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Las observaciones presentadas por el Reino Unido el 20 de diciembre de 2013 pueden resumirse de la siguiente manera: 1) la ITA 2010 aplica el principio de territorialidad, en virtud del cual los beneficios de las empresas se gravan en Gibraltar únicamente si la renta «se devenga en Gibraltar o procede de Gibraltar». Esta situación es idéntica a la que se daba con la ITA 1952; 2) la exención de las rentas procedentes de intereses pasivos y cánones no se puede considerar selectiva, ya que las disposiciones están abiertas a todas las empresas y se aplican con carácter general a todos los sectores de la industria, las finanzas y el comercio. La disponibilidad de la exención no está limitada de forma alguna, ni por categorías de empresas ni por tipos de actividad. El hecho de que algunas empresas se beneficien de una decisión fiscal más que otras no hace que esta sea selectiva. Por otro lado, no es posible identificar ningún grupo concreto de empresas que se beneficie de la medida. No hay otras empresas en situación de hecho o jurídica comparable en Gibraltar a las que no se aplicarían estas medidas; 3) no es correcto afirmar que la exención favorece selectivamente en particular a empresas que reciben cánones por derechos de propiedad intelectual e intereses intragrupo abonados por empresas no gibraltareñas. No hay nada en el sistema fiscal que desemboque en una proporción concreta de empresas de fuera de Gibraltar o que favorezca a las empresas que concedan préstamos a empresas extranjeras; 4) la referencia a las «empresas extraterritoriales» incluida en el considerando 37 de la primera Decisión de incoación resulta demasiado ambigua y sin vínculo con el tratamiento fiscal de las rentas pasivas. Por otro lado, el argumento de que la medida vuelve a establecer el régimen anterior de empresas exentas resulta irrelevante, ya que no influye en la evaluación de la selectividad de la exención; 5) por lo que respecta a la selectividad de facto, no se pudo detectar como beneficiarios ningún grupo o categoría de empresas identificable. La forma en que una norma dada funciona en la práctica a lo largo del tiempo no hace que sea selectiva, a menos que las condiciones de la medida, o alguna característica identificable y estable de las circunstancias específicas a las que se aplica, hagan que beneficie únicamente a una categoría limitada de empresas. En el caso objeto de examen, el número de empresas que efectivamente se benefician de las disposiciones o que podrían hacerlo no está limitado de forma alguna, ni de hecho ni de derecho. Por consiguiente, la disposición no es selectiva; 6) la exención de las rentas procedentes de intereses pasivos y cánones está justificada por la naturaleza y la economía del sistema fiscal de Gibraltar. En primer lugar, dejar los intereses pasivos de origen extranjero exentos de tributación es la consecuencia lógica del principio de territorialidad, que se basa en el objetivo de evitar la doble imposición. En segundo lugar, la exención aplicable a los cánones e intereses procedentes de Gibraltar está justificada por la lógica de cualquier sistema fiscal que considera que el coste de la recaudación no debe ser mayor que los ingresos previstos; 7) en caso de que la Comisión concluyese que el tratamiento de los intereses de préstamos de origen extranjero es selectivo, este habría de considerarse ayuda «existente». El elemento de la nueva ayuda solo podría referirse a los importes de intereses pasivos «sujetos a impuestos antes de la entrada en vigor de la ITA 2010», mientras que en virtud de la ITA 1952 los intereses de préstamos de origen extranjero no eran imponibles a causa de la norma del «emplazamiento del préstamo» (22). Esto implica que, de hecho, el «emplazamiento» de los intereses de préstamos entre empresas de origen extranjero se ha mantenido igual que en la legislación previa. En consecuencia, la Comisión no obró correctamente, desde el punto de vista jurídico, incoando un procedimiento formal de investigación sobre este aspecto específico del sistema fiscal de Gibraltar; 8) el Gobierno de Gibraltar introdujo legislación, con efectos a partir del 1 de julio de 2013, para que todos los intereses de préstamos entre empresas que superasen 100 000 GBP anuales, tanto de origen extranjero como nacional, estuviesen sujetos a impuestos. También se hizo referencia a la legislación adicional promulgada el 24 de diciembre de 2013, con efectos a partir del 1 de enero de 2014, que hizo que los cánones también estuviesen sujetos a impuestos; 9) por otro lado, si la conclusión de la Comisión fue que el tratamiento fiscal de los intereses y cánones constituía una ayuda «nueva», el Reino Unido entiende que la postura de Gibraltar es que la recuperación relativa a los períodos pertinentes resultaría difícil o imposible por motivos prácticos; 10) por último, la Comisión no ha seguido la práctica habitual en virtud del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (23) (el «Reglamento procedimental»), ya que ha incoado una investigación formal sobre un aspecto concreto del sistema fiscal de Gibraltar en paralelo a un examen preliminar ininterrumpido respecto a ese mismo sistema fiscal.