ES Diario Oficial de la Unión Europea L 30/16

REGLAMENTO (CE) NO 73/2009 DEL CONSEJO

de 19 de enero de 2009

por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 36 y 37 y su artículo 299, apartado 2,

Vista el Acta de adhesión de 1979, y en particular el apartado 6 del Protocolo no 4 sobre el algodón adjunto,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),

Considerando lo siguiente:

(1) Las reformas de la política agrícola común (PAC) aprobadas en 2003 y 2004 incluían disposiciones destinadas a evaluar su eficacia. En este contexto, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una comunicación titulada «Preparándose para el “chequeo” de la reforma de la PAC», con fecha de 20 de noviembre de 2007. Dicha comunicación y los ulteriores debates que el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones mantuvieron sobre sus principales elementos, así como numerosas contribuciones resultantes de la consulta pública, deben tenerse en cuenta.

(2) La experiencia acumulada desde la aplicación del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda (4) pone de manifiesto en particular la necesidad de ajustar determinados elementos del mecanismo de ayuda. Debe ampliarse, en particular, la disociación de la ayuda directa y simplificarse el funcionamiento del régimen de pago único. Además, el Reglamento (CE) no 1782/2003 ha sido modificado sustancialmente en varias ocasiones. Habida cuenta de todo lo anterior y por motivos de claridad, debe ser derogado y sustituido por el presente Reglamento.

(3) El Reglamento (CE) no 1782/2003 establecía el principio de que a los agricultores que no respetasen determinadas exigencias en materia de salud pública, sanidad animal y vegetal, medio ambiente y bienestar animal se les aplicarían reducciones de la ayuda directa o serían excluidos del beneficio de la misma. Este sistema de «condicionalidad» forma parte integrante de la ayuda comunitaria concedida en virtud de los pagos directos y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que una serie de exigencias incluidas en el ámbito de aplicación de la condicionalidad no están suficientemente relacionadas con la actividad agraria o las tierras agrarias o conciernen más a las autoridades nacionales que a los agricultores. Por lo tanto, resulta procedente adecuar el ámbito de aplicación de la condicionalidad.

(4) Además, con objeto de evitar que las tierras agrarias sean abandonadas y de garantizar que se mantengan en buenas condiciones agrarias y medioambientales, el Reglamento (CE) no 1782/2003 creó un marco comunitario en función del cual los Estados miembros adoptan normas atendiendo a las características específicas de las zonas correspondientes, entre las que se incluyen las condiciones edafológicas y climáticas y los sistemas de cultivo, la utilización del suelo, la rotación de cultivos, las prácticas de cultivo y las estructuras agrarias existentes. Es preciso mantener este marco. No obstante, la experiencia ha mostrado que la pertinencia y los efectos beneficiosos que tienen algunas normas no son suficientes para justificar su aplicación por todos los Estados miembros, razón por la cual esas normas deben convertirse en facultativas para los Estados miembros. Sin embargo, para garantizar que el marco sea lo más coherente posible, una norma no debe ser facultativa si antes de 2009 el Estado miembro de que se trate ya hubiera definido un requisito mínimo en virtud de la misma o si existen normas nacionales que se refieren a ella.

(5) La supresión, de conformidad con el presente Reglamento, de la retirada de tierras obligatoria dentro del régimen de pago único podría, en algunos casos, tener efectos adversos en el medio ambiente, en particular en lo que atañe a determinados elementos paisajísticos. Por lo tanto, resulta adecuado reforzar las disposiciones comunitarias que tienen como finalidad proteger elementos paisajísticos concretos. En determinadas situaciones, los Estados miembros deben poder estipular también el establecimiento o el mantenimiento de hábitats.

(6) La protección y la gestión del agua en el contexto de la actividad agraria se han convertido paulatinamente en un problema en determinadas regiones. Por lo tanto, el marco comunitario en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales debe reforzarse también con el objetivo de proteger el agua contra la contaminación y las escorrentías y gestionar su uso.

(7) En el Reglamento (CE) no 1782/2003 se reconoció el efecto medioambiental positivo de los pastos permanentes. Deben mantenerse las medidas de dicho Reglamento destinadas a fomentar el mantenimiento de los pastos permanentes existentes y prevenir su transformación masiva en tierras de cultivo.

(8) Con objeto de lograr un mayor equilibrio entre los instrumentos destinados a promover una agricultura sostenible y los destinados a fomentar el desarrollo rural, el Reglamento (CE) no 1782/2003 introdujo un sistema obligatorio de reducción progresiva de los pagos directos («modulación»). Este sistema debe mantenerse y debe incluir la exención de pagos directos de hasta 5 000 EUR.

(9) Los ahorros obtenidos a través de la modulación se emplean para financiar medidas en virtud de la política de desarrollo rural. Desde la adopción del Reglamento (CE) no 1782/2003, el sector agrícola ha tenido que hacer frente a una serie de nuevos y exigentes desafíos como el cambio climático y la creciente importancia de la bioenergía, así como la necesidad de una mejor gestión del agua y una protección más eficaz de la biodiversidad. La Comunidad, como Parte en el Protocolo de Kyoto (5), se ha visto abocada a adaptar sus políticas a la luz de consideraciones ligadas al cambio climático. Además, a raíz de los graves problemas relacionados con la escasez de agua y la sequía, el Consejo consideró en sus conclusiones sobre «Escasez de agua y sequía» de 30 de octubre de 2007, que los temas vinculados a la gestión del agua en la agricultura debían tratarse con mayor atención. Asimismo, el Consejo puso de relieve en sus conclusiones «Detener la pérdida de biodiversidad» de 18 de diciembre de 2006, que la protección de la biodiversidad sigue siendo un desafío trascendental y, aunque se han logrado avances importantes, la consecución del objetivo en materia de biodiversidad de la Comunidad para 2010 exigirá esfuerzos adicionales. Además, puesto que la innovación puede contribuir, en particular, al desarrollo de nuevas tecnologías, productos y procesos, apoyará los esfuerzos para hacer frente a estos nuevos desafíos. La caducidad, en 2015, del régimen de cuotas lecheras en virtud del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (6) impondrá a los productores de leche esfuerzos concretos para adaptarse al cambio de condiciones, especialmente en las regiones desfavorecidas. Sería, por tanto, conveniente definir también esta situación particular como un nuevo desafío al que los Estados miembros deben poder hacer frente con vistas a garantizar un «aterrizaje suave» de sus industrias lácteas.

(10) La Comunidad es consciente de la necesidad de abordar estos nuevos desafíos en el ámbito de sus políticas. En el contexto de la agricultura, los programas de desarrollo rural adoptados en virtud del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (7), constituyen una herramienta apropiada para ocuparse de ellos. Para permitir a los Estados miembros revisar sus programas de desarrollo rural consecuentemente sin necesidad de reducir sus actividades actuales de desarrollo rural en otras áreas, resulta necesario contar con financiación adicional. Sin embargo, las perspectivas financieras para el período 2007-2013 no prevén los medios financieros necesarios para reforzar la política de desarrollo rural de la Comunidad. En tales circunstancias, debe movilizarse una gran parte de los recursos financieros necesarios mediante un aumento gradual de la reducción de los pagos directos a través de la modulación.

(11) La distribución de la ayuda directa a la renta entre los agricultores se caracteriza por la asignación de una parte importante de los pagos a un número bastante reducido de grandes beneficiarios. Es evidente que los beneficiarios de mayor entidad no necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria para que se logre eficientemente el objetivo de la ayuda a la renta. Por otra parte, su potencial de adaptación les permite más fácilmente funcionar con niveles más bajos de ayuda unitaria. Por lo tanto, es justo esperar que los agricultores con grandes cantidades de ayuda aporten una contribución especial a la financiación de las medidas de desarrollo rural que abordan nuevos desafíos. Por lo tanto, es apropiado establecer un mecanismo que disponga una creciente reducción de los pagos de mayor cuantía, cuyos beneficios también deben utilizarse para afrontar nuevos desafíos en el marco del desarrollo rural.

(12) La situación geográfica particular de las regiones ultraperiféricas, así como su insularidad, reducida superficie, relieve montañoso y clima imponen cargas añadidas a sus sectores agrícolas. Para atenuar tales cargas y restricciones deben establecerse excepciones a la aplicación obligatoria de la reducción por modulación a los agricultores de las regiones ultraperiféricas.

(13) Los Estados miembros que optaron por aplicar un sistema de modulación facultativa deben tener en cuenta el aumento de los porcentajes de modulación obligatoria. Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (CE) no 378/2007 del Consejo, de 27 de marzo de 2007, que establece las disposiciones relativas a la modulación facultativa de los pagos directos prevista en el Reglamento (CE) no 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (8).

(14) Los importes resultantes de la aplicación de los cinco puntos porcentuales de reducción por modulación establecidos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 deben distribuirse entre los Estados miembros sobre la base de los mismos criterios establecidos en virtud de dicho Reglamento, es decir, de acuerdo con criterios objetivos, al tiempo que se dispone que un porcentaje de dichos importes permanezca en los Estados miembros donde fueron generados. Teniendo en cuenta los ajustes estructurales derivados de la supresión de la intervención en favor del centeno, deben mantenerse las medidas específicas para determinadas regiones productoras de centeno, que se financien con una parte de los importes generados por la modulación. Además, los importes procedentes de la aplicación de cualquier otra reducción por modulación deben ponerse a disposición de los Estados miembros en los que fueron generados.

(15) Para facilitar el funcionamiento de la modulación, sobre todo en lo que atañe a los procedimientos de concesión de pagos directos a los agricultores y las transferencias a los programas de desarrollo rural, deben determinarse límites netos para cada Estado miembro a fin de restringir los pagos que hayan de hacerse a los agricultores tras la aplicación de la modulación. Para tener en cuenta las especificidades de la ayuda de la PAC en las regiones ultraperiféricas y el hecho de que los pagos directos no están sometidos a modulación, el límite superior neto para los Estados miembros afectados no debe incluir los pagos directos en dichas regiones. El Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (9), debe, por tanto, modificarse en consecuencia.

(16) Merced a un mecanismo de introducción progresiva contemplado en sus respectivas Actas de adhesión, los agricultores de los nuevos Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad reciben pagos directos. Con el fin de lograr un adecuado equilibrio entre los instrumentos destinados a promover una agricultura sostenible y los destinados a fomentar el desarrollo rural, el sistema de modulación no debe aplicarse a los agricultores de los nuevos Estados miembros hasta que el nivel de ayuda directa aplicable en ellos sea al menos igual al aplicable en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros.

