ES Diario Oficial de la Unión Europea L 176/338

DIRECTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 26 de junio de 2013

relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 53, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (2), y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (3), han sido modificadas sustancialmente en varias ocasiones. Muchas de las disposiciones de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE son aplicables tanto a las entidades de crédito como a las empresas de inversión. Por razones de claridad y a fin de garantizar una aplicación coherente de esas disposiciones, es preciso reunirlas en nuevos actos legislativos que sean aplicables tanto a las entidades de crédito como a las empresas de inversión, a saber, la presente Directiva y el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (4). En aras de una mayor accesibilidad, las disposiciones de los anexos de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE deben integrarse en el articulado de la presente Directiva y de dicho Reglamento.

(2) La presente Directiva debe contener, entre otras cosas, las disposiciones que regulan la autorización de la actividad, la adquisición de participaciones cualificadas, el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, las facultades de las autoridades de supervisión de los Estados miembros de origen y de acogida a este respecto, y las disposiciones que rigen el capital inicial y la revisión supervisora de las entidades de crédito y las empresas de inversión. El objeto y finalidad principales de la presente Directiva consisten en coordinar las disposiciones nacionales relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión, sus mecanismos de gobierno y su marco de supervisión. Las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE también contenían requisitos prudenciales aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión. Esos requisitos deben incluirse en el Reglamento (UE) no 575/2013 por el que se establecen requisitos prudenciales uniformes y directamente aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión, ya que guardan una estrecha relación con el funcionamiento de los mercados financieros en lo que respecta a cierto número de activos en poder de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Procede, por tanto, leer la presente Directiva en relación con el Reglamento (UE) no 575/2013; juntos deben constituir el marco jurídico que rija las actividades bancarias, el marco de supervisión y las normas prudenciales aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión.

(3) Los requisitos prudenciales generales establecidos en el Reglamento (UE) no 575/2013 se complementan con las medidas individuales que decidan las autoridades competentes a raíz de la revisión supervisora permanente que llevan a cabo de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Conviene establecer en la presente Directiva, entre otras cosas, la gama de estas medidas de supervisión y las autoridades competentes han de estar en condiciones de decidir cuáles deben imponerse. Respecto a las medidas individuales de este tipo en materia de liquidez, las autoridades competentes deben tener en cuenta, entre otras cosas, los principios establecidos en las directrices del Comité de Supervisores Bancarios Europeos, de 27 de octubre de 2010, sobre la asignación de costes y beneficios de la liquidez.

(4) En virtud de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (5), las empresas de inversión autorizadas y supervisadas por las autoridades competentes de su Estado miembro de origen pueden crear sucursales y prestar servicios libremente en otros Estados miembros. Dicha Directiva prevé en consecuencia la coordinación de las normas que rigen la autorización y el ejercicio de la actividad de las empresas de inversión. No obstante, no establece la cuantía del capital inicial de dichas empresas ni un marco común para controlar los riesgos que afrontan, todo lo cual debe contemplarse en la presente Directiva.

(5) La presente Directiva debe constituir el instrumento esencial para la realización del mercado interior bajo el doble aspecto de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios financieros en el ámbito de las entidades de crédito.

(6) El funcionamiento armonioso del mercado interior requiere, además de las normas jurídicas, una cooperación estrecha y regular y un aumento significativo de la convergencia de las prácticas normativas y supervisoras de las autoridades competentes de los Estados miembros.

(7) Con el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), se creó la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE). La presente Directiva debe tener en cuenta el papel y las funciones de la ABE previstos en el citado Reglamento y los procedimientos que se han de seguir al conferir funciones a esta Autoridad.

(8) Dado el mayor número de cometidos que la presente Directiva y el Reglamento (UE) no 575/2013 asignan a la ABE, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben ser conscientes de que es preciso garantizar recursos humanos y financieros adecuados.

(9) Como primer paso hacia una unión bancaria, el mecanismo único de supervisión debe garantizar que la política de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito se aplique de manera coherente y eficaz, que el código normativo único de los servicios financieros se aplique de manera homogénea a las entidades de crédito de todos los Estados miembros en cuestión y que estas entidades de crédito sean objeto de una supervisión de la máxima calidad en la que no interfieran consideraciones de índole no prudencial. El mecanismo único de supervisión es la base de las próximas etapas hacia la unión bancaria. Ello refleja el principio de que toda introducción de mecanismos de intervención comunes en caso de crisis debe ir precedida de controles comunes para reducir la probabilidad de tener que recurrir a dichos mecanismos de intervención. En sus conclusiones del 14 de diciembre de 2012, el Consejo Europeo señalaba lo siguiente: «La Comisión presentará, en el curso de 2013, una propuesta de mecanismo único de resolución para los Estados miembros que participen en el mecanismo único de supervisión; dicha propuesta deberá ser examinada por los colegisladores con carácter prioritario con la intención de adoptarla durante la actual legislatura». Para ello, la integración del marco financiero podría mejorarse mediante el establecimiento de un mecanismo único de resolución y de disposiciones sobre un dispositivo de apoyo adecuado y efectivo para garantizar que las decisiones relativas a la resolución de los bancos se adopten rápidamente, con imparcialidad y en interés de todos los afectados.

(10) La atribución de funciones de supervisión al Banco Central Europeo (BCE) con respecto a algunos de los Estados miembros debe ser coherente con el marco del Sistema Europeo de Supervisión Financiera establecido en 2010 y con su objetivo subyacente de elaborar un código normativo único y reforzar la convergencia de las prácticas de supervisión en la Unión en su conjunto. El BCE debe desempeñar sus funciones de conformidad con la normativa pertinente del Derecho primario y derivado de la Unión, las decisiones de la Comisión en materia de ayudas estatales, normas de competencia y control de las concentraciones, y el código normativo único aplicable a todos los Estados miembros. A la ABE se le ha asignado el cometido de elaborar proyectos de normas técnicas y de formular directrices y recomendaciones, a fin de garantizar la convergencia y coherencia de los resultados de la supervisión en la Unión. El BCE no debe desempeñar esas tareas, pero debe ejercer las competencias de adoptar reglamentos en virtud del artículo 132 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) de conformidad con los actos adoptados por la Comisión sobre la base de los proyectos elaborados por la ABE y las directrices y recomendaciones en virtud del artículo 16 del Reglamento (UE) no 1093/2010.

(11) La función de mediación jurídicamente vinculante de la ABE es un elemento clave del fomento de la coordinación, la coherencia de la supervisión y la convergencia de las prácticas en este último ámbito. La mediación de la ABE puede incoarse bien por iniciativa de esta, cuando ello esté previsto de manera específica, bien previa solicitud de una o más autoridades competentes que estén en desacuerdo. La presente Directiva y el Reglamento (UE) no 575/2013 pueden ampliar la gama de situaciones en que la ABE puede incoar su función de mediación jurídicamente vinculante con vistas a contribuir a la coherencia en las prácticas de supervisión. La ABE no goza de iniciativa propia en su función de mediación por lo que se refiere a la designación de las sucursales significativas y a la determinación de los requisitos prudenciales específicos en virtud de la presente Directiva. No obstante, para fomentar la coordinación y hacer más coherentes las prácticas de supervisión en esos ámbitos sensibles, las autoridades competentes deben poder recurrir a la mediación de la ABE en la primera fase del proceso en caso de desacuerdo. Esta mediación temprana de la ABE debe facilitar encontrar una solución al desacuerdo.

(12) Con el fin de proteger el ahorro y crear condiciones de igualdad de competencia entre entidades de crédito, las medidas de coordinación de la supervisión de entidades de crédito deben aplicarse al conjunto de estas. Es conveniente, sin embargo, tener en cuenta las diferencias objetivas existentes entre sus estatutos y las misiones que les correspondan en virtud de las normativas nacionales.

(13) Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, se requieren prácticas y decisiones de supervisión transparentes, previsibles y armonizadas para la actividad empresarial y la gestión de grupos transfronterizos de entidades de crédito. Por tanto, la ABE debe reforzar la armonización de las prácticas de supervisión. Los procedimientos y decisiones de supervisión no deben obstaculizar el funcionamiento del mercado interior relativo a la libre circulación de capitales. Los colegios de supervisores deben garantizar un programa de trabajo común y alineado, y decisiones de supervisión armonizadas. La cooperación entre las autoridades competentes del Estado miembro de origen y el de acogida debe fortalecerse gracias a un mayor grado de transparencia y de puesta en común de información.

(14) Por tanto, es necesario que el ámbito de aplicación de las medidas de coordinación de la supervisión de las entidades de crédito sea lo más amplio posible y contemple todas las entidades cuya actividad consista en captar del público fondos reembolsables, tanto en forma de depósito como en otras formas tales como la emisión continua de obligaciones y otros valores comparables, y en conceder créditos por cuenta propia. Conviene prever excepciones relativas a ciertas entidades de crédito a las que la presente Directiva no se aplica. La presente Directiva no debe afectar a la aplicación de las normas nacionales que prevean autorizaciones especiales complementarias para permitir a las entidades de crédito ejercer actividades específicas o efectuar tipos específicos de operaciones.

(15) Conviene llevar a cabo la armonización que sea necesaria y suficiente para el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y de los sistemas de supervisión prudencial, haciendo posible la concesión de una autorización única, válida en toda la Unión, y la aplicación del principio de supervisión prudencial por el Estado miembro de origen.

