ES Diario Oficial de la Unión Europea L 354/22

REGLAMENTO (UE) No 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 11 de diciembre de 2013

sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1954/2003 y (CE) no 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) no 2371/2002 y (CE) no 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo (4), establece un régimen comunitario para la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la Política Pesquera Común (PPC).

(2) El ámbito de aplicación de la PPC incluye la conservación de los recursos biológicos marinos y la gestión de las pesquerías dedicadas a la explotación de los mismos. Además, incluye las medidas de mercado y financieras en apoyo de sus objetivos, los recursos biológicos de agua dulce y las actividades de acuicultura, así como la transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, siempre que estas actividades tengan lugar en el territorio de los Estados miembros o en aguas de la Unión por buques pesqueros que enarbolan el pabellón de un tercer país o estén registrados en él, o por buques pesqueros de la Unión, o por nacionales de Estados miembros, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 117 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982 (CNUDM) (5), y sin perjuicio de la responsabilidad principal del Estado del pabellón.

(3) La pesca recreativa puede tener un impacto significativo en los recursos pesqueros y por ello los Estados miembros deben asegurar que se realiza de forma compatible con los objetivos de la PPC.

(4) La PPC debe garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo. Debe incluir normas cuya finalidad es la trazabilidad, seguridad y calidad de los productos comercializados en la Unión. Además la PPC debe contribuir al aumento de la productividad, a un nivel de vida adecuado para el sector pesquero, incluido el sector de la pesca a pequeña escala, y a la estabilidad de los mercados, y debe asegurar la disponibilidad de productos alimenticios y que estos lleguen a los consumidores a precios razonables. La PPC debe contribuir a la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y promover la consecución de los objetivos establecidos en dicha Estrategia.

(5) La Unión es Parte Contratante de la CNUDM (6), y en virtud de la Decisión 98/414/CE del Consejo (7), del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, de 4 de diciembre de 1995 (8) (Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces), así como, en virtud de la Decisión 96/428/CE del Consejo (9), del Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de noviembre de 1993, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (10).

(6) Estos instrumentos internacionales prevén principalmente obligaciones de conservación que incluyen la obligación de adoptar medidas de conservación y gestión destinadas a mantener o restablecer los recursos marinos en niveles capaces de producir el rendimiento máximo sostenible, tanto en las aguas bajo jurisdicción nacional como en alta mar, y de cooperar a tal efecto con otros Estados, de aplicar ampliamente el criterio de precaución a la conservación, gestión y explotación de las poblaciones de peces, de garantizar la compatibilidad de las medidas de conservación y gestión cuando los recursos marinos se encuentran en zonas marítimas con estatutos jurisdiccionales diferentes y de tener debidamente en cuenta otras utilizaciones legítimas de los mares. Por consiguiente, la PPC debe contribuir al adecuado cumplimiento por parte de la Unión de las obligaciones internacionales que le incumben en virtud de estos instrumentos internacionales. Cuando los Estados miembros adopten medidas de conservación y gestión, para las que hayan sido facultados al amparo de la PPC, deben igualmente actuar de forma plenamente coherente con las obligaciones internacionales respecto a la conservación y cooperación impuestas por estos instrumentos internacionales.

(7) En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002, la Unión y sus Estados miembros se comprometieron a luchar contra la disminución continua de muchas poblaciones de peces. Por lo tanto, la Unión debe mejorar su PPC adoptando índices de explotación a fin de velar, en un plazo razonable, por que la explotación de los recursos biológicos marinos restablezca y mantenga las poblaciones de las especies capturadas por encima de niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible. Los índices de explotación deben conseguirse en 2015. La consecución de dichos índices de explotación en una fecha posterior solo se debe permitir en caso de que para conseguirlos en 2015 se pusiera en grave peligro la sostenibilidad económica y social de las flotas pesqueras implicadas. Dichos índices se deben conseguir tan pronto como sea posible a partir de 2015 y, en cualquier caso, en 2020 a más tardar. Cuando la información científica sea insuficiente para determinar tales niveles, se podrán tener en cuenta parámetros aproximados.

(8) En las pesquerías mixtas, las decisiones de gestión relativas al rendimiento máximo sostenible deben tener en cuenta la dificultad de pescar todas las poblaciones en una pesquería mixta, con el máximo rendimiento sostenible y al mismo tiempo, en particular en los casos en que los dictámenes científicos indiquen que es muy difícil evitar el fenómeno del estrangulamiento de especies aumentando la selectividad de los artes de pesca empleados. En dichas circunstancias, se debe pedir a los organismos científicos adecuados que emitan dictámenes sobre los niveles adecuados de mortalidad por pesca.

(9) La PPC debe garantizar la coherencia con los objetivos pesqueros que se establecen en la Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020, y con los objetivos para la biodiversidad adoptados por el Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo de 2010.

(10) La explotación sostenible de los recursos biológicos marinos debe basarse en el criterio de precaución, que se desprende del principio de cautela contemplado en el artículo 191, apartado 2, párrafo primero, del Tratado, teniendo en cuenta los datos científicos disponibles.

(11) La PPC debe contribuir a la protección del medio ambiente marino, a la gestión sostenible de todas las especies explotadas comercialmente y, en particular, a la consecución de un buen estado ecológico en 2020 a más tardar, tal como establece el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(12) La PPC debe contribuir igualmente a abastecer el mercado de la Unión de alimentos con alto valor nutricional, y a reducir la dependencia del mercado de la Unión de la importación de alimentos. La PPC debe impulsar también la creación directa e indirecta de empleo y el desarrollo económico de las zonas costeras.

(13) Es necesario aplicar a la gestión de la pesca un enfoque ecosistémico, limitar los efectos de las actividades pesqueras sobre el medio ambiente y evitar y reducir en la medida de lo posible las capturas no deseadas.

(14) Conviene que la gestión de la PPC se guíe por los principios de buena gobernanza. De acuerdo con estos principios, la toma de decisiones debe basarse en los mejores dictámenes científicos disponibles, las partes interesadas deben participar activamente y debe adoptarse una perspectiva a largo plazo. El éxito de la gestión de la PPC también depende de una definición clara de las responsabilidades a nivel de la Unión y a los niveles regional, nacional y local, así como de la compatibilidad entre las medidas adoptadas y su coherencia con otras políticas de la Unión.

(15) La PPC debe contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad y de las condiciones laborales de los operadores del sector pesquero.

(16) La PPC debe prestar plena atención, en su caso, a la sanidad y el bienestar animal y a la seguridad de los alimentos y los piensos.

(17) Dado que todas las cuestiones relacionadas con los mares y océanos de Europa están interrelacionadas, la PPC debe aplicarse de forma que sea coherente con otras políticas de la Unión y, en particular, que tenga en cuenta las interacciones con la actuación de la Unión en otros ámbitos de la política marítima, reconociendo la interrelación entre todas las cuestiones relacionadas con los mares y océanos de Europa. Ha de garantizarse una gestión coherente de las distintas políticas sectoriales en el Mar Báltico, el Mar del Norte, el Mar Celta, el Golfo de Vizcaya y la costa de la Península Ibérica, y las cuencas del Mar Mediterráneo y del Mar Negro.

(18) Los buques pesqueros de la Unión deben tener igualdad de acceso a las aguas y los recursos de la Unión, en el respeto de las normas de la PPC.

(19) Las normas vigentes que restringen el acceso a los recursos situados dentro de las zonas de 12 millas marinas de los Estados miembros han resultado satisfactorias, obrando en beneficio de la conservación al limitar el esfuerzo pesquero en las zonas más sensibles de las aguas de la Unión. Asimismo, han preservado las actividades pesqueras tradicionales, de las que depende en buena medida el desarrollo social y económico de determinados comunidades costeras. Por consiguiente, estas normas deben continuar aplicándose. Los Estados miembros deben esforzarse por ofrecer un acceso preferencial a la pesca a pequeña escala, artesanal y costera.

(20) Han de reconocerse y apoyarse especialmente, si procede, las pequeñas islas costeras que dependen de la pesca, a fin de permitir su supervivencia y prosperidad en el futuro.

(21) Deben protegerse especialmente los recursos biológicos marinos en torno a las regiones ultraperiféricas de la Unión a que se refiere el artículo 349, apartado 1, del Tratado, ya que contribuyen a preservar la economía local de dichos territorios, dada su situación estructural, social y económica. Por consiguiente, ciertas actividades pesqueras en esas aguas deben limitarse a las embarcaciones matriculadas en los puertos de dichos territorios.

(22) Con objeto de contribuir a la conservación de los recursos acuáticos vivos y los ecosistemas marinos, la Unión debe esforzarse por proteger las zonas biológicamente sensibles, declarándolas zonas protegidas. En ellas ha de ser posible restringir o prohibir las actividades pesqueras. Al decidir las zonas que se declaran protegidas, debe prestarse particular atención a aquellas zonas en las que haya pruebas fehacientes de una alta concentración de peces por debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación y de la existencia de zonas de desove y a las zonas consideradas sensibles desde un punto de vista biogeográfico. También deben tenerse en cuenta las zonas de conservación existentes. Con objeto de facilitar el proceso de declaración, los Estados miembros deben identificar las zonas aptas, incluidas las zonas que formen parte de una red coherente, y, en su caso, deben cooperar entre sí, preparando y enviando recomendaciones conjuntas a la Comisión. Con objeto de establecer zonas protegidas más eficazmente, debe poder concederse a la Comisión los poderes para establecerlas en el marco de un plan plurianual y, con objeto de garantizar un nivel adecuado de responsabilidad y control democráticos, la Comisión debe informar regularmente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento de dichas zonas protegidas.

(23) El objetivo de la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos se conseguirá de manera más eficaz mediante un enfoque plurianual de la gestión de la pesca, que establezca con carácter prioritario planes plurianuales que reflejen las particularidades de las distintas pesquerías.

(24) Siempre que sea posible, los planes plurianuales deben abarcar múltiples poblaciones en caso de que estas sean explotadas conjuntamente. Además, deben establecer el marco para la explotación sostenible de las poblaciones y de los ecosistemas marinos considerados, definir plazos precisos y crear mecanismos de salvaguardia para hacer frente a acontecimientos imprevistos. Los planes plurianuales deben asimismo estar sujetos a objetivos de gestión claramente definidos para contribuir a la explotación sostenible de las poblaciones y a la protección de los ecosistemas marinos de que se trate. Estos planes deben adoptarse en consulta con consejos consultivos, operadores del sector pesquero, científicos y otras partes interesadas en la gestión de la pesca.

