propios 
de la Comunidad a fin de vincular más estrecha­
mente los recursos propios a la prosperidad 
relativa de las Estados miembros y, por lo tanto, a 
s'us posibilidades contributivas; 
— introducen más flexibilidad en el sistema de 
recursos propios de la Comunidad evitando la 
erosión estructural de algunos de los recursos 
actuales. El proyecto de decisión prevé, además, 
otros posibles recursos propios además de los ya 
definidos. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 189 
La adopción de las propuestas que acaban de exponerse 
brevemente puede, en opinión de la Comisión, permitir 
no sólo que la Comunidad supere los difíciles momentos 
que atraviesa sino también relanzarla para alcanzar los 
objetivos definidos en el Tratado. La situación de las 
finanzas comunitarias —que el Tribunal describe con 
inquietud en el informe de 1986 así como en los informes 
precedentes—, situación que se caracteriza por la 
necesidad de enmascarar o posponer las implicaciones 
financieras reales de las políticas comunitarias, debe 
obligatoriamente resolverse aportando profundos cam­
bios a ciertas políticas de la Comunidad, mejorando en 
gran manera la práctica de gestión y permitiendo que la 
Comunidad disponga de recursos suficientes a fin de 
garantizar la cobertura presupuestaria de sus políticas. automáticamente a 1987 y 385,6 Mió ECU han sido 
anulados, de los cuales 195 Mió ECU en concepto de 
reembolsos a los Estados miembros por los gastos de 
percepción de los recursos propios y 121 Mió ECU en 
concepto de cooperación con los países de la cuenca 
mediterránea debido a la lentitud de ejecución de los 
proyectos en estos países. 
Por lo que respecta a los porcentajes de ejecución de 
los GNO en el ámbito de la cooperación al desarrollo, 
cabe recordar que la Comisión, a pesar de los avances 
efectuados, está muy condicionada por las adminis­
traciones de los Estados miembros (ayuda alimenta­
ria) y de los países beneficiarios de la cooperación 
financiera y técnica. 
B. Observaciones generales del Tribunal 
La Comisión estima necesario, a propósito de este 
capítulo • del informe del Tribunal, aportar las 
explicaciones y precisiones siguientes. 
Por lo que respecta a los principales datos presupuesta­
rios resultantes de las cuentas del ejercicio 1986, el 
análisis financiero que —de conformidad con el 
Reglamento financiero— se adjunta a las cuentas del 
ejercicio suministra las explicaciones necesarias para 
estudiar los gastos y los ingresos del ejercicio. 
Cabe resaltar que el subconsumo de los créditos 
concedidos en concepto de GO en ámbitos distintos al 
del FEOGA-Garantía no es un «fenómeno cuando 
menos paradójico habida cuenta del carácter fijo de 
estos gastos». 
Debe distinguirse entre: 
la clasificación en GO, que se deriva de la 
Declaración Común de 30 de junio de 1982 (GO 
significa existencia de una obligación «interna » o 
«externa» vinculante para la Autoridad Presu­
puestaria y el Ejecutivo) y tiene, por lo tanto, un 
carácter jurídico, 
y el ritmo de ejecución. 
Por lo tanto, es concebible y posible que haya GO 
que, por razones circunstanciales y según los ejerci­
cios presupuestarios, sólo puedan dar lugar a una 
ejecución parcial o incluso a ninguna ejecución. 2. Por lo que respecta a la situación de las finanzas 
comunitarias, la Comisión, al igual que el Tribunal, 
está convencida de la necesidad de garantizar la 
cobertura total de los gastos del ejercicio mediante 
ingresos anuales equivalentes, de conformidad con el 
artículo 199 del Tratado. 
Partiendo de esta óptica, la Comisión subraya los 
puntos siguientes: 
a) La Comisión, cada vez que así lo ha estimado, ha 
presentado las propuestas pertinentes a fin de 
restablecer el equilibrio entre ingresos y gastos. 
No obstante, en el curso del ejercicio no existe 
ningún mecanismo automático para conciliar los 
ingresos con los gastos si no se recurre a una 
rectificación del Estado de ingresos y/o del 
Estado de gastos mediante un Presupuesto 
Rectificativo y/o Suplementario. 
El Presupuesto para el ejercicio 1986 se aprobó el 
10 de julio de 1986. Inmediatamente después la 
Comisión reexaminó la situación financiera y 
propuso, el 4 de septiembre, un Anteproyecto de 
Presupuesto dentro de los límites de las disponibi­
lidades fijadas por el Tratado. Como hace constar 
el Tribunal, el Consejo no elaboró un proyecto de 
presupuesto, por lo que se ha agravado el 
desequilibrio financiero del ejercicio. 
b) En cuanto a los gastos futuros, la Comisión toma 
buena nota de la evaluación positiva del Tribunal 
a propósito de las mejoras aportadas por la 
Comisión a la presentación de las cuentas. No 
obstante, desea que algunas cifras que ha 
suministrado a título informativo en las cuentas 
de gestión de 1986, a fin de responder a los deseos 
del Parlamento Europeo y del Tribunal, no se 
adicionen. 
Por lo que respecta al subconsumo, en 1986, de GO 
distintos de los del FEOGA-Garantía cabe precisar 
que, del importe no utilizado, que asciende a 
796,9 Mió ECU, 411,3 Mío ECU se han prorrogado Efectivamente, tal como hace el Tribunal, convie­
ne distinguir entre, por una parte, los gastos 
correspondientes a deudas derivadas de la 
ejecución de presupuestos anteriores (véase el 
190 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
punto 1.14), incluido el de 1986 y, por otra parte, 
la previsible incidencia del coste de ciertas 
políticas en el futuro ya que no son jurídicamente 
vinculantes a pesar de que alcancen un cierto 
relieve político (véase 1.15). 
A la primera categoría pertenecen, entre otros, los 
compromisos contratados pendientes de liquida­
ción («carga del pasado»), que representan 
obligaciones jurídicas formales hacia terceros y 
las previsiones del coste de la liquidación de las 
existencias agrícolas. 
A la segunda categoría pertenecen una serie de 
decisiones políticas comunitarias, cuya traduc­
ción en compromisos presupuestarios aún no se 
ha efectuado (véase la postura del Tribunal a 
propósito del FEOGA-Orientación en el punto 
7.8). Las cifras relativas a esta segunda categoría 
dependen de la programación política y de las 
previsiones plurianuales. 
c) Por lo que respecta a la Política Agrícola Común, 
es cierto que los gastos agrarios han experimenta­
do un tasa de crecimiento superior a la de los 
recursos propios, contrariamente a las orientacio­
nes políticas del Consejo Europeo de Fontaine-
bleau. A este respecto el documento COM(87)410 
citado en el punto A destaca los importantes 
factores de gastos exógenos a la PAC (factores 
monetarios, deterioro de las condiciones de los 
intercambios mundiales), que escapan al control 
de la Comunidad y, sobre todo, recuerda los 
«estabilizadores» ya introducidos y propone los 
otros dispositivos que deberán implantarse a fin 
de contener el gasto dentro de los límites de las 
previsiones financieras. 
Con respecto al problema de la depreciación de 
las existencias agrarias, la Comisión se felicita del 
apoyo del Tribunal a su propuesta de consignar 
en el Presupuesto 1988 los créditos adecuados. 
d) Por lo que respecta a las observaciones del 
Tribunal relativas a la exactitud de la previsión 
presupuestaria y las conclusiones finales incluidas 
en el punto 1.27, la Comisión, mediante las 
propuestas citadas en el punto A y principalmente 
mediante la revisión general del Reglamento 
Financiero, ha propuesto la reforma global del 
sistema normativo comunitario y ello desde el 
mes de febrero de 1987 con los documentos 
básicos COM 100 y COM 101. 
C. Seguimiento de la gestión de las políticas 
comunitarias y de las observaciones de las 
autoridades de control 
1. La mejora de la gestión de las políticas comunitarias 
es una preocupación permanente de la Comisión que, en varios ámbitos e independientemente de las 
reformas mencionadas en el punto A, ha tomado 
iniciativas o decisiones que deben recordarse, al 
menos parcialmente, en este capítulo. 
— Por lo que respecta al FEOGA-Garantía, y 
especialmente al problema de las existencias 
agrícolas, la Comisión recuerda que se decidió 
una operación de liquidación excepcional de 
mantequilla que abarcaría el período 1987-1988, 
operación indispensable para reducir las existen­
cias actuales. Por otra parte, en el Anteproyecto 
de Presupuesto para el ejercicio 1988, la Comisión 
no solamente ha consignado créditos para la 
liquidación de las existencias sino también una 
partida sustancial para la depreciación de las 
existencias. La intención de la Comisión en el 
futuro es recurrir sistemáticamente a la deprecia­
ción y por ello ha incluido en sus propuestas 
relativas a la nueva disciplina presupuestaria las 
disposiciones pertinentes. 
Por lo que respecta a la liquidación de cuentas, 
respetando su compromiso de recuperar los 
retrasos acumulados y responder así a los deseos 
del Parlamento y del Tribunal, la decisión de 
liquidación para el ejercicio 1985 se efectuó en 
julio de 1987. 
— Por lo que respecta a la ayuda alimentaria, la 
adopción del Reglamento (CEE) n° 3972/86 del 
Consejo, de 22 de diciembre de 1986 —reglamen­
to que da a la Comisión el control efectivo de los 
suministros y adopta procedimientos más especí­
ficos para la ayuda alimentaria—, ha sido 
completado mediante un cuerpo único de modali­
dades para la movilización de la ayuda en todos 
los sectores, que fue aprobado por la Comisión el 
8 de julio de 1987 Reglamento (CEE) n° 2200/87. 
— Por lo que respecta a la investigación, la Comisión 
ha proseguido una política de evaluación sistemá­
tica de los programas IDT y piensa aprovechar la 
ejecución del nuevo programa marco 1987-1991 
para desarrollar esta actividad. Por otra parte, ha 
previsto presentar, en su programa de trabajo 
para 1987, una comunicación relativa a un 
programa de apoyo para la evaluación de los 
programas específicos. 
— Por lo que respecta a la coordinación de los 
instrumentos estructurales, la existencia de estruc­
turas de coordinación ya ha permitido que la 
Comisión obtenga una mayor coherencia en las 
intervenciones con fines estructurales. 
El fortalecimiento del proceso de coordinación 
llevado a cabo por la presente Comisión ha 
facilitado una mayor coherencia de la acción 
estructural llevada a cabo por la Comunidad, 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 191 
especialmente en lo que se refiere a los diversos 
enfoques integrados que se han concebido y 
lanzado, especialmente los PIM. La reforma de 
los fondos vendrá a coronar este movimiento 
hacia una mayor coordinación. 
— Finalmente, por lo que respecta a un mayor 
control de los fraudes e irregularidades, la 
Comisión, atendiendo a una solicitud del Parla­
mento Europeo, decidió el 14 de octubre de 1987 
un plan de intensificación de la lucha contra el 
fraude en detrimento del presupuesto comunita­
rio del que informará al Parlamento y al Consejo. 
2. La Comisión recuerda la importancia que concede al 
seguimiento de las observaciones efectuadas por las 
autoridades de control, que ya había destacado en su 
informe anual sobre el ejercicio 1985. Efectivamente, la Comisión considera absolutamente 
esencial que los compromisos tomados frente a estas 
instituciones se respeten. Así pues, a fin de poder tener 
una visión de conjunto de las acciones emprendidas y 
a fin de introducir, si fuere necesario, las rectificacio­
nes necesarias, la Comisión ha puesto a punto un 
procedimiento interno que le perrrute informarse cada 
año de los compromisos que ha tomado frente a las 
autoridades de control, de las medidas que han 
entrado en vigor o que están previstas, así como de su 
calendario de realización. 
Este procedimiento interno integra, asimismo, el 
procedimiento reglamentario previsto en el artículo 
85 del Reglamento Financiero relativo al procedi­
miento de descargo. 
192 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPITULO 2 
Ejecución presupuestaria 
RESPUESTAS DEL PARLAMENTO 
RESPETO DEL REGLAMENTO Procedimiento aplicable a los compromisos 
FINANCIERO 
Anualidad del Presupuesto 
2.25. El importe de 122 971 ECU se imputó al 
presupuesto para 1986, si bien refiriéndose a prestaciones 
de vigilancia efectuadas en 1985, con el fin de evitar las 
consecuencias desventajosas que podrían resultar de la 
suspensión de pagos debidos en virtud de obligaciones 
contractuales. 
La imputación de un importe de 37 400 ECU al 
presupuesto para 1986, si bien corresponde al coste de los 
seminarios celebrados en 1985, ha sido objeto de una 
negativa de visto bueno por parte del interventor y, acto 
seguido, de una decisión de ignorar a éste, teniendo en 
cuenta las obligaciones contraidas por la institución 
respecto de terceros. El hecho de haber sobrepasado los 
créditos para 1985 tuvo su origen en el sistema de 
compromisos provisionales que se ha sustituido a partir 
del 1 de enero de 1986 por el sistema más fiable de 
compromisos específicos para todos los seminarios 
organizados. 
En cuanto a la partida 2710, el 10 de diciembre de 1985 se 
estableció un compromiso de gastos de 300 000 ECU, con 
vistas a hacer frente a la necesidad de subcontratar los 
trabajos de reproducción durante la sesión de diciembre 
de 1985. El compromiso de gastos en cuestión se prorrogó 
automáticamente al ejercicio de 1986. Por lo tanto, dado 
que los trabajos de reproducción de diciembre de 1985 no 
tuvieron la importancia prevista, el compromiso de 
gastos no se agotó y, por error, se pagaron trabajos de 
subcontrato contratados en 1986 sobre la base de este 
compromiso. 2.29. Para los gastos de impresión de las actas literales 
derivados de los contratos plurianuales debidamente 
celebrados, tras haber obtenido el dictamen del Comité 
Consultivo de Compras y Contratos, y cuyo importe 
varía todos los meses según el número imprevisible de 
páginas, los compromisos de gastos se han establecido 
únicamente tras la recepción de las facturas, con el fin de 
indicar inmediatamente el importe exacto correspondien­
tes a los compromisos de gastos. Este procedimiento ya 
no se aplica. 
Las compras de dictáfonos y de máquinas de escribir 
destinadas a los servicios lingüísticos español y portugués, 
de difusores y de carros adicionales destinados al 
transporte de los baúles, que quedan cubiertos por los 
compromisos en cuestión por un importe total de 106 705 
ECU, son considerados por el ordenador de pagos y por 
el interventor como «gastos corrientes de gestión», de 
conformidad con el artículo 7 del Reglamento Financie­
ro. 
Normas de competencia y documentas 
justificativos 
2.38 y 2.39-2.41. Las disposiciones del artículo 61 de las 
nuevas Normas Internas de ejecución del presupuesto del 
Parlamento Europeo, aprobadas por la Mesa el 17 de 
diciembre de 1986 y transmitidas al Tribunal de Cuentas 
el 2 de febrero de 1987, han solucionado, y además de 
manera anticipada, los puntos suscitados por el Tribunal. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 193 
Observaciones diversas 
2.46. Los diez casos enumerados por el Tribunal de 
Cuentas son muy limitados comparados con el número de 
inscripciones en el inventario, superior a 5 000, para el 
mismo período. Las compras en cuestión han sido objeto 
de una regularización. La nueva aplicación «BUDG» ha sido concebida de manera que se pueda establecer un 
vínculo directo entre la autorización de la orden de 
compra de un artículo que se debe inventariar y su 
inclusión en el inventario por parte del ordenador. 
La mención que constata el dictamen de la Comisión 
Consultiva de Compras y Contratos se reproduce sobre 
cada propuesta de compromisos de gastos. 
RESPUESTAS DEL CONSEJO 
RESPETO DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO Documentos justificativos 
Procedimiento aplicable a los compromisos 2.40 - 2.41. Ya se han realizado algunos progresos en el 
sentido que desea el Tribunal. 
2.30. El importe de 199 477 ECU citado por el Tribunal, 
es únicamente una pequeña parte del importe total 
adeudado por los trabajos de que se trata. Se refiere en 
particular a las obras de tranformación de tres salas de 
reunión de la planta 15 del edificio Charlemagne, para las 
que, a su debido tiempo, se comprometió la cantidad de 
2 354 422 ECU antes del encargo y del comienzo de las 
obras. Por lo que respecta a la remisión de los justificantes 
«Retribuciones», el respeto estricto de los plazos 
previstos entraña grandes dificultades. Efectivamente, 
dichos documentos necesitan ser consultados en cual­
quier momento por el Servicio encargado de las 
retribuciones y, en especial, cuando se realizan cálculos 
retroactivos para las mismas. 
La Secretaría General se esforzará al máximo para evitar 
que se repita una situación como la que señala el Tribunal 
de Cuentas. No obstante, la Secretaría General adoptará las necesa­
rias medidas de organización para cumplir lo dispuesto en 
el artículo 79 del Reglamento Financiero. 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE 1986 una parte de estos créditos, puede considerarse que los 
créditos no utilizados son aquéllos añadidos por el 
Parlamento. 
Previsión presupuestaria y gestión de los 
créditos En todo caso la Comisión hace todo lo posible para 
ejecutar los créditos; sin embargo, no siempre puede 
lograrlo, bien porque la enmienda consigna una cantidad 
excesiva de créditos en el Presupuesto, bien porque no 
se establece la base jurídica necesaria a su debido tiempo. 
La Comisión, según establece en los documentos 
COM(87)100 y 101, se propone lograr que la consigna­
ción de créditos en el Presupuesto sea más estricta e invita 
a la autoridad presupuestaria a sumarse en el futuro a este 
esfuerzo. 
Evaluación general de la utilización de los créditos 
2.4. Los créditos concedidos como consecuencia de 
enmiendas presentadas por el Parlamento se añaden a los 
créditos ya aceptados por el Consejo. Desde un punto de 
vista puramente aritmético, en caso de que no se utilice Transferencias de créditos 
2.5. La Comisión reconoce que debe hacerse todo lo 
posible por mejorar las estimaciones en las que se basa la 
194 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
consignación de créditos en el Presupuesto. La Comisión 
está trabajando ya en este sentido. No obstante, quiere 
destacar una vez más lo siguiente: 
— las estimaciones se establecen aproximadamente 
nueve meses antes de que comience el ejercicio y por 
tanto son necesariamente aproximadas; 
en muchos sectores presupuestarios, la Comisión se 
ve limitada por factores externos (la ejecución 
depende del progreso de los trabajos de los cuales son 
responsables los beneficiarios externos). Es, por 
tanto, normal que se hagan ajustes por medio de 
transferencias durante el ejercicio; 
— finalmente, la Comisión quiere poner de manifiesto 
que el sector del FEOGA-Garantía no puede 
asimilarse a los demás sectores. 
De todos es conocida la precariedad estructural de las 
previsiones de créditos destinados al FEOGA-
Garantía ; estos créditos deben necesariamente sufrir 
ajustes, es decir, transferirse según las necesidades, 
fundamentalmente como consecuencia de los fenó­
menos coyunturales y monetarios que van unidos a 
este sector. 
Créditos de pago prorrogados 
2.8-2.10. La Comisión cree conveniente recordar a 
este respecto la interpretación que ya dio y que puede 
resumirse de la siguiente manera: 
«Las disposiciones del párrafo 3 del apartado 3 del 
artículo 1 del Reglamento Financiero no pueden interpre­
tarse haciendo abstracción de las disposiciones de la letra 
b) del apartado 2 del artículo 6, que estipulan que los 
créditos de pago no utilizados al término del ejercicio para 
el cual se han consignado serán automáticamente 
prorrogados al ejercicio siguiente. Dichas disposiciones 
sólo imponen una condición: los créditos de pago no 
utilizados únicamente pueden prorrogarse una vez. Por 
consiguiente, los créditos de pago prorrogados de 1985 a 
1986 forman parte de los créditos de pago disponibles en 
el ejercicio 1986 y pueden ser utilizados como tales. Si 
bien, en la práctica, los créditos prorrogados se utilizan 
efectivamente con prioridad para cubrir los gastos 
resultantes de la ejecución de los compromisos adquiridos 
durante ejercicios anteriores, no existe ninguna obliga­
ción jurídica de destinarlos exclusivamente a dichos 
gastos si estos no pueden absorberlos en su totalidad. La 
Comisión considera que, de este modo, actúa con arreglo 
a los principios de una buena gestión financiera y a la 
voluntad del legislador (').» Por tanto, cuando adoptó el Reglamento Financiero de 
1977, el Consejo estableció deliberadamente las disposi­
ciones antes mencionadas. Dichas disposiciones dan un 
carácter polivalente, dentro de los créditos disociados, a 
los créditos de pago, independientemente de que sean 
créditos prorrogados o créditos nuevos del ejercicio. 
Además, dado el carácter plurianual de los créditos 
disociados y el inevitable desfase temporal de la 
liquidación (o pago) de los gastos, es importante que los 
créditos de pago puedan servir para cubrir tanto los 
compromisos de ejercicios anteriores como los nuevos 
compromisos, puesto que resulta imposible hacer una 
previsión exacta de los créditos de pago que deben ser 
consignados en cada ejercicio. Así pues, teniendo en 
cuenta estas exigencias, el legislador adoptó disposiciones 
reglamentarias que permiten hacer frente a las necesida­
des de forma racional. 
Por el contrario, si se considera que, dentro de los créditos 
disociados, los créditos prorrogados sólo pueden utilizar­
se para cubrir compromisos anteriores, se asimila créditos 
disociados y créditos no disociados y no se tienen en 
cuenta las exigencias totalmente distintas del sistema de 
créditos disociados. 
Recurso a la reserva negativa 
2.13. La explicación que da el Tribunal acerca de los 
motivos (basados en el exceso de créditos consignados en 
el Presupuesto), que llevaron a la autoridad presupuesta­
ria a introducir una «reserva negativa», requiere las 
aclaraciones siguientes: 
— el recurrir a una reserva negativa ha sido, en este caso, 
una «solución de emergencia» que ha permitido a la 
autoridad presupuestaria, que se encontraba ante un 
bloqueo de las negociaciones, llegar a un acuerdo 
(aplicación de las disposiciones .del apartado 9 del 
artículo 203 del Tratado que fijan el nuevo porcenta­
je). Por otra parte, es posible introducir una reserva 
negativa puesto que al final del año siempre existe un 
margen de créditos disponibles, 
— la Comisión señala que en sus últimas propuestas 
[COM(87)100 y 101] recomendaba un mayor rigor a 
la hora de consignar los créditos en el Presupuesto e 
invitaba a todas las instituciones interesadas a 
sumarse a este esfuerzo. (') Las notas aparecen al final del capítulo. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 195 
RESPETO DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO 
Universalidad del Presupuesto 
2.16-2.17. En los puntos 2.16 y 2.17 el Tribunal 
condena la práctica de los « gastos negativos » que se lleva 
a cabo en ciertos sectores del FEOGA-Garantía, en 
particular como consecuencia de la creación de tasas de 
corresponsabilidad. 
Como respuesta a la observación del Tribunal, la 
Comisión señala lo siguiente: 
—- desde el punto de vista jurídico y formal, dicha 
observación no se refiere a la ejecución presupuesta­
ria sino a la normativa básica que debe aplicar la 
Comisión. La presentación y la ejecución del Presu­
puesto están por tanto en conformidad con la 
normativa vigente. Cabe señalar que el legislador 
optó deliberadamente por esta presentación al 
adoptar los Reglamentos de base [véase también la 
letra (b) del apartado 5.25], 
— de manera informal y para responder al deseo del 
Tribunal, la Comisión está dispuesta a sumarse a éste 
para realizar un estudio de la presentación más 
adecuada a tal fin. 
2.18. Está claro que la fusión de los tres elementos es 
contraria al Reglamento Financiero. No obstante, dado 
que la autoridad presupuestaria manifestó su voluntad a 
este respecto consignando en ingresos en el artículo 300 
un importe de 49,2 Mío ECU, la Comisión se vio obligada 
a proceder a la imputación con arreglo a lo previsto por el 
Presupuesto. 
En su carta de 6 de enero de 1987, la Comisión comunicó 
estos motivos al Tribunal, al Consejo y al Parlamento. 
Asimismo informó a dichas instituciones en el volumen I 
(sección III — Comisión) de la cuenta de gestión del 
ejercicio 1986. 
La Comisión se remite a la respuesta que dio a las 
observaciones del Tribunal sobre el ejercicio 1985 (puntos 
3.7-3.9). 
En las discusiones sobre el Anteproyecto de Presupuesto 
de 1985 se consideró la posibilidad de tener en cuenta en el 
Presupuesto del ejercicio 1986 el resto de déficit del 
ejercicio 1984, sin que posteriormente se hiciese nada al 
respecto. Por otra parte, debido a la demora de ciertos 
Estados miembros, una parte de los anticipos no 
reembolsables previstos en el Presupuesto del ejercicio 
1985 no fue cobrada hasta 1986. Era, por tanto, más 
lógico consignar únicamente en el Presupuesto del 
ejercicio 1986 el saldo de estos dos elementos, al que 
naturalmente se añadió el déficit del ejercicio 1985. 2.19. Habida cuenta de las repercusiones tanto institu­
cionales como reglamentarias y presupuestarias, la 
Comisión toma nota de la observación del Tribunal y se 
compromete a examinar este problema. 
2.20-2.21. En 1986, como consecuencia del aumento 
imprevisto de las tarifas postales de Luxemburgo el 1 de 
enero de 1986, la Oficina de Publicaciones, por primera 
vez, tuvo que volver a utilizar una parte de los recursos 
para cubrir los gastos de franqueo. Hay que admitir que 
este procedimiento (transferencia directa de la partida no 
incluida en el Presupuesto «ingresos procedentes de las 
ventas» a la partida presupuestaria «franqueo» de la 
Oficina, en lugar de hacer transferencias entre las partidas 
presupuestarias correspondientes de las diferentes institu­
ciones) no ha sido satisfactorio. En lo que se refiere al año 
en curso, se están respetando rigurosamente las disposi­
ciones del Reglamento Financiero. 
El importe de ingresos que puede volver a utilizarse y que 
está consignado en los comentarios del Presupuesto es tan 
solo una estimación. El importe real que se vuelve a 
utilizar se deriva de las- operaciones efectivamente 
realizadas que determinan los ingresos disponibles y los 
correspondientes gastos que hay que cubrir; dicho 
importe puede ser superior al previsto en el momento de 
adoptar el Presupuesto 
Anualidad del Presupuesto 
2.24. Véase la respuesta a los apartados 2.8. y 2.10. 
2.26. La Comisión está dispuesta a examinar los puntos 
mencionados por el Tribunal. 
Procedimiento aplicable a los compromisos 
2.28. Los retrasos se debieron fundamentalmente a 
problemas de informática. La Comisión adoptará las 
disposiciones necesarias para evitar que esto vuelva a 
producirse en un futuro. 
2.31. Esto ocurrió en tres ocasiones. En una de ellas, fue 
necesario realizar un trabajo durante el período de 
navidad de 1985. La compañía facturó en 1985 y la orden 
de pedido se expidió en 1986 para regularización. 
En otra ocasión, se trataba de la entrega/trabajos 
urgentes de instalación de la nueva Comisión. La 
Comisión hace lo posible por atenerse a los procedimien­
tos, aun tratándose de trabajos urgentes. 
196 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Con trol financiero 
2.35 - 2.37. A consecuencia de dificultades administra­
tivas y de personal, el XIII informe del interventor, cuya 
obligatoriedad se recoge en el apartado 3 del artículo 24 
del Reglamento Financiero, se presentó con retraso a la 
Comisión. Dicho informe ya ha sido comunicado al 
Tribunal. 
El interventor tiene la intención de reanudar el precedente 
ritmo anual. No se considera necesaria la adopción de un 
ritmo semestral, y aún menos trimestral. Si bien es 
importante conocer el importe de los derechos pendientes 
de cobro, hay que señalar que dicho importe varía poco y 
que además, como es bien sabido, por motivos ajenos a la 
Comisión se producen retrasos en los cobros (PVD, cobro 
de sanciones a consecuencia de recursos ante el Tribunal 
de Justicia). Por ello, la elaboración de informes 
frecuentes seria necesariamente reiterativa. 
2.36. En respuesta al XIII informe especial cuya 
obligatoriedad se recoge en el apartado 3 del artículo 24, 
un grupo compuesto por integrantes de varios servicios 
elaboró un informe específico sobre las consecuencias 
financieras de los fraudes. Dicho documento está a 
disposición del Tribunal. 
Documento justificativo 
2.40 - 2.42. Los documentos justificativos de los com­
promisos se remitieron al Tribunal el 7 de mayo de 1987, y 
los de los ingresos el 8 de mayo de 1987. 
En lo que se refiere a los documentos justificativos de los 
gastos efectuados en concepto del FEOGA-Garantía, hay 
que señalar que forman parte de los documentos del 
trimestre en el cual se imputan los gastos de manera 
definitiva; no obstante, los gastos correspondientes al 
período de marzo a noviembre de 1986, debido a 
dificultades en la gestión informatizada, no han sido 
objeto de imputación hasta el cuarto trimestre de 1986. 
2.43. A fin de atenuar los problemas observados en la 
transmisión de documentos justificativos, se ha advertido 
a los servicios para que respeten la normativa vigente. 
2.44. La Comisión reconoce que los listados de 
ordenador que se adjuntan con las órdenes de pago 
colectivas podrían ser objeto de una mejor certificación. 
En 1987, se han adoptado disposiciones para que los 
funcionarios de los servicios competentes (el ordenador 
de pagos y el interventor) dejen constancia, ante el 
contable encarcagado de efectuar el pago, de que el 
listado que se adjunta con la orden de pago colectiva ha 
sido visado e intervenido por ellos mediante la comproba­
ción de documentos justificativos originales (o conformes 
con el original) y de que la suma de los importes parciales 
de los diferentes pagos individuales se corresponde con el 
importe total de dicha orden de pago. En cuanto a los justificantes, ya no es necesario 
acompañarlos a las órdenes de pago que se emiten con 
cargo al Fondo Social Europeo. Dichos documentos ya 
no son indispensables para que el contable de la Comisión 
pueda efectuar pagos de cuya regularidad queda constan­
cia sobre todo por el visto bueno del interventor. 
La práctica de no adjuntar a las órdenes de pago 
colectivas del FSE los documentos justificativos origina­
les o sus copias, responde al deseo de agilizar los 
procedimientos de pago y evitar que gran parte del 
esfuerzo de determinados servicios se pierda cada cierto 
tiempo en la organización del envío y la expedición de 
cantidades ingentes de documentos. 
Por otra parte, todo está dispuesto de manera que las 
diferentes instancias de control puedan cumplir su labor. 
En lo que se refiere al Tribunal, sus funcionarios tienen 
acceso en todo momento a los expedientes del FSE. 
Además, a partir de 1987 el Tribunal puede acudir 
directamente a los ficheros informáticos del FSE; la 
Comisión ha accedido de buen grado a la solicitud del 
Tribunal en este sentido, considerando que se trata de un 
medio concreto que puede facilitar sensiblemente su 
labor. 
Toda interpretación extensiva de las normas vigentes 
sobrecargaría los circuitos administrativos, de por sí ya 
muy sobrecargados por la existencia de varios miles de 
solicitudes de pago que hay que tramitar y ejecutar cada 
año. 
GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS 
Interpretación de la noción de compromiso 
2.50 - 2.53. La Comisión está dispuesta a realizar caso a 
caso las posibles mejoras y a profundizar en este tema con 
el Tribunal. 
No obstante, no parece muy viable la idea de dar una 
definición normativa a la noción de compromiso a fin de 
dotarla de un alcance único para todo el Presupuesto. El 
carácter heterogéneo de los diversos sectores presupues­
tarios y de sus respectivos Reglamentos de base es un 
hecho cierto, y no parece posible que pueda desarrollarse 
una fórmula o definición única aplicable en todos los 
sectores. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 197 
Seguimiento de los compromisos con cargo a 
créditos disociados pendientes de liquidación Recuperación de entregas a cuenta por 
modificación o anulación de compromisos 
2.54. El aumento en un 5,5 % en 1986 del importe de los 
créditos disociados pendientes de liquidación no es en sí 
mismo índice de una mala gestión. Debido al constante 
aumento del importe de los créditos, el importe de los 
compromisos pendientes de liquidación tiende a aumen­
tar también automáticamente. 
2.55-2.58. Tras la Decisión de la Comisión, de 18 de 
noviembre de 1985, se adoptaron diversas medidas, sobre 
todo por los ordenadores de pagos de los fondos 
estructurales, encaminadas al control y la liquidación de 
los expedientes antiguos. El propio Tribunal señaló sus 
efectos, ya fácilmente apreciables, sobre el Fondo Social. 
Se han adoptado medidas similares con respecto al 
FEDER y al FEOGA-Orientación, pero las consecuen­
cias no son tan patentes debido a dos razones fundamen­
tales: por un lado, por su propia naturaleza, la duración 
de las acciones financiadas por los dos Fondos es mayor, 
por otro, las disposiciones reglamentarias son menos 
restrictivas. 
En el futuro, la Comisión pretende actuar del siguiente 
modo: 
en cuanto a la nueva propuesta modificada del 
Reglamento Financiero, preconiza la inserción en el 
artículo 1 de la siguiente disposición: 
« Las obligaciones jurídicas contraídas con respecto a 
acciones cuya realización se extienda a más de un 
ejercicio implicarán una fecha límite de ejecución, que 
deberá precisarse, en lo que se refiere al beneficiario, 
como resulte más conveniente en el momento de 
conceder la ayuda.» Sobreestimación de las solicitudes de entregas a cuenta 
2.64. Las recuperaciones del Fondo Social Europeo no 
se deben siempre a una sobreestimación de gastos. Con 
frecuencia, las cantidades a recuperar corresponden a 
anticipos para acciones que sólo se realizan en parte, o 
que no pueden realizarse. 
La Comisión ha advertido a los Estados miembros de la 
necesidad de presentar solicitudes de ayuda que se 
atengan a sumas cercanas a las posibilidades de ejecución 
de los organismos competentes y cuyas previsiones, en lo 
que se refiere a los costes, se basen en cálculos más 
precisos que los que a menudo se vienen utilizando. En 
cuanto a este último, el artículo 5 de la Decisión 83/673/ 
CEE prevé que, en el supuesto de que una acción para la 
cual se ha solicitado o se ha concecido ayuda, no pueda 
realizarse o pueda realizarse sólo en parte, el Estado 
miembro debe comunicarlo a la Comisión sin tardanza. 
No obstante, en este caso, si la comunicación se produce a 
su debido tiempo, el pago de los anticipos puede ser o bien 
suspendido por la Comisión a solicitud del Estado en 
cuestión [cf. apartado 3 del artículo 5 del Reglamento 
(CEE) n° 2950/83], o modificado teniendo en cuenta las 
previsiones de realización parcial. 
