ES Diario Oficial de la Unión Europea L 115/39

REGLAMENTO (UE) No 347/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 17 de abril de 2013

relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión no 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 y (CE) no 715/2009

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 172,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión para lanzar una nueva estrategia llamada «Europa 2020». Una de las prioridades de la Estrategia Europa 2020 es el crecimiento sostenible que debe alcanzarse fomentando una economía con un uso más eficiente de los recursos, más sostenible y más competitiva. La estrategia sitúa las infraestructuras de energía en primera línea dentro de la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», subrayando la necesidad de mejorar urgentemente las redes europeas, interconectándolas a nivel continental, especialmente para integrar las fuentes de energía renovables.

(2) No se ha alcanzado aún el objetivo, recogido en las Conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002, de que todos los Estados miembros alcancen un nivel de interconexiones eléctricas equivalente por lo menos al 10 % de su capacidad de producción instalada.

(3) La Comunicación de la Comisión titulada «Las prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020 – Esquema para una red de energía europea integrada», a la que siguieron las Conclusiones del Consejo de 28 de febrero de 2011 y la resolución del Parlamento Europeo (4), propugnaba una nueva política de infraestructuras energéticas para optimizar el desarrollo continental de las redes de aquí a 2020 e incluso después, con el fin de permitir a la Unión alcanzar los objetivos esenciales de su política energética en materia de competitividad, sostenibilidad y seguridad del abastecimiento.

(4) El Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 subrayó la necesidad de modernizar y expandir la infraestructura energética europea y de interconectar las redes a través de las fronteras para garantizar que surta efecto la solidaridad entre los Estados miembros, que se implanten realmente rutas alternativas de suministro y tránsito y fuentes de energía alternativas y que las energías renovables se desarrollen y puedan competir con las energías tradicionales. Insistió en que ningún Estado miembro debía permanecer aislado de las redes europeas de gas y electricidad después de 2015 ni ver su seguridad energética en peligro por carecer de las conexiones apropiadas.

(5) La Decisión no 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), establece orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía. (RTE-E). Los objetivos de dichas orientaciones son apoyar la plena realización del mercado interior de la energía de la Unión y al mismo tiempo fomentar la producción, el transporte, la distribución y la utilización racionales de los recursos energéticos, reducir el aislamiento de las regiones menos favorecidas e insulares, reforzar y diversificar los suministros energéticos, las fuentes y las rutas de suministro de la Unión también mediante la cooperación con terceros países, y contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

(6) La evaluación del actual marco de las RTE-E ha mostrado claramente que ese marco, aunque ha contribuido positivamente a determinados proyectos al darles visibilidad política, adolece de falta de visión, de enfoque y de flexibilidad para colmar las lagunas detectadas en la infraestructura. Por consiguiente, la Unión debe redoblar sus esfuerzos para responder a los desafíos futuros en este ámbito, y debe dedicarse la debida atención a identificar posibles desequilibrios futuros de la demanda y el suministro de energía.

(7) Acelerar la renovación de las infraestructuras energéticas existentes y la implantación de las nuevas es crucial para alcanzar los objetivos de política energética y de cambio climático de la Unión, que consisten en completar el mercado interior de la energía, garantizando la seguridad de suministro, en particular para el gas y el petróleo, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % (el 30 % si las condiciones son las adecuadas), incrementando la cuota de energías renovables en el consumo energético final hasta el 20 % (6) y logrando un incremento del 20 % en la eficiencia energética de aquí a 2020, con posibilidad de que los aumentos de la eficiencia energética contribuyan a reducir las necesidades de construcción de nuevas infraestructuras. Al mismo tiempo, la Unión tiene que preparar su infraestructura para continuar la descarbonización de su sistema energético a más largo plazo, con el horizonte de 2050. Por consiguiente, el presente Reglamento debe tener capacidad para incorporar posibles objetivos futuros de política energética y de cambio climático de la Unión.

(8) A pesar de que la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (7), y la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (8), establecen un mercado interior de la energía, el mercado sigue estando fragmentado debido a que las interconexiones entre las redes energéticas nacionales son insuficientes y a que la utilización de la infraestructura energética existente no es óptima. Sin embargo, es vital contar con unas redes integradas e implantar redes inteligentes en toda la Unión para garantizar un mercado competitivo e integrado que funcione correctamente, para llegar a una utilización óptima de las infraestructuras energéticas, para incrementar la eficiencia energética y la integración de las fuentes renovables de energía descentralizadas y para fomentar el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible.

(9) La infraestructura energética de la Unión debe ser mejorada con el fin de prevenir los fallos técnicos e incrementar su resiliencia ante estos fallos, las catástrofes naturales o provocadas por el hombre, los efectos negativos del cambio climático y las amenazas a su seguridad, en particular por lo que se refiere a las infraestructuras críticas europeas, contempladas en la Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (9).

(10) Transportar petróleo mediante oleoductos terrestres en lugar de hacerlo en buques puede contribuir notablemente a reducir el riesgo medioambiental asociado al transporte de petróleo.

(11) La importancia de las redes inteligentes para lograr los objetivos de la política energética de la Unión ha sido reconocida en la Comunicación de 12 de abril de 2011 de la Comisión titulada «Redes inteligentes: de la innovación a la implantación».

(12) Las instalaciones de almacenamiento de energía y las instalaciones de recepción, almacenamiento y regasificación o descompresión de gas natural licuado (GNL) y de gas natural comprimido (GNC) desempeñan un papel cada vez más importante en la infraestructura energética europea. La expansión de estas instalaciones de infraestructura energética constituye un componente importante de una infraestructura de red eficaz.

(13) La Comunicación de la Comisión de 7 de septiembre de 2011 titulada «La política energética de la UE: establecer asociaciones más allá de nuestras fronteras» subrayó la necesidad de que la Unión incluyese el fomento del desarrollo de la infraestructura energética en sus relaciones exteriores con el fin de apoyar el desarrollo socioeconómico más allá de las fronteras de la Unión. La Unión debe facilitar proyectos de infraestructura que conecten las redes energéticas de la Unión con las redes de terceros países, en particular con países vecinos y con países con los cuales la Unión ha establecido una cooperación específica en materia energética.

(14) A fin de asegurar la estabilidad del voltaje y la frecuencia, ha de prestarse especial atención a la estabilidad de la red eléctrica europea en las condiciones cambiantes debidas a la entrada creciente de energía procedente de recursos renovables que son de naturaleza variable.

(15) Las inversiones necesarias, de aquí a 2020, en infraestructuras de transporte de electricidad y gas de importancia europea han sido calculadas en cerca de 200 000 millones EUR. El importante incremento en los volúmenes de inversión en comparación con las tendencias anteriores y la urgencia de ejecutar las prioridades en materia de infraestructura energética hacen necesario un nuevo enfoque en la forma de regular y financiar las infraestructuras energéticas, en particular las de carácter transfronterizo.

(16) El documento de trabajo de los servicios de la Comisión para el Consejo de 10 de junio de 2011, titulado «Necesidades y carencias de la inversión en infraestructuras energéticas», hacía hincapié en que aproximadamente la mitad del total de inversiones necesarias para la década hasta 2020 corren el riesgo de no materializarse en absoluto o de no hacerlo a tiempo debido a obstáculos relacionados con la concesión de autorizaciones, la regulación y la financiación.

(17) El presente Reglamento establece normas para el desarrollo y la interoperabilidad a tiempo de las redes transeuropeas de energía, con vistas a alcanzar los objetivos en materia de política energética del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía y la seguridad del suministro en la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro de energía, así como el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables, y fomentar la interconexión de las redes de energía. Con la persecución de estos objetivos, el presente Reglamento contribuye al crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y aporta beneficios para toda la Unión en cuanto a competitividad y cohesión económica, social y territorial.

(18) Para el desarrollo de las redes transeuropeas y su interoperabilidad efectiva, es fundamental garantizar la coordinación operativa entre los gestores de redes de transporte de electricidad («gestores de redes de transporte»). A fin de garantizar la existencia de condiciones uniformes para la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) no 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (10), a este respecto, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (11). Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de las orientaciones sobre la coordinación operativa entre los gestores de redes de transporte a escala de la Unión, habida cuenta de que estas orientaciones se aplicarán a todos esos gestores.

(19) En virtud del presente Reglamento, se atribuyen importantes cometidos adicionales a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía («la Agencia»), establecida por el Reglamento (CE) no 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), y debe concedérsele el derecho a percibir tasas por algunos de estos cometidos adicionales.

(20) Al cabo de intensas consultas con todos los Estados miembros y partes interesadas, la Comisión ha identificado 12 prioridades estratégicas transeuropeas en materia de infraestructura energética cuyo desarrollo antes de 2020 es esencial para el logro de los objetivos de la Unión en materia de política energética y de cambio climático. Dichas prioridades abarcan diferentes regiones geográficas o áreas temáticas en el ámbito del transporte y almacenamiento de electricidad, transporte de gas, almacenamiento e infraestructuras de gas natural licuado o comprimido, redes inteligentes, autopistas de la electricidad, transporte de dióxido de carbono e infraestructuras de petróleo.

(21) Los proyectos de interés común deben cumplir criterios comunes, transparentes y objetivos, con vistas a su contribución a los objetivos de la política energética. En lo relativo a la electricidad y al gas, para poder figurar en la segunda lista de la Unión y en las siguientes, los proyectos propuestos deben formar parte del último plan decenal de desarrollo de la red disponible. Dicho plan debe tener en cuenta, concretamente, las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, en relación con la necesidad de integrar los mercados periféricos de la energía.

(22) Deben crearse grupos regionales a efectos de proponer y revisar proyectos de interés común con miras a establecer listas regionales de proyectos de interés común. Con el fin de garantizar un amplio consenso, dichos grupos regionales deben asegurar una estrecha cooperación entre los Estados miembros, las autoridades reguladoras nacionales, los promotores de proyectos y las partes interesadas pertinentes. La cooperación debe basarse en la medida de lo posible en las actuales estructuras de cooperación regional de las autoridades reguladoras nacionales y de los gestores de redes de transporte y otras estructuras establecidas por los Estados miembros y la Comisión. En el contexto de esta cooperación, siempre que sea necesario, las autoridades reguladoras nacionales asesorarán a los grupos regionales, entre otras cuestiones, sobre la viabilidad de los aspectos de regulación de los proyectos propuestos y sobre la viabilidad del calendario propuesto para la aprobación por las autoridades reguladoras.

