C 177/71

TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA

VERSION CONSOLIDADA DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA

(2010/C 177/03)

La presente edición contiene el texto del:

Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 25 de julio de 2007 (DO L 225, de 29.8.2007, p. 1, con corrección de errores en DO L 69, de 13.3.2008, p. 37), con las modificaciones resultantes de los siguientes actos:

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 14 de enero de 2009 ( DO L 24, de 28.1.2009, p. 10 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 17 de marzo de 2010 ( DO L 92, de 13.4.2010, p. 17 ).

Esta edición no tiene valor jurídico alguno, por lo que se han omitido los vistos y considerandos.

VERSION CONSOLIDADA DEL

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA

de 25 de julio de 2007 (1)

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1

Definiciones

1. En las disposiciones del presente Reglamento:

— las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se designarán con el número del artículo de que se trate seguido por las siglas «TFUE»;

— las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica se designarán con el número del artículo seguido por las siglas «TCEEA»;

— el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se denominará «Estatuto»;

— el Reglamento por el que se establecen el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión se denominará «Estatuto de los Funcionarios».

2. A efectos de aplicación del presente Reglamento:

— el término «Tribunal de la Función Pública» designará al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea o, en los asuntos sometidos a una Sala o a un Juez único, a dicha Sala o a dicho Juez;

— el término «Presidente del Tribunal» designará exclusivamente al Presidente del órgano jurisdiccional, y el término «Presidente» designará al Presidente de la formación del Tribunal que conozca de un asunto;

— por «Institución» o «Instituciones» se entenderá las instituciones de la Unión y los órganos u organismos creados por los Tratados o por un acto adoptado en ejecución de éstos y que tengan capacidad procesal ante el Tribunal.

TÍTULO PRIMERO

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo primero:

DE LA PRESIDENCIA Y DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 2

Mandato de los Jueces

1. El mandato de un Juez dará comienzo en la fecha fijada a tal fin en su nombramiento.

2. Si su nombramiento no precisare fecha alguna, su mandato se iniciará el día en que se expida dicho nombramiento.

Artículo 3

Prestación de juramento

1. Antes de su entrada en funciones, los Jueces prestarán, ante el Tribunal de Justicia, el siguiente juramento:

«Juro ejercer mis funciones en conciencia y con toda imparcialidad; juro que guardaré el secreto de las deliberaciones.»

2. Inmediatamente después de haber prestado juramento, los Jueces firmarán una declaración por la que se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y una vez finalizado éste, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, después de su cese, de determinadas funciones o beneficios.

Artículo 4

Separación del cargo y destitución de los Jueces

1. Cuando el Tribunal de Justicia deba decidir, después de consultar al Tribunal de la Función Pública, si un Juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas o ha incumplido las obligaciones que se derivan de su cargo, el Presidente del Tribunal de la Función Pública invitará al interesado a comparecer y presentar sus observaciones ante este Tribunal reunido con carácter reservado, sin la asistencia del Secretario.

2. El dictamen del Tribunal de la Función Pública será motivado.

3. El dictamen por el que se declare que un Juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas o ha incumplido las obligaciones que se derivan de su cargo deberá ser refrendado por el voto de al menos la mayoría de los Jueces del Tribunal de la Función Pública. En tal caso, se comunicará al Tribunal de Justicia el desglose de la votación.

4. La votación será secreta. En la deliberación no tomará parte el interesado.

Artículo 5

Rango

1. El rango de los Jueces, a excepción del Presidente del Tribunal de la Función Pública y de los Presidentes de Sala, estará indistintamente determinado por su antigüedad en el cargo.

2. A igual antigüedad en el cargo, la edad determinará el rango.

3. Los Jueces salientes que sean nombrados de nuevo conservarán su rango anterior.

Artículo 6

Elección del Presidente del Tribunal de la Función Pública

1. Conforme al artículo 4, apartado 1, del anexo I del Estatuto, los Jueces elegirán de entre ellos, por un período de tres años, al Presidente del Tribunal de la Función Pública. Su mandato será renovable.

2. En caso de que el Presidente del Tribunal de la Función Pública cese en sus funciones antes de la expiración normal de su mandato, se procederá a su sustitución por el período que falte para terminarlo.

3. En las elecciones previstas en el presente artículo, la votación será secreta. Resultará elegido el Juez que obtenga el voto de más de la mitad de los Jueces que componen el Tribunal de la Función Pública. Si ninguno de los Jueces reuniere dicha mayoría, se procederá a nuevas votaciones hasta que alguno de ellos la alcance.

4. El nombre del Presidente electo del Tribunal de la Función Pública se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 7

Atribuciones del Presidente del Tribunal de la Función Pública

1. El Presidente del Tribunal de la Función Pública dirigirá los trabajos y los servicios de dicho Tribunal.

2. Presidirá las vistas y las deliberaciones:

— Del Pleno.

— De la Sala de cinco Jueces.

— De la Sala de tres Jueces a la que quedare adscrito.

Artículo 8

Sustitución del Presidente del Tribunal de la Función Pública

En caso de ausencia o impedimento del Presidente del Tribunal de la Función Pública o cuando quede vacante dicha Presidencia, ésta será ejercida según el orden establecido en el artículo 5.

Capítulo segundo:

DE LAS FORMACIONES DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 9

Formaciones del Tribunal de la Función Pública

En virtud del artículo 4, apartado 2, del anexo I del Estatuto, el Tribunal de la Función Pública actuará en Pleno, en Sala de cinco Jueces, en Salas de tres Jueces o como Juez único.

Artículo 10

Constitución de las Salas

1. El Tribunal de la Función Pública constituirá en su seno Salas de tres Jueces. También podrá constituir una Sala de cinco Jueces.

2. El Tribunal de la Función Pública decidirá la adscripción de los Jueces a las Salas. Si el número de Jueces adscritos a una Sala fuera superior al número de Jueces con el que ésta celebra sesión, dicho Tribunal decidirá el modo de designar a los Jueces que compondrán las diferentes formaciones de la misma.

3. Las decisiones adoptadas conforme al presente artículo se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 11

Presidentes de Sala

1. Conforme al artículo 4, apartado 3, del anexo I del Estatuto, los Jueces elegirán de entre ellos, por un período de tres años, a los Presidentes de las Salas de tres Jueces. Para la elección se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 6, apartado 3. El mandato de los Presidentes de Sala será renovable.

2. A este respecto será aplicable lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 6.

3. Les Presidentes de Sala dirigirán los trabajos de su Sala y presidirán las vistas y las deliberaciones de ésta.

4. En caso de ausencia o impedimento del Presidente de una Sala o cuando quede vacante dicha Presidencia, la Sala será presidida por uno de sus miembros, según el orden establecido en el artículo 5.

5. Si excepcionalmente el Presidente del Tribunal de la Función Pública se viera obligado a completar la formación que conoce de un asunto, será él quien la presida.

Artículo 12

Formación ordinaria del Tribunal de la Función Pública — Atribución de asuntos a las Salas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13 y 14, el Tribunal de la Función Pública actuará en Salas de tres Jueces.

2. El Tribunal de la Función Pública fijará los criterios con arreglo a los cuales se atribuirán los asuntos a estas Salas.

3. La decisión contemplada en el apartado anterior se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 13

Remisión de un asunto al Pleno o a la Sala de cinco Jueces

1. Cuando la dificultad de las cuestiones de Derecho, la importancia del asunto o sus circunstancias particulares lo justifiquen, podrá remitirse el asunto al Pleno del Tribunal de la Función Pública o a la Sala de cinco Jueces.

2. La decisión de remisión será adoptada por el Pleno del Tribunal de la Función Pública a propuesta de la Sala que esté conociendo del asunto o de cualquier miembro de dicho Tribunal. Esta decisión podrá adoptarse en cualquier fase del procedimiento.

Artículo 14

Remisión de un asunto a un Juez único

1. Los asuntos atribuidos a una Sala de tres Jueces podrán ser juzgados por el Juez Ponente, actuando como Juez único, cuando la falta de dificultad de las cuestiones de hecho o de Derecho suscitadas, la escasa importancia del asunto y la ausencia de circunstancias particulares así lo justifiquen.

La remisión a un Juez único estará excluida en los asuntos que susciten cuestiones relativas a la legalidad de un acto de alcance general.

2. La decisión de remisión será adoptada por unanimidad por la Sala ante la que se halle pendiente el asunto, oídas las partes. Esta decisión podrá adoptarse en cualquier fase del procedimiento.

3. En caso de ausencia o impedimento del Juez único al que se ha remitido el asunto, el Presidente designará a otro Juez que lo sustituya.

4. El Juez único devolverá el asunto a la Sala si comprueba que han dejado de cumplirse los requisitos mencionados en el apartado 1.

5. En los asuntos sometidos a un Juez único, éste ejercerá las facultades del Presidente.

Capítulo tercero:

DE LA SECRETARÍA Y DE LOS SERVICIOS

Sección Primera — De la Secretaría

Artículo 15

Nombramiento del Secretario

1. El Tribunal de la Función Pública nombrará al Secretario.

2. El Presidente del Tribunal de la Función Pública informará a los Jueces, dos semanas antes de la fecha fijada para el nombramiento, acerca de las candidaturas que se hubieran presentado.

3. El nombramiento tendrá lugar conforme al procedimiento previsto en el artículo 6, apartado 3.

4. El nombre del Secretario electo se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

5. El Secretario será nombrado por un período de seis años. Su nombramiento podrá ser renovado.

6. Antes de su entrada en funciones, el Secretario prestará ante el Tribunal de la Función Pública el juramento previsto en el artículo 3.

Artículo 16

Cese del Secretario en sus funciones

1. El Secretario sólo podrá ser separado de sus funciones cuando deje de reunir las condiciones requeridas o incumpla las obligaciones que se derivan de su cargo; el Tribunal de la Función Pública decidirá al respecto después de haber ofrecido al Secretario la posibilidad de presentar sus observaciones.

2. Si el Secretario cesare en sus funciones antes de la expiración de su mandato, el Tribunal de la Función Pública nombrará un Secretario por un período de seis años.

Artículo 17

Secretario adjunto

El Tribunal de la Función Pública podrá nombrar, por el mismo procedimiento establecido para el Secretario, un Secretario adjunto encargado de asistirle y sustituirle dentro de los límites fijados por las Instrucciones al Secretario contempladas en el artículo 19, apartado 4.

Artículo 18

Ausencia o impedimento del Secretario

El Presidente del Tribunal de la Función Pública designará a los funcionarios o agentes que se encargarán de asumir las competencias del Secretario en caso de ausencia o impedimento de éste y, en su caso, del Secretario adjunto, o cuando queden vacantes sus puestos.

Artículo 19

Funciones del Secretario

1. El Secretario asistirá al Tribunal de la Función Pública, al Presidente del Tribunal y a los Jueces en el ejercicio de sus funciones. Será el responsable de la organización y de las actividades de la Secretaría, bajo la autoridad del Presidente del Tribunal.

