INFORME ESPECIAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO AL PARLAMENTO EUROPEO

relativo a su investigación de oficio sobre el carácter secreto de los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión

(1999/C 371/09)

En noviembre de 1997, el Defensor del Pueblo Europeo inició una investigación de oficio sobre el carácter secreto de los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión Europea.

El 8 de marzo de 1999, tras examinar detalladamente las observaciones de la Comisión, el Defensor del Pueblo comunicó a esta institución que había establecido la existencia de mala administración. Con el fin de poner remedio al problema, el Defensor del Pueblo redactó un proyecto de recomendación, según lo establecido en el apartado 6 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo(1).

En una carta del 5 de julio de 1999 dirigida al Defensor del Pueblo, la Comisión formulaba observaciones detalladas sobre el proyecto de recomendación.

Este Informe especial se presenta al Parlamento Europeo de conformidad con lo establecido en el apartado 7 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo y, de acuerdo con la mencionada disposición, incluye también una recomendación que el Defensor del Pueblo considera necesaria en el presente asunto.

A. Investigación del Defensor del Pueblo y proyecto de recomendación

El 7 de noviembre de 1997, el Defensor del Pueblo abrió una investigación de oficio sobre el carácter secreto de los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión Europea. En su carta a la Comisión, el Defensor del Pueblo señalaba que, considerando que el primer contacto de los ciudadanos con las instituciones comunitarias es, a menudo, para solicitar empleo en ellas, sería de desear que la impresión que le causara la institución contactada fuera satisfactoria. El Defensor del Pueblo también hacía referencia a diversas reclamaciones sobre falta de transparencia en los procesos de contratación de personal.

El Defensor del Pueblo había detectado dos temas recurrentes en las observaciones formuladas por las instituciones comunitarias ante este tipo de reclamaciones. El primero de ellos es el artículo 6 del anexo III del Estatuto de los funcionarios, que establece que los procedimientos del tribunal del concurso deberán ser secretos. El segundo se refiere al amplio margen de discrecionalidad de que gozan estos tribunales.

El Defensor del Pueblo es consciente de que el propósito del artículo 6 es garantizar la independencia de los tribunales de los concursos, protegiéndolos de interferencias y presiones. No obstante, opina que esta consideración legítima no debe entorpecer la aplicación de los derechos del candidato, compatibles con lo establecido en el artículo 6.

El Defensor del Pueblo reconoce asimismo el amplio margen de discrecionalidad de que gozan los tribunales de los concursos. Sin embargo, considera que dicha discrecionalidad no ha de impedir que las autoridades públicas cumplan los principios de la buena administración.

Por ello, el Defensor del Pueblo preguntó a la Comisión si estaba dispuesta a:

1) permitir que los candidatos pudieran llevarse consigo las preguntas de los exámenes escritos tras finalizar la prueba;

2) comunicar los criterios de evaluación a los candidatos que lo solicitasen;

3) dar a conocer a los candidatos los nombres de los miembros del tribunal de selección;

4) permitir que los candidatos que hubieran realizado un examen pudieran consultar una copia corregida de la prueba.

La Comisión emitió su respuesta el 2 de marzo de 1998. Respecto a las dos primeras cuestiones, informó al Defensor del Pueblo de que, actualmente, 1) los candidatos pueden llevarse consigo las preguntas de los exámenes, a menos que su contendio esté protegido por derechos de propiedad intelectual, y 2) los tribunales de los concursos comunican los criterios de evaluación o corrección a los candidatos que así lo solicitan.

En cuanto a las otras dos preguntas planteadas por el Defensor del Pueblo (3 y 4), la Comisión declaró que la supuesta falta de transparencia se basaba en un número limitado de reclamaciones. En opinión de la Comisión, existe una diferencia fundamental entre los concursos-oposición y los exámenes de otro tipo: en la evaluación de un candidato que se presente a un examen se basa en unos criterios prefijados, mientras que en la de un opositor se toma en consideración al resto de los participantes en la prueba, y únicamente los candidatos que obtienen los mejores resultados pasan a formar parte de una lista de reserva. Según la Comisión, únicamente el tribunal del concurso está capacitado para evaluar los resultados de cada opositor, pues sólo sus miembros están en situación de comparar los exámenes del conjunto de los candidatos. La entrega de una copia corregida a un candidato no le aportaría ningún beneficio, pues no tiene sentido que una persona que no ha juzgado a los otros candidatos pueda calificar una prueba aislada. La Comisión declaró asimismo que, dado el elevado número de opositores que participan en las pruebas, la carga económica y administrativa derivada de la entrega de los exámenes corregidos sería muy elevada. Por último, la Comisión señaló que el margen de discrecionalidad de los tribunales de los concursos está sujeto a la supervisión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

