ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(4)

La celebración de tales acuerdos entre los Estados miembros en cuestión y el Reino Unido solo será posible después de que el Reino Unido se convierta en un tercer país. En particular, la aplicación de las normas de seguridad de la Unión al túnel del Canal de la Mancha es actualmente competencia de una Comisión intergubernamental, creada en virtud del Tratado de Canterbury, firmado el 12 de febrero de 1986, que en materia de seguridad recibe asesoramiento de la Autoridad de Seguridad del Túnel del Canal. El sistema establecido por ese Tratado tendrá que adaptarse teniendo en cuenta la posición del Reino Unido como tercer país. En particular, la responsabilidad sobre la parte del túnel del Canal de la Mancha situada en territorio francés debe estar bajo el control exclusivo de una autoridad competente, tal como se define en el artículo 3, apartado 7, de la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), a fin de garantizar que la legislación de la Unión se aplique como tal a esa parte del túnel. No obstante, con el fin de ejecutar sus tareas de la mejor manera posible, habida cuenta de las características comunes del túnel a ambos lados de la frontera y para facilitar la coherencia de las decisiones, dicha autoridad competente puede tener en cuenta las opiniones de un organismo binacional establecido en virtud de un acuerdo entre los dos países, como la autoridad responsable de la seguridad en el túnel del Canal de la Mancha, instaurada por el Tratado de Canterbury, que asesore a la comisión intergubernamental, o desarrollar otros medios para cooperar con las autoridades responsables de la parte del túnel situada en territorio del Reino Unido.
(5)

El presente Reglamento no afecta a aquellos convenios y acuerdos de seguridad social existentes entre el Reino Unido y uno o más Estados miembros que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 987/2009. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que la Unión o los Estados miembros adopten medidas que aborden la cooperación administrativa y el intercambio de información con las instituciones competentes del Reino Unido con el fin de dar cumplimiento a los principios del presente Reglamento. Además, el presente Reglamento no afecta a ninguna competencia, ni de la Unión ni de los Estados miembros, para celebrar convenios y acuerdos en materia de seguridad social con terceros países o con el Reino Unido que cubran el período posterior a la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido.
ANEXO

Lista de proyectos o programas de interés para la Unión a que se refiere el artículo 8, apartado 3

1. Programas europeos del GNSS (Galileo y EGNOS):

Reglamento (UE) n.o 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación por satélite y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 876/2002 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 1).

2. Copernicus:

Reglamento (UE) n.o 377/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se establece el Programa Copernicus y se deroga el Reglamento (UE) n.o 911/2010 (DO L 122 de 24.4.2014, p. 44).

3. Horizonte 2020:

Reglamento (UE) n.o 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n.o 1982/2006/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 104), incluidas las acciones relativas a las tecnologías de capacitación clave, como la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores y la ciberseguridad.

4. Redes transeuropeas de transporte (RTE-T):

Reglamento (UE) n.o 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.o 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).

5. Redes transeuropeas de energía (RTE-E):

Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.o 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 713/2009, (CE) n.o 714/2009 y (CE) n.o 715/2009 (DO L 115 de 25.4.2013, p. 39).

6. Redes transeuropeas de telecomunicaciones:

Reglamento (UE) n.o 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión n.o 1336/97/CE (DO L 86 de 21.3.2014, p. 14).

7. Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa:

Reglamento (UE) 2018/1092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria de la defensa de la Unión (DO L 200 de 7.8.2018, p. 30).

8. Cooperación estructurada permanente (CEP):

Decisión (PESC) 2018/340 del Consejo, de 6 de marzo de 2018, por la que se establece la lista de proyectos que deben desarrollarse en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) (DO L 65 de 8.3.2018, p. 24).
(13)

A fin de modificar el anexo del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la inclusión o supresión de texto relativo a un acuerdo comercial, cualquier disposición específica contenida en un acuerdo comercial y relativa a medidas de salvaguardia u otros mecanismos que permitan la retirada temporal de las preferencias arancelarias o de otro régimen preferencial que no se ajusten a lo dispuesto en el presente Reglamento, cualquier producto considerado sensible por un acuerdo comercial o cualquier disposición que establezca normas específicas para otros mecanismos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (2). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
(10)

