ES Diario Oficial de la Unión Europea L 201/1

REGLAMENTO (UE) No 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 4 de julio de 2012

relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) A instancia de la Comisión, el 25 de febrero de 2009 se publicó un informe elaborado por un grupo de expertos de alto nivel presidido por Jacques de Larosière, en el que se concluía que el marco de supervisión del sector financiero de la Unión debía ser reforzado a fin de reducir el riesgo y la gravedad de futuras crisis financieras, y se recomendaba una serie de ambiciosas reformas de la estructura de supervisión del sector, entre ellas la creación de un Sistema Europeo de Supervisores Financieros, integrado por tres autoridades europeas de supervisión —una para el sector bancario, otra para el de los seguros y pensiones de jubilación y otra para el de los valores y mercados—, y la instauración de un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico.

(2) La Comunicación de la Comisión de 4 de marzo de 2009, titulada «Gestionar la recuperación europea», proponía reforzar el marco regulador de los servicios financieros de la Unión. En su Comunicación de 3 de julio de 2009, titulada «Garantizar la eficiencia, seguridad y solidez de los mercados de derivados», la Comisión evaluaba el papel que habían desempeñado los derivados en la crisis financiera, y en su Comunicación de 20 de octubre de 2009, titulada «Garantizar la eficiencia, seguridad y solidez de los mercados de derivados: actuaciones futuras», esbozaba las medidas que se proponía adoptar para reducir los riesgos conexos a los derivados.

(3) El 23 de septiembre de 2009, la Comisión adoptó tres propuestas de reglamentos por los que se crea el Sistema Europeo de Supervisión Financiera, que consta de tres Autoridades Europeas de Supervisión (AES), a fin de contribuir a una aplicación coherente del Derecho de la Unión y al establecimiento de normas y prácticas comunes de excelencia en materia de regulación y supervisión. Las AES incluyen la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE), establecida por el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) (AESPJ), establecida por el Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM), establecida por el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Las AES desempeñan un papel fundamental en la salvaguardia de la estabilidad del sector financiero. Es indispensable, por consiguiente, asegurar de forma continuada que el desempeño de su labor sea un asunto de alta prioridad política y que dispongan de los recursos adecuados.

(4) Los derivados extrabursátiles («contratos de derivados extrabursátiles») carecen de transparencia, pues se trata de contratos negociados con carácter privado y solo las partes contratantes disponen por lo general de información sobre ellos. Estos contratos crean una compleja red de interdependencias que puede dificultar la determinación de la naturaleza y el nivel de los riesgos en juego. Como ha demostrado la crisis financiera, esas características incrementan la incertidumbre en momentos de tensión en los mercados y, en consecuencia, comprometen la estabilidad financiera. El presente Reglamento establece condiciones con vistas a atenuar esos riesgos y a mejorar la transparencia de los contratos de derivados.

(5) En la cumbre de Pittsburgh, celebrada el 26 de septiembre de 2009, los dirigentes del G-20 convinieron en que para finales de 2012 todos los contratos de derivados extrabursátiles normalizados deberían compensarse a través de una entidad de contrapartida central (ECC) y que los contratos de derivados extrabursátiles deberían notificarse a registros de operaciones. En junio de 2010, los dirigentes del G-20, reunidos en Toronto, reiteraron su propósito y se comprometieron asimismo a acelerar la implementación de medidas firmes con vistas a mejorar la transparencia y la supervisión reglamentaria de los contratos de derivados extrabursátiles de manera coherente y no discriminatoria a escala internacional.

(6) La Comisión ha de controlar si los socios internacionales de la Unión atienden a dichos compromisos de manera análoga y ha de poner su empeño en garantizar que así sea. Es importante que la Comisión coopere con las autoridades de terceros países en la búsqueda de soluciones sinérgicas que garanticen la coherencia entre el presente Reglamento y los requisitos establecidos por terceros países, con el fin de evitar posibles superposiciones a este respecto. Conviene que la Comisión, con la asistencia de la AEVM, controle la aplicación internacional de los principios establecidos en el presente Reglamento y prepare informes al respecto para el Parlamento Europeo y el Consejo. Para evitar el establecimiento de requisitos que puedan resultar contradictorios o constituir repeticiones innecesarias, la Comisión podría adoptar decisiones sobre la equivalencia del marco jurídico, de supervisión y de ejecución de terceros países, en caso de que se cumplan ciertas condiciones. La evaluación en la que se sustenten tales decisiones no debe afectar al derecho de una ECC establecida en un tercer país y reconocida por la AEVM a prestar servicios de compensación a miembros compensadores o plataformas de negociación establecidas en la Unión, ya que la decisión de reconocimiento debe ser independiente de la evaluación. De manera similar, ni la decisión sobre la equivalencia ni la evaluación deben afectar al derecho de un registro de operaciones establecido en un tercer país y reconocido por la AEVM a prestar servicios a entidades establecidas en la Unión.

(7) Por lo que respecta al reconocimiento de las ECC de terceros países, y de conformidad con las obligaciones internacionales de la Unión contraídas en virtud del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, incluido el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, las decisiones por las que se determina que los regímenes jurídicos de terceros países son equivalentes al régimen jurídico de la Unión solo deben adoptarse si el régimen jurídico de un tercer país establece un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de ECC autorizadas en el marco de sistemas jurídicos extranjeros, de conformidad con los objetivos y normas reglamentarios generales establecidos por el G-20 en septiembre de 2009 para mejorar la transparencia en los mercados de derivados, reducir el riesgo sistémico y proteger contra el abuso de los mercados. Dicho sistema debe considerarse equivalente siempre que garantice que el resultado sustancial obtenido con el régimen regulador aplicable es similar a los requisitos fijados por la Unión, y debe considerarse efectivo si las normas se aplican de manera coherente.

(8) Es conveniente y necesario en este contexto, habida cuenta de las características de los mercados de derivados y el funcionamiento de las ECC, comprobar la equivalencia efectiva de los sistemas reguladores extranjeros a la hora de cumplir los objetivos y las normas del G-20, a fin de mejorar la transparencia en los mercados de derivados, reducir el riesgo sistémico y proteger contra el abuso de los mercados. La muy particular situación de las ECC exige que las disposiciones que se refieren a terceros países se organicen en función y de acuerdo con las modalidades propias sobre estas entidades de la estructura de mercado. Este enfoque no constituye necesariamente un precedente para otra legislación.

(9) En sus Conclusiones de 2 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo convino en la necesidad de reforzar sustancialmente la reducción del riesgo de crédito de contraparte y en la importancia de mejorar la transparencia, la eficiencia y la integridad de las operaciones con instrumentos derivados. La Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2010, titulada «Mercados de derivados: actuaciones futuras», abogaba por la compensación y notificación obligatorias de los contratos de derivados extrabursátiles.

(10) Al salvaguardar la estabilidad de los mercados financieros en situaciones de emergencia, garantizar la aplicación coherente de la normativa de la Unión por parte de las autoridades nacionales de supervisión y resolver las diferencias entre estas, la AEVM debe actuar en el ámbito regulado por el presente Reglamento. Tiene asimismo el cometido de elaborar proyectos de normas técnicas reglamentarias y de ejecución y desempeña un papel esencial en la autorización y la supervisión de las ECC y los registros de operaciones.

(11) Una de las funciones básicas que deben llevarse a cabo a través del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) es promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. A este respecto, los miembros del SEBC llevan a cabo una supervisión garantizando unos sistemas de compensación y liquidación eficientes y solventes, incluidas las ECC. Así pues, los miembros del SEBC participan activamente en la autorización y la supervisión de las ECC, el reconocimiento de ECC de terceros países y la aprobación de los acuerdos de interoperabilidad. También participan activamente en el establecimiento de normas técnicas reglamentarias y en la elaboración de directrices y recomendaciones. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las responsabilidades del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales a la hora de garantizar unos sistemas de compensación y liquidación eficientes y solventes en la Unión Europea y en relación con otros países. En consecuencia, para evitar la posibilidad de que se creen conjuntos de normas paralelos, la AEVM y el SEBC deben cooperar estrechamente entre sí cuando preparen los correspondientes proyectos de normas técnicas. Por otra parte, es fundamental que el BCE y los bancos centrales nacionales tengan acceso a la información cuando desempeñen su cometido en relación con la supervisión de los sistemas de compensación y liquidación y con las funciones de un banco central de emisión.

(12) Es preciso dotarse de normas uniformes en relación con los contratos de derivados contemplados en el anexo I, sección C, puntos 4 a 10, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (7).

(13) Los incentivos para promover el recurso a ECC no se han revelado suficientes para garantizar que los contratos de derivados extrabursátiles normalizados se compensen, de hecho, de forma centralizada. Resulta, por tanto, necesario establecer la obligación de compensación a través de una ECC respecto de aquellos contratos de derivados extrabursátiles que puedan compensarse de forma centralizada.

(14) Es probable que los Estados miembros adopten disposiciones nacionales divergentes que podrían obstaculizar el correcto funcionamiento del mercado interior, en detrimento de los participantes en el mercado y de la estabilidad financiera. La aplicación uniforme de la obligación de compensación en la Unión es asimismo necesaria para garantizar un elevado nivel de protección de los inversores y crear condiciones de competencia equitativas entre los participantes en el mercado.

(15) A fin de garantizar que la obligación de compensación reduzca el riesgo sistémico, es preciso establecer un procedimiento de identificación de las categorías de derivados que deben quedar sujetas a tal obligación. Ese procedimiento debe atender al hecho de que no todos los contratos de derivados extrabursátiles compensados a través de una ECC pueden considerarse aptos para quedar sujetos a una obligación en ese sentido.

(16) El presente Reglamento establece los criterios para determinar si diferentes categorías de contratos de derivados extrabursátiles deben estar sujetas o no a una obligación de compensación. Sobre la base de proyectos de normas técnicas reglamentarias elaborados por la AEVM, la Comisión ha de decidir si una categoría determinada de contratos de derivados extrabursátiles debe estar sujeta a una obligación de compensación, y a partir de qué momento debe surtir efecto la obligación de compensación con inclusión, cuando proceda, de una implantación gradual y de la vigencia mínima restante de los contratos suscritos o que hayan sido objeto de novación antes de la fecha a partir de la cual surte efecto la obligación de compensación, conforme a lo previsto en el presente Reglamento. La implantación gradual de la obligación de compensación podría establecerse en función de los tipos de participantes en el mercado que deben cumplir con dicha obligación. Al determinar qué categorías contratos de derivados extrabursátiles deben estar sujetas a la obligación de compensación, la AEVM ha de tener en cuenta el carácter específico de los contratos de derivados extrabursátiles que se suscriben con emisores de bonos garantizados o con fondos de cobertura para bonos garantizados.

