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(4)

De conformidad con el artículo 32, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las repercusiones financieras de la no recuperación de irregularidades se sufragan hasta un máximo del 50 % con cargo al Estado miembro y hasta un máximo del 50 % con cargo al presupuesto comunitario cuando la recuperación no se haya efectuado un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. El Reglamento (CE) no 885/2006 establece las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de presentar estadillos de los importes que han de recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento figura un modelo del cuadro que debían presentar los Estados miembros en 2009. Basándose en los cuadros cumplimentados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir cuáles son las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades que se remontan a más de cuatro y ocho años, respectivamente. La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las futuras decisiones de conformidad que se adopten en virtud del artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005.
(4)

De conformidad con el artículo 32, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las consecuencias financieras derivadas de la falta de recuperación por irregularidades se sufragarán en un 50 % con cargo al Estado miembro y en un 50 % con cargo al presupuesto comunitario, cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúe en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. El Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (6), establece las disposiciones de aplicación relativas a las obligaciones de los Estados miembros en materia de notificación de los importes que vayan a recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento se recogen los modelos de los cuadros 1 y 2 que han de presentar los Estados miembros en 2007. A partir de los cuadros completados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades de más de cuatro y ocho años de antigüedad, respectivamente. Esta decisión se adopta sin perjuicio de posibles decisiones de conformidad que vayan a adoptarse en el futuro con arreglo al artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005.
(4)

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4) y con el artículo 90, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), con anterioridad al compromiso del gasto con cargo al presupuesto de la Unión, la institución o las autoridades designadas por esta habrán de tomar una decisión de financiación, determinando los elementos esenciales de la acción que implique el gasto.
(72)

La ayuda de salvamento de 1 millón EUR se abonó en parte en agosto de 2007 y en parte en septiembre de 2007 (véase el considerando 18). Las primeras medidas de reestructuración se adoptaron en enero de 2008 (véase el mismo considerando 18). Los resultados ligeramente positivos del ejercicio 2007/08 reflejan las medidas adoptadas tras el pago de la ayuda de salvamento (véase el considerando 20). Al término de ese ejercicio, los fondos propios y la liquidez estaban todavía en negativo (unos 2,5 y 1,3 millones EUR, respectivamente). El plan de empresa medio contempla el retorno a cifras positivas para los fondos propios y la liquidez, que, al final del período de reestructuración, en 2009/10, alcanzarán en principio unos 800 000 EUR cada uno (véase el considerando 45). Habida cuenta de que el plan de empresa incluye la ayuda de reestructuración por valor de 1 millón EUR, la Comisión reconoce que, sin esa ayuda, la empresa no podrá llevar a buen puerto su plan de reestructuración ni recuperar la rentabilidad. En efecto, de no contar con esa ayuda, la empresa no podría restablecer una estructura financiera sana que le permita financiar por sí sola su actividad. La Comisión observa por consiguiente que al comienzo del período de reestructuración (enero de 2008), la empresa Les Volailles du Périgord podía, de no contar con la ayuda que nos ocupa (es decir, en caso de reembolso de la ayuda de salvamento), seguir considerándose en dificultades con arreglo a las Directrices.
(10)

De conformidad con el artículo 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participó en la adopción del Reglamento (CE) no 767/2008 y no está vinculada ni sujeta a su aplicación. No obstante, dado que el Reglamento (CE) no 767/2008 desarrolla el acervo de Schengen con arreglo a las disposiciones del título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 de dicho Protocolo, notificó, por carta de 13 de octubre de 2008, la adaptación de su ordenamiento interno al acervo de Schengen. Se halla por lo tanto obligada en virtud del Derecho internacional a aplicar la presente Decisión.
(6)

Según los términos del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, la Comisión invita a los interesados a presentar sus observaciones. No obstante, ello no impone a la Comisión la obligación de informar individualmente a cada interesado, sino de cuidar que todas las personas potencialmente interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones. La publicación de la Comunicación en el Diario Oficial constituye un método adecuado para informar a todos los interesados de la incoación de un procedimiento (3). Por consiguiente, procede considerar que los astilleros De Poli fueron debidamente informados de la decisión de incoar el procedimiento y del plazo establecido par formular observaciones mediante dicha publicación. De Poli, sin embargo, no respetó el plazo establecido para la presentación de observaciones con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (4) (en lo sucesivo, «el Reglamento de procedimiento»). La Comisión observa que De Poli no solicitó una prórroga del plazo establecido para formular observaciones, ni indicó razón particular alguna por la que sus observaciones debieran tomarse en consideración a pesar de haber sido presentadas una vez agotado el plazo para ello. La Comisión, por consiguiente, no tendrá en cuenta las observaciones tardías de De Poli.
(20)