2. El Secretario tendrá la custodia de los sellos. Será el responsable de los archivos y se encargará de las publicaciones del Tribunal de la Función Pública. Corresponderán al Secretario, bajo la autoridad del Presidente del Tribunal, la recepción, transmisión y conservación de todos los documentos, así como las notificaciones que entrañe la aplicación del presente Reglamento.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4, 16, apartado 1, y 27, el Secretario asistirá a las sesiones del Tribunal de la Función Pública.

4. El Tribunal de la Función Pública adoptará sus Instrucciones al Secretario, a propuesta del Presidente del Tribunal. Dichas Instrucciones se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 20

Llevanza del Registro

1. En la Secretaría se llevará, bajo la responsabilidad del Secretario, un Registro en el que se inscribirán todos los escritos procesales y documentos que se acompañen.

2. El Registro se llevará en la forma determinada por las Instrucciones al Secretario contempladas en el artículo 19, apartado 4.

3. Cualquier persona que justifique su interés podrá consultar el Registro en la Secretaría y obtener copias o extractos del mismo con sujeción a la tarifa de la Secretaría, aprobada por el Tribunal de la Función Pública a propuesta del Secretario.

4. Cualquier parte procesal podrá obtener además, con sujeción a la tarifa de la Secretaría, copias adicionales de los escritos procesales, así como de los autos y sentencias.

5. Ningún tercero, sea público o privado, podrá acceder a los autos del asunto ni a los documentos procesales sin autorización expresa del Presidente, previa audiencia de las partes. Dicha autorización sólo podrá concederse previa solicitud por escrito, que deberá ir acompañada de una justificación detallada del interés legítimo para examinar los autos.

Sección Segunda — De los Servicios

Artículo 21

Funcionarios y demás agentes

1. Los funcionarios y demás agentes encargados de asistir directamente al Presidente del Tribunal de la Función Pública, a los Jueces y al Secretario, serán nombrados conforme a lo previsto en el Estatuto de los Funcionarios. Dependerán del Secretario bajo la autoridad del Presidente del Tribunal.

2. Prestarán ante el Presidente del Tribunal de la Función Pública, en presencia del Secretario, el siguiente juramento: «Juro ejercer con toda lealtad, discreción y conciencia las funciones que me sean confiadas por el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea».

Artículo 22

Administración y gestión financiera del Tribunal de la Función Pública

El Secretario, asistido por los Servicios del Tribunal de Justicia y del Tribunal General y bajo la autoridad del Presidente del Tribunal de la Función Pública, tendrá a su cargo la administración, la gestión financiera y la contabilidad del Tribunal de la Función Pública.

Capítulo cuarto:

DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 23

Fechas, horas y lugar de las sesiones del Tribunal de la Función Pública

1. El Presidente fijará las fechas y horas de las sesiones del Tribunal de la Función Pública.

2. El Tribunal de la Función Pública podrá elegir, para una o varias sesiones determinadas, un lugar distinto al de la sede de dicho Tribunal.

Artículo 24

Quórum

El Tribunal de la Función Pública sólo podrá celebrar sesión válida si se respeta el siguiente quórum:

— Cinco Jueces para el Pleno.

— Tres Jueces para la Sala de cinco Jueces y para las Salas de tres Jueces.

Artículo 25

Ausencia o impedimento de un Juez

1. Si no se alcanzase el quórum por ausencia o impedimento de un Juez, el Presidente aplazará la sesión hasta que finalice dicha ausencia o impedimento.

2. A fin de alcanzar el quórum necesario para una Sala, el Presidente podrá también, si así lo exige la recta administración de la justicia, completar la formación de la Sala que conoce del asunto designando a otro Juez de la misma Sala o, en su defecto, proponer al Presidente del Tribunal de la Función Pública que designe a un Juez de otra Sala. El Juez sustituto será designado por turno siguiendo el orden establecido en el artículo 5, sin incluir, en la medida de lo posible, al Presidente del Tribunal de la Función Pública ni a los Presidentes de Sala.

3. Si la formación de la Sala que conoce del asunto se completase con posterioridad a la vista en aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, se abrirá de nuevo la fase oral.

Artículo 26

Ausencia o impedimento de un Juez de una Sala de cinco Jueces antes de la vista

En caso de ausencia o impedimento, antes de la vista, de un Juez de la Sala de cinco Jueces, el Presidente del Tribunal de la Función Pública designará a otro Juez siguiendo, por turno, el orden establecido en el artículo 5. Si no fuera posible restablecer el número de cinco Jueces, podrá celebrarse sin embargo la vista, a condición de que se haya alcanzado el quórum.

Artículo 27

Deliberaciones

1. El Tribunal de la Función Pública deliberará con carácter reservado.

2. Solamente participarán en las deliberaciones los Jueces que hubieren asistido a la vista oral.

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, párrafo primero, del Estatuto y 5, párrafo primero, del anexo I de dicho Estatuto, el Tribunal de la Función Pública sólo podrá deliberar válidamente en número impar.

Si, por ausencia o impedimento de algún Juez, en la Sala de cinco Jueces o en el Pleno el número de Jueces fuere par, el Juez de menor rango, según el orden establecido en el artículo 5, se abstendrá de participar en las deliberaciones, salvo que se trate del Juez Ponente. En tal caso, será el Juez que le preceda inmediatamente en rango quien se abstendrá de participar en las deliberaciones.

4. Cada uno de los Jueces presentes en las deliberaciones expondrá su opinión, motivándola.

A petición de uno de los Jueces, cualquier cuestión que haya de ser sometida a votación se formulará previamente en la lengua de su elección y se comunicará por escrito a los demás Jueces.

Las conclusiones adoptadas por la mayoría de los Jueces tras el debate final constituirán la decisión del Tribunal de la Función Pública. Los votos se emitirán en orden inverso al establecido en el artículo 5.

En caso de divergencia sobre el objeto, el contenido y el orden de las cuestiones o sobre la interpretación de una votación, el Tribunal de la Función Pública decidirá al respecto.

5. Cuando las deliberaciones del Tribunal de la Función Pública se refieran a cuestiones administrativas, asistirá el Secretario, salvo decisión contraria de dicho Tribunal.

6. Cuando el Tribunal de la Función Pública se reúna sin la asistencia del Secretario, encargará al Juez de menor rango, según el orden establecido en el artículo 5, que redacte, si ha lugar, un acta que será firmada por el Presidente y por dicho Juez.

Artículo 28

Vacaciones judiciales

1. Salvo decisión especial del Tribunal de la Función Pública, las vacaciones judiciales quedarán fijadas como sigue:

— Del 18 de diciembre al 10 de enero.

— Del domingo que preceda al día de Pascua al segundo domingo después del día de Pascua.

— Del 15 de julio al 15 de septiembre.

2. Durante las vacaciones judiciales, la Presidencia del Tribunal de la Función Pública será desempeñada en la sede del Tribunal de la Función Pública, bien por el Presidente del Tribunal de la Función Pública, que se mantendrá en contacto con el Secretario, bien por un Presidente de Sala o por cualquier otro Juez designado por el Presidente de dicho Tribunal para sustituirle.

Durante las vacaciones judiciales el Presidente del Tribunal de la Función Pública podrá, en caso de urgencia, convocar a los Jueces.

3. El Tribunal de la Función Pública observará los días feriados con arreglo a la ley del lugar donde tiene su sede.

4. Cuando existan razones que lo justifiquen, el Tribunal de la Función Pública podrá conceder permisos a los Jueces.

Capítulo quinto:

DEL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO

Artículo 29

Régimen lingüístico

En virtud de lo dispuesto en el artículo 257 TFUE, párrafo sexto, en el artículo 64 del Estatuto y en el artículo 7, apartado 2, del anexo I de dicho Estatuto, las disposiciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General relativas al régimen lingüístico se aplicarán al Tribunal de la Función Pública.

Capítulo sexto:

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Artículo 30

Privilegios, inmunidades y facilidades

1. Los representantes de las partes que se personen ante el Tribunal de la Función Pública o ante una autoridad judicial por él exhortada en virtud de una comisión rogatoria gozarán de inmunidad por las palabras pronunciadas y por los escritos presentados en relación con el litigio o con las partes.

2. Los representantes de las partes gozarán además de los privilegios y facilidades siguientes:

a) Los escritos y documentos relativos al procedimiento no podrán ser objeto de registro ni de incautación. En caso de controversia, los funcionarios de aduanas o de policía podrán precintar dichos escritos y documentos, que serán transmitidos sin demora al Tribunal de la Función Pública para su verificación en presencia del Secretario y del interesado.

b) Los representantes de las partes tendrán derecho a la asignación de las divisas necesarias para el cumplimiento de su misión.

c) Los representantes de las partes gozarán de libertad de desplazamiento en la medida necesaria para el cumplimiento de su misión.

3. Los privilegios, inmunidades y facilidades mencionados en los apartados 1 y 2 se concederán exclusivamente en interés del procedimiento.

4. El Tribunal de la Función Pública podrá levantar la inmunidad cuando estime que ello no es contrario al interés del procedimiento.

Artículo 31

Condición de representantes de las partes

Para disfrutar de los privilegios, inmunidades y facilidades mencionados en el artículo 30, deberán justificar previamente su condición:

a) Los Agentes, mediante un documento oficial expedido por su mandante, del cual éste proporcionará una copia al Secretario, de forma inmediata.

b) Los Asesores y Abogados, mediante un documento de acreditación firmado por el Secretario. Su plazo de validez estará limitado a un período determinado, que podrá ampliarse o reducirse según la duración del procedimiento.

Artículo 32

Exclusión del procedimiento

1. Cuando el Tribunal de la Función Pública estime que el comportamiento de un representante de una parte ante dicho Tribunal, el Presidente, un Juez o el Secretario, es incompatible con la dignidad del Tribunal o con las exigencias de la recta administración de la justicia, o que este representante hace uso de los derechos que le correspondan por razón de sus funciones con fines distintos de aquellos para los que se le reconocieron, se lo comunicará al interesado. El Tribunal de la Función Pública podrá también comunicar lo sucedido a las autoridades competentes bajo cuya jurisdicción se encuentre el interesado, en cuyo caso dará traslado a éste de una copia del escrito dirigido a dichas autoridades.

Por los mismos motivos, el Tribunal de la Función Pública podrá en cualquier momento, oído el interesado y mediante auto, excluirle del procedimiento. Dicho auto será inmediatamente ejecutivo.

2. Cuando un representante de una parte sea excluido del procedimiento, éste se suspenderá hasta la expiración del plazo fijado por el Presidente para permitir a la parte interesada designar otro representante.

3. Las decisiones adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el presente artículo podrán ser revocadas.

TÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO

Capítulo primero:

DE LA FASE ESCRITA

Artículo 33

Generalidades

1. La fase escrita del procedimiento comprenderá la presentación de la demanda y del escrito de contestación y, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, la presentación de un escrito de réplica y de un escrito de dúplica.

2. El Presidente determinará las fechas o plazos de presentación de los escritos procesales.

Artículo 34

Presentación de escritos procesales

1. El original de todo escrito procesal deberá ser firmado por el representante de la parte.

El escrito y todos los anexos que en él se mencionen se presentarán con cinco copias para el Tribunal de la Función Pública y tantas copias como sean las partes litigantes. Estas copias deberán ser suscritas, respondiendo de su exactitud, por la parte que las presente.

