Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura

(2001/C 19/05)

INTRODUCCIÓN

El mantenimiento de un sistema de competencia libre y sin distorsiones constituye uno de los principios fundamentales de la Comunidad Europea. El objetivo de la política comunitaria en materia de ayudas estatales es garantizar la libre competencia, la distribución eficaz de los recursos y la unidad del mercado comunitario. De ahí que la actitud de la Comisión haya sido muy vigilante en este ámbito desde la creación del mercado común.

Si bien, de acuerdo con el artículo 36 del Tratado, las normas sobre competencia sólo son aplicables a la producción y al comercio de los productos de la pesca en la medida determinada por el Consejo, el artículo 32 del Reglamento (CE) n° 104/2000 del Consejo(1), por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, dispone la aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales a la producción y al comercio de dichos productos. Además, según el artículo 19 del Reglamento (CE) n° 2792/1999 del Consejo(2), por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca; los artículos 87 a 89 del Tratado CE se aplican a las ayudas concedidas por los Estados miembros para apoyar a este sector.

El objetivo de la política pesquera común es crear las condiciones necesarias para garantizar una explotación racional, responsable y sostenible de los recursos pesqueros. La organización de mercados estabiliza los precios y unifica el mercado comunitario. Las normas comunitarias que regulan el ejercicio de la pesca aspiran a garantizar la conservación y la utilización óptima de los recursos pesqueros disponibles.

Los programas de orientación plurianuales limitan el tamaño de las flotas de pesca nacionales con el fin de lograr un equilibrio entre las poblaciones de peces y su explotación. El Instrumento financiero de orientación de la pesca, que es uno de los Fondos Estructurales de la Comunidad, proporciona ayuda financiera para realizar la adaptación estructural necesaria para alcanzar los objetivos de la política pesquera común. Por consiguiente, el recurso a las ayudas estatales sólo está justificado si se cumplen los objetivos de las políticas pesquera y de competencia.

Los Reglamentos que regulan las actividades de los Fondos Estructurales disponen además que éstas deben realizarse con arreglo a las normas comunitarias sobre competencia.

La imperiosa necesidad de garantizar una explotación racional y responsable de los recursos pesqueros, dadas las graves limitaciones biológicas existentes, exige una especial prudencia al conceder ayudas estatales al sector de la pesca. Toda ayuda estatal que no respete las condiciones ya establecidas para las ayudas comunitarias tendrá que analizarse detenidamente y sólo podrá aceptarse si se puede demostrar que dicha ayuda no contribuirá al mantenimiento ni al crecimiento de la capacidad pesquera en caso de que exista un exceso de capacidad en el caladero de que se trate, ni a la reducción de la biodiversidad.

En este contexto la Comisión pretende gestionar las excepciones aplicables al principio de incompatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común (apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE), establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE y en sus medidas de aplicación.

El deseo de garantizar el correcto funcionamiento del mercado común y el logro de los objetivos de la política pesquera común induce a la Comisión a proponer a los Estados miembros, en aplicación del apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE, que apliquen a sus respectivos regímenes de ayuda existentes en la materia, autorizados previamente por la Comisión, los criterios establecidos en las presentes Directrices.

Las presentes Directrices sustituyen a las publicadas en 1997(3) como resultado del desarrollo de la política pesquera común, principalmente mediante la adopción del Reglamento (CE) n° 2792/1999.

La Comisión seguirá ampliando y modificando estas Directrices a medida que aumente la experiencia mediante el examen permanente de las ayudas estatales y a la luz de la evolución de la política pesquera común.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES

1.1. Ámbito de aplicación

Las presentes Directrices afectarán a todas las medidas que constituyan una ayuda de acuerdo con la definición establecida en el ápartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, incluidas todas aquéllas que supongan una ventaja financiera, cualquiera que sea su forma, que estén financiadas directa o indirectamente con recursos presupuestarios de cualquier autoridad pública (nacional, regional, provincial, comarcal o local), o con otros recursos públicos. Por ejemplo, se considerarán ayudas: las transferencias de capital, los préstamos con interés reducido, las bonificaciones de intereses, determinadas participaciones públicas en el capital de las empresas, las ayudas financiadas con recursos procedentes de gravámenes especiales o impuestos parafiscales, así como las ayudas concedidas en forma de garantía del Estado para préstamos bancarios o en forma de reducción o exención de tasas o impuestos, incluidas las amortizaciones aceleradas y la reducción de las cotizaciones sociales.

