ES Diario Oficial de la Unión Europea L 280/1

REGLAMENTO (UE) 2017/1938 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 25 de octubre de 2017

sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 994/2010

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 194, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

Considerando lo siguiente:

(1) El gas natural (en lo sucesivo, «gas») sigue siendo un componente fundamental del suministro energético de la Unión. Un elevado porcentaje de ese gas se importa de terceros países a la Unión.

(2) Una interrupción importante en el suministro de gas puede afectar a todos los Estados miembros, a la Unión y a las Partes contratantes del Tratado de la Comunidad de la Energía, firmado en Atenas el 25 de octubre de 2005. También puede perjudicar gravemente a la economía de la Unión y tener efectos sociales graves, en particular en los grupos de clientes vulnerables.

(3) El presente Reglamento tiene por objeto velar por que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el suministro ininterrumpido de gas en toda la Unión, especialmente a los clientes protegidos en caso de condiciones climáticas difíciles o interrupciones en el suministro de gas. Dichos objetivos deben alcanzarse a través de las medidas que resulten más rentables y de tal manera que los mercados del gas no sufran trastornos.

(4) La legislación vigente de la Unión, en particular la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), el Reglamento (CE) n.o 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), el Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), el Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y el Reglamento (UE) n.o 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), ya ha tenido efectos beneficiosos importantes en la seguridad del suministro de gas en la Unión, tanto en términos de preparación como de atenuación. Los Estados miembros están ahora mejor preparados para hacer frente a una crisis de suministro porque están obligados a establecer planes de acción preventivos y planes de emergencia, y están mejor protegidos por cuanto tienen que cumplir una serie de obligaciones en materia de capacidad de infraestructuras y suministro de gas. No obstante, el informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.o 994/2010, de octubre de 2014, ponía de relieve los ámbitos en que la mejora de dicho Reglamento podría incrementar la seguridad del suministro de gas de la Unión.

(5) La Comunicación de la Comisión de 16 de octubre de 2014 sobre la capacidad de reacción a corto plazo de la red de gas europea, analizaba los efectos de una interrupción parcial o total del suministro de gas procedente de Rusia y llegaba a la conclusión de que, en caso de interrupciones graves, los enfoques exclusivamente nacionales no son demasiado eficaces debido a su ámbito de aplicación, que por definición es limitado. Las pruebas de resistencia mostraron que un enfoque basado en una mayor cooperación entre los Estados miembros podría reducir de forma significativa los efectos de supuestos de interrupción del suministro de extrema gravedad en los Estados miembros más vulnerables.

(6) La seguridad energética es uno de los objetivos de la estrategia de la Unión en materia de energía declarados en la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, relativa a una «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva» que también insistió en el principio de «primero, la eficiencia energética» y la necesidad de aplicar plenamente los actos jurídicos de la Unión vigentes en el ámbito de la energía. La Comunicación resaltaba que la Unión de la Energía se basa en la solidaridad, principio consagrado en el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y la confianza, que son elementos imprescindibles de la seguridad energética. El presente Reglamento tiene el propósito de fomentar una mayor solidaridad y confianza entre los Estados miembros y establecer las medidas necesarias para lograr estos fines. Cuando evalúe los planes de acción preventivos y los planes de emergencia establecidos por los Estados miembros, la Comisión podrá asimismo llamar la atención de los Estados miembros sobre los objetivos de la Unión de la Energía.

(7) Un mercado interior del gas que funcione correctamente es la mejor garantía para consolidar la seguridad del suministro de gas en toda la Unión y reducir la exposición de cada uno de los Estados miembros a los efectos perjudiciales de las interrupciones en el suministro de gas. Cuando está en peligro la seguridad del suministro de gas de un Estado miembro, existe el riesgo de que las medidas elaboradas unilateralmente por ese Estado miembro puedan comprometer el buen funcionamiento del mercado interior del gas e incidan negativamente en el suministro de gas a los clientes de otros Estados miembros. Para que el mercado interior del gas pueda funcionar incluso en caso de escasez de suministro, es necesario prever una respuesta solidaria y coordinada ante las crisis de suministro, tanto en lo relativo a las actuaciones preventivas como a la reacción ante las interrupciones en el suministro de gas que se produzcan realmente.

(8) Un mercado interior de la energía verdaderamente interconectado, con múltiples puntos de entrada e inversión de flujos, puede crearse solamente mediante la plena interconexión de sus redes de gas, con la construcción de centros (en inglés, «hubs») de gas natural licuado (GNL) en las regiones meridionales y orientales de Europa, la realización de los corredores de gas Norte-Sur y Meridional y el desarrollo ulterior de la producción interior. Por lo tanto, es necesario un desarrollo acelerado de las interconexiones y proyectos destinados a diversificar las fuentes de suministro, desarrollo ya preseleccionado en la Estrategia Europea de Seguridad Energética.

(9) Hasta ahora no se ha aprovechado plenamente la posibilidad de adoptar medidas más eficaces y menos costosas en el marco de la cooperación regional. Esto no solo consiste en una mejor coordinación de las actuaciones nacionales de atenuación en situaciones de emergencia, sino también en medidas preventivas nacionales, tales como las de almacenamiento nacional o las políticas en materia de GNL, que pueden revestir importancia estratégica en determinadas regiones de la Unión.

(10) En un espíritu de solidaridad, la cooperación regional, con la intervención tanto de las autoridades públicas como de las empresas de gas natural, debe ser el principio rector del presente Reglamento, con el fin de atenuar x los riesgos identificados y optimizar las ventajas de las medidas coordinadas y aplicar las medidas más rentables para los consumidores de la Unión. La cooperación regional debe complementarse gradualmente con una orientación más sólida al nivel de la Unión, que permita recurrir a todos los suministros e instrumentos disponibles en todo el mercado interior del gas. Debe incorporarse a la cooperación regional la evaluación a nivel de la Unión de los corredores de suministro de emergencia.

(11) El adoptar un enfoque basado en el riesgo para evaluar la seguridad del suministro y establecer medidas preventivas y de atenuación, permite coordinar los esfuerzos y aporta importantes beneficios en términos de eficacia de las medidas y optimización de los recursos. Así ocurre especialmente en el caso de las medidas destinadas a garantizar la continuidad del suministro, en condiciones extremadamente exigentes, a los clientes protegidos, así como en el de las medidas encaminadas a atenuar los efectos de una situación de emergencia. Gracias a una evaluación conjunta de los riesgos correlacionados por grupos de riesgo, que es más completa y precisa, los Estados miembros estarán mejor preparados frente a cualquier tipo de crisis. Por otra parte, en una situación de emergencia, un enfoque coordinado y previamente acordado en materia de seguridad del suministro garantiza una respuesta coherente y reduce el riesgo de que las medidas exclusivamente nacionales tengan efectos indirectos negativos en los Estados miembros vecinos.

(12) Por lo que se refiere al enfoque basado en el riesgo, los grupos de riesgo deben definirse con respecto a los principales riesgos transnacionales para la seguridad del suministro de gas en la Unión. Dichos riesgos se han determinado en la Comunicación de la Comisión de 16 de octubre de 2014 sobre la capacidad de reacción a corto plazo de la red de gas europea y la evaluación incluida en el más reciente plan decenal de desarrollo de la red (TYNDP, por sus siglas en inglés), desarrollado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (en lo sucesivo, «REGRT de Gas»). Para lograr una evaluación más precisa y centrada para las finalidades del presente Reglamento, los grupos de riesgo deben componerse teniendo en cuenta las principales fuentes y rutas de suministro de gas.

(13) Al objeto de aportar datos para las evaluaciones de riesgos comunes y nacionales, la REGRT de Gas, en consulta con el Grupo de Coordinación del Gas (GCG) y con la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (en lo sucesivo, «REGRT de Electricidad»), debe llevar a cabo simulaciones de casos de interrupción del suministro e indisponibilidades de las infraestructuras de gas a escala de la Unión. Tales simulaciones deben repetirse al menos cada dos años. Como medio para reforzar la cooperación regional facilitando información acerca de los flujos de gas así como proporcionando asesoramiento técnico y operativo especializado, el Sistema de Coordinación Regional para el Gas (en lo sucesivo, «SCRG»), establecido por la REGRT de Gas y compuesto por grupos permanentes de expertos, debe participar en la realización de las simulaciones. La REGRT de Gas debe garantizar un nivel adecuado de transparencia y acceso a las hipótesis de modelización utilizadas en sus supuestos.

(14) La Comisión debe estar facultada para actualizar la composición de los grupos de riesgo mediante un acto delegado basado en la evolución de los principales riesgos transnacionales para la seguridad del suministro de gas en la Unión y su repercusión en los Estados miembros, teniendo en cuenta el resultado de las simulaciones a escala de la Unión y el debate en el GCG.

(15) Para que la cooperación regional sea viable, es conveniente que los Estados miembros acuerden un mecanismo de cooperación en cada grupo de riesgo. Se debe poder disponer de dicho mecanismo con tiempo suficiente para que sea posible realizar la evaluación de riesgos común y debatir y llegar a un acuerdo sobre medidas transfronterizas adecuadas y eficaces, que requerirán el acuerdo cada uno de los Estados miembros afectados, con el fin de que se incluyan en los capítulos regionales de los planes de acción preventivos y los planes de emergencia, previa consulta a la Comisión. Los Estados miembros pueden acordar el mecanismo de cooperación que resulte más idóneo para un grupo de riesgo determinado. La Comisión debe poder contribuir a facilitar el proceso global y compartir las mejores prácticas para organizar la cooperación regional, tales como una función de coordinación rotatoria dentro de los grupos de riesgo para la elaboración de los diferentes documentos o la creación de organismos específicos. A falta de acuerdo sobre el mecanismo de cooperación, la Comisión debe proponer un mecanismo de cooperación adecuado para un determinado grupo de riesgo.

(16) A la hora de realizar la evaluación de riesgos común, las autoridades competentes deben evaluar todos los factores de riesgo relevantes que puedan conducir a la materialización del principal riesgo transnacional para el que se creó el grupo de riesgo, incluyendo la interrupción del suministro de gas procedente del principal suministrador. Debe hacerse frente a dichos factores de riesgo mediante las medidas transfronterizas adecuadas, acordadas por las autoridades competentes de los Estados miembros afectados. Las medidas transfronterizas deben incluirse en los capítulos regionales de los planes de acción preventivos y los planes de emergencia. Además, las autoridades competentes deben realizar una evaluación nacional de riesgos exhaustiva y evaluar losriesgos naturales, tecnológicos, comerciales, financieros, sociales, políticos y relacionados con el mercado, y cualesquiera otros que resulten pertinentes. Todos los riesgos deben abordarse con medidas eficaces, proporcionadas y no discriminatorias, que han de desarrollarse en los planes de acción preventivos y los planes de emergencia. Los resultados de las evaluaciones de riesgos comunes y nacionales deben contribuir, asimismo, a todas las evaluaciones de riesgos previstas en el artículo 6 de la Decisión n.o 1313/2013/UE (9) del Parlamento Europeo y del Consejo y deben tenerse plenamente en cuenta en las evaluaciones nacionales de riesgos.

