ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(8)

Aunque desde la crisis se ha fortalecido el sector financiero de la zona del euro, subsisten vulnerabilidades que conviene subsanar. La deuda del sector privado se mantiene elevada y los sistemas tributarios siguen estando caracterizados por un sesgo en favor de la financiación mediante deuda. Los fuertes aumentos de los rendimientos de las obligaciones soberanas podrían erosionar el capital de los bancos, lo que podría tener efectos de contagio negativos en toda la zona del euro. La necesidad de adaptar los modelos empresariales de los bancos, el entorno de bajos tipos de interés y el aumento de la competencia de otras formas de financiación siguen ejerciendo presión sobre la rentabilidad de los bancos. Se ha progresado de manera sostenida en materia de reducción de riesgos, especialmente en la reducción de préstamos no productivos y en la acumulación de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles. Sin embargo, los porcentajes nacionales de préstamos no productivos situadas muy por encima de la media de la zona del euro requieren nuevos esfuerzos sostenidos. En marzo de 2018, la Comisión presentó un conjunto de medidas de reducción del riesgo con vistas tanto a abordar la cuestión de los préstamos no productivos heredados del pasado como a evitar el riesgo de una nueva acumulación de estos en el futuro. El conjunto de medidas para el sector bancario de noviembre de 2016, que persigue lograr una mayor reducción de los riesgos mediante la aplicación de las normas internacionales en materia de reservas de capital, subordinación de pasivos y liquidez de los bancos, manteniendo el equilibrio de la solución transaccional del Consejo, es importante para seguir reduciendo riesgos y, con ello, repartiéndolos. A raíz de graves incumplimientos de las normas contra el blanqueo de capitales, la Comisión propuso medidas dirigidas a reforzar la Autoridad Bancaria Europea y la cooperación en materia de supervisión para fortalecer la aplicación del marco reglamentario en este ámbito. Se han logrado progresos significativos en el establecimiento de la Unión Bancaria, como por ejemplo con el reciente acuerdo sobre la puesta en marcha de un mecanismo común de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución Bancaria, pero sigue estando incompleta. Existen ciertas limitaciones en la configuración actual de inyección de liquidez para la resolución y falta un sistema común de garantía de depósitos y un mecanismo común de protección para el Fondo Único de Resolución Bancaria (FURB), con lo que la capacidad de la Unión Bancaria para romper el vínculo existente entre los bancos y los emisores soberanos se ve menoscabada.
Historial resumido del paciente

Estructurado según lo dispuesto en el documento GUIDELINE on the electronic exchange of health data under Cross-Border Directive 2011/24/EU Release 2 – Patient Summary for unscheduled care, adoptado por la red de sanidad electrónica el 21 de noviembre de 2016 (5).
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El 22 de junio de 2018, el Consejo concluyó, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado, que en 2017 se registró en Hungría una significativa desviación observada respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. En vista de la desviación significativa observada, el 22 de junio de 2018, el Consejo recomendó a Hungría (2) que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (3) no rebasara el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1 % del producto interior bruto (PIB). También recomendó que Hungría utilizase todos los ingresos imprevistos para reducir el déficit, lo que situaría al país en la trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. El 4 de diciembre de 2018, el Consejo llegó a la conclusión de que Hungría no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación de 22 de junio de 2018. Dadas esas circunstancias, el Consejo emitió el 4 de diciembre de 2018 una recomendación (4) revisada dirigida a Hungría para que adoptase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 3,3 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1 % del PIB.
4)

