ES Diario Oficial de la Unión Europea L 148/1

REGLAMENTO (CE) N o 479/2008 DEL CONSEJO

de 29 de abril de 2008

por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2392/86 y (CE) no 1493/1999

ÍNDICE

TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES

TÍTULO II MEDIDAS DE APOYO

Capítulo I Programas de apoyo

Sección 1 Disposiciones preliminares

Sección 2 Presentación y contenido de los programas de apoyo

Sección 3 Medidas de apoyo específicas

Sección 4 Disposiciones generales

Capítulo II Transferencia financiera

TÍTULO III MEDIDAS REGLAMENTARIAS

Capítulo I Normas generales

Capítulo II Prácticas enológicas y restricciones

Capítulo III Denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales

Capítulo IV Denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Sección 1 Definiciones

Sección 2 Solicitud de protección

Sección 3 Procedimiento de concesión de la protección

Sección 4 Situaciones específicas

Sección 5 Protección y control

Sección 6 Disposiciones generales

Capítulo V Términos tradicionales

Capítulo VI Etiquetado y presentación

Capítulo VII Organizaciones de productores e interprofesionales

TÍTULO IV COMERCIO CON TERCEROS PAÍSES

Capítulo I Disposiciones comunes

Capítulo II Certificados de importación y exportación

Capítulo III Salvaguardia y perfeccionamiento activo y pasivo

Capítulo IV Normas aplicables a las importaciones

TÍTULO V POTENCIAL PRODUCTIVO

Capítulo I Plantaciones ilegales

Capítulo II Régimen transitorio de derechos de plantación

Capítulo III Régimen de arranque

TÍTULO VI DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO VII MODIFICACIONES, DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Capítulo I Modificaciones

Capítulo II Disposiciones transitorias y finales

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 36 y 37,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

Considerando lo siguiente:

(1) El régimen comunitario aplicado al sector vitivinícola está establecido en el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (3) y sus Reglamentos de aplicación.

(2) El consumo de vino en la Comunidad disminuye de manera continua y desde 1996 el volumen de las exportaciones comunitarias de este producto aumenta a un ritmo mucho menor que el de las importaciones. Ello ha dado lugar a un deterioro del equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que a su vez repercute en los precios de producción y las rentas de los productores.

(3) No todos los instrumentos de que consta actualmente el Reglamento (CE) no 1493/1999 han resultado ser eficaces para lograr un sector vitivinícola competitivo y sostenible. Los mecanismos de mercado han resultado ser con frecuencia mediocres en términos de rentabilidad, hasta el punto de haber fomentado los excedentes estructurales sin imponer mejoras estructurales. Además, algunas de las medidas normativas vigentes han restringido excesivamente las actividades de los productores competitivos.

(4) No parece, por lo tanto, que el marco jurídico vigente permita alcanzar de manera sostenible los objetivos del artículo 33 del Tratado, y en particular estabilizar el mercado vitivinícola y garantizar un nivel de vida justo para este sector agrícola.

(5) Teniendo presente la experiencia adquirida, procede, pues, modificar a fondo el régimen comunitario que se aplica al sector vitivinícola con el fin de alcanzar los objetivos siguientes: aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas comunitarios; consolidar la fama que tienen los vinos comunitarios de calidad de ser los mejores del mundo; recuperar antiguos mercados y conquistar otros nuevos tanto en la Comunidad como a escala mundial; crear un régimen vitivinícola basado en normas claras, sencillas y eficaces que permita equilibrar la oferta y la demanda y que preserve las mejores tradiciones de la producción vitivinícola comunitaria, potencie el tejido social de numerosas zonas rurales y garantice que toda la producción respeta el medio ambiente. Procede, pues, derogar el Reglamento (CE) no 1493/1999 y sustituirlo por el presente Reglamento.

(6) El presente Reglamento ha ido precedido de una evaluación y una consulta encaminadas a conocer y determinar las necesidades del sector vitivinícola. En noviembre de 2004 se publicó el informe de la evaluación externa que se había encargado. El 16 de febrero de 2006, la Comisión organizó un seminario con el fin de dar a las partes interesadas la oportunidad de expresar sus opiniones. El 22 de junio de 2006 se publicó la Comunicación de la Comisión «Hacia un sector vitivinícola europeo sostenible», junto con una evaluación de impacto en la que se presentaban diversas opciones para reformar el sector vitivinícola.

(7) Entre julio y noviembre de 2006 se celebraron debates en el Consejo. En diciembre de 2006, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones adoptaron sendos informes sobre las opciones de reforma del sector vitivinícola propuestas en la Comunicación de la Comisión. El 15 de febrero de 2007, el Parlamento Europeo adoptó su informe de propia iniciativa sobre la Comunicación, en el que se perfilan algunas conclusiones que se han tenido en cuenta en el presente Reglamento.

(8) El Reglamento (CE) no 1234/2007del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de los mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (4) también debe llegar a aplicarse al sector vitivinícola. Dicho Reglamento incluye disposiciones de carácter horizontal, en particular en materia de comercio con terceros países, normas de competencia, controles y sanciones, intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros. Para facilitar la futura incorporación en el Reglamento único para las OCM, conviene alinear, en la medida de lo posible, las disposiciones del presente Reglamento relacionadas con cuestiones horizontales con las del Reglamento único para las OCM.

(9) Es fundamental establecer medidas de apoyo que refuercen las estructuras competitivas. Esas medidas las debe financiar y determinar la Comunidad, dejando que sean los Estados miembros quienes seleccionen el conjunto de medidas que se adecuen a las necesidades de sus respectivos territorios, habida cuenta, en caso necesario, de las especificidades regionales, y las integren en programas nacionales de apoyo. La aplicación de los programas debe incumbir a los Estados miembros.

(10) La clave de reparto entre los Estados miembros de los fondos destinados a los programas nacionales de apoyo debe asociarse a tres criterios, siendo el principal de ellos el porcentaje histórico del presupuesto vitivinícola, y los otros dos la superficie vitícola y la producción histórica. No obstante, esta clave de reparto debe ser objeto de un ajuste en los casos en que la utilización del porcentaje histórico del presupuesto para el sector vitivinícola como criterio principal dé lugar a una distribución injustificada de los fondos.

(11) Una medida fundamental que pueda acogerse a los programas nacionales de apoyo debe ser la promoción y comercialización de los vinos comunitarios en terceros países. Se deben mantener las actividades de reestructuración y reconversión, vistos sus positivos efectos estructurales en el sector vitivinícola. Deben apoyarse asimismo las inversiones en el sector vitivinícola encaminadas a mejorar el rendimiento económico de las propias empresas y los Estados miembros también deben poder apoyar la destilación de los subproductos cuando dichos Estados quieran servirse de este instrumento para garantizar la calidad del vino al tiempo que preservan el medio ambiente.

(12) Por otro lado, conviene que instrumentos preventivos como los seguros de las cosechas, las mutualidades y las cosechas en verde puedan acogerse a los programas de apoyo con el fin de fomentar un planteamiento responsable para las situaciones de crisis.

(13) El mantenimiento de algunas medidas tradicionales está justificado en la medida en que atenúe la supresión brusca de las medidas de mercado habituales financiadas hasta la fecha mediante fondos comunitarios. Las medidas de que se trata son de apoyo para la destilación de alcohol de boca, para la destilación de crisis y para el uso de mosto de uva concentrado.

(14) Por último, los Estados miembros podrían preferir, por distintos motivos, conceder una ayuda disociada con arreglo al régimen de pago único a los agricultores. Por consiguiente, debe dejarse abierta esta posibilidad a los Estados miembros y, debido a las particularidades del régimen de pago único, cualesquiera de tales transferencias deben ser irreversibles y reducir en consecuencia el presupuesto destinado a los programas de apoyo nacionales en los años posteriores.

(15) La financiación comunitaria de las medidas subvencionables debe supeditarse, cuando ello sea factible, al cumplimiento por los productores de determinadas disposiciones medioambientales. La inobservancia de esas disposiciones debe entrañar la correspondiente reducción de las primas.

(16) El sector vitivinícola debe recibir asimismo el respaldo de las medidas estructurales que se establecen en el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (5).

(17) Las siguientes medidas contempladas en el Reglamento (CE) no 1698/2005 son de interés para el sector vitivinícola: instalación de jóvenes agricultores, inversiones en instalaciones técnicas y para mejoras de la comercialización, formación profesional, ayudas a la información y la promoción para las organizaciones de productores que adopten un régimen de calidad, ayudas agroambientales y jubilación anticipada que se concederá a los agricultores que decidan abandonar definitivamente toda actividad comercial agrícola para transferir la explotación a otros agricultores.

(18) Con el fin de aumentar los medios financieros disponibles al amparo del Reglamento (CE) no 1698/2005, es preciso transferir gradualmente fondos al presupuesto en virtud de ese Reglamento cuando los importes correspondientes son de suficiente importancia.

(19) Es aconsejable la aplicación de determinadas medidas reglamentarias en el sector vitivinícola por motivos relacionados con la salud, la calidad y las expectativas de los consumidores.

(20) Es conveniente que sean los Estados miembros que producen más de 50 000 hectolitros anuales los que sigan clasificando las variedades de uva de vinificación con las que se puede elaborar vino en sus territorios. Por otro lado, conviene excluir algunas de esas variedades.

(21) Algunos productos regulados por el presente Reglamento se podrán comercializar si se ajustan a una clasificación específica de productos vitivinícolas y a las características correspondientes.

(22) Los productos a que se refiere el presente Reglamento deben elaborarse respetando determinadas prácticas enológicas y restricciones que garanticen la asunción de las consideraciones relacionadas con la salud y las expectativas de los consumidores en lo que atañe a la calidad y los métodos de producción. Por motivos de flexibilidad, se deben mantener actualizadas esas prácticas y aprobar otras nuevas a través de medidas de aplicación, salvo en lo relativo al aumento artificial del grado alcohólico natural y la acidificación, ámbitos políticamente sensibles en los que las modificaciones deben seguir siendo competencia del Consejo.

