ES Diario Oficial de la Unión Europea L 153/16

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 19 de octubre de 2011

relativa a los regímenes de ayudas estatales en forma de regularización de la deuda aplicados por Grecia en los departamentos de Kastoriá, Eubea, Flórina, Kilkís, Ródope, Evros, Xanthi y el Dodecaneso, así como en las islas de Lesbos, Samos y Quíos

[no C 23/04 (ex NN 153/03), C 20/05 (ex NN 70/04) y C 50/05 (ex NN 20/05)]

[notificada con el número C(2011) 7252]

(El texto en lengua griega es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/307/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Tras haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones de conformidad con el artículo 108, apartado 2, párrafo primero, del Tratado (1) ,y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I. PROCEDIMIENTO

(1) Tras recibir informaciones según las cuales en 1993 y años subsiguientes se concedieron ayudas a empresas de los departamentos de Kastoriá y Eubea en el marco de un plan de regularización de la deuda, la Comisión solicitó a las autoridades griegas mediante carta de 27 de mayo de 2003 que le remitieran en un plazo de cuatro semanas el texto del fundamento jurídico de dicho plan, así como toda información necesaria para su examen con arreglo a los artículos 87 y 88 del Tratado CE (3).

(2) Adjunta a su carta de 10 de julio de 2003, registrada el 17 de julio de 2003, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea remitió a la Comisión una carta de las autoridades griegas en la que estas solicitaban que se prorrogara un mes el plazo a que se refiere el considerando 1.

(3) Mediante carta de 4 de agosto de 2003, registrada el 6 de agosto de 2003, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea transmitió a la Comisión la información que esta le había solicitado en su carta de 27 de mayo de 2003.

(4) Del examen de la información recibida se dedujo que las ayudas habían sido concedidas sin la aprobación de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión decidió abrir un expediente de ayuda no notificada con el número NN 153/03.

(5) Mediante carta de 21 de junio de 2004 (4), la Comisión informó a Grecia de su decisión de incoar el procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (C 23/2004) (en lo sucesivo, «primer inicio de procedimiento»).

(6) La decisión de la Comisión de incoar dicho procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (5). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las ayudas en cuestión.

(7) La Comisión no recibió ninguna observación de los interesados.

(8) Mediante carta de 13 de julio de 2004, registrada el 19 de julio de 2004, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea solicitó a la Comisión que prorrogara un mes el plazo impuesto a las autoridades griegas para transmitir su respuesta referente al primer inicio de procedimiento.

(9) La Comisión concedió la prórroga solicitada mediante fax remitido el 6 de agosto de 2004.

(10) Mediante carta de 9 de agosto de 2004, registrada el 10 de agosto de 2004, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea comunicó a la Comisión la respuesta de las autoridades griegas referente al primer inicio de procedimiento.

(11) Al examinar la información remitida por las autoridades griegas mediante carta de 4 de agosto de 2003, se comprobó que las ayudas en cuestión no solo se habían concedido en los departamentos de Kastoriá y Eubea, sino también en los de Flórina y Kilkís. Por consiguiente, la Comisión solicitó a las autoridades griegas mediante fax de 22 de abril de 2004 información complementaria en relación con dichas ayudas.

(12) Mediante carta de 26 de mayo de 2004 la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea solicitó a la Comisión que prorrogara un mes el plazo que les había concedido a las autoridades griegas para remitir dicha información complementaria.

(13) La Comisión concedió la prórroga solicitada mediante fax remitido el 7 de junio de 2004.

(14) Mediante carta de 1 de julio de 2004, registrada el mismo día, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea transmitía a la Comisión la información que esta había solicitado mediante su fax de 22 de abril de 2004.

(15) Del examen de la información recibida se dedujo que las ayudas habían sido concedidas sin la aprobación de la Comisión. Por consiguiente, los servicios de la Comisión decidieron abrir un expediente de ayuda no notificada con el número NN 70/04.

(16) Mediante carta de 9 de junio de 2005 (7), la Comisión informó a Grecia de su decisión de incoar el procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE por lo que se refiere a las ayudas concedidas en los departamentos de Flórina y Kilkís (C 20/2005) (en lo sucesivo, «segundo inicio de procedimiento»).

(17) La decisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (8). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las ayudas en cuestión.

(18) Sin embargo, la Comisión no recibió ninguna observación de los interesados.

(19) Mediante carta de 24 de junio de 2005, registrada el 28 de junio de 2005, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea solicitó a la Comisión que prorrogara dos meses el plazo impuesto a las autoridades griegas para transmitir su respuesta referente al segundo inicio de procedimiento.

(20) La Comisión concedió la prórroga solicitada mediante fax remitido el 13 de julio de 2005.

(21) Mediante carta de 18 de agosto de 2005, registrada el 24 de agosto de 2005, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea dio traslado a la Comisión de la respuesta de las autoridades griegas al segundo inicio de procedimiento.

(22) Al examinar las informaciones remitidas por las autoridades griegas mediante carta de 1 de julio de 2004, se comprobó que se habían concedido ayudas en más departamentos de los que tenían por objeto los dos primeros inicios de procedimiento. Por consiguiente, la Comisión solicitó a las autoridades griegas mediante fax de 12 de noviembre de 2004 información complementaria en relación con dichas ayudas.

(23) Mediante carta de 13 de diciembre de 2004, registrada el 15 de diciembre de 2004, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea solicitó a la Comisión que prorrogara un mes el plazo que había concedido a las autoridades griegas para remitir dicha información complementaria.

(24) La Comisión concedió la prórroga solicitada mediante fax remitido el 6 de enero de 2005.

(25) Mediante carta de 27 de enero de 2005, registrada el 1 de febrero de 2005, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea transmitía a la Comisión la información complementaria que esta había solicitado mediante fax de 12 de noviembre de 2004.

(26) Del examen de la información recibida se dedujo que las ayudas habían sido concedidas sin la aprobación de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión decidió abrir un expediente de ayuda no notificada con el número NN 20/05.

(27) Mediante carta de 22 de diciembre de 2005 (10), la Comisión informó a Grecia de su decisión de incoar el procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE por lo que se refiere a las ayudas concedidas en los departamentos de Ródope, Evros, Xanthi y el Dodecaneso y en las islas de Lesbos, Samos y Quíos (C 50/05) (en lo sucesivo, «tercer inicio de procedimiento»).

(28) La decisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (11). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las ayudas en cuestión.

(29) Sin embargo, la Comisión no recibió ninguna observación de los interesados.

(30) Mediante carta de 23 de enero de 2006, registrada el 25 de enero de 2006, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea solicitó a la Comisión que prorrogara tres meses el plazo impuesto a las autoridades griegas para transmitir su respuesta referente al tercer inicio de procedimiento.

(31) La Comisión concedió la prórroga solicitada mediante fax remitido el 3 de febrero de 2006.

(32) Mediante carta de 10 de mayo de 2006, registrada el 11 de mayo de 2006, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea comunicó a la Comisión la respuesta de las autoridades griegas referente al tercer inicio de procedimiento.

(33) Tras volver a examinar todos los fundamentos jurídicos facilitados, la Comisión, mediante fax de 12 de enero de 2011, concedió un plazo de un mes a las autoridades griegas para que le remitieran aclaraciones por lo que se refiere a las ayudas en cuestión.

(34) Mediante correo electrónico de 7 de febrero de 2011, la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea solicitó a la Comisión una prórroga del mencionado plazo de cuarenta días hábiles.

(35) Mediante fax de 17 de febrero de 2011 la Comisión concedió una prórroga de veinte días hábiles.

(36) Mediante correos electrónicos de 15 y 29 de marzo de 2011 la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea comunicó a la Comisión las aclaraciones solicitadas.

II. DESCRIPCIÓN

(37) La orden ministerial no 69836/B1461, de 30 de septiembre de 1993, establecía que todas las deudas pendientes a 30 de junio de 1993, vencidas o no, contraídas en relación con todo tipo de préstamos (capital circulante o activos) concedidos en dracmas o divisas a empresas industriales y artesanas que se hallan y operan, independientemente de su sede, en los departamentos de Kastoriá y Eubea, o generadas por garantías bancarias en dracmas o en divisas concedidas en detrimento de dichas empresas se reagruparan en un nuevo préstamo reembolsable en diez años mediante cuotas semestrales idénticas de interés y principal o cuotas semestrales idénticas de principal (simple amortización) y cálculo semestral del interés en función del tipo vigente (el interés del nuevo préstamo era el aplicado por los bonos del Estado a doce meses en la última emisión previa al inicio de cada período de cálculo del interés crediticio incrementado en dos puntos y con una bonificación de diez puntos porcentuales durante los cinco primeros años en la cuenta constituida en virtud de la Ley 128/75) (12).

(38) Dichas empresas también tenían la posibilidad de obtener durante cinco años una bonificación del interés de diez puntos porcentuales por sus deudas pendientes a 30 de junio de 1993 contraídas en dracmas y en divisas para financiar sus activos y su capital circulante.

(39) Las empresas debían ser viables tras la regularización de la deuda (lo cual quiere decir que se hallaban en cierto modo en crisis) y este criterio debía ser verificado por los bancos.

(40) Las órdenes ministeriales no 2035824/5887, de 1 de junio de 1994, no 2045909/7431/0025, de 26 de agosto de 1994, no 2071670/11297, de 9 de noviembre de 1994, y no 72742/B1723, de 8 de diciembre de 1994, ofrecían para los nuevos préstamos períodos de carencia, bonificaciones de intereses y la garantía del Estado.

(41) La orden ministerial no 66336/B.1398, de 14 de septiembre de 1993, establecía las mismas medidas y supuestos que los descritos en el considerando 37. Establecía también dicha orden ministerial la concesión de una garantía del Estado sobre el principal y los intereses de las deudas regularizadas de las empresas industriales y artesanas de los departamentos de Flórina y Kilkís, así como la asunción por parte del Estado de los intereses de demora hasta el 31 de diciembre de 1992 por préstamos concertados para financiar los activos o el capital circulante de dichas empresas con arreglo a los límites presupuestarios de la Ley no 128/75.

(42) La orden ministerial no 66336/B.1398, de 14 de septiembre de 1993, fue modificada por la orden no 30755/B.1199, de 21 de julio de 1994, por la orden no 60029/B.1541, de 23 de septiembre de 1994, por la orden no 72742/B.1723, de 8 de diciembre de 1994, por la orden no 236/B.22, de 4 de enero de 1995, por la orden no 8014/B.285, de 28 de febrero de 1995, por la orden no 44678/B.1145, de 3 de julio de 1995, por la orden no 44446/B.1613, de 24 de diciembre de 1996, por la orden no 40410/B.1678, de 9 de diciembre de 1997, por la orden no 10995/B.546, de 24 de marzo de 1999, por la orden no 12169/B.736, de 22 de marzo de 2000 y por la orden no 35913/B.2043, de 24 de octubre de 2000. Todas estas órdenes ministeriales establecían el plazo de devolución de los préstamos, los períodos de carencia y las bonificaciones de intereses vinculadas a los nuevos préstamos, y prorrogaban asimismo el plazo máximo vencido el cual eran exigibles las cuotas impagadas.