Como parte de estos enfoques globales, apoyen el desarrollo de la sensibilización lingüística en los centros escolares e instituciones de educación y de formación profesionales de las siguientes maneras: a) apoyando y reconociendo activamente la movilidad de alumnos y profesores, por ejemplo, mediante el aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por los programas de financiación pertinentes de la Unión; b) reforzando las competencias en las lenguas de escolarización como base para que todos los alumnos, especialmente los de origen migrante, refugiados o procedentes de entornos desfavorecidos, sigan aprendiendo y logrando resultados en la escuela; c) ayudando a los alumnos a ampliar sus competencias en las lenguas de escolarización, apoyando a los profesores para que utilicen la lengua especializada en sus asignaturas respectivas, en particular sensibilizando sobre los diferentes registros de lengua y el vocabulario específico; d) promoviendo la continuidad de la enseñanza de idiomas entre los diferentes niveles escolares; e) valorando la diversidad lingüística de los alumnos y utilizándola como recurso de aprendizaje, por ejemplo, implicando en la enseñanza de idiomas a los padres, otros cuidadores y la comunidad local en su conjunto; f) estudiando los modos de evaluar y validar las competencias lingüísticas que no formen parte de los planes de estudios sino que sean resultado de un aprendizaje informal (por ejemplo, en el caso de los alumnos de origen migrante, refugiados o procedentes de un entorno bilingüe) o de su escolarización formal en el sistema educativo de otro país en el que el alumno haya vivido anteriormente, por ejemplo, ampliando la gama de idiomas que pueden añadirse a las cualificaciones de fin de estudios; g) reforzando el uso del Marco común europeo de referencia para las lenguas, especialmente como fuente de inspiración para la evolución de los planes de estudios, pruebas y evaluación en materia de idiomas; h) apoyando a los centros escolares a la hora de definir su propio enfoque para el aprendizaje de idiomas, dentro del respeto de la legislación nacional, y ayudándoles a valorar y utilizar activamente su diversidad lingüística; i) ofreciendo oportunidades a los centros escolares y de formación para reforzar su perspectiva europea, por ejemplo, usando siempre el sello europeo de las lenguas, elaborando sellos escolares con una perspectiva europea específica y organizando a escala nacional actos centrados en la diversidad lingüística.
d)

La temperatura media de la cara no expuesta de los mamparos límite de acero que ofrezcan resistencia térmica no debe subir más de 140 °C por encima de la temperatura inicial; por otro lado, la temperatura no debe subir en ningún punto, comprendida cualquier unión que pueda haber, más de 180 °C por encima de la temperatura inicial durante el tiempo de SFP al ser sometida al ensayo estándar de exposición al fuego.
10.

Integrar mejor los aspectos de una transición justa y equitativa, en particular facilitando más información sobre las repercusiones sociales de las políticas, las medidas y los objetivos previstos y su incidencia en los ámbitos del empleo y de las capacidades, en particular en las regiones industriales e intensivas en carbono. Desarrollar en mayor medida el planteamiento para afrontar los problemas de pobreza energética, en particular ofreciendo información adicional sobre las medidas existentes y potenciales, los planes de lucha contra la pobreza energética y su impacto esperado, y completando al mismo tiempo el análisis según se exige en el Reglamento (UE) 2018/1999.
10.

