ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(8)

El apartado 6 de la norma EN 3-8:2006 establece el método experimental de diseño sin cálculo. Tal como exige el punto 2.2.4 del anexo I de la Directiva 97/23/CE, dicho apartado prevé un programa de pruebas con varios ensayos. La Directiva 97/23/CE no excluye el planteamiento particular de la inspección de los materiales como método para demostrar la conformidad de los materiales utilizados respecto a las especificaciones sobre materiales del punto 4 del anexo I, cuando el fabricante aplica el método de diseño experimental. Dado que el apartado 5 de la norma EN 3-8:2006 no contiene requisitos específicos sobre los materiales, el fabricante del equipo debe asegurarse de que los materiales utilizados cumplen los requisitos del punto 4 del anexo I de la Directiva. Sobre esta base, las características de los materiales se utilizarían como parámetro de la prueba de presión en el marco del programa de pruebas del método experimental de diseño, bajo el control del organismo notificado responsable de la evaluación de la conformidad del equipo.
(7)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria en relación con el trato de economía de mercado, así como para determinar la existencia de dumping, el perjuicio resultante y el interés de la Comunidad. Se llevaron a cabo visitas de inspección en los locales de las siguientes empresas: a) productores de la industria de la Comunidad — Hellenic Steel Co., Tesalónica (Grecia), — Ilva S.p.A., Milán (Italia), — Salzgitter AG, Salzgitter (Alemania), — ThyssenKrupp Steel AG, Duisburg (Alemania); b) otros productores de la Comunidad — Corus UK Ltd, Newport (Reino Unido), — ArcelorMittal Piombino S.p.A., Piombino (Italia); c) productores exportadores de la República Popular China — Changshu Xingdao Advanced Building Material Co., Changshu, — Changshu Everbright Material Technology Co., Changshu, — Bengang Steel Plates Co, Benxi, — BX Steel Posco Cold Rolled Sheet Co. Ltd, Benxi, — Angang Group International Trade Corporation, Anshan y su empresa vinculada Angang Group Hong Kong Co., Ltd en Hong Kong, — ANSC-TKS Galvanizing Co., Dallian, — International Economics & Trading Corporation WISCO, Wuhan y su empresa vinculada Wugang Trading Co. Ltd en Hong Kong. d) importadores independientes — Duferco SA, Lugano (Suiza).
(5)

De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1290/2005, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro interesado. En caso de que dicha decisión se tome en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputará al presupuesto de la Comunidad el 100 % de las consecuencias financieras de la no recuperación. En el estadillo mencionado en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1290/2005, se recogen los importes que los Estados miembros hayan decidido no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros en cuestión y, por tanto, deben estar a cargo del presupuesto de la Comunidad. Esta decisión se toma sin perjuicio de posibles decisiones de conformidad futuras con arreglo al artículo 32, apartado 8, de dicho Reglamento.
(7)

El artículo 4, apartado 4, inciso i), letra b), del Reglamento (CE) no 2037/2000, prohíbe la utilización y comercialización de CFC que no se consideren esenciales con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento. Por lo tanto, la determinación de su carácter no esencial ha reducido la demanda de CFC para su uso en inhaladores dosificadores comercializados en la Comunidad Europea. Asimismo, el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 2037/2000 prohíbe la importación y comercialización de productos que contengan clorofluorocarburos, a no ser que se consideren esenciales con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 1.
(5)

Durante la evaluación de esta sustancia activa se señalaron algunos motivos de preocupación. En particular, a partir de la información disponible, no ha podido demostrarse que la exposición de los consumidores sea aceptable debido a la ausencia de datos sobre la naturaleza y el nivel de los residuos pertinentes. De hecho, no fue posible efectuar una evaluación del riesgo agudo con respecto al metabolito M07 porque los datos no eran suficientes para establecer una dosis aguda de referencia para dicho metabolito. Por otra parte, no se disponía de datos para establecer una definición adecuada de los residuos y estimar el nivel de los residuos en los productos frutícolas transformados. Además, se constató que el riesgo era elevado para los organismos acuáticos. Por consiguiente, sobre la base de la información disponible, no fue posible concluir que el triflumurón cumplía los criterios de inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.
(12)

Sobre la base del dictamen de la EFSA, no parece que sea necesario establecer para los alimentos, los ingredientes alimentarios y los piensos que contienen colza T45 o están producidos a partir de la misma requisitos de etiquetado específicos distintos de los dispuestos en el artículo 13, apartado 1, y en el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1829/2003. Sin embargo, para asegurarse de que los productos se utilizan dentro de los límites de la autorización otorgada por la presente Decisión, el etiquetado de piensos y de otros productos, distintos de alimentos o piensos, que contengan el OMG y para el que se solicita la autorización debe complementarse con una indicación clara de que los productos en cuestión no deben emplearse para el cultivo.
(4)

