REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/546 DE LA COMISIÓN

de 29 de marzo de 2021

por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de extrusiones de aluminio originarias de la República Popular China

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (1) («el Reglamento de base»), y en particular su artículo 9, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO

1.1. Inicio

(1) El 14 de febrero de 2020, la Comisión Europea («la Comisión») inició una investigación antidumping relativa a las importaciones de extrusiones de aluminio originarias de la República Popular China («China» o «el país afectado»), con arreglo al artículo 5 del Reglamento de base.

(2) La Comisión inició la investigación a raíz de una denuncia presentada el 3 de enero de 2020 («la denuncia») por la asociación European Aluminium («el denunciante»). El denunciante representaba más del 25 % de la producción total de las extrusiones de aluminio de la Unión. La denuncia incluía pruebas de dumping y del perjuicio importante causado.

1.2. Registro

(3) A raíz de una solicitud del denunciante basada en las pruebas necesarias, la Comisión sometió importaciones del producto afectado a registro en virtud del artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1215 de la Comisión (2). El registro de las importaciones cesó con la entrada en vigor de las medidas provisionales mencionadas en el considerando 5.

1.3. Medidas provisionales

(4) De conformidad con el artículo 19 bis del Reglamento de base, el 22 de septiembre de 2020, la Comisión ofreció a las partes un resumen de los derechos propuestos y detalles sobre el cálculo de los márgenes de dumping y los márgenes adecuados para eliminar el perjuicio ocasionado a la industria de la Unión. Se invitó a las partes interesadas a presentar observaciones sobre la exactitud de los cálculos en un plazo de tres días hábiles.

(5) El 12 de octubre de 2020, la Comisión estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de extrusiones de aluminio originarias de China mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1428 de la Comisión (3) («el Reglamento provisional»).

(6) Como se indica en el considerando 29 del Reglamento provisional, la investigación sobre el dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 («el período de investigación» o «PI») y el análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el final del período de investigación («el período considerado»).

1.4. Procedimiento posterior

(7) Tras la divulgación de los hechos y las consideraciones principales que sirvieron de base para la imposición de un derecho antidumping provisional («la divulgación provisional»), el denunciante, varios usuarios e importadores del producto afectado, varios proveedores de la materia prima a la industria de la Unión, el Gobierno de la República Popular China («las autoridades chinas») y siete productores exportadores chinos dieron a conocer por escrito sus puntos de vista respecto a las conclusiones provisionales dentro del plazo previsto por el artículo 2, apartado 1, del Reglamento provisional.

(8) Las cuestiones planteadas por las partes interesadas se resumen en el presente Reglamento en la medida de lo posible. En efecto, varias cuestiones planteadas eran poco claras y no siempre se pudo establecer a qué artículo del Reglamento de base se referían. Se invitó a las partes interesadas a aclarar cualquier argumento que considerasen pertinente, en la medida en que no hubiese sido abordado en la divulgación final.

(9) Tras la divulgación provisional, se dieron a conocer otros dos importadores, cuando el muestreo ya había concluido. Sus aportaciones se tomaron en consideración en la medida de lo posible, dada la fase procesal de la investigación.

(10) Tras la imposición de las medidas provisionales, se dio a las partes interesadas que lo solicitaron la posibilidad de ser oídas. Se celebraron audiencias con Decora S.A., Vis Promotex d.o.o., Alstom S. A., O. Wilms GmbH & Co, Airoldi Metalli S.p.A (a quienes se unieron O. Wilms GmbH, Kastens & Knauer GmbH & Co. International KG y Alpha Metall GmbH), el Grupo Haomei (Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. y Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.) y el Grupo PMI (Press Metal International Ltd. y Press Metal International Technology Ltd.).

(11) Airoldi Metalli S.p.A (Airoldi) solicitó una reunión con la industria de la Unión, de conformidad con el artículo 6, apartado 6, del Reglamento de base, la cual fue rechazada por esta última. Además, celebró una audiencia con el consejero auditor de la Dirección General de Comercio («DG TRADE»), quien desestimó el argumento de la empresa de que la información insuficiente que se le divulgó en el marco de la comunicación previa prevista en el artículo 19 bis del Reglamento de base había vulnerado su derecho de defensa por los motivos explicados en el informe especial del consejero auditor.

(12) Tras la divulgación final, Airoldi impugnó la interpretación por parte del consejero auditor del artículo 19 bis del Reglamento de base, alegando que era necesario hacer una lectura específica de esa disposición. Sin embargo, teniendo en cuenta que Airoldi no hizo alusión a ningún otro aspecto para justificar su argumento, y a la luz del requisito explícito del citado artículo de respetar las obligaciones en materia de confidencialidad recogidas en el artículo 19, la Comisión mantuvo su posición al respecto.

(13) Como se detalla a continuación, tras la imposición de las medidas provisionales, se realizaron dos verificaciones a distancia adicionales con Alstom S.A. y Airoldi para establecer los aspectos más relevantes en el contexto de una determinación definitiva. Asimismo, la Comisión tenía la intención de realizar una verificación a distancia adicional para otro importador, lo cual no fue posible debido a las limitaciones de este último.

(14) La Comisión informó a todas las partes interesadas de los hechos y las consideraciones principales en función de los cuales tenía la intención de imponer un derecho antidumping definitivo a las importaciones de extrusiones de aluminio originarias de China («divulgación final»). Se concedió un plazo a todas las partes para formular observaciones en relación con la divulgación final.

(15) La Comisión recibió observaciones de varias partes, en particular, las autoridades chinas, productores exportadores chinos, importadores de la Unión, usuarios, productores de la Unión y sus proveedores y varias asociaciones representativas.

(16) Tras la divulgación final, se concedió a algunas de las partes interesadas la oportunidad de ser escuchadas de conformidad con las disposiciones recogidas en el punto 5.7 del anuncio de inicio. Se celebraron audiencias con Decora S.A., Airoldi (a la que se unieron O. Wilms GmbH, Amari Metals BV y Alpha Metall GmbH), Bash-tec GmbH, STAKO Sp. z o.o. y el Grupo Haomei. Además, el consejero auditor de la DG TRADE organizó una audiencia para escuchar los argumentos planteados por Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. y Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd.

(17) Par apoyar una ampliación adicional del plazo de respuesta a la divulgación final, Airoldi solicitó una copia del documento de divulgación general en italiano, y afirmó que no facilitar el documento en lengua italiana constituía una infracción del Reglamento n.o 1/1958 (4), leído en relación con los artículos 21, 22 y 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales. La Comisión se mostró en desacuerdo con esta interpretación y respondió por escrito que Airoldi no había planteado esta cuestión hasta muy avanzada la investigación y que, hasta ese momento, esta empresa y sus abogados habían utilizado el inglés ampliamente y sin problemas, tanto en las comunicaciones escritas como verbales (5). Así se puso de manifiesto, además, en extensos contactos con la Comisión en el transcurso del caso. La Comisión recordó la naturaleza del documento, que no es un Reglamento de Ejecución, y confirmó su posición. No obstante, la Comisión concedió una prórroga adicional a Airoldi, sobre la base de su planteamiento de hacer pleno uso de las disposiciones contempladas en el anuncio de inicio del caso, que es compatible con la finalización de la investigación dentro de los plazos establecidos. Tras la divulgación final adicional, Airoldi solicitó una traducción de este documento al italiano. Esta solicitud, en la que no se apreciaba cómo resultaba afectado el derecho de defensa de Airoldi, no podía aceptarse por las razones mencionadas anteriormente.

(18) El 8 de febrero de 2021, la Comisión hizo una divulgación final adicional a las partes interesadas para reflejar el hecho de que la Europa de los Veintiocho (EU-28) se había convertido en la Europa de los Veintisiete (EU-27). La Comisión informó a todas las partes interesadas de los hechos y consideraciones esenciales en función de los cuales tenía intención de revisar las conclusiones del caso, con inclusión del derecho antidumping definitivo, para reflejar este cambio («divulgación final adicional»). Se concedió un plazo a todas las partes para formular observaciones en relación con la divulgación final adicional. Se recibieron observaciones del Grupo Haomei, de Airoldi y de Euranimi, que se dio a conocer como parte interesada después de la divulgación final.

(19) Tras la divulgación final adicional, se concedió a algunas de las partes interesadas la oportunidad de ser escuchadas de conformidad con las disposiciones recogidas en el punto 5.7 del anuncio de inicio. Se celebraron audiencias con el Grupo Haomei, Airoldi y Euranimi. Además, el 18 de febrero de 2021, el consejero auditor organizó una audiencia para escuchar las alegaciones de Airoldi. En esa ocasión, los servicios de la Comisión reiteraron que el enfoque específico seguido en esta investigación era adecuado porque la eliminación del Reino Unido en las conclusiones no tenía consecuencias (circunstancia que confirmó la industria de la Unión y que no fue cuestionada por ninguna parte interesada). También se confirmó que la divulgación final adicional contenía las explicaciones necesarias para que las partes interesadas se defendieran.

1.5. Muestreo

(20) En ausencia de observaciones sobre el muestreo, se confirmó lo expuesto en los considerandos 8 a 20 del Reglamento provisional.

(21) En el considerando 19 del Reglamento provisional, la Comisión hizo referencia a la muestra inicialmente seleccionada de tres grupos cooperantes de productores exportadores que representaban el 28,1 % del total de las exportaciones. En el considerando 24 del Reglamento provisional, la Comisión hizo referencia a la muestra final de dos grupos de productores exportadores, luego de que el Grupo Liaoning Zhongwang no enviase su respuesta al cuestionario. Esa muestra de dos grupos representaba el 20,9 % del total de las exportaciones.

(22) En los considerandos 206 a 210 del presente Reglamento, la Comisión explica cómo determinó el nivel modificado del total de las importaciones procedentes de China para el PI. Tras esta modificación, el nivel estimado de las importaciones de extrusiones de aluminio procedentes de China disminuyó. En consecuencia, la muestra inicialmente seleccionada de tres grupos cooperantes de productores exportadores representaba el 45,3 % y la muestra final de dos grupos de productores exportadores representaba el 33,7 % de la nueva estimación de las importaciones.

(23) Otros dos productores exportadores fundamentaron debidamente sus alegaciones para ser incluidos en la lista de productores exportadores cooperantes.

(24) Después de tener en cuenta sus observaciones, la Comisión actualizó en consecuencia el anexo del Reglamento provisional y añadió las dos entidades a la lista de productores exportadores cooperantes del anexo del presente Reglamento.

(25) Un productor exportador cooperante observó que era demasiado pequeño para ser incluido en la muestra. Alegó que, debido a su tamaño, había sido castigado al estar sujeto al derecho más elevado.