Respecto a los contingentes arancelarios agrícolas afectados, los artículos 184 a 188 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) proporcionan la base jurídica necesaria para la gestión de los contingentes arancelarios una vez repartidos por el presente Reglamento. A este respecto, las cantidades de los contingentes arancelarios en cuestión figuran en el anexo, parte A, del presente Reglamento. Por consiguiente, la gestión debe llevarse a cabo teniendo debidamente en cuenta los objetivos de la política agrícola común, tal como se establecen en el TFUE, y la multifuncionalidad de las actividades agrarias. En cuanto a los contingentes arancelarios sobre la mayor parte de los productos pesqueros, los productos industriales y determinados productos agrícolas transformados, la gestión de los contingentes arancelarios se lleva a cabo con arreglo al Reglamento (CE) n.o 32/2000. Las cantidades de los contingentes arancelarios en cuestión figuran en el anexo I de dicho Reglamento y, por tanto, dicho anexo debe ser sustituido por las cantidades que figuran en el anexo, parte B, del presente Reglamento. Cuatro contingentes arancelarios correspondientes a productos pesqueros no se gestionan con arreglo al Reglamento (CE) n.o 32/2000 sino con arreglo al Reglamento (CE) n.o 847/2006 de la Comisión (4), por el que se ejecuta la Decisión 2006/324/CE del Consejo (5). Las cantidades de los contingentes arancelarios en cuestión figuran en el anexo, parte C, del presente Reglamento. Deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adaptar las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 847/2006 con respecto a esos cuatro contingentes arancelarios correspondientes a productos pesqueros, en consonancia con las cantidades repartidas que se determinan en el presente Reglamento. Dichas competencias de ejecución deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).
(16)

Debe tenerse presente que el papel atribuido a las autoridades de homologación de tipo no se limita a la producción o introducción en el mercado de un vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente, sino que se extiende a lo largo de varios años después de la introducción en el mercado de dichos vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes. Esto se aplica, en particular, a las obligaciones de conformidad en circulación de los vehículos contemplados en la Directiva 2007/46/CE y a las obligaciones de información sobre reparación y mantenimiento y posibles recuperaciones de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes contempladas en la Directiva 2007/46/CE, el Reglamento (UE) n.o 167/2013, el Reglamento (UE) n.o 168/2013 o el Reglamento (UE) 2016/1628. De ahí que, para garantizar que haya una autoridad responsable en materia de homologación de tipo, sea necesario que la autoridad que concede la homologación de tipo de la Unión asuma dichas obligaciones también con respecto a los vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes basados en el mismo tipo y ya introducidos en el mercado de la Unión sobre la base de la homologación de tipo del Reino Unido.
(7)

En la Unión, la comercialización y uso de la mayor parte de los COP incluidos en el Protocolo o el Convenio han ido eliminándose como resultado de las prohibiciones establecidas, entre otros, en los Reglamentos (CE) n.o 1907/2006 (9), (CE) n.o 1107/2009 (10) y (UE) n.o 528/2012 (11). No obstante, para cumplir las obligaciones impuestas a la Unión por el Protocolo y el Convenio y reducir al mínimo posible las liberaciones de COP es necesario y conveniente prohibir asimismo la fabricación de tales sustancias y limitar al máximo posible cualquier exención, de modo que las exenciones solamente se apliquen en los casos en que una sustancia cumple una función esencial en una aplicación específica.
(11)

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación REFIT de la Comisión de 13 de diciembre de 2017 del Reglamento (CE) n.o 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), es necesario modificar o suprimir las obligaciones de comunicación de la información establecidas en dicho Reglamento. A fin de mejorar la coherencia con los procedimientos de comunicación de la información contemplados en la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), se deben conferir a la Comisión competencias de ejecución para establecer el tipo, el formato y la frecuencia de la información que debe ponerse a disposición en virtud del Reglamento (CE) n.o 166/2006, y suprimir el formato de comunicación de la información actualmente establecido en dicho Reglamento. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (14). Dado lo sumamente importante que es permitir a la ciudadanía de la Unión acceder rápidamente a la información relativa al medio ambiente, es esencial que los Estados miembros y la Comisión pongan los datos a disposición del público tan rápidamente como sea técnicamente posible con el fin de que pueda disponerse de la información durante el primer trimestre del año siguiente al año de referencia, en particular avanzando hacia dicho objetivo mediante un acto de ejecución en virtud del Reglamento (CE) n.o 166/2006. También es preciso modificar el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 166/2006 sobre confidencialidad para garantizar una mayor transparencia de la comunicación de la información a la Comisión. A fin de reducir al mínimo la carga administrativa para los Estados miembros y la Comisión, es asimismo necesario suprimir las obligaciones de comunicación de la información establecidas en los artículos 16 y 17 del dicho Reglamento, ya que la información obtenida gracias a dichas obligaciones tiene un valor limitado o no se ajusta a las necesidades de las políticas.
(19)

