ES Diario Oficial de la Unión Europea L 347/549

REGLAMENTO (UE) No 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 17 de diciembre de 2013

sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008del Consejo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea (1),

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada "La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario" examinaba los potenciales desafíos, objetivos y orientaciones de la Política Agrícola Común (PAC) después de 2013. A la luz del debate sobre dicha Comunicación, la PAC debe reformarse con efecto a partir del 1 de enero de 2014. Esta reforma debe cubrir todos los instrumentos principales de la PAC, incluido el Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo (2). De la experiencia adquirida con la aplicación de dicho Reglamento se desprende la necesidad de ajustar algunos elementos del mecanismo de financiación y de seguimiento. Habida cuenta del alcance de la reforma, procede derogar el Reglamento (CE) no 1290/2005 y sustituirlo por un nuevo texto. En la medida de lo posible, la reforma también debe armonizar, racionalizar y simplificar sus disposiciones.

(2) Con objeto de completar o modificar algunos elementos no esenciales del presente Reglamento, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en lo que atañe a: la autorización de los organismos pagadores y los organismos coordinadores, las obligaciones de los organismos pagadores en relación con la intervención pública, así como las normas relativas al contenido de sus responsabilidades en materia de gestión y control de esas agencias, las medidas que deben ser financiadas con cargo al presupuesto general de la Unión Europea (presupuesto de la Unión) en virtud del régimen de intervención pública y la valoración de las operaciones en relación con la intervención pública. Esa delegación debe extenderse también a las excepciones a la imposibilidad de optar a los pagos abonados por los organismos pagadores a los beneficiarios, antes de la fecha de abono más temprana o después de la última fecha de abono posible, la compensación entre los gastos y los ingresos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Además, esa delegación debe extenderse a los métodos aplicables a los compromisos y a los pagos de las cantidades de que se trate en caso de que el presupuesto de la Unión no haya sido adoptado al principio del ejercicio presupuestario o si la suma total de los compromisos previstos excede del umbral del artículo 170, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Además, esta delegación debe extenderse al aplazamiento de los pagos mensuales efectuados por la Comisión a los Estados miembros respecto de los gastos del FEAGA y a las condiciones aplicables por la Comisión a la reducción o suspensión de los pagos intermedios a los Estados miembros con arreglo al FEADER. La delegación debe extenderse además a la suspensión de los pagos mensuales o intermedios cuya información estadística pertinente no haya sido enviada a tiempo, las obligaciones específicas de los Estados miembros respecto a los controles, criterios y metodología para aplicar correcciones en el contexto del procedimiento de liquidación de conformidad y el cobro de las deudas. Además, la delegación debe extenderse a los requisitos con respecto a los procedimientos aduaneros, la retirada de las ayudas y las sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones de admisibilidad y de los compromisos u otras obligaciones resultantes de la legislación agraria sectorial. Le delegación debe igualmente debe extenderse a las medidas de regularización de los mercados en cuya virtud la Comisión puede suspender los pagos mensuales a las normas sobre garantías, al funcionamiento del sistema integrado de administración y control, de las medidas excluidas del control de las operaciones, la modificación del importe de los ingresos o los pagos por debajo del cual el documento comercial de las empresas normalmente no se revisará con arreglo al presente Reglamento, las penalizaciones aplicadas en virtud de la condicionalidad, los requisitos de control en el sector vitivinícola, las normas sobre el mantenimiento de los pastos permanentes, las normas sobre el hecho generador y el tipo de cambio utilizado por los Estados miembros que no utilicen el euro, las medidas para proteger la aplicación de la normativa de la Unión en caso de que mediante prácticas monetarias de carácter excepcional se pueda poner en peligro dicha aplicación, y respecto del contenido del marco de evaluación común de las medidas adoptadas en el ámbito de la PAC y en relación con las medidas transitorias. Es de especial importancia que la Comisión celebre las consultas apropiadas durante sus trabajos de preparación, también con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(3) La PAC consiste en varias medidas, algunas relativas al desarrollo rural. Es importante financiar esas medidas para contribuir a alcanzar los objetivos previstos. Dado que estas medidas tienen algunos elementos en común, pero también difieren en varios aspectos, conviene regular su financiación en el mismo conjunto de disposiciones. En caso necesario, estas disposiciones admitirán un trato diferente. En virtud del Reglamento (CE) no 1290/2005 se crearon dos fondos agrarios europeos, a saber, el FEAGA y el FEADER (los Fondos). Ambos fondos deben mantenerse.

(4) El Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 y las disposiciones adoptadas en virtud del mismo deben aplicarse a las medidas establecidas en el presente Reglamento En particular, el presente Reglamento establece las disposiciones relativas a la gestión compartida con los Estados miembros sobre la base de los principios de buena gestión financiera, transparencia y no discriminación, así como disposiciones sobre la función de los organismos acreditados y los principios presupuestarios, disposiciones que deben cumplirse en el marco del presente Reglamento.

(5) Para garantizar la coherencia entre las prácticas de los Estados miembros y la aplicación armonizada de la cláusula de fuerza mayo por parte de los Estados miembros, el presente Reglamento establecerá, cuando proceda, exenciones en casos de fuerza mayor y en circunstancias excepcionales, así como una lista no exhaustiva de posibles casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales que serán reconocidos por las autoridades nacionales competentes. Estas autoridades deben tomar decisiones en circunstancias de fuerza mayor o excepcionales, caso por caso y basándose en las pruebas pertinentes y aplicando el concepto de fuerza mayor a la luz de la legislación agraria de la Unión, incluída la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

(6) El presupuesto de la Unión debe financiar los gastos de la PAC, incluidos los de desarrollo rural, a través de ambos Fondos ya sea directamente o en el contexto de la gestión compartida con los Estados miembros. Procede especificar los tipos de medidas que son financiables con cargo a dichos Fondos.

(7) Procede adoptar disposiciones referentes a la autorización de los organismos pagadores por parte de los Estados miembros, al establecimiento de procedimientos para obtener las declaraciones sobre la gestión necesarias y para obtener la certificación de los sistemas de gestión y control, así como la certificación de las cuentas anuales por organismos independientes. Además, para garantizar la transparencia de los controles nacionales, en particular en lo que respecta a los procedimientos de autorización, validación y pago, y reducir la carga administrativa y auditora de los servicios de la Comisión y de los Estados miembros en caso de que se exija la acreditación de cada organismo pagador, debe restringirse el número de autoridades y organismos en los que se vayan a delegar estas responsabilidades teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales de cada Estado miembro. Para evitar costes innecesarios de reorganización, los Estados miembros deberán tener la posibilidad de mantener el número de organismos pagadores que se hayan acreditado antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(8) Cuando un Estado miembro autorice más de un organismo pagador, es importante que designe un único organismo coordinador público encargado de garantizar la coherencia de la gestión de los Fondos, establecer el enlace entre la Comisión y los distintos organismos pagadores autorizados y procurar que la información solicitada por la Comisión sobre las actividades de dichos organismos pagadores se comunique sin tardanza. El organismo coordinador público debe también tomar y coordinar medidas correctoras para resolver las deficiencias de carácter común ymantener informada a la Comisión del curso dado a las mismas. Además, ese organismo debe promover y, cuando sea posible, garantizar que las normas comunes se apliquen de forma homogénea.

(9) Únicamente cuando se utilizan organismos pagadores que hayan sido autorizados por los Estados miembros existe una garantía razonable de que se han realizado los controles necesarios antes de concederse la ayuda de la Unión a los beneficiarios. Por tanto, debe establecerse explícitamente en el presente Reglamento que solo los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados pueden ser reembolsados con cargo al presupuesto de la Unión.

(10) Con el fin de ayudar a los beneficiarios a ser más conscientes de la relación entre las prácticas agrícolas y la gestión de las explotaciones agrarias, por una parte, y las normas en materia de medio ambiente, cambio climático, buena condición agrícola de la tierra, seguridad alimentaria, salud pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar animal, por otra, es necesario que los Estados miembros creen un amplio sistema de asesoramiento a las explotaciones que ofrezca consejos a los beneficiarios. Dicho sistema de asesoramiento a las explotaciones no debe, en ningún caso, afectar a la obligación y responsabilidad de los beneficiarios de respetar dichas normas. Los Estados miembros también deben garantizar una clara separación entre asesoramiento y controles.

(11) El sistema de asesoramiento a las explotaciones debe cubrir, al menos las obligaciones a escala de las explotaciones derivadas de los requisitos y normas que constituyen el ámbito de aplicación de la condicionalidad. Dicho sistema también debe abarcar los requisitos que deben respetarse en relación con las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y el mantenimiento de la superficie agrícola en virtud del Reglamento (UE) no 1307/2013 (4) del Parlamento Europeo y del Consejo, así como las medidas al nivel de las explotaciones incluidas en los programas de desarrollo rural relacionadas con la modernización de las explotaciones, la consolidación de la competitividad, la integración sectorial, la innovación y la orientación al mercado y el fomento de la iniciativa empresarial. Dicho sistema debe cubrir también a los requisitos impuestos a los beneficiarios por los Estados miembros con el fin de aplicar las disposiciones específicas de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y para la aplicción del artículo 55 del Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), en particular los relativos al cumplimiento de los principios generales de gestión integrada de plagas, tal como contempla el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(12) La entrada de los beneficiarios en el sistema de asesoramiento a las explotaciones debe ser voluntaria. Debe permitirse participar en el mismo a todos los beneficiarios, incluso los agricultores que no reciban ayuda en el marco de la PAC. Debe ser, no obstante, posible que los Estados miembros fijen los criterios de prioridad. Debido a la naturaleza del sistema, procede que la información obtenida en el desempeño de la actividad consultora sea tratada de forma confidencial, salvo en caso de infracción grave de la legislación de la Unión o nacional. Para garantizar la eficacia del sistema, los asesores deben estar adecuadamente cualificados y recibir formación periódicamente.

(13) Con respecto al FEAGA, la Comisión debe poner a disposición de los Estados miembros los recursos financieros necesarios para sufragar los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados en forma de reembolsos basados en la contabilización de los gastos efectuados por dichas agencias. A la espera de los reembolsos en forma de pagos mensuales, los Estados miembros deben movilizar los recursos financieros necesarios en función de las necesidades de sus organismos pagadores autorizados. Los costes de personal y administrativosde los Estados miembros y los beneficiarios participantes en la ejecución de la PAC deben correr a su cargo.