(17) La modulación no debe reducir el importe neto pagado a un agricultor de un nuevo Estado miembro por debajo del importe que deba pagarse a un agricultor similar en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros. Por lo tanto, una vez que la modulación sea aplicable a los agricultores de los nuevos Estados miembros, el porcentaje de reducción debe limitarse a la diferencia entre el nivel aplicable en virtud del mecanismo de introducción progresiva y el nivel en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros tras la aplicación de la modulación. Además, la modulación debe tenerse en cuenta en la concesión de los pagos directos nacionales complementarios a los agricultores de los nuevos Estados miembros sujetos a la modulación.

(18) Con objeto de garantizar que los importes destinados a financiar la PAC respetan los límites máximos anuales fijados en las perspectivas financieras, se debe mantener el mecanismo financiero contemplado en el Reglamento (CE) no 1782/2003 según el cual se ajusta el nivel de la ayuda directa cuando las previsiones indiquen, con un margen de seguridad de 300 000 000 EUR, que el límite máximo parcial de la rúbrica 2 será rebasada en un ejercicio presupuestario determinado. Teniendo en cuenta los niveles de los pagos directos concedidos a los agricultores de los nuevos Estados miembros mediante el mecanismo de introducción progresiva, y en el marco de la aplicación de dicho mecanismo a todos los pagos directos concedidos en los nuevos Estados miembros, el instrumento de disciplina financiera no debe aplicarse en estos últimos hasta que el nivel de pagos directos aplicable en los mismos sea por lo menos igual al nivel aplicable en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros. Dado el peso específico que tiene en el presupuesto general de las Comunidades el recurso a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (10), conviene establecer, excepcionalmente, que el Consejo adopte la decisión necesaria para aplicar el instrumento de disciplina financiera a propuesta de la Comisión.

(19) Para ayudar a los agricultores a ajustarse a las exigencias de una agricultura moderna y de elevada calidad, es necesario que los Estados miembros sigan aplicando el sistema completo para ofrecer asesoramiento a las explotaciones agrarias contemplado en el Reglamento (CE) no 1782/2003. Este sistema contribuirá a sensibilizar en mayor medida a los agricultores sobre la relación de los flujos de materiales y los procesos agropecuarios con las normas sobre medio ambiente, inocuidad de los alimentos, sanidad y bienestar animal, sin incidir en modo alguno en la obligación y la responsabilidad de los agricultores de observar tales normas.

(20) El Reglamento (CE) no 1290/2005 establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de que las operaciones financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se ejecutan realmente y de manera correcta, así como para prevenir y hacer frente a las irregularidades. A tal fin, deben poner en marcha un sistema integrado de gestión y control de los pagos directos. Para mejorar la eficacia y el control de la ayuda comunitaria, debe autorizarse a los Estados miembros a hacer uso del sistema integrado también en el caso de regímenes comunitarios no regulados por el presente Reglamento.

(21) Deben mantenerse los principales elementos del sistema integrado de gestión y control y, en especial, las disposiciones relativas a una base de datos informatizada, un sistema de determinación de parcelas agrarias, las solicitudes de ayuda de los agricultores, un sistema armonizado de control y, en el régimen de pago único, un sistema de determinación y registro de los derechos de pago.

(22) La gestión de importes de pequeña cuantía es una tarea onerosa para las autoridades competentes de los Estados miembros. Para evitar una carga administrativa excesiva, los Estados miembros deben abstenerse en general de conceder pagos directos cuando el importe sea inferior a 100 EUR o cuando la superficie admisible de la explotación para la que se solicita la ayuda sea inferior a una hectárea. No obstante, dado que las estructuras de las economías agrícolas de los Estados miembros varían considerablemente y pueden diferir sensiblemente de la estructura media comunitaria de las explotaciones agrícolas, deben establecerse disposiciones especiales para permitir a los Estados miembros aplicar umbrales mínimos que reflejen su situación particular. Debido a la estructura particularmente específica de las explotaciones agrícolas de las regiones ultraperiféricas y de las islas del Mar Egeo, a estas regiones no deben aplicarse los umbrales mínimos. Además, los Estados miembros deben tener la facultad de optar por uno de los dos tipos de umbral mínimo en función de las peculiaridades de las estructuras de sus sectores agrarios. Habida cuenta de que se asignaron derechos especiales de pago a los agricultores con explotaciones denominadas «sin tierra», la aplicación del umbral basado en la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, el importe mínimo relacionado con la ayuda media debe aplicarse a dichos agricultores. Para garantizar la igualdad de trato de los agricultores cuyos pagos directos estén supeditados a la introducción progresiva, el umbral mínimo debe basarse en los importes definitivos que se vayan a conceder al final del proceso de introducción progresiva.

(23) La experiencia de la aplicación del régimen de pago único revela que, en una serie de casos, la ayuda disociada a la renta se concedió a beneficiarios cuyas actividades agrarias representaban únicamente una parte insignificante del total de sus actividades económicas o cuyo propósito comercial no estaba, o sólo marginalmente, dirigido al ejercicio de una actividad agraria. Para evitar la concesión de una ayuda a la renta agraria a estos beneficiarios, y para garantizar que la ayuda comunitaria se utilice íntegramente para asegurar un nivel de vida equitativo a la población agraria, los Estados miembros deben estar facultados, cuando se produzca tal asignación, para abstenerse de conceder pagos directos a dichas personas físicas y jurídicas, en virtud del presente Reglamento.

(24) Las autoridades nacionales competentes deben abonar íntegramente a los beneficiarios los pagos previstos en los regímenes comunitarios de ayuda, sin perjuicio de las reducciones que se establezcan en el presente Reglamento, y en los plazos fijados. Para que la gestión de los pagos directos sea más flexible, debe permitirse a los Estados miembros abonar los pagos directos hasta en dos plazos anuales.

(25) Los regímenes de ayuda instaurados en virtud de la PAC disponen ayudas directas a la renta, en particular con vistas a garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria. Este objetivo está estrechamente relacionado con el mantenimiento de las zonas rurales. A fin de evitar toda asignación indebida de fondos comunitarios, no debe abonarse ninguna ayuda a los agricultores que hayan creado artificialmente las condiciones requeridas para obtener tales pagos.

(26) Para lograr los objetivos de la PAC, los regímenes comunes de ayuda deben adaptarse a la evolución de la situación, si es necesario en un breve plazo. En consecuencia, los beneficiarios no pueden dar por sentado que las condiciones de la ayuda permanecerán invariables y deben estar preparados para una posible revisión de los regímenes a la luz de los acontecimientos económicos o la situación presupuestaria.

(27) El Reglamento (CE) no 1782/2003 establece un régimen de pago único que reúne en un solo régimen de pagos directos disociados los diferentes mecanismos de ayuda existentes. De la experiencia de la aplicación del régimen de pago único se desprende que es posible simplificar algunos de sus elementos en beneficio de los agricultores y las administraciones. Además, dado que el régimen de pago único lo aplican todos los Estados miembros a los que se solicitó que lo hicieran, una serie de disposiciones que estaban vinculadas a su aplicación inicial han quedado obsoletas y, por lo tanto, deben adaptarse. En este contexto, en algunos casos se ha detectado una infrautilización importante de los derechos de pago. Para evitar esta situación y teniendo en cuenta que los agricultores ya están familiarizados con el funcionamiento del régimen de pago único, debe reducirse a dos años el período fijado inicialmente para reintegrar a la reserva nacional los derechos de pago no utilizados.

(28) Los principales elementos del régimen de pago único deben conservarse. En particular, la determinación de límites máximos nacionales permite garantizar que el nivel total de las ayudas y derechos no rebasa las restricciones presupuestarias vigentes. Los Estados miembros también deben gestionar una reserva nacional que pueda utilizarse para facilitar la participación de nuevos agricultores en el régimen o para tener en cuenta las necesidades particulares de algunas regiones. Para prevenir la transferencia con fines especulativos y la acumulación de derechos de pago sin el fundamento agrícola correspondiente, deben establecerse normas que regulen la transferencia y la utilización de los derechos de pago.

(29) La integración progresiva de otros sectores en el régimen de pago único hace necesario revisar la definición de tierras admisibles al beneficio del régimen o para la activación de los derechos de pago. Sin embargo, conviene adoptar disposiciones para excluir de la ayuda las superficies dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas, en el caso de los Estados miembros que hayan optado por retrasar la integración de este sector en el régimen de pago único. Además, deben adoptarse medidas específicas con respecto al cáñamo con el fin de evitar la concesión de ayudas a cultivos ilegales.

(30) La retirada obligatoria de tierras de cultivo se introdujo como instrumento de control de la oferta. La evolución del mercado en el sector de los cultivos herbáceos, junto con la introducción de las ayudas disociadas, ha dejado de justificar la necesidad de mantener este instrumento, que, por lo tanto, debe suprimirse. Así pues, los derechos de retirada establecidos de conformidad con el Reglamento (CE) no 1782/2003 deben activarse respecto de las hectáreas sujetas a las mismas condiciones de admisibilidad que cualquier otro derecho. La supresión de la obligación de retirada puede dar como resultado que las tierras que eran admisibles a efectos de activar los derechos de retirada ya no lo sean. Para mantener la admisibilidad de dichas tierras debe establecerse que determinadas zonas forestales, incluidas las que hayan sido forestadas en virtud de regímenes nacionales que cumplan las normas pertinentes del Reglamento (CE) no 1698/2005 o las zonas sujetas a determinados compromisos medioambientales, puedan optar al régimen de pago único.

(31) Tras la integración de la antigua ayuda asociada a la producción en el régimen de pago único, en aquellos Estados miembros que optaron por una aplicación histórica, el valor de los derechos de pago se basó en el nivel de ayuda que venían recibiendo individualmente. Con el tiempo transcurrido desde la introducción del régimen de pago único y tras la integración sucesiva de otros sectores en dicho régimen, cada vez se hace más difícil justificar la legitimidad de las importantes diferencias individuales en el nivel de ayuda, basadas exclusivamente en la ayuda concedida en el pasado. Por este motivo, debe autorizarse a los Estados miembros que eligieron el modelo de ejecución histórico a revisar, en determinadas condiciones, los derechos de pago asignados, con objeto de aproximar su valor unitario, sin dejar de observar los principios generales del Derecho comunitario y los objetivos de la PAC. En este contexto, los Estados miembros pueden tener en cuenta las especificidades de las zonas geográficas al fijar valores más uniformes. La nivelación de los derechos de pago debe producirse a lo largo de un período de transición adecuado y restringirse a una gama limitada de reducciones, para que los agricultores puedan adaptarse razonablemente a los niveles cambiantes de las ayudas.

