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(27)

Italia depende en gran medida de las importaciones de energía de Rusia, en particular de gas, con un 43 % de gas importado de Rusia (ligeramente por debajo de la media de la UE del 44 %) y un 42 % del gas en su combinación energética. La dependencia del petróleo crudo con respecto a Rusia es inferior (11 %) a la media de la UE (26 %) (el petróleo representa el 32 % de la combinación energética de Italia) (21). Aunque Italia no se enfrenta a problemas significativos en la seguridad del abastecimiento de gas natural a corto plazo debido a su importante capacidad de almacenamiento y a las conexiones de gasoductos con el norte de África y Azerbaiyán, la invasión rusa de Ucrania puede plantear problemas a medio y largo plazo. Italia tiene margen para superar los cuellos de botella y aumentar la capacidad de transporte de la energía, tanto dentro del país como con los países vecinos. Se recomienda que las nuevas inversiones en redes e infraestructuras relacionadas con el gas sean, en la medida de lo posible, adecuadas para el futuro, con objeto de facilitar su sostenibilidad a largo plazo a través de su readaptación futura a los combustibles sostenibles. En la actualidad, Italia está diversificando su combinación energética mediante el aumento de la cuota de energías renovables, en particular gracias a la energía solar, eólica, el hidrógeno y el biometano sostenible. Sin embargo, también en vista de los posibles retos derivados de la actual situación geopolítica, hay margen para acelerar y aumentar la implantación de las fuentes de energía renovables establecidas en el plan nacional integrado de energía y clima. Italia tiene margen para seguir adoptando medidas que faciliten la autorización de proyectos de energías renovables. Además, los objetivos de Italia en términos de eficiencia energética pueden no ser suficientes para hacer frente a dichos retos ni para cumplir las ambiciones del paquete «Objetivo 55». La estrategia de eficiencia energética para el sector de la construcción se basa principalmente en medidas temporales y debe complementarse con una estrategia a medio y largo plazo, que incluya medidas de eficiencia energética más estrictas en las empresas, en particular en la industria. Además, es necesario seguir descarbonizando el sector del transporte, en particular acelerando el despliegue de puntos de recarga para los vehículos eléctricos y avanzando en los principales proyectos ferroviarios, de carriles bici y de transporte público. A fin de ajustarse al paquete de medidas «Objetivo 55», será preciso que Italia se fije unos objetivos más ambiciosos en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética.
(23)

La escasez de mano de obra ha seguido aumentando y se ha generalizado en todos los sectores, en consonancia con la recuperación económica general y el repunte de la demanda de mano de obra. Las previsiones del mercado laboral apuntan a que el mercado laboral seguirá estando tensionado en el futuro y, en particular, en el sector de la educación, la asistencia sanitaria, los empleos técnicos y las tecnologías de la información y de las comunicaciones. A corto plazo, la escasez también es muy elevada en la construcción. Las tensiones del mercado laboral corren el riesgo de obstaculizar las grandes inversiones necesarias en el marco de las transiciones ecológica y digital. Al mismo tiempo, hay mano de obra no aprovechada o infrautilizada, sobre todo teniendo en cuenta la menor tasa de empleo de las personas de origen migrante y la elevada proporción de empleo a tiempo parcial. Incentivar un aumento del número de horas trabajadas por los trabajadores a tiempo parcial, muchos de los cuales son mujeres (el 62,5 % de las mujeres empleadas trabajaba a tiempo parcial en 2021), podría disminuir aún más la escasez existente en el mercado laboral y reducir la brecha salarial y de pensión media entre hombres y mujeres. La activación y la mejora de las capacidades o el reciclaje profesional de las personas inactivas (aquellas que no trabajan ni buscan trabajo), de las personas en situación de desempleo de larga duración y de las que se encuentran en los márgenes del mercado laboral, mediante acciones específicas y adaptadas, podrían ayudar a paliar la escasez de mano de obra y de capacidades, fomentando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades y la inclusión activa.
(12)

