REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2239 DE LA COMISIÓN

de 15 de diciembre de 2021

por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinadas torres eólicas industriales de acero originarias de la República Popular China

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (1), y en particular su artículo 9, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO

1.1. Inicio

(1) El 21 de octubre de 2020, la Comisión Europea («Comisión») inició una investigación antidumping relativa a las importaciones de determinadas torres eólicas de acero («producto investigado») originarias de la República Popular China («país afectado» o «China»), con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/1036 («Reglamento de base»). La Comisión publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (2) («anuncio de inicio»).

(2) La Comisión inició la investigación a raíz de una denuncia presentada el 9 de septiembre de 2020 por la European Wind Tower Association (asociación europea de torres eólicas) («denunciante» o «EWTA») en nombre de la industria de la Unión de torres eólicas de acero, en el sentido del artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base. La denuncia incluía elementos de prueba del dumping y del consiguiente perjuicio importante, que se consideraron suficientes para justificar el inicio de la investigación.

1.2. Partes interesadas y observaciones sobre el inicio

(3) En el anuncio de inicio, la Comisión invitó a las partes interesadas a ponerse en contacto con ella para participar en la investigación. También informó específicamente al denunciante, a otros productores de la Unión conocidos, a los productores exportadores conocidos, a las autoridades chinas y a los usuarios e importadores conocidos acerca del inicio de la investigación, y les invitó a participar.

(4) Se dio a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la investigación y de solicitar una audiencia con la Comisión o con el Consejero Auditor en los procedimientos comerciales. La Comisión celebró audiencias con tres usuarios en marzo de 2021.

(5) En sus observaciones sobre el inicio, la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos («CCCME»), una organización de la industria china, alegó que el denunciante no había facilitado un resumen significativo de la información confidencial utilizada en la denuncia, en particular por lo que se refiere a los anexos 2.1 a 2.4 de la denuncia. Según la CCCME, el uso excesivo de datos confidenciales impidió a esta parte comprender la situación durante el período de investigación. La parte reiteró estas alegaciones en sus observaciones y en su audiencia tras la fase provisional.

(6) La Comisión observó que, en los anexos correspondientes, el denunciante únicamente señaló como confidencial la información específica de las empresas, como el volumen de negocios, el beneficio, la producción y el volumen de ventas de cada una de las empresas que facilitaron sus datos para preparar la denuncia. En la versión no confidencial de la denuncia se reflejaron las cifras agregadas de cada indicador. Contrariamente a lo que sostiene la CCCME, la información que contenía la versión no confidencial de la denuncia era, por tanto, suficiente para que esta formulara observaciones detalladas sobre el cálculo del margen de perjuicio en la denuncia. La propia EWTA también alegó, en respuesta a las observaciones de la CCCME, que era contrario al interés de los productores de la Unión proporcionar información detallada sobre sus resultados individuales, aun cuando estuvieran indizados, durante el período considerado (3). Por consiguiente, la Comisión rechazó la alegación.

1.3. Muestreo

(7) En su anuncio de inicio, la Comisión indicó que podría realizar un muestreo de las partes interesadas con arreglo al artículo 17 del Reglamento de base.

1.3.1. Muestreo de los productores de la Unión

(8) En su anuncio de inicio, la Comisión indicó que había seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. La Comisión seleccionó la muestra sobre la base de la producción y los volúmenes de ventas en la UE comunicados por los productores de la Unión en el contexto del análisis previo a la evaluación de inicio, teniendo en cuenta también su ubicación geográfica. Esta muestra estaba compuesta por tres productores de la Unión, situados en dos Estados miembros distintos, que representaban en torno al 38 % de las ventas y el volumen de producción del producto similar estimados en la Unión durante la fase inicial. La Comisión invitó a las partes interesadas a que formularan observaciones sobre la muestra provisional. Ninguna de las partes lo hizo.

(9) Por tanto, se consideró que la muestra provisional compuesta por tres productores de la Unión era representativa de la industria de la Unión y se confirmó como muestra final.

(10) La CCCME y la asociación para la energía eólica en Europa WindEurope cuestionaron la representatividad de los denunciantes mucho después de concluir el plazo para presentar observaciones sobre la muestra de productores de la Unión. Las observaciones formuladas por ambas partes no podrían haber alterado la decisión sobre la muestra de productores de la Unión y se desestimaron.

1.3.2. Muestreo de los importadores

(11) Al iniciarse la investigación, una parte que presuntamente constituía un importador no vinculado proporcionó la información especificada en el anuncio de inicio y accedió a formar parte de la muestra. Esa parte resultó pertenecer a un grupo cuyos intereses principales equivalen a los de un usuario de torres eólicas de acero, por lo que la Comisión concluyó que no era necesario un muestreo. No se formularon observaciones respecto de esta decisión.

1.3.3. Muestreo de productores exportadores de China

(12) Para decidir si era necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a todos los productores exportadores conocidos de China que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio. Además, la Comisión pidió a la Representación de la República Popular China ante la Unión Europea que señalara si había otros productores exportadores que pudieran estar interesados en participar en la investigación o se pusiera en contacto con ellos.

(13) Siete productores del país afectado facilitaron la información solicitada y accedieron a formar parte de la muestra. Solo seis de ellos exportaron torres eólicas de acero a la Unión durante el período de investigación. De conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Reglamento de base, la Comisión seleccionó una muestra de tres productores exportadores basándose en el mayor volumen representativo de exportaciones a la Unión que podía razonablemente investigarse en el tiempo disponible. La muestra provisional estaba compuesta por las empresas Chengxi Shipyard Co., Ltd («Chengxi Shipyard»), CS WIND China Co., Ltd («CS Wind»), y Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd («Suzhou Titan»). De conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó sobre la selección de la muestra a todos los productores exportadores conocidos afectados y a las autoridades del país afectado.

(14) Un productor exportador cooperante formuló observaciones sobre la selección de la muestra provisional. La empresa Penglai Dajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd («Penglai Dajin») solicitó que se la incluyera en la muestra y alegó que la muestra provisional no era representativa por varios motivos. En primer lugar, la empresa sostuvo que la muestra no era representativa desde el punto de vista geográfico, ya que todas las empresas incluidas en ella se situaban en la provincia de Jiangsu. En segundo lugar, Penglai Dajin señaló que una de las empresas incluidas en la muestra es de propiedad estatal y otra es una filial de una empresa extranjera. En tercer lugar, la empresa alegó que, a diferencia de algunos de los productores exportadores incluidos en la muestra con una compleja estructura de grupo, esta podía ser investigada razonablemente en el tiempo disponible. Por último, Penglai Dajin alegó que dos de los productores exportadores incluidos en la muestra no eran representativos de su producción, dado que únicamente producían torres de acero de diámetro grande.

(15) La Comisión señaló que, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de base, la muestra provisional incluía empresas con el mayor volumen representativo de producción, ventas o exportación que podía razonablemente investigarse en el tiempo disponible. Además, Penglai Dajin no adujo ninguna razón convincente por la que reemplazar a cualquiera de los productores exportadores incluidos provisionalmente en la muestra. Por consiguiente, la Comisión rechazó la solicitud de Penglai Dajin y confirmó la muestra.

(16) Poco después, uno de los productores exportadores incluidos en la muestra, la empresa CS Wind, renunció a cooperar. La Comisión tomó nota de esta decisión e informó a la empresa de su intención de determinar cualquier posible derecho antidumping aplicable a esta empresa conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de base. Asimismo, la Comisión informó de la situación a la Representación de la República Popular China.

(17) Posteriormente, la Comisión completó la muestra de productores exportadores mediante la incorporación de la empresa Penglai Dajin, que era la siguiente empresa, de entre las que cooperaron, en términos de volumen de exportaciones y podía razonablemente investigarse teniendo en cuenta los plazos.

1.4. Examen individual

(18) En un principio, cuatro productores exportadores chinos que remitieron el formulario de muestreo solicitaron un examen individual con arreglo al artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base. El día de inicio de la investigación, la Comisión publicó los cuestionarios en línea (4). Al anunciar la muestra, la Comisión comunicó a los productores exportadores no incluidos en la muestra que estaban obligados a responder al cuestionario si deseaban ser examinados de forma individual. Sin embargo, ninguna de las empresas lo hizo. Por lo tanto, no se concedió ningún examen individual.

1.5. Respuestas a los cuestionarios

(19) La Comisión remitió al Gobierno de la República Popular China («autoridades chinas») un cuestionario sobre la existencia en su país de distorsiones significativas a tenor del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base.

(20) La Comisión publicó en línea (5) los cuestionarios para los productores de la Unión, los importadores no vinculados, los usuarios y los productores exportadores el día de inicio de la investigación. A las partes interesadas se les informó de la ubicación de los cuestionarios en el anuncio de inicio, así como en el momento en que la Comisión anunció la muestra o su decisión de descartar el muestreo.

(21) Se recibieron respuestas al cuestionario de los tres productores exportadores incluidos en la muestra, de tres productores de la Unión incluidos en la muestra y de dos usuarios. No se obtuvo respuesta de las autoridades chinas. Posteriormente, la Comisión informó a estas últimas de su intención de aplicar el artículo 18 del Reglamento de base respecto a cualquier posible constatación de la existencia de distorsiones significativas.

(22) A la vista de la actual pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento adoptadas por diversos Estados miembros, así como por varios terceros países, la Comisión no pudo realizar sus inspecciones in situ con arreglo al artículo 16 del Reglamento de base. En su lugar, la Comisión realizó verificaciones a distancia de la información enviada por las partes de conformidad con su Comunicación sobre las consecuencias del brote de COVID-19 para las investigaciones antidumping y antisubvenciones (6).

(23) La Comisión recabó toda la información que consideró necesaria para determinar el dumping, el perjuicio resultante y el interés de la Unión. En este sentido, la Comisión llevó a cabo verificaciones a distancia de las siguientes empresas/partes: Productores de la Unión y su asociación: — GRI Renewable Industries S.L., Madrid, España, — Welcon A/S, Give, Dinamarca, — Windar Renovables S.L, Avilés, España, — EWTA, Bruselas, Bélgica. Usuarios: — GE Wind Energy GmbH, Salzbergen, Alemania («GE»), — Vestas Wind Systems A/S, Aarhus N, Dinamarca, y empresas vinculadas («Vestas»). Productores exportadores de China: — Chengxi Shipyard Co., Ltd, ciudad de Jiangyin y su productor nacional vinculado CSSC Guangxi Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd, ciudad de Qinzhou, — Penglai Dajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd, Penglai y su productor nacional vinculado Liaoning Dajin Heavy Industry Corporation, Fuxin, — Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd, ciudad de Taicang y sus productores nacionales vinculados Baotou Titan Wind Power Energy Equipment Co., Ltd, Zona de Alta Tecnología en el ámbito de las Tierras Raras de Baotou y Heze Titan New Energy Equipment Co., Ltd, ciudad de Heze.

