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(3)

A raíz de la modificación de la Decisión 90/424/CEE mediante la Decisión 2006/53/CE (2), el Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por el que se establecen las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de urgencia y de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (3), ya no es aplicable a la gripe aviar. En consecuencia, es necesario que en la presente Decisión se establezca expresamente que la concesión de una contribución financiera al Reino Unido está condicionada al cumplimiento de determinadas normas establecidas en el Reglamento (CE) no 349/2005.
(7)

El artículo 4, apartado 4, inciso i), letra b), del Reglamento (CE) no 2037/2000 prohíbe la utilización y comercialización de clorofluorocarburos que no se consideren esenciales con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento. Por lo tanto, la determinación de su carácter no esencial ha reducido la demanda de CFC para su uso en inhaladores dosificadores comercializados en la Comunidad Europea. Asimismo, el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 2037/2000 prohíbe la importación y comercialización de productos que contengan clorofluorocarburos, a no ser que se consideren esenciales con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 1.
(104)

A tal efecto, a la Comisión le gustaría señalar, en primer lugar, que el presente procedimiento de investigación no ha demostrado que algunos costes de reestructuración fueran inútiles, sino que una parte de los fondos públicos ha sido utilizada de manera abusiva. Es evidente que algunas inversiones podían haber sido anuladas, idealmente con el acuerdo de la Comisión. Ello implicaría que los costes reales de reestructuración serían inferiores y que habría que recuperar la proporción correspondiente de la ayuda; planteamiento que la Comisión ha aceptado en anteriores casos de reestructuración en el sector siderúrgico (24). No obstante, en el caso que nos ocupa el problema no es solo que algunos costes de reestructuración han resultado ser irrelevantes sino que, como se ha indicado anteriormente, radica en que toda la financiación asignada a una parte de la reestructuración (31,2 millones EUR) ha perdido su razón de ser, ya que, desde una perspectiva ex ante, el crédito puente se utilizó casi totalmente de una forma que no se ajustaba al PNI y puso en peligro el restablecimiento de la viabilidad y que, si se considera el momento en el que se produjo el cambio, aportó a la empresa un excedente de recursos financieros, que se ha de reembolsar. Además, este uso abusivo no puede ser rectificado a posteriori por la empresa realizando las inversiones más tarde porque los fondos se concedieron para permitir la financiación de las inversiones y la reestructuración financiera en un determinado momento. Ya en 2005 quedó obsoleto el objetivo de la ayuda. En realidad, si la reestructuración se hubiera planificado más tarde, no habría sido necesaria ayuda alguna, y en particular no habría sido necesario el crédito puente garantizado por el Estado. En consecuencia, la ayuda abusiva afecta a todos los fondos facilitados al amparo del crédito puente que se utilizaron para financiar el contrato de venta y lease back de los activos productivos.
(3)

Con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1367/2006, toda institución u organismo comunitario que reciba una solicitud de acceso a una información medioambiental que no obre en su poder debe informar al solicitante cuanto antes, y a más tardar en un plazo de 15 días hábiles, sobre la institución, organismo o autoridad pública a quien, según su conocimiento, este puede dirigirse, o bien transmitir la solicitud a la institución, organismo o autoridad pública que tenga la información. Esta disposición no figura en el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (2), ni tampoco en las normas de aplicación de este Reglamento a la Comisión, establecidas en su Reglamento interno (3), modificado por la Decisión 2001/937/CE, CECA, Euratom (4). Por consiguiente, procede añadir al Reglamento Interno una disposición específica sobre las solicitudes de acceso a la información medioambiental que no obre en poder de la Comisión.
(2)

Han vencido los plazos para la presentación a la Comisión de los documentos mencionados en el artículo 8, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1290/2005 y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión (2), por el que se establecen las disposiciones de aplicación del procedimiento para la liquidación de cuentas del FEAGA, concedidos a la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia e indicados en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 885/2006.
(3)

De conformidad con el artículo 7, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1258/1999 y con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión (3), la presente Decisión no prejuzga las decisiones posteriores que la Comisión pueda adoptar para descartar de la financiación comunitaria aquellos gastos que no se hayan efectuado con arreglo a las normas comunitarias.
(4)

De conformidad con el artículo 32, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las repercusiones financieras de la no recuperación se sufragarán hasta un máximo del 50 % con cargo al Estado miembro y hasta un máximo del 50 % con cargo al presupuesto comunitario cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúe en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. En el Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER (5), se establecen las disposiciones de aplicación de la obligación de los Estados miembros en materia de presentación de informes sobre los importes que han de recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento se recogen los modelos de los cuadros 1 y 2 que han de presentar los Estados miembros en 2007. A partir de los cuadros completados por los Estados miembros, la Comisión deberá decidir las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades de más de cuatro y ocho años de antigüedad, respectivamente. Esta decisión se toma sin perjuicio de posibles decisiones de conformidad futuras con arreglo al artículo 32, apartado 8, de dicho Reglamento.
(9)