El 23 de mayo de 2022, la Comisión emitió un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe analizó la situación presupuestaria de Hungría, habida cuenta de que su déficit público rebasó en 2021 el valor de referencia del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado, mientras que su deuda pública rebasó el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado y no respetó el valor de referencia para la reducción de la deuda. El informe concluía que no se cumplían los criterios de déficit y deuda. En consonancia con la Comunicación de 2 de marzo de 2022, la Comisión consideró, en su evaluación de todos los factores pertinentes, que el cumplimiento del valor de referencia de reducción de la deuda conllevaría un excesivo esfuerzo presupuestario concentrado en las fases iniciales que podría poner en peligro el crecimiento. Por tanto, en opinión de la Comisión, el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda no está garantizado en las condiciones económicas excepcionales actuales. Tal como se anunció, la Comisión no propuso iniciar nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2022 y volverá a evaluar la necesidad de proponer que se inicien en el otoño de 2022.
(26)

Según datos de 2020, Irlanda no importa petróleo crudo ni gas de Rusia. La dependencia de Irlanda del carbón ruso (22 % de las importaciones de carbón) es inferior a la media de la Unión, en un contexto en el que el peso de los combustibles fósiles sólidos en la combinación energética (7,6 %) es también inferior a la media de la Unión. Aunque la exposición al petróleo y al gas rusos de Irlanda es más limitada que la media de la Unión, la actual situación geopolítica y los elevados precios de la energía hacen que sea más urgente que Irlanda intensifique sus esfuerzos de cara a cumplir los objetivos en materia de energías renovables establecidos en su plan nacional de energía y clima. El plan de acción por el clima de Irlanda recoge el ambicioso objetivo de transformar el sistema energético del país de aquí a 2030. Esto permitirá a Irlanda lograr una reducción del 51 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero entre 2018 y 2030. Las reformas necesarias y la magnitud de esta transformación serán considerables, ya que conllevarán desde garantizar la inversión pública y privada necesaria hasta cumplir los compromisos a tiempo. Es necesaria una mejora integral de la infraestructura energética de Irlanda para que el país pueda beneficiarse plenamente de las fuentes de energía renovables y alcanzar sus objetivos climáticos. La creación de un marco de inversión que facilite e incentive la inversión en la transición energética ecológica será clave para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En el caso de las energías renovables, persisten retos en el sistema de planificación y autorización, en particular en lo que se refiere a los prolongados procedimientos de concesión de permisos de planificación y a los largos y costosos procedimientos de recurso. Si se mejora la eficiencia del sistema de planificación y autorización garantizando la disponibilidad de recursos adecuados en todas las fases de los procesos de planificación y simplificando el marco general, podrían acelerarse unos avances a gran escala, lo que a su vez aceleraría la transición ecológica. Además, la ampliación y el refuerzo de la red eléctrica y las infraestructuras de apoyo en lugares clave serán fundamentales para mejorar su estabilidad y reducir la congestión. En particular, unos nuevos interconectores de transporte de electricidad con los países vecinos contribuirán a una mayor seguridad del abastecimiento energético. También será necesario aumentar la capacidad de almacenamiento y desplegar de forma masiva puntos de recarga de vehículos eléctricos. Además, el desarrollo de una estrategia nacional de hidrógeno renovable también ayudaría a diversificar la combinación energética.
(26)

Una parte significativa del gasto social no tiene en cuenta los distintos niveles de renta, lo cual deja margen para definir mejor a los beneficiarios. Algunos gastos sociales no están específicamente orientados ni sujetos a condiciones de recursos. Al mismo tiempo, la cobertura de las prestaciones sociales para algunas personas que trabajan con arreglo a contratos de Derecho civil es limitada, lo que hace que este grupo sea más vulnerable. Aunque el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha seguido disminuyendo, pasando del 21 % en 2016 al 17 % en 2020, siguen existiendo desafíos. En particular, se espera que algunas personas mayores estén expuestas a un riesgo creciente de pobreza. Esto afectará especialmente a las mujeres debido a que sus carreras profesionales son más cortas, lo cual se traduce en unas futuras prestaciones de pensión más bajas. Una mejor orientación de las prestaciones, por ejemplo mediante una aplicación más común del enfoque basado en los recursos, permitiría un uso más eficiente de los recursos públicos para luchar contra la pobreza y apoyar a los más necesitados.
(12)