(17) Al examinar qué categorías de contratos de derivados extrabursátiles deben estar sujetas a la obligación de compensación, la AEVM ha de prestar también la debida atención a otras consideraciones pertinentes, muy en particular a la interconexión entre las contrapartes que utilizan las categorías correspondientes de contratos de derivados extrabursátiles y a la incidencia en los niveles del riesgo de crédito de contraparte, así como fomentar condiciones equitativas de competencia en el mercado interior, a tenor del artículo 1, apartado 5, letra d), del Reglamento (UE) no 1095/2010.

(18) Cuando la AEVM haya determinado que un producto derivado extrabursátil está normalizado y es apto para la compensación, pero ninguna ECC esté dispuesta a compensar dicho producto, la AEVM debe investigar las razones de ello.

(19) Al determinar qué categorías de contratos de derivados extrabursátiles deben estar sujetas a la obligación de compensación, ha de tenerse en cuenta el carácter específico de las categorías pertinentes de contratos de derivados extrabursátiles. El principal riesgo de las operaciones con algunas categorías de contratos de derivados extrabursátiles puede estar relacionado con el riesgo de liquidación, que se aborda mediante mecanismos de infraestructura independientes, y puede servir para distinguir determinadas categorías de contratos de derivados extrabursátiles (como las divisas) de otras categorías. La compensación a través de una ECC tiene por objeto abordar específicamente el riesgo de crédito de contraparte, y puede no ser la mejor solución para abordar el riesgo de liquidación. El régimen de dichos contratos debe basarse en particular en la convergencia internacional preliminar y en el reconocimiento mutuo de las infraestructuras correspondientes.

(20) Para garantizar la aplicación uniforme y coherente del presente Reglamento y la igualdad de condiciones para los participantes en los mercados, cuando se haya determinado que una categoría de contratos de derivados extrabursátiles está sujeta a la obligación de compensación, esta obligación debe imponerse también a todos los contratos relativos a esa categoría de contratos de derivados extrabursátiles que se suscriban en la fecha o después de la fecha en que la AEVM tenga notificación de la autorización de la ECC a efectos de la obligación de compensación, pero antes de la fecha en que surta efecto dicha obligación, siempre que la vigencia restante de esos contratos sea superior a la mínima determinada por la Comisión.

(21) Al determinar si una categoría de contratos de derivados extrabursátiles ha de estar sujeta a la obligación de compensación, el objetivo de la AEVM debe ser reducir el riesgo sistémico. Esto significa que se tengan en cuenta en la evaluación factores como el nivel de normalización contractual y operativo de los contratos, el volumen y la liquidez de la categoría pertinente de contratos de derivados extrabursátiles, y la disponibilidad de información imparcial, fiable y generalmente aceptada sobre la formación de precios en la categoría pertinente de contratos de contratos de derivados extrabursátiles.

(22) Para la compensación de contratos de derivados extrabursátiles se requiere que las dos partes que intervienen en el mismo estén sujetas a la obligación de compensación o que den su consentimiento. Por tanto, conviene delimitar estrictamente las exenciones de la obligación de compensación, so pena de reducir su eficacia y las ventajas de la compensación a través de una ECC y de favorecer el arbitraje regulador entre grupos de participantes en el mercado.

(23) Para impulsar la estabilidad financiera en la Unión podría ser necesario someter también las operaciones suscritas por entidades establecidas en terceros países a las obligaciones de compensación y de aplicación de técnicas de reducción del riesgo, siempre que las operaciones en cuestión tengan un efecto directo, importante y predecible dentro de la Unión, o cuando estas obligaciones sean necesarias o adecuadas para evitar la elusión de lo dispuesto en el presente Reglamento.

(24) Los contratos de derivados extrabursátiles que no se consideran aptos para la compensación a través de una ECC comportan un riesgo de crédito de contraparte y un riesgo operativo, por lo que procede dictar normas con vistas a la gestión de tales riesgos. Para atenuar el riesgo de crédito de contraparte, los participantes en el mercado que estén sujetos a la obligación de compensación deben contar con procedimientos de gestión del riesgo que requieran un intercambio de garantías oportuno, exacto y con una segregación adecuada. Al elaborar proyectos de normas técnicas reglamentarias en las que se especifiquen esos procedimientos de gestión del riesgo, la AEVM ha de tener en cuenta las propuestas de los organismos internacionales de normalización sobre los requisitos en materia de márgenes para los derivados que no se compensen de forma centralizada. Al desarrollar proyectos de normas técnicas reglamentarias en las que se especifiquen las condiciones necesarias para un intercambio oportuno y exacto de garantías a fin de gestionar los riesgos asociados con las operaciones no compensadas, la AEVM debe tener debidamente en cuenta los impedimentos a los que se enfrentan los emisores de bonos garantizados o los fondos de cobertura a la hora de constituir garantías en determinados territorios de la Unión. La AEVM debe tener asimismo en cuenta que los derechos preferentes que se otorgan a las contrapartes de emisores de bonos garantizados sobre los activos de dichos emisores ofrezcan una protección equivalente frente al riesgo de crédito de contraparte.

(25) Resulta oportuno que las normas relativas a la compensación de contratos de derivados extrabursátiles, a la notificación de operaciones con derivados y a las técnicas de reducción del riesgo en relación con contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una ECC se apliquen a las contrapartes financieras, esto es, a las empresas de inversión autorizadas en virtud de la Directiva 2004/39/CE, las entidades de crédito autorizadas en virtud de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (8), las empresas de seguros autorizadas en virtud de la Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (9), las empresas de seguros de vida autorizadas en virtud de la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida (10), las empresas de reaseguros autorizadas en virtud de la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro (11), los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), y si procede sus sociedades de gestión, autorizados en virtud de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (12), los fondos de pensiones de empleo según se definen en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (13), y los fondos de inversión alternativos gestionados por gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizados o registrados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (14).

(26) Las entidades que gestionan sistemas de planes de pensiones, cuyo objetivo primario es proporcionar prestaciones en el momento de la jubilación, normalmente en forma de pagos vitalicios, pero también en forma de pagos efectuados durante un período determinado o como cantidad a tanto alzado, suelen reducir al mínimo sus reservas de efectivo a fin de maximizar la eficiencia y el rendimiento para sus titulares de pólizas. En consecuencia, exigir a dichas entidades que compensen contratos de derivados extrabursátiles de forma centralizada llevaría a convertir en efectivo una proporción significativa de sus activos al objeto de satisfacer los requisitos de margen vigentes de las ECC. A fin de evitar que este requisito tenga una repercusión negativa en la renta de jubilación de los futuros pensionistas, la obligación de compensación no debe aplicarse a los planes de pensiones mientras las ECC no conciban, para la transferencia de garantías en calidad de márgenes de variación y que no sean en efectivo, una solución técnica adecuada que permita resolver este problema. Esta solución técnica debe tener en cuenta la función especial de los sistemas de planes de pensiones y no perjudicar de forma significativa a los pensionistas. Durante el período de transición, los contratos de contratos de derivados extrabursátiles suscritos con miras a disminuir los riesgos de inversión directamente relacionados con la solvencia financiera de los sistemas de planes de pensiones deben quedar sujetos no solo a la obligación de información, sino también a los requisitos de garantías bilaterales. No obstante, el objetivo último es la compensación central tan pronto como sea viable.

(27) Es importante asegurar que solo las entidades y los sistemas adecuados reciben un trato especial, así como tener en cuenta la diversidad de los regímenes de pensiones en la Unión, garantizando, al mismo tiempo, la igualdad de condiciones para todos los sistemas de planes de pensiones. Por consiguiente, la excepción temporal debe aplicarse a los fondos de pensiones de empleo registrados de conformidad con la Directiva 2003/41/CE, incluida toda entidad autorizada encargada de gestionar tales fondos y de actuar en su nombre, a tenor de lo indicado en el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva, y toda entidad jurídica constituida para los fines de inversión de tales fondos y que actúe única y exclusivamente en interés de estos; y a las actividades relacionadas con el pago de prestaciones de jubilación profesional realizadas por las instituciones a que se refiere el artículo 3 de la Directiva 2003/41/CE.

(28) La excepción temporal debe aplicarse asimismo a las actividades relacionadas con el pago de prestaciones de jubilación profesional realizadas por las empresas de seguros de vida siempre que todos los activos y pasivos correspondientes estén acotados y gestionados y organizados por separado, sin posibilidad de transferencias. También debe aplicarse a cualesquiera otras entidades autorizadas y supervisadas que funcionen a escala nacional únicamente o a sistemas que ofrezcan sus servicios principalmente en el territorio de un Estado miembro, a condición de que ambos hayan sido reconocidos por la legislación nacional y de que su objetivo primario consista en proporcionar prestaciones en el momento de la jubilación. Las entidades y los sistemas a que se refiere el presente considerando deben ser objeto de la correspondiente decisión de la autoridad competente; además, para garantizar la coherencia, suprimir posibles desajustes y evitar abusos, deben ser objeto asimismo del dictamen de la AEVM, previa consulta a la AESPJ. Podría abarcar entidades y sistemas que, sin estar necesariamente vinculados a un plan de pensiones de empresa, tengan por objetivo primario proporcionar una renta en la jubilación, sobre la base de una afiliación obligatoria o voluntaria. También podría tratarse de entidades jurídicas que gestionen planes de pensiones en régimen de capitalización con arreglo a la legislación nacional, siempre y cuando inviertan de conformidad con el principio de prudencia, y de sistemas de pensiones suscritos directamente por particulares, que también pueden ser ofrecidos por entidades de seguros de vida. La exención en el caso de dichos sistemas de pensiones no debe aplicarse a los contratos de derivados extrabursátiles relacionados con otros productos de seguro de vida ofrecidos por entidades de seguros cuyo objetivo primario no sea proporcionar una renta en la jubilación. Otros ejemplos podrían ser las actividades relacionadas con el pago de prestaciones de jubilación de las compañías de seguros contempladas en la Directiva 2002/83/CE, siempre que todos los activos correspondientes a estas actividades se incluyan en un registro especial de conformidad con el anexo de la Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros (15), así como los sistemas de provisión de pensiones de jubilación profesional de las compañías de seguros basados en convenios colectivos. Las instituciones establecidas para indemnizar a los miembros de sistemas de planes de pensiones en caso de producirse un incumplimiento deben recibir el mismo trato que los planes de pensiones a efectos del presente Reglamento.