(16) En virtud de los principios de reconocimiento mutuo y de supervisión ejercida por el Estado miembro de origen, las autoridades competentes de los Estados miembros deben denegar una autorización o revocarla cuando factores tales como el contenido de los programas de actividades, la distribución geográfica de las actividades o las actividades realmente realizadas revelen de forma inequívoca que la entidad de crédito ha optado por el sistema jurídico de un Estado miembro con el propósito de eludir las normas más estrictas vigentes en otro Estado miembro en el que proyecta realizar o realiza la mayor parte de sus actividades. Cuando no existan indicios claros en este sentido, pero la mayoría de los activos que posean las sociedades de un grupo bancario se encuentren en otro Estado miembro cuyas autoridades competentes se encarguen del ejercicio de la supervisión en base consolidada, la responsabilidad de esta supervisión debe modificarse únicamente con el consentimiento de dichas autoridades competentes.

(17) Las autoridades competentes no deben conceder o mantener la autorización a entidades de crédito cuyos vínculos estrechos con otras personas físicas o jurídicas sean de índole tal que puedan obstaculizar el buen ejercicio de su misión de supervisión. Las entidades de crédito ya autorizadas deben igualmente ajustarse a lo establecido por las autoridades competentes respecto a dichos vínculos estrechos.

(18) La referencia al ejercicio efectivo por parte de las autoridades supervisoras de su misión de supervisión abarca la supervisión en base consolidada que debe ejercerse sobre una entidad de crédito o empresa de inversión cuando así se disponga en el Derecho de la Unión. En tales casos, las autoridades a las que se haya solicitado la autorización deben poder determinar las autoridades competentes para la supervisión en base consolidada de dicha entidad de crédito o empresa de inversión.

(19) Debe permitirse a las entidades de crédito autorizadas en un Estado miembro de origen el ejercicio en toda la Unión de todas o parte de las actividades que figuran en la lista de actividades sujeta a reconocimiento mutuo, mediante el establecimiento de una sucursal, o por vía de prestación de servicios.

(20) Conviene hacer extensivo el reconocimiento mutuo a aquellas actividades que sean ejercidas por una entidad financiera filial de una entidad de crédito, con la condición de que esta filial sea incluida en la supervisión consolidada a la que está sujeta su empresa matriz y responda a condiciones estrictas.

(21) Para el ejercicio del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, el Estado miembro de acogida debe estar en condiciones de imponer el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias específicas de su ordenamiento jurídico nacional a los entes que no estén autorizados como entidades de crédito en el Estado miembro de origen y a las actividades que no figuran en la lista de actividades sujeta a reconocimiento mutuo, siempre que, por una parte, estas disposiciones no estén ya incluidas en el Reglamento (UE) no 575/2013, sean compatibles con el Derecho de la Unión y estén motivadas por el interés general, y que, por otra parte, dichos entes o dichas actividades no estén sometidas a normas equivalentes en virtud de las disposiciones legales o reglamentarias del respectivo Estado miembro de origen.

(22) Además del Reglamento (UE) no 575/2013 por el que se establecen requisitos prudenciales directamente aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión, los Estados miembros deben velar por que no exista ningún obstáculo para que las actividades que se beneficien del reconocimiento mutuo puedan ser ejercidas del mismo modo que en el Estado miembro de origen, siempre que no se opongan a las disposiciones legales de interés general vigentes en el Estado miembro de acogida.

(23) El régimen aplicado a las sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social en un país tercero debe ser análogo en todos los Estados miembros. Interesa prever que este régimen no sea más favorable que el aplicable a las sucursales de las entidades de crédito de otro Estado miembro. La Unión debe poder celebrar acuerdos con terceros países que prevean la aplicación de disposiciones que dispensen a estas sucursales un trato idéntico en todo su territorio. Las sucursales de entidades de crédito autorizadas en terceros países no deben beneficiarse de la libertad de prestación de servicios ni de la libertad de establecimiento en Estados miembros distintos de aquel en que se hallen establecidas.

(24) Deben celebrarse acuerdos entre la Unión y terceros países a fin de permitir el ejercicio concreto de la supervisión consolidada en el ámbito geográfico más extenso posible.

(25) La responsabilidad en materia de supervisión consolidada de la solidez financiera de una entidad de crédito y, en particular, de su solvencia, debe corresponder al Estado miembro de origen. La supervisión de los grupos bancarios de la Unión debe ser objeto de una estrecha colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida.

(26) Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida deben tener la facultad de llevar a cabo, atendiendo a las circunstancias de cada caso, comprobaciones e inspecciones in situ de las actividades realizadas en su territorio por las sucursales de las entidades, y de exigir información a una sucursal sobre sus actividades y con fines estadísticos, informativos o de supervisión, cuando los Estados miembros de acogida lo consideren oportuno por motivos ligados a la estabilidad del sistema financiero.

(27) Conviene que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida obtengan información sobre las actividades que se desarrollan en su territorio. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen deben adoptar medidas de supervisión, salvo que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida deban adoptar medidas cautelares de urgencia.

(28) El funcionamiento armonioso del mercado interior bancario requiere no solo normas jurídicas, sino también una cooperación estrecha y regular y una convergencia mucho mayor de las prácticas de reglamentación y supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros. A tal fin, el examen de los problemas relativos a una entidad de crédito concreta y el intercambio mutuo de información deben tener lugar a través de la ABE. Este procedimiento de información recíproca no debe sustituir en ningún caso a la cooperación bilateral. Las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida deben estar siempre en condiciones de comprobar en caso de urgencia, por iniciativa propia o por iniciativa de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, que la actividad de una entidad de crédito establecida en su territorio es conforme a las leyes aplicables y a los principios de una buena organización administrativa y contable y de un control interno adecuado.

(29) Procede prever la posibilidad de intercambios de información entre las autoridades competentes y determinadas autoridades u organismos que contribuyen, por su función, a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Para garantizar el carácter confidencial de la información transmitida, la lista de sus destinatarios debe ser estrictamente limitada.

(30) Determinadas actuaciones, como los fraudes y las operaciones con información privilegiada, pueden repercutir en la estabilidad e integridad del sistema financiero. Es preciso establecer las condiciones en las que se autorice el intercambio de información en tales casos.

(31) Cuando esté estipulado que la información solo pueda divulgarse si se cuenta con el consentimiento expreso de las autoridades competentes, estas deben estar en condiciones de supeditar su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas.

(32) Procede autorizar, asimismo, los intercambios de información entre las autoridades competentes y los bancos centrales y otros organismos de función similar en tanto que autoridades monetarias y, cuando sea necesario por razones de supervisión prudencial y de actuación preventiva y correctiva respecto de entidades que se encuentren en riesgo de quiebra y en situaciones de urgencia, en su caso, otras autoridades públicas y los departamentos de las administraciones centrales que son responsables de la elaboración de legislación sobre la supervisión de entidades de crédito, entidades financieras, empresas de servicios de inversión y empresas de seguros, así como las autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas de pago.

(33) Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de las entidades y la protección de los clientes de las entidades, los auditores deben informar rápidamente a las autoridades competentes cuando, al desempeñar sus funciones, tengan conocimiento de determinados hechos que puedan afectar gravemente a la situación financiera o a la organización administrativa y contable de una entidad. Los Estados miembros deben imponer asimismo esta obligación siempre que un auditor observe tales hechos en el ejercicio de su función en una empresa que tenga vínculos estrechos con una entidad. La obligación impuesta a los auditores de comunicar, en su caso, a las autoridades competentes determinados hechos y decisiones relativos a una entidad, constatados en el ejercicio de su función en una empresa no financiera, no debe modificar en sí misma el carácter de su función en dicha empresa ni la forma de llevar a cabo su función en ella.

(34) La presente Directiva y el Reglamento (UE) no 575/2013 van encaminados a asegurar la solvencia de las entidades. Si, pese a los requisitos de solvencia, se produce una crisis, es necesario asegurar que las entidades pueden ser objeto de resolución de manera ordenada, limitando el impacto negativo para la economía real y evitando que el contribuyente tenga que intervenir. Para ello, a la espera de ulterior coordinación a escala de la Unión, la ABE debe evaluar y coordinar, de conformidad con el Reglamento (UE) no 1093/2010, las iniciativas sobre los planes de rescate y resolución con vistas a fomentar la convergencia en dicho ámbito. A tal efecto, debe comunicarse a la ABE previamente toda información sobre reuniones que se vayan a celebrar en las que se vayan a discutir planes de rescate y resolución, y debe tener derecho a participar en dichas reuniones. Las autoridades de algunos Estados miembros ya han previsto que las entidades y las autoridades estén obligadas a preparar planes de rescate y resolución. Por consiguiente, procede exigir a las entidades que cooperen con las autoridades en este sentido. Cuando se esté preparando un plan de rescate o resolución, la ABE debería contribuir y participar activamente en la elaboración y coordinación de planes de rescate y resolución que sean eficaces y coherentes, de conformidad con el Reglamento (UE) no 1093/2010. Debe otorgarse prioridad a los planes que incluyan entidades de importancia sistémica.

(35) A fin de velar por que las entidades, aquellos que controlan de manera efectiva la actividad de una entidad y los miembros del órgano de dirección de una entidad cumplan las obligaciones que se derivan de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 575/2013, y por que sean objeto de un trato similar en toda la Unión, procede obligar a los Estados miembros a prever sanciones administrativas y otras medidas administrativas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Así pues, las sanciones administrativas y otras medidas administrativas establecidas por los Estados miembros deben satisfacer determinados requisitos esenciales en relación con los destinatarios, los criterios a tener en cuenta a la hora de aplicarlas, su publicación, las principales facultades sancionadoras y los niveles de las sanciones pecuniarias administrativas.

(36) En particular, las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer sanciones pecuniarias administrativas que sean suficientemente elevadas para contrarrestar los beneficios que puedan obtenerse y disuasorias incluso para grandes entidades y sus directivos.