Las presentes Directrices se aplican a la totalidad del sector pesquero y atañen a la explotación de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura, así como a los medios de producción, transformación y comercialización de los productos obtenidos, exceptuando las actividades de pesca deportiva o recreativa cuyas capturas no se destinan a la venta.

1.2. Principios generales

Sólo podrán concederse ayudas estatales que sean conformes con los objetivos de la política pesquera común.

Las ayudas no podrán tener carácter conservador; por el contrario, deberán favorecer la racionalización y la eficacia de la producción y comercialización de los productos de la pesca, a fin de impulsar y acelerar el proceso de adaptación del sector a la nueva situación a la que se enfrenta, especialmente la escasez de recursos pesqueros.

Estas ayudas deberán conducir a mejoras duraderas, de manera que el sector de la pesca pueda desarrollarse gracias únicamente a las rentas obtenidas en el mercado. Por lo tanto, deberán ser obligatoriamente temporales limitando su duración al tiempo necesario para realizar las mejoras y adaptaciones deseadas.

En consecuencia, se aplicarán los principios siguientes:

- Las ayudas estatales no podrán obstaculizar la aplicación de las normas de la política pesquera común. En particular, las ayudas a la exportación y al comercio de productos de la pesca dentro de la Comunidad son incompatibles con el mercado común.

- Se han adoptado disposiciones comunitarias relativas a la política estructural con el fin de alcanzar los objetivos de la política pesquera común.

En caso de que la dotación comunitaria disponible no baste para garantizar la cofinanciación de las medidas que puedan acogerse a este tipo de ayuda, el porcentaje total de las ayudas estatales podrá añadirse, en su caso, al porcentaje de la cofinanciación comunitaria, a condición de que no se sobrepase el porcentaje total de la ayuda fijado en las normas comunitarias.

Las ayudas estatales que sobrepasen este porcentaje total se autorizarán únicamente si son conformes con las disposiciones específicas que se establecen en las presentes Directrices.

- Las ayudas estatales concedidas sin exigir ninguna obligación por parte de los beneficiarios y que estén destinadas a mejorar la situación de las empresas y a aumentar su liquidez, o cuyos importes estén calculados en función de la cantidad producida o comercializada, del precio de los productos, de las unidades producidas o de los medios de producción, y cuyo resultado suponga una reducción de los costes de producción o una mejora de las rentas del beneficiario, serán incompatibles con el mercado común por tratarse de ayudas de funcionamiento.

1.3. El examen de los regímenes de ayuda se basará en valores expresados en términos del importe total de la subvención. No obstante, se tendrán en cuenta todos los factores que permitan evaluar la ventaja real obtenida por el beneficiario.

Al examinar los regímenes de ayudas estatales se tendrá en cuenta el efecto acumulativo que tengan para el beneficiario todas las intervenciones con carácter de subvención, concedidas por las autoridades públicas en virtud de normas comunitarias, nacionales, regionales o municipales, especialmente las destinadas a favorecer el desarrollo regional.

1.4. Los regímenes de ayuda financiados con gravámenes especiales, en particular mediante impuestos parafiscales, aplicados a determinados productos de la pesca y la acuicultura independientemente de su origen, podrán considerarse compatibles en caso de que tanto los productos nacionales como los importados se beneficien de ellos.

1.5. Las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional no se aplicarán a este sector(4). Los componentes de los regímenes de ayuda de finalidad regional que incluyan al sector de la pesca se examinarán de acuerdo con las presentes Directrices.

1.6. Dado que, desde el momento en que existe la política pesquera común, cualquier ayuda concedida a determinadas empresas o productos de este sector, independientemente de su importe, puede falsear la competencia y afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros, la denominada norma de minimis(5) no se aplicará al gasto vinculado a los sectores de la pesca y la acuicultura.

2. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS CATEGORÍAS DE AYUDAS

2.1. Ayudas de carácter general

2.1.1. De acuerdo con las condiciones que se establecen en los puntos siguientes, la ayuda podrá considerarse compatible con el mercado común cuando su importe no supere el límite estrictamente necesario para lograr sus fines y se conceda por un espacio de tiempo limitado. El nivel de la ayuda no deberá sobrepasar, en equivalente de subvención y por lo que respecta a todos los tipos de ayuda mencionados en la presente sección, el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias autorizado en virtud del anexo IV del Reglamento (CE) n° 2792/1999.