(26) La Comisión señaló que este productor exportador no estaba sujeto al derecho más elevado. El derecho más elevado se aplica a las empresas que no cooperaron en la fase inicial de la investigación y, por consiguiente, no estaban incluidas en el anexo como empresas cooperantes. El derecho para las empresas cooperantes no incluidas en la muestra, tales como el productor exportador que presentó la alegación, en realidad es inferior al derecho de uno de los productores exportadores incluidos en la muestra, calculado como media ponderada de los márgenes de dumping establecidos para los productores exportadores incluidos en la muestra. Por último, la muestra de productores exportadores se seleccionó de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento de base. Por consiguiente, la Comisión rechazó esta alegación.

1.6. Solicitudes de información adicional y análisis posterior a la divulgación final

(27) Después de la divulgación final, Airoldi comentó que el hecho de que no se le hubieran facilitado los datos de las verificaciones a distancia efectuadas en las instalaciones de los productores de la Unión había afectado a sus derechos de defensa. Sin embargo, los datos a los que se refiere Airoldi constituyen información comercial de carácter confidencial. Los productores de la Unión tampoco tuvieron acceso a los datos comerciales confidenciales de las verificaciones a distancia realizadas con otras partes interesadas. Además, en el expediente del caso se puso a disposición de Airoldi una versión «abierta a las partes interesadas» de dichas verificaciones a distancia. Por consiguiente, la Comisión sostiene que se han respetado plenamente los derechos de defensa de Airoldi.

(28) Algunas partes interesadas plantearon elementos nuevos después de que finalizara el plazo que figuraba en el anuncio de inicio para presentar información objetiva, así como el plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final, que ya se había ampliado en hasta siete días para las partes que lo habían solicitado.

(29) En particular, después de la audiencia, Airoldi envió una nota informativa en la que presentaba ciertas alegaciones respecto al supuesto impacto que habían ejercido sobre la investigación la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («el Reino Unido») de la Unión Europea y el final del período de transición. Estas alegaciones no se habían formulado durante la audiencia.

(30) La nota informativa se envió fuera del plazo para presentar información objetiva establecido en el anuncio de inicio y fuera del plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final, que ya se había ampliado en siete días para Airoldi. Cabe reiterar que las audiencias y las notas informativas posteriores a estas no pueden utilizarse para presentar información objetiva ni elementos que no figuren ya en el expediente y, por lo tanto, no permiten ampliar el plazo para presentar aspectos adicionales. La empresa presentó varias observaciones adicionales, también fuera de los plazos establecidos, que, por tanto, no se pudieron tener en cuenta.

(31) El mismo razonamiento se aplica al Grupo Haomei, que presentó dos conjuntos de observaciones después de que expirara el plazo establecido, uno de los cuales aludía al supuesto impacto en la investigación de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («el Reino Unido») de la Unión Europea y del final del período de transición.

(32) Además, Euranimi presentó observaciones fuera de los plazos establecidos para responder a las divulgaciones de información, por lo que no podían considerarse los aspectos que no estuvieran relacionados con la divulgación final adicional.

(33) Por lo que respecta a estas cuestiones planteadas fuera del calendario que permitía a la Comisión llevar a cabo adecuadamente esta investigación, la Comisión señala que las conclusiones formuladas en la fase provisional, así como en la divulgación final, se basaron en los datos de la EU-28, ya que se formularon antes del 1 de enero de 2021. El plazo para presentar información objetiva establecido en el anuncio de inicio expiró el 28 de octubre de 2020, y las conclusiones se formularon mucho antes de que finalizara el período de transición de la retirada del Reino Unido. Esto respalda la validez de esas conclusiones.

(34) Además, ninguna de las partes ha presentado alegaciones dentro de los períodos que permitía la investigación en las que afirmara (y mucho menos demostrara) que las medidas habrían sido (o podrían haber sido) considerablemente diferentes si se hubieran basado en datos que excluyeran al Reino Unido.

(35) Dicho esto, la Comisión ha revisado la información del expediente para evaluar si las conclusiones formuladas sobre la base de la EU-28 seguirían siendo aplicables en el contexto de la EU-27. En cuanto a los aspectos de la investigación que no se mencionan a continuación, se ha confirmado que las conclusiones basadas en la EU-28 son adecuadas también para la EU-27, dado que la Comisión se aseguró de que la información obtenida durante la investigación siguiera siendo representativa de la Unión sobre la base de la EU-27, y el impacto del cambio, de haberlo, ha sido mínimo.

(36) Tras la divulgación final adicional, Airoldi alegó que sus observaciones sobre la retirada del Reino Unido de la Unión llegaron a su debido tiempo, ya que el final del período transitorio y la definición final de las relaciones comerciales con el Reino Unido constituían un «hecho nuevo». Esta afirmación es difícil de conciliar con la opinión expresada por la propia empresa de que «se sabía perfectamente que el Brexit y la retirada definitiva del Reino Unido se producirían el 1 de enero de 2021». En cualquier caso, la empresa estaba en condiciones de ejercer plenamente su derecho legal de presentar observaciones al respecto antes del 11 de enero de 2021, fecha límite para presentar observaciones sobre la divulgación final. El hecho de que la Comisión, en un ejercicio de flexibilidad procedimental, haya ampliado este plazo en siete días dio a la empresa una nueva oportunidad para presentarlas. Sin embargo, no lo hizo, ya que las observaciones en las que pedía un nuevo examen de la investigación sobre la base de la EU-27 no llegaron hasta el 20 de enero, claramente fuera del plazo ampliado. Por consiguiente, no puede aceptarse esta alegación. En cualquier caso, la Comisión volvió a examinar el asunto, tal como se ha descrito anteriormente.

(37) Tras la divulgación final adicional, Haomei presentó una solicitud fuera del plazo ampliado para presentar observaciones en la que reiteraba observaciones presentadas anteriormente. Por lo tanto, no es admisible la alegación presentada fuera de plazo. En todo caso, las alegaciones que contenía ya se abordaron en los considerandos 196, 259 y 270.

1.7. Examen individual

(38) Dos productores exportadores, Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. y Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd., presentaron observaciones en relación con el hecho de que la Comisión no examinó esas dos empresas de forma individual, a pesar de que lo habían solicitado y habían enviado sus respuestas al cuestionario. Ambas empresas alegaron que se les debería conceder un tipo de derecho del 0 % como consecuencia de su respuesta al cuestionario.

(39) En la fase del Reglamento provisional, la Comisión señaló que decidiría si conceder el examen individual en la fase definitiva de la investigación. Sin embargo, resultó que el examen de estas solicitudes habría sido gravoso y no habría permitido completar la investigación dentro del plazo establecido en el Reglamento de base. Además, el período de tiempo adicional entre la fase provisional y la definitiva no era suficiente para permitir a la Comisión considerar debidamente estas solicitudes. Por lo tanto, la Comisión confirmó su decisión de no conceder ninguna solicitud de examen individual.

(40) Después de la divulgación final, los dos mismos productores exportadores, Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. y Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd., reiteraron sus observaciones en relación con el hecho de que no se les concediera la posibilidad de ser examinados individualmente y formularon comentarios respecto a la explicación aportada por la Comisión en el considerando 39. En concreto, argumentaron que no puede considerarse que dos solicitudes de examen individual supongan un número de exportadores muy amplio que aumente excesivamente la carga para la Comisión e impida completar la investigación a su debido tiempo.

(41) En cuanto al hecho de que el examen de solicitudes adicionales suponga una carga y no permita completar la investigación a tiempo, la Comisión desea destacar que en el proceso de examen de los productores incluidos en la muestra, a saber, el Grupo Haomei y el Grupo PMI, la Comisión examinó a cuatro productores exportadores, tal y como se menciona en el considerando 22: Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.; Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd; Press Metal International Ltd.; y Press Metal International Technology Ltd.

(42) Además, la evaluación de la carga que supondría el examen de productores exportadores adicionales incluye todos los aspectos de este caso especialmente complejo y tiene en cuenta las restricciones que impone la pandemia de COVID-19. El informe de la audiencia celebrada el 13 de enero de 2021 por el consejero auditor, que puede consultarse en el expediente del caso, contiene información más detallada a este respecto.

(43) Las observaciones también hacían referencia al artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, que establece que los derechos antidumping que se apliquen a los productores exportadores cooperantes no deberán ser superiores al margen medio ponderado de dumping establecido con respecto las partes incluidas en la muestra. A ese respecto, la Comisión confirmó que se cumple esa condición y esa es la razón por la que el derecho antidumping aplicado a los productores exportadores cooperantes es inferior al nivel del derecho antidumping aplicado a uno de los dos productores exportadores incluidos en la muestra.

1.8. Solicitud de suspensión de la investigación

(44) Un importador, Airoldi, abordó de nuevo la cuestión de la suspensión de la investigación según lo expuesto en los considerandos 27 y 28 del Reglamento provisional, que también fue objeto de una reclamación ante la Defensora del Pueblo Europeo y rechazada por esta última. El importador alegó que el Reglamento de base vulneraba los derechos fundamentales de las Partes (en particular el derecho a ser oídas, el derecho a una buena administración, el principio de igualdad y el derecho a la protección de la salud), ya que no prescribía una suspensión de la investigación en casos de emergencia, tales como la pandemia actual.

(45) Además, Airoldi alegó que el Reglamento de base, interpretado a la luz del Acuerdo antidumping de la OMC («Acuerdo antidumping»), debería haber previsto plazos más largos para completar la investigación habida cuenta de las circunstancias. Según la Parte, el Reglamento de base es una medida de aplicación del Acuerdo antidumping y, dado que el artículo 5, apartado 10, de dicho Acuerdo permite que las investigaciones se concluyan dentro de un plazo máximo de dieciocho meses, la Unión Europea tendría derecho a derogar los plazos para la investigación y a aplicar aquellos mencionados en el Acuerdo antidumping. De acuerdo con el razonamiento propuesto, la DG TRADE, en aplicación del artículo 57 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados («Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes»), debería haber solicitado asimismo a las autoridades chinas pertinentes su aprobación para una suspensión de la investigación dadas las circunstancias.

(46) Sin embargo, el enfoque propuesto no era jurídicamente posible, ya que la investigación actual se realizó en ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión por el Reglamento de base. Por este motivo, la Comisión no puede apartarse de los plazos que en él se establecen. Además, según la jurisprudencia de los tribunales europeos, el Acuerdo antidumping solo puede hacerse efectivo directamente en circunstancias limitadas, las cuales no se presentaron en este caso y, por consiguiente, en este caso, no puede tener prioridad sobre el Reglamento de base.