El laboratorio comunitario de referencia a que se refiere el artículo 32 del Reglamento (CE) no 1829/2003 ha validado un método de detección de la línea EH92-527-1 de Solanum tuberosum L. según lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 641/2004 de la Comisión, de 6 de abril de 2004, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la solicitud de autorización de nuevos alimentos y piensos modificados genéticamente, la notificación de productos existentes y la presencia accidental o técnicamente inevitable de material modificado genéticamente cuya evaluación de riesgo haya sido favorable (6).
(4)

En consecuencia, la EFSA consideró que no es necesario establecer requisitos específicos de etiquetado distintos de los dispuestos en el artículo 13, apartado 1, y en el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1829/2003. Asimismo, recomendó que no se impusiesen las condiciones o restricciones específicas para la comercialización, las condiciones o restricciones específicas para el uso y la manipulación, incluidos los requisitos de seguimiento postcomercialización, ni las condiciones específicas para la protección de ecosistemas o del medio ambiente y zonas geográficas particulares, previstas en el artículo 6, apartado 5, letra e), y en el artículo 18, apartado 5, letra e), del Reglamento.
(9)

La Comisión ha considerado que el presente procedimiento debe darse por concluido, dado que la investigación no ha aportado argumentos demostrativos de que dicha conclusión no convenga a los intereses de la Unión. Las partes interesadas fueron informadas en consecuencia y tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones. No se han recibido observaciones en el sentido de que la conclusión no convenga a los intereses de la Unión.
(2)

Finlandia solicita autorización para conceder una ayuda por hectárea para determinadas superficies en las que se producen semillas de especies de gramíneas y leguminosas enumeradas en el anexo XIII del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (2), con la excepción de Phleum pratense L. (fleo de los prados), así como para determinadas superficies en las que se producen semillas de cereales.
(84)

Las ayudas estatales concedidas entre el 1 de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2008 fueron examinadas individualmente, de conformidad con el punto 3.10 de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (17) (en lo sucesivo, «las Directrices de 2004»), en el que se hace referencia al artículo 4 del Reglamento (CE) no 1595/2004 de la Comisión (18), que, a su vez, remite al artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (19). De conformidad con el punto 3.1, párrafo segundo, de las Directrices de 2004, estas ayudas estatales son compatibles con el mercado interior y son conformes a los objetivos de la política de la competencia y de la política pesquera común, establecidos en el Reglamento (CE) no 2371/2002 (20) y en el Reglamento (CE) no 2792/1999. De conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2792/1999, podrán fomentarse acciones de interés colectivo en otros campos que normalmente no corresponden a la empresa privada. En el artículo 15, apartado 3, letras e) y l), se mencionan ejemplos de dichas medidas. La Comisión considera, en primer lugar, que el propósito de las «medidas globales» coincide con los objetivos de estos ejemplos. En segundo lugar, el TGD desempeñó estas actividades por propia iniciativa y no a petición de los agricultores. Además, en condiciones normales de mercado el beneficiario no hubiera llevado a cabo necesariamente por sí mismo las medidas (véase el artículo 3, apartado 4, de las Directrices comunitarias de 2004). Y, para terminar, estas ayudas han conducido también a mejoras duraderas para el sector, en el sentido del punto 3.5 de las Directrices comunitarias de 2004.
(4)

En virtud del artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 676/2002/CE, la Comisión Europea confirió un mandato (4) a la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (en lo sucesivo, «la CEPT») para que determinase las condiciones técnicas y operativas necesarias para garantizar que los sistemas de GSM utilizados a bordo de buques en las bandas de frecuencias de 900 MHz y 1 800 MHz en los mares territoriales de los Estados miembros no interfieran perjudicialmente con el funcionamiento de las redes móviles terrestres ya existentes, también en las zonas de estos mares territoriales en los que estas redes prestan servicios, y garantizar que los terminales móviles terrestres no se conecten a tal sistema cuando esté en uso dentro de los mares territoriales y que no se impida a los terminales móviles conectarse a las redes terrestres. La presente Decisión se basa en los estudios técnicos realizados por la CEPT en virtud del mandato de la Comisión Europea, presentados en el informe 28 de la CEPT (5).
(52)