1.6. Período de investigación y período considerado

(24) La investigación sobre el dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020 («período de investigación»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el final del período de investigación («período considerado»).

1.7. No imposición de medidas provisionales

(25) De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de base, el plazo para la imposición de medidas provisionales concluía el 18 de junio de 2021. El 21 de mayo de 2021, con arreglo a lo previsto en el artículo 19 bis, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión informó a las partes interesadas de su intención de no imponer medidas provisionales.

(26) El 18 de junio de 2021, la Comisión confirmó su decisión de no imponer medidas provisionales y ofreció a las partes interesadas la oportunidad de presentar información adicional o de ser oídas. La CCCME solicitó una audiencia y envió observaciones. Las observaciones y alegaciones presentadas durante la audiencia y en la documentación enviada se abordan adecuadamente en las secciones correspondientes del presente Reglamento.

(27) Puesto que no se impusieron medidas antidumping provisionales, no se llevó a cabo ningún registro de las importaciones.

1.8. Procedimiento posterior

(28) La Comisión siguió solicitando y verificando toda la información que consideró necesaria para formular sus conclusiones definitivas. Para extraer dichas conclusiones, esta tuvo en cuenta las observaciones presentadas por las partes interesadas.

(29) La Comisión informó a todas las partes interesadas de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales tenía la intención de imponer un derecho antidumping definitivo a las importaciones de torres eólicas de acero originarias de China («divulgación final»). Se concedió un plazo a todas las partes para formular observaciones en relación con la divulgación final.

(30) También se concedió audiencia a las partes que lo solicitaron. El 23 de septiembre de 2021, se celebró una audiencia con la EWTA. El 27 de septiembre de 2021, se celebraron audiencias con la CCCME y Suzhou Titan.

(31) Tras la divulgación final y durante la citada audiencia con los servicios de la Comisión, la CCCME reiteró su alegación, resumida en el considerando 5, según la cual la EWTA había recurrido en exceso a información confidencial. Esta alegación no se refería únicamente a la información facilitada en la denuncia, sino también a la información proporcionada a las partes interesadas tras la divulgación final. En cuanto a esta última, la CCCME y Suzhou Titan constataron en particular que la divulgación de los cálculos de la subvalorización facilitada a los productores exportadores carecía de suficiente nivel de detalle por lo que respecta al cálculo del precio indicativo. Chengxi Shipyard formuló observaciones similares tras la divulgación final. La Comisión revisó los datos divulgados y, si bien los precios indicativos exactos por tipo de producto de la industria de la Unión no podían facilitarse por motivos de confidencialidad, ese mismo día entregó a los tres productores exportadores incluidos en la muestra una comunicación complementaria sobre los cálculos de la subcotización y la subvalorización.

(32) No obstante lo anterior, la CCCME y Suzhou Titan solicitaron la intervención del Consejero Auditor en vista de que i) consideraban que la Comisión debía comprobar mejor determinados datos de la industria de la Unión (aspecto que se trata en el considerando 307), ii) deseaban conocer la opinión del Consejero Auditor respecto a la fuente de la que se había servido la Comisión para determinar los precios de importación chinos de las torres eólicas de acero (aspecto tratado en los considerandos 317 y 318), iii) se habían constatado discrepancias al comparar entre sí tres documentos enviados por el denunciante (aspecto tratado en los considerandos 306 y 307), y iv) existían diferencias significativas entre los márgenes de dumping y de perjuicio (aspecto tratado en los considerandos 292 a 295). El 14 de octubre de 2021 se celebró una audiencia con el Consejero Auditor, durante la cual la Comisión aclaró estas cuestiones. El Consejero Auditor llegó a la conclusión de que no se había vulnerado el derecho de defensa.

(33) Tras la divulgación final, la EWTA alegó que en la investigación habían surgido problemas de procedimiento que habían vulnerado el derecho de defensa de los denunciantes y su capacidad de evaluar y abordar los documentos enviados por los exportadores chinos y los usuarios. Según la EWTA, a lo largo de la investigación, los exportadores chinos y otras partes interesadas habían utilizado en exceso información confidencial y, además, no habían facilitado de manera sistemática resúmenes significativos de la información confidencial enviada. Esto había impedido a los denunciantes evaluar y formular observaciones significativas sobre los datos y las alegaciones pertinentes, vulnerando de este modo su derecho de defensa.

(34) La Comisión rechazó la alegación, pues no se había justificado en mayor medida. Además, esta señaló que toda la información facilitada en un formato delicado se había presentado igualmente para incluirla en el expediente abierto, siempre y cuando su divulgación no perjudicara a los intereses de confidencialidad de la parte que la había proporcionado.

(35) Las observaciones presentadas por las partes interesadas fueron consideradas y se han tenido en cuenta, en su caso, en el presente Reglamento.

(36) Tras la divulgación final, varias partes sostuvieron que la Comisión debía suspender las medidas con arreglo al artículo 14, apartado 4, del Reglamento de base. Los denunciantes y varios productores de la Unión se opusieron a toda suspensión de las medidas. La Comisión confirmó la recepción de la información facilitada por estas partes y les recordó que, si lo estimaba conveniente, podía decidir suspender las medidas en caso de que las condiciones del mercado experimentasen un cambio temporal en grado tal que el perjuicio tuviese escasas posibilidades de volverse a producir como consecuencia de la suspensión, y siempre y cuando ello redundase en el interés de la Unión.

2. PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

2.1. Producto afectado

(37) Tras revisar la descripción del producto publicada en el anuncio de inicio, y con objeto de evitar cualquier malentendido para las autoridades aduaneras nacionales, la Comisión estimó conveniente modificar ligeramente dicha descripción. Los cambios no requirieron una modificación del anuncio ni afectaron a las partes interesadas en el procedimiento. Dichos cambios se marcan en cursiva a continuación.

(38) El producto afectado consiste en determinadas torres eólicas industriales de acero —de forma cónica o no, y sus partes (7), ensambladas o no, con o sin sección de fundación de torre, unidas o no a las góndolas o palas del rotor— diseñadas para soportar la góndola y las palas del rotor utilizadas en aerogeneradores con una capacidad para generar energía eléctrica, ya sea en tierra o en alta mar, igual o superior a 1,00 megavatios (MW), y con una altura mínima de 50 metros, medida desde la base de la torre hasta la base de la góndola (es decir, el punto de unión de la torre con la góndola) una vez ensambladas por completo («torres eólicas de acero»), originarias de China, actualmente clasificadas en los códigos NC ex 7308 20 00 (código TARIC 7308200011) y ex 7308 90 98 (código TARIC 7308909811) y, cuando se importan como parte de un aerogenerador, actualmente clasificadas en el código NC ex 8502 31 00 (códigos TARIC 8502310011 y 8502310085) («producto afectado»).

2.2. Producto similar

(39) La investigación puso de manifiesto que los productos que figuran a continuación presentan las mismas características físicas y técnicas básicas y se destinan a los mismos usos básicos: — el producto afectado, — el producto fabricado y vendido en el mercado interno de China, y — el producto fabricado y vendido en la Unión por la industria de la Unión.

(40) Por consiguiente, la Comisión decidió que esos productos son productos similares a tenor del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base.

2.3. Alegaciones relativas a la definición del producto

(41) Vestas solicitó la exclusión de las torres eólicas de acero de mayores dimensiones habida cuenta de que la industria de la Unión tiene capacidad para fabricar principalmente torres más pequeñas (8).

(42) La Comisión consideró que los motivos de esta solicitud carecían de fundamento, porque, en su conjunto, la industria de la Unión tiene capacidad para producir todos los tamaños necesarios de torres eólicas de acero, aun cuando no todos los productores de la Unión las fabriquen con las mismas dimensiones. La Comisión constató además que todas las torres eólicas de acero, con independencia de su tamaño o punto de importación, comparten las mismas particularidades por lo que respecta a características físicas y técnicas básicas, usos finales e intercambiabilidad. La Comisión, por lo tanto, rechazó la solicitud de exclusión.

(43) La CCCME argumentó que, debido a la diversidad que abarca la definición del producto, el producto fabricado y vendido en el mercado interno de China y el producto fabricado y vendido en la UE por la industria de la Unión no podían considerarse productos similares. Tras la divulgación final, la CCCME solicitó que se redujera la definición del producto debido a que en la Unión existen normativas y subvenciones distintas para las torres altas y para las bajas, y a que se prevé un aumento de la altura de las torres eólicas de acero. La CCCME no facilitó pruebas de qué modelos de torres debían excluirse ni de las características técnicas de las torres que, en su opinión, debían excluirse.

(44) La anterior alegación se rechaza. La Comisión señaló que, dentro de un mismo grupo de productos, es natural que existan distintos modelos o tipos. Al calcular la subcotización, la subvalorización y el dumping, el número de control del producto («NCP») tiene plenamente en cuenta esta diversidad que presenta el producto y toda diferencia resultante en el coste de producción y los precios. Como se menciona en la sección 2.2, la Comisión constató que todas las torres eólicas de acero comparten las mismas particularidades por lo que respecta a características físicas y técnicas básicas, usos finales e intercambiabilidad, particularidades que constituyen los factores pertinentes a la hora de determinar el producto afectado.

3. DUMPING

3.1. Procedimiento para la determinación del valor normal con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base

(45) En vista de que se disponía de elementos de prueba suficientes al inicio de la investigación que apuntaban a la existencia de distorsiones significativas a tenor del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base respecto a China, la Comisión consideró que procedía iniciar la investigación teniendo en cuenta el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(46) Por consiguiente, a fin de recabar los datos necesarios para la posible aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, la Comisión invitó en el anuncio de inicio a todos los productores exportadores chinos a que facilitaran información en relación con los insumos utilizados para fabricar torres eólicas de acero. Cinco productores exportadores presentaron la información pertinente.