Retraso en la determinación de los importes por cobrar 
en cuanto a las decisiones de concesión de ayudas (ya 
sea o no por vía contractual), la inserción de una 
cláusula en la que se establezca una fecha o un plazo 
límite para la ejecución. 
Créditos de compromiso disponibles por 
anulación de compromisos de años anteriores 
2.61. La Comisión señala que los cuatro puntos que se 
contemplan son de distinta naturaleza. Los puntos (a), 
(b), (c) se refieren a las disposiciones reglamentarias 
vigentes. En cuanto al (d), como el Tribunal indica, la 
Comisión se atiene, a partir de 1987, a las disposiciones 
del artículo 95 sobre las modalidades de ejecución. 
2.62. Véase la respuesta a los puntos 2.55-2.58. 2.65 - 2.67. La Comisión hace todo lo posible por 
cobrar los importes que se le adeudan. 
En este sentido, se ha advertido a todos los servicios 
encargados de la gestión de créditos (advertencia que se 
dirige sobre todo al FEOGA-Orientación, citado por el 
Tribunal, y también al FEDER) a que se atengan 
estrictamente a las instrucciones previstas en lo que se 
refiere a la emisión de las órdenes de ingreso desde el 
momento en que se determine el importe que se ha de 
cobrar. 
Además, la Comisión previo unas «disposiciones de 
procedimiento interno relativas al pago de las deudas que 
no sean multas o exacciones», teniendo en cuenta, 
especialmente, medidas en materia de intereses de 
demora. 
198 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Intereses sobre las entregas a cuenta a recobrar 
2.68 - 2.69. La Comisión comparte la preocupación del 
Tribunal a este respecto. Además, siempre que los fondos comunitarios sean 
obtenidos, conservados o utilizados de manera 
fraudulenta, la Comisión podrá imponer penalizacio-
nes. 
Hay que hacer constar que, dentro de la propuesta de 
modificación general del Reglamento Financiero 
[COM(84)123 final de 9 de marzo de 1984], la Comisión 
ha propuesto —en la nueva redacción del articulo 47— la 
siguiente disposición: 
«1. Toda cantidad entregada a los beneficiarios de 
ayudas comunitarias: 2. Las formas de aplicación de las normas anteriormen­
te mencionadas figuran en un Reglamento de 
aplicación elaborado por el Consejo basándose en el 
articulo 209 del Tratado de la CEE.» 
La Comisión confía en que el Consejo acoja favorable­
mente dicha propuesta. 
— bien sea en concepto de anticipo 
— bien sea dentro del procedimiento normal de 
liquidación, Observación final sobre la gestión de los 
compromisos 
que dé lugar a reembolsos en favor del Presupuesto 
General, producirá intereses. 2.70. Estos puntos figuran en las propuestas de la 
Comisión contenidas en el documento COM(87)101. 
RESPUESTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESPETO DEL REGLAMENTO FINANCIERO 
Documentos justificativos 
2.41. Los servicios del Tribunal de Justicia son conscientes de la importancia que tiene la comunicación trimestral de los 
documentos justificativos de los asientos a que se refiere el artículo 79 del Reglamento Financiero, para que el Tribunal de 
Cuentas pueda cumplir su misión en condiciones óptimas. Los referidos servicios se esforzarán porque en el futuro se haga 
dicha comunicación regularmente y a su debido tiempo. 
RESPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
RESPETO DEL REGLAMENTO FINANCIERO 
Anualidad del presupuesto 
2.27. (a) La imputación al presupuesto de 1987 de los sueldos de diciembre de 1986 de nuevos funcionarios es 
consecuencia de las características del sistema de proceso informatizado de la nómina. 
(b) Para evitar en el futuro los problemas de imputación entre ejercicios, todos los anticipos se contabilizarán en el ejercicio 
corriente con las liquidaciones de gastos de misión hechas sobre prórrogas de derecho y no en período complementario. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 199 
RESPUESTAS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
RESPETO DEL REGLAMENTO Documentos justificativos 
FINANCIERO 
Procedimiento aplicable a los compromisos 
2.32. A raíz de las observaciones formuladas por el 
Tribunal, el CES extendió progresivamente la norma 
general de manera que en todos los casos se proceda a un 
compromiso previo de los gastos. Así se ha hecho para el 
Capítulo 11 — Remuneraciones, el Capítulo 20 — 
Arrendamiento de inmuebles y el Capítulo 25 — Gastos 
de reuniones, así como para el número limitado de 
transacciones en otros capítulos que hasta ahora no 
estaban sujetas a ese sistema. 
2.33. Además, el CES se está preparando para implan­
tar en la contabilidad general un sistema automático que 
permita ejercer un control más rápido y generalizado 
sobre el establecimiento de los compromisos. 
Control financiero 
2.34. A raíz de las observaciones formuladas por el 
Tribunal, la situación ha mejorado considerablemente. 
En efecto, actualmente se antepone la firma del ordena­
dor a la del interventor financiero. Se han adoptado las 
medidas necesarias para que el interventor financiero dé 
su autorización antes de efectuar los pagos. 2.40. Las causas de los retrasos señalados por el 
Tribunal provienen directamente de una debilidad en la 
estructura del servicio financiero en su conjunto. 
Efectivamente, existe una falta evidente de personal como 
consecuencia del aumento que se ha registrado en los 
últimos años en el volumen de operaciones (ampliación). 
Observaciones diversas 
Firmas autorizadas 
2.47. El Comité está dispuesto a ajustarse al Reglamen­
to Financiero en la medida en que lo permitan los 
reducidos efectivos del personal. 
Regulación de anticipos — Gastos de reuniones 
2.48. La administración de anticipos para reuniones 
desapareció en octubre de 1986, cuando la persona que 
desempeñaba esa función fue nombrada contable. Por 
consiguiente, no existe ya administrador de anticipos en el 
CES. 
(0 Este texto supone una confirmación de la respuesta 
anteriormente dada (cf. DO C 342 de 31.12.1980, p. 277). 
200 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPITULO 3 
Contabilidad 
RESPUESTA DEL PARLAMENTO 
OBSERVACIONES SOBRE LA CONTABILIDAD GENERAL 
Y LOS BALANCES 
Déficit de caja 
3.2. A raíz de la Decisión de 11 de julio de 1986 relativa a la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo (DO C 
227/154 de 8.9.1986), se ha iniciado un nuevo procedimiento disciplinario. 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
OBSERVACIONES SOBRE LA 
CONTABILIDAD GENERAL 
Y LOS BALANCES los plazos necesarios para cerrar los expedientes que 
dieron lugar a reembolso de anticipos concedidos, así 
como las dificultades que encontraron los servicios de 
la Comisión para indentificar los importes pagados 
por numerosos deudores, a menudo organismos 
nacionales, que omiten indicar la referencia jde su 
pago, lo que impide la tramitación utilización de los 
expedientes y retrasa la consignación definitiva de los 
ingresos percibidos. 
Ingresos diversos a imputar 
3.3. El incremento de la partida «Ingresos diversos a 
imputar», a 31 de dicembre de 1986, se debe a varias 
razones: 
— el fuerte aumento del número de ingresos durante los 
dos últimos ejercicios, en particular, la recuperación 
de contribuciones no utilizadas; La Comisión prestará especial atención a la observación 
del Tribunal para dar cuanto antes una solución 
apropiada a este problema. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 201 
Ingresos a cobrar 
3.4. Las cifras que cita el Tribunal hacen necesarias las 
observaciones siguientes. 
El importe de 237,2 Mió ECU incluye derechos aún no 
exigibles (principalmente multas impuestas por la 
Comisión: 70,9 Mió ECU, cubiertas por garantías 
bancadas a la espera de la sentencia del Tribunal de 
Justicia) y recursos propios y sus correspondientes 
intereses de demora (70,1 Mió ECU). 
En cuanto al resto, unos 59 Mió ECU fueron recuperados 
en 1987 y los servicios contables de la Comisión realizan 
un seguimiento permanente 
Derechos e impuestos a recuperar 
3.5. El procedimiento de seguimiento del IVA pendiente 
de recuperación se empezó a aplicar el 1 de enero de 1987; 
desde entonces se analizan todos los impuestos pagados y 
se incluyen en listados informáticos que permitirán incluir 
en el balance el importe potencial de los impuestos a 
recuperar. 
La Comisión ha iniciado una serie de negociaciones con 
cada uno de los Estados miembros para obtener una 
«exención directa» en lugar de un «reembolso a 
posteriori», tal como desean el Parlamento y el Tribunal. 
En cuanto al importe de los IVA pendientes de 
recuperación para el ejercicio 1986, la Comisión, en el 
momento de la elaboración del balance, todavía no 
dispone de los datos sobre el conjunto de los antiguos 
Estados miembros. Los dos nuevos Estados miembros, a 
pesar de las diferentes gestiones realizadas por la 
Comisión para que se entablen negociaciones sobre la 
aplicación de los artículos 3 y 4 del Protocolo sobre los 
Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades 
Europeas, todavía no han respondido favorablemente a 
estas peticiones. 
Anticipos al personal 
3:6. Los servicios administrativos y contables de la 
Comisión examinan permanentemente las cuentas de 
anticipos al personal. Aunque la situación no sea 
satisfactoria, puede decirse que ha mejorado desde 1985. 
Asimismo, el 1 de enero de 1987 la Comisión creó un 
nuevo sistema informático contable (SINCOM) para su 
contabilidad general que facilitará considerablemente el análisis de las cuentas; este sistema permite el teletrata­
miento, las consultas en pantalla, la edición puntual de 
listings específicos y el registro histórico de los movimien­
tos, que representan importantes ventajas con respecto al 
sistema utilizado hasta finales de 1986. 
3.7. El progresivo incremento del importe de la cuenta 
«anticipos sobre sueldos» se debe al importante aumento 
de la contratación a finales de año como consecuencia, 
principalmente, de la ampliación. La Comisión recuerda 
que no es posible incorporar las remuneraciones de los 
agentes en el sistema informatizado de la nómina hasta 
dos meses después de la entrada en funciones 
La inclusión en la rúbrica « Gastos a imputar » en lugar de 
«Deudores diversos» de algunos anticipos pagados al 
personal no modifica el balance. En este caso concreto, la 
Comisión tendrá en cuenta esta observación al cierre del 
ejercicio, el 31 de diciembre de 1987. 
OBSERVACIONES SOBRE LOS 
DESCUENTOS Y LOS PLAZOS DE PAGO 
CONCEDIDOS A LA COMISIÓN Y A LA 
OFICINA DE PUBLICACIONES 
Descuentos 
3.15. El pago de las facturas de la Oficina de Publicacio­
nes se efectúa bajo la responsabilidad de los servicios de la 
Comisión. En caso de descuento deducible, la Oficina 
puede utilizar el procedimiento de pago acelerado que 
han establecido los servicios de la Comisión en Luxem-
burgo (veáse punto 3.13) y beneficiarse del descuento 
deducible. 
Conclusiones 
3.17. La Comisión toma nota de las observaciones del 
Tribunal y procurará satisfacerlas del modo más 
apropiado, especialmente por lo que respecta a los 
descuentos. 
202 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
RESPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
OBSERVACIONES SOBRE LA CONTABILIDAD GENERAL Y LOS BALANCES 
Capital circulante de la Oficina de Publicaciones 
3.8. La observación está justificada y se efectuará la rectificación en las cuentas del ejercicio 1986. 
Importes a cobrar 
3.9. El Tribunal ya ha emitido dos órdenes de recobro con fecha 4 y 24 de agosto de 1987. 
RESPUESTAS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
OBSERVACIONES SOBRE LA 
CONTABILIDAD en cuentas extrapresupuestarias a fin de reflejarlos de la 
manera más transparente posible y permitir su regulariza-
ción en el trascurso del año 1987. 
Cierre del ejercicio 
3.10. La necesidad de cerrar las cuentas de gestión de 
1986 en condiciones excepcionalmente difíciles no 
permitió contabilizar presupuestariamente ciertos pagos 
relativos a 1986. En su defecto, los gastos fueron inscritos Contabilidad en divisas 
3.11. A raíz de las observaciones formuladas por el 
Tribunal se procedió desde 1987 a modificar la presenta­
ción de las cuentas financieras con el fin de llevarlas a 
partir de ahora tanto en ECU como en divisas. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 203 
CAPÍTULO 4 
Ingresos 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
RECURSOS PROPIOS PROCEDENTES DEL 
IVA 
4.5. La Comisión quiere destacar que los cálculos 
sucesivos del importe de las doceavas partes del IVA 
durante el año 1986 corresponden a la aplicación de las 
normas presupuestarias. 
4.8. Tras las inspecciones llevadas a cabo en 1986, se 
resolvieron muchos de los casos de litigio entre la 
Comisión y los Estados miembros. De los casos de litigio 
que menciona el Tribunal, dieciséis siguen pendientes y 
siete de ellos han sido ya objeto del procedimiento de 
infracción previsto en el artículo 169 del Tratado CEE. 
En lo que respecta a la evaluación de la incidencia 
financiera de estos casos, la Comisión señala que son los 
Estados miembros quienes deben calcular los importes ya 
que son los únicos que poseen los datos necesarios; la 
Comisión sólo realiza una inspección a posteriori. 
Seguimiento de la aplicación de la Sexta 
Directiva del Consejo sobre el IVA 
4.9. Los problemas que menciona el Tribunal de 
Cuentas están siendo resueltos. 
Como consecuencia de la reorganización de los servicios 
se han contratado nuevos funcionarios. 4.9. (b) El 6 de julio de 1987 se remitió una carta a todas 
las administraciones nacionales competentes, solicitando 
la documentación nacional necesaria 
Los Estados miembros se han puesto ya en contacto con 
la Comisión con el fin de responder a su petición. 
4.9. (c) La legislación nacional es examinada en primer 
lugar por el funcionario responsable de la actualización y 
del seguimiento de dicha legislación. Por otra parte, se 
extenderá la práctica de los informes por sectores a fin de 
poder comparar las legislaciones de los distintos Estados 
miembros. Con este doble sistema quedará garantizado 
un examen tanto vertical como horizontal de las 
legislaciones nacionales. 
3S Si existiesen dudas acerca de la compatibilidad de una 
/a medida nacional, el funcionario encargado del tema 
la elaborará una ficha con la mención « caso para examen ». 
Posteriormente, el caso será examinado más detenida­
mente a fin de decidir qué medidas se pueden tomar al 
respecto. Los casos dudosos se introducirán en un sistema 
informático que garantizará una gestión más eficaz y un 
mejor control del desarrollo de los procedimientos. 
Además, se podrá establecer un listado de casos dudosos 
y un historial de los mismos desde su origen hasta, en su 
caso, la sentencia del Tribunal de Justicia. 
El primer estudio de las legislaciones es realizado por la 
división del «IVA y otros impuestos sobre el volumen de 
negocios». Después de examinar el expediente de «caso 
dudoso», la dirección decidirá si se archiva o se transmite 
a la división encargada de las infracciones. Ésta se 
encargará de dar curso al expediente. 
4.9. (a) A partir del 1 de julio de 1987 queda 
garantizado el estudio sistemático de las legislaciones 
nacionales de todos los Estados miembros sin excepción. La coordinación necesaria entre las Direcciones Genera­
les se realizará mediante los procedimientos adecuados. 
204 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
4.10. Las diferencias que existen todavía en la presenta­
ción de los cálculos relativos a la determinación del tipo 
medio ponderado (T.M.P.) que llevan a cabo ciertos 
Estados miembros sólo tienen ya repercusiones de tipo 
formal. Por tanto, no constituyen un obstáculo para el 
cálculo exacto del T.M.P. o para el control que realiza la 
Comisión 
RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES 
Puesta a disposición de los derechos de 
aduana por España y Portugal 
4.12-4.13. Como menciona el Tribunal, la Comisión 
hizo un requerimiento formal de pago de los derechos de 
aduana devengados antes del 30 de abril de 1987 a España 
y Portugal. Dichos Estados miembros no han atendido al 
requerimiento y la Comisión estudia los procedimientos 
que deberán aplicarse contra ellos. 
Información financiera contenida en los 
estados mensuales de cuentas de los Estados 
miembros correspondientes a los recursos 
propios tradicionales 
4.14 - 4.17. La Comisión reconoce que podría mejorar­
se la información contenida en los estados mensuales de 
cuentas correspondientes a los recursos propios tradicio­
nales, que le son remitidos cada mes. Por este motivo, está 
elaborando un proyecto de estado mensual de cuentas 
que será presentado en breve a los Estados miembros. 
Además, los Estados miembros han aceptado ya, en una 
orientación del Consejo sobre las modificaciones del 
Reglamento (CEE) n° 2891/77 pendiente de aprobación, 
el principio de una mayor precisión en dichos estados 
mensuales de cuentas. 
La Comisión señala también que una parte de sus 
propuestas de modificación del Reglamento (CEE) n° 
2891/77, que fueron transmitidas al Consejo a partir de 
1982 y con respecto a las cuales no se ha tomado aún 
ninguna decisión, tienen por objeto el mejorar considera­
blemente su información acerca de la gestión de los 
recursos propios tradicionales por parte de los Estados 
miembros. Determinación y puesta a disposición de los 
derechos de aduana y las exacciones agrícolas 
4.20 - 4.22. La Comisión está de acuerdo con el 
Tribunal y señala que, en la concertación con el 
Parlamento Europeo del 15 de junio de 1987 sobre la 
Orientación común del Consejo relativa a una primera 
serie de modificaciones del Reglamento (CEE) n° 
2891/77, la Presidencia del Consejo se comprometió a 
concluir con la mayor brevedad posible los trabajos de 
revisión de dicho Reglamento, en particular, en lo que se 
refiere a la liquidación de los recursos propios. 
Utilización de los datos de las importaciones 
como medio para comprobar los derechos de 
aduana liquidados por los Estados miembros 
4.23 - 4.25. La Comisión ha tomado nota del estudio 
del Tribunal que sigue siendo examinado por sus servicios 
y está de acuerdo en que no es posible efectuar una 
comparación sencilla entre las estadísticas comerciales y 
los ingresos arancelarios. La Comisión comparte el 
interés del Tribunal por un método que permita aumentar 
la eficacia de sus controles. 
Compensación a tanto alzado a los Estados 
miembros de los gastos de recaudación de 
recursos propios 
4.26 - 4.30 El sistema de compensación previsto en la 
Decisión de 20 de abril de 1970, y más tarde de 7 de mayo 
de 1985 es un sistema a tanto alzado que, en su momento, 
fue concebido como uno de los elementos de equilibrio del 
mecanismo de financiación comunitario. La Comisión no 
dispone, por consiguiente, de los datos necesarios para 
evaluar los costes reales a los que podría corresponder. 
Por otra parte, en las nuevas propuestas de modificación 
del mecanismo de financiación del Presupuesto comuni­
tario (Docs. COM(100) y (101) de 15 y 28 de febrero de 
1987) la Comisión propuso la supresión total del 
reembolso. 
Objetivos de autofinanciación en el mercado 
del azúcar 
4.31 - 4.34. Habida cuenta de los ingresos procedentes 
de las cotizaciones a la producción pagadas por los 
productores desde la campaña de comercialización 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 205 
1981/1982 hasta la de 1985/1986 con cargo a los ejercicios 
1982 a 1986 y, por otra parte, de los gastos efectivos que se 
habían producido en términos presupuestarios durante 
dichas campañas de comercialización, en el Reglamento 
(CEE) n° 934/86, el Consejo determinó un déficit de 
400 Mió ECU. 
A fin de absorber este déficit, dicho Reglamento prevé 
que los productores paguen una cotización de reabsor­
ción por toda la producción A y B obtenida durante las 
campañas de comercialización 1986/1987 a 1990/1991. 
El importe de 873 Mió ECU que menciona el Tribunal se 
deriva de un cálculo efectuado con arreglo a las normas 
del artículo 28 del Reglamento (CEE) n° 1785/81, que 
establece la manera de calcular el déficit que ha de cubrir 
la cotización a la producción. Ahora bien, estas normas 
sólo tienen en cuenta a la hora de calcular el déficit, 
previsiones de producción, de consumo, de excedentes 
que pueden exportarse, de compromisos de exportación y 
de déficit medio. De este modo, en lo que se refiere al 
período en cuestión, el cálculo tiene en cuenta cantidades 
que no fueron exportadas tal como estaba previsto sino 
almacenadas. Por otra parte, este cálculo no tiene en 
cuenta, por ejemplo, las anticipaciones de ingresos a 
partir del ejercicio presupuestario 1984 ya que los saldos 
de las cotizaciones a la producción se cobran en el mismo 
ejercicio presupuestario que los anticipos. Este cálculo no 
puede compararse con los datos presupuestarios puesto 
que los períodos de referencia son distintos; una campaña 
comprende parte de dos ejercicios presupuestarios. 
La utilización de azúcar en bruto comunitario, funda­
mentalmente de azúcar en bruto de caña originario de los 
departamentos franceses de ultramar y de azúcar en bruto 
de remolacha, por las refinerías portuguesas está 
aumentando (125 000 toneladas en la campaña 1986/1987 
y 149 000 toneladas en la de 1987/1988). No obstante, esta 
utilización no alcanza las previsiones porque, por una 
parte, cada vez se encuentra menos este tipo de azúcar en 
la Comunidad y, por otra parte, la demanda de las 
refinerías portuguesas sigue dirijiéndose en gran parte 
hacia el exterior de la Comunidad. En lo que se refiere a la industria química, el aumento de 
la restitución por la utilización de azúcar en este sector 
sólo se remonta al 1 de julio de 1986. Si bien se prevé que 
este sector dará salida a 550 000 toneladas de azúcar, los 
comienzos han sido más lentos de lo previsto (actualmen­
te se utilizan aproximadamente 120 000 toneladas) ya que 
la reconversión de las industrias químicas de una materia 
prima a otra se lleva a cabo con ciertas dificultades. A fin 
de evitar que vuelvan a plantearse tales problemas, la 
Comisión ha realizado las pertinentes propuestas (véase 
la respuesta al punto 4.37). 
4.35. A partir del próximo Presupuesto, la Comisión 
hará lo posible por corregir las incongruencias e 
imprecisiones que señala el Tribunal de los comentarios 
relativos a los ingresos y gastos del Presupuesto. 
No obstante, la Comisión pone de manifiesto que la 
contabilidad y los documentos de la cuenta de gestión 
están en conformidad con la nomenclatura presupuesta­
ria establecida y que su objetivo no es el comprobar o 
reflejar el principio de autofinanciación del sector. 
La Comisión señala que el informe financiero del 
FEOGA y las cuentas de gestión recogen datos relativos a 
la situación del mercado del azúcar. 
4.37. En las propuestas relativas a la fijación de precios 
para 1987-1988, la Comisión propuso el establecimiento 
de una cotización especial de reabsorción para cubrir en 
1987 el déficit de la campaña 1986-1987, propuesta que 
fue adoptada por el Consejo en el Reglamento (CEE) n° 
1914 de 2 de julio de 1987 (DO L 183). 
Por otra parte, en el documento COM(452) final de 
septiembre de 1987, la Comisión presentó ciertas 
propuestas destinadas fundamentalmente a garantizar en 
lo sucesivo la autofinanciación anualdel sector del azúcar 
sea cual sea la evolución del sector en el mercado mundial 
durante el período de que se trate, sin tener que recurrir a 
medidas de carácter excepcional. 
206 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPITULO 5 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola. 
Sección Garantía (FEOGA-Garantía) 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
5.4. La Comisión estima que los costes potenciales de la 
comercialización de las existencias de intervención eran 
de 6 800 millones de ECU a 30 de noviembre de 1986, 
como está indicado en el volumen V de la cuenta de 
gestión y balance financiero para 1986, p. 37. El Consejo y la Comisión han iniciado ya las reformas 
necesarias del sistema de almacenamiento público, para 
devolverle su función inicial y desde 1987 la compra de 
intervención se ha limitado a los sectores más excedenta-
rios (productos lácteos, carne bovina, cereales). 
Asimismo, la Comisión señala que la presencia de la 
Comunidad en el mercado agrícola mundial es ya 
tradicional, y que las exportaciones no dependen sólo de 
superar o no el 100 % de la capacidad de autoabasteci-
miento. La parte que normalmente se destina a la 
exportación se ha visto siempre sujeta a los avatares de los 
precios en el mercado mundial. 
ALMACENAMIENTO PUBLICO 
Consecuencias presupuestarias de los 
excedentes estructurales 5.8. La Comisión respondió a las observaciones que 
hace el Tribunal sobre el régimen de almacenamiento 
público de cereales en su informe anual del ejercicio 1985. 
En este informe indicó que los criterios aplicados en las 
ventas de intervención de cereales se hicieron muy 
estrictos a partir del 1 de julio de 1986. (') 
5.5. Véase la respuesta al apartado 5.4. 
La función de la intervención Consideraciones presupuestarias 
5.7. La Comisión admite que, a causa de una produc­
ción agrícola racionalizada y de una alta productividad, 
los almacenamientos de intervención han perdido su 
carácter coyuntural, haciéndose permanentes. 
Sin embargo, el almacenamiento público no es un 
objetivo independiente de la política de mercados, sino 
más que nada una red protectora contra las variaciones 
coyunturales. 5.9. Aunque la Comisión comparte, en líneas generales, 
el análisis del Tribunal, tiene que señalar que la 
disminución de las exportaciones en 1983 no se debió a 
una política deliberada de la Comisión sino a una 
reducción de las posibilidades de venta en el mercado 
mundial, sobre todo de los productos lácteos. Incluso 
aplicando tipos de restitución considerablemente más 
elevados, las cantidades exportadas no habrían aumenta­
do de manera apreciable. 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 207 
5.10. Es cierto que ante las restricciones presupuestarias 
una posible solución puede ser el cese de las ventas de 
intervención. 
En cuanto a las ventajas de la comercialización a bajo 
precio frente a la destrucción de los productos, la 
Comisión se remite a la respuesta al punto 5.21. 
El Tribunal indica que la financiación diferida del 
programa especial para la comercialización de la 
mantequilla está en desacuerdo con el principio de 
anualidad que se define en los Tratados. La Comisión 
respondió ya a ello en su informe al Consejo sobre las 
repercusiones económicas para España y Portugal de las 
modalidades de financiación de este programa de 
comercialización (2): «Dado que el propio Consejo ha 
decidido que determinados gastos de la Comunidad no se 
originan hasta 1989, no puede hablarse de violación del 
principio de anualidad presupuestaria definido en el 
párrafo 5 del artículo 5 del Reglamento Financiero 
aplicable al presupuesto general». 
Pérdidas en la comercialización y depreciación 
5.11-5.13. Aunque sería conveniente la depreciación 
sistemática de las existencias de intervención, a fin de no 
gravar los futuros presupuestos, sin la consignación de los 
créditos necesarios en el presupuesto anual no puede 
darse una política de depreciación sistemática. 
Con el fin de poder llevar a cabo esta política, la Comisión 
consignó en su anteproyecto de presupuesto para el 
ejercicio 1988, un crédito de 1 240 millones de ECU 
destinado a cubrir la depreciación de las existencias de 
cereales, de productos lácteos y de carne bovina. 
5.13. La Comisión realizó durante el ejercicio 1986 la 
máxima depreciación posible dentro de los límites de los 
créditos disponibles, dando prioridad, como es lógico, a 
las existencias más antiguas. El hecho que el Tribunal 
menciona y que se refiere sólo a una pequeña cantidad de 
productos, se limitó al ejercicio 1986. 
En el futuro, la Comisión pretende recurrir sistemática­
mente a la depreciación. La Comisión incluyó intenciona­
damente en sus propuestas sobre la nueva disciplina 
presupuestaria una disposición según la cual la dotación 
anual de los gastos agrícolas deberá cubrir los costes 
derivados de la comercialización y de la depreciación de 
existencias (COM(87) 101 final, página 15,4o párrafo de la 
letra b). 
5.14. Véase la respuesta al apartado 5.4. Reembolso de los costes de almacenamiento 
5.16. En un sistema de reembolso a tanto alzado como 
es el de financiación de las operaciones materiales de 
almacenamiento, es inevitable que haya Estados miem­
bros «ganadores» y «perdedores» teniendo en cuenta 
que los importes que se reembolsan son, por lo general, la 
media de los costes de los participantes. 
La modificación temporal del sistema de 1986 estaba 
justificada por la necesidad de «garantizar la ejecución 
del presupuesto comunitario y de respetar el marco de. 
referencia fijado por el Consejo »(3). 
Conclusiones 
5.17. En relación con la depreciación de existencias, la 
Comisión se remite a su respuesta al apartado 5.13. En 
cualquier caso, el actual sistema de contabilidad está de 
acuerdo con la normativa vigente. 
5.18. La Comisión persigue los objetivos definidos en el 
artículo 39 del Tratado. El equilibrio de los mercados 
figura entre los medios de estabilización de los mercados. 
Además, en su Comunicación « Llevar a buen término el 
Acta Única» (COM(87)100), la Comisión declaró como 
objetivo prioritario la vuelta a un mayor equilibrio de los 
mercados agrícolas. 
5.19. La Comisión comparte el parecer del Tribunal 
sobre el traslado de los pagos de un ejercicio a otro. Sin 
embargo, no cree que haya ocultado los verdaderos 
problemas, ya que estos traslados de pagos no han 
impedido que el Consejo y la Comisión hayan adoptado 
medidas de saneamiento de los mercados agrícolas. 
La Comisión recuerda que la práctica de no tener en 
cuenta las sumas necesarias anualmente para la deprecia­
ción de existencias, se debe a las limitaciones impuestas 
por las disponibilidades presupuestarias anuales. 
El ajuste efectuado en 1983 de los gastos de intervención 
pública tuvo como finalidad evitar el riesgo de sobrepasar 
los créditos, efecto que se consiguió. 
5.21. La Comisión ha evaluado siempre los costes 
presupuestarios de las diferentes posibilidades de dar 
salida a las existencias. Se han efectuado, asimismo, 
análisis de los costes marginales, sobre todo en relación 
con la mantequilla. La Comisión ha adoptado sus 
decisiones de venta teniendo en cuenta estos factores. Es 
208 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
cierto, sin embargo, que determinadas formas de 
comercializacicón, interesantes por el precio, son limita­
das en cantidad. 
La destrucción de existencias no puede decidirse basán­
dose únicamente en un análisis económico. Hay que tener 
en cuenta otros factores de tipo político. 
GESTIÓN Y CONTROL INTERNO DEL 
FEOGA, SECCIÓN GARANTÍA, POR LA 
COMISIÓN 
Contabilización de los anticipos en favor de 
los Estados miembros y de los gastos 
declarades. 
Observaciones resultantes de la auditoría 
5.25 (a) La Comisión no tuvo más remedio que reducir 
el importe de los anticipos debido al agotamiento de los 
créditos. Por ello, los propios Estados miembros tuvieron 
que desembolsar unos 700 millones de ECU a partir de 
enero de 1987. 
La estimación de la tasa de corresponsabilidad en 452 
millones de ECU que se consignó en el presupuesto inicial 
de 1986, basándose en las propuestas de la Comisión en 
relación con las medidas conexas, se hizo según las 
propuestas de precios de 1986/87 y se tuvo en cuenta 
fundamentalmente la percepción de la tasa en la fase de la 
primera venta, es decir muy al principio de la campaña 
para gran parte de la recaudación. Los 56 millones de 
ECU que realmente se percibieron en 1986, se apartaron 
de la estimación hecha debido sobre todo a las decisiones 
tomadas tras establecer el presupuesto, y a los factores de 
riesgo inherentes a toda previsión en el sector agrícola. 
(b) A determinadas medidas del FEOGA-Garantía que se 
traducen en la consignación de créditos negativos se les 
aplican las mismas normas que a los créditos propiamente 
dichos. Si hay más ingresos de los previstos la Comisión 
puede aumentar mediante transferencias los créditos de 
otra línea de un mismo capítulo, de conformidad con el 
Reglamento Financiero. La utilización de estos recursos 
para financiar gastos, en forma de créditos negativos, 
tiene consecuencias inmediatas sobre la gestión de los 
créditos. (d) La Comisión utilizó los créditos afectados a estas 
partidas de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 
964/86 del Consejo (cf. apartado 5.13). 
(e) Los retrasos que el Tribunal menciona se deben sobre 
todo a dificultades de tipo informático. La Comisión 
toma nota de las observaciones del Tribunal a fin de 
poner remedio. 
Liquidación de cuentas 
5.26 - 5.34. De acuerdo con el compromiso adquirido 
por la Comisión de superar los retrasos en la liquidación 
de cuentas y responder así a los deseos del Parlamento y 
del Tribunal, la decisión de liquidación del ejercicio 1985 
se adoptó en julio de 1987. Con este fin, la Comisión puso 
en marcha un procedimiento de controles selectivos. Al 
mismo tiempo que estos controles para la recuperación de 
los retrasos, los servicios de la Comisión establecieron, en 
colaboración con un grupo de expertos del exterior, un 
manual de auditoría basado en el procedimiento de la 
auditoría de sistemas, que deberá sustituir paulatinamen­
te al procedimiento de controles selectivos. En dicho 
manual se definen los objetivos y las normas de control y 
se describen en detalle los métodos de trabajo de los 
inspectores. 
Que no existiera tal manual cuando se efectuaron los 
controles selectivos en la etapa de recuperación de los 
retrasos, no quiere decir que los objetivos operativos se 
dejaran al libre albedrío de los jefes de equipo. En los 
ejercicios liquidados durante el período de recuperación, 
los controles se efectuaron en relación con los gastos 
ocasionados por determinadas medidas seleccionadas de 
acuerdo con criterios adoptados para reducir el riesgo de 
una aplicación que se aparte de la normativa comunitaria. 
En cada ejercicio, los jefes de equipo actúan en 
consonancia con un programa de control aprobado y 
establecido teniendo en cuenta los mencionados criterios. 
De los informes en los que se resume el resultado de las 
inspecciones de la liquidación de cuentas, establecidas 
para cada ejercicio liquidado, se deduce -que prácticamen­
te todas las medidas financieras han sido objeto de una o 
de varias inspecciones durante el período de recupera­
ción, incluso aunque, como señala el Tribunal, la 
inspección de los expedientes individuales se haya 
efectuado sólo con un número reducido de ellos. Estas 
inspecciones han dado lugar a modificaciones financieras 
de cierta importancia; sirviendo, además, de medida 
preventiva. En muchos casos, los Estados miembros han 
adoptado las medidas necesarias para cumplir mejor con 
sus responsabilidades. 
Al acabarse el período de recuperación con la liquidación 
del ejercicio de 1985, la aplicación de la auditoría de 
sistemas a partir del control de los gastos de 1986 se 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 209 
extendió a otros gastos distintos de las restituciones y de 
los MCM. Sin embargo, no sería realista creer que la 
auditoría de sistemas puede aplicarse ya desde el primer 
año al conjunto de medidas que financia el FEOGA; la 
introducción de este sistema significa programar para 
varios años las necesidades de personal cualificado, y la 
plena participación de los Estados miembros. 