De conformidad con el artículo 33, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las repercusiones financieras de la no recuperación por irregularidades se sufragarán en un 50 % con cargo al Estado miembro y en un 50 % con cargo al presupuesto comunitario cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúe antes del cierre de un programa de desarrollo rural en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, o bien en el momento del cierre del programa si dichos plazos expiran antes de tal cierre. Con arreglo al artículo 33, apartado 4, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. En el Reglamento (CE) no 885/2006 se recogen las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de presentar estadillos de los importes que han de recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento se recogen los modelos de los cuadros 3 y 4 que han de presentar los Estados miembros en 2008. A partir de los cuadros cumplimentados por los Estados miembros, la Comisión deberá decidir cuáles son las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades más antiguas de cuatro y ocho años, respectivamente. Esta decisión se toma sin perjuicio de las futuras decisiones de conformidad con arreglo al artículo 33, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005.
(8)

El artículo 9 del Reglamento (CE) no 883/2006 dispone que todo gasto que los Estados miembros abonen una vez transcurridos los plazos establecidos en dicho Reglamento acarreará una reducción de los pagos mensuales, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 2040/2000 del Consejo, de 26 de septiembre de 2000, relativo a la disciplina presupuestaria (5), y el artículo 17 del Reglamento (CE) no 1290/2005. No obstante, en virtud del artículo 9, apartado 4, del Reglamento (CE) no 883/2006, los rebasamientos registrados en los meses de agosto, septiembre y octubre se contabilizan en la decisión de liquidación de cuentas, a no ser que se detecten antes de la última decisión del ejercicio financiero relativa a los pagos mensuales. Una parte de los gastos declarados por algunos Estados miembros en el período antes mencionado se efectuó después de los plazos reglamentarios y, por lo que se refiere a algunas medidas, la Comisión no aceptó ninguna circunstancia atenuante. Es necesario, por lo tanto, que la presente Decisión determine las reducciones correspondientes. De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005, dichas reducciones y cualquier otro gasto que pueda haberse efectuado después de los plazos establecidos serán objeto, posteriormente, de una decisión mediante la cual se fijarán definitivamente los gastos cuya financiación comunitaria vaya a descartarse.
(4)

El artículo 30 de la Directiva 2004/17/CE dispone que esta no se aplicará a los contratos destinados a hacer posible la prestación de una de las actividades contempladas en la Directiva, siempre que en el Estado miembro en que se efectúe dicha actividad, esta esté sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado. La exposición directa a la competencia se determina sobre la base de criterios objetivos, teniendo en cuenta las características específicas del sector en cuestión. Se considera que el acceso a un mercado no está limitado cuando el Estado miembro ha transpuesto y aplicado las disposiciones de la legislación comunitaria pertinente relativas a la liberalización total o parcial de un sector determinado.
2)

«acero»: cualesquiera de los productos siguientes: a) materias primas para la producción de hierro y acero, tales como mineral de hierro, hierro esponjoso y chatarra; b) arrabio (incluido el metal caliente) y ferroaleaciones; c) productos brutos y semiacabados de hierro, aceros no aleados y aleados (incluidos los productos de reutilización o relaminado), tales como acero líquido colado en continuo o de otra manera, y productos semiacabados tales como desbastes cuadrados o rectangulares, palanquilla, barras, desbastes planos y bandas; d) productos acabados en caliente de hierro, aceros no aleados y aleados (productos revestidos o sin revestir, excluidas las piezas de acero moldeado, las piezas de forja y los productos pulvimetalúrgicos), tales como carriles, tablestacas, perfiles estructurales y comerciales, barras, alambrón, chapa gruesa, bandas y chapas, y cuadrados y redondos para tubos; e) productos finales de hierro, aceros no aleados y aleados (recubierto o sin recubrir), tales como bandas y chapas laminadas en frío, y chapas magnéticas; f) productos de la primera transformación del acero que puedan aumentar la competitividad de los mencionados productos siderúrgicos, tales como productos tubulares, productos estirados o calibrados, y productos laminados o conformados en frío.
(71)

En su decisión de incoar el procedimiento formal de investigación en caso de que se confirmara la existencia de una ayuda estatal, la Comisión señaló que, al parecer, no existía ningún fundamento jurídico para declarar la ayuda estatal compatible con el Tratado CE (14): la cesión del terreno no podía considerarse una ayuda para una inversión inicial con arreglo a las Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional (15). De hecho, la medida constituiría una ayuda de funcionamiento no permitida según lo dispuesto en el apartado 4.15 de dichas Directrices en las zonas asistidas de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE (16). La Comisión confirma su conclusión de la decisión antes citada según la cual no existe ningún otro fundamento jurídico para eximir esta medida del principio de la incompatibilidad.
1.