2. Las Instituciones presentarán además, en los plazos fijados por el Tribunal de la Función Pública, traducciones de todos los escritos procesales por ellas redactados a las demás lenguas indicadas en el artículo 1 del Reglamento no 1 del Consejo. El último párrafo del apartado precedente será aplicable a tal efecto.

3. Todo escrito procesal irá fechado. Para el cómputo de los plazos procesales sólo se tendrá en cuenta la fecha de presentación en Secretaría.

4. Todo escrito procesal irá acompañado, en anexo, de los documentos justificativos invocados y de una relación de los mismos.

5. Si en razón del volumen de un documento no se adjuntare al escrito más que un extracto, se depositará en Secretaría el documento íntegro, o una copia completa del mismo.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 4, la fecha en la que la copia del original firmado de un escrito procesal, incluida la relación de escritos y documentos mencionada en el apartado 4, se reciba en la Secretaría por cualquier medio técnico de comunicación de que disponga el Tribunal de la Función Pública será tomada en consideración a efectos del cumplimiento de los plazos procesales, siempre y cuando el original firmado del escrito, acompañado de los anexos y copias mencionados en el párrafo segundo del apartado 1, sea presentado en la Secretaría, a más tardar, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la copia del original. No se aplicará a este plazo de diez días lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 100.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, párrafo primero, y en los apartados 2 a 4, el Tribunal de la Función Pública podrá establecer, mediante decisión, las condiciones en las que se considerará que un escrito procesal remitido a la Secretaría por vía electrónica es un escrito original. Esta decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 35

Demanda

1. La demanda a que se refiere el artículo 21 del Estatuto contendrá:

a) El nombre y domicilio del demandante.

b) La indicación de la calidad del firmante y su dirección.

c) El nombre de la parte contra la que se interponga la demanda.

d) La cuestión objeto del litigio y las pretensiones del demandante.

e) Los motivos y los hechos y fundamentos de Derecho invocados.

f) La proposición de prueba, si procediere.

2. Deberán acompañar a la demanda, si procediere:

a) El documento en el que conste el acto cuya anulación se solicita.

b) La reclamación contemplada en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios y la decisión por la que se respondió a dicha reclamación, indicando las fechas de presentación y de notificación.

3. A efectos del procedimiento, la demanda contendrá:

— la designación de domicilio en el lugar donde el Tribunal de la Función Pública tiene su sede, indicando el nombre de la persona autorizada a recibir todas las notificaciones, o bien

— la indicación del medio técnico de comunicación de que disponga el Tribunal de la Función Pública a través del cual el representante del demandante acepta recibir todas las notificaciones, o bien

— los dos modos de transmisión de las notificaciones que se acaban de mencionar.

4. Si la demanda no reuniere los requisitos enunciados en el apartado 3, todas las notificaciones a efectos procesales a la parte interesada se efectuarán, mientras no se haya subsanado este defecto, por envío postal certificado dirigido al representante de la parte. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 99, se considerará practicada en debida forma la notificación mediante la entrega del envío certificado en la Oficina de Correos del lugar donde el Tribunal de la Función Pública tiene su sede.

5. El Abogado del demandante deberá presentar ante el Secretario un documento que acredite que está facultado para ejercer ante algún órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Artículo 36

Subsanación

Si la demanda no reuniere los requisitos enumerados en el artículo 35, apartado 1, letras a), b) y c), apartado 2, o apartado 5, el Secretario fijará al demandante un plazo razonable para subsanar el defecto. Caso de que no se efectuare la subsanación en el plazo fijado, el Tribunal de la Función Pública decidirá si la inobservancia de estos requisitos comporta la inadmisibilidad de la demanda por defecto de forma.

Artículo 37

Notificación de la demanda y anuncio en el Diario Oficial

1. La demanda será notificada a la parte demandada. En el caso previsto en el artículo 36, la notificación se hará una vez subsanada la demanda o, de no haberse subsanado, en cuanto el Tribunal de la Función Pública haya declarado su admisibilidad.

2. En el Diario Oficial de la Unión Europea se publicará un anuncio que recogerá la fecha de presentación de la demanda, las partes, el objeto y la descripción del litigio y las pretensiones de la demanda.

Artículo 38

Atribución inicial del asunto a una formación del Tribunal

En cuanto se presente la demanda, el Presidente del Tribunal de la Función Pública atribuirá el asunto a una Sala de tres Jueces, con arreglo a los criterios expuestos en el artículo 12, apartado 2.

El Presidente de dicha Sala propondrá al Presidente del Tribunal de la Función Pública, el cual resolverá al respecto, la designación de un Juez Ponente para cada asunto atribuido a la Sala.

Artículo 39

Escrito de contestación

1. Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la demanda, la parte demandada presentará el escrito de contestación. Este escrito contendrá:

a) El nombre y domicilio de la parte demandada.

b) La indicación de la calidad del firmante y su dirección.

c) Las pretensiones de la parte demandada.

d) Los motivos y los hechos y fundamentos de Derecho invocados.

e) La proposición de prueba, si procediere.

A este respecto será aplicable lo dispuesto en el artículo 35, apartados 3 y 4.

El Abogado que asista a la parte demandada deberá presentar ante el Secretario un documento que acredite que está facultado para ejercer ante algún órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

2. En caso de que concurran circunstancias extraordinarias, el plazo previsto en el apartado 1 del presente artículo podrá ser prorrogado por el Presidente a instancia de la parte demandada debidamente motivada.

Artículo 40

Transmisión al Consejo y a la Comisión Europea

Cuando el Consejo o la Comisión Europea no sean parte en un asunto, el Tribunal de la Función Pública les transmitirá una copia de la demanda y del escrito de contestación, sin anexos, para que puedan comprobar si se alega la inaplicabilidad de uno de sus actos normativos con arreglo al artículo 277 TFUE.

Artículo 41

Segundo intercambio de escritos procesales

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del anexo I del Estatuto, el Tribunal de la Función Pública podrá decidir, de oficio o a instancia del demandante, debidamente motivada, que para completar los autos es necesario un segundo intercambio de escritos procesales.

Artículo 42

Nueva proposición de prueba

Las partes podrán aún proponer prueba en apoyo de sus alegaciones hasta el fin de la vista, siempre que el retraso en proponerla quede debidamente justificado.

Artículo 43

Motivos nuevos

1. Tras el primer intercambio de escritos procesales no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

2. Si en el curso del procedimiento una parte invocare un motivo nuevo, el Presidente, tras la expiración de los plazos normales del procedimiento y previo informe del Juez Ponente, podrá fijar a la otra parte un plazo para contestar al motivo invocado.

La decisión sobre la admisibilidad del motivo se adoptará en la resolución que ponga fin al proceso.

Artículo 44

Documentos y escritos — Confidencialidad — Anonimato

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 109, apartado 5, el Tribunal de la Función Pública sólo tendrá en cuenta los documentos o escritos que los representantes de las partes hayan podido examinar y sobre los que éstos hayan podido pronunciarse.

2. Cuando el Tribunal de la Función Pública deba verificar el carácter confidencial, respecto de una o varias partes, de un documento que podría ser pertinente para resolver sobre un litigio, este documento no se transmitirá a las partes antes de que finalice la verificación. El Tribunal de la Función Pública podrá requerir la presentación de este documento mediante auto.

3. Cuando, en el marco de un recurso sobre la legalidad de la denegación por una Institución del acceso a un documento, éste sea presentado al Tribunal de la Función Pública, tal documento no se transmitirá a las demás partes.

4. De oficio o a instancia motivada de parte, el Tribunal de la Función Pública podrá omitir en las publicaciones relativas al asunto el nombre del demandante o de otras personas mencionadas durante la tramitación del procedimiento, o incluso ciertos datos, si hubiere razones legítimas que justifiquen mantener la confidencialidad en cuanto a la identidad de una persona o al contenido de dichos datos.

Artículo 45

Informe preliminar

1. Tras el último intercambio de escritos procesales entre las partes, el Presidente fijará la fecha en la que el Juez Ponente deberá presentar al Tribunal de la Función Pública un informe preliminar.

2. El informe preliminar contendrá propuestas sobre la procedencia de practicar diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba y sobre las posibilidades de una solución amistosa del litigio, así como, en su caso, sobre la remisión del asunto al Pleno, a la Sala de cinco Jueces o al Juez Ponente, para que resuelva como Juez único.

3. El Tribunal de la Función Pública decidirá lo que proceda respecto al curso que deba darse a las propuestas del Juez Ponente.

Artículo 46

Conexión — Acumulación de asuntos

1. En interés de la recta administración de la justicia, el Presidente, oídas las partes, podrá en todo momento ordenar mediante auto la acumulación de varios asuntos por razón de conexión, a efectos de la fase escrita u oral del procedimiento o de la resolución que ponga fin al proceso. El Presidente podrá revocar posteriormente dicha decisión. El Presidente podrá someter estas cuestiones al Tribunal de la Función Pública.

2. Cuando asuntos atribuidos a formaciones del Tribunal diferentes puedan acumularse por razón de conexión, el Presidente del Tribunal de la Función Pública decidirá sobre la reatribución de los mismos.

3. Los representantes de las partes en los asuntos acumulados podrán examinar en la Secretaría las actuaciones y escritos procesales notificados a las partes en el resto de asuntos acumulados. No obstante, a instancia de parte y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, apartados 1 y 2, el Presidente podrá excluir de dicho examen los documentos secretos o confidenciales.

Artículo 47

Orden de tratamiento de los asuntos

1. El Tribunal de la Función Pública conocerá de los asuntos que le hayan sido sometidos por el orden en que se encuentren preparados para la vista.

2. En circunstancias especiales, el Presidente podrá decidir que se dé prioridad a un asunto.

3. El Presidente, oídas las partes, podrá decidir, en circunstancias especiales, de oficio o a instancia de parte, el aplazamiento de un asunto a una fecha ulterior, en particular con objeto de facilitar la solución amistosa del litigio.

Capítulo segundo:

DE LA FASE ORAL

Artículo 48

Celebración de la vista

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo y en las disposiciones especiales del presente Reglamento que permiten que el Tribunal de la Función Pública resuelva mediante auto, el procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública comprenderá una vista.

2. Cuando se haya producido un segundo intercambio de escritos procesales y el Tribunal de la Función Pública estime innecesario celebrar una vista, podrá decidir, con el acuerdo de las partes, resolver sin fase oral.

Artículo 49

Fecha de la vista

El Presidente determinará la fecha de la vista.

Artículo 50

Ausencia de las partes en la vista

Los representantes de las partes debidamente convocados a la vista y que no deseen asistir a ella estarán obligados a advertir oportunamente a la Secretaría.

Si los representantes de todas las partes han indicado que no asistirán a la vista, el Tribunal de la Función Pública podrá declarar terminada la fase oral.