En su carta de 8 de marzo de 1999, el Defensor del Pueblo tomaba nota de las explicaciones ofrecidas por la Comisión respecto a las dos primeras cuestiones, e indicaba que teniendo en cuenta las explicaciones que le habían sido facilitadas, no consideraba necesario seguir investigando al respecto.

En cuanto a la divulgación de los nombres de los miembros de los tribunales de concursos, el Defensor del Pueblo recordaba que es un principio fundamental de buena práctica administrativa que los ciudadanos puedan saber el nombre de los funcionarios que con los que tratan. El Defensor del Pueblo estimaba que una administración anónima resulta alejada del público, por lo que informó a la Comisión que consideraba inaceptable que los candidatos participantes en un examen oral no pudieran conocer los nombres de sus examinadores.

En relación con el acceso de cada candidato a la correción de su examen, el Defensor del Pueblo insistió en la importancia de que se garantice una completa confianza del público en los procedimientos de los tribunales de los concursos. En su opinión, los documentos en cuestión constan de dos partes: el propio examen escrito y las correcciones realizadas por los examinadores. El Defensor del Pueblo afirmaba que si el candidato es el autor del examen escrito, no se le puede negar el acceso al mismo. En respuesta a la segunda observación de la Comisión, el Defensor del Pueblo insistía en que correspondía al ciudadano, y no a la administración, decidir si era razonable solicitar esa información. De hecho, el candidato tiene un interés fundamental por saber qué errores ha cometido. En cuanto a las cargas económicas y administrativas mencionadas por la Comisión, el Defensor del Pueblo sugería que si el número de los candidatos que solicitaban copias de sus exámenes era elevado, la Comisión podía plantearse la posibilidad de cobrar una tasa razonable para cubrir los costes derivados de la operación.

Sobre la base de estas consideraciones, el Defensor del Pueblo presentó a la Comisión el siguiente proyecto de recomendación, de acuerdo con el apartado 6 del artículo 3 de su Estatuto:

- La Comisión debería dar a conocer a los candidatos que se presenten a exámenes orales los nombres de los miembros del tribunal del concurso.

- En las oposiciones que se convoquem en el futuro, la Comisión debería permitir a los candidatos que así lo soliciten el acceso a sus exámenes corregidos.

B. Respuesta de la Comisión al proyecto de recomendación

En su respuesta de 5 de julio de 1999, la Comisión reconocía que, según el Tratado de Amsterdam, la transparencia es un principio básico de la Unión Europea y los ciudadanos han de tener derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (artículo 255 CE). En este contexto, la Comisión llamaba particularmente la atención respecto a su Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom, de 8 de febrero de 1994, sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión(2) y sobre el Código de conducta relativo al acceso del público a los documentos del Consejo y de la Comisión(3). Sin embargo, la Comisión señalaba que, de momento, ninguno de esos textos preveía una excepción a las reglas aplicables a las oposiciones en virtud del Estatuto de los funcionarios y la jurisdicción de los tribunales comunitarios.

En cuanto a la divulgación de los nombres de los miembros de los tribunales de los concursos, la Comisión accedió a tal idea y declaró que dichos nombres se comunicarán formalmente -y no sólo verbalmente- a las candidatos que se presenten a futuros exámenes orales.

Con relación al acceso a las correcciones de los exámenes, la Comisión estimó que ya había permitido dicho acceso al Defensor del Pueblo en un caso en que éste había expresado su deseo de consultar un documento. El Defensor del Pueblo había tenido ocasión de inspeccionar ese documento en las oficinas de la Comisión. El acceso se le había permitido (y se le volvería a permitir en el futuro) en virtud de la tarea institucional específica que el Tratado CE confiere al Defensor del Pueblo.