(23) A fin de que la lista de proyectos de interés común de la Unión («lista de la Unión») se limite a proyectos que supongan la máxima contribución al desarrollo de los corredores y áreas prioritarios en materia de infraestructura energética estratégica, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar y revisar la lista de la Unión, con arreglo al artículo 290 del TFUE, al tiempo que se respeta el derecho de los Estados miembros a aprobar proyectos de interés común relacionados con su territorio. De acuerdo con el análisis realizado en la evaluación de impacto adjunta a la propuesta en que se basa el presente Reglamento, se calcula que el número de proyectos de este tipo es de unos 100 en el ámbito de la electricidad y de unos 50 en el ámbito del gas. Partiendo de esta estimación y de la necesidad de evitar la dispersión del presente Reglamento, el número total de proyectos de interés común debe mantenerse manejable, por lo que no debe ser muy superior a 220. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(24) Se establecerá una lista de la Unión nueva cada dos años. Los proyectos de interés común que hayan concluido o que ya no cumplan los criterios y requisitos pertinentes establecidos en el presente Reglamento no deben figurar en la siguiente lista de la Unión. Por esta razón, los proyectos de interés común en curso que se quiera retomar en la siguiente lista de la Unión deben someterse al mismo procedimiento de selección para la elaboración de listas regionales y para la elaboración de listas de la Unión que los nuevos proyectos propuestos; no obstante, se velará por reducir todo lo posible la carga administrativa resultante, por ejemplo, utilizando en la medida de lo posible la información ya suministrada anteriormente y teniendo en cuenta los informes anuales de los promotores de los proyectos.

(25) Los proyectos de interés común deben ejecutarse lo más rápidamente posible y deben ser objeto de un estrecho seguimiento y de evaluación, al tiempo que la carga administrativa para los promotores de los proyectos se mantiene en un mínimo. La Comisión debe nombrar coordinadores europeos para los proyectos que presenten dificultades particulares.

(26) Los procesos de concesión de autorizaciones no deben ni dar lugar a cargas administrativas que sean desproporcionadas con el tamaño o la complejidad de un proyecto, ni crear barreras al desarrollo de las redes transeuropeas ni al acceso al mercado. Las conclusiones del Consejo de 19 de febrero de 2009 pusieron de manifiesto la necesidad de detectar y suprimir las barreras a la inversión, por ejemplo mediante la generalización de los procedimientos de planificación y consulta. Dichas conclusiones fueron reforzadas por las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, que una vez más subrayó la importancia de agilizar y mejorar los procesos de concesión de autorizaciones, respetando las competencias nacionales.

(27) Se deben coordinar la planificación y la ejecución de los proyectos de interés común de la Unión en materia de infraestructuras de energía, de transportes y de telecomunicaciones con el fin de generar sinergias siempre que ello tenga sentido en la perspectiva de la economía en general o desde los puntos de vista técnico, medioambiental o de la planificación territorial, y teniendo debidamente en cuenta los aspectos de seguridad pertinentes. Por tanto, en la planificación de las distintas redes transeuropeas se podría privilegiar la integración de las redes de transporte, de comunicaciones y de energía, a fin de garantizar que se utiliza el mínimo posible de terreno y asegurar, cuando sea posible, la reutilización de rutas existentes o en desuso, con objeto de reducir al mínimo las repercusiones sociales, económicas, ambientales y financieras negativas.

(28) Es necesario dar «carácter prioritario» a nivel nacional a los proyectos de interés común, para garantizar la rapidez de su tramitación administrativa. Las autoridades competentes deben considerar de interés público los proyectos de interés común. Debe concederse autorización a proyectos que tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente, por razones imperiosas de interés público de primer orden, cuando se cumplan todas las condiciones contempladas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (13), y la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (14).

(29) La constitución de una autoridad o autoridades competentes a escala nacional que integren o coordinen todos los procesos de concesión de autorizaciones («ventanilla única») debe reducir la complejidad, incrementar la eficiencia y la transparencia y ayudar a mejorar la cooperación entre los Estados miembros. Una vez designadas, las autoridades competentes deben comenzar a ejercer sus funciones lo antes posible.

(30) A pesar de la existencia de normas establecidas para la participación del público en los procedimientos de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente, son necesarias medidas adicionales para garantizar los máximos niveles posibles de transparencia y participación del público en todas las cuestiones pertinentes del procedimiento de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común.

(31) La aplicación correcta y coordinada de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (15), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (16), cuando sea aplicable; del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 (17) («Convenio de Aarhus») y del Convenio de Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo («Convenio de Espoo») deben garantizar la armonización de los principios clave para la evaluación de los impactos ambientales, también en un contexto transfronterizo. Los Estados miembros deben coordinar sus evaluaciones para proyectos de interés común y contemplar evaluaciones conjuntas, cuando sea posible. Debe alentarse a los Estados miembros a intercambiar las mejores prácticas y a desarrollar capacidades administrativas con respecto a los procesos de concesión de autorizaciones.

(32) Es importante racionalizar y mejorar los procesos de concesión de autorizaciones. Esto debe llevarse a cabo —en la medida de lo posible y a fin de observar debidamente el principio de subsidiariedad— respetando las competencias y los procedimientos nacionales para la construcción de nuevas infraestructuras. Habida cuenta de la urgencia de desarrollar las infraestructuras energéticas, la simplificación de los procesos de concesión de autorizaciones debe ir acompañada de una fecha límite clara para la decisión que hayan de adoptar las correspondientes autoridades en relación con la construcción del proyecto. Esta fecha límite debe favorecer una mayor eficiencia en la definición y tramitación de los procedimientos y bajo ninguna circunstancia debe transigir con los elevados niveles de protección del medio ambiente y participación del público. Por lo que se refiere a las fechas límite máximas establecidas por el presente Reglamento, los Estados miembros deben tratar, no obstante, de acortarlas si ello es viable. Las autoridades competentes deben velar por el respeto de los plazos y los Estados miembros deben tratar de garantizar que los recursos que cuestionen la legalidad material o formal de una decisión global sean tramitados de la forma más eficiente posible.

(33) Cuando los Estados miembros lo consideren conveniente, podrán incluir en las decisiones globales decisiones tomadas en el contexto de negociaciones con propietarios del suelo sobre la concesión de acceso a bienes inmuebles, su propiedad o el derecho de utilizarlos; la planificación territorial que determina el uso general del suelo en una región determinada e incluye otros proyectos como autopistas, ferrocarriles, edificios y zonas de protección de la naturaleza, y no se emprende con la finalidad específica del proyecto previsto; la concesión de licencias de explotación. En el contexto de los procesos de concesión de autorizaciones, los proyectos de interés común podrán comprender infraestructuras relacionadas en la medida en que ello sea esencial para la construcción o el funcionamiento del proyecto.

(34) El presente Reglamento, en particular las disposiciones relativas a la concesión de autorizaciones, participación del público y ejecución de proyectos de interés común, será aplicable sin perjuicio del Derecho internacional y de la legislación de la Unión, incluidas las disposiciones para proteger el medio ambiente y la salud humana, así como las disposiciones adoptadas en virtud de la política pesquera común y la política marítima integrada.

(35) Por lo general, deben hacerse cargo de la totalidad de los costes de desarrollo, construcción, explotación y mantenimiento de los proyectos de interés común los usuarios de la infraestructura. Los proyectos de interés común deben poder beneficiarse de la distribución transfronteriza de los costes si una evaluación de la demanda del mercado o de los efectos esperados sobre las tarifas indica que no cabe esperar que se recuperen los costes mediante las tarifas pagadas por los usuarios de la infraestructura.

(36) La base para el debate sobre la distribución adecuada de los costes debe estar constituida por el análisis de los costes y beneficios de un proyecto de infraestructura sobre la base de una metodología armonizada para un análisis de todo el sistema energético, en el marco de los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la UE elaborados por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte en virtud del Reglamento (CE) no 714/2009, y del Reglamento (CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (18), y revisada por la Agencia. Dicho análisis podría tomar en consideración los indicadores y los valores de referencia correspondientes para la comparación de los costes unitarios de inversión.

(37) En un mercado interior de la energía cada vez más integrado, son necesarias normas claras y transparentes para la distribución transnacional de los costes, con el fin de acelerar la inversión en infraestructura transfronteriza. El Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 recordó la importancia de fomentar un marco de regulación atractivo para la inversión en redes, cuyas tarifas se fijen a niveles que guarden relación con las necesidades de financiación y para que los costes de las inversiones transfronterizas se repartan de manera adecuada, fomentando la competencia y la competitividad, y teniendo presentes las consecuencias que ello acarreará para los consumidores. Al decidir sobre la distribución transfronteriza de costes, las autoridades reguladoras nacionales deben velar por que su impacto en las tarifas nacionales no suponga una carga desproporcionada para los consumidores. Las autoridades reguladoras nacionales deben asimismo evitar los riesgos de duplicar el apoyo a los proyectos tomando en consideración las tasas y los ingresos reales o estimados. Estas tasas e ingresos deben tomarse en consideración solamente en la medida en que estén concebidos para cubrir los costes de que se trate y guarden la relación más estrecha posible con el proyecto. Si una solicitud de inversión toma en consideración beneficios más allá de las fronteras de los Estados miembros interesados, las autoridades reguladoras nacionales consultarán a los gestores de redes de transporte interesados sobre el análisis de costes y beneficios específico del proyecto.

(38) La legislación en vigor sobre el mercado interior de la energía exige que las tarifas de acceso a las redes del gas y la electricidad constituyan incentivos adecuados para la inversión. Las autoridades reguladoras nacionales deben garantizar, cuando apliquen la legislación del mercado interior de la energía, un marco regulador estable y previsible con incentivos para proyectos de interés común, incluidos incentivos a largo plazo, que guarden relación con el nivel de riesgo específico del proyecto. Esto es aplicable en particular a las tecnologías de transporte de electricidad innovadoras que permitan una integración a gran escala de la energía renovable, de los recursos energéticos distribuidos o de la respuesta a la demanda en las redes interconectadas, así como a la infraestructura de transporte de gas que ofrezca una capacidad avanzada o una flexibilidad adicional al mercado que permita un comercio a corto plazo o un suministro de reserva en caso de interrupciones del suministro.

