ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(4)

Tras la modificación de la Decisión 90/424/CEE mediante la Decisión 2006/53/CE, el Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por el que se establecen las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de urgencia y de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (3), ya no es aplicable a la gripe aviar. En consecuencia, es necesario que en la presente Decisión se prevea expresamente que la concesión de una contribución financiera a los Países Bajos está condicionada al cumplimiento de determinadas normas establecidas en el Reglamento (CE) no 349/2005.
(4)

Tras la modificación de la Decisión 90/424/CEE mediante la Decisión 2006/53/CE, el Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por el que se establecen las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de urgencia y de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (3), ya no es aplicable a la gripe aviar. En consecuencia, es necesario que en la presente Decisión se prevea expresamente que la concesión de una contribución financiera al Reino Unido está condicionada al cumplimiento de determinadas normas establecidas en el Reglamento (CE) no 349/2005.
(4)

Tras la modificación de la Decisión 90/424/CEE por la Decisión 2006/53/CE, el Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por el que se establecen las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de urgencia y de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (3), ya no es aplicable a la gripe aviar. En consecuencia, es necesario que en la presente Decisión se prevea expresamente que la concesión de una contribución financiera a Alemania está condicionada al cumplimiento de determinadas normas establecidas en el Reglamento (CE) no 349/2005.
(5)

Durante la evaluación de esta sustancia activa se señalaron algunos motivos de preocupación. Con la información disponible no se ha demostrado que la exposición estimada de los consumidores resultante de la evaluación de la ingesta aguda y crónica sea aceptable, ya que no se dispone de suficiente información sobre el nivel de residuos. Sin embargo, el riesgo para las aguas subterráneas no pudo evaluarse, debido a la falta de datos. Por tanto, no fue posible concluir, sobre la base de la información disponible, que el cadusafos cumplía los criterios de inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.
(5)

Durante la evaluación de esta sustancia activa se señalaron otros motivos de preocupación. El uso de carbosulfán da lugar a la aparición de metabolitos que pueden ser peligrosos. Esto suscita preocupación en cuanto a la exposición de los consumidores y el posible riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. Sin embargo, los datos presentados por el notificante en los plazos legales no permitieron despejar dicha preocupación. Además, el material técnico (es decir, la sustancia activa tal como se comercializa) contiene impurezas importantes, de las cuales una al menos (N-nitrosodibutilamina) es carcinógena. Los niveles a los que se encuentra esta impureza en el material técnico resultan preocupantes. Los datos presentados por el notificante en los plazos legales no aportaron información suficiente como para despejar esta preocupación. Como consecuencia de ello, no se pudo evaluar adecuadamente el riesgo para los operarios. Por último, los datos presentados por el notificante en los plazos legales no abordaron adecuadamente los riesgos para las aves y los mamíferos, los organismos acuáticos, las abejas, los artrópodos no objetivo, las lombrices de tierra y las plantas y microorganismos edáficos no objetivo. Así pues, subsiste la preocupación por lo que respecta a la evaluación del riesgo para estas especies. Por consiguiente, no fue posible concluir, a partir de la información disponible, que el carbosulfán reúna los criterios para su inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.
(17)

No obstante, la Comisión expresó sus dudas en cuanto a la repercusión de la ayuda sobre la competitividad global de la industria de la UE en cuestión. La Comisión observó que parte de los productos fabricados en Brasil probablemente competirían en el mercado de la UE y que no disponía de información alguna sobre la importancia relativa del beneficiario o del mercado, ni sobre el impacto de la medida en la región en que está ubicada Cordex. Por consiguiente, la Comisión no podía afirmar en esa fase del procedimiento que la ayuda cumpliera los requisitos para beneficiarse de la exención prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.
(5)

Durante la evaluación de esta sustancia activa se señalaron algunos motivos de preocupación. La evaluación del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas no pudo finalizarse, en particular, porque los datos suministrados por el notificante en los plazos prescritos por la legislación no facilitaban suficiente información sobre una serie de metabolitos peligrosos. Asimismo, la evaluación del riesgo para los consumidores, que suscitaba inquietud debido a la exposición aguda de grupos vulnerables de consumidores, en particular los niños, no pudo finalizarse por la falta de información sobre algunos residuos pertinentes. Además, los datos transmitidos por el notificante en los plazos prescritos por la legislación no resultaban suficientes para que la EFSA evaluara los efectos toxicológicos de la sustancia activa. En consecuencia, la evaluación del riesgo para los pájaros y los mamíferos, los organismos acuáticos, las abejas, los artrópodos no diana, las lombrices de tierra y los organismos no diana del suelo sigue suscitando preocupación. Por consiguiente, sobre la base de la información disponible, no fue posible concluir que el carbofurano cumplía los criterios de inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.
(3)