(37) A fin de que las sanciones administrativas u otras medidas administrativas se apliquen de manera coherente en los diferentes Estados miembros, estos deben velar por que, a la hora de determinar el tipo de sanción administrativa u otra medida administrativa y el nivel de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

(38) A fin de que las sanciones administrativas tengan un efecto disuasorio, deben publicarse en principio, excepto en circunstancias bien definidas.

(39) A fines de evaluación de la reputación de los directivos y miembros de un órgano de dirección, se requiere un sistema de intercambio de información eficaz, en el cual la ABE, sujeta a requisitos en materia de secreto y protección de datos, debe estar autorizada a mantener una base de datos central con los detalles sobre sanciones administrativas, con inclusión de los correspondientes recursos sobre las mismas, que sea accesible solo para las autoridades competentes. En cualquier caso, se debe intercambiar información sobre las condenas penales de conformidad con la Decisión Marco 2009/315/JAI (7) y la Decisión 2009/316/JAI (8) tal como se hayan incorporado al Derecho nacional, así como con otras disposiciones pertinentes del Derecho nacional.

(40) A fin de detectar posibles infracciones de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 575/2013, conviene que las autoridades competentes posean las facultades de investigación necesarias y establezcan mecanismos eficaces que favorezcan la notificación de infracciones reales o potenciales. Estos mecanismos deben entenderse sin perjuicio del derecho a la defensa de todo imputado.

(41) La presente Directiva debe establecer tanto sanciones administrativas como otras medidas administrativas, a fin de garantizar el más amplio campo de acción tras la comisión de una infracción, y ayudar a evitar futuras infracciones, con independencia de que sean calificadas de sanciones administrativas u otras medidas administrativas con arreglo al Derecho nacional. Los Estados miembros deben poder establecer sanciones adicionales además de las mencionadas en la presente Directiva, y fijar para las sanciones pecuniarias administrativas importes más elevados que los previstos en ella.

(42) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de los Estados miembros en relación con las sanciones penales.

(43) Los Estados miembros deben velar por que las entidades de crédito y las empresas de inversión posean un capital interno que, considerando los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas, resulte adecuado en cantidad, calidad y distribución. En consecuencia, los Estados miembros deben velar por que las entidades de crédito y las empresas de inversión dispongan de estrategias y procedimientos a fin de evaluar y mantener la adecuación de su capital interno.

(44) Debe confiarse a las autoridades competentes la tarea de comprobar que las entidades poseen una buena organización y fondos propios adecuados, atendiendo a los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas.

(45) A fin de garantizar que las entidades activas en varios Estados miembros no se vean sometidas a trámites desproporcionados debido al mantenimiento de las responsabilidades de las autoridades competentes de cada Estado miembro en materia de autorización y supervisión, es fundamental que la cooperación entre las autoridades competentes mejore significativamente. La ABE debe facilitar y potenciar dicha cooperación.

(46) Es conveniente que las autoridades competentes publiquen información relativa al ejercicio de la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión, con objeto de garantizar una disciplina global del mercado en toda la Unión. Dicha información debe ser suficiente para poder comparar los enfoques adoptados por las diferentes autoridades competentes de los Estados miembros y complementar los requisitos que figuran en el Reglamento (UE) no 575/2013 en cuanto a divulgación de información técnica por parte de las entidades.

(47) La supervisión de las entidades en base consolidada tiene como objetivo proteger los intereses de los depositantes e inversores de entidades de crédito o de empresas de inversión y asegurar la estabilidad del sistema financiero. Para ser efectiva, la supervisión en base consolidada debe, por tanto, poder aplicarse a todos los grupos bancarios, incluidos aquellos cuya empresa matriz no sea una entidad. Los Estados miembros deben proporcionar a las autoridades competentes los instrumentos jurídicos necesarios para poder ejercer dicha supervisión.

(48) En lo que se refiere a los grupos con actividades diversificadas en los que las empresas matrices controlan al menos una filial, las autoridades competentes deben poder juzgar la situación financiera de cada entidad de crédito o empresa de inversión en el contexto de tales grupos. Las autoridades competentes deben disponer al menos de los medios para obtener de todas las empresas del grupo la información que requiera el ejercicio de su misión. En el caso de los grupos de empresas que ejerzan actividades financieras diversas, debe establecerse una colaboración entre las autoridades responsables de la supervisión de los diferentes sectores financieros.

(49) Los Estados miembros deben poder denegar o revocar la autorización a una entidad de crédito cuando consideren que la estructura del grupo es inadecuada para el ejercicio de las actividades bancarias, en particular, porque estas no puedan supervisarse de forma satisfactoria. Las autoridades competentes deben disponer, a dicho efecto, de los poderes necesarios para garantizar una gestión saneada y prudente de las entidades de crédito. Para garantizar unas prácticas bancarias sostenibles y diversificadas en la Unión, que atienda primordialmente a los intereses de los ciudadanos de la Unión, deben fomentarse las actividades bancarias a pequeña escala, como las de los «bancos mutualistas de ahorro» y los bancos cooperativos.

(50) Resulta oportuno que las facultades de las autoridades competentes tengan en cuenta, de modo apropiado, la dimensión de la Unión. Las autoridades competentes deben, pues, tomar debidamente en consideración el efecto de sus decisiones sobre la estabilidad del sistema financiero no solo en sus respectivas jurisdicciones, sino también en el de todos los demás Estados miembros afectados. Sin perjuicio del Derecho nacional, este principio debe servir para promover la estabilidad financiera en toda la Unión y no debe vincular jurídicamente a las autoridades competentes para que consigan un resultado específico.

(51) La crisis financiera ha demostrado la existencia de vínculos entre el sector bancario y el denominado «sector bancario paralelo». Cierta actividad bancaria paralela es útil para mantener riesgos fuera del sector bancario y, por ende, evitar efectos negativos en los contribuyentes y un impacto sistémico. No obstante, para lograr la estabilidad del sistema financiero es necesario comprender plenamente las operaciones bancarias paralelas y sus vínculos con entes del sector financiero, y regularlas más estrechamente para aportar transparencia, reducir el riesgo sistémico y eliminar las prácticas inadecuadas. Esto se podría conseguir en parte exigiendo más información a las entidades, pero también es necesaria nueva regulación específica.

(52) Una mayor transparencia en lo que se refiere a las actividades de las entidades, y en particular a los beneficios obtenidos, los tributos pagados y los subsidios recibidos, es fundamental para volver a ganar la confianza de los ciudadanos de la Unión en el sector financiero. Por ello, la publicación obligatoria de información en este ámbito puede considerarse como un elemento importante de la responsabilidad social de las entidades con respecto a los accionistas y la sociedad en general.

(53) La debilidad del gobierno corporativo de una serie de entidades ha contribuido a una asunción excesiva e imprudente de riesgos en el sector bancario, que ha llevado al hundimiento de diversas entidades y a problemas sistémicos en los Estados miembros y a nivel mundial. El carácter sumamente general de las disposiciones en materia de gobierno corporativo y el hecho de que una parte importante del marco correspondiente, basada sobre todo en códigos de conducta voluntarios, no tuviera carácter vinculante no facilitó suficientemente la aplicación efectiva de unas prácticas razonables de gobierno corporativo por parte de las entidades. En algunos casos, la inexistencia de mecanismos eficaces de control interno dio lugar a una falta de vigilancia efectiva del proceso decisorio de la dirección, lo que favoreció la adopción de estrategias de gestión excesivamente arriesgadas y cortoplacistas. La indefinición de las funciones de las autoridades competentes en la vigilancia de los sistemas de gobierno corporativo de las entidades no permitió ejercer una supervisión suficiente de la eficacia de los procesos de gobierno interno.

(54) A fin de subsanar el posible efecto perjudicial de unas estructuras de gobierno corporativo mal concebidas sobre una gestión cabal del riesgo, conviene que los Estados miembros introduzcan principios y normas que garanticen una vigilancia efectiva por parte del órgano de dirección, fomenten una cultura del riesgo adecuada en todos los niveles de las entidades de crédito y las empresas de inversión y permitan a las autoridades competentes vigilar la idoneidad de los mecanismos de gobierno interno. Estos principios y normas deben aplicarse teniendo en cuenta la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades que desempeñen estas entidades. Los Estados miembros deben estar en condiciones de imponer principios y normas de gobierno corporativo adicionales a los que se establecen en la presente Directiva.

(55) Las estructuras de gobierno corporativo varían según los Estados miembros. En la mayoría de los casos, se trata de estructuras monistas o duales o de una combinación de ambas. Las definiciones empleadas en la presente Directiva están destinadas a englobar todas las estructuras existentes, sin abogar por ninguna en concreto. Son puramente funcionales, con miras a establecer normas destinadas a obtener un resultado concreto, independientemente de la normativa nacional en materia de sociedades, que se aplique a una entidad en cada Estado miembro. Por tanto, las definiciones no deben interferir en la asignación general de competencias de conformidad con la normativa nacional en materia de sociedades.

(56) Debe entenderse que los órganos de dirección tienen funciones ejecutivas y supervisoras. Las competencias y la estructura de los órganos de dirección varían de un Estado miembro a otro. En los Estados miembros donde los órganos de dirección tienen una estructura monista, el consejo de administración único ejerce normalmente las funciones de gestión. En los Estados miembros con un sistema dual, la función supervisora es ejercida por un órgano de vigilancia aparte y sin funciones ejecutivas, y la función ejecutiva es ejercida por un órgano de dirección separado que se ocupa de la gestión cotidiana de la empresa de la que es responsable y debe rendir cuentas. Por tanto, los distintos entes del órgano de dirección tienen asignadas funciones distintas.

