COMUNICACIÓN INTERPRETATIVA SOBRE DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA CUARTA Y DE LA SÉPTIMA DIRECTIVAS DEL CONSEJO RELATIVAS A LAS CUENTAS (98/C 16/04)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1. INTRODUCCIÓN

1. La Cuarta y la Séptima Directivas del Consejo son los principales instrumentos de armonización contable en la Unión Europea (1).

2. En la presente Comunicación interpretativa, la Comisión aborda aquellos aspectos que parecen precisar un comentario oficial. Su selección se ha efectuado teniendo en cuenta los debates del Comité de contacto sobre Directivas contables y del Foro consultivo de contabilidad.

Las opiniones expuestas en la presente Comunicación no representan necesariamente la opinión de los Estados miembros y, en sí mismas, no deberían imponerles ninguna obligación. Tampoco prejuzgan la interpretación que de los asuntos tratados realice el Tribunal de Justicia, en su calidad de última instancia responsable de la interpretación del Tratado y del Derecho derivado.

3. El Comité de contacto se creó con arreglo al artículo 52 de la Cuarta Directiva y está formado por representantes de los Estados miembros y de la Comisión; entre sus funciones más importantes está la de facilitar una aplicación armonizada de las Directivas sobre cuentas, realizando para ello reuniones periódicas en las que se tratan en particular los problemas prácticos que plantea su aplicación. La aprobación en 1995 de un nuevo enfoque contable (2) dio un nuevo empuje a esta función del Comité de contacto. En concreto, la comparación entre las Normas Internacionales Contables (NIC) y las Directivas sobre cuentas efectuada por la Task Force del Comité de contacto (3), así como el continuo esfuerzo por evitar divergencias entre las NIC y las Directivas efectuado por el subcomité técnico del Comité, ha permitido al Comité de contacto resolver algunas diferencias, existentes desde hacía mucho tiempo, en la aplicación de las Directivas. El Foro consultivo de contabilidad es un organismo consultivo creado por la Comisión en 1990, formado por representantes de organismos normativos en materia contable y de organizaciones europeas representativas de los principales usuarios y elaboradores de cuentas.

Por lo que respecta a la contabilidad medioambiental, la Comisión pretende publicar unas nuevas orientaciones en forma de Recomendación.

2. CUARTA DIRECTIVA DEL CONSEJO SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE DETERMINADAS FORMAS DE SOCIEDAD (4)

2.1. Disposiciones generales

2.1.1. Imagen fiel (apartados 3 a 5 del artículo 2)

4. El apartado 3 del artículo 2 de la Directiva establece que las cuentas anuales deberán ofrecer una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad. Además, el apartado 4 del artículo 2 establece que deberá facilitarse información complementaria cuando la aplicación de las disposiciones de la Directiva no sea suficiente para ofrecer una imagen fiel. El apartado 5 del artículo 2 establece que, en casos excepcionales, no se aplicará una determinada disposición de la Directiva si ésta es incompatible con la obligación de proporcionar una imagen fiel. Todos los casos de inaplicación deberán mencionarse en la Memoria, debidamente motivados e indicando su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y la cuenta de pérdidas y ganancias.

5. El principio de imagen fiel debe ser aplicado por cada empresa. Sólo podrá no aplicarse una determinada disposición de la Directiva si no es posible proporcionar una imagen fiel mediante información complementaria. Esta circunstancia sólo ocurrirá en casos excepcionales.

6. Tal como establece la última frase del apartado 5 del artículo 2, los Estados miembros podrán determinar cuáles son estos casos excepcionales y fijar las correspondientes normas especiales. No obstante, en aras de la armonización, los Estados miembros no podrán ampararse en la última frase del apartado 5 del artículo 2 para establecer una norma contable de carácter general que sea contraria a las disposiciones de la Directiva, ni para crear opciones que permitan tratamientos contables que no se ajusten a la Directiva.