(14) La utilización del sistema agrometeorológico y la adquisición y mejora de imágenes por satélite debe aportar a la Comisión, en particular, los medios para gestionar los mercados agrícolas, facilitar el seguimiento de los gastos agrícolas y supervisar los recursos agrícolas a medio y largo plazo. Asimismo, a la luz de la experiencia adquirida mediante la aplicación del Reglamento (CE) no 165/94 del Consejo (8), algunas de sus disposiciones deberán incorporarse en el presente Reglamento y, en consecuencia, el citado Reglamento (CE) No 165/94 debe derogarse.

(15) En el contexto del respeto de la disciplina presupuestaria, es necesario definir el límite anual de los gastos financiados por el FEAGA teniendo en cuenta los importes máximos fijados para dicho Fondo en el marco financiero plurianual establecido en el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (9).

(16) La disciplina presupuestaria establece también que el límite anual de los gastos financiados por el FEAGA se respete en cualesquiera circunstancias y en todas las etapas del procedimiento presupuestario y de ejecución del presupuesto. en consecuencia, es necesario que el límite nacional de los pagos directos por Estado miembro establecido en el Reglamento (UE) no 1307/2013 se considere el límite financiero de esos pagos para el Estado miembro de que se trate y que los reembolsos de dichos pagos no sobrepasen ese límite. Además, la disciplina presupuestaria exige que todos los actos legislativos de la Unión propuestos por la Comisión o adoptados por el legislador o por la Comisión en el ámbito de la PAC y financiados por el FEAGA deben respetar el límite anual de los gastos financiados por dicho Fondo.

(17) Con objeto de garantizar que los importes destinados a financiar la PAC respetan los límites anuales, debe mantenerse el mecanismo financiero a que se refiere el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo (10), mediante el cual se ajusta el nivel de las ayudas directas. En caso de que el Parlamento Europeo y el Consejo no los fijen antes del 30 de junio del año natural respecto al cual se apliquen, la Comisión debe estar autorizada a fijar dichos ajustes.

(18) Con el fin de apoyar al sector agrícola en caso de crisis graves que afecten a la producción o distribución agrícola, deberá crearse una reserva para crisis aplicando al principio de cada año una reducción en los pagos directos por medio del mecanismo de disciplina financiera.

(19) El artículo 169, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 dispone que los créditos no comprometidos destinados a las acciones indicadas en el artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento podrán prorrogarse únicamente hasta el siguiente ejercicio presupuestario y que dicha prórroga solo podrá utilizarse para efectuar un pago adicional a los perceptores finales que estuvieran sujetos, en el ejercicio precedente, al ajuste de los pagos directos de conformidad con el artículo 25 del presente Reglamento. Por consiguiente, cuando los créditos se prorroguen de ese modo hasta el siguiente ejercicio, las administraciones nacionales deberán realizar pagos a dos grupos de beneficiarios de pagos directos en un ejercicio presupuestario: por un lado reembolsar, con cargo a los importes no utilizados prorrogados de la disciplina financiera a los agricultores sujetos a la disciplina financiera durante el ejercicio anterior, y por otro, realizar los pagos directos en el ejercicio presupuestario N a aquellos agricultores que los hayan solicitado. Para evitar una excesiva carga administrativa para las administraciones nacionales, deberá establecerse una excepción a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 169, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 que permita a las administraciones nacionales reembolsar el importe prorrogado al ejercicio presupuestario N a los agricultores sujetos a la disciplina financiera en el ejercicio N, en lugar de a los agricultores sujetos a ella en el ejercicio N-1.

(20) Las medidas adoptadas para determinar la participación financiera de los Fondos respecto del cálculo de los límites financieros, no afectan a las competencias de el Parlamento Europeo y el Consejo designada en el TFUE. Por consiguiente, estas medidas deben basarse en los importes de referencia fijados con arreglo al Acuerdo Interinstitucional de 19 de noviembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera y el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013.

(21) La disciplina presupuestaria requiere también un examen continuo de la situación presupuestaria a medio plazo. Por eso es importante que, al presentar el proyecto de presupuesto de un año determinado, la Comisión presente sus previsiones y su análisis al Parlamento Europeo y al Consejo y, en su caso, pueda proponer al legislador las medidas adecuadas. Además, con el fin de garantizar el respeto del límite anual, procede que la Comisión pueda hacer pleno uso en cualquier momento de sus competencias de gestión y, en caso necesario, proponer al Parlamento Europeo y al Consejo o al Consejo medidas adecuadas para rectificar la situación presupuestaria. Si, al final de un ejercicio presupuestario, no puede respetarse el límite anual como consecuencia de los reembolsos solicitados por los Estados miembros, la Comisión debe poder adoptar medidas que permitan una distribución provisional del presupuesto disponible entre los Estados miembros en proporción a sus peticiones de reembolso aún no pagadas, así como el cumplimiento del límite máximo fijado para el año de que se trate. Los pagos para ese ejercicio deben imputarse al ejercicio presupuestario siguiente y debe fijarse definitivamente el importe total de financiación de la Unión por Estado miembro, así como una compensación entre Estados miembros para ajustarse al importe fijado.

(22) En la ejecución del presupuesto, la Comisión debe poner en marcha un sistema mensual de alerta y seguimiento de los gastos agrícolas, de forma que, en caso de riesgo de rebasamiento del límite máximo anual, pueda, a la mayor brevedad posible, adoptar las medidas adecuadas en el marco de sus competencias de gestión y proponer otras medidas si estas resultan insuficientes. Es conveniente que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe periódico en el que se compare la evolución de los gastos efectuados hasta la fecha en relación con las estimaciones y hacer una evaluación de la ejecución previsible para el resto del ejercicio presupuestario.

(23) Habida cuenta del tiempo que transcurre entre la elaboración de los documentos y su presentación, el tipo de cambio utilizado por la Comisión para establecer los documentos presupuestarios debe reflejar la información más reciente disponible.

(24) El Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) establece normas aplicables a la ayuda financiera de los Fondos cubiertos por dicho Reglamento, incluido el FEADER Estas normas también incluyen la admisibilidad de los gastos y la gestión financiera, así como los sistemas de gestión y control. En lo que atañe a la gestión financiera del FEADER, por razones de claridad y coherencia entre los Fondos cubiertos por el presente Reglamento, se debe hacer referencia a las disposiciones pertinentes sobre los compromisos presupuestarios, los plazos de pago y la liberación del Reglamento (UE) no 1303/2013.

(25) Los programas de desarrollo rural son financiados por el presupuesto de la Unión sobre la base de compromisos por tramos anuales. Los Estados miembros deben poder disponer de los fondos previstos de la Unión desde el comienzo de la aplicación de los programas. Por tanto, es necesario un sistema de prefinanciación convenientemente limitado que garantice un flujo regular de fondos de forma que los pagos a los beneficiarios en el marco de los programas se realicen en el momento adecuado.

(26) Aparte de la prefinanciación, es necesario establecer una distinción entre los pagos de la Comisión a los organismos pagadores autorizados, procede distinguir entre los pagos intermedios y el pago del saldo y establecer normas detalladas para su abono. La norma de la liberación automática de los compromisos debe contribuir a agilizar la aplicación de los programas y a la buena gestión financiera. Las normas relativas a los marcos nacionales de los Estados miembros que cuenten con programas regionales que figuran en el Reglamento dis(UE) no…(UE) no 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) ponen asimismo la existencia de un instrumento a disposición de los Estados miembros para garantizar la ejecución y una buena gestión financiera.

(27) La ayuda de la Unión a los beneficiarios debe abonarse con suficiente antelación para que pueda utilizarse de manera eficaz. El incumplimiento de los plazos establecidos en el derecho de la Unión por parte de los Estados miembros puede plantear serios problemas a los beneficiarios y poner en peligro la periodicidad anual del presupuesto de la Unión. Por esta razón se justifica que los gastos efectuados fuera de los plazos de pago se excluyan de la financiación de la Unión. El principio de proporcionalidad, establecido en el Reglamento (CE) no 1290/2005, debe mantenerse y aplicarse a ambos Fondos. A efectos de respetarlo, la Comisión debe poder establecer disposiciones que determinen excepciones a esta norma general12902005.

(28) El Reglamento (CE) no 1290/2005 prevé reducciones y suspensiones de los pagos mensuales o intermedios de los Fondos. A pesar de la redacción poco restrictiva de dichas disposiciones, se observa en la práctica que tales disposiciones se utilizan fundamentalmente para reducir los pagos en caso de incumplimiento de los plazos de pago, de los límites máximos y aspectos contables similares, que pueden ser fácilmente detectados en las declaraciones de gastos. Estas disposiciones también permiten reducciones y suspensiones en caso de deficiencias graves y persistentes en los sistemas nacionales de control, pero incluyen condiciones importantes bastante restrictivas para hacerlo y prevén la aplicación de un procedimiento especial en dos etapas. El Parlamento Europeo y el Consejo han solicitado en repetidas ocasiones a la Comisión suspender los pagos a los Estados miembros incumplidores. Por este motivo, procede clarificar el régimen previsto en el Reglamento (CE) no 1290/2005 y unificar las normas sobre reducciones y suspensiones tanto para el FEAGA como para el FEADER en un artículo único. El sistema de reducciones por aspectos contables debe mantenerse de acuerdo con las prácticas administrativas existentes. La posibilidad de reducir o suspender los pagos en caso de deficiencias significativas y persistentes en los sistemas nacionales de control debe reforzarse para que la Comisión disponga de la posibilidad de suspender los pagos rápidamente cuando detecte deficiencias. Procede además ampliar esta posibilidad mediante la inclusión del concepto de negligencia en el sistema de recuperación de pagos irregulares.

(29) De acuerdo con la legislación agrícola sectorial, los Estados miembros deben enviar información sobre el número de controles efectuados y sus resultados en los plazos especificados. Estas estadísticas de control se utilizan para determinar el nivel de error en los Estados miembros y, de forma más general, para el control de la gestión de os Fondos. Las estadísticas de control suponen una fuente importante de información para que la Comisión esté satisfecha de la correcta gestión de los Fondos y constituyen un elemento esencial de la declaración anual de fiabilidad. Dada la naturaleza vital de esta información estadística y con el fin de garantizar que los Estados miembros cumplen su obligación de enviarla a tiempo, procede fijar un elemento disuasorio para el envío tardío de los datos exigidos que sea proporcional a la amplitud del déficit de datos. Por lo tanto, deben adoptarse disposiciones mediante las cuales la Comisión pueda suspender parte de los pagos mensuales o intermedios cuya información estadística pertinente no haya sido enviada a tiempo.