(57) Entre los cometidos de los miembros no ejecutivos del órgano de dirección de una entidad deben figurar un cuestionamiento constructivo de la estrategia de la entidad y contribuir de este modo a su desarrollo, controlar la ejecución de la gestión en lo que se refiere a la consecución de objetivos fijados, asegurarse de que la información financiera es exacta y de que los controles financieros y los sistemas de gestión de riesgos son sólidos y defendibles, examinar la definición y la ejecución de la política de remuneración de las entidades y proporcionar puntos de vista objetivos en materia de recursos, nombramientos y normas de conducta.

(58) A fin de controlar de manera efectiva las acciones y decisiones de la dirección, el órgano de dirección de una entidad debe dedicar tiempo suficiente para permitirle el ejercicio de sus funciones y ser capaz de comprender la actividad de la entidad, sus principales exposiciones al riesgo y las implicaciones de la actividad y de la estrategia en materia de riesgos. Simultanear un número demasiado elevado de cargos directivos impediría a un miembro del órgano de dirección dedicar tiempo suficiente al desempeño de su función de supervisión. Por consiguiente, es necesario limitar el número de cargos directivos que un miembro del órgano de dirección puede tener al mismo tiempo en diferentes entes. No obstante, a efectos de aplicar dicho límite, no deben tenerse en cuenta los puestos directivos de las organizaciones que no persiguen predominantemente objetivos comerciales, como las organizaciones sin fines lucrativos o las organizaciones caritativas.

(59) Al nombrar a los miembros del órgano de dirección, los accionistas o los miembros de una entidad deben examinar si los candidatos poseen los conocimientos, las cualificaciones y la experiencia necesarios para salvaguardar la gestión correcta y prudente de la entidad de que se trate. Estos principios deben ejercerse y manifestarse siguiendo un procedimiento transparente y abierto en relación con los miembros del órgano de dirección.

(60) La falta de control por los órganos de dirección de las decisiones en materia de gestión obedece en parte al fenómeno del pensamiento de grupo. Este fenómeno nace, entre otros motivos, de la falta de diversidad en la composición de los órganos de dirección. Para facilitar las opiniones independientes y el cuestionamiento crítico, los órganos de dirección de las entidades deben, por tanto, ser lo suficientemente diversos en términos de edad, sexo, procedencia geográfica, formación y experiencia profesional como para ofrecer una variedad de opiniones y experiencia. El equilibrio entre hombres y mujeres reviste especial importancia para asegurar una representación adecuada de la población. En particular, las entidades que no se ajusten al umbral de representación del sexo menos representado deben tomar de forma prioritaria las medidas adecuadas. La representación de los empleados en los órganos de gestión debe considerarse también un modo positivo de potenciar la diversidad, al añadir una perspectiva clave y un auténtico conocimiento del funcionamiento interno de las entidades. Una mayor diversidad en los órganos de dirección permitiría controlar más eficazmente la gestión, lo que contribuiría a mejorar la vigilancia de los riesgos y la resistencia de las entidades. En consecuencia, la diversidad debe ser uno de los criterios a tener en cuenta en la composición de los órganos de dirección. La cuestión de la diversidad ha de abordarse también de forma más general en la política de contratación de la entidad de que se trate. Dicha política debe, por ejemplo, alentar a las entidades a efectuar la selección a partir de listas reducidas que incluyan a candidatos de ambos sexos.

(61) Para reforzar el cumplimiento de la ley y el gobierno corporativo, los Estados miembros deben establecer unos mecanismos eficaces y fiables para fomentar la notificación de infracciones reales o potenciales de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 575/2013. Los empleados que informen de infracciones cometidas en sus entidades deben recibir plena protección.

(62) Las políticas remunerativas que alientan comportamientos temerarios pueden ir en detrimento de una gestión prudente y eficaz de los riesgos de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Algunos miembros del G-20 se comprometieron a aplicar los Principios para unas buenas prácticas en materia de remuneración y los Estándares de aplicación del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), que abordan el efecto potencialmente perjudicial de unas estructuras remunerativas mal concebidas, sobre la sana gestión del riesgo y el control de los comportamientos individuales de asunción de riesgos. La presente Directiva tiene por objeto aplicar principios y normas internacionales a nivel de la Unión, introduciendo la obligación expresa, para las entidades de crédito y las empresas de inversión, de establecer y mantener, con respecto a aquellas categorías de empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo, políticas y prácticas en materia de remuneración compatibles con una gestión eficaz del riesgo.

(63) A fin de velar por que las entidades cuenten con unas políticas remunerativas adecuadas, conviene especificar principios claros en materia de gobierno corporativo y en cuanto a la estructura de estas políticas. En particular, las políticas remunerativas deben ser acordes con la propensión al riesgo y los valores e intereses a largo plazo de la entidad de crédito o empresa de inversión. Con este fin, la valoración del componente de la remuneración basado en los resultados debe centrarse en los resultados a largo plazo y tener en cuenta los riesgos actuales y futuros asociados a los mismos.

(64) Al examinar la política relativa a la remuneración variable debe distinguirse entre, por un lado, la remuneración fija, como los pagos, las cotizaciones proporcionadas y periódicas a la pensión, y los beneficios no ligados a los resultados, y, por otro, la remuneración variable, como los pagos adicionales o los beneficios ligados a los resultados, o, en circunstancias excepcionales, otros derechos contractuales, exceptuando aquellos que forman parte de los conjuntos de medidas rutinarias en materia de empleo (como la asistencia sanitaria, los servicios de guardería o las cotizaciones proporcionadas y periódicas a la pensión). Deben incluirse tanto los beneficios monetarios como los no monetarios.

(65) En todo caso, para evitar una asunción excesiva de riesgos, debe fijarse un máximo para la ratio entre el componente fijo y el componente variable de la remuneración total. A este respecto, conviene prever un cierto cometido para los accionistas, propietarios o miembros de las entidades. Los Estados miembros deben estar facultados para establecer requisitos más estrictos aplicables a la relación entre el componente fijo y el componente variable de la remuneración total. Con vistas a fomentar la utilización de acciones o instrumentos de deuda que sean pagaderos en régimen diferido a largo plazo como componentes de remuneración variable, los Estados miembros deben estar capacitados, dentro de ciertos límites, para permitir a las entidades que apliquen un tipo de descuento teórico al calcular el valor de dichos instrumentos a efectos de aplicar la ratio máxima. No obstante, los Estados miembros no deben estar obligados a prever este mecanismo, o podrán preverlo para aplicar un porcentaje máximo de la remuneración variable total más reducido que el que se establece en la presente Directiva. A fin de asegurar un enfoque armonizado y coherente que garantice la igualdad de condiciones en el mercado interior, la ABE debe ofrecer una orientación adecuada con respecto al tipo de descuento teórico aplicable que debe utilizarse.

(66) A fin de garantizar que la definición de las políticas remunerativas se integre en la gestión de riesgos de la entidad, el órgano de dirección debe adoptar y revisar periódicamente las políticas remunerativas en vigor. Las disposiciones de la presente Directiva en materia de remuneración deben reflejar las diferencias entre los distintos tipos de entidades de forma proporcionada, habida cuenta de su tamaño, su organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. Podría no resultar proporcionado que determinados tipos de empresas de inversión tuvieran que cumplir todos esos principios.

(67) Para proteger y fomentar la estabilidad financiera dentro de la Unión y hacer frente a toda posible elusión de los requisitos establecidos en la presente Directiva, las autoridades competentes deben garantizar el cumplimiento de los principios y las normas relativos a la remuneración de las entidades de forma consolidada, es decir, a nivel de grupo, de empresa matriz o de filial, incluidas las sucursales y filiales establecidas en terceros países.

(68) Dado que una política remunerativa y programas de incentivos mal concebidos pueden incrementar hasta un nivel inaceptable los riesgos a los que están expuestas las entidades de crédito y las empresas de inversión, debe subsanarse con rapidez esta situación y adoptarse, en caso necesario, las medidas correctoras adecuadas. Por lo tanto, resulta oportuno velar por que las autoridades competentes estén facultadas para imponer a las entidades pertinentes medidas cualitativas o cuantitativas destinadas a solventar los problemas detectados en relación con las políticas remunerativas en el proceso de revisión supervisora.

(69) Las disposiciones en materia de remuneración deben entenderse sin perjuicio del ejercicio pleno de los derechos fundamentales garantizados por el artículo 153, apartado 5, del TFUE, de los principios generales del Derecho contractual y laboral nacional, de la legislación nacional y de la Unión aplicable a los derechos y la participación de los accionistas y a las responsabilidades generales de los órganos de dirección de la entidad de que se trate, y de los posibles derechos de los interlocutores sociales de celebrar y aplicar convenios colectivos con arreglo a las leyes y costumbres nacionales.

(70) Los requisitos de fondos propios para hacer frente a riesgos de crédito y de mercado deben basarse en calificaciones crediticias externas únicamente en la medida necesaria. Por consiguiente, cuando el riesgo de crédito sea importante, las entidades deben procurar en general aplicar métodos basados en calificaciones internas o modelos internos. No obstante, cuando el riesgo de crédito sea menos significativo (por ejemplo en el caso de entidades menos complejas, categorías de exposiciones irrelevantes o en situaciones en las que utilizar enfoques internos resultaría excesivamente gravoso) podría recurrirse a enfoques normalizados que se basen en calificaciones crediticias externas.