2.1.2. Ayudas para la formación y el asesoramiento

2.1.2.1. Las ayudas para la formación técnica y económica de los profesionales del sector y las ayudas para el asesoramiento sobre nuevas técnicas y para la asistencia técnica o económica se considerarán compatibles con el mercado común siempre y cuando estén encaminadas exclusivamente a ampliar los conocimientos de sus beneficiarios para que puedan aumentar el rendimiento de sus actividades y adquieran mayor conciencia de los problemas relativos a la conservación de los recursos pesqueros. Estas ayudas deberán beneficiar a todas las personas interesadas, en condiciones determinadas de forma objetiva.

Se aplicarán las Directrices pertinentes adoptadas por la Comisión para el examen de las ayudas estatales en esta materia.

2.1.2.2. Ayudas en forma de asesoría a las empresas

Las ayudas destinadas a fomentar un mejor aprovechamiento del equipamiento existente en las empresas, consistentes en asesoría en el campo de la gestión económica y técnica, así como en el ámbito informático, serán compatibles, en principio, con el mercado común, siempre que la asesoría correspondiente no constituya una actividad permanente o periódica, ni esté relacionada con los gastos de explotación de la empresa.

2.1.3. Ayudas a la investigación y a la pesca experimental

2.1.3.1. Las ayudas a la investigación podrán considerarse compatibles con el mercado común a condición de que cumplan las disposiciones del Encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo(6).

2.1.3.2. Podrán concederse ayudas a proyectos de pesca experimental siempre que su objetivo sea la conservación de los recursos pesqueros y que utilicen técnicas más selectivas.

2.1.4. Ayudas a la promoción de productos y a la publicidad

2.1.4.1. Las ayudas a la promoción de productos y a la publicidad podrán ser consideradas compatibles con el mercado común siempre y cuando:

a) se refieran a la totalidad de un sector, un producto o un grupo de productos, de manera que no se favorezca a los productos de una o varias empresas, determinadas;

b) sean compatibles con el artículo 28 del Tratado CE, teniendo en cuenta la Comunicación de la Comisión sobre la participación estatal en la promoción de los productos agrícolas y pesqueros(7);

c) las condiciones de concesión sean comparables con las establecidas en el artículo 14 y en el punto 3 del anexo III del Reglamento (CE) n° 2792/1999 y al menos tan estrictas como ellas.

2.1.4.2. Cuando el producto haya sido reconocido oficialmente de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 2081/92 podrán autorizarse las ayudas a partir de la fecha de inclusión del nombre en el registro a que se refiere el apartado 3 del artículo 6 de dicho Reglamento.

2.1.5. Ayudas a la promoción de nuevas salidas comerciales

Las ayudas a la búsqueda y promoción de nuevas salidas comerciales para los productos de la pesca y de la acuicultura se podrán considerar compatibles con el mercado común cuando respeten las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) n° 2792/1999 y sean compatibles con el artículo 28 del Tratado CE.

2.2. Ayudas a la pesca marítima

2.2.1. Ayudas para la paralización definitiva de los buques pesqueros

Las ayudas para la paralización definitiva de los buques pesqueros que no estén vinculadas a la compra o construcción de un buque serán compatibles con el mercado común si respetan las condiciones establecidas por el Reglamento (CE) n° 2792/1999 para poder beneficiarse de una ayuda comunitaria.

Las ayudas al traspaso definitivo de buques de pesca a países en vías de desarrollo deben ser conformes con los objetivos definidos en el ámbito de la cooperación al desarrollo, tal como exige el Reglamento (CE) n° 2792/1999.

Los regímenes de ayuda para la paralización definitiva de los buques bajo condiciones diferentes de las establecidas en el Reglamento (CE) n° 2792/1999 se estudiarán de forma individual. Todo régimen de estas características deberá ser temporal.

2.2.2. Ayudas a la paralización temporal de las actividades pesqueras

Podrán considerarse compatibles las ayudas a la paralización temporal de las actividades pesqueras siempre que estén encaminadas a compensar parcialmente las pérdidas de ingresos debidas a una medida de paralización temporal que se produzca en las circunstancias que se establecen en el artículo 16 del Reglamento (CE) n° 2792/1999.