(17) Para garantizar el mayor grado de preparación posible y evitar de este modo una interrupción del suministro de gas o atenuar sus efectos en caso de que pese a todo se produjera, las autoridades competentes de un determinado grupo de riesgo deben, previa consulta a las partes interesadas, establecer planes de acción preventivos y planes de emergencia nacionales, que contengan capítulos regionales. Esos capítulos regionales deben estar diseñados para abordar los riesgos nacionales de tal manera que se aprovechen plenamente las oportunidades que ofrece la cooperación regional. Los planes deben de tener carácter técnico y operativo, pues su función es contribuir a prevenir la aparición o el agravamiento de situaciones de emergencia o atenuar sus efectos. Los planes deben tener en cuenta la seguridad de los sistemas eléctricos y debe guardar coherencia con la planificación estratégica y los instrumentos de información de la Unión de la Energía.

(18) A la hora de establecer y aplicar los planes de acción preventivos y los planes de emergencia, las autoridades competentes deben tener en todo momento muy presente el funcionamiento seguro de la red de gas a escala regional y nacional. Asimismo, deben abordar e indicar en dichos planes las limitaciones técnicas que afectan al funcionamiento de la red, incluidas las razones técnicas y de seguridad que aconsejan la reducción de los flujos en situación de emergencia.

(19) La Comisión debe evaluar los planes de acción preventivos y los planes de emergencia teniendo debidamente en cuenta los puntos de vista expresados en el GCG y recomendar la revisión de dichos planes, en particular si estos no tratan de manera eficaz los riesgos detectados en la evaluación de riesgos, si falsean la competencia u obstaculizan el funcionamiento del mercado interior de la energía, si ponen en peligro la seguridad del suministro de gas de otros Estados miembros o si no cumplen las disposiciones del presente Reglamento o de otros actos del Derecho de la Unión. La autoridad competente del Estado miembro debe tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión. Cuando, a raíz de la posición definitiva de la autoridad competente, la Comisión concluya que la medida en cuestión puede poner en peligro la seguridad del suministro de gas de otro Estado miembro o de la Unión, la Comisión debe seguir dialogando con el Estado miembro afectado para acordar que modifique o retire la medida.

(20) Los planes de acción preventivos y los planes de emergencia deben ser actualizados con regularidad y publicados. A fin de garantizar que los planes de emergencia estén siempre actualizados y sean eficaces, es conveniente que los Estados miembros lleven a cabo al menos una prueba entre las actualizaciones de los planes, simulando casos de impacto alto y mediano y respuestas en tiempo real. Las autoridades competentes deben presentar los resultados de las pruebas en el GCG.

(21) Son necesarios modelos globales obligatorios que consignen todos los riesgos que ha de cubrir la evaluación de riesgos y todos los componentes de los planes de acción preventivos y los planes de emergencia con el fin de facilitar la evaluación de riesgos y la elaboración de los planes y su evaluación por parte de la Comisión.

(22) Al objeto de facilitar la comunicación entre los Estados miembros y la Comisión, las evaluaciones de riesgos, los planes de acción preventivos, los planes de emergencia y todos los demás intercambios de documentos e información dispuestos por el presente Reglamento deben notificarse por medio de un sistema electrónico de notificación seguro y normalizado.

(23) Algunos clientes, entre los que se incluyen los hogares y los clientes que prestan servicios sociales esenciales, son especialmente vulnerables y pueden requerir protección contra los efectos negativos de la interrupción del suministro de gas. La definición de esos clientes protegidos no debe entrar en conflicto con los mecanismos de solidaridad de la Unión.

(24) Es conveniente restringir la definición de clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad, dado que así lo requiere la obligación que recae sobre los Estados miembros de solidaridad en caso de circunstancias extremas y para cubrir necesidades básicas. La definición de «clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad» debe por tanto limitarse a los hogares, si bien debe poder incluir aún, en condiciones precisas, algunos servicios sociales esenciales e instalaciones de calefacción urbana. Los Estados miembros pueden por tanto considerar, de acuerdo con lo establecido en ese marco, los servicios de asistencia sanitaria, asistencia social básica, urgencias y seguridad como clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad, también cuando dichos servicios los facilita una administración pública.

(25) La seguridad del suministro de gas debe ser una responsabilidad compartida entre las empresas de gas natural, los Estados miembros por mediación de sus autoridades competentes y la Comisión, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Esta responsabilidad compartida presupone una cooperación muy estrecha entre esas partes. No obstante, los clientes que utilizan gas para la generación de electricidad o con fines industriales también pueden contribuir decisivamente a la seguridad del suministro de gas, ya que pueden responder a una crisis adoptando medidas relativas a la demanda tales como los contratos interrumpibles y la sustitución de combustible, que tienen efectos inmediatos en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Además, la seguridad del suministro de gas a determinados clientes que utilizan gas para la generación de electricidad también podrá considerarse esencial en algunos casos. En una situación de emergencia, un Estado miembro debe poder dar prioridad en determinadas condiciones al suministro de gas a dichos clientes incluso por encima del suministro de gas a los clientes protegidos. En circunstancias excepcionales, el suministro de gas concedido prioritariamente en situación de emergencia a algunos de dichos clientes por encima de los clientes protegidos puede también mantenerse en un Estado miembro que proporciona solidaridad como medida destinada a evitar graves daños al funcionamiento del sistema de electricidad o gas de dicho Estado miembro. Una medida específica de este tipo debe tomarse sin perjuicio de la Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(26) Las autoridades competentes deben cooperar estrechamente con las demás autoridades nacionales pertinentes, en particular las autoridades reguladoras nacionales, al llevar a cabo las tareas previstas en el presente Reglamento.

(27) La norma relativa a las infraestructuras debe obligar a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de infraestructuras que garantice cierto grado de redundancia del sistema en caso de indisponibilidad de la mayor infraestructura unitaria de gas. Dado que un análisis llevado a cabo sobre la base de la fórmula N – 1 constituye un mero enfoque basado en la capacidad, los resultados de la fórmula N – 1 deben complementarse con un análisis detallado que refleje también los flujos de gas.

(28) El Reglamento (UE) n.o 994/2010 exige que los gestores de redes de transporte doten de capacidad bidireccional física permanente a todas las interconexiones transfronterizas, a menos que se haya concedido una exención de esa obligación. Su objetivo es garantizar que los posibles beneficios de la capacidad bidireccional permanente se tengan siempre en cuenta cuando se prevea una nueva interconexión. No obstante, la capacidad bidireccional puede utilizarse para suministrar gas tanto a un Estado miembro vecino como a los demás Estados miembros situados a lo largo del corredor de suministro de gas. Los beneficios que puede tener la dotación de capacidad bidireccional física permanente para la seguridad del suministro de gas deben examinarse desde una perspectiva más amplia, con un espíritu de solidaridad y cooperación reforzada. Al estudiar la conveniencia de implantar la capacidad bidireccional debe efectuarse un análisis exhaustivo coste-beneficio que tenga en cuenta el corredor de transporte en su conjunto. Debe instarse a las autoridades afectadas a examinar de nuevo las exenciones concedidas de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 994/2010 sobre la base de los resultados de las evaluaciones de riesgos comunes. El objetivo general debe ser disponer de una capacidad bidireccional creciente y mantener la capacidad unidireccional en futuros proyectos transfronterizos al mínimo.

(29) La capacidad en un punto de interconexión con un Estado miembro puede competir con la capacidad en los puntos de salida de la red de gas hacia una instalación de almacenamiento de gas. Por consiguiente, puede darse una situación en la que la reserva firme de capacidad de salida hacia el almacenamiento reduzca la capacidad técnicamente disponible que deba asignarse al punto de interconexión. Con objeto de garantizar un mayor nivel de seguridad energética en situaciones de emergencia, el presente Reglamento debe establecer una norma de prioridad clara. Debe darse prioridad a toda capacidad reservada en los puntos de interconexión sobre la capacidad concurrente en un punto de salida hacia una instalación de almacenamiento, permitiendo así al gestor de la red de transporte asignar la capacidad técnica máxima al punto de interconexión con objeto de permitir un mayor flujo de gas hacia el Estado miembro limítrofe que haya declarado una emergencia. Esto puede llevar a que no puedan realizarse inyecciones de gas en el almacenamiento o a que puedan realizarse únicamente con volúmenes reducidos a pesar de haberse reservado en firme con antelación. Con objeto de compensar la pérdida financiera resultante, el presente Reglamento debe establecer una compensación adecuada que se aplique directa y prontamente entre los usuarios del sistema afectado. Los gestores de redes de transporte afectados deben cooperar con arreglo a la normativa correspondiente a fin de aplicar la mencionada norma de prioridad.

(30) La Directiva 2008/114/CE (11) del Consejo establece un proceso con vistas a incrementar la seguridad de las infraestructuras críticas europeas designadas, entre ellas determinadas infraestructuras de gas, en la Unión. La Directiva 2008/114/CE contribuye, junto al presente Reglamento, a crear un enfoque global en materia de seguridad energética de la Unión.

(31) El presente Reglamento establece normas de seguridad del suministro que están lo suficientemente armonizadas y cubren como mínimo la situación que se produjo en enero de 2009 al interrumpirse el suministro de gas procedente de Rusia. Dichas normas toman en consideración las diferencias entre Estados miembros, las obligaciones de servicio público y las medidas de protección del cliente, contempladas en el artículo 3 de la Directiva 2009/73/CE. Las normas en materia de seguridad del suministro deben ser estables para ofrecer la seguridad jurídica necesaria, deben estar claramente definidas y no deben imponer cargas injustificadas y desproporcionadas a las empresas del gas natural. También deben garantizar la igualdad de acceso de las empresas de gas natural de la Unión a los clientes nacionales. Los Estados miembros deben establecer medidas que, de manera efectiva y proporcionada, garanticen que las empresas de gas natural cumplan dicha norma, contemplando también en dichas medidas la posibilidad de multar a los suministradores, cuando se considere adecuado.