(29) En su caso, las normas aplicables a las contrapartes financieras deben aplicarse asimismo a las contrapartes no financieras. Es sabido que las contrapartes no financieras recurren a los contratos de derivados extrabursátiles con fines de cobertura frente a riesgos directamente vinculados a sus actividades comerciales o de financiación de tesorería. En consecuencia, al determinar si una contraparte no financiera debe estar sujeta a la obligación de compensación, ha de tomarse en consideración la finalidad con la que dicha contraparte no financiera utiliza los contratos de derivados extrabursátiles y la magnitud de las exposiciones que tiene en esos instrumentos. Con objeto de garantizar a las entidades no financieras la oportunidad de expresar sus opiniones sobre los umbrales de compensación, la AEVM debe llevar a cabo, al preparar las normas técnicas reglamentarias correspondientes, una consulta pública abierta en la que se garantice la participación de las entidades no financieras. La AEVM debe también consultar a todas las autoridades pertinentes, por ejemplo, a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, a fin de cerciorarse de que las particularidades de esos sectores se tengan debidamente en cuenta. Por otra parte, a más tardar el 17 de agosto de 2015 la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de la importancia sistémica de las operaciones con contratos de derivados extrabursátiles realizadas por empresas no financieras de distintos sectores, entre ellos el sector de la energía.

(30) A la hora de determinar si un contrato de derivados extrabursátiles reduce los riesgos directamente relacionados con las actividades comerciales o de financiación de tesorería de una contraparte no financiera, deben tenerse debidamente en cuenta las estrategias globales de cobertura y atenuación del riesgo de dicha contraparte. En particular, debe tenerse en cuenta si el contrato de derivados extrabursátiles es adecuado, desde un punto de vista económico, para reducir los riesgos en la dirección y gestión de una contraparte no financiera, cuando los riesgos están relacionados con las fluctuaciones de los tipos de interés, los tipos de cambio, las tasas de inflación o los precios de los productos básicos.

(31) El umbral de compensación es una cifra muy importante para todas las contrapartes no financieras. Cuando se fije el umbral de compensación, debe tenerse en cuenta la importancia sistémica de la suma de las posiciones netas y las exposiciones por contraparte y por categoría de contratos de derivados extrabursátiles. En ese sentido, se deben procurar reconocer los métodos de atenuación del riesgo empleados por las contrapartes no financieras en el marco de su actividad normal.

(32) Procede que, a fin de evitar que quede limitada su capacidad para llevar a cabo las tareas de interés común que les incumben, queden excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento los miembros del SEBC y demás organismos de los Estados miembros con funciones similares, así como otros organismos públicos de la Unión encargados de la gestión de la deuda pública o que intervengan en dicha gestión, y el Banco de Pagos Internacionales.

(33) Dado que no todos los participantes en el mercado sujetos a la obligación de compensación pueden adquirir la condición de miembros de la ECC, conviene que se les brinde la posibilidad de acceso a la misma en calidad de clientes o de clientes indirectos bajo determinadas condiciones.

(34) La introducción de una obligación de compensación junto con un procedimiento destinado a determinar qué ECC pueden utilizarse a tal efecto puede dar lugar a un falseamiento involuntario de la competencia en el mercado de contratos de derivados extrabursátiles. Así, por ejemplo, una ECC podría negarse a compensar operaciones ejecutadas en determinadas plataformas de negociación por el hecho de pertenecer a una plataforma de negociación de la competencia. A fin de evitar tales prácticas discriminatorias, es preciso que las ECC acepten compensar operaciones ejecutadas en distintas plataformas de negociación, siempre que estas últimas cumplan los requisitos técnicos y operativos establecidos por la ECC, y ello independientemente de los documentos contractuales que hayan servido de base a la conclusión, por las partes, de la operación con derivados extrabursátiles de que se trate, siempre que tales documentos se ajusten a las normas del mercado. Las plataformas de negociación deben facilitar a las ECC datos de negociación de forma transparente y no discriminatoria. El derecho de acceso de las ECC a las plataformas de negociación debe organizarse de modo que permita a múltiples ECC utilizar los datos de negociación de la misma plataforma de negociación. No obstante, ello no debe dar lugar a mecanismos de interoperabilidad para la compensación de derivados ni a una fragmentación de la liquidez.

(35) El presente Reglamento no debe impedir el acceso equitativo y abierto entre plataformas de negociación y ECC dentro del mercado interior, acceso que debe estar supeditado a las condiciones establecidas en el presente Reglamento y en las normas técnicas reglamentarias desarrolladas por la AEVM y adoptadas por la Comisión. La Comisión debe continuar vigilando estrechamente la evolución del mercado de derivados extrabursátiles y, en su caso, intervenir para impedir que se produzcan distorsiones de la competencia en el mercado interior, con el objetivo de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en los mercados financieros.

(36) En determinados ámbitos de los servicios financieros y de la negociación de contratos de derivados también pueden darse derechos de propiedad comercial e intelectual. En los casos en que esos derechos de propiedad estén relacionados con productos o servicios que se hayan convertido en estándares de la industria o hayan influido sobre los mismos, las licencias deben estar disponibles en condiciones proporcionadas justas, razonables y no discriminatorias.

(37) Para determinar las categorías de contratos de derivados extrabursátiles que deben quedar sujetas a la obligación de compensación, así como los umbrales y las contrapartes no financieras de importancia sistémica, es preciso disponer de datos fiables. Resulta por tanto esencial, con fines reglamentarios, que se establezca a nivel de la Unión una obligación uniforme de comunicación de datos relativos a los derivados. Por otra parte, se requiere una obligación de notificación retroactiva, lo más amplia posible, para las contrapartes tanto financieras como no financieras, con el fin de facilitar datos comparativos, también a la AEVM y a las autoridades competentes pertinentes.

(38) Las operaciones intragrupo son operaciones entre dos empresas que están íntegramente comprendidas en la misma consolidación y que están sujetas a procedimientos adecuados y centralizados de evaluación, medición y control del riesgo. Son empresas que forman parte del mismo sistema institucional de protección contemplado en el artículo 80, apartado 8, de la Directiva 2006/48/CE o, en el caso de las entidades de crédito afiliadas al mismo organismo central, tal como se contempla en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, ambas son entidades crédito o una es una entidad de crédito y otra un organismo central. Los contratos con derivados extrabursátiles pueden reconocerse dentro de grupos no financieros o financieros, al igual que dentro de grupos compuestos por empresas tanto financieras como no financieras, y si tales contratos se consideran operaciones intragrupo para una de las contrapartes, deben tener la misma consideración respecto de la otra contraparte del contrato. Es sabido que las operaciones intragrupo pueden resultar necesarias para agregar riesgos dentro de una estructura de grupo y que, por consiguiente, los riesgos intragrupo son específicos. Dado que la sujeción de esas operaciones a la obligación de compensación puede limitar la eficacia de esos procesos de gestión de riesgos intragrupo, eximir las operaciones intragrupo de la obligación de compensación puede resultar beneficioso, siempre que esta exención no aumente el riesgo sistémico. Como resultado, debe sustituirse la compensación de estas operaciones a través de una ECC por un intercambio suficiente de garantías, cuando ello resulte apropiado para reducir los riesgos de contraparte intragrupo.

(39) Sin embargo, ciertas operaciones intragrupo podrían quedar exentas del requisito de constitución de garantías, en algunos casos por decisión de las autoridades competentes respecto del grupo, siempre y cuando los procedimientos de gestión de riesgos de este sean suficientemente fiables, firmes y adaptados a la complejidad de la operación y siempre que no existan impedimentos para la rápida transferencia de fondos propios o el reembolso de pasivos entre las contrapartes. Esos criterios y los procedimientos que han de seguir las contrapartes y las correspondientes autoridades competentes al aplicar las exenciones deben especificarse en normas técnicas reglamentarias adoptadas con arreglo a los Reglamentos por los que se establecieron las AES. Antes de elaborar esos proyectos de normas técnicas reglamentarias, las AES deben preparar una evaluación de su impacto potencial en el mercado interior, en los participantes en los mercados financieros y, en particular, en las operaciones y la estructura de los grupos de que se trate. Todas las normas técnicas aplicables a las garantías intercambiadas en operaciones intragrupo, incluidos los criterios de exención, deben tener en cuenta las características específicas preponderantes de estas operaciones y las diferencias existentes entre las contrapartes financieras y no financieras, así como los métodos que emplean y los fines que persiguen cuando utilizan derivados.

(40) Las contrapartes deben considerarse comprendidas en la misma consolidación al menos cuando ambas estén comprendidas en una consolidación, de conformidad con la Directiva 83/349/CEE del Consejo (16) o con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas en virtud del Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), o, por lo que respecta a un grupo cuya empresa matriz tenga su sede social en un tercer país, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados de un tercer país que se consideren equivalentes a las NIIF de conformidad con el Reglamento (CE) no 1569/2007 de la Comisión (18) [o con las normas de contabilidad de un tercer país cuyo uso esté aceptado de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1569/2007], o cuando ambas estén sujetas a la misma supervisión consolidada, de conformidad con la Directiva 2006/48/CE o 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) o, por lo que respecta a un grupo cuya empresa matriz tenga su sede social en un tercer país, a la misma supervisión consolidada por parte de la autoridad competente de un tercer país y regulada por principios equivalentes a los establecidos en la Directiva 2006/48/CE, conforme a lo previsto en el artículo 143 de la misma, o en la Directiva 2006/49/CE, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la misma.

(41) Es indispensable que los participantes en el mercado notifiquen a los registros de operaciones todos los detalles relativos a los contratos de derivados que hayan celebrado. De este modo, la información sobre los riesgos inherentes a los mercados de derivados estará almacenada de manera centralizada y será fácilmente accesible, entre otros, a la AEVM, a las autoridades competentes oportunas, a la Junta Europea de Riesgos Sistémicos (JERS) y a los bancos centrales del SEBC afectados.

