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(25)

Además, la Comisión expresó dudas sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado común y, en especial, con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis de 1999 (7) (en lo sucesivo denominadas «las Directrices») por las siguientes razones: a) La Comisión tenía dudas sobre si Javor Pivka podía acogerse a la ayuda de reestructuración con arreglo a las Directrices. En especial, la Comisión se preguntaba si la empresa estaba «en crisis» en el sentido de las Directrices, pues sus pobres resultados de 2003 podían ser un hecho excepcional en vez de formar parte de una tendencia. La Comisión tampoco sabía con seguridad si Javor Pivka pertenecía a un grupo empresarial más grande y si no podía obtener los fondos necesarios mediante aportaciones de sus propietarios. b) No estaba claro cómo la empresa podía restaurar su viabilidad a largo plazo puesto que no se facilitaron a la Comisión datos suficientes para evaluar su rendimiento futuro de conformidad con el plan de reestructuración. c) No se facilitó ningún análisis de mercado para justificar la ausencia de medidas compensatorias. d) La Comisión también tenía dudas sobre si la ayuda se limitaba a lo estrictamente necesario, al no tener datos sobre si Javor Pivka había aportado una contribución propia significativa a sus costes de reestructuración y al no estar claro de dónde provendrían dichos fondos propios. e) Finalmente, la Comisión pidió información sobre todas las demás ayudas concedidas a Javor Pivka en 2004 para asegurarse de que anteriormente no había recibido ninguna ayuda de salvamento y reestructuración, en cuyo caso el principio de ayuda única («primera y última vez») establecido en los puntos 48 a 51 de las Directrices podría impedirle recibir tal ayuda de nuevo.
(57)

La Comisión quisiera señalar además que, según el sentir de tales Directrices, las eventuales ayudas a la inversión deben ajustarse a las disposiciones comunitarias aplicables al sector de la construcción naval, contenidas en el Reglamento (CE) no 1540/98 (23). Hay que señalar que el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento dice lo siguiente: «Hasta el 31 de diciembre de 2000, las ayudas a la producción ligadas a los contratos para la construcción y la transformación navales, pero no para la reparación, podrán considerarse compatibles con el mercado común siempre y cuando el importe total de todas las formas de ayuda concedidas para un contrato (incluido el equivalente de subvención de toda ayuda concedida al armador o terceros) no supere, en equivalente de subvención, un límite máximo común expresado en porcentaje del valor contractual antes de la ayuda […]». Teniendo en cuenta el hecho de que Italia no ha facilitado ninguna información que demuestre que la cuantía total de todos los tipos de ayuda concedidos a un determinado contrato no supera, en equivalente de subvención, un límite máximo común expresado en porcentaje del valor contractual antes de la ayuda, no hay más remedio que concluir que la medida no se ajusta al artículo 3, apartado 1.
(53)

Además, la Comisión constata que las disposiciones nacionales modificadas en 2007: — responden a la necesidad de proteger el medio ambiente, — tienen en cuenta la existencia y disponibilidad técnica y económica de alternativas a las aplicaciones prohibidas en Austria, y es probable que tengan un impacto económico limitado, — no son un medio de discriminación arbitraria, — no constituyen una restricción encubierta al comercio entre Estados miembros, — y, por tanto, son compatibles con el Tratado. Por consiguiente, la Comisión considera que pueden mantenerse. No obstante, cabe señalar que las exenciones previstas en el apartado 8, punto 2, de la Orden no podrán concederse después del 4 de julio de 2008 en lo que atañe a las espumas de un solo componente mencionadas en el artículo 9, apartado 1, y el anexo II del Reglamento (CE) no 842/2006, salvo si su utilización es necesaria para cumplir las normas de seguridad nacionales.
(1)

El artículo 5 del Reglamento (CEE) no 729/70 y el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1258/1999, así como el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA (3), disponen que la Comisión realice las comprobaciones necesarias, comunique a los Estados miembros los resultados de sus comprobaciones, tome nota de las observaciones de los Estados miembros, convoque reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados y les comunique oficialmente sus conclusiones.
(5)