(32) Conviene determinar con precisión las funciones y responsabilidades de todas las empresas de gas natural y de las autoridades competentes a fin de mantener el buen funcionamiento del mercado interior del gas, especialmente en caso de crisis e interrupción del suministro. Esas funciones y responsabilidades deben establecerse de modo que garanticen el respeto de un enfoque de tres niveles que englobe, en primer lugar, a las empresas pertinentes de gas natural y a la industria, en segundo lugar, a los Estados miembros a escala nacional o regional, y en tercer lugar, a la Unión. El presente Reglamento debe hacer posible que las empresas de gas natural y los clientes puedan recurrir a medidas basadas en el mercado el máximo tiempo posible cuando se enfrenten con interrupciones del suministro. Con todo, también debe prever mecanismos que se activen cuando los mercados ya no puedan hacer frente adecuadamente por sí mismos a una interrupción del suministro de gas.

(33) En caso de interrupción del suministro de gas, debe ofrecerse a los agentes del mercado suficientes oportunidades para responder a la situación con medidas basadas en el mercado. En caso de que las medidas basadas en el mercado ya no den más de sí y sigan resultando insuficientes, los Estados miembros y sus autoridades competentes deben adoptar medidas para eliminar o reducir los efectos de la interrupción del suministro de gas.

(34) Cuando los Estados miembros tengan previsto adoptar medidas no basadas en el mercado, la adopción de estas deben ir acompañadas de una descripción de sus efectos económicos. De este modo, los clientes dispondrán de la información necesaria sobre los costes de dichas medidas y se garantizará la transparencia de estas, especialmente en lo que se refiere a su repercusión en el precio del gas.

(35) ,La Comisión debe tener la facultad de garantizar que las nuevas medidas preventivas no basadas en el mercado no pongan en peligro la seguridad del suministro de gas de otros Estados miembros o de la Unión. Habida cuenta de que dichas medidas pueden ser particularmente perjudiciales para la seguridad del suministro de gas, es conveniente que sean aprobadas por la Comisión, o bien modificadas conforme a una decisión de la Comisión, antes de su entrada en vigor.

(36) Las medidas relativas a la demanda, como la sustitución de combustibles o la reducción del suministro de gas a los grandes clientes industriales de forma económicamente eficiente, pueden desempeñar un valioso papel a la hora de garantizar la seguridad del suministro de gas si pueden aplicarse con rapidez y reducir la demanda de forma significativa en respuesta a una interrupción del suministro de gas. Debe ponerse mayor empeño en fomentar el uso eficiente de la energía, especialmente cuando sean precisas medidas relativas a la demanda. Se deben tomar en consideración los efectos en el medio ambiente de las medidas relativas a la oferta y la demanda, optándose preferentemente, en la medida de lo posible, por aquellas que tengan menos impacto en el medio ambiente. Al mismo tiempo, no deben olvidarse los aspectos relacionados con la seguridad del suministro de gas y la competitividad.

(37) Es necesario garantizar la previsibilidad de las actuaciones que han de realizarse en caso de emergencia de modo que todos los participantes en el mercado dispongan de tiempo suficiente para reaccionar y prepararse para tales circunstancias. Por regla general, las autoridades competentes deben, pues, actuar de acuerdo con sus planes de emergencia. En circunstancias extraordinarias debidamente justificadas, es conveniente autorizarlas a realizar actuaciones que se aparten de tales planes. También es importante procurar que las situaciones de emergencia se declaren de una manera más transparente y previsible. La información sobre la posición de balance de la red (estado general de la red de transporte), cuyo marco se establece en el Reglamento (UE) n.o 312/2014 (12) de la Comisión, puede desempeñar un papel importante a este respecto. Esta información debe estar disponible para que puedan consultarla en tiempo real las autoridades competentes y las autoridades reguladoras nacionales, cuando estas no sean la autoridad competente.

(38) Tal y como se demostró en el contexto del ejercicio de las pruebas de resistencia, la solidaridad es necesaria para garantizar la seguridad del suministro de gas en la Unión. Propaga los efectos de manera más homogénea y reduce los efectos generales de una grave interrupción del suministro. El mecanismo de solidaridad estáconcebido para hacer frente a situaciones extremas en las que un Estado miembro considera el suministro a clientes protegidos por motivos de solidaridad como una necesidad esencial y una prioridad necesaria. La solidaridad garantiza la cooperación con los Estados miembros más vulnerables. Al mismo tiempo, la solidaridad es una medida de último recurso que se aplica únicamente en una situación de emergencia y en condiciones restrictivas. Si se declara una situación de emergencia en cualquier Estado miembro, se debe aplicar, en consecuencia, un enfoque gradual y proporcionado con el fin de garantizar la seguridad del suministro de gas. El Estado miembro que haya declarado la situación de emergencia debe, en particular, en primer lugar ejecutar todas las medidas de emergencia establecidas en su plan de emergencia con el fin de garantizar el suministro del gas a sus clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad. Al mismo tiempo, todos los Estados miembros que hayan introducido una norma de incremento del suministro deben reducirla temporalmente a la norma de suministro ordinaria con el fin de que el mercado del gas sea más líquido, en caso de que el Estado miembro que declara la situación de emergencia indique que se necesita una acción transfronteriza. Si esos dos conjuntos de medidas no logran facilitar el suministro necesario, los Estados miembros directamente conectados deben entonces adoptar medidas de solidaridad para garantizar el suministro de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad en el Estado miembro que sufre la situación de emergencia a solicitud de dicho Estado miembro Dichas medidas de solidaridad de último recurso deben consistir en garantizar la reducción o la interrupción del suministro de gas a los clientes que no estén protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad en el territorio del Estado miembro que proporciona su solidaridad con objeto de liberar volumen de gas en la medida y tiempo necesarios para que se satisfaga el suministro de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad en el Estado miembro que solicita las medidas de solidaridad. En ningún modo debe entenderse en el presente Reglamento que se solicita o permite a un Estado miembro que ejerza como autoridad pública en otro Estado miembro.

(39) Las medidas de solidaridad deben también aportarse como último recurso cuando un Estado miembro está conectado a otro a través de un tercer país, a menos que se restrinjan los flujos a través del tercer país, y siempre que exista un acuerdo entre los Estados miembros pertinentes que debe incluir, en su caso, al tercer país a través del cual están conectados.

(40) Cuando se apliquen medidas de solidaridad adoptadas como último recurso, la reducción o interrupción del suministro de gas en el Estado miembro que proporciona su solidaridad debe ser aplicable, si ello es necesario para que el Estado miembro cumpla sus obligaciones de solidaridad, y con objeto de evitar un tratamiento discriminatorio, a todos los clientes que no estén protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad, independientemente de que reciban gas directamente o en forma de calor a través de instalaciones de calefacción urbana protegidas en virtud del mecanismo de solidaridad. Lo mismo debe garantizarse a su vez en lo que respecta a los clientes que no estén protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad en el Estado miembro que recibe el gas en virtud del mecanismo de solidaridad.

(41) Cuando se adopten medidas de solidaridad como último recurso, es preferible que el consumo de gas del Estado miembro que ofrezca su solidaridad se reduzca, en un primer momento, de manera voluntaria, mediante medidas basadas en el mercado, tales como medidas voluntarias relativas a la demanda o subastas inversas, en las que determinados clientes tales como los clientes industriales indiquen al gestor de la red de transporte u otra autoridad responsable el precio al que reducirán su consumo o dejarán de consumir gas. Si las medidas basadas en el mercado resultaran insuficientes para compensar el déficit del suministro de gas solicitado, y dada la importancia de la solidaridad como medida de último recurso, el Estado miembro que proporciona su solidaridad debe, en una segunda fase, poder valerse de medidas no basadas en el mercado, entre las que figuran las restricciones a determinados grupos de clientes, con el fin de cumplir sus obligaciones de solidaridad.

(42) Las medidas de solidaridad de último recurso deben facilitarse a cambio de una compensación. El Estado miembro al que se brinda solidaridad debe compensar pronta y adecuadamente al Estado miembro que proporciona su solidaridad, en particular por el gas suministrado en su territorio y pagar todos los demás costes pertinentes y razonables en los que el segundo haya incurrido al proporcionar su solidaridad. Las medidas de solidaridad de último recurso deben estar sujetas a la condición de que el Estado miembro que solicite las medidas de solidaridad se comprometa a pagar prontamente esa justa compensación. El presente Reglamento no armoniza todos los aspectos de la justa compensación. Los Estados miembros afectados deben adoptar las medidas necesarias, en particular los acuerdos técnicos, jurídicos y financieros para aplicar las disposiciones relativas a una pronta y justa compensación entre ellos.

(43) Cuando se adoptan medidas de solidaridad con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento, los Estados miembros están aplicando el Derecho de la Unión y están por tanto obligados a respetar los derechos fundamentales que garantiza el Derecho de la Unión. Así pues dichas medidas podrán dar lugar a la obligación por parte de un Estado miembro de pagar una compensación a aquellos a los que hayan afectado sus medidas. Por consiguiente, los Estados miembros deben asegurarse de que existan normas de compensación a nivel nacional, que se adecuen al Derecho de la Unión, y en particular a los derechos fundamentales. Asimismo, debe garantizarse que el Estado miembro que recibe solidaridad asuma en última instancia todos los costes razonables derivados de dicha obligación de pagar una compensación al Estado miembro que haya ofrecido su solidaridad además de los costes razonables en los que haya incurrido para pagar la compensación con arreglo a las citadas normas de compensación a nivel nacional.

(44) Dado que es posible que más de un Estado miembro ofrezca su solidaridad a un Estado miembro que la requiera, debe existir un mecanismo de reparto de la carga. Con arreglo a este mecanismo, el Estado miembro que solicite las medidas de solidaridad debe buscar, previa consulta a todos los Estados miembros en cuestión, la oferta más ventajosa en cuanto al coste, la rapidez de entrega, la fiabilidad y la diversificación de los suministros de gas entre las presentadas por los distintos Estados miembros. Las ofertas que presenten los Estados miembros deben estar basadas en medidas voluntarias que incidan todo lo posible y durante todo el tiempo posible en la demanda, antes de recurrir a medidas no basadas en el mercado.

(45) El presente Reglamento introduce, por primera vez, el mecanismo de solidaridad entre Estados miembros como instrumento para mitigar los efectos de una situación de emergencia grave dentro de la Unión, incluyendo un mecanismo de reparto de la carga. La Comisión debe por tanto revisar dicho mecanismo de reparto de la carga, así como en general el mecanismo de solidaridad a la luz de la experiencia de su funcionamiento, y proponer, en su caso, las modificaciones oportunas.

(46) Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para la aplicación de las disposiciones relativas al mecanismo de solidaridad, y en particular mediante la aprobación por los Estados miembros implicados de acuerdos técnicos, jurídicos y financieros. Los Estados miembros deben describir los detalles de dichos acuerdos en sus planes de emergencia. La Comisión debe elaborar orientaciones jurídicas no vinculantes respecto a los elementos esenciales que deben incluirse en dichas disposiciones.