(23) El aumento del grado alcohólico del vino debe estar supeditado a determinados límites y, en su caso, se debe conseguir añadiendo al vino mosto de uva concentrado o mosto de uva rectificado concentrado o sacarosa si está permitido. Los límites relativos a los incrementos de enriquecimiento permitidos deben ser más estrictos de lo que lo han sido hasta la fecha.

(24) Habida cuenta de la escasa calidad del vino obtenido por sobreprensado de la uva, conviene prohibir esta práctica.

(25) Con el fin de cumplir las normas internacionales aplicables en este ámbito, conviene que la Comisión se base, como norma general, en las prácticas enológicas recomendadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

(26) Debe seguir prohibiéndose en la Comunidad la mezcla de vino originario de un tercer país con vino comunitario y la mezcla de vinos originarios de terceros países. En términos similares, no debe admitirse en el territorio de la Comunidad la utilización de determinados tipos de mosto de uva, de zumo de uva y de uvas frescas originarios de terceros países con vistas a la vinificación o la adición al vino.

(27) El concepto de vino comunitario de calidad se basa, entre otras cosas, en las características específicas atribuibles al origen geográfico del vino. Para que los consumidores puedan reconocer ese tipo de vino se recurre a las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, si bien el sistema actual no se ha desarrollado plenamente al respecto. Con el fin de dar cabida a un marco transparente y más elaborado que favorezca el reconocimiento de los productos de calidad, conviene establecer un régimen de acuerdo con el cual las solicitudes de denominación de origen o de indicación geográfica se examinen conforme al planteamiento que, de acuerdo con la política comunitaria horizontal aplicable en materia de calidad a los productos alimenticios distintos del vino y las bebidas espirituosas, se utiliza en el Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (6).

(28) Con el fin de preservar las características especiales de calidad de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica, se debe permitir a los Estados miembros la aplicación de normas más estrictas sobre ese particular.

(29) Para que puedan disfrutar de protección en la Comunidad, es preciso que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se reconozcan y registren a escala comunitaria. Con el fin de garantizar que los respectivos nombres cumplen las condiciones establecidas en el presente Reglamento, conviene que las solicitudes sean examinadas por las autoridades nacionales del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio de la observancia de unas disposiciones comunes mínimas, entre ellas un procedimiento nacional de oposición. Conviene que la Comisión supervise posteriormente estas decisiones para cerciorarse de que las solicitudes respetan las condiciones establecidas en el presente Reglamento y que el planteamiento es uniforme en todos los Estados miembros.

(30) La protección debe estar abierta a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de terceros países que estén protegidas en los países de origen.

(31) El procedimiento de registro debe posibilitar a toda persona física o jurídica con intereses legítimos en un Estado miembro o un tercer país ejercer sus derechos mediante la notificación de sus objeciones.

(32) Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas deben protegerse de los usos que supongan un aprovechamiento indebido de la fama que merecen los productos conformes. Con el fin de fomentar la competencia leal y no inducir a error a los consumidores, es preciso que esta protección englobe asimismo a productos y servicios que no se regulan mediante el presente Reglamento, ni se recogen en el anexo I del Tratado.

(33) Deben establecerse procedimientos que permitan la modificación del pliego de condiciones de los productos que ya gocen de protección y la cancelación de la denominación de origen o la indicación geográfica, en particular si ya no se garantiza el cumplimiento del correspondiente pliego de condiciones del producto.

(34) Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que cuenten con protección en el territorio comunitario deben someterse a controles conformes, en la medida de lo posible, con el Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (7), incluido un sistema de comprobaciones que garantice el cumplimiento de los pliegos de condiciones de los vinos de que se trate.

(35) Se debe autorizar a los Estados miembros a cobrar una tasa que cubra los costes en que hayan incurrido, incluidos los derivados del examen de las solicitudes de protección, las declaraciones de objeción, las solicitudes de modificación y las peticiones de cancelación al amparo del presente Reglamento.

(36) Por motivos de seguridad jurídica, se debe eximir a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas existentes en la Comunidad de la aplicación del nuevo procedimiento de examen. No obstante, los Estados miembros interesados deben facilitar a la Comisión la información y normas básicas en virtud de las cuales se haya otorgado el reconocimiento a escala nacional, so pena de que las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas pierdan la protección de que gocen. Asimismo, es conveniente, por motivos de seguridad jurídica, limitar el ámbito de aplicación para la cancelación de denominaciones de origen e indicaciones geográficas ya existentes.

(37) La política de calidad se regula a nivel nacional en determinados Estados miembros conforme a disposiciones y prácticas nacionales. Tales disposiciones y prácticas podrán seguir aplicándose.

(38) Hay una serie de términos que se utilizan tradicionalmente en la Comunidad y que transmiten a los consumidores una información sobre las peculiaridades y la calidad de los vinos complementaria de la que ofrecen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. A fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior y la competencia leal y para evitar que los consumidores sean inducidos a error, esos términos tradicionales deben poder gozar de protección en la Comunidad.

(39) La descripción, la designación y la presentación de los productos regulados por el presente Reglamento pueden influir considerablemente en sus perspectivas de comercialización. Las diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos vinícolas pueden dificultar el buen funcionamiento del mercado interior.

(40) Es conveniente, pues, establecer normas que tengan en cuenta los intereses legítimos de los consumidores y los productores. Por tal motivo, resultan apropiadas las normas comunitarias de etiquetado.

(41) Esas normas deben imponer la utilización de determinados términos que permitan identificar el producto en función de las categorías comerciales y facilitar a los consumidores determinados datos de importancia. La utilización de otros datos facultativos debe abordarse a escala comunitaria.

(42) Salvo disposición en contrario, las normas de etiquetado aplicables en el sector vitivinícola deben ser complementarias de las establecidas en la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (8), que se aplican horizontalmente. La experiencia demuestra que no es a menudo oportuno establecer una diferenciación entre las normas de etiquetado según la categoría de los productos vinícolas. Por lo tanto, en principio las normas se deben aplicar a las diferentes categorías de vino, incluidos los productos importados, y deben permitir, en particular, la indicación de la variedad de uva de vinificación y de la cosecha en el caso de los vinos sin denominación de origen ni indicación geográfica, sin perjuicio de los requisitos y excepciones relativos a la veracidad de los datos del etiquetado y a las comprobaciones correspondientes así como al riesgo de confusión de los consumidores.

(43) La existencia y constitución de organizaciones de productores sigue siendo un modo de contribuir a la satisfacción de las necesidades del sector vitivinícola determinadas a escala comunitaria. La utilidad de tales organizaciones debe residir en el alcance y la eficacia de los servicios que ofrezcan a sus miembros. Lo mismo cabe decir de las organizaciones interprofesionales. Los Estados miembros deben reconocer, por lo tanto, aquellas organizaciones que cumplan determinados requisitos establecidos a escala comunitaria.

(44) Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado de los vinos, los Estados miembros deben poder aplicar las decisiones adoptadas por las organizaciones interprofesionales. No obstante, las prácticas que puedan falsear la competencia deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de esas decisiones.

(45) La creación del mercado único comunitario lleva aparejada la implantación de un régimen comercial en las fronteras exteriores de la Comunidad. Ese régimen comercial entraña la aplicación de derechos de importación y, en principio, debe contribuir a estabilizar el mercado comunitario. El régimen comercial ha de estar basado en las obligaciones internacionales de la Comunidad, en particular las derivadas de los acuerdos celebrados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

(46) El seguimiento de los flujos comerciales es ante todo un asunto de gestión que debe abordarse de manera flexible. En consecuencia, la Comisión debe adoptar una decisión sobre el establecimiento de los requisitos que deben cumplir los certificados teniendo en cuenta la necesidad de contar con certificados de importación y exportación para la gestión de los mercados de que se trate y, en particular, para el seguimiento de las importaciones de los productos en cuestión. No obstante, las condiciones generales aplicables a esos certificados deben establecerse en el presente Reglamento.

(47) El establecimiento de un régimen de certificados de importación y exportación debe llevar aparejada la constitución de una garantía que avale la realización de las transacciones para las que se conceden esos certificados.

(48) El régimen de derechos de importación permite prescindir de todas las demás medidas protectoras en las fronteras exteriores de la Comunidad. En circunstancias excepcionales, el mecanismo del mercado interior y los derechos de aduana puede resultar insuficiente. En tales casos, para que el mercado comunitario no se quede sin defensas frente a posibles perturbaciones, la Comunidad debe estar en condiciones de adoptar sin dilación todas las medidas necesarias que sean conformes con los compromisos internacionales contraídos por aquella.

(49) Con el fin de evitar o contrarrestar los efectos negativos que puedan producir en el mercado comunitario las importaciones de zumo de uva y mosto de uva, esas importaciones deben estar supeditadas al pago de un derecho adicional, si se cumplen determinadas condiciones.

(50) Para garantizar el correcto funcionamiento del mercado vitivinícola y, en particular, evitar perturbaciones, debe contemplarse la posibilidad de prohibir la utilización de los regímenes de perfeccionamiento activo y pasivo. Para que funcione bien, este tipo de instrumento de gestión del mercado necesita en general que se aplique sin dilación. Por consiguiente, conviene otorgar a la Comisión las competencias pertinentes.

(51) Los productos importados de terceros países deben cumplir las normas comunitarias sobre categorías de productos, etiquetado, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, y deben ir acompañados de un informe de análisis.

(52) Resulta conveniente, en determinadas condiciones, otorgar a la Comisión la facultad de abrir y gestionar contingentes arancelarios derivados de acuerdos internacionales celebrados con arreglo al Tratado o de otros actos del Consejo.

(53) Se ha producido un empeoramiento de la producción excedentaria de vino comunitario debido a las violaciones de la prohibición transitoria de efectuar nuevas plantaciones. Hay en la Comunidad un número importante de plantaciones ilegales que constituyen una fuente de competencia desleal y agravan los problemas del sector vitivinícola.

