Declaraciones: Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (primera lectura) — Adopción del acto legislativo

(2018/C 267 I/01)

Declaración conjunta sobre el procedimiento de aprobación de la gestión y la fecha de adopción de las cuentas definitivas de la UE

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en cooperación con el Tribunal de Cuentas Europeo, establecerán un calendario realista para el procedimiento de aprobación de la gestión.

En este contexto, la Comisión confirma que se esforzará por aprobar las cuentas consolidadas anuales de la UE para el ejercicio 2017 a más tardar el 30 de junio de 2018, siempre que el Tribunal de Cuentas Europeo transmita todas sus conclusiones en relación con la fiabilidad de dichas cuentas, y todas las cuentas consolidadas de las entidades, a más tardar el 15 de mayo de 2018, y su proyecto de informe anual a más tardar el 15 de junio de 2018.

La Comisión confirma asimismo que hará lo posible por facilitar sus respuestas al informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio de 2017 a más tardar el 15 de agosto de 2018, siempre que el Tribunal de Cuentas Europeo trasmita su proyecto de observaciones a la Comisión a más tardar el 1 de junio de 2018.

DECLARACIONES DE LA COMISIÓN

Declaración en relación con el artículo 38: Publicación de información sobre los perceptores y otros datos

La Comisión apoyará a través de redes con los Estados miembros el intercambio de buenas prácticas por lo que se refiere a la publicación de información sobre los perceptores de fondos de la Unión ejecutados en régimen de gestión compartida. La Comisión tendrá debidamente en cuenta la experiencia adquirida con el fin de preparar el próximo marco financiero plurianual.

Declaración de la Comisión sobre el MFP (conjunto único de normas)

La Comisión hace hincapié en la importancia de progresar en el marco financiero plurianual posterior a 2020 hacia un conjunto único de normas que regulen el mismo tipo de operaciones con independencia de la manera en que se llevan a cabo estas operaciones.

Declaración de la Comisión relativa al artículo 234, apartado 1, en relación con la creación de fondos fiduciarios temáticos

Pese a las preocupaciones expresadas por la Comisión durante las negociaciones, el artículo 234, apartado 1, del Reglamento Financiero establece que cualquier decisión de establecer fondos fiduciarios temáticos de la UE se presentará para su aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo. La Comisión considera que tal decisión entra en el ámbito de aplicación del artículo 317 del TFUE, puesto que se refiere a la ejecución presupuestaria. El control por el Parlamento Europeo y el Consejo del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión no está previsto en el Reglamento (UE) n.o 182/2011 (1), e iría en contra tanto del artículo 291 del TFUE como del presente Reglamento. Por consiguiente, la Comisión se reserva sus derechos al respecto.

Declaración de la Comisión sobre el artículo 247: Información financiera y contable integrada

La Comisión se esforzará por facilitar la estimación a largo plazo de los futuros flujos de entrada y salida relativos a los próximos cinco años en el marco del procedimiento presupuestario, junto con la nota rectificativa al proyecto de presupuesto.

Declaración en relación con el artículo 266: Disposiciones específicas sobre proyectos inmobiliarios

La Comisión y el SEAE informarán al Parlamento Europeo y al Consejo, en el contexto del documento de trabajo a que se refiere el artículo 266, sobre cualquier venta y adquisición de edificios, incluidas las que estén por debajo del umbral fijado en dicho artículo.

Declaración de la Comisión sobre las futuras revisiones del Reglamento Financiero (evaluación de impacto)

La Comisión subraya que el Reglamento Financiero establece las normas generales y el conjunto de herramientas para la ejecución de los programas de gasto. No existe, por tanto, ningún impacto económico, medioambiental o social directo resultante de revisiones de la legislación y que pudiera analizarse, con resultados útiles, en una evaluación de impacto. El valor añadido de las evaluaciones de impacto se hace patente al tomar decisiones políticas sobre los programas de gasto específicos, que deben ser conformes con el marco regulador establecido en el Reglamento Financiero. La Comisión confirma que las evaluaciones de impacto exigidas se llevarán a cabo en el momento de la preparación de estos programas.

La Comisión también continuará con su práctica de realizar consultas públicas y focalizadas a todas las partes interesadas y al público en general. Además de los resultados de las consultas, la Comisión también indicará en la exposición de motivos de las futuras revisiones, cómo ha tenido en cuenta las evaluaciones pertinentes de los programas que apliquen normas o instrumentos contemplados en el Reglamento Financiero que propone modificar.

