12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 1 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
Conforme a lo dispuesto en los Tratados artículo 78 séptimo (4) del 
Tratado CECA, artículo 206 bis (4) del Tratado CEE y artículo 180 bis (4) del 
Tratado CEE A y en el Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 (artículo 83), 
así como a las disposiciones correspondientes sobre los Fondos 
Europeos de Desarrollo, el Tribunal de Cuentas de las Comunidades 
Europeas, en su reunión del 17 de noviembre de 1988 ha aprobado su 
INFORME ANUAL 
relativo al ejercicio 1987 
El informe, acompañado de las respuestas de las instituciones a las 
observaciones del Tribunal, ha sido transmitido a las autoridades responsables 
del descargo y a las otras instituciones antes del 30 de noviembre de 1988 
Marcel MART 
(Presidente) 
Aldo ANGIOI 
Pierre LELONG 
André J. MIDDELHOEK 
Keld BRIXTOFTE 
Lothar HAASE 
Stergios VALLAS 
John CAREY 
Josep SUBIRATS 
Carlos MORENO 
Richie RYAN 
Fernand HEBETTE 
2 L^iario Oficial de las comunidades europeas 12.12.^ 
r^^A^^^mr^ 
L Las notas correspondientesalas llamadas que aparecen en cada capítulo figuran al 
final del mismo. 
2, La explicación de las abreviaturasysímbolos utilizados en el presente informe figura 
en la segunda página del Anexo I1L 
3, Las respuestas de las instituciones, que se señalan con una banda gris en el margen, 
aparecenacontinuación de los anexos al presente informe. 
Ll Ll ^ loiario Oficial de las Comunidades Europeas 3 
^sfern^eAnn^de^nbuna^de^uents^ 
re^^ve^e^ere^te^e^ 
Página 
Introducción éó 
Pnn^^r^F^rte 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas 9 
Capítulo 1^^ Observaciones Generales 9 
Capítulo ^ — Ejecución presupuestariaycontabilidad ^1 
Capítulo ^ — Ingresos 44 
Capítulo 4^^ Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección 
Garantía ^FEOGAGarantía^ ^ 
Capítulo éó — Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección 
Orientación ^FEOGAOrientación^ ^7 
Capítulo ^^Fondo Europeo de desarrollo Pegional^FEL^E^ 97 
Capítulo 7 — Fondo Social Europeo 10^ 
Capítulo ^ — Investigación 119 
Capítulo 9 — Cooperación financieraytécnica con países terceros 1^4 
Capítulolt^^^ Gastos de personalyde funcionamiento 14^ 
Capítuloll^^ Préstamos, empréstitosybonificaciones de intereses Ió^ 
Fondos Europeos de L^esarrollo 17^ 
Al^E^O^ 
Ane^o I —Atribucionesdelosl^Iiembrosdel^ribunaldeCuentasenelmomento 
de la aprobación del presente informe 191 
Ane^o II —InformesydictámenesaprobadosporelFribunaldeCuentasdurante 
los últimos cinco años 19^ 
Ane^oIII —Información financiera sobre el Presupuesto General de las Comuni­
dades Europeasylos Fondos Europeos de lOesarrollo ^19^ ^01 
4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Respuestas de las instituciones a las observaciones 
del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 1987 
Primera Parte Página 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas 235 
Capítulo 1 — Observaciones Generales 235 
Capítulo 2 — Ejecución presupuestaria y contabilidad 241 
Capítulo 3 — Ingresos 250 
Capítulo 4 — Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección 
Garantía (FEOGA-Garantía) 257 
Capítulo 5 — Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección 
Orientación (FEOGA-Orientación) 265 
Capítulo 6 — Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 271 
Capítulo 7 — Fondo Social Europeo 275 
Capítulo 8 — Investigación 279 
Capítulo 9 — Cooperación financiera y técnica con países terceros 287 
Capítulo 10 — Gastos de personal y funcionamiento 289 
Capítulo 11 — Préstamos, empréstitos y bonificaciones de intereses 300 
Segunda Parte 
Fondos Europeos de Desarrollo 303 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas 
relativo al ejercicio 1987 
INTRODUCCIÓN 
RESENA DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO DEL INFORME ANUAL DEL 
EJERCICIO 1987 
1. El presente informe sobre las cuentas del ejercicio 
1987 es el undécimo Informe Anual del Tribunal de 
Cuentas de las Comunidades Europeas (l). 4. Este Informe Anual contiene dos partes, tres anexos y 
las respuestas de las instituciones. 
2. Los Tratados (2) y el Reglamento Financiero (3) 
disponen que la Comisión tendrá hasta el Io de junio para 
preparar y enviar las cuentas correspondientes a las 
operaciones del Presupuesto así como un balance 
financiero descriptivo del activo y del pasivo de las 
Comunidades, acompañados de un análisis de la gestión 
financiera del ejercicio anterior. El Tribunal presenta a la 
Comisión antes del 15 de junio las observaciones que por 
su naturaleza le parece que deben figurar en su Informe 
Anual y a las otras instituciones las que les afectan. El 
Reglamento Financiero dispone que todas las institucio­
nes deberán hacer llegar sus respuestas al Tribunal antes 
del 1 de noviembre y que éste tendrá hasta el 30 de 
noviembre para elaborar su Informe Anual (4). En la 
práctica, antes de redactar las respuestas formales, se 
realiza un procedimiento contradictorio entre las institu­
ciones y el Tribunal en el que se tratan tanto las 
observaciones de este último como los proyectos de 
respuesta comunicados a título informal. Durante este 
procedimiento, si corresponde, se adaptan las observacio­
nes y las respuestas de modo que el lector encuentre una 
presentación lo más objetiva posible de los distintos 
puntos de vista. El Tribunal no ha juzgado útil 
pronunciarse sobre las respuestas definitivas de las 
instituciones recibidas tras el procedimiento contradicto­
rio; sin embargo este hecho no supone necesariamente 
que esté de acuerdo con el contenido de todas ellas. 
3. Apoyándose especialmente en el Informe Anual del 
Tribunal, el Parlamento Europeo, por recomendación del 
Consejo, decidirá sobre el descargo de la ejecución del 
presupuesto que se ha de dar a la Comisión antes del 30 de 
abril del año siguiente. 
(!) Las notas aparecen al final de la introducción. 5. En la primera parte del informe, el capítulo 1 presenta 
un mensaje de carácter general del Tribunal sobre la 
situación financiera de las Comunidades. 
6. El capítulo 2 reúne todas las observaciones del 
Tribunal resultantes de la auditoría horizontal de la 
ejecución del Presupuesto o del examen de la legalidad y 
regularidad de las operaciones del ejercicio, con indepen­
dencia del sector presupuestario de que se trate. También 
se incluyen en este capítulo las observaciones sobre 
cuestiones contables realizadas por el Tribunal. 
7. Los capítulos 3 a 11 se dedican de un modo más 
específico a las observaciones relacionadas con la buena 
gestión financiera en los sectores relacionados por el 
Tribunal. Las observaciones que se recogen en estos 
capítulos pueden tener un alcance muy amplio y, a 
diferencia de las del capítulo 2, a veces sobrepasan los 
límites de las cuentas anuales del ejercicio 1987. 
8. La segunda parte del informe trata de los Fondos 
Europeos de Desarrollo, que no forman parte del 
Presupuesto General de las Comunidades sino que se 
financian por medio de contribuciones especiales de los 
Estados miembros. 
9. En el Anexo I se indican las atribuciones de los 
miembros del Tribunal en el momento de la aprobación 
del presente informe; en el Anexo II figura la lista de los 
informes y dictámenes aprobados por el Tribunal en los 
últimos cinco años, mientras que en el Anexo III se 
presentan resúmenes y una serie de análisis de los datos 
6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
financieros del Presupuesto General de las Comunidades 
y de los Fondos Europeos de Desarrollo. 
INFORMES ANUALES ESPECÍFICOS 
10. El Tribunal presenta además a las autoridades de 
descargo competentes informes sobre las cuentas del 
ejercicio 1987 del JET (Joint European Torus), del Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(Berlín), de la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo (Dublín), de la Agencia 
de Abastecimiento de Euratom y de las Escuelas 
Europeas. El Tribunal ha elaborado, como dispone el 
artículo 78 séptimo (5) del Tratado CECA, un informe 
anual sobre las operaciones contables de las actividades 
operativas de la CECA y su gestión por la Comisión. 
INFORMES ESPECIALES 
11. Por otra parte, desde su último informe anual, el 
Tribunal ha aprobado informes especiales sobre los 
siguientes temas: 
(a) la gestión de los fondos de contrapartida en materia 
de ayuda alimentaria (5); 
(b) los procedimientos y sistemas comunitarios y nacio­
nales de gestión del Fondo Social Europeo (6); 
(c) el planteamiento integrado en la financiación comu­
nitaria de las acciones con finalidad estructurada (7); 
(d) la organización común de mercados en el sector de los 
productos de la pesca en España y Portugal (8); 
(e) la cooperación regional financiada en el marco de las 
convenciones de Lomé (9); 
(f) la gestión y el control del almacenamiento público 
(10). 
12. A este respecto, el Tribunal desea señalar a la 
autoridad de descargo y a los lectores la complementarie-
dad de sus informes especiales con el presente Informe 
Anual, especialmente por la información suplementaria 
que aporta. DICTÁMENES 
13. Desde su último Informe Anual, el Tribunal ha 
aprobado también dictámenes sobre: 
(a) proyectos de Reglamento (CECA, CEE, Euratom) 
del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
Financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al 
Presupuesto General (n); 
(b) una propuesta de Reglamento del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (CEE) n° 1883/78 del 
Consejo relativo a las normas generales sobre la 
fiananciación de las intervenciones por el FEOGA, 
Sección Garantía (depreciación) (12); 
(c) una propuesta de Reglamento del Consejo por el que 
se modifica el estado actual del Reglamento (CEE) n° 
729/70 sobre la financiación de la Política Agrícola 
Común tras su modificación por el Reglamento 
(CEE) n° 3183/87 de 19 de octubre de 1987 por el que 
se establecen las normas especiales relativas a la 
financiación de la Política Agrícola Común (13); 
(d) una propuesta de modificación de Reglamento 
Financiero aplicable al presupuesto de la Empresa 
Común JET (Joint European Torus) (14); 
(e) una propuesta de Reglamento (CECA, CEE, Eura­
tom) del Consejo relativo al régimen uniforme 
definitivo de percepción de los recursos propios 
procedentes del IVA (15); 
(f) una propuesta de modificación del artículo 12 del 
Reglamento (CEE) n° 2891/77 por el que se aplica la 
decisión de 21 de abril de 1970, relativa a la 
sustitución de las contribuciones financieras de los 
Estados miembros por recursos propios de las 
Comunidades (16); 
(g) un proyecto de Reglamento Financiero de las 
Escuelas Europeas (17); 
(h) una propuesta de Reglamento (CECA, CEE, Eura­
tom) del Consejo por la que se aplica la Decisión de 24 
de junio de 1988 relativa al sistema de recursos 
propios de las Comunidades (18) 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 7 
PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL Y 
PLANTILLA DE PERSONAL CONTROL DE LAS CUENTAS DEL 
TRIBUNAL 
3414. Los gastos del Tribunal en 1987 (pagos sobre 
créditos de 1987 más pagos sobre prórrogas de 1986) han 
ascendido a 24,5 Mió ECU. 
15. Los presupuestos de 1986 y 1987 asignaron al 
Tribunal la plantilla siguiente: 
Categorías 
Categoría A 
Categoría LA 
Categoría B 
Categoría C 
Categoría D 
Total 1986 
124 
44 
70 
82 
25 
345 1987 
132 
46 
74 
86 
28 
366 (19) 16. Conforme a lo dispuesto en los Tratados, el 
Tribunal examina las cuentas de la totalidad de los 
ingresos y gastos de todas las instituciones, incluyendo los 
suyos. Los procedimientos de control de sus propias 
cuentas que el Tribunal empezó a utilizar en 1983 
disponen que el examen de un tema concreto en otra 
institución incluirá igualmente el de la utilización de los 
créditos correspondientes en el presupuesto del Tribunal. 
Las observaciones resultantes de este examen se recogen 
en el capítulo correspondiente del Informe Anual del 
Tribunal. Además, el Tribunal ha encargado la revisión 
de sus cuentas del ejercicio 1987 a una empresa privada de 
auditoría. 
(') El Informe Anual se presenta de acuerdo con lo dispuesto 
en el Tratado CECA, artículo 78 séptimo (4) 
en el Tratado CEE, artículo 206 bis (4) 
en el Tratado CEEA, artículo 180 bis (4) 
en el artículo 83 del Reglamento Financiero de 21 de 
diciembre de 1977, DO L 356 de 31.12.1977 
y en las disposiciones análogas de los reglamentos financie­
ros del tercer, cuarto, quinto y sexto Fondos Europeos de 
Desarrollo; es decir: 
(i) la Decisión 71/69/CEE del Consejo, DO L 31 de 
8.2.1971; 
(ii) la Decisión 76/647/CEE del Consejo, DO L 229 de 
20.8.1976; 
(iii) la Decisión 81/215/CEE del Consejo, DO L 101 de 
11.4.1981; 
(iv) la Decisión 86/548/CEE del Consejo, DO L 325 de 
20.11.1986. 
(2) Tratado CECA, artículo 78 quinto; 
Tratado CEE, artículo 205 bis; 
Tratado CEEA, artículo 179 bis. 
(3) Artículo 77. (4) Artículos 83 y 84 del Reglamento Financiero. 
(5) Informe Especial 7/87, DO C 31 de 4.2.1988. 
(6) Informe Especial 1/88, DO C 126 de 16.5.1988. 
(7) Informe Especial 2/88, DO C 188 de 18.7.1988. 
(8) Informe Especial 3/88, DO C 188 de 18.7.1988. 
(9) Informe Especial 4/88, DO C 188 de 18.7.1988. 
(!0) Informe Especial 5/88, DO C 274 de 24.10.1988. 
(") Dictamen 6/87, DO C 337 de 16.12.1987. 
Dictamen 7/87, DO C 339 de 17.12.1987. 
Dictamen 8/87, DO C 339 de 17.12.1987. 
Dictamen 1/88, DO C 166 de 25.6.1988. 
(12) Dictamen 2/88, DO C 166 de 25.6.1988. 
O3) Dictamen 3/88, DO C 166 de 25.6.1988. 
(14) Dictamen 4/88, no publicado. 
(15) Dictamen 5/88, DO C 191 de 20.7.1988. 
(16) Dictamen 6/88, DO C 212 de 12.8.1988. 
(17) Dictamen 7/88, no publicado. 
(18) Dictamen 8/88, DO C 313 de 8.12.1988. 
(19) De ellos, 310 son puestos permanentes y 56 temporales. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 9 
PRIMERA PARTE 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
CAPÍTULO 1 
Observaciones generales 
1.0. ÍNDICE DE MATERIAS 
Principales datos presupuestarios resultantes de las cuentas del ejercicio 1987 
Introducción 
Superávit contable y déficit real 
Vigilancia de la ejecución del Presupuesto 
Cargas futuras 
Revisión del Reglamento Financiero 
Implicaciones de la gestión compartida 
El principio de la gestión y el control compartidos 
Problemas vinculados al reparto de responsabilidades en los grandes 
sectores de la actividad comunitaria 
Problemas derivados del mandato confiado al BEI 
Observación final sobre la gestión compartida Apartados 
1.1 -
1.1 
1.2 -
1.11 -
1.16 -
1.24 -
1.26 -
1.26 -
1.28 -
1.38 -
1.46 - 1.25 
-1.10 
- 1.15 
- 1.23 
- 1.25 
- 1.46 
- 1.27 
- 1.37 
- 1.45 
PRINCIPALES DATOS PRESUPUESTARIOS 
RESULTANTES DE LAS CUENTAS 
DEL EJERCICIO 1987 suplementario y rectificativo n° 1/87 (2) modificó dichas 
cantidades dejándolas respectivamente en 37 452,8 Mió 
ECUy 36 168,4 Mió ECU. 
Introducción Superávit contable y déficit real 
1.1. Después de haberse aplicado al principio del 
ejercicio el régimen de los doceavos provisionales, el 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas del 
ejercicio 1987 (l) fue aprobado el 19 de febrero de 1987 
por un importe total de 37 414,9 Mió ECU de créditos 
para compromisos y 36 313,4 Mió ECU de ingresos y 
créditos para pagos. El 17 de julio de 1987, el presupuesto 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 1.2. La cuenta de gestión del ejercicio 1987 de las 
Comunidades Europeas arroja un superávit de los 
ingresos sobre los pagos efectuados de 521 Mió ECU. A 
pesar de que la Comisión ha preparado esta cuenta 
conforme a la legislación en vigor el 31 de diciembre de 
1987, este resultado puramente contable no puede, sin 
embargo, hacer olvidar que pagos por importe de 
6 775 Mió ECU, es decir, más del 18 % del presupuesto 
definitivo del ejercicio, no han sido imputados al 
presupuesto de 1987, cuando correspondían a gastos 
efectivamente incurridos durante este año. Teniendo en 
10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
cuenta estas cantidades, el saldo negativo del ejercicio 
queda en 6 254 Mió ECU, que el Tribunal ha calculado 
como sigue: Cuadro 1.1 — Gastos negativos del FEOGA-Garantía en 1987 
(Mió ECU) 
(a) superávit contable de 1987 
(b) asunción por los Estados 
miembros de dos meses de 
gastos agrícolas vencidos en 
1987 
(c) deudas resultantes del Progra­
ma Especial de Comercializa­
ción de Mantequilla (Regla­
mento (CEE) n° 801/87 del 
Consejo, de 16 de marzo de 
1987 (3)) que se realizó en 1987 
con prefinanciación de los 
Estados miembros, pero cuyo 
reembolso sólo se efectuará a 
partir de 1989 
(d) prórroga a 1988 del reembolso 
a los Estados miembros: 
— cantidades adeudadas a los 
Estados miembros por la 
recaudación de los recur­
sos propios (4) 
— anticipos reembolsables 
concedidos por éstos a las 
Comunidades en 1984 (5) 
Déficit total: + 521,0 Mió ECU 
4 546,6 Mió ECU 
1 534,8 Mío ECU 
- 442,7 Mió ECU 
250,9 Mío ECU 
6 254 Mió ECU Sector 
(A) 
Cereales y arroz 
Oleaginosas 
Leche 
Montantes 
compensatorios 
monetarios 
(MCM) 
Otros Artículo/Partida 
1030 
1306 
207 
2802 
2804 
1029 Exacciones de corres­
ponsabilidad 
Intervención en for­
ma de almacenamien­
to 
Participación finan­
ciera de los producto­
res de leche 
MCM a la importa­
ción recaudados por 
los Estados miembros 
importadores 
MCM a la exporta­
ción recaudados por 
los Estados miembros 
exportadores 
184; 2060 
Subtotal (A) 
(B) 
Liquidaciones 290 Liquidaciones de ejer-
cios anteriores 
Total general Importes 
378,7 
0,4 
601,3 
121,8 
542,2 
0,1 
1 644,5 
208,1 
1 852,6 
1.3. Por otra parte, según la misma cuenta de gestión, 
los gastos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola, Sección Garantía (FEOGA-Garantía) aumen­
taron un 3,8 % en 1987, pasando de 22 133,9 Mió ECU a 
22 967,0 Mió ECU. Ahora bien, esta forma de expresarlo 
no representa la evolución real de los gastos del FEOGA-
Garantía. Es conveniente, por lo tanto, ajustar estos 
importes mediante, por una parte, la atribución de los 
gastos agrícolas pospuestos a otros ejercicios distintos de 
los que normalmente hubieran correspondido, lo que es 
particularmente importante en 1987 (+ 6 081,4 Mío 
ECU —véanse apartados 1.2(b) y (c)— y - 692,7 de 
gastos de 1986 imputados a 1987) y, por otra parte, 
teniendo en cuenta todos los gastos agrícolas llamados 
«negativos» (véase cuadro 1.1). 
1.4. Teniendo en cuenta las previsiones mencionadas en 
el apartado 1.3, los gastos del FEOGA-Garantía quedan 
en 19 225,6 Mío ECU en 1984, 20 567,7 Mió ECU 
(+ 7 %)en 1985,24 132,3 Mío ECU ( + 17,3%) en 1986 
y 30 208,3 Mío ECU ( + 25,2 %) en 1987, con porcenta­
jes de crecimiento neto superiores a los de la base de 
recursos propios que, según las conclusiones del Consejo 
Europeo de Fontainebleau de 1984, los gastos agrícolas 
no hubieran debido superar. En efecto, el porcentaje de 
aumento de los recursos propios ha seguido la evolución 
siguiente: 5,9 % en 1985, 4,3 % en 1986 y 5,6 % en 1987. 1.5. Ateniéndose siempre a la cuenta de gestión, la parte 
correspondiente al FEOGA-Garantía en el conjunto de 
los gastos comunitarios se elevaría en 1987 al 65 %, 
porcentaje comparable al de 1986. También aquí esta 
cifra debe ser sustancialmente corregida al alza para tener 
en cuenta las correcciones mencionadas en el apartado 
anterior: pasa al 71,0 % en 1987 frente al 66,7 % en 1986 
(véase cuadro 1.2). 
1.6. En sus informes anuales anteriores, el Tribunal 
llamaba la atención de la autoridad de descargo sobre 
factores preocupantes registrados en ejercicios anteriores 
que han persistido en 1987: la incapacidad de la 
autoridad presupuestaria para aprobar el Presupuesto a 
su debido tiempo y permitir una gestión normal del 
ejercicio, el persistente desequilibrio del Presupuesto y, 
por último, el retraso en la revisión del Reglamento 
Financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas (6). 
Para hacer frente a este desorden de su situación 
financiera y reglamentaria, a partir del ejercicio 1983 las 
Comunidades han recurrido a diversas fórmulas ya 
detalladas por el Tribunal en sus informes anuales y cuyo 
efecto principal ha sido comprometer gravemente el 
principio de anualidad del Presupuesto. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 11 
% A 
80-
70-
60-Cuadro 1.2 — Porcentaje de los gastos del FEOGA-Garantía en el total de los gastos presupuestarios anuales (') 
(1973-1987) 
Gastos presupuestarios anuales = 100 % 
79,3 77,5 
75,2 
73,6 
72,6 r70,9 72,6 * % gastos presupuestarios anuales 
FEOGA-Garantía 
71,1 71,0 
70,2 J> 
69,4 \ 
66,6 •, / 
66,7 
65,0 
64,7 
61,6 60,6 
1973 74 75 76 77 78 79 80 82 I 
83 84 85 86 87 
(') Gastos anuales = pagos con cargo a créditos del ejercicio más pagos con cargo a créditos prorrogados de ejercicios anteriores. 
Nota: Para el cálculo de los porcentajes de los ejercicios 1985, 1986 y 1987 se han utilizado las cifras 70,2 %, 64,7 % y 65,0 % que figuran en la Cuenta de 
Gestión. Los procentajes 71,1 %, 66,7 % y 71,0 % (líneas punteadas) han sido calculados por el Tribunal de Cuentas teniendo en cuenta las 
correcciones a los gastos del FEOGA-Garantía mencionadas en el apartado 1.5. 
1.7. En el transcurso del ejercicio 1987 las Comunida­
des, como se expone en los apartados 1.8 y 1.9, 
modificaron la duración del ejercicio presupuestario del 
FEOGA-Garantía y los métodos contables destinados a 
presentar los resultados de esta gestión. 
1.8. Aunque el artículo 5 del Reglamento Financiero 
contempla un ejercicio que va desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre, los gastos del FEOGA-Garantía, que consti­
tuyen más de las dos terceras partes del Presupuesto, se 
contabilizan en ejercicios que van desde el 16 de octubre al 
15 de octubre siguiente. En estos gastos se incluyen los 
correspondientes al almacenamiento, que se contabilizan 
dentro de ejercicios que van desde el 16 de septiembre al 
15 de septiembre siguiente. La primera manipulación de 
la duración del ejercicio presupuestario agrícola tuvo 
lugar a finales de 1983 cuando el Reglamento (CEE) n° 
3184/83 de la Comisión, de 31 de octubre de 1983 (7), 
acortó en un mes la duración del ejercicio contable de los 
gastos de almacenamiento público, posponiendo de esta 
manera al ejercicio siguiente la contabilización de 
aproximadamente 150 Mió ECU. En 1987, la duración 
del ejercicio 1987 ha sido reducida a aproximadamente 
diez meses por el Reglamento (CEE) n° 3183/87 del 
Consejo, de 17 de octubre de 1987 (8), que permitió a la 
Comunidad aplazar la asunción por el Presupuesto de 
casi dos meses de gastos del FEOGA-Garantía del ejercicio 1987. Finalmente el Reglamento (CEE) n° 
2048/88, de 24 de junio de 1988 (9), aprobado en contra 
del parecer expresado en el dictamen del Tribunal (10), ha 
tenido como efecto reducir la duración del ejercicio 1988 a 
once meses y medio. 
1.9. Con las sucesivas adaptaciones del calendario del 
ejercicio «agrícola» para hacerlo corresponder con los 
créditos disponibles o con la prórroga de gastos vencidos 
a ejercicios posteriores, la Comunidad ha podido 
mantener la apariencia de un Presupuesto equilibrado. 
Pero estas soluciones implican graves consecuencias para 
el control del Presupuesto de las Comunidades. Así, los 
objetivos políticos contenidos en la Decisión del Consejo 
Europeo de Fontainebleau de 1984, que exigía que el 
gasto agrícola no creciera a un ritmo más rápido que el de 
los recursos propios, o los objetivos políticos, aparente­
mente más vinculantes, recogidos en las conclusiones del 
Consejo Europeo de Bruselas de 1988, en materia de 
disciplina presupuestaria, pierden su significado y eficacia 
si el principio de continuidad de los métodos contables en 
los ejercicios sucesivos no es seguido rigurosamente. Las 
cuentas presentadas por la Comisión durante los últimos 
años no tienen un nivel aceptable de coherencia y en la 
sección « Resumen de los principios contables esenciales» 
de las cuentas del ejercicio 1987 ni siquiera se mencionan 
las sustanciales modificaciones reglamentarias que se han 
producido. 
12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
1.10. Parece difícil pensar que estos cambios se hayan 
realizado únicamente por su valor teórico; por el 
contrario, el Tribunal debe concluir que se han efectuado 
para mantener artificialmente la tasa de crecimiento de 
los gastos de la garantía agrícola por debajo de la de los 
recursos propios, de acuerdo con las orientaciones del 
Consejo Europeo de Fontainebleau en materia de 
disciplina presupuestaria, y hacer que, en apariencia, los 
hechos concuerden con el Derecho. 
Vigilancia de la ejecución del Presupuesto 
1.11. Habida cuenta de los créditos prorrogados del 
ejercicio 1986, los créditos definitivos para compromisos 
y para pagos disponibles en 1987 se elevaron a 
39 801,5 Mió ECU y 37 575,8 Mió ECU respectivamen­
te. La utilización global de estos créditos fue del 96,7 % en 
los créditos para compromisos disponibles (93,9 % en 
1985 y 95 % en 1986) y del 94,0 % en los créditos para 
pagos disponibles (95,2 % en 1985 y 94,3 % en 1986). 
1.12. Haciendo abstracción de los pagos efectuados en 
el marco del FEOGA-Garantía, resulta que en los 
« Gastos obligatorios »(GO) (•l), el nivel de utilización de 
los créditos para pagos disponibles sólo alcanzó el 79,7 % 
(83,1 % en 1986). En cuanto a los «Gastos no obligato­
rios» (GNO), se emplearon 8 878,2 Mió ECU de créditos 
para pagos y 1 349,1 Mió ECU quedaron sin utilizar. El 
porcentaje de utilización de los GNO alcanzó el 86,4 % en 
1987, nivel equivalente al de 1986 (véase cuadro 1.3). 
1.13. En sus informes anuales anteriores el Tribunal 
había recordado que, de acuerdo con las normas de 
anualidad presupuestaria, no debían solicitarse créditos 
ni menos aún concederse por la autoridad presupuestaria 
más que cuando la probabilidad de su utilización fuera 
muy alta, con el fin de no movilizar inútilmente los 
recursos del Presupuesto comunitario. Una serie de 
averiguaciones realizadas por el Tribunal había puesto de 
relieve la escasa utilización de numerosas líneas presu­
puestarias y cuestionaba la Habilidad de las previsiones 
efectuadas por la Comisión, tanto en el momento de la 
preparación del anteproyecto de Presupuesto como al ser 
éste examinado por la autoridad presupuestaria. 
1.14. Siguiendo las sugerencias del Tribunal, el Conse­
jo, en sus comentarios adjuntos a la recomendación al 
Parlamento sobre el descargo a la Comisión por la 
ejecución del Presupuesto de 1986 (12), encarecía a la 
Comisión a profundizar en su análisis para identificar las 
causas de la subutilización de los créditos y dar a conocer 
el resultado en términos numéricos de su análisis. 
1.15. Al no haber seguido la Comisión esta recomenda­
ción, el Tribunal se ha esforzado por cubrir esta laguna. 
De su análisis se desprende que las principales causas de la escasa utilización de determinados créditos (véanse para 
más detalles los apartados 2.11 — 2.14) pueden agruparse 
como sigue: 
(a) retrasos estructurales relacionados con el carácter 
poco realista de determinados programas y su lenta 
realización; 
(b) lentitud y, en determinados casos, complejidad de los 
procedimientos y del mecanismo de acceso del 
beneficiario a los fondos comunitarios; 
(c) falta de base legal; 
(d) problemas relacionados con la liquidación de accio­
nes terminadas, lanzamiento de nuevos programas y 
aplicación de nuevos reglamentos; 
(e) carácter poco satisfactorio, en algunos casos, de la 
gestión que pueden realizar los servicios de la 
Comisión. 
Cargas futuras 
1.16. De las cuentas presentadas por la Comisión se 
desprende que las obligaciones ciertas o muy probables 
existentes a finales de 1987 y que deberían atenderse 
durante los próximos años se elevan a 26 484,5 Mió ECU 
(frente a 22 855,1 Mío ECU en 1986) (véanse cuadros 
1.4 y 1.5). 
1.17. Junto a ello, la Comisión valora en aproximada­
mente 14 600 Mío ECU (frente a 8 400 Mió ECU en 
1986) las cargas y deudas a las que califica de «existencia 
dudosa, estimación aleatoria y vencimiento sometido a 
factores imprevisibles ». Estas cargas y deudas potenciales 
que, no obstante, están valoradas con precisión por la 
Comisión, aparecen también desglosadas en el cuadro 1.4. 
1.18. Las obligaciones y cargas potenciales menciona­
das en los dos apartados anteriores representan, por 
tanto, una masa total del orden de 41 000 Mió ECU 
frente a 31 200 Mío ECU en 1986. Sin embargo, el 
Tribunal debe señalar que el importe final y las fechas de 
exigibilidad de estas deudas pueden experimentar varia­
ciones importantes y que la adición se ha hecho 
únicamente a título indicativo y con el fin de establecer un 
orden de magnitud de las cargas futuras con vistas a fijar 
un calendario provisional de los pagos. 
1.19. El Tribunal, aunque se felicita por la inclusión en 
la situación financiera a 31 de diciembre de 1987 de 
algunos elementos omitidos por la Comisión en 1986, 
estima que es preciso igualmente tener en cuenta una 
12. 12. Diario Oficial de las Comunidades Europeas 13 
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26 446,2 (96,7) 
8 878,2 (86,8) 
35 324,4 (94,0) 
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14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
cantidad de aproximadamente 1 458 Mió ECU constitui­
da por los elementos siguientes: 
(a) estimación de los gastos derivados de la aplicación, 
durante ocho ejercicios, del Reglamento (CEE) n° 
776/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987 (13) por el 
que se fija la indemnización por abandono definitivo 
de la producción de leche; 1 287,4 Mió ECU (frente a 
905,6 Mió ECU en 1986); (b) obligaciones, que están siendo examinadas, relativas 
a solicitudes de reembolso presentadas por determi­
nados Estados miembros en concepto del FEOGA -
Sección Orientación; 95,6 Mió ECU (frente a 
107,9 Mió ECU que la Comisión hacía figurar en el 
Anexo al Volumen V de la cuenta de gestión de 1986 y 
que no ha actualizado en 1987); 
Cuadro 1.4 — Situación de las obligaciones y cargas potenciales a 31 de diciembre de 1987 
(Mió ECU) 
A. Obligaciones 
(1) Obligaciones «jurídicamente obligatorias» 
(a) obligaciones que figuran en el balance consolidado de las Comunidades y que proceden del 
desequilibrio entre ingresos y gastos: 
(i) anticipos reembolsables pagados por los Estados miembros en 1984 y 1985 con el fin de 
cubrir parcialmente los déficits de los ejercicios 1984 y 1985 
(ii) déficit del año 1986 
(b) compromisos contabilizados con cargo a créditos disociados pendientes de liquidación y no 
cubiertos por los créditos de pago prorrogados al ejercicio 1988 
(c) obligaciones que resultan de los compromisos jurídicamente obligatorios pero que no figuran 
como compromisos contables en las cuentas de la Comunidad: 
(i) gastos del FEOGA-Garantía diferidos a falta de créditos disponibles 
(ii) obligaciones relativas a las solicitudes de reembolso de gastos del FEOGA-Orientación 
por parte de determinados Estados miembros 
(iii) deudas con los Estados miembros en el marco de la liquidación de cuentas del FEOGA-
Garantía 
(iv) gastos de 1987 relativos al reembolso, a tanto alzado, de los gastos de recaudación de los 
recursos propios a los Estados miembros 
(v) deudas resultantes del programa especial de comercialización de mantequilla realizado en 
1987 
Subtotal (c) 
Subtotal (1) 
(2) Estimación de la carga potencial derivada de la comercialización de las existencias de productos 
agrícolas comprados a la intervención en virtud de los reglamentos del FEOGA-Garantía 
Total (A) 
B. Otras cargas potenciales 
(1) Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola-Sección Orientación (marco financiero 
quinquenal) 
(2) Programa marco de las estructuras pesqueras (paquete indicativo quinquenal) 
(3) Obligaciones resultantes de programas aprobados fuera de cuota por la Comisión en el ámbito del 
FEDER (paquetes plurianuales) 
(4) Programas Integrados Mediterráneos (esfuerzo presupuestario específico) 
(5) Obligaciones ante Estados miembros y terceros países derivadas de programas plurianuales dentro 
del Título 7 del Presupuesto (investigaciones, energía, etc.): decisiones sobre programas 
(6) Ayuda al desarrollo prevista en el marco del Primer y Segundo Protocolo con los países 
mediterráneos 
Total (B) Situación a 
31.12.1987 
750,9 
13 435,8 
4 546,6 
40,7 
442,7 
1 534,8 
6 564,8 
20 751,5 
5 733,0(') 
26 484,5 
3 700,0 
678,0 
3 243,0 
1 397,0 
5 121,0 
466,0 
14 605,0 Situación a 
31.12.1986 
750,9 
819,9 
11 681,7 
693,0 
107,9 
800,9 
14 053,4 
8 801,7 
22 855,1 
3 504,0 
800,0 
974,0 
1 600,0 
1 460,0 
93,0 
8 431,0 
(') Almacenamiento público (excluido el volumen de mantequilla objeto del programa especial de comercialización y no comercializado en 1988), 3 659,1 
Mió ECU; Alcohol« mixto », 430,9 Mió ECU; Deudas resultantes del programa especial de comercialización de mantequilla (1988), 1 643,0 Mió ECU. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15 
Cuadro 1.5 — Totales acumulados de los compromisos pendientes de liquidación (créditos disociados) 
(Mió ECU) 
Evolución de los 
compromisos 
Total acumulado de los compromisos 
pendientes de liquidación al comien­
zo del ejercicio 
Anulaciones y revalorizaciones de 
compromisos de ejercicios anteriores 
Pagos efectuados con cargo a com­
promisos de ejercicios anteriores 
Total acumulado de compromisos de 
ejercicios anteriores pendientes de 
liquidación al cierre del ejercicio 
Compromisos contraídos durante el 
ejercicio 
Pagos efectuados con cargo a com­
promisos del ejercicio 
Total acumulado de los compromisos 
pendientes de liquidación al cierre del 
ejercicio 
Desglose de los compromisos acumu­
lados por Título del Presupuesto 
— Estructuras agrarias (Título 3) 
— Pesca (Título 4) 
— Política regional y de transportes 
(Título 5) 
— Política social (Título 6) 
— Investigación, energía, etc. 
(Título 7) 
— Cooperación con países en vías de 
desarrollo (Título 9) 1985 
10 346,1 
-965,2 
-2 639,1 
6 741,8 
+ 7 663,5 
-2 600,2 
11805,1 (+14,1%) 
1 169,3 (+1,5%) 
125,8 ( + 40,1 %) 
5 336,2 (+14,4%) 
2 850,5 (+12,8%) 
1066,7 ( + 34,1%) 
1256,6 (+12,3%) 1986 
11 805,1 
-1 298,0 
-3 860,1 
6 647,0 
+ 9 121,2 
-3 310,1 
12 458,1 ( + 5,5%) 
1 259,8 ( + 7,7%) 
187,3 ( + 48,9%) 
6 049,0 (+13,4%) 
2 071,0 (-27,4%) 
1278,1 (+19,8%) 
1612,9 ( + 28,4%) 1987 
12 458,1 
-1 259,3 
-3 871,5 
7 327,3 
+10 866,1 
- 3 962,6 
14 230,8 (+14,2%)(1) 
1253,8 ( + 0,5%) 
255,3 ( + 36,3%) 
6 982,2 (+15,4%) 
2 182,7 (+5,4%) 
1649,1 ( + 29,0%) 
1907,7 (+18,3%) 
(') Las cifras entre paréntesis indican el porcentaje de aumento respecto al ejercicio anterior. 
(c) obligaciones en materia de ayuda alimentaria relati­
vas a la ejecución de programas de 1986 y anteriores 
valoradas en 75 Mió ECU (frente a 131 Mió ECU 
en 1986). 
1.20. La cuenta de gestión presenta desde hace varios 
años dividido, por títulos del Presupuesto, un calendario 
de vencimientos de los compromisos pendientes de 
liquidación. Los pagos totales recogidos en este calenda­
rio, sin incluir los créditos de pago prorrogados de 1987 
a 1988, son de 13 435,8 Mió ECU al final de 1987. En lo 
que se refiere a otras obligaciones y cargas potenciales, el 
Tribunal, en sus informes anuales relativos a los ejercicios 
1985 y 1986 (14), exhortaba a la Comisión «a esforzarse 
por establecer un calendario de su exigibilidad». El 
Consejo, en los comentarios adjuntos a la recomendación 
sobre el descargo del ejercicio 1986, respaldaba firmemen­
te esta petición. El Tribunal constata que la Comisión no 
ha preparado aún este calendario y que ni siquiera se ha 
planteado hacerlo. Por consiguiente, la autoridad 
presupuestaria no puede estimar la exigibilidad, ni 
siquiera de forma indicativa, de estas cargas en los 
próximos ejercicios. El Tribunal sigue convencido de que 
se trata de una laguna importante en las previsiones y en el 
rigor presupuestario exigidos en las últimas reuniones del 
Consejo europeo en Fontainebleau y en Bruselas. 1.21. El cuadro 1.6 muestra que, incluso en materia de 
compromisos pendientes de liquidación, la Comisión da 
pruebas de una falta de exactitud, y aun de rigor, en el 
establecimiento de los calendarios de las previsiones de 
pago. Las realizaciones a 31 de diciembre de 1987, que 
sólo representaron el 77,6 % de las previsiones globales 
de ese ejercicio, se prepararon en abril-mayo de 1987, es 
decir, únicamente siete u ocho meses antes. Por otra parte, 
en la aplicación de algunas políticas aparecen diferencias 
aún más importantes. Así, en 1987, el porcentaje de 
ejecución de los pagos con cargo a compromisos 
pendientes de liquidación (tramo 1987) alcanza solamen­
te el 47 % en política de cooperación al desarrollo y el 
65 % en política social. La Comisión no ha determinado 
aún en qué medida la baja utilización de los créditos de 
pago es resultado de una mala previsión o de una gestión 
más rigurosa de los compromisos. 
1.22. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1986 (15), 
el Tribunal subrayaba que en materia de compromisos 
pendientes de liquidación «hay importes considerables 
que permanecen comprometidos durante mucho tiempo, 
a veces incluso más de 10 años» y recordaba su 
observación anterior en la que « deploraba un seguimien­
to a veces ineficaz de los compromisos pendientes de 
liquidación en los sectores de la pesca, del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo 
16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Social Europeo (FSE). El Tribunal no tiene más remedio 
que recordar la necesidad de que, tal como lo ha hecho 
con el FSE desde 1986, la Comisión conceda la 
importancia que merece a su recomendación de que «las 
deseadas mejoras en el seguimiento de los compromisos pendientes de liquidación sean una realidad» (16) (véase 
cuadro 1.7). En este orden de cosas, el Tribunal desea 
llamar la atención sobre el retraso de varios años en la 
liquidación de las cuentas de la ayuda alimentaria (véase 
apartado 2.65). 
Cuadro 1.6 — Compromisos pendientes de liquidación a 31 de diciembre de 1986: comparación entre pagos previstos en 1987 
y pagos efectuados en 1987 
(Mío ECU) 
Sector 
3. Estructuras agrarias 
4. Pesca 
5. Política regional 
6. Política social 
7. Investigación, energía, etc. 
9. Cooperación al desarrollo 
Total Pagos 
previstos 
en 1987 (') 
(1) 
287,9 
66,4 
1 613,2 
1 510,6 
543,7 
969,6 
4 991,4 Pagos efectuados en 1987 
Con cargo 
a créditos 
de 1987 
(2) 
250,0 
45,8 
1 503,2 
773,8 
442,7 
225,4 
3 241,0 Con cargo 
a créditos 
prorrogados 
de 1986 
(3) 
29,5 
2,5 
108,1 
208,1 
52,4 
230,0 
630,5 Total 
(4) = (2)+ (3) 
279,5 
48,3 
1 611,3 
981,9 
495,1 
455,4 
3 871,5 Realizado 
en % 
(5) = (4)/(l) 
97,1 
72,7 
99,9 
65,0 
91,1 
47,0 
77,6 
(i) Véase Cuenta de Gestión 1986, volumen V, p. 30 (Doc. COM(87) 191). 
Cuadro 1.7 — Compromisos relativos a los créditos disociados pendientes de liquidación a 31 de diciembre de 1987(')(2) 
(Mío ECU) 
Sector 
Estructuras agrarias 
(Título 3) 
Pesca (Título 4) 
Política regional y de 
transportes (Título 5) 
Política social 
(Título 6) 
investigación, energía, 
etc. (Título 7) 
Cooperación con los 
países en vías de desa­
rrollo 
Total Ejercicios en que se contrajeron los compromisos 
1977 
(2,2) 
2,1 
(9,5) 
2,6 
(3,8) 
2,4 
(15,5) 
7,1 1978 1979 
(1,8) (9,7) 
1,0 6,3 
(0,2) 
(15,8) (50,8) 
12,3 41,4 
(3,1) (1,1) 
(1,3) 
0,9 
(5,1) (26,6) 
4,3 15,9 
(25,8) (89,7) 
17,6 64,5 1980 
(17,5) 
13,4 
(0,02) 
(114,3) 
81,1 
(5,8) 
0,02 
(11,1) 
8,2 
(40,6) 
25,9 
(189,3) 
128,6 1981 
(44,5) 
32,7 
(0,8) 
0,5 
(254,7) 
213,6 
(23,8) 
1,9 
(8,4) 
5,6 
(81,8) 
60,3 
(414,0) 
314,6 1982 
(73,1) 
43,2 
(2,7) 
2,2 
(319,7) 
274,9 
(62,3) 
0,9 
(21,2) 
14,4 
(84,8) 
61,0 
(563,8) 
396,6 1983 
(139,1) 
74,1 
(4,7) 
3,5 
(451,0) 
336,6 
(169,4) 
16,7 
(64,4) 
26,4 
(105,6) 
89,0 
(934,2) 
546,3 1984 
(199,6) 
138,8 
(23,3) 
14,6 
(927,1) 
693,5 
(135,5) 
27,2 
(135,4) 
66,0 
(225,3) 
183,0 
(1 646,2) 
1 123,1 1985 
(369,1) 
268,7 
(40,9) 
23,7 
(1 367,2) 
1 024,2 
(379,9) 
54,7 
(348,2) 
168,5 
(263,2) 
201,6 
(2 768,5) 
1 741,4 1986 
(403,2) 
312,3 
(114,7) 
87,9 
(2 538,9) 
1 452,3 
(1 290,1) 
278,1 
(688,1) 
398,5 
(776,1) 
434,5 
(5 811,1) 
2 963,6 1987 
361,1 
122,9 
2 849,7 
1 803,2 
960,6 
829,9 
6 927,4 (1 259,8) 
1 253,7 
(187,3) 
255,3 
(6 049,0) 
6 982,2 
(2 071,0) 
2 182,7 
(1 278,1) 
1 649,1 
(1 612,9) 
1 907,8 
(12 458,1) 
14 230,8 
(') Fuente: volumen V de las cuentas de gestión de 1986 y 1987. 
(2) La situación a 31 de diciembre de 1986 figura entre paréntesis. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17 
1.23. Por otra parte, el Tribunal observa que todos los 
compromisos pendientes de liquidación están general­
mente considerados como prácticamente equivalentes a 
los compromisos jurídicos y son, por tanto, casi 
ineludibles. Ello no siempre es así, habida cuenta de la 
gran libertad dejada a la Comisión en lo que respecta a la 
definición de compromiso contable. Así, por ejemplo, en 
materia de adaptación de las capacidades en el sector de la 
pesca, el 29 de diciembre de 1987 se comprometió 
globalmente una cantidad de 26,3 Mío ECU basándose 
únicamente en una decisión de la Comisión por la que se 
fijaba el importe máximo de los gastos subvencionables 
de los Estados miembros. Igualmente, en el ámbito de los 
contratos con gastos compartidos del sector energético, 
las cantidades se comprometen desde el momento en que 
se produce una decisión, del Consejo o de la Comisión, 
generalmente varios meses antes de la firma de los 
contratos, mientras que en otros campos la Comisión no 
compromete los créditos hasta que los contratos están 
preparados para la firma. El Tribunal exhorta a la 
Comisión a distinguir en el futuro entre los compromisos 
que corresponden a obligaciones jurídicas respecto a 
terceros y aquéllos que sólo corresponden a sus propias 
decisiones o estimaciones de carácter general. 
Revisión del Reglamento Financiero 
1.24. El Tribunal recuerda que el procedimiento de 
revisión del Reglamento Financiero, pendiente aún desde 
1981, ha sufrido en el transcurso de 1987 una súbita 
multiplicación de propuestas de modificaciones parciales 
y a menudo contradictorias entre sí, sin que por ello se 
haya finalizado el trabajo de aclaración global de este 
texto fundamental del sistema legislativo comunitario. En 
concreto, en sus dictámenes 4/87, 5/87, 6/87 y 7/87 (17), el 
Tribunal ya ha tenido ocasión de expresar sus objeciones 
de forma y de fondo a un método legislativo de este tipo 
que conduce al debilitamiento de la estructura misma del 
edificio jurídico comunitario. 
1.25. En la «Observación preliminar» a los comenta­
rios que acompañan la recomendación de descargo del 
ejercicio 1986 (12), el Consejo subrayaba que la revisión 
del Reglamento Financiero constituía, junto con el 
examen de las propuestas sobre política agrícola común, 
fondos estructurales, adecuación de ingresos y gastos y 
disciplina presupuestaria, uno de los elementos que « van 
en el sentido de las observaciones formuladas por el 
Tribunal de Cuentas desde hace varios ejercicios» y que se 
refieren a «las dificultades que cuestionan la función del 
Presupuesto en tanto que instrumento de previsión y de 
gestión». El Tribunal considera que si la Comisión desea 
cumplir correctamente sus obligaciones en materia de 
ejecución del Presupuesto, debe retornar a los principios 
presupuestarios básicos de los Tratados y tomar las 
medidas necesarias para mejorar su capacidad de 
controlar y gestionar el Presupuesto General. IMPLICACIONES DE LA GESTIÓN 
COMPARTIDA 
El principio de la gestión y el control 
compartidos 
1.26. La gestión de la mayor parte de los gastos 
presupuestarios comunitarios está confiada a los organis­
mos y a los agentes económicos de los Estados miembros 
(es el caso, por ejemplo, del gasto de garantía agrícola y de 
la recaudación de los recursos propios), o bien se realiza 
conjuntamente con los Estados miembros (en el caso, por 
ejemplo, de las políticas de finalidad estructural). Estos 
repartos de las responsabilidades de gestión tienen 
consecuencias sobre la realización de los controles de esta 
gestión, controles que efectúan los Estados miembros en 
su propio territorio en colaboración con la Comisión. 
Aunque de naturaleza diferente, ambas modalidades de 
gestión suponen, de conformidad con el artículo 5 del 
Tratado CEE, una cooperación activa entre la Comisión 
y las autoridades involucradas de los Estados miembros, 
en particular en materia de vigilancia, intercambio de 
información, coordinación y seguimiento de los resulta­
dos obtenidos. En el marco de sus trabajos de control del 
ejercicio 1987, el Tribunal ha dedicado una especial 
atención al funcionamiento de estos mecanismos, tanto a 
nivel comunitario como a nivel nacional. 
1.27. Los controles efectuados por el Tribunal en 1987 
llegan a determinadas conclusiones que, a su juicio, serán 
de gran importancia para el éxito de la política de 
disciplina presupuestaria. El Tribunal estima que un 
mayor rigor en este campo debería traducirse no sólo en 
un tope cuantitativo de los pagos en determinados 
sectores, sino sobre todo en una mejora cualitativa de las 
decisiones presupuestarias y de la gestión de los fondos 
comunitarios. Así pues, las observaciones que siguen se 
refieren tanto a la evaluación de la gestión financiera 
como a los aspectos de legalidad y regularidad de las 
operaciones controladas. 
Problemas vinculados al reparto 
de responsabilidades en los grandes sectores 
de la actividad comunitaria 
1.28. Sin olvidar los incumplimientos de determinados 
Estados miembros de su deber de cooperación con la 
Comisión en determinados ámbitos (véanse apartados 
3.33, 3.34, 3.82,4,91, 5.37 y 5.42), el Tribunal subraya que 
la Comisión no siempre ha realizado los esfuerzos de 
coordinación y supervisión necesarios, especialmente con 
vistas a emplazar los controles nacionales dentro de 
un enfoque integrado al nivel europeo (véase apar-
1^ diario Oficial de las comunidades Europeas mi^ ^ 
tado^.^éó^. Lagunas importantes en esta materia no 
sólo producen una diferencia importante entre las 
intenciones del le^isladoryla aplicación práctica de las 
medidasalm^ellocal^éaseapartado^l3^^^^noque 
amenazan también con ^ra^ardeformanodesdeñable las 
finanzas comunitarias. 
P^. En el sector del EECoCiAólarantía los servicios de 
aduanas desempeñan un papel de primer orden entre las 
numerosasydi^ersas autoridades nacionales implicadas 
en la ^estiónysal^a^uardia de los fondos comunitarios 
Son ellos los que realizan los controles cla^e de las 
reshtucionesalae^portacionyde determinados pa^os de 
montantes compensatorios monetarios Ademas, en 
materia de recursos propios, están encardados de la 
recaudación de losderechosdeaduanaydelase^acciones 
a^rícolasemclusodellVAen algunos Estados miembros 
P^tP cabiendo examinado las tareas realizadas por las 
autoridades aduaneras nacionales enestosámbitos, el 
Tribunal se ^eobli^adoae^presar senas reservas sobre la 
eficacia de la recaudación de los recursos comunitanosy 
la regularidad de determinados bastos ElTribunal desea 
particularmente llamar la atención sobre sus obser^acio 
nes relativas al régimen de tránsito comunitario véanse 
apartados 3^ — ^^ y a las restituciones a la 
exportación véanse apartados ^0— ^^ considera, 
en efecto, que la ^dancia ejercida por las autoridades 
aduanerasnacionalesenmateriadesal^a^uardiayde 
bestión de losfondos comunitarios no siempre alcanza el 
ni^elmímmo requerido por los testos legales ^i^entesyel 
aceptable para la realizacióndelosob^eti^os definidos 
por losTratados,ala^ez que la CAomisión no siempre se 
ha mantenido suficientemente informada sobre los 
sistemasdecontrolaplicadospor las administraciones 
véanse apartados 3.^,3^y^7^^^^^^ 
P^l Por otra parte, la comisión si^ue sin disponer de 
datos actualizados y completos sobre los sistemas de 
^estiónydecontrolaplicadosen los Estados miembros al 
almacenamientodemter^ención^éaseapartado^7^ya 
la aplicación de la L^irecti^a77^^EE del C^onse^o, de 
^de ^umo de 1^77 ^,relati^aalos controles ejercidos 
porlosEstados miembros sóbrelas operaciones com 
prendidas en el sistema de financiación por el EECOÓ^A 
Ólarantia^éaseapartado^^l^ Además,elprocesode 
liquidación de cuentas no siempre le permite pronunciara 
se sobre la fiabdidad de las cuentas de los Estados 
miembros tBBéaseapartado^^ carente de una cisión 
clara de los sistemas nacionales aplicados, la comisión 
si^uesm estar en condiciones de evaluar la importanciay 
naturaleza reales de los fraudes al EEC^ÓlA^arantia, ni 
sumcidencia sobre las diferentes medidas de apoyo de los 
mercados aerícolas 
P^ L^entrodelEECoó^A^COnentación, se ha observado 
que numerosos programas presentados por los Estados 
miembrosen el sector de almacenamiento publico de 
cereales se fundamentan en un aumento de la producción 
sm que se tengan en cuenta las perspectivas de estabilidad 
ción o de reducción de los excedentes comunitarios susceptibles de hacer que disminuya la car^a soportada 
porla^eccióndarantíadelFEC^CrA^éase apartado 
^11^ Ror suparte,laC^omisiónnoconcedeaeste 
problema la suficiente atención enel momento de la 
aprobacióndeestospro^ramasy,engeneral, nom^esti^a 
satisfactoriamente la informaciónylos instrumentos de 
análisis que, sin embarco, son indispensables para la 
realización de una política estructural eficaz de ayudaa 
las inmersiones racionales tacase apartado éó.^ Ror 
último, cuando dispone de informes sobre los proyectos 
realizados, la comisión no siempre procedeasuestudioy 
utili^ación^éase apartado ^^ Estainsuficienciade 
mformaciónyde análisis, tanto en la comisión como en 
los Estados miembros, sobre los resultados de las 
acciones realizadas, no permite a^en^uar si se han 
alcanzado los ob^etnBos comunitarios tacase aparta 
do^^ 
1^ Rorotraparte,ysiempreenelmarcodelEEC^ólAD 
COnent^acion, la puesta en práctica de la ayuda comunita^ 
na a la aceleración del desarrollo aerícola en Carecía 
ofrece un contraste entre el exceso de normativa 
comunitanayel escaso seguimiento que se le hace ^éase 
apartado ^^ Las numerosas acciones comunitarias 
emprendidas dan fe, además, de la ausencia de una 
concepción global Rara acciones de tal encerradura 
deberían contemplarse las necesarias medidas depilan 
ciaycontrol,yla cuestión de la sub^encionabilidad de los 
^astosdeberíae^i^irunesfuerzocontmuode información 
yayuda de la comisión para acentuar los ob^eti^os de la 
acción comunitanayconse^uir la utilización más eficaz 
posible de la ayuda véanse apartados éó^ — ^^ 
1^ En cuantoala financiación de acciones integradas 
de finalidad estrucLural, no se han adaptado en el m^el 
comunitanolas modalidades de bestión de los diversos 
instrumentos financieros para responderalas necesidad 
desylosob^eti^osdelplanteamientointe^rado^éase 
apartado(^7^ Además, la falta de un marco contable 
adecuado impide conocer el contenido realyla evolución 
exacta de las iniciativas financiadas En el caso de algunas 
iniciativas integradas, al no disponer de documentos 
contables generales ni de informes de ejecución, la 
comisión no efectúa ni el seguimiento de las acciones ni la 
evaluación de sus resultados ^éaseapartadoo^ 
13^ Sobre todo en el EEIoER, el análisis de los 
informes que deben enriar los Estados miembros sobre la 
ejecución délos programas de desarrollore^ionalyla 
utilización de las principales infraestructuras terminadas 
deberíalle^ar a la puesta a punto de un sistema de 
medicionye^aluación de la utilización de las inmersiones 
financieras Tal instrumento es indispensable para 
conocer y evaluar el efecto de los proyectos en el 
desarrollore^ionale, indirectamente, debería también 
permitir enmendar los métodos de tramitación de las 
solicitudes de ayuda con distas a orientar me^or las 
decisiones futuras e incrementar su eficacia t^éase 
apartadoo7^ 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19 
1.36. Por su parte, el Fondo Social Europeo sería un 
instrumento financiero más eficaz y mejor controlable si, 
en concreto, se aclararan y precisaran los criterios de 
subvencionalibidad y prioridad, si se enviaran a los 
Estados miembros instrucciones explícitas sobre los datos 
que han de proporcionar y los tipos de control en los que 
debe basarse la certificación nacional y, por último, si los 
poderes de control de la Comisión fueran plena y 
regularmente utilizados e incluyeran sanciones eficaces 
(véase apartado 7.9). Por otra parte, la Comisión no ha 
sacado de la experiencia adquirida todas las enseñanzas 
útiles para la continuación y el desarrollo de las acciones 
en el ámbito experimental del Fondo Social Europeo, 
tanto en lo que se refiere a la definición del campo 
experimental, como a la gestión financiera y a la 
evaluación de los resultados (véase apartado 7.55). 
1.37. La falta de información adecuada limita, por 
tanto, no sólo la acción de la Comisión (y, como 
consecuencia, la de la autoridad presupuestaria y la del 
Tribunal) en su función de control de la buena utilización 
de los fondos comunitarios, sino que constituye también 
una traba para el indispensable trabajo de evaluación a 
posteriori que debería permitir mejorar, cuando no 
optimizar, la utilización de los fondos que se asignen a 
nuevas acciones del mismo tipo. 
Problemas derivados del mandato confiado 
alBEl 
1.38. El Tribunal no ha intentado nunca y por ningún 
medio efectuar controles sobre las operaciones que el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) realiza con sus 
recursos propios. Sin embargo, debe hacer constar que se 
están poniendo obstáculos cada vez mayores al ejercicio 
de sus prerrogativas de control, definidas por los 
Tratados, de los recursos de las Comunidades utilizados 
bajo responsabilidad de la Comisión para financiar 
operaciones en las que el BEI interviene de alguna forma 
(gestión por el BEI de fondos comunitarios por mandato 
de la Comisión, bonificaciones de intereses, cofinancia-
ciones, etc.). 
1.39. La parte más importante, en volumen, de estos 
recursos cuya gestión está confiada al BEI, es tomada a 
préstamo en los mercados financieros por la Comisión, 
que después la distribuye con ayuda del BEI. En su 
Informe Anual del ejercicio 1986 (19) el Tribunal decía 
sobre el Nuevo Instrumento Comunitario que «en la 
auditoría de las operaciones NIC del ejercicio 1985, la 
información y los documentos pedidos a la Comisión, y 
proporcionados por ésta, no han sido suficientes para 
permitir al Tribunal verificar el grado de realización del 
objetivo que el Consejo de Ministros había fijado en sus 
decisiones». Estas repetidas observaciones llevaron al 
Tribunal a prestar una especial atención al modo en que la 
Comisión cumple su misión de gestora de dichos fondos 
y, por consiguiente, a la forma de desempeñar su tarea de 
control. 1.40. Por carta de 29 de abril de 1988 dirigida al 
Presidente del Tribunal de Cuentas, el Presidente de la 
Comisión deseaba «reafirmar que la Comisión no ha 
modificado en absoluto su posición de principio sobre los 
poderes del Tribunal de Cuentas relativos a las operacio­
nes cuya gestión está confiada al BEI y que considera que 
la formulación del artículo 10 de la Decisión 87/182/CEE 
sobre el NIC IV no puede interpretarse en el sentido de 
que limita los derechos atribuidos al Tribunal por los 
Tratados». En esta carta, al igual que en anteriores 
respuestas a observaciones del Tribunal relativas a los 
ejercicios 1985 (20) y 1986 (21), la Comisión contaba, 
además, con que las modalidades concretas de ejercicio 
del derecho de control del Tribunal serían aprobadas en 
breve por las partes interesadas. 
1.41. El Tribunal recuerda que, no siendo su derecho de 
control contestable en los textos legales ni habiendo sido 
cuestionado por las instituciones interesadas, sólo le 
animaba un espíritu constructivo cuando proponía una 
búsqueda concertada de modalidades de ejercicio de sus 
prerrogativas, especialmente para las visitas in situ, con el 
fin de tener en consideración, por una parte, la estrecha 
interrelación de las intervenciones de la Comisión y del 
BEI y, por otra, la preocupación del BEI por no dar la 
impresión, cara al exterior, de estar como tal sometido a 
controles del Tribunal. Las modalidades a las que el 
Tribunal se refiere en el punto anterior se inspiran en el 
acuerdo concluido con la Comisión sobre los controles 
efectuados en el ámbito de los préstamos-empréstitos de 
la CECA, según el cual el Tribunal puede acompañar a la 
Comisión en sus misiones in situ no conjuntas. 
1.42. Sin embargo, en las misiones de control efectuadas 
en octubre y noviembre de 1987, el Tribunal ha podido 
comprobar que el BEI había intervenido ante los 
beneficiarios de préstamos NIC gestionados por el BEI 
por cuenta de la Comunidad para que se opusieran a que 
el Tribunal ejerciera sus prerrogativas de control in situ. 
El argumento esgrimido consistió en que como los fondos 
en cuestión estaban gestionados por el BEI por mandato 
de la Comisión, los beneficiarios no podían aceptar la 
visita de una misión del Tribunal sin haber recibido una 
«autorización de control» expedida por el BEI (véanse 
apartados 11.7—11.19). 
1.43. Los créditos presupuestarios del Capítulo 96 
«Cooperación con los países de la cuenca mediterránea» 
constituyen otra categoría de recursos comunitarios en 
cuya gestión el BEI ha sido llamado a participar. En 1987 
fueron objeto de un bloqueo inesperado en cuanto al 
ejercicio por el Tribunal de sus poderes de control in situ. 
Así, en Chipre, las autoridades nacionales —refiriéndose 
explícitamente a presiones ejercidas por el BEI— se 
negaron a que el Tribunal fuera a controlar in situ la parte 
de los proyectos financiados con cargo a créditos 
presupuestarios. Por su parte, la Comisión ha omitido 
informar a este Estado beneficiario de fondos comunita­
rios de las obligaciones en materia de control que le 
correspondían en virtud de los acuerdos firmados con la 
Comunidad. El motivo de esta negativa podría ser el 
hecho de que el BEI cofinancia con cargo a sus recursos 
propios una parte de los proyectos en cuestión (véase 
apartado 9.6). 
20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
1.44. Argumentos contra el Tribunal como los expues­
tos son tanto más inadmisibles cuanto que podrían, por 
extensión, llevar a sustraer áreas importantes del 
Presupuesto comunitario a cualquier control ejercido por 
el Tribunal y, por consiguiente, afectar de forma 
significativa a las competencias atribuidas por los 
Tratados a las autoridades de descargo. Además, el 
Tribunal subraya que la actitud del BEI en los casos 
concretos que acaban de señalarse está tanto menos 
justificada cuanto que el Tribunal nunca se ha encontrado 
con dificultades de este tipo en la realización de sus 
controles sobre operaciones cofinanciadas o gestionadas 
por organismos financieros internacionales. 
1.45. Los datos que preceden ponen suficientemente de 
relieve la responsabilidad de la Comisión por estar 
privando de forma creciente desde hace varios años a las 
autoridades presupuestarias y políticas correspondientes 
de la posibilidad de disponer de los resultados de 
controles que les permitirían evaluar con conocimiento de causa la utilización de fondos muy importantes que éstas 
autorizan cada año. 
Observación final sobre la gestión compartida 
1.46. El Tribunal observa que, más o menos voluntaria­
mente o en función de la normativa, la Comisión se ha 
visto obligada a desatender, e incluso a abandonar 
progresivamente, sus responsabilidades, sin que, hasta el 
momento, esta tendencia esté suficientemente contrarres­
tada por la puesta en práctica de un sistema comunitario 
central de supervisión y de control. En lo que se refiere a 
las operaciones financiadas con cargo a recursos comuni­
tarios en las que de alguna manera interviene el BEI, el 
Tribunal tiene razones para temer que, si la Comisión no 
actúa de forma suficientemente atenta, el ejercicio de sus 
funciones en tanto que organismo superior de control 
externo se vea gradualmente desprovisto de significado y 
que incluso resulte imposible. 
0) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) DOL 86 de 30.3.1987. 
DO L 211 de 3.8.1987. 
DOL 79 de 21.3.1987. 
DOL 211 de 3.8.1987, p. 58. 
Acuerdo intergubernamental del 2 y 3 de octubre de 1984. 
DOL 356 de 31.12.1977. 
DOL 320 de 17.11.1983, p. 1. 
DOL 304 de 27.10.1987. 
DOL 185 de 15.7.1988, p. 1. 
0°) Dictamen n° 3/88, DO C 166 de 25.6.1988. 
(H) Según la clasificación aprobada por la Comisión para 
diferenciar los gastos « obligatorios » y « no obligatorios » en 
la cuenta de gestión; véase también el Artículo 203, 
apartado 9, del Tratado CEE. 
(12) Doc. Consejo 4581/1/88. ('3) DO L 78 de 20.3.1987, p. 9. 
(14) DO C 321 de 15.12.1986, apartado 1.6. 
DO C 336 de 15.12.1987, apartado 1.13. 
(15) DO C 336 de 15.12.1987, apartado 2.55. 
(16) DO C 336 de 15.12.1987, apartado 2.57. 
(17) Dictamen n° 4/87, DO C 337 de 16.12.1987, p. 6. 
Dictamen n° 5/87, DO C 337 de 16.12.1987, p. 8. 
Dictamen n° 6/87, DO C 337 de 16.12.1987, p. 10. 
Dictamen n° 7/87, DO C 339 de 17.12.1987, p. 16. 
(18) DOL 172 de 12.7.1977, p. 17. 
(19) DO C 336 de 15.12.1987, apartado 14.26. 
(20) DO C 321 de 15.12.1986, respuesta a los apartados 73 — 74. 
(21) DO C 336 de 15.12.1987, respuesta a los apartados 14.27 — 
14.30. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 21 
CAPITULO 2 
Ejecución del Presupuesto y contabilidad 
2.1 -
2.1 
2.2 -
2.2 -
2.6 
2.7 -
2.11 -
2.15 --2.16 
-2.16 
-2.5 
-2.10 
-2.14 
-2.16 
2.30 
2.26 
2.29 
2.37 
2.33 
2.37 2.0. ÍNDICE DE MATERIAS Apartados 
Análisis de la ejecución del Presupuesto General 1987 
Datos generales 
Previsión presupuestaria y gestión de los créditos 
Evaluación general de la utilización de los créditos 
Transferencias de créditos 
Créditos de pago prorrogados 
Análisis de la utilización de los créditos 
Régimen de los doceavos provisionales 
Respeto del Reglamento Financiero 2.17 — 2.39 
Observaciones de la auditoría de las retribuciones del Consejo, Tribunal de 
Justicia y Comité Económico y Social 2.18 
Controles realizados por el interventor 2.19 
Separación de funciones 2.27 
Ausencia de normas internas de ejecución del Presupuesto 2.30 
Procedimientos aplicables a los compromisos y a los pagos 2.31 
Parlamento 2.31 
Consejo 2.34 
Comisión 2.35 
Comité Económico y Social 2.36 
Imputación presupuestaria 2.38 
Documentos justificativos 2.39 
Recuperaciones de entregas a cuenta correspondientes a gastos operativos 2.40 — 2.54 
Procedimiento de identificación de las recuperaciones y de contabilización 
de las entregas a cuenta 2.41 
Utilización de las entregas a cuenta recuperadas para la financiación de 
nuevos gastos 2.44 
Presentación en las cuentas anuales de las devoluciones de entregas a cuenta 
y de su «reutilización» para financiar nuevos gastos 2.47 
Procedimientos de recuperación 2.50 
Observación final sobre las recuperaciones de entregas a cuenta 2.52 
Contabilidad general y balance financiero de las Comunidades 2.55 
Déficit de caja en el Parlamento 2.55 
Ingresos pendientes de cobro 2.56 
Derechos e impuestos a recuperar 2.57 
Anticipos al personal 2.60 
Fiabilidad y exhaustividad de las cuentas del FEOGA-Garantía 2.61 
Liquidación de las cuentas de la ayuda alimentaria 2.65 
Seguimiento de las cuentas bancarias 2.66 
Ingresos diversos a imputar 2.69 
Préstamos concedidos a países de la cuenca mediterránea 2.70 
Diferencias de cambio 2.71 2.43 
2.46 
2.49 
2.51 
2.54 
2.71 
2.59 
2.64 
2.68 
22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL 1987 
Datos generales 
2.1. De acuerdo con el artículo 77 del Reglamento 
Financiero de 12 de diciembre de 1977 aplicable al 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas (l), el 
Tribunal de Cuentas recibió de la Comisión la cuenta de 
gestión, el análisis de la gestión financiera y el balance de 
las Comunidades Europeas del ejercicio 1987 (2). Los 
cuadros 2.1. y 2.2 muestran respectivamente la evolución 
y la utilización de los créditos disponibles por grandes 
sectores de actividad durante 1987. Para una exposición 
más detallada de la evolución y utilización de estos 
créditos conviene referirse al Anexo III, cuadros 6, 7, y 14 
del presente Informe. El cuadro 2.3 ofrece otra informa­
ción financiera sobre el Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agrícola, Sección Garantía (FEOGA-Garan-
tía), desglosando los gastos por capítulos y naturaleza 
económica; en el cuadro 2.4 se recoge la misma 
información con un desglose de la utilización de los 
créditos en 1987, incluyendo las transferencias entre y 
dentro de los capítulos del Presupuesto. El cuadro 2.5 
muestra los ingresos del ejercicio por categorías e indica la 
manera en la que la Comisión ha calculado el saldo final 
del ejercicio. 
Previsión presupuestaria y gestión 
de los créditos 
Evaluación general de la utilización de los créditos 
2.2. Los créditos para compromisos disponibles en 1987 
y no utilizados el 31 de diciembre de 1987 se elevan a 
1 312,0 Mió ECU (1 918,9 Mío ECU en 1986), de los que 
876,8 fueron anulados y 435,2 Mió ECU quedaron 
disponibles para 1988. Estos créditos para compromisos 
no utilizados se reparten como sigue: 
(a) 815,4 Mió ECU de gastos obligatorios (GO) (3), es 
decir, el 3,0 % de los créditos correspondientes; 
(b) 496,6 Mió ECU de gastos no obligatorios (GNO) (3), 
es decir, el 3,9 % de los créditos correspondientes. 
2.3. Los créditos para pagos disponibles en 1987 y no 
utilizados el 31 de diciembre de 1987 se elevan a 
0) Las notas aparecen al final del capítulo. 2 251,4 Mió ECU (2 074,9 Mió ECU en 1986) de los que 
890,9 Mío ECU fueron anulados y 1 360,5 Mió ECU 
(817,4 Mió ECU de créditos de pago y 543,1 Mió ECU de 
créditos no disociados) prorrogados a 1988. Estos 
créditos para pagos no utilizados se reparten como sigue: 
(a) 2 059,6 Mío ECU de los créditos para pagos propios 
del ejercicio 1987, de los cuales: 
(i) 855,7 Mío ECU para GO, es decir el 3,2 % de los 
créditos correspondientes; 
(ii) 1 203,9 Mío ECU para GNO, es decir el 13,0 % 
de los créditos correspondientes; 
(b) 191,8 Mió ECU de créditos para pagos prorrogados 
de 1986 a 1987, de los cuales: 
(i) 46,6 Mío ECU de GO, es decir el 12,7 % de los 
créditos prorrogados por este concepto; y 
(ii) 145,2 Mió ECU de GNO, es decir el 17,2 % de los 
créditos prorrogados por este concepto. 
2.4. Los importes no utilizados se han visto reducidos 
en 181,1 Mío ECU de créditos para compromisos y en 
88,9 Mió ECU de créditos para pagos, debido a la 
necesidad de efectuar transferencias de créditos para 
liquidar la «Reserva negativa» del Capítulo 100 del 
Presupuesto General. El sistema consiste en que la 
autoridad presupuestaria autoriza gastos por un importe 
superior al de los ingresos efectivamente disponibles, con 
lo que en la práctica, especula con que no se consumirán 
todos los créditos. En su Dictamen (4) de 19 de mayo de 
1988 sobre una propuesta de la Comisión de modificación 
del Reglamento Financiero, el Tribunal reiteraba sus 
objeciones de fondo a la creación de una reserva negativa, 
que considera formalmente contraria a los principios de 
ortodoxia presupuestaria de las Comunidades e invitaba 
a la autoridad presupuestaria a aprobar el Presupuesto 
basándose en previsiones realistas y restrictivas que 
hagan inútil el recurso a este instrumento. 
2.5. Hay que señalar también que en un gran número de 
los créditos concedidos como consecuencia de las 
enmiendas del Parlamento Europeo (que se elevan a 
421,4 Mío ECU de créditos para compromisos en 116 
líneas presupuestarias y a 405,3 mió ECU de créditos para 
pagos en 119 líneas presupuestarias), el importe de los 
créditos que a final de año estaban sin utilizar fue superior 
al importe de la enmienda. Del cuadro 2.6 se desprende 
que de las líneas presupuestarias enmendadas en más de 
1 Mío ECU, a seis les corresponden 23,8 Mió ECU de 
créditos para compromisos y a veintidós 165,3 Mió ECU 
de créditos para pagos. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23 
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12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27 
Cuadro 2.5 — Ingresos y saldo del ejercicio en 1986 y 1987 
(Mió ECU) 
Tipo de ingresos 
Derechos de aduana 
Exacciones agrícolas 
Cotizaciones azúcar e isoglucosa 
Recursos propios IVA 
Contribuciones financieras 
Ajustes del IVA: recursos propios y contribuciones financieras de 
ejercicios anteriores 
Ingresos diversos 
Superávit del ejercicio anterior 
Total de ingresos 
Ajustes: 
Anulación del saldo de los créditos para pagos prorrogados del 
ejercicio anterior 
Diferencias de tipo de cambio 
Total de ingresos incluyendo ajustes 
Gastos del ejercicio 
Saldo del ejercicio 1986 
Ingresos 
efectivos 
(1) 
8 172,9 
1 175,5 
1 111,5 
22 223,4 
210,1 
377,3 
342,6 
53,9 
33 667,2 
355,6 
20,5 
34 043,3 
34 863,2 
-819,9 1987 
Presupuesto 
(2) 
8 396,7 
1 763,9 
1 438,6 
23 433,0 
211,6 
p.m. 
624,6 
35 868,4 
300,0 
36 168,4 
36 168,4(0 
— Ingresos 
efectivos 
(3) 
8 936,5 
1 626,1 
1 471,7 
23 463,5 
210,6 
-359,3 
434,2 
35 783,3 
189,5 
17,9 
35 990,7 
35 469,2(0 
521,5 
(•) Incluyendo el déficit contable del ejercicio 1986 (819,9 Mió ECU) que ha sido incluido en el Presupuesto de 1987. 
Transferencias de créditos Créditos de pago prorrogados 
2.6. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1986 (5), el 
Tribunal ponía de relieve el considerable volumen de las 
transferencias realizadas por la Comisión durante el 
ejercicio, que demostraban que las previsiones presupues­
tarias se basaban en estimaciones demasiado aleatorias. 
Las cuentas de 1987 muestran un volumen de transferen­
cias aún mayor: 2.7. El artículo 1.3. del Reglamento Financiero dispone 
que «los créditos de pago cubrirán, hasta el importe 
inscrito en el Presupuesto, los gastos resultantes de la 
ejecución de los compromisos adquiridos durante el 
ejercicio y/o ejercicios anteriores». 
(a) se han transferido entre capítulos 2 851,8 Mió ECU 
de créditos para compromisos, de los que 2 067,2 Mió 
ECU correspondían al FEOGA-Garantía; 
(b) se han transferido entre capítulos 2 556,0 Mió ECU 
de créditos para pagos, de los que 2 067,12 Mió ECU 
correspondían al FEOGA-Garantía. 2.8. En sus informes anuales de los ejercicios 1985 (6) y 
1986 (7), el Tribunal criticaba que, en contra de lo 
dispuesto en el artículo 1.3 del Reglamento Financiero, se 
habían utilizado créditos de pago prorrogados del año 
anterior para pagar nuevos compromisos contraídos 
durante el ejercicio. En el procedimiento de descargo de 
los ejercicios 1985 y 1986, el Consejo compartió la 
opinión del Tribunal. 
El volumen de transferencias entre los capítulos del 
FEOGA-Garantía, que en principio corresponden a los 
distintos mercados agrícolas, alcanza un nuevo máximo 
en 1987, llegando a 2 067,2 Mió ECU, lo que representa el 
9 % del presupuesto inicial del FEOGA-Garantía (véase 
cuadro 2.4). 2.9. El cuadro 2.7. muestra la utilización de los créditos 
de pago prorrogados del ejercicio anterior en 1986 y 1987. 
De él se desprende que en 1987 se han utilizado 189,6 Mió 
ECU para el pago de compromisos del propio ejercicio 
frente a sólo 65,4 Mió ECU en 1986. 
28 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Cuadro 2.6 — Créditos inscritos por enmiendas del Parlamento en líneas presupuestarias en las que el importe de los créditos no utilizados 
al final del ejercicio fue superior al importe de la enmienda 
(Mió ECU) 
Sector 
Parte A 
Funciones específicas 
Parte B 
Pesca 
Política regional 
y de transportes 
Política social 
Investigación, 
energía, etc. 
Cooperación 
al desarrollo Línea 
presupues­
taria 
3300 
351 
460 
552 
610 
631 
7301 
7352 
7356 
750 
7750 
7758 
7760 
923 
924 
925 
9280 
929 
930 
931 
933 
958 
990 Denominación 
Gastos de información, divulgación y participación en las 
manifestaciones públicas 
Encuesta estadística, análisis, tratamiento y difusión de la 
información estadística 
FEOGA-Orientación — Acciones comunes de reestructura­
ción, modernización y desarrollo del sector de la pesca y 
desarrollo del sector de acuicultura 
Programas mediterráneos integrados — Asistencia técnica 
Fondo Social Europeo — Acciones específicas 
Cooperación entre la Universidad y la industria y formación en 
las nuevas tecnologías (Comett) 
Acciones horizontales — Refuerzo del potencial científico- y 
técnico de la Comunidad: la Europa de los investigadores 
Técnicas industriales — Investigación tecnológica fundamental 
y aplicaciones de nuevas tecnologías (BRITE) 
Biotecnología 
Acciones comunitarias en el sector de la información 
Acciones relativas a la conclusión del mercado interior 
Concesión de apoyo financiero al proyecto IDIS 
Promoción de las exportaciones de la Comunidad con destino a 
Japón 
Ayuda alimentaria de aceite vegetal / aceite de oliva 
Ayuda alimentaria en otros productos 
Gastos de transporte de ayudas alimentarias 
Reserva excepcional 
Acciones sustitutivas de las entregas de ayuda alimentaria en el 
campo de la alimentación 
Cooperación financiera y técnica con los países en desarrollo de 
América Latina y Asia 
Promoción de las relaciones comerciales de los países en 
desarrollo de América Latina y Asia 
Cooperación con los países en desarrollo de América Latina y 
de Asia en el sector energético 
Programa especial de lucha contra el hambre en el mundo 
Acciones en el marco de Convenios de cooperación económica y 
comercial con terceros países 
Total Créditos inscritos por 
enmiendas del Parlamento 
para 
compromisos 
2,9 
3,0 
2,0 
2,5 
3,4 
10,0 
23,8 para 
pagos 
2,9 
3,0 
4,2 
2,0 
2,1 
1,0 
5,0 
10,8 
1,0 
1,0 
1,5 
2,0 
14,9 
14,5 
3,4 
40,0 
1,9 
44,0 
2,0 
1,4 
3,7 
3,0 
165,3 
2.10. Sin embargo, el Tribunal observa que de los 
817,4 Mió ECU de créditos de pago prorrogados el 31 de 
diciembre de 1987, 795,0 Mió ECU, es decir el 97,3 %, 
corresponden a compromisos pendientes de liquidación 
en las líneas presupuestarias correspondientes. Por otra 
parte, al Tribunal le satisface el procedimiento más 
riguroso de prórroga de créditos de pago presentado por 
la Comisión en su propuesta (8) del 18 de marzo de 1988 
de modificación del apartado 2 del artículo 6 del 
Reglamento Financiero. Análisis de la utilización de los créditos 
2.11. Excluyendo al FEOGA-Garantía, los sectores 
operativos del Presupuesto se encuadran en seis sectores, 
de éstos tres presentan un porcentaje de utilización de los 
créditos para pagos (tanto de GO como de GNO)inferior 
al 90 %. Son los siguientes: pesca 72,9 %, (GO: 73,7 %, 
GNO: 71,2 %); investigación, energía, etc. 83,5 % (sólo 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29 
Cuadro 2.7 — Utilización de los créditos de pago prorrogados del ejercicio anterior en 1986 y 1987 
(Mió ECU) 
Utilización de los créditos 
(1) Créditos prorrogados del ejercicio anterior 
(2) Pagos 
de los que: Pagos con cargo a compromisos pendientes de 
liquidación al cierre del ejercicio anterior 
Pagos con cargo a compromisos del ejercicio 
(3) Créditos prorrogados al ejercicio siguiente 
(4) Anulaciones [(1)-(2)-(3)] 1986 
749,8 
534,9 
469,5 
65,4 
4,0 
210,9 1987 
949,9 
820,1 
630,5 
189,6 
2,3 
127,5 1988 
817,4 
GNO) y cooperación al desarrollo 53,3 % (GO: 60,2 %, 
GNO: 51,3 %)—véanse cuadros 1.3y 2.2. El Tribunal ha 
preparado una relación (véase cuadro 2.8) de las líneas 
presupuestarias de estos seis sectores dotados con más de 
5 Mió ECU de los créditos inicialmente puestos a 
disposición en 1987 y cuyo nivel de utilización ha sido 
inferior al 75 %. Esta relación indica, en su caso, la 
magnitud de las enmiendas efectuadas por el Parlamento. 
El Tribunal observa en particular que: 
(a) 24 líneas presupuestarias dotadas con más de 5 Mío 
ECU de créditos para compromisos han tenido una 
utilización inferior al 75 %. Representan un total de 
1 150,1 Mió ECU, de los que 547,9 Mío ECU no se 
han utilizado como se había previsto inicialmente, es 
decir, han sido transferidos, anulados o prorrogados; 2.13. A continuación se decriben las distintas causas de 
la subutilización y se ilustran con ejemplos: 
(a) los retrasos estructurales derivados del carácter poco 
realista de determinados programas y de la lentitud de 
su realización han seguido siendo una causa impor­
tante de subutilización. Esto es especialmente cierto 
en el caso de los créditos de pago. En muchos casos el 
nivel de utilización de los créditos de compromiso, es 
relativamente alto en comparación con el de los 
créditos de pago. Como ejemplo se puede tomar la 
línea presupuestaria 510 (Fondo Europeo de Desa­
rrollo Regional (FEDER) — Acciones comunitarias 
específicas), en la que se han tenido que prorrogar a 
1988 créditos de pago por importe de 71,6 Mió ECU 
por los retrasos en la aprobación de los programas 
correspondientes; 
(b) 62 líneas presupestarias dotadas con más de 5 Mío 
ECU de créditos para pagos han tenido una 
utilización inferior al 75 %. Representan un total de 
3 492,4 Mió ECU, de los que 1971,6 Mío ECU 
tampoco se han utilizado como se había previsto 
inicialmente. 
2.12. Basándose en la información contenida en el 
Volumen I de la Cuenta de Gestión («Análisis de la 
gestión financiera ») y en los datos recogidos durante su 
labor de auditoría, el Tribunal ha intentado identificar las 
principales causas de la subutilización de las líneas 
presupuestarias en cuestión. El resultado se recoge en el 
cuadro 2.9 en el que se indican las cantidades que 
corresponden a cada una de ellas. Cuando hay más de un 
motivo para la subutilización de una línea presupuestaria 
se señala la causa principal. (b) la poca agilidad y en algunos casos la complejidad de 
los procedimientos y mecanismos que regulan el 
acceso de los beneficiarios a los fondos comunitarios 
siguen siendo un motivo de subutilización. Se pueden 
encontrar ejemplos de esta causa de subutilización en 
las actuaciones al amparo del Capítulo 93 (Coopera­
ción con los países en vías de desarrollo de América 
Latina y de Asia) cuyos retrasos en la ejecución se 
deben, como señala la Comisión en su análisis de la 
gestión financiera, a problemas administrativos en los 
países beneficiarios, y también, como pone de relieve 
el Tribunal en los apartados 9.56 a 9.65 del presente 
informe, a importantes deficiencias en los procedi­
mientos creados por la propia Comisión para pagar a 
los beneficiarios. Estos factores provocan retrasos 
considerables en la realización de los proyectos y 
como consecuencia, alrededor de 145,6 Mío ECU de 
créditos de pago han tenido que ser prorrogados a 
1988: 
30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Cuadro 2.8 — Líneas presupuestarías dotadas con más de 5 Mío ECU en las que el nivel de utilización de los créditos para pagos (CPP) 
y/o los créditos para compromisos (CPC) puestos inicialmente a disposición en el ejercicio 1987 (créditos iniciales 
y créditos remanentes o prorrogados de 1986) es inferior al 75 % 
(Mió ECU) 
Sector 
Estructuras 
agrícolas 
Pesca 
Política 
regional 
transportes 
Política 
social 
Investigación, 
energía, etc. puestaria 
0) 
300 
321 
322 
324 
380 
(CND) 
381 
(CND) 
382 
(CND) 
385 
(CND) 
401 
(CND) 
450 
451 
500 
510 
5411 
5412 
5420 
5421 
550 
551 
607 
608 
610 
630 
(CND) 
631 
(CND) 
6330 
(CND) 
634 
(CND) 
7301 
7326 
7342 
7352 
7382 
750 
7702 
7717 Denominación 
FEOGA-Orientación — Proyectos de mejora de estructuras 
contempladas en el artículo 13 del Reglamento 17/64/CEE 
FEOGA-Orientación — Mejora de la infraestructura en determina­
das regiones mediterráneas 
FEOGA-Orientación — Acciones regionalizadas iniciadas antes de 
1985 
FEOGA-Orientación •- Programa especifico de desarrollo de la 
agricultura en Portugal 
Acciones veterinarias puntuales 
Programas de erradicación de las enfermedades de la Comunidad 
Controles en agricultura 
Reestructuración de los sistemas de encuestas agrícolas 
Intervenciones relativas a los productos de la pesca 
Adaptación de las capacidades pesqueras 
Reorientación de las capacidades pesqueras 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional — Intervenciones del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (revisión 1979) 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional — Acciones comunitarias 
específicas 
Acciones comunitarias en el marco de las operaciones integradas 
Acciones experimentales en el marco de las operaciones integradas 
Construcción, instalación y equipamiento de centros para la 
formación profesional 
Construcción, instalación y equipamiento de centros de asistencia 
médica y recuperación médica, profesional y social para los 
minusválidos psíquicos 
Programas mediterráneos — Preparación de los programas integra-
Programas mediterráneos integrados — Aportación adicional 
Financiación de las acciones emprendidas antes del ejercicio 1984 (ex 
Capítulo 60) 
Financiación de las acciones emprendidas antes del ejercicio 1984 (ex 
Capítulo 61) 
Fondo Social Europeo — Acciones específicas 
Acciones en materia de educación 
Cooperación entre la Universidad y la industria y formación en las 
nuevas tecnologías (Comett) 
Programa de intercambio de jóvenes trabajadores 
Acciones en materia de formación y orientación profesionales 
Acciones horizontales — Refuerzo del potencial científico y técnico 
de la Comunidad: la Europa de los investigadores 
Salud y seguridad — Biología y protección sanitaria; protección 
contra las radiaciones 
Tecnologías avanzadas en el campo de las comunicaciones en Europa 
(RACE) 
Técnicas industriales — Investigación tecnológica fundamental y 
aplicaciones de las nuevas tecnologías (Brite) 
Prestaciones de servicios por cuenta de terceros 
Acciones comunitarias en el sector de la información 
Acciones comunitarias para el desarrollo de la informática 
Normalización en el sector de las tecnologías de la información de 
créditos 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC Créditos 
puestos 
inicialmente 
a disposición 
(2) 
6,3 
19,7 
29,6 
171,7 
142,5 
37,8 
103,0 
6,8 
6,0 
12,3 
12,3 
28,7 
20,0 
17,0 
8,4 
27,7 
27,7 
23,2 
40,0 
7,2 
8,5 
442,8 
4,7 
172,1 
162,5 
13,4 
3,3 
6,3 
22,7 
18,9 
18,7 
11,7 
14,0 
9,7 
278,1 
397,8 
267,0 
329,9 
84,4 
157,6 
12,0 
8,6 
13,7 
13,0 
6,3 
4,5 
15,6 
8,8 
23,4 
19,8 
16,9 
15,8 
5,5 
1,4 
32,6 
43,2 
5,9 
4,3 
8,3 
6,9 
8,7 
1,3 
5,7 
6,8 De los que: 
créditos 
inscritos 
mienda del 
Parlamento 
0,1 
2,0 
5,0 
2,1 
2,4 
0,1 
0,1 
1,0 
1,0 
5,0 
6,0 
10,8 
12,0 
1,0 
2,0 Nivel de 
utiliza-
créditos 
17 
96 
34 
62 
49 
61 
22 
12 
13 
0 
53 
31 
77 
33 
25 
63 
63 
37 
22 
51 
18 
68 
21 
53 
79 
49 
36 
29 
8 
34 
8 
51 
87 
70 
37 
47 
3 
19 
62 
62 
51 
97 
_ 3~7 
100 
66 
100 
69 
98 
60 
100 
63 
89 
68 
100 
57 
100 
66 
51 
69 
100 
71 
100 
32 
100 Causas 
principa-
subutili-
zación 
(3) 
(b) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(0(0 
(e) 
(e) 
(e) 
(a) 
(a) 
(e) 
(e) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(e) 
(b) 
(e) 
(e) 
(0-
(e) 
(c) 
(c) 
(0-
(0-
(0-
(d) 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31 
(Continuación) 
S.M, 
Cooperación 
al desarrollo puestaria 
0) 
774 
(CND) 
7750 
7760 
777 
9200 
9201 
9202 
9210 
9211 
923 
924 
925 
(CND) 
9280 
(CND) 
9281 
(CND) 
929 
(CND) 
930 
931 
933 
934 
943 
950 
(CND) 
951 
958 
9601 
9602 
9605 
961 
9630 
9632 
964 
9650 
9651 
990 
(CND) Denominación 
Control de la aplicación de determinadas medidas adoptadas en el 
sector de la siderurgia 
Acciones relativas a la conclusión del mercado interior 
Promoción de las exportaciones de la Comunidad con destino a Japón 
Acciones en favor de la pequeña y mediana empresa 
Ayuda alimentaria en cereales distintos del arroz 
Ayuda alimentaria en arroz 
Ayuda alimentaria complementaria en cereales 
Ayuda alimentaria en leche en polvo 
Ayuda alimentaria en « butter oil» 
Ayuda alimentaria en aceite vegetal/aceite de oliva 
Ayuda alimentaria en otros productos 
Gastos de transporte de las ayudas alimentarias 
Reserva excepcional 
Participación comunitaria en programas de almacenamiento y en 
sistemas de emergencia 
Acciones sustitutivas de las entregas de ayuda alimentaria en el campo 
de la alimentación 
Cooperación financiera y técnica con los países en desarrollo de 
América Latina y de Asia 
Promoción de las relaciones comerciales de los países en desarrollo de 
América Latina y de Asia 
Cooperación con los países en desarrollo de América Latina y de Asia 
en el sector energético 
Acciones y estancias de formación en favor de nacionales de países en 
desarrollo de América Latina y Asia 
Financiación conjunta de la Comunidad en proyectos del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola 
Ayuda a poblaciones de países en desarrollo y de terceros países 
víctimas de catástrofes 
Participación en la financiación de compras de productos alimenta­
rios por los organismos no gubernamentales e internacionales 
Programa especial de lucha contra el hambre en el mundo 
Ayudas preparatorias para la adhesión de Portugal 
Ayuda específica destinada a la mejora de las estructuras agrícolas en 
Portugal 
Ayuda específica destinada a la adaptación de las capacidades en el 
sector de la pesca en España 
Créditos de cooperación financiera con Malta 
Tercer Protocolo financiero con Turquía 
Ayuda especial a Turquía 
Créditos de cooperación financiera con Chipre 
Primeros y segundos Protocolos financieros con los países mediterrá­
neos del sudeste 
Terceros Protocolos financieros con los países mediterráneos del 
sudeste 
Acciones en el marco de Convenios de cooperación económica y 
comercial con terceros países de 
créditos 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC Créditos 
puestos 
inicialmente 
a disposición 
(2) 
26,9 
14,8 
11,2 
9,8 
5,2 
8,0 
6,9 
6,5 
95,9 
79,3 
34,0 
21,8 
59,8 
49,9 
122,9 
85,4 
79,6 
43,3 
33,1 
24,0 
47,0 
30,0 
189,9 
139,1 
45,8 
40,0 
10,0 
10,0 
6,9 
5,4 
288,7 
361,5 
12,8 
15,3 
6,6 
6,6 
5,6 
8,8 
15,0 
20,0 
32,3 
31,2 
6,0 
5,5 
15,1 
27,4 
19,2 
14,5 
3,0 
9,0 
33,8 
12,7 
29,0 
8,1 
5,8 
89,4 
76,7 
3,0 
50,0 
10,9 
8,1 De los que: 
créditos 
inscritos 
mienda del 
Parlamento 
U5 
2,2 
1,7 
2,5 
0,5 
0,5 
14,9 
12,0 
14,5 
11,3 
3,4 
3,4 
40,0 
40,0 
10,0 
10,0 
1,9 
1,9 
44,0 
10,0 
2,0 
6,0 
1,4 
2,0 
2,1 
4,7 
10,0 
20,0 
3,0 
5,5 
3,7 
3,0 
3,0 Nivel de 
utiliza-
créditos 
40 
61 
38 
90 
69 
43 
55 
100 
67 
100 
29 
100 
36 
100 
70 
100 
48 
100 
10 
100 
27 
100 
29 
80 
7 
100 
6 
99 
52 
100 
53 
95 
47 
95 
36 
67 
54 
86 
67 
50 
47 
71 
60 
71 
48 
56 
66 
0 
0 
33 
33 
32 
34 
52 
0 
65 
93 
0 
0 
37 
89 (Mió ECU) 
Causas 
principa-
subutili-
zación 
(3) 
(e) 
(e) 
(e) 
(0(0 
(e) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(e) 
(a) 
(a) 
(a) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(0(0 
(e) 
(e) 
(0(0 
(d) 
(a) 
(a) 
(c) 
(a) 
(e) 
(c) 
(c) 
(a) 
(a) 
(a) 
(c) 
(0-
(') CND = Créditos no disociados. 
(2) Créditos iniciales del Presupuesto más los créditos prorrogados/remanentes a 31 de diciembre de 1986. 
(3) Indica la causa (según se describe en el apartado 2.13 y en el cuadro 2.9) principal de subutilización de los créditos en la línea presupuestaria en cuestión. 
32 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Cuadro 2.9 — Análisis de las principales causas de la subutilización de créditos para compromisos y para pagos en 1987 
(Mió ECU) 
Causas de 
subutilización 
(a) Retrasos estructurales provocados por el 
carácter poco realista de algunos programas 
y la lentitud de su realización 
(b) Poca agilidad y, a veces, carácter complejo 
de los procedimientos y mecanismos de 
acceso del beneficiario a los fondos comuni­
tarios 
(c) Ausencia de base legal 
(d) Problemas derivados de la liquidación de 
acciones terminadas, comienzo de nuevos 
programas o aplicación de nuevos reglamen­
tos 
(e) Carácter poco satisfactorio, en algunos 
casos, de la gestión que pueden realizar los 
servicios de la Comisión 
(f) Diversas o no identificadas 
Total Tipo de 
crédito 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC Número de 
líneas 
presupuestarias 
22 
11 
6 
1 
4 
2 
8 
3 
13 
4 
9 
4 
62 
25 Créditos puestos 
inicialmente 
a disposición 
1 410,6 
742,7 
333,7 
6,6 
65,3 
79,0 
1 175,3 
206,1 
420,5 
86,0 
90,2 
39,5 
3 495,6 
1 159,9 Créditos 
no utilizados 
737,3 
325,7 
161,8 
38,9 
69,0 
730,7 
98,0 
261,7 
31,0 
38,4 
21,4 
1 968,8 
545,1 
(c) en varios casos la inexistencia de una base jurídica o 
que se aprobara tarde ha sido el principal motivo del 
bajo nivel de utilización. El Anexo 1 del Volumen I de 
la cuenta de gestión recoge los casos de subutilización 
ocasionados, según la Comisión, por la ausencia de 
una base jurídica. El Tribunal ha hallado un cierto 
número de casos que, correspondiendo a esta 
categoría, no aparecen en el anexo de la Comisión. El 
caso de la partida presupuestaria 9651 (Terceros 
Protocolos Financieros con los Países Mediterráneos 
del Sudeste) es significativo a este respecto. No se han 
utilizado 50 Mió ECU de créditos de compromiso y 
3,0 Mió ECU de créditos de pago porque los 
protocolos no se firmaron hasta el 21 de diciembre de 
1987; 
(d) los problemas relacionados de la liquidación de 
acciones terminadas, el comienzo de programas 
nuevos o la aplicación de nuevos reglamentos han 
sido una causa de subutilización. Un ejemplo puede 
ser la liquidación del antiguo Fondo Social donde los 
compromisos pendientes no dieron lugar a pagos 
debido a la reducción de las cantidades adeudadas a 
proyectos terminados. De los créditos de pago 
iniciales de las partidas 607 y 608, que ascendían 
respectivamente a 194,3 y 280,0 Mío ECU, sólo se 
emplearon respectivamente 8,2 y 61,5 Mió ECU. 
Debido a ello, dentro del mismo capítulo se efectua­ron transferencias desde ambas partidas, de 185,0 y 
215,6 Mió ECU respectivamente, a otras correspon­
dientes al nuevo Fondo Social (reglamentos de 1984); 
(e) el carácter poco satisfactorio, en algunos casos, de la 
gestión que puede realizar la Comisión ha sido otra 
causa importante de la infrautilización de los 
créditos. El Tribunal ha observado que la Comisión 
ha anulado 10,3 Mió ECU de créditos del artículo 401 
(Intervenciones relativas a los productos de la pesca) 
cuando aún no se habían contabilizado gastos 
imputables a los dos últimos meses del ejercicio 1987. 
Del mismo modo, la Comisión ha anulado créditos 
por un total de 10,5 Mió ECU en los títulos 1 y 2 de la 
Parte B del Presupuesto General. Esta situación, 
provocada por la aplicación incorrecta del Reglamen­
to (CEE) n° 3183/87 de 19 de octubre de 1987 (9), por 
el que se fijaban las normas especiales de financiación 
de la Política Agrícola Común (PAC), ha llevado a 
imputación presupuestaria en 1988 de gastos cuya 
prórroga sólo se podría haber justificado si se 
hubieran agotado los créditos disponibles en 1987. En 
la Sección Garantía del FEOGA, de un total de 
créditos anulados de 20,8 Mió ECU, 18,5 lo fueron 
porque los Estados miembros tenían aún liquidez 
cuando entraron en vigor las nuevas normas de 
financiación del FEOGA-Garantía en noviembre de 
1987. Otro ejemplo de gestión inadecuada podrían ser 
también los créditos no disociados comprometidos 
demasiado tarde para que se pudieran efectuar en el 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 33 
año los pagos correspondientes. En el artículo 382 
(Controles en agricultura), el grueso de los compro­
misos, 15,4 Mió ECU, se efectuó en el mes de 
diciembre de 1987, lo que ha obligado a prorrogar al 
ejercicio 1988 créditos para pagos por valor de 
14,2 Mió ECU; 
(f) en algunos casos la infrautilización de los créditos se 
debe a causas muy diversas o no identificadas. al menos en parte, no parecen necesarias. Dos de estos 
casos suponen en total 46,6 Mió ECU de créditos para 
compromisos, de los que 29,9 Mió ECU no se han 
utilizado, mientras que otros siete casos representan en 
total 142,3 Mió ECU de créditos para pagos, de los que 
61,3 Mió ECU no se han utilizado. La nueva acción 
prevista en la partida 4702 (Modernización y desarrollo) 
es un claro ejemplo: en 1987 no se han utilizado créditos 
de pago por valor de 9,5 Mío ECU (3,3 Mío ECU 
incluidos por una emnienda del Parlamento y 6,2 Mió 
ECU procedentes de transferencias). 
2.14. En buena parte de las partidas presupuestarias 
enumeradas en el cuadro 2.8, como consecuencia de las 
transferencias, el importe de los créditos definitivos 
disponibles en 1987 ha sido inferior al importe inicial. Sin 
embargo, el Tribunal ha identificado varios casos más 
(véase cuadro 2.10) en que los créditos definitivos eran 
mayores que los iniciales y donde la utilización de los 
importes definitivos de esos créditos, que sobrepasaban 
los 5 Mió ECU, ha sido inferior al 75 %. Esta situación se 
ha debido generalmente a transferencias de créditos que, Régimen de los doceavos provisionales 
2.15. Como se ha indicado en el apartado 1.1, la gestión 
del ejercicio 1987 se ha caracterizado por haberse 
aplicado el régimen de los doceavos provisionales. Sin 
Cuadro 2.10 — Líneas presupuestarias dotadas con más de 5 Mió ECU en los que el nivel 
de utilización de los créditos para pagos (CPP) y/o de los créditos para 
compromisos (CPC) definitivos del ejercicio 1987 es inferior al 75 % 
(Mió ECU) 
Línea 
presu­
puestaria 
0) 
420 
(CND) 
4702 
632 
(CND) 
6609 
7325 
7330 
778 
(CND) Denominación 
Gastos vinculados a los Acuerdos en 
materia de derechos de pesca 
Modernización y desarrollo 
Cooperación entre universidades eu­
ropeas y movilidad de estudiantes y 
profesores (Erasmus) 
Acción comunitaria para la protec­
ción de los bosques contra los incen­
dios y la lluvia acida 
Salud y seguridad — Investigación 
médica 
Investigaciones vinculadas al desa­
rrollo — La ciencia y la técnica al 
servicio del desarrollo 
Estudios relativos al sector industrial 
y al mercado interior Tipo 
de 
créditos 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC 
CPP 
CPC Créditos 
puestos 
inicial-
mente 
a disposi­
ción 
(2) 
(1) 
64,2 
44,1 
3,3 
47,3 
1,2 
1,2 
2,0 
3,5 
2,6 
1,1 
11,4 
1,9 
2,3 
2,0 De los 
que: 
créditos 
inscritos 
por 
enmienda 
del 
Parla­
mento 
(2) 
3,3 
47,3 
0,3 
0,3 Trans­
ferencias, 
etc. 
(3) 
11,0 
11,0 
6,2 
51,2 
24,2 
24,2 
3,5 
5,5 
5,0 
15,0 
2,5 
19,3 
2,9 
2,9 Créditos 
defini­
tivos 
(4) = (l) + (3) 
75,2 
55,1 
9,5 
98,5 
25,4 
25,4 
5,5 
9,0 
7,6 
16,1 
13,9 
21,2 
5,2 
4,9 Importes 
no 
utiliza­
dos 
(5) 
20,8 
0 
9,5 
15,2 
14,2 
4,3 
3,2 
4,9 
15,7 
3,4 Nivel de 
utilización 
de los 
créditos 
defini­
tivos 
(6) 
72 
100 
0 
96 
40 
44 
21 
90 
58 
76 
65 
25 
35 
100 
(') CND = créditos no disociados. 
(2) Créditos iniciales del Presupuesto y créditos prorrogados/remanentes a 31 de diciembre de 1986. 
34 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
embargo, en su análisis de la gestión financiera, la 
Comisión no ha dado cuenta ni de las limitaciones que le 
ha impuesto este régimen ni de cómo se ha adaptado a 
ellas. El Tribunal de Cuentas ya subrayó (10) que la 
naturaleza de este régimen impone una interpretación 
restrictiva de la normativa y que las imprecisiones o 
lagunas que caracterizan a la reglamentación de los 
doceavos provisionales deben ser aclaradas y subsanadas 
en la revisión del Reglamento Financiero. 
2.16. Sin entrar en la naturaleza de estas imprecisiones o 
lagunas administrativas, ni en la diversidad de prácticas 
que las instituciones han desarrollado para intentar 
remediarlas, el Tribunal considera que, en el campo del 
FEOGA, Sección Garantía, la Comisión no ha seguido el 
imperativo de gestión rigurosa y previsora que impone el 
régimen de los doceavos provisionales. En particular, 
desde el segundo mes del ejercicio, los fondos puestos a 
disposición de los Estados miembros en concepto de 
anticipos del FEOGA-Garantía han excedido en 
1 321,7 Mió ECU los límites impuestos por el régimen de 
los doceavos. Ello ha llevado a la Comisión a tener que 
recurrir más rápidamente a los recursos propios normal­
mente puestos a su disposición a razón de un doceavo 
cada mes. 
RESPETO DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO 
2.17. Además de las que figuran en los apartados 2.15 
y 2.16 del presente informe, en los apartados siguientes se 
detallan, sin pretensiones de exhaustividad, las principa­
les infracciones del Reglamento Financiero observadas 
por el Tribunal en 1987. 
Observaciones de la auditoría sobre las 
retribuciones del Consejo, Tribunal de Justicia 
y Comité Económico y Social 
2.18. La auditoría efectuada por el Tribunal de Cuentas 
de las retribuciones pagadas por el Consejo, el Tribunal 
de Justicia y el Comité Económico y Social (CES) (véanse 
apartados 10.4 a 10.23) lleva a formular observaciones 
sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento 
Financiero en estas tres instituciones. 
Controles realizados por el interventor 
2.19. Como consecuencia de una observación formula­
da por el Tribunal en su Informe Anual del ejercicio 1982 (H), el interventor del Consejo ha mejorado, 
utilizando los expedientes personales u otros documentos 
justificativos, la verificación de los derechos determina­
dos por el servicio « Gestión » y comunicados al servicio 
« Retribuciones » por medio de notas o de fichas para su 
introducción en la aplicación «Retribución». 
2.20. La situación, a pesar de esta mejora, no puede 
considerarse como enteramente satisfactoria. Por ejem­
plo, el interventor no interviene, visando los nombra­
mientos, en el procedimiento de contratación del personal 
con el fin de comprobar, como dispone el artículo 34 del 
Reglamento Financiero, la disponibilidad de los créditos 
y de los puestos que deben cubrirse así como la corrección 
de las clasificaciones propuestas. 
2.21. En el Consejo, el ordenador no prepara la 
propuesta de compromiso, ni siquiera provisional, 
prevista en el artículo 32 del Reglamento Financiero, de 
ninguno de los gastos que componen la remuneración. 
Esta práctica no sólo es contraria al Reglamento 
Financiero, sino que además impide, tanto que el 
interventor efectúe los controles previstos en los compro­
misos de gastos y las órdenes de pago como que el 
contable realice los registros previstos en los artículos 29 y 
30 de las normas de aplicación del Reglamento Financie­
ro O2). 
2.22. Por otra parte, en el momento del pago de las 
retribuciones, a pesar de que el artículo 43 del Reglamen­
to Financiero exige que se compruebe la exactitud de los 
importes que deben abonarse, el interventor del Consejo: 
(a) visa las órdenes de pago anejas a las nóminas sin 
realizar un control basado en los expedientes 
personales y se limita a dejar constancia de la 
disponibilidad de los créditos; considera que la 
conciliación mensual del total con el del mes anterior 
llevada a cabo por el servicio «Retribuciones» 
constituye una base suficiente para conceder su 
visado; 
(b) no realiza controles en los datos introducidos en la 
aplicación « Retribución » ni en los que figuran en los 
ficheros, ni de las correcciones que se producen como 
consecuencia de las conciliaciones periódicas entre los 
distintos ficheros de «Gestión» y «Retribución»; 
(c) a lo -largo del año no efectúa controles selectivos de 
elementos de la remuneración. 
2.23. El interventor del Tribunal de Justicia no realiza 
controles basados en los expedientes personales cuando 
visa las órdenes de pago anejas a las nóminas. Además de 
ello, tampoco a lo largo del año efectúa controles 
selectivos de elementos de las retribuciones. Al igual que 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 35 
en el caso del Consejo, el Tribunal considera que estos 
controles son indispensables para cumplir plenamente las 
obligaciones fijadas por el artículo 43 del Reglamento 
Financiero. 
2.24. El Tribunal de Justicia no ha utilizado la 
posibilidad, prevista en el artículo 19 del Reglamento 
Financiero, de que su interventor sea asistido por un 
interventor ayudante. Esta situación provoca que en caso 
de ausencia el interventor delegue en una persona que no 
está habilitada. 
2.25. El interventor del CES no visa ninguna decisión de 
la Autoridad Investida del Poder de Nombramiento y no 
interviene, visando los nombramientos, en el procedi­
miento de contratación para verificar, como dispone el 
artículo 34 del Reglamento Financiero, la disponibilidad 
de los créditos, de los puestos de trabajo y la clasificación 
otorgada. Por otra parte, visa las órdenes de pago anejas a 
las nóminas sin realizar controles basados en los 
expedientes personales, no realiza controles de los datos 
introducidos en la aplicación «Retribución», ni de los 
que figuran en los ficheros y a lo largo del año no realiza 
controles selectivos de elementos de las retribuciones, lo 
que, en opinión del Tribunal, es insuficiente respecto a las 
obligaciones que le impone el artículo 43 del Reglamento 
Financiero. 
2.26. El interventor del CES debe visar la nómina 
general y las «Fichas personales» que recogen la 
situación estatutaria de los agentes, y las de «Situación 
pecuniaria» que reflejan la concesión, supresión y 
modificación de los derechos financieros. Pero a las 
«fichas individuales» y los impresos de «Situación 
pecuniaria» cuando se envían para ser visadas no se les 
adjunta los documentos justificativos; y la nómina 
tampoco va con las decisiones de contratación y 
nombramiento. De este modo, se conceden los visados sin 
que se haya podido efectuar un control real. 
Separación de funciones 
2.27. En el Consejo, el Jefe de la División de la que 
forma parte el departamento de contabilidad tiene 
funciones de ordenador y el responsable de la unidad 
«Retribuciones, informática...» es el contable ayudante. 
Esta situación contraviene el principio de separación de 
funciones recogido en el artículo 17 del Reglamento 
Financiero. 
2.28. Ya en su Informe Anual del ejercicio 1986 (13), el 
Tribunal señalaba que en el CES los ordenadores de 
pagos disponen de firma reconocida en las cuentas 
bancarias, lo que no es conforme al principio de separación de funciones. El 31 de mayo de 1988, el 
número de ordenadores del CES con firma reconocida en 
las cuentas bancarias era de cinco. 
2.29. El Tribunal también ha observado que dos 
ordenadores del Consejo y otros dos del Tribunal de 
Justicia tienen la firma reconocida en las cuentas 
bancarias. 
Ausencia de normas internas de ejecución 
del Presupuesto 
2.30. El artículo 4 del Reglamento de la Comisión de 
aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento 
Financiero impone a cada una de las instituciones la 
obligación de adoptar disposiciones internas destinadas a 
todos los servicios que intervienen en la gestión presu­
puestaria para fijar las normas esenciales del reparto de 
competencias entre los ordenadores y los gestores en la 
elaboración de los estados de gastos y de ingresos. Al 31 
de mayo de 1988 ni el Consejo ni el CES habían preparado 
este documento. 
Procedimientos aplicables a los compromisos 
y a los pagos 
Parlamento 
2.31. En 1987 la instancia superior del Parlamento 
decidió hacer caso omiso de 21 denegaciones de visado de 
un gasto total de 10,5 Mió ECU (Gastos de funciona­
miento — Título 2 del Presupuesto). Del análisis de las 
irregularidades detectadas por el interventor se desprende 
que las denegaciones de visado se debieron esencialmente 
al no respeto del artículo 32 del Reglamento Financiero 
en cuanto al compromiso de los gastos y del principio 
fundamental de anualidad del Presupuesto. Los gastos en 
cuestión se refieren a aspectos corrientes de la gestión 
administrativa del Parlamento como pago de honorarios, 
gastos de organización de reuniones, de teléfono, etc. 
Otros casos, más importantes desde el punto de vista 
financiero, están relacionados con la realización de obras 
de acondicionamiento de locales y el alquiler de un 
almacén en Bélgica. 
2.32. En sus decisiones de no tener en cuenta la 
denegación de visado, la autoridad superior del Parla­
mento, a pesar de renocer la validez de las observaciones 
del interventor, hizo valer fundamentalmente la utilidad 
de los gastos efectuados, que respondían a criterios de 
economía y, en definitiva, el hecho de que el Parlamento 
estaba de todos modos obligado a respetar obligaciones 
financieras contraídas con terceros. 
36 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
2.33. El Tribunal invita a la administración del 
Parlamento a que examine concienzudamente las razones 
que han permitido que en los dos últimos ejercicios se 
produzcan infracciones de este tipo y a tomar las medidas 
que sean necesarias. 
Consejo 
2.34. En lo que se refiere a partidas de gastos no de 
remuneraciones, el Tribunal ha observado que en 18 
casos, que suman 2,6 Mió ECU, las propuestas de 
compromiso han sido preparadas por los ordenadores y 
visadas por el interventor con posterioridad al pago, 
infringiendo el artículo 32 del Reglamento Financiero. 
Comisión 
2.35. El análisis de los gastos realizados dentro del 
Título 9 del Presupuesto ha permitido detectar un 
determinado número de deficiencias, especialmente: 
(a) seis errores de imputación (3 Mió ECU) en órdenes de 
pago de ayuda alimentaria de un importe total de 50,4 
mió ECU; 
(b) 23 pagos, por un total de 35,8 Mió ECU, imputados 
al artículo 930 del Presupuesto, correspondientes a un 
convenio de financiación que estaba previsto que 
finalizase al final del ejercicio de 1986; 
(c) tres pagos, por 0,3 Mió ECU, efectuados a favor de 
organizaciones no gubernamentales sin que la 
Comisión contara con el informe final exigido en este 
caso por las condiciones generales. 
Comité Económico y Social 
2.36. Como señaló el Tribunal en su Informe Anual 
relativo al ejercicio 1986 (14), el contable del CES lleva 
sólo la contabilidad de los pagos y de las operaciones 
extrapresupuestarias, dejando todo el registro de los 
compromisos a cargo del Interventor. Esto es contrario al 
artículo 29 de las normas de aplicación del Reglamento 
Financiero, que estipula que el registro de las propuestas 
de compromisos será hecho por los servicios contables de 
la institución, y al artículo 30, según el cual la 
contabilidad estará organizada de forma que el interven­tor pueda verificar la exactitud del registro de los 
compromisos y los pagos. 
2.37. El examen realizado por el Tribunal sobre una 
muestra que representa aproximadamente, en valor, el 
66 % de los gastos del Título 2 del Presupuesto del CES, 
ha mostrado que en 36 casos (0,6 Mió ECU) los 
compromisos de los gastos fueron efectuados después de 
haber recibido la factura del proveedor y/o después de 
realizados los servicios solicitados. Esta práctica supone 
una violación de lo dispuesto en el Reglamento Financie­
ro, especialmente del artículo 32, que exige que antes de 
toda actuación susceptible de producir un gasto se deberá 
formalizar una propuesta de compromiso. 
Imputación presupuestaria 
2.38. A finales de 1987 la Comisión descubrió que 
46,7 Mío ECU de pagos en exceso habían sido imputados 
a gastos de ayuda alimentaria. Los correspondientes a la 
reserva de urgencia (partida B 9280) se habían imputado 
en su mayor parte a los créditos prorrogados de 1986. En 
el período complementario el ordenador de pagos ha 
vuelto a imputar la corrección a los gastos del ejercicio. 
Como éstos fueron poco utilizados en 1987, el ajuste de 
3,9 Mió ECU se tradujo en la cuenta de gestión de 1987 en 
un gasto neto negativo de 2,6 Mió ECU. La corrección se 
debería haber hecho en la misma dotación presupuestaria 
del error inicial, tanto más cuanto que en los principios 
presupuestarios recogidos en el Reglamento Financiero 
no existe la noción de gasto negativo; además, este 
procedimiento ha provocado una prórroga de créditos al 
final de 1987 por valor de 44,0 Mió ECU, cuando las 
autorizaciones presupuestarias ascendían sólo a 41,4 Mió 
ECU. 
Documentos justificativos 
2.39. El examen llevado a cabo por el Tribunal ha 
detectado los siguiente problemas referidos a los docu­
mentos justificativos de las operaciones de gastos 
presupuestarios del ejercicio 1987: 
(a) numerosos documentos justificativos se enviaron 
tarde al Tribunal; algunos documentos del cuarto 
trimestre de 1987 no se recibieron hasta principios de 
junio de 1988, es decir, demasiado tarde para poder 
realizar un examen respetando la fecha tope del 15 de 
julio fijada en el artículo 83 del Reglamento 
Financiero. Esto ocurrió, por ejemplo con los 
documentos justificativos del período complementa­
rio de la ayuda alimentaria; 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 37 
(b) en varias ocasiones han faltado documentos justifica­
tivos o no han sido suficientes. Por ejemplo, en los 
presentados al Tribunal no siempre se han indicado si 
los «pagos negativos» registrados en los capítulos 92 
y 93 corresponden únicamente a una regularización 
contable o si representan ingresos reales en efectivo 
(recuperación de entregas a cuenta, por ejemplo). 
Concretamente, en los documentos justificativos 
enviados al Tribunal no se reflejan los motivos de las 
anulaciones de cuatro órdenes de pago por un valor 
total de 2,2 Mió ECU en el Capítulo 92 y de otras 
cuatro por un valor total de 0,9 Mió ECU en el 
Capítulo 93. 
RECUPERACIÓN DE ENTREGAS A 
CUENTA CORRESPONDIENTES 
A GASTOS OPERATIVOS 
2.40. Una gran parte de los gastos que figuran en las 
cuentas anuales está formada por entregas a cuenta que 
representan un determinado porcentaje (que oscila entre 
el 40 % y el 90 %) de la contribución prevista de la 
Comunidad al coste total de un proyecto o de un 
programa concreto. Esto es válido en una proporción 
importante de los gastos efectuados en concepto de 
fondos estructurales en los sectores de energía, investiga­
ción y nuevas tecnologías y en concepto de cooperación 
con los países en vías de desarrollo (títulos B3 a B7 y B9 
del Presupuesto). Estos gastos no se hacen definitivos hasta que la Comisión se ha asegurado de que el 
beneficiario ha utilizado correctamente y conforme a los 
fines previstos la totalidad del importe estimado inicial-
mente y que ha cumplido todas las condiciones exigidas. 
Si el beneficiario no puede proporcionar a la Comisión 
pruebas de esta utilización, por ejemplo, si se suprimen o 
interrumpen proyectos, ésta tiene derecho a recuperar la 
entrega a cuenta, en su totalidad o en parte, según las 
circunstancias. En el cuadro 2.11 se indican los importes 
de las recuperaciones de entregas a cuenta de 1987. 
Procedimientos de identificación de las 
recuperaciones y de contabilización 
de las entregas a cuenta 
2.41. Durante el año 1987, la Comisión ha aprobado 
normas internas para el cobro de determinadas deudas, 
incluyendo las originadas por la recuperación de entregas 
a cuenta. Estas normas refuerzan el principio según el 
cual el ordenador de cada línea presupuestaria tiene la 
responsabilidad de emitir una orden de ingreso por cada 
medida que engendre, constate o modifique una cuenta 
acreedora a un título de crédito y definen igualmente los 
procedimientos que deben seguirse a continuación. Sin 
embargo, estas normas no proporcionan ninguna orien­
tación a los ordenadores sobre qué deben hacer para 
identificar con rapidez las entregas a cuenta que hay que 
recuperar, en concreto, mediante un examen regular y 
sistemático de los compromisos pendientes de liquida­
ción. Pero sobre todo, con su sistema contable actual, la 
Cuadro 2.11 — Recuperaciones de entregas a cuenta en 1987 
(Mío ECU) 
Sector de gasto 
FEOGA-Orientación: 
Medidas directas 
Medidas indirectas 
Pesca 
Fondo Regional 
Fondo Social 
Medidas sociales 
Energía 
Investigación (acción indirecta) 
Innovación, industria, etc. 
Ayuda alimentaria 
Cooperación con los PVD Líneas 
presu­
puesta­
rias 
B30 
B33 
B 42-46 
B 50-51 
B 60-61 
B 63-67 
B 70-71 
B73 
B75&77 
B92 
B 93-99 Órdenes 
de 
ingreso 
emitidas 
en 1987 
1,7 
169,4 
5,9 
1,8 
Total Cantidades recuperadas en 1987 
Inscritas en: 
cuentas de 
ingresos 
— 
— 
— 
111,9 
3,3 
115,2 cuentas de 
reutilización 
0,1 
0,2 
_ 
1,2 
2,7 
2,2 
1,5 
0,9 
4,9 
13,7 Deducidas 
de los 
gastos 
1,0 
±50,0 
±51,0 Total 
0,1 
1,0 
0,2 
±50,0 
111,9 
1,2 
6,0 
2,2 
1,5 
0,9 
4,9 
± 179,9 
38 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Comisión no diferencia los pagos por su naturaleza 
jurídica (pagos definitivos, entregas a cuenta, entregas a 
cuenta saldadas y pagos provisionales e intermedios a 
personas diferentes del beneficiario final). Es por lo tanto 
imposible evaluar la cantidad total representada por los 
pagos no definitivos, todo lo que se sabe de ellos es que 
representan una parte importante de los gastos operativos 
(véase apartado 2.40). Tampoco es posible identificar las 
operaciones que tienen financiación no definitiva y que 
deberían ser seguidas sistemáticamente por la Comisión. 
2.42. La insuficiencia de las normas en vigor descrita en 
el apartado anterior puede ilustrarse con el siguiente caso 
observado por el Tribunal. Un proyecto financiado con la 
dotación del artículo 941 del Presupuesto tuvo que 
interrumpirse súbitamente a petición de las autoridades 
del país en vías de desarrollo en cuestión. Aunque se había 
realizado y registrado como gasto presupuestario una 
entrega a cuenta de 240 000 ECU, seis meses después de la 
interrupción del proyecto el ordenador no estaba en 
condiciones de comunicar qué proporción del pago a 
cuenta había sido utilizada. Tampoco se había preparado 
ninguna orden de ingreso, ni siquiera provisional, que 
permitiera el seguimiento contable del expediente. 
2.43. Además, a pesar de la preocupación manifestada 
por el interventor en su Decimotercer Informe sobre la 
recuperación de los créditos (15) y los continuos llama­
mientos del servicio de la Comisión responsable de las 
recuperaciones (DG XIX), persiste el problema de las 
cantidades pagadas a la Comisión de las que no existe una 
orden de ingreso. Ingresos por valor aproximado de 
10,1 Mió ECU (de los que 2,7 Mío ECU se recibieron en 
1986), estaban a la espera de ser registrados en cuentas de 
ingresos porque no correspondían a ninguna orden de 
ingreso, y así figuraban en el balance consolidado a 31 de 
diciembre de 1987 (27,0 Mió ECU a 31 de diciembre de 
1986). Este problema es especialmente grave en el Fondo 
Social, debido aparentemente a las dificultades para 
tramitar el creciente volumen de devoluciones. 
Utilización de las entregas a cuenta 
recuperadas para la financiación 
de nuevos gastos 
2.44. El artículo 3 del Reglamento Financiero enuncia 
el principio según el cual los ingresos y los gastos «se 
inscribirán por su importe íntegro en el Presupuesto y en 
las cuentas sin compensación entre ellos ». No obstante, el 
artículo 22 permite, como derogación del artículo 3, que 
determinados ingresos puedan deducirse de los gastos o se 
«utilicen nuevamente» para financiar otros pagos en el 
mismo sector de gastos. Por otra parte, el apartado 6 del 
artículo 6 dispone que los créditos del FEOGA-
Orientación podrán ser utilizados excepcionalmente para 
financiar proyectos para los cuales inicialmente no hubiesen sido comprometidos, en las condiciones previs­
tas en el Reglamento (CEE) n° 3171/75 del Consejo, de 3 
de diciembre de 1975 (16). Esta disposición se ha aplicado 
por analogía a reglamentos posteriores del FEOGA-
Orientación. Aunque el Reglamento Financiero no las 
recoja, el Reglamento (CEE) 1787/84 del Consejo, de 19 
de junio de 1984, relativo al FEDER (17) establece 
disposiciones semejantes. 
2.45. La Comisión no aplica de modo homogéneo las 
disposiciones relativas a la nueva utilización. Por 
ejemplo, cantidades importantes procedentes de entregas 
a cuenta del Fondo Social recuperadas en los últimos 
años, se han tratado como ingresos presupuestarios, no 
recurriendo a la reutilización. Como consecuencia de esto 
cantidades importantes de créditos no se han utilizado 
finalmente como habían dispuesto las autoridades 
presupuestarias. En el campo de la investigación, la 
reutilización ha sido la regla general, mientras que en el 
campo de la energía antes de 1987 no se había hecho 
nunca. 
2.46. La Comisión aún no ha fijado criterios para la 
reutilización de las entregas a cuenta recuperadas. Estos 
criterios, que deberían figurar en el Reglamento Financie­
ro, deberían, en particular, indicar con claridad si las 
entregas a cuenta completamente justificadas teniendo en 
cuenta las circunstancias conocidas y que, años más 
tarde, se vuelven completa o parcialmente recuperables 
son verdaderamente « sumas indebidamente pagadas » en 
el sentido del artículo 22 del Reglamento Financiero. 
Presentación en las cuentas anuales de las 
devoluciones de entregas a cuenta y de su 
«reutilización» para financiar nuevos gastos 
2.47. Las devoluciones hechas efectivas a la Comisión y 
que no van a ser reutilizadas se abonan directamente en 
las cuentas presupuestarias de ingresos diversos. Estas 
cuentas se presentan independientemente de las cuentas 
de los gastos presupuestarios pero no están desglosadas 
por sectores de gastos. En 1987 se han contabilizado de 
este modo 115,2 Mió ECU (véase cuadro 2.11). 
2.48. Cuando las recuperaciones van a ser reutilizadas, 
los ingresos se imputan a una cuenta especial extrapresu-
puestaria(13,7 Mió ECU en 1987). La Comisión presenta 
un cuadro que muestra el grado de reutilización de los 
ingresos durante el año como Anexo al Volumen II de las 
cuentas anuales. Cuando los nuevos compromisos y 
pagos se imputan, para que los fondos que corresponden 
a las cantidades recibidas puedan ser reutilizados, se 
registran separadamente de las operaciones presupuesta­
rias normales, y no aparecen en los cuadros del Volumen 
II de las cuentas de gestión que ofrecen el gasto 
12 12 88 Lóiario Oficial de las Comunidades Luropeas 39 
presupuestariototal. ^i las cantidades de^ueltasnose 
reutilizan dentro de los dos ejercicios siguientes^ se 
transfierenaunacuentadeingresosyaparecencomo 
tales en las cuentas anuales 
2.^9. ^n sectores de gastos como el PL^tOL^ y las 
acciones indirectas del FLC^CiA^rientacióniasrecupe^ 
raciones de entregasacuentacorrespondientesaalgunos 
proyectos se efectúan deduciéndolas de las entregas de 
otros proyectos ^alrededor de ^pO^iior^CC^ en 1987^. 
Lstas recuperaciones se deducen de los gastos y se 
registran como^pagosnegati^os^en las subcuentas de 
gastos presupuestarios^ lo que reduce sus importes y 
conducen denecno^ a liberar créditosparapagos que 
sirven parafinanciarotros proyectos.Lascuentasanuales 
de gastos presupuestarios reflejan únicamente los impera 
tes netos registrados^ con lo que se subvaloran los gastos 
totales del año. Ademase no existe un control contable de 
los importesarecuperarmediantededucción de los pagos 
futuros. 
^^^^^^^^^^^^^^e^ 
2B^tP Urna ^ez que el ordenador ha preparado las 
órdenes de ingresoylas ha registrado en la contabilidad^ 
la responsable de que las recuperaciones se efectúen en un 
plazo predeterminado es una sección de la Dól^l^ que 
trababa en estrecho contacto con los servicios de los 
ordenadores de pagóse cuando los plazos no se cumplen^ 
especialmente cuando se estudia la posibilidad de 
emprender acciones legales. 
2sól. Aun reconociendo el carácter complejo de la 
recuperación de títulos de créditos hay motivos para 
pensar que el sistema en su conjunto no funciona todavía 
de manera totalmente satisfactorias como muestran los 
siguientes e^emplos^ 
^ las órdenes de ingreso pendientes el^lde diciembre 
de 1987^ correspondientes a recuperaciones de 
cantidades entregadas por el Pondo social 
^139^^iioPC^ incluían una parte importantes 
30^que había cencido hacía más de!2 mésese 
centre las órdenes de ingreso pendientes el 31 de 
diciembre de 1987 en el sector del PLCoCiA^Coríenta 
ción Pléó casospor un totalde alrededor 2^7^iío 
LC^ había ^ casos que sumaban alrededor de 
0^9 ^ioPCC^ que pueden considerasecomoirrecupeD 
rabies. Pn uno de estos casóse que representa 188 (^90 
LC^eldeudorestáenliquidacióny lacantidad 
adeudadaala Comisión no ha sido reconocida por el 
administrador judicial debidoaque la declaración de 
créditodelaComisión llegó demasiado tarde. Pn 
otros dos casóse que suman 709 000 PCLu la Comisión aún emitía órdenes de ingreso cuando el 
deudor estaba en liquidación. Pn uno de estos casóse 
laordendeingresose preparó en 198éó aunque el 
deudor llegaba en liquidación desdel978. 
ó9^e^^^^^ 
2.^2. Las recuperaciones de entregasacuentasonun 
elemento importantede la gestión que la Comisiónrealiza 
de las contribuciones a los proyectos y programas 
plurianuales. Cuanto más rigurosa sea la Comisión en el 
seguimiento de los compromisos pendientes de liquidad 
ción y de las entregas a cuenta correspondientes^ las 
recuperacionesseránmayoresennúmeroy^alor^comose 
ha demostrado en el Pondo Social en los últimos 
ejercicios. 
2BÓ3. PlLribunale^hortaalaComisiónaqueadaptesu 
sistemayprocedimientoscontables para que le permitan^ 
^ clasificar inmediatamente las entregas efectuadas 
según su naturaleza^urídica de modo que entodo 
momentos individual y globalmente^ sea posible 
distinguir los pagos definitivos de los que no lo son^ 
^identificar rápidamente las entregasacuentarecupe 
rablesyemitiryregistrarinmediatamente las órdenes 
de ingresos 
^ reutilizar los importes recuperados para financiar 
nueras operaciones en el mismo sector de gastos 
siguiendo criterios claramente definidos^ 
^presentar en las cuentas anuales todos los importes 
recuperadosysuutilizaciónpara financiar nuevos 
gastos de modo que se recodan exactamente los 
ingresos^ los créditos reconstituidos y los gastos 
totales^ 
^ realizar las recuperaciones en los plazos pre^istos^ 
t^D accederala información necesaria sobre los deudores 
cuya situación financiera sea precaria 
2BÓ^. PILribunal desea subrayar que la recomendación 
quehaceenel apartado2.éó3^delpresenteinforme 
confirma su Dictamen ^^ de 27 de mayo de!981 sobre 
una propuesta de la Comisión de modificación del 
reglamento Pinanciero. Pa propuesta posteriormente 
40 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
modificada y presentada en 1984 (19), no recoge el punto 
de vista del Tribunal a este respecto y el Consejo aún no se 
ha pronunciado sobre ella. El Tribunal subraya, por otra 
parte, que esta recomendación podría ponerse en práctica 
sin necesidad de modificar el Reglamento Financiero 
adoptando, por analogía, la presentación habitualmente 
utilizada en las cuentas de gastos presupuestarios para 
identificar los créditos de compromiso que quedan 
disponibles por anulación de compromisos de ejercicios 
anteriores. 
CONTABILIDAD GENERAL Y BALANCE 
FINANCIERO DE LAS COMUNIDADES 
Déficit de caja en el Parlamento 
2.55. El importe de 4,1 Mió BFR (±0,1 Mió ECU) que 
ya aparecía en el balance del Parlamento al 31 de 
diciembre de 1982 bajo la rúbrica « Déficit de caja » en los 
gastos a imputar (20), permanece en el activo del balance 
de 31 de diciembre de 1987. El Tribunal de Cuentas 
remite, en lo que hace referencia a este punto, a sus 
informes precedentes (21). 
Ingresos pendientes de cobro 
2.56. La situación de los ingresos vencidos pendientes 
de cobro, que a 31 de diciembre de 1987 ascienden a 
126,5 Mió ECU (96,2 Mió ECU a final de 1986) es la 
siguiente: 
(Mió ECU) 
Vencimiento 
1982 
1983 
1984 
1985 
Subtotal A 
1986 
Subtotal B 
1er semestre 1987 
3er trimestre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Subtotal C 
Total Importe de los créditos 
31.12.1987 31.12.1986 
0,1 0,1 
0,1 3,3 
0,3 0,6 
2,1 3,5 
2,6 7,5 
37,3 88,7 
37,3 88,7 
31,0 
32,2 
5,1 
7,6 
10,7 
86,6 — 
126,5 96,2 A estos importes hay que añadir los títulos de crédito 
resultantes de las sanciones impuestas por la Comisión 
(72,1 Mió ECU a 31 de diciembre de 1987 frente a 70,9 a 
final de 1986) (22) cuya exigibilidad depende de las 
decisiones del Tribunal de Justicia y los correspondientes 
a los recursos propios y a los intereses de mora 
correspondientes (15,7 Mió ECU a 31 de diciembre de 
1987 - 7,9 Mió ECU de ellos de 1984 — frente a 70,1 a 
final de 1986). El Tribunal exhorta a la Comisión a 
incrementar sus esfuerzos para conseguir recuperar los 
créditos vencidos. 
Derechos e impuestos a recuperar 
2.57. En su Informe Anual relativo al ejercicio 1984 (23) 
el Tribunal observaba que la facturación a las Comunida­
des del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) obedecía 
a normas distintas según el Estado miembro de que se 
tratara. El Tribunal había recomendado, por tanto, a la 
Comisión negociar con los Estados miembros para 
obtener la armonización y la simplificación de los 
procedimientos de exención del IVA. Lo ideal era obtener 
una facturación libre de impuesto en todos los Estados 
miembros, tal como ocurre en tres de ellos (Bélgica, Italia 
y Luxemburgo). En sus respuestas a los informes anuales 
relativos a los ejercicios 1985 y 1986, la Comisión 
indicaba (24) que en junio de 1986 había enviado a los 
Estados miembros que no aplicaban la exención directa 
del IVA una petición de apertura de conversaciones a fin 
de obtener la modificación de las normas de aplicación del 
artículo 3 del Protocolo sobre los Privilegios e Inmunida­
des de las Comunidades Europeas (25). La Comisión sigue 
teniendo que presentar peticiones de reembolso a 
posteriori en siete Estados miembros. Por otra parte, las 
gestiones realizadas ante los dos nuevos Estados miem­
bros (España y Portugal) no han permitido hasta la fecha 
determinar las modalidades de aplicación del Protocolo. 
2.58. A consecuencia de las observaciones formuladas 
por el Tribunal en los informes anuales posteriores al de 
1983, la Comisión se comprometió (26) a implantar un 
procedimiento de seguimiento contable del IVA a 
recuperar. En 1987 se ha empezado a aplicar un nuevo 
procedimiento que sigue sin ser satisfactorio ya que: 
(a) de las peticiones de reembolso correspondientes a 
1987, a finales de mayo de 1988 solamente se habían 
preparado las de cuatro Estados miembros (1,8 Mió 
ECU de 2,7 Mío ECU); 
(b) la cifra de 3,2 Mió ECU de «Derechos e impuestos a 
recuperar» que aparece en el balance al 31 de 
diciembre de 1987 no refleja la realidad del crédito de 
la Comisión frente a los Estados miembros ya que los 
impuestos recuperables de España y Portugal corres­
pondientes a 1986 no se conocen todavía. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 41 
2.59. Como conclusión, a pesar de los indudables 
esfuerzos realizados, la Comisión sigue sin poder 
determinar de forma precisa el importe de los créditos 
IVA a final del ejercicio. El Tribunal, por tanto, exhorta 
nuevamente a la Comisión a que ejerza un verdadero 
seguimiento contable de estos derechos e impuestos a 
recuperar. 
Anticipos al personal 
2.60. A 31 de diciembre de 1987 los anticipos al personal 
ascendían a 5,4 Mió ECU (incluidos 2,5 Mió ECU de 
anticipos sobre salarios incluidos en los «Gastos a 
imputar»), frente a 4,5 Mió ECU a finales de 1986. En sus 
tres últimos informes (relativos a los ejercicios 1984, 1985 
y 1986) (27) el Tribunal criticaba que los listados 
informáticos en que se apoyaban estas cuentas contenían 
un gran numero de partidas acreedoras que, en aparien­
cia, correspondían a deudas de la institución con el 
personal cuando los anticipos son deudas que el personal 
contrae con la Comisión. A 31 de diciembre de 1987 la 
situación no había mejorado ya que sólo en concepto de 
anticipos por gastos de misión había 255 saldos acreedo­
res frente a los 150 en la misma partida a final de 1986. El 
Tribunal se ve obligado, pues, a volver a exhortar a la 
Comisión a que lleve a cabo los análisis necesarios en 
estos listados y a que revise los procedimientos de registro 
y seguimiento de estas cuentas. 
Fiabilidad y exhaustividad de las cuentas 
del FEOGA-Garantía 
2.61. Además de la omisión mencionada en el apartado 
1.2, de gastos correspondientes a dos meses por valor de 
4 546,6 Mió ECU, las cuentas que se han presentado a la 
autoridad de descargo presentan otra deficiencia. Estas 
cuentas se basan únicamente en las declaraciones 
mensuales de los Estados miembros, con lo que las cifras 
de ingresos y gastos que contienen no las verifican ni los 
organismos nacionales de control ni la Comisión y 
pueden ser objeto de modificaciones posteriores impor­
tantes: en primer lugar cuando los Estados miembros 
presentan sus cuentas anuales revisadas de gastos del 
ejercicio para liquidación y, en segundo, tras el procedi­
miento de liquidación propiamente dicho. Conforme a los 
procedimientos actuales estos ajustes deberán figurar en 
cuentas ulteriores. Esta práctica implica que existan al 
final de ejercicio elementos quizá importantes del activo y 
del pasivo no incluidos en el balance comunitario. 
2.62. El volumen de estos ajustes no se puede valorar de 
antemano, pero el Tribunal observa que el saldo neto en 
1987 de los procedentes de ejercicios anteriores ascendía a 
208,2 Mío ECU. El Tribunal de Cuentas opina que los estados financieros deberían incluir una nota donde se 
indique la probabilidad de que se produzcan ajustes de 
este tipo. Además, los ajustes se deberían contabilizar tan 
pronto como se conociesen. En esta categoría se incluyen 
concretamente los producidos a raíz de la presentación 
por los Estados miembros de las cuentas corregidas del 
FEOGA-Garantía, que se conocen, por lo general, antes 
de la decisión de descargo correspondiente. 
2.63. Al igual que en 1986, en 1987 ha habido retrasos 
importantes en la contabilidad presupuestaria de las 
operaciones del FEOGA-Garantía realizada por la 
Comisión, no habiéndose contabilizado ningún gasto 
mensual dentro de los dos meses previstos por el artículo 
97 del Reglamento Financiero. Por otra parte, en 1987 se 
ha utilizado con frecuencia el sistema de las cuentas de 
orden para hacer frente al problema de la falta de 
créditos, hasta tal punto que a finales del mes de octubre 
de 1987 estas cuentas tenían un saldo total de 3 862,0 Mió 
ECU a la espera de que se produjeran transferencias de 
créditos que permitieran su imputación al Presupuesto. 
Al igual que en años anteriores, esta situación se ha 
regularizado mediante una transferencia global al final 
del ejercicio, que las autoridades presupuestarias sólo 
pudieron tratar como una formalidad. 
2.64. La Comisión es incapaz de conciliar los saldos del 
FEOGA-Garantía declarados en noviembre de 1987 por 
tres Estados miembros con los de sus propios libros 
contables (un Estado miembro presenta un saldo de 
47 000 ECU mayor que el de la Comisión y los de los otros 
dos totalizan 212 000 ECU menos que los de la 
Comisión). 
Liquidación de las cuentas 
de la ayuda alimentaria 
2.65. La Comisión abona anticipos a los Estados 
miembros por los gastos de ayuda alimentaria realizados 
con intervención de éstos y posteriormente decide sobre la 
liquidación de las cuentas anuales. Las últimas decisiones 
de la Comisión corresponden al ejercicio 1979. Por lo 
tanto, a diferencia del FEOGA-Garantía, el cierre de 
estas cuentas no está al día. Esta situación es contraria a lo 
dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 249/77, de la 
Comisión, de 2 de febrero de 1977 (28), que en su artículo 8 
dispone que la liquidación de las cuentas de un ejercicio 
deberá hacerse antes del final del ejercicio siguiente. El no 
respeto de esta disposición ha llevado a que en los 
ejercicios 1980 a 1986 alrededor de 3 000 Mió ECU de 
gastos de ayuda alimentaria se hayan imputado provisio­
nalmente a las cuentas de la Comisión. Los retrasos de 
varios años en la liquidación, que se efectúa con los gastos 
efectuados por los Estados miembros en monedas 
nacionales, implican un riesgo de consecuencias financie­
ras para el Presupuesto General de las Comunidades que 
42 L^iario Cecial de las Comunidades Europeas 12 12 88 
se elabora en ECLl,debidoala evolución de los tipos de 
cambio, como muestraelcasode los ^astosdelOinamarca 
en 1979. En la liquidación de las cuentas de ese ejercicio, 
Tealizadaenl985,laComisiónnoaceptó9,2MioECUde 
ayuda alimentaria. Mientras tanto, L^inamarca había 
deducido esta cantidad de los bastos que declaró en el 
ejercicio 198^yla Comisión decidió incluirlaen el balance 
hastalaliquidacióndelascuentasdelaavudaalimentaria 
de 198^. Como quiera que aún no se ha tomado decisión 
de liquidación alguna, ^eneraloparticular, al respecto, 
este importe si^ue usurando en el balance a 31 de 
diciembredel987enlarúbrica^Castosaimputar^.Si 
esta imputación se hubiera realizado, por ejemplo,el31 
de diciembre de 1987,debidoala evolución de la corona 
danesa desde 198éó, hubiera supuesto una car^a adicional 
paraelPresupuestoóleneraldel39^0ECUElLribunal 
opina que los retrasos muv importantes en la liquidación 
de las cuentas deben irse eliminando cuanto antes. 
^^^^^^^^^^^^^^c^^^ 
2,ó^. La Comisión ha e^ndo a sus bancos que las 
transterenciasentresuspropiascuentas realizadas parala 
bestión de losfondos comunitarios se realicen con^valor 
compensadores decir, que la fecha de valor del crédito 
en el banco receptor sea idénticaala fecha de carecen el 
banco de origen. Sin embarco,una prueba llevadaacabo 
en 57 transterencias de este tipo realizadas en diciembre 
de 1987 ^valor medio 12MioECLa mostró que en 
locases no se había aplicado el ^valor compensador 
que esto había producido una pérdida total de 32 días de 
valor. Esta prueba, límítadaaun mes, muestra que la 
Comisión debería dotarse de los medios necesarios para 
etectuar dicha veriticación, que sería rentable rápidamen^ 
te 
2^7. Araíz de las peticiones de confirmación de saldos 
bancariosetectuadas por elLribunal las respuestas de los 
bancos^ocontirmacionesbancarias^se enviaron simultá^ 
neamentealalOC^^l^ valLribunal. ^inembar^o, 
algunas de las respuestas estaban incompletas o eran 
erróneas, especialmente en lo que hace referenciaalas 
firmas reconocidas. La Comisión debería haberse 
dirigido a todoslos bancosquedieron informaciones 
incorrectas en solicitud de rectiticación. 
2.t^8. La Comisión ha abierto numerosas cuentas 
bancarias para utilización no sólo de la LóCi^l^^que,a 
31 de diciembre de 1987,contabaconll9^ sino también 
delalOól^VIIl^Créditoseinversíones^Aellashavque 
añadir las utilizadas por los centros de investigación de la 
Comisión^spra,óleel,^arlsruhe v^etten^ vporlas 
dele^acionesvotlcínas de prensa,vtambién las cuentas 
utilizadas por algunas direcciones generales para algunos 
programas particulares, las cuentas de los economatosy cantinas,vlinalmente las cuentas bancarias abiertas por 
las otras instituciones.l^oe^iste ninguna lista permanen 
temente actualizada de todas estas cuentas. La EóCi^l^, 
encardada de coordinar la bestión de los fondos 
comunitarios, debería preparar dicha lista. Las institucio 
nes podrían así estar en condiciones de conocer el 
volumen de las operaciones realizadas con cada bancov 
evitar la multiplicación de cuentas bancarias que el 
Lribunal va ha criticador, lo que facilitaría la buena 
bestión de los fondos comunitarios. 
^^^^^^^^^^^^^ 
2.o9. La partida^ln^resosdiversosaimputar^se eleva 
a 1^,1 Mío ECU a 31 de diciembre de 1987, en 
comparacióncon 27 Mío ECU a finalesde 198^. lOe 
hecho, esta partida sólo debería ascender a 10,1 Mío 
ECU, estando la diferencia representada por dos errores 
de imputación Einalmeme, de estos 10,lMio ECU, 
2,7MíoECUcorrespondenaín^resosdel98^.Convie 
ne, por tanto, mejorar el seguimiento de las operaciones 
efectuadas con esta partida. 
2.70. Los préstamos concedídosapaíses déla cuenca 
mediterránea están reflejados en un cuadro incluido en el 
Volumen lldelaCuenta de Cestión^. Este cuadro 
contiene numerosos errores de presentacíón^omisión de 
algunos préstamos lirmados,eíncluso abonados, ínclu 
sión de una operación no concluida, etc.^. El resultado 
neto de los errores supone que el total de los préstamos 
firmados, que se^ún el cuadro citado asciende a 
^9^,o MioECU, sea únicamente de ^72,1 MíoECU, 
mientras que el totaldelospréstamos desembolsados, 
que se^ún ese mismo cuadro es 392,1 Mío ECU, debería 
ser 388,7Mío ECU. La Comisión hubiera podido 
mejorarla liabilídadvcoherencía de los datos presentad 
dos especialmente por medio delaconciliacíónconla 
información recibida regularmente del BElcon lo que 
hubiera evitado sobrevalorar en 10,8 Mío ECU los 
préstamos vivos concedidosaLurquía. 
A^^^^^^^e^^^ 
2.71. Alo lar^odelejercicio 1987elLribunal ha llevado 
a cabo un examen del origen, consol v método de 
contabili^acíón de las diferencias de cambios en todas las 
institucionesU^8MioECUdebenelicíosdecambíov 
12o,9 Mío ECU de pérdidas, lo que supone un benelicio 
neto,a31de diciembre de 1987,de todas las instituciones 
de!7,9 Mío ECU^.^e ha observado que es necesario que 
las instituciones realícenun esfuerzo de armonización 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 43 
para reducir las causas y las disparidades en el origen y en 
el tratamiento de estas diferencias. También resulta 
necesario que los interventores lleven a cabo controles 
concienzudos de estas diferencias. Se han enviado a las instituciones correspondientes los resultados de este 
examen. Dos de ellas han enviado al Tribunal sus 
observaciones y la Comisión ha organizado un intercam­
bio de opiniones de los contables sobre este asunto. 
0) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) DO L 356 de 31.12.1977. 
Doc. COM(88) 212-216. 
Según la clasificación adoptada por la Comisión para 
distinguir los gastos «obligatorios» y «no obligatorios» en 
la cuenta de gestión. 
Dictamen n° 1/88, DO C 166 de 25.6.1988, p. 3. 
DO C 336 de 15.12.1987, apartado 2.5. 
DO C 321 de 15.12.1986, apartado 7.10(b). 
DO C 336 de 15.12.1987, apartados 2.7 — 2.10. 
Doc. COM(88) 148 Final de 18 de marzo de 1988. 
DOL 304 de 27.10.1987, p. 1. 
(10) Informe Anual relativo al ejercicio 1985, DO C 321 de 
15.12.1986, apartados 1.30 — 1.35. 
(") DOC 357 de 31.12.1983, apartados 11.37— 11.38. 
(12) DO L 360 de 19.12.1986. 
(13) DO C 336 de 15.12.1987, apartado 2.47. 
(14) DO C 336 de 15.12.1987, apartado 2.33. 
(15) Decimotercer Informe (de 20 de julio de 1987) del 
Interventor de la Comisión — artículo 24(3) del Reglamento 
Financiero de 21 de diciembre de 1977. 
(!6) DO L 315 de 5.12.1975. 
(17) DOL 169 de 28.6.1984. 
(18) DOC 232 de 11.9.1981. 
(19) Doc. COM(84) Final, de 9.3.1984. 
(20) Informe Anual relativo al ejercicio 1982, DO C 357 de 
31.12.1983, apartado 2.9. 
(21) Informe Especial sobre el Servicio de Contaduría de los 
Diputados del Parlamento, DO C 202 de 5.8.1982. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1982, DO C 357 de 
31.12.1983, apartado 2.9. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1983, DO C 348 de 
31.12.1984, apartados 2.5 — 2.7. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, apartado 2.2. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1985, DO C 321 de 
15.12.1986, apartados 2.2 — 2.3. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1986, DO C 336 de 
15.12.1987, apartado 3.2. (22) Informe Anual relativo al ejercicio 1986, DO C 336 de 
15.12.1987, apartado 3.4. 
(23) DO C 326 de 16.12.1985, apartado 2.4. 
(24) DO C 321 de 15.12.1986, respuestas apartado 2.10. 
DO C 336 de 15.12.1987, respuestas apartado 3.5. 
(25) Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, 
edición 1987, Vol. I p. 856. 
(26) Informe Anual relativo al ejercicio 1983, DO C 348 de 
31.12.1984, respuestas apartados 2.18 — 2.19. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
16.12.1985, respuestas apartados 2.3 — 2.4. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1985, DO C 321 de 
15.12.1986, respuestas apartado 2.9. 
(27) DO C 326 de 16.12.1985, apartados 2.8 — 2.9. 
DO C 321 de 15.12.1986, apartado 2.12. 
DO C 336 de 15.12.1987, apartado 3.6. 
(28) DO L 34 de 5.2.1977, p. 21. 
(29) Informe Anual relativo al ejercicio 1984, DO C 326 de 
10.12.1985, apartado 2.39. 
(30) Doc. COM(88) 213 FR — Final. 
44 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 1^1^^ 
CE^PiPiELC^ 
^re^o^ 
30 i^^ióSEL^ElViALERiA^ 
Introducción general 
El régimen de tránsito comunitario — transporte por carretera 
introducción 
influencia del régimen en los recursos propios comunitarios 
CObser^aciones de la auditoria de la aplicación del sistema en los Estados 
miembros 
Eunción del ^C^omité de circulación de l^iercancías^ 
conclusión 
Sistema de imposición^contabili^ación de los derechos antidumping 
introducción 
Procedimientos comunitarios relacionados con los derechos antidumping 
CObser^acionesdelaauditoríadel sistema deimposición^contabili^aciónde 
los derechos antidumping 
imposición de derechos antidumping provisionales ^ control de los 
compromisos por la comisión 
conclusiones 
Exacciones reguladoras agrícolas aplicablesalas importaciones de cereales 
introducción 
iOeterminación de la exacción reguladoraprecioC^iE mundial 
Eóeterminación de la exacción reguladoraprecio umbral 
El sistema de dación anticipada 
Evolución del comercio de los cereales^sus productos sustituti^os 
conclusión 
Puestaadisposición de los derechos de aduana de España^Portugal Apari 
3.1 
3.3 
3.3 -
3.8 
3.11 
3.30 
332 
336 
336 
3.40 • tactos 
— 3.2 
— 3.35 
— 3.7 
— 3.10 
— 3.29 
— 3.31 
— 3.35 
— 3.62 
— 3.39 
— 3.44 
145 — 156 
157 
3.60 
163 
163 
166 
169 
3.71 
175 
3.77 159 
162 
177 
165 
168 
3.70 
174 
176 
178 - 180 
Exenciones de derechos de aduana a material militar concedidas unilateralmen-
te por los Estados miembros 3.81 3.84 
Conclusión general 185 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 45 
INTRODUCCIÓN GENERAL 
3.1. Los ingresos estudiados en este capítulo forman 
parte de los recursos propios que la Decisión del Consejo 
85/257/CEE, Euratom de 7 de mayo de 1985 (l) asigna a 
las Comunidades. 
3.2. El comercio y sus correspondientes operaciones 
aduaneras tienen una estrecha relación con los recursos 
propios comunitarios. El Tribunal de Cuentas ha 
considerado conveniente examinar algunos de los 
sistemas de ingresos de la Comunidad en los que influye el 
comercio debido a las actuales presiones para lograr su 
liberalización tanto en la Comunidad como internacio-
nalmente. Para ello ha escogido tres sectores distintos: el 
régimen de tránsito comunitario (por carretera), el 
sistema de imposición y contabilización de los derechos 
antidumping y las exacciones reguladoras agrícolas sobre 
las importaciones de cereales, las más importantes en 
volumen de ingresos. El Tribunal examina también la no 
liquidación de derechos de aduana en España y Portugal 
en enero y febrero de 1986 y algunas exenciones 
unilaterales de estos derechos en los Estados miembros. 
EL RÉGIMEN DE TRÁNSITO 
COMUNITARIO — TRANSPORTE 
POR CARRETERA 
Introducción 
3.3. El Régimen de Tránsito Comunitario (RTC) es el 
sistema mediante el cual una gran parte del comercio 
exterior de la Comunidad entra y atraviesa el territorio 
comunitario, con un mínimo de trámites aduaneros en las 
fronteras interiores, para someterse en destino a un 
régimen aduanero, normalmente el de entrada en libre 
práctica, tras pagar los correspondientes gravámenes a la 
importación. Por lo tanto, una parte considerable de los 
recursos comunitarios devengados por derechos de 
aduana y exacciones reguladoras agrícolas (en 1987 
ascendieron a cerca de 10 500 Mió ECU ) depende de las 
operaciones de tránsito realizadas siguiendo este régimen. 