2.2. Disposiciones generales relativas a la estructura

2.2.1. Prohibición de compensación de partidas (artículo 7)

7. El artículo 7 prohíbe las compensaciones entre partidas de activo y de pasivo, o entre partidas de ingresos y de gastos.

8. Los supuestos de compensación a que se refiere el artículo 7 no deben confundirse con los supuestos en que las normas legislativas o contractuales establezcan la compensación de deudas. Una consecuencia inmediata de la legalidad de la compensación es que en las partidas sólo puede y debe figurar el importe residual.

9. No obstante, existen transacciones complejas en las que los gastos e ingresos realizados carecen de importancia, desde un punto de vista económico, para el resultado final de la transacción. En algunos casos el principio de imagen fiel requiere que sólo figure el resultado de una operación compleja, aunque deberá analizarse cada caso atendiendo a sus características.

2.3. Balance

2.3.1. Capitalización o inscripción en el activo de algunos activos fijos inmateriales (artículos 9 y 10)

10. Según la estructura del balance, la partida «inmovilizaciones inmateriales» incluye concesiones, patentes, licencias, marcas y derechos y bienes similares si han sido adquiridos a título oneroso o han sido creados por la propia sociedad y la legislación nacional autoriza su capitalización.

11. Del enunciado de la Directiva se sigue que estos activos, cuando hayan sido adquiridos a título oneroso, deben ser capitalizados. Sólo en el caso de los derechos y activos creados por la propia sociedad, la Directiva permite a los Estados miembros optar por incluirlos en el activo o por no hacerlo.

2.3.2. Partidas del balance que afecten a empresas con las que una sociedad está vinculada mediante participaciones (artículos 9, 10 y 17)

12. La estructura del balance exige que las deudas o importes debidos a empresas con las que una sociedad está vinculada mediante participaciones se registren de forma separada. El artículo 17 define las participaciones como derechos en el capital de otras empresas, materializados o no por títulos que, creando un vínculo duradero con éstas, se destinan a contribuir a la actividad de la sociedad.

13. Cabe plantearse si los importes debidos y las deudas a estas empresas deben registrarse de forma separada únicamente por parte de la sociedad que posee la participación, o también por la empresa receptora de la misma. El texto de la Directiva sugiere esta interpretación más amplia. La expresión «vinculados mediante participaciones» utilizada en los artículos 9 y 10 de la Directiva, indica que se pretendía una interpretación amplia. La frase «creando un vínculo duradero», utilizada en la definición de participación, se aplica tanto a la empresa que posee la participación como a la receptora de la misma.

14. Cuando la empresa que posee la participación y la empresa participada estén sujetas a legislaciones de Estados miembros distintos que fijen distintos porcentajes para determinar la existencia de un vínculo participativo, la existencia de una participación se determinará con arreglo a la legislación del Estado miembro en que esté establecida la sociedad que presenta las cuentas.

2.3.3. Préstamos subordinados en el balance (artículos 9 y 10)

15. Los préstamos subordinados son préstamos que, en caso de liquidación de la empresa deudora, son reembolsados una vez satisfechos todos los demás acreedores, pero antes de que los accionistas reciban distribución alguna.

16. La Directiva no prevé una partida separada para préstamos subordinados. Éstos no han de figurar en una partida «capital y reservas» sino en una partida de «deudas». Para resaltar la naturaleza específica de estos préstamos, puede crearse una partida específica del balance y en la Memoria dar más información acerca de los plazos y los tipos de los mismos.

2.3.4. Provisiones para riesgos y gastos (artículo 20)

17. El artículo 20 distingue entre dos tipos de provisiones. El apartado 1 del artículo 20 se refiere a las provisiones para cubrir pérdidas o deudas que estén claramente circunscritas y que, en la fecha de cierre del balance, sean, o bien probables, o bien ciertas pero indeterminadas en cuanto a su importe o en cuanto a la fecha en que se realizarán. Además, el apartado 2 del artículo 20 permite a los Estados miembros autorizar la constitución de otro tipo de provisiones, destinadas a cubrir gastos que tengan su origen en el ejercicio financiero en curso o en un ejercicio financiero anterior.