(47) A fin de obtener la información que consideró necesaria para su investigación en relación con las supuestas distorsiones significativas, la Comisión envió un cuestionario a las autoridades chinas. Además, en el punto 5.3.2 del anuncio de inicio, la Comisión invitó a todas las partes interesadas a exponer sus puntos de vista, facilitar información y aportar pruebas justificativas con respecto a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de publicación del anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las autoridades chinas no enviaron ninguna respuesta al cuestionario dentro del plazo previsto. Posteriormente, la Comisión informó a las autoridades chinas de que utilizaría los datos disponibles a tenor del artículo 18 del Reglamento de base para determinar la existencia de distorsiones significativas en China.

(48) Los productores exportadores Chengxi Shipyard y Suzhou Titan, así como la organización industrial CCCME, formularon observaciones sobre la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base en los documentos que enviaron en respuesta a la primera nota sobre las fuentes para la determinación del valor normal, de 1 de diciembre de 2020. Estos reiteraron sus alegaciones en los documentos que enviaron en respuesta a la segunda nota sobre las fuentes para la determinación del valor normal, de 8 de abril de 2021. Dichas observaciones se tratan debidamente en la sección 3.2.1 del presente Reglamento.

(49) En el anuncio de inicio, la Comisión también especificó que, a la vista de las pruebas disponibles, tal vez fuera necesario seleccionar un país representativo adecuado con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base a fin de determinar el valor normal a partir de precios o valores de referencia no distorsionados.

(50) El 1 de diciembre de 2020, la Comisión informó a las partes interesadas mediante una nota («primera nota») (9) de las fuentes pertinentes que tenía previsto utilizar para determinar el valor normal. En dicha nota, la Comisión facilitó una lista de todos los factores de producción, como las materias primas, la mano de obra y la energía, utilizados en la fabricación del producto afectado. Además, sobre la base de los criterios que rigen la elección de precios o valores de referencia no distorsionados, la Comisión localizó una serie de posibles países representativos, a saber, México, Sudáfrica y Turquía. La Comisión recibió observaciones sobre la primera nota formuladas por los dos productores exportadores incluidos en la muestra Chengxi Shipyard (10) y Suzhou Titan (11), la CCCME (12) y el usuario Vestas (13). Estas observaciones se abordaron en la segunda nota sobre las fuentes para la determinación del valor normal y se resumen asimismo en la sección 3.2.2 del presente Reglamento.

(51) El 8 de abril de 2021, la Comisión informó a las partes interesadas, mediante una segunda nota («segunda nota») (14) sobre las fuentes pertinentes que tenía previsto utilizar para determinar el valor normal, de que había seleccionado a México como el país representativo más adecuado. Asimismo, informó a las partes interesadas de que determinaría los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios a partir de la información disponible sobre las empresas Arcosa Industries de México, S. de R.L. de C.V. y Speco Wind Power, S.A. de C.V., productores del país representativo. La Comisión recibió observaciones de Chengxi Shipyard (15), Suzhou Titan (16) y la CCCME (17) relativas a la segunda nota. Dichas observaciones se tratan en la sección 3.2.2 del presente Reglamento.

3.2. Valor normal

3.2.1. Existencia de distorsiones significativas

(52) En recientes investigaciones relativas al sector siderúrgico de China (18), teniendo en cuenta que el acero es el principal factor de producción de las torres eólicas, la Comisión constató la existencia de distorsiones significativas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base. La Comisión concluyó en la presente investigación que, con arreglo a las pruebas disponibles, la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, también era apropiada.

(53) En estas investigaciones, la Comisión constató que existe una intervención sustancial de los poderes públicos en China que da lugar a una alteración de la asignación efectiva de recursos en consonancia con los principios del mercado (19). En particular, la Comisión concluyó que el sector del acero, que es la principal materia prima para fabricar el producto objeto de reconsideración, no solo sigue estando en gran medida en manos de las autoridades chinas, en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), primer guion, del Reglamento de base (20), sino que estas últimas también están en condiciones de interferir en los precios y los costes gracias a la presencia del Estado en las empresas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), segundo guion, del Reglamento de base (21). La Comisión también constató que la presencia e intervención del Estado en los mercados financieros, así como en el suministro de materias primas e insumos, tienen un efecto distorsionador adicional en el mercado. En efecto, por lo general, el sistema de planificación de China hace que los recursos se concentren en los sectores que las autoridades chinas consideran estratégicos o políticamente importantes, en lugar de asignarse en consonancia con las fuerzas del mercado (22). Además, la Comisión llegó a la conclusión de que las leyes en materia de concurso de acreedores y propiedad de China no funcionan de manera adecuada, en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), cuarto guion, del Reglamento de base, lo que genera distorsiones, en particular a la hora de mantener a flote las empresas insolventes y asignar los derechos de uso del suelo en el país (23). En la misma línea, la Comisión constató distorsiones de los costes salariales en el sector siderúrgico en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), quinto guion, del Reglamento de base (24), así como distorsiones en los mercados financieros en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), sexto guion, del Reglamento de base, en particular en lo que se refiere al acceso al capital por parte del sector empresarial de China (25).

(54) La denuncia contenía información sobre las distorsiones en el sector siderúrgico, y en particular sobre el Decimotercer Plan Quinquenal para el Acero y el trato preferente dado a las empresas que operan en la industria del acero. Además, la denuncia facilitaba una extensa lista de empresas públicas que fabrican torres eólicas de acero, entre las que figuran los siguientes fabricantes chinos de equipo original («OEM»): China Shipbuilding Industry Corporation, Dongfang Electric Corporation, Xinjiang Goldwind (si bien no es una empresa pública, es propiedad del Estado en buena medida), Shanghai Electric (que cotiza en Hong Kong y Shanghái, y es de propiedad estatal en un 63 %), Dalian Huarui Heavy Industry, Taiyuan Heavy Machinery Group Co., Ltd, Guodian United Power Technology Company Limited, XEMC Windpower (con una participación mayoritaria de la Provincia de Hunan y las acciones restantes cotizadas en la Bolsa de Valores de Shanghái), China Datang Corporation, y la empresa insolvente Baoding Tianwei Baobian Electric Co. La denuncia citaba también a Envision Energy, que pese a ser una empresa privada, un banco de propiedad estatal le concedió una línea de crédito de 50 millones de yuanes renminbi (CNY).

(55) Asimismo, además de los OEM arriba citados, la denuncia también mencionaba a los siguientes productores chinos de torres eólicas: Chengxi Shipyard Co., Ltd, una sociedad de cartera filial de China State Shipbuilding Corporation y China CSSC Holdings Limited (ambas empresas públicas); Beijing JINGCHENG New Energy Co., Ltd, filial de la empresa pública Beijing JINGCHENG Machinery Electric Holding Co., Ltd; Zhonghang Hongbo Windpower Equipment Co., Ltd, uno de los socios estratégicos de AVIC, la mayor empresa pública aeroespacial y de defensa de China; China Gezhouba Group Corporation (una empresa pública); Harbin Hongguang Boiler Group Co., Ltd (una empresa de alta tecnología a nivel estatal); Jiangsu Baolong Electromechanical Manufacturing Co., Ltd, una de las principales empresas líderes de Liyang, que fusionó dos antiguas empresas públicas; y HuaDian Heavy Industries Co., Ltd, con una participación mayoritaria propiedad de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de China.

(56) Por otro lado, la denuncia hacía alusión a la investigación llevada a cabo por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de dos empresas chinas (CS Wind y Titan Wind) (26), que descubrió, al menos, las siguientes políticas públicas en beneficio directo del sector de la producción: préstamos en apoyo de políticas para la industria de las energías renovables, créditos a compradores exportadores, Programa «Dos Exentos, Tres al 50 %» para las Empresas con Inversión Extranjera, ventajas en relación con el impuesto de sociedades para las empresas con inversión extranjera según su ubicación geográfica, Ley del Impuesto de Sociedades, Programa de Investigación y Desarrollo, exenciones del IVA y los aranceles de importación por la utilización de equipos importados, suministro de acero laminado en caliente, suministro de electricidad a cambio de una remuneración inferior a la adecuada, fondos de apoyo a la construcción de infraestructuras de proyectos proporcionados por la Comisión Administrativa de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Lianyungang, la concesión por el buen cumplimiento del pago de impuestos, la concesión a la ciudad de Taicang para el apoyo a la cotización pública de empresas, las concesiones a la ciudad de Taicang para la promoción del desarrollo de la economía industrial durante el trienio de 2010 a 2012, fondos especiales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la concesión a Titan Baotou para la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología Nueva en el ámbito de las Tierras Raras para Proyectos de Excelencia en la Construcción.

(57) Durante la presente investigación, la Comisión examinó si procedía o no utilizar los precios y costes internos de China, debido a la existencia de distorsiones significativas a tenor del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base. Para ello, tomó como base las pruebas disponibles en el expediente, incluidas aquellas contenidas en el informe por países relativo a China («Informe») (27), que proceden de fuentes de acceso público. Este análisis abarcó el examen de las intervenciones sustanciales de los poderes públicos en la economía de China en general, así como de la situación específica del mercado en el sector pertinente al que pertenece el producto afectado. La Comisión completó estos elementos probatorios con sus propias investigaciones sobre los diferentes criterios pertinentes para confirmar la existencia de distorsiones significativas en China.

(58) En cuanto a la medida en que las empresas son propiedad de las autoridades chinas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), primer guion, del Reglamento de base, no se dispone de datos pormenorizados sobre el porcentaje exacto de empresas públicas y de productores de torres eólicas de propiedad privada; sin embargo, algunos de los grandes productores chinos de torres eólicas, entre ellos Chengxi Shipyard y Fuchuan Yifan, son empresas públicas.

(59) El sector del acero, que es el principal factor de producción de las torres eólicas, sigue estando en gran medida en manos de las autoridades chinas. Si bien se calcula que la división nominal entre el número de empresas públicas y el número de empresas privadas está prácticamente equilibrada, de los cinco productores chinos de acero clasificados entre los diez principales productores de acero del mundo, cuatro son empresas públicas (28). Al mismo tiempo, mientras que los diez principales productores solo generaron alrededor del 36 % de la producción total de la industria en 2016, ese mismo año las autoridades chinas establecieron el objetivo de consolidar entre el 60 y el 70 % de la producción de acero en torno a diez grandes empresas de aquí a 2025 (29). En abril de 2019, las autoridades chinas insistieron en esta intención y anunciaron la publicación de unas directrices sobre la consolidación de la industria del acero (30). Esta consolidación puede dar lugar a fusiones forzosas de empresas privadas rentables con empresas públicas con un rendimiento insuficiente (31).

