RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 28 de julio de 1982 relativa al estímulo a las inversiones en materia de uso racional de la energía

(82/604/CEE)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 235,

Visto el proyecto de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Parlamento europeo (2),

Visto el dictamen del Comité económico y social (3),

Considerando la Comunicación de la Comisión relativa a la inversión en materia de uso racional de la energía;

Considerando las conclusiones sobre la política de los precios de la energía adoptadas por el Consejo los días 3 de diciembre de 1981 y 16 de marzo de 1982;

Considerando que la situación actual de relativa estabilidad de los precios en el mercado del petróleo no debe traducirse en una disminución del esfuerzo emprendido para una utilización más racional de la energía;

Considerando que, aunque la reducción actualmente observada del consumo de energía se debe en parte a los cambios en la estructura de la demanda, ésta se debe también en gran parte a una disminución de la actividad económica y que, por lo tanto, una reactivación del crecimiento ocasionaría muy probablemente un aumento de la demanda de energía;

Considerando que es necesario no sólo progresar hacia la realización de los objetivos que se ha fijado la Comunidad, a saber, reestructurar la demanda en función de una utilización más racional de la energía y desarrollar otras fuentes de energía distintas del petróleo, sino también asegurar el control constante de los resultados obtenidos en los Estados miembros;

Considerando que, según los cálculos de la Comisión, las inversiones relacionadas con la utilización racional de la energía en la Comunidad han representado solamente alrededor del 0,4 % del producto interior bruto (PIB) en 1981; que es conveniente en consecuencia, aumentarlas considerablemente;

Considerando que un incremento de dichas inversiones, al contribuir a mejorar la competitividad de las empresas y permitir el desarrollo de nuevas actividades industriales, podría representar un elemento importante de una estrategia energética e industrial dirigida a favorecer una reactivación económica duradera;

Considerando, por otra parte, que esto puede producir efectos favorables sobre el empleo;

Considerando que es conveniente que los poderes públicos estimulen la realización de dichas inversiones, teniendo en cuenta su importancia para la actividad económica así como el carácter específico que revisten algunas de ellas;

Considerando que, además de las medidas específicas al desarrollo de determinados tipos de inversión, conviene mejorar el contexto general (política energética, económica, financiera) en el cual se sitúan las decisiones en materia de inversión;

Considerando la incertidumbre de los precios así como la evolución de los precios de las diferentes formas de energía, que se derivan de las políticas en materia de precios y de fiscalidad que actualmente se practican en la Comunidad;

Considerando las consecuencias negativas de dicha incertidumbre sobre las decisiones en materia de inversión;

Considerando que es conveniente mejorar la formación y la información de los agentes económicos en lo que se refiere a la importancia que presenta la utilización racional de la energía tanto para sus propias actividades como para la colectividad;

Considerando la incidencia de los tipos de interés elevados e inestables y en particular la necesidad, en determinados casos, de adaptar mejor los circuitos financieros y las fórmulas de financiación a las necesidades y a las situaciones específicas de los inversores;

Considerando que la compartimentación que existe todavía entre los mercados nacionales obstaculiza el desarrollo de la industria del ahorro de energía y de las nuevas energías, impidiéndoles beneficiarse plenamente de una posible economía de escala;

Considerando que una centralización excesiva de los mecanismos de decisión puede provocar una disminución de la difusión y del estímulo favorable a la utilización racional de la energía;

Considerando los problemas específicos de determinados sectores de utilización de la energía, en particular, las industrias de mayor consumo de energía, las pequeñas y medianas empresas e incluso el sector inmobiliario;

Considerando que es conveniente que los Estados miembros establezcan de forma concertada un conjunto coherente de medidas adecuadas para superar dichas dificultades y obstáculos,

RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS:

1. intensificar los esfuerzos para una utilización más racional de la energía:

- mejorando las condiciones necesarias para que los agentes económicos interesados incrementen sensiblemente sus inversiones en dicho campo (4);

- valorando más, en cuanto a la inversión en su conjunto, las necesidades de la utilización racional de la energía.