18. Según el apartado 1 del artículo 20 las provisiones cubren las pérdidas probables (originadas por transacciones en curso de realización) y las deudas probables. El enfoque que subyace en estas disposiciones es la existencia de una relación con una tercera parte (contrato de suministros o de servicios, procedimientos ante los tribunales, etc.). Las provisiones que reúnan estas condiciones deberán constituirse independientemente de los resultados del ejercicio financiero, con arreglo al principio general establecido en la letra bb) de la letra c) del (apartado 1 del artículo 31. Este artículo exige que se tengan en cuenta todos los riesgos previsibles y las eventuales pérdidas que tengan su origen en el ejercicio o en un ejercicio anterior, incluso si estos riesgos o pérdidas sólo se hubieran conocido entre la fecha de cierre del balance y la fecha en que éste se hubiera elaborado.

19. Sin embargo, las provisiones a que se refiere el apartado 2 del artículo 20 no se refieren a las provisiones por pérdidas y deudas sino sólo a las provisiones por gastos. Se trata de gastos que tienen su origen en el ejercicio financiero o en un ejercicio anterior, de naturaleza claramente definida y en los que, o bien se haya incurrido en la fecha de cierre del balance, o bien exista la certeza de que se incurrirá en ellos pero no pueda precisarse su importe o la fecha en que se producirán. Aunque no exista una obligación respecto a una tercera parte, la posibilidad de crear una provisión permite a la empresa calcular la pérdida o ganancia del período con mayor precisión. Por ejemplo, puede distribuir a lo largo de varios años los costes de mantenimiento importantes y recurrentes y los gastos por reparaciones importantes.

2.3.5. Provisiones para riesgos y gastos medioambientales (artículo 20)

20. Las normas generales del apartado 1 del artículo 20 de la Directiva también se aplican a las provisiones para riesgos y gastos medioambientales. Cuando los Estados miembros hayan utilizado la opción que les da el apartado 2 del artículo 20, ésta también se aplicará a los gastos medioambientales.

21. En el balance puede constituirse una provisión para los riesgos y gastos medioambientales que tengan su origen en transacciones o acontecimientos pasados cuando:

a) la empresa esté obligada, por la ley o por un contrato, a prevenir, reducir o reparar daños al medio ambiente; o

b) la dirección de la empresa tiene el compromiso de prevenir, reducir o reparar un daño medioambiental, por ejemplo cuando su política o sus objetivos, la práctica del sector, o las expectativas públicas, dejan a la dirección poco margen de maniobra para no intervenir, o cuando ésta ha comunicado que prevendrá, reducirá o reparará un daño al medio ambiente, bien internamente a otro órgano de la empresa, o bien externamente.

2.4. Cuenta de pérdidas y ganancias

2.4.1. Determinación del volumen neto de negocios (artículo 28)

22. Según el artículo 28 de la Directiva, el importe neto del volumen de negocios comprende los importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la sociedad, tras deducir los descuentos por ventas, el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos.

23. La expresión «otros impuestos directamente ligados al volumen de negocios» excluye los impuestos especiales. A diferencia del IVA, que se impone y que se reembolsa en cada fase de la cadena de la producción, los impuestos especiales son pagados una sola vez por el productor cuando el producto sale de la empresa. Así, lo más lógico es considerarlos parte inseparable del precio del producto, por lo que siempre deberán incluirse en el importe neto del volumen de negocios.

2.4.2. Partidas extraordinarias (apartado 1 del artículo 29)

24. El apartado 1 del artículo 29 establece que los ingresos y los gastos que no procedan de las actividades ordinarias de la sociedad deberán figurar como «ingresos extraordinarios» o «gastos extraordinarios».