(54) Debe establecerse una diferencia entre las zonas ilegales plantadas antes del 31 de agosto de 1998 y las posteriores a esa fecha, en lo que se refiere a las obligaciones de los productores respecto de dichas zonas. Debe darse a las zonas ilegales con anterioridad al 1 de septiembre de 1998 una última oportunidad para su regularización con arreglo a las condiciones del artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1493/1999. En consecuencia, la disposición correspondiente del presente Reglamento debe tener efecto retroactivo.

(55) Las zonas ilegales anteriores al 1 de septiembre de 1998 no están, hasta ahora, sometidas a ninguna obligación de arranque. Debe obligarse a los productores afectados a regularizar la situación mediante el pago de una tasa. En caso de que esas zonas no se hayan regularizado para el 31 de diciembre de 2009, se debe obligar a los productores a efectuar el arranque a su costa. El incumplimiento de este arranque obligatorio debe acarrear el pago de una multa.

(56) De conformidad con la sanción prevista en el Reglamento (CE) no 1493/1999, debe procederse al arranque de las zonas que se hayan plantado con posterioridad al 31 de agosto de 1998 infringiendo la prohibición pertinente. El incumplimiento de este arranque obligatorio debe acarrear el pago de una multa.

(57) En espera de la aplicación de las medidas de regularización y arranque, el vino obtenido en las zonas que se hayan plantado infringiendo la prohibición y que no se hayan regularizado de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1493/1999 no debe sacarse al mercado más que para efectuar su destilación a costa del productor interesado. La presentación de contratos de destilación por los productores debe garantizar un mejor seguimiento de esta norma que el logrado hasta la fecha.

(58) La prohibición transitoria de efectuar nuevas plantaciones ha producido algunos efectos sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola, si bien al mismo tiempo ha supuesto un nuevo obstáculo para los productores competitivos que desean responder con flexibilidad al aumento de la demanda.

(59) Dado que no se ha alcanzado aún un equilibrio en el mercado y que las medidas complementarias, como el régimen de arranque, necesitan tiempo para surtir efecto, es oportuno mantener la prohibición de realizar nuevas plantaciones hasta el 31 de diciembre de 2015, momento en el que, no obstante, se debe levantar definitivamente para permitir a los productores competitivos responder libremente a las condiciones de mercado. No obstante, debe darse a los Estados miembros la posibilidad de prorrogar la prohibición para sus territorios hasta el 31 de diciembre de 2018 si consideran que es necesario.

(60) La vigente autorización de nuevas plantaciones destinadas a viñas madres de injertos, concentración parcelaria y expropiación, así como a experimentación vitícola, ha demostrado que no altera excesivamente el mercado vitivinícola, por lo que debe prolongarse, bajo los controles necesarios.

(61) Conviene seguir concediendo derechos de replantación siempre que los productores se comprometan a arrancar superficies equivalentes a las plantadas de vid, ya que el efecto de esas plantaciones en la producción suele ser nulo.

(62) Asimismo, los Estados miembros deben poder autorizar la transferencia a otra explotación de los derechos de replantación, bajo controles estrictos, siempre que esta transferencia persiga la calidad, se refiera a las zonas destinadas a viñas madres de injertos o esté relacionada con la transferencia de parte de la explotación. Es conveniente mantener dichas transferencias dentro del mismo Estado miembro.

(63) Con el fin de mejorar la gestión del potencial vitícola y fomentar el uso eficaz de los derechos de plantación, y de este modo reducir aún más el efecto de la restricción transitoria de efectuar plantaciones, conviene mantener el sistema de reservas nacionales o regionales.

(64) Los Estados miembros deben mantener un amplio margen de discrecionalidad en la gestión de las reservas, bajo los controles necesarios, para que puedan adecuar mejor el uso de los derechos de plantación de dichas reservas a las necesidades locales. Esas competencias deben englobar la posibilidad de adquirir derechos de plantación para abastecer la reserva y vender derechos de plantación procedentes de esta. Con este fin, conviene seguir permitiendo que los Estados miembros no apliquen el sistema de reserva, siempre que puedan demostrar que ya disponen de un sistema eficaz de gestión de los derechos de plantación.

(65) La concesión de ventajas especiales a los jóvenes viticultores puede facilitar no solo su instalación sino también, posteriormente, la adaptación estructural de sus explotaciones; conviene, pues, que se les puedan otorgar derechos de las reservas a título gratuito.

(66) Para garantizar que los recursos se utilizan de la forma más eficaz y ajustar mejor la oferta y la demanda, los derechos de plantación deben ser utilizados por sus titulares dentro de un plazo razonable. En su defecto, deben asignarse o reasignarse a las reservas. Por las mismas razones, los derechos asignados a las reservas deben concederse dentro de un plazo razonable.

(67) Los Estados miembros en los que el régimen de derecho de plantación no se aplicaba hasta el 31 de diciembre de 2007 deben quedar exentos de la prohibición transitoria de efectuar nuevas plantaciones.

(68) Es conveniente implantar un régimen de arranque como medida complementaria encaminada a crear un sector vitivinícola acorde con las condiciones del mercado. Cuando los productores consideren que las condiciones existentes en determinadas zonas no favorecen una producción viable, se les debe dar la oportunidad de reducir sus costes y retirar permanentemente esas zonas de la producción vitivinícola, permitiéndoles realizar actividades alternativas en las zonas en cuestión o retirarse totalmente de la producción agrícola.

(69) La experiencia demuestra que, en caso de ser los Estados miembros los que autorizan el arranque a cambio del pago de una prima, se corre el riesgo de que tanto la medida como los efectos previstos sobre la oferta resulten ineficaces. Así pues, a diferencia de lo que sucede con el régimen actual, conviene que en general los productores puedan participar en el régimen de arranque y decidan en exclusiva si desean solicitar su aplicación. A cambio se les debe conceder una prima por hectárea de viñas arrancadas. No obstante, los Estados miembros que elaboran menos de 50 000 hectolitros de vino al año no deben tener acceso al régimen de arranque dado que no afectan sustancialmente a la producción comunitaria.

(70) Es conveniente que los Estados miembros puedan fijar, en función de criterios objetivos, los niveles específicos de la prima por arranque, de acuerdo con determinados baremos establecidos por la Comisión.

(71) Con el fin de garantizar un trato responsable de las zonas sometidas a arranques, el derecho a recibir la prima debe depender del cumplimiento por los productores interesados de las normas medioambientales aplicables. Cualquier incumplimiento comprobado debe reducir proporcionalmente la prima por arranque.

(72) Para evitar problemas medioambientales, conviene que los Estados miembros puedan decidir no aplicar el arranque en zonas de montaña en terrenos muy inclinados y en pequeñas islas, así como por motivos de interés medioambiental en condiciones específicas. De acuerdo con la política seguida en el caso de las regiones ultraperiféricas de la Comunidad, el régimen de arranque no se practicará en las islas Azores, Madeira y Canarias. Debe permitirse a los Estados miembros que suspendan el arranque cuando la superficie total sometida a esta medida alcance el 8 % de la superficie plantada de vid (10 % a nivel regional).

(73) Cuando en un Estado miembro la superficie arrancada pudiera superar el 15 % de la superficie total plantada de vid, debe existir la posibilidad de limitar el arranque en dicho Estado miembro al 15 % para evitar que se produzca un acaparamiento de los recursos asignados al arranque en detrimento de otros Estados miembros. Además, debe existir la posibilidad de detener el arranque en un año concreto cuando la superficie arrancada en dicho año llegue al 6 % de su superficie total de viñedos.

(74) La superficie agrícola dedicada anteriormente a la viticultura, una vez arrancadas las viñas, debe poder optar al régimen de pago único y recibir una ayuda directa disociada de ámbito regional, cuyo importe medio, por motivos presupuestarios, no debe ser superior a una suma determinada.

(75) El correcto funcionamiento del mercado único se vería comprometido por la concesión sin condiciones de ayudas nacionales. Las disposiciones del Tratado que regulan las ayudas estatales deben aplicarse por tanto, en principio, a los productos incluidos en la organización común del mercado vitivinícola. No obstante, las disposiciones sobre las primas por arranque y determinadas medidas de los programas de apoyo no deben ser obstáculo en sí para la concesión de ayudas nacionales con el mismo objetivo.

(76) Para lograr una mejor gestión del potencial vitícola, es deseable que los Estados miembros faciliten a la Comisión un inventario de su potencial productivo. La información que figure en él debe basarse en el registro vitícola, que se debe mantener y actualizar de forma periódica. Los detalles concretos de este registro deben determinarse en un reglamento de aplicación de la Comisión. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (CEE) no 2392/86 del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativo al establecimiento del registro vitícola comunitario (9). Para animar a los Estados miembros a notificar dicho inventario, las ayudas para reestructuración y reconversión deben limitarse a los que hayan cumplido este requisito.

(77) Con el fin de disponer de la información necesaria para poder adoptar las decisiones políticas y administrativas pertinentes, los productores de uvas para vinificación, de mosto y de vino deben presentar declaraciones de cosecha. Los Estados miembros deben estar en condiciones de exigir a los comerciantes de uva destinada a la vinificación que declaren anualmente las cantidades comercializadas de la última cosecha. Los productores de mosto y de vino y los comerciantes que no sean minoristas deben declarar sus existencias de mosto y de vino.

(78) Con el fin de establecer un nivel satisfactorio de trazabilidad de los productos en cuestión, y en particular para proteger a los consumidores, debe disponerse que todos los productos regulados por el presente Reglamento lleven un documento de acompañamiento cuando circulen por la Comunidad.

(79) Con el fin de tratar los casos justificados de crisis incluso después de finalizar la medida transitoria de apoyo a la destilación de crisis prevista con arreglo a los programas de apoyo en 2012, un Estado miembro debe poder proporcionar ayuda para la destilación de crisis dentro del límite presupuestario global del 15 % del respectivo valor del presupuesto anual correspondiente del Estado miembro destinado a su programa nacional de ayuda. Toda ayuda de este tipo debe notificarse a la Comisión y se aprobará, de acuerdo con el presente Reglamento, antes de concederla.

(80) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (10).

(81) Los gastos en que incurran los Estados miembros como resultado de las obligaciones derivadas de la aplicación del presente Reglamento debe financiarlos la Comunidad con arreglo al Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (11).