Los costes indirectos son categorías de gastos que no pueden definirse como costes específicos directamente relacionados con el proyecto. Un porcentaje fijo del importe total de costes directos subvencionables puede subvencionarse como costes indirectos siempre que: a) los costes indirectos se mantengan al mínimo y el Estado miembro fije el porcentaje exacto de costes indirectos en relación con las necesidades; b) los costes indirectos estén previstos en el presupuesto estimativo del proyecto; c) los costes indirectos no incluyan los costes asignados a otras partidas del presupuesto del proyecto; d) los costes indirectos no estén financiados por otras fuentes. Las organizaciones que reciben una subvención de funcionamiento del presupuesto de la UE o de los Estados miembros no pueden incluir costes indirectos en su presupuesto estimativo; e) en general, el porcentaje fijo de costes indirectos en relación con la cantidad total de costes directos subvencionables no sea superior a 20 %. No obstante, el porcentaje fijo de costes indirectos no será superior al 10 %: — cuando la autoridad responsable actúe como un órgano de ejecución tal como se define en el artículo 7, apartado 3, o — cuando la subcontratación sobrepase el 40 % de los costes directos subvencionables.
(8)

La gestión técnica del espectro radioeléctrico, organizada en general por la Decisión no 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (8), y en particular por la Decisión 2007/98/CE, no abarca los procedimientos de asignación del espectro ni de concesión de autorizaciones de uso de las radiofrecuencias.
(1)

El periodo de validez del Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo (1), del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (2) y del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (3), se ha prorrogado mediante el Reglamento (CE) no 1976/2006 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 y (CE) no 68/2001 por lo que respecta a la prórroga de sus períodos de aplicación (4) hasta el 30 de junio de 2008. La validez de las decisiones de la Comisión por las que se aprueban los regímenes de ayuda estatal sobre la base de los Reglamentos (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 o (CE) no 68/2001 se prorrogó hasta el 30 de junio de 2008 mediante la Decisión 2007/72/CE de 20 de diciembre de 2006 (5).
(5)

Los productos derivados de la línea T25 de Zea mays L. (almidón y todos sus derivados, aceite virgen y refinado, todos los productos transformados a base de calor o fermentación obtenidos a partir de la línea T25 de Zea mays L., así como el pienso producido a partir de la línea T25 de Zea mays L.) están autorizados en virtud del Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y del Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Estos usos no están sujetos a la cláusula de salvaguardia notificada por Austria.
(23)

La Comisión tenía dudas en cuanto al método de cálculo de los costes subvencionables propuesto por el Reino Unido. El método inicialmente propuesto por las autoridades británicas se basaba en la premisa de que en caso de que el mercado no realizara la inversión en cuestión, los costes subvencionables pertinentes serían la totalidad de los costes de inversión. Así pues, los costes de una inversión de referencia que diera lugar a la misma capacidad pero que no proporcionara los mismos beneficios medioambientales no se deducirían. La Comisión consideró que si no se tenía en cuenta tal inversión de referencia, el cálculo de los costes sería desproporcionado y no se ajustaría a lo dispuesto en el punto 37 de las Directrices en favor del medio ambiente.
2.

Otras disposiciones relativas al SIS: a) con respecto a las disposiciones de la siguiente Decisión del Comité ejecutivo creado en virtud del Convenio de Schengen: Decisión del Comité ejecutivo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la modificación del Reglamento financiero relativo a los gastos de instalación y de funcionamiento del Sistema de Información Schengen C. SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1); b) con respecto a las disposiciones de la siguiente Declaración del Comité ejecutivo creado en virtud del Convenio de Schengen: Declaración del Comité ejecutivo de 18 de abril de 1996 relativa a la definición de la noción de extranjero [SCH/Com-ex (96) decl. 5] (2); c) otros instrumentos: i) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (3), en la medida en que se aplique en relación al tratamiento de datos en el seno del SIS, ii) Decisión 2000/265/CE del Consejo, de 27 de marzo de 2000, por la que se aprueba un Reglamento financiero que rige los aspectos presupuestarios de la gestión, por parte del Secretario General adjunto del Consejo, de los contratos celebrados por este último, en su calidad de representante de determinados Estados miembros, en lo que se refiere a la instalación y al funcionamiento de la infraestructura de comunicación para el entorno de Schengen, «Sisnet» (4), iii) Reglamento (CE) no 2424/2001/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 2001, sobre el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (5), iv) Decisión 2001/886/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2001, sobre el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (6), v) Manual Sirene (7), vi) Reglamento (CE) no 871/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, inclusive en materia de lucha contra el terrorismo (8), y todas las decisiones subsiguientes sobre la fecha de aplicación de dichas funciones, vii) Decisión (CE) no 2005/211/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, inclusive en materia de lucha contra el terrorismo (9), y todas las decisiones subsiguientes sobre la fecha de aplicación de dichas funciones, viii) Reglamento (CE) no 1160/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por el que se modifica el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, por lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de Schengen por parte de los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos (10).
(9)