(39) El presente Reglamento se aplicará solamente a la concesión de autorizaciones para proyectos de interés común con arreglo a la definición establecida en el mismo, la participación del público en estos proyectos y su tratamiento en el plano de la regulación. No obstante, los Estados miembros podrán aplicar, en virtud de su legislación nacional, las mismas normas o normas similares a otros proyectos no considerados proyectos de interés común en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. En lo relativo a los incentivos de regulación, los Estados miembros podrán aplicar, en virtud de su legislación nacional, las mismas normas o normas similares a proyectos de interés común pertenecientes a la categoría de almacenamiento de electricidad.

(40) Los Estados miembros que actualmente no disponen de la consideración jurídica de asunto de máxima importancia posible a nivel nacional atribuible a proyectos de infraestructuras de energía en el contexto de los procesos de concesión de autorizaciones deben considerar la posibilidad de introducirla, en particular analizando si ello podría dar lugar a un proceso de concesión de autorizaciones más rápido.

(41) El Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER), establecido mediante el Reglamento (CE) no 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), ha demostrado el valor añadido de impulsar la financiación privada mediante una importante ayuda financiera de la Unión que permita la ejecución de proyectos de importancia europea. El Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 reconoció que es posible que algunos proyectos de infraestructura energética tengan que percibir una financiación pública limitada a fin de completar la financiación privada. A la luz de la crisis económica y financiera y de las restricciones presupuestarias, el apoyo específico, a través de subvenciones e instrumentos financieros, debe desarrollarse dentro del próximo marco financiero plurianual, que atraerá a nuevos inversores a los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética, al tiempo que la contribución presupuestaria de la Unión se mantiene en un mínimo. Las medidas correspondientes deben tener en cuenta la experiencia adquirida durante la fase piloto tras la introducción de los bonos para la financiación de proyectos de infraestructura.

(42) Los proyectos de interés común en los campos de la electricidad, el gas, el petróleo y el dióxido de carbono deben poder optar a la ayuda financiera de la Unión para estudios y, en determinadas condiciones, para trabajos tan pronto como se disponga de la correspondiente financiación en el marco del Reglamento pertinente relativo al Mecanismo «Conectar Europa», en forma de subvenciones o en forma de instrumentos financieros innovadores. Esto asegurará que se pueda proporcionar una ayuda a la medida a aquellos proyectos de interés común que no sean viables dentro del marco regulador y en las condiciones del mercado existentes. Es importante evitar cualquier distorsión de la competencia, en particular entre proyectos que contribuyan a la realización de los mismos corredores prioritarios de la Unión. Esta ayuda financiera debe asegurar las sinergias necesarias con los Fondos Estructurales, que financiarán las redes inteligentes de distribución de energía de importancia local o regional. Se aplica a los proyectos de interés común un enfoque compuesto de tres fases. En primer lugar, el mercado debe tener prioridad para invertir. En segundo lugar, si el mercado no efectúa inversiones, se deben examinar soluciones legislativas, ajustar en caso necesario el marco regulador aplicable y garantizar su correcta aplicación. En tercer lugar, si las dos fases anteriores no bastan para que se produzcan las inversiones necesarias en proyectos de interés común, podría concederse ayuda financiera de la Unión si el proyecto de interés común cumple los criterios de subvencionabilidad aplicables.

(43) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el desarrollo y la interoperabilidad de las redes transeuropeas de energía y la conexión a dichas redes, no puede ser logrado de manera suficiente por los Estados miembros y puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(44) Procede, por lo tanto, modificar los Reglamentos (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 y (CE) no 715/2009 en consecuencia.

(45) Procede, por lo tanto, derogar la Decisión no 1364/2006/CE.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece orientaciones para el desarrollo y la interoperabilidad a tiempo de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética transeuropea que figuran en el anexo I («corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética»).

2. En particular, el presente Reglamento:

a) contempla la identificación de proyectos de interés común necesarios para desarrollar dichos corredores y aéreas prioritarios que entren dentro de las categorías de infraestructura energética de electricidad, gas, petróleo y dióxido de carbono que figuran en el anexo II («categorías de infraestructuras energéticas»);

b) facilita la ejecución puntual de proyectos de interés común mediante la racionalización, una coordinación más estrecha y la aceleración de los procesos de concesión de autorizaciones, y mediante la mejora de la participación del público;

c) establece normas y orientaciones para la distribución transfronteriza de los costes y de los incentivos relativos al riesgo para los proyectos de interés común;

d) determina las condiciones de admisibilidad de los proyectos de interés común para la ayuda financiera de la Unión.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, además de las definiciones que figuran en las Directivas 2009/28/CE, 2009/72/CE y 2009/73/CE y en los Reglamentos (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 y (CE) no 715/2009, se entenderá por:

1) «infraestructura energética»: cualquier soporte material o instalación comprendido en las categorías de infraestructuras energéticas que esté situado en el territorio de la Unión o que conecte a la Unión con uno o varios terceros países;

2) «decisión global»: una decisión o una serie de decisiones adoptadas por una autoridad o autoridades de un Estado miembro, excluidos los tribunales, que determine si se concede autorización al promotor de proyecto para construir la infraestructura energética para realizar un proyecto, sin perjuicio de cualquier decisión adoptada en el contexto de un procedimiento de recurso administrativo;

3) «proyecto»: una o varias líneas, conductos, servicios, equipamientos o instalaciones comprendidos en las categorías de infraestructuras energéticas;

4) «proyecto de interés común»: un proyecto necesario para desarrollar los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética que figuran en el anexo I y que esté comprendido en la lista de proyectos de interés común a escala de la Unión contemplada en el artículo 3;

5) «cuello de botella de infraestructuras energéticas»: la limitación de los flujos físicos en un sistema energético debida a una capacidad de transporte insuficiente, entre otras razones, por la ausencia de infraestructuras;

6) «promotor de proyecto»:

a) un gestor de redes de transporte, un gestor de redes de distribución u otro operador o inversor que desarrolle un proyecto de interés común, o

b) si se trata de varios gestores de redes de transporte, gestores de redes de distribución, otros operadores, inversores o cualquier grupo de estas categorías, la entidad dotada de personalidad jurídica en virtud de la legislación nacional aplicable que haya sido designada mediante un acuerdo contractual entre ellos y que tenga capacidad para contraer obligaciones jurídicas y asumir la responsabilidad financiera en nombre de las partes del acuerdo contractual;

7) «red inteligente»: una red que puede integrar de manera eficiente el comportamiento y las acciones de todos los usuarios conectados, incluidos productores, consumidores y los que son tanto productores como consumidores, con el fin de garantizar unas redes eléctricas económicamente eficientes y sostenibles, con pocas pérdidas y altos niveles de calidad, seguridad del suministro y seguridad;

8) «trabajos»: la adquisición, el suministro y la implantación de componentes, sistemas y servicios, incluido el software, la realización de trabajos de desarrollo, construcción e instalación relacionados con un proyecto, la recepción de instalaciones y la puesta en servicio de un proyecto;

9) «estudios»: las actividades necesarias para preparar la implantación de un proyecto, incluidos los estudios preliminares, de viabilidad, de evaluación, de prueba y de validación, incluido el software, así como cualquier otra medida de apoyo técnico, incluidas las acciones previas para definir y desarrollar un proyecto y la toma de decisiones respecto a su financiación, como las acciones de reconocimiento de los emplazamientos correspondientes y la preparación del plan financiero;

10) «autoridad reguladora nacional»: una autoridad reguladora nacional designada de conformidad con el artículo 35, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE o con el artículo 39, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE;

11) «puesta en servicio»: el proceso de puesta en funcionamiento de un proyecto una vez construido.

CAPÍTULO II

PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN

Artículo 3

Lista de la Unión de proyectos de interés común

1. El presente Reglamento establece doce Grupos Regionales («los Grupos») conforme a la definición del anexo III, sección 1. La pertenencia a cada uno de los Grupos se basará en cada corredor y área prioritarios y su respectiva cobertura geográfica, enunciados en el anexo I. La competencia para adoptar decisiones en los Grupos recaerá exclusivamente en los Estados miembros y en la Comisión, denominados, a tales efectos, como el órgano decisorio de los Grupos.

2. Cada grupo adoptará su propio reglamento interno, teniendo en cuenta lo dispuesto en el anexo III.

3. El órgano decisorio de cada Grupo adoptará una lista regional de proyectos de interés común, elaborada conforme al procedimiento establecido en el anexo III, sección 2, de acuerdo con la contribución de cada proyecto al desarrollo de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética establecidos en el anexo I y de acuerdo con su cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 4.

Cuando un Grupo elabore su lista regional:

a) cada propuesta relativa a un proyecto de interés común exigirá la aprobación de los Estados miembros a cuyo territorio se refiera el proyecto; si un Estado miembro decide no conceder su aprobación, expondrá la debida motivación ante el Grupo Regional interesado;

b) tendrá en cuenta el asesoramiento de la Comisión orientado a disponer de un número total manejable de proyectos de interés común.

4. La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 16 que establece la lista de la Unión de proyectos de interés común («lista de la Unión»), sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 172 del TFUE. La lista de la Unión adoptará la forma de anexo del presente Reglamento.

En el ejercicio de sus poderes, la Comisión se asegurará de que la lista de la Unión se establezca cada dos años sobre la base de las listas regionales adoptadas por los órganos decisorios de los Grupos establecidos de conformidad con el anexo III, sección 1, punto 2.

La primera lista de la Unión se adoptará el 30 de septiembre de 2013 a más tardar.