Las medidas sociales complementarias para los pescadores encaminadas a facilitar la paralización temporal de las actividades pesqueras en el marco de un plan de protección de los recursos acuáticos, tal como se establece en el apartado 6 del artículo 12 del Reglamento (CE) n° 2792/1999, podrán considerarse compatibles a condición de que se notifique a la Comisión dicho plan, que deberá tener unos objetivos precisos y cuantificables y una duración temporal limitada. Deberán presentarse pruebas de la repercusión social del plan así como una justificación de cualquier medida específica diferente de las incluidas en el régimen normal de la seguridad social. Sólo se considerarán pescadores las personas que ejerzan su actividad profesional principal a bordo de un buque de pesca marítima en activo.

En ambos casos, también podrán concederse ayudas a los armadores para compensar las contribuciones a la seguridad social.

La notificación a la Comisión deberá ir acompañada de la justificación científica y, en su caso, económica de tales ayudas. Las medidas no deberán rebasar los límites estrictamente necesarios para lograr los objetivos perseguidos y deberán ser temporales. Deberán evitarse las compensaciones excesivas.

No se autorizarán las ayudas destinadas a limitar las actividades pesqueras con el fin de contribuir a lograr los objetivos de reducción del esfuerzo pesquero fijados en los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras comunitarias.

2.2.3. Ayudas a las inversiones en la flota

2.2.3.1. Las ayudas a la construcción de nuevos buques pesqueros podrán considerarse compatibles con el mercado común si se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 6, 7, 9, 10 y en el punto 1.3 del anexo III del Reglamento (CE) n° 2792/1999 siempre que el total de las ayudas estatales no sobrepase, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV del mencionado Reglamento.

No podrá concederse ayuda alguna a los astilleros para la construcción de buques de pesca.

2.2.3.2. Las ayudas a la modernización de buques de pesca en activo podrán considerarse compatibles con el mercado común siempre que se respeten las condiciones de los artículos 6, 7, 9 y 10 y las del punto 1.4 del anexo III del Reglamento (CE) n° 2792/1999, siempre y cuando el total de las ayudas estatales no sobrepase, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de dicho Reglamento.

2.2.3.3. Las ayudas para la compra de buques de ocasión se considerarán compatibles con el mercado común únicamente si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) los buques podrán utilizarse para actividades pesqueras durante al menos 10 años más, y, en el momento de la compra, no tendrán más de 20 años;

b) el objetivo de estas ayudas será el de permitir que los pescadores adquieran la propiedad parcial de un buque o sustituyan un buque tras su pérdida total;

c) el nivel de las ayudas no deberá sobrepasar, en equivalente de subvención, el 20 % del coste efectivo del buque.

Las ayudas concedidas durante los diez años anteriores para la construcción o modernización de un buque o para una adquisición previa del mismo buque serán reembolsadas pro rata temporis. De cualquier forma, el Estado miembro podrá renunciar a dicho reembolso si el nuevo comprador cumple las condiciones que dan derecho a la concesión de esta ayuda y se compromete a asumir los derechos y obligaciones del beneficiario anterior de la ayuda. No se autorizará la acumulación de estas ayudas.

El informe anual exigido por el punto 3.3 de las presentes Directrices deberá incluir la lista de todas las ayudas individuales concedidas para la compra de buques de ocasión.

2.2.3.4. Podrá concederse la prima para los pescadores menores de 35 años prevista en la letra d) del párrafo 3 del artículo 12 del Reglamento (CE) n° 2792/1999, además de la ayuda prevista en el punto 2.3.3.3, si se cumplen las condiciones exigidas por dicho punto y por la letra f) del artículo 12 del Reglamento (CE) n° 2792/1999.

El informe anual exigido por el punto 3.3 de las presentes Directrices deberá incluir la lista de todas las ayudas individuales concedidas bajo este régimen.

2.2.4. Ayudas para el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis

Las ayudas destinadas al salvamento y la reestructuración de empresas en crisis se evaluarán de conformidad con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis(8).

Las ayudas destinadas a la reestructuración de empresas cuya actividad principal sea la pesca marítima sólo podrán concederse previa presentación a la Comisión de un plan dirigido a reducir la capacidad de la flota.

2.2.5. Ayudas para la creación de sociedades mixtas

Las ayudas para la creación de sociedades mixtas podrán considerase compatibles con el mercado común cuando cumplan los requisitos exigidos por la normativa comunitaria [artículo 8 y anexo III del Reglamento (CE) n° 2792/1999], siempre que el total de las ayudas estatales no sobrepase, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de dicho Reglamento.