(43) Las empresas debían ser viables tras la regularización de la deuda (lo cual quiere decir que se hallaban en cierto modo en crisis) y este criterio debía ser verificado por los bancos.

(44) La orden ministerial no 1648/B.22/13.1.1994 establecía lo siguiente: a) por los nuevos préstamos de capital circulante concedidos a partir del 1 de abril de 1993 a empresas artesanas, industriales, mineras, ganaderas de tipo industrial, hosteleras y navieras instaladas, independientemente de su sede, en los departamentos de Xanthi, Ródope y Evros, se concedía, con cargo a la cuenta constituida en virtud de la Ley 128/75, una bonificación de diez puntos porcentuales por un importe máximo bien del 20 % del volumen de negocios del año anterior o bien del 50 % del volumen de pedidos del año en curso por los intereses devengados del 1 de abril de 1993 al 31 de marzo de 1996 con una garantía máxima del Estado de 100 000 000 dracmas (293 470 EUR); b) las deudas pendientes a 31 de diciembre de 1993, vencidas o no, contraídas en relación con préstamos para financiar activos y capital circulante de empresas artesanas, industriales, mineras, ganaderas de tipo industrial, hoteleras y navieras del departamento de Tracia se reagrupaban en un nuevo préstamo reembolsable en diez años con cuotas semestrales idénticas de intereses y principal con cargo a la cuenta constituida en virtud de la Ley 128/75 con la garantía del Estado; c) en la regularización de la deuda se incluyen los intereses de demora hasta el 31 de diciembre de 1992 por préstamos concedidos para financiar activos y capital circulante.

(45) Las empresas debían ser viables tras la regularización (lo cual quiere decir que se hallaban en cierto modo en crisis) y este criterio debía ser verificado por los bancos.

(46) La orden ministerial no 1648/B.22/13.1.1994 fue objeto de una serie de modificaciones mediante las órdenes ministeriales no 14237/B.664/6.4.1994, no 235/B.21/4.1.1995, no 44678/B.1145/3.7.1995, no 14946/B.566/30.4.1996, no 44446/B.1613/24.12.1996, no 32576/B.1282/9.10.1997 (13), no 11362/B.472/7.4.1997, no 40412/B.1677/9.12.1997 (14), no 42998/B.2026/15.12.1998, no 19954/B.957/7.6.1999, no 10123/B.507/17.3.1999, no 6244/B.270/18.2.2000 y no 35913/B.2043/24.10.2000 (15). Mediante todos esos textos se regularizaban parámetros de naturaleza técnica tales como las bonificaciones de intereses, los períodos de carencia, el plazo de devolución de los préstamos y el plazo máximo vencido el cual eran exigibles las cuotas impagadas.

(47) La orden ministerial no 2003341/683/0025/17.2.94 concedía la garantía del Estado griego a los préstamos concedidos a partir del 1 de abril de 1993 para financiar capital circulante a empresas artesanas, industriales, mineras, ganaderas de tipo industrial, hosteleras y navieras instaladas, independientemente de su sede, en los departamentos de Xanthi, Ródope y Evros por un importe máximo de 100 000 000 dracmas (293 470 EUR) por empresa, así como para financiar deudas (principal e intereses) generadas por la regularización de las deudas pendientes a 31.12.93 por préstamos concertados anteriormente de acuerdo con los términos y supuestos de la orden ministerial conjunta no 1648/Γ.Γ.54/B.22/13.1.94.

(48) La orden ministerial no 2003341/683/0025/17.2.94 fue objeto de una serie de modificaciones mediante las órdenes ministeriales no 2022973/3968/0025/18.5.94, no 2043231/6673/0025/11.7.95, no 2030175/4446/0025/10.6.1996, no 2087184/49/0025/11.7.97, no 2016123/2133/0025/6.3.1998, no 2090373/11216/0025/1.6.98 (16), no 2/21857/0025/7.10.1999, no 2/14774/0025/31.5.2000, 2/82257/0025/18.12.2000, no 2/7555/0025/25.5.2001, no 2/61352/0025/31.1.2002 y no 2/64046/0025/2003/28.1.2004. Mediante todos esos textos se concedía la garantía del Estado por la aplicación de las medidas contempladas en las diferentes órdenes ministeriales que modifican la orden ministerial no 1648/B.22/13.1.1994 (véase el considerando 46).

(49) La orden ministerial no 2/82257/0025/18.12.2000 que se menciona en la anterior lista de órdenes ministeriales especifica con toda claridad que, para poder beneficiarse de todas esas disposiciones, las empresas debían ser viables (y no viables tras la regularización de la deuda como en el caso de las demás órdenes ministeriales que cita la presente Decisión), es decir, no debían hallarse en situación de crisis.

(50) La orden ministerial no 2041901/16.5.1989 aprobaba, con cargo a la cuenta constituida en virtud de la Ley 128/75, una bonificación de intereses de tres puntos porcentuales (3 %) por el saldo restante de los préstamos concedidos a partir del 1 de abril de 1989 para financiar capital circulante de las empresas comerciales y artesanas con sede en los departamentos de Evros, Lesbos, Samos, Quíos y el Dodecaneso.

(51) La orden ministerial no 2078809/10.10.1989 aprobaba, con cargo a la cuenta constituida en virtud de la Ley 128/75, una bonificación de intereses de tres puntos porcentuales (3 %) por el saldo restante de los préstamos a partir del 1 de abril de.1989 para financiar capital circulante de las empresas comerciales e industriales con sede en los departamentos de Ródope, Xanthi y Samos.

(52) Las órdenes ministeriales no 9034/B.289/10.2.2003 y no 37497/B.1232/2.6.2003 venían a completar las órdenes ministeriales que se citan en los considerandos 50 y 51 y especificaban el ámbito de aplicación, así como determinados parámetros de orden técnico de las bonificaciones de intereses previstas.

III. RAZONES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL

(53) La Comisión abrigaba dudas sobre los tres regímenes de ayuda en cuestión no solo por lo que se refiere a la ausencia de ayudas estatales, sino también en lo que respecta a la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas que la propia Comisión consideraba existentes.

a) Justificación del primer inicio de procedimiento

(54) El inicio del primer procedimiento obedecía a las razones siguientes: a) cuando se pidieron explicaciones a las autoridades griegas sobre las ayudas en cuestión, estas respondieron que no habían comunicado las órdenes ministeriales que servían de fundamento jurídico para las ayudas por considerar que las ayudas que estaban concediendo no constituían ayudas estatales a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE; añadían asimismo que, a pesar de no tener conocimiento del número exacto de beneficiarios, muy probablemente a los importes de las ayudas en cuestión se les aplicaba la norma de minimis; b) dado que en la época en que se concedieron las ayudas la norma de minimis no estaba vigente en el sector agrario y toda vez que las destinatarias de las órdenes ministeriales que servían de fundamento jurídico para las ayudas en cuestión eran empresas en crisis, la Comisión consideró que había que analizar las ayudas desde el punto de vista del grado de cumplimiento de las diferentes normas que estaban vigentes en materia de salvamento y reestructuración de empresas en crisis en el momento de la entrada en vigor de la primera de las órdenes ministeriales en cuestión. Sin embargo, la información de que se disponía no permitía determinar el grado en que se habían cumplido dichas normas; c) siguiendo con el sector agrario, la información disponible tampoco permitía determinar cuántas garantías del Estado se habían concedido con arreglo a las diferentes normas vigentes en materia de ayudas estatales en forma de garantía desde la entrada en vigor de la primera de las mencionadas órdenes ministeriales; d) evidentemente, en el sector industrial y en el artesano estaba vigente la norma de minimis, pero, como las autoridades griegas no tenían conocimiento del número de beneficiarios de las medidas previstas por las mencionadas órdenes ministeriales y dado que el límite máximo de las ayudas de minimis se calcula por un período de tiempo de tres años y no por una actuación concreta, resultaba imposible determinar hasta qué punto las ayudas previstas por las mencionadas órdenes ministeriales realmente se ajustaban a la norma de minimis; por lo tanto, era preciso analizar las ayudas en función de las diferentes normas vigentes en materia de salvamento y reestructuración de empresas en crisis desde la entrada en vigor de la primera de las mencionadas órdenes ministeriales. Sin embargo, la información de que se disponía no permitía determinar el grado de cumplimiento de dichas normas; e) la información disponible sobre esos mismos sectores tampoco permitía determinar cuántas garantías del Estado se habían concedido con arreglo a las diferentes normas en materia de ayudas estatales en forma de garantía desde la entrada en vigor de la primera de las mencionadas órdenes ministeriales.

b) Justificación del segundo inicio de procedimiento

(55) El inicio del segundo procedimiento obedecía a las razones siguientes: a) cuando se pidieron explicaciones a las autoridades griegas sobre las ayudas en cuestión, estas respondieron que, a pesar de no tener conocimiento del número exacto de beneficiarios de las ayudas en cuestión, muy probablemente a los importes de las ayudas en cuestión se les aplicaba la norma de minimis; aparte del hecho de que hasta el 1 de enero de 2005 no se le aplicaba la norma de minimis al sector agrario, la Comisión no disponía de ningún dato más que le permitiera determinar si los importes concedidos a empresas agrícolas en virtud de la orden ministerial no 66336/B.1398 y sus modificaciones se ajustaban al ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector agrario (17), en virtud del cual se decidió aplicar la norma de minimis al sector agrario; b) dado que las destinatarias de las mencionadas órdenes ministeriales eran las empresas en crisis, había que analizar las ayudas desde el punto de vista del grado de cumplimiento de las diferentes normas que estaban vigentes en materia de salvamento y reestructuración de empresas en crisis en el momento de la entrada en vigor de la primera de las órdenes ministeriales en cuestión, es decir, desde el 21 de septiembre de 1993; sin embargo, la información de que se disponía no permitía determinar el grado en que se habían cumplido dichas normas; c) siguiendo con el sector agrario, la información disponible tampoco permitía determinar cuántas garantías del Estado se habían concedido con arreglo a las diferentes normas en materia de ayudas estatales en forma de garantía desde el 21 de septiembre de 1993; d) evidentemente, en el sector industrial y artesano estaba vigente la norma de minimis, pero, como las autoridades griegas no tenían conocimiento del número de beneficiarios de las medidas previstas por las mencionadas órdenes ministeriales y dado que el límite máximo de las ayudas de minimis se calcula por un período de tiempo de tres años y no por una actuación concreta, resultaba imposible determinar hasta qué punto las ayudas previstas por las mencionadas órdenes ministeriales se ajustaban realmente a la norma de minimis; por lo tanto, era preciso analizar las ayudas en función de las diferentes normas en materia de salvamento y reestructuración de empresas en crisis vigentes desde el 21 de septiembre de 1993. Sin embargo, la información de que se disponía no permitía determinar el grado de cumplimiento de dichas normas; e) la información disponible sobre esos mismos sectores tampoco permitía determinar cuántas garantías del Estado se habían concedido con arreglo a las diferentes normas en materia de ayudas estatales en forma de garantía desde el 21 de septiembre de 1993.