Dotación de personal 
5.35. La Comisión cree también que el número de 
agentes necesarios para la liquidación dependerá de las 
necesidades que surjan con la introducción de la auditoría 
de sistemas, del aumento de los gastos y del número de 
medidas. 
Atrasos en el trabajo 
5.36-5.39. La Comisión considera que, debido a la 
ampliación de la Comunidad a doce Estados miembros y 
al importante aumento del número de medidas que hay 
que inspeccionar, los plazos de liquidación vigentes en la 
actualidad son insuficientes para garantizar la calidad 
mínima que requiere una inspección que se precie. Con 
este motivo, se ha propuesto una revisión de los plazos 
con motivo de la revisión del Reglamento Financiero y de 
la modificación del Reglamento (CEE) 729/70. 
En relación con el apartado 5.39 hay que señalar que las 
decisiones de liquidación de 1983 a 1985 tomadas en 1987 
suponen sólo una pequeña cantidad de reservas. Por otra 
parte, los casos de alternativas se resuelven en plazos muy 
reducidos. 
Cooperación de los Estados miembros 
5.40-5.41. La rapidez con que se han efectuado las 
liquidaciones de los ejercicios 1983 a 1985 indican una 
actitud más cooperativa de los Estados miembros. Como 
en toda relación entre inspector e inspeccionado, existen 
discrepancias en lo que se refiere a determinados 
problemas específicos (sobre todo en aquellos casos que 
implican modificaciones financieras) y también en 
relación 'con determinados principios, especialmente 
cuando hay contradicción entre los intereses nacionales y 
los comunitarios. No obstante, en general, los Estados 
miembros son conscientes de que un trato no discrimina­
torio entre Estados miembros y operadores queda mejor 
garantizado mediante la inspección comunitaria. Consulta preventiva y observaciones finales 
5.42-5.44. La Comisión comparte la opinión del 
Tribunal sobre la necesidad de aproximar el momento de 
la inspección comunitaria y el momento del pago de las 
ayudas en los Estados miembros, y también en lo que se 
refiere al desarrollo e intensificación del control preventi­
vo. Ambos aspectos fueron parte importante de los 
esfuerzos desplegados estos últimos años para eliminar 
los retrasos en la liquidación y con miras a la introducción 
de la auditoría de sistemas. 
En cuanto al punto 5.44, la Comisión se refiere a la 
propuesta de sustituir el sistema de anticipos por un 
sistema de reembolso, y a la implantanción generalizada, 
a partir de la liquidación del ejercicio 1986, de la auditoría 
de sistemas. 
AUDITORÍA DE LOS MERCADOS 
5.45-5.55. La Comisión ya comentó la opinión del 
Tribunal sobre el funcionamiento del sistema de cuotas en 
el sector lácteo, las medidas de destilación en el sector 
vitivinícola y las primas a la producción en el sector del 
tabaco, en las respuestas a los informes detallados en 
relación con estos temas. No obstante, convendría 
señalar lo siguiente: 
El sistema de cuotas y de la exaccin 
suplementaria en el sector lácteo 
5.48. El sistema de cuotas representa una medida de 
actuación completamente nueva. Es de esperar que en un 
principio surjan dificultades al implantar un sistema que 
incluye 1,6 millones de productores del sector lácteo. La 
cuota que se estableció inicialmente era demasiado alta, 
pero se notaron claramente sus efectos sobre las entregas 
que descendieron en más de un 5 % o, lo que es lo mismo, 
en 5 millones de toneladas, durante el primer año de 
implantación de la cuota, en comparación con 1983/84. 
Hay que contemplar estas cifras teniendo en cuenta que el 
incremento anual medio durante 1973/83 fue de un 2,6 %. 
Ninguna otra de las medidas introducidas ha tenido un 
efecto tan positivo. Las decisiones adoptadas por el 
Consejo en diciembre, de reducir las entregas en un 9,5 % 
en un período de dos años, y poder suspender la 
intervención en marzo, fueron determinantes a la hora de 
hacerse nuevamente con las riendas del sector lácteo. 
210 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
5.49. La Comisión comparte el parecer del Tribunal 
sobre las lagunas detectadas en la aplicación del sistema 
en los Estados miembros, lagunas que la propia Comisión 
había detectado ya. La Comisión inició en enero de 1985 
procedimientos de infracción contra los Estados miem­
bros implicados. 
La Comisión ha actuado con rapidez en los casos en que 
una mala aplicación del régimen por los Estados 
miembros ha puesto en peligro su objetivo de controlar la 
producción láctea, o ha tenido consecuencias financieras 
debido a la falta de cobro o de recuperación de las 
exacciones adeudadas. 
5.50. El sistema del Comité de Gestión, con sus grupos 
de trabajo y sus contactos bilaterales, se considera 
fundamental en el desempeño de la función de la 
Comisión. 
Medidas de destilación en el sector vinícola 
5.51. La única medida de destilación que complementa 
actualmente las medidas de almacenamiento a largo 
plazo, es la prevista en el artículo 42 del Reglamento 
(CEE) n° 822/87. Cualquier otra es independiente de las 
medidas de almacenamiento. 
5.52 (a) La Comisión precisa que cada medida de 
destilación tiene sus propias características, lo que 
permite que, en años poco excedentarios, pueda actuar 
con cierta flexibilidad dependiendo de la situación del 
mercado. Los excedentes de vino de mesa son ya 
estructurales y, por lo tanto, determinadas formas de 
destilación están menos justificadas. 
Por ello, la Comisión, en el ejercicio de su potestad, redujo 
sistemáticamente las intervenciones de precios elevados. 
No obstante, la Comisión tiene que obrar con prudencia 
sobre todo a la luz de la declaración común del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, con 
ocasión de la concertación sobre la revisión de los 
reglamentos relativos a la organización del mercado 
vitivinícola, en marzo de 1985, en la que se recordaba que 
las medidas de intervención previstas por la normativa 
con vistas al saneamiento del mercado deben aplicarse 
equilibradamente. 
(b) Como ya se indicó en las respuestas de la Comisión al 
informe especial del Tribunal de Cuentas, sobre las 
medidas comunitarias de destilación de vinos, el precio 
medio para todas las destilaciones, que se ofrece a los productores, es más bajo que el del mercado. Este precio 
disminuirá aún más si el Consejo sigue las propuestas de 
la Comisión del documento COM(87)452 de 28 de 
septiembre de 1987: la supresión en el futuro de la 
destilación llamada de «garantía de buen fin» y la 
disminución aún mayor del precio de la destilación 
obligatoria. Además, hay que señalar que el actual 
excedente de vino de mesa se debe a la disminución del 
consumo y no al aumento de la producción, que tiende a 
estabilizarse o incluso a disminuir. 
(c) La posibilidad de que un productor escape a las 
sanciones financieras por medio de un traspaso de la 
destilación obligatoria no es fácil. Un productor no 
acepta destilar un volumen de vino que corresponda a la 
obligación de otro productor, en vez de este último 
(traspaso), sin compensación de tipo económico. 
Un productor no se decide a realizar un traspasó a no ser 
que esté seguro de poder comercializar su propio vino a 
un precio lo suficientemente elevado como para compen­
sarle por los costes económicos de este traspaso. En 
consecuencia, los vinos más caros continúan en el 
mercado y las pérdidas financieras sufridas por los 
diferentes productores con motivo de la destilación 
obligatoria (la diferencia entre el precio de mercado y el 
precio de destilación) pueden ser, en general, las mismas 
para todos los productores. 
5.53 (a) - (b) De conformidad con el artículo 79 del 
Reglamento (CEE) n° 822/87, Reglamento de base 
vitivinícola, los Estados miembros son los responsables 
de adoptar las medidas necesarias para garantizar el 
respeto de las disposiciones comunitarias en el sector. 
Si la Comisión comprueba que las medidas adoptadas 
con este fin no son suficientes, puede determinar más 
concretamente las medidas necesarias a nivel comunita­
rio. En este sentido, se han presentado propuestas con las 
que se pretende: 
— fortalecer las inspecciones en el momento de la 
entrada a destilación (4); 
— la creación por los Estados miembros de un cuerpo de 
inspección especializado (agencia, .brigada u otros) 
tan amplio como corresponda a la importancia del 
sector en cada uno de ellos; 
— la creación de un cuerpo limitado de agentes 
especializados en inspecciones vitivinícolas, que se 
encargue, en nombre de la Comisión, de velar, por 
todos los medios — incluida la participación en las 
inspecciones realizadas por los Estados miembros — 
por la aplicación uniforme de las disposiciones 
comunitarias. (5) 
Hay que señalar, no obstante, que las conversaciones 
realizadas con este fin se presentan especialmente difíciles 
por estar en juego competencias nacionales. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 211 
En cuanto a los vinos de mesa, la normativa comunitaria, 
define con precisión los criterios a que debe responder un 
vino comunitario con respecto a: 
— la materia prima de la que se obtiene el vino (cepas, 
lugares de producción); 
los métodos y tratamientos enológicos autorizados; 
— las normas de distribución y de preparación para el 
consumo. 
El vino de mesa queda definido por el conjunto de estas 
disposiciones, y la definición que figura en el Anexo I del 
Reglamento de base (CEE) n° 822/87, sirve únicamente 
para distinguirlo de otros tipos de vino, sobre todo los 
v.c.p.r.d. A la ahora de luchar contra el fraude no se 
necesita una definición más completa, ya que un vino de 
mesa debe ser inspeccionado de acuerdo con las 
disposiciones que anteceden y no basándose sólo en la 
definición. 
Primas a la producción en el sector del tabaco 
5.54 - 5.55. En los países de la Comunidad la produc­
ción tradicional era la de tabacos «sun-cured» y «air-
cured», cuya demanda ha disminuido en el curso de los 
últimos años, evolucionando hacia nuevos tipos de 
cigarrillos «american-blended». Para hacer frente a esta 
evolución, la Comunidad diferenció el nivel de los precios 
y las primas para no fomentar la producción de 
variedades menos solicitadas en el mercado. En 1982, 
1983 y 1984, las variedades se distribuyeron en tres grupos 
mediante un acentuación muy marcada de las diferencias 
de los precios y las primas de los diversos grupos. La 
modulación de los precios y las primas que se produjo en 
1986 entre cuatro grupos de tabaco aumentó esta 
diferenciación. En sus decisiones de precios y primas para 
la cosecha de 1987, el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, procedió a una nueva clasificación de las 
variedades en cinco grupos, dependiendo de la situación 
del mercado, las aportaciones a la intervención, el tipo de 
salida comercial y la evolución de la producción. Esto ha 
aumentado una vez más la diferenciación entre las 
distintas variedades. 
El resultado de esta política es que, en la actualidad, el 
65 % de la producción comunitaria se compone de 
tabacos solicitados en el mercado, o que se ajustan a la 
demanda. En lo que se refiere a las demás variedades, hay 
que tener en cuenta que se concentran en las regiones más 
atrasadas de la Comunidad, con el porcentaje de empleo 
más elevado en la agricultura y bajo nivel de ingresos, regiones cuya situación estructural no permite planificar 
una reconversión. 
Las aportaciones a la intervención se han reducido 
considerablemente en los últimos años. En 1985, las 
aportaciones a la intervención de las variedades conside­
radas problemáticas, como la Havanna, Tsébélia y Mavra 
fueron prácticamente nulas. Entre 1984 y 1987, los 
precios y las primas de estas variedades se redujeron en un 
20 %. Asimismo, las restituciones a la exportación se 
congelaron a partir de 1981. La'Comisión ha compro­
bado los procedimientos administrativos y de inspección 
en los Estados miembros y no ha observado irregularida­
des importantes. 
Ayudas a la producción de guisantes, habas y 
haboncillos (Reglamento (CEE) n° 1431/82 
modificado) 
Observaciones de la auditoría 
Ayudas al consumo humano 
5.58. Los guisantes, habas y haboncillos destinados al 
consumo humano, coinciden con los destinados al 
consumo animal, lo que justifica la extensión del régimen 
de 1982. 
Procedimientos de control en los Estados miembros 
5.59 (a) La normativa comunitaria no obliga a que 
agentes oficiales efectúen un control del peso y de la 
calidad en el momento de la recepción de los guisantes, las 
habas y los haboncillos en la empresa, ni tampoco a que 
las empresas notifiquen las entradas. 
El control de calidad por muestreo queda asegurado en 
los Estados miembros correspondientes mediante la 
colaboración de expertos autorizados por los servicios 
nacionales; asimismo, laboratorios independientes o que 
forman parte de las empresas, y autorizados igualmente 
por las autoridades nacionales, realizan análisis. 
(b) La Comisión estudia la posibilidad de proponer al 
Consejo la creación de una garantía de importación. 
(d) La Comisión ha establecido contacto con los 
correspondientes Estados miembros y estudia si las 
disposiciones aplicadas se adecúan a la normativa. 
212 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Ayuda a la producción de algodón 
(Reglamento (CEE) no 2169/81) 
Observaciones de la auditoría 
Cálculo del precio del mercado mundial Procedimientos de entrega 
5.69. La Comisión considera que el respeto del precio 
mínimo, elemento que justifica el pago, puede controlarse 
de forma válida si se determina la cantidad y calidad del 
producto entregado, en el propio campo o en las plantas 
desmotadoras. 
5.64. Se estudiará en detalle la sugerencia del Tribunal, 
aunque limita mucho a la Comisión, que tiene que evaluar 
con un cierto margen las diferentes cotizaciones y ofertas. 
Además, en el momento de la determinación del precio 
mundial, la Comisión no puede saber si se importará 
algodón, ni en qué cantidades se hará de los diferentes 
países de origen. La Comisión toma nota de las 
observaciones del Tribunal y estudiará el caso menciona­
do. 
Contabilidad de existencias 
5.68. La Comisión toma nota de las observaciones del 
Tribunal y estudiará los casos mencionados. CONCLUSIONES GENERALES 
5.70 — 5.72. La Comisión ha venido identificando los 
problemas y los puntos débiles de determinados mecanis­
mos de la PAC y ha propuesto a las instancias políticas de 
la Comunidad, sobre todo en 1983 en el documento 
COM(83) 500 final«PAC-Propuestas de la Comisión», a 
continuación en el documento COM(85) 333 final «Libro 
verde», y más recientemente en el documento 
COM(87) 410 final «Balance y perspectivas de la PAC», 
y en el documento COM(87) 452 final «Aplicación de los 
estabilizadores agrícolas», las indispensables reformas 
del sistema. 
(i) DOC 321 de 15.12.86, p. 207. 
(2) COM(87)249 final de 10.6.87, DO L 119 de 8.5.87, p. 18. 
(3) Véase el tercer Considerando del Reglamento (CEE) n° 
1334/86 del Consejo. (4) COM(86) 398 final de 16.7.87. 
(5) COM(87) 1 final de 5.3.87. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 213 
CAPITULO 6 
Fraudes e irregularidades 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES 
6.3 - 6.6. A la Comisión también le preocupa, como al 
Tribunal, la calidad y la fíabilidad de los diferentes 
sistemas de información de los resultados de las 
inspecciones nacionales sobre el funcionamiento del 
sistema de recursos propios comunitarios, y recuerda que 
ya ha adoptado medidas en los distintos niveles. 
Desde 1979, la Comisión ha venido proponiendo al 
Consejo modificaciones del Reglamento (CEE) n° 
2891/77, y la elaboración de un reglamento que disponga 
la creación de un sistema de información de las 
irregularidades que afectan a los recursos propios de las 
Comunidades. Entre otras cosas, estas propuestas 
permitirían: 
— determinar las condiciones dé la liquidación y de la 
puesta a disposición de los recursos propios por los 
Estados miembros, suprimiendo así las dificultades 
que estos puntos plantean al aplicar la normativa 
actual. 
crear un sistema de información sobre las actividades 
de gestión, de inspección y de lucha antifraude en los 
Estados miembros, lo cual coincide plenamente con 
las preocupaciones expresadas por el Tribunal, sobre 
todo en lo que se refiere a las letras (b), (d) y (e) del 
apartado 6.4. 
La Comisión lamenta asimismo que en los tres últimos 
años se hayan realizado pocas mejoras y que el Consejo 
no haya adoptado una decisión sobre estas propuestas. No obstante, la Comisión sigue esforzándose por 
conseguir, dentro de la normativa vigente, una mejora 
significativa de las informaciones transmitidas por los 
Estados miembros a través de los informes semestrales o 
anuales previstos en el Reglamento (CEE) n° 2891/77 o 
como respuesta a la solicitud de información sobre los 
fraudes e irregularidades que llegan a su conocimiento. 
La Comisión señala, por último, que en el marco de las 
inspecciones conjuntas previstas por el Reglamento 
(CEE) n° 2891/77 y de acuerdo con las directrices del 
Tribunal, en 1986 comenzó un estudio en todos los 
Estados miembros sobre el procedimiento aplicado en los 
casos de fraude que afectan a los recursos propios 
tradicionales. 
En relación con el Reglamento (CEE) n° 1468/81 del 
Consejo relativo a la asistencia mutua entre las autorida­
des administrativas de los Estados miembros y la 
colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de 
asegurar la correcta aplicación de las regulaciones 
aduanera y agrícola, hasta ahora los Estados miembros 
tenían que comunicar a la Comisión sólo aquellas 
informaciones que consideraban necesarias sobre las 
mercancías, los métodos y los procedimientos empleados 
en las operaciones de fraude, y las lagunas e insuficiencias 
de la normativa. Estas informaciones eran forzosamente 
de carácter general. La situación debe mejorar sensible­
mente con la entrada en vigor, el 1 de julio de 1987, del 
Reglamento (CEE) n° 945/87 del Consejo, que modifica el 
Reglamento antes citado. De acuerdo con estas disposi­
ciones, los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
dentro del sistema de colaboración administrativa, todas 
las operaciones irregulares que ofrezcan algún interés 
especial para la Comunidad y las informaciones relacio­
nadas con ellas. Hay que señalar que con estos datos no se 
pretende aumentar el poder de control de la Comisión, 
sino permitir que ésta cumpla una labor de coordinación 
de las medidas adoptadas por los Estados miembros en la 
lucha contra las irregularidades. 
214 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Aunque el Reglamento (CEE) n° 1697/79 del Consejo no 
está destinado a servir de «sistema de información» de 
irregularidades, sí permite tener una visión de conjunto de 
los casos en que la reparación de un error de la 
administración en la aplicación de la normativa pueda ir 
contra el principio de protección de la confianza legítima 
del contribuyente. La solicitud de decisión de la Comisión 
en estos casos es obligatoria cuando el importe de los 
derechos enjuego es igual o superior a 2 000 ECU, y debe 
poducirse también cuando se trata de importes inferiores 
a este límite si el Estado miembro no está en condiciones 
de sopesar por sí mismo todos los aspectos del problema. 
FEOGA-GARANTÍA 
Aplicación del procedimiento de notificación 
6.8. La Comisión, a través de reuniones con los Estados 
miembros y de documentos de trabajo, ha intentado 
conseguir una aplicación más estricta y más uniforme del 
Reglamento (CEE) n° 283/72. 
Hay motivos para creer que estos esfuerzos, realizados 
junto con los Estados miembros, comienzan a surtir 
efecto. Desde 1985 se viene observando un aumento de las 
irregularidades notificadas por los Estados miembros. 
6.10. (a) La Comisión, como el Tribunal, lamenta que 
los Estados miembros no siempre presenten las notifica­
ciones trimestrales dentro del plazo. 
Si bien es cierto que en el Reglamento (CEE) n° 283/72 no 
se recoge la obligatoriedad de presentar las « notificacio­
nes negativas», las delegaciones de los Estados miembros 
en el Comité FEOGA admiten las ventajas de tales 
notificaciones. 
Recientemente, la Comisión recordó a los Estados 
miembros afectados la existencia de este procedimiento. 
(b) La Comisión está de acuerdo en que la información 
aportada en las notificaciones con frecuencia resulta 
insuficiente. Con el sistema informático IRENE, que ya 
está en funcionamiento, es posible, e incluso necesario 
para lograr el mejor aprovechamiento posible, recabar 
información más detallada. La Comisión pretende analizar junto con los Estados 
miembros las posibles mejoras. 
(c) La Comisión quiere hacer observar que el Regla­
mento (CEE) 283/72 no impone la obligación de notificar 
el nombre de los defraudadores; por ello, en las 
notificaciones trimestrales no se menciona, por lo general, 
el nombre de aquéllos a quienes beneficia el fraude. 
A través del contacto directo con los órganos competen­
tes de los Estados miembros, y siempre que se considera 
oportuno, se intercambia información pormenorizada 
sobre aquellos beneficiarios que revistan particular 
interés. Igualmente, puede hacerse un intercambio de 
información de acuerdo con las disposiciones del artículo 
4 del Reglamento 283/72, y durante las reuniones de los 
grupos de expertos en irregularidades, del FEOGA. 
El seguimiento de los posibles defraudadores o de los ya 
reincidentes es parte integrante de los sistemas de control 
de los Estados miembros. 
(d) De 50 casos denunciados 32 fueron descubiertos por 
el Ministerio de Hacienda (GDF) y 18 por el Comité de 
Intervención de los Productos Agrícolas (AIMA). En 
general, estas irregularidades se detectaron con posterio­
ridad o en inspecciones de rutina. 
Recuperación de los importes pagados 
indebidamente 
6.12. No hay que olvidar que, al aplicar la legislación y 
los procedimientos nacionales, los trámites de recupera­
ción pueden extenderse a lo largo de varios años y con 
frecuencia más allá de los cinco años que se mencionan. 
Esto se produce, en particular, cuando se trata de 
importantes cantidades de dinero. Habría que resaltar 
que ya se ha dado una serie de casos en los que los 
Tribunales han rechazado parcial o totalmente las 
demandas de recuperación. Como los beneficiarios 
implicados se resisten al abono de las recuperaciones y 
llegan a recurrir a los Tribunales Supremos, la Comisión 
no puede hacer nada con respecto al tiempo que tarden 
los tribunales nacionales en dictar sentencia. 
Si el Estado miembro de que se trate considera que 
determinado caso es ya irrecuperable, el caso se resuelve 
de conformidad con el punto 2 del artículo 8 del 
Reglamento (CEE) n° 729/70 y dentro de los procedi­
mientos normales de liquidación de cuentas. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 215 
Con la introducción del sistema informático IRENE, la 
Comisión ejerce un control más activo sobre las 
recuperaciones, especialmente en el sentido que el 
Tribunal recomienda. 
OBSERVACIONES DE CARÁCTER 
GENERAL 
6.13 y 6.20. Cumpliendo los compromisos que contrajo 
a principios de 1987 con el comité de control presupuesta­
rio del Parlamento Europeo, la Comisión ha iniciado una 
reflexión sobre la manera de intensificar la lucha contra el 
fraude que se produce en detrimento del Presupuesto 
comunitario. Estas reflexiones — que tratan, a un tiempo, 
de las medidas que hay que adoptar, de su organización 
interna, de los instrumentos de que debería disponer — 
debe culminar en otoño con la adopción de una serie de 
directrices que concuerdan con las indicaciones del 
Tribunal. 
Con respecto a la situación actual, la Comisión señala 
nuevamente que la normativa comunitaria prevé el 
reparto claro de responsabilidades entre los Estados 
miembros y la Comisión, en relación con el control de 
gran parte de los recursos comunitarios. Corresponde a 
los Estados miembros el control de las operaciones que gestionan diariamente, y a la Comisión la verificación — 
si es necesario, a través de sus propios controles cuando, 
como en el caso del FEOGA, estén previstos — de que las 
operaciones de gestión y de control se adecúen a las 
normas comunitarias. 
Es lógico, por tanto, que la Comisión intervenga sólo en 
una pequeña parte de las verificaciones in situ que 
realizan los Estados miembros. Por el contrario, pone 
todo su empeño en lograr una utilización plenamente 
eficaz de sus propios medios de control y de lucha 
antifraude, ya sean normativos, materiales o humanos. 
Los trabajos antes mencionados darán un nuevo impulso 
a su lucha contra el fraude. 
Consecuencias del recurso a la legislación 
nacional 
6.18. Véanse las observaciones hechas al apartado 
6.10.(c). 
6.19. Aunque, por regla general, las legislaciones 
nacionales no prevén la posibilidad de participación de 
terceras partes en el procedimiento penal, la Comisión, en 
principio, comparte el parecer del Tribunal sobre este 
tema. No obstante, la Comisión puede facilitar a las 
instancias nacionales información útil si lo considera 
conveniente, como ya se ha hecho en otras ocasiones. 
216 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPITULO 7 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, 
Sección Orientación (FEOGA-Orientación) 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
Observación general INTRODUCCIÓN 
La Comisión se esfuerza en promover una política común 
de estructuras agrícolas. A pesar de ello, el Consejo sólo 
ha aceptado parcialmente sus propuestas. 7.2. La política de estructuras agrícolas incluye tres 
tipos de medidas: 
medidas de carácter general; 
La Comisión es consciente de que la evolución de la 
política de precios y de mercados de los productos 
agrícolas es cada vez más restrictiva, lo que confiere un 
papel cada vez mayor a las intervenciones estructurales y 
sociales. Ante esta situación la Comisión estima que para 
evitar que se nacionalice de nuevo la política agrícola es 
importante conceder una mayor importancia a la política 
estructural. medidas de carácter regional, que existen desde 1978 y 
se basan en la idea de que algunas regiones necesitan 
ayudas particulares, sobre todo para la mejora de las 
infraestructuras en general (comunicaciones, servi­
cios, divulgación, etc.), a fin de que alcancen una 
situación que les permita beneficiarse de las medidas 
de carácter general. Hay que señalar que estas 
acciones no son simplemente acciones puntuales, ya 
que se derivan de una voluntad de intervención 
equilibrada en todas la regiones afectadas por 
problemas estructurales del mismo tipo; 
En este sentido, el Consejo ya aprobó en 1987 (l) una 
primera reorientación de la política horizontal de las 
estructuras agrícolas. medidas relativas a los mercados agrícolas, en las que 
se incluyen acciones puntuales que se derivan de las 
exigencias de la política de mercados agrícolas. 
Además, la Comisión presentó al Consejo otras propues­
tas de reforma (2) (cese de actividad y ayudas a la renta). 
Por último, con arreglo al Acta Única, la Comisión acaba 
de presentar al Consejo un conjunto de nuevas propuestas 
de reforma (3), con objeto de garantizar una mejor 
coherencia entre las intervenciones estructurales. 
r) Las notas aparecen al final del capítulo. í1) Asimismo, es conveniente señalar que existe otra parte 
esencial de las políticas de estructuras que no es objeto de 
una financiación comunitaria. Se trata de la organización 
de las ayudas estructurales concedidas a nivel nacional, 
que está prevista no sólo en el Tratado sino también en el 
artículo 14 de la Directiva n° 72/159/CEE y que aparece 
de nuevo en el artículo 8 del Reglamento (CEE) 
n° 797/85. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 217 
LA POLÍTICA ESTRUCTURAL EN EL Conceptos imprecisos 
MARCO DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA 
COMÚN 
7.4. La Comisión comparte, en principio, la opinión del 
Tribunal en el sentido de que una política de manteni­
miento de precios, a diferencia de una política de 
estabilización de precios, tiene consecuencias nefastas 
desde el punto de vista estructural. 
No obstante, la Comisión considera que esta apreciación 
tiene un valor relativo. De hecho, desde el comienzo de la 
PAC, los precios percibidos por los agricultores han 
disminuido en términos reales de forma importante y 
constante. Además, la población activa del sector 
primario (agricultura, pesca, bosques) ha disminuido 
aproximadamente en un 60 % durante este mismo 
periodo. 
DIFICULTADES PARA LA APLICACIÓN 
DE UNA VERDADERA POLÍTICA 
COMUNITARIA DE ESTRUCTURAS 
AGRARIAS 
En la idea de conjunto 
Orientaciones generales 
7.5. El« Plan Mansholt», adoptado por la Comisión en 
diciembre de 1968 (4), incluía un análisis muy completo 
de la política agrícola de la Comunidad y de las políticas 
nacionales de estructuras agrícolas, así como un conjunto 
coherente de propuestas en materia estructural. Las tres 
Directivas socioestructurales, aprobadas en 1972 como 
consecuencia de esta iniciativa, constituyeron la base de 
acción estructural comunitaria en materia de producción 
agrícola en el decenio siguiente. 
Posteriormente se completó esta acción, en particular tras 
la ampliación de la Comunidad y la evolución de la 
situación socioeconómica de su agricultura, mediante dos 
innovaciones: 
— en 1975, la adopción de la Directiva n° 75/268/CEE ' 
que trataba de los problemas de las regiones 
desfavorecidas y de las regiones de montaña, 
— a partir de 1978, la introducción de acciones 
específicas a nivel regional. 7.6. En cuanto a los «conceptos» necesarios para el 
establecimiento de una política de estructuras agrícolas, el 
Tribunal critica la falta de definiciones precisas en la 
reglamentación. Sin embargo, la existencia de tales 
conceptos es esencial para el establecimiento de una 
política verdaderamente comunitaria, ya que permite al 
legislador comunitario imponer condiciones u obligacio­
nes de efecto equivalente en los diferentes Estados 
miembros. No obstante, su definición debe establecerse 
en función de las condiciones económicas, sociales y de 
derecho de los Estados miembros implicados. El artículo 
39 del Tratado, que constituye la base de una política 
comunitaria de estructuras agrícolas, obliga en su 
apartado 2 a que se tengan en cuenta «las características 
especiales de la actividad agrícola, que se derivan de la 
estructura social de la agricultura y de las desigualdades 
estructurales y naturales entre las distintas regiones 
agrícolas». 
Dada la gran diversidad de condiciones naturales, 
estructurales y administrativas de las regiones agrícolas 
de la CEE, así como la gran diversidad de problemas a los 
que se enfrentan las personas que viven y trabajan en la 
agricultura, la Comunidad ha reconocido que el estableci­
miento de una política comunitaria de estructuras 
agrícolas hace necesaria una fuerte descentralización que 
permita a los Estados miembros o, dentro de los Estados 
miembros, a las regiones la aplicación de dicha política 
por sus propios medios legislativos, normativos y 
administrativos. 
Por ello, la Comunidad se ha limitado a definir el 
concepto, los objetivos que se deben alcanzar y el marco 
financiero, dejando a las administraciones nacionales o 
regionales la competencia de elegir la forma y los medios 
de aplicación según los criterios comunitarios. No 
obstante, conviene recordar que la normativa comunita­
ria prevé que las normas nacionales de aplicación se 
sometan a la Comisión para su aprobación. 
La Comisión señala que la creciente heterogeneidad de la 
Comunidad de los Doce hace realmente necesaria una 
mayor flexibilidad para que la política de estructuras 
pueda seguir contribuyendo a la realización de los 
objetivos de la PAC. Esta evolución estará acompañada 
de una intensificación en el seguimiento (véanse los 
puntos 7.22-7.24). 
Por otra parte, el objetivo de las diversas disposiciones de 
aplicación adoptadas por la Comisión nunca ha sido 
determinar los criterios y las condiciones de aplicación de 
las medidas, ya que dichas diposiciones sólo se refieren a 
las modalidades técnicas y financieras. 
218 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Exigencias poco realistas Ejercicio Utilización (en %) 
7.7. La Comisión comparte en gran medida la opinión 
del Tribunal acerca de las dificultades a las que se enfrenta 
la aplicación del plan de desarrollo previsto en la 
Directiva n° 72/159/CEE. 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 70 
71 
57 
59 
55 
80 
78 
Respecto a los planes de mejora previstos en el 
Reglamento (CEE) n° 797/85, que sustituyeron a este 
último, la Comisión estima que todavía es demasiado 
pronto para formarse un juicio definitivo. No obstante, 
tendrá en cuenta las observaciones del Tribunal cuando 
proceda al reexamen previsto en el artículo 23 de dicho 
Reglamento. 
Respecto a las observaciones según las cuales no se ha 
llevado la contabilidad exigida, las referencias facilitadas 
por el Tribunal no permiten a la Comisión identificar 
casos concretos. Por consiguiente, no puede comentarlos. 
No obstante, la Comisión ha demostrado que está alerta. 
Por ejemplo, acaba de realizar una investigación en 
Irlanda, donde la contabilidad no se ha llevado de forma 
correcta en determinados casos, lo que tendrá como 
resultado una reducción de los reembolsos que se han de 
pagar a este país. 
Por lo que respecta al pago de ayudas, por parte del 
Estado miembro, a los centros especializados para llevar 
la contabilidad, la Comisión estima que dicha práctica 
también puede beneficiar a los agricultores. En la definición de las medidas 
7.10. Si bien la Comisión comparte en general el 
descontento del Tribunal en cuanto a las demoras en la 
aplicación de las medidas estructurales en los países 
interesados, señala que, a menudo, se justifican las 
discrepancias de aplicación entre un país, incluso una 
región, y otro (véase su respuesta al punto 7.6). 
7.11-7.12. Tal como indicó en su respuesta a la 
observación del punto 7.6, la Comisión considera que la 
falta de definiciones precisas en los actos del Consejo es 
voluntaria, a fin de permitir con ello una aplicación que se 
adapte a las particularidades de las diversas regiones y 
países de la Comunidad. En este mismo sentido, la 
Comisión evita en lo posible imponer a través de su 
reglamentación de aplicación condiciones y definiciones 
uniformes. Por otra parte, los problemas que cita el 
Tribunal en el punto 7.11 sobre los procedimientos de 
financiación de programas forestales dieron lugar a 
dificultades que pudieron ser superadas. 
Créditos disponibles 
7.8. La distribución indicativa del FEOGA, prevista en 
el Reglamento n° 25 de enero de 1962, no se ha respetado 
porque la Comunidad ha querido llevar a cabo de forma 
prioritaria la organización común de los principales 
mercados agrícolas, a pesar de que la coordinación de las 
políticas de estructura agrícola quedase establecida en la 
Decisión del Consejo de 17 de diciembre de 1962 (5). 
En cuanto a los paquetes quinquenales que se aplican a 
los periodos 1980-1984 y 1985-1989, la Comisión 
comparte la opinión del Tribunal de que éstos constituyen 
límites máximos sin un significado preciso. En efecto, el 
procedimiento presupuestario determina los importes de 
los créditos. Por esta razón, la Comisión prefiere adaptarse a cada 
situación mediante una decisión específica de aprobación 
de programa, de normativa nacional o regional de 
aplicación o de proyectos. 
Respecto a la observación concreta sobre la medida 
relativa a la no comercialización de la leche, es evidente 
que a falta de un registro completo del número de vacas 
ha sido necesario calcular el número de vacas del periodo 
precedente a la solicitud de prima a través de las 
estadísticas de entrega de leche. No obstante, era 
necesario exponer la situación de forma flexible para 
tener en cuenta las fuertes variaciones de rendimiento 
entre países, regiones y ganados. El riesgo que señala el 
Tribunal era real, pero, al examinar el problema, la 
Comisión comprobó que no existía una solución alterna­
tiva que no implicara riesgos mayores. 