(60) Además, en el sector del acero, muchos de los mayores productores se citan específicamente en el «Plan de ajuste y modernización de la industria siderúrgica para 2016-2020». Por ejemplo, la empresa pública china Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co., Ltd («TISCO») menciona en su sitio web que es «un gigante siderúrgico» que «se ha convertido en un complejo siderúrgico extraordinario a gran escala, que está integrado en la industria minera del hierro y en la producción, transformación, entrega y comercialización del hierro y el acero» (32). Baosteel es otra importante empresa pública china que se dedica a la fabricación de acero y forma parte del recientemente consolidado grupo China Baowu Steel Group Co., Ltd (anteriormente, Baosteel Group y Wuhan Iron & Steel) (33).

(61) Al existir cierto nivel de intervención de los poderes públicos en la industria de las torres eólicas y una elevada proporción de empresas públicas en dicho sector y en el del acero, se impide incluso a los productores de propiedad privada operar en condiciones de mercado. De hecho, tanto las empresas públicas como privadas del sector de las torres eólicas también están sujetas a supervisión y orientación estratégicas, tal como se expone en los considerandos 67 a 74.

(62) En cuanto a si las autoridades chinas están en condiciones de interferir en los precios y los costes a través de la presencia del Estado en las empresas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), segundo guion, del Reglamento de base, los siguientes ejemplos ilustran la citada tendencia de una creciente intervención de las autoridades chinas a través de la presencia del Estado en los operadores económicos del sector de las torres eólicas. Muchos de los productores de torres eólicas destacan explícitamente las actividades de fomento del Partido en sus sitios web, cuentan con miembros del Partido en la dirección de la empresa y subrayan su afiliación al PCC. La investigación reveló actividades de fomento del Partido en una serie de productores de torres eólicas, entre ellos el productor exportador Chengxi Shipyard, incluido en la muestra. Según los estatutos de CSSC Holdings Limited, que posee el 100 % de las acciones de Chengxi Shipyard, la función del Comité del Partido es la siguiente: «Supervisar y garantizar la aplicación efectiva de las políticas del Partido y del Estado en la empresa [...]. Ateniéndose al principio de la estructura gestionada por el Partido, en combinación con el principio de gestión operativa de los miembros del Consejo de Administración seleccionados de conformidad con la legislación, así como el principio de aplicación de los derechos humanos por parte de los directores operativos de conformidad con la legislación, la organización del Partido garantiza acuerdos previos y ofrece opiniones y sugerencias respecto a los candidatos a miembro del Consejo de Administración o a acceder al nivel de director ejecutivo o, tras realizar una exhaustiva investigación, ofrece opiniones y sugerencias al Consejo de Administración y al director general respecto a los candidatos existentes [...]. Investigar y debatir cuestiones relativas a la reforma, el desarrollo y la estabilidad de la empresa, así como a las operaciones importantes y la gestión [...]» (34).

(63) Además, en el caso de CS Wind, la investigación puso de manifiesto que se habían realizado esfuerzos para aumentar el número de miembros del Partido en la empresa: «La empresa con financiación extranjera CS Wind Power Equipment (Lianyungang) Co., Ltd cuenta con más de 150 empleados y solía incluir únicamente a cinco miembros del Partido. Gracias a la “integración del Partido y las masas”, ahora los miembros del Partido en la empresa han llegado a ser más de setenta» (35).

(64) Fuchuan Yifan describe la función del Comité del Partido de la siguiente manera: «Los miembros del Partido y el personal esencial de los distintos departamentos cooperan estrechamente, desempeñan plenamente el papel de ejemplo pionero, consolidan activamente los puntos fuertes efectivos de cada departamento, alientan al personal a perseguir la vanguardia y la excelencia, consideran los proyectos punteros como puntos de partida, se centran en la cohesión, superan las dificultades, y exhiben talentos y capacidades para garantizar el cumplimiento de un papel activo en términos de reducción de costes y mejora de la eficiencia de la empresa, aumento de los ingresos y recaudación de fondos, etc., así como para garantizar que cada proyecto se culmina debidamente en términos de calidad y cantidad» (36).

(65) Por otro lado, se detectaron actividades de fomento del Partido en el seno del productor exportador incluido en la muestra Penglai Dajin y de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment.

(66) Además, durante la investigación, la Comisión constató la existencia de vínculos personales entre los productores de torres eólicas y el PCC. La investigación reveló la presencia de miembros del PCC entre la alta dirección de una serie de empresas fabricantes de torres eólicas, entre ellas Chengxi Shipyard (el presidente del Consejo de Administración y el director general son miembros del PCC y, al mismo tiempo, desempeñan las funciones de secretario y secretario adjunto del Comité del Partido, respectivamente), Suzhou Titan (al menos un miembro del Consejo de Administración es miembro del PCC), Fuchuan Yifan (el presidente y el vicepresidente del Consejo de Administración son miembros del PCC y, al mismo tiempo, desempeñan las funciones de secretario y secretario adjunto del Comité del Partido, respectivamente) y Shanghai Taisheng Wind Power Equipment (el presidente del Consejo de Supervisión es miembro del PCC).

(67) Asimismo, en el sector de las torres eólicas se aplican políticas discriminatorias que favorecen a los productores nacionales o que influyen en el mercado, en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), tercer guion, del Reglamento de base.

(68) Las autoridades chinas consideran clave la industria del acero, que es el principal componente de las torres eólicas (37). Así se refleja en los numerosos planes, directrices y otros documentos centrados en el acero, que se emiten a nivel nacional, regional y municipal, como el «Plan de ajuste y modernización de la industria siderúrgica para 2016-2020». En dicho plan se afirma que la industria siderúrgica es «un sector importante, fundamental, de la economía china; una piedra angular nacional» (38). Las principales tareas y objetivos establecidos en dicho plan abarcan todos los aspectos del desarrollo de la industria (39).

(69) El Decimotercer Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social (40) prevé apoyar a las empresas que fabrican tipos de productos de acero de gama alta (41). También se centra en el logro de la calidad, durabilidad y fiabilidad de los productos apoyando a las empresas que utilizan tecnologías relacionadas con la producción de acero limpio, el laminado de precisión y la mejora de la calidad (42).

(70) En el Catálogo de directrices para la reestructuración de la industria (versión de 2011) (modificación de 2013) (43), el acero figura en la lista de industrias fomentadas.

(71) Las autoridades chinas también orientan el desarrollo del sector de conformidad con una amplia gama de instrumentos e instrucciones de índole política relacionados con los aspectos siguientes, entre otros: composición y reestructuración del mercado, materias primas, inversión, eliminación de capacidad, gama de productos, reubicación, mejora, etc. A través de estos y otros medios, las autoridades chinas dirigen y controlan prácticamente todos los aspectos del desarrollo y el funcionamiento de este sector (44). El problema actual del exceso de capacidad es probablemente el ejemplo más claro de las consecuencias de las políticas de las autoridades chinas y de las distorsiones resultantes.

(72) La energía eólica también recibe apoyo a escala provincial y municipal; por ejemplo, el Decimotercer Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico Marítimo del municipio de Lianyungang hace referencia explícitamente al desarrollo de esta industria. El plan prevé «construir una cadena industrial de equipos para la producción de energía eólica» y «alentar y guiar la transformación y modernización de una serie de empresas líderes en el sector de la energía eólica, como Guodian Power, Zhongfu Lianzhong, Tianshun Tower y CS Wind Power, mejorar gradualmente su desarrollo, diseño y tecnologías de fabricación, y promover los proyectos con palas que generen megavatios» (45).

(73) Como se ha dejado patente más arriba, las autoridades chinas también orientan el desarrollo del sector de conformidad con una amplia gama de instrumentos e instrucciones de índole política. A través de estos y otros medios, las autoridades chinas dirigen y controlan prácticamente todos los aspectos del desarrollo y el funcionamiento del sector.

(74) En resumen, las autoridades chinas han adoptado medidas para inducir a los operadores a cumplir los objetivos de la política pública centrados en respaldar a las industrias fomentadas, en particular la fabricación de acero como principal materia prima utilizada para la producción de torres eólicas. Tales medidas impiden que las fuerzas del mercado actúen libremente.

(75) La presente investigación no ha revelado ninguna prueba de que la aplicación discriminatoria o inadecuada en el sector de las torres eólicas de las leyes en materia de concurso de acreedores y propiedad, con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra b), cuarto guion, del Reglamento de base, a que se refiere el considerando 53 no afectaría a los fabricantes de torres eólicas de acero.

(76) El sector de las torres eólicas se ve asimismo afectado por las distorsiones de los costes salariales en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), quinto guion, del Reglamento de base, a los que también se refiere el considerando 53. Estas distorsiones afectan al sector tanto de forma directa (en la fabricación de torres eólicas de acero o de los principales insumos) como de forma indirecta (en el acceso al capital o a los insumos de empresas sujetas al mismo sistema laboral en China) (46).

(77) Asimismo, en la presente investigación no se han presentado pruebas que demuestren que el sector de las torres eólicas no se ve afectado por la intervención de los poderes públicos en el sistema financiero en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), sexto guion, del Reglamento de base, a que se hace referencia también en el considerando 53. Por lo tanto, la intervención sustancial de los poderes públicos en el sistema financiero afecta gravemente a las condiciones del mercado a todos los niveles.

(78) Por último, la Comisión recuerda que para producir torres eólicas se necesita una serie de insumos. Según las pruebas del expediente, todos los productores exportadores incluidos en la muestra obtenían la gran mayoría de sus insumos en China. Además, China es uno de los principales productores de acero, la materia prima esencial para el proceso de producción de torres eólicas. Cuando los productores de torres eólicas compran o contratan estos insumos, los precios que pagan (y que se registran como costes) están claramente expuestos a las distorsiones sistémicas antes mencionadas. Por ejemplo, los proveedores de insumos emplean mano de obra que está sujeta a las distorsiones. Los posibles préstamos que reciban estarán sujetos a las distorsiones del sector financiero o de la asignación de capital. Además, se rigen por el mismo sistema de planificación que se aplica a todos los niveles de la administración pública y a todos los sectores.