(47) Siempre que un Estado miembro pueda cubrir el consumo de gas de sus clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad con su propia producción y no necesite, por tanto, solicitar solidaridad, debe estar exento en dicha medida de la obligación de celebrar acuerdos técnicos, jurídicos y financieros con otros Estados miembros con el fin de recibir solidaridad. Ello no debe afectar a la obligación del Estado miembro en cuestión de facilitar solidaridad a otros Estados miembros.

(48) Debe establecerse una salvaguarda para los casos en que la Unión incurriera en costes por causa de una responsabilidad distinta de la derivada de actos o conductas ilegales de las mencionadas en el artículo 340, párrafo segundo del TFUE, en relación con las medidas que los Estados miembros deben tomar en virtud de lo dispuesto en el presente Reglamento sobre el mecanismo de solidaridad. En tales casos es conveniente que el Estado miembro al que se brinda solidaridad reembolse dichos costes asumidos por la Unión.

(49) La solidaridad debe plasmarse también, cuando sea necesario, en la prestación de ayuda de protección civil por parte de la Unión y sus Estados miembros. Dicha ayuda debe ser facilitada y coordinada por el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, creado por la Decisión n.o 1313/2013/UE al objeto de reforzar la cooperación entre la Unión y los Estados miembros y facilitar la coordinación en el ámbito de la protección civil con el fin de mejorar la eficacia de los sistemas de prevención, preparación y respuesta ante catástrofes naturales o de origen humano.

(50) El acceso a la información pertinente resulta esencial para evaluar la seguridad del suministro de gas de un Estado miembro o de parte o el conjunto de la Unión. Más concretamente, es necesario que los Estados miembros y la Comisión puedan acceder periódicamente a la información de las empresas de gas natural sobre los principales parámetros del suministro de gas, que incluya medidas precisas de las reservas almacenadas disponibles, pues estos son elementos esenciales para la concepción de las políticas de seguridad del suministro de gas. Independientemente de que se declare o no una situación de emergencia, también se ha de poder acceder a la información adicional necesaria para evaluar la situación global del suministro de gas por motivos razonables. Esa información adicional suele consistir en datos sobre el suministro de gas no relacionados con los precios, tales como, los volúmenes mínimos y máximos de gas, los puntos de suministro o las condiciones de suspensión de las entregas de gas.

(51) Un mecanismo eficaz y específico de acceso por parte de los Estados miembros y de la Comisión a los contratos esenciales de suministro de gas debe garantizar una evaluación exhaustiva de los riesgos pertinentes que pueden dar lugar a una interrupción de suministro de gas o afectar a las medidas de atenuación necesarias en caso de que, pese a todo, se produjera una crisis. Con arreglo a dicho mecanismo, determinados contratos esenciales de suministro de gas deben ser automáticamente notificados, independientemente del origen del gas, dentro o fuera de la Unión, a las autoridades competentes de los Estados miembros más afectados. Los nuevos contratos y sus modificaciones deben notificarse inmediatamente después de su celebración. Con objeto de garantizar la transparencia y la fiabilidad, los contratos existentes deben también notificarse. La obligación de notificación deberá abarcar también todos los acuerdos comerciales pertinentes para la ejecución del contrato de suministro de gas, incluidos los acuerdos pertinentes que puedan estar relacionados con la infraestructura, el almacenamiento y cualquier otro aspecto importante para la seguridad del suministro de gas.

(52) Toda obligación de notificar un contrato automáticamente a la autoridad competente debe ser proporcionada. Aplicar esa obligación a los contratos entre un proveedor y un comprador que cubran el equivalente al 28 % o más del consumo anual de gas en el mercado nacional representa un equilibrio justo en términos de eficiencia administrativa y transparencia y establece obligaciones claras para los participantes en el mercado. La autoridad competente debe evaluar el contrato en términos de seguridad del suministro de gas y remitir los resultados de suevaluación a la Comisión. En caso de que la autoridad competente tuviera dudas sobre si un contrato determinado pone en peligro la seguridad del suministro de gas del Estado miembro o de una región, notificará el contrato a la Comisión para que esta lo evalúe. Ello no significa que los demás contratos de suministro de gas no sean relevantes para la seguridad del suministro. Por lo tanto, cuando la autoridad competente de los Estados miembros más afectados o la Comisión consideren que un contrato de suministro de gas que no esté sujeto a la notificación automática con arreglo al presente Reglamento pudiera, debido a su especificidad, al grupo de clientes al que sirve, o a su relevancia para la seguridad del suministro de gas, poner en peligro la seguridad del suministro de gas de un Estado miembro, de una región, o de la Unión, la autoridad competente o la Comisión deben poder consultar dicho contrato con el fin de evaluar su impacto en la seguridad del suministro de gas. Así, por ejemplo, se podría solicitar dicha información en caso de que las pautas de suministro de gas a un comprador o compradores determinados de un Estado miembro experimentaran cambios inesperados que no se hubieran producido si los mercados estuvieran funcionando con normalidad y que podrían afectar al suministro de gas en la Unión o en algunas zonas de ella. Dicho mecanismo asegurará que quede garantizado el acceso a otros contratos esenciales de suministro de gas pertinentes para la seguridad del suministro. Dicha solicitud debe justificarse adecuadamente, teniendo en cuenta la necesidad de limitar al máximo la carga administrativa de dicha medida.

(53) La Comisión podrá proponer a los Estados miembros que modifiquen las evaluaciones de riesgos y los planes de acción preventivos y los planes de emergencia atendiendo a la información procedente de los contratos. Las disposiciones del presente Reglamento han de entenderse sin perjuicio del derecho de la Comisión de incoar procedimientos de infracción de conformidad con el artículo 258 del TFUE y de aplicar las normas de competencia, incluidas las normas de ayudas estatales.

(54) Todos los contratos y toda información contractual recibidos en ese marco, en particular las evaluaciones realizadas por la autoridad competente o la Comisión, deben ser confidenciales, en particular con objeto de proteger la información delicada a efectos comerciales y la integridad y el correcto funcionamiento del sistema de intercambio de información. Dicha confidencialidad puede ser pertinente asimismo para la seguridad pública dada la importancia que puede tener para los Estados miembros una materia prima esencial como el gas. Además, las evaluaciones exhaustivas y significativas realizadas por las autoridades competentes o la Comisión incluirán, en particular, información relacionada con la seguridad pública, información comercial o referencias a ambas. Por tanto es necesario garantizar el carácter confidencial de las evaluaciones. Es importante asimismo que las personas que reciban la información confidencial con arreglo al presente Reglamento estén sometidas al secreto profesional. La Comisión, las autoridades competentes y las autoridades reguladoras nacionales, los organismos y personas que reciban la información confidencial en virtud del presente Reglamento deben garantizar la confidencialidad de la información que reciban.

(55) Debe establecerse un sistema de gestión de crisis e intercambio de información proporcionado y basado en los tres niveles de crisis: alerta temprana, alerta y emergencia. Cuando una autoridad competente de un Estado miembro declare uno de los niveles de crisis, debe informar inmediatamente de ello a la Comisión, así como a las autoridades competentes de los Estados miembros a los que el Estado miembros de dicha autoridad competente está directamente conectado. En caso de que se declare una situación de emergencia, también debe informarse a los Estados miembros que formen parte del grupo de riesgo. La Comisión debe declarar una situación de emergencia a escala regional o de la Unión si así lo solicitan al menos dos autoridades competentes que hayan declarado la situación de emergencia. Con objeto de asegurarse de un nivel de intercambio de comunicación y de cooperación adecuado en una situación de emergencia a escala regional o de la Unión, la Comisión debe coordinar las actuaciones de las autoridades competentes, teniendo plenamente en cuenta la información pertinente y los resultados obtenidos de la consulta con el GCG. La Comisión debe declarar el final de la situación de emergencia a escala regional o de la Unión cuando, tras evaluar la situación, concluya que la declaración de situación de emergencia ya no se justifica.

(56) El GCG debe asesorar a la Comisión para facilitar la coordinación de las medidas de seguridad del suministro de gas en caso de que se declare una situación de emergencia a escala de la Unión. También debe supervisar la adecuación e idoneidad de las medidas que se adopten en virtud del presente Reglamento y comprobar la coherencia de los planes de acción preventivos y los planes de emergencia elaborados en el seno de los diversos grupos de riesgo.

(57) Una crisis gasista puede extenderse más allá de las fronteras de la Unión y afectar también a las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía. Como Parte en el Tratado por el que se establece la Comunidad de la Energía, la Unión debe promover que se modifique el Tratado con el fin de crear un mercado integrado y un único espacio reglamentario mediante el establecimiento de un marco reglamentario estable y adecuado. Con el fin de garantizar que exista una gestión eficiente de la crisis en las fronteras entre los Estados miembros y las Partes Contratantes, al mismo tiempo, se les invita a que cooperen más estrechamente a la hora de prevenir, preparar y gestionar una crisis gasista.

(58) Habida cuenta de que los suministros de gas procedentes de terceros países son cruciales para la seguridad del suministro de gas en la Unión, la Comisión debe coordinar las actuaciones con respecto a los terceros países, trabajar con los terceros países de suministro y de tránsito sobre acuerdos para gestionar las situaciones de crisisy garantizar flujos de gas estables hacia la Unión. Es conveniente que la Comisión pueda crear un grupo operativo para supervisar los flujos de gas hacia la Unión en situaciones de crisis previa consulta con los Estados miembros y con los terceros países interesados y, cuando se produzca una crisis debida a dificultades en un tercer país, pueda actuar como mediadora y facilitadora. La Comisión debe informar con regularidad al GCG.

(59) Cuando se cuente con información fiable sobre una situación fuera de la Unión que amenace la seguridad del suministro de gas de uno o varios Estados miembros y se pueda activar un mecanismo de alerta temprana entre la Unión y un tercer país, la Comisión debe informar al GCG sin demora y la Unión debe realizar las actuaciones adecuadas con vistas a solventar esa situación.

(60) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, salvaguardar la seguridad del suministro de gas en la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(61) A fin de facilitar la rápida respuesta de la Unión ante circunstancias cambiantes en el ámbito de la seguridad del suministro de gas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en lo que se refiere a la composición de los grupos de riesgo así como a los modelos para las evaluaciones de riesgos y para los planes de acción preventivos y los planes de emergencia. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, también a nivel de expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. (13) En particular, a fin de garantizar una participación en pie de igualdad en la elaboración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión encargados de la elaboración de actos delegados.