(30) A fin de permitir la reutilización de los Fondos, es preciso adoptar normas específicas sobre la asignación de importes. La lista que figura en el Reglamento (CE) no 1290/2005 debe completarse con los importes correspondientes a los pagos fuera de plazo y a la liquidación de cuentas en lo que atañe a los gastos en virtud del FEAGA. También el Reglamento (CEE) no 352/78 (13), establece normas sobre el destino de los importes derivados de garantías ejecutadas. Estas disposiciones deben armonizarse y fusionarse con las disposiciones existentes relativas a los ingresos asignados. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (CEE) no 352/78.

(31) El Reglamento (CE) no 814/2000 del Consejo (14) y sus normas de desarrollo definen las medidas de información relativas a la PAC que pueden ser financiadas en virtud del artículo 5, letra c), del Reglamento (CE) no 1290/2005. El Reglamento (CE) no 814/2000 contiene una lista de esas medidas y sus objetivos y fija las normas de su financiación y la ejecución de los proyectos correspondientes. Desde la adopción de dicho Reglamento, una serie de normas en lo que respecta a las subvenciones y los contratos públicos han sido adoptadas mediante el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012. Esas normas deben aplicarse también a las medidas de información en virtud de la PAC. Por razones de simplificación y coherencia, procede derogar el Reglamento (CE) no 814/2000 al tiempo que se mantienen las disposiciones específicas relativas a los objetivos y tipos de medidas que deben ser financiadas. Estas medidas también deben tener en cuenta la necesidad de garantizar una mayor eficiencia en la comunicación al público en general y sinergias más fuertes entre las actividades de comunicación emprendidas por iniciativa de la Comisión, así como la necesidad de cerciorarse de que las prioridades políticas de la Unión se divulgan eficazmente. Por lo tanto, también deben cubrir las medidas de información pertinente de la PAC en el marco de la comunicación institucional a que se hace referencia en la Comunicación de la Comisión: Un Presupuesto para Europa 2020 ("la Comunicación de la Comisión: Un Presupuesto para Europa 2020")- Parte II: Fichas sobre políticas.

(32) La financiación de las medidas de la PAC se efectúa en parte en gestión compartida. Para garantizar la gestión financiera correcta de los Fondos de la Unión, la Comisión ha de ejercer una labor de control de la aplicación de la gestión de los fondos por las autoridades de los Estados miembros encargadas de efectuar los pagos. Es preciso determinar el carácter de los controles que debe efectuar la Comisión, precisar las condiciones en que esta puede asumir sus responsabilidades de ejecución del presupuesto y esclarecer las obligaciones de cooperación de los Estados miembros.

(33) Para permitir a la Comisión cumplir con su obligación de verificar la existencia y el funcionamiento correcto en los Estados miembros de los sistemas de gestión y control de los gastos de la Unión, conviene establecer, con independencia de las inspecciones que realicen los propios Estados miembros, controles efectuados por personas autorizadas por la Comisión, que deben poder solicitar ayuda a los Estados miembros en su trabajo.

(34) Es necesario utilizar lo más extensamente posible la informática para elaborar la información que debe transmitirse a la Comisión. En las comprobaciones, es importante que la Comisión tenga acceso pleno e inmediato a los datos correspondientes a los gastos, en soporte tanto impreso como informático.

(35) Para establecer la relación financiera entre los organismos pagadores autorizados y el presupuesto de la Unión, es conveniente que la Comisión efectúe anualmente la liquidación de cuentas de esos organismos(liquidación financiera de cuentas). La decisión de liquidación de cuentas debe referirse a la integralidad, exactitud y veracidad de las cuentas transmitidas, pero no a la conformidad de los gastos con la legislación de la Unión.

(36) La Comisión es responsable de la ejecución del presupuesto de la Unión Europea en colaboración con los Estados miembros, de conformidad con el artículo 317 del TFUE. La Comisión está facultada para decidir, mediante actos de ejecución, si los gastos efectuados por los Estados miembros se ajustan al derecho de la Unión. Debe conferirse a los Estados miembros el derecho a justificar sus decisiones de pago y recurrir a la conciliación en caso de desacuerdo con la Comisión. Para conceder a los Estados miembros garantías jurídicas y financieras sobre los gastos efectuados en el pasado, se debe fijar un periodo máximo para que la Comisión decida las consecuencias financieras del incumplimiento. El procedimiento de liquidación de conformidad debe estar, en lo que atañe al FEADER, en línea con las disposiciones sobre las correcciones financieras de la Comisión según lo establecido en la parte 2 del Reglamento (UE) no 1303/2013.

(37) En lo que respecta al FEAGA, los importes recuperados deben reembolsarse a este Fondo ya que se trata de gastos no conformes con la legislación de la Unión y por los cuales no existe ningún derecho. Con el fin de otorgar el tiempo suficiente para todos los procedimientos administrativos necesarios, incluidos los controles internos, los Estados miembros deberán solicitar la recuperación de los importes al beneficiario dentro del plazo de los 18 meses siguientes a la aprobación y, si procede, la recepción por el organismo pagador u organismo responsable de la recuperación, de un informe de control o documento similar en el que se declare que se ha producido una irregularidad. Debe establecerse un sistema de responsabilidad financiera cuando se ha producido una irregularidad y no se ha producido la recuperación total del importe. A este respecto debe crearse un procedimiento que permita a la Comisión salvaguardar los intereses del presupuesto de la Unión mediante una imputación parcial al Estado miembro de que se trate de los importes perdidos como consecuencia de irregularidades y no recuperados en un plazo razonable. En algunos casos de negligencia por parte del Estado miembro, también está justificado imputarle la totalidad del importe. No obstante, a reserva de que los Estados miembros cumplan las obligaciones que les incumben en virtud de sus procedimientos internos, la carga financiera debe dividirse equitativamente entre la Unión y el Estado miembro. Las mismas reglas deben aplicarse al FEADER, pero con la particularidad de que los importes recuperados o anulados por irregularidades queden a disposición de los programas de desarrollo rural aprobados en el Estado miembro de que se trate, ya que esos importes han sido asignados a dicho Estado miembro. También deben establecerse disposiciones relativas a la obligación de los Estados miembros de informar.

(38) Los procedimientos de recuperación aplicados por los Estados miembros pueden dar lugar a retrasos de varios años en las recuperaciones, sin ninguna certidumbre de que estas se vayan a hacer efectivas. Los costes producidos por estos procedimientos pueden ser también desproporcionados respecto a los cobros efectuados o realizables. Por consiguiente, en algunos casos debe permitirse a los Estados miembros interrumpir los procedimientos de recuperación.

(39) Para proteger los intereses financieros del presupuesto de la Unión, los Estados miembros deben adoptar medidas encaminadas a garantizar que las operaciones financiadas por l os Fondos se efectúen real y correctamente. Los Estados miembros también deben impedir, detectar y resolver eficazmente cualquier irregularidad o incumplimiento de obligaciones cometido por los beneficiarios. Para ello deberá ser de aplicación el Reglamento del Consejo (CE, Euratom) no 2988/95 (15). En los casos de infracción de la legislación agrícola sectorial, cuando en los actos legislativos de la Unión no se hayan establecido disposiciones detalladas con respecto a las sanciones administrativas, los Estados miembros deben imponer sanciones nacionales que sean efectivas, disuasorias y proporcionadas.

(40) Deberá evitarse la financiación con cargo a la PAC de actividades que generen costes adicionales en otros ámbitos de actuación cubiertos por el presupuesto general de la Unión Europea, especialmente el medio ambiente y la salud pública. Además, la introducción de nuevos sistemas de pago y de sistemas conexos de supervisión y sanción no deberá suponer procedimientos administrativos adicionales innecesarios y complicados ni mayores trámites burocráticos.

(41) Varios reglamentos sectoriales agrícolas incluyen disposiciones relativas a los principios generales sobre controles, retiradas de pagos indebidos e imposición de sanciones. Dichas normas deben ser recopiladas en el mismo marco jurídico a nivel horizontal. Deberán abarcar las obligaciones de los Estados miembros en lo que atañe a los controles administrativos y sobre el terreno, cuyo propósito será el de verificar el cumplimiento de las disposiciones recogidas en las medidas de la PAC, las normas sobre la recuperación, reducción y exclusiones de la ayuda. Asimismo, deben fijarse normas sobre controles de obligaciones no necesariamente vinculadas al pago de una ayuda.

(42) Diversas disposiciones de la legislación agrícola sectorial exigen la constitución de una garantía para avalar el pago de un importe adeudado si no se cumple una obligación. Para reforzar el ámbito de las garantías, procede aplicar una norma horizontal única a todas estas disposiciones.

(43) Los Estados miembros deben establecer y poner en marcha un sistema integrado de gestión y control (el "sistema integrado") de determinados pagos previstos en el Reglamento (UE) no 1307/2013 y en el Reglamento (UE) no 1305/2013, Para mejorar la eficacia y el seguimiento de la ayuda de la Unión, debe autorizarse a los Estados miembros a hacer uso del sistema integrado también en otros regímenes de ayuda de la Unión.

(44) Procede mantener los principales elementos de dicho sistema integrado y, en particular, las disposiciones relativas a una base de datos informatizada, un sistema de identificación de las parcelas agrícolas, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago y un sistema para la identificación y registro de los derechos de pago teniéndose al mismo tiempo en cuenta la evolución normativa, en particular el pago por prácticas agrícolas benéficas para el clima y el medio ambiente, además de los beneficios ecológicos de los elementos paisajísticos. Los Estados miembros deberán hacer un uso adecuado de la tecnología a la hora de crear estos sistemas.

(45) Con el fin de crear una capa de referencia en el sistema de identificación de las parcelas agrarias para dar cabida a superficies de interés ecológico, los Estados miembros deben poder tener en consideración la información específica que se puede requerir a los agricultores en relación con sus solicitudes de los años 2015 a 2017, como por ejemplo la determinación por parte del agricultor de los elementos paisajísticos u otras zonas que potencialmente puedan calificarse como superficies de interés ecológico y, en su caso, la magnitud de dichas características y de otras superficies

(46) Las autoridades nacionales competentes deben abonar íntegramente a los beneficiarios los pagos previstos en los regímenes de ayuda de la Unión, sin perjuicio de las reducciones que se establezcan en el presente Reglamento, y en los plazos fijados. Para que la gestión de los pagos directos sea más flexible, debe permitirse a los Estados miembros abonar los pagos cubiertos por el sistema integrado hasta en dos plazos anuales.