Austria está dividida en tres zonas de equilibrio y los puntos internos de congestión se experimentan en una de ellas (zona de equilibrio APG, donde la congestión puede darse entre las zonas de Viena y Graz, interconectadas mediante la denominada «Steirmarkleitung»), por lo que podría plantearse el interrogante de si el mercado geográfico sería más pequeño que el nacional (4). Sin embargo, según la información disponible, en la mayoría de los casos se hace frente a los efectos de estos puntos internos de congestión mediante medidas técnicas tales como la aplicación de desfasadores para controlar la capacidad de transmisión. En algunos casos puede resultar necesario utilizar centrales eléctricas adicionales para estabilizar la red. Cuando estos puntos internos de congestión exigen que los productores del norte de Austria reduzcan su capacidad de generación, lo que solo se produce excepcionalmente según las autoridades austriacas, el operador de la red les paga una indemnización por daños y perjuicios. Además, no hay puntos de congestión entre esta zona de equilibrio y las dos otras zonas de equilibrio austriacas, ni entre la zona de equilibrio APG y Alemania. Así pues, a juzgar por los datos disponibles, el efecto de los puntos internos de congestión no es significativo desde el punto de vista del abastecimiento energético y la competencia. La inexistencia de congestión en las conexiones con Alemania ha planteado la cuestión de si podía existir un mercado geográfico que cubra a estos dos países, pero la Comisión ha concluido que no es el caso (5). Por consiguiente, se debería considerar que el territorio de la República de Austria constituye el mercado pertinente a efectos de la evaluación de las condiciones fijadas en el artículo 30, apartado 1, de la Directiva 2004/17/CE, aunque no se pueda considerar aislada de sus países vecinos.
(8)

La OIE tiene un monopolio de facto en su sector, en el sentido del artículo 168, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3); por lo tanto, no es necesaria una convocatoria de propuestas.
(5)

Los productos derivados de Zea mays L. línea MON810 (alimentos e ingredientes alimentarios elaborados a partir de harina de maíz, gluten de maíz, sémola de maíz, almidón de maíz, glucosa de maíz y aceite de maíz derivados de la línea MON810 de Zea mays L.) están autorizados en virtud de los Reglamentos (CE) no 258/97 (4) y (CE) no 1829/2003 (5) del Parlamento Europeo y del Consejo. Estos usos no están sujetos a la cláusula de salvaguardia notificada por Austria.
1.

Los costes indirectos son categorías de gastos que no pueden definirse como costes específicos directamente relacionados con el proyecto. Un porcentaje fijo del importe total de costes directos subvencionables puede subvencionarse como costes indirectos siempre que: a) los costes indirectos se mantengan al mínimo y el Estado miembro fije el porcentaje exacto de costes indirectos en relación con las necesidades; b) los costes indirectos estén previstos en el presupuesto estimativo del proyecto; c) los costes indirectos no incluyan los costes asignados a otras partidas del presupuesto del proyecto; d) los costes indirectos no estén financiados por otras fuentes. Las organizaciones que reciben una subvención de funcionamiento del presupuesto de la UE o de los Estados miembros no pueden incluir costes indirectos en su presupuesto estimativo; e) en general, el porcentaje fijo de costes indirectos en relación con la cantidad total de costes directos subvencionables no sea superior a 5 %. No obstante, el porcentaje fijo de costes indirectos no será superior al 2,5 % en cualquiera las siguientes situaciones: — cuando la autoridad responsable actúe como un órgano de ejecución tal como se define en el artículo 7, apartado 3, o — cuando el total acumulado de la subcontratación (II.1.6) y las adquisiciones (puntos II.1.3 y II.1.4) sobrepase el 40 % de los costes directos subvencionables.