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(4)

Se ha propuesto incluir a las PCCC en el Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes del Convenio de la CEPE sobre contaminación aérea transfronteriza a gran distancia y en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Dado que aún no se ha logrado dicha inclusión, es preciso iniciar la revisión de la restricción relativa a las PCCC con arreglo al Reglamento (CE) no 1907/2006, a fin de no retrasar la posible adopción de medidas adecuadas de reducción del riesgo.
(38)

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Comisión concluye que de hecho ROMI Italia no prosigue la actividad empresarial de Sandretto. Por consiguiente, la Comisión considera que la operación constituye una transacción patrimonial y no la venta de una empresa en activo. Basándose en la información disponible en el momento de la adopción de la presente Decisión, la Comisión no tiene motivos para considerar que el precio pagado por ROMI Italia srl no sea el precio de mercado.
(1)

El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 448/98 del Consejo, de 16 de febrero de 1998, por el que se completa y modifica el Reglamento (CE) no 2223/96 en lo que respecta a la asignación de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC) (2) dispone que la decisión de asignar los SIFMI para determinar el producto nacional bruto utilizado a efectos del presupuesto de la Comunidad y sus recursos propios será adoptada por el Consejo. El concepto de producto nacional bruto fue sustituido, con efectos a partir del 1 de enero de 2002, por el concepto de renta nacional bruta (RNB), en virtud del artículo 2, apartado 7, párrafo primero, de la Decisión (CE) no 2000/597/CE, Euratom del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (3).
(5)

El artículo 30 de la Directiva 2004/17/CE dispone que esta no se aplicará a los contratos destinados a hacer posible la prestación de una de las actividades contempladas en la Directiva, siempre que, en el Estado miembro en que se efectúe dicha actividad, esta esté sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado. La exposición directa a la competencia se determina con arreglo a criterios objetivos, tomando en consideración las características específicas del sector afectado. Se considera que el acceso a un mercado no está limitado cuando el Estado miembro ha incorporado al Derecho interno y aplicado la legislación comunitaria apropiada para la apertura de un sector dado o de una parte del mismo.
(14)

A la luz de las graves y recurrentes deficiencias observadas en la elaboración de las estadísticas presupuestarias de Grecia, y con el fin de permitir un seguimiento adecuado de la situación de las finanzas públicas en este país, se requieren nuevos esfuerzos para mejorar la recogida y el tratamiento de los datos de las administraciones públicas exigidos por el marco jurídico vigente, en particular reforzando los mecanismos de garantía de un suministro rápido y correcto de los mismos. Ello incluye la elaboración trimestral y anual de estadísticas sobre las finanzas públicas, de conformidad con los Reglamentos (CE) no 2223/96 (4), (CE) no 264/2000 (5), (CE) no 1221/2002 (6), (CE) no 501/2004 (7), (CE) no 1222/2004 (8), (CE) no 1161/2005 (9) y (CE) no 479/2009, así como la publicación mensual de datos sobre la ejecución del presupuesto del Estado y la pronta disponibilidad de datos financieros referentes a la seguridad social, la Administración local y los fondos extrapresupuestarios. No obstante, dado que la realización de los cambios administrativos necesarios para la elaboración de estadísticas presupuestarias sólidas y fiables puede llevar algún tiempo, es importante verificar con regularidad las variaciones en el nivel de deuda pública, y fijar objetivos en relación tanto con el déficit como con la variación de la deuda.
(2)

Han vencido los plazos concedidos a Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Eslovaquia e indicados en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (2), para la presentación a la Comisión de los documentos mencionados en el artículo 8, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1290/2005 y en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 885/2006 (3).
(9)

De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1290/2005, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión solo puede adoptarse cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles sea superior al importe que vaya a recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al derecho nacional. En caso de que dicha decisión se adopte en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputa al presupuesto de la Comunidad el 100 % de las consecuencias financieras de la falta de recuperación. En el estadillo mencionado en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1290/2005, se recogen los importes que los Estados miembros han decidido no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros en cuestión y, por tanto, están a cargo del presupuesto de la Comunidad. Esta decisión se adopta sin perjuicio de las posibles decisiones de conformidad que se adopten en el futuro con arreglo al artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005.
3.