(47) El control de los documentos comerciales de las empresas beneficiarias o deudoras puede constituir un medio muy eficaz de vigilancia de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación del FEAGA. Las disposiciones sobre el control de los documentos comerciales se establecen en el Reglamento (CE) no 485/2008 del Consejo (16).Dicho control completa los demás controles efectuados por los Estados miembros. Además, el presente Reglamento no afecta a las disposiciones nacionales en materia de control que sean más amplias que las previstas en el mismo.

(48) En virtud del Reglamento (CE) no 485/2008, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros del presupuesto de la Unión, especialmente para verificar la autenticidad y la conformidad de las operaciones financiadas por el FEAGA. Por razones de claridad y racionalidad, las disposiciones pertinentes deben integrarse en un mismo acto. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (CE) no 485/2008.

(49) Deben elegirse los documentos en función de los cuales se realizará el control en cuestión, de forma que sea posible llevar a cabo un control completo. La elección de las empresas que vayan a ser objeto de control debe efectuarse teniendo en cuenta las características de las operaciones que tengan lugar bajo su responsabilidad, y la distribución por sectores de las empresas que reciben o efectúan pagos debe efectuarse en función de su importancia financiera dentro del sistema de financiación del FEAGA.

(50) Deben definirse las competencias de los agentes encargados de los controles, así como la obligación de las empresas de mantener a disposición de los mismos, durante un periodo determinado, los documentos comerciales y de facilitarles los datos que soliciten. Debe permitirse el embargo de documentos comerciales en determinados casos.

(51) Habida cuenta de la estructura internacional del comercio agrícola y en interés del funcionamiento del mercado interior, es necesario organizar la cooperación entre los Estados miembros. Asimismo, es necesario instaurar a nivel de la Unión una documentación centralizada sobre las empresas beneficiarias o deudoras establecidas en terceros países.

(52) Si bien corresponde a los Estados miembros establecer sus respectivos programas de control, es necesario que sean comunicados a la Comisión para que esta pueda desempeñar su función de supervisión y de coordinación, para garantizar que dichos programas se fundamentan en criterios apropiados y para asegurar que el control se concentra en los sectores o empresas donde existe mayor riesgo de fraude. Es esencial que cada Estado miembro disponga de un servicio específico encargado de vigilar el control de los documentos comerciales previsto en el presente Reglamento o coordinar dicho control. Estos servicios específicos deben ser independientes, en cuanto a su organización, de los servicios que efectúen los controles previos a los pagos. La información obtenida durante dicho control debe estar protegida por el secreto profesional.

(53) El Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo (17),sustituido por el Reglamento (CE) no 73/2009, establece el principio de que el pago íntegro a los beneficiarios de algunas ayudas en virtud de la PAC debe subordinarse al respeto de las normas relativas a la gestión de las tierras, a la producción agrícola y a las actividades agrícolas. Este principio quedó reflejado posteriormente en el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo (18) y en el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo (19). En virtud del "sistema de condicionalidad", los Estados miembros deben imponer sanciones en forma de reducción o exclusión, total o parcial, de la ayuda recibida en el marco de la PAC.

(54) El sistema de condicionalidad incorpora en la PAC normas básicas en materia de medio ambiente, cambio climático, buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra, salud pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar animal. La condicionalidad tiene como objetivo contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible mediante una mejor concienciación de los beneficiarios sobre la necesidad de respetar las normas básicas. También pretende contribuir a hacer que la PAC responda en mayor medida a las expectativas de la sociedad en general gracias a una mejor coherencia de esta política con las políticas en materia de medio ambiente, salud pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar animal. El sistema de condicionalidad forma parte integrante de la PAC y debe, pues, mantenerse. Sin embargo, su ámbito de aplicación, que consiste en listas separadas de requisitos legales de gestión y normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra, debe simplificarse con objeto de garantizar su coherencia y hacerlo más visible. Con este fin procede organizar los requisitos y las normas en una lista única y agruparlos por áreas y temas. La experiencia también ha demostrado que una serie de requisitos incluidos en el ámbito de la condicionalidad no están suficientemente relacionados con la actividad agraria o la superficie de la explotación, o conciernen más a las autoridades nacionales que a los beneficiarios. Por lo tanto, procede ajustar el ámbito de aplicación. Además, debe preverse una disposición para el mantenimiento de pastos permanentes en 2015 y 2016.

(55) Los requisitos legales de gestión deben ser plenamente aplicados por los Estados miembros a fin de que entren en funcionamiento en las explotaciones y garanticen la necesaria igualdad de trato entre agricultores.

(56) De acuerdo con el artículo 22 de la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 80/68/CEE del Consejo (20), quedará derogada el 23 de diciembre de 2013. Con el fin de mantener las mismas normas en materia de condicionalidad relativas a la protección de las aguas subterráneas, tal como establece la Directiva 80/68/CEE, hasta el último día de validez de la Directiva, es preciso ajustar el ámbito de aplicación de la condicionalidad y definir un estándar de buenas condiciones agrarias y medioambientales que abarque los requisitos de los artículos 4 y 5 de la Directiva 80/68/CEE.

(57) El sistema de condicionalidad implica ciertas obligaciones administrativas tanto para los beneficiarios como para las administraciones nacionales ya que hay que garantizar el mantenimiento de registros, llevar a cabo controles y aplicar sanciones en caso necesario. Dichas sanciones deben ser proporcionadas, efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin perjuicio de otras sanciones establecidas en virtud del derecho nacional o de la Unión. Por coherencia, conviene unificar las correspondientes disposiciones de la Unión en un único instrumento jurídico. En el caso de los agricultores que participan en el régimen a favor de los pequeños agricultores, al que se refiere el título V del Reglamento (UE) no 1307/2013, puede considerarse que los esfuerzos que deben realizar en virtud del sistema de condicionalidad superan el beneficio de mantener a dichos agricultores en dicho régimen. Por consiguiente, por razones de simplificación, dichos agricultores deben quedar exentos de la condicionalidad y, en particular, de su sistema de control y del riesgo de las sanciones de condicionalidad. No obstante, esta excepción no debe afectar a la obligación de respetar las disposiciones aplicables de la legislación sectorial o a la posibilidad de ser controlado y sancionado en virtud de dicha legislación.

(58) El Reglamento (CE) no 1782/2003 establece un marco de normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra a partir del cual los Estados miembros deben adoptar normas nacionales atendiendo a las características específicas de las zonas correspondientes, entre las que se incluyen las condiciones edafológicas y climáticas y los sistemas de cultivo (utilización del suelo, rotación de cultivos, prácticas de cultivo) y estructuras agrarias existentes. Con dichas normas se pretende contribuir a prevenir la erosión del suelo, mantener la materia orgánica y la estructura del suelo, garantizar un nivel mínimo de mantenimiento, evitar el deterioro de los hábitats y proteger y gestionar el agua. El alcance más general del sistema de condicionalidad establecido en el presente Reglamento debe, por lo tanto, incluir un marco a partir del cual los Estados miembros deben adoptar normas nacionales de buenas condiciones agrarias y medioambientales. El marco de la Unión también debe incluir normas para abordar mejor las cuestiones del agua, el suelo, las reservas de carbono, la biodiversidad y el paisaje, así como nivel mínimo de mantenimiento de la tierra.

(59) Los beneficiarios deben comprender claramente sus obligaciones en relación con las normas de condicionalidad. Para ello, todos los requisitos y normas que forman parte de las mismas deben ser comunicadas por los Estados miembros de forma exhaustiva, comprensible y explicativa, incluso, cuando sea posible, por medios electrónicos.

(60) Una aplicación eficaz de la condicionalidad requiere la verificación del respeto de las obligaciones por parte de los beneficiarios. En caso de que un Estado miembro decida hacer uso de la opción de no aplicar una reducción o exclusión cuando el importe en cuestión sea inferior a 100 euros, la autoridad de control competente debe verificar, en una muestra de beneficiarios en el año siguiente, que los incumplimientos constatados han sido remediados.

(61) Para garantizar una cooperación armoniosa entre la Comisión y los Estados miembros en la financiación de los gastos de la PAC y, más concretamente, para permitir a la Comisión contrastar la gestión financiera de los Estados miembros y liquidar las cuentas de los organismos pagadores autorizados, es necesario que los Estados miembros comuniquen determinados datos a la Comisión o los conserven a disposición de ésta.

(62) A los efectos de compilar los datos que deben enviarse a la Comisión y permitir que esta tenga acceso pleno e inmediato a los datos relacionados con los gastos, tanto en papel como en formato electrónico, es necesario fijar normas adecuadas sobre la presentación y transmisión de los mismos, incluidas normas sobre plazos.

(63) Puesto que en el ámbito de la aplicación de los sistemas de control nacionales y de la liquidación de conformidad pueden comunicarse datos personales o secretos comerciales, los Estados miembros y la Comisión deben velar por la confidencialidad de la información recibida en ese contexto.

(64) Por razones de buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y de imparcialidad de trato tanto a nivel del Estado miembro como del beneficiario, deben establecerse disposiciones sobre el uso del euro.

(65) El tipo de cambio del euro en moneda nacional puede variar durante el periodo en el cual se realiza una operación. Por lo tanto, el tipo aplicable a los importes de que se trate debe determinarse teniendo en cuenta el hecho por el que se alcanza el objetivo económico de la operación. El tipo de cambio utilizado deberá ser, por tanto, el del día en que se produzca el hecho. Es necesario precisar este hecho generador o establecer casos de inaplicación, respetando siempre determinados criterios, y concretamente la rapidez de la repercusión de los movimientos monetarios. Estos criterios se establecen en el Reglamento (CE) no 2799/98 (21) y completan disposiciones similares del Reglamento (CE) no 1290/2005. Por razones de claridad y racionalidad, las disposiciones pertinentes deben integrarse en el mismo acto. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (CE) no 2799/98.

(66) Deben establecerse normas específicas que permitan afrontar situaciones monetarias excepcionales que puedan presentarse tanto dentro de la Unión Europea como en el mercado mundial y que exijan una reacción inmediata con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los mecanismos establecidos en virtud de la PAC.