(25) La Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), la Directiva 92/43/CEE del Consejo (13) y la Directiva 2008/56/CE imponen a los Estados miembros ciertas obligaciones por lo que respecta a las zonas de protección especial, las zonas especiales de conservación y las zonas marinas protegidas, respectivamente. Tales medidas pueden exigir la adopción de normas en el marco de la PPC. Procede, por lo tanto, autorizar a los Estados miembros a adoptar, en las aguas sujetas a su soberanía o jurisdicción, las medidas de conservación que resulten necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones de acuerdo con estos actos de la Unión, siempre que dichas medidas no afecten a los intereses pesqueros de otros Estados miembros. En caso de que dichas medidas puedan afectar a los intereses pesqueros de otros Estados miembros, la facultad para adoptar tales medidas debe atribuirse a la Comisión, y debe recurrirse a la cooperación regional entre los Estados miembros afectados.

(26) Es necesario adoptar medidas para reducir los elevados niveles actuales de capturas no deseadas y eliminar gradualmente los descartes. En efecto, las capturas no deseadas y los descartes representan un desperdicio considerable y repercuten negativamente en la explotación sostenible de los recursos biológicos y los ecosistemas marinos, así como en la viabilidad económica de la pesca. Resulta necesario establecer la obligación de desembarcar («obligación de desembarque») todas las capturas de las especies sujetas a límites de capturas y, en el Mar Mediterráneo, también las capturas de las especies sujetas a tallas mínimas, efectuadas durante las actividades de pesca ejercidas en aguas de la Unión o por buques pesqueros de la Unión, y prever su aplicación gradual, al mismo tiempo que se derogan las normas que hasta el momento han obligado a los pescadores a los descartes.

(27) Debe introducirse la obligación de desembarque atendiendo a las diferentes pesquerías. Ha de permitirse que los pescadores sigan descartando aquellas especies que, según los mejores dictámenes científicos disponibles, tengan un elevado nivel de supervivencia cuando se devuelven al mar.

(28) Con el fin de asegurar la viabilidad de la obligación de desembarque todas las capturas y de mitigar el efecto de las variaciones anuales de su composición, se debe permitir que, hasta un determinado porcentaje, los Estados miembros transfieran cuotas de un año a otro.

(29) En el contexto de la gestión de la obligación de desembarque, es necesario que los Estados miembros pongan el máximo empeño en reducir las capturas no deseadas. A tal fin, debe darse prioridad a la mejora de las técnicas de pesca selectivas destinadas a evitar y reducir, en la medida de lo posible, las capturas no deseadas. Es importante que los Estados miembros distribuyan las cuotas entre los buques aplicando una composición por especies que refleje con la máxima precisión posible la composición previsible de especies en cada pesquería. En los casos de desajustes entre las cuotas disponibles y los patrones reales de pesca, los Estados miembros deben poder efectuar ajustes mediante intercambios de cuotas con otros Estados miembros, incluso con carácter permanente. Los Estados miembros también deben poder facilitar a los armadores de los buques la posibilidad de poner en común sus cuotas, por ejemplo en el marco de organizaciones de productores o grupos de armadores. Una opción final debe consistir en imputar las capturas accesorias de las especies en cuestión a la cuota de la especie principal, dependiendo del estado de conservación de las especies de las capturas accesorias.

(30) El destino de los desembarques de capturas por debajo de la talla mínima de referencia para la conservación debe estar limitado y excluir la venta para el consumo humano.

(31) Para englobar las capturas no deseadas que son inevitables incluso cuando se aplican todas las medidas para su reducción, deben establecerse algunas exenciones de minimis respecto a la obligación de desembarque para las pesquerías a las que se aplica la obligación de desembarque, fundamentalmente por medio de planes plurianuales.

(32) Sin perjuicio del asesoramiento científico y sin amenazar los objetivos del rendimiento máximo sostenible ni aumentar la mortalidad por pesca, cuando esté en marcha una obligación de desembarque que incluya la de documentación de las capturas, se debe prever un aumento de las oportunidades de pesca relacionadas, para tener en cuenta el hecho de que se desembarcará el pescado anteriormente descartado.

(33) El acceso a las pesquerías debe basarse en criterios transparentes y objetivos, entre otros, de carácter medioambiental, social y económico. Los Estados miembros deben promover la pesca responsable ofreciendo incentivos a aquellos operadores que faenen con las técnicas menos perjudiciales para el medio ambiente y que aporten los máximos beneficios para la sociedad.

(34) En el caso de las poblaciones para las que no se haya establecido un plan plurianual, es necesario garantizar índices de explotación que produzcan el rendimiento máximo sostenible, a través de la fijación de límites de capturas o de esfuerzo pesquero. Si la disponibilidad de datos es insuficiente, las pesquerías deben gestionarse usando parámetros aproximativos.

(35) Teniendo en cuenta la precaria situación económica del sector pesquero y la dependencia de determinadas comunidades costeras respecto de la pesca, es necesario garantizar la estabilidad relativa de las actividades pesqueras, distribuyendo las posibilidades de pesca entre los Estados miembros en base a una estimación de la parte de las poblaciones que corresponda a cada Estado miembro.

(36) Dada la situación biológica temporal de las poblaciones de peces, dicha estabilidad relativa debe salvaguardar y tener plenamente en cuenta las especiales necesidades de las regiones cuyas poblaciones locales dependen en gran medida de la pesca y de las actividades conexas, tal como decidió el Consejo en su Resolución de 3 de noviembre de 1976 (14), y en particular en su anexo VII.

(37) Por consiguiente, el concepto de estabilidad relativa debe entenderse en tal sentido.

(38) Debe autorizarse a la Comisión para adoptar medidas temporales en caso de que de las actividades de pesca resulte una amenaza grave para la conservación de los recursos biológicos marinos o del ecosistema marino que requiera una acción inmediata. Estas medidas deben establecerse dentro de plazos definidos y deben estar en vigor durante un tiempo definido.

(39) Los Estados miembros deben cooperar en el plano regional con el fin de adoptar recomendaciones conjuntas y otros instrumentos para el desarrollo y la ejecución de las medidas de conservación y las medidas que afecten a la actividad pesquera en zonas protegidas de acuerdo con la legislación sobre medio ambiente. En el marco de la cooperación regional, la Comisión únicamente debe adoptar medidas de conservación mediante actos de ejecución o actos delegados cuando todos los Estados miembros afectados de una región convengan en una recomendación conjunta. A falta de recomendación conjunta, la Comisión debe poder presentar una propuesta de medidas adecuadas recurriendo al procedimiento aplicable en virtud del Tratado.

(40) Los Estados miembros deben estar facultados para adoptar medidas de conservación y gestión de las poblaciones en las aguas de la Unión, que sean aplicables exclusivamente a los buques pesqueros de la Unión que enarbolen su pabellón.

(41) Los Estados miembros deben estar facultados para adoptar, en su zona de 12 millas marinas, medidas de conservación y gestión aplicables a todos los buques pesqueros de la Unión, a condición de que, cuando se apliquen a los buques pesqueros de otros Estados miembros, las medidas adoptadas no sean discriminatorias, los otros Estados miembros afectados hayan sido previamente consultados y la Unión no haya adoptado medidas encaminadas específicamente a la conservación y gestión en la zona de 12 millas marinas de que se trate.

(42) Los Estados miembros deben poder introducir un sistema de concesiones de pesca transferibles.

(43) Los Estados miembros deben adoptar medidas específicas para adaptar el número de buques pesqueros de la Unión a los recursos disponibles, basándose en sus evaluaciones del equilibrio entre la capacidad pesquera de sus flotas y las posibilidades de pesca disponibles. Las evaluaciones deben realizarse de conformidad con las directrices de la Comisión. Los informes anuales resultantes deben hacerse públicos. Cada Estado miembro debe tener potestad para elegir las medidas e instrumentos que desee adoptar para reducir el exceso de capacidad pesquera.

(44) Además, deben mantenerse los límites máximos obligatorios de capacidad de la flota y los regímenes nacionales de entrada/salida en relación con la financiación del desguace, con vistas a la gestión y ajuste de la capacidad pesquera.

(45) Conviene que los Estados miembros mantengan registros sobre la información mínima relativa a las características y las actividades de los buques pesqueros de la Unión que enarbolan su pabellón. Estos registros deben estar a disposición de la Comisión con fines de seguimiento del tamaño de las flotas de los Estados miembros.

(46) Una gestión de la pesca basada en los mejores dictámenes científicos disponibles exige disponer de conjuntos de datos armonizados, fiables y exactos. Por consiguiente, los Estados miembros deben recoger datos sobre sus flotas y actividades de pesca, en particular datos biológicos sobre las capturas, que incluyan los descartes, información obtenida a partir de estudios sobre las poblaciones de peces y sobre el impacto ambiental potencial de las actividades pesqueras en el ecosistema marino. Los Estados miembros deben gestionar los datos recogidos y ponerlos a disposición de los usuarios finales y demás partes interesadas. Asimismo, los Estados miembros deben cooperar entre sí y con la Comisión a fin de coordinar las actividades de recopilación de datos. En caso necesario, conviene que los Estados miembros también cooperen con terceros países en lo que respecta a la recogida de datos Los Estados miembros deben facilitar a la Comisión, para su evaluación, un informe anual sobre sus actividades de recogida de datos, que se hará público.

(47) La recogida de datos debe incluir información que facilite la evaluación económica de las empresas activas en el sector de la pesca, de la acuicultura y de la transformación de productos de la pesca y de la acuicultura, así como datos sobre la evolución del empleo en estos sectores.

(48) Se puede consultar al Comité científico, técnico y económico de la pesca (CCTEP), constituido por la Decisión 2005/629/CE de la Comisión (15), en relación con asuntos relativos a la conservación y gestión de recursos biológicos marinos, para garantizar la necesaria asistencia de científicos altamente cualificados, en particular en la aplicación de disciplinas biológicas, económicas, medioambientales, sociales y técnicas.

(49) Es necesario reforzar la investigación orientada a la política pesquera a través de programas adoptados a nivel nacional para la recogida de datos científicos pesqueros y para la investigación e innovación, en coordinación con otros Estados miembros, así como dentro de los marcos de investigación e innovación de la Unión. Debe propiciarse igualmente una mejor cooperación entre la industria y los científicos.

(50) La Unión debe promover los objetivos de la PPC a nivel internacional, velando por que las actividades pesqueras de la Unión en aguas ajenas a la Unión se basen en los mismos principios y normas que la legislación aplicable de la Unión, a la vez que promueve unas condiciones equitativas para los operadores de la Unión frente a los operadores de terceros países. A tal fin, la Unión debe tratar de dirigir el proceso de fortalecimiento de la actuación de las organizaciones regionales e internacionales con el fin de capacitarlas mejor para la conservación y gestión de los recursos marinos vivos de su competencia, incluida la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La Unión debe cooperar con los terceros países y organizaciones internacionales con el fin de mejorar la observancia de las medidas internacionales, incluida la lucha contra la pesca INDNR. Las posiciones de la Unión deben basarse en los mejores dictámenes científicos disponibles.