c) Justificación del tercer inicio de procedimiento

(56) El inicio del tercer procedimiento obedecía a las razones siguientes: a) al igual que ocurría en el caso de las dos primeros inicios de procedimiento, entre las informaciones por ellas facilitadas, las autoridades griegas mencionaban el hecho de que muy probablemente a los importes de las ayudas en cuestión se les aplicaba la norma de minimis; aparte del hecho de que hasta el 1 de enero de 2005 la norma de minimis no se aplicaba al sector agrario, la Comisión no disponía de ningún dato más que le permitiera determinar si los importes concedidos a empresas agrícolas en virtud de las órdenes ministeriales que constituían el fundamento jurídico del régimen de ayudas en cuestión se ajustaban al ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1860/2004; b) dado que las destinatarias de las decisiones en cuestión eran las empresas en crisis, había que analizar las ayudas desde el punto de vista del grado de cumplimiento de las diferentes normas que estaban vigentes en materia de salvamento y reestructuración de empresas en crisis en el momento de la entrada en vigor de la primera de las órdenes ministeriales en cuestión; sin embargo, la información de que se disponía no permitía determinar el grado en que se habían cumplido dichas normas; c) evidentemente, en el sector industrial, artesano y hostelero estaba vigente la norma de minimis, pero, como las autoridades griegas no facilitaron datos relativos al número de beneficiarios de las ayudas y dado que el límite máximo de las ayudas de minimis se calcula por un período de tiempo de tres años y no por una actuación concreta, resultaba imposible determinar hasta qué punto las ayudas previstas por las mencionadas órdenes ministeriales se ajustaban realmente a la norma de minimis; por lo tanto, era preciso analizar también las ayudas en función de las diferentes normas vigentes en materia de salvamento y reestructuración de empresas en crisis desde la entrada en vigor de la primera de las mencionadas órdenes ministeriales. Sin embargo, la información de que se disponía no permitía determinar el grado de cumplimiento de dichas normas; d) en el sector del carbón y en el naviero no regía la norma de minimis hasta que entró en vigor del Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (18). Sin embargo, por los motivos que se exponen en la letra c) sería preciso analizar también las ayudas en función de las diferentes normas vigentes en materia de salvamento y reestructuración de empresas en crisis desde la entrada en vigor de la primera de las mencionadas órdenes ministeriales. Sin embargo, la información de que se disponía no permitía determinar el grado de cumplimiento de dichas normas; e) en el sector del transporte marítimo no estaba vigente la norma de minimis; era preciso analizar también las ayudas en función de las diferentes normas en materia de salvamento y reestructuración de empresas en crisis vigentes desde la entrada en vigor de la primera de las mencionadas órdenes ministeriales; sin embargo, la información de que se disponía no permitía determinar el grado de cumplimiento de dichas normas; f) en ninguno de esos sectores permitía la información disponible determinar cuántas garantías del Estado se habían concedido con arreglo a las diferentes normas vigentes en materia de ayudas estatales en forma de garantía desde la entrada en vigor de la primera de las mencionadas órdenes ministeriales; g) la orden ministerial no 2041901/16.5.1989 y las que se citan en los considerandos 51 y 52 concedían ayudas en departamentos distintos de los de Ródope, Evros y Xanthi y no se pudo determinar en qué medida el sistema de intervención que establecían constituía una ampliación del régimen que se aplicaba en esos tres departamentos o era un régimen independiente; de todos modos, sobre la base de los datos disponibles tampoco se pudo determinar si se habían respetado las normas vigentes en materia de ayudas estatales (normas aplicables a las ayudas de carácter regional o ayudas de minimis); h) en el supuesto de que las órdenes ministeriales que se mencionan en la letra g) constituyeran una ampliación del sistema de intervención aplicado en los departamentos de Ródope, Evros y Xanthi, no se podía determinar si las ayudas previstas entraban en el campo de aplicación de la norma de minimis o si eran compatibles con las disposiciones reguladoras de la concesión de ayudas para el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis; i) en el supuesto de que las órdenes ministeriales que se mencionan en el considerando g) constituyeran un sistema de intervención independiente y a falta de más precisiones en las órdenes ministeriales en cuestión, procedía analizar la compatibilidad de su aplicación a las empresas sanas y a las empresas en crisis; el análisis arrojó los siguientes resultados: i) en el caso de las empresas en crisis no se podía determinar en qué medida las ayudas previstas entraban en el campo de aplicación de la norma de minimis o en qué medida podían ser consideradas compatibles con las disposiciones reguladoras de la concesión de ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, ii) en el caso de las empresas sanas no se podía determinar en qué medida el capital circulante constituido gracias a un préstamo con bonificación de intereses se había utilizado para financiar inversiones subvencionables o elegibles en el sentido de la normativa de la Unión en materia de ayudas regionales.

IV. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES GRIEGAS SOBRE EL INICIO FORMAL DEL PROCEDIMIENTO

a) Observaciones de las autoridades griegas sobre el primer inicio de procedimiento

(57) En su carta de 9 de agosto de 2004 las autoridades griegas afirmaban lo siguiente: a) la agrupación de préstamos es un recurso administrativo que no presenta un coste financiero demasiado alto para el Estado; b) el cálculo de los intereses «por semestre» ya fue confirmado por la jurisprudencia del Tribunal Superior griego por considerar ilegal y abusiva la capitalización trimensual, responsable de la exagerada carga económica que tienen que soportar los deudores; c) no puede considerarse subvención la concesión de una garantía del Estado griego porque las medidas que llegado el caso hay que tomar necesariamente para su ejecución resultan especialmente gravosas para el deudor; d) durante el período de referencia el tipo de interés aplicado en Grecia era mucho más alto que la media del tipo de interés aplicado en el resto de la Unión y así se mantuvo a pesar de las bonificaciones; por lo tanto, no se producía un falseamiento de la competencia tanto más cuanto que las empresas beneficiarias tenían que ser viables; además, las bonificaciones de intereses se financiaban con una cuenta especial al margen del presupuesto del Estado; e) no se puede considerar una ayuda la concesión de un período de carencia dado que se mantienen la deuda y los intereses: simplemente se pospone el plazo de devolución debido a la coyuntura económica; f) la orden ministerial no 72742/B1723 (véase el considerando 42) no generó ningún coste adicional en relación con el asumido en el momento de la primera orden, fundamento jurídico del régimen de ayudas en cuestión; g) no puede considerarse ayuda a la empresa la liberación de fianzas en virtud de la orden ministerial 2071670/11297 porque estas se adaptan al nivel correspondiente de cada préstamo; además, la garantía del Estado griego no cubre todas las comisiones que los bancos cobran a los prestatarios; h) la orden ministerial no 69836/B1451 y sus modificaciones tenían por destinatario a las empresas transformadoras en general y no a las del sector agrario en particular por entrar estas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 866/90 del Consejo, de 29 de marzo de 1990, relativo a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas (19), del Reglamento (CE) no 951/97 del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativo a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas (20), y del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (Feoga) (21), cuya aplicación se llevó a cabo mediante la ejecución de los programas operativos del segundo y tercer marco comunitario de apoyo; las empresas que habían realizado inversiones por las que recibieron una ayuda del Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación no pudieron acogerse a la regularización de la deuda por no estar ello previsto; tampoco se aplicó la norma de minimis dado que para obtener una subvención era necesario haber realizado obras y haberlas costeado; i) la referencia a la norma de minimis tiene exclusivamente por objeto dar una idea del nivel de las ayudas, la mayoría de las cuales se situaban por debajo del límite máximo de minimis, sin referencia especial al sector agrario; j) en la práctica, el criterio de la «viabilidad tras la regularización de la deuda» no influye en la evaluación global de la viabilidad de la empresa realizada por la correspondiente entidad financiera dado que la decisión de sumarse o no a la regularización de la deuda se tomaba inmediatamente después del estudio sobre la viabilidad; k) la regularización de la deuda en cuestión afectaba a préstamos antiguos y no comportaba financiación de nuevas inversiones; l) por lo que se refiere al equivalente de subvención acumulado, el importe de la aplastante mayoría de las bonificaciones era de poca importancia y las zonas en cuestión (Kastoriá y Eubea) eran todas ellas zonas desfavorecidas a efectos de la Directiva 75/268/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1975, sobre la agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas (22), y, además, el conjunto del país pertenece al Objetivo no 1; m) el tipo de interés de los nuevos préstamos era el de la última emisión de bonos del Estado griego y la bonificación de intereses no se aplicaba a toda la duración de la reestructuración, sino únicamente a los primeros años críticos y la diferencia de los correspondientes tipos de interés no era especialmente significativa (de uno a dos puntos); n) la bonificación de intereses se aplicó del 30 de junio de 1993 al 30 de junio de 2003.

b) Observaciones de las autoridades griegas sobre el segundo inicio de procedimiento

(58) En su carta de 18 de agosto de 2005 esgrimían las autoridades griegas los siguientes argumentos, la mayoría de los cuales ya habían sido formulados en su respuesta al primer inicio de procedimiento (véase el considerando anterior): a) la «reagrupación» de los préstamos es un instrumento administrativo que no entraña un elevado coste financiero para el Estado (añaden las autoridades griegas que este instrumento no tenía por objeto la prestación selectiva de ayudas); b) el cálculo de los intereses «por semestre» ya fue confirmado por la jurisprudencia del Tribunal Superior griego por considerar ilegal y abusiva la capitalización trimensual, responsable de la exagerada carga económica que tienen que soportar los deudores; c) durante el período de referencia el tipo de interés aplicado en Grecia era mucho más alto que la media del tipo de interés aplicado en el resto de la Comunidad y así se mantuvo a pesar de las bonificaciones; d) no puede considerarse subvención la concesión de una garantía del Estado griego porque las medidas que llegado el caso hay que tomar necesariamente para su ejecución resultan especialmente gravosas para el deudor; e) los intereses de demora y las bonificaciones de intereses se financiaban con una cuenta especial (constituida en virtud de la Ley 128/75) al margen del presupuesto del Estado; f) no se puede considerar ayuda la concesión de un período de carencia dado que se mantienen la deuda y los intereses: simplemente se pospone el plazo de devolución debido a la coyuntura económica; g) las disposiciones de la orden ministerial no 66336/B.1398/1993 y sus modificaciones contemplaban la posibilidad de que las empresas sitas en los departamentos de Flórina y Kilkís participaran del programa de ayudas sin que ello entrañara un elevado coste financiero para el Estado y siempre que dichas empresas resultaran ser viables; no se falseaba, por lo tanto, la competencia a efectos del artículo 87 del Tratado CE; cabe, además, recordar que los departamentos de Flórina y Kilkís limitan con la antigua República Yugoslava de Macedonia y durante el período de referencia (década de los 90) se vieron seriamente perjudicados por la inestabilidad y por el estado de guerra reinante en la región; h) por último, la mencionada orden ministerial hace referencia a las empresas industriales y a las artesanas; según las autoridades griegas, las disposiciones de dicha orden no afectaban a ninguna empresa agrícola.