(62) El presente Reglamento no afecta al derecho de los Estados miembros de determinar las condiciones para la explotación de sus recursos energéticos en virtud del artículo 194, apartado 2, del TFUE.

(63) Procede derogar el Reglamento (UE) n.o 994/2010. No obstante, para evitar la inseguridad jurídica, los planes de acción preventivos y los planes de emergencia elaborados en virtud de dicho Reglamento deben seguir en vigor hasta que se adopten por primera vez los nuevos planes de acción preventivos y planes de emergencia elaborados de conformidad con el presente Reglamento.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece disposiciones destinadas a garantizar la seguridad del suministro de gas en la Unión mediante el funcionamiento adecuado y continuo del mercado interior del gas natural (en lo sucesivo, «gas»), permitiendo la aplicación de medidas excepcionales cuando el mercado no pueda seguir aportando los suministros de gas necesarios, incluidas medidas de solidaridad de último recurso, y estableciendo una definición y una atribución claras de las responsabilidades entre las empresas de gas natural, los Estados miembros y la Unión, tanto en lo relativo a las actuaciones preventivas como a la reacción ante interrupciones concretas en el suministro de gas. El presente Reglamento también establece, en un espíritu de solidaridad, mecanismos transparentes relativos a la coordinación de la planificación de medidas y la respuesta ante situaciones de emergencia a escala nacional, regional y de la Unión.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1) «seguridad»: la seguridad, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 32;

2) «cliente»: el cliente, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 24;

3) «cliente doméstico»: el cliente doméstico, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 25;

4) «servicio social esencial»: el servicio relacionado con la asistencia sanitaria asistencia social básica, emergencia, seguridad, educación o los servicios de administración pública;

5) «cliente protegido»: un cliente doméstico que está conectado a una red de distribución de gas; y adicionalmente, cuando el Estado miembro afectado así lo decida, esta definición también se podrá aplicar, siempre que las empresas o servicios a que se refieren las letras a) y b) no representen conjuntamente más del 20 % del consumo total anual de gas en ese Estado miembro, a uno o más de los siguientes:

a) a una pequeña y mediana empresa, siempre que esté conectada a una red de distribución de gas,

b) a un servicio social esencial, siempre que esté conectado a una red de transporte o distribución de gas,

c) a una instalación de calefacción urbana en la medida en que esta suministre calefacción a los clientes domésticos, a las pequeñas o medianas empresas o a los servicios sociales esenciales, siempre que dicha instalación no pueda cambiar a otros combustibles distintos del gas;

6) «cliente protegido en virtud del mecanismo de solidaridad»: un cliente doméstico conectado a una red de distribución de gas, y, además, puede incluir una de las condiciones siguientes o ambas:

a) una instalación de calefacción urbana si se trata de un «cliente protegido» en el Estado miembro de que se trate, y únicamente en la medida en que suministre calefacción a hogares o a servicios sociales esenciales que no sean servicios educativos ni de administración pública,

b) un servicio social esencial si se trata de un «cliente protegido» en el Estado miembro pertinente, que no sean servicios educativos ni de administración pública;

7) «autoridad competente»: una autoridad gubernamental nacional o una autoridad reguladora nacional designada por un Estado miembro para velar por la aplicación de las medidas establecidas en el presente Reglamento;

8) «autoridad reguladora nacional»: una autoridad reguladora nacional designada de conformidad con el artículo 39, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE;

9) «compañía de gas natural»: una compañía de gas natural, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 1;

10) «contrato de suministro de gas»: un contrato para el suministro de gas, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 34;

11) «transporte»: el transporte de gas natural, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 3;

12) «gestor de la red de transporte»: un gestor de la red de transporte, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 4;

13) «distribución»: la distribución, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 5;

14) «gestor de la red de distribución»: un gestor de la red de distribución, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 6;

15) «interconector»: un interconector, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 17;

16) «corredores de suministro de emergencia»: rutas de suministro de gas de la Unión que sirven para que los Estados miembros puedan mitigar mejor los efectos de posibles interrupciones del suministro o indisponibilidad de las infraestructuras;

17) «capacidad de almacenamiento»: la capacidad de almacenamiento tal como se define en Reglamento (CE) n.o 715/2009, artículo 2, punto 28;

18) «capacidad técnica»: la capacidad técnica tal como se define en Reglamento (CE) n.o 715/2009, artículo 2, punto 18;

19) «capacidad firme»: la capacidad firme tal como se define en Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Conejo, artículo 2, punto 16;

20) «capacidad interrumpible»: la capacidad interrumpible tal como se define en Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 2, punto 13;

21) «capacidad de una instalación de GNL»: la capacidad de una instalación de GNL tal como se define en Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 2, punto 24;

22) «instalación de GNL»: una instalación de GNL, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 11;

23) «instalación de almacenamiento»: una instalación de almacenamiento, tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 9;

24) «red»: cualesquiera redes tal como se definen en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 13;

25) «usuario de la red»: cualquier usuario de la red tal como se define en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 23;

26) «servicios auxiliares»: los servicios auxiliares tal como se definen en la Directiva 2009/73/CE, artículo 2, punto 14.

Artículo 3

Responsabilidad de la seguridad del suministro de gas

1. La seguridad del suministro de gas será una responsabilidad compartida entre las empresas de gas natural, los Estados miembros, en particular por mediación de sus autoridades competentes, y la Comisión en sus respectivos ámbitos de actividad y competencia.

2. Cada Estado miembro designará una autoridad competente. Las autoridades competentes cooperarán entre sí en la aplicación del presente Reglamento. Los Estados miembros podrán autorizar a la autoridad competente a delegar en otros organismos tareas específicas establecidas en el presente Reglamento. Cuando las autoridades competentes deleguen la función de declaración de alguno de los niveles de crisis del artículo 11, apartado 1 solo podrán hacerlo en una autoridad pública, un gestor de redes de transporte o en un gestor de red de distribución. Las tareas delegadas se desempeñarán bajo la supervisión de la autoridad competente y se especificarán en los planes de acción preventivos y en los planes de emergencia.

3. Cada Estado miembro notificará sin demora a la Comisión, y hará público, el nombre de su autoridad competente y cualquier cambio en la información transmitida.

4. Al aplicar las medidas previstas en el presente Reglamento, la autoridad competente determinará las funciones y responsabilidades de los diversos afectados de modo que se garantice un enfoque de tres niveles que englobe, en primer lugar, a las empresas de gas natural pertinentes, a las empresas eléctricas, cuando sea preciso, y a la industria; en segundo lugar, a los Estados miembros, a escala nacional o regional, y en tercer lugar, a la Unión.

5. La Comisión coordinará las actuaciones de las autoridades competentes en los niveles regional y de la Unión, según se establece en el presente Reglamento, especialmente por mediación del GCG o, en particular, en el caso de que se produzca una emergencia a escala regional o de la Unión en virtud del artículo 12, apartado 1, del grupo de gestión de crisis contemplado en el artículo 12, apartado 4.

6. En caso de que se produzca una emergencia regional o en la Unión, los gestores de red de transporte cooperarán e intercambiarán información valiéndose del sistema de coordinación regional para el gas (en lo sucesivo, «SCRG») donde haya sido establecido por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (en lo sucesivo, «REGRT de Gas»). La REGRT de Gas informará en consecuencia a la Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.

7. De conformidad con el artículo 7, apartado 2, deben determinarse los principales riesgos transnacionales de la seguridad del suministro de gas en la Unión y, basándose en los mismos, deben establecerse grupos de riesgo. Dichos grupos de riesgo servirán de base para reforzar la cooperación regional con el fin de acrecentar la seguridad del suministro de gas y harán posible la celebración de acuerdos sobre medidas transfronterizas apropiadas y eficaces de todos los Estados miembros interesados dentro de los grupos de riesgo o fuera de ellos a lo largo de los corredores de suministro de emergencia.

La lista de dichos grupos de riesgo y su composición figuran en el anexo I. La composición de los grupos de riesgo no impedirá ninguna otra forma de cooperación regional que beneficie a la seguridad de suministro.

8. Se conceden a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 19 con el fin de actualizar la composición de los grupos de riesgo establecidos en el anexo I, modificándolo para reflejar la evolución de los principales riesgos transnacionales por lo que respecta a la seguridad del suministro de gas en la Unión y su impacto en los Estados miembros, teniendo en cuenta el resultado de las simulaciones realizadas a escala de la Unión de los supuestos de interrupción del suministro de gas e indisponibilidad de las infraestructuras llevadas a cabo por la REGRT de Gas con arreglo al artículo 7, apartado 1. Antes de proceder a la actualización, la Comisión consultará al GCG según lo establecido en el artículo 4, apartado 4, sobre el proyecto de actualización.

Artículo 4

Grupo de Coordinación del Gas

1. Se creará un Grupo de Coordinación del Gas (GCG) para facilitar la coordinación de las medidas relacionadas con la seguridad del suministro de gas. El GCG estará integrado por representantes de los Estados miembros, en particular por representantes de sus autoridades competentes, así como por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (en lo sucesivo, «Agencia»), la REGRT de Gas y organismos representativos del sector y de los clientes pertinentes. La Comisión, en consulta con los Estados miembros, decidirá la composición del GCG, garantizando su plena representatividad. La Comisión presidirá el GCG. El GCG adoptará su reglamento interno.

2. Se deberá consultar al GCG y este asistirá a la Comisión, en particular en las cuestiones siguientes:

a) la seguridad del suministro de gas, en cualquier momento y en particular en caso de emergencia;

b) toda la información pertinente para la seguridad del suministro de gas a escala nacional, regional y de la Unión;

c) las mejores prácticas y posibles orientaciones para todas las partes afectadas;

d) el nivel de seguridad del suministro de gas, los niveles de referencia y las metodologías de evaluación;

e) los supuestos a escala nacional, regional y de la Unión y la comprobación de los niveles de preparación;

f) la evaluación de los planes de acción preventivos y de los planes de emergencia, la coherencia entre los diversos planes y la aplicación de las medidas previstas en ellos;

g) la coordinación de las medidas para hacer frente a una emergencia de la Unión, con las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía y con otros terceros países;

h) la asistencia requerida por los Estados miembros más afectados.

3. La Comisión convocará al GCG de manera periódica y compartirá la información recibida de las autoridades competentes, manteniendo la confidencialidad de la información delicada a efectos comerciales.

4. La Comisión podrá convocar al GCG en una formación restringida a los representantes de los Estados miembros y en particular de sus autoridades competentes. La Comisión convocará al GCG en esta formación restringida si así lo pide(n) uno o más representante(s) de los Estados miembros y en particular de sus autoridades competentes. En este caso no se aplicará el apartado 2 del artículo 16.