Artículo 51

Desarrollo de la vista

1. El Presidente, que ejercerá la policía de estrados, abrirá y dirigirá los debates.

2. Los debates celebrados a puerta cerrada no se harán públicos.

3. Las partes sólo podrán actuar en juicio asistidas de su representante.

4. En el transcurso de los debates el Presidente y los Jueces podrán:

a) Formular preguntas a los representantes de las partes.

b) Instar a las propias partes para que se pronuncien sobre determinados aspectos del litigio.

Artículo 52

Terminación de la fase oral

1. El Presidente declarará terminada la fase oral una vez celebrada la vista.

2. El Tribunal de la Función Pública podrá ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.

Artículo 53

Acta de la vista

1. El Secretario extenderá acta de cada vista, que será firmada por el Presidente y el Secretario y constituirá un documento público.

2. Las partes podrán examinar en la Secretaría todas las actas y obtener copias a su cargo.

Capítulo tercero:

DE LAS DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS DE PRUEBA

Artículo 54

Generalidades

1. Las diligencias de ordenación del procedimiento y las diligencias de prueba tendrán por objeto impulsar el procedimiento, dar curso a los autos y solucionar los litigios de la forma más adecuada.

Podrán ser acordadas y modificadas en cualquier fase del procedimiento.

2. Cualquiera de las partes podrá, en cualquier fase del procedimiento, proponer la práctica o la modificación de diligencias de ordenación del procedimiento y de prueba. En este caso, antes de acordar la práctica de diligencias se oirá a las otras partes.

3. Cuando las circunstancias del procedimiento así lo requieran, el Juez Ponente o, en su caso, el Tribunal de la Función Pública informará a las partes de las medidas por él previstas a fin de permitirles presentar sus observaciones verbalmente o por escrito.

Sección Primera — De las diligencias de ordenación del procedimiento

Artículo 55

Objeto y tipología

1. Las diligencias de ordenación del procedimiento tendrán por objeto:

a) Dar el curso correcto a la fase escrita u oral del procedimiento y facilitar la práctica de las pruebas.

b) Determinar los extremos sobre los que las partes deberán completar sus alegaciones o acerca de los cuales deba practicarse una diligencia de prueba.

c) Precisar el alcance de las pretensiones así como de los motivos y alegaciones de las partes y aclarar las cuestiones controvertidas entre éstas.

2. Las diligencias de ordenación del procedimiento podrán consistir, en particular, en:

a) Formular preguntas a las partes.

b) Instar a las partes para que se pronuncien por escrito o verbalmente sobre determinados aspectos del litigio.

c) Pedir información o datos a las partes.

d) Requerir a las partes para que presenten documentos o cualquier escrito relacionado con el asunto.

e) Convocar a reuniones a las partes.

Artículo 56

Procedimiento

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, apartado 2, las diligencias de ordenación del procedimiento serán acordadas por el Juez Ponente, a menos que éste someta la cuestión al Tribunal de la Función Pública en razón del alcance de las medidas previstas o de su importancia para la solución del litigio. Dichas diligencias serán notificadas a las partes por el Secretario.

Sección Segunda — De las diligencias de prueba

Artículo 57

Tipología

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Estatuto, serán admisibles como diligencias de prueba:

a) La comparecencia de las propias partes.

b) La solicitud de información o datos a terceros.

c) El requerimiento a terceros para que presenten documentos o cualquier escrito relacionado con el asunto.

d) El examen de testigos.

e) El dictamen pericial.

f) El reconocimiento judicial.

Artículo 58

Procedimiento

1. El Tribunal de la Función Pública acordará las diligencias de prueba.

2. La decisión relativa a las diligencias de prueba contempladas en el artículo 57, letras d), e) y f), se adoptará, oídas las partes, mediante un auto en el que se indicarán los hechos que deben probarse.

La decisión relativa a las diligencias de prueba contempladas en el artículo 57, letras a), b) y c), será notificada a las partes por el Secretario.

3. Las partes podrán asistir a las diligencias de prueba.

4. Si el Tribunal de la Función Pública acuerda diligencias de prueba y no las practica él mismo, encargará de ello al Juez Ponente.

5. Las partes podrán siempre presentar pruebas en contrario y ampliar la proposición de prueba.

Sección Tercera — De la citación y del examen de testigos y peritos

Artículo 59

Citación de los testigos

1. El Tribunal de la Función Pública, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar el examen de testigos para la comprobación de determinados hechos.

La parte que solicite el examen de un testigo indicará con precisión los hechos en relación con los cuales procede oírle y las razones que lo justifican.

2. Los testigos cuyo examen se considere necesario serán citados por el Tribunal de la Función Pública en virtud de auto, que contendrá:

a) Los apellidos, nombre, condición y domicilio de los testigos.

b) La fecha y el lugar del examen.

c) La indicación de los hechos sobre los que serán examinados.

d) En su caso, la mención de las medidas adoptadas por el Tribunal de la Función Pública para el reembolso de los gastos efectuados por los testigos y de las sanciones aplicables a los que no comparezcan.

3. En casos excepcionales, el Tribunal de la Función Pública podrá subordinar la citación de los testigos cuyo examen se haya solicitado por las partes a que se deposite en la caja de dicho Tribunal una provisión de fondos, cuya cuantía fijará aquél, para garantizar la cobertura de los gastos previstos.

La caja del Tribunal de la Función Pública anticipará los fondos necesarios para el examen de los testigos citados de oficio.

Artículo 60

Examen de los testigos

1. Después de verificar la identidad de los testigos, el Presidente les indicará que deben refrendar sus declaraciones en la forma establecida en el apartado 2 y en el artículo 63.

Los testigos serán examinados por el Tribunal de la Función Pública, previa citación de las partes. Tras su declaración, el Presidente y cualquiera de los Jueces podrán formular preguntas a los testigos, a instancia de parte o de oficio.

Los representantes de las partes, con la autorización del Presidente, también podrán formular preguntas a los testigos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63, antes de su declaración, el testigo prestará el siguiente juramento:

«Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.»

El Tribunal de la Función Pública, oídas las partes, podrá dispensar al testigo de prestar juramento.

3. El Secretario extenderá un acta que recogerá la declaración del testigo.

El acta será firmada por el Presidente o el Juez Ponente encargado de proceder al examen del testigo, así como por el Secretario. Antes de dichas firmas, deberá ofrecerse al testigo la posibilidad de verificar el contenido del acta y de firmarla.

El acta constituirá un documento público.

Artículo 61

Obligaciones de los testigos

1. Los testigos debidamente citados estarán obligados a comparecer.

2. Cuando un testigo debidamente citado no compareciere ante el Tribunal de la Función Pública, éste podrá imponerle una sanción pecuniaria cuyo importe máximo será de 5 000 euros y ordenar una segunda citación a costa del testigo.

Igual sanción podrá imponerse al testigo que, sin causa justa, se niegue a declarar, a prestar juramento o a hacer la declaración solemne que lo sustituya.

3. La sanción pecuniaria que se haya impuesto podrá anularse cuando el testigo acredite ante el Tribunal de la Función Pública causa justa. Podrá reducirse la sanción pecuniaria, a petición del testigo, si éste probare que es desproporcionada en relación con sus ingresos.

4. La ejecución forzosa de las sanciones o de las medidas impuestas en virtud del presente artículo se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 299 TFUE y 164 TCEEA.

Artículo 62

Dictamen pericial

1. El Tribunal de la Función Pública podrá ordenar un dictamen pericial, de oficio o a instancia de parte. El auto que nombre al perito precisará el objeto del dictamen y el plazo para su presentación.

2. El perito recibirá copia del auto y de todos los documentos necesarios para cumplir su función. El Juez Ponente controlará la actuación del perito, podrá asistir a las operaciones periciales y será tenido al corriente de su desarrollo.

El Tribunal de la Función Pública podrá requerir de las partes, o de una de ellas, una provisión de fondos para garantizar la cobertura de los gastos causados por el dictamen pericial.

3. A petición del perito, el Tribunal de la Función Pública podrá ordenar que se proceda al examen de testigos, que serán oídos conforme a lo dispuesto en el artículo 60.

4. El perito sólo podrá emitir su dictamen sobre los extremos que le hayan sido expresamente sometidos.

5. Tras la presentación del dictamen, el Tribunal de la Función Pública podrá ordenar que sea oído el perito, previa citación de las partes.

Los representantes de las partes, con la autorización del Presidente, podrán formular preguntas a los peritos.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63, tras la presentación del dictamen, el perito prestará ante el Tribunal de la Función Pública el siguiente juramento:

«Juro haber cumplido mi función en conciencia y con toda imparcialidad.»

El Tribunal de la Función Pública, oídas las partes, podrá dispensar al perito de prestar juramento.

Artículo 63

Juramento

1. El Presidente exhortará a las personas que deban prestar juramento ante el Tribunal de la Función Pública en calidad de testigos o de peritos a que digan la verdad o a que cumplan su función en conciencia y con toda imparcialidad y les apercibirá sobre las consecuencias penales previstas en su legislación nacional en caso de violación de este deber.

2. Los testigos y peritos prestarán el juramento previsto en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 60 y en el párrafo primero del apartado 6 del artículo 62, respectivamente, o en la forma prevista en su legislación nacional.

3. Si la legislación nacional de los testigos o de los peritos previera la posibilidad de que en un procedimiento judicial, además del juramento, en lugar de éste o conjuntamente con él, se haga una declaración equivalente al mismo, los testigos y los peritos podrán hacerla en las condiciones y formas establecidas en dicha legislación.

Si la legislación nacional no previera ni la posibilidad de prestar juramento ni la de hacer tal declaración se seguirá el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 64

Falso testimonio — Falsa declaración del perito

1. En caso de falso testimonio o de falsa declaración de un perito, el Tribunal de la Función Pública podrá denunciarlo ante la autoridad competente, mencionada en el anexo III del Reglamento Adicional al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, del Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales tengan competencia penal a estos efectos, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 63.

2. El Secretario se encargará de transmitir la decisión del Tribunal de la Función Pública. En ella se expondrán los hechos y las circunstancias en que se base la denuncia.

Artículo 65

Recusación

1. Si una de las partes recusare a un testigo o a un perito por incapacidad, indignidad o cualquier otra causa o si un testigo o un perito se negare a declarar, a prestar juramento o a hacer la declaración solemne que lo sustituya, el Tribunal de la Función Pública resolverá mediante auto motivado.

2. La recusación de un testigo o de un perito se propondrá dentro de las dos semanas siguientes a la notificación del auto que cite al testigo o nombre al perito, mediante escrito que contenga las causas de recusación y la proposición de prueba.

Artículo 66

Reembolso de los gastos — Indemnización

1. Los testigos y peritos tendrán derecho al reembolso de sus gastos de desplazamiento y estancia. La caja del Tribunal de la Función Pública les podrá conceder un anticipo sobre los mismos.

2. Los testigos tendrán derecho a una indemnización por pérdida de ingresos y los peritos a honorarios por su trabajo. Estos conceptos les serán abonados por la caja del Tribunal de la Función Pública tras el cumplimiento de sus deberes o de su función.

Artículo 67

Comisión rogatoria

1. El Tribunal de la Función Pública, a instancia de parte o de oficio, podrá librar comisiones rogatorias para la práctica de la prueba de testigos o de peritos.