(32) En virtud del Reglamento (CE) no 1782/2008, los Estados miembros tenían la opción de aplicar el régimen de pago único según el modelo histórico o regional. Desde entonces los Estados miembros han tenido la oportunidad de evaluar las repercusiones de sus opciones en términos de conveniencia tanto económica como administrativa. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener la facultad de revisar su decisión inicial a la luz de la experiencia. Por esta razón, además de poder nivelar el valor de los derechos de pago, debe autorizarse a los Estados miembros que aplicaron el modelo histórico a adoptar una aplicación regionalizada del régimen de pago único de acuerdo con las opciones ya establecidas en el Reglamento (CE) no 1782/2003. En particular, debe permitirse a los Estados miembros ajustar la distribución territorial de la ayuda directa procediendo a una redistribución gradual entre unas regiones y otras. Esta opción brindaría a los Estados miembros una mayor flexibilidad para concentrar la ayuda directa de la manera más adecuada, con arreglo a los objetivos establecidos en el artículo 33 del Tratado y basándose en criterios objetivos y no discriminatorios, como el potencial agrícola y criterios medioambientales. Además, a los Estados miembros que decidieron aplicar el modelo regional debe ofrecérseles la opción de revisar sus decisiones, en determinadas condiciones, con el objetivo de aproximar el valor de los derechos de pago según un procedimiento preestablecido anualmente, sin dejar de observar los principios generales del Derecho comunitario y los objetivos de la PAC. Tales cambios deben producirse a lo largo de un período de transición adecuado y restringirse a una gama limitada de reducciones, para que los agricultores puedan adaptarse razonablemente a los cambios en los niveles de las ayudas.

(33) El Reglamento (CE) no 1782/2003, a la vez que introduce un régimen de pago único disociado, permitía a los Estados miembros excluir total o parcialmente determinados pagos de dicho régimen. Dicho Reglamento preveía también la revisión y posible modificación de esta opción en función de la evolución del mercado y de las estructuras. Del análisis de la experiencia adquirida se deduce que la disociación aporta a los productores flexibilidad en la elección de los productos que se vayan a cultivar, permitiéndoles adoptar sus decisiones de producción sobre la base de la rentabilidad y la respuesta del mercado. Esto ocurre particularmente en el sector de los cultivos herbáceos y del lúpulo y, en cierta medida, en los sectores del ganado vacuno y de las semillas. Por lo tanto, los pagos parcialmente asociados a la producción en los sectores de los cultivos herbáceos y del lúpulo deben integrarse en el régimen de pago único a partir de 2010. En el caso del lúpulo, el Reglamento (CE) no 1782/2003 permitía a los Estados miembros conceder parte de la ayuda al lúpulo por superficie a organizaciones de productores reconocidas. Para que las organizaciones de productores puedan continuar sus actividades como antes, el Reglamento (CE) no 1234/2007, en la versión modificada por el Reglamento (CE) no 72/2009, de 19 de enero de 2009, por el que se adapta la política agrícola común (11), dispone importes equivalentes para que se utilicen para las mismas actividades en el Estado miembro afectado. Esos importes deben, por tanto, deducirse de los límites máximos nacionales que el presente Reglamento disponga para dicho Estado miembro. Para que los agricultores de los sectores del ganado vacuno y de las semillas puedan adecuarse a las nuevas disposiciones en materia de ayudas, debe establecerse que se proceda a la integración de los pagos por ganado vacuno y las ayudas para las semillas en 2012 a más tardar. Habida cuenta de que la introducción de los pagos parcialmente asociados a la producción en el sector de las frutas y hortalizas es relativamente reciente, y que sólo es una medida transitoria, debe permitirse que continúe la exclusión de dichos pagos del régimen de pago único, y debe permitirse a los Estados miembros que revisen sus decisiones con vistas a aumentar el nivel de disociación.

(34) Sin embargo, por lo que se refiere a las vacas nodrizas y al sector ovino y caprino, el mantenimiento de un nivel mínimo de producción aún puede ser necesario para la economía agrícola de determinadas regiones y, en especial, de aquellas donde los agricultores no pueden recurrir a otras alternativas económicas. En este contexto, los Estados miembros deben tener la facultad de mantener la ayuda asociada a la producción bien en el nivel actual, bien en un nivel inferior. En tal caso, deben adoptarse disposiciones especiales para que se cumplan los requisitos en materia de identificación y registro establecidos en el Reglamento (CE) no 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno (12) y en el Reglamento (CE) no 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina (13), sobre todo con objeto de garantizar la trazabilidad de los animales.

(35) Conviene autorizar a los Estados miembros a utilizar hasta el 10 % de sus límites máximos nacionales para el régimen de pago único destinado a conceder ayudas específicas en casos claramente definidos. Tales ayudas deben permitir a los Estados miembros abordar aspectos medioambientales y de bienestar animal, y mejorar la calidad y la comercialización de los productos agrícolas. La ayuda específica también debe servir para atenuar las consecuencias de la reducción progresiva de las cuotas lácteas y de la disociación de la ayuda en algunos sectores particularmente sensibles. Dada la importancia creciente de una gestión eficaz de los riesgos, debe ofrecerse a los Estados miembros la opción de contribuir financieramente al pago de las primas de seguro de cosechas, animales y plantas pagadas por los agricultores, así como a la financiación de la compensación por determinadas pérdidas económicas en caso de enfermedades animales o vegetales y de incidencias medioambientales. Para que la Comunidad pueda cumplir con sus obligaciones internacionales, los recursos que puedan destinarse a cualquier ayuda asociada a la producción deben limitarse a un nivel apropiado al tiempo que se permiten medidas transitorias para los Estados miembros que se enfrenten a dificultades particulares. Deben definirse, en consecuencia, las condiciones aplicables a las contribuciones financieras para las primas del seguro de cosechas, animales y plantas y la compensación en relación con las enfermedades animales o vegetales o las incidencias medioambientales. Además, debe concederse a los Estados miembros que se hayan acogido al artículo 69 del Reglamento (CE) no 1782/2003 un período transitorio suficiente que les permita una transición sin sobresaltos a las nuevas normas de ayuda específica.

(36) La experiencia muestra que en la actualidad los Estados miembros no utilizan la totalidad de los fondos disponibles dentro de sus límites máximos nacionales para el régimen de pago único, en particular en caso de no activación de los derechos de pago. Para facilitar una utilización más eficaz de los fondos, conviene permitir que los Estados miembros presten apoyo por encima de sus límites máximos nacionales y hasta una determinada cuantía cuyo nivel garantice su permanencia dentro de los márgenes del déficit de ejecución de sus límites máximos nacionales. Esta cuantía debe calcularse basándose en el déficit de ejecución del presupuesto para el año más reciente de que se disponga y no debe cuestionar el respeto del límite máximo neto para los pagos directos por Estado miembro considerados en su totalidad. Por este motivo, y para garantizar que los agricultores no se enfrenten a reducciones de pagos imprevistas, el cálculo debe realizarse dentro de ciertos márgenes de seguridad. Los importes deben utilizarse para la financiación de medidas de apoyo específico o bien transferirse al FEADER.

(37) Los pagos directos en virtud del régimen de pago único se basaban en los importes de referencia de los pagos directos recibidos en el pasado o en importes por hectárea regionalizados. Los agricultores de los nuevos Estados miembros no recibieron pagos directos comunitarios y no disponían de referencias históricas de los años naturales 2000, 2001 y 2002. Por lo tanto, al amparo del Reglamento (CE) no 1782/2003 se adoptó una disposición para que el régimen de pago único en los nuevos Estados miembros se basara en importes por hectárea regionalizados. Varios años después de la adhesión de los nuevos Estados miembros a la Comunidad, sin embargo, el uso de períodos de referencia podría tenerse en cuenta respecto de aquellos nuevos Estados miembros que todavía no han adoptado el régimen de pago único. Con objeto de facilitar la transición al régimen de pago único y, sobre todo, de evitar solicitudes de carácter especulativo, se debe autorizar a los nuevos Estados miembros para que tengan en cuenta, para calcular los derechos de pago en virtud del régimen de pago único, las superficies a las que históricamente se concedió ayuda en virtud de dicho régimen.

(38) De acuerdo con la opción regionalizada del régimen de pago único, los nuevos Estados miembros deben tener la posibilidad de ajustar el valor de los derechos de pago por hectárea basándose en criterios objetivos para asegurar la igualdad de trato entre los agricultores y evitar distorsiones del mercado.

(39) Los nuevos Estados miembros deben tener las mismas posibilidades que los otros Estados miembros para ejecutar parcialmente el régimen de pago único.

(40) La disociación de las ayudas directas y la introducción del régimen de pago único eran elementos esenciales en el proceso de reforma de la PAC. Sin embargo, en 2003 varias razones motivaron el mantenimiento de la ayuda específica para varios cultivos. La experiencia acumulada con la aplicación del Reglamento (CE) no 1782/2003, junto con la evolución de la situación del mercado, indica que los regímenes que se mantuvieron fuera del régimen de pago único en 2003 pueden integrarse ahora en este régimen, a fin de promover una agricultura más orientada al mercado y más sostenible. Es el caso, en particular, del sector del aceite de oliva, en el que sólo una parte marginal de las ayudas estaba asociada a la producción, así como del pago en los sectores del trigo duro, las proteaginosas, el arroz, la fécula de patata y los frutos de cáscara, en los que la eficacia decreciente de las ayudas asociadas a la producción justifica la opción de la disociación. En el caso del lino y el cáñamo, los forrajes desecados y la fécula de patata, se debe disociar la ayuda a la transformación e integrar los importes pertinentes en el régimen de pago único. Por lo que se refiere a las proteaginosas, el arroz, la fécula de patata, los frutos de cáscara, el lino y el cáñamo, para permitir el ajuste de los productores conviene integrar las ayudas a estos sectores en el régimen de pago único a partir de 2012, permitiendo al mismo tiempo a los Estados miembros anticipar la fecha de su integración, con excepción de las ayudas a la transformación contempladas en el Reglamento (CE) no 1234/2007. En cuanto a los frutos de cáscara habría que permitir a los Estados miembros que la parte nacional de la ayuda continúe pagándose como ayuda asociada a la producción, con objeto de amortiguar los efectos de la disociación.