Artículo 5

Norma relativa a la infraestructura

1. Los Estados miembros o, cuando un Estado miembro así lo establezca, su autoridad competente, velarán por que se adopten las medidas necesarias para que, en caso de indisponibilidad de la mayor infraestructura unitaria de gas, la capacidad técnica de las infraestructuras restantes, determinada de conformidad con la fórmula N – 1 como se establece en el anexo II, punto 2, permita, sin perjuicio del apartado 2 del presente artículo, satisfacer la demanda total de gas de la zona calculada durante un día de demanda de gas excepcionalmente elevada con una probabilidad estadística de producirse una vez cada 20 años. Esto deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta las tendencias de consumo de gas, la repercusión a largo plazo de las medidas de eficiencia energética y los índices de utilización de la infraestructura existente.

La obligación establecida en el presente apartado, párrafo primero, se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad de los gestores de redes de transporte de realizar las correspondientes inversiones y de las obligaciones de los gestores de redes de transporte, según se establece en el Reglamento (CE) n.o 715/2009 y la Directiva 2009/73/CE.

2. También se considerará que se cumple la obligación de velar por que las infraestructuras restantes posean capacidad técnica para satisfacer la demanda total de gas, a tenor del presente artículo, apartado 1, cuando la autoridad competente demuestre en el plan de acción preventivo que una interrupción del suministro de gas puede ser compensada de forma suficiente y oportuna mediante medidas apropiadas de mercado que incidan en la demanda. A tal efecto, se calculará la fórmula N – 1 como se establece en el anexo II, punto 4.

3. En su caso, de conformidad con las evaluaciones de riesgos contempladas en el artículo 7, las autoridades competentes de los grupos de riesgo de los Estados miembros vecinos podrán ponerse de acuerdo para cumplir conjuntamente la obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo. En tal caso, las autoridades competentes presentarán en la evaluación de riesgos el cálculo de la fórmula N – 1, adjuntando una explicación en los capítulos regionales de los planes de acción preventivos de la manera en que los acuerdos alcanzados cumplen dicha obligación. Se aplicará el anexo II, punto 5.

4. Los gestores de redes de transporte dotarán de capacidad física permanente para transportar gas en ambas direcciones («capacidad bidireccional») a todas las interconexiones entre los Estados miembros, excepto:

a) en el caso de las conexiones a las instalaciones de producción, a las instalaciones de GNL y a las redes de distribución, o

b) cuando se haya concedido una exención respecto de esa obligación, después de realizar una evaluación detallada y de consultar a otros Estados miembros y a la Comisión con arreglo al anexo III.

El procedimiento para dotar de capacidad bidireccional a una interconexión o aumentarla, o para obtener o prorrogar la exención respecto de esta obligación se regirá por el anexo III. La Comisión hará pública la lista de exenciones y la mantendrá actualizada.

5. Una propuesta de dotar de capacidad bidireccional o aumentarla, o una solicitud de concesión o prórroga de una exención, incluirá un análisis de costes y beneficios elaborado sobre la base de la metodología contemplada en el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), y se basará en los siguientes elementos:

a) en una evaluación de la demanda del mercado;

b) las proyecciones de la demanda y del suministro;

c) la posible repercusión económica en la infraestructura existente;

d) el estudio de viabilidad;

e) los costes de la capacidad bidireccional incluido el refuerzo necesario de la red de transporte, y

f) sus ventajas para la seguridad del suministro de gas, teniendo en cuenta la eventual contribución de la capacidad bidireccional al cumplimiento de la norma relativa a las infraestructuras establecida en el presente artículo.

6. Las autoridades reguladoras nacionales tendrán en cuenta los costes eficientes generados por el cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo y los costes derivados de la dotación de capacidad bidireccional a fin de conceder un incentivo adecuado cuando establezcan o aprueben, de manera transparente y detallada, las tarifas o metodologías de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 715/2009 y el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE.

7. En la medida en que el mercado no precise una inversión para dotar de capacidad bidireccional o aumentarla, pero se considere necesario para la seguridad del suministro de gas, y en caso de que esa inversión genere costes en más de un Estado miembro o en un Estado miembro en beneficio de otro Estado miembro, las autoridades reguladoras nacionales de todos los Estados miembros interesados adoptarán una decisión coordinada sobre la distribución de los costes antes de adoptar una decisión sobre cualquier inversión. En la distribución de costes se tendrán en cuenta los principios descritos y los elementos contenidos en el artículo 12, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 347/2013, en particular la proporción de las ventajas que reportan las inversiones en infraestructuras para el incremento de la seguridad del suministro de gas de los Estados miembros interesados, así como las inversiones ya efectuadas en las infraestructuras en cuestión. La distribución de costes no distorsionará indebidamente la competencia y el funcionamiento eficaz del mercado interior y tratará de evitar cualquier efecto distorsionador en el mercado.

8. La autoridad competente garantizará que toda nueva infraestructura de transporte contribuya a la seguridad del suministro de gas mediante el desarrollo de una red bien conectada, incluido, en su caso, un número suficiente de puntos transfronterizos de entrada y salida en relación con la demanda del mercado y los riesgos identificados.

La autoridad competente examinará en la evaluación de riesgos si, con una perspectiva integrada sobre las redes de gas y electricidad, se producen congestiones internas y las infraestructuras y capacidad nacionales de entrada, en particular las redes de transporte, pueden adaptar los flujos nacionales y transfronterizos de gas al supuesto de indisponibilidad de la mayor infraestructura unitaria de gas a escala nacional y la mayor infraestructura unitaria de gas de interés común del grupo de riesgo determinado en la evaluación de riesgos.

9. Como excepción al presente artículo, apartado 1, y a reserva de las condiciones establecidas en el presente apartado, Luxemburgo, Eslovenia y Suecia no estarán sujetas a la obligación establecida en dicho apartado aunque procurarán cumplirla, toda vez que asegurarán el suministro de gas a los clientes protegidos de conformidad con el artículo 6.

La excepción se aplicará a Luxemburgo siempre que ese Estado miembro:

a) disponga de al menos dos interconectores con otros Estados miembros;

b) disponga de al menos dos fuentes de suministro de gas diferentes, y

c) no posea instalaciones de almacenamiento de gas en su territorio.

La excepción se aplicará a Eslovenia siempre que ese Estado miembro:

a) disponga de al menos dos interconectores con otros Estados miembros;

b) disponga de al menos dos fuentes de suministro de gas diferentes, y

c) no posea instalaciones de almacenamiento de gas ni instalaciones de GNL en su territorio.

La excepción se aplicará a Suecia siempre que ese Estado miembro:

a) no disponga de tránsito de gas hacia otro Estado miembro en su territorio;

b) disponga de un consumo interior bruto anual de gas inferior a 2 Mtep, y

c) menos del 5 % del consumo total de energía primaria corresponda al gas.

Luxemburgo, Eslovenia y Suecia informarán a la Comisión de cualquier cambio que afecte a las condiciones establecidas en el presente apartado. La excepción establecida en el presente apartado dejará de aplicarse en caso de que al menos una de esas condiciones deje de cumplirse.

Como parte de la evaluación nacional de riesgo llevada a cabo con arreglo al artículo 7, apartado 3, Luxemburgo, Eslovenia y Suecia describirán la situación con respecto a las respectivas condiciones establecidas en presente apartado y las perspectivas de cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo, teniendo en cuenta la repercusión económica derivada del cumplimiento de la norma relativa a las infraestructuras, el desarrollo del mercado del gas y los proyectos de infraestructuras de gas del grupo de riesgo. Sobre la base de la información facilitada en la evaluación nacional de riesgo y si se siguen cumpliendo las condiciones establecidas en el presente apartado, la Comisión podrá decidir que la excepción siga aplicándose durante cuatro años más. En caso de decisión positiva, el procedimiento establecido en el presente párrafo se repetirá transcurridos cuatro años.

Artículo 6

Norma de suministro de gas

1. La autoridad competente instará a las empresas de gas natural que determine a adoptar medidas para garantizar el suministro de gas a los clientes protegidos del Estado miembro en cada uno de los siguientes casos:

a) temperaturas extremas durante un período punta de siete días con una probabilidad estadística de producirse una vez cada 20 años;

b) cualquier período de 30 días de demanda de gas excepcionalmente elevada, con una probabilidad estadística de producirse una vez cada 20 años, y

c) durante un período de 30 días en el caso de indisponibilidad de la mayor infraestructura unitaria de gas en condiciones invernales medias.

A más tardar el 2 de febrero de 2018, cada Estado miembro notificará a la Comisión su definición de clientes protegidos, los volúmenes de consumo anual de gas de los clientes protegidos y el porcentaje que los volúmenes de consumo representan en el consumo final total anual de gas en ese Estado miembro. Cuando un Estado miembro incluya en su definición de clientes protegidos las categorías mencionadas en el artículo 2, apartado 5, letras a) o b), deberá especificar los volúmenes de consumo de gas correspondientes a los clientes pertenecientes a esas categorías y el porcentaje que representa cada uno de esos grupos de clientes en el consumo final total anual de gas.

La autoridad competente determinará las empresas de gas natural y las especificará en el plan de acción preventivo.

Toda nueva medida no basada en el mercado prevista para garantizar el cumplimiento de la norma relativa al suministro de gas deberá ajustarse al procedimiento establecido en el artículo 9, apartados 4 a 9.

Los Estados miembros podrán cumplir la obligación establecida en el párrafo primero mediante la aplicación de medidas de eficiencia energética o sustituyendo el gas por otra fuente de energía, en particular de energía renovable, siempre que se alcance el mismo nivel de protección.

2. Toda norma de incremento de la norma de del suministro de gas que supere el período de 30 días mencionado en el apartado 1, letras b) y c), o toda obligación adicional impuesta por razones de seguridad del suministro de gas, se basará en la evaluación de riesgos, se expondrá en el plan de acción preventivo y:

a) se ajustará al artículo 8, apartado 1;

b) no incidirá negativamente en la capacidad de cualquier otro Estado miembro de asegurar el suministro de gas a sus clientes protegidos de conformidad con el presente artículo en caso de emergencia a escala nacional, regional o de la Unión, y

c) cumplirá con el artículo 12, apartado 5, en caso de emergencia a escala regional o de la Unión.

La Comisión podrá requerir que se justifique fehacientemente el cumplimiento de cualquier medida a que se refiere el párrafo primero en las condiciones que este establece. La autoridad competente del Estado miembro que introduce la medida hará pública dicha justificación.

Toda nueva medida no basada en el mercado que se adopte en virtud del párrafo primero del presente apartado, después del 1 de noviembre de 2017, deberá cumplir el procedimiento establecido en el artículo 9, apartados 4 a 9.

