DECISIÓN (UE) 2019/1144 DE LA COMISIÓN

de 17 de diciembre de 2018

relativa a la ayuda estatal SA.36086 (2016/C) (ex 2016/NN) concedida por Rumanía a Oltchim SA

[notificada con el número C(2018) 8592]

(El texto en lengua rumana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados a que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (1), y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO

(1) El 17 de julio de 2009, las autoridades rumanas informaron a la Comisión del plan de capitalización de una deuda pública de Oltchim SA («Oltchim»). El 7 de marzo de 2012, en la Decisión 2013/246/UE de la Comisión (2) en el asunto SA.29041 — Medidas de apoyo en favor de Oltchim SA Râmnicu Vâlcea («Decisión de la Comisión de 2012»), la Comisión concluyó que la capitalización de la deuda de 1 049 millones RON (231 millones EUR) no implicaba ayuda estatal. Esa conclusión se basó en el compromiso firme del Gobierno rumano de privatizar Oltchim por completo, incluida la participación íntegra de las autoridades públicas resultante de la capitalización de la deuda.

(2) Tras el intento fallido de privatizar Oltchim, las autoridades rumanas iniciaron contactos con la Comisión en octubre de 2012 para preparar la notificación formal de la ayuda de salvamento concedida a Oltchim (registrada como SA.35558).

(3) En noviembre de 2012, la prensa informó de que las autoridades rumanas habían concluido un acuerdo con los bancos acreedores de Oltchim para financiar la reanudación de las actividades de producción de Oltchim. En este contexto, la Comisión decidió incoar un caso de oficio con el número SA.36086 y, mediante carta de 18 de enero de 2013, pidió a Rumanía que suministrara información. Rumanía respondió a esta solicitud el 7 de febrero de 2013. La Comisión solicitó información complementaria el 18 de febrero de 2013, a lo que Rumanía respondió el 11 de marzo de 2013. Rumanía suministró información complementaria en una reunión celebrada en junio de 2013, así como mediante carta de 25 de septiembre de 2013.

(4) Mediante cartas de 5 de agosto de 2014, 16 de octubre de 2014 y 3 de marzo de 2015, la Comisión solicitó información complementaria, a lo que Rumanía respondió, respectivamente, el 15 de septiembre de 2014, el 26 de noviembre de 2014, el 26 de marzo de 2015 y el 16 de abril de 2015. El 11 de mayo de 2015, la Comisión solicitó información complementaria, que Rumanía suministró en una reunión celebrada el 26 de mayo de 2015 y mediante cartas de 10 de junio de 2015 y 25 de junio de 2015. El 3 de septiembre de 2015, la Comisión solicitó información complementaria, que Rumanía suministró el 10 de septiembre de 2015. Además, Rumanía facilitó información, por iniciativa propia, el 22 de octubre de 2015 y solicitó la celebración de reuniones, que tuvieron lugar el 23 de octubre de 2015 y el 22 de enero de 2016.

(5) Mediante carta de 8 de abril de 2016, la Comisión comunicó a Rumanía que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del TFUE en relación con el asunto SA.36086. La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea. (3) La Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones sobre la ayuda.

(6) La Comisión recibió las observaciones iniciales de Rumanía (15 de junio de 2016) y de cuatro interesados. Las observaciones de las terceras partes se enviaron a Rumanía, a quien se le ofreció la oportunidad de responder a ellas; las observaciones de Rumanía se recibieron mediante carta de 28 de noviembre de 2016.

(7) Mediante carta de 29 de julio de 2016, Rumanía propuso una modificación del proceso de venta de Oltchim con miras a lograr la discontinuidad económica. Las autoridades rumanas suministraron información complementaria (14 de septiembre de 2016, 4 de noviembre de 2016 y 5 de diciembre de 2016) y modificaron los términos del proceso de venta inicial.

(8) Tras la correspondencia anteriormente mencionada, la empresa de consultoría AT Kearney («el vendedor»), en cuanto representante de Oltchim, suministró una serie de informes consecutivos sobre el progreso de la venta de los activos de Oltchim el 27 de enero de 2017, el 4 de abril de 2017, el 25 de julio de 2017, el 15 de septiembre de 2017, el 21 de noviembre de 2017, el 18 de enero de 2018 y el 16 de julio de 2018. (4)

(9) Durante el proceso de venta intervinieron diversas partes, y las autoridades rumanas presentaron observaciones sobre cada una de dichas intervenciones.

(10) El 26 de enero de 2018 se envió una solicitud adicional de información a Rumanía, a la que respondió el 16 de mayo de 2018.

2. CONTEXTO

2.1. Beneficiario

(11) Oltchim es una de las mayores empresas petroquímicas de Rumanía y Europa Sudoriental. El Estado rumano posee una participación de control correspondiente al 54,8 % de la empresa (actualmente a través del Ministerio de Economía).

(12) Oltchim produce principalmente soda cáustica líquida, óxido de propileno, polioles, plastificantes y oxoalcoholes. Oltchim es el mayor productor de soda cáustica líquida del mercado europeo (en 2015 tenía un 41 % de cuota de mercado de la UE), el único productor de perlas de sosa cáustica de Europa Central, así como el único productor de Rumanía, y el tercero de Europa, de policloruro de vinilo y poliéteres. Oltchim exporta más del 74 % de su producción dentro y fuera de Europa (5).

(13) Oltchim es el principal empleador industrial de Vâlcea [una región de Rumanía que recibe asistencia en virtud del artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE]. En 2015, Oltchim contaba con 2 208 empleados, de los que 1 982 trabajaban en el emplazamiento de Râmnicu Vâlcea y 226 en el emplazamiento de Pitești, en la sección petroquímica de Bradu.

2.2. Datos

2.2.1. La deuda pública de Oltchim y los intentos de privatización fallidos (1995-2011)

(14) Oltchim tiene un amplio historial de dificultades económicas. Entre 1995 y 2000 concertó una serie de préstamos comerciales respaldados por garantías del Estado. Debido a que Oltchim no pudo devolver los préstamos, los bancos solicitaron dichas garantías. En 2002, el Ministerio de Hacienda transfirió la deuda de Oltchim derivada de las garantías del Estado a la agencia de privatización de Rumanía («AAAS» (6)). El Ministerio de Hacienda realizó pagos respecto de las garantías del Estado hasta diciembre de 2006, y transfirió de nuevo a la AAAS todos los créditos derivados de los pagos posteriores realizados sobre la base de las garantías activadas.

(15) Entre 2007 y 2012, la situación financiera de Oltchim empeoró y sus cuentas financieras reflejaron de manera continuada pérdidas de explotación en aumento, pérdidas acumuladas y fondos propios de valor negativo. El 31 de diciembre de 2012 (antes de iniciarse el procedimiento de insolvencia), las cuentas financieras de Oltchim reflejaban una pérdida de explotación de 62,9 millones EUR, una pérdida neta de 127,8 millones EUR y unas pérdidas acumuladas de 383 millones EUR.

(16) Rumanía intentó privatizar Oltchim en varias ocasiones (2001, 2003, 2006, 2007 y 2008), pero no lo consiguió.

(17) En concreto, en 2001, el Estado negoció y firmó con la empresa minera canadiense Exall Resources la venta de una participación del 53,2 %. Debido a que el comprador no abonó el precio de venta de las acciones (10 millones USD, aproximadamente 8,9 millones EUR (7)) y no garantizó las inversiones tecnológicas y ambientales prometidas, la operación quedó suspendida (8). El Estado decidió volver a intentar la privatización en 2002, para lo que optó por convertir en capital la deuda de la AVAS (la precursora de la AAAS). Sin embargo, el plazo para presentar ofertas se amplió en dos ocasiones y, debido a la oposición de un posible inversor y de una minoría de accionistas, incluso a través de medidas judiciales, la oferta se revocó en 2003 (9). Posteriormente, después de que en 2006 se cancelara la conversión de la deuda aprobada originalmente en 2003, las autoridades rumanas volvieron a intentar privatizar Oltchim junto con la deuda en 2006 y 2008. Sin embargo, según las autoridades rumanas, no había ningún inversor interesado en adquirir Oltchim en esas condiciones (10).

2.2.2. La Decisión de la Comisión de 2012

(18) En la Decisión de la Comisión de 2012, esta última concluyó que el plan de capitalización de la deuda de 1 049 millones RON (11) (aprox. 231 millones EUR) contraída con la AAAS no suponía ayuda estatal. Esta conclusión se basó en el firme compromiso de Rumanía de privatizar por completo la participación pública resultante de la conversión de la deuda a más tardar a finales de mayo de 2012, tal y como se indica en dos cartas de los primeros ministros que ocupaban el cargo en ese momento (12).

(19) La Comisión adoptó esta postura tras haber analizado críticamente los informes de consultores independientes (13) presentados por las autoridades rumanas a lo largo del procedimiento. En dichos informes se comparaban los beneficios de la liquidación de Oltchim con los de la privatización. En cuanto a la liquidación, se estimó que el valor de los activos de Oltchim era de 692 055 000 EUR (152,2 millones EUR), que incluía 264 119 000 RON de activos pignorados y 427 936 000 RON de activos no pignorados (14).

(20) Según el informe Raiffeisen de 2011, en el supuesto de la liquidación la AAAS habría recuperado aproximadamente 105,4 millones RON (23 millones EUR), es decir, el 12 % de su crédito total.

(21) Este importe se comparaba con el valor del crédito de la AAAS en el supuesto de capitalización de la deuda y privatización. En este caso, dependiendo del método utilizado para calcular el valor de la empresa, se estimaba que el valor de mercado de Oltchim era de entre 28 y 97 millones EUR. Después de la capitalización de la deuda y de la posterior privatización, la AAAS obtendría entre 22,9 y 79,5 millones EUR (15).

(22) Teniendo en cuenta esta comparación, la Comisión concluyó lo siguiente: «si la empresa se privatizara plenamente poco después de la conversión de la deuda, la medida notificada (conversión de la deuda seguida de la privatización total) no implicaría una ventaja para Oltchim, puesto que la medida permite al acreedor público AVAS [AAAS] recuperar más que si se decidiera liquidar la empresa. A este respecto, la Comisión toma nota de los compromisos contraídos por las autoridades rumanas […] para privatizar totalmente la empresa antes del 31 de mayo de 2012» (16).

(23) Sin embargo, Oltchim no llevó a cabo la capitalización de la deuda de la AAAS aprobada en la Decisión de la Comisión de 2012. La producción se acababa de suspender en agosto de 2012 debido a que el principal proveedor de electricidad de Oltchim, Electrica SA («Electrica»), se había negado a prestar servicios sin que se le pagara por ello.

(24) Inmediatamente después de que Oltchim pusiera fin a sus actividades, las autoridades rumanas empezaron a enviar al público señales claras de que estaban dispuestas a hacer todo lo posible por salvar a Oltchim. Tan solo unos días antes de la fecha de privatización, el ministro de Economía rumano informó de que Oltchim reanudaría las actividades de producción en un plazo de entre 2 y 4 semanas. En su declaración afirmó que había mantenido conversaciones con el personal directivo del complejo, quien contaba con un plan para volver a poner gradualmente las instalaciones en funcionamiento (17).

(25) El 22 de septiembre de 2012 concluyó sin éxito el proceso de privatización, quedando pendientes ante los tribunales nacionales una serie de causas relacionados con dicho proceso (18).

2.2.3. La situación de Oltchim tras el intento de privatización fallido de 22 de septiembre de 2012

(26) Tras el intento de privatización fallido, la situación financiera de Oltchim siguió empeorando. Durante el período inmediatamente posterior a la privatización fallida, las autoridades rumanas reiteraron que estaban dispuestas a hacer todo lo necesario por salvar Oltchim (19).