25. La contabilidad moderna tiende a reducir el número de partidas que se consideran extraordinarias.

26. La definición de partidas extraordinarias que figura en la Directiva no impide que los ingresos y gastos sólo deban clasificarse como extraordinarios en casos excepcionales. Al efectuar la clasificación deben tenerse en cuenta diversos factores, tales como el tamaño de la empresa y sus actividades. La clasificación de una partida como extraordinaria a menudo puede depender del tamaño de la empresa; cuanto mayor sea ésta, más frecuentes son determinadas situaciones, con lo que más correcto será clasificarlas como ordinarias.

2.4.3. Gastos medioambientales

27. Los gastos medioambientales no se explican en la Directiva. Los gastos medioambientales pueden incluir el coste de las medidas adoptadas por una empresa, o por otras en nombre de ésta, para prevenir, reducir o reparar daños al medioambiente que resulten de sus actividades ordinarias, o para la conservación de recursos renovables y no renovables. Estos gastos incluyen, entre otros, la gestión de residuos, la protección de las aguas superficiales y subterráneas, la conservación y la mejora de la calidad del aire, la reducción del ruido, la eliminación de la contaminación en edificios, la investigación sobre productos, materias primas o procedimientos de producción menos perjudiciales para el medio ambiente, etc (5).

28. En la mayoría de los casos, los gastos medioambientales deberán tratarse como gastos ordinarios. En consecuencia, deberán normalmente contabilizarse en el ejercicio en el cual se generan.

2.5. Normas de valoración

2.5.1. Depreciación de los activos fijos [letra b) del apartado 1 del artículo 31, apartado 3 del artículo 33 y letra b) del apartado 1 del artículo 35]

29. El precio de adquisición de los elementos del activo fijo inmovilizado con un ciclo de vida limitado deberá depreciarse sistemáticamente a lo largo de toda su vida útil [letra b) del apartado 1 del artículo 35].

30. La obligación de depreciación también se aplica cuando el justo valor de un edificio es igual o superior a su valor contable o cuando el ciclo de vida residual estimado sea ilimitado o tan largo que su depreciación anual sería insignificante. La Directiva exige que los activos fijos, tales como edificios, cuya vida útil es limitada, se deprecien a lo largo de su ciclo de vida útil. La depreciación sirve para escalonar el precio de adquisición sistemáticamente a lo largo del ciclo de vida útil del edificio.

31. La aplicación de unas normas de valoración que no se basen en el precio de adquisición constituye un asunto distinto; debe estar autorizada con arreglo al artículo 33 y la corrección de valor se calculará cada año sobre la base del valor considerado para el ejercicio en cuestión (valor actual) (apartado 3 del artículo 33).

2.5.2. Amortización fraccionada en el caso de edificios revalorizados (artículo 32 y apartado 3 del artículo 33)

32. Los gastos de amortización en caso de los edificios revalorizados no pueden dividirse en una parte que se base en el coste histórico y que se traslade a la cuenta de resultados y otra parte que se base en el importe revalorizado y que se traslade directamente a las reservas de revalorización.

33. El apartado 3 del artículo 33 permite a los Estados miembros autorizar o exigir que en las correspondientes partidas de la cuenta de resultados sólo figure el importe de la depreciación resultante de la aplicación de la norma general fijada en el artículo 32 (precio de adquisición), y que figure separadamente la corrección resultante de las normas de valoración adoptada con arreglo al artículo 33. Esta disposición sigue exigiendo que la depreciación se calcule con arreglo al valor adoptado para el ejercicio financiero; simplemente permite a los Estados miembros autorizar o exigir que en las partidas correspondientes figure el elemento «precio de adquisición» de la depreciación. La parte de los gastos de amortización correspondiente al importe revalorizado puede figurar de forma separada en la cuenta de resultados.

2.5.3. Determinación del importe amortizable [letra b) del apartado 1 del artículo 35]

34. La letra b) del apartado 1 del artículo 35 de la Directiva indica que la base para calcular la amortización, o el importe amortizable, será el «precio de adquisición o coste de producción». Sin embargo, en contabilidad a menudo se calcula el importe amortizable de un activo tras deducir su valor residual. Aunque la Directiva no hace una referencia específica al valor residual, su utilización en el cálculo del importe amortizable de un activo no es contraria a la misma.