2.2.6. Ayudas destinadas a mejorar la gestión y el control de las actividades pesqueras

Cuando un Estado miembro adopte medidas destinadas a mejorar la gestión o a intensificar el control de las actividades pesqueras, cuyo ámbito de aplicación rebase los requisitos mínimos exigidos por la normativa comunitaria pertinente, las ayudas destinadas a facilitar la ejecución de tales medidas podrán ser consideradas compatibles con el mercado común si así se desprende de su examen individual. Las ayudas no deberán sobrepasar los límites estrictamente necesarios para alcanzar el objetivo perseguido y no deberán extenderse durante un período de más de tres años. Deberán evitarse las compensaciones excesivas.

2.3. Ayudas a la transformación y comercialización en el sector de la pesca

Las ayudas a las inversiones para la transformación y comercialización de los productos de la pesca podrán considerarse compatibles con el mercado común siempre que:

a) las condiciones de concesión sean comparables a las establecidas en el punto 2.4 del anexo III del Reglamento (CE) n° 2792/1999 y al menos tan estrictas como aquéllas;

b) la suma de las ayudas estatales no supere, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de dicho Reglamento.

2.4. Ayudas para el equipamiento de los puertos pesqueros

Las ayudas para el equipamiento de los puertos pesqueros destinadas a facilitar las operaciones de desembarque y aprovisionamiento de los buques pesqueros podrán ser consideradas compatibles con el mercado común siempre que:

a) las condiciones de concesión sean comparables a las establecidas en el punto 2.3 del anexo III del Reglamento (CE) n° 2792/1999 y al menos tan estrictas como aquéllas;

b) la suma de las ayudas estatales no supere, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de dicho Reglamento.

No se autorizarán las ayudas para la construcción de buques de pesca en el marco del equipamiento de los puertos pesqueros.

2.5. Protección y desarrollo de los recursos acuáticos

Las ayudas destinadas a proteger y desarrollar los recursos acuáticos en las aguas costeras podrán considerarse compatibles con el mercado común siempre que:

a) las condiciones de concesión sean comparables a las establecidas en el punto 2.1 del anexo III del Reglamento (CE) n° 2792/1999 y al menos tan estrictas como aquéllas;

b) la suma de las ayudas estatales no supere, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de dicho Reglamento.

Las ayudas para la repoblación en aguas marítimas podrán ser consideradas compatibles con el mercado común.

2.6. Ayudas a las asociaciones de productores

Las ayudas destinadas a fomentar la creación y facilitar el funcionamiento de organizaciones de productores reconocidas por la normativa comunitaria podrán autorizarse en las condiciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) n° 2792/1999.

Las ayudas destinadas a mejorar o apoyar las actividades de asociaciones y agrupaciones de productores que no sean las organizaciones de productores reconocidas en virtud de la normativa comunitaria podrán ser consideradas compatibles con el mercado común siempre que adopten la misma forma y cumplan las mismas condiciones que las ayudas concedidas a las organizaciones reconocidas y su porcentaje no sobrepase el 80 % de los porcentajes de las ayudas concedidas a estas últimas.

Las ayudas destinadas a las medidas realizadas por profesionales del sector o por las organizaciones mencionadas en el artículo 15 del Reglamento (CE) n° 2792/1999 podrán ser consideradas compatibles con el mercado común siempre que cumplan los requisitos de los párrafos 2 y 3 del artículo 15 de dicho Reglamento.

2.7. Pesca en agua dulce y acuicultura

Las ayudas a la acuicultura y a las inversiones destinadas a la pesca profesional en agua dulce (cría, repoblación y acondicionamiento o mejora de cursos de agua y estanques) podrán ser consideradas compatibles con el mercado común siempre que:

- las condiciones de concesión sean comparables a las establecidas en el artículo 13 y el anexo III del Reglamento (CE) n° 2792/1999 y al menos tan estrictas como aquéllas;

- la suma de las ayudas estatales no supere, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de dicho Reglamento.

2.8. Ayudas en los ámbitos veterinario y sanitario

Las ayudas en los ámbitos veterinario y sanitario (por ejemplo, gastos veterinarios, controles sanitarios, análisis, diagnóstico precoz, medidas preventivas, medicamentos, medidas de erradicación subsiguientes a brotes de epizootias) podrán ser consideradas compatibles con el mercado común siempre que existan disposiciones nacionales o comunitarias por las que pueda establecerse que la autoridad pública competente se ocupa de la enfermedad en cuestión, bien organizando campañas para su erradicación, a través especialmente de medidas obligatorias que den lugar a compensaciones, bien instaurando, en una primera fase, un sistema de alerta precoz combinado, en su caso, con ayudas destinadas a fomentar la participación voluntaria de los particulares en medidas profilácticas.