(71) Las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE supusieron algunos de los pilares de la excesiva dependencia de las calificaciones crediticias externas. La presente Directiva debe tener en cuenta las conclusiones del G-20 y los Principios del CEF para la reducción de la excesiva dependencia de las calificaciones crediticias externas. Por consiguiente, se debe alentar a las entidades a que utilicen calificaciones crediticias internas en lugar de externas, incluso a efectos de calcular los requisitos reglamentarios relativos a fondos propios.

(72) Debe reducirse la dependencia excesiva de las calificaciones crediticias externas y deben eliminarse gradualmente todos los efectos automáticos derivados de ellas. Por consiguiente, debe exigirse a las entidades establecer criterios para la concesión de créditos y procedimientos de toma de decisión crediticia que sean sólidos. Las entidades deben poder utilizar calificaciones crediticias externas como uno de varios factores en este proceso, pero no deben depender exclusivamente de ellas.

(73) El reconocimiento de una agencia de calificación crediticia como agencia de calificación externa (ECAI) no debe intensificar la exclusión de competidores de un mercado ya dominado por tres empresas. Como medio para abrir el mercado a otras empresas, la ABE, los bancos centrales de los Estados miembros y el BCE deben contemplar el reconocimiento como ECAI de más agencias de calificación crediticia, sin que por ello se haga más fácil o menos exigente el procedimiento.

(74) Habida cuenta de la amplia gama de métodos adoptados por las entidades que aplican métodos de modelización internos, es importante que las autoridades competentes y la ABE tengan una percepción clara de la gama de valores aplicables a los activos ponderados por riesgo y los requisitos de fondos propios que, con arreglo a dichos métodos, se generan respecto de exposiciones similares. A tal efecto, se debe exigir a las entidades que faciliten a las autoridades competentes los resultados de aplicar sus modelos internos a unas carteras de referencia elaboradas por la ABE. Basándose en la información recibida, las autoridades competentes deben tomar las medidas adecuadas para asegurarse de que las similitudes o las diferencias de los resultados arrojados por una misma exposición estén justificadas en términos de los riesgos afrontados. De forma más general, las autoridades competentes y la ABE deben velar por que la elección entre un método de modelización interno y un método normalizado no conduzca a una infravaloración de los requisitos de fondos propios. Si bien los requisitos de fondos propios para hacer frente a riesgos operacionales son más difíciles de atribuir a nivel de exposición individual, por lo que conviene excluir esta categoría de riesgo del proceso de definición de parámetros de referencia, las autoridades competentes deben sin embargo mantenerse al corriente de la evolución de los métodos de modelización internos que se aplican al riesgo operacional a fin de efectuar un seguimiento de la gama de prácticas aplicadas y de mejorar los métodos de supervisión.

(75) Se debe fomentar el desarrollo del préstamo fundado en las relaciones mantenidas, utilizándose la información recabada a lo largo de una relación comercial continua con los clientes para que la calidad de la diligencia debida y de la evaluación del riesgo sea mayor que la que puede obtenerse de mera información normalizada y puntuaciones crediticias.

(76) En lo que atañe a la supervisión de la liquidez, la responsabilidad debe corresponder a los Estados miembros de origen tan pronto como sean aplicables criterios detallados al requisito de cobertura de liquidez. Es necesario, por tanto, conseguir la coordinación de la supervisión en este ámbito, a fin de introducir la supervisión por el Estado miembro de origen en ese momento. Para garantizar una supervisión eficaz, las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida deben reforzar la cooperación en el ámbito de la liquidez.

(77) Cuando, dentro de un grupo, los activos líquidos de una entidad puedan cubrir, en condiciones complicadas, las necesidades de liquidez de otro miembro del grupo, las autoridades competentes deben estar capacitadas para eximir a la entidad de los requisitos de cobertura de liquidez y aplicar en cambio dichos requisitos en base consolidada.

(78) Las medidas adoptadas sobre la base de la presente Directiva se entienden sin perjuicio de las adoptadas de conformidad con la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito (9). Las medidas de supervisión no deben dar lugar a discriminación entre los acreedores de distintos Estados miembros.

(79) A la luz de la crisis financiera y de los mecanismos procíclicos que contribuyeron a provocarla y agravaron sus efectos, el CEF, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) y el G-20 formularon recomendaciones para mitigar los efectos procíclicos de la reglamentación financiera. En diciembre de 2010, el CSBB publicó un nuevo marco reglamentario global con nuevas normas sobre la adecuación del capital de los bancos (marco reglamentario Basilea III), incluidas normas que obligan a mantener colchones de conservación de capital y colchones de capital anticíclicos.

(80) Por consiguiente, resulta oportuno que las entidades de crédito y aquellas empresas de inversión que corresponda dispongan, además de otros requisitos de fondos propios, de un colchón de conservación de capital y un colchón de capital anticíclico, a fin de asegurarse de acumular, durante periodos de crecimiento económico, una base de capital suficiente para absorber las pérdidas que puedan producirse en periodos de dificultad. El colchón de capital anticíclico se debe constituir cuando se considere que el crecimiento agregado del crédito y otras clases de activos con un impacto significativo en el perfil de riesgo de dichas entidades de crédito y empresas de inversión va asociado a un aumento del riesgo sistémico y se utilizaría durante periodos de dificultad.

(81) A fin de garantizar que el colchón de capital anticíclico refleje debidamente el riesgo que para el sector bancario entraña el crecimiento excesivo del crédito, las entidades de crédito y las empresas de inversión deben calcular el nivel de sus respectivos colchones específicos como media ponderada de los porcentajes de los colchones anticíclicos que se apliquen a los países en que estén situadas las exposiciones crediticias. Así pues, cada Estado miembro debe designar a una autoridad responsable de fijar cada trimestre el porcentaje del colchón de capital anticíclico para las exposiciones situadas en ese Estado miembro. El porcentaje de ese colchón debe tener en cuenta el crecimiento de los niveles de crédito y la evolución de la ratio créditos/PIB en ese Estado miembro, así como cualquier otra variable que sea pertinente para los riesgos que amenacen la estabilidad del sistema financiero.

(82) A fin de fomentar la coherencia internacional al establecer los porcentajes del colchón anticíclico, el CSBB ha elaborado una metodología basada en la ratio créditos/PIB, que debería servir como punto de partida común de las decisiones sobre los porcentajes de colchón que adopten las autoridades nacionales pertinentes, pero sin dar pie a una fijación automática o vincular a la autoridad designada. El porcentaje del colchón debe reflejar, de modo pertinente, el ciclo crediticio y los riesgos derivados de un aumento excesivo del crédito en el Estado miembro y debe tener en cuenta adecuadamente las características específicas de la economía nacional.

(83) Las restricciones sobre la remuneración variable suponen un factor importante para garantizar que las entidades de crédito y las empresas de inversión reconstituyan sus niveles de capital cuando operen dentro del margen que determina su colchón de fondos propios. Las entidades de crédito y las empresas de inversión están ya obligadas a respetar el principio de que las primas y los pagos discrecionales constitutivos de la remuneración variable otorgada a las categorías de empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de las entidades deben ser sostenibles, habida cuenta de la situación financiera de la entidad. Con vistas a garantizar que una entidad restablezca oportunamente su nivel de fondos propios, procede adaptar la concesión de una remuneración variable y de beneficios discrecionales de pensión a la situación de rentabilidad de la entidad durante cualquier período en que no se cumplan los requisitos combinados de colchón, tomando en consideración la viabilidad a largo plazo de la entidad.

(84) Las entidades deben abordar y controlar todos los riesgos de concentración mediante políticas y procedimientos escritos. Dada la naturaleza de las exposiciones del sector público, el control de los riesgos de concentración es más eficaz que la ponderación del riesgo de dichas exposiciones, teniendo en cuenta su volumen y las dificultades que entraña calibrar los requisitos de fondos propios. La Comisión debe presentar un informe en tiempo útil al Parlamento Europeo y al Consejo de todos los cambios que se considere oportuno introducir en el tratamiento prudencial del riesgo de concentración.

(85) Los Estados miembros deben poder exigir a determinadas entidades que, además del colchón de conservación de capital y del colchón de capital anticíclico, dispongan de un colchón contra riesgos sistémicos a fin de evitar o paliar los riesgos sistémicos o macroprudenciales acíclicos a largo plazo que no estén cubiertos por el Reglamento (UE) no 575/2013, cuando haya riesgos de que se produzca una perturbación del sistema financiero que pueda tener consecuencias negativas graves en dicho sistema y en la economía real de un Estado miembro concreto. El porcentaje del colchón contra riesgos sistémicos debe poder aplicarse a todas las entidades o a uno o varios subsectores de las mismas, cuando las entidades presenten perfiles de riesgo similares en sus actividades empresariales.

(86) A fin de asegurar una supervisión macroprudencial coherente en toda la Unión, conviene que la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) elabore principios adaptados a la economía de la Unión y se encargue de seguir su aplicación. La presente Directiva no debe impedir a la JERS tomar las medidas que estime necesarias con arreglo al Reglamento (UE) no 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (10).

(87) Los Estados miembros deben poder reconocer el porcentaje del colchón contra riesgos sistémicos fijado por otro Estado miembro y aplicarlo a las entidades autorizadas en el ámbito nacional para las exposiciones ubicadas en el Estado miembro que fija el porcentaje del colchón. El Estado miembro que fija el colchón también debe poder solicitar a la JERS que dirija a uno o varios de los Estados miembros que estén en condiciones de reconocer el porcentaje del colchón contra riesgos sistémicos una recomendación con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) no 1092/2010 en la que les aconseje que reconozcan dicho porcentaje. Esta recomendación debe estar sujeta a la obligación de cumplimiento o de justificar el incumplimiento establecida en el artículo 3, apartado 2, y en el artículo 17 de dicho Reglamento.