(82) Los Estados miembros y la Comisión deben facilitarse la información necesaria para la aplicación del presente Reglamento.

(83) Para garantizar la observancia de las obligaciones establecidas por el presente Reglamento, es necesario establecer controles y aplicar sanciones en caso de incumplirse aquellas. Debe atribuirse, pues, a la Comisión la potestad para aprobar las normas correspondientes, incluidas las referidas a la recuperación de las sumas pagadas indebidamente y a las obligaciones de los Estados miembros en materia de información.

(84) Incumbe a las autoridades de los Estados miembros garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, debiendo adoptarse las disposiciones pertinentes para que la Comisión pueda supervisar y garantizar ese cumplimiento.

(85) Con el fin de disponer la incorporación del sector vitivinícola en el régimen de pago único, es conveniente que todas las zonas vitivinícolas sometidas a un cultivo activo puedan optar al régimen de pago único establecido en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (12).

(86) Los viticultores de Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Checa y Rumanía deben poder disfrutar de la inclusión del componente vino en el régimen de pago único en las mismas condiciones que los viticultores de la Comunidad en su composición de 30 de abril de 2004. Por consiguiente, el componente vino del régimen de pago único no debe estar sujeto a la aplicación del programa de incrementos previsto en el artículo 143 bis del Reglamento (CE) no 1782/2003.

(87) El Reglamento (CE) no 1782/2003 y el Reglamento (CE) no 3/2008 del Consejo, de 17 de diciembre de 2007, sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países (13), deben modificarse en consecuencia.

(88) La transición de las disposiciones del Reglamento (CE) no 1493/1999 y de los otros Reglamentos del sector vitivinícola a las establecidas en el presente Reglamento puede originar dificultades que no se abordan en este. Para hacer frente a tal posibilidad, es preciso que la Comisión pueda adoptar las medidas transitorias necesarias. La Comisión debe también estar autorizada para resolver problemas prácticos específicos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece normas específicas que se aplican a la producción y comercialización de los productos a que se refiere la parte XII del anexo I del Reglamento (CE) no 1234/2007.

2. Con respecto a los productos mencionados en el apartado 1, el presente Reglamento establece:

a) medidas de apoyo;

b) medidas reglamentarias;

c) normas sobre los intercambios comerciales con terceros países;

d) normas que regulan el potencial productivo.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones establecidas en el anexo I.

TÍTULO II

MEDIDAS DE APOYO

CAPÍTULO I

Programas de apoyo

Sección 1

Disposiciones preliminares

Artículo 3

Ámbito de aplicación

El presente capítulo establece las normas que regulan la atribución de fondos comunitarios a los Estados miembros y su utilización por estos a través de programas nacionales de apoyo (denominados en adelante «programas de apoyo») para financiar medidas de apoyo específicas destinadas al sector vitivinícola.

Artículo 4

Compatibilidad y coherencia

1. Los programas de apoyo deberán ser compatibles con la normativa comunitaria y coherentes con las actividades, políticas y prioridades de la Comunidad.

2. Los Estados miembros se ocuparán de los programas de apoyo y se cerciorarán de que tengan coherencia interna y de que se elaboren y apliquen de manera objetiva, teniendo en cuenta la situación económica de los productores interesados y la necesidad de evitar un trato desigual injustificado entre productores.

Los Estados miembros se encargarán de prever y aplicar los controles y sanciones necesarios en caso de incumplimiento de los programas de apoyo.

3. No se concederá apoyo:

a) a los proyectos de investigación ni a las medidas de sostenimiento de los proyectos de investigación;

b) a las medidas recogidas en los programas de desarrollo rural al amparo del Reglamento (CE) no 1698/2005.

Sección 2

Presentación y contenido de los programas de apoyo

Artículo 5

Presentación de los programas de apoyo

1. Cada Estado miembro productor mencionado en el anexo II presentará a la Comisión, por primera vez el 30 de junio de 2008 a más tardar, un proyecto de programa de apoyo de cinco años que comprenda medidas conformes con el presente capítulo.

Las medidas de apoyo incluidas en los programas de apoyo se elaborarán en el ámbito geográfico que los Estados miembros consideren más adecuado. Antes de su envío a la Comisión, el programa de apoyo deberá ser objeto de consulta con las autoridades y organizaciones competentes al nivel territorial adecuado.

Cada Estado miembro presentará un único proyecto de programa de apoyo, que podrá tener en cuenta las particularidades regionales.

2. Los programas de apoyo serán aplicables a los tres meses de su presentación a la Comisión.

No obstante, en caso de que el programa de apoyo presentado no cumpla las condiciones establecidas en el presente capítulo, la Comisión informará de ello al Estado miembro, que deberá presentarle un programa de apoyo corregido. El programa de apoyo corregido será aplicable a los dos meses de su notificación, salvo que persista la incompatibilidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el presente párrafo.

3. El apartado 2 se aplicará mutatis mutandis a las modificaciones de los programas de apoyo presentados por los Estados miembros.

4. El artículo 6 no se aplicará cuando la única medida de un Estado miembro dentro de un programa de apoyo consista en la transferencia del régimen de pago único indicado en el artículo 9. En tal caso se aplicará el artículo 21 únicamente respecto de su apartado 1 y en relación con el año en que se efectúe la transferencia.

Artículo 6

Contenido de los programas de apoyo

Los programas de apoyo constarán de los elementos siguientes:

a) una descripción pormenorizada de las medidas propuestas y de los objetivos cuantificados;

b) los resultados de las consultas celebradas;

c) una evaluación en la que se presenten las repercusiones técnicas, económicas, medioambientales y sociales previstas;

d) el calendario de aplicación de las medidas;

e) un cuadro general de financiación en el que figuren los recursos que se vayan a utilizar y su distribución indicativa entre las medidas con arreglo a los límites previstos en el anexo II;

f) los criterios e indicadores cuantitativos que vayan a utilizarse para el seguimiento y la evaluación, así como las medidas adoptadas para garantizar una aplicación apropiada y eficaz de los programas de apoyo;

g) las autoridades y organismos competentes designados para aplicar el programa de apoyo.

Artículo 7

Medidas admisibles

1. Los programas de apoyo incluirán al menos una de las medidas siguientes:

a) apoyo al régimen de pago único con arreglo al artículo 9;

b) promoción con arreglo al artículo 10;

c) reestructuración y conversión de viñedos conforme a lo dispuesto en el artículo 11;

d) cosecha en verde conforme a lo dispuesto en el artículo 12;

e) mutualidades conforme a lo dispuesto en el artículo 13;

f) seguros de cosechas conforme a lo dispuesto en el artículo 14;

g) inversiones con arreglo al artículo 15;

h) destilación de subproductos con arreglo al artículo 16;

i) destilación de alcohol para usos de boca con arreglo al artículo 17;

j) destilación de crisis con arreglo al artículo 18;

k) utilización de mosto de uva concentrado de acuerdo con el artículo 19.

2. Los programas de apoyo no contendrán medidas distintas de las enumeradas en los artículos 9 a 19.

Artículo 8

Normas generales aplicables a los programas de apoyo

1. En el anexo II figuran la distribución de los fondos comunitarios disponibles así como los límites presupuestarios aplicables.

2. El apoyo comunitario tendrá por objeto únicamente el gasto subvencionable realizado tras la presentación del programa de apoyo pertinente a que se refiere el artículo 5, apartado 1.

3. Los Estados miembros no podrán contribuir a los costes de las medidas financiadas por la Comunidad incluidas en los programas de apoyo.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, los Estados miembros podrán conceder ayudas nacionales para las medidas a que se refieren los artículos 10, 14 y 15 de conformidad con las normas comunitarias pertinentes sobre ayudas estatales.

A la financiación pública global, incluidos los fondos comunitarios y nacionales, se le aplicará el importe máximo de la ayuda que fijan las normas comunitarias pertinentes sobre ayudas estatales.

Sección 3

Medidas de apoyo específicas

Artículo 9

Régimen de pago único y apoyo a los viticultores

1. Los Estados miembros podrán proporcionar ayuda a los viticultores concediéndoles derechos de ayuda con arreglo al capítulo 3 del título III del Reglamento (CE) no 1782/2003, de conformidad con el punto O del anexo VII de dicho Reglamento.

2. Los Estados miembros que tengan intención de hacer uso de la posibilidad a que se hace referencia en el apartado 1 preverán dicho apoyo en sus programas de apoyo, incluso, en lo que respecta a las subsiguientes transferencias de fondos al régimen de pago único, mediante modificaciones de dichos programas, de conformidad con el artículo 5, apartado 3.

3. Una vez que sea efectivo, el apoyo a que se refiere el apartado 1 deberá:

a) permanecer en el régimen de pago único y no seguir estando disponible, o volver a estarlo, con arreglo al artículo 5, apartado 3, para aquellas medidas que figuren en los artículos 10 a 19 en los posteriores años de funcionamiento de los programas de apoyo;

b) reducir proporcionalmente en los programas de ayuda el importe de los fondos disponibles para las medidas enumeradas en los artículos 10 a 19.

Artículo 10

Promoción en los mercados de terceros países

1. El apoyo previsto en virtud del presente artículo consistirá en medidas de información o promoción de los vinos comunitarios en terceros países, tendentes a mejorar su competitividad en estos últimos.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 1 tendrán por objeto vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida o vinos en los que se indique la variedad de uva de vinificación.

3. Las medidas mencionadas en el apartado 1 solo podrán consistir en lo siguiente:

a) relaciones públicas y medidas de promoción y publicidad que destaquen en particular las ventajas de los productos comunitarios en términos de calidad, seguridad alimentaria y respeto del medio ambiente;

b) participación en manifestaciones, ferias y exposiciones de importancia internacional;

c) campañas de información, en particular sobre los sistemas comunitarios de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y producción ecológica;

d) estudios de nuevos mercados, necesarios para la búsqueda de nuevas salidas comerciales;

e) estudios para evaluar los resultados de las medidas de promoción e información.

4. La contribución comunitaria para actividades de promoción no podrá ser superior al 50 % de los gastos subvencionables.