Declaración de la Comisión sobre el artículo 272, apartado 8

La Comisión considera que, cuando un grupo de acción local lleve a cabo las tareas mencionadas en el artículo 34, apartado 3, letras a) a g), del Reglamento n.o 1303/2013, en su versión modificada por el presente Reglamento, dicho grupo de acción local no necesitará ser designado como organismo intermediario. No obstante, en tales casos, la comprobación final de la admisibilidad de las operaciones antes de su aprobación seguirá siendo competencia de la autoridad de gestión, salvo que dicha tarea sea formalmente delegada en el grupo de acción local. En ese caso, el grupo de acción local deberá ser designado como organismo intermedio y deberá llevar a cabo dicha tarea bajo la responsabilidad final de la autoridad de gestión en virtud del artículo 123, apartado 6, del Reglamento n.o 1303/2013 en el caso de los Fondos y el FEMP, o en virtud del artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.o 1305/2013 en el caso del FEADER.

Declaración de la Comisión sobre el artículo 272, apartado 14, letra a)

La Comisión confirma que las normas en materia de gestión y control, tal como se expone en los apartados 1 y 2 del artículo 40 del Reglamento n.o 1303/2013, aplicables en el momento de la firma de los convenios de financiación, deberán seguir aplicándose a los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 39 del Reglamento n.o 1303/2013, que fueron establecidos por un acuerdo de financiación firmado antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. Esta excepción ya está consagrada en el marco jurídico a través del artículo 40, apartado 2 bis, del Reglamento n.o 1303/2013 y cubre toda la vida útil de estos instrumentos, incluidas cualesquiera enmiendas del mismo acuerdo de financiación inicial, que podrán incluir una aportación suplementaria.

Declaración de la Comisión sobre el artículo 272, apartado 16, letra a)

La Comisión lamenta la modificación del artículo 42, apartado 3, del Reglamento n.o 1303/2013, ya que dará lugar a un aumento de los importes del presupuesto de la UE abonados en cuentas de garantía bloqueadas. Cualquier gasto subvencionable no utilizado en el período de programación y que se abone en una cuenta de garantía bloqueada conlleva una importante excepción a las normas de la política de cohesión, ya que va en contra del principio básico según el cual la ayuda procedente de la política de cohesión debe prestarse y contabilizarse en el momento del cierre de los programas. Además, ello da lugar a problemas prácticos de aplicación relacionados, en particular, con la presentación de informes y las auditorías de las cantidades ingresadas en cuentas de garantía bloqueadas.

Declaración de la Comisión sobre el artículo 272, apartado 26, letras a) y e)

La Comisión reitera que, con independencia de los cambios legislativos sobre disposiciones aplicables a las operaciones que generan ingresos netos después de su terminación, el principio de buena gestión financiera establecido en el artículo 33 del presente Reglamento exige que las autoridades de gestión tomen las medidas pertinentes para evitar la sobrefinanciación de dichas operaciones, en particular cuando estas sean objeto de ayudas estatales o generen ahorros de costes de funcionamiento. Dicho principio debe aplicarse especialmente a las operaciones con un coste total subvencionable superior 1 000 000 EUR, cuando el beneficiario no sea una pyme.

Declaración de la Comisión sobre el artículo 273

La normas sobre ayudas estatales de minimis se establecen en los Reglamentos adoptados por la Comisión sobre la base del artículo 108, apartado 4, del TFUE en virtud de los poderes que le confiere el Consejo de conformidad con el artículo 109 del TFUE (mediante el Reglamento 2015/1588 del Consejo).

Se considerará que medidas que no sobrepasan el límite máximo previsto en los Reglamentos de minimis (en la mayoría de los casos 200 000 EUR por empresa durante un período de tres años) no tienen ningún efecto en los intercambios comerciales entre Estados miembros. Por lo tanto, pueden aplicarse sin que les afecte la prohibición relativa a las ayudas estatales establecida en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

La norma de minimis tiene por objeto encontrar el equilibrio adecuado entre la simplificación y el objetivo de evitar los falseamientos de la competencia en el mercado interior, en el que los Estados miembros tienen distintos recursos financieros para subvencionar sus economías. El importe de la ayuda de minimis se ha fijado en un nivel por debajo del cual es posible suponer, sin temor a equivocarse, que la ayuda no tendrá ningún efecto en los intercambios comerciales entre Estados miembros.

La Comisión no está estudiando en la actualidad modificaciones de las normas de minimis para hacer frente a un contexto económico excepcionalmente grave. Sin embargo, recuerda que, en el pasado, aprobó medidas excepcionales para autorizar ayudas estatales destinadas a hacer frente a graves perturbaciones en la economía de los Estados miembros. Por ejemplo, en respuesta a los efectos de la crisis financiera en la economía real, la Comisión aprobó el llamado «marco temporal», que se aplicó desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2011 y permitió, entre otras, ayudas de hasta 500 000 EUR por empresa. La Comisión se reserva la posibilidad de adoptar tales medidas en caso necesario con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE.

(1) Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).