(47) En respuesta, la parte interesada alega que no era necesaria una enmienda legislativa para modificar los plazos de la investigación y, para apoyar esta alegación, menciona el Reglamento Delegado (UE) 2020/1173 de la Comisión (6), por el que se modifica el Reglamento de base cambiando la duración del período de divulgación previa de tres a cuatro semanas. Sin embargo, este precedente no es adecuado porque la Comisión adoptó el Reglamento (UE) 2020/1173 en el marco y dentro de los límites del ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 7, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento de base. En ausencia de tal competencia particular, las disposiciones específicas del Reglamento de base por lo que se refiere a los plazos obligatorios para completar la investigación no pueden ser modificadas o derogadas.

(48) Asimismo, en relación con esta alegación, la solicitud de suspensión se consideró, en cualquier caso, desproporcionada en las actuales circunstancias, dado que los servicios de la Comisión pudieron llevar a cabo la investigación y las partes pudieron participar en ella de manera significativa a pesar de las restricciones impuestas debido a la pandemia de COVID-19. Airoldi también presentó estas presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales en forma de reclamación ante la Defensora del Pueblo Europeo, quien señaló que la Comisión había ampliado los plazos al máximo posible, a fin de tener en cuenta los desafíos planteados por la crisis de la COVID-19. La Defensora del Pueblo Europeo señaló asimismo que una mayor ampliación de los plazos podría haber socavado la capacidad de la Comisión para cumplir sus obligaciones de completar la investigación antidumping dentro de los plazos jurídicos vinculantes para ella. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo Europeo consideró que la Comisión había actuado de forma razonable y archivó el expediente con la conclusión de que no había mala administración (7).

(49) Después de la divulgación final, Airoldi reiteró que la Comisión se equivocaba al rechazar su solicitud de suspensión de la investigación. Sin embargo, habida cuenta de que no se plantearon argumentos nuevos, la Comisión confirma que no puede aceptarse tal solicitud.

(50) El importador solicitó además acceso a algunos documentos internos de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). La solicitud y la respectiva respuesta respetan las disposiciones de ese Reglamento y, por consiguiente, no forman parte de esta investigación.

(51) Después de la divulgación final, el Grupo Haomei indicó que la Comisión había anunciado la conclusión en principio de las negociaciones de un acuerdo global de inversiones UE-China («CAI», por sus siglas en inglés). Afirmó que la investigación debía posponerse para permitir que las partes implicadas en el procedimiento pudieran obtener información más exhaustiva sobre el CAI y realizar una contribución adecuada por escrito sobre sus repercusiones en el procedimiento en curso. Este argumento es irrelevante, ya que el CAI es un acuerdo sobre cuestiones de inversión que no altera ni afecta en modo alguno a la aplicación de los instrumentos de defensa comercial, por lo que no se acepta.

(52) Tras la divulgación final adicional, el Grupo Haomei reiteró y amplió sus argumentos para posponer la investigación, pero dichos argumentos no alteraron la conclusión indicada en el considerando 51 de que los argumentos son irrelevantes. Además, esta reiteración del Grupo Haomei no era pertinente para la divulgación final adicional y se hacía fuera de los plazos establecidos.

(53) Tras la divulgación final adicional, el Grupo Haomei también alegó que la investigación debía darse por concluida ante la solidez de sus argumentos sobre el dumping, el perjuicio y la causalidad. Sin embargo, dado que estos argumentos se han rechazado en el presente Reglamento, la Comisión confirma que no hay motivos para cerrar la investigación.

1.9. Período de investigación y período considerado

(54) En ausencia de observaciones sobre el período de investigación y el período considerado, se confirmó lo expuesto en el considerando 29 del Reglamento provisional.

2. PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

2.1. Alegaciones relativas a la definición del producto

(55) Un productor exportador propuso llevar a cabo una evaluación del dumping y del perjuicio por segmento de mercado.

(56) Como se explica en el Reglamento provisional, en los considerandos 43 a 47, entre otros, y en la presente sección, estos productos de aluminio comúnmente denominados «extrusiones de aluminio» tienen las mismas características físicas, técnicas y químicas básicas y, por consiguiente, todos forman parte del producto afectado. Aunque extrusiones específicas pueden utilizarse solo para una aplicación concreta, esto se debe a que estos son productos a medida y se producen explícitamente para su uso previsto. La práctica comercial introdujo una serie de distinciones, incluso entre aleaciones duras y blandas, perfiles de tamaño mediano y grande, perfiles habituales y especiales, y extrusiones que se utilizarán para aplicaciones concretas. La investigación ha demostrado que, si bien muchos productores están presentes en varias de estas categorías, producen según las características técnicas de sus máquinas y sobre la base de los requisitos de sus diversos clientes. Además, con respecto a las aleaciones, la investigación demostró que existe una serie de aleaciones de aluminio y que distintas aleaciones pueden ser adecuadas para una aplicación determinada. Asimismo, como se explica en el considerando 197 del presente Reglamento, distintas partes alegaron que el mercado debe diferenciarse utilizando los criterios mencionados anteriormente. A pesar de eso, dada la ausencia de una clara línea divisoria o de un criterio de distinción claro entre los diferentes productos, la evaluación del dumping y del perjuicio debe realizarse para la industria de la Unión en su conjunto, garantizando la debida comparabilidad de los productos. Por consiguiente, se desestimó esta alegación relativa a la segmentación.

(57) Un importador (Airoldi) alegó que la definición y el ámbito de aplicación del código NC 7610 90 90 eran imprecisos y que la Comisión cometió un error al incluir las importaciones clasificadas en este código en las estadísticas de importación del producto afectado.

(58) En primer lugar, la definición de un código NC y los productos clasificados en él no están incluidos en el ámbito de la presente investigación ni de la legislación de defensa comercial, sino que siguen las normas de clasificación de la UE. En cuanto a la inclusión de los productos correspondientes al código NC 7610 90 90 en la presente investigación, como se explica en los considerandos 218 a 223 del Reglamento provisional, la Comisión ya había indicado que la proporción del producto afectado incluida en este código podría ser menor que la estimada inicialmente por los denunciantes. Esto no repercute en el hecho de que el producto afectado actualmente está clasificado sobre todo en el código antes mencionado como cuestión de clasificación aduanera. La determinación final sobre este asunto está incluida en el análisis y las conclusiones que figuran en los considerandos 206 a 210 del presente Reglamento.

(59) Airoldi volvió a sacar a colación la cuestión mencionada en el considerando anterior después de la divulgación final. Reiteró sus argumentos y mencionó que existían numerosas informaciones arancelarias vinculantes (IAV) en el código NC en cuestión. Sin embargo, la existencia de dichas IAV no implica que determinadas importaciones correspondientes a este código no formen parte del producto en cuestión. Esta cuestión se aborda más a fondo en el capítulo 4.3 «Importaciones procedentes del país afectado».

(60) Tras la divulgación provisional, un usuario (Alstom) alegó que la Comisión, al rechazar su solicitud de exclusión de productos, no logró comprender la complejidad de las características de los productos que importaba, ya que las extrusiones de aluminio ferroviarias constituyen un producto con características básicas distintas a los otros productos de aluminio incluidos en el ámbito del procedimiento. Estas cumplen normas específicas y deben reunir las exigentes características necesarias para su uso previsto, incluidos la tolerancia, la microestructura, la elección de aleaciones utilizables, los requisitos de fatiga, el grosor, los ensayos, la conformidad de las propiedades mecánicas y la solidez de las uniones de las extrusiones, que tienen un impacto directo sobre el producto para garantizar la máxima seguridad de los pasajeros. Esto sería contrario a otros productos por encargo, en los que el carácter personalizado solo estaría relacionado con solicitudes relativas a las características que afectan la apariencia del producto, tales como su longitud, anchura, peso o acabado (por ejemplo, cortado a medida, pulido, etc.), y que no afectan las características intrínsecas de los productos. El cumplimiento de los diferentes requisitos de los productos conllevaría una línea divisoria entre los productos específicos para ferrocarriles y los productos para otros usos. Por último, el usuario alegó que en casos anteriores la Comisión excluyó productos de una investigación sobre la base de su uso y proceso de producción (en particular, la parte hace referencia a las medidas sobre determinadas piezas moldeadas (9) y la investigación abierta recientemente sobre productos laminados planos de aluminio originarios de la República Popular China (10)).

(61) Incluso si estas alegaciones estuviesen suficientemente fundamentadas, la Comisión no niega la complejidad de varias extrusiones de aluminio, incluidas aquellas del sector ferroviario, ni el hecho de que diferentes tipos de productos pueden tener características específicas, usos o procesos de producción distintos; que pueden cumplir diferentes normas sobre productos; o que la intercambiabilidad podría no ser universal entre cada uno de estos tipos. Sin embargo, dentro de su margen de discreción, la Comisión debe examinar cada caso en cuanto al fondo específico y, en particular, en cuanto al criterio clave de si los distintos tipos comparten las mismas características físicas, químicas y técnicas básicas. En este caso, la información proporcionada con respecto a las especificidades relacionadas con los tipos no refutó el hecho de que los tipos en cuestión comparten las características básicas descritas en el Reglamento provisional, independientemente del sector en que se utilizan. Además, tanto los productores exportadores como la industria de la Unión producen y venden extrusiones de aluminio para abastecer al sector ferroviario. Por consiguiente, las extrusiones de aluminio para el sector ferroviario pertenecen al ámbito de la investigación para la que se evaluaron las consideraciones de dumping, perjuicio e interés de la Unión. Por lo tanto, las alegaciones no pudieron aceptarse.

(62) Con respecto a las extrusiones para el sector ferroviario, dos productores exportadores (Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. y Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd.) también solicitaron la exclusión de estos productos de la definición del producto. Los argumentos presentados por estos productores se referían a la existencia de unas normas y procesos de producción específicos y más exigentes que para las aplicaciones generales. Como se explicó anteriormente, los productos incluidos en la definición del producto, a saber, aquellos mencionados en los considerandos 38 a 41 del Reglamento provisional, comparten las mismas características básicas a pesar del cumplimiento adicional de normas aplicables a determinadas aplicaciones o determinados sectores.

(63) Después de la divulgación final, una asociación de la Unión (UNIFE), un usuario (Alstom) y dos productores exportadores (Jilin Qixing y Shandong Nollvetec) reiteraron sus argumentos en apoyo de la exclusión de las extrusiones utilizadas en el sector ferroviario.