En el año 2000 la investigación concluyó que los excesivos requisitos relacionados con el certificado de origen parecían infringir las disposiciones del artículo VIII, apartado 3, y del artículo X del GATT de 1994, así como del artículo 7, apartado 1, del Acuerdo sobre los textiles y el vestido, de la OMC, y eran contrarias a las recomendaciones del artículo VIII, apartado 1, letra c), del GATT de 1994. Por lo que se refiere a los requisitos de etiquetado, parecían constituir una violación del artículo 2, apartado 2, del Acuerdo sobre los obstáculos técnicos al comercio, y ser contrarios a las recomendaciones del artículo VIII, apartado 1, letra c), del GATT de 1994. En cuanto a los requisitos del formulario de declaración sobre la composición del producto, se consideró que parecían contravenir el artículo 2 del Acuerdo de la OMC sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación. En lo relativo al procedimiento de control del valor en aduana, a los servicios de la Comisión no les fue posible emitir un dictamen definitivo debido a la reciente introducción de una nueva ley para regular este asunto. En lo referente a la inspección previa a la expedición, no se pudo encontrar violación de disposiciones específicas del Acuerdo sobre inspección previa a la expedición, aunque la inspección no parecía conforme con la finalidad y el espíritu del mismo. Finalmente, no se identificó contravención ninguna de las normas de la OMC respecto del impuesto estadístico; en cuanto al régimen discriminatorio de IVA, el asunto ya se trató en el marco de otro procedimiento ROC relativo a la importación de cuero acabado en Argentina (3).
Suecia

Åberg, Christian Almers, Johan Antonsson, Jan-Eric Axelsson, Bjarne Bengtsson, David Berg, Jonas Birgander, Harald Blomqvist, Anders Braxenholm, Tommy Bühler, Hanna Carlsson, Christian Carlsson, Kent Cederholm, Jan Dahl, Ulrika Davidsson, Stig Dunmark, Mats Ekersved, Roger Elsrud, Tomas Engerberg, Johan Englund, Raymond Eriksson, Örjan Erlandsson, Per Falk, David Fernström, Björn Forsberg, Jeannette Hansén, Klas Hansson, Stig-Lennart Holm, Mats Holmberg, Kjell Holmgren, Douglas Hultemar, Staffan Hultén, Lars Jakobsson, Magnnus Jansson, Bengt Johansson, André Johansson, Ingmar Johansson, Thomas Johnsson, Kristin Johnsson, Per Jönsson, Jan-Erik Karlsson, Daniel Karlsson, Bengt-Åke Larsson, Christoffer Larsson, Jesper Larsson, Mats Lindahl, Håkan Lindén, Roger Lundberg, Lars Löfström, Anders Magnusson, Marianne Månsson, Leif Månsson, Olle Mårtensson, Per Nihlén, Linus Nilsson, Birgitta Nilsson, Jan-Åke Nilsson, Joakim Norrby, Tom Ohlin, Ingemar Olovsson, Bo Olsson, Kenneth Olsson, Lars Olsson, Peter Olsson, Sven Östlihn, Gunnar Persson, André Persson, Göran Persson, Mats Pettersson, Anders Petersson, Christer Petersson, Jan Philipsson, Gunnar Pyk, Staffan Risberg, Patrik Robertsson, Roland Roosberg, Henrik Rosén, Hans-Christer Rube, Ann Rydberg, Håkan Samuelsson, Niklas Sandberg, Rolf Sandblom, Örjan Schütz, Elias Selander, Roy Sjöberg, Ruben Sjövik, Kristina Ström, Jonna Sundberg, Caroline Swahn, Johan Svensson, Lars Tedvik, Arvid Thuresson, Lars-Göran Thälund, Bo Thörncrantz, Olof Thörngren, Jonas Weimenhög, Per Wickbom, Jan Wimmer, Anders Wisjö, Patrik Wrangborn, Thomas

KBV 020 KBV 048 KBV 050 KBV 051 KBV 103 KBV 181 KBV 201 KBV 202 KBV 283 KBV 286 KBV 288 KBV 301 KBV 303 KBV 307
(3)

El 24 de julio de 2002 la Comisión adoptó una decisión favorable (2) en relación con la mayor parte de las medidas comprendidas en la Ley Provincial no 6/99 «Disposiciones especiales para el sector del transporte» (3) encaminadas a fomentar el transvase del tráfico de mercancías de la carretera a medios alternativos de transporte. No obstante, se incoó el procedimiento de examen respecto de una de las medidas contenidas en el régimen, es decir, la referida a ayudas a la inversión en vagones de ferrocarril y material rodante nuevo o recuperado, registrada con el número C 52/02.
(4)