(41) Como consecuencia de la integración de otros sectores en el régimen de pago único, deben adoptarse disposiciones para el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la renta individual en virtud de dicho régimen. En el caso de los frutos de cáscara, la fécula de patata, el lino, el cáñamo y los forrajes desecados, tal aumento debe concederse sobre la base de la ayuda recibida por los agricultores a lo largo de los últimos años. Sin embargo, en el caso de la integración de los pagos que estaban parcialmente excluidos del régimen de pago único, debe ofrecerse a los Estados miembros la opción de utilizar los períodos de referencia originales. En el caso de la fécula de patata, los importes disponibles para distribución en Alemania y los Países Bajos deben tener en cuenta las entregas transfronterizas de fécula de patata producida en uno de estos Estados miembros para su transformación en el otro. Además, con la intención de cubrir las necesidades específicas de los sectores agrícolas de dichos Estados miembros, y garantizar que la ayuda recibida anteriormente por los agricultores no se vea reducida drásticamente, debe permitirse a los Estados miembros, dentro de ciertos límites, utilizar los fondos que deben integrarse en el régimen de pago único para ayudar a los agricultores que hayan ejercido determinadas actividades agrarias en otros sectores durante los mismos años, como la utilización de pastizales o la cría de animales.

(42) El Reglamento (CE) no 1782/2003 establecía una ayuda específica a los cultivos energéticos con objeto de favorecer el desarrollo del sector. Habida cuenta de la evolución reciente del sector de la bioenergía y, en especial, la fuerte demanda de tales productos en los mercados internacionales y la introducción de objetivos vinculantes en lo que respecta al porcentaje que debe representar la bioenergía en el total de los combustibles antes de 2020, ya no existen razones suficientes para conceder la ayuda específica a los cultivos energéticos.

(43) Cuando se integró el sector del algodón en el régimen de pago único, se consideró necesario que una parte de la ayuda siguiera vinculándose al cultivo del algodón a través de un pago específico por hectárea admisible para prevenir cualquier riesgo de perturbación de la producción en las regiones productoras de algodón. Esta opción debe mantenerse de conformidad con los objetivos establecidos en el Protocolo no 4 sobre el algodón adjunto al Acta de adhesión de 1979.

(44) Para amortiguar los efectos del proceso de reestructuración en los Estados miembros que han concedido la ayuda a la reestructuración regulada por el Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad (14), debe mantenerse la ayuda prevista para los productores de remolacha azucarera y caña de azúcar por un período máximo de cinco años consecutivos.

(45) Cuando se integró el sector de las frutas y hortalizas en el régimen de pago único se estableció una ayuda temporal asociada por superficie para las fresas y las frambuesas. Es conveniente prorrogar los plazos originales de dicha ayuda, estableciendo al mismo tiempo la disociación de esta ayuda respecto de la producción. Los límites máximos nacionales deben ajustarse para reflejar esto.

(46) El régimen transitorio simplificado para conceder pagos directos en los nuevos Estados miembros basándose en la superficie, es decir, el régimen único de pago por superficie, ha demostrado ser un sistema eficaz y sencillo para conceder una ayuda a la renta de los agricultores en los nuevos Estados miembros. En aras de la simplificación debe permitirse a los nuevos Estados miembros que optaron por aplicar el régimen que sigan aplicándolo hasta finales de 2013.

(47) A raíz de las respectivas reformas de los sectores del azúcar y de las frutas y hortalizas, y de su integración en el régimen de pago único, debe autorizarse a los Estados miembros que optaron por aplicar el régimen de pago único por superficie a conceder una ayuda a la renta a los productores de remolacha azucarera, caña de azúcar y achicoria y a los productores de determinadas frutas y hortalizas, en forma de pagos separados. Del mismo modo, debe autorizarse a tales Estados miembros a pagar la ayuda específica por separado en condiciones similares a las aplicables en los otros Estados miembros.

(48) Como consecuencia de la introducción progresiva de los pagos directos en los nuevos Estados miembros, se permitió a dichos Estados miembros abonar pagos directos nacionales complementarios. Deben mantenerse las condiciones que regulan la concesión de tales pagos.

(49) En el momento de la asignación inicial de los derechos de pago por parte de los Estados miembros, algunos errores condujeron a la concesión de pagos particularmente elevados a los agricultores. Esta irregularidad es objeto, normalmente, de una corrección financiera hasta que se adopten medidas correctoras. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que los derechos de pago se asignaron por primera vez, las correcciones necesarias supondrían unas obligaciones jurídicas y administrativas desproporcionadas para los Estados miembros. Por tanto, por motivos de seguridad jurídica, se debe regularizar la asignación de tales pagos.

(50) De conformidad con el Reglamento (CE) no 1782/2003, Francia, Portugal y España decidieron excluir del régimen de pago único los pagos directos efectuados en los departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias, respectivamente, y concederlos al amparo de las condiciones establecidas en el título IV de dicho Reglamento. Parte de la ayuda prevista en ese título se ha integrado completamente en el régimen de pago único. Por motivos de simplificación y con el fin de tener en cuenta las circunstancias específicas de las regiones ultraperiféricas, dicha ayuda debe gestionarse dentro de los programas de ayuda establecidos por el Reglamento (CE) no 247/2006, de 30 de enero de 2006, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (15). Con este fin, deben transferirse los fondos pertinentes de los límites máximos nacionales para pagos directos al importe financiero fijado en dicho Reglamento. Para hacer posible que los Estados miembros afectados adapten los programas de ayuda, estas transferencias sólo deben tener lugar en 2010. Mientras tanto, se aplicarán los pagos directos en las regiones ultraperiféricas en las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 1782/2003. Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 247/2006 en consecuencia.

(51) Debe precisarse que las disposiciones del presente Reglamento que podrían originar un comportamiento de un Estado miembro susceptible de constituir una ayuda estatal quedan excluidas, salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento, del ámbito de aplicación de las normas en materia de ayuda estatal, habida cuenta de que las disposiciones en cuestión incluyen condiciones adecuadas para evitar que la concesión de ayuda provoque un falseamiento indebido de la competencia, o prevén la adopción de tales condiciones por la Comisión.

(52) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (16).

(53) Para que tanto los Estados miembros como el mundo agrícola se beneficien de los mecanismos de simplificación introducidos por el presente Reglamento, y en particular de la supresión de la obligación de retirada de tierras, el presente Reglamento se aplicará a partir del 1 de enero de 2009. No obstante, las disposiciones que puedan reducir los derechos de los agricultores o crear nuevas obligaciones, entre otras las obligaciones de condicionalidad que los agricultores deben cumplir durante todo el año, deben aplicarse tan sólo a partir de 2010 y, en el caso de la norma sobre el establecimiento de franjas de protección en las márgenes de los ríos, a más tardar el 31 de enero de 2012. Además, debe ofrecerse a los Estados miembros un plazo suficiente para aplicar las disposiciones que autorizan una mayor disociación de los pagos directos y las que les permiten revisar las decisiones adoptadas en el contexto de la reforma de 2003. Por esta razón, las disposiciones pertinentes del presente Reglamento sólo deben ser de aplicación a partir de 2010 y el Reglamento (CE) no 1782/2003 derogado debe aplicarse durante el año 2009 a los regímenes de ayudas que sólo se integrarán en el régimen de pago único a partir de 2010.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece:

a) disposiciones comunes en relación con los pagos directos;

b) un régimen de ayuda a la renta para los agricultores (denominado en lo sucesivo el «régimen de pago único»);

c) un régimen de ayuda a la renta transitorio simplificado para los agricultores de los nuevos Estados miembros, tal como define el artículo 2, letra g) (denominado en lo sucesivo el «régimen de pago único por superficie»);

d) regímenes de ayuda para los agricultores productores de arroz, patatas de fécula, proteaginosas, frutos de cáscara, semillas, algodón, azúcar, frutas y hortalizas, ganado ovino y caprino y ganado vacuno;

e) un marco que haga posible que los nuevos Estados miembros, tal como define el artículo 2, letra g), complementen los pagos directos.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «agricultor»: toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacional al grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada en el territorio de la Comunidad, tal como se establece en el artículo 299 del Tratado, y que ejerza una actividad agraria;

b) «explotación»: todas las unidades de producción administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro;

c) «actividad agraria»: la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6;

d) «pago directo»: todo pago abonado directamente a los agricultores en virtud de un régimen de ayuda enumerado en el anexo I;

e) «pagos de un año natural determinado» o «pagos del período representativo»: los pagos efectuados o que deban efectuarse en relación con el año o años considerados, incluidos todos los pagos correspondientes a otros períodos que comiencen en ese año o años naturales;

f) «productos agrícolas»: los productos incluidos en la lista del anexo I del Tratado, a excepción de los productos pesqueros, así como el algodón y;

g) «nuevos Estados miembros»: Bulgaria, la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia;

h) «superficie agraria»: cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes o cultivos permanentes.

Artículo 3

Financiación de los pagos directos

Los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I del presente Reglamento serán financiados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1290/2005.

TÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PAGOS DIRECTOS

CAPÍTULO 1

Condicionalidad

Artículo 4

Requisitos principales

1. Todo agricultor que reciba pagos directos deberá cumplir los requisitos legales de gestión enumerados en el anexo II y las buenas condiciones agrarias y medioambientales mencionadas en el artículo 6.

Las obligaciones a que se refiere el párrafo primero se aplicarán únicamente en la medida en que se vea afectada la actividad agraria del agricultor o la superficie agraria de la explotación.

2. La autoridad nacional competente proporcionará a los agricultores, por medios electrónicos, entre otros, la lista de los requisitos legales de gestión y de las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deberán cumplir.

Artículo 5

Requisitos legales de gestión

1. Los requisitos legales de gestión enumerados en el anexo II serán establecidos mediante disposiciones legales comunitarias en los siguientes ámbitos:

a) salud pública, zoosanidad y fitosanidad,

b) medio ambiente,

c) bienestar de los animales.

2. Los actos a que se refiere el anexo II se aplicarán en su versión vigente y, en el caso de las Directivas, tal como las apliquen los Estados miembros.

Artículo 6

Buenas condiciones agrarias y medioambientales

1. Los Estados miembros garantizarán que todas las tierras agrarias, especialmente las que ya no se utilicen para la producción, se mantengan en buenas condiciones agrarias y medioambientales. Los Estados miembros definirán, a nivel nacional o regional, los requisitos mínimos de buenas condiciones agrarias y medioambientales sobre la base del marco establecido en el anexo III, atendiendo a las características específicas de las superficies afectadas, incluidas las condiciones edáficas y climáticas, los sistemas de explotación existentes, la utilización de las tierras, la rotación de cultivos, las prácticas de explotación agraria y las estructuras de explotación. Los Estados miembros no definirán requisitos mínimos que no estén previstos en dicho marco.