(27) El 1 de octubre de 2012, se diseñó una nueva estrategia de preparación de las actividades de Oltchim, que incluía apoyo económico en forma de ayuda de salvamento. En un artículo de prensa publicado en esa época, el primer ministro rumano en el cargo explicó que el procedimiento de privatización había fracasado y que debían explicar en esa fecha el plan de reserva para reanudar las actividades, salvar puestos de trabajo y preparar un nuevo procedimiento de privatización en condiciones muy distintas y sumamente mejoradas (20). En este mismo contexto, el primer ministro anunció un acuerdo próximo con varios acreedores para el salvamento de la empresa: «El plan para la reactivación de Oltchim se presentará el jueves e incluirá los pasos a seguir en lo relativo al emplazamiento de Vâlcea […] el ministro de Economía, Comercio y Entorno Empresarial […] y el ministro de Hacienda iniciarán conversaciones oficiales con todos los acreedores principales, la AVAS, Electrica y los tres bancos que constituyen los principales acreedores de Oltchim: BCR, Banca Transilvania y CEC. Junto con ellos presentaremos este jueves el plan para la reactivación de Oltchim, en el que se indican claramente las medidas que deben adoptarse para establecer una nueva gestión en Oltchim, con miras a financiar la reactivación de la producción, el período de actividad, el pago de los sueldos pendientes y la preparación de la privatización que probablemente se lleve a cabo a lo largo de 2013, en condiciones distintas de aquellas en las que se está llevando a cabo actualmente» (21).

(28) El 17 de octubre de 2012, el secretario de Estado del Ministerio de Economía declaró ante la prensa que, en cuestión de días, se volverían a poner en marcha determinadas partes de Oltchim, así como que el Gobierno preveía conceder a Oltchim una ayuda de salvamento de 20 millones EUR (22).

(29) El 24 de octubre de 2012, Oltchim lograba reanudar su producción gracias a un cambio en las condiciones comerciales facilitadas a Oltchim por dos proveedores públicos (CET Govora y la Societatea Națională a Sării Salrom) (23): — CET Govora firmó un nuevo contrato de electricidad con Oltchim el 15 de septiembre de 2012, posteriormente acordó aumentar el suministro eléctrico (inicialmente a partir del 25 de octubre de 2012 y después a partir del 12 de noviembre de 2012) y más adelante aceptó seguir facilitando suministros a partir del 1 de enero de 2013. Parece que estos cambios en la relación contractual con Oltchim corresponden a la ejecución de una serie de decisiones emitidas por el Consejo Provincial de Vâlcea (24) con miras a garantizar el suministro de electricidad de Oltchim. — La Societatea Națională a Sării («Salrom») aceptó posponer el pago de sus suministros.

(30) El 15 de noviembre de 2012, el ministro de Economía realizó declaraciones ante la prensa sobre la intención del Gobierno de mantener Oltchim en funcionamiento: «La idea de la insolvencia queda descartada siempre que concluyamos el acuerdo con los principales acreedores. Este es el motivo por el que hemos concluido un acuerdo de reorganización, es decir, una reestructuración controlada, junto con los principales acreedores de Oltchim. Este es el motivo por el que hemos concluido un acuerdo de reorganización, es decir, una reestructuración controlada, junto con los principales acreedores de Oltchim. El objetivo es evitar que, el día de mañana, los principales acreedores de Oltchim (los bancos, los acreedores privados, los comerciantes y los proveedores de materias primas) pidan la insolvencia de Oltchim. Lo que buscamos con este acuerdo es reactivar, rescatar y reestructurar Oltchim de manera controlada y con el consentimiento de los acreedores» (25).

(31) El 23 de noviembre de 2012, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte e Infraestructuras, la AAAS y la OPSPI (26) firmaron un memorando de entendimiento («el memorando») con los acreedores de Oltchim, esto es, con varios bancos privados y públicos, así como con empresas públicas como Electrica, Salrom y CFR Marfă SA. Las partes en el memorando acordaron que el Ministerio de Economía y la OPSPI registrarían una empresa con fines especiales (EFE) libre de deudas con capital exclusivamente público (Oltchim EFE) a más tardar el 1 de enero de 2013, con el fin de que los bancos pudieran facilitar de manera segura el apoyo financiero necesario para la reanudación de las actividades de producción de Oltchim. Para ello, a través de la Ordenanza Gubernamental de Urgencia n.o 59/2012, el Gobierno pidió al Ministerio de Economía que pusiera en marcha los procedimientos jurídicos necesarios para establecer una entidad con fines especiales (EFE).

(32) Sin embargo, a pesar de que se conservaron el memorando y sus objetivos, el Ministerio de Economía abandonó temporalmente el plan de establecer Oltchim EFE a corto plazo. En su lugar, Oltchim, a petición suya, puso en marcha el procedimiento de insolvencia recogido en la Ley n.o 85/2006 («la Ley de insolvencia») el 30 de enero de 2013.

2.2.4. Procedimiento de insolvencia de Oltchim a partir del 30 de enero de 2013

2.2.4.1. Marco jurídico: Ley de insolvencia de Rumanía

(33) La Ley de insolvencia establece un procedimiento colectivo para cubrir los pasivos de un deudor insolvente.

(34) Cuando una empresa incoa un procedimiento de insolvencia colectiva, el poder para adoptar decisiones sobre las actividades administrativas de dicha empresa se transfiere de los accionistas a un administrador especial que debe actuar en el mejor interés de la empresa (27). Una vez transferido este derecho de administración, la empresa queda representada y dirigida por un síndico o un interventor nombrado por el Tribunal, dependiendo de la opción elegida. De este modo, el mandato del administrador especial queda reducido a representar los mejores intereses de los accionistas.

(35) La junta general de accionistas de la empresa nombra al síndico especial, que deberá ser aprobado por el Tribunal (denominado «síndico»). Dentro del plazo establecido por el juez síndico (un juez con competencias especiales en procedimientos de quiebra e insolvencia), el síndico o interventor nombrado por el Tribunal elaborará y presentará a este último un informe sobre los motivos y circunstancias que provocaron la insolvencia del deudor (28). Dicho informe deberá especificar si existe alguna posibilidad de reorganizar las actividades del deudor o algún motivo que impida esa reorganización. En este último caso, el síndico debe proponer el procedimiento de quiebra. Si el síndico indica que es posible reanudar las actividades del deudor siguiendo un plan de reorganización judicial («el Plan de Reorganización» o «el Plan»), especificará quién debe elaborarlo (el deudor o el síndico, bien de manera individual o junto con uno o varios acreedores).

(36) Una vez concluidos los procedimientos iniciales, se suspenden todos los créditos de los acreedores y no es posible adquirir otros nuevos (29). Ningún proveedor de servicios (electricidad, gas, agua o telefonía) tendrá derecho a modificar, denegar o interrumpir temporalmente la prestación de dichos servicios al deudor en caso de que este último sea un cliente cautivo (30).

(37) Tras la incoación del procedimiento, el síndico solicitará a los acreedores que presenten una declaración de los créditos pendientes del deudor dentro del plazo jurídico establecido en la resolución del juez síndico sobre el inicio del procedimiento de insolvencia. Sobre esta base, el síndico elabora la denominada «lista preliminar de acreedores». En dicha lista se dividirá a los acreedores en dos categorías principales: acreedores garantizados (acreedores con créditos concedidos a entidades que disponen de garantías sobre los bienes con cargo al patrimonio del deudor, independientemente de si se trata del deudor principal o de un tercer garante de quienes se benefician de las garantías) y acreedores ordinarios (acreedores con créditos que carecen de garantías con cargo al patrimonio del deudor). La lista también incluirá otras categorías de créditos: salariales y presupuestarios.

(38) El deudor, los acreedores y todas las demás partes interesadas tienen derecho a presentar un recurso ante el juez síndico sobre la lista preliminar de acreedores (31). Una vez resueltos todos los recursos presentados, el síndico elabora la lista final de acreedores, en la que figuran el importe, la prioridad y el carácter (garantizado u ordinario) de cada crédito, y la envía al Tribunal para su aprobación. Una vez resueltos todos los recursos, la lista pasa a ser definitiva.

(39) La Ley de insolvencia prevé dos procedimientos alternativos: a) reorganización judicial (artículos 94 a 105 de la Ley de insolvencia, regidos por las normas aplicables al procedimiento general), cuyo objetivo es reorganizar las actividades del deudor con miras a que devuelva los créditos con arreglo al plan de pago de los créditos; o b) procedimiento de quiebra (artículos 107 a 129 de la Ley de insolvencia, regidos por las normas aplicables al procedimiento simplificado), a través del que se reducen las actividades del deudor únicamente a las medidas necesarias para la liquidación con miras a pagar las deudas mediante la venta de los activos y la recuperación de los créditos.

(40) La reorganización judicial es el procedimiento que se aplica al deudor para la devolución de sus deudas, a través de un plan de pagos, tras una reorganización de sus actividades. Este procedimiento implica la preparación, aprobación, ejecución y cumplimiento de un plan de reorganización, que podría incluir, en su totalidad o de manera independiente, los siguientes elementos: a) una reestructuración operativa o financiera del deudor; b) una reestructuración de la empresa mediante la modificación de la estructura del capital social; o c) una limitación de la actividad mediante la liquidación de determinados activos.

(41) El síndico redacta el plan de reorganización, junto con la lista de acreedores, y lo envía al Tribunal para su aprobación. El plan también debe ser examinado y aprobado por los acreedores. La Ley de insolvencia recoge las siguientes categorías de créditos, que se votan de manera independiente: a) créditos garantizados, b) créditos salariales, c) créditos presupuestarios, d) créditos ordinarios establecidos en virtud del artículo 96, aparatado 1 (es decir, los llamados proveedores esenciales), y e) otros créditos ordinarios (32).

(42) Los artículos 100 y 101 de la Ley de insolvencia establecen lo siguiente: a) El plan se considerará aceptado si una mayoría absoluta de las categorías de acreedores vota a favor de él, siempre que al menos una de las categorías perjudicadas de acreedores (33) también lo acepte. b) Se considerará que una categoría de acreedores ha aceptado el plan si, dentro de dicha categoría, ha sido aceptado por una mayoría absoluta del valor de los créditos que pertenecen a dicha categoría. c) Todos los créditos cuentan con un derecho de voto, ejercido por su titular dentro de la categoría de créditos en la que se incluye el crédito correspondiente. d) Las categorías perjudicada de acreedores que rechacen el plan recibirán un trato justo y equitativo en el marco de dicho plan.

(43) En virtud de la definición prevista en el artículo 3, apartado 21, de la Ley de insolvencia, por «categoría perjudicada» se entiende una categoría para la que el plan de reorganización prevé al menos una de las siguientes modificaciones: a) una reducción del importe del crédito; b) una reducción de las garantías u otros complementos, como el aplazamiento de los pagos en perjuicio del acreedor; c) el valor actualizado según el interés de referencia del Banco Nacional de Rumanía, a menos que el contrato relativo a dicho crédito o leyes especiales establezcan lo contrario, es inferior al registrado en la lista de créditos consolidada.

(44) Cuando la decisión que confirma un plan pasa a ser efectiva, deberán reorganizarse las actividades del deudor como corresponda y se modificarán los créditos y los derechos de los acreedores y de las demás partes interesadas según lo dispuesto en el plan. Si no se confirma ningún plan, el juez síndico deberá ordenar el inicio inmediato del procedimiento de quiebra.

(45) El procedimiento de quiebra implica una liquidación de los activos del deudor para cubrir los pasivos, seguida de la eliminación del deudor del registro.

(46) De conformidad con el artículo 107 de la Ley de insolvencia, un deudor incoa un procedimiento de quiebra en los siguientes casos: a) por petición propia, al presentar ante el juez síndico una declaración para que se incoe directamente el procedimiento de quiebra; o b) si inicialmente declaró su intención de realizar una reorganización pero no propuso ningún plan de reorganización, o si el plan propuesto no fue aceptado y confirmado.

(47) El procedimiento de quiebra incluye dos categorías de activos sujetos a venta (activos pignorados/garantizados y activos no pignorados/ordinarios) y, por lo tanto, dos formas de distribuir los importes recibidos a partir de la venta entre los acreedores (artículo 121 para los activos pignorados y artículo 123 para los activos no pignorados, así como para cualquier excedente resultante de la venta de los activos pignorados). La liquidación deberá comenzar inmediatamente después de que el interventor concluya el inventario del patrimonio del deudor. Los activos podrán venderse conjuntamente (como grupo operativo) o de manera individual. Dependiendo de las circunstancias del caso y siempre que resulte posible, los activos del deudor deberán evaluarse tanto de manera individual como en su conjunto, es decir, como grupo funcional.

(48) A tenor de lo previsto en el artículo 121 de la Ley de insolvencia, se aplica el siguiente orden de distribución para los fondos obtenidos a través de la venta de los activos pignorados del deudor: 1) impuestos, timbres y otros gastos relacionados con la venta de dichos activos, incluidos los gastos incurridos para su preservación y administración, así como la remuneración de los interventores; y 2) créditos de los acreedores garantizados.