La institución deudora no tendrá que revisar si una solicitud cumple o no lo dispuesto en el artículo 19 y el artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE) no 883/2004, a menos que existan motivos razonables para sospechar la existencia de abuso, tal como aclara la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (4). En consecuencia, la institución deudora está obligada a aceptar la información sobre la que se basa la solicitud y a reembolsarla. En caso de que existan sospechas de abuso, la institución deudora podrá, por las razones pertinentes, rechazar la solicitud según se establece en el artículo 67, apartado 5, del Reglamento de aplicación.
(5)

En un caso en que la situación de servicio activo de un trabajador quedó suspendida debido a un permiso no retribuido sucesivo al nacimiento de un hijo y cuya finalidad era la educación de ese hijo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (3) hizo referencia al artículo 73 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo (4), leído en relación con el artículo 13, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento (5). Por consiguiente, esta situación de permiso no retribuido debe calificarse también como actividad por cuenta ajena o propia a efectos del artículo 68 del Reglamento (CE) no 883/2004. En ese contexto, el Tribunal reiteró que las citadas disposiciones únicamente pueden aplicarse si el interesado es un trabajador por cuenta ajena o propia conforme al artículo 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 (6), es decir, si está cubierto por al menos una rama de la seguridad social. Esto excluye a las personas en situación de permiso no retribuido que ya no están cubiertas por ningún régimen de seguridad social del Estado miembro competente.
(3)

El artículo 25, sección A, apartado 3, del Reglamento (CE) no 987/2009 ha de interpretarse de manera que todas las prestaciones en especie dispensadas en relación con enfermedades crónicas o ya existentes estén cubiertas por dicha disposición. El Tribunal de Justicia dictaminó (3) que el concepto de «tratamiento necesario» no puede interpretarse «en el sentido de que estas prestaciones se limiten únicamente a los casos en que el tratamiento dispensada sea necesaria debido a una enfermedad repentina». En particular, el hecho de que el tratamiento que resulte necesario debido a la evolución del estado de salud de la persona asegurada durante su estancia temporal en otro Estado miembro pueda estar relacionado con una patología preexistente y conocida por el asegurado, como por ejemplo una enfermedad crónica, no significa que no se cumplan las condiciones de aplicación de estas disposiciones.
(6)

El Reglamento (CE) no 883/2004 no contiene ninguna disposición transitoria explícita sobre la totalización de los períodos de desplazamiento cubiertos conforme a los Reglamentos (CEE) no 1408/71 y (CE) no 883/2004. La intención del legislador fue extender el período previsible máximo de desplazamiento de doce a veinticuatro meses. Los procedimientos y otras condiciones para los desplazamientos no cambiaron sustancialmente.
(7)