Dado que el artículo 124, apartado 2, de la Ley regional no 32/2000, modificado por el artículo 12 de la Ley no 15/2004, garantiza la conformidad de las ayudas previstas para las asociaciones de productores con las disposiciones del artículo 14 del Reglamento (CEE) no 1035/72 y que dichas ayudas, por esa misma razón, se consideran automáticamente compatibles con las normas que regulan la organización común de mercados y ya no deben ser objeto de examen a la luz de las normas aplicables en materia de ayudas estatales, el procedimiento incoado al respecto ya no tiene razón de ser y puede darse por concluido.
«—

Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 561/2006 (DO L 300 de 14.11.2009, p. 88),
b)

en el caso de las compañías aéreas designadas por un Estado miembro de la UEMOA: i) que la compañía aérea no esté establecida en el territorio del Estado miembro de la UEMOA que ha efectuado la designación o no sea titular de una autorización válida para el transporte aéreo de conformidad con la legislación de la UEMOA, o ii) que el Estado miembro de la UEMOA responsable de la expedición del permiso de explotación aérea no ejerza o mantenga un control reglamentario efectivo de la compañía aérea de conformidad con los anexos pertinentes, en particular los anexos 1, 6 y 8 del Convenio de Chicago o la autoridad aeronáutica competente esté claramente indicada en la designación, o iii) bien: a) que la compañía área no sea propiedad, directamente o mediante participación mayoritaria, o no se encuentre efectivamente bajo el control de los Estados miembros de la UEMOA y/o de nacionales de los Estados miembros de la UEMOA, de otros Estados africanos y/o de nacionales de dichos Estados africanos, o b) que los servicios que presta la compañía aérea certificada según la legislación comunitaria de la UEMOA tengan en su mayoría como punto de origen y de destino uno o varios aeropuertos de un Estado miembro de la UEMOA, o su personal técnico operativo y de gestión no se componga en su mayoría de nacionales de los Estados miembros de la UEMOA.
(233)

En caso de insolvencia, las obligaciones pendientes frente a los acreedores asegurados y no asegurados han de satisfacerse con los ingresos obtenidos con la venta de los activos no sujetos a ninguna reserva de propiedad. Con arreglo al Derecho austriaco no hay acreedores privilegiados, pero los gastos de la administración de la masa se han de satisfacer con preferencia sobre todos los acreedores no asegurados. Tampoco tienen preferencia los créditos de los trabajadores, de manera que se han de atender conforme a la misma cuota que los demás acreedores. Es probable que los accionistas, en caso de insolvencia, no puedan contar con recibir pago alguno; pero, como contrapartida, no responden más allá de la pérdida de sus acciones.
(3)

El artículo 30 de la Directiva 2004/17/CE dispone que esta no se aplicará a los contratos destinados a hacer posible la prestación de una de las actividades contempladas en la Directiva, siempre que en el Estado miembro en que se efectúe dicha actividad esté sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado. La exposición directa a la competencia se determina sobre la base de criterios objetivos, en función de las características específicas del sector en cuestión. Se considera que el acceso a un mercado no está limitado cuando el Estado miembro ha transpuesto y aplicado las disposiciones de la legislación comunitaria por las que se liberaliza un determinado sector o parte de él. Estas disposiciones se enumeran en el anexo XI de la Directiva 2004/17/CE, la cual, en lo relativo al sector postal, remite a la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (2), modificada por la Directiva 2002/39/CE (3).
(6)

El Estatuto de Autonomía de las Islas Feroe divide las políticas públicas en dos grupos principales: los asuntos especiales de las Islas Feroe son competencia del Gobierno de las Islas Feroe; la legislación y los asuntos comunes son competencia del Reino de Dinamarca. La presente Decisión solo se ocupa de la transferencia de datos personales de la Comunidad a destinatarios en las Islas Feroe sujetos a la Ley de Tratamiento de Datos Personales (Act on Processing of Personal Data) (3) de dichas Islas (en lo sucesivo, «la Ley de las Islas Feroe»). La Ley de las Islas Feroe no se aplica al tratamiento de datos personales durante una actividad realizada por las autoridades del Reino de Dinamarca, a saber, el Alto Comisionado de las Islas Feroe (Rigsombudsmanden), el Tribunal de las Islas Feroe (Sorenskriveren), el Comisionado de las Islas Feroe (Politimesteren på Færøerne), los servicios penitenciarios y de libertad condicional de las Islas Feroe (Kriminalforsorgens afdeling), el Mando Militar de las Islas Feroe (Færøernes Kommando) y el Inspector Médico Jefe de las Islas Feroe (Landslægen).
5.