(49) Si los importes obtenidos a partir de la venta de los activos pignorados resultan insuficientes para el pago total de los acreedores garantizados, estos últimos deberán recibir créditos ordinarios por valor de la diferencia. Si una vez pagados los importes a los acreedores garantizados existe un excedente, se distribuirá entre los acreedores ordinarios.

(50) En virtud del artículo 123 de la Ley de insolvencia, los créditos deberán abonarse de la siguiente forma: 1) impuestos, timbres y otros gastos relacionados con el procedimiento, 2) créditos salariales, 3) créditos concedidos por instituciones crediticias después de iniciado el procedimiento, así como créditos derivados del mantenimiento de las actividades del deudor una vez iniciado el procedimiento (deuda viva), 4) créditos presupuestarios, 5-7) otros créditos (por ejemplo, asignaciones por personas a cargo, subsidios familiares o préstamos bancarios), y 8) otros créditos ordinarios.

2.2.4.2. Preparación y aprobación del Plan de Reorganización de Oltchim

(51) Mediante decisión de los acreedores en la reunión de 15 de abril de 2013, Rominsolv S.p.r.l y B.D.O. – Business Restructuring S.p.r.l. («R/BDO») fueron nombrados síndicos oficiales de Oltchim («el Consorcio»). El Tribunal confirmó este nombramiento el 13 de mayo de 2013.

(52) En la audiencia del Tribunal de 19 de junio de 2013, Oltchim manifestó su intención de poner en marcha una reorganización judicial y devolver los créditos mediante un plan de reorganización. Esta petición se basó en un informe sobre las causas de la insolvencia elaborado por el Consorcio, de conformidad con el artículo 59, apartados 1 a 3, de la Ley de insolvencia. En el informe sobre las causas de la insolvencia se indicaba que existía una posibilidad real de lograr una reorganización efectiva de las actividades del deudor, mediante un plan de reorganización supervisado por el Tribunal, que preveía elaborar y presentar ante el Tribunal.

(53) El 3 de junio de 2013, los síndicos nombrados por el Tribunal encargaron a Winterhill S.r.l que calculara el valor de mercado y el valor de liquidación de los activos de Oltchim («el informe Winterhill»), una medida necesaria para poder elaborar el plan de pagos.

(54) Winterhill S.r.l. determinó el valor de mercado de los activos de Oltchim y su valor de liquidación de conformidad con las Normas Internacionales de Valoración, tal y como se indica a continuación: a) valor de mercado: «importe por el que podría intercambiarse una propiedad en la fecha de evaluación entre un posible comprador y un posible vendedor en el marco de una transacción con un precio fijado de manera objetiva, una vez finalizado el correspondiente período de comercialización, en el que tanto el vendedor como el comprador hayan actuado con conocimiento, de forma prudente y sin coerción»; b) valor de liquidación (o valor de venta forzosa): «importe que podría recibirse razonablemente por la venta de una propiedad antes de que haya concluido el período de comercialización necesario para ser acorde al valor de mercado definido».

(55) En el informe Winterhill se tasan las diferentes clases de activos de Oltchim (34) utilizando distintos métodos de evaluación en función del tipo de activo evaluado (método de comparación de mercado o método del coste neto de reposición).

(56) En cuanto a la evaluación de los activos fijos (fábricas, equipos y maquinaria), en el informe Winterhill se estimaron los denominados valor de mercado in situ y valor de mercado ex situ. Según el informe Winterhill, para el valor de mercado in situ se supone que la fábrica se encuentra plenamente operativa para seguir empleándose en su emplazamiento. Este valor tiene en cuenta los costes de instalación (es decir, eléctricos y mecánicos), que en el caso de este tipo de fábricas son significativos. Para el valor de mercado ex situ se supone que la fábrica no se encuentra operativa y se evalúan activos individuales en lo relativo a su eliminación a cargo del comprador. En el caso de Oltchim, se determinó que el equipo eléctrico y mecánico no tenía ningún valor significativo, así como que, dependiendo de su complejidad, incluso tenía un efecto negativo sobre el valor de un activo. En el informe Winterhill se definió el valor de liquidación de los activos fijos como el valor de mercado ex situ menos los costes estimados para el desmantelamiento y la eliminación de las instalaciones industriales. Este valor incluía una estimación de los costes de limpieza y preparación de los activos para su venta, que en el caso de Oltchim se esperaba que fueran significativos debido a la naturaleza contaminante y peligrosa de muchos de los materiales utilizados en las fábricas. También incluía asignaciones para los gastos de comercialización, los gastos de venta, las tasas de los vendedores y los gastos de personal conexos.

(57) Winterhill S.r.l. finalizó su evaluación el 20 de julio de 2013. El informe Winterhill estimó que el valor de mercado de Oltchim era de 293,7 millones EUR (aprox. 1 270 millones RON) y su valor de liquidación de 141 millones EUR (636 millones RON), de los que 108 millones EUR (491 millones RON) correspondían a activos garantizados y 32 millones EUR (145 millones RON) a activos no garantizados (35).

(58) El informe Winterhill se presentó a la Junta de Acreedores el 2 de diciembre de 2013 y se aprobó el 4 de diciembre de 2013. En un primer momento, la AAAS cuestionó la evaluación recogida en el informe Winterhill y presentó un recurso contra la decisión de la Junta de Acreedores a través de la que se había aprobado. Posteriormente, el Tribunal aprobó una comprobación del informe de valoración y, finalmente, desestimó el recurso de la AAAS, señalando asimismo que la AAAS no había condicionado su voto sobre el Plan al resultado de una reevaluación de dicho informe (36).

(59) Tomando como base el informe Winterhill, en julio de 2013 los síndicos nombrados por el Tribunal elaboraron el Plan de Reorganización de Oltchim. El objetivo principal de dicho Plan era encontrar un nuevo inversor que se hiciera cargo de los activos/las actividades de Oltchim. La venta podría llevarse a cabo con arreglo a cualquiera de las tres opciones propuestas:

Primera opción: creación de una nueva entidad (Oltchim EFE) y transferencia de todos los activos viables de Oltchim SA a dicha entidad; venta de las acciones de Oltchim EFE:

(60) Oltchim EFE se concebía como una empresa libre de deudas. Oltchim EFE asumiría la parte operativa de Oltchim SA como empresa en funcionamiento. (37) Oltchim EFE sería propiedad total de Oltchim SA y se vendería a un inversor en un plazo de entre uno y tres años. Se estimó que el precio de venta de las acciones de Oltchim EFE sería de 306 millones EUR, y el precio mínimo inicial se fijaría en un importe superior a dicha cantidad. Este precio se calculó con referencia al valor de mercado de 293,7 millones EUR establecido en el informe Winterhill (38).

(61) Dado que parte de los activos transferidos a Oltchim EFE se había dado en garantía a algunos de los acreedores de Oltchim SA, el objeto de dichas garantías se sustituiría por acciones emitidas por Oltchim EFE de un valor equivalente al importe de la garantía. De este modo, los acreedores garantizados tendrían derecho, en un plazo de diez días a partir de la confirmación del Plan de Reorganización por parte del juez síndico, a optar por que se eliminen las garantías existentes sobre los activos al realizarse el pago íntegro de las acciones de Oltchim EFE.

(62) Los acreedores de Oltchim recibirían los importes establecidos en el Plan de Pagos (véase el Cuadro 3).

Segunda opción: conversión de la deuda en capital:

(63) Los acreedores de Oltchim podrían capitalizar su deuda (acciones de Oltchim SA) en proporción y de conformidad con los importes previstos en el Plan de Pagos (véase el Cuadro 3).

Tercera opción: conversión de la deuda en activos:

(64) Parte de las deudas contraídas con el Estado se pagarían mediante la transferencia de activos de Oltchim SA (por ejemplo, terreno o edificios) de forma gratuita.

(65) El Plan preveía los siguientes dos supuestos para la continuación de las actividades de Oltchim: a) Supuesto A: se dará continuación a las actividades de Oltchim mediante la puesta en funcionamiento de la fábrica de oxoalcoholes, para lo que no se requieren fuentes de financiación externas. b) Supuesto B: se ampliarán las actividades de Oltchim mediante la puesta de nuevo en funcionamiento de la fábrica de anhídrido ftálico-DOF utilizando recursos financieros externos.

(66) En el Plan se especificó un período de ejecución de tres años a partir de la fecha de confirmación por parte del juez. Durante dicho período, el administrador especial deberá garantizar la gestión de Oltchim, bajo la supervisión del síndico.

(67) El 9 de enero de 2015, una vez resueltos todos los recursos presentados, el síndico elaboró y envió al Tribunal la lista definitiva de acreedores de Oltchim, en la que se recogía el importe, la prioridad y la situación (garantizada u ordinaria) de cada crédito. Dicha lista incluía cinco categorías de acreedores: 1) acreedores garantizados, 2) acreedores salariales, 3) acreedores presupuestarios, 4) acreedores ordinarios en virtud del artículo 96 de la Ley de insolvencia (denominados «proveedores esenciales») y 5) otros acreedores ordinarios, según se presentan en el cuadro 1. Cuadro 1 Lista de acreedores, según se presentan en el cuadro de créditos Categoría de acreedores Deuda total (RON) Deuda total (EUR) (*1) % de la categoría de deuda 1) Acreedores garantizados, entre ellos 890 222 871 195 849 032 ALPHA Bank Rumanía 3 066 386 674 605 0,34 Areleco Power SRL 15 000 000 3 300 000 1,68 AAAS (*2) 9 445 548 2 078 021 1,06 Erste Group Bank AG 229 058 167 50 392 797 25,73 Banca Transilvania SA 159 957 116 35 190 566 17,97 Bancpost SA 2 494 327 548 752 0,28 Bulrom Gas Impex SRL 23 776 278 5 230 781 2,67 Calvi Trade Limited 23 724 237 5 219 332 2,66 CEC Bank 56 321 014 12 390 623 6,33 Chemimpex Ltd 26 012 5 723 0,003 DGFP Craiova 5 709 799 1 256 156 0,64 Electrica Furnizare SA 26 832 832 5 903 223 3,01 Electrica SA. 200 951 974 44 209 434 22,57 Garanti Bank SA 1 382 676 304 189 0,16 Honeywell Romania Srl 7 056 360 1 552 399 0,79 ING Bank N.V. 183 157 40 295 0,02 MFC Commodities GmbH 13 155 900 2 894 298 1,48 OMV Petrom SA. 55 519 911 12 214 380 6,24 Polchem Societe Anonyme 23 714 748 5 217 245 2,66 Societatea Națională a Sării y Empresa Minera Râmnicu Vâlcea 15 750 820 3 465 180 1,77 Unicredit Tiriac Bank SA 17 095 609 3 761 034 1,92 2) Sueldos 9 704 264 2 134 938 3) Acreedores presupuestarios, entre ellos 1 274 807 584 280 457 668 AAAS 1 191 856 674 262 208 468 93,49 Administrația Fondului pentru Mediu 59 205 056 13 025 112 4,64 Administración Nacional «Aguas Rumanas» 872 967 192 053 0,07 DGFP Craiova 19 732 303 4 341 107 1,55 Autoridad Reguladora de la Energía de Rumanía 18 484 4 066 0,001 Ayuntamiento de Bradu 1 000 653 220 144 0,08 Ayuntamiento de Râmnicu Vâlcea 2 118 976 466 175 0,17 Ayuntamiento de Băbeni 2 471 544 0,0002 4) Acreedores ordinarios en virtud del artículo 96 de la Ley de insolvencia 150 384 370 33 084 561 CET Govora 136 899 919 30 117 982 91,03 Administración Nacional «Aguas Rumanas» 13 484 451 2 966 579 8,97 5) Otros acreedores ordinarios, entre ellos (ejemplos) 1 129 340 017 248 454 804 Electrica SA. 457 583 381 100 668 344 40,52 Electrica Furnizare SA. 29 700 994 6 534 219 2,63 Erste Group Bank 116 868 626 25 711 098 10,35 ING Bank N.V. 13 431 574 2 954 946 1,19 CFR Marfă 115 293 055 25 364 472 10,21 Societatea Națională a Sării y Empresa Minera Râmnicu Vâlcea 15 076 968 3 316 933 1,34 MFC Commodities GmbH 149 703 788 32 934 833 13,26 Kronos Worldwide Limited 51 660 368 11 365 281 4,57 Total 3 454 458 105 759 980 783