Una vez examinada la norma EN 12312-9:2005, la Comisión ha determinado que no cumple el requisito esencial de salud y seguridad 1.5.15 del anexo I de la Directiva 98/37/CE relativo al riesgo de deslizamiento, tropiezo o caída, además del requisito esencial de salud del punto 1.1.2, letra b), referente a los principios de integración de la seguridad. En particular, el apartado 5.6 de la norma, sobre aplastamiento, cortes y caída, no proporciona especificaciones para la elección, el diseño, el emplazamiento y la construcción de los medios que deben utilizarse para protegerse de la caída desde las cargadoras de contenedores y palets, sino que solo se refiere a las especificaciones generales de la norma EN 1915-1:2001 «Equipos de tierra para aeronaves — Requisitos generales — Parte 1: Requisitos básicos de seguridad» donde se describen los distintos tipos de protección que pueden emplearse.
(44)

En cualquier caso, la Comisión no puede aceptar que ITP tuviera una expectativa legítima de recibir ayuda. Debido a las escasas competencias del CDTI, no se podía considerar que toda ayuda concedida por este organismo fuese una promesa por parte del Estado de conceder un importe de ayuda más elevado. Las negociaciones entre el CDTI e ITP, que se desarrollaron antes de la decisión de concesión definitiva, indican que, si bien las autoridades españolas se habían manifestado a favor de apoyar el proyecto, ITP no tenía expectativas legítimas de recibir un importe de ayuda determinado. Por último, ITP no estaba autorizada a recibir la totalidad de la ayuda antes de que se adoptara realmente la decisión sobre el segundo tramo.
(54)

Habida cuenta de las modificaciones (creación de menos puestos de trabajo que los previstos), algunas de las ayudas previstas han debido revisarse a la baja. Pilkington tuvo incluso que reembolsar en septiembre de 2007 un importe percibido en exceso, en virtud del régimen PAT, de 146 430 EUR. En adelante, para estas tres medidas las ayudas concedidas revisadas ascienden a: 993 968 EUR para el régimen PAT (de los cuales 34 561 EUR no se han abonado todavía), 1 532 765 EUR para el FIL (16) (ayuda vinculada al régimen PAT y de la que todavía no se han abonado 399 851 EUR) y 694 426 EUR para el FIBM (17) (parte de la ayuda al acondicionamiento de los edificios, de la que todavía no se han abonado 64 304 EUR). A ese total de 498 716 EUR por pagar hay que añadir 228 673 EUR de ayuda del Conseil Général, lo que eleva a 727 389 EUR el importe retenido a la espera de la decisión de la Comisión de autorizar el pago del último tramo.
Shell, The Hague, The Netherlands

Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel

Government of Canada-Citizenship and Immigration Canada, Ottawa, Canada

University of Nevada, Las Vegas, US

Fraunhofer Institute of Toxicology and Experimental Medicine (ITEM), Hannover, Germany

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

NanoTox BV and Biomedbooster BV, Maastricht, The Netherlands

Fraunhofer Institute of Toxicology and Experimental Medicine (ITEM), Hannover, Germany

National Institute for Biological Standards and Control, Blanche Lane, South Mimms, Potters Bar, United Kingdom

Spanish National Institute for Agricultural and Food Research and Technology, Madrid, Spain

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Natural Environment Research Council - Centre for Ecology and Hydrology, Bailrigg, United Kingdom

Institute of Health Studies – Generalitat of Catalonia, Barcelona, Spain

Austrian Academy of Sciences, Institute of Technology Assessment, Vienna, Austria

International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon, France

Harvard School of Public Health, Boston, US

Department of Agriculture-Agricultural Research Service, Beltsville, US

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Health Council of the Netherlands, The Hague, The Netherlands

Harvard School of Public Health, Boston, US

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

US Food and Drug Administration, Rockville, Maryland, US

Zappa

Giovanna
(287)

La Comisión rechaza este argumento. Se ha demostrado que en la fecha de adhesión de Polonia a la UE no se reunían todos los criterios que determinan la existencia de ayuda estatal. Se ha demostrado, en particular, que en aquel momento hubo intercambios de energía entre Polonia y sus países vecinos y que la Bolsa de la Energía polaca ha venido operando desde 1999. En cualquier caso, no cabía la menor duda de que, en la fecha de la adhesión, Polonia se integraría inmediatamente en un sector que se había abierto a la competencia. En opinión de la Comisión, lo que se pretendía con las disposiciones sobre ayudas estatales incluidas en el Tratado de adhesión era precisamente garantizar que se revisaran las medidas que podían falsear la competencia entre los Estados miembros a partir de la fecha de adhesión. A diferencia de los tratados de adhesión anteriores al 1 de mayo de 2004, el Tratado de adhesión firmado por Polonia y otros nueve países se concibió para restringir las medidas consideradas constitutivas de ayudas existentes a los tres casos específicos descritos anteriormente. La sentencia Alzetta Mauro no se refiere a una medida abarcada por el ámbito de aplicación del Tratado de adhesión, por lo que no puede ser considerada aplicable a los CAE que están siendo evaluados. Por último, la Comisión también estima que la sentencia Alzetta Mauro se refiere realmente a la situación descrita en la decisión de la Comisión fechada con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 659/1999.
(6)