c) Observaciones de las autoridades griegas sobre el tercer inicio de procedimiento

(59) En su carta de 10 de mayo de 2006 esgrimían las autoridades griegas los siguientes argumentos: a) en los departamentos contemplados por las órdenes ministeriales en cuestión se daba una difícil coyuntura económica, que se caracterizaba por una grave situación de subempleo y por un alto porcentaje de desempleo en relación con el resto del país; dicha coyuntura se veía negativamente afectada por la situación de guerra reinante en los países vecinos como, por ejemplo, la de Kosovo. Por lo tanto, no podía verse falseada la competencia, y a las prestaciones económicas en forma de regularización de la deuda o en forma de bonificación de intereses se les podía aplicar la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letras a) y c) del Tratado CE; b) la finalidad de las ayudas era solucionar problemas tales como la falta de dinamismo de los mercados locales, la contracción del mercado de trabajo y la disminución de la demanda y, asimismo, la consecución de objetivos de desarrollo económico a largo plazo; c) por lo que se refiere al argumento de la Comisión según el cual se podían ver afectadas las condiciones de los intercambios comunitarios dada la fuerte competencia que se da en el sector agrario, de todas las órdenes ministeriales analizadas la única que hacía referencia a empresas ganaderas de tipo industrial era la no 1648/B22/13.1.1994; por otra parte, durante el período 1995-2004 la producción de carne de los departamentos de Ródope, Evros y Xanthi no constituía más que una pequeña parte de su producción agrícola y durante ese mismo período el producto interior bruto (PIB) (absoluto, pero también per cápita) de dichos departamentos, a pesar de registrar un crecimiento, se mantenía en niveles extremadamente bajos en comparación con la media nacional; d) las órdenes ministeriales no 2041901/16.5.1989 y no 2078809/1989, que contemplaban la concesión de bonificaciones de intereses por préstamos de capital circulante a empresas sitas en los departamentos de Lesbos, Samos, Quíos y el Dodecaneso, establecían también que dichas empresas debían ser viables tanto antes, como después de la regularización de su deuda; e) se pidió a los servicios competentes de Grecia que recabaran datos relacionados con los beneficiarios y que notificaran los importes de las ayudas concedidas, pero dichos servicios se declararon incapaces de hacerlo; f) las bonificaciones de intereses se financian con cargo a la cuenta constituida en virtud de la Ley 128/75, cuyos fondos no constituían un recurso público por tratarse de una cuenta destinada básicamente a la redistribución de fondos.

d) Cartas de las autoridades griegas de 15 y 29 de marzo de 2011

(60) Mediante sus cartas de 15 y 29 de marzo de 2011, las autoridades griegas precisaron en primer lugar las fechas en que expiraban las primeras órdenes ministeriales reguladoras del régimen de ayudas en cuestión. Dichas fechas son las siguientes: a) el 30 de junio de 2003, la orden no 69836/B1461 (departamentos de Kastoriá y Eubea); b) el 30 de junio de 2003, la orden no 66336/B/398/14-9-1993 (departamentos de Flórina y Kilkís); c) el 31 de diciembre de 2005, la orden no 1648/B.22/13.1.94 (departamentos de Ródope, Evros y Xanthi); d) el 31 de diciembre de 2004, la orden no 2041901/16-5-1989 (departamentos de Ródope, Evros, Xanthi y el Dodecaneso y departamentos de las islas de Lesbos, Samos y Quíos).

(61) A continuación, las autoridades griegas precisaban que el criterio de la viabilidad de las empresas tras la regularización de su deuda no significaba que se tuviera en cuenta únicamente la viabilidad de las empresas tras dicha regularización, sino más bien que se realizara una evaluación global de la viabilidad antes y después de la regularización.

(62) Ambas cartas contenían asimismo una serie de cuadros con información sobre el equivalente de subvención de las ayudas en cuestión que recibió cada una de las empresas beneficiarias para reflejar el porcentaje de empresas cuyas ayudas podían corresponder al ámbito de aplicación de alguno de los regímenes de ayudas de minimis. Sin embargo, las autoridades griegas señalaban que, por lo que se refiere a las ayudas concedidas en virtud de las órdenes ministeriales no 2041901/16-5-1989 (departamentos de Ródope, Xanthi, Evros, Samos, Lesbos, Quíos y el Dodecaneso) y no 1648/B.22/13.1.94 (departamentos de Ródope, Xanthi y Evros), los datos disponibles únicamente abarcaban el período 2004-2007. Los datos transmitidos sobre las ayudas concedidas en virtud de la orden ministerial no 69836/B1461 (departamentos de Kastoriá y Eubea) abarcaban el período 1993-1998 y los de las ayudas concedidas en virtud de la orden ministerial no 66336/B/398/14-9-1993 (departamentos de Flórina y Kilkís) el período 1993-2001. Se solicitaron dichos datos a las entidades financieras si bien no respondieron todas ellas. De todos modos, las autoridades griegas consideraban que las cifras se aproximaban al importe total de las subvenciones concedidas dado que los bancos que sí respondieron constituían la mayoría de los prestamistas de esos departamentos. Las autoridades griegas manifestaron que del tratamiento de los datos se colige que las ayudas se situaban por debajo del límite máximo de la norma de minimis, de un 73,55 % a un 99,46 % según el trienio analizado y la orden ministerial.

(63) Por último, las autoridades griegas precisaban que las empresas de producción, transformación y comercialización de productos agrícolas no se pudieron beneficiar de la regularización de su deuda y añadían que en realidad la mención «empresas mineras» se refería a empresas de tratamiento del mármol y de la piedra.

V. EVALUACIÓN

V.I. EXISTENCIA DE AYUDA

(64) De conformidad con el artículo 107, apartado 1, del Tratado, «serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». En términos absolutos las ayudas en cuestión se corresponden con esta definición en el sentido de que fueron concedidas por el Estado o fueron financiadas con fondos estatales y se destinaron a unas empresas concretas (del sector agrario, industrial, artesano, hostelero, minero —véase el considerando 63— y naviero de los mencionados departamentos), a las que beneficiaban con medidas tales como la regularización de su deuda, la aligeración de las cuotas mediante la ampliación del plazo de devolución, la bonificación de intereses o incluso la concesión de garantías; podían también dichas ayudas afectar a los intercambios (23) y falsear la competencia (24).

(65) Por supuesto, las autoridades griegas han intentado demostrar que a las ayudas en cuestión se les podía aplicar la norma de minimis y, por lo tanto, no constituían ayudas estatales a efectos del artículo 107, apartado 1, del Tratado. Sin embargo, aparte del hecho de que no siempre cabía aplicar la norma de minimis a todos los sectores durante el período de vigencia de las órdenes ministeriales que constituyen el fundamento jurídico de los regímenes en cuestión (esta es, por otra parte, una de las razones por las que se inició el procedimiento), los datos transmitidos estaban incompletos según han declarado incluso las propias autoridades griegas (véase el considerando 62). Además, el importe de las ayudas de minimis variaba en función del sector (no coincidía en el sector industrial y en el agrario) y, por otra parte, los cuadros presentados nos llevan a concluir que las autoridades griegas no entendieron suficientemente esta diferencia. Por último, la Comisión señala que, a pesar de las observaciones de las autoridades griegas en el sentido de que las empresas de producción, transformación y comercialización de productos agrícolas no se podían beneficiar de los regímenes de ayudas en cuestión, los cuadros mencionados demuestran con toda claridad que en realidad fueron varias las empresas de los sectores de actividad en cuestión receptoras de ayudas y que además estas consideran que procedía aplicárseles alguno de los regímenes de minimis siendo como es del todo manifiesto que superaban el límite máximo admisible.

(66) La Comisión tiene a bien recordar que no se pueden considerar ayudas estatales a efectos del artículo 107, apartado 1, del Tratado las ayudas individuales que se conceden en virtud de un régimen de ayudas y que en el momento de su concesión cumplen las condiciones que establece alguna de las normas de minimis vigentes.

(67) En el sector agrario, cuando las autoridades griegas empezaron a conceder las ayudas en cuestión, no existían todavía en la Unión disposiciones que regularan las ayudas de minimis.

(68) Las primeras disposiciones en la materia se establecieron mediante el Reglamento (CE) no 1860/2004 (25).

(69) De conformidad con dicho Reglamento (CE) no 1860/2004, que regula tanto la producción agrícola primaria, como la transformación y la comercialización de productos agrícolas, las ayudas que en un período de tres años no superen los 3 000 EUR por beneficiario no afectan a los intercambios entre los Estados miembros, no falsean ni amenazan con falsear la competencia y, por consiguiente, no entran en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(70) De conformidad con el artículo 5 del mencionado Reglamento (CE) no 1860/2004, lo mismo rige para las ayudas concedidas antes de la entrada vigor de dicho Reglamento si dichas ayudas cumplen todas las condiciones establecidas en los artículos 1 y 3 de dicho Reglamento.

(71) El mencionado Reglamento (CE) no 1860/2004 fue sustituido el 1 de enero de 2008 por el Reglamento (CE) no 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas (26), por el que se incrementa el importe máximo de la ayuda de minimis hasta los 7 500 EUR por beneficiario y período equivalente a tres ejercicios fiscales independientemente de la forma de la ayuda o del objetivo perseguido y respetando un importe máximo por Estado miembro correspondiente al 0,75 % del valor de la producción anual.

(72) El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1535/2007 establece lo siguiente: «el presente Reglamento será aplicable a las ayudas concedidas antes del 1 de enero de 2008 a las empresas del sector de la producción de productos agrícolas siempre que dichas ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en los artículos 1 a 4 excepción hecha del requisito de tener que hacer referencia explícita al presente Reglamento, contemplado en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero». Sin embargo, dicho Reglamento se aplica únicamente a la producción agrícola primaria.

(73) En el sector de la transformación y de la comercialización de productos agrícolas rige la norma de minimis vigente desde el 1 de enero de 2007 en virtud del Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (27).

(74) El artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1998/2006 limita a 200 000 EUR por beneficiario y período equivalente a tres ejercicios fiscales el importe máximo por debajo del cual las ayudas no afectan a los intercambios entre los Estados miembros, no falsean ni amenazan con falsear la competencia y, por consiguiente, no entran en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(75) El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1998/2006 establece lo siguiente: «el […] Reglamento será aplicable a las ayudas concedidas antes de su entrada en vigor a las empresas que operan en el sector del transporte y a las empresas que se dedican a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas si la ayuda cumple todas las condiciones establecidas en los artículos 1 y 2».