(68) Las deudas pendientes de Oltchim respecto del Estado y de empresas públicas eran de aproximadamente 519 millones EUR, de los que aproximadamente 264 millones EUR correspondían a la AAAS, aproximadamente 232 millones EUR a varias empresas públicas (de los que alrededor de 145 millones EUR se debían a Electrica), aproximadamente 19 millones EUR a organismos nacionales y regionales (por ejemplo, aproximadamente 13 millones EUR a la Administrația Fondului pentru Mediu, la Autoridad para los Fondos Ambientales) y aproximadamente 12 millones EUR al banco público CEC Bank. Cuadro 2 Acreedores públicos de Oltchim Acreedor Deuda total (RON) Deuda total (EUR) % de la deuda total Acreedores presupuestarios AAAS 1 201 301 222 264 286 269 34,77 DGFP Craiova 25 442 102 5 597 262 0,73 Administrația Fondului pentru Mediu 59 205 056 13 025 112 1,71 Administración Nacional «Aguas Rumanas» 14 357 418 3 158 632 0,41 Autoridad Reguladora de la Energía de Rumanía 18 484 4 066 0,00054 Ayuntamiento de Bradu 1 000 653 220 144 0,028 Ayuntamiento de Râmnicu Vâlcea 2 118 976 466 175 0,06 Ayuntamiento de Băbeni 2 471 544 0,00007 Empresas públicas (ejemplos) CEC Bank 56 321 014 12 390 623 1,63 Societatea Națională a Sării 30 827 788 6 782 113 0,89 CET Govora 136 899 919 30 117 982 3,96 Electrica SA 658 535 355 144 877 778 19,06 Electrica Furnizare 56 533 826 12 437 442 1,63 CFR Marfă 115 293 055 25 364 472 3,33 Total 2 357 857 339 518 728 615 68,25

(69) Los créditos más importantes de Oltchim corresponden a los siguientes acreedores: AAAS (aprox. el 35 % de la deuda total), Electrica (19 % de la deuda total), Erste Group Bank AG (10 % de la deuda total), MFC Commodities Gmbh (4,71 % de la deuda total), Banca Transilvania SA (4,63 % de la deuda total), CET Govora (3,96 % de la deuda total), CFR Marfă (3,34 % de la deuda total) y CEC Bank (1,63 % de la deuda total).

(70) El síndico envió al Tribunal el Plan de Reorganización, junto con la lista de acreedores, el 4 de febrero de 2015. En la reunión celebrada el 9 de marzo de 2015, los acreedores debatieron y aprobaron el Plan, en virtud del artículo 101 de la Ley de insolvencia.

(71) En concreto, el Plan aprobado preveía lo siguiente: a) El importe obtenido con la venta de Oltchim EFE (estimado en el Plan en 306 millones EUR) se utilizará con carácter prioritario para pagar diversos gastos administrativos relacionados con la transferencia de los activos de Oltchim SA a Oltchim EFE, la remuneración de los síndicos nombrados por el Tribunal y los impuestos sobre los ingresos obtenidos, así como las deudas vivas de Oltchim SA contraídas después del comienzo del procedimiento de insolvencia (39). b) Una vez realizados los pagos mencionados en la letra a), el importe restante (importe neto), de entre aproximadamente 212 y 231 millones EUR, se utilizará para pagar parcialmente las deudas anteriores de Oltchim SA en función de lo previsto en el Plan de Pagos aprobado (véase el cuadro 3): Cuadro 3 Plan de Pagos Categoría de acreedores Deuda total (EUR) Importes asignados (EUR) % cobertura mín. máx. mín. máx. 1) Acreedores garantizados 195 849 032 143 509 496 156 394 852 73 80 ALPHA Bank Romania SA 674 605 494 321 538 705 Arelco Power SRL 3 300 000 2 418 097 2 635 211 AAAS 2 078 021 1 522 522 1 659 225 Erste Group Bank AG 50 392 797 36 925 654 40 241 112 Banca Transilvania SA 35 190 566 25 786 119 28 101 387 Bancpost SA 548 752 402 102 438 205 Bulrom Gas Impex SRL 5 230 781 3 832 889 4 177 035 Calvi Trade Limited 5 219 332 3 824 500 4 167 892 CEC Bank 12 390 623 9 079 311 9 894 518 Chemimpex Ltd 5 723 4 193 4 570 DGFP Craiova 1 256 156 920 456 1 003 102 Electrica Furnizare SA 5 903 223 4 325 625 4 714 012 Electrica SA 44 209 434 32 394 743 35 303 395 Garanti Bank SA 304 189 222 896 242 909 Honeywell Romania Srl 1 552 399 1 137 531 1 239 667 ING Bank NV 40 295 29 526 32 177 MFC Commodities GmbH 2 894 298 2 120 816 2 311 238 OMV PETROM SA 12 214 380 8 950 168 9 753 780 Polchem SA 5 217 245 3 822 970 4 166 225 Societatea Națională a Sării y Empresa Minera Râmnicu Vâlcea 3 465 180 2 539 134 2 767 116 Unicredit Tiriac Bank SA 3 761 034 2 755 922 3 003 370 2) Sueldos 2 134 938 2 134 938 2 134 938 100 100 3) Acreedores presupuestarios 280 457 668 49 485 271 55 007 562 18 20 AAAS 262 208 468 46 265 297 51 428 256 Administrația Fondului pentru Mediu 13 025 112 2 298 212 2 554 680 Administración Nacional «Aguas Rumanas» 192 053 33 887 37 668 DGFP Craiova 4 341 107 765 965 851 443 Autoridad Reguladora de la Energía de Rumanía 4 066 717 798 Ayuntamiento de Bradu 220 144 38 843 43 178 Ayuntamiento de Rm. Vâlcea 466 175 82 254 91 433 Ayuntamiento de Băbeni 544 96 107 4) Acreedores ordinarios en virtud del artículo 96 de la Ley de insolvencia 33 084 561 9 883 865 9 883 865 30 30 CET Govora 30 117 982 8 997 613 8 997 613 Administración Nacional «Aguas Rumanas» 2 966 579 886 252 886 252 5) Otros acreedores ordinarios, entre ellos (ejemplos) 248 454 804 0 0 0 0 Electrica SA. 100 668 344 0 0 Electrica Furnizare SA. 6 534 219 0 0 Erste Group Bank 25 711 098 0 0 ING Bank N.V. 2 954 946 0 0 CFR Marfă 25 364 472 0 0 Societatea Națională a Sării y Empresa Minera Râmnicu Vâlcea 3 316 933 0 0 MFC Commodities GmbH 32 934 833 0 0 Kronos Worldwide Limited 11 365 281 0 0 Total 759 980 783 205 013 570 223 421 217

(72) Según lo previsto en el Plan de Pagos, se aplicará la siguiente cobertura de deuda: a) salarios: cobertura de deuda del 100 %; b) acreedores garantizados: cobertura de deuda de entre el 73 % y el 80 %; c) proveedores esenciales (empresas públicas: CET Govora y Administración Nacional «Aguas Rumanas»): cobertura de deuda del 30 %; d) acreedores presupuestarios (por ejemplo, la AAAS o la Administrația Fondului pentru Mediu): cobertura de deuda de entre el 18 y el 20 %; e) otros acreedores ordinarios (por ejemplo, Electrica y Electrica Furnizare): cobertura de deuda del 0 %.

(73) Por consiguiente, este plan implica una cancelación de la deuda considerable, especialmente por parte de los acreedores presupuestarios, tal y como se señala en los cuadros 4 y 5. Cuadro 4 Deuda cancelada Categoría de acreedores Deuda total (RON) Deuda total (EUR) Deuda cancelada en el marco del Plan (EUR) Mín. Máx. 1) Acreedores garantizados, entre ellos 890 222 871 195 849 032 39 453 960 52 339 316 ALPHA Bank Romania SA 3 066 386 674 605 135 900 180 284 Arelco Power SRL 15 000 000 3 300 000 664 789 881 903 AAAS 9 445 548 2 078 021 418 575 555 278 Erste Group Bank AG 229 058 167 50 392 797 10 151 685 13 467 143 Banca Transilvania SA 159 957 116 35 190 566 7 089 178 9 404 447 Bancpost SA 2 494 327 548 752 110 547 146 650 Bulrom Gas Impex SRL 23 776 278 5 230 781 1 053 747 1 397 892 Calvi Trade Limited 23 724 237 5 219 332 1 051 440 1 394 832 CEC Bank 56 321 014 12 390 623 2 496 105 3 311 312 Chemimpex Ltd 26 012 5 723 1 153 1 529 DGFP Craiova 5 709 799 1 256 156 253 054 335 699 Electrica Furnizare SA 26 832 832 5 903 223 1 189 211 1 577 598 Electrica SA 200 951 974 44 209 434 8 906 039 11 814 691 Garanti Bank SA 1 382 676 304 189 61 279 81 292 Honeywell Romania Srl 7 056 360 1 552 399 312 733 414 869 ING Bank NV 183 157 40 295 8 117 10 769 MFC Commodities GmbH 13 155 900 2 894 298 583 060 773 482 OMV PETROM SA 55 519 911 12 214 380 2 460 600 3 264 213 Polchem SA 23 714 748 5 217 245 1 051 020 1 394 274 Societatea Națională a Sării 15 750 820 3 465 180 698 064 926 047 Unicredit Tiriac Bank SA 17 095 609 3 761 034 757 664 1 005 112 2) Sueldos 9 704 264 2 134 938 0 0 3) Acreedores presupuestarios, entre ellos 1 274 807 584 280 457 668 225 450 106 230 972 397 AAAS 1 191 856 674 262 208 468 210 780 213 215 943 171 Administrația Fondului pentru Mediu 59 205 056 13 025 112 10 470 432 10 726 900 Administración Nacional «Aguas Rumanas» 872 967 192 053 154 385 158 166 DGFP Craiova 19 732 303 4 341 107 3 489 664 3 575 141 Autoridad Reguladora de la Energía de Rumanía 18 484 4 066 3 269 3 349 Ayuntamiento de Bradu 1 000 653 220 144 176 966 181 300 Ayuntamiento de Rm. Vâlcea 2 118 976 466 175 374 742 383 921 Ayuntamiento de Băbeni 2 471 544 437 448 4) Acreedores ordinarios en virtud del artículo 96 de la Ley de insolvencia 150 384 370 33 084 561 23 200 696 23 200 696 CET Govora 136 899 919 30 117 982 21 120 370 21 120 370 Administración Nacional «Aguas Rumanas» 13 484 451 2 966 579 2 080 327 2 080 327 5) Otros acreedores ordinarios, entre ellos (ejemplos) 1 129 340 017 248 454 804 248 454 804 248 454 804 Electrica SA. 457 583 381 100 668 344 100 668 344 100 668 344 Electrica Furnizare SA. 29 700 994 6 534 219 6 534 219 6 534 219 Erste Group Bank 116 868 626 25 711 098 25 711 098 25 711 098 ING Bank N.V. 13 431 574 2 954 946 2 954 946 2 954 946 CFR Marfă 115 293 055 25 364 472 25 364 472 25 364 472 Societatea Națională a Sării y Empresa Minera Râmnicu Vâlcea 15 076 968 3 316 933 3 316 933 3 316 933 MFC Commodities GmbH 149 703 788 32 934 833 32 934 833 32 934 833 Kronos Worldwide Limited 51 660 368 11 365 281 11 365 281 11 365 281 Total 3 454 458 105 759 980 783 536 559 566 554 967 213 Cuadro 5 Deuda pública cancelada Acreedor Deuda total (EUR) Deuda cancelada (EUR) % de la deuda cancelada (%) mín. máx. mín. máx. Acreedores presupuestarios AAAS 264 286 269 211 198 788 216 498 450 79,91 81,9 DGFP Craiova 5 597 262 3 742 718 3 910 841 66,87 69,8 Administrația Fondului pentru Mediu 13 025 112 10 470 432 10 726 900 80,39 82,3 Administración Nacional «Aguas Rumanas» 3 158 632 2 234 711 2 238 493 70,75 70,8 Autoridad Reguladora de la Energía de Rumanía 4 066 3 269 3 349 80,39 82,3 Ayuntamiento de Bradu 220 144 176 966 181 300 80,39 82,3 Ayuntamiento de Râmnicu Vâlcea 466 175 374 742 383 921 80,39 82,3 Ayuntamiento de Băbeni 544 437 448 80,37 82,3 Empresas públicas (ejemplos) CEC Bank 12 390 623 2 496 105 3 311 312 20,15 26,7 Societatea Națională a Sării 6 782 113 4 014 997 4 242 980 59,20 62,5 CET Govora 30 117 982 21 120 370 21 120 370 70,13 70,1 Electrica SA 144 877 778 109 574 383 112 483 035 75,63 77,6 Electrica Furnizare 12 437 442 7 723 430 8 111 816 62,10 65,2 CFR Marfă 25 364 472 25 364 472 25 364 472 100 100 Total 518 728 615 398 495 819 408 577 686 77 78,7