(51) Los acuerdos de colaboración de pesca sostenible con terceros países deben garantizar que las actividades pesqueras de la Unión en aguas de terceros países se basen en los mejores dictámenes científicos disponibles y en el intercambio de información pertinente, garantizando una explotación sostenible de los recursos biológicos marinos, la transparencia por lo que respecta a la determinación del excedente, y la consiguiente gestión de los recursos de manera coherente con los objetivos de la PPC. Estos acuerdos, que proporcionan derechos de acceso a los recursos de manera adaptada a los intereses de la flota de la Unión a cambio de una contribución financiera de la Unión, deben contribuir al establecimiento de un marco de gobernanza de elevada calidad, a fin de asegurar, en particular, la adopción de medidas eficientes respecto a recogida de datos, seguimiento, vigilancia y control.

(52) El respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos, y el respeto del principio del Estado de Derecho, constituirán un elemento esencial de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible, que deben incluir una cláusula específica sobre derechos humanos. La introducción de una cláusula relativa a los derechos humanos en los acuerdos de colaboración de pesca sostenible debe ser plenamente coherente con los objetivos generales de la Unión en materia de desarrollo.

(53) La acuicultura debe contribuir a preservar el potencial de producción de alimentos en todo el territorio de la Unión sobre una base sostenible, a fin de garantizar a los ciudadanos de la Unión la seguridad alimentaria a largo plazo, incluido el suministro de alimentos, así como el crecimiento y el empleo, y contribuir a satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos de origen acuático.

(54) La Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea, adoptada por la Comisión en 2009, que fue saludada y aprobada por el Consejo y acogida favorablemente por el Parlamento Europeo, señalaba la necesidad de crear y promover condiciones equitativas para este sector como base para su desarrollo sostenible.

(55) En las actividades de acuicultura de la Unión influyen diferentes condiciones que traspasan las fronteras nacionales, también en lo que se refiere a las autorizaciones de los operadores. Por consiguiente, conviene elaborar directrices estratégicas de la Unión con objeto de promover la competitividad del sector de la acuicultura, apoyando su desarrollo e innovación, incentivando la actividad económica y la diversificación y mejorando la calidad de vida de las zonas costeras e interiores. Asimismo se deben introducir entre los Estados miembros mecanismos para el intercambio de información y de buenas prácticas entre los Estados miembros, a través de un método abierto de coordinación de las medidas nacionales relativas a la seguridad de las empresas, el acceso a las aguas y al espacio de la Unión y la simplificación administrativa del proceso de concesión de licencias.

(56) La naturaleza específica de la acuicultura requiere establecer un consejo consultivo para la consulta de las partes interesadas sobre los aspectos de las políticas de la Unión que pueden afectar a la acuicultura.

(57) Resulta necesario reforzar la competitividad del sector de la pesca y la acuicultura de la Unión, y hacer un llamamiento a la simplificación en favor de una mejor gestión de las actividades de producción y de comercialización del sector. La organización común de mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura debe asegurar condiciones equitativas para todos los productos de la pesca y de la acuicultura comercializados en la Unión independientemente de su origen, permitir a los consumidores elegir mejor, con conocimiento de causa, promover un consumo responsable y mejorar el conocimiento económico y la comprensión de los mercados de la Unión a lo largo de la cadena de suministro.

(58) La organización común de mercados debe aplicarse de conformidad con los compromisos internacionales de la Unión, en particular en lo que respecta a la Organización Mundial del Comercio.

(59) Con objeto de garantizar el cumplimiento de las normas de la PPC, debe establecerse un sistema eficaz de control, inspección y ejecución que incluya la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR).

(60) Conviene promover la utilización de tecnologías modernas y eficaces en el ámbito del régimen de control, inspección y ejecución de la Unión. Los Estados miembros y la Comisión deben tener la posibilidad de llevar a cabo proyectos piloto sobre nuevas tecnologías de control y sistemas de gestión de datos.

(61) A fin de garantizar que las condiciones en los diferentes Estados miembros respecto a la aplicación de las normas de control y ejecución son comparables, debe alentarse la cooperación entre Estados miembros en relación con la definición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas.

(62) A fin de garantizar la participación de los operadores en la recogida de datos de la Unión y en el régimen de control, inspección y ejecución de la Unión, conviene autorizar a los Estados miembros a exigir a sus operadores que contribuyan proporcionalmente a los correspondientes costes operativos.

(63) Los objetivos de la PPC no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, debido a los problemas surgidos en el desarrollo y la gestión del sector pesquero y a los recursos financieros limitados de los Estados miembros. Por consiguiente, para contribuir a la consecución de estos objetivos, la Unión debe conceder una ayuda financiera plurianual, centrada en las prioridades de la PPC y adaptada a las particularidades del sector en cada Estado miembro.

(64) La ayuda financiera de la Unión debe estar supeditada al cumplimiento por los Estados miembros y por los operadores, incluidos los armadores de los buques, de las normas de la PPC. A reserva de las normas específicas que habrán de adoptarse, debe interrumpirse, suspenderse o corregirse la ayuda financiera de la Unión en caso de incumplimiento de una obligación concreta en el marco de la PPC por parte de un Estado miembro, o de infracción grave de dichas normas por un operador.

(65) Ha quedado demostrado que el diálogo con las partes interesadas es esencial para la consecución de los objetivos de la PPC. Teniendo en cuenta la diversidad de condiciones que caracterizan las aguas de la Unión y la creciente regionalización de la PPC, los consejos consultivos deben facilitar a la PPC, integrar los conocimientos y la experiencia de todas las partes interesadas.

(66) Habida cuenta de las especiales características de las regiones ultraperiféricas, de la acuicultura, de los mercados y del Mar Negro, conviene crear un nuevo consejo consultivo para cada uno de estos ámbitos.

(67) Los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado deben delegarse en la Comisión respecto a la adopción de medidas de conservación que acompañen determinadas obligaciones medioambientales de los Estados miembros, la adaptación de la obligación de desembarque a efectos del cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión, la ampliación de la obligación de desembarque a otras especies que hayan recurrido al proceso de regionalización, la adopción de un plan de descarte recurriendo al proceso de regionalización, la adopción de exenciones de minimis respecto de la obligación de desembarque en caso de no haberse adoptado ninguna otra medida de ejecución para dicha obligación, y el establecimiento de las normas detalladas para el funcionamiento de los consejos consultivos. Reviste especial importancia que, durante los trabajos preparatorios, la Comisión efectúe las consultas oportunas, incluidas consultas a expertos. En la fase de preparación y elaboración de actos delegados, la Comisión debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(68) A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento por lo que respecta a medidas temporales para atenuar una amenaza grave para la conservación de los recursos biológicos marinos, el régimen de entradas y salidas en la administración de la flota, y el registro, formato y transmisión de datos para el registro de la flota pesquera de la Unión, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. La Comisión debe ejercer dichas competencias de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

(69) De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos.

(70) Debe derogarse la Decisión 2004/585/CE del Consejo (17), a partir de la fecha de entrada en vigor de las normas correspondientes establecidas en el presente Reglamento.

(71) Debido al número e importancia de las modificaciones que hay que efectuar, conviene derogar el Reglamento (CE) no 2371/2002.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. La Política Pesquera Común (PPC) abarcará:

a) la conservación de los recursos biológicos marinos y la gestión de la pesca y de las flotas que explotan dichos recursos,

b) en el marco de las medidas comerciales y financieras de apoyo a la aplicación de la PPC: los recursos biológicos de agua dulce y la acuicultura, así como la transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura.

2. La PPC cubrirá las actividades contempladas en el apartado 1, cuando estas se lleven a cabo:

a) en el territorio de los Estados miembros a los que se aplica el Tratado; o

b) en aguas de la Unión, incluso si las desarrollan buques pesqueros que enarbolen el pabellón de terceros países o estén registrados en ellos; o

c) por buques pesqueros de la Unión fuera de las aguas de la Unión; o

d) por nacionales de Estados miembros, sin perjuicio de la responsabilidad principal del Estado del pabellón.

Artículo 2

Objetivos

1. La PPC deberá garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios.

2. La PPC aplicará el criterio de precaución a la gestión pesquera y procurará asegurar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible.

A fin de alcanzar el objetivo de restablecimiento y mantenimiento progresivo de las poblaciones de peces por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el rendimiento máximo sostenible, el índice de explotación del rendimiento máximo sostenible se alcanzará, si ello es posible, en 2015, y de forma progresiva y paulatina, a más tardar en 2020 para todas las poblaciones.

3. La PPC aplicará a la gestión de la pesca un enfoque ecosistémico a fin de garantizar que las actividades pesqueras tengan un impacto negativo mínimo en el ecosistema marino, y se esforzará por garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura eviten la degradación del medio marino.

4. La PPC contribuirá a la recogida de datos científicos.

5. La PPC deberá, en particular:

a) eliminar gradualmente los descartes atendiendo a las circunstancias de cada caso y a los mejores dictámenes científicos disponibles, evitando y reduciendo en la medida de lo posible las capturas no deseadas y garantizando gradualmente el desembarque de las capturas;

b) en caso necesario, aprovechar al máximo las capturas no deseadas, sin crear un mercado para dichas capturas por debajo de las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación;

c) crear condiciones para que sea económicamente viable y competitivo el sector de las capturas pesqueras y la transformación y la actividad en tierra relacionada con la pesca;

d) adoptar medidas para ajustar la capacidad pesquera de las flotas a los niveles de posibilidades de pesca conforme al apartado 2, con vistas a disponer de flotas económicamente viables sin sobreexplotar los recursos biológicos marinos;

e) promover el desarrollo de actividades acuícolas sostenibles en la Unión, a fin de contribuir al abastecimiento alimentario y seguridad alimentaria y al empleo;

f) contribuir a asegurar un nivel de vida adecuado a aquellos que dependen de las actividades pesqueras, teniendo en consideración la pesca costera y los aspectos socioeconómicos;

g) contribuir a que el mercado interior de los productos de la pesca y de la acuicultura sea eficiente y transparente, y contribuir a garantizar una condiciones equitativas para los productos de la pesca y la acuicultura comercializados en la Unión;

h) tener en cuenta los intereses tanto de los consumidores como de los productores;

i) fomentar las actividades de pesca costera, teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos;

j) ser coherente con la legislación medioambiental de la Unión, en particular con el objetivo de lograr un buen estado ecológico para 2020 como establece el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/56/CE, así como con otras políticas de la Unión.