(64) Alstom también afirmó que, en su evaluación de la solicitud de exclusión del producto, la Comisión no había tenido debidamente en cuenta si existía una relación de competencia entre los productos. Sin embargo, tal y como se menciona en el considerando 61, tanto los productores exportadores como la industria de la Unión producen y venden extrusiones de aluminio para abastecer al sector ferroviario. Por lo tanto, compiten entre sí. Además, la investigación ha confirmado el impacto de las prácticas comerciales desleales en la producción de tipos de productos adicionales para el sector, así como la capacidad de la Unión para producirlos en condiciones comerciales justas. Por consiguiente, se rechazó esta alegación.

(65) Alstom alegó, asimismo, que la Comisión no había tenido debidamente en cuenta la jurisprudencia. En lo que concierne al caso de determinadas piezas moldeadas, Alstom alegó que la existencia de una norma EN formaba parte de la justificación para una exclusión de productos. En el caso que nos ocupa, Alstom argumentó que la Comisión no ha explicado por qué la existencia de una norma EN no era un factor pertinente. Tal y como se indica en el considerando 61, la Comisión no pone en duda que cada una de las industrias usuarias adquiere productos de características específicas. Sin embargo, este tipo de diferenciación se aplica a todos los sectores usuarios y está relacionado con los requisitos técnicos del sector. La Comisión reitera que la existencia de normas EN en el sector ferroviario no afecta al hecho de que las extrusiones a las que se aplica la norma tienen las mismas características básicas que otros productos con otras aplicaciones. En lo que respecta al caso del calzado (11), algunos productos quedaron fuera del alcance de la investigación, en particular, porque las características básicas de estos productos eran diferentes. En el caso actual, en cambio, las características básicas son las mismas. A modo de ejemplo ilustrativo, en el caso del calzado, las citadas diferencias se tradujeron en distintas tendencias de precios e importación, y no se ha presentado ninguna alegación a este respecto. En resumen, se confirma la imposibilidad de aceptar este argumento.

(66) Otro usuario (Carl Prinz), un fabricante de soluciones tecnológicas para revestimientos de suelos, alegó que, debido a las normas en vigor y las reducidas tolerancias exigidas, así como la necesidad de prensas específicas y otras herramientas para la producción, los productos que importa no podían compararse con los productos importados más habituales y, por consiguiente, deberían quedar excluidos de la investigación.

(67) Del mismo modo que para el usuario anterior, este argumento no pudo aceptarse. En primer lugar, los productores exportadores y la industria de la Unión vendieron una gran variedad de productos; sin embargo, la división por tipos de productos garantizó que la comparación de precios se realizara entre productos comparables. En segundo lugar, independientemente de los requisitos técnicos que hacen que un determinado producto y su uso sean muy específicos, este sigue compartiendo las características básicas del producto afectado.

(68) Un productor exportador (Fuyao) solicitó que las extrusiones para accesorios relacionados con la industria del automóvil quedasen excluidas de la investigación. El productor exportador alegó que la Comisión no había considerado que estas extrusiones eran distintas de otras extrusiones utilizadas, por ejemplo, en el sector de la construcción. En apoyo de su alegación, el productor exportador señaló que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión puede tener en cuenta «varios factores, tales como las características físicas, técnicas y químicas de los productos, su uso, su intercambiabilidad, la percepción que de ellos tiene el consumidor, los canales de distribución, el proceso de fabricación, los costes de producción y la calidad» (12). Por este motivo, el productor exportador alegó que los productos que exportaba deben quedar excluidos, ya que tienen un uso final distinto al de los demás productos sujetos a las medidas. Además, en apoyo de su alegación, el productor exportador también mencionó que la Comisión, en el considerando 41 del Reglamento provisional, excluyó sin motivación una serie de productos de la investigación (tales como subconjuntos, tubos soldados y kits de mercancías acabadas).

(69) Con respecto a estas alegaciones, como se señala en el considerando 56, aunque algunas extrusiones específicas pueden utilizarse solo en un determinado sector del mercado para una aplicación concreta, esto se debe a que se trata de productos a medida que se producen expresamente para su uso previsto. La investigación ha demostrado que no existe una clara línea divisoria o un criterio de distinción claro entre los diferentes productos que justifique un análisis por segmentos. En vez de ello, la Comisión concluyó que el enfoque más adecuado para la evaluación del dumping y del perjuicio a la industria de la Unión es considerar conjuntamente todos los tipos de productos, a la vez que se garantiza la comparabilidad de todos los productos comparados. En relación con las exclusiones del considerando 41 del Reglamento provisional, los denunciantes las formulan en su elección de la definición adecuada del producto que sufrió los efectos del dumping perjudicial. Por tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(70) Un usuario (Stako Sp. z o.o.) que importa tubos de aluminio al amparo de la suspensión arancelaria autónoma para su uso en la fabricación de depósitos de alta presión alegó que la existencia de dicha suspensión arancelaria requeriría la exclusión de los productos del ámbito de aplicación de las medidas. Esta alegación se presentó mucho después del plazo de presentación de tales solicitudes de diez días a partir de la fecha del anuncio de inicio. Esta empresa alegó que, debido a la ausencia de producción de los productos importados en la Unión, estas importaciones, por definición, no podían haber causado perjuicio a la industria de la Unión y, por consiguiente, deben excluirse.

(71) Además, el denunciante encontró a un productor de la Unión que, según indicó, tiene capacidad para producir y suministrar el producto y está dispuesto a hacerlo.

(72) Después de la divulgación final, este usuario comentó que los tubos afectados formados por estirado no podían ser suministrados por el referido productor de la Unión ni por ningún otro productor de la Unión y que solo era posible obtenerlos si se importaban desde China. Por ese motivo, el usuario solicitó que la Comisión excluyera ese tipo de tubos.

(73) European Aluminium indicó entonces que otro productor de la Unión que utiliza un proceso comparable tiene capacidad para suministrar un producto adecuado y señaló que los productores de la Unión son capaces de producir cualquier producto de extrusión.

(74) La Comisión señaló que Stako se dio a conocer en una etapa posterior de la investigación y no fue posible sacar conclusiones sobre la utilidad del proceso comparable en el plazo restante. Por otro lado, en la audiencia con Stako se confirmó que en la Unión se practica el proceso de formación por estirado.

(75) Además, los productos sujetos a la suspensión arancelaria comparten las mismas características básicas que el producto afectado.

(76) Por estos motivos, se rechazó la solicitud de exclusión.

(77) Un usuario (Bi Silque S.A.) que importa perfiles huecos al amparo de la suspensión arancelaria autónoma para el uso en marcos también solicitó la exclusión de estos productos del ámbito de aplicación de las medidas, aunque mucho después del plazo para presentar tales solicitudes. Esta empresa alegó que había una falta de suministro en el mercado de la Unión y que, por consiguiente, estas importaciones deben quedar excluidas de la definición del producto. Un importador no vinculado también presentó observaciones al respecto y apoyó la alegación.

(78) Sin embargo, el denunciante identificó a cuatro productores de la Unión que tienen capacidad para producir y suministrar tales productos y están dispuestos a hacerlo. En el caso que nos ocupa, los productos importados por este usuario parecen tener las mismas características básicas que el producto afectado y, por este motivo, la solicitud de exclusión debe rechazarse.

(79) Un usuario de la Unión (Forest Group Nederland B.V.) alegó que su proveedor chino o el producto que este vende debían quedar excluidos de la investigación, ya que el producto en cuestión se vendía a precios no objeto de dumping. Esta alegación se presentó mucho después del plazo para presentar tales solicitudes. En cualquier caso, la alegación parece proceder de un malentendido de los procedimientos antidumping. Incluso si se determina que un productor exportador no practica dumping (lo que aquí no viene al caso, dado que el productor exportador en cuestión no cooperó con la investigación), esto no supone un motivo para excluir un producto del ámbito de la investigación. Por consiguiente, hubo que rechazar la alegación.

(80) Se recibió una solicitud de exención de los derechos antidumping en nombre de un productor exportador (Match Foshan Sanshui Hardware Products Company Ltd.) sobre la base de que la empresa depende en gran medida de las exportaciones para su viabilidad económica y de que no podía demostrar que no practicaba dumping, pues no había sido incluido en la muestra. Esta alegación se presentó mucho después del plazo para presentar tales solicitudes. Dado que estos elementos no constituyen motivos para una exclusión, la solicitud debe rechazarse.

(81) Un importador (O. Wilms GmbH & Co) solicitó que el producto que importa quedase excluido de la definición del producto, ya que requiere un acabado especial y largos procesos de aprobación y se vende a la Unión a precios elevados. Esta alegación se presentó mucho después del plazo para presentar tales solicitudes. Dado que estos elementos no constituyen motivos para una exclusión y el producto comparte las mismas características básicas que el producto afectado, la solicitud debe rechazarse.

(82) Una empresa que utiliza el producto afectado para producir marcos de cuadros en la Unión (Mavanti B.V.) alegó que, como resultado de las medidas, sufriría un aumento de los costes, lo que pondría a su empresa en una situación de desventaja competitiva con respecto a los productos acabados (es decir, marcos de cuadros) procedentes de China, que no están sujetos a derechos antidumping. Por consiguiente, propuso ampliar la definición del producto para abarcar otros productos acabados, tales como los marcos de cuadros. Esta alegación se presentó mucho después del plazo para presentar tales solicitudes. Dado que la definición del producto excluye los productos acabados y no sería apropiado ampliar la definición del producto tras el inicio de la investigación, esta solicitud tampoco puede aceptarse.

(83) En conclusión, la Comisión determinó que no existían motivos para excluir los productos objeto de las solicitudes anteriores de la definición del producto de la investigación.

(84) Después de la divulgación final, otros dos usuarios (Decora y Bash tec) indicaron que los productos que importan debían quedar excluidos de la investigación por sus características específicas, la escasez o ausencia de suministro por parte de los productores de la Unión o los elevados precios practicados por estos últimos.

(85) Estos usuarios aportaron datos detallados sobre el diálogo inicial que habían mantenido con los productores de la Unión para intentar que les suministraran las extrusiones de aluminio.

(86) European Aluminium reiteró que los usuarios no debían esperar seguir beneficiándose del dumping perjudicial como lo habían hecho en el pasado. También señaló que las extrusiones se fabrican previo pedido y que la Unión tiene capacidad excedentaria. European Aluminium identificó a los productores de la Unión que son capaces de cumplir las especificaciones exigidas.

(87) La Comisión indicó que los usuarios en cuestión se encontraban en las fases iniciales del diálogo con posibles proveedores de la Unión y que están en proceso de adaptarse a la existencia de las medidas. Por consiguiente, no es posible concluir que la industria de la Unión no tenga capacidad o voluntad de suministrar los tipos de productos mencionados.