(88) Resulta oportuno que las decisiones que adopten los Estados miembros sobre los porcentajes de los colchones anticíclicos se coordinen en la medida de lo posible. A este respecto y si las autoridades competentes o designadas lo solicitan, la JERS podría mediar en los debates entre ellas en relación con la fijación de los porcentajes del colchón propuestos, incluidas las variables pertinentes.

(89) En caso de que una entidad de crédito o una empresa de inversión no cumpla todos los requisitos combinados del colchón, dicha entidad o empresa debe quedar sujeta a medidas concebidas para garantizar una restauración rápida de su nivel de fondos propios. Para conservar el capital, conviene imponer restricciones proporcionadas a la distribución discrecional de beneficios, incluidos los pagos de dividendos y de remuneración variable. A fin de velar por que dichas entidades de crédito y empresas de inversión cuenten con una estrategia creíble destinada a restaurar el nivel de fondos propios, debe exigírseles que elaboren y concierten con las autoridades competentes un plan de conservación de capital que exponga la forma en que se aplicarán las citadas restricciones, así como otras medidas que la entidad o la empresa tenga la intención de tomar para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos en materia de colchones.

(90) Se cuenta con que las autoridades impongan unos requisitos de fondos propios más elevados a las entidades de importancia sistémica a escala mundial (EISM) para compensar los riesgos más elevados que dichas EISM representan para el sistema financiero y las posibles repercusiones de su quiebra en los contribuyentes. Cuando una autoridad imponga el colchón contra el riesgo sistémico y sea aplicable al colchón para EISM, se aplicará el más elevado de ellos. Cuando el colchón contra el riesgo sistémico solo se aplique a las exposiciones en el interior de un Estado miembro, debe poder ser cumulativo con el colchón para EISM o el colchón para otros tipos de entidades de importancia sistémica (OEIS) que se aplique de conformidad con la presente Directiva.

(91) Las normas técnicas de los servicios financieros deben garantizar una armonización coherente y una protección adecuada de los depositantes, inversores y consumidores en toda la Unión. Como organismo con conocimientos muy especializados, sería eficiente y adecuado confiar a la ABE la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución, que no impliquen decisiones políticas, para su presentación a la Comisión. La ABE, al redactar las normas técnicas, debe velar por la eficiencia de los procedimientos administrativos y de información.

(92) La Comisión debe adoptar mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1093/2010, normas técnicas de regulación elaboradas por la ABE en materia de autorización y adquisición de participaciones significativas en entidades de crédito, intercambio de información entre autoridades competentes, ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, colaboración en materia de supervisión, políticas remunerativas de las entidades de crédito y las empresas de inversión y supervisión de las sociedades financieras mixtas de cartera. La Comisión y la ABE deben velar por que todas las entidades afectadas puedan aplicar esas normas de manera proporcional a la naturaleza, la escala y la complejidad de dichas entidades y de sus actividades.

(93) Dadas las particularidades y la cantidad de normas técnicas de regulación que deben adoptarse con arreglo a la presente Directiva, cuando la Comisión adopte una norma técnica de regulación que sea idéntica al proyecto de norma técnica de regulación presentado por la ABE, está justificado prorrogar por un mes, cuando proceda, el periodo durante el cual el Parlamento Europeo o el Consejo pueden oponerse a una norma técnica de regulación. Además, la Comisión debe procurar adoptar las normas técnicas de regulación con la antelación suficiente para permitir al Parlamento Europeo y al Consejo un examen completo, teniendo en cuenta el volumen y la complejidad de las normas técnicas de regulación, y las particularidades de los Reglamentos Internos del Parlamento Europeo y del Consejo, el calendario de trabajo y su composición.

(94) Asimismo, la Comisión debe estar facultada para adoptar mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1093/2010, normas técnicas de aplicación en materia de autorización y adquisición de participaciones significativas en entidades de crédito, intercambio de información entre autoridades competentes, colaboración en materia de supervisión, determinados requisitos prudenciales, y divulgación de información por las autoridades de supervisión.

(95) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (11).

(96) A fin de especificar lo dispuesto en la presente Directiva, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, en lo que atañe a la aclaración de las definiciones y la terminología utilizadas en la presente Directiva, la ampliación de la lista de actividades objeto de reconocimiento mutuo y la mejora del intercambio de información en relación con las sucursales de las entidades de crédito. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(97) Las referencias a las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE deben entenderse como referencias a la presente Directiva y al Reglamento (UE) no 575/2013.

(98) La Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero (12), la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior (13), la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (14), la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades (15), y la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (16), hacen referencia a disposiciones de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE relativas a los requisitos de fondos propios que deben figurar en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) no 575/2013. Por consiguiente, las referencias que aparecen en esas Directivas a las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE deben entenderse como referencias a las disposiciones que regulan los requisitos de fondos propios en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) no 575/2013.

(99) A fin de permitir la elaboración de normas técnicas para velar por que las entidades que forman parte de un conglomerado financiero apliquen métodos de cálculo adecuados para determinar el capital requerido en base consolidada, la Directiva 2002/87/CE debe modificarse en consecuencia.

(100) A fin de aumentar la eficacia del funcionamiento del mercado interior bancario y de ofrecer a los ciudadanos de la Unión niveles adecuados de transparencia, es necesario que las autoridades competentes publiquen, de manera que sea posible una comparación significativa, información sobre el modo en que se aplica la presente Directiva.

(101) En lo que respecta a la supervisión de la liquidez, debe preverse un periodo de tiempo en el que los Estados miembros efectúen la transición hacia el régimen en virtud del cual se aplicarán criterios detallados al requisito de cobertura de liquidez.

(102) A fin de asegurar una transición estable, fluida y progresiva de las entidades a los nuevos requisitos de liquidez y financiación estable a nivel de la Unión, las autoridades competentes deben hacer pleno uso de sus poderes de supervisión con arreglo a la presente Directiva y a cualquier norma nacional aplicable. En particular, las autoridades competentes deben evaluar la necesidad de aplicar sanciones administrativas u otras medidas administrativas, incluidos los gravámenes prudenciales, cuyo nivel debería en general estar en relación con la disparidad entre la posición de liquidez real de una entidad y los requisitos de liquidez y de financiación estable. Al proceder a esta evaluación, las autoridades competentes deben tener debidamente en cuenta las condiciones del mercado. Tales sanciones administrativas u otras medidas administrativas deben aplicarse hasta que se implementen a escala de la Unión actos legislativos detallados sobre requisitos de liquidez y de financiación estable.

(103) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (17) y el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (18), deben ser plenamente aplicables al tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva.

(104) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas relativas al acceso a la actividad de las entidades, así como la supervisión prudencial de las entidades, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(105) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y la Comisión sobre los documentos explicativos, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(106) Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, que ha emitido un dictamen (19).

(107) En consecuencia, procede modificar la Directiva 2002/87/CE y derogar las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

TÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece normas sobre:

a) el acceso a la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión (en lo sucesivo denominadas conjuntamente «entidades»);

b) las facultades e instrumentos de supervisión para la supervisión prudencial de las entidades por parte de las autoridades competentes;

c) la supervisión prudencial de las entidades por parte de las autoridades competentes de manera compatible con las normas que establece el Reglamento (UE) no 575/2013;

d) los requisitos de publicación para las autoridades competentes en el ámbito de la regulación y la supervisión prudencial de las entidades.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará a las entidades.

2. El artículo 30 se aplicará a las empresas locales.

3. El artículo 31 se aplicará a las empresas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra c), punto 2, del Reglamento (UE) no 575/2013.

4. El artículo 34 y el título VII, capítulo 3, se aplicarán a las sociedades financieras de cartera, a las sociedades financieras mixtas de cartera y a las sociedades mixtas de cartera que tengan su administración central en la Unión.

5. La presente Directiva no se aplicará:

1) al acceso a la actividad de las empresas de inversión en la medida en que esté regulado por la Directiva 2004/39/CE,

2) a los bancos centrales,

3) a las oficinas de cheques postales,

4) en Bélgica, al «Institut de Réescompte et de Garantie/Herdiscontering- en Waarborginstituut»,

5) en Dinamarca, al «Eksport Kredit Fonden», al «Eksport Kredit Fonden A/S», al «Danmarks Skibskredit A/S» y al «KommuneKredit»,

6) en Alemania, a la «Kreditanstalt für Wiederaufbau», los organismos que en virtud de la «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz» son reconocidos como órganos de la política nacional en materia de vivienda y cuyas operaciones bancarias no constituyen la actividad preponderante, así como los organismos que, en virtud de dicha Ley, se reconocen como organismos de vivienda sin ánimo de lucro,

7) en Estonia, a las «hoiu-laenuühistud», como empresas cooperativas reconocidas en virtud de la «hoiu-laenuühistu seadus»,

8) en Irlanda, a las «credit unions» y a las «friendly societies»,

9) en Grecia, a la «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion),

10) en España, al Instituto de Crédito Oficial,

11) en Francia, a la «Caisse des dépôts et consignations»,

12) en Italia, a la «Cassa depositi e prestiti»,

13) en Letonia, a las «krājaizdevu sabiedrības», empresas reconocidas en virtud de los «Krājaizdevu sabiedrību likums» como empresas cooperativas que prestan servicios financieros únicamente a sus miembros,

14) en Lituania, a las «kredito unijos», exceptuado el «Centrinė kredito unija»,

15) en Hungría, al «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság» y al «Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság»,

16) en los Países Bajos, al «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», a la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», al «NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering» y a la «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»,

17) en Austria, a las empresas reconocidas como asociaciones de construcción de interés público y al «Österreichische Kontrollbank AG»,

18) en Polonia, al «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» y al «Bank Gospodarstwa Krajowego»,

19) en Portugal, a las «Caixas Económicas» existentes a 1 de enero de 1986, excepto las que tengan estructura de sociedad anónima y la «Caixa Económica Montepio Geral»,

20) en Eslovenia, al «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»,

21) en Finlandia, a la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab» y la «Finnvera Oyj/Finnvera Abp»,

22) en Suecia, a la «Svenska Skeppshypotekskassan»,

23) en el Reino Unido, al «National Savings Bank», a la «Commonwealth Development Finance Company Ltd», a la «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», a la «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», a los «Crown Agents for overseas governments and administrations», a las «credit unions» y a los «municipal banks».