(67) Los Estados miembros que no han adoptado el euro deben tener la opción de pagar en euros y no en moneda nacional los gastos derivados de la legislación de la PAC. Deben adoptarse disposiciones específicas a fin de garantizar que esta posibilidad no constituya una ventaja injustificada para los beneficiarios o los deudores.

(68) Cada medida de la PAC debe ser objeto de un seguimiento y una evaluación con el fin de mejorar su calidad y demostrar sus logros. En este contexto, la Comisión debe elaborar una lista de indicadores y evaluar los resultados de la PAC en relación con los objetivos de conseguir una producción de alimentos viable, la gestión sostenible de los recursos naturales, la acción climática y un desarrollo territorial equilibrado. Cuando se evalúen, en particular, los resultados de la PAC en relación con el objetivo de lograr una producción de alimentos viable deberán tenerse en cuenta todos los factores pertinentes, inclusive la evolución de los precios de los insumos. La Comisión debe crear un marco para un seguimiento y un sistema de evaluación comunes que garantice, entre otras cosas, que los datos pertinentes, incluida la información de los Estados miembros, estén disponibles en el momento oportuno. Al hacerlo, deben tenerse en cuenta las necesidades de datos y las sinergias entre las posibles fuentes de datos. Por otra parte, la Comunicación de la Comisión "Un presupuesto para Europa 2020 - Parte II" estipuló que el gasto relacionado con el clima en el presupuesto general de la Unión debe aumentar al menos el 20 %, con contribución de las diferentes políticas. Por lo tanto, la Comisión debe poder evaluar la incidencia de la ayuda de la Unión en el ámbito de la PAC con relación a los objetivos climáticos.

(69) Es aplicable el derecho de la Unión sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en concreto la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (22) y el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. (23)

(70) En su sentencia de 9 de noviembre de 2010 en los asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09 (24) Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert v Land Hessen, el Tribunal de Justicia declaró el artículo 42, punto 8 ter, y el artículo 44 bis, del Reglamento (CE) no 1290/2005 y el Reglamento (CE) no 259/2008 de la Comisión (25) no válidos en la medida en que aquellas disposiciones obligan, por lo que respecta a las personas físicas beneficiarias de ayudas de los fondos agrícolas europeos, a publicar datos de carácter personal de todos los beneficiarios, sin establecer distinciones en función de criterios pertinentes, tales como los periodos durante los cuales dichas personas han percibido estas ayudas, su frecuencia o, incluso, el tipo y magnitud de las mismas.

(71) A raíz de dicha sentencia, y a la espera de la adopción de nuevas normas que tengan en cuenta las objeciones formuladas por el Tribunal, el Reglamento (CE) no 259/2008 fue modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) no 410/2011 de la Comisión, (26) a fin de establecer de forma explícita que la obligación de publicar la información no va a ser aplicada a las personas físicas.

(72) En septiembre de 2011, la Comisión organizó una consulta entre las partes interesadas en la que participaron representantes de organizaciones profesionales agrarias y comerciales, representantes de la industria alimentaria y trabajadores, así como representantes de las instituciones de la sociedad civil y de la Unión. En dicho marco fueron presentadas diferentes posibles opciones en relación con la publicación de datos de personas físicas beneficiarias de los fondos agrícolas de la Unión y el respeto del principio de proporcionalidad cuando se hiciese pública la información en cuestión. La conferencia debatió la necesidad de publicar el nombre de las personas físicas para responder al objetivo de una mejor protección de los intereses financieros de la Unión, aumentar la transparencia y destacar los logros de los beneficiarios a la hora de prestar servicios de interés general, velando al mismo tiempo por que dicha publicación no excediera de lo estrictamente necesario para lograr estos objetivos legítimos.

(73) En su resolución de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert v Land Hessen, el Tribunal no ponía en tela de juicio la legitimidad del objetivo de reforzar el control público sobre la utilización de los fondos procedentes de los Fondos. No obstante, el Tribunal subrayaba la necesidad de considerar la introducción de métodos de publicación de información relativa a los beneficiarios que estuvieran en consonancia con el objetivo de dicha publicación pero al mismo tiempo supusieran la menor interferencia posible con el derecho de los citados beneficiarios a su vida privada en general y a la protección de sus datos personales en particular.

(74) El objetivo de reforzar el control público respecto a los beneficiarios individuales debe analizarse teniendo en cuenta el nuevo marco financiero de gestión y control que debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2014 y a la luz de la experiencia adquirida en los Estados miembros. En este nuevo marco, los controles de las administraciones nacionales no pueden ser exhaustivos y, en particular, porque en casi todos los regímenes solo una pequeña parte de la población puede ser sometida a controles sobre el terreno. Además, el nuevo marco establece que, en determinadas condiciones, los Estados miembros podrán reducir el número de controles sobre el terreno. Un aumento suficiente de los porcentajes mínimos de control más allá de los niveles aplicados actualmente añadiría, en el presente contexto, una carga financiera y administrativa adicional de tal calibre a las administraciones nacionales que sencillamente no podrían hacer frente a ella.

(75) En este contexto, la publicación de los nombres de los beneficiarios de los Fondos sirve para reforzar el control público sobre la utilización de esos Fondos y, por lo tanto, es un complemento útil al marco de control y gestión existente necesario para garantizar un nivel adecuado de protección de los intereses financieros de la Unión. Ello se consigue en parte mediante el efecto preventivo y disuasorio de dicha publicación, en parte desanimando a los beneficiarios individuales de toda conducta irregular y, en parte, reforzando la responsabilidad personal de los agricultores en cuanto al uso de los fondos públicos recibidos.

(76) En este contexto, debe reconocerse en su justa medida el papel desempeñado por los medios de comunicación, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, y su contribución al refuerzo del marco de control de las administraciones contra el fraude y contra cualquie rotro uso indebido de los fondos públicos.

(77) La publicación de la información pertinente también está en consonancia con el planteamiento 16353 establecido en el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012.

(78) El objetivo de reforzar el control público de los beneficiarios individuales podría asimismo lograrse estableciendo la obligación por parte de los Estados miembros de garantizar el acceso público a la información pertinente previa solicitud, sin necesidad de publicación. No obstante, esta fórmula sería menos eficaz y podría crear divergencias no deseadas en la aplicación. Así pues, las autoridades nacionales deben estar facultados para confiar en el control público con respecto a los beneficiarios individuales mediante la publicación de sus nombres y otros datos pertinentes.

(79) Si el objetivo del control público de la utilización de los fondos de los Fondos, debe lograrse, deberá llamarse la atención del públicohacia un cierto grado de información sobre los beneficiarios. Esa información debe abarcar datos sobre la identidad del beneficiario, el importe adjudicado y el fondo del que procede, la finalidad y la naturaleza de la medida de que se trate. La publicación de dicha información debe efectuarse de forma que interfiera lo menos posible en el derecho de los beneficiarios al respeto de su vida privada en general y a su derecho a la protección de sus datos personales en particular, derechos ambos que están reconocidos por los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(80) Para garantizar que el presente Reglamento cumpla el principio de proporcionalidad, el legislador ha explorado todos los medios alternativos para alcanzar el objetivo del control público de la utilización de los fondos procedentes de los Fondos, tal como se analiza en el memorándum establecido en el anexo al documento del Consejo 6370/13, y ha optado por el que supone una menor interferencia con los derechos individuales de que se trata.

(81) La publicación de detalles sobre la medida que faculta al agricultor a recibir ayuda o apoyo y sobre la naturaleza y el objetivo de la misma, facilita al público una información concreta sobre la actividad subvencionada y el fin para el que se concedió la ayuda o apoyo. Este hecho contribuiría asimismo al efecto preventivo y disuasorio del control público en la protección de los intereses financieros.

(82) A fin de lograr un equilibrio entre el objetivo perseguido del control público de la utilización de los fondos procedentes de los Fondos, por un lado, y el derecho de los beneficiarios al respeto de su vida privada en general y a la protección de sus datos personales en particular, por otro lado, debe tenerse en cuenta la importancia de la ayuda. Tras el análisis exhaustivo y la consulta con las partes interesadas, parece que se llegó a la conclusión de que, para reforzar la eficacia de esa publicación y limitar la interferencia con los derechos de los beneficiarios, es necesario fijar un umbral expresado en términos del importe de la ayuda recibida por debajo del cual no debe publicarse el nombre del beneficiario.

(83) El umbral debe tener un carácter mínimo y reflejar y tomar como base el nivel de los regímenes de ayuda establecidos en el ámbito de la PAC. Habida cuenta de que las estructuras de las economías agrícolas de los Estados miembros varían considerablemente y pueden diferir sensiblemente de la estructura media de las explotaciones de la Unión, debe permitirse la aplicación de diferentes umbrales mínimos que reflejen la situación particular de cada Estado miembro. El Reglamento (UE) no 1307/2013 establece un régimen simple y específico para las pequeñas explotaciones. El artículo 63 de ese Reglamento establece criterios para calcular el importe de la ayuda. Por razones de coherencia, en el caso de los Estados miembros que apliquen el régimen, el umbral que se tendrá en cuenta se fijará al mismo nivel que el importe fijado por los Estados miembros indicado en el artículo 63, apartado 1, segundo párrafo o en el artículo 63, apartado 2, segundo párrafo, del citado Reglamento (UE) no 1307/2013. En el caso de los Estados miembros que decidan no aplicar el régimen arriba indicado, el umbral que se tendrá en cuenta se fijará en el mismo nivel del importe máximo posible de ayuda con arreglo a dicho régimen según se indica en el artículo 63 del Reglamento (UE) no 1307/2013. Con excepción del nombre, por debajo de ese umbral específico la publicación debe incluir toda la información pertinente que permita a los contribuyentes tener una imagen fiel de la PAC.

(84) El hecho de hacer dicha información accesible al público, en combinación con la información general al público que se dispone en el presente Reglamento, aumenta la transparencia en lo que atañe al uso de los fondos de la Unión en el ámbito de la PAC, contribuyendo de este modo a la visibilidad y a la mejor comprensión de dicha política. Ello permite a los ciudadanos participar más intensamente en el proceso de toma de decisiones y garantiza que la administración goce de una mayor legitimidad y sea más eficaz y responsable ante los ciudadanos. También llama la atención de los ciudadanos sobre ejemplos concretos de la prestación de "servicios de interés general" a través de la agricultura y sustentaría la legitimidad de las ayudas estatales al sector agrícola.

(85) Por ello, debe considerarse que la publicación general de la información pertinente no rebasa los límites de lo necesario en una sociedad democrática, en aras de la necesidad de proteger los intereses financieros de la Unión y de la superior importancia del objetivo perseguido, a saber, el control público de la utilización de Fondos.