Artículo 3

Principios de buena gobernanza

La PPC se guiará por los siguientes principios de buena gobernanza:

a) una definición clara de las competencias a nivel de la Unión y a escala regional, nacional y local;

b) la toma en cuenta de las particularidades regionales a través de un enfoque regionalizado;

c) el establecimiento de medidas conformes a los mejores dictámenes científicos;

d) una perspectiva a largo plazo;

e) la rentabilidad administrativa;

f) una participación adecuada de las partes interesadas, en particular de consejos consultivos, en todas las fases, desde la concepción de las medidas hasta su aplicación;

g) la responsabilidad principal del Estado del pabellón;

h) la coherencia con otras políticas de la Unión;

i) la utilización de evaluaciones de impacto, si procede;

j) la coherencia entre las dimensiones interior y exterior de la PPC;

k) la transparencia del tratamiento de datos de conformidad con los requisitos legales vigentes, respetando debidamente la vida privada, la protección de datos de carácter personal y las normas de confidencialidad; la disponibilidad de los datos para los organismos científicos adecuados, otros organismos con intereses científicos o de gestión, y otros usuarios finales concretos.

Artículo 4

Definiciones

1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «aguas de la Unión», las aguas bajo soberanía o jurisdicción de los Estados miembros, con excepción de las aguas adyacentes a los territorios relacionados en el anexo II del Tratado;

2) «recursos biológicos marinos», las especies marinas acuáticas vivas, disponibles y accesibles, incluidas las especies anádromas y catádromas durante su vida marina;

3) «recursos biológicos de agua dulce», las especies acuáticas de agua dulce vivas, disponibles y accesibles;

4) «buque pesquero», cualquier buque equipado para la explotación comercial de los recursos biológicos marinos o con una almadraba;

5) «buque pesquero de la Unión», un buque pesquero que enarbola pabellón de un Estado miembro y está matriculado en la Unión;

6) «entrada en la flota pesquera», inscripción de un buque pesquero en el registro de la flota pesquera de un Estado miembro;

7) «rendimiento máximo sostenible», el rendimiento de equilibrio teórico máximo que puede extraerse continuamente, en promedio, de una población en las condiciones ambientales medias existentes sin que ello afecte significativamente al proceso de reproducción;

8) «criterio de precaución de la gestión de la pesca», en el sentido del artículo 6 del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces, el enfoque en base al cual la falta de información científica suficiente no debe servir de justificación para posponer o para no adoptar medidas de gestión destinadas a conservar las especies principales, así como las especies asociadas o dependientes, las especies acompañantes y el medio en el que se encuentran;

9) «enfoque ecosistémico de la gestión de la pesca», un enfoque integrado de la gestión de la pesca dentro de límites ecológicamente significativos, que procura gestionar el uso de los recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades pesqueras y otras actividades humanas, a la vez que se conservan la riqueza biológica y los procesos biológicos necesarios para salvaguardar la composición, la estructura y el funcionamiento de los hábitats del ecosistema de que se trate, teniendo en cuenta los conocimientos y las incertidumbres en cuanto a los componentes bióticos, abióticos y humanos de los ecosistemas;

10) «descartes», las capturas que se devuelven al mar;

11) «pesca con escaso impacto», la utilización de técnicas pesqueras selectivas con un impacto negativo escaso en los ecosistemas marinos, bajas emisiones de combustible o ambos;

12) «pesca selectiva», la pesca con métodos o artes de pesca que tienen como objetivo y capturan los organismos por talla o especie durante la operación de pesca, permitiendo evitar las capturas de ejemplares que no se ajusten a los objetivos, o liberarlos sin daño alguno;

13) «índice de mortalidad por pesca», la tasa a la que la biomasa o los individuos son eliminados de una población mediante operaciones de pesca en un periodo determinado;

14) «población», un recurso biológico marino existente en una zona de gestión determinada;

15) «límite de capturas», según corresponda, bien un límite cuantitativo de capturas de una población o grupo de poblaciones de peces en un periodo concreto en el que dichas poblaciones o grupos de poblaciones estén sujetas a una obligación de desembarque, o bien un límite cuantitativo de los desembarques de una población o grupo de poblaciones de peces, en un periodo concreto en el que la obligación de desembarque no se aplica;

16) «puntos de referencia de conservación», los valores de los parámetros de las unidades poblacionales (como la biomasa o el índice de mortalidad por pesca) utilizados en la gestión pesquera, por ejemplo, con respecto a un nivel aceptable de riesgo biológico o a un nivel deseado de rendimiento;

17) «talla mínima de referencia a efectos de conservación», la talla de una especie acuática marina viva teniendo en cuenta la madurez, establecida por la legislación de la Unión, por debajo de la cual se aplican restricciones o incentivos destinados a evitar la captura mediante la actividad pesquera; esta talla sustituye, cuando procede, a la talla mínima de desembarque;

18) «población dentro de límites biológicos seguros», una población con una probabilidad alta de que su biomasa de reproductores estimada al fin del último año sea superior al punto de referencia límite de la biomasa (Blim) y su índice de mortalidad por pesca estimado para el último año sea menor que el punto de referencia límite del índice de mortalidad por pesca (Flim);

19) «salvaguardia», una medida de precaución destinada a evitar algún acontecimiento indeseado;

20) «medidas técnicas», las medidas que regulan la composición de las capturas por especies y tallas y sus efectos en los ecosistemas como resultado de las actividades pesqueras, a través del establecimiento de condiciones relativas a la utilización y la estructura de los artes de pesca y restricciones de acceso a zonas de pesca;

21) «esfuerzo pesquero», el producto de la capacidad y la actividad de un buque pesquero; tratándose de un grupo de buques, la suma de los esfuerzos pesqueros de todos los buques del grupo;

22) «Estado miembro que tiene un interés directo de gestión», Estado miembro que tiene un interés definido bien por unas posibilidades de pesca o bien por una pesquería situada en la zona económica exclusiva del Estado miembro de que se trate, o, en el Mar Mediterráneo, por una pesquería tradicional de alta mar;

23) «concesiones de pesca transferibles», los derechos revocables de utilización de una parte específica de las posibilidades de pesca asignadas a un Estado miembro, o establecidas en planes de gestión aprobados por un Estado miembro de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) no 1967/2006 del Consejo (18), que el titular puede transferir;

24) «capacidad pesquera», el arqueo de un buque expresado en GT (arqueo bruto) y su potencia expresada en kW (kilowatios), tal como se definen en los artículos 4 y 5 del Reglamento (CEE) no 2930/86 del Consejo (19);

25) «acuicultura», la cría o el cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a aumentar la producción de los organismos en cuestión por encima de las capacidades naturales del medio; dichos organismos son, a lo largo de toda la fase de cría o cultivo y hasta el momento de su recogida, propiedad de una persona física o jurídica;

26) «licencia de pesca», una licencia tal como se define en el artículo 4, apartado 9, del Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo (20);

27) «autorización de pesca», una autorización tal como se define en el artículo 4, apartado 10, del Reglamento (CE) no 1224/2009;

28) «actividad pesquera», buscar pescado, largar, calar, remolcar o halar un arte de pesca, subir capturas a bordo, transbordar, llevar a bordo, transformar a bordo, trasladar, enjaular, engordar y desembarcar pescado y productos de la pesca;

29) «productos de la pesca», organismos acuáticos resultantes de la actividad pesquera o los productos derivados de estos;

30) «operador», la persona física o jurídica que explota o posee una empresa dedicada a una actividad vinculada a cualquiera de las fases de las cadenas de producción, transformación, comercialización, distribución y venta al por menor de productos de la pesca y de la acuicultura;

31) «infracción grave», una infracción definida como tal en la legislación de la Unión pertinente, con inclusión del artículo 42, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1005/2008 del Consejo (21) y del artículo 90, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1224/2009;

32) «usuario final de datos científicos», el organismo que tiene un interés científico o de gestión en el análisis científico de los datos del sector pesquero;

33) «excedente de capturas admisibles», la parte de las capturas admisibles que un Estado costero no captura, manteniendo una tasa global de explotación para las poblaciones individuales por debajo de los niveles que permiten el propio restablecimiento de las poblaciones y manteniendo las poblaciones de las especies capturadas por encima de los niveles deseados basados en los mejores dictámenes científicos disponibles;

34) «productos de la acuicultura», organismos acuáticos en todas las fases de su ciclo de vida, resultantes de una actividad de acuicultura o los productos derivados de estos;

35) «biomasa de población reproductora», la estimación de la masa de peces de una población de peces particular que se reproduce en un momento concreto e incluye tanto a los ejemplares machos y hembras como a las especies vivíparas;

36) «pesquerías mixtas», la pesca en la que está presente más de una especie y es probable que se capture junto con otras especies en una misma operación de pesca;

37) «acuerdos de colaboración de pesca sostenible», los acuerdos internacionales celebrados con un tercer Estado con el fin de obtener el acceso a los recursos o a las aguas para explotar de forma sostenible una parte del excedente de recursos biológicos marinos, a cambio de una compensación financiera de la Unión que puede incluir apoyo sectorial.

2. A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones de zonas geográficas:

a) «Mar del Norte», las zonas CIEM (22) IIIa y IV;

b) «Mar Báltico», las zonas CIEM IIIb, IIIc y IIId;

c) «Aguas noroccidentales», las zonas CIEM V (excepto la zona Va y solo las aguas de la Unión de la zona Vb), VI y VII;

d) «Aguas suroccidentales», las zonas CIEM VIII, IX y X (aguas en torno a las Azores) y las zonas CPACO (23) 34.1.1, 34.1.2 y 34.2.0 (aguas en torno a Madeira y las Islas Canarias);

e) «Mar Mediterráneo», las aguas marítimas del Mediterráneo al este del meridiano 5° 36′ de longitud oeste;

f) «Mar Negro», la subzona geográfica de la CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) según se define en la resolución CGPM/33/2009/2.

PARTE II

ACCESO A LAS AGUAS

Artículo 5

Normas generales de acceso a las aguas

1. Los buques pesqueros de la Unión gozarán de igualdad de acceso a las aguas y a los recursos en todas las aguas de la Unión, con excepción de las referidas en los apartados 2 y 3, a reserva de las medidas adoptadas de conformidad con la parte III.

2. Hasta el 31 de diciembre de 2022 se autorizará a los Estados miembros, en las aguas comprendidas hasta las 12 millas marinas desde las líneas de base que estén sometidas a su soberanía o jurisdicción, a restringir la pesca a los buques pesqueros que tradicionalmente faenen en esas aguas y procedan de los puertos situados en la costa adyacente, sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los buques pesqueros de la Unión que enarbolen el pabellón de otros Estados miembros en virtud de las relaciones de vecindad existentes entre los Estados miembros ni de las disposiciones del anexo I, en el que se fijan, para cada Estado miembro, las zonas geográficas situadas dentro de las franjas costeras de los demás Estados miembros en que se realizan actividades pesqueras y las especies afectadas. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las restricciones establecidas en virtud del presente apartado.