Los efectos del diurón sobre la salud humana y el medio ambiente se han evaluado, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 703/2001, en lo relativo a una serie de usos propuestos por el notificante. Además, dichos Reglamentos designan a los Estados miembros ponentes que han de presentar los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. Respecto al diurón, el Estado miembro ponente fue Dinamarca y toda la información pertinente se presentó el 19 de septiembre de 2003.
(1)

El 16 de agosto de 2006, la Comisión recibió, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento no (CE) 139/2004 («el Reglamento de concentraciones»), una notificación de una concentración por la que P.H. Glatfelter («Glatfelter», de EE.UU) adquiría el control exclusivo de Lydney Business de J.R. Crompton Ltd in Administration («Lydney Business», del Reino Unido) mediante la compra de activos.
(22)

VWS aduce que la posición del astillero en el mercado ha cambiado en los últimos años por diversos factores. Bremer Vulkan ya no existe. Dada la insuficiente demanda de su gama de productos original, VWS se concentra en los buques portacontenedores de hasta 3 000 TEU y en grandes buques de abastecimiento especializados para plataformas offshore. Ya no hay demanda ni, por tanto, construcción de graneleros, buques pesqueros, transbordadores, buques de pasajeros ni petroleros, que formaban la gama de productos original de VWS. La empresa beneficiaria alega también que el mercado de los pequeños portacontenedores se caracteriza por una intensa presión competitiva en Alemania y, en parte, en Polonia, mientras que muy pocos astilleros europeos construyen portacontenedores más grandes de la clase panamax. VWS alega que su equipamiento técnico, en particular su grada de construcción, permite ya hoy la construcción de buques panamax.
(33)

En particular, la Comisión deberá evaluar si las disposiciones nacionales se justifican por las razones importantes contempladas en el artículo 30 del Tratado o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y no exceden de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo perseguido. Además, cuando considere que las disposiciones nacionales cumplen las condiciones anteriores, la Comisión deberá comprobar, con arreglo el artículo 95, apartado 6, si dichas disposiciones nacionales son o no un medio de discriminación arbitrario o una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.
(3)

Los efectos del oxidemetón-metil sobre la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 703/2001 en lo relativo a los usos propuestos por el notificante. Dichos Reglamentos designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. Por lo que se refiere al oxidemetón-metil, el Estado miembro ponente fue Francia y toda la información pertinente se presentó el 3 de mayo de 2004.
(5)

Durante la evaluación de esta sustancia activa se señalaron algunos motivos de preocupación. En particular, sobre la base de los datos disponibles no queda demostrado que sea aceptable una exposición de los operarios, de los trabajadores o de las personas ajenas. Por otra parte, no hay información suficiente sobre algunas impurezas muy tóxicas, y no puede descartarse que estén presentes en niveles que podrían ser preocupantes desde el punto de vista toxicológico o ecotoxicológico.
(44)

Según se explica en el considerando 70 de la Decisión 2006/323/CE, la ayuda concedida por Irlanda hasta el 17 de julio de 1990 constituye ayuda existente en virtud del período de limitación previsto en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999. La expiración del plazo de 10 años no significa que toda ayuda concedida posteriormente también constituya ayuda existente. La ayuda no fue concedida una primera y única vez a Aughinish en 1983. El instrumento reglamentario adoptado por Irlanda para conceder la exención se expresa de modo general como exención para la fabricación de alúmina y, con arreglo a la legislación, la exención se ampliaría a cualquier otro productor de alúmina que comenzara a producir en Irlanda. Además, la exención para Aughinish no se definió en el momento en que se adoptó el instrumento reglamentario, ni tampoco pudo calcularse en aquel momento su valor ya que ni la evolución de los tipos impositivos de los cuales Aughinish estaba exento, ni la duración de la exención fueron definidos por el instrumento reglamentario. Por ello, la exención corresponde a la definición de régimen de ayudas del artículo 1, letra d), del Reglamento no 659/1999, es decir, «el dispositivo con arreglo al cual se pueden conceder ayudas individuales a las empresas definidas en el mismo de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales». Por lo tanto, la ayuda consiste en una serie de subvenciones concedidas cada vez que Aughinish ejecutó un procedimiento aduanero que, en caso de haber existido la exención, habría estado sometido al impuesto. Por lo tanto, la ayuda concedida a partir del 17 de julio de 1990 no constituye ayuda existente de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999.
(3)