El RTC se usa también en el comercio intracomunitario 
de mercancías y en la exportación a países terceros. 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 3.4. El procedimiento de tránsito es de dos tipos, el 
« externo » y el«interno ». El externo (« T1») se aplica a la 
mercancía que no está en libre práctica en la Comunidad y 
a los productos agrícolas que, aun estándolo, se destinan 
a países terceros y puede recibir restituciones a la 
exportación. El procedimiento de tránsito interno («T2») 
se aplica a las mercancías comunitarias. En la oficina en la 
que comienza el transporte (aduana de partida) se 
presenta y se registra una declaración de tránsito. En la 
práctica, estas oficinas son oficinas de aduanas o están 
bajo el control de las autoridades aduaneras. La 
declaración normalizada contiene los siguientes ejempla­
res de los impresos de tránsito obligatorios: 
(a) Ejemplar n° 1 — A conservar por la aduana de 
partida; 
(b) Ejemplar n° 2 — A conservar por la aduana de 
destino; 
(c) Ejemplar n° 3 — A devolver por la aduana de destino 
a la de partida como recibo de las mercancías; 
(d) Ejemplar n° 4 — Para estadística. 
Desde que el 1 de enero de 1988 ha entrado en vigor el 
documento administrativo único, en el RTC se utilizan 
los nuevos ejemplares nos 1, 4, 5 y 7. 
3.5. Los ejemplares nos 2, 3 y 4 (a partir del 1 de enero de 
1988, son los ejemplares nos 4, 5 y 7) acompañan a las 
mercancías hasta la aduana de destino donde termina el 
tránsito. Se exige una fianza para cubrir los derechos e 
impuestos enjuego, aunque, a partir del 1 de julio de 1988, 
se dispensa de esta obligación a las mercancías comunita­
rias en determinadas condiciones. Cuando las mercancías 
llegan a la aduana de destino, normalmente se someten a 
un régimen aduanero y se les aplican los derechos y otros 
impuestos a la importación. El tránsito se da por 
terminado cuando la aduana de partida obtiene el recibo 
conforme por las mercancías de la aduana de destino. 
3.6. En su Informe Anual del ejercicio 1979 (2) el 
Tribunal analizaba el funcionamiento del RTC. Ahora 
bien, debido a su importancia para el control de los 
recursos propios tradicionales, a las deficiencias descu­
biertas durante la auditoría de 1979 y a la evolución de los 
procedimientos aduaneros desde entonces, ha decidido 
volver a examinarlo. Por otra parte, teniendo en cuenta 
que para 1992 se pretende haber completado el mercado 
46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
interior, se consideró que era el momento oportuno de 
volver a analizar el funcionamiento del régimen debido a 
la importancia creciente que está adquiriendo el diferen­
ciar los tratamientos aplicados al tránsito de las 
mercancías comunitarias y no comunitarias. El objetivo 
de la auditoría ha sido evaluar los efectos que ha tenido la 
aplicación del régimen en el afianzamiento y la correcta 
recaudación de los recursos propios tradicionales. 
Durante esta auditoría se han mantenido conversaciones 
con la Comisión y se han realizado visitas a cuatro 
Estados miembros: la RF de Alemania, Italia, los Países 
Bajos y el Reino Unido. A lo largo del informe se 
denominará «Comité» al «Comité de Circulación de 
Mercancías» (véase apartado 3.30). 
3.7. El Reglamento CEE n° 222/77 del Consejo, de 13 de 
diciembre de 1976 (3), constituye la legislación comunita­
ria básica en esta materia y en el Reglamento CEE n° 
1062/87 de la Comisión, de 27 de marzo de 1987 (4), se 
establecen las disposiciones de aplicación y las medidas de 
simplificación del régimen. 
Influencia del régimen en los recursos propios 
comunitarios 
3.8. El régimen influye en los recursos propios princi­
palmente en dos aspectos fundamentales: 
(a) constituye la base de la garantía y del control de los 
ingresos dentro de las fronteras externas de la 
Comunidad desde que la mercancía entra en el 
territorio comunitario hasta que es sometida a un 
régimen de aduanas y se contabilizan los gravámenes 
a la importación; 
(b) proporciona los documentos que sirven para identifi­
car fácilmente el tipo de mercancía tanto durante el 
tránsito como cuando se presenta la declaración de 
entrada en la aduana. «TI» designa las declaraciones 
de tránsito externo y «T2» las de tránsito interno. Es 
evidente que la utilización irregular o incorrecta de 
documentos de tránsito « T2 », para mercancías que 
no estén en libre práctica en la Comunidad y para 
productos agrícolas comunitarios exportados bajo 
el régimen de restituciones a la exportación del 
FEOGA, tendría consecuencias graves para los 
recursos propios y el gasto en restituciones a la 
exportación. 
3.9. En sus comentarios de entonces, el Tribunal ponía 
de relieve el «dilema» intrínseco del RTC de tener que llevar a cabo su doble función de facilitar el comercio y 
garantizar los ingresos. Las conclusiones de la presente 
auditoría indican que, debido a las crecientes exigencias 
en el sentido de liberalizar el comercio y simplificar los 
procedimientos, la solución parece inclinarse, en este 
sentido, a expensas de la seguridad de los ingresos. 
3.10. El Tribunal reconoce que el RTC ha desempeñado 
un papel fundamental en la eliminación de las barreras 
comerciales en el interior de la Comunidad. Sin embargo, 
también le preocupa el que se preste la debida atención a 
las cuestiones de garantía y control de los ingresos. 
Conforme aumenta la liberalización del procedimiento de 
tránsito interno, que afecta únicamente a los ingresos 
nacionales, es necesario garantizar que se distinga 
claramente desde el punto de vista del control del de 
tránsito externo (mercancías TI) con el fin de contar con 
un sistema sólido de protección de los recursos propios 
comunitarios. Las presentes conclusiones indican que 
aún se necesitan mejoras sustanciales para poder 
considerar que este nivel de protección es satisfactorio. 
Observaciones de la auditoría sobre la 
aplicación del sistema en los Estados 
miembros 
Seguridad de la documentación de tránsito 
3.11. En su Informe Anual de 1979 el Tribunal criticaba 
que se usara el mismo impreso de documentación del 
tránsito para las operaciones externas (TI) e internas 
(T2). La Comisión lo defendió señalando las exigencias 
impuestas por las técnicas de impresión de documentos y 
por los usos del comercio internacional. Al volver a 
examinar esta cuestión, resulta claro que una vuelta a la 
utilización de documentos diferentes no es factible, sobre 
todo después de la instauración del Documento Adminis­
trativo Único. Sin embargo, la práctica actual en la que el 
declarante se limita a anotar la mención « TI » o « T2 » en 
las declaraciones de tránsito no contiene ninguna 
salvaguarda de que las declaraciones «TI » puedan sufrir 
alteraciones irregulares, especialmente en el caso del 
ejemplar n° 2 de la declaración de tránsito (ejemplar n° 4, 
desde el 1 de enero de 1988). La copia de la declaración de 
tránsito utilizada en la aduana de destino para indicar que 
las mercancías son o no son comunitarias en el momento 
de su entrada en libre práctica (o uso interno) se suele 
archivar junto a la declaración de importación; a menos 
que existan sospechas, no se comprueba posteriormente 
que sea válida. Por tanto, existe poca protección contra la 
sustitución de TI por T2 en las declaraciones. Se necesitan 
medidas urgentes para remediar esta situación. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 47 
3.12. A pesar de que el RTC es un sistema bien 
implantado, en Italia y en los Países Bajos se han 
encontrado casos de utilización inadecuada de documen­
tos TC en apoyo de planes y procedimientos nacionales 
(por ejemplo, el uso de documentos TI para la exporta­
ción de mercancías comunitarias no agrícolas). Estas 
prácticas han retrasado la liquidación de las operaciones 
de tránsito y tienen el riesgo de confundir las declaracio­
nes de tránsito TI y T2 durante las inspecciones. 
Precintado del medio de transporte en el momento 
de la partida 
3.13. El apartado 1 del Artículo 18 del Reglamento 
básico dispone, como norma general, que la identifica­
ción de las mercancías se hará por medio de precintos. Sin 
embargo, el apartado 4 del mismo artículo indica que se 
podrán eximir del precinto las mercancías cuya descrip­
ción en la declaración «permita su identificación». Las 
normas del Comité disponen que, «en principio», se 
deberán precintar determinadas mercancías sensibles a 
los impuestos (que figuran en una lista y que fundamen­
talmente son las sujetas a impuestos sobre el consumo) y 
productos agrícolas sujetos a derechos a la importación o 
a restituciones a la exportación. Por lo tanto, la mayor 
parte de la mercancía no comunitaria sujeta a derechos de 
aduana está exenta del precinto, a menos que su 
descripción no sea suficiente. En la práctica, las aduanas 
rara vez tienen en cuenta esta norma de descripción a 
efectos de identificación y, normalmente, sólo precintan 
los contenedores a petición del comerciante o cuando la 
mercancía o la ruta (por ejemplo, vía Austria-Suiza) es 
extremadamente sensible. Además, se ha descubierto que 
el rigor del precintado varía mucho de un Estado 
miembro a otro, en función de la importancia que le 
concedan las autoridades aduaneras. 
3.14. Este es un aspecto del RTC donde se debe llevar a 
cabo una clara diferenciación entre mercancías TI y T2. 
El precintado del medio de transporte debería garantizar 
un nivel de seguridad suficiente en la circulación de 
mercancías TI dentro del territorio comunitario, especial­
mente para combatir su retirada y sustitución ilegales 
durante el transporte. Además las prácticas actuales 
suponen riesgos para los recursos propios. Debe señalarse 
la norma, aprobada por el Comité, según la cual la 
aduana de destino «salvo en el caso de duda, no debe 
efectuar inspecciones rigurosas ». Al no existir el precinto, 
parece difícil aplicarla de forma segura y razonable. 
Cuando el medio de transporte lo permita y siempre que 
no existan dificultades excepcionales de carácter práctico, todas las mercancías TI que circulen por carretera al 
amparo del RTC deberán estar precintadas. 
Control de las mercancías en las aduanas de destino 
3.15. La función de la aduana de destino consiste 
esencialmente en comprobar que la mercancía ha llegado 
intacta, certificarlo en un ejemplar de la declaración de 
tránsito (« Certificado de conformidad ») y devolverlo a la 
aduana de partida como recibo de la mercancía. El 
Tribunal ha comprobado que los controles en destino, 
llevados a cabo por las aduanas de carretera visitadas, son 
razonablemente satisfactorios y por el contrario, los 
realizados en los puertos marítimos son indirectos y no 
tan eficaces. Se ha observado que en los puertos de 
Rotterdam y Felixstowe se confía demasiado en los 
documentos emitidos por las navieras y las compañías 
estibadoras como prueba de la llegada de los contenedo­
res en tránsito. En un porcentaje elevado de las 
certificaciones que la aduana anota en la copia-recibo, el 
nombre del funcionario que certifica es ilegible. Sería 
conveniente que la Comunidad dispusiese de un sistema 
común para identificar la firma del aduanero en los 
documentos de tránsito (por ejemplo, un sello especial). 
Tramitación de las irregularidades descubiertas 
en la aduana de destino 
3.16. Cuando la aduana de destino descubre irregulari­
dades al recibir la mercancía, lo comunica a la de partida 
mediante una anotación en la copia-recibo. En opinión 
del Tribunal este sistema de notificación no es satisfacto­
rio pues se limita a indicar la diferencia entre las 
cantidades declaradas y las recibidas sin especificar las 
medidas que debería tomar la aduana de partida o las que 
ha aplicado o va a aplicar la de destino. Se han 
inspeccionado casos en los que esta falta de coordinación 
ha dado lugar a investigaciones mal dirigidas e innecesa­
rias. Hay que señalar que las nuevas disposiciones del 
Comité, vigentes desde el 1 de enero de 1988, contemplan 
que en estos casos, las aduanas de destino deberán 
proporcionar una información más útil y completa. 
48 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Retrasos en la finalización de las operaciones de tránsito 
3.17. Una operación de tránsito se da por cerrada 
cuando la aduana de partida, una vez recibido el 
certificado de conformidad como recibo de la operación 
de tránsito en el ejemplar devuelto por la aduana de 
destino, lo compara con el que ha conservado (Ejemplar 
n° 1) y concuerdan. Ni al obligado principal ni al fiador se 
les envía comunicación oficial de la finalización de la 
operación; sólo se les deben notificar los casos no 
ultimados. Uno de los requisitos fundamentales del 
régimen es, por lo tanto, que la aduana de destino 
devuelva rápidamente la copia-recibo de la declaración de 
tránsito. Por motivos prácticos, el Comité ha interpreta­
do este requisito fijando un plazo máximo de diez días a 
partir de la presentación del envío. Se ha observado que 
frecuentemente la devolución sufre retrasos injustifica­
dos. El Tribunal ha descubierto que, en muchos casos, 
entre la recepción de los documentos y las mercancías y el 
despacho de las copias-recibo por las aduanas de destino, 
pasaban hasta tres y cuatro meses. Además, la canaliza­
ción de los documentos a través de los organismos 
centrales de tránsito agrava considerablemente este 
retraso. La ampliación, en los últimos años, del «territo­
rio» de tránsito comunitario como consecuencia de la 
adhesión de nuevos países ha acrecentado los problemas 
de comunicación entre aduanas. Sin embargo, la mayor 
parte de los retrasos se deben a que las aduanas de destino 
no cumplen con la obligación de devolver rápidamente el 
ejemplar correspondiente y como resultado, las de 
partida tienen frecuentemente que recurrir a los obligados 
principales y a las otras partes implicadas para intentar 
seguir el rastro de los envíos. Se ha observado igualmente 
que las aduanas de partida han dejado de observar los 
plazos para iniciar las pesquisas sobre las operaciones no 
ultimadas y esto se debe precisamente a que son 
conscientes de los retrasos habituales de los ejemplares de 
algunas aduanas de destino (Grecia es un ejemplo 
sobresaliente). De este modo, la laxitud en el cumplimien­
to de normas razonables en un ámbito de control del RTC 
ha afectado a otro. La consecuencia ha sido el deterioro 
del control global. 
Procedimientos de investigación 
3.18. Cuando la aduana de partida no consigue la 
copia-recibo de una operación, debe poner en marcha un 
procedimiento de investigación dentro de los plazos 
prescritos por el Comité. El Tribunal ha descubierto que 
en casi todas las aduanas de partida visitadas, los plazos 
fijados para el inicio y realización de las investigaciones se 
incumplen en mayor o menor medida. Aunque en todos 
los expedientes no ultimados que se examinaron se había 
iniciado la investigación, el aspecto más grave de estos 
casos es el considerable retraso que caracteriza el proceso una vez comenzado. En esta cuestión han aparecido 
problemas importantes, debido a: 
(a) la lentitud con la que las aduanas responden a las 
solicitudes de información; 
(b) el creciente número de casos «sin respuesta» en los 
que las aduanas de destino (principalmente) no 
responden a las peticiones de información aunque se 
reiteren; 
(c) la inexperiencia y baja categoría administrativa del 
personal de aduanas encargado directamente de la 
investigación; en muchas de las aduanas visitadas 
estos funcionarios trabajan aislados de sus superio­
res; 
(d) la incapacidad de distinguir los casos por su 
importancia material y sus riesgos. En general, se 
tratan igual todos los que no están ultimados; 
(e) que en las oficinas que realizan la investigación los 
registros y archivos no se llevan bien; 
(f) que los superiores no supervisan y dirigen de forma 
adecuada, lo que ha dado lugar a la acumulación de 
retrasos en numerosas oficinas, debido sobre todo a 
que no se toman decisiones cuando se analizan los 
casos y a que no se notifican con presteza a las 
autoridades competentes cuando es necesario; 
(g) retrasos debidos a la necesidad de traducir los 
documentos. 
3.19. Otra característica observada en el procedimiento 
de investigación es que en las aduanas de partida no se 
dispone de confirmación de que las autoridades responsa­
bles estén tomando medidas para recuperar los ingresos. 
Se ha observado que en muchos casos las aduanas de 
partida habían notificado a las autoridades competentes 
la necesidad de proceder a la recuperación de acuerdo con 
la disposición correspondiente (Artículo 36 del Regla­
mento básico) y transcurrido un largo período no habían 
recibido ninguna comunicación al efecto. En algunas 
aduanas visitadas la de partida había enviado los 
documentos de la investigación directamente a la de 
destino y no a las autoridades competentes (Administra­
ción central) como exigen las normas del Comité. Por otra 
parte, algunas aduanas de partida daban por ultimadas 
operaciones cuando otras aduanas les notificaban que 
iban a iniciar acciones de recuperación. Dar por 
terminadas las operaciones de tránsito antes de que la 
recuperación de los gravámenes haya sido confirmada, no 
ofrece ninguna seguridad. Es necesario que el Comité dé 
instrucciones claras a las administraciones de aduanas en 
el sentido de que la aduana de partida es la única 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 49 
responsable de ultimar las operaciones de tránsito y sobre 
los riesgos de liberar las fianzas antes de recibir la 
confirmación del cobro de los derechos. 
3.20. Estas lagunas en la investigación también ponen 
en peligro el cobro de derechos utilizando la garantía 
global que cubre todas las operaciones de tránsito 
llevadas a cabo por un obligado principal durante un 
determinado período de tiempo. Según los términos de su 
compromiso, cuando se presenten reclamaciones sucesi­
vas correspondientes a operaciones de tránsito que 
comiencen dentro de los treinta días siguientes a la 
primera reclamación, el fiador puede limitar su responsa­
bilidad al importe de la fianza y en estas circunstancias 
incluso cancelarla al vencer ese período de treinta días. 
Puede que la práctica de seguir aceptando que las 
operaciones en curso estén cubiertas por una garantía 
cuando las reclamaciones por operaciones anteriores aún 
no ultimadas crean responsabilidades potenciales, no 
constituya una seguridad suficiente para garantizar los 
ingresos en juego. 
Recuperación de los recursos propios de las operaciones 
de tránsito no ultimadas 
3.21. El RTC dispone que el Estado miembro donde se 
produce la infracción o irregularidad es el responsable de 
la recaudación de todos los derechos y gravámenes. Para 
poder identificar al Estado miembro responsable de la 
recuperación en una operación de tránsito no ultimada, 
existe un procedimiento bien definido. Consiste en 
utilizar las «notificaciones de paso» entregadas en las 
aduanas de las fronteras interiores, conforme se indica en 
la declaración de tránsito. En caso de que existan 
irregularidades, estas notificaciones permiten identificar 
el Estado miembro en el que han entrado pero del que no 
han salido las mercancías y los vehículos de transporte. 
La aduana de partida controla este procedimiento cuya 
aplicación es necesaria porque los Estados miembros son 
los únicos que tienen competencias para recaudar este 
tipo de ingresos. Además, en el comercio entre Estados 
miembros las importaciones pueden estar sujetas a 
impuestos nacionales. Ante los retrasos que se producen 
en las investigaciones, el Tribunal considera que el 
sistema de recuperación utilizado perjudica los recursos 
propios de las Comunidades. Los derechos de aduana y 
las exacciones, que constituyen ingresos comunitarios, se 
aplican de modo uniforme a las importaciones, indepen­
dientemente del lugar del territorio aduanero comunita­
rio donde entran en libre práctica o se origina la deuda 
aduanera. Es necesario, por lo tanto, establecer un 
método más directo y rápido de recuperación de los 
recursos propios, especialmente teniendo en cuenta que el 
Reglamento básico crea la figura del «obligado princi­
pal» responsable del cumplimiento de las normas del 
RTC. La Comisión ha declarado que la aplicación de un 
método independiente de recuperación de los recursos 
propios produciría complicaciones, especialmente en lo que se refiere a los fiadores. Sin embargo, el Tribunal 
considera que sigue habiendo una necesidad urgente de 
mejorar los procedimientos para llegar a conseguir un 
sistema eficaz de recuperación de los recursos propios 
pendientes. 
3.22. No ha sido posible calcular cuantitativamente la 
proporción de las operaciones de tránsito no ultimadas en 
relación con el número total. Es una información que no 
está registrada de forma accesible en las aduanas que se 
visitaron y que no se ha podido analizar in situ. Sin 
embargo, el Tribunal está en condiciones de declarar que 
la proporción de operaciones no ultimadas a los seis 
meses de su registro es baja, aunque en términos 
absolutos el número de casos pueda ser elevado. En las 
aduanas importantes visitadas se han encontrado cientos 
de operaciones pendientes desde hacía mucho tiempo. 
Por ejemplo, las autoridades de los Países Bajos han 
declarado que, a 31 de diciembre de 1986, estaban en 
curso procedimientos de recuperación contra 1093 
obligados principales, 39 fiadores y otros 18 interesados, 
lo que suponía unos recursos propios de (aproximada­
mente) 3 Mió ECU. Las autoridades italianas, basándose 
en datos incompletos, calculan que desde el 1 de enero de 
1984 se han detectado en ese estado 4 456 irregularidades 
causantes de pérdida de ingresos y que, el 31 de mayo de 
1987, existían en Italia 645 reclamaciones de recuperación 
sin resolver, cuyo importe total en términos conservado­
res, se estimaba en 2,4 Mió ECU. 
Procedimientos de verificación posteriores al despacho 
de aduanas 
3.23. Para detectar y prevenir el fraude se ha dispuesto 
que se comprueben la autenticidad y la exactitud de las 
anotaciones que las aduanas incorporan a la documenta­
ción de tránsito. Para ello se hace que las aduanas de 
partida envíen a las de destino, y viceversa, solicitudes de 
verificación de documentos seleccionados tanto por 
razones específicas como por muéstreos aleatorios. En 
todas las aduanas de partida que se han visitado se ha 
descubierto que este sistema ha caído en franco desuso. 
En la práctica, casi todas las solicitudes emitidas están 
relacionadas con documentos en los que faltaban el sello 
de tránsito o la firma del agente y que, de todos modos, 
hubieran tenido que ser devueltos. Además, en la mayor 
parte de estas aduanas no se conservan registros de los 
casos seleccionados o de los resultados del control. Tal 
como se aplica, el sistema difícilmente podrá alcanzar su 
objetivo. 
50 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Calidad de los registros de tránsito y de otro tipo Organismos Centrales de Tránsito 
3.24. Generalmente, en las aduanas visitadas el sistema 
de registro de los tránsitos es muy deficiente y se concede 
escasa atención a las salidas, llegadas e investigaciones. 
En muchos casos se han limitado a adoptar burdamente 
los registros preparados para necesidades locales para su 
uso como registros de tránsito, con resultados poco 
satisfactorios. Además en sustitución de los métodos de 
archivo consagrados se han ido imponiendo una serie de 
prácticas informales poco fiables. Se ha descuidado 
especialmente el registro de los casos no ultimados; la 
mayor parte de las aduanas de partida visitadas no llevan 
un registro independiente de los casos y, para obtener 
información de los progresos del procedimiento de 
investigación, es necesario consultar cada expediente. En 
las aduanas de destino tampoco suele registrarse indepen­
dientemente la entrada de las notificaciones de investiga­
ción, lo que dificulta el cálculo de los casos pendientes. En 
el caso de Italia, por ejemplo, las nuevas investigaciones se 
registran en el «protocolo » general de la aduana (registro 
de correspondencia), lo que no permite obtener una 
visión de conjunto ni del volumen, ni del estado de las 
peticiones de investigaciones recibidas. Los registros de 
las aduanas de partida del Reino Unido son especialmen­
te deficientes tanto por su diseño como por la forma de 
llevarlos. En otras aduanas de partida, las operaciones de 
tránsito se cancelan simplemente tachando su inscripción 
en los registros sin que se incluyan firmas autentificadas 
ni mención de las razones de su cancelación. Existe una 
patente necesidad de mejorar urgentemente la calidad en 
este aspecto. 
£1 control efectuado por la dirección 3.26. Estos organismos están previstos por el Artículo 
11 del Reglamento (CEE) n° 1062/87, quedando los 
Estados miembros encargados de su designación y 
funcionamiento. El Comité ha promovido la idea de que 
sean los organismos centrales los que se encarguen de los 
documentos en tránsito para acelerar su envío y mejorar 
los procedimientos. Las administraciones nacionales han 
apoyado esta idea, entre otras razones, porque reduce los 
gastos de correo. El volumen de documentos que pasa por 
las aduanas más activas es muy elevado y continúa 
aumentando. En la de Arnhem (Países Bajos), se ha dado 
curso a 4,5 millones de ejemplares n° 3 (recibos) y a casi 
220 000 ejemplares de control T n° 5 (5). En la de Hamm 
(RF de Alemania), durante 1986 se cursó un promedio 
diario de 47 595 ejemplares n° 3 a 88 oficinas. La de 
Southend (Reino Unido) da curso diariamente a 11 000 
ejemplares n° 3. 
3.27. La calidad de elaboración de los paquetes de 
documentos de tránsito que se envían a los organismos 
centrales es muy baja, con el consiguiente riesgo para el 
sistema. Es urgente tomar medidas para mejorarla. 
3.28. Los organismos centrales tienen la misión de 
impedir el inevitable caos que supondría el envío de los 
documentos desde cada una de las aduanas de partida y 
de destino. Sin embargo, debido al incremento del 
volumen de documentos, los organismos centrales más 
importantes están teniendo serias dificultades para evitar 
retrasos. El Tribunal considera que en determinadas 
circunstancias la selección de los documentos que se 
envían a través de los organismos centrales debería ser 
más selectiva; en alguna ocasión se ha observado que 
cuando se envían los documentos correspondientes a un 
volumen importante de tránsito regular, entre oficinas 
grandes, situadas en rutas principales a través de ellos, el 
cierre de las operaciones de tránsito sufre retrasos. En 
estos casos el empleo de un sistema de envío directo, de 
oficina a oficina, permitiría evitarlos. 
3.25. El Tribunal tiene razones suficientes para opinar 
que las deficiencias en el funcionamiento del sistema 
pueden atribuirse en gran medida a la ausencia de un buen 
control y supervisión de las instancias responsables. Ya se 
han citado las deficiencias de los métodos de registro que 
una buena gestión no hubiera tolerado. Es indudable que 
en muchas de las aduanas visitadas, los responsables no 
conocían las dificultades prácticas y las deficiencias de sus 
oficinas. La falta de una labor de dirección es muy 
evidente en las secciones de las aduanas encargadas de 
tramitar la investigación de los tránsitos y de recuperar 
los derechos. El Tribunal considera que los responsables 
de las aduanas deben conceder mayor prioridad al 
tránsito comunitario y ser más conscientes en su 
estrategia de control y supervisión del régimen, de la 
magnitud de los ingresos en juego. Registro de las operaciones de tránsito con medios 
informáticos 
3.29. La única solución satisfactoria al problema del 
volumen de documentación que se mueve entre los 
organismos centrales, es la creación de un sistema «sin 
papeles» que sustituya el envío físico de documentos por 
conexión informática entre las oficinas. De este modo 
también mejoraría la seguridad del sistema. En 1981, el 
Comité de Tránsito Comunitario creó un « Grupo Piloto 
de Estudio » con el encargo de analizar la informatización 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 51 
de los procedimientos de tránsito. Este grupo preparó las 
propuestas detalladas de una red factible de base. Sin 
embargo, en el campo de la «Unión Aduanera» se ha 
concedido prioridad a otros proyectos informáticos. 
Teniendo especialmente en cuenta que en 1992 se debe 
haber completado el mercado interior, es esencial para la 
reforma del RTC disponer de un sistema informático lo 
antes posible, sobre todo teniendo en cuenta la situación 
poco satisfactoria de los procedimientos de cierre de las 
operaciones de tránsito y las grandes posibilidades de 
mejora que ofrecen las técnicas de proceso electrónico de 
la información. 
Función del « Comité de Circulación 
de Mercancías» 
3.30. Inicialmente, el «Comité de Tránsito Comunita­
rio» creado por el Artículo 55 del Reglamento básico 
tenía como función examinar cuestiones y emitir 
dictámenes relacionados con la aplicación del propio 
Reglamento. A partir del 1 de enero de 1988 estas 
funciones se han fransferido al« Comité de Circulación de 
Mercancías» creado por el Reglamento (CEE) n° 678/85 
del Consejo, de 18 de febrero de 1985, relativo a la 
simplificación de las formalidades en los intercambios de 
mercancías en el interior de la Comunidad (6). Está 
formado por representantes de los Estados miembros y lo 
preside un representante de la Comisión. 
3.31. Este Comité emite dictámenes sobre proyectos de 
normas de aplicación del Reglamento básico y aprueba 
numerosas normas «administrativas», conclusiones e 
interpretaciones relacionadas con aspectos técnicos y 
prácticos del funcionamiento del RTC. Las administrati­
vas deberían constituir un código de reglas y directrices 
comunes que las autoridades nacionales competentes 
aplicarían. Tienen, por lo tanto, una considerable 
importancia en el progreso de la aplicación uniforme de 
las disposiciones del RTC y para proteger el sistema 
contra los abusos. El Tribunal ha observado que el 
Comité aprueba las propuestas de acuerdos administrati­
vos con gran retraso y opina que es necesario mejorar 
urgentemente este aspecto de los procedimientos de la 
toma de decisiones del Comité. 
Conclusión 
3.32. Las averiguaciones del Tribunal en esta auditoría 
del Régimen de Tránsito Comunitario confirman las 
críticas recogidas en su Informe Anual de 1979. Con la 
adición de tres nuevos Estados miembros y seis países de 
la EFTA (desde el 1 de enero de 1988) las líneas de 
comunicación y control se han hecho más largas y más difíciles de gestionar. El RTC es hoy un sistema que 
liberaliza y simplifica mucho el comercio y el transporte. 
Aunque para las mercancías comunitarias sometidas a él, 
ésta sea una característica adecuada, para salvaguardar 
los ingresos se necesitan criterios de control más estrictos 
para las mercancías que no están en libre práctica, sino 
sujetas a medidas arancelarias. Siguen sin diferenciarse de 
forma adecuada los controles que se deben aplicar a las 
operaciones de tránsito internas y externas. El resultado 
es que los recursos propios de la Comunidad corren 
riesgos muy altos y que, posiblemente, estén sufriendo 
mermas. 
3.33. Están surgiendo problemas graves para la seguri­
dad del régimen porque los Estados miembros no 
cumplen las normas de funcionamiento. En general en las 
oficinas de aduanas se están aplicando mal normas muy 
sencillas, especialmente las concernientes a la devolución 
de los documentos T y a la respuesta a las indagaciones 
sobre tránsito y a otras comunicaciones. Es urgente 
remediar estas deficiencias. Los retrasos y dificultades del 
funcionamiento de los procedimientos de investigación y 
de recuperación ponen en entredicho la capacidad del 
sistema para proteger los derechos de aduana y las 
exacciones que forman parte de los recursos propios 
comunitarios. En este contexto, el Tribunal recuerda la 
obligación de los Estados miembros de ofrecer un nivel 
adecuado de servicio como contrapartida al 10 % de los 
derechos y exacciones recaudados. 
3.34. Algunos de los organismos centrales importantes 
visitados tienen serias dificultades para dar curso al gran 
volumen de documentos T. Al haberse extendido el RTC 
a todos los países de la EFTA, con el consiguiente 
incremento del tráfico de tránsito en la Comunidad, la 
cantidad de documentos de tránsito en circulación 
seguirá muy posiblemente aumentando, aunque a partir 
de 1992 se prevé una reducción de los movimientos de 
tránsito interno. Es necesario que las administraciones 
nacionales empiecen a dedicar mayores recursos a los 
organismos centrales. Ahora bien, a más largo plazo el 
único modo satisfactorio de liquidar y registrar las 
operaciones de tránsito sería una red informática que 
interconecte las oficinas y elimine la necesidad de la 
transmisión material de los documentos. 
3.35. El Comité desempeña un papel fudamental en el 
logro de un régimen común eficaz; de él han de partir el 
compromiso y la iniciativa de mejorar el funcionamiento 
y, a la vista del gran número de deficiencias que el 
Tribunal ha observado durante la auditoría, es evidente 
que debe abordar con urgencia los muchos problemas que 
hay que solucionar. 
52 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
SISTEMA DE IMPOSICIÓN 
Y CONTABILIZARON DE LOS DERECHOS 
Introducción 
3.36. El Reglamento (CEE) n° 2176/84 del Consejo, de 
23 de julio de 1984 (7) que crea la legislación antidumping 
de la Comunidad Europea contempla la imposición de 
derechos antidumping como uno de los instrumentos 
para combatir las importaciones en dumping o subven­
cionadas, que han aumentado de forma notable en la 
década actual. 
3.37. Los derechos antidumping aumentan el precio de 
la mercancía importada a la que gravan hasta equipararlo 
a su precio normal, que frecuentemente equivale al que 
tienen en el mercado interno del país exportador. Estos 
derechos constituyen recursos propios como dispone el 
Artículo 2 de la Decisión 85/257/CEE, Euratom. 
3.38. Los ingresos comunitarios por derechos antidum­
ping no se conocen, ya que, en los estados mensuales de 
los recursos propios tradicionales que los Estados 
miembros presentan a la Comisión, no se exige que estén 
desglosados. Esta última considera que tienen escasa 
repercusión financiera. Por lo tanto la importancia de los 
derechos antidumping en los recursos propios de las 
Comunidades sólo puede ilustrarse mencionando casos 
en que la Comisión o los Estados miembros han realizado 
investigaciones para determinar el valor de los intercam­
bios comerciales o los derechos antidumping totales 
correspondientes a la importación de una mercancía 
determinada. Por ejemplo, la Comisión informó al 
Tribunal de que el valor total de las fotocopiadoras 
importadas a la Comunidad durante el período de 
referencia de la investigación antidumping ( enero a julio 
de 1985) fue de 1 000 Mió ECU. También le comunicó 
que según datos facilitados por Francia a la RF de 
Alemania y el Reino Unido el importe de los derechos 
antidumping evadidos en una importación de papel 
«Kraftliner» a la Comunidad había sido del orden de 
8,5 Mió ECU. 
3.39. El Tribunal ha examinado el sistema comunitario 
de imposición y contabilización de los derechos antidum­
ping, centrándose especialmente en los siguientes as­
pectos : 
(a) la aplicación inmediata, armoniosa y generalizada de 
los reglamentos sobre derechos provisionales y 
definitivos; (b) la liquidación y la puesta a disposición rápidas de los 
recursos propios generados por los derechos anti­
dumping ; 
(c) la claridad de las cuentas nacionales y comunitarias 
para que los ingresos obtenidos por derechos 
antidumping puedan ser conocidos y registrados. 
El Tribunal también ha examinado el sistema en busca de 
deficiencias que pudieran afectar negativamente a los 
ingresos previstos; para ello, ha realizado visitas a 
Bélgica, Grecia, España y el Reino Unido y ha mantenido 
reuniones con los servicios de la Comisión. 
Procedimientos comunitarios relacionados 
con los derechos antidumping 
El procedimiento antidumping 
3.40. La imposición de los derechos antidumping es la 
última etapa de un procedimiento que comienza cuando 
el sector industrial afectado por la mercancía supuesta­
mente importada a un precio inferior a su coste presenta 
una queja por escrito a la Comisión. Durante el mismo se 
consulta con los Estados miembros a través de un comité 
asesor. Estas consultas las puede iniciar un Estado 
miembro o la Comisión. 
La investigación del dumping 
3.41. Cuando una queja se considera suficientemente 
fundada para justificar una investigación, la Comisión 
inicia un procedimiento formal, con el fin de comprobar 
la existencia de dumping y sus posibles perjuicios, y lo 
hace público a través del Diario Oficial. Si, una vez 
comprobada la existencia de dumping y determinados los 
daños causados a la industria comunitaria, los intereses 
de la Comunidad reclaman la imposición de derechos 
definitivos, ésta se dispone a través de un reglamento del 
Consejo a propuesta de la Comisión, a no ser que hayan 
sido aceptados los compromisos (véase apartado 3.34) 
ofrecidos por los exportadores. Estos derechos se aplican 
en toda la Comunidad durante cinco años a partir de su 
entrada en vigor o de la última modificación o confirma-
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 53 
ción, los recaudan los Estados miembros cuando las 
mercancías entran en libre práctica. 
Derechos antidumping provisionales 
3.42. Los derechos antidumping provisionales se pue­
den aplicar antes de que concluya la investigación si las 
indagaciones previas demuestran que existe dumping, si 
hay pruebas suficientes de que se han causado perjuicios y 
los intereses de la Comunidad exigen que se intervenga 
para evitar que continúen. Se imponen mediante un 
Reglamento de la Comisión durante un período máximo 
de cuatro meses que el Consejo puede ampliar, a 
propuesta de la Comisión, en otros dos. En estos casos, en 
lugar de pagar un derecho, la comercialización de las 
mercancías en la Comunidad en libre práctica está 
condicionada a la constitución de una fianza por el 
importe del derecho provisional. Posteriormente el 
Consejo decide sobre su recaudación definitiva o su 
liberación. 
Compromisos 
3.43. Los compromisos constituyen una alternativa a la 
imposición de los derechos antidumping. Son una 
promesa formal con la que los exportadores se compro­
meten a no vender en dumping y a evitar que sus 
exportaciones a la Comunidad perjudiquen a los 
fabricantes comunitarios del mismo producto. La 
Comisión puede decidir formalmente que estos compro­
misos sean aceptados mientras se lleva a cabo la 
investigación. 
Disposiciones comunitarias sobre la recaudación 
de los derechos antidumping 
3.44. Las principales disposiciones de la reglamentación 
comunitaria sobre la aplicación y la liquidación como 
recursos propios de los derechos antidumping se recogen 
en los Reglamentos (CEE) n° 2176/84 y (CEE, Euratom, 
CECA) n° 2891/77 del Consejo, de 19 de diciembre de 
1977 (8). Estos derechos antidumping se aplican mediante 
reglamentos específicos. Observaciones de la auditoría 
del sistema de imposición y contabilización 
de los derechos antidumping 
Presentación de los derechos antidumping en las cuentas 
comunitarias 
3.45. Únicamente España contabiliza por separado los 
derechos antidumping, los demás Estados miembros no 
los desglosan (véase el apartado 3.38); en los estados 
mensuales de los recursos propios tradicionales que 
presentan a la Comisión, aparecen englobados en los 
«derechos de aduana». 
3.46. Por lo tanto, ni las cuentas nacionales ni las 
comunitarias identifican claramente los recursos propios 
devengados por derechos antidumping. La falta de 
información contable clara repercute también en el 
conocimiento de las consecuencias financieras de la 
política antidumping comunitaria. Por ello, el Tribunal 
recomienda a los Estados miembros que contabilicen los 
derechos antidumping por separado. 
Difusión de las decisiones de imponer derechos 
antidumping provisionales 
3.47. Los derechos antidumping provisionales se impo­
nen mediante un Reglamento de la Comisión que aparece 
en el Diario Oficial y normalmente entran en vigor al día 
siguiente de su publicación. Como la distribución del 
Diario Oficial a las oficinas de aduana de los Estados 
miembros puede llevar un tiempo considerable, la 
Comisión, en cuanto conoce la fecha de publicación del 
Reglamento, envía por télex a los Estados miembros su 
texto completo. Esto les permite actuar rápidamente sin 
tener que esperar a recibir el Diario Oficial correspon­
diente. 
3.48. El Tribunal ha observado que en Bélgica, Grecia y 
España, o bien no se da curso a estos télex, o su texto se 
transmite a las aduanas encargadas de la recaudación de 
los derechos con retrasos de dos a cuatro semanas. En 
España los derechos no se aplican hasta que las oficinas 
de aduanas reciben el Diario Oficial, normalmente como 
mínimo a las dos semanas de su publicación. En Grecia, 
las oficinas de aduanas visitadas reciben los télex a las tres 
o cuatro semanas de la entrada en vigor de los derechos 
provisionales. Esta diversidad de prácticas no contribuye 
54 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
a que se impongan con rapidez y llega hasta crear el riesgo 
de que no se apliquen. 
Liquidación como recursos propios de los derechos 
antidumping provisionales 
3.49. Hasta el momento en que una decisión del 
Consejo los haga o no definitivos, el pago de los derechos 
antidumping provisionales se garantiza con un depósito 
en metálico o un aval bancario. En el intervalo, la 
mercancía se despacha a libre práctica y no se le puede 
aplicar la norma básica que dispone que la liquidación 
debe tener lugar dentro de los catorce días siguientes a su 
despacho a libre práctica (apartado 2 del Artículo 3 de la 
Directiva del Consejo 78/453/CEE de 22 de mayo de 
1978 (9) sobre el aplazamiento del pago). 
3.50. No existe una normativa comunitaria que fije los 
plazos para la liquidación como recursos propios de los 
derechos antidumping provisionales convertidos en 
definitivos. En Grecia, Bélgica y el Reino Unido los 
plazos de liquidación y, por lo tanto, de puesta a 
disposición de los derechos declarados definitivos oscilan 
entre tres meses y un año, con casos excepcionales de más 
de un año en los dos últimos Estados citados. 
3.51. La Comisión debería tomar las medidas necesa­
rias para garantizar que los recursos propios procedentes 
de los derechos antidumping provisionales declarados 
definitivos se liquiden y pongan a disposición lo más 
rápidamente posible. 
Eficacia de los sistemas de control de las declaraciones 
de importación con derechos antidumping provisionales 
3.52. Las mercancías sujetas a derechos antidumping 
provisionales se despachan a libre práctica cuando se 
constituye una fianza sobre ellas. Las declaraciones de 
importación se deben registrar y archivar de manera que 
puedan identificarse rápidamente cuando se decida la 
recaudación definitiva de los derechos provisionales. 
3.53. Ninguno de los Estados miembros que se han 
visitado tiene un sistema eficaz para imponer rápidamen­
te derechos antidumping provisionales a las declaraciones 
de importación. Por ejemplo, en dos Estados miembros 
(Grecia y Reino Unido) varias declaraciones acabaron en 
el Sistema Central de Archivo sin que se les hubieran aplicado. Además, en ninguno de los Estados miembros 
visitados se contabilizan rápidamente estos derechos 
cuando pasan a ser definitivos (véase el apartado 3.50). 
Controles aduaneros de la mercancía potencialmente 
sujeta a derechos antidumping 
3.54. La imposición de derechos antidumping a un 
producto depende de tres criterios: su clasificación en el 
Arancel Aduanero Común, el país de origen y el 
exportador/fabricante. Esta combinación de criterios, los 
derechos, a veces elevados, y la complejidad de cálculo 
hacen que existan riesgos de declaraciones incorrectas en 
los tres puntos antes mencionados o por declarar un valor 
de la mercancía superior al real. Los casos que se exponen 
a continuación han sido descubiertos durante visitas de 
inspección del Tribunal o comunicados por los Estados 
miembros: 
(a) importación de papel «Kraftliner» al Reino Unido 
evadiendo estos derechos al declarar en aduana un 
valor superior al real (véase también el aparta­
do 3.38); 
(b) importación al Reino Unido de máquinas de escribir 
y fotocopiadoras, evadiendo aproximadamente 
1,3 Mió ECU de estos derechos por irregularidades 
en las declaraciones de origen; 
(c) importación a España de fotocopiadoras evadiendo 
alrededor de 90 000 ECU de derechos debido a 
irregularidades en la identidad del exportador/ 
fabricante en la declaración; 
(d) un número relativamente importante de declaracio­
nes en el Reino Unido con errores en el cálculo de 
estos derechos. 
3.55. Los controles aduaneros tradicionales para 
comprobar que la mercancía importada se atiene a la 
descripción y especificaciones necesarias para la imposi­
ción de derechos antidumping no son muy diferentes de 
los aplicados a la mercancía importada en general. Un 
examen de las instrucciones al efecto de los Estados 
miembros pone de manifiesto que solamente Bélgica y el 
Reino Unido disponen de parámetros de control 
específicos, en procedimientos de despacho de aduanas 
informatizados. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 55 
3.56. Teniendo en cuenta el riesgo de declaraciones 
irregulares de mercancías sujetas a derechos antidum­
ping, el Tribunal recomienda que se tomen medidas de 
control que dispongan una mayor frecuencia y amplitud 
de las inspecciones documentales y físicas de estas 
mercancías. 
Imposición de derechos antidumping 
provisionales y control de los compromisos 
por la Comisión 
Derechos antidumping provisionales 
3.57. Los derechos antidumping provisionales se apli­
can para evitar perjuicios a la industria comunitaria 
mientras se realiza un examen riguroso para determinar el 
nivel adecuado de los derechos antidumping definitivos. 
El período que transcurre entre el inicio de una 
investigación y la aplicación del derecho provisional ha 
pasado de 5,7 meses en 1983 a 7,0 meses en 1984 y a 8,0 en 
1985. Desde entonces la situación se ha estabilizado y en 
1986 y 1987 los plazos medios respectivos han sido de 7,6 
y 7,7 meses (10). La prolongación de este período de 
investigación ofrece a los importadores una gran 
oportunidad de evitar derechos antidumping o compro­
misos restrictivos acelerando la importación de las 
mercancías investigadas. 
La aceptación y el control de los compromisos 
3.58. Como se ha indicado anteriormente, la Comisión 
puede aceptar compromisos durante una investigación. 
La normativa antidumping de la Comunidad estipula 
varias posibilidades para comprobar que los compromi­
sos se cumplen. Sin embargo, el Tribunal observa que la 
Comisión no ha realizado un control sistemático del 
cumplimiento de los que se refieren a precios. Por 
ejemplo, se ha observado que en ocho de los doce 
compromisos aceptados en 1986 los exportadores no 
cumplieron las cláusulas de información pactadas. Esto 
constituye un incumplimiento que puede provocar la 
aplicación de derechos antidumping provisionales como 
efectivamente hizo la Comisión en dos casos. 
3.59. Una industria comunitaria perjudicada puede 
solicitar que se revise la decisión de aceptar un compromi­
so basándose en la existencia de motivos fundados que permitan suponer que no se está cumpliendo. Sin 
embargo, el contenido de los compromisos no se publica y 
sólo lo conocen las partes implicadas y la Comisión. Este 
hecho pone de relieve la necesidad de que sea ella quien los 
controle y tome las medidas adecuadas cuando sea 
necesario. Para reconsiderar una decisión no se debería 
esperar a que la industria perjudicada presentara una 
queja. 
Conclusiones 
3.60. El Tribunal considera que el sistema de imposi­
ción y contabilización de los derechos antidumping, tal 
como lo define la reglamentación comunitaria y lo 
aplican los Estados miembros, no garantiza: 
(a) la aplicación inmediata y uniforme de los reglamentos 
que imponen los derechos antidumping provisionales 
(véanse apartados 3.47 y 3.48); 
(b) la rápida liquidación y pago a las Comunidades de los 
recursos propios devengados por derechos antidum­
ping provisionales convertidos en definitivos (véanse 
apartados 3.49 a 3.51); 
(c) que las cuentas nacionales y comunitarias reflejen 
claramente los recursos propios obtenidos por 
derechos antidumping (véanse apartados 3.45 y 3.46). 
3.61. El Tribunal considera que, ante el creciente riesgo 
de declaraciones irregulares, deberían ampliarse y 
mejorar en calidad los controles aduaneros tradicionales 
que se aplican a las mercancías potencialmente sujetas a 
derechos antidumping. 
3.62. El Tribunal recomienda a la Comisión que tome 
las medidas oportunas para acortar el plazo necesario 
para la imposición de derechos antidumping provisiona­
les y que se mejore la supervisión de los compromisos. 
56 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
EXACCIONES REGULADORAS 
AGRÍCOLAS APLICABLES 
A LAS IMPORTACIONES DE CEREALES 
Introducción 
3.63. En su Informe Anual del ejercicio de 1982 (n), el 
Tribunal comentaba la falta de idoneidad de los 
procedimientos utilizados por la Comisión para calcular 
las exacciones reguladoras de los cereales y sus derivados. 
El Tribunal ha realizado en el ejercicio 1987 un examen de 
estos procedimientos usando como referencia sus comen­
tarios anteriores, pero extendiéndolo a otros aspectos 
importantes de la determinación de las exacciones 
reguladoras de los cereales y a factores que influyen en los 
recursos propios de la Comunidad. 
Descripción del mecanismo de las exacciones 
reguladoras 
3.64. La organización de los mercados de los productos 
cubiertos por la Política Agrícola Común incluye la 
imposición de exacciones reguladoras a los productos 
agrícolas importados de países terceros cuyo objetivo 
fundamental es impedir que las fluctuaciones de los 
precios del mercado mundial afecten a los comunitarios. 
La organización del mercado en el sector de los cereales, 
que entró en vigor el 1 de julio de 1967, se rige por las 
disposiciones contenidas en el Reglamento básico (CEE) 
n° 2727/75 del Consejo de 29 de octubre de 1975 (12). Las 
exacciones reguladoras aplicables a los cereales se basan 
en una tarifa variable destinada a compensar las 
diferencias entre el precio umbral comunitario de 
Rotterdam obtenido del precio indicativo y el precio CIF 
(coste, seguro y flete) Rotterdam del mercado mundial. 
Para ajustar los precios mundiales en función de las 
variaciones de calidad con respecto a la considerada para 
fijar el precio umbral, se utilizan coeficientes de 
equivalencia de cereales. Como ocurre con el precio de 
intervención y el indicativo, durante parte de la campaña 
anual de comercialización, el precio umbral de los 
cereales está sujeto a un sistema de aumentos mensuales 
escalonados, que compensan los costes de almacenamien­
to y adaptan la oferta, que es marcadamente de 
temporada, a una demanda relativamente estable. Influencia del sector de los cereales en los ingresos 
obtenidos con las exacciones reguladoras 
3.65. Los ingresos obtenidos con las exacciones regula­
doras agrícolas se incluyen en el Presupuesto General de 
las Comunidades como recursos propios y se utilizan, sin 
distinción ni asignación concreta, para financiar el gasto 
presupuestario. La Comisión no dispone de un desglose 
de las exacciones por sectores de mercado, pero a pesar de 
ello estima que aproximadamente las dos terceras partes 
provienen de los cereales. Los ingresos correspondientes a 
esta estimación en los años 1978 a 1987 figuran en el 
cuadro 3.1. 
Determinación de la exacción reguladora — 
Precio CIF mundial 
3.66. El Reglamento n° 156/67/CEE de la Comisión de 
23 de junio de 1967 (13) fija el procedimiento que este 
organismo debe seguir para determinar el precio CIF 
mundial; puede resumirse como sigue: 
(a) la Comisión tiene que tener en cuenta todas las ofertas 
que conozca a través de los Estados miembros, de sus 
propios medios y de las cotizaciones de los principales 
mercados internacionales de cereales; 
(b) la fijación de los precios se basará en las posibilidades 
de compra más favorables ignorando las ofertas de 
futuros; 
Cuadro 3.1 — Estimación de la exacción 
reguladora de los cereales: 1978-1987 
Ejercicio 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 (EUR 12) 
1987 Exacciones 
reguladoras agrícolas 
(ingresos 
efectivos) 
(Mió ECU) 
1 872,7 
1 678,6 
1 535,4 
1 264,9 
1 522,0 
1 347,1 
1 260,0 
1 121,7 
1 175,5 
1 626,1 Estimación de la parte que 
corresponde 
Importe 
(Mió ECU) 
1 248,5 
1 119,1 
1 023,6 
843,3 
1 014,7 
898,1 
840,0 
747,8 
783,6 
1 084,1 a los cereales 
% de los 
recursos 
propios 
tradición. 
18,7 
15,3 
12,9 
10,4 
11,2 
9,7 
8,1 
7,1 
7,5 
9,0 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 57 
(c) para las ofertas hechas sobre un puerto diferente a 
Rotterdam, se efectuarán las correcciones necesarias; 
(d) se aplicarán coeficientes de equivalencia para com­
pensar las diferencias de calidad entre el producto 
importado y el comunitario; 
(e) se rechazarán las ofertas que no se consideren de « fair 
average quality», que no respondan a la tendencia 
real del mercado o que por su pequeño volumen no se 
consideren representativas; 
(f) excepcionalmente, se podrá mantener, durante un 
período limitado, un precio de oferta para evitar 
bruscas oscilaciones del precio CIF o mantener la 
tendencia real del mercado; 
(g) sólo se modificará el nivel de la exacción reguladora 
cuando el incremento o la reducción excedan un 
determinado margen de tolerancia (actualmente 0,73 
ECU/t). 
3.67. El Tribunal ha averiguado que: 
(a) en algunas determinaciones de los precios CIF no se 
consignan de un modo claro y adecuado los motivos 
que han llevado a rechazar los precios CIF más bajos 
del mercado mundial. Considerando la importancia 
de esta decisión discrecional en la aprobación final es 
necesario que sus motivos consten explícitamente en 
la documentación correspondiente; 
(b) con frecuencia ocurre que no se ofertan precios CIF, 
con lo que se ha debido calcular el coste, el seguro y el 
flete para después sumarlos. Pero los fletes utilizados 
en esta operación no se basaban en tarifas representa­
tivas y actualizadas. Para el transbordo las únicas 
tarifas empleadas han sido las de una agencia de 
Rotterdam y no han variado desde 1983. Para los 
gastos de seguro se han tomado las tarifas aplicadas 
por una sola compañía. En general, estos gastos 
deben calcularse con datos actualizados, representati­
vos y comprobados; 
(c) los Estados miembros no suministran a la Comisión 
la información de los precios de modo sistemático ni, 
por lo general, satisfactorio. Los servicios de ésta 
consideran que la información facilitada por algunos 
Estados miembros (por ejemplo, Irlanda y Reino 
Unido) no es en absoluto representativa, aunque se 
desconocen los métodos que siguen para recogerla. El artículo 24 del Reglamento (CEE) n° 2727/75 dispone 
que la transmisión y difusión de la información entre 
los Estados miembros y la Comisión se efectuará de 
acuerdo con unas normas que ésta deberá aprobar 
teniendo en cuenta el dictamen del Comité de los 
Cereales. Estas normas aún no se han aprobado, lo 
que considerando la importancia que tiene para el 
sistema de exacción reguladora que los servicios de la 
Comisión sean capaces de realizar comparaciones 
válidas entre las ofertas de precios y sus fuentes, 
constituye una deficiencia fundamental; 
(d) es necesario dedicar más atención a los procedimien­
tos de supervisión interna y a la comprobación de los 
cálculos que influyen en la determinación del precio 
CIF y de la exacción reguladora. 
3.68. Los precios del mercado mundial de cereales están 
sujetos a variaciones importantes. A pesar de la 
estabilidad que las normas señaladas en el apartado 3.66 
confieren al sistema de determinación de precios, los 
precios CIF adoptados y la exacción reguladora consi­
guiente cambian casi a diario. Como la exacción se 
calcula de forma centralizada, los métodos y criterios que 
utiliza la Comisión para hacerlo deben ser muy fiables. La 
normativa intenta conseguir a la vez exactitud y 
estabilidad, por lo que es necesario que se aplique con 
gran cuidado y discernimiento para conseguir un 
equilibrio idóneo en la fijación del precio y de la exacción. 
Desde el punto de vista de los recursos propios, lo 
importante es que en la determinación del precio CIF se 
utilice toda la información fiable obtenida, que las ofertas 
de precios bajos no se rechacen sin fundamento y que los 
precios CIF no se mantengan a un nivel injustificadamen­
te alto. Por todo ello, es importante que la Comisión tome 
las medidas necesarias para mejorar la exactitud y la 
Habilidad de sus procedimientos. 
Determinación de la exacción reguladora — 
Precio umbral 
3.69. El otro elemento determinante de la exacción 
reguladora, el precio umbral, se calcula a partir del precio 
indicativo que, a su vez, se obtiene del precio de 
intervención. Este último es el mismo en todos los centros 
de intervención de la Comunidad. El precio indicativo de 
los cereales se calcula añadiendo al precio de interven­
ción: 
(a) la componente del mercado y 
58 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
(b) los gastos de transporte desde la región con mayores 
excedentes (Ormes, Francia) a la de mayor déficit 
(Duisburgo, RF de Alemania). 
Para obtener el precio umbral en Rotterdam se deben 
deducir del precio indicativo los siguientes elementos: 
(a) los gastos de transporte de Duisburgo a Rotterdam; 
(b) el margen comercial; 
(c) los costes del transbordo en Rotterdam. 
3.70. Durante la presente auditoría el Tribunal de 
Cuentas ha realizado un examen preliminar de los datos y 
el método que la Comisión utiliza para determinar estos 
precios. Sin embargo, como la repercusión del precio 
indicativo y del precio umbral sobre la organización del 
mercado de cereales no se limita a la que tiene sobre la 
exacción reguladora, el Tribunal no puede llegar a 
conclusiones en esta fase. Es necesario estudiar también 
otros aspectos. 
El sistema de fijación anticipada 
Disposiciones sobre la fijación anticipada 
3.71. La fijación anticipada es un régimen simplificador 
aplicable a las exacciones reguladoras de importación y a 
las restituciones a la exportación de los diferentes 
productos agrícolas en el comercio con países terceros. El 
apartado 2 del Artículo 15 del Reglamento básico dispone 
a este respecto que, a petición del interesado, se impondrá 
la exacción reguladora aplicable el día de presentación de 
la licencia de importación ajustada de acuerdo con el 
precio umbral vigente durante el mes en que ésta se 
efectúa y que a las exacciones fijadas anticipadamente se 
podrá añadir una prima. El sistema de fijación anticipada 
tiene como objetivo permitir a los importadores conocer 
la cuantía de la exacción reguladora con anterioridad a la 
importación, para que puedan así determinar sus precios 
«derechos de aduana incluidos» y realizar contratos de 
compra y de suministro. La información presentada por 
los Estados miembros a la Comisión sobre la proporción 
de cereales importados con fijación anticipada no es 
fiable, pero el Tribunal calcula que alrededor del 75 % de 
las importaciones de cereales se acogen a ella. Influencia de la fijación anticipada en la recaudación 
de la exacción reguladora 
3.72. El Tribunal ha examinado las fijaciones anticipa­
das de la exacción reguladora de los principales cereales 
en tres campañas de comercialización (1984/85 a 1986/87) 
basándose en la información suministrada por la 
Comisión. Hay que destacar la importante incidencia de 
las fijaciones anticipadas al final de las campañas. 
Hacerlas en ese momento permite a las importaciones 
aprovechar completamente la caída del precio umbral al 
comienzo de la nueva campaña de comercialización (en la 
que la exacción reguladora fijada anticipadamente se 
ajustará a la baja), a la vez que protegerse contra el 
aumento de la exacción reguladora producido por un 
descenso del precio CIF mundial. La fijación anticipada 
ofrece a los importadores un amplio margen para utilizar 
el sistema con fines especulativos, con lo que obtienen 
ventajas financieras adicionales no deseadas. La Comi­
sión sostiene, y las indagaciones del Tribunal lo 
confirman, que «las solicitudes de licencias se concentran 
en los tipos de exacción más bajos, especialmente en el 
caso del maíz»(14) y que «la exacción reguladora 
impuesta es entre un 5 y un 10 % inferior a la que en teoría 
se hubiera aplicado el día de la importación» (15). 
Teniendo en cuenta la relativa inelasticidad de la 
demanda de cereales importados, el Tribunal calcula que 
de 1984 a 1986 se dejaron de percibir entre 40 y 45 Mió 
ECU anuales debido a la fijación anticipada de las 
exacciones reguladoras. 
Valoración del sistema de fijación anticipada 
3.73. Claramente el objetivo del sistema de exacciones 
reguladoras es lograr que los cereales importados no se 
vendan en los mercados comunitarios por debajo del 
precio umbral. El resto de las normas que rigen el 
comercio con terceros países deberían ser compatibles 
con él. Sin embargo, se produce una inconsistencia grave 
cuando se diseña un sistema que presta una gran atención 
a que la exacción responda en su funcionamiento diario a 
la necesidad de proteger el precio umbral y, a continua­
ción, se le añade un mecanismo de fijación anticipada que 
puede perjudicar seriamente la consecución de este 
objetivo. La Comisión ha ido tomando diversas medidas 
para intentar solucionar y contrarrestar el efecto negativo 
de la fijación anticipada. Sin embargo, teniendo en cuenta 
la evolución del comercio de cereales y, especialmente, la 
disminución de las importaciones comunitarias (véase el 
apartado 3.75), no parece realista continuar con el 
complicado sistema de fijación anticipada. 
3.74. El Tribunal considera que es necesario un análisis 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 59 
del sistema que tenga en cuenta todas las consecuencias en 
los ingresos comunitarios y el comercio de cereales. 
Evolución del comercio de los cereales y sus 
productos sustitutivos 
3.75. Desde 1973 se han producido cambios fundamen­
tales en la composición del comercio de cereales 
comunitario. Entre 1973/74 y 1986/87, la importación ha 
pasado de 24,3 Mió t a 6,3 Mió t, mientras que las 
exportaciones subían de 9,3 Mió t a 20,7 Mió t. En 1973, 
las importaciones comunitarias representaban el 17,9 % 
del mercado mundial de cereales y las exportaciones 
6,9 % y, en 1984, habían pasado respectivamente al 4,2 % 
y al 11,4%. De 1973/74 a 1983/84 el grado de 
autoabastecimiento de cereales de la Comunidad pasó del 
91 % al 116%. En él han sido muy importantes los 
incrementos registrados en los gastos de autoabasteci­
miento de maíz (del 55 % al 84 %) y de trigo de los 
diferentes tipos (del 104 % al 134 %). 
3.76. El descenso de las cantidades de cereales importa­
das se ha debido principalmente a que han sido 
desplazados de los mercados comunitarios por la 
producción propia y por la importación de productos 
sustitutivos. El cuadro 3.2 muestra claramente el contras­
te de las tendencias de las importaciones de cereales y de 
sus productos sustitutivos durante diez años. Estos 
últimos, de un valor energético elevado, entran en 
competencia directa con aquéllos, especialmente en el 
sector de piensos. Al contrario que la exacción reguladora 
de los cereales que, en 1987, se situó en un tipo medio 
Cuadro 3.2 — Cantidades de cereales y de sus productos sustitutivos 
Producto 
Sustitutos de los cereales: 
Mandioca 
Pienso de gluten de maíz 
Cortezas de frutos cítricos 
Tortas de germen de maíz 
Melazas 
Cereales importados para pienso ponderado de 191 ECU/t estos productos se importan 
con aranceles muy bajos o iguales a cero. Su importación 
desplaza a la de cereales, con la consiguiente reducción de 
la recaudación de sus exacciones reguladoras. Suponien­
do que la importación de 4 toneladas de productos 
sustitutivos desplaza a la de una tonelada de cereales, se 
puede calcular una reducción potencial de la exacción en 
1987 de 724 Mió ECU. 
Conclusión 
3.77. Después de haber examinado la aplicación del 
sistema de exacción reguladora de los cereales, al 
Tribunal le preocupa que la Comisión siga sin declarar los 
motivos en que basa sus decisiones, que la información no 
se recopile bien y que la supervisión de los procedimientos 
de cálculo sea deficiente. Subraya la necesidad de prestar 
la atención necesaria a la incidencia del régimen regulador 
del mercado de los cereales en los recursos propios 
comunitarios. Dentro de este régimen, la exacción sirve 
para ajustar los precios y a pesar de que no puede 
considerarse como un instrumento impositivo indepen­
dientemente de las características del mercado. La 
Comisión sigue teniendo la responsabilidad de garantizar 
que los ingresos comunitarios procedentes de las 
exacciones reguladoras agrícolas no sean inferiores a su 
nivel potencial cuando no existan motivos insalvables 
para ello. 
importados a la Comunidad para piensos en los años que se indican 
(1 000 t) 
1976 
2 984 
1 147 
646 
629 
2 199 
27 800 1985 
(EUR 10) 
6 336 
3 542 
1 467 
958 
2 920 
5 600 1986 
(EUR 12) 
5 822 
4 097 
1 237 
1 430 
3 507 
5 824 1987 (') 
(EUR 12) 
6 289 
4 244 
1 463 
2 089 
3 161 
4 496 
Fuente: Eurostat/Comext. 
(') Las cantidades de 1987 se refieren a los 11 primeros meses. 
60 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
PUESTA A DISPOSICIÓN 
DE LOS DERECHOS DE ADUANA DE 
ESPAÑA 
Y PORTUGAL 
3.78. En su Informe Anual del ejercicio 1986 (16) el 
Tribunal subrayaba el hecho de que España y Portugal no 
empezaron a liquidar derechos de aduana hasta el 1 de 
marzo de 1986 en vez de desde su fecha de adhesión, 1 de 
enero de 1986, como precisaban las disposiciones 
financieras del Tratado de Adhesión. Los servicios de la 
Comisión han calculado que la cantidad implicada está 
entre los 50 y los 60 Mió ECU. La Comisión ha emitido 
un requerimiento formal de pago y, en el momento de la 
publicación del Informe Anual de 1986, seguía trabajan­
do en el asunto. 
3.79. Desde entonces, y tras largas conversaciones con 
España y Portugal, la postura de la Comisión ha 
cambiado. Estos Estados miembros no han liquidado ni 
pagado los derechos que se les reclamaron. A pesar de 
ello, el 6 de enero de 1988, la Comisión decidió no iniciar 
procedimiento de infracción al amparo del Artículo 169 
del Tratado CEE y archivar el asunto. 
3.80. Esta actuación plantea la cuestión de si forma 
parte de las prerrogativas legales de la Comisión 
renunciar unilateralmente a recursos propios comunita­
rios. 
EXENCIONES DE DERECHOS 
DE ADUANA A MATERIAL MILITAR 
CONCEDIDAS UNILATERALMENTE 
POR LOS ESTADOS MIEMBROS 
3.81. En su Informe Anual del ejercicio 1984 (17), el 
Tribunal mencionaba la práctica (observada por primera 
vez en 1977) adoptada por Bélgica, Dinamarca, Grecia, 
Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido de 
no aplicar derechos de aduana a las importaciones de 
material exclusivamente militar o que, siendo militar, 
pueda también dedicarse a usos civiles. La Comisión se 
mostró contraria a estas exenciones, que los Estados 
miembros fundaban en el Artículo 223(1 b) del Tratado 
CEE, e inició procedimientos de infracción de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 169 del Tratado CEE, sobre 
las importaciones procedentes de países terceros de 
material militar susceptible de usos civiles. El material de 
carácter exclusivamente militar no se incluyó porque la 
Comisión esperaba que el resultado confirmaría su punto 
de vista sobre la aplicación del Arancel Aduanero Común al material militar en general, con lo que no sería 
necesario entablar otros procedimientos. 
3.82. La Comisión ha informado al Tribunal sobre la 
situación de estos procedimientos de infracción: 
(a) en julio de 1985 se envió un dictamen motivado a 
Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, los Países 
Bajos y el Reino Unido sobre la no aplicación del 
Arancel Aduanero Común (AAC) a importaciones 
procedentes de países terceros de material utilizable 
tanto para fines civiles como militares. En octubre de 
1985 y en abril de 1986 se envió un requerimiento 
formal de pago de los correspondientes derechos de 
importación a Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, los 
Países Bajos y el Reino Unido. Cuatro Estados 
miembros (Bélgica, Italia, los Países Bajos y el Reino 
Unido) supeditaron el posible pago de los recursos 
propios devengados al resultado del procedimiento 
de infracción. Todavía no se ha recibido respuesta de 
Dinamarca y Grecia; 
(b) la Comisión insiste en que corresponde a los Estados 
miembros calcular los importes de los derechos de 
aduana que deben poner a disposición de la Comuni­
dad y comoquiera que no los ponen, tampoco los 
calculan. También señala que las disposiciones 
comunitarias existentes no le permiten exigir a los 
Estados miembros que calculen el importe de los 
derechos, independientemente de que vayan o no a ser 
puestos a disposición. 
3.83. Con el fin de regularizar la situación, la Comisión 
presentó al Consejo un borrador de propuesta de 
Reglamento el 29 de septiembre de 1988 (18); es decir, diez 
años después de los primeros comentarios del Tribunal 
sobre el asunto. La situación descrita en los apartados 
3.81 y 3.82 ha hecho que aún no se hayan puesto a 
disposición de la Comisión cantidades importantes de 
derechos de aduanas correspondientes a las importacio­
nes en cuestión. Es urgentemente necesario regular 
mediante disposiciones comunitarias la importación y 
entrada a libre práctica de material y recuperar los 
ingresos comunitarios que aún no se han puesto a 
disposición. 
3.84. En lo que se refiere al cálculo y notificación del 
importe de los derechos (véase el apartado 3.82 (b)), el 
Tribunal opina que la Comisión está facultada para exigir 
a los Estados miembros esta información en virtud del 
apartado 2 del Artículo 18 del Reglamento CEE, 
Euratom, CECA n° 2891/77 del Consejo y por la 
interpretación que el Tribunal de Justicia de las Comuni­
dades Europeas realizó del campo de aplicación de este 
artículo en el asunto «Mantequilla de Como» (19). 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 61 
CONCLUSIÓN GENERAL 
3.85. Todos los comentarios sobre los cinco temas 
tratados en este capítulo ponen de relieve la vulnerabili­
dad de los regursos propios comunitarios. Para proteger­
los de forma adecuada es necesario que la Comisión y los 
Estados miembros ejerzan una vigilancia constante. El 
hecho de que la Comunidad ceda a los Estados miembros 
el 10 % de los recursos propios tradicionales en concepto de gastos de recaudación les obliga a hacerla bien y a la 
Comisión a velar porque se reciba un servicio de calidad. 
La protección de los recursos propios comunitarios es 
aún más urgente en un contexto de liberalización 
generalizada de los intercambios comerciales y donde se 
está produciendo una tendencia a reducir los controles 
aduaneros. La creación de un Mercado Único Europeo, 
prevista para 1992, hace que sea aún más urgente 
garantizar que se tomen a su debido tiempo todas las 
medidas necesarias. 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) DOL 128 de 14.5.85, p. 15. 
DO C 342 de 31.12.1980, apartados 3.48 — 3.61. 
DO L 38 de 9.2.1977, p. 1. 
DOL 107 de 22.4.1987, p. 1. 
El Ejemplar de Control T n° 5 es un documento que se 
adjunta, si es necesario, a la declaración normal de tránsito y 
se utiliza como prueba de que la mercancía que cubra ha 
llegado a su destino o que se ha utilizado según las 
disposiciones comunitarias específicas que lo exigen. Por 
ejemplo, sirve para certificar que las mercancías exportadas 
con restituciones han salido del territorio de la Comunidad. 
Do L 79 de 21.3.1985, p. 1. 
DOL 201 de 30.7.1984, p. 1. (8) DO L 336 de 27.12.1977, p. 1. 
(9) DOL 146 de 2.6.1978, p. 1. 
(10) Informes anuales de la Comisión al Parlamento Europeo 
sobre las actividades antidumping de la Comunidad. 
(n) DO C 357 de 31.12.1983, apartados 3.20 — 3.23. 
(12) DOL 281 de 1.11.1975, p. 1. 
(13) DO 128 de 27.6.1967, p. 2533. 
(14) Doc. COM(86) 200-EN de 13.6.1986, Volumen 7/2, p. B/ 
417. 
(15) Doc. COM(87) 150-EN de 15.6.1987, Volumen 0/3, p. 363. 
(16) DO C 336 de 15.12.1987, apartados 4.12 — 4.13. 
07) DO C 326 de 16.12.1985, apartados 3.29 — 3.33. 
08) DO C 265 de 12.10.1988, p. 9. 
(19) Asunto n° 267/78. 
62 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
CAPITULO 4 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, 
Sección Garantía (FEOGA-Garantía) 
4.0. ÍNDICE DE MATERIAS 
Introducción general 
Situación de las existencias al final de 1987 
Controles nacionales de los gastos del FEOGA-Garantía 
Control de los gastos de almacenamiento e intervención 
Control de las cantidades 
Control de la calidad 
Condiciones de almacenamiento 
Declaraciones de gastos de los Estados miembros 
Conclusiones finales sobre el almacenamiento de intervención 
Control de los gastos de las restituciones a la exportación 
Introducción 
Ámbito del control del Tribunal 
Averiguaciones del Tribunal 
Controles aplicados a la exportación de carne de vacuno 
Controles a los que se somete la exportación de ganado vacuno 
vivo 
Controles de la exportación de carne de ganado vacuno macho 
Verificación de las pruebas de que la exportación se ha realizado 
Control de la mercancía exportada a través del sistema de tránsito 
comunitario 
Prueba de la llegada al destino final 
Inspecciones de la carne de vacuno sometida a control aduanero 
de acuerdo con el régimen de prefinanciación 
Observaciones finales sobre las restituciones a la exportación 
Medidas de mercado 
La Directiva 77/435/CEE 
Introducción 
Observaciones del Tribunal acerca de la aplicación de la Directiva en 
los Estados miembros 
Controles de las empresas que solicitan restituciones a la exportación 
previstos por la Directiva 
Disposiciones de supervisión de la Comisión 
Introducción 
Vigilancia ejercida por la Comisión sobre los sistemas de gestión y control 
de las medidas del FEOGA-Garantía de los Estados miembros 
Vigilancia ejercida por la Comisión sobre la aplicación de la Directiva del 
Consejo 77/435/CEE Apartados 
4.1 
4.4 
4.5 
4.6 
4.8 
4.10 
4.13 
4.14 
4.17 
4.20 
4.20 
4.29 
4.31 
4.31 
4.35 
4.40 
4.43 
4.44 
4.45 
4.49 
4.55 
4.60 
4.62 
4.62 
4.64 
4.72 
4.76 
4.76 
4.77 
4.80 — 4.3 
— 4.75 
— 4.19 
— 4.9 
— 4.12 
— 4.16 
— 4.19 
— 4.59 
— 4.28 
— 4.30 
— 4.54 
— 4.34 
— 4.39 
— 4.42 
— 4.48 
— 4.54 
— 4.59 
— 4.61 
— 4.75 
— 4.63 
— 4.71 
— 4.75 
— 4.85 
— 4.79 
— 4.82 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 63 
Liquidación de las cuentas efectuada por la Comisión 4.83 — 
Auditoria de los distintos mercados 4.86 — 
Auditoría del mercado del vino de mesa: contratos de almacenamiento 
privado y ayudas comunitarias a la utilización del mosto de uva 4.88 
Almacenamiento privado de vino de mesa y mosto de uva 4.89 
Resultados de la auditoría 4.91 
Ayudas comunitarias a la utilización de mosto de uva 4.100 
Resultados de la auditoría 4.102 
Principales modificaciones realizadas por la Comisión desde la publicación 
de los informes especiales del Tribunal 4.107 
Ayuda a la producción de aceite de oliva 4.107 
Medidas de destilación de vino 4.110 
Organización administrativa en España 4.115 
Características de la producción y el consumo de aceite de oliva 4.115 
Características de la producción y el consumo de vino 4.117 
Organización administrativa 4.120 
Observaciones de la auditoría 4.122 
Conclusiones generales 4.132 —4.133 4.85 
4.106 
4.106 
4.99 
4.99 
4.106 
4.106 
4.114 
4.109 
4.114 
4.131 
4.116 
4.119 
4.121 
4.131 
INTRODUCCIÓN GENERAL relación a las cantidades globales certifica únicamen­
te que existen créditos disponibles para cubrirlos; 
4.1. La gestión del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agrícola, Sección Garantía (FEOGA-Garan-
tía), se ha seguido rigiendo en 1987, con la modificación 
señalada en el apartado 4.3, por el Reglamento (CEE) n° 
729/70 del Consejo de 21 de abril de 1970 0) que, con las 
disposiciones del Reglamento Financiero, especialmente 
del Título VIII, constituyen un marco reglamentario 
distinto de las normas aplicables al Presupuesto General. 
4.2. Las características principales del sistema de 
financiación del FEOGA-Garantía que crean estos 
reglamentos son las siguientes: 
(a) aunque la Comisión se mantiene como responsable en 
última instancia de la gestión del Presupuesto, la 
aplicación diaria de las políticas y acciones que 
producen los gastos corresponde claramente a los 
Estados miembros; 
(b) los Estados miembros reciben anticipos mensuales de 
la Comisión con la simple presentación de una 
declaración de los gastos efectuados y previstos; estos 
anticipos, por su naturaleza, no precisan la aproba­
ción detallada del interventor, cuyo visado en 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. (c) las cuentas consolidadas de estas declaraciones 
mensuales constituyen finalmente la cuenta de 
gestión del FEOGA-Garantía del ejercicio; 
(d) posteriormente, los Estados miembros presentan a la 
Comisión las cuentas anuales de los gastos efectuados 
en concepto de FEOGA-Garantía; ésta los somete a 
controles selectivos dentro del procedimiento conoci­
do como liquidación de cuentas, en el que la 
Comisión y los Estados miembros, conjuntamente, 
efectúan las correcciones necesarias que son introdu­
cidas inmediatamente en las cuentas. 
4.3. En octubre de 1987, el Reglamento (CEE) 
n° 3183/87 del Consejo de 19 de octubre de 1987 (2) 
establecía unas normas temporales de financiación de la 
Política Agrícola Común (PAC). Su objetivo principal 
era solucionar el problema que planteaba ese año la falta 
de créditos disponibles en la sección «Garantía» del 
FEOGA. Para ello disponía que cuando los créditos de 
1987 se agotaran, lo que ocurrió en noviembre de 1987, la 
financiación de la Política Agrícola Común correría 
inicialmente durante el resto del año a cargo de los 
Estados miembros. Este resultado se obtuvo atrasando 
dos meses la fecha en que los « anticipos » mencionados en 
64 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
el apartado 4.2(b) se hacen efectivos a los Estados 
miembros y se imputan al Presupuesto. Este sistema 
continuará en vigor en 1988. Sin embargo, los mecanis­
mos de control del sistema, sobre los que se hacen algunas 
observaciones en el presente capítulo, no han cambiado, 
salvo en que ahora los pagos se basan en las declaraciones 
y no en la previsión de sus necesidades financieras. 
SITUACIÓN DE LAS EXISTENCIAS 
AL FINAL DE 1987 
4.4. Los cuadros 4.1 y 4.2 muestran las cantidades y los 
valores contables de las existencias en almacenamiento 
público al final de 1987 y los compara con los de los años 
precedentes. En general, estas cifras ponen de manifiesto 
considerables mejoras con relación a la situación del año 
anterior; indican una reducción del 9 % en cantidad y del 
18 % en valor. Estas mejoras se traducen en una 
disminución importante de las pérdidas potenciales 
atribuibles a las existencias en almacenamiento público a 
31 de diciembre 1987. Mientras que el Tribunal calculaba 
que al final de 1986 estas pérdidas eran de 8 501,7 Mió 
ECU, la Comisión las valoraba en 3 659,1 Mió ECU 
(Cuadro 1 del Anexo B de la Cuenta de Gestión y Balance 
Consolidado). La cifra de la Comisión da lugar a los 
siguientes comentarios: 
(a) tras la crítica formulada por el Tribunal en su Informe 
del ejercicio 1986 (3), (apartado 5.14), la Comisión ha 
abandonado el concepto de existencias de interven­
ción normales que, de una manera o de otra, no se 
depreciaban, con lo que su estimación de pérdidas 
potenciales al final de 1987 tiene en cuenta todas las 
existencias en esa fecha; 
(b) en realidad, la deuda futura de la Comunidad en 
concepto de almacenamiento público era de 
5 302,1 Mió ECU al final de 1987 ya que a los 
3 659,1 Mió ECU hay que añadir 1 643 Mió ECU 
(Anexo A l(b) de la Cuenta de Gestión) que 
corresponden a la contraída con los Estados miem­
bros por la mantequilla (530 000 toneladas (4)). Las 
consecuencias financieras de la salida al mercado de 
esta mantequilla se cubrieron presupuestariamente en 
1987, pero al final del año seguía en almacenes. CONTROLES NACIONALES DE LOS 
GASTOS DEL FEOGA-GARANTÍA 
4.5. Una de las consecuencias del sistema descrito en el 
apartado 4.2 es que la legalidad y la regularidad de los 
ingresos y de los gastos del FEOGA-Garantía dependen, 
totalmente al principio y más tarde en gran medida, de los 
controles efectuados por los Estados miembros. En 1987, 
el Tribunal ha examinado los realizados en varios sectores 
importantes de gastos del FEOGA-garantía, así como las 
relaciones que existen entre estos controles y los que la 
Comisión lleva a cabo a nivel central. Algunos de estos 
análisis son muy amplios y siguen aún en curso. Esta parte 
del Informe Anual resume las averiguaciones realizadas 
hasta ahora y, a partir de ellas, extrae una serie de 
conclusiones acerca de los sistemas de control descentrali­
zados y de la fiabilidad de algunas de las cifras 
presentadas en los estados financieros de 1987. 
Control de los gastos de almacenamiento 
e intervención 
4.6. El Tribunal ha finalizado recientementte un estudio 
sobre el sistema comunitario de gestión y control del 
almacenamiento público de productos agrícolas. Se han 
analizado tres mercados (cereales, productos lácteos y 
carne de vacuno) en seis Estados miembros (D, F, I, IRL, 
NL y UK), combinación que representa alrededor del 
95 % de los gastos comunitarios en almacenamiento 
público. Los gastos cargados al Presupuesto de 1987 por 
las actuaciones descritas en el Informe son del orden de 
2 800 Mió ECU. 
4.7. Mientras que la Comisión lleva a cabo funciones 
centrales (gestión de mercado, elaboración del Presupues­
to, financiación, etc.), los Estados miembros son 
responsables de la realización diaria, a nivel local, de los 
trámites administrativos del almacenamiento público. En 
su auditoría, el Tribunal dedica una atención especial a 
estos últimos aspectos y observa que los Estados 
miembros no siempre cumplen de manera satisfactoria 
sus responsabilidades en la materia. 
Control de las cantidades 
4.8. Una de las garantías básicas de la cantidad de 
producto almacenada es el inventario físico, y la 
Comisión ha enviado un memorándum a todos los 
Estados miembros precisando que al final de cada 
ejercicio deben inventariar las existencias de intervención. 
La Comisión, sin embargo, debilita fuertemente su 
posición al admitir declaraciones de existencias de los 
propios almacenistas en los casos en los que no es posible 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 65 
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66 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Cuadro 4.2 — FEOGA-Garantía 1987: Valor de las existencias 
a fina! de año comparado con años anteriores 
(Mió ECU) 
Producto 
Trigo blando panificable 
Trigo blando no panificable 
Subtotal trigo blando 
Cebada 
Centeno 
Trigo duro 
Maíz 
Sorgo 
Total cereales 
Azúcar 
Aceite de oliva 
Colza 
Girasol 
Total oleaginosas 
Tabaco 
Alcohol 
Leche desnatada en polvo 
Mantequilla 
Total productos lácteos 
Carne de vacuno sin deshues. 
Carne de vacuno deshuesada 
Total carne de vacuno 
Carne de porcino 
Total general 1985 
(Valores a 
30.11) 
776,7 
1 613,6 
2 390,3 
940,5 
225,7 
264,2 
3 820,7 
115,6 
14,6 
47,3 
866,7 
3 415,7 
4 282,4 
1 508,7 
761,5 
2 270,2 
28,9 
10 579,7 1986 
(Valores a 
30.11) 
541,2 
1 135,4 
1 676,6 
728,8 
248,3 
287,7 
34,9 
0,7 
2 977,0 
9,7 
421,1 
0,1 
13,9 
14,0 
30,4 
64,8 
1 621,6 
4 284,7 
5 906,3 
1 211,9 
783,6 
1 995,5 
— 
11 418,8 1987 
526,3 
332,4 
858,7 
706,4 
165,3 
577,8 
4,1 
1,6 
2 313,9 
487,7 
8,5 
8,5 
40,7 
160,4 
1 136,7 
2 941,7 
4 078,4 
1 475,5 
805,4 
2 280,9 
— 
9 370,5 
realizar un inventario completo. A pesar de las ventajas 
administrativas que ofrece este procedimiento, el Tribu­
nal opina que no permite llevar a cabo las verificaciones 
independientes necesarias. Para facilitar la administra­
ción y lograr un nivel de verificación adecuado, sería más 
útil un programa de inventarios realizados de forma 
independiente y continua. 
4.9. El Tribunal ha observado que, en la práctica, el 
inventario físico de las existencias de intervención 
realizado por los Estados miembros, en el mejor de los 
casos, es insuficiente y, en el peor, inexistente. En tres 
Estados miembros visitados (D, IRL y UK) existe un 
procedimiento de inventariado independiente, pero no se 
aplica a todos los productos. En otros casos (F y NL), se 
confía plenamente en las declaraciones de existencias de 
los almacenistas, que a veces se realizan bajo la vigilancia 
de personal técnico independiente. En un Estado 
miembro (I), no se hace ningún inventario físico 
independiente ni declaraciones de existencias de los 
almacenistas que respalden los volúmenes de las existen­
cias públicas al final del ejercicio. Control de la calidad 
4.10. La Comisión no ha emitido orientaciones concre­
tas a los Estados miembros sobre los procedimientos de 
control de calidad que se deben aplicar antes de aceptar 
productos en almacenamiento público, por lo que los 
Estados miembros actúan de formas muy diversas. En 
algunos casos (D, IRL y NL), el personal del organismo 
de intervención está presente en los locales y toma la 
iniciativa de comprobar independientemente los produc­
tos que entran al almacenamiento público; en otros casos 
(F y UK), esta comprobación la realiza el almacenista 
conjuntamente con la empresa que ofrece el producto, o 
en solitario. 
4.11. Es poco frecuente que el organismo de interven­
ción lleve a cabo o encargue controles para verificar el 
estado de conservación de los productos durante su 
almacenamiento. Algunos almacenistas los realizan por 
su propio interés, ya que son personalmente responsables 
del estado de conservación de las mercancías que 
almacenan; según los casos, los organismos de interven­
ción tienen o no acceso a los resultados de estos controles. 
En cuanto al resto, en el mejor de los casos, el control de la 
calidad se deja para el momento en que los productos 
salen de intervención. 
4.12. El control en la salida se basa principalmente en la 
divergencia de intereses que, se supone, existe entre 
comprador y almacenista; pero, en opinión del Tribunal, 
a veces puede ser más aparente que real, por ejemplo 
cuando son socios comerciales. Lo que es indiscutible es 
que rara vez los organismos de intervención toman 
muestras, y que sólo excepcionalmente analizan las 
mercancías que salen de los almacenes públicos para 
garantizar que no hayan sufrido daños indebidos o que 
hayan sido sustituidas. Incluso aunque los organismos de 
intervención estuvieran dispuestos a realizar estos 
controles de forma sistemática no podrían comparar 
directamente las calidades de entrada y de salida, ya que 
la información que necesitarían no figura en los registros 
de existencias. Comoquiera que los almacenistas son 
financieramente responsables del deterioro indebido de 
los productos que custodian, es quizás significativo 
señalar que, en toda la historia de la PAC, sólo en un 
sector (el de los cereales en Francia) se han aplicado 
sanciones financieras a almacenistas por deterioro 
anormal de la calidad de los productos de intervención 
almacenados. 
Condiciones de almacenamiento 
4.13. La organización de la inspección de los almacenes 
públicos por personal del organismo de intervención 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 67 
varía considerablemente. En Irlanda, este personal está 
presente permanentemente en las instalaciones; mientras 
que en otros Estados miembros, rara vez visita los 
almacenes y sólo lo hace cuando, por ejemplo, se sospecha 
que puede surgir un problema concreto. La misma 
diversidad se da en la calidad de las instrucciones 
formales sobre las condiciones de almacenamiento que 
los organismos de intervención cursan a los almacenistas. 
En estas circunstancias, no es extraño que el Tribunal 
haya observado que las condiciones de almacenamiento 
de varios productos en determinados Estados miembros 
(por ejemplo, los cereales en Francia) distaban de ser 
ideales. Esta observación refuerza la opinión de que, para 
salvaguardar las existencias de intervención, es esencial 
contar con un inventario físico independiente y un control 
de la calidad. 
Declaraciones de gastos de los Estados miembros 
4.14. Al igual que las demás medidas financiadas por el 
FEOGA-Garantía, los gastos de los Estados miembros en 
concepto de almacenamiento público, reflejados en 
declaraciones mensuales, se imputan al Presupuesto de la 
Comunidad. Para determinar los gastos mensuales, las 
existencias se valoran al coste medio acumulado, que es el 
promedio del valor unitario que se da a las existencias 
cada mes, y de las adquiridas en cada uno de los meses 
siguientes; el valor contable resultante es utilizado como 
base para calcular las pérdidas producidas por las ventas. 
Este procedimiento tiene tres consecuencias: 
(a) los valores de las existencias, las pérdidas en las 
ventas, etc., se deben calcular con procedimientos 
extracontables, que no están sujetos a los controles 
habituales de los sistemas contables normales; 
(b) las declaraciones de gastos son provisionales y 
susceptibles de correcciones posteriores lo que 
entraña una cierta falta de rigor con respecto a su 
Habilidad; 
(c) los beneficios o las pérdidas en las ventas no pueden 
atribuirse a operaciones individuales. 
4.15. El Tribunal ha comprobado que, debido a las 
razones señaladas y a otras relacionadas con los 
procedimientos administrativos de los Estados miem­
bros, las declaraciones mensuales que presentan tienen 
sólo una ligera relación con el nivel real de los gastos. Los 
análisis que ha realizado muestran, por ejemplo, que el 
error medio en las declaraciones de entrada a almacena­
miento público es del orden del 25 %, y en las de salida, 
del 45 %. Estas últimas determinan las pérdidas que la 
Comunidad debe asumir en concepto de ventas de 
intervención. 4.16. Estas cifras permiten valorar la exactitud de las 
declaraciones mensuales que presenta cada Estado 
miembro; se basan en las correcciones hechas por los 
propios Estados miembros cuando cuentan con nueva 
información. Comoquiera que pueden aparecer errores 
en los dos sentidos, no indican necesariamente desviacio­
nes al alza o a la baja de los gastos imputables al FEOGA. 
Sin embargo, el Tribunal opina que la tendencia 
sistemática a la inexactitud de las declaraciones mensua­
les pone en entredicho la Habilidad de las declaraciones de 
final de año de los Estados miembros, sobre las que se 
calcula el importe definitivo que se debe imputar al 
ejercicio. 
Conclusiones finales sobre el almacenamiento 
de intervención 
4.17. Como, en general, los Estados miembros no 
disponen ni de un sistema de inventario físico indepen­
diente que sea adecuado ni de un sistema de control de 
calidad, el Tribunal considera que las cifras publicadas de 
cantidades y el valor de las existencias de intervención que 
se publican al final del ejercicio no son en absoluto fiables, 
como tampoco lo son los gastos correspondientes durante 
el año. 
4.18. El sistema de anticipos mensuales proporciona a 
los Estados miembros un acceso casi automático a los 
fondos comunitarios, y en opinión del Tribunal sólo es 
justificable si se cumplen dos condiciones: en primer 
lugar, que el grado de exactitud de las declaraciones 
mensuales de los Estados miembros sea aceptable y, en 
segundo, que existan dispositivos eficaces que permitan 
una verificación a posteriori. Claramente, la primera de 
estas condiciones no se cumple en los gastos del 
almacenamiento público. El sistema tiende a generar 
errores y puede afectar a la estimación presupuestaria de 
los gastos de almacenamiento público que se realiza 
durante el año. 
4.19. En cuanto a la segunda condición, las observacio­
nes que figuran en los apartados 4.83 a 4.85 confirman las 
dudas expresadas en el Informe Anual del ejercicio 1986 
del Tribunal (3) (apartados 5.26 a 5.44) sobre la eficacia 
de los auditores del FEOGA de la Comisión en la 
liquidación de las cuentas anuales de los Estados 
miembros. 
68 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Control de los gastos de las restituciones 
a la exportación 
Introducción 
4.20. Las restituciones a la exportación son ayudas 
dirigidas a los exportadores comunitarios de determina­
dos productos agrícolas, para permitirles ser competiti­
vos en los mercados de países terceros donde los precios 
son generalmente inferiores a los comunitarios. En 1987, 
se han imputado al presupuesto comunitario restitucio­
nes a la exportación por valor de 9 375 Mió ECU, el 41 % 
de los gastos del FEOG A-Garantí a. Los principales 
sectores implicados han sido los cereales (3 070,6 Mió 
ECU), la carne de vacuno (877,9 Mió ECU) y los 
productos lácteos (2 257,9 Mió ECU). 
4.21. El tipo de restitución a las exportaciones varía en 
función de la clasificación exacta de la mercancía. Por 
ejemplo, en la carne de vacuno refrigerada es mayor que 
en la carne de vacuno congelada, en los cuartos traseros 
mayor que en los cuartos delanteros, en la carne de 
vacuno de animales machos mayor que en la de animales 
hembras y en el ganado vacuno macho de pura raza 
mayor que en el resto del ganado vacuno. Como muestra 
de la complejidad de este sistema, baste saber que la 
nomenclatura utilizada para las restituciones a la 
exportación contiene más de 1 200 clasificaciones distin­
tas para los productos agrícolas, de las que casi 400 
corresponden a productos lácteos y unas 80 a la carne de 
vacuno. 
4.22. Los tipos de las restituciones a la exportación 
pueden también variar en función del país de destino 
final. Por ejemplo, a efectos de exportación de carne de 
vacuno, el mundo está dividido en 11 zonas, cada una con 
tipos muy diferentes. Sirva como ejemplo el hecho de que, 
el 31 de diciembre de 1987, la restitución por la 
exportación a Sudáfrica de cuartos traseros refrigerados 
de macho adulto era de 223 ECU/100 kg, pero si iba 
destinada a sus países limítrofes, Zimbabwe y Botswana, 
era de cero. 
4.23. La posibilidad de prefinanciar las restituciones a 
la exportación constituye una complicación adicional. 
Mediante este sistema, cuando las mercancías en cuestión 
se ponen bajo control aduanero y se constituye una 
fianza, se puede abonar la restitución. Esta operación se 
realiza casi siempre en las instalaciones del exportador, 
generalmente varios meses antes de la exportación física. 
4.24. En estas condiciones, se hacen necesarios contro­
les estrictos para garantizar que la mercancía exportada 
corresponde exactamente (en cuanto a clasificación, 
estado y peso) a la que la empresa ha declarado a efectos de restitución, que efectivamente entra para consumo 
interno en el país de destino final que figura en la 
declaración, y que la mercancía cuya restitución a la 
exportación se ha prefinanciado, se ha exportado 
realmente en condiciones reglamentarias. 
4.25. La necesidad de controles rigurosos es más 
notoria si se considera la importancia de la restitución en 
la operación total de exportación. En la venta de ganado 
vacuno vivo a un país del norte de África, por ejemplo, la 
restitución a los tipos en vigor el 31 de diciembre de 1987 
representaría 80 ECU/100 kg, para un producto que en 
esa fecha valía en el mercado mundial 81,6 ECU/100 kg . 
4.26. De conformidad con el sistema de gestión de los 
gastos de FEOGA-Garantía descritos en el apartado 4.2, 
los Estados miembros asumen la responsabilidad última 
de la verificación de las mercancías que se exportan y de 
las solicitudes de restitución. La Comunidad, sin 
embargo, ha definido una serie de requisitos esenciales. 
En el Reglamento (CEE) n° 3665/87 de la Comisión, de 27 
de noviembre de 1987 (5), se exponen en detalle las 
normas comunes del sistema de restituciones a la 
exportación de productos agrícolas, especialmente en lo 
que se refiere a los documentos justificativos que deben 
acompañar a las solicitudes, las pruebas de que la 
exportación se ha realizado y de que la mercancía ha sido 
empleada para consumo interno en el país de destino 
final, el cálculo de los tipos de restitución y el sistema 
especial de prefinanciación de las restituciones. La 
Directiva 77/435/CEE del Consejo, de 27 de junio de 
1977 (6), exige a los Estados miembros que lleven a cabo 
comprobaciones a posteriori de los documentos comer­
ciales de las empresas que reciben pagos del FEOGA, 
incluyendo los de restituciones a la importación. 
4.27. Sin embargo, estas normas dejan a los Estados 
miembros una gran libertad para decidir la frecuencia y, 
lo que es más importante, la forma de los controles sobre 
los gastos correspondientes a las restituciones a la 
exportación, especialmente en el punto clave de las 
aduanas. La Comisión está intentando remediar esta 
situación, por lo menos hasta cierto punto, proponiendo 
al Consejo un Reglamento (7) que exigiría a los Estados 
miembros realizar un mínimo de comprobaciones 
materiales de las exportaciones que pueden recibir 
restituciones. 
4.28. En agosto de 1985, el Tribunal publicó un Informe 
Especial (8) que daba cuenta de las deficiencias de 
carácter general de los controles del gasto comunitario en 
restituciones a la exportación. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 69 
Ámbito del control del Tribunal 
4.29. En este contexto, el Tribunal decidió examinar en 
1987 la eficacia de los controles sobre el pago de las 
restituciones a la exportación, especialmente a nivel 
nacional. 
4.30. El examen se ha centrado en los pagos de 
restituciones a la exportación de carne de vacuno, ya que 
este sector reúne todos los elementos que hacen que las 
restituciones a la exportación sean tan difíciles de 
controlar. La mayor parte de las observaciones son, por 
lo tanto, específicas de ese sector, pero se considera que 
muchas de ellas se pueden aplicar al conjunto de las 
restituciones a la exportación. Habiendo seleccionado el 
sector de la carne de vacuno como objetivo primordial, el 
Tribunal ha visitado cuatro Estados miembros (D, F, 
IRL y UK) en los que se produce el 80 % de los gastos de 
este sector. Para conservar el carácter confidencial de 
parte de esta información y reducir el riesgo de que las 
observaciones del Tribunal sean utilizadas por partes 
interesadas poco escrupulosas, no se identifican los 
Estados miembros en los comentarios específicos de los 
apartados 4.31 a 4.59. No obstante, el Tribunal ha 
notificado sus observaciones íntegramente a las institu­
ciones responsables de los Estados miembros solicitando 
sus comentarios. 
Averiguaciones del Tribunal 
Controles aplicados a la exportación de carne de vacuno 
4.31. En todos los Estados miembros que se visitaron, la 
responsabilidad de certificar la clasificación, la condición 
y el peso de los productos exportados recae en la 
administración nacional de aduanas. Los controles de la 
carne de vacuno se realizan principalmente en las 
instalaciones de empaquetado para exportación de las 
empresas. 
4.32. En todos los Estados miembros, suele ser normal 
que la empresa esté obligada a informar a la oficina local 
de aduanas de su intención de empaquetar para 
exportación. Las instrucciones nacionales disponen que 
un determinado porcentaje de estas operaciones se debe 
realizar en presencia de un agente local de aduanas que 
verificará la cantidad, la descripción y la clasificación de 
exportación de una muestra representativa de la partida 
mediante pesajes y controles físicos, incluyendo la 
apertura de los bultos. Las disposiciones sobre el 
transporte de la carne que está bajo control aduanero, 
desde los locales de la empresa hasta el puerto, difieren de 
un Estado miembro a otro, pero la mayor parte de la 
carne de vacuno se transporta precintada por la aduana o 
los servicios sanitarios. En algunos países, la carne puede ser controlada de nuevo por la aduana en el puerto de 
salida, dependiendo de las prácticas nacionales. 
4.33. La principal conclusión de la auditoría de la 
frecuencia y la calidad de esos controles es que presentan 
deficiencias en varios aspectos: 
(a) la frecuencia de los controles físicos no se determina 
tras analizar los riesgos con criterios tales como la 
Habilidad de la empresa o las cantidades enjuego; por 
ejemplo, las operaciones correspondientes a los 
MCM, de importes muy inferiores a las restituciones 
a la exportación, se controlan igual que ellas. 
(b) incluso cuando a nivel nacional se han establecido 
escalas arbitrarias para los controles, las oficinas de 
aduanas no siempre las aplican. Algunas de ellas 
trabajan con niveles de verificación tan bajos como el 
1 %, sin justificación aparente (el nivel mínimo 
propuesto por la Comisión en el proyecto de 
reglamento mencionado en el apartado 4.27 es el 
5%); 
(c) la amplitud de las inspecciones no siempre se 
determina siguiendo criterios preestablecidos salvo 
en lo que respecta al momento del control y el número 
de bultos a revisar. Esto ha conducido en ocasiones a 
exámenes superficiales durante el empaquetado de 
algunos bultos no necesariamente representativos de 
la partida. 
(d) en tres Estados miembros, a menos de que se trate de 
una empresa que esté siendo investigada a consecuen­
cia de un fraude, la carne refrigerada puesta bajo 
control al amparo del sistema de prefinanciación 
(véanse los apartados 4.49 — 4.54), y después 
congelada antes de su exportación, no se descongela 
durante las operaciones de empaquetado para su 
exportación con objeto de verificar que no ha sido 
sustituida. En un cuarto Estado miembro se realiza­
ron controles en 1985 descongelando la carne, 
apareciendo un 30 % de irregularidades; 
(e) a excepción de los casos en los que existen razones 
fundadas para sospechar la existencia de fraudes, los 
controles realizados en los puertos se limitan a 
comprobar que los precintos están intactos. Se han 
observado también casos en que la carne se ha 
exportado a través de puertos no homologados para 
su inspección o cuyas instalaciones de examen y 
pesaje son inadecuadas por carecer de báscula y de 
balanzas en las cámaras frigoríficas; 
7t^ POiano Oficial de las comunidades Europeas 1^ 1^ 88 
t^D tanto en el nivel regional como en el central las 
estadísticas de los controlesvsusresultadososon 
insuficientesono existente que impide una bestión 
eficaz del control 
4 34 Los casos siguientes ponen de relieve la importan^ 
cía de los controles materiales 
^ de una muestra determinada estadísticamente de ^5 
partidasexportadas que elTnbunal ha examinado en 
unEstado miembro,solo una había sido inspecciona 
da por mnestreo dorios servicios aduaneros de un 
Estado miembro en el que se realizo la presente 
auditorias en el puerto de salida definitiva del 
territorio de la C^omunidadvel examen revelo que la 
descripción de la mercancía no era exacta, 
tb^en otro Estado miembro, la inspección en una 
empresa de unos bultos para ponerlos ba^o control 
aduanero al amparo del sistema de prefinanciacion 
efectuada durante la auditoria del Tribunal revelo 
quese habían disimulado recortes ^que no tienen 
derechoarestitucion^ dentro de piezas de carne de 
vacuno deshuesadas v enrolladas A petición del 
Tribunal se inspecciono toda la partida, apareciendo 
un porcentaje de irregularidades de alrededor del 
7^, 
^ una empresa ha estado importando durante dos años 
alaC^EE carne de vacuno depnmeracalidadde 
Sudamenca, declarándola como visceras para evitar 
las exacciones reguladoras a la importación v 
exportando visceras de vacuno, declarándolas como 
carnedeprimeracalidad para obtener restitucionesa 
la exportación, estas operaciones irregulares han 
representadol^lviioEC^C^, 
^lasinvesti^acionesde la comisión sobre una irre^ula^ 
ndad relacionada con el país de destino de una sene 
deexportaciones de carne de vacuno, han sacadoala 
luzotrasenlospesosdeclaradosvenla descripción de 
algunas de las partidas La cantidad total en ^ue^o es 
del orden de5^ioE(ec^, 
^ un Estado miembro ha pagado restituciones a 
exportaciones declaradas como carne de vacuno Los 
controles nacionales no detectaron que las partidas 
eran, enrealidad,dedespo^osdepollo,de manera que 
los exportadores recibieron de modo irregular 
restitucionesala exportación porl,41ViioEC^U 4 35 En tres de los Estados miembros visitados, para el 
ganado vivo se usa el procedimiento llamado de 
exportación directa, se^un el cual en el punto de salida del 
territorio del Estado miembro se presentauna declara 
cíondeexportacionvalliselesometeainspecciondela 
aduana Enesemomento, sedebereali^ar uncontrol 
selectivo para verificar los pesos declarados, las descnp^ 
cíonesvla nomenclatura de la restitucionala exportad 
cion 
4 3(^ Tras examinar este procedimiento, el Tribunal 
reconoce que controlar el peso del ^anadovivo que se 
exporta con restituciones presenta dificultades de orden 
practico l^in^uno de los puertos visitados contaban con 
instalaciones parapesa^e individual de los animales,para 
realizarlo senecesitanunabascula vcercadosparael 
ganado El Tribunal ha observado que algunos puertos 
no disponían de estas mstalacionesvse veían obli^adosa 
utilizar otrassituadasaciertadistanciadela^onade 
control aduanero, con el riesgo manifiesto de desviar al 
mercadointerno^anadoporelquesehabian recibido 
restitucionesala importación 
4 37 C^n fraude muv conocido ocurrido en un Estado 
miembro ha demostrado que este riesgo es mas que 
teórico POurante casi dos años, un exportador desvio 
sistemáticamente, al mercado inrerno, caberas de ganado 
para las que babiasolicitadovobtenidorestitucionesala 
exportación El importe totaMde este fraude fue de cerca 
de4^ioEC^C^ 
4 38 ElTnbunal tambienhadescubiertoqueenun 
Estado miembro, el peso que se tiene en cuentaaefectos 
de restitucionesala exportación en todas las exportación 
nes devanado vivonoeseldel momento delcontrol 
aduanero, sino el determinado en el lu^ar de concentra 
cieñen el interior del país La diferencia media de ambos 
pesos oscila entre e!10^vell5^ó Este procedimiento, 
aprobado por el Estado miembro, es contrario al 
apartado 4 del articulo 3 del Ralamente t^EE^ 
n^3oo5^87rgd, que establece que el peso que se debe 
tomarpara calcular las restitucionesala exportación sera 
elqueten^aeldiaenquelamercanciapasaacontrol 
aduanero CAon este procedimiento irregular, que se 
remonta como mimmoal^8^, se han obtenido pa^os de 
restituciones muvsupenoresalo reglamentado 
4 3^ El mismo Estado miembro también ha concedido 
restitucionesalaexportacion de ganado vivo utili^andoel 
tipo que se aplicaaammales reproductores depuraran, 
cuandoel^anadoexportadoclaramente noloera El 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 71 
Tribunal considera que se trata de otro caso de infracción 
del Reglamento (CEE) n° 1544/79, de 24 de julio de 
1979 (9), y de la Directiva n° 77/504/CEE del Consejo, de 
25 de julio de 1977 (10). 
Controles de la exportación de carne 
de ganado vacuno macho 
4.40. Debido a que tiene un tipo de restitución alto, la 
carne de vacuno macho adulto está sometida a controles 
especiales encomendados a los organismos de interven­
ción. El artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 32/82, de 7 de 
enero de 1982 (H), dispone que los Estados miembros 
deberán fijar las condiciones que regirán la expedición de 
certificados a los productos que pueden recibir estas 
restituciones a la exportación especiales y que adoptarán 
las medidas necesarias para evitar toda posibilidad de 
sustitución entre el momento de la inspección y su salida 
del territorio de la Comunidad. En el mismo artículo se 
indica que dichas medidas incluirán la identificación de la 
carne por medio de un marcado indeleble o un marchamo 
en cada cuarto de canal. Si se trata de carne de vacuno 
deshuesada acogida a restituciones a la exportación 
especiales, el artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 1964/82, 
de 20 de julio de 1982 (12), dispone que al efectuarse el 
deshuesado, la limpieza y el empaquetado de las carnes 
con restituciones especiales, en la sala de deshuesado no 
podrá haber ninguna otra carne, salvo si es de porcino. 
Este artículo también dispone que las bolsas, cajas u otros 
embalajes que contengan los cortes deshuesados deberán 
llevar el marchamo oficial de las autoridades competen­
tes. En los Estados miembros visitados, estos controles se 
realizaban mediante la supervisión física de todo el 
proceso, desde la llegada de los animales vivos hasta la 
puesta bajo control aduanero de los cortes de carne 
deshuesados y empaquetados acompañados de los 
certificados de identificación. El modo exacto de realizar 
los controles varía de un Estado miembro a otro, pero 
todos ellos intentan evitar la sustitución por otra carne de 
vacuno con restituciones menos elevadas. 
4.41. Sin embargo, el Tribunal ha observado que: 
(a) en una empresa se permitía que hubiera carne de 
vacuno con restituciones menores en la sección de 
deshuesado y limpieza a la vez que carne de vacuno de 
animales machos adultos. Las dos cadenas de 
transformación desembocaban en la zona de empa­
quetado con el riesgo evidente de que se produjeran 
sustituciones; 
(b) en la misma empresa, la colocación de los precintos 
oficiales en las cajas se encargaba a veces a los 
operarios, lo que no está de acuerdo con los principios 
del control independiente; (c) también en esta empresa, para certificar que los 
cuartos de canal procedían de animales machos 
adultos debían llevar el marchamo del organismo de 
intervención. En el momento de la auditoría del 
Tribunal no se encontraron pruebas de que se 
utilizara; 
(d) en otro Estado miembro, las etiquetas que certifican 
que cada uno de los cortes de carne procede de reses 
macho, estaban en poder de la empresa, al igual que 
las etiquetas de precintar, lo que también es contrario 
a los principios del control independiente; 
(e) en el mismo Estado miembro se han descubierto casos 
de colocación incorrecta de las etiquetas de precintar; 
no pasaban por la parte superior e inferior de las 
cajas, con lo que era fácil sustituirlos. 
4.42. Las deficiencias observadas no son solamente 
teóricas. La empresa mencionada en el apartado 4.41(a) a 
(c), había incrementado de forma sistemática las cantida­
des de carne que declaraba como procedente de animales 
machos adultos, añadiendo cortes de otros animales en la 
fase de empaquetado. La irregularidad se descubrió en un 
control de verosimilitud del número de reses macho que 
llegaban al matadero en comparación con la producción 
de cortes. 
Verificación de las pruebas de que la exportación 
se ha realizado 
4.43. Los controles destinados a detectar los certifica­
dos de exportación falsos presentados a los organismos 
pagadores, difieren de un Estado miembro a otro. Uno de 
ellos que basa la comprobación de la autenticidad de las 
declaraciones en la conciliación de los datos en poder de 
las aduanas con los del organismo pagador, que se realiza 
con un sistema informático, no la extiende a comparar la 
nomenclatura de las restituciones a la exportación, ni 
tampoco dispone de un sistema satisfactorio para 
investigar las divergencias en cantidades y en fechas de 
exportación. El procedimiento oficial de otro Estado 
miembro consiste en que el organismo pagador devuelva 
a las aduanas un porcentaje determinado de certificacio­
nes para que compruebe si son auténticas, pero el 
Tribunal ha encontrado pruebas de que ha dejado de 
utilizarse. Ninguna de las oficinas de aduana visitadas por 
el Tribunal, había recibido certificados para su autentica­
ción y en los registros del organismo pagador no apareció 
que se hubiera enviado ninguno. 
72 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Control de la mercancía exportada a través 
del sistema de tránsito comunitario 
4.44. Cuando un producto agrícola acogido a las 
restituciones a la exportación procedente de un Estado 
miembro sale de la Comunidad a través de otro diferente, 
el régimen de tránsito comunitario del Reglamento (CEE) 
n° 222/77 del Consejo, de 13 de diciembre de 1976 (13), 
dispone que se deberán precintar los contenedores y los 
vehículos con el fin de evitar cualquier desviación 
irregular para su utilización en la Comunidad (véanse 
también los apartados 3.13 y 3.14 del capítulo 3 del 
presente Informe). El Tribunal ha observado que en un 
puesto fronterizo importante entre un Estado miembro y 
un país tercero, el 20 % de los vehículos y de los 
contenedores que transportaban productos agrícolas 
sujetos al régimen de tránsito comunitario no habían sido 
precintados en el Estado miembro de partida. A pesar de 
ello, los funcionarios de la aduana de salida definitiva de 
la Comunidad los despacharon sin más, sin realizar 
control físico alguno, y expidieron certificados a los 
exportadores para que pudieran realizar la solicitud del 
pago de la restitución a la exportación. El Tribunal opina 
que las deficiencias de estos controles representan un 
riesgo importante de que se paguen restituciones a la 
exportación por mercancías que no llegan a salir del 
territorio comunitario. 
Prueba de la llegada al destino final 
4.45. Los tipos de restituciones a la exportación de los 
productos que producen los mayores gastos, la leche, los 
cereales y la carne de vacuno, son diferentes según el país 
de destino final. Por lo tanto, el exportador debe 
presentar la prueba de la llegada al destino final que 
respalde la solicitud de restitución. Este control es 
especialmente importante en destinos con un tipo de 
restitución elevado (véase apartado 4.22). Según la 
reglamentación actual (5) la prueba de llegada puede ser: 
(a) el original o una copia compulsada del documento 
aduanero emitido por el país tercero importador; 
(b) el impreso del certificado de despacho de aduana 
extendido de acuerdo con el modelo que figura en el 
Anexo II del Reglamento (CEE) n° 2730/79 (14) (o en 
el Reglamento (CEE) n° 3665/87 (5) a partir del 1 de 
enero de 1988) y visado por los servicios aduaneros 
del país importador (documentos del Anexo II); 
(c) cualquier otro documento, visado por los servicios 
aduaneros del país importador, que identifique las 
mercancías y demuestre que han sido despachadas 
para consumo interno. Si, debido a circunstancias ajenas a la voluntad del 
exportador, no pudieran presentarse ninguno de estos 
documentos, la reglamentación prevé pruebas secunda­
rias o sustitutivas. Salvo en casos de fuerza mayor, la 
prueba de llegada debe presentarse dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha de exportación. 
4.46. Aunque los documentos previstos en el Anexo II 
estén específicamente reconocidos por los Reglamentos 
comunitarios (véase el apartado 4.45), el Tribunal opina 
que no constituyen en sí mismos una prueba concluyente 
de la llegada de las mercancías al país tercero para 
consumo interno. Son documentos que no tienen carácter 
contable en el país de importación (un Estado miembro 
incluye en los impresos una nota indicando que se deben 
cumplimentar únicamente en caso de utilización en la 
CEE). En general, los cumplimenta el exportador y, en el 
mejor de los casos, la única prueba de llegada que 
contienen son una firma y un sello que supuestamente 
pertenecen a los servicios aduaneros del país importador. 
4.47. Además, el examen de las restituciones a la 
exportación de carne de vacuno realizado por el Tribunal 
ha demostrado que los organismos pagadores de los 
Estados miembros aceptan como prueba principal de la 
llegada al destino final, sin realizar ninguna otra 
indagación: 
(a) supuestas declaraciones de aduana o impresos del 
Anexo II, sin firmas ni sellos de aduana; 
(b) pruebas secundarias de dudosa autenticidad, por 
ejemplo: 
(i) un certificado de importación a Libia en una hoja 
con membrete del Ministerio de Asuntos Exterio­
res, Bucarest; 
(ii) certificados de importación con fechas anteriores 
a la llegada de las mercancías; 
(iii) certificados presentados, en ocasiones, mucho 
después de la llegada de las mercancías por una 
empresa de control mercantil sin aparente 
implantación en el país ni experiencia en mercan­
cías de este tipo; 
(iv) certificados de bancos del pago de las facturas 
correspondientes a las mercancías, pero sin 
indicación del origen de los fondos; 
(c) documentos acompañados de traducciones no oficia­
les y de otras que indican que los sellos, firmas y 
observaciones de las aduanas son ilegibles. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 73 
4.48. Las dudas del Tribunal sobre la Habilidad de este 
sistema de prueba de la llegada al destino final se ven 
reforzadas por las irregularidades que recientemente han 
llegado a conocimiento de la Comisión: 
(a) dos importantes empresas que consiguen restitucio­
nes a la exportación en varios Estados miembros, 
cuentan con juegos completos de sellos de aduanas de 
los principales países con los que mantienen relacio­
nes comerciales. Este hecho demuestra el riesgo de 
aceptar, como prueba definitiva de la llegada de las 
mercancías, impresos del Anexo II con un solo sello 
de una aduana; 
(b) carne de vacuno exportada a un país tercero para el 
que se concede el tipo de restitución más alta se 
desvió, ya en el mar, a otro de tipo de restitución cero. 
Para demostrar la llegada al destino original se 
utilizaron certificados de entrada falsificados. Las 
restituciones irregulares ascendieron a casi 20 Mió 
ECU; 
(c) el rechazo de carne de vacuno exportada desde la 
Comunidad a Norteamérica con restituciones a la 
exportación por los servicios veterinarios de los países 
destinatarios. Sin embargo, los exportadores utiliza­
ron documentos de importación parcialmente cum­
plimentados para probar que había llegado al 
mercado interno de otro país y consiguieron irregu­
larmente casi 3 Mió ECU en restituciones a la 
exportación. Solamente se notificaron a los organis­
mos pagadores algunos de los rechazos posteriores. 
Inspecciones de la carne de vacuno sometida a control 
aduanero de acuerdo con el régimen de prefinanciación 
4.49. El Reglamento (CEE) n° 565/80 (15) establece las 
normas generales que regulan el pago anticipado de las 
restituciones a la exportación de mercancías almacenadas 
bajo control aduanero que se exporten dentro de unos 
plazos determinados. El pago anticipado está condiciona­
do a que el exportador constituya una fianza igual al 
120 % de la restitución. Las normas detalladas de 
aplicación de este régimen figuran en el capítulo 3 del 
Título 2 del Reglamento (CEE) n° 3665/87 (5). El 
Tribunal opina que la mayoría de las exportaciones de 
carne de vacuno se acogen a este procedimiento 
generalmente conocido como prefinanciación. 4.50. Normalmente la carne de vacuno prefinanciada se 
almacena bajo control aduanero en las instalaciones del 
exportador. Este está obligado a comunicar con antela­
ción a las autoridades aduaneras que va a colocar carne 
bajo su control así como a cumplimentar una declaración 
de exportación donde figuren las características de la 
partida, entre ellas, cantidad, descripción, nomenclatura 
de la restitución a la exportación y zona a la que se va a 
exportar. Esta declaración debe estar a disposición de las 
autoridades aduaneras, en el caso de que uno de sus 
funcionarios ejerciera el derecho de asistir al traslado de la 
partida al almacén contemplado en el régimen de 
prefinanciación. 
4.51. Aparte del deber de realizar controles, sin previo 
aviso, de la carne cuya exportación se ha prefinanciado, 
las autoridades aduaneras tienen también que certificar la 
fecha de entrada que, salvo en los casos en que el tipo está 
prefijado, determina el tipo de restitución. 
4.52. El examen físico en este momento es especialmente 
importante en el caso de la carne de vacuno ya que se 
somete a control aduanero refrigerada, para luego ser 
congelada antes de la exportación. Es evidente que una 
vez que la carne se ha congelado es casi imposible 
determinar exactamente su naturaleza a menos que se 
descongele. 
4.53. Según el Estado miembro del que se trate, el 
control de los plazos de almacenamiento previos a la 
exportación corresponde a las propias autoridades 
aduaneras o a los organismos pagadores. En la mayoría 
de los Estados miembros éstos últimos son responsables 
de la gestión y del control de las fianzas constituidas al 
solicitar la prefinanciación. 
4.54. El Tribunal formula las siguientes observaciones a 
raíz de su auditoría de los controles de la prefinanciación 
de la carne de vacuno: 
(a) las disposiciones de notificación previa de colocación 
de la carne bajo control aduanero de un Estado 
miembro son inadecuadas, ya que no conceden a los 
funcionarios de aduanas el tiempo suficiente para 
realizar una inspección en caso de creerla convenien­
te. Así no es sorprendente que el Tribunal visitara a 
un importante exportador que nunca había sido 
inspeccionado; 
(b) en otro Estado miembro, a un exportador visitado 
por el Tribunal se le permitía esperar a que finalizara 
el plazo en el que las autoridades aduaneras pueden 
74 Lóiano Oficial de las Comunidades Europeas 12 12 ^ 
realizar controles tísicos antes de cumplimentar sus 
declaraciones de exportacion^lo que estotalmente 
contrario a la intención de que los controles 
aduaneros sean selectivosyno anunciados^ 
(c) elexamende losregistros de loscontroles de las 
pruebas de llegadaadestmo final ha puesto de relieve 
la existencia de numerosos casos en los que la fianza 
se mantiene constituida mucho después déla leería 
final depresentacion de las pruebas Enalgunoscasos 
estaclaroquelafianzasedebenahabercobrado^pero 
no se había tomado medidaalgunaalrespecto Como 
ejemplos una empresa tenia fianzas por 4^71viioECL^ 
(algunas de 1^4) y aunque los correspondientes 
plazos para la presentación de pruebas habían 
vencidos las autoridades nacionales no habían 
tomado medidas para la incautación de las fianzas 
En otroEstado miembros en el que las autoridades 
aduaneras y el organismo pagador comparten la 
responsabilidad de controlar la prefinanciaciom las 
fianzas de una empresas según las autoridades 
aduaneras^ ascendíanaL41VtioECC^mientras que 
losregistrosdelorganismopagador figuraban sin 
fianzas pendientes Las autoridades competentes no 
habían intentado conciliar las dos cantidades^ 
(d)en algunos Estados miembros^ el examen de los 
mismos registros ha puesto de relieve muchos casos 
de falta de control sobre la exportacionylallegadaa 
destino final de carne de vacuno prefinanciada y 
sobre los plazos de retirada del almacena de exportad 
cíonfinalyde presentación de pruebas^ 
(e) elLnbunal observa con inquietud que una empresas 
mvestigadaenl^éóenunEstadomiembroporfraude 
en las restitucionesala exportación^ recibió en 1^^^ 
cerca del2^iioECL^enotroEstado miembro sin 
haber investigado su actuación en cuanto a las 
restitucionesala exportación ni haberla inspeccionad 
do en los términos dispuestos en la Lóirectiva 77^4^ 
CEE loe este modo se plantea la cuestión de si la 
Comisión dispone de un sistema que le permita tener 
conocimientodeestoscasos^ vigilarlas actividades de 
informacionmutuaentre los Esradosmiembros y 
reaccionar con prontitud en caso necesario El 
Lnbunalremiteasus anteriores observaciones sobre 
este tema(lnforme Anual de l^^(^apartado^lO^ 
que subrayaban que si a nivel comunitario se 
conocieran los nombres de las personas o de las 
empresas que han cometido fraudesy^o irregularidad 
des la labor de prevención sena mucho mas fácil 4éó^ La auditoria del Lnbunal se ha centrado en los 
objetivos recogidos en el apartado424 Los resultados 
han sido insatisfactonos en todos los casos ElLnbunal 
considera que la extensionyla calidad de los controles 
nacionales del pago de las restitucionesala exportación^ 
especialmente en el sector de la carne de vacunos no 
justifican de modo adecuado la legalidadyla regularidad 
de los gastos incurridos 
4^ El Lnbunal observad especialmente^ una clara 
necesidad de mejorar los controles fisicos de las 
exportaciones Como ha señalado en un dictamen 
reciente (^ la aprobación del reglamento del Consejo 
propuesto (véase el apartado 427) constituiría un 
adelanto l^ero para ser plenamente eficaces las normas 
de aplicación deben 
(a) definir la naturalezayla extensión de las inspecciones 
físicas^ 
(b)precisar claramente que el numero mínimo de 
controles fisicosaefectuar en el momento de realizar 
las formalidades aduaneras debe basarse en el valor 
delasrestitucionesalaexportacionynoenelnumero 
de declaraciones^ 
(c) definir los criterios de identificación de riesgos con el 
fin de que los controles fisicosyla toma de muestras 
para análisis se dirijan hacia los aspectos de mayor 
riesgos 
(d)garantizar que los controles fisicosylos análisis se 
basen en muestras representativas de las partidas 
seleccionadas para su examen^ 
(e) exigiralos Estados miembros que lleven registros de 
los controles fisicos^ de su numeroyresultados por 
partidasy queinformen anualmente deellos ala 
Comisión 
4^7 El examen de loscontrolesnacionalesde la gestión 
de las fianzas de las operaciones prefinanciadasllevadoa 
cabo por el Lnbunal^ no permiie afirmar que las 
cantidades que deben pasar a las Comunidades en 
cumplimiento de las normas de incautación de fianzas se 
contabilizan pronta e integramente El Lnbunal reco 
miendaalos auditores de la Comisión encargados de la 
liquidación que presten una atención especial a estos 
controles durante sus visitasalos Estados miembros 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 75 
4.58. Mientras existan tasas de restitución diferencia­
das, el Tribunal ve difícil un sistema eficaz de control que 
permita detectar las declaraciones de llegada a destino 
fraudulentas. 
4.59. De modo más general, el Tribunal desea subrayar 
la importancia que tiene en este contexto el nivel de los 
precios de sostenimiento comunitarios, ya que las 
restituciones a la exportación están en función de la 
diferencia entre los precios comunitarios y los mundiales. 
Mientras que los tipos de restitución continúen en los 
niveles actuales (véase el apartado 4.25), la gestión de las 
restituciones a la exportación estará sujeta a un riesgo 
importante de fraude y a un coste presupuestario 
considerable. 
Medidas de mercado 
4.60. Desde su creación, el Tribunal ha realizado 
auditorías de los mercados agrícolas cuyos resultados se 
han recogido, en su mayoría, en informes especiales. El 
carácter heterogéneo de estas medidas hace que sea difícil 
extraer conclusiones generales. Sin embargo, la aplica­
ción de la mayoría de las medidas analizadas hasta la 
fecha ha dado lugar a dificultades de control en algunos 
Estados miembros. 
4.61. Los resultados de algunas auditorías de este tipo 
realizadas en 1987 se presentan más adelante (véanse 
apartados 4.86 — 4.131). 
La Directiva 77/435/CEE 
Introducción 
4.62. Esta Directiva (6) intenta aumentar la protección 
de los fondos del FEOGA exigiendo a los Estados 
miembros que realicen controles o comprobaciones a 
posteriori de los documentos comerciales de las empresas 
que reciben o entregan dinero al Fondo. Estos controles 
deberían ser complementarios de cualquier otro llevado a 
cabo antes de la finalización de las operaciones en 
cuestión y estar encaminados a comprobar, mediante el 
examen de la documentación comercial necesaria, que las 
transacciones se han realizado de acuerdo con la 
normativa comunitaria en vigor. La Directiva fija el 
número mínimo de empresas que se deben inspeccionar 
cada año, pero deja a los Estados miembros, que están 
obligados a informar anualmente a la Comisión sobre la aplicación de la misma, la libertad de decidir el alcance y 
la frecuencia de los controles. 
4.63. En diciembre 1984, en un Informe Especial (17) 
basado en estudios realizados entre 1981 y 1983, el 
Tribunal señaló las deficiencias existentes en la aplicación 
de esta Directiva. En su análisis de 1987, basado en las 
respuestas a los cuestionarios enviados a todos los 
Estados miembros y en las visitas a algunos (D, F, GR, I, 
IRL y UK), el Tribunal ha descubierto que, aunque se 
han realizado algunos progresos, en muchos de ellos 
persisten deficiencias graves. 
Observaciones del Tribunal acerca de la aplicación de la 
Directiva en los Estados miembros 
4.64. El número de empresas que se deben controlar 
cada año en cada Estado miembro, no puede ser inferior a 
la mitad del número de las que sobrepasen las 100 000 
unidades de cuenta anuales en su relación con el FEOGA. 
El Tribunal ha observado que, en los últimos años, dos 
Estados miembros (GR, I) se han quedado respectiva­
mente en sólo el 50 % y el 70 % del mínimo exigido. 
4.65. Los Estados miembros velarán porque la selección 
de las empresas que deben inspeccionar sea representativa 
del conjunto con arreglo a su importancia financiera para 
el FEOGA. El Tribunal ha observado que no todos los 
Estados miembros cumplen este requisito. Algunos 
(GR, I) no inspeccionan las empresas cuyo volumen de 
operaciones es inferior al límite de 100 000 unidades de 
cuenta, aun cuando hayan podido concentrar la mayor 
parte de las actuaciones de algunas medidas del Fondo. 
Por otro lado, casi ningún Estado miembro ha llevado a 
cabo los controles previstos por la Directiva sobre las 
operaciones de almacenamiento público o de recaudación 
de las exacciones de corresponsabilidad. 
4.66. Como se ha indicado anteriormente, los Estados 
miembros deberían presentar a la Comisión informes 
anuales sobre la aplicación de la Directiva. El Tribunal ha 
comprobado que el 31 de diciembre de 1987, nueve meses 
después de que se hubieran debido recibir los informes de 
1986, uno de los Estados miembros (I) aún no había 
presentado los correspondientes a los años 1984 a 1986. 
4.67. Los Estados miembros planifican y realizan los 
trabajos previstos en la Directiva de muy distintas 
formas. En el mejor de los casos, los trabajos se coordinan 
bien (por ejemplo, restituciones a la exportación en F), la 
selección de las empresas se realiza de modo racional 
76 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
utilizando, por ejemplo, análisis de riesgos (por ejemplo, 
las restituciones a la exportación en D) y se emplean 
instrucciones adecuadas, listas de control, etc., para 
realizar las comprobaciones (por ejemplo, UK). En el 
otro extremo, los trámites de aplicación de la Directiva no 
se planifican, la elección de las empresas es aleatoria y los 
métodos para realizar las comprobaciones quedan 
completamente en manos de los inspectores (GR). En 
algunos casos incluyen, lo que en opinión de Tribunal es 
de la máxima importancia, inspecciones analíticas de las 
actividades de la empresa durante un período de tiempo, 
con conciliación de compras, ventas y existencias; en 
otras inspecciones, caso más frecuente, sólo se pretende 
establecer la validez de una operación determinada 
comprobándola en libros contables de la empresa. Sólo 
en un Estado miembro (F) se han llevado a cabo controles 
físicos y tomado muestras de las mercancías. 
4.68. En algunos Estados miembros los informes de las 
inspecciones realizadas indican el tipo de pruebas y qué 
transacciones se han analizado (D, UK), mientras que en 
otro (GR) los informes de inspección no contienen esta 
información con lo que se les priva de todo valor para 
comprobar la aplicación de la Directiva. Dos Estados 
miembros (IRL, UK) han negado al Tribunal el acceso a 
los informes de inspección a pesar de que, según la 
normativa comunitaria, estas comprobaciones son 
obligatorias. 
4.69. El personal asignado por los Estados miembros 
para la aplicación de la Directiva, en relación con el 
volumen del gasto a controlar, también varía considera­
blemente : desde un inspector por 3 Mió ECU de gastos 
(DK) hasta un inspector por 140 Mió ECU (GR). En 
algunos Estados miembros este personal recibe una 
formación específica para el examen y la interpretación de 
las cuentas de las empresas (D, UK) y en otros no se le da 
ninguna (GR). 
4.70. En algunos Estados miembros (GR, I) podrían 
producirse conflictos de intereses en la aplicación de la 
Directiva, ya que el personal destinado a este trabajo 
también es responsable de los controles previos al pago de 
las mismas operaciones. 
4.71. Teniendo en cuenta la situación descrita anterior­
mente, es lógico que los controles realizados por el 
Tribunal hayan puesto de manifiesto grandes diferencias 
en el número y la importancia financiera de las 
irregularidades descubiertas por los Estados miembros a 
raíz de los controles previstos en la Directiva. Un Estado 
miembro (I) ha señalado que en un año determinado 
había descubierto irregularidades en 80 empresas (más de 
una cuarta parte de las visitadas) cuyas consecuencias 
financieras eran de casi 40 Mió ECU. Por el contrario, los controles realizados en algunos Estados miembros (DK, 
GR) en el mismo año sólo encontraron irregularidades 
insignificantes. 
Controles de las empresas que solicitan restituciones 
a la exportación previstos por la Directiva 
4.72. Dentro del examen al que se hace referencia en los 
apartados 4.20 a 4.59, el Tribunal ha revisado la 
aplicación de la Directiva respecto a la extensión y la 
calidad de las verificaciones de los pagos de las 
restituciones a la exportación de carne de vacuno. 
4.73. Una de las principales averiguaciones es que dos 
de los cuatro Estados miembros en cuestión (IRL, UK) 
no llevan estadísticas del número de empresas que 
solicitan restituciones ni de la fecha de la última 
inspección prevista por la Directiva y sus resultados. A 
petición del Tribunal un Estado miembro (UK) trabajó 
sobre el asunto y suministró resultados que mostraron 
que las dos terceras partes de las empresas exportadoras 
de carne de vacuno nunca habían sido inspeccionadas y, 
lo que es más preocupante, que una quinta parte de las 
que recibían restituciones superiores a 100 000 unidades 
de cuenta por año, tampoco lo habían sido. 
4.74. El Tribunal ha asistido a inspecciones previstas 
por la Directiva en dos Estados miembros (IRL, UK) y ha 
comprobado que no son de gran calidad. No se intentan 
realizar estudios analíticos de las actividades de las 
empresas durante un determinado período (por ejemplo 
conciliaciones entre compras, ventas y existencias), sino 
que se limitan a verificar los justificantes (conocimientos 
de embarque, facturas, albaranes, etc.) de algunas de las 
operaciones registradas en los libros. Por lo general, no se 
examinan pruebas de orden secundario como contratos, 
pólizas de seguro y gastos de transporte. No siempre se 
puede comprobar el origen del pago de las facturas. En 
estas condiciones, la garantía adicional que se obtiene con 
estos controles es muy poco mayor a la que ofrecería el 
examen de los documentos que acompañan a la solicitud 
de restitución. 
4.75. Las dudas del Tribunal sobre la calidad de estos 
controles aumentan al comprobar que un Estado 
miembro (IRL), donde se ha cometido un número 
importante de fraudes de larga duración con exportacio­
nes de carne de vacuno, las visitas realizadas conforme a 
la Directiva a las empresas implicadas no habían 
detectado nada anormal. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 77 
DISPOSICIONES DE SUPERVISIÓN Vigilancia ejercida por la Comisión 
DE LA COMISIÓN sobre la aplicación de la Directiva 
del Consejo 77J435JCEE 
Introducción 
4.76. Estas disposiciones deberían asegurar que los 
sistemas de los Estados miembros para la gestión y el 
control diarios de las medidas del FEOGA-Garantía son 
adecuados, que los Estados miembros aplican correcta­
mente la Directiva 77/435/CEE (6) y que las cuentas 
anuales del FEOGA presentadas por los Estados 
miembros se liquidan o auditan completamente y a su 
debido tiempo. La investigación del Tribunal ha demos­
trado que estas disposiciones no siempre se aplican de 
modo satisfactorio. 
Vigilancia ejercida por la Comisión sobre los 
sistemas de gestión y control de las medidas 
del FEOGA-Garantía de los Estados 
miembros 
4.11. En el apartado 5.71 de su Informe del ejercicio 
1986 (3), el Tribunal concluía que la Comisión supervisa­
ba de forma inadecuada la aplicación de las medidas del 
FEOGA-Garantía a nivel nacional, opinión que se ha 
visto reforzada por el trabajo que ha realizado en 1987. 
4.78. El examen de las disposiciones comunitarias de 
gestión y control del almacenamiento de intervención 
realizado por el Tribunal ha revelado que la Comisión no 
cuenta con información completa y actualizada de la 
normativa y sistemas vigentes en este importante sector 
del FEOGA-Garantía en los Estados miembros, por lo 
que la comprobación de la conformidad de los sistemas 
nacionales con la legislación comunitaria le resulta 
imposible. 
4.79. En cuanto a las restituciones a la exportación, la 
investigación ha demostrado que la Comisión dispone de 
información, aunque muy incompleta, sobre los sistemas 
de control utilizados por los organismos pagadores 
nacionales. Pero apenas conoce los sistemas de los 
servicios nacionales de aduanas que controlan este 
amplio y expuesto sector de gastos. Cuando la Comisión 
ha analizado los sistemas nacionales, efectuando visitas 
para ello, no ha identificado y tratado las deficiencias más 
importantes del control, con lo que en ocasiones su labor 
ha perdido efectividad. 4.80. En los años inmediatamente posteriores a la 
entrada en vigor de la Directiva (6), la Comisión utilizó 
una serie de medidas para influir en su aplicación y 
supervisarla, tales como los seminarios de intercambio de 
experiencias, reuniones de especialistas, exámenes de los 
sistemas de los Estados miembros, etc. Pero en 1984, 
como se señaló en el Informe Especial del Tribunal de 
diciembre de 1984 (17), este tipo de actividades habían 
cesado prácticamente y la Comisión reaccionaba pasiva­
mente a la información suministrada por los Estados 
miembros. El examen recientemente llevado a cabo por el 
Tribunal sobre la labor de la Comisión en este aspecto de 
la Directiva ha mostrado que la situación persistía en 
1987. A pesar de sus buenas intenciones, no ha sido capaz 
de encontrar los recursos necesarios para poder reactivar 
su papel de vigilancia durante este año al haber destinado 
el personal en cuestión a la investigación de posibles 
fraudes. De este modo, actividades planificadas para 1987 
en relación con la aplicación de la Directiva han tenido 
que ser canceladas: una reunión entre la Comisión y los 
Estados miembros para discutir el modo de mejorarla en 
la que se hubieran examinado también las propuestas 
recogidas en el Informe Especial del Tribunal; visitas a 
algunos Estados miembros para permitir a la Comisión 
conocer mejor su aplicación práctica y, por último, la 
preparación de directrices para que los Estados miembros 
la aplicaran más homogéneamente. 
4.81. Los siguientes aspectos muestran también que la 
supervisión de la Comisión sobre la aplicación de la 
Directiva no ha sido satisfactoria: 
(a) aún no cuenta con registros completos y actualizados 
de los procedimientos de aplicación de la Directiva en 
los Estados miembros; 
(b) no tiene ninguna información sobre los procedimien­
tos utilizados por España y Portugal, a pesar de que se 
supone que está en plena aplicación en estos Estados 
miembros; 
(c) desde 1983, no se han organizado ni seminarios ni 
reuniones con los Estados miembros para intercam­
biar opiniones; 
(d) la Comisión no siempre ha respondido con rapidez 
cuando los Estados miembros han solicitado aclara-
78 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
ciones o recomendaciones sobre su correcta interpre­
tación ; 
(e) tampoco ha tomado medidas para mejorar la escasa 
información presentada por los Estados miembros en 
sus informes anuales; 
(f) tampoco realiza análisis sistemáticos de estos infor­
mes para sacar conclusiones sobre la aplicación 
efectiva y uniforme y la relación coste-beneficio de la 
Directiva; 
(g) la realización de estos análisis se ve dificultada porque 
actualmente no es posible utilizar el sistema informá­
tico «IRENE » de registro de fraudes e irregularida­
des para identificar los detectados gracias a los 
controles instaurados por la Directiva 77/435/CEE. 
4.82. La Comisión escribió a todos los Estados 
miembros en junio de 1986 subrayando las principales 
recomendaciones del Informe Especial del Tribunal de 
diciembre de 1984 (17). Sin embargo, la reunión de 
expertos para discutir estas recomendaciones, planificada 
originalmente para la segunda mitad del año 1986, no ha 
tenido lugar y los Estados miembros no han respondido a 
la carta de la Comisión, que no ha seguido adelante con el 
asunto. 
Liquidación de las cuentas efectuada 
por la Comisión 
4.83. Contrariamente a la situación de la liquidación de 
las cuentas de la ayuda alimentaria (véase el Capítulo 2), 
la Comisión ha reducido considerablemente los plazos de 
liquidación de las cuentas anuales de gastos del FEOGA-
Garantía de los Estados miembros, que habían llegado a 
ser de cinco años. En 1987 liquidó las de los ejercicios 
1983, 1984 y 1985. 
4.84. A pesar de reconocer que ha conseguido reducir el 
atraso, el Tribunal tiene que señalar que la Comisión no 
ha podido cumplir el plazo de 31 de diciembre 1987 fijado 
por los Reglamentos para la liquidación de las cuentas de 
1986. Si esta situación se repite el Parlamento Europeo 
tendrá que seguir enfrentándose al problema de conceder 
el descargo a cuentas que no han sido liquidadas por la 
Comisión. A este respecto el Tribunal remite al lector al 
Dictamen (18) que emitió sobre la propuesta de la 
Comisión de reforma del Reglamento Financiero. 4.85. Los progresos no han sido tan rápidos en relación 
con el problema más difícil: mejorar el proceso de 
liquidación hasta un punto que permita a la Comisión 
formular un juicio sobre la Habilidad de las cuentas de los 
Estados miembros. El Tribunal analizaba este problema 
con bastante profundidad en su último Informe Anual (3) 
(apartados 5.26 a 5.44). Desde entonces, la Comisión ha 
seguido introduciendo los procedimientos del manual de 
auditoria mencionado en el apartado 5.31 del anterior 
Informe Anual, que incluyen la ampliación de su 
utilización a la auditoría de sistemas. Sin embargo, 
todavía le quedan aspectos importantes de la liquidación 
que son insatisfactorios y donde se ha progresado poco en 
1987: 
(a) existe una falta de coordinación y consultas entre los 
servicios de liquidación y los de mercados. Además, 
los esfuerzos para lograr un planteamiento integrado 
de los controles nacionales y para conseguir que las 
medidas y actividades de control de las distintas 
partes de la pirámide de control sean lo más eficaces y 
efectivas posible están poco coordinados; 
(b) el personal destinado a este trabajo sigue siendo 
insuficiente; durante 1987 no ha sido aumentado ni se 
han tomado medidas para realizar la inspección del 
personal recomendada por el Tribunal (apartado 5.35 
de su Informe sobre el ejercicio 1986) (3), con el fin de 
determinar las necesidades a largo plazo para realizar 
de modo satisfactorio esta importantísima tarea; 
(c) el Tribunal considera que el nivel de competencia 
técnica en informática y auditoría de sistemas de la 
Comisión aún no es lo suficientemente elevado, sin 
que en 1987 se hayan tomado medidas para mejo­
rarlo ; 
(d) aún no dedica suficientes medios a la acción 
preventiva, es decir, a comprobar que los sistemas de 
gestión y control de las medidas del FEOGA-
Garantía de los Estados miembros son adecuados y 
de este modo reducir el riesgo de que surjan 
problemas en la fase de liquidación; 
(e) la liquidación que hace en el importante campo de las 
restituciones a la exportación (véanse apartados 4.20 
— 4.59) aún no incluye la auditoría de los controles 
aduaneros de las exportaciones, considerados claves. 
Por último, el Tribunal debe concluir que el alcance de los 
métodos de liquidación sigue sin permitir a la Comisión 
emitir un juicio sobre la exactitd de las cuentas del 
FEOGA-Garantía de los Estados miembros. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 79 
AUDITORIA DE LOS DISTINTOS Almacenamiento privado de vino de mesa 
MERCADOS y mosto de uva 
4.86. Los reglamentos que regulan las distintas organi­
zaciones de los diferentes mercados contemplan una gran 
variedad de subvenciones, ayudas y otras medidas de 
diferente importancia financiera. Los Estados miembros 
las gestionan con organismos de intervención y una 
compleja red de autoridades centrales y locales que se 
encargan de diferentes aspectos prácticos. Además, cada 
medida tiene sus propios criterios y exigencias de control. 
4.87. El Tribunal ha examinado durante el año una serie 
de medidas de los mercados agrícolas. Este examen ha 
cubierto aspectos relacionados no solamente con la 
legalidad y regularidad de los procedimientos de control y 
de pago, sino también con la bondad de las medidas de 
regulación de estos mercados. Se han estudiado especial­
mente : 
(a) las medidas comunitarias de almacenamiento priva­
do de vino de mesa y de mosto de uva y las de 
utilización de este último; 
(b) las medidas aplicadas desde la publicación de los 
Informes Especiales del Tribunal sobre el aceite de 
oliva (19) y las medidas comunitarias de destilación de 
vino (20); 
(c) las disposiciones administrativas adoptadas por 
España para el control del gasto comunitario en los 
mercados del aceite de oliva y del vino. España es uno 
de los mayores productores mundiales de estos dos 
productos. 
Auditoría del mercado del vino de mesa: 
contratos de almacenamiento privado y 
ayudas comunitarias a la utilización 
del mosto de uva 
4.88. El Tribunal ha auditado estas medidas en la 
República Federal de Alemania, Grecia, España, Fran­
cia, Italia y Luxemburgo. 4.89. Entre las medidas comunitarias actualmente 
aplicadas en este campo figuran las siguientes: 
(a) una ayuda al almacenamiento a largo plazo de vino 
de mesa y de mosto de uva: esta medida se ofrece al 
principio de la campaña de comercialización (21) y 
tiene como objetivo retirar del mercado los exceden­
tes, durante un tiempo y, con ello, mantener los 
precios. El productor se compromete mediante 
contrato a almacenar una cantidad de vino de mesa 
durante un período de nueve meses o, en el caso del 
mosto de uva, hasta el 15 de septiembre siguiente. 
Aparte de la ayuda al almacenamiento, al productor 
se le garantiza un precio de destilación especial 
bastante superior al precio de mercado del vino 
almacenado al final del período fijado por el contrato. 
Este precio de destilación especial está limitado al 
18 % del vino de mesa de cada productor; 
(b) contratos de almacenamiento suplementario: al final 
del período de almacenamiento a largo plazo el 
productor puede decidir continuar almacenando el 
vino (o las cantidades que no haya mandado a destilar 
en las condiciones descritas en (a)) otros cuatro 
meses; 
(c) contratos de realmacenamiento: si parece probable 
que las cisternas que contienen el vino almacenado a 
largo plazo se van a necesitar para la nueva cosecha, 
se podrá autorizar el trasvase. 
4.90. Durante el período 1981-1986 el gasto anual 
medio en ayudas comunitarias al almacenamiento 
privado de vino fue de 105,9 Mió ECU. Esta cantidad 
incluye los gastos de almacenamiento privado a corto 
plazo hasta 1984, año en que se dejó de aplicar esta 
medida como ayuda comunitaria (22). Los gastos del 
almacenamiento a largo plazo fueron de 70,5 Mió ECU 
en 1986 y de 45,9 Mió ECU en 1987. La media del gasto 
anual en ayudas al realmacenamiento durante el período 
1981-1986 fue de 8,0 Mío ECU y en 1987 costó 7,6 Mió 
ECU. 
Resultados de la auditoría 
4.91. El Tribunal ha llegado a la conclusión de que los 
controles del almacenamiento privado a largo plazo de 
vinos de mesa y mostos de uva no son satisfactorios por 
las siguientes razones: 
80 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
(a) las inspecciones documentales se han visto obstaculi­
zadas por las deficiencias de los registros; 
(b) las inspecciones físicas no son satisfactorias debido a 
que se realizan muy pocas visitas durante el almace­
namiento, y a que en raras ocasiones el vino se guarda 
en cisternas precintadas; 
(c) el control oficial de la calidad de vino de mesa 
almacenado no es suficiente para garantizar que se 
respetan los mínimos establecidos. 
4.92. En cuanto a los registros de existencias, los 
auditores han observado en todos los Estados miembros 
visitados, con excepción de la RF de Alemania, que 
aunque al principio del proceso se indica a los organismos 
de control en qué cisternas se almacena el vino o el mosto 
de uva, los registros no reflejan los trasvases ni de forma 
global ni por cuba, ni tampoco permiten identificar 
claramente la correspondencia entre los contratos de 
almacenamiento y los vinos almacenados en la bodega, lo 
que va en detrimento de la Habilidad de los controles 
documentales. Estas deficiencias de la contabilidad de 
existencias pueden atribuirse a lagunas de los reglamentos 
comunitarios. 
4.93 En cuanto a los controles físicos, el Tribunal ha 
observado que, especialmente en Francia e Italia, el 
personal encargado de estas tareas no es suficiente para 
realizar visitas con una frecuencia tal que garantice que el 
vino está almacenado durante el período estipulado por el 
contrato. 
4.94. El precintado de las cisternas del vino depositado 
de acuerdo con los contratos de almacenamiento a largo 
plazo contribuiría a asegurar su presencia durante todo el 
contrato, pero este procedimiento no está contemplado 
por los reglamentos comunitarios. Sin embargo, se ha 
observado que es una práctica normal en Padua (Italia), a 
la que los productores no ponen objeciones y que también 
es corriente en Grecia cuando los bancos conceden 
anticipos a las bodegas utilizando el vino como garantía. 
El Tribunal recomienda que se estudie la posibilidad de 
ampliar la aplicación, actualmente limitada, del precinta­
do. 
4.95. Como ejemplo de los peligros que, provocados 
por las deficiencias de carácter general señaladas, se 
ciernen- sobre el presupuesto de la Comunidad, el 
Tribunal ha observado un caso en Francia en que se había 
hecho efectiva una ayuda comunitaria por un almacena­miento a largo plazo de mosto concentrado, cuando el 
contrato se había cancelado unos días antes de que 
acabara. Además, este mosto que se utilizó para 
fortalecer vino, disfrutaba de otra ayuda comunitaria 
para ello. 
4.96. A pesar de que los reglamentos contienen una 
disposición de carácter general que obliga a los producto­
res a informar al organismo de intervención de los 
posibles cambios en la calidad del producto almacenado 
durante la vigencia del contrato de almacenamiento, no 
exigen a las autoridades de control que verifiquen las 
características de calidad durante el período contractual o 
al finalizar el mismo. La auditoría del Tribunal no 
encontró rastro de la realización de estas verificaciones. 
4.97. En lo que se refiere a las ayudas al realmacena­
miento de vino, en la auditoría del Tribunal se han 
encontrado muchos casos en los que la necesidad de 
hacerlo no está suficientemente justificada. En un caso 
examinado en Italia se ha descubierto que se había 
trasvasado vino con ayuda comunitaria tres días 
laborables antes de vencer el contrato de almacenamiento 
a un almacén cercano a una destilería donde posterior­
mente fue destilado al amparo de un contrato de garantía 
de mantenimiento de precios. Además de ello, este 
realmacenamiento se hizo a finales de octubre, fecha en la 
que normalmente la cosecha debería haber terminado. 
4.98. Debido al cúmulo de deficiencias señaladas, en 
muchos casos la única obligación que tienen los 
productores es la de presentar, al final del período 
contractual, un vino de color, calidad y grado alcohólico 
similar al original y en algunos casos ni siquiera esto se 
comprueba. En estas circunstancias, el Tribunal conside­
ra que no existen suficientes salvaguardas para garantizar 
que los contratos de almacenamiento privado a largo 
plazo de vino de mesa alcancen el objetivo de retirar del 
mercado unas cantidades determinadas. 
4.99. El Tribunal duda de la economía del sistema 
actual de almacenamiento privado a largo plazo ya que es 
evidente que muchos productores participan en él 
esencialmente para aprovechar los precios muy atractivos 
ofrecidos a la destilación de garantía del mantenimiento 
de precios. Debido a que es muy posible que este vino 
acabe siendo destilado, el Tribunal, aún manteniendo sus 
reservas con respecto a las medidas comunitarias de 
destilación de vino (véase el Informe Especial (20)), 
considera que sería menos gravoso para el Presupuesto 
comunitario destilar inmediatamente el vino en vez de 
costear su almacenamiento durante nueve meses. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 81 
Ayudas comunitarias a la utilización de mosto de uva 
4.100. La auditoría del Tribunal ha analizado los dos 
tipos principales de ayuda comunitaria, que son los 
siguientes: 
(a) la ayuda a la utilización de mostos de uva para el 
enriquecimiento de vinos, que se paga a los producto­
res de mosto de uva concentrado y de mosto de uva 
concentrado purificado utilizado para aumentar el 
grado alcohólico de los mostos de uva, de los vinos de 
mesa, del vino apto para la obtención de vino de mesa 
y de determinados vinos espumosos. Esta ayuda se 
fija en ecus en función del grado alcohólico volumé­
trico natural y por hectolitro, para tener en cuenta la 
diferencia entre los costes de fortalecimiento con 
mosto y con sacarosa, ya que la utilización de este 
último producto está prohibida en las regiones 
vitivinícolas del Sur de Europa y autorizada en la 
República Federal de Alemania y en Luxemburgo 
hasta 1990, fecha en la que el Consejo considerará el 
asunto; 
(b) la ayuda a la utilización de mosto para la fabricación 
de zumo de uva que entró en vigor el 1 de septiembre 
de 1982. La Comisión retiene el 35 % de ella para 
utilizarla en la promoción del consumo de este 
producto. 
4.101. Durante el período 1981-85 la media anual del 
gasto comunitario en ayudas al fortalecimiento ha sido de 
68,7 Mió ECU y la de las ayudas al zumo de uva de 
7,6 Mió ECU. La primera alcanzó su máximo en 1984 
con 140,8 Mió ECU, debido esencialmente a las caracte­
rísticas de la cosecha de 1983, después bajó a 75 Mió ECU 
en 1986 para pasar a 105,8 Mío ECU en 1987. Los gastos 
de ayuda a la fabricación de zumo de uva se han 
mantenido constantes durante todo el período situándose 
en 6,7 Mió ECU en 1987. 
Resultados de la auditoría 
4.102. Como en el caso de los contratos de almacena­
miento privado, se ha descubierto que los servicios 
responsables del control de las medidas de fortalecimien­
to de vino y de fabricación de zumo de uva no están en 
condiciones de realizar inspecciones físicas, a pesar de que 
los reglamentos comunitarios disponen que se les informe 
con antelación a la fecha de comienzo de las operaciones. 
Así sucede en Italia y en Francia, donde tiene lugar la 
parte esencial de los gastos comunitarios en concepto de 
esta medida. El Tribunal estima que es esencial un 
mínimo de inspecciones físicas para verificar los puntos 
más importantes que son los siguientes: (a) que el mosto de uva que debe fortalecerse tenga el 
grado alcohólico potencial mínimo; 
(b) que los incrementos de volumen y de grado alcohólico 
no sobrepasen los límites fijados; 
(c) que no se utilicen sustancias no autorizadas para el 
fortalecimiento. 
4.103. En determinados casos se han descubierto 
registros no normalizados y mal llevados. En algunas 
ocasiones no se dispone de datos esenciales tales como el 
origen del mosto concentrado. En otras los procedimien­
tos utilizados para informar a las autoridades de cuándo 
van a comenzar las operaciones no son satisfactorios. 
4.104. En lo que se refiere a la retención de un 
importante porcentaje de la ayuda (véase el apartado 
4.100(b)), el Tribunal ha observado que los procedimien­
tos de la Comisión para contabilizar los créditos 
resultantes no son satisfactorios y que las cantidades 
utilizadas se registran en cuentas para memoria extrapre-
supuestarias. 
4.105. Los reglamentos comunitarios disponen que el 
fortalecimiento del vino se debe autorizar sólo en casos 
excepcionales y cuando sea necesario debido a las 
condiciones climáticas. Sin embargo, el Tribunal observa 
con preocupación que se autoriza demasiado libremente. 
Por ejemplo, se ha comprobado que en las regiones 
vitivinícolas del Sur de la Comunidad donde, en 
principio, la necesidad de fortalecer el vino debería ser 
escasa esta medida se ha autorizado al máximo todos los 
años desde su introducción. Esta pródiga política de 
fortalecimiento podría llevar a los agricultores a incre­
mentar sus rendimientos con la seguridad de que el 
descenso en grado alcohólico del vino producido se verá 
compensado con la generosa ayuda al fortalecimiento. 
4.106. Cuando se entregan vinos fortalecidos para su 
destilación, la ayuda baja si el grado alcohólico sobrepasa 
un determinado nivel. La auditoría del Tribunal ha 
puesto de relieve numerosos casos en que los productores 
fortalecían sus vinos hasta cerca del nivel máximo 
admitido para el pago completo de la ayuda a la 
destilación. Parece problable que cualquier productor 
que haya intentado obtener un rendimiento mayor por 
hectárea, lo que normalmente comporta una reducción 
del grado alcohólico del vino producido, haya podido 
fortalecer su vino hasta el máximo autorizado sin que se le 
reduzca la ayuda a la destilación. 
82 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
PRINCIPALES MODIFICACIONES 
REALIZADAS POR LA COMISIÓN DESDE 
LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES 
ESPECIALES DEL TRIBUNAL 
Ayuda a la producción de aceite de oliva 
4.107. Desde la publicación en 1985 del Informe 
Especial del Tribunal (19), los principales esfuerzos 
realizados para controlar este gasto comunitario se han 
dedicado a la creación de organismos de control del aceite 
de oliva en Italia y en Grecia. Tras unos retrasos iniciales, 
debidos principalmente a dificultades jurídicas para 
encontrar un marco adecuado a estos organismos, 
entraron en pleno funcionamiento en junio de 1986, en 
Italia y, entre octubre y diciembre de 1987, en Grecia. 
Recientemente se han creado organismos de este tipo en 
España y Portugal, pero aún no están en funcionamiento. 