3. Hasta el 31 de diciembre de 2022 se autorizará a los Estados miembros en cuestión, en las aguas comprendidas hasta las 100 millas marinas desde las líneas de base de las regiones ultraperiféricas de la Unión a que se refiere el artículo 349, apartado 1, del Tratado, a restringir la pesca a los buques matriculados en los puertos de dichos territorios. Estas restricciones no se aplicarán a los buques de la Unión que tradicionalmente pescan en esas aguas, siempre que no rebasen el esfuerzo pesquero tradicionalmente ejercido. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las restricciones establecidas en virtud del presente apartado.

4. Las medidas relativas a las disposiciones contempladas en los apartados 2 y 3 deberán adoptarse el 31 de diciembre de 2022 a más tardar.

PARTE III

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS MARINOS

TÍTULO I

Medidas de conservación

Artículo 6

Disposiciones generales

1. Para alcanzar los objetivos de la PPC respecto de la conservación y explotación sostenible de los recursos biológicos marinos establecidos en el artículo 2, la Unión adoptará medidas de conservación con arreglo al artículo 7.

2. Al aplicar el presente Reglamento, la Comisión consultará a los organismos consultivos pertinentes y a los organismos científicos pertinentes. Las medidas de conservación se adoptarán teniendo en cuenta los dictámenes científicos, técnicos y económicos disponibles, incluidos, cuando proceda, los informes elaborados por el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) y otros organismos consultivos, el asesoramiento facilitado por los consejos consultivos y las recomendaciones conjuntas de los Estados miembros de conformidad con el artículo 18.

3. Los Estados miembros podrán cooperar entre sí para la adopción de medidas de conformidad con los artículos 11, 15 y 18.

4. Los Estados miembros se coordinarán entre sí antes de adoptar medidas nacionales en virtud del artículo 20, apartado 2.

5. En casos concretos, en particular con respecto a la región mediterránea, los Estados miembros podrán estar facultados para adoptar actos jurídicamente vinculantes, incluidas medidas de conservación, en el ámbito de la PPC. Cuando proceda, será de aplicación el artículo 18.

Artículo 7

Tipos de medidas de conservación

1. Las medidas de conservación y explotación sostenible de los recursos biológicos marinos podrán incluir, entre otros, los siguientes elementos:

a) planes plurianuales adoptados con arreglo a los artículos 9 y 10;

b) objetivos para la conservación y la explotación sostenible de las poblaciones, y medidas conexas para minimizar la repercusión de la pesca en el medio marino;

c) medidas para adaptar la capacidad pesquera de los buques pesqueros a las posibilidades de pesca disponibles;

d) incentivos, incluidos los de tipo económico como las posibilidades de pesca, para fomentar los métodos de pesca que contribuyan a una pesca más selectiva, la prevención y la reducción, en la medida de lo posible, de las capturas no deseadas, y con escaso impacto sobre el ecosistema marino y los recursos pesqueros;

e) medidas relativas a la fijación y atribución de las posibilidades de pesca;

f) medidas con vistas a lograr los objetivos establecidos en el artículo 15;

g) tallas mínimas de referencia a efectos de conservación;

h) proyectos piloto sobre otros tipos de técnicas de gestión de la pesca y de artes de pesca que aumenten la selectividad o reduzcan al mínimo el impacto negativo de las actividades pesqueras en el medio marino;

i) medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación medioambiental de la Unión, adoptada en virtud del artículo 11;

j) medidas técnicas según lo dispuesto en el apartado 2.

2. Las medidas técnicas podrán incluir, entre otros, los siguientes elementos:

a) las características de los artes de pesca y las normas relativas a su utilización;

b) las especificaciones aplicables a la construcción de los artes de pesca, que incluyen: i) las modificaciones o los dispositivos adicionales para mejorar la selectividad o reducir al mínimo el impacto negativo en el ecosistema; ii) las modificaciones o los dispositivos adicionales para reducir la captura accidental de especies en peligro, amenazadas y protegidas, así como para reducir otras capturas no deseadas;

c) las limitaciones o prohibiciones en la utilización de determinados artes de pesca y en las actividades pesqueras, en determinadas zonas o durante determinados períodos;

d) la obligación de que los buques pesqueros dejen de faenar en una zona determinada durante un período mínimo determinado, con el fin de proteger agrupaciones temporales de especies amenazadas, peces en período de freza, peces por debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación y otros recursos marinos vulnerables;

e) medidas específicas para reducir al mínimo el impacto negativo de las actividades pesqueras en la biodiversidad marina y en los ecosistemas marinos, incluidas medidas para evitar y reducir, en la medida de lo posibles, las capturas no deseadas.

Artículo 8

Establecimiento de zonas de recuperación de las poblaciones de peces

1. La Unión se esforzará, tomando debidamente en consideración las zonas protegidas existentes, por establecer zonas protegidas en razón de su sensibilidad biológica allí donde haya pruebas claras de una alta concentración de peces por debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación y de la existencia de lugares de desove. En dichas zonas se podrán restringir o prohibir las actividades pesqueras con objeto de contribuir a la conservación de los recursos acuáticos vivos y los ecosistemas marinos. La Unión seguirá asimismo ofreciendo protección complementaria a las zonas biológicamente sensibles existentes.

2. A tal fin, los Estados miembros localizarán, cuando sea posible, zonas aptas que puedan formar parte de una red coherente y elaborarán, en su caso, recomendaciones conjuntas de conformidad con el artículo 18, apartado 7, con vistas a que la Comisión presente una propuesta de conformidad con el Tratado.

3. La Comisión podrá estar facultada en un plan plurianual para establecer dichas zonas protegidas biológicamente sensibles. Será de aplicación el artículo 18, apartados 1 a 6. La Comisión informará regularmente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las zonas protegidas.

TÍTULO II

Medidas específicas

Artículo 9

Principios y objetivos de los planes plurianuales

1. Los planes plurianuales se adoptarán prioritariamente sobre la base de dictámenes científicos, técnicos y económicos, y contendrán medidas de conservación destinadas a mantener o restablecer las poblaciones de peces por encima de niveles capaces de producir el rendimiento máximo sostenible, de conformidad con el artículo 2, apartado 2.

2. Cuando la inexistencia de datos suficientes impida determinar los objetivos relacionados con el rendimiento máximo sostenible a que se refiere el artículo 2, apartado 2, los planes plurianuales dispondrán medidas basadas en el criterio de precaución que garanticen al menos un grado comparable de conservación de las poblaciones consideradas.

3. Los planes plurianuales se referirán:

a) o bien a una sola especie;

b) o bien, en el caso de pesquerías mixtas o si la dinámica de las poblaciones las relaciona entre sí, a las pesquerías que exploten varias poblaciones en una zona geográfica pertinente, teniendo en cuenta los conocimientos sobre las interacciones entre las poblaciones de peces, las pesquerías y los ecosistemas marinos.

4. Las medidas que han de incluirse en los planes plurianuales y el calendario de su aplicación serán proporcionales a los objetivos y metas perseguidos y a los plazos previstos. Antes de que se incluyan dichas medidas en los planes plurianuales se tendrá en cuenta su probable influencia económica y social.

5. Los planes plurianuales pueden contener medidas y objetivos de conservación específicos, basados en el enfoque del ecosistema, para tratar los problemas específicos de pesquerías mixtas en relación con la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 2, apartado 2, del conjunto de las poblaciones cubiertas por el plan, en caso de que los dictámenes científicos indiquen que no puede lograrse un incremento de la selectividad. Cuando sea necesario, el plan plurianual incluirá medidas alternativas específicas de conservación, basadas en el enfoque del ecosistema, para algunas poblaciones cubiertas por el mismo.

Artículo 10

Contenido de los planes plurianuales

1. Los planes plurianuales incluirán, según convenga y sin perjuicio de las competencias respectivas con arreglo al Tratado:

a) su ámbito de aplicación, en términos de poblaciones, pesquerías y zonas;

b) los objetivos, que han de guardar coherencia con los objetivos establecidos en el artículo 2 y con las disposiciones pertinentes de los artículos 6 y 9;

c) objetivos cuantificables como los índices de mortalidad por pesca y/o la biomasa de población reproductora;

d) plazos precisos para alcanzar los objetivos cuantificables;

e) puntos de referencia de conservación coherentes con los objetivos establecidos en el artículo 2;

f) objetivos para las medidas técnicas y de conservación que han de adoptarse con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 15 y las medidas destinadas a evitar y reducir, en la medida de lo posible, las capturas no deseadas;

g) salvaguardas para garantizar que se cumplen los objetivos cuantificables, y medidas correctoras cuando sean necesarias, incluso en situaciones en las que la disponibilidad o calidad de los datos sobre el deterioro pongan en peligro la sostenibilidad de la población.

2. Los planes plurianuales también podrán incluir:

a) otras medidas de conservación, en particular medidas para la eliminación gradual de los descartes, que tengan en cuenta los mejores dictámenes científicos disponibles, o para reducir al mínimo el impacto negativo de la pesca en el ecosistema, que se detallarán aún más según proceda de conformidad con el artículo 18;

b) indicadores cuantificables para el seguimiento y la evaluación periódicos de los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos del plan plurianual;

c) cuando así convenga, objetivos específicos relativos a la parte del ciclo de vida en agua dulce de las especies anádromas y catádromas.

3. Los planes plurianuales contendrán disposiciones para su revisión tras una primera evaluación a posteriori, en particular para tener en cuenta los cambios en los dictámenes científicos.

Artículo 11

Medidas de conservación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones existentes en virtud de la legislación medioambiental de la Unión

1. Se autoriza a los Estados miembros, a adoptar medidas de conservación que no afecten a los buques de pesca de otros Estados miembros que sean aplicables a aguas bajo su soberanía o jurisdicción y que sean necesarias a efectos de cumplir sus obligaciones en virtud del apartado 4 del artículo 13 de la Directiva 2008/56/CE, el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE; o el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, siempre que estas medidas sean compatibles con los objetivos establecidos en el artículo 2 del presente Reglamento, cumplan el objetivo de la pertinente legislación de la Unión que pretendan aplicar y no sean menos estrictas que las medidas previstas en la legislación de la Unión.

2. Cuando un Estado miembro (el «Estado miembro que haya iniciado la gestión») considere que es preciso adoptar las medidas necesarias para cumplir los objetivos a que se refiere el apartado 1 y otros Estados miembros tengan un interés directo de gestión en la pesquería a la que afecten esas medidas, la Comisión estará facultada para adoptar tales medidas, previa solicitud, mediante actos delegados de conformidad con el artículo 46. A tal efecto será de aplicación, mutatis mutandis, el artículo 18, apartados 1 a 4 y 6.