(88) Por ese motivo, la Comisión mantiene su posición y reitera que no pueden aceptarse las solicitudes de exclusión del producto de estos usuarios.

(89) Un usuario (Mat-Inter) alegó que la definición del producto no estaba clara y que existía riesgo de que sus productos fueran clasificados como producto afectado. A pesar de que el usuario no formuló un argumento claro basado en las características de sus productos ni los motivos de su incierta clasificación (por ejemplo, en su razonamiento mencionó el subcapítulo 7904 de la nomenclatura combinada, que queda fuera del alcance de la investigación), cabe recordar que la definición del producto también figura en la parte dispositiva del presente Reglamento y que su aplicación práctica es competencia de las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se lleva a cabo la importación.

2.2. Datos adicionales relativos a la definición del producto

(90) Varias partes preguntaron si sus exportaciones estaban incluidas en el producto afectado. Para facilitar una aclaración y reducir el riesgo de clasificación errónea, la Comisión proporciona datos adicionales sobre las exclusiones de la definición del producto, específicamente los «subconjuntos» y los «kits de mercancías acabadas», descritos en el considerando 41 del Reglamento provisional.

(91) Los productos adheridos (por ejemplo, por soldadura o elementos de fijación) para formar «subconjuntos» no forman parte de la definición del producto. Los productos suelen presentarse en subconjuntos solo cuando el subconjunto está diseñado para ser montado en una entidad más grande, como un producto final o un conjunto, o cuando existe una justificación económica suficiente para vender productos de esta manera.

(92) Asimismo, debe haber una justificación económica suficiente para vender productos en «kits de mercancías acabadas», que comprenden todas las características esenciales del producto acabado resultante del montaje del «kit» y están inmediatamente listos y completos para su uso final previsto (montaje de este producto final).

(93) Para facilitar la clasificación de tales productos y el control aduanero, se crearán códigos TARIC específicos para ambas exclusiones.

(94) Se confirman todos los demás aspectos del Reglamento provisional relativos al producto objeto de investigación, el producto afectado, el producto similar y la definición del producto.

3. DUMPING

3.1. Valor normal

(95) Varias partes interesadas y las autoridades chinas presentaron observaciones sobre la ausencia de distorsiones significativas en China.

(96) En sus observaciones relativas al Reglamento provisional, el Grupo Haomei alegó haber proporcionado pruebas que justificaban la aplicación del artículo 2, apartado 1, del Reglamento de base para el cálculo del valor normal. En particular, el Grupo Haomei negó la existencia de distorsiones significativas para sus empresas e insistió en que había proporcionado pruebas suficientes que demostraban su cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, y en particular, que demostraban la falta de distorsiones en el ámbito de los costes laborales, el crédito y la energía.

(97) Como se explica detalladamente en los considerandos 77, 79 y siguientes del Reglamento provisional, la Comisión reiteró que, según lo establecido en el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), tiene en cuenta el posible impacto de uno o varios de los elementos de esa disposición, incluidos, entre otros, los costes laborales, el crédito y la energía. Asimismo, como se aclara en los mismos considerandos, el punto de partida es la existencia de distorsiones significativas, y su impacto sobre los precios y los costes se establece a escala nacional en vez de para cada empresa. Al mismo tiempo, como se indica en el considerando 81 del Reglamento provisional, las fuentes para calcular el valor normal al aplicar la metodología establecida en el artículo 2, apartado 6 bis, párrafo segundo, tercer guion, pueden incluir los costes internos, pero solo en la medida en que se determine de manera concluyente que no están distorsionados, con arreglo a pruebas exactas y adecuadas. Por consiguiente, incluso si las pruebas presentadas demostraban que estas partes no se habían visto afectadas por distorsiones en el ámbito de los costes laborales, los costes de crédito y la energía, lo que no es el caso, esto no afectó la aplicación de la metodología establecida en el artículo 2, apartado 6 bis, como tal. En cualquier caso, como se explica en los considerandos 82 y 83 del Reglamento provisional, y a falta de pruebas adicionales pertinentes a escala nacional, las alegaciones del Grupo Haomei sobre la ausencia de distorsiones no se justificaron con pruebas objetivas y, por tanto, se confirman las conclusiones de los considerandos 77, 79, 81 y 83 del Reglamento provisional.

(98) El Grupo Haomei señaló que en el Reglamento provisional se critica el sistema económico chino, se hacen declaraciones generales sobre la influencia de las autoridades chinas en las principales industrias y se insinúa que la planificación realizada por las autoridades centrales y provinciales conduce a facilidades financieras para las empresas chinas a través del sistema bancario. En primer lugar, el Grupo Haomei subrayó que los Gobiernos europeos también conceden prestaciones a los productores europeos, lo cual debe tenerse en cuenta. En segundo lugar, destacó que no le es aplicable ninguno de los elementos que figuran en el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base y que se citan en el considerando 70 del Reglamento provisional, ya que el Grupo es íntegramente propiedad privada y no está sujeto a ninguna forma de control o directriz de las autoridades chinas o del Partido Comunista Chino («PCC»). Además, ningún miembro de las instituciones mencionadas ocupaba un puesto en los consejos de administración del Grupo Haomei.

(99) Con respecto al primer argumento, la Comisión señaló en el considerando 71 del Reglamento provisional que, con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, se analiza el posible impacto de uno o varios de los elementos distorsionadores que figuran en esa disposición con respecto a los precios y los costes en el país exportador. La estructura de costes y los mecanismos de formación de precios de otros mercados, incluidas las cuestiones relacionadas con ayudas económicas genéricas e infundadas, como las presuntas ayudas genéricas que se otorgan en la UE, no tienen importancia alguna en el contexto de este procedimiento (13). En segundo lugar, como se explica en los considerandos 77 y siguientes y en el considerando 103 del Reglamento provisional, ambos productores exportadores cumplían los requisitos para obtener diferentes formas de ayuda, independientemente de ser entidades privadas o públicas.

(100) Además, la Comisión constata que el argumento del Grupo Haomei de que ambas empresas están libres de la influencia de cualquier autoridad o partido no corresponde a la realidad. La Comisión recuerda, en primer lugar, el considerable conjunto de pruebas y las conclusiones contenidas en los considerandos 86 a 90 y en las secciones 3.2.1.3 a 3.2.1.5 del Reglamento provisional, que demuestran el grado y la omnipresencia de la influencia del Gobierno y del PCC en la economía china, incluido el sector del aluminio. Ni el Grupo Haomei ni ninguna otra parte interesada han proporcionado pruebas que refuten o socaven estas conclusiones. Esto ya sería suficiente para desestimar estos argumentos, incluso desde un punto de vista material. En cualquier caso, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Comisión, en el sitio web del Grupo Haomei se anuncia que la empresa participa en actividades de construcción del partido, tales como actividades educativas para los empleados relacionadas con «la ideología de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas en la nueva era, de la Constitución, la Constitución y los Reglamentos del partido, el espíritu del 19.o Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el espíritu de la cuarta sesión plenaria del 19.o Comité Central del partido, el espíritu de las instrucciones importantes de Xi Jinping relativas a Guangdong [...]» (14). Asimismo, la empresa se presenta como «una empresa con un desarrollo de alta calidad guiado por la construcción del partido» en el sitio web de la Asociación de la Industria del Perfil de Aluminio Foshan Nanhai, en el que el Grupo Haomei también se describe de la siguiente manera: «Haomei New Materials se ha guiado por mucho tiempo por la ideología de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas en la nueva era; ha estudiado en profundidad y aplicado el espíritu del 19.o Congreso Nacional del Partido Comunista de China, armada con la teoría; ha promovido la labor de construcción del partido de la empresa y transformado las ventajas de esta labor en ventajas para el desarrollo de la empresa». (15) Consideradas en el contexto de la influencia de las autoridades chinas y del partido como se describe detalladamente en los considerandos y las secciones mencionados del Reglamento provisional, estas pruebas socavan aún más el argumento presentado por esta parte.

(101) En tercer lugar, los productores exportadores consideran que el principio de legalidad (16) se ve vulnerado por las conclusiones del considerando 77 del Reglamento provisional, en el que la Comisión declaró que ambos productores cumplían los requisitos para obtener ayuda económica, incluso si no la recibían. Según el Grupo Haomei, con esta declaración la Comisión invierte la carga de la prueba e insinúa una responsabilidad por los actos de otra persona. Con respecto a la financiación estatal, esta declaración debe rechazarse por completo, ya que el Grupo Haomei sería considerado responsable por el simple hecho de estar constituido por empresas chinas, aunque nunca hayan recibido financiación o subvenciones públicas.

(102) La Comisión recuerda que el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), establece que, al valorar la existencia de distorsiones significativas, la Comisión debe considerar el «posible impacto» de los elementos mencionados en ese artículo. Las conclusiones de la sección 3.2.1.8 junto con la sección 3.2.1.5 del Reglamento provisional demuestran que los productores de aluminio chinos tienen acceso preferencial a la financiación estatal y que existen distorsiones nacionales con respecto al acceso a la financiación. Por consiguiente, incluso si el Grupo Haomei no recibió ninguna financiación estatal, la existencia de tales distorsiones en el sector es pertinente para la evaluación de la existencia de distorsiones con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra b). Asimismo, la Comisión recuerda que, independientemente de que los productores exportadores reciban financiación estatal, sus proveedores u otros agentes involucrados en los mercados ascendente o descendente de la elaboración del producto afectado pueden haberse beneficiado del acceso preferencial a la financiación, lo cual es un indicador adicional de que los precios o los costes no son fruto de las fuerzas del mercado libre. Sobre esta base, las alegaciones de estas empresas ya podrían ser rechazadas.

(103) Sin embargo, la Comisión fue más allá e investigó la exactitud de las alegaciones presentadas por el Grupo Haomei con respecto a su situación Contrariamente a lo que alegó el Grupo Haomei, según información pública, parece que ambas empresas se beneficiaron de préstamos concedidos por, entre otros, bancos de propiedad estatal, incluidos préstamos de Bank of Communications y Guangfa Bank (17). Además, Haomei está ubicada en la zona de alta tecnología de Qingyuan, que, según el sitio web oficial del Gobierno de la ciudad de Qingyuan, ofrece apoyo a las empresas ubicadas en esa zona: «En los últimos años, la zona de alta tecnología de Qingyuan ha apoyado enérgicamente a las empresas ubicadas en la zona, satisfecho sus necesidades de desarrollo a través de múltiples canales, tales como el apoyo normativo y las garantías de financiación, y acortado el tiempo para que las empresas salgan a la luz. Después, continuará cultivando y ampliando las empresas dentro de su jurisdicción, adoptando múltiples medidas para promover su transformación y su modernización, mejorando su competitividad y acelerando el ritmo de su desarrollo» (18).