(86) Para cumplir los requisitos de protección de datos, los beneficiarios de los Fondos deben ser informados de la publicación de sus datos antes de que se lleve a cabo. También deben ser informados de que estos datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión y de los Estados miembros para salvaguardar los intereses financieros de la Unión. Asimismo, los beneficiarios deben ser informados de sus derechos en virtud de la Directiva 95/46/CE, así como de los procedimientos aplicables para el ejercicio de estos derechos.

(87) Consecuentemente, tras analizar y evaluar exhaustivamente el modo más adecuado de respetar el derecho a la protección de los datos personales de los beneficiarios, basándose además en la información facilitada por la Comisión durante las negociaciones del presente Reglamento, deben establecerse en el mismo nuevas normas en materia de publicación de información sobre todos los beneficiarios de los Fondos.

(88) Con el fin de asegurar unas condiciones uniformes en la aplicación del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución.

(89) Para garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, se deben conferir a la Comisión competencias de ejecución en relación con: los procedimientos de concesión, retirada y revisión de la autorización a los organismos pagadores y coordinadores, así como de supervisión de la autorización de los organismos pagadores; las normas respecto al trabajo y a los controles que sustentan la declaración sobre la gestión de los organismos pagadores; el funcionamiento del organismo coordinador y la notificación de información a la Comisión por el citado organismo coordinador; las disposiciones sobre las tareas de los organismos de certificación, incluidos los controles, así como los certificados y los informes, junto con los documentos que los acompañan, que deberán elaborar dichos organismos, dichos competencias de ejecución deben ejercerse de acuerdo con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (27).

(90) Las competencias de ejecución de la Comisión deben también extenderse a los principios de auditoría en que se basarán los dictámenes de los organismos de certificación, incluidos una evaluación de los riesgos, los controles internos y el nivel exigido de pruebas de auditoría, los métodos de auditoría que empleen los organismos de certificación, atendiendo a las normas internacionales de auditoría, la emisión de sus dictámenes, incluidos, en su caso, el uso de una muestra única integrada de cada población y, en su caso, la posibilidad de acompañar a los organismos pagadores a los controles sobre el terreno;

(91) También deben extenderse a las normas para la aplicación uniforme del sistema de asesoramiento a las explotaciones, la determinación de los pagos mensuales del FEAGA a los Estados miembros; el establecimiento de las cantidades para la financiación de las medidas de intervención pública; las normas en relación con la financiación de la adquisición por la Comisión de imágenes de satélites necesarias para los controles y las medidas adoptadas por la Comisión mediante aplicaciones de teledetección utilizadas para el seguimiento de los recursos agrícolas; el procedimiento para llevar a cabo la adquisición por la Comisión de las citadas imágenes de satélite y el seguimiento de los recursos agrícolas, el marco que rige la adquisición, la mejora y la utilización de las imágenes de satélite y la información meteorológica, así como los plazos aplicables.

(92) También deben extenderse, en el contexto del procedimiento de disciplina presupuestaria, al porcentaje de ajuste de las pagos directo, así como su adaptación, y las condiciones aplicables a los créditos prorrogados de conformidad con el artículo 169, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 con objeto de financiar los pagos directos; en el contexto del procedimiento de disciplina presupuestaria, el establecimiento provisional de la cantidad de los pagos y la distribución provisional del presupuesto disponible entre los Estados miembros

(93) Asímismo, las competencias de ejecución de la Comisión deben extenderse a: el establecimiento del período dentro del cual los organismos pagadores autorizados deben elaborar y transmitir a la Comisión las declaraciones de gastos intermedios correspondientes a los programas de desarrollo rural de la Comisión; la reducción o suspensión de los pagos mensuales o intermedios a los Estados miembros, y a la información sobre el mantenimiento de cuentas diferenciadas por los organismos pagadores; las condiciones específicas aplicables a la información que debe consignarse en las cuentas mantenidas por los organismos pagadores; las normas sobre financiación y contabilidad de las medidas de intervención en forma de almacenamiento público así como de otros gastos financiados por los Fondos; las disposiciones que regulan la aplicación de los procedimientos de liberación automática; los procedimientos y otras normas detalladas establecidos para el correcto funcionamiento de la suspensión de pagos de la Comisión a los Estados miembros en caso de retrasos en la transmisión de información por parte de los Estados miembros;

(94) Además, las competencias de ejecución de la Comisión deben extenderse a:; los procedimientos relativos a las obligaciones específicas que los Estados miembros deben cumplir en relación con los controles; los procedimientos relativos a las obligaciones de cooperación que deben cumplir los Estados miembros para con los controles realizados sobre el terreno por la Comisión y el acceso a la información; los procedimientos y otras normas detalladas en materia de obligación de información sobre irregularidades y fraudes; las condiciones de conservación de los justificantes de los pagos efectuados y los documentos correspondientes a la ejecución de los controles administrativos y físicos establecidos en el derecho de la Unión; la liquidación de cuentas y la liquidación de conformidad, la exclusión de la financiación de la Unión de los importes financiados a cargo del presupuesto de la Unión, los procedimientos de recuperación de los pagos indebidos e intereses, así como a los formularios de notificación y de comunicación de los Estados miembros a la Comisión en relación con las irregularidades;

(95) Las competencias de ejecución de la Comisión deben también extenderse a: las normas necesarias para lograr una aplicación uniforme de las obligaciones de los Estados miembros en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión; las normas necesarias para lograr una aplicación uniforme de los controles en la Unión; la aplicación y cálculo de la retirada parcial o total de pagos o derechos de pago; la recuperación de los pagos indebidos y las sanciones, así como respecto de los derechos de pago atribuidos indebidamente. También deben extenderse a: la aplicación de intereses, la aplicación y cálculo de las sanciones administrativas, los procedimientos y otras normas detalladas para determinar un incumplimiento como leve, las normas para determinar los casos en que, debido a la naturaleza de las sanciones, los Estados miembros puedan conservar los importes de las sanciones recuperadas, y la suspensión de pagos mensuales a los Estados miembros en casos específicos cubiertos por el Reglamento (UE) no 1308/2013,

(96) Las competencias de ejecución de la Comisión deben extenderse a: la forma de las garantías que deban constituirse y el procedimiento para su constitución, su aceptación y la sustitución de las garantías originales; los procedimientos de liberación de las garantías y la notificación que deban realizar los Estados miembros o la Comisión en el contexto de las garantías; las normas que sean necesarias y justificables en caso de urgencia con el fin de resolver problemas específicos en relación con los períodos de pago y el pago de anticipos. Deben extenderse también a las normas relativas a las solicitudes de ayuda y a las solicitudes de pago, las solicitudes de derechos de pago, incluidos la fecha límite para la presentación de las solicitudes, los requisitos sobre la cantidad mínima de información que debe incluirse en ellas, las disposiciones relativas a la modificación o la retirada de solicitudes de ayuda, la exención de la obligación de presentar una solicitud de ayuda y disposiciones que permitan a los Estados miembros aplicar procedimientos simplificados o corregir errores manifiestos;

(97) Del mismo modo, las competencias de ejecución de la Comisión deben extenderse a: las normas para la realización de controles destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones y la exactitud y la exhaustividad de la información que figura en la solicitud de ayuda o en la solicitud de pago, inclusive normas sobre las tolerancias de las mediciones en los controles sobre el terreno; las definiciones técnicas necesarias para la aplicación uniforme del sistema integrado de gestión y control; las normas aplicables a las situaciones de transferencia de explotaciones acompañadas de la transferencia de obligaciones aún no cumplidas en lo que atañe a la admisibilidad de la ayuda en cuestión; las normas sobre el pago de anticipos. Deben extenderse también a las normas que garantizan la aplicación uniforme de las disposiciones relativas al control de los documentos comerciales; los procedimientos sobre las propias bases de datos de los Estados miembros y la base analítica de datos isotópicos que ayuden a detectar los fraudes; los procedimientos relativos a la cooperación y asistencia entre autoridades y órganos de control, las normas para la realización de los controles de cumplimiento de las normas de comercialización, las normas relativas a las autoridades responsables de realizar los controles, así como al contenido, la frecuencia y la fase de la comercialización en que deben realizarse dichos controles;

(98) Las competencias de ejecución de la Comisión deben también extenderse: en el contexto de los controles relativos a las denominaciones de origen, a las indicaciones geográficas y los términos tradicionales protegidos, las comunicaciones que deban efectuar los Estados miembros a la Comisión; las normas sobre la autoridad responsable de la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones del producto, incluso cuando la zona geográfica se encuentre en un tercer país; las acciones que deberán ejecutar los Estados miembros para evitar la utilización ilegal de las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y los términos tradicionales protegidos, los controles y comprobaciones que deberán realizar los Estados miembros, incluidas las pruebas; También deben extenderse a: las normas para la realización de controles destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones en el ámbito de la condicionalidad; las normas técnicas y de procedimiento en relación con el cálculo y aplicación de las sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones en el ámbito de la condicionalidad; las normas en relación con la comunicación de información por parte de los Estados miembros a la Comisión que contempla el artículo 104; y a las medidas para salvaguardar la aplicación de la legislación de la Unión cuando eventuales prácticas monetarias de carácter excepcional relativas a la moneda nacional puedan ponerla en peligro.

(99) Además, las competencias de ejecución de la Comisión deben extenderse a: la serie de indicadores específicos para el seguimiento y evaluación de la PAC; las normas sobre información que deben remitir los Estados miembros a la Comisión a efectos de seguimiento y evaluación de la PAC; las normas sobre la forma y el calendario de la publicación de los beneficiarios de los Fondos, la aplicación uniforme de la obligación de los beneficiarios de que sus datos sean públicos, y la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros en el contexto de la publicación de los beneficiarios de los Fondos,

(100) El procedimiento consultivo debe utilizarse para la adopción de una serie de actos de ejecución. Con respecto a los actos de ejecución que incluyen el cálculo de los importes por la Comisión, el procedimiento consultivo permite a la Comisión asumir plenamente su responsabilidad de gestionar el presupuesto y tiene por objeto aumentar la eficacia, la previsibilidad y la rapidez a la hora de cumplir los plazos y los procedimientos presupuestarios. Con respecto a los actos de ejecución en el marco de los pagos efectuados a los Estados miembros y el funcionamiento del procedimiento de liquidación de cuentas, el procedimiento consultivo permite a la Comisión asumir plenamente su responsabilidad de gestionar el presupuesto y verificar las cuentas anuales de los organismos pagadores nacionales con objeto de aceptar esas cuentas o, en el caso de los gastos no efectuados de acuerdo con las normas de la Unión, excluir dichos gastos de la financiación de la Unión. En otros casos, el procedimiento de examen debe utilizarse para adoptar los actos de ejecución.