(76) En este contexto, la Comisión no considerará ayudas estatales las ayudas concedidas en virtud de las órdenes ministeriales examinadas que no superen por beneficiario los importes siguientes: a) en el caso de la producción agrícola primaria: 3 000 EUR por período de tres años si en el momento de su concesión las ayudas cumplían lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1860/2004 o bien 7 500 EUR por período de tres ejercicios fiscales si en el momento de su concesión las ayudas cumplían lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1535/2007; b) en el caso de la transformación y de la comercialización de productos agrícolas: 3 000 EUR por período de tres años si en el momento de su concesión las ayudas cumplían lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1860/2004 o bien 200 000 EUR por período de tres ejercicios fiscales si en el momento de su concesión las ayudas cumplían lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1998/2006.

(77) La Comisión hace hincapié, no obstante, en el hecho de que las empresas en crisis no pueden beneficiarse de lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 1998/2006 y (CE) no 1535/2007.

(78) En el resto de los sectores distintos del agrario, es decir, en este caso, en los sectores a que se refiere la presente Decisión, a excepción del sector naviero, que se analiza en los considerandos 80 y 81 (28), era aplicable en el momento de la concesión de las ayudas en cuestión la norma de minimis que se formula en la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 1992, titulada «Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas» (29) (en lo sucesivo, «Directrices de 1992»). La norma en cuestión reza lo siguiente: «[…] en el futuro ya no se considerarán de notificación obligada, de conformidad con el apartado 3 del artículo 93 [del Tratado CE] (30), los pagos de ayudas por un importe no superior a 50 000 ECU para un determinado tipo de gasto, ni los planes en el marco de los cuales las ayudas por empresa para un determinado tipo de gasto y un período de tres años estén limitadas a este importe, con tal que exista la condición expresa de que cualquier ayuda para el mismo tipo de gasto que la empresa pueda recibir de otras fuentes o en el marco de otros planes no haga que la ayuda total recibida rebase el límite de los 50 000 ECU». Dicha norma fue posteriormente redefinida por la Comunicación de la Comisión de 1996, relativa a las ayudas de minimis (en lo sucesivo, «Directrices de 1996») (31), que establecía el importe de la ayuda de minimis en 100 000 ECU por el mismo período, y, seguidamente, por el Reglamento (CE) no 69/2001, que fijó dicho importe en 100 000 EUR por el mismo período.

(79) Habida cuenta de las fechas de expiración de los regímenes analizados (la última de las cuales corresponde al 31 de diciembre de 2005) y dada la ausencia de retroactividad en la aplicación de las disposiciones jurídicas a los sectores a los que se refiere el considerando 78, la Comisión considerará que no constituyen ayudas estatales concedidas en virtud de las órdenes ministeriales analizadas las que no superen por beneficiario los importes siguientes: a) 50 000 ECU por períodos de tres años entre el 19 de agosto de 1992 y el 5 de marzo de 1996 si en el momento de su concesión cumplían las Directrices de 1992; b) 100 000 ECU/EUR por períodos de tres años entre el 6 de marzo de 1996 y el 1 de febrero de 2001 si en el momento de su concesión cumplían las Directrices de 1996; c) 100 000 ECU por períodos de tres años entre el 2 de febrero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005 si en el momento de su concesión cumplían lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 69/2001.

(80) Por último, en el sector de la industria naviera la norma de minimis únicamente se viene aplicando con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 69/2001.

(81) Por consiguiente, la Comisión no considerará ayudas estatales las ayudas concedidas en virtud de las órdenes ministeriales analizadas que no superen los 100 000 EUR por beneficiario y por período de tres años entre el 2 de febrero de 2001 y el 30 de junio de 2007 si en el momento de su concesión cumplían las correspondientes disposiciones del Reglamento (CE) no 69/2001.

(82) La Comisión no puede aceptar el resto de los argumentos aducidos por las autoridades griegas en pro de la ausencia de las características propias de una ayuda estatal por las razones que se exponen a continuación, válidas para todos los casos a los que dichos argumentos se refieren: a) las autoridades griegas sostienen que la reagrupación de préstamos no supone un elevado coste financiero para el Estado [véanse los considerandos 57, letra a), y 58, letra a)], pero reconocen al mismo tiempo que la operación sí le genera un cierto coste al Estado y, por lo tanto, en otras palabras, entraña un uso de recursos públicos; b) hasta que se empezó a aplicar la «Comunicación relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía» (32) (en lo sucesivo, «la Comunicación de 2000»), se consideraba que todas las garantías contenían algún elemento propio de una ayuda estatal [véase el considerando 105, letra a)]. Sin embargo, en la mencionada Comunicación de 2000 se considera que una garantía no contiene elementos propios de una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado si se da alguno de los casos siguientes: si los beneficiarios de la misma no son prestatarios que deban hacer frente a una situación financiera difícil y pueden, teóricamente, obtener un préstamo en condiciones normales en el mercado financiero sin intervención del Estado; si la garantía está vinculada a una transacción financiera específica, se refiere a un importe máximo fijo, no cubre más del 80 % del préstamo u otra obligación financiera pendiente de pago (a menos que se trate de bonos o instrumentos similares) y tiene una duración limitada; si las modalidades del régimen se establecen basándose en una evaluación realista del riesgo de forma que las primas pagadas por las empresas beneficiarias garanticen, con toda probabilidad, la autofinanciación del sistema; si el régimen prevé al menos una revisión anual de las condiciones de concesión de futuras garantías y de la financiación general del sistema; y si las primas cubren tanto los riesgos normales relacionados con la concesión de la garantía como los gastos administrativos del régimen incluyendo, en los casos en los que el Estado aporta el capital inicial para la puesta en marcha del régimen, una remuneración normal de dicho capital; sin embargo, las autoridades griegas no han aportado ningún dato que certifique la concurrencia de todas esas posibilidades; c) en términos de competencia, con la concesión de un período de carencia [véanse los considerandos 57, letra e), y 58, letra f)] no se trata simplemente de posponer el reembolso de la ayuda; su objetivo es atenuar el esfuerzo que entraña su devolución en un momento determinado aliviando financieramente por un tiempo al deudor beneficiario; d) aunque efectivamente no forma parte integrante del presupuesto del Estado según declaran las propias autoridades griegas, la cuenta constituida en virtud de la Ley 128/75 con cargo a la cual se financian las bonificaciones de intereses [véanse los considerandos 57, letra d), 58, letra e), y 59, letra f)] no deja por ello de ser un recurso público (33); e) la concesión de una bonificación de intereses ofrece una ventaja a las empresas beneficiarias aunque el tipo de interés vigente en el país en cuestión sea elevado; f) aunque, de acuerdo con la orden ministerial no 2071670/11297, la liberación de la fianza imprescindible para poder obtener una garantía del Estado griego no entraña para este ningún coste directo [véase el considerando 57, letra g)], sí presenta características propias de una ayuda dado que, al prever esta posibilidad, el Estado griego no solo ofrecía a las empresas beneficiarias la posibilidad de refinanciarse, sino que, además, suprimía de este modo la contrapartida necesaria para la obtención de la garantía; g) el hecho de que el tipo de interés vigente en Grecia fuera elevado [véase el considerando 57, letra d)] no implica una ausencia de ayuda puesto que, independientemente del contexto económico en el que tuviera lugar la regularización de la deuda mediante bonificaciones, el mero hecho de conceder dichas bonificaciones aliviaba a los receptores la carga que normalmente habrían tenido que soportar en el ejercicio de su actividad.

(83) Habida cuenta de todo lo que antecede, la Comisión no puede por menos de concluir que las ayudas que no respetan los límites ni las condiciones de concesión de las ayudas de minimis que se especifican en los considerandos del 68 al 81 entran efectivamente en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

V.II. COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

(84) Ahora bien, en los supuestos del artículo 107, apartados 2 y 3, del Tratado, hay medidas que pueden considerarse, de forma excepcional, compatibles con el mercado común.

(85) En el presente caso procede examinar en el marco de cada uno de los procedimientos iniciados cuál de las excepciones podría aplicarse al sector correspondiente (haciendo una distinción entre el sector agrario y el resto de los sectores).

V.II.1 AYUDAS CONCEDIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE KASTORIÁ Y EUBEA OBJETO DEL PRIMER INICIO DE PROCEDIMIENTO

a) Sector agrario

(86) Habida cuenta de la naturaleza de las ayudas concedidas, la única excepción que podría invocarse para justificar su compatibilidad con el mercado interior es la que figura en el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, según la cual se consideran compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(87) Dado que las ayudas en cuestión son ayudas no notificadas, para que se pudieran acoger a dicha excepción debían cumplir la normativa sobre ayudas estatales vigentes en el momento de su concesión. Según la información presentada por las autoridades griegas, el régimen de ayudas en cuestión se aplicó del 30 de junio de 1993 al 30 de junio de 2003. Por lo tanto, el análisis sobre la compatibilidad de dicho régimen con el mercado interior debe realizarse desde el punto de vista de la normativa vigente en materia de ayudas estatales durante ese período.

(88) Una de las razones por las que la Comisión inició el procedimiento del artículo 108, apartado 2, del Tratado es que daba la impresión de que dichas ayudas se habían previsto para empresas en crisis. Las autoridades griegas señalaban al respecto en su carta de 9 de agosto de 2004 que el criterio de la «viabilidad tras la regularización de la deuda» no tuvo ninguna incidencia en la evaluación global de la viabilidad de la empresa realizada por la entidad financiera dado que la inclusión de aquella en el plan de regularización de la deuda se decidía inmediatamente después de que se realizara el estudio de viabilidad. Este argumento se reiteraba en las cartas de 15 y 29 de marzo de 2011 (véase el considerando 61).