(74) Los acreedores sometieron este Plan a votación. El acta de la reunión de la Junta de Acreedores de 9 de marzo de 2015 recoge lo siguiente (a continuación solo se hace referencia a los principales acreedores públicos y privados y a los trabajadores): a) la AAAS votó a favor del Plan, tanto en la categoría de las deudas garantizadas (en la que su crédito representaba el 1,061 %) como en la categoría de las deudas presupuestarias (en la que su crédito representaba el 98,04 %). De este modo, la AAAS aceptó cancelar entre el 80 % y el 82 % del crédito total que había concedido a Oltchim. b) DGFP Craiova (40) («DGFP») votó en contra del Plan, tanto en la categoría de las deudas garantizadas (en la que su crédito representaba el 0,64 %) como en la categoría de las deudas presupuestarias (en la que su crédito representaba el 1,55 %). DGFP votó en contra de cancelar entre el 67 % y el 70 % del crédito que había concedido a Oltchim. c) CEC Bank votó a favor del Plan en lo relativo a la categoría de las deudas garantizadas (en la que su crédito representaba el 6,33 %). CEC Bank no tenía créditos en las demás categorías. Como resultado, CEC Bank acordó cancelar entre el 20 % y el 27 % del crédito total que había concedido a Oltchim. d) Salrom votó a favor del Plan, tanto en la categoría de las deudas garantizadas como en la categoría de las deudas ordinarias (en las que su crédito representaba el 1,77 % y el 1,34 %, respectivamente). Como resultado, Salrom acordó cancelar entre el 59 % y el 62 % del crédito total que había concedido a Oltchim. e) CET Govora y la Administración Nacional «Aguas Rumanas» votaron a favor del Plan en la categoría de las deudas ordinarias en virtud del artículo 96 de la Ley de insolvencia. Como resultado, CET Govora y la Administración Nacional «Aguas Rumanas» acordaron cancelar, respectivamente, entre el 70 % y el 71 % de los créditos que habían concedido a Oltchim. f) Electrica votó a favor del Plan, tanto en lo relativo a la categoría de las deudas garantizadas como en la categoría de las deudas ordinarias (en las que su crédito representaba el 22,5 % y el 40,5 %, respectivamente). Como resultado, Electrica acordó cancelar entre el 76 % y el 77 % del crédito total que había concedido a Oltchim. g) Electrica Furnizare (41) votó en contra del Plan, tanto en lo relativo a la categoría de las deudas garantizadas como en la categoría de las deudas ordinarias (en las que su crédito representaba el 3,01 % y el 2,63 %, respectivamente). Electrica Furnizare votó en contra de cancelar entre el 62 % y el 65 % del crédito que había concedido a Oltchim. h) Los trabajadores votaron a favor del Plan. Los trabajadores estaban seguros de recibir un 100 % de cobertura de la deuda.

(75) El Plan se aprobó debido a que cumplía los requisitos previsto en la Ley de insolvencia, en concreto los siguientes: a) una mayoría absoluta de las categorías de acreedores votaron a favor del Plan (las cinco categorías de deuda votaron a favor); b) dentro de cada categoría, el Plan fue aceptado por una mayoría absoluta del valor de sus créditos; c) al menos una categoría perjudicada aceptó el Plan (de hecho, todas las categorías perjudicadas (42) votaron a favor del Plan).

(76) En la audiencia del Tribunal celebrada el 25 de marzo de 2015, el juez síndico solicitó que se proporcionaran aclaraciones adicionales sobre el Plan y pospuso la audiencia hasta el 22 de abril de 2015. En la audiencia del 22 de abril de 2015, el Tribunal confirmó el Plan aprobando únicamente la primera opción, es decir, las cancelaciones parciales de la deuda acordadas por los acreedores así como la creación de una nueva entidad (Oltchim EFE) y la transferencia de todos los activos viables de Oltchim SA a esta última. El 24 de septiembre de 2015, el Tribunal de Apelación de Pitești desestimó las apelaciones presentadas por la ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) y por Electrica Furnizare contra la sentencia a través de la que se había aprobado el Plan de Reorganización. Mediante esta sentencia, el Plan pasó a ser definitivo.

2.2.4.3. Ejecución del Plan de Reorganización

(77) Durante el procedimiento de insolvencia, antes de que se aprobara el Plan de Reorganización, Oltchim puso en marcha una serie de medidas para reducir sus costes, entre ellas el despido de 918 empleados en junio de 2013 (estaba previsto el despido de 225 empleados más antes de noviembre de 2015). En junio de 2014, Oltchim cambió un electrolizador de la instalación de producción principal (por un valor total de 800 000 EUR). Con miras a mejorar su EBITDA, Oltchim volvió a poner en funcionamiento su fábrica de oxoalcoholes el 9 de septiembre de 2014.

(78) Las autoridades rumanas informaron (43) de que Oltchim estaba mejorando sus resultados económicos y financieros. En 2015, su volumen de negocios aumentó un 31 % en comparación con 2014 y un 59 % en comparación con 2013 debido a un aumento de las ventas de los principales productos fabricados (incrementos del 33 % en los poliéteres de poliol y del 7 % en los productos de cloruro alcalino). El EBTIDA aumentó en 109 millones RON en comparación con 2013.

(79) En junio de 2013 se pusieron en marcha nuevas iniciativas destinadas a privatizar la empresa, pero a finales de ese año llegaron a su fin sin un resultado satisfactorio.

(80) Según el Plan aceptado por los acreedores y confirmado por el Tribunal (véase el Cuadro 5), los acreedores presupuestarios y las empresas públicas deben cancelar hasta un total de 408,5 millones EUR de deuda (aprox. 216 millones EUR para la AAAS, lo que representa el 81,9 % de su crédito total, y 174,3 millones EUR para las empresas públicas).

(81) Los denominados proveedores esenciales (CET Govora SA y la Administración Nacional «Aguas Rumanas») tuvieron que cancelar 21,2 y 2,2 millones EUR respectivamente, lo que representa entre el 70 % y el 71 % de sus créditos totales. Electrica tuvo que cancelar 112 millones EUR, lo que representa el 77,6 % de su crédito total.

(82) Además de los importes correspondientes a la cancelación de la deuda de diversos acreedores públicos recogidos en el cuadro 5, en el cuadro 6 figuran los importes de las deudas que deberían recuperarse en el caso de que Oltchim EFE se vendiera en bloque, según se prevé en el Plan de Reorganización, como resultado de la cancelación máxima aprobada. Cuadro 6 Acreedores públicos (cancelación de la deuda y recuperación de la deuda en el marco del Plan) (EUR) Acreedor Deuda total Deuda cancelada (cancelación máxima aprobada) Deuda mínima que se prevé recuperar tras la futura venta de Oltchim EFE Acreedores presupuestarios AAAS 264 286 269 216 498 450 47 787 819 DGFP Craiova 5 597 262 3 910 841 1 686 422 Administrația Fondului pentru Mediu 13 025 112 10 726 900 2 298 212 Administración Nacional «Aguas Rumanas» 3 158 632 2 238 493 920 139 Autoridad Reguladora de la Energía de Rumanía 4 066 3 349 717 Ayuntamiento de Bradu 220 144 181 300 38 843 Ayuntamiento de Râmnicu Vâlcea 466 175 383 921 82 254 Ayuntamiento de Băbeni 544 448 96 Empresas públicas (ejemplos) CEC Bank 12 390 623 3 311 312 9 079 311 Societatea Națională a Sării 6 782 113 4 242 980 2 539 134 CET Govora 30 117 982 21 120 370 8 997 613 Electrica SA 144 877 778 112 483 035 32 394 743 Electrica Furnizare 12 437 442 8 111 816 4 325 625 CFR Marfă 25 364 472 25 364 472 0 Total 518 728 615 408 577 686 110 150 928

(83) Una vez aprobado el Plan de Reorganización, se llevaron a cabo importantes cancelaciones de la deuda. En la información presentada en octubre de 2015, Rumanía notificó que en el período comprendido entre abril y octubre de 2015 se habían cancelado aproximadamente 2 358 millones RON de deuda (518 millones EUR) (44).

(84) Las autoridades rumanas también notificaron de que se había enviado una oferta de venta de Oltchim EFE a todas las cámaras de comercio bilaterales de Rumanía (julio de 2015) y a otras treinta cámaras de comercio de todo el mundo (septiembre de 2015). Las primeras reuniones con los posibles compradores tuvieron lugar entre septiembre y octubre de 2015.

3. DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE INCOAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL

(85) El 8 de abril de 2016, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal. La Comisión planteó dudas sobre tres medidas de apoyo: 1) Medida 1: no ejecución y acumulación adicional de deudas por parte de la AAAS desde septiembre de 2012. A pesar del firme compromiso adquirido con la Comisión en 2012, las autoridades rumanas no capitalizaron la deuda acumulada contraída con la AAAS (1 049 millones RON, es decir, aprox. 231 millones EUR al tipo de cambio de aquel momento) ni tampoco privatizaron Oltchim. Por el contrario, Oltchim siguió llevando a cabo sus actividades empresariales y acumuló deudas públicas adicionales, entre otros, con la AAAS (la deuda con la AAAS aumentó de 1 049 millones RON a 1 201 millones RON, es decir, de aprox. 231 millones EUR a aprox. 264 millones EUR). La AAAS no ejecutó los créditos concedidos a Oltchim hasta que, en septiembre de 2012, fracasó la privatización. No solicitó la devolución de los créditos a través de una liquidación inmediata de Oltchim, sino que esperó a que se llevara a cabo la capitalización de la deuda, incluso a pesar de que el proceso de privatización de Oltchim había vuelto a fracasar. 2) Medida 2 (45): apoyo de CET Govora y Salrom a las operaciones de Oltchim en forma de continuación del suministro entre septiembre de 2012 y enero de 2013. Después de que el intento de privatización concluyera sin éxito en septiembre de 2012, la situación financiera de Oltchim empeoró y se suspendió la producción. Las autoridades rumanas adoptaron una serie de medidas de apoyo para que Oltchim pudiera volver a poner en marcha su producción. Esta reanudación de la producción no habría sido posible si los proveedores públicos de Oltchim (CET Govora y Salrom) no hubieran decidido seguir facilitando suministros a Oltchim a pesar del impago de sus deudas. — CET Govora firmó un nuevo contrato de electricidad con Oltchim el 15 de septiembre de 2012, posteriormente acordó ampliar el suministro eléctrico (inicialmente a partir del 25 de octubre de 2012 y después a partir del 12 de noviembre de 2012) y más adelante aceptó seguir facilitando suministros a partir del 1 de enero de 2013. Parece que estos cambios en la relación contractual con Oltchim corresponden a la ejecución de una serie de decisiones emitidas por el Consejo Provincial de Vâlcea con miras a garantizar el suministro de electricidad de Oltchim. — Salrom aceptó posponer los pagos de sus suministros y, por consiguiente, aceptó que se aumentara la deuda contraída por Oltchim. 3) Medida 3 (46): aprobación de la cancelación de la deuda por parte de la AAAS y las empresas públicas (47) en el marco del Plan de Reorganización de 2015; la AAAS, Salrom, CET Govora, la Administración Nacional «Aguas Rumanas» y Electrica votaron a favor del Plan de Reorganización. Como resultado, la AAAS aceptó cancelar 216 millones EUR de los créditos que había concedido a Oltchim en vista de la (dudosa) futura recuperación de 47 millones EUR. Salrom aceptó cancelar 4,2 millones EUR de deuda, CET Govora SA aceptó cancelar 21,1 millones EUR de deuda, la Administración Nacional «Aguas Rumanas» aceptó cancelar 2,2 millones EUR de deuda y Electrica aceptó cancelar 112 millones EUR de deuda. A cambio, esas empresas públicas esperan la siguiente cobertura de la deuda en el caso de que la venta tenga éxito: 2,5 millones EUR para Salrom, 8,9 millones EUR para CET Govora SA, 0,9 millones EUR para la Administración Nacional «Aguas Rumanas» y 32 millones EUR para Electrica (véanse los cuadros 4 y 5).