4.108. El Tribunal aún no ha llevado a cabo un examen 
detallado de las actividades de estos organismos de 
control. Ha comprobado, sin embargo, que el servicio de 
la Comisión encargado del seguimiento de estas activida­
des ha recibido informes periódicos y declara estar 
satisfecho de los resultados obtenidos hasta la fecha en 
Italia. El Tribunal considera que los resultados, en 
términos de acciones emprendidas, ponen de manifiesto 
que el organismo italiano ha adoptado una postura 
rigurosa con respecto a los controles. La Comisión ha 
declarado recientemente que «en el primer año de 
aplicación del catastro olivarero se observó que en 
algunos Estados miembros las solicitudes de ayuda 
disminuyeron hasta en un 30 % » (23). En cuanto a los 
organismos griego, español y portugués, es aún pronto 
para evaluar sus actividades. 
4.109. El Informe Especial criticaba particularmente los 
controles realizados por las organizaciones de producto­
res. El Tribunal toma nota del reciente Reglamento del 
Consejo (24) que libera a estas organizaciones de la 
obligación de verificar en los olivares un porcentaje 
determinado de las declaraciones de cosecha de sus 
miembros. Una de las razones aducidas para esta 
modificación es que «la progresiva implantación de los 
catastros olivareros hace que estas comprobaciones, que 
debido a su complejidad no siempre se han realizado 
correctamente, ya no sean necesarias.» El cambio 
también se justificaba parcialmente con el razonamiento 
de que la Comisión considera que los organismos de 
control del aceite de oliva han alcanzado un nivel 
satisfactorio de funcionamiento (25). Medidas de destilación de vino 
4.110. En su Informe Especial sobre las medidas 
comunitarias de destilación de vino el Tribunal criticaba 
las disposiciones que permitían que los productores 
sujetos a la destilación obligatoria de vino de mesa 
eludieran las consecuencias financieras de las medidas por 
medio de la transferencia de sus obligaciones a otros 
productores. Por esta razón el Tribunal acoge favorable­
mente las limitaciones recientemente introducidas por la 
Comisión para la campaña 1987/88. Sin embargo, las 
nuevas disposiciones no eliminan totalmente las transfe­
rencias, aunque las limitan a los productores de un mismo 
Estado miembro. 
4.111. El Tribunal observa también que la Comisión 
sigue adelante con su política declarada de reducir la 
destilación de garantía de mantenimiento de precios. En 
la campaña 1987/88 esta medida está limitada al 10 % 
(frente al 13 % en la anterior) de la produción total de 
vino del titular de un contrato de almacenamiento a largo 
plazo durante la campaña anterior. Sin embargo, el 
Tribunal reitera su observación (26) en el sentido de que 
considera que el precio fijado en esta medida de 
destilación es demasiado alto habida cuenta del excedente 
estructural existente y recomienda que se aceleren las 
gestiones necesarias para reducir y finalmente cancelar las 
medidas. 
4.112. Además, la Comisión ha propuesto (^reciente­
mente que se refuercen algunos aspectos de las normas 
generales de destilación de vino y de subproductos de la 
vinificación. La propuesta concede especial importancia 
a: 
(a) medidas complementarias que permitan la identifica­
ción del vino que entra en las destilerías por medio de 
procedimientos mejorados de muestreo a su llegada; 
(b) sanciones de la Comisión cuando no se cumplan las 
medidas de destilación obligatoria. 
La Comisión considera que si se adoptan estas medidas, 
se eliminarían ciertas diferencias importantes relevadas 
por el Tribunal en su Informe Especial. 
4.113. Por otra parte, la Comisión ha presentado 
recientemente una propuesta de Reglamento del Conse­
jo (23) por el que se establecen las normas generales 
relativas a los controles en el sector vitivinícola, en ellas se 
recogen: 
(a) la mejora de los controles nacionales mediante, entre 
otras cosas, una mayor coordinación de los servicios 
de control competentes; 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 83 
(b) la creación en la Comisión de una unidad de 
funcionarios especializados en el control del sector 
vitivinícola; 
(c) una mayor cooperación entre las autoridades respon­
sables de los controles en los Estados miembros. 
4.114. La Comisión espera que la aplicación de las 
medidas propuestas permita conseguir un ahorro consi­
derable. 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN ESPAÑA 
Características de la producción y 
el consumo de aceite de oliva 
4.115. España produce, como Italia, alrededor del 30 % 
del aceite de oliva mundial. La produción anual media de 
aceite de oliva virgen es de 500 000 toneladas y la de aceite 
de orujo de alrededor de 40 000 toneladas. 
4.116. El consumo anual de aceite de oliva en España es 
de alrededor de 370 000 toneladas, lo que supone el 75 % 
de la producción. Al estar el mercado español protegido 
contra las importaciones de semillas oleaginosas de 
precios más bajos, todavía no se ha pagado en España la 
ayuda comunitaria al consumo. 
Características de la producción y 
el consumo de vino 
4.117. La producción anual española de vino oscila 
normalmente entre 34 y 37 Mió Hl., de los que entre 9 y 10 
corresponden a vinos de calidad. El rendimiento medio 
por hectárea es muy bajo (23 Hl./Ha). 
4.118. El consumo de vino en España, aproximadamen­
te 55 litros por persona, es sustancialmente menor que en 
otros Estados miembros productores, especialmente 
Italia y Francia. Sin embargo, el consumo en España se 
mantiene estable o ligeramente al alza mientras que, en los 
otros Estados miembros productores, se observa una 
tendencia a la baja. 4.119. Las medidas comunitarias de destilación de vino 
son muy atractivas para los productores españoles. En la 
campaña de comercialización 1986/87 se acogieron a ellas 
12,5 Mió Hl., lo que supone algo más del 50 % de la 
producción española de vino de mesa en este período. En 
la campaña de comercialización 1987/88 a España le 
corresponde destilar obligatoriamente 10,6 Mió Hl. de 
vino de mesa. 
Organización administrativa 
4.120. El SENPA (28) ha sido designado como organis­
mo de intervención de los dos productos. Su Dirección 
Financiera de Madrid se encarga del pago de la ayuda 
comunitaria. La comprobación del derecho a subvención 
está confiada a las Delegaciones provinciales y las 
Inspecciones territoriales. Algunas funciones se han 
delegado a servicios especializados de control tales como: 
(a) el servicio de prevención de fraudes del Ministerio de 
Agricultura, que se encarga de controlar los movi­
mientos del vino; 
(b) los servicios de aduanas, que controlan las operacio­
nes de destilación del vino; 
(c) el Patrimonio Comunal Olivarero, organización 
interprofesional semiestatal, que es responsable de las 
operaciones físicas del almacenamiento de interven­
ción. 
4.121. Las Comunidades Autónomas están facultadas 
para aprobar las solicitudes de ayuda a la produción de 
aceite de oliva. Para ello reciben también un ejemplar de 
las declaraciones de cosecha y de las solicitudes de ayuda 
y presentan periódicamente a la oficina provincial 
correspondiente del SENPA relaciones de las solicitudes 
aprobadas. Este sistema es, sin embargo, provisional y el 
organismo de control del aceite de oliva asumirá, cuando 
se cree, la función de verificar la exactitud de las 
solicitudes de ayuda. Ya está en proceso de formación y 
debe entrar en funcionamiento en la campaña de 
comercialización 1988/89. 
84 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Observaciones de la auditoría 
4.122. A pesar de que las cantidades pagadas hasta la 
fecha a España en concepto de ayuda comunitaria son 
relativamente pequeñas, el Tribunal considera que, 
teniendo en cuenta la importancia de los mercados 
examinados en la agricultura española, es necesario 
destacar algunas deficiencias observadas durante la 
auditoría para que se puedan tomar las medidas 
oportunas. 
4.123. El Tribunal considera que las deficiencias 
principales de los servicios de control se pueden resumir 
del siguiente modo: 
(a) en general tienden a confiar excesivamente en las 
declaraciones de los productores y de otras partes 
interesadas (por ejemplo, propietarios de almazaras y 
destilerías) sin verificar con la suficiente independen­
cia su exactitud; 
(b) es necesario que exista una mayor coordinación entre 
ellos, tanto en la definición clara de las atribuciones y 
responsabilidades de cada uno como incrementando 
el intercambio de información. Estas medidas 
reducirían el riesgo de que se produzcan duplicacio­
nes y permitirían aumentar la frecuencia y la amplitud 
de los controles; 
(c) se ha observado que algunos carecen de personal 
suficiente teniendo en cuenta el volumen de solicitu­
des de ayuda, lo que en ciertos casos limita tanto la 
cantidad como la calidad de las comprobaciones. 
Aun cuando se descubren anomalías, en ciertos casos 
se admiten márgenes de tolerancia, que el Tribunal 
considera demasiado generosos. 
4.124. El Tribunal considera que se debe conceder 
mayor importancia a la comprobación de: 
(a) las declaraciones de cosecha de los productores de 
aceite de oliva y de prensado de las almazaras; 
(b) las declaraciones de cosecha, producción y existen­
cias, así como de los documentos de entrega 
preparados por los destiladores, en el caso del vino. 
4.125. La importancia de estas verificaciones puede 
comprenderse si se considera el uso que se da a las 
declaraciones. Las del aceite de oliva constituyen la base 
de los pagos de la ayuda comunitaria a la producción durante varios años. Las de los productores de vino sirven 
para determinar su derecho a participar en las medidas 
comunitarias de destilación voluntaria y si les afecta la 
destilación obligatoria. Los documentos de entrega 
preparados por las destilerías se utilizan para comprobar 
el cumplimiento de los contratos de destilación voluntaria 
u obligatoria. Teniendo en cuenta la importancia de estos 
últimos documentos para los controles, el Tribunal 
recomienda que vayan visados por un organismo público. 
4.126. La necesidad de una mayor coordinación entre 
los organismos encargados del control se ha puesto 
especialmente de manifiesto en las comprobaciones de la 
ayuda a la producción de aceite de oliva que efectúan 
tanto el personal de las Comunidades Autónomas como 
el de los servicios provinciales del SENPA. Parece ser que 
actualmente unos servicios no están al corriente de cuáles 
son exactamente los controles que realizan los otros y que 
ambos los organizan independientemente. Este plantea­
miento puede resultar sumamente ineficaz. Un enfoque 
más coordinado permitiría a cada servicio complementar 
los controles realizados por el otro. También se ha notado 
una falta de coordinación en los controles de las medidas 
de destilación del vino, donde los certificados suministra­
dos por los servicios aduaneros no son lo suficientemente 
detallados para permitir la conciliación entre el vino 
entregado para destilación y el alcohol producido. Por lo 
tanto, las oficinas provinciales del SENPA han tenido que 
basarse en listas preparadas por las destilerías que, al no 
estar verificadas por los servicios de control, son de una 
validez limitada. 
4.127. También en relación con la ayuda a la produc­
ción de aceite de oliva, se ha podido comprobar la 
necesidad de reforzar los criterios utilizados para estudiar 
a fondo las solicitudes de ayuda. Como ejemplo, en la 
región visitada durante la auditoría se examinó «in situ » 
un pequeño porcentaje de declaraciones viéndose que se 
aceptan sin más, incluso cuando las comprobaciones 
preliminares habían puesto de manifiesto diferencias de 
hasta: 
(a) el 20 % entre la superficie declarada y la que aparece 
en el-catastro; 
(b) el 50 % entre la densidad de olivos declarada y la 
densidad media por hectárea en el municipio del 
catastro. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 85 
4.128. El Tribunal considera que, ya que los Reglamen­
tos comunitarios obligan a verificar un número mínimo 
de solicitudes por medio de controles sobre el terreno, en 
ellos no se deberían admitir márgenes de tolerancia. 
4.129. El sistema comunitario vigente dispone que las 
organizaciones de productores de aceite de oliva recono­
cidas desempeñen un papel importante en el control de las 
declaraciones de sus miembros (lo que el Tribunal de 
Cuentas criticaba en su Informe Especial (29)). Sin 
embargo, como en España no existían organizaciones de 
este tipo, en las dos primeras campañas de comercializa­
ción tras su adhesión se aplicaron disposiciones especiales 
para que la ayuda a la producción pudiera pagarse en 
función de la producción real de aceite y no a tanto 
alzado. A instancias de la Comisión, en 1987 se han 
formado organizaciones de productores que se enfrentan 
con la difícil tarea de controlar a sus propios miembros. 
El Tribunal considera desafortunado el momento elegido 
para aplicar estas disposiciones ya que el Consejo, a 
propuesta de la Comisión, acaba de aprobar medidas (a 
las que se hace referencia en el apartado 4.109) para 
disminuir el papel de estas organizaciones en el procedi­
miento de control. 
4.130. En lo que se refiere a los controles de las 
operaciones de almacenamiento de intervención del aceite 
de oliva, el Tribunal ha observado que mientras las 
disposiciones administrativas son por lo general satisfac­
torias, durante el período de almacenamiento la calidad 
del aceite se deteriora rápidamente. Se está a la espera de 
datos completos, aunque las indicaciones recibidas 
señalan que puede ser necesario llevar a cabo reclasifica­
ciones a la baja importantes. El Tribunal recomienda que 
los servicios de la Comisión investiguen la situación para 
determinar hasta qué punto se puede atribuir a: 
(a) unas instalaciones de almacenamiento poco adecua­
das; 
(b) la clasificación incorrecta del aceite en el momento de 
la compra de intervención. 
4.131. También se ha observado que las ventas de 
intervención no han dado buenos resultados: de 55 000 
toneladas puestas a la venta, únicamente se vendieron 
23 600. El Tribunal reitera sus críticas que recogió en su 
Informe Especial (30) sobre la falta de flexibilidad del 
actual régimen de ventas. CONCLUSIONES GENERALES 
4.132. Además de la auditoría, de las disposiciones de 
determinados mercados, el Tribunal ha realizado en 1987 
un examen en profundidad de dos de los más importantes 
instrumentos horizontales de la gestión de mercados: el 
almacenamiento público y las restituciones a la exporta­
ción. En ambos casos se debe cuestionar seriamente la 
Habilidad de las cuentas, debido a que existen dudas, 
principalmente en cuanto a su exactitud, en el primer 
caso, y a la regularidad de las correspondientes transac­
ciones, en el segundo. Tanto en el presente capítulo (por 
ejemplo, en los apartados 4.56 y 4.57) como en su Informe 
Especial sobre la gestión y el control del almacenamiento 
público (31), el Tribunal recomienda la aplicación de 
medidas prácticas para remediar las deficiencias. 
4.133. Además de ello, el Tribunal desea mencionar 
otras conclusiones que considera que pueden extraerse 
legítimamente de la auditoría del gasto agrícola comuni­
tario que ha realizado en 1987; son las siguientes: 
(a) como se explicó en el apartado 4.2 desde los primeros 
años, la gestión del FEOGA-Garantía pasó de la 
Comisión a los Estados miembros. El Tribunal estima 
que una consecuencia esencial de esta tradición de 
descentralización es que la Comisión debería usar, 
con la mayor energía posible, sus facultades de 
control y supervisión centrales con el fin de garantizar 
la aplicación uniforme y correcta de las medidas del 
FEOGA-Garantía en los Estados miembros. Si esto 
no ocurre los reglamentos no se aplicarán de modo 
satisfactorio ya que no se respetará la intención con 
que fueron redactados; 
(b) para desempeñar esta función más amplia, la 
Comisión tendrá que utilizar su influencia sobre los 
Estados miembros en dos niveles: en primer lugar, 
mediante los distintos instrumentos horizontales de 
coordinación y de control, y en segundo, con un 
seguimiento más sistemático de los mercados específi­
cos; 
(c) la Comisión apenas conoce los sistemas de los 
Estados miembros, debido a una supervisión inade­
cuada, y esto explica claramente las deficiencias que 
existen en los procedimientos de control nacionales. 
86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
La situación observada en España ilustra lo inade­
cuada que es la vigilancia de la Comisión: cuando se 
proponía modificar la reglamentación comunitaria 
para adaptarla a los procedimientos que ya existían en España (véase el apartado 4.129) permitió a las 
autoridades españolas realizar modificaciones funda­
mentales de los procedimientos de control de la ayuda 
a la producción de aceite de oliva. 
i) DO L 94 de 28.4.1970. 
2) DO L 304 de 27.10.1987. 
3) DOC 336 de 15.12.1987. 
4) DO L 79 de 21.3.1987. 
5) DO L 351 de 14.12.1987. 
6) DOL 172 de 12.7.1977. 
"0 DO C COM(87) final de 16.1.1987. 
DOC 215 26.8.1985. 
9) DOL 187 de 25.7.1979. 
10) DOL 206 de 12.8.1977. 
H) DOL 4 de 8.1.1982. 
12) DOL 212 de 21.7.1982. 
13) DOL 38 de 9.2.1977. 
14) DOL 317 de 12.12.1979. 
15) DO L 62 de 7.3.1980. 
16) DOC 147 de 5.6.1987. 
17) DOC 336 de 17.12.1984. 
ig) Dictamen n° 1/88 aprobado el 19.5.1988, aún no publicado. 
19) DOC 134 de 3.6.1985, p. 1. (20) DO C 297 de 6.11.1987, p. 14. 
(21) La campaña de comercialización del vino comienza el 1 de 
septiembre. Los contratos de almacenamiento de vino a 
largo plazo se aprueban entre el 16 de diciembre y el 15 de 
febrero si el balance provisional muestra la necesidad de 
hacerlo. 
(22) Se ha autorizado a Francia, Grecia e Italia a continuar esta 
medida como ayuda nacional. 
(23) Doc COM (87)694 final, 13.1.1988. 
(24) Reglamento (CEE) n° 892/88 del Consejo de 29.3.1988, 
DO L 89 de 6.4.1988, p. 1. 
(25) Doc COM (87) 718 final de 21.12.1987. 
(26) DO C 297 de 6.11.1987, p. 14 (apartado 7.3 (d)). 
(27) DOC COM (86) 398 final de 28.7.1986. 
(28) Servicio Nacional de Productos Agrarios. 
(29) DO C 134 de 3.6.1985, p. 1 (apartados 4.76 y 8.6). 
(30) DO C 134 de 3.6.1985, p. 1 (apartados 6.62 y 8.15(c)). 
(31) Informe especial n° 5/88, DO C 274 de 24.10.1988. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 87 
Apartados 
5.1 
5.2 -
5.2 -
5.6 
5.9 
5.12 
5.13 
5.14 
5.17 
5.18 
5.21 — 5.43 
— 5.5 
— 5.16 
— 5.11 
— 5.16 
— 5.27 
— 5.20 
— 5.23 CAPITULO 5 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, 
Sección Orientación (FEOGA-Orientación) 
5.0. ÍNDICE DE MATERIAS 
Introducción 
Aplicación de las medidas para la mejora de las condiciones de almacenamiento 
y comercialización de cereales (Reglamento (CEE) n° 355/77) 
Objeto de la investigación 
Problemas relacionados con los programas y los objetivos previstos 
Finalidad de los programas y su aprobación 
Seguimiento de la ejecución de los programas y de la evolución de sus 
efectos 
Duración de los programas 
Baja realización de los programas 
Problemas de los proyectos financiados por la Comisión 
Capacidades de almacenamiento utilizadas para intervención 
Respeto de los criterios de selección de proyectos 
Resultados técnicos limitados de determinados proyectos de almacena­
miento 5.24 
Utilización de los informes financieros previstos en el Reglamento 
(CEE) n° 355/77 5.25 — 5.26 
Deficiencias contables y otras irregularidades 5.27 
Problemas específicos de los silos de puerto 5.28 — 5.36 
Introducción 5.28 — 5.32 
Observaciones 5.33 — 5.36 
Falta de coordinación en la aprobación de los proyectos de « silos de 
puerto» 5.33 
Resultados limitados de los programas 5.34 — 5.35 
Falta de un control sistemático 5.36 
Conclusiones y recomendaciones 5.37 — 5.43 
Observaciones del Informe Especial sobre la ayuda comunitaria a la aceleración 
del desarrollo agrícola en Grecia 5.44 — 5.50 
INTRODUCCIÓN febrero 1977 (0,1a Directiva 75/268/CEE del Consejo, de 
25 de abril 1975 (Agricultura de montaña y de determina­
das zonas desfavorecidas) (2), y el Reglamento (CEE) 
n° 797/85 del Consejo, de 12 de marzo 1985 (3). Durante 
el año 1987, las investigaciones del Tribunal se han 
centrado principalmente en la aplicación de las medidas 
de mejora de las condiciones de almacenamiento y 
5.1. Entre las acciones más importantes de la política de 
estructuras agrícolas se encuentran las establecidas por el 
Reglamento (CEE) n° 355/77 del Consejo, de 15 de (•) Las notas aparecen al final del capítulo. 
88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
comercialización de cereales (Reglamento (CEE) n° 
355/77). Además, el Tribunal ha aprobado un informe 
sobre la ayuda comunitaria a la aceleración del desarrollo 
agrícola en Grecia cuyas conclusiones se resumen al final 
de este capítulo. 
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA 
LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CEREALES 
(REGLAMENTO (CEE) N° 355/77) 
Objeto de la investigación 
5.2. El Reglamento (CEE) n° 355/77, modificado en 
diferentes ocasiones y adaptado a raíz de la adhesión de 
España y Portugal, creaba una acción común destinada a 
la mejora de las condiciones de transformación y 
comercialización de productos agrícolas. El FEOGA-
Orientación (Fondo) contribuye a esta acción mediante 
su participación en la financiación de proyectos de 
inversión que deben formar parte de programas. El 
porcentaje máximo de participación está fijado en el 25 % 
del coste que se puede subvencionar. Sin embargo, en un 
número limitado de regiones, este porcentaje alcanza el 
35 % y, en otras, el 50 %. El porcentaje medio de 
contribución del Fondo en el período 1978-87 ha sido del 
26 %. 
5.3. Durante el período 1978-87 se han financiado 6 268 
proyectos dentro del marco de este reglamento, y el 
importe total concedido ha sido de 2 251,4 Mió UCE/ 
ECU. Las acciones de almacenamiento de cereales 
participan con 697 proyectos (equivalentes al 11,1 % del 
total) y 218,7 Mió ECU (equivalentes al 9,7% de la 
ayuda total concedida) (véase cuadro 5.1). 
5.4. El Tribunal ha centrado su investigación sobre los 
cereales principalmente en los programas y proyectos 
relacionados con la racionalización y el desarrollo del 
almacenamiento con el objetivo primordial de poner de 
relieve determinados problemas relativos a la elaboración 
de los programas por los Estados miembros, su puesta en 
práctica y el seguimiento de su ejecución. El cuadro 5.2 
muestra la evolución de la capacidad de almacenamiento 
por Estado miembro, utilizando las cifras de capacidad 
disponible indicadas en los programas nacionales y 
añadiéndoles la nueva capacidad adquirida con la 
aplicación del Reglamento (CEE) n° 355/77. Finalmente, 
el cuadro 5.3 muestra la evolución de la producción del 
sector de los cereales y de las superficies cosechadas por 
Estado miembro, comparando las cifras de 1986 con las 
de 1980. 
5.5. Las observaciones formuladas se basan en el 
control sobre documentos o sobre el terreno de un cierto número de proyectos integrantes de programas específi­
cos, y que han sido financiados por la Comisión durante 
el período 1980-1987. A partir del año 1981, como norma 
general los proyectos deben formar parte de programas, y 
ya a partir del primero de enero 1979 se concedía 
prioridad a los que estuvieran incluidos en programas 
aprobados (Artículo 12 del Reglamento (CEE) 
n° 355/77). En el período 1980-1987 la Comisión ha 
financiado 604 proyectos. Una vez examinados los 
expedientes finiquitados, se han efectuado controles 
sobre el terreno de un número significativo de proyectos 
con ocasión de las misiones autónomas realizadas a siete 
Estados miembros: Bélgica, RF de Alemania, Grecia, 
Francia, Irlanda, Italia y el Reino Unido, los mayores 
beneficiarios del Fondo en el sector cereales durante el 
período analizado. 
Problemas relacionados con los programas 
y los objetivos previstos 
5.6. Entre las principales disposiciones relativas a los 
programas, destacan: 
(a) los programas específicos serán elaborados por los 
Estados miembros y estarán orientados al desarrollo 
o la racionalización del tratamiento, de la transfor­
mación o de la comercialización de los productos 
agrícolas ... en una parte o en toda la Comunidad 
(Artículo 2 del Reglamento); 
(b) la Comisión podrá conceder una ayuda del Fondo a 
proyectos que se inserten en programas específicos 
(Artículo 1, apartado 3); 
(c) los programas han de demostrar que contribuyen a la 
realización de los objetivos de la Política Agrícola 
Común (PAC) y especialmente al buen funciona­
miento de los mercados de los productos agrícolas y 
de la pesca (Artículo 3, apartado 1); 
(d) el plazo previsto para la realización del programa no 
debería, en principio, sobrepasar un período de tres a 
cinco años (Artículo 3, apartado lg). 
5.7. El objetivo del Reglamento (CEE) n° 355/77 es de 
naturaleza básicamente estructural y está orientado a la 
creación y racionalización de empresas que se dediquen al 
tratamiento, la transformación o la comercialización de 
productos agrícolas. Por tanto, aunque este Reglamento 
no contenga medidas que excluyan la financiación de las 
instalaciones susceptibles de ser utilizadas para interven­
ción, en sus decisiones de aprobación de ciertos progra­
mas, la Comisión ha indicado que no intervendría en la 
financiación de instalaciones de este tipo. 
12. 12. Diario Oficial de las Comunidades Europeas 89 
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90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Cuadro 5.2 — Cereales: capacidad de almacenamiento obtenida en los Estados miembros en aplicación 
del Reglamento (CEE) n° 355/77 desde 1980 
(x lOOOt) 
Estado miembro 
Bélgica 
Dinamarca 
RF de Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido Capacidades 
disponibles 
según datos 
de los 
programas 
nacionales 
2 591 
— 
6 000 
1 337 
25 200 
1 821 
1 700 
70 
— 
1 005 
15 000 Previsión de 
capacidades a construir 
en el 
programa 
158 
— 
495 
1 000 
450 
130 
1 000 
10 
— 
110 
1 000 en el 
addendum 
300 
— 
330 
1 000 
5 080 
70 
— 
— 
— 
— 
350 Capacidades 
obtenidas 
según el 
Reglamento 
n° 355/77 
351(1) 
— 
415 
700 
245 
212 
92 
— 
— 
— 
640 
(') Notas explicativas por Estado miembro: 
— Bélgica: Almacenamiento primario (cosecha) y portuario; éste representa 250 000 t; 
— Dinamarca: Sin programa de cereales, los proyectos del cuadro 5.1 se refieren únicamente a la colza; 
— RF de Alemania: Almacenamiento primario; 
— Grecia: Almacenamiento primario; 
— España: Sin datos; 
— Francia: Almacenamiento primario y portuario; éste representa 195 000 t; 
— Irlanda: Almacenamiento primario; 
— Italia: El programa nacional examinado corresponde al almacenamiento de trigo duro; 
— Luxemburgo: El programa luxemburgués ha sido aprobado el 30junio 1987; 
— Países Bajos: No tiene programa de cereales; 
— Portugal: Cifras basadas en el proyecto de programa para los años 1988-1990; 
— Reino Unido: Almacenamiento primario y portuario. 
Cuadro 5.3 — Cereales (excluido el arroz) 
Estado miembro 
Bélgica 
Dinamarca 
RF de Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
EUR 12 Producción cosechada 
en 1 000 t 
1980 
1 894 
7 070 
23 087 
5 097 
12 746 0) 
47 870 
2 064 
16 927 
121 
1 276 
1 148 (!) 
19 474 
138 774 1986 
2 258 
7 968 
25 590 
5 164(2) 
15 795(2) 
50 502 
1 954 
17 350(2) 
125 
1 265 (2) 
1 470 (•) 
24 486 (2) 
153 926(2) Superficie cosechada 
(x 1000 ha) 
1980 
391 
1 816 
5 210 
1 567 
7 385 (•) 
9 889 
444 
4 935 
40 
224 
1 037 (') 
3 938 
36 876 1986 
350 
1 588 
4 812 
1 446 (2) 
7 592 (2) 
9 487 
380 
4 642 
34 
171 (2) 
973 (2) 
4 025 (2) 
35 499 (2) 
Fuente: Eurostat. 
(') 1982. 
(2) Estimación. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 91 
5.8. El examen de los programas del sector de los 
cereales ha puesto de relieve las deficiencias en la finalidad 
de los programas y en el análisis realizado en el momento 
de su aprobación, en el seguimiento de su ejecución, en su 
duración y en su grado de realización. 
Finalidad de los programas y su aprobación 
5.9. El Tribunal, en su Informe Anual relativo al 
ejercicio 1986 (4) subrayaba que los Estados miembros, al 
elaborar sus programas, tienden más a satisfacer las 
condiciones formales de los reglamentos que a conseguir 
el efecto máximo de las intervenciones. Además, en los 
programas no se mencionan los efectos previstos sobre la 
producción o sobre las rentas de las explotaciones. 
5.10. La investigación sobre los cereales, que confirma 
estas observaciones, ha revelado también que la propia 
concepción de los programas conduce a veces a una falta 
de coherencia. Esto se debe principalmente a que los 
programas de cada sector agrícola, y en este caso en el de 
los cereales, son elaborados por cada Estado miembro en 
un contexto puramente nacional sin tener en cuenta los 
objetivos de la PAC. Además, la necesidad de incremen­
tar la capacidad de almacenamiento no se basa en un 
análisis objetivo de las necesidades. 
5.11. Dos tipos de situaciones se prestan especialmente 
a la crítica: 
(a) casi todos los programas examinados prevén un 
incremento de la producción de cereales, sin que 
ninguna de las medidas tienda a estabilizar o reducir 
los excedentes comunitarios de forma que se aligere la 
carga soportada por la sección garantía del FEOGA. 
Así, el último programa elaborado por el Estado de 
Badén-Württemberg (aprobado por la Comisión el 
10 de diciembre de 1986 como segundo « Addendum» 
a un programa inicial que databa de 1980) se plantea 
un incremento de la producción hasta 1995. Del 
mismo modo el «Addendum» al programa francés 
estima las necesidades de capacidad de almacena­
miento sobre la base de las perspectivas de crecimien­
to de la producción cerealista. La Comisión ha 
aprobado los programas sin tener en cuenta su 
compatibilidad con la política de gestión del merca­
do, de tendencia opuesta a la que ella misma 
preconiza; 
(b) la validez de los datos suministrados y de los objetivos 
propuestos, así como la Habilidad de los métodos 
aplicados por los servicios nacionales para la 
estimación de la capacidad existente no parecen haber 
sido objeto de un examen suficiente por la Comisión, 
usando para ello, entre otros, datos normalmente 
conocidos tales como el nivel y la evolución de las 
existencias de intervención. Esto ha ocurrido en el 
examen del programa de almacenamiento de trigo duro presentado por Italia, aprobado por decisión de 
la Comisión de 23 de junio 1986. En efecto, según este 
programa la capacidad existente de almacenamiento 
de trigo duro era de 1,7 Mió t y la capacidad 
suplementaria a crear de 1 Mió t. Al final del año 
1987, es decir el año siguiente, sólo las cantidades 
almacenadas en intervención eran ya del orden de 
1,9 Mió t, mientras que los proyectos finalizados 
hasta entonces sólo representaban del orden de 
65 000 t. Esto prueba que si los datos presentados en 
el programa reflejaban la realidad, la capacidad 
efectiva no habría bastado para almacenar exceden­
tes tan importantes. Una investigación realizada por 
los servicios regionales en 1987 en la región de Apulia 
ha llegado a la conclusión de que la capacidad de 
almacenamiento de trigo duro era de 1 Mío t, cuando 
según el programa antes citado, no superaba en 1985 
las 565 000 t. Según se ha podido comprobar, esta 
última cifra no parece corresponder a la realidad. 
Seguimiento de la ejecución de los programas 
y de la evolución de sus efectos 
5.12. Para poder fundamentar mejor las decisiones 
futuras, sería conveniente que las partes involucradas 
convirtiesen en una actividad continuada el seguimiento 
concienzudo y el análisis de los resultados de cada 
programa. El Tribunal no ha podido observar tal 
seguimiento ni en el seno de la Comisión ni con ocasión de 
sus visitas a los Estados miembros. Estos últimos, a pesar 
de que en general disponen de datos sobre el número de 
proyectos financiados y completados dentro de cada 
programa, no están sin embargo en condiciones de 
facilitar información sobre los resultados obtenidos en 
función de los objetivos que persigue el reglamento de 
base (rentabilidad de los proyectos, contribución de los 
programas al efecto económico de mejora de la estructu­
ra, ventajas económicas para los productores, etc.). 
Duración de los programas 
5.13. El Reglamento (CEE) n° 355/77 establece, en 
principio, una duración de 3 a 5 años para la realización 
de un programa (ver apartado 5.6 (d)). Sin embargo, los 
Estados miembros, presentando a la Comisión anexos a 
los programas iniciales, consiguen ampliarla hasta ocho 
años y a veces más. Si esta práctica continúa existe el 
riesgo de que se produzca un escalonamiento continuo de 
las acciones comunes emprendidas incompatible con los 
objetivos de planificación del Reglamento. 
Baja realización de los programas 
5.14. La baja realización de los programas en dos 
Estados miembros visitados, Francia y Grecia, indica que 
92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
su planificación no respondía a las necesidades reales, al 
menos durante su duración. Las importantes diferencias 
en las ejecuciones de los programas ponen de relieve una 
falta de planificación, contraria al espíritu del Reglamen­
to (CEE) n° 355/77. 
5.15. El programa francés, que abarca el período 1981-
1985, ha tenido un nivel de ejecución del 33 % en los 
almacenes de recogida (50 000 t realizadas frente a 
150 000 t previstas) y del 65 % en los silos portuarios 
(195 000 t realizadas frente a 300 000 t previstas). Como 
media, el nivel de realización no sobrepasa el 55 %. Sin 
embargo, la Comisión ha aprobado un anexo al 
programa precedente a fin de conseguir una capacidad de 
almacenamiento de recogida de 5 Mió t y de 80 000 t de 
almacenamiento portuario durante el período 1986-1990. 
5.16. En lo que respecta a Grecia, su programa inicial, 
que cubría el período 1981-1984, se realizó en un 70 % en 
lo que concierne al almacenamiento (700 0001 de 1 Mió t 
previstas). En cuanto a la parte de secado, el programa se 
llevó a cabo al 100 %. Por el contrario, el addendum 
aprobado por la Comisión en 1984 para el período 1985-
1988 se materializó en un porcentaje muy bajo. En él se 
contemplaba la construcción de nuevas instalaciones de 
almacenamiento con una capacidad total de 1 Mió 
toneladas y de 23 secaderos. 
Problemas de los proyectos financiados 
por la Comisión 
5.17. Las observaciones siguientes proceden de com­
probaciones realizadas con ocasión del examen de los 
expedientes y de los controles sobre el terreno. 
Capacidades de almacenamiento utilizadas 
para intervención 
5.18. En la región italiana de Apulia, el Ministerio de 
Agricultura financió en 1986 con créditos del Presupuesto 
Nacional, un proyecto de 25 000 t en Altamura, a pesar 
del dictamen desfavorable de las autoridades regionales. 
El beneficiario de este proyecto, que ha obtenido de este 
modo la ayuda comunitaria, es una sociedad de cartera 
multinacional establecida en siete países. En el momento 
de la presentación del proyecto esta sociedad disponía en 
Apulia, a través de una filial, de una capacidad de 
almacenamiento de 225 000 t, aceptadas en su totalidad 
para intervención. A finales de 1987, la empresa en 
cuestión había aumentado su capacidad de almacena­
miento de trigo duro, al margen del proyecto FEOGA, a 
335 000 t, de las cuales 320 0001 estaban aceptadas como 
almacenes de intervención; almacenaba para interven­
ción 285 433 t, lo que la convertía en el almacenista más 
importante de existencias de intervención en Apulia y en el segundo del país. También en Italia, en la región de 
Basilicata, se ha observado que en otro proyecto de 
13 800 t, 10 000 t estaban cubiertas por intervención. El 
beneficiario, a quien el organismo de intervención 
retribuye mediante un alquiler rentable, considera normal 
esta utilización de la capacidad creada. 
5.19. En el estado de Schleswig-Holstein, RF de 
Alemania, se ha comprobado que los beneficiarios de 
cuatro proyectos eran empresas homologadas para 
almacenamiento de intervención y que dos de ellas 
utilizaban para ello silos subvencionados. 
5.20. Lo que precede confirma las averiguaciones 
llevadas a cabo para otros productos en informes 
precedentes y las observaciones formuladas por el 
Tribunal (5) sobre la financiación de inversiones cuya 
rentabilidad depende, al menos en parte, de su grado de 
utilización para intervención. Ahora bien, la finalidad del 
Reglamento (CEE) n° 355/77 es una mejora duradera de 
las estructuras por medio de la creación o del refuerzo de 
actividades económicas que ofrezcan garantía de rentabi­
lidad. Cuando ésta depende de las medidas de sosteni­
miento del mercado, las estructuras creadas o reforzadas 
resultan frágiles. En efecto, las restricciones a las que 
debería dar lugar la política comunitaria de gestión de 
mercados podrían afectar no solamente a la rentabilidad 
sino, en ciertos casos, a la supervivencia de las propias 
empresas. 
Respeto de los criterios de selección de los proyectos 
5.21. Según los criterios de subvención fijados desde 
1979 por la Comisión (6), los proyectos de fábricas de 
harina y malterías (con excepción de los destinados al 
almacenamiento de cebada) no reciben financiación 
comunitaria. 
5.22. El tenor de esta formulación indica que si bien se 
establece una excepción para el almacenamiento de la 
cebada realizado por las malterías, no se hace ninguna 
para los cereales almacenados por las fábricas de harina. 
5.23. Al realizarse los controles sobre el terreno se ha 
observado que estos criterios no siempre se han respeta­
do. Así: 
(a) en Bélgica, un proyecto muy importante, cuya 
finalidad en el momento de la tramitación del 
expediente en la Comisión era la modernización de 
una empresa de almacenamiento y de transbordo de 
Amberes, ha acabado dedicado principalmente al 
almacenamiento de malta por cuenta de las malterías; 
(b) en la RF de Alemania, dos proyectos destinados a la 
ampliación de la capacidad de almacenamiento y 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 93 
acondicionamiento de cereales de alta calidad 
corresponden a las necesidades de las fábricas de 
harina; 
(c) la Comisión ha financiado a una empresa muy 
importante la construcción, en la región de Apulia, de 
silos anejos a una fábrica de harina con una 
capacidad total de 20 000 t, para el almacenamiento 
de trigo destinado a molturación. La decisión de 
concesión de la ayuda no proporcionaba ninguna 
indicación de las razones que llevaron a la Comisión a 
no aplicar en este caso sus criterios de selección de 
proyectos. 
Resultados técnicos limitados de determinados 
proyectos de almacenamiento 
5.24. Los proyectos realizados por cooperativas en 
Apulia y Basilicata consisten en silos con bajo nivel de 
equipamiento. Este tipo de equipo, que es limitado, no se 
presta a conseguir lotes homogéneos de trigo duro, lo que 
permitiría un aumento importante del valor de la 
mercancía ofrecida. Esta situación podría llevar a que en 
un futuro próximo se financien nuevos proyectos más 
eficaces en sustitución de instalaciones no muy antiguas. 
Utilización de los informes financieros previstos 
en el Reglamento (CEE) n° 355/77 
5.25. El artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CEE) 
n° 355/77 dispone que el beneficiario deberá presentar a la 
Comisión un informe financiero final de cada uno de los 
proyectos a los que haya contribuido el Fondo a los dos 
años del pago íntegro de la contribución (7). 
5.26. Estos informes sólo se han comenzado a utilizar 
muy recientemente, con ocasión de la preparación por la 
Comisión de un anteproyecto de informe sobre la 
evolución de los proyectos financiados al amparo del 
Reglamento (CEE) n°355/77. 
Deficiencias contables y otras irregularidades 
5.27. En los controles sobre el terreno se han observado 
algunas deficiencias en la gestión de los proyectos, entre 
las que cabe destacar: 
(a) en Bélgica, el beneficiario de un proyecto, un 
importante importador de cereales, no pudo mostrar 
el expediente de la licitación, con el pretexto de que había sido iniciado cuatro años antes por personas 
que posteriormente tuvieron que dejar la empresa. 
Además de ello, la gerencia no ha podido mostrar 
todos los justificantes de los pagos de las facturas de 
los constructores y subcontratistas. El documento 
entregado a la Comisión como base para recibir la 
ayuda se presenta en forma de estado-resumen en el 
que aparecen por un lado las facturas emitidas y, por 
otro, un determinado número de pagos cuyo total 
corresponde al de las facturas. No existen, sin 
embargo, pruebas de que los pagos se refieran 
exclusivamente a los trabajos objeto del proyecto; 
(b) en Grecia, el organismo gestor de los proyectos 
financiados por el Fondo, que es asimismo el 
beneficiario, contrata por medio de licitación con 
diferentes constructores. Estos presentan liquidacio­
nes en función de la obra realizada, que hacen las 
veces de facturas. En estas certificaciones de obra no 
figura la descripción detallada de los trabajos a que se 
refieren. Por tal motivo, el reparto de los costes entre 
las diferentes partidas de los trabajos realizados, de 
conformidad con el Reglamento de Ejecución (CEE) 
n° 1685/78 de la Comisión, de 11 de julio de 1978 (8), 
no se hace sobre las facturas emitidas sino utilizando 
un cálculo del beneficiario preparado a partir de su 
propio control de las obras. Por esta razón, las 
facturas no pueden servir como base para un control 
en profundidad de los documentos de pago de la 
ayuda comunitaria. Por lo demás, en la liquidación de 
los gastos enviados a la Comisión la fecha de la 
factura se toma asimismo como fecha de pago, a pesar 
de que existe siempre un intervalo entre ambas y que 
sería una buena práctica contable indicar de forma 
exacta en cada certificación la fecha real del pago; 
(c) las visitas sobre el terreno han mostrado que el 
control realizado por los Estados miembros sobre la 
buena ejecución de los proyectos del Reglamento 
(CEE) n° 355/77 no se efectúa de forma uniforme. 
Presenta particularidades en cada uno de ellos y a 
veces es diferente según las regiones. Las tareas de 
comprobación se facilitarían mucho si se introduje­
ran unos controles-tipo que todos los Estados 
miembros tuvieran que respetar (por ejemplo: 
examen de la contabilidad bancaria de los beneficia­
rios, correspondencia entre facturas, trabajos realiza­
dos, pago de las facturas, etc.). 
Problemas específicos de los silos de puerto 
Introducción 
5.28. Los silos de puerto presentan algunas característi­
cas específicas con respecto a otras inversiones para 
94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
almacenamiento de cereales. Se trata, en primer lugar, de 
proyectos que no tienen relación con la recepción de las 
cosechas, a diferencia de la mayoría de los que se 
financian, sino de inversiones destinadas al almacena­
miento portuario de los cereales para su posterior 
exportación a países comunitarios o a países terceros. De 
este modo afectan directamente a un sector más o menos 
neurálgico del comercio exterior de los países. En segundo 
lugar, se trata de inversiones cuya importancia en 
términos financieros y en volumen por beneficiario es 
indiscutiblemente mucho mayor que la de los proyectos 
de silos de recepción. Otra particularidad radica en que 
los beneficiarios son empresas privadas, especialmente en 
Francia, o uniones de cooperativas, mientras que en el 
caso de los silos de recepción, por regla general, se trata de 
cooperativas. 
5.29. Según el Reglamento (CEE) n° 355/77 los 
proyectos financiados deben beneficiar a los agricultores. 
Sin embargo, los de « silos de puerto » tienen únicamente 
un efecto secundario ya que el beneficio que les aporta es 
muy escaso. Es decir que en la cadena de comercialización 
agricultores y silos de puerto están en los dos extremos, 
por lo que el efecto sobre aquéllos de este tipo de 
proyectos es limitado. De hecho, estas inversiones están 
más motivadas por un interés en el comercio exterior que 
por la satisfacción de los intereses directos de los 
agricultores, contrariamente a las intenciones expresadas 
en el Reglamento. En esta actividad económica existen 
tres Estados miembros especialmente afectados: Francia, 
Bélgica y el Reino Unido. 
5.30. En Francia, primer productor de cereales de la 
Comunidad (38 %-40 % de la producción total), el 
programa portuario para el período 1981-1985 preveía la 
construcción de una capacidad de almacenamiento de 
300 000 t, de las que se han terminado 195 000 t. La 
Administración francesa presentó para 1986-1990 un 
suplemento al programa anterior en el que se incluían 
80 000 toneladas de capacidad de almacenamiento 
portuario. Hay que subrayar, sin embargo, que durante el 
período 1981-1985, en Francia se han construido 
almacenes de una capacidad del orden de 210 000 t al 
margen del marco del Reglamento (CEE) n° 355/77. 
5.31. Bélgica, a pesar de no ser más que un pequeño 
productor de cereales (del orden del 1,5 % de la 
producción comunitaria) y de que su balance de 
autoabastecimiento es deficitario, es el tercer exportador 
de cereales de la Comunidad, después de Francia y de la 
RF de Alemania. Durante el período 1982-1987 el 96 % 
•del cereal exportado ha sido comunitario (41 % de 
Francia, 27 % de la RF de Alemania y 23 % del Reino 
Unido) y el 4 % de países terceros. En el programa de silos 
belgas de puerto, se presentaron seis proyectos, de los 
cuales dos recibieron ayuda; la construcción de un silo 
horizontal de 250 000 t en Gante y la compra de equipos 
para mejorar el rendimiento de un silo de 45 000 t en 
Amberes. El programa, presentado a la aprobación de la 
Comisión como una modificación del programa de 1981 
de almacenamiento primario de cereales y de producción 
de alimentos compuestos, cubre el período 1983-1985. 
Durante esos años la capacidad de almacenamiento de cereales en el puerto de Gante aumentó en 360 000 t, de 
las cuales 250 000 t recibieron ayuda comunitaria. Entre 
1983 y 1986 la capacidad de los silos de puerto belgas pasó 
de 797 000 t a 1 166 000 t, de las que 905 000 t están en 
Gante. 
5.32. Paralelamente a Francia y a Bélgica, el Reino 
Unido ha aumentado su capacidad de almacenamiento en 
los puertos de Inglaterra y del País de Gales. Este 
aumento ha permitido hacer frente al crecimiento de las 
exportaciones británicas de cereales (cebada y trigo) que 
en números redondos han pasado de 4,7 Mió t en 1982-
1983 a 10 Mío de t en 1986-1987. De hecho una parte de 
los cereales destinados a países terceros que transitan por 
los puertos belgas (especialmente la cebada) se exporta 
desde puertos británicos. 
Observaciones 
Falta de coordinación en la aprobación 
de los proyectos de « silos de puerto » 
5.33. Las cifras disponibles, así como la información 
obtenida en las visitas a los Estados miembros, revelan 
que una parte de los proyectos realizados con financia­
ción parcial de la Comunidad, están en situación de 
exceso de capacidad. Este es concretamente el caso de los 
silos de puerto financiados en Gante, cuya utilización 
principal era el tránsito de cereales destinados a países 
terceros. Ahora bien, de forma general el tránsito del 
cereal producido en el norte de Francia se ha ido 
trasladando a los silos de Dunquerque. Lo mismo ha 
sucedido con la cebada británica que, desde la finaliza­
ción del programa del Reino Unido, no pasa por Gante. 
Cabe preguntarse, por tanto, cuáles han sido las razones 
que han justificado la aceptación de algunos programas 
cuando al presentarlos al Comité Permanente de Estruc­
turas Agrícolas hubo Estados miembros que les formula­
ron reservas motivadas por las incertidumbres sobre el 
comportamiento futuro de los flujos comerciales y, en 
especial, sobre el origen de la mercancía a almacenar. 
Resultados limitados de los programas 
5.34. A pesar de tratarse de una actividad de almacena­
miento bien delimitada debido al número limitado de 
regiones y países implicados, se han observado diferen­
cias importantes entre las previsiones y la realidad en 
algunos programas de puertos. Esto ha sucedido en 
Francia (véase apartado 5.30), donde el programa se ha 
ejecutado parcialmente, y en el Reino Unido, donde las 
instalaciones realizadas han sido casi dos veces y media 
superiores a lo previsto. 
5.35. Por otra parte, los silos de puerto financiados al 
amparo del Reglamento (CEE) n° 355/77 formaban 
generalmente parte de un plan de inversiones del 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 95 
beneficiario mucho más amplio. Las ayudas sólo ejercen 
un papel limitado, puesto que los proyectos a que 
contribuyen no representan más que una pequeña parte 
de planes más ambiciosos. 
Falta de un control sistemático 
5.36. Si bien es cierto que la Comisión no puede realizar 
controles sobre el terreno de todos los proyectos 
financiados en el marco del Reglamento (CEE) n° 355/77, 
el Tribunal considera que los servicios competentes de 
Bruselas deberían efectuar visitas sistemáticas a los que 
sean importantes desde el punto de vista financiero y 
técnicamente complejos. Están en este caso los proyectos 
de silos de puerto, ya que financiera, técnica y económica­
mente son importantes. Ahora bien, en la mayor parte de 
los proyectos visitados no se han efectuado dichos 
controles. 
Conclusiones y recomendaciones 
5.37. Las consideraciones precedentes permiten con­
cluir que la gestión de los programas y de los proyectos 
presenta fallos. El mayor número de deficiencias aparece 
en los programas. Afectan a su elaboración por los 
Estados miembros, a su valoración por la Comisión al 
aprobarlos, al análisis de sus efectos respecto a la 
consecución de los objetivos previstos en el reglamento de 
base y en la PAC y al seguimiento durante su realización y 
su evaluación a posteriori. 
5.38. En lo que se refiere al examen previo de los 
programas, se ha observado que la Comisión no dispone 
de la información, sobre todos los Estados miembros, ni 
de los intrumentos de análisis necesarios para llevar a 
cabo una política estructural eficaz con ayuda de 
inversiones racionales. En estos casos, la aprobación de la 
Comisión se concede sin un conocimiento exacto de las 
capacidades de almacenamiento disponibles en la Comu­
nidad y en cada región. 
5.39. En realidad los programas específicos se presentan 
como una simple formalidad, cuando deberían constituir 
el instrumento para una planificación eficaz, orientada a 
la mejora de las estructuras agrícolas. Además, el hecho 
de que se elaboren en un contexto puramente nacional, o 
incluso regional, tiene como consecuencia la falta total de 
coherencia de los objetivos en el contexto comunitario. 
Esta coherencia sólo se puede alcanzar coordinando 
todos los programas. 
5.40. En lo que respecta más particularmente a los silos 
de puerto, la coordinación reviste una mayor importancia 
cuando las regiones donde se sitúan son vecinas. El Tribunal cuestiona además el carácter prioritario de la 
financiación de estos proyectos. En efecto, se trata de 
inversiones con más interés para las empresas exportado­
ras de cereales que para los agricultores. Además, en 
general, en este sector, normalmente los proyectos de silos 
de puerto financiados por la Comunidad no representan 
más que una pequeña proporción de las inversiones 
realizadas por los beneficiarios. 
5.41. En lo que respecta a la ejecución de los programas 
propiamente dichos, es decir, a la realización de los 
proyectos previstos, la Comisión no dispone de ninguna 
información sobre el grado de avance de los programas y 
la utilización real de las inversiones. Esta laguna es 
especialmente grave en la medida en que, como el 
Tribunal ha podido comprobar en sus visitas, algunos de 
los almacenes construidos en los Estados miembros se 
utilizan en parte o completamente para intervención. De 
ahí que la participación del Fondo en la financiación de 
las capacidades de almacenamiento dé lugar a considera­
ciones de dos tipos. En primer lugar, ocasiona un doble 
gasto comunitario en una misma actividad económica, la 
financiación de la construcción del almacén y el pago de 
los gastos de almacenamiento. En segundo lugar, puede 
incentivar a los beneficiarios a emprender una actividad 
cuya rentabilidad depende de los mecanismos de inter­
vención y cuya viabilidad se vería comprometida si estos 
fuesen objeto de restricciones. 
5.42. Por último, la insuficiencia de información y de 
análisis, tanto en la Comisión como en los Estados 
miembros, sobre los resultados de los programas 
realizados no permite conocer si se han alcanzado los 
objetivos comunitarios. 
5.43. Si la Comisión quiere conseguir, en el marco del 
Reglamento en cuestión, un sistema eficaz y racional, 
debe hacer que sea más eficaz y más coherente y 
compatible con los objetivos comunitarios. Además, se le 
debería hacer un seguimiento sistemático que permitiera a 
la Comisión controlar la evolución de la capacidad de 
almacenamiento de cereales para ajustaría a la nueva 
tendencia de la PAC. 
OBSERVACIONES DEL INFORME 
ESPECIAL SOBRE LA AYUDA 
COMUNITARIA A LA ACELERACIÓN DEL 
DESARROLLO AGRÍCOLA EN GRECIA 
5.44. El 7 de octubre de 1987, el Tribunal aprobaba un 
Informe Especial sobre la ayuda comunitaria a la 
aceleración del desarrollo agrícola en Grecia (9), ayuda 
prevista en diversos reglamentos del Consejo aprobados 
en 1982, 1983 y 1984 en favor de este país. 
96 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
5.45. En este Informe Especial, el Tribunal observaba 
que la puesta en práctica de la ayuda comunitaria a la 
aceleración del desarrollo de la agricultura en Grecia 
muestra una desproporción entre el exceso de reglamen­
tación comunitaria y el escaso seguimiento de su 
aplicación a nivel comunitario, nacional, regional y local. 5.48. Diversos casos concretos expuestos en el Informe 
Especial muestran que la cuestión de la subvención de los 
gastos exige un esfuerzo continuo de información y 
asesoramiento, para destacar los objetivos de la acción 
comunitaria y evitar la utilización de la ayuda en gastos 
menos eficaces. 
5.46. Esta desproporción es consecuencia de una 
actitud que lleva a privilegiar los aspectos de transferencia 
financiera de la medida en detrimento de los resultados 
esperados en términos de desarrollo económico y mejora 
de las estructuras. 5.49. También debería darse la importancia suficiente a 
las necesidades de control. No pueden emprenderse 
medidas de la envergadura de la ayuda comunitaria a la 
aceleración del desarrollo agrícola en Grecia en buenas 
condiciones sin prever, desde el principio, la vigilancia y el 
control necesarios. 
5.47. Un programa no debe ser simplemente la agrupa­
ción de varias operaciones. Es ante todo un instrumento 
de elección, de selección de unas medidas cuyo impacto se 
quiere aumentar en función de determinados resultados 
que se desea alcanzar. Esta condición no se cumple 
cuando el contenido del programa se considera esencial­
mente indicativo y cuando hasta el período en que se 
pueden aplicar las subvenciones es objeto de interpreta­
ciones distintas. 5.50. Las numerosas acciones dedicadas a la agricultura 
griega muestran la ambición de alcanzar resultados 
significativos en el desarrollo de las estructuras. Sin 
embargo, dan prueba de una falta de concepción de 
conjunto que compromete la consecución del objetivo 
esperado. Es una situación que debe ser recalcada, puesto 
que existe el riesgo de que las mismas dificultades 
aparezcan en la realización de los Programas Integrados 
Mediterráneos. 
0) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) DO L 51 de 23.2.1977, p. 1; Reglamento modificado por 
última vez por el Reglamento (CEE) n° 1760/87 del Consejo 
de 15.6.1987 (DO L 167 de 26.6.1987, p. 1). 
DOL 128 de 19.5.1975, p. 1. 
DO L 93 de 30.3.1985, p. 1. 
DO C 336 de 15.12.1987, apartados 7.15 — 7.16. 
Informe Anual relativo al ejercicio 1985, apartado 5.20 (e) 
(DOC 321 del 15.12.1986) e Informe Anual relativo al 
ejercicio 1986, apartado 7.46 (DO C 336 de 15.12.1987). (6) 
O 
(8) 
(9) A partir de 1980 se han publicado los criterios. 
Artículo 1° del Reglamento (CEE) n° 1932/84 del Consejo 
de 19.6.84 (DO L 180 de 7.7.84, p. 1). Anteriormente, el 
plazo lo fijaba la Comisión en su decisión de concesión. 
DOL 197 de 22.7.78, p. 1. 
En el DO C 326 de 5.12.1987 se mencionó este informe, que 
se puede solicitar a la secretaría del Tribunal. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 97 
CAPITULO 6 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
6.0. ÍNDICE DE MATERIAS Apartados 
Introducción 6.1 —6.4 
Método de análisis de la utilización de las infraestructuras subvencionadas 6.5 
Resultados sobre la utilización de las infraestructuras 6.13 
Infraestructuras de carreteras 6.13 
Utilización bruta 6.13 
Utilización neta 6.18 
Infraestructuras portuarias y vías navegables 6.23 
Utilización bruta 6.23 
Utilización neta 6.27 
Vías navegables 6.32 
Infraestructuras hidráulicas 6.33 
Utilización bruta 6.33 
Utilización neta 6.38 
Infraestructuras en el sector energético 6.43 
Utilización bruta 6.43 
Utilización neta 6.46 
Polígonos industriales y naves industriales prefabricadas 6.50 
Utilización bruta 6.50 
Utilización neta 6.55 
Infraestructuras de telecomunicaciones 6.57 
Efecto sobre los precios y las modalidades de gestión de las infraestructuas 6.59 
Conclusiones y recomendaciones 6.68 
Informe especial sobre el planteamiento integrado en la financiación 
comunitaria de las acciones con finalidad estructural 6.76 6.12 
6.58 
6.22 
6.17 
6.22 
6.32 
6.26 
6.31 
6.42 
6.37 
6.42 
6.49 
6.45 
6.49 
6.56 
6.54 
6.56 
6.58 
6.67 
6.75 
6.84 
INTRODUCCIÓN 
6.1. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE­
DER) fue creado por el Reglamento (CEE) n° 724/75 del 
Consejo, de 18 de marzo de 1975 (l), y modificado por el 
Reglamento (CEE) n° 214/79 del Consejo, de 6 de febrero 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. de 1979 (2), que fue sustituido por el nuevo Reglamento 
(CEE) n° 1787/84 del Consejo, de 19 de junio de 1984 (3), 
que entró en vigor el 1 de enero de 1985. Tiene como 
finalidad contribuir a corregir los principales desequili­
brios regionales en la Comunidad participando financie­
ramente en el progreso y en el ajuste estructural de las 
regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las 
regiones industriales en crisis. El Fondo se hace cargo de 
una parte de los gastos en que los Estados miembros 
98 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
incurren en concepto de programas comunitarios, 
programas nacionales de interés comunitario, estudios y 
proyectos. 
6.2. Entre 1975 y 1986, el 98 % de las ayudas del Fondo 
han sido concedidas principalmente a proyectos de 
infraestructura. En efecto, las ayudas de este tipo en este 
período han representado 14 032 Mió ECU (el 81 % de 
los compromisos del FEDER), concedidos a 24 832 
proyectos, equivalentes al 74 % de los subvencionados. 
6.3. En el Reglamento (CEE) n° 724/75, la financiación 
de infraestructuras se admitía sólo cuando constituían 
una condición inmediata o previa para las inversiones 
directamente productivas. En 1979 se amplió el criterio de 
subvención. A partir de entonces el FEDER podía 
participar en proyectos de «infraestructuras que contri­
buyan al desarrollo de la región o de la zona en que están 
situados, en la medida en que los programas de desarrollo 
regional lo justifiquen». Se regulaba también que la 
proporción de las ayudas concedidas a las inversiones en 
infraestructuras no podría superar el 70 % en un período 
de tres años. Al haberse sobrepasado constantemente este 
límite, una Decisión del Consejo de 29 de noviembre 
1983 (4) lo autorizó para el período 1981-1983. 
6.4. El Reglamento (CEE) n° 1787/84 mantiene el 
principio de relación con el programa de desarrollo 
regional y define una lista de las categorías de infraestruc­
tura en cuya financiación no puede participar el FEDER. 
En lo referente a la asignación de ayudas del Fondo, 
dispone que los Estados miembros y la Comisión deberán 
procurar que una parte adecuada (si es posible, el 30 %) 
de los recursos del FEDER se dedique a inversiones 
industriales. En la práctica, por falta de suficientes 
solicitudes de financiación de proyectos industriales, esta 
proporción no se ha alcanzado nunca, a la vez que el 
porcentaje de los fondos dedicados a proyectos de 
infraestructuras ha ido aumentando: 78 % en 1985, 84 % 
en 1986 y 91 % en 1987. 
MÉTODO DE ANÁLISIS DE 
LA UTILIZACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS SUBVENCIONADAS 
6.5. Teniendo en cuenta la importancia de las ayudas a 
infraestructuras en la acción del FEDER y del papel que 
se les asigna en las políticas de desarrollo regional, el 
Tribunal de Cuentas ha intentado averiguar y evaluar el 
efecto que han tenido las infraestructuras subvencionadas 
en el desarrollo regional. 
6.6. El enfoque adoptado ha consistido en examinar el 
grado de utilización de los equipamientos creados con la ayuda del FEDER en las regiones desfavorecidas. De este 
modo, si la utilización de una nueva infraestructura es 
nula, su efecto sobre el desarrollo regional también lo es; 
por el contrario, si es completa, su contribución al 
desarrollo de la región será máxima. Existe, por lo tanto, 
una relación entre el nivel de utilización de las infraestruc­
turas y su influencia en el desarrollo, tanto directa como 
indirecta, aunque esta última, en general, no se manifieste 
inmediatamente. 
6.7. Sin embargo, el porcentaje de utilización bruta no 
es por sí solo una medida suficiente de la contribución al 
desarrollo regional. Así, la posible incidencia en la 
economía regional de un nuevo proyecto no depende 
tanto de su utilización en general (utilización bruta) como 
de la que hagan los agentes económicos regionales 
(utilización neta). Para conseguir determinar ésta última 
hay que tener en cuenta, por lo tanto, las utilizaciones que 
han hecho los agentes económicos regionales y las que no 
representan un empleo de las infraestructuras creadas 
mayor que en la situación precedente. En otras palabras, 
hay que tener en cuenta los efectos de desviación, 
sustitución, exportación y demanda normal. En caso de 
ampliación o de sustitución con ampliación de una 
instalación, el análisis deberá evidentemente ceñirse al 
incremento neto de capacidad. 
6.8. El efecto de desviación consiste en la transferencia a 
las nuevas infraestructuras de actividades de otras de la 
misma región. El efecto de sustitución tiene la misma 
naturaleza que el de desviación, pero en este caso el desvío 
de actividades hacia la infraestructura nueva se produce 
desde equipamientos similares de otras regiones. Las 
nuevas instalaciones modifican la oferta en la región, pero 
sin aumentar el nivel de actividad. El efecto de exporta­
ción cubre la utilización de la infraestructura nueva por 
agentes económicos exteriores a la región. Por último, 
para que la tasa de utilización neta refleje lo más 
correctamente posible el impacto regional, también es 
necesario restar de la utilización bruta el incremento de 
utilización ocasionado por el crecimiento normal de la 
demanda regional entre la fecha de puesta en servicio de la 
instalación y aquélla en que se mide su utilización (efecto 
de demanda normal). Se entiende por crecimiento normal 
de la demanda regional el que se hubiera producido si la 
nueva infraestructura no existiese. 
6.9. Es preciso señalar que, por regla general, las 
inversiones no sólo aumentan la cantidad de servicios 
puestos a disposición de los usuarios, sino que también 
mejoran su calidad. Las mejoras cualitativas pueden 
revestir formas diversas (mejora de la seguridad de las 
carreteras, reducción de la estadía en los puertos, mayor 
seguridad en el abastecimiento de energía, mejor calidad 
de las transmisiones en el ámbito de las telecomunicacio­
nes, etc.). Sin embargo, para que estas mejoras puedan 
contribuir al proceso de desarrollo regional tienen que 
llegar a traducirse en un estímulo de las actividades 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 99 
económicas y en un incremento del nivel de utilización de 
las infraestructuras. 
6.10. Al interpretar los resultados de la utilización de las 
infraestructuras, el Tribunal ha tenido en cuenta el 
problema de la indivisibilidad, es decir, el que, por 
razones técnico-económicas, en los proyectos deben 
preverse necesidades superiores a la demanda a corto 
plazo. Esta es la razón por la que inicialmente debe 
considerarse como aceptable un cierto margen de 
infrautilización; lo importante es que posteriormente 
tienda a disminuir. 
6.11. El método presentado en los apartados preceden­
tes se ha llevado a la práctica mediante cuestionarios 
sobre la utilización de las infraestructuras durante el 
período más reciente. Las respuestas se han obtenido de 
las autoridades nacionales. 
6.12. Hay que subrayar que las comprobaciones del 
Tribunal no incluyen análisis de coste-beneficio, ni 
análisis de proyectos alternativos. Los proyectos exami­
nados son los elegidos por las autoridades nacionales y 
aceptados por el FEDER. Tampoco se han tenido en 
cuenta los efectos del período de construcción, que son 
por naturaleza temporales. Esencialmente el método 
seguido tiende, por tanto, a resolver la cuestión de la 
utilización de las infraestructuras financiadas para 
evaluar su efecto en el desarrollo regional. 
RESULTADOS SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
Infraestructuras de carreteras 
Utilización bruta 
6.13. El Tribunal ha recopilado información sobre la 
utilización de más de 50 tramos de carreteras, cada uno 
subvencionado una o varias veces por el FEDER. En 
líneas generales, se ha observado que en más del 60 % de 
los casos las nuevas carreteras se utilizan a menos del 
50 % de su capacidad. 
6.14. En una cuarta parte de los casos la infraestructura 
preexistente habría podido absorber el incremento de 
circulación observado por lo que, hasta fecha, la aportación de la nueva infraestructura al desarrollo es 
escasa. Situaciones de este tipo se han observado en 
Francia en diversos tramos de carretera situados en la RN 
106 (Languedoc-Rosellón), la RN 21 (Aquitania) y la RN 
11 (Poitou-Charentes). En visitas del Tribunal al oeste de 
Irlanda, Italia (Apulia), Países Bajos (Limburgo) y al 
Reino Unido (noroeste) se han observado casos similares. 
6.15. En otros casos, las carreteras se utilizan poco 
porque las previsiones de desarrollo de las zonas han 
resultado poco realistas y rara vez han llegado a 
materializarse. Así, por ejemplo, en Escocia, la carretera 
regional «East-Fife» se proyectó en función de las 
previsiones de expansión de la nueva ciudad de Glenro-
thes, que no se han materializado. Una situación parecida 
se produjo en los Países Bajos con la carretera del puerto 
de Eemshaven, construido en los años 1970 con ayuda del 
FEDER, cuyo desarrollo ha sido muy inferior al 
esperado. 
6.16. Se ha observado una situación análoga en la 
terminal de contenedores de Bettembourg en Luxembur-
go. Concebida para un tráfico de 12 000 unidades 
anuales, funciona en la práctica a menos del 15 % de su 
capacidad. Los cinco puestos de trabajo creados para este 
proyecto no han llegado a los diez previstos. Por otra 
parte, hay que destacar que en las regiones vecinas 
existían ya instalaciones competidoras que también 
pueden acogerse a las subvenciones del FEDER (Athus 
en Bélgica y Garolor en la región de Metz en Francia). 
6.17. En ocasiones los proyectos se utilizan poco porque 
son un elemento de un conjunto que no se completa. Tal 
situación se ha producido en el caso de la carretera de 
acceso a Moss Side, en el noroeste del Reino Unido, cuya 
plena utilización depende de la terminación de la red de 
carreteras de la zona. 
Utilización neta 
6.18. El examen de los porcentajes de utilización neta 
muestra que en más del 85 % de los casos son inferiores al 
50 % y que cerca del 45 % de los proyectos tienen una 
utilización neta inferior al 20 %. Esta diferencia entre la 
utilización neta y la bruta se explica principalmente por la 
importancia de los efectos de desviación. 
6.19. En algunas carreteras, generalmente de periferias 
urbanas, el porcentaje de utilización bruta puede ser 
considerado satistactorio. Sin embargo, un análisis más 
detallado del tráfico muestra que una parte importante 
procede del desvío de itinerarios alternativos. Se da 
claramente una situación de este tipo en las carreteras N 1 
(Irlanda), en la del proyecto de Calder Valley (noroeste 
del Reino Unido) y en Francia, especialmente en 
100 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
proyectos de la RN106 (desvío de Nimes y circunvalación 
de Ales). 
6.20. El objetivo de algunos de los proyectos de 
carreteras presentados al FEDER no es que el progreso 
del tráfico por carretera sea paralelo a los objetivos de 
desarrollo económico, sino que están dirigidos a mejorar 
las condiciones de la circulación. Si bien la realización de 
las obras contribuye a mejorar la comodidad de los 
habitantes de la región, es necesario subrayar que este 
objetivo puede estar bastante alejado de la preocupación 
de reducir el retraso en el desarrollo económico. Así, el 
FEDER concedió ayudas para diversas obras (ilumina­
ción, mejora de la seguridad, etc.) en la autopista griega 
Patras-Corinto. En Francia, la finalidad de las obras 
realizadas en la RN 21 en las cercanías de Bergerac y en la 
RN 106 en la zona de Florac no era realmente aumentar la 
capacidad de las carreteras, sino mejorar las condiciones 
de circulación. Estas mejoras de orden cualitativo no han 
producido hasta la fecha un aumento significativo de la 
utilización. 
6.21. En Italia, se han concedido ayudas a numerosos 
proyectos de mejora de carreteras rurales que unen 
explotaciones agrícolas. En algunos casos examinados 
por el Tribunal en Molise se ha observado que estas 
carreteras se utilizan muy poco y que las inversiones no 
son significativas para el desarrollo económico de la 
región. Además, los organismos gestores no pueden 
realizar las tareas de mantenimiento de manera adecuada 
por falta de recursos suficientes. Se trata, en realidad, de 
obras cuya finalidad principal es mantener la vida 
agrícola y rural y cuya financiación puede justificarse 
dentro de las ayudas de la Sección Orientación del 
FEOGA (Reglamento (CEE) n° 1760/78 del Consejo, de 
28 de julio de 1978 (5)), pero que no se enmarcan en una 
estrategia de reducción de los retrasos de desarrollo. 
6.22. Como conclusión general, puede decirse que 
aunque las obras de carreteras acometidas pueden estar 
justificadas en algunos casos por la existencia de « cuellos 
de botella », se han planificado principalmente para hacer 
frente a la evolución normal del tráfico, y que influirán en 
el desarrollo económico regional sólo a muy largo plazo. 
De hecho, estas actuaciones corresponden más a una 
política normal de obras públicas y ampliación de la red 
viaria que a una política de desarrollo regional. 
Infraestructuras portuarias y vías navegables 
Utilización bruta 
6.23. En el ámbito de las infraestructuas portuarias, el 
FEDER ha concedido ayudas a actuaciones dirigidas tanto a aumentar la capacidad de las instalaciones como a 
adaptarlas a buques de mayores dimensiones. En la 
mayor parte de los casos, el porcentaje de utilización 
bruta de las instalaciones es igual o superior al 50 %. 
6.24. La falta de un marco coherente y coordinado de 
gestión y programación puede ser un obstáculo para una 
utilización óptima y eficaz de las instalaciones subvencio­
nadas. Así, el FEDER ayudó a la construcción de unos 
muelles en el puerto de Termoli (Italia) sin que existiese un 
programa operarivo global de desarrollo de los diferentes 
puertos del sur del Adriático dirigido a conseguir la 
especialización del tráfico y unas perspectivas de 
utilización de las instalaciones válidas. Por otra parte, el 
Tribunal ya señalaba en su Informe Anual relativo al 
ejercicio 1983 (6) una situación análoga en Escocia. 
6.25. Para aprovechar las instalaciones portuarias 
construidas se necesitan unas inversiones complementa­
rias que en algunos casos no se han hecho. Así, en el 
puerto italiano de Tarento se terminó hace varios años un 
muelle polivalente que se utiliza únicamente en casos de 
urgencia debido a la falta de las instalaciones necesarias. 
6.26. En otros casos, el contexto económico y técnico 
del proyecto está obsoleto y las previsiones de utilización 
han dejado de ser realistas. Así, el puerto de Cagliari en 
Cerdeña se proyectó en una época en que el tráfico de 
contenedores estaba todavía en plena expansión. Aún no 
ha entrado en funcionamiento por retrasos en la ejecución 
de las obras y se estima que su capacidad se utilizará 
únicamente al 50 %, cuando las instalaciones portuarias 
ya existentes en Cerdeña .están lejos de una utilización 
plena. 
Utilización neta 
6.27. La utilización neta de dos terceras partes de los 
proyectos examinados es baja. Por tal motivo, apenas han 
tenido impacto en el desarrollo del tráfico marítimo desde 
y hacia la región afectada y su contribución al desarrollo 
regional es escasa. Sin embargo, en algunos casos la 
existencia y el funcionamiento de las estructuras portua­
rias subvencionadas pueden permitir la creación de 
empleo en el puerto. 
6.28. En la isla de Juist, en la RF de Alemania, se ha 
construido un nuevo puerto que sustituye y duplica la 
capacidad de otro más antiguo que tenía problemas de 
enarenamiento y accesibilidad. Aunque esta situación 
haya podido justificar la decisión de reemplazar la 
infraestructura preexistente, es preciso señalar que el 
aumento de la capacidad no se ha traducido en un 
incremento del tráfico, que ha permanecido estable. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 101 
6.29. Otras actuaciones en puertos han permitido la 
concentración de tráficos específicos en determinadas 
instalaciones. Así, en el de Tarento, en Italia, se ha 
construido un muelle especial para productos siderúrgi­
cos y en Francia otro en el puerto de La Rochelle que 
concentra el comercio de madera. A pesar de que los dos 
funcionan a plena capacidad su efecto principal ha 
consistido en agrupar en las nuevas instalaciones un 
tráfico que antes estaba disperso, sin que, sin embargo, su 
puesta en servicio haya incidido en el volumen total de 
tráfico de sus puertos. La importancia del efecto de 
desviación observado reduce en gran medida la repercu­
sión de esas obras en el desarrollo regional. 
6.30. En otros casos, las instalaciones creadas se utilizan 
principalmente en provecho de otras regiones. En esta 
situación se halla el antes mencionado puerto de Cagliari, 
que está previsto que se convierta en un centro neurálgico 
del tráfico de contenedores en el Mediterráneo, actividad 
con un valor añadido muy bajo. Un efecto de exportación 
parecido se da también en el puerto de Séte (Francia), 
donde la repercusión de las importantes obras realizadas 
sobre el desarrollo de la región propiamente dicha se ha 
reducido mucho, puesto que más del 65 % del tráfico que 
pasa por él no tiene ni origen ni destino en la región. 
Además de ello el 40 % de su tráfico se desvía de puertos 
competidores, especialmente de Burdeos, que también 
está situado en una zona de subvención y que asimismo ha 
recibido ayudas del FEDER. 
6.31. Como conclusión, aunque las instalaciones por­
tuarias creadas con la ayuda del FEDER, en apariencia, 
suelen utilizarse de forma satisfactoria (utilización bruta), 
su efecto en el desarrollo regional (utilización neta) sigue 
siendo bajo. 
Vías navegables 
6.32. El FEDER ha concedido ayudas a dos obras de 
acondicionamiento de vías navegables en el Languedoc-
Rosellón: la primera corresponde al aumento de sección 
de un tramo del canal del Ródano que une el río de este 
nombre con el puerto de Séte. El efecto de esta inversión 
aparecerá a muy largo plazo, ya que para que realmente 
sea utilizable hay que esperar a que a las otras secciones 
del canal se les den las mismas dimensiones. En el segundo 
caso se trataba de sustituir siete exclusas por un nuevo 
sistema de elevación de los barcos dentro de la moderni­
zación del Canal du Midi. Ahora bien, las autoridades 
francesas abandonaron el proyecto del canal, principal­
mente a causa de la práctica desaparición del transporte 
fluvial eliminado por la competencia del transporte por 
ferrocarril y por carretera en el mismo trayecto. Además, 
el proyecto se interrumpió sin que el nuevo sistema de 
elevación llegase a funcionar. La ayuda del FEDER se 
concedió a una inversión que apenas se utilizará y el efecto de este proyecto sobre el desarrollo regional será 
prácticamente nulo. 
Infraestructuras hidráulicas 
Utilización bruta 
6.33. El Tribunal ha examinado del orden de 40 
proyectos del sector de obras hidráulicas, la mitad de ellos 
de captación y abastecimiento de aguas y la otra mitad de 
recogida y depuración de aguas residuales. En líneas 
generales estaban dirigidos a mejorar y aumentar la 
capacidad de instalaciones ya existentes. 
6.34. En más del 60 % de los casos la utilización bruta 
de los proyectos puede considerarse satisfactoria, habien­
do incluso cinco instalaciones que se han utilizado a pleno 
rendimiento desde su puesta en servicio. 
6.35. Las causas de que haya habido proyectos.menos 
utilizados radica en que las correspondientes previsiones 
de aumento de la población y de desarrollo de la actividad 
económica en las regiones han resultado poco fiables. 
Situaciones de este tipo se han observado en proyectos de 
abastecimiento de agua como el plan Megget en Escocia y 
el de Castlebar en Irlanda y de depuración de aguas como 
el de Shanganagh en Irlanda y el de Garnock en Escocia. 
6.36. En otros casos, los proyectos no se utilizan o se 
hace de manera poco eficaz debido a la falta de las 
instalaciones necesarias para completarlos. En esta 
situación están dos de abastecimiento de agua en la zona 
de Alghero en Cerdeña que no funcionan porque no se 
han realizado las obras necesarias para explotarlos por 
falta de financiación. El Tribunal, en su Informe Anual 
relativo al ejercicio 1984 (7), señalaba ya que varias 
instalaciones hidráulicas de Sicilia no se utilizaban por 
falta de los fondos para terminarlas. 
6.37. El FEDER ha concedido financiación importante 
para la distribución del agua de una presa construida en el 
río Sinni (Apulia, Italia). Sólo se utiliza una tercera parte 
de los equipos de transporte de agua y la presa 
proporciona 9 m3/segundo en lugar de los 38 m3/segundo 
previstos porque no se dispone de los equipos necesarios 
para su explotación normal. En la misma región se han 
iniciado obras de gran envergadura para el acondiciona­
miento del curso del Locone. El dique que constituye la 
pieza fundamental de este proyecto se terminó en 1986 
pero aún no está en funcionamiento y no se sabe cuando 
lo estará porque no se han hecho las obras complementa­
rias de conducción de agua. En lugar de dispersar los 
102 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
esfuerzos en programas que se utilizan poco, sería 
preferible proceder por etapas, procurando aprovechar lo 
mejor posible las instalaciones ya existentes. 
Utilización neta 
6.38. La utilización neta de los proyectos es inferior al 
50 % en dos terceras partes de los casos estudiados. Suele 
ser más alta en las regiones rurales que en las urbanas o 
industriales, donde frecuentemente tienen como objetivo 
sustituir y mejorar infraestructuras ya existentes. Así, en 
el noroeste del Reino Unido, los proyectos de alcantarilla­
do de Hyndburn Valley y la planta de tratamiento de 
aguas de Martholme tienen una utilización muy alta por 
el simple hecho de que reemplazan, mejorándolas, 
instalaciones más antiguas que ya no se utilizan. En 
Irlanda ocurre lo mismo con la planta depuradora de 
Ringsend y el sistema de alcantarillado de la zona de 
Dublín que la alimenta, los cuales recogen una parte de 
las aguas que antes se trataban en otras instalaciones. 
6.39. En Leixlip, también en la zona de Dublín, donde el 
Fondo ha subvencionado el proyecto de una estación 
depuradora que recoge las aguas de instalaciones más 
antiguas y de urbanizaciones nuevas se tiene un caso 
similar. La capacidad de depuración de la nueva 
instalación es inferior al volumen de las aguas residuales 
recogidas, de forma que durante ciertos períodos las 
aguas no se depuran sino que se sueltan directamente, con 
las consiguientes consecuencias sobre la eficacia del 
proyecto. Una mejor programación de los trabajos 
hubiera podido evitar este problema. 
6.40. En algunos casos las obras responden a un 
objetivo de desarrollo económico. Como por ejemplo el 
de la nueva red de alcantarillado y la instalación de 
depuración de aguas residuales construida en Termoli, 
Italia. Su utilización no refleja el crecimiento de las 
actividades productivas por el carácter esencialmente 
residencial de la zona. 
6.41. La mayor parte de los proyectos de obras 
hidráulicas están más dirigidos a responder a los 
problemas generales que plantea la evolución normal de 
la demanda en el sector de la captación o del tratamiento 
de aguas que a contribuir al desarrollo regional. 
6.42. Otro caso de una instalación que aunque se utiliza 
no aporta nada al desarrollo regional es el de una presa 
financiada en Francia sobre el río Ardéche. Su objetivo 
principal es paliar los daños causados por la descarga de 
los oxidantes de agua que produce el funcionamiento de 
la central hidroeléctrica de Montpezat. Además de ello 
este proyecto debía conseguir la mejora del abastecimien­
to de agua y el desarrollo del turismo en las riberas del 
Ardéche. En estos aspectos, que habrían podido consti­tuir su verdadera aportación al desarrollo regional, aún 
no se ha llevado a cabo ninguna iniciativa. 
Infraestructuras en el sector energético 
Utilización bruta 
6.43. En la mayoría de los proyectos del sector 
energético el porcentaje de utilización bruto es superior al 
50 % y parece satisfactorio. Sin embargo, en algunos 
casos en que es relativamente alto, no se podrá utilizar la 
totalidad de la capacidad disponible hasta transcurridos 
de 25 a 30 años. 
6.44. Se ha observado que el proyecto de una línea de 
alta tensión en Aquitania registraba un nivel de 
utilización bastante bajo. Esta línea tiene el mismo 
recorrido que otra ya existente y las cantidades de energía 
transportadas no reflejan un incremento significativo de 
la demanda regional. 
6.45. El FEDER ha participado en la construcción de la 
nueva central térmica de Lerwick, Islas Shetland, 
Escocia, destinada a completar una instalación antigua. 
Se ha observado que la producción del nuevo conjunto es 
inferior a la del antiguo, prueba de que la nueva 
instalación no estaba justificada por el desarrollo de 
actividades nuevas. 
Utilización neta 
6.46. En cuanto a utilización neta, los proyectos 
registran niveles muy bajos, especialmente los de 
producción de electricidad. La explicación está en que con 
la interconexión a nivel nacional de las redes de 
distribución de electricidad, la producción de una región 
es muy fácilmente exportable y en la región productora 
sólo se consume una pequeña parte. 
6.47. En Grecia, el FEDER ha participado en la 
financiación de tres centrales eléctricas muy importantes 
(Assomata, Sfikia y Amyndeo). La parte más importante 
de su producción se exporta por la red nacional a otras 
regiones y únicamente un 5 % se consume en la región de 
origen, lo que refleja una aumento normal de la demanda. 
Por tanto, puede concluirse que la repercusión de las 
nuevas instalaciones en el desarrollo de las actividades 
regionales se limitará esencialmente a los puestos de 
trabajo en la minería del lignito, utilizado únicamente por 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 103 
la central de Amyndeo. Por otra parte, la creación de 
estos puestos de trabajo está sufriendo importantes 
retrasos. 
6.48. El FEDER ha subvencionado el proyecto de 
planta hidroeléctrica integrada en la presa de Villerest, en 
Francia. En la práctica, la energía producida sirve para 
aumentar la exportación a otras zonas, con lo que el 
proyecto no ejerce ningún efecto multiplicador sobre la 
actividad económica regional. 
6.49. Como conclusión, el escaso impacto regional de 
los proyectos eléctricos se debe a que las políticas 
aplicadas tienen un carácter principalmente sectorial y 
nacional que deja poco lugar para las consideraciones 
regionales. 
Polígonos industriales y naves industriales 
Utilización bruta 
6.50. El Tribunal ha examinado cerca de 40 proyectos 
de polígonos industriales y naves industriales. Se trata 
unas veces de completar las instalaciones disponibles en la 
zona, y otras de crear o agrandar polígonos industriales. 
Se ha observado que en el 40 % de los casos el porcentaje 
de ocupación de estas zonas industriales y de las naves 
industriales era inferior al 50 %. 
6.51. Se han concedido numerosas ayudas para dotar de 
naves industriales a los polígonos en los cinco condados 
irlandeses visitados por el Tribunal, a pesar de que, según 
la información facilitada por las autoridades locales, se 
calcula que únicamente está ocupada el 60 % de la 
superficie disponible. De 15 instalaciones de este tipo 
examinadas por el Tribunal, se utilizaban plenamente 
siete; de otras cuatro no se hacía uso en absoluto; dos de 
ellas, desde hacía más de cuatro años, y el resto estaban 
ocupadas parcialmente, a pesar de llevar varios años 
terminadas. Estas observaciones se suman a las que el 
Tribunal hacía sobre Irlanda en su Informe Anual del 
ejercicio 1983 (8). 
6.52. El polígono industrial luxemburgués de Baschara-
ge está casi sin ocupar, dándose el caso de que en un radio 
de menos de 30 km existen otros dos; uno en construcción 
y otro utilizado en menos del 50 %. 
6.53. En Grecia, el FEDER concedió ayudas más que 
suficientes para duplicar la superficie del polígono 
industrial de Patras. Hoy la parte nueva está prácticamen­
te sin ocupar y la inicial en menos del 50 %. Se han 
observado situaciones similares en un polígono industrial de Papenburg, RF de Alemania, y en otro de la nueva 
ciudad escocesa de Livingstone. 
6.54. Como regla general, no se preparan las previsiones 
del empleo que deben de crear los proyectos de polígonos 
industriales o instalaciones similares. En Italia, donde sí 
existen, el Tribunal ha observado que en las nueve zonas 
examinadas no han podido cumplirse. Al contrario, en 
dos terceras partes de los casos, entre la fecha de la 
petición de ayuda y la de observación, el número de 
puestos de trabajo efectivos había disminuido. 
Utilización neta 
6.55. Es necesario mencionar la existencia de un efecto 
de desviación nada desdeñable, en la medida en que la 
ocupación de los polígonos y las naves industriales, así 
como los puestos de trabajo correspondientes, pueden ser 
la consecuencia de un simple traslado de empresas de la 
región, lo que disminuye su influencia sobre el desarrollo 
regional. Esta situación se ha observado en Irlanda, 
donde todas las empresas instaladas en las nuevas naves 
industriales de Ballina proceden de la región y de los 45 
puestos de trabajo creados en el complejo, 30 son el 
resultado de un simple traslado. En otras de Sligo y 
Westport se han observado situaciones análogas. En los 
Países Bajos, la ocupación total del polígono de 
Leewarden es del 35 % y la que corresponde a instalacio­
nes de empresas o creaciones de nuevas actividades en la 
región es sólo del 4 %. En la RF de Alemania se da una 
situación similar en el polígono de Osthafen, Oldenburg, 
donde la ocupación es principalmente consecuencia de un 
traslado de empresas de zonas próximas. 
6.56. A pesar de que en muchas ocasiones puede 
considerarse que los polígonos industriales o instalacio­
nes similares están ocupadas de forma satisfactoria, los 
organismos que los gestionan deberían procurar que 
atrajeran nuevas actividades a la región y no que se 
limitaran a agrupar, en determinados lugares, actividades 
preexistentes. Únicamente en estas condiciones se podrá 
contribuir eficazmente con este tipo de infraestructuras a 
la desaparición gradual de los problemas de empleo. 
Infraestructuras de telecomunicaciones 
6.57. El examen de la utilización de los proyectos de 
telecomunicaciones se ha hecho analizando las inversio­
nes efectuadas en Grecia, Francia e Irlanda. Estas 
inversiones se pueden clasificar en dos grandes catego­
rías : el tendido de líneas y las instalaciones de conmuta­
ción. Los proyectos del primer tipo responden a la 
evolución normal de la demanda y su porcentaje de 
104 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
utilización bruta es satisfactorio. Por el contrario, la 
capacidad de los segundos está relativamente poco 
utilizada. 
6.58. A pesar de que las inversiones en telecomunicacio­
nes aumentan el atractivo de las regiones y son necesarias 
para su desarrollo, generalmente su programación se hace 
a nivel nacional con el fin de atender el crecimiento 
normal de la demanda. La ayuda del FEDER a los 
proyectos examinados en los tres países no tiene efecto de 
incentivo sobre los planes de inversiones regionales 
elaborados por los organismos nacionales competentes. 
EFECTO SOBRE LOS PRECIOS Y 
MODALIDADES DE GESTIÓN 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
6.59. En sus verificaciones, el Tribunal ha intentado 
averiguar si la ayuda del FEDER había repercutido en los 
precios de los servicios proporcionados por las infraes­
tructuras creadas. En efecto, la reducción de estos precios 
puede atenuar las desventajas de las zonas desfavorecidas 
e incrementar el porcentaje de utilización de las infraes­
tructuras al estimular la demanda. 
6.60. Generalmente las infraestructuras subvenciona­
das por el FEDER, especialmente las del sector del 
transporte, se ponen a disposición de los usuarios de 
forma gratuita; por lo tanto disfrutan de sus ventajas sin 
contrapartida financiera. Por ejemplo, una nueva carrete­
ra permite ganar tiempo y utilizar de forma más 
económica los vehículos; unas nuevas instalaciones 
portuarias facilitan la reducción de los tiempos de escala, 
etc. Estos efectos pueden estimular el desarrollo económi­
co regional, pero los análisis de la utilización neta 
efectuados por el Tribunal no permiten concluir que se 
hayan producido. 
6.61. Existen otras infraestructuras gestionadas comer-
cialmente por un organismo público o asimilado, cuyos 
costes, normalmente, deberían estar cubiertos con los 
ingresos obtenidos por prestaciones (9). En este caso, la 
ayuda permite reducir el coste de financiación de las 
instalaciones y puede repercutirse en los precios de los 
servicios, incentivando así que la demanda evolucione. 
En la práctica no suele ocurrir que la concesión de una 
subvención del FEDER influya de forma directa en la 
fijación de las tarifas. 
6.62. La ausencia de un efecto sobre los precios puede 
explicarse por la falta de una política de tarifas 
diferenciada por regiones. En el caso de las telecomunica­
ciones y la energía, las políticas de precios se deciden a 
nivel nacional en función de los criterios de rentabilidad 
de los organismos gestores y se aplican de forma casi uniforme en todo el territorio nacional. Este tipo de 
situación se ha observado en Grecia, Francia e Irlanda. 
En estas condiciones, los precios practicados no tienen un 
efecto de estímulo de la demanda regional. Cabe 
preguntarse si no sería conveniente que el FEDER 
impusiera a los beneficiarios la obligación de repercutir la 
ayuda en las tarifas regionales. 
6.63. En otros casos los precios se fijan en función de 
consideraciones extraeconómicas que excluyen casi 
completamente cualquier cálculo económico. Por ejem­
plo, el precio del agua en el sur de Italia está fijado en 
aproximadamente el 50 % de su coste, lo que elimina 
evidentemente toda perspectiva de rentabilidad. Cabe 
incluso preguntarse si la ayuda comunitaria no incita a 
aplazar la adopción de soluciones que se hacen imprescin­
dibles. 
6.64. En lo que se refiere a los puertos y polígonos 
industriales, generalmente quienes se ocupan de la gestión 
financiera son las autoridades públicas autónomas. En 
algunos casos en la política de precios intervienen 
consideraciones de competencia entre las regiones como, 
por ejemplo, el de varios polígonos industriales de los 
Países Bajos. 
6.65. A veces se conceden ayudas a proyectos cuya 
rentabilidad está más que asegurada. En estos casos la 
aportación del FEDER constituye una ganancia suple­
mentaria sin gran influencia ni sobre los precios ni sobre 
la utilización de los proyectos. Un ejemplo puede ser el 
aeropuerto de Manchester, subvencionado por el FE­
DER, que distribuye dividendos a los organismos que se 
asociaron para su creación. Cabe preguntarse sobre la 
conveniencia de haber concedido una subvención comu­
nitaria a este proyecto, para el que un préstamo habría 
sido probablemente más adecuado. 
6.66. El Tribunal sólo ha encontrado efectos sobre los 
precios cuando es el organismo gestor quien percibe la 
ayuda, con lo que sustituye a formas de financiación más 
costosas y permite reducir los costes de capital y, gracias a 
ello, alcanzar más fácilmente los objetivos de rentabilidad 
financiera. Situaciones inusuales de este tipo se ha 
observado en el caso del organismo responsable de la 
gestión de las aguas en el noroeste de Inglaterra y en el del 
responsable de la producción de energía en Escocia. 
6.67. La conclusión es que cuando la gestión de las 
infraestructuras sigue criterios comerciales, se ha obser­
vado que, por regla general, el efecto de la subvención del 
FEDER en la fijación de tarifas es muy indirecto y muy 
bajo. Para permitir una asignación óptima de los recursos 
comunitarios, teniendo en cuenta las necesidades del 
desarrollo regional, deberían establecerse criterios para 
definir las formas de ayuda más adecuadas: aportaciones 
de capital por el FEDER o préstamos a través de otros 
instrumentos financieros comunitarios (10). 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 105 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.68. Las consideraciones precedentes muestran que 
una parte significativa de las inversiones en infraestructu­
ras subvencionadas por el FEDER no se utiliza de una 
forma óptima. Esta observación se aproxima a la que se 
hace en un estudio (n) sobre infraestructuras encargado 
por la Comisión. 
6.69. El porcentaje de utilización neta, que refleja el 
efecto sobre el desarrollo regional, es inferior al 50 % en 
la mayoría de los casos, e incluso después del período de 
reactivación que sigue a la puesta en servicio permanece 
muy bajo. 
6.70. Esta situación muestra que, si bien la existencia de 
infraestructuras es una de las condiciones necesarias e 
imprescindibles para el desarrollo regional, está lejos de 
ser una condición suficiente. 
6.71. Se suele poder explicar la subutilización y el escaso 
impacto en la región por la ausencia de un verdadero 
programa de desarrollo regional que asigne objetivos 
precisos a los proyectos. Los fallos de las previsiones en 
las que se basan las decisiones de invertir, así como las 
deficiencias en la planificación física y financiera de la 
ejecución de los trabajos, juegan asimismo un papel no 
desdeñable. Además, se presta demasiada poca atención 
al efecto de fomento de las actividades económicas a 
escala regional que tienen las actuaciones del Fondo, 
efecto que es el único que puede reducir eficazmente las 
diferencias de desarrollo regional. Esto vale igualmente 
para las financiaciones de programas, que para tener 
efectos óptimos deben estar integradas en una programa­
ción de carácter más general. 
6.72. Una de las consecuencias de esta situación es que 
los fondos invertidos en la realización de proyectos tienen 
una rentabilidad muy baja en comparación con su coste. 
Este beneficio no obtenido constituye un aumento 
implícito del coste de las inversiones que puede ser muy 
importante. 
6.73. La necesidad de poder determinar mejor el efecto 
regional de las infraestructuras requiere un método de 
selección de los proyectos que tenga en cuenta sus 
perspectivas de utilización, que deberían ser consideradas 
en función de sus efectos de fomento de la materialización 
del potencial económico de las regiones. La Comisión 
debería conseguir que este método precisara más y 
estudiara con más detalle los elementos de análisis de la 
utilización prevista de los proyectos. 6.74. En lo que respecta a las infraestructuras de tipo 
comercial, hay que procurar que la ayuda del FEDER 
repercuta en los precios en las regiones, de forma que 
aumente su competí ti vidad. Junto a ello debería reforzar­
se la coordinación del FEDER con objeto de mejorar la 
asignación de los recursos. Con ello la intervención de la 
Comunidad, en forma de subvención o de préstamo, se 
adaptaría mejor a las necesidades reales de financiación 
de los proyectos. 
6.75. Como conclusión, dado que los proyectos de 
infraestructuras constituyen el gasto principal del Fondo, 
se les debe prestar la máxima atención a fin de que la 
acción comunitaria para la reducción de las diferencias de 
desarrollo regional sea eficaz y tenga el máximo efecto. A 
este respecto, la Comisión debería procurar que los 
Estados miembros entregasen los informes y demás 
comunicaciones reglamentarios sobre la realización de los 
programas de desarrollo regional y la utilización de las 
principales infraestructuras terminadas respetando los 
plazos fijados. La presentación de estos documentos 
debería convertirse en la ocasión para preparar un 
método de medición y valoración de la utilización de las 
inversiones, que permita conocer sus efectos sobre el 
desarrollo regional. La información que podría facilitar 
este instrumento debería también permitir mejorar los 
métodos de tramitación de las peticiones de subvención y 
orientar las decisiones necesarias para mejorar su eficacia. 
INFORME ESPECIAL SOBRE EL 
PLANTEAMIENTO INTEGRADO EN 
LA FINANCIACIÓN COMUNITARIA 
DE LAS ACCIONES CON FINALIDAD 
ESTRUCTURAL 
6.76. El Tribunal ha aprobado el 19 de mayo de 1988 un 
Informe Especial consagrado al planteamiento integrado 
en la financiación comunitaria de las acciones con 
finalidad estructural (12). En él se pretende hacer un 
balance de las iniciativas puestas en práctica en materia de 
planteamiento integrado (Operación Ñapóles, Operación 
Belfast, programas de desarrollo integrado y acciones-
piloto preparatorias) antes de la entrada en acción de los 
Programas Integrados Mediterráneos. 
6.77. El Tribunal considera que, incluso teniendo en 
cuenta su carácter experimental, las iniciativas en materia 
de planteamiento integrado examinadas en el Informe 
Especial dan lugar a observaciones decepcionantes. El 
aspecto integrado de las intervenciones se limita a algunas 
referencias o formalidades de presentación que figuran en 
10^ lOiarioOlicial de las comunidades Europeas LIL^ ^ 
las decisiones de tinanciación ^ que en la fase de 
realización generalmente se pasan por alto. En la 
prácticas la gestión administrativa de las medidas 
integradas se reduceala de los créditos suplementarios 
concedidos por este concepto en reglamentos especialeso 
decisiones particulares. 
ÓT7D5 Las modalidades de gestión de los diversos 
instrumentostlnancierosalni^el comunitario no hansido 
adaptadasalasnecesidades^losob^eti^os del plantead 
mientointegrado. Lasacciones tinanciadas selimitan 
prácticamente a una única fase ^regional^ agrícolas 
créditos suplementarios del artículo éó^etc.^aquella en 
cuyoconte^tonacieron^enelmejordeloscasos^afaltade 
una organización ^ documentación apropiadas^ se 
limitanaagrupargeográticamentelasa^udas concedidas 
por los diferentes Pondos. 
oB7^. A ni^el lócala las instancias administrativas 
encargadas de la integración desempeñan un papel 
marginal sin influencia real en la utilización de los 
créditos^ situación que evidentemente condiciona las 
posibilidades de acción de la comisión. 
ó.^. La falta de un marco contable adecuado impide 
conocer elcontenidoreal^la evolución exacta délas 
iniciativastínanciadas.LaCOperaciónl^ápolescuentacon 
una estructura permanente que facilita documentación 
periódicamente^en ello ha intluido también la importan^ 
cia de las contribuciones comunitarias. Pero se trata de 
informaciones elaboradas deformapocoprecisa^de 
interpretación incierta^en el me^or de los casos consisten 
únicamente en una ^u^taposición^ con criterios geografía 
cos^ de los datos de una serie de acciones de financiación^ 
carentes detodo elemento que permitacomprobar su 
coherencia^la utilización concertada de los medios. En 
otras iniciativas integradas falta la documentación 
contable. Estos fallos de documentación existen también 
enlosinformesdeeiecución^porconsiguienteenel 
seguimiento delasacciones^en la e^aluacióndesus 
resultados.Lambién se producenani^elcomunitarioio 
que es menos admisible^puestoquelos servicios déla comisión deben estar en condiciones de presentarla 
contabilidad del coniunto de las operaciones ñnancieras 
correspondientesacada acción integrada. 
o.^L Lampoco de los datos parciales disponibles se 
desprende que ha^a habido una aceleración de la 
realización de las obrasounmejor ritmo de utilización de 
los créditos. En lo que respectaaestepuntoia situación 
delasin^ersionese^aminadasesequiparablealadeotros 
provectos habitualmente tinanciados por los Eondos. 
iOesde un punto degista cualitativos las decisiones^los 
programas proporcionan pocos datosconcretos sobre los 
efectospositi^osesperadosdelasinter^enciones^los 
efectos inducidos previstos. Las observaciones formulad 
das en diferentes apartados del informe Especial 
muestran que debería prestarse una ma^oratenciónalos 
problemas relacionadosconlosefectosde las intervención 
nes. 
t^.^. tln informe reciente del Parlamento Europeos 
sobre el control presupuestario de la eficacia de los 
Fondos Estructurales subraya que^ en materia de 
accionesintegradas^toda^íanosepuede hablar de unidad 
enlosplanos^urídico^operati^o. Ellohacequelos 
procedimientos decisorios sean extremadamente confu^ 
sos^desemboquen en la adopción de simples ^odeclara^ 
cienes de intenciones^ cu^o cumplimiento depende del 
respeto délas disposiciones que rigencadauno délos 
instrumentos. 
o.^. ElLribunal considera que la etiqueta de acciones 
integradas^ las tinanciaciones que la acompañan no 
pueden ser concedídasdeformaincondicional. Chorno 
mínimo se requiere que la acciónarealizar se programe 
globalmente ^ que se lle^e a cabo aplicando una 
metodología precisa. 
o.^. Para poder realizar las tareas administrativas se 
requiere una organización que esté en concordancia con 
los objetivos perseguidos^ en la ma^or parte de las 
acciones examinadas en el informe no existe. La 
comisión ha definido e instaurado un conjunto de 
procedimientospara laelaboraciónde los Programas 
integrados mediterráneos que roueden resolver algunas 
de las dificultades que han existido. Pero para editar la 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 107 
repetición de los inconvenientes antes señalados, especial- tos se apliquen. La reforma de los Fondos Estructurales 
mente en la gestión coordinada de las intervenciones y su en curso debería asimismo permitir mejorar las condicio-
seguimiento, es necesario velar porque estos procedimien- nes de la intervención comunitaria y aumentar su eficacia. 
(') DO L 73 de 21.3.1975, p. 1. (10) Véase asimismo el apartado 9.7 del Informe Anual del 
(2) DO L 35 de 9.2.1979, p. 1. Tribunal relativo al ejercicio 1986, DO C 336 de 15.12.1987. 
(3) DO L 169 de 28.6.1984, p. 1. (n) «El efecto de las infraestructuras sobre el desarrollo 
(4) DO L 340 de 6.12.1983, p. 24. regional», informe final revisado, Grupo de estudio 
(5) DO L 204 de 28.7.1978, p 1. infraestructuras, Comisión de las Comunidades Europeas, 
(6) DO C 348 de 31.12.1984, apartados 7.27 — 7.29. 1986, p. 404. 
(7) DO C 326 de 16.12.1985, apartados 7.16 — 7.23. (12) DO C 188 de 18.7.1988, p. 1. 
(8) DO C 348 de 31.12.1984, apartado 7.36. (") Doc. A2-159/87 y resolución publicada en el DO C 318 de 
(9) Véanse asimismo los apartados 9.10 y 9.11 del Informe 30.11.1987, p. 126. 
Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1986, DO C 336 de 
15.12.1987. 
108 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
CAPITULO 7 
Fondo Social Europeo 
7.0. ÍNDICE DE MATERIAS Apartados 
Introducción 7.1 —7.3 
Procedimientos y sistemas comunitarios y nacionales de gestión del Fondo 
Social Europeo 7.4 — 7.9 
Principales deficiencias observadas 7.5 — 7.8 
Posibilidades de mejora 7.9 
Estudios preparatorios y experiencias-piloto 7.10 — 7.55 
Porcentaje de utilización de los créditos de pago 7.14 
Selección 7.15—7.19 
Criterios de subvención 7.15 
Prioridad 7.16—7.19 
La decisión 7.20 — 7.22 
Aplicación de la decisión 7.23 — 7.30 
Contrato 7.23 — 7.25 
Informe intermedio 7.26 — 7.28 
Informe definitivo 7.29 — 7.30 
Observaciones de los servicios del Tribunal 7.31 — 7.54 
Informes financieros 7.32 — 7.33 
Cierre de los expedientes 7.34 — 7.35 
Gastos no justificados 7.36 — 7.37 
Gastos no subvencionables 7.38 
Apartados Gastos no afrontados por el contratista 7.39 — 7.41 
Excedente de financiación 7.42 — 7.44 
Resultados de las experiencias-piloto y divulgación de los informes 
definitivos 7.45 — 7.54 
Conclusiones 7.55 
Compromisos pendientes de liquidación 7.56 — 7.62 
INTRODUCCIÓN 
7.1. El Tribunal de Cuentas analizó el 10 de diciembre 
de 1987 y aprobó el 10 de marzo de 1988 un Informe 
Especial sobre los procedimientos y sistemas comunita­
rios y nacionales de gestión del Fondo Social Europeo 
(FSE), que fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 16 de mayo de 1988 (l). Las 
conclusiones de este informe están recogidas en los 
apartados 7.4 a 7.9. 
7.2. Además, el Tribunal ha examinado un aspecto 
particular del ámbito social, el de los estudios preparato­
rios y las experiencias-piloto (véanse apartados 7.10 — 
7.55). Puesto que en 1987 finalizan las últimas acciones de 
este tipo parece oportuno y necesario extraer del conjunto 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 109 
de estas experiencias, por una parte, los elementos más 
destacados de su gestión y, por otra, lograr una síntesis 
que pueda explicar la evolución, en el plano operativo, de 
los nuevos modos de intervención puestos en práctica por 
el FSE. 
7.3. Los apartados 7.56 a 7.62 se refieren, por otro lado, 
al «peso del pasado» del FSE. Estas observaciones 
derivan del control de las cuentas y de los resultados del 
examen de una muestra representativa de expedientes. 
PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS 
COMUNITARIOS Y NACIONALES DE 
GESTIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 
7.4. Los apartados siguientes recogen las conclusiones 
del Informe Especial mencionado en el apartado 7.1 de 
este capítulo. 
Principales deficiencias observadas 
7.5. Es necesario realizar progresos importantes para 
que el Fondo llegue a ser un instrumento financiero eficaz 
y cuente con una gestión y un control efectivos. 
7.6. En lo que respecta a los procedimientos aplicados a 
la preparación de reglamentos, decisiones y orientaciones 
de gestión del FSE, se han observado las siguientes 
deficiencias: 
(a) las opciones seleccionadas con ocasión de la aproba­
ción de las decisiones de intervención del Fondo en 
favor de los diferentes grupos sociales o de la creación 
del Fondo actual no se basan en análisis de coste/ 
eficacia de las alternativas ni en el estudio de los 
proyectos realizados en el marco de la política llevada 
a cabo; 
(b) la selección de objetivos múltiples (permanentes o a 
corto plazo) en un contexto de un volumen de créditos 
del FSE bastante bajo («4 % del total de los gastos 
públicos de los Estados miembros en materia de 
ayuda o de asistencia social en todos los aspectos»), 
sólo puede conducir a una dispersión poco eficaz de 
los medios financieros entre el conjunto de los 
objetivos; 
(c) la contratación o la adecuación de la formación 
profesional al mercado de trabajo no constituyen 
siempre criterios de selección esenciales; (d) la Comunidad casi no realiza actividades propias e 
interviene únicamente mediante la concesión de 
ayudas financieras a acciones de formación profesio­
nal y contratación puestas en práctica en los Estados 
miembros y subvencionadas por las instancias 
públicas con un importe al menos igual a la 
contribución comunitaria. Se trata, por tanto, de 
acciones normalmente ya iniciadas por los sistemas 
nacionales; 
(e) el sistema utilizado implica la tramitación de un 
número de expedientes tan elevado que una buena 
gestión es prácticamente imposible. 
7.7. En lo que se refiere a la gestión comunitaria, se 
deben resaltar las siguientes deficiencias: 
(a) una excesiva imprecisión de los criterios de admisión, 
subvención y prioridad contenidos en las normas de 
aplicación; 
(b) la ausencia de un planteamiento común en una serie 
de conceptos relacionados con el empleo; 
(c) el carácter demasiado formal de la tramitación de las 
solicitudes de ayuda y de pago por los servicios del 
FSE; 
(d) la falta de evaluación sistemática de los proyectos 
cofinanciados por el FSE; 
(e) la insuficiencia del sistema de control sobre el terreno 
utilizado por los servicios de la Comisión, que hace 
que ésta se remita a las certificaciones de los Estados 
miembros. 
7.8. Debido a estas deficiencias de la gestión de la 
Comisión, y con independencia de su política, no es 
posible evitar algunos fallos en las intervenciones de los 
Estados miembros. Así, a nivel nacional, se observan 
especialmente las siguientes deficiencias: 
(a) ausencia en los Estados miembros de un servicio 
encargado del control de los gastos correspondientes 
a los proyectos aceptados por el Fondo; 
(b) interpretación heterogénea por los Estados miembros 
de algunas normas comunitarias que, por otra parte, 
son poco claras; 
(c) carácter heterogéneo, no transparente y poco fiable 
de las certificaciones nacionales. 
110 tOiarioCOtieial de las Comunidades Europeas 12 12 88 
^p^^^^^^^^ 
7.9. Sin perjuicio de las disposiciones que puedan 
adoptarse con respectoalaslunciones de los Fondos de 
Finalidad Estructural y a la coordinación de sus 
intervenciones, sería posibleacorto plazo nacer del ESE 
uninstrumentolinancieromáseticazymeior controlable 
sh 
^ la Comisión, en el marco de las orientaciones para la 
gestión del Fondo, electuase un replanteamiento de 
los objetivos que permitiese tinanciar un número 
sensiblemente menor de operaciones,que no sufrP 
rían, por tanto,una reducción de la ayudad 
^laadmisióndelaspeticionesestuviesesometidaa 
reglasquepermitiesenrechazarcualquier petición 
que no estuviese suticientementejustilicada^ 
^ seaclarasenyprecisasenloscriteriosdesubvencióny 
prioridad,yluego se aplicasen estrictamente^ 
^se dieran a los Estados miembros instrucciones 
precisas sobre los datos que deben facilitar acerca del 
origen de cada partida de gastosa 
^ se utilizasen plenaysistemáticamente los poderes de 
control de la Comisión, concediendo a ésta la 
posibilidad de imponer sanciones, que se aplicasen en 
la prácticas 
t^D se impusieran sancionesalos organismos que, para 
obtener liquidez con los anticipos, sobrevalorasen 
manifiestamente los gastos previstos^ 
^ se precisaran los tipos de controlenque se deben 
basar las certilicaciones nacionales. 
ESP^L^I^SPR^PARAP^RI^S 
YE^PERI^^CIASPILtDPO 
7.10. Los estudios preparatorios y las experiencias^ 
piloto están definidos en el artículo7del reglamento 
t^CEE^ n^ 2^9^71 del Consejo, de8de noviembre de 
1971^,moditicadoporel^eglamento^CEE^n^289^77 
del Consejo, de20dediciembredel977^.Estosestudios 
y experiencias están concebidos para permitir a los 
Estadosmiembrosyalosresponsablesde las operaciones 
elegir los tiposmáseficacesdeayudayorganizar lo mejor posible su utilización. Intentan asimismo orientar al 
Consejoyala Comisión enlaselección de futuroscampos 
de intervenciónypromover una utilización más elicaz de 
las ayudas existentes en el ESE. Los estudios prepárate^ 
ríos y las e^periencias^piloto constituyen un ámbito 
particular del ESE, siendo al mismo tiempo característi^ 
eos del funcionamiento del conjunto del FSE.^fodos los 
promotores, tanto privados como públicos, tienen acceso 
ala financiación comunitaria, no siendo necesaria la 
existencia de una financiación estatal nacional sino 
solamente una autorización del Estado miembro en cuyo 
territorio se realizará el proyecto. La participación 
financiera del F^E está limitada al cordéleoste real. 
Esta financiación no está limitadaaninguna categoría de 
beneficiarios ni de zonas geográficas y, además, los 
objetivosaalcanzarsonlo suficientemente generales para 
acoger las iniciativas más diversas. 
7.11. El campo de aplicación de los estudios prepárate^ 
riosye^periencias^piloto coincide prácticamente con el 
del F^E.Eóilierendelas otras acciones del ESE enel 
contrato que vincula al ejecutor de la acción con la 
Comisión, que establece una relación directa entre ambas 
partes y permite definir, de forma más precisa, el 
contenido de la acción, sus medios de realizaciónysus 
objetivos. 
7.12. Los estudios preparatoriosye^perienciasDpiloto 
fueron sustituidos en 198^,enelnuevoFSE,porlas 
accionesalas que se ha asignado un volumen de créditos 
^disociados^2^ veces mayor.Las acciones, que constituí 
yen una prolongación de los estudios preparatoriosylas 
e^perienciasDpiloto,^sellevanacaboconelobjetode 
fomentar la realización de proyectos que tengan un 
carácter innovador»yse distinguen por su duración, que 
puede llegar a tres años, mientras queen el régimen 
común es de un año. 
7.1^. Elfribunalharealizadoune^amensistemáticode 
los espedientes de los estudios preparatoriosye^perienD 
ciasDpiloto aprobados por la Comisión desde 1980yque 
han ido finalizando de forma escalonada hasta 1987. 
7.1^. Los créditos depago anuales concedidosalos 
estudiospreparatoriosye^perienciaspiloto durante el 
período 19801987 ^,37 ^ioEC^ se han utilizado en 
un^3,9^.Elide febrero de 1987 quedaban todavía por 
cerrar ^2 e^periencias^piloto, es decir, aproximadamente 
unadécimapartedelos^Oestudiospreparatoriosy 
e^periencias^piloto que han recibido ayuda comunitaria 
desde 1971. En el transcurso de 1987 se ha hecho efectivo 
el saldo de l^e^pedientesyse han dado por taniquitados 
otros 17 liberando la totalidad del compromiso o el 
remanente emitiendounaordende cobro. Unaúltima 
e^perienciaDpiloto debería ser saldada con un pago final 
en 1988. Lo mismo podría haber sucedido con siete 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 111 
expedientes desde 1985 ó 1986; otros cuatro están 
pendientes desde 1982 ó 1983. 
Selección . 
Criterios de subvención 
7.15. Los criterios de admisión de las solicitudes de 
ayuda se rigen por las normas del FSE, a las que se añade 
un criterio cuantitativo. El artículo 7 del Reglamento 
(CEE) n° 2396/71 (2) prevé expresamente que el número 
de puestos de trabajo en cuestión no puede ser superior a 
treinta; cabe señalar que ha sido superado en una quinta 
parte de los proyectos auditados. En la mayoría de los 
casos la Comisión conocía esta situación en el momento 
de la solicitud. 
Prioridad 
7.16. Las orientaciones para la gestión del FSE fijan los 
criterios de prioridad de los expedientes. Son prioritarias 
las operaciones que reúnen la mayoría de las condiciones 
siguientes: tener carácter innovador, crear empleo, 
mejorar la calidad de la formación y, en particular, 
hacerla polivalente, y ser potencialmente aplicables en 
otras zonas de la Comunidad. 
7.17. La Comisión añadió determinados criterios en 
1983, último ejercicio de aplicación del antiguo FSE, 
concediendo prioridad a los expedientes relacionados con 
el desempleo juvenil, la creación de pequeñas empresas 
artesanales, la creación de puestos de trabajo para 
mujeres en profesiones en las que están subrepresentadas, 
la formación profesional para responder a los cambios 
tecnológicos, la formación de monitores y las operaciones 
ya prioritarias en los diferentes ámbitos de intervención 
del Fondo. 
7.18. En la práctica, estos criterios no han sido 
verdaderamente selectivos ya que los créditos disponibles 
generalmente eran superiores a las necesidades expresa­
das en la peticiones de intervención. Por ello, a menudo 
las perspectivas de creación de empleo ni siquiera se 
mencionan en las solicitudes de ayuda. 
7.19. Esto también explica que los criterios no estén 
definidos con precisión. Así, por ejemplo, el concepto de 
«carácter innovador», primer criterio de prioridad para 
las experiencias-piloto y que se ha convertido en el criterio 
de subvención de las acciones del nuevo Fondo, no ha 
sido definido formalmente. La decisión 
7.20. La decisión de concesión de ayuda se toma 
generalmente en el transcurso de los tres meses siguientes 
a la reunión del Comité, siguiendo el mismo procedimien­
to que las demás intervenciones del FSE. 
7.21. Los términos de una decisión no se actualizan y a 
veces contiene datos de una antigüedad de varios años. La 
rectificación de las decisiones, necesaria en un caso de 
cada seis, constituye una sobrecarga de trabajo que 
podría evitarse. Estas decisiones sucesivas de corrección 
de un mismo proyecto se dirigen a: 
(a) corregir un error material; 
(b) modificar la denominación de los promotores; 
(c) modificar a posteriori las fechas de realización. 
7.22. La financiación comunitaria no parece servir 
siempre de incentivo; en dos quintas partes de los 
expedientes el proyecto había comenzado (y en algún otro 
caso incluso había finalizado) sin esperar la decisión de la 
Comisión de concesión de la ayuda. 
Aplicación de la decisión 
Contrato 
7.23. Los contratos que materializan las decisiones de la 
Comisión se firman, como media, cinco meses después de 
las mismas (de 15 días a 15 meses). En el 90 % de los 
casos, su firma tiene lugar una vez iniciada la experiencia-
piloto. Sin embargo, en un caso se firmó tres meses 
después de finalizada. Estas observaciones confirman el 
carácter puramente formal de estos contratos. 
7.24. Las cláusulas de modificación de los contratos se 
utilizan muy raras veces, incluso cuando la Comisión 
modifica su decisión. En el caso de una experiencia-
piloto, la Comisión adoptó, 27 meses después de la 
finalización del contrato, una decisión que modificaba no 
solamente sus fechas de inicio y de terminación sino 
también la de su duración, sin que por ello se modificara el 
contrato. 
112 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
7.25. En la mayoría de los casos, los contratos y sus 
anexos explican poco el contenido real de los estudios 
preparatorios y las experiencias-piloto. Por ejemplo: 
(a) no siempre indican el lugar de realización; 
(b) los objetivos determinados por las prioridades no 
siempre se especifican claramente: los de creación de 
empleo raramente cuantifican los puestos de trabajo a 
pesar de que aparecen en las orientaciones como el 
segundo criterio para la selección de los proyectos; 
(c) salvo excepciones, no se cuantifican el coste y la 
duración de la formación; 
(d) en casi todos los casos el calendario de los trabajos 
únicamente recoge las fechas de envío de los 
expedientes a la Comisión y, excepcionalmente, la 
planificación de las diferentes fases; 
(e) los objetivos indicados en los proyectos se describen 
la mayoría de las veces en términos imprecisos y 
generales, sin referencias concretas; 
(f) la presentación del presupuesto es, en la mayoría de 
los casos, muy escueta y no hace referencia directa a 
las diferentes fases de la acción ni a ningún elemento 
contable; 
(g) el contrato-tipo no obliga al contratista a presentar 
un estado de gastos durante la realización de la 
experiencia-piloto con independencia de su duración 
y aunque se le exija la elaboración de un informe en 
esta fase. En uno de los proyectos auditados, de dos 
años de duración, cuyos informes debían ser semes­
trales, la Comisión indicó al contratista que dejara de 
adjuntar un informe financiero, por juzgarlo «inú­
til», cuando la simple lectura del primero de ellos le 
habría permitido saber que el contratista estaba 
imputando al proyecto el coste salarial de los 
trabajadores en formación incluso antes de haberlos 
seleccionado. 
informe intermedio 
7.26. El contrato de los proyectos cuya duración es 
superior a un año exige normalmente la presentación de 
un informe intermedio como condición del pago de una 
parte, normalmente del 30 % al 40 %, del compromiso 
inicial. El informe intermedio, calificado también de nota 
de avance de los trabajos, no está regulado por ninguna 
norma, ni en lo que se refiere a su contenido, ni en lo que 
se refiere a su extensión sino que se deja a la entera discreción del contratista. Su extensión varía en la 
práctica entre 2 y 100 páginas. Teóricamente debe ser 
leído por el servicio gestor, que dirige una nota al 
ordenador de pagos, indicando que el informe intermedio 
ha sido aprobado y que debe realizarse el segundo pago a 
cuenta previsto en el contrato. 
7.27. No existe ningún procedimiento para la aproba­
ción de los informes intermedios ni de los informes 
definitivos. En ninguno de los expedientes de proyectos 
auditados en los que se exigía la presentación de informes 
intermedios se ha encontrado observación alguna a los 
contratistas. Sin embargo, su lectura debería haber dado 
ocasión al servicio gestor de formular preguntas al 
contratista, sobre todo cuando el número de beneficiarios 
era superior al máximo subvencionable o se habían 
modificado los objetivos previstos. 
7.28. Se ha observado que, frecuentemente, el único 
objetivo del informe intermedio es obtener un pago. Si el 
contratista no lo presenta, rara vez el servicio gestor lo 
reclama o, a veces, lo hace un año después. 
Informe definitivo 
7.29. Al terminar el proyecto, el contratista envía a la 
Comisión, en forma de proyecto y posteriormente en 
forma de informe definitivo, un resumen de la realización, 
una síntesis y un informe financiero. La fecha límite de 
envío figura en el contrato, aunque raras veces se respeta 
existiendo siempre un retraso que puede oscilar entre un 
mes y varios años. Los informes y la síntesis deben 
traducirse a una o dos lenguas distintas a la del 
contratista. Estas traducciones contribuyen a alargar los 
plazos de presentación del informe definitivo y los costes 
de traducción, impresión y envío (50 ó 75 ejemplares 
según el número de lenguas traducidas) absorben una 
parte nada despreciable de la ayuda del FSE. 
7.30. El contenido de los informes de realización, que 
ocupa de 20 a 400 páginas, es poco homogéneo y 
normalmente proporciona escasos elementos concretos 
para poder seguir el desarrollo de la acción y evaluar sus 
resultados prácticos. La conclusión más habitual es que 
conviene continuar con la experiencia y obtener una 
nueva financiación. 
Observaciones de los servicios del Tribunal 
7.31. Los controles realizados sobre el terreno por el 
personal del Tribunal han permitido poner de relieve 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 113 
graves deficiencias en la mayor parte de los estudios 
preparatorios y experiencias-piloto. Los informes finan­
cieros enviados por los contratistas y aceptados por la 
Comisión, debido a su carácter resumido, normalmente 
no permiten detectarlas. 
Informes financieros 
7.32. El informe financiero se deja a la iniciativa del 
contratista. Únicamente se le recomienda que siga la 
misma presentación que la que aparece en el presupuesto 
anexo al contrato y explique las diferencias. Como la 
presentación del presupuesto es resumida (por ejemplo, 
experiencias-piloto que se extienden a lo largo de tres 
años pueden presentar su presupuesto en cinco líneas), 
resulta también que el informe financiero es breve en la 
mayoría de los casos y no permite identificar los gastos 
que se deben subvencionar. Además, casi nunca incluye 
un estado de ingresos y de la financiación. 
7.33. La Comisión no exige ninguna certificación de los 
informes financieros; ni siquiera el visado y la certifica­
ción del control interno al que el organismo contratista 
está normalmente sujeto. 
Cierre de los expedientes. 
7.34. Esta ausencia de obligaciones no favorece el cierre 
de los expedientes: no está prevista ninguna sanción en 
caso de retraso o de incumplimiento parcial o total de los 
contratos. Como no existe un calendario de las acciones 
financiadas, siempre que se recuerda a los contratistas sus 
obligaciones contractuales, se hace tarde. Algunos 
expedientes permanecen abiertos durante varios años 
antes de ser liquidados. 
7.35. La falta de seguimiento de la gestión financiera 
provoca que algunos compromisos se mantengan artifi­
cialmente vigentes, hasta dos, tres, cuatro o cinco años 
para después ser anulados totalmente. Asimismo, en 
ocasiones, contratistas que consiguieron pagos anticipa­
dos a cuenta y no iniciaron el programa previsto pudieron 
conservar los fondos durante varios años sin que se les 
pidiera cuenta de ellos o su restitución. Cuando se 
exigieron las restituciones de fondos, no se tuvieron en 
cuenta los intereses devengados por un capital disfrutado 
sin coste alguno. A veces, estas órdenes de reembolso 
emitidas con retraso no han sido atendidas debido a que 
los organismos contratistas ya no existían. Gastos no justificados 
7.36. En cuatro quintas partes de los casos examinados, 
el contratista no ha llevado una contabilidad por 
separado de los gastos de la experiencia-piloto. Por ello es 
muy difícil identificar los gastos y, en particular, los 
gastos fijos que pueden ser imputados como costes fijos 
de un proyecto. 
7.37. Varios de los contratistas ni siquiera han podido 
presentar documentos justificativos. Cuando lo han 
hecho, el Tribunal ha observado que, en numerosos 
casos: 
(a) no figuraban ni la fecha, ni la naturaleza de las 
prestaciones, ni el prestatario ni su relación con la 
experiencia-piloto; 
(b) no constaba el pago de las facturas; 
(c) algunos documentos procedían del propio contratista 
o de sus asociados. 
Gastos no subvencionables 
7.38. En el 75 % de los proyectos examinados se habían 
presentado a la Comisión gastos no subvencionables 
como parte del coste real del proyecto, principalmente los 
siguientes: 
(a) gastos anteriores o posteriores al período de realiza­
ción del proyecto fijado en el contrato; 
(b) gastos relacionados con el consumo de material. Al 
no existir una definición clara del concepto «material 
pedagógico o didáctico», los contratistas tienen 
tendencia a incluir bajo el mismo compras muy 
diversas (material de sonido, cámaras, magnetosco­
pios, etc.) cuyo coste se imputa a la experiencia-piloto 
cuando, en realidad, se trata de inversiones de las que 
sólo se debería cubrir la amortización. Por otra parte, 
varias de estas inversiones se efectúan al final del 
contrato. 
(c) gastos tales como la compra de cortinas o medallas 
conmemorativas o la reparación de automóviles 
accidentados, cuya relación con los estudios prepara­
torios y experiencias-piloto no es evidente. A veces 
esta relación es sólo aparente como, por ejemplo, en el 
caso de un contratista que, bajo el pretexto de que 
tenía que sustituir con personal interino a las 
secretarias que seguían cursos de formación, imputó 
114 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
el coste salarial de su secretaría (43,9 % de los gastos 
del proyecto) a una experiencia-piloto. Un examen 
más detallado puso de manifiesto que el contratista 
utilizaba, mucho antes de que comenzara la experien­
cia-piloto, un equipo de secretarias interinas y no 
pudo justificar la contratación de nuevos interinos 
para la experiencia-piloto. 
(d) gastos sobrevalorados, especialmente en lo relativo a 
las amortizaciones: en una experiencia-piloto, la 
amortización de los edificios se calculó a razón del 
10 % del valor de la construcción, a pesar de que la 
legislación nacional fija un tope del 3 %. Por otra 
parte, para la experiencia-piloto estos edificios se 
utilizaban en muy pequeña parte. 
Gastos no afrontados por el contratista 
7.39. Los contratistas también presentan frecuentemen­
te como gastos, y la Comisión los admite, pagos que no 
han tenido que afrontar. Así, por ejemplo, un contratista 
solicitó a la Comisión amortizar no solamente el material 
adquirido durante la experiencia-piloto, sino también el 
existente al principio de la misma. La Comisión dio su 
aprobación sin realizar ninguna investigación; sin 
embargo, el control del Tribunal ha mostrado que dicho 
promotor no efectuaba ninguna amortización en su 
contabilidad y que el material en cuestión ni era de su 
propiedad ni contribuía a pagarlo; le era entregado 
gratuitamente por el organismo público con el que, por 
otra parte, estaba obligado contractualmente a propor­
cionar la formación. 
7.40. En varios casos el contratista ha hecho figurar 
entre los costes de la experiencia-piloto los gastos 
salariales de los beneficiarios y/o de los profesores sin 
mencionar los ingresos correspondientes a los subsidios 
de desempleo o los salarios que corren a cargo de las 
empresas. Al percibir el promotor la ayuda del FSE, se la 
apropia en lugar de hacerla llegar a las empresas que han 
afrontado los gastos correspondientes. Así, por ejemplo, 
un contratista imputó a la experiencia-piloto el coste 
salarial de más de 100 trabajadores en prácticas, a pesar 
de que dichos salarios habían sido pagados en realidad 
por las empresas que no sólo no se beneficiaron de la 
ayuda del FSE, sino que tuvieron que pagar al contratista 
una cantidad que la Comisión no tuvo en cuenta en la 
liquidación del expediente. 
7.41. También sucede que algunos contratistas presen­
tan costes reales que incluyen todos los impuestos y luego 
obtienen, sin embargo, el reembolso del IVA; la 
Comisión no ha previsto expresamente este caso. El contrato no hace referencia al estatuto fiscal especial al 
que pueden acogerse los contratistas o sus subcontratis-
tas. 
Excedente de financiación 
7.42. El contrato generalmente fija el tope de la ayuda 
del Fondo en el 50 % de los gastos reales y dispone que el 
resto sea asumido por los contratistas. Ahora bien, éstos 
raras veces presentan su plan de financiación y cuando lo 
presentan en la fase inicial de la solicitud de la ayuda, en la 
mayoría de los casos están todavía buscando financia­
ción. La concesión de ayuda del FSE moviliza otras 
fuentes de financiación, con lo que es frecuente que 
después de la decisión de concesión de ayuda aparezcan 
financiaciones externas. Dependiendo de los proveedores 
de fondos, estas financiaciones se rigen por criterios de 
concesión y condiciones distintas, especialmente en lo que 
se refiere a los objetivos, la duración, las fechas de 
comienzo y finalización, número de beneficiarios y los 
costes. El contratista tiene que gestionar simultáneamen­
te expedientes independientes que no comunica a las 
demás partes. Como el contrato firmado por la Comisión 
no estipula ninguna obligación en lo que respecta a la 
declaración de las demás financiaciones, ésta se deja al 
criterio del contratista. Ahora bien, cuando llegan a 
tenerse en cuenta, estas financiaciones externas revelan 
una contribución excesiva del FSE. 
7.43. Esta financiación en exceso, observada en la mitad 
de los estudios preparatorios y experiencias-piloto 
auditados sobre el terreno por el Tribunal, se produce 
también en los casos en que, en la liquidación de las 
ayudas del FSE, no se toman en cuenta los resultados e 
ingresos generados por la experiencia-piloto. Se trata, en 
particular, de: 
(a) los resultados financieros de las experiencias-piloto 
que tienen como objetivo la creación de actividades 
económicas; 
(b) la participación financiera que los trabajadores en 
prácticas pagan al contratista. 
7.44. Un Estado miembro intentó averiguar qué parte 
había financiado por encima del coste que le correspondía 
y tenía derecho a recuperar la totalidad o parte de su 
ayuda. En este caso parece que la Comisión no se ha 
preocupado por los otros ingresos y financiaciones. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 115 
Resultados de las experiencias-piloto y divulgación 
de los informes definitivos por último, sus resultados no llegan a difundirse. 
7.45. La mayor parte de los 50 ó 75 ejemplares del 
informe (según que se exija la traducción en dos o tres 
lenguas) de cada estudio preparatorio o experiencia-
piloto, que la Comisión recibe de los contratistas, se 
deberían reenviar a las oficinas de prensa e información 
situadas en los Estados miembros, para que los contratis­
tas potenciales pudieran consultarlos. El Tribunal no ha 
podido hallar el menor indicio de estos envíos. Los 
informes no figuran siquiera en la Biblioteca de la 
Comisión en Bruselas; tampoco aparece un estudio cuya 
impresión en 1 000 ejemplares fue financiada por la 
•Comisión. Ninguno de los contratistas visitados durante 
los controles sobre el terreno ha consultado los informes 
de experiencias-piloto anteriores ni sabía que existieran ni 
dónde se podían consultar. Estos contratistas han 
declarado que la Comisión no les había informado sobre 
estudios preparatorios y experiencias-piloto parecidos o 
paralelos a los suyos. 
7.46. Se elaboró una nota que recogía lo esencial de los 
informes de síntesis de varios estudios preparatorios y 
experiencias-piloto que fue enviada a usuarios potencia­
les, ministerios, organismos de formación y promotores. 
El último envío del que se tiene noticia data de mediados 
de 1981. 7.50. A pesar de que el FSE ha financiado una serie de 
estudios para preparar métodos de evaluación, hasta la 
fecha no se ha encontrado ninguno que permita valorar 
los resultados de los estudios preparatorios y experien­
cias-piloto. 
7.51. Los controles sobre el terreno han dado lugar a las 
siguientes observaciones: 
(a) más de una tercera parte de los proyectos auditados 
no suponían innovación alguna, en unos casos 
porque el promotor había realizado con anterioridad 
una experiencia-piloto semejante, en otros, porque 
ésta ya existía en el entorno inmediato (geográfico o 
profesional) del promotor, o porque la formación 
corría a cargo de un subcontratista que incluía esta 
actividad en su plan de trabajo ordinario; 
(b) la creación de puestos de trabajo es bastante baja: 
según datos de los contratistas se crearon empleos 
para el 12 % de los trabajadores en prácticas, pero 
esta información no se ha comprobado. 
7.47. Este modo de difusión fue sustituido por una 
información más amplia realizada a través de la nueva 
revista Europa Social (4) que en los pocos números 
publicados ha presentado una reseña muy breve (en 
media página) de algunas experiencias-piloto. Esta 
presentación no proporciona una verdadera información 
de los casos concretos que trata, y no remite a ninguna 
fuente de datos más adecuada. 
7.48. El Informe Anual del FSE presenta cada año los 
estudios preparatorios y experiencias-piloto a los que la 
Comisión ha decidido conceder su ayuda, en términos 
financieros globales e indicando los temas abordados. 
Cada experiencia-piloto se sintetiza en una o dos líneas. 
De sus resultados finales no aparece ningún comentario, 
por breve que sea. Durante el período considerado no se 
ha preparado ningún informe o comunicación, ni 
ninguna propuesta a la Comisión ni al Consejo de estos 
resultados. 
7.49. La Comisión ha organizado seminarios para 
valorar los efectos del FSE y facilitar intercambios de 
experiencias. El último seminario, que versó sobre los 
estudios preparatorios y experiencias-piloto, se celebró en 
Mulhouse en octubre de 1981. En él se analizaron, entre 
otros proyectos financiados por el FSE, tres experiencias-
piloto. Pero, por varias razones, estos seminarios tienen 
una divulgación escasa; por un lado, en ellos se analizan 
pocas experiencias, por otro, los criterios de selección de 
los participantes limitan su número y su procedencia y, 7.52. El servicio gestor de la Comisión considera que la 
mejor manera de concretar los resultados de un estudio 
preparatorio o de una experiencia-piloto es continuar 
financiando la operación emprendida o repetirla con la 
ayuda del FSE. El 12 % de los contratistas auditados 
estaba realizando una segunda experiencia-piloto o había 
presentado nuevas solicitudes de ayuda para hacerlo y 
una cuarta parte obtuvo financiación posterior del FSE, 
bien debido a que la operación iniciada con la experien­
cia-piloto se había prolongado con ayuda del Fondo, o 
bien a que el Fondo había intervenido para completar la 
financiación de la experiencia-piloto. 
7.53. Los proyectos que el FSE ha vuelto a financiar se 
caracterizaban por diversos aspectos: 
(a) las experiencias-piloto respondían a una formación 
específica; 
(b) el promotor disponía de una infraestructura estable y 
de medios adecuados (locales, personal y medios de 
formación); 
(c) el promotor conocía muy bien el sector y el medio en 
que operaba. 
lio foiarioCOticial de las Comunidades Europeas 1^1^^ 
7Bo4. En algunos casos,lacontinuacióndela acción 
iniciada por la e^perienciapiloto es más limitada, puesto 
que se trata, por ejemplo, para el promotor, de formar al 
personal que recluta. En este caso, la acción termina al 
finalizar el reclutamiento. Finalmente, algunos proyectos 
tinanciadosenconceptodee^perienciaspiloto sehan 
beneticiado de una solución compensadora cuando 
faltaba alguna de las condiciones de concesión de ayuda 
delFSE 
CEc^e^^^ 
7BÓ-Ó. ElLribunal considera que la Comisión no ha 
aprovechado lae^perienciaadquiridacon larealizacióny 
la gestión de los estudios preparatoriosylas experiencias^ 
piloto, que hubiese podido constituir una enseñanza útil 
para la continuaciónyel desarrollo de las acciones en el 
ámbito experimental del FSE,ymás concretamente^ 
t^a) en lo que respecta a la definición del campo 
experimentan 
t^i) ladetinicióninsutacientementeprecisadelcon 
cepto de proyecto innovador conduce a una 
proliteración de proyectos dispersosydescoordP 
nadóse 
^ii)laine^istencia de un programa comunitariosobre 
e^es comunes de investigación social que hubiera 
permitido la preparación de soluciones a los 
problemas de formación comunes a todos los 
Estados miembros^ 
t^b) en lo que respectaala gestión financiera, contiene 
destacara 
^i) quelamo^ilizacióndelos créditos disponibles 
sigue siendo ditícil einsulicientey no permite 
realizar una planificación concienzudas 
^ii)que no existe un seguimiento de la evolución 
materialyfinanciera de los proyectos r^el seguí 
mientodelas accionescuyarealizaciónpuede 
durar tres años no estápre^isto)yporellose 
congelan los fondos en proyectos que no serán 
realizadosoqueloseránúnicamentedeforma 
parcial^ 
^iii^que la única forma de anali^arycontrolar si los 
gastos declarados en la petición de saldo tienen 
derechoasub^ención es sobre el terrenos 
^)que no se realizaun análisis sistemático délas 
otras fuentes de financiación^ te) en lo que se retierealos resultados, hay que destacar 
la ausencias 
t^i) de un método que permita calorar los resultados 
de los estudios preparatorios y experiencias 
pilotoy,posteriormente, de las acciones específP 
cas^ 
r^ii)de coordinación de los proyectos a falta de 
programas comunitariosyla carencia de relación 
entre quienes los lle^anacabo antes, durantey 
después de la realización de acciones e^perimen 
tales similares financiadas con la ayuda del F^E^ 
tni)de una difusión adecuada de los resultados^ 
^)de una utilización eticazdeestos resultados, tanto 
en el plano de las acciones que deban emprenderá 
seen el campo social propiamentedicho, comeen 
el de la elaboración de las normasyprioridades 
que rigen las intervenciones del FSE. 
COMPROMISOS PENDIENTES 
DE LIQUIDACIÓN 
7.56. Desde 1986, la Comisión liquida más rápidamente 
los créditos comprometidos, siguiendo así las recomenda­
ciones formuladas por el Tribunal en los informes anuales 
de los ejercicios 1981 (5), 1985 (6) y 1986 (?). 
7.57. A pesar de que los compromisos pendientes de 
liquidación el 1 de enero de 1986 (8) ascendían a 
2 832,1 Mío ECU (de los que 1 022,3 Mío ECU corres­
pondían al antiguo Fondo) la Comisión, durante el 
ejercicio 1986: 
(a) pagó, de este total, 1 067,5 Mió ECU, de los que 
321,8 Mió ECU correspondían al antiguo Fondo y 
745,7 Mío ECU al actual; 
(b) liberó, para nueva utilización, 411,8 Mió ECU de 
compromisos del ejercicio 1985; 
(c) liberó para anulación 477,3 Mió ECU (de los que 
410,8 Mió ECU correspondían al antiguo Fondo y 
66,5 Mió ECU al actual) de compromisos de ejerci­
cios anteriores a 1985. 
7.58. De un total de 2 038,0 Mió ECU (264,0 Mió ECU 
correspondientes al antiguo Fondo y 1 774,0 Mió ECU 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 117 
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118 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
del actual) de compromisos pendientes de liquidación a 1 
de enero de 1987 (9), durante el ejercicio 1987, la 
Comisión: 
(a) ha pagado 966,5 Mió ECU, de los que 70,0 Mió ECU 
correspondían al antiguo Fondo y 896,5 Mió ECU al 
actual; 
(b) ha liberado para nueva utilización 460,1 Mió ECU de 
los compromisos de 1986; 
(c) ha liberado para anulación, sobre los compromisos 
de los ejercicios anteriores a 1986,214,7 Mió ECU (de 
los que 168,5 Mió ECU correspondían al antiguo 
Fondo y 42,2 Mió ECU al actual). 
7.59. A 31 de diciembre de 1987 quedaban por liquidar 
2 137,7 Mió ECU, de los que 18,2 correspondían al 
antiguo Fondo y 2 119,5 al Fondo actual, como figura en 
el cuadro 7.1. 
7.60. A 31 de diciembre de 1987 la liquidación del 
antiguo Fondo aparece prácticamente terminada. 7.61. Al Tribunal le complace el rápido finiquito de los 
expedientes, con lo que se ha aportado una mayor 
transparencia y objetividad a los compromisos pendien­
tes de liquidación. Sin embargo, se debe observar que, en 
determinados casos, la liberación y posterior anulación 
debería haberse hecho mucho tiempo antes. Por otra 
parte, otros expedientes habrían podido cerrarse antes si 
los servicios de la Comisión hubiesen fijado un plazo para 
el envío de la información complementaria solicitada a los 
organismos beneficiarios. 
7.62. El estudio de los aproximadamente 400 expedien­
tes del antiguo Fondo, finiquitados tras los pagos y 
anulaciones de compromisos efectuados en 1987, ha 
revelado que se trata principalmente de acciones aproba­
das en 1982 o en 1983. El examen de una muestra de estos 
expedientes ha permitido observar que la tramitación de 
sus peticiones de saldo no difería del procedimiento 
habitual (10). La investigación ha revelado asimismo que 
las anulaciones de compromisos estaban justificadas, 
bien debido a que los compromisos no cubrían acciones 
subvencionables o prioritarias, o bien porque los 
organismos beneficiarios no habían respetado los proce­
dimientos administrativos fijados por la Comisión para 
solicitar los saldos. 
(!) Informe Especial sobre los procedimientos y sistemas 
comunitarios y nacionales de gestión del Fondo Social 
Europeo, DO C 126 de 16.5.1988. 
(2) Reglamento (CEE) n° 2396/71 del Consejo, de 8 de 
noviembre de 1971, DO L 249 de 10.11.1971, p. 54. 
(3) Reglamento (CEE) n° 2893/77 del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1977, DO L 337 de 27.12.1977, p. 1. 
(4) Revista de la Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales y Educación, que se publica tres veces por año desde 
1984 y tiene una tirada de 7 000 ejemplares: en alemán 
(1 300), en inglés (3 000) y en francés (2 700). (5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 
1981, DOC 344 de 31.12.1982, apartados 6.8 — 6.11. 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 
1985, DO C 321 de 15.12.1986, apartados 8.19 — 8.26. 
Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 
1986, DO C 336 de 15.12.1987, apartados 2.55 — 2.58. 
Incluye ajustes por variaciones de los tipos de cambio que 
ascienden a 106,7 Mió ECU. 
Comprende ajustes por variaciones de los tipos de cambio 
que ascienden a 20 Mió ECU. 
(10) Apartados 3.22 — 3.27 del Informe Especial citado en (!). 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 119 
CEAPIPULC^ 
^sve^^s^én 
80 I^L^lC^ElOElviALE^lAS 
Introducción 
Estructura de la investigación comunitaria 
Evaluación realizada por la comisión 
El planteamiento del Lribunal 
Elaboraciónyevaluación déla aplicación del programa-marco comunitario 
198^-1987 
Elaboraciónyestructura del programa-marco 
Evaluación de la aplicación del programa-marco 
L^efinición de los programas específicos 
Forma de los documentos preparatorios 
Eficacia de las consultas 
Cuestión lenta de las consultas 
Escasos resultados de las consultas 
Influencia en la fecha de aprobación de los programas 
contenido científico específico de los programas 
CObjetivosocampos de investigación 
Selección de las propuestas de proyectos de financiación conjunta 
Introducción 
Temas de investigación admisibles 
criterios de valoración de los proyectos 
Publicidad 
El criterio de las consecuencias socioeconómicas de las propuestas 
Amplitud del trabado de valoración de las propuestas 
Intensidad de la labor de selección 
Valor de las consultas 
CAonsultaalaL^ól^l 
consulta al C^ólC^ 
^Petición de propuestasolicitaciones7 
Seguimientoyevaluacióninternadelosprogramasespecíficosydelosproyectos 
Eunción de los comités consultivos 
Seguimiento de los proyectosyde los programas por los servicios de la 
comisión 
Acción directa 
Acción indirecta 
Evaluación interna Apartados 
8.1 —8.7 
8.3 
8.4 
8.5 —8.7 
8.8 —8.15 
8.8 —8.12 
8.13 —8.15 
.16 
.16 
.19 
.19 
.21 
.24 
.25 
.27 .33 
.18 
.24 
.20 
.23 
.26 
.33 
.34 — 8.58 
.34 
.35 -
.37 -
.44 -
.46 
.47 -
.49 -
.51 -
.51 
.52 -
.56 -36 
43 
45 
48 
50 
55 
55 
58 
.59 
.59 
.62 
.62 
.64 
.67 .70 
.61 
.66 
.63 
.66 
.70 
Evaluación externa de los programas específicos 8.71 — 8.84 
120 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Evolución de los métodos de la Comisión 
Evaluación del programa plurianual del CCI durante su realización 
Organización y calendario de las evaluaciones 
Contenido de la evaluación 
Consulta a los usuarios potenciales 
Composición de los grupos de evaluación externa 
Curso dado a las recomendaciones de los grupos de evaluación 
Conclusiones generales .71 
,72 
.75 
,79 
.81 
82 
84 — 8.74 
— 8.78 
— 8.80 
— 8.83 
8.85 — 8.86 
INTRODUCCIÓN (b) la acción indirecta (investigación efectuada mediante 
contratos de financiación conjunta con organizacio­
nes localizadas en los Estados miembros); 
8.1. Este capítulo trata de los procedimientos de 
valoración de los programas comunitarios de investiga­
ción científica y técnica. Es la primera vez que el Tribunal 
realiza un examen monográfico de los procedimientos 
que la Comisión utiliza para evaluar los programas de 
investigación y para que los resultados de estos exámenes 
sirvan para perfeccionar los instrumentos de investiga­
ción de modo que puedan servir mejor a los objetivos 
económicos y sociales de la Comunidad. (c) la acción concertada (investigación efectuada y 
financiada por organizaciones nacionales, pero 
coordinada por la Comisión). 
Evaluación realizada por la Comisión 
8.2. Al realizar este trabajo el Tribunal no ha pretendi­
do medir la utilidad de la investigación o de los programas 
específicos. El examen tampoco se ha ocupado de las 
estructuras de gestión interna de la Comisión (por 
ejemplo, el Centro Común de Investigación), ni de los 
procedimientos que emplea para lograr una difusión y 
una utilización eficaces de los resultados de la investiga­
ción. 
Estructura de la investigación comunitaria 8.4. Hasta 1978, la valoración de los programas 
comunitarios de investigación fue efectuada principal­
mente por la Comisión y por una serie de «Comités 
Consultivos en Materia de Gestión de Programas» 
(CCMGP) compuestos por expertos nacionales. Sin 
embargo, en 1979 la Comisión inició la presentación de 
propuestas de creación de un sistema de valoración de los 
resultados de los programas de investigación, que 
condujeron a la publicación, en 1983, de un plan de acción 
comunitaria de valoración (3), pensando que tendría un 
papel clave en el programa-marco 1984-1987 i1). Como 
consecuencia de este plan de acción, las actividades de 
evaluación de la Comisión se han desarrollado de la 
manera siguiente: 
8.3. La investigación comunitaria se encuadra en un 
programa-marco de actividades de investigación y de 
desarrollo tecnológico. Los dos primeros programas-
marco abarcan los períodos 1984-1987 (l) y 1987-
1991 (2). Cada uno integra todos los programas de 
investigación de esos años. Estos programas se subdivi-
den, a veces, en subprogramas, y siempre en un gran 
número de proyectos individuales. Los programas se 
llevan a la práctica por diversos medios, entre los que se 
cuentan principalmente: 
(a) la acción directa (investigación realizada en las cuatro 
sedes del Centro Común de Investigación) (CCI); (a) los métodos de valoración interna se modificaron, 
principalmente mediante la sustitución de los 
CCMGP (4) por un número menor de Comités 
Consultivos de Gestión y de Coordinación (CGC) (5), 
y por la creación de un Consejo de Administración y 
de un Consejo Científico (6) en el Centro Común de 
Investigación; 
(b) en 1986, la Comisión presentó al Parlamento y al 
Consejo una valoración interna de la aplicación de 
sus programas de investigación durante el período 
1983-1985 (7); 
0) Las notas aparecen al final del capítulo. (c) se estableció un sistema de valoración externa y 
retrospectiva (a posteriori) de los programas específi-
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 121 
eos de investigación por grupos de expertos, bajo la 
coordinación de una División de la Comisión, 
especializada e independiente de la gestión de los 
programas. Así, a finales de 1987, a pesar de la falta 
de recursos presupuestarios, se han publicado o están 
en proceso de publicación 27 informes de evaluación 
que cubren la mayor parte de los campos de 
investigación; 
(d) en 1987, la Comisión presentó al Consejo un segundo 
plan de acción comunitaria (8) de valoración de la 
investigación en el nuevo programa-marco (1987-
1991) (2). Este plan, así como el programa-marco 
mismo, dispone que todos los futuros programas 
específicos de investigación (cuya duración será 
normalmente de cuatro o cinco años) se someterán a 
una valoración externa e independiente. La Comisión 
promoverá también la investigación mediante un 
programa especial sobre metodología de la valora­
ción. 
El planteamiento del Tribunal 
8.5. Para evaluar los procedimientos de la Comisión, el 
Tribunal seleccionó cuatro áreas de investigación de la 
Dirección General de Ciencia, Investigación y Desarrollo 
(DG XII) y sobre las que un grupo de expertos externos 
había realizado un informe de evaluación retrospectiva 
entre 1985 y 1987. Las valoraciones que se seleccionaron 
figuran entre las últimas para las que existe un informe 
disponible. A finales de 1987 no se había terminado 
ninguna valoración efectuada de acuerdo con el nuevo 
plan (8). Las cuatro áreas estudiadas han sido las 
siguientes: 
(a) materias primas (dos programas de acción indirecta, 
durante el período 1978-1985); 
(b) medio ambiente (cinco programas de acción directa, 
indirecta (9) y concertada, durante el período 1976-
1987); 
(c) energía no nuclear (cuatro programas de acción 
directa e indirecta (10) durante el período 1979-1987); 
(d) garantía y gestión de materiales fisibles (dos progra­
mas de acción directa, que cubren el período 1980-
1987). 
8.6. La dotación aprobada por el Consejo para estos 13 
programas es de 707,4 Mió ECU, de los que 176,4 Mió 
ECU (créditos para compromisos) estaban disponibles 
únicamente para el ejercicio 1987 (es decir, el 21,5 % del 
capítulo B 73). 8.7. El examen del Tribunal sobre los procedimientos de 
la Comisión y los programas de investigación antes 
mencionados ha abarcado las siguientes fases del proceso 
de valoración, cada una distinta aunque complementaria 
de las demás y conteniendo a la vez elementos de 
evaluación previa y retrospectiva: 
(a) elaboración y evaluación del programa-marco comu­
nitario 1984-1987 (!) (apartados 8.8 a 8.15); 
(b) definición de los programas específicos (apartados 
8.16 a 8.33); 
(c) selección de las propuestas de proyectos de financia­
ción conjunta (apartados 8.34 a 8.58); 
(d) seguimiento y evaluación interna de los programas 
específicos y de los proyectos (apartados 8.59 a 8.70); 
(e) evaluación externa de los programas específicos 
(apartados 8.71 a 8.84). 
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA-MARCO 
COMUNITARIO 1984-1987 
Elaboración y estructura del programa-marco 
8.8. El primer programa marco de actividades de 
investigación, desarrollo y demostración cubrió el 
período 1984-1987 (l). Pretendía alcanzar ocho grandes 
objetivos científicos y técnicos mediante diversos progra­
mas, cada uno destinado a uno o varios de los objetivos. 
En 1983 la Comisión creyó conveniente agrupar los 
programas específicos de investigación en « programas de 
actividad de investigación » (PAR), a través de los que se 
aplicaba el programa-marco. Esta nueva estructura, que 
creaba un escalón intermedio de programación entre el 
programa-marco y los programas específicos, tenía como 
objetivo «aumentar la eficacia de las evaluaciones al 
proporcionar una definición exacta, no solamente de los 
objetivos de los programas cuyos resultados se evalua­
rían, sino también de las prioridades socioeconómicas 
que les dan origen». Se había previsto también que el 
122 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Consejo no aprobaría los programas individualmente, 
sino que lo haría a través de los PAR. 
8.9. Inicialmente, los PAR debían agrupar en una sola 
Dirección las investigaciones de un mismo campo, con 
independencia del modo en que se realizan. Por diversas 
razones, entre otras las diferencias de calendarios, la 
interconexión de determinados programas y el hecho de 
que los servicios de la Dirección General «Ciencia, 
Investigación y Desarrollo »(DG XII) estuvieran en gran 
medida estructurados en función de una gestión diferente 
de cada programa específico, esta iniciativa fue abando­
nada. Al instituir los PAR, la Comisión pretendió que 
cumplieran una función sin crear los órganos de gestión 
correspondientes. Se nombró un coordinador para cada 
PAR sin alterar la organización de los servicios, con lo 
que se hacían difíciles de gestionar y más teóricos que 
reales. El Consejo nunca llegó a adoptarlos y los 
programas siguieron aprobándose de modo individual. 
8.10. Como consecuencia de esto, la coordinación entre 
los programas del CCI y sus correspondientes programas 
de acción indirecta sigue siendo difícil. El calendario y la 
duración de éstos son diferentes; su preparación ha de ser 
distinta. Debido a esta falta de coincidencia en el tiempo y 
aunque la Comisión pretende que exista una valoración 
retrospectiva integrada de los diferentes programas, es 
difícil encontrar el momento adecuado para llevarla a 
cabo (véase apartado 8.77). En el futuro, la Comisión se 
propone mejorar la coordinación de las acciones directas 
e indirectas por medio de diversos comités consultivos. 
Hay que señalar que este paso, aunque necesario, no es 
suficiente. Sin volver a los PAR, la Comisión tiene la 
obligación de garantizar por sí misma la complementarie-
dad y la coordinación de los diferentes medios de 
realización de los objetivos del programa-marco. 
8.11. Por otra parte, la Comisión debería continuar 
esforzándose para reducir sensiblemente el número de 
programas que se presentan al Consejo (en 1987, se 
estaban realizando aún 32 de los programas que había 
aprobado), con lo que se facilitaría su preparación y se 
lograría la coordinación deseada. 
8.12. De este modo, la Comisión facilitaría también la 
valoración de los resultados de una misma área, a pesar de 
la diversidad de los medios aplicados. Evaluación de la aplicación del programa-
marco 
8.13. El primer plan de acción comunitaria para la 
valoración de programas de investigación y de desarrollo 
comunitarios (1983-1986) (3) contemplaba la evaluación 
de todos los programas específicos, aunque también hacía 
alusión a valoraciones combinadas, en particular en lo 
relacionado con los PAR. Como las estructuras de 
gestión de éstos últimos quedaron reducidas a algo 
puramente formal (véase apartado 8.9), el período 1984-
1987 se caracterizó por la falta de un procedimiento 
organizado de evaluación de los resultados de los grandes 
objetivos del programa-marco. 