5. La Comisión, al adoptar la lista de la Unión sobre la base de las listas regionales:

a) se asegurará de que solo se incluyan los proyectos que cumplan los criterios contemplados en el artículo 4;

b) garantizará la coherencia transregional teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia contemplado en el anexo III, sección 2, punto 12;

c) tendrá en cuenta las opiniones de los Estados miembros de conformidad con el anexo III, sección 2, punto 9, y

d) tratará de que sea manejable el número total de proyectos de interés común de la lista de la Unión.

6. Los proyectos de interés común incluidos en la lista de la Unión de conformidad con el apartado 4 del presente artículo se convertirán en parte integrante de los planes regionales de inversiones pertinentes, conforme al artículo 12 de los Reglamentos (CE) no 714/2009 y (CE) no 715/2009, y de los correspondientes planes decenales de desarrollo de la red nacionales, conforme al artículo 22 de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, y otros planes de infraestructura nacionales correspondientes, en su caso. Cada uno de dichos planes concederá la máxima prioridad posible a tales proyectos.

Artículo 4

Criterios para los proyectos de interés común

1. Los proyectos de interés común deberán cumplir los siguientes criterios generales:

a) el proyecto es necesario para al menos uno de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética;

b) los beneficios totales potenciales del proyecto, evaluados de conformidad con los criterios específicos respectivos previstos en el apartado 2, superan a los costes, también a largo plazo, y

c) el proyecto cumple con cualquiera de los siguientes criterios: i) concierne como mínimo a dos Estados miembros porque atraviesa directamente la frontera de dos o más Estados miembros, ii) está situado en el territorio de un Estado miembro y tiene un importante impacto transfronterizo, conforme al anexo IV, punto 1, iii) atraviesa la frontera de al menos un Estado miembro y un Estado del Espacio Económico Europeo.

2. Los siguientes criterios específicos se aplicarán a los proyectos de interés común incluidos en categorías de infraestructura energética específicas:

a) en lo relativo a proyectos de transporte y almacenamiento de electricidad que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 1, letras a) a d), el proyecto deberá contribuir de forma significativa, como mínimo, a uno de los siguientes criterios específicos: i) integración del mercado, entre otras cosas poniendo fin al aislamiento de al menos uno de los Estados miembros de la Unión Europea y reduciendo los cuellos de botella de las infraestructuras energéticas; competencia y flexibilidad del sistema, ii) sostenibilidad, entre otras cosas mediante la integración de las energías renovables en la red y el transporte de la producción obtenida a partir de fuentes renovables a grandes centros de consumo y sitios de almacenamiento, iii) seguridad del suministro, en particular mediante la interoperabilidad, unas conexiones adecuadas y el funcionamiento seguro y fiable del sistema;

b) en cuanto a los proyectos de gas que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 2, el proyecto deberá contribuir de forma significativa, como mínimo, a uno de los siguientes criterios específicos: i) integración del mercado, entre otras cosas poniendo fin al aislamiento de al menos uno de los Estados miembros de la Unión Europea y reduciendo los cuellos de botella de las infraestructuras energéticas; interoperabilidad y flexibilidad del sistema, ii) seguridad del suministro, entre otras cosas mediante unas conexiones adecuadas y la diversificación de las fuentes, los suministradores y las rutas de suministro, iii) competencia, entre otras cosas mediante la diversificación de las fuentes, los suministradores y las rutas de suministro, iv) sostenibilidad, entre otras cosas mediante la reducción de las emisiones, el apoyo a la producción intermitente procedente de energías renovables y el refuerzo de la implantación del gas renovable;

c) en cuanto a los proyectos de las redes inteligentes de electricidad que entran dentro de la categoría de infraestructuras energéticas contemplada en el anexo II, punto 1, letra e), el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes: i) integración y participación de los usuarios de la red con nuevas exigencias técnicas en relación con su oferta y su demanda de electricidad, ii) eficiencia e interoperabilidad del transporte y distribución de electricidad en el funcionamiento día a día de la red, iii) seguridad de la red, control del sistema y calidad del suministro, iv) planificación optimizada de futuras inversiones en la red sin costes excesivos, v) funcionamiento del mercado y servicios al cliente, vi) participación de los usuarios en la gestión de su uso de la energía;

d) en cuanto a los proyectos de transporte de petróleo que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 3, el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes: i) seguridad del suministro al reducir la dependencia de una única fuente o ruta, ii) utilización eficiente y sostenible de los recursos mediante la mitigación de los riesgos medioambientales, iii) interoperabilidad;

e) en cuanto a los proyectos de transporte de dióxido de carbono que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 4, el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes: i) evitación de emisiones de dióxido de carbono, al tiempo que se mantiene la seguridad del suministro energético, ii) incremento de la resiliencia y seguridad del transporte de dióxido de carbono, iii) uso eficiente de los recursos, al permitir la conexión de múltiples fuentes y sitios de almacenamiento de dióxido de carbono a través de una infraestructura común y minimizando la carga y los riesgos para el medio ambiente.

3. En cuanto a los proyectos que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, puntos 1 a 3, los criterios enumerados en el presente artículo se evaluarán de conformidad con los indicadores contemplados en el anexo IV, puntos 2 a 5.

4. A fin de facilitar la evaluación de todos los proyectos que podrían ser reconocidos como proyectos de interés común y figurar en una lista regional, cada Grupo evaluará la contribución de cada proyecto al desarrollo del mismo corredor o área prioritario de manera transparente y objetiva. Cada Grupo determinará su método de evaluación sobre la base de la contribución global a los criterios establecidos en el apartado 2; esta evaluación dará lugar a una clasificación de los proyectos para uso interno del Grupo. Ni la lista regional ni la lista de la Unión recogerán ninguna clasificación ni se utilizará la clasificación para ningún otro propósito ulterior con la excepción de lo reflejado en el anexo III, sección 2, punto 14.

Al evaluar proyectos, cada grupo dará además la debida consideración a:

a) la urgencia de cada proyecto propuesto con vistas al cumplimiento de los objetivos de la política energética de la Unión en cuanto a integración del mercado, entre otras cosas poniendo fin al aislamiento de al menos un Estado miembro, y competencia, sostenibilidad y seguridad del suministro;

b) el número de Estados miembros afectados por cada proyecto, garantizando la igualdad de oportunidades en lo relativo a los proyectos que interesen a Estados miembros periféricos;

c) la contribución de cada proyecto a la cohesión territorial, y

d) su complementariedad con otros proyectos propuestos.

Por lo que respecta a los proyectos relativos a redes inteligentes que entran dentro de la categoría de infraestructuras energéticas contemplada en el anexo II, punto 1, letra e), la clasificación se hará en relación con aquellos proyectos que afecten a los mismos dos Estados miembros, y deberá tenerse también en la debida consideración el número de usuarios afectados por el proyecto, el consumo anual de energía y la cuota de producción a partir de fuentes no despachables en el área abarcada por dichos usuarios.

Artículo 5

Ejecución y seguimiento

1. Los promotores de proyectos elaborarán un plan de ejecución para sus proyectos de interés común que contendrá un calendario para:

a) estudios de viabilidad y diseño;

b) la aprobación de la autoridad reguladora nacional o de otra autoridad pertinente;

c) la construcción y puesta en servicio, y

d) el calendario para la concesión de autorizaciones a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 4, letra b).

2. Los gestores de redes de transporte, los gestores de redes de distribución y otros operadores cooperarán para facilitar el desarrollo de los proyectos de interés común de su zona.

3. La Agencia y los Grupos interesados realizarán el seguimiento del progreso logrado en la ejecución de los proyectos de interés común y, en caso necesario, formularán recomendaciones para facilitar la ejecución de proyectos de interés común. Los Grupos podrán solicitar información adicional de conformidad con los apartados 4, 5 y 6, convocar reuniones con las partes de que se trate y solicitar a la Comisión que verifique la información facilitada in situ.

4. A más tardar el 31 de marzo de cada año siguiente al año de inclusión de un proyecto de interés común en la lista de la Unión de conformidad con el artículo 3, los promotores de proyectos presentarán un informe anual para cada proyecto incluido en las categorías contempladas en el anexo II, puntos 1 y 2, a la autoridad competente contemplada en el artículo 8 y a la Agencia o, si se trata de proyectos incluidos en las categorías contempladas en el anexo II, puntos 3 y 4, al Grupo respectivo. Dicho informe deberá especificar:

a) los progresos alcanzados en el desarrollo, construcción y puesta en servicio del proyecto, en particular en el marco de los procedimientos de concesión de autorizaciones y de consulta;

b) si procede, los retrasos respecto al plan de ejecución, los motivos de estos retrasos y otras dificultades encontradas;

c) si procede, un plan revisado para subsanar los retrasos.

5. En el plazo de tres meses a partir de la recepción de los informes anuales contemplados en el apartado 4 del presente artículo, la Agencia presentará a los Grupos un informe consolidado para los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, puntos 1 y 2, en el que evaluará los progresos alcanzados, y formulará, si procede, recomendaciones sobre cómo subsanar los retrasos y dificultades encontradas. En dicho informe consolidado se evaluará también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 8 y 9, del Reglamento (CE) no 713/2009, la ejecución coherente de los planes de desarrollo de la red a escala de la UE en lo relativo a los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética contemplados en el anexo I.

6. Cada año, las autoridades competentes a que se refiere el artículo 8 informarán al respectivo Grupo de los progresos y, en su caso, de los retrasos en la ejecución de los proyectos de interés común situados en su territorio respectivo en relación con los procesos de concesión de autorizaciones, y de las razones de dichos retrasos.