2. La comisión rogatoria se acordará mediante auto que contendrá el nombre, apellidos, condición y dirección de los testigos o peritos, precisará los hechos sobre los que deban ser oídos, indicará las partes, sus representantes, así como su dirección y expondrá brevemente el objeto del litigio.

3. El Secretario enviará el auto a la autoridad competente, mencionada en el anexo I del Reglamento Adicional al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, del Estado miembro en cuyo territorio deban ser oídos los testigos o peritos. En su caso, lo acompañará de una traducción a la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario.

La autoridad designada conforme a lo dispuesto en el párrafo primero transmitirá el auto a la autoridad judicial competente según su Derecho interno.

La autoridad judicial competente cumplimentará la comisión rogatoria conforme a lo dispuesto en su Derecho interno. Cumplimentada la comisión, dicha autoridad judicial competente la devolverá a la autoridad mencionada en el párrafo primero con los documentos que resulten de su cumplimiento y una relación de las costas. Estos documentos se enviarán al Secretario.

El Secretario se encargará de que se traduzcan los documentos a la lengua de procedimiento.

4. El Tribunal de la Función Pública asumirá los gastos de la comisión rogatoria, sin perjuicio de cargarlos, en su caso, a las partes.

Capítulo cuarto:

DE LA SOLUCIÓN AMISTOSA DE LOS LITIGIOS

Artículo 68

Modalidades

1. En cualquier fase del procedimiento, el Tribunal de la Función Pública podrá examinar las posibilidades de una solución amistosa de una parte o de la totalidad del litigio entre el demandante y la parte demandada, proponer una o varias ideas que puedan allanar las diferencias y adoptar las medidas oportunas para facilitar tal solución.

A estos efectos podrá, en particular:

— Instar a las partes o a terceros a que aporten información o datos.

— Instar a las partes o a terceros a que presenten documentos.

— Promover reuniones con la participación de los representantes de las partes, de las propias partes y de cualquier funcionario o agente de la institución facultado para negociar un eventual acuerdo.

2. El apartado 1 será aplicable igualmente en el procedimiento de medidas provisionales.

3. El Tribunal de la Función Pública podrá encomendar al Juez Ponente, asistido por el Secretario, la búsqueda de una solución amistosa del litigio o la aplicación de las medidas que hubiese decidido al efecto.

Artículo 69

Acuerdo de las partes

1. Cuando el demandante y la parte demandada lleguen a un acuerdo, ante el Tribunal de la Función Pública o ante el Juez Ponente, sobre la solución que zanja el litigio, los términos de dicho acuerdo podrán hacerse constar en un acta firmada por el Presidente o por el Juez Ponente, así como por el Secretario. El acta en la que se recoja el acuerdo tendrá el carácter de documento público.

El Presidente ordenará el archivo del asunto mediante auto motivado, haciéndolo constar en el Registro.

A instancias del demandante y de la parte demandada, el Presidente hará constar los términos de dicho acuerdo en el auto de archivo.

2. Cuando el demandante y la parte demandada informen al Tribunal de la Función Pública de que han llegado a un acuerdo extrajudicial y precisen que renuncian a toda pretensión, el Presidente ordenará el archivo del asunto, haciéndolo constar en el Registro.

3. El Presidente decidirá sobre las costas con arreglo al acuerdo o, a falta de acuerdo al respecto, discrecionalmente.

Artículo 70

Solución amistosa del litigio y procedimiento judicial

Ni el Tribunal de la Función Pública ni las partes podrán utilizar en el procedimiento judicial las opiniones expresadas a fin de alcanzar una solución amistosa del litigio, ni tampoco las sugerencias, propuestas o concesiones realizadas o los documentos elaborados a estos efectos.

Capítulo quinto:

DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA DECLINACIÓN DE COMPETENCIA A FAVOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DEL TRIBUNAL GENERAL

Artículo 71

Supuestos de suspensión y procedimiento aplicable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 117, apartado 4, 118, apartado 4, y 119, apartado 4, podrá suspenderse un procedimiento pendiente:

a) Cuando se sometan al Tribunal de la Función Pública y al Tribunal General o al Tribunal de Justicia asuntos que planteen la misma cuestión de interpretación o que cuestionen la validez del mismo acto, hasta que el Tribunal General o el Tribunal de Justicia dicte sentencia.

b) Cuando se interponga un recurso de casación ante el Tribunal General contra una resolución del Tribunal de la Función Pública que resuelva parcialmente la cuestión de fondo, que ponga fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, o que desestime una demanda de intervención.

c) A petición conjunta de ambas partes.

d) En otros casos especiales, si así lo exige la recta administración de la justicia.

2. La decisión de suspender el procedimiento será adoptada mediante auto motivado del Presidente, oídas las partes; el Presidente podrá someter la cuestión al Tribunal de la Función Pública.

3. La decisión de reanudar el procedimiento antes del término del período de suspensión y la decisión contemplada en el artículo 72, apartado 2, serán adoptadas siguiendo las mismas formalidades.

Artículo 72

Duración y efectos de la suspensión

1. La suspensión del procedimiento surtirá efecto en la fecha señalada en el auto de suspensión o, si no se señalare tal fecha, en la de dicho auto.

2. Cuando el auto de suspensión no haya fijado su duración, la suspensión finalizará en la fecha señalada en el auto de reanudación del procedimiento, o si no se señalare tal fecha, en la de dicho auto.

3. Durante la suspensión, no expirará ningún plazo procesal, a excepción del plazo de intervención fijado en el artículo 109, apartado 1.

Los plazos procesales comenzarán a correr de nuevo desde el principio a partir de la fecha en que finalice la suspensión.

Artículo 73

Declinación de competencia

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, del anexo I del Estatuto, cuando el Tribunal de la Función Pública considere que el recurso que se le ha sometido es de la competencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal General, lo remitirá al Tribunal de Justicia o al Tribunal General.

2. El Tribunal de la Función Pública resolverá mediante auto motivado.

Capítulo sexto:

DE LOS DESISTIMIENTOS, DEL SOBRESEIMIENTO Y DE LOS INCIDENTES PROCESALES

Artículo 74

Desistimiento

Si el demandante informare al Tribunal de la Función Pública, por escrito o en la vista, de que desiste del procedimiento, el Presidente ordenará el archivo del asunto haciéndolo constar en el Registro y decidirá sobre las costas con arreglo al artículo 89, apartado 5.

Artículo 75

Sobreseimiento

Si el Tribunal de la Función Pública comprobare que el recurso ha quedado sin objeto y que procede su sobreseimiento, podrá resolver de oficio en cualquier momento, oídas las partes, mediante auto motivado.

Artículo 76

Recurso que manifiestamente no puede prosperar

Cuando el Tribunal la Función Pública sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o de algunas de sus pretensiones o cuando, en todo o en parte, el recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal de la Función Pública podrá resolver mediante auto motivado sin continuar el procedimiento.

Artículo 77

Causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público

El Tribunal de la Función Pública podrá pronunciarse de oficio en cualquier momento, oídas las partes, sobre las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público. Cuando el Tribunal estime disponer de información suficiente al efecto, podrá resolver mediante auto motivado sin continuar el procedimiento.

Artículo 78

Demanda de resolución sin examen del fondo del asunto

1. La demanda en que se solicite que el Tribunal de la Función Pública decida sobre la inadmisión, la incompetencia o un incidente sin entrar en el fondo del asunto se presentará mediante escrito separado. La demanda de decisión sobre la inadmisión deberá presentarse en un plazo de un mes a partir de la notificación del recurso.

Dicha demanda contendrá los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho, las pretensiones y, en anexo, los documentos justificativos invocados.

2. Presentada la demanda, el Presidente fijará un plazo a la otra parte para que formule por escrito sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de Derecho.

Salvo decisión en contrario del Tribunal de la Función Pública, el resto del procedimiento se desarrollará oralmente.

3. El Tribunal de la Función Pública decidirá sobre la demanda mediante auto motivado o la unirá al examen del fondo.

Si el Tribunal de la Función Pública desestimare la demanda o la uniere al examen del fondo, el Presidente fijará nuevos plazos para que continúe el procedimiento.

4. Si el asunto fuere competencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal General, el Tribunal de la Función Pública se lo remitirá.

Capítulo séptimo:

DE LAS SENTENCIAS Y DE LOS AUTOS

Artículo 79

Sentencia

La sentencia contendrá:

— La indicación de que ha sido dictada por el Tribunal de la Función Pública.

— La fecha de su pronunciamiento.

— El nombre del Presidente y de los Jueces que hayan participado en su adopción, indicando el Juez Ponente.

— El nombre del Secretario.

— La designación de las partes.

— El nombre de los representantes de las partes.

— Las pretensiones de las partes.

— Una exposición concisa de los hechos.

— Los fundamentos de Derecho.

— El fallo, en el que se incluirá la decisión sobre las costas.

Artículo 80

Pronunciamiento de la sentencia

1. La sentencia será pronunciada en audiencia pública, informando previamente a las partes de la fecha del pronunciamiento.

2. El original de la sentencia, firmado por el Presidente, los Jueces que hayan participado en la deliberación y el Secretario, será sellado y depositado en la Secretaría; el Secretario entregará a cada una de las partes una copia certificada.

3. El Secretario consignará en el original de la sentencia la fecha en que ha sido pronunciada.

Artículo 81

Auto

1. Todo auto contendrá:

— La indicación de que ha sido dictado por el Tribunal de la Función Pública, por el Presidente del Tribunal de la Función Pública o por la formación de dicho Tribunal que conozca del asunto.

— La fecha de su adopción.

— El nombre del Presidente y, en su caso, de los Jueces que hayan participado en su adopción, indicando el Juez Ponente.

— El nombre del Secretario.

— La designación de las partes.

— El nombre de los representantes de las partes.

— La parte dispositiva o el fallo, en el que se incluirá, en su caso, la decisión sobre las costas.

2. En los casos en que el presente Reglamento disponga que el auto deberá ser motivado, éste contendrá además:

— Las pretensiones de las partes.

— Una exposición concisa de los hechos.

— Los fundamentos de Derecho.

Artículo 82

Adopción del auto

El original del auto, firmado por el Presidente, será sellado y depositado en la Secretaría; el Secretario entregará a cada una de las partes una copia certificada.

Artículo 83

Inicio de la fuerza obligatoria

1. La sentencia tendrá fuerza obligatoria desde el día de su pronunciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, del anexo I del Estatuto.

2. Los autos tendrán fuerza obligatoria desde el día de su notificación salvo cuando el presente Reglamento disponga lo contrario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, del anexo I del Estatuto.

Artículo 84

Rectificación de resoluciones

1. Los errores de transcripción o de cálculo, así como las inexactitudes evidentes, podrán ser rectificados, previa audiencia de las partes, mediante auto del Tribunal de la Función Pública, de oficio o a instancia de parte, si esta petición se formula en el plazo de un mes a partir de la fecha en que la resolución que procede rectificar haya sido notificada.

2. El original del auto que ordene la rectificación se unirá al original de la resolución rectificada, en cuyo margen se dejará constancia de dicho auto.

