RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

de 18 de junio de 2019

sobre el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España para el período 2021-2030

(2019/C 297/09)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, cada Estado miembro debe presentar a la Comisión un proyecto de plan nacional integrado de energía y clima para el período de 2021 a 2030 conforme al artículo 3, apartado 1, y al anexo I de dicho Reglamento. El plazo de presentación de los primeros proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima concluyó el 31 de diciembre de 2018.

(2) España presentó su proyecto de plan nacional integrado de energía y clima el 22 de febrero de 2019. La presentación de estos proyectos constituye la base y el primer paso del proceso iterativo entre la Comisión y los Estados miembros para la finalización y posterior ejecución de los planes nacionales integrados de energía y clima.

(3) De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, la Comisión debe hacer una evaluación de los distintos proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima. A este respecto, la Comisión hizo una evaluación exhaustiva del plan nacional integrado de energía y clima de España, teniendo en cuenta los elementos pertinentes del Reglamento (UE) 2018/1999. Dicha evaluación (2) se publica junto con la presente Recomendación. Las recomendaciones formuladas a continuación basan en esa evaluación.

(4) Las recomendaciones de la Comisión pueden abordar, en particular: i) el nivel de ambición de los objetivos generales, objetivos específicos y contribuciones con vistas a la consecución colectiva de los objetivos de la Unión de la Energía, y especialmente de los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energías renovables y eficiencia energética, así como el nivel de interconexión de electricidad que el Estado miembro pretende alcanzar en 2030; ii) las políticas y medidas relacionadas con los objetivos del Estado miembro y a nivel de la Unión y las demás políticas y medidas de relevancia potencial transfronteriza; iii) cualquier política o medida adicional que pudiese ser necesaria en los planes nacionales integrados de energía y clima; iv) las interacciones y la coherencia entre las políticas y medidas existentes y las previstas en el plan nacional integrado de energía y clima dentro de una dimensión y entre las distintas dimensiones de la Unión de la Energía.

(5) Al elaborar sus recomendaciones, la Comisión tuvo en cuenta, por una parte, la necesidad de sumar determinadas contribuciones previstas cuantificadas de todos los Estados miembros a fin de evaluar la ambición a nivel de la Unión y, por otra, la necesidad de proporcionar el tiempo oportuno al Estado miembro de que se trate para que tenga debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión antes de finalizar su plan nacional.

(6) Las recomendaciones de la Comisión relativas a la ambición de los Estados miembros en materia de energías renovables se basan en una fórmula establecida en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/1999, que se ajusta a criterios objetivos.

(7) En lo que concierne a la eficiencia energética, las recomendaciones de la Comisión se basan en la evaluación del nivel de ambición nacional plasmado en el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima, en comparación con el nivel de esfuerzo colectivo necesario para alcanzar los objetivos de la Unión, teniendo en cuenta, en su caso, la información facilitada sobre circunstancias nacionales específicas. Las contribuciones nacionales finales en el ámbito de la eficiencia energética deben reflejar el potencial de ahorro energético rentable e ir acompañadas de una sólida estrategia de renovación de edificios a largo plazo y de medidas destinadas a cumplir la obligación de ahorro de energía impuesta por el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Los Estados miembros deben demostrar también que han tenido debidamente en cuenta el principio de «primero, la eficiencia energética», explicando en particular cómo contribuye la eficiencia energética a alcanzar de forma rentable los objetivos nacionales de una economía hipocarbónica competitiva, de seguridad del suministro energético y de lucha contra la pobreza energética.

(8) El Reglamento sobre la gobernanza exige que los Estados miembros presenten una visión de conjunto de la inversión necesaria para cumplir los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones establecidos en el plan nacional integrado de energía y clima, así como una evaluación general de las fuentes de dicha inversión. En los planes nacionales de energía y clima debe velarse por la transparencia y la previsibilidad de las políticas y medidas nacionales para garantizar la seguridad de la inversión.