(42) La prestación de servicios de registro de operaciones se caracteriza por la existencia de economías de escala que pueden obstaculizar la competencia en este ámbito concreto. Al mismo tiempo, imponer a los participantes en el mercado una obligación general de información puede incrementar el valor de la información conservada por los registros de operaciones también para terceros que prestan servicios accesorios, como servicios de confirmación de operaciones, casamiento de operaciones, administración de eventos de crédito, conciliación de carteras o compresión de carteras. Resulta oportuno garantizar que la existencia de condiciones de competencia equitativas en el sector de la postnegociación en general no se vea comprometida por un posible monopolio natural en la prestación de servicios de registro de operaciones. Por ello, los registros de operaciones han de quedar obligados a proporcionar acceso a la información que conservan en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, a reserva de las precauciones necesarias para la protección de datos.

(43) A fin de poder obtener una visión completa y global del mercado y de evaluar el riesgo sistémico, conviene que se notifiquen a los registros de operaciones los contratos de derivados compensados tanto por una ECC como los compensados por otro tipo de entidad.

(44) Las AES deben contar con los recursos suficientes para desempeñar eficazmente las tareas que se les asignan en virtud del presente Reglamento.

(45) Las contrapartes y las ECC que celebren, modifiquen o rescindan un contrato de derivados deben garantizar que los detalles de dicho contrato se notifiquen a un registro de operaciones. Deben poder delegar en otra entidad la comunicación del contrato. Las entidades, o los empleados de las mismas, que notifiquen a un registro de operaciones, por cuenta de una contraparte, los datos relativos a un contrato de derivados, conforme a lo previsto en el presente Reglamento, no deben vulnerar ninguna restricción en materia de divulgación de información. Al preparar los proyectos de normas técnicas reglamentarias relativos a la notificación, la AEVM debe tener en cuenta el progreso realizado en el desarrollo de un identificador único del contrato y la lista de los datos que deben comunicarse de acuerdo con lo previsto en el anexo I, cuadro 1, del Reglamento (CE) no 1287/2006 de la Comisión (20), de por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE, y consultar a otras autoridades pertinentes, como la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.

(46) Teniendo en cuenta los principios enunciados en la Comunicación de la Comisión sobre regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de los servicios financieros y los actos legislativos de la Unión adoptados a raíz de dicha Comunicación, los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones aplicables a los supuestos de infracción del presente Reglamento. Los Estados miembros deben aplicar esas sanciones de manera que no sufra merma la eficacia de las normas. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Deben basarse en directrices adoptadas por la AEVM con miras a promover la convergencia y la coherencia intersectorial de los regímenes sancionadores en el sector financiero. Los Estados miembros han de velar por que las sanciones impuestas se hagan públicas, en su caso, y por que los informes de evaluación sobre la eficiencia de las normas vigentes se publiquen a intervalos periódicos.

(47) Con arreglo al presente Reglamento, una ECC puede establecerse en cualquier Estado miembro. Ningún Estado miembro o grupo de Estados miembros debe sufrir discriminación directa o indirecta como lugar de prestación de servicios de compensación. Ninguna disposición del presente Reglamento debe intentar restringir o impedir que, dentro de un territorio, una ECC compense un producto denominado en la moneda de otro Estado miembro o en la moneda de un tercer país.

(48) Resulta oportuno que la autorización de una ECC se supedite a la posesión de un importe mínimo de capital inicial. El capital de la ECC, incluidas las ganancias acumuladas y las reservas, debe guardar proporción en todo momento con el riesgo que se derive de las actividades que lleve a cabo la misma, al objeto de garantizar que esté adecuadamente capitalizada para hacer frente a los riesgos de crédito, de contraparte y de mercado, así como a los riesgos operativos, jurídicos y empresariales, que no estén ya cubiertos por recursos financieros específicos, y que pueda proceder a una reestructuración o a una liquidación ordenada de sus actividades en caso necesario.

(49) Dado que el presente Reglamento instaura, con fines reglamentarios, la obligación legal de efectuar la compensación a través de ECC específicas, es indispensable asegurarse de que dichas ECC sean sólidas y seguras y se atengan en todo momento a los estrictos requisitos organizativos, prudenciales y de ejercicio de la actividad que establece el presente Reglamento. A fin de garantizar una aplicación uniforme de este, dichos requisitos han de aplicarse a la compensación de todos los instrumentos financieros manejados por esas ECC.

(50) Resulta, por tanto, necesario, a efectos de reglamentación y de armonización, garantizar que las contrapartes únicamente recurran a ECC que se ajusten a los requisitos establecidos en el presente Reglamento. Estos requisitos no deben impedir que los Estados miembros adopten o mantengan requisitos adicionales en lo que respecta a las ECC establecidas en su territorio, entre ellos determinados requisitos de autorización al amparo de la Directiva 2006/48/CE. Sin embargo, la imposición de requisitos adicionales de este tipo no debe afectar al derecho de las ECC autorizadas en otros Estados miembros o reconocidas de acuerdo con el presente Reglamento a prestar servicios de compensación a miembros compensadores y a clientes de estos establecidos en el Estado miembro que decida introducir requisitos adicionales, puesto que dichas ECC no están sujetas a esos requisitos adicionales ni tienen obligación de cumplirlos. A más tardar el 30 de septiembre de 2014, la AEVM debe elaborar un informe sobre el impacto de la aplicación de los requisitos adicionales por los Estados miembros.

(51) Un corolario fundamental de la obligación de compensar los contratos de derivados extrabursátiles es la necesidad de regular directamente la autorización y supervisión de las ECC. Resulta oportuno que siga correspondiendo a las autoridades competentes la responsabilidad en todo cuanto se refiere a la autorización y la supervisión de las ECC, incluida la responsabilidad de verificar que la ECC solicitante se atenga a lo dispuesto en el presente Reglamento y en la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (21), pues son las autoridades nacionales competentes las mejor situadas para examinar el funcionamiento cotidiano de dichas ECC, efectuar evaluaciones periódicas y adoptar, en su caso, las medidas que se impongan.

(52) Cuando una ECC se halle en riesgo de insolvencia, la responsabilidad presupuestaria puede recaer fundamentalmente sobre el Estado miembro en el que esté radicada dicha ECC. De ahí que deba ser la oportuna autoridad competente de ese Estado miembro la encargada de la autorización y supervisión de la citada ECC. Sin embargo, puesto que los miembros compensadores de una ECC pueden estar establecidos en distintos Estados miembros y serán ellos quienes primero se vean afectados por el incumplimiento de la ECC, es indispensable que todas las autoridades competentes y la AEVM intervenga en el proceso de autorización y supervisión. Se evitará así la adopción de medidas o de prácticas nacionales divergentes y la creación de obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior. En el ejercicio de sus funciones, ningún miembro del colegio de supervisores puede tomar medidas que discriminen, directa o indirectamente, a un Estado miembro o grupo de Estados miembros como lugar de prestación de servicios de compensación en cualquier divisa. A fin de garantizar la coherencia y la correcta aplicación del presente Reglamento, la AEVM debe participar en cada colegio. Resulta oportuno que la AEVM implique en la preparación de sus recomendaciones y decisiones a otras autoridades competentes de los Estados miembros interesados.

(53) En vista del papel asignado a los colegios, es importante que intervengan en el desempeño de sus funciones todas las autoridades competentes pertinentes y los miembros del SEBC. El colegio debe estar formado no solo por las autoridades competentes que supervisan a las ECC sino también por los supervisores de las entidades que pueden verse afectadas por las operaciones de dichas ECC, a saber, ciertos miembros compensadores, plataformas de negociación, ECC interoperables y centrales depositarias de valores. Los miembros del SEBC que sean responsables de la supervisión de las ECC y de las ECC interoperables, así como los responsables de la emisión de las monedas en que estén denominados los instrumentos financieros compensados por la ECC, deben poder participar en el colegio. Dado que las entidades supervisadas o vigiladas se establecerían en un número reducido de Estados miembros en los que actúe la ECC, una sola autoridad competente o un único miembro del SEBC podría hacerse cargo de la supervisión o vigilancia de varias de dichas entidades. Es conveniente establecer procedimientos y mecanismos adecuados que permitan garantizar una cooperación fluida entre todos los miembros del colegio.

(54) Dado que el establecimiento y funcionamiento del colegio se basa, en principio, en un acuerdo escrito entre todos sus miembros, procede otorgarles la competencia para que determinen los procedimientos decisorios del colegio, dado que se trata de una cuestión delicada. Así pues, las normas detalladas sobre los procedimientos de votación deben recogerse en un acuerdo escrito celebrado entre los miembros del colegio. Sin embargo, con el fin de equilibrar adecuadamente los intereses de todos los participantes en el mercado pertinentes y los Estados miembros, procede que el colegio aplique el principio general de que cada miembro tiene un voto, con independencia del número de funciones que el miembro desempeñe, con arreglo a lo previsto en el presente Reglamento. En el caso de los colegios que tengan 12 miembros o menos, deben poder votar como máximo dos miembros del colegio pertenecientes al mismo Estado miembro y cada miembro votante debe disponer de un único voto. En el caso de los colegios compuestos por más de 12 miembros, deben poder votar como máximo tres miembros del colegio pertenecientes al mismo Estado miembro y cada miembro votante debe disponer de un único voto.

(55) La muy particular situación de las ECC exige que los colegios se organicen en función y de acuerdo con las modalidades propias de la supervisión de las ECC.

(56) Las modalidades previstas en el presente Reglamento no constituyen precedente alguno para el resto de la legislación relativa a la supervisión y vigilancia de las infraestructuras del mercado financiero, en particular por lo que se refiere a las modalidades de votación aplicables a la remisión de un asunto a la AEVM.