(104) Asimismo, la Comisión constató que Haomei está reconocida como Centro Nacional de Tecnología Empresarial (19), una condición vinculada a ciertos beneficios, tales como compensaciones económicas únicas (20) y políticas fiscales preferenciales para apoyar la innovación tecnológica de conformidad con la normativa nacional pertinente (21). Además, de acuerdo con las medidas de gestión para el reconocimiento como Centro Nacional de Tecnología Empresarial publicadas por las autoridades chinas, persiste una estrecha relación entre el Estado y las empresas reconocidas como Centros Nacionales de Tecnología Empresarial. En el artículo 1 de ese documento se estipula: «Las presentes medidas se establecen de conformidad con la legislación china en materia de progreso científico y tecnológico, a fin de [...] reforzar aún más la posición clave de las empresas con respecto a la innovación tecnológica [...]». De acuerdo con el artículo 3 del mismo documento: «El Estado anima y apoya a las empresas para que construyan centros tecnológicos, las involucra en la innovación tecnológica como agentes clave y crea un amplio mecanismo institucional para la tecnología industrial, la investigación y el desarrollo dirigidos por las empresas. [...] el Estado [...] da apoyo a las políticas y anima y guía a las empresas troncales para que aumenten su capacidad de impulsar el progreso y la innovación de la tecnología industrial» (22). Sobre la base de todos estos elementos, que complementan las conclusiones sobre las subvenciones otorgadas al Grupo Haomei según se detallan en el considerando 103 del Reglamento provisional, queda claro que la empresa se benefició de las políticas preferenciales y del acceso a la financiación y las subvenciones, lo cual contradice las alegaciones de la empresa de que no le afectan los elementos pertinentes que demuestran la existencia de distorsiones significativas. Por consiguiente, estas alegaciones también deben rechazarse por no corresponder a la realidad.

(105) En cuarto lugar, el Grupo Haomei alegó la falta de exactitud en la refutación de las pruebas proporcionadas durante la investigación con respecto a la ausencia de distorsiones. Los productores exportadores alegan que en las secciones 3.2.1.1 a 3.2.1.10 del Reglamento se hizo una valoración de China de forma global, sin referencias específicas al Grupo Haomei. Según el Grupo Haomei, esto vulnera sus derechos de defensa en virtud del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a un juez imparcial y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y constituye una grave falta de motivación conforme al principio general de efectividad y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea.

(106) La Comisión recordó que, contrariamente a estas alegaciones, las conclusiones relativas a las distorsiones se basan en un conjunto considerable de pruebas y valoraciones jurídicas, tal como se detalla en toda la sección 3.2.1 del Reglamento provisional. Los productores exportadores y todas las partes tuvieron amplias oportunidades desde el inicio del procedimiento para presentar argumentos y pruebas relacionados con la existencia o el impacto de las distorsiones significativas a escala nacional en China y de que sus costes internos no están distorsionados de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), párrafo segundo, tercer guion. Ambos productores exportadores aprovecharon esta posibilidad al presentar observaciones sobre estas cuestiones, las cuales son objeto de la presente evaluación. Como se explica en esta sección, además de las declaraciones generales infundadas o falsas, no presentaron ninguna prueba sustancial en relación con la ausencia de distorsiones a escala nacional o de que uno o varios factores de producción no estaban distorsionados en su caso. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(107) En quinto lugar, los mismos dos productores exportadores alegaron que las subvenciones comunicadas contempladas en el considerando 103 del Reglamento provisional fueron recompensas otorgadas al Grupo Haomei por la aplicación de mejoras ecológicas y tecnológicas. Además, alegaron que los importes eran insignificantes en comparación con los ingresos de las empresas, a saber, una contribución de alrededor de un millón de euros frente a unos ingresos de aproximadamente 330 millones de euros. El Grupo Haomei reiteró que las recompensas que le otorgaron no deben evaluarse solo teniendo en cuenta su limitado importe, sino que, ante todo, deben ponerse en relación con incentivos similares concedidos a las industrias europeas, en el marco de un análisis comparativo destinado a evaluar si deben considerarse o no una distorsión significativa. Además, la declaración del folleto de la oferta pública inicial («OPI») de que la falta de subvenciones afectaría el flujo de caja y los resultados de explotación de la empresa, como se cita en el considerando 103 del Reglamento provisional, representa una cláusula normalizada que las empresas chinas que realizan una OPI deben incluir en los documentos dirigidos a posibles suscriptores con arreglo a las leyes y los reglamentos chinos.

(108) La Comisión recordó que, como ya se explica en el considerando 102, el artículo 2, apartado 6 bis, se aplica en caso de que la Comisión establezca la existencia y el impacto de distorsiones en el país exportador a escala nacional. Por lo tanto, esta alegación podría rechazarse ya sobre esta base. No obstante, la Comisión señala que los elementos adicionales detallados en los considerandos 103 y 104 del presente Reglamento demuestran que esta empresa se beneficia de políticas preferenciales y del acceso a la financiación y, por tanto, la alegación tampoco refleja la realidad. Con respecto a la magnitud del beneficio, no existe ningún requisito de que la Comisión investigue la escala de los beneficios económicos indicados por los productores exportadores. En cualquier caso, como se detalla en el considerando 103 del Reglamento provisional, estas transferencias representan un porcentaje considerable del beneficio de la empresa y, como ella misma reconoce, la ausencia de subvenciones públicas en el futuro podría afectar al flujo de caja y los resultados de explotación de la empresa. Por consiguiente, esta alegación también carece de fundamento por no corresponder a la realidad de la situación. Por último, como también se explica en el considerando 99 del presente Reglamento, la comparación con la situación de las empresas europeas es completamente irrelevante desde un punto de vista jurídico, con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, además de ser genérica y no fundamentarse en ninguna prueba.

(109) Las autoridades chinas presentaron una serie de observaciones sobre el Reglamento provisional. En primer lugar, en relación con el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las distorsiones significativas en la economía de la República Popular China (23) (en lo sucesivo, «el informe»), las autoridades chinas alegaron que un documento de trabajo de los servicios de la Comisión no era adecuado para demostrar las distorsiones. Esto se debe a que el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base exige que la Comisión elabore un informe sobre la existencia de distorsiones significativas en un determinado país o sector de ese país. Sin embargo, según las autoridades chinas, un documento de trabajo de los servicios de la Comisión no cumplía tal requisito, ya que no había pruebas que indicasen que el documento hubiese sido aprobado o respaldado por la Comisión en el momento de la publicación o posteriormente. Por consiguiente, las autoridades chinas alegaron que se planteaban serias dudas en cuanto a si dicho documento podía considerarse la posición oficial de la Comisión y si su naturaleza jurídica se ajustaba al requisito del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base de que la Comisión elabore, publique y actualice los informes. Asimismo, las autoridades chinas recordaron que la respuesta de la Comisión a una cuestión similar en el caso antidumping sobre chapas de acero inoxidable laminadas en caliente no especificaba si un documento de trabajo de este tipo podía representar la posición oficial de la UE y no aclaraba su naturaleza jurídica.

(110) La Comisión señaló que el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base no establece un formato concreto para los informes sobre distorsiones significativas, como tampoco define un canal de publicación. La Comisión recordó que el informe es un documento técnico basado en hechos que se utiliza exclusivamente en el contexto de las investigaciones de defensa comercial. En consecuencia, el informe se publica debidamente en forma de documento de trabajo de los servicios de la Comisión, puesto que es puramente descriptivo y no refleja ningún juicio, preferencia o posición política. Esto no afecta a su contenido, a saber, las fuentes objetivas de información sobre la existencia de distorsiones significativas en la economía china pertinentes a efectos de la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base.

(111) Además, la Comisión señaló que las fuentes objetivas de información contenidas en el informe pueden utilizarse como pruebas pertinentes en las conclusiones de la Comisión en investigaciones antidumping en el contexto de la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, junto con otros elementos o pruebas pertinentes no incluidos en el informe. La existencia de un informe relativo a un país o un sector no es una obligación legal para la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base. A este respecto, lo que cuenta es la existencia de pruebas fiables, ya sea que estén contenidas en un informe sectorial o de país o en otro lugar, siempre que sean pertinentes para las conclusiones relativas a la existencia de distorsiones significativas. Por consiguiente, también desde este punto de vista, la naturaleza y la forma del informe no son pertinentes para las conclusiones sobre las distorsiones significativas en virtud del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(112) En esta investigación, el informe, incluidos los elementos de prueba que contiene, forma parte de las pruebas del expediente que justifican la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis. La Comisión ha utilizado pruebas sustanciales adicionales específicas de la investigación, y las alegaciones presentadas por las partes no se incluyen en el informe. Más importante aún, las autoridades chinas no han aportado ninguna prueba de que la información incluida en el informe no sea válida o no sea de aplicación en la presente investigación. En cualquier caso, la Comisión recuerda que la existencia de un informe de país no es una condición necesaria para la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis. Lo que cuenta para la aplicación de la metodología contemplada en el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base es la conclusión de que las distorsiones significativas son pertinentes en el caso de que se trate, como ocurre en la presente investigación. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(113) En segundo lugar, las autoridades chinas alegaron que el contenido del informe sobre China y las formas en que se utiliza presentaban graves vicios de hecho y de Derecho. Según las autoridades chinas, el contenido era engañoso, parcial y distante de la realidad. El documento de trabajo trataba las ventajas competitivas legítimas de las empresas chinas y las diferencias institucionales normales entre China y Europa como la base para determinar la existencia de distorsiones significativas del mercado. Además, las autoridades chinas alegaron que, al aceptar la solicitud de investigación presentada por las industrias internas sobre la base del informe de país, la Comisión proporcionó ventajas desleales a su industria, lo cual equivale a emitir fallos antes del juicio. Asimismo, las autoridades chinas alegaron que sustituir las investigaciones por informes no se ajustaba al espíritu jurídico fundamental de equidad y justicia.

(114) En respuesta a la alegación sobre los vicios de hecho del informe de país, la Comisión señaló que dicho informe es un documento exhaustivo basado en numerosas pruebas objetivas, incluidos la legislación, la reglamentación y otros documentos normativos oficiales publicados por las autoridades chinas, informes de organizaciones internacionales, estudios y artículos académicos, y otras fuentes independientes fiables. El informe se puso a disposición del público en diciembre de 2017 para que cualquier parte interesada tuviese la posibilidad de refutar, complementar o comentar el informe y los elementos de prueba en los que se basa. Las autoridades chinas se han abstenido de refutar o comentar el fondo y los elementos de prueba incluidos en el informe desde su publicación en diciembre de 2017.