El porcentaje de utilización de las dotaciones anuales de 
créditos para el periodo de 1969 a 1975 fue el siguiente: 7.13. La Comisión considera que no existe contradic­
ción entre los objetivos de: 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 219 
— mantener una agricultura viable en las zonas natural­
mente desfavorecidas, 
— adaptar y fortalecer las estructuras agrícolas donde se 
observe un envejecimiento de la población agrícola y 
la existencia de explotaciones demasiado pequeñas. 
Por el contrario, la mejora de estructuras y el manteni­
miento, de actividades agrícolas en dichas zonas hacen 
necesario que estos dos objetivos se realicen conjunta­
mente. 
La posibilidad de reducir la superficie de tierras que se 
dedica a la agricultura, prevista en la Directiva n° 72/160/ 
CEE estaba subordinada al objetivo principal de mejora 
estructural. Además, la Directiva pide que los Estados 
miembros, al remitir proyectos de disposiciones de 
aplicación, «expongan el vínculo existente a nivel 
regional entre, por una parte, la medida de que se trate y, 
por otra, la situación económica y las características de la 
estructura agrícola». Por consiguiente, era posible evitar 
efectos contradictorios al exigir disposiciones que se 
adaptasen a cada situación regional concreta. 
En cambio, la posibilidad de conflicto entre el objetivo de 
desarrollo agrícola (puesta en riego, drenaje, que persigue 
la Sección Orientación del FEOGA y los intereses de su 
Sección Garantía es real. No obstante, dado que se trata 
de las regiones agrícolas más desfavorecidas de la 
Comunidad, la Comisión considera que conviene mante­
ner la posibilidad de continuar una política de desarrollo 
económico que no dependa exclusivamente de criterios 
relacionados con los mercados agrícolas. 
En la aplicación de las medidas 
Acciones directas e indirectas 
7.14. La Comisión considera que la dimensión comuni­
taria existe tanto en los casos de acciones indirectas como 
en los de acciones directas. Por otra parte, exige que los 
Estados miembros informen sistemáticamente a los 
beneficiarios de la ayuda financiera comunitaria que 
reciben. La responsabilidad de los Estados miembros en 
la realización de las acciones directas es evidente; por 
ejemplo, el apartado primero del artículo 32 del 
Reglamento (CEE) n° 797/85 estipula «que prevean los 
medios para efectuar una inspección eficaz de los 
elementos que se utilicen en el cálctilo de las ayudas 
pagadas con arreglo al Fondo ». Además, su importante 
participación financiera les obliga a efectuar inspecciones 
apropiadas. La financiación por programa 
7.16-7.17. La Comisión se hace eco de las observacio­
nes del Tribunal sobre la eficacia de los programas y las 
tendrá en cuenta cuando elabore sus propuestas en el 
marco de la reforma de los fondos estructurales, reforma 
que está pendiente actualmente. 
7.19. La reforma de los fondos, en vías de elaboración, 
completará desde el punto de vista jurídico el proceso 
destinado a lograr una mejor coordinación de los 
instrumentos estructurales que la Comisión ha impulsado 
a través de las actividades de la nueva Dirección General 
de Coordinación de los instrumentos estructurales. La 
reforma responderá probablemente a las críticas formula­
das por el Tribunal, al simplificar, armonizar y coordinar 
mejor la intervención de todos los instrumentos estructu­
rales comunitarios. 
La propuesta global se remitió al Consejo con arreglo al 
artículo 130 D del Acta Única. A fin de aplicar esta 
propuesta global, la Comisión someterá también al 
Consejo una propuesta sobre los mecanismos de coordi­
nación de las técnicas de intervención de los fondos. 
Control y seguimiento de las medidas 
7.22-7.24. En su comunicado titulado « Llevar a buen 
término el Acta Única, una nueva frontera para Europa », 
la Comisión considera que el seguimiento constituye un 
aspecto importante de la reforma de los fondos. El 
artículo 6 de la propuesta global que acaba de ser 
adoptada por la Comisión está dedicado precisamente al 
seguimiento y a la evaluación. En este artículo se estipula: 
— que se llevará a cabo un seguimiento de la acción 
comunitaria para garantizar la realización efectiva de 
los compromisos adoptados en el marco de los 
objetivos definidos en los artículos 130 A y 130 C del 
Tratado. Este seguimiento permitirá, en caso necesa­
rio, reorientar la acción a partir de las necesidades que 
surjan durante la puesta en práctica; 
— que, para apreciar la eficacia de las intervenciones 
estructurales, la acción comunitaria será objeto de 
una evaluación expost destinada a apreciar su 
impacto económico y analizar su incidencia en los 
problemas estructurales específicos; 
que las modalidades de seguimiento y de evaluación 
de la acción comunitaria se establecerán a través de 
las disposiciones previstas en los apartados 4 y 5 del 
artículo 3 y, en lo que respecta al BEI, a través de las 
disposiciones de su estatuto. 
220 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
El FEOGA-Orientación se beneficiará del conjunto de 
estas disposiciones cuando sean adoptadas por el 
Consejo. 
7.22. Se han creado sistemas para la inspección de 
solicitudes de pago o de reembolso. Es cierto que, en el 
examen sistemático de los documentos proporcionados 
por los Estados miembros, la Comisión utiliza una 
terminología que se deriva de las disposiciones de la 
normativa de que se trate. El objetivo de esta sistematiza­
ción es mejorar la claridad y la exactitud en la gestión de 
las acciones. En opinión de la Comisión, la definición de 
estos términos en casos concretos, que es de uso interno, 
se desprende de la interpretación de las normativas. 
7.23. La Comisión no puede aceptar la observación del 
Tribunal según la cual no está capacitada para realizar 
una inspección profunda de todas las operaciones del 
FEOGA-Orientación. Sería excesivo proceder al examen 
profundo de cada caso individual que se haya beneficiado 
de una ayuda indirecta. No obstante, la Comisión ha 
establecido para las acciones indirectas de carácter 
general un sistema de fichas individuales para cada acción 
y cada beneficiario; la inspección de estas fichas puede 
llevar, llegado el caso, al examen del expediente individual 
completo. 
Durante los cinco últimos ejercicios, los servicios del 
FEOGA-Orientación han solicitado (véanse los informes 
financieros XII a XVI) y examinado más de 44 000 fichas 
individuales. Si en estas inspecciones, se comprueban 
casos específicos de infracción se procede a una reducción 
exclusivamente para esos casos, pero cuando aparece un 
error más sistemático, el Estado miembro debe también 
iniciar una investigación de todos los gastos efectuados a 
fin de encontrar el problema, modificar, si fuera 
necesario, su sistema y comunicar una relación de las 
reducciones que se deberán efectuar en la solicitud 
siguiente. Este sistema se completa mediante inspecciones 
in situ durante las cuales se examinan detalladamente 
casos elegidos por sondeo. 
7.24. Ciertamente, el informe financiero no es un 
informe de análisis de los resultados económicos o 
estructurales de la política seguida, pero incluye, como su 
nombre indica, las informaciones de carácter financiero, 
entre ellas esencialmente los importes de los gastos 
efectuados en los diferentes sectores. 
Si bien es cierto que normalmente la Comisión no elabora 
informes analíticos destinados al Consejo, presenta, no 
obstante, cada año en su informe sobre la situación de la 
agricultura en la Comunidad, cuadros estadísticos 
acompañados de comentarios sobre la aplicación de las 
medidas. INCIDENCIA EN LA POLÍTICA AGRÍCOLA 
Dispersión de medidas y créditos 
7.28. El Reglamento (CEE) n° 797/85 se diferencia muy 
claramente de las directivas socioestructurales que lo han 
precedido por varias razones: 
— el régimen de ayudas a las inversiones en las 
explotaciones agrícolas se hace asequible para un 
número mayor de agricultores. Sin embargo, la 
finalidad de las inversiones subvencionadas es más 
limitada, principalmente con objeto de excluir 
aquellas que impliquen un aumento de la producción; 
se ha incluido un régimen de ayuda al establecimiento 
de jóvenes agricultores; 
se han incluido regímenes de ayudas para la promo­
ción de ciertos servicios cooperativos (sustitución, 
gestión, ayuda mutua); 
- se han incluido ayudas para la repoblación forestal de 
la superficies agrícolas; 
se han adaptado las ayudas para la formación a las 
necesidades de los jóvenes agricultores; 
se ha renunciado a las ayudas al cese de las actividades 
agrícolas y a la formación de consejeros socioeconó­
micos. 
Ayudas a infraestructuras mal coordinadas 
con otras ayudas 
7.32. Tal como la Comisión había explicado en sus 
respuestas al informe relativo al ejercicio 1982 sobre las 
intervenciones del FEOGA-Orientación en el ámbito de 
las infraestructuras, si un 35 % de la población de una 
comunidad rural depende directamente de la agricultura, 
la parte que depende directa e indirectamente representa 
como mínimo un 50 %. Se cumple así la condición 
prevista en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 
1760/78, según la cual los habitantes deben depender 
principalmente de la agricultura. 
7.33. Para determinadas infraestructuras no puede 
establecerse una relación con el volumen de producción. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 221 
Sin embargo, en lo que respecta a la puesta en riego y al 
drenaje existe una cierta relación, si bien estas dos 
medidas representan la única esperanza de un desarrollo 
económico duradero para los agricultores que se 
encuentran entre los más desasistidos de la Comunidad. 
En la práctica ha sido posible prohibir la puesta en riego 
del viñedo, lo que representaba un abuso potencial. No 
obstante, es difícil controlar la utilización de pastizales 
después del drenaje, sobre todo cuando diversas produc­
ciones de la ganadería (corderos, vacas, leche) se realizan 
en agricultura mixta. 
Débil incidencia de las medidas de orientación 
de las producciones 
7.35. El continuo crecimiento de la producción lechera 
no es un índice válido del impacto de la medida. 
Evidentemente, si no hubiera habido medida estructural, 
el crecimiento de la producción habría sido todavía más 
rápido. No obstante, la Comisión reconoce que, por lo 
general, las medidas destinadas a disminuir las produccio­
nes excedentarias raras veces han alcanzado el resultado 
esperado, ya que, a menudo, no representan una 
compensación suficiente si se las compara con la 
rentabilidad de la producción de que se trate. 
7.36. La Comisión quiere señalar que en 1977 (6) ya se 
había previsto una limitación de las ayudas concedidas en 
el sector lechero y que dicha limitación se intensificó con 
el Reglamento (CEE) n° 1946/81 (7). 
En cuanto a la exacción de corresponsabilidad hay una 
exención para los productores que se encuentran en zona 
de montaña y una reducción para los que se encuentran en 
zonas desfavorecidas. Es poco probable que esto tenga un 
efecto significativo en la producción lechera, ya que ésta 
es de poca importancia en las zonas que se benefician de la 
exención total (zonas de montaña) y, en las demás zonas, 
la reducción de la exacción sólo tiene un impacto 
económico menor. Además, se aplica de forma general el 
régimen de cuotas. 
7.38. Los primeros resultados que se derivan de las 
solicitudes de financiación para la aplicación del nuevo 
régimen de arranque de viñedos previsto en el Reglamen­
to (CEE) n° 777/85 (8), que se adoptó paralelamente a 
una reforma de mercado vinícola, son esperanzadores. 
Ayudas a la formación y cualificación 
profesional en gran parte sin utilizar 
1.41-1.42. La Comisión comparte la opinión del 
Tribunal sobre la necesidad de la formación profesional y 
de los servicios de divulgación a fin de facilitar la adaptación de las estructuras agrícolas. Por consiguiente, 
lamenta los retrasos en la aplicación de las medidas de 
desarrollo de los servicios de divulgación en ciertos 
Estados miembros. 
En cuanto a las medidas de formación, la Comisión 
señala que éstas han gozado de condiciones de financia­
ción más favorables con la adopción del Reglamento 
(CEE)n° 1760/87. 
Ayudas para la mejora de las condiciones de 
transformación y comercialización de 
productos agrícolas mal coordinadas 
7.44. La Comisión opina que el medio más apropiado 
para la aplicación de estas medidas consiste en la 
elaboración de un programa sectorial por producto 
importante. Únicamente un programa sectorial permite 
apreciar si se responde a los objetivos de la medida y, en 
particular, hasta qué punto las acciones previstas 
responden a los objetivos de la Política Agrícola Común. 
La Comisión no ve grandes inconvenientes en que otros 
instrumentos financieros de la Comunidad intervengan 
también en este campo. Hasta ahora la Comisión ha 
comprobado que no ha habido una acumulación de 
ayudas y que el FEDER ha respetado las mismas normas 
que el FEOGA. No obstante, tiene previsto establecer 
una separación más clara entre los campos de interven­
ción de estos dos fondos una vez efectuadas las reformas 
de los fondos estructurales que están pendientes actual­
mente. 
7.45. Cuando se aprueban los programas y los proyec­
tos individuales, la Comisión procura que las inversiones 
propuestas tengan una incidencia favorable sobre el 
ingreso de los productores. Es evidente que esta 
comprobación no puede ser rigurosa, dada la falta de 
compartimentación de una economía de mercado. No 
obstante, es normal que se compruebe, por ejemplo, la 
naturaleza y la existencia de contratos propuestos a los 
productores. 
Además; las empresas deben tener en cuenta también sus 
intereses a medio y largo plazo, lo que supone mantener 
relaciones armoniosas con sus proveedores de materias 
primas, sobre todo cuando estos se organizan en sus 
relaciones con las grandes empresas. Por otra parte, las 
empresas en cuestión son, a menudo, cooperativas que 
pertenecen a los productores. 
7.46. La observación del Tribunal es acertada y el riesgo 
que se describe es constante. No obstante, la función de 
los programas sectoriales, por un lado, y los criterios 
publicados, que la Comisión tiene en cuenta para la 
selección de proyectos, por otro, pretenden lograr cierta 
coherencia entre la aplicación de las medidas en cuestión y 
los objetivos de la Política Agrícola Común. 
222 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
De esto modo, en el sector lechero (tras un periodo de 
prohibición temporal de todas las ayudas), los criterios de 
selección se refieren concretamente a las inversiones para 
los productos que no son objeto de una intervención. Por 
este motivo, en el sector de las conservas la Comisión ha 
dejado de financiar de forma progresiva las intervencio­
nes en la producción de tomates, peras y melocotones. En 
cuanto a los alimentos del ganado se ha excluido de forma 
general el aumento de capacidades. 
OBSERVACIONES FINALES 
7.47. Los objetivos de la Política Agrícola Común 
definidos en el artículo 39 del Tratado deben realizarse en 
un contexto más amplio que comprenda también la 
problemática presupuestaria. 
Ocurre lo mismo con la política de estructuras agrícolas. 
También pueden parecer contradictorios los objetivos 
por los que se pretende, por una parte, efectuar ajustes 
estructurales de las producciones que sean excedentarias 
y, por otro, facilitar el desarrollo de las regiones desfavorecidas dedicadas principalmente a la agricultura. 
Sin embargo, ni uno ni otro pueden abandonarse. Se trata 
más bien de buscar un equilibrio teniendo en cuenta los 
intereses implicados. 
Las modificaciones de la normativa socioestructural que 
aparecen en el Reglamento (CEE) n° 797/85 afectan a las 
ayudas a las explotaciones agrícolas, fundamentalmente a 
fin de orientar su desarrollo en un sentido que no 
contribuya más al aumento de la producción. Por esta 
razón se han modificado las prioridades para tener más en 
cuenta las orientaciones actuales de la Política Agrícola 
Común. 
7.49-7.51. La Comisión, preocupada por los problemas 
presentados por el Tribunal, prosigue actualmente las 
reformas deseadas en dos apartados: 
— la reforma de la PAC cuyo balance y perspectivas 
acaban de ser transmitidos al Consejo en el Docu­
mento COM(87) 410 final de 30 de julio de 1987, 
— la reforma de los fondos estructurales prevista en el 
artículo 130 D del Tratado, cuya primera etapa acaba 
de ser presentada al Consejo en el Documento 
COM(87) 376 final de 24 de agosto de 1987. 
(') DO L 167 de 26.6.1987, p. 9. 
(2) COM(87) 166 final/3 de 3.6.1987. 
(3) COM(87) 376 final/2 de 24.8.1987. 
(4) COM(68) 1000 de 18.12.1968. (5) 
(6) 
(7) 
(8) DO 136 de 17.12.1962, p. 2892/62. 
Reglamento (CEE) n° 1081/77: DO L 131 de 26.5.1977, 
p. 10. 
DO L 197 de 20.7.1981, p. 32. 
DO L 88 de 28.3.1985, p. 8. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 223 
CAPITULO 8 
Medidas estructurales relativas a los cítricos y a la pesca 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
AYUDAS AL SECTOR DE LOS CÍTRICOS 
Introducción 
8.3. La Comisión quiere resaltar el hecho de que los 
créditos consignados y los pagos efectuados hasta finales 
de 1986 no permiten sacar conclusiones sobre la 
realización de las previsiones iniciales. De acuerdo con el 
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2511/69, los 
programas financiables por el FEOGA pueden iniciarse 
hasta el 31 de diciembre de 1988; esto implica la 
posiblidad de que se produzcan realizaciones y pagos 
hasta bastante más allá de 1989, ya que los pagos pueden 
continuar durante varios años. Concretamente, las 
ayudas complementarias previstas en el artículo 4 de 
dicho Reglamento deben pagarse en un período máximo 
de 7 años después del arranque, de forma que los últimos 
reembolsos del FEOGA se podrán efectuar en 1997/98. 
Por consiguiente, el coste final de las realizaciones sólo 
podrá determinarse a partir de un largo período más allá 
de 1988. 
En cuanto a la utilización de los créditos en los años 1984-
86, el reembolso de una gran parte de las solicitudes 
presentadas no fue posible hasta finales del año 1986 por 
haberse presentado tarde las solicitudes y por las 
peticiones de información complementaria. No obstante, 
a 30 de junio de 1987 el FEOGA había pagado 9,2 Mío 
ECU para los dos casos en suspenso en relación con Italia 
y Francia y próximamente se pagará un importe de 
1,4 Mió ECU para Grecia. Noción de agricultor como actividad principal 
8.4. La Comisión es consciente de los problemas de 
comprobación que plantea en algunos casos la definición 
de agricultor a título principal. Por regla general, las 
autoridades locales son las que tienen más elementos de 
juicio para saber si existen posibilidades de empleo fuera 
de la agricultura que puedan poner en duda la calidad de 
agricultor a título principal de la mayoría de los 
productores de cítricos. La definición formal de la noción 
de agricultor a título principal puede considerarse como 
una definición de referencia que debe aplicarse en función 
de las necesidades de comprobación individual. No 
obstante, es inevitable que cualquier definición de la 
noción de agricultor a título principal se base en criterios 
de ingresos y/o de trabajo prestado en la explotación; la 
verificación práctica de tales criterios impondría a las 
autoridades locales una organización adaptada al sector 
de los cítricos. 
8.5. Preocupada por aplicar de forma correcta la 
normativa comunitaria, la Comisión no podía proceder a 
los reembolsos en tanto no recibiera de parte de las 
autoridades nacionales respuestas satisfactorias a sus 
peticiones de esclarecimiento. Una vez recibidas las 
informaciones solicitadas, la Comisión pudo determinar 
los reembolsos definitivos correspondientes a los años en 
cuestión, y el 26 de junio de 1987 pagó a Italia la cantidad 
debida, es decir, 4 309 845 719 LIT. 
Coordinación de las diversas medidas que 
forman parte de la acción común 
8.6. La Comisión está de acuerdo con el Tribunal sobre 
la necesidad de coordinar las diferentes etapas de la 
reconversión. En principio, debe efectuarse al elaborar el 
plan, ya que el ciclo de producción del material de 
reproducción es relativamente largo y la insuficiencia de 
224 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
tal material impediría la realización de las operaciones de 
reconversión previstas. En cuanto a la realización de tales 
operaciones, el plan tiene, forzosamente, un carácter 
exclusivamente indicativo, ya que cada citricultor debe 
decidir, en última instancia, si quiere o no acogerse al 
régimen de ayuda. 
8.8. La Comisión comparte la opinión del Tribunal de 
que es necesario disponer de informes de los Estados 
miembros sobre el estado de realización del plan. Es 
verdad que Italia no ha respetado esta obligación a pesar 
de que le fue recordada en diversas ocasiones por la 
Comisión. 
Medidas específicas previstas para Córcega 
8.10. El Consejo ha aprobado una rectificación del 
Reglamento (CEE) n° 3130/86, para que el conjunto de 
las medidas aplicables en el marco del segundo plan de 
cítricos sea prorrogado hasta el 31 de diciembre de 
1988 ('). De este modo, queda cubierto el vacío que 
señalaba el Tribunal. Ayudas a la reconversión y a la 
reestructuración de las plantaciones 
8.11. Los Estados miembros, conscientes de lo difícil 
que resulta determinar y comprobar los gastos reales de 
cada explotación, han implantado sistemas de gestión 
simple y control eficaz que garantizan, no obstante, un 
grado de Habilidad satisfactorio en cuanto a la cobertura 
de los gastos reales. Si no se comprueba la corresponden­
cia entre los costes reales y los costes límites en el caso 
griego, la Comisión controlará su aplicación. 
AYUDAS A LA REDUCCIÓN DE LAS 
CAPACIDADES DE PESCA 
8.12 - 8.14. Los servicios de la Comisión observan que 
los baremos utilizados por las autoridades alemanas para 
el cálculo del número de días de amarre no corresponden 
a las normas fijadas por la Directiva 85/515/CEE. 
Actualmente, examinan los aspectos jurídicos del asunto 
antes de ponerse en contacto con las autoridades 
nacionales para una eventual recuperación de las sumas 
indebidamente pagadas. Se mantendrá informado al 
Tribunal de la evolución de este caso. 
(i) DO ti° L 200 de 21.7.1987, p. 18. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 225 
CAPITULO 9 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
INTRODUCCIÓN OBSERVACIONES GENERALES 
9.1 - 9.2. La Comisión comprueba que las observacio­
nes generales del Tribunal en cuanto a una mayor eficacia 
del FEDER (9.3 y 9.21) se inscriben en la perspectiva de la 
reforma de los Fondos Estructurales prevista en el 
artículo 130 D, que fue brevemente presentada en el 
documento de 24 de agosto de 1987 (') y que se definirá 
en las propuestas de reglamento de aplicación que se están 
preparando actualmente. La Comisión observa asimismo 
que las sugerencias específicas de perfeccionamiento del 
sistema de intervención del FEDER (9.22-9.61) se 
inscriben en el contexto de dichas observaciones genera­
les. 
En primer lugar, la Comisión quiere poner de manifiesto 
que está de acuerdo con el Tribunal en que puede 
aumentarse la eficacia del FEDER como instrumento de 
la política regional. No obstante, la Comisión señala que 
el FEDER opera ateniéndose a una normativa adoptada 
por el legislador, que determina los márgenes, e incluso 
las limitaciones, de su actividad. Por tanto, ciertas 
observaciones del Tribunal se derivan de la normativa 
vigente. 
Por otra parte, cuando, en el documento relativo a la 
reforma de los fondos estructurales, completó y precisó 
las orientaciones esbozadas en el documento «Llevar a 
buen término el Acta Única» (2), la Comisión señaló que, 
si bien en los diez últimos años se había mejorado de 
forma constante el funcionamiento de los fondos 
estructurales, incluido el FEDER, dicho funcionamiento 
presentaba aún deficiencias que restaban eficacia y efecto 
a las intervenciones comunitarias. 
({) Las notas aparecen al final del capítulo. 9.3 - 9.21. Las modificaciones de las normas de funcio­
namiento de los fondos estructurales propuestas por la 
Comisión en el mencionado documento, y en la propuesta 
de reglamento que le acompaña, responden a las 
observaciones generales que hace el Tribunal en cuanto a 
la financiación de la política de desarrollo regional y al 
sistema de intervención del FEDER, en las que se 
propone una mayor concentración de las medidas 
comunitarias en los puntos verdaderamente prioritarios 
del desarrollo regional. 
Al igual que los demás fondos estructurales, el FEDER 
no debe ser considerado como parte de un sistema de 
compensación financiera; el FEDER está destinado a 
contribuir a la consolidación de la cohesión socioeconó­
mica de la Comunidad. Por ello, la Comisión ha 
propuesto que la actividad del FEDER se centre 
fundamentalmente en los objetivos prioritarios de 
recuperación de las regiones menos desarrolladas y de 
reconversión de las regiones industriales en crisis, 
quedando claro que la concentración geográfica de los 
recursos del FEDER destinados a la realización de dichos 
objetivos se verá apoyada por la aplicación de criterios de 
selección estrictos (9.3, 9.8, 9.9 y 9.12)0. 
Si bien la concentración de la actividad del FEDER en 
estos objetivos concretos es un requisito imprescindible, 
no es, sin embargo, condición suficiente para garantizar 
la consolidación de la cohesión socioeconómica. Por este 
motivo, dado que los medios deben estar en consonancia 
con los objetivos, la Comisión ha propuesto que, de aquí a 
1992, se duplique el volumen de los fondos estructurales 
en términos reales (9.4) (4). 
A fin de que los fondos estructurales tengan realmente 
una incidencia económica, la Comisión ha propuesto, 
como parte de la reforma de los fondos estructurales 
prevista en el artículo 130 D del Tratado, además de la 
concentración de la actividad de los fondos en objetivos 
226 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
concretos y geográficamente delimitados y del aumento 
de los recursos hasta llegar a un nivel adecuado, un 
método de actuación más eficaz basado en el refuerzo, 
por una parte, del carácter complementario de las 
intervenciones comunitarias con respecto a las medidas 
nacionales y, por otra, de la programación (5). 
Con objeto de distribuir las tareas de la mejor manera 
posible entre la Comunidad y los Estados, la Comisión se 
propone llevar a cabo una estrecha concertación con los 
Estados miembros y espera que dicha concertación se 
convierta en una verdadera colaboración (9.17-9.21). 
A fin de establecer un programa anual más efectivo que 
permita tener una visión de conjunto coherente a plazo 
medio de todo lo que deben realizar los instrumentos 
comunitarios para cumplir los objetivos prioritarios, la 
Comisión ha propuesto que los Estados miembros 
presenten proyectos de desarrollo o de reconversión 
regional que sean más operativos que los proyectos de 
desarrollo regional actuales y que den lugar a sistemas 
comunitarios de apoyo que reflejen el carácter prioritario 
de los objetivos de desarrollo y representen el medio de 
coordinar las medidas comunitarias (9.12-9.13). 
En lo que se refiere a las intervenciones propiamente 
dichas, la Comisión propone que, en lugar de administrar 
con arreglo a la normativa vigente del FEDER miles de 
informes relativos a pequeños proyectos, se intervenga 
fundamentalmente en apoyo de programas operativos 
plurianuales; la financiación conjunta de tales programas 
se puso ya a prueba durante cierto tiempo con arreglo al 
Reglamento del FEDER vigente. La realización de 
programas operativos, cuya eficacia se verá aumentada 
gracias a la concertación con las instancias nacionales 
interesadas, dará lugar a un mayor seguimiento y a una 
mejor evaluación ex-post (9.9, 9.14-9.16). 
En algunas regiones de ciertos Estados miembros, la falta 
de financiación ha provocado un retraso en la dotación de 
infraestructuras; dado que se trata de infraestructuras 
públicas, su creación o desarrollo no se considera como 
una realización comercial sino, en un contexto más 
amplio, como un requisito para el desarrollo económico. 
El problema planteado por el Tribunal será objeto de un 
estudio a fin de encontrar las soluciones adecuadas (9.10-
9.11). 
Finalmente, la Comisión se propone armonizar y 
simplificar las normas técnicas y de procedimiento que 
rigen las solicitudes de ayuda y coordinar mejor los 
instrumentos comunitarios (6). Si bien la coordinación de 
los instrumentos de carácter estructural no es algo nuevo, 
la reforma de los fondos estructurales prevista en el 
artículo 130 D del Tratado aportará la base jurídica para 
el refuerzo de dicha coordinación. Por otra parte, será 
necesario diversificar las formas de intervención de los fondos estructurales y buscar la combinación de présta­
mos y subvenciones que sea a un tiempo la más lógica y la 
que menos recursos presupuestarios exija. Es decir, los 
fondos deberán ser capaces de proporcionar, junto con el 
BEI y los demás instrumentos de préstamos, todos los 
tipos de financiación adecuados a las operaciones y 
proyectos contemplados (9.5-9.7). 
SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS POR LA COMISIÓN 
9.22 - 9.24. Dado que las modificaciones que propuso 
la Comisión en su comunicación relativa a la reforma de 
los fondos estructurales (7) (y que serán presentadas con 
más detalle en las propuestas de reglamento de aplicación 
que se está preparando actualmente) responden a las 
observaciones del Tribunal en cuanto a una mayor 
eficacia del FEDER, es obvio que las mejoras específicas 
que el Tribunal propone que se lleven a cabo en el sistema 
actual de financiación por proyectos están también 
previstas en dichas modificaciones. Estas mejoras afectan 
a los puntos menos satisfactorios de dicho sistema, que se 
derivan de la normativa del FEDER vigente. Sin 
embargo, otras observaciones del Tribunal requieren un 
estudio por parte de la Comisión. 
Tramitación de las solicitudes de contribución 
9.25 - 9.40. El método que ha preparado la Comisión 
para valorar el interés que tienen para la Comunidad los 
programas previstos se refleja ya en los impresos de 
solicitud de contribución. Ello ha llevado a los Estados 
miembros a tener más en cuenta la Comunidad a la hora 
de preparar las solicitudes de contribución del FEDER. 
No obstante, es evidente que la prioridad que se dará, 
dentro de la reforma de los fondos estructurales prevista 
en el artículo 130 D, a la financiación de programas 
operativos plurianuales, podrá poner fin (dado que las 
intervenciones del FEDER mediante pequeños proyec­
tos, de los cuales se cuentan actualmente varios miles, 
desaparecerán progresivamente) a los problemas que 
acarrea necesariamente la financiación de pequeños 
proyectos, financiación que la normativa actual del 
FEDER admite. Esto será válido tanto en lo que se refiere 
a la elaboración de las solicitudes de contribución como 
en lo que respecta a la valoración del interés de tales 
proyectos desde un punto de vista comunitario y al 
seguimiento de las inversiones algunas veces muy 
limitadas que requieren estos pequeños proyectos. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 227 
Consulta con los otros servicios 
9.35-9.36. En lo que se refiere a la consulta con los 
otros servicios, la Comisión cree conveniente señalar al 
Tribunal que dicha consulta se hace con arreglo a un 
procedimiento establecido por la Comisión y forma parte 
de la fase de tramitación. Si los servicios consultados se 
pronuncian en contra, la Comisión no concede la ayuda 
solicitada para un proyecto. En este caso se prolonga la 
fase de tramitación. 
Justificación de los diferentes niveles de contribución 
9.37 - 9.38. En lo que respecta al nivel de contribución 
del FEDER, la Comisión pone de manifiesto que, con 
ocasión de la reforma de los fondos estructurales, se 
propone mejorar la relación existente entre los costes y la 
eficacia de las intervenciones estructurales mediante la 
modulación del nivel de participación comunitario en la 
financiación de programas. A tal fin, la Comisión 
propone que se tengan en cuenta factores tales como la 
gravedad de los problemas que hay que resolver, la 
capacidad financiera del Estado miembro de que se trate y 
el interés que tiene para ia Comunidad una medida 
concreta. 
Falta de un informe de análisis 
9.39. Dado el gran número de pequeños proyectos que 
se presentan con arreglo a la normativa del FEDER 
vigente, es materialmente imposible elaborar en todos los 
casos, como propone el Tribunal, un informe de 
valoración 
Ejecución y seguimiento ele las decisiones 
de contribución 
Elementos de base disponibles 
9.41 - 9.48. Está claro que los datos de que disponen los 
servicios de la Comisión para el seguimiento de la 
realización de los proyectos se reducen casi exclusivamen­
te a las informaciones enviadas por los Estados miembros 
en apoyo de sus peticiones de pago y a los resultados de las 
comprobaciones in situ, que se efectúan por muestreo. Por 
otra parte, esto se deriva de las disposiciones de la 
normativa del FEDER vigente. Como se indicaba anteriormente, la nueva forma de 
intervención prevista en la reforma de los fondos 
estructurales se inscribe en el contexto de una estrecha 
colaboración con los Estados miembros y concede 
prioridad a la aplicación de programas operativos 
plurianuales y, de forma complementaria, de grandes 
proyectos que implican la progresiva desaparición de las 
intervenciones en pequeños proyectos, lo cual facilitará el 
seguimiento de los compromisos contraídos. En el mismo 
orden de cosas, la Comisión tiene previsto reforzar los 
controles de calidad de los programas que se benefician 
del apoyo comunitario y realizar análisis de eficacia tanto 
de carácter puntual como global con objeto de asegurarse 
de que los créditos disponibles se utilicen de la mejor 
manera posible y de que la política estructural contribuya 
realmente al proceso de cohesión. 
9.43. Como reconoce el Tribunal, los importantes 
progresos que se han hecho en la utilización de la 
informática permitirán realizar a partir de 1988 un 
seguimiento financiero de los compromisos contraídos 
que concuerde de forma exhaustiva con la contabilidad de 
la Comunidad. 
Anticipos y pagos acelerados 
9.44 - 9.46. En lo que se refiere a los anticipos y pagos 
acelerados, la Comisión cree conveniente destacar que 
éstos se hacen a petición del propio Estado miembro y con 
arreglo a los criterios fijados, respectivamente, en los 
artículos 30 y 32 y en el apartado 3 del artículo 28 del 
Reglamento del FEDER vigente. Por otra parte, dichos 
anticipos y pagos acelerados pueden hacerse, con arreglo 
al artículo 29 del mencionado Reglamento, en favor de 
proyectos que comenzaron a realizarse antes de que se 
tomase la decisión de conceder la ayuda. No obstante, 
dentro de la reforma de los fondos estructurales, se prevé 
una simplificación y una armonización de estas técnicas 
de liquidación financiera. En este contexto, se puede, sin 
embargo, considerar la posibilidad de lograr una mayor 
transparencia de la información contable. 
Proyectos paralizados 
9.47 - 9.48. Como ya señaló la Comisión, concretamen­
te en su respuesta a tas observaciones del Tribunal 
relativas al ejercicio 1985 (8), la normativa del FEDER 
vigente no incluye disposiciones que obliguen a suspender 
los proyectos aplazados. Por ello, habida cuenta de que 
ciertos compromisos se prolongan durante demasiado 
tiempo, la Comisión ha introducido en su propuesta de 
modificación del Reglamento Financiero (9) una disposi­
ción con arreglo a la cual las obligaciones jurídicas 
contraidas en relación con proyectos que cubran más de 
un ejercicio deberán incluir, tal como desea el Tribunal, 
una fecha límite de ejecución. De este modo se introducen 
228 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
en la normativa los objetivos presentados en el documen­
to «Llevar a buen término el Acta Única» (10). 