(86) En la Decisión de incoación, la Comisión adoptó la opinión preliminar de que las medidas anteriormente señaladas implicaban recursos estatales y eran imputables al Estado. Además, habida cuenta de la improbabilidad de que un operador privado prudente hubiera facilitado a Oltchim dichas medidas, la Comisión también adoptó la opinión preliminar de que las medidas concedían a Oltchim una ventaja indebida; esta ventaja sería selectiva, puesto que su único beneficiario era Oltchim.

(87) Asimismo, la Comisión señaló que era probable que las medidas afectaran a los intercambios comerciales entre Estados miembros, puesto que Oltchim competía con fabricantes de productos químicos de otros Estados miembros y del resto del mundo. Las medidas permitieron a Oltchim seguir operando sin tener que hacer frente, al igual que los demás competidores, a las consecuencias que en condiciones normales se derivarían de sus resultados financieros deficientes.

(88) Asimismo, la Comisión manifestó dudas sobre la compatibilidad de las medidas, especialmente debido a que las autoridades rumanas no presentaron posibles motivos de compatibilidad. La opinión preliminar de la Comisión fue que Oltchim podía considerarse como empresa en crisis según su definición en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis de 2014 (48) («Directrices de salvamento y reestructuración de 2014»), especialmente habida cuenta del procedimiento de insolvencia iniciado el 30 de enero de 2013. Sin embargo, parece que ninguna de las medidas cumplía los criterios para la compatibilidad de las ayudas de salvamento y reestructuración previstos en las Directrices de salvamento y reestructuración. En concreto, en ausencia de un plan de reestructuración notificado (las autoridades rumanas no reivindicaron la cualificación de las medidas como ayuda de reestructuración), la Comisión no pudo evaluar los componentes del Plan de Reorganización, incluidas las medidas de inversión y modernización, ni tampoco estudiar si las medidas permitirían recuperar la viabilidad a largo plazo y se limitarían al mínimo, evitando de tal modo falseamientos indebidos de la competencia.

(89) En vista de lo anteriormente señalado, la opinión preliminar de la Comisión fue que las medidas parecían constituir ayuda estatal según su definición en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. Además, puesto que las medidas se habrían adoptado en incumplimiento de las obligaciones de notificación y suspensión previstas en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, la Comisión señaló que parecían constituir ayuda estatal ilegal. Puesto que no se había informado a la Comisión del plan de reestructuración, dichas medidas no podían declararse compatibles con el mercado interior.

4. OBSERVACIONES SOBRE LA DECISIÓN DE INCOACIÓN

4.1. Observaciones de Rumanía

(90) En sus observaciones sobre la Decisión de incoación adoptada por la Comisión, Rumanía realiza una serie de comentarios sobre cada una de las tres medidas anteriormente descritas.

4.1.1. Observaciones de Rumanía sobre la medida 1

(91) Rumanía afirma que, en el período comprendido entre septiembre de 2012 y enero de 2013, la AAAS actuó como un acreedor privado, así como que el hecho de que la AAAS no ejecutara los créditos estaba plenamente justificado durante este breve período de tiempo de cinco meses debido tanto a limitaciones jurídicas como de facto:

(92) Las limitaciones jurídicas corresponden a los efectos del llamando procedimiento administrativo especial [artículo 16, apartado 5, letra c), de la Ley n.o 137/2002 de Rumanía], en virtud del cual los acreedores de impuestos y cotizaciones no pueden ejecutar sus deudas mientras la empresa se esté preparando para la privatización. Al parecer, esto impidió que la AAAS solicitara la ejecución inmediata de su deuda en el contexto del proceso de privatización puesto en marcha por el Ministerio de Economía, Comercio y Entorno Empresarial, incluso después de que la privatización fracasara en septiembre de 2012. Rumanía también afirma que la falta de activos vendibles no empleados como garantía para los acreedores garantizados representa una limitación de facto de la capacidad de la AAAS para ejecutar sus créditos, y que también explicaría el hecho de que los acreedores privados tampoco ejecutaran sus créditos. En este sentido, Rumanía pone como ejemplo al banco privado Banca Comercială Română, que no activó el proceso de ejecución forzada e incluso concedió financiación adicional por un total de aproximadamente 1 millón EUR para la reactivación de la división de poliéteres de poliol y para un estudio de consultoría sobre la posibilidad de reanudar las actividades de Oltchim.

(93) Además, Rumanía señala que el hecho de que la AAAS no solicitara la ejecución inmediata de su deuda también se debió a la puesta en marcha de un proceso de notificación previa a la Comisión Europea por parte de Rumanía en relación con una ayuda de salvamento (ayuda que posteriormente se declaró incompatible con el principio de «ayuda única» de las Directrices de salvamento y reestructuración de 2014).

(94) Rumanía observa que, tomando como base el estudio Raiffeisen e independientemente de las deducciones que deban realizarse en relación con los pasivos ambientales, en el supuesto de liquidación la AAAS habría recuperado el 10 % y no el 12 % de su deuda, puesto que el crédito de la AAAS a Oltchim era casi 1,2 veces superior al considerado por Raiffeisen en 2011 en su comparación de los valores de mercado y de liquidación de Oltchim. En la información suministrada en mayo de 2018, Rumanía va incluso más lejos al afirmar que, en caso de quiebra, los pasivos ambientales que deberían pagarse de manera prioritaria en el caso de Oltchim habrían superado los ingresos totales previstos como resultado de la venta forzada correspondiente al supuesto de liquidación, y concluye que el grado de recuperación de la deuda de la AAAS habría sido nulo.

(95) Rumanía señala que la AAAS se centró en obtener información detallada sobre la situación en que se encontraba Oltchim con miras a adoptar una decisión fundada, así como que los escasos meses transcurridos entre el intento de privatización fallido y el inicio del procedimiento de insolvencia constituían un período de reflexión suficiente.

(96) Por último, Rumanía indica que la AAAS aplicó a Oltchim intereses a valor de mercado hasta que se inició el procedimiento de insolvencia. Según Rumanía, esto demuestra que la ejecución no inmediata de sus créditos no constituye ayuda estatal, lo que Rumanía asegura que es acorde al enfoque adoptado en la Decisión de la Comisión de 2012, apartado 98 y siguientes. Además, Rumanía afirma que la única deuda adicional acumulada corresponde a los intereses aplicados a una deuda ya existente, lo que resulta de escasa importancia en caso de que la recuperación de la deuda principal sea completamente inviable en sí misma.

4.1.2. Observaciones de Rumanía sobre la medida 2

(97) Rumanía considera que, al decidir que seguirían facilitando suministros y que modificarían favorablemente las condiciones comerciales, CET Govora y Salrom actuaron como acreedores privados en la medida en que garantizaron la deuda recién creada, y habida cuenta de que sus decisiones de suministrar materias primas para la reanudación de las actividades de Oltchim fueron similares a las adoptadas por determinadas empresas privadas. Al parecer, esta decisión respondía a la posibilidad de recuperar un importe significativo de la deuda en el caso de que se reanudaran las actividades. Además, Rumanía afirma que, debido a su interdependencia tecnológica con Oltchim en lo relativo al suministro de, respectivamente, agua industrial y desmineralizada, Salrom (en menor grado) y CET Govora actuaron como proveedores esenciales prudentes. En 2015, Oltchim representaba el 14 % del volumen de negocios de Salrom y el 39 % de los ingresos de CET Govora, de modo que en el caso de CET Govora no existía ninguna solución práctica para sustituir la adquisición de vapor industrial de Oltchim.

(98) En cuanto a Salrom, Rumanía también señala que recibió pagos por un total de más de 33 millones RON después de que Oltchim fuera declarada insolvente, condicionando al pago previo los posibles futuros suministros facilitados a Oltchim después de que fuera declarada insolvente, requisito que Oltchim aceptó y cumplió tras un proceso de negociación.

(99) En cuanto al suministro de CET Govora, Rumanía afirma que el precio de venta de la electricidad y el vapor aplicado a Oltchim es acorde al mercado y fue abonado íntegramente entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de marzo de 2016 (476 millones RON).

4.1.3. Observaciones de Rumanía sobre la medida 3

(100) Rumanía señala que el voto a favor de la AAAS y las empresas públicas se ajusta al principio del acreedor en una economía de mercado, tal y como se resume a continuación.

(101) En primer lugar, Rumanía avala la idea de que el valor del supuesto correspondiente a la quiebra de Oltchim es negativo. Para justificar esta opinión, Rumanía cita los valores recogidos en los informes de evaluación publicados por Romcontrol en febrero de 2009 (-281 millones EUR) y diciembre de 2010 (-407 millones EUR). Además, se refiere a la recuperación estimada por Winterhill en el supuesto de liquidación de aproximadamente 108 millones EUR para los activos garantizados y de 32 millones EUR para los activos libres de gravamen (de esta última cifra, se habrían deducido 22,2 millones EUR como indemnizaciones por despido para los trabajadores despedidos).

(102) En lo relativo al considerando 120 de la Decisión de incoación, Rumanía añade que los pasivos ambientales incluidos en el informe Winterhill únicamente están relacionados con la limpieza y la preparación de los activos para la venta, y no incluyen el cierre de un depósito de residuos no peligrosos y un pozo de residuos peligrosos ni la clausura y demolición de los equipos y el edificio, ni tampoco la devolución del terreno y el entorno a su estado inicial. Oltchim calculó que el valor de los pasivos ambientales era de aproximadamente 464 millones EUR y, por lo tanto, superaría los ingresos estimados por Winterhill para los acreedores ordinarios como resultado del procedimiento de liquidación.

(103) Por consiguiente, la posibilidad de que la AAAS y las empresas públicas obtuvieran pagos de Oltchim era considerablemente superior en el marco del procedimiento de reorganización.

(104) En segundo lugar, Rumanía indica que no era posible recuperar la deuda mediante la puesta en marcha del procedimiento de quiebra de Oltchim por parte de la AAAS y Electrica, puesto que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 1, apartado 2, de la Ley de insolvencia a este respecto.

(105) En tercer lugar, Rumanía señala que, incluso si el estudio de la AAAS sobre el principio del acreedor en condiciones de mercado se elaboró antes de que se hubiera aprobado el plan de reorganización en la reunión de los acreedores de 9 de marzo de 2015, dicho estudio de la AAAS resulta apropiado y suficiente para considerar la decisión de la AAAS de aprobar el plan de reorganización de manera similar a un acreedor privado. El rechazo del plan habría implicado la quiebra, lo que habría dado lugar a una recuperación de la deuda nula, debido a la reducida cantidad de la deuda de la AAAS que estaba garantizada y al importante valor de los pasivos ambientales en lo relativo a las labores de ecología terrestre necesarias para la ecologización del terreno. Por lo tanto, el estudio llevado a cabo por la AAAS sobre este aspecto demostró que la AAAS habría logrado una mayor recuperación si se hubiera aprobado el Plan de Reorganización que si se hubiera liquidado Oltchim, en cuyo caso tienen prioridad los pasivos ambientales a tenor de lo previsto en la Ordenanza n.o 195/2005.

(106) Rumanía considera que, en el momento en que se llevó a cabo la votación, la recuperación del 20 % de la deuda de la AAAS una vez ejecutado el Plan de Reorganización era una previsión viable.

(107) En cuarto lugar, Rumanía subrayó que la solicitud de rechazar el plan de reorganización presentada por tres acreedores fue denegada por el órgano jurisdiccional nacional mediante la Decisión n.o 892 de 22 de abril de 2015. Esta sentencia confirmó que, para los intereses de los acreedores, el Plan de Reorganización era más apropiado que la quiebra, especialmente debido a que la estimación del importe de pasivos ambientales privilegiados en 464 millones EUR superaba con creces la recuperación estimada por Winterhill en el supuesto de liquidación (aprox. 108 millones EUR para los activos garantizados y 32 millones EUR para los activos libres de gravamen).

(108) Rumanía informa de que los acreedores fiscales y ordinarios y las demás empresas públicas, como la AAAS y Electrica, actuaron como operadores de mercado al optar por el Plan de Reorganización en lugar de por la liquidación de Oltchim: actuaron al igual que empresas privadas con deuda tanto garantizada como ordinaria, como Erste Group Bank AG y Bulrom Gas Impex SRL, que también aprobaron el plan. Asimismo, Rumanía señala que, antes de que comenzara el procedimiento de insolvencia, Salrom estableció el requisito de facilitar un pasivo inmobiliario para ser acreedor garantizado.