Con objeto de que se haga un seguimiento de las infracciones de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (4), debe establecerse un marco que permita a todas las autoridades afectadas prestarse recíprocamente asistencia e intercambiar información pertinente de conformidad con los artículos 34 bis y 34 ter del Reglamento (CEE) no 2847/93 y con el artículo 28 del Reglamento (CE) no 2371/2002.
(2)

El artículo 14 del Reglamento (CE) no 177/2008 establece que si los registros de empresas requieren adaptaciones importantes, la Comisión podrá conceder excepciones, a petición de un Estado miembro, por un período transitorio que no exceda del 25 de marzo de 2010. Para la agricultura, silvicultura y pesca, la administración pública y la defensa, y la seguridad social obligatoria, así como para las características adicionales relativas a los grupos de empresas, la Comisión podrá conceder excepciones, a petición de un Estado miembro, por un período transitorio que no exceda del 25 de marzo de 2013.
—

Reglamento (CE) no 546/2005 de la Comisión, de 8 de abril de 2005, por el que se adapta el Reglamento (CE) no 437/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la asignación de códigos a los países declarantes y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1358/2003 en lo que respecta a la actualización de la relación de los aeropuertos comunitarios.
d)

el contenido de sustancias potencialmente dañinas para el medio ambiente o la salud humana en los residuos y, en especial, de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y Zn, incluidas las partículas finas aisladas en los residuos, es lo suficiente bajo como para que sus riesgos humanos y ecológicos sean insignificantes, tanto a corto como a largo plazo; para poder ser considerados lo suficientemente bajos como para presentar riesgos humanos y ecológicos insignificantes, el contenido de esas sustancias no superará los valores mínimos nacionales para las instalaciones definidas como no contaminadas o los niveles naturales nacionales pertinentes;
(2)

En la producción de la Proteína Estructurante del Hielo (ISP, Ice Structuring Protein) de tipo III HPLC 12 se utiliza una levadura modificada genéticamente como auxiliar tecnológico. De conformidad con el considerando 16 del Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los alimentos y los piensos que se han fabricado con ayuda de un auxiliar tecnológico modificado genéticamente no entran en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. El Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del citado Reglamento (3) aclaró que los requisitos en materia de autorización y etiquetado establecidos en el Reglamento no son aplicables a los alimentos o los piensos producidos por fermentación con microorganismos modificados genéticamente.
(14)

La OIE tiene un monopolio de facto en su sector, en el sentido del artículo 168, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (6); por lo tanto no es necesaria una convocatoria de propuestas para que la Comunidad conceda una subvención para la organización y celebración de una conferencia internacional sobre la fiebre aftosa.
(10)

La Comisión recogió y verificó toda la información que consideró necesaria para examinar las solicitudes de trato de economía de mercado o trato individual en el caso de la RPC y para la determinación del dumping, el perjuicio resultante y el interés de la Comunidad en relación con los países afectados. Se llevaron a cabo visitas de inspección en los locales de las siguientes empresas: a) Productores comunitarios — ArcelorMittal, Genk, Bélgica, — ArcelorMittal, París, Francia, — ThyssenKrupp Nirosta, Krefeld, Alemania, — ThyssenKrupp Terni, Terni, Italia. b) Productores exportadores de Taiwán — Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei, — Jie Jin Material Science Technology Co. Ltd., Yung Kang City, — Yeun Chyang Industrial Co., Ltd., Shijou Shiang, Chang-Hwa, — YUSCO Group (Yieh United Steel Corporation y empresas vinculadas), Kaohsiung. c) Productores exportadores de la República de Corea — Daiyang Metal Co., Ltd, Seúl, — el grupo de BNG Steel Co., Ltd y Hyundai Steel Company; Changwon y Seúl, — el grupo de POSCO y Daimyung TMS CO., Ltd, Seúl. d) Productores exportadores de la RPC — Lianzhong Stainless Steel Corp. (LISCO), Guangzhou, — Ningbo Qiyi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo, — POSCO China Group (grupo de ocho empresas); Zhangjiagang, Qingdao y Región Administrativa Especial de Hong Kong, — STSS Group (Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd y catorce empresas vinculadas); Taiyuan, Tianjin, Wuxi, Foshan, Región Administrativa Especial de Hong Kong y Willich, Alemania. e) Importadores no vinculados de la Comunidad — Minmetals Germany GmbH, Düsseldorf, Alemania, — Nord Est Metalli Srl, San Vito al Tagliamento, Italia. f) Usuarios de la Comunidad — BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, Munich, Alemania, — Eberspächer GmbH & Co. KG, Neunkirchen, Alemania, — Lowara Srl, Montecchio Maggiore, Italia.
(40)