De esta forma, se garantizará que únicamente se beneficien de las ayudas aquellas medidas de interés público que se destinen en particular a eliminar cualquier peligro de contaminación, descartándose los casos en que sean los propios empresarios quienes deban asumir los riesgos naturales de toda empresa.

Los objetivos de las ayudas deberán tener un carácter preventivo, compensatorio o mixto, de acuerdo con los principios aplicables en materia de lucha contra las epizootias establecidos en la Decisión 90/424/CEE del Consejo(9), relativa a determinados gastos en el sector veterinario.

2.9. Casos especiales

2.9.1. Empresas públicas

Las presentes Directrices se aplicarán también a las empresas del sector pesquero públicas o con participación pública.

2.9.2. Ayudas a la renta

Podrán ser consideradas compatibles con el mercado común las ayudas a la renta a los trabajadores del sector de la pesca y la acuicultura, así como de la industria de transformación y comercialización de los productos de dichos sectores, en el marco de medidas socioeconómicas de acompañamiento que puedan remediar las dificultades derivadas de la adaptación o reducción de las capacidades o de circunstancias excepcionales que serán examinadas individualmente.

En los supuestos de paralización temporal de actividades, se aplicarán las condiciones establecidas en el punto 2.2.2.

Serán compatibles con el mercado común las ayudas a la jubilación anticipada de los pescadores y la concesión de primas globales individuales, siempre que respeten las condiciones establecidas en las letras a), b) y c) del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CE) n° 2792/1999. Las ayudas que se establezcan en condiciones diferentes a las de dicho artículo 12 serán examinadas individualmente.

2.9.3. Ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional

Con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado CE, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional se considerarán compatibles con el mercado común. Una vez que se haya demostrado la existencia de un desastre natural o de un acontecimiento de carácter excepcional, se autorizará una ayuda de hasta el 100 % para compensar los daños materiales.

La compensación deberá calcularse normalmente por cada beneficiario y se evitará que sea excesiva. Se deducirán los importes abonados por los seguros o los gastos normales que el beneficiario no haya realizado. No podrán acogerse a este tipo de ayuda los daños que puedan quedar cubiertos mediante un seguro comercial corriente o que representen los riesgos normales de una empresa.

La compensación deberá concederse en los tres años siguientes al acontecimiento con el que esté vinculada.

Cuando la Comisión apruebe un régimen general relativo a los desastres naturales, los Estados miembros deberán informar a la Comisión de su intención de conceder cualquier ayuda de esas características tras haberse producido un desastre natural. En el caso de las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por un acontecimiento de carácter excepcional, los Estados miembros deberán notificar todos los casos en que se tenga intención de conceder la ayuda.

2.9.4. Primas de seguros

Podrán aceptarse ayudas de hasta el 80 % del coste de las primas de seguros destinados a cubrir las pérdidas que puedan causar acontecimientos excepcionales o desastres naturales.

Las ayudas al pago de las primas de seguros no deberán constituir un obstáculo al correcto funcionamiento del mercado interior de seguros o dificultar su desarrollo. Tal sería el caso, por ejemplo; si la posibilidad de prestar los servicios se reservara a una sola compañía de seguros o grupo de compañías o si quedara establecido que el contrato debe celebrarse con una compañía establecida en el Estado miembro de que se trate.

2.9.5. Regiones ultraperiféricas

Las ayudas destinadas a responder a las necesidades de las regiones ultraperiféricas se examinarán de forma individual, teniendo presentes las disposiciones del apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE y la compatibilidad de las medidas de que se trate con los objetivos de la política pesquera común y su posible efecto sobre la competencia en estas regiones y en las demás zonas de la Comunidad.

2.9.6. Ayudas al empleo

Las ayudas al empleo se evaluarán de acuerdo con las Directrices sobre ayudas al empleo(10).

3. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

3.1. La aplicación de las presentes Directrices presupone una estricta disciplina de las autoridades de los Estados miembros y de la Comisión, especialmente en lo que se refiere a las obligaciones formales de notificación y a los plazos fijados para su cumplimiento.