(57) La ECC no debe recibir autorización cuando todos los miembros del colegio, excluidas las autoridades competentes del Estado miembro en que esté establecida la ECC, emitan de mutuo acuerdo un dictamen conjunto según el cual la ECC no debe ser autorizada. No obstante, si una mayoría suficiente del colegio ha emitido un dictamen desfavorable y cualquiera de las autoridades competentes afectadas, basándose en esa mayoría de dos tercios del colegio, ha remitido el asunto a la AEVM, la autoridad competente del Estado miembro en que esté establecida la ECC debe aplazar su decisión sobre la autorización y esperar la decisión que pueda adoptar la AEVM sobre la conformidad de la ECC con el Derecho de la Unión. La autoridad competente del Estado miembro en que esté establecida la ECC debe adoptar su decisión de conformidad con dicha decisión de la AEVM. Cuando todos los miembros del colegio, excluidas las autoridades del Estado miembro en que esté establecida la ECC, emitan un dictamen conjunto en el que consideren que no se cumplen los requisitos para que la ECC obtenga la autorización, la autoridad competente del Estado miembro en que esté establecida dicha ECC puede remitir el asunto a la AEVM para que esta decida sobre la conformidad con el Derecho de la Unión.

(58) Es preciso reforzar las disposiciones sobre el intercambio de información entre las autoridades competentes, la AEVM y otras autoridades pertinentes, y consolidar el deber de asistencia y de cooperación mutua. Habida cuenta del aumento de la actividad transfronteriza, procede que dichas autoridades se faciliten mutuamente la información pertinente para el ejercicio de sus funciones, de modo que se garantice el cumplimiento efectivo del presente Reglamento, incluso en aquellos casos en que las infracciones o presuntas infracciones puedan afectar a las autoridades de varios Estados miembros. El citado intercambio de información debe basarse en la estricta observancia del secreto profesional. A la vista de las amplias repercusiones que tienen los contratos de derivados extrabursátiles, es imprescindible que otras autoridades afectadas, como las autoridades tributarias o las autoridades de regulación de la energía, tengan acceso a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.

(59) Dada la dimensión mundial de los mercados financieros, conviene que la AEVM tenga responsabilidad directa en lo que atañe al reconocimiento de las ECC radicadas en terceros países, permitiéndoles así prestar servicios de compensación dentro de la Unión, a condición de que la Comisión haya reconocido la equivalencia del marco jurídico y de supervisión del tercer país considerado con el de la Unión y que se cumplan otra serie de condiciones. Por tanto, conviene que las ECC establecidas en un tercer país que presten servicios de compensación a miembros compensadores o a plataformas de negociación establecidas en la Unión sean reconocidas por la AEVM. No obstante, a fin de no obstaculizar el desarrollo en la Unión de las actividades de gestión de inversiones transfronterizas, no debe ser necesario que una ECC de un tercer país que preste servicios a clientes establecidos en la Unión a través de un miembro compensador establecido en un tercer país sea reconocida por la AEVM. En este contexto, revestirán particular importancia los acuerdos con los principales socios internacionales de la Unión a la hora de garantizar condiciones de competencia equitativas a escala mundial y la estabilidad financiera.

(60) El 16 de septiembre de 2010, el Consejo Europeo convino en la necesidad de que la Unión promueva sus intereses y valores de forma más enérgica y con un espíritu de reciprocidad y provecho mutuo en el contexto de las relaciones exteriores de la Unión y de que adopte medidas destinadas, entre otras cosas, a asegurar un mayor acceso a los mercados para las empresas europeas y a ahondar la cooperación legislativa con los principales socios comerciales.

(61) Con independencia de su estructura de propiedad, las ECC deben disponer de mecanismos de gobernanza sólidos, y contar con una alta dirección que reúna las condiciones necesarias de honorabilidad y con miembros independientes en su consejo. Al menos un tercio del consejo, pero no menos de dos miembros, debe estar compuesto por miembros independientes. No obstante, la disposición o capacidad de una ECC de compensar determinados productos puede verse influida por los distintos mecanismos de gobernanza o estructuras de propiedad. Conviene, por tanto, que sean los miembros independientes del consejo y el comité de riesgo que debe establecer la ECC los encargados de resolver cualquier posible conflicto de intereses que surja en la ECC. Conviene asimismo que los miembros compensadores y los clientes estén adecuadamente representados, ya que las decisiones adoptadas por la ECC pueden afectarles.

(62) Las ECC deben poder externalizar funciones. El comité de riesgos de la ECC debe asesorar sobre dicha externalización. Las principales actividades vinculadas a la gestión del riesgo no deben externalizarse a menos que lo apruebe la autoridad competente.

(63) Los requisitos de participación en una ECC deben ser transparentes, proporcionados y no discriminatorios, y deben permitir el acceso a distancia, siempre y cuando ello no exponga a dicha ECC a riesgos suplementarios.

(64) Conviene que los clientes de miembros compensadores que compensan sus contratos de derivados extrabursátiles a través de ECC disfruten de un elevado nivel de protección. El nivel de protección efectiva dependerá del nivel de segregación que elijan los clientes. Los intermediarios deben segregar sus activos de los de sus clientes. Por ello, es preciso que las ECC conserven la información actualizada y fácilmente identificable, a fin de facilitar la transmisión de las posiciones y activos de los clientes de un miembro compensador incumplidor a un miembro compensador solvente o, según el caso, la liquidación ordenada de las posiciones de los clientes y la devolución a los clientes del remanente de la garantía. Por consiguiente, los requisitos establecidos en el presente Reglamento sobre la segregación y portabilidad de las posiciones y los activos de los clientes deben prevalecer sobre cualesquiera otras disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en contrario de los Estados miembros que impidan a las partes respetar aquellos.

(65) Con vistas a la gestión de los riesgos de crédito, de liquidez, operativos o de otro tipo, incluidos aquellos que soportan o que representan para otras entidades por efecto de las interdependencias existentes, las ECC deben disponer de un sólido marco de gestión de riesgos. Procede que las ECC se doten de procedimientos y mecanismos adecuados para hacer frente al incumplimiento de un miembro compensador. A fin de reducir al mínimo el riesgo de contagio de tal incumplimiento, la ECC ha de establecer requisitos de participación muy estrictos, exigir márgenes iniciales adecuados y mantener un fondo de garantía frente a incumplimientos y otros recursos financieros para la cobertura de las pérdidas potenciales. Para garantizar que disponen de suficientes recursos de manera permanente, las ECC deben determinar una cuantía mínima por debajo de la cual, en términos generales, no puede situarse el volumen del fondo de garantía. Esto, no obstante, no debe limitar la capacidad de las ECC para destinar la totalidad de dicho fondo a cubrir las pérdidas causadas por el incumplimiento de un miembro compensador.

(66) Al definir un marco para la gestión adecuada de los riesgos, las ECC deben tener en cuenta sus riesgos potenciales y las repercusiones económicas en los miembros compensadores y sus clientes. Aunque la implantación de una gestión del riesgo de gran solidez debe seguir siendo su principal objetivo, las ECC pueden adaptar sus características a las actividades y perfiles de riesgo específicos de los clientes de los miembros compensadores y, si lo consideran conveniente y sobre la base de los criterios establecidos en las normas técnicas reglamentarias que debe desarrollar la AEVM, pueden incluir, entre los activos de elevada liquidez aceptados como garantía, por lo menos el efectivo, los bonos del Estado, los bonos garantizados de conformidad con la Directiva 2006/48/CE con los recortes de valor adecuados, las garantías exigibles a la vista concedidas por miembros del SEBC, las garantías de bancos comerciales con sujeción a condiciones estrictas por lo que respecta, en particular, a la solvencia del garante, y las vinculaciones de capital del garante con los miembros compensadores de la ECC. En su caso, la AEVM también puede considerar el oro como un activo admisible como garantía. Las ECC deben poder aceptar, en condiciones estrictas de gestión de riesgos, garantías de bancos comerciales de contrapartes no financieras que actúen como miembros compensadores.

(67) Las estrategias de gestión del riesgo de las ECC deben ser lo suficientemente sólidas como para evitar riesgos para el contribuyente.

(68) La exigencia de márgenes y los recortes de valor aplicados a las garantías pueden tener efectos procíclicos. De ahí la necesidad de que las ECC, las autoridades competentes y la AEVM tomen medidas orientadas a impedir y controlar los posibles efectos procíclicos de las prácticas de gestión de riesgos adoptadas por las ECC, siempre que ello no vaya en detrimento de su solidez y seguridad financiera.

(69) La gestión de las exposiciones constituye parte esencial del proceso de compensación. Para la prestación de servicios de compensación en general, es indispensable que se permita el acceso a las fuentes de valoración pertinentes y su utilización. Resulta oportuno que las citadas fuentes de valoración incluyan las vinculadas a índices a los que estén referenciados derivados u otros instrumentos financieros.

(70) Los márgenes constituyen la primera línea de defensa de una ECC. Si bien las ECC han de invertir los márgenes recibidos de manera segura y prudente, deben poner particular empeño en garantizar una protección adecuada de los mismos, a fin de cerciorarse de que se restituyan oportunamente a los miembros compensadores que no hayan incumplido o a una ECC interoperable en caso de incumplimiento de la ECC que haya percibido los márgenes.

(71) El acceso a unos recursos de liquidez adecuados es esencial para una ECC. Dicha liquidez podría provenir del acceso a la liquidez de un banco central o a la liquidez de bancos comerciales solventes y fiables, o de una combinación de ambos. El acceso a la liquidez podría resultar de una autorización otorgada de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2006/48/CE u otros mecanismos adecuados. Al evaluar la idoneidad de los recursos líquidos, sobre todo en situaciones de tensión, una ECC debe tomar en consideración los riesgos que entraña la obtención de liquidez exclusivamente mediante líneas de crédito de bancos comerciales.

(72) El «Código Europeo de Conducta en materia de Compensación y Liquidación», de 7 de noviembre de 2006, instauró un marco voluntario para la creación de conexiones entre las ECC. Con todo, el sector de postnegociación sigue estando fragmentado por las fronteras nacionales, encareciendo las operaciones transfronterizas y dificultando la armonización. Resulta, por tanto, necesario establecer las condiciones para la celebración de acuerdos de interoperabilidad entre ECC, partiendo de la premisa de que dichos acuerdos no deben exponer a las ECC consideradas a riesgos que no estén adecuadamente gestionados.