(89) La Comisión considera que esta explicación no permite concluir que no se concedieran ayudas a empresas en crisis porque, incluso si, tal como afirmaban las autoridades griegas, la posibilidad de acogerse a la regularización se decidía inmediatamente después de finalizado el estudio de viabilidad, dicho estudio giraba en torno a las perspectivas de viabilidad de las empresas beneficiarias una vez iniciada la regularización de la deuda, lo cual significa que las empresas candidatas podían estar atravesando una situación difícil en el momento en que se estaba realizando el estudio, pero, a pesar de ello, podían acogerse al régimen de ayudas porque, en opinión de la entidad encargada de realizar el estudio, dichas empresas tenían posibilidades de recuperar la viabilidad tras la regularización de sus deudas; además, la Comisión ya hacía hincapié en ello en el punto 23 de su decisión de iniciar el procedimiento del artículo 108, apartado 2, del Tratado dado que en el preámbulo de la orden ministerial no 2045909/7931/0025 se hacía referencia a la necesidad de ayudar a las empresas de los departamentos de Kastoriá y Eubea que estaban atravesando problemas de liquidez.

i) Normativa relativa a las ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis durante el período objeto de examen

I. Del 1 de octubre de 1993 al 31 de diciembre de 1997

(90) Las ayudas a las empresas en crisis se rigen por diversas normas. En el momento de la entrada en vigor de la orden ministerial no 69836/B1461, la política de la Comisión era considerar que en el sector agrario las ayudas siempre constituían ayudas al funcionamiento incompatibles con el mercado interior a menos que cumplieran las condiciones siguientes: a) que las ayudas en cuestión aliviaran la carga financiera de los préstamos contratados para financiar inversiones ya realizadas; b) que el equivalente de subvención acumulado de las ayudas que se hubieran concedido en el momento de la contratación de los préstamos y de la concesión de las ayudas en cuestión no superara los porcentajes generalmente admisibles, a saber: i) en el caso de las inversiones en el ámbito de la producción agrícola primaria: el 35 % o el 75 % en las zonas desfavorecidas a efectos de la Directiva 75/268/CEE del Consejo, ii) en el caso de las inversiones en el ámbito de la transformación o de la comercialización de productos agrícolas: el 55 % o el 75 % en las regiones del Objetivo no 1 en el caso de planes conformes con los programas sectoriales o con alguno de los objetivos del artículo 1 del Reglamento (CE) no 866/ (34), y el 35 % (o el 50 % en las zonas del Objetivo no 1) en el resto de los planes en la medida en que no queden excluidos en función de los criterios de admisibilidad a que se refiere el punto 2 del anexo de la Decisión 90/342/CEE de la Comisión, de 7 de junio de 1990, por la que se establecen los criterios de selección aplicables para inversiones relativas a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas y silvícolas (35) (o de la Decisión 94/173/CEE (36), que la sustituyó); c) que las ayudas en cuestión fueran posteriores a la readaptación de los tipos de interés de los nuevos préstamos aplicada con el fin de reflejar la oscilación de los tipos (el importe de las ayudas debía ser inferior o igual a la modificación de los tipos de los nuevos préstamos) o que beneficiaran a explotaciones agrícolas con garantías de viabilidad, especialmente en el caso en que el nivel de las cargas financieras de los préstamos existentes pusiera en peligro la viabilidad de las explotaciones o incluso las hiciera quebrar.

(91) En su carta de 9 de agosto de 2004 las autoridades griegas señalaban que la orden ministerial no 69836/B1451 y sus modificaciones afectaban a las empresas transformadoras en general y de ningún modo a las empresas transformadoras del sector agrario específicamente, las cuales eran objeto de los Reglamentos (CEE) no 866/90, (CE) no 951/97 y (CE) no 1257/99; afirmaban asimismo las autoridades griegas que todo el país correspondía al Objetivo no 1 y que la deuda de las empresas que realizaron inversiones y obtuvieron una ayuda del Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación no se regularizó en absoluto porque no estaba previsto. Añadían, asimismo, las autoridades griegas que, por lo que se refiere al equivalente de subvención acumulado, la aplastante mayoría de las ayudas consistían en un modesto importe y que la regularización de la deuda tenía por objeto antiguos préstamos y, por lo tanto, inversiones ya realizadas.

(92) Las aclaraciones de las autoridades griegas no permiten a la Comisión excluir que hubiera empresas transformadoras del sector agrario que hubieran podido obtener ayudas en virtud de la orden ministerial no 69836/B1451 y de sus modificaciones puesto que el hecho de que no se mencionase expresamente a dichas empresas no excluye automáticamente que no pertenecieran a la categoría general de las empresas transformadoras (empresas industriales), que entran en el ámbito de aplicación de la orden ministerial.

(93) En relación con el cumplimiento de las condiciones a que se refiere el considerando 90, la Comisión constata que la orden ministerial no 69836/B1451 modificada incluía la regularización de préstamos relacionados con inversiones o con capital circulante.

(94) Por lo que se refiere a la regularización de los préstamos relacionados con inversiones, las aclaraciones ofrecidas por las autoridades griegas confirman a la Comisión que se cumplía la condición del considerando 90, letra a), dado que las inversiones para las que se concedieron dichos préstamos ya habían sido realizadas.

(95) También puede considerar la Comisión que se cumplía la segunda alternativa de la condición a que se refiere el considerando 90, letra c), dado que tras la regularización de la deuda las empresas beneficiarias debían ser viables según la evaluación de las entidades financieras.

(96) Por el contrario, la Comisión no puede concluir sobre la base de las informaciones de que dispone que se cumpliera de modo inequívoco la condición a que se refiere el considerando 90, letra b), dado que las autoridades griegas señalaban en su carta de 9 de agosto de 2004 que las empresas de transformación y comercialización de productos agrícolas eran objeto, entre otras, de las disposiciones de los Reglamentos (CEE) no 866/90 y (CE) no 951/97, los cuales se aplicaron de modo correcto, lo que implica que es posible que ya se hubieran concedido ayudas por el límite máximo en ellos previsto (75 % en las zonas del Objetivo no 1, al que corresponde Grecia) y que es posible que la aplicación del régimen en cuestión en este caso concreto y debido a la acumulación de las ayudas hiciera rebasar dicho límite máximo.

(97) Por lo que se refiere a la regularización de los préstamos relacionados con la constitución de un capital circulante, tampoco es posible que la aplicación del régimen en cuestión tuviera lugar en el respeto de todas las condiciones a que se refiere el considerando 90 dado que la primera de dichas condiciones [letra a)] establece expresamente que los préstamos debían haber sido concedidos para financiar inversiones.

II. Del 1 de enero de 1998 al 30 de junio de 2000

(98) En 1997 se sustituyeron las condiciones a que se refiere el considerando 90 por las normas que figuran en la Comunicación de la Comisión titulada «Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis» (en lo sucesivo, «Directrices de 1997») (37). El punto 4.4 de dichas Directrices establece lo siguiente: «por lo que respecta al sector agrario únicamente, las presentes Directrices entrarán en vigor el 1 de enero de 1998 para las ayudas estatales nuevas; para las existentes, entrarán en vigor en la misma fecha o, en el caso de que la Comisión haya iniciado el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado [CE] con respecto a uno o varios Estados miembros en esta materia, cuando la Comisión haya adoptado una decisión final con respecto a dicho(s) Estado(s) miembro(s) basándose en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado [CE]».

(99) Las Directrices de 1997, totalmente nuevas por lo que se refiere al sector agrario, establecían entre otras cosas lo siguiente: a) por lo que se refiere a las ayudas de salvamento: la concesión de ayudas de tesorería que se justificaran por una grave problemática social, que adoptaran la forma de garantías de préstamo o bien de préstamos al tipo de interés vigente en el mercado, que se limitaran al importe estrictamente necesario para mantener la actividad de la empresa (por ejemplo, hacer frente a los costes salariales y pagar a los proveedores) y a una duración determinada única y exclusivamente por el espacio de tiempo necesario para la elaboración de las imprescindibles y factibles medidas de saneamiento sin por ello poner en riesgo la estabilidad del sector industrial o del sector agrario en el resto de los Estados miembros; b) por lo que se refiere a las ayudas a la reestructuración: la concesión de ayudas para la puesta en práctica de un plan de reestructuración que incluyera la reducción o la interrupción definitiva de la capacidad de producción en caso de exceso de capacidad estructural del sector (dicha reducción debía ser complementaria de cualquier otra reducción aplicable en ausencia de una ayuda a la reestructuración) a excepción únicamente de los casos en los que las decisiones que durante doce meses seguidos se hubieran tomado a favor de los beneficiarios no afectaran a una cantidad total de producto superior a un determinado porcentaje de la producción total anual de dicho producto en el país (un 3 % en el caso de las medidas destinadas a una determinada categoría de productos o de operadores y un 1,5 % en el caso de las medidas sin un objetivo determinado).

(100) Los Estados miembros podían optar por aplicar las disposiciones relacionadas con el sector agrario en vez de las relacionadas con el resto de los sectores no agrarios, sectores que entraban en el ámbito de aplicación de las Directrices de 1997 (en estos sectores regían criterios excepcionalmente estrictos, especialmente por lo que se refiere al plan de reestructuración y a la contribución del beneficiario a la reestructuración —véanse al respecto los considerandos del 109 al 121 bajo la letra b) titulada «Sectores distintos del agrario»).

(101) En su carta de 9 de agosto de 2004, las autoridades griegas no incluían ninguna información que permitiera a la Comisión confirmar que se hubiera adaptado el régimen de ayudas a esa normativa y que, por lo tanto, las ayudas se concedieran durante el período de referencia con arreglo a los términos de las Directrices de 1997, es decir, con arreglo a los términos que figuran en el considerando 99, letra b), o bien con arreglo a los términos previstos para el resto de los sectores a excepción del agrario: presentación de un plan de reestructuración con perspectivas de recuperación y de viabilidad basadas en hipótesis realistas y realizable en un plazo razonable, un plan que mitigue las implicaciones de las ayudas en los competidores, que respete el principio de la ayuda única, que reduzca la capacidad productiva en caso de exceso de capacidad estructural del sector en cuestión, que garantice la proporcionalidad entre la ayuda, los costes y las ventajas de la reestructuración y que cubra el coste social de la reestructuración.

IIΙ. Del 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2003

(102) Las Directrices de 1997 fueron sustituidas el 9 de octubre de 1999 por las «Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis» (en lo sucesivo, las «Directrices de 1999») (38). El punto 6.3 de las Directrices de 1999 establece lo siguiente: «Los Estados miembros han de adaptar sus actuales regímenes de ayuda de salvamento y de reestructuración que vayan a mantenerse en vigor después del 30 de junio de 2000 para que se conformen a las presentes Directrices […] con posterioridad a esa fecha». Asimismo, «para que la Comisión pueda supervisar dicha adaptación, antes del 31 de diciembre de 1999 los Estados miembros han de remitirle una lista de todos estos regímenes. A continuación, y en cualquier caso antes del 30 de junio de 2000, habrán de remitirle las informaciones suficientes para que pueda verificar si los regímenes se han modificado con arreglo a las presentes Directrices».

(103) Las Directrices de 1999 incluían también un capítulo especial sobre la reestructuración de empresas en crisis del sector agrario. En relación con el capítulo correspondiente de las Directrices de 1997, este capítulo definía el exceso de capacidad estructural del sector, limitaba la excepción a que se refiere el considerando 99, letra b), a las empresas del sector primario (lo que significa que el subsector de la transformación y de la comercialización de productos agrícolas estaba obligado a reducir su capacidad de producción) y aplicaba el principio de la ayuda única según el cual las ayudas a la reestructuración únicamente pueden concederse una vez.