(79) Como consecuencia de ello, no solo no es apropiado utilizar los precios de venta de las torres eólicas en el mercado nacional a tenor del artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, sino que todos los costes de los insumos (en particular las materias primas, la energía, los terrenos, la financiación, la mano de obra, etc.) también están distorsionados porque la formación de sus precios se ve afectada por la intervención sustancial de los poderes públicos, tal como se describe en las partes A y B del Informe. De hecho, las intervenciones de los poderes públicos descritas en relación con la asignación del capital, el suelo, la mano de obra, la energía y las materias primas están presentes en toda China. Esto significa, por ejemplo, que un insumo producido en China combinando una serie de factores de producción está expuesto a distorsiones significativas. Lo mismo se aplica al insumo del insumo, y así sucesivamente. En la presente investigación, ni las autoridades chinas ni los productores exportadores han presentado pruebas ni argumentos en sentido contrario.

(80) Como se indica en los considerandos 21 y 47 respectivamente, las autoridades chinas no presentaron observaciones ni pruebas que apoyaran o refutaran las pruebas contenidas en el expediente del asunto, como el Informe y las pruebas adicionales aportadas por el denunciante, sobre la existencia de distorsiones significativas o sobre si procedía aplicar el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base en este asunto. Por lo que respecta a las observaciones de las autoridades chinas tras la divulgación final, véanse los considerandos 116 a 123.

(81) La CCCME envió observaciones sobre el inicio relativas a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base. Posteriormente, se recibieron observaciones de la CCCME, Suzhou Titan y Chengxi Shipyard en respuesta a la primera nota, y de la CCCME, Suzhou Titan y Chengxi Shipyard en respuesta a la segunda.

(82) En sus observaciones sobre el inicio, la CCCME presentó en primer lugar las siguientes observaciones respecto a la determinación del valor normal en la denuncia: a) el denunciante facilitó información incoherente sobre la proporción que suponen las chapas de acero en el coste de producción de las torres eólicas de acero. En varios apartados de la denuncia, alegaba que las chapas de acero constituían más del 40 % del coste de producción, si bien en el propio cálculo del valor normal el denunciante obtenía como resultado aproximadamente un 60 % del coste de producción; b) el denunciante utilizó un coste de las chapas de acero no distorsionado de 869 EUR/tonelada para el cálculo del valor normal, a pesar de que su propio coste de dicha materia prima era de media de tan solo 625 EUR/tonelada; c) el margen de beneficio del 14 % utilizado en el cálculo del valor normal no era viable en un mercado competitivo y, en su lugar, debería haberse empleado un beneficio razonable del 6 %; d) también ha de corregirse el coste unitario de otras materias primas, pues en algunos casos era hasta tres veces superior al coste para el denunciante. En lo referente a este aspecto, la CCCME no proporcionó información detallada ni especificó cuáles eran las materias primas afectadas.

(83) Además, la CCCME sugirió que, a raíz de las deficiencias del cálculo del valor normal enumeradas en el considerando 82, debía utilizarse una metodología alternativa de cálculo del valor normal. La CCCME alegó que debía tomarse como base el precio indicativo de la industria de la Unión. El coste laboral utilizado para determinar el precio indicativo debía reemplazarse por el coste laboral en Turquía, el país representativo propuesto por el denunciante, que era diez veces inferior al coste laboral de la industria de la Unión. Para obtener el valor normal alternativo, debía sumarse un objetivo de beneficio del 10 %, utilizado por el denunciante para determinar el precio indicativo. La CCCME señaló que dicho valor normal daría lugar a un margen de dumping mucho menor que el margen medio del 55 % calculado por el denunciante sin proporcionar un cálculo real.

(84) La CCCME reiteró las observaciones y alegaciones descritas en los considerandos 82 y 83 en la audiencia y en el documento que envió tras la fase provisional.

(85) Por lo que se refiere a las supuestas deficiencias enumeradas en el considerando 82, la Comisión consideró que la CCCME debía de haber malinterpretado los datos expuestos en la denuncia y la metodología utilizada para determinar el valor normal con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base: a) cuando el denunciante afirmó que las chapas de acero suponían más del 40 % del coste de producción de las torres eólicas de acero, se refería al coste de una torre con todas las partes internas ensambladas. Dichas partes, según la denuncia, constituían el 17 % del coste de producción de las torres eólicas de acero (47). Sin embargo, el denunciante basó el cálculo del margen de dumping en las torres blancas, esto es, las torres exentas de partes internas y que, por consiguiente, excluyen el coste laboral del ensamblaje. Así pues, la Comisión estimó que podía explicarse razonablemente que las chapas de acero representaran una proporción más elevada del coste de producción al calcular el valor normal; b) el coste de las materias primas soportado por la industria de la Unión no es de por sí determinante para el cálculo del valor normal. En consonancia con la práctica de la Comisión, lo relevante es el coste soportado por el productor exportador o, cuando el valor normal se calcula con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, el coste en el país representativo. La Comisión consideró que el denunciante había aportado pruebas suficientes [por ejemplo, capturas de estadísticas oficiales de importación turcas (48)] que respaldaban el precio unitario de las chapas de acero utilizado en el cálculo del valor normal; c) el denunciante se basó en la información financiera de tres productores de torres eólicas de acero de Turquía (49) para determinar el nivel de beneficio utilizado en el cálculo del valor normal. Así pues, la Comisión estimó que el beneficio utilizado por el denunciante estaba justificado en suficiente medida; d) la CCCME señaló que debían corregirse los valores de referencia, que eran notablemente superiores al coste de los productores de la Unión. Como se explica en la letra b) del presente considerando, la metodología conforme al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base se sustenta en la determinación de precios o valores de referencia no distorsionados, y los costes resultantes no han de ser necesariamente iguales a los costes de los productores de la Unión.

(86) Por lo que se refiere a la metodología alternativa sugerida por la CCCME y descrita en el considerando 83, la Comisión observó que ese cálculo del valor normal sería incongruente con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base. Asimismo, el enfoque de la CCCME parecía ser incoherente. Cuando el coste de determinadas materias primas en Turquía excedía el coste soportado por la industria de la Unión, la CCCME proponía tomar como valor de referencia el coste inferior de la industria de la Unión. Sin embargo, cuando el coste en Turquía era inferior, concretamente el coste laboral, la CCCME sugería tomar como valor de referencia ese coste. Además, conforme a lo explicado en el considerando 85, el denunciante se había basado correctamente en los costes de un país representativo para calcular el valor normal.

(87) Basándose en los motivos expuestos en los considerandos 85 y 86, la Comisión rechazó las alegaciones de la CCCME mencionadas en los considerandos 82, 83 y 84.

(88) Como se explica más adelante, en la presente investigación la Comisión ha llegado a la conclusión de que, sobre la base de las pruebas disponibles, y teniendo en cuenta la falta de cooperación de las autoridades chinas, es conveniente aplicar el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(89) En el documento sobre el inicio enviado por la CCCME, esta afirmó además que la denuncia se basaba en gran medida en el Informe, el cual, según la organización, se había redactado con el fin de facilitar la presentación de denuncias por parte de la industria europea. Al tener esta finalidad, el Informe no podía haberse redactado de manera objetiva. La CCCME añadió que, debido a su finalidad, el Informe no cumple las normas de imparcialidad y objetividad de las pruebas ni de que las pruebas tengan suficiente valor probatorio. La CCCME alegó asimismo que el Informe omite deliberadamente circunstancias, elementos y conclusiones factuales y no es objetivo.

(90) Además, la CCCME adujo que el Informe se publicó en 2017 y que incluye contenidos y referencias de 2016 y de años anteriores. Sin embargo, la presente investigación se inició el 21 de octubre de 2020, mientras que el período de investigación relativo al dumping abarcó desde julio de 2019 hasta junio de 2020. Así pues, según la CCCME, el Informe no refleja las posibles distorsiones durante el período de investigación. Concretamente, la CCCME alegó que el capítulo del Informe dedicado al acero cubría un período comprendido hasta 2017, y la denuncia no demostraba que dichas distorsiones siguieran existiendo en años posteriores, también en el período de investigación.

(91) La Comisión señaló que el Informe es un documento exhaustivo basado en numerosas pruebas objetivas, entre ellas la legislación, las normativas y otros documentos estratégicos oficiales publicados por las autoridades chinas, informes de organizaciones internacionales independientes, estudios y artículos académicos, y otras fuentes independientes fiables. Puesto que el Informe se puso a disposición del público en diciembre de 2017, cualquier parte interesada tuvo la posibilidad de refutar, complementar o comentar el contenido y los elementos de prueba en los que se basa. Hasta la fecha, ninguna de las partes ha aportado pruebas que demuestren que las fuentes utilizadas en el Informe sean erróneas.

(92) Por lo que respecta al período de investigación, la Comisión observó que, si bien el Informe se publicó en 2017, se basaba en gran medida en los Decimoterceros Planes Quinquenales chinos, aplicables entre 2016 y 2020, de modo que abarcaban el período de investigación.

(93) Por otro lado, la CCCME observó que el concepto de distorsiones significativas es contrario al Derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues este concepto no existe en virtud del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC. El artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping limita las condiciones en las que puede calcularse el valor normal a las siguientes: «[c]uando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interno del país exportador» o «a causa de una situación especial del mercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador». En el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping no aparecen citadas las distorsiones significativas. Además, la CCCME alegó que el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping no permite calcular el valor normal basándose en un país representativo o valores de referencia internacionales, conforme a lo previsto en el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, pues únicamente permite emplear «el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general, así como por concepto de beneficios» a la hora de calcular el valor normal.

(94) La Comisión consideró que las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, son plenamente coherentes con las obligaciones de la Unión ante la OMC. Como aclara explícitamente el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto DS473, Unión Europea – Medidas antidumping sobre el biodiésel procedente de Argentina, el Derecho de la OMC permite la utilización de datos de un tercer país, debidamente ajustados cuando dicho ajuste sea necesario y justificado. La existencia de distorsiones significativas hace que no resulte adecuado utilizar los costes y precios del país exportador para el cálculo del valor normal. En estas circunstancias, la citada disposición prevé el cálculo de costes de producción y venta a partir de precios o valores de referencia no distorsionados, incluidos los existentes en un país representativo adecuado con un nivel de desarrollo económico similar al del país exportador. Por tanto, la Comisión rechazó esta alegación.