7. Si la puesta en servicio de un proyecto de interés común registra un retraso respecto al plan de ejecución por motivos que no sean razones imperiosas que escapen al control del promotor del proyecto:

a) cuando sean aplicables las medidas a que se refiere el artículo 22, apartado 7, letras a), b) o c), de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE de conformidad con las legislaciones nacionales respectivas, las autoridades reguladoras nacionales velarán por que se efectúen las inversiones;

b) si las medidas de las autoridades reguladoras nacionales de conformidad con la letra a) no son aplicables, el promotor del proyecto elegirá a una tercera parte para financiar o construir el proyecto total o parcialmente. El promotor del proyecto actuará antes de que el retraso en relación con la fecha de puesta en servicio prevista en el plan de ejecución sea superior a dos años;

c) si no se elige una tercera parte de conformidad con la letra b), el Estado miembro o, cuando el Estado miembro la haya dispuesto así, la autoridad reguladora nacional, en el plazo de dos meses a partir del vencimiento del plazo al que se hace referencia en la letra b), podrá designar a una tercera parte para financiar o construir el proyecto, que el promotor del proyecto deberá aceptar;

d) si el retraso respecto a la fecha de puesta en servicio según el plan de ejecución supera los dos años y dos meses, la Comisión, con arreglo al acuerdo y con la plena cooperación de los Estados miembros interesados, podrá publicar una convocatoria de propuestas abierta a cualquier tercera parte que pueda llegar a ser promotor de proyecto para que construya el proyecto de acuerdo con un calendario de plazos convenido;

e) cuando se apliquen las letras c) o d), el gestor de redes en cuya zona se localice la inversión facilitará a los operadores o inversores o a la tercera parte que ejecute el proyecto toda la información necesaria para realizar la inversión, conectará nuevos activos a la red de transporte y, en general, hará todo cuanto esté en su mano para facilitar la ejecución de la inversión, así como la explotación y el mantenimiento seguros, eficientes y fiables del proyecto de interés común.

8. Un proyecto de interés común podrá ser suprimido de la lista de la Unión de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 4, cuando su inclusión en dicha lista se haya basado en información incorrecta que haya sido un factor determinante para la inclusión o cuando el proyecto no se ajuste a la legislación de la Unión.

9. Los proyectos que dejen de figurar en la lista de la Unión perderán todos sus derechos y obligaciones vinculados con la consideración de proyecto de interés común resultantes del presente Reglamento.

No obstante, un proyecto que ya no figure en la lista de la Unión pero cuyo expediente de solicitud haya sido admitido a examen por la autoridad competente conservará los derechos y obligaciones derivados del capítulo III, excepto si el proyecto ya no figura en la lista por las razones expuestas en el apartado 8.

10. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier ayuda financiera de la Unión concedida a cualquier proyecto de interés común con anterioridad a su retirada de la lista de la Unión.

Artículo 6

Coordinadores europeos

1. Si un proyecto de interés común experimenta serias dificultades de ejecución, la Comisión, de acuerdo con los Estados miembros interesados, podrá designar a un coordinador europeo por un período máximo de un año, renovable en dos ocasiones.

2. El coordinador europeo:

a) fomentará el proyecto o proyectos para los que haya sido designado coordinador europeo e impulsar el diálogo transfronterizo entre los promotores de proyecto y todas las partes interesadas;

b) ayudará a todas las partes, cuando sea necesario, en las consultas a las partes interesadas y en la obtención de las autorizaciones necesarias para el proyecto o proyectos;

c) si procede, asesorará a los promotores del proyecto sobre la financiación del proyecto;

d) garantizará que se cuenta con el apoyo adecuado y la dirección estratégica por parte de los Estados miembros interesados para la preparación y ejecución del proyecto o proyectos;

e) presentará todos los años y, si procede, a la conclusión de su mandato, un informe a la Comisión acerca del progreso del proyecto o proyectos y de cualquier dificultad u obstáculo que puedan llegar a representar un retraso importante para la fecha de entrada en servicio del proyecto o proyectos. La Comisión transmitirá el informe al Parlamento Europeo y a los Grupos interesados.

3. El coordinador europeo será elegido atendiendo a su experiencia en relación con los cometidos específicos que se le asignen para los proyectos de que se trate.

4. La decisión de designación del coordinador europeo especificará las condiciones del mandato, detallando su duración, los cometidos específicos y los plazos correspondientes, así como la metodología que se vaya a seguir. La labor de coordinación será proporcional a la complejidad y costes estimados del proyecto o proyectos.

5. Los Estados miembros interesados cooperarán plenamente con el coordinador europeo en el desempeño de sus tareas, enunciadas en los apartados 2 y 4.

CAPÍTULO III

CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

Artículo 7

«Carácter prioritario» de los proyectos de interés común

1. La adopción de la lista de proyectos de interés común de la Unión establecerá, para los fines de las decisiones adoptadas en el proceso de concesión de autorizaciones, la necesidad de dichos proyectos desde la perspectiva de la política energética, sin perjuicio de su ubicación exacta, el trazado de la ruta o la tecnología del proyecto.

2. A efectos de garantizar una tramitación administrativa eficiente de los expedientes de solicitud relativos a los proyectos de interés común, los promotores de proyectos y todas las autoridades interesadas velarán por que se dé el tratamiento más rápido legalmente posible a dichos expedientes.

3. Cuando esté contemplada en la legislación nacional, los proyectos de interés común obtendrán la consideración de asunto de máxima importancia posible a nivel nacional y serán tratados como tales en los procesos de concesión de autorizaciones —y, si la legislación nacional así lo dispone, en la ordenación territorial— incluidos los relativos a evaluaciones del impacto medioambiental, del modo en que dicho tratamiento esté contemplado en la legislación nacional aplicable al tipo correspondiente de infraestructura energética, y según la forma prevista a tal efecto.

4. A más tardar el 16 de agosto de 2013, la Comisión publicará orientaciones no vinculantes para ayudar a los Estados miembros a definir medidas legislativas y no legislativas adecuadas para racionalizar los procedimientos de evaluación ambiental y para velar por la aplicación coherente de los procedimientos de evaluación ambiental exigidos en virtud del Derecho de la Unión para los proyectos de interés común.

5. Los Estados miembros analizarán, teniendo debidamente en cuenta las orientaciones contempladas en el apartado 4, cuáles son las medidas viables para racionalizar los procedimientos de evaluación ambiental y velar por su aplicación coherente, e informarán a la Comisión del resultado.

6. En un plazo de nueve meses a partir de la emisión de las orientaciones contempladas en el apartado 4, los Estados miembros adoptarán las medidas no legislativas que hayan identificado en virtud del apartado 5.

7. En un plazo de 24 meses a partir de la emisión de las orientaciones contempladas en el apartado 4, los Estados miembros adoptarán las medidas legislativas que hayan identificado en virtud del apartado 5. Dichas medidas se entienden si perjuicio de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.

8. En relación con los impactos ambientales establecidos en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE, se considerará que los proyectos de interés común son de interés público desde la perspectiva de la política energética, y podrán ser considerados de «interés público de primer orden», siempre y cuando se cumplan todas las condiciones establecidas en dichas Directivas.

En caso de que fuera necesario un dictamen de la Comisión de conformidad con la Directiva 92/43/CEE, la Comisión y la autoridad competente a que se refiere en el artículo 9 del presente Reglamento velarán por que la decisión relativa al interés público de primer orden de un proyecto sea adoptada dentro del plazo previsto en el artículo 10, apartado 1, del presente Reglamento.

Artículo 8

Organización del proceso de concesión de autorizaciones

1. A más tardar el 16 de noviembre de 2013, cada Estado miembro designará una autoridad nacional competente que será responsable de facilitar y coordinar el proceso de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común.

2. Las responsabilidades de la autoridad competente contemplada en el apartado 1 y/o los cometidos relativos a la misma podrán delegarse en otra autoridad o ser desempeñados por ella, por proyecto de interés común o por categoría de proyectos de interés común, a condición de que:

a) la autoridad competente notifique a la Comisión dicha delegación y la información sea publicada por la autoridad competente o por el promotor de proyecto en el sitio web contemplado en el artículo 9, apartado 7;

b) solamente una autoridad será responsable por cada proyecto de interés común, será el único punto de contacto para el promotor de proyecto en el procedimiento orientado a la decisión global relativa a un determinado proyecto de interés común, y coordinará la presentación de todos los documentos y la información pertinentes.

La autoridad competente podrá conservar la responsabilidad de fijar plazos, sin perjuicio de los fijados de conformidad con el artículo 10.

3. Sin perjuicio de los requisitos pertinentes en virtud del Derecho internacional y de la Unión, la autoridad competente tomará medidas para facilitar la emisión de la decisión global. La decisión global se emitirá dentro del plazo mencionado en el artículo 10, apartados 1 y 2, y de acuerdo con uno de los procedimientos siguientes:

a) Sistema integrado: La decisión global será emitida por la autoridad competente y será la única decisión jurídicamente vinculante resultante del procedimiento de concesión de autorizaciones reglamentario. Cuando el proyecto afecte a otras autoridades, estas, de conformidad con su legislación nacional, podrán dar su opinión como aportación al procedimiento, que podrá ser tenida en cuenta por la autoridad competente.

b) Sistema coordinado: La decisión global comprenderá múltiples decisiones individuales jurídicamente vinculantes emitidas por las diversas autoridades interesadas, que estarán coordinadas por la autoridad competente. La autoridad competente podrá establecer un grupo de trabajo en el que estarán representadas todas las autoridades interesadas a fin de elaborar un calendario para la concesión de autorizaciones de conformidad con el artículo 10, apartado 4, letra b), y de seguir y coordinar su aplicación. La autoridad competente, en consulta con las demás autoridades interesadas, si procede de conformidad con el Derecho nacional, y sin perjuicio de los plazos establecidos con arreglo al artículo 10, establecerá caso por caso un plazo razonable para la emisión de la decisión correspondiente. La autoridad competente podrá tomar una decisión individual en nombre de otra autoridad nacional interesada, si la decisión adoptada por esta última autoridad no se ha emitido dentro del plazo y no se ha justificado adecuadamente el retraso; o bien, cuando así lo disponga el Derecho nacional, y en la medida en que ello sea compatible con el Derecho de la Unión, la autoridad competente podrá considerar que otra autoridad nacional interesada concede o deniega la aprobación del proyecto si dicha autoridad no emite su decisión dentro del plazo establecido. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, la autoridad competente podrá hacer caso omiso de una decisión individual de otra autoridad nacional interesada, si considera que la decisión no está suficientemente motivada respecto a los elementos justificantes presentados por la autoridad nacional interesada; cuando obre de este modo, la autoridad competente velará por que se respeten los requisitos pertinentes en virtud del Derecho internacional y de la Unión y justificará debidamente su decisión.

c) Sistema de colaboración: La decisión global estará coordinada por la autoridad competente. La autoridad competente, en consulta con las demás autoridades interesadas, si procede de conformidad con la legislación nacional, y sin perjuicio de los plazos establecidos con arreglo al artículo 10, establecerá caso por caso un plazo razonable para la emisión de la decisión correspondiente. Observará el cumplimiento por las autoridades interesadas de los plazos fijados.