Procedimientos aplicados en materia de vigilancia de las 
escalas y los importes para recuperar 
9.49. La Comisión estudiará las disposiciones que 
hayan de tomarse para que, al término de cada período de 
aplicación de las escalas definidas en el apartado 4 del 
artículo 4 del Reglamento del FEDER, es decir, al 
término de cada trienio, figure en la cuenta de gestión el 
estado de utilización de los créditos de compromiso con 
respecto a los límites mínimo y máximo de las escalas. 
9.50. En lo que se refiere al reembolso por parte de los 
Estados miembros de las ayudas recibidas del FEDER en 
exceso, de ahora en adelante el ajuste se hará mediante 
una orden de ingreso. De este modo dichos ajustes 
quedarán reflejados en la contabilidad comunitaria. 
El cierre de las decisiones 
9.51-9.52. Véase la respuesta a los apartados 9.41-
9.48. 
Controles in situ de los proyectos efectuados por la 
Comisión y valoración de los resultados 
9.55. La Comisión hará lo posible por precisar más las 
observaciones que se realizan durante los controles en los 
informes que remite al Tribunal. Por otra parte, el 
aumento del seguimiento que se ha logrado ya mediante 
la instauración de comités de seguimiento, en particular 
de los programas, y el perfeccionamiento del mismo, 
previsto en la reforma de los fondos estructurales, 
probablemente darán lugar, tal como desea el Tribunal, a 
una mayor eficacia del FEDER. 
9.56-9.57. La Comisión ha pedido a los Estados 
miembros que no se han atenido a dichas disposiciones 
que corrijan su situación con la mayor brevedad posible. FINANCIACIÓN POR PROGRAMAS 
Y PROGRAMAS INTEGRADOS 
MEDITERRÁNEOS 
Financiación por programas 
9.58-9.59. Si bien a finales de 1986 no todos los 
Estados miembros cuyo límite superior en la escala 
rebasaba el 1,5% habían presentado, con arreglo a las 
disposiciones del artículo 6 del Reglamento del FEDER, 
solicitudes de contribución en forma de programas, la 
Comisión quiere poner de manifiesto que las disposicio­
nes de dicho artículo pueden aplicarse en un período de 
tres años, que acaba a finales de 1987. Por otra parte, la 
Comisión puede asegurar ya que, antes de que finalice el 
ejercicio 1987, todos los Estados miembros, incluidos los 
que no tienen la obligación de hacerlo, habrán presentado 
solicitudes de contribución ya sea en forma de programas 
comunitarios, de programas nacionales de interés 
comunitario (PNIC) o de PIM que incluyan PNIC. 
En lo que respecta a Luxemburgo, el Tribunal señala que 
es beneficiario de un programa nacional de interés 
comunitario a pesar de que no está cubierto por un 
programa de desarrollo regional. El programa nacional 
de interés comunitario en cuestión va dirigido a la 
creación de puestos de trabajo alternativos en una región 
industrial en crisis. Dado que se trata de un programa 
sectorial que atañe a una pequeña parte de Luxemburgo, 
la Comisión lo aceptó por su ilación con el programa 
«fuera de cuota», que afecta al mismo sector y que cubre 
el período 1985-1989. 
9.60. La Comisión ha realizado, a petición del Tribunal, 
un análisis detallado de las cargas financieras potenciales 
de la Comunidad (véase la cuenta de gestión de 1986). 
Convendría buscar una base jurídica y consignar en las 
cuentas las cargas financieras importantes. 
9.61. En el futuro, la Comisión hará lo posible por 
atenerse totalmente a dicha disposición. 
Programas Integrados Mediterráneos 
9.62-9.63. Los PIM representan el primer intento de 
solución integrada a gran escala, por lo que era inevitable 
que su aplicación fuese difícil. Su aplicación requirió 
particulares esfuerzos, nuevas estructuras y un método de 
trabajo muy distinto del que se utilizaba en la gestión de 
los instrumentos de carácter estructural. Además, la 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 229 
exigencia de eficacia de los programas presentados y los 
procedimientos previstos en el Reglamento relativo a los 
PIM contribuyeron a hacer más lenta la tramitación de 
los programas. 
Conviene finalmente poner de manifiesto que, en este 
asunto, la Comisión no es la única causante de los 
retrasos, ya que el contenido exacto de cada medida se 
define junto con las autoridades nacionales y regionales 
del Estado miembro interesado. Dichas autoridades 
deben organizar por sí mismas la coordinación a nivel 
institucional y administrativo. 
El período de prueba parece haber concluido puesto que 
en 1987 van a ponerse en práctica diez PIM, siete 
franceses y tres griegos. La Comisión hará también lo 
posible por poner en práctica en 1987 los tres últimos PIM 
griegos. 
En lo que se refiere a los PIM italianos, que sólo fueron 
presentados a la Comisión a finales de 1986, la Comisión 
espera que los diecisiete programas se adopten a 
principios del ejercicio 1988. 
En lo que respecta al PIM de Creta, conviene destacar: 
— que para dicho PIM, aprobado formalmente por la 
Comisión en julio de 1986, se preveían préstamos 
comunitarios por un importe aproximado de 90 Mió 
ECU en siete años, que el BEI está estudiando actualmente con las 
autoridades griegas las modalidades de utilización de 
dicho importe. 
9.64 - 9.65. Las acciones piloto preparatorias han sido 
beneficiosas. Dado que la Comisión decidió, de común 
acuerdo con las autoridades de los Estados beneficiarios, 
prorrogar un año (hasta finales de 1986) dichas acciones 
piloto, es natural que, a principios de 1987, la Comisión 
no hubiese recibido todavía los informes de valoración de 
trabajos que aún no habían concluido. La Comisión 
acaba de pedir estos informes a fin de proceder a la 
valoración de dichas acciones piloto antes de que finalice 
el año 1987. 
Las acciones piloto fueron concebidas para probar la 
puesta en práctica de una estrategia integrada de 
desarrollo, es decir, probar metodologías y procedimien­
tos nuevos y evaluar, desde un punto de vista práctico, sus 
repercusiones sobre la futura gestión de los PIM. Cabe 
decir que las acciones piloto han demostrado que el 
fomento de la solución integrada es una forma interesante 
de resolver los problemas de desarrollo de las regiones 
mediterráneas. Han dado lugar asimismo a que salgan a 
la luz ciertos problemas, que se han tenido en cuenta en la 
preparación de los PIM. Dichos problemas se refieren 
fundamentalmente al seguimiento y comprobación 
informática y a la coordinación de las fuentes de 
financiación. 
(») 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) Doc. COM(87) 376 final/2 de 24 de agosto de 1987. 
Doc. COM(87) 100 de 15 de febrero de 1987. 
Doc. COM(87) 376 final/2, op. cit., apartado I. pp. 4 a 7. 
Doc. COM(87) 376 final/2, op. cit., apartado II, pp. 7 a 13. 
Doc. COM(87) 376 final/2, op. cit., apartado III, pp. 13 a 16. (6) Doc. COM(87) 376 final/2, op. cit., apartado IV, pp. 16 a 19. 
(7) Doc. COM(87) 100, op. cit. 
(8) DO C 321 de 15 de diciembre de 1986, p. 221, apartado 7.18. 
(9) Doc. COM(87) 400 final de 24 de julio de 1987, p. 8. 
(10) Doc. COM(87) 100, op. cit. 
230 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPÍTULO 10 
Investigación 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
INTRODUCCIÓN: OBSERVACIONES 
GENERALES 
10.1-10.3. La Comisión considera que la gestión de los 
programas de investigación y desarrollo tecnológico 
(IDT) debe responder a las normas de la buena gestión 
financiera y que los resultados de dichos programas 
deben ser objeto de una valoración periódica. 
— La Comisión estima que los resultados de su gestión 
en el campo de la IDT en 1986 fueron notables ya que 
el Capítulo 73 alcanzó por primera vez la cifra de 
cerca de mil millones de ECU. 
Si no fue posible utilizar la totalidad de los créditos 
disponibles en 1986, se debió únicamente a motivos 
ajenos a la buena gestión (demoras en la Decisión del 
Consejo, falta de base jurídica, programa de ahorro 
adoptado por el Consejo con respecto al CCI, etc.). El 
análisis detallado de la ejecución del Presupuesto de 
1986 demuestra que el retraso acumulado por el 
Consejo en el ámbito legislativo (Decisión de 12 de 
marzo de 1985 relativa a siete programas) ha sido en 
parte recuperado por la Comisión en la puesta en 
práctica de dichos programas. 
— A fin de poder valorar los programas de IDT, la 
Comisión ha seguido, paralelamente a una política 
contractual basada en los criterios del Programa 
marco, una política de evaluación sistemática de los 
programas de IDT. 
Cabe señalar que dicha política se inició a iniciativa 
de la Comisión y fue objeto de una primera 
Resolución que el Consejo adoptó el 28 de junio de 
1983 y que se vio reforzada por la Resolución del 
Consejo de 9 de diciembre de 1986 en la que se 
establece, entre otras cosas, un programa de acción 
quinquenal de la Comisión para la evaluación de las 
actividades de investigación y desarrollo comunita­
rias. El Parlamento Europeo, por su parte, quiso 
poner de manifiesto la importancia que daba a esta actividad en su Resolución relativa a la aprobación de 
la gestión de 1985 y en el seminario sobre proyectos de 
investigación de la DG XII que se celebró en Genval 
los días 14 y 15 de julio de 1987. 
Por tanto, la Comisión se propone aprovechar la 
puesta en práctica del nuevo Programa marco para 
1987-1991 para incrementar las evaluaciones de las 
actividades de IDT; por otra parte, tiene previsto en 
su programa de trabajo de 1987 presentar un 
documento relativo a un programa de apoyo de la 
evaluación de programas específicos. 
Al igual que el Tribunal, la Comisión también se propone 
seguir mejorando la gestión de los programas de IDT. 
— A nivel interno 
El 19 de noviembre de 1986, la Comisión tomó una 
decisión sobre la gestión de las actividades del Programa 
marco para 1987-1991. El objeto de esta decisión es 
conseguir, con la mayor brevedad posible, una acelera­
ción y una simplificación de la gestión de las actividades 
de IDT que se derivan del nuevo Programa marco y, en 
particular, una mayor coordinación entre las dos 
unidades principales de gestión de los programas. 
— A nivel externo 
En 1986/87 un organismo externo (Arbeitsgemeinschaft 
Planungsforschung Heidelberg) realizó, por encargo de la 
Comisión, un estudio comparativo de los procedimientos 
de asignación de recursos de IDT de la Comisión y de 
cuatro Estados miembros en el ámbito de los proyectos de 
gastos compartidos; de este estudio se deduce que la 
investigación comunitaria es administrada con mucho 
dinamismo. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 231 
De este modo, la Comisión considera que las normas 
internas de gestión que viene aplicando desde 1985 la DG 
XII con respecto a los proyectos concertados y de gastos 
compartidos se ajustan a los objetivos de una buena 
gestión financiera. 
No obstante, la Comisión adoptará, si es necesario, las 
disposiciones oportunas a fin de responder a las 
preocupaciones que señala el Tribunal en su informe de 
1986; pero, si bien la Comisión cree conveniente alcanzar 
ciertos objetivos señalados por el Tribunal, considera 
que, en ciertas ocasiones, se pueden utilizar medios que se 
ajusten más a la gestión de los programas comunitarios y 
que proporcionen una relación adecuada entre el coste y 
la eficacia (por ejemplo, en lo que se refiere a la 
organización de contratos, de desarrollo informático, 
etc.). 
En lo que respecta a las acciones directas, un grupo de 
expertos industriales de alto nivel presidido por Harry 
Beckers elaboró, tras la petición que formuló el Consejo 
en su sesión de abril de 1986, un informe general relativo 
al Centro Común de Investigación (CCI). 
Con ocasión de la definición del nuevo programa de 
actividades del CCI para el período 1988-1991, la 
Comisión se propone presentar al Consejo y al Parlamen­
to Europeo propuestas tanto de carácter administrativo y 
financiero como relativas a la gestión. Estas propuestas 
están motivadas por las preocupaciones que han expresa­
do el Tribunal, el Consejo y el Parlamento Europeo. 
En este sentido, el CCI ha señalado ya a las autoridades 
presupuestarias que piensa abandonar el método de 
gestión que ha venido utilizando hasta ahora (gestión por 
proyectos y ejecución por parte de las divisiones 
científicas) y diferenciar la gestión de los programas de la 
de los medios (lo que supone una revisión de las normas 
internas de gestión). El Anteproyecto de Presupuesto de 
1988 introduce ya ciertas novaciones presupuestarias que 
se ajustan a los deseos expresados por el Tribunal. 
La Comisión quiere poner de manifiesto que la Decisión 
de 19 de noviembre de 1986 anteriormente mencionada 
cubre también la planificación y el desarrollo de sistemas 
informáticos de investigación. 
El objetivo de dicha Decisión es «una mayor coordina­
ción de los servicios y de los sistemas informáticos», que 
garantice una gestión sana de los contratos de gastos 
compartidos. Por otra parte, esta Decisión se inscribe en 
la política de equipamiento y coordinación informática de 
la Comisión sobre la cual el Parlamento Europeo, 
basándose en el informe de la Sra. Scrivener de 11 de 
diciembre de 1985, se pronunció favorablemente; esta 
decisión responde también a las observaciones que hizo el Parlamento en su aprobación de la gestión presupuestaria 
de 1985 acerca de la IDT. 
La Comisión ha pedido a sus servicios una aceleración de 
la informatización de los datos relativos a la gestión 
general de los programas de IDT a fin de centralizar los 
datos en las fases fundamentales del ciclo de gestión de 
forma que se pueda disponer de ellos lo antes posible en la 
ejecución del nuevo Programa marco. Este instrumento 
de gestión de conjunto será completado por sistemas 
locales que permitan la automatización de ciertos 
procedimientos compatibles con el desarrollo del SIN-
COM (en particular, los compromisos y los pagos) y de 
los procedimientos de los proyectos y contratos de IDT. 
La Comisión se compromete a adoptar, si es necesario, 
otras disposiciones a fin de responder a todas las 
observaciones del Tribunal a este respecto. 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
10.4-10.13. La Comisión considera: 
— que el factor tiempo es un elemento importante; dos 
de los tres proyectos (SIBECA y DIODON) se 
iniciaron respectivamente en 1979 y 1980, es decir, 
cuando las técnicas de programación en tiempo real y 
los soportes físicos necesarios no habían alcanzado 
aún el desarrollo actual. Está claro que la Decisión de 
la Comisión de 19 de noviembre de 1986 dará lugar a 
que sus servicios tengan en cuenta la experiencia 
adquirida con la puesta en práctica de un proyecto 
piloto como DIODON o la de un proyecto como 
SIBECA; 
— que las conclusiones que se deducen del informe del 
Tribunal deberían tener en cuenta las necesidades que 
hay que cubrir y los recientes que son los medios 
técnicos disponibles. 
Consecución de los objetivos 
10.7. El problema relativo a la interconexión de los 
diferentes centros del CCI ha dado lugar a un experimen­
to positivo de enlace con el centro de Karlsruhe. 
La puesta en práctica se hará progresivamente, para no 
alterar el funcionamiento general, y en función de los 
medios de que se disponga. 
SIBECA proporciona los datos que le solicitan los 
servicios interesados. 
232 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Planificación y calendario 
10.8. DIODON fue diseñado en 1980 y se puso en 
funcionamiento de 1981 a 1984 a fin de llevar a cabo 
progresivamente la gestión de los contratos de acciones a 
gastos compartidos y acciones concertadas (AGC/C) ya 
que el número de contratos de la DG XII ha experimenta­
do una fuerte evolución desde 1980. 
Las demoras que se produjeron en la puesta en 
funcionamiento de DIODON se debieron fundamental­
mente a una falta de medios (material y personal) en la 
DG XII. 
El objeto de SIBECA era sustituir el sistema CORIG, que 
operaba en batch, por un sistema informático más 
avanzado que operase en tiempo real. 
Las demoras que se produjeron no impidieron que las 
operaciones de la DG XII se hiciesen con normalidad ya 
que el sistema DIODON estaba destinado a facilitar la 
gestión de sus contratos; en lo que se refiere al CCI, el 
sistema CORIG hizo posible una gestión financiera 
normal de las actividades anteriormente mencionadas. 
Gestión de los proyectos 
10.9.-10.13. Como ya se indicó anteriormente, la 
Comisión considera que, a la hora de poner en marcha los 
proyectos SIBECA y DIODON, la DG XII y el CCI 
tuvieron que enfrentarse al mismo tipo a problemas que se 
planteaban para los especialistas en informática o los 
usuarios de aquella época tanto si pertenecían al sector 
público como al privado. 
La Decisión de la Comisión de 19 de noviembre de 1986 y 
la coordinación de las actividades informáticas que la 
Dirección del Centro de Cálculo viene llevando a cabo 
desde 1982 probablemente harán posible que no vuelvan 
a producirse los problemas que menciona el Tribunal; la 
DG XII pone a disposición del Tribunal todos los datos 
necesarios relativos al nuevo proyecto «Ampere», que 
está llamado a sustituir en un futuro el sistema DIODON. 
Coordinación por la Comisión de los 
proyectos informáticos 
10.12-10.13. La Comisión es consciente de que se puede 
mejorar el contenido de las directrices para la gestión de 
los proyectos informáticos; actualmente se está preparan­
do una nueva presentación de las directrices. 
La Comisión señala que las directrices incluyen ya un 
documento titulado « Análisis de los costes y beneficios de 
una inversión en informática » al que pueden remitirse los 
servicios. Desde principios de 1987, un sistema de planificación y 
gestión de recursos (Resource Management System) 
permite obtener datos sobre los recursos informáticos que 
han sido planificados y utilizados por los proyectos 
dentro de una perspectiva plurianual. 
Por otra parte, se están preparando directrices relativas al 
desarrollo de las aplicaciones locales y un documento de 
referencia sobre las «Normas y procedimientos de una 
buena gestión de proyectos». Estos documentos contri­
buirán probablemente a mejorar la información de lá 
gestión y a incrementar las posibilidades de control de la 
evolución de los proyectos. 
No parece conveniente, sin embargo, transformar la Guía 
informática en un manual de instrucciones. Es más 
probable que se consiga la aplicación de su contenido 
mediante el convencimiento y la sensibilización, y la 
Dirección de Informática está trabajando en este sentido. 
Por otra parte, se han comprobado ciertos avances, por 
ejemplo, en la gestión de proyectos. 
No obstante, la Comisión quiere hacer hincapié en lo que 
se señala a continuación acerca de los tres proyectos: 
SIBECA 
La Comisión reconoce que este proyecto ha tenido que 
enfrentarse a algunos problemas y que se han rebasado de 
forma sustancial los costes previstos. No obstante, la 
Comisión considera conveniente que se tenga más en 
cuenta el hecho de que el proyecto se pusiese en marcha 
cuando la Comisión no participaba todavía en la 
coordinación de los medios informáticos. Esta coordina­
ción se decidió después por lo que la Guía informática se 
elaboró con posterioridad a la puesta en marcha del 
proyecto. 
Si bien el proyecto SIBECA no se ha desarrollado tal 
como estaba previsto, hay que decir que éste es un rasgo 
común de los proyectos de este tipo; la Comisión no 
conoce ningún proyecto informático de la dimensión y 
complejidad de SIBECA que, a finales de los años 70, se 
realizase con arreglo al programa y al Presupuesto 
previstos en un principio. La informática era entonces 
una técnica nueva y en constante evolución y, frente a las 
exigencias de un proyecto como SIBECA, del que ni 
existía ni existe un equivalente en el mercado (SIBECA 
representa 500 000 líneas COBOL cuando la mayor parte 
de los programas tienen de 10 000 a 100 000 líneas), no 
había un medio que garantizara el éxito a priori. SIBECA 
se ciñe tan estrechamente al Reglamento Financiero y a 
las estructuras de ejecución del Presupuesto que toda 
adaptación de un soporte lógico existente en el mercado a 
las necesidades del CCI hubiese sido peligrosa o 
imposible. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 233 
A ello hay que añadir que el soporte lógico de SIBECA, 
dada la complejidad de los procedimientos administrati­
vos y financieros de la Comunidad, es ahora uno de los 
más sofisticados que existen en el mercado. 
Hay que reconocer que el CCI depositó demasiada 
confianza en la compañía que se elijió en un principio 
para realizar el proyecto. Se trataba de una compañía 
prestigiosa que había vendido muchos ejemplares de un 
programa de contabilidad que se considera hoy un 
producto de referencia; el CCI pensó que la adaptación 
de este programa a sus propias necesidades no plantearía 
ningún problema. Era, por tanto, difícil prever que la 
mencionada compañía no iba a poder acabar los trabajos. 
Por el contrario, los servicios informáticos del centro de 
Ispra consiguieron desde un principio llevar a buen 
término el proyecto, realizando un sistema que actual­
mente es operativo. Se trata de un logro importante al que 
únicamente se pudo llegar cuando se dispuso de los 
medios necesarios. 
La Comisión se propone terminar la realización de 
SIBECA y aplicarlo a todo el CCI. 
DIODON II 
La Comisión considera que: 
— El sistema DIODON ha permitido mejorar el 
seguimiento de la gestión administrativa y científica 
de los contratos, hacer más rápidos los procedimien­
tos administrativos y hacer frente a la gestión de un 
mayor número de contratos más complejos mediante 
un número limitado de personal. Se han cumplido por 
tanto los objetivos que se habían fijado en 1980. 
— Si se han rebasado los costes previstos ha sido debido 
a las nuevas y numerosas modalidades que se 
añadieron (por ejemplo, contratos de costes margina­
les, contratos entre más de dos partes y transnaciona­
les) con respecto a los objetivos que se habían fijado 
en el estudio previo de 1981. Desde entonces, la 
política relativa a la gestión de programas ha 
evolucionado mucho (por ejemplo, pueden existir 
cuatro o cinco partes contratantes en un contrato, 
proyectos que siempre son transnacionales, etc.). 
— El informe del Tribunal pone de relieve ciertos 
principios que conviene tener en cuenta a la hora de 
poner en práctica proyectos informáticos como 
DIODON II (respeto de los plazos, formalismo del 
seguimiento, etc.). Dada la inestabilidad del contexto 
presupuestario y técnico en la que se situó siempre el proyecto, era necesario un enfoque pragmático como 
el elegido en la DG XII, que resultaba innovador en lo 
que se refiere a la automatización de los procedimien­
tos de gestión en la Comisión. Así pues, conviene 
poner de manifiesto tanto los logros del sistema como 
las imperfecciones de su desarrollo. 
ELAN 
En lo que se refiere a las aplicaciones de gestión que se han 
creado durante la realización del proyecto de investiga­
ción ELAN, la Comisión reconoce que el intento de 
combinar varios objetivos (de investigación y de inmedia­
ta aplicabilidad) ha llevado, en lo que respecta a la 
infraestructura (es decir, la inmediata aplicabilidad), a 
aceptar términos medios que no permitían obtener 
plenamente el resultado previsto. 
A este problema interno se añadió el hecho de que el 
consorcio que debía realizar el proyecto subestimó la 
complejidad de la tarea que tenía que llevar a cabo. 
Cuando esto se vio claramente, la Comisión instauró un 
Consejo de administración del proyecto a fin de 
solucionarlo. 
No obstante, la Comisión considera que el fracaso parcial 
y limitado de ELAN no ha tenido repercusiones negativas 
en la eficacia de la gestión de ESPRIT, gestión que, en 
varias ocasiones, se ha valorado positivamente (•). 
LAS ACCIONES DIRECTAS DE 
INVESTIGACIÓN 
Observaciones generales 
10.14-10.29 1. La Comisión considera que las observa­
ciones del Tribunal deben ser estudiadas teniendo en 
cuenta el contexto más amplio de la reforma del CCI que 
se propone llevar a cabo como consecuencia de diversos 
estudios y análisis recientes tales como el informe del 
grupo de expertos presidido por Harry BECKERS 
(anteriormente mencionado) y de las observaciones del 
Consejo de Administración del CCI acerca de dicho 
informe. 
Además de señalar la necesidad de definir de nuevo el 
papel del CCI, el informe incluye una serie de recomenda­
ciones sobre el buen funcionamiento y la eficacia del 
mismo, la movilidad de sus científicos, su apertura a 
actividades externas contractuales tanto de la Comuni­
dad como de los Estados miembros y las industrias 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 
234 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
interesadas, y la diversificación de las fuentes de 
financiación. 
2. Con ocasión del examen de la aprobación de la 
gestión de 1985, la Comisión de Control Presupuestario 
del Parlamento Europeo decidió dedicar al CCI un 
informe especial en el que se incluyen también diversas 
propuestas de racionalización de las estructuras y de la 
gestión del CCI. A tal fin, los días 18 y 20 de mayo de 
1987, se envió una delegación presidida por el Sr. Aigner 
al centro de íspra. (véase 10.1-10.3). 
3. La Comisión quiere poner de manifiesto: 
— que se ha llevado a cabo una evaluación del programa 
de 1984-1987 del CCI y que este informe, que ha sido 
realizado por expertos externos, señala que los 
resultados de los trabajos científicos del CCI son 
positivos. 
— que el grupo de expertos industriales ha recomendado 
más flexibilidad y autonomía en lo sucesivo en la 
gestión de! CCI. 
Funcionamiento del Presupuesto funcional 
Asignación del gasto 
10.20-10.22. La Comisión considera que la distribución 
de los gastos «indirectos» puede contabilizarse de 
diversas formas, igualmente válidas, y detallándola en 
mayor o menor medida. Además, dos entidades económi­
cas distintas no elegirían la misma forma de distribución 
de estos gastos ya que no responde a las mismas 
necesidades. De este modo, la distribución no sería igual 
en una entidad económica de tipo industrial en la que se 
trata de determinar los costes marginales de una 
producción en serie y en un centro de investigación como 
el CCI en el que se trata de determinar los beneficios de un 
programa comunitario de cuatro años. 
Estos beneficios responden más a una evaluación desde el 
punto de vista científico que a un análisis cuantitativo de 
los medios empleados. 
Si bien este análisis es ciertamente importante, en lo que se 
refiere al CCI, conviene elegir un método que permita 
obtener los resultados deseados con un coste administra­
tivo razonable. 
El método que ha elegido el CCI para la asignación de 
gastos sigue siempre el mismo orden lógico, que ha sido aprobado independientemente por el Interventor. Así, 
todos los meses se distribuyen los gastos de personal del 
mes anterior con arreglo a las declaraciones de utilización 
que cada jefe de división establece sobre el personal del 
que es responsable. En lo que se refiere a los servicios 
generales en sí (mantenimiento, calefacción, alumbrado, 
cargas administrativas comunes), la Comisión considera 
que el método sencillo que utiliza, si bien no está 
normalizado, es adecuado. 
Presentación de las cuentas anuales 
10.26. La Comisión publica cada año, junto con las 
cuentas de gestión, dos tomos dedicados a los créditos de 
investigación e inversión en los que se recogen de forma 
detallada los datos de las cuentas anuales. En el tomo III 
de las cuentas de gestión se analiza el resultado de las 
cuentas de asignación y en el tomo «Ingresos y gastos 
correspondientes a las acciones de investigación» se 
analizan en cada partida presupuestaria los costes de las 
actividades de investigación con respecto a los costes de 
los medios técnicos, de infraestructura y administrativos 
que se han utilizado. 
ACCIONES DE INVESTIGACIÓN A 
GASTOS COMPARTIDOS 
Observaciones generales 
10.30-10.32. La Comisión quiere hacer hincapié en que 
los créditos asignados a las acciones a gastos compartidos 
y a las acciones concertadas del capítulo 73 sirven para 
financiar actividades muy diversas que abarcan un gran 
número de programas, responden a necesidades científi­
cas muy concretas y deben examinarse con arreglo a sus 
especificidades. No se pueden estudiar y evaluar de la 
misma manera los problemas de gestión de las acciones 
concertadas, los de las acciones a gastos compartidos, los 
de un proyecto de gran alcance (BRITE) o los de una 
acción que exige pocos recursos (BCR); por otra parte, 
los proyectos de IDT se refieren más a investigación 
básica que a investigación y desarrollo industrial, los 
colaboradores externos pueden ser laboratorios (públicos 
o privados), universidades, PYME y pueden pertenercer a 
12 países comunitarios. La maquinaria comunitaria debe, 
en parte al menos, adaptarse a todos estos factores. A ello 
hay que añadir que la aplicación de los criterios del 
programa marco tiene como consecuencia que la mayor 
parte de los contratos de la DG XII son internacionales e 
incluyen, por tanto, más de dos partes contratantes (una 
media de cuatro a cinco). Esto ocurre con los grandes 
programas de IDT, como BRITE. EURAM, etc. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 235 
Acciones a gastos compartidos distintas del Informatización de la gestión presupuestaria 
programa de fusión 
Base de datos DIODON II 
Marco de gestión de los contratos 
10.33. En lo que se refiere a la organización del servicio 
de los contratos, la Comisión señala que, en enero de 
1987, adoptó un nuevo organigrama de la DG XII-CCI 
del que se derivan importantes modificaciones. No 
obstante, la división de «política y gestión de los 
contratos de investigación » no ha experimentado ningún 
cambio. La Comisión ha considerado que el modelo 
actual, si bien puede tener ciertos inconvenientes, ha 
resultado el más eficaz a la hora de hacer frente a las 
diversas limitaciones, por ejemplo de tipo lingüístico. 
Un replanteamiento de la división de contratos llevaría a 
un estancamiento en la organización del trabajo (sería 
imposible hacer frente al mayor volumen de trabajo que 
supone la realización de los diferentes programas de IDT) 
o implicaría un aumento sustancial del personal encarga­
do de los contratos. 
En estas circunstancias, la Comisión ha preferido seguir 
con el sistema actual e intentar mejorarlo dentro de una 
gestión armonizada en colaboración con la DG XIII. De 
este modo, los equipos encargados de la negociación de 
contratos incluyen actualmente de forma sistemática, 
científicos y funcionarios (negociadores) de la división de 
contratos; la creación de funcionarios de enlace a fin de 
conseguir una mayor integración de científicos y adminis­
trativos ha sido positiva, por lo que esta organización, 
que se estableció a finales de 1985 con ocasión de la puesta 
en marcha de nuevos programas tales como BRITE, se 
reforzó en 1986 y 1987. 
Control de la gestión 
10.34-10.35. La Comisión considera que, en lo que 
respecta a la DG XII, el control de gestión que se ha 
llevado a cabo es totalmente satisfactorio. 
Es obvio que sólo puede establecerse una comparación 
válida en materia de IDT (veáse apartados 10.1-10.3) 
entre la DG XII y las organizaciones nacionales si se tiene 
en cuenta que la DG XII se beneficia, por ejemplo en lo 
que se refiere al control de la gestión de contratos, de un 
sistema de doble control, en primer lugar en la división de 
contratos y, en segundo lugar, durante la Inspección 
Financiera. 
Por otra parte, de un informe interno, que se realizó en 
1985 acerca de la gestión de la DG XII, se deriva que el 
sistema interno establecido en la DG XII garantiza una 
gran Habilidad en los procedimientos; esta fiabilidad 
aumentó aún más con motivo de la puesta en marcha de 
los siete nuevos programas de IDT adoptados el 12 de 
marzo de 1985. 10.36. La Comisión considera que la base de datos 
DIODON II le ha permitido hacer frente a las dificultades 
de gestión que, como consecuencia del incremento de 
contratos de la DG XII, son más numerosas; los datos 
proporcionados por DIODON II permitieron a la DG 
XII utilizar correctamente en 1986 los créditos disponi­
bles y recuperar, durante la ejecucución de los programas 
de IDT, el retraso relativo a la aprobación de dichos 
créditos. 
10.37. El proyecto piloto DIODON nunca ha estado 
destinado a garantizar la ejecución presupuestaria y 
contable (dicha ejecución queda garantizada por la 
contabilidad central de la DG XIX) sino a administrar en 
tiempo real contratos de investigación. 
La ejecución presupuestaria y contable es administrada 
por el sistema A.58.P, que fue especialmente creado por la 
contabilidad para administrar la acción indirecta de 
investigación. 
Este sistema recoge, con arreglo a las características 
específicas de la investigación y el desarrollo que se 
establecen en le Título VII del Reglamento Financiero, 
además de los gastos en concepto de contratos, los gastos 
de personal y de funcionamiento administrativo y 
técnico. 
DIODON administra los contratos de investigación en la 
moneda en la que se establecieron; dado que el sistema 
contable administra los contratos en la moneda nacional 
y en ECU, se pueden conciliar los datos de los dos 
sistemas. 
Los reeembolsos que pueden realizar los contratantes son 
administrados por el sistema contable con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento Financiero vigente. 
La aplicación contable y presupuestaria permite llevar a 
cabo el seguimiento de los contratos y programas; el 
sistema DIODON hace posible el seguimiento de la 
gestión administrativa y científica de los contratos, la 
mayor rapidez de los procedimientos administrativos y la 
gestión de contratos más numerosos y complejos con un 
número reducido de personal. 
10.38. La situación que se describe corresponde al 
pasado. Era debida esencialmente a la falta de medios 
informáticos en la DG XII (no se concedió prioridad a la 
DG XII en la asignación de dichos mdios). 
Todos los meses se realizan tablas basadas en los datos del 
sistema contable y destinadas a los responsables de 
programas; estas tablas recogen la situación financiera 
236 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
completa del programa. Por otra parte, el sistema 
DIODON puede proporcionar de forma puntual y a 
petición del responsable del programa, cualquier dato 
adicional relativo a la situación de los contratos de 
investigación. 
El responsable del programa puede obtener estos datos 
directamente en la pantalla si se trata de informaciones 
iterativas que han sido programadas o, si no fuera así, en 
listados. 
10.39. Con arreglo a la Decisión de la Comisión de 19 de 
noviembre de 1986, la DG XII tiene previsto sustituir el 
sistema DIODON II por un sistema local de mejores 
resultados; se trata del sistema Ampere que será 
totalmente compatible con el sistema SINCOM (véase 
10.1-10.3). 
Gestión de los créditos de los programas 
Regularidad de los compromisos 
10.41. Con arreglo al artículo 1.3. del Reglamento 
Financiero, los compromisos que contabiliza la Comisión 
cubren la totalidad de los costes de las obligaciones 
jurídicas contraídas. 