3. Tras la expiración de los períodos establecidos por la autoridad competente de conformidad con los apartados 1 y 2, o en circunstancias más graves que las establecidas en el apartado 1, la autoridad competente y las empresas de gas natural deberán procurar mantener el suministro de gas en la medida de lo posible, en particular a los clientes protegidos.

4. Las obligaciones impuestas a las empresas de gas natural para el cumplimiento de las normas relativas al suministro de gas que se establecen en el presente artículo no serán discriminatorias ni impondrán una carga indebida a dichas empresas.

5. Las empresas de gas natural podrán cumplir las obligaciones basadas en el presente artículo a escala regional o de la Unión, según proceda. Las autoridades competentes no exigirán que el cumplimiento de las normas de suministro de gas establecidas en el presente artículo se base en infraestructuras situadas únicamente en su territorio.

6. Las autoridades competentes garantizarán que las condiciones de suministro a los clientes protegidos se establezcan sin perjuicio del funcionamiento adecuado del mercado interior de la energía y a un precio que respete el valor de mercado de los suministros.

Artículo 7

Evaluación de riesgos

1. Antes del 1 de noviembre de 2017, la REGRT de Gas llevará a cabo una simulación a escala de la Unión de supuestos de interrupción del suministro de gas e indisponibilidad de las infraestructuras. La simulación incluirá la identificación y la evaluación de los corredores de suministro de gas de emergencia y determinará también los Estados miembros que pueden dar una solución a los riesgos determinados, incluido en relación con el GNL. La REGRT de Gas elaborará esos supuestos y la metodología para la simulación en cooperación con el GCG. La REGRT de Gas debe garantizar un nivel adecuado de transparencia y acceso a sus hipótesis de modelización utilizadas en sus supuestos. La simulación a escala de la Unión de supuestos de interrupción del suministro de gas e indisponibilidad de las infraestructuras se repetirá cada cuatro años, salvo si las circunstancias exigen una puesta al día con mayor frecuencia.

2. Las autoridades competentes dentro de cada grupo de riesgo que se enumera en el anexo I realizarán una evaluación en común a escala de grupo de riesgo («evaluación común de riesgos») de todos los factores de riesgo pertinentes tales como desastres naturales, tecnológicos, comerciales, sociales, políticos y demás riesgos, que podrían dar lugar a que se materialice el principal riesgo transnacional para la seguridad del suministro de gas para el que se creó el grupo de riesgo. Las autoridades competentes tendrán en cuenta los resultados de las simulaciones mencionadas en el apartado 1 del presente artículo a la hora de elaborar las evaluaciones de riesgos, los planes de acción preventivos y los planes de emergencia.

Las autoridades competentes de cada grupo de riesgo acordarán un mecanismo de cooperación para llevar a cabo la evaluación común de riesgo e informarán al GCG al respecto once meses antes de la fecha límite para la notificación de la evaluación de riesgos común y sus actualizaciones. A petición de una autoridad competente, la Comisión podrá contribuir a facilitar la elaboración de la evaluación común de riesgos, en especial en lo que se refiere al establecimiento del mecanismo de cooperación. Si las autoridades competentes de un grupo de riesgo no aprueban un mecanismo de cooperación, la Comisión propondrá un mecanismo de cooperación para dicho grupo de riesgo, previa consulta de las autoridades competentes afectadas.

Las autoridades competentes afectadas aprobarán un mecanismo de cooperación para ese grupo de riesgo que tenga en cuenta cuanto sea posible la propuesta de la Comisión.

3. La autoridad competente de cada Estado miembro realizará una evaluación nacional de riesgos pertinentes (en lo sucesivo, «evaluación nacional de riesgo») que afecten a la seguridad del suministro de gas. Tal evaluación será totalmente coherente con las hipótesis y los resultados de la evaluación común de riesgos.

4. Las evaluaciones de riesgos a que se refieren los apartados 2 y 3 del presente artículo se realizarán, en su caso:

a) utilizando las normas previstas en los artículos 5 y 6. La evaluación de riesgos describirá el cálculo de la fórmula N – 1 a escala nacional e incluirá, cuando proceda, un cálculo de la fórmula N – 1 a escala regional. La evaluación de riesgos incluirá asimismo las hipótesis barajadas, incluidas, cuando proceda, las utilizadas para el cálculo a escala regional de la fórmula N – 1, y los datos necesarios para ese cálculo. El cálculo de la fórmula N – 1 a escala nacional irá acompañado de una simulación de la indisponibilidad de la mayor infraestructura unitaria utilizando un modelo hidráulico para el territorio nacional, así como de un cálculo de la fórmula N – 1 teniendo en cuenta un nivel de gas en las instalaciones de almacenamiento de un 30 % y un 100 % del volumen máximo operativo;

b) se tomarán en consideración todas las circunstancias nacionales y transnacionales pertinentes, en particular el tamaño del mercado, la configuración de la red, los flujos reales, incluidos los flujos de salida de los Estados miembros interesados, la posibilidad de flujos físicos de gas en ambas direcciones, incluida la eventual necesidad de reforzar en consecuencia la red de transporte, la existencia de instalaciones de producción y almacenamiento y el peso del gas en el balance energético, en especial con respecto a la calefacción urbana, la generación de electricidad y el funcionamiento de las industrias, así como consideraciones relativas a la seguridad y calidad del gas;

c) se elaborarán varios supuestos de demanda excepcionalmente elevada e interrupción del suministro de gas, teniendo en cuenta los antecedentes, la probabilidad, la estación, la frecuencia y la duración de esos incidentes, y se evaluarán sus posibles consecuencias, tales como: i) indisponibilidades en las infraestructuras pertinentes para la seguridad del suministro de gas, en particular las infraestructuras de transporte, las instalaciones de almacenamiento o las terminales de GNL, incluida la mayor infraestructura determinada para el cálculo de la fórmula N – 1, y ii) la interrupción del suministro procedente de proveedores de terceros países, así como, en su caso, riesgos geopolíticos;

d) se determinará la interacción y correlación de riesgos entre los Estados miembros del grupo de riesgo y con otros Estados miembros u otros grupos de riesgo, según proceda, incluyendo, con respecto a las interconexiones, los suministros transfronterizos, el acceso transfronterizo a las instalaciones de almacenamiento y la capacidad bidireccional;

e) se tomarán en consideración los riesgos relacionados con el control de la infraestructura relevante para la seguridad del suministro de gas en la medida en que puedan implicar, entre otros, riesgos de inversión insuficiente, debilitamiento de la diversificación, uso indebido de las infraestructuras existentes o violación de la legislación de la Unión;

f) se tomará en consideración la capacidad máxima de interconexión de cada uno de los puntos fronterizos de entrada y salida, así como diversos niveles de almacenamiento.

5. Las evaluaciones de riesgos comunes y nacionales se prepararán con arreglo a la correspondiente plantilla establecida en el anexo IV o V. Si es necesario, los Estados miembros podrán incluir datos suplementarios. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 19 a fin de modificar las plantillas establecidas en los anexos IV y V, previa consulta al GCG, con objeto de reflejar la experiencia adquirida en la aplicación del presente Reglamento, y reducir la carga administrativa de los Estados miembros.

6. Las empresas de gas natural, los clientes industriales de gas, las organizaciones pertinentes que representan los intereses de los clientes domésticos e industriales de gas, así como los Estados miembros y las autoridades reguladoras nacionales, cuando estas no sean las autoridades competentes, cooperarán con las autoridades competentes y, si así se les solicita, les facilitarán toda la información necesaria para las evaluaciones de riesgos comunes y nacionales.

7. A más tardar el 1 de octubre de 2018, los Estados miembros notificarán a la Comisión la primera evaluación común de riesgos, una vez aprobada por todos los Estados miembros del grupo de riesgo, y las evaluaciones nacionales de riesgos se Las evaluaciones de riesgos se actualizarán cada cuatro años a partir de entonces, salvo si las circunstancias exigen una puesta al día más frecuente. Las evaluaciones de riesgos tendrán en cuenta los avances realizados en las inversiones necesarias para cumplir la norma relativa a las infraestructuras definida en el artículo 5 y las dificultades nacionales específicas que haya planteado la aplicación de nuevas soluciones alternativas. Asimismo, se basarán en la experiencia adquirida mediante la simulación de los planes de emergencia a que se refiere el artículo 10, apartado 3.

Artículo 8

Establecimiento de un plan de acción preventivo y de un plan de emergencia

1. Las medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas incluidas en el plan de acción preventivo y en el plan de emergencia estarán claramente definidas, serán transparentes, proporcionadas, no discriminatorias y verificables, no falsearán indebidamente la competencia, no comprometerán el funcionamiento eficaz del mercado interior del gas ni harán peligrar la seguridad del suministro de gas de otros Estados miembros o de la Unión.

2. La autoridad competente de cada Estado miembro, previa consulta a las empresas de gas natural, las organizaciones pertinentes que representan los intereses de los clientes domésticos e industriales de gas, incluidos los productores de electricidad, los operadores de redes de transporte de electricidad y la autoridad reguladora nacional, cuando no sea la autoridad competente, elaborarán:

a) un plan de acción preventivo que incluya las medidas necesarias para eliminar o atenuar los riesgos determinados, incluidos los efectos de las medidas de eficiencia energética y de las medidas relativas a la demanda en las evaluaciones de riesgos comunes y nacionales y con arreglo al artículo 9;

b) un plan de emergencia que incluya las medidas que se deban adoptar para eliminar o atenuar el impacto de una interrupción del suministro de gas de conformidad con el artículo 10.

3. El plan de acción preventivo y el plan de emergencia contendrán un capítulo regional o varios capítulos regionales cuando un Estado miembro pertenezca a diferentes grupos de riesgo según se define en el anexo I.

Todos los Estados miembros elaborarán conjuntamente estos capítulos regionales antes de su incorporación a los respectivos planes nacionales. La Comisión actuará como mediadora con el fin de permitir que los capítulos regionales mejoren colectivamente la seguridad del suministro de gas de la Unión en su conjunto, no den lugar a ninguna contradicción y superen cualquier obstáculo que dificulte la cooperación.

Los capítulos regionales contendrán medidas transfronterizas apropiadas y eficaces, incluso en relación con el GNL, sujetas al acuerdo entre los Estados miembros que apliquen las medidas del mismo o de diferentes grupos de riesgo afectados por la medida basándose en la simulación a que se refiere el artículo 7, apartado 1, y la evaluación común de riesgos.