8.14. No obstante, en 1986 la Comisión presentó un 
informe (7) sobre el avance del programa-marco 1984-
1987 con la finalidad de apoyar una propuesta de nuevo 
programa-marco 1987-1991. En él se examinan los ocho 
grandes objetivos del primer programa-marco y se 
valoran sus principales deficiencias. Para el Tribunal el 
informe adolece de los siguientes defectos: 
(a) su autor pertenece al grupo gestor en lugar de ser un 
grupo de expertos independientes. Casi nunca se basa 
en evaluaciones particulares de programas específicos 
y cuando tales valoraciones se han efectuado, el 
informe no siempre recoge sus conclusiones y 
recomendaciones esenciales; 
(b) sólo en algún caso excepcional (fusión) aparecen 
cifras que permiten apreciar la amplitud, la calidad o 
los efectos de los resultados obtenidos. Apenas se 
realizan comparaciones entre las situaciones de 
partida, los objetivos y los resultados, ni desde un 
punto de vista científico ni económico; 
(c) los conocimientos obtenidos de experiencias pasadas 
deberían ponerse más de relieve. No se explican los 
motivos que han llevado a abandonar programas y 
por ello se hace más difícil comprender su desarrollo; 
(d) apenas se hace referencia al interés comunitario de los 
resultados obtenidos o previstos, a su difusión y, 
sobre todo, a su utilización. 
8.15. El programa-marco es el instrumento clave de 
planificación a medio plazo de los objetivos científicos y 
de los aspectos financieros. Es indispensable que la 
Comisión se esfuerce por evaluar mejor la aplicación y la 
validez actual del programa-marco 1987-1991, como la 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 123 
decisión del Consejo correspondiente (2) le exige que haga 
durante su tercer año de vigencia. Según el Tribunal, esta 
valoración debe comprobar su influencia en la prepara­
ción y la aprobación de programas específicos, el respeto 
de las orientaciones tanto científicas como financieras y 
los resultados obtenidos o previstos de los programas 
específicos conexos. 
DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 
Forma de los documentos preparatorios 
8.16. Los trabajos preparatorios de la Comisión tienen 
como finalidad presentar una propuesta al Consejo. Para 
facilitar la tarea de este último, la propuesta se redacta 
directamente en forma de Decisión, con un preámbulo, el 
texto articulado y un anexo científico, que se publica en el 
Diario Oficial (serie C). Por lo tanto, hay una coherencia 
formal entre la propuesta y la decisión del programa; 
únicamente la exposición de motivos no se incluye. Sería 
conveniente, teniendo en cuenta lo anterior, que la 
Comisión preparase un texto formalmente jurídico de 
decisión cuyas versiones sucesivas pudieran adaptarse de 
acuerdo con las distintas necesidades. 
8.17. La evolución de los textos preparatorios del 
programa de investigación de financiación conjunta 
1985-1988 en el campo de la energía no nuclear (n) es 
especialmente confusa. Durante el año 1982 se elabora­
ron varios documentos de longitud, texto y contenido 
distintos, sin que ninguno estuviera estructurado en 
forma de decisión, ni siquiera el de diciembre de aquel 
año, calificado, no obstante, de «anteproyecto de 
propuesta» y sobre el que la Dirección General de 
Investigación consultó a otras diez Direcciones Generales 
de la Comisión en mayo de 1983. 
8.18. La evolución de los trabajos para elaborar el 
subprograma de investigación con financiación conjunta 
de protección del medio ambiente 1986-1990 (12) muestra 
en parte que es posible proceder de forma distinta. Desde 
el primer documento preparatorio formal, elaborado por 
la DG XII antes de las primeras consultas, en el último 
trimestre de 1984, las reflexiones sobre el objetivo del subprograma se concretaron en un anexo titulado 
«contenido científico del programa», muy próximo en la 
forma (y en el fondo) al anexo científico de la decisión. 
Eficacia de las consultas 
Gestión lenta de las consultas 
8.19. La Comisión efectúa muchas consultas: desde la 
fase «proyecto de propuesta de programa» de acción 
indirecta «medio ambiente» (último trimestre de 1984), la 
Dirección General de Investigación consultó al CCI, al 
Servicio Jurídico, a nueve Direcciones Generales de la 
Comisión y al CGC. Para el programa de acción indirecta 
de energía nuclear se consultaron diez Direcciones 
Generales. Ya en forma de propuesta, estos mismos 
programas dieron lugar a una consulta oficial al Comité 
para la Investigación Científica y Técnica (CREST), al 
Comité Económico y Social y al Parlamento. En el caso 
del programa de medio ambiente, el Parlamento se 
pronunció tras el dictamen de tres de sus comisiones 
(medio ambiente, política industrial e investigación). El 
Consejo se basó en los trabajos de su grupo de 
investigación y del CREST ya citado. A su vez, los 
programas del CCI comportan consultas al Consejo 
Científico, al CGC competente, al Consejo de Adminis­
tración, al Comité Científico y Técnico (CST) o al 
CREST, al Comité Económico y Social y al Parlamento. 
8.20. Estas consultas consumen un tiempo considera­
ble. Las que se hicieron sobre el proyecto llevaron unos 
ocho meses en el caso del programa del medio ambiente y 
seis en el de energía no nuclear. Las consultas sobre la 
propuesta duraron otros diez meses para el medio 
ambiente y dieciséis para la energía no nuclear. Las 
consultas hacen que el tiempo necesario para preparar la 
decisión se duplique con creces. 
Escasos resultados de las consultas 
8.21. Parece que las instancias consultadas centran sus 
observaciones en las cuestiones financieras del programa 
porque tienen poco que decir sobre la esencia del mismo. 
En cuanto al subprograma de protección del medio 
ambiente (12), las modificaciones introducidas tras di ver-
124 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
sas consultas son relativamente poco importantes, aparte 
de la reducción del paquete financiero impuesta por el 
Consejo. Poco importantes, no solamente en relación con 
la propuesta oficial de julio de 1985, sino también con el 
primer «proyecto de propuesta» del último trimestre de 
1984. De 20 temas de investigación, 16 aparecen en la 
decisión en los mismos términos que en el proyecto de 
propuesta. Solamente el 12 % de los subtemas se 
introducen o modifican en alguna de las fases del proceso. 
A menudo estas modificaciones son mínimas, de forma 
más que de fondo. Las instancias puramente políticas 
(Parlamento y Consejo), que, además concretan sus 
aspiraciones en enmiendas, son las únicas que alcanzan el 
fin que persiguen. 
8.22. Aparte de añadir un subprograma de hidrocarbu­
ros, el anexo sobre el contenido científico del programa de 
energía no nuclear de acción con financiación conjunta 
no sufrió ninguna modificación desde la propuesta a la 
decisión (n) a pesar de las consultas efectuadas. 
8.23. El CCMGP (4) emitió en 1982 un dictamen sobre 
el proyecto de programa de energía no nuclear del CCI 
para el período 1984-1987. Tras la supresión del proyecto 
«Super Sara», la Comisión presentó al Consejo una 
propuesta muy distinta que, en varios aspectos importan­
tes, no tomaba en cuenta este dictamen. Sin embargo, la 
Comisión no ha consultado previamente a este último 
organismo sobre la propuesta, que en gran parte era una 
novedad. 
Influencia en la fecha de aprobación de los programas 
8.24. Por todos estos motivos, es necesario realizar una 
simplificación profunda de los procedimientos de consul­
ta. Además del retraso causado por el Consejo, la lentitud 
de los procedimientos de consulta es la razón directa de la 
aprobación tardía de los programas. El cuarto programa 
de investigación « medio ambiente »(acción indirecta) (! 2) 
fue aprobado el 10 de junio de 1986, cuando en realidad 
debía comenzar el 1 de enero del mismo año. La decisión 
del Consejo por la que se aprobaba el programa de 
investigación de energía no nuclear 1985-1988 (acción 
indirecta) (n) es del 12 de marzo de 1985, cuando el 
programa anterior (13) finalizaba oficialmente el 30 de 
junio de 1983, aunque la Comisión había publicado una 
propuesta el 16 de junio de ese mismo año y los retrasos 
posteriores se debieron en gran medida a razones 
presupuestarias ajenas al procedimiento de elaboración 
del programa. Pero esta fecha ya era demasiado tardía: al 
retraso calculado desde el final del programa anterior, 
hay que añadir el período mínimo de lanzamiento de un 
programa, desde su aprobación hasta la firma de los 
primeros contratos (ocho meses, en el caso del subprogra­
ma de protección del medio ambiente). El Tribunal 
considera, por lo tanto, que las decisiones de programa 
deberían tomarse por lo menos un semestre antes del 
comienzo del período cubierto. Contenido científico específico de los 
programas 
8.25. El contenido científico de las decisiones con las 
que el Consejo aprueba los programas es aparentemente 
bastante preciso y detallado, pero esta precisión es en 
parte ilusoria: aunque los temas señalados constituyen un 
marco que no se debe sobrepasar, la Comisión puede, 
intencionadamente o a falta de propuestas satisfactorias, 
dejar de emprender acciones relacionadas con algunos de 
ellos. Por ejemplo, los subtemas de investigación del 
subprograma de protección del medio ambiente corres­
pondientes al período 1986-1990 (12) «se mencionan a 
título indicativo », lo que autoriza a la Comisión tanto a 
añadir nuevos temas como a abandonar otros. 
8.26. Esta libertad de acción de la Comisión es aún 
mayor, en primer lugar porque los grandes temas de 
investigación están formulados de un modo muy general 
(como, por ejemplo, «calidad del aire», «energía solar») 
y, lo que es más importante, porque el Consejo hizo la 
asignación financiera de los programas por grandes 
grupos (los nueve grandes temas de la energía no nuclear, 
los tres subprogramas del medio ambiente) de modo que 
el reparto entre subtemas es libre. A la vista de esta 
flexibilidad cabe preguntarse qué queda del concepto de 
programación a medio plazo de la investigación por el 
Consejo. 
Objetivos o campos de investigación 
8.27. La Comisión y el Consejo utilizan frecuentemente 
en los documentos relacionados con la investigación, el 
término «objetivos». La Comunidad, en el programa-
marco 1987-1991 (2) y de conformidad con el Acta Única 
Europea (Artículo 130 I), fija «los objetivos científicos y 
técnicos de sus acciones »(7o Considerando de la Decisión 
del Consejo de 28 de septiembre 1987 relativa al programa 
marco). En los programas las denominaciones del anexo 
científico se presentan unas veces como objetivos (por 
ejemplo, en el programa de acción indirecta 1985-1988 
para la energía no nuclear (u)), otras veces como 
«temas » o « asuntos » de investigación (como en el caso 
del programa medio ambiente 1986-1990 de acción 
indirecta (12)) y otros, como «campos» de investigación 
(por ejemplo, en el programa de materiales de 1986-
1989 (14)). 
8.28. En el estado actual de la definición de los 
programas específicos, este empleo del término «objeti­
vos » constituye un abuso de lenguaje. Un objetivo es un 
resultado controlable que se alcanza en un plazo 
determinado, lo que no es el caso en los programas donde 
sólo existen áreas de investigación, sin fijación de 
objetivos reales ni mención de los instrumentos de 
medición de resultados. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 125 
8.29. A pesar del esfuerzo realizado por el Centro 
Común de Investigación en 1984 y 1985 para establecer 
objetivos detallados y proceder a una verdadera planifica­
ción de la investigación en el marco de su programa 1984-
1987 (15), en el programa específico de energía no nuclear 
no se identificaron los resultados que deberían alcanzar­
se, ni se de'finieron los indicadores cuantitativos y 
cualitativos para evaluar dichos resultados. 
8.30. Al no determinarse correctamente los objetivos, 
los medios financieros necesarios son difíciles de calcular. 
La financiación del programa de materiales 1986-
1989 (14) se redujo de 110 a 75 Mió ECU entre la 
propuesta inicial y la decisión final sin que se produjera 
una reducción paralela de la lista de los temas que, por el 
contrario, fue ampliada por el Parlamento. Asimismo, el 
Consejo redujo la financiación del programa de medio 
ambiente 1986-1990 (12) de los 115 Mió ECU propuestos 
por la Comisión a 75 Mió ECU, sin disminuir su 
contenido salvo en relación a los riesgos tecnológicos 
mayores. Se puede hacer la misma observación en el 
programa de acción indirecta de energía no nuclear 1985-
1988 (n) cuya definición científica no fue alterada a pesar 
de una reducción drástica de los recursos concedidos, que 
pasaron de 379 Mió ECU en la propuesta, a solamente 
175 Mió ECU, en la decisión. 
8.31. Sin embargo, es muy conveniente que se definan 
los objetivos de los programas. En primer lugar, la 
programación sería mucho más concreta, con lo que se 
daría un alcance exacto a las acciones que fueran a 
emprenderse y se lograría una mayor coordinación en los 
equipos de investigadores encargados de realizarlas. En 
segundo lugar, se podrían fijar de modo más realista los 
recursos de las acciones. Por último, la existencia de 
objetivos permitiría un mejor control de la realización de 
los trabajos y una verdadera evaluación de los resultados 
comparándolos con los objetivos fijados. 
8.32. Aunque se aspire a ella, quizá la fijación de 
objetivos no se pueda llevar a la práctica. El Tribunal es 
consciente de que los intentos imprudentes por tratar de 
«cuantificar lo incuantificable» y por exigir resultados 
verificables en campos donde esta lógica no existe, 
pueden conducir, como contrapartida negativa, a una 
definición muy simplista de los objetivos y constituir un 
ejercicio artificial, reductor de la complejidad del campo 
previamente definido. Además, al alejarse de la investiga­
ción aplicada para acercarse a la teoría, se hace más difícil 
predecir los resultados. Dando su justo valor a los 
obstáculos existentes, el Tribunal recomienda a la 
Comisión que acreciente sus esfuerzos para definir los 
programas comunitarios de investigación en función de 
verdaderos objetivos. 
8.33. El examen del programa de acción directa de 
energía no nuclear muestra que es posible identificar y 
cuantificar los resultados alcanzados en este campo de investigación. El informe sobre «La naturaleza y la 
calidad de los resultados de la investigación del centro de 
Ispra», publicado en marzo 1987 por la división de 
estudios preparatorios del centro, permitió en gran 
medida hacer extensivas las conclusiones al conjunto de 
las actividades del CCI, que debería adoptar, teniendo en 
cuenta los resultados del informe, sus procedimientos de 
elaboración y de definición de programas. La misma 
orientación es válida, por analogía, para los programas de 
acción indirecta o, al menos, para los proyectos que los 
componen. 
SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 
PROYECTOS DE FINANCIACIÓN 
Introducción 
8.34. Para que no se produzcan malentendidos en las 
relaciones entre la Comunidad y los investigadores, los 
campos de investigación y los criterios de selección deben 
hacerse públicos y ser claros y estables. Otra condición del 
éxito, una vez recibidas las propuestas, es que el trabajo 
de selección sea adecuado y eficaz. El análisis que sigue 
examina si estas condiciones se cumplen actualmente. 
Temas de investigación admisibles 
8.35. La lista de los temas de investigación admitidos no 
varía a lo largo del proceso. Cuando el Consejo reduce, a 
veces drásticamente, la asignación financiera de un 
programa o subprograma, no modifica el anexo científi­
co, aunque la Comisión se ve obligada a hacerlo. 
Determinados campos de investigación, aunque previstos 
en los programas, se omiten en las convocatorias de 
propuestas, o en las notas detalladas que se envían a 
quienes las presentan. Tras cinco peticiones de propuestas 
escalonadas desde marzo de 1985 a agosto de 1987 (16), 
4 de los 37 temas del programa de energía no nuclear se 
han quedado en letra muerta y otras han sufrido fuertes 
reducciones. La petición de propuestas del subprograma 
de climatología (17) omite dos temas; la nota detallada del 
subprograma de protección del medio ambiente (18) 
omite otros seis y excluye explícitamente dos. Los temas 
omitidos en las peticiones de propuestas pero sobre los 
que se ha decidido por acuerdo directo no se han incluido 
en la relación anterior. 
126 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
8.36. La denominación de determinados temas o 
subtemas de investigación cambia de un documento a 
otro. Por ejemplo, en las convocatorias de propuestas, la 
«producción y gestión de yacimientos» aparece como 
« acondicionamiento y gestión de depósitos»; la « econo­
mía de la energía en edificios» pasa a ser «ahorro de 
energía en viviendas», etc. La lista informatizada de los 
temas elementales de investigación relacionados con la 
protección del medio ambiente difiere un poco de la de la 
convocatoria de propuestas. Una programación rigurosa 
exige que las denominaciones y los títulos sean estables. 
Criterios de valoración de las propuestas 
8.37. Los criterios de selección también se formulan a 
veces de forma ambigua o variable; se encuentran en los 
siguientes documentos: 
(a) en las normas internas de gestión de los programas de 
la Comisión (agosto 1986) (19); 
(b) en una decisión de la Comisión de 19 de noviembre de 
1986 (documento incluido sin referencias en el 
expediente); 
(c) en la convocatoria de propuestas de investigación; 
(d) en las notas explicativas que se incluyen en el 
expediente enviado a los que han presentado propues­
tas. 
8.38. Los servicios de la Comisión aplican estos criterios 
a través de impresos de valoración de propuestas que 
carecen de la suficiente coherencia. 
8.39. El impreso de valoración de las propuestas de 
energía no nuclear no contiene ni el criterio de calidad 
científica de quien presenta la propuesta (que figura, sin 
embargo, en la convocatoria de propuestas), ni el de 
relación coste-beneficio de la propuesta, ni el de posibles 
aplicaciones industriales. 
8.40. Con el fin de evitar que los costes de gestión 
administrativa sean demasiado elevados por haber un 
número excesivo de pequeños proyectos, las normas 
internas (agosto 1986) disponían que el Director General 
de Investigación limitara el porcentaje de proyectos que 
podrían acogerse a una subvención comunitaria anual 
inferior a 80 000 ECU. La Decisión de 19 de noviembre 
1986 aumentó este límite a 100 000 ECU y definió 
claramente los casos excepcionales cuya subvención podría ser inferior a esta cifra. En realidad, la dimensión 
óptima de los proyectos varía mucho de un área a otra por 
lo que es difícil tomar decisiones de alcance general. La 
DG XII debería mantener el principio de que exista una 
subvención mínima pero debería adoptar este límite en 
función del programa de que se trate. 
8.41. El impreso de valoración de las propuestas de 
protección del medio ambiente no refleja con fidelidad los 
criterios aplicables. En este documento no figuran los 
criterios de los 80 000 ECU, de viabilidad, ni de 
colaboración internacional. 
8.42. La clasificación de las propuestas de investigación 
sobre la protección del medio ambiente se ha efectuado de 
acuerdo con tres escalas diferentes. Los servicios de la 
DG XII utilizaron una clasificación con cuatro grados 
(prioritario, posible financiación, financiable tras nego­
ciación y rechazado). La DG XII consultó a la Dirección 
General de Medio Ambiente, Proteción de los Consumi­
dores y Seguridad Nuclear (DG XI) mediante un impreso 
simplificado que sólo contenía tres grados, bastante 
distintos a los anteriores. El CGC (5) clasifica las 
propuestas según una escala con redacción y clasificación 
diferentes. Estas disparidades no favorecen la clasifica­
ción homogénea de las propuestas. 
8.43. En los programas de medio ambiente, energía no 
nuclear y materiales, no existe ninguna tabla ni instruc­
ción que expliquen el modo de convertir la valoración 
analítica por criterios en una apreciación global que 
clasifique las propuestas en tres o cuatro categorías. Por 
lo tanto, es difícil juzgar cómo y con qué peso se han 
aplicado los criterios. 
Publicidad 
8.44. La Comisión sólo publica sus convocatorias de 
propuestas en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, cuando le resultaría provechoso darles una 
mayor publicidad en las principales revistas técnicas. 
8.45. Por otra parte, la publicidad de los criterios de 
selección es incompleta. Por ejemplo, en las convocato­
rias de propuestas del programa de energía no nuclear no 
se hacen constar los criterios de la relación coste-beneficio 
y duración-beneficio. En las convocatorias de propuestas 
y notas explicativas del medio ambiente no figuran ni el 
criterio de viabilidad de las propuestas ni, a excepción del 
subprograma de protección del medio ambiente, los 
criterios de calidad científica de quien la presenta ni sobre 
su calidad, originalidad y utilidad. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 127 
El criterio de las consecuencias 
socioeconómicas de las propuestas 
8.46. Las propuestas de investigación raramente indi­
can quiénes serán los usuarios de los resultados y cuáles 
los plazos previstos para aplicación de los mismos. 
Tampoco se explica claramente la posible incidencia 
socioeconómica de los trabajos propuestos. La Comisión 
facilitaría la tarea de los evaluadores si exigiera a los 
peticionarios que prepararan propuestas más documen­
tadas a este respecto o, incluso, que justificaran el interés 
del sector industrial en cuestión por las propuestas, 
mediante la fórmula del mecenazgo industrial. 
Amplitud del trabajo de valoración 
de las propuestas 
8.47. La Comisión recibió más de 1 700 propuestas 
científicas para el subprograma de protección del medio 
ambiente 1986-1990. El servicio de evaluación estaba 
compuesto por siete personas que se repartían las 
propuestas y que, para determinados temas, contaban 
con la colaboración de asesores; aún así tardaron casi un 
año (de octubre de 1986 a octubre de 1987) en terminar 
este considerable trabajo. Ahora bien, el CGC competen­
te emitió su dictamen sobre estas 1700 propuestas en ocho 
reuniones de uno o dos días; en cada sesión podía tener 
que examinar hasta varios cientos de propuestas (casi 600 
los días 5 y 6 de mayo de 1987), y algunas de ellas se 
reexaminaron durante varias sesiones sucesivas. Sobre el 
85 % de las propuestas se dictaminó sin discusión. 
8.48. El CCMGP del programa materiales 1982-
1985 (20) examinó las 325 propuestas correspondientes en 
cinco días. Unas condiciones de trabajo tales no pueden 
considerarse adecuadas. 
Intensidad de la labor de selección 
8.49. El trabajo de valoración de las propuestas del 
subprograma de protección del medio ambiente se 
concentró en un año, para un programa que abarcaba 
cinco años. Esta excesiva concentración no está solamen­
te relacionada con la periodicidad de los programas, sino 
con toda una serie de causas. Por una parte, el 
subprograma de protección del medio ambiente fue 
objeto de una sola convocatoria de propuestas, escalona­
das en dos fechas límite de presentación muy próximas. El 
primer contrato no se firmó hasta marzo de 1987, es decir, 
14 meses después del principio teórico de un programa 
aprobado por el Consejo, con casi un semestre de retraso. Por otra parte, para compensar la reducción de créditos 
que había impuesto durante la concertación con el 
Parlamento, el Consejo aceptó, y el Presidente de la 
Comisión prometió por escrito al Parlamento, que el 
programa se comprometería en dos años (1987 y 1988). 
Estas causas hicieron que el programa se lanzara 
precipitadamente. 
8.50. Para que esta situación no se produzca es 
indispensable aprobar los programas mucho antes de su 
comienzo, descomponerlos en varias peticiones de 
propuestas escalonadas, como se hizo en el programa de 
energía no nuclear e, incluso, ampliar ligeramente en 
algunos el límite inferior de financiación de los proyectos 
con el fin de reducir su número. 
Valor de las consultas 
Consulta a la DG XI 
8.51. Aunque la consulta a la Dirección General XI 
(medio ambiente) sobre el proyecto de programa del 
mismo área está justificada por el hecho de que dicho 
programa establece las bases científicas de la política 
comunitaria del medio ambiente, es criticable que se le 
consulte sobre el valor de las propuestas. Fue consultada 
sobre expedientes de propuesta más simples y se le pidió 
que cumplimentara un impreso de evaluación muy 
abreviado. Además, sólo respondió a un pequeño 
porcentaje (alrededor del 20 %) de las propuestas. El 
Tribunal considera que una consulta en estas condiciones 
no aporta ningún elemento significativo. 
La consulta al CGC 
8.52. Aunque las normas internas de gestión de 
programas (19) (apartado 252) precisan que la Comisión 
debe comunicar sus dictámenes sobre las propuestas al 
CGC (5), esta comunicación no es conveniente porque 
lleva al CGC a pronunciarse del mismo modo que la 
Comisión. En el programa de energía no nuclear la 
Comisión transmitió, por escrito y por adelantado, su 
postura respecto a las propuestas. En el programa de 
medio ambiente, sin embargo, el servicio competente de la 
Comisión, temiendo que el CGC aceptase todas sus 
valoraciones sin examinarlas críticamente, decidió comu­
nicarlas sólo oralmente y durante una sesión. Esto 
constituye un claro avance, pero la Comisión debería 
tratar de llegar aún más lejos absteniéndose de pronun­
ciarse a favor o en contra y limitándose a facilitar al CGC 
128 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
toda la ayuda técnica necesaria. La Comisión solicita el 
dictamen del CGC y no a la inversa. 
8.53. Las actas de las sesiones de los CGC muestran que 
éstos valoran solamente el mérito científico de las 
propuestas sin relacionarlo con su coste. Está claro que, al 
disponer de una financiación limitada, corresponde a la 
Comisión tener más en cuenta la relación coste-beneficio 
de las propuestas. 
8.54. El CGC del medio ambiente no fue riguroso a la 
hora de aplicar los criterios de selección, ya que su 
«generosidad» le llevó a dictaminar a favor de financia­
ciones que representaban aproximadamente tres veces los 
recursos disponibles. De unas 1 700 propuestas, los 
dictámenes favorables del CGC a finales de 1987 eran 
aproximadamente 600, para unas posibilidades de 
financiación de alrededor de 200 propuestas. Comoquie­
ra que toda selección comporta una eliminación, está 
claro que es más difícil reducir 600 propuestas a 200 que 
1 700 a 600, con lo que la Comisión debe hacer el trabajo 
más delicado al tener que realizar la última selección. En 
el CGC de energía no nuclear se observa la misma 
«benevolencia». 
8.55. Las motivaciones, principalmente preferencias 
nacionales, de cada delegación en los CGC interfieren con 
sus preocupaciones científicas con lo que se pueden 
desvirtuar sus decisiones. 
¿Petición de propuestas o licitaciones ? 
8.56. El empleo del término «licitaciones» se justifica 
cuando se trata de solicitudes de propuestas sobre 
proyectos concretos, como es habitual en la industria y las 
obras públicas; en la mayoría de los casos, sin embargo, 
no es aplicable a la investigación. En este terreno, los 
interesados deben definir libremente sus propuestas sobre 
las distintas áreas, teniendo en cuenta normas bastante 
generales. Por lo tanto la Comisión emplea, justificada­
mente, el término «petición de propuestas». 
8.57. Esta libertad de propuesta ha prevalecido en 
relación al medio ambiente, excepto en lo que se refiere al 
ruido ambiental y los efectos de las sustancias contami­
nantes en la salud. En materia de energía no nuclear, por 
el contrario, los verdaderos «proyectos» han sido más 
numerosos («Building 2 000», prototipos de grandes 
molinos eólicos, instalaciones piloto de conversión de 
biomasa, mapa solar de África, etc.). 
8.58. Al igual que cuando se definen los programas se 
pueden marcar verdaderos «objetivos» o simples «cam­
pos de investigación», en las convocatorias de propuestas 
se pueden imponer «proyectos» concretos o permitir la libertad de propuestas. Las mismas razones citadas a 
favor de verdaderos objetivos sirven para los «proyec­
tos». Desde el punto de vista de la valoración, es 
claramente preferible, cuando sea posible, recurrir al 
procedimiento de licitación sobre proyectos concretos. 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERNA 
DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y DE 
LOS PROYECTOS 
Función de los Comités Consultivos 
8.59. En un estudio sobre sus actividades de valoración 
durante el período 1983-1985 (7), la Comisión afirma que 
la creación de los CGC (5) y del Consejo Científico del 
CCI ha reforzado la evaluación interna de las actividades 
de investigación. El Tribunal considera que éste no es el 
caso, ya que: 
(a) la última reunión del CCMGP (4) de energía solar 
tuvo lugar en diciembre de 1983 y la primera reunión 
de su sucesor, el CGC (5) de energías no nucleares, se 
celebró en enero de 1985. No hubo, pues, en 1984 un 
Comité Consultivo que siguiera la acción directa en 
este área de investigación. No parece que desde 1985 
el CGC de energías no nucleares haya examinado con 
detalle este aspecto de las actividades del CCI. En 
noviembre de 1985, el CGC antes citado aprobó una 
propuesta de nuevo programa (1987-1990) del CCI 
(propuesta que no fue seguida por la Comisión), pero 
en las actas no hay constancia de comentarios o 
discusión algunos. En lo que se refiere al nuevo 
programa-marco (para el período 1987-1991), varias 
delegaciones de este CGC lamentaron en 1986 que la 
Comisión no le hubiera consultado durante la 
preparación del proyecto; 
(b) durante la realización de los programas hubo 
modificaciones, a veces importantes, en numerosos 
contratos de financiación conjunta, con variación de 
sus objetivos, duración o del importe de la subven­
ción. Sin embargo, el examen de las actas de sesión del 
CGC de materias primas y materiales correspondien­
tes al período comprendido entre octubre de 1982 y 
diciembre de 1986 no reveló que el CGC hubiera 
prestado una gran atención al seguimiento del 
programa en curso, ni que hubiera recibido una 
información suficiente sobre las modificaciones 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 129 
introducidas en algunos proyectos. Para que los 
Comités cumplan su función de forma conveniente es 
esencial que reciban información actualizada y 
completa sobre el estado de realización del programa 
y las modificaciones más importantes de los proyec­
tos. 
8.60. En su plan de acción de valoración de las 
actividades de investigación de los años 1987-1991 (8), la 
Comisión señala el papel clave del Consejo Científico del 
CCI en el procedimiento de evaluación interna. Sin 
embargo, en su documento de octubre de 1987 titulado 
«Nuevas perspectivas para el Centro Común de Investi­
gación»^1), la Comisión propone la supresión del 
Consejo y prevé la creación de un Comité Consultivo para 
cada una de las instituciones científicas previstas en la 
nueva estructura del CCI. 
8.61. La naturaleza y el valor de la contribución de los 
Comités Consultivos al seguimiento y la evaluación 
interna de los programas de investigación han variado de 
1983 a 1987. El Tribunal considera asimismo que las 
funciones futuras de estos Comités deben ser cuidadosa­
mente estudiadas, teniendo en cuenta especialmente la 
reorganización del CCI y el plan de valoración de 1987 a 
1991 de la Comisión (8). 
Seguimiento de los proyectos y de los 
programas por los servicios de la Comisión 
Acción directa 
8.62. Se había previsto un plan de seguimiento sistemá­
tico del programa 1984-1987 del CCI (15). Sin embargo, el 
CCI y su Consejo Científico llegaron a la conclusión de 
que el sistema propuesto era demasiado ambicioso y, por 
ello, nunca se ha llegado a aplicar del todo: 
(a) un documento detallado de planificación del segui­
miento de los proyectos, publicado en octubre de 
1984, que debía actualizarse cada año, no fue 
revisado ni vuelto a publicar más que una sola vez, en 
mayo de 1985; 
(b) hasta diciembre de 1985 no se publicaron los informes 
semestrales sobre el progreso del programa de 
energías no nucleares y, aunque se había previsto, 
nunca fueron sustituidos por informes anuales; 
(c) en el mismo programa, sólo se presentaron una única 
vez, en el primer semestre de 1984, en forma de cuadros semestrales, las actas de realización de los 
proyectos y actividades en relación con los plazos y 
después se interrumpieron. 
8.63. Cumpliendo con lo dispuesto en la decisión del 
Consejo por la que se aprobaba el programa 1984-1987 
del CCI (15), la Comisión presentó informes anuales de 
realización que dedican, por ejemplo, dos o tres páginas al 
programa de energías no nucleares. El Tribunal considera 
que estos resúmenes, adaptados a las necesidades del 
Parlamento y del Consejo, no constituyen una base que 
permita a la Comisión seguir adecuadamente los proyec­
tos ni comparar los resultados con los objetivos. El 
sistema de seguimiento planificado inicialmente por el 
CCI había, sin embargo, previsto dicha base, aunque 
después de su abandono no ha sido sustituido de forma 
adecuada. 
Acción indirecta 
8.64. En abril de 1986, la DG XII estableció normas 
internas de preparación y gestión administrativa y 
financiera de sus programas de investigación (19). Pero en 
ellas no se hace referencia ni a la gestión científica de los 
programas ni a la de los proyectos. Debido a ello, los 
procedimientos de seguimiento varían considerablemente 
de una Dirección científica a otra e incluso entre 
responsables de una misma Dirección. La falta de 
coordinación y de procedimientos armonizados compro­
mete toda valoración coherente de la ejecución de los 
programas. La auditoría ha revelado, en particular, las 
deficiencias que se mencionan a continuación. 
8.65. Las obligaciones contractuales que rigen los 
distintos tipos de informes científicos que los contratistas 
deben presentar sobre sus proyectos son ambiguas y no 
existen instrucciones detalladas de la Comisión que las 
precisen. En particular, la naturaleza, la forma y el 
contenido mínimo de los informes periódicos, finales y de 
síntesis, así como de los resúmenes, no están claramente 
definidos. Los contenidos coinciden en parte. En los 
programas de materias primas y de medio ambiente los 
contratantes presentan una gran cantidad de documentos 
científicos, muchos de ellos con retraso, que los responsa­
bles científicos no pueden controlar, analizar y evaluar de 
forma satisfactoria. La Comisión debería racionalizar la 
manera en que los contratantes deben dar cuenta 
periódicamente de sus trabajos científicos y exigir que 
estas actas proporcionen la información indispensable 
para las evaluaciones internas y externas, es decir, no 
solamente los resultados científicos y técnicos, sino 
también otros elementos como la identificación de los 
usuarios potenciales de dichos resultados y las perspecti­
vas de desarrollo y cooperación dentro o fuera de la 
Comunidad. 
8.66. El seguimiento y la valoración dependen también 
del contenido, más o menos complejo, de los expedientes 
oficiales de los servicios de la Comisión. La auditoría del 
programa de medio ambiente reveló que los expedientes 
130 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
archivados en la DG XII se componen sobre todo de 
documentos relacionados con la ejecución administrativa 
y financiera de los contratos y, en un grado mucho menor, 
de documentos procedentes de los servicios científicos 
que tienen a su cargo el seguimiento de los proyectos, tales 
como informes científicos, documentos de valoración, 
etc. No queda apenas constancia de las visitas efectuadas 
por el personal administrativo o científico de la Comisión 
para controlar los proyectos. Los archivos deberían 
contar con todos los elementos clave del desarrollo de 
cada proyecto, ya sean de naturaleza administrativa o 
científica. 
Evaluación interna 
8.67. Los planes de acción de 1983 y 1987 (3) (8) de la 
Comisión hacen una breve referencia a la necesidad de 
llevar a cabo una valoración interna continua de la 
investigación que sirva de base a la evaluación externa 
posterior. Estas declaraciones de intención no se han 
traducido en instrucciones precisas, ni en el desarrollo de 
una metodología. En la práctica, se ha dejado la iniciativa 
a los responsables de los programas y proyectos. Para 
ello, algunos responsables de programas de acción 
indirecta han organizado valoraciones semiexternas no 
coordinadas con las valoraciones externas formales 
organizadas por la división especializada de la DG XII. 
8.68. Aunque cualquier valoración de un programa, 
especialmente si es externa, debe basarse, de algún modo, 
en la evaluación de los proyectos individuales que lo 
componen, la DG XII no parece haber establecido un 
plan general ni los criterios de tales evaluaciones de 
proyectos. Sería especialmente conveniente que se creara 
una ficha de evaluación interna para cada proyecto. 
8.69. En cuanto a la acción directa, la división de 
estudios prospectivos del centro de Ispra del CCI realizó, 
en marzo de 1987, una valoración interna, en profundi­
dad y de alcance general, sobre la naturaleza y la calidad 
de los resultados de la investigación. Se trata ciertamente 
de una contribución muy útil en materia de metodología 
de la evaluación, pero hasta el presente queda por 
demostrar su utilidad para el plan de evaluaciones 
externas de la DG XII. 
8.70. Por tanto, es necesario que la Comisión defina la 
metodología, los criterios y el calendario para llevar a 
cabo una evaluación interna de todos los proyectos, tanto 
de acción directa como de acción indirecta que sirva de 
base a las evaluaciones externas que realiza la división 
especializada de la DG XII para las cuales la Comisión ha 
elaborado un plan para los próximos años. EVALUACIÓN EXTERNA DE LOS 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
Evolución de los métodos de la Comisión 
8.71. Desde 1983, la Comisión ha dedicado sus mayores 
esfuerzos a la creación de un método de evaluación 
objetiva de los resultados de investigación para la 
valoración externa de los programas específicos, que es 
un aspecto muy importante. Sólo se ha realizado una 
evaluación externa de los programas específicos. En el 
primer plan de acción (3) para la valoración, para cada 
programa específico se utilizó el método de «peer 
evaluation», por grupos de expertos independientes. 
Tanto los objetivos como los criterios y el enfoque de cada 
evaluación se establecieron de forma flexible teniendo en 
cuenta la naturaleza de cada programa y las necesidades 
de los usuarios. Aprovechando la experiencia adquirida, 
la Comisión ha intentado mejorar su planteamiento en un 
nuevo plan de valoración (8). Los comentarios que el 
Tribunal hace sobre lo logrado por la Comisión deben 
interpretarse como una crítica constructiva. 
Evaluación del programa plurianual del CCI 
durante su realización 
8.72. El artículo 8 de la Decisión del Consejo relativa al 
programa del CCI 1984-1987 (17) dispone que, antes de la 
propuesta del programa plurianual, la Comisión presen­
tará al Consejo y a la Asamblea un análisis crítico de los 
programas iniciados por el CCI, realizado por expertos 
independientes; este análisis contendrá una valoración 
cuantitativa y cualitativa de los resultados de las 
investigaciones. Dicha tarea se ha encomendado al 
Consejo Científico del CCI. 
8.73. Además de sus propios trabajos, el Consejo 
Científico del CCI utilizó las conclusiones de ocho grupos 
sectoriales de evaluación cuya composición fue decidida 
por la división especializada de la DG XII. Aunque en 
general cada uno de estos grupos cubría un PAR (22) del 
programa-marco comunitario (es decir, tanto la acción 
directa como la indirecta de cada área), la responsabili­
dad del Consejo Científico del CCI se limita a la acción 
directa. El informe de evaluación fue presentado en 
febrero de 1986 (23). 
8.74. En su propuesta de octubre de 1987 «nuevas 
perspectivas para el CCI» (21), la Comisión propone, por 
una parte, la eliminación del Consejo Científico del CCI 
y, por otra, una serie de evaluaciones formales de los 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 131 
programas específicos previstos entre 1988 y 1991 una vez 
transcurrida la primera mitad de su desarrollo. La 
propuesta no precisa si debe tratarse de un análisis de 
conjunto de los programas del CCI, como en 1986, o bien 
de una serie de evaluaciones independientes. Si la 
Comisión pretende que se realice un análisis global, la 
propuesta no explica cómo se coordinaría y llevaría a 
cabo sin el Consejo Científico del CCI. 
Organización y calendario de las evaluaciones 
8.75. El Comité de Investigación Científica y Técnica 
(CREST), en su dictamen sobre la propuesta de programa 
de acción indirecta de materias primas y materiales 1985-
1989, de 12 de octubre de 1985, subrayó «la necesidad de 
poder disponer en el futuro de una valoración de los 
resultados de los programas anteriores con antelación 
suficiente para poder pronunciarse con conocimiento de 
causa sobre las nuevas propuestas». Ahora bien, el plan 
de acción de la Comisión muestra que no es posible contar 
con la evaluación completa y definitiva de un programa 
cuando se prepara el siguiente y que es inevitable que 
exista un desfase (la evaluación del programa P-l no se 
termina hasta el momento en que hay que preparar el 
programa P+l). Sin embargo, es posible evaluar el 
programa P cuando está a la mitad de su realización. La 
experiencia demuestra que este calendario no ha sido 
rigurosamente respetado y que, por diversas razones, no 
siempre se dispone de las evaluaciones cuando se 
preparan los programas. 
8.76. Gran parte de las dificultades que surgieron 
durante la valoración del programa de materias primas 
básicas 1978-1981 (24) que abarcó también la primera fase 
del programa (1982-1985) se debieron a su calendario. 
Aunque el programa finalizó en 1981, los expertos no se 
nombraron hasta el verano de 1984 y su informe no fue 
distribuido hasta 1986 (25), aunque se encontraba dispo­
nible desde finales de abril de 1985. Los expertos, al haber 
sido nombrados tardíamente se han encontrado frente a 
hechos consumados y se han visto obligados a depender 
de los servicios científicos de la Comisión para realizar la 
valoración de los proyectos. De hecho, sólo analizaron un 
número limitado de proyectos. Las conversaciones con 
los contratistas se completaron con el envío de un 
cuestionario que, en algunas áreas, ha dado resultados 
muy pobres. Si se hubieran nombrado con mayor 
antelación, los expertos habrían podido preparar mejor 
los instrumentos de medición de una valoración de 
conjunto teniendo en cuenta los objetivos del programa y 
no sólo en términos generales y cualitativos, y además se 
habría contado con un informe en un momento en el que 
hubiera servido mejor para la preparación del programa 
1986-1989, cuyo proyecto finalizó en abril de 1985, 
coincidiendo con la aparición de la versión preliminar del 
informe de evaluación. 8.77. Al elegir el momento (en 1985-1986) de valorar los 
programas de energías no nucleares, la Comisión no sólo 
tuvo en cuenta la necesidad de realizar una evaluación en 
la mitad del programa 1984-1987 del CCI(15), sino que 
también quiso sincronizar la evaluación del programa de 
acción directa y del programa de acción indirecta del 
mismo PAR (22). De hecho, la acción indirecta fue 
evaluada tras la aprobación por el Consejo de un nuevo 
programa (1985-1988) (n). Los resultados fueron los 
siguientes: 
(a) la evaluación se realizó demasiado tarde para que la 
Comisión los pudiera utilizar al plantearse la 
reorganización inmediata de la acción indirecta. El 
propio grupo de expertos hizo esta misma observa­
ción; 
(b) los gestores de la acción indirecta estaban, por lo 
tanto, menos motivados para contribuir activamente 
al proceso de evaluación. 
8.78. El Tribunal opina que no hay que intentar que los 
calendarios de valoración de las acciones directa e 
indirecta coincidan forzosamente si al hacerlo la evalua­
ción pierde su sentido. Para que no pierdan una parte 
importante de su valor se debe programar las evaluacio­
nes con la antelación suficiente y con un plazo fijado en la 
decisión del programa. 
Contenido de la evaluación 
8.79. El informe de evaluación del programa de 
materiales y substancias minerales 1978-1981 (25) incluye 
principalmente una valoración del interés científico y 
técnico de los trabajos y un juicio sobre los procedimien­
tos de gestión de la Comisión. Sin embargo, no se refiere 
de forma precisa a varios aspectos esenciales como la 
definición de los objetivos, la utilidad práctica de los 
resultados, sus consecuencias socioeconómicas a corto y 
medio plazo y el interés de que continúen los trabajos en 
cada uno de los campos del programa. 
8.80. En octubre de 1985, el CREST quiso pronunciarse 
sobre una propuesta de nuevo programa «después de 
haber evaluado los resultados de los programas preceden­
tes, su utilización y su impacto económico ». La Comisión 
debería precisar sus exigencias cuando encomienda 
misiones a los grupos de expertos para que recojan este 
tipo de información. 
132 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Consulta a los usuarios potenciales Curso dado a las recomendaciones 
de los grupos de evaluación 
8.81. El informe de evaluación de las energías no 
nucleares (26) recoge comentarios generales sobre las 
consecuencias para la industria y lo adecuado de la 
investigación efectuada. No parece, sin embargo, que el 
grupo de expertos haya consultado a los usuarios 
potenciales salvo los que, al depender de la Comisión y de 
los Estados miembros (funcionarios, expertos científicos 
y contratistas), estaban directamente afectados por la 
gestión, el seguimiento o la ejecución de los programas de 
acción directa o indirecta en este área. En todas las 
evaluaciones externas que lleve a cabo en adelante, la 
Comisión debería consultar a los usuarios potenciales. 8.84. El examen del programa de energías no nucleares 
del CCI y el de otros programas de investigación 
demuestran que la Comisión únicamente muestra de 
modo implícito su opinión sobre las conclusiones de los 
grupos de evaluación en el momento de proponer nuevos 
programas en los que se recogen, rechazan o adaptan las 
recomendaciones de los informes de evaluación externa. 
En el mejor de los casos, la Comisión declara escuetamen­
te que ha tomado en consideración las conclusiones de la 
evaluación. Si explicara en las exposiciones de motivos de 
sus propuestas de programa las recomendaciones que 
acepta o rechaza, la Comisión permitiría que las 
instancias a las que solicita dictamen o decisión se 
pronunciaran con conocimiento de causa. 
Composición de los grupos de evaluación 
externa 
8.82. El examen del informe de evaluación de las 
energías no nucleares (26) reveló que un grupo de expertos 
no adoptó una visión de conjunto, sobre todo con 
respecto al lugar que las energías no nucleares deben 
ocupar en el CCI y más generalmente en las prioridades y 
la estrategia global de la investigación comunitaria. Esta 
observación obliga a plantear la cuestión de la composi­
ción del grupo de expertos. La mayor parte de los 
miembros del grupo encargados de evaluar las energías 
no nucleares habían estado relacionados con este campo 
de investigación como usuarios no industriales o como 
científicos. Por lo tanto, tenían una opinión autorizada 
sobre la calidad científica intrínseca de los trabajos de 
investigación, pero no estaban en buenas condiciones de 
apreciar la utilidad del programa en un contexto más 
amplio. Para que estuviera más equilibrado, el grupo 
debería haber incluido, además de los especialistas en 
energías no nucleares, un experto socioeconómico, un 
especialista en otro campo de investigación, usuarios 
potenciales procedentes de la industria, e incluso un 
experto de fuera de la Comunidad. CONCLUSIONES GENERALES 
8.85. El Tribunal considera positiva la adopción de un 
ambicioso plan de valoración de la investigación 
comunitaria que, bosquejado en 1983 (3) fue retomado y 
ampliado en 1987 (8). Sin embargo, más allá de las 
declaraciones de intenciones, es necesario examinar los 
logros. A este respecto, el Tribunal hace constar el 
esfuerzo que la Comisión ha realizado durante los últimos 
años para introducir progresivamente dicho sistema de 
evaluación. 
8.86. No obstante, la Comisión es consciente de que el 
sistema dista de ser perfecto. El Tribunal opina que sus 
observaciones se pueden agrupar en los cinco temas 
siguientes: 
8.83. En cuanto a la evaluación 1985-1986 de la 
investigación sobre las energías no nucleares (26), no 
parece que la Comisión haya intentado realmente 
conseguir un mayor equilibrio en la composición del 
grupo de evaluación ni fijar directrices que permitan una 
evaluación más amplia, que abarque también el efecto 
socioeconómico de los resultados y sus relaciones con los 
objetivos del programa marco 1987-1991 (2). El Tribunal 
considera que es fundamental que exista una visión más 
amplia y que esta condición se debería tener en cuenta 
cuando se formen nuevos grupos de expertos. El Tribunal 
toma nota, no obstante, de que el nuevo plan de acción de 
la Comisión para la valoración (8) prevé que los grupos de 
expertos tengan una composición más amplia y equili­
brada. (a) necesidad de que las directrices sean homogéneas 
(apartados 8.64, 8.65, 8.67, 8.68, 8.70, 8.74, 8.78 y 
8.80) y de mejorar la coordinación entre los progra­
mas y sus evaluaciones (apartados 8.9, 8.10 y 8.75 a 
8.78), instaurando así un sistema de gestión riguroso 
(apartados 8.16, 8.17, 8.25, 8.26, 8.35 a 8.43, 8.62, 
8.63 y 8.66) que atienda las sugerencias o iniciativas 
de los distintos servicios (apartados 8.64 y 8.67); 
(b) en la medida de lo posible, deben asignarse objetivos 
concretos a los investigadores (apartados 8.14, 8.27 a 
8.33 y 8.58); 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 133 
(c) los procedimientos de consulta se deben precisar 
(apartados 8.52, 8.59 a 8.61 y 8.81) y sobre todo 
simplificar (apartados 8.19, 8.20, 8.24 y 8.51); 
(d) el deseo de lograr una mayor incidencia socioeconó­
mica de la investigación, a corto o medio plazo, debe 
impulsar todas las fases del proceso, desde la 
elaboración de los programas hasta su evaluación 
una vez realizados. Las evaluaciones deben valorar 
esta incidencia tanto o más que la propia calidad 
científica de los trabajos de investigación (apartados 
8.14, 8.46, 8.79 y 8.80). Por ello, debe ampliarse la 
composición de los grupos de valoración para que 
puedan evaluar mejor la influencia de la investigación y la medida en que responde a las necesidades y 
objetivos comunitarios (apartados 8.82 y 8.83); 
(e) el sistema de evaluación establecido por la Comisión 
se basa en una serie de valoraciones de programas 
individuales. Debería completar esta evaluación 
mediante evaluaciones globales del programa-marco. 
Además ya ha recurrido a visiones de conjunto 
semejantes para evaluar la función, los procedimien­
tos y los resultados del CCI. De esta manera, la 
valoración de un programa-marco no sería una 
simple suma de las evaluaciones de los resultados 
científicos de los programas específicos, sino un 
examen crítico sobre la forma en que se aplica 
(apartados 8.13 y 8.14). 
0) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) DO C 208 de 4.8.1983, p. 1. 
DO L 302 de 24.10.1987, p. 1. 
DO C 213 de 9.8.1983, p. 1. 
Comité(s) consultivo(s) en materia de gestión de programas 
(CCMGP). 
Comité consultivo de gestión y coordinación. Los CGC 
fueron creados por decisión del Consejo de 29.6.1984 (DO 
L 177 de 4.7.1984, p. 25). 
Decisión de la Comisión de 24.5.1984 (DO L 177 de 
4.7.1984, p. 29). 
Doc. COM(86) 15 final de 7.3.1986. 
DOC 14 de 20.1.1987, p. 5. 
Para algunos aspectos del programa de acción indirecta 
«medio ambiente» 1986-1990, únicamente se examinó el 
subprograma protección del medio ambiente. 
(10) Para algunos aspectos del programa de acción indirecta 
«energía no nuclear » 1985-1988, únicamente se examinaron 
los subprogramas «energía solar», «energía de la biomasa» 
y «energía eólica». 
(») Decisión del Consejo de 12.3.1985 (DO L 83 de 25.3.1985, 
p. 16). 
(12) Decisión del Consejo de 10.6.1986 (DO L 159 de 14.6.1986, 
p. 31). 
('3) Decisión del Consejo de 11.9.1979 (DO L 231 de 13.9.1979, 
p. 30). 
(14) Decisión del Consejo de 10.6.1986 (DO L 159 de 14.6.1986, 
p. 36). (15) Decisión del Consejo de 22.12.1983 (DO L 3 de 5.1.1984, 
P-21). 
(16) DO C 69 de 16.3.1985, p. 3; DO C 146 de 13.6.1986, p. 2; 
DOC319 12.12.1986,p. 5;DOS47de7.3.1987, p. 38;y DO 
C 205 de 1.8.1978, p. 4. 
(17) DO S 116 de 19.6.1986, p. 49. 
(18) DOS 116 de 19.6.1986, p. 48. 
(19) Normas internas sobre la preparación y la gestión de los 
programas de investigación y desarrollo de la DG XII/CCI a 
realizar mediante contratos. Ediciones de abril y agosto de 
1986. 
(20) Decisión del Consejo de 17.5.1982 (DO L 174 de 21.6.1982, 
p. 23), modificada por la decisión del Consejo de 12.12.1983 
(DO L 357 de 21.12.1983, p. 33). 
(21) Doc. COM(87) 491 final de 26.10.1987. 
(22) Programa de acción de investigación. Véanse apartados 8.8 
y 8.9. 
(23) Doc. COM(86) 145 final/Anexo de 14.3.1986. 
(24) Decisión del Consejo de 6.3.1978 (DO L 72 de 14.3.1978, 
p.9). 
(25) Evaluation of the Community's primary mineral raw 
materials programme. Rapport n° 16. EUR 10191. 
(26) Evaluation of the Community cost-shared research pro­
gramme on solar, wind and biomass energy and of the Joint 
Research Centre's programme on non-nuclear energies 
(1979-85). Rapport n° 22. EUR 10875. 
134 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
CAPITULO 9 
Cooperación financiera y técnica 
con países terceros 
9.0. ÍNDICE DE MATERIAS Apartados 
Introducción 9.1 
La cooperación financiera y técnica con los países de la cuenca mediterránea 9.2 — 9.8 
Los instrumentos financieros utilizados 9.2 
Control externo de los créditos presupuestarios 9.3 — 9.8 
La ayuda financiera y técnica a países de América Latina y Asia (Ecuador, Perú 
yBolivia) 9.9 —9.77 
El sistema de financiación y de gestión 9.11 — 9.42 
Los medios propios de la CEE 9.11 — 9.14 
Participación de los Estados beneficiarios 9.15 — 9.27 
Los bancos internacionales de desarrollo 9.28 — 9.30 
La cofinanciación con Estados miembros 9.31 —9.34 
La actuación permanente de la asistencia técnica comunitaria durante 
todo el proyecto 9.35 — 9.42 
La selección y la realización de los proyectos 9.43 — 9.69 
El contexto agroalimentario 9.43 — 9.49 
Proyectos regionales 9.50 — 9.55 
Retrasos en la realización de los proyectos 9.56 — 9.65 
El tratamiento de los fenómenos monetarios 9.66 — 9.69 
Observación final sobre los tres países andinos 9.70 — 9.77 
INTRODUCCIÓN LA COOPERACIÓN FINANCIERA Y 
TÉCNICA CON LOS PAÍSES DE LA 
CUENCA MEDITERRÁNEA 
Los instrumentos financieros utilizados 
9.1. Además de los países signatarios de las Convencio­
nes de Lomé, destinatarios de los créditos del FED, 
existen numerosos países terceros que disfrutan de una 
cooperación financiera y técnica financiada directamente 
con los créditos del Presupuesto comunitario. Así, el 
Capítulo 93 se destina a la financiación de acciones en 
favor de países en vías de desarrollo de América Latina y 
de Asia (PVDALA) y el Capítulo 96 se refiere a los países 
de la cuenca mediterránea. 9.2. La Comunidad utiliza diversos instrumentos 
financieros en el marco de la cooperación financiera y 
técnica con países mediterráneos: 
(a) el Banco Europeo de Inversiones (BEI) financia, 
mediante préstamos sobre sus recursos propios, 
proyectos de inversiones que disponen normalmente 
L1L188 tOiarioC^ticial de las comunidades Europeas 1^ 
deunarentabilidadlinancierasulicienteparagarantP 
zar su reembolso posteriora puesto que en este aspecto el Banco está sometidoaun 
control externo específico. 
^paralelamente a esta forma de financiación^ que 
recurreafondos obtenidos en el mercado linanciero^ 
la comisión utiliza cuatro instrumentos tinancieros 
que emplean recursos presupuestarios inscritos en el 
capítulo 96 del Lítulo9^ 
^ las subvenciones en sentido estrictos enferma de 
ayudas no reembolsabas^ que permiten tinanciar 
acciones de desarrollo sin rentabilidad linanciera 
propias 
^los préstamos especiales^ en forma de ayudas 
reembolsables tcon período de gracia de lOaños^ 
ade^ol^er en ^Oañosyaun interés delinque 
permiten financiar acciones de desarrollo de 
rentabilidad nnanciera muy ba^ 9B1. El control documental de las operaciones tinancia^ 
das con ayuda de créditos presupuestarios ha puesto 
rápidamente de relieve dos elementos^ 
^ el destinatario directo de las bonificaciones de 
interesesyde la aplicación de la garantía presupuesta 
ría es elBEL por cuenta del cual se efectúan los pagos 
correspondientes^ 
^en lo que respecta a los préstamos especiales^ la 
comisión está liberadaparcialototalmente de sus 
responsabilidades de gestiónydecontrop de común 
acuerdoconelC^onse^oconcedemandatoalBELbi^n 
para la liquidación y cobro de los préstamos 
^mandato amplios o únicamente para el cobro 
^mandato restringidos 
^iii^ las boniticaciones de intereses^ concedidas auto 
máticamenteyatantoalzadoen^irtuddelos 
protocolos financieros mediterráneos^ que permP 
ten al BEL al que se abonan^ disminuir los tipos 
de interés de los préstamos que concede sobre sus 
recursos propios^ 
^la garantía de la C^omunidad^ inscrita para 
memoria en el presupuestos que garantiza al BE1 
el reembolso inmediato del capital y de los 
interesese^igiblesen caso de impago dealgunode 
los préstamos financiados sobre sus recursos 
propios. Esta garantía cubre el lOO^decada 
uno de los préstamosyestáglobalmente limitada 
al 7éó^del principal pendiente de devolución de 
los préstamos concedidos. Chorno el total de las 
sumase^igiblesporelBElsobrepasararamenteel 
7^^o del principal pendienteycomoesmuy poco 
probable que todas estas sumas e^igibles resulten 
fallidas a la ^ez^ se puede considerar que la 
totalidad de los riesgos está cubiertas de hechor 
por la comunidad. La garantía funcionó por 
primera ^ez en 1987^ a raíz de un préstamo 
concedido al Líbanos que dio lugar a un 
desembolso presupuestario alBElde^MioECmU 
capítulo 96^ línea 969^. 
9.^. ElLribunal de Cruentas ha iniciado^atra^és de un 
programa de control documental en los servicios de la 
CA^mísiónysobre el terreno en los países beneficiarios^ 
una evaluación de conjunto del sistema de tinanciación 
con recursos presupuestarios aplicadoalos países de la 
cuenca mediterránea. Las operaciones del BElcon sus 
recursos propios han sido excluidas de esta evaluación 9.^. Los controles sobre el terreno realizados en Egipto^ 
JordaniayMalta en 1986yl987 han permitido analizar 
lasdiferentesformasdeutilizacióndeloscréditosdel 
capítulo 96 en dichos países^ ya sea en forma de 
subvenciones^ de bonilicaciones de interesesy^o incluso 
de préstamos especiales gestionados por el BE1 por 
mandato de la comisión.ElLribunal ha podido realizar 
estosanálisissinnecesidaddeconocerlasoperacionesque 
el BE1 financia en esos países con sus recursos propios. 
9.6. En C^hipre^ las autoridades nacionales se han 
negadoaqueelLribunal de Cruentas auditara sobre el 
terreno dos proyectos financiados concréditospresu 
puestariosde la comunidad.Larazónin^ocadahasido la 
oposición del BEL cuyas presiones mencionaron e^plíci 
tamente.Rarece que el motilo de fondo reside en que los 
préstamos sobre recursos propios del BE1 para la 
financiación de los dos proyectos en cuestión^ están 
^inculadosala participación presupuestaria de la C^EE. 
RorlotantoE^^rnezcla^conlalinanciacióndelBEleslo 
que parece plantearproblemas^ sin que sea cuestionado el 
derechode risita sobre el terreno delLribunal de Cruentas 
por tratarse de préstamos especiales tinanciados con el 
presupuesto de la C^EE. 
9.7 El Lribunal no ha podido obtener de la comisión 
una toma de posición clarad ni siquiera la simple 
confirmación del análisis que precede. A pesar de la 
petición delLribunaP la comisión no intervino ante las 
autoridades chipriotas para informarlas de que estaban 
obligadasaaceptar el control delLribunal de Cruentas en 
virtud de dos disposiciones convergentes^ 
ta^el artículo 8^ del reglamento Einanciero^ que 
dispone que ^la concesión de subvenciones a 
organismos exteriores a las instituciones tendrá 
subordinadaala aceptación por los beneficiarios de 
la ^eritlcación que elLribunal de Cruentas efectúen. 
La C^omisión^ que nunca de^a de incluir una cláusula 
136 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
de reserva de los derechos de control del Tribunal en 
sus relaciones con los beneficiarios de la ayuda al 
desarrollo, incluso cuando utiliza mandatarios tales 
como el Banco Mundial, el Banco Asiático de 
Desarrollo u otros organismos similares, no ha 
podido conseguir que el BEI inserte una cláusula 
similar en sus contratos de préstamos especiales con 
financiación presupuestaria; 
(b) los protocolos financieros firmados por el Estado 
beneficiario disponen que la Comunidad comprobará 
que la utilización de esas contribuciones financieras 
sea conforme con las asignaciones decididas y se 
realice en las mejores condiciones de economía. Por lo 
tanto, la Comisión habría podido intervenir ante las 
autoridades chipriotas para hacer respetar esta 
disposición, en interés del Tribunal de Cuentas. 
9.8. La situación así creada pone de relieve, a partir de 
un caso particular, las dificultades con que se encuentra 
normalmente la Comisión para sacar todas las conse­
cuencias de los modos de gestión compartida a los que se 
ve cada vez con mayor frecuencia obligada a recurrir, no 
sólo en el ámbito del desarrollo, sino también en otros 
muchos, especialmente en el de la Política Agrícola 
Común. Un reparto correcto de la gestión supone, en 
efecto, un buen sistema de vigilancia al nivel de gestor 
central y la aceptación por todos de un mínimo de control 
externo. Lo que el Tribunal acaba de observar da lugar a 
pensar que, al menos en el ámbito de las financiaciones 
mediterráneas, no existe ninguno de estos dos elementos. 
LA AYUDA FINANCIERA Y TÉCNICA A 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y ASIA 
(ECUADOR, PERÚ Y BOLIVIA) 
9.9. Entre los países de América Latina que reciben 
ayuda comunitaria, la concedida a tres de ellos, situados 
en las estribaciones de los Andes, es sustancial. Se trata de 
Ecuador, Perú y Bolivia, que entre 1976 y 1987 han 
recibido un volumen total de subvenciones que puede 
estimarse en 238,4 Mió ECU. El cuadro 9.1 muestra en 
detalle las diferentes formas que ha adoptado la ayuda 
comunitaria (ayuda financiera y técnica en favor de cada 
uno de los tres países o de organizaciones regionales, 
ayuda alimentaria, subvenciones diversas a organizacio­
nes no gubernamentales (ONG), programas de promo­
ción comercial, becas para la formación, acciones de 
cooperación en el ámbito de la energía, etc.). En el mismo 
cuadro se hace una comparación de esos gastos con los 
gastos presupuestarios de la misma naturaleza efectuados 
a favor del conjunto de países en vías de desarrollo. 9.10. El presente Capítulo trata sucesivamente: 
(a) del sistema de financiación y de gestión; 
(b) de la selección y realización de los principales 
proyectos. 
El sistema de financiación y de gestión 
Los medios propios de la CEE 
9.11. En este aspecto intervienen varios servicios de la 
Comisión. Los circuitos administrativos varían según los 
trámites de gestión (selección de proyectos, preparación 
de las decisiones de financiación y de los convenios con los 
beneficiarios o las entidades que cofinancian, dictámenes 
técnicos, seguimiento de las realizaciones, control interno 
y pago de las cantidades adeudadas), y hacen intervenir a 
los servicios geográficos de la Dirección General de 
Relaciones Exteriores (DG I), a los servicios técnicos y 
financieros de la Dirección General de Desarrollo (DG 
VIII), al servicio de control financiero de la DG XX y a 
los servicios pagadores y contables de la Dirección 
General de Presupuesto (DG XIX), recibiendo el 
conjunto, en caso necesario, el apoyo de la Delegación de 
la Comisión de las Comunidades Europeas para América 
Latina, situada en Caracas, cuyos dos agentes y su 
logística se pagan con créditos del artículo 930 del 
Presupuesto (Cooperación financiera y técnica). 
9.12. De todos estos servicios, el más directamente 
responsable de la gestión de la ayuda es el Servicio 
encargado de la que se destina a los PVDALA cuyo 
seguimiento en Ecuador, Perú y Bolivia se reparten dos 
agentes. Cada uno de estos agentes es a la vez responsable 
geográfico de varios países más de América Latina. 
9.13. El gran número y la dispersión de los países de la 
competencia de la delegación hacen que sea extremada­
mente difícil supervisar las financiaciones efectuadas con 
el artículo 930. Los dos agentes encargados de ello deben 
seguir asimismo muchas intervenciones efectuadas con 
ayuda de los créditos del Título 9, especialmente la ayuda 
alimentaria de urgencia. Su alejamiento geográfico 
respecto a los proyectos y a las acciones y las dificultades 
de comunicación en el interior mismo de cada país, 
aumentan esta dificultad. Al fin y al cabo, es físicamente 
tan difícil seguir desde Caracas un proyecto situado en el 
altiplano de Perú o Bolivia, como hacerlo desde Bruselas. 
Ante esta situación, el Servicio Geográfico de Bruselas, al 
no haber una delegación andina, debe efectuar largas y 
numerosas visitas sobre el terreno. Dicha situación 
supone inevitablemente utilizaciones duplicadas, mala 
circulación de la información y a veces incluso situaciones 
conflictivas. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 137 
Cuadro 9.1 — Ayudas CEE a la América andina financiadas con el Título IX del Presupuesto general (datos indicativos de 1976 a 1987) 
(Mió ECU) 
Paísu 
organismo 
benefí-
Bolivia 
Ecuador 
Perú Año 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 Artículo 930 (Asistencia financiera y técnica) 
76/5 
NA 77/15 
NA 78/23 
NA 79/24 
NA 79/23 
NA 83/7 
NA 84/5 
NA 84/8 
NA 85/10 
NA 79/23 Referencia convenio de financiación 
Desarrollo Rural (BISA) 
Ulla-Ulla (cofinanciación BIRD) 
Desarrollo Chaco 
(cofinanciación BID) 
Regadío Cochabamba 
(cofinanciación D) 
Censo agrícola 
PMPR I Oruro-Potosi 
Reconstrucción Cesarsama 
PMPR II Cordepaz 
Reconstrucción Santa Cruz 
Censo Aerícola 
ALA 86/17 Autodesarrollo rural 
Sub total 
NA 79/25 
NA 81/9 
NA 83/03 
ALA 87/1 
NA 79/26 
NA 80/35 
NA 83/21 
NA 83/10 
ALA 86/1 
ALA 86/3 Regadío Chambo 
Microproyectos rúales Foderuma 
Reconstrucción puentes 
Desarrollo agricultura de regadío Chambo II 
(cofinanciación I) 
Subtotal 
Bosques Cajamarca 
(cofinanciación B) 
Micropresas Ancash 
Inversiones rurales Cuzco 
(cofinanciación NL) 
Irrigación Majes 
(cofinanciación I) 
Programa microproyectos 
agropecuarios (Pampa/Puno) 
Reconstrucción/prevención 
Lago Titicaca 
Subtotal 
Total Bolivia/Ecuador/Perú 
Junac 
OLADE 77-87 
78-87 
Total Junac/OLADE 
Total países andinos + organismos regionales implicados 
Total América Latina 
Total PVDALA Crédito 
compro­
metido en 
concepto 
de subven-
CEE 
2,0 
1,8 
2,3 
2,0 
1,0 
28,0 
4,0 
12,5 
9,0 
0,2 
20,0 
82,8 
2,9 
3,0 
2,8 
9,0 
77,7 
2,0 
1,5 
6,0 
5,6 
16,0 
5,0 
36,1 
136,7 
34,6 
2,4 
37,0 
173,7 
490,6 
1 724,7 Artículo 
920 
Ayuda 
alimen-
0,3 
0,4 
0,2 
2,8 
4,4 
6,2 
6,1 
7,0 
6,1 
33,5 
0,3 
1,0 
0,9 
2,7 
0,8 
0,7 
0,8 
0,2 
0,3 
7,7 
1,1 
3,1 
4,3 
5,2 
4,4 
4,2 
3,3 
3,3 
3,1 
32,0 
73,2 
73,2 
358,0(2) 
5 249,1 Otras 
subven­
ciones 
comuni-
(>> 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
1,2 
0,8 
0,7 
0,3 
1,4 
2,4 
7,6 
0,3 
0,5 
0,7 
0,6 
0,9 
1,5 
0,2 
1,0 
0,5 
1,5 
7,7 
0,2 
0,6 
0,8 
1,3 
1,8 
2,1 
1,1 
2,2 
2,2 
0,9 
13,2 
28,5 
2,3 
2,3 
30,8 
128,0(2) 
1 047,3 Total 
8,2 
1,6 
0,7 
0,3 
4,0 
33,2 
11,0 
12,5 
15,4 
8,6 
28,5 
124,0 
0,3 
3,7 
1,7 
4,5 
3,6 
5,1 
0,9 
1,8 
0,7 
10,8 
33,1 
0,2 
3,7 
5,4 
5,6 
7,0 
18,1 
5,3 
5,5 
21,5 
9,0 
81,3 
238,4 
36,9 
2,4 
39,3 
277,7 
976,6(2) 
8 021,1 
0) Ayuda de urgencia, promoción comercial, formación ONG. 
(2) Estimación. 
138 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
9.14. Por esta razón, el Servicio Geográfico de Bruselas 
ha visto incrementada su carga de trabajo. Al mismo 
tiempo, algunas de las tareas puramente administrativas 
que le corresponden están descuidadas, especialmente los 
expedientes de los proyectos, la verificación de que las 
organizaciones que financian con la Comunidad y los 
beneficiarios respetan sus compromisos, la inclusión de 
los visados necesarios para el pago a los beneficiarios, etc. 
Participación de los Estados beneficiarios 
9.15. Por lo que respecta a los Estados beneficiarios, las 
dificultades son de otro tipo. Su inestabilidad política ha 
sido crónica durante muchos años. El personal adminis­
trativo y técnico, sobre todo en la base, sigue siendo 
insuficiente. Los problemas monetarios y presupuestarios 
han sido muy importantes durante todo el período 
considerado y han afectado al resultado de las financia­
ciones comunitarias. Se destacarán en particular algunos 
elementos. 
9.16. Los convenios de financiación firmados, proyecto 
por proyecto, entre la Comisión y el Estado beneficiario, 
incluyen generalmente, como es normal, una contribu­
ción (financiera o en especie) frecuentemente llamada 
«contrapartida», del Estado beneficiario. A esta contri­
bución está asociado el compromiso del Estado beneficia­
rio de responsabilizarse de la realización de la obra, por 
un coste determinado y en los plazos establecidos. En lo 
que respecta al volumen de la contribución financiera o de 
su equivalente en especie (prestaciones realizadas por los 
campesinos miembros de las comunidades rurales 
involucradas, asistencia técnica y administrativa al 
proyecto prestada por la Administración del Estado 
beneficiario), el Tribunal ha observado una clara 
tendencia a la insuficiencia, que tiene sin embargo 
excepciones (véanse apartados 9.35 — 9.41: micro-
proyectos rurales) y explicaciones aceptables (véanse 
apartados 9.60 — 9.65: retrasos imputables a los sistemas 
administrativos y bancarios). 
9.17. La deficiencia más llamativa se ha producido en el 
proyecto de regadío Chambo (n° NA 79/25) en Ecuador 
(6 Mío ECU, de los cuales 2,9 a cargo de la CEE), donde 
las autoridades nacionales no han proporcionado los 
fondos y medios técnicos previstos (3,1 Mió ECU), lo que 
ha sido la causa de que los dos túneles principales de 
traída de aguas, que esas autoridades se habían compro­
metido a construir, no se hayan realizado, haciendo así 
ineficaces más del 50 % de los trabajos realizados en cotas 
más bajas, financiados por la CEE y realizados gracias a 
su asistencia técnica. En 1987, el proyecto Chambo 2 (n° 
ALA 87/1) (23 mió ECU) reanuda, en concepto de 
participación ecuatoriana, las obras de los dos túneles que 
habrían tenido que ser construidos en el Chambo 1 con 
una nueva subvención comunitaria (9 Mió ECU). 
9.18. La contribución peruana al proyecto piloto n° NA 
79/26 de repoblación forestal en Cajamarca, de aproxi­madamente 50 000 ECU, parece muy reducida en 
comparación con las contribuciones belgas de 1,4 Mió 
ECU y comunitarias de 2 Mió ECU. No obstante, es 
cierto que el convenio de financiación se limitaba a 
preverla en principio, sin determinar su amplitud. En este 
caso concreto, la baja participación financiera del Estado 
beneficiario da lugar a dudas sobre la adecuada 
continuación del proyecto cuando cesen las financiacio­
nes europeas (temor que agrava la observación del 
apartado 9.49). 
9.19. En el proyecto Ancash (n° NA 80/35) de 
construcción de 60 micropresas la subvención comunita­
ria ha sido de 1,5 Mío ECU. La contribución peruana, 
fijada inicialmente a un nivel similar, se redujo, de común 
acuerdo con la Comisión, a 180 000 ECU, que debían ser 
aportados en forma de prestaciones en especie (gestión y 
supervisión). El objetivo tuvo que reducirse a la 
construcción de 20 presas. En la práctica, una vez agotada 
la subvención comunitaria, sólo se terminaron 10 presas. 
9.20. En el caso del proyecto Phicab de pluviometría en 
la región de Trinidad y Santa Ana (parte del convenio de 
financiación n° NA 84/05), Bolivia, que debe correr con 
los gastos de funcionamiento del proyecto, no parece 
estar en condiciones de cumplir esta obligación y ya ha 
pedido que la subvención comunitaria cubra los gastos de 
alquiler de un satélite que normalmente debían estar a su 
cargo. 
9.21. Las dificultades ligadas a la contribución del 
Estado beneficiario no son sólo de orden puramente 
financiero y cuantitativo. Entran también en las modali­
dades de ejecución de los proyectos, especialmente 
cuando se hace en cogestión. Cuando la asistencia técnica 
de la CEE dura todo el período de realización del 
proyecto (véanse apartados 9.35 — 9.41), o cuando 
además de la Comunidad y del Estado beneficiario, hay 
una tercera fuente de financiación (véanse apartados 9.18, 
9.22 y 9.33), se hace necesaria la constitución «de facto» 
de una entidad operativa con una cierta autonomía de 
gestión. El Tribunal ha observado que el tejido político-
administrativo del Estado beneficiario no siempre 
toleraba este cuerpo extraño a pesar de que, por lo 
general, era indispensable para la correcta realización del 
trabajo; esta situación ha provocado problemas en dos 
ocasiones. 
9.22. Esto es lo que ha sucedido con el proyecto Majes 
(n° NA 83/10) en el Perú (17 Mió ECU: 5,6 a cargo de la 
CEE y 2 de Italia) cuyo objetivo es organizar una 
producción láctea intensiva mediante el regadío de 3 000 
ha de un total de 60 000 ha potencialmente regables 
gracias a traídas de agua (35 m3/segundo) ya realizadas y 
que no se han rentabilizado por no haberse construido las 
redes secundarias y acondicionado las parcelas a cultivar. 
La irrigación progresiva de parcelas, a razón de 5 ha por 
familia (actualmente 500), no encuentra dificultades 
técnicas importantes. El rendimiento por hectárea 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 139 
potencial de los cultivos forrajeros es muy alto. Pero la 
deficiente selección de los campesinos instalados, las 
técnicas de cultivo extensivo de forrajeras que aplican por 
rutina y la negativa a hacer caso a los asesores técnicos 
italianos, la elección de un ganado inadaptado, etc., 
hacen que los resultados no tengan nada que ver con lo 
previsto en el programa inicial. Los agricultores se niegan 
a pagar los modestos cánones de agua que se les piden. La 
cooperativa de maquinaria agrícola, instalada de confor­
midad con el programa, está subutilizada y sus tarifas, 
demasiado altas por este motivo, son a su vez una causa 
suplementaria de la subutilización del material. Ahora 
bien, todas estas discordancias tienen una única causa: la 
negativa de la autoridad encargada de la puesta en 
explotación de las 60 000 ha de la llanura de Majes a 
permitir que para el proyecto piloto de 3 000 ha se 
constituya un equipo italoperuano suficientemente 
autónomo, y a dotarlo con los medios adecuados. 
9.23. En el departamento de La Paz (Bolivia), un equipo 
de asesores técnicos neerlandeses que se hizo cargo de la 
realización de un programa (19,5 Mió ECU, de los cuales 
12,5 Mió ECU a cargo de la CEE) de microinversiones 
rurales en todo el departamento (proyecto n° NA 84/08) 
se enfrenta con una reacción del mismo tipo por parte de 
la « Corporación de Desarrollo » local (Cordepaz), hasta 
el punto de que, también en este caso, el éxito del proyecto 
se ve comprometido. Por el contrario, y también en 
Bolivia, los otros dos equipos de asesores ténicos que 
trabajan en proyectos parecidos (véanse apartados 9.38 y 
9.39) no han encontrado las mismas dificultades. 
9.24. El proyecto n° NA 83/21 de inversiones rurales en 
la región de Cuzco, en Perú (8,7 Mió ECU, de los cuales 
6 Mió ECU a cargo de la CEE y 1,25 Mió ECU, de los 
Países Bajos), muestra muy bien el tipo de problemas que 
es difícil evitar, incluso cuando la colaboración con las 
autoridades locales es buena. En efecto, los técnicos y 
obreros puestos a disposición del proyecto por las 
administraciones locales peruanas son pagados directa­
mente por éstas, en función de sus propias escalas de 
retribución, pero pierden algunas de las ventajas 
normales. La consecuencia de ello es una rotación rápida 
del personal, perjudicial para la eficacia, y reivindicacio­
nes apremiantes en favor de complementos salariales, 
presentadas a la dirección del proyecto, que sólo puede 
satisfacerlas reduciendo la parte de inversiones que 
debería financiar la contribución de la CEE. 
9.25. Finalmente, puede plantearse un problema de 
relevo. Este ha sido el caso del proyecto Foderuma (n° 
NA 81/9) (véase apartado 9.48) en Ecuador, en el que el 
socio (Banco Central de Ecuador) que el Estado 
beneficiario designa como responsable de la ejecución del 
proyecto, realiza una administración «por encargo 
temporal» que en su momento deberá dejar nuevamente 
en manos de las administraciones normalmente compe­
tentes en cuestiones de redes viarias, ingeniería rural, 
educación nacional, etc. la gestión permanente. En este 
caso, el Tribunal considera que la ausencia de este relevo menoscaba la eficacia final del proyecto, a pesar de haber 
sido correctamente ejecutado (véanse asimismo las 
observaciones de los apartados 9.18 y 9.49, proyecto n° 
NA 79/26). 
9.26. El Tribunal considera que ha llegado el momento 
de que en la fase de elaboración de los convenios de 
financiación, la Comisión intente llegar, de acuerdo con el 
Estado beneficiario, a una mayor pormenorización de las 
condiciones en que deben constituirse y funcionar los 
equipos encargados de los proyectos que financia. La 
sincera voluntad de cooperación de los responsables 
políticos y administrativos nacionales de los Estados 
beneficiarios lo permite. A nivel local, la fijación 
anticipada de un marco contribuiría a evitar fricciones. 
9.27. Frecuentemente, además de la Comisión y el 
Estado beneficiario interviene en la gestión y financiación 
de los proyectos una tercera parte. Esta intervención se 
puede deber a distintas razones: en algunos casos, la 
búsqueda de una financiación complementaria es el 
elemento clave, en otros, la necesidad de una gestión 
adecuada y a menudo la combinación de ambos motivos. 
Los bancos internacionales de desarrollo 
9.28. El proyecto n° NA 77/15, realizado por el Banco 
Mundial en la región de Ulla-Ulla de Bolivia, tenía como 
objetivo crear una producción de lana (llamas y vicuñas), 
transformarla (planta de producción) y comercializarla. 
Debía costar 21,5 Mío ECU, aportados principalmente 
en forma de préstamos del Banco Mundial. Dentro de 
este paquete, 1,8 Mió ECU fueron aportados, en forma 
de subvenciones, por la Comunidad, para financiar las 
infraestructuras públicas complementarias necesarias: 
carreteras, escuelas, etc. Una vez consumidos estos 
créditos comunitarios, se comprobó que la parte de 
proyecto que debía ser productiva no podría ser 
realizada, a pesar de haberse comprado los equipos 
industriales. Las perspectivas de la producción de lana se 
revelaron finalmente muy bajas, tanto desde el punto de 
vista cuantitativo como cualitativo y los canales comer­
ciales insuficientes para garantizar la rentabilidad del 
proyecto. El Banco Mundial acabó decidiendo en enero 
de 1987 renunciar al reembolso de su préstamo y 
abandonar el proyecto cuyo fracaso ha sido total. 
9.29. El proyecto n° NA 78/23, de regadío e infraestruc­
tura de una zona poco poblada de la región del Chaco, 
realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en Bolivia, tenía como finalidad la instalación de 
300 familias en principio con vistas a un desarrollo 
posterior más amplio de la región. Inicialmente estimado 
en 14,2 Mío ECU, de los que aportaba la Comunidad 
1,9 Mió ECU y el resto Bolivia y el BID, sólo alcanzó una 
140 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
pequeña parte de sus objetivos (80 familias instaladas). Su 
finalización costaría por lo menos 2 Mió ECU más de lo 
previsto. 
9.30. En ambos casos, la Comunidad se ha unido a un 
banco de desarrollo porque no disponía de medios 
administrativos suficientes para gestionar directamente 
los proyectos. El resultado fue decepcionante. Los fondos 
comunitarios han sido puestos a disposición de los bancos 
de desarrollo y gestionados según las normas y criterios 
de esos organismos. La Comunidad se ha encontrado con 
hechos consumados (como la suspensión de los pagos a 
Bolivia, en 1983 en el proyecto Ulla-Ulla (n° NA 77/15) o 
más recientemente el abandono del proyecto) sobre los 
que no tiene materialmente ningún control de actuación. 
Este alejamiento de la gestión es especialmente de 
lamentar cuando el proyecto degenera, puesto que la 
Comunidad no puede hacer nada por intentar salvar la 
situación y ante el defraudado Estado beneficiario es 
corresponsable del fracaso. 
La cofinanciación con Estados miembros 
9.31. La participación de los Estados miembros en la 
financiación y la gestión de proyectos comunitarios no es 
un simple paliativo de la insuficiencia de medios de la 
Comisión o de los Estados beneficiarios. Es un método 
prescrito por el Consejo y considerado deseable por sí 
mismo. La Comisión ha hecho amplio uso de él en los tres 
países andinos, puesto que las financiaciones comparti­
das con un Estado miembro representan el 95 % de las 
que se han realizado en Perú, el 25 % en Bolivia y el 35 % 
en Ecuador. En conjunto, los resultados comprobados 
son favorables. Sin embargo, el Tribunal ha observado 
algunas anomalías que se habrían podido remediar. 
9.32. En primer lugar, el Estado miembro asociado 
tiene a veces tendencia a considerar que una vez percibida 
la subvención comunitaria, es el único a quien le incumbe 
el proyecto. A partir de ese momento, la participación 
financiera de la Comunidad de alguna manera se olvida y 
no se hace nada ante los países beneficiarios para 
recordarles que existe. Cuando el proyecto evoluciona y 
se hace necesario revisar sus objetivos a la Comisión ni 
siquiera se le informa . La llegada «in situ » de una misión 
del Tribunal de Cuentas sorprendió, a pesar de haber sido 
anunciada con tres meses de antelación, hasta el punto 
que le fue imposible obtener, sobre el terreno o en la 
capital del Estado beneficiario, la menor información 
financiera o técnica sobre la ejecución del proyecto. Tal ha sido el caso del proyecto de puesta en riego (n° NA 
79/24-9 Mió ECU) que se realiza cerca de Cochabamba, 
Bolivia, financiado mediante una subvención de la CEE 
(2 Mió ECU), préstamos (80 %) y subvenciones (20 %) 
del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) (6 Mió ECU) 
y el resto (1 Mió ECU) mediante prestaciones en especie 
efectuadas por Bolivia. Los retrasos, así como los 
sobrecostes, han sido importantes. Las causas han sido 
múltiples: exteriores al proyecto, tales como la inflación o 
la suspensión temporal de la financiación de la KFW; 
ligadas al proyecto, tales como la insuficiencia de la 
contribución boliviana, o el descubrimiento de errores en 
la concepción técnica inicial. No se ha enviado ningún 
informe de ejecución a la Comisión sobre esas vicisitudes, 
ni se ha producido ninguna concertación, a pesar de los 
compromisos contraídos inicialmente. La propia Comi­
sión dejó de recordar al cofinanciador sus obligaciones. 
El Tribunal tuvo finalmente que personarse en Frankfurt, 
en la sede misma de la KFW, para realizar las 
verificaciones contables necesarias y obtener aclaraciones 
que permitieran considerar que, en definitiva y a pesar de 
las dificultades y retrasos, la KFW gestionaba este 
proyecto eficazmente y respetando los intereses de la 
CEE. 
9.33. Una segunda observación, asimismo de alcance 
general, tiene que ver con el proyecto (n° NA 83/21) de 
microrrealizaciones rurales, en la región de Cuzco, Perú, 
cofinanciado con los Países Bajos. Además de las 
dificultades de personal que tiene este proyecto (ya 
señaladas en el apartado 9.24), la cooperación neerlande­
sa, a pesar de ser conforme a lo prometido, ha sido 
insuficiente, puesto que al haberse retrasado las realiza­
ciones los gastos de financiación han sido más elevados de 
lo previsto. Una parte bastante importante de la 
contribución europea, asignada a la financiación de las 
inversiones, deberá por lo tanto dedicarse a pagar a los 
asesores técnicos neerlandeses. Al principio, los instru­
mentos jurídicos que fijaban los derechos y las obligacio­
nes de cada una de las partes, carecían de precisión, y, 
sobre todo, no estaban coordinados, sino que se habían 
establecido en función de las circunstancias, aisladamente 
unos de otros, hasta el punto de que la Comisión ignora 
los términos del acuerdo entre los Países Bajos y Perú. En 
cuanto a los dos acuerdos concluidos por la Comisión 
(uno con el Estado beneficiario para concederle la 
subvención comunitaria y el otro con los Países Bajos 
para confirmación del pago de esta subvención y 
conseguir realizar la gestión) se firmaron con un intervalo 
de un año entre sí y sin estar perfectamente articulados. 
Este tipo de situación puede presentarse de nuevo en la 
mayor parte de los proyectos cofinanciados con un 
Estado miembro. 
9.34. En líneas generales puede decirse que los proyec­
tos cofinanciados son gestionados por el Estado miembro 
en cuestión con toda la eficacia que permite su presencia 
sobre el terreno, de forma permanente, con una asistencia 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 141 
técnica competente, y con la preocupación de velar por la 
buena utilización de los fondos comunitarios. Así, por 
ejemplo, en el proyecto de repoblación forestal de 
Cajamarca (n° NA 79/26) (véase apartado 9.49), Bélgica 
efectuó la transferencia de los fondos puestos a su 
disposición en condiciones óptimas (transferencia a 
moneda local de lo estrictamente necesario y elección de 
las mejores condiciones ofrecidas por la reglamentación 
peruana). Por tal motivo, el poder de compra de la 
subvención inicial pudo ser mantenido, lo que constituye 
un resultado excepcionalmente favorable, teniendo en 
cuenta lo observado en la mayor parte de los proyectos 
(véanse apartados 9.66 — 9.69). 
La actuación permanente de la asistencia técnica 
comunitaria durante todo el proyecto 
9.35. Un medio complementario de gestión está consti­
tuido por la utilización de una estructura de asistencia 
técnica pagada por la Comisión y encargada de dirigir la 
ejecución del proyecto. Las comprobaciones realizadas 
por el Tribunal durante su misión, muestran que los 
resultados obtenidos con esta fórmula son discordantes. 
9.36. El proyecto Chambo (n° NA 79/25), en Ecuador, 
no ha resultado un éxito, debido tanto a fallos nacionales 
(véase apartado 9.17) como a un error en la concepción 
del mismo, parcialmente atribuible a la asistencia técnica, 
cuyo coste total, íntegramente imputado a la subvención 
comunitaria, representó una proporción anormalmente 
alta de ésta (0,8 Mió ECU de un total de 2,9 Mió ECU, lo 
que equivale a casi el 30 % de la contribución comunita­
ria). La asistencia técnica fue confiada a la empresa 
encargada del estudio preliminar de viabilidad. Con toda 
certeza, este estudio no había puesto suficientemente de 
relieve la falta de rentabilidad económica del proyecto, 
aspecto que reveló claramente un informe técnico 
posterior encargado por la Comisión. En la zona de 
regadío a la que se aplica la subvención comunitaria, todo 
contribuye a que el rendimiento de la inversión sea muy 
bajo (relieve accidentado, suelos de mala calidad, 
dimensión demasiado reducida de las explotaciones y 
falta de personal técnico y comercial). 
9.37. Por el contrario, los programas de inversión rural 
en Bolivia (n° NA 83/7 y NA 84/8) cuya ejecución se inició 
recientemente, constituyen una prueba de que, con las 
debidas precauciones, la utilización de una asistencia 
técnica permanente financiada por la CEE puede 
constituir una excelente solución. La Comunidad ha 
financiado estos programas con 42,5 Mío ECU, habién­
dose comprometido a aportar 20 Mió ECU más, 
mientras el gobierno boliviano, por su parte, invertirá una 
suma equivalente. Los programas consisten en crear una 
organización que reúna personal local y asesores técnicos 
de la CEE, codirigida por un representante de la corporación local de desarrollo y por el jefe del equipo 
comunitario. Dotada de importantes medios materiales y 
financieros, cada una de estas organizaciones debe no 
sólo realizar numerosas pequeñas acciones de desarrollo 
agrícola sino también concebirlas y seleccionarlas, en 
función del beneficio máximo para la zona considerada, 
cuya superficie y población son importantes. 
9.38. Iniciados en fechas diferentes, los programas están 
más o menos avanzados según las zonas. El primero que 
estuvo realmente en funcionamiento fue el de Potosí, que 
tuvo al principio graves dificultades ocasionadas por el 
régimen monetario de los años 1983-1984 (pérdidas de 
cambio y descapitalización del fondo autorrenovable 
destinado a financiar préstamos a los agricultores), pero 
que permitió interesantes realizaciones técnicas, numero­
sas, variadas, y ricas en enseñanzas en materia de 
desarrollo (véase apartado 9.41). 
9.39. El programa de Oruro, que ha tardado más en 
entrar en funcionamiento, sufrió también importantes 
pérdidas de cambio al principio, pero evitó la descapitali­
zación de su fondo autorrenovable gracias a la experien­
cia obtenida con el programa de Potosí. A pesar de sus 
deficiencias en la gestión financiera y contable, tiene en su 
haber realizaciones similares a las de Potosí y tan 
prometedoras como éstas, especialmente gracias a un 
buen entendimiento con la corporación regional de 
desarrollo. 
9.40. El tercer programa, dedicado a la región de La 
Paz, puesto en marcha en 1985, tiene dificultades de 
financiación (pagos comunitarios lentos y contribución 
boliviana incompleta) y sufre, sobre todo, un agudo 
conflicto con las autoridades regionales, que ha dado 
lugar a una autonomía de gestión insuficiente (véase 
apartado 9.23). 
9.41. Este tipo de financiación con participación de 
asistencia técnica europea, hacia el cual se orienta 
actualmente la Comunidad, representa más del 50 % de 
los fondos comprometidos desde 1977. Los resultados 
son prometedores, puesto que se trata de combinar, a la 
escala de grandes regiones, los elementos imprescindibles 
de las operaciones de desarrollo eficaces: una aportación 
importante de divisas comunitarias, para adquirir los 
bienes y equipo necesarios para la realización de las 
inversiones; la participación de asistencia técnica europea 
que sirva para realizar una transferencia real de 
tecnología; la participación activa de los beneficiarios en 
forma de aportaciones en especie (finanzas públicas 
nacionales, puesta a disposición de medios administrati­
vos y técnicos locales y mano de obra suministrada 
gratuitamente por los campesinos beneficiarios) que es 
fundamental para garantizar la validez de las opciones 
142 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
elegidas para las necesidades locales y para preparar las 
condiciones para una continuación autónoma del 
programa cuando la cooperación comunitaria se acabe. 
9.42. El Tribunal, sin embargo, llama la atención sobre 
la necesidad de respetar, para la buena ejecución de estos 
programas, las siguientes condiciones: 
(a) las autoridades locales deben cumplir correctamente 
sus compromisos en lo que se refiere a la realidad de 
las contribuciones, no solamente en cuanto al trabajo 
de los campesinos sino también sobre todo de las 
administraciones locales; 
(b) la asistencia técnica europea, que debe estar presente 
a lo largo de toda la duración del proyecto, debe dar 
pruebas de una gran aptitud psicológica para 
asociarse con sus compañeros locales; 
(c) los sistemas financieros y contables utilizados deben 
ser seguros e informativos, especialmente en lo que se 
refiere al análisis del coste de cada microrrealización 
para hacer posible, sobre el terreno, una elección 
racional de las micro-inversiones y, en Bruselas (hasta 
que se abra una delegación de la CEE en La Paz o en 
Lima), una supervisión constante y rápida en sus 
reacciones. 
La selección y la realización de los proyectos 
El contexto agroalimentario 
9.43. Los proyectos financiados por la CEE en virtud de 
lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 442/81 del 
Consejo, de 17 de febrero de 1981 ('), relativo a la ayuda 
financiera y técnica en favor de los países en vías de 
desarrollo no asociados (PVDNA), están dedicados 
principalmente al desarrollo rural y de la producción 
agrícola. El contexto agroalimentario no puede ser, por 
tanto, indiferente. Ahora bien, los tres países andinos 
involucrados dependen en gran medida de las importacio­
nes que efectúan del mercado mundial, que cubren más de 
la mitad de sus necesidades alimentarias, considerando 
globalmente todos los productos. La orientación dada 
por el Reglamento (CEE) n° 442/81 está, por lo tanto, 
justificada. 
9.44. Además de los proyectos financiados con el 
Capítulo 93 del Presupuesto CEE, los tres países reciben 
ayuda alimentaria financiada con el Capítulo 92. En 
Ecuador y en Bolivia la ayuda se destina a distribución 
gratuita. En Perú, se vende para constituir fondos de 
contrapartida que permitan financiar inversiones en el 
sector agrícola. Teniendo en cuenta el PNB por habitante 
(Perú 908 USD y Ecuador 995 USD), esta ayuda a los dos 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. países sólo se justifica por las considerables necesidades 
de importaciones de alimentos y los no menos considera­
bles déficit de las balanzas de pagos. En Bolivia, por el 
contrario, el PNB por habitante es únicamente de 525 
USD. Una misión del Tribunal examinó, sobre documen­
tos y sobre el terreno, la realización de estas entregas con 
respecto a las condiciones que se imponen en materia de 
calidad en el desembarque, de almacenamiento y, en caso 
de ayuda gratuita, de distribución a poblaciones-objetivo 
a través del Estado beneficiario o de las ONG. 
9.45. En cuanto a las distribuciones gratuitas, los únicos 
puntos a destacar se refieren a Bolivia, donde un deterioro 
de la leche en polvo entregada, a través de LICROSS, 
engendró una pérdida de aproximadamente 30 000 ECU, 
debido a la negligencia de esta organización en reclamar 
la indemnización del siniestro a los aseguradores y donde 
los medios de almacenamiento de que disponen los 
servicios bolivianos se revelaron insuficientes. En cuanto 
al sistema de fondos de contrapartida peruano, el 
Tribunal ha comprobado que está bien administrado, 
pero que los productos dados por la CEE se ponen en 
venta en el mercado interior a precios próximos a los del 
mercado mundial, es decir, muy inferiores a los costes 
agrícolas de producción nacionales. 
9.46. Es aquí donde reside el verdadero problema, que 
afecta no únicamente a la ayuda alimentaria sino también 
al conjunto de las políticas de importación en el sector 
agroalimentario. A pesar de haber tomado conciencia del 
riesgo que representaba desalentar a los productores 
locales, ya desfavorecidos por factores naturales frecuen­
temente adversos y por costes de transporte elevados, los 
gobiernos de los tres países afectados importan al precio 
de los mercados internacionales lo que les falta y lo ponen 
a disposición de la población. La finalidad es frenar la 
inflación abasteciendo a buen precio a los núcleos 
urbanos. Este es el origen de la aceleración del éxodo rural 
y de la hipertrofia de las grandes ciudades (Lima: 7 
millones de habitantes; La Paz: 2; Guayaquil: 3). De este 
modo se reducen cada vez más las posibilidades de 
inversiones rentables en la agricultura; se va también 
estrechando el ámbito en que puede ser eficaz la política 
de ayuda a la inversión rural de la CEE. 
9.47. El proyecto Majes (n° NA 83/10) en Perú adolece 
ya de varios males (véase apartado 9.22) a pesar de su 
buena concepción técnica inicial. Pero el golpe de gracia 
podría venir de la política gubernamental de abasteci­
miento a bajo precio de leche en polvo comprada en el 
mercado mundial, que llevó a la sociedad privada que 
compraba la producción lechera de los agricultores 
instalados en Majes a interrumpir sus compras desde 
agosto de 1985 hasta agosto de 1986, a fin de evitar tener 
que funcionar con pérdidas. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 143 
9.48. En Ecuador, el Fondo de Desarrollo Rural 
Marginal (Foderuma) (proyecto n° NA 81/9) (véase 
apartado 9.25), sin llegar a conocer peripecias tan 
dramáticas, es otro ejemplo de las dificultades que tiene a 
veces la Comunidad para financiar proyectos de desarro­
llo rural con un futuro real. Este proyecto (n° NA 81/9) 
consiste en aportar una contribución financiera de 3 Mió 
ECU a un programa concebido y realizado por el Banco 
Central de Ecuador. El Foderuma, por medio de 
subvenciones y préstamos, organiza una diversidad de 
pequeñas acciones de mejora de infraestructuras, suelos y 
condiciones de producción agrícola, con la finalidad de 
retener a una población rural atraída por los grandes 
núcleos urbanos. En una región, el Chimborazo, donde 
las condiciones de vida son extremadamente difíciles 
(altitud a veces superior a 4 000 m, desniveles muy fuertes, 
clima frío y húmedo y falta de medios de comunicación), 
las realizaciones, logradas de conformidad con el 
programa, son útiles: electrificación, construcción de 
escuelas y dispensarios, caminos rurales, etc. El éxito del 
proyecto se manifiesta a través del recurso creciente de la 
población al crédito rural, indicador de que se ha 
recuperado la confianza en la producción agrícola local, a 
pesar de que ésta se está revelando vulnerable, principal­
mente por la fuerte erosión del suelo. Sin embargo, se 
trata exclusivamente de una acción humanitaria, suscep­
tible de frenar una evolución inevitable y de facilitar las 
transiciones, pero no de asegurar un desarrollo rural y 
agrícola rentable de la región. 
9.49. Otra realización del mismo tipo está constituida 
por el proyecto Cajamarca (n° NA 79/26) en Perú, 
cofinanciado con Bélgica y gestionado por este Estado 
miembro. Se trata de demostrar, con una realización 
piloto, la rentabilidad de la repoblación forestal en la 
zona. Estimado en algo más de 3,4 Mió ECU, de los 
cuales 2 Mió ECU están a cargo de la Comunidad y el 
resto de Bélgica y Perú, el proyecto ha sufrido un cierto 
retraso y además no se alcanzarán los objetivos iniciales 
dentro del límite de los créditos previstos. Y, sobre todo, 
el fondo forestal imprescindible para la prosecución 
financiera del proyecto, y alimentado por las ventas de 
árboles, no podrá ser eficaz como mínimo hasta dentro de 
15 años, cuando se vendan los primeros. Ahora bien, la 
duración de la vida del proyecto es solamente de cinco 
años. Por tal motivo, durante al menos diez años las 
plantaciones quedarán probablemente paralizadas, lo 
que es contrario a la finalidad de la operación. 
Proyectos regionales 
La Junac Ecuador, Bolivia, Colombia y, desde 1978, a Venezuela. 
Es una Junta cuya sede está en Lima y cuenta con una 
plantilla de un centenar de personas. Su presupuesto de 
funcionamiento está financiado por los Estados miem­
bros del Pacto Andino. 
9.51. La Comunidad Europea subvenciona desde hace 
diez años una parte del presupuesto operativo y ha 
participado con 34,6 Mió ECU en la financiación de una 
quincena de programas a los que los Estados miembros de 
la Junac contribuyen a su vez facilitando funcionarios, 
profesores u otros medios técnicos. Los programas 
apoyados por la Comunidad se reparten principalmente 
en tres sectores: agroalimentario (17,6 Mió ECU), de la 
madera (8,6 Mió ECU) e industria y energía (8,4 Mió 
ECU). 
9.52. El examen de la contabilidad y de los expedientes 
lleva a formular un juicio favorable sobre la gestión 
financiera y administrativa de los recursos comunitarios 
por la Junac. Los Estados miembros del Pacto Andino 
aportan como se convino, sus contribuciones en especie. 
Los programas más antiguos han sido íntegramente 
ejecutados. El avance de los programas en curso parece 
satisfactorio. Las subvenciones de la CEE han sido 
pagadas de forma progresiva, a medida que se iban 
planteando las necesidades, y gestionadas por el benefi­
ciario de forma que se han evitado las pérdidas de cambio 
(véase apartado 9.68). 
9.53. La eficacia de los programas en sí mismos es, 
naturalmente, más difícil de evaluar. Se trata de estudios, 
proyectos piloto y acciones de formación. La idea de 
conjunto consiste en analizar las características particula­
res de las diferentes economías, descubrir las divergencias 
y estudiar las condiciones en que podrían llevarse a cabo 
medidas que permitieran contrarrestarlas favoreciendo la 
creación de un mercado regional en cada uno de los 
sectores considerados. El examen de las condiciones en 
que se han realizado y aprovechado estas acciones ha 
permitido comprobar su carácter generalmente concreto, 
coherente y serio. 
La OLADE 
9.54. La OLADE (Organización Latino-Americana de 
Energía), creada en 1973, agrupa a 25 países y tiene su 
sede en Quito. Tiene como objetivo la integración, 
conservación, utilización racional, comercialización y 
protección de los recursos energéticos de América Latina. 
Recibe sus recursos de los Estados miembros, así como de 
donantes externos, principalmente la OPEP, los EEUU y 
la CEE. 
9.50. El Pacto Andino agrupa, desde 1969, en el seno de 
la Junac (Junta del Acuerdo de Cartagena), a Perú, 9.55. La OLADE ha recibido subvenciones comunita­
rias imputadas a las líneas 930 (aproximadamente 2 Mío 
144 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
ECU), 933 (aproximadamente 0,6 Mió ECU) y 706, 
gastos relacionados con la política energética (aproxima­
damente 0,6 Mió ECU) del Presupuesto, para realizar 
estudios e investigaciones. A la misión del Tribunal le ha 
sido totalmente imposible, a pesar de haber anunciado su 
visita con mucha anticipación, obtener la más mínima 
información para poder evaluar la utilización de esos 
fondos. Esta carencia absoluta no es el resultado de una 
mala voluntad, sino simplemente de la falta de archivos y 
de una gestión contable poco organizada. Esta situación 
se explica por el hecho de que el personal administrativo y 
técnico de la Olade tiene una rotación muy rápida: con 
pocas excepciones se renueva sistemáticamente cada dos 
años. Este fenómeno, sumado a una evidente ausencia de 
organización interna, pone a la Olade en la imposibilidad 
de dar cuenta, ni siquiera de una forma elemental, de la 
utilización de los fondos recibidos, y con mayor motivo 
de su utilidad, de mostrar los estudios financiados y de 
indicar sus resultados o el destino que se les ha dado. Por 
estas razones el Tribunal previene contra la continuación 
de esta colaboración. 
Retrasos en la realización de los proyectos 
9.56. Los principales retrasos en la realización de los 
proyectos, que se han observado durante la misión son los 
siguientes: 
(a) el proyecto n° NA 84/5, de reparación del puente 
Cesarsama y protección de las ciudades de Trinidad y 
Santa Ana en Bolivia, se ha visto considerablemente 
retrasado por la lentitud de los circuitos financieros 
posteriores a Bruselas y por las dificultades plantea­
das en la redacción de las licitaciones de las obras del 
sistema de alerta de aquellas dos ciudades; 
(b) lo mismo puede decirse para el proyecto n° NA 83/03 
de reconstrucción de puentes cerca de Guayaquil en 
Ecuador. A pesar de que este programa tenía carácter 
urgente, lo que se reflejó en el convenio de financia­
ción, y debía haber sido terminado a finales de 1986, 
en enero de 1987 únicamente se habían finalizado 3 de 
los 11 puentes previstos, estando todavía los restantes 
en la fase de obras preparatorias; 
(c) la fecha de finalización de las obras del proyecto n° 
NA 80/35 de construcción de micropresas para la 
revitalización de las zonas afectadas por la sequía en 
la región de Ancash en Perú, había sido fijada 
inicialmente en diciembre de 1984. Tres años más 
tarde, únicamente se había terminado la mitad de las 
20 presas previstas; 
(d) la duración del proyecto n° 79/23 de censo agrícola 
nacional de Bolivia se ha doblado ya con respecto a la 
de tres años y medio prevista inicialmente. En ese período, apenas se han realizado la mitad de los 
trabajos previstos; 
(e) el proyecto n° NA 83/21, un programa de inversiones 
rurales en la región de Cuzco en Perú, ha experimen­
tado asimismo un retraso considerable (8 meses). 
Para poder iniciarlo hizo falta un empréstito obtenido 
en el mercado financiero. 
9.57. El alargamiento de los plazos de realización va 
frecuentemente acompañado de una modificación de los 
objetivos del proyecto definidos inicialmente en el 
convenio de financiación. Tal ha sido el caso del proyecto 
de reconstrucción de puentes cerca de Guayaquil (n° NA 
83/03), que consistía en poner a disposición de las 
autoridades ecuatorianas 2,8 Mió ECU para reconstruir 
puentes destruidos por inundaciones. De los 11 puentes 
previstos únicamente se han terminado tres. El cuarto se 
suspendió en plena construcción por problemas jurídicos. 
Los trabajos de otros tres se iniciarán en breve. De los 
restantes, todavía en fase de trabajos preparatorios, dos 
son de nueva construcción lo que no está previsto en el 
convenio de financiación. La Comisión no era consciente 
de esta situación. La utilidad del programa así modifica­
do queda fuera de toda duda, aunque la rentabilidad de 
las dos obras completamente nuevas es dudosa. 
9.58. Del mismo modo, el objetivo inicial del proyecto 
n° NA 84/5 cuyo coste previsto es de 3,8 Mió ECU, de los 
que 3,4 Mió ECU van a cargo de la Comunidad y el resto, 
del Estado boliviano, era construir un puente sobre el río 
Cesarsama, y luchar contra las inundaciones en Trinidad 
y Santa Ana (construcción de diques, redes de drenaje, 
sistemas de alerta, etc.), con ayuda de asistencia técnica 
italiana. Ahora bien, la reconstrucción del puente fue 
sustituida por la compra de una máquina que haría 
posible posteriormente reconstruir varios puentes, y la 
Comunidad tuvo que aumentar su contribución a algo 
más de 4 Mió ECU. 
Retrasos debidos a decisiones comunitarias 
9.59. Las causas de estos retrasos son múltiples. Hay 
que subrayar en primer lugar las directamente imputables 
a decisiones de las autoridades políticas comunitarias: 
(a) en primer lugar, está la falta de créditos que se 
produce cuando la autoridad presupuestaria no 
autoriza un volumen de créditos de pago en conso­
nancia con el volumen de los créditos de compromiso 
previamente concedidos. A este respecto, el bloqueo 
del proyecto n° NA 83/21 (véase apartado 9.56 (e)) 
provocado por de la falta de créditos de pago al final 
de 1985, ya señalada por el Tribunal en su Informe 
Anual relativo al ejercicio 1985 (2). Al autorizar a la 
gerencia del proyecto a contraer un empréstito de 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 145 
300 000 USD, la Comisión se comprometió a 
financiar un gasto en el ejercicio siguiente, sin que la 
situación entrara en ninguno de los casos expresa­
mente previstos en el Reglamento Financiero. Por 
otra parte, el coste (en intereses y en pérdidas de 
cambio) de este empréstito ha resultado anormalmen­
te alto (79 292 USD por 90 días) y presenta el mismo 
inconveniente que la suspensión del pago, puesto que 
al gravar fuertemente la subvención comunitaria 
reduce en la misma medida su poder de compra; 
(b) en segundo lugar, los retrasos se deben a las 
interrupciones, a causa de la situación política, de los 
pagos de las subvenciones previstas en los convenios 
de financiación. Esto ocurrió en Bolivia durante los 
años 1981 a 1983. Los pagos se suspendieron, 
normalmente a iniciativa de los cofinanciadores con 
los que la Comunidad se había asociado, pero 
siempre con el consentimiento de la Comisión. Esta 
ruptura unilateral de una obligación contractual da 
pie, aún cuando los pagos comunitarios se reanuden, 
a que el Estado beneficiario no respete, a su vez, sus 
propias obligaciones. Además, en un período de 
fuerte inflación, cualquier retraso en el pago se 
traduce en una pérdida del poder adquisitivo de la 
subvención pendiente de pago, cuyo importe perma­
nece invariable en valor nominal. Y el volumen final 
de las realizaciones se reduce en la misma medida. En 
esta situación, el fracaso del proyecto suele ser 
inevitable. Así, el censo agrícola de Bolivia (proyecto 
n° NA 79/23), cuya elaboración es sin embargo 
urgente e imprescindible, no está realizado más que 
en un 60 %, tras casi diez años de esfuerzos y a pesar 
de una subvención comunitaria de 1 Mió ECU. En 
definitiva, el coste total del proyecto será, en términos 
reales y debido al retraso, 3,5 veces mayor que el 
previsto inicialmente. Lo mismo puede decirse de los 
proyectos Ulla-Ulla (n° NA 77/15) y de puesta en 
riego en Cochabamba (n° NA 79/24), ya citados en 
los apartados 9.28 y 9.32. 
Los retrasos en los pagos imputables a los circuitos 
administrativos y bancarios 
9.60. El análisis de los retrasos en los pagos por causas 
puramente administrativas o bancarias muestra que los 
pagos efectuados desde Bruselas durante la ejecución de 
un proyecto son de dos tipos. Unos son pagos indirectos 
al Estado beneficiario o al director del proyecto, que 
sirven normalmente para pagar gastos en moneda local. 
Los otros son pagos directos, que sirven para pagar 
importaciones de material, servicios o asistencia técnica 
que implican, en su mayor parte o en su totalidad, pagos 
en divisas. Estos pagos los efectúa directamente la 
Comisión al agente económico que realiza la prestación a 
que corresponden. 9.61. En lo que respecta a los tres países andinos, la 
misión del Tribunal ha comprobado un cierto número de 
casos en que el agente económico en cuestión es una 
empresa instalada en el Estado beneficiario que ha 
recibido con retraso el pago que le adeudaba la Comisión. 
Este ha sido el caso del proyecto n° NA 84/5 (véase 
apartado 9.56 (a)) de reparación de puentes en la 
provincia de Cochabamba y de la protección de las 
ciudades de Trinidad y Santa Ana, en que la principal 
empresa adjudicataria de las obras fue pagada más de seis 
meses después de haber presentado su solicitud de 
reembolso. 
9.62. En Bolivia, el proyecto de inversión en la región de 
La Paz (n° NA 84/08) no recibió su segunda transferencia 
en una cuenta en La Paz hasta seis meses después de la 
correspondiente solicitud. En el proyecto n° NA 83/03 de 
reconstrucción de puentes en Ecuador, una solicitud de 
reembolso enviada a Bruselas, se pagó en el momento de 
la misión del Tribunal, con un retraso de más de nueve 
meses. 
9.63. La complejidad de los circuitos administrativos es 
en sí misma una causa de lentitud. Estos circuitos 
incluyen una docena de operaciones (3), desde la petición 
de fondos hasta el pago, de las cuales por lo menos la 
mitad son realizadas por los servicios comunitarios. En 
esta fase, los retrasos (véase cuadro 9.2) parecen 
manifestarse en los servicios de contabilidad y de pago 
que, sin embargo no son necesariamente los verdaderos 
responsables. En efecto, los retrasos se deben frecuente­
mente a errores cometidos en fases previas, que se 
traducen durante la fase de ordenación del gasto en 
documentos justificativos incompletos, datos del benefi­
ciario y de su cuenta bancaria insuficientemente precisos, 
etc. 
Cuadro 9.2 — Tiempo medio de tramitación de los documentos de 
pago de los gastos del capítulo 93 (todos los pagos realizados entre 
el 10.1.86 y el 31.3.87 correspondientes a gastos comprometidos en 
1986; 222 operaciones) 
Tramitación administrativa 
del expediente de pago 
Dictamen de los servicios geográfi­
cos y técnicos 
Liquidación y ordenamiento del 
pago 
Contabilización del pago 
Visado del interventor 
Pago (elección de un circuito ban-
cario que permita abonar la cuenta 
del beneficiario, y transferencia al 
primer banco de este circuito) 
Duración media total Días 
laborables 
15 
10 
24 
5 
6 
60 Días 
naturales (') 
24 
16 
40 
8 
8 
96 
(') Teniendo en cuenta la proporción de días no laborables (fines de 
semana y días festivos). 
P^ loiario Oficial de las comunidades Europeas 1^.1^.^ 
^P Pero los retrasos más importantes son principaP 
mente imputables al circuitobancarioimpuestopor el 
Estado beneficiaríooele^idoporel beneficiario del pa^o. 
El análisisefectuado por elLribunal, en coordinación con 
los servicios competentes delaó^omisión, muestra que 
existen dos medidas que constituirían una condición 
previaacualquier mejora significativas 
ta^ apertura por el beneficiario de una cuenta en un 
bancoeuropeo, o en su defecto en un banco que 
tuviese un corresponsal titular de una cuenta en 
Europa^ 
^^eneralizacióndelospa^osenEC^U, aunque esta 
forma de pa^o encuentra reticencias en algunas 
empresas europeas ad^udicatarias de contratos de 
obrasode suministro. 
^éó. Estasdosmedidassehacennecesariassisequieren 
realmente eliminar los errores mencionados en el 
apartado ^-P Además, esto permitiría también al 
servicio pagador avísaralos beneficiarios del envío de 
cualquier pa^o que les afectase, identificando claramente 
el motivo del mismo. C^n mecanismo de acuse de recibo, 
con informaciónatodos los servicios afectados, permití 
ría la transparencia necesaria para que la C^omisiónyel 
beneficiario estuviesen en condiciones de ^u^ar los 
resultados obtenidos por los intermediarios bancaríos 
ele^idosye^traer las correspondientes consecuencias. 
^.^. Las altas tasas de inflación de los tres países 
andinos, diferentes en cada caso, han provocado a 
menudo la implantación de regímenes de cambios 
administrados con varios tipos de cambio, másemenos 
desfavorables, aplicablesala conversión de una moneda 
convertible en moneda local.ElLribunal ha observado, 
durante sus controles, que este lenómeno ha generado en 
muchoscasos la pérdida de una parte de las subvenciones 
comunitarias. Independientemente de la lentitud con la 
que se ^aste, el valor de una subvención puede verse 
afectado por la elección de los circuitosymodalídades de 
pa^o. 
^7. L^eforma^eneral,las subvenciones se ponena 
disposición por tramos sucesivos, constituyendo el 
primero normalmente un anticipo y los siguientes 
entregas del mismo importe unave^ que ha^ustificado 
documentalmente que los bastos del proyecto se han ido 
realizando. Ahora bien, al cambiar demasiadorápida-
mentelos ECmUS de la C^omunidaden dólares, enel 
momentoenqueesta divisa sedepreciaba,ydespuésestos 
dólaresensucres,intisopesos,monedaslocalesde los tres 
países, en un momento en que estas monedas se 
depreciabanasu vez con relación al dólar,todoatipos de 
cambio muy desfavorables, los gestores de los proyectos 
han permitido que las subvenciones puestas a su 
disposiciónsedesvalorizaran.^or otra parte, al conservar 
las sumas en cuestión en moneda local, en cuentas mal 
retribuidas, sin procederaemplearlas rápidamente, estos 
mismos gestores han permitido que las subvenciones se desvalorizaran una secunda vez, especialmente porque la 
inflación interna alcanzábalos tipos más altos delmundo 
^másdellOOO^anualenBoliviaenl^^l^^ 
^D. En total, el valor de algunos ECmES se ha visto 
disminuido enmásdel^^o.^e ha observado este tipo de 
pérdidas en Bolivia, especialmente en el caso de los 
primeros pa^os de los programas regionales de inversión 
rural^^A^7y^^pLambién en el programa de 
microproyectos rurales Eoderuma ^ l^A ^1/^ en 
Ecuador, los primeros pa^os se realizaronaun tipo de 
cambio re^lamentariodesfavorable.lUn proceso parecido 
explica el acotamiento rápido de la subvención concedida 
al proyecto Ancash ^ l^A ^/^, en rerú t^véase 
apartador.l^.C^na buena bestión habría podido evitar 
estas pérdidas, como lo prueba,^asensu contrarios, el 
resultado obtenido por la asistencia técnicabel^a en el 
proyecto C^a^amarca. En este caso, únicamente se 
transfirieron en dólares los importes estrictamente 
necesarios, y posteriormente, en intis, únicamente las 
cantidadesimprescindiblespara lospa^osinmediatos. 
Además, se obtuvieron los tipos de cambio reglamenta 
ríos más favorables de los bancos, a dilerenciade lo 
observado por el tribunal en el examen de los dos 
proyectos antes citados. 
^.^. A los servicios de la comisión se les advirtió 
rápidamente de losefectoscombinados de loshechos 
anteriores. Lnchos servicios pidieron entonces a los 
Estados beneficiarios que conservasen los anticipos 
comunitarios encuentasendivisasy/oaplicasenalas 
transferencias comunitarias el tipo reglamentado menos 
desfavorable. Las respuestas no siempre han sido de 
entradapositivas^ tal ha sido elcaso délos proyectos 
Eoderuma tBcuadom proyecto n^ l^A ^1/^, Ancash 
t^Perú^ proyecton^^A^O^pR^R^iiC^ordepaz 
^Bolivia^proyecton^l^A^^P^ería necesario que en el 
futuro los convenios de financiación incluyan el compro 
miso del Estado beneficiario de que, en el caso de tipos de 
cambio múltiples,concederánalassubvencionescomuni 
tarias el trato más favorable. 
ó9^e^^C^^^^ 
^.7^. Apesar de las críticas anteriores el balance global 
de la cooperación financieraytécnica iniciada hace diez 
años entre la C^EEylos tres países andinos es positivo.A 
diferencia de lo que ocurre con otros RVPóALA, en que la 
ayuda comunitaria se aporta en especie en forma de 
mercancías, estandoacar^odel beneficiario financiarcon 
sus propios medios proyectos que de comunitarios sólo 
tienen el nombret^véase el Informe Especial delLribunal 
n^^^relativoala cooperación financieraytécnica con 
lalndia^^,laayudadelaC^EEseaplicaaproyectos 
financiadosyrealizadosencomúnporlaC^omunidadyel 
Estado beneficiario. Encadacaso se connivan, en la 
medida de lo necesario, bastos en moneda local, equipos 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 147 
y/o asistencia técnica de origen europeo y prestaciones de 
todos los niveles técnicos y administrativos proporciona­
das por el Estado beneficiario. Gracias a esto se van 
realizando diálogos fructíferos en beneficio mutuo de 
ambas partes. 
9.71. La Delegación de Caracas, teóricamente compe­
tente, está de hecho demasiado alejada para poder 
efectuar un seguimiento real de los proyectos. Se ha hecho 
inevitable un seguimiento directo desde Bruselas del que 
resultan dificultades de todo tipo. El establecimiento de 
una delegación de la Comunidad en al menos uno de los 
tres países andinos beneficiarios de ayuda sería una 
medida que podría paliar de forma significativa muchos 
de los problemas señalados en el presente informe. 
9.72. La elección de los proyectos a subvencionar, que 
ha estado condicionada por la extrema pobreza de los 
medios de gestión, ha ido mejorando a medida que la 
Comisión ha adquirido experiencia. Desde hace algunos 
años, la utilización de equipos permanentes y ayudados 
por demasiados asesores técnicos europeos ha permitido 
ampliar la gama de los proyectos posibles y emprender la 
financiación de una amplia gama de microproyectos 
rurales integrados en el contexto socioeconómico local y 
administrados de forma descentralizada, cuyo rendimien­
to económico es superior al de muchos proyectos más 
centralizados. 
9.73. No obstante, el hecho de que los países andinos 
alimenten a bajo precio a sus poblaciones urbanas 
importando masivamente a precios mundiales, destruye sus perspectivas de desarrollo agrícola y reduce cada vez 
más las oportunidades de inversiones rentables. 
9.74. El recurso a bancos internacionales de desarrollo 
para que actuaran como gestores y cofinanciadores ha 
sido, en este caso, muy decepcionante. 
9.75. En el caso de financiaciones realizadas por la 
Comunidad conjuntamente con un Estado miembro, 
habría que procurar que existiera coherencia, en el tiempo 
y en el fondo, entre el convenio de financiación 
formalizado entre la Comisión y el Estado beneficiario, el 
acuerdo de gestión concluido entre la Comisión y el 
cofinanciador, y el convenio efectuado entre éste y el 
Estado beneficiario. Para cada una de las partes en 
cuestión la transparencia entre estos tres documentos 
debería ser total. La mejor solución sería elaborar un 
documento de referencia único que revistiera la forma de 
convenio tripartito. 
9.76. Sobre el terreno, los equipos responsables de la 
ejecución de los proyectos deberían tener claramente 
definidos tanto su grado de autonomía como las 
condiciones en que los técnicos locales son puestos a su 
disposición. 
9.77. Por último, debería prestarse una atención 
constante a la cuestión de los circuitos financieros, con el 
fin de reducir los plazos de pago de la Comisión a los 
beneficiarios directos sobre el terreno y encontrar 
soluciones satisfactorias para los tipos de cambio y los 
mecanismos de tesorería. 
0) DO L 48 de 21.2.1981. 
(2) DOC 321 de 15.12.1986. 
(3) Petición de fondos por la administración de obras públicas; 
transmisión por el Ministerio de Asuntos Exteriores; 
transmisión por la Representación Permanente en las 
Comunidades; dictamen de los servicios técnicos de la 
Comisión; dictamen de los servicios geográficos de la 
Comisión; examen, liquidación y ordenación por los 
servicios financieros de la Comisión; visado del interventor; 
contabilización por el servicio contable; pago por el servicio (4) de tesorería y tránsito por el circuito bancario internacional 
elegido en cada caso por este mismo servicio en función de la 
cuenta bancaria designada por el Estado beneficiario; 
transferencia a la cuenta del Estado beneficiario; seguimien­
to de los procedimientos presupuestarios y contables que 
aplica el Estado beneficiario para dotar las líneas de crédito 
del ministerio involucrado; pago a los diferentes beneficia­
rios. 
DOC 75 de 23.3.1987. 
148 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
CAPITULO 10 
Gastos de personal y de funcionamiento 
10.0. ÍNDICE DE MATERIAS 
Introducción 
Gastos de personal 
Gestión de la retribución del personal 
Consejo 
Tribunal de Justicia 
Comité Económico y Social 
Observación común a diversas instituciones 
Pensiones de invalidez en las instituciones 
Gastos de funcionamiento 
Gastos inmobiliarios de las instituciones 
Observaciones relativas a los gastos de reuniones y de convocatorias 
Consejo 
Comisión 
Tribunal de Justicia 
Comité Económico y Social 
Contribución financiera de la Comisión a una cadena de televisión 
Escuelas Europeas Apartados 
10.1 — 
10.4 — 
10.4 — 
10.4 — 
10.11 — 
10.15 — 
10.23 
10.24 — 
10.41 — 
10.41 — 
10.78 — 
10.81 — 
10.85 — 
10.91 — 
10.94 — 
10.102 — 10.3 
10.40 
10.23 
10.10 
10.14 
10.22 
10.40 
10.106 
10.77 
10.101 
10.84 
10.90 
10.93 
10.101 
10.106 
10.107 10.121 
INTRODUCCIÓN 
10.1. El presente capítulo versa sobre el examen de la 
gestión de las instituciones comunitarias (gastos de 
personal y de funcionamiento). La gestión de las 
instituciones da lugar a observaciones que, según los 
casos, se refieren a temas generales que afectan a todas o 
algunas de ellas, o a cuestiones específicas de una 
institución. la gestión de las retribuciones del personal del Consejo, 
del Tribunal de Justicia y del Comité Económico y Social. 
Las observaciones relativas a la Comisión, al Parlamento 
y al Tribunal de Cuentas figuran en el Informe Anual 
sobre el ejercicio 1986 C1). El presente informe analiza 
asimismo las pensiones de invalidez que se imputan al 
Presupuesto. 
10.3. Por lo que respecta a gastos de funcionamiento, 
las observaciones hacen principalmente referencia a 
temas generales, es decir, a los gastos inmobiliarios de las 
instituciones y a los gastos de convocatorias y reuniones. 
10.2. En lo que se refiere a gastos de personal, el 
Tribunal de Cuentas ha proseguido este año el control de (') Las notas aparecen al final del capítulo. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 149 
GASTOS DE PERSONAL 
Gestión de la retribución del personal 
del Consejo, del Tribunal de Justicia 
y del Comité Económico y Social 
CONSEJO 
Retribución de las horas extraordinarias 
10.4. Desde la investigación efectuada por el Tribunal 
en 1982 (2) y en 1984 (3), el sistema que regula la 
realización y la retribución de las horas extraordinarias 
no ha variado a pesar de determinados compromisos del 
Consejo respecto a la situación de los agentes de las 
categorías A, LA y B, contrarios a lo dispuesto en el 
artículo 56 del Estatuto. 
10.5. Desde entonces el número de horas extraordina­
rias realizadas no ha dejado de aumentar, pasando de 
42 000 horas de agentes C y D registradas durante el 1er 
semestre de 1982 (que correspondieron a 67 000 horas a 
recuperar o a retribuir) a 70 000 horas en el mismo 
período en 1987 (que han correspondido a 82 600 horas a 
recuperar o a retribuir), lo que equivale a un incremento 
de aproximadamente el 66 %. 
10.6. Por otra parte, se ha puesto en práctica un sistema 
de reserva de días de compensación por prestaciones 
suplementarias que ha dado como resultado, a finales del 
ejercicio 1987, un importante número de días de 
vacaciones acumulados. 
10.7. Desde la aprobación, a finales de 1981, de las 
normas internas del Consejo sobre prestaciones suple­
mentarias, se han concedido a los agentes de la institución 
50 466 días de vacaciones por compensación, de los que 
21 176 no se habían usado el 31 de diciembre de 1987. Por 
otra parte, los agentes C y D tenían en esa fecha un 
remanente de 74 055 horas en compensación por horas 
extraordinarias realizadas conforme al artículo 56 del 
Estatuto, equivalentes a aproximadamente 9 874 días, 
que sumados a los 21 176 días de vacaciones de 
compensación representaban un total de 31 050 días, 
equivalente a aproximadamente 150 hombres/años. 
10.8. Al final del ejercicio 1987, de un total de 1 920 
agentes, 1 630, pertenecientes a todos los grados de las 
diferentes categorías, tenían días de vacaciones de 
compensación o de recuperación pendientes, a pesar de que el Estatuto estipula en el artículo primero del Anexo 
VI que la compensación debe realizarse antes del final del 
mes siguiente al de la realización de la prestación 
suplementaria (en caso contrario hay que proceder al 
pago) y de que las normas internas del Consejo disponen 
que, salvo en circunstancias excepcionales, el período de 
descanso debe tomarse al día siguiente de la prestación 
suplementaria. Así, 755 agentes tenían acumulados entre 
10 y 50 días, 117 agentes entre 51 y 100 días y 28 agentes 
más de 100 días, siendo el máximo de 293 días. 
10.9. Estas estadísticas ponen de relieve que el sistema 
utilizado por el Consejo crea nuevos gastos. Cuando los 
agentes que han acumulado un gran número de días de 
vacaciones deciden disfrutarlos, deben ser sustituidos por 
otros agentes o su trabajo debe ser realizado con nuevas 
horas extraordinarias. Cuando acumulan las vacaciones 
hasta el momento en que dejan la institución, los pagos 
devengados, calculados en función del sueldo de dicho 
momento, pueden corresponder a numerosos meses de 
retribución. En todo caso, no se consigue el objetivo de 
descansar inmediatamente después de un esfuerzo 
prolongado. Por lo demás, la práctica de la acumulación 
de vacaciones tiene como efecto una prórroga de gastos 
criticable desde el punto de vista de las normas 
financieras. 
Jornada de trabajo al 75 % 
10.10. Mediante la circular n° 44/87 sobre el trabajo a 
tiempo parcial, el Secretario General informó al personal 
del Consejo de las posibilidades existentes, en especial la 
de reducir la jornada laboral al 75 %. Esta posibilidad 
puede concederse por las mismas razones que el trabajo a 
media jornada, es decir, por educación de niños de corta 
edad, por formación profesional o bien por motivos de 
edad o de salud. Es, sin embargo, contraria a lo dispuesto 
en el Estatuto, que sólo prevé la jornada completa y la 
media jornada. Cualquier otro tipo de regulación de la 
jornada de trabajo, con sus consecuencias financieras y 
sociales, sólo podría realizarse mediante una modifica­
ción del Estatuto. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 
Reparto de competencias 
10.11. La División Financiera gestiona la aplicación 
«Retribuciones». Efectúa por tanto la recogida de datos 
y el cálculo de las retribuciones. Son también los agentes 
de esta división quienes elaboran la nómina, la controlan 
y preparan los anexos a la misma. Posteriormente se 
1^ Diario COficial de las comunidades Luropeas 1^1^^ 
preséntala orden de pago, para sufirma, al ordenador de 
pagos, que es el ^efe de la División de personal. 
1^.1^. f^sta estructura de servicios tiene las siguientes 
consecuencias^ 
^ la liquidaciónvel cálculo de las retribuciones queda 
fuera del control directo del ordenador de pagóse 
^ no se respeta el artículo ^^ del reglamento Financien 
ro, que dispone que las nóminas colectivas lian de ser 
elaboradas por el servicio encargado del personap 
^ se obstaculiza el cumplimiento del principio de 
separación de funciones, debidoaque el ^efe de la 
División Financieraesal mismo tiempo contable, 
motivo por el que no puede asumir responsabilidades 
en el cálculo de las retribucionesven la confección de 
la orden de pago. 
^^^C^^^^^m^ 
ludó5 La División de Personal no verifica sistemáticav 
exhaustivamente que todas las decisiones tomadas por la 
AIPl^,vúnicamenteéstas,seriavanintroducidocorrecta 
mente en los ficheros ^R.etribuciones^.Lste control es 
especialmente importante al no existir fichero informad 
co de la gestión en la División de Personal, que pueda ser 
concillado con los ficheros retribuciones^ a fin de 
detectar eventuales desacuerdos. 
10.1^, Alavez,laDivisióndePersonalnisiquierarecibe 
los dos documentos donde se recogen las modificaciones 
delmes,asaber,lasfichasdeidentificaciónvla lista de las 
diferencias numéricas. Tampoco tiene acceso, por 
terminábalos datos de la aplicación ^R^etribuciones^ 
^oe^istedocumentación alguna sóbrelos eventuales 
controles realizados, excepto la relativaalas comprobad 
cienes de las asignaciones familiares. 
óE^A^^^^óE^^A^^óE^ 
^B^^^c^^^^^^ 
10H^. La alimentación de datos a los ficheros de 
^R^etribuciones^ se hace mediante acceso directo, f^sta 
introducción se verificaacontinuación, mediante concP 
Haciéndela listadelasdilerenciasconlosdiferentes 
totales, que haceel agente que la ha efectuado, cuando en la unidad funcional responsable de las introducciones los 
controles deberían estar en manos de una segunda 
persona. 
10.1(^. Por otra parte, la transferencia directa de datos 
del fichero ^(Eestión^ala aplicación ^R.etribuciones^ 
está contemplada en el programarse realiza. De esta 
forma los datos relatívosalos nuevos agentes t^recluta^ 
mientos^se transfieren directamentevdeformasistemátP 
caalosficheros^R^etribuciones^. Sin embargo, como 
ambos sistemas están concebidos para objetivos diteren 
tes agestión del personalvcálculo de las retribuciones^, 
deberían estar completamente separados, cuando la 
alimentación de los ficheros se efectúa separadamente se 
hace posible su conciliación periódica, lo que constituye 
un control efica^delosdatosque^parecen en cada unode 
ellos, vmásdebidoaque dicho programa existe en el 
C^onse^ovque el comité Lconómicov^ocíal no dispone 
de ningún programa de control. 
10.17. Los servicios del ordenador de pagos no cotejan 
las retribuciones t^incluvendo la incidencia de las modifi­
caciones producidas^ pagadas en un mes con las del 
siguiente,para determinar laregularidad del pagodelmes 
másrecíente. Sinembargo,laaplicación^R^etribucio 
nes^, conjuntamente con el cálculo de las retribuciones 
mensuales, prepara un balance de ingresos v gastos 
distribuidosporlíneaspresupuestarias. Loeíacompara 
ción entre los balances de meses sucesivos t^los saldos del 
mesn—Imás la concesión de nuevos derechos menos la 
supresión de derechos debe corresponderalos saldos del 
mes n^ permitiría verificar si todas las modificaciones se 
han tenido en cuenta correctamenteen la introducción de 
datos v detectar eventuales errores. Los servicios del 
ordenador de nagos se venpor tanto privadosde un 
medio de control simpleveficaz, especialmente debidoa 
que no se realiza ningún otro control en el momento de la 
liquidación. 
10.1^. Durante el ejercicio 1^7sepagarontodaslas 
retribucíonesalos agentes ^l^nómínas de un importe 
medio de l,olvtio LC^tl en concepto de retribuciones 
mensuales v atrasos^ sin que el ordenador de pagos 
competente hubiese preparado previamente la propuesta 
de compromisoria orden de pago.13n efecto,una vez 
efectuado el cálculo mecanizado de las retribuciones, el 
agente encargado de estas operaciones llevó al banco las 
cintas magnéticas juntamente con la instrucción de pago, 
habiéndose efectuado así las operaciones de transieren^ 
cía. Las órdenes de pago no se prepararon hasta mucho 
mástarde^entre^véómeses después delpago^,pero 
fueron sin embargo visadas por el interventor. Las 
ímputacionescontables se realizaron en el momento de la 
confección de las órdenes de pago, es decir,después de 
haberse realizado los pagos. 
10.1^. Lstaforma de proceder constituve una violación 
flagrante délo establecido en los artículos ^é^a^del 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 151 
Reglamento Financiero, y pone en entredicho las 
funciones respectivas del ordenador de pagos, del 
interventor y del contable, que debe suspender los pagos 
en caso de violación de las prescripciones del Reglamento 
Financiero. Ha sido en especial la causa de que en dos 
ocasiones, el 6 y el 14 de julio de 1987, el interventor 
tuviese que recordar que la partida 1190 (coeficiente 
corrector) no había sido dotada y que había que proceder 
a una transferencia. Sin embargo, los pagos correspon­
dientes ya habían sido efectuados en los meses de enero y 
febrero del mismo año. 
Falta de información recíproca 
10.20. Los servicios del ordenador de pagos, del 
interventor y del contable no tienen la posibilidad de 
consulta recíproca y directa, por terminal, de sus ficheros, 
cuyos datos son sin embargo esenciales para el desenvol­
vimiento de los procedimientos de compromiso, liquida­
ción, ordenación de pagos y pago de los gastos. Esta 
situación se debe a que actualmente en el Comité 
Económico y Social se utilizan tres sistemas de programa­
ción distintos, no compatibles entre sí. La consecuencia 
de esta falta de acceso recíproco y directo a los datos es 
que cada vez que se solicita un informe de servicio a 
servicio debe imprimirse un listado. La utilización de un 
mismo sistema de programación por los tres servicios 
constituiría una solución mucho más rápida y eficaz. 
Anticipos al personal 
10.21. El Secretario General del Comité, al amparo del 
artículo 76 del Estatuto, concede anticipos reembolsables 
mediante retención sobre el sueldo. Sin embargo, en 
algunos de estos anticipos no se cumplen las condiciones 
previstas en el Estatuto. 
10.22. Por otra parte, el Director de Administración 
concede anticipos sobre el salario, en condiciones que no 
están contempladas en el artículo 76. Esta práctica no es 
regular. El artículo 42 del Reglamento Financiero 
dispone en efecto que el ordenador de pagos no puede 
conceder anticipos al personal más que cuando el 
Estatuto o una disposición reglamentaria lo contemplen 
expresamente, siendo el artículo 76 del Estatuto la única 
disposición existente que autoriza la concesión de 
anticipos. 
OBSERVACIÓN COMÚN A DIVERSAS 
INSTITUCIONES 
10.23. Para la imposición sobre las horas extraordina­
rias retribuidas, el Consejo, el Tribunal de Justicia y el Comité Económico y Social no aplican correctamente el 
Reglamento n° 260/68 sobre fijación de las condiciones y 
procedimiento de aplicación del impuesto establecido en 
beneficio de las Comunidades Europeas. En efecto, a 
pesar de que el artículo 6 de este Reglamento dispone que 
las cantidades abonadas en compensación de las horas 
extraordinarias se deben gravar al tipo impositivo 
aplicado el mes precedente al del pago a la fracción más 
alta de la base imponible de la retribución, las tres 
instituciones aplican el del mes en que las horas 
extraordinarias se han trabajado. 
Pensiones de invalidez en las instituciones 
10.24. Los gastos correspondientes a las pensiones de 
invalidez, imputados a la partida 1201 de la Sección III, 
Título A-I del Presupuesto, ascendieron en 1987 a 
39,3 Mió ECU, con un aumento del 25,3 % con respecto 
a 1986 y del 137,8 % respecto a 1983. Comparativamente, 
los gastos correspondientes a las pensiones de jubilación 
ascendieron en 1987 a 49,3 Mío ECU, un aumento del 
18,2 % con respecto a 1986 y del 110,7 % con respecto a 
1983. 
10.25. Las pensiones de invalidez pagadas por las 
instituciones europeas se analizan en dos planos. En 
primer lugar el de las estadísticas de las propias 
instituciones y su comparación con las de organismos 
internacionales que emplean, al igual que las institucio­
nes, personal internacional, y con el sector bancario 
francés, cuyos porcentajes de pensionistas son caracterís­
ticos de los porcentajes normales del personal de oficina; 
en segundo lugar se estudian los reglamentos de las 
instituciones y se comparan con los de las organizaciones 
coordinadas, que son el Consejo de Europa, la UEO, la 
OTAN, la OCDE y la AEE (4). Esta comparación es 
interesante debido a que estas organizaciones disponen de 
un régimen común de pensiones muy parecido al de las 
instituciones europeas, que sirvió de base para su 
elaboración. 
Estadísticas sobre las pensiones de invalidez de las 
instituciones europeas 
10.26. A 31 de diciembre de 1987, había 1 428 agentes de 
las Comunidades recibiendo una pensión de invalidez 
(Parlamento 122, Consejo 72, Comisión 1 196, Tribunal 
de Justicia 15, Tribunal de Cuentas 8 y Comité 
Económico y Social 15). El número de pensionistas 
aumentó un 13,4 % respecto a 1986 y un 77,8 % respecto 
a 1983. Comparativamente, 1 541 agentes recibían 
pensión de jubilación el 31 de diciembre de 1987, lo que 
representa un aumento del 9,6 % respecto a 1986 y del 
44 % respecto a 1983. La distribución por carreras a 31 de 
diciembre de 1987 de estos pensionistas se muestra en el 
cuadro 10.1. 
152 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Cuadro 10.1 — Desglose de las pensiones de invalidez y de 
jubilación en vigor el 31 de diciembre de 1987 
Carrera 
A 1 
A2 
A3 
A/LA 5/4 
A/LA 7/6 
A/LA 8 
Total A 
B 1 
B3/2 
B5/4 
Total B 
C 1 
C3/2 
C 5/4 
Total C 
D 1 
D3/2 
D4 
Total D 
Total general Pensiones 
de 
jubilación 
72 
137 
229 
380 
33 
851 
214 
139 
13 
366 
156 
35 
4 
195 
13 
116 
129 
1 541 Pensiones 
de 
invalidez (') 
3 
7 
47 
191 
32 
280 
125 
131 
41 
297 
251 
330 
45 
626 
123 
74 
3 
200 
1 403(2) Pensiones 
de 
invalidez 
abonadas 
a agentes 
de 65 
o más 
años 
2 
4 
10 
43 
4 
63 
42 
28 
9 
79 
62 
57 
8 
127 
40 
10 
50 
319 
(') Incluidas la cifras de la columna «Pensiones de invalidez abonadas a 
agentes de 65 o más años». 
(2) No incluidos 25 agentes a los que se paga en forma de anticipo en 
espera del cálculo de su pensión. 
10.27. De este cuadro se desprende que las categorías A 
y B dominan claramente en las pensiones de jubilación 
con un 79 %, mientras que las categorías C y D no 
representan más que el 21,0 %. Por el contrario, la 
proporción de C y D en las pensiones de invalidez es de 
58,9 %, mientras que las de A y B representan el 41,1 %. 
Si bien en el caso de la categoría A las pensiones de 
invalidez no representan más que aproximadamente una 
tercera parte de las pensiones de jubilación, en la 
categoría B son aproximadamente iguales y netamente 
superiores en las categorías C y D, hasta el punto de que 
por cada 10 agentes de la carrera C3/2 que se jubilan 9 lo 
hacen por causa de invalidez y que todos los agentes de la 
carrera D3/2 se jubilan por causa de invalidez. 
10.28. Los beneficiarios de pensiones de invalidez son 
relativamente numerosos en los grados que en la práctica 
corresponden a finales de carrera: A5/4 y A3 en el caso de 
la categoría A, B3/2 y B1 en la categoría B, C3/2 y C1 en la 
categoría C y D3/2 y DI en la categoría D. 10.29. Las pensiones pagadas de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias que fijan una cantidad 
mínima para la pensión de invalidez (véase apartado 
10.34), representan el 36 % de las pensiones de invalidez. 
Únicamente el 4 % aproximadamente de estas pensiones 
corresponde a agentes de categorías A y B, mientras que el 
57 % es de agentes de categoría C y el 39 % de agentes de 
categoría D. En lo que se refiere a estas últimas 
categorías, hay que hacer constar que la pensión de 
invalidez mínima es siempre superior a la pensión de 
jubilación en su nivel máximo del 70 % al que puede 
pretender un agente que pertenezca a la categoría D, o a la 
categoría C hasta el grado C2 escalón 2 o a los grados B5 y 
B4 hasta el escalón 2. Es sobre todo en estos grados donde 
se da un número de pensiones de invalidez relativamente 
elevado en relación al número de pensiones de jubilación. 
Por otra parte, la concesión de la pensión de invalidez 
mínima es independiente del número de años de servicio 
real o potencial prestado en las instituciones, así como de 
la existencia de una actividad profesional previa a la 
entrada en las instituciones y, cuando tal actividad ha 
existido, de que los derechos de pensión adquiridos 
previamente hayan sido o no transferidos a las Comuni­
dades. 
Estadísticas comparadas 
10.30. El cotejo de las estadísticas del régimen de las 
Comunidades con el de las organizaciones coordinadas, 
en cuanto al número de pensionistas de invalidez, muestra 
que en las instituciones éstos representan el 35,7 % de las 
pensiones (jubilación, invalidez, viudedad y orfandad) 
mientras que el equivalente de las organizaciones 
coordinadas es únicamente del 10 %. Por otra parte, el 
aumento anual del número de pensiones de invalidez con 
relación al número de funcionarios y agentes temporales 
en actividad en las instituciones es del 8,2%o en 1984, 7,2%o 
en 1985, 8,6%oen 1986 y 8,7%oen 1987. Comparativamen­
te, en las organizaciones coordinadas el aumento anual 
medio de las pensiones de invalidez es únicamente del 2%o. 
10.31. En un informe sobre el régimen de pensiones 
elaborado a petición del Consejo, se hace mención de los 
«porcentajes normalizados de jubilaciones por causa de 
invalidez» (5) en las instituciones comunitarias y en los 
bancos franceses, siendo estos últimos característicos de 
los «porcentajes normales para el personal de oficina». 
Los porcentajes correspondientes a las instituciones 
resultan netamente más altos que los de los bancos, 
observándose un claro aumento en el tramo de edad 60 — 
64 años. Por no citar más que dos ejemplos, las 
proporciones en las Comunidades son, en el caso de los 
hombres, del 17,7%o a los 60 años y del 34,0%o a los 64 
años (respectivamente 25,8%o y 38,3%o en el caso de las 
mujeres), mientras que en los bancos franceses son 
únicamente del l,9%o a los 60 años y del 3,0%o a los 64 
años (respectivamente 10,0%o y 13,5%o en el caso de las 
mujeres). 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 153 
Régimen de pensiones de las instituciones europeas y de 
las organizaciones coordinadas 
10.32. El régimen de pensiones de las instituciones 
europeas, que incluye la invalidez, se rige por el Estatuto 
de los funcionarios y, en su caso, por el régimen aplicable 
a los otros agentes. La reglamentación establece que 
cualquier funcionario o agente temporal«tendrá derecho 
a una pensión de invalidez cuando se vea afectado por una 
invalidez permanente que se considere total y le 
imposibilite para ejercer las funciones correspondientes a 
un puesto de su carrera ». El régimen de invalidez no prevé 
la invalidez parcial. Desde un punto de vista médico, 
corresponde a una comisión de invalidez compuesta por 
tres médicos decidir si un agente está afectado por una 
invalidez prevista en las disposiciones estatutarias. En 
caso afirmativo, el agente cesa de oficio en sus funciones y 
recibe una pensión de invalidez por decisión de la 
Autoridad Investida del Poder de Nombramiento 
(AIPN) competente de la institución que emplea al 
agente. El procedimiento se inicia bien a iniciativa de la 
institución, para lo que el agente debe haber acumulado 
más de 12 meses de ausencias por enfermedad en un 
período de tres años o por dictamen del consejero médico, 
o bien a petición del interesado. El procedimiento es el 
mismo en las organizaciones coordinadas. 
10.33. Durante los citados 12 meses en tres años, 
período previo a la apertura de un procedimiento de 
invalidez que se podría llamar período de incapacidad 
laboral transitoria y que no entra por tanto en el régimen 
de pensiones, las Comunidades Europeas pagan al 
interesado la totalidad de su retribución. Las organizacio­
nes coordinadas, el Consejo de Europa, la OCDE y la 
UEO, pagan la retribución durante seis meses. Transcu­
rrido dicho período, el régimen nacional de seguridad 
social del país anfitrión de la organización y las 
compañías de seguros a las que se han afiliado, se hacen 
cargo financiera y médicamente de los agentes de dichas 
organizaciones. Los resultados de los exámenes médicos 
se adjuntan al expediente médico del interesado, expe­
diente que se presentará a la comisión de invalidez en caso 
de apertura de un procedimiento de este tipo. 
10.34. Tanto en las instituciones europeas como en las 
organizaciones coordinadas el derecho a la pensión de 
invalidez se adquiere desde el día de la entrada en 
funciones, sin que esté condicionado a un período mínimo 
de cotización al régimen. La pensión de invalidez 
corresponde a la pensión de jubilación a la que se tendría 
derecho a los 65 años. Sin embargo, no puede ser inferior 
al 120 % del mínimo vital, es decir, un importe bruto de 
67 528 BFR (± 1 565,3 ECU) (al coeficiente corrector de 
100 y con efecto a 1 de julio de 1987) en las instituciones 
europeas, y de 49 500 BFR (±1 147,4 ECU) en las 
organizaciones coordinadas. La pensión de invalidez, al 
llegar la edad límite estatutaria de 65 años, no se sustituye 
por la pensión de jubilación, la cual se calcula en todos los 
casos en función del número de anualidades de cotización 
al régimen. 10.35. Si bien la normativa de las Comunidades prohibe 
la acumulación de una pensión de invalidez y de una de 
jubilación de las Comunidades, autoriza por el contrario 
la acumulación de esta misma pensión de invalidez con 
una renta privada por invalidez cuando la causa de la 
prestación es la misma. No existe ninguna disposición que 
regule la posibilidad de coincidencia de una pensión de 
invalidez con las rentas procedentes del ejercicio de una 
actividad retribuida. En las organizaciones coordinadas 
las normas son más restrictivas. Hacen referencia no sólo 
a la pensión de jubilación sino también a las rentas 
procedentes de una actividad retribuida, que deben ser 
obligatoriamente declaradas. Según el importe de estas 
rentas, la pensión pagada puede reducirse. Fijan igual­
mente los límites de las posibilidades de coincidencia con 
una renta de invalidez cuando la causa de la prestación es 
la misma. 
10.36. Las disposiciones reglamentarias comunitarias 
disponen que la institución puede hacer examinar 
periódicamente, hasta la edad de 60 años, al agente que 
está jubilado por invalidez. Si a consecuencia de este 
examen resulta que el agente ya no cumple las condiciones 
requeridas para recibir la pensión, es obligatoriamente 
reintegrado a la institución de la que procede. Se le deben 
hacer hasta dos ofertas y en caso de rechazarlas por 
segunda vez, puede ser cesado de oficio con anulación de 
la pensión que venía percibiendo. Las condiciones de cese 
de pago de la pensión de invalidez en las organizaciones 
coordinadas son más rigurosas, puesto que la organiza­
ción pone fin al pago de la pensión de los agentes que no 
habiendo alcanzado la edad límite estatutaria (65 años) 
dejan de cumplir las condiciones requeridas para tener 
derecho a la pensión de invalidez. Si el interesado no se 
reincorpora al trabajo, recibe una asignación por cese de 
funciones teniendo en cuenta los años de servicio y los 
años de invalidez si en total son inferiores a 10 años, o una 
pensión de jubilación diferida o anticipada. 
Consideraciones generales 
10.37. El porcentaje de las pensiones de invalidez 
resulta netamente más elevado en las instituciones 
europeas que en las organizaciones coordinadas y en los 
bancos franceses, a pesar de que la naturaleza de los 
puestos de trabajo es parecida, puesto que el trabajo en las 
organizaciones coordinadas implica, al igual que en el 
caso de las instituciones europeas, los inconvenientes 
suplementarios de la expatriación. 
10.38. En lo que respecta a la norma y a su aplicación, el 
número de pensiones de invalidez y su estructura hacen 
temer la existencia de efectos perjudiciales para el régimen 
tales como: intentar conseguir una pensión mínima de 
importe sustancial tras un corto período, real o potencial, 
de actividad, en general y en las instituciones en 
particular, la sustitución de una pensión de jubilación por 
una pensión de invalidez de importe más elevado; o tratar 
de obtener, por medio de una pensión de invalidez, una 
pensión de jubilación anticipada al tipo que sería 
alcanzado a la edad de 65 años. 
154 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
10.39. En su Informe Anual sobre el ejercicio 1982 (6), el 
Tribunal constató que, a excepción del Comité Económi­
co y Social (el Tribunal de Cuentas no estaba afectado en 
aquella época) no se habían llevado a cabo controles 
médicos tras la concesión de una pensión de invalidez 
(véase apartado 10.36) y recomendaba subsanar esta 
deficiencia. A pesar de la recomendación de los jefes de 
administración de efectuar dichos controles cada dos 
años, a menos de que la Comisión de invalidez haya 
manifestado su inutilidad por el tipo de invalidez, el 
Parlamento y el Consejo no hacen uso de esta posibilidad. 
10.40. En conclusión, si bien no se intenta cuestionar los 
casos individuales declarados por una comisión de 
invalidez, el Tribunal se ve por el contrario obligado a 
preguntarse sobre el efecto general que resulta de la 
aplicación del régimen de pensiones. Tratándose de un 
régimen que parece poco vinculante y con una componen­
te social dominante, es especialmente necesario que las 
instituciones, a través de una interpretación muy 
restrictiva de la norma, se protejan de toda diferencia 
entre los objetivos perseguidos por el régimen y su puesta 
en práctica. 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Gastos inmobiliarios de las instituciones 
Introducción 
10.41. Los gastos inmobiliarios de las instituciones 
fueron ya objeto de un Informe Especial del Tribunal de 
Cuentas en 1979 (7). 
10.42. En 1982, el Parlamento, observando que el coste 
representado por el alquiler de inmuebles en el Presupues­
to de la Comunidad era «sustancial y creciente», adoptó 
una resolución sobre la política inmobiliaria de las 
instituciones de la Comunidad (8) tendente a «la puesta 
en práctica de una política inmobiliaria lo menos costosa 
posible para el Presupuesto de la Comunidad y que 
permita a las instituciones comunitarias trabajar con la 
mayor eficacia posible» (apartado 10 de la Resolución). 
Evolución de la política inmobiliaria de las instituciones 
10.43. Desde el Informe del Tribunal de 1979 hasta 
finales de 1987, la superficie total de los edificios 
ocupados por las instituciones ha pasado de 788 000 m2 a 1 348 500 m2. Es de destacar que actualmente las 
instituciones ocupan aproximadamente 150 edificios, que 
representan unos gastos por alquileres del orden de 
100 Mió ECU por año (20 % del gasto total de 
funcionamiento de las instituciones). 
10.44. Esta evolución no es el resultado de una 
«política »inmobiliaria de las Comunidades. En realidad, 
es la consecuencia de acciones llevadas a cabo por las 
instituciones, cada una por su cuenta, en las tres 
localidades de trabajo y en otros países. En Bruselas, la 
ocupación de locales se ha efectuado en la zona del Rond-
Point Schuman en lo que respecta a la Comisión y al 
Consejo, y en las proximidades de la calle Belliard por lo 
que respecta al Parlamento, sin que esta concentración en 
el « Barrio Europeo » haya tenido lugar en el contexto de 
una implantación común. En el Gran Ducado, las 
diferentes instituciones instaladas en Kirchberg, nuevo 
barrio de la ciudad de Luxemburgo, han continuado 
solicitando de forma unilateral al Gobierno que ponga 
edificios a su disposición. En Estrasburgo el Ayuntamien­
to se ha encargado de albergar los servicios del 
Parlamento, a quien el Consejo de Europa alquila su 
hemiciclo para las sesiones parlamentarias. 
10.45. En general, las instituciones han continuado 
alquilando edificios a pesar de que el alquiler sea 
manifiestamente el medio más caro para el alojamiento 
del personal, aspecto éste ya indicado por el Tribunal en 
su Informe Especial de 1979. 
10.46. En algunos casos las propias instituciones han 
construido edificios. Esta situación, más ventajosa desde 
el punto de vista financiero y de la eficacia, se basó, sin 
embargo, en una previsión plurianual, con lo que las 
obligaciones contraídas para varios años frente a terceros 
estuvieron cubiertas inicialmente por un presupuesto que 
funciona mediante dotaciones anuales. 
10.47. El trato que se da a estos gastos en el ámbito 
presupuestario (disponibilidad de créditos decidida 
anualmente) favorece el alquiler, muy oneroso, sin tener 
en cuenta el ahorro a largo plazo que se podría conseguir 
con soluciones alternativas tales como la construcción o 
la compra de inmuebles. 
10.48. La evolución de los gastos de alquiler por 
institución y por localidad de trabajo (Bruselas, Luxem­
burgo, Estrasburgo y otros lugares) está recogida en los 
cuadros 10.2 y 10.3. 