Si no cabe esperar que la autoridad interesada adopte una decisión individual en el plazo previsto, esa autoridad informará sin demora a la autoridad competente y justificará las razones del retraso. A continuación, la autoridad competente restablecerá el plazo para la emisión de la decisión de que se trate, respetando los plazos fijados de conformidad con el artículo 10.

Vistas las particularidades nacionales de los procesos de planificación y de concesión de autorizaciones, los Estados miembros podrán elegir entre los tres sistemas contemplados en las letras a), b) y c) del párrafo primero para facilitar y coordinar sus procedimientos y desarrollar el sistema más eficaz. Si un Estado miembro elige el sistema de colaboración, informará a la Comisión de sus razones para ello. La Comisión evaluará la eficacia de los sistemas en el informe contemplado en el artículo 17.

4. Los Estados miembros podrán aplicar sistemas diferentes a los expuestos en el apartado 3 a proyectos de interés común tanto en tierra como en alta mar.

5. Si un proyecto de interés común requiere que se adopten decisiones en dos o más Estados miembros, las autoridades competentes respectivas darán todos los pasos necesarios para establecer entre sí una cooperación y una coordinación eficientes y eficaces, incluyendo lo referente a las disposiciones contempladas en el artículo 10, apartado 4. Los Estados miembros procurarán establecer procedimientos conjuntos, en particular en relación con la evaluación de los impactos ambientales.

Artículo 9

Transparencia y participación del público

1. A más tardar el 16 de mayo de 2014, el Estado miembro o la autoridad competente, si procede en colaboración con las demás autoridades interesadas, publicará un manual de procedimiento para el proceso de concesión de autorizaciones aplicable a los proyectos de interés común. El manual se actualizará en función de las necesidades y estará a disposición del público. El manual recogerá como mínimo la información especificada en el anexo VI, punto 1. El manual no será vinculante jurídicamente, pero podrá hacer referencia a disposiciones legales pertinentes o citarlas.

2. Sin perjuicio de cualquier requisito con arreglo a los Convenios de Aarhus y Espoo y a la legislación aplicable de la Unión, todas las partes implicadas en el proceso de concesión de autorizaciones deberán respetar los principios para la participación del público establecidos en el anexo VI, punto 3.

3. El promotor de proyecto, en el plazo indicativo de tres meses a partir del comienzo del proceso de concesión de autorizaciones de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra a), elaborará y presentará a la autoridad competente un plan conceptual para la participación del público, con arreglo al proceso descrito en el manual a que se refiere el apartado 1 y siguiendo las orientaciones del anexo VI. La autoridad competente solicitará modificaciones o aprobará el plan conceptual para la participación del público antes de que transcurran tres meses; al hacerlo, la autoridad competente tomará en consideración cualquier forma de participación y consulta pública que tuviera lugar antes del inicio del proceso de concesión de autorizaciones, en la medida en que la participación y consulta pública cumpla los requisitos del presente artículo.

Si el promotor del proyecto tiene la intención de introducir cambios significativos en un concepto aprobado, informará de ello a la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente podrá solicitar modificaciones.

4. El promotor de proyecto, o, cuando así lo establezca la legislación nacional, la autoridad competente, deberá realizar como mínimo una consulta pública antes de presentar el expediente de solicitud definitivo y completo a la autoridad competente con arreglo al artículo 10, apartado 1, letra a). Lo anterior se entenderá sin perjuicio de cualquier consulta pública que se lleve a cabo tras la presentación de la solicitud de autorización del proyecto de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2011/92/UE. La consulta pública informará a las partes interesadas a que se hace referencia en el anexo VI, punto 3, letra a), sobre el proyecto en una fase temprana y ayudará a determinar la localización o trayectoria más adecuada y las cuestiones pertinentes que deban abordarse en el expediente de solicitud. Los requisitos mínimos aplicables a esta consulta pública se especifican en el anexo VI, punto 5.

El promotor de proyecto preparará un informe en el que resumirá los resultados de las actividades relacionadas con la participación del público antes de la presentación del expediente de solicitud, incluidas las actividades que tuvieran lugar antes del inicio del proceso de concesión de autorizaciones. El promotor de proyecto presentará dicho informe junto con el expediente de solicitud a la autoridad competente. Se tendrán debidamente en cuenta dichos resultados en la decisión global.

5. En el caso de los proyectos que atraviesan la frontera de dos o más Estados miembros, las consultas públicas en virtud del apartado 4 en cada uno de los Estados miembros interesados tendrán lugar en un plazo máximo de dos meses contando a partir de la fecha de comienzo de la primera consulta pública.

6. En el caso de los proyectos susceptibles de tener impactos negativos transfronterizos significativos en uno o más Estados miembros vecinos, para los cuales sean aplicables el artículo 7 de la Directiva 2011/92/UE y el Convenio de Espoo, la información pertinente se pondrá a disposición de la autoridad competente de los Estados miembros vecinos. Dicha autoridad competente indicará en el proceso de notificación, si procede, si desea tomar parte en los procedimientos de consulta pública pertinentes o si lo desea alguna otra autoridad afectada.

7. El promotor de proyecto o, cuando así lo establezca la legislación nacional, la autoridad competente, establecerá y actualizará regularmente una página web que contenga información pertinente sobre el proyecto de interés común, que estará vinculada a la página web de la Comisión y que deberá cumplir los requisitos especificados en el anexo VI, punto 6. Deberá respetarse el carácter confidencial de la información sensible desde el punto de vista comercial.

Los promotores de proyecto publicarán además información pertinente por otros medios de información adecuados que sean de libre acceso para el público.

Artículo 10

Duración y desarrollo del proceso de concesión de autorizaciones

1. El proceso de concesión de autorizaciones constará de dos procedimientos:

a) El procedimiento previo a la solicitud, que cubrirá el período entre el comienzo del proceso de concesión de autorizaciones y la aceptación por parte de la autoridad competente del expediente de solicitud presentado, deberá tener lugar en un plazo indicativo de dos años. Este procedimiento incluirá la preparación de los informes ambientales que deben elaborar los promotores de proyectos. A efectos del establecimiento del comienzo del proceso de concesión de autorizaciones, los promotores de proyecto notificarán por escrito el proyecto a la autoridad competente de los Estados miembros de que trate, y acompañarán la notificación de una descripción razonablemente detallada del proyecto. En el plazo máximo de tres meses tras la recepción de la notificación, la autoridad competente, en nombre asimismo de otras autoridades interesadas, acusará recibo o, si considera que el proyecto no está suficientemente maduro para entrar en el proceso de concesión de autorizaciones, rechazará por escrito la notificación. En caso de rechazo, la autoridad competente deberá justificar su decisión, en nombre asimismo de otras autoridades interesadas. La fecha de firma del acuse de recibo de la notificación por parte de la autoridad competente se considerará el inicio del proceso de concesión de autorizaciones. Cuando afecte a dos o más Estados miembros, la aceptación de la última notificación por parte de la autoridad competente interesadas se considerará la fecha del inicio del proceso de concesión de autorizaciones.

b) El procedimiento de concesión de autorizaciones reglamentario, que abarca el período desde la fecha de aceptación del expediente de solicitud presentado hasta que es adoptada la decisión global, no deberá superar un año y seis meses. Los Estados miembros podrán establecer una fecha límite más temprana para el plazo si lo consideran adecuado.

2. La duración combinada de los dos procedimientos a que se hace referencia en el apartado 1 no superará un período de tres años y seis meses. No obstante, si la autoridad competente considera que no se completarán uno o los dos procedimientos de que consta el proceso de concesión de autorizaciones dentro de los plazos establecidos en el apartado 1, podrá decidir, antes de su expiración y caso por caso, ampliar uno de esos dos plazos, o los dos, nueve meses como máximo para ambos procedimientos combinados.

En este caso, la autoridad competente informará al Grupo de que se trate le presentará las medidas adoptadas o previstas para concluir el proceso de concesión de autorizaciones con la mayor brevedad posible. El Grupo podrá solicitar a la autoridad competente que le informe con regularidad sobre los progresos alcanzados en este sentido.

3. En los Estados miembros en los que la determinación de una ruta o una localización emprendida exclusivamente con la finalidad específica del proyecto previsto, incluida la planificación de corredores específicos de la red de infraestructuras, no pueda incluirse en el proceso encaminado a la decisión global, la decisión correspondiente se tomará en un plazo aparte de seis meses que se iniciará en la fecha de la presentación por el promotor de los documentos definitivos y completos de la solicitud.

En tal caso, la ampliación del plazo contemplada en el apartado 2 se limitará a seis meses, incluido el proceso contemplado en el presente apartado.

4. El procedimiento previo a la solicitud comprenderá los pasos siguientes:

a) tras acusar recibo de la notificación, con arreglo al apartado 1, letra a), la autoridad competente determinará, en estrecha cooperación con las demás autoridades interesadas y, si procede, sobre la base de una propuesta del promotor del proyecto, el nivel de contenido y de detalle de la información que deberá presentar el promotor de proyecto para solicitar la decisión global. Para ello se basará en la lista de control mencionada en el anexo VI, punto 1, letra e);

b) la autoridad competente elaborará, en estrecha cooperación con el promotor de proyecto y otras autoridades interesadas y teniendo en cuenta los resultados de las actividades realizadas en virtud de la letra a), un calendario detallado para el proceso de concesión de autorizaciones con arreglo a las directrices fijadas en el anexo VI, punto 2. En el caso de los proyectos que atraviesan la frontera entre dos o más Estados miembros, las autoridades competentes de los Estados miembros interesados prepararán un programa conjunto y ajustarán sus calendarios;

c) a la recepción del proyecto de expediente de solicitud, la autoridad competente, en caso necesario y en nombre asimismo de otras autoridades interesadas, solicitará al promotor de proyecto que presente la información que falte, que solamente podrá referirse a asuntos señalados en la letra a). En el plazo de tres meses a partir de la presentación de la información que faltase, la autoridad competente admitirá a examen por escrito la solicitud. Las solicitudes de información adicional solamente podrán realizarse si están justificadas por nuevas circunstancias.