Las normas enumeradas en la tercera columna del anexo III serán facultativas, excepto cuando:

a) un Estado miembro haya definido, para dicho tipo de normas, un requisito mínimo de buenas condiciones agrarias y medioambientales antes del 1 de enero de 2009, y/o

b) en el Estado miembro se apliquen normas nacionales que se refieran a la norma en cuestión.

2. Los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros garantizarán que las tierras dedicadas a pastos permanentes en la fecha establecida para las solicitudes de ayuda por superficie para 2003 se mantengan como pastos permanentes. Los nuevos Estados miembros, a excepción de Bulgaria y Rumanía, garantizarán que las tierras dedicadas a pastos permanentes a 1 de mayo de 2004 se mantengan como pastos permanentes. Bulgaria y Rumanía garantizarán que las tierras dedicadas a pastos permanentes a 1 de enero de 2007 se mantengan como pastos permanentes.

No obstante, un Estado miembro podrá, en circunstancias debidamente justificadas, hacer excepciones a lo dispuesto en el párrafo primero, a condición de que tome medidas para impedir toda reducción significativa de su superficie total de pastos permanentes.

El párrafo primero no se aplicará a las tierras dedicadas a pastos permanentes que vayan a ser forestadas, si dicha forestación es compatible con el medio ambiente y con la exclusión de la plantación de árboles de Navidad y de especies de crecimiento rápido cultivadas a corto plazo.

CAPÍTULO 2

Modulación y disciplina financiera

Artículo 7

Modulación

1. A cualquier pago directo superior a 5 000 EUR que deba concederse en un año natural determinado a un agricultor se reducirá cada año hasta 2012 en aplicación de los siguientes porcentajes:

a) en 2009: en un 7 %,

b) en 2010: en un 8 %,

c) en 2011: en un 9 %,

d) en 2012: en un 10 %.

2. Las reducciones previstas en el apartado 1 se incrementarán en cuatro puntos porcentuales para los importes superiores a 300 000 EUR.

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a los pagos directos concedidos a los agricultores de los departamentos franceses de ultramar, las Azores y Madeira, las islas Canarias y las islas del Mar Egeo.

Artículo 8

Límites máximos netos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 del presente Reglamento, los importes netos totales de los pagos directos que pueden concederse en un Estado miembro a lo largo de un año natural, tras la aplicación de los artículos 7 y 10 del presente Reglamento y del artículo 1 del Reglamento (CE) no 378/2007 y con la excepción de los pagos directos concedidos en virtud de los Reglamentos (CE) no 247/2006 y (CE) no 1405/2006, no rebasarán los límites máximos establecidos en el anexo IV del presente Reglamento. En caso necesario, para respetar dichos límites los Estados miembros aplicarán una reducción lineal a los importes de los pagos directos que estén sujetos a la reducción prevista en los artículos 7 y 10 del presente Reglamento y en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 378/2007.

2. La Comisión revisará, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 141, apartado 2, del presente Reglamento, los límites máximos previstos en el anexo IV del presente Reglamento, con el fin de tener en cuenta:

a) las modificaciones de los importes máximos totales de los pagos directos que pueden concederse;

b) las modificaciones del régimen de modulación facultativa establecido en el Reglamento (CE) no 378/2007;

c) los cambios estructurales de las explotaciones;

d) las transferencias del FEADER con arreglo al artículo 136 del presente Reglamento.

Artículo 9

Importes resultantes de la modulación

1. Los importes resultantes de la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 7 del presente Reglamento se destinarán, en cualquier Estado miembro distinto de los nuevos Estados miembros, en concepto de ayuda comunitaria suplementaria, a sufragar medidas incluidas en la programación de desarrollo rural y financiadas por el FEADER, tal como se establece en el Reglamento (CE) no 1698/2005, de acuerdo con las condiciones que se enuncian en el presente artículo.

2. Los importes correspondientes a un punto porcentual serán asignados a los Estados miembros en los que se hayan generado los correspondientes importes. Los importes correspondientes a la reducción de 4 puntos porcentuales serán asignados a los Estados miembros afectados con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 141, apartado 2, y en función de los siguientes criterios:

a) superficie agraria;

b) empleo agrario;

c) producto interior bruto (PIB) per cápita en paridades de poder adquisitivo.

Sin embargo, todo Estado miembro interesado recibirá al menos el 80 % del total de los importes mencionados en el párrafo primero generados en dicho Estado miembro.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, párrafo segundo, si en un Estado miembro la proporción de centeno respecto de su producción total de cereal excede del 5 % de promedio durante el período 2000-2002 y su proporción respecto de la producción comunitaria total de centeno excede del 50 % durante el mismo período, al menos el 90 % de los importes generados por la modulación en el Estado miembro afectado se reasignará a dicho Estado miembro, hasta 2013 inclusive.

En tal caso, sin perjuicio de las posibilidades contempladas en el artículo 68, al menos el 10 % del importe asignado al Estado miembro afectado se destinará a las medidas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo en las regiones productoras de centeno.

A efectos del presente apartado, se entenderá por «cereales» los productos enumerados en el anexo V.

4. Los importes restantes resultantes de la aplicación del artículo 7, apartado 1, y los importes resultantes de la aplicación del artículo 7, apartado 2, serán asignados al Estado miembro en que se hayan generado los importes correspondientes, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 141, apartado 2. Dichos importes se utilizarán de conformidad con el artículo 69, apartado 5 bis, del Reglamento (CE) no 1698/2005.

Artículo 10

Normas específicas en materia de modulación en los nuevos Estados miembros

1. El artículo 7 sólo se aplicará a los agricultores de un nuevo Estado miembro en cualquier año natural determinado si el nivel de pagos directos aplicable en ese Estado miembro durante ese año natural, de conformidad con el artículo 121, es al menos igual al nivel de los pagos directos aplicable en esa fecha en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros, teniendo en cuenta cualquier reducción aplicada de conformidad con el artículo 7, apartado 1.

2. Si el artículo 7 se aplica a los agricultores de un nuevo Estado miembro, el porcentaje aplicable en virtud del artículo 7, apartado 1, se limitará a la diferencia entre el nivel de pagos directos aplicables en dicho Estado con arreglo al artículo 121 y el nivel en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros, teniendo en cuenta cualquier reducción aplicada de conformidad con el artículo 7, apartado 1.

3. Cualquier importe resultante de la aplicación del artículo 7, apartados 1 y 2, se asignará al nuevo Estado miembro en que se hayan generado los importes correspondientes, con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 141, apartado 2. Dichos importes se utilizarán de conformidad con el artícul 69, apartado 5 bis, del Reglamento (CE) no 1698/2005.

Artículo 11

Disciplina financiera

1. Con el fin de garantizar que los importes destinados a la financiación del gasto relacionado con el mercado y los pagos directos de la PAC incluidos actualmente en la rúbrica 2 del anexo I del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (17), respeten los límites máximos anuales fijados en la Decisión 2002/929/CE de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 18 de noviembre de 2002, relativa a las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de los días 24 y 25 de octubre de 2002 (18), se deberá establecer el ajuste de los pagos directos cuando las previsiones de financiación de las citadas medidas incluidas en la rúbrica 2 para un ejercicio presupuestario determinado, a las que se sumarán los importes que figuran en los artículos 134 y 135 del presente Reglamento y antes de la aplicación de la modulación prevista en los artículos 7 y 10 del presente Reglamento y en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 378/2007, indiquen que se superará el citado límite máximo anual aplicable, teniendo en cuenta un margen de 300 000 000 EUR por debajo de dicho límite.

2. El Consejo, previa propuesta de la Comisión, presentada a más tardar el 31 de marzo del año natural respecto al cual se apliquen los ajustes contemplados en el apartado 1, establecerá dichos ajustes a más tardar el 30 de junio del mismo año natural.

3. En el marco de la aplicación del calendario de incrementos establecido en el artículo 121 a todos los pagos directos concedidos en los nuevos Estados miembros, el apartado 1 del presente artículo sólo se aplicará a los nuevos Estados miembros a partir del inicio del año natural en que el nivel de pagos directos aplicable en los nuevos Estados miembros sea al menos igual al nivel de pagos directos aplicable en esa fecha en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros.

CAPÍTULO 3

Sistema de asesoramiento a las explotaciones

Artículo 12

Sistema de asesoramiento a las explotaciones

1. Los Estados miembros instaurarán un sistema para asesorar a los agricultores sobre la gestión de tierras y explotaciones (en lo sucesivo denominado «el sistema de asesoramiento a las explotaciones»), que estará a cargo de una o varias autoridades designadas o de organismos privados.

2. El sistema de asesoramiento a las explotaciones tratará, como mínimo, los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales a que se refiere el capítulo 1.

3. Los agricultores podrán participar de forma voluntaria en el sistema de asesoramiento a las explotaciones.

Los Estados miembros podrán determinar, siguiendo criterios objetivos, las categorías prioritarias de agricultores que tendrán acceso al sistema de asesoramiento a las explotaciones.

4. A más tardar el 31 de diciembre de 2010, la Comisión presentará un informe al Consejo sobre la aplicación del sistema de asesoramiento a las explotaciones, acompañado, en caso necesario, de las propuestas adecuadas.

Artículo 13

Obligaciones de las autoridades designadas y los organismos privados

Sin perjuicio de la legislación nacional en materia de acceso del público a los documentos, los Estados miembros garantizarán que las autoridades designadas y los organismos privados a que se refiere el artículo 12, apartado 1, se abstengan de revelar cualquier información o dato personal o particular que obtengan en el ejercicio de su actividad asesora a toda persona que no sea el agricultor gerente de la explotación afectada, con la salvedad de las irregularidades o infracciones constatadas en el desempeño de su actividad que, en virtud de la legislación comunitaria o nacional, deban obligatoriamente notificarse a una autoridad pública, en particular cuando se trate de infracciones penales.

CAPÍTULO 4

Sistema integrado de gestión y control

Artículo 14

Ámbito de aplicación

Cada Estado miembro creará y administrará un sistema integrado de gestión y control (denominado en lo sucesivo «sistema integrado»).

El sistema integrado se aplicará a los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I.

Asimismo, se aplicará, en la medida necesaria, a la gestión y control de las normas establecidas en los capítulos 1 y 2 del presente título.