(73) Los acuerdos de interoperabilidad son importantes para una mayor integración del mercado en lo que atañe a las actividades de postnegociación en la Unión, por lo que han de estar regulados. Sin embargo, dado que los acuerdos de interoperabilidad pueden exponer a las ECC a riesgos suplementarios, las autoridades competentes solo deben poder aprobar aquellos acuerdos que se refieran a ECC que están, desde hace más de tres años, autorizadas a compensar o reconocidas de conformidad con el presente Reglamento, o autorizadas sobre la base de un régimen de autorización nacional preexistente. Además, dada la complejidad añadida que comportan los acuerdos de interoperabilidad entre ECC que compensen contratos de derivados extrabursátiles, resulta oportuno a estas alturas restringir el ámbito de aplicación de tales acuerdos a los valores mobiliarios y los instrumentos del mercado monetario. No obstante, para el 30 de septiembre de 2014, la AEVM debe, en principio, presentar a la Comisión un informe sobre la conveniencia de hacer extensivo el ámbito de aplicación a otros instrumentos financieros.

(74) Los registros de operaciones recopilan, a efectos reglamentarios, datos que son pertinentes para las autoridades de todos los Estados miembros. Resulta oportuno que la AEVM asuma la responsabilidad de la inscripción, de la revocación de esta y de la supervisión de los registros de operaciones.

(75) Dado que las autoridades reguladoras, las ECC y otros participantes en el mercado se apoyan en los datos conservados por los registros de operaciones, procede velar por que dichos registros estén sujetos a requisitos estrictos en materia operativa y de conservación y gestión de datos.

(76) A fin de permitir a los participantes en el mercado tomar decisiones fundadas, es indispensable la transparencia de los precios, las comisiones y los modelos de gestión de riesgos correspondientes a los servicios prestados por las ECC, sus miembros y los registros de operaciones.

(77) Para ejercer sus funciones de modo eficaz, la AEVM ha de poder obtener de los registros de operaciones, mediante simple solicitud o decisión, toda la información necesaria sobre terceros en general y sobre terceros a los que dichos registros hayan subcontratado funciones o actividades operativas. Si la AEVM requiere tal información mediante una simple solicitud, la persona a la que se solicite esa información no está obligada a facilitarla. No obstante, si facilita dicha información voluntariamente, esta no debe ser incorrecta ni engañosa. Es importante que la información se facilite sin demora.

(78) Sin perjuicio de los supuestos contemplados por el Derecho penal o fiscal, las autoridades competentes, la AEVM y los organismos o personas físicas o jurídicas distintos de las autoridades competentes que reciban información confidencial deben utilizarla exclusivamente en el desempeño de sus obligaciones y en el ejercicio de sus funciones. No obstante, esto no debe impedir que, con arreglo a la legislación nacional, los organismos nacionales encargados de la prevención, la investigación o la reparación de casos de mala administración ejerzan sus funciones.

(79) En aras de un ejercicio eficaz de sus competencias de supervisión, la AEVM debe estar facultada para llevar a cabo investigaciones e inspecciones in situ.

(80) La AEVM ha de poder delegar en la autoridad competente de un Estado miembro tareas de supervisión específicas, por ejemplo cuando la tarea requiera conocimientos y experiencia con respecto a las condiciones locales, de los que se dispone más fácilmente a nivel nacional. La AEVM debe poder delegar la realización de tareas de investigación e inspecciones in situ específicas. Antes de delegar las tareas en cuestión, la AEVM debe consultar a la autoridad competente de que se trate sobre las condiciones detalladas de dicha delegación de tareas, por ejemplo en lo que se refiere al alcance de las tareas que vayan a delegarse, al calendario para llevarlas a cabo y a la transmisión de la información necesaria por parte de la AEVM y la dirigida a ella. La AEVM debe retribuir a las autoridades competentes por haber llevado a cabo una tarea delegada de conformidad con el reglamento sobre tasas que la Comisión ha de adoptar mediante un acto delegado. La AEVM no debe estar facultada para delegar la competencia para la adopción de decisiones de registro.

(81) Debe garantizarse que las autoridades competentes puedan solicitar que la AEVM examine si se cumplen las condiciones para revocar la inscripción de un registro de operaciones. La AEVM debe evaluar esas solicitudes y tomar las medidas apropiadas.

(82) La AEVM debe estar facultada para imponer multas coercitivas dirigidas a obligar a los registros de operaciones a poner fin a una infracción, a facilitar la información completa y correcta requerida por la AEVM o a someterse a una investigación o a una inspección in situ.

(83) La AEVM ha de poder imponer también multas a los registros de operaciones cuando constate que han infringido el presente Reglamento, ya sea dolosamente o por negligencia. Las multas deben imponerse de acuerdo con la gravedad de las infracciones. Las infracciones deben dividirse en grupos diferentes a los que han de atribuirse multas específicas. Para determinar la cuantía de la multa correspondiente a una infracción específica, la AEVM debe utilizar un método en dos fases consistente en la determinación de una cuantía de base para la multa y la adaptación de dicha cuantía, en caso necesario, mediante la aplicación de determinados coeficientes. Conviene que el importe básico se determine teniendo en cuenta el volumen de negocios anual del registro de operaciones de que se trate, y que las adaptaciones se realicen incrementando o reduciendo el importe básico mediante la aplicación de los coeficientes correspondientes de conformidad con el presente Reglamento.

(84) El presente Reglamento debe establecer coeficientes ligados a las circunstancias agravantes o atenuantes para dotar a la AEVM de los útiles necesarios para tomar la decisión de imponer una multa que sea proporcionada a la gravedad de la infracción cometida por un registro de operaciones, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se cometió la infracción.

(85) Antes de decidir sobre la imposición de una multa o multa coercitiva, la AEVM debe brindar a las personas que sean objeto de un procedimiento la oportunidad de ser oídas a fin de garantizar sus derechos de defensa.

(86) La AEVM debe abstenerse de imponer multas o multas coercitivas cuando una sentencia absolutoria o condenatoria anterior, resultante de un hecho idéntico o de hechos que sean sustancialmente iguales, haya adquirido carácter de cosa juzgada como resultado de un proceso penal con arreglo al Derecho nacional.

(87) Las decisiones de la AEVM sobre la imposición de multas y multas coercitivas deben tener carácter ejecutivo y su ejecución debe regirse por las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo. Las normas de procedimiento civil no deben incluir normas de procedimiento penal, pero pueden incluir normas de procedimiento administrativo.

(88) En el supuesto de que un registro de operaciones cometa una infracción, la AEVM ha de estar facultada para adoptar diversas medidas de supervisión, incluidas la de exigir al registro de operaciones que ponga fin a la infracción y, en última instancia, la de revocar la inscripción si el registro de operaciones ha infringido de manera grave o repetida lo dispuesto en el presente Reglamento. La AEVM debe aplicar las medidas de supervisión teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción y respetando el principio de proporcionalidad. Antes de tomar una decisión sobre las medidas de supervisión, la AEVM debe brindar a las personas que sean objeto de un procedimiento la oportunidad de ser oídas a fin de observar sus derechos de defensa.

(89) Es fundamental que los Estados miembros y la AEVM protejan el derecho a la intimidad de las personas físicas con relación al tratamiento de datos personales, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (22), y el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (23).

(90) Es importante garantizar la convergencia, a escala internacional, de los requisitos que han de satisfacer las ECC y los registros de operaciones. El presente Reglamento sigue las recomendaciones vigentes formuladas por el grupo conjunto CSPL-OICV (Comité de Sistemas de Pago y Liquidación-Organización Internacional de Comisiones de Valores), teniendo constancia de la adopción por dicho grupo, el 16 de abril de 2012, de los principios relativos a las infraestructuras de los mercados financieros, incluidas las ECC. El presente Reglamento crea un marco en la Unión en el que las ECC puedan operar en condiciones de seguridad. Conviene que la AEVM tenga presentes las normas en vigor y su futura evolución a la hora de elaborar o proponer que se revisen las normas técnicas reglamentarias y las directrices y recomendaciones previstas en el presente Reglamento.

(91) Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por lo que respecta a las modificaciones a la lista de entidades exentas de lo previsto en el presente Reglamento, y a las nuevas normas de procedimiento para la imposición de multas o multas coercitivas, incluyendo disposiciones sobre los derechos de defensa, plazos, recaudación de las multas o multas coercitivas, y plazos de prescripción para la imposición y ejecución de las multas o multas coercitivas; a las medidas para modificar el anexo II a fin de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros; a una mayor especificación de los tipos de tasas y los conceptos por los que serán exigibles, así como el importe de las mismas y las modalidades de pago. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(92) A fin de asegurar una armonización coherente, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar proyectos de normas técnicas reglamentarias de la AEVM con arreglo a los artículos 10 a 14 de los Reglamentos (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 y (UE) no 1095/2010, para la aplicación, a efectos del presente Reglamento, de los puntos 4 a 10 de la sección C del anexo I de la Directiva 2004/39/CE y a fin de especificar lo siguiente: los contratos de derivados extrabursátiles que se considere que tienen un efecto directo, importante y predecible dentro de la Unión, o los casos en los que sea necesario o adecuado evitar la elusión de cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento; los tipos de acuerdos contractuales indirectos que cumplen las condiciones previstas en el presente Reglamento; los tipos de acuerdos contractuales indirectos que cumplen las condiciones previstas en el presente Reglamento; las categorías de contratos de derivados extrabursátiles que deben estar sujetas a la obligación de compensación, la fecha o fechas a partir de las que ha de surtir efecto dicha obligación, incluida cualquier implantación gradual, las categorías de contrapartes a las que se aplica la obligación de compensación, y la vigencia mínima restante de los contratos de derivados extrabursátiles suscritos o que hayan sido objeto de novación antes de la fecha a partir de la cual surte efecto la obligación de compensación; los datos que deben incluirse en la notificación de la autoridad competente a la AEVM acerca de la autorización que ha concedido a una ECC para compensar una categoría de contratos de derivados extrabursátiles; las categorías particulares de contratos de derivados extrabursátiles, el nivel de normalización de los términos contractuales y de los procesos operativos, el volumen de liquidez, y la disponibilidad de información imparcial, fiable y generalmente aceptada sobre precios; los datos que deben incluirse en el registro de la AEVM relativo a las categorías de contratos de derivados extrabursátiles sujetas a la obligación de compensación; los datos y el tipo de informes relativos a las distintas categorías de derivados; los criterios para determinar qué contratos de derivados extrabursátiles reducen, de una manera objetivamente mensurable, los riesgos directamente relacionados con la actividad comercial o de financiación de tesorería, y los valores de los umbrales de compensación, así como los procedimientos y mecanismos relacionados con las técnicas de reducción del riesgo para los contratos de derivados extrabursátiles no compensados a través de una ECC; los procedimientos de gestión de riesgos, incluidos los niveles y tipos de garantía requeridos y los acuerdos en materia de segregación, así como el nivel de capital necesario; el concepto de fragmentación de la liquidez; los requisitos sobre el capital, las ganancias acumuladas y las reservas de las ECC; el contenido mínimo de las normas y los acuerdos de gobernanza aplicables a las ECC; los datos de los registros y de la información que deben conservar las ECC; el contenido mínimo y los requisitos de las estrategias de continuidad de la actividad y de los planes de recuperación en caso de catástrofe de las ECC; el porcentaje y los horizontes temporales adecuados para el período de liquidación y el cálculo de la volatilidad histórica que deben tomarse en consideración para las diferentes categorías de instrumentos financieros, teniendo en cuenta el objetivo de limitar la prociclicidad y las condiciones en las que pueden aplicarse las prácticas de constitución de márgenes de una cartera; el marco para definir condiciones de mercado extremas pero verosímiles, a las que habrá de referirse cuando se determinen el volumen del fondo de garantía y los recursos de las ECC; la metodología aplicable al cálculo y el mantenimiento de los recursos propios de las ECC; el tipo de garantía que puede considerarse de elevada liquidez, como dinero en efectivo, oro, bonos públicos y corporativos de alta calidad, y bonos garantizados, y los recortes y las condiciones en que pueden aceptarse como garantía las garantías de bancos comerciales; los instrumentos financieros que pueden considerarse de elevada liquidez y mínimo riesgo de crédito y de mercado, los mecanismos de gran seguridad y los límites de concentración; los tipos de pruebas de resistencia que deben llevar a cabo las ECC para las distintas categorías de instrumentos financieros y carteras, la participación en las pruebas de los miembros compensadores o de terceros, la frecuencia y el calendario de las pruebas, y la información clave que debe hacer pública la ECC en su modelo de gestión del riesgo y las hipótesis adoptadas para llevar a cabo las pruebas de resistencia; el procedimiento relativo a la solicitud de inscripción de los registros de operaciones ante la AEVM; la frecuencia con la que los registros de operaciones deben hacer pública la información relativa a las posiciones agregadas por categorías de contratos de derivados extrabursátiles, y los pormenores de dicha información; y las normas operativas necesarias para agregar y comparar datos entre registros.