El problema del «fraccionamiento de los contratos» se 
trató ya en un documento (2) que se envió al Tribunal en 
septiembre de 1985 y en el que se señalaba que: 
«En determinados casos puede realizarse un fracciona­
miento de la participación comunitaria que se menciona 
en el contrato a fin de tener en cuenta las disponibilidades 
presupuestarias. A tal fin, el contrato estará dotado de 
una «cláusula tipo». Esta práctica responde a la 
conveniencia, en particular desde el punto de vista 
científico, de concluir, en caso de que existan limitaciones 
presupuestarias, un mayor número de contratos en los 
primeros años del programa a fin de poner en práctica 
rápidamente la decisión de investigación.» 
La Comisión considera que esta práctica se deriva 
únicamente de la tensión presupuestaria que la Comuni­
dad viene experimentando desde hace varios años. Dicha 
práctica, de la que las autoridades presupuestarias y los 
Comités consultivos de gestión están al corriente, implica 
un incremento de trabajo para los gestores de programas. 
La Comisión espera que, cuando haya sido adoptada la 
reforma presupuestaria que ha propuesto, sea posible 
modificar dicha práctica; si esta prática no se hubiese 
llevado a cabo, en las circunstancias presupuestarias 
actuales se hubiese retrasado aún más la puesta en marcha 
de los siete programas de IDT que se adoptaron el 12 de 
marzo de 1985. Regularidad de determinados gastos 
10.42. La experiencia demuestra: 
— que el porcentaje de gastos generales imputado en un 
contrato varía inevitablemente según el tipo de 
organización, según los Estados miembros, y en 
función del grado de sofisticación de los sistemas 
contables utilizados por las partes contratantes en 
cada Estado miembro. Es obvio que los gastos 
generales de las grandes empresas industriales no son 
los mismos que los de una universidad o de una 
PYME. Por tanto, la Comisión considera que es 
imposible armonizar los porcentajes de gastos 
generales. 
— que los contratos tipo que utiliza la DG XII dan 
indicaciones muy claras de los elementos que se 
pueden tener en cuenta a la hora de calcular los gastos 
generales (artículo 10 del Anexo III en el caso de 
contratos a gastos compartidos, artículo 9 del Anexo 
III en el caso de contratos de coste marginal en los que 
las instrucciones que se dan reducen el porcentaje a un 
máximo de un 40 %). Por tanto, los gestores de 
contratos y las compañías encargadas de las audito­
rías deben asegurarse de la validez de los porcentajes 
que se solicitan con arreglo a las disposiciones 
mencionadas; por otra parte, la DG XII se reserva 
siempre el derecho de volver a examinar las solicitu­
des de los contratantes para proceder a los ajustes 
pertinentes en caso de que se observen irregularida­
des. 
Programa de fusión (exceptuando el JET) 
Regularidad de los gastos 
10.44. Las elaboraciones y previsiones de gastos, que se 
presentan a los Comités de gestión y en las que están 
basadas las solicitudes de entrega de fondos, hacen 
posible el seguimiento de la evolución de los gastos con 
respecto a los Presupuestos adoptados y la distinción de 
las diversas categorías de gastos, que dan lugar a los 
diferentes porcentajes de participación financiera por 
parte de la Comisión. 
Los justificantes de los gastos de las Asociaciones no son 
remitidos junto con las cuentas anuales a petición de la 
Comisión. La enorme cantidad de dichos justificantes 
implicaría un aumento del control burocrático y de los 
costes tanto para la Asociación como para los servicios de 
la Comisión. 
Por este motivo, la Comisión ha solicitado los servicios de 
sociedades de censura de cuentas que controlan «in situ» 
la contabilidad de las asociaciones. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 237 
Si bien es cierto que, en el pasado, las inspecciones de las 
Asociaciones eran menos frecuentes, desde finales de 1985 
la Comisión las inspecciona al término de cada contrato. 
El control de la contabilidad de las seis Asociaciones que 
menciona el Tribunal o bien se estaba realizando a finales 
de 1986 o bien estaba previsto para 1987. 
EMPRESA COMÚN JET 
Verificación externa de las cuentas anuales 
10.45. La Comisión no considera que el hecho de ser el 
principal « proveedor de fondos » del JET permita hacer 
una excepción al principio de autonomía jurídica y 
financiera que confiere al JET el estatuto de empresa 
común. Para que esta gran empresa científica y tecnológi­
ca sea un éxito, es fundamental que todos los participan­
tes asuman plenamente sus responsabilidades de acuerdo 
con los estatutos de la empresa. Por tanto, los órganos de 
decisión del JET, entre los que la Comisión asume 
plenamente sus responsabilidades (si bien sólo posee 
cinco votos de 43), deben también pronunciarse acerca de 
las observaciones del Tribunal que se recogen en los 
apartados 10.45-10.48. 
La Comisión no considera que una revisión de los 
Estatutos del JET sea necesaria para mejorar la colabora­
ción entre el Tribunal y la Dirección del JET. No 
obstante, dado que es miembro del Consejo del JET, la 
Comisión se esforzará por mejorar dicha colaboración. 
En lo que se refiere al calendario y al procedimiento de 
tramitación contradictorio de la auditoría del JET, la 
Comisión reconoce que éste es un tema común de 
discusión entre el Tribunal y la Dirección del JET, que 
espera llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes. 
Acuerdo de apoyo con la organización 
anfitriona 
10.46. El Comité de Enlace entre el JET y la UKAEA, 
que se estableció con arreglo al acuerdo de apoyo con la 
(!) Informe a plazo medio, Resolución del Parlamento 
Europeo: letra i del DO C 125/45 de 11.5.1987. organización anfitriona, creó, en octubre de 1986, un 
grupo de trabajo a fin de revisar la evolución del acuerdo 
y de hacer recomendaciones. La Comisión piensa que 
dicho grupo de trabajo elaborará su informe final antes de 
que finalice el año 1987. La Comisión espera con gran 
interés la publicación de este informe. 
Presentación de las cuentas del JET 
10.47. En marzo de 1987, el Consejo del JET adoptó 
una nueva organización del código financiero del 
proyecto, con efecto desde el 1 de enero de 1987, de 
acuerdo con la cual todos los gastos de personal del JET 
se imputan al mismo Título del Presupuesto del JET. Esta 
modificación, que la Comisión ha acogido favorablemen­
te, contribuirá a clarificar en lo sucesivo la presentación 
de los gastos de personal en las cuentas anuales del JET. 
Compromisos financieros potenciales 
10.48. En la propuesta de decisión del Consejo que la 
Comisión ha presentado para solicitar la prórroga del 
JET COM(87)302, se dan las previsiones de los gastos 
adicionales que supone dicha prórroga. La Comisión no 
considera necesario incluir de nuevo estos datos en las 
notas explicativas que acompañan a las cuentas del JET 
de 1986. 
Compromiso de la contribución de la 
Comisión 
10.49-10.51. Tras la transferencia de créditos de 
compromisos y de pago que se realizó en el Presupuesto 
de las Comunidades Europeas de 1987 (transferencia n° 
17/87 (partida 7311)) los datos de los créditos de 
compromisos y de los créditos de pago se corresponden y 
seguirán correspondiéndose en los próximos años. 
(2) Consideraciones acerca de los diversos procedimientos de 
establecimiento de los compromisos en la ejecución de los 
«créditos de operaciones» del Presupuesto General de la 
Comunidad. (Complemento a las respuestas correspondien­
tes a los apartados 9.16-9.17 del Informe Anual del Tribunal 
de 1984). 
238 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPÍTULO 11 
Ayuda alimentaria 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA (11.4-11.9) EFECTOS ECONÓMICOS (11.19-11.24) 
Níger (11.10-11.15) 
Burkina Faso-Níger 
En el Sahel, la cosecha de cereales tiene lugar en octubre y 
para finales del mismo mes ya puede hacerse un cálculo 
bastante aproximado. La siguiente época de lluvias es en 
mayo-junio. Por tanto, la Comisión dispone de unos seis 
meses para hacer llegar a los beneficiarios la ayuda 
alimentaria comunitaria. Se trata de un plazo difícil de 
reducir si se tiene en cuenta el tiempo que se tarda en el 
proceso de concertación, de decisión y adjudicación, 
además del tiempo empleado en el transporte marítimo y 
terrestre y en el envío final a los beneficiarios. 
Por esta razón, la Comisión se ve obligada a tomar 
decisiones muy precipitadas de acuerdo con la informa­
ción de que dispone. No ignora que, al desconocer la 
ayuda que se les va a conceder, los países beneficiarios 
tienden a ensombrecer la situación. Además, los servicios 
de la Comisión llevan a cabo las comprobaciones y 
concertaciones pertinentes a fin de hacer un cálculo 
realista de las necesidades de ayuda alimentaria. En caso 
de duda, sin embargo, no pueden olvidar que vale más 
equivocarse por exceso que por defecto. 
Por otra parte, la Comisión financia un programa 
regional, denominado «diagnóstico permanente», desti­
nado a mejorar el conocimiento de las variables de la 
política de cereales (producción, rendimiento, existencias, 
consumo). En Níger, debido a la escasa e irregular pluviosidad, la 
cosecha de cereales de octubre de 1984 se calculó en 
1 071 000 toneladas lo que significaba un déficit de 
422 000 toneladas con respecto a la media de los años 
precedentes. Al tiempo que se producían importantes 
movimientos de población, el gobierno manifestó la 
necesidad de importar unas 500 000 toneladas de las 
cuales 395 000 deberían ser cubiertas por la ayuda 
alimentaria. La Comisión redujo este cálculo a 450 000 
toneladas de déficit de las cuales 350 000 deberían ser 
cubiertas por dicha ayuda. A partir de septiembre de 1984 
la Comisión adoptó decisiones en relación con 70 000 
toneladas de cereales (el 20 % de las necesidades), 
enviadas entre octubre de 1984 y julio de 1985. 
Esta ayuda comunitaria, la más importante de los diez 
últimos años, representaba el 6,5 % de la producción de 
cereales de Níger. Aparte de la CEE, los principales 
contribuyentes a la ayuda alimentaria eran EE UU 
(118 000 toneladas), el PMA (26 000 toneladas) y Japón 
(18 000 toneladas). 
Como gran parte de las ayudas estaban destinadas a ser 
distribuidas gratuitamente, el gobierno las distribuyó de 
forma prioritaria lo que supuso retrasos en la venta de las 
ayudas comunitarias y el excesivo aumento de las 
existencias de la OPVN. 
No obstante, esta situación no tuvo consecuencias en la 
producción de cereales de los años 1985 y 1986, 
producción que se elevó a 1 835 000 y 1819 000 toneladas 
respectivamente. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 239 
En cuanto a los posibles efectos negativos de la ayuda 
alimentaria sobre los precios de los cereales en los 
mercados internos, todos los estudios realizados 
(USAID, Banco Mundial, etc.) demuestran que los 
mercados de cereales de estos países no funcionan de 
acuerdo con los esquemas clásicos (oferta y demanda en 
mercados integrados), y que por ello estos efectos han 
sido prácticamente inexistentes. 
La caída de los precios de mercado de los cereales 
señalada por el Tribunal queda suficientemente explicada 
por la vuelta a una producción normal (incluso exceden-
taria). Pero al adoptar las Decisiones sobre ayuda 
alimentaria, en medio de circunstancias dramáticas, la 
Comisión no podía prever la cosecha de octubre de 1985. 
Burkina Faso (11.16-11.19) 
Los años 1983 y 1984 fueron excepcionalmente secos en 
Burkina. Tras la cosecha de cereales de 1983, calculada en 
1 100 000 toneladas, en octubre de 1984 dicha cosecha se 
calculó igualmente en 1 100 000 toneladas. El Gobierno 
de Burkina anunció un déficit de 300 000 toneladas. La 
Comisión calculó el déficit real en 170 000 toneladas, de 
las cuales 60 000 deberían ser cubiertas por las importa­
ciones comerciales. En consecuencia, la Comisión calculó 
la necesidad de ayuda alimentaria en 110 000 toneladas y 
decidió conceder, a partir de febrero de 1985, una ayuda 
de cereales destinados a la venta por valor de 11 000 
toneladas, es decir, el 1 °/0 del total de la cosecha y el 10 % 
de las necesidades de ayuda alimentaria. 
Teniendo en cuenta los demás compromisos de la 
Comunidad (ayuda de urgencia, ONG) y de los Estados 
miembros, la ayuda total aportada a Burkina por la 
Comunidad y los Estados miembros se elevó a 30 150 
toneladas de cereales, cantidad que, en relación con el 
déficit observado, no podía desequilibrar el mercado de 
cereales. 
En el momento de las concertaciones y de la decisión 
comunitaria, las autoridades americanas declararon que 
no iban a otorgar ayudas a Burkina. En realidad, en 1985 
entregaron más de 60 000 toneladas de arroz, de harina, 
de maíz y de otros cereales (es decir, 97 000 toneladas de 
equivalente cereal) para su distribución gratuita. A causa 
de estas distribuciones gratuitas, la OFNACER no pudo 
dar salida a la ayuda europea destinada a la venta. 
La mala organización de la ayuda alimentaria relaciona­
da con las decisiones unilaterales de los Estados Unidos, 
no tuvo, sin embargo, consecuencias sobre la producción 
local que, gracias a una pluviosidad favorable, se elevó a 
1 587 000 toneladas en 1985 y a 1 925 000 toneladas en 1986, es decir, registró una progresión del 43 % y el 73 % 
respectivamente en comparación con 1984 
Al comprobar la desaparición del déficit alimentario, la 
Comunidad no participó en la aportación de ayuda 
alimentaria señalada por el Tribunal, en 1985-86. Por el 
contrario, otorgó en 1986 una ayuda sustitutiva que no 
pretendía contribuir al aumento de las existencias de la 
abundante cosecha sino crear existencias de seguridad en 
el norte del país en el Sahel burkinés, región crónicamente 
deficitaria y de difícil acceso en la época de lluvias. 
Egipto (11.20-11.24) 
La Comisión está de acuerdo con el análisis del Tribunal 
sobre la evolución de la producción agrícola de Egipto y 
la política de precios de consumo muy bajos y de 
subvenciones, que practican las autoridades. Es cierto que 
el bajo nivel de precios tiene consecuencias perjudiciales 
para la producción agrícola; por otra parte, esta política 
representa un pesado lastre en el Presupuesto del Estado. 
La instauración de esta política de subvenciones procede 
de la época de Nasser y aumentó en la década de los años 
70 cuando, gracias al alza de los precios del petróleo, la 
economía egipcia experimentó un crecimiento de aproxi­
madamente un 10 % por año en volumen. 
Tanto la Comisión como las autoridades belgas son 
conscientes de las distorsiones que se crean. 
Hay que señalar, sin embargo, que tanto la Comunidad 
internacional como el Fondo Monetario Internacional 
reconocen que la eliminación de las subvenciones sólo 
puede hacerse a largo plazo debido a las implicaciones 
socioeconómicas que lleva consigo. 
Las consecuencias de la ayuda alimentaria sobre esta 
situación no pueden ser sino secundarias. Durante el 
período de 1983-85, la ayuda comunitaria en cereales 
representó sólo el 0,7 % del consumo de Egipto, el 1,5 % 
de las importaciones y el 7,6 % de la ayuda alimentaria 
total recibida por Egipto. 
Teniendo en cuenta la ínfima parte que representa la 
ayuda alimentaria de la Comunidad en relación con el 
total de ayuda alimentaria recibida por Egipto, es 
evidente que la presión de la Comisión en pro de la 
racionalización de la política egipcia sólo puede tener una 
incidencia limitada. 
Como el propio Tribunal señala, los esfuerzos realizados 
por la Comisión y su delegación en El Cairo han hecho 
posible concertar con Egipto un plan de acción que haga 
más eficaz la gestión de las ayudas. 
240 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
CAPITULO 12 
Personal y funcionamiento 
RESPUESTAS DEL PARLAMENTO 
GESTIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL 
PERSONAL DEL PARLAMENTO, DE LA 
COMISIÓN Y DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS fecha del 15 de cada mes, la autorización de gastos 
relativa a la retribución debe ser establecida, firmada por 
el ordenador, controlada y visada por el interventor. 
12.1 - 12.17. Como se indica en el apartado 12.3 de las 
Observaciones, la Comisión gestiona la aplicación 
informática de la PAIE. Corresponde pues a la Comisión 
juzgar en primer lugar si es oportuno efectuar modifica­
ciones en los programas que vayan en sentido de las 
observaciones realizadas por el Tribunal. En estas condiciones, el ordenador no puede controlar los 
centenares de documentos justificativos transmitidos con 
la autorización en cuestión; debe confiar en el trabajo 
previo efectuado por los servicios de la autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos. No 
obstante, el ordenador examinará las modalidades según 
las cuales la unidad « Gestión de Créditos », encargada de 
ayudar al ordenador en la ejecución de sus funciones, 
podría efectuar controles en su nivel. 
Observaciones relativas a los sistemas de 
gestión La estructura actual del programa PAIE no permite un 
acceso limitado a ciertas zonas específicas, acceso que el 
Servicio de Tesorería requeriría. Esta deficiencia del 
programa PAIE queda señalada en el apartado 12.12 de 
las observaciones del Tribunal. 
Preparación de la nómina 
12.29-12.31. La verificación y la corrección de los 
datos introducidos en el programa « PAIE » será efectua­
do a partir de ahora en la división de contaduría por un 
agente distinto al responsable de la introducción de 
dichos datos. 
La conciliación entre los programas RAPE y PAIE sólo 
puede efectuarse manualmente. La institución está 
estudiando un programa que suceda al actual RAPE; el 
nuevo sistema incluirá un procedimiento informatizado 
que permita un control a posteriori de la coherencia de los 
datos introducidos en RAPE y PAIE. 
De conformidad con el artículo 16 del Anexo VII del 
Estatuto, la retribución se abona al funcionario el día 15 
de cada mes; entre la fecha de llegada de los listados PAIE 
de la Comisión y la fecha en la cual el contable da las 
instrucciones necesarias al banco con objeto de respetar la Gestión presupuestaria 
12.32 - 12.33. El esquema de correspondencia entre los 
códigos informáticos y las líneas presupuestarias se 
armonizará con el utilizado por la- Comisión; una 
armonización semejante habrá evitado el error señalado, 
relativo a la imputación de 0,6 Mió ECU a la partida 1100 
en lugar de la partida 1101. 
La autoridad presupuestaria decidió que las diferencias 
de cambio efectivas deben ser transparentes a escala 
presupuestaria. El programa PAIE no contiene ninguna 
función que permita extrapolar estas diferencias; al 
menos la posibilidad de imputar manualmente a la 
partida presupuestaria 2321 «Diferencias de cambios del 
presupuesto» tiene la ventaja de no ocultar estas 
diferencias que provienen de los tipos de cambio 
estatuarios fijados por el Consejo, y de respetar así la 
decisión de la autoridad presupuestaria. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 241 
Todos los documentos contables se registran inmediata­
mente, en el momento de su entrada en el servicio 
«Logabax». Cualquier retraso en el registro de un 
documento contable proviene del lapso de tiempo 
necesario para respetar las etapas (ordenador, interven­
tor, contable) impuestas por el Reglamento Financiero. 
De todas maneras, se sustituirá el material «Logabax» a 
partir del 1 de enero de 1989 por una nueva aplicación 
informatizada «BUDG», actualmente en desarrollo. El 
programa «BUDG» proporcionará un sistema contable 
que integra las contabilidades presupuestaria, general y 
analítica. Se notará igualmente una reducción de los 
circuitos administrativos que proporcionará una situa­
ción financiera y actualizada. 
Controles internos ejercidos por el interventor 
12.34- 12.35. Desde el mes de septiembre de 1986, el 
interventor señala al ordenador mejoras que se podrían 
aportar en el control de los listados del programa PAIE, 
en particular la necesidad de efectuar la conciliación 
regular entre RAPE y PAIE. 
El interventor procede a una verificación de los listados 
PAIE, necesariamente mediante muestreo; los controles 
que se efectúan en un mes cualquiera se pueden referir a: 
i) las retribuciones abonadas a los funcionarios de un 
determinado grado; 
ii) todas las asignaciones por hijo a cargo que se han 
abonado; 
iii) los funcionarios en excedencia voluntaria que no 
deben percibir retribución; 
iv) la introducción correcta en el programa PAIE de las 
decisiones individuales tomadas con respecto a los 
funcionarios y agentes; 
v) las horas extraordinarias; 
vi) la totalidad de los derechos estatuarios de cerca de 50 
funcionarios y agentes escogidos al azar. 
Desde hace algunos meses, el servicio de control 
financiero describe y registra cada mes al trabajo de 
control llevado a cabo. Observación específica 
12.41. El Parlamento Europeo mantiene, para los 
agentes temporales que se convierten en funcionarios, la 
antigüedad de escalón adquirida durante el contrato 
temporal, cuando éstos han sido reclutados como 
temporales sobre la base de un concurso y no habían 
podido ser nombrados inmediatamente funcionarios (en 
particular a la espera de la conclusión del procedimiento 
de provisión del puesto). Resultaría poco ecuánime e, 
incluso, contrario al principio del mantenimiento de los 
derechos adquiridos, protegido por la jurisprudencia, el 
rebajar a estos agentes en el momento en que obtienen su 
nombramiento de funcionario al cual les daba derecho al 
concurso, desde el principio. Es muy raro que un contrato 
temporal dure lo suficiente como para que la antigüedad 
del escalón adquirida sobrepase los límites impuestos por 
el artículo 32 del Estatuto. 
Conclusión sobre los sistemas de gestión 
12.42 -12.44. El Parlamento, consciente de la parte 
importante de los gastos de personal en su presupuesto 
anual (± 50 %), se muestra convencido de la necesidad de 
garantizar que la imputación presupuestaria de los pagos 
realizados por este concepto sea exacta y se pueda 
controlar. Desde hace más de un año, el Parlamento ha 
emprendido la realización de sistemas de gestión, en 
particular informáticos, con objeto de reforzar la 
fiabilidad de los controles. En estas condiciones, el 
Parlamento debe procurar la mejora del funcionamiento 
del programa PAIE del que éste depende. 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Observaciones sobre los gastos 
de mantenimiento de los inmuebles 
12.47. «El Parlamento Europeo considera oportuno y 
deseable que, al tratarse de un ámbito sumamente técnico, 
un único funcionario cualificado se encargue de la 
coordinación de todos los elementos de un expediente; 
éste, sin embargo debe insertarse en un marco de control 
financiero y administrativo». 
12.48. El 2 de junio de 1987 se han transmitido a los 
servicios correspondientes directrices que hacen hincapié 
en el procedimiento que hay que seguir. 
Por regla general, se respeta dicho procedimiento. No 
obstante, ciertas veces ocurre que algunas ofertas, 
242 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
remitidas en dos sobres, llegan abiertas al servicio 
« Edificios», en caso de que el remitente no haya indicado 
la naturaleza del envío. 
12.49. Entre las dos soluciones posibles (es decir, una 
serie de contratos puntuales relativos a cada intervención 
o un contrato anual « Omnium ») el Parlamento Europeo 
optó por el contrato anual, ya que se adapta mejor a las 
prestaciones técnicas deseadas por los motivos siguientes: 
i) la entidad que presta los servicios se compromete a 
intervenir en un plazo muy breve; 
ii) el coste global es inferior al coste de toda una serie de 
contratos puntuales. 
12.50. (a) El retraso observado es atribuible a los 
servicios competentes de las autoridades luxemburgue­
sas, quienes no presentan los documentos justificativos en 
los plazos deseados, a pesar de los esfuerzos realizados 
por el Parlamento. 
(b) Los gastos de personal, derivados del destino que las 
autoridades luxemburguesas dan a su equipo técnico en el 
edificio Tour y en los locales anexos, se reparten entre las 
instituciones que ocupan dichos inmuebles, según una 
clave que entró en vigor el 1 de septiembre de 1980. El 
Parlamento se compromete a examinar con las autorida­
des luxemburguesas la composición de este equipo y las 
modalidades de su financiación. 
(c) En el espíritu de cooperación previsto en el artículo 19 
del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de 
las Comunidades Europeas, el Parlamento Europeo 
someterá de nuevo la cuestión suscitada por el Tribunal 
de Cuentas a las autoridades luxemburguesas. Observaciones relativas a los gastos de 
papelería y material de oficina 
12.53- 12.55. Los artículos de papelería y de material 
de oficina, cuyas existencias son excedentarias y sobre los 
que el Tribunal ha llamado la atención, tienen un valor 
reducido y, en parte, son de naturaleza transitoria. 
Siguiendo las instrucciones del Secretario General, se 
tomaron las disposiciones adecuadas con objeto de sacar 
estos artículos de los almacenes y venderlos de acuerdo 
con las formas requeridas. 
Un programa informático operacional permite conocer, 
desde 1985, el consumo real de artículos de papelería y de 
material de oficina de cada servicio, y tener en cuenta 
dicho consumo en el momento de establecer las previsio­
nes presupuestarias. 
La cooperación interinstitucional ha dado ya resultados 
positivos: 
— la puesta a punto del programa informatizado 
mencionado anteriormente; 
— la compra en común de disquetes para aparatos de 
tratamiento de texto; 
— la negociación de los contratos de mantenimiento de 
máquinas electrónicas; 
— la firma de un contrato marco relativo a la compra de 
material ofimático. 
No obstante, el Parlamento Europeo constata que resulta 
posible, a veces, obtener precios negociados por sus 
propios servicios, precios que son más ventajosos que los 
previstos en un contrato marco interinstitucional. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 243 
RESPUESTAS DEL CONSEJO 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Observaciones sobre los gastos de 
mantenimiento de los inmuebles 
12.49. En principio, los contratos de mantenimiento 
celebrados por el Consejo establecen que se pague a plazo 
vencido. En las escasas ocasiones en que actualmente se 
ha previsto un pago por adelantado, el Consejo trata de 
introducir, en la medida de lo posible, una cláusula que 
establezca el pago a plazo vencido. 
12.50. (a) El retraso se debe a que la autoridad gestora 
del complejo presentó con cierto retraso el detalle de los 
gastos referentes a los ejercicios en cuestión. 
(b) La observación del Tribunal de Cuentas no parece 
reflejar la realidad en lo relativo a los controles realizados 
GESTIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL 
PERSONAL DEL PARLAMENTO, DE LA 
COMISIÓN Y DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS 
Observaciones sobre la aplicación del sistema 
informático « PAIE» 
12.3. A principios de 1983, la Comisión, consciente de 
las imperfecciones del sistema, lanzó un proyecto para 
desarrollar un nuevo soporte lógico, no porque quedasen 
sin cubrir las necesidades de los servicios que lo 
utilizaban, sino para reducir el esfuerzo de mantenimien­
to y suprimir las deficiencias conocidas, algunas de las 
cuales aparecen en el informe. Las principales etapas del 
desarrollo del proyecto fueron las siguientes: 
abril de 1983: elaboración del documento de referencia 
«situación del sistema PAIE» por los servicios del Consejo. Efectivamente, sobre la base 
de los acuerdos concluidos con las autoridades luxembur­
guesas, en cada sesión se establece la lista de los agentes 
afectados que estén presentes. Al termino de los trabajos, 
un responsable de la Secretaría General del Consejo da su 
visto bueno a dicha lista. 
(c) La Secretaría General del Consejo se encuentra 
actualmente en fase de negociación al respecto con las 
autoridades luxemburguesas. 
Observaciones relativas a los gastos de 
papelería y material de oficina 
12.55. La Secretaría General del Consejo participa con 
gran regularidad en los trabajos del Grupo interinstitu­
cional de armonización de compras y está dispuesta a 
utilizar contratos marco celebrados por otras institucio­
nes siempre que éstos se ajusten a sus propias necesidades. 
febrero de 1984: lanzamiento de una licitación a través del 
Diario Oficial (') para la búsqueda de un programa de 
soporte lógico de liquidación de los pagos al personal 
mayo de 1984: recepción de las ofertas, estudio y 
selección 
febrero de 1985: ante la complejidad del problema, 
decisión de confiar al mejor licitador la construcción de 
un prototipo en concepto de prueba 
noviembre de 1985: presentación del proyecto a la 
CCCC-dictamen favorable 
noviembre de 1985-junio de 1986: construcción del 
prototipo 
julio de 1986: al término de la elaboración, usuarios y 
especialistas en informática deciden abandonar el 
proyecto fundamentalmente por las razones siguientes: 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
244 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
— insuficiente accesibilidad para el usuario; 
— supeditación del soporte lógico, es decir, una 
dependencia excesiva con respecto al suministrador 
que haría necesaria una transformación para que el 
soporte lógico fuera operativo teniendo en cuenta el 
entorno de la Comisión; 
coste/beneficio negativo; la amortización habría 
supuesto 6 años. 
Este abandono trae aparejada la decisión de mejorar el 
sistema existente eliminando las deficiencias conocidas 
(proyecto «Mejora PAIE»). 
Ficheros 
12.5. (a) La Comisión es consciente de que hay una 
redundancia de informaciones. Ésta está limitada en el 
tiempo y, por lo tanto, la Comisión considera que el bajo 
coste suplementario en recursos informáticos sirve de 
contrapeso al precio del mantenimiento importante para 
homogeneizar los dos ficheros secuenciales y provistos de 
índices. 
(b) La Comisión nunca ha observado errores en los 
cálculos de atrasos: el riesgo detectado por el Tribunal 
será objeto de un estudio con el gestor para tratar de 
eliminar su potencialidad. 
(c) La utilización de datos ficticios, medio simple 
utilizado en la programación del sistema, nunca ha 
confundido a los gestores. No obstante, debido a las 
dificultades que puede ocasionar en materia de control, la 
Comisión examinará el modo de mejorar el sistema en 
este punto. 
12.6. Para la documentación, véase el punto 12.10. 
La protección contra las manipulaciones forma parte del 
problema más general de la mejora de la seguridad 
informática (véanse los puntos 12.11-12.13). 
12.7. La mejora ya mencionada eliminará esta dificul­
tad. 
£1 soporte lógico 
12.8. El sistema PAIE se destina a varias familias de 
usuarios. Para permitir todas las combinaciones necesa­rias, los programas se elaboran de forma modular y no 
monolítica. La ejecución está organizada para responder 
a las solicitudes de los servicios administrativos de las 
diversas instituciones. 
Si fuera posible una armonización entre instituciones se 
unificaría esta ejecución. 
12.9. Se mejorará la calidad de la documentación tal 
como se sugería (véase el punto 12.3) con la reestructura­
ción del sistema «PAIE». 
La seguridad del sistema 
12.10-12.11. La Comisión admite la necesidad de 
realizar mejoras, que el proyecto actual introducirá: por 
ejemplo, se efectuará un control de coherencia en la 
recogida de los datos iniciales (primera fase del proyecto 
«Mejora del PAIE»). 
Los gestores efectúan controles que garantizan una buena 
seguridad interna. 
12.12. Se mejorará la seguridad externa utilizando, 
entre otros, métodos modernos de gestión de contraseñas 
que no existían cuando se concibió el sistema. 
El proyecto creado en 1983 preveía la mejora sugerida. 
Este aspecto se ha retrasado por las razones expuestas 
más arriba (véase el punto 12.3) 
Productos del sistema 
12.14. Los listados se elaboran según las solicitudes de 
los usuarios. La fase 3 del proyecto dará ocasión a una 
revisión conjunta donde se tendrán en cuenta todas las 
solicitudes de las partes implicadas. 
12.15-12.16. En la medida en que el usuario deba 
recurrir al terminal con pantalla, el sistema mejorado le 
ofrecerá esta facilidad. No obstante, el cumplimiento de 
la normativa vigente continuará imponiendo la memori­
zación de las informaciones sobre una base fija, 
principalmente la evolución de los pagos efectuados a los 
funcionarios y agentes. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 245 
Conclusión sobre el sistema informático Gestión presupuestaria 
12.17. La Comisión admite que debe efectuarse una 
revisión del sistema y mejorar su seguridad. En 1983 la 
Comisión decidió buscar el soporte lógico más moderno 
que puediese convenir a las necesidades de las institucio­
nes. 
Se llegó a la conclusión de que no existía dicho soporte 
lógico y, por lo tanto, se tuvo que renunciar a la 
reconstrucción entera del sistema. Por consiguiente, sólo 
quedaba mejorarlo; lo que se decidió va en el mismo 
sentido que las sugerencias del Tribunal en los puntos (a), 
(b), (c) y (e). 
El programa que se presenta en el punto 12.3 permite ver 
el motivo por el que todavía no se ha realizado. Mientras 
tanto, no se ha producido ningún suceso importante y la 
seguridad de los resultados está garantizada por el control 
de los gestores. 12.22. El procedimiento actual se deriva del método 
utilizado para la preparación de la contabilización de las 
retribuciones. 
La Comisión está dispuesta a examinar positivamente la 
sugerencia del Tribunal sobre este punto. 
Controles efectuados por el interventor 
12.24. El interventor sigue de cerca las dificultades 
presentadas por el Tribunal. No obstante, señala que los 
trabajos de mejora del programa actualmente en curso de 
realización deberán permitir, a la larga, un control más 
completo 
Resultados de las pruebas 
En lo que respecta al punto (d), la Comisión confirma que 
se mejorará la documentación, pero no piensa que la 
reducción del espacio de memoria y del tiempo de cálculo 
deba ser una de las primeras prioridades para construir su 
nuevo sistema 
Observaciones relativas a los sistemas de 
gestión 12.28. Un análisis detallado de los resultados de los 
sondeos efectuados por el Tribunal permitió realizar los 
ajustes y las regularizaciones necesarios. Casos parecidos 
deberían evitarse a partir del momento en que el análisis 
informático de coherencia, que se está estudiando 
actualmente, sea operativo. 
Observaciones específicas 
Preparación de la nómina 
12.20. Los servicios interesados adecuarán su método 
de trabajo para garantizar que el servicio « retribuciones » 
tenga en cuenta de forma correcta sus decisiones. 
Las correcciones manuales efectuadas por el servicio 
«retribuciones» en los listados bancarios se refieren 
esencialmente a casos de fuerza mayor y son la única 
solución posible en la situación actual del sistema. Se 
estudiará un método de corrección informático de estos 
casos en el marco de la mejora del sistema. 12.41. Con arreglo a la jurisprudencia más reciente del 
Tribunal de Justicia, la clasificación de un agente 
temporal nombrado funcionario se examina teniendo en 
cuenta las disposiciones del artículo 32 del Estatuto. No 
obstante, a instancia de otras instituciones, la Comisión 
aplica el principio del mantenimiento de la clasificación 
del interesado en el caso de que la aplicación del artículo 
32 implique un descenso de categoría. Este procedimiento 
está basado en las razones evidentes de igualdad con 
respecto a los agentes temporales que hayan pasado 
varios años al servicio de la Comunidad. La Comisión ya 
ha adoptado las iniciativas necesarias para que este 
principio pueda insertarse en el Estatuto por medio de 
una revisión apropiada del mismo. 