(95) La CCCME añadió que el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base parecía contravenir el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, ya que, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, del citado Reglamento, la Comisión tiene derecho a no tomar en cuenta el coste de producción y las ventas en el país de exportación y utilizar directamente esos datos tomados de un tercer país. Esta disposición es contraria a lo previsto en el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, que establece lo siguiente: «los costos se calcularán normalmente sobre la base de los registros que lleve el exportador o productor objeto de investigación, siempre que tales registros estén en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto considerado». Para respaldar su alegación, la CCCME remitió a la jurisprudencia de la OMC, en particular al asunto DS473, Unión Europea – Medidas antidumping sobre el biodiésel procedente de Argentina («asunto DS473»), en el que se determinó que las autoridades investigadoras deben utilizar los costes asociados al producto soportados realmente por los productores o exportadores al calcular los valores normales, así como al Informe del Grupo Especial en el asunto DS494, Unión Europea – Métodos de ajuste de costos II (Rusia) («asunto DS494»).

(96) La Comisión recordó que ninguno de los casos citados de la OMC se refería al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base ni a las condiciones para su aplicación. Además, las situaciones de hecho subyacentes en esos casos son diferentes de la situación y de los criterios subyacentes que dan lugar a la aplicación de la metodología con arreglo a esta disposición del Reglamento de base. En lo que respecta al asunto de la OMC UE – Métodos de ajuste de costos II, la Comisión recordó que tanto la UE como Rusia apelaron las conclusiones del Grupo Especial, que, por lo tanto, no son definitivas y, según la jurisprudencia permanente de la OMC, no tienen estatuto jurídico, ya que no han sido respaldadas por los miembros de la OMC. En cualquier caso, el informe del Grupo Especial consideró específicamente que las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base quedaban fuera del ámbito de dicho asunto. El Grupo Especial constató que la naturaleza de estas disposiciones es diferente y que tienen implicaciones jurídicas diferentes de las disposiciones del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, que fueron objeto de dicho asunto, y que las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, no sustituyeron a estas últimas cuando se incorporaron (50). Estas conclusiones, por tanto, no tienen importancia a la hora de evaluar la compatibilidad del artículo 2, apartado 6 bis, con las normas pertinentes de la OMC. Por estos motivos, se rechazó esta alegación.

(97) La CCCME reiteró las alegaciones anteriores en sus observaciones sobre la primera nota. Suzhou Titan respaldó asimismo todas las observaciones anteriores de la CCCME en sus observaciones sobre la primera nota.

(98) Además, la CCCME afirmó en sus observaciones sobre la primera nota que la industria de las torres eólicas está orientada al mercado, pues la mayoría de los productores son de propiedad privada, una serie de materias primas se importan del extranjero y los precios de compra de los componentes internos (51) se negocian directamente con los OEM europeos de aerogeneradores.

(99) La Comisión señaló que, una vez que se determina que, debido a la existencia de distorsiones significativas en el país exportador, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, no es adecuado utilizar los precios y costes internos del país exportador, el valor normal se calcula para cada productor exportador a partir de precios o valores de referencia no distorsionados en un país representativo adecuado con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base. Esta disposición del Reglamento de base también permite utilizar los costes internos, siempre y cuando se haya determinado de forma concluyente que no están distorsionados. Por lo tanto, se ofreció a los productores exportadores la posibilidad de facilitar pruebas de que sus gastos administrativos o de funcionamiento individuales y otros costes de los insumos realmente no estaban distorsionados. Sin embargo, tal como se indica en los considerandos 52 a 79, la Comisión ha determinado la existencia de distorsiones en la industria de las torres eólicas y no había pruebas de que los factores de producción de los distintos productores exportadores no estuvieran distorsionados. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(100) Por otro lado, la CCCME alegó en sus observaciones sobre la segunda nota que el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base exige que la Comisión lleve a cabo un examen individual de las distorsiones de cada productor exportador. Según la CCCME, la Comisión está obligada a realizar un análisis caso por caso y a averiguar a) si las presuntas distorsiones significativas se aplican a cada exportador incluido en la muestra; b) si cada insumo y factor de producción notificado por ese exportador específico ha sido «distorsionado» y, por tanto, debe reemplazarse por datos provenientes de otra fuente; y c) explicar por qué la Comisión considera que los datos provenientes de otra fuente relativos a cada insumo o factor de producción no se considera que estén «distorsionados».

(101) Suzhou Titan reiteró las alegaciones anteriores en sus observaciones sobre la segunda nota.

(102) Conforme a lo explicado en el considerando 99, en caso de que se determine la existencia de distorsiones significativas, las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, se aplican, a priori, a todos los productores exportadores de China y afectan a todos los costes relacionados con sus factores de producción. Al mismo tiempo, esa disposición permite utilizar los costes internos para los que se haya determinado de forma concluyente que no están afectados por distorsiones significativas.

(103) Por lo que se refiere al argumento de que la Comisión ha de demostrar que los costes del país representativo no están distorsionados, dicha institución únicamente utiliza costes que no sean objeto de distorsiones en un país representativo adecuado, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base. La Comisión publicó dos notas para el expediente relativas a los factores de producción, a fin de que cualquier parte tuviese la oportunidad de presentar observaciones e incluso señalar posibles anomalías u otras consideraciones que pudieran afectar a dichos factores de producción en el país o los países representativos. En este contexto, las partes interesadas no han puesto en duda el nivel de distintos factores de producción en el país representativo adecuado indicado en la primera y la segunda nota. Por tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(104) Tras la primera nota, Chengxi Shipyard también presentó una serie de observaciones relativas a las distorsiones significativas. En primer lugar, Chengxi Shipyard alegó que el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base es incompatible con el Derecho de la OMC y anteriores resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. Chengxi Shipyard afirmó que la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC permitía excepcionalmente a los miembros importadores de la OMC utilizar una metodología que no se basara en una comparación estricta con los precios internos o los costes de la industria objeto de investigación en China, pero que esta excepción prescribió quince años después de la fecha de adhesión, esto es, el 11 de diciembre de 2016. Desde esa fecha, la Comisión está obligada a aplicar la metodología estándar a la hora de determinar el valor normal de los productores del país exportador, es decir, que únicamente debe utilizar los precios y los costes internos del país exportador, a menos que otras disposiciones de los acuerdos de la OMC, incluido el Acuerdo Antidumping, permitan otra cosa.

(105) Chengxi Shipyard añadió además que el Derecho de la OMC no contiene disposiciones que permitan no utilizar la metodología estándar en el caso de China. Chengxi Shipyard agregó que las condiciones previstas en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping, en particular su artículo 2.2.1, no son compatibles con las condiciones del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base. Chengxi Shipyard aclaró que la metodología prescrita en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping no permite el uso de información distinta a la del país exportador con el fin de determinar el valor normal. Aunque en circunstancias excepcionales el valor normal debe ser calculado, los datos relacionados con el coste de producción y los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios deben obtenerse de fuentes del país exportador. Para respaldar las alegaciones anteriores, Chengxi Shipyard citó la resolución de la diferencia UE-Biodiésel (Argentina) en el seno de la OMC, en la que se exigía a la Comisión utilizar los costes reflejados en los registros del productor o exportador, con arreglo al artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping.

(106) Esta alegación ya se ha abordado en los considerandos 94 a 96. En cuanto al argumento referente al Protocolo de Adhesión de China, la Comisión recuerda que, en los procedimientos antidumping relativos a productos procedentes de China, seguirán aplicándose las partes de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC que no hayan prescrito a la hora de determinar el valor normal, tanto en lo que respecta a las normas de la economía de mercado como en lo que se refiere al uso de una metodología que no se base en una comparación estricta con los precios o los costes chinos. Por tanto, se rechazaron estos argumentos.

(107) Además, Chengxi Shipyard alegó que las presuntas distorsiones no se han demostrado debidamente y que, aun en caso de existir, no afectan a todos los aspectos de los costes de esta empresa. Así pues, no es preciso ajustar o determinar sobre una base diferente la totalidad de los costes. Chengxi Shipyard alegó que la principal prueba en la que se sustenta la denuncia es el Informe, si bien, dado que este no contiene un capítulo dedicado específicamente a las torres eólicas, las conclusiones del Informe no pueden considerarse automáticamente aplicables a la industria de las torres eólicas.

(108) Por lo que respecta al argumento de que el Informe no incluye un capítulo específico sobre las torres eólicas, la Comisión señaló que la existencia de las distorsiones significativas que dan lugar a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base no está vinculada a la existencia de un capítulo sectorial específico dedicado al producto investigado. En el Informe se describen diferentes tipos de distorsiones existentes en China que tienen carácter transversal y afectan a toda la economía china y, por ende, también a los precios o a las materias primas y los costes de producción del producto investigado. Tal y como se explica en los considerandos 58 a 79, la industria de las torres eólicas está sujeta a una serie de intervenciones de los poderes públicos descritas en el Informe (cobertura de los planes quinquenales y otros documentos, distorsiones relacionadas con las materias primas, distorsiones financieras, etc.), que se enumeran y mencionan explícitamente en el presente Reglamento. Por otro lado, el Informe no es la única fuente de pruebas que la Comisión empleó para su determinación, ya que existen elementos probatorios adicionales utilizados para tal fin. En los considerandos 58 a 74 se detallan asimismo una serie de distorsiones existentes en el sector de las torres eólicas o que afectan a sus materias primas e insumos, además de las distorsiones significativas ya descritas en el Informe. Las circunstancias del mercado y las políticas y planes subyacentes que dan lugar a las distorsiones significativas siguen siendo aplicables al sector de las torres eólicas y al de sus costes de producción. Ninguna de las partes presentó pruebas que demostraran lo contrario. Por tanto, se rechazó este argumento.