Integrar mejor los aspectos de una transición justa y equitativa, en particular facilitando más información sobre las repercusiones sociales de las políticas, las medidas y los objetivos previstos y su incidencia en los ámbitos del empleo y de las capacidades, en particular en las regiones industriales e intensivas en carbono. Desarrollar en mayor medida el planteamiento para afrontar los problemas de pobreza energética, en particular ofreciendo información adicional sobre las medidas existentes y potenciales, los planes de lucha contra la pobreza energética y su impacto esperado, y completando al mismo tiempo el análisis exigido en el Reglamento (UE) 2018/1999.
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El modelo económico de Luxemburgo presenta excelentes resultados acordes con una sólida y sostenida creación de empleo cualificado. Esto se ve respaldado por altos niveles de productividad, que reflejan en gran medida el aumento de la eficiencia resultante de la participación en los mercados mundiales, en particular en el sector financiero. No obstante, el aumento de la productividad se ha estancado en los últimos años, frenado por los bajos niveles de inversión empresarial en innovación e integración digital. La estrategia de Luxemburgo para diversificar su economía, mediante el desarrollo de sectores clave intensivos en conocimientos en una transición a una economía de los datos, presenta un gran potencial para estimular la inversión de alto valor añadido e impulsar el aumento de la productividad. En este contexto, la inversión pública sigue siendo alta y se mantiene centrada en esos sectores, en particular el potente sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, este hecho no ha contribuido a fomentar la inversión privada en innovación y digitalización. El aumento de la inversión en investigación e innovación, así como en la integración digital, especialmente en empresas, en particular las pequeñas y medianas, es importante para mejorar el aumento de la productividad y seguir diversificando la economía luxemburguesa. El desarrollo de un marco nacional coherente e integrado para las políticas de investigación e innovación y los instrumentos de apoyo, incluida la priorización basada en una evaluación sólida de las repercusiones económicas previstas, es esencial para que Luxemburgo pueda explotar todo el potencial de su ecosistema de innovación.
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El Programa de Estabilidad de 2019 no proporciona información sobre los efectos presupuestarios del gasto excepcional derivado de las medidas preventivas encaminadas a proteger el territorio nacional frente a los incendios forestales, tras los incendios forestales de grandes proporciones que tuvieron lugar en 2017. No obstante, en una carta de 9 de mayo de 2019, las autoridades portuguesas han facilitado pruebas suficientes sobre el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. En concreto, la carta indica que la ejecución presupuestaria en 2018 engloba gastos excepcionales (equivalentes aproximadamente al 0,04 % del PIB) derivados de las medidas preventivas encaminadas a proteger el territorio nacional contra los incendios forestales. Dicha carta señala gastos relacionados con la gestión de las situaciones de emergencia, que se clasifican como medidas puntuales, y gastos relativos a las actividades de prevención. Debido a la naturaleza integrada de estos gastos y a su relación directa con los grandes incendios forestales de 2017, puede concederse un trato específico a estos gastos de prevención de incendios forestales aplicándoles la «cláusula de acontecimientos inhabituales». Según la Comisión, los gastos subvencionables adicionales en 2018 ascienden al 0,04 % del PIB y se derivan de las medidas preventivas. Las disposiciones del artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 contemplan estos gastos adicionales en la medida en que estos incendios forestales de proporciones sin precedentes se consideran acontecimientos inhabituales, su impacto sobre las finanzas públicas de Portugal es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida si se autorizase una desviación temporal respecto de la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Por consiguiente, el ajuste exigido hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para 2018 se ha reducido a fin de tener en cuenta estos costes adicionales.
(7)

El incremento del gasto vinculado al envejecimiento de la población representa un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Se prevé que, en comparación con otros Estados miembros, el gasto público en los sistemas de pensiones y sanidad relacionado con el envejecimiento de la población aumente de manera significativa, lo que apunta al riesgo de que también aumente el endeudamiento a largo plazo. Hay varias medidas dirigidas a mejorar la adecuación de las pensiones, por ejemplo, mediante el refuerzo de los incentivos para contratar planes de pensiones privados y acceder a regímenes profesionales de jubilación voluntarios. Los esfuerzos que se están realizando han ayudado a aumentar la oferta de mano de obra y prolongar la vida laboral, lo que ha tenido un efecto positivo en las tasas de empleo en el caso de las mujeres y los trabajadores de más edad. En 2018, el Gobierno hizo ajustes para incluir las cotizaciones efectuadas tras la edad de jubilación y permitió que los pensionistas menores de 65 años que trabajen por cuenta propia o a tiempo parcial paguen cotizaciones proporcionales a sus ingresos, todo ello con el fin de fomentar la prolongación de la vida laboral. No obstante, está previsto que la edad legal de jubilación, que se va incrementando gradualmente desde los 63 años en la actualidad, no se modifique después de 2027, cuando se sitúe en los 65 años, a pesar de que se espera que la esperanza de vida siga aumentando. El Grupo de Estrategia de Pensiones, creado en 2018, tiene previsto publicar un informe, a más tardar en diciembre de 2020, en el que se recogerán recomendaciones para mejorar la adecuación y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por lo que respecta a la asistencia sanitaria, hay medidas en curso dirigidas a descentralizar servicios de los hospitales a los centros de atención primaria y a mejorar la prestación de servicios de cuidados de larga duración. Los planes actuales para ampliar la capacidad de atención ambulatoria de los hospitales públicos pueden ayudar a reducir los largos tiempos de espera en determinadas especialidades. No obstante, hasta el momento el país no ha aplicado plenamente otras medidas destinadas a reducir el recurso innecesario a médicos especialistas y reorientar hacia la atención ambulatoria a los pacientes que acuden indebidamente a los servicios de urgencias, lo que impide mejorar la eficiencia del sistema. Con vistas a la descentralización de servicios de los hospitales a los centros de atención primaria, se está aplicando un nuevo concepto para estos centros y se está invirtiendo en la ampliación gradual del uso de la sanidad electrónica. En respuesta al incremento de la demanda de cuidados de larga duración, en 2017-2018 se introdujeron nuevos tipos de servicios comunitarios y a domicilio. A pesar del potencial de las medidas en materia de pensiones y sanidad, aún no se aprecian efectos concretos en la sostenibilidad presupuestaria.
(9)