Artículo 15

Elementos del sistema integrado

1. El sistema integrado comprenderá los siguientes elementos:

a) una base de datos informática;

b) un sistema de identificación de las parcelas agrarias;

c) un sistema de identificación y registro de los derechos de pago;

d) solicitudes de ayuda;

e) un sistema de control integrado;

f) un único sistema de registro de la identidad de cada agricultor que presente una solicitud de ayuda.

2. Cuando sean de aplicación los artículos 52 y 53 del presente Reglamento, el sistema integrado incorporará un sistema para la identificación y el registro de animales, establecido de conformidad con los Reglamentos (CE) no 1760/2000 y no 21/2004.

3. Los Estados miembros podrán incluir un sistema de información geográfica con respecto al cultivo del olivo en el sistema de determinación de parcelas agrarias.

Artículo 16

Base de datos informática

1. La base de datos informática contendrá los datos de cada explotación agraria obtenidos de las solicitudes de ayuda.

La base de datos permitirá, en particular, consultar a través de la autoridad competente del Estado miembro, los datos correspondientes a los años naturales y/o las campañas de comercialización a partir del año 2000. Asimismo, permitirá consultar directa e inmediatamente los datos correspondientes a los cuatro años anteriores.

2. Los Estados miembros podrán establecer bases de datos descentralizadas, siempre y cuando éstas, así como los procedimientos administrativos de registro y consulta de los datos, estén concebidas de forma homogénea en todo el territorio del Estado miembro y sean compatibles entre sí, a fin de poder realizar cotejos.

Artículo 17

Sistema de identificación de las parcelas agrarias

El sistema de identificación de las parcelas agrarias se establecerá a partir de mapas o documentos catastrales u otras referencias cartográficas. Se hará uso de las técnicas empleadas en los sistemas informáticos de información geográfica, incluidas, preferentemente, las ortoimágenes aéreas o espaciales, con arreglo a una norma homogénea que garantice una precisión equivalente, como mínimo, a la de la cartografía de escala 1: 10 000.

Artículo 18

Sistema de identificación y registro de los derechos de pago

1. Se establecerá un sistema de identificación y registro de los derechos de pago que permita la verificación de los derechos, así como la realización de controles cruzados con las solicitudes de ayuda y el sistema de identificación de parcelas agrarias.

2. El sistema a que se refiere el apartado 1 permitirá consultar directa e inmediatamente, a través de la autoridad competente del Estado miembro, los datos correspondientes, como mínimo, a los cuatro años naturales consecutivos anteriores.

Artículo 19

Solicitudes de ayuda

1. Cada agricultor presentará anualmente una solicitud de pagos directos en la que se indicarán, según proceda:

a) todas las parcelas agrarias de la explotación y, cuando el Estado miembro aplique el artículo 15, apartado 3, el número de olivos y su ubicación en la parcela;

b) los derechos de pago declarados para la activación;

c) cualquier otro dato previsto por el presente Reglamento o por el Estado miembro afectado.

2. Los Estados miembros proporcionarán, por medios electrónicos, entre otros, impresos precumplimentados basados en las superficies determinadas el año anterior, así como información gráfica en la que se indique la ubicación de dichas superficies y, cuando proceda, la ubicación de los olivos. Los Estados miembros podrán disponer que la solicitud de ayuda sólo indique los cambios con respecto a la solicitud presentada el año anterior.

3. Los Estados miembros podrán disponer que una sola solicitud de ayuda cubra varios o todos los regímenes enumerados en el anexo I u otros regímenes de ayuda.

Artículo 20

Verificación de las condiciones de admisibilidad

1. Los Estados miembros someterán las solicitudes de ayuda a controles administrativos a fin de verificar las condiciones de admisibilidad al beneficio de la ayuda.

2. Los controles administrativos se completarán con un sistema de controles sobre el terreno a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad al beneficio de la ayuda. A tal fin, los Estados miembros elaborarán un plan de muestreo de las explotaciones agrarias.

Los Estados miembros podrán utilizar técnicas de teledetección y del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) para realizar sobre el terreno comprobaciones de las parcelas agrarias.

3. Cada Estado miembro designará una autoridad responsable de la coordinación de los controles y las comprobaciones previstos en el presente capítulo.

Cuando un Estado miembro confíe a agencias o empresas especializadas parte de la labor que deba efectuarse en virtud de lo dispuesto en el presente capítulo, dicha labor se realizará bajo el control y la responsabilidad de la autoridad designada.

Artículo 21

Reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento de las normas en materia de admisibilidad

1. Sin perjuicio de cualquier reducción o exclusión contemplada en el artículo 23, cuando se constate que un agricultor no cumple las condiciones requeridas para la admisión al beneficio de la ayuda de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento, el pago, o la parte del mismo, que se haya otorgado o que deba otorgarse y con respecto al cual se cumplan las condiciones de admisibilidad quedará sujeto a las reducciones y exclusiones que se establecerán de conformidad con el procedimiento al que se hace referencia en el artículo 141, apartado 2.

2. El porcentaje de reducción se escalonará en función de la gravedad, el alcance, la persistencia y la repetición del incumplimiento observado y podrá llegar a suponer la exclusión total de uno o varios regímenes de ayuda durante uno o varios años naturales.

Artículo 22

Control de la condicionalidad

1. Los Estados miembros efectuarán comprobaciones sobre el terreno, a fin de verificar el cumplimiento por los agricultores de las obligaciones previstas en el capítulo 1.

2. Los Estados miembros podrán hacer uso de los sistemas administrativos y de control de que ya dispongan, para asegurarse de la observancia de los requisitos legales de gestión y de las buenas condiciones agrarias y medioambientales.

Dichos sistemas, y en particular el sistema de identificación y registro de animales instaurado de conformidad con la Directiva 2008/71/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativa a la identificación y al registro de cerdos (19) y los Reglamentos (CE) no 1760/2000 y (CE) no 21/2004, deberán ser compatibles con el sistema integrado, según lo previsto en el artículo 26, apartado 1, del presente Reglamento.

Artículo 23

Reducción o exclusión del beneficio de los pagos en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad

1. Cuando no se respeten los requisitos legales de gestión o las buenas condiciones agrarias y medioambientales en cualquier momento de un año natural determinado (denominado en lo sucesivo «el año natural considerado») y el incumplimiento en cuestión resulte de un acto u omisión que se puedan atribuir directamente al agricultor que presentó la solicitud de ayuda en el año natural considerado, el importe total de los pagos directos que, previa aplicación de los artículos 7, 10 y 11, se haya abonado o deba abonarse al agricultor, se reducirá o anulará de conformidad con las normas de desarrollo establecidas en virtud del artículo 24.

El párrafo primero también será aplicable cuando el incumplimiento en cuestión resulte de una acción u omisión directamente imputable a la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo.

A efectos de lo dispuesto en el presente apartado, se entenderá por «transferencia» cualquier tipo de transacción en virtud de la cual la tierra de cultivo deje de estar a disposición de quien la haya transferido.

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, a partir de 2010, cuando la persona a quien pueda atribuirse directamente el acto o la omisión haya presentado una solicitud de ayuda en el año natural considerado, la reducción o la exclusión se aplicará a la totalidad de los importes de los pagos directos concedidos o que se vayan a conceder a dicha persona.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, y de conformidad con las condiciones establecidas en las normas de desarrollo contempladas en el artículo 24, apartado 1, del presente Reglamento, los Estados miembros podrán decidir no aplicar las reducciones o exclusiones de una cuantía igual o inferior a 100 EUR por agricultor y año natural.

Cuando un Estado miembro decida utilizar la opción prevista en el párrafo primero, al año siguiente la autoridad competente adoptará las medidas oportunas para cerciorarse de que el agricultor pone fin al incumplimiento de que se trate. Se notificarán al agricultor el incumplimiento observado y la obligación de tomar las medidas correctoras necesarias.

Artículo 24

Normas de desarrollo de las reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad

1. Las normas de desarrollo de las reducciones y exclusiones a que se refiere el artículo 23 se establecerán con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 141, apartado 2. A este respecto, se tendrán en cuenta la gravedad, el alcance, la persistencia y la repetición del incumplimiento observado, así como los criterios mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

2. En caso de negligencia, el porcentaje de reducción no podrá exceder del 5 % o, si el incumplimiento se repite, del 15 %.

En casos debidamente justificados, los Estados miembros podrán decidir que no se apliquen reducciones cuando, atendiendo a su gravedad, alcance y persistencia, el incumplimiento se considere leve. No obstante, los casos de incumplimiento que entrañen riesgos directos para la salud pública o la sanidad animal no se considerarán leves.

A menos que el agricultor haya adoptado inmediatamente medidas correctoras que pongan fin al incumplimiento observado, la autoridad competente adoptará las medidas oportunas, que podrán limitarse, si procede, a un control administrativo, para garantizar que el agricultor ponga remedio al incumplimiento. Se notificarán al agricultor el incumplimiento leve observado y la obligación de tomar las medidas correctoras necesarias.

3. En caso de incumplimiento deliberado, el porcentaje de reducción no podrá en principio ser inferior al 20 % y podrá llegar a suponer la exclusión total de uno o varios regímenes de ayuda y aplicarse durante uno o varios años naturales.

4. En cualquier caso, el importe total de las reducciones y exclusiones, en relación con un mismo año natural, no podrá rebasar el importe total a que se refiere el artículo 23, apartado 1.

Artículo 25

Importes resultantes de la condicionalidad

Los importes resultantes de la aplicación de las reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento del capítulo 1 se abonarán al FEAGA. Los Estados miembros podrán conservar el 25 % de dichos importes.

Artículo 26

Compatibilidad de los regímenes de ayuda con el sistema integrado

1. A efectos de la aplicación de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo VI, los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de gestión y control relativos a los mismos sean compatibles con el sistema integrado en lo que respecta a los siguientes elementos:

a) la base de datos informática,

b) los sistemas de determinación de las parcelas agrarias,

c) las comprobaciones administrativas.

A tal fin, la base de datos, los sistemas y controles mencionados, respectivamente, en las letras a), b) y c) del párrafo primero se establecerán de tal modo que resulte posible, sin ningún problema o conflicto, un funcionamiento común o el intercambio de datos entre los mismos.

2. A efectos de la aplicación de regímenes de ayuda comunitarios o nacionales distintos de los enumerados en el anexo VI, los Estados miembros podrán incorporar a sus procedimientos de gestión y control uno o varios componentes del sistema integrado.