(104) En su carta de 9 de agosto de 2004, las autoridades griegas no incluían ninguna información que permitiera a la Comisión confirmar que se hubiera adaptado el régimen de ayudas a esta normativa y que, por lo tanto, las ayudas que se concedieron durante el período de referencia se otorgaron con arreglo a los términos de las Directrices de 1999, es decir, una vez presentado un plan de reestructuración que incluyera especialmente la reducción de la capacidad productiva en caso de exceso de capacidad estructural y, eventualmente, la excepción limitada a que se refiere el considerando 103, así como el principio de la ayuda única.

ii) Garantías

(105) Otra cuestión por la que la Comisión inició el procedimiento contemplado en el artículo 108, apartado 2, del Tratado es la de la compatibilidad de las ayudas concedidas en forma de garantías. Las autoridades griegas formulaban varias observaciones al respecto en su carta de 9 de agosto de 2004 [véase el considerando 57, letras c) y g)]. La Comisión considera, no obstante, que dichas observaciones merecen los siguientes comentarios: a) por lo que se refiere a la letra c), el hecho de que la concesión de una garantía vaya acompañada de condiciones gravosas no implica por sí solo la ausencia de una ayuda estatal: antes al contario, las normas aplicables durante el período de vigencia del régimen en cuestión, que figuraban en las cartas dirigidas a los Estados miembros SG(89) D/4328, de 5 de abril de 1989, y SG(89) D/12772, de 12 de octubre de 1989, así como en el punto 38 de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CEE y del artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión a las empresas públicas del sector de la fabricación (39), establecen claramente que «[…] todas las garantías ofrecidas por el Estado, directamente o por medio de entidades financieras delegadas por el Estado, están comprendidas en el alcance del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CEE» e imponen la aplicación de condiciones que incluso pueden llegar a la liquidación de la empresa. Naturalmente, las cartas citadas fueron sustituidas en el 2000 por la Comunicación relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de garantía, en la que se establecía una serie de condiciones cuyo cumplimiento garantizaba la ausencia de una ayuda estatal, pero las autoridades griegas no aportaron mediante su carta de 9 de agosto de 2004 ninguna información que demostrara que las garantías concedidas respondían a esa posibilidad; b) incluso si las autoridades griegas hubieran aportado datos que hubieran permitido demostrar que efectivamente en las ayudas concedidas no existía ningún elemento de ayuda estatal, la Comisión no los habría podido aceptar dado que, por poner un solo ejemplo, esa posibilidad solo hubiera sido válida si las empresas beneficiarias no hubieran tenido problemas financieros; c) por lo que se refiere a la letra g), el hecho de que la garantía no cubriera determinados gastos no constituye de ningún modo una demostración de que se hubiera respetado el conjunto de condiciones que habrían permitido concluir que la ayuda inherente a la concesión de la garantía era compatible con el mercado interior; además, la Comisión no puede por menos de concluir que ninguna de las informaciones aportadas por las autoridades griegas en su carta de 9 de agosto de 2004 certifica el cumplimiento de dichas condiciones.

(106) Tras estas explicaciones, la Comisión considera más bien que durante el período de vigencia del régimen de ayudas en cuestión las garantías constituían uno más de los elementos de un conjunto de medidas consistentes en la concesión de ayudas a empresas en crisis y que, por lo tanto, su compatibilidad está vinculada con la compatibilidad de todo el procedimiento de reestructuración, sobre el cual, como queda suficientemente demostrado en las observaciones que figuran en los considerandos del 94 al 104, las autoridades griegas no aportaron información alguna que permitiera a la Comisión despejar las dudas que albergaba cuando inició el procedimiento del artículo 108, apartado 2, del Tratado (el análisis sobre las garantías vale también para los tres procedimientos a que se refiere la presente Decisión y para todos los sectores analizados a excepción de las garantías previstas por la orden ministerial no 2/82257/0025/18.12.2000, las cuales, habida cuenta del criterio de la viabilidad —viabilidad antes de la regularización de las deudas—, constituirán el objeto de un análisis aparte).

(107) El resto de los argumentos desarrollados por las autoridades griegas en su carta de 9 de agosto de 2004 (tipo de interés aplicado, existencia o no de un coste añadido como consecuencia de órdenes ministeriales que constituyen parte indisociable del fundamento jurídico del régimen de ayudas, periodicidad del cálculo del interés) no añade ningún elemento capaz de modificar la posición de la Comisión aquí expuesta.

(108) Dado que las informaciones aportadas por las autoridades griegas no permiten despejar las dudas formuladas en el inicio del procedimiento del artículo 108, apartado 2, del Tratado, la Comisión no puede por menos de concluir que el régimen en cuestión es incompatible con el mercado único.

b) Sectores distintos del agrario

(109) Al igual que ha hecho con el sector agrario, la Comisión tiene que analizar las ayudas en cuestión desde el prisma de las normas aplicables a las ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.

(110) Al entrar en vigor la orden ministerial no 69836/B1461, es decir, el 1 de octubre de 1993, las normas en cuestión figuraban en el octavo Informe sobre la política de competencia y, especialmente, en los puntos 177, 227 y 228 de dicho Informe.

(111) En el punto 177 de dicho Informe se afirma que, aunque determinadas medidas de salvamento pueden revelarse necesarias para dar tiempo a que se apliquen soluciones a largo plazo a los problemas de una empresa, dichas medidas no pueden ser utilizadas para entorpecer las indispensables reducciones de la capacidad productiva y, por lo tanto, tampoco pueden ser empleadas sino en los casos en que dichas medidas se imponen para solucionar graves problemas sociales.

(112) En el punto 227 del Informe se afirma que las ayudas de salvamento pueden justificarse a la luz del Tratado cuando están relacionadas con una reestructuración que aspire al saneamiento duradero de la situación de las empresas en crisis y/o de las respectivas regiones y siempre que las medidas en cuestión tengan suficiente especificidad regional o sectorial como para permitir la evaluación de sus resultados.

(113) Además, en el punto 228 del Informe se aclara la posición de la Comisión en relación con las ayudas de salvamento y se define el contenido de las «ayudas de acompañamiento».

(114) Las ayudas de salvamento deben cumplir las siguientes condiciones: a) que consistan en ayudas de tesorería en forma de garantías de préstamos o en forma de préstamos reembolsables con un tipo de interés equivalente al del mercado; b) que limiten su importe a lo estrictamente necesario para que la empresa pueda seguir funcionando, cubrir costes salariales y pagar a los proveedores; c) que únicamente se abonen por el espacio de tiempo necesario (por regla general, seis meses) para definir las necesarias medidas de recuperación; d) que se justifiquen por graves motivos sociales y que el mantenimiento de la empresa gracias a dichas ayudas no ponga en riesgo la situación industrial de otros Estados miembros.

(115) Las medidas de acompañamiento tienen que depender estrictamente de la aplicación de un completo programa de reestructuración y/o reconversión que restaure de modo efectivo la viabilidad de la producción y cuyo importe se limite a lo estrictamente necesario para garantizar el equilibrio de la empresa durante el inevitable período de transición antes de que el programa arroje sus frutos, lo que implica una duración muy limitada y una suficiente y gradual reducción del programa.

(116) Estas condiciones fueron sustituidas por las «Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis» de 1994, que entraron en vigor el 23 de diciembre de 1994 (40) (en lo sucesivo, «Directrices de 1994»), luego por las Directrices de 1997, que entraron en vigor el 1 de enero de 1998, y posteriormente por las Directrices de 1999, que entraron en vigor el 1 de julio de 2000 habida cuenta del período de adaptación de los regímenes de ayudas concedido a los Estados miembros (véanse los considerandos 98 y 102).

(117) Las Directrices de 1994 confirman la política de la Comisión en materia de ayudas de salvamento (véase el considerando 114) y definen de modo más preciso el contenido y las implicaciones de los planes de reestructuración que se presenten (perspectivas de recuperación de la viabilidad basadas en hipótesis realistas y realizables en un plazo razonable, un plan que mitigue las implicaciones de las ayudas en los competidores, respeto del principio de la ayuda única, reducción de la capacidad productiva en caso de exceso de capacidad estructural del sector en cuestión, proporcionalidad entre la ayuda, los costes y las ventajas de la reestructuración y financiación del coste social de la reestructuración).

(118) En los sectores distintos del agrario, las Directrices de 1997, resultado de la regular revisión por parte de la Comisión de cuestiones relacionadas con el salvamento y con la reestructuración de empresas en crisis, vienen a confirmar las Directrices de 1994.

(119) Las Directrices de 1999 endurecen las condiciones de concesión de ayudas de salvamento al establecer un determinado plazo de presentación para los planes de reestructuración. En materia de reestructuración, dichas Directrices se muestran especialmente restrictivas con las pequeñas y medianas empresas y contemplan la posibilidad de exigir una reducción de la capacidad productiva incluso cuando no exista un exceso de capacidad estructural en un sector dado.

(120) Dado que las explicaciones ofrecidas por las autoridades griegas en su carta de 9 de agosto de 2004 valen tanto para el sector agrario, como para los sectores distintos del agrario, la Comisión no puede por menos de confirmar, como ya hizo a propósito del sector agrario, que ninguna de las informaciones presentadas por las autoridades griegas permitía concluir que se hubieran respetado las distintas condiciones establecidas por las Directrices de 1994, 1997 y 1999 (por citar solo un ejemplo, nada permite concluir que las empresas a las que se les concedieron ayudas hubieran presentado un plan de reestructuración que incluyera las necesarias contraprestaciones). Esta constatación vale también por lo que se refiere al cumplimiento de las condiciones establecidas en el octavo Informe sobre la política de competencia.

(121) A falta de elementos que demuestren que se han respetado las mencionadas disposiciones, la Comisión no puede confirmar que las ayudas se concedieran previa presentación de un plan de reestructuración con todas las especificidades que se establecen en las normativas aquí mencionadas (a saber, perspectivas de recuperación de la viabilidad basadas en hipótesis realistas y realizables en un plazo razonable, mitigación de las implicaciones de las ayudas en los competidores, respeto del principio de la ayuda única, reducción de la capacidad productiva, proporcionalidad entre la ayuda, los costes y las ventajas de la reestructuración y financiación del coste social de la reestructuración). De modo que no puede la Comisión despejar las dudas expresadas al iniciar el procedimiento del artículo 108, apartado 2, del Tratado y, por lo tanto, se ve obligada a concluir que el régimen en cuestión es incompatible con el mercado común.

V.II.2 AYUDAS CONCEDIDAS A LAS EMPRESAS DE FLÓRINA Y KILKÍS OBJETO DEL SEGUNDO INICIO DE PROCEDIMIENTO

a) Sector agrario

(122) En su carta de 18 de agosto de 2005 las autoridades griegas afirmaban que la orden ministerial de base por la que se establece la concesión de ayudas (orden ministerial no 66336/B.1398/1993) hacía referencia a las empresas industriales y artesanas y que ninguna de sus disposiciones tenía por objeto ninguna empresa agraria.