2.5.4. Contabilización de contratos a largo plazo [letra c) del apartado 1 del artículo 31]

35. Normalmente se considera que los contratos a largo plazo son contratos que se refieren a trabajos o servicios que cubren un período de tiempo superior a un año. Existen distintos métodos para contabilizar estas situaciones. Uno de ellos consiste en contabilizar los beneficios sólo tras la finalización del contrato (método del contrato finalizado). Otro método es calcular el beneficio proporcionalmente a la parte del contrato que se ha realizado finalizado el ejercicio financiero (método del porcentaje de realización). La Directiva permite ambos métodos.

36. No obstante, sólo se permite el segundo método si se respeta plenamente el principio de prudencia formulado en la letra c) del apartado 1 del artículo 31. En otras palabras, cuando:

a) se conocen los ingresos totales del contrato;

b) es posible calcular con precisión la proporción de trabajo realizado;

c) los trabajos a que se refiere el contrato están suficientemente avanzados.

Además, si en un contrato se prevé una pérdida, debe crearse una provisión por la totalidad de la pérdida desde el momento en que ésta se pone de manifiesto.

37. Independientemente del método elegido, en la memoria deberá figurar la correspondiente información respecto al método aplicado de conformidad con el artículo 43 de la Directiva.

2.5.5. Contabilización de las diferencias positivas de tipos de cambio (artículo 31)

38. La Directiva no trata específicamente el problema de la contabilización de las variaciones en los tipos de cambio de las divisas. El apartado 1 del artículo 43 establece que en los elementos contenidos en las cuentas anuales que estén o que en su origen hayan estado expresadas en monedas extranjeras deberán indicarse las bases de conversión utilizadas para su expresión en moneda local.

39. La contabilización de las diferencias de conversión de tipos de cambio ha sido objeto de un largo debate en Europa (6). Mientras que siempre ha existido un acuerdo sobre el hecho de que las diferencias negativas de los tipos de cambio deben figurar en la cuenta de pérdidas y ganancias desde el momento en que se producen, existen dudas acerca de la posibilidad de incluir en la misma las diferencias positivas.

40. El artículo 31 de la Directiva no excluye una interpretación que permita incluir las diferencias positivas en la cuenta de resultados. Además esta posibilidad existe para las partidas monetarias a corto y largo plazo. Debido a la existencia de instrumentos financieros muy sofisticados, sería arbitrario efectuar una distinción entre partidas monetarias a corto plazo y a largo plazo.

2.5.6. Capitalización de los costes de endeudamiento (apartado 4 del artículo 35)

41. El apartado 4 del artículo 35 permite incluir en los costes de producción los intereses de los préstamos destinados a la fabricación de elementos de activo inmovilizado, en la medida en que se refieran al período de fabricación. El término «fabricación» del apartado 4 del artículo 35 no deberá interpretarse de forma demasiado restringida.

42. Sin duda alguna los costes de endeudamiento relacionados con la fabricación de elementos de activo inmovilizado también pueden capitalizarse. De la misma manera, los costes de endeudamiento relacionados con la adquisición de dichos elementos también pueden capitalizarse siempre que la adquisición no tenga como resultado que el elemento de activo inmovilizado quede inmediatamente preparado para su utilización o venta. Es evidente que la capitalización de los costes de endeudamiento presupone que se precisará un considerable período de tiempo antes de que el elemento de activo pueda utilizarse o venderse. En lo que se refiere a adquisiciones, este sería el caso cuando se adquieren componentes para su posterior montaje.