Los ingresos fiscales de Letonia, expresados como porcentaje del producto interior bruto, son inferiores a la media de la Unión y limitan en cierta medida la prestación de servicios públicos, en particular la asistencia sanitaria, y la inclusión social. El capital y el patrimonio están sometidos a una imposición relativamente baja, y la congelación de los valores en los que se basa el cálculo de los impuestos sobre el suelo y el patrimonio va a seguir reduciendo la recaudación correspondiente. Al mismo tiempo, la carga fiscal sobre el trabajo sigue siendo alta para los trabajadores con salarios bajos en comparación con la media de la Unión, a pesar de haberse reducido. La proporción de la economía sumergida, según diferentes estimaciones, habría descendido en los últimos años. No obstante, el porcentaje de la actividad económica no registrada en Letonia supera al de otros Estados bálticos. En particular, los salarios no registrados («sueldos en mano»), especialmente en el sector de la construcción, representan una gran proporción de la economía sumergida.
(7)

La inversión pública y privada aumentó considerablemente en 2018, pero la ratio de inversión se mantiene por debajo de la media de la zona del euro. La inversión pública en 2018 registró un crecimiento nominal del 7,7 % y un crecimiento real del 3,8 %, pero deben proseguirse los esfuerzos para compensar el retraso acumulado en materia de inversión. El crecimiento real de la inversión pública ha sido positivo en los tres últimos años, tras un período de tasas de crecimiento negativas. La inversión nominal a nivel municipal aumentó casi una quinta parte solo en 2018. Esto refleja los esfuerzos del Gobierno para impulsar la inversión. Ahora bien, la inversión a nivel municipal se mantuvo por debajo de la depreciación. Con respecto al informe de 2019 del Grupo Especial Municipal del Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KfW), el retraso en materia de inversión percibido acumulado en 2018 era del 4 % del PIB. Sumado a la favorable situación presupuestaria, esto indica que existe margen para aumentar la inversión en todos los niveles de gobierno, en particular por parte de los Estados federados y los municipios. La inversión en infraestructuras públicas se ve aún ralentizada por las limitaciones de capacidad y planificación a nivel municipal. Aunque se han introducido medidas para superar esas limitaciones, aún no se observan resultados tangibles sostenidos. Además, hay margen de mejora en materia de servicios públicos digitales y contratación pública. La inversión privada ha aumentado significativamente, pero no en todos los tipos de activos. La inversión en equipos registra un fuerte crecimiento en respuesta a unos niveles récord de utilización de la capacidad. En el sector de la vivienda se mantiene el auge de la inversión. Con todo, la construcción está dando muestras de limitaciones de capacidad y de subidas de precios. La construcción no residencial ha crecido lentamente en términos reales, lo que apunta a que las infraestructuras esenciales podrían no haberse adaptado a las necesidades de la economía.
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A pesar de los avances, la pobreza, la exclusión social y la desigualdad de ingresos siguen siendo altas, especialmente entre las personas mayores. Alrededor del 42 % de las personas de 65 años o más se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2017, frente a un 15 % de media en la Unión. Las prestaciones sociales siguen resultando ineficaces para reducir la pobreza, y la red de seguridad social es débil. La prestación de servicios sociales asequibles y de buena calidad se ve obstaculizada por la escasa coordinación entre los servicios de asistencia sanitaria y social y por las grandes diferencias que presentan los municipios en su capacidad para detectar las necesidades de los servicios sociales y responder a ellas. Los particulares también deben sufragar gran parte de los costes de los servicios prestados por las autoridades. El gasto público de Estonia en cuidados de larga duración fue menos de la mitad de la media de la Unión (en 2016, 0,6 % del PIB, frente al 1,6 % del PIB). No existen medidas preventivas o un sistema de apoyo para aliviar la carga que pesa sobre los cuidadores no profesionales. La proporción de personas con necesidades médicas no cubiertas sigue siendo una de las más elevadas de la Unión (11,7 %), lo que apunta a problemas de accesibilidad y eficacia del sistema de asistencia sanitaria. Esos problemas ponen de manifiesto la necesidad de ofrecer unos servicios de asistencia sanitaria y social asequibles y de buena calidad de una manera integrada y de desarrollar un marco global de asistencia a largo plazo. Las inversiones que contribuyen a la inclusión social, en particular en infraestructuras sociales, podrían impulsar un crecimiento integrador.
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El 22 de junio de 2018, el Consejo determinó, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en 2017 existía en Hungría una significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. En vista de la desviación significativa observada, el 22 de junio de 2018 el Consejo emitió una Recomendación (6), en la que recomendaba a Hungría que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) no rebasara el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. El 4 de diciembre de 2018, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2018/2028 (8) en la que se establecía que Hungría no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación de 22 de junio de 2018 y emitió una recomendación revisada (9). En la Recomendación de 4 de diciembre de 2018, el Consejo instaba a Hungría a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2019, lo que correspondía a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. El 14 de junio de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2019/1003 (10) en la que se establecía que Hungría no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018. Además, y atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2018, se constató que Hungría presentaba una desviación significativa respecto al ajuste recomendado en 2018.
(10)