(101) La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución, sin aplicar el Reglamento (UE) no 182/2011, relativos al establecimiento del saldo neto disponible del gasto del FEAGA y realizar pagos o deducciones suplementarias en el contexto del procedimiento de pagos mensuales1822011.

(102) Dado que la transición de las disposiciones de los Reglamentos derogados por el presente Reglamento a las del presente Reglamento puede plantear algunos problemas prácticos y específicos, procede que la Comisión pueda adoptar las medidas necesarias y debidamente justificadas.

(103) Debido a la urgencia en la preparación de la aplicación de las medidas previstas, el presente Reglamento debe entrar en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(104) Dado que el período de programación de los programas de desarrollo rural financiados con arreglo al presente Reglamento comienza el 1 de enero de 2014, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de esa fecha. Sin embargo, dado que el ejercicio agrícola cubre los gastos abonados y los ingresos recibidos y consignados en las cuentas del presupuesto de los Fondos por los organismos pagadores respecto del ejercicio financiero "N" que comienza el 16 de octubre del año "N-1" y finaliza el 15 de octubre del año "N", lasdisposiciones relativas, en particular, a la concesión y retirada de la autorización a los organismos pagadores y coordinadores, a los correspondioentes poderes de la Comisión, a la gestión financiera de los fondos como el límite presupuestario, la reserva para crisis en el sector agrícola, la disciplina financiera o la asignación de los ingresos, deben aplicarse en una fecha anterior a la del comienzo del ejercicio financiero de 2014, es decir el 16 de octubre de 2013. Por la misma razón, las disposiciones relativas al procedimiento de pagos mensuales hechos por la Comisión a los Estados miembros y elcumplimiento por los organismos pagadores de los plazos de pago, deben aplicarsea los gastos efectuados desde el comienzo del ejercicio financiero 2014, es decir el 16 de octubre de 2013.

(105) El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió un dictamen tras ser consultado (28).

(106) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, debido a los vínculos entre este Reglamento y otros instrumentos de la PAC y a las limitaciones de los recursos financieros de los Estados miembros en una Unión ampliada, y, por consiguiente, pueden alcanzarse mejor, a escala de la Unión, debido a la garantía plurianual de la financiación de la Unión y mediante la concentración en sus prioridades, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5, del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo 5, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece las normas sobre:

a) la financiación de los gastos de la Política Agrícola Común (PAC), incluidos los de desarrollo rural;

b) el sistema de asesoramiento a las explotaciones;

c) los sistemas de gestión y control implantados por los Estados miembros;

d) el sistema de condicionalidad;

e) la liquidación de cuentas.

Artículo 2

Términos utilizados en el presente Reglamento

1. A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) "agricultor", y con arreglo al artículo 4 del Reglamento (UE) no 1307/2013;

b) "actividad agrícola", la actividad agrícola en el sentido del artículo 4 del reglamento (UE) 1307/2013 []

c) "zona agrícola", una zona agrícolo en el sentido del artículo 4 del reglamento (UE) 1307/2013 []

d) "explotación", una explotación con arreglo al artículo 4 del Reglamento (UE) no 1307/2013, salvo lo estipulado en el artículo 91, apartado 3, a efectos del título VI del presente Reglamento;

e) "pagos directos", los pagos directos con arreglo al artículo 1 del Reglamento (UE) no 1307/2013;

f) "legislación agrícola sectorial", cualquier acto aplicable adoptado sobre la base del artículo 43 del TFUE en el marco de la PAC, así como, en su caso, cualquier acto delegado o de ejecución adoptado sobre la base de tales actos y de la parte segunda del Reglamento (UE) no 1303/2013 2012en la medida en que se aplique al FEADER;

g) "irregularidad", toda irregularidad con arreglo al artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo.

2. A efectos de la financiación, gestión y seguimiento de la PAC, la "fuerza mayor" y las "circunstancias excepcionales", pueden reconocerse, por ejemplo, en los siguientes casos:

a) fallecimiento del beneficiario;

b) incapacidad laboral de larga duración del beneficiario;

c) catástrofe natural grave que haya afectado gravemente a la explotación;

d) destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación;

e) epizootía o enfermedad vegetal que haya afectado a una parte o la totalidad del ganado o de los cultivos, respectivamente, del beneficiario;

f) expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.

TÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS FONDOS AGRÍCOLAS

CAPÍTULO I

Fondos agrícolas

Artículo 3

Fondos de financiación del gasto agrícola

1. Para alcanzar los objetivos de la PAC establecidos en el TFUE, la financiación de las distintas medidas a que se extiende esta política, incluidas las de desarrollo rural, se efectuará mediante:

a) el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

b) el y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

2. El FEAGA y el FEADER (en lo sucesivo los "Fondos")constituirán partes del presupuesto general de la Unión Europea(el presupuesto de la Unión).

Artículo 4

Gastos del FEAGA

1. El FEAGA se ejecutará mediante gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión y financiará los gastos siguientes, que deberán efectuarse de acuerdo con la legislación de la Unión:

a) las medidas destinadas a la regulación o apoyo de los mercados agrarios;

b) pagos directos a los agricultores en el marco de la PAC;

c) la participación financiera de la Unión para medidas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior de la Unión y en los terceros países realizadas por mediación de los Estados miembros y basadas en programas distintos de los que se mencionan en el artículo 5, y que son elegidos por la Comisión;

d) la participación financiera de la Unión en el plan de consumo de fruta y hortalizas en las escuelas de la Unión a que se refiere el artículo 23 del Reglamento (UE) no 1308/2013 y en las medidas relacionadas con las enfermedades animales y la pérdida de confianza de los consumidores a que se refiere el artículo 155 del mencionado Reglamento.

2. El FEAGA financiará los gastos siguientes de forma directa y de conformidad con la legislación de la Unión:

a) la promoción de productos agrícolas efectuada directamente por la Comisión o a través de organizaciones internacionales;

b) las medidas, adoptadas de conformidad con la legislación de la Unión, destinadas a garantizar la conservación, la caracterización, la recogida y la utilización de recursos genéticos en agricultura;

c) la creación y mantenimiento de los sistemas de información contable agraria;

d) los sistemas de investigación agraria, incluida la investigación sobre la estructura de las explotaciones agrarias.

Artículo 5

Gastos del FEADER

El FEADER financiará, en gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión. Financiará la contribución financiera de la Unión en favor de los programas de desarrollo rural ejecutados de conformidad con el derecho de la Unión relativo a la ayuda al desarrollo rural.

Artículo 6

Otros gastos, incluida la asistencia técnica

Los Fondos, cada uno en el ámbito de sus competencias, podrán financiar, de forma directa, a iniciativa de la Comisión o por cuenta propia, las medidas de preparación, seguimiento, actividades de asistencia administrativa y técnica, así como las medidas de evaluación, auditoría y control necesarias para la aplicación de la PAC. Entre estas medidas se incluyen las siguientes:

a) medidas necesarias para el análisis, la gestión, el seguimiento, el intercambio de información y la aplicación de la PAC y las medidas relacionadas con la aplicación de los sistemas de control y la asistencia técnica y administrativa;

b) adquisición por la Comisión de imágenes de satélites necesarias para los controles de acuerdo con el artículo 21;

c) medidas adoptadas por la Comisión mediante aplicaciones de teledetección utilizadas para el seguimiento de los recursos agrícolas de acuerdo con el artículo 22;

d) medidas necesarias para mantener y mejorar los métodos y medios técnicos de información, interconexión, seguimiento y control de la gestión financiera de los fondos utilizados para la financiación de la PAC;

e) información sobre la PAC de conformidad con el artículo 45;

f) estudios sobre la PAC y la evaluación de las medidas financiadas por los Fondos, incluidos la mejora de los métodos de evaluación y el intercambio de información sobre las prácticasen el marco de la PAC;

g) en su caso, creación de agencias ejecutivas creadas con arreglo al Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (29), que participen en la PAC;

h) medidas relativas a la divulgación de información, la sensibilización, el fomento de la cooperación y el intercambio de experiencias en la Unión, efectuadas en el ámbito del desarrollo rural, incluida la interconexión en red de los participantes;

i) medidas necesarias para la creación, registro y protección de logotipos en el ámbito de las políticas de calidad de la Unión y para la protección de los derechos de propiedad intelectual vinculados a las mismas, así como los progresos necesarios en las tecnologías de la información (TI).

CAPÍTULO II

Organismos pagadores y otros organismos

Artículo 7

Autorización y retirada de la autorización de los organismos pagadores y los organismos coordinadores

1. Los organismos pagadores serán los servicios u organismos de los Estados miembros responsables de la gestión y control de los gastos mencionados en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5.

Con excepción de los pagos, la realización de dichas tareas podrá delegarse.

2. Los Estados miembros autorizarán como organismos pagadores a los servicios u organismos que tengan una organización administrativa y un sistema de control interno que garanticen suficientemente que los pagos son legales y habituales y se contabilizan correctamente. A tal efecto, los organismos pagadores cumplirán condiciones mínimas de autorización en materia de entorno interior, actividades de control, información y comunicación y seguimiento que serán establecidas por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra a).

Los Estados miembros restringirán, teniendo en cuenta sus disposiciones constitucionales, el número de organismos pagadores autorizados a no más de uno a escala nacional o, si procede, a uno por región,. Sin embargo, cuando se establezcan organismos pagadores a escala regional, los Estados miembros autorizarán, además, un organismo pagador a escala nacional para los regímenes de ayuda que, por su naturaleza, deben gestionarse a escala nacional o encomendarán la gestión de dichos regímenes a sus organismos pagadores regionales.

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, los Estados miembros podrán mantener el número de organismos pagadores que hayan sido acreditados antes de 20 de diciembre de 2013.

Antes de que finalice 2016 la Comisión presentará un informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el funcionamiento del sistema de organismos pagadores en la Unión, acompañado, cuando proceda, de las correspondientes propuestas legislativas.