Los progresos realizados en dicha dirección serán objeto de un examen regular a nivel de la Comunidad, en el marco del examen periódico de las políticas energéticas de los Estados miembros.

Los indicadores para apreciar dichos progresos tomarán en consideración no solamente los aspectos de la política energética, sino igualmente los aspectos macroeconómicos, financieros y sectoriales. Estos serán definidos por la Comisión en colaboración con los Estados miembros;

2. para lograr dichos objetivos:

- estimular, particularmente por medio de información adecuada, la lucha por el ahorro de energía;

- aplicar una política de precios de la energía que asocie la búsqueda de precios justos, basada en las condiciones del mercado y en los costes, a la prosecución de los objetivos energéticos. Cuando ésta dependa de los poderes públicos, la determinación de todos los elementos constitutivos de los precios de la energía para el usuario final deberá igualmente considerar dichos objetivos;

- estimular a las compañas de gas y de electricidad para que definan y apliquen una estructura de tarifas estables y que responda a los objetivos de la política energética;

- favorecer la mejora de la formación y de la información de los agentes económicos, en particular, la de las pequeñas y medianas empresas y de las familias, por ejemplo, mediante el acceso a servicios de consulta fiables;

- informar e interesar más, en la medida en que sea necesario, a las autoridades locales y regionales en los préstamos comunitarios;

- informar e interesar más, en la medida en que sea necesario, a las pequeñas y medianas empresas en los préstamos comunitarios existentes, en particular, estimulándolas a elaborar en común proyectos que puedan beneficiarse de tales préstamos;

- favorecer, en su caso, una mejor adaptación de los circuitos financieros y de las fórmulas de financiación a las necesidades específicas de los proyectos prioritarios de inversión en la utilización racional de la energía;

- utilizar al máximo la dimensión del mercado interior de la Comunidad, evitando obstaculizar, mediante la adopción de medidas legales, reglamentarias o administrativas, así como a través de la aplicación de normas nacionales, la libre circulación de equipos y servicios destinados a una utilización más racional de la energía;

- simplificar y acelerar, allí donde las disposiciones administrativas y legales existentes constituyan un obstáculo, los procedimientos a los cuales están sujetos los proyectos de nuevas instalaciones que permitan la explotación eficiente de los recursos locales de energía de sustitución (biomasa, energía solar, energía geotérmica y pequeños saltos de agua), en la medida en que se cumplan las normas y reglamentos técnicos relativos a la seguridad y la protección del medio ambiente;

- favorecer cierto grado de descentralización de las decisiones, la adaptación a las condiciones locales que constituyen en particular un importante factor del éxito de los programas de utilización racional de la energía dirigidos al sector doméstico y a las pequeñas y medianas empresas;

- estudiar la posibilidad de utilizar medidas financieras y/o fiscales de carácter incentivo, para estimular la adquisición por el consumidor final, de instalaciones y equipos de bajo consumo energético;

- aportar una ayuda financiera significativa a la renovación de los edificios en la medida en que ésta contribuya a economizar energía en condiciones de rentabilidad suficiente;

- asegurar una continuidad suficiente de la asistencia financiera y técnica a fin de dar al inversor potencial una mejor información y sobre todo la posibilidad de programar la inversión;

- estimular, allí donde sea oportuno, a las compañas distribuidoras de combustibles y de electricidad a incitar a las familias a renovar - fines de ahorro energético - su vivienda, mediante el suministro de servicios adecuados que pueden ir desde una ayuda para la obtención de crédito al asesoramiento para la elección de equipos.

Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1982.

Por el Consejo

El Presidente

O. MOELLER

(1) DO no C 107 de 28. 4. 1982, p. 4.(2) DO no C 149 de 14. 6. 1982, p. 137.(3) Dictamen emitido el 30 de junio de 1982 (no publicado aún en el Diario Oficial).(4) Según las estimaciones de la Comisión, la inversión relativa a la utilización racional de la energía habría representado en 1981 el 0,4 % del PIB, el 1,9 % de la formación bruta de capital fijo y el 25 % de la inversión energética.