3. El Estado miembro que haya iniciado la gestión proporcionará a la Comisión y a los otros Estados miembros con interés directo de gestión la información pertinente sobre las medidas que se precisan, con inclusión de su justificación, pruebas científicas y detalles sobre su aplicación y control de cumplimiento en la práctica. El Estado miembro que haya iniciado la gestión y los demás Estados miembros con interés directo de gestión podrán presentar una recomendación conjunta de acuerdo con el artículo 18, apartado 1, en un plazo de seis meses desde la presentación de la información suficiente. La Comisión adoptará las medidas teniendo en cuenta todo el asesoramiento científico disponible dentro de los tres meses siguientes a la recepción de una petición completa.

Si no todos los Estados miembros logran acordar recomendaciones conjuntas para presentarlas a la Comisión de conformidad con el primer párrafo en el plazo en él establecido, o si las recomendaciones conjuntas no se consideran compatibles con los requisitos a que se refiere el apartado 1, la Comisión podrá presentar una propuesta de conformidad con el Tratado.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, de no haberse presentado la recomendación conjunta a que se refiere el apartado 3, en caso de urgencia, la Comisión podrá adoptar medidas. Las medidas que se adoptarán en caso de urgencia se limitarán a aquellas medidas que, de no adoptarse, se pondría en peligro la consecución de los objetivos asociados al establecimiento de dichas medidas de conservación, de conformidad con las Directivas a que se refiere el apartado 1 y las intenciones de los Estados miembros.

5. Las medidas a que se refiere el apartado 4 serán de aplicación por un periodo máximo de doce meses, que se podrá prorrogar por un periodo máximo de doce meses, si continúan cumpliéndose las medidas previstas en dicho apartado.

6. La Comisión facilitará la cooperación entre el Estado miembro en cuestión y los otros Estados miembros con interés directo de gestión en la pesquería de que se trate en el proceso de aplicación y puesta en marcha de las medidas adoptadas en virtud de los apartados 2, 3 y 4.

Artículo 12

Medidas de la Comisión en caso de amenaza grave para los recursos biológicos marinos

1. Por motivos de urgencia imperiosa relacionados con una amenaza grave para la conservación de los recursos biológicos marinos o para el ecosistema marino y en base a pruebas, la Comisión, previa petición justificada de un Estado miembro o por propia iniciativa, podrá adoptar actos de ejecución de aplicación inmediata para atenuar dicha amenaza, aplicables por un periodo máximo de seis meses, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 47, apartado 3.

2. El Estado miembro comunicará la petición contemplada en el apartado 1 simultáneamente a la Comisión, a los demás Estados miembros y a los consejos consultivos correspondientes. Los demás Estados miembros y los consejos consultivos podrán presentar sus comentarios escritos dentro del plazo de siete días hábiles a partir de la recepción de la notificación. La Comisión tomará una decisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la solicitud mencionada en el apartado 1.

3. Antes de que expire el periodo inicial de aplicación de una medida de emergencia adoptada conforme al apartado 1, la Comisión, si se cumplen las condiciones previstas en el apartado 1, podrá prorrogar la aplicación de esa medida de emergencia mediante un acto de ejecución de aplicación inmediata por un periodo máximo de seis meses, con efectos inmediatos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento a que se refiere el artículo 47, apartado 3.

Artículo 13

Medidas de urgencia de los Estados miembros

1. Cuando existan pruebas de una amenaza grave para la conservación de los recursos biológicos marinos o para el ecosistema marino relacionadas con actividades de pesca, en aguas sometidas a la soberanía o jurisdicción de un Estado miembro, que requieran una actuación inmediata, dicho Estado miembro podrá adoptar medidas de emergencia para atenuar la amenaza. Dichas medidas deberán ser compatibles con los objetivos establecidos en el artículo 2 y no serán menos estrictas que las previstas en la legislación de la Unión. Dichas medidas serán aplicables por un periodo máximo de tres meses.

2. Cuando las medidas de urgencia que vaya a adoptar un Estado miembro puedan afectar a buques pesqueros de otros Estados miembros, dichas medidas solo podrán adoptarse tras haber consultado a la Comisión, a los Estados miembros afectados y a los consejos consultivos interesados acerca del proyecto de medidas, acompañado de una exposición de motivos. A efectos de dicha consulta, el Estado miembro que efectúa la consulta podrá establecer un plazo razonable, que en cualquier caso no podrá ser inferior a un mes.

3. Cuando la Comisión considere que una medida adoptada en virtud del presente artículo no cumple las condiciones establecidas en el apartado 1, podrá, siempre que lo justifique, solicitar al Estado miembro interesado que modifique o derogue dicha medida.

Artículo 14

Prevención y minimización de las capturas no deseadas

1. Para facilitar la introducción de la obligación de desembarque de todas las capturas en la pesquería respectiva de conformidad con el artículo 15 (la «obligación de desembarque»), los Estados miembros podrán desarrollar proyectos piloto basados en los mejores dictámenes científicos disponibles y teniendo en cuenta los dictámenes de los consejos consultivos correspondientes, con el objetivo de examinar plenamente todos los métodos viables para evitar, reducir al mínimo y eliminar las capturas no deseadas en una pesquería.

2. Los Estados miembros podrán elaborar asimismo un «atlas de descartes» que muestre el nivel de descartes en cada una de las pesquerías cubiertas por el artículo 15, apartado 1.

Artículo 15

Obligación de desembarque

1. Todas las capturas de poblaciones sujetas a límites de capturas, y en el Mediterráneo también las capturas de poblaciones sujetas a tallas mínimas tal como se definen en el anexo III del Reglamento (CE) no 1967/2006, efectuadas durante las actividades pesqueras en aguas de la Unión, o por buques de la Unión fuera de aguas de la Unión en aguas no sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros países, en las pesquerías y las zonas geográficas enumeradas a continuación, deberán almacenarse y mantenerse a bordo de los buques pesqueros, así como registrarse, desembarcarse e imputarse a las correspondientes cuotas cuando proceda, excepto cuando sean utilizadas como cebo vivo, de conformidad con el siguiente calendario:

a) A partir del 1 de enero de 2015 a más tardar: — pequeñas pesquerías pelágicas, es decir, las de caballa, arenque, jurel, bacaladilla, ochavo, boquerón, pejerrey, sardina y espadín; — grandes pesquerías pelágicas, esto es, las de atún rojo, pez espada, atún blanco, patudo, otros espadones, aguja azul y aguja blanca; — pesquerías de uso industrial (entre otras, las de capelán, lanzón y faneca noruega); — pesquerías de salmón en el Mar Báltico.

b) A partir del 1 de enero de 2015 a más tardar: para las especies que definan la pesquería y no más tarde del 1 de enero de 2017 para todas las demás especies en pesquerías en aguas de la Unión del Mar Báltico de especies sujetas a límites de capturas distintas de las de la letra a).

c) A partir del 1 de enero de 2016 a más tardar: para las especies que definan la pesquería y no más tarde del 1 de enero de 2019 para todas las demás especies en: i) Mar del Norte — pesquerías de bacalao, abadejo, pescadilla y carbonero; — pesquerías de cigala; — pesquerías de lenguado común y solla; — pesquerías de merluza; — pesquerías de camarón boreal; ii) Aguas noroccidentales — pesquerías de bacalao, abadejo, pescadilla y carbonero; — pesquerías de cigala; — pesquerías de lenguado común y solla; — pesquerías de merluza; iii) Aguas suroccidentales — pesquerías de cigala; — pesquerías de lenguado común y solla; — pesquerías de merluza; iv) Otras pesquerías de especies sujetas a límites de capturas.

d) A partir del 1 de enero de 2017 a más tardar: para las especies que definen la pesquería y no más tarde del 1 de enero de 2019 para todas las demás especies en las pesquerías no contempladas en la letra a), en el Mediterráneo, el mar Negro y todas las demás aguas de la Unión y en aguas no pertenecientes a la Unión que no estén bajo la soberanía o la jurisdicción de terceros países.

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las obligaciones internacionales de la Unión. La Comisión estará facultada a adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 46, medidas a efectos de incorporar dichas obligaciones internacionales al derecho de la Unión, incluidas, en particular, las excepciones de la obligación de desembarque con arreglo al presente artículo.

3. Cuando todos los Estados miembros que tengan un interés directo en la gestión de una pesquería específica convengan en que la obligación de desembarque se aplique a especies distintas de las recogidas en el apartado 1, podrán presentar una recomendación conjunta con objeto de ampliar la aplicación de la obligación de desembarque a dichas especies. A estos efectos, se aplicará mutatis mutandis el artículo 18, apartados 1 a 6. Una vez presentada la recomendación conjunta, la Comisión podrá adoptar dichos actos delegados, de conformidad con el artículo 46, conteniendo dichas medidas.

4. La obligación de desembarque a que se refiere el apartado 1 no se aplicará a:

a) especies sometidas a prohibición de pesca y definidas como tales en un acto jurídico de la Unión adoptado en el ámbito de la PPC;

b) especies respecto de los cuales existan pruebas científicas que demuestren altas tasas de supervivencia, teniendo en cuenta las características del arte, de las prácticas de pesca y del ecosistema;

c) capturas que entren dentro de exenciones de minimis.

5. Los detalles de la aplicación de la obligación de desembarque las capturas a que se refiere el apartado 1 se especificarán en los planes plurianuales a que se refieren los artículos 9 y 10 y, cuando proceda, se especificarán además con arreglo a las disposiciones del artículo 18, con inclusión de:

a) disposiciones específicas en relación con las pesquerías o especies a las que se aplica la obligación de desembarque a que se refiere el apartado 1;

b) la especificación de las exenciones de la obligación de desembarque de especies a que se refiere el apartado 4, letra b);

c) disposiciones para las exenciones de minimis de hasta el 5 % del total anual de capturas de todas las especies sometidas a la obligación de desembarque a que se refiere el apartado 1. La exención de minimis se aplicará en situaciones como las siguientes: i) cuando las pruebas científicas indiquen que incrementar la selectividad resulta muy difícil, o ii) para evitar los costes desproporcionados que supondría la manipulación de las capturas no deseadas, en lo que respecta a los artes de pesca en los que la proporción de capturas no deseadas por arte no exceda un determinado porcentaje, que se fijará en un plan, del total anual de capturas realizadas con ese arte. Las capturas en el marco de las disposiciones a que se refiere la presente letra no se imputarán a las cuotas de que se trate, aunque todas las capturas de esta categoría se registrarán de forma completa. Durante un periodo transitorio de cuatro años, el porcentaje del total anual de capturas a que se refiere la presente letra se aumentará: i) en un dos por ciento durante los primeros dos años de la aplicación de la obligación de desembarque, y ii) en un uno por ciento los dos años siguientes;

d) disposiciones sobre documentación de las capturas;

e) cuando proceda, la fijación de las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación, de conformidad con el apartado 10.