A fin de garantizar un enfoque común con respecto a la prevención y gestión de las crisis de electricidad, la autoridad competente de cada Estado miembro debe elaborar un plan de preparación frente a los riesgos sobre la base de los escenarios de crisis de electricidad regionales y nacionales. Las autoridades competentes deben consultar a las partes interesadas o a los representantes de los grupos de partes interesadas, como representantes de productores o sus asociaciones o de gestores de redes de distribución, que sean pertinentes a efectos de la prevención y la gestión de una crisis de electricidad. A tal fin, las autoridades competentes deben decidir las medidas necesarias para llevar a cabo la consulta. Los planes de preparación frente a los riesgos deben contemplar medidas efectivas, proporcionadas y no discriminatorias para hacer frente a todos los escenarios de crisis de electricidad identificados. Debe tenerse en cuenta el impacto medioambiental de las medidas propuestas del lado de la oferta y de la demanda. Los planes deben asimismo aportar transparencia, especialmente respecto de las condiciones en las que pueden tomarse medidas no basadas en el mercado para atenuar las situaciones de crisis de electricidad. Todas las medidas no basadas en el mercado previstas deben cumplir las normas establecidas en el presente Reglamento. Los planes de preparación frente a los riesgos deben hacerse públicos, preservando al mismo tiempo la confidencialidad de la información sensible.
Artículo 10

Protección de datos personales y períodos de conservación de los datos

3. Únicamente el personal debidamente autorizado de las autoridades podrá acceder a los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 4, 5 y 8, los cuales estarán convenientemente protegidos contra el acceso o la comunicación no autorizados. Los datos no podrán ser revelados o comunicados sin la autorización expresa y por escrito de la autoridad que haya obtenido inicialmente la información. No obstante, dicha autorización no será necesaria cuando las autoridades estén obligadas a revelar o comunicar dicha información con arreglo a las disposiciones legales vigentes en el Estado miembro de que se trate, en particular en el marco de un procedimiento judicial.
(20)

También otras autoridades que soliciten información sobre antecedentes penales deben poder decidir que no se utilice el ECRIS-TCN cuando no sea conveniente dadas las circunstancias del asunto, por ejemplo cuando sea necesario realizar determinadas comprobaciones administrativas ordinarias relativas a las cualificaciones profesionales de una persona, especialmente si se sabe que no se pedirá a otros Estados miembros información sobre antecedentes penales, con independencia del resultado de la consulta al ECRIS-TCN. No obstante, debe utilizarse el ECRIS-TCN siempre que la solicitud de antecedentes penales haya sido presentada por una persona que pide información sobre sus propios antecedentes penales, de conformidad con la Decisión Marco 2009/315/JAI, o cuando se haga con el fin de obtener información sobre antecedentes penales de conformidad con la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6).
(8)

La competencia leal entre compañías aéreas también puede garantizarse mediante la adecuada legislación de la Unión, como el Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo (3) y la Directiva 96/67/CE del Consejo (4). En la medida en que la competencia leal supone la protección de las compañías aéreas de la Unión frente a determinadas prácticas adoptadas por terceros países o por compañías aéreas de terceros países, esta cuestión se abordaba anteriormente en el Reglamento (CE) n.o 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Sin embargo, el Reglamento (CE) n.o 868/2004 ha demostrado ser ineficaz en lo que respecta a su objetivo general subyacente de competencia leal. Así ha ocurrido en particular con algunas de sus normas que se refieren a la definición de las prácticas en cuestión, además de las subvenciones, y a los requisitos relativos a la apertura y desarrollo de las investigaciones. Por otra parte, el Reglamento (CE) n.o 868/2004 no ha logrado la complementariedad con los acuerdos de transporte aéreo o de servicios aéreos en los que la Unión es parte. Dada la cantidad e importancia de las modificaciones que serían necesarias para resolver dichas cuestiones, procede sustituir el Reglamento (CE) n.o 868/2004 por un nuevo acto.
(9)

La Comisión, sobre la base de un procedimiento de selección abierto, transparente y no discriminatorio y teniendo en cuenta la rentabilidad y la simplificación administrativa, debe designar un Registro para el dominio de primer nivel «.eu». A fin de respaldar el mercado único digital, crear una identidad europea en línea y promover las actividades en línea transfronterizas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a los criterios de admisibilidad y de selección y al procedimiento de designación del Registro. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (5). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
(12)

El Comité RNB indicado en el artículo 4 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003 del Consejo (9) ha emitido dictámenes y ha asesorado y asistido a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. En el marco de la estrategia para una nueva estructura del Sistema Estadístico Europeo (SEE), dirigida a mejorar la coordinación y la asociación en una estructura piramidal clara del Sistema, el CSEE debe desempeñar un papel consultivo y ayudar a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. A tal efecto, el Comité RNB debe sustituirse por el CSEE, con el fin de ayudar a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución en el marco del presente Reglamento. No obstante, a efectos de las demás funciones antes desempeñadas por el Comité RNB en virtud del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003, y que no están relacionadas con la asistencia en el ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión, esta debe crear un grupo formal de expertos que le presten asistencia para tales fines.
17)