6. Los entes a los que se hace referencia en el punto 1 y en los puntos 3 a 23 del apartado 5 del presente artículo se considerarán entidades financieras a efectos del artículo 34 y del título VII, capítulo 3.

Artículo 3

Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1) «Entidad de crédito»: una entidad de crédito tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) no 575/2013.

2) «Empresa de inversión»: una empresa de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 2, del Reglamento (UE) no 575/2013.

3) «Entidad»: una entidad tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 3, del Reglamento (UE) no 575/2013.

4) «Empresa local»: una empresa local tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 4, del Reglamento (UE) no 575/2013.

5) «Empresa de seguros»: una empresa de seguros tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 5, del Reglamento (UE) no 575/2013.

6) «Empresa de reaseguros»: una empresa de reaseguros tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 6, del Reglamento (UE) no 575/2013.

7) «Órgano de dirección»: órgano u órganos de una entidad nombrados de conformidad con el Derecho nacional, que están facultados para fijar la estrategia, los objetivos y la orientación general de la entidad, y que se ocupan de la vigilancia y control del proceso de adopción de decisiones de dirección. Incluye a quienes dirigen de forma efectiva la actividad de la entidad.

8) «Órgano de dirección en su función de supervisión»: el órgano de dirección cuando desempeñe funciones de vigilancia y supervisión del proceso de adopción de decisiones de dirección.

9) «Alta dirección»: las personas físicas que ejerzan funciones ejecutivas en la entidad y que sean responsables de la gestión diaria de la entidad y deban rendir cuentas de ello ante el órgano de dirección.

10) «Riesgo sistémico»: riesgo de perturbación del sistema financiero que puede entrañar perjuicios graves para el sistema financiero y la economía real.

11) «Riesgo de modelo»: la pérdida potencial en que podría incurrir una entidad a consecuencia de decisiones fundadas principalmente en los resultados de modelos internos, debido a errores en la concepción, aplicación o utilización de dichos modelos.

12) «Originadora»: una originadora tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 13, del Reglamento (UE) no 575/2013.

13) «Patrocinadora»: una patrocinadora tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 14, del Reglamento (UE) no 575/2013.

14) «Empresa matriz»: una empresa matriz tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 15, del Reglamento (UE) no 575/2013.

15) «Filial»: una filial tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 16, del Reglamento (UE) no 575/2013.

16) «Sucursal»: una sucursal tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 17, del Reglamento (UE) no 575/2013.

17) «Empresa de servicios auxiliares»: una empresa de servicios auxiliares tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 18, del Reglamento (UE) no 575/2013.

18) «Sociedad de gestión de activos»: una sociedad de gestión activos tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 19, del Reglamento (UE) no 575/2013.

19) «Sociedad financiera de cartera»: una sociedad financiera de cartera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 20, del Reglamento (UE) no 575/2013.

20) «Sociedad financiera mixta de cartera»: una sociedad financiera mixta de cartera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 21, del Reglamento (UE) no 575/2013.

21) «Sociedad mixta de cartera»: una sociedad mixta de cartera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 22, del Reglamento (UE) no 575/2013.

22) «Entidad financiera»: una entidad financiera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento (UE) no 575/2013.

23) «Ente del sector financiero»: un ente del sector financiero tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 27, del Reglamento (UE) no 575/2013.

24) «Entidad matriz de un Estado miembro»: una entidad matriz de un Estado miembro tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 28, del Reglamento (UE) no 575/2013.

25) «Entidad matriz de la UE»: una entidad matriz de la UE tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 29, del Reglamento (UE) no 575/2013.

26) «Sociedad financiera de cartera matriz de un Estado miembro»: una sociedad financiera de cartera matriz de un Estado miembro tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 30, del Reglamento (UE) no 575/2013.

27) «Sociedad financiera de cartera matriz de la UE»: una sociedad financiera de cartera matriz de la UE miembro tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 31, del Reglamento (UE) no 575/2013.

28) «Sociedad financiera mixta de cartera matriz de un Estado miembro»: una sociedad financiera mixta de cartera matriz de un Estado miembro tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 32, del Reglamento (UE) no 575/2013.

29) «Sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE»: una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 33, del Reglamento (UE) no 575/2013.

30) «Entidad de importancia sistémica»: una entidad matriz de la UE, sociedad financiera de cartera matriz de la UE, sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE o una entidad cuya quiebra o mal funcionamiento puede generar un riesgo sistémico.

31) «Entidad de contrapartida central»: una entidad de contrapartida central tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 34, del Reglamento (UE) no 575/2013.

32) «Participación»: una participación tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 35, del Reglamento (UE) no 575/2013.

33) «Participación cualificada»: una participación cualificada tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 36, del Reglamento (UE) no 575/2013.

34) «Control»: el control tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 37, del Reglamento (UE) no 575/2013.

35) «Vínculos estrechos»: vínculos estrechos tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 38, del Reglamento (UE) no 575/2013.

36) «Autoridad competente»: una autoridad competente tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) no 575/2013.

37) «Supervisor en base consolidada»: un supervisor en base consolidada tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 41, del Reglamento (UE) no 575/2013.

38) «Autorización»: una autorización tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 42, del Reglamento (UE) no 575/2013.

39) «Estado miembro de origen»: un Estado miembro de origen tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 43, del Reglamento (UE) no 575/2013.

40) «Estado miembro de acogida»: un Estado miembro de acogida tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 44, del Reglamento (UE) no 575/2013.

41) «Bancos centrales del SEBC»: bancos centrales del SEBC tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 45, del Reglamento (UE) no 575/2013.

42) «Bancos centrales»: bancos centrales tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 46, del Reglamento (UE) no 575/2013.

43) «Situación consolidada»: una situación consolidada tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 47, del Reglamento (UE) no 575/2013.

44) «Base consolidada»: una base consolidada tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 48, del Reglamento (UE) no 575/2013.

45) «Base subconsolidada»: una base subconsolidada tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 49, del Reglamento (UE) no 575/2013.

46) «Instrumento financiero»: un instrumento financiero tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 50, del Reglamento (UE) no 575/2013.

47) «Fondos propios»: fondos propios tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 118, del Reglamento (UE) no 575/2013.

48) «Riesgo operativo»: un riesgo operativo tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 52, del Reglamento (UE) no 575/2013.

49) «Reducción del riesgo de crédito»: una reducción del riesgo de crédito tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 57, del Reglamento (UE) no 575/2013.

50) «Titulización»: una titulización tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 61, del Reglamento (UE) no 575/2013.

51) «Posición de titulización»: una posición de titulización tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 62, del Reglamento (UE) no 575/2013.

52) «Vehículo especializado en titulizaciones»: un vehículo especializado en titulizaciones tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 66, del Reglamento (UE) no 575/2013.

53) «Beneficios discrecionales de pensión»: beneficios discrecionales de pensión tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 73, del Reglamento (UE) no 575/2013.

54) «Cartera de negociación»: una cartera de negociación tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 86, del Reglamento (UE) no 575/2013.

55) «Mercado regulado»: un mercado regulado tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 92, del Reglamento (UE) no 575/2013.

56) «Apalancamiento»: un apalancamiento tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 93, del Reglamento (UE) no 575/2013.

57) «Riesgo de apalancamiento excesivo»: un riesgo de apalancamiento excesivo tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 94, del Reglamento (UE) no 575/2013.

58) «Agencia externa de calificación crediticia»: una agencia externa de calificación crediticia tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 98, del Reglamento (UE) no 575/2013.

59) «Métodos internos»: métodos basados en calificaciones internas a que se refiere el artículo 143, apartado 1, los métodos de modelos internos a que se refiere el artículo 221, los métodos basados en estimaciones propias a que se refiere el artículo 225, los métodos basados en mediciones avanzadas a que se refiere el artículo 312, apartado 2, los métodos de modelos internos a que se refieren los artículos 283 y 363 y los métodos de evaluación interna a que se refiere el artículo 259, apartado 3, del Reglamento (UE) no 575/2013.

2. Cuando en la presente Directiva se haga referencia al órgano de dirección y, en virtud de la normativa, las funciones de dirección y las de supervisión del órgano de dirección estén asignadas a diferentes órganos o diferentes miembros de un órgano, el Estado miembro identificará los órganos o los miembros del órgano de dirección responsables de conformidad con la normativa nacional, salvo disposición en contrario de la presente Directiva.

TÍTULO II

AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 4

Designación y facultades de las autoridades competentes

1. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para desempeñar las funciones y cometidos previstos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) no 575/2013. Informarán de ello a la Comisión y a la ABE, precisando, en su caso, el reparto de funciones y cometidos.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes controlen las actividades de las entidades y, cuando corresponda, de las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera, a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 575/2013.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que se hayan adoptado las medidas oportunas para que las autoridades competentes puedan obtener la información necesaria para comprobar que las entidades y, cuando corresponda, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera cumplen los requisitos a que se refiere el apartado 2, y para investigar posibles infracciones de esos requisitos.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes posean la experiencia, los recursos, la capacidad operativa, las facultades y la independencia necesarios para ejercer las funciones relativas a la supervisión prudencial, investigación y sanción previstas en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) no 575/2013.