Artículo 85

Omisión del pronunciamiento sobre las costas

1. Si el Tribunal de la Función Pública no hubiere decidido sobre las costas, cualquiera de las partes podrá solicitar que se complete la resolución dentro del mes siguiente a su notificación.

2. La solicitud será notificada a la otra parte, a la que el Presidente fijará un plazo para la presentación de observaciones escritas.

3. Tras la presentación de estas observaciones, el Tribunal de la Función Pública decidirá si la solicitud es admisible y fundada.

Capítulo octavo:

DE LAS COSTAS Y GASTOS JUDICIALES

Artículo 86

Pronunciamiento sobre las costas

El Tribunal de la Función Pública decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.

Artículo 87

Imposición de costas — Reglas generales

1. Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Capítulo, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

2. Si así lo exige la equidad, el Tribunal de la Función Pública podrá limitarse a imponer una condena parcial en costas a la parte que pierda el proceso, o incluso no condenarla en costas.

Artículo 88

Gastos abusivos o vejatorios

El Tribunal de la Función Pública podrá imponer una condena en costas parcial o incluso total a una parte, aunque sea la vencedora, si así lo justificase su actitud, incluso con anterioridad a la interposición del recurso, y en particular si hubiere causado a la otra parte gastos que dicho Tribunal considere abusivos o vejatorios.

Artículo 89

Imposición de costas — Casos particulares

1. Si son varias las partes que pierden el proceso, el Tribunal de la Función Pública decidirá sobre el reparto de las costas.

2. Cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de la Función Pública podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas.

3. Si ninguna de las partes hubiere solicitado la condena en costas, cada parte pagará las suyas.

4. La parte coadyuvante soportará sus propias costas.

5. La parte que desista será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte en sus observaciones sobre el desistimiento. No obstante, a petición de la parte que desista, la otra parte soportará las costas si la actitud de esta última lo justificase.

6. En caso de sobreseimiento el Tribunal de la Función Pública resolverá discrecionalmente sobre las costas.

7. En caso de acuerdo de las partes sobre las costas, se decidirá con arreglo al mismo.

Artículo 90

Gastos de ejecución forzosa

Los gastos que una parte haya debido realizar para la ejecución forzosa serán reembolsados por la otra parte según las tarifas vigentes en el Estado en que tenga lugar dicha ejecución.

Artículo 91

Costas recuperables

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94, se considerarán costas recuperables:

a) Las cantidades que deban pagarse a los testigos y peritos conforme al artículo 66.

b) Los gastos necesarios efectuados por las partes con motivo del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración del representante, si son indispensables.

Artículo 92

Discrepancia sobre las costas

1. Si hubiere discrepancia sobre el importe y la naturaleza de las costas recuperables, el Tribunal de la Función Pública decidirá mediante auto motivado a instancia de una de las partes, oídas las observaciones de la otra parte.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, del anexo I del Estatuto, este auto no será recurrible en casación.

2. Las partes podrán pedir, a efectos de ejecución, un testimonio del auto.

Artículo 93

Pago

1. La caja del Tribunal de la Función Pública y sus deudores efectuarán sus pagos en euros.

2. Cuando se haya incurrido en gastos reembolsables en una moneda distinta del euro o cuando los actos que den lugar a los pagos se hayan realizado en un país en el que la moneda no sea el euro, la conversión de la moneda se efectuará según el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo el día de pago.

Artículo 94

Gastos judiciales

El procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública será gratuito, sin perjuicio de lo que a continuación se dispone:

a) Si el Tribunal de la Función Pública ha incurrido en gastos que hubieran podido evitarse, en particular cuando el recurso fuera manifiestamente temerario, dicho Tribunal podrá condenar a la parte que los hubiera provocado a reembolsarlos total o parcialmente, sin que el importe de dicho reembolso pueda sobrepasar la cantidad de 2 000 euros.

b) Los gastos de los trabajos de copia y traducción efectuados a petición de una de las partes que el Secretario considere extraordinarios serán reembolsados por dicha parte según la tarifa prevista en el artículo 20.

Capítulo noveno:

DE LA JUSTICIA GRATUITA

Artículo 95

Requisitos de fondo

1. A fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia, se concederá la justicia gratuita en los procedimientos ante el Tribunal de la Función Pública con arreglo a las normas que se establecen en el presente Capítulo.

La justicia gratuita cubrirá, total o parcialmente, los gastos vinculados a la asistencia jurídica y representación ante el Tribunal de la Función Pública. Estos gastos serán sufragados por la caja de dicho Tribunal.

2. Tendrán derecho a obtener la justicia gratuita las personas físicas que, debido a su situación económica, no puedan hacer frente, en todo o en parte, a los gastos mencionados en el apartado 1.

La situación económica será evaluada teniendo en cuenta elementos objetivos como la renta, el patrimonio y la situación familiar.

3. Se denegará la justicia gratuita cuando la acción para la que se solicite sea manifiestamente inadmisible o infundada.

Artículo 96

Requisitos formales

1. La justicia gratuita podrá solicitarse antes o después de la interposición del recurso.

La solicitud no requerirá la asistencia de Abogado.

2. La solicitud de justicia gratuita deberá ir acompañada de los documentos que permitan evaluar la situación económica del solicitante, tales como un certificado de una autoridad nacional competente que la justifique.

Si la solicitud se presentare con anterioridad a la interposición del recurso, el solicitante deberá exponer concisamente el objeto del recurso planeado, los hechos del caso y los motivos alegados para fundamentar dicho recurso. La solicitud deberá ir acompañada de los correspondientes documentos probatorios.

3. El Tribunal de la Función Pública podrá establecer, de conformidad con el artículo 120, la obligatoriedad de la utilización de un formulario para la presentación de una solicitud de justicia gratuita.

Artículo 97

Procedimiento

1. Antes de pronunciarse sobre una solicitud de justicia gratuita, el Tribunal de la Función Pública instará a la otra parte para que presente observaciones escritas, salvo cuando del contenido de la solicitud presentada ya se dedujere que ésta no cumple los requisitos establecidos en el artículo 95, apartado 2, o que lo dispuesto en el apartado 3 de dicho artículo resulta de aplicación a la misma.

2. La decisión sobre la solicitud de justicia gratuita será adoptada mediante auto por el Presidente del Tribunal de la Función Pública o, si el asunto ya ha sido atribuido a una Sala, por el Presidente. Éste podrá someter la cuestión al Tribunal de la Función Pública.

El auto denegatorio de la justicia gratuita estará motivado.

3. En el auto en que se acuerde conceder la justicia gratuita, se designará un Abogado para representar al interesado.

Si éste no hubiese propuesto por sí mismo un Abogado o si se estimare inaceptable su elección, el Secretario enviará el auto por el que se conceda la justicia gratuita y una copia de la solicitud a la autoridad competente del Estado interesado mencionada en el anexo II del Reglamento Adicional al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Habida cuenta de las propuestas transmitidas por esta autoridad, se designará el Abogado encargado de representar al solicitante.

El auto por el que se conceda la justicia gratuita podrá determinar una cantidad que se abonará al Abogado encargado de representar al interesado, o podrá fijar un límite que no podrán, en principio, sobrepasar los desembolsos y honorarios del Abogado. Dicho auto podrá disponer, teniendo en cuenta la situación económica del interesado, que éste contribuya a sufragar los gastos señalados en el artículo 95, apartado 1.

4. La presentación de una solicitud de justicia gratuita suspenderá el plazo previsto para la presentación del recurso hasta la fecha en que se notifique el auto sobre la misma o, en los casos previstos en el apartado 3, párrafo segundo, hasta la del auto que designe el Abogado encargado de asistir al solicitante.

5. Si en el curso del proceso cambian las condiciones por las que se concedió la justicia gratuita, el Presidente podrá retirarla, de oficio o a instancia de parte y oído el interesado. El Presidente podrá someter la cuestión al Tribunal de la Función Pública.

El auto mediante el que se retire la justicia gratuita estará motivado.

6. No se dará recurso alguno contra los autos dictados en virtud del presente artículo.

Artículo 98

Anticipos — Asunción de las costas

1. En caso de concesión de la justicia gratuita, el Presidente podrá, a petición del Abogado del interesado, decidir que se le abone un anticipo.

2. Cuando, en virtud de la resolución que ponga fin al proceso, el beneficiario de la justicia gratuita deba soportar sus propias costas, el Presidente determinará los desembolsos y honorarios del Abogado que serán sufragados por la caja del Tribunal de la Función Pública, mediante auto motivado contra el que no se dará recurso alguno. El Presidente podrá someter la cuestión al Tribunal de la Función Pública.

3. Cuando, en la resolución que ponga fin al proceso, el Tribunal de la Función Pública condene a otra de las partes a soportar las costas del beneficiario de la justicia gratuita, dicha parte estará obligada a reembolsar a la caja del Tribunal de la Función Pública las cantidades anticipadas en concepto de justicia gratuita.

En caso de oposición o de que la parte no atienda a la solicitud de pago de dichas cantidades que le dirija el Secretario, el Presidente decidirá mediante auto motivado, contra el que no se dará recurso alguno. El Presidente podrá someter la cuestión al Tribunal de la Función Pública.

4. Cuando se desestimen totalmente las pretensiones del beneficiario de la justicia gratuita, el Tribunal de la Función Pública, al decidir sobre las costas en la resolución que ponga fin al proceso, podrá ordenar, si así lo exige la equidad, que una o varias de las demás partes soporten sus propias costas o que éstas sean, total o parcialmente, sufragadas por la caja del Tribunal de la Función Pública en concepto de justicia gratuita.

Capítulo décimo:

DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 99

Notificaciones

1. Las notificaciones previstas en el presente Reglamento serán cursadas por el Secretario:

— en el caso de que el destinatario haya designado domicilio en el lugar donde el Tribunal de la Función Pública tiene su sede, por envío postal certificado, con acuse de recibo, de una copia del documento que deba notificarse o por entrega de esta copia contra recibo;

— en el caso de que, conforme a lo dispuesto en los artículos 35, apartado 3, o 39, apartado 1, párrafo segundo, el destinatario haya aceptado recibir las notificaciones a través de alguno de los medios técnicos de comunicación de que disponga el Tribunal de la Función Pública, por dicho medio.

Las copias del original que deba notificarse serán extendidas y certificadas por el Secretario, salvo en caso de que hayan sido presentadas por las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, párrafo segundo.

2. Si existen razones técnicas que lo exijan, en particular a causa del volumen del escrito, o si el documento que debe notificarse es una sentencia o un auto, el documento se notificará, en caso de que el destinatario no haya designado domicilio a efectos de notificaciones, en el domicilio de dicho destinatario según lo previsto en el primer guión del apartado 1 del presente artículo. El destinatario recibirá aviso de ello por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga el Tribunal de la Función Pública. En ese caso, se considerará que el envío postal certificado ha sido entregado a su destinatario el décimo día siguiente al de depósito del envío en el servicio de Correos del lugar en el que el Tribunal de de la Función Pública tiene su sede, salvo que el acuse de recibo pruebe que el envío se recibió en otra fecha o salvo que el destinatario comunique al Secretario, en un plazo de tres semanas a partir del aviso por fax u otro medio técnico de comunicación, que no ha recibido la notificación.