El 23 de mayo de 2022, la Comisión emitió un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe analizó la situación presupuestaria de Bélgica, habida cuenta de que su déficit público rebasó en 2021 el valor de referencia del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado, mientras que su deuda pública rebasó el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado y no respetó el valor de referencia para la reducción de la deuda. El informe concluyó que no se cumplían los criterios de déficit y deuda. En consonancia con la comunicación de 2 de marzo de 2022, la Comisión consideró, en su evaluación de todos los factores pertinentes, que el cumplimiento del valor de referencia de reducción de la deuda conllevaría un excesivo esfuerzo presupuestario concentrado en las fases iniciales que podría poner en peligro el crecimiento. Por tanto, en opinión de la Comisión, el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda no está garantizado en las condiciones económicas excepcionales actuales. Tal como se anunció, la Comisión no propuso iniciar nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2022 y volverá a evaluar la necesidad de proponer que se inicien en el otoño de 2022.
(20)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y el criterio 2.2 de su anexo V, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de inversiones y reformas que se refuerzan mutuamente con un calendario indicativo de realización con plazo de finalización hasta el 31 de agosto de 2026. Estas contribuyen a abordar la totalidad o una parte significativa de los retos económicos y sociales descritos en las recomendaciones dirigidas por el Consejo a Estonia en el marco del Semestre Europeo de 2019 y 2020, además de en cualquier otra recomendación dirigida a Estonia hasta la fecha de adopción de un Plan de Recuperación y Resiliencia. En particular, el Plan de Recuperación y Resiliencia se centra en las transiciones ecológica y digital, con medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética y desarrollar las energías renovables; aumentar la sostenibilidad del transporte y la movilidad; apoyar a las empresas en la doble transición, en particular a las empresas emergentes y a las pequeñas y medianas empresas; seguir digitalizando los servicios públicos, y aumentar la pertinencia para el mercado laboral del sistema de educación y formación, en particular en lo que se refiere a las capacidades verdes y digitales. El Plan de Recuperación y Resiliencia también contiene medidas para mejorar la accesibilidad y la resiliencia del sistema sanitario y prevé algunas mejoras en la red de seguridad social y el acceso a los servicios sociales.
(13)

El 23 de mayo de 2022, la Comisión emitió un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe analizó la situación presupuestaria de Francia, habida cuenta de que su déficit público rebasó en 2021 el valor de referencia del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado, mientras que su deuda pública rebasó el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado y no respetó el valor de referencia para la reducción de la deuda. El informe concluyó que no se cumplían los criterios de déficit y deuda. En consonancia con la comunicación de 2 de marzo de 2022, la Comisión consideró, en su evaluación de todos los factores pertinentes, que el cumplimiento del valor de referencia de reducción de la deuda conllevaría un excesivo esfuerzo presupuestario concentrado en las fases iniciales que podría poner en peligro el crecimiento. Por tanto, en opinión de la Comisión, el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda no está garantizado en las condiciones económicas excepcionales actuales. Tal como se anunció, la Comisión no propuso iniciar nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2022 y volverá a evaluar la necesidad de proponer que se inicien en el otoño de 2022.
(27)