«inversiones sostenibles»: inversiones en una actividad económica que contribuyan a un objetivo medioambiental, medido, por ejemplo a través de indicadores clave de eficiencia de recursos relativos al uso de la energía, de la energía renovable, consumo de materias primas, agua y suelo, producción de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero e impacto sobre la biodiversidad y la economía circular o las inversiones en una actividad económica que contribuyan a un objetivo social y, en particular, toda inversión que contribuya a luchar contra la desigualdad, toda inversión que refuerce la cohesión social, la integración social y las relaciones laborales, o toda inversión en capital humano o en comunidades económica o socialmente desfavorecidas; siempre y cuando las inversiones no perjudiquen significativamente a ninguno de dichos objetivos y las empresas beneficiarias sigan prácticas de buena gobernanza, en particular en lo que respecta a que sus estructuras de gestión, relaciones con los asalariados y remuneración del personal pertinente sean sanas y cumplan las obligaciones tributarias;
El régimen prudencial aplicable a las empresas de servicios de inversión que, por su tamaño y su grado de interconexión con otros agentes económicos y financieros, no se consideran de importancia sistémica debe aplicarse a cada empresa de servicios de inversión de manera individual. No obstante, con el fin de facilitar la aplicación de los requisitos prudenciales para las empresas de servicios de inversión de la Unión que forman parte de grupos bancarios, para evitar la perturbación de determinados modelos de negocio cuyos riesgos ya están cubiertos por la aplicación de las normas prudenciales, debe permitirse a las empresas de servicios de inversión aplicar los requisitos del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y de la Directiva 2013/36/UE cuando proceda, con sujeción a la aprobación de las autoridades competentes, siempre y cuando su decisión de aplicarlos no esté motivada por fines de arbitraje regulatorio. Además, dado que los riesgos contraídos por las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas son casi siempre limitados, estas deben poder acogerse a una exención respecto de los requisitos prudenciales específicos para las empresas de servicios de inversión cuando formen parte de un grupo bancario o grupo de empresas de servicios de inversión con domicilio social y sujeto a supervisión consolidada en virtud del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y de la Directiva 2013/36/UE, o del presente Reglamento y la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), según proceda, en el mismo Estado miembro, ya que dichos marcos prudenciales deberían cubrir suficientemente tales riesgos en tales casos.

Con el fin de reflejar el trato vigente a los grupos de empresas de servicios de inversión con arreglo al Reglamento (UE) n.o 575/2013 y a la Directiva 2013/36/UE, para los grupos formados solamente por empresas de servicios de inversión o cuando no se aplique la consolidación con arreglo al Reglamento (UE) n.o 575/2013, debe exigirse a la sociedad matriz de dichos grupos que cumpla los requisitos del presente Reglamento basados en la situación consolidada del grupo. Como alternativa, en lugar de la consolidación prudencial, cuando dichos grupos de empresas de servicios de inversión reflejen unas estructuras y perfiles de riesgo más sencillos, las autoridades competentes podrán permitir a las sociedades matrices del grupo disponer de capital suficiente para respaldar el valor contable de sus participaciones en las filiales. Cuando formen parte de un grupo asegurador, las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas también podrán disfrutar de una exención de los requisitos de publicación.
7.

Formalidades aduaneras a) Formalidades de llegada: — notificación de llegada (artículo 133 del Reglamento (UE) n.o 952/2013); — presentación de mercancías en las aduanas (artículo 139 del Reglamento (UE) n.o 952/2013); — declaración de depósito temporal de mercancías (artículo 145 del Reglamento (UE) n.o 952/2013); — estatuto aduanero de las mercancías (artículos 153 a 155 del Reglamento (UE) n.o 952/2013); — documentos electrónicos de transporte para el tránsito [artículo 233, apartado 4, letra e), del Reglamento (UE) n.o 952/2013]. b) Formalidades de salida: — estatuto aduanero de las mercancías (artículos 153 a 155 del Reglamento (UE) n.o 952/2013); — documentos electrónicos de transporte para el tránsito [artículo 233, apartado 4, letra e), del Reglamento (UE) n.o 952/2013]; — notificación de salida (artículo 267 del Reglamento (UE) n.o 952/2013); — declaración sumaria de salida (artículos 271 y 272 del Reglamento (UE) n.o 952/2013); — notificación de reexportación (artículos 274 y 275 del Reglamento (UE) n.o 952/2013).