10.49. El cuadro 10.3 ofrece una visión general de los 
precios de alquiler por m2 de los edificios comunitarios en 
1978 y 1987. A pesar de tratarse de medias brutas relativas 
a alquileres fijados en fechas diferentes, la evolución al 
alza de los precios de alquiler es evidente. A este respecto 
cabe destacar que el aumento de los alquileres pagados 
por las instituciones ha sido constante durante los últimos 
20 o 25 años. Así, por ejemplo, mientras que en 1962 los 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 155 
Cuadro 10.2 — Evolución de los gastos de alquileres por lugar de trabajo 
Lugar de trabajo 
Bruselas 
Luxemburgo 
Estrasburgo 
Otros lugares 
Total 1978 
Superficie 
total 
(1 000 m2) 
497,1 
230,8 
34,7 
25,4 
788,0 Alquiler 
anual 
Mió ECU 
25,9 
13,4 
0,3 
1,3 
40,9 Precio 
m2 
(ECU/m2) 
52,1 
58,1 
8,7 
51,2 
51,9 1987 
Superficie 
total 
(1 000 m2) 
816,7 
381,1 
98,6 
52,1 
1348,5 Alquiler 
anual 
Mío ECU 
63,8 
24,8 
4,7 
6,9 
100,2 Precio 
m2 
(ECU/m2) 
78,1 
65,1 
47,7 
132,4 
74,3 
Cuadro 10.3 — Evolución de los gastos de alquiler por institución 
Institución 
Parlamento 
Consejo 
Comisión 
(y de ella la OPOCE) 
Tribunal de Justicia 
Tribunal de Cuentas 
Comité Económico 
y Social 
Total 1978 
Superficie 
total 
(1 000 m2) 
115,7 
78,8 
546,7 
(17,1) 
24,7 
9,2 
12,9 
788,0 Alquiler 
anual 
Mió ECU 
4,7 
5,0 
28,8 
(0,9) 
1,3 
0,5 
0,6 
40,9 Precio 
m2 
(ECU/m2) 
40,6 
63,4 
52,7 
(52,6) 
52,6 
54,3 
46,5 
51,9 1987 
Superficie 
total 
(1 000 m2) 
312,0 
111,9 
851,9 
(29,1) 
35,9 
14,3 
22,5 
1 348,5 Alquiler 
anual 
Mió ECU 
19,3 
10,5 
65,2 
(2,2) 
2,5 
1,1 
1,6 
100,2 Precio 
m2 
(ECU/m2) 
61,9 
93,8 
76,5 
(75,6) 
69,6 
76,9 
71,1 
74,3 
edificios se alquilaban en Bruselas a 920 BFR/m2 (edificio 
JECL) y en 1976 a 1 974 BFR (edificio Charlemagne), en 
1987 los precios de alquiler han alcanzado los 5 500 BFR/ 
m2 (ampliación del edificio de la calle Belliard, 113), lo 
que representa que los alquileres se han multiplicado por 
seis desde 1962 (el índice de precios se ha cuadruplicado 
durante el mismo período). También en Luxemburgo el 
alza de los alquileres ha sido importante. En 1987 se 
aceptaron alquileres de 4 950 BFR/m2 (edificio BAKIII), 
mientras que en 1973 el Palacio del Tribunal de Justicia se 
alquilaba a 1 376 BFR/m2 (aumento de 3,6 veces en 14 
años). 
Condiciones de alquiler 816 700 m2 de oficinas, lo que les proporciona una fuerza 
negociadora indudable. Sin embargo, en la práctica, cada 
institución ha negociado separadamente con los propieta­
rios/arrendadores perdiendo así todas las ventajas de una 
acción coordinada. 
10.51. En su Informe Especial, el Tribunal señalaba que 
los alquileres de larga duración de inmuebles construidos 
para las instituciones debían tener como contrapartida un 
alquiler reducido después de la amortización de la 
inversión. La situación entonces observada no ha 
cambiado. Salvo algunas excepciones (p. ej. el edificio 
«Centre de conférences A. Borschette» en Bruselas), no 
existen indicios concretos de que este elemento haya sido 
tenido en cuenta en las negociaciones de los contratos. 
10.50. Las condiciones de alquiler aceptadas por las 
instituciones son las del mercado inmobiliario en las tres 
localidades de trabajo. Una negociación coordinada de 
las instituciones con los propietarios de los edificios 
existentes o a construir en Bruselas, o con las instancias 
gubernativas en Luxemburgo, habría permitido obtener 
condiciones de alquiler más adecuadas. Es de destacar a 
este respecto que en Bruselas las instituciones ocupan Indización de los alquileres 
10.52. El Tribunal de Cuentas recomendaba asimismo a 
las instituciones examinar si las modalidades de indiza-
156 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
ción de los alquileres eran razonables desde un punto de 
vista económico y, de una forma más general, estar 
especialmente atentos a este aspecto, sobre todo en el caso 
de edificios construidos para atender las necesidades de 
las instituciones. 
10.53. En los casos en los que la financiación de la 
construcción adopta la forma de un préstamo hipotecario 
a largo plazo e interés fijo que cubre la depreciación 
monetaria durante el período considerado, la indización 
del alquiler, si se acepta, representa para el promotor una 
cláusula suplementaria a su favor. Para asegurarse de la 
adecuación de los precios pedidos, es necesario, por tanto, 
recurrir al contrato de financiación. Las instituciones 
deberían insistir siempre en que el coste de los alquileres 
esté justificado de forma precisa en función del coste de la 
financiación. 
10.54. A este respecto, se ha observado que mediante el 
juego de la indización, la rentabilidad del alquiler de 
algunos edificios construidos para las Comunidades se 
había prácticamente doblado con respecto a la inicial. 
10.55. En esta materia, algunas instituciones (Parla­
mento y Tribunal de Cuentas) han previsto la posibilidad 
de renegociaciones dentro de ciertos plazos, y no la 
indización automática. Este ejemplo debería ser seguido 
por las demás instituciones al concluir o renovar los 
contratos de alquiler. 
Pago de impuestos nacionales 
10.56. Las instituciones ubicadas en Bruselas aceptan 
contractualmente pagar impuestos nacionales sobre los 
edificios alquilados (Contribución urbana) en sustitución 
de los propietarios. A pesar de las observaciones 
formuladas por el Tribunal (7) y de la Resolución del 
Parlamento (8), el problema aún no ha sido resuelto. 
10.57 Estos gastos injustificados se van incrementando 
de año en año. El cuadro 10.4 ofrece una estimación de las 
cantidades pagadas por las instituciones en concepto de 
contribución urbana por los edificios situados en 
Bruselas. 
10.58. Las instituciones deberían plantear la cuestión al 
Gobierno belga y, en todo caso, desde un punto de vista 
práctico, deberían evitar asumir el pago de impuestos 
cuyos sujetos pasivos para el fisco belga son los 
propietarios de los inmuebles. Se ha observado a este 
respecto que algunas representaciones diplomáticas 
instaladas en Bruselas rechazan sistemáticamente los 
contratos que les obligarían a pagar la contribución 
urbana. Las instituciones también deberían adoptar en el 
futuro una actitud parecida. Cuadro 10.4 — Contribución urbana 
(ECU) 
Institución 
Parlamento 
Consejo 
Comisión 
Tribunal de Cuentas 
Comité Económico y Social 
Total Cantidades 
comprome­
tidas en 1978 
39 415 
383 918 
837 361 
44 913 
1 305 607 Cantidades 
comprome­
tidas en 1987 
213 994 
941 329 
3 671 037 
4 708 
121 124 
4 952 192 
Utilización de créditos para alquileres (artículo 200 del 
Presupuesto) 
10.59. Los gastos de alquileres (artículo 200 del 
Presupuesto de funcionamiento de las instituciones) 
también se podrían controlar mejor mediante una gestión 
rigurosa de su previsión y ejecución presupuestarias. 
10.60. El análisis pormenorizado de los gastos de 
alquiler de las instituciones (artículo 200, « Alquileres») 
correspondientes al período de 1984 a 1986 proporciona 
ciertas indicaciones a este respecto. 
10.61. En particular, los gastos en cuestión dan lugar a 
las siguientes observaciones: 
(a) Los créditos abiertos en los últimos presupuestos en el 
artículo 200 (Alquileres) aparecen en general sobreva-
lorados en relación con las necesidades en materia de 
alquiler; en efecto, de ellos se hacen transferencias 
importantes destinadas a reforzar otras líneas 
presupuestarias (± 5 Mió ECU por año); 
(b) el pago de ciertos alquileres sirve igualmente para 
remunerar los trabajos de acondicionamiento de los 
locales, que normalmente se deben imputar al 
artículo 204 (Acondicionamiento de locales) y no al 
artículo 200 (Alquileres) (importe aproximado anual 
de las anualidades por trabajos cargadas al artículo 
200: 18 Mió ECU). 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 157 
Adquisiciones 
La Decisión del Consejo de 14 de diciembre de 1981 
10.62. El Consejo de Ministros aprobó en 1981 una 
orientación de base en materia de política inmobiliaria. 
La Decisión adoptada el 14 de diciembre de 1981 
disponía, en particular, que: «El Consejo no pone en 
principio objeción a que las instituciones, en sus 
propuestas para la satisfacción de las necesidades de 
locales en los lugares de trabajo que les son asignados por 
decisión de los gobiernos de los Estados miembros, 
analicen las diferentes soluciones posibles desde el punto 
de vista jurídico y financiero y adopten la que les parezca 
más adecuada, incluida la compra. No obstante, las 
propuestas de las instituciones en materia de política 
inmobiliaria deberán ser examinadas caso por caso en las 
diferentes instancias del Consejo, sin perjuicio de la 
cuestión de la sede de las instituciones.» 
10.63. Esta decisión, importante en lo que se refiere a la 
posibilidad de que las instituciones adquieran inmuebles, 
no ha tenido los efectos esperados debido especialmente a 
la negativa del propio Consejo, en cuanto autoridad 
presupuestaria, a facilitar los medios financieros necesa­
rios. 
10.64. De este modo, las solicitudes del Tribunal de 
Justicia y del Tribunal de Cuentas para construir sus 
propios edificios, a pesar de ser justificadas por el ahorro 
que podían representar, encontraron en 1982 una actitud 
negativa del Consejo, aparentemente preocupado por 
limitar el crecimiento de los presupuestos de funciona­
miento, pero sin tener en cuenta el ahorro conseguible a 
medio plazo. 
10.65. Las diferentes iniciativas que han podido ser 
llevadas a la práctica por la Comisión lo han sido sin que 
los créditos necesarios hayan estado garantizados de 
antemano. Por otra parte, para la construcción del 
complejo de la calle de la Loi en Bruselas, aproximada­
mente un 10 % de los pagos tuvieron que efectuarse 
anticipadamente, a fin de evitar la anulación de los 
créditos anuales, infringiéndose así el Reglamento 
Financiero. 
10.66. Por su parte, el Consejo se ha orientado en el 
sentido de declarar la construcción de su nuevo complejo 
del Rond-Point Schuman en Bruselas como gasto 
obligatorio (artículo 297 del Presupuesto). 
Compras de inmuebles 
10.67. Con respecto a la situación existente en 1978 en 
las tres localidades de trabajo, es de señalar que la 
Comisión ha comprado los siguientes inmuebles: 
(a) un edificio en Bruselas (calle de la Loi 120) destinado a formar parte de un complejo administrativo en 
construcción (coste: 4,4 Mió ECU); 
(b) un complejo inmobiliario de 55 500 m2 (edificio 
« Breydel») en Bruselas, cuyo precio se debe abonar 
en 20 anualidades constantes (coste de la operación: 
6 140 Mió BFR, equivalente a ±142,1 Mió ECU). 
10.68. Estas adquisiciones presentan ventajas económi­
cas evidentes en relación con el eventual alquiler de esos 
mismos edificios. A título de ejemplo, la Comisión estimó 
en 1986 que el pago en 20 anualidades del precio del 
edificio Breydel en Bruselas ascendía a 6 140 Mío BFR 
(±142,1 Mió ECU) mientras que el alquiler del mismo 
inmueble por un período de 20 años hubiera representado 
9 091 Mió BFR (±210,4 Mió ECU). 
10.69. En lo que respecta a la compra de edificios 
«llaves en mano» hay que destacar también que esta 
solución libera a la institución de los problemas que le 
plantearía la construcción de un edificio actuando como 
dueño de la obra. 
10.70. En el caso del edificio alquilado por el Tribunal 
de Cuentas en Luxemburgo, se ha previsto la posibilidad 
de compra a plazos mediante una cláusula contractual 
que permite la adquisición del edificio con deducción de 
los alquileres ya pagados. 
Conclusiones 
Coordinación 
10.71. La situación inmobiliaria de las instituciones, 
caracterizada en el pasado por la ausencia de coordina­
ción, continúa evolucionando sin un enfoque uniforme. 
Numerosos aspectos de la «política» inmobiliaria exigen 
sin embargo esfuerzos de coordinación y de racionaliza­
ción, tales como el establecimiento de previsiones 
quinquenales comunes, la utilización en común de 
locales, la definición de normas técnicas comunes, etc. 
10.72. A este fin, tras la publicación del primer informe 
del Tribunal, se constituyó un Comité interinstitucional 
que hubiera podido dar un impulso a la coordinación de 
las instituciones. Este Grupo Interinstitucional de 
Política Inmobiliaria (GIPI), creado en 1980, realizó una 
labor útil durante algún tiempo. El esfuerzo no fue 
continuado ya que cesó sus actividades al acabar 1984. 
roa3 lOiarioCOticial de las comunidades europeas l^.L^^ 
Este órgano especializado debería ser revitali^ado y 
dotado de competencias de asesoramiento sobre las 
principales cuestiones relativas a la ubicación y a la 
bestión de inmuebles. 
A^^^^c^c^^A^A^ 
Itm^. bástala fechad cada institución na seguido sus 
propias normas técnicasolas del país de implantación, 
teniendo en cuenta las diversas experiencias habidas en 
esta materias elfribunal ya había señalado la necesidad 
de un esfuerzo de coordinación tendenteala racionalizad 
ciónynormalización de las necesidades de las institución 
nes en materia de alojamiento del personal. 
10.7^. contando con la ayuda de expertos o de 
organismos especializados^ las instituciones deberían 
elaborar un compendio de normas técnicas común a 
todas las instituciones^ sin perjuicio de las normas 
particulares que se hacen necesarias en casos especiales. 
L^B7éó. Losdiferentescontratos de alquiler existentes 
deberían ser sustituidos en el futuro portextos armoniza­
dos que respondiesenalave^alos criterios debuena 
bestión ^indización apropiada del alquilen bastos aceptad 
bles^ negativa al pa^o de impuestos nacionales^ etc.^ya 
las disposiciones del Ralamente financiero t^p^o a 
plazos^ ejecución de los trabados tras concurso públicos 
etc.^ 
^^^c^c^^^^^^^^^^ 
10.7^. El alquiler constituye la solución más onerosa de 
los problemas de alojamiento. Salvo enelcaso délos 
alquileres por períodos limitados^ el importe acumulado 
del alquilerpa^ado por un editiciodeterminado sobrepa­
sa ampliamente el coste de construcción más la amortizad 
ción.foeben examinarse^ por tantos todas las alternativas 
posibles al simple alquilenytodo nuevo alquiler ha de 
quedar justificado con respectoalas demás soluciones 
posibles. 
^^^^^^^^^^^^ 
1^,77. El enfoque presupuestario puramente anual de 
los bastos inmobiliarios realizado hasta la fecha por la 
autoridad presupuestariaya no respondeacriterios de 
buena ^estión^ al tratarse de un ^asto anual delOOlviio 
EC^L^ydecompromisoscontractualesque llegan hasta^ 
y^^ años.Ante un crecimientoconstantede los ^astosH^ 
instituciones se ven prácticamente imposibilitadas para 
poner en práctica una política de inversiones^ que sería la 
única que podría permitir un ahorro importante. En esta 
situaciónia autoridad presupuestaria debería considerar la creación de un presupuesto plurianual de inversiones 
destinado a favorecer en la medida de lo posible la 
comprayconstruccíónde edificios^ lo que^ ala vez^ 
permitiría tirmar contratos de alquilerodepréstamoa 
lar^o plazo de conformidad con las disposiciones 
financieras que ri^en este tipo de compromisos. 
e^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
^^^^^^^c^^^^^^^^ 
tG^n^r^d^de^ 
10.7^. Los bastos de reuniones en que han incurrido las 
institucionesyque se han imputado al C^apítulo^del 
Rresupuesto^hansidoob^etodeuncontrolhorizontal.En 
lo que sigúeselo se hace referenciaalas instituciones que 
han dado lu^ar a observaciones. Existen diferencias 
importantes entre los regímenes de reembolso de ^astosy 
pa^odedietasalaspersonasque participan enreuniones. 
Afalta de un régimen válido para todas las instituciones^ 
cada una de ellas ha determinado por sí misma las 
disposiciones que aplicaalas personas que participan en 
las reuniones. El consejo haadoptadodiversasdecisiones 
sobreel ré^imenrelativoa losmiembrosdel comité 
Económicoy^ocial. 
lu.7^. Las personas que participan en las reuniones 
convocadaspor las institucioneseuropeas tienen derechos 
en principios al reembolso de los bastos en que han 
incurrido. Asíiosexpertosajenosalas administraciones 
públicas reciben normalmente el reembolso de los bastos 
devia^eydelos^astosdeestancia.Paralosexpertosdelas 
administraciones públicas se aplican normas diferentes. 
El C^onse^o no concede dietas a los funcionarios 
nacionales. En la comisión coexisten regímenes diversos^ 
en los que los expertos de administraciones públicas que 
participan en lasreuniones delamayor parte de los 
comités perciben únicamente los bastos de viaje. Sin 
embar^o^ existen todavíal^comités en los que separan 
también las dietas. Los miembros del comité Económico 
y social perciben dietas^ aparte del reembolso de los 
bastos de viaje. 
10.^0. Elc^^^.^ofreceunaidea^eneraldelnúmero 
ydelcostedelasreunionescelebradaseneltranscursodel 
ejercicio 1^7 por las tres instituciones que convocan con 
mayor frecuenciaamiembrosoaexpertos. 
óE^^^^B^ 
10.^1. El artículo ^0 del Presupuesto del Consejo 
^IviioEC^L^ en 1^7^ cubre en particular el reembolso 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 159 
Cuadro 10.5 — Reuniones: número y coste 
Institución 
Consejo 
Comisión 
Comité Económico 
y Social 
Total Número 
de 
reuniones 
2 123 
2 279 
410 
4 812 Número 
de 
asistentes 
0) 
25 346 
33 914 
11 000 
70 260 Gastos 
reembol­
sados 
(Mió ECU) 
9,4 
17,0 
4,6 
31,0 
(>) Algunos expertos participaron en más de una reunión. 
de los gastos de viaje de la Presidencia y las Delegaciones 
con ocasión de las sesiones y de sus reuniones. 
10.82. El reembolso de los gastos de viaje se efectúa bien 
sobre los impresos de declaración cumplimentados por 
los participantes durante la reunión, o bien sobre 
peticiones escritas y presentadas a la Secretaría General 
unos días después de la fecha de las reuniones por las 
Representaciones Permanentes o directamente por los 
Estados miembros. 
10.83. Haciendo abstracción de las peticiones presenta­
das por los propios participantes con ocasión de las 
reuniones, la liquidación de los gastos se efectúa a veces 
sin comprobación de su justificación, es decir, sin la 
prueba del desplazamiento del delegado. Faltan, en 
concreto, las listas de asistencia de los delegados a cada 
reunión. Parece necesario un refuerzo de los sistemas de 
verificación de los costes de las reuniones. 
10.84. Se ha observado además que aproximadamente 
el 40 % de los delegados que participan en las reuniones 
del Consejo asisten también a las reuniones de los 
diferentes comités de la Comisión. En estas circunstancias 
debería establecerse un control interinstitucional de los 
gastos de viaje. 
COMISIÓN 
Comités y grupos de trabajo 
10.85. Tanto por los actos comunitarios como por 
iniciativa de la Comisión se ha creado un importante 
número de grupos y comités. A efectos de control se 
adjunta al Presupuesto (9) una lista de los Comités que 
funcionan en el marco del artículo 251 (Gastos de reuniones de comités). En realidad, esta lista, actualizada 
por la Dirección General XIX (Presupuestos) durante la 
preparación del Presupuesto (con bastante anticipación 
al ejercicio de referencia) no siempre está al día cuando se 
publica. Por su parte, la Secretaría General prepara 
anualmente una lista de todos los grupos y comités 
constituidos en la Comisión (863 en total). De hecho, no 
existe necesariamente concordancia entre las listas 
publicadas en el Presupuesto y las elaboradas por la 
Secretaría General. 
10.86. Tal como se ha indicado anteriormente (véase 
apartado 10.79) existen diferentes regímenes de reembol­
so. Además existen comités, como por ejemplo el Comité 
Científico de Alimentación Humana y el Comité Científi­
co de Cosmetología, con sus subcomités, en los que el 
importe de las dietas se duplica (145 ECU). Sucede en 
ocasiones que los mismos miembros participan en otros 
comités donde su participación se reembolsa al tipo 
normal (72,5 ECU). Debería hacerse un esfuerzo para 
elaborar nuevas disposiciones que permitiesen aproximar 
los diferentes haremos, que actualmente se basan 
excesivamente en una apreciación discrecional de las 
cualidades de los expertos convocados. 
Aplicación informática « APEX» 
10.87. En 1986 se puso en operación un programa 
informático denominado « APEX » para la gestión de los 
gastos de reuniones. Este sistema relaciona los datos 
relativos a los expertos que participan en las reuniones 
(22 000) y el conjunto de sus lugares de procedencia 
(3 000) con sus distancias respectivas a Bruselas y a 
Luxemburgo. 
10.88. Esta aplicación informática orientada a facilitar 
la gestión de los gastos de reunión debería sin embargo 
mejorarse. Carece, entre otras cosas, de la documentación 
del programa. No existen controles por muestreo de la 
exactitud de los datos introducidos (por ejemplo, de las 
distancias y de los máximos de gastos de viaje). 
Reembolso de los gastos 
10.89. Parece necesaria una revisión de los criterios 
seguidos, consistentes, por ejemplo, en considerar la 
distancia como un elemento determinante para la 
concesión de gastos de distancia y de viaje de cada 
persona. Y esto: 
(a) teniendo en cuenta el desarrollo actual de las 
comunicaciones, especialmente en lo que se refiere a 
los gastos de distancia, admisibles únicamente en el 
caso de viajes largos y cansados; 
160 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
(b) teniendo en cuenta la liberalización de las tarifas 
aéreas y las reducciones posibles en los costes de viajes 
en la preparación de las tarifas máximas a reembol­
sar; 
(c) previendo que los expertos justifiquen sus gastos de 
forma más precisa (presentación de los billetes de 
todos los tipos de transporte, incluidos los viajes en 
ferrocarril, justificación de gastos de estancia, etc.). 
10.90. En lo que respecta a la liquidación de los gastos a 
reembolsar, la Comisión debería asimismo proceder a 
reforzar los procedimientos internos actualmente aplica­
dos, que no ofrecen las garantías necesarias de exactitud. 
A este fin, se debería: 
(a) adoptar directrices dirigidas a los secretarios de las 
reuniones, precisando sus tareas en lo que se refiere al 
contenido de las declaraciones de gastos; 
(b) organizar en el interior de cada dirección general un 
cotejo suplementario entre las listas de asistencia y las 
listas de reembolsos, que deberían ser comprobadas 
por un agente distinto a los secretarios de las 
reuniones; 
(c) hacer lo necesario para que las fotocopias de los 
títulos de transporte presentados lleguen a los 
expedientes de liquidación de gastos. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 
10.91. Los gastos del Capítulo 25 («Gastos de reunio­
nes y de convocatorias») del Presupuesto del Tribunal de 
Justicia se destinan principalmente a la celebración de 
«cursos» de magistrados (artículo 250) y de «encuen­
tros» con altos magistrados de los Estados miembros 
(artículo 255). Los créditos disponibles en el Capítulo 25 
ascendieron en 1987 a 0,24 Mió ECU. 
10.92. Una parte (83 300 ECU) de los créditos disponi­
bles en el artículo 255 (150 000 ECU) se dedica a « visitas » 
individuales o de grupos de magistrados de los Estados 
miembros organizadas por los gabinetes de los jueces. Es 
de destacar que los reembolsos efectuados por estas 
visitas varían según el Estado miembro de que se trate y 
que su importe se determina frecuentemente a tanto 
alzado. En dos casos se pagaron sumas por anticipado 
para permitir a los visitantes comprar los billetes de viaje. 
Además, en 23 casos los correspondientes compromisos 
de gastos se realizaron «a posteriori», infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 32 del Reglamento Financiero, ya que los gabinetes no informan a su debido tiempo a la 
administración de la organización de la visita. 
10.93. Para poder efectuar una gestión de los créditos 
más transparente y conforme con las disposiciones del 
Reglamento Financiero, deberían existir normas comu­
nes que determinasen el importe de los reembolsos 
admisibles y el procedimiento administrativo a seguir. 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
10.94. Los beneficiarios del reembolso de los gastos son 
los Miembros del Comité Económico y Social (189 
personas), sus suplentes y los expertos debidamente 
nombrados para su participación en los trabajos del 
Comité. El reembolso cubre los gastos de transporte y una 
dieta tanto por los días de viaje como por los días de 
reunión (coste total en 1987: 4,6 Mió ECU). 
Verificación de la participación en las reuniones 
10.95. La verificación de la asistencia de las personas 
invitadas a las reuniones no parece realizarse de forma 
rigurosa, puesto que: 
(a) las actas de las reuniones, donde se relacionan los 
participantes y los ausentes, se elaboran aproximada­
mente 20 días después de la fecha de la reunión; 
(b) los responsables del servicio financiero no disponen 
de las listas de asistencia a efectos de control; 
(c) el examen de una muestra de 17 reuniones ha 
mostrado que en nueve casos se ha procedido al 
reembolso de gastos de personas (14) que, según el 
acta de la reunión, no habían asistido. 
Indemnización por los días de viaje y de reunión 
10.96. En 1987 las dietas diarias estaban fijadas en 4 000 
BFR (± 93 ECU) para los Miembros y 2 600 BFR (± 60 
ECU) para los suplentes y expertos. El método utilizado 
para el cálculo de los gastos a reembolsar se basa en una 
dieta tanto por los días utilizados para el viaje como por 
los días de reunión, incluso cuando ambos coinciden. Así, 
para un viaje de ida y vuelta de más de 1 000 km con una 
duración total de 12 a 36 horas, los Miembros reciben un 
importe a tanto alzado equivalente a tres días de dietas. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 161 
10.97. Esta práctica no es conforme con la reglamenta­
ción aprobada por el Comité Ejecutivo del Comité 
Económico y Social, que establece que no pueden 
coincidir en un mismo día la dieta asignada en concepto 
de días de viaje con la concedida por los días de reunión. 
El sistema de pago de los gastos 
10.98. El reembolso de los gastos a los beneficiarios se 
efectúa sobre la base de impresos normalizados cumpli­
mentados por cada uno de los participantes cada día de la 
reunión. Los impresos se entregan al servicio competente 
que, según las indicaciones proporcionadas por los 
beneficiarios, efectúa el pago de los gastos en metálico el 
mismo día de la reunión (aproximadamente el 90 % de los 
casos) o bien mediante transferencia bancaria posterior. 
10.99. El procedimiento de pago de los gastos en 
cuestión da lugar a las siguientes observaciones: 
(a) el pago de la mayoría de los gastos (cantidades 
pagadas en metálico) se realiza antes de la confección 
de la orden de pago, la autorización de pago formal de 
los gastos y el visado del interventor. Este procedi­
miento no es conforme con el Reglamento Financiero 
(artículos 32-48); 
(b) el artículo 48 del Reglamento Financiero dispone que 
los pagos se efectuarán, en principio, mediante cuenta 
bancaria o cuenta corriente postal. El Comité, 
pagando sistemáticamente en metálico los gastos en 
cuestión, ha hecho norma de una excepción. 
10.100. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Regla­
mento Financiero y los riesgos inherentes al pago en 
metálico, sobre todo cuando se trata de cantidades 
elevadas, es imprescindible cambiar este sistema. 
Contabilización de los gastos 
10.101. La orden de pago que la sección de contabilidad 
prepara para cada reunión incluye a la vez las cantidades 
ya pagadas, las cantidades a pagar por vía bancaria y las 
demás no pagadas a los beneficiarios. De hecho, el coste 
de la reunión se contabiliza a cargo del Presupuesto antes 
de que el pago total haya sido realmente efectuado. Contribución financiera de la Comisión a una 
cadena de televisión 
10.102. En octubre de 1986, la Comisión concedió a una 
emisora de televisión una subvención de 1 Mío ECU. Esta 
cadena había sido creada por un consorcio compuesto 
por cinco sociedades de televisión nacionales europeas 
teniendo como objetivo, entre otros, realizar investigacio­
nes y experimentos sobre emisiones multilingües y utilizar 
equipos humanos plurinacionales en el ámbito de la 
información. 
10.103. El Convenio fue firmado el 14 de octubre de 
1986 y el 15 de octubre de 1986 se pagó un primer tramo 
de 800 000 ECU. 
10.104. Debido a dificultades financieras del consorcio, 
las emisiones de la cadena se interrumpieron a finales de 
noviembre de 1986. En marzo de 1987 se presentó un 
primer informe, previsto en el Convenio para febrero de 
1987, sobre el avance de las investigaciones y la 
experimentación, y con este informe el consorcio se 
consideró liberado de sus obligaciones frente a la 
Comisión. 
10.105. En aplicación de la cláusula de rescisión 
contenida en el Convenio, la Comisión lo rescindió en 
julio de 1987 y pidió a los miembros del consorcio la 
devolución de la contribución financiera, incrementada 
en los intereses legales del 8 %. Las negociaciones entre la 
Comisión y el consorcio no han conseguido aún obtener 
ninguna devolución. 
10.106. La concesión de esta contribución da lugar a las 
siguientes observaciones: 
(a) la Comisión no se aseguró, como máximo hasta el 
momento de la firma del Convenio, de que el 
destinatario disfrutara de una buena situación 
financiera. Es difícil imaginarse que las dificultades 
surgidas seis semanas después de la firma no fueran 
previsibles; 
(b) el consorcio no presentó un presupuesto detallado de 
las diferentes fases del programa de trabajo a realizar; 
por otra parte, la redacción del Convenio no 
precisaba suficientemente el contenido del programa; 
(c) el Convenio contemplaba la constitución de un grupo 
mixto para examinar el estado y el avance de los 
trabajos y para tratar todos los problemas comunes; 
este grupo no llegó a constituirse en ningún momento. 
Por tal motivo la Comisión no tuvo ninguna 
influencia en los trabajos, contrariamente a lo que 
estaba previsto; 
(d) la Comisión pagó un anticipo del 80 % en el 
momento de la firma. Hubiera debido insistir para 
162 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
condicionar el pago de anticipos al avance de la 
realización del plan de trabajo; por ejemplo, el 30 % 
en el momento de la firma, el 30 % tras la presenta­
ción del informe provisional y el 40 % contra 
presentación del informe final y de las cuentas. 
Actualmente la pérdida potencial es de 800 000 ECU; 
(e) la Comisión habría tenido que actuar con más 
prudencia y considerar la posibilidad de exigir una 
fianza. 
ESCUELAS EUROPEAS 
10.107. Inicialmente, el Consejo Superior de las Escue­
las Europeas contó con una contribución de la Comisión 
a los presupuestos de 1987 de las Escuelas Europeas de 
2 574,8 Mió BFR (± 58,2 Mió ECU), equivalente al 
67,5 % de los créditos. Posteriormente, con ocasión de los 
dos presupuestos suplementarios y rectificativos decidi­
dos en abril y diciembre de 1987, aumentó el importe a 
2 584 Mió BFR (± 58,4 Mió ECU). 
10.108. En el Presupuesto General de las Comunidades 
Europeas esta contribución se ha dejado en 57,7 Mió 
ECU. Los pagos escalonados realizados por la Comisión 
ascienden a 57,3 Mió ECU (2 533,3 Mió BFR) que 
cubren el 69,6 % de los gastos de las Escuelas. 
10.109. Si se tiene en cuenta que la subvención fijada en 
el primer acuerdo de 1957 entre la Comunidad de los Seis 
y el Consejo Superior tenía un techo del 45 % del 
presupuesto de la Escuela y que actualmente la Comisión 
está obligada a sufragar el 69,6 %, cuando sólo dispone 
de un voto de los 13 del Consejo Superior, hay que 
rendirse a la evidencia de que el resultado, tal como 
aparece de la comparación de las cifras antes indicadas, 
revela una grave incoherencia entre el reparto de poderes 
y las responsabilidades presupuestarias. En efecto, las 
Escuelas conservan la autoridad sobre el estado de sus 
gastos, a la vez que la mayor parte de sus ingresos 
continúa dependiendo de los Estados miembros y de los 
acuerdos de financiación concluidos por el Consejo 
Superior con organismos externos; la Comisión sufraga 
la diferencia. 
10.110. A corto plazo, para contener esta situación, 
sería necesario formalizar las relaciones entre las 
instituciones comunitarias y el Consejo Superior y que a 
estos efectos la Comisión obtuviese un convenio que se 
refiriera principalmente a las siguientes cuestiones: (b) restablecimiento, dentro del espíritu del Estatuto de 
12 de abril de 1957 y del acuerdo de 11 de diciembre de 
1957, de una contingentación equitativa de los gastos 
entre las partes contratantes; 
(c) establecimiento del calendario de presentación del 
proyecto de presupuesto y de la cuenta de gestión de 
las Escuelas a las autoridades de las Comunidades 
Europeas (entre ellas el Tribunal de Cuentas) de 
forma que estos datos se insertasen a tiempo en el 
procedimiento presupuestario y de descargo comuni­
tario ; 
(d) definición de las cargas y del ámbito de competencias 
de los órganos de control de las Escuelas y de la 
Comisión; 
(e) determinación de la forma en que han de realizarse 
durante el ejercicio los pagos escalonados de la 
contribución comunitaria, teniendo en cuenta las 
eventuales implicaciones de presupuestos suplemen­
tarios y/o de la gestión por doceavos provisionales; 
(f) supresión de la práctica actual de la Comisión 
consistente en repartir su contribución por grupos de 
escuelas según el país sede; la atribución de dotacio­
nes individuales registradas separadamente en el 
Presupuesto General mejoraría la transparencia; 
(g) búsqueda de una solución para que la utilización de la 
exacción excepcional aplicada a las retribuciones de 
los profesores, especialmente a los de la Escuela de 
Munich, sea conforme con el primer considerando del 
Reglamento (CEE) n° 3821/81 del Consejo de 
Ministros de 15 de diciembre de 1981. 
10.111. A más largo plazo, debería reformarse el 
sistema de financiación de las Escuelas Europeas para 
conseguir una transparencia bien entendida y ponderada 
basada en contribuciones nacionales proporcionales al 
número de alumnos por país de origen o bien contemplar 
su asunción directa por el Presupuesto comunitario. 
10.112. Según el acuerdo de 7 de noviembre de 1977, la 
Oficina Europea de Patentes (OEP) contribuye a los 
gastos de la Escuela Europea de Munich con un importe 
igual a la diferencia entre el importe total del presupuesto 
y la suma de los ingresos diversos de la Escuela, que son 
principalmente: 
(a) las matrículas; 
(b) los intereses bancarios; 
(a) reparto sin ambigüedades de las competencias 
presupuestarias entre las dos autoridades en cuestión; (c) los ingresos diversos; 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 163 
(d) y los ingresos procedentes de otros acuerdos de 
financiación. Entre estos últimos ingresos figura la 
contribución pedida a la Comisión por los hijos de los 
agentes de las Comunidades o considerados como 
tales, admitidos en la Escuela. 
10.113. Para el cálculo de la contribución de la 
Comisión a la Escuela de Munich, el Consejo Superior 
ideó una fórmula que se basa en los gastos de escolaridad 
por alumno. Sin embargo, en lugar de tomar el coste 
medio de todos los alumnos que asisten a la escuela, se 
limitó a hacer una comparación entre los hijos de los 
agentes comunitarios o considerados como tales y nada 
más que los hijos del personal de la Oficina Europea de 
Patentes. Usando este método, la Escuela registró en su 
presupuesto de 1987 una participación de la Comisión de 
566 000 BFR (± 12 795 ECU) por alumno, mientras que 
la prevista de la OEP ascendía a 507 000 BFR (± 11 461 
ECU) y el coste medio de la totalidad de los alumnos a 
294 000 BFR (± 6 646 ECU). 
10.114. A pesar de que la Comisión no accedió a esta 
exigencia (pagó únicamente el 76 %), no es menos cierto 
que la existencia de este procedimiento de cálculo implica 
el peligro permanente de que el Presupuesto de las 
Comunidades se vea cargado con una contribución 
desproporcionada, tanto más cuanto que, a diferencia de 
la OEP, la Comisión no puede contar a final del ejercicio 
con la restitución de los eventuales créditos que hubiera 
podido pagar de más. 
10.115. Al igual que en el pasado, la Escuela de Munich 
continúa considerando la exacción excepcional aplicada a 
las retribuciones de los profesores como un ingreso en el 
sentido del acuerdo mencionado en el apartado 10.112, 
del que, por ello, bonifica a la OEP. En 1987, esta 
exacción ascendió a 7,1 Mió BFR (± 0,16 Mió ECU). 
10.116. Respecto a esta actitud conviene poner de 
relieve que a falta de una disposición en sentido contrario 
en la decisión del Consejo Superior, la exacción aplicada a 
la retribución de los profesores responde a los mismos 
fines que los que el Reglamento (CEE) n° 3821/81 asigna 
a la exacción de crisis aplicada a la retribución de los 
funcionarios europeos. Se destina a ayudar a superar las 
dificultades particulares de la situación económica y 
social general en Europa. 
10.117. Por tanto, incluso aunque en el plano presu­
puestario la Escuela considere la exacción como ingreso, 
ésta no puede ser utilizada para otros fines que los 
generalmente definidos a nivel comunitario, y es difícil­
mente admisible que pueda servir para disminuir la 
contribución de un organismo determinado. A ésto hay 
que añadir que la Escuela de Munich, en la aplicación de la decisión del Consejo Superior por la que se crea esta 
exacción, no interviene más que en calidad de órgano no 
decisorio, y como tal, le está prohibido modificar el 
espíritu de la norma que debe aplicar. 
10.118. En lo que respecta a las observaciones preceden­
tes, se recomienda a la Comisión que intente conseguir 
que se revise el procedimiento de cálculo de su contribu­
ción a la Escuela de Munich y que se ponga de acuerdo 
con el Consejo Superior para encontrar una utilización 
que sea conforme con sus fines para la exacción 
excepcional aplicada a la retribución de los profesores. 
10.119. En virtud del Real Decreto belga de 26 de 
octubre de 1986, el sueldo de los profesores belgas en 
comisión de servicio en las Escuelas Europeas « no puede 
ascender a más del 50 % del último sueldo en activo». 
Para las Escuelas Europeas, esta medida tiene consecuen­
cias de tres órdenes: 
(a) sus ingresos de 1987 sufren una pérdida total que se 
estima en 78 Mió BFR (± 1,76 Mió ECU); 
(b) dado que los sueldos nacionales están bloqueados al 
50 % de su valor antes de la comisión de servicio, los 
aumentos posteriores ya no les afectan. Por el 
contrario, los aumentos comunitarios tienen como 
consecuencia que la diferencia entre el sueldo belga y 
la retribución europea aumente y que por tanto la 
parte a asumir por las Escuelas sea cada vez mayor; 
(c) la indemnización por cese en el servicio que concede el 
estatuto a los profesores en el momento en que dejan 
las Escuelas Europeas se calcula teniendo en cuenta la 
diferencia entre el sueldo de base comunitario y el 
sueldo de base nacional. La limitación de este último 
a un importe fijo sin posibilidad de evolución tiene 
como consecuencia que cada vez que los sueldos 
comunitarios aumentan esa diferencia aumente sólo 
como gasto suplementario para el presupuesto de las 
Escuelas. Esta decisión belga es contraria al Estatuto 
de 12 de abril de 1957 y al Protocolo de 13 de abril de 
1962 por el que se crean las Escuelas Europeas. Es 
asimismo la expresión del intento de un Estado 
miembro de eludir una carga financiera en perjuicio 
del Presupuesto comunitario. 
10.120. A pesar de algunos cambios, el marco jurídico 
de las Escuelas Europeas, su sistema de financiación y su 
organización administrativa siguen acusando un retraso 
respecto a la evolución del Derecho y de las estructuras 
comunitarias, con los que son estrechamente interdepen-
dientes. A ello hay que añadir que el proceso decisorio de 
las Escuelas continúa siendo poco expeditivo. Esto 
conduce a que no se realicen modificaciones importantes 
tales como la revisión del Reglamento Financiero y del 
Estatuto de los Profesores, en estudio desde hace años. 
164 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
10.121. Dado que la Comisión participa en el funciona­
miento de las Escuelas a todos los niveles de responsabili­
dad, sería sin duda útil que hiciese valer su capacidad de 
sacar partido de su gran potencial de experiencia para activar las reformas necesarias, especialmente en materia 
de organización de la política presupuestaria y de control 
y de gestión de los derechos del personal. 
0) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) DO C 336 de 15.12.1987, p. 103-109 
DO C 357 de 31.12.1983, p. 108. 
DO C 357 de 31.12.1983, p. 107-108. 
DO C 326 de 16.12.1985, p. 90-91. 
UEO: Unión Europea Occidental. 
OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
OCDE: Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económico. 
AEE: Agencia Espacial Europea. 
Informe sobre la evaluación actuarial del régimen de 
pensiones de los funcionarios y agentes de las Comunidades 
Europeas a 1° de enero de 1985. Doc. Consejo n° 9919/1986. 
STAT 42. FIN 434 de 27.10.1986. (6) DO C 357 de 31.12.1983, p. 104-105. 
C) DOC 221 de 3.9.1979. 
(8) DOC 125 de 17.5.1982, p. 51. 
(9) Anexo I de la Parte A de la Sección III del Presupuesto. 
Porcentajes normalizados de jubilaciones por invalidez (%o). 
Edad Datos de las 
Comunidades 
1975-1984 Bancos franceses 
1973-1978 
20 
30 
40 
50 
60 
64 Hombres 
0,04 
0,17 
0,80 
3,60 
17,70 
34,00 0,04 
0,06 
0,15 
1,40 
1,90 
3,00 
20 
30 
40 
50 
60 
64 Mujeres 
0,07 
0,40 
2,10 
8,10 
25,80 
38,30 0,10 
0,40 
1,20 
3,10 
10,00 
13,50 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 165 
CAPITULO 11 
Préstamos, empréstitos y bonificaciones de intereses 
11.0. ÍNDICE DE MATERIAS 
Introducción 
Resumen de la información financiera 
Observaciones sobre los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias NIC y 
Euratom 
Acuerdo sobre el control de los préstamos NIC en los Estados miembros 
Observaciones relativas a la legalidad y a la buena gestión financiera 
NIC Tesorería 
Comisión de gestión del Banco Europeo de Inversiones 11.1 
11.5 
11.6 
11.7 
11.20 
11.20 
11.32 — 11.4 
— 11.19 
— 11.32 
— 11.31 
INTRODUCCIÓN 
11.1. El presente capítulo trata de los préstamos y las 
bonificaciones de intereses del Nuevo Instrumento 
Comunitario (NIC), los préstamos de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom) y los 
préstamos destinados al apoyo de las balanzas de pagos 
(préstamos BP), así como sobre la financiación de esos 
tres mecanismos de préstamo con los empréstitos 
contraídos por las Comunidades. 
11.2. La autoridad presupuestaria registra el importe de 
las bonificaciones de intereses en el Presupuesto General 
dentro del procedimiento presupuestario anual y se 
pronuncia sobre la inclusión de la garantía presupuestaria 
de las operaciones de empréstito en forma de menciones 
para memoria. 
11.3. Los préstamos y empréstitos de las Comunidades 
aparecen en el balance financiero que describe el activo y 
el pasivo de las Comunidades. Las bonificaciones de 
intereses correspondientes a los préstamos NIC y a los 
préstamos del BEI sobre sus recursos propios para la 
reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos 
de Grecia e Italia aparecen en el capítulo 69 del 
Presupuesto General de las Comunidades. Las bonifica­ciones de intereses de un proyecto piloto en favor de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) portuguesas y 
las bonificaciones de intereses de la cooperación con los 
países de la cuenca mediterránea aparecen en los 
capítulos 77 y 96. 
11.4. La Comisión tiene la obligación jurídica formal de 
asumir el servicio de la deuda y el reembolso de los 
empréstitos que haya contraído en nombre de la 
Comunidad. En caso de que el beneficiario del préstamo y 
los garantes primarios no cumplan sus compromisos, los 
artículos siguientes constituyen la garantía presupuesta­
ria de los mecanismos de empréstito comunitario antes 
mencionados: 
(a) artículo 830 «Garantía de la Comunidad Económica 
Europea sobre los empréstitos comunitarios destina­
dos a apoyar las balanzas de pagos»; 
(b) artículo 831 «Garantía de la Comunidad Económica 
Europea sobre los empréstitos Euratom»; 
(c) artículo 832 « Garantía de la Comunidad Económica 
Europea sobre los empréstitos destinados a la 
promoción de inversiones en la Comunidad». 
Además de ello, el presupuesto incluye en su artículo 969 
una garantía sobre los préstamos concedidos por el BEI a 
países terceros. 
166 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
11.5. Los cuadros 11.1 y 11.2 muestran los diferentes 
sistemas de préstamos y empréstitos y la evolución de 
estos últimos durante el ejercicio 1987 (l). 
OBSERVACIONES SOBRE LOS BALANCES 
Y LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS NIC Y EURATOM 
11.6. El Tribunal ha revisado los balances NIC y 
Euratom a 31 de diciembre de 1987, así como las cuentas 
de pérdidas y ganancias del ejercicio 1987 de estos dos 
mecanismos. La gestión contable no ha dado lugar a 
ninguna observación especial. 
ACUERDO SOBRE EL CONTROL 
DE LOS PRÉSTAMOS NIC EN LOS 
ESTADOS MIEMBROS 
11.7. La cuestión de la auditoría por el Tribunal de los 
préstamos NIC ha sido tema de negociaciones entre éste y 
la Comisión desde 1984. 
11.8. En 1985 y 1986 el Tribunal, tras haber informado 
previamente a la Comisión y al BEI, realizó misiones 
autónomas en Italia y Grecia para controlar las medidas 
aplicadas por los poderes públicos en el marco de los 
préstamos NIC-Seísmo (2). El Tribunal observó que el 
BEI se había puesto en contacto con los beneficiarios de 
los préstamos amparándose en la cláusula contractual 
referente al control de los proyectos; a consecuencia de 
ello los beneficiarios se negaron inicialmente a permitir la 
investigación del Tribunal. Una vez que el Tribunal de 
Cuentas hubo explicado que se trataba de bonificaciones 
de intereses a cargo del Presupuesto General de las CE y 
de préstamos comunitarios garantizados por dicho 
presupuesto, cuyo control corresponde al Tribunal, de 
conformidad con los artículos 206 bis y 206 ter del tratado 
CEE, pudieron realizarse los controles en los dos Estados 
miembros. 
11.9. Una vez terminados estos controles en Italia y 
Grecia, el Tribunal se abstuvo durante un año completo 
de realizar nuevos controles autónomos sobre el terreno 
para evitar la repetición en otro Estado miembro de la 
situación antes mencionada y para preparar las normas 
(J) Las notas aparecen al final del capítulo. de las misiones de este tipo dentro de un acuerdo a 
alcanzar con la Comisión. 
11.10. En un año la Comisión no ha conseguido 
presentar una solución satisfactoria, y el Tribunal no 
puede renunciar de forma indefinida a su derecho 
imprescriptible de control en un ámbito tan importante 
como el de las operaciones de empréstitos y préstamos de 
las CE. Además de ello, el Tribunal tiene que respetar sus 
obligaciones de control, especialmente ante la autoridad 
presupuestaria. Por tal motivo, decidió incluir otros 
controles autónomos en su programa de trabajo del 
segundo semestre de 1987. A este efecto, seleccionaron en 
dos Estados miembros varias empresas que habían 
obtenido de las Comunidades Europeas tanto créditos 
CECA como créditos NIC. Estas misiones, que se 
realizaron en octubre y noviembre de 1987, fueron 
anunciadas a través de la Comisión en el marco del 
procedimiento CECA. 
11.11. En ambos casos, al equipo de control del 
Tribunal que, como es habitual en el procedimiento 
CECA, contaba con un representante de la Comisión, se 
le prohibió el acceso a los documentos NIC porque el BEI 
no había facilitado a las empresas una autorización para 
el equipo de control del Tribunal de Cuentas de las 
Comunidades Europeas. Las empresas lamentaron 
expresamente tener que dar esta respuesta de acuerdo con 
el BEI, tanto más cuanto que no existía limitación alguna 
para el control de las operaciones de préstamo práctica­
mente idénticas en el ámbito de la CECA, donde por 
cierto el BEI no interviene en calidad de agente bancario 
de la Comisión. 
11.12. Como ya se indicó en el Informe Anual del 
Tribunal del ejercicio 1986 (3), tras la Decisión NIC IV de 
9 de marzo de 1987 (4), y en respuesta a una intervención 
del Tribunal, la Comisión volvió a confirmar que no 
había modificado en modo alguno su opinión de que los 
créditos, cuya gestión realiza el BEI por mandato 
conferido por la Comisión, están sujetos al control 
externo del Tribunal, de conformidad con los artículos 
206 bis y ter del tratado CEE y el Reglamento Financiero. 
El Tribunal ha pedido a la Comisión que haga prevalecer 
este punto de vista ante su mandatario, el BEI. 
11.13. Aunque desde un punto de vista estrictamente 
jurídico la última palabra sobre las normas de aplicación 
de sus controles sobre el terreno es de su única 
competencia, el Tribunal ha presentado una propuesta de 
compromiso en la línea del acuerdo que tiene con la 
Comisión para los controles sobre el terreno de los 
préstamos CECA, acuerdo que funciona desde hace años 
a plena satisfacción de todas las instituciones interesadas. 
El punto esencial de esta propuesta de compromiso es el 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 167 
Cuadro 11.1 — Principales características de los sistemas aplicados en los préstamos 
NIC, Euratom, balanza de pagos, CECA y BEI al 31 de diciembre de 1987 
Sistema 
NIC 
NIC 
Seísmo 
BEI 
Seísmo 
Euratom 
Balanza 
de 
pagos 
BEI 
CECA jurídica 
Tratado CEE 
artículo 235-
Decisiones del 
Consejo; 
Presupuesto CE 
Tratado CEE 
artículo 235' 
Decisiones del 
Consejo; 
Presupuesto CE 
Tratado CEE 
artículo 130' 
Estatutos BEI 
Decisiones 
del Consejo; 
Presupuesto CE 
Tratado CEEA 
artículo 172; 
Decisiones 
del Consejo; 
Presupuesto CE 
Tratado CEE 
artículo 235; 
Reglamento 
del Consejo; 
Presupuesto CE 
Tratado CEE 
artículos 129 
y 130, y Estatu­
tos del BEI 
Tratado CEE 
artículo 235; 
Decisión del 
Consejo, 
Presupuesto CE 
Tratado CECA 
artículos 54 
y 56 Origen de 
los fondos 
Empréstitos 
comunitarios 
contraídos 
por la Comisión 
en el mercado 
financiero 
Créditos presu­
puestarios de 
la Comisión 
Créditos presu­
puestarios de 
la Comisión 
Empréstitos 
comunitarios 
contraídos por 
la Comisión 
en el mercado 
financiero 
Créditos presu­
puestarios de 
la Comisión 
Créditos presu­
puestarios de 
la Comisión 
Recursos 
propios 
del BEI 
Créditos presu­
puestarios de 
la Comisión 
Empréstitos 
comunitarios 
contraídos 
por la Comisión 
en el mercado 
financiero 
Créditos presu­
puestarios de 
la Comisión 
Empréstitos 
comunitarios 
contraídos por 
la Comisión 
en el mercado 
financiero 
Créditos presu­
puestarios de 
la Comisión 
Recursos 
propios del 
Créditos presu­
puestarios de 
la Comisión 
Empréstitos 
comunitarios 
contraídos 
por la Comisión 
en el mercado 
financiero 
Presupuesto 
operacional de 
la CECA intervención 
Préstamo 
Garantía 
presupuestaria 
Subvenciones 
en forma de 
bonificación 
de intereses 
Préstamo 
Garantía 
presupuestaria 
Subvenciones 
en forma de 
bonificación 
de intereses 
Préstamo 
Subvenciones 
en forma de 
bonificación 
de intereses 
Préstamo 
Garantía pre­
supuestaria 
Préstamo 
Garantía presu­
puestaria 
Préstamo 
Subvenciones 
en forma de 
bonificación 
de intereses . 
Préstamo 
Subvención en 
forma de boni­
ficación de 
intereses Forma de gestión 
La Comisión decide la 
subvencionabilidad de los 
proyectos; los préstamos se 
conceden y gestionan por el 
BEI, por mandato y riesgo 
de la Comisión 
Concedidas por la Comisión 
y canalizadas por medio del 
La Comisión decide sobre la 
subvencionabilidad de los 
proyectos; los préstamos se 
conceden y gestionan por el 
BEI, por mandato y riesgo 
de la Comisión 
Concedidas en el marco de la 
decisión de subvencionabili­
dad por la Comisión y cana­
lizadas por medio del BEI 
Dictamen de la Comisión. 
Autonomía del BEI 
Concedidas en el marco del 
dictamen por la Comisión y 
canalizadas por medio del 
BEI 
Los préstamos los concede la 
Comisión y los gestiona el 
BEI por mandato de la Co­
misión 
El Consejo concede los prés­
tamos y el FECOM organiza 
su gestión 
Dictamen de la Comisión 
Autonomía del BEI 
Concedidas por la Comisión 
y canalizadas por intermedio 
del BEI 
Concedidos y gestionados 
por la Comisión 
Concedidos y gestionados 
por la Comisión Volumen 
financiero 
Mió ECU 
5 650(0 
p.m. 
1 000 (2) 
1 000 (3) 
80 P) 
100 (4) 
p.m. 
170 
1 000 (3) 
80(3) 
100 (4) 
100 
3 000 (') 
p.m. 
8 000 (i) 
p.m. 
36 456 (5) 
1 000 (2) 
6 768 (6) 
170 
p.a. Disposiciones 
sobre el control 
Control del Tribunal sobre 
documentos y sobre el terre­
no (artículos 206 y 206 bis 
Tratado CEE; Reglamento 
Financiero) 
Control del Tribunal sobre 
documentos y sobre el terre­
no (artículos 206 y 206 bis 
Tratado CEE; Reglamento 
Financiero) 
Sin control del Tribunal 
Control del Tribunal sobre 
documentos y sobre el terre­
no (artículos 206 y 206 bis 
Tratado CEE; Reglamento 
Financiero) 
Control del Tribunal sobre 
documentos y sobre el terre­
no (artículos 180 y 180 bis 
Tratado CECA) 
Control del Tribunal sobre 
documentos y sobre el terre­
no (artículos 206 y 206 bis 
Tratado CEE) 
Sin control del Tribunal 
Control del Tribunal sobre 
documentos y sobre el terre­
no (artículos 206 y 206 bis 
Tratado CEE; Reglamento 
Financiero) 
Control del Tribunal sobre 
documentos y sobre el terre­
no (artículo 78 sexto y sépti­
mo Tratado CECA) 
Máximo fijado por el Consejo. 
Bonificación de intereses de préstamos NIC y BEI para proyectos en Irlanda y en Italia, máximo 1 000 Mió ECU. Máximo fijado por el Consejo para los 
préstamos NIC y BEI. 
Máximo fijado por el Consejo aplicable a toda la acción y, por tanto, a los préstamos NIC y BEI. 
Propuesta de la Comisión de 23.12.1987, Doc. COM(87) 727 final. 
Préstamos vivos, incluidos 750 Mió ECU sobre recursos propios en el NIC IV. 
Préstamos vivos. 
168 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Cuadro 11.2 — Evolución de los préstamos y empréstitos en 1987 
(Mió ECU) 
Mecanismo 
Préstamos: 
— NIC 
— Euratom 
— Balanza de pagos 
— CECA (2) 
Total 
Empréstitos: 
— NIC 
— Euratom 
— Balanza de pagos 
— CECA (2) 
Total En curso a 
Al tipo 
del ECU 
del 
31.12.1986 
(1) 
4 993,5 
2 398,2 
1 890,0 
7 001,6 
16 283,3 
5 202,2 
2 412,3 
1 890,0 
6 761,3 
16 265,8 31.12.1986 
Al tipo 
del ECU 
del 
31.12.1987 
(2) 
4 898,6 
2 385,9 
1 715,3 
6 885,7 
15 885,5 
5 062,7 
2 171,2 
1 715,3 
6 532,2 
15 481,4 Operaciones realizadas en 1987(') 
Nuevo 
préstamo 
o nuevo 
empréstito 
(3) 
303,2 
313,7 
859,9 
969,3 
2 446,1 
611,3(3) 
853,4(4) 
859,9 
1 487,0(5) 
3 811,6 Reembolso 
o 
amortización 
(4) 
331,9 
326,6 
348,5 
1 086,9 
2 093,9 
444,5 
524,7 
348,5 
1 330,4 
2 648,1 a 31.12.1987 
0) 
(5) = (2)+ (3)-(4) 
4 869,9 
2 373,0 
2 226,7 
6 768,1 
16 237,7 
5 229,5 
2 499,9 
2 226,7 
6 688,8 
16 644,9 
(>) Al tipo del ECU del 31.12.1987. 
(2) Véase, a este respecto, el informe anual separado del Tribunal. 
(3) De ellos, 211,2 Mió ECU para refinanciación. 
(4) De ellos, 307,9 Mió ECU para refinanciación. 
(5) De ellos, 342,6 Mió ECU para refinanciación. 
siguiente: «El Tribunal de Cuentas examinará los 
documentos que le presente la Comisión (incluidos los 
documentos del BEI recibidos a través de la Comisión). 
Comunicará a la Comisión los proyectos sobre los que 
desea realizar controles sobre el terreno. La Comisión 
pedirá al Comité de Verificación del BEI que realice estos 
controles sobre el terreno. El Comité de Verificación del 
BEI efectuará dicho control. A petición del Tribunal un 
representante suyo podrá participar en los controles. La 
Comisión transmitirá las observaciones presentadas por 
el Comité de Verificación al Tribunal». 
11.14. Contrariamente a lo que esperaba el Tribunal de 
Cuentas, la Comisión no ha conseguido hasta la fecha que 
su agente bancario, el BEI, acepte esta propuesta de 
compromiso, a pesar de su amplitud. conceder hasta 100 Mió ECU en préstamos bonificados, 
deduciendo las eventuales operaciones de préstamos del 
BEI sobre sus recursos propios, para la reconstrucción de 
las zonas siniestradas por los terremotos sufridos por 
Grecia en septiembre de 1986. 
11.16. El control de la ejecución de las operaciones 
previstas en la Decisión, incluido el control de los 
préstamos especiales bonificados, se rige por las disposi­
ciones del artículo 10 de la Decisión 87/182/CEE (4), que 
no ha sido modificado, y cuyo tenor literal es el siguiente: 
«El control financiero y la censura de cuentas de la 
Comisión se efectuarán con arreglo al Reglamento 
Financiero aplicable al Presupuesto General de las 
Comunidades Europeas. Las operaciones de préstamo y 
la gestión de tesorería serán objeto de los procedimientos 
de control y de aprobación previstos en los Estatutos del 
Banco para el conjunto de sus operaciones y exclusiva­
mente por el cauce de dichos procedimientos». 
11.15. El 23 de diciembre de 1987, la Comisión presentó 
una propuesta de Decisión del Consejo para modificar los 
artículos 1 y 2 de la Decisión 87/182/CEE del Consejo, de 
9 de marzo de 1987 (5). De conformidad con esta 
propuesta, se facultaría a título excepcional a la Comisión 
para contraer empréstitos para el NIC que permitieran 11.17. Teniendo en cuenta que la situación jurídica no 
ha sido contestada durante este período, la Comisión 
confirmó nuevamente el 25 de abril de 1988, tal como 
había hecho en su día a raíz de la Decisión de 9 de marzo 
de 1987 (4) relativa al NIC IV, que el tenor literal del 
artículo 10 de la Decisión no se podía interpretar en 
ningún caso como una limitación del poder de control del 
Tribunal. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 169 
11.18. El Tribunal considera que se hace urgente 
encontrar una solución que tenga en cuenta las disposi­
ciones de los tratados de las CE. Dado que corresponde 
incontestablemente a la Comisión garantizar la aplicabili-
dad de los tratados de las CE en un ámbito tan importante 
como las operaciones de préstamos y empréstitos de las 
Comunidades, el Tribunal exhorta a la Comisión a que 
adopte las medidas que sean precisas, especialmente en lo 
que respecta a su agente bancario, el BEL 
11.19. En este contexto, el Tribunal ha conocido con 
interés la invitación dirigida por el Consejo de Goberna­
dores del BEI a la Comisión, en la cual se le pide que 
presente propuestas de solución de la situación jurídica 
existente. El BEI expresa así su intención de colaborar de 
forma constructiva. En su Recomendación de 7 de marzo 
de 1988, sobre el descargo del ejercicio 1986, el Consejo de 
Ministros menciona expresamente esta cuestión. No es 
necesario subrayar nuevamente el interés del Parlamento 
Europeo en este asunto. 
OBSERVACIONES RELATIVAS 
A LA LEGALIDAD Y A LA BUENA 
GESTIÓN FINANCIERA 
NIC Tesorería 
11.20. Es conveniente recordar brevemente el funciona­
miento del «NIC tesorería». Inicialmente, en el mecanis­
mo NIC todas las operaciones de préstamos-empréstitos 
eran del tipo « back to back ». Los empréstitos únicamen­
te se contraían en función de las peticiones de préstamo 
recibidas. Así, a un empréstito correspondía un único 
préstamo o un número reducido de préstamos concedidos 
en la misma divisa y en condiciones de interés y plazo que 
permitían llegar a un equilibrio. 
11.21. La ampliación del círculo de prestatarios poten­
ciales a las pequeñas y medianas empresas llevó a la 
Comisión a abandonar, a partir de 1982, las operaciones 
de tipo «back to back» para poder responder de forma 
más flexible a las peticiones de préstamos. Esta necesidad 
supuso la creación de una especie de reserva de 
financiación llamada «NIC tesorería». De conformidad 
con las decisiones del Consejo y siguiendo las estimacio­
nes consideradas necesarias, preparadas de común 
acuerdo por la Comisión y el BEI, la Comisión capta los empréstitos y los pone a disposición del BEI, quien de 
común acuerdo con la Comisión y en función de las 
peticiones canaliza los préstamos a los beneficiarios. Con 
este sistema «NIC tesorería», un empréstito puede 
corresponder a numerosos préstamos o, inversamente, un 
préstamo en una divisa o en un cóctel de divisas puede ser 
financiado mediante fracciones de varios empréstitos. 
11.22. Desde la llegada del «NIC tesorería», la 
Comisión y el BEI han definido las normas de funciona­
miento y las obligaciones recíprocas de ambas partes por 
medio de convenios de cooperación. Todos los flujos 
financieros generados por las operaciones de préstamos y 
empréstitos del «NIC tesorería» pasan por las cuentas 
abiertas a nombre de la Comisión en el BEI. Hasta el 
último convenio de cooperación, que entró en vigor el 1 
de abril de 1987, el BEI pagaba intereses sobre los saldos 
acreedores de esta cuenta e, inversamente, la Comisión 
debía pagar intereses al BEI sobre los eventuales saldos 
deudores. La Comisión era la única responsable del 
resultado final generado por la actividad de préstamos y 
empréstitos realizada en el marco del «NIC tesorería». 
11.23. En sus informes anuales de los ejercicios 1983 y 
1984, el Tribunal previno a la Comisión contra los riesgos 
inherentes a este sistema (6): 
a) los tipos de interés abonados por el BEI sobre los 
saldos acreedores de las cuentas de transacción eran 
inferiores a los que debía pagar la Comisión por sus 
empréstitos. Esta diferencia de tipos suponía una 
carga para la Comisión, cuya importancia se ha 
reducido estos últimos años a raíz de las observacio­
nes del Tribunal (7); 
b) según la información facilitada por el BEI, los 
préstamos se conceden a tipos de interés que 
corresponden a los vigentes en el mercado de capitales 
en la fecha de concesión. Estos tipos pueden ser 
diferentes a los de los empréstitos captados por la 
Comisión si las condiciones del mercado han variado 
entre ambas operaciones; 
c) la duración y la (o las) divisa(s) de los préstamos rara 
vez son las mismas que las de los empréstitos 
correspondientes. 
11.24. Dado que la combinación de estos factores podía 
llegar a generar pérdidas y/o ganancias, el Tribunal había 
estimado que era necesario realizar estudios periódicos de 
los flujos de tesorería de los préstamos y empréstitos, para 
poder saber en todo momento si el resultado final de las 
operaciones podía llegar a equilibrarse (8). 
170 lOiarioCOticial de las comunidades Europeas 1^1^^ 
11.^. A raí^ de las observaciones del Lribunal, la 
C^omisiónvelBEl formalizaron un nuevo convenio que 
entró en vigor el 1 de abril de 1^7, modificando 
considerablemente los derechosvobligacionesrespectP 
vosde la C^omisiónvdelBEl en el^l^lC^ tesorerías.igual 
que anteriormente, el BE1 continúa realizando las 
operaciones de préstamo en nombrevporcuentavriesgo 
de la comunidad. Por el contrario, en lo que respecta al 
resultado de la gestión de tesorería de los flujos 
fmancieros procedentes de la actividad de préstamosv 
empréstitos, la responsabilidad delBEl va más allá de la 
normalmente atribuida a un simple mandatario. En 
electo, en suartículo4,elnuevo convenio de cooperación 
estipula que^el Banco asumirá la responsabilidad de la 
gestión de la tesorería, siempre dentro de las decisiones de 
base, haciéndose cargo de los eventuales beneficios v 
pérdidas que puedan resultar de esta gestión, así como de 
la cobertura de las diferencias de vencimientos entre 
empréstitosvpréstamos^. 
11.^.0. El nuevo convenio precisa que^de esta forma, 
las ^cuentas de transacción^ del producto neto de cada 
empréstitovsu utilización, se cerrarán con un saldo línal 
nulo, sin pérdida ni ganancia para el presupuesto 
comunitario,salvo en el caso de que el préstamovsus 
garantes sean fallidos^. En espera de la situación linal, la 
comisión registra el resultado anual de las actividades 
^iC^tesorería^en el debeoen el haber de una cuenta de 
regularizaron llevada por ella misma. 
11.^7. Apesar de que estenuevo convenio responde en 
loesencial al deseo expresado por el Lribunal en sus 
informes precedentes de ver desaparecer el riesgo de que 
la comisión tenga que asumir una pérdida eventual 
resultante de la actividad^l^iC^tesorería^^,da lugara 
una serie de observaciones. 
11.^. En primer lugar, hav que subravar que el hecho 
de que el BEi, con el nuevo convenio, asuma la 
responsabilidad déla gestión déla tesorería del^iC^ 
tesorería^nosignitica en modo alguno que se haga cargo 
de los mismos riesgos anteriormente soportados por la 
comisión con el antiguo convenio. En efecto, los riesgos 
que asumía por la comisión eran inherentes al sistema 
preestablecido, mientras que las nuevas condiciones son 
completamentes distintas.El BEi vaapoder administrar 
losfondosdel^^ió^tesorería^en el marco de la gestión 
global de los mismos,^de conformidad con los usosv 
principios de una buena gestiónllnanciera susceptibles de 
ser seguidos por cualquier otro Banco, estando esta 
gestión incluso facilitada por la puestaadisposición por 
la comisión de losfondosdelosempréstitos.i^ortanto,la 
gestión del ^iC^tesorería^por el BEi,al no presentar 
lasmismasobligacionesvlímitesquelosqueantes teníala 
comisión, si se efectúa correctamente, no debería 
presentar para el BEi iguales riesgos que los de la 
comisión en la situación anterior. 11.^. ElnuevoconveniodisponequeelBEi^gestionaD 
ralas cuentas de transacción de forma que al final estén 
equilibradas^,pero precisa también que^no se aplicarán 
interesesalos saldos positivosonegativos que puedan 
presentarestas cuentas^. Para ser signiticativo, el cálculo 
del resultado de las ^cuentas de transacción^ deberá 
naturalmente incluir los intereses que hava obtenido el 
BEi por la colocación délos saldos de los empréstitos 
puestosa sudisposiciónporlaC^omisióndurantelos 
períodos en que aún no han sido asignadosapréstamos. 
Llegaraun equilibrio tínal de las cuentas de transacción 
sin tener en cuenta estos ingresos, podría llevar eventual 
menteala dación de tipos de interés sobre los préstamos 
más altos de lo necesario. 
11^0. La nueva convención restringeala comisión la 
libertad de proceder al reembolso anticipado de los 
empréstitos, al someter esta posibilidad al acuerdo previo 
delBEL Es preciso que esta restricción noprivealos 
beneficiarios finales de los préstamosde las repercusiones 
ventajosas que puedan presentar los reembolsos anticipa-
dosdelosempréstitos,cuandoaresultasde una evolución 
favorabledelmercado tinanciero permitanreducir en 
cascada los tipos de interés de los importes que han 
recibido en préstamo. 
11.^1. Apesar deque las responsabilidadesde la gestión 
v de los resultados del ^l^iC^ tesorerías havan sido 
transferidas al BEi, laC^omisión continúa haciéndose 
cargo de los gastos administrativos correspondientesala 
captaciónvgestión administrativa de los empréstitos. La 
importancia demantener acargo de la comisión las 
funciones degestiónadministrativadelos empréstitos 
resulta mavor en el nuevo convenio, que dispone que el 
resultadoíinaldelas operaciones^l^iC^ tesorerías se 
imputará al BEi.El BEivla comisión deberían tener en 
cuenta esta situación para prever en compensación una 
revisiónala baja de la comisión de gestión facturada por 
el BEi por la gestión de los préstamos Euratomvde los 
préstamos ^iCE con excepción de aquellos que entran en 
el ^l^iC^ tesorerías. 
11^ En su informe Anual del ejercicio 1^4^, el 
Lribunalrecomendabaala comisión pedir al BEi que 
pusieraasu disposición unarelación anual de los ingresos 
v gastos correspondientes a los préstamos l^iC^ v 
Euratom,atin de permitir al Lribunal verificar que el 
importe de la comisión de gestión delBEicorrespondíaa 
los gastos efectivamente incurridos por éste. En su 
informe Anual del ejercicio l^t^u, el Lribunal 
criticaba el importe de la comisión de gestión del BEi por 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 171 
los préstamos NIC y Euratom. Debería seguir planteán­
dose la instauración de un sistema de comisiones 
diferenciadas en función del nivel de los gastos de gestión 
de los diferentes tipos de préstamos. Teniendo en cuenta 
la toma de posición clara a este respecto del Parlamento 
Europeo (12) y del Consejo de Ministros del 7 de marzo de 
1988, dentro del procedimiento de descargo del ejercicio 1986, el Tribunal insiste de nuevo en esta cuestión y 
exhorta a la Comisión a que le facilite información precisa 
y cifras exactas que le permitan formular un juicio sobre 
la adecuación de los costes administrativos facturados 
por el BEI, tanto más cuanto que la Comisión, en su 
calidad de poderdante, debería haber tomado ya las 
medidas para hacerlo ella misma. 
(') A este respecto, véase asimismo el Informe Anual del 
Tribunal sobre la CECA que se publica separadamente. 
(2) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1985, DO 
C321 de 15.12.1986, apartado 12.14 e Informe Anual 
relativo al ejercicio 1986, DO C 336 de 15.12.1987, apartado 
14.31. 
(3) DO C 336 de 15.12.1987, apartado 14.29. 
(4) Decisión 87/182/CEE del Consejo, de 9.3.1987, DO L 71 de 
14.3.1987. 
(5) Doc. COM(87) 727 final, DO C 20 de 26.1.1988. 
(6) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1983, DO 
C348 de 31.12.1984, apartados 14.18 a 14.25 e Informe 
Anual relativo al ejercicio 1984, apartados 14.15 a 14.19, 
DO C 326 de 16.12.1985. 
(7) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1983, 
apartado 14.23 (a) y (b); apartados 14.15 a 14.16 del 
Informe Anual relativo al ejercicio 1984; y apartado 12.15 
del Informe Anual relativo al ejercicio 1985. (8) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1983, 
apartados 14.24 a 14.25. 
(9) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1984, 
apartado 14.19. 
(10) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1984, 
apartado 14.23. 
(n) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 1986, 
apartado 14.24. 
(12) Resolución del Parlamento Europeo de 18.4.1986, DO L 150 
de 4.6.1986. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 173 
SEGUNDA PARTE 
Fondos Europeos de Desarrollo 
ÍNDICE DE MATERIAS 
Introducción 
Observaciones relativas a la gestión financiera 
Realización financiera de los proyectos 
Condiciones especiales en contratos de obra 
Compromisos y pagos 
Contabilidad 
Gestión de tesorería 
Petición de contribuciones 
Cuentas de los Tesoros Públicos 
Cuentas bancarias en Europa 
Estabilización de los ingresos por exportaciones 
Observaciones relativas a las microrrealizaciones 
Base jurídica y directrices de ejecución 
Marco general y campo de aplicación de las microrrealizaciones 
Criterios de selección de las microrrealizaciones 
El papel del delegado de la Comisión 
Tramitación de las microrrealizaciones 
Delegación del procedimiento de aprobación del proyecto 
Existencia de una necesidad real y prioritaria a nivel local 
Garantía de la participación activa de las comunidades locales 
Viabilidad de las microrrealizaciones 
Realización y seguimiento de las microrrealizaciones 
El papel de las autoridades nacionales 
Coste de la asistencia técnica y complementariedad de las microrrealiza­
ciones 
Ejecución financiera de las microrrealizaciones 
Evaluación y seguimiento de las microrrealizaciones 
Observaciones finales 
Observaciones sobre las ayudas de urgencia 
Tramitación de la ayuda 
Realización de la ayuda 
Plazos de realización 
Porcentaje de realización de los objetivos 
Coordinación entre los distintos participantes 
Control y seguimiento de la ayuda 
Control y seguimiento de la gestión 
Control de los pagos 
Cierre de las cuentas de los proyectos y utilización de los créditos 
remanentes 
Tercera Convención de Lomé 
Observación final Apartados 
1 
3 
5 
6 
10 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
22 
25 
25 
27 
31 
33 
33 
38 
43 
47 
56 
56 
59 
65 
67 
72 
76 
81 
87 
87 
93 
96 
99 
99 
106 
108 
111 
112 — 2 
— 21 
— 13 
— 9 
— 12 
— 19 
— 19 
— 21 
— 75 
— 32 
— 26 
— 30 
— 32 
— 55 
— 37 
— 42 
— 46 
— 55 
— 71 
— 58 
— 64 
— 66 
— 71 
— 75 
— 112 
— 86 
— 98 
— 92 
— 95 
— 98 
— 110 
— 105 
— 107 
— 110 
174 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
INTRODUCCIÓN recogida en la segunda parte del Anexo III de este 
informe. 
1. Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) constitu­
yen el principal instrumento de la política de cooperación 
de la Comunidad Económica Europea (CEE) con 66 
países en vías de desarrollo de África, el Caribe y el 
Pacífico (Estados ACP). Independiente del Presupuesto 
General de las Comunidades Europeas, la dotación de 
cada FED se nutre de contribuciones financieras de los 
Estados miembros determinadas según un sistema 
específico de reparto. Cada FED se aplica con un 
reglamento financiero específico. 
2. Las observaciones que siguen se refieren, en primer 
lugar, a la gestión financiera de los FED; a continuación 
se hace un análisis crítico de las microrrealizaciones y de 
las ayudas de urgencia. Realización financiera de los proyectos 
5. El examen que ha realizado el Tribunal de los 
contratos de obra, de los otros compromisos y de los 
pagos y cuentas del FED en 1987 ha revelado algunas 
insuficiencias en el seguimiento de la realización financie­
ra de los proyectos que ejecuta la Comisión, en concreto 
las mencionadas en los apartados que siguen. 
Condiciones especiales en contratos de obra 
OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
GESTIÓN FINANCIERA 
3. El tercer Fondo Europeo de Desarrollo (FED) se 
clausuró en 1987 y sus últimos remanentes fueron 
transferidos al quinto FED. 
4. La situación a 31 de diciembre de 1987 del tercero, 
cuarto, quinto y sexto FED está resumida en el cuadro 1; 
la situación detallada de los dos últimos fondos está 6. La Comisión acepta financiar contratos de obra que 
incluyen cláusulas especiales referentes, por una parte, a 
las monedas de pago y, por otra, a las revisiones de 
precios que podrían permitir a los adjudicatarios 
conseguir beneficios indebidos cuando la moneda 
contractual se devalúa respecto al ECU (véase el apartado 
21 de la Segunda Parte del Informe Anual sobre el 
ejercicio 1986). 
7. El Tribunal ha examinado 24 contratos de obra cuyas 
licitaciones fueron hechas en 1986 y 1987, por un importe 
cercano a 130 Mío ECU. Once de estos contratos, que 
ascienden en total a 100 Mió ECU, incluyen disposiciones 
que podrían conducir a la imputación al FED de 
Cuadro 1 — Utilización del 3o, 4o, 5o y 6o FED a 31 de diciembre de 1987 
(Mió ECU) 
Recursos y utilización 
Desembolsos: 
— anteriores a 1987 
— efectuados en 1987 
Total importes desembolsados 
Pendiente de desembolso: 
— comprometidos 
— no comprometidos 
Dotación 
Ingresos diversos: 
— anteriores a 1987 
— percibidos en 1987 
Total recursos disponibles 3° FED 
Yaunde II 
(Finalización: 
1976) 
885,1 
2,2 
887,3 
— 
887,3 
— 
887,3 4° FED 
Lomé I 
(Finalización: 
1980) 
2 890,4 
70,2 
2 960,6 
229,9 
173,3 
56,6 
3 190,5 
6,1 
3 196,6 5° FED 
Lomé II 
(Finalización: 
1986) 
2 658,9 
412,9 
3 071,8 
1 653,0 
1 382,9 
270,1 
4 724,8 
189,7 
15,2 
4 929,7 6° FED 
Lomé III 
(Finalización: 
1990) 
116,7 
352,6 
469,3 
7 030,7 
1 798,2 
5 232,5 
7 500,0 
11,7 
7 511,7 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 175 
compensaciones excesivas en concepto de revisiones de 
precios ocasionadas por una devaluación. Ya que una 
parte importante de los contratos de obra se expresa en 
moneda europea a un tipo fijado en una fecha anterior a la 
oferta, únicamente debería revisarse la parte del contrato 
que está en moneda local. 
8. Por otra parte, los contratos presentan grandes 
diferencias en el porcentaje de variación de precios por 
debajo del cual no ha de pagarse ningún suplemento, 
desde el 10 % del contrato a la total ausencia de límite. 
Existen igualmente diferentes bases para calcular la 
compensación que ha de pagarse, desde la aplicación de 
fórmulas arbitrarias basadas en los índices de precios 
locales hasta el reembolso de los costes suplementarios 
pagados por el adjudicatario, para lo que se exigen 
documentos justificativos. 
9. Como actualmente todas las monedas de los países 
ACP, excepto las ligadas al franco francés, se deprecian, a 
menudo a un ritmo considerable, las consecuencias 
financieras de las deficiencias mencionadas son impor­
tantes. Es urgente establecer directrices sobre las 
cláusulas contractuales aceptables financieramente. 
Compromisos y pagos 
10. La Comisión financia los contratos y realiza los 
pagos basándose sobre todo en los documentos que las 
delegaciones le entregan. Su servicio de ordenación de 
pagos, así como el interventor, no cuentan sistemática­
mente con los medios para comprobar si el Reglamento 
Financiero ha sido respetado, especialmente que el gasto 
es exacto y se han seguido los principios de una buena 
gestión financiera. Como ejemplo, el Tribunal, a pesar de 
todos sus esfuerzos, no ha podido encontrar rastro de las 
condiciones especiales de 8 de los 32 contratos que se han 
sacado a licitación internacional, de ello se puede inducir 
que sus pagos correspondientes han sido regularizados 
sin disponer de la información de las cláusulas contrac­
tuales. En algunas operaciones las órdenes de servicio que 
modifican el precio del contrato no figuraban en los 
expedientes, ni tampoco las certificaciones de origen de 
los suministros o las copias de los avales bancarios. En un 
contrato de obras se ordenaron pagos por 0,3 Mió ECU 
sin que aparezca ningún dato del cálculo de los anticipos a 
cuenta, y no existe ningún documento justificativo de un 
pago de 0,2 Mió ECU. 
11. La necesidad de que los servicios de ordenación de 
pagos lleven a cabo verificaciones rigurosas está demos­
trada por algunas operaciones examinadas por el 
Tribunal, en las que no se han respetado plenamente los 
principios de legalidad, regularidad y buena gestión 
financiera. Por ejemplo, entre las deficiencias observadas 
por el Tribunal figuran el pago de un anticipo superior al 
compromiso que se había realizado basándose en el presupuesto, anticipos superiores a los previstos en los 
contratos, así como la provisión de fondos de anticipos 
sin que se determine en los presupuestos el procedimiento 
de verificación de su utilización. Un contrato de 
suministros ha sido financiado a pesar de estar expresado 
en una moneda distinta a la de licitación, ocasionando 
una carga adicional de 71 000 ECU que se imputó al 
FED. Un contrato de servicios fue financiado diez meses 
después de comenzar su ejecución. 
12. Las medidas que debe tomar la Comisión pasan por 
la preparación de expedientes de proyecto que contienen 
una documentación completa sobre la justificación de las 
decisiones de adjudicación, así como cualquier documen­
to contractual con efectos financieros. Conviene además 
insistir en la necesidad de presentar una documentación 
completa para cualquier pago. El personal responsable de 
la ordenación de pagos debería recibir instrucciones que 
precisaran su responsabilidad respecto al control de la 
suficiencia y la exactitud de los documentos presentados. 
Contabilidad 
13. El Tribunal ha observado que algunas deficiencias 
de la contabilidad contribuyen a debilitar el seguimiento 
que la Comisión realiza de la ejecución financiera del 
FED: 
(a) numerosas operaciones que el servicio de ordenación 
de pagos no ha podido regularizar permanecen hasta 
más de cinco años en cuentas de orden; 
(b) la contabilización de las órdenes de cobro en curso 
durante el ejercicio no es lo suficientemente transpa­
rente, en especial porque los importes pendientes de 
recuperar no se identifican claramente a pesar de que 
el artículo 16 del reglamento financiero del sexto FED 
dispone que el contable pondrá todos los medios a su 
alcance para conseguir la recaudación de los recursos, 
informando al ordenador de pagos de los posibles 
retrasos; 
(c) la Comisión tarda mucho en registrar las transaccio­
nes bancarias: tres meses después de finalizar el 
ejercicio no se había identificado la composición de 
los saldos de las cuentas «Fondos en tránsito» y 
« Operaciones pendientes de regularización » y no es 
fácil conciliar los saldos de las cuentas con los 
extractos de las cuentas bancarias; 
(d) la división de responsabilidades en el servicio del 
contable sigue siendo insuficiente para garantizar la 
seguridad de los activos del FED; 
(e) las cuentas del FED incluyen 2,8 Mió ECU de 
compromisos en exceso que corresponden a unos 
proyectos de capital-riesgo a los que el BEI redujo la 
financiación inicialmente concedida. 
176 POiarioCOticial de las Comunidades europeas 12 12 ^ 
ó8^^^^ó^^ 
1^ Los acuerdos mternosvlos reglamentos financieros 
precisan que la Comisión debe preparar una estimación 
anual de las necesidades de tesorería decada Ff^lOvpedir 
esosimportesalos astados miembros que los registran en 
el naber de una cuenta especial abiertaanombre de la 
Comisionen suLesoroRúblico ^nl^^LaComisiónha 
continuado pidiendo las contribuciones pendientes de 
pago del qumtoP^L^ven parte las hautilizado para 
financiar los pagosdelcuartovdelse^tof^^PO Los saldos 
de tesorería nan oscilado en 1^7^entrel^0v^201viio 
LCLCvlos pagos totales ascendierona^7^1VlioLCL^ 
Pendón d^cor^ribu^on^ 
léó Llimportedelas contribuciones tnmestralesdel 
ejercicio 1^7 se notiticó en diciembre de 1^6 Sin 
embargos siete contribuciones se hicieron efectivas con 
retrasovtrece por una cantidad distmtaala prevista 
Pastas anomalías se podrían naber evitado si los servicios 
de la Comisiónbubieran liquidadoel importe de los 
vencimientostnmestralesdecada^stadomiembroen 
cuanto se hubiera determinado el tipo de cambio 
aplicable 
C^^t^^lo^T^oro^úb^co^ 
16. ^lartículo^del reglamento financiero aplicable al 
quinto PFPó dispone que la Comisión distribuirá sus 
activosentrelasdistmtasmonedassegúnla proporción en 
la que las monedas de los Lstados miembros entran en la 
composición del FCL^ l^osehahechousodelosfondos 
délas cuentas en losLesoros públicos de una manera 
sistemáticas lo que ha producido grandes desequilibrios 
enel reparto de los fondos Por e^emplo^ duranteel 
segundo trimestre de 1^7 solamente fue retirado el 40^ 
de la contribución de la república Federal de Alemania^ 
el70^deladeFranciavel^emoC^nidovcasiell00^ 
de la de Italia Las retiradas de fondos de la cuenta del 
Lesoro Rúblico de Irlanda han sido especialmente 
irregulares^ habiéndose dejado intactas dos de sus 
contribuciones durante el segundo trimestre del^7 
Cue^t^b^nc^ri^e^uro^ 
17 LaComisióndisponedeunnúmero excesivo de 
cuentas bancanas en Furopaio que entorpece la gestión 
de su tesorería La existencia de una segunda cuenta en 
seisFstadosmiembros no estáclaramente^ustiticada 
POosdeestascuentas no se han utili^adodesde hace vanos añosvlas otras cuatro se utilizan poco C^n mínimo de 
201Vlio FCC^ ha permanecido en estas seis cuentas 
durante el ejercicio del^7 
1^ Ror el contrarios no se ha abierto ninguna cuenta 
bancana independiente para elmgresodelascontribucio 
nes de las transferencias Stabe^ tal como dispone el 
artículo ^^del reglamento tinanciero del se^toFEPo^vel 
volumenimportanteeimprevisibledeestas transferencias 
sigue siendo un obstáculo para la retirada sistemática de 
fondos de las contribuciones aportadas 
1^ Las cuentas bancanas en ECP^ tienen tipos de 
interés diferentes La Comisión debería negociar un tipo 
uniforme basado por ejemplo en el LlBCOR-diano^obien 
plantearse la conveniencia de manteneruna cuenta en los 
bancos que no ofrecen una remuneración competitiva 
20 Según el artículol60 de laTercera Convención de 
Lomé^ un Estado beneficiario tiene derecho a una 
transferencia iguálalos mgresos^enECe^ que pierda en 
suse^portaciones a la CEE o^ enelcaso de algunos 
Estados^ al mercado mundial Sin embargos si su moneda 
sufre una devaluación superior alionen relaciónala 
media de su tipo de cambio en los cuatro años anteriores^ 
la transferencia se reduce en virtud de la aplicación del 
apartado^del artículo Este apartado dispone que no se 
tomarán encuenta para la ti^acióndeltipo de cambio 
EC^moneda nacional las fluctuaciones superiores al 
10^ lvlalav^4 que ha sufrido una pérdida del^2 ^io 
ECUensusingresospore^portaciones^ tuvoderecho 
únicamenteauna transferencia de 2^ ^iioECP^e^clusí^ 
vamente porque su moneda fue devaluada en vanas 
ocasiones P^na reducción análoga del importe de la 
transferencia ha sido aplicada a Caambia^ Samoa 
COccidentalvSudánvotros países han perdido cualquier 
derecho a recibir transferencias POe esta formad la 
aplicación de la disposición antes mencionada ha llevado 
aqueel sistema deestabihzación de losingresos por 
exportaciones no alcance más que deforma muv parcial 
su objetivo de contribuir a la salvaguarda del poder 
adquisitivo de determinados Estados 
21 Los muv esquemáticos informes sobre la utilización 
de las transferencias Stabe^presentadosala Comisiona 
siguen siendo la excepción más importanteala necesidad 
de una^ustitlcación detallada de los pagóse aphcablea 
cualquier otro aspecto de la cooperación financiera La 
Comisión debería entender la prácticas aceptada en 1^7 
por SantoTomé^ de pagar la transferencia directamentea 
los proveedores^ en nombrevpor cuentea del beneficíanos 
vfomentar la aplicación estricta del acuerdos ratificado 
por numerosos programas indicativos firmados al 
amparo de la Tercera Convención de Lome^ sobre la 
utilización de fondos de contrapartida como suplemento 
de otras financiaciones del FEPó 
12. 12: 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 177 
fecha en el marco de la tercera Convención de Lomé 
acaba de comenzar, los datos disponibles no permiten 
actualmente pronunciarse sobre ellos (l). 
Base jurídica y directrices de ejecución 
Marco general y campo de aplicación 
de las microrrealizaciones 
25. La primera Convención de Lomé prevé la participa­
ción del FED, a título experimental y hasta un límite de 
20 Mió ECU, en la financiación de microrrealizaciones. 
La segunda Convención de Lomé consagra plenamente 
este tipo de acción que en lo sucesivo se incluye entre las 
modalidades de la cooperación financiera y. técnica 
contrastadas, por lo que ya no está sometida a un tope 
global. La proporción de las microrrealizaciones en el 
programa indicativo del Estado beneficiario pasa a no 
tener más límites que su capacidad de absorción de este 
tipo de ayuda, sus necesidades y sus prioridades. Por otra 
parte la intervención del FED en cada microrrealización 
no podía ser superior a 75 000 ECU en la primera 
Convención de Lomé y 150 000 ECU en la segunda 
Convención de Lomé (2). 
26. Las convenciones de Lomé consagran la vocación 
rural de las microrrealizaciones, con el fin de combatir el 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 
Cuadro 2 — Microrrealizaciones financiadas en Lomé I y Lomé II a 30 de septiembre de 1987 
Conven­
ciones 
Lomé I 
Lomé II Rúbricas 
Total programa indicativo, 
del que las: 
microrrealizaciones: 
— ACP 
— PTU 
— Total 
Total programa indicativo, 
del que las: 
microrrealizaciones: 
— ACP 
— PTU 
— Total Acuerdos de 
financiación (') 
(1) 
1 000 ECU 
3 137 056 
18 519 
1 735 
20 254 
4 360 915 
65 992 
1 980 
67 972 Pagos 
(2) 
1 000 ECU 
2 934 503 
17 531 
1 461 
18 992 
2 963 787 
47 530 
1 245 
48 775 (3 = 2/1) 
% 
94 
95 
84 
94 
68 
72 
63 
72 
(') Estas cantidades fueron objeto, salvo excepción, de un compromiso global por cada Estado beneficiario. OBSERVACIONES SOBRE 
LAS MICRORREALIZACIONES 
22. Los primeros años de la ayuda comunitaria al 
desarrollo estuvieron marcados por una clara prioridad 
de los proyectos de gran envergadura en beneficio 
principalmente de los núcleos urbanos. Para responder de 
forma concreta a las necesidades de las comunidades 
locales, las convenciones de Lomé introdujeron un nuevo 
instrumento de cooperación entre los Estados ACP y la 
Comunidad: las microrrealizaciones, constituidas por 
pequeños proyectos mejor integrados en el tejido 
económico y social y destinados a crear, a escala local, las 
condiciones para que se produzca un desarrollo de las 
poblaciones más autónomo y centrado en sus propios 
recursos. 
23. En la primera Convención de Lomé el FED financió 
71 programas anuales de microrrealizaciones (cerca de 
2 000 proyectos presentados por 35 Estados ACP), y más 
de un centenar en la segunda Convención de Lomé (cerca 
de 8 000 proyectos presentados por 42 Estados ACP). Se 
observa además un crecimiento de la parte de las 
microrrealizaciones en la dotación del FED, demostrati­
vo del refuerzo del papel que han de desempeñar en el 
proceso de desarrollo. Los cuadros 2 y 3 muestran los 
importes asignados a las microrrealizaciones en las dos 
primeras Convenciones de Lomé y resumen la realización 
financiera de los programas a 30 de septiembre de 1987. 
24. Las observaciones que siguen analizan los progra­
mas y proyectos de microrrealizaciones de la primera y 
segunda Convenciones de Lomé. Como la realización de 
los programas de microrrealizaciones aprobados hasta la 
178 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Cuadro 3 — Microrrealizaciones financiadas en Lomé I y Lomé II por Estado beneficiario a 30 de septiembre de 1987 
(1 000 ECU) 
Pais 
Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Rep. Centroafricana 
Dominica 
Etiopía 
Gambia 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Granada 
Lesotho 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Níger 
Rwanda 
Santa Lucía 
Seychelles 
Sierra Leona 
Sudán 
Swazilandia 
Tanzania 
Chad 
Togo 
Tuvalu 
Uganda 
Samoa Occidental 
Comoras 
Camerún 
Costa de Marfil 
Fiji 
Ghana 
Guyana 
Guinea Ecuatorial 
Jamaica 
Kenya 
Kiribati 
Liberia 
Madagascar 
Mauricio 
Papua-Nueva Guinea 
Senegal 
Surinam 
Trinidad y Tobago 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 
Vanuatu 
Djibouti 
Antillas Neerlandesas 
Nueva Caledonia 
Polinesia Francesa 
Islas Salomón 
Wallis y Fortuna 
Total 4°FED 
Compromisos 
1 125 
1 161 
56 
130 
858 
44 
821 
243 
280 
893 
65 
380 
740 
426 
75 
380 
375 
201 
660 
403 
300 
995 
855 
166 
298 
2 407 
300 
2 060 
515 
340 
452 
265 
470 
315 
150 
500 
550 
20 254 Pagos 
1 125 
1 140 
56 
82 
808 
44 
716 
225 
253 
893 
65 
380 
621 
312 
64 
353 
283 
201 
660 
403 
270 
995 
850 
166 
298 
2 407 
298 
2 060 
515 
316 
243 
265 
426 
228 
150 
500 
320 
18 992 5°FED 
Compromisos 
1 450 
3 055 
1 677 
246 
406 
189 
214 
2 017 
1 300 
2 121 
500 
108 
1 500 
1 800 
11 
582 
2 210 
1 400 
818 
1 500 
1 000 
1 935 
148 
1 100 
50 
300 
457 
5 040 
3 735 
500 
145 
6 808 
173 
2 000 
4 730 
2 141 
2 900 
148 
483 
2 120 
6 555 
420 
530 
1 350 
100 
67 972 Pagos 
1 438 
2 283 
1 043 
213 
358 
155 
214 
1 511 
892 
1 318 
240 
104 
1 450 
1 702 
11 
423 
798 
1 131 
523 
856 
395 
1 560 
148 
298 
50 
59 
355 
4 581 
2 882 
477 
131 
5 436 
142 
1 546 
3 678 
1 769 
2 443 
148 
483 
316 
3 617 
354 
505 
660 
79 
48 775 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 179 
aislamiento y favorecer el desarrollo de las zonas rurales, 
sin descartar la posibilidad de recurrir a este instrumento 
en medios urbanos. 
Criterios de selección de las microrrealizaciones 
27. De conformidad con los criterios de subvención 
definidos en el artículo 15, apartado 1, del protocolo n° 2 
de la primera Convención de Lomé y recogidos en el 
artículo 146, apartado l(a), de la segunda Convención de 
Lomé, las microrrealizaciones deben: 
(a) responder a una necesidad real y prioritaria observa­
da a nivel local (esta condición se materializa en 
forma de iniciativa de la comunidad local, exigida por 
los artículos 16 y 147, apartado 1, de los textos antes 
citados); 
(b) conseguir la participación activa de las comunidades 
locales. 
28. Las características de esta participación se describen 
en los artículos 16 del protocolo n° 2 de la primera 
Convención de Lomé y 147 de la segunda Convención de 
Lomé que disponen, para la viabilidad de los proyectos, la 
necesidad de una financiación tripartita entre: 
(a) la población beneficiaría (en forma de contribución 
en metálico o en especie adaptada a su capacidad 
contributiva); 
(b) el Estado ACP (mediante una participación financie­
ra o con infraestructuras públicas) (3); 
(c) el FED. 
A la vez que consagra determinadas modalidades de 
aplicación definidas por las directrices de aplicación de la 
primera Convención de Lomé, la segunda Convención de 
Lomé exige la movilización simultánea, desde el momen­
to de la aprobación del proyecto, de las contribuciones de 
los tres participantes e indica que la contribución total del 
Estado ACP y de la comunidad interesada en principio 
debe ser, como mínimo, igual a la subvención solicitada al 
Fondo (4). 
29. La viabilidad de un microproyecto exige igualmente 
su adaptación a las condiciones socioeconómicas locales, 
especialmente a la formación de la mano de obra 
disponible. El proyecto debe poder ser asimilado rápidamente por sus futuros usuarios, con el fin de que se 
produzcan efectos de difusión. 
30. La Comunidad local se compromete a asegurar el 
mantenimiento y el funcionamiento de cada proyecto, 
con el apoyo de las autoridades nacionales si es preciso. 
£1 papel del delegado de la Comisión 
31. A propuesta del delegado y una vez transcurrida la 
fase de tramitación del programa anual de microrrealiza­
ciones, el ordenador principal del FED decide sobre la 
financiación global a efectuar. A continuación los 
servicios de la Comisión proceden al compromiso de la 
totalidad de la dotación del programa anual. 
32. El convenio de financiación constituye sólo un 
marco estimativo para las solicitudes futuras de las 
comunidades locales, cada una de las cuales será objeto de 
una decisión de financiación. El Estado ACP correspon­
diente toma estas decisiones «con el acuerdo de la 
Comisión », según los términos de la primera Convención 
de Lomé. La segunda Convención consagra expresamen­
te la plena responsabilidad del delegado en la aprobación 
de proyectos. 
Tramitación de las microrrealizaciones 
Delegación del procedimiento 
de aprobación de proyectos 
33. En la primera Convención de Lomé, el delegado está 
encargado de preparar la propuesta de financiación, 
siendo competencia de la Comisión su aprobación. La 
descentralización a favor del delegado efectuada en la 
segunda Convención de Lomé está destinada a aligerar la 
tramitación y reducir los plazos de respuesta a las 
iniciativas de las comunidades locales. La experiencia 
anterior ya anunciaba esta importante innovación de la 
segunda Convención de Lomé. El examen revela que las 
delegaciones y los servicios de la Comisión no siempre 
han respetado esta redistribución de las funciones. 
34. Las delegaciones no asumen sistemáticamente su 
responsabilidad en materia de toma de decisiones de 
financiación y, aunque su intervención debería bastar, a 
medida que les llegan las solicitudes de financiación del 
Estado ACP las van enviando a la Comisión para su 
aprobación. 
180 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
35. Este procedimiento no es conforme con las normas 
que rigen la incorporación de la ayuda a la microrrealiza-
ción —caracterizada por la descentralización del poder de 
realización—, en la medida en que, en primer lugar, lleva 
a confiar a los servicios de Bruselas, ocupados con los 
proyectos más importantes desde el punto de vista 
financiero, el análisis de los proyectos para el que no 
disponen ni de la información completa ni del tiempo 
necesario. Así, la delegación de Senegal presentó a 
Bruselas para su aprobación un proyecto de 13 786,25 
ECU, y la de Gambia proyectos de 15 536 ECU y 20 706 
ECU. 
36. En segundo lugar, el envío de proyectos o presu­
puestos a la Comisión para su aprobación alarga los 
plazos de decisión, lo que es especialmente grave en el 
caso de programas anuales. 
37. En este orden de ideas la cuestión de que la 
Comisión juzgue directamente las microrrealizaciones se 
plantea a veces desde la fase de programación. En 
determinados casos, se ha abusado de la posibilidad de 
presentar más de un programa por año. Así, Swazilandia 
presentó en dos años siete programas de microrrealizacio­
nes cuyo paquete financiero medio era de 36 000 ECU. 
Cantidades tan modestas hubieran podido agruparse 
cada año en un solo programa, con lo que el delegado 
hubiera podido aprobarlos en bloque evitando los plazos 
superfluos provocados por una programación múltiple. 
Existencia de una necesidad real 
y prioritaria a nivel local 
38. La presentación por un Estado ACP de una 
solicitud de financiación de una microrrealización lleva al 
delegado a definir y evaluar la necesidad a la que el 
proyecto responde. Únicamente la existencia de una 
necesidad prioritaria que emane de la comunidad local 
que va a resultar beneficiada justifica la aplicación del 
instrumento específico que son las microrrealizaciones. 
Ahora bien, se ha observado que los delegados no siempre 
comprueban con la precisión y el rigor exigidos la 
conformidad del proyecto con este criterio. 
39. En varios programas de microrrealizaciones audita-
dos por las misiones del Tribunal en Magadascar en 1985 
y en Costa de Marfil en 1987 las delegaciones de la 
Comisión no conocían los criterios que habían determi­
nado la elección de los proyectos por las autoridades 
nacionales. De ahí la dificultad de verificar la existencia 
de desviaciones o abusos, que sin embargo no puede excluirse. En Magadascar algunas inversiones financia­
das en concepto de microrrealizaciones no responden, por 
su propia naturaleza, a la exigencia de una necesidad 
prioritaria de las comunidades locales; por ejemplo la 
compra de un automóvil asignado a un servicio del 
Estado cuya utilización en el microproyecto no se ha 
podido demostrar, o de material destinado al «Centre 
Universitaire Regional». 
40. La iniciativa debe partir de la comunidad local 
beneficiaría. Ahora bien, en una muestra de 28 programas 
de microrrealizaciones auditados por la Comisión, 
solamente un tercio de las acciones era resultado de una 
iniciativa de la comunidad interesada. En la mitad de los 
casos examinados, la iniciativa procedía de hecho de la 
Administración, y en los otros de las ONG locales o de los 
servicios del FED (5). 
41. El riesgo de fracaso de las acciones en cuya iniciativa 
no participa la comunidad local es considerable, en la 
medida en que cuando la iniciativa de las autoridades 
nacionales sustituye a la de la comunidad local puede 
ocurrir que no se satisfaga una necesidad real y prioritaria 
de esta última. Esta situación se ha producido en Togo, 
Magadascar y Kenya, donde varios proyectos fueron 
abandonados una vez terminados y otros incluso antes de 
empezar ya que no correspondían a las necesidades de las 
poblaciones beneficiarías. 
42. En contraposición, la intervención del organismo 
central de gestión se justifica en particular en los casos en 
que la población no consigue definir de manera precisa y 
adecuada la necesidad real y prioritaria, debido por 
ejemplo a la propia naturaleza del proyecto propuesto, 
mal conocida por la comunidad local. El papel de la 
administración nacional consiste en determinar la 
naturaleza exacta del problema y el tipo de acción 
susceptible de ofrecer una solución y reformular la 
solicitud. Así, ante problemas sanitarios en una zona 
rural determinada, a veces las poblaciones solicitaron 
espontáneamente la creación de dispensarios, cuando en 
realidad es el consumo de agua no potable la causa de las 
enfermedades. Las administraciones nacionales solicita­
ron entonces nuevos puntos de captación de aguas 
(pozos, perforaciones), formulando la petición de forma 
diferente. También se reveló necesaria una operación de 
educación sanitaria tendente a que la población afectada 
tomara conciencia de que los nuevos puntos de captación 
de aguas se adaptaban mejor a sus necesidades. 
Garantía de la participación activa 
de las comunidades locales 
43. La contribución de las comunidades locales puede 
tomar la forma de una aportación financiera, de una 
aportación de materiales o de prestaciones de servicios. 
En varias microrrealizaciones auditadas no ha podido 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 181 
acreditarse la participación de las colectividades locales. 
Se ha observado especialmente en Senegal, que determi­
nados proyectos están financiados al 100 % por el FED 
sin ninguna aportación de las poblaciones locales. Así, las 
traídas de aguas de Dakra y Mbeuleucke, terminadas en 
1986, fueron íntegramente realizadas por la sociedad 
Soda-TP, sin la aportación financiera o de otro tipo del 
Estado y de los beneficiarios. 
44. Las comunidades locales tienen que participar 
activamente en la realización de cada microproyecto y no 
hay que evaluar su aportación globalmente, en relación 
con el programa anual de microrrealizaciones. Asimismo, 
la financiación íntegra por el FED de ocho proyectos en 
Magadascar, en el marco del primer programa de la 
segunda Convención de Lomé, no responde a los criterios 
de subvención de las microrrealizaciones. Esta observa­
ción no se ve en absoluto afectada por la ausencia de 
ayuda del FED a la financiación de otras 26 acciones que 
figuran en el programa y que hacen que esta ayuda 
financiera represente el 50 % de la dotación total de este 
programa. Sin embargo, esta idea ha sido mantenida por 
la Comisión desde la fase de programación, como se 
desprende de determinadas propuestas de asignación de 
créditos hechas en Bruselas, en particular en febrero de 
1985. En cualquier caso, el delegado hubiera debido 
asegurarse de la participación activa de las colectividades 
locales en cada microproyecto. 
45. La aportación en especie o en forma de prestaciones 
de servicios de la colectividad local o del Estado debe 
corresponder a una contribución real, efectiva y activa. 
Los consejeros técnicos que la República Centroafricana 
puso a disposición del primer programa de microrrealiza­
ciones de la segunda Convención de Lomé y que habían 
sido contratados para otros programas de traída de aguas 
financiados por el FED no se pueden atribuir a las 
microrrealizaciones. 
46. La comprobación que hace el delegado de la 
participación activa de las comunidades locales es tanto 
más importante cuanto que constituye un buen indicador 
de la adecuación del proyecto a sus necesidades. Por otra 
parte, la asociación de la población no solamente a la 
idea, sino también a la realización de los microproyectos: 
(a) hace posible una mayor responsabilización de los 
beneficiarios; 
(b) facilita que los habitantes se «apropien» de los 
proyectos; 
(c) aumenta la posibilidad de mantenimiento de las 
realizaciones; Viabilidad de las microrrealizaciones 
Movilización de las contribuciones 
47. En el momento de dar su aprobación a la 
financiación de cada proyecto, el delegado debe tener 
pruebas de que las diversas contribuciones en efectivo, 
bienes, equipos y servicios de los tres participantes pueden 
ser movilizadas simultáneamente y estar disponibles de 
inmediato. Los análisis revelan que no siempre ha sido ese 
el caso, especialmente en Burkina Faso, donde los 
controles efectuados por el Tribunal han permitido 
comprobar que la movilización de la contribución 
financiera de los habitantes de los poblados planteaba 
problemas, lo que provocaba retrasos en la realización de 
los microproyectos. 
48. Las mismas deficiencias se presentan en la participa­
ción de los Estados ACP. Así, en Fiji, un proyecto de 
construcción de barcos, no había finalizado a los cuatro 
años de su inicio porque el gobierno local no había 
aportado su contribución. En Malawi, algunas micro­
rrealizaciones, como la construcción de escuelas, casas y 
oficinas de correos dentro del sexto programa financiado 
por el quinto FED, sufrieron retrasos de meses porque 
faltaba también la contribución del Estado. Dentro del 
mismo programa anual la construcción de un centro de 
educación fue retrasada al comienzo de los trabajos por 
no disponer del terreno previsto para este fin. Las 
limitaciones financieras o presupuestarias, las dificulta­
des administrativas y la falta de coordinación entre 
administraciones o Ministerios con competencias solapa­
das, se invocan a menudo con el fin de justificar que los 
Estados incumplan sus obligaciones. Ahora bien, la 
capacidad del Estado ACP de respetar sus compromisos 
constituye uno de los elementos de valoración que el 
delegado debe tomar en consideración en el momento de 
analizar la viabilidad del proyecto. 
Asimilación de las microrrealizaciones por los usuarios 
49. Con el fin de producir rápidamente el efecto 
esperado, las microrrealizaciones deben ser asimilables 
fácilmente y en poco tiempo por sus futuros usuarios. La 
inadaptación del proyecto a las capacidades de los 
usuarios potenciales puede provocar su total abandono, 
como ocurrió en Magadascar donde el programa anual de 
1982 contemplaba la financiación de los equipos de una 
cooperativa pesquera. Según un informe de abril de 1983, 
la cooperativa no había podido entrar en funcionamiento 
y los barcos se pudrían en el muelle por falta de medios 
financieros para la formación de pescadores. En términos 
más generales, para evitar que los equipos suministrados 
no se infrautilicen es importante: 
(d) es un modo de formar y educar a los beneficiarios. (a) que los microproyectos hagan uso de técnicas más 
sencillas; 
182 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
(b) que cada microrrealización incluya una parte de 
formación; 
(c) velar para que las microrrealizaciones, por su 
concepción técnica, puedan funcionar rápidamente 
de forma autónoma; 
(d) definir las limitaciones económicas de los usuarios. 
50. Tal perspectiva constituye un importante elemento 
en la viabilidad del proyecto que el delegado ha de tener 
en cuenta. En la práctica esta condición está vinculada a 
la puesta a disposición de las comunidades locales de los 
equipos necesarios. Durante una misión de control en 
Sierra Leona en 1984 el Tribunal comprobó que los 
dispensarios construidos con el cuarto FED se utilizaban 
muy poco o nada, porque el gobierno, a pesar de haberse 
comprometido a hacerlo en el convenio de financiación 
firmado en 1977, no había suministrado el mobiliario y el 
material médico. Asimismo, el Centro de Animación 
Femenina de Tangrela, en Burkina Faso previsto como 
maternidad y centro de animación, a falta de los equipos 
necesarios sólo realizaba la segunda función. 
51. La autonomía funcional del proyecto y su apropia­
ción por la población pueden también verse amenazadas 
por gastos periódicos demasiado onerosos para las 
comunidades locales, como el Tribunal comprobó con 
ocasión de la auditoría efectuada en 1986 en Níger donde 
en la mayor parte de las acciones, las comunidades no 
estaban en condiciones de hacer frente a los gastos. De un 
modo más general, es importante evaluar previamente las 
limitaciones económicas y financieras de los beneficiarios 
que condicionan el éxito de las realizaciones. 
Aspectos sociales de las microrrealizaciones 
52. Otro factor esencial para la viabilidad de un 
microproyecto es su aptitud para integrarse en el medio 
sociocultural. 
53. La inserción del proyecto se ve favorecida por la 
cohesión de la comunidad beneficiaría. Los conflictos 
declarados o latentes en el interior de un pueblo o entre 
varios pueblos lastran la eficacia de la realización. A la 
vez que puede evitar ese tipo de inconvenientes, la 
preexistencia de una agrupación de habitantes de varios 
pueblos (con fines festivos, culturales, deportivos, 
religiosos, etc.) constituye una garantía de su motivación 
y de su colaboración futura. 
54. Para analizar la viabilidad de un proyecto es 
también importante tomar en consideración las relacio­
nes socioeconómicas internas de la comunidad. Así, en Níger se hicieron perforaciones de pozos en parcelas 
privadas, debiendo servir cada uno a los propietarios y a 
otras tres familias. Solamente una vez finalizados los 
trabajos se advirtió que ese tipo de cooperación era 
desconocido en la comunidad. 
55. Por otra parte se ha notado frecuentemente que los 
proyectos, especialmente los económicos, destinados a 
una comunidad que presenta fuertes desigualdades, no 
hacen sino acentuarlas produciendo efectos nocivos. Así, 
en Rwanda, según un estudio llevado a cabo en 1985 a 
petición de los servicios de la Comisión y titulado «una 
evaluación de los pequeños proyectos de desarrollo», 
sólo los habitantes más acomodados, en condiciones de 
pagar los gastos se benefician del proyecto de traída de 
aguas. Una acción financiada por el FED en Costa de 
Marfil consistió en facilitar a un grupo de cuatro 
agricultores un tractor y equipos agrícolas; en su misión 
en 1987, el Tribunal observó que sus cultivos habían sido 
quemados por los otros agricultores a causa de la 
desigualdad creada. 
Realización y seguimiento 
de las microrrealizaciones 
El papel de las autoridades nacionales 
56. Las comunidades beneficiarías no siempre están en 
condiciones, por falta de suficiente capacidad de gestión, 
de supervisar ellas mismas la realización del proyecto. De 
ahí el interés en recurrir, sobre todo en ausencia de 
estructuras administrativas locales, a un servicio autóno­
mo encargado, a nivel central, no sólo de la preparación 
de los programas anuales, sino también de la asistencia a 
las comunidades locales en la formulación de las 
solicitudes y la ejecución de los proyectos, el control de la 
realización y, a posteriori, de la buena utilización de las 
realizaciones. 
57. Los controles efectuados sugieren, sin embargo, que 
las autoridades encargadas de la coordinación central de 
las microrrealizaciones no siempre disponen de la 
autonomía y de las competencias requeridas. 
58. En este orden de ideas, un estudio realizado en 1983 
sobre Malawi, ponía de relieve que los frecuentes cambios 
del sistema administrativo del Estado en los tres años 
anteriores habían tenido un acusado efecto negativo en el 
servicio encargado de la gestión de los programas de 
microrrealizaciones. El delegado confirmaba en 1987 la 
persistencia de este problema y sus consiguientes retrasos. 
En 1981, tras una misión de control a este país, el Tribunal 
señalaba el interés que tendría para la delegación 
contratar a un agente local y ponerlo a disposición del 
Estado beneficiario. De forma más general y habida 
cuenta de la envergadura de la financiación concedida a 
determinados países para los programas de microrreali-
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 183 
zaciones, debería recurrirse a asesores locales o en 
circunstancias excepcionales a asistentes técnicos compe­
tentes, con el fin de reforzar los organismos gestores 
centrales defectuosos y evitar los inconvenientes de una 
gestión fragmentada. 
Coste de la asistencia técnica y complementariedad 
de las microrrealizaciones 
59. El aumento de la importancia de los programas de 
microrrealizaciones en el quinto FED ha estimulado el 
recurso a la asistencia técnica para asistir a los organis­
mos de coordinación y de gestión de los programas o, en 
su ausencia, para cumplir funciones análogas. 
60. A diferencia de los proyectos convencionales, el 
compromiso de fondos para la financiación de la 
asistencia técnica en las microrrealizaciones no precisa la 
formulación de una propuesta de asignación de créditos 
específicos. Debido a ello es imposible controlar a partir 
de la contabilidad los importes asignados a este fin en los 
programas de microrrealizaciones. Los informes de las 
delegaciones no ofrecen ningún desglose de los importes 
destinados a asistencia técnica. 
61. La Comisión considera, en todo caso, que el coste de 
la asistencia técnica no debe sobrepasar el 10 % de la 
contribución de los fondos. Sin embargo, en los escasos 
compromisos que han sido objeto de un presupuesto de 
gastos, se han observado casos en que se ha sobrepasado 
este límite. En Tanzania, por ejemplo, la asistencia técnica 
representa el 15 % de la dotación del segundo programa 
del quinto FED, sin justificación aparente. 
62. En Níger, una misión del Tribunal comprobó en 
1986 que algunos gastos de funcionamiento de la 
administración del Estado ACP para la coordinación de 
las microrrealizaciones corren a cargo del FED, lo que 
asimila esta ayuda a una subvención al presupuesto 
nacional. 
63. El coste de la asistencia técnica debe evaluarse en 
relación con la especificidad de los microproyectos, que al 
ser mínimos y múltiples y estar dispersos geográficamen­
te, sin asistencia técnica estarían a menudo abocados al 
fracaso. Los gastos de asistencia técnica pueden sin 
embargo mantenerse dentro de límites razonables, 
especialmente si en la medida de lo posible las microrreali­
zaciones se vinculan a otros proyectos de desarrollo. Este 
sistema permite, por una parte, completar los proyectos 
mediante la construcción de pequeñas infraestructuras 
sociales y, por otra, hacer que los microproyectos se 
beneficien de los medios de transporte y de la asistencia 
técnica de estas operaciones. Además del apoyo logístico 
que consigue esta solución facilita el seguimiento de las 
microrrealizaciones. 64. Esta idea de complementariedad destinada a 
provocar una sinergia de las acciones emprendidas, no 
siempre ha sido explotada. En la práctica las dificultades 
de transporte, de aprovisionamiento, de combustible y 
otras han retrasado mucho los microproyectos en Sierra 
Leona, como revela un informe de la delegación. En 
Malawi, la disponibilidad de asistencia técnica en las 
proximidades de las microrrealizaciones hubiera podido 
evitar que en numerosos proyectos se utilizasen materia­
les y técnicas inadecuados. 
Ejecución financiera de las microrrealizaciones 
65. El ritmo de utilización de los créditos comprometi­
dos para las microrrealizaciones es sensiblemente igual al 
de los programas indicativos, como puede verse en el 
cuadro 2. En efecto, a 30 de septiembre de 1987, los 
porcentajes de desembolso de los importes concedidos 
por las decisiones de financiación del cuarto FED eran el 
95 % en las microrrealizaciones y el 94 % en los 
programas indicativos. En lo que se refiere al quinto 
FED, los porcentajes de desembolso eran el 72 % en las 
microrrealizaciones y el 68 % en los programas indicati­
vos, mientras que el convenio había expirado el 28 de 
febrero de 1986. Estos indicadores demuestran que hasta 
el momento la ejecución de las microrrealizaciones no ha 
sido mucho más rápida que la de otros instrumentos 
previstos por las Convenciones de Lomé, lo cual es 
contrario al objetivo de solucionar rápidamente necesida­
des prioritarias de las comunidades locales. 
66. La exigencia de una mayor diligencia en la ejecución 
de las microrrealizaciones no significa que los anticipos 
hayan de ponerse a disposición de las autoridades 
nacionales sin haber procedido a una estricta selección de 
los proyectos. Sin embargo, en Kenya la delegación 
abonó a una caja de anticipos el 80 % del total de cada 
programa anual inmediatamente después de la firma de 
los convenios globales de financiación, invirtiendo de esta 
manera el orden de los procedimientos de tramitación y 
realización. Algunas acciones no llegaron ni a ser 
iniciadas debido a que el estudio preparatorio posterior 
concluyó que no eran viables. Además en una misión del 
Tribunal realizada a finales de 1985 se observó que el 
20 % de los proyectos financiados con cargo al segundo 
programa anual del quinto FED habían sido abandona­
dos. La facilidad con que la Comisión financiaba 
proyectos que no habían sido completamente definidos 
en una fase de tramitación habrá seguramente contribui­
do a incitar al Estado keniata a multiplicar el número de 
solicitudes de aprobación de programas anuales, incluso 
antes de haber terminado los precedentes. En 1982, cinco 
programas anuales respondían a esta descripción. Las 
autoridades nacionales conseguían así fondos inmediata­
mente disponibles susceptibles de ser utilizados para otros 
fines. Por ello, en el momento de comenzar muchas 
acciones, surgieron grandes dificultades para movilizar 
los medios financieros previamente concedidos por la 
Comunidad, así se produjeron retrasos de años, lo que 
debería haber hecho que la delegación llevara a cabo una 
vigilancia más estricta. 
184 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Evaluación y seguimiento de las microrrealizaciones 
67. La evaluación de un proyecto, desde su concepción 
a las condiciones de explotación por la colectividad 
beneficiaria, pasando por su realización, forma parte del 
ciclo del proyecto; proporciona continuamente nuevos 
datos sobre los factores de éxito o de fracaso de una 
acción de los que se pueden sacar rápidamente las 
consecuencias de las primeras experiencias de las 
microrrealizaciones. 
68. El trabajo de seguimiento regular incumbe en 
primer lugar a la Comisión, responsable de la concepción 
y del control de la aplicación de las orientaciones en 
materia de realización de los programas anuales en cada 
país. Pero en las microrrealizaciones la parte más 
importante del trabajo de seguimiento y de evaluación de 
los proyectos recae sobre las delegaciones. El delegado ha 
de velar, a lo largo de todo el proceso, porque se respeten 
las normas y directrices de realización y, de forma más 
general, por la buena gestión financiera del proyecto, así 
como por que se haya procedido a la evaluación final y a 
la valoración de sus perspectivas de supervivencia. 
69. En la práctica, los servicios de la Comisión y las 
delegaciones, ocupados en proyectos de mayor enverga­
dura, dedican poco tiempo al seguimiento y a la 
evaluación de las microrrealizaciones. Esta situación se ve 
agravada por la dispersión de la capacidad de atención 
cuando, en contra de las orientaciones de la Comisión, se 
comprometen nuevos programas de microrrealizaciones 
antes de que finalice la realización de los anteriores. Así, 
los delegados no han presentado informes semestrales de 
control de la realización de más de la mitad de los 
programas de microrrealizaciones financiados por el 
quinto FED. Cuando estos informes existen contienen 
grandes lagunas en lo que se refiere al respeto de los 
criterios de selección de los proyectos, al coste final (real o 
estimado) de las acciones financiadas y a la participación 
del Estado y de los beneficiarios. Lo mismo ocurre con los 
informes de realización, que según los términos del 
artículo 149 de la segunda Convención de Lomé, deberían 
ser enviados a la Comisión por el Estado ACP en contacto 
con el delegado. 
70. Esta falta de datos no puede ser totalmente paliada 
con documentos de evaluación de carácter más general 
—a los que se hace alusión en el presente informe—, que 
no pueden reemplazar el seguimiento regular, único capaz 
de hacer posible que las decisiones se tomen a tiempo y se 
corrijan los fallos en la aplicación de las directrices de 
realización. 
71. El análisis de los problemas encontrados en la 
gestión de las microrrealizaciones —que forma parte de 
los informes— adolece a menudo de falta de rigor y de 
precisión. Así, el informe final sobre el tercer programa de 
microproyectos del quinto FED en Malawi señala entre 
las principales limitaciones que «the Communities seemed not to have been well informed about the project» 
(las Comunidades no parecían estar bien informadas 
sobre el proyecto). Por otra parte, las delegaciones, 
carentes a menudo de una valoración fiable, no se hallan 
en condiciones de contrastar la validez de las hipótesis 
formuladas en la fase de tramitación ni de conseguir que 
la gestión de los organismos responsables sea eficaz. La 
dificultad aumenta cuando originalmente los objetivos no 
han sido cuantificados ni formulados con la precisión 
suficiente para permitir un análisis posterior riguroso. 
Observaciones finales 
72. El instrumento constituido por las microrrealizacio­
nes puede responder a las necesidades fundamentales de 
las poblaciones más desfavorecidas y constituye un 
complemento importante de otros instrumentos de ayuda 
comunitaria al desarrollo. 
73. Aunque en los últimos años se haya apuntado una 
cierta mejora a todos los niveles en la gestión de las 
microrrealizaciones, dos puntos esenciales merecen aún 
toda la atención de las autoridades responsables de 
concepción y gestión, con vistas a la utilización óptima de 
este instrumento en favor de las poblaciones beneficia­
rías. 
74. En primer lugar, el delegado, encargado por la 
segunda Convención de Lomé de la aprobación de los 
proyectos, debe seleccionarlos rigurosamente, procedien­
do antes a su tramitación concienzuda. La conformidad 
del microproyecto con los criterios de subvención y 
viabilidad —expuestos más arriba— condiciona la 
motivación y el posterior interés en el proyecto de la 
comunidad destinataria y, por consiguiente, el beneficio 
que podrá obtener. Así pues, el delegado deberá verificar 
especialmente que: 
(a) el proyecto responde a una necesidad real y priorita­
ria de la población; 
(b) la población participa en la concepción y contribuye a 
la realización del proyecto; 
(c) el proyecto es adecuado a las estructuras socioeconó­
micas existentes. 
75. En segundo lugar, como en todo proyecto de 
inversión, el éxito de las microrrealizaciones sólo se podrá 
conseguir si la concepción, tramitación, realización y 
explotación son seguidas de cerca, tanto más cuanto que 
en la mayoría de los casos los beneficiarios tienen escasa 
experiencia. Sería oportuno que la Comisión reforzara la 
asistencia técnica a los programas de microrrealizaciones 
más complejos, con el fin de asegurar la coordinación 
local de los proyectos. No solamente favorecería al 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 185 
delegado la comprensión de las estructuras sociocultura-
les de la colectividad y crearía las premisas para un 
seguimiento más eficaz, sino que también completaría la 
acción del organismo central de gestión de los programas, 
paliando en su caso su ausencia o sus deficiencias y 
consiguiendo un aumento sensible del porcentaje de éxito 
de las microrrealizaciones. para las ayudas de urgencia que podrán ser financiadas en 
el marco del sexto FED. La reserva de un importe 
destinado a la ayuda a los refugiados y repatriados dentro 
del importe total previsto y la posibilidad de financiar 
proyectos que se integren en los programas indicativos 
nacionales o trabajos que permitan que se vuelvan a 
poner en funcionamiento obras y equipos deteriorados 
con un mínimo de viabilidad figuran entre las novedades 
más significativas. 
OBSERVACIONES SOBRE 
LAS AYUDAS DE URGENCIA 79. Las disposiciones de ambas Convenciones fueron 
completadas con normas de ejecución; las que figuran en 
el manual de tramitación de los delegados en relación con 
la tercera Convención de Lomé son muy precisas a este 
respecto. 
76. El artículo 137 de la segunda Convención de Lomé 
(quinto FED) regula las subvenciones que pueden ser 
concedidas a los Estados ACP que sufren problemas 
económicos y sociales graves y de carácter excepcional, 
resultantes de catástrofes naturales o de circunstancias 
extraordinarias de efectos comparables. 
77. Las disposiciones del mencionado artículo 137 son 
muy concisas; se limitan a definir la naturaleza de la 
ayuda, a fijar el importe máximo de los fondos que han de 
concederse, a evaluar el carácter de urgencia, tanto 
durante la fase de tramitación como de realización y a 
reasignar a la dotación especial los créditos no utilizados 
de distintos proyectos, una vez que haya expirado el plazo 
de seis meses previsto para su ejecución. La aprobación de 
las modalidades y de los medios de realización de las 
acciones tiene una gran flexibilidad; se hace caso por caso 
con el fin de obtener los resultados más eficaces en las 
situaciones de urgencia. 
78. Los artículos 203 a 205 de la tercera Convención de 
Lomé (sexto FED) establecen una regulación análoga 80. La situación financiera a 30 de septiembre de 1987 
de las ayudas de urgencia está resumida en el cuadro 4. La 
auditoría efectuada por el Tribunal de Cuentas se ha 
dedicado principalmente al examen de las ayudas 
concedidas en el quinto FED. Se trata de un importe de 
200 Mío ECU de los cuales 194 Mió ECU estaban 
comprometidos y 177 Mió ECU pagados a 30 de 
septiembre de 1987. Se han financiado 144 proyectos, 
algunos aún no terminados (véase apartado 108), en 52 
países beneficiarios. En el apartado 111 hay una 
referencia a la financiación del sexto FED. 
Tramitación de la ayuda 
81. La tramitación de un expediente de ayuda comienza 
con la recepción de la solicitud y dura unos pocos días. La 
Comisión comunica por télex su decisión de concesión y 
las condiciones de ejecución que el solicitante acepta de la 
misma forma. La puesta en marcha de las acciones 
correspondientes debe comenzar en los 7 días siguientes. 
Cuadro 4 — Ayuda de urgencia en Lomé I y Lomé II a 30 de septiembre de 1987 
Conven­
ciones 
Lomé I 
Lomé II Rúbricas 
Total programa indicativo, 
del que las: 
ayudas de urgencia 
— ACP 
— PTU 
— Total 
Total programa indicativo, 
del que las: 
ayudas de urgencia 
— ACP 
— PTU 
— Total Acuerdo 
de finan­ciación (') 
(1) 
1 000 ECU 
3 137 056 
137 398 
— 
137 398 
4 360 915 
193 617 
914 
194 531 Pagos 
(2) 
1 000 ECU 
2 934 503 
137 211 
— 
137 211 
2 963 787 
176 031 
914 
176 945 (3 = 2/1) 
% 
94 
100 
100 
68 
91 
100 
91 
(') Estas sumas fueron objeto, salvo excepción, de un compromiso global para cada Estado beneficiario. 
IDO lOiarioCoficial de las comunidades europeas 12 12 88 
82, loado el carácter urgente de este tipo de interven-
ciónia rapidez de la tramitación debe ser una prioridad, 
Sinembar^ele^amendelas ayudas controladas ha 
revelado algunas deficiencias quehubieranpodido ser 
evitadas si se hubierane^ido más datosconcretos sobre 
la evaluación de los dañosysi esos datos se hubieran 
podido confirmar con estimaciones procedentes de otros 
or^anismosinternacionalesodelas delegaciones. Los 
solicitantes generalmente han hecho caso omiso del 
impreso normalizado preparado por la comisión para la 
presentación de cualquier solicitud de ayuda de urgencia, 
f^n casi todos los casos se han limitadoaenviar una carta 
oun telegrama con unos datos mínimos en relaciónalos 
que se e^en en el impreso. 
8^, f^nnumerososcasos las necesidades fueron sobrees­
timadas enunaproporción que sobrepasa loslímites 
tolerables^ por no citar más que algunos ejemplos^ 
^la ayuda concedida al ^aire para la acogida de 
refugiados u^andesesenseiscampossituadosa^Okm 
déla frontera, secalculósobrelabasede^^^ 
personas, cuando nunca fueron más de^Ot^O^ 
^el coste del transporte a Sene^al de la ayuda 
alimentaria enconcepto de ayuda deur^encia,no 
lle^ó al ó^^del previsto,ylos volúmenes transpon 
tados no llegaron al^^óde lo calculado inicialmen^ 
te^ 
^ en una ayudaalas víctimas del hambre en Maurita­
nia, el remanente de!2^^óde los créditos concedidos 
es un ejemplo de sobreestimación inicial de las 
necesidades. 
8^, Los informes de las delegaciones durante la 
tramitacióntendríanun^ranvalor si éstas conocieran 
tanto la situación de urgencia como las distintas 
organizaciones que operan en el país correspondiente. Su 
opinión sobreestés puntos, apartede la justificación de la 
solicitudconstituiría una garantía previade la decisión de 
laconcesióndelaayuda.^nun^rannúmerodeproyectos 
las delegaciones no han intervenido durante la tramita-
ciónyennumerososcasossehanlimitadoareproduciren 
sus informes las cifras indicadas por el organismo 
solicitante, cifras que más tarde han resultado inexactas. 
85, La comisión debería también examinar la justifica­
ción de la financiación como ayuda de urgencia de 
operaciones complejas que suponen un volumen imporD 
tante de medios, Sibienporsucontenidoyfinalidad 
pueden considerarse ayudas de urgencia, son dificilmente 
compatibles con una tramitación rápida. La selección de 
operaciones muy concretasodestinadasazonas^eo^ráfi^ 
caslimitadaspermitesiempreunamejorevaluacióndelas 
necesidadesyuna realización más eficaz. Así, en el Plan 
deL^ublín,enl98^,seconcedierona^tiopía351Viio^C^L^ paraayudasalasvíctimasdelasequía, cuando todavíano 
se conocía bien la extensión del desastreyni el país ni las 
organizaciones internacionales presentes en la zona eran 
capaces de administrar ese importe en plazos tan breves. 
Si la ayuda de urgencia se hubiera repartido para 
financiaroperacionespequeñasbasadasenpropuestas 
másconcretas, más fácilmente ^estionablesypresentadas 
con un orden de prioridad, su eficacia hubiera sido 
mayor. 
8ó, f^n general la mayor parte de las deficiencias 
observadas corresponde a ayudas superiores a ^^ho 
^11, mientras que los pequeños proyectos se han 
realizado mejor, Unade lascausasdeeste fenómeno 
consiste en la necesidad de una tramitación rápida, 
inadecuada para las operaciones de ^ranamplitudyde 
una cierta complejidad. 
^^^^^^^^1B^^ 
Pt^zo^dere^uz^ón 
87, 1^1 artículo lúdela secunda convención de Lomé 
limita el plazo deejecuciónaun máximo de seis meses 
salvo que se haya dispuesto lo contrario en las modalida­
des de ejecución déla operaciónyno se haya convenido 
decomún acuerdo,porrazón decircunstanciase^traordi-
narias, prorrogarlo, f^sta limitación en muchos casos no 
ha sido respetada, tanto por los servicios de la comisión 
como por los organismos gestores. 
88, loe este modo,larealizacióndeunaparte déla 
ayudadel,51viio^C^e^alasvíctimasdelasequíaenlviali 
no pudocomprobarse hasta losl8meses,cuandoel plazo 
previsto inicialmente era de seis meses. 
89, Apesar del carácter particularmente dramático de 
la situación,la entrega déla ayudaalas víctimas del 
hambreenSudánfuedeunalentitud excesiva, prolongan 
doselaejecucióndurantemásdedosaños,Losconstantes 
retrasos en el suministroyla distribución de víveres están 
en contradicción con la rapidez que la situación e^ía. 
9t^, f^nlaoperaciónde^Ayudaalas víctimas déla 
sequía y del hambre en Iviauritania^ también se 
incumplieron losplazos de ejecución. Lacompray el 
transporte de 81^toneladas de semillas,operación que 
debía finalizar el 21de junio de!985, no terminó hasta 
enero del98o, con el consiguiente riesgo de destase en 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 187 
relación a la época de siembra, el mantenimiento de 
tierras sin cultivar durante ese tiempo, etc. 
91. En la sequía que azotó a Etiopía en 1984, la mayor 
parte de las operaciones no comenzaron sobre el terreno 
hasta más de tres meses después de la fecha en que se 
tomaron las decisiones (diciembre de 1984) a causa de lo 
delicado de la determinación de las medidas necesarias. 
Varias de ellas no fueron terminadas antes de 1986: 
(a) la financiación de los gastos de funcionamiento de la 
flota de camiones de las Naciones Unidas (1,5 Mió 
ECU) prosiguió hasta agosto de 1986; 
(b) se financiaron costes de transporte terrestre (0,8 Mió 
ECU) de mayo a octubre de 1986. 
92. La compra y distribución de galletas y aceite de soja 
fue financiada (0,85 Mió ECU) dentro de otra ayuda de 
urgencia concedida a Etiopía en febrero de 1986 (6 Mío 
ECU). Aparte de los numerosos problemas de seguridad 
que obstaculizaron una parte de la distribución, la 
entrega retrasada de determinados suministros llegados a 
finales de 1986, es decir, una vez recogidas las cosechas, 
impidió su distribución hasta pasado el período de 
necesidades urgentes. Por esta razón, la mayor parte de 
las 400 toneladas de galletas enviadas no fue distribuida 
sino entre marzo y mayo de 1987. 
Porcentaje de realización de los objetivos 
93. La evolución de las distintas acciones previstas en 
los acuerdos de concesión de ayudas no siempre ha sido la 
adecuada. En demasiados casos los objetivos iniciales 
sólo se han alcanzado parcialmente. 
94. La integración de refugiados ugandeses en Zaire, 
confiada a la ACNUR, constituye un ejemplo significati­
vo en el que la tramitación ha sido poco rigurosa y la 
realización del proyecto no ha estado suficientemente 
coordinada. Un informe del consejero de la Delegación de 
Kinshasa de 5 de junio de 1982 ponía de relieve los hechos 
siguientes: de la puesta en explotación del 20 % de las 
tierras, prevista para el mes de febrero de 1982, en junio de 
ese mismo año sólo se había alcanzado el 8 %; la elección 
de naves prefabricadas, además de un coste más elevado, 
no dio los resultados esperados; las instalaciones de las 
escuelas no eran funcionales; había una insuficiencia 
crónica de dispensarios y centros de salud, según el 
equipo de « Médicos sin Fronteras »(MSF) encargado del 
aspecto sanitario; los almacenes de víveres no eran ni 
conformes ni adecuados a su finalidad y la falta de 
coordinación entre los distintos participantes era flagran­
te (por no citar más que un ejemplo, el especialista en 
arquitectura rural llegó al lugar cuando la urbanización y 
las naves estaban prácticamente terminadas). 95. La falta de organización logística del transporte 
tuvo graves consecuencias sobre los objetivos previstos: 
(a) en Senegal la distribución de víveres comenzó por las 
localidades accesibles por carreteras asfaltadas y las 
comunicadas por pistas de tierra no pudieron recibir 
los que les correspondían porque la estación de lluvias 
se adelantó e hizo intransitables las vías de acceso; 
(b) en Sudán, las zonas menos accesibles recibieron la 
ayuda con un retraso considerable y únicamente 
gracias a la puesta en servicio con toda urgencia de un 
aeródromo para los aviones militares de algunos 
Estados miembros. 
Coordinación entre los diferentes participantes 
96. En el quinto FED se observa la ausencia de una 
normativa precisa sobre la coordinación de los distintos 
participantes. En algunos casos, las operaciones al nivel 
local se repartieron entre distintas organizaciones, que 
llevaron a cabo su trabajo con más o menos éxito; aquí 
resulta muy difícil evaluar de una manera general la 
eficacia global de la ayuda concedida. 
97. La delegación, que, como representante de la 
Comisión sobre el terreno, parece ser el órgano más 
adecuado para asumir esta función de coordinación, no 
intervino en numerosas acciones financiadas por el FED 
y llevadas a cabo por grandes organismos internacionales 
(Cruz Roja, Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados). 
98. En las ayudas de gran envergadura se ha observado 
a menudo una falta de coordinación entre los distintos 
proveedores de fondos y las propias autoridades locales; 
una mejor colaboración hubiera permitido mayor 
eficacia en la gestión (en Senegal, Sudán, etc.). En 
concreto, hay que resaltar la mala coordinación de las 
ayudas concedidas a Etiopía durante la gran sequía de 
1984. Aunque se hayan realizado esfuerzos considerables 
sobre el terreno para coordinar las actuaciones de los 
diferentes donantes, varias organizaciones se encontra­
ron realizando las mismas operaciones en las mismas 
zonas. En particular, en las operaciones de distribución 
de víveres surgieron numerosos problemas entre la 
organización gubernamental (responsable de la distribu­
ción de la ayuda alimentaria del FED) y las ONG 
(responsables de las ayudas alimentarias de otros 
donantes): el hecho de que en las mismas regiones las 
ONG distribuyeran raciones más generosas que la 
188 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
organización gubernamental produjo numerosos roces 
entre las poblaciones y esta última. 
Control y seguimiento de la ayuda 
Control y seguimiento de la gestión 
99. El control y el seguimiento de la gestión de las 
ayudas concedidas en la segunda Convención de Lomé 
estuvieron a cargo, en la mayoría de los casos, de las 
delegaciones o del servicio de «Ayudas de Urgencia», de 
la Dirección General de Desarrollo (DG VIII) sirviéndose 
para ello de los informes periódicos y finales, descriptivos 
y financieros, sobre la realización de la ayuda. 
100. Habida cuenta de la lejanía de la zona de 
intervención y de la rapidez de ejecución que las 
circunstancias exigen, corresponde siempre a la delega­
ción el control y seguimiento eficaz de las acciones en 
circunstancias en las que muy a menudo el éxito o el 
fracaso dependen de decisiones muy rápidas. Lamenta­
blemente en varias ocasiones se ha observado que la 
delegación no había intervenido para nada. 
101. La emisión de informes periódicos de cada uno de 
los casos, que forma parte de las obligaciones asumidas 
por los gestores, no siempre se ha llevado a cabo 
respetando los plazos y en la forma deseada. Así: 
(a) en lo referente al pago de importes parciales, en varios 
expedientes no se han respetado las condiciones 
estipuladas, que exigen la previa presentación de un 
informe de ejecución; 
(b) en general el contenido de estos informes no permite 
emitir un juicio razonable sobre la ejecución de la 
ayuda y el grado de realización de los objetivos. La 
reacción de la Comisión ante la insuficiencia o 
ausencia de estos informes, así como a las reclamacio­
nes que ha dirigido a los diferentes responsables, han 
sido a menudo lentas y tardías. 
102. La lentitud y el retraso en la recepción de los 
informes finales han sido aún más graves. En muchos 
casos no habían sido enviados varios meses después de 
que hubiera vencido el plazo concedido para la ejecución 
de la ayuda. Además, en una ayuda comunitaria de 
10 650 000 ECU destinada a luchar contra el hambre en 
Mali que realizaron varias organizaciones internaciona­
les coordinadas por la delegación, no pudo proporcionar­
se un informe resumen final sobre la intervención al no 
estar previsto este requisito en las normas de aplicación. 103. Las insuficiencias en el control y seguimiento de la 
gestión han permitido la continuación de acciones que, al 
principio y habida cuenta de la rapidez de la tramitación, 
parecían responder a criterios de ayudas de urgencia, pero 
cuyo desenvolvimiento ha revelado lo inadecuado de la 
elección del instrumento financiero. Esta situación se ha 
presentado en tres casos: 
(a) en las acciones de ayuda a las víctimas de la sequía en 
Senegal figura una compleja operación de producción 
de «niebé» (fréjol de vaca) que incluye la compra en 
California de 450 toneladas de semillas, la reproduc­
ción fuera de estación de variedades locales y la 
siembra de las simientes suministradas por la CEE, la 
FAO y la USAID, con un coste total de 265 Mió 
FCFA. Las medidas complementarias de asistencia 
técnica y de suministro de productos fitosanitarios 
por valor de 450 Mió FCFA financiados con la venta 
de productos de la ayuda alimentaria acabaron 
dando a la operación el carácter de un verdadero 
proyecto agrícola; además el objetivo a conseguir 
(pasar de un cultivo secundario de autoconsumo a un 
cultivo principal productor de renta) es claramente 
revelador de algunas de sus características, en 
concreto la duración y la finalidad, que le excluyen de 
una financiación por la vía del artículo 137 de la 
segunda Convención de Lomé; 
(b) el abastecimiento de agua a la ciudad de Atar para 
auxiliar a las víctimas de la sequía en Mauritania 
presenta características de ejecución que tampoco 
parecen corresponder a las de ayuda de urgencia; 
como mínimo parece que esta acción hubiera podido 
no tener prioridad sobre otras intervenciones efectua­
das en el país. En los dos años precedentes el 
Gobierno había presentado dos peticiones para la 
financiación de este abastecimiento de agua dentro 
del programa indicativo; además, con ocasión de la 
concesión de la ayuda de urgencia se destinó otra 
subvención para el acondicionamiento de dos pozos 
en concepto de financiación de microproyectos. Por 
tanto, la operación hubiera podido incluirse en las 
ayudas programables. Por otra parte, la Comisión dio 
su aprobación a la fijación de un precio de 200 
ouguiyas por m3 a condición de que este importe 
fuera contabilizado aparte y destinado a acciones 
inmediatas de urgencia. Hasta la fecha los fondos no 
han sido utilizados, lo que constituye una prórroga 
indirecta del período de ejecución de la ayuda y 
justifica aún menos la calificación de «ayuda de 
urgencia » para esta acción; 
(c) la concesión de 1 Mió ECU para financiar una parte 
de un proyecto UNICEF de abastecimiento de agua 
en Etiopía cuya realización duró varios años, hace 
que merezca el calificativo de «programa a medio 
plazo de abastecimiento de agua a una zona rural» y 
no el de «ayuda de urgencia». 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 189 
104. Por otra parte, los siguientes ejemplos de concesión 
de subvenciones a operaciones y acciones que no estaban 
previstas inicialmente deben incitar a una mejora del 
seguimiento: 
(a) del programa de ayuda a la población etíope 
refugiada en Somalia, se asignaron 76 234 ECU a 
gastos de transporte que inicialmente no se había 
previsto financiar y además se hizo sin la aprobación 
previa de la Comisión, restándolos del total destinado 
al suministro de bienes de primera necesidad; 
(b) en este mismo país 450 000 ECU concedidos en 1981 
para auxiliar a los refugiados y destinados al 
suministro de agua, han sido dedicados a financiar el 
acondicionamiento de dos fincas agrícolas de 100 ha; 
105. El 26 de noviembre de 1987 el Tribunal de Cuentas 
a través de la DG VIII, envió a ocho delegaciones una 
petición de documentos y datos complementarios. Como 
no se recibió contestación dentro de los plazos necesarios, 
no se ha podido tener en cuenta la información solicitada. 
Control de los pagos 
106. Con ocasión de las visitas efectuadas por el 
Tribunal a los países ACP, se ha podido comprobar que 
en las delegaciones una sola persona estaba encargada de 
la ejecución, el seguimiento y el pago de las ayudas. En 
general la contabilidad interna está bien llevada, si bien en 
las delegaciones y en los servicios de la DG VIII el control 
interno de los pagos resulta poco satisfactorio: 
(a) no se concilian las fichas contables de los servicios 
encargados de las ayudas de urgencia en la DG VIII 
con los registros contables de las delegaciones; 
(b) debido a retrasos en el registro de las operaciones en 
las fichas contables, éstas no están al día y reflejan 
informaciones incompletas; 
(c) los servicios encargados de las ayudas de urgencia de 
la DG VIII verifican las órdenes de pago expedidas 
por las delegaciones únicamente desde un punto de 
vista formal (operaciones matemáticas y saldo de los 
importes concedidos en concepto de una ayuda). 107. Como consecuencia de esta falta de conciliación 
periódica y de las insuficiencias del control, el examen de 
la contabilidad de la DG VIII y de las cifras de la 
contabilidad interna y de los informes financieros de las 
delegaciones (o de otros organismos) pone de manifiesto 
numerosas diferencias: 
(a) la contabilidad de la delegación de Etiopía, que se ha 
encargado de la gestión simultánea de diversos 
proyectos, presentaba errores de imputación de 
numerosos asientos, algunos de los cuales, correspon­
dientes a proyectos del FED, fueron confundidos con 
otros de las ayudas presupuestarias del Plan de 
Dublín, sin que la DG VIII hubiera notado los 
errores; 
(b) en la delegación de Mauritania se registró una 
operación de compra y de transporte de semillas por 
un valor de 500 000 ECU mientras que los servicios de 
Bruselas la contabilizaron por 455 632,53 ECU. 
Cierre de las cuentas de los proyectos 
y utilización de los créditos remanentes 
108. A 30 de septiembre de 1987 aún no se había 
efectuado el cierre de las cuentas de 116 de los 144 
proyectos correspondientes al quinto FED (aproximada­
mente un 80 % de éstos y el 96 % de los gastos totales). En 
todos ellos se ha sobrepasado el plazo de seis meses fijado 
en el apartado 8 del artículo 137 de la segunda 
Convención de Lomé. Estos proyectos se fueron compro­
metiendo en el transcurso de los años siguientes de esta 
forma: 23 en 1981, 17 en 1982, 16 en 1983, 36 en 1984, 11 
en 1985, 13 en 1986. Que las cuentas estén aún abiertas se 
debe principalmente a los grandes retrasos en la 
contabilización, así como a una falta de conciliación (40 
de estos proyectos tienen más de cinco años). 
109. Antes de cerrar un proyecto, es preciso determinar 
y fijar su saldo definitivo, tras la verificación de todos los 
asientos contables. La Comisión debería conceder a este 
trabajo toda la importancia que merece, ya que es 
fundamental para justificar la buena gestión de las 
acciones emprendidas. 
110. Con lo expuesto anteriormente, el apartado 8(c) 
del artículo 137 se convierte en letra muerta ya que, al no 
haberse efectuado el cierre de las cuentas, no es posible 
determinar a tiempo el importe de los créditos no 
utilizados que hubieran debido reasignarse a la dotación 
especial. 
190 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Tercera Convención de Lomé 
111. Las instrucciones dadas a los delegados para la 
aplicación del sexto FED incluyen, por primera vez, un 
largo y detallado capítulo dedicado a las ayudas de 
urgencia. Pero aún no es posible evaluar la gestión de 
forma significativa ya que el nivel de ejecución del sexto 
FED a 30 de septiembre de 1987 no llegaba más que al 
12 % de los créditos comprometidos y al 6 % de los pagos 
a efectuar. No obstante, un primer análisis de los 
expedientes de las ayudas de urgencia concedidas en el 
sexto FED plantea algunas dudas en cuanto a la mejora 
de la gestión. En el primer y el segundo trimestre de 1986 
se concedieron respectivamente 5 y 18 ayudas sin que 
hasta la fecha se haya cerrado ninguna de estas 23 operaciones. La consecuencia es que se corre el riesgo de 
que no se efectúe la reasignación de los créditos no 
utilizados a la dotación especial. 
Observación final 
112. Cualesquiera que sean los méritos de las interven­
ciones de urgencia, se ha observado que la gestión de estas 
ayudas ha presentado deficiencias de las que la Comisión 
es consciente y a las que ha intentado poner remedio en el 
sexto FED, al sentar las bases de futuras mejoras 
mediante una reglamentación precisa y adecuada. Sólo 
falta que estas instrucciones sean puestas en práctica. 
0) 
(2) 
(3) A 18.3.1988, habían sido aprobados 16 programas por un (4) 
importe total de 30 Mió ECU en 15 Estados ACP. 
La tercera Convención de Lomé fija este límite en 250 000 
ECU. (5) 
En la tercera Convención de Lomé esta participación se hace 
facultativa. La tercera Convención de Lomé amplía la participación 
máxima del FED en la financiación de un microproyecto 
hasta los dos tercios de su coste total. 
Informe sobre las «evaluaciones comparativas de proyectos 
cofinanciados con las ONG y de microrrealizaciones». 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 191 
ANEXO I 
Atribuciones de los Miembros del Tribunal de Cuentas (l) 
en el momento de la aprobación del presente informe 
Secretaría, servicio jurídico, personal y administración, relaciones exteriores Marcel MART, 
Presidente 
Grupo de Auditoría I (*) 
Recursos propios: Richie RYAN 
Derechos de aduana e ingresos de origen agrícola, recursos IVA, 
recursos PNB, equilibrio del Presupuesto e ingresos diversos 
FEOGA — 1: John CAREY 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Garantía: 
procedimientos de gestión y de control presupuestarios y asuntos generales 
FEOGA — 2: Keld BRIXTOFTE 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Garantía: 
organización común de mercados 
FEOGA — 3: Fernand HEBETTE 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Orientación 
(excluidas las acciones de carácter regional) 
Sección Garantía (azúcar) 
Pesca 
Gastos relacionados con el ámbito de la agricultura 
(') Extracto del Reglamento Interno del Tribunal y de su Decisión 85/17, de 17 de diciembre de 1985, por la que se crean tres Grupos de 
Auditoría: 
— « El Tribunal encomendará a sus Miembros sectores concretos de actividad y deberán encargarse de la preparación y ejecución de 
las deliberaciones del Tribunal relacionadas con ellos». 
— « Los proyectos de observaciones que vayan a figurar en el Informe Anual serán examinados a instancia del Miembro responsable 
del sector, antes de ser presentados al Tribunal por los Grupos de Auditoría correspondientes». 
— «En lo que se refiere a los proyectos de informe, dictámenes, propuestas de programas de trabajo y las demás cuestiones de 
auditoría que deban someterse al Tribunal, la competencia de los Grupos será exclusivamente preparatoria». 
— « El Tribunal aprobará las observaciones que por su naturaleza le parezca que deben figurar en el Informe Anual y aprobará el 
texto definitivo de éste». 
192 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Grupo de Auditoría II 
Fondos Europeos de Desarrollo Aldo ANGIOI 
Cooperación con los países en vías de desarrollo y países terceros Pierre LELONG 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional André J. MIDDELHOEK 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Orientación 
(Acciones regionales) 
Fondo Social Europeo Josep SUBIRATS 
Grupo de Auditoría III 
Cuestiones generales de auditoría, coordinación de la auditoría financiera e informática, Marcel MART 
edición y seguimiento de los informes y dictámenes, programas y métodos de trabajo y 
formación profesional 
Actividades de préstamos y empréstitos Lothar HAASE 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
Contabilidad General 
Principios contables 
Gastos de personal y de funcionamiento de las instituciones Stergios VALLAS 
Oficina de Publicaciones 
Oficinas de Prensa e Información 
Escuelas Europeas 
Investigación, tecnología y nuevas políticas Carlos MORENO 
Subvenciones 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 193 
ANEXO II 
Informes y dictámenes aprobados por el Tribunal de Cuentas durante los últimos cinco años 
De conformidad con lo dispuesto en los Tratados, el Tribunal de 
Cuentas tiene la obligación de elaborar un Informe Anual. Tiene 
también la obligación, en virtud de los Tratados y otras normas 
en vigor, de elaborar informes anuales sobre determinados 
organismos y actividades comunitarias. Los Tratados confieren además al Tribunal facultades para formular sus observaciones 
sobre cuestiones particulares, y de emitir dictámenes a petición 
de cualquier institución. La lista que aparece a continuación 
enumera los informes y dictámenes aprobados por el Tribunal 
durante los cinco últimos años. 
Fecha de 
aprobación Publicación (') Título Fecha de 
aprobación Publicación (') 
6o Informe Anual relativo al ejercicio 1982 24 noviembre 1983 DO C 357 
de 31.12.1983 
Informe (anexo al informe anual CECA 1982) relativo a la gestión contable y a 
la gestión financiera de la CECA. 7 diciembre 1983 No publicado 
en el DO 
Informe especial 6/83 sobre el sistema informatizado del Fondo Social 
Europeo 15 diciembre 1983 No publicado 
en el DO 
Dictamen 2/83 sobre la propuesta de reglamento (CEE) del Consejo relativo a 
la bonificación de determinados préstamos concedidos en el marco del Sistema 
Monetario Europeo 12 enero 1984 DOC 55 
de 28.2.1984 
Informe relativo a las cuentas de las Escuelas Europeas correspondientes al 
ejercicio 1982 23 febrero 1984 No publicado 
en el DO 
Dictamen 4/83 sobre la segunda modificación de la propuesta de reglamento 
(CEE, Euratom, CECA) del Consejo, por el que se modifica el Reglamento 
(CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 sobre la aplicación de la decisión de 21 de 
abril de 1970 relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los 
Estados miembros por recursos propios de las Comunidades 14 marzo 1984 DOC 163 
de 23.6.1984 
Informe especial 1/84 sobre la coordinación de la ayuda de la Comunidad en 
favor de terceros países 14 marzo 1984 DO C 224 
de 25.8.1984 
Dictamen 3/83 sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se habilita 
a la Comisión para participar en la financiación de innovaciones dentro de la 
Comunidad 5 abril 1984 DOC 163 
de 23.6.1984 
(') Para cualquier cuestión relacionada con la distribución de los documentos no publicados en el DO, diríjanse al Servicio de Documentación del Tribunal 
194 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Título Fecha de 
aprobación Publicación (') 
Informe especial 2/84 sobre la gestión de los fondos comunitarios de ayuda al 10 mayo 1984 No publicado 
desarrollo por parte del Banco Europeo de Inversiones en el DO 
Dictamen 1/84 sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se 7 junio 1984 DO C 228 
establecen, habida cuenta del agotamiento de los recursos propios, medidas de 30.8.1984 
para la cobertura de las necesidades del ejercicio presupuestario 1984 
Informe relativo a las cuentas de 1983 de la Agencia de Abastecimiento de 19 junio 1984 No publicado 
Euratom en el DO 
Informe sobre los estados financieros 1983 del JET 19 junio 1984 No publicado 
en el DO 
Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1983 26 junio 1984 DO C 350 
de 31.12.1984 
Informe especial 3/84 sobre el funcionamiento de la organización común de 19 julio 1984 DO C 234 
mercados en el sector de la carne de ovino de 4.9.1984 
Informe especial 4/84 sobre la puesta en práctica de la Directiva 77/435/CEE 11 octubre 1984 DO C 336 
de27dejuniode 1977, relativa al control por parte de los Estados miembros de de 17.12.1984 
las operaciones pertenecientes al sistema de financiación del FEOGA-
Garantía 
Informe sobre las cuentas de 1983 del Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe sobre las cuentas de 1983 de la Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
1° Informe Anual relativo al ejercicio 1983 
Informe (anexo al Informe Anual CECA 1983) relativo a la gestión contable y 
a la gestión financiera de la CECA 
Informe especial 5/84 sobre el régimen de las ayudas a la leche descremada 
líquida utilizada para la alimentación animal 
Informe especial 1/85 relativo a la organización común de mercados en el 
sector del aceite de oliva 24 octubre 1984 
24 octubre 1984 
22 noviembre 1984 
13 diciembre 1984 
13 diciembre 1984 
25 abril 1985 No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
DO C 348 
de 31.12.1984 
No publicado 
en el DO 
DOC 91 
de 12.4.1985 
DOC 134 
de 3.6.1985 
Dictamen 1/85 sobre una propuesta de reglamento (CEE) del Consejo, relativo 2 mayo 1985 DOC 138 
a la aplicación del acuerdo, en forma de intercambio de correspondencia, de 6.6.1985 
formalizado entre la CEE y la República Portuguesa, sobre la prestación de 
una ayuda financiera específica destinada a la mejora de las estructuras 
agrícolas y de la pesca en Portugal 
Dictamen 2/85 sobre una propuesta de reglamento (CEE, Euratom, CECA) .26 junio 1985 
del Consejo, prorrogando el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 
del Consejo sobre la aplicación, para los recursos propios procedentes del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, de la Decisión de 21 de abril de 1970 relativa 
a la sustitución de las contribuciones financieras de los Estados miembros por 
recursos propios de las Comunidades. 