(123) La Comisión ha tomado nota de estas aclaraciones y, por lo tanto, considera que no es necesario proceder al análisis del régimen en cuestión desde el prisma de las normas reguladoras de las ayudas estatales aplicables al sector agrario durante el período de concesión de dichas ayudas.

b) Sectores distintos del agrario

(124) La Comisión, que al iniciar el procedimiento había considerado que el régimen de ayudas había sido previsto para empresas en crisis porque la orden ministerial no 66336/B.1398/1993 establecía que las empresas tenían que ser viables tras la reestructuración (lo que no excluía la posibilidad de que se hallaran en crisis durante el período en que estuvieron sujetas a la regularización de la deuda), ha de examinar la compatibilidad de las ayudas en cuestión en función de las normas aplicables a las ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis en el momento de su concesión

(125) Las normas aplicables a las ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis en el momento de la concesión de las ayudas en cuestión eran, por orden cronológico, los puntos 177, 227 y 228 del octavo Informe sobre la política de competencia, las Directrices de 1994 y las Directrices de 1997.

(126) Por lo que se refiere al respeto de los puntos 177, 227 y 228 del octavo Informe sobre la política de competencia, de las Directrices de 1994, de las Directrices de 1997 y de las Directrices de 1999, las autoridades griegas ofrecían en su carta de 18 de agosto de 2005 explicaciones idénticas a las aportadas para justificar la concesión de ayudas en los departamentos de Kastoriá y Eubea [los argumentos de las autoridades griegas que se exponen en las letras a) a f) del considerando 57 ya figuran en las letras a) a e) del considerando 56]. Por lo tanto, también se aplica en este caso el análisis de la Comisión expuesto en los considerandos del 110 al 121, lo que significa que la Comisión no puede despejar las dudas expresadas durante el procedimiento del artículo 108, apartado 2, del Tratado ni puede por menos de concluir que el régimen en cuestión es incompatible con el mercado interior.

(127) En su carta de 18 de agosto de 2005 las autoridades griegas también intentaron justificar las ayudas en cuestión alegando que los departamentos de Flórina y Kilkís limitan con la antigua República Yugoslava de Macedonia y que las empresas locales se vieron muy afectadas por la inestabilidad y por la situación de guerra reinante en la región.

(128) Esta referencia a circunstancias excepcionales habría permitido aplicar la excepción del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado, en virtud de la cual se consideran compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otras circunstancias excepcionales. Sin embargo, las autoridades griegas no aportaron ningún elemento de análisis que demostrara la existencia de los problemas a los que dicen haberse tenido que enfrentar las empresas de los dos departamentos ni ninguna relación de causa y efecto con la inestabilidad reinante en la región debido a los acontecimientos de Yugoslavia. Además, no dispone la Comisión de ninguna información que certifique que los acontecimientos que invocaban las autoridades griegas hubieran podido tener consecuencias para las empresas en cuestión durante el período de vigencia del régimen de ayudas. Por último, la Comisión se pregunta por qué razón el régimen de ayudas se aplicaba únicamente a determinados sectores de la economía de esos dos departamentos cuando los acontecimientos que se alegan debían de afectar a todo el conjunto de empresas locales y a todos los sectores de actividad.

(129) Habida cuenta de lo que precede, la Comisión no acaba de comprender cómo el régimen de ayudas en cuestión podría acogerse al caso de excepción del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado. Por lo tanto, no puede por menos de concluir una vez más que el régimen en cuestión es incompatible con el mercado común.

V.II.3 AYUDAS CONCEDIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE RÓDOPE, EVROS, XANTHI, LESBOS, SAMOS, QUÍOS Y EL DODECANESO, OBJETO DEL TERCER INICIO DE PROCEDIMIENTO

(130) Dado que en su decisión de iniciar el procedimiento afirmaba la Comisión que sobre la base de la información de que disponía no podía determinar en qué medida las dos órdenes ministeriales de 1989 y las subsiguientes a que se refieren los considerandos del 50 al 52 constituían un régimen de ayudas independiente o parte integrante del sistema global analizado en los distintos procedimientos iniciados y dado que en su carta de 10 de mayo de 2006 las autoridades griegas no aportaban ninguna aclaración al respecto, la Comisión ha decidido analizar separadamente la compatibilidad con el mercado interior de cada una de las ayudas contempladas en dichas órdenes ministeriales. Las garantías previstas por la orden ministerial no 2/82257/0025/18.12.2000 (véase el considerando 49) también se examinan aparte dado que dicha orden obliga a las empresas beneficiarias a ser viables con anterioridad y no con posterioridad a la regularización de la deuda como ocurría en el resto de los casos que se han mencionado.

(131) El análisis de las órdenes ministeriales que se mencionan en los considerandos del 44 al 52 incluye dos aspectos principales, a saber, el agrario y el no agrario, al igual que en el caso de los regímenes objeto de los dos primeros inicios de procedimiento, aunque el no agrario se divida en varias partes: por un lado, el sector industrial, el sector hostelero y el sector artesano y, por otro, el sector naviero. El sector del carbón, que también fue objeto del procedimiento a que se refiere el artículo 108, apartado 2, del Tratado, ya no será objeto de análisis en la presente Decisión dado que las autoridades griegas afirmaban en sus cartas de 15 y 29 de marzo de 2011 que las actividades mineras consistían en la extracción de piedra y mármol, hecho que nos hace incluir a las correspondientes empresas en el análisis de las ayudas concedidas al sector industrial.

a) Sector agrario

(132) La Comisión tiene que analizar el régimen objeto de contestación a la luz de las normas aplicables a las ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis en el momento de la concesión de las ayudas.

(133) Por lo que al sector agrario se refiere, ya se han expuesto en los considerandos 90 y del 98 al 103 las normas que se le aplican. Dado que, en el presente caso, el régimen expiraba el 31 de diciembre de 2005, es conveniente añadir a la lista de normas aplicables las «Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis» (41) (en lo sucesivo, «Directrices de 2004»), que entraron en vigor el 10 de octubre de 2004 y que endurecen las condiciones de las Directrices de 1999 (y recalcan, especialmente, que la contribución del receptor de la ayuda al plan de reestructuración debe ser real y exenta de ayuda). Además, si se tiene en cuenta la naturaleza de los beneficiarios (empresas ganaderas del sector industrial y explotaciones lecheras), procede considerar que el régimen en cuestión podía incluir tanto empresas de producción primaria (con actividades ganaderas propiamente dichas), como empresas de transformación/comercialización (por ejemplo, explotaciones ganaderas que disponen de alguna cadena de transformación).

(134) Por lo que se refiere al respeto de las normas, la Comisión señala que la orden ministerial no 1648/B22/13.1.1994 y sus modificaciones establecía la regularización tanto de las deudas relacionadas con inversiones, como la de las deudas relacionadas con capital circulante.

(135) En cuanto a la regularización de deudas relacionadas con inversiones, la autoridades griegas no aportaron en su carta de 10 de mayo de 2006 ninguna información que permitiera a la Comisión concluir que los préstamos objeto de la regularización estaban efectivamente relacionados con inversiones ya realizadas. Por lo tanto, no puede la Comisión concluir que se cumpla la condición que se establece en el considerando 90, letra a).

(136) Sobre la base de la información de que dispone tampoco puede la Comisión despejar sus dudas sobre el respeto de la condición que se establece en el considerando 90, letra b), dado que en su carta de 10 de mayo de 2006 las autoridades griegas no ofrecieron ninguna explicación al respecto.

(137) En cuanto a la condición que se establece en el considerando 90, letra c), la Comisión puede considerar que se cumple la segunda alternativa dado que tras la regularización de la deuda las empresas beneficiarias debían ser viables según la evaluación que de ellas hicieran los bancos.

(138) Por lo que se refiere a la regularización de los préstamos relacionados con la constitución de un capital circulante, tampoco es posible que la aplicación del régimen en cuestión tuviera lugar en el respeto de todas las condiciones a que se refiere el considerando 90 dado que la primera de dichas condiciones [letra a)] establece expresamente que los préstamos debían haber sido concedidos para financiar inversiones.

(139) En cuanto a las ayudas concedidas desde el 1 de enero de 1998 hasta la entrada en vigor de las Directrices de 2004, el análisis que figura en los considerandos del 98 al 104 también es válido por lo que se refiere a la esencia del presente caso dado que las autoridades griegas no ofrecían en su carta de 10 de mayo de 2006 ninguna información que permitiera a la Comisión concluir que para la obtención de las ayudas en cuestión se hubiera presentado plan alguno de reestructuración acompañado de las contraprestaciones de rigor.

(140) Por último, por lo que se refiere a las ayudas concedidas a partir de la entrada en vigor de las Directrices de 2004, la Comisión no puede por menos de concluir que las autoridades griegas no aportaron en su carta de 10 de mayo de 2006 ninguna información que permitiera a la Comisión concluir que para la obtención de las ayudas en cuestión se hubiera presentado plan alguno de reestructuración acompañado de las contrapartidas de rigor. De modo que no puede la Comisión despejar las dudas expresadas al iniciar el procedimiento del artículo 108, apartado 2, del Tratado y, por lo tanto, se ve obligada a concluir que el régimen en cuestión es incompatible con el mercado interior.

(141) En su carta de 10 de mayo de 2006 las autoridades griegas intentaron justificar las ayudas en cuestión por la situación de guerra reinante en los países vecinos. Según las autoridades griegas, este contexto hacía que las ayudas se pudieran acoger al caso de excepción previsto en el artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del Tratado [véase el considerando 59, letra a)].

(142) La Comisión no puede aceptar este argumento por diferentes razones: a) a nivel normativo, la existencia de un conflicto constituye una circunstancia excepcional a la que únicamente cabe aplicarle la excepción contemplada en el artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado, en virtud del cual se consideran compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otras circunstancias excepcionales; b) en el sector agrario hay que evaluar la compatibilidad de las ayudas desde el prisma de la excepción contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, por el que se establece que se pueden considerar compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas o de determinadas regiones económicas siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, y no procede evaluar dicha compatibilidad desde el prisma de la excepción contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado, por el que se establece que pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como el desarrollo de las regiones contempladas en el artículo 349 (42) habida cuenta de su situación estructural económica y social; c) para poder aplicar el artículo 107, apartado 3, letra c), las ayudas deben haberse concedido con arreglo a las normas reguladoras de las ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis; sin embargo, como ya se ha demostrado aquí, eso no ocurrió.

(143) La Comisión tampoco puede concluir que se pueda aplicar a este caso concreto el artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado por las siguientes razones: a) evidentemente, las autoridades griegas puntualizaban en su carta de 10 de mayo de 2006 que durante el período de vigencia del régimen de ayudas tanto el PIB global, como el PIB per cápita de los departamentos en cuestión registraron unos niveles extraordinariamente bajos en comparación con los del resto de las regiones del país si bien reconocían, por otro lado, que durante ese mismo período se había producido un cierto crecimiento, lo que demuestra que la guerra en las regiones limítrofes no tuvo un impacto catastrófico en la economía de las zonas objeto del presente examen; b) como se demuestra en la descripción del fundamento jurídico del régimen de ayudas, hasta casi diez años después del final de las hostilidades en las regiones vecinas no se introdujeron modificaciones en dicho régimen; por lo tanto, no podemos considerar que las autoridades griegas estuvieran obligadas a intervenir por la situación de guerra reinante en las