Artículo 11

Reestructuración y reconversión de viñedos

1. Las medidas de reestructuración y reconversión de viñedos tienen como finalidad aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas.

2. El apoyo para la reestructuración y reconversión de viñedos en virtud del presente artículo se prestará únicamente si los Estados miembros presentan el inventario de su potencial productivo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 109.

3. El apoyo para la reestructuración y reconversión de viñedos solo se podrá conceder para una o varias de las actividades siguientes:

a) reconversión varietal, incluso mediante sobreinjertos;

b) reimplantación de viñedos;

c) mejoras de las técnicas de gestión de viñedos.

No se prestará apoyo para la renovación normal de los viñedos que hayan llegado al término de su ciclo natural.

4. El apoyo para la reestructuración y reconversión de viñedos solo podrá adoptar las formas siguientes:

a) compensación a los productores por la pérdida de ingresos derivada de la aplicación de la medida;

b) contribución a los costes de reestructuración y reconversión.

5. La compensación a los productores por la pérdida de ingresos a que se refiere el apartado 4, letra a), podrá llegar hasta el 100 % de la pérdida en cuestión y adoptar una de las formas siguientes:

a) no obstante lo dispuesto en el título V, capítulo II, la autorización para que coexistan vides viejas y nuevas durante un período fijo que no podrá exceder de tres años, hasta el final del régimen transitorio de derechos de plantación;

b) compensación financiera.

6. La contribución comunitaria para los costes reales de reestructuración y reconversión de viñedos no podrá exceder del 50 %. En las regiones de convergencia, según la clasificación del Reglamento (CE) no 1083/2006 (14), la contribución comunitaria para los costes de reestructuración y reconversión no podrá exceder del 75 %.

Artículo 12

Cosecha en verde

1. A efectos del presente artículo se entenderá por cosecha en verde la destrucción o eliminación total de los racimos de uvas cuando todavía están inmaduros, reduciendo así a cero el rendimiento de la zona en cuestión.

2. El apoyo a la cosecha en verde deberá contribuir a recobrar el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola comunitario con el fin de evitar las crisis de mercado.

3. El apoyo a la cosecha en verde podrá consistir en una compensación en forma de prima a tanto alzado por hectárea cuyo importe habrá de determinar el Estado miembro interesado.

La prima no podrá superar el 50 % de la suma de los costes directos de destrucción o eliminación de los racimos de uvas más la pérdida de ingresos vinculada a la destrucción o eliminación de los racimos de uvas.

4. Los Estados miembros interesados crearán un sistema basado en criterios objetivos que les permita garantizar que la compensación que reciban los productores vitivinícolas por la cosecha en verde no supera los límites mencionados en el apartado 3, párrafo segundo.

Artículo 13

Mutualidades

1. El apoyo para el establecimiento de mutualidades se traducirá en la prestación de ayudas a los productores que deseen asegurarse contra las fluctuaciones del mercado.

2. El apoyo para el establecimiento de mutualidades podrá consistir en ayudas temporales y decrecientes destinadas a sufragar los costes administrativos correspondientes.

Artículo 14

Seguro de cosecha

1. El apoyo al seguro de cosecha contribuirá a salvaguardar las rentas de los productores que se vean afectadas por catástrofes naturales, fenómenos meteorológicos adversos, enfermedades o infestaciones parasitarias.

2. El apoyo al seguro de cosecha podrá consistir en una contribución financiera comunitaria por un importe no superior:

a) al 80 % del coste de las primas de seguro pagadas por los productores en concepto de seguro contra las pérdidas debidas a fenómenos meteorológicos adversos asimilables a catástrofes naturales;

b) al 50 % del coste de las primas de seguro pagadas por los productores en concepto de seguro contra: i) las pérdidas mencionadas en la letra a) y otras pérdidas causadas por fenómenos meteorológicos adversos, ii) las pérdidas causadas por animales, enfermedades de las plantas o por infestaciones parasitarias.

3. El apoyo al seguro de cosecha solo podrá concederse si los importes que abonen los seguros a los productores no suponen una compensación superior al 100 % de la pérdida de renta sufrida, teniendo en cuenta todas las compensaciones que puedan haber recibido los productores de otros regímenes de ayuda vinculados al riesgo asegurado.

4. El apoyo al seguro de cosecha no deberá falsear la competencia en el mercado de los seguros.

Artículo 15

Inversiones

1. Se concederá apoyo a inversiones tangibles o intangibles en las instalaciones de tratamiento, la infraestructura vinícola y la comercialización del vino que mejoren el rendimiento global de la empresa y se refieran a al menos uno de los aspectos siguientes:

a) producción o comercialización de los productos mencionados en el anexo IV;

b) desarrollo de nuevos productos, procedimientos y tecnologías relacionados con los productos mencionados en el anexo IV.

2. El tipo máximo de apoyo con arreglo al apartado 1 se limitará a las microempresas, y a las pequeñas y medianas empresas según se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (15). Para los territorios de las Azores, Madeira, las islas Canarias, las islas menores del Egeo según se definen en el Reglamento (CE) no 1405/2006 del Consejo, de 18 de septiembre de 2006, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo (16), y los territorios franceses de ultramar no se aplicarán límites de tamaño para el tipo máximo. Para las empresas que no estén cubiertas por el título I, artículo 2, apartado 1, del anexo de la Recomendación 2003/361/CE con menos de 750 empleados o cuyo volumen de negocios sea inferior a 200 millones EUR, la intensidad de la ayuda se reducirá a la mitad.

No se concederá ayuda a las empresas en dificultad según se define en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.

3. El gasto admisible excluirá los aspectos mencionados en el artículo 71, apartado 3, letras a) a c), del Reglamento (CE) no 1698/2005.

4. Se aplicarán a la contribución comunitaria los siguientes tipos máximos de ayuda en relación con los costes de inversión admisibles:

a) 50 % en regiones clasificadas como regiones de convergencia con arreglo al Reglamento (CE) no 1083/2006;

b) 40 % en regiones distintas de las regiones de convergencia;

c) 75 % en regiones ultraperiféricas con arreglo al Reglamento (CE) no 247/2006 del Consejo, de 30 de enero de 2006, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (17);

d) 65 % en las islas menores del Egeo con arreglo a la definición Reglamento (CE) no 1405/2006.

5. El artículo 72 del Reglamento (CE) no 1698/2005 se aplicará mutatis mutandis al apoyo mencionado en el apartado 1.

Artículo 16

Destilación de subproductos

1. Podrá concederse apoyo para la destilación voluntaria u obligatoria de subproductos de la viticultura que se haya realizado de acuerdo con las condiciones que se fijan en el punto D del anexo VI.

El importe de la ayuda se determinará en porcentaje volumétrico y por hectolitro de alcohol producido. No se pagará ninguna ayuda para el volumen de alcohol contenido en los subproductos que se vayan a destilar superior a un 10 % en relación con el volumen de alcohol contenido en el vino producido.

2. Los niveles de ayuda máximos aplicables atenderán a los costes de recogida y tratamiento y se fijarán de acuerdo con el procedimiento que se menciona en el artículo 113, apartado 1.

3. El alcohol que resulte de la destilación a la que se haya concedido ayuda que se menciona en el apartado 1 se utilizará exclusivamente con fines industriales o energéticos con el fin de evitar distorsiones de la libre competencia.

Artículo 17

Destilación de alcohol para usos de boca

1. Hasta el 31 de julio de 2012 podrá concederse ayuda a los productores para el vino que se destile en alcohol para usos de boca en forma de ayuda por hectárea.

2. Antes de que se conceda la ayuda, deberán presentarse los correspondientes contratos para la destilación de vino, así como las correspondientes pruebas de entrega para la destilación.

Artículo 18

Destilación de crisis

1. Hasta el 31 de julio de 2012 podrán concederse ayudas para la destilación voluntaria u obligatoria de los excedentes de vino decidida por los Estados miembros en casos justificados de crisis, de forma que se reduzcan o eliminen dichos excedentes y, al mismo tiempo, se garantice la continuidad de suministro de una cosecha a la siguiente.

2. Los niveles de ayuda máximos aplicables se fijarán de acuerdo con el procedimiento que se menciona en el artículo 113, apartado 1.

3. El alcohol que resulte de la destilación a la que se haya concedido ayuda que se menciona en el apartado 1 se utilizará exclusivamente con fines industriales o energéticos con el fin de evitar distorsiones de la libre competencia.

4. La parte proporcional del presupuesto disponible que se utilice para las medidas de destilación de crisis no superarán los porcentajes siguientes, calculados con arreglo a los fondos disponibles globalmente que se fijan por Estado miembro en el anexo II en los correspondientes ejercicios presupuestarios:

— 20 % en 2009,

— 15 % en 2010,

— 10 % en 2011,

— 5 % en 2012.

5. Los Estados miembros podrán incrementar los fondos disponibles para las medidas de destilación de crisis por encima de los límites máximos anuales que figuran en el apartado 4 mediante la contribución de fondos nacionales de acuerdo con los límites siguientes (expresados en términos de tanto por ciento del correspondiente límite máximo anual que figura en el apartado 4):

— 5 % en la campaña vitícola 2010,

— 10 % en la campaña vitícola 2011,

— 15 % en la campaña vitícola 2012.

Los Estados miembros deberán notificar a la Comisión, en su caso, la contribución adicional al fondo nacional a que se refiere el párrafo anterior y la Comisión deberá aprobar la transacción antes de que puedan ponerse a disposición dichos fondos.

Artículo 19

Utilización de mosto de uva concentrado

1. Hasta el 31 de julio de 2012 podrán concederse ayudas a los viticultores que utilicen mosto de uva concentrado, incluido el mosto de uva concentrado rectificado para incrementar la riqueza alcohólica natural de los productos, de acuerdo con las condiciones que se fijan en el anexo V.

2. El importe de la ayuda se fijará en porcentaje volumétrico de la riqueza alcohólica potencial y por hectolitro del mosto utilizado para el enriquecimiento.

3. Los niveles de ayuda máximos aplicables en las distintas zonas vitivinícolas se fijarán de acuerdo con el procedimiento que se menciona en el artículo 113, apartado 1.