a) La institución competente del Estado miembro a cuya legislación sigue sujeto el trabajador desplazado, en virtud del artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) no 883/2004, en los casos contemplados en la presente Decisión, informará debidamente al empleador y al trabajador en cuestión de las condiciones en las que este puede seguir sujeto a su legislación. En consecuencia, el empleador será informado de que podrán realizarse controles durante el período de desplazamiento para asegurarse de que dicho período no ha concluido. Estos controles podrán referirse, en particular, al pago de las cotizaciones y al mantenimiento de la relación directa. La institución competente del Estado miembro en el que está establecido el trabajador por cuenta propia, a cuya legislación permanece sujeto de acuerdo con el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 883/2004, deberá informarlo debidamente de las condiciones en las que puede seguir sujeto a su legislación. En consecuencia, deberá informarlo de la posibilidad de que se efectúen controles durante todo el período que dure su actividad temporal en otro Estado para asegurarse de que no han cambiado las condiciones aplicables a dicha actividad. Los controles podrán referirse, en particular, al pago de las cotizaciones y al mantenimiento de la infraestructura necesaria para continuar su actividad en el Estado en el que está establecido. b) Por otra parte, el trabajador desplazado y su empleador informarán a la institución competente del Estado de envío de toda modificación que se produzca durante el desplazamiento, en particular: — si finalmente no se ha llevado a cabo el desplazamiento solicitado, — si la actividad se interrumpe en un supuesto no contemplado en el punto, letra b), de la presente Decisión, — si el trabajador desplazado ha sido enviado por su empleador a otra empresa situada en el Estado de envío, especialmente en caso de fusión o de traspaso de empresas. c) Previa solicitud, la institución competente del Estado de envío comunicará a la institución del Estado de empleo los datos contemplados en la letra b), según proceda. d) Las instituciones competentes del Estado de envío y del Estado de empleo cooperarán en la realización de los citados controles y en caso de duda acerca de la aplicabilidad del artículo 12 del Reglamento (CE) no 883/2004.
(12)

En lo que se refiere a la trazabilidad de los productos enumerados en el artículo 1 del Decreto notificado, el Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (2) estipula que las empresas alimentarias tienen que establecer un sistema exhaustivo de trazabilidad en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución, a fin de poder proceder a retiradas específicas y precisas de productos, o bien informar a los consumidores o a los funcionarios encargados del control. En particular, con arreglo a su artículo 18, los explotadores de empresas alimentarias deberán poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado un alimento, así como a las empresas a las que hayan suministrado sus productos. Además, el artículo 19 del mencionado Reglamento prevé obligaciones específicas para los explotadores de empresas alimentarias. La mención de origen obligatoria en la etiqueta de los productos acabados en cuestión no es una información necesaria para cumplir con los mencionados requisitos de trazabilidad.
Artículo 12, apartado 1, letra a), y artículo 10, apartados 1, 3 y 4, y anexo VIII, punto 4

9. Agente (para todos los productos sanitarios para diagnóstico in vitro): Dirección del fabricante o del representante autorizado (véanse los campos del punto 1. Agente). 10. Producto: Para todos los productos sanitarios para diagnóstico in vitro a) Producto (véanse los campos del punto 2. Producto). b) Información sobre la «novedad» del producto. c) Suspensión de la puesta en el mercado. Como complemento a lo dispuesto en el anexo II y al autodiagnóstico d) Resultados de la evaluación de funcionamiento, cuando proceda. e) Certificados (véanse los campos del punto 3. Certificado). f) Conformidad con las especificaciones técnicas comunes, cuando proceda. g) Identificación del dispositivo.
(4)

En el caso de los 70 nombres que figuran en el anexo III de la presente Decisión, la Comisión solicitó a las autoridades alemanas, mediante carta de 20 de julio de 2004, que facilitaran información suplementaria, en particular detalles sobre los órganos de control, la buena disposición de los productores para cubrir los costes de inspección y las estructuras que garantizaban la comercialización del agua bajo un único nombre. El 15 de mayo de 2006 y, de nuevo, el 22 de mayo de 2007, la Comisión Europea solicitó a las autoridades alemanas que respondieran a la carta de 20 de julio de 2004 o retiraran las solicitudes pendientes, y les informó de que en caso contrario la Comisión Europea consideraría desestimar estas solicitudes. Al no haberse facilitado ninguna información suplementaria, estos nombres no deben inscribirse en el registro.