6. Cuando no se adopte un plan plurianual ni un plan de gestión conforme al artículo 18 del Reglamento (CE) no 1967/2006 para la pesquería de que se trate, la Comisión estará facultada para adoptar, de conformidad con el artículo 18 del presente Reglamento, actos delegados de conformidad con el artículo 46 del presente Reglamento, estableciendo, con carácter temporal y para un periodo no superior a tres años, un plan específico de descartes, que contenga las especificaciones a que se refiere el apartado 5, letras a) a e), del presente artículo. Los Estados miembros podrán cooperar, de conformidad con el artículo 18 del presente Reglamento, en la elaboración de dicho plan a fin de que la Comisión adopte dichos actos o presentando propuestas de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario.

7. Cuando no se hayan adoptado medidas a fin de especificar las exenciones de minimis, ni en un plan plurianual adoptado conforme al apartado 5, ni en un plan específico de descartes adoptado conforme al apartado 6, la Comisión adoptará actos delegados conforme al artículo 46, estableciendo una exención de minimis a que se refiere el apartado 4, letra c), que, sujeta a las condiciones establecidas en el apartado 5, letra c), incisos i) o ii), no supere el 5 % del total anual de capturas de todas las especies a las que se aplica la obligación de desembarque en virtud del apartado 1. Esta exención de minimis se adoptará de tal modo que se aplique a partir de la fecha de aplicación de la obligación de desembarque de que se trate.

8. Como excepción a la obligación de imputar las capturas a la cuota correspondiente según lo dispuesto en el apartado 1, las capturas de especies que estén sujetas a la obligación de desembarque y que excedan de las cuotas fijadas para las poblaciones de que se trate, o las capturas de especies para las que el Estado miembro no disponga de cuota, podrán imputarse a la cuota de las especies principales, siempre que no superen el 9 % de la cuota de las especies principales. Esta disposición se aplicará únicamente cuando la población de las especies ajenas al objetivo quede dentro de límites biológicos seguros.

9. Respecto a las poblaciones sometidas a la obligación de desembarque, los Estados miembros podrán acogerse a un margen de flexibilidad interanual de hasta el 10 % de sus desembarques permitidos. Con este fin, un Estado miembro podrá permitir el desembarque de cantidades adicionales de la población sujeta a la obligación de desembarque siempre que dichas cantidades no rebasen del 10 % de la cuota asignada a dicho Estado miembro. Se aplicará el artículo 105 del Reglamento (CE) no 1224/2009.

10. Con el fin de garantizar la protección de los juveniles de organismos marinos, podrán establecerse tallas mínimas de referencia a efectos de conservación.

11. Para las especies sujetas a la obligación de desembarque especificada en el apartado 1, la utilización de las capturas de especies de talla inferior a la talla mínima de referencia a efectos de conservación se limitará a fines distintos del consumo humano directo, como harinas de pescado, aceite de pescado, pienso para animales de compañía, aditivos alimentarios, productos farmacéuticos y cosméticos.

12. Para las especies que no estén sujetas a la obligación de desembarque contemplada en el apartado 1, las capturas de especies de talla inferior a la talla mínima de referencia a efectos de conservación no se conservarán a bordo, sino que deberán devolverse inmediatamente al mar.

13. A efectos de vigilar el cumplimiento de la obligación de desembarque los Estados miembros garantizarán la existencia de una documentación detallada y precisa de todas la salidas al mar y de la capacidad y de los medios adecuados tales como observadores, dispositivos de televisión en circuito cerrado u otros medios. Al realizar esa labor, los Estados miembros respetarán los principios de eficiencia y proporcionalidad.

Artículo 16

Posibilidades de pesca

1. Las posibilidades de pesca asignadas a los Estados miembros garantizarán la estabilidad relativa de las actividades pesqueras de cada uno de ellos en relación con cada población de peces o pesquería. Cuando se asignen nuevas posibilidades de pesca se tendrán en cuenta los intereses de cada Estado miembro.

2. Cuando se introduzca una obligación de desembarque para una población de peces, las posibilidades de pesca se fijarán teniendo en cuenta el cambio desde la fijación de las posibilidades de pesca como reflejo de los desembarques a la fijación de las posibilidades de pesca como reflejo de las capturas, partiendo de la premisa de que durante el primer año y los años sucesivos ya no se admitirán los descartes de esa población.

3. Cuando las pruebas científicas muestren que las posibilidades de pesca establecidas para una determinada población son significativamente dispares con respecto al estado actual de dicha población, los Estados miembros con un interés directo de gestión podrán presentar una solicitud justificada a la Comisión para que esta a su vez presente una propuesta encaminada a subsanar dicha disparidad que respete al mismo tiempo los objetivos establecidos en el artículo 2, apartado 2.

4. Las posibilidades de pesca se establecerán de conformidad con los objetivos fijados en el artículo 2, apartado 2, y cumplirán los objetivos cuantificables, plazos y márgenes establecidos de conformidad con el artículo 9, apartado 2, y con el artículo 10, apartado 1, letras b) y c).

5. Las medidas relativas a la fijación y asignación de las posibilidades de pesca disponibles para terceros países en aguas de la Unión se establecerán con arreglo al Tratado.

6. Los Estados miembros decidirán, en relación con los buques que enarbolan su pabellón, el método de asignación de las posibilidades de pesca que les hayan sido atribuidas y que no estén sujetas a un sistema de concesiones de pesca transferibles, por ejemplo, creando posibilidades de pesca individuales. El Estado miembro comunicará a la Comisión el método de asignación.

7. En la asignación de posibilidades de pesca para pesquerías mixtas, los Estados miembros tendrán en cuenta la composición probable de las capturas de los buques que participen en estas pesquerías.

8. Previa notificación a la Comisión, los Estados miembros podrán intercambiar entre sí la totalidad o parte de las posibilidades de pesca que les hayan sido asignadas.

Artículo 17

Criterios de asignación de las posibilidades de pesca para los Estados miembros

Al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición a que se hace referencia en el artículo 16, los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico. Los criterios empleados podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente, el historial del cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de captura. Los Estados miembros, dentro de las posibilidades de pesca que se les hayan asignado, se esforzarán por prever incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, tales como un bajo consumo de energía o menores daños al hábitat.

TÍTULO III

Regionalización

Artículo 18

Cooperación regional sobre medidas de conservación

1. Cuando se otorguen a la Comisión los poderes, incluido en planes plurianuales establecidos en virtud de los artículos 9 y 10, así como en los casos previstos por el artículo 11 y el artículo 15, apartado 6, para adoptar medidas por medio de actos delegados o de ejecución en relación con una medida de conservación de la unión que se aplique a una zona geográfica determinada, los Estados miembros que tengan un interés directo de gestión y que se vean afectados por tales medidas podrán, en un plazo que se estipulará en la medida de conservación y/o en el plan plurianual correspondiente, acordar la presentación de recomendaciones conjuntas encaminadas a alcanzar los objetivos de las medidas de conservación o planes plurianuales de la Unión pertinentes o de los planes específicos de descarte. La Comisión no adoptará ningún acto delegado o de ejecución de este tipo antes del final del plazo de que disponen los Estados miembros para presentar recomendaciones conjuntas.

2. A efectos del apartado 1, los Estados miembros que tengan un interés directo de gestión y que se vean afectados por las medidas a que se refiere el apartado 1 cooperarán entre sí para formular recomendaciones conjuntas. También consultarán al consejo o consejos consultivos correspondientes. La Comisión facilitará la cooperación entre Estados miembros, velando, cuando sea necesario, por que se pueda obtener una contribución científica de los órganos científicos pertinentes.

3. Cuando se presenten recomendaciones conjuntas sobre medidas con arreglo al apartado 1, la Comisión podrá adoptar esas medidas mediante actos delegados o de ejecución, siempre que tales recomendaciones sean compatibles con la medida de conservación pertinente y/o con el plan plurianual.

4. Si la medida de conservación se aplica a una población de peces específica compartida con terceros países y gestionada por organizaciones multilaterales de pesca o regulada en acuerdos bilaterales o multilaterales, la Unión se esforzará por acordar con los socios correspondientes las medidas que sean necesarias para lograr los objetivos establecidos en el artículo 2.

5. Los Estados miembros garantizarán que las recomendaciones conjuntas sobre medidas de conservación que se adopten con arreglo al apartado 1 se basen en el mejor asesoramiento científico disponible y cumplan los siguientes requisitos:

a) sean compatibles con los objetivos establecidos en el artículo 2;

b) sean compatibles con el ámbito y los objetivos de la medida de conservación de que se trate;

c) sean compatibles con el ámbito de aplicación del plan plurianual correspondiente y cumplan eficazmente los objetivos y las metas cuantificables establecidos en dicho plan;

d) no sean menos estrictas que las medidas previstas en la legislación de la Unión.

6. Si no todos los Estados miembros logran acordar recomendaciones conjuntas para presentarlas a la Comisión de conformidad con el apartado 1 en un plazo establecido, o si las recomendaciones conjuntas sobre las medidas de conservación no se consideran compatibles con los objetivos y las metas cuantificables de las medidas de conservación de que se trate, la Comisión podrá presentar una propuesta de medidas adecuadas de conformidad con el Tratado.

7. Además de los casos a los que hace referencia el apartado 1, los Estados miembros que tengan un interés directo de gestión en una pesquería de una zona definida geográficamente podrán también efectuar recomendaciones conjuntas a la Comisión sobre medidas para que la Comisión las proponga o las adopte.

8. Como método complementario o alternativo de cooperación regional, los Estados miembros estarán capacitados para adoptar, en una medida de conservación de la Unión que se aplique a una zona geográfica que les corresponda, incluido un plan plurianual establecido según los artículos 9 y 10, dentro de un plazo establecido, medidas que detallen aún más esa medida de conservación. Los Estados miembros interesado cooperarán estrechamente en la adopción de tales medidas. Los apartados 2, 4 y 5 se aplicarán mutatis mutandis. La Comisión estará asociada al proceso y se tendrán en cuenta sus observaciones. Los Estados miembros interesados solo podrán adoptar sus respectivas medidas nacionales si todos los Estados miembros interesados han llegado a un acuerdo sobre el contenido de las medidas. Cuando la Comisión considere que una medida de un Estado miembro no cumple las condiciones establecidas en la medida de conservación correspondiente, podrá, siempre que lo justifique, pedir al Estado o Estados miembros interesados que modifiquen o deroguen dicha medida.