4. Las autoridades competentes informarán periódicamente al GCG de los progresos alcanzados en la preparación y adopción de los planes de acción preventivos y los planes de emergencia, en especial los capítulos regionales. En particular, las autoridades competentes aprobarán un mecanismo de cooperación para la elaboración del plan de acción preventivo y de emergencia, incluido el intercambio de proyectos de plan. Informarán al GCG sobre este mecanismo de cooperación aprobado dieciséis meses antes del plazo final para el acuerdo sobre dichos planes y las actualizaciones de tales planes.

La Comisión podrá contribuir a facilitar en general la elaboración del plan de acción preventivo y de emergencia, en especial en lo que se refiere al establecimiento del mecanismo de cooperación. Si las autoridades competentes de un grupo de riesgo no logran acordar un mecanismo de cooperación, la Comisión propondrá un mecanismo de cooperación para ese grupo de riesgo. Las autoridades competentes afectadas aprobarán el mecanismo de cooperación para ese grupo de riesgo teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión. Las autoridades competentes garantizarán la supervisión periódica de la aplicación del plan de acción preventivo y de emergencia.

5. El plan de acción preventivo y el plan de emergencia se desarrollarán con arreglo a las plantillas recogidas en los anexos VI y VII. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 19 para modificar las plantillas, establecidas en los anexos VI y VII previa consulta al GCG, con objeto de reflejar la experiencia adquirida en la aplicación del presente Reglamento, al tiempo que reduce la carga administrativa de los Estados miembros.

6. A su debido tiempo las autoridades competentes de los Estados miembros vecinos se consultarán mutuamente para velar por la coherencia de los planes de acción preventivos y de emergencia en todo el grupo de riesgo afectado.

Las autoridades competentes de cada grupo de riesgo intercambiarán los proyectos planes de acción preventivos y de emergencia con propuestas de cooperación, a más tardar cinco meses antes del final del plazo para presentar planes.

Todos los Estados miembros del grupo de riesgo aprobarán las versiones definitivas de los capítulos regionales a que se refiere el apartado 1. Asimismo, los planes de acción preventivos y de emergencia contendrán las medidas nacionales necesarias para aplicar y ejecutar las medidas transfronterizas de los capítulos regionales.

7. Los planes de acción preventivos y los planes de emergencia se harán públicos y se notificarán a la Comisión a más tardar el 1 de marzo de 2019. La Comisión informará al GCG de la notificación de los planes y los publicará en el sitio web de la Comisión.

En un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación por las autoridades competentes, la Comisión evaluará los planes teniendo debidamente en cuenta los puntos de vista expresados en el GCG.

8. La Comisión dirigirá un dictamen a la autoridad competente con la recomendación de revisar un plan de acción preventivo o un plan de emergencia cuando se den una o varias de las circunstancias siguientes:

a) no sea eficaz para atenuar los riesgos detectados en la evaluación de riesgos;

b) sea incoherente con los supuestos de riesgo evaluados o con los planes de otro Estado miembro o grupo de riesgo;

c) no cumpla el requisito establecido en el apartado 1 de no falsear indebidamente la competencia o el funcionamiento eficaz del mercado interior;

d) no cumpla las disposiciones del presente Reglamento u otras disposiciones del Derecho de la Unión.

9. En un plazo de tres meses a partir de la notificación del dictamen de la Comisión mencionado en el apartado 8, la autoridad competente de afectada notificará, los planes de acción preventivos y de emergencia modificados a la Comisión o le informará de las razones por las que no está de acuerdo con las recomendaciones.

En caso de desacuerdo en relación con los elementos a que se hace referencia en el apartado 8, la Comisión, en el plazo de cuatro meses a partir de la respuesta de la autoridad competente, podrá retirar su solicitud o convocar a la autoridad competente de que se trate y, si lo considera necesario, al GCG, para examinar el asunto. La Comisión expondrá pormenorizadamente sus razones para solicitar toda modificación de los planes de acción preventivos o de emergencia. La autoridad competente afectada tendrá plenamente en cuenta la motivación detallada de la Comisión.

Cuando proceda, la autoridad competente afectada modificará los planes de acción preventivos y de emergencia y hará públicos los planes de acción preventivos y de emergencia modificados.

Cuando la posición final de la autoridad competente afectada se aparte de la motivación detallada de la Comisión, dicha autoridad competente ofrecerá y publicará, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de dicha motivación detallada de la Comisión, junto con su posición y la motivación detallada de la Comisión, los argumentos que sustentan su posición.

10. Para nuevas medidas no basadas en el mercado adoptadas el o después del 1 de noviembre de 2017, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 9, apartados 4, 6, 8 y 9.

11. Se garantizará la confidencialidad de la información delicada a efectos comerciales.

12. Los planes de acción preventivos y los planes de emergencia elaborados en virtud del Reglamento (UE) n.o 994/2010, actualizados de conformidad con dicho Reglamento, seguirán en vigor hasta que los planes de acción preventivos y los planes de emergencia a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se elaboren por primera vez.

Artículo 9

Contenido de los planes de acción preventivos

1. Los planes de acción preventivos incluirán:

a) los resultados de la evaluación de riesgos y un resumen de los supuestos considerados, a que se refiere el artículo 7, apartado 4, letra c);

b) la definición de clientes protegidos y la información descrita en el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo;

c) las medidas, los volúmenes y las capacidades necesarios para dar cumplimiento a las normas relativas a las infraestructuras y al suministro de gas, que se establece en los artículos 5 y 6, indicándose, en su caso, si las medidas que inciden en la demanda pueden compensar de manera suficiente y oportuna una interrupción del suministro de gas con arreglo al artículo 5, apartado 2, la identificación de la mayor infraestructura unitaria de gas de interés común en caso de aplicación del artículo 5, apartado 3, los volúmenes de gas necesarios por categoría de clientes protegidos y por supuesto a que se refiere el artículo 6, apartado 1, y toda norma de incremento del suministro de gas, incluida una justificación fehaciente del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 6, apartado 2, y una descripción de un mecanismo para reducir temporalmente toda norma de incremento del suministro de gas u obligación adicional de conformidad con el artículo 11, apartado 3;

d) las obligaciones impuestas a las empresas de gas natural, a las empresas eléctricas cuando proceda y a otros organismos pertinentes que puedan tener efectos en la seguridad del suministro de gas, tales como las obligaciones relativas al funcionamiento seguro de la red de gas;

e) las demás medidas preventivas concebidas para hacer frente a los riesgos determinados en la evaluación de riesgos, como las relativas a la necesidad de mejorar las interconexiones entre Estados miembros vecinos, seguir aumentando la eficiencia energética, reducir la demanda de gas y la posibilidad de diversificar las rutas y fuentes de suministro de gas y la utilización regional de las capacidades de almacenamiento y GNL existentes, si procede, con vistas a mantener el suministro de gas a todos los clientes en la medida de lo posible;

f) información sobre el impacto económico, la eficacia y la eficiencia de las medidas contenidas en el plan, incluidas las obligaciones mencionadas en la letra k);

g) una descripción de los efectos de las medidas incluidas en el plan sobre el funcionamiento del mercado interior de la energía, así como de los mercados nacionales, incluidas las obligaciones mencionadas en la letra k);

h) una descripción de los efectos de las medidas en el medio ambiente y los clientes;

i) los mecanismos que deben emplearse en el marco de la cooperación con otros Estados miembros, incluidos los mecanismos para preparar y aplicar los planes de acción preventivos y los planes de emergencia;

j) información sobre las interconexiones e infraestructuras existentes y futuras, incluidas las que ofrecen acceso al mercado interior, los flujos transfronterizos, el acceso transfronterizo a las instalaciones de almacenamiento y de GNL y la capacidad bidireccional, en particular en caso de emergencia;

k) información sobre todas las obligaciones de servicio público relacionadas con la seguridad del suministro de gas.

Podrá excluirse la información crítica relativa al primer párrafo, letras a), c) y d), que pudiera poner en peligro la seguridad del suministro de gas en caso de revelarse.

2. El plan de acción preventivo, en particular las actuaciones destinadas a cumplir la norma relativa a las infraestructuras contemplada en el artículo 5, tendrá en cuenta el plan decenal de desarrollo de la red en la Unión elaborado por la REGRT de Gas de conformidad con el artículo 8, apartado 10, del Reglamento (CE) n.o 715/2009.

3. El plan de acción preventivo se basará principalmente en medidas basadas en el mercado y no entrañará ninguna carga indebida para las empresas de gas natural ni repercutirá negativamente en el funcionamiento del mercado interior del gas.

4. Los Estados miembros y, en particular, sus autoridades competentes, garantizarán que todas las nuevas medidas preventivas no basadas en el mercado, como aquellas a que se refiere el anexo VIII, adoptadas el o después del 1 de noviembre de 2017, con independencia de que formen parte del plan de acción preventivo o se adopten posteriormente, cumplan los criterios establecidos en el artículo 6, apartado 2, párrafo primero.

5. La autoridad competente hará pública cualquier medida a que se refiere el apartado 4 que aún no se haya incluido en el plan de acción preventivo y notificará a la Comisión la descripción de tal medida y sus consecuencias en el mercado nacional de gas y, en la medida de lo posible, en los mercados de gas de otros Estados miembros.

6. Si la Comisión duda de que una medida a que se refiere el apartado 4 del presente artículo cumple los criterios establecidos en el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, pedirá al Estado miembro afectado la notificación de una evaluación de impacto.

7. Una evaluación de impacto con arreglo al artículo 6 abarcará al menos lo siguiente:

a) las posibles consecuencias en el desarrollo del mercado nacional del gas y la competencia a escala nacional;

b) las posibles consecuencias en el mercado interior del gas;

c) las posibles consecuencias en la seguridad del suministro de gas de los Estados miembros vecinos, en particular en lo que se refiere a las medidas que podrían reducir la liquidez de los mercados regionales o restringir los flujos hacia Estados miembros vecinos;

d) los costes y beneficios, evaluados en comparación con medidas de mercado alternativas;

e) una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad en relación con posibles medidas de mercado;

f) una apreciación de si la medida garantiza la igualdad de oportunidades para todos los participantes en el mercado;

g) una estrategia de eliminación progresiva, la duración prevista de la medida proyectada y un calendario de revisión apropiado.

Los análisis a que se hace referencia en las letras a) y b) correrán a cargo de la autoridad reguladora nacional. La autoridad competente hará pública la evaluación de impacto y se notificará a la Comisión.

8. Cuando la Comisión, sobre la base de una evaluación de impacto, considere que es probable que la medida ponga en peligro la seguridad del suministro de gas de otros Estados miembros o de la Unión tomará una decisión en un plazo de cuatro meses a partir de la notificación de la evaluación de impacto que requiera, en la medida necesaria, que se modifique o retire la medida.

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