Capítulo undécimo:

DE LOS PLAZOS

Artículo 100

Cómputo de los plazos — Plazo único por razón de la distancia

1. Los plazos procesales previstos en los Tratados, en el Estatuto y en el presente Reglamento se computarán de la siguiente forma:

a) Si un plazo expresado en días, semanas, meses o años hubiere de contarse a partir del momento en que ocurra un suceso o se efectúe un acto, el día en que se produzca dicho suceso o acto no se incluirá dentro del plazo.

b) Un plazo expresado en semanas, meses o años finalizará al expirar el día que, en la última semana, en el último mes o en el último año, tenga la misma denominación o la misma cifra que el día en que ocurrió el suceso o se efectuó el acto a partir del cual haya de computarse el plazo. Si, en un plazo expresado en meses o en años el día fijado para su expiración no existiese en el último mes, el plazo finalizará al expirar el último día de dicho mes.

c) Cuando un plazo esté expresado en meses y días, se tendrán en cuenta en primer lugar los meses enteros y después los días.

d) Los plazos comprenderán los días feriados legales, los sábados y los domingos.

e) El cómputo de los plazos no se suspenderá durante las vacaciones judiciales.

2. Si el plazo concluyere en sábado, domingo u otro día feriado legal, quedará prorrogado hasta el final del siguiente día hábil.

La lista de los días feriados legales, establecida por el Tribunal de Justicia y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, será aplicable al Tribunal de la Función Pública.

3. Los plazos procesales se ampliarán, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.

Artículo 101

Prórroga — Delegación de firma

1. Los plazos fijados en virtud del presente Reglamento podrán ser prorrogados por la autoridad que los haya establecido.

2. El Presidente podrá delegar su firma en el Secretario para fijar determinados plazos que le corresponda establecer con arreglo al presente Reglamento o para conceder su prórroga.

TÍTULO TERCERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Capítulo primero:

DE LA SUSPENSIÓN Y DEMÁS MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 102

Demanda de medidas provisionales

1. La demanda de que se suspenda la ejecución de un acto de una Institución conforme a lo dispuesto en los artículos 278 TFUE y 157 TCEEA sólo será admisible si el demandante hubiera impugnado dicho acto mediante recurso ante el Tribunal de la Función Pública.

Las demandas relativas a las demás medidas provisionales previstas en el artículo 279 TFUE sólo serán admisibles si se formulan por una de las partes de un asunto sometido al Tribunal de la Función Pública y guardan relación con el mismo.

Estas demandas podrán presentarse a partir de la presentación de la reclamación a que se refiere el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 91, apartado 4, de dicho Estatuto.

2. Las demandas mencionadas en el apartado anterior especificarán el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada.

3. La demanda se presentará mediante escrito separado y conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 35.

Artículo 103

Competencia del Presidente del Tribunal de la Función Pública

1. El Presidente del Tribunal de la Función Pública decidirá sobre las demandas presentadas en aplicación del artículo 102, apartado 1.

2. En caso de ausencia o impedimento del Presidente del Tribunal de la Función Pública, éste será sustituido por otro Juez en las condiciones que determine una decisión del Tribunal de la Función Pública que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 104

Procedimiento

1. La demanda se notificará a la otra parte, a la que el Presidente del Tribunal de la Función Pública fijará un plazo breve para la presentación de sus observaciones escritas u orales.

2. El Presidente del Tribunal de la Función Pública acordará, en su caso, las diligencias de ordenación del procedimiento y las diligencias de prueba.

3. El Presidente del Tribunal de la Función Pública podrá acceder a la demanda incluso antes de que la otra parte haya presentado sus observaciones. Esta decisión podrá ser modificada posteriormente o revocada, incluso de oficio.

Artículo 105

Decisión sobre las medidas provisionales

1. La decisión se adoptará mediante auto motivado.

2. La ejecución del auto podrá subordinarse a que se constituya por el demandante una fianza cuyo importe y modalidades se fijarán habida cuenta de las circunstancias concurrentes.

3. Las medidas provisionales podrán adoptarse por un plazo determinado. En caso contrario quedarán sin efecto cuando se pronuncie la sentencia que ponga fin al proceso.

4. El auto tendrá un carácter meramente provisional y no prejuzgará en modo alguno la decisión del Tribunal de la Función Pública sobre el asunto principal.

Artículo 106

Alteración de las circunstancias

A instancia de parte, el auto podrá ser modificado o revocado en cualquier momento si varían las circunstancias.

Artículo 107

Nueva demanda

La desestimación de una demanda de medidas provisionales no impedirá a la parte que la hubiera formulado presentar otra demanda fundada en hechos nuevos.

Artículo 108

Suspensión de la ejecución forzosa

La demanda de que se suspenda la ejecución forzosa de un acto de una Institución, presentada al amparo de los artículos 280 y 299 TFUE y 164 TCEEA, se regirá por las disposiciones del presente Capítulo.

El auto que estime la demanda fijará, en su caso, la fecha en que dicha medida provisional quedará sin efecto.

Capítulo segundo:

DE LA INTERVENCIÓN

Artículo 109

Demanda de intervención

1. Toda demanda de intervención deberá presentarse dentro de un plazo de cuatro semanas, contado a partir de la fecha de publicación del anuncio previsto en el artículo 37, apartado 2.

2. La demanda de intervención contendrá:

a) La indicación del asunto.

b) La designación de las partes principales.

c) El nombre y domicilio del coadyuvante.

d) La elección de domicilio del coadyuvante en el lugar donde el Tribunal de la Función Pública tiene su sede o la indicación del medio técnico de comunicación de que disponga el Tribunal de la Función Pública a través del cual su representante acepta recibir todas las notificaciones.

e) Las pretensiones del coadyuvante que apoyen o se opongan a las pretensiones del demandante.

f) La exposición de las circunstancias que fundamenten el derecho de intervención en virtud del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto o de alguna disposición específica.

3. En lo que proceda se aplicará lo dispuesto en los artículos 34 y 35.

4. El coadyuvante estará representado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto.

5. La demanda de intervención se notificará a las partes, con objeto de permitir que presenten sus observaciones escritas u orales e indiquen, si procede, a la Secretaría los documentos que estiman secretos o confidenciales, y que, por consiguiente, no desean que sean comunicados a los coadyuvantes.

6. El Presidente decidirá sobre la demanda de intervención mediante auto o atribuirá la decisión al Tribunal de la Función Pública. El auto deberá ser motivado si se desestima dicha demanda.

Artículo 110

Regulación de la intervención

1. Si se admitiere la intervención, el Presidente fijará el plazo dentro del cual el coadyuvante podrá presentar el escrito de formalización de la intervención.

2. Se dará traslado al coadyuvante de todas las actuaciones y escritos procesales notificados a las partes. No obstante, a instancia de parte, el Presidente podrá excluir de este traslado los documentos secretos o confidenciales.

3. El escrito de formalización de la intervención contendrá:

a) Las pretensiones del coadyuvante.

b) Los motivos y alegaciones del coadyuvante.

c) La proposición de prueba cuando proceda.

4. Las pretensiones del coadyuvante sólo serán admisibles si apoyan, total o parcialmente, las pretensiones de una de las partes.

5. Una vez presentado el escrito de formalización de la intervención, el Presidente fijará un plazo a las partes para que respondan por escrito al mismo o les instará a presentar su respuesta en la fase oral.

6. A efectos de aplicación del presente Reglamento, el coadyuvante estará asimilado a una parte, salvo disposición en contrario.

Artículo 111

Propuesta de intervención como coadyuvante

1. En cualquier fase del procedimiento, tras oír a las partes, el Presidente podrá proponer a cualquier persona, institución o Estado miembro interesado en la solución del litigio que indique al Tribunal de la Función Pública si desea intervenir como coadyuvante en el procedimiento. En la propuesta se hará referencia al anuncio contemplado en el artículo 37, apartado 2.

2. Si la persona, institución o Estado miembro de que se trate responde al Tribunal de la Función Pública, en el plazo fijado por el Presidente, que desea intervenir como coadyuvante, el Presidente informará de ello a las partes, con objeto de permitir que indiquen, si procede, a la Secretaría los documentos que estiman secretos o confidenciales, y que, por consiguiente, no desean que sean comunicados a la persona, institución o Estado miembro en cuestión.

En lo que proceda se aplicará lo dispuesto en el artículo 110, apartado 2.

3. La persona, institución o Estado miembro de que se trate presentará su escrito de formalización de la intervención en un plazo de un mes, a partir del momento en que se le dé traslado de las actuaciones y escritos procesales.

En lo que proceda se aplicará lo dispuesto en el artículo 34, en el artículo 35, en el artículo 109, apartados 2, letras a) a e), y 4, y en el artículo 110, apartados 3 a 6.

Capítulo tercero:

DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y DE LOS ASUNTOS DEVUELTOS COMO CONSECUENCIA DE LA CASACIÓN

Artículo 112

Requisitos del recurso de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública

Con los requisitos que establecen los artículos 9 a 12 del anexo I del Estatuto, podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal General contra las sentencias y autos del Tribunal de la Función Pública.

Artículo 113

Devolución a raíz de la casación — Atribución del asunto devuelto

1. Cuando, tras haber anulado una sentencia o un auto del Tribunal de la Función Pública, el Tribunal General devuelva el asunto a este último con arreglo al artículo 13 del anexo I del Estatuto, dicho asunto quedará sometido a la competencia del Tribunal de la Función Pública en virtud de la sentencia que acuerde la devolución.

2. El Presidente del Tribunal de la Función Pública atribuirá el asunto, bien a la formación del Tribunal que haya dictado la resolución anulada, bien a otra formación del Tribunal.

No obstante, cuando la resolución anulada haya sido dictada por un Juez único, el Presidente del Tribunal de la Función Pública atribuirá el asunto a una Sala de tres Jueces a la que no pertenezca dicho Juez.

Artículo 114

Procedimiento de examen del asunto devuelto

1. Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de la sentencia del Tribunal General, el demandante podrá presentar un escrito de observaciones.

2. Dentro del mes siguiente al traslado de dicho escrito a la parte demandada, ésta podrá presentar un escrito de observaciones. El plazo para que la parte demandada presente este escrito en ningún caso podrá ser inferior a dos meses, contados a partir del momento en que se le notifique la sentencia del Tribunal General.

3. Dentro del mes siguiente a la notificación simultánea de las observaciones del demandante y de la parte demandada al coadyuvante, éste podrá presentar un escrito de observaciones. El plazo para que el coadyuvante presente este escrito en ningún caso podrá ser inferior a dos meses, contados a partir del momento en que se le notifique la sentencia del Tribunal General.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 3, cuando en el momento de dictarse la sentencia que acuerde la devolución no hubiere terminado aún ante el Tribunal de la Función Pública la fase escrita, se continuará el procedimiento en la situación en que se encuentre, mediante las diligencias de ordenación que acuerde el Tribunal de la Función Pública.

5. Si las circunstancias así lo justifican, el Tribunal de la Función Pública podrá autorizar que se presenten escritos complementarios de observaciones.