TÍTULO IV

Medidas nacionales

Artículo 19

Medidas de los Estados miembros aplicables a los buques pesqueros que enarbolan su pabellón o a las personas establecidas en su territorio

1. Un Estado miembro podrá tomar medidas para la conservación de las poblaciones de peces en aguas de la Unión siempre que tales medidas cumplan los siguientes requisitos:

a) se apliquen únicamente a buques pesqueros que enarbolen el pabellón del Estado miembro, o, en el caso de las actividades pesqueras no efectuadas por un buque pesquero, a personas establecidas en aquella parte de su territorio a la que se aplica el Tratado;

b) sean compatibles con los objetivos establecidos en el artículo 2; y

c) no sean menos estrictas que las medidas adoptadas en virtud del Derecho de la Unión.

2. El Estado miembro informará, con fines de control, al resto de Estados miembros afectados por las medidas adoptadas en aplicación del apartado 1.

3. Los Estados miembros pondrán a disposición del público la información adecuada relativa a las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo.

Artículo 20

Medidas de los Estados miembros aplicables en la zona de 12 millas marinas

1. Un Estado miembro podrá tomar medidas no discriminatorias para la conservación y gestión de las poblaciones de peces y el mantenimiento o la mejora del estado de conservación de los ecosistemas marinos dentro de las 12 millas marinas de sus líneas de base, a condición de que la Unión no haya adoptado medidas de conservación y gestión específicas para esa zona o específicas para el problema detectado por el Estado miembro interesado. Las medidas adoptadas por el Estado miembro deberán ser compatibles con los objetivos establecidos en el artículo 2 y serán por lo menos tan estrictas como las previstas en el Derecho de la Unión.

2. Cuando las medidas de conservación y gestión que vaya a adoptar un Estado miembro puedan afectar a buques pesqueros de otros Estados miembros, dichas medidas solo podrán adoptarse tras haber consultado a la Comisión, a los Estados miembros afectados y a los consejos consultivos correspondientes acerca del proyecto de medidas, acompañado de una exposición de motivos en la que también se demostrará que dichas medidas que no son discriminatorias. A efectos de dicha consulta, el Estado miembro que consulte podrá establecer un plazo razonable, que en cualquier caso no podrá ser inferior a dos meses.

3. Los Estados miembros pondrán a disposición del público la información adecuada relativa a las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo.

4. Cuando la Comisión considere que una medida adoptada en virtud del presente artículo no cumple las condiciones establecidas en el apartado 1, podrá, siempre que lo justifique, solicitar al Estado miembro interesado que modifique o derogue dicha medida.

PARTE IV

GESTIÓN DE LA CAPACIDAD PESQUERA

Artículo 21

Establecimiento de sistemas de concesiones de pesca transferibles

Los Estados miembros podrán establecer un sistema de concesiones transferibles de pesca. Los Estados miembros que dispongan de un sistema de este tipo establecerán y mantendrán al día un registro de concesiones de pesca transferibles.

Artículo 22

Ajuste y gestión de la capacidad pesquera

1. Los Estados miembros aplicarán a lo largo del tiempo, medidas para ajustar la capacidad pesquera de su flota a sus posibilidades de pesca, teniendo en cuenta las perspectivas de evolución y basándose en los mejores dictámenes científicos, con el objetivo de lograr un equilibrio estable y duradero entre ambas.

2. Para lograr el objetivo contemplado en el apartado 1, los Estados miembros enviarán a la Comisión, a más tardar el 31 de mayo de cada año, un informe sobre el equilibrio entre la capacidad pesquera de su flota y sus posibilidades de pesca. Para facilitar un enfoque común en toda la Unión, dicho informe se realizará con arreglo a orientaciones comunes que podrá formular la Comisión indicando los parámetros técnicos, sociales y económicos pertinentes.

En el informe se incluirá una evaluación de la capacidad anual de la flota nacional y de todos los segmentos de la flota del Estado miembro. Se procurará identificar en el informe el exceso de capacidad estructural por segmento y estimar la rentabilidad a largo plazo por segmento. Dichos informes se pondrán a disposición del público.

3. Por lo que se refiere a la evaluación contemplada en el párrafo segundo del apartado 2, los Estados miembros basarán sus análisis en el equilibrio entre la capacidad pesquera de sus flotas y sus posibilidades de pesca. Se harán evaluaciones independientes para las flotas que operen en regiones ultraperiféricas, así como para los buques que operen exclusivamente fuera de las aguas de la Unión.

4. Si la evaluación demuestra claramente que la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca no mantienen un equilibrio efectivo, el Estado miembro elaborará e incluirá en el informe un plan de acción para los segmentos de la flota que tengan un exceso de capacidad estructural. El plan de acción establecerá los objetivos de ajuste y los medios para lograr el equilibrio, así como plazos precisos para la aplicación del plan.

Cada año la Comisión preparará un informe para el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el equilibrio entre la capacidad pesquera de las flotas del Estado miembro y sus posibilidades de pesca de acuerdo con las orientaciones a que se refiere el párrafo primero del apartado 2. El informe incluirá los planes de acción a que se refiere el párrafo primero del presente apartado. El primer informe deberá presentarse a más tardar el 31 de marzo de 2015.

La no presentación del informe contemplado en el apartado 2 o el hecho de no intentar aplicar el plan de acción contemplado en el párrafo primero del presente apartado podrán dar lugar a una suspensión o interrupción proporcional de la ayuda financiera pertinente de la Unión al Estado miembro de que se trate para la inversión en la flota en el segmento o segmentos de la flota en cuestión de conformidad con un futuro acto legal de la Unión que establezca las condiciones de la ayuda financiera para la política marítima y pesquera para el período 2014-2020.

5. No se permitirá la salida de la flota que cuente con ayuda pública a menos que vaya precedida de la retirada de la licencia de pesca y de las autorizaciones de pesca.

6. La capacidad pesquera correspondiente a los buques pesqueros retirados con ayudas públicas no podrá ser reemplazada.

7. Los Estados miembros garantizarán que, a partir de 1 de enero de 2014, la capacidad pesquera de sus flotas no excedan en ningún momento los límites máximos de capacidad fijados en el anexo II.

Artículo 23

Sistema de entrada y salida

1. Los Estados miembros gestionarán las entradas y las salidas de sus flotas de tal modo que la entrada en la flota de nueva capacidad sin ayuda pública se vea compensada por la retirada previa como mínimo de la misma capacidad sin ayuda pública.

2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan las normas de aplicación del presente artículo. Dichos actos de ejecución podrán adoptarse de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 47, apartado 2.

3. A más tardar el 30 de diciembre de 2018, la Comisión evaluará el régimen de entrada/salida a la vista de la evolución de la relación entre la capacidad de pesca y las oportunidades de pesca disponibles, y propondrá, si procede, una modificación de dicho régimen.

Artículo 24

Registros de la flota pesquera

1. Los Estados miembros registrarán la información sobre la propiedad y las características de los buques y de las artes de pesca y sobre la actividad de los buques pesqueros de la Unión que enarbolen su pabellón que sea necesaria para la gestión de las medidas establecidas en virtud del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros presentarán a la Comisión la información a que se refiere el apartado 1.

3. La Comisión llevará un registro de la flota pesquera de la Unión en el que figurará la información que reciba de conformidad con el apartado 2. Permitirá el acceso público al registro de la flota pesquera de la Unión, garantizando al mismo tiempo la adecuada protección de los datos personales.

4. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan los requisitos técnicos y operativos de las modalidades relativas al registro, el formato y la transmisión de la información contemplada en los apartados 1, 2 y 3. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 47, apartado 2.

PARTE V

BASE CIENTÍFICA DE LA GESTIÓN DE LA PESCA

Artículo 25

Requisitos en materia de datos con fines de gestión de la pesca

1. De conformidad con las normas adoptadas en materia de recogida de datos, los Estados miembros recopilarán los datos biológicos, medioambientales, técnicos y socioeconómicos necesarios para la gestión ecosistémica de la pesca, así como para gestionarlos y ponerlos a disposición de los usuarios finales de datos científicos, incluidos los organismos designados por la Comisión. La adquisición y la gestión de dichos datos se financiarán con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) de conformidad con un futuro acto legal de la Unión que establezca las condiciones de la ayuda financiera para la política marítima y pesquera para el período 2014-2020. Estos datos permitirán evaluar, en particular:

a) el estado de los recursos biológicos marinos explotados,

b) el nivel de pesca y el impacto de las actividades pesqueras en los recursos biológicos marinos y en los ecosistemas marinos, y

c) los resultados socioeconómicos de los sectores de la pesca, la acuicultura y la transformación dentro y fuera de las aguas de la Unión.

2. La recopilación, gestión y uso de los datos se basará en los siguientes principios:

a) exactitud y fiabilidad, y recopilación oportuna;

b) utilización de mecanismos de coordinación con vistas a evitar la duplicación de la recogida de datos para distintos fines;

c) almacenamiento y protección seguros de los datos recogidos en bases de datos informatizadas, y su acceso al público si procede, también a nivel agregado para garantizar la confidencialidad;

d) acceso por parte de la Comisión, o de los organismos designados por esta, a las bases de datos y sistemas nacionales utilizados para el tratamiento de los datos recogidos, a fin de verificar la existencia y calidad de los mismos;

e) disponibilidad a su debido tiempo de los datos pertinentes y las respectivas metodologías de su obtención para los organismos que tienen un interés científico o de gestión en el análisis científico de los datos del sector pesquero y para cualquier parte interesada, salvo en circunstancias que requieran protección y confidencialidad con arreglo a la legislación aplicable de la Unión.

3. Los Estados miembros presentarán anualmente a la Comisión un informe sobre la ejecución de sus programas nacionales de recogida de datos y lo pondrán a disposición del público.

La Comisión evaluará el informe anual sobre recogida de datos una vez consultado el organismo científico consultivo y, en su caso, las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) en las que la Unión es parte contratante o tiene estatuto de observador y los organismos científicos internacionales pertinentes.

4. Los Estados miembros velarán por la coordinación, a nivel nacional, de la recogida y la gestión de datos científicos y socioeconómicos a efectos de gestión de la pesca. A tal fin, nombrarán un corresponsal nacional y organizarán una reunión anual de coordinación nacional. La Comisión será informada de las actividades de coordinación nacional y estará invitada a las reuniones de coordinación.

5. Los Estados miembros, en estrecha cooperación con la Comisión, coordinarán sus actividades de recogida de datos con otros Estados miembros de la misma región, y se esforzarán al máximo por coordinar sus acciones con los terceros países que tengan soberanía o j