(115) Con respecto al argumento de las autoridades chinas en que insinúan que la publicación de un informe de país reemplazó la investigación, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra e), si la Comisión considera que los elementos de prueba presentados por el denunciante en relación con las distorsiones significativas son suficientes, puede iniciar una investigación sobre esa base. Sin embargo, la determinación de la existencia y el impacto de las distorsiones significativas y el consiguiente uso de la metodología prescrita en el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), se produce en el momento de la divulgación provisional o final como resultado de una investigación. La existencia y el impacto de las distorsiones significativas no se confirman en la fase inicial como alegan las autoridades chinas, sino solo después de una investigación pormenorizada; por consiguiente, se rechaza este argumento.

(116) En tercer lugar, las autoridades chinas observaron que la Comisión únicamente publicó documentos de trabajo para unos pocos países seleccionados, lo cual era suficiente para suscitar inquietud con respecto al principio de trato de nación más favorecida y el de trato nacional. En términos de nación más favorecida, independientemente de si los servicios de la Comisión estaban pensando redactar documentos similares para otros países, hasta el momento, solo han redactado los documentos relativos a los mercados chino y ruso. Además, las autoridades chinas alegaron que la Comisión nunca publicó una norma clara y previsible para la elección de los países o sectores para publicar informes.

(117) La Comisión recordó que, tal como prevé el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base, un informe relativo a un país se elaborará únicamente en caso de que la Comisión disponga de indicios fundados de la posible existencia de distorsiones significativas en un determinado país o sector de ese país. Una vez adoptadas las nuevas disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base en diciembre de 2017, la Comisión disponía de tales indicios de distorsiones significativas respecto a China. La Comisión también publicó un informe sobre las distorsiones en Rusia y no excluye que haya otros informes en el futuro. Dado que la mayoría de los casos de investigación de defensa comercial («IDC») se referían a China y puesto que había indicios graves de distorsiones en ese país, fue el primer país sobre el que la Comisión elaboró un informe. Rusia es el segundo país con el mayor número de casos de IDC; por tanto, había razones objetivas para que la Comisión elaborase informes sobre esos dos países en este orden.

(118) Además, como indicó anteriormente, los informes no son obligatorios para aplicar el artículo 2, apartado 6 bis. El artículo 2, apartado 6 bis, letra c), describe las condiciones para que la Comisión publique informes de país; sin embargo, con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra d), los denunciantes no están obligados a utilizar el informe ni, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra e), la existencia de un informe de país es un requisito para iniciar una investigación en virtud del artículo 2, apartado 6 bis. De hecho, según el artículo 2, apartado 6 bis, letra e), la existencia de suficientes elementos de prueba presentados por los denunciantes, que demuestren distorsiones significativas en cualquier país y que cumplan los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), es suficiente para iniciar la investigación sobre esa base. Por tanto, las normas relativas a las distorsiones significativas específicas de un país se aplican a todos los países sin ninguna distinción, independientemente de la existencia de un informe de país. Por consiguiente, por definición, las normas relativas a las distorsiones en un país no son contrarias al principio de trato de nación más favorecida. Por tanto, la Comisión rechazó estas alegaciones.

(119) Las autoridades chinas añadieron que, en términos de trato nacional, el concepto de distorsiones del mercado o las normas correspondientes no existían en la legislación de la UE sobre el mercado interior o la competencia, aparte del Reglamento de base. Por consiguiente, las autoridades chinas alegaron que la Comisión no tenía autoridad en términos de Derecho internacional ni cualquier legislación y prácticas de su competencia exclusiva en la regulación del mercado o la competencia interiores para investigar las distorsiones en China.

(120) La Comisión basó la metodología utilizada en la presente investigación en la disposición del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento antidumping de base. Al igual que todo reglamento, una vez aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, es jurídicamente vinculante y la Comisión está obligada a aplicarlo en su totalidad, ya que forma parte del acervo. Carece de relevancia jurídica que otras leyes europeas no utilicen el concepto de distorsiones significativas, ya que es específico del ámbito de las medidas antidumping. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(121) Además, las autoridades chinas observaron que la Comisión aplicó reglas y normas discriminatorias contra las empresas chinas cuando se encontraban en situaciones similares a las de las empresas de la UE, incluidas, entre otras, normas desleales de prueba y de carga de la prueba. Al mismo tiempo, la Comisión no evaluó si la UE o los Estados miembros tenían distorsiones del mercado. Este conjunto de prácticas afectó gravemente la fiabilidad y la legitimidad del análisis y las conclusiones de la Comisión sobre las cuestiones fundamentales de las investigaciones antidumping relacionadas con el cálculo del dumping y el perjuicio. Por tanto, es suficiente para suscitar inquietud sobre un posible incumplimiento de las obligaciones de trato nacional con arreglo a las normas de la OMC.

(122) Las autoridades chinas no proporcionaron ninguna prueba que demostrase que las empresas de la UE estuviesen sujetas a distorsiones comparables a aquellas de sus competidores chinos y, por tanto, se encontrasen en una situación similar. En cualquier caso, el concepto de distorsiones significativas es importante en el contexto del cálculo del valor normal para determinar el dumping, mientras que este concepto carece de relevancia jurídica para la industria de la Unión en el contexto específico de las investigaciones antidumping. Por consiguiente, esta alegación se consideró infundada y jurídicamente irrelevante.

(123) En sexto lugar, las autoridades chinas alegaron que las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base eran contrarias al artículo 2.2 del Acuerdo antidumping, que proporciona una lista exhaustiva de las situaciones en que el valor normal puede calcularse y las distorsiones significativas no están incluidas. Además, las autoridades chinas alegaron que el uso de datos de un país representativo adecuado o de precios internacionales para calcular el valor normal de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, también era contrario al artículo 6.1, letra b), del GATT y al artículo 2.2 del Acuerdo antidumping, especialmente el artículo 2.2.1.1. Asimismo, las autoridades chinas alegaron que las normas de la OMC obligaban a utilizar el coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable en concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general y en concepto de beneficios para calcular el valor normal. Sin embargo, el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base amplió el alcance de las fuentes de datos para incluir los costes de producción y venta en un país representativo adecuado, o precios, costes o valores de referencia internacionales. Según las autoridades chinas, esto iba más allá del alcance de las normas de la OMC. Por tanto, independientemente de que el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base de la UE se ajuste a las normas de la OMC o no, la Comisión no debe calcular el valor normal cuando hay una «distorsión del mercado» sobre la base de la autorización del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(124) La Comisión considera que la disposición del artículo 2, apartado 6 bis, es coherente con las obligaciones de la Unión Europea ante la OMC. La Comisión opina que, tal como se aclara en la diferencia DS473, del asunto UE-biodiésel (Argentina), las disposiciones del Reglamento de base que se aplican de forma general en relación a todos los miembros de la OMC, en concreto el artículo 2, apartado 5, segundo párrafo, permiten la utilización de datos de un tercer país, debidamente ajustados cuando dicho ajuste sea necesario y esté justificado. Por tanto, la Comisión rechazó esta alegación.

(125) Las autoridades chinas alegaron que, en este caso, la Comisión desestimó directamente los registros de los exportadores chinos, lo cual era contrario al artículo 2.2.1.1 del Acuerdo antidumping. Las autoridades chinas alegaron que el Órgano de Apelación en el asunto UE-biodiésel (Argentina) (DS473) y el panel en el asunto UE-Métodos de ajuste de costos (Rusia) (DS494) afirmaron que, con arreglo al artículo 2.2.1.1 del Acuerdo antidumping, siempre que los registros mantenidos por el exportador o el productor objeto de investigación correspondan, dentro de límites aceptables, de manera precisa y fiable, a todos los costes reales sufragados por el productor o exportador particular en relación con el producto objeto de investigación, la autoridad de investigación debe utilizar tales registros para determinar el coste de producción de los productores investigados.

(126) La Comisión recordó que los asuntos DS473 y DS494 no estaban relacionados con la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, que es la base jurídica pertinente para establecer el valor normal en la presente investigación. Asimismo, estos asuntos se referían a situaciones de hecho distintas a la situación de hecho relativa a la existencia de distorsiones significativas. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(127) En octavo lugar, las autoridades chinas alegaron que la investigación realizada por la Comisión sobre la base del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base en este caso aplicaba un doble rasero. Según las autoridades chinas, la Comisión se negó a aceptar los datos de los costes de los exportadores chinos aduciendo que había distorsiones significativas en el mercado chino, pero aceptó los datos del país representativo y los utilizó para sustituir los datos de los productores chinos sin ninguna evaluación de si podía haber distorsiones del mercado que afectasen a estos datos sustitutos. Esto, de acuerdo con las autoridades chinas, es prueba de un «doble rasero». Las autoridades chinas alegaron que este enfoque no garantizaba la fiabilidad de los costes pertinentes en el país representativo seleccionado. Además, era imposible reflejar verdaderamente el coste de los productores en el país de origen.

(128) La Comisión recordó que, durante la investigación, la Comisión tiene en cuenta si hay elementos en el expediente que indiquen la existencia de cualquier distorsión presente en los países representativos, también con respecto a las principales materias primas utilizadas para la elaboración del producto afectado, por ejemplo, si están sujetas a restricciones de exportación. Asimismo, durante la investigación, todas las partes tienen la oportunidad de presentar observaciones sobre la adecuación de los posibles países representativos considerados por la Comisión. En particular, la Comisión publica dos notas para el expediente sobre la adecuación de los posibles países representativos y una selección preliminar de un país adecuado para la investigación. Estas notas se ponen a disposición de todas las partes para que puedan presentar observaciones. También en este caso, las autoridades chinas y todas las demás partes tuvieron la oportunidad de demostrar que los posibles países representativos considerados se veían afectados por distorsiones significativas y, por tanto, no eran adecuados para la investigación. Por consiguiente, esta alegación era infundada y fue rechazada.