12.21. Se toma nota de las ventajas de conservar un 
vestigio del control profundo que se efectúa cada mes en 
una veintena de casos seleccionados al azar. 
El listado de control que indica las variaciones en un 5 % 
de la remuneración mensual con respecto al mes 
precedente será objeto de una adaptación para responder 
a las exigencias temporales del control de la producción. 
Debido a estas exigencias, el ordenador registra la falta de 
irregularidades señalada por su servicio. Conclusión sobre el sistema de gestión 
12.42 - 12.44. La Comisión se compromete a tener en 
cuenta la sugerencia del Tribunal de reforzar la coopera­
ción interinstitucional mediante la utilización de instru­
mentos informáticos comunes. Además del ahorro de 
recursos que ello representa, se incrementará la seguridad 
de los sistemas. El control de coherencia en la introduc­
ción de datos, ya previsto, eliminará un gran número de 
246 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
los riesgos señalados por el Tribunal; se llevarán a cabo a 
posteriori controles suplementarios en función de las 
necesidades. 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Observaciones sobre los gastos de 
mantenimiento de los inmuebles 
12.46. La Comisión emprenderá constantes discusiones 
con las demás instituciones a fin de armonizar los 
procedimientos en este campo 
12.47 - 12.48. Los servicios interesados ya han adopta­
do disposiciones para una adaptación de los procedimien­
tos existentes de control escalonado y de apreciación y 
consulta del mercado. 
12.50. (c) Se informará al Tribunal del resultado del 
examen actual del expediente IVA. 
12.51. El contrato de alquiler de la Plaza de Meeüs se 
estableció en 1988 según los procedimientos vigentes. El 
contrato expira el 31 de diciembre de 1987; la Comisión 
trata de obtener condiciones más favorables en las 
negociaciones actuales. 
Observaciones sobre los gastos de papelería y 
material de oficina 
12.52 - 12.54. Las previsiones presupuestarias del 
servicio «Compras» se basan en las solicitudes que efectúan los servicios en los 12 meses anteriores, así como 
en el estado actualizado de las existencias. Por lo tanto, 
tienen en cuenta tanto las necesidades expresadas por los 
servicios de las instituciones, cuya evaluación se delega a 
cada dirección general, como los suministros efectuados. 
La existencia de artículos sobrantes se debe generalmente 
a diversos factores tales como la baja del consumo, la 
evolución técnica, etc. 
Esta situación ha sido objeto de un seguimiento especial 
que permite adoptar en el momento oportuno disposicio­
nes apropiadas para acelerar, llegado el caso, la 
reabsorción progresiva del exceso de existencias, e incluso 
eliminar los artículos superfluos. 
Por último, la Comisión señala que la gestión de los 
artículos de gran consumo, cuyo valor representa la parte 
más importante de la partida presupuestaria, se ve 
demasiado a menudo dificultada por la insuficiencia 
crónica de dotaciones presupuestarias, lo que acarrea 
deficiencias y rupturas de existencias 
12.55. La política de compra de la Comisión está 
destinada a cubrir las necesidades de los servicios, dentro 
del límite de los medios presupuestarios autorizados, 
mediante la conclusión de contratos marco plurianuales 
de amplio espectro en las mejores condiciones de calidad y 
de precio. Estos contratos marco están abiertos sistemáti­
camente a todas las instituciones. 
La Comisión lamenta, en lo que le atañe, que no haya 
habido reciprocidad en las últimas experiencias, ya que 
las demás instituciones no parecen disponer siempre de 
las condiciones y los medios apropiados para este fin. 
(') DOS 39 de 25.2.1984, p. 32 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 247 
CAPITULO 13 
Subvenciones 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
SUBVENCIONES A LA FUNDACIÓN DE Intercambio de experiencias entre la Fundación y el 
DUBLÍN Y AL CENTRO DE BERLÍN Centro 
Poderes formales de la Comisión sobre la 
Fundación y el Centro 
13.6. La posibilidad de otras fuentes de financiación no 
es contemplada favorablemente por la mayoría de los 
miembros de los Consejos de Administración que desean 
mantener la autonomía de los dos organismos. Por el 
contrario, la financiación conjunta de proyectos es un 
procedimiento ya utilizado por el Centro, y la Fundación 
prevé desarrollar una política al respecto. La Comisión 
propondrá la diversiñcación de fuentes de financiación a 
los Consejos de Administración de los dos organismos. 
Gestión por la Comisión de las subvenciones 
Coordinación 
13.7. La Dirección General de «Empleo, Asuntos 
Sociales y Educación» (DG V) administra de manera 
idéntica las dos subvenciones desde el punto de vista 
administrativo. En cambio, la gestión de las operaciones 
de la Fundación y del Centro la efectúan sus Consejos de 
Administración respectivos. 13.8. En función de las informaciones obtenidas en los 
contactos entre los responsables de los dos organismos, y 
también en función de su experiencia personal y del 
carácter específico de las tareas confiadas a cada uno, los 
dos directores preparan los trabajos de sus Consejos de 
Administración. Estos toman las decisiones de gestión 
con total autonomía. Todos los puntos específicos citados 
por el Tribunal ya son, o serán, objeto de comparación y 
de intercambio de información entre los dos organismos. 
Cuando puedan incluirse mejoras en los procedimientos 
actuales se efectuarán las modificaciones pertinentes. 
13.9. Los reglamentos de creación de los dos organis­
mos no atribuyen una competencia de gestión particular a 
la Comisión. Esta función se ejerce a través de su 
participación minoritaria en los Consejos de Administra­
ción. En este sentido, las iniciativas de la Comisión se 
realizan en los contactos regulares y profundos que los 
dos organismos mantienen con los diferentes servicios de 
la Comisión que ponen a su disposición su capacidad 
técnica. 
Comprobaciones realizadas por el Interventor 
13.11. Desde 1985 el Control Financiero lleva a cabo 
una acción de informatización de la Fundación de Dublín 
idéntica a la de Berlín con el fin de lograr la uniformidad 
de la gestión. 
Las inspecciones en el terreno de la gestión de Berlín sólo 
han dado lugar a liquidaciones de índole menor que han 
sido objeto de un informe verbal dirigido al director del 
Centro. 
248 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
La denegación de visado se refería al rebasamiento de los 
límites máximos de pago de la administración de Berlín y 
el Control Financiero comprobó in situ que se había 
creado un sistema de bloqueo de estos límites máximos en 
el ordenador. 
No se consideró necesario realizar un informe de la 
denegación de visado ya que ésta se produjo por razones 
formales. 
División de reponsabilidades en cuestiones operativas 
13.13. La Fundación mantiene contactos periódicos 
con las diferentes direcciones generales implicadas. 
Además, cuando se establecen las prioridades para la 
preparación del programa de trabajo de la Fundación, los 
representantes de la Comisión presentan las prioridades 
de su Dirección General. 
13.14. (a) Por regla general, la Comisión no ha tenido 
en cuenta los trabajos de la Fundación Europea en la 
elaboración de su política común de investigación y de 
desarrollo tecnológico debido a que los trabajos de la 
Fundación responden a una finalidad diferente. 
No obstante, como consecuencia de las relaciones que se 
establecieron entre la Fundación y el programa FAST 
(Previsión y evaluación de la ciencia y de la tecnología) de 
la DG XII, cuyo responsable es miembro del Consejo de 
Administración de la Fundación, los trabajos de esta 
última en dos campos específicos (el trabajo a distancia y 
las implicaciones sociales de la biotecnología) fueron 
directamente utilizados por la DG XII. 
(b) Aunque la Comisión no tenga la obligación legal de 
consultar a la Fundación en la elaboración de sus 
comunicaciones, la Comisión ha preparado la propuesta 
del programa de acción 1987-1992 en materia de medio 
ambiente teniendo en cuenta los trabajos que se efectúan 
en este ámbito en la Fundación. 
(c) La Comisión toma nota de las observaciones del 
Tribunal y, siempre que ello sea compatible con la 
aplicación de su propio programa, la Fundación estable­
cerá los-contactos periódicos adecuados con las Direccio­
nes Generales VII y XIII y con otras Direcciones 
Generales implicadas. ESCUELAS EUROPEAS 
13.16. La anomalía señalada desaparecerá probable­
mente con la adopción de un nuevo reglamento financiero 
de las Escuelas Europeas, cuyos grandes principios 
fueron examinados por el Consejo Superior del mes de 
abril de 1987. Este nuevo reglamento, en curso de 
elaboración, deberá prever la armonización del importe 
de la subvención de la Comisión adoptada por el Consejo 
Superior con el importe realmente adoptado por la 
autoridad presupuestaria. En la práctica, la Comisión 
informa a las Escuelas Europeas del importe de la 
subvención que fija la autoridad presupuestaria y éstas 
deben adaptar sus gastos a los ingresos reales disponibles. 
13.17. La Comisión abona las subvenciones a las 
Escuelas Europeas por medio de pagos escalonados en el 
año y basándose en las informaciones contables periódi­
cas facilitadas por cada Escuela. De este modo, la 
Comisión puede adaptar, con conocimiento de causa, los 
desembolsos a las necesidades de las Escuelas y a los 
recursos existentes en el presupuesto de la Comisión. La 
necesidad de este procedimiento se ha puesto más en 
evidencia en 1987. 
13.18. La Comisión considera también que debe 
revisarse la estructura de las Escuelas a fin de adaptarla a 
la evolución política y jurídica de la Comunidad. Las 
propuestas que presentará en este sentido permitirán en 
principio una mejora de la gestión financiera y presupues­
taria de las Escuelas. 
13.19. (a) El Consejo Superior del mes de abril de 1987 
reafirmó, tras un examen profundo, la validez de los 
criterios que había fijado en Karlsruhe en 1966 para la 
admisión en las Escuelas de los niños que no fueran hijos 
de funcionarios. Estos criterios se refieren a los niños que 
deben ser admitidos, a los que gozan de prioridad y a los 
que pueden ser admitidos. Por otra parte, el mismo 
Consejo Superior del mes de abril adoptó medidas con 
vistas a una revalorización considerable y repartida en 
cinco años de los gastos de matrícula en las Escuelas a 
partir de septiembre de 1988. 
(b) Dos Estados miembros, Italia y Alemania, todavía no 
han adoptado el principio de exención general del IVA de 
que gozan las Escuelas. La decisión final está pendiente de 
adopción en Italia, y Alemania espera que todos los 
Estados miembros acepten la reciprocidad total de la 
exención antes de tomar su decisión final. 
(c) El Comité administrativo y financiero sometió al 
Consejo Superior de abril de 1987 un extenso documento 
de trabajo relativo a la revisión del estatuto de los 
profesores. El Consejo Superior, tras examinar el mismo, 
solicitó que se estudiasen dos de los modelos presentados 
para tomar una decisión en su sesión de diciembre. 
(d) El representante del Consejo Superior se puso en 
contacto durante el primer semestre con los organismos 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 249 
ajenos a la Comunidad cuyos empleados envían a sus 
hijos a las Escuelas Europeas. El representante informó 
sobre el tema al Consejo Superior del mes de abril y se le 
ordenó que continuara sus negociaciones para presentar 
un .informe definitivo en diciembre de 1987. Se han 
obtenido ya algunos resultados. 
(e) Se están estudiando medidas de aplicación informática 
centralizada de la gestión financiera que permitirán seguir 
más de cerca dicha gestión. 
OTRAS SUBVENCIONES 
Subvenciones diversas 
Tramitación de las solicitudes de subvención 
13.21. Cuando los expedientes de candidaturas a las 
subvenciones llegan al servicio correspondiente de la 
Secretaría General se inscriben en un registro de 
«entrada» y se anotan en los cuadros de evaluación (que 
contienen, de manera esquemática, los elementos que 
figuran en los expedientes de los solicitantes), que deben 
servir para elaborar una propuesta de concesión de 
subvención que se presentará para aprobación a la 
Comisión. Estos cuadros fueron modificados después de 
la visita del Tribunal para facilitar la evaluación que se 
debe anotar en cada expediente. Por otra parte, existen 
dos tipos de cuadros según la imputación presupuestaria. 
Hay que señalar que existen varios documentos normali­
zados en cada expediente de candidatura que permiten 
apreciar los motivos por los cuales una subvención ha 
sido concedida. Antes de tomar una decisión, la ficha de 
información destinada a la Comisión se somete al 
conjunto de los servicios interesados. Cualquier sugeren­
cia concreta del Tribunal acerca del contenido de la ficha 
se estudiará con la mayor atención. 
13.22. La Comisión está dispuesta a examinar las 
modificaciones de los criterios que se aplican para la 
concesión de subvenciones que pudieran ser convenien­
tes. Coordinación entre los servicios de la Comisión 
Archivo centralizado de las ayudas financieras 
13.24. La Comisión estudia actualmente las condicio­
nes más apropiadas para intensificar la centralización de 
la información sobre las ayudas financieras a través de 
medios informáticos. 
Foro de la Juventud 
Subvención de la Comisión 
13.26. Por regla general la Comisión no concluye 
acuerdos con los beneficiarios de una subvención, lo que 
le permite modificar de manera autónoma y en cualquier 
momento su compromiso con ellos. 
Según su estatuto, el Foro actúa con total independencia, 
por lo tanto la Comisión no debe inmiscuirse en el proceso 
de toma de decisión del Foro, ni siquiera en materia 
presupuestaria. La Comisión señala que controla periódi­
camente el empleo de la subvención y considera que un 
acuerdo formal no representaría necesariamente una 
mejora. 
Financiación del Foro por sus miembros 
13.27. La Comisión comparte el principio que aduce el 
Tribunal. No obstante, todos los organismos miembros 
del Foro atraviesan dificultades financieras y las subven­
ciones que reciben de los gobiernos nacionales, del 
Consejo de Europa (Centro Europeo de la Juventud y 
Fondo Europeo de la Juventud) y, en ciertos casos, de la 
Comisión apenas cubren sus gastos administrativos. 
Evaluación de las actividades del Foro 
13.28. La Comisión toma nota de la observación del 
Tribunal y procurará tenerla en cuenta. 
250 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Instituto Universitario Europeo de Florencia 
Generalidades 
13.29. La adhesión de Portugal está prevista para el mes 
de octubre de 1987. 
Papel asignado a la Comisión en la administración del 
Instituto 
13.30 - 13.31. Los firmantes del Convenio por el que se 
crea el Instituto Universitario Europeo de Florencia 
nunca han previsto la adhesión de la Comunidad al 
mismo. Dicha adhesión sólo podría efectuarse mediante 
una negociación internacional. 
En cuanto al papel de la Comisión en la gestión financiera 
del Instituto, en particular en lo referente al cuadro de 
efectivos, la Comisión señala que, exceptuando el número 
muy limitado de empleos en el ámbito de los archivos 
históricos, ningún empleo que figure en el organigrama 
del Instituto está financiado por la contribución de la 
Comisión. 
Únicamente los empleos no permanentes (agregados y 
encargados de la investigación, personal auxiliar) corren 
a cargo de la contribución de la Comisión. Su participa­
ción en los trabajos del Consejo de Investigación y del 
Comité de Dirección de la European Policy Unit le 
permite ejercer una influencia significativa sobre estos 
empleos. 
Pago de la subvención al Instituto 
13.32. A partir de enero de 1988, a raíz de un acuerdo 
entre la Comisión y el Instituto, la contribución financiera 
de la Comisión al Instituto, que se establece en los 
artículos 3240 y 3241, se pagará en dos plazos, de 
conformidad con las disposiciones financieras de las dos 
instituciones, a saber, 7/12 el 15 de enero y 5/12 el 15 de 
julio. 
Utilización de los créditos «archivos históricos» 
13.33. -13.34. El depósito y la organización de los 
archivos históricos han tenido realmente unos comienzos 
más lentos de los que se había previsto, lo que ha 
ocasionado inevitablemente un retraso en la utilización de 
los créditos puestos a disposición del Instituto, en 
particular para la adquisición de material relacionado 
con el almacenamiento de documentos, tales como 
estanterías y mobiliario. Al haber entrado en su fase de realización final la gestión 
de los archivos históricos no debería ocasionar ya las 
dificultades que se produjeron anteriormente. 
En aplicación del artículo 7 del contrato celebrado entre 
la Comisión y el Instituto, la Comisión ha acordado con el 
Instituto otorgar la contribución financiera con arreglo a 
la partida 3242, en función de las necesidades que el 
Instituto señale de forma detallada y de la necesidad de 
una reserva razonable para imprevistos. 
Transferencia de créditos a la «Biblioteca de 
Investigación» 
13.35. En cuanto a la transferencia de créditos a la 
«Biblioteca de Investigación», la Comisión no coincide 
con la opinión del Tribunal según la cual se trata de una 
transferencia de gastos de los Estados miembros a la 
Comisión. 
La propuesta de transferencia se realizó para respetar una 
buena gestión financiera. En efecto, las compras de la 
biblioteca (publicaciones periódicas y monografías) se 
destinan en primer lugar a los trabajos de investigación, 
sector en el que la Comisión contribuye de forma esencial. 
Por motivos de transparencia, en lugar de consignar 
individualmente las compras para los diferentes proyec­
tos de investigación se efectuó una transferencia global en 
favor de la «Biblioteca de Investigación». 
La Comisión señala el carácter no obligatorio de la 
asignación de la subvención de la Comisión a las 
diferentes actividades académicas del Instituto, lo que 
permite un ajuste en el momento de la ejecución de 
presupuesto. 
Análisis de los resultados 
13.37. El examen de las orientaciones de las investiga­
ciones llevadas a cabo por el Instituto constituye un punto 
específico del orden del día de las reuniones del Consejo 
Superior y del Consejo de Investigación del Instituto en 
cuyos trabajos participa la Comisión. La Comisión ha 
recomendado al Instituto que proceda en breve a una 
evaluación de los resultados de las investigaciones. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 251 
CAPÍTULO 14 
Préstamos, empréstitos y bonificaciones de intereses 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
LEGALIDAD Y A LA BUENA GESTIÓN 
FINANCIERA 
Gastos administrativos del Banco Europeo de 
Inversiones 
14.12 -14.24. La Comisión ha tomado nota de las 
observaciones que hace el Tribunal en esta sección de su 
informe y cree conveniente aportar las aclaraciones 
siguientes: 
— Tras el nuevo convenio celebrado en abril de 1987 
entre la Comisión y el BEI, el BEI asume el resultado 
neto de las entradas y salidas de fondos de las 
operaciones que pasan por la tesorería del NIC; en 
tales condiciones, una comisión de gestión adicional 
no es realmente necesaria y esta partida sólo se 
mantiene por motivos formales. 
— Tal como se explica en la documentación entregada al 
Tribunal, el administrador del BEI nombrado por la 
Comisión y su suplente siguen y comprueban la 
evolución relativa de los gastos y comisiones corres­
pondientes a las operaciones NIC y Euratom 
(apartado 14.17). Durante este proceso se redujo el 
porcentaje de las comisiones en 1984. 
Resulta imposible establecer una comparación válida 
entre las operaciones BEI o NIC y las operaciones 
CECA ya que se trata de operaciones de carácter 
jurídico, operativo y financiero diferente (apartado 
14.19). — El aumento de los préstamos globales dentro de la 
actividad NIC, que menciona el Tribunal no implica 
una reducción automática de las tareas administrati­
vas del BEI (apartado 14.20 y cuadro 14.3). Aunque el 
intermediario financiero elija los subpréstamos, el 
BEI sigue siendo responsable de la aprobación de las 
operaciones, de la supervisión de toda la actividad y 
de que se respeten en cada subpréstamo los criterios 
establecidos por la Comisión. 
— Finalmente, la Comisión confirma que está dispuesta 
a reanudar sus contactos con el BEI para obtener una 
documentación más completa que permita llevar a 
cabo las comprobaciones que desea el Tribunal. 
Convenio relativo a la auditoría de los 
préstamos NIC 
14.25 -14.26. La Comisión reitera que siempre ha 
remitido la documentación prevista en el acuerdo 
celebrado con el Tribunal en marzo de 1985. No obstante, 
si el Tribunal considera que dicha documentación no es en 
sí suficiente para realizar su control, la Comisión está 
dispuesta a estudiar de nuevo el tema. De momento, ha 
obtenido el consentimiento del BEI para prorrogar « sine 
die» el acuerdo de 1985. 
14.27 -14.30. La Comisión no considera necesario 
volver sobre el tema de la interpretación del artículo 206 
bis del Tratado CEE en el que se estipulan los derechos de 
control del Tribunal ni sobre el de la autonomía del Banco 
en operaciones con sus propios fondos ya que estas 
cuestiones están claramente definidas en la legislación. 
De hecho, el problema está en delimitar de forma exacta 
las competencias en materia de control cuando la 
Comisión confía al BEI la gestión de ciertas operaciones, 
252 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
como por ejemplo, la concesión de préstamos con fondos 
procedentes de empréstitos contraídos por la Comisión en 
el mercado de capitales o la bonificación de intereses con 
cargo al Presupuesto comunitario de ciertos préstamos 
administrados por el BEL 
En estas circunstancias, la Comisión interpreta la 
voluntad del legislador en el sentido de una solución 
práctica que permita responder a las aspiraciones 
legítimas de ambas instituciones, es decir, un control justo 
de la Comisión por parte del Tribunal y un margen de 
maniobra adecuado para el buen funcionamiento del 
BEI, que, con arreglo a la legislación vigente en la que se 
estipula que «se confía un mandato», es el colaborador 
bancario necesario de la Comisión (apartado 14.28). 
De momento, tal como escribió el Presidente de la 
Comisión al Presidente del Tribunal el 30 de abril de 1987, 
quedan por encontrar «las modalidades prácticas 
conforme a las cuales los poderes del Tribunal puedan 
tener en cuenta las preocupaciones del Banco ». 
Convendría explicar más detenidamente la naturaleza 
exacta de la garantía presupuestaria (apartado 14.28). 
Dicha garantía es realmente una solución de emergencia. 
Los prestatarios NIC son organismos estatales o 
paraestatales, empresas públicas o intermediarios finan­
cieros de alto nivel. Por otra parte, los garantes primarios 
tienen la obligación de actuar antes de que se recurra al 
Presupuesto comunitario, aunque esto no ha llegado a 
ocurrir nunca. 
Préstamos y bonificaciones de interés en favor 
de zonas afectadas por un terremoto en 
Grecia 
Contabilización del préstamo 
14.33. La Comisión toma nota de la observación del 
Tribunal referente al mantenimiento de cuentas separa­
das y se compromete a tenerla en cuenta en las 
disposiciones que pudieran adoptarse si, en un futuro, se 
produjeran operaciones de este tipo. 
Control de proyectos específicos 
14.34. (a) y (b) En el contrato de financiación se preveía 
formalmente la posibilidad de modificar el programa de obras previo consentimiento del BEL A tal fin, a 
principios de 1985 se hizo una adaptación y se introduje­
ron las modificaciones necesarias en el programa inicial. 
En la puesta en práctica de las diversas medidas que 
incluía el proyecto (incluida la construcción de viviendas 
en Nikaia), se preveía la realización de las obras 
resultantes de las modificaciones en momentos y localida­
des diferentes, lo cual explica las dificultades de 
programación que menciona el Tribunal. 
La Comisión considera que las diversas modificaciones 
del programa inicial, que se escalonaban a lo largo de más 
de dos años y fueron consolidadas por el BEI en 1985, 
están en conformidad con los objetivos del proyecto, 
tanto desde el punto de vista de su finalidad como de sus 
características técnicas y entran, por tanto, en los criterios 
de selección establecidos en la Decisión de julio de 1982. 
El nivel de construcción de las nuevas viviendas no puede 
considerarse demasiado elevado ya que corresponde a la 
media de precios por m2 que se conoce actualmente en 
Atenas y que ciertamente supera en calidad el nivel 
existente en el momento de la construcción original. 
14.34.(c) La construcción de una escuela nueva más 
grande en un lugar distinto, que se alquila y se comparte 
con otros usuarios, es totalmente compatible con la 
Decisión del Consejo en la que se establece «la 
reconstrucción de infraestructuras económicas y socia­
les». La construcción de una nueva escuela destinada a 
sustituir un antiguo edificio, que ya no se ajusta a las 
características modernas, forma parte del programa de 
reconstrucción que se lleva a cabo después de un 
terremoto. 
En el contrato de financiación no se hacía referencia a la 
utilización temporal de los locales afectados por parte de 
las autoridades griegas, por lo que dicha utilización no es 
competencia de la Comisión. 
Pruebas de los daños causados por el terremoto 
14.35. La Comisión toma nota de la observación del 
Tribunal sobre la importancia que revisten las pruebas 
fotográficas o documentales de los daños y se comprome­
te a tenerla en cuenta en las disposiciones que pudieran 
adoptarse en el caso de que, en un futuro, se realizaran 
operaciones de este tipo. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 253 
SEGUNDA PARTE 
Fondos europeos de desarrollo 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA Sexto FED 
GESTIÓN FINANCIERA 
Tercer y cuarto FED 
6. El tercer FED no se pudo cerrar a finales de 1986 
puesto que 14 proyectos, cuyo valor total ascendía a unos 
9 Mió ECU, no podían cerrarse. Sin embargo, en ese 
mismo año, pudieron transferirse del tercer al quinto 
FED 19,7 Mió ECU correspondientes a excedentes de 
proyectos cerrados. 
El cierre definitivo está previsto para el 31 de diciembre de 
1987. 
Quinto FED 
7. La situación contable a 31 de diciembre de 1986 era la 
siguiente: 
— dotación: 4 802 317 612 ECU; 
— decisiones (compromisos aprobados): 4 156 702 987 
ECU (86%); 
— compromisos efectivos: 3 368 886 521 ECU (70 %); 
— pagos: 2 658 876 555 ECU (55 %). 8. Cabe precisar que el volumen de pagos del sexto FED 
depende más del ritmo al que se firmen los programas 
indicativos que de la fecha de aprobación del reglamento 
financiero aplicable al Fondo. El reglamento del sexto 
FED se aprobó a los 23 meses de la firma del convenio 
correspondiente al mismo mientras que el del quinto FED 
se aprobó a los 17 meses. Debido a algunos cambios 
importantes introducidos en el reglamento del sexto FED 
(por ejemplo, intereses de demora aplicables a las 
contribuciones de los Estados miembros, generalización 
del ECU como divisa), es normal que los debates del 
grupo ACP/FIN del Consejo se alargaran aunque no por 
ello se frenaran los gastos del sexto FED puesto que el 
reglamento financiero del quinto FED continúa aplicán­
dose por analogía. 
A 31 de diciembre de 1986 la situación de los gastos de los 
países ACP era la siguiente: 
— subvenciones: 7 698 000 ECU; 
— ayudas de urgencia: 3 923 000 ECU; 
Stabex: 105 029 000 ECU. 
9. El procedimiento adoptado por los servicios de la 
Comisión para aplicar el artículo 153 (2) de Lomé III 
consiste en asignar a los recursos Stabex una parte de los 
intereses al tipo del mercado generado por las cuentas 
FED proporcional al saldo de los recursos Stabex aún no 
utilizados. A 31 de diciembre de 1986 los intereses 
correspondientes al sistema Stabex, consignados en los 
libros de FED en «Ingresos varios» ascendía a 6,4 Mío 
ECU. En el futuro, los ingresos generados por los 
recursos Stabex no utilizados se contabilizará aparte. 
254 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Elaboración de las cuentas de los FED 
10. También en 1986 se respetó el plazo reglamentario 
para la elaboración de las cuentas fijado en el 15 de abril. 
La Comisión no podría cumplirlo si no procediera a 
comprobaciones y comparaciones contables durante el 
ejercicio. 
Entre el inicio de un ejercicio y el cierre del precedente la 
teneduría de cuentas se efectúa únicamente sobre una 
base anual y no acumulativa: las transacciones bancadas 
se reflejan en un estado informático mensual y los datos 
relativos a la realización financiera de los proyectos se 
registran diariamente en listas de validaciones provisio­
nales. 
Fondos de anticipos 
Registros de los anticipos 
14. La Comisión no comparte totalmente la opinión del 
Tribunal según la cual el registro contable de las 
operaciones correspondientes a los anticipos de fondos es 
insuficiente. 
15. Los importes de los anticipos concedidos, principal­
mente en el marco de los proyectos agrarios y de las 
microrrealizaciones, no se contabilizan en el activo de los 
libros del FED ni tampoco los anticipos concedidos en el 
marco de los contratos de obras, de suministros o de 
servicios mediante la constitución de una garantía 
bancaria. 
Las sumas las avanzan los administradores locales de 
anticipos y se transfieren a las cuentas bancadas 
administradas por los funcionaros autorizados por los 
Estados ACP. Una vez transferida, la suma en moneda 
local se convierte en propiedad del Estado ACP pero 
sujeta a la obligación de justificar su utilización o, en su 
defecto, devolverla. Las delegaciones de la Comisión 
controlan la utilización de las cuentas de anticipo y 
permiten la reposición de la reserva autorizada en función 
de los gastos, debidamente justificados, que se hayan 
producido. 
Los anticipos se cargan directamente en ECU al proyecto 
correspondiente al tipo de cambio del día anterior al 
pago. Esta es la mejor manera de administrar los 
anticipos si no se quiere entrar en complicaciones 
inextricables de cálculo de contravalores en ECU de los 
diferentes desembolsos imputados a los anticipos conce­
didos. Totalmente regular desde el punto de vista jurídico, el 
sistema de gestión contable adoptado por la Comisión es 
simple y transparente. 
Cada anticipo concedido en el marco de un contrato o de 
un presupuesto se contabiliza, en un primer momento, 
como un pago efectivo con lo cual se reduce, por ese 
mismo importe, la disponibilidad del crédito del contrato 
o del presupuesto. A continuación, el anticipo se registra, 
en la misma ficha del contrato o del presupuesto, como 
anticipo a liquidar en la moneda en la que fue concedido. 
De este modo el seguimiento de la liquidación o, en su 
defecto, de la recuperación del anticipo es automática y 
hace prácticamene imposible que pueda cerrarse un 
contrato o un presupuesto sin regularizar, previamente, el 
anticipo concedido. 
Se ha comprobado cuan idóneo es este sistema y, con 
objeto de aumentar la participación de los recursos 
nacionales en la realización de los proyectos, se ha 
ampliado el campo de aplicación de este procedimiento a 
partir del cuarto FED. Por esta razón en el artículo 234 
del Convenio Lomé III se establece que también puede 
recurrirse al régimen público en los casos de ayudas de 
urgencia. Esta posibilidad permite responder a los 
objetivos de rapidez y de eficacia que presiden la puesta en 
marcha de tales acciones. 
La lista completa de los anticipos pendientes de 
liquidación definitiva ha sido editada recientemente por el 
servicio informático encargado de la gestión de la 
contabilidad del FED y está a la disposición del Tribunal. 
16. El Tribunal se refiere, implícitamente, a unos casos 
que le han sido señalados recientemente a la Comisión. Se 
han efectuado las comprobaciones pertinentes y se han 
aportado las modificaciones necesarias a las cuentas. 
Control de la utilización de los anticipos 
17. Dado su carácter específico, las operaciones que se 
efectúan dentro de este régimen y que son objeto de una 
concesión de anticipo siguen un procedimiento de 
aprobación específico por el que se aplica un esquema 
minuciosamente definido en el compendio provisional de 
las instrucciones que deben seguir los delegados. Este 
esquema ha sido recientemene revisado a fin de garantizar 
el máximo de seguridad en la gestión e incorporar los 
resultados de experiencias anteriores. En él se recogen, 
especialmente, las normas a seguir en la elaboración de los 
presupuestos y las normas aplicables a los procedimientos 
de compra, a la gestión de las existencias y al personal. 
En materia de existencias, piezas de recambio y carburan­
te, las instrucciones prescriben que se lleve un inventario 
de almacén permanente y que todas las salidas de 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 255 
mercancías se hagan mediante un albarán de entrega 
rellenado y firmado por el jefe de obras. 
En julio último la Comisión aprobó definitivamente las 
normas que serán aplicables en el futuro. La actualización 
del compendio de instrucciones destinado a los delegados 
recoge ampliamente las observaciones formuladas por el 
Tribunal a partir de los hechos observados in situ. 
Cuentas banacarias de los administradores de anticipos 
18. En las nuevas instrucciones también se prevé que, al 
proceder a las inspecciones periódicas, las delegaciones 
deberán elaborar estados comparativos de los extractos 
de las cuentas bancadas y las cuentas de la delegación. Así 
mismo se deberá redactar un acta sobre la inspección de 
los libros de caja y de los extractos bancarios. Estos 
documentos forman parte de los justificantes que deben 
presentarse para liquidar los anticipos. Los fallos 
observados por el Tribunal en los tres casos que menciona 
merecen ser estudiados. Por lo tanto, sería conveniente 
que la Comisión disponga de datos más precisos sobre 
estas operaciones. 
Incidencia de las deficiencias observadas 
19. Si bien las instrucciones prevén que los justificantes 
correspondientes a los anticipos se conserven en las 
delegaciones, no por ello debe concluirse que el control 
que se efectúa a nivel central sea ineficaz. 
Por una parte, las delegaciones deben remitir a los 
servicios de la Comisión en Bruselas un estado recapitula-
tivo de los gastos controlados debidamente certificado. 
Por otra parte, los justificantes correspondientes se 
archivan en las oficinas del delegado para su inspección, 
ya sea por los servicios de la Comisión, ya sea por los 
inspectores que efectúan misiones in situ. En casos de 
sospecha o de dificultad, los servicios centrales también 
pueden solicitar el envío de estos documentos a Bruselas. 
Como ya se ha mencionado al final del punto 15, existe 
una lista de los anticipos concedidos y no liquidados que 
está a disposición del Tribunal. Cabe precisar que los 
servicios que efectúan las órdenes de pago asumen el 
seguimiento de la liquidación de los anticipos mediante 
las fichas de cada contrato o presupuesto los cuales se 
actualizan permanentemente por medio de la contabili­
dad informatizada. A partir de estos documentos 
contables se corrigen los posibles errores. 20. Al tratarse de proyectos con un plazo de ejecución 
bastante largo no es extraño que el importe del anticipo 
esté a disposición del administrador de anticipos durante 
todo el período de ejecución del proyecto. 
Ello no significa que el anticipo inicial no se haya 
utilizado. Por el contrario, en cada liquidación se 
reconstituye el fondo de rotación inicial mediante el 
ingreso del importe justificado. 
Sólo cuando la ejecución del proyecto toca a su fin el 
fondo de rotación no se reconstituye más a fin de proceder 
a su liquidación definitiva. 
En caso de que se produzca un saldo no liquidado, se 
extiende una orden de ingreso por dicho importe y se 
presenta a la autoridad responsable de la ejecución del 
proyecto. El saldo recuperado de esta manera se reingresa 
en la masa del proyecto pero para otras acciones o, si el 
proyecto debe cerrarse, en la reserva del país. 