La evaluación de las medidas que ha tomado Grecia para corregir antes de que finalice 2010 la situación de déficit excesivo en respuesta a la recomendación que le dirigiera el Consejo en virtud del artículo 104, apartado 7, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea conduce a las conclusiones siguientes: — a raíz de la recomendación hecha por el Consejo en abril de 2009 en virtud del artículo 104, apartado 7, las autoridades griegas aplicaron, además de las medidas de reducción del deficit incluidas en la Ley del presupuesto de 2009, la actualización de enero de 2009 del programa de estabilidad y el paquete complementario de medidas presupuestarias de marzo de este mismo año. Pese a ello y aunque el deterioro de las condiciones macroeconómicas haya sido más profundo de lo que habían adelantado las autoridades, la hacienda pública ha empeorado mucho más de lo que cabría haber esperado, como resultado de una recesión superior a la prevista y por causa, en gran medida, de la política presupuestaria aplicada por el Gobierno griego. Particularmente destacable, en el apartado de los gastos, es el hecho de que la ejecución del presupuesto de 2009 arroje para ellos este año un notable exceso, más de la mitad del cual se atribuye a los desembolsos que se han destinado por encima de lo presupuestado a las medidas de retribución de los trabajadores y al incremento del gasto de capital. En el apartado de los ingresos, la ejecución del presupuesto de 2009 apunta a importantes deficiencias en el sistema de recaudación de impuestos, incluido el cumplimiento de las obligaciones fiscales, — el 25 de junio de 2009, las autoridades griegas anunciaron nuevas medidas discrecionales de reducción del déficit, con un impacto presupuestario estimado de alrededor de 1,25 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, la mayoría de esas medidas no ha sido aplicada hasta ahora y, además, buena parte de ellas –equivalentes a casi un punto porcentual del PIB– son de carácter temporal (excepcionales) y tienen por objeto la consecución de ingresos adicionales, lo que incumple las recomendaciones del Consejo que reclamaban intensificar en 2009 el ajuste presupuestario con medidas permanentes, principalmente de restricción del gasto, — además, las medidas de saneamiento presupuestario aplicadas en 2009 no son suficientes para alcanzar el objetivo de déficit público, que debía situarse en 2009 en el 3,7 % del PIB. Dichas medidas tampoco cumplen lo recomendado por el Consejo, dado que no afrontan los retos derivados de los desequilibrios exteriores ni del deterioro de la situación competitiva de la economía griega, — el gran aumento que se prevé en el ratio deuda-PIB sobrepasa el impacto del deterioro sufrido en las necesidades netas de financiación de las administraciones públicas, lo que indica que el esfuerzo hecho ha sido insuficiente para controlar los factores, distintos de esas necesidades, que contribuyen a la variación de los niveles de deuda.
(72)

Los documentos presentados en 2005 por los Países Bajos a la Comisión ponían de manifiesto que el proceso de producción no era innovador, habida cuenta de la información entonces presentada. Como se señala en la decisión de incoación, el IKC estimaba que el proyecto no era totalmente innovador. En concreto, consideraba que el proyecto no presentaba productos innovadores, sino innovaciones de mercado, y que el proceso de producción no era innovador, sino que utilizaba las técnicas más modernas. No obstante, dado que se cumplían los demás criterios evaluados por el IKC, este concluía que el proyecto cumplía los criterios para beneficiarse de una subvención, aunque, al mismo tiempo, reducía la proporción de la misma (véase el considerando 11 más arriba).
(55)

La ayuda estatal objeto de la presente Decisión no estaba asignada a una actividad concreta, en el sentido de que no estaba destinada a financiar un proyecto concreto. Por lo tanto, la Comisión debe determinar en qué medida la ayuda benefició a las actividades militares y en qué medida lo hizo a las civiles. El cálculo se ve complicado por el hecho de que ELVO no tiene contabilidades separadas de sus actividades civiles y de sus actividades militares. En estas circunstancias, la Comisión basará su análisis en el tamaño relativo de las dos actividades. Debe, por lo tanto, ponderar el peso relativo de cada actividad. La Comisión observa que cualquier ayuda estatal concedida a ELVO y no asignada a financiar una actividad concreta ha cubierto al mismo tiempo deudas pasadas y ha concedido a ELVO una ventaja para financiar actividades futuras. Por ello, al determinar la amplitud en que la ayuda estatal benefició a las actividades civiles y militares, la Comisión considera que el análisis no se puede limitar a la división entre producción civil y militar (es decir, el peso relativo de cada actividad) en el año en que se concedió la ayuda, sino que es necesario calcular el reparto medio entre ambas actividades en un período lo suficientemente largo. El hecho de que el peso relativo de las dos actividades pueda variar considerablemente de un año a otro justifica también que se utilice una media de varios años. De hecho, un año concreto puede no ser representativo del reparto medio entre las dos actividades a largo plazo.
(6)