En 2020, en vista de la ratio de deuda pública de Bélgica, por encima del 60 % del PIB, y de la brecha de producción prevista del 0,1 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 1,6 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias de ajuste consensuada con arreglo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión y suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa respecto de ese requisito en 2020. No se espera, a priori, que Bélgica cumpla la norma en materia de deuda en 2019 ni en 2020. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2019 deberán tomarse las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería importante utilizar los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas. La sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas belgas sigue en peligro debido a la combinación de una elevada ratio deuda/PIB y al aumento previsto de los costes del envejecimiento de la población, en particular los vinculados a las pensiones y a los cuidados de larga duración. En 2015 se promulgó un conjunto de reformas legislativas del sistema de pensiones que impuso un aumento de la edad legal de jubilación a la edad de 65 a 66 años a partir de 2025 y a la de 67 años a partir de 2030. Además, se endurecieron los requisitos de edad y antigüedad para acogerse a la jubilación anticipada. A pesar de todo, se prevé que el gasto público en pensiones aumentará en 2,9 puntos porcentuales del PIB entre 2016 y 2070, principalmente en las dos próximas décadas. Por otro lado, las condiciones de jubilación anticipada para algunos grandes grupos de funcionarios públicos siguen siendo más favorables que las del conjunto de la población. Se prevé que, entre 2016 y 2070, el gasto público en cuidados de larga duración aumente en 1,7 puntos porcentuales del PIB, incremento superior a la media a partir de uno de los niveles ya más elevados de la Unión. La fragmentación organizativa de los cuidados de larga duración, debida al reparto actual de competencias entre los distintos niveles administrativos, plantea retos en algunas dimensiones de la eficiencia del gasto, por lo que aún no está claro el impacto neto de la reciente transferencia de competencias. El refuerzo de la gobernanza contribuiría a alcanzar los aumentos de eficiencia previstos. Podría existir cierto margen para optimizar la combinación de prestaciones asistenciales con el fin de mejorar la eficiencia en términos de costes del sistema de cuidados de larga duración.