Artículo 27

Información y control

1. La Comisión será informada con regularidad de la aplicación del sistema integrado.

Organizará intercambios de opiniones a este respecto con los Estados miembros.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento (CE) no 1290/2005, tras informar con la debida antelación a las autoridades competentes, los representantes autorizados designados por la Comisión podrán realizar:

a) cualquier examen o control relativo a las medidas adoptadas para establecer e instrumentar el sistema integrado;

b) controles en las agencias y empresas especializadas a que se refiere el artículo 20, apartado 3.

3. Sin perjuicio de las responsabilidades de los Estados miembros en la instrumentación y aplicación del sistema integrado, la Comisión podrá solicitar la asistencia de organismos especializados o expertos con vistas a facilitar el establecimiento, el seguimiento y la utilización del sistema integrado y, en particular, con objeto de ofrecer a las autoridades competentes de los Estados miembros asesoramiento técnico si así lo demandan.

CAPÍTULO 5

Otras disposiciones generales

Artículo 28

Requisitos mínimos para poder recibir pagos directos

1. A partir de 2010, los Estados miembros no concederán pagos directos a un agricultor en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) cuando el importe total de los pagos directos solicitados o pendientes de concesión antes de las reducciones y exclusiones establecidas en los artículos 21 y 23 en un año natural determinado sea inferior a 100 EUR; o

b) cuando la superficie subvencionable de la explotación por la cual se solicitan o deben concederse pagos directos antes de las reducciones y exclusiones establecidas en el artículo 21 sea inferior a una hectárea.

Para tener en cuenta la estructura de sus economías agrícolas, los Estados miembros podrán ajustar los umbrales a que se refieren las letras a) y b) del párrafo primero del presente apartado dentro de los límites establecidos en el anexo VII.

Los agricultores que posean los derechos especiales a que se refiere el artículo 44, apartado 1, estarán sujetos a la condición mencionada en la letra a) del párrafo primero del presente apartado.

Los Estados miembros afectados podrán decidir no aplicar el presente apartado en los departamentos franceses de ultramar, las Azores y Madeira, las islas Canarias y las islas del Mar Egeo.

Cuando el importe abonado quede reducido como consecuencia de la implantación progresiva de los pagos directos, prevista en el artículo 121 del presente Reglamento o la letra K del anexo VII del Reglamento (CE) no 1782/2003, o en la letra C del anexo IX del presente Reglamento, el importe solicitado o pendiente de concesión se calculará sobre la base del importe definitivo de la ayuda que deberá recibir el agricultor.

2. A partir de 2010, los Estados miembros podrán establecer criterios objetivos y no discriminatorios adecuados para garantizar que no se concede ningún pago directo a una persona física o jurídica:

a) cuyas actividades agrarias representen sólo una parte insignificante del conjunto de sus actividades económicas; o

b) cuyos objetivos principales comerciales o empresariales no sean el ejercicio de una actividad agraria.

3. Los derechos de pago que no den derecho a pagos durante dos años consecutivos debido a la aplicación de los apartados 1 y 2 se restituirán a la reserva nacional.

Artículo 29

Pago

1. Salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento, los pagos derivados de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I se abonarán íntegramente a los beneficiarios.

2. Los pagos se efectuarán hasta en dos plazos anuales en el período comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente.

3. Los pagos en virtud de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I no podrán efectuarse antes de verificar que se cumplen las condiciones de admisibilidad, verificación que deberán realizar los Estados miembros según lo dispuesto en el artículo 20.

4. No obstante lo previsto en el apartado 2 del presente artículo, y con arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 141, apartado 2, la Comisión podrá:

a) prever anticipos;

b) autorizar a los Estados miembros, en función de la situación presupuestaria, a abonar antes del 1 de diciembre anticipos en zonas en las que, debido a condiciones excepcionales, los agricultores atraviesen graves dificultades financieras: i) de hasta un 50 % de los pagos, o o bien ii) de hasta un 80 % de los pagos, cuando ya se hayan previsto anticipos.

Artículo 30

Cláusula de elusión

Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas contenidas en regímenes de ayuda concretos, no se efectuará pago alguno a ningún beneficiario cuando se demuestre que éste ha creado artificialmente las condiciones requeridas para la concesión de tales pagos, con vistas a obtener una ventaja contraria a los objetivos del régimen de ayuda.

Artículo 31

Casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales

A efectos del presente Reglamento, la autoridad competente reconocerá la existencia de casos de fuerza mayor o de circunstancias excepcionales, en los siguientes casos:

a) fallecimiento del agricultor;

b) una incapacidad laboral de larga duración del agricultor;

c) catástrofe natural grave que haya afectado seriamente las tierras agrarias de la explotación;

d) destrucción accidental de naves ganaderas de la explotación;

e) epizootia que haya afectado a una parte o la totalidad del ganado del agricultor.

Artículo 32

Revisión

Los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I se aplicarán sin perjuicio de que pueda efectuarse en cualquier momento una revisión, a la luz de la evolución económica y de la situación presupuestaria.

TÍTULO III

RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO

CAPÍTULO 1

Aplicación general

Artículo 33

Derechos de pago

1. Tendrán derecho a la ayuda en virtud del régimen de pago único los agricultores que:

a) posean derechos de pago obtenidos de conformidad con el Reglamento (CE) no 1782/2003;

b) obtengan derechos de pago al amparo del presente Reglamento: i) mediante transferencia, ii) de la reserva nacional, iii) en virtud del anexo IX, iv) en virtud de los artículos 47, apartado 2, 59, 64, apartado 2, párrafo tercero, 65 y 68, apartado 4, letra c).

2. A los fines de los artículos 47, apartado 2, 57, apartado 6, 64, apartado 2, y 65, se considera que un agricultor posee derechos de pago cuando se hayan asignado o transferido definitivamente derechos de pago a dicho agricultor.

3. Los derechos por retirada de tierras establecidos en virtud de los artículos 53, apartado 2, 63, apartado 2, y 71 undecies del Reglamento (CE) no 1782/2003 no estarán sujetos a las anteriores obligaciones de retirada de tierras.

Artículo 34

Activación de los derechos de pago por hectárea admisible

1. La ayuda en virtud del régimen de pago único se concederá a los agricultores tras la activación de un derecho de pago por hectárea admisible. Los derechos de pago activados permitirán cobrar los importes que determine dicho derecho.

2. A los efectos del presente Reglamento, por «hectárea admisible» se entenderá:

a) cualquier superficie agraria de la explotación y cualquier superficie plantada de plantas forestales de rotación corta (código NC ex 0602 90 41) que se utilice para una actividad agraria o, cuando la superficie se utilice igualmente para actividades no agrarias, se utilice predominantemente para actividades agrarias; y

b) cualquier superficie que haya dado derecho a pagos con arreglo al régimen de pago único o el régimen de pago único por superficie en 2008, y que: i) haya dejado de cumplir la definición de «admisible» a consecuencia de la aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (20), de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (21) y de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (22), o ii) durante el transcurso del correspondiente compromiso de cada agricultor, sea forestada de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (23) o el artículo 43 del Reglamento (CE) no 1698/2005, o con arreglo a un régimen nacional cuyas condiciones se ajusten a lo dispuesto en el artículo 43, apartados 1, 2 y 3 de dicho Reglamento, iii) durante el transcurso del correspondiente compromiso de cada agricultor, se haya retirado de la producción con arreglo a los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento (CE) no 1257/1999 o al artículo 39 del Reglamento (CE) no 1698/2008.

La Comisión establecerá, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 141, apartado 2, las disposiciones relativas al ejercicio de actividades no agrarias en las hectáreas admisibles.

Excepto en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales, las hectáreas cumplirán los criterios de admisibilidad en todo momento a lo largo de un año natural.

Artículo 35

Declaración de las hectáreas admisibles

1. El agricultor declarará las parcelas correspondientes a las hectáreas admisibles vinculadas a los derechos de pago. Salvo en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales, dichas parcelas estarán a disposición del agricultor en una fecha fijada por el Estado miembro, que no será posterior a la fecha fijada en dicho Estado miembro para la modificación de la solicitud de ayuda.

2. Los Estados miembros podrán, en circunstancias debidamente justificadas, autorizar al agricultor a modificar su declaración, siempre que se atenga al número de hectáreas correspondiente a sus derechos de pago y a las condiciones para la concesión del pago único de la superficie afectada.

Artículo 36

Modificación de los derechos de pago

Los derechos de pago por hectárea no podrán modificarse, salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento.

La Comisión establecerá, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 141, apartado 2, normas de desarrollo relativas a la modificación, a partir de 2010, de los derechos de pago, principalmente en lo relativo a las fracciones de derechos.

Artículo 37

Solicitudes múltiples

Salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento, la superficie correspondiente al número de hectáreas admisibles, con respecto a la cual se ha presentado una solicitud de pago único, puede ser objeto de una solicitud de cualquier otro pago directo, así como de cualquier otra ayuda no incluida en el presente Reglamento.

Artículo 38

Utilización de la tierra en caso de integración aplazada del sector de las frutas y hortalizas

Cuando un Estado miembro haya decidido acogerse a la opción establecida en el artículo 51, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1782/2003 (denominada en lo sucesivo «integración aplazada»), las parcelas de las regiones afectadas por la decisión, hasta una fecha que no será posterior al 31 de diciembre de 2010, no serán admisibles si se utilizan para:

a) la producción de frutas y hortalizas,

b) la producción de patatas de consumo, o

c) viveros.

En el caso de la integración aplazada, los Estados miembros podrán decidir que puedan realizarse cultivos secundarios en las hectáreas admisibles por un período máximo de tres meses a partir del 15 de agosto de cada año. Sin embargo, a petición de un Estado miembro, esta fecha podrá modificarse con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 141, apartado 2, para las regiones en las que normalmente los cereales se cosechan antes por motivos climáticos.

Artículo 39

Utilización de las tierras para la producción de cáñamo

1. Las superficies dedicadas a la producción de cáñamo sólo serán subvencionables si las variedades utilizadas tienen un contenido de tetrahidrocannabinol no superior al 0,2 %. Los Estados miembros establecerán un sistema para verificar el contenido de tetrahidrocannabinol de los cultivos plantados en al menos el 30 % de las superficies dedicadas al cultivo de cáñamo. No obstante, si un Estado miembro introduce un sistema de autorización previa de tal cultivo, el mínimo será del 20 %.

2. La concesión de los pagos se subordinará, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 141, apartado 2, a la utilización de semillas certificadas de determinadas variedades.

Artículo 40

Límites máximos nacionales

1. Para cada Estado miembro y cada año, el valor total de todos los derechos de pago asignados y de los límites máximos fijados de conformidad con los artículos 51, apartado 2, y 69, apartado 3, del presente Reglamento, o, para 2009, de conformidad con el artículo 64, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1782/2003, no podrá ser superior al correspondiente límite máximo nacional determinado en el anexo VIII del presente Reglamento.