5. Los Estados miembros dispondrán que las entidades faciliten a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen toda la información necesaria para comprobar que cumplen las normas adoptadas de conformidad con la presente Directiva y el Reglamento (UE) no 575/2013. Los Estados miembros velarán asimismo por que los mecanismos de control interno y los procedimientos administrativos y contables de las entidades permitan comprobar, en todo momento, el cumplimiento de tales normas.

6. Los Estados miembros velarán por que las entidades registren todas aquellas operaciones y documenten todos aquellos sistemas y procesos que son objeto de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 575/2013, de tal manera que las autoridades competentes puedan comprobar el cumplimiento en todo momento de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 575/2013.

7. Los Estados miembros se asegurarán de que todas las funciones de supervisión en virtud de la presente Directiva y el Reglamento (UE) no 575/2013 y cualesquiera otras funciones de las autoridades competentes estén separadas y sean independientes de las funciones relacionadas con la resolución. Informarán de ello a la Comisión y a la ABE, precisando, en su caso el reparto de cometidos.

8. Los Estados miembros se asegurarán de que aquellas autoridades, distintas de las autoridades competentes, que estén facultadas para practicar una resolución, cooperen estrechamente con las autoridades competentes en lo relativo a la preparación de los planes de resolución y las consulten a ese respecto.

Artículo 5

Coordinación en los Estados miembros

Cuando en los Estados miembros exista más de una autoridad competente para llevar a cabo la supervisión prudencial de las entidades de crédito, las empresas de inversión y las entidades financieras, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a fin de organizar la coordinación entre dichas autoridades.

Artículo 6

Cooperación dentro del Sistema Europeo de Supervisión Financiera

En el ejercicio de sus funciones, las autoridades competentes tendrán en cuenta la convergencia, en términos de instrumentos y prácticas de supervisión, en la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 575/2013. A tal fin, los Estados miembros velarán por que:

a) las autoridades competentes, como partes en el Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), cooperen con confianza y pleno respeto mutuo, en particular para garantizar el flujo de información pertinente y fiable entre ellas y otras partes del SESF, de conformidad con el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea;

b) las autoridades competentes participen en las actividades de la ABE y, cuando corresponda, en los colegios de supervisores;

c) las autoridades competentes hagan lo posible para cumplir las directrices y recomendaciones que formule la ABE de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) no 1093/2010, y atenerse a las advertencias y recomendaciones que formule la JERS de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) no 1092/2010;

d) las autoridades competentes cooperen estrechamente con la JERS;

e) los mandatos nacionales otorgados a las autoridades competentes no les impidan ejercer las funciones que les incumben, en su calidad de miembros de la ABE, de la JERS, en su caso, o en virtud de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 575/2013.

Artículo 7

Dimensión de la supervisión a escala de la Unión

Las autoridades competentes de cada Estado miembro, en el ejercicio de su cometido general, tomarán debidamente en consideración la posible incidencia de sus decisiones en la estabilidad del sistema financiero de todos los demás Estados miembros afectados, en particular en situaciones de urgencia, basándose en la información disponible en el momento de que se trate.

TÍTULO III

REQUISITOS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

CAPÍTULO 1

Requisitos generales de acceso a la actividad de las entidades de crédito

Artículo 8

Autorización

1. Los Estados miembros dispondrán que las entidades de crédito cuenten con la autorización correspondiente antes de comenzar sus actividades. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 a 14, establecerán las condiciones para dicha autorización y las notificarán a la ABE.

2. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:

a) la información que debe proporcionarse a las autoridades competentes en la solicitud de autorización de las entidades de crédito, incluido el programa de actividades contemplado en el artículo 10;

b) los requisitos aplicables a los accionistas y socios con participaciones cualificadas de conformidad con el artículo 14; y

c) los obstáculos que podrían impedir el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión de la autoridad competente a que se refiere el artículo 14.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, letras a), b) y c), de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1093/2010.

3. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de aplicación sobre modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la notificación de la información a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, letra a).

Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de aplicación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1093/2010.

4. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas a que se refieren los apartados 2 y 3 a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

Artículo 9

Prohibición de la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables procedentes de particulares por personas o empresas que no sean entidades de crédito

1. Los Estados miembros prohibirán a las personas o empresas que no sean entidades de crédito el ejercicio, con carácter profesional, de la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables procedentes de particulares.

2. El apartado 1 no se aplicará a la recepción de depósitos u otros fondos reembolsables por parte de un Estado miembro, las autoridades regionales o locales de un Estado miembro u organismos internacionales públicos de los que sean miembros uno o varios Estados miembros, ni en los casos expresamente contemplados en la normativa nacional o de la Unión, siempre que dichas actividades se encuentren sujetas a normas y controles destinados a la protección de los depositantes e inversores.

Artículo 10

Programa de actividades y estructura de la organización

Los Estados miembros dispondrán que la solicitud de autorización se acompañe de un programa de actividades en el que se indique el tipo de operaciones previstas y la estructura organizativa de la entidad de crédito.

Artículo 11

Necesidades económicas

Los Estados miembros no podrán disponer que la solicitud de autorización sea examinada en función de las necesidades económicas del mercado.

Artículo 12

Capital inicial

1. Sin perjuicio de otras condiciones generales requeridas por el Derecho nacional, las autoridades competentes denegarán la autorización para iniciar la actividad de una entidad de crédito cuando la entidad de crédito carezca de fondos propios diferenciados o cuando el capital inicial sea inferior a 5 000 000 EUR.

2. El capital inicial incluirá uno o más de los elementos a que se refiere el artículo 26, apartado 1, letras a) a e), del Reglamento (UE) no 575/2013.

3. Los Estados miembros podrán decidir el mantenimiento de la actividad de las entidades de crédito que no cumplan el requisito relativo a los fondos propios diferenciados y que existieran el 15 de diciembre de 1979. Podrán dispensar a estas entidades de crédito del cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 13, apartado 1, párrafo primero.

4. Los Estados miembros podrán conceder la autorización a categorías particulares de entidades de crédito cuyo capital inicial sea inferior al especificado en el apartado 1 bajo las condiciones siguientes:

a) el capital inicial no sea inferior a 1 000 000 EUR;

b) los Estados miembros en cuestión notifiquen a la Comisión y a la ABE las razones por las que toman dicha opción.

Artículo 13

Dirección efectiva de la actividad y localización de la administración central

1. Las autoridades competentes solo concederán la autorización para iniciar las actividades de entidades de crédito cuando la entidad de crédito solicitante cuente con al menos dos personas en la dirección efectiva de la actividad.

Denegarán la autorización si los miembros del órgano de dirección no cumplen los requisitos a que se refiere el artículo 91, apartado 1.

2. Cada Estado miembro exigirá:

a) a las entidades de crédito que sean personas jurídicas y que tengan un domicilio social, de conformidad con su Derecho nacional, que su administración central esté situada en el mismo Estado miembro que su domicilio social;

b) a las entidades de crédito distintas de las mencionadas en la letra a), que su administración central esté situada en el Estado miembro que haya concedido la autorización y en el que ejerzan realmente sus actividades.

Artículo 14

Accionistas y socios

1. Las autoridades competentes denegarán la autorización que permita iniciar la actividad de entidad de crédito a menos que la entidad de crédito haya comunicado la identidad de los accionistas o socios, directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean participaciones cualificadas, y el importe de dichas participaciones, o, si no no hay participaciones cualificadas, la identidad de los veinte mayores accionistas o socios.

Al determinar si se cumplen los criterios para que una participación se considere cualificada, se tomarán en consideración los derechos de voto a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado (20), así como las condiciones relativas a su agregación establecidas en el artículo 12, apartados 4 y 5, de dicha Directiva.

Los Estados miembros no tendrán en cuenta los derechos de voto o las acciones que las entidades posean como consecuencia de haber proporcionado el aseguramiento de instrumentos financieros o la colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme incluido en el anexo I, sección A, punto 6, de la Directiva 2004/39/CE, siempre que dichos derechos no se ejerzan o utilicen para intervenir en la administración del emisor y se cedan en el plazo de un año desde su adquisición.

2. Las autoridades competentes denegarán la autorización de iniciar la actividad de entidad de crédito si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sólida y prudente de la entidad de crédito, no estuvieran convencidas de la idoneidad de los accionistas o socios, en particular si no se cumplen los criterios establecidos en el artículo 23, apartado 1. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 23, apartados 2 y 3, y en el artículo 24.

3. Cuando existan vínculos estrechos entre la entidad de crédito y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes concederán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan el buen ejercicio de sus funciones de supervisión.

Las autoridades competentes denegarán la autorización de iniciar la actividad de entidad de crédito cuando el buen ejercicio de sus funciones de supervisión se vea obstaculizado por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un tercer país aplicables a una o varias de las personas físicas o jurídicas con las que la entidad de crédito mantenga vínculos estrechos, o por problemas relacionados con la aplicación de dichas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.

Las autoridades competentes exigirán a las entidades de crédito la información que requieran para comprobar el cumplimiento permanente de las condiciones previstas en el presente apartado.

Artículo 15

Denegación de autorización

Cuando una autoridad competente decida denegar una autorización de iniciar la actividad de entidad de crédito, notificará al solicitante su decisión y los motivos de la misma en un plazo de seis meses a partir de la recepción de la solicitud o, si esta estuviera incompleta, en un plazo de seis meses a partir de la recepción de la información completa necesaria para la decisión.

En todo ca