(93) Debe entenderse que cualquier obligación impuesta por el presente Reglamento que deba ser objeto de un desarrollo posterior mediante un acto delegado o de ejecución adoptado con arreglo al artículo 290 o al artículo 291 del TFUE se aplica únicamente a partir de la fecha en que surtan efecto dichos actos.

(94) En el marco del desarrollo de las directrices técnicas y de las normas técnicas reglamentarias, y en particular al fijar el umbral de compensación para las contrapartes no financieras, con arreglo al presente Reglamento, la AEVM debe llevar a cabo audiencias públicas con los participantes en el mercado.

(95) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (24).

(96) La Comisión debe supervisar y evaluar si es necesario adoptar medidas adecuadas para garantizar la aplicación coherente y efectiva y el desarrollo de reglamentos, normas y prácticas que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, teniendo en cuenta los resultados de los trabajos realizados en los foros internacionales pertinentes.

(97) Habida cuenta de las normas relativas a los sistemas interoperables, se ha considerado oportuno modificar la Directiva 98/26/CE, a fin de proteger los derechos de aquellos operadores de sistemas que constituyan garantías a favor de otro operador de sistemas, en caso de incoación de un procedimiento de insolvencia contra el operador de sistemas que las haya recibido.

(98) A fin de facilitar procesos eficientes de compensación, registro, liquidación y pago, las ECC y los registros de operaciones deben adaptarse, en sus procedimientos de comunicación con los participantes y las infraestructuras de mercado con los que estén en relación, a los procedimientos y normas internacionales de comunicación pertinentes en materia de mensajería y datos de referencia.

(99) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de requisitos uniformes aplicables a los contratos de derivados extrabursátiles y las actividades desarrolladas por las ECC y los registros de operaciones, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece requisitos en materia de compensación y de gestión bilateral del riesgo para los contratos de derivados extrabursátiles, requisitos de información para los contratos de derivados y requisitos uniformes para el desempeño de las actividades de las entidades de contrapartida central («ECC») y los registros de operaciones.

2. El presente Reglamento se aplicará a las ECC y sus miembros compensadores, a las contrapartes financieras y a los registros de operaciones. Será aplicable a las contrapartes no financieras y a las plataformas de negociación cuando así se prevea.

3. El título V del presente Reglamento se aplicará únicamente a los valores negociables y a los instrumentos del mercado monetario, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 18, letras a) y b), y punto 19, respectivamente, de la Directiva 2004/39/CE.

4. El presente Reglamento no se aplicará:

a) a los miembros del SEBC u otros organismos de los Estados miembros con funciones similares, ni a otros organismos públicos de la Unión que se encarguen de la gestión de la deuda pública o intervengan en ella;

b) al Banco de Pagos Internacionales.

5. A excepción de la obligación de información contemplada en el artículo 6, el presente Reglamento no se aplicará a las siguientes entidades:

a) a los bancos multilaterales de desarrollo que se detallan en el anexo VI, parte 1, sección 4.2, de la Directiva 2006/48/CE;

b) a las entidades del sector público en el sentido del artículo 4, punto 18, de la Directiva 2006/48/CE pertenecientes a los Gobiernos centrales y que dispongan de regímenes expresos de garantía proporcionados por los Gobiernos centrales;

c) a la Facilidad Europea de Estabilización Financiera ni al Mecanismo Europeo de Estabilidad.

6. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 82 en lo referente a la modificación de la lista que figura en el apartado 4 del presente artículo.

A tal efecto, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 17 de noviembre de 2012, un informe en el que se evalúe el tratamiento internacional de los organismos públicos encargados de la gestión de la deuda pública o que intervengan en dicha gestión y de los bancos centrales.

El informe incluirá un análisis comparativo del tratamiento dado a esos organismos y a los bancos centrales en el marco jurídico de un número significativo de terceros países, incluidos al menos los tres territorios más importantes por lo que respecta a los volúmenes de contratos negociados, así como las normas de gestión del riesgo aplicables a las operaciones de derivados suscritas por dichos organismos y por los bancos centrales en esos territorios. Si el informe concluye, en particular a la luz de los análisis comparativos, que es necesario eximir a los bancos centrales de esos terceros países de su responsabilidad monetaria en materia de obligaciones de compensación e información, la Comisión los añadirá a la lista que figura en el apartado 4.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1) «entidad de contrapartida central» (ECC): una persona jurídica que intermedia entre las contrapartes de los contratos negociados en uno o varios mercados financieros, actuando como compradora frente a todo vendedor y como vendedora frente a todo comprador;

2) «registro de operaciones»: una persona jurídica que recopila y conserva de forma centralizada las inscripciones de derivados;

3) «compensación»: proceso consistente en establecer posiciones, incluido el cálculo de las obligaciones netas, y en asegurar que se dispone de instrumentos financieros, efectivo, o ambos, para cubrir las exposiciones derivadas de dichas posiciones;

4) «plataforma de negociación»: un sistema explotado por una empresa de inversión o un gestor de mercado en el sentido del artículo 4, apartado 1, puntos 1 y 13, de la Directiva 2004/39/CE, que no sea un internalizador sistemático en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 7, de dicha Directiva, que reúne dentro del sistema los diversos intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros para dar lugar a contratos, de conformidad con lo dispuesto en los títulos II o III de la mencionada Directiva;

5) «derivado» o «contrato de derivados»: un instrumento financiero enumerado en el anexo I, sección C, puntos 4 a 10, de la Directiva 2004/39/CE, tal como se aplican en virtud de los artículos 38 y 39 del Reglamento (CE) no 1287/2006;

6) «categoría de derivados»: un subconjunto de derivados que comparten características comunes y esenciales que incluyen al menos la relación con el activo subyacente, el tipo de activo subyacente y la moneda del valor nocional. Los derivados pertenecientes a la misma categoría pueden tener plazos diferentes;

7) «derivado extrabursátil» o «contrato de derivados extrabursátiles»: un contrato de derivados cuya ejecución no tiene lugar en un mercado regulado, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE, o en un mercado de un tercer país que se considere equivalente a un mercado regulado de conformidad con el artículo 19, apartado 6, de la Directiva 2004/39/CE;

8) «contraparte financiera»: una empresa de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2004/39/CE, una entidad de crédito autorizada de conformidad con la Directiva 2006/48/CE, una empresa de seguros autorizada de conformidad con la Directiva 73/239/CEE, una empresa de seguros autorizada de conformidad con la Directiva 2002/83/CE, una empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2005/68/CE, un OICVM), y si procede, su sociedad de gestión, autorizado de conformidad con la Directiva 2009/65/CE, un fondo de pensiones de empleo tal como se define en el artículo 6, letra a), de la Directiva 2003/41/CE y un fondo de inversión alternativo gestionado por GFIA autorizados o registrados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE;

9) «contraparte no financiera»: empresa establecida en la Unión distinta de las entidades mencionadas en los puntos 1 y 8;

10) «sistemas de planes de pensiones»:

a) fondos de pensiones de empleo en el sentido del artículo 6, letra a), de la Directiva 2003/41/CE, incluida toda entidad autorizada responsable de gestionar dichos fondos y de actuar en su nombre, a tenor del artículo 2, apartado 1, de la mencionada Directiva, así como cualquier entidad jurídica creada para los fines de inversión de tales fondos, que actúe única y exclusivamente en interés de estos;

b) actividades relacionadas con el pago de prestaciones de jubilación profesional desarrolladas por las instituciones mencionadas en el artículo 3 de la Directiva 2003/41/CE;

c) actividades relacionadas con el pago de prestaciones de jubilación profesional desarrolladas por las empresas de seguros de vida reguladas por la Directiva 2002/83/CE, siempre que todos los activos y pasivos correspondientes a dichas actividades estén claramente delimitados y se gestionen y organicen independientemente del resto de las actividades desarrolladas por las empresas de seguros, sin que, en ningún caso, sea posible transferencia alguna;

d) cualesquiera otras entidades autorizadas y supervisadas, u otros sistemas, que funcionen a escala nacional, siempre que: i) estén reconocidas en la legislación nacional, y ii) tengan por objetivo primario proporcionar prestaciones de jubilación;