3. Antes del 15 de febrero del año siguiente al ejercicio de que se trate, la persona responsable del organismo pagador autorizado elaborará:

a) las cuentas anuales de los gastos realizados en la ejecución de las tareas asignadas a sus organismos pagadores autorizados, acompañadas de la información necesaria para su liquidación de acuerdo con el artículo 51;

b) una declaración sobre la gestión en relación con la integralidad, la exactitud y la veracidad de las cuentas y el correcto funcionamiento de los sistemas de control interno, basada en criterios objetivos, así como en relación con la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes;

c) un resumen anual de los informes definitivos de auditoría y de los controles realizados, incluido un análisis de la naturaleza y extensión de los errores y las deficiencias detectados en los sistemas, así como de la acción correctiva que deba emprenderse o planificarse.

La Comisión podrá ampliar excepcionalmente el plazo del 15 de febrero hasta el 1 de marzo a más tardar, previa comunicación en ese sentido del Estado miembro de que se trate.

4. Los Estados miembros que autoricen más de un organismo pagador, también designarán un organismo de coordinación público, (el "organismo coordinador"), al que encargarán las siguientes funciones:

a) recopilar la información que debe ponerse a disposición de la Comisión y transmitírsela a esta;

b) adoptar o coordinar, en función del caso, acciones destinadas a resolver las deficiencias de carácter común y mantener informada a la Comisión del seguimiento;

c) fomentar y, cuando sea posible, garantizar, la aplicación armonizada de la legislación de la Unión.

En cuanto al tratamiento de las informaciones financieras a que se refiere la letra a) del párrafo primero, el organismo coordinador estará sujeto a una autorización específica de los Estados miembros.

5. En caso de que un organismo pagador autorizado no cumpla o deje de cumplir uno o varios de los criterios de autorización contemplados en el apartado 2, el Estado miembro, por iniciativa propia o a petición de la Comisión, le retirará la autorización, a menos que el citado organismo proceda a las oportunas adaptaciones dentro del plazo que se fije en función de la gravedad del problema.

6. Los organismos pagadores gestionarán y garantizarán el control de las operaciones vinculadas a la intervención pública de las cuales son responsables y conservarán la responsabilidad global en dicho ámbito.

Artículo 8

Competencias de la Comisión

1. Para garantizar el buen funcionamiento del sistema previsto en el artículo 7, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artículo 111, relativos a:

a) las condiciones mínimas de autorización de los organismos pagadores […] y de los organismos de coordinación a que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, respectivamente;

b) las obligaciones de los organismos pagadores en lo que respecta a la intervención pública, así como las normas sobre el contenido de sus responsabilidades en materia de gestión y control.

2. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer normas sobre:

a) los procedimientos para la concesión, retirada y revisión de la autorización a los organismos pagadores y de coordinación, así como sobre los procedimientos de supervisión de la autorización de los organismos pagadores;

b) el trabajo y los controles que sustentan la declaración sobre la gestión de los organismos pagadores;

c) el funcionamiento del organismo coordinador y la notificación de información a la Comisión contemplados en el artículo 7, apartado 4.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 116, apartado 3.

Artículo 9

Organismos de certificación

1. El organismo de certificación será un organismo auditor público o privado designado por el Estado miembro. Cuando se trate de un organismo auditor privado, y el derecho nacional o de la Unión vigente así lo exija, será seleccionado por el Estado miembro mediante licitación pública. Dicho Estado miembro emitirá un dictamen, elaborado de conformidad con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas, sobre la integralidad, exactitud y veracidad de las cuentas anuales del organismo pagador, sobre el correcto funcionamiento de su sistema de control interno y sobre la legalidad y corrección del gasto para el que se solicita el reembolso a la Comisión. El dictamen indicará asimismo si el examen arroja alguna duda sobre las afirmaciones realizadas en la declaración sobre la gestión.

El organismo de certificación deberá tener los conocimientos técnicos necesarios. Deberá ser operativamente independiente tanto del organismo pagador como del organismo de coordinación de que se trate, así como de la autoridad que haya autorizado a dicho organismo pagador.

2. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecerdisposiciones sobre las tareas de los organismos de certificación, incluidos los controles, los certificados y los informes, junto con los documentos que los acompañan, que deberán elaborar dichos organismos. En vista de la necesidad de una eficiencia máxima en la verificación de las transacciones y las auditorías profesionales, en el contexto de un enfoque integrado, los actos de ejecución también establecerán:

a) los principios de auditoría en que se basarán los dictámenes de los organismos de certificación, incluidos una evaluación de los riesgos, los controles internos y el nivel exigido de pruebas de auditoría;

b) los métodos de auditoría que van a emplear los organismos de certificación, atendiendo a las normas internacionales de auditoría, a efectos de emitir sus dictámenes, incluidos, en su caso, el uso de una muestra única integrada por cada población y, en su caso, la posibilidad de acompañar a los organismos pagadores a los controles sobre el terreno.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 116, apartado 3.

Artículo 10

Admisibilidad de los pagos efectuados por los organismos pagadores

Los gastos a que se refieren el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5 podrán ser cubiertos por la financiación de la Unión únicamente si han sido efectuados por organismos pagadores autorizados.

Artículo 11

Pago íntegro a los beneficiarios

Salvo disposición explícita en contra establecida por la legislación de la Unión, los pagos relativos a la financiación prevista en el presente Reglamento se abonarán íntegramente a los beneficiarios.

TÍTULO III

SISTEMA DE ASESORAMIENTO A LAS EXPLOTACIONES

Artículo 12

Principio y ámbito de aplicación

1. Los Estados miembros instaurarán un sistema a efectos de asesorar a los beneficiarios sobre la gestión de tierras y explotaciones ("el sistema de asesoramiento a las explotaciones"), que estará a cargo de organismos públicos designados y/o de organismos privados seleccionados.

2. El sistema de asesoramiento a las explotaciones cubrirá al menos:

a) las obligaciones aplicables al nivel de las explotaciones derivadas de los requisitos legales de gestión y las normas que rigen las buenas condiciones agrícolas y medioambientales de la tierra establecidas en el título VI, capítulo I;

b) las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, tal como se establecen en el título III, capítulo 23, del Reglamento (UE) no 1307/2013 y el mantenimiento de la superficie agrícola, según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) no 1307/2013;

c) las medidas a escala de las explotaciones agrícolas incluidas en los programas de desarrollo rural orientadas a la modernización de las explotaciones, la consolidación de la competitividad, la integración sectorial, la innovación y la orientación al mercado, así como la promoción de la iniciativa empresarial;

d) los requisitos a escala delos beneficiarios, establecidos por los Estados miembros para la aplicación del artículo 11, apartado 3 de la Directiva 2000/60/CE;

e) los requisitos a escala de los beneficiarios, establecidos por los Estados miembros para la aplicación del artículo 55 del Reglamento (CE) no 1107/2009, en particular el requisito a que se refiere el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE.

3. El sistema de asesoramiento a las explotaciones también puede cubrir, en particular:

a) el fomento de las conversiones de explotaciones y la diversificación de su actividad económica;

b) la gestión del riesgo y la introducción de las medidas preventivas oportunas para hacer frente a los desastres naturales, los acontecimientos catastróficos y las enfermedades animales y vegetales;

c) los requisitos mínimos establecidos por la legislación nacional, tal como se indica en los artículos 28, apartado 3 y 29, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1305/2013;

d) la información relativa a la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, la biodiversidad y la protección del agua prevista en el anexo I del presente Reglamento.

Artículo 13

Requisitos específicos relativos al sistema de asesoramiento a las explotaciones

1. Los Estados miembros velarán por que los asesores que trabajen en el marco del sistema de asesoramiento a las explotaciones estén adecuadamente cualificados y se formen periódicamente.

2. Los Estados miembros garantizarán la separación entre asesoramiento y controles. En ese sentido y sin perjuicio de la legislación nacional relativa al acceso público a los documentos, los Estados miembros velarán por que los organismos designados y seleccionados a que se refiere el artículo 12, apartado 1, se abstengan de divulgar cualquier información o dato personal o individual que obtengan en el transcurso de su actividad asesora a personas distintas del beneficiario que gestionen la explotación afectada, con la salvedad de las irregularidades o infracciones constatadas en el transcurso de su actividad que, en virtud de la legislación de la Unión o nacional, deban obligatoriamente notificarse a una autoridad pública, en particular cuando se trate de infracciones penales.

3. Las autoridades nacionales relevantes facilitarán a los beneficiarios potenciales, preferentemente por medios electrónicos, la lista de los organismos seleccionados y designados a que se refiere el artículo 12, apartado 1.

Artículo 14

Acceso al sistema de asesoramiento a las explotaciones

Los beneficiarios y los agricultores que no reciban ayuda en virtud de la PAC, podrán utilizar de forma voluntaria el sistema de asesoramiento a las explotaciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 99, apartado 2, los Estados miembros podrán determinar, siguiendo criterios objetivos, las categorías de beneficiarios que tienen acceso prioritario al sistema de asesoramiento a las explotaciones, inclusive las redes que funcionen con recursos limitados en el sentido de los artículo 53, 55 y 56 del Reglamento (UE) no 1305/2013.

En tales casos, los Estados miembros deberán garantizar que se dé prioridad a aquellos agricultores cuyo acceso a un servicio de asesoramiento distinto del sistema de asesoramiento a las explotaciones sea más limitado.

El sistema de asesoramiento a las explotaciones garantizará que los beneficiarios tengan acceso al asesoramiento adecuado a la situación específica de su explotación.

Artículo 15

Competencias de la Comisión

La Comisión podrá adoptaractos de ejecución para establecer normas para la aplicación uniforme del sistema de asesoramiento a las explotaciones a fin de que dicho sistema sea plenamente operativo.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 116, apartado 3.

TÍTULO IV

GESTIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS

CAPÍTULO I

FEAGA

Sección 1

Financiación de los gastos

Artículo 16

Límite presupuestario

1. El límite anual de los gastos del FEAGA estará constituido por los importes máximos fijados para este último en el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013.

2. En el supuesto de que el derecho de la Unión prevea la deducción o el añadido de cantidades a los importes contemplados en el apartado 1, la Comisión adoptará actos de ejecución sin aplicar el procedimiento mencionado en el artículo 116, el saldo neto disponible para los gastos del FEAGA basándose en los datos a que se hace referencia en dicha normativa.

Artículo 17

Pagos mensuales

1. La Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros los créditos necesarios para financiar los gastos a que se refiere el artículo 4, apartado 1, en forma de pagos mensuales, basados en los gastos efectuados por los