(129) En respuesta a la alegación de las autoridades chinas, posteriormente Airoldi presentó observaciones al respecto. Airoldi subrayó su apoyo con respecto a los argumentos de china acerca de la legalidad del documento de trabajo de los servicios de la Comisión. En primer lugar, Airoldi alegó que el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base establecía el requisito de que el documento en cuestión debía ser un informe y debía ser adoptado formalmente por la Comisión Europea. Asimismo, alegó que el informe debía hacerse público y actualizarse. Por consiguiente, según Airoldi, el documento en que se basa la presente investigación y publicado en el sitio web de la DG TRADE no estaba actualizado, era un simple documento de trabajo de los servicios de la Comisión y carecía de las características formales y sustantivas para ser considerado un informe formal de la Comisión Europea. Además, como cuestión de Derecho institucional de la UE, tal informe debía publicarse en todas las lenguas oficiales de la Unión en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por otra parte, Airoldi solicitó que la DG TRADE le proporcionase una versión italiana de este documento y la edición del Diario Oficial en que fue publicado. Al mismo tiempo, Airoldi señaló que el informe sobre China se publicó en el sitio web de la DG TRADE únicamente en inglés. Por consiguiente, el informe sobre China debía ignorarse y el Reglamento provisional basado en el informe debía derogarse. Además, Airoldi formuló una solicitud específica de divulgación en el presente procedimiento antidumping de todos los documentos preparatorios relacionados en cualquier forma con el procedimiento interno seguido dentro de la Comisión Europea para adoptar el informe sobre China.

(130) Como ya se explicó, en particular en los considerandos 110 a 112 relativos al valor del informe sobre China, las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, letra c), no prescriben un formato específico en que deba publicarse un informe de país ni su canal de publicación. Por consiguiente, la publicación del informe sobre China como documento de trabajo de los servicios de la Comisión, un tipo de documento que no requiere la traducción a todas las lenguas europeas ni la publicación formal en el Diario Oficial de la Unión Europea, cumple las normas pertinentes. En respuesta a estas alegaciones, la Comisión señala que el informe se puso a disposición del público en diciembre de 2017 para que cualquier parte interesada tuviese la posibilidad de refutar, complementar o comentar el informe y los elementos de prueba en los que se basa. No se recibió ningún elemento de prueba de Airoldi ni de ninguna otra parte interesada que demostrase que el informe estuviese desactualizado. Por consiguiente, se rechaza este argumento. Con respecto a la solicitud de divulgación de los documentos preparatorios, la Comisión se remite al considerando 50.

(131) En segundo lugar, Airoldi alegó que, como consecuencia de los argumentos anteriores (el hecho de que el informe sobre China es un documento de trabajo publicado en el sitio web de la DG TRADE únicamente en inglés), el informe sobre China era un documento ilícito. Por tanto, Airoldi alegó que tales elementos de prueba debían ignorarse y la denuncia debía declararse infundada. Además, el Reglamento provisional basado en el informe sobre China debía derogarse de inmediato.

(132) Este argumento es una reiteración de las observaciones de las autoridades chinas contempladas en el considerando 109. La Comisión ya respondió a esta observación en los considerandos 110 a 112.

(133) Después de la divulgación final, el Grupo Haomei presentó una serie de comentarios en relación con la existencia de distorsiones significativas, en los que fundamentalmente reiteraba los argumentos formulados anteriormente durante la investigación. En primer lugar, el Grupo Haomei repitió que no está de acuerdo en que el informe de país sea lo suficientemente exhaustivo y constituya una prueba suficiente de la existencia de distorsiones. Además, el Grupo Haomei reiteró que no estaba sujeto a ninguna intervención gubernamental ni recibía préstamos a un tipo de interés distorsionado y que la subvención que recibió era de escaso valor. El Grupo Haomei alegó además que no se ha beneficiado de condiciones de préstamo ventajosas ni de otros incentivos financieros facilitados por el Gobierno y añadió que las conclusiones de la Comisión con respecto a los créditos eran demasiado generales y no le eran aplicables.

(134) Con respecto a la objetividad del informe y a su validez como prueba, la Comisión señala, como ya se ha explicado anteriormente en el considerando 114, que el informe de país es un documento exhaustivo basado en numerosas pruebas objetivas, tales como legislación, reglamentaciones y otros documentos oficiales sobre políticas publicados por las autoridades chinas, informes de organizaciones internacionales, estudios de universidades y artículos de expertos, y otras fuentes independientes fiables.

(135) En cuanto a los beneficios, como la obtención de subvenciones y préstamos más económicos, la Comisión reitera, como ya se afirma en los considerandos 97, 99 y 102 del presente Reglamento y en los considerandos 77, 79 y siguientes del Reglamento provisional, que de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, al evaluar la existencia de distorsiones significativas debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, el posible impacto de uno o varios de los elementos mencionados en esa disposición. Por lo tanto, es fundamental evaluar si los productores de extrusiones de aluminio tienen acceso, al menos potencialmente, a financiación más económica y a condiciones más favorables que sus homólogos de otros lugares. Dado que la industria del aluminio es objeto de numerosos planes y directrices del Gobierno, en los considerandos 77, 79 y siguientes del Reglamento provisional la Comisión constató que los productores de extrusiones de aluminio, entre los que se encuentra el Grupo Haomei, se ven afectados al menos potencialmente por las distorsiones del sector de las extrusiones de aluminio en China.

(136) En segundo lugar, el Grupo Haomei argumentó que las actividades de construcción del partido mencionadas por la Comisión en el considerando 100 del presente Reglamento son hechos culturales, pero no representan una prueba de distorsión política.

(137) La Comisión citó algunos ejemplos de actividades de construcción del partido ejercidas por el Grupo Haomei en respuesta a su observación del considerando 98, en el que dicho Grupo alegó estar libre de interferencias por parte del partido y del Gobierno. Tal y como se menciona en el considerando 100 del presente Reglamento, el Grupo Haomei afirma claramente que se guía por la «construcción del partido», así como por «la ideología de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas en la nueva era», y que aplica «el espíritu del 19.o Congreso Nacional del Partido Comunista de China». Aunque, como afirma el Grupo Haomei, no haya miembros del PCC en el consejo de administración de las dos empresas de dicho Grupo, este se encuentra bajo la influencia del Gobierno y, tal y como se afirmó anteriormente, manifiesta activamente que aplica la política gubernamental y sigue su programa oficial. No se presentó ninguna prueba que demostrara lo contrario.

(138) El Grupo Haomei afirmó que sus precios no estaban distorsionados, tal como lo demuestra el hecho de que tales precios sean acordes con los precios europeos.

(139) La Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, cuando no sea adecuado utilizar los precios y costes internos del país exportador debido a la existencia en ese país de distorsiones significativas, el valor normal se calculará exclusivamente a partir de costes de producción y venta que reflejen precios o valores de referencia no distorsionados. En este caso concreto, la Comisión constató la existencia de distorsiones significativas en el sector de las extrusiones de aluminio en China, tal y como se explica en la sección 3.2.1 del Reglamento provisional. Por lo tanto, el nivel de los precios de los productores exportadores chinos no es pertinente en este caso.

(140) Después de la divulgación final, el Grupo Haomei alegó que no se le consideraba responsable de su propio comportamiento, sino de las características de la economía china valoradas de forma genérica.

(141) Las conclusiones específicas de dumping y los tipos de las empresas reflejan los datos remitidos por las propias empresas, calculados de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Reglamento de base, en particular en su artículo 2, apartado 6 bis. Como se explica en el considerando 106, la existencia de distorsiones significativas se determina a escala nacional y, una vez que se demuestra la existencia de distorsiones, la metodología se aplica en principio a todas las empresas. Ninguna de las empresas ha demostrado que las distorsiones constatadas por la Comisión no afectan a sus costes. Por consiguiente, los márgenes finales de dumping reflejan el comportamiento de las empresas, habida cuenta de la existencia de distorsiones significativas en China, lugar donde operan.

3.2. País representativo

(142) En el Reglamento provisional, la Comisión seleccionó a Turquía como país representativo de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(143) Las autoridades chinas alegaron que la Comisión reemplazó incorrectamente los datos de los productores sin ninguna evaluación de si podía haber distorsiones del mercado que afectasen a estos datos sustitutos.

(144) La Comisión invitó a las partes interesadas a formular observaciones sobre la selección de Turquía como país representativo en un proceso transparente que incluyó dos notas sobre las fuentes para el cálculo del valor normal (de 16 de marzo de 2020 y 25 de junio de 2020). La Comisión descartó a varios otros posibles países representativos. Dado que la Comisión no encontró distorsiones del mercado en Turquía que lo hiciesen inadecuado como país representativo, concluyó que este era el país representativo más apropiado.

(145) Airoldi repitió su observación relativa a la elección de Turquía como país representativo con respecto a la diferenciación entre las aleaciones duras y blandas. Como se explica en el considerando 164 del Reglamento provisional, los tipos de productos no son determinantes para la selección de un país representativo adecuado. Por consiguiente, la Comisión sostuvo que Turquía era el país representativo más adecuado en este caso.

(146) Después de la divulgación final, Airoldi reiteró su observación en relación con la elección de Turquía como país representativo. Airoldi añadió elementos nuevos a sus observaciones contra la elección de Turquía que aludían a dos argumentos principales: la unión aduanera de Turquía con la Unión y el hecho de que Turquía no cumplía las normas en materia de protección social y medioambiental.

(147) Airoldi no explicó por qué la unión aduanera implicaba que Turquía no era un país representativo adecuado. Tal y como se explica en el Reglamento, la Comisión tuvo en cuenta los derechos de aduana al establecer el valor de cada factor de producción. Esto permite calcular el precio del factor de producción en el país representativo. El hecho de que exista una unión aduanera carece de relevancia para el cálculo de este precio. Aunque el argumento de Airoldi fuera correcto, que no lo es, se subestimaría el valor normal y, como resultado de ello, el margen de dumping sería inferior, lo cual no perjudicaría al importador, sino que lo beneficiaría. Por lo que respecta a las normas sociales y medioambientales, como se explica en la segunda nota sobre las fuentes para el cálculo del valor normal, de 25 de junio de 2020, se determinó que Turquía era el país representativo más adecuado en este caso sobre la base de la disponibilidad y calidad de los datos. Puesto que no se presentó ninguna alegación que invalidara esa constatación, no se justificaba la realización de un análisis de las mencionadas normas.

(148) Después de la divulgación final, el Grupo Haomei impugnó el valor normal «interpretado con arreglo a parámetros turcos, especialmente en vista de los valores considerados como referencia, que no son actuales (datan de 2016) ni exactos [...]».

(149) El único factor de producción que se basa en datos de 2016 utilizado en el cálculo fueron los costes laborales. Esto se explicó claramente en la nota de 16 de marzo de 2020. El valor de 2016 «se ajustó adecuadamente para tener en cuenta la inflación utilizando el índice de precios de los productores nacionales (24) que publi