De conformidad con el artículo 33, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las repercusiones financieras de la no recuperación por irregularidades se sufragan en un 50 % con cargo al Estado miembro cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúa antes del cierre de un programa de desarrollo rural en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, o bien en el momento del cierre del programa si dichos plazos expiran antes de tal cierre. Con arreglo al artículo 33, apartado 4, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. En el Reglamento (CE) no 885/2006 (3) se recogen las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de presentar estadillos de los importes que han de recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento se recoge el cuadro que han de presentar los Estados miembros en 2010. A partir de los cuadros cumplimentados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir cuáles son las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades más antiguas de cuatro y ocho años, respectivamente. Esta decisión se adopta sin perjuicio de las posibles decisiones de conformidad que se adopten en el futuro con arreglo al artículo 33, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005.
(5)

Con el fin de promover la inversión en las acciones prioritarias definidas por la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1224/2009 (3) del Consejo, y teniendo en cuenta los efectos negativos de la crisis financiera en los presupuestos de los Estados miembros, el gasto relativo a la automatización y gestión de datos, al sistema electrónico de registro y notificación (ERS) y a los sistemas de localización de buques vía satélite (SLB), así como el gasto destinado a seminarios organizados por los Estados miembros con objeto de sensibilizar en mayor medida acerca del nuevo Reglamento de control, así como acerca de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), deben beneficiarse de un porcentaje de cofinanciación elevado, en los límites establecidos en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 861/2006.
(2)

Con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE y al Reglamento (CE) no 33/2008 de la Comisión, de 17 de enero de 2008, por el que se establecen disposiciones detalladas de aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado de evaluación de las sustancias activas que forman parte del programa de trabajo mencionado en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva pero que no figuran en su anexo I (5), el notificante inicial presentó una nueva solicitud. En ella pedía la aplicación del procedimiento acelerado previsto en los artículos 13 a 19 del Reglamento (CE) no 33/2008 y presentaba un expediente actualizado. La solicitud se remitió a Grecia, que el Reglamento (CE) no 451/2000 había designado Estado miembro ponente.
(2)

El Banco de Francia se rige en Francia por el «Code monétaire et financier» (Código monetario y financiero), en su versión modificada por la Ley no 2008-776 de 4 de agosto de 2008 (2). El artículo L.141-6 del «Code monétaire et financier» permite que el Banco de Francia reciba toda la información necesaria de los participantes en el mercado para llevar a cabo sus funciones esenciales. El «Contrat de service public entre l’Etat et la Banque de France» (3) (Contrato de servicio público entre el Estado y el Banco de Francia), en lo sucesivo denominado «el contrato», que se prorroga cada tres años, menciona expresamente la emisión de calificaciones crediticias como una de las actividades obligatorias del Banco de Francia.
(5)

Para la Unión Europea se presentan dos posibilidades, frente a las cuales debe preparar una posición con vistas a la sesión no 102 del Comité de ayuda alimentaria, a saber: a) los debates entre los miembros del Comité de ayuda alimentaria sobre el futuro del Convenio sobre ayuda alimentaria de 1999 han avanzado de forma significativa (es decir, que se puede esperar razonablemente que la renegociación del Convenio sobre ayuda alimentaria de 1999/negociación de un futuro Convenio comience en el transcurso de 2010) antes de celebrarse la sesión no 102 del Comité de ayuda alimentaria; en este caso, la prórroga del Convenio sobre ayuda alimentaria de 1999 por un año más sería lo más apropiado. A continuación, la Comisión iniciaría el procedimiento previsto en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que se recomienda al Consejo que autorice la apertura de negociaciones y apruebe las directrices de negociación, o bien, b) los debates entre los miembros del Comité de ayuda alimentaria en torno al futuro del Convenio sobre ayuda alimentaria de 1999 no han avanzado de forma significativa antes de celebrarse la sesión no 102 del Comité de ayuda alimentaria; en este caso, la prórroga del Convenio sobre ayuda alimentaria de 1999 por un año más no sería conveniente, y la Comisión, en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, debería oponerse formalmente a la obtención de un consenso en el Comité de ayuda alimentaria en favor de una prórroga del Convenio sobre ayuda alimentaria de 1999.
(14)