Artículo 20

Condicionalidad

Si se constata que un agricultor, en cualquier momento a lo largo de los tres años siguientes al pago de la ayuda recibida en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión o durante el año siguiente al pago de la ayuda recibida al amparo de los programas de apoyo a la cosecha en verde, no ha respetado en su explotación los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales a que se refieren los artículos 3 a 7 del Reglamento (CE) no 1782/2003, el importe de la ayuda, en caso de que el incumplimiento se deba a una acción u omisión achacable directamente al agricultor, se reducirá o cancelará, parcial o totalmente, dependiendo de la gravedad, alcance, persistencia y repetición del incumplimiento, y el agricultor deberá reintegrarla, si procede, con arreglo a lo establecido en las citadas disposiciones.

Sección 4

Disposiciones generales

Artículo 21

Informes y evaluación

1. Cada año y por primera vez a más tardar el 1 de marzo de 2010, los Estados miembros presentarán a la Comisión, a más tardar el 1 de marzo, un informe sobre la aplicación de las medidas previstas en sus programas de apoyo durante el ejercicio anterior.

Dichos informes enumerarán y describirán las medidas que hayan recibido financiación comunitaria en virtud de los programas de apoyo y ofrecerán, en particular, detalles sobre la aplicación de las medidas de promoción contempladas en el artículo 10.

2. A más tardar el 1 de marzo de 2011 y por segunda vez a más tardar el 1 de marzo de 2014, los Estados miembros presentarán a la Comisión una evaluación de los costes y beneficios de los programas de apoyo, en la que indicarán asimismo el modo de aumentar su eficacia.

A más tardar el 31 de diciembre de 2011, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de las medidas de promoción contempladas en el artículo 10.

Artículo 22

Medidas de ejecución

Las medidas necesarias para la ejecución del presente capítulo se aprobarán con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 1.

Dichas medidas podrán incluir:

a) el modelo de presentación de los programas de apoyo;

b) normas sobre la modificación de los programas de apoyo una vez que sean aplicables;

c) normas de desarrollo de las medidas previstas en los artículos 10 a 19;

d) condiciones en que debe comunicarse y hacerse pública la ayuda de los fondos comunitarios;

e) disposiciones sobre la elaboración de los informes.

CAPÍTULO II

Transferencia financiera

Artículo 23

Transferencia financiera para el desarrollo rural

1. A partir del ejercicio presupuestario 2009, los importes fijados en el apartado 2 sobre la base del gasto histórico en virtud del Reglamento (CE) no 1493/1999 para las medidas de intervención destinadas a la regularización de los mercados agrarios a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1290/2005, estarán disponibles como fondos comunitarios complementarios destinados a la aplicación, en las regiones vitivinícolas, de medidas incluidas en la programación del desarrollo rural y financiadas al amparo del Reglamento (CE) no 1698/2005.

2. Podrá disponerse de los importes siguientes en los años civiles que se citan:

— 40,5 millones EUR en 2009,

— 80,9 millones EUR en 2010,

— 121,4 millones EUR a partir de 2011,

3. Los importes que figuran en el apartado 2 se distribuirán entre los Estados miembros según lo dispuesto en el anexo III.

Los Estados miembros que carezcan de importes concretos en el cuadro actual del anexo III, debido a que, al aplicarse la clave de reparto aplicada para determinar los importes del anexo III (menos de 2,5 millones EUR que transferir en 2009), su cuantía resultaría de poca importancia, podrán decidir transferir total o parcialmente al anexo III los importes ahora incluidos en el anexo II para utilizarlos en sus programas de desarrollo rural. En tal caso, los Estados miembros de que se trate notificarán a la Comisión dicha transferencia el 30 de junio de 2008 a más tardar y esta modificará en consecuencia el apartado 2 y los anexos II y III.

TÍTULO III

MEDIDAS REGLAMENTARIAS

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 24

Clasificación de las variedades de uva de vinificación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros deberán clasificar las variedades de uva de vinificación que se podrán plantar, replantar o injertar en sus territorios para la producción de vino.

Los Estados miembros solo podrán incluir en la clasificación las variedades de uva de vinificación que cumplan las condiciones siguientes:

a) la variedad en cuestión pertenece a la especie Vitis vinifera o procede de un cruce entre la especie Vitis vinifera y otras especies del género Vitis;

b) la variedad no es una de las siguientes Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton y Herbemont.

En caso de que una variedad de uva de vinificación se suprima de la clasificación a que se refiere el párrafo primero, se procederá a su arranque en el plazo de 15 años a partir de la supresión.

2. Los Estados miembros cuya producción vinícola no supere los 50 000 hectolitros de vino por año, calculada en función de la producción media de las últimas cinco campañas vitícolas, no estarán obligados a efectuar la clasificación a que se refiere el apartado 1.

No obstante, también en los Estados miembros a que se refiere el párrafo primero solo se podrán plantar, replantar o injertar para la producción de vino variedades de uva de vinificación que sean conformes al apartado 1, letras a) y b).

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del apartado 1 y en el segundo párrafo del apartado 2, se autorizará la plantación, la replantación o el injerto de las siguientes variedades de uva de vinificación para experimentación y otros fines científicos:

a) variedades de uva de vinificación que no estén clasificadas, en lo que respecta a los Estados miembros a que se refiere el apartado 1;

b) variedades de uva de vinificación que no sean conformes con el apartado 1, letras a) y b), en lo que respecta a los Estados miembros a que se refiere el apartado 2.

4. Las superficies plantadas con variedades de uva de vinificación para la producción de vino, contraviniendo lo dispuesto en los apartados 1 a 3 deberán arrancarse.

No obstante, el arranque de dichas superficies no será obligatorio en el caso de que la producción se destine exclusivamente al autoconsumo.

5. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para comprobar el cumplimiento por parte de los productores de lo dispuesto en los apartados 1 a 4.

Artículo 25

Producción y comercialización

1. Los productos enumerados en el anexo IV y producidos en la Comunidad deberán elaborarse con variedades de uva de vinificación que sean clasificables conforme a lo dispuesto en el artículo 24, apartado 1.

2. Las categorías de productos vitícolas previstas en el anexo IV solo podrán utilizarse en la Comunidad para la comercialización de productos que se ajusten a las condiciones pertinentes establecidas en ese anexo.

No obstante, como excepción a lo dispuesto en el artículo 59, apartado 1, letra a), los Estados miembros podrán autorizar la utilización de la palabra «vino» si:

a) está acompañada de un nombre de fruta en forma de denominaciones compuestas, para la comercialización de productos obtenidos a partir de la fermentación de frutas distintas de la uva, o

b) está incluida en una denominación compuesta.

Se evitará toda posible confusión con los productos correspondientes a las categorías de vino del anexo IV.

3. Las categorías de productos vitícolas enumeradas en el anexo IV podrán modificarse con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 2.

4. Salvo los vinos embotellados de los que pueda suministrarse la prueba de que el embotellado es anterior al 1 de septiembre de 1971, el vino elaborado con variedades de uva de vinificación que figuren en las clasificaciones establecidas con arreglo al artículo 24, apartado 1, párrafo primero, pero que no corresponda a ninguna de las categorías establecidas en el anexo IV, solo podrá utilizarse para el autoconsumo, la producción de vinagre de vino o la destilación.

CAPÍTULO II

Prácticas enológicas y restricciones

Artículo 26

Ámbito de aplicación

El presente capítulo tiene por objeto las prácticas enológicas autorizadas y las restricciones aplicables a la producción y comercialización de los productos regulados por el presente Reglamento, así como el procedimiento de toma de decisiones sobre esas prácticas y restricciones.

Artículo 27

Prácticas enológicas y restricciones

1. Para la producción y conservación en la Comunidad de los productos regulados por el presente Reglamento solo podrán utilizarse las prácticas enológicas autorizadas por la normativa comunitaria, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo V o conforme a lo que se decida con arreglo a los artículos 28 y 29.

El párrafo primero no se aplicará:

a) al zumo de uva y el zumo de uva concentrado;

b) al mosto de uva y el mosto de uva concentrado destinados a la elaboración de zumo de uva.

2. Las prácticas enológicas autorizadas solo podrán utilizarse para garantizar una buena vinificación, una buena conservación o una crianza adecuada del producto.

3. Los productos regulados por el presente Reglamento deberán producirse en la Comunidad con arreglo a las restricciones pertinentes establecidas en el anexo VI.

4. Los productos regulados por el presente Reglamento que se hayan sometido a prácticas enológicas comunitarias no autorizadas o, cuando proceda, prácticas enológicas nacionales no autorizadas o que infrinjan las restricciones establecidas en el anexo VI no podrán comercializarse en la Comunidad.

Artículo 28

Normas más estrictas decididas por los Estados miembros

Los Estados miembros podrán limitar o excluir la utilización de determinadas prácticas enológicas y establecer restricciones más severas para los vinos autorizados por la normativa comunitaria producidos en su territorio, con el fin de asegurar el mantenimiento de las características esenciales de los vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, de los vinos espumosos y los vinos de licor.

Los Estados miembros comunicarán esas limitaciones, exclusiones y restricciones a la Comisión, que las transmitirá a los demás Estados miembros.

Artículo 29

Autorización de prácticas enológicas y restricciones

1. Salvo las prácticas enológicas relativas al aumento artificial del grado alcohólico natural, la acidificación y la desacidificación que se indican en el anexo V para los productos específicos que este contempla así como las restricciones que se enumeran en el anexo VI, la autorización de las prácticas enológicas y las restricciones referentes a la producción y conservación de los productos regulados por el presente Reglamento se decidirá con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 2.

2. Los Estados miembros podrán permitir el uso experimental de prácticas enológicas no autorizadas en condiciones que habrá que determinar con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 2.