(') Para cualquier cuestión relacionada con la distribución de los documentos no publicados en el DO, diríjanse al Servicio de Documentación del Tribunal. DOC 261 
de 12.10.1985 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 195 
Título Fecha de 
aprobación Publicación (') 
Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1984 26 junio 1985 DO C 360 
de 31.12.1985 
Informe especial 2/85 sobre el sistema de pago de las restituciones agrícolas a la 
exportación (control de las exportaciones de productos agrícolas) 
Informe especial 3/85 relativo a determinados aspectos de la cooperación 
técnica financiada por la ayuda comunitaria al desarrollo 
Informe sobre las cuentas de las Escuelas Europeas correspondientes al 
ejercicio 1983 
Informe sobre las cuentas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 
correspondientes al ejercicio 1984 
Informe relativo a los estados financieros JET correspondientes al ejercicio 
1984 
Dictamen sobre el tratamiento de las irregularidades durante el procedimiento 
de descargo 
Dictamen sobre el déficit del Servicio de Contaduría de los Diputados del 
Parlamento Europeo 
Informe relativo a las cuentas de 1984 del Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe relativo a las cuentas de 1984 de la Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
Reflexiones sobre las perspectivas de la PAC (Libro Verde de la Comisión) 
Informe (anexo al informe anual CECA 1984) relativo a la gestión contable y a 
la gestión financiera de la CECA 
8o Informe Anual relativo el ejercicio 1984 
Informe especial 4/85 sobre la organización común de mercados en el sector de 
los productos de la pesca 
Informe especial 5/85 sobre la participación comunitaria en acciones en favor 
de países en vías de desarrollo ejecutadas por organizaciones no estatales 26 junio 1985 
12 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
10 octubre 1985 
10 octubre 1985 
17 octubre 1985 
17 octubre 1985 
30 octubre 1985 
19 noviembre 1985 
19 noviembre 1985 
28 noviembre 1985 
12 diciembre 1985 DOC 215 
de 26.8.1985 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
DO C 326 
de 16.12.1985 
DO C 339 
de 31.12.1985 
No publicado 
en el DO 
Dictamen 3/85 sobre el proyecto de modificación de determinados artículos 12 diciembre 1985 
del proyecto de reglamento de la Comisión sobre procedimientos de ejecución 
de determinadas disposiciones del Reglamento Financiero de 21 de diciembre 
de 1977 No publicado 
en el DO 
Dictamen 4/85 sobre la propuesta de reglamento (CEE) del Consejo 
modificando el Reglamento (CEE) n° 2681/74 relativo a la financiación 
comunitaria de gastos derivados del suministro de productos agrícolas en 
concepto de ayuda alimentaria 12 diciembre 1985 DO C 357 
de 31.12.1985 
Dictamen 5/85 sobre el proyecto de reglamento financiero aplicable al sexto 12 diciembre 1985 DO C 361 
Fondo Europeo de Desarrollo 31.12.1985 
(') Para cualquier cuestión relacionada con la distribución de los documentos no publicados en el DO, diríjanse al Servicio de Documentación del Tribunal. 
196 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Título Fecha de 
aprobación Publicación (') 
Informe especial 1/86 sobre las acciones de contratación para la ampliación de 20 febrero 1986 DO C 127 
los mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos financiadas con de 26.5.1986 
el producto de la exacción de corresponsabilidad 
Dictamen 1/86 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 6 marzo 1986 DO C 80 
modifica el Reglamento (CEE) n° 1883/78 relativo a las normas generales de 9.4.1986 
sobre la financiación de las intervenciones del Fondo Europeo de Orientación 
y Garantía Agrícola, Sección Garantía 
Informe sobre las cuentas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 
correspondientes al ejercicio 1985 
Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1985 
Informe especial n° 2/86 sobre las Acciones Específicas Comunitarias de 
Desarrollo Regional del FEDER (acciones fuera de cuota) 
Informe especial n° 3/86 sobre el sistema de subvenciones para las semillas 
oleaginosas 
Informe sobre las cuentas de las Escuelas Europeas correspondientes al 
ejercicio 1984 
Informe relativo a las cuentas de 1985 del Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe relativo a las cuentas de 1985 de la Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
Dictamen 2/86 sobre un proyecto de reglamento financiero relativo a la 
aplicación de los protocolos financieros con Argelia, Marruecos, Túnez, 
Egipto, Líbano, Jordania, Siria, Malta y Chipre 
Informe relativo a los estados financieros del JET correspondientes al ejercicio 
1985 
Informe (anexo al Informe Anual CECA 1985) relativo a la gestión contable y 
a la gestión financiera de la CECA 
9o Informe Anual relativo al ejercicio 1985 
Informe especial 4/86 sobre la cooperación financiera y técnica con la India 29 mayo 1986 
17 junio 1986 
10 julio 1986 
10 julio 1986 
25 septiembre 1986 
23 octubre 1986 
11 noviembre 1986 
11 noviembre 1986 
19 noviembre 1986 
19 noviembre 1986 
19 noviembre 1986 
4 diciembre 1986 No publicado 
en el DO 
DO C 208 
de 19.8.1986 
DO C 262 
de 20.10.1986 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
DO C 302 
de 27.11.1986 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
DO C 321 
de 15.12.1986 
DOC 75 
de 23.3.1987 
Dictamen 1/87 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 18 febrero 1987 DO C 59 
modifica el Reglamento n° 1883/78 que fija las normas generales sobre la de 7.3.1987 
financiación de las intervenciones por el Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola, Sección Garantía 
Dictamen 2/87 sobre la propuesta de la Comisión de un reglamento (CEE) del 14 mayo 1987 DO C 147 
Consejo, relativo al control del pago de los importes concedidos en el de 5.6.1987 
momento de exportaciones de productos agrícolas 
(') Para cualquier cuestión relacionada con la distribución de los documentos no publicados en el DO, diríjanse al Servicio de Documentación del Tribunal. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 197 
Título Fecha de 
aprobación Publicación (') 
Informe especial 1/87 sobre la calidad de la ayuda alimentaria — Conformidad 27 mayo 1987 DO C 219 
de los productos de la ayuda alimentaria a las normas aplicables de calidad, de 17.8.1987 
cantidad, embalaje, plazo y lugar 
Dictamen 3/87 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 10 junio 1987 DO C 175 
modifica el Reglamento (CEE) n° 729/70 relativo a la financiación de la de 3.7.1987 
Política Agrícola Común en lo que se refiere al sistema de anticipos de la 
Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
Informe sobre los Estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1986 
Informe sobre las cuentas del ejercicio 1986 de la Agencia de Abastecimiento 
de Euratom 
Informe especial 2/87 sobre el sistema de cuota y tasa suplementaria en el 
sector de la leche 
Informe especial 3/87 sobre la organización común del mercado del tabaco 
crudo 
Informe especial 4/87 sobre las medidas comunitarias de destilación de vino 
Informe especial 5/87 sobre la ayuda comunitaria a la aceleración del 
desarrollo agrícola en Grecia 
Informe especial 6/87 sobre la ayuda alimentaria a la India de 1978 a 1985 
(Operación Flood II) 25 junio 1987 
25 junio 1987 
15 julio 1987 
15 julio 1987 
17 septiembre 1987 
7 octubre 1987 
29 octubre 1987 DO C 228 
de 26.8.1987 
No publicado 
en el DO 
DO C 266 
de 5.10.1987 
DO C 297 
de 6.11.1987 
DO C 297 
de 6.11.1987 
No publicado 
en el DO 
DOC 31 
de 4.2.1987 
Dictamen 4/87 sobre una propuesta de reglamento (Euratom, CECA, CEE) 29 octubre 1987 DO C 337 
del Consejo para la derogación temporal del Reglamento n° 2891/77 por el que de 16.12.1987 
se aplica la Decisión de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de las 
contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos propios de 
las Comunidades 
Dictamen 5/87 sobre una propuesta de reglamento (Euratom, CECA, CEE) 29 octubre 1987 DO C 337 
del Consejo por el que se modifica el Reglamento Financiero de 21 de de 16.12.1987 
diciembre de 1977 aplicable al Presupuesto General de las Comunidades 
Europeas 
Informe relativo a las cuentas del ejercicio 1986 del Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe relativo a las cuentas del ejercicio 1986 de la Fundación Europea para 
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
Informe sobre las cuentas de los ejercicios 1985 y 1986 de las Escuelas 
Europeas 
Informe (anexo al Informe Anual CECA 1986) relativo a la gestión contable y 
financiera de la CECA 4/5 noviembre 1987 
4/5 noviembre 1987 
4/5 noviembre 1987 
10/11 noviembre 1987 No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
(') Para cualquier cuestión relacionada con la distribución de los documentos no publicados en el DO, diríjanse al Servicio de Documentación del Tribunal. 
198 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Título Fecha de 
aprobación Publicación (!) 
10° Informe Anual relativo al ejercicio 1986 10/11 noviembre 1987 DO C 336 
de 15.12.1987 
Dictamen 6/87 sobre una propuesta de reglamento (Euratom, CECA, CEE) 19 noviembre 1987 DO C 337 
del Consejo por el que se modifica provisionalmente el Reglamento Financiero de 16.12.1987 
de 21 de diciembre de 1977 aplicable al Presupuesto General de las 
Comunidades Europeas 
Dictamen 7/87 sobre una segunda modificación de la propuesta de reglamento 26 noviembre 1987 DO C 339 
(CECA, CEE, Euratom) del Consejo por el que se modifica el Reglamento de 17.12.1987 
Financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al Presuuesto General de la 
Comunidades Europeas 
Dictamen 8/87 sobre una tercera modificación de la propuesta de reglamento 27 noviembre 1987 DO C 339 
(CECA, CEE, Euratom) del Consejo por el que se modifica el Reglamento de 17.12.1987 
Financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al Presupuesto General de las 
Comunidades Europeas 
Informe Especial 7/87 sobre la gestión de los fondos de contrapartida en 
materia de ayuda alimentaria 
Informe sobre los estados financieros del JET en el ejercicio 1986 
Informe Especial 1/88 sobre los procedimientos y sistemas comunitarios y 
nacionales de gestión del Fondo Social Europeo 
Informe Especial 2/88 sobre el planteamiento integrado en la financiación 
comunitaria de las acciones con finalidad estructural 
Informe Especial 3/88 sobre la organización común de mercados en el sector 
de los productos de la pesca en España y Portugal 
Informe Especial 4/88 sobre la cooperación regional financiada en el marco de 
las Convenciones de Lomé 
Dictamen 1/88 sobre una propuesta de reglamento (CECA, CEE, Euratom), 
del Consejo, por el que se modifica el Reglamento Financiero de 21 diciembre 
de 1977, aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas 27 noviembre 1987 
10 marzo 1988 
10 marzo 1988 
18 mayo 1988 
18 mayo 1988 
18 mayo 1988 
19 mayo 188 DOC 31 
de 4.2.1988 
No publicado 
en el DO 
DO C 126 
de 16.5.1988 
DO C 188 
de 18.7.1988 
DO C 188 
de 18.7.1988 
DO C 188 
de 18.7.1988 
DO C 166 
de 25.6.1988 
Dictamen 2/88 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 19 mayo 1988 DO C 166 
modifica el Reglamento (CEE) n° 1883/78 del Consejo relativo a las normas de 25.6.1988 
generales sobre la financiación de las intervenciones por el FEOGA, Sección 
Garantía (depreciación) 
Dictamen 3/88 sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se 1 junio 1988 DO C 166 
modifica el estado actual del Reglamento (CEE) n° 729/70 sobre la de 16.6.1988 
financiación de la Política Agrícola Común tras su modificación por el 
Reglamento (CEE) n° 3183/87 de 19 de octubre de 1987 por el que se 
establecen las normas especiales relativas a la financiación de la Política 
Agrícola Común 
Dictamen 4/88 sobre una propuesta de modificación del Reglamento 1 junio 1988 No publicado 
Financiero aplicable al Presupuesto de la empresa común JET (Joint en el DO 
European Torus) 
(') Para cualquier cuestión relacionada con la distribución de los documentos no publicados en el DO, diríjanse al Servicio de Documentación del Tribunal. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 199 
Título Fecha de 
aprobación Publicación (') 
Informe sobre las cuentas del ejercicio 1987 de la Agencia de Abastecimiento 15 junio 1988 No publicado 
de Euratom en el DO 
Respuestas del Tribunal de Cuentas, formuladas al amparo de los artículos 16 y 22 junio 1988 No publicado 
206 bis, apartado 4, y 209 del Tratado CEE, a las peticiones de dictamen en el DO 
presentadas por el Consejo sobre una propuesta de decisión relativa a la 
disciplina presupuestaria 
Dictamen 5/88 sobre una propuesta de reglamento del Consejo relativa al 16 junio 1988 DO C 191 
régimen uniforme definitivo de percepción de los recursos propios procedentes de 20.7.1988 
del IVA 
Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1987 22 junio 1988 DO C 217 
de 19.8.1988 
Dictamen 6/88 sobre una propuesta de modificación del artículo 12 del 14 julio 1988 DO C 212 
Reglamento (CEE) n° 2891/77 por el que se aplica la Decisión de 21 de abril de de 12.8.1988 
1970, relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los Estados 
miembros por recursos propios de las Comunidades 
Informe Especial 5/88 sobre la gestión y el control del almacenamiento público 
Dictamen 7/88 sobre un proyecto de Reglamento Financiero de las Escuelas 
Europeas 
Informe sobre las cuentas del ejercicio 1987 del Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (Centro de Berlín) 
Informe sobre las cuentas del ejercicio 1987 de la Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín) 
Informe (anexo al Informe Anual CECA 1987) sobre la gestión contable y 
financiera de la CECA 
Dictamen 8/88 sobre una propuesta de reglamento (CECA, CEE, Euratom) 
del Consejo por el que se aplica la Decisión de 24 de junio de 1988 relativa al 
sistema de recursos propios de las Comunidades 
Informe sobre los estados financieros del JET en el ejercicio 1987 
11° Informe Anual relativo al ejercicio 1987 8 septiembre 1988 
22 septiembre 1988 
9 noviembre 1988 
9 noviembre 1988 
9 noviembre 1988 
17 noviembre 1988 
17 noviembre 1988 
17 noviembre 1988 DO C 274 
de 24.10.1988 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
No publicado 
en el DO 
DOC 313 
de 8.12.1988 
No publicado 
en el DO 
En el presente DO 
(') Para cualquier cuestión relacionada con la distribución de los documentos no publicados en el DO, diríjanse al Servicio de Documentación del Tribunal. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 201 
ANEXO III 
Información financiera relativa 
al Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
y 
a los Fondos Europeos de Desarrollo 
(1987) 
Notas preliminares 
1. Fuente de los datos financieros 
Los datos financieros que figuran en el presente anexo han sido extraídos de las cuentas de gestión y de los 
balances financieros de las Comunidades Europeas (1) y de los Fondos Europeos de Desarrollo, así como de 
otros estados financieros facilitados por la Comisión. 
2. Unidad monetaria 
Todos los datos financieros vienen expresados en millones de ECUS (Mió ECU). Se ha efectuado un redondeo 
a la décima de millón. 
3. Cambio de nomenclatura en el Presupuesto General 
En ocasiones se producen ciertos cambios en la nomenclatura presupuestaria. El Tribunal aplica para la 
presentación de los datos históricos la nomenclatura del ejercicio en curso y adapta, cuando se producen 
cambios en ésta, los datos de los ejercicios anteriores a la nomenclatura actual. De este modo los datos 
presentados en los cuadros 14 a 19 son comparables de un ejercicio a otro. 
1) Del ejercicio 1987: Cuenta de gestión y balance financiero relativos a las operaciones del Presupuesto del ejercicio 1987 [doc. COM(88) 
212-216]. 
202 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
4. Abreviaturas y símbolos usados 
CE 
CECA 
CEE 
CEEA o Euratom 
FEOGA 
PNB 
IVA 
BFR 
DKR 
DM 
DRA 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
UC 
UCE 
ECU 
Mío ECU 
CD 
CND 
CC 
CP 
CPC 
CPP 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
P 
UK 
EUR 10/12 
FED 
ACP 
PTU 
DFU 
Stabex 
Sysmin 
RF 
DO 
S 
T 
C 
0,0 
% 
§ Comunidades Europeas 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
Comunidad Económica Europea 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 
Producto Nacional Bruto 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Franco belga 
Corona danesa 
Marco alemán 
Dracma griego 
Escudo portugués 
Franco francés 
Florín neerlandés 
Libra irlandesa 
Franco luxemburgués 
Lira italiana 
Peseta española 
Libra esterlina 
Unidad de Cuenta (hasta 1977) 
Unidad de Cuenta Europea (de 1978 a 1980) 
Unidad de Cuenta (en vigor desde el 1.1.1981) 
Millones de ECUS 
Créditos disociados 
Créditos no disociados 
Créditos de compromiso 
Créditos de pago 
Créditos para compromisos 
Créditos para pagos 
Bélgica 
Dinamarca 
República Federal de Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Total para el conjunto de los 10 ó 12 Estados miembros de las Comunidades Europeas 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico 
Países y Territorios de Ultramar 
Departamentos Franceses de Ultramar 
Estabilización de los ingresos de exportación 
Sistema de estabilización de los ingresos de exportación de productos mineros 
Reglamento Financiero de 21.12.1977 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
Sección del Presupuesto General 
Título del Presupuesto General 
Capítulo del Presupuesto General 
Cero o sin datos 
Cantidad entre cero y 0,05 
Porcentaje 
Epígrafe referente, dentro del Anexo, a textos, gráficos y cuadros 
L^. Ll ^ L^i^rioC^tlci^d^l^^ornunid^d^Purop^^ ^0^ 
índice de nretenas 
^n^ersoBrte^resuouesto^ene^el de ^es Comunidades ^u^o^ees Fagina 
^ 1. Información básica sobre el Presupuesto General 20^ 
^ 2. Presupuesto General 1987:lngresos previstos 208 
^ 8. Presupuesto General 1987:Previsiones de gastosDcréditos para pagos 209 
^ ^. PresupuestoGeneral1987:Créditos para compromisos 210 
^ 5. Ingresos previstosyefectivosen1987 211 
^ 8. Créditos para compromisos disponibles en1987ysu utilización,por sectorypor institución 212 
^ 7. Créditos para pagos disponibles en1987ysu utilización,por sectorypor institución 218 
^ 8. Ftecursos propios efectivos en1987 21^ 
^ 9. I^livel de utilización de los créditos disponibles en1987, por sector 215 
^ 10. Cuenta de gestión consolidadaydeterminación del saldo del ejercicio1987 218 
^ 11 Pagos efectuados en1987,por sectorypor Estado miembro beneficiario 217 
^ 12. FECGAGarantía: Pagos efectuados en1987 por mercadoypor Estado miembro beneficiario 218 
^ 18. Los Fondos estructurales: Compromisos contraídos y pagos efectuados en 1987, por Estado miembro 
beneficiario 219 
^ 1^. Evoluciónyutilización de los créditos para pagos durante el período19881987,por sector 220 
^ 15. Ovoide utilización de los créditos para pagos de1988a1987,por sector 221 
^ 18. Pagos anuales durante el período19881987,por sectorypor institución 222 
^ 17. Evolución de la relación entre«pagos anuales por sector»y«total de los pagos anuales presupuestarios» 
^1988^1987^ 228 
^ 18. Pagos anualesalos Estados miembros pl988D1987^ 22^ 
^ 19. Pecursos propios efectivos, por Estado miembro ^19881987^ 225 
Segunde ^erte^Los fondos t^u^ooeos de Oeserro^o^^0^situacióna8112.1987^ 
^ 20. Información de base sobre los FEO 228 
^ 21 Los FEO 5.^y8.^:Ootación,financiación, reparto de ayudas, utilización global 227 
^ 22. El 5.^FEO:Ayudas por tipoypor país beneficiario 228 
^ 28. El 5.^FEO:Ayudas por sector económicoypaís beneficiario 229 
^ 2^. El 8.^FEO:Ayudas por tipoypor país beneficiario 280 
^ 25. El 8.^FEO:Ayudas por sector económicoypaís beneficiario 281 
^ 28. Los FEO 5.^y8.^Occisiones de financiaciónypagos por país beneficiario 282 
^ 27. Los FEO 5.^y8.^0tilización de las ayudas por sector económico 288 
^ 28 Los seis FEO:Evolución de los pagos anuales ^19801987^ 28^ 
204 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Primera parte: Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
§ 1. Información básica sobre el Presupuesto General 
1.1. Origen del Presupuesto General 
El Presupuesto General fue creado por el Tratado de Fusión (1) (artículo 20). Sustituyó, a partir del 1 de enero de 1968, a los 
tres presupuestos distintos de las Comunidades Europeas que existían hasta ese momento: el Presupuesto Administrativo 
de la CECA, el Presupuesto de la CEE y el Presupuesto de Funcionamiento del Euratom. El Presupuesto de Investigación e 
Inversiones del Euratom fue incorporado al Presupuesto General a partir de 1971 por el Tratado de Luxemburgo (2) 
(artículo 10). 
1.2. Base jurídica 
El Presupuesto General se rige por las disposiciones financieras de los Tratados de París (3) (artículo 78 CECA) y de 
Roma (4) (5) (artículos 199 a 209 CEE y 171 a 183 Euratom), así como por las modificaciones resultantes del Tratado de 
Fusión (1), de la Decisión del Consejo sobre recursos propios (6), del Tratado de Luxemburgo (2), del Tratado de 
Adhesión (7) y del Tratado de Bruselas (8). El Reglamento Financiero (9) regula los procedimientos relativos al 
establecimiento y la ejecución del Presupuesto, así como los relativos a la presentación y comprobación de las cuentas. El 
Reglamento Financiero se completa con otros actos jurídicos que regulan los detalles de la ejecución del Presupuesto. 
1.3. Principios presupuestarios básicos establecidos por los Tratados y en el Reglamento Financiero 
El presupuesto es aprobado para la duración de un ejercicio presupuestario (anualidad). Los ingresos y gastos del 
presupuesto deben estar equilibrados. Los ingresos deben servir para financiar indistintamente todos los gastos 
presupuestarios (no afectación). Todo ingreso o gasto comunitario debe figurar en el presupuesto (unidad). Todos los 
ingresos o gastos deben estar inscritos íntegramente en el presupuesto y en la contabilidad, sin llevar a cabo 
compensaciones entre ellos (universalidad). Existen ciertas excepciones a estos principios generales. 
1.4. Contenido y estructura del Presupuesto General 
El Presupuesto General comprende las previsiones relativas a los gastos administrativos de la CECA y a los ingresos 
correspondientes, los gastos e ingresos de la CEE y los gastos e ingresos del Euratom. 
El Presupuesto incluye cinco secciones divididas en estados de ingresos y de gastos: (I) Parlamento; (II) Consejo (con el 
anexo relativo al Comité Económico y Social); (III) Comisión; (IV) Tribunal de Justicia; (V) Tribunal de Cuentas. 
Dentro de cada sección, los ingresos y los gastos están clasificados en líneas presupuestarias (títulos, capítulos, artículos 
y partidas) según su naturaleza y el uso al que se destinan. 
1.5. Unidad monetaria del Presupuesto General 
Hasta el año 1977 el Presupuesto se establecía y ejecutaba en Unidades de Cuenta (UC): 1 UC = 0,88867088 gramos de oro 
(= 1 dólar USA entre 1934 y 1972). 
De 1978 a 1980 el Presupuesto se estableció y ejecutó en Unidades de Cuenta Europea (UCE); 1 UCE equivale a la suma de 
los siguientes importes de las monedas de los Estados miembros de la CE: 0,828 DM + 0,0885 UKL + 1,15 FF + 109 LIT + 
0,286 HFL + 3,66 BFR + 0,14 LFR + 0,217 DKR + 0,00759 IRL. 
A partir de 1981, el presupuestóse ha establecido y ejecutado en ECU. El ECU.al igual que la UCE, es una unidad basada en 
un cesto de monedas nacionales. Para 1981,1982 y 1983, el valor y la composición del cesto del ECU coincidieron con los de 
la UCE (no incluyéndose en el cesto a la moneda griega, el dracma). Para 1984-1987, 1 ECU = 0,719 DM + 0,0878 UKL + 
1,31 FF + 140,0 LIT + 0,256 HFL + 3,71 BFR + 0,14 LFR + 0,219 DKR + 0,00871 IRL + 1,15 DRA. 
Los tipos de cambio con respecto a las monedas nacionales eran el 31 de diciembre de 1987 los siguientes: 1 ECU = 
43,1539 BFR = 7,94457 DKR = 2,06034 DM = 164,483 DRA = 169,467 ESC = 6,98335 FF = 2,31762 HFL = 0,777888 IRL = 
43,1539 LFR = 1521,66 LIT = 140,566 PTA = 0,696793 UKL. 
1.6. Financiación del Presupuesto General (ingresos presupuestarios) 
El Presupuesto General se financia principalmente mediante los recursos propios de las Comunidades (6): derechos de 
aduana, exacciones reguladoras agrícolas, cotizaciones de azúcar e ¡soglucosa y el IVA hasta un máximo del 1,4 % de una 
base imponible uniforme para todos los Estados miembros (10)(11). Existen, además, otros ingresos de menor importancia. 
Desde el 1 de enero de 1971, según lo dispuesto en la Decisión del Consejo, de 21 de abril de 1970 (6), el sistema de 
recursos propios ha reemplazado progresivamente al antiguo sistema de contribuciones financieras de los Estados 
miembros determinadas según una clave preestablecida. Hasta que fue posible aplicar la base imponible uniforme del 
IVA, las contribuciones financieras continuaron siendo pagadas por los Estados miembros. Desde 1975 estas 
contribuciones financieras se calcularon sobre la base de la participación respectiva de los Estados miembros en el 
Producto Nacional Bruto (PNB) comunitario. En 1979, el IVA de los Estados miembros, con la excepción de la R.F. de 
Alemania, Irlanda y Luxemburgo, que siguieron pagando contribuciones basadas en el PNB, pasó a formar parte por 
primera vez de los recursos propios. En 1980, todos los Estados miembros aplicaron el sistema IVA. Desde 1981 a 1985, 
todos los Estados miembros pagaron recursos propios IVA con la excepción de Grecia, que pagó una contribución 
financiera basada en el PNB. En 1986 y 1987 todos los Estados miembros han pagado recursos propios IVA, excepto 
Portugal que pagó una contribución financiera basada en el PNB. 
(1) Tratado de Fusión (8 de abril 1965), por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas. 
(2) Tratado de Luxemburgo (22 de abril de 1970), por el que se modifican ciertas disposiciones presupuestarias de los Tratados constitutivos de las 
Comunidades y del Tratado de Fusión. 
(3) Tratado de París (18 de abril de 1951), por el que se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). 
(4) Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), por el que se constituye la Comunidad Económica Europea (CEE). 
(5) Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), por el que se constituye la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). 
(6) Decisión 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los Estados 
miembros por recursos propios de las Comunidades (DO L 94 de 28.4.1970). 
(7) Tratado de Adhesión (22 de enero de 1972); Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados. 
(8) Tratado de Bruselas (22 de julio de 1975), por el que se modifican ciertas disposiciones financieras de los Tratados constitutivos de las Comunidades 
Europeas y del Tratado de Fusión. 
(9) Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 (DO L 356 de 31.12.1977). 
(10) Véase la Sexta Directiva del Consejo de 17 de mayo de 1977, sistema común del IVA: base imponible uniforme (DO L 145 de 13.6.1977). 
(11) Tipo máximo IVA de la base imponible uniforme: de 1979 a 1985, 1 %; a partir de 1986, 1,4 %. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 205 
1.7. Tipos de créditos presupuestarios 
Para cubrir los gastos previstos, el Presupuesto General distingue los siguientes tipos de créditos presupuestarios: 
a) Los créditos disociados (CD) se utilizan para financiar actividades plurianuales en determinados sectores. Se dividen 
en créditos de compromiso y créditos de pago: 
— los créditos de compromiso (CC) cubren, durante el ejercicio en curso, las obligaciones legales contraídas debido a 
la puesta en práctica de acciones cuya aplicación se extiende durante varios ejercicios; 
— los créditos de pago (CP) cubren los gastos relativos a compromisos contraídos durante el ejercicio en curso y/o 
durante ejercicios anteriores. 
b) Los créditos no disociados (CND) cubren, para acciones anuales, los compromisos y los pagos relativos al mismo 
ejercicio. 
De este modo resulta posible establecer los dos totales siguientes para el mismo ejercicio: 
— el total de créditos para compromisos (CPC) (1) = créditos no disociados (CND) 
+ créditos de compromiso (CC) (1); 
— el total de créditos para pagos (CPP) (1) = créditos no disociados (CND) 
+ créditos de pago (CP) (1). 
Los ingresos presupuestarios se destinan a cubrir los créditos para pagos. Los créditos de compromiso no son financiados 
hasta que los correspondientes créditos de pago se inscriben en el Presupuesto. 
El siguiente esquema simplificado (con importes ficticios) muestra la incidencia de estos tipos de crédito en cada ejercicio: 
Créditos para compromisos: importes asigna­
dos en los presupuestos de los ejercicios 1,2,3 
para compromisos durante los mismos. 
Clave: 
i Créditos de 
Créditos U | compromiso (CC) 
compromisos 
Créditos no (CPC) 
disociados (CND) 
Ejercicio 1: CPC: 150 
Ejercicio 2: CPC: 180 
Ejercicio 3: CPC: 215 . CC: 50. 
,CND:100. 
. CC: 60. 
,CND:120. 
. CC: 65. 
,CND:150. Créditos de 
compromiso 
(CC) de 
ejercicios 
anteriores 
Resumen de todos los tipos de créditos 
\ o o 
\ PIÉ 
\ ^ 
% \ 
\ 
Ejercicio 1 
Ejercicio 2 
Ejercicio 3 § 
c o 
s§ 
(1) 
100 
120 
150 Créditos di­
sociados (CD) 
o 
E 
m | 
2 E 
••5 8-
o-Ssi 
(2) 
50 
60 
65 ">o 
(3) 
27 
38 
75 o 
™ 8 
</> E 
o o 
=6 | 
O o 
(1) + (2) 
150 
180 
215 »Ü 
O o. 
d) + (3) 
127 
158 
225 Calendario: Muestra durante qué ejercicio se han de financiar los 
CPC asignados a los ejercicios 1, 2, 3. Los CND se financian en el 
ejercicio en que se efectúa la asignación. La financiación de los CC se 
reparte entre varios ejercicios. 
Ejercicio 1 
I Importe (fracciones) a financiar: 
Ejercicio 2 Ejercicio 3 Posteriormente 
T T 
í 
I 
-m D 
Los totales verticales del calendario indican los créditos para pagos 
(CPP) de cada ejercicio que son necesarios para financiar las 
obligaciones legales correspondientes a este ejercicio debido a la 
asignación de los CPC. Para cada ejercicio se cumple que: CPP = 
CND + créditos de pago (CP), siendo los CP del ejercicio el total de 
las fracciones de los CC que se han de financiar en dicho ejercicio. w ^ 
Créditos para pagos: 
Ejercicio 1 
o m Ejercicio 3 
(Éü 75 CP: 
Clave: 
Créditos 
pagos 
(CPP) , E^a Créditos de pago 
i.i... » Créditos no disociados (• (CND) 
Nota: Es importante tener en cuenta la diferencia entre «créditos para compromisos» y «créditos de compromiso», así como la existente entre «créditos 
para pagos» y «créditos de pago». Tanto los términos «créditos de compromiso» y «créditos de pago» se usan exclusivamente en el contexto de los 
«créditos disociados». 
206 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
1.8. Establecimiento del Presupuesto General 
Para cada ejercicio (que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre), cada institución prepara, antes del 1 de julio 
del año anterior al de ejecución del Presupuesto, un estado de previsión de sus gastos. La Comisión agrupa estos estados 
en un anteproyecto de presupuesto que, no más tarde del 1 de septiembre del mismo año, presenta al Consejo, que, junto 
con el Parlamento, constituye la autoridad presupuestaria. El Consejo establece el proyecto de presupuesto y lo transmite 
al Parlamento, no más tarde del 5 de octubre del mismo año. El Parlamento puede proponer modificaciones al proyecto 
relativas a los gastos obligatorios (1) y efectuar enmiendas de los gastos no obligatorios; estas modificaciones y 
enmiendas se envían al Consejo. La decisión final sobre los gastos obligatorios la toma el Consejo. Para los gastos no 
obligatorios el Parlamento puede, dentro de un índice estadístico máximo de aumento de estos gastos, hacer cambios 
antes de la decisión final. El presidente del Parlamento declara aprobado el Presupuesto. Sin embargo, el Parlamento 
puede rechazar el proyecto, solicitando otro (2). 
Si al principio de un ejercicio el Presupuesto no ha sido aún votado, se aplican disposiciones particulares, relativas a la 
autorización de gastos, de los Tratados y del Reglamento Financiero (3). 
La autoridad presupuestaria puede aprobar presupuestos rectificativos (que no modifiquen el importe total del 
Presupuesto anual) o presupuestos suplementarios (que modifiquen el importe total) (4). 
La asignación de créditos a una línea presupuestaria puede modificarse por transferencias (5) procedentes de otras líneas 
presupuestarias. 
1.9. Ejecución del Presupuesto General 
1.9.1. Responsabilidad de la ejecución 
La Comisión ejecuta el Presupuesto conforme al Reglamento Financiero, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite 
de los créditos concedidos; también concede a las otras instituciones los poderes necesarios para la ejecución de las 
secciones del Presupuesto que les conciernan a cada una (6). El Reglamento Financiero precisa los procedimientos de 
ejecución y, especialmente, las responsabilidades de los ordenadores, de los contables, de los administradores de 
anticipos y de los interventores de las instituciones (7). 
1.9.2. Ejecución de los ingresos 
Los ingresos previstos se inscriben en el Presupuesto susceptibles de ser modificados por presupuestos rectificativos y 
suplementarios (4). 
La ejecución presupuestaria de los ingresos consiste en comprobar los derechos y en cobrar los importes debidos a las 
Comunidades (recursos propios y otros ingresos); esta ejecución se rige por disposiciones especiales (8). 
Los ingresos efectivos de un ejercicio se definen como la suma de los cobros por derechos devengados durante el 
ejercicio en curso más los cobros por derechos pendientes de ejercicios anteriores. 
1.9.3. Ejecución de los gastos 
Los gastos previstos se inscriben en el Presupuesto. Según la naturaleza de las obligaciones jurídicas, se les hace frente 
mediante créditos para compromisos o créditos para pagos. La ejecución presupuestaria de los gastos, es decir, la 
evolución y utilización de los créditos, se puede resumir de la siguiente forma: 
a) Créditos para compromisos 
— Evolución de los créditos: Los créditos para compromisos inscritos en el presupuesto inicial pueden ser modificados 
antes de convertirse en créditos para compromisos definitivos: créditos para compromisos definitivos = 
presupuesto inicial (CND y CC) ± presupuestos rectificativos y suplementarios (4) + ingresos suplementarios (9) ± 
transferencias (5) + créditos de compromiso subsistentes del ejercicio precedente (10) + prórrogas no 
automáticas (11) del ejercicio precedente aún sin comprometer (CND) + créditos descomprometidos de los 
ejercicios anteriores (CC). 
— Utilización de los créditos: Los créditos para compromisos definitivos están disponibles durante el ejercicio para 
contraer compromisos (créditos para compromisos utilizados = importe de los compromisos contraídos). 
— Créditos que permanecen disponibles para el ejercicio siguiente: Los créditos no disociados que no han sido 
comprometidos pueden prorrogarse de modo no automático al ejercicio siguiente después de la aprobación del 
Consejo (11). Los créditos de compromiso no utilizados (créditos subsistentes al cierre del ejercicio) permanecen 
disponibles para el ejercicio siguiente (10). 
— Anulación de créditos: el saldo se anula. 
b) Créditos para pagos del ejercicio 
— Evolución de los créditos: Los créditos para pagos pueden también ser modificados antes de convertirse en créditos 
para pagos definitivos: créditos para pagos definitivos = presupuesto inicial (CND y CP) ± presupuestos 
rectificativos y suplementarios (4) + ingresos suplementarios (9) ± transferencias (5). 
— Utilización de los créditos: Los créditos para pagos definitivos están disponibles a lo largo del ejercicio para efectuar 
pagos (créditos para pagos del ejercicio utilizados = importe de los pagos efectuados por créditos del ejercicio). 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 207 
— Prórroga de créditos al ejercicio siguiente: Los créditos no utilizados pueden ser prorrogados al ejercicio siguiente 
como prórrogas automáticas (o de oficio) (12) o como prórrogas no automáticas (11). 
— Anulación de créditos: el saldo se anula. 
c) Créditos para pagos prorrogados del ejercicio precedente (prórrogas automáticas y prórrogas no automáticas). 
En cada ejercicio, estos créditos (después de eventuales transferencias) están también disponibles para efectuar 
pagos. Los importes no pagados después de haber sido prorrogados son anulados, menos en algunos casos en los que 
se admite la repetición de prórrogas (13). Los importes anulados de este modo se añaden al resultado del ejercicio en la 
cuenta de gestión consolidada (véase 1.9.4). 
En materia de gastos efectivos, es necesario distinguir entre los dos conceptos siguientes: 
— gastos efectivos realizados durante un ejercicio = total de pagos efectuados durante el ejercicio = pagos por 
créditos para pagos del ejercicio más pagos por créditos para pagos prorrogados del ejercicio precedente; 
— gastos efectivos realizados a cuenta de un ejercicio = gastos de la cuenta de gestión consolidada (véase 1.9.4) = 
pagos por créditos para pagos del ejercicio más créditos para pagos del ejercicio prorrogados al ejercicio siguiente. 
1.9.4. Cuenta de gestión consolidada y determinación del saldo del ejercicio 
Al cierre de cada ejercicio se establece la cuenta de gestión consolidada. El saldo del ejercicio, que debe inscribirse en el 
presupuesto del ejercicio siguiente con ocasión de un presupuesto rectificativo, se determina en ella (14) (véase 
cuadro 10). 
1.10. Presentación de las cuentas 
La Comisión presenta al Parlamento, al Consejo y al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 1 de junio siguiente al cierre del 
ejercicio, las cuentas de ese ejercicio; estas cuentas se presentan como una cuenta de gestión y un balance financiero, 
acompañados de un análisis de la gestión financiera (15). 
1.11. Control externo 
Desde el ejercicio de 1977, el control externo del Presupuesto General lo lleva a cabo el Tribunal de Cuentas de las 
Comunidades (16). El Tribunal de Cuentas examina las cuentas de la totalidad de los ingresos y los gastos del Presupuesto 
General. El Tribunal examina la legalidad y la regularidad de los ingresos y los gastos y comprueba la buena gestión 
financiera. Las auditorías pueden llevarse a cabo antes del cierre de las cuentas del ejercicio presupuestario en cuestión. 
Las auditorías se llevan a cabo basándose en documentos y, si es necesario, se hacen in situ en las instituciones 
comunitarias y en los Estados miembros. El Tribunal de Cuentas redacta un informe anual relativo a cada ejercicio y 
puede, por otra parte, presentar en cualquier momento sus observaciones sobre temas específicos y dar su opinión a 
petición de una de las instituciones de las Comunidades. 
1.12. Descargo y seguimiento 
Desde 1977 son aplicables las disposiciones siguientes (17): Antes del 30 de abril del segundo año siguiente al ejercicio en 
cuestión, el Parlamento, a recomendación del Consejo, da descargo a la Comisión de la ejecución del Presupuesto. Para 
ello el Consejo y el Parlamento examinan las cuentas presentadas por la Comisión, así como el informe anual del Tribunal 
de Cuentas. Las instituciones deben tomar todas las medidas necesarias relativas a los comentarios que figuren en las 
decisiones de descargo y elaborar un informe sobre las medidas adoptadas (18). 
(1) Gastos obligatorios son aquellos derivados obligatoriamente de los Tratados o de actas aprobadas en virtud de éstos. 
(2) Para detalles del procedimiento presupuestario, véanse artículos 78 CECA, 203 CEE y 177 Euratom. 
(3) Véase artículo 8 del Reglamento Financiero. 
(4) Véase artículo 1(5) del Reglamento Financiero. 
(5) Véase artículo 21 del Reglamento Financiero. 
(6) Véanse artículos 78 quinto CECA, 205 CEE, 179 Euratom y 18(2) del Reglamento Financiero. 
(7) Véanse artículos 17 a 49 y 68 a 72 del Reglamento Financiero. 
(8) Véanse artículos 23 a 31 del Reglamento Financiero y los Reglamentos del Consejo (CEE, Euratom, CECA) nos 2891/77 y 2892/77 de 19 de diciembre de 
1977 (DO L 336 de 27.12.1977). 
(9) Véase artículo 87 del Reglamento Financiero y artículo 91(2) del Reglamento Financiero modificado. 
(10) Véanse artículos 6(2, a) y 88(3) del Reglamento Financiero. 
(11) Véase artículo 6(1, b) del Reglamento Financiero. 
(12) Véanse artículos 6(1, c), 6(2, b) y 88(4) del Reglamento Financiero. 
(13) Véanse artículos 6(4) y 108(3, a y b) del Reglamento Financiero. 
(14) Véase artículo 27 del Reglamento Financiero y artículos 15 y 16 del Reglamento del Consejo (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 (DO L 336 de 27.12.1977). 
(15) Véanse artículos 73 a 77 del Reglamento Financiero. 
(16) Véanse artículos 78 sexto, séptimo CECA, 206 y 206 bis CEE, 180 y 180 bis Euratom y artículos 78 a 84 del Reglamento Financiero. 
(17) Véanse artículos 78 octavo CECA, 206 ter CEE, 180 ter Euratom. 
(18) Véase artículo 85 del Reglamento Financiero. 
208 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
§ 2. Presupuesto general 1987: Ingresos previstos 
(tras el Presupuesto rectificativo y suplementario n° 1. 
Para datos más detallados, véase § 5) 
(Mió ECU y %) 
Otros ingresos: 624,6 (1,7 %) 
Excedente disponible resultante _^_ 
de anulaciones técnicas: 300,0 (0,8 %) 
Nota: Debe señalarse que la recaudación de los importes 
devengados por derechos de aduana, exacciones agríco­
las y cotizaciones a 
isoglucosa la realizan 
de las Comunidades. la 
los producción de azúcar y de 
Estados miembros por cuenta 
Recursos propios IVA _^. 
y contribuciones financieras: 23 644,6 (65,4 %) 
Clave: 
I Total de recursos propios (por Estado miembro) 
] Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
"] Recursos propios IVA y contribuciones financieras 
] Excedente disponible resultante de anulaciones técnicas 
| Otros ingresos Derechos de aduana 
8 396,7 (23,2 % 
Cotizaciones de azúcar e 
isoglucosa: 1 438,6 (4,0%) 
Exacciones 
reguladoras agrícolas: 
1 763,9 (4,9 %) 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 209 
§ 3. Presupuesto General 1987: Previsiones de gastos — créditos para pagos 
(tras el Presupuesto rectificativo y suplementario n° 1. Para datos más detallados, véase § 7, columna 3) 
(Mió ECU y %) 
-»- 10. Créditos provisionales y reserva: 119,6 (0,3 %) (de los cuales, CND: 43,2) 
-*- 9. Cooperación al desarrollo: 1 104,9 (3,1 %) (de los cuales, CND: 317,9) 
8. Reembolsos a Estados miembros: 2 869,0 (7,9 %) 
7. Investigación, energía, etc.: 911,4 (2,5 %) (de los cuales, CND: 30,2) 
-*- 6. Política social: 2 686,1 (7,4 %) (de los cuales, CND: 115,6) 
5. Política regional y de transportes: 2 738,2 (7,6 %) (de los cuales, CND: 9,5) 
*- 4. Pesca: 177,4 (0,5 %) (de los cuales, CND: 98,8) 
3. Estructuras agrícolas: 843,2 (2,3 %) (de los cuales, CND: 46,9) 
2.11. Otros gastos: 234,8 (0,7 %) 
»- 2.10. Medidas agro-monetarias: 362,0 (1,0 %) 
2.9. Mercados diversos: 1 072,0 (3,0 %) 
*- 2.8. Carne, huevos y aves de corral: 3 296,0 (9,1 %) 
>- 2.7. Productos lácteos: 5 901,0 (16,3 %) 
*- 2.6. Tabaco: 828,0 (2,3 %) 
*~ 2.5. Vino: 1 278,0 (3,5%) 
*- 2.4. Frutas y hortalizas: 967,0 (2,7 %) 
»- 2.3. Materias grasas y proteaginosas: 3 739,0 (10,3 %) 
2.2. Azúcar: 1 653,0 (4,6%) 
>- 2.1. Cereales y arroz: 3 630,0 (10,0 %) 
Clave: 
Créditos no disociados (CND) 
Sectores con créditos disociados: 
créditos de pago (CP) 
Créditos a disposición de la Comisión 
Créditos a disposición de las 
otras instituciones 
210 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
§ 4. Presupuesto General 1987: Créditos para compromisos 
(tras el Presupuesto rectificativo y suplementario n° 1. Para datos más detallados, véase § 6, columna 3) 
(Mió ECU y %) 
10. Créditos provisionales y reserva: 378,1 (1,0 %) (de los cuales, CND: 43,2) 
»- 9. Cooperación al desarrollo: 1 087,7 (2,9 %) (de los cuales, CND: 317,9) 
8. Reembolsos a Estados miembros: 2 869,0 (7,7 %) 
7. Investigación, energía, etc.: 933,4 (2,5 %) (de los cuales, CND: 30,2) 
6. Política social: 2 745,8 (7,3 %) (de los cuales, CND: 115,6) 
*- 5. Política regional y de transportes: 3 565,2 (9,5 %) (de los cuales, CND: 9,5) 
*~ 4. Pesca: 178,6 (0,5) (de los cuales, CND: 98,8) 
—>~ 3. Estructuras agrícolas: 976,4 (2,6 %) (de los cuales, CND: 46,9) 
Nota: Para los sectores con créditos disociados, este gráfico 
muestra los créditos de compromiso en vez de los créditos de 
pago que se muestran en § 3; los importes de los créditos no 
disociados y su representación gráfica permanece igual. 
El total de los créditos para compromisos no está equilibrado 
con los ingresos presupuestarios 1987, ya que los créditos de 
compromiso incluyen importes que habrán de ser financiados 
con ingresos presupuestarios de ejercicios posteriores [véase 
§1 (1.7)]. 
Total 
de créditos '. 
compromisos: 
Mío ECU (1) 
1) Suma de los créditos no disociados 
(28 249,7 Mió ECU) 
y de los créditos de compromiso 
(9 203,1 Mió ECU) 2. FEOGA-Garantía: 22 960,8 (61,3 %) 
(para el reparto de los créditos por 
mercado, véase § 3) 
->~ 1. Funcionamiento (todas las instituciones): 1 757,8 (4,7 %) 
(para el reparto de estos créditos por institución, 
véase § 3) 
Clave: 
Créditos no disociados (CND) 
Sectores con créditos disociados: 
créditos de compromiso (CC) 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 211 
§ 5. Ingresos previstos y efectivos en 1987 
A. Ingresos previstos y efectivos en 1987 
Tipo de ingresos 
[entre paréntesis se indican los títulos (T) 
o los capítulos (Cap), de acuerdo con la 
nomenclatura presupuestaria 1987] 
1. Recursos propios: 
— Exacciones reguladoras agrícolas (Cap 10) 
— Cotizaciones de azúcar e isoglucosa (Cap 11) 
— Derechos de aduana (Cap 12) 
— Recursos propios IVA (Cap 13) 
— Contribución financiera (PNB) Portugal (Cap 20) 
— Saldos y ajustes anteriores a 1987 de recursos propios IVA 
y contribuciones financieras (Cap 31) 
Total recursos propios 
2. Excedente disponible del ejercicio precedente (Cap 30) 
Excedente disponible resultante de anulaciones técnicas (Cap 32) 
3. Otros ingresos (T 4-9) 
Total ingresos Ingresos previstos del presupuesto 1987 
(tras el Presupuesto rectificativo y 
suplementario n° 1) 
Mió ECU % 
1 763,9 4,9 
1 438,6 4,0 
8 396,7 23,2 
23 433,0 64,8 
211,6 0,6 
p.m. — 
35 243,8 97,5 
p.m. — 
300,0 0,8 
624,6 1,7 
36168,4 100 Ingresos efectivos en 1987 
(cobros del ejercicio) 
Mío ECU % 
1 626,1 4,5 
1 471,7 4,1 
8 936,5 25,0 
23 463,5 65,6 
210,6 0,6 
-359,3 -1,0 
35 349,1 98,8 
434,2 1,2 
35 783,3 100 
B. Recursos propios previstos y efectivos en 1987 por Estado miembro 
Nota: Es preciso señalar que los Estados miembros se encargan de recaudar, por cuenta de la Comunidad, los importes devengados por 
derechos de aduana, exacciones reguladoras agrícolas y cotizaciones de azúcar e isoglucosa. 
(Mió ECU) 
Tipo de recurso 
Exacciones reguladoras 
agrícolas: 
— previstas 
— efectivas 
Cotizaciones de azúcar 
e isoglucosa: 
— previstas 
— efectivas 
Derechos de aduana: 
— previstos 
— efectivos 
Recursos propios IVA/ 
contribuciones financie­
ras 0) (2): 
— previstos 
— efectivos 
Total recursos propios: 
— previstos 
— efectivos B 
253,0 
284,8 
103,0 
106,2 
490,0 
529,0 
762,9 
782,6 
1 608,9 
1 702,6 DK 
16,9 
15,4 
56,5 
59,0 
214,7 
194,0 
533,7 
576,3 
821,8 
844,7 D 
229,3 
155,3 
385,9 
394,0 
2 467,1 
2 617,8 
6 451,1 
6 217,5 
9 533,4 
9 384,6 GR 
19,3 
19,1 
14,3 
12,5 
90,5 
92,3 
344,0 
216,5 
468,1 
340,4 E 
284,0 
77,5 
58,1 
53,4 
366,4 
382,7 
1 814,4 
1 195,1 
2 522,9 
1 708,7 F 
156,2 
108,3 
449,7 
452,6 
1 129,8 
1 212,6 
5 300,9 
5 556,5 
7 036,6 
7 330,0 IRL 
14,9 
5,8 
11,8 
12,0 
111,5 
112,0 
217,1 
207,7 
355,3 
337,5 I 
342,8 
411,3 
157,4 
166,6 
782,2 
875,7 
3 639,3 
3 738,0 
4 921,7 
5 191,6 L 
0,4 
0,2 
— 
6,5 
7,3 
62,2 
66,0 
69,1 
73,5 NL 
166,4 
96,8 
119,2 
125,8 
775,2 
817,6 
1 203,2 
1 326,0 
2 264,0 
2 366,2 P 
43,8 
41,5 
0,4 
0,2 
80,8 
93,9 
211,6 
206,2 
336,6 
341,8 UK 
236,9 
410,1 
82,3 
89,4 
1 882,0 
2 001,6 
3 104,2 
3 226,4 
5 305,4 
5 727,5 EUR 12 
1 763,9 
1 626,1 
1 438,6 
1 471,7 
8 396,7 
8 936,5 
23 644,6 
23 314,8 
35 243,8 
35 349,1 
(1) Portugal hizo efectiva una contribución financiera basada en su PNB. 
(2) Incluidos los saldos y ajustes anteriores a 1987. 
212 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
6. Créditos para compromisos disponibles en 1987 y su utilización, 
por sector y por institución 
(Mió ECU) 
Sector e institución 
[las Secciones (S), Títulos (T) y Capítulos (Cap), 
correspondientes a la nomenclatura presupuestaria 
de 1987, se indican entre paréntesis] 
1. Funcionamiento (todas las instituciones) 
1.1. Comisión (S III, parte A) 
1.2. Otras instituciones (S I, II, IV, V) 
CD 
2 
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¡£ 
E 
o 
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2 
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cu 
o 
•ín 
n 2. FEOGA-Garantía (T 1-2) 
2.1. Cereales y arroz (Cap 10) 
2.2. Azúcar (Cap 11) 
2.3. Materias grasas y proteaginosas (Cap 12-13) 
2.4. Frutas y hortalizas (Cap 15) 
2.5. Vino (Cap 16) 
2.6. Tabaco (Cap 17) 
2.7. Productos lácteos (Cap 20) 
2.8. Carne, huevos, aves de corral (Cap 21-24) 
2.9. Otros mercados (Cap 14, 18, 25) 
2.10. Medidas agro-monetarias (Cap 27-28) 
2.11. Otros gastos (Cap 29) 
3. Estructuras agrícolas (T 3) 
(de los que: créditos no disociados) 
3.1. FEOGA-Orientación (Cap 30-33) 
3.2. Acciones específicas (Cap 38) 
4. Pesca (T 4) 
(de los que: créditos no disociados) 
4.1. Organización de mercados (Cap 40) 
4.2. Otras acciones (Cap 41-42, 44-47) 
5. Política regional y de transportes (T 5) 
(de los que: créditos no disociados) 
5.1. Fondo Regional (Cap 50-51) 
5.2. Transportes (Cap 58) 
5.3. Otras medidas (Cap 54-57) 
6. Política social (T 6) 
(de los que: créditos no disociados) 
6.1. Fondo Social (Cap 60-61) 
6.2. Otras medidas (Cap 63-67, 69) 
7. Investigación, energía, etc. (T 7) 
(de los que: créditos no disociados) 
7.1. Energía (Cap 70) 
7.2. Investigación e inversiones (Cap 73) 
7.3. Industria y mercado interior (Cap 77) 
7.4. Otras acciones (Cap 71, 75-76, 78-79) 
8. Reembolsos a los Estados miembros (T 8) 
8.1. Gastos recaudación recursos propios (Cap 80) 
8.2. Otros reembolsos (Cap 83-87) 
9. Cooperación al desarrollo (T 9) 
(de los que: créditos no disociados) 
9.1. Ayudas alimentarias (Cap 92) 
9.2. Ayudas financieras (Cap 90-91, 93-99) 
10. Créditos provisionales y reserva (Cap 100-101) 
(de los que: créditos no disociados) 
Total créditos de operaciones (S III, B) 
(de los que: créditos no disociados) 
Total general DO Zü 
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(1) 
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CND 
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CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND + CC 
(CND) 
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CND + CC 
CND + CC 
(CND) 
CND 
CND + CC 
CND + CC 
(CND) 
CC 
CND + CC 
CND + CC 
CND+CC 
(CND) 
CC 
CND + CC 
CND + CC 
(CND) 
CND + CC 
CC 
CND + CC 
CND + CC 
CND 
CND 
CND 
CND + CC 
(CND) 
CND + CC 
CND + CC 
CND + CC 
(CND) 
CND + CC 
(CND) 
CND + CC 
CND 
CC Evolución de los créditos 
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1 653,0 
3 739,0 
967,0 
1 278,0 
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5 901,0 
3 296,0 
1 072,0 
362,0 
234,8 
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193,6 
(113,8) 
42,7 
150,9 
3 565,2 
(9,5) 
3 341,9 
3,2 
220,1 
2 745,8 
(115,6) 
2 602,5 
143,3 
933,4 
(30,2) 
117,7 
716,1 
78,0 
21,6 
2 816,1 
1 305,9 
1 510,2 
1 087,7 
(317,9) 
511,5 
576,2 
378,1 
(43,2) 
35 657,1 
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3 296,0 
1 072,0 
362,0 
234,8 
976,4 
(46,9) 
917,2 
59,2 
178,6 
(98,8) 
27,7 
150,9 
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(9,5) 
3 341,9 
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2 602,5 
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(30,2) 
117,7 
716,1 
78,0 
21,6 
2 869,0 
759,9 
2 109,1 
1 087,7 
(317,9) 
511,5 
576,2 
378,1 
(43,2) 
35 695,0 
(26 491,9) 
37 452,8 
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(4) 
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2 035,6 
4 413,9 
967,2 
800,3 
803,6 
5 013,7 
3 033,2 
949,2 
655,0 
52,4 
1 067,8 
(29,6) 
1 024,6 
43,2 
295,3 
(109,8) 
27,7 
267,6 
4 119,4 
(8,8) 
3 668,0 
56,2 
395,2 
3 758,1 
(148,9) 
3 565,8 
192,3 
1 448,8 
(27,6) 
159,5 
1 162,8 
98,9 
27,6 
2 869,0 
759,9 
2 109,1 
1 407,2 
(317,4) 
604,1 
803,1 
115,2 
(4,0) 
38 041,6 
(26 475,9) 
39 801,5 
28 235,8 
11 565,7 Utilización de los créditos 
Compromisos 
contraídos 
en 1987 
Importe 
(5) 
1 719,0 
1 120,0 
599,0 
22 950,3 
4 236,6 
2 035,6 
4 413,8 
967,1 
800,3 
803,6 
5 013,0 
3 033,1 
941,1 
654,9 
51,2 
979,2 
(25,1) 
940,5 
38,7 
232,4 
(99,3) 
17,4 
215,0 
3 931,9 
(8,4) 
3 662,1 
56,1 
213,7 
3 694,2 
(130,3) 
3 523,6 
170,6 
1 336,2 
(27,0) 
153,0 
1 067,2 
90,4 
25,6 
2 380,9 
759,9 
1 621,0 
1 265,4 
(283,1) 
572,0 
693,4 
— 
(—) 
36 770,5 
(25 904,4) 
38 489,5 
27 623,4 
10 866,1 Nivel 
(%) 
(5a) = 
(5/4) 
(97,7) 
(98,3) 
(96,5) 
(99,9) 
(99,9) 
(100) 
(99,9) 
(99,9) 
(100) 
(100) 
(99,9) 
(99,9) 
(99,1) 
(99,9) 
(97,7) 
(91.7) 
(84,8) 
(91,8) 
(89,6) 
(78,7) 
(90,4) 
(62,8) 
(80,3) 
(95,4) 
(95,5) 
(99,8) 
(99,8) 
(54,1) 
(98,3) 
(87,5) 
(98,8) 
(88,7) 
(92,2) 
(97,8) 
(95,9) 
(91,8) 
(91,4) 
(92,8) 
(83,0) 
(100) 
(76,9) 
(89,9) 
(89,2) 
(94,7) 
(86,3) 
(-) 
(—) 
(96,7) 
(97,8) 
(96,7) 
(97,8) 
(94,0) Créditos que per-
manecen dispo­
nibles para 1988 
° co00 
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(6) 
— 
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— 
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— 
(-) — — — 
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(16,7) 
— 16,7 
— 
(—) 
— — — — 
— 
— — 
— 
(-) — — 
— 
(-) 
16,7 
(16,7) 
16,7 
16,7 
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— — — — — — — — — — — 
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(-) 59,0 
0,0 
6,5 
(-) — 6,5 
149,7 
(-) 3,3 
— 146,4 
2,1 
(-) 0,0 
2,1 
103,1 
(-) — 95,1 
6,1 
1,9 
— 
— — 
98,1 
(-) — 98,1 
— 
(-) 
418,5 
(-) 
418,5 
— 418,5 en 
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(8) = 
(4-5-
6-7) 
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19,2 
21,7 
10,5 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,1 
8,1 
0,1 
1,2 
29,6 
(4,5) 
25,1 
4,5 
56,4 
(10,5) 
10,3 
46,1 
37,8 
(0,4) 
2,6 
0,1 
35,1 
45,1 
(1,9) 
42,2 
2,9 
9,5 
(0,6) 
6,5 
0,5 
2,4 
0,1 
488,1 
— 488,1 
43,7 
(34,3) 
32,1 
11,6 
115,2 
(4,0) 
835,9 
(554,8) 
876,8 
595,7 
281,1 
CD 
o 
3 
c Parlamento (SI) 
Consejo (S II) 
(de los que: Comité Económico y Social) 
Comisión (S III) 
(de los que: créditos no disociados) 
Tribunal de Justicia (S IV) 
Tribunal de Cuentas (S V) 
Total general CND 
CND 
(CND) 
CND + CC 
(CND) 
CND 
CND 
CND + CC 349,5 
199,6 
(35,7) 
36 794,2 
(27 591,1) 
45,8 
25,8 
37 414,9 349,5 
199,6 
(35,7) 
36 832,1 
(27 629,0) 
45,8 
25,8 
37 452,8 349,5 
199,6 
(35,7) 
39 180,8 
(27 615,1) 
45,8 
25,8 
39 801,5 337,7 
192,1 
(35,2) 
37 890,5 
(27 024,4) 
44,0 
25,2 
38 489,5 (96,6) 
(96,2) 
(98,6) 
(96,7) 
(97,9) 
(96,1) 
(97,7) 
(96,7) — (-) 16,7 
(16,7) 
— — 
16,7 — (—) 418,5 
(-) — — 
418,5 11,8 
7,5 
(0,5) 
855,1 
(574,0) 
1,8 
0,6 
876,8 
(1) Créditos presupuestarios modificados después de haber tenido en cuenta los créditos de compromiso subsistentes de 1986, los créditos correspondientes a los ingresos relativos a las 
prestaciones por cuenta de terceros y las transferencias entre lineas presupuestarias; no incluyen las prórrogas no automáticas de 1986. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 213 
§ 7. Créditos para pagos disponibles en 1987 y su utilización, 
por sector y por institución 
(Mió ECU) 
Sector e institución 
(para las denominaciones 
y para las líneas 
presupuestarias 
correspondientes, 
véase § 6) 
1. Funcionamiento 
1.1. Comisión 
1.2. Otras instituciones 
m 
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E o O 
cu 
o 
o 
cu 
o 
•cu 
O 2. FEOGA-Garantía 
2.1. Cereales y arroz 
2.2. Azúcar 
2.3. Materias grasas... 
2.4. Frutas y hortalizas 
2.5. Vino 
2.6. Tabaco 
2.7. Productos lácteos 
2.8. Carne,... 
2.9. Otros mercados 
2.10. Medidas agr.-mon. 
2.11. Otros gastos 
3. Estructuras agrícolas 
(de los que: CND) 
3.1. FEOGA-Orientación 
3.2. Acciones especif. 
4.Pesca 
(de los que: CND) 
4.1. Organización... 
4.2. Otras acciones 
5. Política regional... 
(de los que: CND) 
5.1. Fondo Regional 
5.2. Transportes 
5.3. Otras medidas 
6. Política social 
(de los que: CND) 
6.1. Fondo Social 
6.2. Otras medidas 
7. Investigación, etc. 
(de los que: CND) 
7.1. Energía 
7.2. Investigación... 
7.3. Industria... 
7.4. Otras acciones 
8. Reembolsos... 
8.1. Gastos percepción... 
8.2. Otros reembolsos 
9. Cooperación... 
(de los que: CND) 
9.1. Ayudas alimentarias 
9.2. Ayudas financieras 
10. Créditos prov. y res. 
(de los que: CND) 
Total créd. de operaciones 
(de los que: CND) 
Total general 
Tipo de créditos: 
- créditos no disociados (CND) 
- créditos de pago (CP) 
(1) 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND 
CND + CP 
(CND) 
CP 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) 
CND 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) 
CP 
CND + CP 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) 
CP 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) 
CND + CP 
CP 
CND + CP 
CND + CP 
CND 
CND 
CND 
CND + CP 
(CND) 
CND + CP 
CND + CP 
CND + CP 
(CND) 
CND + CP 
(CND) 
CND + CP 
CND 
CP A. Créditos del ejercicio 1987 
Evolución de 
los créditos 
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(4) 
1 757,8 1 757,8 1 759,9 
1 137,1 1 137,1 1 139,2 
620,7 620,7 620,7 
22 960,8 22 960,8 22 960,8 
3 630,0 3 630,0 4 236,7 
1 653,0 1 653,0 2 035,6 
3 739,0 3 739,0 4 413,9 
967,0 967,0 967,2 
1 278,0 1 278,0 800,3 
828,0 828,0 803,6 
5 901,0 5 901,0 5 013,7 
3 296,0 3 296,0 3 033,2 
1 072,0 1 072,0 949,2 
362,0 362,0 655,0 
234,8 234,8 52,4 
896,2 843,2 830,1 
(46,9) (46,9) (29,6) 
840,1 787,1 790,3 
56,1 56,1 39,8 
197,3 177,4 174,0 
(113,8) (98,8) (109,8) 
42,7 27,7 27,7 
154,6 149,7 146,3 
2 738,2 2 738,2 2 679,5 
(9,5) (9,5) (8,8) 
2 497,3 2 497,3 2 562,3 
27,1 27,1 27,1 
213,8 213,8 90,1 
2 686,1 2 686,1 2 724,8 
(115,6) (115,6) (148,9) 
2 542,3 2 542,3 2 542,3 
143,8 143,8 182,5 
911,4 911,4 965,9 
(30,2) (30,2) (27,6) 
81.6 81,6 89,6 
731,8 731,8 775,4 
73.7 73,7 71,1 
24,3 24,3 29,8 
2 816,1 2 869,0 2 869,0 
1 305,9 759,9 759,9 
1 510,2 2 109,1 2 109,1 
1 229,9 1 104,9 1 097,4 
(317,9) (317,9) (317,4) 
597,6 572,6 572,6 
632,3 532,3 524,8 
119,6 119,6 109,2 
(43,2) (43,2) (4,0) 
34 555,6 34 410,6 34 410,7 
(26 454,0) (26 491,9) (26 475,9) 
36 313,4 36 168,4 36 170,6 
28 211,8 28 249,7 28 235,8 
8 101,6 7 918,7 7 934,8 Utilización 
de los créditos 
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(5) 1-
(6) CD 
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(7) = 
(4-5 
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1 577,0 142,0 40,9 
1 032,4 87,6 19,2 
544,6 54,4 21,7 
22 949,6 0,7 10,5 
4 236,6 — 0,1 
2 035,6 — 0,0 
4 413,5 0,3 0,1 
967,1 — 0,1 
800,3 — 0,0 
803.6 — 0,0 
5 013,0 — 0,7 
3 033,1 — 0,1 
940.7 0,4 8,1 
654,9 — 0,1 
51,2 — 1,2 
799.0 26,6 4,5 
(1,6) (23,5) (4,5) 
788.1 2,2 — 
10,9 24,4 4,5 
124,6 38,9 10,5 
(78,5) (20,8) (10,5) 
17,4 — 10,3 
107,2 38,9 0,2 
2 479,9 199,2 0,4 
(0,3) (8,1) (0,4) 
2 447,1 115,2 — 
22,6 4,4 0,1 
10,2 79,6 0,3 
2 615,4 107,5 1,9 
(81,4) (65,6) (1,9) 
2 509,9 32,4 — 
105,5 75,1 1,9 
803,1 161,7 1,1 
(6,3) (20,7) (0,6) 
88.6 1,0 0,0 
657,9 117,0 0,5 
34,9 35,7 0,5 
21.7 8,0 0,1 
2 281,1 99,8 488,1 
660,1 99,8 — 
1 621,0 — 488,1 
481,3 581,8 34,3 
(121,2) (161,9) (34,3) 
179.6 360,8 32,2 
301.7 221,0 2,1 
— — 109,2 
(-) (-) (4,0) 
32 534,0 1 216,2 660,5 
(25 520,0) (401,1) (554,8) 
34 111,0 1 358,2 701,4 
27 097,0 543,1 595,7 
7 014,0 815,1 105,7 B. Prórrogas de 1986 
•^CB 
CLÜ 
8Sco¡2 
•5 t°l 2 •0) o ** 
O evo-o 
(8) 
123,6 
75,0 
48,6 
3,5 
0,2 
3,3 
101,8 
(18,5) 
81,8 
20,0 
42,4 
(21,4) 
42,4 
242,6 
(3,2) 
94,2 
1,9 
146,5 
259,3 
(37,4) 
211,5 
47,8 
112,5 
(31,4) 
1,6 
65,0 
38,3 
7,6 
127,8 
127,8 
391,7 
(88,5) 
161,1 
230,6 
(-) 
1 281,6 
(331,7) 
1 405,2 
455,3 
949,9 Utilización 
de los créditos 
CO 
CU C 
>- CU 
CO (O 
2,° 
O)-o 
(9) 00 
CO 
O 
•O 
(10) < 
(11) = 
(8-9 
-10) 
106,4 — 17,2 
66,1 — 8,9 
40,3 — 8,3 
2,2 — 1,3 
0,2 — 0,0 
2,0 — 1,3 
89,6 — 12,2 
(14,5) (-) (4,0) 
75,1 — 6,7 
14,5 — 5,5 
33,2 — 9,2 
(20,9) (—) (0,5) 
33,2 — 9,2 
207,4 — 35,2 
(1,8) (-) (1,4) 
87,9 — 6,3 
1,7 — 0,2 
117,8 — 28,7 
237,1 — 22,2 
(28,6) (—) (8,8) 
205,4 — 6,1 
31,7 — 16,1 
97.2 2,3 13,0 
(26,2) (—) (5,2) 
1,1 — 0,5 
62.3 2,3 0,4 
28,9 — 9,4 
4,9 — 2,7 
127,8 — — 
127,8 — — 
312.5 — 79,2 
(64,9) (-) (23,6) 
125.6 — 35,5 
186,9 — 43,7 
(-) (-) (-) 
1107,0 2,3 172,3 
(286,9) (—) (44,8) 
1213,4 2,3 189,5 
393,3 — 62,0 
820,1 2,3 127,5 C. Total de los créditos 
disponibles 
y de los pagos en 1987 
o 
'? <o o a> 
-oloS 
o.se c 
i- -o 0 
(12) = 
(4 + 8) 
1 883,5 
1 214,2 
669,3 
22 964,3 
4 236,7 
2 035,6 
4 414,1 
967,2 
800,3 
803,6 
5 013,7 
3 033,2 
952,5 
655,0 
52,4 
931,9 
(48,1) 
872,1 
59,8 
216,4 
(131,2) 
27,7 
188,7 
2 922,1 
(12,0) 
2 656,5 
29,0 
236,6 
2 984,1 
(186,3) 
2 753,8 
230,3 
1 078,4 
(59,0) 
91,2 
840,4 
109,4 
37,4 Total de pagos 
efectuados 
en 1987 
Importe 
(13) = 
(5 + 9) Nivel 
(%) 
(13a) = 
(13/12) 
1 683,4 (89,4) 
1 098,5 (90,5) 
584,9 (87,4) 
22 951,8 (99,9) 
4 236,6 (99,9) 
2 035,6 (100) 
4 413,7 (99,9) 
967,1 (99,9) 
800,3 (100) 
803.6 (100) 
5 013,0 (99,9) 
3 033,1 (99,9) 
942.7 (99,0) 
654,9 (99,9) 
51,2 (97,7) 
888,6 (95,4) 
(16,1) (33,5) 
863,2 (99,0) 
25,4 (42,5) 
157,8 (72,9) 
(99,4) (75,8) 
17,4 (62,8) 
140,4 (74,4) 
2 687,3 (92,0) 
(2,1) (17,5) 
2 535,0 (95,4) 
24,3 (83,8) 
128,0 (54,1) 
2 852,5 (95,6) 
(110,0) (59,0) 
2 715,3 (98,6) 
137,2 (59,6) 
900,3 (83,5) 
(32,5) (55,1) 
89.7 (98,4) 
720,2 (85,7) 
63.8 58,3 
26,6 71,1 
2 996,8 2 408,9 80,4 
887,7 787,9 88,8 
2 109,1 1621,0 76,9 
1 489,1 793,8 53,3 
(405,9) (186,1) (45,8) 
733,7 305,2 41,6 
755,4 i 488,6 64,7 
109,2 — — 
(4,o)| — — 
35 692,3 33 641,0 (94,3) 
(26 807,6)1(25 806,9) (96,3) 
37 575,8 i 35 324,4 (94,0) 
28 691,1 I 27 490,3 (95,8) 
8 884,7! 7 834,1 (88,2) 
o Parlamento 
Consejo 
(de los que: CES) 
Comisión 
(de los que: CND) 
Tribunal de Justicia 
Tribunal de Cuentas 
Total general CND 
CND 
(CND) 
CND + CP 
(CND) 
CND 
CND 
CND + CP 349.5 349,5 349,5 
199.6 199,6 199,6 
(35,7) (35,7) (35,7) 
35 692,7 35 547,7 35 549,9 
(27 591,1) (27 629,0) (27 615,1) 
45,8 45,8 45,8 
25,8 25,8 25,8 
36 313,4 36 168,4 36 170,6 302,1 35,6 11,8 
177,0 15,1 7,5 
(34,4) (0,8) (0,5) 
33 566,4 1 303,8 679,7 
(26 552,4) (488,7) (574,0) 
41.7 2,3 1,8 
23.8 1,4 0,6 
34 111,0 1 358,2 701,4 23,7 
21,4 
(1,0) 
1 356,6 
(406,7) 
2,6 
0,9 
1 405,2 20,2 — 3,5 
17,2 — 4,2 
(0,9) (—) (0,1) 
1173,1 2,3 181,2 
(353,0) (—) (53,7) 
2,2 — 0,4 
0,7 — 0,2 
1213,4 2,3 189,5 373,2 
221,0 
(36,7) 
36 906,5 
(28 021,8) 
48,4 
26,7 
37 575,8 322,3 (86,4) 
194,2 (87,9) 
(35,3) (96,2) 
34 739,5 (94,1) 
(26 905,4) (96,0) 
43,9 (90,7) 
24,5 (91,8) 
35 324,4 (94,0) 
(1) Créditos presupuestarios modificados después de haber tenido en cuenta las transferencias entre líneas presupuestarias y los ingresos correspondientes a las prestaciones por cuenta 
de terceros. 
(2) Prórrogas automáticas y no automáticas. 
214 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
§ 8. Recursos propios efectivos en 1987 
(para datos básicos véase § 5) 
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£l II 7] A. Recursos propios efectivos 
en 1987, por tipo 
(Mió ECU y %): 
1 
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-« Total: 35 349,1 Mió ECU »-B. Recursos propios efectivos en 1987, por Estado miembro y por tipo 
(Mió ECU y %): 
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B DK D GR E F IRL 1 L NL P UK 
Total: 35 349,1 Mió ECU 
C Tipos de recursos propios por Estado miembro: 
29,3 
Recursos propios IVA y __ Derechos de aduana (%) 
3'4 9ft ¿0,/ contribuciones financieras (%) IflH 
0,9 5,1 23,8 glB 22,4 
sssm sssm 
0,9 13.8 awan «c nawa 
0,3 5,7 
0,9 
B DK D GR E F IRL 1 L NL P UK H Bsa 1 • sH H • 1 
mmm¡2,2 |H| «__>ssml sssm sssm sssm ItpjHHLiJHmsmL^amsi ° -1 snwL.lssml 
B DK D GR E F IRL I L NL P UK 
30,8 
Exacciones reguladoras „R ~ SJBJPJ Cotizaciones de azúcar e 
agrícolas (%) 25 3 25,2 ' WBm isoglucosa (%) 
17,5 
C 9,5 
>,9 6,7 
4,8 
1,2 0,4 5,9 
0,0 2,6 
B DK D GR E F IRL I L NL P UK IMM KM 11.3 
MU Lema sssm *-5 
' ssmn sssm sssm amm ^ sssn^g 3,6 g g g _ 
#m#2m#_m-M#o,og 
B DK D GF \ E F IRL 1 L NL P UK 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 215 
§ 9. Nivel de utilización de los créditos disponibles en 1987, por sector 
íü 
~ 
<D •° 
O s? 
o 
O 0) Créditos para compromisos 
definitivos en 1987 
(datos básicos: 
§ 6, columnas 4 a 8) il. Créditos para pagos 
definitivos de 1987 
(datos básicos: 
§ 7, columnas 4 a 7) 
00 
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CXJ Total: 
39 801,5 Mió ECU 
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2 Total: 
36170,6 Mió ECU 
rV| Clave: 
| — créditos no disociados 
| — créditos de compromiso 
tyyffih — créditos de pago 
Hi, — porcentaje de 
compromisos s porcentaje de pagos 
porcentaje de créditos 
no utilizados que 
permanecen disponibles 
para 1988 (créditos 
subsistentes y/o 
prórrogas) 
anulaciones 
III. Créditos para pagos 
prorrogados de 1986 
(datos básicos: 
§ 7, columnas 8 a 11) 
Total: 1 405,2 Mió ECU 
< 
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. 2,2 % 
>- 1,1 % 1,9% 
3,8 % (3> «- 13,5 % 
0,2 % 
216 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
§ 10. Cuenta de gestión consolidada y determinación del saldo del ejercicio 1987 
(Aplicación del artículo 15 del Reglamento [CEE, Euratom, CECA] n° 2891/77 del Consejo) 
Ingresos: 
Recursos efectivos disponibles 
para la financiación del 
ejercicio 1987 
Total: 
35 990,7 Mió ECU Gastos: 
Empleo de los recursos 
disponibles para la financiación 
del ejercicio 1987 
Total: 
35 990,7 Mío ECU 
(Mió ECU) 
(4) Beneficios por 
cambio de moneda 
en 1987 17,9 521,5 
(7) Saldo (superávit) 
del ejercicio 
1987 
(3) Anulaciones de 
prórrogas de 1986 
(véase § 7, columna 11) 
189,5 
(2) Otros ingresos 
efectivos en 1987 
(véase § 5) 434,2 
r 
(1) Total de recursos 
propios efectivos en 1987 
(véase § 5): 35 349,1 < / 
Recursos propios 
IVA y 
contribuciones 
financieras: 
23 314,8 
(incluyendo los 
saldos y ajustes 
anteriores a 
1987) / 
¡^^•OTHHÍ'ÍIJÍÍIIHH 
Hulll IB 0) 
o 
c 
£ 
a 
c 
o 
O 
n l< 
V (6) Créditos para pagos 
del ejercicio 1987 
prorrogados a 1988 
(véase § 7, columna 6) 
34111,0 (5) Pagos efectuados 
en 1987 con 
créditos del 
ejercicio 1987 
(véase § 7, columna 5) 
Nota: El resultado del ejercicio 1987, definido como (1) + (2) - (5) - (6), es de +314,1 Mió ECU. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 217 
§ 11. Pagos efectuados en 1987, por sector y por Estado miembro beneficiario 
Nota: Pagos efectuados en 1987 = Pagos por créditos 1987 más pagos por prórrogas de 1986. 
A. Pagos por sector (Mió ECU y %): 
(véanse también § 7, columna 13, y § 16) 
2. FEOGA-Garantía: 22 951,8 -«• 
1. Funcionamiento: 1 683,4 
9. Cooperación al 
desarrollo: 793,8 
8. Reembolsos a 
Estados miembros: 2 408,9 
7. Investigación, energía, etc.: 900,3 
B. Pagos a los Estados miembros (Mió ECU y %) 
(véanse también § 12, § 13 y § 18) 
Nota: Este cuadro recoge los pagos 
efectuados en 1987 a los 
Estados miembros a cargo 
de los principales sectores 
(87,2 % del total de los 
pagos de 1987) >- 3. Estructuras agrícolas: 888,i 
4. Pesca: 157,8 
5. Política regional 
y de transportes: 2 687,3 
6. Política social: 2 852,5 
-=?! 
' Y 
MZÍ / I 
' / 
Ki—\r\ ?+-
/ recursos propios 
FEOGA-Orienta-
Fondo Regional 
Fondo Social 
FEOGA-Garantía 
v-f=^ (Mió ECU) 
DK GR IRL NL UK Asignación 
disponible EUR 12 
FEOGA-Garantía (T1 -2) (1) 
FEOGA-Orientación 
(Cap. 30-33) 
Pegca (T 4) 
Fondo Regional (Cap. 50-51) 
Fondo Social (Cap. 60-61) 
Gastos de recaudación de 
los recursos propios (Cap. 80) 
Medidas específicas (Cap. 86) 821,3 
18,7 
2,9 
23,0 
56,5 
63,0 1 057,4 
15,7 
4,9 
16,6 
31,7 
17,9 3 992,7 
128,3 
4,3 
73,4 
131,6 
211,5 1 340,5 
78,0 
3,5 
293,9 
151,9 
8,7 
0,4 601,6 
21,2 
5,6 
345,3 
311,5 
29,2 
670,4 5 657,0 
237,2 
15,8 
311,2 
406,1 
117,0 954,9 
87,0 
5,7 
134,7 
247,4 
8,3 3 899,7 
146,3 
13,0 
563,5 
539,2 
94,5 1,5 
4,5 
3,8 
1,7 
0,5 2 727,8 
17,1 
4,8 
19,6 
52,1 
68,8 146,6 
28,3 
4,6 
222,7 
190,5 
8,5 
130,2 1 747,2 
80,9 
11,6 
526,7 
595,1 
160,0 3,6 
81,1 
0,6 22 951,8 
863,2 
157,8 
2 535,0 
2 715,3 
787,9 
801,0 
Total 985,4 
(3,2%) 1 144,2 
(3,7%) 4 541,8 
(14,7%) 1 876,9 
(6,1%) 1 984,8 
(6,4%) 6 744,3 
(21,9%) 1 438,0 
(4,7%) 5 256,2 
(17,1%) 12,0 
(0,0%) 2 890,2 
(9,4%) 731,4 
(2,4%) 3121,5 
(10,1%) 85,3 
(0,3%) 30 812,0 
(100%) 
(1) Para el FEOGA-Garantía, los datos incluyen montantes compensatorios monetarios corregidos [véase § 12 D, nota (1)]. 
218 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
§12. FEOGA-Garantía: Pagos efectuados en 1987, por mercado y por Estado miembro beneficiario 
A. Pagos realizados en 1987, 
por mercado (Mió ECU y %): 
/ 7 
8 
s 
i 
1 «2 
5Q 
Total: 22 951,8 Mió ECU B. Pagos realizados en 1987, por Estado miembro 
beneficiario (Mió ECU y %): 
Clave: 
-para el color 
correspondiente 
a cada mercado, 
véase A. 
_| |_ restantes 
' ' mercados 
E F IRL I L 
Total: 22 951,8 Mió ECU UK Asignación 
disponible 
C. Reparto por Estado miembro beneficiario de los pagos realizados en 1987 a los principales mercados (%) 
33,3 41,4 
Productos lácteos (%) 
22,8 20,5 28,9 
8,4 
2,7 0,1 0,4 6,4 
2,2 0,0 Materias grasas y 
proteaginosas (%) 
18,5 17,8 
7,5 4,9 
0,1 2,8 5,1 
i,e 0,0 0,0 7,3 6,5 
2,2 
0,0 Cereales y 
arroz (%) 
3'42,5 
n-17,3 
1'6 0,8 H 
12,6 
0,4 °. 5,0 15,0 
B DK D GR E F IRL I L NL P UK 
Carne, huevos, aves 
de corral (%) B DK D GR E F IRL I L NL P UK 
Azúcar (%) m38,3 B DK D GR E F IRL I L NL P UK 
62,1 Frutas y hortalizas 
(%) 
23,8 W 
0,4 0,3 °'9 7,5 
2,5 
0,0 0,7 1>4 0,4 
B DK D GR E F IRL I L NL P UK B DK D GR E F IRL I L NL P UK B DK D GR E F IRL I L NL P UK 
D. Estado de pagos efectuados en 
Mercado 
2.1. Cereales y arroz 
2.2. Azúcar 
2.3. Materias grasas y 
proteaginosas 
2.4. Frutas y hortalizas 
2.5. Vino 
2.6. Tabaco 
2.7. Productos lácteos 
2.8. Carne, huevos, aves 
de corral 
2.9. Otros mercados 
2.10. Medidas agro-
monetarias (1) 
2.11. Otros gastos 
Total B 
144,4 
169,5 
215,0 
4,3 
— 
7,1 
136,1 
56,7 
35,5 
23,9 
28,8 
821,3 1987, | 
DK 
105,7 
100,3 
124,8 
2,6 
— 
— 419,0 
190,8 
60,1 
70,2 
-16,1 
1 057,4 3or Estado miembro beneficiario y por mercado: 
D 
733,0 
433,9 
815,2 
8,9 
5,7 
57,2 
1 143,0 
454,4 
95,4 
143,8 
102,2 
3992,7 GR 
68,5 
5,4 
224,9 
230,4 
12,0 
251,9 
2,5 
103,0 
220,9 
230,7 
-9,7 
1 340,5 E 
34,6 
113,7 
68,1 
24,4 
95,2 
20,0 
19,3 
123,1 
72,4 
25,4 
5,4 
601,6 F 
1 752,4 
778,5 
786,7 
72,1 
263,5 
78,4 
1 028,0 
794,7 
78,2 
-0,2 
24,7 
5657,0 IRL 
15,1 
11,0 
1,6 
0,1 
— 
— 321,7 
445,8 
42,1 
105,2 
12,3 
954,9 I 
533,0 
71,8 
1471,2 
600,1 
423,6 
382,7 
112,8 
275,5 
79,3 
-9,2 
-41,1 
3899,7 L 
-0,3 
— 
0,0 
— — 
— 0,8 
0,0 
0,2 
0,0 
0,8 
1,5 NL 
212,2 
272,1 
323,6 
7,2 
— 
0,8 
1451,0 
173,1 
139,3 
156,0 
-7,5 
2727,8 P 
6,1 
95,4 
13,6 
— 
5,5 
2,4 
10,9 
0,2 
12,5 
146,6 UK 
638,0 
73,3 
285,8 
3,4 
0,3 
— 376,3 
405,1 
117,0 
-103,4 
-48,6 
1 747,2 (Mió ECU) 
Asigna­
ción 
no 
dispo­
nible 
— 
1,4 
— — 
— 
— 
— 
2,2 
— 
3,6 EUR 12 
4236,6 
2035,6 
4413,7 
967,1 
800,3 
803,6 
5012,9 
3033,1 
942,8 
654,9 
51,2 
22951,8 
(1) Las medidas agro-monetarias incluyen montantes compensatorios monetarios (MCM) corregidos para anular el efecto del articulo 2 del Reglamento (CEE) n° 974/71 del 
Consejo, en virtud del cual los Estados miembros exportadores pagan directamente los MCM aplicables a la importación en determinados Estados miembros 
importadores. La corrección de los MCM consiste en la asignación a estos Estados miembros importadores de las cantidades que les son imputables. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 219 
220 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
§14. Evolución y utilización de los créditos para pagos 
durante el período 1983-1987, por sector 
Nota: Para los niveles de utilización correspondientes a las columnas (4), (5), (6) y (8), (9), (10), véase § 15. 
(Mió ECU) (%) 
Sector/ejercicio 
(para la definición 
de los sectores 
véase § 6) 
1. Funciona- 1983 
miento 1984 
(todas las 1985 
instituciones) 1986 
1987 
2. FEOGA- 1983 
Garantía 1984 
1985 
1986 
1987 
3. Estructuras 1983 
agrícolas 1984 
1985 
1986 
1987 
4. Pesca 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
5. Política 1983 
regional y de 1984 
transportes 1985 
1986 
1987 
6. Política 1983 
social 1984 
1985 
1986 
1987 
7. Investigación, 1983 
energía, etc. 1984 
1985 
1986 
1987 
8. Reembolsos a 1983 
Estados 1984 
miembros 1985 
1986 
1987 
9. Cooperación 1983 
al desarrollo 1984 
1985 
1986 
1987 
10. Créditos 1983 
provisionales 1984 
y reserva 1985 
(Comisión) 1986 
1987 A. Créditos para pagos del ejercicio 
Evolución de los créditos 
puesto 
inicial 
(1) puesto 
final (1) 
(2) Créditos 
tivos (2) 
(3) 
1 153,4 1 161,6 1 162,9 
1 229,1 1 236,6 1 245,6 
1 332,5 1 332,5 1 336,0 
1 604,4 1 604,4 1 611,0 
1 757,8 1 757,8 1 759,9 
14 050,0 15 811,0 15 822,2 
16 150,0 17 983,0 18 358,0 
19 955,0 19 955,0 19 859,0 
22 112,0 22 112,0 22 135,0 
22 960,8 22 960,8 22 960,8 
651,2 653,4 668,5 
655.6 660,1 666,9 
687.7 687,7 747,7 
790,2 790,2 800,2 
896,2 843,2 830,1 
70,1 70,1 45,7 
101,4 112,4 87,4 
105,4 105,4 107,4 
164,1 164,1 151,1 
197,3 177,4 174,0 
1 484,3 2 397,5 2 397,5 
1 488,6 1 488,6 1 967,7 
1 697,8 1 697,8 1 697,8 
2 574,8 2 574,8 2 574,8 
2 738,2 2 738,2 2 679,5 
1 410,6 1 430,6 1 430,7 
1 369,3 1 369,4 1 638,1 
1 625,3 1 625,3 1 626,2 
2 651,6 2 651,6 2 652,5 
2 686,1 2 686,1 2 724,8 
527.2 1 360,4 1 380,7 
610,7 664,4 1 191,6 
700.3 700,3 692,2 
740,7 740,7 760,1 
911.4 911,4 965,9 
1 122,9 1 089,0 1 089,0 
1 103,5 1 150,2 1 083,2 
1 266,8 1 266,8 1 266,8 
3 299,8 3 299,8 3 299,8 
2 816,1 2 869,0 2 869,0 
966,5 981,2 984,6 
893,1 893,1 1 032,2 
1 039,2 1 039,2 1 092,7 
1 141,5 1 141,5 1 161,6 
1 229,9 1 104,9 1 097,4 
122,3 106,3 87,0 
1 760,2 1 690,8 — 
23,2 23,2 11,3 
95,0 95,0 31,1 
119,6 119,6 109,2 Utilización de los créditos 
Pagos 
(4) Prórrogas 
al 
ejercicio 
siguiente 
(5) ciones 
(6)=(3-
4-5) 
1 019,2 100,5 43,2 
1 127,2 96,4 22,0 
1 210,3 104,1 21,6 
1 427,5 123,7 59,8 
1 577,0 142,0 40,9 
15 785,7 0,1 36,4 
18 328,2 2,6 27,2 
19 723,7 4,4 130,9 
22 115,9 3,5 15,6 
22 949,6 0,7 10,5 
513.7 131,5 23,3 
611,1 55,2 0,6 
690.8 56,5 0,4 
720,8 76,8 2,6 
799,0 26,6 4,5 
31,9 12,5 1,3 
46,6 38,4 2,4 
72,6 21,7 13,1 
108,3 42,4 0,4 
124,6 38,9 10,5 
2 268,1 126,9 2,5 
1 733,9 232,6 1,2 
1 501,9 195,1 0,8 
2 422,2 152,6 0,0 
2 479,9 199,2 0,4 
801,0 617,7 12,0 
1 509,4 125,9 2,8 
1 373,1 247,1 6,0 
2 303,2 349,3 0,0 
2 615,4 107,5 1,9 
1 213,6 155,0 12,1 
922.0 265,7 3,9 
469,6 215,9 6,7 
651,6 108,5 0,0 
803.1 161,7 1,1 
950,6 99,5 38,9 
1 073,8 8,7 0,7 
1 239,3 4,7 22,8 
2 967,7 127,7 204,4 
2 281,1 99,8 488,1 
517,8 463,1 3,7 
767,0 264,6 0,6 
855.2 236,6 0,9 
744,8 416,7 0,1 
481.3 581,8 34,3 
— — 87,0 
— — 11,3 
— — 31,1 
— — 109,2 B. Prórrogas del ejercicio precedente 
Créditos 
gados 
tivos (3) 
(7) 
106,7 
100,6 
96,4 
104,1 
123,6 
2,6 
0,1 
2,6 
4,4 
3,5 
397,3 
131,2 
55,2 
56,5 
101,8 
30,4 
12,5 
38,4 
21,7 
42,4 
175,5 
126,9 
232,6 
195,1 
242,6 
226,8 
617,7 
125,9 
247,1 
259,3 
120,4 
162,5 
269,5 
220,2 
112,5 
116,0 
99,5 
8,7 
4,7 
127,8 
345,3 
445,6 
264,6 
236,7 
391,7 
— Utilización de los créditos 
Pagos 
(8) Prórrogas 
al 
ejercicio 
siguiente 
(9) ciones 
(10)= (7-
8-9) 
91,2 — 15,5 
88,9 — 11,7 
85,7 — 10,7 
94,5 — 9,6 
106,4 — 17,2 
2,5 — 0,1 
0,1 — 0,0 
2,2 — 0,4 
4.1 — 0,3 
2.2 — 1,3 
236,0 — 161,3 
91.7 — 39,5 
47.8 — 7,4 
45,7 — 10,8 
89,6 — 12,2 
22,9 — 7,5 
10,5 — 2,0 
9,2 — 29,2 
7,5 — 14,2 
33,2 — 9,2 
141,4 — 34,1 
80,4 — 46,5 
223,6 — 9,0 
162,9 — 32,2 
207,4 — 35,2 
219,9 — 6,9 
526,9 — 90,8 
117,6 — 8,3 
116.0 — 131,1 
237.1 — 22,2 
90,4 7,5 22,5 
122,9 4,8 34,8 
237,9 4,4 27,2 
186,8 4,0 29,4 
97,2 2,3 13,0 
114,1 — 1,9 
99,4 — 0,1 
8,7 — — 
4,7 — 0,0 
127,8 — — 
293,0 — 52,3 
383,6 — 62,0 
229.5 — 35,1 
108.6 — 128,1 
312,5 — 79,2 
— — — C Indicadores 
de la ejecución 
de los pagos 
Parte de 
los pagos 
en el total 
ejecutado 
(pagos y 
anulaciones) 
(4) 
(11) = 
(4 + 8) 
(4 + 6 + 6+10) Parte 
pagos 
en el 
primer 
año 
(5) 
(12) = 
(4) 
(4 + 8) 
95,0 *91,8 
97,3 * 92,7 
97,6 * 93,4 
95.6 * 93,8 
96.7 * 93,7 
99.8 99,9 
99.9 99,9 
99,3 99,9 
99,9 99,9 
99,9 99,9 
.. 80 2 ... 68 5 
* 94,6 ** 87,0 
99,0 * 93,5 
98,3 * 94,0 
98,2 " 89,9 
.. 86 2 ... 58 2 
*92,8 "81,6 
"* 65,9 ** 88,8 
** 88,8 * 93,5 
" 88,9 *" 79,0 
98,5 *94,1 
97,4 95,6 
99,4 ** 87,0 
98,8 * 93,7 
98,7 * 92,3 
98,2 *" 78,5 
95,6 *** 74,1 
99,0 *92,1 
* 94,9 95,2 
99,2 *91,7 
97,4 * 93,1 
96,4 " 88,2 
95.4 *** 66,4 
96,6 "* 77,7 
98.5 "89,2 
96,3 " 89,3 
99,9 *91,5 
98,2 99,3 
* 93,6 99,8 
" 83,2 * 94,7 
* 93,5 *" 63,9 
* 94,8 *" 66,7 
96,8 *" 78,8 
" 86,9 " 87,3 
" 87,5 *" 60,6 
— — 
Presupuesto 
General 
- total -1983 
1984 
1985 
1986 
1987 21558,5 25 061,1 25 068,8 
25 361,5 27 248,6 27 270,7 
28 433,2 28 433,2 28 437,1 
35 174,1 35 174,1 35 177,2 
36 313,4 36 168,4 36 170,6 23 101,6 
26 119,2 
27 136,5 
33 462,0 
34 111,0 1 706,8 
1 090,1 
1 086,1 
1 401,2 
1 358,2 260,4 
61,4 
214,5 
314,0 
701,4 1 521,0 
1 696,6 
1 093,9 
1 090,5 
1 405,2 1 211,4 
1 404,4 
962,2 
730,8 
1 213,4 7,5 
4,8 
4,4 
4,0 
2,3 302,1 
287,4 
127,3 
355,7 
189,5 97,7 
98,7 
98,8 
98,1 
97,5 95,0 
*94,9 
96,6 
97,9 
96,6 
(1) Después de presupuestos rectificativos y suplementarios. 
(2) Después de ingresos suplementarios, transferencias entre líneas presupuestarias y «transferencias» de prórrogas del ejercicio precedente. 
(3) Después de transferencias entre lineas presupuestarias y «transferencias» a los créditos propios del ejercicio en curso. 
(4) El indicador (11) expresa la evolución de la parte de los créditos finalmente pagados durante los ejercicios. La diferencia hasta el 100 % corresponde a la parte de los créditos 
finalmente anulados. Los indicadores (11) inferiores a 95 % se señalan con (*), los inferiores a 90 % con (**), los inferiores a 80 % con (***). 
(5) El indicador (12) expresa la evolución de la parte de los pagos contra créditos propios del ejercicio en el total de los pagos efectuados durante éste. La diferencia hasta el 100 % 
expresa la parte de los efectuados contra prórrogas del ejercicio anterior. Los indicadores (12) inferiores a 95 % se señalan con (*), los inferiores a 90 % con (**), los inferiores a 
80 % con (***). 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 221 
1. Funcio­
namiento 1984 
(todas las 1985 
institucio- 1986 
nes) 1987 
1983 
2.FEOGA- 1984 
Garantía 1985 
1983 
1984 3. Estructu­
ras agrícolas 
4. Pesca 
5. Política 
regional 
y de trans­
portes 
6. Política 
social 1985 
1986 
1987 
/.Investí- 1983 
gación, 1984 
energía, 1985 
etc. 1986 
1987 
1983 
8. Reembol- 1984 
sos a Esta- IOQC 
dos miembros 1986 
1987 
1983 
9. Coopera- 1984 
ción al -i 985 
desarrollo 1986 
1987 
Presupues­
to General 
(total) 15. Nivel de utilización de los créditos para pagos de 1983 a 1987, por sector 
Nota: El análisis siguiente se basa en las informaciones financieras recogidas en el § 14. 
Nivel de 
pagos (%) Nivel de prórrogas 
al ejercicio Nivel de 
siguiente (%) anulaciones (%) 
Clave: 
A. Créditos del ejercicio 
Datos básicos: § 14, columnas 3 a 6 
Créditos definitivos (col. 3) = 100 % 
(%) 
': ^^H 90,5 ! if^^M 
_^H ""TTjjj^M 
! ^^| 
99,8 
99,8 
99,3 
99,9 
99,9 0,0 -
0,0 -
0,0-* 
0,0-* 
0,0-*] 
^•H _—-^_ 
:[ ^H 
: ^H 96,3 3,2 H 
87,9 
77,4 
67,8 
85,7 
83,1 
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1983 
1984 
1985 
1986 
1987 ;•• ,-92,2 
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95,1 
94,3 : 6'8 'M 4,0 i 
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40 J 3,8 1 0,1 
0,1 
3,5 
0,1 
0,0 
0,3 
0,5 
^9 
3.6 
0,1 
1,8 
6,2 
17,0 
1,0 
0,2 
0,9 
1,9 B. Prórrogas del ejercicio anterior 
Datos básicos: § 14, columnas 7 a 10 
Créditos prorrogados (col. 7) = 100 % 
(%) 
85,5 . • 
88,4 :" ::'-K ?••/'-? ; . . ;'-,;, • :¡;":Í:ÍJI 
88,9 . mú 
90,8 .••MM 
86,1 .:¡M:M 
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84,6 
93,2 
62,9 
59,4 
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86,6 
80,9 
88,0 
99,9 
100 
100 
100 75,1 
75,6 
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0,1 
0,0 
16,9 
11,6 
32,6 
13,5 
222 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
§16. Pagos anuales durante el período 1983-1987, por sector y por institución 
Nota: Pagos anuales = pagos contra créditos del ejercicio más pagos contra prórrogas del ejercicio precedente. 
•§ 
e 
o o 
0 
g o 
<5 
o 
<B 
O Sector e institución 
(para la definición de los sectores véase § 6) 
1. Funcionamiento (todas las instituciones) 
1.1. Comisión 
1.2. Otras instituciones 
2. FEOGA-Garantía 
2.1. Cereales y arroz 
2.2. Azúcar 
2.3. Materias grasas y proteaginosas 
2.4. Frutas y hortalizas 
2.5. Vino 
2.6. Tabaco 
2.7. Productos lácteos 
2.8. Carne, huevos, aves de corral 
2.9. Otros mercados 
2.10. Medidas agro-monetarias 
2.11. Otros gastos 
3. Estructuras agrícolas 
3.1. FEOGA-Orientación 
3.2. Acciones específicas 
4. Pesca 
4.1. Organización de los mercados 
4.2. Otras acciones 
5. Política regional y de transportes 
5.1. Fondo Regional 
5.2. Transportes 
5.3. Otras medidas 
6. Política social 
6.1. Fondo Social 
6.2. Otras medidas 
7. Investigación, energía, etc. 
7.1. Energía 
7.2. Investigación e inversiones 
7.3. Industria y mercado interior 
7.4. Otras acciones 
8. Reembolsos a Estados miembros 
8.1. Gastos de recaudación de los recursos propios 
8.2. Otros reembolsos 
9. Cooperación al desarrollo 
9.1. Ayudas alimentarias 
9.2. Ayudas financieras 
Total sectores de operaciones 
Total general 1983 
Mió ECU 
1 110,4 
736,3 
374,1 
15 788,2 
2 534,1 
1 316,2 
1 764,7 
1 196,1 
659,2 
671,3 
4 396,1 
2 310,3 
559,7 
488,6 
-108,1 
749,7 
719,7 
30,0 
54,8 
25,8 
29,0 
2 409,5 
1 255,9 
3,7 
1 149,9 
1 020,9 
890,9 
130,0 
1 304,0 
828,0 
423,3 
41,0 
11,7 
1 064,7 
921,9 
142,8 
810,8 
388,7 
422,1 
23 202,6 
24 313,0 % (1) 
4,6 
3,0 
1,6 
64,9 
10,4 
5,4 
7,2 
4,9 
2,7 
2,8 
18,1 
9,5 
2,3 
2,0 
-0,4 
3,1 
3,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
9,9 
5,2 
0,0 
4,7 
4,2 
3,7 
0,5 
5,4 
3,4 
1,7 
0,2 
0,1 
4,4 
3,8 
0,6 
3,3 
1,6 
1,7 
95,4 
100 1984 
Mió ECU 
1 216,1 
798,4 
417,7 
18 328,3 
1 697,8 
1 631,5 
1 965,6 
1 454,6 
1 222,6 
776,4 
5 441,7 
3 246,1 
541,3 
376,2 
-25,5 
702,8 
646,8 
56,0 
57,1 
15,7 
41,4 
1 814,3 
1 350,6 
430,8 
32,9 
2 036,3 
1 606,3 
430,0 
1 044,9 
545,7 
441,0 
43,9 
14,3 
1 173,2 
1 109,9 
63,3 
1 150,6 
709,2 
441,4 
26 307,5 
27 523,6 % (1) 
4,4 
2,9 
1,5 
66,6 
6,2 
5,9 
7,1 
5,3 
4,4 
2,8 
19,8 
11,8 
2,0 
1,4 
-0,1 
2,5 
2,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,2 
6,6 
4,9 
1,6 
0,1 
7,4 
5,8 
1,6 
3,8 
1,9 
1,6 
0,2 
0,1 
4,3 
4,1 
0,2 
4,2 
2,6 
1,6 
95,6 
100 198Í 
Mió ECU 
1 296,0 
869,5 
426,5 
19 725,9 
2 359,8 
1 804,5 
2 173,7 
1 230,7 
921,4 
862,9 
5 933,2 
3 476,6 
736,1 
189,8 
37,2 
738,6 
690,1 
48,5 
81,8 
16,1 
65,7 
1 725,5 
1 624,2 
76,0 
25,3 
1 490,7 
1 413,0 
77,7 
707,5 
126,2 
510,6 
49,8 
20,9 
1 248,0 
1 050,9 
197,1 
1 084,7 
543,8 
540,9 
26 802,7 
28 098,7 % (1) 
4,6 
3,1 
1,5 
70,2 
8,4 
6,4 
7,7 
4,4 
3,3 
3,1 
21,1 
12,4 
2,6 
0,7 
0,1 
2,6 
2,4 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
6,2 
5,8 
0,3 
0,1 
5,3 
5,0 
0,3 
2,5 
0,4 
1,8 
0,2 
0,1 
4,4 
3,7 
0,7 
3,9 
2,0 
1,9 
95,4 
100 1986 
Mío ECU 
1 522,0 
998,6 
523,4 
22 120,0 
3 485,4 
1 725,5 
3 094,6 
986,0 
630,8 
782,2 
5 405,8 
4 348,2 
1 121,6 
481,7 
58,2 
766,5 
727,1 
39,4 
115,8 
18,0 
97,8 
2 585,1 
2 483,8 
46,2 
55,1 
2 419,2 
2 321,3 
97,9 
838,4 
80,6 
679,7 
50,9 
27,2 
2 972,4 
920,4 
2 052,0 
853,4 
412,1 
441,3 
32 670,8 
34 192,8 % (1) 
4,4 
2,9 
1,5 
64,7 
10,2 
5,0 
9,1 
2,9 
1,8 
2,3 
15,8 
12,7 
3,3 
1,4 
0,2 
2,2 
2,1 
0,1 
0,3 
0,0 
0,3 
7,6 
7,3 
0,1 
0,2 
7,1 
6,8 
0,3 
2,5 
0,2 
2,0 
0,2 
0,1 
8,7 
2,7 
6,0 
2,5 
1,2 
1,3 
95,6 
100 1987 
Mió ECU 
1 683,4 
1 098,5 
584,9 
22 951,8 
4 236,6 
2 035,6 
4 413,7 
967,1 
800,3 
803,6 
5 013,0 
3 033,1 
942,7 
654,9 
51,2 
888,6 
863,2 
25,4 
157,8 
17,4 
140,4 
2 687,3 
2 535,0 
24,3 
128,0 
2 852,5 
2 715,3 
137,2 
900,3 
89,7 
720,2 
63,8 
26,6 
2 408,9 
787,9 
1 621,0 
793,8 
305,2 
488,6 
33 641,0 
35 324,4 % (1) 
4,8 
3,1 
1,7 
65,0 
12,0 
5,8 
12,5 
2,7 
2,3 
2,3 
14,2 
8,6 
2,7 
1,8 
0,1 
2,5 
2,4 
0,1 
0,4 
0,0 
0,4 
7,6 
7,1 
0,1 
0,4 
8,1 
7,7 
0,4 
2,6 
0,3 
2,0 
0,2 
0,1 
6,8 
2,2 
4,6 
2,2 
0,9 
1,3 
95,2 
100 
<G g •5 
B 
1 Parlamento 
Consejo 
(de los que: Comité Económico y Social) 
Comisión 
Tribunal de Justicia 
Tribunal de Cuentas 
Total general 214,8 
116,7 
(22,4) 
23 938,9 
27,2 
15,4 
24 313,0 0,9 
0,5 
(0,1) 
98,4 
0,1 
0,1 
100 245,5 
126,7 
(24,2) 
27 105,9 
28,6 
16,9 
27 523,6 0,9 
0,4 
(0,1) 
98,5 
0,1 
0,1 
100 228,5 
148,4 
(26,4) 
27 672,2 
31,1 
18,5 
28 098,7 0,8 
0,5 
(0,1) 
98,5 
0,1 
0,1 
100 287,3 
177,4 
(31,3) 
33 669,4 
37,1 
21,6 
34 192,8 0,8 
0,5 
(0,1) 
98,5 
0,1 
0,1 
100 322,3 
194,2 
(35,3) 
34 739,5 
43,9 
24,5 
35 324,4 0,9 
0,5 
(0,1) 
98,4 
0,1 
0,1 
100 
(1) Porcentaje del total de los pagos presupuestarios anuales. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 223 
§17. Evolución de la relación entre «Pagos anuales por sector» 
y «Total de los pagos anuales presupuestarios» (1983-1987) 
(para datos detallados, véase § 16) 
A. Presupuesto General (conjunto de sectores): 
Total de pagos anuales presupuestarios = 100 % Log 
100 % 
50 % -
10 % 
5 % -
1 % 
0,5 % 
0,1 % 2. FEOGA-Garantía 
6. Política social 
->- 5. Política regional y de transportes 
"*"" 8. Reembolsos a Estados miembros 
->- 1. Funcionamiento 
7. Investigación, energía, etc. 
3. Estructuras agrícolas 
9. Cooperación al desarrollo 
4. Pesca 
1983 1984 1985 1986 
B. FEOGA-Garantía (conjunto de mercados): 
Total de pagos anuales presupuestarios = 100 % 
100 % 
50 % -1987 
Log 
10 % -=r 
5 % 
1 °/c 
0,5 % -
0,1 % _ """•^••^•^^ ^'"' 2.7. Productos lácteos 
2.3. Materias grasas y proteaginosas 
2.1. Cereales y arroz 
2.8. Carne, huevos y aves de corral 
2.2. Azúcar 
2.4. Frutas y hortalizas 
2.9. Otros mercados 
2.6. Tabaco 
2.5. Vino 
f2.10. Medidas agro-monetarias 
[2.11. Otros gastos 
1983 1984 1985 1986 1987 
224 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
§ 18. Pagos anuales a los Estados miembros (1983-1987) 
Notas: 
1. Este cuadro resume los pagos anuales efectuados, a título de los principales sectores, a los Estados miembros. Estos pagos 
representan, para el período considerado, el 88,1 % del total de los pagos presupuestarios (es decir, la suma de los totales del § 16). 
2. Pagos anuales = pagos por créditos del ejercicio más pagos por prórrogas del ejercicio precedente. 
3. Los pagos del FEOGA-Garantía incluyen montantes compensatorios monetarios corregidos [véase § 12 D, nota (1)]. 
(Mió ECU) 
Ejercicio/sector 
FEOGA-Garantía (T 1-2) 
FEOGA-Orientac. (Cap 30-33) 
Pesca (T 4) 
Fondo Regional (Cap 50-51) 
Fondo Social (Cap 60-62) 
Gastos de recaudación de los 
recursos propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 52, 
53, 82 86; artículo 707) 
Total B 
611,9 
18,1 
0,2 
7,0 
20,6 
77,7 
735,5 
(3,4 %) DK 
680,7 
20,5 
3,6 
16,7 
14,7 
20,3 
756,5 
(3,5 %) D 
3 075,8 
107,7 
2,8 
45,0 
81,5 
241,8 
270,7 
3 825,3 
(17,7 %) GR 
1 007,4 
21,9 
0,1 
214,6 
20,4 
16,6 
70,4 
1 351,4 
(6,2 %) E 
— 
— F 
3 566,6 
182,0 
3,9 
219,3 
140,5 
142,5 
4 254,8 
(19,6 %) IRL 
619,4 
84,1 
21,6 
94,5 
134,2 
11,6 
60,8 
1 026,2 
(4,7 %) I 
2 820,5 
103,0 
5,1 
344,5 
221,2 
105,9 
174,8 
3 775,0 
(17,4 %) L 
4,2 
0,6 
0,0 
0,3 
0,5 
5,6 
(0,0 %) NL 
1 707,8 
32,2 
6,4 
18,1 
12,6 
83,4 
1 860,5 
(8,6 %) P 
— 
—• UK 
1 691,0 
149,6 
8,4 
296,2 
244,9 
221,6 
1 471,9 
4 083,6 
(18,9 %) Asig­
nación 
ponible 
2,9 
2,7 
5,6 
(0,0 %) EUR 
10/12 
15 788,2 
719,7 
54,8 
1 255,9 
890,9 
921,9 
2 048,6 
21 680,0 
(100 %) 
1984: 
FEOGA-Garantía (T 1-2) 
FEOGA-Orientac. (Cap 30-33) 
Pesca (T 4) 
Fondo Regional (Cap 50-51) 
Fondo Social (Cap 60-61) 
Gastos de recaudación de los 
recursos propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 82, 
86, artículos 707, 783) 
Total 686,4 
12,9 
0,7 
6,0 
52,1 
82,0 
840,1 
(3,5 %) 879,6 
13,9 
3,8 
28,1 
68,7 
26,0 
1 020,1 
(4,2 %) 3 323,0 
89,3 
5,1 
43,9 
63,8 
302,5 
191,7 
4 019,3 
(16,7 %) 961,2 
52,8 
0,6 
216,7 
71,3 
14,8 
46,6 
1 364,0 
(5,7 %) — — — — — 
— 
— 3 592,0 
143,9 
9,5 
201,7 
225,7 
169,7 
4 342,5 
(18,1 %) 884,4 
64,2 
10,3 
104,1 
131,4 
16,0 
1 210,4 
(5,0 %) 3 909,4 
127,8 
4,1 
435,1 
368,5 
117,5 
4 962,4 
(20,7 %) 3,6 
3,9 
— 2,5 
0,5 
0,7 
11,2 
(0,1 %) 1 964,2 
24,8 
3,6 
14,8 
14,1 
101,1 
2 122,6 
(8,8 %) — — — — — 
— 2 121,3 
113,3 
9,5 
297,7 
610,2 
279,6 
660,9 
4 092,5 
(17,1 %) 3,2 
— 9,9 
— — 
— 
13,1 
(0,1 %) 18 328,3 
646,8 
57,1 
1 350,6 
1 606,3 
1 109,9 
899,2 
23 998,2 
(100 %) 
1985: 
FEOGA-Garantía (T 1-2) 
FEOGA-Orientac. (Cap 30-33) 
Pesca (T 4) 
Fondo Regional (Cap 50-51) 
Fondo Social (Cap 60-61) 
Gastos de recaudación de los 
recursos propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 82, 
86, artículos 583, 707) 
Total 916,3 
12,4 
3,1 
12,3 
49,4 
76,5 
1 070,0 
(4,3 %) 829,3 
13,0 
2,9 
7,7 
33,5 
26,1 
912,5 
(3,7 %) 3 625,6 
81,0 
2,3 
61,7 
109,8 
284,5 
20,1 
4 185,0 
(17,0 %) 1 192,6 
83,7 
1,7 
309,0 
79,0 
12,2 
24,6 
1 702,8 
(6,9 %) — — — — — 
— 
— 4 633,3 
122,3 
12,1 
233,2 
255,6 
159,9 
5 416,4 
(21,9%) 1 166,8 
73,1 
3,2 
118,2 
171,6 
15,8 
1 548,7 
(6,3 %) 3 410,9 
175,3 
6,0 
381,1 
383,5 
123,5 
4 480,3 
(18,1 %) 4,8 
1,8 
— 0,7 
0,6 
0,6 
8,5 
(0,0 %) 2 047,4 
18,1 
2,3 
16,4 
46,0 
101,7 
2 231,9 
(9,0 %) — — — — — 
— 
— 1 894,7 
109,4 
12,5 
483,9 
284,0 
250,1 
72,8 
3 107,4 
(12,6%) 4,2 
— 35,7 
— — 
— 
39,9 
(0,2 %) 19 725,9 
690,1 
81,8 
1 624,2 
1 413,0 
1 050,9 
117,5 
24 703,4 
(100 %) 
1986: 
FEOGA-Garantía (T 1-2) 
FEOGA-Orientac. (Cap 30-34) 
Pesca (T 4) 
Fondo Regional (Cap 50-51) 
Fondo Social (Cap 60-61) 
Gastos de recaudación de los 
recursos propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 86) 
Total 978,4 
15,5 
4,5 
29,5 
72,9 
63,4 
1 164,2 
(3,8 %) 1 063,2 
13,9 
11,3 
18,9 
80,7 
23,8 
1 211,8 
(4,0 %) 4 400,6 
105,1 
6,1 
92,5 
134,6 
249,5 
4 988,4 
(16,4%) 1 386,9 
86,2 
3,4 
309,1 
107,1 
10,4 
2,0 
1 905,1 
(6,3 %) 271,4 
0,0 
314,3 
174,9 
19,0 
1 635,9 
2 415,5 
(7,9 %) 5 440,3 
176,7 
19,7 
219,0 
328,4 
139,5 
6 323,6 
(20,7 %) 1 212,9 
64,2 
2,6 
79,3 
203,1 
11,8 
1 573,9 
(5,2 %) 3 067,8 
167,0 
6,9 
712,1 
462,2 
107,3 
4 523,3 
(14,8 %) 2,1 
2,3 
0,1 
1,4 
0,6 
6,5 
(0,0 %) 2 276,5 
17,1 
2,9 
13,1 
50,6 
89,3 
2 449,5 
(8,0 %) 30,4 
0,4 
188,8 
109,2 
5,7 
163,3 
497,8 
(1,6%) 1 983,0 
79,1 
21,7 
506,7 
596,2 
200,1 
3 386,8 
(11,1 %) 6,5 
36,3 
0,4 
43,2 
(0,2 %) 22 120,0 
727,1 
115,8 
2 483,8 
2 321,3 
920,4 
1 801,2 
30 489,6 
(100 %) 
1987: 
FEOGA-Garantía (T 1-2) 
FEOGA-Orientac. (Cap 30-33) 
Pesca (T 4) 
Fondo Regional (Cap 50-51) 
Fondo Social (Cap 60-61) 
Gastos de recaudación de los 
recursos propios (Cap 80) 
Medidas específicas (Cap 86) 
Total 821,3 
18,7 
2,9 
23,0 
56,5 
63,0 
985,4 
(3,2 %) 1 057,4 
15,7 
4,9 
16,6 
31,7 
17,9 
1 144,2 
(3,7 %) 3 992,7 
128,3 
4,3 
73,4 
131,6 
211,5 
4 541,8 
(14,7 %) 1 340,5 
78,0 
3,5 
293,9 
151,9 
8,7 
0,4 
1 876,9 
(6,1 %) 601,6 
21,2 
5,6 
345,3 
311,5 
29,2 
670,4 
1 984,8 
(6,4 %) 5 657,0 
237,2 
15,8 
311,2 
406,1 
117,0 
6 744,3 
(21,9%) 954,9 
87,0 
5,7 
134,7 
247,4 
8,3 
1 438,0 
(4,7 %) 3 899,7 
146,3 
13,0 
563,5 
539,2 
94,5 
5 256,2 
(17,1 %) 1,5 
4,5 
3,8 
1,7 
0,5 
12,0 
(0,0 %) 2 727,8 
17,1 
4,8 
19,6 
52,1 
68,8 
2 890,2 
(9,4 %) 146,6 
28,3 
4,6 
222,7 
190,5 
8,5 
130,2 
731,4 
(2,4 %) 1 747,2 
80,9 
11,6 
526,7 
595,1 
160,0 
3 121,5 
(10,1 %) 3,6 
81,1 
0,6 
85,3 
(0,3 %) 22 951,8 
863,2 
157,8 
2 535,0 
2 715,3 
787,9 
801,0 
30 812,0 
(100%) 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 225 
§19. Recursos propios efectivos, por Estado miembro (1983-1987) 
Notas: 
1. Recursos propios efectivos = recursos propios cobrados durante el ejercicio. 
2. Debe señalarse que la recaudación de los importes devengados por derechos de aduana, exacciones agrícolas y cotizaciones a la 
producción de azúcar y de isoglucosa la realizan los Estados miembros por cuenta de las Comunidades. 
(Mió ECU) 
Ejercicio/tipo de recurso 
1983: 
Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (2) 
Total B 
293,9 
65,8 
423,8 
432,4 
1 215,9 
(5,3 %) DK 
6,9 
38,9 
159,8 
274,3 
479,9 
(2,1 %) D 
143,0 
270,5 
2 019,8 
4 038,8 
6 472,1 
(28,1 %) GR 
38,0 
16,7 
107,4 
215,6 
377,7 
(1,6 %) E 
— 
— F 
78,9 
293,7 
1 051,8 
3 082,1 
4 506,5 
(19,6 %) IRL 
7,0 
11,6 
100,4 
150,6 
269,6 
(1,2%) I 
323,2 
95,0 
657,1 
1 923,4 
2 998,7 
(13,0 %) L 
0,1 
4,6 
39,2 
43,9 
(0,2 %) NL 
135,8 
82,2 
633,2 
713,7 
1 564,9 
(6,8 %) P 
— 
— UK 
320,3 
73,6 
1 830,8 
2 859,7 
5 084,4 
(22,1 %) EUR 
10/12 
1 347,1 
948,0 
6 988,7 
13 729,8 
23 013,6 
(100%) 
1984: 
Exacciones reguiadoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (2) 
Total 211,0 
83,9 
470,0 
473,4 
1 238,3 
(5,0 %) 8,0 
38,0 
197,3 
289,6 
532,9 
(2,1 %) 158,6 
350,2 
2 309,7 
4 233,9 
7 052,4 
(28,4 %) 19,5 
16,6 
99,4 
220,3 
355,8 
(1,4%) — 
— 94,2 
406,3 
1 100,0 
3 201,8 
4 802,3 
(19,3 %) 6,9 
16,8 
126,7 
135,9 
286,3 
(1,2%) 288,5 
84,1 
750,9 
2 319,9 
3 443,4 
(13,8 %) 0,1 
5,9 
45,3 
51,3 
(0,2 %) 131,8 
76,9 
740,8 
738,3 
1 687,8 
(6,8 %) — 
— 341,4 
103,6 
2 160,1 
2 824,4 
5 429,5 
(21,8%) 1 260,0 
1 176,4 
7 960,8 
14 482,8 
24 880,0 
(100 %) 
1985: 
Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA(1) (2) 
Total 197,2 
78,4 
489,3 
527,7 
1 292,6 
(5,0 %) 9,7 
43,5 
208,2 
359,0 
620,4 
(2,4 %) 142,0 
286,3 
2 414,5 
4 661,5 
7 504,3 
(28,8 %) 18,1 
12,0 
95,9 
262,0 
388,0 
(1,5%) — 
— 74,1 
348,0 
1 174,7 
3 722,4 
5 319,2 
(20,4 %) 5,9 
15,0 
137,2 
138,3 
296,4 
(1,1 %) 314,4 
75,8 
820,1 
2 419,2 
3 629,5 
(13,9 %) 0,2 
6,0 
44,5 
50,7 
(0,2 %) 131,7 
104,1 
781,5 
872,1 
1 889,4 
(7,2 %) — 
— 228,4 
94,3 
2 182,7 
2 584,9 
5 090,3 
(19,5 %) 1 121,7 
1 057,4 
8 310,1 
15 591,6 
26 080,8 
(100 %) 
1986: 
Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (3) 
Total 132,2 
84,7 
494,6 
736,6 
1 448,1 
(4,4 %) 9,8 
47,6 
220,5 
512,8 
790,7 
(2,4 %) 111,9 
313,0 
2 436,1 
5 869,2 
8 730,2 
(26,2 %) 22,9 
16,9 
85,5 
507,1 
632,4 
(1,9 %) 10,1 
14,5 
191,9 
2 104,1 
2 320,6 
(7,0 %) 107,6 
378,6 
1 150,4 
5 248,5 
6 885,1 
(20,7 %) 6,4 
10,8 
113,3 
213,3 
343,8 
(1,0%) 356,4 
73,0 
770,1 
3 518,7 
4 718,2 
(14,2 %) 0,2 
6,4 
59,2 
65,8 
(0,2 %) 114,1 
95,9 
792,0 
1 230,0 
2 232,0 
(6,7 %) 18,7 
49,8 
210,1 
278,6 
(0,8 %) 285,2 
76,5 
1 862,3 
2 601,2 
4 825,2 
(14,5 %) 1 175,5 
1 111,5 
8 172,9 
22 810,8 
33 270,7 
(100%) 
1987: 
Exacciones reguladoras agrícolas 
Cotizaciones de azúcar e isoglucosa 
Derechos de aduana 
Recursos propios IVA (1) (3) 
Total 284,8 
106,2 
529,0 
782,6 
1 702,6 
(4,8 %) 15,4 
59,0 
194,0 
576,3 
844,7 
(2,4 %) 155,3 
394,0 
2 617,8 
6 217,5 
9 384,6 
(26,5 %) 19,1 
12,5 
92,3 
216,5 
340,4 
(1,0%) 77,5 
53,4 
382,7 
1 195,1 
1 708,7 
(4,8 %) 108,3 
452,6 
1 212,6 
5 556,5 
7 330,0 
(20,7 %) 5,8 
12,0 
112,0 
207,7 
337,5 
(1,0%) 411,3 
166,6 
875,7 
3 738,0 
5 191,6 
(14,7 %) 0,2 
7,3 
66,0 
73,5 
(0,2 %) 96,8 
125,8 
817,6 
1 326,0 
2 366,2 
(6,7 %) 41,5 
0,2 
93,9 
206,2 
341,8 
(1,0%) 410,1 
89,4 
2 001,6 
3 226,4 
5 727,5 
(16,2 %) 1 626,1 
1 471,7 
8 936,5 
23 314,8 
35 349,1 
(100 %) 
(1) Incluidos los saldos y ajustes de los ejercicios anteriores. 
(2) Grecia pagó una contribución financiera basada en el PNB. 
(3) Portugal pagó una contribución financiera basada en el PNB. 
226 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Segunda parte: Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) 
(situación a 31.12.1987) 
§ 20. Informaciones de base sobre los FED 
LOS CUATRO PRIMEROS FED 
20.1. Determinadas informaciones de base y datos financieros detallados de los tres primeros FED han sido recogidos por 
última vez en el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1980 y las del 4.° FED en el del ejercicio 1986. 
Sólo restan unas pequeñas cantidades pendientes de pago, correspondientes al 4.° FED. 
En el § 28 se ofrece un resumen de los pagos efectuados por los cuatro primeros FED. 
LOS FED QUINTO Y SEXTO 
20.2. Disposiciones jurídicas 
a) Base jurídica relativa a los Estados ACP: 
— 5.° FED: Segundo Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 31 de octubre de 1979 (Lomé II), 
— 6.° FED: Tercer Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 8 de diciembre de 1984 (Lomé III). 
b) Base jurídica relativa a los PTU: 
— 5.° FED: Decisión del Consejo 80/1186/CEE, de 16 de diciembre de 1980, 
— 6.° FED: Decisión del Consejo 86/283/CEE, de 30 de junio de 1986. 
c) Institución de los FED: 
— 5.° FED: Acuerdo interno de 20 de noviembre de 1979, 
— 6.° FED: Acuerdo interno de 19 de febrero de 1985. 
d) Reglamentos Financieros: 
— 5.° FED: Reglamento Financiero 81/215/CEE, de 17 de marzo de 1981, 
— 6.° FED: Reglamento Financiero 86/548/CEE, de 11 de noviembre de 1986. 
20.3. Dotaciones, financiación, reparto y naturaleza de las ayudas 
Las dotaciones de los FED, después de ser modificadas (1) por el Consejo, se presentan como sigue: 
— 5.° FED: 4 929,7 Mió ECU, 
— 6.° FED: 7 511,7 Mió ECU. 
Los FED son financiados por los Estados miembros de la CE (véase también § 21), según los porcentajes aprobados en los 
acuerdos internos. 
Los acuerdos internos arriba citados prevén un reparto de las dotaciones de los FED, por una parte, entre los Estados ACP 
y los PTU y, por otra parte, entre subvenciones, préstamos especiales, capitales riesgo, Stabex (2) y Sysmin (3). 
Una parte de la dotación asignada a subvenciones se reserva para ayudas excepcionales y para bonificaciones de 
intereses para préstamos acordados por el Banco Europeo de Inversiones. El resto de la dotación de subvenciones y la 
dotación de préstamos especiales se reparte entre los países beneficiarios, a excepción de los importes destinados a 
proyectos regionales, gastos administrativos y reserva. Los importes asignados de este modo a los países beneficiarios, 
que en el caso de los Estados ACP se denominan programas indicativos, se utilizan para financiar los programas 
aprobados. 
20.4. Unidad monetaria 
Los importes de los FED se expresan en ECU; para la conversión a ECU de las unidades monetarias anteriormente en vigor 
se ha acordado que 1 UC = 1 UCE = 1 ECU. 
20.5. Fecha de entrada en vigor 
— 5.° FED: 1 de enero de 1981, 
— 6.° FED: 1 de mayo de 1986. 
20.6. Ejecución financiera 
La Comisión establece un calendario de solicitudes de ayuda que, en principio, han de ser pagadas trimestralmente por los 
Estados miembros de las Comunidades Europeas. La utilización de los recursos de los FED se presenta en la contabilidad 
en tres etapas: (I) decisión de financiación, (II) firma de los contratos sobre fondos asignados a los ordenadores 
nacionales, (III) autorización de efectuar el pago a los adjudicatarios. 
20.7. Control externo 
El Tribunal de Cuentas realiza el control externo de los FED (de acuerdo con el Tratado). 
20.8. Autoridad habilitada para dar descargo 
El Parlamento Europeo da descargo a la gestión financiera de los FED, a recomendación del Consejo (según los acuerdos 
internos). 
(1) Las dotaciones iniciales fueron modificadas por decisiones del Consejo, y se ven aumentadas por varios ingresos tales como las reposiciones de las 
transferencias Stabex y los intereses bancarios. 
(2) Sistema encaminado a garantizar la estabilización de los ingresos procedentes de las exportaciones de los Estados ACP a la Comunidad (Lomé I, articulo 
16; Lomé II, artículo 23; Lomé III, artículo 147). 
(3) Sistema encaminado a ayudar a los Estados ACP cuya economía dependa en gran medida de los sectores mineros y especialmente a ayudarles a 
afrontar una baja en su capacidad de exportación de productos mineros hacia la Comunidad (Lomé II, artículo 49; Lomé III, artículo 176). 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 227 
§21. El 5.° y el 6.° FED: Dotación, financiación, reparto de ayudas y utilización 
Dotación y financiación Reparto de las ayudas (Mió ECU) Utilización a 31.12.1987 
(Mió ECU y %) 
5.° FED: Dotación: 
4 929,7 Mió ECU 
Financiación 
por: 
DK: 2,47 %-
GR: 1,34%-
IRL: 0,59%-
L: 0,20% Programación 
de ayudas: 
204,9 Mió ECU Tipo de 
ayuda: 
Préstamos 
especiales: 
545,0 
Subven­
ciones: 
3 069,9 
8& excepciot 
de urgenc 
interese 
1» * 
1 
— > 
Capttale» 
riesgo: 291,0 \ 
/ 
^™ 
P^P^P^P^H 
^SysminM 
282,0 r Nc as igna< io Ayudas 
S programables: 
3 201,0 
: 42,4 uí 
m 
ü 
o 
«s. ¿jm 
— CM 
E o 
21: \ 
g'o. 2 <B 
PTU: 53,6 Estados 
ACP: 
3 147,4 
De los que: 
Proyectos 
regionales: 
631,5 
-tÁ^yaiftv 
:' :¡fí& j|F%: 
í :§fáto!^~' 
; ^M&i: Utilización: 
Aún no 
utilizado 
Decisiones de 
y financiación: 
2 906,6 (90,8%) 
Aún no 
utilizado 
Decisiones de 
^> financiación: 
1 548,1 (89,6 %) 
6.° FED: 
Dotación: 
7 511,7 Mió ECU 
Financiación por: 
IRL: 
0,55 
L: 
0,19 
P: 
0,88 % 
% 
% Tipo de ayuda: 
Préstamos 
especiales: 
625.0 
Subvenciones: 
o 4 915,0 
g'o 
tg en <D 
< C8 
3. O .. 
i 2>o 
CQ.ECM 
asgo: 61o,C riesgo Ayudas 
)> programables: 
5 036,0 O 
< 
o 
,E (M 
E b' 
c«C 
2 a> 
PTU: 73,5 \ 
X. 
Ingresos diversos: 11,7 Mió ECU Programación 
de ayudas: 
Estados ACP: 
4 962,5 
De los que: 
Proyectos 
regionales 
y reserva: 
996,3 
>.próg*Ém*asfc 
>•'." 2 .|I:5f •in­utilización: 
Aún no 
utilizado 
.Pagos: 
67,2 (1,3%) 
228 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
§ 22. El 5.° FED: Ayudas por tipo y por país beneficiario 
(ejecución financiera: situación a 31.12.1987) 
(Mió ECU) 
País beneficiario 
(D 
I. Países ACP, 
de los que: 
Etiopía 
Tanzania 
Sudán 
Uganda 
Mali 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Chad 
Ghana 
Zambia 
Costa de Marfil 
República Centroafricana 
Togo 
Mauritania 
Sierra Leona 
Congo 
Liberia 
Lesotho 
Guinea-Bissau 
Jamaica 
Botswana 
Surinam 
Mauricio 
Guyana 
Swazilandia 
Gambia 
Papua-Nueva Guinea 
Fiji 
Gabón 
Islas Salomón 
Nigeria 
Zimbabwe 
Otros países ACP: 
Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Cabo Verde 
Comoras 
Djibouti 
Dominica 
Granada 
Guinea Ecuatorial 
Kiribati 
Santo Tomé y Príncipe 
San Cristóbal y Nieves 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Samoa Occidental 
Seychelles 
Trinidad y Tobago 
Tuvalu 
Vanuatu 
(Total otros países) 
II. Proyectos regionales 
Gastos administrativos 
Total ACP (I + II) 
III. PTU 
Total 5.° FED A. Ayudas no programadas onificaciones 
e intereses 
subvenciones 
m -o-s. 
(2) 
111,0 
8,6 
3,6 
1,2 
1,1 
5,6 
20,9 
8,5 
9,8 
1,5 
5,3 
0,5 
0,7 
6,3 
0,7 
2,1 
1,4 
6,8 
7,2 
5,1 
6,7 
1,9 
0,3 
5,2 
(7,4) 
1,3 
112,3 
4,5 
116,8 0> 
o."31 
oc 
(3) 
248,1 
13,0 
9,7 
18,2 
10,2 
10,0 
3,4 
1,4 
21,2 
7,0 
15,0 
2,7 
9,6 
4,2 
0,7 
6,2 
2,0 
13,6 
1,8 
4,5 
5,1 
7,0 
0,5 
2,8 
6,0 
3,8 
5,0 
4,2 
0,5 
4,0 
0,0 
13,8 
6,3 
2,5 
0,2 
5,4 
0,6 
1,8 
0,2 
2,2 
1,0 
2,2 
2,0 
0,2 
0,0 
1,0 
3,0 
3,3 
4,0 
2,3 
0,1 
2,7 
(26,6) 
25,9 
274,0 
5,7 
279,7 Decis iones 
de financiación 
C0 yudas excep-
ionales y ayu 
e urgencia 
< O T3 
(4) 
221,3 
51,7 
0,5 
4,9 
38,6 
5,3 
15,2 
2,4 
5,2 
16,5 
0,5 
0,4 
1,1 
18,6 
2,1 
2,0 
0,2 
1,6 
14,8 
3,8 
1,3 
1,5 
0,8 
0,6 
0,6 
7,7 
0,2 
0,1 
0,1 
3,2 
3,5 
0,1 
0,1 
0,1 
4,7 
5,0 
0,1 
2,2 
0,4 
0,3 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 
1,4 
0,2 
(6,3) 
41,4 
262,7 
0,9 
263,6 3 
55 
(5) "i 
co 
(6) + 
h-SÜ-
(7) 
659,1 219,1 1 458,6 
11,3 — 76,0 
20,9 — 31,1 
— 81,0 104,1 
40,7 — 89,5 
— — 15,3 
10,7 — 29,3 
44,9 — 57,3 
10,0 — 36,4 
— — 20,1 
1,0 — 8,5 
4,9 — 21,5 
— — 4,9 
3,6 — 31,8 
90,6 — 102,5 
9,3 2,8 14,8 
13,8 — 20,2 
29,6 — 52,1 
6,6 — 23,4 
85,5 — 102,9 
— 83,0 94,6 
4,6 — 10,6 
93,4 — 104,0 
5,2 — 10,9 
28,8 — 30,9 
— — 14,7 
14,3 — 14,5 
— — 5,8 
— 49,3 52,6 
1,3 — 7,4 
3,6 — 7,4 
4,3 — 10,1 
— — 9,5 
— — 7,7 
— — 1,3 
— 3,0 7,0 
8,2 — 10,4 
18,2 — 18,3 
50,7 — 65,9 
2,9 — 20,7 
— — 9,7 
4,2 — 4,4 
— — 5,1 
— — 17,1 
— — 0,1 
—- — 1,9 
— — 0,9 
0,5 — 4,5 
6,6 — 7,2 
— — 2,5 
3,5 — 5,0 
4,0 — 6,2 
— — 2,0 
1,6 — 1,8 
7,6 — 8,0 
1,6 — 2,8 
— — 3,2 
6,5 — 9,9 
— — 4,3 
4,0 — 7,7 
— — 5,2 
0,1 — 0,2 
— — 2,9 
(36,0) (—) (76,3) 
— — 68,6 
659,1 219,1 1 527,2 
9,8 — 20,9 
668,9 219,1 1 548,1 o 
n a. <i> 
(8) 
1 239,3 
61,3 
31,0 
56,5 
80,9 
15,2 
25,2 
55,4 
30,8 
15,9 
6,6 
18,5 
4,4 
29,5 
100,7 
11,5 
19,9 
49,0 
17,5 
95,8 
86,9 
6,1 
98,0 
10,9 
30,9 
8,8 
14,5 
5,8 
1,8 
4,1 
6,6 
10,1 
6,7 
2,1 
0,6 
5,6 
10,4 
18,2 
63,7 
19,2 
9,0 
4,3 
3,8 
15,3 
0,1 
1,7 
0,9 
4,1 
7,2 
2,5 
5,0 
6,1 
0,6 
1,8 
8,0 
2,8 
2,3 
9,9 
3,6 
7,7 
4,9 
0,2 
0,9 
(70,3) 
15,3 
1 254,6 
18,9 
1 273,5 B. Ayudas programables (programas 
indicativos ACP y otras ayudas) 
O 
S O 
D 
(9) 
2 515,9 
141,0 
120,7 
104,0 
103,0 
87,0 
96,0 
88,0 
78,0 
80,5 
84,5 
80,0 
80,0 
79,3 
69,0 
79,0 
77,0 
69,0 
62,0 
60,0 
58,0 
55,0 
54,0 
49,0 
43,0 
43,0 
48,5 
31,5 
31,0 
29,0 
25,0 
26,4 
23,0 
18,0 
20,5 
14,6 
18,5 
14,0 
23,0 
13,0 
16,0 
12,0 
50,0 
49,0 
2,7 
2,1 
3,7 
5,5 
16,0 
14,5 
5,4 
3,5 
3,5 
8,5 
4,0 
4,0 
2,2 
3,7 
3,7 
6,2 
3,6 
4,1 
10,5 
1,0 
4,5 
(112,9) 
631,5 
3 147,4 
53,6 
3 201,0 Decisiones 
de financiación 
0 
o 
0) 
w 
(10) 
1 932,1 
109,6 
108,9 
72,4 
88,1 
83,9 
66,3 
56,3 
62,9 
71,9 
71,7 
61,7 
67,9 
70,6 
38,3 
61,6 
59,9 
29,7 
60,3 
53,0 
37,8 
39,2 
29,2 
43,2 
31,7 
32,3 
36,8 
19,1 
23,8 
20,2 
21,7 
16,9 
17,2 
8,4 
12,8 
14,5 
13,7 
11,9 
12,3 
11,3 
8,0 
11,6 
33,7 
29,6 
1,7 
2,0 
3,7 
0,4 
15,9 
12,9 
5,5 
3,4 
3,4 
8,3 
4,0 
4,0 
1,7 
3,7 
3,4 
6,3 
3,6 
3,0 
7,8 
1,1 
4,4 
(100,2) 
460,8 
7,5 
2 400,4 
21,9 
2 422,3 Q. <D 
(11) 
400,5 
31,0 
11,6 
26,7 
17,8 
26,3 
9,8 
8,0 
7,0 
11,8 
12,0 
20,1 
15,4 
11,7 
17,9 
7,0 
19,8 
6,4 
22,3 
4,7 
6,9 
8,7 
8,4 
12,0 
4,7 
8,8 
9,0 
5,8 
2,7 
7,7 
4,7 
8,2 
5,1 
19,0 
1,0 
0,5 
— 
(1.5) 
77,8 
— 
478,3 
6,0 
484,3 + 
l-C 
(12) 
2 332,6 
140,6 
120,5 
99,1 
88,1 
83,9 
84,1 
82,6 
72,7 
79,9 
78,7 
73,5 
79,9 
70,6 
58,4 
77,0 
71,6 
47,6 
60,3 
60,0 
57,6 
45,6 
51,5 
47,9 
38,6 
41,0 
45,2 
31,1 
28,5 
29,0 
21,7 
25,9 
23,0 
11,1 
20,5 
14,5 
18,4 
11,9 
20,5 
11,3 
13,1 
11,6 
33,7 
48,6 
2,7 
2,0 
3,7 
0,4 
15,9 
12,9 
5,5 
3,4 
3,4 
8,3 
4,0 
4,0 
2,2 
3,7 
3,4 
6,3 
3,6 
3,0 
7,8 
1,1 
4,4 
(101,7) 
538,6 
7,5 
2 878,7 
27,9 
2 906,6 O 
§1 
Q_ 0} 
(13) 
1 433,8 
114,0 
78,4 
62,0 
75,8 
47,5 
48,3 
45,4 
47,3 
54,0 
58,5 
36,3 
46,6 
32,7 
39,4 
61,0 
31,2 
33,7 
43,9 
27,0 
15,5 
24,1 
30,3 
36,5 
31,5 
28,1 
14,8 
29,2 
13,1 
18,9 
16,2 
10,5 
10,7 
2,3 
13,4 
11,5 
9,7 
7,6 
8,4 
8,1 
12,2 
4,4 
8,7 
17,4 
0,0 
1,1 
2,0 
0,1 
11,5 
7,2 
3,5 
2,9 
2,8 
5,8 
0,9 
3,5 
1,3 
3,1 
3,0 
6,2 
3,0 
2,6 
2,7 
0,9 
3,6 
(67,7) 
341,2 
6,9 
1 781,9 
16,4 
1 798,3 Total (A + B) ecisiones de 
nanciación 
') + (12) 
Oi^ü 
(14) 
3 791,2 
216,6 
151,6 
203,2 
177,6 
99,2 
113,4 
139,9 
109,1 
100,0 
87,2 
95,0 
84,8 
102,4 
160,9 
91,8 
91,8 
99,7 
83,7 
162,9 
152,2 
56,2 
155,5 
58,8 
69,5 
55,7 
59,7 
36,9 
81,1 
36,4 
29,1 
36,0 
32,5 
18,8 
21,8 
21,5 
28,8 
30,2 
86,4 
32,0 
22,8 
16,0 
38,8 
65,7 
2,8 
2,0 
5,6 
1,3 
20,4 
20,1 
8,0 
8,4 
9,6 
10,3 
5,8 
12,0 
2,2 
6,5 
6,6 
16,2 
7,9 
10,7 
13,0 
1,3 
7,3 
(178,0) 
607,2 
7,5 
4 405,9 
48,8 
4 454,7 
agos 
fectuados 
i) + (13) 
Q.»S 
(15) 
2 673,1 
175,3 
109,4 
118,5 
156,7 
62,7 
73,5 
100,8 
78,1 
69,9 
65,1 
54,8 
51,0 
62,2 
140,1 
72,5 
51,1 
82,7 
61,4 
122,8 
102,4 
30,2 
128,3 
47,4 
62,4 
36,9 
29,3 
35,0 
14,9 
23,0 
22,8 
20,6 
17,4 
4,4 
14,0 
17,1 
20,1 
25,8 
72,1 
27,3 
21,2 
8,7 
12,5 
32,7 
0,1 
1,1 
3,7 
1,0 
15,6 
14,4 
6,0 
7,9 
8,9 
6,4 
2,7 
11,5 
1,3 
5,9 
5,3 
16,1 
6,6 
10,3 
7,6 
1,1 
4,5 
(138,0) 
356,5 
6,9 
3 036,5 
35,3 
3 071,8 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 229 
§ 23. El 5.° FED: Ayudas por sector económico y por país beneficiario 
(situación a 31.12.1987) 
(Mió ECU) 
País beneficiario 
(D 
I. Países ACP, 
de los que: 
Etiopía 
Tanzania 
Sudán 
Uganda 
Malí 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Chad 
Ghana 
Zambia 
Costa de Marfil 
República Centroafricana 
Togo 
Mauritania 
Sierra Leona 
Congo 
Liberia 
Lesotho 
Guinea-Bissau 
Jamaica 
Botswana 
Surinam 
Mauricio 
Guyana 
Swazilandia 
Gambia 
Papua-Nueva Guinea 
Fiji 
Gabón 
Islas Salomón 
Nigeria 
Zimbabwe 
Otros países ACP: 
Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Cabo Verde 
Comoras 
Djibouti 
Dominica 
Granada 
Guinea Ecuatorial 
Kiribati 
Santo Tomé y Príncipe 
San Cristóbal y Nieves 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Samoa Occidental 
Seychelles 
Trinidad y Tobago 
Tuvalu 
Vanuatu 
(Total otros países) 
II. Proyectos regionales 
Gastos administrativos 
Total ACP (1 + II) 
III. PTU 
Total 5.° FED Decisiones de financiación 
o 
> 
(2) 
24,0 
0,4 
0,1 
1,2 
3,2 
0,7 
0,1 
0,8 
0,7 
0,3 
2,0 
1,0 
0,5 
0,5 
1,0 
0,3 
1,6 
0,5 
1,6 
0,4 
0,3 
0,2 
1,7 
0,1 
0,4 
0,0 
1,6 
0,3 
0,5 
0,1 
0,5 
0,9 
0,2 
0,1 
0,2 
— 
(1,9) 
32,7 
56,7 
0,5 
57,2 :2 
CO idustriali 
nergia y 
linería 
J= cu t 
(3) 
795,5 
55,6 
16,6 
109,7 
12,4 
19,0 
20,7 
7,5 
33,9 
3,7 
17,3 
18,3 
31,9 
10,1 
9,2 
8,3 
19,5 
14,4 
2,0 
18,2 
117,1 
8,6 
6,4 
5,3 
0,4 
8,5 
2,7 
5,2 
53,3 
13,8 
9,7 
10,7 
4,2 
6,3 
11,5 
2,1 
0,7 
16,2 
11,3 
13,0 
0,1 
6,5 
10,2 
0,9 
0,9 
3,8 
0,5 
2,3 
1,0 
2,3 
4,9 
0,0 
0,6 
1,0 
2,9 
9,5 
4,1 
2,0 
3,5 
0,5 
2,7 
(43,4) 
101,8 
897,3 
17,5 
914,8 f 2 
CL 2 
(4) 
943,3 
30,2 
51,5 
17,9 
66,3 
33,4 
33,3 
35,6 
28,3 
28,1 
24,6 
26,8 
24,8 
21,0 
36,2 
29,4 
37,7 
30,3 
28,4 
35,0 
21,4 
9,8 
47,8 
21,2 
10,9 
26,9 
17,8 
0,0 
10,3 
1,2 
10,5 
11,5 
10,1 
8,5 
5,5 
5,8 
4,9 
2,1 
1,6 
4,7 
9,1 
2,7 
12,8 
30,6 
1,9 
1,1 
2,8 
1,9 
5,9 
2,4 
0,9 
0,3 
2,5 
3,1 
2,7 
2,1 
0,1 
0,1 
0,7 
4,2 
0,2 
3,9 
(36,8) 
135,8 
1 079,1 
4,9 
1 084,0 f> .2 
r « 
o .2 
CL C 
si h- o 
(5) 
605,1 
5,8 
36,4 
47,8 
18,8 
26,3 
9,6 
32,0 
21,1 
27,1 
17,0 
31,3 
0,1 
28,6 
6,0 
23,2 
10,1 
22,6 
11,9 
24,9 
0,1 
19,1 
20,2 
19,6 
7,0 
13,4 
27,3 
9,8 
14,3 
7,3 
1,3 
6,1 
5,5 
0,9 
3,4 
17,7 
5,8 
0,0 
0,9 
2,7 
0,8 
1,0 
6,3 
1,2 
2,4 
2,0 
1,3 
0,7 
1,0 
1,3 
0,1 
0,3 
3,3 
0,1 
0,3 
(22,1) 
195,5 
800,6 
4,4 
805,0 ,. 
N C c o 
JO 0 
§ w 
c o 
(6) 
216,3 
5,4 
1,3 
14,1 
3,0 
4,5 
7,0 
9,1 
4,2 
1,8 
5,1 
5,1 
5,8 
8,8 
5,2 
9,2 
10,3 
0,4 
8,2 
2,3 
3,7 
2,9 
0,1 
3,4 
4,0 
2,5 
7,1 
1,4 
2,2 
4,6 
0,6 
5,3 
3,5 
1,1 
1,3 
9,0 
2,4 
3,3 
2,1 
0,6 
1,8 
19,5 
10,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,9 
0,7 
0,4 
0,2 
0,9 
1,3 
0,4 
0,0 
0,8 
0,3 
0,3 
0,1 
0,4 
5,3 
0,2 
(12,8) 
60,2 
276,5 
3,2 
279,7 03 
C/3 
(7) 
89,9 
1,5 
4,0 
1,6 
3,5 
2,6 
2,2 
5,5 
4,5 
1,3 
3,8 
9,6 
4,0 
5,8 
0,6 
0,1 
10,8 
2,0 
0,2 
2,6 
2,8 
1,5 
2,5 
0,2 
1,9 
5,0 
3,2 
— 
0,2 
0,3 
0,8 
2,9 
2,4 
— 
(6,6) 
8,2 
98,1 
— 
98,1 O ibras 
idráulica 
desarro 
rbano 
OX>.3 
(8) 
251,1 
55,3 
20,0 
8,3 
6,0 
10,8 
9,0 
4,4 
9,7 
19,6 
0,9 
11,2 
5,3 
7,1 
9,3 
0,1 
3,0 
1,3 
5,8 
4,6 
12,0 
0,2 
3,3 
0,2 
2,8 
2,5 
2,7 
1,4 
2,1 
2,0 
2,6 
3,7 
5,8 
0,0 
6,4 
3,9 
4,2 
1,8 
0,1 
0,5 
0,8 
0,4 
— 
(11.7) 
0,5 
251,6 
4,7 
256,3 •o ce 
o o o 2 SE oE-2 
i 8 3 
(9) 
35,4 
0,6 
0,6 
0,1 
0,0 
0,4 
1,1 
0,4 
8,5 
2,9 
0,7 
3,5 
0,1 
0,1 
1,0 
0,1 
0,8 
3,5 
2,7 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,8 
2,1 
1,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,8 
0,5 
0,1 
0,4 
0,6 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
— 
(1,2) 
38,1 
73,5 
2,9 
76,4 v *-yudas 
xcepcion 
e urgenc 
< O) "O 
(10) 
211,0 
51,7 
0,5 
2,8 
38,6 
5,3 
15,2 
2,4 
2,1 
16,5 
0,5 
0,4 
1,1 
18,5 
2,1 
2,0 
0,2 
1,6 
13,5 
3,8 
1,3 
1,5 
0,8 
0,5 
0,5 
7,7 
0,2 
0,1 
0,1 
3,2 
0,1 
0,1 
0,0 
4,7 
5,0 
0,1 
2,2 
0,4 
0,3 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
1,4 
0,2 
(6,4) 
41,9 
252,9 
0,9 
253,8 ce 
1 "* 
C J3 
HW 
(11) 
619,6 
11,1 
20,7 
38,3 
10,6 
40,3 
9,2 
1,0 
4,8 
3,4 
84,8 
9,2 
13,8 
25,8 
6,6 
78,3 
4,4 
85,7 
4,9 
28,8 
14,1 
1,2 
3,6 
4,3 
8,2 
17,5 
46,8 
2,9 
4,2 
— 
0,5 
6,6 
3,4 
3,9 
1,6 
7,4 
1,6 
6,0 
4,0 
0,1 
— 
(35,1) 
619,6 
9,8 
629,4 -
+ 
2 + 
H-ES 
(12) 
3 791,2 
216,6 
151,6 
203,2 
177,6 
99,2 
113,4 
139,9 
109,1 
100,0 
87,2 
95,0 
84,8 
102,4 
160,9 
91,8 
91,8 
99,7 
83,7 
162,9 
152,2 
56,2 
155,5 
58,8 
69,5 
55,7 
59,7 
36,9 
81,1 
36,4 
29,1 
36,0 
32,5 
18,8 
21,8 
21,5 
28,8 
30,2 
86,4 
32,0 
22,8 
16,0 
38,8 
65,7 
2,8 
2,0 
5,6 
1,3 
20,4 
20,1 
8,0 
8,4 
9,6 
10,3 
5,8 
12,0 
2,2 
6,5 
6,6 
16,2 
7,9 
10,7 
13,0 
1,3 
7,3 
(178,0) 
614,7 
4 405,9 
48,8 
4 454,7 ' (0 
H- O-
(13) 
2 673,1 
175,3 
109,4 
118,5 
156,7 
62,7 
73,5 
100,8 
78,1 
69,9 
65,1 
54,8 
51,0 
62,2 
140,1 
72,5 
51,1 
82,7 
61,4 
122,8 
102,4 
30,2 
128,3 
47,4 
62,4 
36,9 
29,3 
35,0 
14,9 
23,0 
22,8 
20,6 
17,4 
4,4 
14,0 
17,1 
20,1 
25,8 
72,1 
27,3 
21,2 
8,7 
12,5 
32,7 
0,1 
1,1 
3,7 
1,0 
15,6 
14,4 
6,0 
7,9 
8,9 
6,4 
2,7 
11,5 
1,3 
5,9 
5,3 
16,1 
6,6 
10,3 
7,6 
1,1 
4,5 
(138,0) 
363,4 
3 036,5 
35,3 
3 071,8 
(1) Las diferencias con relación al § 22, columna 4, tienen su origen en el análisis distinto de los proyectos realizados en algunos países. 
(2) Las diferencias con relación al § 22, columna 5, tienen su origen en el análisis distinto de los proyectos Stabex realizados en algunos países. 
230 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
§ 24. El 6.° FED: Ayudas por tipo y por país beneficiario 
(ejecución financiera: situación a 31.12.1987) 
(Mío ECU) 
País beneficiario 
(1) 
I. Países ACP, 
de los que: 
Etiopía 
Tanzania 
Sudán 
Uganda 
Malí 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Chad 
Ghana 
Zambia 
Costa de Marfil 
República Centroatricana 
Togo 
Mauritania 
Sierra Leona 
Congo 
Liberia 
Lesotho 
Guinea-Bissau 
Jamaica 
Botswana 
Surinam 
Mauricio 
Guyana 
Swazilandia 
Gambia 
Papua-Nueva Guinea 
Fiji 
Gabón 
Islas Salomón 
Nigeria 
Zimbabwe 
Angola 
Mozambique 
Otros países ACP: 
Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Cabo Verde 
Comoras 
Djibouti 
Dominica 
Granada 
Guinea Ecuatorial 
Kiribati 
Santo Tomé y Príncipe 
San Cristóbal y Nieves 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Samoa Occidental 
Seychelles 
Trinidad y Tobago 
Tuvalu 
Vanuatu 
(Total otros países) 
II. Proyectos regionales 
Total ACP (I + II) 
III. PTU 
Total 6.° FED A. Ayudas no programadas onificaciones 
e intereses 
subvenciones 
CQ -a XI. 
(2) 
39,1 
7,8 
0,9 
1,1 
3,2 
6,8 
2,2 
1,7 
2,1 
3,1 
0,5 
3,7 
3,4 
— 
1,8 
0,3 
0,5 
— 
(2,6) 
— 
39,1 
39,1 jB 
OT. 