(9) Paralelamente, en el marco del ciclo del Semestre Europeo 2018-2019, la Comisión ha hecho especial hincapié en las necesidades de inversión de los Estados miembros relacionadas con la energía y el clima. Así se refleja en el informe sobre España de 2019 (4) y en la Recomendación de la Comisión de Recomendación del Consejo a España (5), como parte del proceso del Semestre Europeo. La Comisión ha tenido en cuenta las últimas conclusiones y recomendaciones del Semestre Europeo en su evaluación de los proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima. Las recomendaciones de la Comisión complementan las recomendaciones específicas por país más recientes emitidas en el contexto del Semestre Europeo y, por consiguiente, los Estados miembros deben tener en cuenta también dichas recomendaciones específicas en sus planes nacionales integrados de energía y clima.

(10) Además, el Reglamento sobre la gobernanza exige que todos los Estados miembros tengan debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión en el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima que deben presentar de aquí al 31 de diciembre de 2019 y que, si no abordan una recomendación o una parte sustancial de una recomendación, expongan los motivos y los hagan públicos.

(11) En su caso, los Estados miembros deben comunicar en sus planes nacionales integrados de energía y clima, y en las actualizaciones de años posteriores, los mismos datos que en sus notificaciones a Eurostat o a la Agencia Europea de Medio Ambiente. También es esencial hacer uso de la misma fuente y de estadísticas europeas, cuando estén disponibles, para calcular la base de referencia utilizada en la elaboración de modelos y proyecciones. El uso de estadísticas europeas mejorará la comparabilidad de las proyecciones y los datos utilizados en los planes nacionales integrados de energía y clima.

(12) Todos los elementos establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) 2018/1999 deben incluirse en la versión final del plan nacional integrado de energía y clima. En este contexto, debe evaluarse el impacto macroeconómico de las políticas y las medidas previstas y, en la medida de lo posible, sus repercusiones sociales y su incidencia en los ámbitos de la salud, el medio ambiente, el empleo, la educación y las capacidades. Es preciso obtener la participación del público y de otras partes interesadas en la preparación de la versión final del plan nacional integrado de energía y clima. Estos y otros elementos se describen detalladamente en el documento de trabajo publicado junto con la presente Recomendación (6).

(13) Existe amplia coherencia en los objetivos dentro de cada una de las dimensiones, así como entre las diferentes dimensiones, en particular las relativas a la descarbonización y a la eficiencia energética. En el plan final, España debe describir también las interrelaciones entre las políticas y medidas previstas y, en la medida de lo posible, cuantificarlas en mayor medida. Podría detallar, por ejemplo, las sinergias entre las dimensiones de descarbonización, seguridad energética y mercado interior y el principio de «primero, la eficiencia energética», explicando cómo contribuye la eficiencia energética a la consecución rentable de los objetivos nacionales de una economía hipocarbónica competitiva y a la seguridad del suministro energético, así como su relación con la lucha contra la pobreza energética. Constituyen también elementos importantes que deben abordarse en el plan final las interacciones de las políticas previstas en relación con la eliminación progresiva de las centrales de carbón y las centrales nucleares, incluida la estrategia para el uso de las instalaciones del ciclo de combustible nuclear existentes en el país; la incidencia de los riesgos del cambio climático en el suministro energético; y el impacto de la creciente penetración de las energías renovables en el mercado interior. Los objetivos perseguidos en la dimensión de investigación, innovación y competitividad deben contribuir a los esfuerzos previstos en el marco de las demás dimensiones de la Unión de la Energía.

(14) Se podría mejorar la versión final del plan nacional integrado de energía y clima presentando un análisis global de la posición que ocupa actualmente el sector de las tecnologías hipocarbónicas en el mercado mundial, en el que se determinaran áreas de solidez competitiva y posibles desafíos, se señalaran objetivos cuantificables para el futuro, así como políticas y medidas para alcanzarlos, y se establecieran vínculos adecuados con la política empresarial e industrial. También podría mejorarse mediante una mayor interacción con la economía circular, con especial hincapié en el potencial de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(15) Las recomendaciones de la Comisión a España se basan en la evaluación del proyecto de plan nacional integrado de energía y clima de España, que se publica junto con la presente Recomendación (7).