(109) En quinto lugar, la información enviada por Rumanía señala que Electrica adoptó todas las medidas permitidas por la legislación para recuperar su deuda en el marco del procedimiento de insolvencia, con miras a no depender de un plan de reorganización. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales de Rumanía rechazaron estas medidas. Por consiguiente, el último recurso disponible era someter el Plan a votación, lo que refleja que Electrica actuó como un operador en una economía de mercado (OEM). La aprobación del Plan de Reorganización en la votación era la única opción de recuperación de la deuda para los acreedores de Electrica, que eran tanto acreedores garantizados como ordinarios.

(110) Rumanía afirma que un operador/acreedor en una economía de mercado habría optado por el Plan de Reorganización, ya que es la modalidad que, en los procedimientos de insolvencia de Rumanía y en los conocidos por Electrica, suele ofrecer una mayor posibilidad de recuperación de la deuda: Rumanía hace hincapié en que los síndicos oficiales encargados de la elaboración del plan tienen la obligación jurídica de maximizar los activos del deudor y son personalmente responsables en caso de que no obtengan los mejores resultados para los acreedores.

(111) Rumanía también explicó que el informe corroborado con el Plan indicaba de una manera verosímil que la única posibilidad real de que Electrica recuperara parte de la deuda contraída era la reorganización. Rumanía considera poco razonable afirmar que Electrica debería haber asumido los elevados costes que implica la realización de un estudio independiente para confirmar las declaraciones de profesionales de renombre, avaladas por los órganos jurisdiccionales nacionales y la experiencia económica: los costes del cumplimiento de las obligaciones ambientales de Oltchim en el procedimiento de quiebra habrían reducido o anulado las posibilidades de que Electrica recuperara los créditos concedidos a Oltchim.

(112) Sin embargo, la posible recuperación de 160 millones RON por parte de Electrica prevista en el Plan de Reorganización, a pesar de estar asociada a un período más largo y a determinados riesgos, era definitivamente la solución preferible, tal y como también demuestran las acciones de otros acreedores privados, entre ellos, Erste Group Bank AG.

(113) Rumanía afirma que los votos de Salrom y CET Govora en contra del Plan de Reorganización habrían implicado para ellos una recuperación nula de la parte de la deuda ordinaria, de modo que su mejor opción era aprobar el plan de reestructuración, mediante el que los acreedores garantizados aceptaban la cancelación de la deuda a cambio de una recuperación parcial de sus deudas ordinarias.

4.2. Observaciones de terceras partes interesadas

(114) Cuatro partes interesadas realizaron observaciones sobre la Decisión de incoación: PCC (accionista minoritario de Oltchim), Electrica, el consorcio de administradores judiciales Rominsolv y BDO (encargado de la administración judicial de Oltchim) y otra parte interesada que desea permanecer en el anonimato.

4.2.1. Rominsolv y BDO («R/BDO», síndicos oficiales de Oltchim durante el procedimiento de insolvencia)

(115) Rominsolv y BDO son los síndicos oficiales de Oltchim que redactaron el Plan de Reorganización que posteriormente fue aprobado por los acreedores de Oltchim. Presentan una serie de argumentos a favor del Plan de Reorganización.

(116) En cuanto a la medida 1, R/BDO afirman lo siguiente: — La Comisión se equivocó al tomar como base el valor de liquidación previsto en el informe Raiffeisen, puesto que dicho informe se basa en el supuesto de continuación de las actividades empresariales y no tiene en cuenta los pasivos ambientales relacionados con el supuesto de liquidación. Por consiguiente, la conclusión extraída por la Comisión de que en 2012 la AAAS habría recuperado el 12 % de su deuda mediante la liquidación de Oltchim es incorrecta. — La AAAS carecía de otros medios para recupera la deuda (por ejemplo, a través de procedimientos de ejecución), puesto que no contaba con ningún título ejecutable y no le era posible conseguir uno en un período de tiempo tan breve (entre septiembre de 2012 y enero de 2013). — Además, en septiembre de 2012 el patrimonio de Oltchim ya no incluía activos que pudieran pignorarse a cambio del valor de la deuda. — Por último, R/BDO se refieren a una serie de entidades privadas (49) que en dicho período, a pesar del deterioro de la posición financiera de Oltchim, siguieron cooperando con Oltchim y ofreciéndole apoyo. Solo dos (50) de las 205 partes registradas en la lista de acreedores de Oltchim pusieron en marcha medidas de ejecución contra el deudor.

(117) En cuanto a la medida 2, R/BDO afirman lo siguiente: — El nivel de participación de CET Govora en la reanudación de las actividades empresariales de Oltchim fue relativamente limitado y la deuda acumulada correspondiente al suministro de electricidad y vapor industrial fue de aproximadamente 25 millones RON (frente a la deuda total de 84,2 millones RON a 31 de agosto de 2012). Además, CET Govora calculó intereses de demora, en virtud de los acuerdos concluidos con Oltchim, para deudas previas que no deben ser consideradas como parte de una ayuda para reanudar la producción. — El nivel de participación de Salrom en la reanudación de las actividades empresariales de Oltchim también fue relativamente limitado, y la deuda acumulada por las facturas de envío de productos fue de solamente 1,8 millones RON. Los 13,2 millones RON restantes corresponden a los intereses de demora, calculados en virtud de los acuerdos concluidos con Oltchim, para deudas previas que no deben ser consideradas como parte de una ayuda para reanudar la producción.

(118) Por último, BDO afirma que la Comisión no tuvo en cuenta la importante interdependencia tecnológica de cuatro agentes importantes (Oltchim, CET Govora, Uzinele Sodice Govora y Salrom), cuyas actividades dependen entre sí desde un punto de vista tecnológico debido a que cada uno de ellos es al mismo tiempo proveedor y cliente de los demás.

(119) En cuanto a la medida 3, R/BDO afirman lo siguiente: — La Comisión no ha cumplido la obligación relativa a la fuerza probatoria para demostrar la imputabilidad al Estado de la decisión de una serie de empresas públicas (esto es, CET Govora, Administración Nacional «Aguas Rumanas», Salrom y Electrica) y de la AAAS de votar a favor del Plan de Reorganización. — Los síndicos oficiales que elaboraron el Plan de Reorganización están obligados a respetar los principios de la independencia, con miras a garantizar un procedimiento eficiente, el trato equitativo para los acreedores, un elevado nivel de transparencia y el máximo nivel de recuperación de los créditos. El Plan elaborado por los síndicos cumplía todas las normas previstas en la legislación rumana y fue aprobado por el juez. Por consiguiente, resulta poco razonable esperar que cada uno de los acreedores dedicara su tiempo y sus recursos a realizar evaluaciones independientes para la recuperación de sus créditos, tal y como parece sugerir la Comisión. — La Comisión se equivocó al suponer que el informe Winterhill, en sus estimaciones sobre el valor de liquidación de Oltchim, tuvo en cuenta todos los pasivos ambientales de la empresa. El informe solamente tuvo en cuenta los costes normales del desmontaje del equipo, pero no los costes derivados de los pasivos ambientales. Por consiguiente, el Plan de Reorganización suponía correctamente que, en caso de quiebra (liquidación), el valor de los créditos recuperables sería de cero para todos los acreedores. — Por último, sobre la base del número de indicadores económicos que reflejan la mejora de la situación económica de Oltchim, no resultaba poco razonable creer que en el procedimiento de insolvencia Oltchim EFE podría venderse satisfactoriamente en el mercado por el precio estimado de 306 millones EUR. — Finalmente, R/BDO señalan que el importe de 306 millones EUR calculado por Winterhill en 2013 no es correcto, pero que se había rectificado en el informe enviado a los acreedores antes de la reunión del 4 de diciembre de 2014, en el que se preveía un precio de venta de 295 millones EUR.

4.2.2. Electrica

(120) Electrica afirma que su decisión de votar a favor del Plan no es imputable al Estado. Observa que la junta de accionistas delegó la decisión del voto sobre el Plan en el administrador general de Electrica SA, único responsable del voto a favor. Por consiguiente, según Electrica, la medida 3 no es imputable al Estado.

(121) Además, Electrica afirma que, incluso si se pudiera considerar que la decisión deriva de competencias del Estado, se trató de una decisión empresarial sólida acorde al principio del acreedor en una economía de mercado. En síntesis, Electrica considera que su decisión de apoyar el Plan no concedió ninguna ventaja a Oltchim y que esta situación se confirma con la actuación similar de otros acreedores privados en una situación comparable a la de Electrica que votaron a favor del Plan.

(122) Electrica también señala que no llevó a cabo ningún estudio sobre los acreedores en una economía de mercado debido a que R/BDO tenían la obligación jurídica de asesorar a los acreedores sobre cómo lograr el máximo beneficio.

4.2.3. Tercera parte interesada [anónima] confidencial

(123) La parte anónima se muestra de acuerdo con las dudas de la Comisión. Además, hace hincapié en los efectos de falseamiento de la competencia de las medidas de apoyo, en concreto en el mercado de los productos de cloruro alcalino (soda cáustica). La parte anónima considera que la solución propuesta consistente en vender Oltchim es un callejón sin salida, ya que los múltiples intentos fallidos por vender Oltchim reflejan la falta de interés del mercado por dicha empresa; los informes financieros actuales de Oltchim indican un nivel de rentabilidad demasiado bajo como para que la empresa pueda ser rentable a largo plazo. En este contexto, la única solución viable para Oltchim sería una reestructuración íntegra mediante el cierre de fábricas, una reducción de la capacidad y una posible salida del mercado.

(124) La parte anónima también señala que una parte significativa de los ingresos obtenidos por Oltchim en 2015 y los previstos para 2016 procedía de la venta de soda cáustica, cuyo precio de venta es cíclico y en 2015 alcanzó los niveles más elevados del ciclo. Además, los niveles de operación de Oltchim son excepcionalmente bajos (30 % de utilización de la capacidad total, frente a unos niveles medios en la UE del 80 % en la industria del cloruro alcalino). Por consiguiente, cualquier posible comprador se vería obligado a realizar inversiones adicionales significativas, lo que resulta incompatible con el reducido EBITDA de Oltchim.

4.2.4. PCC

4.2.4.1. Observaciones de PCC sobre la medida 1

(125) Según PCC, si la AAAS hubiera actuado como acreedor privado, hubiera preferido ejecutar el crédito a Oltchim cuando el proceso de privatización fracasó en septiembre de 2012 (de este modo habría recuperado el 12 % de su crédito), en lugar de optar por esperar a una recuperación incierta durante el procedimiento de reorganización.

(126) PCC afirma que, tras el intento de privatización fallido de septiembre de 2012, quedó aún más patente que no existe ningún interés de mercado en la adquisición de Oltchim. El tener que esperar algunos años más hasta la elaboración de un plan de reestructuración y luego otros pocos años más para su puesta en marcha puso en riesgo el valor de mercado de los activos de Oltchim. Con el paso del tiempo, los activos de Oltchim estaban quedándose obsoletos y perdiendo su utilidad.

(127) PCC afirma que la AAAS debería haber aplicado la legislación rumana específica sobre la recuperación de deudas públicas contraídas con el Ministerio de Hacienda que se derivan de las garantías del Estado (Ordenanza n.o 29/2002), la cual prevé el reconocimiento como títulos ejecutivos de los acuerdos de recuperación por los que se transfieren las garantías del Estado del Ministerio de Hacienda a la AAAS, en virtud de la legislación. Por consiguiente, PCC considera que la AAAS podría haber ejecutado cualquiera de esos títulos ejecutivos sin necesidad de otras formalidades. La AAAS tenía a su disposición diversos métodos de ejecución de dichos créditos, según lo previsto en la Ordenanza Gubernamental de Urgencia n.o 51/1998 sobre la venta de activos del Estado.

(128) Además, de entre los acreedores estatales garantizados, parece que la AAAS no pidió que se revocara la suspensión de sus derechos de ejecución en el marco del procedimiento de insolvencia, frente a un intento fallido de Electrica por lograr este fin. Por lo tanto, la AAAS no utilizó todos los instrumentos jurídicos de los que disponía para hacer frente a la incapacidad de la empresa de realizar un pago.

4.2.4.2. Observaciones de PCC sobre la medida 2

(129) PCC considera que CET Govora y Salrom no actuaron como OEM al seguir facilitando suministros a Oltchim a pesar del impago de las deudas pendientes, así como que sus decisiones fueron imputables al Estado.