El Shetland Islands Council efectuó una serie de pagos al sector pesquero en el marco de dos medidas de ayuda generales, denominadas «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (ayuda al sector de la pesca y de la transformación) y «Aid to the Fish Farming Industry» (ayuda al sector de la piscicultura). Estas dos medidas consistían en realidad en varios tipos de regímenes de ayuda que habían estado vigentes desde la década de los 70. Uno de ellos era el llamado «First time shareholders scheme» (régimen de nuevos accionistas) (en lo sucesivo el «régimen»), que estuvo en vigor desde 1982 hasta el 14 de enero de 2005. En virtud del régimen, se podían conceder subvenciones para completar la contribución financiera propia destinada a la compra de una primera participación en buques pesqueros ya existentes o nuevos. La ayuda se concedía únicamente a personas mayores de 18 años que no tuvieran todavía ninguna participación en un buque de pesca.
(4)

El Shetland Islands Council realizó pagos al sector pesquero al amparo de dos medidas de ayuda de carácter general denominadas Aid to the Fish Catching and Processing Industry (Ayuda a la industria pesquera extractiva y de transformación) y Aid to the Fish Farming Industry (Ayuda al sector de la piscicultura) que, en realidad, consistían en varios regímenes de ayudas, uno de los cuales era el llamado Fish Factory Improvement Scheme (Régimen de ayuda para la mejora de las piscifactorías).
(174)

Por lo tanto, a pesar de que el STER haya ofrecido considerables descuentos, los ingresos totales derivados de la publicidad no disminuyeron sino que se mantuvieron estables. Tras evaluar los otros argumentos y las respuestas de las autoridades holandesas, la Comisión concluye que actualmente no hay pruebas de que el STER no intentara maximizar sus ingresos de publicidad y que su comportamiento hubiera llevado a una necesidad de financiación del Estado cada vez mayor.
(5)

El Shetland Islands Council realizó pagos al sector pesquero al amparo de dos medidas de ayuda de carácter general denominadas Aid to the Fish Catching and Processing Industry (Ayuda a la industria pesquera extractiva y de transformación) y Aid to the Fish Farming Industry (Ayuda al sector de la piscicultura) que englobaban varios programas de ayuda vigentes desde los años setenta. Uno de esos programas era el Fishing Vessel Modernisation Scheme (Programa de modernización de buques pesqueros; en lo sucesivo, «el programa»), que se aplicó como mínimo entre la década de los ochenta y el 14 de enero de 2005 y que permitía conceder ayudas para la modernización de buques pesqueros cuando esa modernización consistiera en una mejora importante como, por ejemplo, un mejor almacenamiento de las capturas, la sustitución del motor, o una mejora de las condiciones laborales o de seguridad de la tripulación.
(100)

La Comisión, no obstante, observa que la jurisprudencia de los tribunales europeos indica que «es cierto que el mero hecho de que una empresa pública haya realizado ya aportaciones de capital calificadas como “ayudas” a su filial no excluye, a priori, la posibilidad de que una aportación de capital posterior pueda calificarse como inversión que se ajusta al criterio del inversor privado en una economía de mercado. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia considera que, en un caso como el de autos, que se refiere a tres aportaciones de capital efectuadas por el mismo inversor durante un período de dos años, de las que las dos primeras no producían rentabilidad alguna, correspondía a la Comisión comprobar si la tercera podía razonablemente disociarse de las dos primeras y ser considerada, a los efectos del criterio del inversor privado, una inversión autónoma. El Tribunal de Primera Instancia considera que, entre los elementos pertinentes para apreciar si, en el presente asunto, la tercera aportación podía razonablemente disociarse de las dos primeras y ser considerada, a la luz del criterio del inversor privado, una inversión autónoma, figuran, en particular, la cronología de las aportaciones de que se trata, su finalidad y la situación de la empresa filial en el momento en que se tomaron las decisiones de efectuar cada una de las aportaciones de que se trata.» (13).
(14)

La Comisión reconoce que el concordato con los acreedores no es constitutivo de ayuda estatal, porque reúne las condiciones de la prueba del acreedor privado y porque consiste en un aplazamiento de una deuda, que es más ventajoso para los acreedores que la declaración de insolvencia de HCM. Es jurisprudencia consolidada que un acreedor público sopesará los beneficios que ha de obtener de la recepción de una cuantía ofrecida con arreglo al plan de reestructuración con los que recibiría si la empresa fuese declarada insolvente. No puede hablarse de ventajas ni, por tanto, de ayuda estatal si con la reestructuración se obtendrían mayores ingresos que con la insolvencia (6). En un estudio facilitado por las autoridades polacas se puso de manifiesto que, aun en el caso de que se parta de la base de que el aplazamiento conduciría a una pérdida de fondos calculada en valor actual neto, esta pérdida seguiría poniendo a los acreedores públicos en mejor situación de lo que lo haría la insolvencia. Gracias al concordato, los acreedores estarán en condiciones de recuperar por término medio el 75,7 % de sus deudas y los que se encuentren en una posición menos favorable obtendrán el 72,9 %, lo que sigue siendo superior a los ingresos que podrían obtener de la insolvencia, que el estudio estima en un 64,8 %. Por otra parte, la Comisión no ve razones para considerar que los acreedores públicos recibieran peor trato que los privados, ya que los acreedores de la misma categoría recibieron trato idéntico.
(17)