(109) Además, Chengxi Shipyard observó que los seis criterios exigidos para demostrar la existencia de distorsiones significativas no figuraban en la denuncia o no eran aplicables a Chengxi Shipyard. Entre los criterios del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, los criterios de los guiones primero, cuarto, quinto y sexto no se mencionaron ni se respaldaron con pruebas en la denuncia. Por lo que se refiere al segundo guion, Chengxi Shipyard analizó uno a uno a los productores chinos de torres eólicas (OEM) citados por el denunciante (véase el considerando 54) y llegó a la conclusión de que la información no está debidamente fundamentada o ha quedado obsoleta. Chengxi Shipyard agregó que, aun cuando toda esa información fuera correcta, no habría modo de determinar la proporción exacta de productores de torres eólicas de propiedad estatal frente a empresas privadas. Esta empresa observó que los principales productores de torres eólicas, entre ellos Titan Wind, Shanghai Taisheng, Dajin Heavy Industry, Tianneng Heavy Industries y CS Wind, son todos ellos de propiedad privada.

(110) En cuanto al aspecto citado en el tercer guion del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), Chengxi Shipyard observó que la investigación estadounidense de las torres eólicas industriales originarias, entre otros, de China puso de manifiesto la subvención de dos empresas específicas, lo cual no puede extrapolarse a los restantes productores de torres eólicas. Incluso si la Comisión constata la existencia de distorsiones significativas en determinados aspectos de los costes de Chengxi Shipyard, los restantes aspectos de los costes cuya distorsión significativa no se haya demostrado deberían emplearse para calcular el valor normal. Habida cuenta de que, según Chengxi Shipyard, los seis elementos arriba mencionados no se fundamentaron adecuadamente en la denuncia, no existen pruebas de que el mercado de las torres eólicas de acero esté distorsionado.

(111) Por último, Chengxi Shipyard observó que, incluso si la Comisión constata la existencia de distorsiones significativas en determinados aspectos de los costes de Chengxi Shipyard, los restantes aspectos de los costes cuya distorsión significativa no se haya demostrado deberían emplearse para calcular el valor normal.

(112) En respuesta a las alegaciones sobre la disponibilidad de pruebas suficientes en la fase inicial, la Comisión recuerda que la sección 3 del anuncio de inicio hacía referencia a una serie de elementos del mercado chino de las torres eólicas que corroboraban que el mercado estaba afectado por distorsiones a lo largo de toda la cadena de valor de las torres eólicas de China. La Comisión consideró que los elementos de prueba relacionados en el anuncio de inicio eran suficientes como para justificar la apertura de una investigación con arreglo a lo previsto en el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base. La determinación de la existencia real de distorsiones significativas y el consiguiente uso de la metodología prescrita en el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base solo ocurre en el momento de la divulgación provisional o final. En este caso, aunque se constató que determinada información sobre las distorsiones facilitada por el denunciante estaba obsoleta, la Comisión consideró que las pruebas presentadas por el denunciante respecto a las distorsiones significativas bastaban para iniciar la investigación sobre esta base. El anuncio de inicio especificaba esto con claridad en la sección 3, de acuerdo con la obligación establecida en el artículo 2, apartado 6 bis, letra e), del Reglamento de base. Por consiguiente, se rechazó la alegación de Chengxi Shipyard.

(113) Por último, Chengxi Shipyard recordó que el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base especifica lo siguiente: «Puede considerarse que una distorsión es significativa cuando los precios o costes notificados, incluidos los costes de las materias primas y la energía, no son fruto de las fuerzas del mercado libre por verse afectados por una intervención sustancial de los poderes públicos» (el subrayado es nuestro). Chengxi Shipyard sostuvo que la intervención de los poderes públicos en la industria de las torres eólicas en China no es sustancial, pues tiene por objeto aumentar la capacidad de las energías renovables tanto en China como en el resto del mundo. Chengxi Shipyard propone una definición de «sustancial» para referirse a una intervención de los poderes públicos que es arbitraria. Sin embargo, cuando una intervención tiene por objeto corregir una deficiencia del mercado, no debe considerarse «sustancial». Según Chengxi Shipyard, la contaminación generada por la energía no renovable supone una externalidad negativa y ninguna tercera parte puede detener o reducir en modo alguno dicha contaminación a través del mercado, puesto que no existe un «mercado de contaminación» en el que esas terceras partes puedan pagar a la fábrica para que reduzca su contaminación. Ante esta situación, el Estado debe intervenir para corregir esta deficiencia del mercado gravando la contaminación o subvencionando la energía renovable a fin de reducir su coste y garantizar que las empresas adoptan energías renovables no contaminantes. Así pues, según Chengxi Shipyard, la subvención de la producción de fuentes de energía renovable no constituye una intervención sustancial, pues sirve a un bien mayor, a saber, limitar la contaminación a escala mundial. Por tanto, no constituye una distorsión significativa a tenor del artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base.

(114) En lo relativo a la observación de Chengxi Shipyard sobre el concepto de «intervención sustancial de los poderes públicos», la Comisión señaló que, a efectos de determinar la existencia de distorsiones significativas, no resulta pertinente si el objetivo de las subvenciones es contribuir a un resultado social, medioambiental o económico positivo, ya que esto sería arbitrario. En su lugar, la importancia de las subvenciones depende de si son sustanciales, esto es, de gran valor. En este contexto, el término «sustancial» debe interpretarse con arreglo a la definición estándar, es decir, en el sentido de «de gran tamaño, valor o importancia». En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(115) Tras la divulgación final, varias partes interesadas presentaron observaciones respecto a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(116) Las autoridades chinas alegaron, en primer lugar, que el Informe es erróneo y las decisiones fundamentadas en este carecen de base fáctica y jurídica. Más concretamente, las autoridades chinas alegaron que dudaban de que el Informe pudiera representar la posición oficial de la Comisión. Por lo que respecta a los hechos, el Informe es, según las autoridades chinas, engañoso, parcial y alejado de la realidad. Además, el hecho de que la Comisión haya publicado informes específicos sobre unos pocos países seleccionados suscita inquietud con respecto al principio de trato de nación más favorecida («NMF»). Asimismo, en opinión de las autoridades chinas, el hecho de que la Comisión se base en las pruebas del Informe no se adecúa al espíritu de un Derecho justo y equitativo, pues en la práctica equivale a juzgar un asunto antes del juicio.

(117) En segundo lugar, las autoridades chinas argumentaron que el cálculo del valor normal con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base era incompatible con el Acuerdo Antidumping, en particular con su artículo 2.2, que proporciona una lista exhaustiva de las situaciones en que el valor normal puede calcularse, entre las cuales no figuran las «distorsiones significativas». Además, el uso de datos de un país representativo adecuado es, según las autoridades chinas, incompatible con el artículo 6, apartado 1, letra b), del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, que exigen que se utilice el coste de producción en el país de origen al calcular el valor normal.

(118) En tercer lugar, las autoridades chinas alegaron que las prácticas de investigación de la Comisión con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base son incompatibles con las normas de la OMC en la medida en que la Comisión, contraviniendo el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, desestimó los registros de los productores chinos sin determinar si se ajustaban a los principios de contabilidad generalmente aceptados en China. A este respecto, las autoridades chinas recordaron que el Órgano de Apelación en el asunto DS473 y el Grupo Especial en el asunto DS494 establecieron que, con arreglo al artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, siempre que los registros mantenidos por el exportador o el productor objeto de investigación correspondan, dentro de límites aceptables, de manera precisa y fiable, a todos los costes reales soportados por el productor o exportador particular en relación con el producto considerado, puede considerarse que estos «reflejan razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto considerado» y la autoridad investigadora debe utilizar tales registros para determinar el coste de producción de los productores investigados.

(119) En cuarto lugar, las autoridades chinas alegaron que la Comisión ha de ser coherente y examinar a fondo si en el país representativo existen distorsiones del mercado. Aceptar de inmediato los datos del país representativo sin llevar a cabo esa evaluación supone aplicar un doble rasero. Lo mismo se aplica, a juicio de las autoridades chinas, a la evaluación del precio y los costes de la industria de la UE.

(120) Por lo que respecta a la primera observación sobre la naturaleza del Informe en el marco de la legislación de la UE, la Comisión recordó que el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base no establece un formato concreto para los informes sobre distorsiones significativas, como tampoco define un canal de publicación. La Comisión recordó que el Informe es un documento técnico basado en hechos que se utiliza exclusivamente en el contexto de las investigaciones de defensa comercial. En consecuencia, el Informe se publica debidamente en forma de documento de trabajo de los servicios de la Comisión, puesto que es puramente descriptivo y no refleja ningún juicio, preferencia o posición política. Esto no afecta a su contenido, a saber, las fuentes objetivas de información sobre la existencia de distorsiones significativas en la economía china pertinentes a efectos de la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base. En cuanto a las observaciones sobre los vicios de hecho y la parcialidad del Informe, estas se abordan en el considerando 91. En respuesta a la alegación de las autoridades chinas con respecto a la violación de la cláusula de nación más favorecida, la Comisión recordó que, tal como prevé el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base, está previsto elaborar un informe sobre un país únicamente en caso de que la Comisión disponga de indicios fundados de la posible existencia en un determinado país o sector de ese país de distorsiones significativas. En la fecha de entrada en vigor de las nuevas disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, en diciembre de 2017, la Comisión disponía de tales indicios de distorsiones significativas respecto de China. La Comisión también publicó un informe sobre las distorsiones en Rusia en octubre de 2020 (52) y, cuando proceda, es posible que se elaboren otros informes. Además, la Comisión recordó que los informes no son obligatorios para aplicar el artículo 2, apartado 6 bis. El artículo 2, apartado 6 bis, letra c), describe las condiciones para que la Comisión publique informes de país y, con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra d), los denunciantes no están obligados a utilizar el informe ni, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra e), la existencia de un informe de país es un requisito para iniciar una investigación en virtud del artículo 2, apartado 6 bis. Según el artículo 2, apartado 6 bis, letra e), la existencia de elementos de prueba suficientes presentados por los denunciantes, que demuestren distorsiones significativas en cualquier país y que cumplan los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), es suficiente para iniciar la investigación sobre esa base. Por tanto, las normas relativas a las distorsiones significativas específicas de un país se aplican a todos los países sin ninguna distinción, independientemente de la existencia de un informe de país. Por consiguiente, por definición, las normas relativas a las distorsiones en un país no son contrarias al principio de trato de nación más favorecida.

