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El argumento de la CCCME no se pudo aceptar. En primer lugar, en cuanto a la supuesta circularidad de su argumentación y la carga de la prueba, la Comisión recordó, como ya se indicó en los considerandos 53 y 55 del Reglamento provisional, que la sección 3.3.1 del Reglamento provisional contiene su evaluación completa sobre la existencia de distorsiones significativas. La Comisión no vio ninguna circularidad en la forma en que se llevó a cabo dicha evaluación, en particular el Informe, es decir, basándose en las pruebas disponibles y ofreciendo a las partes interesadas la oportunidad de presentar observaciones sobre dichas pruebas. En segundo lugar, por lo que se refiere a la naturaleza de los planes quinquenales, si bien señala que la existencia y la naturaleza de los documentos de planificación en la Unión no son pertinentes en el contexto de la presente investigación, la Comisión recordó, como ya se ha explicado detalladamente en los considerandos 73 y 74 del Reglamento provisional, así como en el considerando 49, que la naturaleza específica de la planificación industrial en China no solo es exhaustiva, ya que abarca prácticamente toda la producción industrial del país, sino que también afecta directamente a las decisiones empresariales de los operadores del mercado debido a mecanismos financieros y de otro tipo, que les inducen a cumplir los planes quinquenales. A modo de ejemplo, la Comisión recordó que, según el 13.° Plan Quinquenal, «[t]odos los gobiernos locales y departamentos gubernamentales deben trabajar intensamente para organizar, coordinar y orientar la aplicación de este plan. Realizaremos un seguimiento y una evaluación dinámicos de la ejecución de este plan. […] Se racionalizarán los procedimientos de aprobación de los proyectos e iniciativas incluidos en el presente plan y se les dará prioridad en la selección de emplazamientos, la disponibilidad de terrenos y las modalidades de financiación. Velaremos por que las oficinas de auditoría desempeñen un papel en la supervisión de la aplicación» (7). En tercer lugar, por lo que respecta a la supuesta incompatibilidad del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base con la legislación de la OMC, en particular con las disposiciones de los artículos 2.2 y 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, así como con las conclusiones del asunto DS473, la Comisión reiteró la opinión manifestada en el considerando 54 del Reglamento provisional, así como en el considerando 56, de que dicho artículo se ajusta plenamente a las obligaciones de la UE en virtud de la legislación de la OMC y de que la legislación de la OMC, tal como la interpretan el Grupo Especial y el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto DS473, permite el uso de datos de un tercer país, debidamente ajustados cuando dicho ajuste sea necesario y esté justificado. Asimismo, con respecto a la alegación de que el concepto de distorsiones significativas recogido en el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base no figura entre las situaciones en las que es admisible el cálculo del valor normal con arreglo al artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, este argumento ya se ha abordado en el considerando 43. En cuarto lugar, con respecto a la valoración individual de la distorsión significativa de cada productor exportador, la Comisión recordó que, una vez que se determina que, debido a la existencia de distorsiones significativas en el país exportador de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, no es adecuado utilizar los precios y costes internos de dicho país, la Comisión puede calcular el valor normal utilizando precios o valores de referencia no distorsionados en un país representativo adecuado para cada productor exportador, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), de dicho Reglamento. Dicha determinación se ha realizado sobre la base de la evaluación llevada a cabo en los considerandos 57 a 111 del Reglamento provisional y se aplica individualmente a cada productor exportador. La Comisión recordó además que el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base permite el uso de costes internos únicamente cuando se determina de manera concluyente que no están distorsionados. Sin embargo, no existen pruebas en el expediente que demuestren que este sea el caso.