Sin embargo, la Comisión seguía oponiéndose a que dicho acceso se extendiese a los propios candidatos. La Comisión apoyaba su postura en los argumentos que ya había expuesto en su carta de 2 de marzo de 1998, a saber, que existe una diferencia fundamental entre los concursos-oposición y los exámenes de otro tipo, pues en la evaluación de un candidato que se presente a éstos se toma como punto de referencia un criterio preestablecido, mientras que en un concurso este criterio dependerá del conjunto de participantes en la prueba; sólo el tribunal del concurso estará en posición de establecerlo, una vez comparados los exámenes de todos los candidatos. Se indicaba también que la entrega a un candidato de su examen corregido no le aportaría ningún beneficio, pues no tiene sentido que una persona que no ha juzgado a los otros candidatos pueda calificar una prueba aislada. Por último, se argumentaba también que la carga económica y administrativa derivada de la entrega de los exámenes corregidos sería muy elevada.

La Comisión hizo hincapié en que la entrega de la copia de un examen a su autor, tanto si estaba corregida como si no, supondría un cambio radical respecto a las prácticas anteriores. Por lo tanto, debería considerarse de modo más general en el contexto del Reglamento que rige la aplicación del artículo 255 del Tratado CE, que ha de ser adoptado por el Consejo sobre la base de una propuesta de la Comisión. Aún aceptando la posibilidad de introducir el pago de tasas para cubrir los gastos derivados de la operación, dada la importancia de la cuestión y las consecuencias que tal cambio conllevaría en términos de recursos humanos, la Comisión, que en ese momento ya había dimitido, consideraba que no estaba en situación de adoptar la medida sugerida por el Defensor del Pueblo, y trasladaba a la futura Comisión la responsabilidad de dar una respuesta definitiva.

C. Análisis de la respuesta de la Comisión

Divulgación de los nombres de los miembros de los tribunales de selección

El Defensor del Pueblo acoge con satisfacción la disponibilidad de la Comisión a divulgar entre los opositores los nombres de los miembros de los tribunales de selección. La aplicación de esta medida garantizará en cualquier caso una mayor transparencia y dará confianza a los candidatos que participen en oposiciones. Aunque la Comisión utiliza un lenguaje muy formal para expresar su aceptación, el Defensor del Pueblo supone que la institución procederá de acuerdo con sus declaraciones y divulgará los correspondientes nombres. En base a los anteriores considerandos, el Defensor del Pueblo no considera necesario continuar la investigación en relación a este aspecto del asunto.

Acceso de los candidatos a la corrección de sus exámenes

El Defensor del Pueblo no conoce ninguna disposición del derecho comunitario ni de la jurisprudencia de los Tribunales comunitarios que impida a la Comisión permitir que un candidato que haya realizado un examen escrito consulte la corrección del mismo. El artículo 6 del anexo III del Estatuto de los funcionarios estipula que los procedimientos de los tribunales de los concursos han de ser secretos. Por lo tanto, las deliberaciones del tribunal de selección deberán ser secretas, pero de ello no se deduce que los candidatos que deseen consultar la corrección de sus exámenes no puedan hacerlo.

El primer argumento presentado por la Comisión para justificar su negativa está relacionado con la naturaleza del procedimiento de contratación de personal. En opinión de la Comisión, para evaluar a los diferentes candidatos los tribunales de los concursos comparan los diferentes resultados del conjunto de opositores. La Comisión deduce de esto que la posibilidad de permitir a una persona el acceso a la corrección de su examen carece de utilidad, pues la persona en cuestión no habrá tenido acceso a las pruebas de los candidatos restantes.

Sin embargo, la posibilidad de consultar la corrección de su examen conlleva diversas ventajas para el candidato. En primer lugar, le permite conocer sus errores, lo que le dará la oportunidad de mejorar en el futuro. En segundo lugar, refuerza su confianza en la administración. Esto es importante, pues muchos de los candidatos insatisfechos estiman que la corrección realizada por la Comisión no ha sido adecuada, y algunos incluso creen que sus exámenes no se han corregido. En tercer lugar, un candidato que considere que la corrección de su examen no ha sido justa podrá defender su posición de una manera mucho más precisa si se la ha permitido consultarla. En cualquier caso, cuando un ciudadano solicita información, es él, y no la administración, quien debe juzgar si ésta es útil.