Este saldo se reembolsa en moneda local al tipo de cambio 
en vigor el día del reembolso y la posible depreciación 
monetaria se carga al proyecto. Esto consitituye una 
norma de gestión ortodoxa que garantiza un máximo de 
eficacia en el seguimiento de las operaciones. 
La Comisión es consciente de que, en aras de una mayor 
claridad de la gestión, cada anticipo concedido en el 
marco de un presupuesto debe liquidarse en el marco de 
este mismo presupuesto y no debe prorrogarse o 
trasladarse a uno nuevo. Sin embargo, las autoridades 
locales no siempre respetan esta norma. Por lo tanto, las 
nuevas instrucciones establecen que los anticipos concedi­
dos por un presupuesto deberán liquidarse en el marco del 
mismo y no podrán prorrogarse o trasladarse a otros 
presupuestos. 
Coste de los contratos de obra 
21. La Comisión comparte la preocupación del Tribu­
nal a propósito de las compensaciones por variación de 
precios. 
(a) En el caso del contrato celebrado con la empresa 
adjudicataria encargada de la construcción de la carretera 
Lusahunga-Bukombe, las cláusulas financieras previstas 
en el contrato le permitían obtener una ventaja suplemen­
taria y económicamente no justificada por variación de 
precios en la fracción del contrato a pagar en divisas. 
Tan pronto la Comisión constató esta situación exigió a 
las partes contratantes que se modificaran las cláusulas 
del contrato correspondientes. A raíz de ello el 27 de 
marzo de 1987 las partes contratantes firmaron en 
256 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Bruselas un «Memorándum of agreement» que, en 
particular, establece el bloqueo de los precios a 1 de marzo 
de 1987 por la parte del contrato a pagar en ECU y ello 
hasta la finalización de las obras. 
(b) La parte del impuesto sobre la venta de carburante no 
lo ha soportado el FED sino el presupuesto de Tanzania. 
Esta partida se repartió entre el FED y el presupuesto de 
Tanzania únicamente en lo que respecta a la revisión 
general de los costes y se efectuó según la clave de reparto 
contractual. 
AYUDA A LA FORMACIÓN 
Programas plurianuales de formación 
Inventario de las necesidades prioritarias 
27. Salvo algunas excepciones en que ha sido absoluta­
mente necesario (Seychelles y Benin, por ejemplo), la 
Comisión no ha financiado estudios previos; siempre que 
ha sido factible ha aprovechado estudios realizados por 
los gobiernos o por organismos internacionales tales 
como el Banco Mundial. La Comisión estima que, para 
lanzar un programa de formación, no es absolutamente 
indispensable efectuar un estudio previo completo de las 
necesidades de mano de obra a formar por sector de 
actividad y nivel de cualificación. 
En Lomé II los programas plurianuales de formación se 
suprimieron, en principio, para favorecer la integración 
del aspecto de formación en los programas y proyectos. 
Sin embargo, es evidente que en ciertos casos siempre será 
necesario recurrir a un análisis de las necesidades de mano 
de obra a formar y de las necesidades de formación. 
Finalmente, para poner remedio a estas dificultades y a 
las que menciona el Tribunal se ha procedido a reagrupar 
las responsabilidades en este ámbito mediante la creación, 
en 1986, de un unidad especializada en la Dirección 
General de Desarrollo. Con este servicio se obtendrá una 
visión de conjunto y una gestión más eficaz de todas las 
acciones de formación. Becas para estudios y prácticas 
29. En el pasado los programas plurianuales de 
formación (PPF) eran proyectos totalmente diferencia­
dos del resto. Ello no ha facilitado la coordinación directa 
con los proyectos y programas. 
En algunos casos, la Comisión ha tratado de coordinar 
los programas de formación con los demás proyectos (por 
ejemplo, en Kenya: Proyecto Eldoret Polytechnic, 
formación de profesores financiada por el programa 
plurianual de formación). 
A fin de integrar mejor el aspecto de formación en los 
proyectos y programas, la Comisión ha abandonado 
precisamente los programas plurianuales de formación en 
Lomé III. En principio, las acciones de formación 
deberán presentarse a partir de ahora conjuntamente con 
cada proyecto o programa. 
30. De conformidad con lo dispuesto en los Convenios 
de Lomé, la selección de los candidatos becarios incumbe 
a los gobiernos ACP respectivos. 
31. Por razones históricas, la Comisión concedió 
durante cierto período becas a jóvenes para que 
prosiguieran sus estudios en los «United World Colle-
ges». En 1984 se celebró un acuerdo entre la Comisión y 
los UWC según el cual se preveía conceder aún un 
máximo de 15 becas, de una duración de dos años cada 
una, en el período comprendido entre 1984 y 1985. 
Posteriormente la Comisión ya no ha concedido ninguna 
beca de este tipo salvo en el marco normal de los 
programas plurianuales de formación para estudios 
técnicos. 
Articulación de las acciones de formación con los 
proyectos de desarrollo 
32. Es cierto que en algunos países la- dotación para la 
formación in situ vinculada a los programas y proyectos 
no se ha utilizado en su totalidad. 
La Comisión es plenamente consciente de este problema y 
el enfoque adoptado en Lomé III permitirá sin duda 
poner remedio al mismo a medio plazo. El enfoque 
consiste en abandonar los programas plurianuales de 
formación elaborados a partir de listas de becas cuya 
necesidad es difícilmente identificable e integrar sistemá­
ticamente, allí donde sea necesario, las acciones de 
formación en los programas y proyectos. Estas orienta­
ciones se especifican claramente en directivas cuyo efecto 
debería evitar la no utilización de los fondos destinados a 
formación. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 257 
Algunas acciones de formación de poco coste deberán, sin 
embargo, programarse aún aparte de los sectores de 
concentración. Su financiación ya está asegurada me­
diante un primer compromiso global de 10 Mió ECU. 
33. La política general de la Comisión es estimular 
preferentemente la formación in situ pero se enfrenta a 
numerosas dificultades. Si no existe ninguna infraestruc­
tura de formación es más económico enviar los estudian­
tes al exterior a fin de evitar la creación de esta estructura 
cuyo funcionamiento permanente genera gastos conside­
rables que deben cubrir los respectivos gobiernos. Por lo 
que respecta a Nigeria, estos fondos serán utilizados 
normalmente. En caso de no utilización de los créditos 
éstos serán asignados de nuevo a la financiación de otro 
tipo de acciones en el marco del programa indicativo,. 
34. En Swazilandia el nivel educativo en las institucio­
nes públicas es particularmente bajo. A fin de poner 
remedio a esta situación el programa de formación de 
Lomé II previo la financiación de varios asistentes 
técnicos que apoyaran a algunas de estas instituciones. 
Los términos de referencia de estos expertos incluían 
tareas de formación por lo que su financiación a cargo del 
programa de formación estaba justificado. La evolución 
que ha seguido este programa, por cierto poco previsible 
antes de su inicio, ha provocado que se minimizaran las 
tareas de formación con respecto a las tareas de 
administración ejecutadas por estos asistentes técnicos. 
35. La formación en Europa no es necesariamente más 
prestigiosa pero está mejor inventariada .y aporta una 
solución más fácil. Por otra parte, es cierto que en algunos 
países la programación de acciones de formación no se ha 
beneficiado de la deseada prioridad. La Comisión, sin 
embargo, está obligada a respetar la elección que los 
Gobiernos ACP han hecho en el marco del programa 
indicativo que les está destinado. 
La Comisión es plenamente consciente de la falta de 
consejeros y especialistas en formación en las delegacio­
nes; se esfuerza en poner remedio a esta situación en la 
medida de sus posibilidades presupuestarias. 
Selección y destino de los candidatos 
36. Las directivas de la Comisión sobre las becas 
insisten en la necesidad de que las delegaciones participen 
en la selección de los becarios. Las delegaciones por su 
parte tratan de hacerlo en la medida de lo posible. La 
Comisión reconoce que queda mucho camino por 
recorrer pero que no es tarea fácil dada la multiplicidad de 
tareas que se llevan a cabo en las delegaciones. 37. Para completar el trabajo que están llevando a cabo 
los organismos de gestión la Comisión está efectuando un 
estudio preparatorio. Este estudio permitirá elaborar un 
inventario informatizado de las posibilidades de forma­
ción en los países ACP, puesto que la formación in situ es 
prioritaria con respecto a la formación en Europa. 
38. Los formularios del acta de candidatura de la 
Comisión han sido elaborados tomando en consideración 
documentos semejantes utilizados por los Estados 
miembros en las ayudas bilaterales. El problema radica en 
cómo se rellenan estos formularios. Se ha pedido a las 
delegaciones que concedan más atención a este punto y 
que formulen, en su caso, una valoración al respecto. 
39. Es verdad que el coste de los estudios es mucho 
mayor en el Reino Unido que en el resto de los Estados 
miembros. Sobre este punto la Comisión sólo puede 
conformarse a las decisiones tomadas en la materia por 
las autoridades nacionales responsables. No obstante, la 
Comisión ha expresado a ciertas delegaciones (en Nigeria, 
por ejemplo) la necesidad de buscar estudios menos 
costosos en otros países europeos que no sean el Reino 
Unido, limitar la duración de los estudios (limitando al 
máximo las becas para estudios de larga duración) e 
incrementar el número de becarios in situ respecto a los 
becarios en Europa. 
Por lo que respecta a los seminarios y cursos de corta 
duración, la Comisión reconoce que deben buscarse con 
más ahínco cursos alternativos a menor coste. Así mismo 
se recomendará de nuevo a los organismos de gestión que 
procuren obtener costes óptimos en Europa. 
Gestión de las becas de estudios y de prácticas por los 
organismos de los Estados miembros 
41. Las observaciones formuladas por el Tribunal a 
propósito de la gestión de las becas en Bélgica por parte de 
la Asociación Europea para la Cooperación (AEC) han 
dado lugar a una serie de indagaciones, llevadas a cabo 
conjuntamente por los servicios correspondientes de la 
Comisión y de la AEC, a fin de identificar las diferencias 
existentes entre las respectivas contabilidades de las dos 
instituciones. 
Este trabajo de cotejo ha podido finalizarse en junio de 
este año y ha permitido establecer la correspondencia 
entre los asientos de las dos contabilidades y su 
consiguiente aprobación por el ordenador de pagos 
principal. 
258 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
Las operaciones de regularización derivadas de esta 
decisión están actualmente en curso. Una vez se hayan 
plasmado definitivamente en los asientos el Tribunal será 
informado mediante el envío de una copia del expediente 
que cierre este asunto. 
42. La Comisión ha solicitado a ambos organismos de 
gestión que le comuniquen la lista completa de los pagos 
que hayan efectuado, incluida la parte del impuesto sobre 
el valor añadido cuya devolución pueda solicitarse a los 
Estados miembros. El Tribunal será informado del 
resultado de estas indagaciones. 
A partir del 1 de enero de 1987 se dieron instrucciones 
precisas a los organismos de gestión para que identifiquen 
separadamente los importes pagados en concepto de IVA 
a fin de facilitar su recuperación. 
43. El Centre International des Étudiants et Stagiaires 
(CÍES — Francia) retiró, efectivamente, un importe de 
1,1 Mió ECU del FED para cubrir los gastos de los 
becarios del Mediterráneo del Sudeste (MSE), sin advertir 
de ello a la Comisión. Los servicios responsables han 
dado recientemente instrucciones al citado organismo de 
gestión a fin de regularizar esta situación lo antes posible. 
44. Los tres organismos de gestión citados por el 
Tribunal llevan una contabilidad de los compromisos por 
cada becario; en principio, con ello debería evitarse que se 
sobrepasaran los créditos. 
En cuanto a la fecha exacta de la finalización de los 
estudios, es cierto que la Comisión la precisa raras veces 
en sus decisiones de concesión debido a que es difícil, 
incluso imposible, definirla exactamente en ese momento. 
No obstante, esto no puede impedir a los organismos de 
gestión seguir de cerca la presencia efectiva de los 
becarios. El incumplimiento de esta regla puede traducir­
se en un rechazo de la Comisión de tomar a su cargo 
gastos aceptados irregularmente. 
Seguimiento de la ejecución de los programas de becas 
45. Es cierto que en el estadio actual la Comisión no 
dispone siempre de la información necesaria para 
«apreciar los resultados de los programas de becas». No 
obstante, esto no ocurre en todos los casos: la Comisión 
ha efectuado una evaluación de la suerte que han seguido 
los becarios del FED una vez finalizados sus estudios en el 
caso de Somalia y Sudán. En el resto, la Comisión no 
dispone de medios humanos ni materiales que le permitan 
valorar sistemáticamente los programas de becas una vez 
finalizada su ejecución. La Comisión reconoce que esto 
sería lo ideal. Sin embargo, no hay que forjarse ilusiones 
sobre el alcance de estas valoraciones ex post ya que en 
general sólo conciernen a una fracción de los becarios, 
como esta fracción no es nunca una muestra representati­
va no es fácil sacar conclusiones útiles de este tipo de 
valoraciones. Cuando se proceda a la reconversión del sistema 
informatizado «becarios FED», podrá hacerse lo 
necesario para mejorar la producción de estadísticas 
sobre los resultados de los programas de becas. Esto 
balances deberían ser de gran ayuda para orientar a los 
becarios hacia aquellas formaciones que les brinden las 
mayores posibilidades de éxito. 
46-47. La Comisión es consciente de que los dos 
sistemas informáticos implantados actualmente para 
operar los programas de becas ya no responden a las 
necesidades y deben adaptarse con vistas a conseguir una 
gestión y un control exhaustivo de la ejecución de los 
programas. Actualmente se está llevando a cabo un 
estudio a fin de determinar el material y el programa más 
adecuados. 
Cuando el nueva sistema sea operativo, cada becario 
estará identificado de manera que será factible seguirlo 
administrativa y financieramente desde el inicio de su 
formación hasta el final, aunque sin perder de vista que la 
gestión financiera propiamente dicha deberá ser objeto de 
un registro contable de compromisos y de pagos por 
separado en los libros del FED. 
De esta manera será más fácil elaborar los estados 
comparativos tanto con los organismos de gestión como 
con las delegaciones, las cuales recibirán regularmente un 
duplicado de la situación contable elaborada por los 
servicios centrales de la Comisión. 
No obstante hay que resaltar que la implantación de una 
doble numeración no aporta soluciones satisfactorias en 
lo que respecta a la omisión de información. 
Los télex, principales soportes de la información 
requerida, puede que sólo representen para la herramien­
ta informática un valor indicativo. Únicamente se 
incluyen los datos relativos a las tomas de decisión que 
afectan al seguimiento de los estudios de los becarios o al 
importe de los compromisos financieros. Para poder 
incorporar más datos se debería implantar, paralelamen­
te a la actual numeración de archivos, otra numeración 
reservada a aquellos télex que contuvieran información 
interesante desde el punto de vista informático, con lo 
cual se complicarían considerablemente los procedimien­
tos. 
La reconversión del sistema informático que está 
efectuándose actualmente prevé, en cambio, detallar en 
una sola pantalla todas las etapas de la formación del 
becario así como los sucesivos importes cargados o 
abonados. Esto permitirá detectar rápidamente las 
posibles omisiones. 
Los casos señalados por el Tribunal han sido identifica­
dos y se está procediendo a las oportunas regularizacio-
nes. 
48. La Comisión no comparte completamente las 
observaciones del Tribunal a propósito de la rectificación 
de los compromisos. Si bien es verdad que en el sistema 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 259 
actual las rectificaciones de los compromisos en relación 
al coste real de una beca no se efectúan caso por caso, 
debido al enorme trabajo que esto representa, no por ello 
hay que exagerar la importancia de las sumas « bloquea­
das inútilmente». 
Para convencerse de ello cabe recordar que la gestión de 
las becas lleva consigo algunos imponderables como la 
fecha en que ésta acaba (primera o segunda sesión de 
exámenes), el aumento de algunos gastos (viajes) o, 
incluso, la evolución a la baja o a la alta de los cursos de 
las monedas, la indiciación de los gastos de los 
organismos de gestión, el aumento de la mensualidad 
asignada a cada becario, etc. 
En el sistema actual todos estos elementos pueden 
controlarse sin riesgo y sin aumento de trabajo mediante 
la reserva constituida por los saldos de compromisos no 
utilizados. 
Si se efectúan estas rectificaciones caso por caso como lo 
sugiere el Tribunal existe el riesgo de que, al querer 
reflejar minuciosamente la realidad, con lo que esto 
supone de numerosas operaciones contables de cargos y 
abonos complementarios, nos quedáramos cortos de 
créditos para financiar ciertas becas en curso que deben 
prolongarse al final del programa. En resumen, cuando la 
reserva no utilizada es demasiado importante se retira 
una parte de ella que se utiliza ya sea para conceder 
nuevas becas ya sea para financiar nuevas acciones en el 
marco del programa indicativo. 
49. Véase la respuesta a los puntos 46-47 (segundo y 
tercer párrafos — reforma informática de la contabili­
dad). 
50. Dada la reducida capacidad de las delegaciones 
desgraciadamente no es factible seguir sistemáticamene el 
futuro profesional de los becarios; la metodología de los 
«tracer studies» está aún muy poco desarrollada. Por 
otra parte, en varios países es políticamente muy difícil 
efectuar el seguimiento de los ex-becarios. 
Los estudios de valoración tratan de poner remedio a esta 
situación. Éste es concretamente el caso de una valoración 
de todas las intervenciones de la Comisión en el sector de 
la formación estadística. 
Acciones específicas fuera de los programas 
plurianuales de formación 
51. Consciente de este problema la Comisión encomen­
dó una investigación cuyos resultados se remitieron en 
octubre de 1986 a la administración de Camerún para que tomara cartas en el asunto. Una parte del material 
continúa sin poderse utilizar por falta de conexión con la 
red (agua, electricidad). Las conexiones a la red se 
financiarán con la parte disponible del proyecto, en 
principio, antes de finales de 1987. 
52. La acción de formación del personal de manteni­
miento de carreteras también incluía asistencia técnica 
destinada a formar al personal de obra y a la formación 
general de técnicos en carreteras. 
A pesar de los esfuerzos realizados mediante esta 
asistencia técnica y de repetidas intervenciones de la 
delegación de la Comisión, el objetivo de formación sólo 
ha podido alcanzarse parcialmente debido al desordena­
do programa de trabajo impuesto por las autoridades 
nacionales que, además, se situaba prácticamente al 
margen del programa acordado en el convenio de 
financiación. 
53. La parte del programa correspondiente al remoza-
miento de los edificios escolares finalizará antes de finales 
de 1987, con lo que podrá implantarse completamente la 
asistencia técnica (profesores). Los distintos contratos de 
suministros están siendo ejecutados. 
54 -55. Al integrar el aspecto formativo en los proyec­
tos de programas, el Convenio de Lomé III trata 
precisamente de poner remedio a las lagunas observadas 
por el Tribunal. 
Observaciones finales 
56. (a) La realización de estudios previos «sobre las 
necesidades de formación de cada Estado ACP en 
cuestión» no es, desde el punto de vista de la Comisión, el 
único medio de llevar a cabo las acciones de formación. 
En la práctica, la identificación de las necesidades de 
formación puede ser más pragmática limitándose, por 
ejemplo, a un sector o a instituciones de formación 
concretas. Es lo que, cada vez más a menudo, hace la 
Comisión al proceder a estudios de identificación de las 
necesidades vinculadas a programas o proyectos. 
No es fácil fijar prioridades en las acciones de formación 
destinadas a un Estado ACP. De hecho es el propio 
Estado ACP quien fija sus prioridades, no la Comunidad; 
ésta sólo puede intervenir en el marco de sus propias 
directivas internas a fin de tratar de aplicar un programa 
de formación coherente, es decir, un paquete de medidas 
equilibrado. En la programación coherente de las 
acciones de formación, la Comunidad también se ve 
limitada por las acciones que emprenden otras partes 
financiadoras que tienen sus propias prioridades. 
(b) La informatización de las instituciones de formación 
ACP cuyo estudio está en curso permitiría, si fuese un 
260 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
éxito, seleccionar mejor los tipos de formación más 
idóneos. En cualquier caso, este fichero informatizado no 
podría incluir apreciaciones sobre la calidad de la 
enseñanza sino solamente sus características, nivel, 
organización y salidas. 
(c) En la División Acciones de Formación de la Dirección 
General de Desarrollo se está estudiando actualmente un 
sistema de control informatizado. Con ello se conseguirá 
mejorar el seguimiento de los becarios. La eficacia 
pedagógica de los estudios continuará, no obstante, 
siendo de muy difícil apreciación. 
AYUDAS A LA PROMOCIÓN COMERCIAL 
Fuentes de financiación y ejecución financiera 
de los programas de promoción comercial 
62. Los importes totales asignados a la cooperación 
comercial no son por sí mismos una muestra de la eficacia 
de la ayuda en este ámbito, simplemente indican la 
prioridad relativa acordada por los países ACP a este 
sector. Puede hacerse mucho en el campo de la promoción 
comercial usando pequeñas sumas juiciosamente. 
63. Los pagos no han sido especialmente lentos: la 
comparación con el Cuadro 1 refleja que en el cuarto 
FED los gastos totales de la promoción comercial fueron 
de 88 % y del 90 % en todo el FED; en el quinto FED las 
cifras son 56 % y 54 %, respectivamente. 
Los programas de promoción comercial 
Composición de los programas 
64 - 65. Se ha empezado a interesar a los Estados ACP 
en las acciones de promoción comercial mediante la 
acción que parecía más idónea, es decir, su participación 
en manifestaciones comerciales que genera, normalmen­
te, otros tipos de acción. Esta tendencia se ha invertido a 
partir del quinto FED ya que a partir del mismo la 
Comisión ha tratado de ajustar mejor los programas de 
participación a las necesidades reales de los Estados ACP 
y, al mismo tiempo, favorecer nuevos tipos de acción cuyo carácter específico y utilidad no habían sido necesaria­
mente percibidos de entrada por los Estados beneficia­
rios. 
Coordinación de las acciones de promoción comercial 
66-67. Las acciones ad hoc no son necesariamente 
inadecuadas en ellas mismas pero es verdad que la 
tendencia a aislar las acciones de promoción comercero es 
verdad que la tendencia a aislar las acciones de 
promoción comercial en el cuarto y quinto FED ha sido 
llevada demasiado lejos. Por ello las acciones de 
desarrollo comercial en Lomé III han sido tratadas como 
una extensión natural de otros programas económicos, 
por ejemplo, el desarrollo rural o como programas 
integrados prioritarios. Los servicios de la Comisión han 
realizado esfuerzos considerables a fin de asegurar la 
coordinación con los Estados miembros y las organiza­
ciones internacionales. Mantienen reuniones cada seis 
meses con los Estados miembros a propósito de los 
Convenios de Lomé y otras con el GATT/UNCTAD 
Centro de Comercio Internacional (CCI) en Ginebra, así 
como reuniones ad hoc con organizaciones nacionales, la 
Organización Mundial de Turismo, etc. Se han llevado a 
cabo acciones conjuntas con los Estados miembros y el 
CCI. La Comisión sólo puede coordinar acciones y recibe 
la información que precisa de otras fuentes. Sus propias 
acciones son relativamente públicas. 
Procedimientos administrativos de concepción y de 
puesta en práctica de los programas 
69-71. En materia de organización debe elegirse entre 
un programa de cooperación comercial planteado 
independientemente de los otros programas financiados 
por la Comunidad o un programa de cooperación 
comercial integrado al programa global de desarrollo del 
beneficiario. Por la naturaleza de los problemas que 
plantea el desarrollo del comercio parece que la elección 
debe decantarse claramente por este último. Reconocien­
do las dificultades específicas con que se enfrentan los 
servicios geográficos, la División de Desarrollo del 
Comercio (VIII-A-4) nombró funcionarios de enlace en 
cada región geográfica a fin de optimizar los contactos 
entre los distintos servicios. Este sistema ha funcionado 
bien en aquellas regiones con un programa global, por 
ejemplo, Caribe, Pacífico o África Austral para las que 
esta división y los servicios geográficos han diseñado los 
programas conjuntamente. La estructura organizativa no 
impide por ella misma un pleno y eficaz uso de las 
capacidades de los servicios existentes. El fenómeno que 
indica el Tribunal debería achacarse en gran parte a la 
gran presión de trabajo que soporta el personal de la DG 
VIII. 
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 261 
Participación en ferias comerciales 
Selección de las ferias y de los productos expuestos 
74 - 76. En ocasiones la participación puede justificarse 
de manera distinta. Por ejemplo, hay que tener en cuenta 
que muchas de las ferias en las que participan los países 
ACP se componen de pabellones nacionales. Esto quiere 
decir, que se invita a la industria a que identifique los 
productos y fuentes de suministro por su nacionalidad. 
La primera prioridad de algunos Estados ACP es darse a 
conocer como una identidad nacional y una potencial 
fuente de suministros a fin de participar más ampliamente 
en el futuro. ¿Cuántos comerciantes o industriales 
europeos sabrían, sin que se lo explicaran, dónde está 
Vanuatu o Burkina Faso ? Hay más ejemplos como éste 
que muestran la necesidad de tomar en consideración la 
participación ad hoc pero a escala limitada. 
La Comisión podría aceptar que algunas de las participa­
ciones en ferias comerciales no han sido efectivas. Sin 
embargo, el Tribunal lleva sus conclusiones demasiado 
lejos. Precisamente porque hay una gran variedad de 
problemas comerciales por resolver también existe una 
gran variedad de medios para resolverlos. 
Una feria comercial no es una tienda. Considerando que 
una perfecta participación puede planificarse basándose 
en los comentarios expuestos también puede ser igual­
mente válido justificar otras formas de participación en 
términos de coste/eficacia. 
En el caso de «Partners for Progress» la manifestación es 
más política que comercial — téngase en cuenta, por 
ejemplo, la derogación anual del « Generalized System of 
Preferences »(GSP) de las restricciones cuantitativas a las 
mercancías compradas en la feria. La feria no es 
simplemente un escaparate para los participantes; los 
participantes en la misma pueden observar lo que venden 
sus competidores. A pesar de que el enfoque puede ser 
menos científico que un estudio de mercado seguido de 
una misión comercial, la participación de Tanzania en la 
feria puede suministrar una información comercial 
suficiente para las necesidades inmediatas seguramente 
mucho más deprisa y a mucho menor coste. 
La Comisión estima que la validez de su enfoque 
pragmático se debe medir a partir de los resultados 
obtenidos y una prueba de ello es el balance provisional 
de la participación de los Estados ACP en ferias durante 
el año 1986: 
— total gastos CEE: 1 780 055 ECU; 
— peticiones de ofertas de productos: 403 842 343 ECU; 
— pedidos de productos en firme: 90 369 012 ECU. Una documentación detallada de estas cifras está a la 
disposición del Tribunal. 
77. La Comisión considera que la elaboración de una 
lista exhaustiva de las ferias y salones especialidados 
podría interpretarse mal. Algunos países ACP podrían 
creer que se les obliga a participar en un número 
demasiado grande de manifestaciones sin que éstas 
respondan a sus objetivos comerciales prioritarios. 
Sin embargo, la Comisión tiene la intención de remitir a 
partir de ahora a los países ACP una lista indicativa en la 
que figuren sólo las ferias y salones especializados más 
rentables. Pero elegir en qué ferias se participará 
continuará siendo, por supuesto, únicamente responsabi­
lidad del Estado ACP. Cabe resaltar aquí que la elección 
no la efectúan los representantes ACP presentes en las 
ferias sino las instancias nacionales respectivas. 
80-82. No es responsabilidad de la Comisión elegir 
qué quiere producir o vender un Estado ACP. Es 
responsabilidad de los gobiernos de los países ACP y de su 
sector comercial. El problema de las relaciones entre la 
industria privada y un gobierno nacional no entra dentro 
de las competencias de la Comisión. 
Como ya se ha dicho, la elección de los productos sólo 
pueden hacerla los responsables de su exportación. Sin 
embargo, la Comisión puede ayudar preparando ferias 
allí donde los Estados ACP lo pidan y siempre que esté 
justificado. 
Selección del personal presente en los pabellones 
83-85. Cada año la Comisión impone a los Estados 
ACP, como condición previa a su participación en las 
ferias, la presencia en el pabellón de personal cualificado y 
habilitado para llevar a cabo los negocios. Sin embargo, 
algunas veces ha ocurrido que en el último momento un 
país no pudiera cumplir esta condición y enviara otras 
personas que ya no fuera posible rechazar. Lo único que 
puede hacer la Comisión es advertir de esta falta si no 
llega el personal adecuado y en su caso, si esto se produce 
repetidamente, rechazar la participación. 
Concepción y realización de los pabellones 
86-89. El sistema de participación en las ferias se 
caracteriza por su simplicidad, coste y eficacia. Si la 
disponibilidad de espacio no plantea problemas, muchos 
Estados miembros ofrecen el espacio gratuitamente, 
como por ejemplo en la Feria del Cuero de París. El país 
262 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 12. 87 
ACP elige las dimensiones del pabellón dentro de los 
límites impuestos por la dimensión máxima que financia 
el FED o que el gobierno del Estado miembro está 
dispuesto a ofrecer. El diseño del pabellón es el ganador 
de una licitación pública abierta lanzada globalmente por 
todos los Estados ACP que participan en cada feria. No 
existe ningún tipo más de restricciones, ni en lo que 
respecta a las dimensiones ni al equipo, a las variaciones 
que el estado ACP quiera introducir corren a su propio 
cargo. 
La Comisión no puede indicar antes a los organizadores 
de la feria el número de participantes ni el espacio que se 
ocupará. Los países ACP la han criticado por fijar como 
fecha límite para presentar las solicitudes de participación 
en las ferias el mes de octubre del año anterior. Se informa 
a los organizadores de la feria de una probable 
participación cuando se aprueba la lista inicial de 
participantes. La lista final se aprueba antes de la fecha 
límite fijada para reservar y después de recibir nueva 
confirmación de que el país ACP participará. Este 
procedimiento pretende evitar los casos que se mencionan 
en el apartado 99. 
Seguimiento de la participación en ferias 
90-92. En general se obtienen datos precisos de los 
resultados de las ferias que visita la Comisión y estos 
resultados normalmente se utilizan en las propuestas de 
financiación de los años siguientes. Un resumen de los 
resultados obtenidos en 1983,1984 y 1985 se ha publicado 
en «El Correo» de marzo-abril de 1986. Con respecto a 
los resultados de 1986 nos remitimos a los comentarios de 
la respuesta a los puntos 74 - 76. Se efectúan esfuerzos 
continuados para elaborar informes de seguimiento pero 
no siempre es fácil identificar las oportunidades comer­
ciales derivadas de las ferias. Algunos contratos específi­
cos pueden medirse pero los efectos indirectos -contactos, 
mejor conocimiento de los mercados, contratos cerrados 
ex-post, etc.- no son valorables fácilmente. El Tribunal no 
menciona los resultados de las ferias en aquellos casos en 
que han podido medirse o el nuevo planteamiento de 
vincular la participación de los países ACP a seminarios 
dirigidos a explotar el interés local, por ejemplo, Trieste, 
Barí, Berlín y Barcelona. Dado lo reducido de las sumas 
destinadas y el número de personal asignado a este 
trabajo desde 1982 lo verdaderamente remarcable son los 
buenos resultados que produce en relación al coste total. 
Misiones comerciales 
94. El número de misiones financiadas por el FED y 
destinadas a los Estados ACP es muy reducido. Allí 
donde tienen lugar forman parte, en su gran mayoría, de programas nacionales integrados y normalmente se 
centran en oportunidades comerciales ya identificadas 
con antelación. 
95. Las misiones comerciales son una parte ínfima de las 
ayudas que se pueden obtener del FED en el campo del 
comercio y servicios. Si bien la elaboración de una lista es 
perfectamente factible su utilidad es cuestionable. En su 
mayor parte las misiones no son el vehículo más 
apropiado para conocer las necesidades de los países ACP 
en materia de desarrollo comercial. Por esta razón se han 
financiado pocas misiones. 
96 - 97. Si el Tribunal pudiera suministrar información 
sobre estos casos específicos la Comisión podría estudiar­
los para averiguar si es necesario mejorar los procedi­
mientos. 
98. La valoración de las oportunidades comerciales es 
un requisito previo esencial para el éxito de las misiones si 
se pretende cumplir el objetivo de efectuar ventas en 
firme. Incluso cuando las misiones están centradas en 
objetivos menos cuantificables, por ejemplo la investiga­
ción, es conveniente efectuar análisis previos a fin de 
justificar los gastos. No obstante, es posible apoyar 
misiones de este último tipo sin que exista un informe 
previo, por ejemplo, cuando el objetivo es establecer las 
bases para efectuar un informe preliminar. A falta de una 
justificación explícita de la necesidad de la misión puede 
rechazarse el apoyo a la misma. 
Sin perder de vista lo anteriormente expuesto, la 
Comisión está dispuesta a estudiar los casos concretos a 
que se refiere el Tribunal. 
99. La regla de 10 miembros por misión, que normal­
mente se centran en tres grupos de productos y en visitas a 
tres mercados, es una regla general cuya aplicación es 
flexible y puede adaptarse en función de circunstancias 
específicas. 
Cuando a los servicios de la Comisión no les es factible 
organizar reuniones de información y de valoración, la 
Comisión se remite a los informes elaborados por los 
responsables de la misión, los asesores o las autoridades 
gubernamentales responsables. 
Observaciones finales 
100. La Comisión ha tomado buena nota de las 
recomendaciones del Tribunal y agradece, en particular, 
sus comentarios del punto 100(b) y (c). Sin embargo, 
desearía resaltar, en primer lugar, que la evolución del 
comercio de los países ACP se verá cada vez más 
influenciada por factores externos, por ejemplo, el nivel 
de actividad económica mundial, que por los programas 
de promoción comercial, aunque estén muy bien prepara-
15. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 263 
dos (la promoción comercial sólo puede ser un pequeña 
parte del esfuerzo total); en segundo lugar, que los 
consejos sobre la comercialización ideal que se reflejan en 
el informe son apropiados para comercializar productos 
manufacturados acabados y semiacabados pero no 
productos primarios. Hay muy pocos países ACP con un 
sector manufacturero suficientemente fuerte como para 
poder encararlo a la exportación. El grueso del trabajo 
que se deberá continuar haciendo es preparar y garantizar 
una adecuada y dinámica estructura interna (por ejemplo, mayor participación del sector privado). En las actuales 
circunstancias las actividades de promoción de la 
exportación por sí solas no pueden tener mayor impacto 
en el comercio de los países ACP del que ya tienen. Existe 
una clara necesidad de integrar mejor la cuestión 
comercial en otros programas, especialmente en los 
programas de orientación de la producción, a fin de que el 
amplio abanico de medidas de Lomé pueda utilizarse de 
una manera integrada tal y como recomienda el Tribunal.