2.5.7. Capitalización de gastos medioambientales (apartado 2 del artículo 15)

43. Cuando se incurre en gastos medioambientales para evitar o reducir futuros daños al medio ambiente o conservar recursos, éstos podrán considerarse un activo si, con arreglo al apartado 2 del artículo 15 de la Directiva, están destinados a servir de forma duradera en las actividades de la empresa y si se cumple uno de los siguientes criterios adicionales:

a) están vinculados a futuros beneficios medioambientales y amplían la vida, aumentan la capacidad o mejoran la seguridad o eficacia de activos propiedad de la empresa; o

b) reducen o evitan la contaminación medioambiental que podrían generarse debido a futuras actividades.

2.5.8. Valoración de las existencias [letra b) del apartado 1 del artículo 39]

44. La letra b) del apartado 1 del artículo 39 establece que los elementos del activo circulante deberán figurar con el valor inferior del mercado o, en circunstancias particulares, con otro valor inferior que se les atribuirá en la fecha de cierre del balance.

45. Aunque la Directiva no efectúa una referencia específica al concepto de valor neto de realización, resulta difícil imaginar cualquier caso práctico en que el valor inferior que deba atribuirse a las existencias en la fecha de cierre del balance sea muy distinto del valor neto de realización. Por esta razón, el concepto de valor neto de realización es compatible con la Directiva.

2.6. Memoria

2.6.1. Omisión de algunas partidas relativas a empresas en las que se poseen participaciones [punto 2 del apartado 1 del artículo 43 y letra b) del apartado 1 del artículo 45]

46. Según la letra b) del apartado 1 del artículo 45, los Estados miembros podrán autorizar que no figure la información a que se refiere el punto 2 del apartado 1 del artículo 43 sobre empresas en que la sociedad posee, directa o indirectamente, una participación, cuando su naturaleza pudiera acarrear graves perjuicios a «una de las empresas mencionales en el punto 2 del apartado 1 del artículo 43».

47. La referencia a «una de las empresas mencionadas en el punto 2 del apartado 1 del artículo 43» se refiere no sólo a aquellas empresas en las que la sociedad tiene una participación sino también a la propia sociedad «holding», dado que la publicación puede ser perjudicial en ambos casos.

2.6.2. Información medioambiental (artículos 29, 42 y 43)

48. Por lo general, las siguientes disposiciones de la Directiva se aplican también a la información financiera relacionada con asuntos medioambientales que deberían incluirse en la Memoria:

a) el punto 1 del apartado 1 del artículo 43 en lo referente a la publicidad sobre las normas de valoración aplicadas;

b) el artículo 29 en lo que respecta a la publicidad de las partidas extraordinarias;

c) el artículo 42 en lo que respecta a la publicidad y los pormenores de las provisiones que figuren en la partida «Otras provisiones»;

d) el punto 7 del apartado 1 del artículo 43 en cuanto a la publicidad del pasivo contingente; la información será suficientemente detallada, de forma que pueda comprenderse la naturaleza del imprevisto.

2.7. Informe anual

2.7.1. Información medioambiental (artículo 46)

49. Con arreglo al artículo 46 en el informe anual deberá proporcionarse la siguiente información sobre aspectos medioambientales:

a) cuando los aspectos medioambientales sean importantes para la situación financiera de la empresa, una descripción de los mismos y de la respuesta de la empresa;

b) la política adoptada por la empresa respecto a las medidas de protección del medio ambiente;

c) mejoras introducidas en los ámbitos fundamentales de la protección medioambiental;

d) información sobre los incentivos públicos para protección del medio ambiente, tales como subvenciones y desgravaciones fiscales;

e) en qué grado se están aplicando medidas de protección medioambiental que vengan impuestas por modificaciones de la legislación, aprobadas o en curso de aprobación;

f) en caso de que se proporcione más información cuantitativa o cualitativa en un informe separado, se hará referencia al mismo.

3. SÉPTIMA DIRECTIVA DEL CONSEJO SOBRE CUENTAS CONSOLIDADAS (7)

3.1. Definición de grupo y alcance de la consolidación

3.1.1. Mayoría de derechos de voto en otra empresa [letra a) del apartado 1 del artículo 1]

50. La letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva exige que se elaboren cuentas consolidadas cuando una empresa posea la mayoría de los derechos de voto en otra empresa. La mayoría de los derechos de voto no se corresponde necesariamente con la mayoría del capital social.