Considerando lo anteriormente expuesto, y de conformidad con las observaciones de Repsol y España, la Comisión llega a la conclusión de que Repsol no puede ser considerada beneficiaria de la ayuda, ya que no obtuvo beneficio alguno al que no hubiera tenido derecho sobre la base de normas generales del Derecho civil o mercantil.
(36)

Las excepciones contempladas en el artículo 87, apartado 2, del Tratado CE no se aplican al presente caso. En cuanto a las excepciones del artículo 87, apartado 3, del Tratado CE, dado que el principal objetivo de la ayuda es restablecer la rentabilidad a largo plazo de una empresa en crisis, sólo se puede aplicar la excepción establecida en el artículo 87, apartado 3, letra c), que autoriza las ayudas estatales destinadas a fomentar el desarrollo de determinadas actividades económicas siempre que no afecten negativamente a las condiciones comerciales en sentido contrario al interés común. Por tanto, la ayuda sólo puede considerarse compatible con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, si se cumplen las condiciones establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.
(83)

Un nuevo análisis de los datos de Eurostat relativos a las importaciones procedentes de Japón confirmó que no incluían productos que no fueran PVA y que, por tanto, los datos no estaban inflados por productos más caros. Además, tal como se indicó en la denuncia, las importaciones de PVA procedentes de Japón incluían algunas cantidades limitadas de PVA diferente del producto similar, cuyos precios unitarios eran probablemente sensiblemente superiores. En el valor medio calculado para las importaciones japonesas, sobre la base de datos estadísticos, la influencia del precio de esas otras calidades de PVA no pudo neutralizarse, ya que esos datos no distinguen entre producto similar y otras calidades de PVA. Sin embargo, teniendo en cuenta los volúmenes aproximados de dichas importaciones, basados en los datos de la denuncia, y en vista del precio medio calculado para todas las importaciones de PVA procedentes de Japón durante el período de investigación, se había establecido que sería muy improbable que la exclusión de las calidades de PVA no incluidas en la definición del producto dieran lugar a un precio medio cif en frontera de la Comunidad del producto similar que subcotizara el nivel de los precios de venta de la Comunidad durante el período de investigación. Por otra parte, durante el período de investigación pudieron verificarse alrededor del 25 % de las importaciones procedentes de Japón y correspondían a calidades de PVA incluidas en la definición del producto. Estas ventas se hicieron a partes vinculadas, es decir, a precios de transferencia, y se había constatado que los precios de reventa de dichas compras a los primeros clientes independientes en la Comunidad eran por término medio entre un 8 % y un 10 % superiores a los precios que la industria de la Comunidad podía obtener. En consecuencia, se concluyó y se mantuvo que no hay indicios de que las importaciones de PVA procedentes de Japón durante el período de investigación hayan subcotizado los precios de la industria de la Comunidad y, por tanto, no se consideró que hubieran contribuido al perjuicio sufrido por dicha industria.
(22)

En sus cartas de 21 de octubre de 2005, 19 de diciembre de 2005 y 24 de marzo 2006, la Comisión solicitó a las autoridades italianas que suspendieran el pago de la nueva ayuda en virtud del régimen actual a aquellas empresas que no hubieran reembolsado la ayuda incompatible a tenor de decisiones anteriores de recuperación, (en particular con arreglo a la Decisión 2000/128/CE de la Comisión, de 11 de mayo de 1999, relativa al régimen de ayudas concedidas por Italia en favor del empleo (9), la Decisión de la Comisión, de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal a las exenciones fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servicios con accionariado mayoritariamente público (10), Decisión 2004/800/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, relativa al régimen de ayudas estatales ejecutado por Italia por el que se establecen determinadas disposiciones urgentes a favor del empleo (11), y la Decisión 2005/315/CE de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa al régimen de ayuda que Italia ha ejecutado en beneficio de las empresas que han realizado inversiones en los municipios afectados por desastres naturales en 2002 (12)) para que la Comisión pudiera tener en cuenta en su evaluación el falseamiento acumulado resultante de la nueva ayuda y de la ayuda incompatible anterior que aún no se ha recuperado.
(4)