5. El promotor de proyecto velará por que el expediente de solicitud esté completo y tenga la calidad adecuada y pedirá la opinión de la autoridad competente sobre esta cuestión tan pronto como sea posible durante el procedimiento previo a la solicitud. El promotor de proyecto cooperará plenamente con la autoridad competente para cumplir los plazos y seguir el programa detallado definido en el apartado 4, letra b).

6. Los plazos establecidos en el presente artículo se entenderán sin perjuicio de las obligaciones resultantes del Derecho internacional y de la Unión y sin perjuicio de los procedimientos de recurso administrativos y judiciales.

CAPÍTULO IV

TRATAMIENTO NORMATIVO

Artículo 11

Análisis de costes y beneficios de todo el sistema energético

1. A más tardar el 16 de noviembre de 2013, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (REGRT) de electricidad y la REGRT de gas publicarán y presentarán a los Estados miembros, a la Comisión y a la Agencia y sus metodologías respectivas, incluida la modelización de la red y del mercado, a efectos de un análisis armonizado de la relación entre costes y beneficios de todo el sistema energético de la Unión para los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en del anexo II, punto 1, letras a) a d), y el anexo II, punto 2. Estas metodologías se aplicarán a la preparación de todos los subsiguientes planes decenales de desarrollo de la red elaborados por la REGRT de la electricidad o la REGRT del gas con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) no 714/2009 y al artículo 8 del Reglamento (CE) no 715/2009. Las metodologías se elaborarán de acuerdo con los principios contemplados en el anexo V y serán coherentes con las normas y los indicadores previstos en el anexo IV.

Antes de presentar sus metodologías respectivas, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas llevarán a cabo un amplio procedimiento de consulta en el que como mínimo deberán participar las organizaciones representantes de todas las partes interesadas pertinentes —y, en su caso, las propias partes interesadas—, las autoridades reguladoras nacionales y otras autoridades nacionales.

2. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de las metodologías, la Agencia presentará un dictamen a los Estados miembros y a la Comisión acerca de las metodologías y lo publicará.

3. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción del dictamen de la Agencia, la Comisión y los Estados miembros podrán presentar un dictamen sobre las metodologías. Los dictámenes se presentarán a la REGRT de la electricidad o a la REGRT del gas.

4. En el plazo de tres meses a partir del día de recepción del último dictamen recibido en virtud del apartado 3, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas adaptarán sus metodologías teniendo debidamente en cuenta los dictámenes recibidos de los Estados miembros, el dictamen de la Comisión y el dictamen de la Agencia, y las presentarán a la Comisión para su aprobación.

5. En el plazo de dos semanas a partir de la aprobación por parte de la Comisión, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas publicarán sus respectivas metodologías en sus páginas web. Transmitirán a la Comisión y a la Agencia, cuando estas lo soliciten, las correspondientes series de datos de entrada definidos en el anexo V, punto 1, y otros datos relevantes sobre la red, el flujo de carga y el mercado en una forma suficientemente precisa, de conformidad con las legislaciones nacionales y los acuerdos de confidencialidad pertinentes. Los datos deberán ser válidos en la fecha de la petición. La Comisión y la Agencia velarán por que los datos recibidos sean tratados con carácter confidencial, tanto por ellas como por cualquier parte que realice para ellas un trabajo analítico basado en estos datos.

6. Las metodologías se actualizarán y mejorarán regularmente de conformidad con los apartados 1 a 5. La Agencia, por propia iniciativa o sobre la base de una solicitud debidamente motivada de las autoridades reguladoras nacionales o de las partes interesadas, y previa consulta oficial a las organizaciones que representen a todas las partes interesadas y a la Comisión, podrá solicitar dichas actualizaciones y mejoras con las debidas justificaciones y calendarios. La Agencia publicará las peticiones de las autoridades reguladoras nacionales o de las partes interesadas y todos los documentos no sensibles desde un punto de vista comercial que hayan suscitado una solicitud de actualización o mejora por parte de la Agencia.

7. A más tardar el 16 de mayo de 2015, las autoridades reguladoras nacionales, cooperando en el marco de la Agencia, establecerán y publicarán un conjunto de indicadores con los valores de referencia correspondientes para la comparación de los costes unitarios de inversión de proyectos comparables de las categorías de infraestructuras contempladas en el anexo II, puntos 1 y 2. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas podrán utilizar dichos valores de referencia para los análisis de costes y beneficios que se efectúen en los subsiguientes planes decenales de desarrollo de la red.

8. A más tardar el 31 de diciembre de 2016, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas presentarán conjuntamente a la Comisión y a la Agencia un modelo coherente e interactivo de mercado y de red de la electricidad y del gas que abarque la infraestructura de transporte y también las instalaciones de almacenamiento y de GNL tanto de la electricidad como del gas, que cubran los corredores y áreas prioritarios de la infraestructura energética y que estén elaborados conforme a los principios establecidos en el anexo V. Una vez aprobado por la Comisión, de acuerdo con el procedimiento establecido en los apartados 2 a 4, este modelo se incluirá en las metodologías.

Artículo 12

Posibilitar inversiones con impactos transfronterizos

1. Los costes de inversión en que se incurra con eficiencia, lo que excluye los costes de mantenimiento, relacionados con un proyecto de interés común incluido en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b) y d), y anexo II, punto 2, correrán a cargo de los gestores de redes de transporte de que se trate o de los promotores de proyecto de la infraestructura de transporte de los Estados miembros a los que el proyecto aportará un impacto positivo neto y, en la medida en que no estén cubiertos por los ingresos derivados de la congestión o por otras tasas, serán pagados por los usuarios de la red a través de las tarifas de acceso a la red en el Estado o Estados miembros en cuestión.

2. Para los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b) y d), y punto 2, y el anexo II, punto 2, lo dispuesto en el párrafo primero solo se aplicará si al menos uno de los promotores de proyecto solicita a las autoridades nacionales competentes que apliquen el presente artículo a todos o parte de los costes del proyecto. Para los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 2, lo dispuesto en el párrafo primero solo se aplicará cuando se haya llevado a cabo una evaluación de la demanda del mercado que muestre que cabe esperar que los costes en que se incurra con eficiencia puedan cubrirse con las tarifas.

Si en un proyecto participan varios promotores de proyecto, las autoridades reguladoras nacionales pertinentes solicitarán sin demora a todos esos promotores que les presenten conjuntamente la solicitud de inversión con arreglo al apartado 3.

3. Para los proyectos de interés común a los que se aplique lo dispuesto en el apartado 1, el promotor del proyecto deberá informar regularmente, al menos una vez al año y hasta la puesta en servicio del proyecto, a todas las autoridades reguladoras nacionales correspondientes del progreso de dicho proyecto y de los costes e impactos asociados con él.

Tan pronto como este proyecto haya alcanzado suficiente madurez, el promotor o promotores del proyecto, previa consulta a los gestores de redes de transporte de los Estados miembros a los que el proyecto aportará un impacto positivo neto significativo, presentarán una solicitud de inversión. Dicha solicitud de inversión incluirá una solicitud de distribución transfronteriza de costes y se presentará a todas las autoridades reguladoras nacionales correspondientes, acompañada de los siguientes elementos:

a) un análisis de costes y beneficios específico del proyecto y coherente con la metodología elaborada en virtud del artículo 11, que tenga en cuenta los beneficios aportados más allá de las fronteras del Estado miembro de que se trate;

b) un plan estratégico que evalúe la viabilidad financiera del proyecto, incluida la solución de financiación elegida y, para proyectos de interés común que entren dentro de la categoría establecida en el anexo II, punto 2, los resultados de las pruebas en el mercado, y

c) si los promotores de proyecto llegan a un acuerdo al respecto, una propuesta motivada de distribución transfronteriza de los costes.

Si un proyecto lo promueven varios promotores de proyecto, presentarán su solicitud conjuntamente.

En el caso de los proyectos incluidos en la primera lista de la Unión, los promotores de proyecto deberán presentar su solicitud de inversión a más tardar el 31 de octubre de 2013.

Las autoridades reguladoras nacionales remitirán para información y sin demora a la Agencia una copia de cada solicitud de inversión tan pronto se reciba.

Las autoridades reguladoras nacionales y la Agencia mantendrán la confidencialidad de la información sensible desde el punto de vista comercial.

4. En el plazo de seis meses a partir de la fecha en que las autoridades reguladoras nacionales correspondientes hayan recibido la última solicitud de inversión, las autoridades reguladoras nacionales, previa consulta a los promotores de proyecto de que se trate, adoptarán decisiones coordinadas sobre la distribución de los costes de inversión que deberá asumir cada gestor de redes de transporte para dicho proyecto, así como sobre su inclusión en las tarifas. Las autoridades reguladoras nacionales podrán decidir distribuir solo una parte de los costes o podrán decidir distribuir los costes entre un paquete de varios proyectos de interés común.

En el momento de distribuir los costes, las autoridades reguladoras nacionales tendrán en cuenta los valores reales o estimados de:

— los ingresos derivados de la congestión u otras tasas,

— los ingresos procedentes del mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte establecido con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) no 714/2009.

En la decisión de distribuir los costes a través de las fronteras, se tendrán en cuenta los costes económicos, sociales y medioambientales y los beneficios de los proyectos en los Estados miembros de que se trate y la posible necesidad de apoyo financiero.

Para tomar una decisión sobre la distribución de los costes a través de las fronteras, las autoridades reguladoras nacionales competentes consultarán a los gestores de redes de transporte interesados y buscarán un acuerdo mutuo basado, entre otros, en la información especificada en el apartado 3, letras a) y b).

Si un proyecto de interés común reduce los externalidades negativas, como los «flujos en bucle», y este proyecto de interés común se ejecuta en el Estado miembro en el que se encuentra el origen del factor externo negativo, esa reducción no se considerará como un beneficio transfronterizo, por lo que no servirá de base para atribuir costes al gestor de redes de transporte de los Estados miembros afectados por tales externalidades negativas.