Cuando se asignen derechos de pago a los productores vitivinícolas, la Comisión, teniendo en cuenta los datos más recientes facilitados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 9 y el artículo 102, apartado 6, del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (24) y de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 141, apartado 2, del presente Reglamento, adaptará los límites máximos nacionales fijados en el anexo IX del presente Reglamento. Antes del 1 de diciembre del año anterior a la adaptación de los límites máximos nacionales, los Estados miembros comunicarán a la Comisión la media regional del valor de los derechos a los que se hace referencia en el anexo IX, punto B, del presente Reglamento.

2. En caso necesario, los Estados miembros aplicarán una reducción lineal del valor de los derechos con el fin de garantizar el cumplimiento de los límites máximos fijados en el anexo VIII.

Artículo 41

Reserva nacional

1. Los Estados miembros constituirán una reserva nacional que incluya la diferencia entre:

a) el límite máximo establecido en el anexo VIII del presente Reglamento y

b) el valor total de todos los derechos de pago asignados junto con los límites máximos fijados de conformidad con el artículo 51, apartado 1, y el artículo 69, apartado 3, del presente Reglamento, o, para 2009, los límites máximos fijados de conformidad con el artículo 64, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1782/2003.

2. Los Estados miembros podrán hacer uso de la reserva nacional para asignar de forma prioritaria, con arreglo a criterios objetivos y de tal forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores y se evite cualquier falseamiento del mercado y de la competencia, derechos de pago a los agricultores que comiencen su actividad agraria.

3. Los Estados miembros que no apliquen el artículo 68, apartado 1, letra c), podrán hacer uso de la reserva nacional para establecer, con arreglo a criterios objetivos y de tal forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores y se evite cualquier falseamiento del mercado y de la competencia, derechos de pago a los agricultores de zonas sujetas a programas de reestructuración o de desarrollo relativos a algún tipo de intervención pública, con objeto de prevenir el abandono de tierras o para compensar a los agricultores por las desventajas específicas que sufren en dichas zonas.

4. Los Estados miembros harán uso de la reserva nacional para asignar, con arreglo a criterios objetivos y de tal forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores y se evite cualquier falseamiento del mercado y de la competencia, derechos de pago a los agricultores que se hallen en una situación especial, que la Comisión deberá definir con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 141, apartado 2.

5. Cuando apliquen el presente artículo, los Estados miembros podrán incrementar el valor unitario y el número de derechos de pago asignados a los agricultores.

Artículo 42

Derechos de pago no utilizados

Todo derecho de pago que no haya sido activado de conformidad con el artículo 34 a lo largo de un período de dos años se añadirá a la reserva nacional, salvo en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales. No obstante, durante 2009 los derechos de pago no activados durante el bienio 2007-2008 no se añadirán a la reserva nacional si fueron activados en 2006, y durante 2010 los derechos de pago no activados durante el bienio 2008-2009 no se añadirán a la reserva nacional si fueron activados en 2007.

Artículo 43

Transferencia de derechos de pago

1. Los derechos de pago sólo podrán transferirse a un agricultor establecido en el mismo Estado miembro, excepto en caso de transmisión por sucesión inter vivos o mortis causa.

No obstante, incluso en caso de sucesión inter vivos o mortis causa, sólo podrán utilizarse los derechos de pago en el Estado miembro en que se hayan establecido.

Los Estados miembros podrán decidir que los derechos de pago sólo se puedan transferir o utilizar en una misma y única región.

2. Los derechos de pago se podrán transferir mediante venta o cualquier otro medio definitivo de transferencia, con o sin tierras. Por el contrario, el arrendamiento u otros tipos de transacciones similares sólo estarán permitidos si la transferencia de derechos de pago se acompaña de la transferencia de un número equivalente de hectáreas admisibles.

3. Cuando se vendan derechos de pago, con o sin tierras, los Estados miembros, actuando con arreglo a los principios generales del Derecho comunitario, podrán decidir que una parte de los derechos de pago vendidos se restituya a la reserva nacional o que su valor unitario se reduzca en favor de la reserva nacional, con arreglo a criterios que la Comisión deberá definir de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 141, apartado 2.

Artículo 44

Condiciones aplicables a los derechos especiales

1. Salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento, los derechos de pago establecidos en virtud del título III, capítulo 3, sección 2, y del artículo 71 quaterdecies, del Reglamento (CE) no 1782/2003, y del artículo 60 y el artículo 65, párrafo cuarto, del presente Reglamento (denominados en lo sucesivo «derechos especiales») estarán sujetos a las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del presente artículo.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, los Estados miembros podrán eximir a los agricultores que posean derechos especiales de la obligación de activar sus derechos de pago por un número equivalente de hectáreas admisibles, siempre que mantengan por lo menos:

a) el 50 % de la actividad agraria ejercida durante el periodo de referencia mencionado en el Reglamento (CE) no 1782/2003, expresada en unidades de ganado mayor (UGM); o

b) en el caso de derechos especiales establecidos con arreglo al artículo 60, el 50 % de la actividad agraria ejercida antes de la transición al régimen de pago único, expresada en UGM; o

c) en el caso del artículo 65, el 50 % de la actividad agraria ejercida durante la aplicación de los artículos 67 y 68 del Reglamento (CE) no 1782/2003, expresada en UGM.

No obstante, el agricultor a quien se hayan asignado derechos especiales, tanto en virtud del Reglamento (CE) no 1782/2003 como del presente Reglamento, mantendrá como mínimo el 50 % del más elevado de los niveles de actividad a que se refiere el párrafo primero.

La condición contemplada en el párrafo primero no se aplicará a Malta.

3. En caso de transferencia de derechos especiales en 2009, 2010 y 2011, el cesionario sólo podrá acogerse a la exención prevista en el apartado 2 si se transfieren todos los derechos especiales. A partir de 2012, el cesionario sólo se beneficiará de dicha excepción en caso de sucesión inter vivos o mortis causa.

El párrafo primero no se aplicará a Malta.

Artículo 45

Revisión de los derechos de pago

1. En casos debidamente justificados, los Estados miembros que hayan introducido el régimen de pago único de conformidad con el título III, capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) no 1782/2003 y actúen con arreglo a los principios generales del Derecho comunitario, podrán decidir proceder, en 2010 o después, a aproximar el valor de los derechos de pago.

Cuando la decisión sea aplicable a partir de 2010, se adoptará a más tardar el 1 de agosto de 2009. En todos los demás casos, se adoptará a más tardar el 1 de agosto de 2010.

2. A efectos de la aplicación del párrafo primero del apartado 1, los derechos de pago podrán estar sujetos a modificaciones progresivas anuales, según criterios objetivos y no discriminatorios. Si el resultado de la modificación es una reducción del valor de los derechos de pago, se realizará en al menos tres tramos anuales preestablecidos.

En ninguno de los tramos anuales a que se refiere el párrafo primero la reducción del valor del derecho de pago será superior al 50 % de la diferencia entre sus valores inicial y final. Cuando la reducción del valor sea inferior al 10 % del valor inicial, los Estados miembros podrán aplicarla en menos de tres tramos.

3. Los Estados miembros podrán decidir aplicar el presente artículo:

a) en el nivel geográfico apropiado, que se determinará según criterios objetivos y no discriminatorios tales como la estructura institucional o administrativa y el potencial agrícola, o

b) cuando se aplique el artículo 46, apartado 4, en la región definida con arreglo al artículo 46, apartado 2.

CAPÍTULO 2

Aplicación regional y parcial

Sección 1

Aplicación regional

Artículo 46

Asignación regional de los límites máximos nacionales mencionados en el artículo 40

1. Los Estados miembros que hayan introducido el régimen de pago único con arreglo a lo dispuesto en el título III, capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) no 1782/2003 podrán decidir que, en el nivel regional, el régimen de pago único se aplique en 2010 o con posterioridad en las condiciones establecidas en la presente sección.

Cuando dicha decisión sea de aplicación a partir de 2010, se adoptará a más tardar el 1 de agosto de 2009. En los demás casos, la decisión se adoptará a más tardar el 1 de agosto de 2010.

2. Los Estados miembros definirán las regiones con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios, como su estructura institucional o administrativa o el potencial agrícola regional.

Los Estados miembros podrán considerar la totalidad de su territorio como una única región.

3. Los Estados miembros dividirán los límites máximos nacionales mencionados en el artículo 40 entre las regiones con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios. Los Estados miembros podrán decidir que los límites máximos regionales estén sujetos a modificaciones progresivas anuales con arreglo a un máximo de tres tramos anuales preestablecidos y a criterios objetivos no discriminatorios, como el potencial agrario o criterios medioambientales.

4. Cuando un Estado miembro que aplique los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo decida no aplicar el artículo 47 deberá, en la medida necesaria para respetar el límite máximo regional aplicable, ajustar el valor de los derechos de pago en cada una de sus regiones. A tal fin, los derechos de pago deberán estar sujetos a aumentos o reducciones lineales de su valor. La reducción total del valor de los derechos de pago con arreglo al presente apartado estará limitada al 10 % de su valor inicial.

5. Si un Estado miembro decide aplicar tanto el artículo 45 como el presente artículo, las reducciones del valor de los derechos de pago a que se refiere al apartado 4 se tendrán en cuenta para calcular los límites fijados en el artículo 45, apartado 2, párrafo segundo.

Artículo 47

Regionalización del régimen de pago único

1. En casos debidamente justificados, los Estados miembros podrán decidir dividir como máximo el 50 % del límite máximo regional, establecido en virtud del artículo 46, entre todos los agricultores cuyas explotaciones se encuentren en la región afectada, incluidos los que no posean derechos de pago.

2. Los agricultores recibirán derechos de pago cuyo valor unitario se calculará dividiendo la parte correspondiente del límite máximo regional, establecido en virtud del artículo 46, entre el número de hectáreas admisibles, que ha sido determinado en el nivel regional.

El valor de estos derechos de pago se aumentará en caso de que, con anterioridad a la aplicación del presente artículo, un agricultor posea derechos de pago. A tal fin, el valor unitario regional de cada uno de los derechos de pago del agricultor aumentará en una cantidad calculada sobre la base del valor total de los derechos de pago que el agricultor poseía antes de una fecha que fijará el Estado miembro de que se trate. Estos aumentos se calcularán dentro de los límites de la parte del límite máx