Artículo 30

Criterios de autorización

Cuando autorice prácticas enológicas con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 2, la Comisión:

a) se basará en las prácticas enológicas recomendadas y publicadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y en los resultados del uso experimental de prácticas enológicas todavía no autorizadas;

b) tendrá en cuenta la protección de la salud humana;

c) tendrá presentes los posibles riesgos de inducir a error al consumidor debido a las expectativas y percepciones que se haya creado, teniendo en cuenta la disponibilidad y viabilidad de los medios de información que permitan excluir esos riesgos;

d) permitirá la preservación de las características naturales y fundamentales del vino sin que se produzca una modificación importante en la composición del producto de que se trate;

e) garantizará un nivel mínimo aceptable de protección medioambiental;

f) respetará las normas generales sobre prácticas enológicas y restricciones establecidas en los anexos V y VI, respectivamente.

Artículo 31

Métodos de análisis

Los métodos de análisis para determinar la composición de los productos regulados por el presente Reglamento y las normas que permitan demostrar si esos productos se han sometido a procesos contrarios a las prácticas enológicas autorizadas serán los recomendados y publicados por la OIV.

En caso de que no haya métodos y normas recomendados y publicados por la OIV, los métodos y normas correspondientes se adoptarán con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 2.

Hasta tanto se produzca la adopción de dichas normas, se utilizarán los métodos y normas autorizados por el Estado miembro de que se trate.

Artículo 32

Medidas de ejecución

Las medidas necesarias para la ejecución del presente capítulo y de los anexos V y VI se aprobarán, salvo disposición contraria de dichos anexos, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 2.

Dichas medidas podrán incluir, en particular:

a) disposiciones que tengan como objeto que las prácticas enológicas comunitarias enumeradas en el anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999 sean consideradas prácticas enológicas autorizadas;

b) prácticas enológicas autorizadas y restricciones, en particular el enriquecimiento, la acidificación y desacidificación en relación con los vinos espumosos, los vinos espumosos de calidad y los vinos espumosos aromáticos de calidad;

c) prácticas enológicas autorizadas y restricciones relativas a los vinos de licor;

d) sin perjuicio de lo dispuesto en el punto C del anexo VI, disposiciones que regulen las mezclas de mostos y vinos;

e) cuando no se disponga de normas comunitarias sobre ese particular, las características de pureza e identidad de las sustancias que se utilicen en las prácticas enológicas;

f) disposiciones administrativas para la realización de las prácticas enológicas autorizadas;

g) las condiciones que regulen la posesión, la circulación y la utilización de productos que no cumplan el artículo 27 y posibles excepciones a los requisitos que se establecen en él, y el establecimiento de criterios con el fin de evitar en casos específicos un rigor excesivo;

h) las condiciones con arreglo a las cuales los Estados miembros pueden autorizar la posesión, circulación y utilización de productos que no cumplan las disposiciones del presente capítulo, salvo el artículo 27, ni las disposiciones que lo desarrollen.

CAPÍTULO III

Denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales

Artículo 33

Ámbito de aplicación

1. Las normas relativas a las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y a los términos tradicionales fijadas en los capítulos IV y V se aplicarán a los productos a que se refieren los puntos 1, 3 a 6, 8, 9, 11, 15 y 16 del anexo IV.

2. Las normas a que se refiere el apartado 1 se basarán en:

a) la protección de los intereses legítimos de: i) los consumidores, y ii) los productores;

b) la garantía del correcto funcionamiento del mercado común de los productos de que se trata;

c) el fomento de la producción de productos de calidad, al tiempo que permiten las medidas nacionales de política de calidad.

CAPÍTULO IV

Denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Sección 1

Definiciones

Artículo 34

Definiciones

1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «denominación de origen»: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 33, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes: i) su calidad y sus características se deben básica o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, ii) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica, iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, iv) se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera;

b) «indicación geográfica»: una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales, a un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 33, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes: i) posee una calidad, una reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico, ii) al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica, iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, iv) se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera o de un cruce entre esta especie y otras especies del género Vitis.

2. Ciertos nombres usados tradicionalmente constituirán una denominación de origen cuando:

a) designen un vino;

b) se refieran a un nombre geográfico;

c) reúnan los requisitos mencionados en el apartado 1, letra a), incisos i) a iv);

d) se sometan al procedimiento por el que se concede una protección a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que se establece en el presente capítulo.

3. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, incluidas las referentes a zonas geográficas de terceros países, podrán gozar de protección en la Comunidad con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo.

Sección 2

Solicitud de protección

Artículo 35

Contenido de las solicitudes de protección

1. Las solicitudes en las que se pida la protección de ciertos nombres mediante su inclusión en la categoría de denominaciones de origen o indicaciones geográficas deberán ir acompañadas de un expediente técnico que facilite los datos siguientes:

a) nombre que se debe proteger;

b) el nombre, los apellidos y la dirección del solicitante;

c) pliego de condiciones del producto mencionado en el apartado 2;

d) un documento único en el que se resuma el pliego de condiciones del producto mencionado en el apartado 2.

2. El pliego de condiciones deberá permitir a las partes interesadas comprobar las condiciones pertinentes de producción de la denominación de origen o la indicación geográfica.

El pliego de condiciones constará, como mínimo, de lo siguiente:

a) el nombre que se debe proteger;

b) descripción del vino o vinos: i) para los vinos con denominación de origen, sus principales características analíticas y organolépticas, ii) para los vinos con indicación geográfica, sus principales características analíticas así como una evaluación o indicación de sus características organolépticas;

c) en su caso, prácticas enológicas específicas utilizadas para elaborar el vino o vinos y restricciones pertinentes impuestas a su elaboración;

d) demarcación de la zona geográfica de que se trate;

e) rendimiento máximo por hectárea;

f) variedad o variedades de uva de las que proceden el vino o vinos;

g) explicación detallada que confirme el vínculo a que se refiere el artículo 34, apartado 1, letra a), inciso i), o, en su caso, el artículo 34, apartado 1, letra b), inciso i);

h) requisitos aplicables establecidos en disposiciones comunitarias o nacionales o, cuando así lo prevean los Estados miembros, por un organismo que gestione la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida, teniendo en cuenta que dichos requisitos deberán ser objetivos y no discriminatorios y compatibles con la normativa comunitaria;

i) nombre y dirección de las autoridades u organismos encargados de comprobar el cumplimiento de las disposiciones del pliego de condiciones y sus tareas específicas.

Artículo 36

Solicitud de protección relativa a una zona geográfica de un tercer país

1. Cuando la solicitud de protección se refiera a una zona geográfica de un tercer país, además de los elementos previstos en el artículo 35, deberá aportarse la prueba de que el nombre en cuestión está protegido en su país de origen.

2. La solicitud será enviada a la Comisión, bien directamente por el solicitante, bien por mediación de las autoridades de ese tercer país.

3. La solicitud de protección se presentará en una de las lenguas oficiales de la Comunidad o irá acompañada de una traducción certificada en una de esas lenguas.

Artículo 37

Solicitantes

1. Todo grupo de productores interesado o, en casos excepcionales, un solo productor podrá solicitar la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica. En la solicitud podrán participar otras partes interesadas.

2. Los productores podrán presentar solicitudes de protección únicamente para los vinos que produzcan.

3. En el caso de un nombre que designe una zona geográfica transfronteriza o de un nombre tradicional vinculado a una zona geográfica transfronteriza, podrá presentarse una solicitud conjunta.

Sección 3

Procedimiento de concesión de la protección

Artículo 38

Procedimiento nacional preliminar

1. Las solicitudes de protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas de los vinos conformes con el artículo 34 originarios de la Comunidad deberán someterse a un procedimiento nacional preliminar con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.

2. La solicitud de protección se presentará en el Estado miembro de cuyo territorio se derive la denominación de origen o la indicación geográfica.

3. El Estado miembro examinará la solicitud de protección para comprobar si cumple las condiciones establecidas en el presente capítulo.

El Estado miembro incoará un procedimiento nacional que garantice una publicación adecuada de la solicitud y en el que se fije un plazo mínimo de dos meses desde la fecha de publicación, durante el cual cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en su territorio podrá impugnar la protección propuesta presentando una declaración debidamente motivada en el Estado miembro.

4. En caso de que el Estado miembro considere que la denominación de origen o la indicación geográfica no cumple los requisitos pertinentes, incluida la posibilidad de que sea incompatible con la normativa comunitaria en general, rechazará la solicitud.

5. En caso de que el Estado miembro considere que se cumplen los requisitos pertinentes:

a) publicará, al menos en Internet, el documento único y el pliego de condiciones del producto, y

b) enviará a la Comisión una solicitud de protección que incluya la siguiente información: i) el nombre, los apellidos y la dirección del solicitante, ii) el documento único mencionado en el artículo 35, apartado 1, letra d), iii) una declaración del Estado miembro en la que conste que la solicitud presentada por el interesado cumple las condiciones del presente Reglamento, iv) la referencia de la publicación a que se refiere la letra a).

Dicha información se presentará en una de las lenguas oficiales de la Comunidad o irá acompañada de una traducción certificada en una de esas lenguas.

6. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el 1 de agosto de 2009.

7. Si un Estado miembro carece de legislación nacional sobre protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, podrá, solo de manera transitoria, conceder la protección al nombre a nivel nacional conforme a los términos del presente capítulo con efectos a partir del día de la presentación de la solicitud a la Comisión. Esta protección nacional transitoria cesará en la fecha en que se haya adoptado una decisión de registro o de denegación de conformidad con el presente capítulo.

Artículo 39

Supervisión de la Comisión

1. La Comisión hará pública la fecha de presentación de la solicitud de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica.

2. La Comisión comprobará si las solicitudes de protección mencionadas en el artículo 38, apartado 5, cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo.

3. En caso de que la Comisión considere que se cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo, publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea el documento único mencionado en el artículo 35, apartado 1, letra d), y la referencia de la publicación del pliego de condiciones del producto a que se refiere el artículo 38, apartado 5.

En caso contrario, se decidirá rechazar la solicitud con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 2.

Artículo 40

Procedimiento de oposición

En el plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación prevista en el artículo 39, apartado 3, párrafo primero, cualquier Estado miembro o tercer país, o cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en un Estado miembro distinto de aquel que solicita la protección o en un tercer país, podrá impugnar la protección propuesta presentando una declaración debidamente motivada en relación con las condiciones de admisibilidad establecidas en el presente capítulo a la Comisión.