El artículo 38 de los proyectos notificados, relativo al almacenamiento de residuos que son objeto de examen para establecer su clasificación y velar por que se traten de la forma correcta, no contiene la referencia adecuada según la Decisión 2000/532/CE. No obstante, la Comisión ha aceptado esta exención ante la necesidad de examinar y analizar los residuos para establecer las características de algunos de ellos como, por ejemplo, si son residuos peligrosos o no. Por consiguiente, sólo después del examen es posible atribuir la referencia correcta a los residuos y tratarlos adecuadamente. La exención no abarca ningún tratamiento de residuos que se rija por una autorización diferente.
(3)

La Comisión ha verificado, mediante inspecciones en Portugal, que, pese a estas circunstancias adversas, las autoridades portuguesas alcanzaron adecuadamente los objetivos establecidos en el artículo 1 de la Decisión 2006/923/CE. Inevitablemente, los retrasos acumulados les impidieron alcanzar plenamente los resultados esperados en el plazo estricto establecido en la Decisión. Sin embargo, los retrasos no obstaculizaron el que las medidas tuvieran su efecto pleno y, dadas las condiciones atmosféricas en primavera de 2007 en Portugal, que no favorecieron el vuelo del insecto vector del nematodo de la madera del pino, no conllevaron un riesgo fitosanitario mayor.
AT

TOTAL AT

Deudas no recuperadas

IT

IT

IT

DR Garantía Medidas complementarias

2003

Controles administrativos no efectuados exhaustivamente infringiendo el artículo 68 del Reglamento (CE) no 817/2004; controles sobre el terreno no satisfactorios

a tanto alzado

5,00

EUR

– 428 284,00

0,00
(4)

Los únicos notificantes de rotenona, extracto de Equisetum y clorhidrato de quinina comunicaron a la Comisión el 5 de enero de 2007, el 15 de febrero de 2007 y el 20 de junio de 2007, respectivamente, que ya no deseaban participar en el programa de trabajo sobre estas sustancias activas, por lo que no se presentará más información. Por consiguiente, estas sustancias activas no deben incluirse en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.
(7)

Portugal proponía conceder a ENVC ayudas directas por un importe de 6 575 558 euros en relación con siete contratos de construcción naval que se habían firmado entre el 4 de febrero y el 31 de marzo de 2005. A continuación figuran los datos de esos contratos y la ayuda propuesta para cada uno: Buques polivalentes para cargas pesadas (EUR) Fecha de la firma de los contratos Armadores Ayuda estatal propuesta C 228 24.2.2005 JMS Schiffarhtsgesellschaft mbH &CO KG MS 1 212 766 C 229 24.2.2005 JMS Schiffarhtsgesellschaft mbH &CO KG MS 1 212 766 C 230 4.2.2005 MARE Schiffarhtsgesellschaft 1 212 766 C 231 4.2.2005 MARE Schiffarhtsgesellschaft 661 102 C 232 4.2.2005 MARE Schiffarhtsgesellschaft 630 328 C 233 4.2.2005 MARE Schiffarhtsgesellschaft 433 064 C 210 31.3.2005 Mutualista Açoreana 1 212 766
(2)

En el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 980/2005, se prevé la posibilidad de suspender temporalmente el régimen especial de estímulo a que se refiere el capítulo II, sección 2, de dicho Reglamento, en particular en caso de que la legislación nacional del país afectado deje de incorporar los convenios a que se refiere el anexo III del Reglamento que han sido ratificados en cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 9, apartados 1 y 2, o si dicha legislación no se aplica de manera efectiva.
(4)

Los únicos notificantes de azociclotina, cihexatina y tidiazurón comunicaron a la Comisión el 25 de enero de 2007, el 24 de enero de 2007 y el 7 de febrero de 2007, respectivamente, que ya no deseaban participar en el programa de trabajo sobre estas sustancias activas, por lo que no se presentará más información. Por consiguiente, estas sustancias activas no deben incluirse en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.
(154)

Las sociedades ex-Terni mantienen que la medida no suscitó oposición en 1991, cuando la Comisión aprobó la Ley no 9/1991. Hay que señalar que la decisión de la Comisión de 1991 únicamente se refiere a la medida establecida en la Ley no 9/1991, por lo que la aprobación de esta medida no puede generar confianza legítima en la legalidad o compatibilidad de la nueva medida de ayuda introducida por la Ley no 80/2005. Incluso en el caso de que la Comisión hubiera declarado expresamente que la medida de 1991 no constituía una ayuda, cosa que no ocurrió, los beneficiarios no podían suponer que también la medida de 2005 se consideraría automáticamente una medida no constitutiva de ayuda, ya que existen muchas circunstancias que pueden convertir en ayuda estatal a una medida que no lo era.