Sin embargo, por lo que se refiere a la naturaleza de las contribuciones profesionales asignadas a la financiación de los «planes de campaña», Francia indicó que constituían la contrapartida de los sectores afectados a las acciones financiadas en el marco de los citados planes y no se beneficiaban de la extensión de las reglas prevista en el artículo 18 del Reglamento (CE) no 2200/96 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas. Según las autoridades francesas, se trataba de contribuciones voluntarias no extendidas por la administración de las que los Comités Económicos podían disponer libremente. No tenían carácter obligatorio. Francia concluye que las contribuciones no pueden asimilarse a los recursos estatales según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.
(16)

Como se afirma en el punto 3.2.1 de las Directrices, «[…] las ayudas con fines aparentemente de protección del medio ambiente, pero que en realidad sean ayudas generales a la inversión, no quedarán cubiertas por estas directrices […]». Este punto confirma el principio recogido en el anexo del Código, según el cual en todos los casos de ayuda estatal para la protección del medio ambiente, la Comisión impondrá, en la medida de lo necesario, condiciones y salvaguardas estrictas con objeto de evitar la concesión de ayudas ocultas a las inversiones de carácter general en nuevas plantas o instalaciones. En tales casos, la evaluación comenzará con la comprobación de que la medida en cuestión no se hubiera producido «en cualquier caso». Si, no obstante, el Estado miembro logra demostrar que el objetivo de la medida es proteger el medio ambiente, el Tribunal de Primera Instancia considera que una incidencia positiva en el proceso productivo no significa que la medida no pueda ser subvencionable. En estos casos, simplemente se deduce la posible ventaja ligada a la producción (9).
(4)

De conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (2), el Reino Unido no ha participado en la adopción del Reglamento (CE) no 767/2008 y no está vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación dado que el Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen. Por consiguiente, el Reino Unido no es destinatario de la presente Decisión de la Comisión.
(2)

El Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (3), ha sido derogado y sustituido, a partir del 1 de enero de 2009, por el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (4).
(22)

La Comisión procedió a incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado, ya que dudaba de la compatibilidad de estas ayudas con el mercado común. Sus dudas se debían a los siguientes factores: a) el estudio de las disposiciones que obraban en su poder no permitían concluir a la Comisión que los umbrales de pérdida se hubieran fijado respetando rigurosamente las disposiciones del punto 11.3 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (3) (en lo sucesivo, «las Directrices») y, por lo tanto, no podía excluir que hubieran sido beneficiados por la ayuda algunos agricultores que, si los umbrales de pérdida se hubieran calculado como ordena el citado punto, no deberían haberlo sido; b) el método utilizado para el cálculo de la ayuda propiamente dicha no correspondía tampoco al previsto en el punto 11.3 de las Directrices, ya que se basaba simplemente en un criterio de precio por unidad de peso adquirida; además, el pago debía basarse en las facturas de compra del forraje, pero en la convocatoria de manifestaciones de interés de la Cámara de Comercio de Trieste no se precisaba que las compras debían limitarse a la cantidad de forraje efectivamente perdida por causa de la sequía; c) según el punto 11.3 de las Directrices, de la cuantía de la ayuda debe restarse cualquier pago directo; sin embargo, las autoridades italianas no facilitaron ninguna información al respecto. Por lo tanto, no podía excluirse la posibilidad de un exceso de compensación de las pérdidas; d) según el mismo punto de las Directrices, de la cuantía de la ayuda deben deducirse las cantidades que se hubieran percibido en virtud de pólizas de seguro, y deben tenerse también en cuenta los costes normales que el agricultor no hubiera tenido que sufragar, por ejemplo por haber dejado de cosechar; sin embargo, las autoridades italianas no han facilitado ninguna información en este sentido, lo que refuerza aún más las dudas acerca del peligro de exceso de compensación.
(52)

Según Armateurs de France, el transporte marítimo no se define en términos idénticos en los Reglamentos (CEE) no 4055/86 y (CEE) no 3577/92, tal como se expone en las Directrices. Por tanto, la definición de transporte marítimo a efectos de las ayudas estatales no debe necesariamente ser la misma que la definición contenida en los Reglamentos. Armateurs de France sostiene que, de todos modos, la definición del Reglamento (CEE) no 3577/92 no debe interpretarse en sentido exhaustivo. Según esta asociación, las Directrices, por tanto, no excluyen las actividades de tendido de cables y de dragado.