11) «riesgo de crédito de contraparte»: riesgo de que la contraparte en una operación pueda incurrir en incumplimiento antes de la liquidación definitiva de los flujos de caja de esa operación;

12) «acuerdo de interoperabilidad»: acuerdo entre dos o más ECC que implica la ejecución de operaciones entre sistemas;

13) «autoridad competente»: la autoridad competente a que se refiere la legislación mencionada en el punto 8 del presente artículo, la autoridad competente a que se refiere el artículo 10, apartado 5, o la autoridad designada por cada Estado miembro de conformidad con el artículo 22;

14) «miembro compensador»: empresa que participa en una ECC y que es responsable del cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de dicha participación;

15) «cliente»: empresa que mantiene una relación contractual con un miembro compensador de una ECC que le permite compensar sus operaciones con la ECC;

16) «grupo»: el grupo de empresas formado por una empresa matriz y sus filiales en el sentido de los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE, o el grupo de empresas a que se refieren el artículo 3, apartado 1, y el artículo 80, apartados 7 y 8, de la Directiva 2006/48/CE;

17) «entidad financiera»: una empresa, distinta de una entidad de crédito, cuya actividad principal sea adquirir participaciones o realizar una o varias de las actividades enumeradas en los puntos 2 a 12 del anexo I de la Directiva 2006/48/CE;

18) «sociedad financiera de cartera»: una entidad financiera cuyas empresas filiales sean, exclusiva o principalmente, entidades de crédito u otras entidades financieras, siendo como mínimo una de tales empresas filiales una entidad de crédito, y que no sea una sociedad financiera mixta de cartera en el sentido del artículo 2, punto 15, de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero (25);

19) «empresa de servicios auxiliares»: una empresa cuya actividad principal sea la tenencia o gestión de inmuebles, la gestión de servicios informáticos o una actividad similar que tenga carácter auxiliar con respecto a la actividad principal de una o varias entidades de crédito;

20) «participación cualificada»: participación, directa o indirecta, en una ECC o un registro de operaciones que representa al menos el 10 % del capital o de los derechos de voto, conforme a los artículos 9 y 10 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado (26), teniendo en cuenta las condiciones relativas a su agregación establecidas en el artículo 12, apartados 4 y 5, de dicha Directiva, o que permite ejercer una influencia significativa en la gestión de la ECC o del registro de operaciones en que se posea la participación;

21) «empresa matriz»: la descrita como empresa matriz en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE;

22) «filial»: la descrita como empresa filial en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE, incluida cualquier filial de una empresa filial de una empresa matriz última;

23) «control»: la relación entre una empresa matriz y una filial tal y como se describe en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE;

24) «vínculos estrechos»: la situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están vinculadas:

La situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están permanentemente vinculadas a una misma persona por una relación de control también se considerará que constituye un vínculo estrecho entre tales personas;

25) «capital»: lo definido como capital suscrito en el artículo 22 de la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (27) —más la correspondiente cuenta de primas de emisión—, en la medida en que se haya desembolsado, sirva plenamente para absorber pérdidas en situaciones normales y, en caso de quiebra o liquidación, tenga menor prelación que todos los demás créditos;

26) «reservas»: lo definido como reservas en el artículo 9 de la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (28), y los resultados transferidos mediante asignación del resultado final;

27) «el consejo»: el consejo de administración o de supervisión, o ambos, de conformidad con el Derecho de sociedades nacional;

28) «miembro independiente del consejo»: miembro del consejo que no tenga una relación empresarial, familiar o de otro tipo que plantee un conflicto de intereses con la ECC de que se trate, sus accionistas mayoritarios, su dirección o sus miembros compensadores, y que no la haya tenido en los cinco años anteriores a su ingreso como miembro del consejo;

29) «alta dirección»: la persona o personas que efectivamente dirigen las actividades de la ECC o del registro de operaciones y el miembro o miembros ejecutivos del consejo.

Artículo 3

Operaciones intragrupo

1. En el caso de las contrapartes no financieras, se entiende por operación intragrupo un contrato de derivados extrabursátiles suscrito con otra contraparte perteneciente al mismo grupo, siempre que ambas contrapartes estén íntegramente comprendidas en la misma consolidación y estén sujetas a procedimientos adecuados y centralizados de evaluación, medición y control del riesgo, y que esa otra contraparte esté establecida en la Unión o, en el caso de estarlo en el territorio de un tercer país, que la Comisión haya adoptado un acto de ejecución en virtud del artículo 13, apartado 2, respecto de tal tercer país.

2. En el caso de las contrapartes financieras, se entiende por operación intragrupo uno de los supuestos siguientes:

a) un contrato de derivados extrabursátiles suscrito con otra contraparte perteneciente al mismo grupo, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: i) la contraparte financiera esté establecida en la Unión o, de estarlo en un tercer país, la Comisión haya adoptado un acto de ejecución en virtud del artículo 13, apartado 2, respecto de tal tercer país, ii) la otra contraparte sea una contraparte financiera, una sociedad financiera de cartera, una entidad financiera o una empresa de servicios auxiliares sujeta a los requisitos prudenciales apropiados, iii) ambas contrapartes estén íntegramente comprendidas en la misma consolidación, y iv) ambas contrapartes estén sujetas a procedimientos adecuados y centralizados de evaluación, medición y control del riesgo;

b) un contrato de derivados extrabursátiles suscrito con otra contraparte, si ambas contrapartes forman parte del mismo sistema institucional de protección, mencionado en el artículo 80, apartado 8, de la Directiva 2006/48/CE, siempre que se cumpla la condición establecida en la letra a), inciso ii), del presente apartado;

c) un contrato de derivados extrabursátiles suscrito entre entidades de crédito afiliadas al mismo organismo central o entre una de esas entidades financieras y el organismo central, a los que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2006/48/CE, o

d) un contrato de derivados extrabursátiles suscrito con una contraparte no financiera que forme parte del mismo grupo, siempre que ambas contrapartes estén íntegramente comprendidas en la misma consolidación y estén sujetas a procedimientos adecuados y centralizados de evaluación, medición y control del riesgo, y que esa contraparte esté establecida en la Unión o en el territorio de un tercer país respecto del cual la Comisión haya adoptado un acto de ejecución en virtud del artículo 13, apartado 2, respecto de tal tercer país.

3. A efectos del presente artículo, se entenderá que las contrapartes están comprendidas en la misma consolidación cuando ambas estén:

a) comprendidas en una consolidación de conformidad con la Directiva 83/349/CEE o con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas en virtud del Reglamento (CE) no 1606/2002, o, por lo que respecta a un grupo cuya empresa matriz tenga su sede social en un tercer país, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados de un tercer país que se consideren equivalentes a las NIIF de conformidad con el Reglamento (CE) no 1569/2007 (o con las normas de contabilidad de un tercer país cuyo uso esté aceptado de conformidad con el artículo 4 de dicho Reglamento), o

b) sujetas a la misma supervisión consolidada, de conformidad con la Directiva 2006/48/CE o 2006/49/CE o, por lo que respecta a un grupo cuya empresa matriz tenga su sede social en un tercer país, a la misma supervisión consolidada por parte de la autoridad competente de un tercer país y regulada por principios comprobados como equivalentes a los establecidos en el artículo 143 de la Directiva 2006/48/CE o en el artículo 2 de la Directiva 2006/49/CE.

TÍTULO II

COMPENSACIÓN, NOTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE LOS DERIVADOS EXTRABURSÁTILES

Artículo 4

Obligación de compensación

1. Las contrapartes deberán compensar todos los contratos de derivados extrabursátiles pertenecientes a una categoría de derivados extrabursátiles que haya sido declarada sujeta a la obligación de compensación de conformidad con el artículo 5, apartado 2, si dichos contratos cumplen una de las condiciones siguientes:

a) han sido celebrados de alguna de las maneras siguientes: i) entre dos contrapartes financieras, ii) entre una contraparte financiera y otra no financiera que cumpla las condiciones mencionadas en el artículo 10, apartado 1, letra b), iii) entre dos contrapartes no financieras que cumplan las condiciones mencionadas en el artículo 10, apartado 1, letra b), iv) entre una contraparte financiera o no financiera que cumpla las condiciones mencionadas en el artículo 10, apartado 1, letra b), y una entidad establecida en un tercer país que habría quedado sujeta a la obligación de compensación de haber estado establecida en la Unión, o v) entre dos entidades establecidas en uno o más terceros países que habrían quedado sujetas a la obligación de compensación de haber estado establecidas en la Unión, siempre que el contrato tenga un efecto directo, importante y predecible dentro de la Unión, o cuando dicha obligación sea necesaria o adecuada para evitar la elusión de lo dispuesto en el presente Reglamento, y

b) han sido suscritos o han sido objeto de novación: i) en la fecha a partir de la cual surte efecto la obligación de compensación o con posterioridad a dicha fecha, o ii) en la fecha de la notificación a que se refiere el artículo 5, apartado 1, o con posterioridad a esta, pero antes de la fecha a partir de la cual surte efecto la obligación de compensación, si la vigencia restante de los contratos es superior a la vigencia mínima restante que haya determinado la Comisión de conformidad con el artículo 5, apartado 2, letra c).

2. Sin perjuicio de las técnicas de reducción del riesgo contempladas en el artículo 11, los contratos de derivados extrabursátiles que constituyan operaciones intragrupo según lo definido en el artículo 3 no estarán sujetos a la obligación de compensación.

La exención establecida en el párrafo primero solo se aplicará:

a) cuando dos contrapartes establecidas en la Unión y pertenecientes al mismo grupo hayan notificado previamente por escrito a sus respectivas autoridades competentes que tienen intención de acogerse a dicha exención para los contratos de derivados extrabursátiles suscritos entre ellas. La notificación se efectuará por lo menos 30 días naturales antes del uso de la exención. En un plazo de 30 días naturales a partir de la recepción de dicha notificación, las autoridades competentes podrán objetar al uso de dicha exención si las operaciones entre las contrapartes no cumplen las condiciones est