(130) Al contrario que Electrica y Electrica Furnizare, CET Govora decidió seguir suministrando electricidad y vapor industrial a Oltchim, incluso a pesar de que este último no devolvió la deuda contraída con CET Govora y de la oposición de sus propios bancos. Esta decisión provocó la insolvencia de CET Govora el 6 de mayo de 2016. PCC indica que, según el administrador judicial de CET Govora, esta última ha estado subvencionando a Oltchim.

(131) PCC afirma que la decisión de CET Govora de volver a facilitar suministros a Oltchim después del intento de privatización fallido de septiembre de 2012 es imputable al Estado. PCC opina que la decisión de CET Govora de seguir facilitando suministros a Oltchim fue resultado de las decisiones conexas de su propietario (el Consejo Provincial de Vâlcea), pese a que la incapacidad de pago de Oltchim era un hecho ampliamente conocido. PCC también cita al administrador de CET Govora, quien afirmó que la decisión de suministrar energía eléctrica a Oltchim carecía de justificación económica y se debía a motivos políticos y que era un ejemplo excelente de la interferencia política en la gestión del deudor.

(132) Si bien reconoce que Oltchim era un cliente importante de Salrom, PCC afirma que un operador en una economía de mercado no habría seguido facilitando suministros a Oltchim en vista de su situación financiera; la posible liquidación de Oltchim únicamente habría afectado a una división de Salrom y a sesenta puestos de trabajo. Por lo tanto, ningún acreedor privado en una situación similar a la de Salrom habría aceptado la acumulación de deudas, sino que habría aceptado la reducción de su volumen de negocio para mantener la viabilidad de su empresa.

(133) PCC observa que la decisión de Salrom de volver a facilitar suministros a Oltchim después del intento de privatización fallido de septiembre de 2012 es imputable al Estado, que controla Salrom; de hecho, el consejo de administración de Salrom es nombrado por la junta general de accionistas en un contexto en el que el Estado rumano posee la mayor parte de las acciones de Salrom (51 %) y nombra a representantes estatales como miembros del consejo de administración.

4.2.4.3. Observaciones de PCC sobre la medida 3

(134) PCC afirma que, al aceptar la cancelación de la deuda en lugar de ejecutar sus créditos, la AAAS, CET Govora y Electrica no actuaron como acreedores en una economía de mercado.

(135) PCC observa que el Plan de Reorganización aprobado por los acreedores carece de los elementos propios de una reestructuración real (51) y básicamente se limita a la reestructuración y la liquidación de una única deuda. PCC afirma que un plan de reorganización elaborado por los accionistas podría haber sido una mejor opción, pero que, a pesar de sus propuestas, no se puso en marcha por no haber sido aprobado por las autoridades rumanas.

(136) Sin medidas de reestructuración a largo plazo de las principales actividades empresariales de Oltchim, no hay ninguna posibilidad de que Oltchim mantenga su viabilidad y su rentabilidad.

Valor de mercado

(137) Por una parte, PCC subraya que el valor de mercado calculado en 2013 por Winterhill Rumanía era muy incierto y que un operador en una economía de mercado no lo habría considerado acertado a la hora de determinar su posición sobre el Plan de Reorganización dos años después, en abril de 2015.

(138) Según PCC, los numerosos intentos fallidos previos por privatizar Oltchim llevados a cabo en 2001, 2003, 2006, 2007, 2008 y 2012 eran indicaciones claras de que ningún inversor estaría interesado en adquirir acciones en la privatización mediante la creación de una EFE propuesta por los administradores judiciales. Asimismo, señala que no se ha justificado el precio establecido para la privatización y que no puede considerarse como motivo fiable para la aprobación del Plan. PCC considera que el Plan es solamente una forma de mantener con vida empresas no rentables y de posponer en el tiempo la quiebra definitiva de Oltchim.

(139) También afirma que lo más probable es que el precio de Oltchim se hubiera reducido entre 2013 y 2015, puesto que no sería posible volver a poner en marcha instalaciones que habían estado dos años fuera de funcionamiento. Por lo tanto, el único valor del emplazamiento de Bradu sería el terreno, independientemente de los pasivos ambientales conexos.

(140) Como prueba, PCC señala que el precio ofrecido por un particular (el señor Diaconescu) durante el proceso de privatización fallido de 2012 fue de aproximadamente 45 millones EUR, es decir, una cifra seis veces inferior al precio estimado por Winterhill para Oltchim. De manera similar, un representante de Chimcomplex que presentó en 2016 una oferta para la adquisición de los activos funcionales de Oltchim puso de relieve en ese momento que el valor de Oltchim era significativamente inferior al precio solicitado en el Plan de Reorganización.

(141) PCC hizo hincapié en que las decisiones de los acreedores públicos se adoptaron en un contexto en el que Oltchim no era rentable debido a la ausencia de un verdadero plan de reestructuración. Además, los beneficios registrados por Oltchim se generaron de forma artificial mediante las cancelaciones de la deuda y no eran testimonio de una mejora de la situación financiera de Oltchim. Los resultados positivos reflejados en las declaraciones financieras se debían simplemente a los diversos métodos de contabilidad empleados. Según un informe independiente solicitado por la empresa […] en nombre de PCC, Oltchim había registrado pérdidas de manera continuada entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2016 después de neutralizar elementos excepcionales (como la cancelación de la deuda de 2015) debido a activos no productivos como la unidad petroquímica de Bradu, VCM y PVC. Este informe también concluye que el valor de los activos materiales no realizables a 31 de diciembre de 2015, que representaban más del 84 % de los activos de Oltchim, sería de entre 14 y 128 millones EUR en función de la venta prevista de Oltchim EFE entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, así como del supuesto (A o B) descrito en el Plan de Reorganización redactado por los síndicos nombrados por el Tribunal (52), es decir, un valor inferior al valor de liquidación estimado por Winterhill (141 millones EUR).

Valor de liquidación

(142) Según PCC, la comparación del valor de mercado estimado de Oltchim con su valor de liquidación era incorrecta por los siguientes motivos.

(143) En primer lugar, existían otras alternativas, como la venta de Oltchim en lotes de activos.

(144) En segundo lugar, la cuantía de los pasivos ambientales calculados por Oltchim (463,7 millones EUR) en el supuesto de liquidación parece haber sido exagerado para respaldar el Plan de Reorganización, en lugar de la liquidación de Oltchim, puesto que no se basa en informes externos independientes. No se dispone de información sobre el motivo por el que los administradores judiciales no solicitaron un nuevo estudio. Un posible comprador de Oltchim EFE también habría tenido en cuenta en su oferta los pasivos ambientales estimados por Oltchim en el supuesto de liquidación. Por último, PCC respalda la opinión de la Comisión de que, en el supuesto de liquidación, una parte importante de los activos podrían ser adquiridos por un comprador que desee llevar a cabo actividades industriales en las instalaciones de Oltchim, evitando de tal modo la demolición integral de dichas instalaciones asumida en ese cálculo. Sin embargo, PCC pone de relieve la incertidumbre relacionada con la cantidad de pasivos ambientales asignados a Oltchim en el Plan de Reorganización de 2015.

Comparación entre el valor de mercado y el valor de liquidación

(145) En tercer lugar, en un contexto en el que los nuevos créditos contratados una vez iniciado el procedimiento de insolvencia de Oltchim adquirían un valor preferencial en comparación con la deuda existente, determinados acreedores podrían haber tenido un interés en solicitar la liquidación de Oltchim en lugar de esperar a la acumulación de esas nuevas deudas, lo que habría reducido sus posibilidades de recuperación. PCC también afirma que es posible que se infravalorara la deuda adquirida por Oltchim una vez iniciado el procedimiento de insolvencia. Si esto fuera cierto, esta situación habría llevado a una reducción de las perspectivas de recuperación y, por lo tanto, a un aumento de las cancelaciones de la deuda para los acreedores en el supuesto del Plan de Reorganización.

Otras observaciones sobre la medida 3

(146) Por otra parte, PCC afirma que los acreedores públicos también deberían haber tenido en cuenta la duración del proceso de reorganización en comparación con la del procedimiento de quiebra. La elaboración de un plan de reestructuración viable y su ejecución requieren mucho más tiempo que la liquidación de Oltchim a través de la venta inmediata de los activos.

(147) Además, los acreedores públicos deberían haber aprovechado la situación en que se encontraban. — En virtud del artículo 94, letra c), de la Ley de insolvencia de Rumanía, pueden proponer un plan de reorganización uno o más acreedores que posean al menos el 20 % del total de créditos. Puesto que la AAAS poseía el 34,7 % del total de créditos, podría haber propuesto un plan distinto que ofreciera mejores resultados tanto para ella como para los demás acreedores públicos. — Al representar el 91 % de la categoría de los acreedores ordinarios en virtud del artículo 96 de la Ley de insolvencia, CET Govora se encontraba en una situación privilegiada para influir en el Plan de Reorganización, situación que al parecer no aprovechó. — Salrom y la Administración Nacional «Aguas Rumanas» también aprobaron el Plan en las dos categorías de deuda que les correspondían, si bien la situación en que se encontraban les hubiera permitido ejecutar sus créditos en tanto que, respectivamente, acreedor garantizado y acreedor presupuestario público.

(148) Por último, PCC indicó que, a pesar de que algunos acreedores privados se encontraban en una situación similar a la del Estado, que votó a favor del Plan de Reorganización, sería incorrecto inferir que los acreedores públicos, incluida la AAAS, estaban en una situación similar a la de un operador de mercado prudente debido a que algunos de los acreedores privados votaron a favor del Plan: al contrario que estos últimos, que poseían tanto deudas garantizadas como ordinarias, casi toda la deuda de la AAAS no estaba garantizada. Además, dichos acreedores privados sabían que el Estado rumano adoptaría todas las medidas y acciones necesarias para garantizar la supervivencia de Oltchim a toda costa, de modo que decidieron «unirse» al Estado en esos esfuerzos.

(149) PCC considera que la medida 3 es imputable al Estado, ya que el Plan de Reestructuración no habría podido aprobarse sin el consentimiento de los acreedores públicos, que disponían de la mayoría de votos (más del 50 %) en la mayor parte de las categorías de acreedores: fue el Estado quien controló la decisión en todas las categorías de acreedores, excepto en las categorías de los créditos garantizados y de los trabajadores. Por lo tanto, los acreedores privados que aprobaron el Plan de Reorganización actuaron más bien como seguidores de la decisión del Estado, en lugar de como promotores del Plan. PCC afirma ser consciente de que hay acreedores privados que aparentemente adoptaron el mismo enfoque que el Estado (es decir, votaron a favor del Plan a pesar de que aparentemente no les favorecía, puesto que implicaba una amplia cancelación de la deuda). Sin embargo, PCC considera que es el Estado quien creó esta «práctica de mercado» y no al contrario (es decir, que el Estado siguiera la tendencia existente). Esto se debe a que controlaba Oltchim antes de la insolvencia, a que controló la votación sobre el Plan de Reorganización y a que era obvio que los demás acreedores del mercado adoptarían todas las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de Oltchim a toda costa.

4.3. Observaciones de Rumanía sobre los comentarios de terceras partes (53)

4.3.1. Observaciones adicionales de Rumanía sobre la medida 1:

(150) Rumanía considera que la AAAS actuó como un acreedor privado «jurídicamente limitado» al aplicar intereses hasta que Oltchim inició el procedimiento de insolvencia y rechaza la afirmación de PCC sobre la inacción por parte de la AAAS en lo relativo a la ejecución de sus créditos. De hecho, Rumanía afirma que el memorando fue propuesto por los Ministerios de Hacienda y Economía, Comercio y Medio Ambiente así como por la OPSPI. En cuanto a las limitaciones de facto, Rumanía explica que la AAAS no puedo embargar cuentas bancarias (es decir, incautarse de ellas), puesto que dichas cuentas ya habían sido embargadas por Electrica.

(151) Rumanía critica la lógica del argumento de PCC de que la AAAS debería haber solicitado la ejecución de su crédito, ya que, en esas circunstancias, se habría obligado a Oltchim a poner en marcha el procedimiento de insolvencia. Esto habría impedido que la AAAS recibiera cualquier tipo de recuperación en el marco de dicho procedimiento, tal y como afirma PCC.

(152) Rumanía considera que la opinión de PCC de que la AAAS debería haberse incautad