Artículo 5 del Decreto Ley no 202 de 1 de octubre de 2005 (DL 202/05), convertido en la Ley no 244 de 30 de noviembre de 2005 (Ley 244/05) (3), modificado por el artículo 1 bis, apartado 7, de la Ley no 81 de 11 de marzo de 2006 (Ley 81/06), de conversión del Decreto Ley no 2 de 10 de enero de 2006.
(5)

En el Reglamento (CE) no 953/2009 de la Comisión, de 13 de octubre de 2009, sobre sustancias que pueden añadirse para fines de nutrición específicos en alimentos destinados a una alimentación especial (2), la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (3), y el Reglamento (CE) no 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos (4), se establecen disposiciones específicas para la utilización de vitaminas, minerales y otras sustancias en los alimentos. Debería autorizarse la utilización de EDTA férrico sódico sin perjuicio de los requisitos de la mencionada legislación. Los límites establecidos en el anexo II de la presente Decisión hacen exclusivamente referencia al EDTA como tal y se entienden sin perjuicio de cualquier otro límite para la adición de hierro a los alimentos. A partir de la evaluación científica, se ha determinado que el EDTA férrico sódico cumple los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 258/97.
3.

La UE se compromete, asimismo: a) a aplicar un régimen basado exclusivamente en derechos NMF para la importación de bananos y, por tanto, a no aplicar medidas que afecten a la importación de bananos en su territorio en forma de contingentes, contingentes arancelarios o regímenes de licencias de importación de bananos suministrados desde cualquier fuente (que no sean los regímenes de licencias automáticos exclusivamente destinados a la supervisión del mercado) (2), y b) a no aplicar ninguna medida que suponga una discriminación entre los proveedores de servicios de distribución de bananos en función de la propiedad o control del proveedor de servicios o del origen de los bananos distribuidos. No serán de aplicación las disposiciones del punto 1 si, a partir de la fecha de resolución, la UE no cumple los compromisos previstos en el presente punto.
(109)

La Comisión señala que no está claro si puede considerarse que Hessische Staatsweingüter se encontraba en el período anterior a 2003 en una situación de crisis como empresa. Es correcto que el importe de 541 859 EUR concedido a Hessische Staatsweingüter en el período de 1995 a 2002 por el Estado federado de Hesse constituye una ayuda estatal. Esto no hace presuponer necesariamente que Hessische Staatsweingüter constituyera una empresa en crisis que no hubiera estado en condiciones de obtener fondos adicionales en condiciones de mercado. Asimismo, las operaciones ocasionales de cobertura de pérdidas eran medidas ad hoc y no se basaban en un plan de reestructuración. Estas medidas se aplicaron mucho antes de que se tomara la decisión de reestructurar la empresa. La última cobertura de una pérdida, incluida en los 541 859 EUR, tuvo lugar en enero de 1999 (véase el considerando 21), mientras que los preparativos para la reestructuración no empezaron hasta 2001, el plan de reestructuración no fue elaborado hasta junio de 2002 y la decisión oficial de reestructuración no se adoptó hasta el 10 de diciembre de 2002 (véase la descripción de la reestructuración en los considerandos 23 a 38 y, en particular, el considerando 28). Por tanto, la cobertura de las pérdidas no puede considerarse parte del proceso de reestructuración, que realmente empezó el 31 de diciembre de 2002.
(9)

La Comisión ha considerado que el presente procedimiento debe darse por concluido, dado que la investigación no ha aportado argumentos demostrativos de que dicha conclusión no convenga a los intereses de la Unión. Las partes interesadas fueron informadas en consecuencia y tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones. No se han recibido en el sentido de que la conclusión no convenga a los intereses de la Unión.