Portugal tiene una elevada cuota de energías renovables (un tercio de su combinación energética) y no depende demasiado de los combustibles fósiles rusos. Sin embargo, el petróleo y el gas [en su mayoría gas natural licuado (GNL)] siguen representando dos tercios de su suministro de energía primaria, con un 42 % y un 24 %, respectivamente, según datos de 2020. El carbón se eliminó gradualmente de la producción de electricidad en 2021, pero el consumo de gas ha aumentado rápidamente en los últimos años, en parte debido a la menor disponibilidad de energía hidroeléctrica como consecuencia de las sequías. Con un 10 % de sus importaciones de gas procedentes de Rusia, Portugal tiene una tasa de dependencia muy inferior a la media de la Unión, que se sitúa en el 44 %, debido a su gran dependencia del GNL, y no importa ni petróleo ni carbón de Rusia (22). No obstante, Portugal importa el 100 % de sus combustibles fósiles. Para reducir esta dependencia global de las importaciones, a través de una mayor ambición climática de la Unión centrada en una energía más asequible, segura y sostenible, habrá que explotar en mayor medida el potencial solar y eólico portugués, particularmente la energía eólica marina, en particular simplificando los procedimientos de autorización, y reforzar la capacidad administrativa. La mejora de las redes de transporte y distribución de electricidad, también con tecnologías de corriente continua, y la facilitación de las inversiones en el almacenamiento de electricidad y el hidrógeno renovable, con la correspondiente capacidad adicional de energías renovables, permitirían suministrar energía flexible y de respuesta rápida, crucial para gestionar un sistema con una elevada cuota de energías renovables. El bajo nivel de interconexión eléctrica con España (y, en última instancia, con Francia) también plantea un reto para la resiliencia del sistema eléctrico de Portugal y de la Unión. Unas interconexiones transfronterizas adicionales podrían contribuir a una mayor integración de la capacidad de producción de energía renovable de la península Ibérica en el mercado único de la energía, en particular de las infraestructuras gasísticas preparadas para el hidrógeno, ya que podrían contribuir a diversificar la oferta de gas en el mercado interior y a aprovechar el potencial a largo plazo del hidrógeno renovable. Con vistas a mejorar la eficiencia energética de los edificios, unos planes de financiación adecuados, campañas de sensibilización y el desarrollo de capacidades verdes aumentarían significativamente la eficacia de los esfuerzos de inversión. Además, es necesario seguir descarbonizando el sector del transporte, en particular acelerando el despliegue de la infraestructura de recarga eléctrica y avanzando en los principales proyectos ferroviarios, de carriles bici y de transporte público. A fin de ajustarse al paquete de medidas «Objetivo 55», será preciso que Portugal se fije unos objetivos más ambiciosos en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética.
(14)

A la vista de esta evolución, debe seguir adaptándose el enfoque común establecido en la Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo, tal como también solicitó el Consejo Europeo en sus conclusiones de 22 de octubre de 2021 (10). En particular, el factor determinante clave debe ser el estado de vacunación, prueba diagnóstica o recuperación de una persona frente a la COVID-19, acreditado por un certificado COVID digital de la UE. Dado que los certificados COVID digitales de la UE pueden expedirse, verificarse y aceptarse de forma segura, los viajeros en posesión de dicho certificado no deben estar sujetos a restricciones adicionales a la libre circulación, como pruebas adicionales para detectar la infección por SARS-CoV-2. En particular, las personas que viajen por el territorio de la Unión no deben, en principio, estar sometidas a cuarentena, dado que esta constituye una restricción significativa a la libre circulación.
(13)

La presente Recomendación desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (5); por consiguiente, Irlanda no participa en su adopción y no queda sujeta a su aplicación.
4)

El punto 12 se sustituye por el texto siguiente: «12. Se aceptarán los siguientes certificados COVID digitales de la UE si puede verificarse su autenticidad, validez e integridad: a) Certificados de vacunación expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 para toda vacuna contra la COVID-19 contemplada en el artículo 5, apartado 5, párrafo primero, de dicho Reglamento, o para toda vacuna contra la COVID-19 que haya superado el procedimiento de inclusión en la lista de uso en emergencias de la OMS, y que indiquen que el titular: — ha completado la pauta de primovacunación y que han transcurrido al menos 14 días desde la última dosis; o — ha recibido al menos una dosis de refuerzo tras la finalización de la pauta de primovacunación, siempre que aún no haya transcurrido el plazo de aceptación establecido en el Reglamento (UE) 2021/953. Los Estados miembros también podrán aceptar los certificados de vacunación expedidos para las demás vacunas contra la COVID-19 que se contemplan en el artículo 5, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2021/953 o los certificados de vacunación expedidos de conformidad con el artículo 5, apartado 5, párrafo cuarto, del Reglamento (UE) 2021/953. Sobre la base de otros elementos de prueba científicos, la Comisión debe reevaluar periódicamente el enfoque establecido en la letra a). b) Certificados de prueba diagnóstica expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 que indiquen un resultado negativo, obtenidos: — no más de 72 horas antes de la salida, en caso de prueba de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT); o — no más de 24 horas antes de la salida, en caso de prueba de antígenos incluida en la lista común de la UE de pruebas de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19 acordada por el Comité de Seguridad Sanitaria (12). A efectos de los viajes en ejercicio de los derechos de libre circulación, los Estados miembros deben aceptar ambos tipos de pruebas. Los Estados miembros deben velar por que los certificados de prueba diagnóstica se expidan lo antes posible tras la recogida de la muestra de la prueba. c) Certificados de recuperación expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953, siempre que aún no haya transcurrido el período de validez de conformidad con dicho Reglamento.».
(3)