(3) 
249,1 
21,0 
18,0 
9,0 
5,5 
24,1 
14,3 
4,0 
13,0 
25,5 
3,0 
2,2 
7,0 
10,5 
6,5 
15,0 
7,0 
10,0 
3,5 
5,0 
6,5 
3,0 
3,5 
1,0 
4,0 
3,0 
1,0 
2,0 
3,8 
1,8 
4,0 
2,1 
1,5 
2,0 
1,8 
2,5 
1,5 
— 
(24,0) 
29,0 
278,1 
1,0 
279,1 Decis iones 
de financiación 
-o yudas excep-
ionales y ayu 
e urgencia 
< o-o 
(4) 
44,8 
8,5 
1,1 
5,7 
0,8 
0,3 
1,1 
0,4 
2,1 
1,1 
0,9 
0,2 
0,2 
3,2 
1,3 
0,5 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,6 
0,9 
0,3 
0,0 
0,7 
0,2 
0,3 
0,5 
1,1 
3,2 
5,9 
0,5 
0,2 
0,1 
2,2 
(3,0) 
1,9 
46,7 
46,7 B 
V) 
(5) E 
w 
(6) + 
°£Í 
(7) 
367,4 — 700,4 
34,4 — 63,9 
8,9 — 26,9 
— — 7,8 
60,1 — 70,2 
— — 5,7 
14,2 — 15,0 
— — 6,4 
— — 24,4 
5,9 — 21,3 
— — 0,4 
2,4 — 9,6 
— — 14,1 
82,1 — 108,5 
3,4 — 3,4 
— — 3,2 
— — 0,2 
12,8 — 18,2 
— — 10,2 
— — 11,8 
3,5 — 10,5 
13,5 — 20,5 
1,7 — 1,7 
9,3 — 9,3 
— — 15,3 
— — 7,1 
— — 10,0 
— — 3,5 
0,4 — 0,5 
— — 2,8 
— — 7,6 
— — 0,3 
2,9 — 11,5 
— — 0,0 
— — 3,7 
9,4 — 9,6 
46,4 — 53,0 
0,3 — 2,1 
19,0 — 19,5 
— — 4,8 
— — 3,4 
— — 7,2 
8,9 — 17,8 
— — 1,8 
— — 1,3 
5,0 — 7,0 
— — 0,5 
— — 3,8 
0,4 — 2,2 
1,1 — 5,1 
1,6 — 1,6 
1,6 — 3,9 
— — 1,5 
— — 2,5 
— — 1,9 
4,8 — 7,3 
1,9 — 3,4 
0,1 — 0,1 
11,4 — 13,6 
(27,9) (—) (57,5) 
— — 30,9 
367,4 — 731,3 
— — 1,0 
367,4 — 732,3 §3 
SI o. <ü 
(8) 
400,6 
37,6 
8,9 
63,4 
0,8 
14,7 
2,9 
6,3 
0,3 
5,0 
0,4 
85,4 
3,4 
0,1 
14,4 
0,2 
3,7 
15,8 
1,7 
9,3 
0,5 
0,1 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
4,4 
0,0 
9,6 
46,4 
0,6 
19,4 
1,0 
13,0 
5,5 
0,1 
0,4 
1,1 
1,6 
1,1 
0,4 
0,0 
4,7 
2,6 
0,1 
11,9 
(29,5) 
1,5 
402,1 
402,1 B. Ayudas programables (programas 
indicativos ACP y otras ayudas) 
o 
S o 
o 
(9) 
3 966,2 
230,0 
169,0 
147,0 
145,0 
125,0 
136,0 
122,0 
110,0 
120,0 
115,0 
114,0 
114,0 
113,0 
97,0 
111,0 
108,0 
96,0 
89,0 
86,0 
81,0 
80,0 
75,0 
70,0 
61,0 
61,0 
69,0 
44,0 
44,0 
41,0 
35,0 
39,0 
32,0 
23,0 
29,0 
20,5 
26,0 
20,0 
32,5 
19,0 
23,0 
17,5 
200,0 
73,0 
95,0 
145,0 
4,0 
3,0 
5,0 
8,0 
23,0 
21,0 
8,0 
5,5 
5,0 
12,0 
6,0 
6,0 
3,0 
5,5 
5,5 
9,0 
5,2 
6,0 
15,0 
1,5 
6,5 
(163,7) 
996,3 
4 962,5 
73,5 
5 036,0 Decisiones 
de financiación 
<D 
V) 
(10) E« 
0Ó <D 
Q_ (D 
(11) 
1 231,9 136,7 
29,4 2,0 
103,6 — 
72,9 23,5 
29,1 — 
58,5 — 
20,8 2,5 
25,4 10,0 
37,0 10,0 
36,6 — 
1,6 — 
64,8 10,0 
72,7 — 
2,3 — 
87,0 10,0 
51,2 — 
37,5 — 
27,8 — 
47,9 — 
26,0 — 
23,4 15,0 
28,8 — 
0,6 20,8 
36,1 — 
2,9 — 
15,7 — 
17,5 2,5 
0,1 — 
22,4 5,0 
8,9 9,5 
26,8 — 
7,6 7,1 
6,2 — 
0,0 — 
8,4 5,0 
2,1 — 
10,0 — 
5,6 — 
3,3 — 
0,0 — 
13,2 3,8 
6,4 — 
0,1 — 
15,2 — 
36,5 — 
79,5 — 
0,1 — 
0,3 — 
0,5 — 
0,7 — 
0,1 — 
0,9 — 
4,9 — 
3,7 — 
0,0 — 
0,5 — 
4,2 — 
0,0 — 
1,5 — 
2,2 — 
0,1 — 
1,5 — 
0,2 — 
0,0 — 
0,8 — 
0,3 — 
(22,5) (—) 
165,9 — 
1 397,8 136,7 
0,7 — 
1 398,5 136,7 + 
1- n 
(12) 
1 368,6 
31,4 
103,6 
96,4 
29,1 
58,5 
23,3 
35,4 
47,0 
36,6 
1,6 
74,8 
72,7 
2,3 
97,0 
51,2 
37,5 
27,8 
47,9 
26,0 
38,4 
28,8 
21,4 
36,1 
2,9 
15,7 
20,0 
0,1 
27,4 
18,4 
26,8 
14,7 
6,2 
0,0 
13,4 
2,1 
10,0 
5,6 
3,3 
0,0 
17,0 
6,4 
0,1 
15,2 
36,5 
79,5 
0,1 
0,3 
0,5 
0,7 
0,1 
0,9 
4,9 
3,7 
0,0 
0,5 
4,2 
0,0 
1,5 
2,2 
0,1 
1,5 
0,2 
0,0 
0,8 
0,3 
(22,5) 
165,9 
1 534,5 
0,7 
1 535,2 11 
O. (D 
(13) 
46,1 
0,1 
1,9 
0,6 
1,2 
11,2 
0,1 
0,1 
0,5 
0,0 
8,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,8 
0,4 
0,6 
0,2 
0,0 
0,5 
0,5 
1,3 
0,3 
0,0 
0,4 
0,2 
9,1 
0,0 
0,1 
1,8 
0,5 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
(3,1) 
21,0 
67,1 
0,1 
67,2 Total (A + B) ecisiones de 
nanciación 
') + (12) 
O ;nü 
(14) 
2 069,0 
95,3 
130,5 
104,2 
99,3 
64,2 
38,3 
41,8 
71,4 
57,9 
2,0 
84,4 
72,7 
16,4 
205,5 
54,6 
40,7 
28,0 
66,1 
36,2 
50,2 
39,3 
41,9 
37,8 
12,2 
31,0 
27,1 
10,1 
27,4 
21,9 
27,3 
17,5 
13,8 
0,3 
24,9 
2,1 
13,7 
15,2 
56,3 
2,1 
17,0 
25,9 
4,9 
18,6 
43,7 
97,3 
1,9 
0,3 
1,8 
0,7 
7,1 
1,4 
8,7 
5,9 
5,1 
2,1 
8,1 
1,5 
4,0 
4,1 
7,4 
1,5 
3,6 
0,0 
0,9 
13,9 
(80,0) 
196,8 
2 265,8 
1,7 
2 267,5 
agos 
fectuados 
i) + (13) 
a. a>Si 
(15) 
446,7 
37,7 
10,8 
0,6 
64,6 
12,0 
14,8 
0,1 
3,4 
6,3 
0,3 
13,3 
0,0 
0,5 
85,4 
3,4 
0,0 
0,3 
14,4 
0,1 
0,3 
3,7 
19,0 
1,7 
9,3 
0,5 
0,1 
0,0 
2,4 
0,9 
1,0 
0,3 
4,6 
0,0 
0,5 
10,1 
46,4 
0,6 
1,3 
19,7 
1,0 
0,4 
0,2 
22,1 
0,0 
0,1 
5,5 
0,1 
1,8 
0,9 
1,1 
1,6 
1,5 
0,4 
0,1 
4,7 
0,2 
2,6 
0,1 
11,9 
(32,6) 
22,5 
469,2 
0,1 
469,3 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 231 
§ 25. El 6.° FED: Ayudas por sector económico y por país beneficiario 
(situación a 31.12.1987) 
(Mió ECU) 
País beneficiario 
d) 
I. Países ACP 
de los que: 
Etiopía 
Tanzania 
Sudán 
Uganda 
Malí 
Madagascar 
Burkina Faso 
Malawi 
Guinea 
Somalia 
Senegal 
Rwanda 
Burundi 
Camerún 
Chad 
Ghana 
Zambia 
Costa de Marfil 
República Centroafricana 
Togo 
Mauritania 
Sierra Leona 
Congo 
Liberia 
Lesotho 
Guinea-Bissau 
Jamaica 
Botswana 
Surinam 
Mauricio 
Guyana 
Swazilandia 
Gambia 
Papua-Nueva Guinea 
Fiji 
Gabón 
Islas Salomón 
Nigeria 
Zimbabwe 
Angola 
Mozambique 
Otros países ACP: 
Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Cabo Verde 
Comoras 
Djibouti 
Dominica 
Granada 
Guinea Ecuatorial 
Kiribati 
Santo Tomé y Príncipe 
San Cristóbal y Nieves 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Samoa Occidental 
Seychelles 
Trinidad y Tobago 
Tuvalu 
Vanuatu 
(Total otros países) 
II. Proyectos regionales 
Total ACP (I + II) 
lll. PTU 
Total 6.° FED Decisiones de financiación 
o 
> 
(2) 
48,4 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,5 
0,4 
2,0 
2,5 
0,3 
0,3 
0,6 
0,5 
40,5 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
— 
(0,3) 
12,0 
60,4 
0,2 
60,6 c 
ffl idustriali 
nergia 
minería 
— a> >, 
(3) 
295,2 
21,0 
22,0 
7,8 
9,0 
5,5 
24,1 
14,3 
4,1 
14,6 
13,5 
3,0 
11,4 
28,7 
5,1 
15,0 
7,0 
0,4 
13,0 
1,5 
6,7 
18,6 
3,3 
6,6 
1,5 
3,7 
0,9 
4,0 
3,0 
0,1 
1,0 
2,0 
3,8 
1,8 
4,0 
2,1 
1,5 
2,5 
1,8 
2,6 
1,2 
1,5 
— 
(25,9) 
25,4 
320,6 
1,0 
321,6 |s 
i 5 
(4) 
856,2 
24,0 
94,6 
44,4 
27,8 
15,8 
23,0 
20,1 
20,9 
21,6 
1,5 
37,7 
72,1 
0,0 
97,0 
51,0 
35,6 
27,6 
17,0 
2,4 
12,3 
21,4 
35,0 
0,2 
27,0 
8,4 
23,8 
0,2 
3,7 
3,4 
3,1 
4,1 
3,0 
16,7 
5,8 
0,1 
9,5 
35,1 
1,7 
0,3 
0,1 
0,2 
4,1 
1,4 
0,1 
0,3 
0,8 
0,3 
(7,6) 
15,1 
871,3 
— 
871,3 05 
>> c 
m .2 t: * 
o o 
a. c 
"i 
2¡ I- o 
(5) 
333,4 
0,1 
5,0 
47,1 
0,4 
24,0 
15,4 
16,8 
15,0 
25,5 
0,5 
12,0 
0,5 
0,2 
20,9 
21,8 
0,7 
28,1 
1,7 
0,6 
15,0 
20,0 
0,1 
0,0 
15,2 
2,0 
1,2 
0,0 
0,0 
0,4 
35,0 
0,2 
0,1 
4.3 
3,5 
0,1 
— 
(8,2) 
128,6 
462,0 
0,1 
462,1 >. 
N C C -O 
te 0 
% « 
c o 
(6) 
41,4 
7,3 
0,7 
0,3 
8,3 
0,7 
4,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,0 
0,2 
0,6 
7,8 
0,5 
2,4 
0,2 
0,5 
3,4 
0,1 
0,9 
0,1 
2,3 
0,4 
0,1 
— 
(0,5) 
5,7 
47,1 
0,2 
47,3 co 
co 
(7) 
26,5 
0,1 
0,0 
0,2 
9,7 
0,7 
0,0 
12,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,4 
0,1 
1,1 
0,0 
1,8 
— 
(2,9) 
— 
26,5 
— 
26,5 2 
-É<i •bras hid 
cas y de 
rbano 
O = D 
(8) 
39,4 
4,0 
1,0 
0,1 
5,1 
3,2 
0,0 
1,4 
2,2 
6,6 
10,0 
0,5 
0,0 
0,2 
2,5 
— 
1,8 
0,4 
0,2 
0,2 
— 
(2,6) 
— 
39,4 
— 
39,4 O " ° 
2 |'= 
a. o 3 
(9) 
27,0 
0,0 
15,0 
0,6 
0,0 
0,5 
0,3 
3,0 
0,1 
1,4 
4,5 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,6 
0,1 
0,3 
— 
(1,6) 
8,1 
35,1 
0,2 
35,3 ^ 
— nT yudas 
xcepcion 
e urgenc 
< co -o 
(10) 
34,1 
8,5 
0,6 
1,1 
0,8 
0,3 
1,1 
0,4 
1,8 
0,3 
0,9 
0,2 
0,2 
1,2 
0,7 
0,4 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,3 
0,0 
0,2 
0,3 
0,5 
1,1 
3,2 
5,8 
0,2 
0,1 
2,2 
(2,5) 
1,9 
36,0 
— 
36,0 co 
cu 
1 * 
HCO 
(11) 
367,4 
34,4 
8,9 
60,1 
14,2 
5,9 
2,4 
82,1 
3,4 
12,8 
3,5 
13,5 
1,7 
9,3 
0,4 
2,9 
9,4 
46,4 
0,3 
19,0 
8,9 
5,0 
0,4 
1,1 
1,6 
1,6 
4,8 
1,9 
0,1 
11,4 
27,9) 
— 
367,4 
_ 
367,4 £ 
+ 
s + 
i-2i. 
(12) 
2 069,0 
95,3 
130,5 
104,2 
99,3 
64,2 
38,3 
41,8 
71,4 
57,9 
2,0 
84,4 
72,7 
16,4 
205,5 
54,6 
40,7 
28,0 
66,1 
36,2 
50,2 
39,3 
41,9 
37,8 
12,2 
31,0 
27,1 
10,1 
27,4 
21,9 
27,3 
17,5 
13,8 
0,3 
24,9 
2,1 
13,7 
15,2 
56,3 
2,1 
17,0 
25,9 
4,9 
18,6 
43,7 
97,3 
1,9 
0,3 
1,8 
0,7 
7,1 
1,4 
8,7 
5,9 
5,1 
2,1 
8,1 
1,5 
4,0 
4,1 
7,4 
1,5 
3,6 
0,0 
0,9 
13,9 
(80,0) 
196,8 
2 265,8 
1,7 
2 267,5 cu 
II 
i- a. 
(13) 
446,7 
37,7 
10,8 
0,6 
64,6 
12,0 
14,8 
0,1 
3,4 
6,3 
0,3 
13,3 
0,0 
0,5 
85,4 
3,4 
0,0 
0,3 
14,4 
0,1 
0,3 
3,7 
19,0 
1,7 
9,3 
0,5 
0,1 
0,0 
2,4 
0,9 
1,0 
0,3 
4,6 
0,0 
0,5 
10,1 
46,4 
0,6 
1,3 
19,7 
1,0 
0,4 
0,2 
22,1 
0,0 
0,1 
5,5 
0,1 
1,8 
0,9 
1,1 
1,6 
1,5 
0,4 
0,1 
4,7 
0,2 
2,6 
0,1 
11,9 
(32,6) 
22,5 
469,2 
0,1 
469,3 
(1) Las diferencias con relación al § 24, columna 4, tienen su origen en el análisis diferente de los proyectos de algunas columnas. 
232 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 233 
§ 27. El 5.° y el 6.° FED: Utilización de las ayudas por sector económico (situación a 31.12.1987) 
Dotación y utilización 
5.° FED: 
Dotación: 
4 929,7 MioECU (100%) 
Decisiones de financiación 
(Mió ECU) Total: 
4 454,7 Decisiones de financiación y pagos por sector económico 
— O 
<D 
E 
« 
= 
<3 to.2 
C co o.2 CL C 
|¡ 
H 
mu 
o 
Por sector económico: 
57,2 914,8 1 084,0 •^IIP» 
805,0 lO 
279,7 98,1 ^P* 
256,3 76,4 253,8 629,4 
Pagos (Mió ECU) 3 071,8 38,6 602,9 631,8 527,6 160,7 56,2 179,6 I 53,7 I 191,3 629,4 
6.° FED: 
Dotación: 
7 511,7 MioECU (100 % O 
Decisiones de 
financiación: 
2 267,5 (30,2%) 
Pagos: 
469,3 (6,2 %) c5 ° 
O 
Decisiones de financiación 
(Mió ECU) Total: 
2 267,5 Por sector económico: 
60,6 321,6 871,3 ^ 
462,1 ©O 
47,3 26,5 39,4 35,3 36,0 367,4 
Pagos (Mió ECU) 469,3 5,2 26,6 16,4 20,5 0,6 0,6 1,3 13,3 18,1 366,7 
234 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
¡ 
Mió ECU 
800 " 
700 " 
600 -
500 " 
400 " 
300 • 
200 " 
100 -
1.er FED 
2° FED 
3.er FED 
4.° FED 
5.° FED 
6.° FED 
Total § 28. Los seis FED Evolución de los pagos anuales (1960 -1987) 
n 
Clave: 
_ 6.° FED 
5.° FED 
4.° FED 
(0 ^H 
¡2 ^M 3.er FED 
Q. 2.° FED 
1.er FED 
„n 
j i I ' 
1960 
3,4 
3,4 61 
15,8 
15,8 62 
53,3 
53,3 63 
65,3 
65,3 64 
83,4 
83,4 65 
84,8 
21,9 
06,7 66 
76,7 
31,6 
08,3 67 
61,7 
42,9 
104,6 68 
38,6 
67,9 
06,5 69 
25,6 
89,4 
115,0 70 
16,1 
129,5 
145,6 71 
11,4 
20,5 
22,5 
54,4 72 
10,1 
78,6 
42,8 
131,5 73 
9,9 
49,4 
98,5 
157,8 74 
5,5 
25,9 
140,6 
172,0 75 
2,4 
23,3 
182,7 
208,4 76 
2,9 
17,2 
131,0 
97,5 
248,6 77 
0,6 
16,3 
79,8 
148,0 
244,7 78 
0,8 
7,9 
66,0 
326,3 
401,0 79 
0,4 
4,1 
37,4 
423,4 
465,3 80 
0,3 
2,5 
19,8 
459,3 
481,9 j 
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111 
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11 
¡S! 
m 
Ém 
liS 
81 
0,4 
0,9 
20,7 
445,8 
195,9 
663,7 82 
0,4 
11,2 
305,5 
330,1 
647,2 83 
0,1 
14,3 
285,2 
419,2 
718,8 84 
0,1 
8,2 
185,2 
509,5 
703,0 85 
6,C 
105,7 
586.C 
698,C 86 
3,6 
108,5 
617,9 
116,7 
846,7 87 
2,2 
70,2 
412,9 
352,6 
837,9 Mió 
ECU 
Total 
569,4 
730,4 
887,3 
2 960,6 
3 071,8 
469,3 
8 688,8 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 235 
Respuestas de las instituciones a las observaciones 
del Tribunal de Cuentas relativas al ejercicio 1987 
PRIMERA PARTE 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas 
CAPÍTULO 1 
Observaciones generales 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
Antes de responder a las observaciones generales que el 
Tribunal de Cuentas presenta en el capítulo 1 de su 
informe anual de 1987, y que se refieren: 
— a los principales datos presupuestarios resultantes de 
las cuentas de 1987, 
— a las implicaciones de la « gestión compartida », 
la Comisión desea recordar brevemente las propuestas de 
reforma que presentó en 1987, propuestas que, en 1988, 
dieron lugar a decisiones fundamentales para la evolución 
comunitaria sobre la política agraria, los fondos estructu­
rales, la disciplina presupuestaria, el régimen de recursos 
propios y la normativa financiera. 
Con el conjunto de propuestas que presentó, de las cuales 
se han mencionado ya las más representativas, y las 
decisiones que tomó, la Comisión considera haber 
utilizado plenamente el «poder de iniciativa» que le 
confirió el Tratado. La Comisión quiere hacer hincapié asimismo en la 
estrecha colaboración que, dentro del respeto de las 
competencias respectivas, se estableció con las demás 
instituciones comunitarias, colaboración sin la cual no es 
posible alcanzar ningún objetivo y que quedó brillante­
mente plasmada en el Acuerdo interinstitucional sobre 
disciplina presupuestaria celebrado entre el Parlamento, 
el Consejo y la Comisión, cuya importancia política fue 
subrayada por el Consejo Europeo de Hannover. 
La Comisión dispone ahora de los instrumentos necesa­
rios para seguir trabajando en las reformas que ha 
propuesto e intentar lograr constantemente la máxima 
eficacia de las políticas comunitarias, lo cual supone 
concretamente una mayor cooperación por parte de las 
administraciones nacionales. 
Al igual que el Parlamento, la Comisión considera el 
procedimiento de descargo, cuyo acto de base lo 
constituyen el informe del Tribunal y las respuestas de la 
Comisión, como un factor de progreso que contribuye a 
mejorar la buena gestión financiera y a un mayor 
desarrollo de la Comunidad. 
236 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
La Comisión siempre ha intentado, y seguirá haciéndolo, 
dar una respuesta concreta a las observaciones de las 
autoridades de control, formuladas por el Parlamento en 
las resoluciones adjuntas a las decisiones de descargo, y 
por el Tribunal en sus informes anuales y especiales. 
PRINCIPALES DATOS PRESUPUESTARIOS 
RESULTANTES DE LAS CUENTAS DEL 
EJERCICIO 1987 
Superávit contable y déficit real 
1.2 -1.3. En lo que respecta al estudio del saldo del 
ejercicio que realiza el Tribunal, la Comisión desea 
distinguir, por un lado, la apreciación de la exactitud de 
las cuentas, que, dentro del respeto de la normativa 
vigente, arrojaron un superávit de 521,5 Mió ECU y, por 
otro, las consecuencias de las decisiones adoptadas por la 
autoridad presupuestaria. Así, con ocasión de la aproba­
ción del presupuesto rectificativo y suplementario, el 17 
de julio de 1987 se decidió el traslado a 1988 de 693,6 Mió 
ECU correpondientes al reembolso a los Estados 
miembros. La Comisión mencionó este remanente de 
ejercicios anteriores en los comentarios sobre el saldo del 
ejercicio. 
Por el contrario, no puso de manifiesto la ejecución de dos 
meses de gastos del FEOGA-Garantía (4 546,6 Mió 
ECU), ni las deudas resultantes de la parte del programa 
especial de comercialización de mantequilla que se realizó 
en 1987 (1 543,8 Mió ECU), por los motivos siguientes: 
Como consecuencia de las conclusiones del Consejo 
Europeo y con arreglo a los Reglamentos adoptados por 
el Consejo el 19 de octubre de 1987 y el 24 de junio de 
1988, el ejercicio presupuestario de 1987 se redujo de 
hecho a diez meses. No obstante, ello no implicó que se 
imputasen gastos adicionales al ejercicio 1988 sino que 
llevó a establecer, por medio del segundo Reglamento 
mencionado y de modo definitivo, un desfase de dos 
meses y medio entre la financiación de los gastos del 
FEOGA-Garantía por los Estados miembros y su 
imputación al presupuesto comunitario. 
Por otra parte, la Comisión procuró informar correcta­
mente a la autoridad presupuestaria, indicando clara­
mente en la página 61 del «Análisis de la gestión 
financiera» que: «El ejercicio presupuestario de 1987 no 
constó, en términos globales, de más de 10 meses, lo cual 
trajo consigo distorsiones en la comparación de los gastos 
de 1987 con los del ejercicio precedente, que constaba de 
12 meses. Deberá tenerse en cuenta este aspecto a la hora 
de analizar los comentarios sobre la evolución de los 
gastos por sectores». El Reglamento del Consejo de 16 de marzo de 1987, 
adoptado como consecuencia de las deliberaciones del 
propio Consejo Europeo, dispone que los gastos del 
programa especial de comercialización de mantequilla se 
presupueste en cuatro años a partir del ejercicio 1989; 
figuran, como obligaciones financieras, en el anexo de la 
cuenta de gestión y balance consolidado, que, con fines de 
transparencia, hace una distinción entre: 
— obligaciones financieras ya contraídas (comercializa­
ción de mantequilla iniciada en 1987), y 
futuros gastos potenciales (comercialización que se 
deberá efectuar a partir del año 1987). 
Al afirmar una vez más que las cuentas se atienen 
estrictamente a la normativa, la Comisión, al igual que el 
Tribunal, desea que se respete el equilibrio de ingresos y 
gastos dentro de un ejercicio y está convencida de que las 
medidas adoptadas por el Consejo en 1988 con arreglo a 
sus propuestas, en particular en lo que se refiere a la 
disciplina presupuestaria y al Reglamento Financiero, 
contribuirán a ello. 
1.4-1.5. Como ya señaló en su respuesta a los 
apartados 1.2 — 1.3, la Comisión considera que la 
comparación de los gastos del FEOGA-Garantía del 
ejercicio 1987 con los de los ejercicios anteriores debe 
efectuarse con prudencia. Si bien es cierto que resulta 
imposible comparar los gastos de un ejercicio de diez 
meses con los de un ejercicio de doce, también es cierto 
que es difícil comparar el ejercicio 1987 con los ejercicios 
anteriores ya que, gracias a un método de financiación 
especial, se comercializaron cantidades excepcionalmente 
elevadas de mantequilla. 
En lo que respecta a la comparación entre el porcentaje de 
aumento de los gastos agrarios y el de la base de los 
recursos propios, de acuerdo con los parámetros 
adoptados por el Consejo Europeo de Fontainebleau 
para la aplicación de la disciplina presupuestaria, la 
Comisión señala que, al volver a negociar la disciplina 
presupuestaria en 1988, se ha puesto de manifiesto el 
carácter inadecuado de los parámetros adoptados en 
1984 (elección de la base de cálculo y subestimación de la 
incidencia de la variación del tipo de cambio del dólar). 
Por último, si las cuentas presentadas por la Comisión no 
se consideran coherentes de un año a otro, ello no puede 
achacarse a la Comisión, la cual, por su parte, sólo puede 
procurar que se atengan a la normativa vigente. 
mm^ LóiarioCOiicial de las comunidades europeas ^7 
L^DL^. loado que no había un acuerdo político en el 
C^onse^o para dotar a la comunidad con recursos 
suficientes y que el presupuesto debía, no obstante, 
e^ecutarsedeforma equilibrada, la única solución posible 
era cerrar anticipadamente el ejercicio presupuestario 
paraelFf^COÓlA^arantía 
^n opinión de la comisión, se trata de unamedida técnica 
de carácter transitorio que permite hacer frente a la 
situaciónentantonoseanliqueunnuevorégimende 
recursos propios. I^n cualquier caso,apartirdel^^ se 
restableceráladuraciónnormaldel ejercicio presupuestad 
rio ^doce mésese 
^n lo que se refiere a las consecuencias de esta 
moditicación de la duración del ejercicio para el control 
presupuestario y los objetivos políticos del consejo 
Puropeo de Fontainebleau, la comisión se remiteasu 
respuesta al apartadol.^. 
^^A^c^^^^o^c^ 
L^. En virtuddelasdisposiciones del Lratado, la 
distintición entre ólC^yóll^C^ es esencialala hora de 
elaborar elpresupuestoyaqueretle^jaycondiciona la 
distribución de poderes entre el C^onse^oyel Parlamento. 
En cambio, esta distinción no tiene implicaciones 
signilicativas en la calidad de la ejecución. 
LL^. Al elaborar su anteproyecto, laC^omisiónseha 
basado siempre en un análisis lo más estricto posible de la 
probabilidad de ejecución, habida cuenta de las orienta 
cienes políticas plurianuales que debe reflejar un 
anteproyecto de presupuesto. 
La comisión considera que la justificación de las 
solicitudes de crédito que presenta cada año, en relación 
concadauno délos sectoresycadaunadelaslíneas 
presupuestarias, es una prueba suticiente de la labor que 
realiza para elaborar previsiones lo más tiables posible. 
Por otra parte, durante el procedimiento presupuestario, 
la comisión ha intentado constantemente recabar la 
atención de la autoridad presupuestaria sobre las 
probabilidades de ejecución de ciertas enmiendasy, por 
supuesto, sobre los riesgos de una consignación ínsufP 
cíente de créditos, basándose en los datos de que puede 
disponer en los estrictos plazos impuestos por los 
procedimientos. 
L^DL^. La comisión se congratula del análisis 
efectuado por elLribunal para identificar las causas de la 
ínfrautilización de créditos, análisis que considera muy 
interesante, comparte, con ciertas reservas que se 
expondrán en el capítulo^sobre la ejecución presupues^ 
taria, las conclusiones extraídas por el Lribunal. Por su parte, la comisión opina que, a lo largo del 
proceso presupuestario, desde la previsión hasta la 
ejecución, poneadisposición de la autoridad presupuesD 
tariayde las autoridades de control una serie de datos 
destinadosainformaradichas autoridades con la mayor 
transparenciaposibleypresentapara ello documentos 
mucho más exhaustivosyabundantes de lo que prescribe 
la normativa. 
lOicho esto, la comisión está dispuesta a realizar un 
nuevo esfuerzo, pero quiere hacer observar que la 
e^ecuciónpresupuestariadebe valorarseen funciónde 
cada una de las actuaciones comunitarias identiticadas en 
la nomenclatura presupuestaria Los responsables de la 
gestión de dichas actuaciones conocen normalmente las 
causas de una ejecución incompleta y actúan para 
rectificar la situación en la medida en que los mediosy 
poderes de que disponen se lo permiten. 
C^^^A^^ 
L^ L^. La comisión señala que, en los últimos 
ejercicios, se han logrado ya importantes progresos en el 
análisis y la presentación de los componentes de la 
^cargas futuras^de las comunidades, concretamente en 
el volumenVde la cuenta de gestión. 
l^o obstante, opina, como elLribunal, que es imprescin 
dible profundizar en este análisis para llegar a una 
presentación objetiva, con la quecoincidan todas las 
institucionesconsideradas. La CAamisiónconsidera, en 
particular, que deben delimitarse cuidadosamente^ 
porunlado,lasverdaderas^cargasfuturas^quese 
derivan de obligaciones jurídicas ^por ejemplo, 
compromisos contraídos pendientes, comercializa 
ción de existencias agrarias, convenios internaciona 
les, etc.^, 
— por otro, la incidencia financiera prevista en los 
programasoprevisionesplurianuales.Esta segunda 
categoría no corresponde al concepto de ^cargas 
futuras^propiamente dicho que debe figurar en el 
balance,sinoquerepresentasimplementelaprevi 
sión,apoyadaononoruna decisión del programa del 
C^onse^o,de los importes que seconsideran necesarios 
enun futuro próximo para desarrollar las políticas 
comunitarias. 
La comisión tomará en breve una iniciativa para 
conseguir,de acuerdo conlas instituciones interesadas, la 
presentación más adecuada de estos diversos datos. 
238 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
1.20. El calendario de vencimiento de las cargas 
potenciales relativas a las existencias públicas agrarias 
existe, puesto que fue adoptado por el Consejo Europeo e 
incluido por la Comisión en el anexo de las cuentas de 
gestión, y se refleja en la consignación de los créditos 
correspondientes en el presupuesto de cada año. 
En lo que respecta a los otros calendarios, la Comisión 
hace hincapié, en primer lugar, en que la cuenta de gestión 
no tiene la función de establecerlos. Asimismo, la 
Comisión se remite al Acuerdo Interinstitucional y señala 
que, en todo caso, deben inscribirse dentro de la 
programación plurianual. 
1.21. En la fecha del cierre de cuentas del ejercicio 1986, 
la Comisión estimaba en 4 991,4 Mió ECU el importe que 
se debía pagar durante el año 1987, por compromisos 
relativos a créditos disociados pendientes de liquidación a 
31 de diciembre de 1986. Los pagos efectivos realizados en 
1987 por este concepto sólo fueron de 3 871,5 Mió ECU, 
es decir, el 77,6 % de lo previsto, tal como indica el 
Tribunal. 
Si bien reconoce que ciertas causas de infrautilización de 
los créditos de pago presentadas por el Tribunal en el 
capítulo 2 («Ejecución presupuestaria») afectaron 
también en 1987 a la liquidación de compromisos de 
ejercicios anteriores, la Comisión señala que en 1987 se 
anularon 1 259,3 Mió ECU de compromisos pendientes 
de liquidación a 31 de diciembre de 1986, por lo que el 
importe de la deuda contraída en ejercicios anteriores 
pasó de 12 458,1 a 11 198,8 Mió ECU. 
1.22. En cuanto al hecho de que ciertos compromisos 
relativos a créditos disociados y pendientes de liquidación 
a 31 de diciembre de 1987 se contrajeron mucho antes, la 
Comisión quiere poner de manifiesto que, aunque admite 
que es cierto, el 49 % del importe pendiente de 
liquidación al término de 1987 corresponde a compromi­
sos contraídos en el transcurso de dicho ejercicio y que los 
compromisos contraídos más de tres años antes (en 1983 y 
antes) sólo representan el 10 % de este importe. 
En lo que se refiere a las cuestiones de fondo, la Comisión 
comparte la preocupación del Tribunal, que observa los 
progresos sustanciales realizados en el caso del Fondo 
Social Europeo, y se propone seguir trabajando para 
mejorar el seguimiento de los compromisos pendientes de 
liquidación. A tal fin, propuso una modificación, 
adoptada el 24 de junio de 1988, del Reglamento 
Financiero de 21 de diciembre de 1977, cuyo artículo 
primero se completó con la siguiente disposición: «Las 
obligaciones jurídicas, contraídas respecto a programas 
cuya realización cubra más de un ejercicio, tendrán una 
fecha límite de ejecución que deberá precisarse, respecto 
al beneficiario, en la forma adecuada, en el momento de la 
concesión de la ayuda». 1.23. Tal como la Comisión ya señaló con motivo de 
una observación similar del Tribunal, resulta imposible 
contraer los compromisos basándose en una sola fórmula 
(por ejemplo, firma de los contratos) que sea homogénea 
para toda la ejecución del presupuesto. 
En efecto, las políticas reflejadas en el presupuesto son 
necesariamente heterogéneas, lo que supone diferencias 
inevitables en las condiciones de ejecución: el artículo 32 
del Reglamento Financiero contempla esta situación, 
mencionando, entre otros, los «compromisos provisiona­
les», las decisiones de autorización de la Comisión para 
los diversos Fondos y los compromisos globales a que se 
refiere el artículo 96. 
Es importante señalar, a este respecto, que, en el actual 
contexto de desarrollo de las políticas, en particular en el 
ámbito de los Fondos Estructurales, se tiende a privilegiar 
el método de la intervención «por programas», por 
razones tanto técnicas y económicas como políticas. Es 
importante, por tanto, tomar conciencia de esta evolu­
ción, que tiene cierta incidencia en la técnica utilizada 
para los compromisos. Asimismo, cabe indicar que dicha 
evolución no puede poner en entredicho el alcance técnico 
y contable de los compromisos en sí. 
Revisión del Reglamento Financiero 
1.24. La Comisión pone de manifiesto que, en 1980, 
presentó una propuesta global de revisión del Reglamen­
to Financiero. Dicha propuesta se modificó en 1984 para 
responder a los dictámenes del Tribunal (emitido en 1981) 
y del Parlamento (emitido en 1983). Desgraciadamente, el 
Consejo no pudo dar curso a la mencionada propuesta a 
su debido tiempo. 
En tales circunstancias, dados los cambios que la 
situación ha experimentado desde entonces y, en 
particular, los objetivos contenidos en el «paquete 
Delors» para la reforma del sistema de financiación 
comunitario y el saneamiento de la gestión presupuesta­
ria, la Comisión se vio obligada a presentar, en 1987, 
ciertas propuestas de carácter puntual por las que se 
revisaban ciertas disposiciones vigentes (en particular, el 
principio de anualidad y las condiciones de financiación 
del FEOGA-Garantía). Dichas propuestas estaban 
destinadas a adaptar el Reglamento Financiero a la 
evolución de la situación en general y a las nuevas 
exigencias. 
Además, no se pueden formular reproches al respecto a la 
Comisión, ya que su propuesta global, que en el momento 
de su presentación se caracterizaba por su coherencia, no 
salió adelante por la omisión del Consejo. La Comisión 
desea destacar que está elaborando actualmente una 
nueva propuesta global, a fin de volver a poner sobre el 
tapete el objetivo de revisión general del Reglamento 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 239 
Financiero, con arreglo a las conclusiones del Consejo 
Europeo de los días 11 a 13 de febrero y a instancia de 
todas las instituciones interesadas. 
IMPLICACIONES DE LA GESTIÓN 
COMPARTIDA 
El principio de la gestión y el control 
compartidos 
1.26 -1.37. La Comisión desea señalar, en primer 
lugar, que la expresión «gestión compartida» requiere 
ciertas aclaraciones. 
En realidad, basta considerar que en el ámbito de la 
política agraria común ha sido necesario crear un gran 
número de organismos pagadores que cuentan con miles 
de funcionarios en los doce Estados miembros, para 
comprender que no se trata de una « gestión compartida » 
sino de una gestión que, necesariamente, ha tenido que 
descentralizarse en cada uno de los Estados miembros. 
Otro ejemplo que ilustra la necesidad de esta distinción es 
el de las aduanas. 
En opinión de la Comisión, conviene poner de relieve que 
la descentralización, decidida en los años sesenta y aún 
totalmente válida hoy en día, implica que las administra­
ciones nacionales sean las primeras responsables de la 
gestión diaria de los asuntos comunitarios. 
No obstante, es evidente que se impone una supervisión 
por parte del ejecutivo, especialmente en los ámbitos 
mencionados por el Tribunal en los apartados 1.29 a 1.31. 
La situación debe mejorarse, concretamente a través de 
una mayor cooperación entre la Comisión y las autorida­
des competentes de los Estados miembros en materia de 
supervisión, información y seguimiento. 
A este respecto, cabe citar algunas mejoras ya introduci­
das o previstas por reglamentos horizontales. 
En el sector del FEOGA-Garantía, siguiendo las 
recomendaciones del Parlamento y del Tribunal, la 
Comisión ha puesto en práctica, a partir de la liquidación 
de cuentas de 1986, el método de la «auditoría de 
sistemas», que, dada la imposibilidad de comprobar 
cientos de miles de operaciones financieras, tiene por objetivo verificar si los sistemas de gestión y control 
nacionales son correctos y fiables. 
Como la aplicación de este método es gradual, la 
Comisión concedió prioridad a los organismos de 
intervención, pero su aplicación se refiere ya a todos los 
productos sujetos a una organización común de merca­
dos. 
En el ámbito de los Fondos Estructurales, el Reglamento 
marco, que fue adoptado recientemente a propuesta de la 
Comisión, se basa en la consideración de que la principal 
manera de garantizar la eficacia de las medidas comunita­
rias para alcanzar los objetivos, es instaurar un segui­
miento periódico de los resultados obtenidos y modificar 
las medidas, si fuera necesario, a la luz del desarrollo 
efectivo de los programas. Se reafirma, por tanto, el 
principio de descentralización e incluso se le da un nuevo 
impulso dentro de la asociación entre la Comisión y las 
autoridades competentes de los Estados miembros. Dicha 
descentralización, unida a la agilización de los procedi­
mientos, se traducirá en una intensificación del segui­
miento y la evaluación. 
En el ámbito de la investigación, la política de evaluación 
y seguimiento se ha desarrollado en varias fases, la última 
de las cuales es la decisión adoptada por el Consejo con 
ocasión de la aprobación del programa marco 1987-1991, 
que supone, entre otras cosas, la introducción de un 
artículo dedicado de forma explícita a la evaluación en 
todos los programas específicos. Cabe añadir, además, 
que acaba de proponerse un programa específico 
(SPEAR) relativo a la metodología de la evaluación 
comunitaria de los programas de investigación. 
Por último, en lo que respecta a la lucha contra el fraude, 
la Comisión recuerda que se ha constituido la unidad de 
coordinación de la lucha contra el fraude, que se ha 
adoptado su programa de trabajo y que éste se presentará 
al Parlamento tal como se acordó. 
En lo que se refiere a los «Problemas vinculados al 
'reparto' de responsabilidades en los grandes sectores de la 
actividad comunitaria» (apartados 1.28 a 1.37), puntos en 
los que se resumen algunas de las observaciones 
presentadas más detenidamente en los diversos capítulos 
del informe, la Comisión se remite a las respuestas 
concretas a estos capítulos. 
Problemas derivados del mandato 
confiado al BEI 
1.38 - 1.45. El problema planteado por la salvaguardia 
de las prerrogativas del Tribunal, en relación con los 
recursos de la Comunidad utilizados para financiar 
operaciones en las que el BEI actúa de mandatario, sigue 
siendo una de las mayores preocupaciones de la Comisión 
con respecto a la colaboración interinstitucional, que es 
^o Diario Co^licial de las Comunidades Europeas mm^ 
necesaria en todos los ámbitos de la actividad comunita^ 
ría. 
La Comisión na intensiticado su labor para lle^araun 
acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas. De 
estemodo^comoconsecuenciadelcompromisocontraído 
por el Presidente de la Comisión en su carta de 30 de abril 
de 1^7 dirigida al Presidente del Lribunal^ la Comisión 
haemprendido numerosas ^estionesparahallarel^modo concreto de que los poderes delLribunal se ajustenalas 
preocupaciones del Bancos. 
Las últimas propuestas que la Comisión remitió al BE1 el 
lodejuniodel^^^queseinspiranenlosacuerdosaque 
séllelo en su tiempo en relación con la CECA^ seraneen 
bre^ examinadas detenidamente por un ^rupo de 
trabajo compuesto por representantes del Banco^de la 
Comisión^ queden principios concluirá sus trabajos antes 
dequetinaliceelañol^^. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 241 
CAPITULO 2 
Ejecución del Presupuesto y contabilidad 
RESPUESTAS DEL PARLAMENTO 
RESPETO DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO CONTABILIDAD GENERAL Y BALANCE 
FINANCIERO DE LAS COMUNIDADES 
Procedimientos aplicables a los compromisos 
y a los pagos 
2.31 - 2.33. El número de decisiones de no tener en 
cuenta la de negación de visado del interventor da fe del 
riguroso control interno de la aplicación estricta de las 
complejas disposiciones del Reglamento Financiero y de 
sus modalidades de ejecución. En varias ocasiones se ha 
recordado a los ordenadores de la Institución la necesidad 
de garantizar el respeto absoluto de dichas disposiciones. 
Además, se han adoptado medidas administrativas en los 
sectores afectados para evitar en la medida de lo posible 
que el interventor tenga que recurrir a la denegación del 
visado. Déficit de caja en el Parlamento 
2.55. Mediante decisión de 18 de enero de 1988, la 
Autoridad facultada para proceder a los nombramientos 
aplicó una sanción disciplinaria al antiguo contable. Se 
adoptará una decisión en cuanto a las repercusiones 
económicas en el marco del procedimiento de otorga­
miento de la liberación de responsabilidad al contable 
para el ejercicio 1982, retrasado debido al recurso que el 
funcionario afectado ha presentado ante el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas contra la mencio­
nada decisión de 18 de enero de 1988 (asunto 
n° 44/88) (i). 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 
RESPUESTAS DEL CONSEJO 
RESPETO DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO al total del estado colectivo precedente se especifica en 
cada ocasión (y por lo tanto cada mes). 
Observaciones resultantes de la auditoria 
de las retribuciones del Consejo Con arreglo al Reglamento Financiero, el interventor no 
debe intervenir sistemáticamente en las diferentes fases y 
operaciones de los servicios competentes para la elabora­
ción de los estados colectivos ni en la teneduría de los 
ficheros. 
Controles realizados por el interventor 
Separación de funciones 
2.19 - 2.22. El interventor reconstituyó en su momento 
y de forma manual, el total de un estado colectivo. Dicho 
total era idéntico al total del estado colectivo propiamen­
te dicho. No obstante, la diferencia mensual con relación 2.27. Se respeta el principio de la separación de las 
funciones de ordenador, de interventor y de contable 
establecidas en el artículo 17 del Reglamento Financiero. 
242 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
1. El Jefe de la División de la que forma parte la 
contabilidad tiene funciones de ordenador; en 
cambio, no ejerce en forma alguna la función de 
contable. 
2. En el marco de la reorganización de los servicios en 
curso, la Secretaría General del Consejo adoptará su 
organización a las disposiciones del Reglamento 
Financiero. 
2.29. La práctica seguida en el Consej o ha sido impuesta 
por las necesidades que se desprenden de la situación de 
hecho existente en el mismo. 
Ausencia de normas internas para la ejecución 
del Presupuesto 
2.30. La ejecución del Presupuesto del Consejo por 
parte de los ordenadores se realiza sobre la base de las 
siguientes disposiciones: el Reglamento interno del 
Consejo, el Reglamento Financiero, las normas de 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL 1987 
Previsión presupuestaria y gestión 
de los créditos 
Evaluación general de la utilización de los créditos 
2.2-2.3. Véase la respuesta al punto 1.12 en el 
Capítulo 1. 
2.4. Evidentemente, la Comisión está de acuerdo con el 
Tribunal en que al aprobar el Presupuesto la autoridad 
presupuestaria debe, por definición, efectuar un acto de 
previsión y de autorización positivo; la «reserva 
negativa» se opondría, por lo tanto, a este principio. 
Sin embargo, la Comisión recuerda que el reconocimiento 
de la existencia de una «reserva negativa» debería 
considerarse a la luz de criterios de tipo práctico, que se 
deriven de la experiencia, sin que haya que concluir por 
ello que se está cuestionando la ortodoxia presupuestaria. desarrollo de este último y la Decisión del Secretario 
General por la que se nombran los ordenadores y los 
ordenadores delegados y por la que se establecen las 
competencias en materia de ejecución de gastos y de 
ingresos. 
Procedimientos aplicables a los compromisos 
y a los pagos 
2.34. Puesto que es imposible estimar los gastos 
mensuales exactos de determinados costes (fotocopias, 
teléfono/télex, intérpretes, Diario Oficial, entre otros) la 
Secretaría General del Consejo establece propuestas de 
compromiso por sector basándose en los gastos anterio­
res. Por esta razón, determinadas propuestas de compro­
miso han quedado infravaloradas y ha sido necesario 
recurrir a compromisos complementarios a posteriori. 
La Secretaría General realizará el máximo esfuerzo para 
evitar que se repita una situación de este tipo. 
Efectivamente, el recurso a la «reserva negativa» según lo 
ha precisado la Comisión en la propuesta COM(88) 148 
final, de 18 de marzo de 1988, puede revelarse apropiada, 
en el contexto concreto del presupuesto comunitario, 
tanto por razones de procedimiento (cierre del procedi­
miento presupuestario) como financieras (reabsorción al 
final del ejercicio de algunas diferencias inevitables entre 
la autorización formal y la ejecución). Como la propia 
autoridad presupuestaria ha recurrido hace poco a la 
« reserva negativa », ha parecido preferible admitir a nivel 
de la reglamentación el recurso a este medio, limitando al 
mismo tiempo su alcance (2). 
2.5. La Comisión, como ya se hizo constar en las 
respuestas al punto 2.4 del Informe del Tribunal relativo 
al ejercicio 1986, utiliza todos los medios a su alcance para 
ejecutar los créditos, pero a veces no lo consigue, como ha 
podido comprobar el Tribunal, debido, en particular, a 
que las modificaciones pueden representar una «sobre-
presupuestación » o a que la base jurídica necesaria no se 
aplica a su debido tiempo 
Transferencias de créditos 
2.6. Efectivamente, el importe de los créditos transferi­
dos en 1987 al FEOGA-Garantía es muy elevado. RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 243 
Al margen de los problemas inherentes a la previsión 
agrícola, que hacen inevitables las transferencias de 
créditos, dos factores externos, completamente ajenos a 
las funciones de previsión y gestión de la Comisión, 
agravaron la situación en 1987 de forma considerable. 
En primer lugar, se trata del paquete de decisiones 
tomadas por el Consejo en su sesión del 8 al 16 de 
diciembre de 1986 en materia de reforma de las 
organizaciones de mercado de los productos lácteos y de 
la carne de vacuno. En la transferencia cuestionada, la 
masa de créditos no utilizados más importante se sitúa en 
el sector de los productos lácteos (887,3 millones de 
ECU). Esto se debe principalmente a las decisiones del 
Consejo de reducir las cuotas lecheras y de prorrogar a los 
ejercicios 1989-1992 la subvención del coste del programa 
de comercialización de mantequilla de 1987-1988. Estas 
decisiones, que fueron objeto de un acuerdo político en 
diciembre de 1986, no se formalizaron en el plano 
reglamentario hasta marzo de 1987, tras la adopción 
definitiva del Presupuesto de 1987 (19 de febrero de 1987). 
Si el calendario del procedimiento presupuestario hubiese 
permitido que determinados ajustes, cuya necesidad se 
conocía ya desde diciembre de 1986, fuesen objeto de una 
carta rectificativa del anteproyecto de presupuesto para 
1987, el importe de las consiguientes transferencias se 
habría reducido al menos en un 40 %. 
El segundo factor atañe a la reducción del ejercicio 
presupuestario a 10 meses. En efecto, debido al carácter 
estacional de los gastos, dependiendo de los capítulos, un 
presupuesto preparado para 12 meses no puede ejecutarse 
con el mismo desglose de créditos entre capítulos en un 
período limitado a 10 meses. 
En cualquier caso, debido a la importancia cada vez 
mayor concedida a la previsión y a la gestión de los gastos 
por capítulo, la Comisión prevé reducir considerablemen­
te el importe global de las transferencias a partir de 1988. 
Créditos de pago prorrogados 
2.8. La Comisión ya explicó en 1986 por qué considera 
que la interpretación del Tribunal no se atiene a la 
intención y las disposiciones del Reglamento financiero 
en lo relativo a los créditos disociados. Ahora bien, las 
nuevas disposiciones del Reglamento Financiero en 
materia de prórroga prevén un trato distinto al enunciado 
por el Tribunal. 
Análisis de la utilización de los créditos 
2.11 - 2.14. La Comisión es consciente de las dificulta­
des encontradas para la utilización de determinados 
créditos y ha tomado nota cuidadosamente del análisis de las principales causas de infrautilización detectadas por el 
Tribunal, aun constatando que algunas de ellas pueden 
tener efectos acumulativos, lo que lleva a tener que 
matizar algunas de las conclusiones que pudieran sacarse. 
La Comisión recuerda que, además de los informes que 
tiene la obligación de presentar con arreglo a los artículos 
29 y 75 del Reglamento Financiero (informes «trimestra­
les » y « análisis de la gestión financiera » que acompañan 
a la cuenta de gestión), existen informes mensuales que 
informan de forma permanente a las autoridades 
presupuestarias y de control acerca de la ejecución del 
Presupuesto. 
La Comisión quiere subrayar que los servicios que 
gestionan los créditos generalmente conocen las causas, 
no sólo de la infrautilización sino también de la 
sobreutilización de los créditos que gestionan, e intentan 
poner remedio a esta situación en la medida en que es 
competencia de los poderes de la Comisión. 
A este respecto, los problemas detectados por el Tribunal 
e incluidos en los apartados a) b) c) y d) podran ser 
resueltos mediante las importantes reformas que propuso 
en 1987 y que deberían llevar a promover una política 
presupuestaria basada en principios de buena gestión 
financiera más rigurosos. 
Por lo que se refiere al «carácter poco satisfactorio, en 
algunos casos, de la gestión que la Comisión asume », y en 
particular, la cuestión de las anulaciones de créditos en los 
Títulos 1 y 2 del presupuesto (FEOGA-Garantía), la 
Comisión tiene interés en señalar lo siguiente. 
En el sector del FEOGA-Garantía, incluido el Capítulo 
40 (pesca), los créditos anulados corresponden en 
particular a los anticipos no utilizados por los Estados 
miembros (véase también el artículo 100 del Reglamento 
Financiero de 21 de diciembre de 1977). 
Por lo que respecta al importe de 18,5 millones de ECU en 
1987, los caminos a través de los cuales se distribuyen los 
anticipos comunitarios a los organismos y a los agentes 
pagadores en los Estados miembros son tan complejos 
que aunque se revelase necesario, sería poco probable su 
redistribución dentro del país. Por lo tanto es normal que, 
aunque determinados organismos hayan agotado los 
fondos puestos a su disposición, otros puedan contar 
todavía con un ligero excedente. 
Esta era la situación en noviembre de 1987, momento en 
que hubo que proceder al paso de la prefmanciación 
comunitaria a la nacional, quedando definido el momen­
to exacto por el Reglamento (CEE) n° 3183/87 como 
«después del agotamiento de los créditos destinados al 
FEOGA-Sección de Garantía, para el ejercicio 1987». La 
mayoría de los organismos de pago introdujeron el 
«switch» (cambio del sistema de financiación) en el 
momento en que sus disponibilidades en fondos comuni­
tarios ya no les permitían la liquidación completa de las 
244 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
operaciones en curso, se tratase de la liquidación de un 
expediente individual o del registro de un gasto en el 
ordenador. 
Los remanentes que podían haber resultado útiles a otros 
organismos no siempre pudieron ser transferidos a 
tiempo. Otros cerraron el régimen de prefinanciación 
comunitaria a finales de noviembre, para evitar un 
encabalgamiento demasiado largo de ambos sistemas, 
aunque todavía quedaba un remanente de anticipos. 
Según el dictamen de la Comisión, este enfoque no era 
contrario a los términos del Reglamento 3183/87. 
2.14. Por lo que se refiere a la infrautilización de la 
partida 4702 relativa a la nueva acción «modernización y 
desarrollo», ésta se debe al hecho de que se trataba del 
primer año de aplicación de dicha actuación. 
Régimen de las doceavas partes provisionales 
2.15. Dentro de la propuesta de revisión del Reglamen­
to Financiero, la Comisión propuso que se introdujeran 
una serie de precisiones sobre la aplicación del régimen de 
las doceavas partes provisionales para que éste no pudiera 
ser objeto de interpretaciones divergentes. 
2.16. Ya se conocen las posturas divergentes que 
mantienen la Comisión y el Tribunal en relación a la 
aplicación de los textos normativos sobre las doceavas 
partes provisionales para el FEOGA-Garantía. La 
Comisión no considera haber incumplido el «imperativo 
de gestión rigurosa y previsora » al aplicar dicho régimen. 
Al conceder anticipos para los gastos del FEOGA-
Garantía, la Comisión tiene efectivamente que evaluar la 
fiabilidad de las previsiones de gastos de los Estados 
miembros, pero sólo puede conceder anticipos por 
importes sensiblemente inferiores a los solicitados en caso 
de dudas serias y motivadas acerca de dichas previsiones. 
Aun admitiendo que los anticipos deban considerarse 
como pagos y no como compromisos provisionales, la 
Comisión, en este caso concreto, no habría tenido otra 
solución que pedir la puesta a disposición de una doceava 
parte suplementaria para el mes de febrero de 1987. En 
ambos casos, el efecto de reclamación anticipada de los 
recursos propios habría sido el mismo. OBSERVANCIA DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO 
Procedimientos aplicables a los compromisos 
y a los pagos 
2.35. (a) La Comisión señala que cada una de las 
imputaciones mensuales de los pagos en el ámbito de la 
ayuda alimentaria lleva consigo un gran número de 
operaciones contables. En cuanto a los casos menciona­
dos por el Tribunal, observa que ninguna de las 
cantidades ha sido pagada indebidamente. 
(b) La Comisión observa que los plazos previstos en el 
acuerdo con la India son indicativos. 
(c) Por lo que se refiere a los pagos de 0,3 millones de 
ECU a las ONG, la mayor preocupación es que se 
respeten las condiciones generales, lo que no puede 
excluir del todo que se observen ciertas excepciones. 
Documentos justificativos 
2.39. La Comisión es plenamente consciente de la 
necesidad de elaborar documentos justificativos comple­
tos y de respetar las fechas de transmisión al Tribunal 
previstas en el Reglamento Financiero. La Comisión 
lamenta que a lo largo del ejercicio 1987 se hayan 
producido retrasos, debidos, en parte, al aumento 
constante de documentos que se deben tramitar, y se 
preocupará de que se transmitan efectivamente al 
Tribunal todos los documentos necesarios para el control 
de los mismos. 
RECUPERACIÓN DE ENTREGAS A 
CUENTA CORRESPONDIENTES 
A GASTOS OPERATIVOS 
Procedimientos de identificación de las 
recuperaciones y de la contabilización de las 
entregas a cuenta 
2.41 y 2.53. (a) La Comisión es plenamente consciente 
de la importancia del problema que plantea el control de 
los compromisos en curso. Periódicamente se procede al 
examen de los compromisos que siguen abiertos, 
concretamente para verificar la fase en que se encuentren 
las recomendaciones. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 245 
Sin embargo, teniendo en cuenta la diversidad de 
naturaleza jurídica de las operaciones financieras gestio­
nadas por los servicios, los ordenadores de pagos son los 
más indicados para ocuparse del control de los expedien­
tes. 
La Comisión, en principio, reconoce la utilidad de la 
diversificación de los datos de la contabilidad central. 
Dentro del ámbito de desarrollo del nuevo sistema 
Sincom, tendrá presentes los comentarios del Tribunal. 
2.41 y 2.53 (b) y (e) A lo largo de los últimos ejercicios 
se ha realizado un gran esfuerzo, en particular comple­
mentando las «Normas internas» y estableciendo las 
directrices apropiadas, para que los ordenadores garanti­
cen el mejor control posible de la ejecución de los gastos, 
lo que implica también el establecimiento de órdenes de 
ingreso cuando se demuestra que determinados anticipos 
deben ser devueltos. 
De manera general, en la medida en que los resultados 
aún no son satisfactorios, ello no debe achacarse tanto a 
una falta de disposiciones de dirección internas de la 
Comisión como a determinadas situaciones pasadas que 
están en vías de mejora: 
— por lo general, antes las obligaciones plurianuales 
contraídas no tenían una «fecha límite» sistemática 
de ejecución. En el futuro, en virtud de la nueva 
disposición establecida en el apartado 3 bis del 
artículo 1 del Reglamento Financiero, se impondría 
la instauración de una disciplina mucho más riguro­
sa; 
se intentará lograr una mayor adecuación, por una 
parte, entre los medios, especialmente en los efectivos 
puestos a disposición de los ordenadores para 
garantizar la ejecución del presupuesto y, por otra, el 
control constante y detallado de cada uno de los 
expedientes. Para mejorar la situación, en un futuro 
deberían tomarse las medidas adecuadas en el ámbito 
de los medios empleados y del comportamiento de los 
ordenadores. 
La revisión de la normativa de base que se está realizando, 
así como las medidas que se deben tomar para llevarla a 
cabo, deberían aclarar los mecanismos que ponen en 
marcha las operaciones de recuperación, en particular en 
lo que se refiere a la interpretación y la identificación de 
los verdaderos responsables, cuando se plantean proble­
mas de este tipo. 
2.41. Véase la respuesta a los apartados 2.51 y 2.53 (a). 
2.42. Médicos sin fronteras/Bélgica (MSF-B): ONG 
222/86/B. La Comisión desea resaltar los siguientes 
datos: — el 12 de mayo de 1987, MSF-B envió un informe 
provisional sobre los gastos efectuados en 1986, en el 
que se incluía una previsión de presupuesto para 
1987; 
el 14 de julio de 1987, MSF-B informó de los 
problemas a los que había tenido que hacer frente y de 
la suspensión temporal del proyecto como consecuen­
cia de la intervención del gobernador militar de la 
región; 
— el 9 de febrero de 1988, MSF-B comunicó que se había 
visto obligada a abandonar la región y que procedía 
cerrar el proyecto. Teniendo en cuenta que las 
dificultades de la ONG estaban vinculadas a aspectos 
políticos, la Comisión decidió posponer el cierre del 
proyecto; 
— el 19 de agosto de 1988, la Comisión escribió a la 
ONG pidiéndole la información complementaria 
necesaria para la recuperación de la contribución no 
utilizada (89 954 ECU) incrementada con los posibles 
intereses bancarios. A menudo es necesario esperar 
un informe sobre la ejecución de las actividades e 
incluso efectuar un control para poder fijar el importe 
que hay que recuperar y por lo tanto poder emitir una 
orden de cobro que permita al contable proceder al 
cobro. 
2.43. En la mayoría de los casos, la colocación de los 
ingresos en la cuenta de espera se debe a la inexistencia de 
una referencia que permita la conciliación con la orden de 
cobro correspondiente. La Comisión intenta obtener 
dichas referencias lo antes posible. Por lo que se refiere al 
Fondo Social, la Comisión remite a las respuestas que se 
dan a continuación en el Capítulo 7. 
Utilización de las entregas a cuenta 
recuperadas 
para la financiación de nuevos gastos 
2.45. La última modificación del Reglamento Financie­
ro, así como la reforma de los fondos estructurales, 
conducirá a una armonización mayor de los procedimien­
tos en materia de nueva utilización. 
2.46 y 2.53. (c) Es cierto que hasta el momento la 
Comisión no ha establecido criterios sobre el recurso a la 
reutilización de entregas a cuentas recuperadas. Efectiva­
mente, al ser de aplicación facultativa las disposiciones 
que permiten recurrir a la reutilización de las cantidades 
indebidamente pagadas, algunos servicios se han acogido 
a ello, mientras que otros han procedido a su imputación 
en el estado de ingresos. 
246 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
A este fin, la Comisión va a proponer, en el marco de la 
nueva propuesta de revisión general del Reglamento 
Financiero, una disposición totalmente nueva que 
equivaldría a tratar las cantidades así recuperadas de 
forma análoga a la de las cantidades liberadas. Así se 
aseguraría un trato homogéneo tanto en la posible 
reconstitución de los compromisos como en la reutiliza­
ción de determinados medios de pago y en el comporta­
miento de los ordenadores. 
Presentación en las cuentas anuales de las 
devoluciones de entregas a cuenta y de su 
« reutilización » para financiar nuevos gastos 
2.48, 2.49 y 2.53. (d) La Comisión es consciente de que 
actualmente, las cuentas anuales no permiten determinar 
de forma precisa los importes recuperados y su utilización 
para la financiación de nuevos gastos. Esta situación se 
debe al tratamiento aplicado a algunas de estas recupera­
ciones y a los programas informáticos correspondientes. 
Se registren en ingresos o en gastos negativos, las 
recuperaciones no se distinguen de las demás transaccio­
nes, para la presentación de los ingresos y los gastos en la 
cuenta de gestión. Por el contrario, las recuperaciones 
« reutilizadas » se aislan dentro de las cuentas anuales y se 
desglosan por partidas presupuestarias. La Comisión 
estudia la posibilidad de mejorar la presentación de 
dichas recuperaciones en el contexto de su reflexión 
general sobre la cuestión. 
Procedimientos de recuperación 
2.51. Aunque en algunos casos surgen problemas a 
escala de procedimientos, el sistema en conjunto no puede 
cuestionarse, ya que se han realizado grandes progresos y 
la situación ha mejorado considerablemente. 
Las recuperaciones están condicionadas en primer lugar 
por las reglamentaciones de base o de sector, y a 
continuación por la forma en que se gestionan determina­
dos expedientes. Además, el mismo Tribunal mencionó 
este problema en su Informe especial n° 1/88 sobre los 
procedimientos y sistemas comunitarios y nacionales de 
gestión del Fondo Social Europeo (DO C 126 de 
16.5.1988). 
El Tribunal comprobó que dichas normativas no son 
siempre coherentes y que por ello hacen muy difícil el 
seguimiento eficaz de las recuperaciones. 
Finalmente, los ejemplos citados por el Tribunal en el 
punto 2.51 b), demuestran que la Comisión prosigue las recuperaciones hasta el final. Cada vez que es posible 
inicia los procedimientos de recuperación, incluso en caso 
de procedimiento concursal. Debido a esto la Comisión 
ha establecido un sistema para acelerar los procedimien­
tos de cobro de los créditos y para cerrar los expedientes 
relativos a deudas incobrables. Este enfoque constituye el 
único medio de recuperar un dividendo cualquiera, o bien 
con motivo de la liquidación definitiva, o por una posible 
reanudación de la actividad por parte del deudor. 
(a) y (b) Ese dato se está examinando en el contexto de 
la revisión del Reglamento Financiero. 
Observación final sobre las recuperaciones 
de entregas a cuenta 
2.52 - 2.53. La Comisión remite a las respuestas dadas 
en el punto anterior. 
2.53. (f) Las pérdidas procedentes de las quiebras son 
pequeñas y los costes de recuperación no guardan 
relación con las posibilidades de recuperación. La 
Comisión se está planteando la posibilidad de establecer 
un sistema para incrementar los medios de actuación, 
teniendo en cuenta la relación coste/eficacia que debe 
respetarse. 
2.54. Esta cuestión se está examinando en el contexto de 
la revisión del Reglamento Financiero. 
CONTABILIDAD GENERAL Y BALANCE 
FINANCIERO DE LAS COMUNIDADES 
Ingresos pendientes de cobro 
2.56. La Comisión es plenamente consciente de la 
importancia que tiene un cobro rápido y eficaz de las 
deudas. Con vistas a la buena gestión, la Comisión ha 
realizado un considerable esfuerzo para regularizar los 
expedientes vencidos entre los años 1980 y 1986. Aunque 
estas últimas deudas representan en términos financieros 
únicamente un porcentaje modesto en relación a las 
deudas del ejercicio en curso, en número constituyen una 
cifra de expedientes casi equivalente a la de las deudas 
vencidas en 1987. Ahora bien, las deudas de los ejercicios 
1986 y 1987 están formadas en su mayor parte (83 %) por 
los expedientes del Fondo Social, y proceden de la 
liberación de créditos que se produjo en 1986 y 1987. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 247 
Por lo tanto, la Comisión ha concentrado sus esfuerzos en 
la regularización de las deudas vencidas antes de 1987, así 
como en los expedientes del Fondo Social. Según su 
opinión, estas medidas, así como las mejoras que se han 
aportado al sistema informatizado de gestión de los 
expedientes, deberían estabilizar la situación de las 
deudas que quedan por liquidar durante el ejercicio 1989. 
Derechos e impuestos que se deben recuperar 
2.57 - 2.59. La Comisión, tras dirigir en junio de 1986, 
cartas a los Estados miembros que no practicaron la 
exención directa del IVA, se entrevistó con todos los 
Estados miembros afectados excepto Grecia. Los siete 
Estados miembros en cuestión rechazaron la solicitud de 
la Comisión de sustituir el reembolso del IVA a posteriori 
por la exención directa, debido a los problemas de control 
que esta exención directa iba a plantearles. Efectivamen­
te, deberían crear procedimientos destinados a suprimir 
las irregularidades que pudieran producirse cuando en 
determinadas condiciones se autoriza a los sujetos 
pasivos a facturar sin IVA. Por el contrario, el reembolso 
a posteriori no plantea estos problemas, ya que los 
Estados miembros tienen que controlar únicamente la 
petición de reembolso, basándose en los documentos 
justificativos presentados por la Comisión. 
Por lo que respecta a los dos nuevos Estados miembros, se 
está llevando a cabo la elaboración de las modalidades de 
aplicación del Protocolo en el caso de Portugal, mientras 
que la Comisión ha dirigido una carta de emplazamiento 
a España. 
2.58-2.59. Efectivamente, en 1987, primer año de 
aplicación del nuevo procedimiento de seguimiento 
contable, la Comisión se ha enfrentado a ciertas 
dificultades, que intentará superar. Así, a finales de mayo 
de 1988, sólo se habían podido elaborar cuatro solicitudes 
de reembolso. A principios de julio de 1988, se habían 
transmitido a los Estados miembros todas las solicitudes 
de reembolso. 
Por lo que se refiere al importe que figura en el balance, 
cabe señalar que aún no se conocen las modalidades de 
aplicación de España y de Portugal. 
Anticipos al personal 
2.60. En respuesta a una observación del Tribunal en su 
informe relativo al ejercicio 1986, la Comisión señaló que 
a partir de 1987 dispone, para llevar a cabo su 
contabilidad general, de un nuevo sistema informático 
(SINCOM) que, entre otras cosas, debería facilitar el 
seguimiento de las cuentas de anticipos al personal. Tras el cierre de las cuentas a 31 de diciembre de 1986, los 
saldos se introdujeron en el nuevo medio informático. 
Así, a partir de mediados de 1987, los servicios contables 
de la Comisión, gracias a las nuevas posibilidades que 
ofrece el SINCOM, han podido ponerse a analizar 
cuidadosamente los saldos traspasados del pasado. 
La Comisión reconoce que a finales del ejercicio 1987 la 
situación aún no era satisfactoria, por lo que prosigue su 
tarea con decisión. Así, por lo que se refiere a la cuenta de 
anticipos sobre gastos de misión, a 30 de junio de 1988, se 
habían resuelto 60 de los casos de saldos adeudados, 
observados por el Tribunal con motivo de la inspección. 
Además, los servicios contables de la Comisión se están 
esforzando en desarrollar, en colaboración con los 
servicios de gestión, procedimientos que eviten que se 
produzcan errores de imputación (puesta a punto de 
interfaces contables entre los sistemas informáticos de los 
gestores y los de la contabilidad) o que permitan 
detectarlos con rapidez (una mayor cooperación de los 
servicios de gestión y de contabilidad para efectuar un 
control periódico de las cuentas a lo largo del ejercicio). 
Fiabilidad y exhaustividad de las cuentas 
del FEOGA-Garantía 
2.61. La comprobación de las declaraciones de los 
Estados miembros sólo puede realizarse tomando como 
base las cuentas definitivas, en el momento de su 
liquidación. 
Como las diferencias entre los gastos imputados a las 
cuentas de un ejercicio y los constatados por la Comisión 
en el momento de la liquidación de cuentas se contabili­
zan en concepto del ejercicio a lo largo del cual ha tenido 
lugar la liquidación, la Comisión se limita a aplicar el 
artículo 99 del Reglamento Financiero. 
2.62. Por lo que respecta a los ajustes, la Comisión está 
dispuesta a buscar una posible solución al problema 
siguiendo las peticiones del Tribunal, mediante la 
consignación apropiada de dichos ajustes en el anexo de 
la cuenta de gestión y del balance consolidado. 
2.63. La Comisión se propone reducir los plazos de 
contabilización presupuestaria de los gastos del FEOGA-
Garantía, mejorando el tratamiento informático que 
implican dichas operaciones. 
Por ello, ha decidido sustituir el sistema informático que 
utilizan los servicios que ordenan estos gastos por 
material más moderno. A la espera de que el nuevo 
sistema resulte operativo, los programas actuales se han 
transferido transitoriamente a un equipo más eficaz que 
permite un acceso de datos descentralizado y, por ello, 
más rápido. 
248 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Por otra parte, la transmisión de datos de los servicios 
ordenadores a los servicios contables también ha sido 
acelerada; efectivamente, a partir del mes de agosto de 
1988 esta transferencia se realiza mediante una interfaz 
automática que ha sido posible por los cambios 
realizados en el equipo informático del ordenador. 
2.64. Las diferencias entre los saldos FEOGA-Garantía 
de la Comisión y los de determinados Estados miembros 
se deben a que éstos últimos no habían registrado en el 
balance todas las correcciones que la Comisión les había 
transmitido. 
Durante 1988, de los importes debidos a los Estados 
miembros fueron deducidos dichos saldos, tal como 
constaban en el balance de la Comisión. Como no se 
produjo ninguna objección, cabe suponer que los 
balances de los Estados miembros eran incorrectos. 
Liquidación de las cuentas de la ayuda 
alimentaria 
2.65. La Comisión es consciente de los problemas que 
pueden derivarse de la liquidación tardía de las cuentas. 
Está de acuerdo con el Tribunal en la necesidad de acabar 
con el retraso existente. Cinco Estados miembros 
tomarán sin demora la decisión de liquidar las cuentas de 
los ejercicios 1980, 1981, 1982 y 1983. 
En cuanto a las consecuencias financieras de la evolución 
de los tipos de cambio, cabe señalar que todos los Estados 
miembros deberían evaluar el fenómeno. Esto produciría 
cierta compensación debido a las fluctuaciones moneta­
rias en distinto sentido que se han producido en los 
Estados miembros en relación a la unidad de cuenta. 
En cualquier caso, la Comisión continuará su tarea en el 
ámbito de las liquidaciones, para poder enjugar el retraso 
cuanto antes. 
Seguimiento de las cuentas bancarias 
2.66 - 2.68. Desde hace algunos años, la Comisión se 
esfuerza en controlar este campo. Para ello ha estado 
negociando constantemente con sus bancos nuevas 
condiciones. 
Se puede observar que la aplicación del sistema de 
seguimiento plantea verdaderos problemas. La progresi­
va realización del proyecto SINCOM debería permitir la 
implantación de un control automático de las condiciones 
bancarias. 2.66. La Comisión ha solicitado al banco responsable 
del 80 % de los errores observados por el Tribunal que 
respete las condiciones convenidas. 
2.67. La Comisión hará que se rectifique la información 
equivocada que han facilitado algunos bancos. 
2.68. El contable de la Comisión reúne a sus colegas de 
las demás instituciones periódicamente para perfeccionar 
al máximo las posibilidades de coordinación de los 
procedimientos. 
Ingresos diversos que se deben imputar 
2.69. La situación de la partida «Ingresos diversos que 
se deben imputar» mejoró durante el ejercicio 1987, 
reduciéndose el saldo de dicha cuenta de 27,1 millones de 
ECU a 31 de diciembre de 1986 a 10,1 millones de ECU a 
31 de diciembre de 1987. La Comisión pretende continuar 
su labor en esta dirección a pesar de las dificultades a las 
que se enfrenta (aumento del número de ingresos, 
identificación dificultosa de reembolsos efectuados por 
numerosos deudores). La Comisión toma nota de los dos 
errores de imputación observados por el Tribunal, que se 
han corregido en las cuentas del ejercicio 1988. 
Préstamos concedidos a países de la cuenca 
mediterránea 
2.70. Los importes que figuran bajo el punto «Présta­
mos concedidos en condiciones especiales en el marco de 
la cooperación con terceros países» corresponden a 
gastos presupuestarios a cargo de ejercicios sucesivos. Su 
inclusión en el activo del balance de las Comunidades (así 
como la inclusión de un importe idéntico en la partida 
«Capitales propios» en el pasivo del balance) se debe al 
recuento, a final de año, de los préstamos aprobados y no 
reembolsados durante esos ejercicios sucesivos. La 
Comisión lamenta que la lista de préstamos establecida a 
31 de diciembre de 1987 presente anomalías y hará más 
rigurosos sus controles para evitar que en el futuro estos 
errores vuelvan a producirse. 
Diferencias de cambio 
2.71. Como ya menciona el Tribunal, se está realizando 
por iniciativa de la Comisión una concertación entre las 
diversas instituciones para armonizar en el futuro la 
forma en que se tratan, en contabilidad y desde el punto 
de vista de la inspección, las diferencias de cambio. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 249 
RESPUESTAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO 
Observaciones resultantes del control 
de los sueldos 
Controles realizados por el interventor 
2.23-2.24. El interventor del Tribunal de Justicia 
procede al control de todos los expedientes individuales 
de los funcionarios y otros agentes entre el momento de la 
fijación o modificación de los derechos y la liquidación y 
el cálculo de las retribuciones. En el curso del año, 
efectuará controles específicos sobre los elementos de 
RESPETO DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO 
Observaciones de la auditoría 
de las retribuciones 
Separación de funciones 
2.28. El Comité Económico y Social consideraba que el 
Reglamento Financiero no excluía la posibilidad de que, 
además de los contables, otras personas tuvieran el 
derecho de firma en lo que respecta a las cuentas 
bancarias. A su entender parecía oportuno que entre las 
dos firmas figurara siempre la de un contable y la de una 
persona con otra responsabilidad. El hecho de que en el 
CES esas otras personas sean ordenadores se debe 
únicamente al reducido número de funcionarios que 
pueden asumir esa responsabilidad. En la medida de lo 
posible, el Comité Económico y Social procederá 
progresivamente a la designación de personas con firma 
reconocida en las cuentas bancarias que no sean 
ordenadores. retribución tan pronto como sus tareas corrientes se lo 
permitan, habida cuenta de los efectivos de que dispone. 
El Tribunal de Justicia estudia la posibilidad de nombrar 
un interventor subordinado. 
Separación de funciones 
2.29. Dado que en el Tribunal de Justicia tres personas 
no ordenadores han recibido delegación de firma para las 
cuentas bancarias, los servicios del Tribunal recurrirán en 
adelante, como regla general, a la firma de esas personas y 
no a la de un ordenador. 
Ausencia de normas internas de ejecución 
del Presupuesto 
2.30. Si bien en el Comité Económico y Social no se han 
adoptado todavía disposiciones formales elaboradas de 
conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la 
Comisión de 11 de diciembre de 1986, sí se ha establecido 
un reparto de competencias entre ordenadores y gestores. 
Procedimientos aplicables a los compromisos 
y a los pagos 
2.36. A partir del 1 de enero de 1988 se viene aplicando 
un nuevo sistema contable en el Comité Económico y 
Social que funciona sobre la base del programa utilizado 
por el Consejo y mediante el cual se registran tanto los 
compromisos como los pagos. 
2.37. Es cierto que, por falta de personal, el compromi­
so de gastos se ha efectuado a veces después de la 
recepción de las facturas. Un los últimos meses se han 
realizado serios esfuerzos para evitar tales omisiones. RESPUESTAS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
(») DOC 89 de 6.4.1988, p. 11. 
(2) DOL 185 de 15.7.1988. 
250 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
CAPÍTULO 3 
Ingresos 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
RÉGIMEN DE TRÁNSITO 
COMUNITARIO — TRANSPORTE 
POR CARRETERA 
Introducción 
3.3 - 3.35. La Comisión comparte la preocupación del 
Tribunal en lo relativo a las dificultades de aplicación del 
régimen. 
Durante las inspecciones de recursos propios, la Comi­
sión se asegurará de que las administraciones nacionales 
competentes aplican correctamente la normativa comuni­
taria teniendo en cuenta las observaciones formuladas 
por el Tribunal. 
La Comisión discutirá, dentro del Comité de Circulación 
de Mercancías, los problemas concretos vinculados a la 
aplicación del régimen y, en particular, los problemas 
planteados por el Tribunal en el presente informe. 
Influencia del régimen en los recursos 
propios comunitarios 
3.9. Teniendo en cuenta que los medios humanos y 
materiales de que se dispone en materia de inspección son 
muy limitados, el facilitar racionalmente los intercambios 
(por ejemplo, en función del modo de transporte, o de la 
Habilidad del operador) no excluye la posibilidad de 
concentrar las inspecciones en los ámbitos que parecen 
más delicados, mejorándose así la rentabilidad de los 
medios de transporte utilizados. 3.10. La normativa relativa al tránsito comunitario ha 
establecido desde un principio diferencias en los procedi­
mientos aplicables al tránsito interno (T2) y al externo 
(TI), que se caracterizan por la progresiva flexibilización 
del régimen de tránsito comunitario interno (T2). Así, se 
produce una diferencia cada vez mayor entre el tránsito 
interno y el externo, que mantiene el rigor necesario para 
lograr sus fines consistentes, básicamente, en la conserva­
ción de los recursos propios. A este respecto, la Comisión 
está de acuerdo con el Tribunal en que los Estados 
miembros deberán ser particularmente vigilantes en la 
aplicación del tránsito comunitario externo. 
Observaciones de la auditoría a la aplicación 
del sistema en los Estados miembros 
Seguridad de la documentación de tránsito 
3.11. El documento de tránsito se cumplimenta con la 
declaración de expedición/exportación y el ejemplar n° 1 
de dicho documento se archiva en la aduana de partida. 
Cuando se devuelve el ejemplar de reexpedición (ejem­
plar 5) la aduana de partida compara los dos ejemplares y 
así puede comprobar, cuando es necesario, si durante el 
trayecto se ha efectuado un cambio de la sigla TI. 
En principio, no debería darse el caso de que la sigla TI se 
falsifique únicamente en el ejemplar n° 2 (actualmente 
ejemplar n° 4) una vez finalizada la operación de tránsito, 
ya que la aduana de destino conserva dicho ejemplar. Se 
recordará expresamente esta norma a las administracio­
nes de aduanas. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 251 
3.12. La práctica de utilizar el documento TI para 
mercancías comunitarias, observada por el Tribunal, no 
perjudicará la recaudación de los recursos propios. 
Precintado del medio de transporte en la aduana 
de partida 
3.13 - 3.14. En principio, el precintado de los envíos es 
obligatorio y esta norma se ha confirmado también para 
las mercancías particularmente sensibles, por medio de 
procedimientos administrativos. 
Sin embargo, desde un principio, el tránsito comunitario 
se ha concebido como un régimen accesible a todos y, por 
lo tanto, por lo que a precintado se refiere, se ha 
establecido siguiendo unas normas menos rígidas que las 
del régimen TIR. Concretamente, la posibilidad de 
acogerse al procedimiento simplificado que se ha 
concedido a determinados operadores, aporta también 
mayores facilidades en materia de precintado. 
Además, la perspectiva de la libre circulación en la 
Comunidad de las mercancías con estatuto comunitario, 
en 1992, permite prever ya una tendencia a la flexibiliza-
ción del recurso al precintado en este tipo de mercancía. 
Por el contrario, para los envíos vía, o hacia Suiza y 
Austria, el precintado ha cobrado carácter obligatorio. 
El problema del precintado de las mercancías de terceros 
países se volverá a examinar con los Estados miembros, a 
su debido tiempo, basándose en el Informe del Tribunal. 
Control de las mercancías en las aduanas de destino 
3.15. La Comisión toma nota de las observaciones del 
Tribunal. En lo que respecta al control en los puertos, la 
sugerencia de que un sello nominativo especial acompañe 
a la firma de los agentes, se examinará con los Estados 
miembros. 
Tramitación de las irregularidades descubiertas 
en la aduana de destino 
3.16. La falta de una información adecuada entre la 
aduana de destino y la aduana de partida debería paliarse 
mediante las disposiciones de 1 de enero de 1988, citadas por el propio Tribunal al final de este punto, que están 
encaminadas a facilitar el máximo de información posible 
a la aduana de partida en caso de que se descubran 
irregularidades. 
Retrasos en la finalización de las operaciones de tránsito 
3.17. La Comisión lleva a cabo una labor permanente, 
tanto general como puntual, para garantizar que los 
documentos de tránsito se envíen con la mayor rapidez 
posible. Basándose en el informe del Tribunal, la 
Comisión volverá a recordar a las administraciones la 
necesidad de respetar los plazos fijados. 
Procedimientos de investigación 
3.18. Efectivamente, uno de los mayores problemas con 
que se enfrentan las administraciones en el cumplimiento 
de los procedimientos de investigación es la falta de 
respuesta a las solicitudes de información, a pesar de las 
reiteradas demandas. 
El 21 de marzo de 1988, el Comité de Circulación de 
Mercancías adoptó un acuerdo administrativo por el que 
se creaba un procedimiento armonizado para estos casos, 
que entró en vigor el 1 de julio de 1988. 
3.19. Se toma nota de las observaciones relativas a la 
necesidad de informar a la aduana de partida del 
desarrollo y la finalización de las operaciones llevadas a 
cabo por el Estado miembro encargado de la recupera­
ción de los gravámenes, por una parte, para prevenir el 
cierre abusivo de las operaciones y, por otra, para no 
retrasar indebidamente dicha liquidación. 
3.20. La situación descrita es real sin duda, pero se 
deriva de la propia naturaleza de la garantía global, tal 
como ha sido estipulada por la legislación comunitaria. 
Dicha garantía puede cubrir operaciones de tránsito 
sucesivas o simultáneas, a partir de cualquier Estado 
miembro o de cualquier país de la AELC donde sea 
válida, sin que jurídica o materialmente sea posible 
oponerse, si el obligado principal ha conseguido una 
autorización previa que se concreta en un certificado de 
fianza válido. 
252 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Recuperación de los recursos propios de las 
operaciones de tránsito no ultimadas 
3.21. La Comisión confirma que no le parece indicado 
disociar la recaudación de los derechos de aduana de la de 
los importes de carácter fiscal. Organismos centrales de tránsito 
3.27. La Comisión comparte la preocupación del 
Tribunal a este respecto y ya ha señalado a los Estados 
miembros la necesidad de que los documentos se 
empaqueten convenientemente para su expedición. 
Tampoco dudará en intensificar su labor para tratar de 
resolver el problema. 
3.22. Además, la Comisión es consciente de que el 
funcionamiento del procedimiento de investigación 
puede llevar mucho tiempo y que gran número de 
expedientes puede quedar pendiente. La experiencia 
demuestra, sin embargo, que el procedimimiento de 
investigación que, supuestamente, se pone en marcha en 
situaciones de irregularidad, se enfrenta, en la mayoría de 
los casos, con numerosos obstáculos que constituyen una 
fuente de retrasos inevitable. Sea como fuere, la Comisión 
y el Comité de Circulación de Mercancías se preocupan 
permanentemente del buen funcionamiento del procedi­
miento de investigación. Por eso, además del acuerdo 
mencionado en el apartado 3.18, se ha presentado al 
Comité el proyecto para un nuevo modelo de petición de 
información con mayores posibilidades de utilización y 
que elimina la correspondencia paralela que es la causa 
más común de los retrasos. 
Procedimientos de verificación posteriores 
al despacho de aduanas 
3.23. Como consecuencia de las observaciones del 
Tribunal, la Comisión recordará a las administraciones 
afectadas las disposiciones del acuerdo administrativo 
relativo al control a posteriori de los documentos de 
tránsito comunitario, y, en particular, aquella que 
establece que, además de los casos en que se supone que 
existe algún error o inexactitud, se controlarán por el 
sistema de sondeo uno de cada mil documentos de 
tránsito enviados, inspeccionándose como mínimo dos 
documentos por mes y por aduana de partida. 3.28. La idea de evitar que los documentos que cubren 
intercambios importantes y regulares entre las mismas 
aduanas pasen por los organismos centrales puede 
parecer una solución que acelere de forma parcial la 
reexpedición de los documentos pero, en la práctica, 
puede crear particularidades en el sistema global y 
convertir finalmente la reexpedición de documentos en 
una fuente de errores y de retrasos. 
Tramitación de las operaciones de tránsito 
con medios informáticos 
3.29. El proyecto piloto citado por el Tribunal se ha 
abandonado, pues ha sido integrado en otro más amplio 
(proyecto CD) cuyo objetivo es informatizar todos los 
procedimientos de aduanas. 
Función del « Comité de Circulación de 
Mercancías» 
3.31. La Comisión está de acuerdo con el Tribunal 
sobre la necesidad de mejorar y acelerar el proceso de 
adopción de los acuerdos administrativos, y va a 
examinar los medios que permitirán progresar en esta vía. 
Conclusión 
Conservación de los registros de tránsito y de otros tipos 
y labor de la dirección 
3.24 - 3.25. Los métodos de gestión de las operaciones 
de tránsito y de los expedientes de contencioso así como la 
forma de aplicar dichos métodos que tienen sus servicios 
son responsabilidad de las administraciones. Se trata de 
un problema de organización interna de las administra­
ciones de aduanas de los Estados miembros, lo que 
evidentemente no excluye que se tomen medidas a nivel 
comunitario para suprimir o rectificar los errores que 
puedan detectarse y que perjudiquen a los recursos 
propios. 3.32. Además de los progresos que ya se han realizado, 
la Comisión estudiará la posibilidad de intensificar 
nuevamente las medidas administrativas que se aplican al 
tránsito comunitario externo, sin perder por ello de vista 
las exigencias que plantea la facilitación de la circulación 
de las mercancías que constituyen la esencia misma de este 
régimen. 
3.33. La Comisión ha tomado nota de los problemas de 
la aplicación de las normas de tránsito comunitario que el 
Tribunal ha observado en las oficinas de aduanas de los 
Estados miembros y proseguirá su plan de acción o 
preparará, llegado el caso, nuevas medidas para el 
funcionamiento óptimo de los procedimientos en cues­
tión. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 253 
3.34. Sería conveniente mejorar el funcionamiento de 
las oficinas centrales, mediante la ampliación de sus 
tareas, que consisten generalmente en la selección, a la 
tarea de control. 
Sea como sea, y tal como señala el Tribunal, únicamente 
el desarrollo de los procedimientos informáticos podrá 
aportar una solución sustancial, en lo que respecta al 
ahorro de tiempo y a la Habilidad, a los problemas 
relacionados con el cierre de las operaciones de tránsito 
comunitario. 
3.35. La Comisión se propone hacer que el Comité 
garantice plenamente el cumplimiento de las responsabili­
dades que le corresponden en la aplicación del régimen de 
tránsito comunitario, y, basándose en situaciones 
concretas y bien definidas, presentará ante dicho Comité 
propuestas para mejorar esta aplicación. 
SISTEMA DE IMPOSICIÓN Y DE 
CONTABILIZACIÓN DE LOS DERECHOS 
ANTIDUMPING 
Comentarios sugeridos por el control del 
sistema de imposición y de contabilización de 
los derechos antidumping 
Presentación de los derechos antidumping en 
las cuentas comunitarias 
3.46. En la propuesta de Reglamento del Consejo 
relativo a la contabilización y a las condiciones de pago de 
los importes de derechos a la importación o a la 
exportación derivados de una deuda aduanera 
(COM(84) 739 final, de 7 de enero de 1985), el apartado 2 
del artículo 2 estipula que serán los Estados miembros los 
que fijen las modalidades prácticas de contabilización de 
los importes de los derechos. 
La Comisión desearía, sin embargo, que cada uno de los 
Estados miembros contabilizara por separado los 
derechos antidumping, aunque cabe señalar que la 
Comunidad o sus principales asociados comerciales no 
consideran que la principal finalidad de los derechos 
antidumping sea la de aumentar los ingresos. Difusión de las decisiones de imponer derechos 
antidumping provisionales 
3.47-3.48. La Comisión es consciente del problema 
que plantea la aplicación inmediata de un derecho 
antidumping o de cualquier otra medida reglamentaria 
que lleve consigo la percepción de ingresos. El desarrollo 
de medios informáticos de transmisión debería permitir 
una mejora de la situación. 
A largo plazo, cuando el TARIC Interface sea operativo, 
los Estados miembros recibirán toda la información 
necesaria para sus ficheros arancelarios. Esto permitirá 
mejorar sensiblemente la aplicación de la normativa. 
Liquidación como recursos propios de los derechos 
antidumping provisionales 
3.51. El problema deberá quedar resuelto una vez se 
haya adoptado y se aplique la nueva propuesta de 
reglamento del Consejo, por el que se aplica la decisión de 
24 de junio de 1988 relativa al sistema de recursos propios 
de las Comunidades {}). 
En efecto, cuando un derecho antidumping provisional se 
convierte en definitivo, la obligación de presentar una 
garantía, estipulada por la segunda frase del apartado 1 
del artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 2176/84 del 
Consejo, de 23 de julio de 1984, se convierte en una 
obligación de pago del derecho en cuestión. La adminis­
tración de aduanas deberá comunicar al importador esta 
nueva situación. Si éste no paga el importe del derecho, la 
garantía se hace efectiva. Al margen de este procedimien­
to de cobro, la comunicación al importador del importe 
adeudado equivale a la liquidación del derecho con 
arreglo al artículo 2 de la propuesta de reglamento 
anteriormente mencionada y el importe en cuestión será 
contabilizado y puesto a disposición de la Comisión [letra 
a) del apartado 2 del artículo 6 y apartado 1 del artículo 9, 
respectivamente]. 
Controles aduaneros sobre las mercancías importadas 
potencialmente sujetas a derechos antidumping 
3.56. Se recuerda que son las administraciones de los 
Estados miembros las encargadas de aplicar toda la 
normativa comunitaria que rige las relaciones comercia­
les entre la Comunidad y los terceros países. La cuestión 
planteada por el Tribunal en el ámbito concreto de los 
derechos antidumping, sugiere a la Comisión una 
(]) Las notas aparecen al final del capítulo. 
254 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
reflexión de carácter más general sobre la eficacia y la 
organización de los controles, en particular de los 
productos sensibles. 
Imposición de derechos antidumping 
provisionales y control de los compromisos 
por la Comisión 
Derechos antidumping provisionales 
3.57. La Comisión es plenamente consciente de que es 
posible eludir los derechos antidumping acelerando la 
importación de los productos susceptibles de dumping 
mientras se está llevando a cabo la investigación. Esta es 
una de las razones por las que, en los últimos años, se ha 
intentado reducir el período de tiempo que transcurre 
entre el comienzo de la investigación y la imposición de 
los derechos provisionales, a pesar de que las investigacio­
nes hayan aumentado en número y en complejidad. Sólo 
se podrá conseguir una reducción aún mayor de este 
período aumentando los medios, puesto que los artículos 
7 y 11 de la normativa antidumping comunitaria y los 
artículos 5 y 10 del Código Antidumping del GATT 
establecen una distinción entre las pruebas suficientes 
prima facie requeridas para que se inicie la investigación y 
las pruebas afirmativas provisionales necesarias para la 
imposición de los derechos provisionales, resultantes del 
examen de los hechos. 
La aceptación y el control de los compromisos 
3.58 - 3.59. La Comisión está plenamente de acuerdo 
en que si se aceptan compromisos hay que preocuparse de 
controlarlos de forma efectiva, y reconoce que en el 
pasado este control no ha sido lo suficientemente 
exhaustivo. Esto se ha debido únicamente a las limitacio­
nes de efectivos, que han obligado a concentrar los 
esfuerzos principalmente en áreas conflictivas donde la 
información transmitida por los productores comunita­
rios u otros comerciantes hacía sospechar que no se 
estaban respetando los compromisos. Aunque el control 
no fuera completamente exhaustivo tampoco resultó 
infructuoso y, además de los casos en que se impusieron 
derechos provisionales mencionados por el Tribunal, 
llegaron a iniciarse investigaciones sobre otros dos 
productos. Por otra parte, la Comisión suele dar al 
exportador la oportunidad de explicar sus operaciones 
antes de proceder a la imposición de los derechos 
antidumping. 
La Comisión reconoce la necesidad de disipar cualquier 
duda sobre la eficacia del control que se aplica en este 
área; sin embargo, tras las deliberaciones que se 
produjeron durante el examen del Tribunal, al que se alude en el apartado 3.39, se ha adoptado un nuevo 
método de control más amplio y sistemático. 
EXACCIONES REGULADORAS 
AGRÍCOLAS APLICABLES A LAS 
IMPORTACIONES DE CEREALES 
Determinación de la exacción reguladora 
agrícola — Precio CIF mundial 
3.67. (a) Para la determinación de los precios CIF se 
utiliza una nota de expediente. La Comisión admite que a 
veces las causas del rechazo de los precios CIF más bajos 
no estaban explicadas suficientemente. En la actualidad, 
intenta que los motivos se expongan de forma más 
explícita. 
(b) Para realizar los cálculos, la Comisión tiene en 
cuenta los siguientes factores: 
— las tarifas del flete no varían continuamente y, por lo 
tanto, pueden tener validez durante un tiempo 
determinado que va de dos a tres meses. 
las tarifas del flete varían dependiendo del tonelaje del 
navio, que puede ser de 15 000 a 75 000 toneladas o 
más, zarpando de Estados Unidos. Por lo tanto, la 
tarifa de flete deberá responder a unos criterios 
determinados. La Comisión tiene previsto controlar 
con más exactitud en el futuro la evolución de los 
gastos de transporte. 
Por lo que respecta a las tarifas de transbordo que se 
aplican en Rotterdam, es cierto que éstas proceden de una 
fuente única (G.E.M. Rotterdam) que tiene el monopolio 
de las tarifas, pero esta sociedad está bajo el control de las 
autoridades neerlandesas y se la considera fiable y 
representativa. En cuanto al problema de la invariabili-
dad de los importes desde hace varios años, se debe a la 
baja inflación y a la congelación de los precios llevada a 
cabo por los Países Bajos. 
Efectivamente, los gastos de seguros provienen de una 
única fuente, el BALM (organismo de intervención 
alemán), pero dicha institución es reputada por su 
fiabilidad. 
(c) Es cierto que las comunicaciones oficiales de 
algunos Estados miembros sobre los precios CIF no son 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 255 
sistemáticas y resultan poco satisfactorias. Sin embargo, 
esto no ocurre en los países que son todavía auténticos 
importadores como los Países Bajos, Alemania, Bélgica e 
Italia. Además, los precios CIF que se utilicen deben ser 
CIF de Rotterdam y en US$. Por el contrario, los precios 
británicos o irlandeses se expresan en moneda nacional y 
con respecto a puertos británicos o irlandeses, cuya 
importancia no puede compararse al puerto de Rotter­
dam. Por lo tanto, la Comisión tiene dificultades 
comprensivas a la hora de expresar dichos precios con 
respecto a una sola base CIF de Rotterdam ya que los 
factores de corrección son, en una zona geográfica de 
comercio intenso como ésta, muy diversos y fluctuantes 
(numerosos puertos, barcos de tonelaje muy variado, 
influencia de los flujos de exportación sobre las tarifas), 
ya que gran parte de los cereales británicos se transborda 
en Gante, Amberes y Rotterdam para la exportación. 
Aunque a menudo, por mediación de los expertos 
nacionales se ha abordado con los Estados miembros la 
cuestión de crear un reglamento específico que institucio­
nalice los intercambios de información, especialmente 
sobre precios CIF, nunca se ha llegado a establecer una 
base común ya que la utilidad real de tal normativa no se 
ha podido demostrar, ni se ha considerado indispensable. 
Sin embargo, la Comisión volverá a discutir estos 
problemas con los Estados miembros. 
(d) Por lo que respecta al control de los procedimientos 
y la verificación de los cálculos, se han introducido 
mejoras en estas tareas mediante la informatización, que 
ha contribuido a reducir el riesgo de error, a hacer 
posibles las comparaciones y a paliar la falta de personal 
asignado a estas tareas. 
3.68. La Comisión seguirá intentando lograr la mayor 
exactitud y fiabilidad posibles para fijar la exacción 
adecuada, basándose en la información disponible, sin 
descartar de forma injustificada la oferta más baja. 
El sistema de fijación anticipada 
Influencia de la fijación anticipada en la recaudación 
de la exacción reguladora 
3.72. En la Comunidad existe un excedente de cereales, 
debido a la propia producción y a la importación de 
productos de sustitución, por lo que en general no hay 
una auténtica necesidad de importación, salvo: 
por necesidades técnicas específicas que varían todos 
los años; — ocasionalmente, para ciertas regiones de la Comuni­
dad, en determinados momentos del año (por 
ejemplo, al finalizar la campaña del trigo blando, en el 
Reino Unido). 
El resto de las importaciones responde exclusivamente a 
deseos de especulación. La disminución radical de las 
importaciones año tras año, deberá interpretarse positi­
vamente pues demuestra que las posibilidades de 
especular son muy limitadas. 
Cabe señalar que la fijación anticipada de la exacción al 
final de la campaña no aporta ventajas sistemáticas al 
operador. 
La reducción de la exacción mediante la ruptura de 
precios tras el paso de una campaña a otra, refleja la 
disminución correspondiente del precio umbral y del 
precio interior al que el operador podrá revender el cereal 
importado. Además, al utilizar los precios mundiales a 
plazo para la nueva cosecha, en el momento de 
determinar la exacción, se evita que el operador se 
beneficie indebidamente de una baja de las cotizaciones. 
En períodos de inseguridad, en los que los precios 
mundiales se ven expuestos a grandes fluctuaciones, la 
Comisión puede suspender la fijación anticipada de la 
exacción, como ocurrió durante el verano de 1988 (sequía 
en USA y Canadá, cambios bruscos de precio). 
La Comisión no se encuentra en condiciones de juzgar el 
cálculo de la posible pérdida de ingresos debida a la 
fijación anticipada, que el Tribunal ha estimado es unos 
40 a 45 Mió ECU al año. 
Valoración del sistema de fijación anticipada 
3.73-3.74. Por lo que se refiere a la contradicción 
observada por el Tribunal entre el respeto del precio 
umbral y la fijación anticipada de las exacciones, cabe 
señalar que la fijación anticipada de las restituciones a la 
exportación y de las exacciones a la importación es un 
factor importante en la organización de mercados; si se 
suprimiera de forma permanente, los operadores comuni­
tarios no podrían trabajar en las condiciones que se 
consideran normales o incluso indispensables en el 
comercio mundial. 
Para lograr que los precios umbral se respeten al máximo 
. y evitar una especulación anómala, manteniendo la 
libertad de las operaciones comerciales, la Comisión ha 
tomado ya las medidas siguientes: 
— limitación de la validez de los certificados de 
importación de 3 meses a 45 días; 
— aplicación de fianzas más elevadas (16 ECU/t); 
256 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
— utilización de los tipos de cambio del día considerado 
y no de la media semanal tras las fluctuaciones 
inesperadas del US $); 
— suspensión de la fijación anticipada durante períodos 
concretos, cuando se producen situaciones críticas; 
— ampliación de la información utilizada, es decir, que 
ésta no se limitará a los datos comunicados por los 
Estados miembros, sino que se incluirán también los 
obtenidos directamente por la Comisión. 
Evolución del comercio de cereales 
y sus productos sustitutivos 
3.76. La Comisión está de acuerdo con el análisis del 
Tribunal, pero recuerda que la situación se debe a los 
acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad. 
Conclusión 
3.77. En los puntos anteriores se han explicado las notas 
del expediente sobre los motivos de decisión, que ahora 
son más explícitos, y la recopilación de información y la 
comprobación de los cálculos, que se han perfeccionado 
ya en cierta medida. 
El objetivo de la exacción es garantizar que las 
importaciones no se lleven a cabo por debajo del precio 
umbral. En las decisiones de fijación diarias, la Comisión seguirá calculando, con arreglo a la normativa, el importe 
estrictamente necesario para obtener dicho resultado. 
PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS 
DERECHOS DE ADUANA DE ESPAÑA 
Y PORTUGAL 
3.78 - 3.80. Tras examinar el informe a la luz de todas 
las informaciones disponibles sobre las negociaciones, la 
Comisión decidió no proseguir con el procedimiento de 
infracción contra España y Portugal. 
La Comisión se ha limitado a actuar dentro de los poderes 
que le han sido conferidos. 
EXENCIONES DE DERECHOS DE 
ADUANA A MATERIAL MILITAR 
CONCEDIDAS UNILATERALMENTE 
POR LOS ESTADOS MIEMBROS 
3.81 - 3.84. La Comisión está de acuerdo con el 
Tribunal en que es necesario introducir un régimen 
comunitario especial en materia de importación de 
material militar. Siguiendo esta idea, el 29 de septiembre 
de 1988 presentó ante el Consejo una propuesta de 
Reglamento al respecto (2). 
0) DOC 255 de 1.10.88, p. 5. 
(2) DO C 265 de 12.10.1988, p. 9. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 257 
CAPITULO 4 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, 
Sección Garantía (FEOGA-Garantía) 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
CONTROLES NACIONALES 
DE LOS GASTOS DEL FEOGA-GARANTÍA 
Control de los gastos de almacenamiento 
e intervención Al igual que el Tribunal, la Comisión es consciente de las 
deficiencias existentes en la gestión y el control por parte 
de los servicios nacionales. La Comisión someterá el 
mencionado informe especial del Tribunal, que trata de 
dichas cuestiones, a los Estados miembros, en particular 
en el marco de un grupo de trabajo adecuado, y 
examinará con sus representantes las posibles mejoras 
4.6-4.19. En lo que se refiere a dichos puntos, la 
Comisión se remite a sus respuestas al informe especial del 
Tribunal sobre la gestión y el control del almacenamiento 
público. 
4.6 - 4.7. En lo que se refiere al control comunitario en 
el ámbito del almacenamiento público, la Comisión 
recuerda que el sistema de gestión y financiación 
seleccionado fue el resultado de largas negociaciones a 
nivel del Consejo, que optó por un sistema en el cual la 
gestión práctica queda en manos de las autoridades de los 
Estados miembros. La financiación corre a cargo de la 
Comunidad sobre la base de un régimen a tanto alzado, 
vista la disparidad de prácticas de almacenamiento y 
administración de los Estados miembros. Control de las cantidades y de la calidad/condiciones 
de almacenamiento 
4.8-4.13. Habida cuenta de su responsabilidad en la 
gestión práctica del almacenamiento público, incumbe a 
los Estados miembros la organización del control y de la 
vigilancia de dichas existencias. Los métodos aplicados 
corresponden a la estructura administrativa existente en 
cada Estado miembro, ya que la prescripción de métodos 
comunitarios únicos en determinados casos podría crear 
dificultades objetivas para los Estados miembros en 
cuanto a la organización de sus administraciones y sólo 
podría dar por resultado normas aceptables por todos y 
por ello poco estructuradas. 
En dicho sistema comunitario, los Estados miembros son 
los responsables en el contexto nacional del control y 
vigilancia de las mercancías compradas y almacenadas así 
como de su buena conservación (artículo 2 del Reglamen­
to (CEE) n° 3247/81). 
En el marco del procedimiento de liquidación de cuentas, 
la Comisión no sólo cierra las cuentas sino que también 
comprueba la aplicación de la normativa comunitaria a 
nivel nacional. A raíz de la introducción de la auditoría de 
los sistemas, es de esperar una mejora progresiva de la 
gestión en dicho ámbito. Declaraciones de gastos de los Estados miembros 
y conclusiones sobre el almacenamiento de intervención 
4.14-4.19. La financiación comunitaria de los gastos 
de almacenamiento público se basa en la presentación de 
un documento equivalente a una factura, como por otra 
parte para cualquier otra financiación del FEOGA-
Garantía. A esta factura se adjuntan los documentos 
justificativos que prescribe la normativa comunitaria. 
Determinados elementos se sacan de la contabilidad del 
organismo de intervención y otros son cálculos suplemen­
tarios para definir los costes de las operaciones materiales 
que se deben facturar. 
258 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Además, la naturaleza de las operaciones materiales que 
da lugar a la financiación es tal que las cantidades de 
productos comprados y vendidos (y, por consiguiente, 
almacenados), son provisionales, y se basan, por ejemplo, 
en tomas a cargo provisionales a la espera de los 
resultados de un control de calidad. Por el contrario, la 
contabilidad que sirve de base es la del Estado miembro y 
se acomoda a la normativa nacional pertinente, por lo que 
no debe ser provisional. 
Y es más, en el sistema de prefinanciación comunitaria 
(sean anticipos propiamente dichos, sean anticipos a 
cuenta de la toma en consideración) se ha comprobado la 
necesidad de introducir un método que permita la 
cobertura de dichos gastos por tramos mensuales sin por 
ello desposeerlos de la naturaleza anual propia de los 
gastos de almacenamiento público. Por consiguiente, la 
normativa no contempla la determinación definitiva del 
gasto de un mes dado sino un cálculo que permita la 
contabilización mensual de los gastos de almacenamiento 
público que debe financiar el FEOGA. 
Estas dos observaciones permiten extraer, entre otras, las 
conclusiones siguientes: 
— la posible «falta de rigor» en la contabilidad no 
depende del régimen comunitario sino de las adminis­
traciones nacionales, a las que de manera automática 
se penaliza financieramente si las compras y las ventas 
se registran con demora; 
— en lo que se refiere al apartado 4.15, en el que el 
Tribunal cita riesgos de error, la Comisión estima 
que, con arreglo a un cálculo anual, las consecuencias 
financieras, que el Tribunal no ha cuantificado, serían 
de poca importancia en relación con el total de los 
gastos. 
Por otra parte, la Comisión hace notar que desde la 
introducción de los Reglamentos (CEE) n° 3183/87 y 
2048/88 del sistema de anticipos a cuenta de las tomas en 
consideración, a partir de ahora éstas se deciden sobre la 
base de las declaraciones de los gastos reales presentadas 
por los Estados miembros. 
Control de los gastos de las restituciones 
a la exportación 
Preámbulo 
La Comisión observa que la mayoría de las observaciones 
del Tribunal contemplan la ejecución efectiva de los 
procedimientos nacionales de control. Ella misma ha 
constatado determinadas deficiencias en el sistema de 
restituciones, especialmente en lo que se refiere a la 
aplicación de los procedimientos aplicados por los 
Estados miembros. A principios de 1987, presentó al 
Consejo una propuesta de reglamento relativo al control de los importes concedidos en el momento de la 
exportación de productos agrícolas (COM(87) 9 final), 
modificado por la Comisión (COM(87) 390 final). Una 
vez aprobado por el Consejo, se dispondrá un reglamento 
en el que se establezcan las normas de desarrollo de aquél. 
Además, estos asuntos han sido objeto de deliberaciones 
con los representantes de los Estados miembros. 
Introducción 
4.21. Si la nomenclatura de las restituciones es tan 
detallada es para evitar la concesión de restituciones a 
productos para los cuales el nivel de la ayuda no requiere 
importes elevados o para evitar la concesión de restitucio­
nes para determinadas calidades de productos. El detalle 
de la nomenclatura permite pagar la restitución de 
manera proporcional a los productos de base exportados 
y no por cantidades globales. Por ello, se introdujo la 
especificidad de la nomenclatura a medida que se iban 
constatando lagunas en dicho ámbito. 
4.22. Está previsto un importe de restitución idéntico 
para todos los países de África, con excepción de 
Botswana, de Kenia, de Madagascar, de Swazilandia y de 
Zimbabue. Zimbabue y Botswana, países vecinos de 
África del Sur, son exportadores de carne de vacuno que 
se benefician de condiciones preferenciales. En el marco 
de los acuerdos CEE-ACP, exportan de manera regular 
hacia la Comunidad. Por ello, las exportaciones hacia 
dichos países productores están excluidas de las restitu­
ciones a la exportación. 
4.28. Véase el «Preámbulo». 
Averiguaciones del Tribunal 
Controles aplicados a la exportación de carne de vacuno 
4.33. Véase el «Preámbulo». 
(d) La mayor parte de la carne de vacuno destinada a la 
exportación es objeto de congelación en el momento de la 
exportación, lo que permite su fácil transporte. No 
obstante, una carne congelada es muy difícil de controlar 
por parte de los servicios veterinarios y aduaneros. Por 
ello, resulta casi indispensable realizar el control de la 
carne fresca antes de que se inicie el proceso de 
congelación. 
Desde el punto de vista técnico es posible descongelar en 
la frontera una parte de la carne para su control. No 
obstante, esta carne se pierde puesto que, tras el control, 
no es posible por motivos sanitarios volverla a congelar. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 259 
La mercancía descongelada no puede exportarse y puede 
plantearse la cuestión del reembolso de la pérdida 
comercial. La Comisión toma nota de las constataciones 
del Tribunal y se reserva tratar de dicho asunto con los 
Estados miembros. 
4.34. (b) a (e) Dichos casos deben ser considerados 
como fraude y deberían ser perseguidos como tales por el 
Estado miembro. 
Controles a los que se somete la exportación de ganado 
vacuno vivo 
4.37. La Comisión tiene conocimiento de este caso y lo 
trata de manera adecuada. 
4.38-4.39. Los procedimientos nacionales son objeto 
de control en el marco de la auditoría de los sistemas 
introducido en el sector de las restituciones desde la 
liquidación del ejercicio 1982 (véase apartado 4.85). La 
constatación de la no aplicación de la normativa 
comunitaria da lugar a correciones en el marco de la 
liquidación de cuentas. 
Controles de la exportación de carne de bovinos machos 
4.41 - 4.42. Véase la respuesta dada en los apartados 
4.38 y 4.39. 
Se trata de casos de fraude que deben ser tratados con 
arreglo a los procedimientos adecuados. 
Verificación de las pruebas de que la exportación 
se ha realizado 
4.43. En el caso en que se utilice un documento 
comunitario (ejemplar de control T5) para aportar la 
prueba de la salida del territorio aduanero de la 
Comunidad, en el marco de un acuerdo administrativo 
con los Estados miembros (Capítulo 9 del compendio de 
acuerdos, conclusiones e interpretaciones en materia de 
tránsito) está previsto un procedimiento de control a 
posteriori. La Comisión considera que en el caso en que se 
utilicen documentos nacionales para aportar dicha 
prueba debería instaurarse un procedimiento de control 
de dicha naturaleza bajo la responsabilidad de los 
Estados miembros. La Comisión tendrá en consideración 
en el momento de la realización de sus controles, las 
observaciones formuladas por el Tribunal. Control de la mercancía exportada a través del sistema 
de tránsito comunitario 
4.44. Las disposiciones comunitarias en vigor hacen 
obligatorio el precintado de los contenedores y vehículos 
cargados con productos agrícolas sujetos en la Comuni­
dad a exacciones reguladores y otros impuestos de efecto 
equivalente de importación o de exportación, o que se 
beneficien de la concesión de ventajas financieras 
(restituciones, primas, etc.). 
Recientemente se ha recordado a los Estados miembros la 
obligación de precintar de manera sistemática los medios 
de transporte de que se trata. Basándose en el presente 
informe del Tribunal, la Comisión no dejará de llamar de 
nuevo la atención de los Estados miembros sobre la 
imperiosa necesidad de velar sobre la estricta aplicación 
de dichas disposiciones. 
Prueba de la llegada al destino final 
4.46. El Anexo II del Reglamento (CEE) n° 3665/87 
tiene por objeto responder a los casos de falta de 
documento aduanero de importación en los terceros 
países. No existe aún un documento aduanero que 
responda a las necesidades de la CEE. Por tanto el 
Anexo II es una alternativa preferible a la presentación de 
cualquier documento. Debe ir firmado y visado por las 
autoridades aduaneras de importación. Además, corres­
ponde a un modelo impuesto por la Comunidad y 
admisible en cada Estado miembro. 
Sin embargo, como consecuencia de las recientes 
encuestas llevadas a cabo por la Comisión que se referían 
en particular a dicho documento, podría reconsiderarse 
su utilización. 
4.47. Los Estados miembros deberían verificar los casos 
enumerados antes del pago de las restituciones. Si durante 
sus controles la Comisión descubre casos semejantes 
deniega la financiación comunitaria. 
(b) (iii) Las empresas de control mencionadas han sido 
objeto de deliberaciones en el Comité de gestión 
« mecanismos de los intercambios » y de un documento de 
trabajo. Los Estados miembros pueden reconocer a 
aquellas de dichas sociedades que cumplan un determina­
do número de condiciones, que se especifican en dicho 
documento de trabajo, y publicar la lista de las mismas. 
4.48. (a) No es raro que se utilicen sellos falsos para 
ultimar los movimientos de tránsito o para falsificar 
documentos aduaneros. El artículo 5 del Reglamento 
(CEE) n° 3665/87 sirve precisamente para los casos en 
que sería posible un fraude y deben exigirse pruebas 
suplementarias, en caso de duda acerca del destino real de 
la mercancía, sobre los documentos aduaneros de 
importación en los terceros países. Cuando es informada 
de que los procedimientos aduaneros en los terceros 
260 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
países son poco fiables, la Comisión informa de ello a los 
Estados miembros por medio de télex para pedirles que 
exijan las pruebas suplementarias a las que se alude en el 
artículo 5 del mencionado Reglamento. 
Inspecciones de la carne de vacuno sometida a control 
aduanero de acuerdo con el régimen de prefinanciación 
4.54. (a) La aduana debe comprobar la exactitud de las 
declaraciones. Si no hay tiempo suficiente para efectuar el 
control o si el aduanero no está convencido de la exactitud 
de los elementos de la declaración, tiene derecho a negarse 
a firmar los documentos aduaneros. 
(b) Ello es contrario al procedimiento relativo a la 
declaración de exportación. 
(c) Se trata de un caso de no cumplimiento de la 
normativa comunitaria (artículo 29 del Reglamento 
(CEE) n° 2220/85). 
(d) Con ocasión de determinados controles, la Comi­
sión ha constatado problemas semejantes y ha procedido 
a correcciones en el marco de la liquidación de las cuentas. 
(e) La Comisión es consciente de las lagunas que 
pueden existir en materia de asistencia mutua entre los 
Estados miembros. En conexión con estos, tratará de 
buscar las mejoras necesarias. Tal como manifestó en 
respuesta a la invitación del Parlamento Europeo en su 
Resolución relativa a la aprobación de la gestión del 
ejercicio 1986, la Comisión opina «que se debe dar la 
máxima publicidad a los casos de fraude sancionados por 
los tribunales nacionales, a fin de evitar reincidencias y 
disuadir a los posibles defraudadores. No obstante, la 
elaboración de una lista oficial de las personas físicas o 
jurídicas condenadas por fraude constituiría una medida 
de tipo penal que sería competencia de los Estados 
miembros ». 
Observaciones finales sobre las restituciones 
a la exportación 
4.56. Véase el « Preámbulo ». 
4.57. La Comisión es consciente de la importancia de 
este asunto y ha elaborado un documento de trabajo 
relativo a la atribución de las fianzas perdidas, discutido 
en el Comité del FEOGA. Directiva 77/435/CEE 
4.62-4.75. La Comisión concede una importancia 
especial a la aplicación de la Directiva 77/435. En el 
marco de sus prioridades, examinará la posibilidad de 
intensificar su actuación en dicho ámbito. 
DISPOSICIONES DE SUPERVISIÓN 
DE LA COMISIÓN 
Vigilancia ejercida por la Comisión 
sobre el sistema de gestión y control 
cotidianos de las medidas 
del FEOGA-Garantía en 
los Estados miembros 
4.11 - 4.79. En concertación con los servicios responsa­
bles de la gestión de los mercados, los servicios del 
FEOGA siguen la aplicación de las diferentes medidas a 
nivel nacional. Mediante la aplicación del control de 
sistemas, se busca una mejora de la situación. A la vista 
del importante volumen de gastos por restituciones a la 
exportación, la Comisión ha eligido este sector en primer 
lugar para la introducción del control de sistemas. 
Vigilancia ejercida por la Comisión sobre 
la aplicación de la Directiva 77/435/CEE 
4.80 - 4.82. La Comisión remite a su respuesta en los 
apartados 4.62 — 4.75. 
4.81. (b) Se han llevado a cabo contactos bilaterales con 
España y Portugal sobre la aplicación de la Directiva. La 
Comisión recordará a ambos Estados miembros que 
presenten la documentación necesaria. 
(d) La Comisión ha llevado a cabo contactos con los 
Estados miembros cuando se ha planteado un problema. 
(e) La Comisión se ha puesto en contacto con los 
Estados miembros interesados en las ocasiones en que los 
datos del informe anual no eran suficientes. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 261 
(g) La Comisión observa que el banco de datos «Irene » 
está en pleno desarrollo. Todas las comunicaciones de los 
Estados miembros se introducen de manera sistemática y 
se tratan en dicho sistema. 1986/1987: 13 % de la producción de vino de mesa 
1987/1988: 10 % de la producción de vino de mesa 
Liquidación de las cuentas efectuada 
por la Comisión 
4.83-4.84. Los procedimientos de liquidación de 
cuentas aplicados en el marco de la legislación comunita­
ria no permiten actualmente respetar el plazo fijado por la 
normativa. Por ello el Consejo, en el marco del 
Reglamento n° 2049/88, ha previsto que el plazo para la 
liquidación de las cuentas se incluya en el Reglamento 
n° 729/70, para tener en cuenta la petición del Consejo 
Europeo celebrado en Bruselas los días 11 y 12 de febrero 
de 1988. La Comisión tiene la intención de reducir paulatinamente 
el volumen de vino que se beneficia de la garantía de buen 
fin con vistas a suprimirla por etapas. De esta manera, 
el porcentaje previsto para la campaña 1988/1989 es 
del 7 %. 
(c) La Comisión ya no ha recurrido a la ayuda al nuevo 
almacenamiento para la campaña 1987/1988. 
4.90. En lo que se refiere a los costes presupuestarios, el 
importe de la ayuda prevista para el almacenamiento de 
vino no ha sido aumentado desde la campaña 1984/1985. 
4.85. La Comisión proseguirá sus esfuerzos para 
mejorar la situación en dicho ámbito, como ya anunció en 
su respuesta a los apartados 5.26 — 5.44 del Informe 
Anual del Tribunal sobre el ejercicio 1986. El cuadro siguiente muestra que tanto la medida 
denominada de almacenamiento privado como la destila­
ción denominada de garantía de buen fin están en vías de 
desaparición: 
La Comisión subraya que decidió la liquidación de 
cuentas del ejercicio 1986 y que esta liquidación se realizó 
por primera vez con arreglo al método de auditoría de los 
sistemas con todos los productos. Dada la progresividad 
de su introducción, la Comisión dio prioridad a los 
organismos pagadores; por ello, no todas las medidas 
pueden ser objeto de auditoría. Campaña Almacenamiento 
(Mió hl) Destilación 
(Mió hl) 
1984-1985 
1985-1986 
1986-1987 
1987-1988 17,4 
14,6 
18,7(0 
15,4(1) 11,8 
9,5 
7,4 
7,20) 
(') Incluida España, con 3,5 Mío hl aproximadamente de almacenamien­
to y 1,1 Mió hl de destilación, lo que significa una disminución regular 
en lo que se refiere a la Comunidad de los Diez. 
AUDITORIA DE LOS DISTINTOS 
MERCADOS Resultados de la auditoría 
Auditoría del mercado del vino de mesa, 
contratos de almacenamiento privado 
y ayudas comunitarias a la utilización 
del mosto de uva 
Almacenamiento privado de vino de mesa 
y de mosto de uva 
4.89. En el ejercicio de sus poderes, la Comisión ha 
disminuido de manera sistemática a partir de la campaña 
1985/1986 el acceso a la destilación denominada de 
garantía de buen fin: 
— 1985/1986: 15 % de la producción de vino de mesa 4.91-4.92. El Reglamento (CEE) n° 1059/83 de la 
Comisión relativo a los contratos de almacenamiento a 
largo plazo estipula que la celebración de un contrato se 
subordine, entre otras cosas, a la presentación de las 
indicaciones que permitan identificar cada envase. Se 
debe adjuntar además un boletín de análisis de cada 
envase. En caso de cambio del lugar de almacenamiento o 
del envasado del producto, el productor deberá informar 
previamente al organismo de intervención. Estas disposi­
ciones deben permitir identificar el producto bajo 
contrato de almacenamiento a largo término en cualquier 
momento. Además, el Reglamento estipula de manera 
específica que los Estados miembros «adoptarán todas 
las medidas pertinentes para garantizar los controles 
necesarios. Verificarán, en particular, la identidad...». 
Al tener dudas sobre la eficacia de los controles llevados a 
cabo por los Estados miembros, en 1987 la Comisión 
abrió una investigación, todavía en curso, y les pidió que 
tomasen muestras de vino bajo contrato de almacena­
miento a largo plazo. 
262 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
4.93. Por lo que se refiere a Francia e Italia, la 
experiencia adquirida durante los controles del FEOGA 
en el marco de la liquidación de cuentas anuales, muestra 
que se efectúan controles sistemáticos de manera 
obligatoria al principio y al fin del período de almacena­
miento. Las muestras tomadas son objeto de análisis en 
un laboratorio reconocido y por lo general permiten 
comprobar la identidad y el volumen del vino de mesa 
almacenado. Además se efectúan controles imprevistos 
relativamente numerosos a lo largo del período de 
almacenamiento. Estos permiten cerciorarse de la 
identidad del producto almacenado, de la ausencia de 
alteración sensible de la calidad del producto, de la 
realidad del almacenamiento y de las condiciones de 
conservación y de envasado del vino de mesa. 
En Francia dichos controles se llevan a cabo fundamen­
talmente por parte de los servicios descentralizados de la 
Dirección General de Impuestos. En Italia los efectúa la 
Inspección Provincial de Agricultura, el servicio de 
represión de los fraudes y el «Núcleo Anti-Sotisficazio-
nes» (ÑAS). La Comisión considera que la coordinación 
entre los servicios nacionales interesados podría mejorar­
se de manera útil. 
4.94. Este procedimiento presentaría ciertamente una 
serie de innegables ventajas. No obstante, el producto 
almacenado no es estable y amenaza con deteriorarse si 
no se pueden realizar a tiempo determinados tratamien­
tos como por ejemplo el filtrado. Por lo tanto sería 
indispensable quitar periódicamente los precintos y 
volverlos a colocar de nuevo. Ello requeriría un aumento 
de los efectivos destinados a estas tareas de precintado. 
4.96. El Reglamento (CEE) n° 1059/83 estipula efecti­
vamente que «en caso de alteración sensible de la calidad 
del producto» el productor debe informar de ello sin 
demora al organismo de intervención. Sin embargo, las 
disposiciones previstas en el segundo apartado del mismo 
artículo confían la comprobación de la calidad del 
producto (y su ausencia de alteración sensible) al 
organismo de intervención o a cualquier otro organismo 
de control. En la práctica, estos controles se llevan a cabo 
al principio, durante y al final del período de almacena­
miento (véase la respuesta dada en el apartado 4.93). 
4.97. Véase la respuesta dada en el apartado 4.89 (c). 
4.98. Los diferentes reglamentos de campaña por los 
que se abre la destilación de garantía de buen fin precisan 
siempre que los vinos entregados a dicha destilación 
deben ser los mismos vinos que han sido objeto de 
contratos de almacenamiento a largo plazo. Para 
asegurarse de ello, los Estados miembros deben controlar 
la identidad del vino entregado a la destilación sobre la 
base del boletín de análisis establecido en el momento de 
la celebración del contrato de almacenamiento. Este 
control es difícil de efectuar habida cuenta de las 
características del producto y de los cambios que pueden 
producirse. 
4.99. Véase la respuesta dada en el apartado 4.89. Ayudas comunitarias a la utilización de mostos de uva 
4.100 - 4.106. La Comisión opina que debería suprimir­
se la ayuda al enriquecimiento. No obstante ello sólo se 
conseguirá cuando desaparezca la discriminación econó­
mica existente entre el productor que no está autorizado a 
utilizar sacarosa y el que se beneficia de ello. A este 
respecto está en curso un estudio a tenor del artículo 20 
del Reglamento (CEE) n° 822/87. 
Resultados de la auditoría 
4.103. En lo que se refiere a la ayuda a la utilización de 
mosto para su transformación en zumo de uva, los 
controles efectuados en Francia por los servicios del 
FEOGA en el marco de la liquidación de las cuentas 
anuales han revelado numerosas anomalías en la gestión 
de dicha medida, en particular: 
declaraciones incompletas o incoherentes de transfor­
maciones ; 
— en determinados casos, cantidades transformadas de 
hecho muy inferiores a las cantidades que figuran en 
las declaraciones de transformación; 
- controles nacionales insuficientes en todas las fases 
del proceso de transformación. 
Estas irregularidades han llevado a la Comisión a 
denegar, para los ejercicios de 1982 a 1985, los gastos 
comunitarios correspondientes por una cuantía de 
13 Mió de ECU aproximadamente (93 Mió FF). En lo 
que se refiere a Italia, se ha considerado como globalmen-
te satisfactorio el sistema en vigor, si bien se han 
efectuado determinadas correcciones puntuales. 
4.104. Los principios de la contabilidad de los gastos del 
FEOGA son que los Estados miembros declaran a la 
Comisión únicamente los importes realmente desembol­
sados o recibidos y con arreglo al mismo criterio se 
establecen las cuentas presupuestarias. Se utiliza una 
subcontabilidad, que no está sujeta a presupuestación, 
únicamente cuando es absolutamente necesario. En tal 
caso, los registros estadísticos que se llevan al día resultan 
lo suficientemente apropiados para su propósito. 
4.106. Desde la campaña 1987/1988, la Comisión ha 
modificado el régimen de reducción del precio de compra. 
El sistema actual estipula una reducción del precio de 
compra incluso en caso de enriquecimiento del vino por el 
productor en lugar de pasar por un grado alcohólico 
máximo pagadero por el vino entregado a la destilación. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 263 
PRINCIPALES MODIFICACIONES 
REALIZADAS POR LA COMISIÓN DESDE 
LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES 
ESPECIALES DEL TRIBUNAL 
Medidas de destilación de vino 
4.110. La Comisión remite a su respuesta en el apartado 
5.52 (c) del Informe Anual del Tribunal para el ejercicio 
1986. 
4.111 - 4.114. Además de las medidas mencionadas por 
el Tribunal, cabe apuntar que, en el marco de las medidas 
afines a los precios agrarios 1988/1989, el Consejo acaba 
de decidir una disminución significativa del precio de 
todas las destilaciones obligatorias a las que se hace 
mención, respectivamente, en los artículos 35, 36 y 39 del 
Reglamento (CEE) n° 822/87. 
PLANTEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
APLICADOS POR ESPAÑA 
Observaciones de la auditoría 
4.122 - 4.131. Durante la realización de la auditoría del 
sector del aceite de oliva en España, ciertamente se 
tendrán en cuenta las observaciones del Tribunal 
referentes a la ayuda a la producción del aceite de oliva y 
al almacenamiento de intervención del aceite de oliva. 
En lo que se refiere al sector vitivinícola en España, las 
distintas investigaciones llevadas a cabo por los servicios 
del FEOGA-Garantía en el marco del análisis de los 
sistemas en vigor, han permitido constatar el importante 
esfuerzo de adaptación realizado por España para 
adecuarse a las normas comunitarias aplicables en el 
sector vitivinícola. 
4.123. (a) En lo que se refiere a las declaraciones de 
producción suscritas por los productores de vino de mesa, 
la Comisión ha constatado recientemente que dichos 
sistemas son comprobados de manera sistemática por el agente de la Jefatura Provincial, territorialmente compe­
tente para una zona determinada. Además, dicho agente 
efectúa controles in situ de manera inopinada en las 
bodegas más importantes y entre los productores con 
respecto a los cuales se albergan dudas. 
Se ve ayudado en su cometido por la inspección 
territorial, que comprueba sobre todo las cantidades de 
vino declaradas, y por el servicio de represión de fraudes, 
que efectúa obligatoriamente un control anual de todas 
las bodegas. 
(b) Las investigaciones de los servicios del FEOGA-
Garantía en lo que se refiere al sector vitivinícola han 
permitido subrayar la coherencia del sistema de gestión y 
de control de las diferentes medidas comunitarias, sin 
perjuicio de algunas mejoras de que son susceptibles, en 
particular a nivel de la coordinación de los diferentes 
servicios administrativos implicados. En este punto, las 
autoridades españolas se han comprometido a modificar 
el sistema con arreglo a las recomendaciones hechas por el 
FEOGA. 
4.124. (a) Una vez se ponga en funcionamiento el 
fichero informatizado de datos oleícolas cuya instaura­
ción dispone el Reglamento (CEE) n° 3061/84, se 
facilitará el cruce de informaciones resultante por una 
parte de las declaraciones de cultivo y por otra parte de las 
declaraciones de las almazaras. 
(b) Véase la respuesta dada en el apartado 4.123 (a). 
4.125. Véase la respuesta dada en el apartado 4.123 (a). 
4.126. En lo que se refiere al sector del aceite de oliva, la 
puesta en funcionamiento de la agencia de control cuya 
instauración dispone el Reglamento (CEE) n° 2262/84 
debería resolver el problema de la coordinación de los 
controles. Mientras tanto, la Comisión incita al Estado 
español a una mejor coordinación de los controles. Véase 
igualmente la respuesta dada en el apartado 4.123 (b). 
4.129. Dada la creación paulatina de las organizaciones 
de productores, a lo largo del ejercicio 1987 los controles 
han sido efectuados aún por la administración central. 
4.130. La Comisión tendrá en cuenta las observaciones 
del Tribunal. 
4.131. Las perspectivas de venta a un precio superior al 
precio de intervención que se creía adivinar en abril de 
1987 no se concretaron en los meses siguientes debido a la 
extraordinaria cosecha de finales de 1987. 
264 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
CONCLUSIONES GENERALES 
4.132-4.133. En lo que se refiere al almacenamiento 
público, la Comisión se refiere al compromiso que 
contrajo, en el marco de sus respuestas al reciente informe 
especial del Tribunal, de someter las observaciones del 
Tribunal a un grupo ad hoc para analizar con los Estados 
miembros las posibilidades de mejora, que ella considera 
también muy necesarias. En lo que se refiere a las restituciones a la exportación, la 
Comisión presentó al Consejo, a principios de 1987, 
proposiciones tendentes a fortalecer considerablemente 
los controles. 
En el marco de los medios de que dispone, la Comisión se 
esfuerza por garantizar la supervisión de las operaciones 
cuya gestión ha sido confiada a los Estados miembros. 
Por ejemplo, la auditoría de los sistemas permitirá en 
particular mejoras en dicho ámbito. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 265 
CAPITULO 5 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, 
Sección Orientación (FEOGA-Orientación) 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA 
LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO Y DE 
COMERCIALIZACIÓN DE CEREALES 
(REGLAMENTO (CEE) n° 355/77) Además, en los presupuestos anuales se establecen los 
medios financieros del FEOGA-Orientación que se 
destinan a las ayudas concedidas con arreglo al Regla­
mento (CEE) n° 355/77, ayudas que no bastan para dar 
satisfacción a todos los proyectos presentados. A fortiori, 
las inversiones admisibles con arreglo a los programas 
(más de 15 000 Mió ECU) sobrepasan con creces las 
posibilidades de financiación y por lo tanto será siempre 
sólo una parte de las inversiones previstas en los 
programas la que podrá beneficiarse de la ayuda 
comunitaria. 
Consideraciones generales 
(a) La Comisión es consciente de que un determinado 
número de programas no han alcanzado por completo los 
resultados deseados. 
Aunque comparte las preocupaciones expresadas por el 
Tribunal y admite algunas imperfecciones en la aplica­
ción de la actuación —en particular en la primera fase de 
aplicación, que terminó en 1984—, es de la opinión de que 
el análisis del Tribunal se basa, en particular en materia de 
programas, en una interpretación del Reglamento (CEE) 
n° 355/77 diferente de la suya. En lo que se refiere al contenido de los programas, el 
Tribunal critica a este respecto que la Comisión haya 
aprobado determinados programas a pesar de que 
prevean un aumento de la producción. En opinión de la 
Comisión, la función de los programas no es fundamen­
talmente establecer objetivos de producción o prohibir 
una determinada evolución a nivel de producción, sino 
presentar un análisis y una previsión correcta de la 
evaluación de la producción y de la necesidad de adaptar 
los medios de comercialización a las exigencias del 
mercado sobre la base de los datos disponibles en el 
momento de la elaboración de los programas. Además, la 
Comisión tiene en cuenta la situación de los mercados al 
fijar los criterios de elección de los proyectos que se deben 
financiar. 
En efecto, el tipo de programación prevista por el 
Reglamento no es el de una « planificación » sino el de una 
orientación y un marco para las inversiones. Los agentes 
económicos (cooperativos o privados) tienen pues 
libertad para seguir o no dichos programas indicativos, 
no pudiendo por tanto beneficiarse de las ayudas 
previstas si sus inversiones no se encuadran en los 
objetivos del programa. Al encontrarnos en una econo­
mía de mercado, es evidente, por tanto, que los Estados 
miembros no pueden imponer dichos programas. Por ello 
es difícil hablar de «ejecución de programas». La noción 
de «ejecución» debe referirse a los proyectos que 
cumplan los requisitos identificados en el marco de los 
programas. (b) No obstante, la Comisión es consciente de la 
necesidad de una regulación mejor adaptada a las 
exigencias actuales en materia de planificación y de 
coordinación de las intervenciones estructurales. Por ello, 
en el marco de la reforma de los Fondos Estructurales, ha 
presentado nuevas propuestas en la materia al Consejo y 
al Parlamento (*) y tendrá presentes las informaciones del 
Tribunal cuando presente nuevas propuestas o establezca 
disposiciones en dicho ámbito. 
(') Las notas aparecen al final del capítulo. 
266 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Objeto de la investigación 
5.3. La Comisión estima oportuno precisar que el 
porcentaje de producción cerealera en la producción final 
del conjunto de la agricultura es del 14 %, aproximada­
mente. 
Problemas relacionados con los programas 
y los objetivos previstos 
Finalidad y aprobación de los programas específicos 
5.11.(a) En opinión de la Comisión, en 1986 y 1987 los 
programas de que se trata no podían sino constatar una 
tendencia al alza de la producción, incluso si dicha 
tendencia no era deseable. Por otra parte, en los 
programas franceses y alemanes que el Tribunal cita en 
sus observaciones, los aumentos previstos son más bien 
de poca cuantía (por ejemplo, Francia: 1984-85, 57,8 
Mió t; 1990, 58 Mió t, o sea aproximadamente un 0,3 % a 
lo largo de 5 años) y la justificación de las inversiones 
previstas no se basa tanto en dicho aumento como en la 
necesidad de adaptar los medios de comercialización a las 
exigencias del mercado. 
(b) La Comisión continúa recabando informaciones 
más precisas a los Estados miembros, pero reconoce que a 
menudo los datos que se le comunican no son satisfacto­
rios. 
Seguimiento de la ejecución de los programas y de la 
evolución de sus efectos 
5.12. Los servicios de la Comisión se encargan del 
seguimiento del programa en la medida en que ello es 
necesario para comprobar si las peticiones de ayuda se 
insertan adecuadamente en los programas. A tal efecto, 
los servicios disponen en particular de estadísticas en 
cuanto a las inversiones aprobadas por la Comisión. 
Además, la Comisión se ocupa, junto con las autoridades 
competentes, de un seguimiento más completo de la 
ejecución de los proyectos financiados. Para la tramita­
ción de los programas ulteriores, los servicios de la 
Comisión insisten en la obtención de datos suficientes 
acerca de la realización de los programas terminados. Cabe señalar, por otra parte, que dichos servicios 
disponen de los datos sobre los resultados obtenidos en 
los proyectos financiados, a través de los informes que 
acerca de todos esos proyectos deben remitirse 2 años 
después del último pago. 
Duración de los programas 
5.13. Conviene señalar que el Reglamento precisa 
igualmente que al final del período inicialmente previsto 
el Estado miembro podrá introducir una actualización o 
un nuevo programa que pueda por tanto estipular una 
duración suplementaria. De hecho, la norma de 3 a 5 años 
no permite limitar la duración por motivos abstractos, 
sino tener en cuenta las modificaciones producidas tras 3 
ó 5 años en la situación efectiva del sector en relación con 
la considerada durante la elaboración del programa, y 
por lo tanto el plazo debe hacer posible el necesario 
reexamen de dicha situación. Los addenda introducidos 
por los Estados miembros responden a dicha necesidad. 
Baja realización de los programas 
5.14. Tal como se indica en las «Consideraciones 
generales », es difícil hablar « de ejecución del programa ». 
Por otra parte, un gran número de inversiones se realiza 
fuera de los programas o sin contribución financiera de la 
Comunidad. 
5.15. Así, por ejemplo, las 50 000 t registradas en 
Francia durante el período 1981-1985 sólo se refieren a lo 
que fue financiado por el FEOGA, mientras que durante 
dicho período en dicho país se registraron en total 5 Mió t 
en capacidades de almacenamiento. 
5.16. El addendum del programa griego para el período 
1985-1988 continúa en curso de realización. En efecto, a 
31 de diciembre de 1987 se han financiado 12 proyectos 
por una capacidad total de 54 0001. Además, el Gobierno 
griego remitió, a 30 de abril de 1988, otros proyectos por 
una capacidad total de 95 000 t. 
Problemas de los proyectos financiados 
por la Comisión 
Capacidad de almacenamiento utilizada 
para intervención 
5.18. El proyecto en cuestión fue remitido a la Comisión 
junto con un dictamen favorable de las autoridades 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 267 
competentes italianas. La Comisión no tuvo conocimien­
to de la oposición de la región y no le llegó ningún 
dictamen desfavorable de dicha región. A raíz de las 
observaciones del Tribunal, ha pedido aclaraciones con 
respecto al tema a las autoridades italianas. 
En cuanto al fondo, no parece injustificado apoyar no 
sólo a cooperativas sino también a particulares si, para la 
localización propuesta, la producción local demuestra 
una necesidad real de almacenamiento. El hecho de que 
un beneficiario esté en posesión de existencias de 
intervención en otras instalaciones no guarda relación 
con la apreciación que merece la necesidad de crear 
nuevas capacidades de almacenamiento, ya que por otra 
parte la intervención es un instrumento comunitario que 
depende en parte de la utilización de almacenes privados. 
Acerca del principio de la utilización, en lo que se refiere 
al almacenamiento de intervención, la Comisión compar­
te en cierto sentido las reticencias del Tribunal, dado que 
ha habido capacidades que se han beneficiado de una 
ayuda financiera comunitaria. Por otra parte, es la razón 
por la cual se ha aplicado una cláusula restrictiva al 
respecto en casos referentes a regiones en las que se temía 
una situación de tal naturaleza. 
Sin embargo, en realidad, las situaciones son complejas 
puesto que: 
— por una parte, la creación de capacidades que puedan 
utilizarse para la intervención no revisten una 
naturaleza que pueda incentivar la presentación de 
cereales ante los organismos de intervención, puesto 
que la incentivación viene dada en particular por las 
condiciones del mercado y de la política seguida por 
la organización común del mercado de los cereales; 
— por otra parte, la presencia de capacidades suplemen­
tarias es un factor de saneamiento del mercado que 
debería reducir la presión sobre los operadores para 
presentar mercancías a la intervención. 
5.19. En lo que se refiere a Schleswig-Holstein, que es 
una región en la que la producción sobrepasa el consumo 
regional, la intención era sanear las condiciones de 
comercialización de cereales y así hacer menos importan­
te la intervención. Sin embargo, subsiste la necesidad de 
disponer de almacenes de intervención y es exacto que los 
beneficiarios indicados (que disponen de otros almacenes 
que no se benefician de la ayuda del FEOGA-Orienta-
ción) son reconocidos como centros de almacenamiento y 
trabajan para la intervención si tienen capacidad 
disponible. 
No obstante, lo esencial es que esas instalaciones que se 
benefician de ayuda estén disponibles para los cereales de 
calidad en la época de la cosecha. Según confirman las 
autoridades alemanas, ése es el caso. Así, las autoridades 
alemanas autorizaron de manera excepcional a una de las firmas a almacenar en el nuevo almacén cereales de la 
cosecha de 1984 que no se pudieron comercializar a causa 
de la situación de los mercados y que, por lo tanto, 
tuvieron que ser entregados a la intervención con la 
condición expresa de que, en lo que se refería a los 
productos bajo contrato, se liberasen capacidades para el 
período de la cosecha. 
Como norma general, las autoridades de intervención 
alemanas (BALM), de acuerdo con el Land, rehusaron 
con todo la utilización de los centros ayudados a fines de 
intervención. 
5.20. Las capacidades de almacenamiento financiadas 
por la Comunidad pretendían responder a necesidades 
estructurales regionales que continuarán siendo válidas 
en un futuro previsible 
Respeto de los criterios de selección de los proyectos 
5.23.(a) En lo que se refiere al proyecto de Amberes, se 
trata en efecto del almacenamiento fundamentalmente de 
cereales (cebada), pero también de malta, lo cual no está 
excluido de manera formal por los criterios. No obstante, 
la ayuda decidida para dicho proyecto se fijó en una 
cuantía ampliamente inferior al máximo permitido por el 
Reglamento, para tomar en consideración el hecho de que 
las inversiones no sirven exclusivamente a fines conside­
rados como prioritarios por la Comisión. 
(b)y(c) Es exacto que durante los años 1979 a 1983 
(primeros años de la aplicación de los criterios menciona­
dos), la interpretación fue más flexible al excluir 
únicamente las instalaciones de transformación propia­
mente dichas y no el almacenamiento de los cereales 
destinados a dichas instalaciones. Fue durante dicho 
período cuando se financiaron los tres proyectos 
mencionados por el Tribunal, proyectos que se referían a 
instalaciones de almacenamiento de cereales destinados a 
la molinería. Sin embargo, a partir de 1983, la Comisión 
ya siguió la interpretación más estricta preconizada por el 
Tribunal. 
Resultados técnicos limitados de determinados 
proyectos de almacenamiento 
5.24. Es exacto que los silos en cuestión en Apulia y en 
Basilicata son inversiones relativamente elementales. No 
obstante, garantizan a las cooperativas en cuestión la 
recepción y el primer almacenamiento de los cereales 
producidos por sus miembros, lo que permite una 
comercialización ordenada que con anterioridad no era 
posible. Por lo tanto, la inversión es muy útil. 
Unas instalaciones «de mayor rendimiento» son más 
costosas, por lo que determinadas cooperativas se limitan 
a esas primeras instalaciones y evitan, por tanto, cargas 
268 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
financieras más pesadas. Además, incluso con las 
instalaciones más sencillas, las cooperativas obtienen 
precios más elevados que si tuviesen que comercializar la 
producción directamente en el momento de la cosecha. 
Los gastos de los productores (largos trayectos para 
ofrecer los productos) serían igualmente más elevados sin 
dichas instalaciones. 
Así, en determinados situaciones estructurales difíciles, 
no es deseable contemplar directamente una solución 
definitiva y la Comisión estima que no estaría justificado 
rehusar a dichas regiones la ayuda para la mejora 
propuesta y dejar así perpetuarse la deficiente estructura 
existente. 
Utilización de los informes financieros previstos 
en el Reglamento (CEE) n° 355/77 
5.26. Independientemente de la utilización sistemática 
de los informes, la Comisión precisa que los mismos están 
a disposición de aquellos funcionarios que se ocupan del 
seguimiento de cada país y que, asimismo, se les mantiene 
informados regularmente. 
Deficiencias contables y otras irregularidades 
5.27. Las observaciones del Tribunal en materia de 
pagos están en parte justificadas, aunque las deficiencias 
constatadas no puedan ser definidas como irregularida­
des puesto que no atentan contra la correcta ejecución de 
los proyectos. 
(a) En lo que se refiere al proyecto en Bélgica, es de 
señalar que entre los documentos justificativos exigidos 
por la normativa no figura un «expediente de licitacio­
nes». Por lo tanto, el beneficiario no tenía obligación de 
conservar un ejemplar o de presentarlo a las instancias 
comunitarias. 
Con arreglo a las comprobaciones de la Comisión, la 
contabilidad corresponde a las prescripciones. Por otra 
parte, las informaciones requeridas por el Tribunal 
pueden encontrarse al analizar las cuentas «proveedo­
res». 
Determinados problemas se debían a la quiebra del 
principal proveedor. No obstante, se han podido 
establecer finalmente todas las justificaciones. 
(b) Esta práctica, corriente no sólo en Grecia, de pagar 
mediante adelantos con arreglo a la marcha de las obras, 
sobre todo si un empresario se encarga del conjunto de las 
mismas, en opinión de la Comisión no presenta inconve­
nientes si es posible constatar al final una concordancia 
entre la realización y las obras tal como figuran en el 
presupuesto. Conviene también señalar que los proyectos de almacena­
miento de cereales no constituyen inversiones muy 
complejas en las que eventualmente sólo pudiese consta­
tarse esta concordancia sobre la base de facturas más 
detalladas. 
En lo que se refiere a los datos de la facturación y del 
pago, las autoridades griegas ya han cursado instruccio­
nes para poner remedio a la práctica constatada por el 
Tribunal. 
(c) La Comisión comprueba que las diferencias entre 
las prácticas contables nacionales imponen límites al 
grado de uniformización que pudiera alcanzarse. 
Problemas específicos de los silos de puerto 
Introducción 
5.29. Las inversiones se deben a una voluntad de mejora 
de la estructura de mercado de los cereales facilitando el 
acceso al mercado mundial para las regiones de produc­
ción que no disponen de una infraestructura suficiente. 
Durante el período de crecimiento de las posibilidades de 
exportación de los cereales, la construcción de los silos de 
puerto ha contribuido indirectamente a sostener los 
precios en las regiones afectadas, beneficiando así a los 
agricultores y disminuyendo las aportaciones a la 
intervención. Además, los explotadores de los silos a 
menudo son uniones de cooperativas agrícolas. 
Observaciones 
Falta de coordinación en la aprobación 
de los proyectos de « silos de puerto » 
5.33. Según las informaciones de la Comisión, las 
inversiones financiadas en el marco del programa belga 
de silos de puerto (único programa mencionado por el 
Tribunal) no plantean problemas de utilización de las 
capacidades. Si bien es cierto que las corrientes de 
comercialización se han modificado en el transcurso de 
los años, no siempre ello ha ocurrido en perjuicio de los 
puertos belgas. 
Al aprobar a su debido tiempo el programa belga, la 
Comisión adoptó una decisión basada en criterios 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 269 
comunitarios que no prevén que los productos de un país 
miembro deban ser exportados necesariamente a través 
de los puertos de dicho país, mientras en otros Estados 
miembros existen puertos de más fácil acceso a partir de 
las zonas de producción y mejor equipados. La Comisión 
no estima que los resultados obtenidos puedan poner en 
entredicho el fundamento de su decisión. 
Resultados limitados de los programas 
5.34. Véanse las «Consideraciones generales». 
5.35. En principio, es pertinente la observación según la 
cual el efecto incentivador es menos evidente si la 
inversión forma parte de un conjunto más importante, 
pero no parece que la conclusión debería ser abstenerse de 
la financiación en sectores en los que los créditos 
disponibles del FEOGA-Orientación no bastan para 
ayudar a todas las inversiones. La posibilidad de cambiar 
la tendencia de las orientaciones del sector existe incluso 
para una financiación puntual. 
Falta de un control sistemático 
5.36. En 1987 el FEOGA, Sección de Orientación, 
recibió 1 578 solicitudes de pago para actuaciones 
directas (financiación de proyectos) y por dicho concepto 
entregó 285 Mió ECU. 
Evidentemente queda excluido proceder con los efectivos 
disponibles a un control sistemático in situ. Por otra 
parte, ello requeriría no sólo una multiplicación impor­
tante de los funcionarios, sino que sería asimismo 
contrario al principio de descentralización de tareas 
previsto por la regulación. En efecto, el Reglamento 
prevé, en primer lugar, que los controles deben efectuarse 
por las autoridades designadas a tal efecto por los 
Estados miembros. 
Los controles efectuados directamente por los servicios 
de la Comisión se refieren fundamentalmente a los 
sistemas aplicados por los Estados miembros, lo que 
supone un determinado número de exámenes de casos 
individuales. Además, se procede a controles in situ 
cuando una petición de pago pone de relieve problemas 
específicos o irregularidades que hacen indispensable 
dicho control 
Conclusiones y recomendaciones 
5.37. La Comisión es sensible a determinadas observa­
ciones formuladas por el Tribunal. No obstante, estima 
que determinadas decisiones, en particular las referentes a 
los silos de puerto, han sido tomadas en un contexto bien 
diferente de la situación actual. Los criterios de elección aplicados por la Comisión dejan fuera, en la actualidad, a 
los silos de puerto vinculados a actividades internaciona­
les de intercambio, salvo en los casos especiales justifica­
dos de silos destinados primordialmente a la exportación 
de cereales comunitarios. 
5.38. Véase la respuesta dada en el apartado 5.11 (b). 
5.39. Véanse las «Consideraciones generales». 
5.40. Véanse las respuestas dadas en los apartados 5.29 
y 5.33. 
5.41. En lo que se refiere a la realización de los 
programas, conviene precisar que, para poder controlar si 
se respetan los objetivos de los programas, cada uno de 
los funcionarios responsables dispone de las relaciones de 
proyectos aprobados. 
En lo que se refiere a la observación según la cual la 
financiación de las capacidades que posteriormente se 
utilizan para fines de intervención «acarrea un doble 
gasto comunitario », la política de la Comisión nunca ha 
contemplado la financiación de capacidades cuya renta­
bilidad dependiese del almacenamiento de intervención. 
La Comisión subraya que normalmente no se utilizan 
para fines de intervención las capacidades de almacena­
miento creadas (véanse igualmente las respuestas de los 
apartados 5.18 y 5.19). 
5.42 y 5.43. En el marco de la reforma de los Fondos 
Estructurales, está previsto que se desarrollen en gran 
medida las disposiciones relativas al seguimiento y a la 
evaluación de las medidas adoptadas. 
OBSERVACIONES DEL INFORME 
ESPECIAL SOBRE LA AYUDA 
COMUNITARIA A LA ACELERACIÓN DEL 
DESARROLLO AGRÍCOLA EN GRECIA 
5.44 - 5.50. Si las observaciones generales del Tribunal 
son en gran parte fundadas, convendrá subrayar el 
contexto en el que se han llevado a cabo las intervenciones 
del FEOGA-Orientación en Grecia 
En el momento de la adhesión de dicho país a la 
Comunidad en 1981, la Comisión pudo darse cuenta de la 
importancia del retraso de desarrollo que aqueja en 
particular a sus regiones agrícolas más desfavorecidas. 
Por ello, a principios de 1982, propuso un conjunto muy 
amplio de medidas necesarias para hacer frente a dicha 
situación. Dicho programa era innovador no sólo para 
Grecia sino también para la Comunidad. La única acción 
comparable era el programa de desarrollo agrícola de las 
270 Diario Crucial de las comunidades Europeas 12 12 88 
regiones desfavorecidas del oeste de Irlanda, previsto en 
el Reglamento ^EE^n^l820/80^. No obstante, la 
aplicación del mismo apenas habia empezado ^ por 
consiguiente no pedia aportar enseñanzas útiles. 
Desde entonces, la comisión ha propuesto^elC^onse^o 
ha adoptado el marco ^uridico en el que se aplicarán los 
programas mediterráneos integrados. Dicho marco 
sustituirá a las medidas clásicas que son objeto del 
presente informe,amedida quedan espirando. 
Por consiguiente, resulta conteniente esperar que la 
ma^or flexibilidad que este marco proporciona, asi como sus disposiciones de asistencia técnica^de seguimiento, 
permitirán responderaun determinado número de las 
preocupaciones de que se hace eco elLribunal. 
Posteriormente deberia proseguirse la evolución en el 
marco de las reformas de los Fondos Estructurales, en el 
sentido preconizado por elLribunal. Chorno consecuencia 
dedichas reformas, la comisión seproponeinstauraruna 
^erdaderaasociaciónconlasautoridadesnacionales^ 
regionalesparalaconcepción^laeiecucióndemedidasde 
tal naturaleza. 
(i) COM(88) (Reglamento «vertical» FEOGA-Orientación). 
(2) DOL 180 de 14.7.1980, p. 1. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 271 
CAPITULO 6 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS 
Introducción 
El esfuerzo realizado por el Tribunal de cara a evaluar el 
impacto de las ayudas a infraestructuras concedidas por 
el FEDER en el desarrollo regional, contribuye de 
manera notable a la reflexión sobre el establecimiento de 
una metodología de evaluación ex post, que la Comisión 
quiere llevar a cabo dentro de la reforma de los Fondos 
Estructurales que estudia actualmente el Consejo y el 
Parlamento Europeo. 