(121) Por lo que respecta al segundo y al tercer argumento sobre la supuesta incompatibilidad del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base con el Derecho de la OMC, en particular con las disposiciones de los artículos 2.2 y 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, así como con las constataciones de los asuntos DS473 y DS494, estos argumentos se han tratado ya en los considerandos 94 y 96.

(122) Con respecto al cuarto argumento, en el que se solicitaba a la Comisión que comprobara que los datos del tercer país utilizados en los procedimientos de dicha institución no se veían afectados por distorsiones del mercado, la Comisión recordó que, con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, realiza el cálculo del valor normal a partir de datos seleccionados distintos de los precios y costes internos del país exportador únicamente cuando establece que dichos datos son los más adecuados para reflejar precios y costes no distorsionados. En este proceso, la Comisión está obligada a utilizar solo datos no distorsionados. A este respecto, se invita a las partes interesadas a presentar observaciones sobre las fuentes propuestas para la determinación del valor normal en las fases iniciales de la investigación. La decisión definitiva de la Comisión con respecto a qué datos no distorsionados deben utilizarse para calcular el valor normal tiene plenamente en cuenta estas observaciones. En cuanto a la solicitud de las autoridades chinas de que la Comisión evaluara las posibles distorsiones en el mercado interior de la UE, la Comisión no consideró que este argumento fuera pertinente en el contexto de la evaluación de la existencia de distorsiones significativas de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(123) Por consiguiente, la Comisión rechazó los argumentos de las autoridades chinas.

(124) La CCCME reiteró sus argumentos relativos al Informe, expuestos en los considerandos 89 y 90, alegando que la argumentación de la Comisión en el considerando 91 era circular. No obstante, la CCCME no aportó ninguna otra prueba relativa al Informe, a excepción de la alegación de que los planes quinquenales de China son meros documentos orientativos en los que se expresan opiniones sobre las políticas de cara al futuro. Como tales, a juicio de la CCCME, los planes no son vinculantes, habida cuenta también de que no se adoptan de la misma manera que las leyes o los decretos. Asimismo, la CCCME señaló que en Europa también pueden hallarse documentos similares, entre otros, los documentos de políticas de la Comisión.

(125) Además, por lo que respecta a la compatibilidad del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base con el Derecho de la OMC, la CCCME alegó que el concepto de «distorsiones significativas» presente en el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base no figura en ninguna norma del Acuerdo Antidumping de la OMC ni del GATT de 1994. Concretamente, el concepto de «distorsiones significativas» no entra en ninguna de las categorías previstas en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC. En cuanto al uso de datos de un tercer país, la CCCME argumentó que, aun cuando según el Órgano de Apelación en el asunto DS473 el uso de datos de una fuente externa al país exportador no está prohibido, la Comisión parece hacer caso omiso del hecho de que el Órgano de Apelación también recalcó lo siguiente: «Ahora bien, esto no significa que una autoridad investigadora pueda sencillamente sustituir el “costo de producción en el país de origen” por los costos de fuera del país de origen» y «cuando se base en cualquier información de fuera del país para determinar el “costo de producción en el país de origen” de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, una autoridad investigadora tiene que asegurarse de que esa información se utilice para llegar al “costo de producción en el país de origen”, y esto puede exigir que la autoridad investigadora adapte esa información». Por consiguiente, este enfoque de la Comisión parece ser, según la CCCME, incompatible con la obligación de la UE prevista en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC.

(126) Además, la CCCME sostuvo que el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base también parece contravenir el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC en la medida en que la Comisión parece repetir los mismos errores que en el asunto DS473, pues sus conclusiones y su razonamiento en la presente investigación parecen ser muy similares a los del asunto del biodiésel. La Comisión constató que en China los precios del acero, como principal materia prima en la producción de torres eólicas, están distorsionados, y los precios del acero pagados por los productores de torres eólicas están expuestos a distorsiones sistémicas. Así pues, según la CCCME, sobre la base de las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto UE-Biodiésel (Argentina), la Comisión también podría estar incumpliendo el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC.

(127) Además, la CCCME recordó que el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), párrafo tercero, del Reglamento de base prevé claramente que la evaluación de la cuestión de las distorsiones significativas deberá realizarse para cada exportador y productor por separado, con la única excepción de la aplicación del muestreo. Por consiguiente, la CCCME se mostró en desacuerdo con la afirmación de la Comisión recogida en el considerando 102 de que «en caso de que se determine la existencia de distorsiones significativas, las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, se aplican, a priori, a todos los productores exportadores de China y afectan a todos los costes relacionados con sus factores de producción» y exigió a la Comisión que mejorara su práctica a este respecto.

(128) Por lo que respecta a la alegación de la CCCME sobre el carácter no vinculante de los documentos de planificación chinos, la Comisión recordó que el sistema de planificación chino establece las prioridades y fija los objetivos en los que deben centrarse la administración central y las autoridades locales. Existen planes pertinentes a todos los niveles de la administración pública que abarcan prácticamente todos los sectores económicos, y las autoridades de cada nivel administrativo supervisan la aplicación de los planes por parte del nivel inferior de la administración correspondiente. Como se describe en detalle en el Informe, los objetivos fijados en los instrumentos de planificación son, de hecho, de carácter vinculante, y el sistema de planificación da lugar a la asignación de recursos a los sectores que el Gobierno considera estratégicos o políticamente importantes, en lugar de asignarse en consonancia con las fuerzas del mercado (53).

(129) Por lo que respecta a los argumentos de la CCCME sobre la compatibilidad del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base con el Acuerdo Antidumping y las constataciones del Órgano de Solución de Diferencias, estos ya se han abordado en los considerandos 94 y 96, incluida la explicación de que el asunto DS473 no se refería a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base. En cuanto a la alegación de que el concepto de «distorsiones significativas» contenido en el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base no figura en ninguna norma del Acuerdo Antidumping de la OMC ni del GATT de 1994, la Comisión recordó que el Reglamento de base, en particular su artículo 2, apartado 6 bis, es un acto del Derecho derivado de la UE, tal como se establece en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Derecho de la UE no exige que sus fuentes, también el Derecho derivado, como es el caso de los reglamentos, se basen en el Derecho internacional o estén vinculadas a obligaciones que emanen de este, como el Acuerdo Antidumping o el Protocolo de Adhesión de China a la OMC.

(130) Por lo que respecta a la alegación de que se deberían evaluar individualmente las distorsiones significativas para cada exportador, la CCCME se limitó a manifestar su desacuerdo con la posición de la Comisión, sin aportar nuevos argumentos. Por lo tanto, la Comisión confirmó su posición, expuesta en los considerandos 99 y 102.

(131) Chengxi Shipyard reiteró sus argumentos relativos a la incompatibilidad del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base con el Derecho de la OMC expuestos en el considerando 104, señalando que la respuesta de la Comisión en los considerandos 94 y 96 es muy general y no aclara de forma explícita cuál es la base jurídica dentro de los acuerdos de la OMC en la que se sustenta la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, estableciendo una excepción a la disciplina general claramente establecida en los acuerdos de la OMC y en la resolución del Órgano de Solución de Diferencias en el asunto DS473. Así pues, Chengxi Shipyard infirió de la afirmación de la Comisión que esta justifica la compatibilidad del artículo 2, apartado 6 bis, con los acuerdos de la OMC sobre la base de la parte aún vigente de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, y señaló que, en ausencia de un razonamiento claro sobre el motivo por el que la Comisión tiene esta postura, la divulgación de la Comisión no cumple las normas jurídicas de exponer adecuadamente los motivos que justifican su decisión de aplicar el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(132) Asimismo, Chengxi Shipyard alegó que no se había demostrado que la empresa estuviera sujeta a distorsiones significativas, principalmente por tres motivos: i) las decisiones comerciales de la empresa no se ven directamente influidas por el PCC, conclusión que defiende pese a que el presidente del Consejo de Administración y el director general de Chengxi Shipyard sean miembros del PCC y desempeñen las funciones de secretario y secretario adjunto del Comité del Partido, respectivamente, a nivel de la empresa; ii) la participación del Estado en su capital o la presencia de representantes del Estado en el Consejo de Administración no indican que las decisiones comerciales de la empresa no respondan a las señales de la oferta y la demanda del mercado, ni que sus operaciones no estén orientadas a este; iii) la existencia de intervención estatal no equivale a una distorsión significativa, y la Comisión no logró demostrar que las supuestas intervenciones de carácter transversal por parte de las autoridades chinas den lugar a distorsiones significativas de los factores de producción y afecten, por ende, a los costes y los precios de la actividad de Chengxi Shipyard.

(133) En cuanto a los argumentos de Chengxi Shipyard relativos a la compatibilidad con la OMC del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, la Comisión reitera su postura de que las disposiciones de dicho apartado son plenamente coherentes con las obligaciones de la Unión ante la OMC. Los motivos que justifican la postura de la Comisión se señalan claramente en el considerando 94. De igual modo, la Comisión ya ha declarado en el considerando 106 que, en los procedimientos antidumping relativos a productos procedentes de China, seguirán aplicándose las partes de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC que no hayan prescrito a la hora de determinar el valor normal, tanto en lo que respecta a las normas de la economía de mercado como en lo que se refiere al uso de una metodología que no se base en una comparación estricta con los precios o los costes chinos. Chengxi Shipyard parece confundir la obligación de exponer los motivos de la aplicación sustantiva del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base con la supuesta obligación de explicar la base jurídica de la OMC en la que se sustenta la aplicación de dicho apartado, la cual no es pertinente, además de ser errónea (véase también el considerando 129). Por consiguiente, se rechazó el argumento de Chengxi Shipyard de que la divulgación de la Comisión no cumple las normas jurídicas de exponer adecuadamente los motivos de su decisión.

(134) Las alegaciones de Chengxi Shipyard sobre la falta de pruebas de que la empresa está sujeta a distorsiones significativas ya se han abordado en detalle en el considerando 108. Además, la Comisión recordó que la existencia de las distorsiones significativas que dan lugar a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base no está vinculada a la existencia de un elemento fáctico específico o de información relativa a un mercado concreto que abarque el producto afectado. A ese respecto, tal y como se demuestra en los considerandos 52 a 79, la Comisión ha determinado en la presente investigación la existencia de distorsiones significativas en la industria de las torres eólicas y en los sectores de los insumos correspondientes. El artículo 2, apartado 6 bis, letr