En el caso de personas físicas o jurídicas establecidas o que residan en un tercer país, esa declaración se presentará, bien directamente o por mediación de las autoridades de ese tercer país, en el plazo de dos meses mencionado en el párrafo primero.

Artículo 41

Decisión con respecto a la protección

Sobre la base de la información que posea la Comisión, y con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 2, deberá decidirse bien proteger las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas que cumplan las condiciones establecidas en el presente capítulo y sean compatibles con la normativa comunitaria, bien rechazar las solicitudes cuando no se cumplan esas condiciones.

Sección 4

Situaciones específicas

Artículo 42

Homónimos

1. Cuando se proceda a registrar una denominación, para la que se haya presentado una solicitud, que sea homónima o parcialmente homónima de una denominación ya registrada de acuerdo con el presente Reglamento se tendrán debidamente en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos de confusión.

No se registrará una denominación homónima que induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque sea exacto por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son originarios los productos de que se trate.

El uso de una denominación homónima registrada solo se autorizará cuando las condiciones prácticas garanticen que la denominación homónima registrada ulteriormente se diferencia suficientemente de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores interesados y de no inducir a error al consumidor.

2. El apartado 1 se aplicará mutatis mutandis en el caso de que una denominación, para la que se haya presentado una solicitud, sea homónima o parcialmente homónima de una indicación geográfica protegida al amparo de la legislación de los Estados miembros.

Los Estados miembros no registrarán con vistas a la protección indicaciones geográficas que no sean idénticas con arreglo a sus normativas respectivas en materia de indicaciones geográficas si una denominación de origen o indicación geográfica está protegida en la Comunidad en virtud de la legislación comunitaria sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

3. Salvo disposición en contrario de las normas de desarrollo de la Comisión, cuando una variedad de uva de vinificación contenga o consista en una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, el nombre de esa variedad de uva de vinificación no podrá utilizarse para el etiquetado de los productos regulados por el presente Reglamento.

4. La protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para los productos contemplados en el artículo 34 no afectará a las indicaciones geográficas protegidas utilizadas para bebidas espirituosas con arreglo al Reglamento (CE) no 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas (18), ni viceversa.

Artículo 43

Motivos de denegación de la protección

1. Las denominaciones que hayan pasado a ser genéricas no podrán protegerse como denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

A efectos del presente capítulo, se entenderá por «denominación que ha pasado a ser genérica» la denominación de un vino que, si bien se refiere al lugar o la región en que este producto se elaboraba o comercializaba originalmente, se ha convertido en la denominación común de un vino en la Comunidad.

Para determinar si una denominación ha pasado a ser genérica, se deberán tener en cuenta todos los factores pertinentes y en especial:

a) la situación existente en la Comunidad, principalmente en las zonas de consumo;

b) las disposiciones legales nacionales o comunitarias pertinentes.

2. Una denominación no podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca registrada, su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del vino.

Artículo 44

Relación con las marcas registradas

1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté protegida en virtud del presente Reglamento, el registro de una marca que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 45, apartado 2, y se refiera a un producto perteneciente a una de las categorías enumeradas en el anexo IV se rechazará si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica y la denominación de origen o indicación geográfica recibe posteriormente la protección.

Se anularán las marcas que se hayan registrado incumpliendo lo dispuesto en el párrafo primero.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43, apartado 2, una marca cuya utilización corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 45, apartado 2, y que se haya solicitado, registrado o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, establecido mediante el uso en el territorio comunitario antes de la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, podrá seguir utilizándose o renovándose no obstante la protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o revocación establecidas en la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (19), o en el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (20).

En tales casos, se permitirá la utilización de la denominación de origen o la indicación geográfica junto con la de las marcas registradas pertinentes.

Sección 5

Protección y control

Artículo 45

Protección

1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrá utilizarlas cualquier agente económico que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente.

2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, se protegerán de:

a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido: i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica;

b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos «estilo», «tipo», «método», «producido como», «imitación», «sabor», «parecido» u otros análogos;

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

3. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán pasar a ser genéricas en la Comunidad con arreglo al artículo 43, apartado 1.

4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para frenar la utilización ilegal de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas a que se refiere el apartado 2.

Artículo 46

Registro

La Comisión creará y llevará un registro electrónico de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas de los vinos que deberá ser accesible al público.

Artículo 47

Designación de la autoridad de control competente

1. Los Estados miembros designarán la autoridad o autoridades competentes encargadas de controlar las obligaciones establecidas en el presente capítulo de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 882/2004.

2. Los Estados miembros garantizarán que los agentes económicos que cumplan lo dispuesto en el presente capítulo puedan acogerse a un sistema de controles.

3. Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre la autoridad o autoridades competentes a que se refiere el apartado 1. La Comisión dará a conocer públicamente sus nombres y direcciones y los actualizará de manera periódica.

Artículo 48

Comprobación del cumplimiento del pliego de condiciones

1. Con relación a las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas relativas a una zona geográfica de la Comunidad, la comprobación anual del cumplimiento del pliego de condiciones del producto, tanto durante la elaboración del vino, como en el momento del envasado o después de esta operación, deberá ser garantizada:

a) por la autoridad o autoridades competentes a que se refiere el artículo 47, apartado 1, o

b) por uno o varios de los organismos de control definidos en el artículo 2, párrafo segundo, punto 5, del Reglamento (CE) no 882/2004 que actúen como órganos de certificación de productos de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 5 de dicho Reglamento.

Los costes de este tipo de comprobación correrán a cargo de los agentes económicos sometidos a ella.

2. Con relación a las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas relativas a una zona geográfica de un tercer país, la comprobación anual del cumplimiento del pliego de condiciones del producto, tanto durante la elaboración del vino, como en el momento del envasado o después de esta operación, deberá ser garantizada:

a) por una o varias de las autoridades públicas designadas por el tercer país;

b) por uno o varios organismos de certificación.

3. Los organismos de certificación mencionados en el apartado 1, letra b), y el apartado 2, letra b), deberán cumplir y, a partir del 1 de mayo de 2010, estar acreditados de acuerdo con la Norma Europea EN 45011 o la Guía ISO/IEC 65 (Criterios generales relativos a los organismos de certificación de productos).

4. Cuando la autoridad o autoridades competentes a que se refiere el apartado 1, letra a), y el apartado 2, letra a), comprueben el cumplimiento del pliego de condiciones del producto, deberán ofrecer suficientes garantías de objetividad e imparcialidad y contar con el personal cualificado y los recursos necesarios para realizar sus tareas.

Artículo 49

Modificación del pliego de condiciones del producto

1. Los interesados que cumplan las condiciones del artículo 37 podrán solicitar autorización para modificar el pliego de condiciones de una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, en particular para tener en cuenta la evolución de los conocimientos científicos y técnicos o para efectuar una nueva demarcación de la zona geográfica a que se refiere el artículo 35, apartado 2, párrafo segundo, letra d). En las solicitudes se describirán las modificaciones propuestas y se expondrán los motivos alegados.

2. Cuando la modificación propuesta lleve aparejadas una o varias modificaciones del documento único mencionado en el artículo 35, apartado 1, letra d), los artículos 38 a 41 se aplicarán mutatis mutandis a la solicitud de modificación. No obstante, en caso de que la modificación propuesta sea de poca importancia, deberá decidirse, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 2, si se aprueba la solicitud sin aplicar el procedimiento establecido en el artículo 39, apartado 2, y el artículo 40 y, en caso de aprobación, la Comisión procederá a la publicación de los elementos mencionados en el artículo 39, apartado 3.

3. Cuando la modificación propuesta no suponga ningún cambio del documento único, se aplicarán las normas siguientes:

a) cuando la zona geográfica se halle en un Estado miembro dado, ese Estado miembro manifestará su opinión sobre la modificación y, en caso de ser favorable, publicará el pliego de condiciones del producto modificado, informando a la Comisión de las modificaciones aprobadas y los motivos en que se ha basado;

b) cuando la zona geográfica se encuentre en un tercer país, la Comisión determinará si aprueba la modificación propuesta.

Artículo 50

Cancelación

Por iniciativa de la Comisión o mediante solicitud debidamente justificada de un Estado miembro, de un tercer país o de una persona física o jurídica que ostente un interés legítimo, podrá decidirse, con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 113, apartado 2, cancelar la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica, cuando ya no pueda garantizarse el cumplimiento del correspondiente pliego de condiciones del producto.

Los artículos 38 a 41 se aplicarán mutatis mutandis.

Artículo 51

Denominaciones de vinos protegidas existentes

1. Las denominaciones de vinos que estén protegidas de conformidad con los artículos 51 y 54 del Reglamento (CE) no 1493/1999 y con el artículo 28 del Reglamento (CE) no 753/2002 quedarán protegidas automáticamente en virtud del presente Reglamento. La Comisión las incorporará al registro previsto en el artículo 46 del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión los elementos siguientes con respecto a las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1:

a) los expedientes técnicos previstos en el artículo 35, apartado 1;

b) las decisiones nacionales de aprobación.

3. Las denominaciones de vinos a que se refiere el apartado 1 respecto de las cuales no se presente la información a que se refiere el apartado 2, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011, perderán la protección que brinda el presente Reglamento. La Comisión se encargará de suprimir oficialmente esas denominaciones del registro previsto en el artículo 46.

4. El artículo 50 no se aplicará a las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1.

Podrá decidirse, hasta el 31 de diciembre de 2014, previa iniciativa de la Comisión y con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 113, apartado 2, cancelar la protección de las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1 en caso de que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 34.

Sección 6

Disposiciones generales

Artículo 52

Medidas de ejecución

Las medidas necesarias para la ejecución del presente capítulo se aprobarán con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 1.

Dichas medidas podrán contemplar, en particular, excepciones a la aplicabilidad de las normas y requisitos establecidos en el presente capítulo:

a) en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen o indicaciones geográficas que se estén tramitando;

b) en lo que respecta a la elaboración de determinados vinos con una denominación de origen