5. Las autoridades reguladoras nacionales tendrán en cuenta, basándose en la distribución transfronteriza de los costes mencionada en el apartado 4 del presente artículo, los costes reales incurridos por un gestor de redes de transporte u otro promotor de proyecto como resultado de las inversiones cuando determinen o aprueben las tarifas de conformidad con el artículo 37, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/72/CE y el artículo 41, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/73/CE, en la medida en que dichos costes correspondan a los de un gestor eficiente y estructuralmente comparable.

Las autoridades reguladoras nacionales notificarán sin demora a la Agencia la decisión relativa a la distribución de los costes, junto con toda la información pertinente relacionada con la misma. En particular, la información contendrá las justificaciones detalladas en que se haya basado la distribución de los costes entre los Estados miembros, como por ejemplo las siguientes:

a) una evaluación de los impactos identificados, incluidos los relativos a las tarifas de la red, en cada uno de los Estados miembros en cuestión;

b) una evaluación del plan estratégico mencionado en el apartado 3, letra b);

c) las externalidades positivas, a escala regional o de la Unión, que generaría el proyecto;

d) los resultados de la consulta con los promotores de proyecto en cuestión.

La decisión de distribución de los costes será publicada.

6. Cuando las autoridades reguladoras nacionales correspondientes no hayan alcanzado un acuerdo sobre la solicitud de inversión en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que la solicitud haya sido recibida por la última de dichas autoridades, informarán sin demora a la Agencia.

En dicho caso, o previa solicitud conjunta de las autoridades reguladoras nacionales correspondientes, la decisión relativa a la solicitud de inversión, incluida la distribución transfronteriza de los costes mencionada en el apartado 3, así como la forma en que las inversiones se reflejarán en las tarifas, será adoptada por la Agencia en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que haya sido remitida a la Agencia.

Antes de adoptar tal decisión, la Agencia consultará a las autoridades reguladoras nacionales correspondientes y a los promotores de proyecto. El plazo de tres meses a que se hace referencia en el párrafo segundo podrá prorrogarse dos meses más si la Agencia solicita información adicional. Este plazo adicional comenzará a contar a partir del día siguiente al de la recepción de la información completa.

La decisión de distribución de los costes será publicada. Serán aplicables los artículos 19 y 20 del Reglamento (CE) no 713/2009.

7. La Agencia transmitirá sin demora a la Comisión una copia de todas las decisiones de distribución de los costes, junto con toda la información pertinente relativa a cada decisión. Dicha información podrá presentarse de forma agregada. La Comisión mantendrá la confidencialidad de la información sensible desde el punto de vista comercial.

8. Esta decisión de distribución de costes no afectará al derecho de los gestores de redes de transporte de aplicar tarifas de acceso a las redes de conformidad con el artículo 32 de la Directiva 2009/72/CE y de la Directiva 2009/73/CE, el artículo 14 del Reglamento (CE) no 714/2009, y el artículo 13 del Reglamento (CE) no 715/2009, ni al derecho de las autoridades reguladoras nacionales de aprobarlas conforme a las citadas disposiciones.

9. El presente artículo no se aplicará a los proyectos de interés común que hayan obtenido:

a) una exención de la aplicación de los artículos 32, 33, 34 y 41, apartados 6, 8 y 10, de la Directiva 2009/73/CE, de conformidad con el artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE;

b) una exención de la aplicación del artículo 16, apartado 6, del Reglamento (CE) no 714/2009, o una exención de la aplicación del artículo 32 y del artículo 37, apartados 6 y 10, de la Directiva 2009/72/CE, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 714/2009;

c) una exención en virtud del artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE (20), o

d) una exención en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1228/2003 (21).

Artículo 13

Incentivos

1. Cuando un promotor de proyecto asuma riesgos más elevados para el desarrollo, la construcción, la explotación o el mantenimiento de un proyecto de interés común incluido en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b) y d), y el anexo II, punto 2, que los riesgos que normalmente entrañaría un proyecto de infraestructura comparable, los Estados miembros y las autoridades reguladoras nacionales velarán por que se concedan incentivos adecuados para dicho proyecto en consonancia con el artículo 37, apartado 8, de la Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el artículo 14 del Reglamento (CE) no 714/2009 y el artículo 13 del Reglamento (CE) no 715/2009.

El párrafo primero no se aplicará si el proyecto de interés común obtuvo:

a) una exención de la aplicación de los artículos 32, 33, 34 y del artículo 41, apartados 6, 8 y 10, de la Directiva 2009/73/CE, de conformidad con el artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE, o

b) una exención de la aplicación del artículo 16, apartado 6, del Reglamento (CE) no 714/2009, o una exención de la aplicación del artículo 32 y del artículo 37, apartados 6 y 10, de la Directiva 2009/72/CE, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 714/2009;

c) una exención en virtud del artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE, o

d) una exención en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1228/2003.

2. La decisión de las autoridades reguladoras nacionales de conceder los incentivos a que se refiere el apartado 1 tendrá en cuenta los resultados del análisis de los costes y beneficios sobre la base de la metodología elaborada de conformidad con el artículo 11 y en particular las externalidades positivas regionales o a escala de la Unión generadas por el proyecto. Las autoridades reguladoras nacionales seguirán analizando los riesgos específicos a que estará expuesto el promotor o promotores del proyecto, las medidas de mitigación de riesgos adoptadas y la justificación de dicho perfil de riesgo a la vista del impacto positivo neto proporcionado por el proyecto, comparado con una alternativa de menor riesgo. Los riesgos que podrán tenerse en cuenta a este fin serán en particular los riesgos relativos a nuevas tecnologías de transporte, tanto en tierra como en alta mar, los riesgos relativos a la recuperación parcial de los costes y los riesgos de desarrollo.

3. El incentivo concedido por la decisión tendrá en cuenta el carácter específico del riesgo asumido y podrá cubrir, entre otros:

a) las normas para las inversiones anticipadoras, o

b) las normas para el reconocimiento de costes eficientes realizados antes de la puesta en servicio del proyecto, o

c) las normas para obtener un rendimiento adicional sobre el capital invertido para el proyecto, o

d) cualquier otra medida considerada necesaria y adecuada.

4. A más tardar el 31 de julio de 2013, cada una de las autoridades reguladoras nacionales presentará a la Agencia su metodología y los criterios que utilicen, en su caso, para evaluar las inversiones en proyectos de infraestructura de electricidad y gas y los riesgos más elevados que hayan asumido.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 2013, teniendo debidamente en cuenta la información recibida de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, la Agencia facilitará que se compartan las buenas prácticas y hará recomendaciones de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 713/2009:

a) en relación con los incentivos mencionados en el apartado 1 sobre la base de una evaluación comparativa de las mejores prácticas de las autoridades reguladoras nacionales;

b) en relación con una metodología común para evaluar los riesgos más elevados asumidos en las inversiones en proyectos de infraestructura de electricidad y gas.

6. A más tardar el 31 de marzo de 2014, cada una de las autoridades reguladoras nacionales publicará su metodología y los criterios utilizados para evaluar las inversiones en proyectos de infraestructura de electricidad y gas y los riesgos más elevados que hayan asumido.

7. Cuando las medidas mencionadas en los apartados 5 y 6 no sean suficientes para garantizar la ejecución oportuna de proyectos de interés común la Comisión podrá publicar orientaciones relativas a los incentivos establecidos en el presente artículo.

CAPÍTULO V

FINANCIACIÓN

Artículo 14

Admisibilidad de los proyectos para la ayuda financiera de la Unión

1. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, puntos 1, 2 y 4, pueden optar a una ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para estudios e instrumentos financieros.

2. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a) a d), y anexo II, punto 2, excepto los proyectos de almacenamiento de electricidad con hidrobombeo, también pueden optar a la ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos si cumplen todos los criterios siguientes:

a) el análisis de costes y beneficios específico del proyecto, con arreglo al artículo 12, apartado 3, letra a), demuestra la existencia de externalidades positivas significativas, como la seguridad de suministro, la solidaridad o la innovación;

b) el proyecto ha obtenido una decisión de distribución transfronteriza de los costes de conformidad con el artículo 12; o, en el caso de proyectos de interés común recogidos en la categoría que se establece en el anexo II, punto 1, letra c), y que, por lo tanto, no obtienen una decisión de distribución transfronteriza de los costes, el proyecto aspirará a ofrecer servicios transfronterizos, aportar innovación tecnológica y garantizar la seguridad del funcionamiento de la red transfronteriza;

c) el proyecto es inviable desde el punto de vista comercial de acuerdo con el plan estratégico y otras evaluaciones realizadas, en particular, por inversores o acreedores potenciales o por la autoridad reguladora nacional. La decisión sobre los incentivos y su justificación contemplada en el artículo 13, apartado 2, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar la viabilidad comercial del proyecto.

3. Los proyectos de interés común realizados de acuerdo con el procedimiento mencionado en el artículo 6, apartado 7, letra d), también podrán optar a la ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos, si cumplen los criterios establecidos en el apartado 2 del presente artículo.

4. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II punto 1, letra e), y punto 4, podrán optar también a la ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos, si los promotores de proyecto de que se trate pueden demostrar claramente las externalidades positivas significativas generadas por los proyectos y su falta de viabilidad comercial, de acuerdo con el plan estratégico y otras evaluaciones realizadas, en particular, por inversores o acreedores potenciales o, cuando proceda, por una autoridad reguladora nacional.

Artículo 15

Orientación sobre los criterios de concesión de ayuda financiera de la Unión

Los criterios específicos establecidos en el artículo 4, apartado 2, y los parámetros fijados en el artículo 4, apartado 4, también cumplirán el papel de objetivos a efectos de establecimiento de los criterios de concesión de la ayuda financiera de la Unión en el Reglamento pertinente relativo al Mecanismo «Conectar Europa».

Artículo 16

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 3 por un período de cuatro años a partir del 15 de mayo de 2013. La Comisión elaborará un informe sobre los poderes delegados a más tardar nueve meses antes de que finalice dicho período. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 3 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revo