51. Cuando la empresa haya emitido acciones de voto plural, éstas deberán tenerse en cuenta en su totalidad para determinar si debe incluirse una empresa en la consolidación, incluso si dichas acciones no representaran la mayoría del capital. Idéntico principio se aplica a las acciones sin derecho a voto, es decir, las acciones que posea la empresa afectada deben tenerse en cuenta únicamente en función de los derechos de voto que le confieren e independientemente de la proporción del capital que representan.

52. Al definir la relación entre matriz y filial, deberá entenderse que la mayoría de los derechos de voto significa la mayoría simple de todos los derechos de voto en una empresa. Este principio rige incluso si la legislación o los estatutos de la sociedad exigen que todas o determinadas decisiones de la empresa se adopten únicamente por mayoría cualificada. La relación entre matriz y filial no queda afectada en aquellos casos en que la ley o los estatutos de la sociedad limitan el derecho de voto de un accionista o un socio a un determinado porcentaje del total de derechos de voto inferior a la mayoría del total de los derechos de voto, independientemente del tamaño de su participación y de los derechos de voto derivados de la misma.

53. No obstante, las restricciones a que se refiere el apartado 52 deben considerarse a la luz de la letra aa) de la letra a) del apartado 3 del artículo 13, que permite que no se incluya en las cuentas consolidadas una empresa cuando una restricción importante y duradera obstaculice a la empresa matriz el ejercicio de los derechos respecto a los activos o la gestión de la empresa.

54. Cuando existe una diferencia entre la proporción del capital y la proporción de derechos de voto y la consolidación se ha realizado basándose en el principio de la mayoría de los derechos de voto, en la Memoria a las cuentas consolidadas se incluirá información sobre los criterios con arreglo a los cuales se ha realizado la consolidación, es decir, sobre la proporción de los derechos de voto que se posee [letra a) del apartado 2 del artículo 34].

3.1.2. Derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, de dirección o de control de otra empresa [letra b) del apartado 1 del artículo 1]

55. La letra b) del apartado 1 del artículo 1 impone que se elaboren cuentas consolidadas cuando una empresa posea el derecho a nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, de dirección o de control de otra empresa (empresa filial) y al mismo tiempo sea accionista o socio de esta empresa.

56. En principio, esta disposición no se refiere a aquellas situaciones en que una empresa tenga derecho, respecto a otra empresa y con arreglo a los estatutos de la sociedad, a nombrar a una minoría de los miembros de uno de los órganos mencionado, y dicha minoría posea la mayoría de los derechos de voto dentro del órgano en cuestión. Sólo se exige consolidación cuando existe el derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros.

3.1.3. Exclusión de filiales con actividades incompatibles (apartado 1 del artículo 14)

57. El apartado 1 del artículo 14 de la Directiva establece que se excluirán de la consolidación aquellas empresas cuya inclusión fuera incompatible con el requisito de proporcionar una imagen fiel. Aunque el segundo apartado ya restringe el ámbito de este artículo, la contabilidad moderna limita todavía más este tipo de exclusiones.

58. Desde que se aprobó la Directiva, la tendencia ha sido a incluir cada vez más filiales en las cuentas consolidadas, independientemente de la naturaleza de sus actividades en relación con las de la empresa matriz. Suele preferirse incluir la filial en las cuentas consolidadas y proporcionar la información necesaria (de forma segmentada) en la Memoria. El apartado 1 del artículo 14 debe interpretarse teniendo en cuenta esta evolución y la exclusión del ámbito de la consolidación sólo deberá realizarse en circunstancias muy excepcionales, cuando así lo requiere la aplicación del principio de imagen fiel descrito en el apartado 3 del artículo 16.