RECOMIENDA A ESPAÑA QUE ADOPTE MEDIDAS PARA:

1. Apoyar el gratificante nivel de ambición que supone una cuota de energías renovables del 42 % para 2030 como contribución de España al objetivo de la Unión en materia de energías renovables para ese año, mediante políticas y medidas detalladas y cuantificadas que sean acordes con las obligaciones establecidas en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 8 ) y permitan una consecución oportuna y rentable de esa contribución. Incluir una trayectoria indicativa que alcance todos los puntos de referencia con arreglo al artículo 4, letra a), punto 2, del Reglamento (UE) 2018/1999. Facilitar más información detallada sobre las medidas destinadas a reducir la carga administrativa y sobre los marcos facilitadores para el autoconsumo de energías renovables y las comunidades de energías renovables, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Directiva (UE) 2018/2001.

2. Estudiar más a fondo cómo deberían desarrollarse las medidas actuales para alcanzar sus objetivos de ahorro energético. Tales medidas deberán mejorar enormemente los actuales resultados de ahorro energético, y conviene tener debidamente en cuenta los desafíos que supone un salto tan significativo.

3. Seguir desarrollando medidas de apoyo a la consecución de los objetivos de seguridad energética en lo que concierne a la diversificación y la reducción de la dependencia energética, en particular medidas destinadas a garantizar la flexibilidad, y facilitar información sobre el abandono progresivo de la energía nuclear.

4. Definir objetivos prospectivos sobre la integración del mercado, en particular medidas para afrontar la evolución previsible de los déficits arancelarios en los sectores de la electricidad y del gas, así como el posible impacto de las medidas previstas. Perfilar una estrategia y un calendario para avanzar hacia la aplicación de precios totalmente basados en el mercado.

5. Aclarar en mayor medida los objetivos nacionales y los objetivos de financiación en materia de investigación, innovación y competitividad, relacionados específicamente con la Unión de la Energía, que deben alcanzarse de aquí a 2030, de tal manera que sean fácilmente mensurables y resulten adecuados para contribuir a la consecución de los objetivos en las demás dimensiones de la versión final del plan nacional integrado de energía y clima. Contribuir a la consecución de esos objetivos mediante políticas y medidas específicas y adecuadas, incluidas las que deben desarrollarse en cooperación con otros Estados miembros, como el Plan Estratégico de Tecnología Energética.

6. Intensificar la buena cooperación regional existente con Francia y Portugal para abordar, en particular, aspectos del mercado interior de la energía y de la seguridad energética, en especial las interconexiones transfronterizas y transregionales. Estudiar el refuerzo de las medidas relativas a la cooperación regional en los ámbitos de la energía renovable y la eficiencia energética.

7. Enumerar todas las subvenciones a la energía, en particular a los combustibles fósiles, así como las medidas emprendidas y los planes para su progresiva eliminación.

8. Integrar mejor los aspectos de una transición justa y equitativa, en particular facilitando más información detallada sobre las repercusiones sociales de las políticas, las medidas y los objetivos previstos y su incidencia en los ámbitos del empleo y de las capacidades. Más específicamente, el plan debe abordar las repercusiones en las regiones con un importante consumo de carbón y elevadas emisiones de carbono, e integrar la estrategia nacional para la transición energética. Incluir una evaluación específica de los problemas de pobreza energética, acompañada de eventuales objetivos conexos o políticas o medidas específicas, tal como se exige en el Reglamento (UE) 2018/1999.

Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2019. Por la Comisión Miguel ARIAS CAÑETE Miembro de la Comisión

(1) DO L 328 de 21.12.2018, p. 1.

(2) SWD(2019) 262.

(3) Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).

(4) SWD(2019) 1008 final.

(5) COM(2019) 509 final de 5 de junio de 2019.

(6) SWD(2019) 262.

(7) SWD(2019) 262.

(8) Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).