Los efectos del diclorvos en la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 703/2001 en lo relativo a los usos propuestos por el notificante. Además, dichos Reglamentos designan a los Estados miembros ponentes que han de presentar los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. Por lo que se refiere al diclorvos, el Estado miembro ponente fue Italia y toda la información pertinente se presentó el 20 de octubre de 2003.
(4)

La presente Decisión constituye una decisión de financiación con arreglo al artículo 75 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), y al artículo 90 del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (6).
(37)

En sus comentarios a la incoación del procedimiento de investigación formal, Alemania insistió en que la medida no constituye ayuda estatal porque no se concede una ventaja selectiva y se trata de una infraestructura no discriminatoria y abierta a todos los usuarios. Asismismo, subrayó que, habida cuenta de la dificultad que presenta el transporte de etileno, del alcance y el largo plazo de las inversiones y de la interdependencia entre etileno y propileno, la retirada de un solo participante de la industria bávara productora o consumidora de etileno podría producir un efecto dominó con consecuencias para otras empresas del sector. El cierre de una instalación de producción reduciría la rentabilidad de las demás instalaciones, lo que podría acarrear más cierres de productores o clientes de etileno. De este modo, podría producirse una importante pérdida de puestos de trabajo. Según Alemania, la explosión en la instalación de Basell en Münchsmünster podría ser el principio de este tipo de reacción en cadena. Alemania subrayó la integración del proyecto en la red europea, la especial importancia de la tubería de transporte para una zona aislada como Baviera y las consecuencias que podría tener la prohibición del proyecto bávaro para otras zonas europeas, ya que la tubería bávara conectaría esencialmente las tuberías de transporte de Europa Occidental con las que ya existen o están previstas en Europa Oriental. Alemania señaló las repercusiones positivas que cabe esperar del proyecto para la seguridad de abastecimiento, la flexibilidad y la competitividad de la industria europea en un contexto global. En su opinión, la ayuda corrige una deficiencia del mercado, pues sin apoyo público el proyecto no sería rentable. Además, Alemania adujo que, incluso si se recibiera la ayuda prevista de 70 millones EUR, la rentabilidad interna para EPS no alcanzaría más del 1,3 %, lo que demuestra que las empresas participantes están interesados primordialmente en la seguridad de abastecimiento a largo plazo y no en obtener beneficios a corto plazo. Alemania alegó también que el proyecto no restringirá la competencia, ya que los participantes aceptan el principio del beneficio mínimo y las condiciones de acceso a la tubería no discriminan a ningún usuario.
(49)

En opinión de Alemania, Biria GmbH (actualmente Biria AG) no era una empresa en crisis en el momento en que se concedió la garantía. A este respecto, hay que diferenciar entre la antigua y la nueva Biria AG. Podría considerarse que la nueva empresa estaba en crisis solo si hubiera heredado las dificultades de la antigua (en caso de que las hubiera tenido). Pero este no era el caso de la nueva Biria AG. La nueva Biria AG había nacido de la fusión de la antigua Biria AG con Sachsen Zweirad GmbH. Sachsen Zweirad AG, que no se encontraba en crisis, había dominado económicamente la concentración. Por esta razón no se podía suponer automáticamente que la nueva Biria AG estaría en crisis. Incluso si la antigua Biria AG hubiera estado en crisis, la fusión con Sachsen Zweirad GmbH hubiera tenido como consecuencia que la nueva Biria AG no se hubiera encontrado automáticamente en crisis.
(40)

Por último, la Comisión considera que aunque la inversión de ORFAMA tuviese un efecto positivo en esas regiones (lo que no se ha demostrado), ese efecto no puede, en principio, serle atribuido a la ayuda, ya que, tal como se explicó anteriormente, carece en el presente caso de un efecto incentivador, puesto que el proyecto se concluyó antes de que ORFAMA hubiera solicitado la ayuda y que esta no era necesaria para realizar la inversión.
2.