La Comisión se refiere también a las cargas administrativas y económicas derivadas de la posibilidad de permitir el acceso a los exámenes corregidos. El Defensor del Pueblo confía en que los servicios de la Comisión puedan organizar el proceso de manera que los costes sean mínimos, teniendo en cuenta que es improbable que todos los candidatos deseen consultar la corrección de su examen.

La Comisión está en lo cierto al afirmar que el Defensor del Pueblo tuvo acceso al examen corregido de un opositor que presentó una reclamación. En este contexto, resulta conveniente recordar que, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 3 de su Estatuto, todas las instituciones y órganos comunitarios están "obligados a facilitar al Defensor del Pueblo las informaciones requeridas y darle acceso a la documentación relativa al caso". Sin embargo, la posibilidad de que el Defensor del Pueblo consulte un examen corregido no constituye un sustituto satisfactorio del acceso al mismo por parte del propio candidato.

También es correcta la afirmación de la Comisión que la actividad de los tribunales de los concursos está sujeta al control jurisdiccional de los Tribunales comunitarios. Sin embargo, ello significa que ciertos problemas que se podrían haber resuelto fácilmente dando al candidato acceso a la corrección de su examen terminarán en los tribunales. El Defensor del Pueblo juzga que este procedimiento puede ser muy gravoso para los candidatos. Por otro lado, el hecho de facilitar el acceso de los candidatos a los exámenes corregidos puede zanjar numerosos problemas con un esfuerzo y un tiempo mínimos.

La Comisión considera que sería más adecuado resolver la cuestión del acceso a los exámenes corregidos en el contexto de las disposiciones de aplicación que se adoptarán de acuerdo con el artículo 255 del Tratado CE. Las disposiciones de aplicación podrían establecer el derecho de los opositores a acceder a dichos documentos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que esta posibilidad administrativa no impide que la Comisión mejore ya sus prácticas administrativas. La cuestión es urgente y debería resolverse lo antes posible.

El Defensor del Pueblo se muestra satisfecho por el hecho que la Comunidad haya dejado de excluir categóricamente a futuro la posibilidad de que los candidatos puedan consultar la corrección de sus exámenes, y también, que hubiera propuesta que la decisión al respecto recayera sobre la nueva Comisión. Sin embargo, el cumplimiento de los principios del Derecho comunitario no debería depender de la composición del colegio de Comisarios.

Tal como establece el Tratado de Amsterdam, la obligación de que el proceso de toma de decisiones sea lo más transparente posible representa uno de los principios fundamentales del Derecho administrativo de las Comunidades Europeas. Además, se ha de garantizar que los ciudadanos se formen una idea satisfactoria de la instituciones comunitarias cuando entran en contacto por primera vez con ellas. Los ciudadanos que desean trabajar para las Comunidades reciben una impresión muy negativa si dudan que se les haya evaluado de una mancera justa y correcta. Para disipar dicha duda es esencial que los candidatos puedan consultar la corrección de sus exámenes. Esta posibilidad no interfiere con el secreto de los procedimientos de los tribunales de los concursos, pues no afecta a las deliberaciones que éstos mantienen para evaluar los méritos de los candidatos. Por estas razones, el hecho que la Comisión no modifique sus procedimientos administrativos con el fin de ofrecer a los candidatos la posibilidad de acceder a sus exámenes corregidos se ha de considerar como un caso de mala administración. El Defensor del Pueblo tiene, pues, el deber de presentar este Informe especial al Parlamento Europeo, de acuerdo con el apartado 7 del artículo 3 de su Estatuto. El Defensor del Pueblo formula también la siguiente recomendación encaminada a acabar con la mala administración.

D. Recomendación del Defenser del Pueblo

En las futuras oposiciones convocadas por la Comisión Europea, y a más tardar a partir del día 1 de julio del año 2000, esta institución debería permitir el acceso de los candidatos que lo soliciten a sus propias pruebas corregidas.

Estrasburgo, el 18 de octubre de 1999.

Jacob SÖDERMAN

(1) Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (DO L 113 de 4.5.1994, p. 15).

(2) DO L 46 de 18.2.1994, p. 58.

(3) DO L 340 de 31.12.1993, p. 41.