Para evaluar este impacto, el Tribunal ha intentado 
determinar el porcentaje de utilización «neto» de las 
infraestructuras consideradas, mediante cuestionarios e 
investigaciones in situ y partiendo del porcentaje de 
utilización bruto, a fin de valorar su efecto neto en las 
regiones afectadas. El Tribunal ha intentado asimismo 
aplicar este método de manera sistemática a distintas 
categorías de infraestructuras y, dentro de cada una de 
ellas, a una gama de inversiones financiadas por el 
FEDER. intervenciones de los Fondos Estructurales como instru­
mento de refuerzo de la cohesión económica y social. 
Dicha cohesión, junto con la realización del mercado 
interior, constituye uno de los objetivos de la Comunidad 
recogidos en el Acta Única Europea. 
Es evidente que la validez de una evaluación ex post de la 
eficacia de las intervenciones estructurales emprendidas 
por la Comisión depende de una evaluación ex ante 
eficaz. La Comisión ha propuesto por ello, dentro de la 
reforma de los Fondos Estructurales presentada al 
Consejo en relación con estas nuevas obligaciones, que se 
incrementen los esfuerzos de cara a evaluar ex ante y ex 
post las intervenciones de los Fondos Estructurales, a fin 
de aumentar la eficacia de los mismos como instrumento 
de desarrollo económico. 
(b) En cuanto a la evaluación ex ante, conviene recordar 
que únicamente a partir de la revisión del Reglamento 
FEDER, en 1984, las peticiones de ayuda para inversio­
nes en infraestructura de un importe equivalente o 
superior a 15 Mió ECU deben incluir los resultados de 
una evaluación adecuada de gastos y beneficios socioeco­
nómicos. 
La Comisión reconoce la importancia y el interés del 
esfuerzo realizado por el Tribunal, y coincide con él en 
esta materia. 
MÉTODO DE ANÁLISIS 
DE LA UTILIZACIÓN 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
SUBVENCIONADAS 
6.5 - 6.12. (a) La Comisión es consciente de la 
importancia de la evaluación ex ante y ex post de las Si esta obligación ha contribuido a mejorar la calidad de 
los elementos de valoración, al menos en los grandes 
proyectos, la reforma de los Fondos Estructurales 
pretende reforzar la evaluación ex ante al establecer, 
mediante una verdadera colaboración a escala local, 
nacional, regional y comunitaria, unos marcos comunita­
rios de apoyo, en los que se elaborarán planes que definan 
ex ante la estrategia de desarrollo en las regiones o zonas 
afectadas. Estos planes deberán asegurar la coherencia, 
sobre todo en relación con los objetivos que se deben 
alcanzar, de las medidas que pueden recibir una ayuda del 
FEDER, bien sean programas operativos, regímenes de 
ayuda, grandes proyectos industriales o de infraestructu­
ras, o medidas en favor de iniciativas para el desarrollo 
local, ya que se pretende ante todo asegurar ex ante la 
eficacia de las intervenciones del FEDER y, en conse-
272 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
cuencia, de la utilización de los recursos del FEDER 
como instrumento de desarrollo económico. 
Este esfuerzo de la programación, que interviene por 
definición ex ante y que constituye asimismo una 
preocupación del Tribunal de cara a mejorar la eficacia de 
las infraestructuras, no sólo debería llevar a una mejor 
asignación de unos objetivos precisos a las mismas, sino 
también a asegurar un mayor equilibrio entre la creación 
de infraestructuras —que son una de las condiciones 
necesarias e indispensables, aunque no suficientes, para el 
desarrollo regional— y el desarrollo de inversiones 
productivas y de potencial endógeno. 
(c) En cuanto a las modalidades de la evaluación ex 
post, se recogen por primera vez claramente en los textos 
reglamentarios propuestos al Consejo dentro de la 
reforma de los Fondos Estructurales. 
La Comisión está elaborando una metodología para 
establecer esta evaluación ex post a tres niveles, a saber: el 
impacto macroeconómico, sobre todo en el aumento de la 
cohesión económica y social, el impacto de las medidas 
tomadas dentro de cada marco comunitario de apoyo, y el 
impacto microeconómico de las intervenciones operati­
vas, tales como programas y proyectos. 
(d) En este contexto, el esfuerzo analítico realizado por 
el Tribunal constituye sin duda una importante contribu­
ción a la reflexión sobre esta materia. 
En cuanto al método de evaluación utilizado, el Tribunal 
precisa en el apartado 6.12 que sólo pretende delimitar la 
cuestión de la utilización de las infraestructuras financia­
das por el FEDER para evaluar su impacto en el 
desarrollo regional, a la vez que se señala que no ha 
efectuado «análisis de coste/beneficio ni de proyectos 
alternativos». 
Si bien el porcentaje de utilización constituye una 
referencia importante para apreciar el impacto de una 
infraestructura en el desarrollo de una región, conviene 
tener en cuenta que el establecimiento de una red de 
infraestructuras básicas es una medida a largo plazo y 
que, tal como señala el Tribunal (apartado 6.10), un 
margen de infrautilización puede considerarse aceptable 
al principio. La Comisión estima que si las infraestructu­
ras constituyen la condición previa para iniciar el proceso 
de desarrollo y promover la implantación de actividades 
económicas, el porcentaje de utilización podrá ser al 
principio muy modesto, y la infrautilización podrá seguir siendo importante durante un período inicial relativa­
mente largo. 
Lo mismo ocurre en el caso de grandes obras, como un 
puente o una presa, que no pueden realizarse, por razones 
de indivisibilidad técnica, por debajo de una dimensión 
mínima. Pero, incluso en aquellas obras que permiten 
llevar a cabo una división técnica —como por ejemplo 
una carretera que técnicamente podría ampliarse sucesi­
vamente en función del progresivo aumento del tráfico—, 
conviene tener en cuenta, a la hora de analizar la 
rentabilidad económica, las posibles ventajas de no 
construir una infraestructura por debajo de una dimen­
sión mínima y de prever una carretera con capacidad 
suficiente para hacer frente al previsible aumento de 
tráfico a largo plazo. 
Hay que tener en cuenta asimismo, al evaluar el impacto 
de las infraestructuras, el efecto motor del equipamiento 
en la actividad económica de una región, ciertamente 
difícil de apreciar. 
Además del efecto neto en la región, al evaluar el impacto 
de las infraestructuras conviene tomar en consideración 
—aunque no se haya producido un aumento de la 
utilización— la mejora cualitativa del servicio público 
para el conjunto de los usuarios, tanto actuales como 
futuros, ya que esta mejora se traduce en un aumento de la 
productividad y, por lo tanto, de la competitividad de esta 
región. 
Para evaluar el impacto de una nueva carretera que rodee 
una aglomeración urbana y comunique un puerto, por 
ejemplo, conviene tener en cuenta, además del porcentaje 
neto de utilización, el efecto motor sobre la actividad 
portuaria provocado por un acceso más fácil, así como los 
efectos beneficiosos de la nueva carretera en términos de 
tiempo, y por lo tanto de dinero y de seguridad para el 
tráfico normal, que utiliza tanto la nueva carretera como 
la antigua, ya descongestionada. Dicho de otro modo, si 
el porcentaje « neto » de utilización de la nueva carretera, 
en un momento dado, es del 25 %, no se puede concluir a 
priori que el impacto de la nueva infraestructura no 
resulta significativo. Todo lo más, se puede comparar este 
porcentaje —relativizándolo— con el de otras infraes­
tructuras del mismo tipo. 
(e) Sin duda alguna, las infraestructuras seguirán 
desempeñando un papel preponderante como condición 
indispensable para el desarrollo económico al que está 
llamado a contribuir el FEDER. 
Dentro de esta perspectiva, el esfuerzo del Tribunal de 
cara a aumentar la eficacia de este método de evaluación 
presenta un enorme interés y coincide con la preocupa­
ción de la Comisión en esta materia. Por lo tanto, debería 
perfeccionarse el método de evaluación utilizado por el 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 273 
Tribunal. En ese sentido, la Comisión espera aprovechar 
al máximo el método aplicado por el Tribunal en la 
reflexión sobre el establecimiento de una metodología de 
la evaluación ex post que se está llevando a cabo. 
RESULTADOS SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
6.13-6.58. Teniendo en cuenta lo anterior, la Comi­
sión considera oportuno responder a las observaciones 
del Tribunal acerca de los numerosos casos particulares 
citados, agrupando sus respuestas por tipos de problema 
más que por categorías de infraestructura. Si se da el caso, 
no tendrá inconveniente en informar acerca de las razones 
que justificaban en cada ocasión, al concederse una ayuda 
del FEDER, la estimación positiva del impacto que se 
esperaba de las infraestructuras financiadas. 
En cuanto a la relación sobre el porcentaje de utilización 
de ciertas infraestructuras y la calidad de la programa­
ción, la Comisión tampoco tiene inconveniente en 
reconocer que, en algunos casos financiados por el 
FEDER, el porcentaje actual de utilización —que sólo es 
uno de los elementos de una evaluación, que debe ser 
global para apreciar el impacto de una infraestructura 
sobre el desarrollo de una región— es bajo. Considera 
asimismo que el nuevo enfoque previsto en la reforma de 
los Fondos, basado en una programación más avanzada, 
permitirá valorar mejor la evolución del contexto 
económico de las infraestructuras seleccionadas para su 
financiación por la Comunidad. 
En ese sentido, deberían poder advertirse mejor los casos 
de competencia entre las infraestructuras que se van a 
construir y las instalaciones similares ya existentes en la 
zona, como en el caso de la terminal de contenedores de 
Bettembourg en Luxemburgo (apartado 6.16); debería 
tenerse en cuenta, asimismo, la competencia de los demás 
medios de transporte, como en el caso del Canal del Midi, 
en Francia (apartado 6.32), cuya utilización se enfrenta a 
la competencia del transporte por carretera y ferrocarril. 
Por lo tanto, tener en cuenta adecuadamente las 
previsiones sobre la evolución económica del sector 
correspondiente, ciertamente ayuda a seleccionar aque­llas infraestructuras que puedan contribuir mejor al 
desarrollo económico. No obstante, algunas evoluciones 
son difíciles de prever. Así, varias inversiones citadas por 
el Tribunal sufrieron las consecuencias de las imprevisi­
bles crisis petrolíferas. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
carretera del puerto de Eemshaven, en los Países Bajos 
(apartado 6.15), y de las carreteras del Limburgo. 
Además, si tenemos en cuenta el contexto económico 
característico del período en que se han programado la 
mayoría de las infraestructuras examinadas, podemos 
considerar aceptables los porcentajes medios de utiliza­
ción de algunas de ellas señalados por el Tribunal (por 
ejemplo, los puertos, las vías navegables y las infraestruc­
turas hidráulicas). 
Por otra parte, una gestión coherente facilitaría una 
buena utilización de los recursos. En la práctica, sin 
embargo, es muy difícil fijar con antelación un sistema de 
especialización de las infraestructuras, sobre todo en 
aquellas regiones en que estas infraestructuras son 
insuficientes, como en los pequeños puertos del Adriático 
(ése es el caso de Termolí, apartado 6.24). 
Bien es verdad que las ayudas del FEDER deben 
concederse prioritariamente a inversiones que permitan 
acelerar el desarrollo de las regiones de que se trate. No 
obstante, la Comisión considera que dicho objetivo debe 
cumplirse teniendo en cuenta las características socioeco­
nómicas de estas regiones. Resulta, por tanto, esencial 
favorecer inversiones (en general poco costosas) cuyo fin 
sea romper el aislamiento de una región y evitar su 
despoblamiento. En este contexto hay que situar las 
carreteras rurales de Molise (apartado 6.21) y aquellos 
casos en que la inversión no pretende una mayor sino una 
mejor utilización como, por ejemplo, en la circunvalación 
de Ales, en Francia (apartado 6.19), cuyo objetivo es 
hacer más fluido el tráfico de paso y reducir la congestión 
del centro de la ciudad. La Comisión considera asimismo 
esencial mejorar la calidad de las infraestructuras y 
contruir instalaciones para aumentar la seguridad de los 
abastecimientos, puesto que a largo plazo estas inversio­
nes inciden favorablemente en la aceleración del proceso 
de desarrollo y son una condición indispensable para 
evitar el deterioro de la situación económica; ese es el 
caso, por ejemplo, de la central eléctrica de las Islas 
Shetland (apartado 6.45). 
A menudo, ciertas infraestructuras presentan una escasa 
utilización, debido a dificultades financieras que obligan 
a las administraciones públicas a subdividir la realización 
de dichas infraestructuras en varios tramos en función de 
las disponibilidades existentes. Podemos citar en ese 
contexto la construcción de algunas instalaciones portua-
^ lOiarioCOtacial de las Comunidades europeas l^.l^.D^ 
rías ^apartado ^.^ así como, en gran medida, los 
importantes retrasos que se produjeron en la realización 
de los complejos hidráulicos de Sicilia ^apartado o.3^. 
Los cambios institucionales y políticos pueden llevar 
igualmenteauna realización parcialy,por tanto,auna 
utilización insatisfactoria de las infraestructuras^ los 
complejos hidráulicosde^inniyLoconeen el ^Vlezzogior^ 
noitalianoacusaronduranteaños, aligualqueotras 
muchas infraestructuras de lazona, el cese de actividades 
dela^Cassaperillviezzogiorno^ylasditicultadesala 
horadeaplicar lanuevaley ^^^, que desde l^ó 
constituye la base de la política regional italiana en esta 
región. 
Lncuantoalas observaciones acerca de la relación entre 
ciertas instalaciones de recogidaydepuración de aguasy 
las actividades económicas, podemos señalar que las 
dificultades en el aprovisionamiento de agua y el 
problema de la contaminación de las aguas utilizadas son 
obstáculosgravesparaeldesarrollo económico délas 
regiones ribereñas del Iviediterráneo. Lsto ocurre, sin 
duda alguna, en los casos del IVtezzogiorno citados por el 
Tribunal 
^ncuanto al impacto de la ayuda del ^LLóL^a la 
construcción de intraestructuras de telecomunicaciones, 
hay que señalar que ésta ha sido muy importante para la 
realización de inversiones en algunos países, sobre todo 
en lrlandayólrecia,yque fue utilizada en otros por la 
Comisión para incentivaralosinversoresaque anticipad 
ran la construcción de algunas de estas infraestructuras, 
^se es el caso,por ejemplo,delSIR,que realizó en el 
Iviezzogiorno inversiones adicionales que no estaban 
previstas en los planes de inversión de este grupo. 
EPECPC^S^BREL^SPRECIOSYLAS 
^^L^ALI^AL^^SL^ECl^SPICÍ^ LÉELAS 
t^^RAESTRLlCTLlRAS 
^.^^^A f^n cuanto al etecto de las ayudas sobre los 
precios, la Comisión comparte la opinión delLribunal en 
el sentido de que una reducción de estos precios puede 
estimular la demanda y aumentar el porcentaje de 
utilización, l^o obstante, considera que en ciertas zonas 
retrasadaslademandadebe enfrentarse muchomása 
menudo con un servicio insuficiente que con un precio 
excesivamente elevado. 
Además, la Comisión opina que una política arancelaria 
diferenciada como instrumento para incentivar la demanda puede llevar a que se fijen los precios de 
servicios prácticamente al margen de todo cálculo 
económico, lo cual sería asimismo negativo. 
LaComisióntambiénestáde acuerdo con el Tribunal 
acerca de la conveniencia de establecer en el futuro una 
serie de criterios para determinar laformayla intensidad 
de las financiaciones comunitarias. Lsta condición se 
tieneencuentaasimismoenlareformadelos^ondos,que 
prevé una combinación de préstamos BL1 y ayudas 
Ff^lOLR-,yuna modulación de los tipos de intervención 
en ciertas infraestructuras. 
I^PdR^^SP^CIALSClBR^ 
r^LPLA^T^A^lE^TC^l^T^ClRAIO^ 
r^^LAPI^A^ClACl^CCllvllE^ITARLA 
L^ELASACCl^^^SC^^^l^ALlIoAIo 
ESTRUCTURAL 
^.^^^.^. La Comisión se remítealas respuestas al 
informe especial ya citado, en particular^ 
— aun reconociendo las diticultades de tal planteamien^ 
to, la Comisión siempre ha concebido la integración 
como un medio para mejorar la eficacia de la acción 
estructural comunitarias 
— losproblemassuscitadosporelTribunalse deben 
esencialmente al carácter experimental de las operad 
cienes examinadas y a la gran complejidad de la 
acción estructural comunitarias 
— un análisis de los planteamientos integrados más 
recientes permitiría comprobara 
— que las experiencias ^históricas^ del plantead 
miento integrado fueron beneticiosas para el 
lanzamientode las CONOyde los Rllvl^la veintena 
de Pl^Vl iniciados desde hace dos añosyla decena 
de CONO responden ampliamente a las críticas 
formuladas por el Tribunap 
— queelplanteamientointegradodeberíabenefl^ 
ciarse de la reforma de los fondos estructurales 
una ve^ ésta se apliquen no sólo las grandes 
orientaciones de esta reforma facilitarán la 
imervencióndediversosinstrumentosestructura 
les sino que, además, el reglamento horizontal de 
coordinación permitirá suprimir ciertos obstácu 
los que complican actualmente la ejecución de los 
programas integrados. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 275 
CAPITULO 7 
Fondo Social Europeo 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
INTRODUCCIÓN 
7.1-7.3. En la respuesta al informe especial n° 1/88 
sobre los procedimientos y sistemas comunitarios y 
nacionales de gestión (l), la Comisión reconocía la 
legitimidad de los comentarios del Tribunal a muchos de 
los puntos. En una nota preliminar a su respuesta, la 
Comisión hacía referencia a ciertas medidas que se habían 
tomado (refuerzo de los servicios encargados de los 
aspectos de gestión, contabilidad y control) y a los 
progresos que se habían realizado, tales como una 
sensible disminución del « peso del pasado » en el campo 
de la gestión financiera y presupuestaria del Fondo y una 
clara mejora de la ejecución del presupuesto a partir de 
1986. Con este motivo, se señalaba también que, en lo 
referente a la eficacia de las intervenciones del Fondo, 
sólo podía esperarse un cambio determinante tras la 
reforma de los Fondos Estructurales que se debían 
realizar con arreglo al artículo 130 D del Tratado CEE. 
Con estas reservas, y sin volver sobre las respuestas ya 
dadas, se aportan a continuación ciertas explicaciones 
que pueden aclarar más la postura de la Comisión a la luz 
de los progresos realizados en materia de reforma de los 
Fondos Estructurales. 
PROCEDIMIENTO Y SISTEMAS 
COMUNITARIOS Y NACIONALES DE 
GESTIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 
Principales deficiencias observadas y 
posibilidades de mejora 
7.5 - 7.6. A propuesta de la Comisión y previo dictamen 
del Parlamento y del Comité Económico y Social, el 
(•) Las notas aparecen al final del capítulo. Consejo adoptó el 24 de junio de 1988 el Reglamento 
(CEE) n° 2052/88 relativo a las funciones de los Fondos 
con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la 
coordinación entre sí de sus intervenciones con las del 
BEI y con las de los demás instrumentos financieros 
existentes. Mediante dicho Reglamento, y con arreglo a 
los artículos 130 A y 130 C del Tratado CEE, se han 
definido o precisado un determinado número de concep­
tos. Por lo que se refiere a las cuestiones mencionadas por 
el Tribunal, y en particular las que figuran en las 
conclusiones del informe especial n° 1/88, los conceptos 
definidos dentro de este Reglamento están relacionados 
con los siguientes puntos: 
— fijación de los objetivos prioritarios a cuya realiza­
ción deberá contribuir el F.S.E.; 
— tipos de actuaciones en las que el Fondo podrá 
participar; 
— categorías de personas que podrán beneficiarse de las 
intervenciones del Fondo; 
— indicación del volumen de los recursos que se deberán 
establecer de forma global, durante los próximos 
5 años, para las intervenciones financieras de los 
Fondos Estructurales, y concentración de los mis­
mos; 
— principios de complementariedad y asociación, 
acompañados, llegado el caso, de las adecuadas 
medidas de ayuda técnica de acuerdo y en estrecha 
concertación con el Estado (o Estados miembros) 
interesados. 
— cofinanciación, completada con una modulación de 
los porcentajes de intervención, ateniéndose a 
criterios que no descarten la financiación por la 
Comunidad de los programas costeados normalmen­
te por los sistemas nacionales; 
276 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
— tipología de las formas de intervención financiera que 
prevén el recurso a la gestión por programas más que 
por proyectos individuales (de lo que debería 
derivarse —a pesar del aumento de los recursos y, por 
consiguiente, de las actividades— una reducción del 
número de expedientes que deben tramitar los 
servicios cada año); 
— sistemas de valoración de los resultados cuya 
finalidad es estimar la eficacia de las intervenciones 
comunitarias en relación a los objetivos que se 
persiguen, en un plano macroeconómico que incluya 
los diferentes datos sobre la evolución del mercado de 
trabajo (especialmente, gestión por programa). 
La Comisión se siente, pues, satisfecha al observar que 
muchas de las cuestiones expuestas por el Tribunal en sus 
informes anuales y especiales se han visto reflejadas en los 
textos y en las soluciones que se han adoptado. 
7.7-7.9. Por lo que respecta a los comentarios del 
Tribunal sobre la gestión de la Comunidad y la de los 
Estados miembros, la Comisión se remite a las respuestas 
que se facilitaron ya en el informe especial n° 1/88 sobre 
los sistemas comunitarios y nacionales para la gestión del 
Fondo. Se recuerda que el procedimiento de reforma de 
los Fondos Estructurales no ha terminado con la 
adopción del Reglamento (CEE) n° 2052/88 del Consejo, 
sino que prosigue con el estudio de otros dos proyectos de 
Reglamento, uno «horizontal», y otro relativo a las 
disposiciones específicas sobre la acción del Fondo 
Social (2). 
La Comisión comparte con el Tribunal la preocupación 
por la gestión, y concede la mayor importancia a los 
aspectos de control. Por ello, en septiembre de 1987 
decidió la creación de un organismo encargado de la 
lucha contra el fraude. La Dirección General de Empleo, 
Asuntos Sociales y Educación contará, en cuanto sea 
posible, con un grupo que desempeñará la misma 
función. 
ESTUDIOS PREPARATORIOS Y 
EXPERIENCIAS PILOTO 
7.10 - 7.13. Los comentarios del Tribunal se refieren a 
un sistema que se revisó ampliamente en el nuevo 
Reglamento de 1984, debido a las deficiencias observadas 
en su funcionamiento, aunque hasta 1988 haya habido 
que tener en cuenta los compromisos ulteriores. En 
términos financieros este sector representaba únicamente 
el 0,3 % del total del presupuesto del Fondo, lo que la 
Comisión tuvo que tener en cuenta al asignar los medios 
destinados a esta actuación. Cabe señalar que muchas de las dificultades encontradas 
se han debido al sensible crecimiento del número de 
proyectos presentados al Fondo Social, lo que ha puesto 
en cuestión el seguimiento y la gestión de los proyectos 
individuales. 
En el caso de las experiencias piloto, la situación se ha 
complicado debido a que las responsabilidades de los 
Estados miembros no se habían definido de forma precisa 
y a que algunos pequeños organismos beneficiarios han 
encontrado muchos obstáculos para la realización de sus 
proyectos. 
Las modificaciones introducidas a partir de 1984 han 
resuelto gran parte de los problemas. A pesar de las 
deficiencias del sistema, se ha observado, tanto en 
relación a las reacciones de la opinión como a las 
discusiones en el Comité del Fondo, que dichas experien­
cias piloto han obtenido resultados satisfactorios a un 
coste muy bajo. 
Porcentaje de utilización de los créditos 
de pago 
7.14. En julio de 1988 había aún 10 expedientes por 
cerrar (el 3 % del total aprobado). Se trata de expedientes 
para los que se ha emitido una orden de cobro y cuyos 
promotores todavía no han efectuado los reembolsos. 
Selección 
Subvencionabilidad 
7.15. La Comisión ha limitado siempre el número de 
puestos de trabajo a 30, con arreglo al Reglamento (CEE) 
n° 2396/71. 
Prioridad 
7.16 - 7.18. En la medida en que, como ocurrió en 1983, 
los créditos han superado las solicitudes subvencionables, 
los criterios de prioridad han perdido automáticamente 
su sentido. Sin embargo, cuando el volumen de solicitudes 
subvencionables ha sido superior a los fondos disponi­
bles, se han aplicado criterios de prioridad. 
7.19. La Comisión ha estimado siempre que el carácter 
innovador debía interpretarse pragmáticamente y que no 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 277 
era necesario ni conveniente intentar elaborar una 
definición precisa. Esta falta de definición no ha 
planteado ningún problema de orden práctico. 
Decisión y aplicación 
Contrato 
7.20 - 7.25. Efectivamente, algunos promotores inicia­
ron las operaciones sin esperar la decisión de la Comisión, 
puesto que sabían que su proyecto se había incluido en el 
proyecto de decisión presentado al Comité del Fondo. 
Además, cuando se solicitaban cambios significativos, 
era costumbre, como para los demás proyectos del 
Fondo, que éstos se realizaran introduciendo modifica­
ciones en la decisión de la Comisión. En el caso de las 
experiencias piloto, estas modificaciones se recogían 
normalmente en el contrato y, en general, los contratos 
han cubierto los datos esenciales de los proyectos. Sin 
embargo, como ha observado el Tribunal, el sistema de 
contratos se abandonó con motivo de la revisión de 1984. 
Consciente de los problemas que acarreaba, la Comisión 
decidió sustituir la gestión por proyecto por la gestión por 
programa. 
Informe intermedio 
7.26 - 7.28. El principal objetivo del informe interme­
dio era la elaboración de un certificado que demostrara 
que el proyecto estaba en fase de realización. Siempre que 
el contenido del informe intermedio ha suscitado 
problemas de fondo, la Comisión ha procedido a realizar 
las investigaciones pertinentes. 
Informe definitivo 
7.29 - 7.30. EL único método práctico que la Comisión 
encontró para incitar al promotor a cumplir sus 
obligaciones en el plazo fijado fue el de condicionar el 
pago final a la elaboración y la aprobación del informe 
final. Si el informe final no se consideraba satisfactorio, el 
pago se suspendía mientras no se hubieran solventado las 
deficiencias. Observaciones de los servicios del Tribunal 
7.31. Véase a continuación la respuesta a los apartados 
7.39 — 7.44 y 7.55. 
Informes financieros 
7.32 - 7.33. En la práctica, los pagos se efectuaron de 
acuerdo con las siguientes bases: se exigió a los 
promotores que presentaran un desglose de los gastos 
realizados cuyo reembolso se solicitaba; en caso de duda, 
se pidió información complementaria; además, la 
Comisión, basándose en un muestreo, realizó comproba­
ciones sobre el terreno. 
En cualquier caso, se informó con claridad a los 
promotores de que al calcular el coste que iba a ser 
subvencionado por el Fondo, había que descontar los 
ingresos de la operación. 
Cierre de los expedientes 
7.34 - 7.35. Era inevitable que surgieran problemas en 
un sistema en el que no se había definido con claridad la 
responsabilidad conjunta a nivel de los Estados miem­
bros. Hasta ahora, el Consejo se ha opuesto a todas las 
tentativas de la Comisión de establecer las disposiciones 
adecuadas sobre los intereses que pudieran derivarse de 
los pagos injustificados. 
Gastos no afrontados por el contratista 
y excedente de financiación 
7.39 - 7.44. La Comisión ha vuelto a examinar los casos 
mencionados por el Tribunal. Se ha comprobado que, en 
la mayoría de ellos, los gastos estaban justificados. 
También como consecuencia de la información que 
facilitó el Tribunal en una carta de sector, la Comisión ha 
efectuado ya una recuperación e iniciará un procedimien­
to similar para otro caso citado por el Tribunal (apartado 
7.41). 
278 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Divulgación de los informes definitivos 
y de los resultados 
7.45. Pronto se comprobó que, debido al gran número 
de proyectos acumulados, la idea inicial de divulgar los 
informes de las experiencias no era viable. Sin embargo, 
los informes quedan a disposición de cualquier persona 
que los solicite en los servicios de la Comisión. Los 
promotores siempre han sido informados de experiencias 
anteriores del mismo tipo. 
7.47. Como el volumen de los informes es considerable, 
las experiencias más significativas se recogen en forma 
resumida en el informe anual del Fondo y en la 
publicación Europa Social. Las organizaciones interesa­
das en el seguimiento de dichas operaciones pueden 
acceder sin problemas a la documentación. 
7.50. Es cierto que la Comisión no ha elaborado aún un 
método que permita evaluar los resultados de los estudios 
preparatorios y de las experiencias piloto. Sin embargo, 
en el contexto del nuevo reglamento se aplicará un 
sistema de valoración y control. 
7.51-7.52. Veáse la respuesta al apartado 7.19. 
Además, el carácter innovador no era un criterio de 
subvencionalidad en el sistema en cuestión. La creación 
de empleo no era el único criterio tenido en cuenta para 
emitir un juicio sobre las experiencias piloto. No se podía 
descartar el fracaso de la experiencia, puesto que su 
objetivo era la experimentación de nuevos enfoques. 
Conclusiones 
7.55. La Comisión era consciente de las deficiencias que 
presentaba este tipo de intervención. Por eso, en octubre 
de 1983, se decidió introducir reformas. Los proyectos 
que se aprobaron ateniéndose al viejo sistema deberán juzgarse con arreglo a las modalidades vigentes en el 
momento de su aprobación. 
La Comisión, al formular las propuestas para el nuevo 
sistema que entró en vigor en 1984, se sirvió de la 
experiencia obtenida de los programas piloto previstos en 
el antiguo reglamento. 
La investigación en el campo de la formación profesional, 
a escala comunitaria, no es una competencia exclusiva del 
Fondo Social. 
La Comisión recuerda que, debido a la existencia de otras 
prioridades, el volumen del presupuesto destinado a estas 
operaciones es relativo (0,3 %). 
El Tribunal opina que el control de que los gastos reúnen 
los requisitos para poder se subvencionados sólo se puede 
efectuar mediante visitas sobre el terreno. Si éstas aportan 
efectivamente una información más completa, los 
promotores deben poder exponer por escrito lo esencial 
de sus proyectos. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
amplitud de las tareas del Fondo y de las exigencias de 
una buena gestión, las visitas sobre el terreno deberán 
limitarse a una muestra, que dependerá de la amplitud de 
los gastos en cuestión. Por lo que respecta a los 
comentarios incluidos en el apartado 7.55 (c) (ii), (iii) y 
(iv), la Comisión observa que se han sacado las 
conclusiones oportunas. 
COMPROMISOS PENDIENTES 
DE LIQUIDACIÓN 
7.56-7.62. La Comisión comparte el análisis del 
Tribunal en lo que respecta a los esfuerzos realizados 
desde 1986 para el saneamiento de los compromisos que 
quedan por liquidar. 
0) DOC 126 de 16.5.1988. 
(2) COM(88) 500 final. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 279 
CAPITULO 8 
Investigación 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
ADVERTENCIAS PRELIMINARES 
8.1. La política comunitaria de evaluación se ha 
desarrollado en cuatro fases: 
(a) el período anterior a la Resolución del Consejo de 
1983; No existen por lo tanto divergencias de fondo entre la 
Comisión y el Tribunal acerca de los objetivos que deben 
perseguirse en esta materia; las declaraciones de inten­
ción expresadas por la Comisión en materia de evalua­
ción, examinadas por el Tribunal en su informe de 1987, 
se han traducido entretanto en la remisión al Consejo y al 
Parlamento, a finales de julio de 1988, de la propuesta de 
programa específico Monitor ya mencionado. Esto 
significa que los programas específicos de IDT, del 
programa marco 1987-1991 de IDT, se evaluarán a partir 
de la metodología aprobada por el Consejo de acuerdo 
con el Parlamento en el marco del programa Monitor. 
(b) la aplicación de la Resolución del Consejo de 1983; 
(c) el plan de acción «Evaluación» de enero de 1987 
(consecuencia de una nueva decisión del Consejo de 
junio de 1986); 
(d) por último, las decisiones adoptadas por el Consejo 
con motivo de la aprobación del programa marco 
1987-1991 de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(IDT), el 28 de septiembre de 1987, que tuvieron 
como consecuencia especialmente la inserción en 
cada programa específico de un artículo dedicado de 
manera explícita a la evaluación. Por último, si la evaluación tiene por objeto «mejorar 
constantemente el instrumento de investigación, debe 
contribuir ante todo y sobre todo a realizar los objetivos 
científicos y técnicos asignados a los programas de IDT », 
teniendo en cuenta asimismo «el mejor servicio de los 
objetivos económicos y sociales de la Comunidad». Hay 
que tener en cuenta que los programas comunitarios de 
IDT pertenecen al ámbito de la ID fundamental, de la ID 
aplicada o de ambas, de forma que los procedimientos de 
evaluación deben calibrarse en consecuencia; esto 
significa, por ejemplo, que es mucho más difícil conside­
rar el impacto socioeconómico en el caso de un programa 
de ID fundamental que en el de un programa de IDT 
precompetitivo. 
Habría que añadir asimismo la propuesta de progra­
ma específico SPEAR (que forma parte del programa 
Monitor) relativo a la metodología de evaluación 
comunitaria de los programas de investigación. 8.2. La Comisión quiere recordar asimismo el contexto 
político y presupuestario en el que ha tenido lugar la 
renovación de estos programas: 
Por otra parte, la Comisión desempeña un papel decisivo 
en el campo de la evaluación a escala comunitaria (el 
programa marco de IDT aprobado el 28 de septiembre de 
1987 prevé la evaluación de cada programa comunitario; 
la propuesta de programa Monitor, remitida a finales del 
mes de julio al Parlamento Europeo y al Consejo, prevé el 
establecimiento de una red « 12 + 1» para la evaluación, 
que sería coordinada por la DG XII). interrupción de 18 meses entre el programa de energía 
no nuclear que finalizaba el 30 de junio de 1983 y el 
que se inició a principios de 1985: esta situación se 
debe esencialmente a que el Consejo «Investigación », 
tras llegar a un acuerdo a finales de 1983 acerca de los 
objetivos científicos y técnicos de ciertos programas 
de IDT, se vio obligado a tomar en consideración la 
crisis financiera de la Comunidad subsiguiente al 
280 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
fracaso del Consejo Europeo de Atenas de diciembre 
de 1983. En consecuencia, la Comisión tuvo que 
bloquear parcialmente los créditos correspondientes 
a 7 programas de IDT —entre ellos el de energía no 
nuclear— hasta el 19 de diciembre de 1984, fecha en la 
que los ministros de IDT llegaron a un acuerdo acerca 
de la manera de conciliar los objetivos científicos y 
técnicos y las obligaciones presupuestarias. Todo ello 
para que el Consejo pudiera aprobar sin demora el 
programa ESPRIT en febrero de 1984. En el caso de 
la energía, la presentación del nuevo programa se 
retrasó a fin de que no supusiera un obstáculo para las 
instancias del Consejo; el Consejo estimó después que 
debía examinar este documento junto con el de la 
Fusión ante la necesidad de apreciar el esfuerzo 
presupuestario que debía llevarse a cabo en el sector 
de la energía en relación con los demás objetivos 
científicos y técnicos de IDT (Estimulación, Brite, 
Biotecnología...) y, dentro del propio sector energéti­
co, la Fusión y la energía no nuclear; 
— la conclusión del procedimiento de concertación entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
acerca de los programas «Medio Ambiente» y 
«Materiales» trajo consigo un retraso de 6 meses. 
Estructura de la investigación comunitaria 
8.3. El primer y el segundo programa marco de IDT 
obedecen a metodologías y criterios distintos: 
— el segundo programa marco ya no presenta la 
estructura original adoptada en 1983; 
— este mismo programa marco 1987-1991 ya no incluye 
los proyectos de demostración; 
— por último, el programa marco 1987-1991 de IDT se 
inscribe dentro del contexto definido por las nuevas 
disposiciones —obligatorias— del Acta Única, 
mientras que el primero está basado en una simple 
Resolución del Consejo de 1983. 
Evaluación realizada por la Comisión 
8.4. (c) • Si bien la falta de recursos presupuestarios no 
impidió que se redactaran 27 informes de evaluación, sí 
que impidió, en el aspecto cualitativo, la realización, coordinación y perfeccionamiento de los procedimientos, 
tal como hubiera deseado la Comisión. 
Este problema debería haberse resuelto entretanto, ya 
que el Consejo hubo de adoptar una postura acerca de los 
procedimientos de evaluación de los programas específi­
cos con motivo de la aprobación del programa marco 
1987-1991 de IDT, el 28 de septiembre de 1987. 
(d) Tal como indicó el Parlamento Europeo en la 
discusión del informe de iniciativa de la Sra. Scrivener en 
febrero de 1987, resulta esencial llegar a un acuerdo 
acerca de la metodología a seguir de cara a la evaluación 
de los programas específicos antes de aprobar procedi­
mientos homogéneos o al menos coordinados en esta 
materia. 
Por esta razón, la Comisión comenzó a elaborar, a partir 
de 1987, una propuesta de programa específico llamada 
«SPEAR»; en esta propuesta se estudiaba la organiza­
ción de la evaluación de la investigación en la Comisión. 
Enfoque adoptado por el Tribunal 
8.5 - 8.7. El examen del Tribunal se centra en la gestión 
de los programas « Materias primas »,« Medio ambiente » 
y «Energías no nucleares», que se basa en parte en 
métodos de gestión anteriores a la adopción de las normas 
internas aprobadas por el Director General de la 
DG XII/CCI en el mes de abril de 1985. 
Estos métodos, así como los criterios del primer 
programa marco (varios firmantes, trasnacionalidad), se 
han aplicado progresivamente y por orden de prioridad a 
los programas de IDT correspondientes a nuevas 
iniciativas de la Comunidad en materia de IDT (Brite, 
Estimulación, Biotecnologías...). 
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MARCO 
COMUNITARIO 1984-1987 
Elaboración y estructura del programa marco 
8.10. Cabe señalar que la Comisión, en su Comunica­
ción COM(87)491 «Nuevas Perspectivas del CCI» del 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 281 
mes de octubre de 1987, propuso un modelo de cara al 
futuro para la conexión con los comités consultivos. Se 
llevarán a cabo, en particular, consultas periódicas con 
los comités consultivos de gestión y de coordinación 
apropiados a fin de asegurar, si se da el caso, la 
coordinación con las acciones de gastos compartidos y las 
actividades nacionales en el mismo ámbito. 
8.11-8.12. Conforme a la recomendación del Tribu­
nal, la Comisión pretende proseguir sus esfuerzos de cara 
a limitar el número de programas específicos mediante la 
preparación de programas más «integrados». El carácter 
específico de la investigación requiere sin embargo un 
examen separado caso por caso y no permite la adopción 
de soluciones globales. 
Además, el creciente papel de la investigación y el 
desarrollo'tecnológico dentro de la Comunidad, que trae 
consigo una ampliación presupuestaria y temática, lleva 
necesariamente a un aumento del paquete de programas 
específicos de IDT. 
Evaluación de la ejecución 
del programa marco 
8.13 - 8.15. El Tribunal considera con toda la razón el 
programa marco como un instrumento clave de planifica­
ción a medio plazo de los objetivos científicos y de los 
aspectos financieros. Dicho programa marco, en tanto en 
cuanto instrumento de planificación, no se presta a 
evaluaciones análogas a las previstas para los programas 
específicos de IDT. 
Aunque la Comisión puede estar de acuerdo con las 
Recomendaciones del Tribunal acerca de la necesidad de 
valorar la influencia que las orientaciones, tanto científi­
cas como financieras, del programa marco hayan podido 
tener en la preparación y la adopción de los programas 
específicos, no puede compartir el principio de evaluación 
del programa marco a partir de los resultados obtenidos 
(IDT, impacto socioeconómico, etc.). Este tipo de 
evaluación sólo puede aplicarse a los programas específi­
cos. En el caso del programa marco, se trata de proceder a 
una evaluación del instrumento de planificación. DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 
Forma de los documentos preparatorios 
8.16-8.18. La Comisión comparte la recomendación 
del Tribunal en el sentido de que, en la fase de preparación 
de un programa, debería completarse lo más pronto 
posible el proyecto de propuesta mediante un texto cuya 
forma fuera estrictamente jurídica, y tratará de aplicar en 
lo sucesivo esta recomendación. Además, ha establecido 
una fórmula uniformizada de texto jurídico para los 
programas específicos. 
Eficacia de las consultas 
8.19 - 8.24. La Comisión opina que hay que distinguir 
en la preparación de los programas entre el procedimien­
to legislativo propiamente dicho y los procedimientos de 
concertación, a la vez internos y externos. 
Dado que el procedimiento legislativo se refiere a la 
propuesta formal de la Comisión y se desarrolla según los 
procedimientos obligatorios, la Comisión sólo puede 
influir en el desarrollo de las consultas internas y externas 
durante la fase preparatoria de la propuesta. La Comisión 
proseguirá sus esfuerzos para abreviar los plazos 
necesarios para el desarrollo de las consultas en dicha fase 
preparatoria. Teniendo en cuenta los plazos necesarios 
para el procedimiento legislativo y para la preparación de 
una propuesta, parece imposible que puedan adelantarse 
de manera significativa las decisiones sobre estos 
programas. 
8.23. El Consejo definió asimismo en la época de la 
decisión acerca de la supresión del proyecto Super-
SARA, en marzo de 1983, el nivel global de los recursos 
que debían asignarse al CCI para el próximo programa 
plurianual. En consecuencia, la Comisión presentó al 
Consejo una propuesta de programa 1984-1987 en la que 
se respetaba este máximo de recursos que, desgraciada­
mente, no permitió tener en cuenta todas las propuestas 
de 1982 del CCMGP. 
282 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Precisión del contenido científico 
de los programas 
8.25 - 8.26. En el primer programa marco (1984-1987), 
se describían los objetivos de investigación y de desarrollo 
tecnológicos. 
El contenido científico de los programas no sólo aparece 
en la decisión del programa que, debido a las circunstan­
cias, debe limitarse a establecer el contexto. 
En cuanto a los programas contemplados en el informe, 
cabe precisar que, por lo que respecta al programa sobre 
Medio ambiente, si bien los objetivos deben ser generales, 
los temas de investigación aparecen claramente delimita­
dos y en todas las convocatorias de propuestas aparece 
una definición más restringida. 
Por lo que se refiere a la energía no nuclear, los objetivos 
generales y específicos se describieron de manera 
detallada en los documentos elaborados de acuerdo con 
los CCMGP. Los temas de investigación se precisaron en 
las convocatorias de propuestas. 
Por otra parte, la libertad de maniobra de que goza la 
Comisión es desde su punto de vista un aspecto positivo 
en la medida en que, al tratarse de la ejecución de 
programas plurianuales, resulta necesaria una cierta 
flexibilidad de gestión, sobre todo para tener en cuenta los 
avances tecnológicos o acontecimientos imprevisibles 
(como Chernobil) en los ámbitos cubiertos por los 
programas IDT. Cabe señalar que la Comisión sólo hace 
uso de esta libertad de maniobra una vez consultados 
los CGC. 
Objetivos o campos de investigación 
8.27 - 8.33. La Comisión reconoce la importancia de la 
definición de los objetivos y dispone, en su plan de acción 
acerca de la evaluación (DO C 14 de 20.1.1987, 
apartado 1 de la página 5), que estos se especifiquen en 
cada programa, si es posible de manera cuantitativa y 
verificable. 
Por otra parte, la investigación prevista en la propuesta de 
programa SPEAR, en lo que se refiere a los indicadores 
cualitativos y cuantitativos y a la metodología de 
evaluación, representará una ayuda en la definición y la 
verificación de estos objetivos. 
Por último, tal como señala el Tribunal, hay que tener en 
cuenta que la evaluación de los programas comunitarios 
de IDT no puede desarrollarse de manera homogénea 
debido a que debe tenerse en cuenta en los procedimientos si se trata de programas de investigación fundamental o 
de programas de investigación aplicada, o incluso, en 
proporciones variables, de una combinación de los dos. 
8.29. La evaluación del programa CCI sobre las 
energías no nucleares para el período 1979-1985, recogida 
en un informe elaborado en mayo de 1985, permitió al 
equipo de evaluación juzgar de manera favorable el 
impulso que el programa dio a la industria europea, sin 
dejar de ser coherente con los objetivos de la política 
comunitaria en el sector de la investigación y el desarrollo. 
8.30. Si bien es verdad que no se llevó a cabo ninguna 
modificación formal de la decisión del programa, a fin de 
tener en cuenta los resultados del procedimiento de 
concertación contemplado en la respuesta a los apartados 
8.5 a 8.7 (concluido en junio de 1986), hay que tener en 
cuenta que las sucesivas restricciones presupuestarias han 
supuesto reducciones del contenido científico del progra­
ma « Energías no nucleares »; estas reducciones han sido 
comunicadas al grupo de «Investigación» del Consejo, 
tal como se deduce de las actas del grupo. 
SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 
PROYECTOS DE GASTOS COMPARTIDOS 
Temas de investigación admisibles 
8.35. El CGC fue consultado y expresó su opinión 
favorable en todos los casos de admisión de temas en las 
convocatorias de propuestas. 
8.36. Después de sucesivas traducciones, puede ocurrir 
que se atribuyan denominaciones incorrectas a ciertos 
temas, lo cual provocaría ciertos malentendidos. 
Criterios de valoración de las propuestas 
8.37 - 8.41. Las fichas de evaluación eran únicamente 
para uso interno y no se referían a todos los criterios de 
selección. Las normas decididas por la Comisión el 19 de 
noviembre de 1986, uno de cuyos objetivos fundamenta­
les era armonizar estos criterios, todavía no habían 
entrado en vigor cuando se lanzó la convocatoria de 
propuestas. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 283 
La Comisión está de acuerdo con el Tribunal en que el 
principio de un umbral de subvención debe adaptarse a la 
naturaleza de cada programa de investigación. 
8.42. La consulta a la Dirección General del Medio 
Ambiente sólo atañe a ciertos criterios; conviene en 
efecto evitar las utilizaciones por partida doble. 
8.43. Un equipo se encarga de llevar a cabo la selección, 
que no sólo depende de los criterios (cuya ponderación 
puede variar según los expertos) sino también de la 
valoración personal por parte de los mismos. 
Publicidad 
8.44 - 8.45. Se realizan importantes esfuerzos en mate­
ria de información y asistencia para preparar las 
propuestas y para llegar a todos los posibles partici­
pantes : 
documentos de información, 
declaraciones de interés, 
red de personas-contactos, 
— reuniones informativas, etc. 
Los esfuerzos informativos se inician en el momento de la 
presentación de las propuestas al Consejo, sin esperar la 
decisión de éste. 
Para evitar que se produzca un porcentaje elevado de 
denegaciones, la documentación informativa y la licita­
ción definen temas prioritarios contenidos en la parte 
técnica de la decisión del Consejo. 
Impacto socioeconómico de las propuestas 
8.46. La Comisión comparte y tratará de llevar a la 
práctica la preocupación del Consejo según la cual 
convendría señalar en la medida de lo posible el aspecto 
socioeconómico de los trabajos propuestos. Amplitud del trabajo de valoración 
de las propuestas 
8.47-8.48. El CGC-Medio Ambiente dictaminó sin 
discusión sobre el 85 % de las 1 700 propuestas sobre 
medio ambiente, que ya habían sido valoradas durante 
cerca de un año por la Comisión y sus expertos, lo cual 
facilitó el trabajo subsiguiente del CGC. 
Concentración en el tiempo del trabajo 
de selección 
8.49. Las condiciones de la ejecución rápida de los dos 
programas mencionados corresponden a los compromi­
sos que la Comisión tuvo que adoptar una vez concluido 
el procedimiento de concertación con el Consejo y el 
Parlamento Europeo. 
8.50. Véase la respuesta a los apartados 8.19 — 8.24. 
Importancia de las consultas 
Consulta a la DG XI 
8.51. Esencialmente, se consultó a la DG XI acerca de la 
pertinencia de las propuestas para la política comunitaria 
de Medio Ambiente; de ahí la utilización de un 
formulario simplificado. 
¿Convocatoria de propuestas o licitación? 
8.56 - 8.58. Si bien la ejecución del programa de medio 
ambiente se ha caracterizado por la libertad de propuesta, 
la Comisión ha tratado de añadir aclaraciones siempre 
que ha sido posible (por ejemplo, los proyectos tipo 
« building 2000 » del programa « Energías no nucleares »); 
en cambio, está claro que no pueden realizarse en las 
convocatorias de propuestas tales precisiones cuando se 
trata por ejemplo de desarrollar un nuevo método de 
evaluación de la toxicidad de un producto químico. 
284 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
INTERNA DE PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS Y PROYECTOS 
Papel de los Comités Consultivos 
8.59. Aunque el CGC haya emitido dictamen acerca de 
la propuesta del programa 1987-1990 (o 1991), la 
Comisión, a partir de las deliberaciones del Consejo en 
abril de 1986 sobre las futuras orientaciones del CCI 
(COM(86) 145), interrumpió la preparación de este 
proyecto de programa. 
Seguimiento de proyectos y programas 
por los servicios de la Comisión 
Actuación directa 
8.62. El Consejo Científico del CCI recomendó, en la 
página 21 del Anexo de su evaluación COM(86) 145, 
sustituir el documento de planificación por un sistema 
más flexible con previsiones a largo plazo. A partir de las 
deliberaciones sobre el futuro desarrollo del CCI llevadas 
a cabo en el Consejo en abril de 1986, quedó claro que los 
Estados miembros deseaban que se produjeran cambios 
profundos dentro de dicho Centro. No fue posible, por lo 
tanto, establecer en aquella época un sistema de 
planificación relativo a las previsiones a largo plazo, y la 
Comisión tuvo que utilizar la planificación ya establecida 
para la ejecución de los programas durante el resto del 
período 1984-1987, a la vez que introducía medidas de 
flexibilización siguiendo las indicaciones del Consejo 
Científico. 
8.63. El Consejo y el Parlamento no formularon 
ninguna crítica acerca de los datos contenidos en los 
informes anuales elaborados como consecuencia de la 
decisión del Consejo sobre el programa 1984-1987, 
destinados a dichas instituciones. No obstante, la 
Comisión intentará mejorar la presentación de los 
mismos. 
Actuación indirecta 
8.64 - 8.66. Al contrario que los procedimientos admi­
nistrativos y financieros que han sido objeto de coordina­
ción, los procedimientos de seguimiento científico y 
técnico de los programas varían de uno a otro. Dentro de cada programa se desarrolla un proceso constante de 
evaluación interna de los proyectos individuales y de los 
grupos de proyectos. Están previstas, mientras se 
desarrolla la investigación, visitas a laboratorios, reunio­
nes de contratistas, o bien el suministro de informes 
científicos a intervalos regulares. Todas las informaciones 
derivadas de estos distintos tipos de actuación se ponen a 
disposición de los grupos de evaluación externa. 
Evaluación interna 
8.67. Véase la respuesta dada en la advertencia 
preliminar. 
8.68. Las reuniones de contratistas proceden de manera 
continua a las evaluaciones internas, y los miembros del 
equipo de gestión del programa son los encargados de 
realizar las visitas a los contratistas. Estas informaciones 
se comunican regularmente al CGC competente. 
8.69 - 8.70. Para llevar a cabo las evaluaciones dentro 
de la propuesta de programa SPEAR, la Comisión prevé 
la elaboración de «guidelines» que proporciona el 
enfoque metodológico y los criterios que desea el 
Tribunal. No obstante, la metodología y los criterios 
de evaluación deberán ser flexibles y adaptarse a las 
peculiaridades de cada programa que deba evaluarse. 
EVALUACIÓN EXTERNA DE 
LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
Evaluación a mitad de período del programa 
plurianual del CCI 
8.72-8.74. La Comisión tiene intención de proponer 
una evaluación global a mitad del período que abarca el 
programa en curso. El Consejo de Administración del 
CCI deberá emitir su dictamen acerca de la organización 
de esta evaluación (COM(87) 491, Anexo II). 
Organización y calendario de los ejercicios 
de evaluación 
8.75. Por lo que respecta al calendario, la Comisión ha 
elaborado un plan de las evaluaciones previstas para los 
próximos años basándose en los criterios expresados en el 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 285 
plan de acción sobre la evaluación y en el estudio citado al 
final de la respuesta al apartado 8.4. 
8.76. En cuanto a la evaluación externa del programa de 
materias primas, el informe de los expertos relativo al 
período 1978-1984 se utilizó exhaustivamente para la 
preparación del programa 1986-1989. Se tuvieron en 
cuenta, en especial, las recomendaciones del equipo de 
evaluación. 
La fijación de la fecha de las evaluaciones es el resultado 
de un difícil compromiso: si se empieza demasiado pronto 
no hay suficientes resultados para evaluar, y si se empieza 
demasiado tarde la evaluación no influye en la definición 
del futuro programa. En el caso del programa de 
«materias primas primarias», y dado que este programa 
cubría el período 1982-1985, la evaluación tuvo lugar 
entre julio de 1984 y mayo de 1985 a fin de plantear una 
serie de recomendaciones de cara a la preparación de la 
nueva fase del programa (las conclusiones del grupo de 
evaluación ya estaban disponibles en mayo de 1985). Es 
normal que para una evaluación de este tipo sólo se 
disponga de resultados parciales del programa en curso 
(1982-1985), mientras que los evaluadores pueden 
analizar más profundamente los resultados del programa 
anterior (1978-1981). 
8.77 - 8.78. La evaluación del programa « Energías no 
nucleares» se emprendió en 1985 con vistas a la 
formulación del programa del CCI y se centró en 
principio en la actuación de este organismo. No obstante, 
se analizaron también las acciones de gastos compartidos, 
a fin de presentar un cuadro global de la investigación 
comunitaria en este sector, pese a que el calendario no era 
propicio a tal evaluación, como ya había señalado el 
Tribunal. Los problemas que se presentaron a lo largo de 
esta evaluación demostraron una vez más la necesidad de 
vincular el calendario de las evaluaciones al del progra­
ma, como por otra parte ya se había señalado en el estudio 
citado al final de la respuesta al apartado 8.4. Las 
evaluaciones en curso se limitan a aquellas actuaciones en 
las que debe someterse una propuesta al Consejo. Se 
consideran también otras acciones similares, pero con un 
calendario distinto, aunque sin embargo no se evalúan, a 
fin de situar el programa que va a elaborarse en su propio 
contexto. 
Contenido de la evaluación 
8.79 - 8.80. Desde que se presentó al Consejo el plan de 
acción sobre la evaluación para el período 1987-1991, los 
mandatos de los grupos de evaluación se refieren 
específicamente al apartado 3.4 de este plan de acción. 
Algunas de las lagunas de estos mandatos señaladas por el 
Tribunal se rectificaron entretanto. Consulta a los usuarios potenciales 
8.81. Dentro de la intensificación de sus actividades de 
evaluación, la Comisión ha hecho últimamente un 
esfuerzo considerable a fin de recoger la opinión de los 
usuarios de los programas de investigación. En la 
evaluación del programa de biotecnología, por ejemplo, 
el equipo de evaluación visitó a un número considerable 
de usuarios potenciales. Unos ensayos realizados a través 
de cuestionarios demostraron sin embargo que en este 
ámbito son indispensables las entrevistas directas (el 
porcentaje de respuestas de los usuarios potenciales que 
no recibieron contratos es muy bajo). Una licitación 
convocada recientemente por la Comisión con el fin de 
preparar entrevistas con los usuarios industríales de los 
programas de investigación demuestra que el coste medio 
de un análisis de este tipo supera los 1 000 ECU por 
entrevista. Un empleo generalizado de esta forma de 
consulta podría por tanto revelarse muy costoso. Habrá 
que analizar la oportunidad de estos gastos cuidadosa­
mente, caso por caso. 
La Comisión proseguirá sus esfuerzos de cara a encontrar 
una solución positiva y satisfactoria para estos proble­
mas. 
Composición de los grupos de evaluación 
externa 
8.82. La experiencia adquirida desde 1985 ha permitido 
a la Comisión mejorar la composición de los grupos de 
evaluación. El grupo encargado últimamente de la 
evaluación del programa de «Energías no nucleares» 
presenta una composición que responde a los deseos del 
Tribunal. 
CONCLUSIONES GENERALES 
8.86. (a) La Comisión comparte plenamente las obser­
vaciones del Tribunal sobre el perfeccionamiento del 
sistema ya aprobado; se alegra asimismo de que sus 
objetivos en este campo coincidan ampliamente con los 
del Tribunal. 
No obstante, este perfeccionamiento sólo podrá llevarse a 
cabo cuando el Consejo, en colaboración con el 
Parlamento Europeo, haya aprobado el programa 
específico SPEAR (que forma parte de la propuesta de 
programa Monitor). 
La Comisión ha realizado un gran esfuerzo desde 1983 
para sensibilizar a los Estados miembros (CGC.) y al 
Parlamento Europeo (especialmente mediante la organi-
^ Diario Colicial de las comunidades europeas l^.l^.D^ 
zaciónde seminarios), yparadesarrollaryconsolidar 
progresivamente una metodologíaaeste respecto en la 
C^omunidad.^lndispensable definir el enfoque métodos 
lógico de la evaluación antes de aprobar procedimientos 
coordinados como los que sugiere el Lribunap una vez 
que las instancias competentes hayan aprobado el 
programa SRLAR^ la comisión no dejará de toman 
dentro de los plazos apropiados, medidas de cara a 
asegurarlanecesariacoordinacióndelosmétodosde 
evaluación comunitaria. 
^b) LaCAamisióncompartela opinióndel Lribunal 
acerca de la importanciadela definición de los ob^etivos^ 
esta definición debe tener en cuenta, no obstante, el 
carácter específico de los programas. 
P^n su plan de acción sobre la evaluación t^DC^C^l^de 
^.1.1^7, apartado 1 en la página ^), la comisión 
propuso que se especificaran los objetivos de cada 
programa, preferentemente de una manera cuantitativa 
yverificable. 
La aprobación del programa especíticoSPP^AR. debería 
contribuir asimísmoala dación de unos indicadoresyde 
unametodología de evaluación, lo cual representaría una 
ayuda preciosa en la definiciónylaverifícacióndelos 
objetivos. ^c) 1^1 C^onse^o no mantuvo, en 1^, todas las 
modilicacionespropuestasaeste respecto por la C^omP 
sión. Dicha institución definió en esta época el proceso de 
decisiónyconsulta, que se reforzó en el Acta C^nicaafin 
de que el parlamento europeo pudiera participar 
ampliamenteatravés del procedimiento de cooperación^ 
la comisión debe ahora adaptar progresivamente su 
instrumento de gestiónalos nuevos procedimientos. 
^d) Pa comisión está de acuerdo con esta observación 
global,ytratará de resolverenla practícala preocupación 
delLríbunal teniendo en cuenta el carácter específico de 
cada programa. 
^) Si bien es verdad que el programa marco debe ser 
objeto de una evaluación permanente, hay que tener en 
cuenta quelae^ecucióndel primer programa marco se 
enfrentó desde el principio con dificultades presupuestad 
rías vinculadasalacrisisfinancieraalaquetuvo que 
hacer frentelaC^omunidadduranteesteperíodo. Lste 
hecho ha provocadocadaañounretrasoenla aprobación 
por parte del C^onse^o de los programas de IDL.Aesto 
hay que añadir el hecho de que la experiencia e^traídaa 
partir de lúdela ejecución de este primer programa 
marco en l^^l y principios de l^éó ha llevado a la 
C^omisiónaproponerapartirdelC^onse^o^uropeode 
Iviilán^l^^ un nuevo enfoque, recogido primero en las 
disposiciones del Acta Úmica afínales de 1^) y 
concretado después en la Decisión del segundo programa 
marco 1^71^1 de lDL,el^de septiembre de 1^7 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 287 
CAPITULO 9 
Cooperación financiera y técnica con países terceros 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
LA COOPERACIÓN FINANCIERA 
Y TÉCNICA CON LOS PAÍSES DE 
LA CUENCA MEDITERRÁNEA 
9.2 - 9.8. Como ya lo ha señalado, el Tribunal no ejerce 
ningún control sobre las operaciones del BEI financiadas 
con sus recursos propios. Sí debe ejercerlo, en cambio, 
sobre las operaciones financiadas a partir de fondos 
presupuestarios de la Comunidad. La Comisión intentará 
que los países asociados a nuestros acuerdos de coopera­
ción o asociación se atengan en la práctica a este derecho. 
Por lo demás, como muy bien sabe el Tribunal, la 
Comisión prosigue sus esfuerzos de cara a lograr un 
acuerdo entre éste y el BEI a este respecto. 
Además, la Comisión se remite a las respuestas que 
figuran en los apartados 1.38 — 1.45. 
AYUDA FINANCIERA Y TÉCNICA 
A PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
Y DE ASIA (ECUADOR, PERÚ Y BOLIVIA) 
9.13. y 9.71. La Comisión está de acuerdo con el 
Tribunal en que a la delegación de Caracas le resulta 
difícil, debido a su alejamiento geográfico y a sus efectivos 
limitados, supervisar la ayuda comunitaria a Ecuador, 
Perú y Bolivia. En una reciente comunicación de la 
Comisión al Consejo, se propone la apertura de oficinas 
de la Comisión en la región andina. 
Sistema de financiación y gestión 
Medios propios de la CEE 
9.14. La Comisión es consciente de que el personal de 
los servicios gestionarios de la ayuda a los PVD de Asia y América Latina resulta insuficiente. Se han tomado una 
serie de medidas para paliar progresivamente esta 
situación 
Participación de los Estados beneficiarios 
9.21 y 9.23. Los proyectos Majes en Perú y los progra­
mas de microproyectos rurales en Bolivia y Perú 
presentan dificultades reales pero complejas. 
En la mayoría de los casos, la asistencia técnica es 
compatible con la estructura político-administrativa del 
Estado beneficiario. Incluso en los dos casos citados por 
el Tribunal, las dificultades que se presentaron no pueden 
atribuirse únicamente a la asistencia técnica. En ambos 
casos, en efecto, la asistencia técnica hizo todo lo posible 
para superar estas dificultades. 
9.22. La Comisión acepta la crítica del Tribunal y ha 
tomado las medidas necesarias, de acuerdo con el 
gobierno peruano, para remediar esta situación. 
9.23. El problema de tipo institucional que planteaba el 
programa ejecutado en el departamento de La Paz 
(Bolivia) ya ha sido resuelto por el gobierno, que ha 
colocado la Corporación bajo la tutela del Ministerio de 
Planificación por lo que respecta a este programa. 
9.26. Los convenios de financiación y los contratos de 
asistencia técnica relativos a dicho programa establecen 
las funciones y responsabilidades de la asistencia técnica, 
así como los mecanismos operativos y estructuras 
orgánicas. No obstante, la Comisión pretende mejorar 
todavía más estos aspectos de la cooperación, a través de 
acuerdos marco que tiene la intención de negociar 
progresivamente con los principales beneficiarios (países 
u organismos). 
288 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Bancos internacionales de desarrollo 
9.30. La responsabilidad del fracaso del proyecto Ulla-
Ulla incumbe principalmente al Banco Mundial, cofinan-
ciador mayoritario (90 % de la financiación exterior 
total) y «administrador» asimismo de la contribución 
financiera de la Comunidad. El Estado beneficiario, al 
igual que el propio Banco Mundial, es consciente de esta 
responsabilidad. 
La cofinanciación con Estados miembros 
9.32. En varios casos, y sobre todo durante los primeros 
años de esta modalidad de ayuda, la Comunidad 
cofinanció medidas o proyectos junto con asociados 
financieros mayoritarios a los que se confiaba la gestión 
de la contribución financiera comunitaria (acuerdos de 
administración). En el caso mencionado por el Tribunal 
(KFW), el asociado era un Estado miembro. Aunque la 
Comisión hubiera tenido que llevar a cabo un seguimien­
to más apropiado, y aunque los informes de ejecución no 
le llegaran tan sistemáticamente como había previsto, el 
cofinanciador gestionó este proyecto de manera eficaz en 
interés de la Comunidad, tal como ha observado el propio 
Tribunal. 
Selección y realización de los proyectos 
Retrasos en la realización de los proyectos 
9.57. En lo que se refiere a las dos nuevas obras, que no 
afectaron a la dotación financiera del convenio de 
financiación, conviene seguir en la línea de la decisión de 
la Comisión, que preveía la participación en la recons­
trucción de infraestructuras de comunicación en caso de 
catástrofe natural (inundación). 
9.58. Se aceptaron las modificaciones llevadas a cabo en 
el convenio de financiación, en el sentido de adaptarlo lo 
mejor posible a las necesidades reales del beneficiario. Se 
demostró, en efecto, que la Comunidad ayudaba mejor a 
Bolivia a través de la financiación excepcional de 
equipamiento que permitiera la reconstrucción de varios 
puentes, sin salirse de la dotación financiera prevista 
(incluida la rúbrica imprevistos), que financiando la 
reconstrucción de un solo puente, tal como se preveía en 
un principio (éste, además, se reconstruyó mediante 
fondos bolivianos). Retrasos debidos a decisiones comunitarias 
9.59. La Comisión está de acuerdo con el análisis de la 
situación técnica realizado por el Tribunal y con las 
dificultades mencionadas por éste. Se permite, sin 
embargo, señalar que la decisión de suspender la ayuda a 
Bolivia respondía a razones de orden político. 
Retrasos en el pago imputables a los circuitos 
administrativos y bancarios 
9.60 - 9.65. La Comisión procedió, a través de un grupo 
de trabajo integrado por diversos servicios y teniendo en 
cuenta las observaciones del Tribunal, a una reflexión en 
profundidad acerca de los medios de mejorar la ejecución 
de las acciones de desarrollo. Dicho grupo de trabajo 
formuló propuestas concretas de cara a: 
— mejorar la estructura de la organización y gestión de 
los proyectos; 
— las modalidades de pago recogidas en los contratos; 
— los circuitos bancarios; 
— extender todo lo posible la utilización del ECU; 
— asegurar la mayor eficacia posible de los procedi­
mientos relativos a los circuitos de pago internos y 
externos, acompañada de una información sistemáti­
ca tanto a los beneficiarios como a los servicios 
gestionarios. 
Tratamiento de los fenómenos monetarios 
9.67 - 9.69. La cuestión de la pérdida de poder adquisi­
tivo de ciertas contribuciones financieras comunitarias es 
compleja y difícil de resolver. La Comisión se muestra 
muy atenta y vigilante a fin de superar este tipo de 
dificultades. Si bien los mecanismos financieros fueron 
negociados —y lo son de nuevo ante una situación 
cambiante— en el caso de los tipos de cambio, es obligado 
subrayar que las situaciones de hiperinflación escapan al 
control de los propios países, como ocurrió en el caso de 
Bolivia, y que, en dichas situaciones, los países afectados 
necesitan más que nunca el apoyo comunitario. 
Observación final sobre los tres países andinos 
9.70. La Comisión toma nota de la observación del 
Tribunal y se muestra satisfecha ante el balance global 
positivo de la cooperación financiera y técnica con los 
países andinos realizado por éste. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 289 
CAPITULO 10 
Gastos de personal y de funcionamiento 
RESPUESTAS DEL PARLAMENTO 
GASTOS DE PERSONAL El Parlamento está dispuesto a participar, en el marco de 
la cooperación interinstitucional, en un examen detallado 
de la posibilidad de modificar el régimen vigente. 
Pensiones de invalidez en las instituciones 
Consideraciones generales GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
10.39 El Parlamento está de acuerdo con el análisis de 
las causas del fenómeno descrito en los apartados 24.10 a 
36.10, aunque las cifras relativas al Parlamento sean 
netamente más favorables que las cifras globales para el 
conjunto de las instituciones. Gastos inmobiliarios de las instituciones 
Evolución de la política inmobiliaria de las instituciones 
A finales de 1987, el servicio médico inició una política de 
control sistemático (cada 2 años) de la justificación 
médica para la pensión de invalidez. 
Para remediar las distintas anomalías que el Tribunal de 
Cuentas ha encontrado en este ámbito, el Parlamento 
Europeo aplica las medidas siguientes: 
(a) aumento de la vigilancia médica del absentismo por 
razones médicas; 10.43 - 10.49. Por razones políticas y jurídicas eviden­
tes, ligidas a la ausencia de una decisión de los Estados 
miembros sobre una sede única del Parlamento Europeo, 
la política inmobiliaria del Parlamento en los tres lugares 
habituales de trabajo se basa en el alquiler aunque, en 
principio, el Parlamento está a favor de la política de 
compra. 
La política de asentamiento en Bruselas está en función 
del plan de urbanismo definido por las autoridades 
locales; por ello, las instituciones no pueden controlarla. 
En Luxemburgo está en curso una concertación interins­
titucional, y se está negociando con el Estado luxembur­
gués para armonizar los contratos de alquiler. 
(b) mayor flexibilidad en los procedimientos de cambio 
de destino o clasificación del personal, en aquellos 
casos en que el estado físico de un funcionario o de un 
agente lo exige. La comparación entre el precio de alquiler del edificio del 
Tribunal de Justicia en 1973 y el precio de alquiler del 
edificio BAK III en 1987 debería hacerse en francos 
290 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
constantes y no en francos corrientes; si se tiene en cuenta 
la fluctuación monetaria (índice oficial del Servicio de 
Estadística y Estudios Económicos luxemburgués y la 
variación de los tipos de cambio del ECU frente al franco 
luxemburgués) se obtienen dos cifras muy aproximadas 
para el período de referencia (1973-1987). 
Condiciones de alquiler 
10.50 - 10.51. En Bruselas, la acción coordinada de las 
instituciones frente a los propietarios sólo puede producir 
efectos positivos si los propietarios constituyen un único 
interlocutor; ahora bien, resulta que éste no es el caso 
—por ejemplo, ningún edificio ocupado por el Parlamen­
to Europeo en Bruselas pertenece al mismo propietario 
(Belliard, Eastman, Remard, Remorqueur y Ardenne). 
En Luxemburgo, se está llevando a cabo, por iniciativa 
del Parlamento, una concertación interinstitucional 
destinada al reajuste de los contratos de alquiler. Por otra 
parte, el Parlamento lamenta los escasos progresos 
realizados por los dos grupos de trabajo (formados por 
representantes del Parlamento Europeo y de las autorida­
des luxemburguesas) encargados de examinar las cuestio­
nes inmobiliarias del Parlamento Europeo en Luxembur­
go. 
Indización de los alquileres 
10.52 -10.55. El Parlamento Europeo comparte la 
opinión del Tribunal de que cualquier adaptación 
periódica de un alquiler debe negociarse y de que 
cualquier tipo de indización automática debe evitarse. 
GASTOS DE PERSONAL 
Gestión de la retribución del personal 
Retribución de las horas extraordinarias 
10.4 -10.9. En la Secretaría General del Consejo el 
ritmo de las actividades es tal que es prácticamente Pago de impuestos nacionales 
10.56 - 10.58. En el pasado, mediante la acción coordi­
nada no se ha conseguido dejar de pagar la contribución 
urbana; el Parlamento intentará prolongar la acción en el 
sentido deseado. 
Utilización de créditos para alquileres 
(artículo 200 del Presupuesto) 
10.59 - 10.61. Las observaciones que aparecen en los 
apartados 10.59 a 10.61 no afectan al Parlamento 
Europeo. 
Conclusiones 
Coordinación 
10.71 -10.72. El Parlamento Europeo reconoce la 
necesidad de una mayor coordinación interinstitucional y 
además se ha comprometido en este sentido en lo que 
respecta a Luxemburgo (véase la anterior respuesta a los 
apartados 10.50-10.51). 
El enfoque presupuestario 
10.77. El Parlamento Europeo subraya lo bien fundado 
de esta sugerencia. 
imposible agotar con igual rapidez los derechos a 
compensación adquiridos como consecuencia de presta­
ciones suplementarias y, de este modo, se llega, por una 
parte, a un gran número de compensaciones en forma de 
pagos y a un gran número de derechos a compensación 
acumulados. 
Con objeto de hacer frente al fenómeno mencionado por 
el Tribunal de Cuentas, se han establecido sistemas de 
control del rebasamiento de determinados umbrales a 
nivel individual y parece que ya están dando resultados. 
De esta forma se ha establecido, con éxito, un control 
estricto del rebasamiento del límite estatutario de las 150 
horas extraordinarias cada seis meses. RESPUESTAS DEL CONSEJO 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 291 
Las cifras individuales, especialmente altas, de las 
reservas de derechos de vacaciones por compensación 
mencionadas en el Tribunal de Cuentas se estudiarán de 
forma especial por parte de la Administración que se 
esforzará por reducir la importancia del fenómeno. 
Respecto al fenómeno del «descanso por razones de 
salud » deberá tomarse, bien entendido, en función de las 
normas internas, al día siguiente de la prestación 
suplementaria salvo circunstancias excepcionales. En la 
práctica puede ocurrir que durante sesiones particular­
mente cargadas del Consejo o durante las Cumbres 
Europeas, el « descanso por razones de salud » no pueda 
tomarse inmediatamente y que deba retrasarse su 
utilización. 
Dado el ritmo de trabajo de los órganos del Consejo, la 
Secretaría General del Consejo no ha considerado 
necesario modificar las normas internas vigentes. 
Jornada de trabajo al 75 % 
10.10. La Secretaría General del Consejo, al igual que 
otras Instituciones, ha juzgado compatible con el interés 
del servicio que se adopten disposiciones en materia de 
una jornada de trabajo de 3/4 en favor de los funcionarios 
y agentes que tienen cargas familiares. La experiencia 
demuestra, por otra parte, que los beneficiarios de dichas 
medidas son todos personas que tienen a su cargo niños 
de corta edad. 
Imposición sobre las horas extraordinarias 
10.23. Siguiendo el ejemplo de lo que se practica en las 
demás Instituciones (la Comisión por ejemplo) el Consejo 
ha considerado conveniente adaptar el procedimiento de 
cálculo del impuesto de la misma forma, es decir, 
aplicando a los pagos de horas extraordinarias el tipo 
impositivo del mes en que tuvieron lugar las prestaciones. 
Las pensiones de invalidez en las instituciones 
10.24 -10.40. La Secretaría General del Consejo 
estudia, con las demás Instituciones, el problema de las 
pensiones de invalidez. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Gastos inmobiliarios de las instituciones 
(apartados 10.41 - 10.77.) 
10.49. El precio medio por m2 señalado por el Tribunal 
resulta de la división de los gastos totales registrados en el 
artículo 200 del presupuesto por el número de m2 
ocupados. Hay que recordar, sin embargo, que los 
créditos incluidos en este artículo cubren, además del 
alquiler propiamente dicho, otras gastos, principalmente 
la contribución urbana, las anualidades por acondiciona­
miento, los alquileres por días de salas y otros locales. 
Basándose en los montantes pagados en 1987 a título 
únicamente del alquiler de superficies (111 900 m2) y los 
alquileres de base (8,6 Mió ECU), el alquiler por m2 se fijó 
en 77,0 ECU/m2, para los edificios ocupados por el 
Consejo. 
10.50. En lo referente a la coordinación de las 
Instituciones en el tema de los alquileres, es necesario 
señalar que, en lo que concierne a la Secretaría General 
del Consejo, la búsqueda de un edificio suplementario 
constituye una acción aislada (Charlemagne 1972, 
Josephll 1975, Nerviens 1981, Orban 1986). 
Para los alquileres de dichos edificios, la Secretaría 
General del Consejo se puso siempre en contacto con las 
otras Instituciones presentes en Bruselas para conseguir 
informaciones sobre la situación del mercado y para 
evitar la escalada del precio de un bien codiciado por 
varios compradores. 
10.56 -10.58. Es cierto que, para sus edificios de 
Bruselas, el Consejo reembolsa a los propietarios la 
contribución urbana que éstos deben al Estado belga. 
Conviene, no obstante, señalar que dichos propietarios 
son sociedades privadas que, según el Derecho belga, no 
están exentas de la contribución urbana, aunque el 
edificio esté destinado exclusivamente al uso por parte de 
las Instituciones de la Comunidad Europea. 
Si la Secretaría, a la hora de negociar el alquiler de un 
edificio, hubiese pedido que la contribución no corriera a 
cargo del arrendatario, el propietario habría aumentado 
el alquiler ordinario en una cantidad equivalente. 
Es bien sabido que el tema de la contribución ya dio lugar 
a intervenciones ante las autoridades belgas, tanto por 
parte del Consejo individualmente, como en una acción 
conjunta de todas las Instituciones presentes en Bruselas. 
292 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
10.61. (a) En cuanto a la sobrevaloración de los 
alquileres, hay que hacer notar que la sensible disminu­
ción de la inflación en Bélgica durante estos últimos años 
tuvo por efecto que los créditos solicitados fueran 
superiores a las necesidades reales. En lo referente al 
Consejo, la transferencia de crédito operada en 1987 a 
partir del artículo 200 representa sólo un 4 % del crédito 
original. 
(b) Cuando, en el caso del Consejo, se decide reforzar 
los créditos del artículo 200, con el fin de poder alquilar 
un edificio suplementario, aún no es posible establecer en 
ese momento una estimación del coste de los acondiciona­
mientos necesarios para adecuar el edificio a las 
necesidades de la Institución. 
Para la Secretaría General, los trabajos de acondiciona­
miento de un edificio son también parte de la negociación 
global de las condiciones de alquiler de éste. 
Dicha negociación conduce generalmente a un compro­
miso por el cual el propietario se hace cargo de una parte 
de los trabajos de acondicionamiento, a la vez que se 
negocia una fórmula de reembolso para el saldo de las 
inversiones. 
Se debe señalar que la duración de estos reembolsos 
nunca supera la fecha del fin del contrato. 
GASTOS DE PERSONAL 
Pensiones de invalidez en las instituciones 
Estadísticas sobre las pensiones de invalidez 
de las instituciones europeas 
10.24 - 10.26 y 10.28. La Comisión, al igual que el 
Tribunal, observa desde hace cierto tiempo un aumento 
de las declaraciones de invalidez. Por este motivo, la 
Comisión creará un sistema de vigilancia reforzado para 
garantizar que los servicios de gestión y médicos estudien Observaciones relativas a los gastos 
de reuniones y de convocatorias 
(apartados 10.78-10.84.) 
10.83. La normativa en vigor en el Consejo prevé en el 
artículo VII que las relaciones detalladas de gastos 
presentadas por los Gobiernos referentes al reembolso de 
gastos de viaje de su funcionarios no tienen que ir 
acompañadas de los documentos justificativos habituales 
(suplemento por coche cama o TEE y billetes de avión). 
Tal exigencia implicaría que la Secretaría General del 
Consejo ejerce un control sobre funcionarios nacionales 
jurados y responsables de las peticiones que presentan. 
10.84. La posibilidad de un reembolso doble debe 
excluirse, por las siguientes razones: 
— en el Consejo, los gastos de desplazamiento de la 
mayoría de los delegados de los Estados miembros los 
reembolsan los Ministerios de que se trate; si las 
demás instituciones siguieran este mismo sistema, no 
habría ningún peligro de doble reembolso; 
— en el Consejo, los delegados firman «por su honor» 
un formulario en el que certifican que no han 
presentado una petición de reembolso de gastos de 
desplazamiento a otra autoridad ni otra institución u 
órgano de las Comunidades Europeas. 
La Secretaría General del Consejo, no obstante, está 
dispuesta a volver a examinar esta cuestión. 
con la mayor atención los expedientes que puedan dar 
lugar a decisiones. 
El aumento general de las declaraciones de invalidez y 
paralelamente de los gastos correspondientes, menciona­
dos por el Tribunal con respecto a 1983, se explica en 
parte por el envejecimiento y la degradación del estado de 
salud de algunos funcionarios que entraron en servicio 
hace 30 años y que, por este motivo, han llegado al final de 
la carrera. 
10.27. La existencia de un mayor número de declaracio­
nes de invalidez en las categorías C y D se debe a que estas 
dos categorías representan entre el personal de las RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 293 
instituciones el grupo cuya patología depende en parte de 
su actividad física (agentes técnicos, obreros, algunos 
chóferes, personal de mantenimiento y algunos(as) 
mecanógrafos(as). 
10.29. En cuanto al procedimiento, las instituciones 
aplican las normas del Estatuto de los Funcionarios de las 
Comunidades Europeas y sólo se reconoce la declaración 
de invalidez tras el dictamen de la Comisión de Invalidez. 
Hay que recordar al respecto que los médicos que 
componen la Comisión de Invalidez varían de un caso a 
otro, ya que cada institución y cada lugar de destino 
tienen su propio representante, además de los que son 
nombrados por el funcionario interesado y de común 
acuerdo entre las dos partes. La composición de este 
comité garantiza la objetividad de la adecuación de dicho 
procedimiento. 
Estadísticas comparadas 
10.30. Parece difícil efectuar una comparación entre las 
instituciones europeas y las organizaciones coordinadas, 
sobre todo porque los estatutos son muy diferentes. El 
personal de las Comunidades Europeas se compone casi 
exclusivamente de funcionarios titulares, mientras que los 
demás organismos, tales como la OCDE, la OTAN, la 
UEO y otros emplean, a excepción de un reducido núcleo 
de funcionarios titulares, a un gran número de personal 
contratado. 
10.31. Es difícil establecer una comparación de este 
tipo, ya que el lugar de trabajo de los funcionarios 
europeos y el de los empleados en una actividad concreta 
del sector privado del Estado miembro es completamente 
diferente, puesto que los funcionarios europeos están 
sujetos a una serie de problemas específicos que no son los 
del funcionario nacional. 
Régimen de pensiones de las instituciones europeas 
y de las organizaciones coordinadas 
10.32 -10.33. Como el régimen de pensiones y el 
régimen común de seguro de enfermedad de las institucio­
nes europeas son independientes de los de los Estados 
miembros no se puede pensar en otras organizaciones de 
seguridad social puedan encargarse de la ayuda financiera 
y médica al funcionario durante el período de enfermedad 
que el Tribunal denomina «invalidez temporal». 
Sin embargo, como cada caso debe examinarse en un 
contexto especial y preciso, no parece conveniente 
comprometerse a un porcentaje mínimo de incapacidad 
laboral tal como este porcentaje se define en algunos regímenes nacionales, ya que la rigidez de dichos 
regímenes no permite en todos los casos alcanzar el 
objetivo previsto por el legislador estatutario, que es el de 
comprobar la incapacidad permanente y total. 
10.35. En cuanto a la cuestión de la antiacumulación, la 
Comisión conoce los procedimientos que siguen otros 
organismos, cuando el titular de una pensión de invalidez 
ejerce una nueva actividad profesional, y prevé efectuar a 
nivel interinstitucional un examen exhaustivo de dicha 
cuestión. 
10.36. La Comisión garantiza la vigilancia de que se 
sigan dando las condiciones necesarias para la concesión 
de una pensión de invalidez. 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Gastos inmobiliarios de las instituciones 
Evolución de la política inmobiliaria de las instituciones 
10.43. La observación del Tribunal es del todo exacta en 
lo que atañe a la Comisión, debido al aumento anual del 
personal, al que se añade un gran número de expertos, 
funcionarios nacionales en comisión de servicio, así como 
diversas personas que prestan algún tipo de servicio. Este 
fenómeno ha generado un fuerte incremento de las 
necesidades. 
10.45. Hay que señalar que desde hace algún tiempo la 
Comisión ha iniciado una política de construcción. Por 
esta razón ha construido el edificio 120 Loi, construye 
actualmente el edificio Breydel (inmuebles de su propie­
dad) y prepara la construcción del complejo Orban 
mediante una fórmula de alquiler-venta y/o arrendamien­
to enfitéutico. 
10.46 - 10.47. En el marco de las discusiones sobre la 
construcción del edificio 120 Loi, la Comisión recuerda 
que en 1982 propuso al Consejo la creación de un 
presupuesto de inversión plurianual y que el Consejo no 
dio curso a dicha propuesta, ya que en el proyecto 120 Loi 
sólo se hacía mención de una dotación global. 
En estas condiciones, la Comisión propuso modalidades 
especiales de financiación a la autoridad presupuestaria, 
que las aprobó. 
294 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Condiciones de alquiler 
10.50. La Comisión considera necesario señalar que las 
superficies utilizadas para las necesidades de sus servicios 
sólo representan uno de los elementos que se deben tener 
en cuenta en la determinación del precio de alquiler, 
puesto que existen otros factores que deben tomarse en 
consideración (tales como la limitación de las superficies 
necesarias todavía disponibles y las necesidades de 
concentración). 
10.51. Se ha tenido en cuenta la observación del 
Tribunal en la medida en que la Comisión, en los casos en 
que un propietario ejecuta y financia una instalación, 
establece un montante financiero «package» que se 
financia por separado; a menudo, éste último adopta la 
forma de una financiación de porcentaje anual, reembol-
sable en anualidades iguales y sin tener en cuenta el ajuste 
a la variación de precios. 
En cuanto a los edificios en sí y la rentabilización de la 
inversión, este argumento sólo es válido cuando se trata 
de una inversión determinada para uso de la Comisión, 
por ejemplo el Centro de Conferencias Albert Borschette. 
El valor de una inversión inmobiliaria también depende 
de la ubicación del mercado, la polivalencia o el aspecto 
técnico del edificio, la situación y otros factores. Por 
ejemplo, cuando se renuevan los arrendamientos, la 
Comisión procura obtener una reducción de los alquileres 
o unas inversiones elevadas mediante obras de renova­
ción. 
Revisión de los precios de los alquileres 
10.52 -10.53. Las modalidades de revisión de los 
alquileres se establecen en una reglamentación. Por otra 
parte, si una inversión —obras de instalación, adquisición 
de un bien, etc.— se financia en el marco de un alquiler, 
éste último no se ajusta a la variación de precios. Además, 
en una revisión de los precios debería aplicarse de nuevo 
un tipo de interés (véase el apartado 10.51). 
10.55. Los arrendamientos son a menudo para un 
período de 3, 6 o 9 años, lo que permite un reajuste del 
alquiler cada 3 años. Este límite temporal de los 
arrendamientos da la posibilidad de efectuar una 
renegociación, ya que deben tenerse en cuenta aspectos 
tales como la situación del mercado inmobiliario y el coste 
administrativo de los traslados. Pago de impuestos nacionales 
10.56 - 10.58 y 10.75. El impuesto territorial es un 
impuesto directo a cargo del propietario. Por convenio, 
puede cargarse al arrendatario, pero hay que señalar que 
cuando el propietario carga el impuesto territorial a la 
Comisión, repercutiéndolo en el precio o mediante una 
cláusula del arrendamiento, la Comisión no puede 
beneficiarse de la exención fiscal puesto que el fisco sólo 
tiene en cuenta al propietario y el hecho de cargar al 
arrendatario, cualquiera que sea su forma, hace perder a 
dicha suma su carácter fiscal. 
Por el contrario, cuando la Comisión es propietaria de un 
inmueble se beneficia de la exoneración del impuesto 
territorial. 
En cualquier caso, la Comisión tiene en cuenta la cuestión 
del impuesto territorial cuando negocia los alquileres. 
Utilización de créditos para alquileres 
(artículo 200 del Presupuesto) 
10.59. La Comisión señala que el aumento del personal 
de la institución, como consecuencia de la última 
ampliación y de las nuevas políticas que se derivan de las 
últimas cumbres europeas, afecta en gran medida a la 
partida de alquileres (artículo 200 del Presupuesto de 
funcionamiento), siendo difícil efectuar previsiones más 
precisas. El ajuste en la variación de precios de los 
alquileres también puede afectar a las previsiones. 
10.61. (a) La Comisión señala que las transferencias 
mencionadas por el Tribunal ascienden en lo que le atañe 
a 3,4 Mió ECU en 1985, frente a 2,9 Mío ECU en 1986, y 
que en 1987 incluso ha sido necesario reforzar el artículo 
200 en 219 000 ECU. 
(b) En el momento que se alquila un inmueble, es 
normal consignar en el artículo 200 (alquileres) los 
primeros arreglos que permitan la habitabilidad del 
inmueble. Los créditos del artículo 204 sólo cubren los 
trabajos corrientes. 
Adquisiciones 
La Decisión del Consejo de 14 de diciembre de 1981 
10.62 - 10.66. La elaboración de un plan inmobiliario 
para un período de al menos 5 años, que cubra el conjunto 
de las instituciones y en el marco de un presupuesto 
plurianual, podría constituir una solución eficaz a los 
problemas señalados por el Tribunal. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 295 
En el apartado 10.65 el Tribunal menciona los pagos 
efectuados por anticipado que corresponden a la 
construcción del edificio 120 Loi. En este caso, la 
Comisión señala que dichos pagos servían para cubrir 
estudios previos a las obras, realizados por empresas 
subsidiarias. 
Conclusiones 
Coordinación y normas técnicas y legales 
10.71-10.75. El GIPI (Grupo Interinstitucional de 
Política Inmobiliaria) redactó una serie de informes para 
el Parlamento Europeo. Su trabajo ha sido de utilidad. 
La situación inmobiliaria es diferente de una institución a 
otra y, por consiguiente, no está claro que sea de utilidad 
una gestión única para la Comunidad. Por el contrario, 
convendría reactivar la cooperación interinstitucional 
principalmente en lo que se refiere a las normas, 
prospección del mercado o preparación presupuestaria. 
Por lo que se refiere a Luxemburgo, las instituciones 
europeas decidieron iniciar una acción conjunta ante las 
autoridades luxemburguesas para proceder a una racio­
nalización de este expediente. La persona que dirige este 
asunto es el Secretario General del Parlamento Europeo, 
que trata de organizar: 
— un contrato-tipo único de alquiler, 
— un precio de alquiler medio por metro cuadrado que 
tenga en cuenta los diferentes aspectos en este ámbito 
(amortización y ajuste a la variación de precios). 
Se llegó a la conclusión de que una vez se obtengan las 
primeras conclusiones el Secretario General del Parla­
mento Europeo se pondrá en contacto con sus colegas de 
Luxemburgo para que cada institución, en lo que le atañe, 
saque las conclusiones al respecto. 
Justificación de los gastos de alquiler 
10.76. Véase la respuesta que se da en el apartado 10.45. 
Enfoque presupuestario 
10.77. Tal como lo señaló en los apartados 10.46 — 
10.47, la Comisión recuerda que en 1982 propuso al Consejo la creación de un presupuesto de inversión 
plurianual y que el Consejo no dio curso a dicha 
propuesta. 
Observaciones relativas a los gastos 
de reuniones y de convocatorias 
Comités y grupos de trabajo 
10.85 - 10.86. Se creó un grupo de trabajo integrado 
por diferentes servicios para examinar los problemas 
relacionados con los Comités. 
Se decidió, entre otras cosas, no crear más Comités de 
funcionarios que se beneficien de indemnizaciones 
diarias. Se rechazan sistemáticamente las excepciones, 
salvo cuando se producen circunstancias excepcionales. 
Aplicación informática APEX 
10.87 - 10.88. Esta aplicación representa una evolución 
importante en la gestión de los pagos. 
En cuanto a la falta de documentación, hay que señalar 
que el APEX se ha desarrollado en un lenguaje de tercera 
generación, de fácil comprensión y modificación. Cada 
función está documentada en el sistema. Se está 
elaborando una guía que presentará un ordinograma de 
la aplicación y la descripción de su funcionamiento. 
Se comprueban todos los datos registrados por las 
funciones de APEX. Las distancias y precios máximos de 
viaje se controlan visualmente. No está previsto recargar 
la recogida de estos datos mediante controles suplementa­
rios, ya que no constituyen bases de cálculo sino 
simplemente valores indicativos. 
Reembolso de los gastos 
10.89 - 10.90. En la norma para calcular las indemniza­
ciones de distancia, por lo que se refiere al reembolso de 
los gastos, se tienen en cuenta tres parámetros: distancia, 
medio de transporte utilizado y duración del viaje. En 
cuanto a las tarifas aéreas y los justificantes, se está 
estudiando una nueva normativa. Entre otras modifica­
ciones, en el nuevo texto se estipula disminuir las 
cantidades máximas de reembolso y favorecer la utiliza­
ción de tarifas reducidas. 
296 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Por lo que respecta a los procedimientos internos, se está 
terminando una guía que describirá las tareas de los(as) 
secretarios(as) de reunión y facilitará todas las informa­
ciones útiles para que puedan cumplir con su trabajo 
tanto en su Dirección General como con respecto a la 
administración. 
Contribución financiera de la Comisión 
a una cadena de televisión 
10.106. (a) Aunque el Pan European Consortium sea 
una entidad sin personalidad jurídica, la Comisión 
considera que los organismos de radiofusión participan­
tes ofrecían las mayores garantías en cuanto a su situación 
financiera (*)• No obstante, el proyecto «Europa-TV» se 
caracterizaba por su carácter experimental, y su continui­
dad dependía de la voluntad de los miembros del 
Consorcio de comprometerse a una iniciativa cuya 
evolución financiera no podía estimarse con certeza. 
La verdadera causa de la interrupción de las actividades 
de la cadena Europa-TV fue la falta de acuerdo, por parte 
de los demás miembros del consorcio, en cubrir los gastos 
contraídos por la cadena neerlandesa (NOS), ámbito 
operacional de Europa-TV, en la realización de las 
emisiones. Temiendo soportar por sí sola la carga 
financiera del proyecto, la NOS se retiró de la operación. 
De lo dicho anteriormente se deduce que la suspensión del 
servicio Europa-TV fue provocada por fallos en el 
funcionamiento de los mecanismos internos del consor­
cio. La Comisión por sí sola no podía prever que la 
iniciativa tropezaría con este obstáculo. 
(b) La falta de detalles que menciona el Tribunal en 
cuanto al presupuesto del programa pone de manifiesto el 
carácter experimental de la operación, que se sale del 
marco habitual del contrato de obras y de suministros. 
(c) La puesta en marcha de las obligaciones a las que se 
refería el Tribunal no pudo realizarse debido a la 
interrupción de la operación. 
(d) La contribución se refería únicamente al año 1986 
(véase el art. 1 del Convenio). Sin embargo, fue sólo a 
finales de octubre de ese año cuando se puso a disposición 
del consorcio. El retraso en la firma del Convenio obligó a 
la Comisión a desembolsar un porcentaje inicial más 
elevado que el que desembolsa habitualmente. 
0) Las notas aparecen al final del capítulo. En el futuro, la Comisión examinará la posibilidad de 
exigir la constitución de una garantía en el momento de la 
conclusión de operaciones de este tipo, teniendo en cuenta 
al mismo tiempo su carácter especial. Tal como se ha 
dicho más arriba, la Comisión ha iniciado una serie de 
gestiones para recuperar las cantidades desembolsadas, 
de las que ya se está cobrando una parte. 
ESCUELAS EUROPEAS 
10.109. La Comisión es consciente de que en las 
Escuelas Europeas no tiene los poderes que corresponden 
a sus responsabilidades presupuestarias, por lo que 
estudia el medio de solucionar esta situación mediante 
una modificación del sistema intergubernamental que 
rige las escuelas desde 1957. 
10.110. El nuevo Reglamento Financiero de las Escue­
las Europeas fue adoptado el 18 de octubre de 1988. Las 
letras c), d) y e) han encontrado una solución en el sentido 
deseado por el Tribunal. En cuanto a la exacción de crisis 
que se menciona en la letra g), la Comisión estudiará la 
utilización que de la misma lleva a cabo la Escuela de 
Munich. 
10.111. La Comisión toma nota de la sugerencia del 
Tribunal en sus reflexiones sobre la reforma a más largo 
plazo del sistema de financiación de las escuelas. 
10.113-10.114. La Comisión iniciará una serie de 
conversaciones con la Oficina Europea de Patentes y el 
Consejo Superior respecto a su contribución a la 
financiación de la Escuela de Munich. 
10.116-10.118. Véase la respuesta que se da en el 
apartado 10.110 (g). 
10.119. La Comisión nunca ha aceptado la decisión 
unilateral de Bélgica que aparece en el Real Decreto belga 
de 24 de octubre de 1986. Después de intentar en vano que 
las autoridades belgas replantearan su decisión, la 
Comisión envió el 4 de enero de 1988 una carta de 
requerimiento a las autoridades belgas con arreglo al 
artículo 169 del Tratado y, a continuación, el 7 de julio de 
1988, una nota explicativa. Mientras tanto, el Consejo 
Superior decidió que las posibles indemnizaciones por 
cese en el servicio que se deban pagar a los profesores 
belgas se calcularían tomando como base una remunera­
ción nacional completa. 
10.120. El examen en curso que está efectuando la 
Comisión sobre la modificación del Estatuto de las 
Escuelas implica la modificación del proceso de toma de 
decisiones actual para hacerlo más eficaz. 
10.121. La Comisión, haciendo uso de la experiencia 
adquirida, se dedica a promover las reformas necesarias, 
en el sentido que desea el Tribunal, en los diversos comités 
de las Escuelas Europeas de los que forma parte. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 297 
RESPUESTAS DEL 
GASTOS DE PERSONAL 
Gestión de las retribuciones del personal 
La distribución de competencias 
10.11 - 10.12. En el Tribunal de Justicia, el responsable 
de la División Financiera, que es al mismo tiempo el 
contable de la institución, no es en ningún caso el 
ordenador. 
El Tribunal de Justicia considera que la actual distribu­
ción de competencias entre la División de Personal y la 
División Financiera respeta el principio de separación de 
funciones entre el contable y el ordenador, y constituye en 
el momento presente la manera más eficaz de organizar el 
trabajo de los servicios afectados, habida cuenta de las 
exigencias resultantes de las reducidas dimensiones de la 
estructura administrativa del Tribunal. No obstante, en 
función de los resultados que lleguen a obtenerse después 
de la prevista informatización de la gestión de los 
expedientes de personal, el Tribunal de Justicia podría 
considerar la posibilidad de un nuevo examen de esta 
distribución de competencias. 
Preparación del pago 
10.13 - 10.14. Teniendo en cuenta sus limitados efecti­
vos, la División de Personal del Tribunal de Justicia tan 
sólo puede actualmente efectuar cada mes un control 
efectivo por sondeo de las entradas en los ficheros 
«sueldos». Sin embargo, la gestión informatizada de los 
expedientes personales está en preparación actualmente 
en colaboración con otras instituciones comunitarias. La 
misma debería hacer posible la solución de las cuestiones 
de control sistemático de la entradas en los ficheros 
« sueldos », así como el acceso de la División de Personal a 
los datos mediante terminal. 
Tributación de las horas extraordinarias 
10.23. El programa informático utilizado por el Tribu­
nal de Justicia para el cálculo de las remuneraciones, con 
inclusión del impuesto sobre las horas extraordinarias, es 
el del Consejo. El Tribunal de Justicia se acomodará a las DE JUSTICIA 
modificaciones eventuales que sean introducidas en ese 
programa para seguir las observaciones del Tribunal de 
Cuentas. 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Gastos inmobiliarios de las instituciones 
10.41 -10.77. El Tribunal de Justicia participa en la 
cooperación interinstitucional en Luxemburgo en mate­
ria de armonización de los contratos de arrendamiento y 
de la política inmobiliaria. El Tribunal procurará, en el 
marco de las negociaciones sobre el precio de sus 
alquileres, actuar de modo que se tenga en cuenta el coste 
de la inversión así como su amortización. 
Observaciones relativas a los gastos 
de reuniones y de convocatorias 
10.91 -10.92. Los créditos de los artículos 250 y 255 
están destinados a la difusión de conocimientos sobre el 
Derecho comunitario, y más en particular la jurispruden­
cia del Tribunal de Justicia y el funcionamiento del 
procedimiento prejudicial, que es un elemento esencial 
para la eficaz aplicación de las normas comunitarias en 
los ordenamientos jurídicos nacionales. Ello se realiza 
mediante seminarios y encuentros organizados con 
intervalos regulares en colaboración con los Ministerios 
de Justicia de los Estados miembros, por una parte, así 
como visitas individuales o de grupos de magistrados de 
todos los niveles, por otra parte. En lo que antañe a estas 
últimas, es difícil la uniformidad completa de la práctica 
acerca del reembolso de los gastos, habida cuenta de las 
grandes diferencias de situación y de origen de las 
personas invitadas. El Tribunal de Justicia se esfuerza no 
obstante en armonizar su práctica en la materia tanto 
como sea posible. En su caso, el Tribunal de Justicia 
recurrirá, si las necesidades prácticas lo permiten, a 
sistemas de entrega directa de los billetes de viaje sin pago 
de anticipos. Por lo demás, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar la observancia del artículo 32 
del Reglamento Financiero. 
298 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
RESPUESTAS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
GASTOS DE PERSONAL Imposición de las horas extraordinarias 
Gestión de la retribución del personal 
Preparación de la nómina 
10.16. El Comité Económico y Social dispone de dos 
programas distintos: uno para las retribuciones y otro 
para la gestión del personal. Estos dos programas no se 
comunican de forma automática, pero el operador 
«retribuciones» tiene acceso a los datos «gestión» y 
puede integrarlos en su programa; no obstante, en la 
práctica, ya no se recurre a esa posibilidad. 
10.17. El procedimiento de control propuesto por el 
Tribunal de Cuentas no se utiliza en el Comité Económico 
y Social por falta de personal. En cuanto se disponga de 
efectivos suficientes, el CES tomará las medidas pertinen­
tes para que se aplique dicho procedimiento. 
Procedimiento de pago 
10.18-10.19. Respecto al ejercicio de 1988, los com­
promisos de gastos se han establecido antes de efectuar el 
pago de las retribuciones. 
Falta de información recíproca 
10.20. El nuevo sistema informático contable permitirá 
a los ordenadores, al interventor y al contable el acceso 
directo a todos los datos contables. 
Anticipos al personal 
10.21. Los anticipos concedidos sobre la base del 
artículo 76 del Estatuto se ajustarán en lo sucesivo a las 
condiciones previstas en el Estatuto. 10.23. Entretanto, el Comité Económico y Social se ha 
ajustado a la norma de calcular el impuesto sobre las 
cantidades abonadas en compensación de las horas 
extraordinarias sobre la base del tipo impositivo aplicado 
el mes precedente al del pago a la fracción más alta de la 
base imponible de la retribución. 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Gastos inmobiliarios de las instituciones 
10.41 - 10.77. El Comité Económico y Social reconoce 
la necesidad de una coordinación de la política inmobilia­
ria de las diferentes instituciones. Como consecuencia de 
la ampliación de sus actividades y, por tanto, de sus 
efectivos, el Comité examina actualmente las posibilida­
des de adecuación de sus locales. El Comité Económico y 
Social no olvidará tomar en consideración las conclusio­
nes a las que ha llegado el Informe del Tribunal de 
Cuentas. 
Observaciones relativas a los gastos 
de reuniones y de convocatorias 
Verificación de la participación en las reuniones 
10.95. El Comité Económico y Social examina actual­
mente la posibilidad de introducir la obligación, para los 
miembros y expertos del Comité, de firmar la lista de 
presencia, siguiendo la práctica de otras asambleas, y 
concretamente del Parlamento Europeo. 
Indemnización por los días de viaje y de reunión 
10.22. Se concedieron pagos anticipados del sueldo en 
determinados casos de fuerza mayor. 10.96 - 10.97. Se trata de una cuestión de interpretación 
de la « Reglamentación relativa al reembolso de los gastos 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 299 
de transporte y al pago de dietas por días de reunión y de 
viaje», y especialmente de su artículo 4 g). La acumula­
ción de la dieta de un día de reunión y la correspondiente a 
un día de viaje no se basa en el número de días 
efectivamente utilizado para el viaje, sino únicamente en 
la distancia entre el punto de salida y el lugar de reunión 
(artículo 4 a)). 
El sistema de pago de los gastos 
10.98 - 10.100. El Comité Económico y Social reconoce 
que el procedimiento de pago de la indemnización no se 
ajusta por completo a la normativa vigente, pero las exigencias especiales de una asamblea consultiva europea 
obligan a su administración a actuar de este modo. Una 
solución al problema expuesto en el apartado 10.99 (a) 
consistiría en crear un régimen de anticipos. No obstante, 
el Comité Económico y Social no dispone de los efectivos 
imprescindibles para aplicar una solución de este tipo. 
Respecto al método de pago y a la preocupación 
expresada en lo que al artículo 48 del Reglamento 
Financiero se refiere, el Comité Económico y Social 
continuará sus esfuerzos encaminados a convencer a los 
miembros de la institución para que renuncien al pago en 
metálico. 
(') El estatuto del consorcio precisa en su artículo 7: «Los 
ingresos del consorcio se componen de las contribuciones 
financieras directas de los miembros del consorcio así como de 
los ingresos procedentes de otras fuentes, como por ejemplo 
publicidad, patrocinadores, venta de programas, etc. 
300 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
CAPITULO 11 
Préstamos, empréstitos y bonificaciones de intereses 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
ACUERDO SOBRE EL CONTROL 
DE LOS PRÉSTAMOS NIC 
EN LOS ESTADOS MIEMBROS OBSERVACIONES RELATIVAS 
A LA LEGALIDAD Y A LA BUENA 
GESTIÓN FINANCIERA 
Tesorería del NIC 
11.7 - 11.19. La Comisión recuerda que ya dio una serie 
de respuestas muy completas con respecto al acuerdo no 
oficial de 1985, así como a la cuestión general de los 
controles in situ de los préstamos NIC (véanse las 
respuestas de la Comisión al Informe Anual correspon­
diente al ejercicio 1986: apartados 14.25 a 14.30). 11.27. La Comisión se congratula de la favorable 
acogida general que el Tribunal otorga al nuevo 
Convenio de cooperación con el BEI relativo a la 
tesorería del NIC. En cuanto a las observaciones más 
pormenorizadas sobre el mismo, la Comisión aporta las 
precisiones siguientes y, por otra parte, toma nota de las 
sugerencias del Tribunal, que serán estudiadas conjunta­
mente con el BEI. 
Como consecuencia del compromiso suscrito por el 
Presidente de la Comisión en su carta del mes de abril de 
1987, dirigida al Presidente del Tribunal, la Comisión ha 
puesto en marcha numerosas medidas para encontrar las 
« modalidades prácticas que permitirán a los poderes del 
Tribunal tener en cuenta las preocupaciones del Banco». 
Las últimas propuestas de la Comisión en este sentido 
serán encaminadas detalladamente por un grupo de 
trabajo compuesto por representantes del Banco y de la 
Comisión, cuya labor debería estar terminada antes de 
que finalice el año 1988. 11.28. El único riesgo que asume la Comisión como 
consecuencia de la entrada en vigor del nuevo convenio 
(cuyas cláusulas son retroactivas al inicio de las 
operaciones de tesorería del NIC) es el incumplimiento de 
un deudor. Dada la calidad de los prestatarios y de sus 
avaladores primeros, este riesgo puede considerarse nulo. 
En cuanto a la gestión de las operaciones, la incorporación 
de los fondos del NIC a la tesorería existente del BEI ha 
permitido realizar ahorros en la gestión del conjunto de 
estos fondos. No obstante, teniendo en cuenta la 
importancia relativa de los dos componentes, la ventaja 
que se obtiene de la gestión de los fondos del BEI (la 
mayor parte de los recursos de que se trata) es 
considerablemente superior a la ventaja que se obtiene de 
la gestión de los fondos del NIC. 
11.29. La Comisión considera que el temor expresado 
por el Tribunal de que se fijen unos tipos de interés sobre 
los préstamos más altos de lo necesario debe encaminarse 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 301 
según la norma que establece que el tipo de los préstamos 
del NIC es igual al de los préstamos concedidos por el BEI 
sobre sus recursos propios. 
11.30. Aunque el texto del nuevo convenio es en 
realidad más restrictivo, en la práctica la Comisión ha 
seguido financiando de nuevo operaciones anteriores más 
costosas, en plena concertación con el BEI. 
Esta última institución da su consentimiento previo con 
arreglo al convenio vigente y teniendo en cuenta que 
asume la carga de la tesorería y que, muy a menudo, debe 
anticipar comisiones o primas de reembolso que no están 
cubiertas necesariamente por la nueva financiación, a 
cambio del beneficio de la baja del coste de los fondos. 
11.31. La Comisión no considera necesario proceder a 
un análisis detallado de sus gastos administrativos para cada instrumento financiero. Un análisis de este tipo sería 
costoso y a la Comisión, que no ejecuta operaciones por 
mandato, no le parece que sea indispensable. 
Comisión de gestión del Banco Europeo 
de Inversiones 
11.32. En sus respuestas al precedente informe del 
Tribunal, la Comisión se comprometió a volver a 
presentar al BEI la petición de dicha institución. El 
resultado de esta actuación es que a la documentación 
solicitada sigue teniendo acceso únicamente el Consejo de 
administración del BEI en el que, no obstante, la 
Comisión designa a un administrador y a un suplente. Por 
otra parte, el Banco reitera que seguirá adaptando sus 
comisiones de gestión para que simplemente cubran sus 
gastos. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 303 
SEGUNDA PARTE 
Fondos Europeos de Desarrollo 
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 
OBSERVACIONES RELATIVAS 
A LA GESTIÓN FINANCIERA 
Realización financiera de los proyectos 
Condiciones especiales en contratos de obras 
6. La Comisión está muy atenta a los problemas que se 
refieren a la moneda en que se pagan los contratos y a las 
incidencias que la evolución de los precios ejercen sobre 
los mismos en el transcurso de su realización. 
Por lo que se refiere a la moneda de pago de los contratos 
y a su expresión, el artículo 48 del Reglamento Financiero 
del 6o FED, cuya aplicación se ha extendido a los 
contratos financiados en el marco del 4o y 5o FED, prevé 
disposiciones precisas para cada categoría de contrato 
con el fin de evitar al máximo pérdidas o ganancias 
financieras reales para la empresa adjudicataria. No 
obstante resulta evidente, en particular para los contratos 
de larga duración, que durante la ejecución de un 
contrato la evolución de los precios puede engendrar una 
ruptura del equilibrio del mismo provocando así 
ganancias o pérdidas para una u otra de las partes 
contratantes. 
Fue por esta razón por la que la Comisión previo en 1972 
en su pliego de condiciones de los contratos de obras y de 
suministros financiados por el FED la aplicación de la 
revisión de los precios. 
Este complejo asunto ha sido objeto de comentarios 
pormenorizados y actualizados, los cuales figuran en el 
compendio de instrucciones. De la lectura de dichos 
textos se desprende la constante preocupación de la 
Comisión por evitar que la aplicación de fórmulas de 
revisión de precios se traduzca en plusvalías indebidas. Es por ello por lo que, para acercarse más a la realidad, la 
Comisión recomienda en particular no encerrarse en una 
fórmula de revisión única y tener en cuenta únicamente 
los parámetros que tienen una incidencia real en el coste 
de las obras, dejando al adjudicatario una parte del 
riesgo. 
De la misma manera, la Comisión recomienda a la 
administración beneficiaría de la ayuda que elija cuidado­
samente los índices que sirven de base para establecer 
revisiones. 
Por último, si en un país ACP no se publican índices o si se 
ignora de qué país se importará el producto en cuestión, 
se invita al adjudicatario a proponer en su licitación un 
precio de referencia mediante la presentación de los 
documentos justificativos necesarios. 
7-9. En cuanto a los once contratos en relación con los 
cuales el Tribunal estima que se conceden compensacio­
nes excesivas en concepto de revisiones de precios 
ocasionadas por una devaluación, la Comisión insiste en 
subrayar que, en la mayoría de los casos mencionados, 
hasta el momento no se puede concluir que las empresas 
hayan realizado beneficios indebidos. Por lo tanto, no ha 
lugar considerar que la Comisión haya sufrido perjuicios 
financieros. 
En dos casos, no se ha aplicado aún la fórmula de revisión 
de precios para contratos en curso de ejecución. En lo que 
se refiere a otros proyectos, la fórmula de revisión de 
precios se aplica sobre todo al coste de la mano de obra 
local y de los materiales comprados in situ. 
No obstante, y para evitar al máximo las anomalías que el 
Tribunal señala, la Comisión completará sus instruccio­
nes a los delegados a fin de que éstos, cuando examinen 
los expedientes de licitación, adopten las medidas que 
hagan posible que las fórmulas de revisión de precios se 
basen, en lo que se refiere a la parte pagadera en moneda 
europea, en los precios del mercado europeo y, en lo que 
se refiere a la parte pagadera en moneda nacional, en los 
precios del mercado local. 
30^ lOiarioCOficial de las comunidades europeas 1^1^^ 
C^rm^o^ñ^ve^o^ 
^0. P^n lo que se refiereala observación del Lribunal 
relativa al cumplimiento del reglamento Financiero, la 
comisión hace notar lo siguientes el compendio de 
instrucciones para uso de la sedevde las delegaciones 
describe de manera muvdetallada las modalidades de 
pago de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, 
para facilitar eltrabajodeliquidaciónvordendelos 
expedientes de pago presentados. 
Poeunamanera general,la C^omisiónhacomprobado, por 
unaparte,quelos procedimientos se aplicancorrectaD 
mente v,porotraparte,losdocumentosjustificativos 
facilitados paraavalar solicitudes de pago son acredítate 
vos^originalesocopias certificadas conformen 
En lo que se refierealas fianzas bancarias, los delegados 
deben llevar al día un registro tanto en los contratos de 
obrascomoenloscontratosdesuminístrosodeservícios, 
demaneraquepuedangarantizarelseguimiento^el 
levante de los mismos. 
Encuanto alosejemplos citadospor el Lribunal, la 
comisión está en condiciones de afirmar que, sean cuales 
fueren las circunstancias que no han permitido a los 
agentes delfribunal tener accesoalos pliegos especiales 
de condiciones, éstos eran accesiblesalos funcionarios 
responsables de los compromisosvde las órdenes. 
En el caso particular de BurleinaFaso,esexacto que, en el 
conjunto de los numerosos documentos justificativos de 
dichos provectos que eran objeto de cofinanciación, 
faltaba adjuntaralas órdenes de pago correspondientes 
tres anticipos provisionales por una cuantía aproximada 
de 30^ ^OOFC^U.lOichos documentos seencuentran en la 
delegación, lacualhabíaprocedido sinembargo ala 
verificación de los mismos antes de enviarala comisión 
las órdenes de pago mencionadas anteriormente. La 
seguridad de dichos pagos, así como la de los anteriores, 
ha sido garantizada, por tanto, por el consejeroacargo 
del provecto v por el delegado. lOichos documentos 
justificativos se han remitido mientras tanto a la 
C^omisiónvestánadisposicióndelLribunal. 
En cuanto al pago de ^0uO^uEC^L^,la comisión tienea 
disposición del Lribunal el juego suplementario de 
documentos^ustificantesreclamadoaladelegaciónde 
^vazilandia. 
^L Este apartado aludealos casos siguientes^ 
— Adelantos superioresalos previstos en el contratos 
endosdelostrescasosidentificados^óluinea^Bíssauv 
C^had^, se trata más bien de adelantos superioresalos 
previstos en las condiciones generales. Los dos contratos enentredicho,uno de estudio votro de 
asistencia técnica, especificaban un primer tramo de 
pago del ^O^Bó alanotificacióndelcontrato, sin 
garantía bancaría. Así pues no se trataba de un 
adelanto limitado al ^^ en el sentido de las 
condiciones generales, sino de un adelanto calculado 
teniendo en cuenta que en el momento del ingreso el 
trabajo estaría va bien adelantado. 
En el tercer caso identificado ^proyecto regional en la 
república C^entroafrícana^, es exacto que se pagó un 
adelanto superior al previsto en el contrato. Sin 
embargo del pago siguiente se dedujo lo pagado en 
exceso. 
Aprovisionamiento del fondo para anticipos ^uD 
dancen el compendiodeinstrucciones^ediciónl^^ 
se definen claramente las modalidades de funcionad 
mientovde verificación de los fondos de anticipos, 
quesecomunicanalosadministradoresconvistasala 
aplicación de las mismas. 
^ CAantrato expresado en una moneda distinta de la de 
la oferta ^ferrocarril djibouto^etíope^ la cuantía en 
EC^L^ del contrato no es sensiblemente diterenteala 
establecida para la comparación de las ofertas. 
— CAantratodeserviciofinanciadodiezmesesdespuésde 
su inicio^Crumea^onakryp.este plazo corresponde 
al retraso del ordenador nacional enlafirma del 
contrato. 
^. Aun reconociendo que es un objetivo deseable 
reunir enunsoloservicioladocumentacióncompleta 
relativa a un provecto, la comisión tiene interés en 
señalarlas dificultadesmateriales que representauna 
organización de talnaturaleza parala CAamisiónvparalas 
delegaciones. 
El control del carácter suficientevde la exactitud de los 
documentos justificantes se efectúa en las diferentes 
etapas del procedimiento Liquidación, ordenación, 
control financiero y pago^ de conformidad con las 
disposiciones de los reglamentos Financieros sucesivos 
de los FEP^vcon las cláusulas generalesvprescripciones 
especiales de los contratos, a los que se refiere el 
compendio de instrucciones, del que se ha difundido una 
nueva edición en el primer semestre de 1^. Afinde 
responderala preocupación del tribunal laó^omisión 
completará sus instruccionesafin de daralos funcionad 
riosencargadosde la liquidaciónvde la ordenación de los 
expedientes de pago más precisiones sobre la naturaleza 
de los documentos justificantes que se deben presentar. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las 
Contabilidad 
13. (a) El hecho de que en las cuentas de espera 
subsistan determinadas operaciones significa que en la 
mayoría de las ocasiones no puedan ser identificadas, a 
falta de información, con vistas a su integración en un 
proyecto. 
A 31 de diciembre de 1987 en las cuentas de espera 
subsistían cuatro operaciones que datan de 1982 de entre 
los varios miles de asientos registrados anualmente. Se 
han podido regularizar por fin dos en junio de 1988; las 
dos restantes están todavía pendientes de regularización. 
(b) A 31 de diciembre de 1987, aproximadamente 
el 25 % de las sumas pendientes de cobro se referían al 
IVA que deben devolver las administraciones de los 
Estados miembros. En esta materia, la contabilidad del 
FED sigue los procedimientos en vigor entre la Comisión 
y los Estados miembros. 
A finales de 1987, el 61 % de la cuantía total por cobrar 
era exigible a una sola firma que quebró en 1985. El banco 
que la avaló se negó a reembolsar la suma pagada y la 
Comisión inició un proceso por cuenta del Gobierno ACP 
en cuestión. Este proceso sigue su curso. 
Por lo que se refiere a las demás sumas pendientes, la 
Comisión prosigue sus esfuerzos para el cobro de las 
mismas. 
(c) A finales de 1987, frente a un número muy 
restringido de litigios, en las cuentas «fondos en ruta» y 
« operaciones pendientes de regularización » sólo queda­
ba un razonable número de asientos que han sido 
eliminados casi en su totalidad en el curso de los cuatro 
meses siguientes. 
Están a disposición del Tribunal, clasificados de manera 
ordenada y regular, los extractos de cuentas bancarias. 
(d) La Comisión se esforzará en la mejora de la 
distribución de responsabilidades en el servicio contable, 
sin subestimar sin embargo las dificultades que a este 
respecto plantean los escasos efectivos de que dispone 
dicho servicio. 
(e) La cifra de 2,8 Mió ECU señalada por el Tribunal 
corresponde a proyectos cerrados o anulados en el 
transcurso de 1988. Comunidades Europeas 305 
Gestión de tesorería 
Petición de contribuciones 
15. En diciembre de 1986 se remitieron a los ministros 
competentes de cada Estado miembro cartas de notifica­
ción relativas a la petición de contribuciones para el 
ejercicio 1987. Dichas cartas estipulaban fechas de 
vencimiento y los tipos de conversión entre el ECU y las 
monedas nacionales que se debían utilizar. Es probable 
que un error en el tipo de conversión, no obstante 
señalado con posterioridad, haya contribuido a las 
inexactitudes comprobadas por el Tribunal. 
En cuanto a los retrasos en el pago que señala el Tribunal, 
éstos se produjeron a pesar de la intervención reiterada de 
la Comisión ante las representaciones permanentes de los 
Estados miembros afectados. 
Cuentas en los Tesoros PúMicos 
16. El artículo 4 del Reglamento Financiero aplicable al 
5o FED estipula que «en la medida de lo posible» la 
Comisión distribuirá sus activos entre las distintas 
monedas según la proporción en la que las monedas de los 
Estados miembros entran en la composición del ECU. El 
artículo 5 del Reglamento Financiero aplicable al 6o FED 
ya no hace referencia al ECU y prevé una distribución de 
los haberes de conformidad con la proporción en que los 
Estados miembros contribuyen al FED, lo que la 
Comisión intenta respetar. 
Al retirar fondos de las cuentas en los Tesoros Públicos se 
deben tener en cuenta otras obligaciones tales como la 
necesidad de efectuar pagos de cuantías elevadas en un 
plazo muy corto en países determinados. Es por eso por lo 
que los Estados miembros han aceptado que se aplique la 
regla de la proporcionalidad a lo largo de períodos de más 
de un trimestre, a fin de no distorsionar demasiado el flujo 
de los pagos. Así, para el año 1987 globalmente 
considerado, los importes retirados de los Tesoros 
Públicos son casi idénticos a la clave de distribución de las 
contribuciones. 
Cuentas bancarias en Europa 
17. El FED dispone de una cuenta bancaria en ECU en 
cada uno de los Estados miembros para promover la 
utilización de la moneda comunitaria y protegerse de los 
306 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
riesgos de devaluación. Además, para tener en cuenta las 
condiciones locales especiales y con la finalidad de 
obtener las mejores condiciones en el mercado monetario, 
existen sendas cuentas suplementarias en Bélgica y en 
Italia. 
En Francia y en el Reino Unido, el FED es titular 
igualmente de cuentas en monedas nacionales que se 
utilizan para acelerar la alimentación de las 36 cuentas 
pagadoras delegadas en francos franceses y en libras 
esterlinas. En los Países Bajos y en la República Federal 
de Alemania, a finales de 1987 existian dos cuentas 
suplementarias en moneda nacional. Una de ellas está 
cerrada desde principios de 1988 y la otra va a cerrarse en 
un futuro próximo. 
18. El procedimiento adoptado para la aplicación del 
artículo 153 de Lomé III consiste en atribuir a los recursos 
Stabex, con cargo a las cuentas del FED, una parte de los 
intereses obtenidos al tipo del mercado proporcional al 
saldo de los recursos Stabex todavía no gastados. 
19. La Comisión ha llevado a cabo una encuesta entre 
los diferentes pagadores delegados de la Comunidad para 
cerciorarse de las condiciones concedidas a sus cuentas 
bancarias. Dicha encuesta ha demostrado que las 
condiciones aplicables en la Comunidad varían de un 
Estado miembro a otro. A raíz de la misma, se han 
obtenido de nuestros pagadores delegados las mejores 
condiciones aplicables en cada uno de los Estados 
miembros. Desde ese momento, la Comisión vela por que 
todos los bancos otorguen una remuneración com­
petitiva. 
Estabilización de los ingresos 
por exportaciones 
20. La determinación de las pérdidas de ingresos por 
exportaciones con arreglo al Stabex se realiza a partir de 
los valores en ECU de las exportaciones de los Estados 
ACP, calculadas de conformidad con el artículo 160 del 
Tercer Convenio de Lomé. 
En 1987, la aplicación del método de cálculo definido en 
dicho artículo tuvo como consecuencia la disminución, 
e incluso la eliminación, en todos los Estados ACP de las 
transferencias, con la notable excepción de los países de la 
zona del franco. Naturalmente eso se explica por la 
depreciación del dólar (recuérdese que este método ha 
sido justamente una respuesta al deseo expresado por 
determinados ACP de protegerse contra la depreciación 
de la divisa americana...), pero también y sobre todo por 
el hecho de que numerosos ACP han practicado, o 
practican, devaluaciones a menudo muy fuertes. 
21. El Tercer Convenio de Lomé instauró, en materia de 
control de la utilización de las transferencias Stabex, 
normas mucho más rígidas que en el pasado, normas que 
la Comisión tiende a interpretar de manera muy estricta 
en la práctica. Entre las opciones propuestas a los Estados ACP, se 
pueden citar: 
— la utilización de las transferencias Stabex como 
contribución de los ACP a los proyectos de desarrollo 
financiados por la Comisión y/u otros financiadores; 
— entregas a organismos del tipo Caja de Estabilización, 
cuya vocación es la de garantizar los precios de 
compra (y las rentas) a los productores; 
— participación de la Comisión, a través de sus 
delegaciones, en la definición de las actuaciones ad 
hoc. Dicha participación puede ir desde las consultas 
previas hasta el control permanente de los gastos, en 
particular mediante las cuentas específicas, una de 
cuyas «claves» está en poder de las delegaciones. 
Entre las soluciones especiales aplicadas, puede mencio­
narse igualmente la entrega directa a los proveedores 
(caso de una transferencia en favor de Santo Tomé). Pero 
dicha práctica no podría generalizarse: contrariamente 
a la opinión del Tribunal, no presenta ventajas decisivas 
en relación con las otras posibilidades, sin hablar de la 
dificultad de gestión que implica. 
OBSERVACIONES SOBRE 
LAS MICRORREALIZACIONES 
Fundamento jurídico y directrices de ejecución 
Papel del delegado de la Comisión 
31. Sometidos en un principio a un procedimiento 
normal de consulta previa al Comité del FED, desde 1978 
los programas son aprobados por procedimiento acelera­
do por el ordenador principal del FED con el dictamen 
del delegado de la Comisión y a petición del Estado 
beneficiario, previa aprobación por la Comisión de una 
autorización global de compromiso que cuenta con el 
dictamen favorable del Comité. 
En el marco de un programa ya aprobado en Bruselas, el 
delegado tiene la facultad de ponerse de acuerdo 
directamente con las autoridades locales en lo que 
respecta a cada uno de los proyectos que se deben 
financiar. 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 307 
Tramitación de las microrrealizaciones 
Desconcentración del procedimiento de aprobación 
del proyecto 
33 - 37. En el Tercer Convenio de Lomé esta tendencia 
a la desconcentración y a la descentralización está todavía 
más acusada. En efecto, tras la aprobación por el 
ordenador principal, es el Estado ACP el que, a medida 
que se manifiestan iniciativas de los entes locales, adopta 
las decisiones de financiación especiales correspondientes 
y las somete al acuerdo del delegado de la Comisión. Las 
instrucciones de servicio son muy claras a este respecto y 
únicamente en caso de duda puede justificarse una 
solicitud de aclaración ante la DG VIII en Bruselas. 
Por otra parte es con el fin de una capacidad incrementa­
da de adaptación a cada situación por lo que Lomé III 
incluye un texto más general y más flexible con respecto a 
las microrrealizaciones. Dicho texto ya no impone 
programas anuales y permite por lo tanto el escaloña-
miento de los mismos en períodos más largos. Con 
arreglo al 6o FED se han aprobado ya programas para 
dos, tres y hasta cuatro años (véase apartado 37). 
34 - 36. Las observaciones al Tribunal señalan situacio­
nes especiales de las que los delegados han juzgado 
necesario tener que informar a la sede. 
37. Las observaciones se refieren a la anterior práctica 
ocasional de Swazilandia (con arreglo a Lomé II) de 
presentar para su aprobación proyectos por separado 
sobre una base poco preparada. Este procedimiento 
generó trabajo administrativo adicional. No obstante, la 
Comisión aceptó dicha carga extraordinaria únicamente 
como algo temporal, a la espera de establecer un 
programa multianual adecuado. Dicho programa se ha 
establecido ahora bajo Lomé III (3 Mió ECU) e incluye 
una componente de asistencia técnica para garantizar una 
aplicación fluida (a lo largo de cuatro años), así como 
adiestramiento y guía de la administración local. 
Existencia de una necesidad real y prioritaria 
a nivel local 
38. La observación del Tribunal se basa en ejemplos a 
los que se responde en los apartados siguientes. 
39. En Costa de Marfil, se trataba de un programa de 
microrrealizaciones de carácter más bien social financia­
do con cargo al 4o FED. Los programas financiados con 
cargo al 5o FED se referían fundamentalmente a los entes 
locales en los sectores productivos. Por último, las microrrealizaciones que se financiarán con cargo al 6o 
FED deberán conformarse a las orientaciones del 
programa indicativo. Por tanto, la observación del 
Tribunal ya no se aplica a la práctica actual. 
A partir de 1983, la delegación de Madagascar ha 
realizado un esfuerzo notable para hacer que el Gobierno 
presente expedientes para cada proyecto, como ya ocurre 
a partir de ahora. 
40 - 42 y 56. La cuestión de la iniciativa del ente local, 
que constituye un factor esencial de la aprobación y 
naturalmente de la oportunidad de un microproyecto, es 
inseparable de la de informar a la población y de la 
capacidad de ésta para determinar con exactitud las 
necesidades y formular correctamente la solicitud al 
Gobierno del Estado ACP beneficiario. En dicho ámbito, 
es igualmente importante el papel que desempeñan las 
ONG que actúan in situ. Por otra parte, dos de las tareas 
más importantes del servicio nacional autónomo, cuya 
creación desea la Comisión para garantizar el impulso, la 
coordinación y la utilización de las microrrealizaciones, 
son precisamente la información a los entes locales sobre 
las posibilidades del programa y la asistencia en la 
formulación de las solicitudes. 
Los capítulos esenciales para la viabilidad de las 
microrrealizaciones son la organización de los entes 
beneficiarios, la formación de sus representantes y la 
asistencia en la aplicación de las microrrealizaciones. Esta 
es la razón por la que figuran igualmente entre las tareas 
que incumben al servicio central nacional al que se alude 
anteriormente. 
41. En Togo, es exacto que determinadas actuaciones 
del programa de microrrealizaciones del 5o FED no 
correspondían realmente a una solicitud de la población 
beneficiaría. Tal es así con determinados almacenes de 
víveres. Por otra parte el Gobierno togolés ha decidido de 
común acuerdo con la Comisión hacer especial hincapié 
en dicho aspecto « respuesta a una necesidad prioritaria 
de los entes locales» para la elaboración del programa de 
microrrealizaciones de Lomé III. 
Garantía de la participación activa de los entes locales 
43 - 46. En lo que se refiere a la contribución del FED al 
coste de cada uno de los proyectos, las partes contratantes 
del Tercer Convenio de Lomé reconocieron también que 
era necesario introducir un elemento de flexibilidad. En 
efecto, el apartado 2 del artículo 202 de Lomé III admite 
« a contrario sensu » que en casos especiales la contribu­
ción comunitaria podrá superar los dos tercios del coste. 
Una vez más el rigor formal del Lomé I y Lomé II deja 
paso a una flexibilidad más propicia al éxito de los 
objetivos de desarrollo a nivel local. La participación del 
Estado beneficiario pasa a ser facultativa y la contribu-
308 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
ción del ente local puede en particular suponer hacerse 
cargo de los gastos de mantenimiento. 
43. En Senegal, la casi totalidad de microproyectos se 
ha beneficiado de la participación activa de la población 
afectada. No obstante, si bien determinados proyectos 
reciben una cobertura financiera total del FED, la 
población beneficiaría contribuye en especie (material) o 
en servicios (jornadas de trabajo). 
44. La participación de la población local de Madagas-
car ha sido siempre objeto de comprobación por parte de 
la delegación, tanto a nivel del deseo como de la 
implicación en la previsión. Ha podido suceder que en el 
transcurso de la realización no haya podido obtenerse 
una total satisfacción sobre este punto. 
45. El aprovechamiento, en apoyo de las microrrealiza-
ciones, de competencias disponibles en otras financiacio­
nes FED pone en evidencia la búsqueda de una simbiosis 
de actividades in situ que representa una utilización 
juiciosa de recursos limitados, siendo por otra parte la 
financiación de consejeros técnicos una disposición 
considerada por Lomé III. 
Viabilidad de las microrrealizaciones 
Movilización de las contribuciones 
48. Para evitar las dificultades y los retrasos menciona­
dos por el Tribunal en su informe, la Comisión y los 
Estados ACP han decidido adaptar las disposiciones del 
Tercer Convenio de Lomé para hacer facultativa la 
contribución del Estado a los programas de microrreali­
zaciones. 
Asimilación de las microrrealizaciones por los usuarios 
50. Mientras tanto se ha mejorado la situación que se 
señala en Sierra Leona. 
51. Gran parte de las obras de este proyecto de Níger se 
refiere a la construcción de pozos de huerta cuyos gastos 
recurrentes se limitan a un desenarenado, generalmente 
efectuado en un contexto campesino y con los medios 
humanos correspondientes. En el proyecto Badeguicheri, 
por ejemplo, la misión del Tribunal ha podido constatar 
que los pozos que datan del año 1975 no están enarenados 
y actualmente funcionan. Por otra parte, los entes 
subregionales se hacen cargo del alquiler que pagan los 
voluntarios. En definitiva, se puede afirmar que la población aprecia estos proyectos, incluso si, en razón de 
su carga de trabajo, su participación, indispensable, no 
sigue en ocasiones el ritmo deseado. 
Aspectos sociales de las microrrealizaciones 
54-55. En la programación y la aplicación de las 
microrrealizaciones se analizan y tienen en cuenta las 
« realizaciones socioeconómicas dentro de un ente », dado 
que las microrrealizaciones deben responder de manera 
concreta a las necesidades de los entes locales en materia 
de desarrollo. 
No obstante no se excluye que, de las muy numerosas 
realizaciones llevadas a cabo hasta el momento, algunas 
de ellas no hayan dado los resultados esperados por 
razones diversas que es difícil apreciar en los inicios de un 
programa, sobre todo si se refieren al comportamiento 
imprevisible de un grupo frente a una nueva situación. No 
obstante esos pocos contratiempos inevitables, el conjun­
to de los programas de microrrealizaciones son conside­
rados generalmente por sus beneficiarios como un éxito. 
Realización y seguimiento 
de las microrrealizaciones 
£1 papel de las autoridades nacionales 
56. Véanse apartados 40 — 42. 
57-63. El recurso a la asistencia técnica, del todo 
excepcional bajo Lomé I, se ha utilizado un poco más en 
el transcurso del 5o FED y se ha convertido en norma 
para los programas aprobados bajo Lomé III. Esta 
asistencia debe permitir en particular dar apoyo al 
servicio de coordinación mencionado anteriormente o, en 
su defecto, desempeñar unas funciones análogas. Se 
utiliza igualmente para estructurar el ente local de manera 
que éste pueda responder dé la gestión de las microrreali­
zaciones. 
Cuando el programa de microrrealizaciones es modesto, 
el elevado coste de la asistencia técnica clásica amenaza 
con movilizar una parte demasiado importante de la 
contribución del FED. Por esta razón a menudo se 
considera el recurso a la asistencia de voluntarios o la 
colaboración con ONG. 
58, 64 y 71. Durante mucho tiempo la delegación ha 
sido consciente del problema mencionado por el Tribunal 
en relación con Malawi y ha adoptado las medidas 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 309 
apropiadas que incluyen la contratación hace dos años de 
dos VSO (personal de ayuda que actúa constantemente 
sobre el terreno) para supervisar la ejecución de los 
microproyectos. Ello ha tenido ya un efecto positivo en la 
gestión del programa. 
Futuras mejoras en la efectividad de los mismos, 
combinadas con la difusión de un manual de instruccio­
nes para los microproyectos, permitirán una mejora 
adicional de la situación y harán posible un control más 
efectivo de las operaciones por parte de la delegación. 
Coste de la asistencia técnica y complementariedad 
de las microrrealizaciones 
60. Las observaciones formuladas por el Tribunal a 
propósito de la asistencia técnica financiada en el marco 
de las microrrealizaciones no ha escapado a la atención de 
la Comisión, la cual procede en la actualidad a un estudio 
del conjunto de la cuestión, especialmente en lo que se 
refiere a la asistencia técnica incluida en los grandes 
programas. 
61. La norma considerada por la Comisión no constitu­
ye una regla absoluta. Justamente en el caso de Tanzania, 
la presencia de un asistente técnico se ha revelado como 
condición sine qua non del éxito del programa. Y por ello 
dicho programa ha sido un éxito. 
62. La computación de determinados gastos de funcio­
namiento de la célula de seguimiento que depende de la 
Dirección de Desarrollo Regional y de las Microrrealiza­
ciones (DDRM) del Ministerio del Plan ha permitido una 
mejor coordinación y una más rápida aplicación del 
proyecto microrrealizaciones. 
64. La complementariedad de los programas de micro­
rrealizaciones con otros proyectos de desarrollo es un 
objetivo perseguido sin cesar, todavía más en Lomé III. 
En efecto, aunque el Convenio prevé que las microrreali­
zaciones puedan escapar al marco del artículo 187, la 
mayor parte de los programas aprobados con cargo al 6o 
FED tienen un vínculo con el sector o sectores de 
concentración de la ayuda comunitaria. 
El ritmo de ejecución de los microproyectos en Sierra 
Leona continúa siendo lento, y se debe tanto a escasez de 
suministros (combustible, cemento, etc.) como a insufi­
ciencias administrativas. Efectivamente, no existe agencia 
gubernamental o unidad administrativa o local con la 
capacidad de ejecución de dichos proyectos, de manera 
que se ha hecho cargo de dicha tarea el servicio 
autorizador nacional (NAO: National Authorizing 
Office), a pesar de que carece de los recursos administrati­
vos y de transporte. Recientemente el NAO ha solicitado 
la provisión de dos voluntarios para asistir en la 
supervisión y gestión del microproyecto y esta propuesta ha sido aceptada en principio. Actualmente la delegación 
está llevando a cabo los acuerdos necesarios para la 
contratación de los mismos ante las ONG representadas 
en Sierra Leona. 
Ejecución financiera de las microrrealizaciones 
66. En Kenia la situación en materia de microrrealiza­
ciones ha mejorado netamente desde 1985. El adelanto 
desembolsado a partir de la firma del convenio de 
financiación representa ahora un 50 %, quedando 
pendiente el desembolso del saldo hasta la terminación de 
las obras (en general escuelas o traídas de agua). Por otra 
parte, en adelante es preceptivo no financiar simultánea­
mente más de dos programas de microrrealizaciones. En 
lo que se refiere por último a la fase de tramitación, la 
calidad de los estudios preparatorios del ministerio 
competente ha mejorado notablemente con el concurso 
de la asistencia técnica de un Estado miembro. 
Evaluación y seguimiento de las microrrealizaciones 
67-70. La evaluación de las microrrealizaciones se 
lleva a cabo por parte de la Comisión mediante informes 
anuales del delegado, informes finales redactados por el 
delegado en colaboración con el Gobierno beneficiario a 
la terminación de cada programa e informes más 
generales de evaluación redactados por expertos indepen­
dientes. El seguimiento está garantizado por la asistencia 
técnica y el servicio de coordinación, y naturalmente por 
el delegado de la Comisión. 
Observaciones finales 
72 - 75. En lo que se refiere a las microrrealizaciones de 
Lomé I y Lomé II que son objeto del presente informe del 
Tribunal, la Comisión ha celebrado un contrato con un 
equipo de expertos independientes que está ultimando un 
largo y completo trabajo de evaluación. La Comisión 
dispondrá por tanto de un nuevo instrumento de reflexión 
para poder mejorar aún más los diferentes aspectos de los 
programas de microrrealizaciones. 
Sin esperar a las conclusiones de dicha evaluación, la 
Comisión ya había determinado las dificultades que en 
ocasiones se ponían de manifiesto en la aplicación de 
dicho instrumento y había sacado las lecciones de la 
experiencia de los dos primeros Convenios de Lomé. Esta 
es la razón por la cual la Comisión, junto con sus 
asociados ACP, ha adaptado las disposiciones del Tercer 
Convenio y ha definido nuevas instrucciones para uso de 
sus servicios y de sus delegaciones. 
310 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
De manera general, y puesto que se trata de miles de 
pequeñas operaciones, estas disposiciones deberían 
contribuir a prevenir las dificultades, incluso aunque sea 
difícil aplicar los mismos criterios de identificación, de 
aprobación y de seguimiento que para proyectos clásicos. 
OBSERVACIONES SOBRE LAS AYUDAS 
DE URGENCIA 
Respuestas de carácter general 
En materia de ayudas de urgencia, el problema principal 
consiste en saber si dichas ayudas han cumplido su 
objetivo, es decir han empezado en los plazos más cortos 
tras la conformidad de las autoridades de los países 
interesados y han permitido salvar la vida de la población 
afectada por una catástrofe o aliviar sus sufrimientos. 
Por ello se espera que, en materia de ayuda de urgencia, la 
Comisión actúe de manera dinámica y pragmática, 
habida cuenta del objetivo que se debe alcanzar y del 
carácter evolutivo de toda situación de urgencia, que 
implica el máximo de flexibilidad en la elección de las 
modalidades de ejecución. 
Tramitación de la ayuda 
82 y 84. Conseguir una tramitación más a fondo de los 
expedientes amenaza con ir en detrimento de la rapidez 
del inicio de las actuaciones de socorro. La Comisión es 
bien consciente de que una tramitación rápida puede 
conducir a errores, pero está dispuesta a arrostrar dicho 
riesgo cuando peligran vidas humanas. 
83. (a) La decisión de la Comisión de abril de 1981 
(1,5 Mió ECU) respondía a una solicitud del PMA/ 
ACNUR, que estimaba en 80 000 el número de refugia­
dos. 
El Gobierno de Zaire había estimado en 200 000 personas 
el número de refugiados ugandeses en enero de 1981. 
El ACNUR continuó utilizando esta cifra de 80 000 
refugiados y de hecho aún incrementó esta estimación del 
número de refugiados a unos 125 000 a finales de agosto 
de 1981. La afirmación del Tribunal de que el número de 
refugiados nunca pasó de 40 000 se basa en una encuesta 
emprendida en abril de 1982, un año después de la 
decisión de la Comisión. Los resultados de esta encuesta 
pueden no ser válidos para la situación de abril de 1981, 
en que la Comisión adoptó su decisión, y menos aún a la 
luz del retorno masivo de refugiados ugandeses de Zaire a 
principios de 1982. 
(b) Calculadas sobre la base de las informaciones 
comunicadas por el Gobierno senegalés, las necesidades 
han resultado estar sobreestimadas debido en particular a 
una cosecha mejor de la inicialmente prevista. El 
consiguiente ahorro (800 000 ECU) ha permitido finan­
ciar otra operación en un sector vital, el del abastecimien­
to de semillas de maíz (146 000 ECU) y de niebé (654 000 
ECU). A este respecto, si es cierto que la operación 
llevada a cabo ha sido una operación compleja [letra (a) 
del apartado 103], no es menos cierto que ha constituido 
una actuación más apropiada y más económica que la 
pura y simple distribución de semillas con arreglo a los 
métodos habituales. 
(c) Los 490 000 ECU (24 %) constituían una reserva 
para hacer frente a necesidades resultantes de solicitudes 
todavía no precisadas. Posteriormente se dio a esta 
reserva el destino siguiente: 
— Unicef 40 000 ECU (programa nutricional) 
— Gobierno 64 000 ECU (compra de semillas) 
— ONG 386 000 ECU (gastos suplementarios 
de transporte) 
85 - 86. El informe da cuenta de determinadas perpleji­
dades en cuanto al fundamento de la financiación, en 
concepto de ayuda de urgencia, de operaciones complejas 
que suponen un volumen de medios importante. La 
magnitud de las catástrofes puede variar de manera 
considerable y en determinados casos corre peligro la vida 
de millones de personas, lo que evidentemente requiere 
elevados medios de ayuda de urgencia. En tales casos, las 
decisiones de la Comisión se asemejan a decisiones marco 
a cuyo cargo se financian, a medida que se reciben las 
solicitudes correspondientes, operaciones concretas que 
deben ser llevadas a cabo con una gran flexibilidad. Se 
distingue entonces entre la tramitación de los expedientes 
con vistas a decisiones marco y la tramitación de 
solicitudes concretas de actuación. 
Realización de la ayuda 
Plazos de realización 
87. En lo que se refiere a la prórroga de operaciones más 
allá del término previsto (generalmente 6 meses), procede 
subrayar que la realización de operaciones in situ a 
menudo tropieza con dificultades imprevistas y difíciles 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 311 
de superar por parte de los asociados a las operaciones de 
la Comisión (Gobiernos, ACNUR, ONG, Cruz Roja, 
etc.). Por otra parte lo dispuesto al respecto por el 
Segundo Convenio de Lomé consideró la posibilidad de 
prolongar el plazo de ejecución, mientras que el Tercer 
Convenio de Lomé ya no incluye disposición apremiante 
alguna para'el plazo de compromiso de los créditos 
(6 meses). 
88. La ayuda de 1,5 Mió ECU se ejecutó en un plazo de 
4 a 6 meses. Sólo 175 000 ECU destinados a la compra de 
75 toneladas de azúcar y al transporte de otras ayudas 
(programa gestionado por la Licross) fueron objeto de un 
plazo suplementario concedido por la Comisión a esta 
operación ejemplar teniendo en cuenta las dificultades a 
que tuvo que hacer frente la Cruz Roja: víveres no 
disponibles, documentos que permitiesen la liquidación 
de las cuentas no remitidos por las autoridades y/o los 
prestatarios de servicios, etc. 
89 y 95. (b) Retrasos en la recepción de la necesaria 
aprobación gubernamental condujeron a un inicio tardío 
de esta operación. Además, la gran magnitud de las 
necesidades alimentarias y de ayuda a que había que 
hacer frente, junto con un transporte logístico y unas 
instalaciones portuarias inadecuados dieron como resul­
tado retrasos en el transporte de los alimentos. La misión 
de la Comisión identificó en abril de 1985 las graves 
necesidades alimentarias de zonas alejadas del Sudán 
occidental y un mes más tarde la Comisión estableció un 
puente aéreo comunitario, junto con la participación 
activa de los Estados miembros, que en el punto álgido de 
la operación supuso el funcionamiento de 11 aeronaves. 
Este puente aéreo se hizo merecedor del reconocimiento 
internacional y fue el único medio de transporte de 
alimentos a dicha zona occidental durante la estación 
lluviosa, en que dicha zona quedó totalmente inaccesible 
al transporte por carretera. 
La situación constantemente cambiante en Sudán, que 
duró hasta bien entrado 1986, significó la necesidad de 
ampliar determinados programas, al tiempo que otros 
eran modificados o suspendidos a la luz de las cambiantes 
exigencias, destinándose a otras actuaciones urgentes los 
fondos no utilizados. 
90. La operación de que se trata (64 000 ECU: compra 
de 813 toneladas de semillas) no se pudo concluir sino 
tardíamente debido a la falta de semillas disponibles en la 
región. El Gobierno mauritano tuvo que proceder a 
compras por colecta entre campesinos. 
91. Se refiere al Plan Dublín, con arreglo al cual se 
concedió a Etiopía (a partir de Lomé y del presupuesto de 
la Comunidad) un total de 55,3 Mió ECU como ayuda de 
urgencia. Si bien las asignaciones de esta decisión marco 
se hicieron caso por caso, las actuaciones prioritarias y la 
mayor parte de las condiciones financieras se decidieron y 
se cursaron durante las primeras semanas siguientes a la 
adopción por el Consejo del Plan Dublín. El proyecto al que se refiere la letra a) del punto 91 se 
financió a partir de un balance que revirtió a la Comisión, 
como consecuencia de la única utilización parcial por las 
autoridades etíopes de una asignación para la compra de 
semillas. Cuando se supo la magnitud del balance no 
utilizado debido a la dificultad de encontrar a tiempo 
semillas adecuadas para la siembra, la Comisión actuó 
con rapidez para asignar de nuevo el saldo no gastado a 
finales de junio de 1985 para, inter alia, el proyecto de 
transporte de las Naciones Unidas. 
A este respecto, se produjo un retraso en la utilización por 
parte del PMA (Programa Mundial de Alimentos) de las 
Naciones Unidas del tramo final (500 000 ECU) de esta 
asignación, destinada al suministro de piezas de repuesto 
de vehículos. Las Naciones Unidas justificaron este 
retraso por la necesidad de posponer la identificación 
precisa de las exigencias de las piezas de repuesto y de las 
especificaciones de las mismas, al estar pendiente la 
llegada de camiones y remolques adicionales en curso de 
entrega. 
92. La propuesta del proyecto adjunta al contrato de 
esta operación había previsto que las galletas (715 000 
ECU) se distribuirían a lo largo de un período de diez 
meses, de septiembre de 1986 a junio de 1987. En este caso 
se distribuyeron todas las galletas en mayo de 1987. 
Porcentaje de realización de los objetivos 
94. Las deficiencias observadas por la delegación, 
deficiencias del programa ACNUR en su conjunto y no 
específicas de la parte del mismo financiadas por la 
Comunidad, fueron puestas formalmente en conocimien­
to del ACNUR, que emprendió las medidas de corrección 
adecuadas para poner remedio a la situación. 
95. (a) Durante la sequía de 1984, la gran mayoría de 
proveedores de fondos que actuaban en Senegal en el 
marco de las ayudas de urgencia rehusaron hacerse cargo 
del transporte, habida cuenta de las dificultades exis­
tentes. 
La Comisión, a pesar del esfuerzo que ello representaba, y 
a fin de garantizar la máxima eficacia, se hizo cargo de la 
distribución de su ayuda de urgencia y de una parte de la 
de los otros proveedores. A pesar del hecho de que «parte 
de las localidades a que se llega por pistas de tierra no han 
podido recibir los víveres que les estaban destinados en 
razón de una estación de lluvias precoz», el balance 
global sigue siendo positivo. 
(b) Véase apartado 89. 
312 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 12. 88 
Coordinación entre los diferentes participantes 
96 - 97. En lo que se refiere a la coordinación, procede 
señalar que durante la aplicación del Plan de Dublín se ha 
realizado un esfuerzo de coordinación sin precedentes a 
nivel comunitario con los Estados miembros, no sólo en 
Bruselas sino también sobre el terreno (como ejemplo 
Sudán, donde una operación coordinada con los Estados 
miembros permitió la realización de un puente aéreo que 
puso en funcionamiento a 11 aviones de transporte 
pesado de los Estados miembros con el apoyo logístico y 
financiero de la Comunidad). Una coordinación semejan­
te se llevó a cabo con las ONG con motivo de la aplicación 
(Sudán, Malí, etc.) de los PUCE (Programas de urgencia 
de las Comunidades Europeas) que suponían un reparto 
funcional y/o geográfico de los diferentes participantes. 
98. A nivel internacional, los resultados de la coordina­
ción fueron variables según los países pero fue en Etiopía 
donde el esfuerzo de coordinación fue más acentuado, 
por el hecho, entre otras cosas, de la presencia activa de 
un representante del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 
No obstante, es cierto que en dicho país la coordinación 
entre ONG no alcanzó un nivel satisfactorio. Pero, bajo el 
impulso de la delegación, la situación mejoró sensible­
mente, hasta tal punto que el sistema de coordinación 
instaurado constituye hoy en día un modelo en su género. 
Control y seguimiento de la ayuda 
Control y seguimiento de la gestión 
102. En lo que se refiere al proyecto de 10,65 Mió ECU, 
sólo falta el informe de la liga de sociedades de Cruz Roja 
(120 000 ECU), aunque ésta haya remitido ya su informe 
general de situación en Malí. 
103. (a) Véase apartado 83 (b). 
(b) El abastecimiento de agua de la ciudad de Atar 
(395 000 ECU), que fue objeto de anteriores solicitudes en 
el marco del programa indicativo, se había convertido en 
un problema vital para sus habitantes durante la sequía de 
1984/1985. Aunque, efectivamente, gracias a la financia­
ción de los microproyectos, se llevó a cabo el acondiciona­
miento de los pozos, la cuestión del transporte del agua, 
tan o más necesaria que el transporte de otro tipo de 
socorros para salvaguardar la vida de la población, no se 
había resuelto (recorrido de 18 km). En febrero de 1986, el 
Gobierno mauritano remitió a la delegación el estado de los ingresos de la contribución en los gastos de transporte 
de la población menos necesitada. En dicha época, se 
decidió gestionar dichos fondos a igual título que los 
demás fondos de contrapartida, al no estar ya justificada 
la urgencia. 
(c) En el caso del proyecto UNICEF de abastecimiento 
de agua (1 Mió ECU), ya que la contratación de 
suministro y equipo iba a requerir algún tiempo, y para 
acelerar el proceso de realización, se decidió que en la 
ejecución del proyecto se utilizarían las existencias del 
UNICEF ya en Etiopía y que en consecuencia la 
contribución de la Comunidad se utilizaría para reponer 
dichas existencias. 
104. (a) El único pago realizado por esta operación lo 
fue cuando la Comisión aceptó un informe final del 
ACNUR, incluida la aceptación del cambio en la 
utilización de dichos fondos, tras lo cual el proyecto fue 
cerrado inmediatamente. 
La Comisión reconoce la necesidad de flexibilidad en la 
ejecución de la ayuda de urgencia a la vista de las 
exigencias y prioridades cambiantes, pero estipula que 
cualquier cambio esté sujeto a un previo acuerdo con 
respecto al mismo. La cuestión del cambio en la 
utilización de los fondos comunitarios sin el previo 
acuerdo de la Comunidad fue justificada en el contexto de 
dicho proyecto por el ACNUR, el cual emprendió 
adoptar todo tipo de medidas para prevenir dicho tipo de 
deficiencias en el futuro. En este caso particular, dado que 
los otros financiadores también habrían contribuido a 
este programa de refugiados a través del ACNUR, es 
probable que se suministrasen artículos de ayuda en 
metálico o en especie a partir de otras fuentes y que 
consiguientemente se solicitara que la Comisión financia­
se los gastos de transporte que no quedaban cubiertos. 
(b) Como consecuencia de la decisión de la Comisión, 
la Comisión Nacional Somalí de Refugiados solicitó que 
se modificase la intervención de la Comisión. En 
consecuencia se celebró un acuerdo entre el Gobierno 
somalí, el ACNUR y el Comité Europeo de ayuda a los 
refugiados (CEAR) (asociado de la Comunidad para la 
realización del proyecto) por el que se modificó la 
naturaleza de esta operación (450 000 ECU), lo que 
resultó aceptable para la Comisión. 
105. Las seis respuestas recibidas mientras tanto se 
remitieron al Tribunal en julio de 1988 al mismo tiempo 
que se han reclamado las dos respuestas que faltan por 
obtener. 
Control de los pagos 
106. (a) En materia de ayuda de urgencia, los pagos se 
efectúan ya sea en los ACP en moneda local ya sea en 
12. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 313 
Bruselas en divisas. A partir del momento en que se 
contabiliza una operación, se envía copia de la nueva 
situación contable con los contravalores en ECU a la 
delegación interesada. 
(b) Es cierto que, hasta la recepción de la ficha contable 
en la que se da cuenta de una operación, sólo se conoce un 
porcentaje aproximado provisional del contravalor de 
ésta en ECU. 
(c) En ocasiones, para acelerar la entrega de las 
medidas de urgencia, Bruselas paga a petición de las 
delegaciones, las cuales conservan los documentos 
justificantes que de esta manera pueden controlarse 
in situ. 
107. (a) Las discordancias señaladas por el Tribunal 
son actualmente objeto de investigación por parte de la 
Comisión. 
(b) Sólo existe una cifra contable de los pagos 
correspondientes a la operación mencionada por el Tribunal en Mauritania, a saber 455 632,53 ECU, siendo 
solamente provisionales los asientos de la delegación. 
Cierre de las cuentas de los proyectos y utilización 
de los créditos restantes 
108- 110. La Comisión es consciente por entero de la 
importancia contable de los cierres. En la gran mayoría de 
casos señalados por el Tribunal, si no se había procedido 
aún al cierre formal, por lo menos había habido gasto 
completo, es decir sin remanentes que pudieran ser objeto 
de reasignación a la dotación especial. Por lo demás, ésta 
nunca ha sido insuficiente puesto que a la expiración de 
Lomé II quedaban 9 Mió ECU. 
Tercer Convenio de Lomé 
111. Los créditos no utilizados se asignarán a la 
dotación especial a su debido tiempo. Ésta ascendía a 
175 Mío ECU a finales de 1985 frente a los 210 Mió ECU 
previstos en el artículo 205 de Lomé III.