La Comisión recuerda a los Estados miembros su obligación de notificar las ayudas en fase de proyecto en virtud de lo dispuesto en el ápartado 3 del artículo 88 del Tratado CE, proporcionando todos los datos necesarios para la evaluación de las mismas.

Con el fin de agilizar el examen de las ayudas, se aconseja a los Estados miembros que cumplimenten el impreso que figura en el anexo I.

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) n° 2792/1999, los Estados miembros deben notificar a la Comisión cualquier proyecto de ayuda estatal, incluidos los que disfruten de cofinanciación comunitaria.

En caso de que se concedan ayudas incumpliendo la obligación de notificación previa antes mencionada, o antes de que la Comisión haya adoptado una decisión respecto de dicho proyecto, esta última, en virtud del artículo 11 del Reglamento (CE) n° 659/1999(11), por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, podrá adoptar una decisión en la que se exija al Estado miembro que recupere provisionalmente las ayudas pagadas indebidamente. Cuando se adopte una decisión negativa en relación con una ayuda ilegal, se exigirá al Estado miembro interesado que recupere la ayuda concedida al beneficiario, en las condiciones establecidas en el artículo 14 del citado Reglamento.

En cuanto a la incidencia de una ayuda ilegal en las actividades financiadas por la sección de garantía del FEOGA, cualquier posible repercusión en los gastos financiados por ésta se tendrá en cuenta, en particular, al efectuar la liquidación de cuentas.

3.2. Propuestas de medidas apropiadas

De conformidad con el apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE, la Comisión propone a los Estados miembros que modifiquen los regímenes de ayudas existentes en ellos, relativos al sector de la pesca, con el fin de hacerlos compatibles con las presentes Directrices a más tardar el 1 de julio de 2001.

Se invita a los Estados miembros a confirmar por escrito su aceptación de estas propuestas de medidas apropiadas a más tardar el 1 de marzo de 2001.

En caso de que un Estado miembro no confirme su aceptación por escrito antes de esa fecha, la Comisión entenderá que dicho Estado miembro acepta estas propuestas, a menos que indique explícitamente su desacuerdo por escrito.

Si un Estado miembro no aceptase total o parcialmente estas propuestas para esa fecha, la Comisión actuará de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) n° 659/1999.

3.3. Informe anual

El artículo 21 del Reglamento (CE) n° 659/1999 dispone que los Estados miembros presentarán a la Comisión informes anuales sobre todos los regímenes de ayudas existentes o sobre las ayudas individuales concedidas que no se incluyan en regímenes de ayudas autorizados, respecto de los cuales no estén sujetos a la obligación específica de informar, impuesta mediante una decisión condicional.

Los informes anuales deberán recoger toda la información relevante, tal como se indica en el impreso que figura en el anexo II.

Los Estados miembros deberán enviar también los datos previstos por el pertinente reglamento de la Comisión relativo al IFOP.

3.4. Entrada en vigor

La Comisión aplicará las presentes Directrices a partir del 1 de enero de 2001 a todas las ayudas estatales notificadas en esa fecha o posteriormente.

Una ayuda ilegal en el sentido de la letra f) del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 659/1999 se examinará con arreglo a las directrices vigentes en el momento de su concesión.

(1) DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.

(2) DO L 337 de 30.12.1999, p. 10.

(3) DO C 100 de 27.3.1997, p. 12.

(4) DO C 74 de 10.2.1998, p. 9.

(5) Comunicación de la Comisión relativa a las ayudas de minimis (DO C 68 de 6.3.1996, p. 6).

(6) DO C 45 de 17.2.1996, p. 5.

(7) DO C 272 de 28.10.1986, p. 3.

(8) DO C 288 de 9.10.1999, p. 2.

(9) DO L 224 de 18.8.1990, p. 19.

(10) DO C 334 de 12.12.1995, p. 4.

(11) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

ANEXO I

Información que debe facilitarse en las notificaciones efectuadas en virtud del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE

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ANEXO II

Información que debe contener el informe anual

1. Referencia al número de expediente de ayuda de la Comisión y a la decisión de ésta.

2. Denominación del régimen.

3. Gastos en virtud del régimen para un año determinado; deben especificarse los importes de cada instrumento de ayuda (véase el punto 7.2 del anexo I) y los objetivos del régimen (véase el punto 6 del citado anexo).

4. Número de beneficiarios.

5. Evaluación de los resultados.