3.2. Elaboración de las cuentas consolidadas

3.2.1. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias consolidados (artículo 17)

59. Según el artículo 17 de la Directiva, la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados se regirán por las disposiciones de la Cuarta Directiva (artículos 9 a 10 y 23 a 26). No obstante, pueden efectuarse ajustes derivados de las características especiales de las cuentas consolidadas. Entre dichos ajustes figuran en primer lugar los que se refieren a las partidas que la Séptima Directiva establece específicamente que deberán complementar las enunciadas en la Cuarta Directiva y que impone el propio proceso de consolidación. Se trata de las siguientes partidas:

- diferencias positivas o negativas de consolidación [letra c) del apartado 1 del artículo 19],

- importes del capital (artículo 21) y de las pérdidas o ganancias (artículo 23) atribuibles a accionistas minoritarios,

- la diferencia entre el valor contable de una participación y el importe correspondiente a la proporción de capital y reservas representado por dicha participación, en el caso de aplicación del método de puesta en equivalencia [letras a) y b) del apartado 2 del artículo 33] y la proporción de resultados de empresas asociadas a las que se haya aplicado el método de puesta en equivalencia (apartado 6 del artículo 33).

60. El apartado 2 del artículo 17 permite a los Estados miembros que no efectúen una distinción entre materias primas y aprovisionamientos, productos en curso de fabricación, productos acabados y pagos, en circunstancias excepcionales en las que dicho desglose entrañe gastos desproporcionados. En tal caso, las existencias se desglosarán según el objeto más frecuentemente utilizado durante el ejercicio financiero.

3.2.2. Requisitos que impone la aplicación de las normas internacionales de contabilidad (artículos 17 y 29)

61. Si una empresa que debe preparar sus cuentas consolidadas de conformidad con la Séptima Directiva desea ajustarse al mismo tiempo a las exigencias de otras normas internacionales tales como las de la IAS (International Accounting Standards) o las GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) de Estados Unidos, sólo podrá hacerlo si las cuentas consolidadas mantienen la conformidad con la Séptima Directiva. Este aspecto tiene especial pertinencia para la estructura de las cuentas y los métodos de valoración.

El balance y la cuenta de pérdida y ganancias se elaborarán con arreglo a las exigencias de la Directiva, lo cual significa que en las estructuras que establece la Cuarta Directiva no podrán efectuarse más ajustes que los que permite el artículo 4 de la misma.

En lo que se refiere a las normas de valoración, el apartado 2 del artículo 29 permite a los Estados miembros exigir o permitir el uso en las cuentas consolidadas de normas distintas a las empleadas por la empresa matriz en sus cuentas anuales. No obstante, dichas normas también deberán ser conformes con la Cuarta Directiva. No podrán utilizarse normas de valoración que entren en conflicto con las que permite la Cuarta Directiva.

(1) Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222 de 14.8.1978, p. 11).

Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a las cuentas consolidadas (DO L 193 de 18.7.1983, p. 1).

En los sectores bancario y de seguros son de aplicación las siguientes Directivas:

Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986, p. 1).

Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguro (DO L 374 de 31.12.1991, p. 7).

(2) Armonización contable: Una nueva estrategia frente a la armonización internacional. Comunicación de la Comisión. COM(95) 508, noviembre de 1995, 8 pp.

(3) «Análisis de la conformidad entre las Normas Internacionales de Contabilidad y las Directivas comunitarias sobre cuentas». Comisión Europea, 1996, 22 pp.

(4) En esta parte del informe el término «la Directiva» se refiere a la Cuarta Directiva a menos que se indique lo contrario.

(5) Véase también «Paper of the Accounting Advisory Forum: Environmental issues in financial reporting», (Documento XV/6004/94), Comisión Europea 1995, p. 5.

(6) Véase «Paper of the Accounting Advisory Forum: Foreign Currency Translation», Comisión Europea, OPOCE, Luxemburgo, 1995, 62 pp.

(7) En esta parte del informe el término «la Directiva» se refiere a la Séptima Directiva a menos que se indique lo contrario.