6. El procedimiento se desarrollará con arreglo a lo dispuesto en el Título Segundo del presente Reglamento.

Artículo 115

Costas

El Tribunal de la Función Pública decidirá sobre las costas relativas tanto a los procedimientos entablados ante dicho Tribunal como sobre las causadas en el recurso de casación seguido ante el Tribunal General.

Capítulo cuarto:

DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN REBELDÍA Y DE LA OPOSICIÓN

Artículo 116

Procedimiento

1. Si la parte demandada, debidamente emplazada, no contestare a la demanda en la forma y en el plazo previstos, el demandante podrá pedir al Tribunal de la Función Pública que dicte sentencia estimatoria en rebeldía.

Esta petición se notificará a la parte demandada. El Tribunal de la Función Pública podrá decidir la apertura de la fase oral sobre la petición.

2. Antes de dictar sentencia en rebeldía, el Tribunal de la Función Pública examinará la admisibilidad de la demanda y verificará si se han observado debidamente las formalidades y si parecen fundadas las pretensiones del demandante. Podrá ordenar la práctica de pruebas.

3. La sentencia en rebeldía será ejecutiva.

No obstante, el Tribunal de la Función Pública podrá suspender la ejecución de la misma hasta que se haya pronunciado sobre la oposición presentada conforme al apartado 4 del presente artículo o subordinar la ejecución a que se constituya una fianza, cuyo importe y modalidades se fijarán habida cuenta de las circunstancias concurrentes; la fianza se cancelará si no se formula oposición o si ésta se desestima.

4. Contra la sentencia en rebeldía se podrá formular oposición.

La oposición se presentará dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia y en la forma prescrita en los artículos 34 y 35.

5. Notificada la oposición, el Presidente de la formación del Tribunal que conozca del asunto fijará a la otra parte un plazo para la presentación de sus observaciones escritas.

El procedimiento proseguirá con arreglo a lo dispuesto en el Título Segundo del presente Reglamento.

6. El Tribunal de la Función Pública decidirá por medio de sentencia contra la que no se podrá formular oposición. El original de esta sentencia se unirá al de la sentencia en rebeldía, en cuyo margen se hará mención de la sentencia dictada sobre la oposición.

Capítulo quinto:

DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Artículo 117

De la oposición de tercero

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto, podrá interponerse tercería contra las resoluciones dictadas sin que el tercero oponente haya sido citado a comparecer, si tales resoluciones lesionan sus derechos.

Si la resolución impugnada hubiere sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, la oposición sólo podrá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la publicación.

2. Los artículos 34 y 35 se aplicarán a la oposición de tercero, que deberá indicar además:

a) La resolución impugnada.

b) Los extremos en que la resolución impugnada perjudica los derechos del tercero oponente.

c) Las razones por las que el tercero oponente no pudo participar en el litigio principal ante el Tribunal de la Función Pública.

La oposición se formulará contra todas las partes del litigio principal.

La demanda de oposición de tercero será atribuida a la formación del Tribunal que haya dictado la resolución impugnada.

3. La resolución impugnada será modificada en la medida en que se estime la oposición del tercero.

El original de la sentencia dictada en el procedimiento de oposición de tercero se unirá al original de la resolución impugnada, en cuyo margen se hará mención de aquélla.

4. Cuando contra una misma sentencia del Tribunal de la Función Pública se interpongan un recurso de casación ante el Tribunal General y una demanda de oposición de tercero ante el propio Tribunal de la Función Pública, éste, previa audiencia de las partes, podrá suspender sus actuaciones hasta que el Tribunal General dicte sentencia.

5. A petición del tercero oponente podrá ordenarse que se suspenda la ejecución de la resolución impugnada. En lo que proceda se aplicará lo dispuesto en el Capítulo Primero del Título Tercero.

Artículo 118

De la interpretación de las resoluciones del Tribunal de la Función Pública

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto, en caso de duda sobre el sentido y el alcance de una resolución, corresponderá al Tribunal de la Función Pública interpretar dicha resolución, a instancia de la parte o de la institución que demuestre un interés en ello.

La demanda de interpretación no estará sometida a plazo alguno.

2. Los artículos 34 y 35 se aplicarán a la demanda de interpretación, que deberá indicar además:

a) La resolución que deba interpretarse.

b) Los pasajes cuya interpretación se solicita.

La demanda se interpondrá contra todas las partes del litigio en el que se dictó la resolución cuya interpretación se solicita.

La demanda de interpretación será atribuida a la formación del Tribunal que haya dictado la resolución objeto de dicha demanda.

3. El Tribunal de la Función Pública, tras haber ofrecido a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones, decidirá mediante sentencia.

El original de la sentencia interpretativa se unirá al original de la resolución interpretada, en cuyo margen se hará mención de aquélla.

4. Cuando una misma sentencia del Tribunal de la Función Pública sea objeto de un recurso de casación ante el Tribunal General y de una demanda de interpretación ante el propio Tribunal de la Función Pública, éste, previa audiencia de las partes, podrá suspender sus actuaciones hasta que el Tribunal General dicte sentencia.

Artículo 119

De la revisión

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto, sólo podrá pedirse la revisión de una resolución del Tribunal de la Función Pública con motivo del descubrimiento de un hecho que pueda tener una influencia decisiva y que, antes de que se pronunciara o se adoptara la resolución, era desconocido por el Tribunal de la Función Pública y por la parte que solicita la revisión.

Sin perjuicio del plazo de diez años previsto en el párrafo tercero del artículo 44 del Estatuto, la revisión sólo podrá solicitarse dentro de los tres meses siguientes al día en que el demandante tuviere conocimiento del hecho en que se funde su demanda de revisión.

2. Los artículos 34 y 35 se aplicarán a la demanda de revisión, que deberá indicar además:

a) La resolución impugnada.

b) Los extremos de la resolución que se impugnan.

c) Los hechos en que se funda la demanda.

d) Los medios de prueba propuestos para demostrar la existencia de hechos que justifican la revisión y el cumplimiento de los plazos previstos en el apartado 1 del presente artículo.

La demanda de revisión se interpondrá contra todas las partes del litigio en el que se dictó la resolución impugnada.

La demanda de revisión será atribuida a la formación del Tribunal que haya dictado la resolución impugnada.

3. El Tribunal de la Función Pública decidirá mediante sentencia sobre la admisibilidad de la demanda, a la vista de las observaciones escritas de las partes.

Si el Tribunal de la Función Pública declarare la admisibilidad de la demanda, salvo decisión en contrario de dicho Tribunal, el resto del procedimiento se desarrollará oralmente. El Tribunal de la Función Pública decidirá mediante sentencia.

El original de la sentencia que acuerde la revisión se unirá al original de la resolución revisada, en cuyo margen se hará mención de aquélla.

4. Cuando contra una misma resolución del Tribunal de la Función Pública se interpongan un recurso de casación ante el Tribunal General y una demanda de revisión ante el propio Tribunal de la Función Pública, éste, previa audiencia de las partes, podrá suspender sus actuaciones hasta que el Tribunal General dicte sentencia.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 120

Instrucciones prácticas del Tribunal de la Función Pública

El Tribunal de la Función Pública podrá dictar instrucciones prácticas relativas, en particular, a la preparación y celebración de las vistas, a la solución amistosa de los litigios y a la presentación de alegaciones y observaciones escritas.

Artículo 121

Publicación del Reglamento de procedimiento

El presente Reglamento, auténtico en las lenguas de procedimiento mencionadas en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al de su publicación.

Artículo 122

Disposiciones transitorias en materia de costas

Las disposiciones del Capítulo Octavo del Título Segundo, relativo a las costas y gastos judiciales, sólo se aplicarán a los asuntos que se sometan al Tribunal de la Función Pública a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

Las disposiciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General pertinentes en la materia continuarán aplicándose, mutatis mutandis, a los asuntos que se hallaren pendientes ante el Tribunal de la Función Pública antes de dicha fecha.

ÍNDICE

DISPOSICIÓN PRELIMINAR

Artículo 1 Definiciones

TÍTULO PRIMERO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo Primero: DE LA PRESIDENCIA Y DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 2 Mandato de los Jueces

Artículo 3 Prestación de juramento

Artículo 4 Separación del cargo y destitución de los Jueces

Artículo 5 Rango

Artículo 6 Elección del Presidente del Tribunal de la Función Pública

Artículo 7 Atribuciones del Presidente del Tribunal de la Función Pública

Artículo 8 Sustitución del Presidente del Tribunal de la Función Pública

Capítulo Segundo: DE LAS FORMACIONES DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 9 Formaciones del Tribunal de la Función Pública

Artículo 10 Constitución de las Salas

Artículo 11 Presidentes de Sala

Artículo 12 Formación ordinaria del Tribunal de la Función Pública — Atribución de asuntos a las Salas

Artículo 13 Remisión de un asunto al Pleno o a la Sala de cinco Jueces

Artículo 14 Remisión de un asunto a un Juez único

Capítulo Tercero: DE LA SECRETARÍA Y DE LOS SERVICIOS

Sección Primera – De la Secretaría

Artículo 15 Nombramiento del Secretario

Artículo 16 Cese del Secretario en sus funciones

Artículo 17 Secretario adjunto

Artículo 18 Ausencia o impedimento del Secretario

Artículo 19 Funciones del Secretario

Artículo 20 Llevanza del Registro

Sección Segunda – De los Servicios

Artículo 21 Funcionarios y demás agentes

Artículo 22 Administración y gestión financiera del Tribunal de la Función Pública

Capítulo Cuarto: DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 23 Fechas, horas y lugar de las sesiones del Tribunal de la Función Pública

Artículo 24 Quórum

Artículo 25 Ausencia o impedimento de un Juez

Artículo 26 Ausencia o impedimento de un Juez de una Sala de cinco Jueces antes de la vista

Artículo 27 Deliberaciones

Artículo 28 Vacaciones judiciales

Capítulo Quinto: DEL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO

Artículo 29 Régimen lingüístico

Capítulo Sexto: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Artículo 30 Privilegios, inmunidades y facilidades

Artículo 31 Condición de representantes de las partes

Artículo 32 Exclusión del procedimiento

TÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero: DE LA FASE ESCRITA

Artículo 33 Generalidades

Artículo 34 Presentación de escritos procesales

Artículo 35 Demanda

Artículo 36 Subsanación

Artículo 37 Notificación de la demanda y anuncio en el Diario Oficial

Artículo 38 Atribución inicial del asunto a una formación del Tribunal

Artículo 39 Escrito de contestación

Artículo 40 Transmisión al Consejo y a la Comisión Europea

Artículo 41 Segundo intercambio de escritos procesales

Artículo 42 Nueva proposición de prueba

Artículo 43 Motivos nuevos

Artículo 44 Documentos y escritos — Confidencialidad — Anonimato

Artículo 45 Informe preliminar

Artículo 46 Conexión — Acumulación de asuntos

Artículo 47 Orden de tratamiento de los asuntos

Capítulo Segundo: DE LA FASE ORAL

Artículo 48 Celebración de la vista

Artículo 49 Fecha de la vista

Artículo 50 Ausencia de las partes en la