Las responsabilidades de cuidado de los niños, en particular de los niños de muy corta edad, limitan notablemente la participación de las mujeres en el mercado laboral. En la Encuesta de Población Activa de 2021, el 27,9 % de las mujeres que no formaban parte de la población activa indicó que cuidar de niños o adultos necesitados de cuidados era el principal motivo por el que no buscaban empleo, frente al 8,0 % de los hombres; en 2019, antes de la pandemia, estas cifras se situaban en el 32,6 % y el 7,6 %, respectivamente (2). Al mismo tiempo, la tasa de empleo de las personas con hijos menores de seis años era del 90,1 % en el caso de los hombres, frente al 67,2 % de las mujeres. En Europa, las responsabilidades asistenciales no remuneradas impiden a unos 7,7 millones de mujeres participar en el mercado laboral, frente a solo 450 000 hombres. La desproporción de la parte de trabajo asistencial que asumen las mujeres es también una de las principales causas profundas de la brecha salarial de género (3).
(20)

Los cuidados no profesionales han sido esenciales en la prestación de cuidados de larga duración, ya que los cuidadores no profesionales, en su mayoría mujeres, se han encargado tradicionalmente del grueso de los cuidados, a menudo, debido a la falta de cuidados de larga duración profesionales accesibles y asequibles. Por otra parte, muchas personas también optan por prestar o recibir cuidados no profesionales por cuestión de preferencia. No obstante, la prestación de cuidados no profesionales puede afectar negativamente a la salud física y mental y al bienestar de los cuidadores y constituye un obstáculo importante para el empleo, especialmente para las mujeres. Esto repercute directamente en sus ingresos corrientes y afecta a sus prestaciones de vejez debido a la reducción de la acumulación de derechos de pensión, lo que puede ser aun más significativo para los cuidadores que, además, asumen responsabilidades con respecto al cuidado de los hijos. Por lo tanto, todos los cuidadores no profesionales, tanto hombres como mujeres, necesitan un buen equilibrio entre la vida profesional y la vida privada y una mejor conciliación de las obligaciones laborales y las asistenciales. Además, en algunos casos, los cuidadores no profesionales no gozan de una protección social adecuada ni reciben suficiente apoyo directo o indirecto para sus actividades asistenciales, incluido el apoyo financiero. Las medidas de apoyo a la validación de sus capacidades pueden ayudar a quienes estén interesados en la transición a actividades asistenciales profesionales. Los niños y jóvenes con un familiar enfermo crónico tienden a tener más problemas de salud mental y consecuencias más adversas con efectos a largo plazo sobre sus ingresos y su inclusión en la sociedad.
(8)

El cribado es el proceso de realizar pruebas a personas en las que no se han detectado síntomas. Aparte de su efecto beneficioso en la mortalidad específica de la enfermedad y en la incidencia de tipos invasivos de cáncer, el proceso de cribado también tiene limitaciones inherentes que pueden tener efectos perjudiciales para la población que se somete a él. Entre ellos cabe mencionar los falsos resultados positivos, que pueden causar ansiedad y a veces requerir pruebas adicionales que pueden conllevar riesgos potenciales; los falsos resultados negativos, que proporcionan una confianza engañosa que provoca retrasos en el diagnóstico; y el sobrediagnóstico (es decir, la detección de un cáncer que no se espera que cause síntomas durante la vida del paciente) y el consiguiente tratamiento excesivo. Los proveedores de asistencia sanitaria deben ser conscientes de los posibles beneficios y riesgos del cribado de un tipo determinado de cáncer antes de emprender nuevos programas organizados de cribado del cáncer. Además, es necesario que estos beneficios y riesgos se presenten de una forma comprensible que permita a los ciudadanos dar su consentimiento informado para participar en los programas de cribado.