Otras disposiciones relativas al SIS: a) con respecto a las disposiciones de las siguientes Decisiones del Comité Ejecutivo creado en virtud del Convenio de Schengen: Decisión del Comité Ejecutivo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la modificación del Reglamento financiero relativo a los gastos de instalación y de funcionamiento del Sistema de Información Schengen (C.SIS) SCH/Com-ex (97) 35 (1); b) con respecto a las disposiciones de las siguientes Declaraciones del Comité Ejecutivo creado en virtud del Convenio de Schengen: i) Declaración del Comité Ejecutivo de 18 de abril de 1996 relativa a la definición de la noción de extranjero (SCH/Com-ex (96) decl. 5 rev) (2); ii) Declaración del Comité Ejecutivo de 28 de abril de 1999 relativa a la estructura del SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.) (3); c) otros instrumentos: i) Decisión (2000/265/CE) del Consejo de 27 de marzo de 2000 por la que se aprueba un Reglamento financiero que rige los aspectos presupuestarios de la gestión, por parte del Secretario General Adjunto del Consejo, de los contratos celebrados por este último, en su calidad de representante de determinados Estados miembros, en lo que se refiere a la instalación y al funcionamiento de la infraestructura de comunicación para el entorno de Schengen, «Sisnet» (4), ii) Manual Sirene (5), iii) Reglamento (CE) no 871/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, inclusive en materia de lucha contra el terrorismo (6), y todas las Decisiones subsiguientes sobre la fecha de aplicación de dichas funciones, iv) Decisión (CE) no 2005/211/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, inclusive en materia de lucha contra el terrorismo (7), y todas las decisiones subsiguientes sobre la fecha de aplicación de dichas funciones, v) Reglamento (CE) no 1160/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por el que se modifica el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, por lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de Schengen por parte de los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos (8), vi) artículo 5, apartado 4, letra a), y las disposiciones del Título II, así como los anexos correspondientes relativos al Sistema de Información de Schengen, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (9).
d)

se resta, del resultado obtenido en la letra c), la incidencia que para el Reino Unido suponga el cambio al IVA nivelado y a los pagos mencionados en el artículo 2, apartado 1, letra c), a saber, la diferencia entre: — lo que el Reino Unido habría tenido que pagar por las cantidades financiadas con los recursos mencionados en el artículo 2, apartado 1, letras b) y c), si se hubiera aplicado el tipo uniforme a las bases del IVA no nivelado, y — los pagos del Reino Unido conforme al artículo 2, apartado 1, letras b) y c);
(5)

Durante la evaluación de esta sustancia activa se señalaron algunos motivos de preocupación. La evaluación del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas no pudo finalizarse. Se estableció, en particular, que la utilización de haloxyfop-R en las situaciones presentadas por el notificante daba lugar a la aparición de una serie de metabolitos persistentes que pueden infiltrarse en las aguas subterráneas y tener posiblemente efectos negativos para el agua potable. Esto suscitó preocupaciones que no pudieron eliminarse con los datos presentados por el notificante en los plazos prescritos por la legislación. Por otra parte, teniendo en cuenta los datos disponibles, la evaluación del riesgo para los mamíferos sigue siendo objeto de preocupación. En consecuencia, no fue posible concluir, a partir de la información disponible, que el haloxyfop-R cumplía los criterios para su inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.
(40)

Habría que ponderar las ventajas globales que obtendría la industria de la Comunidad frente a las probables desventajas, en particular para los usuarios y, en cierta medida, para los consumidores. El volumen y la variedad del suministro que ofrecen los productores comunitarios se están deteriorando. Ello es debido, entre otras cosas, a la reconversión industrial de los productores comunitarios, de fibras sintéticas discontinuas de poliéster a otros productos (por ejemplo, La Seda de Barcelona) y a las dificultades financieras por las que atraviesa Tergal. Existe un problema de suministro en el mercado comunitario para determinados tipos de fibras y los productores comunitarios no pueden o no quieren hacer los esfuerzos necesarios para satisfacer la demanda. Asimismo, es probable que la imposición de derechos dé lugar a incrementos sustanciales del precio de determinados tipos de fibras sintéticas discontinuas de poliéster que no están disponibles en cantidades suficientes en la Comunidad. Por otro lado, debería tenerse en cuenta el hecho de que algunos usuarios de fibras sintéticas discontinuas de poliéster (en particular, el sector de los artículos de cama) trabajan con márgenes de beneficio muy bajos y tendrán que repercutir en los consumidores cualquier incremento en el precio del producto o abandonar su actividad si la competencia de terceros países no les permite incrementar sus precios.
(36)

Según ya explicó en su decisión de incoar el procedimiento formal de investigación, la Comisión decidió no evaluar si la no recuperación de las contribuciones a la seguridad social para el período de 31 de octubre de 2003 a 31 de marzo de 2004 constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 87.1 del Tratado CE, ya que este período es anterior a la adhesión de Eslovaquia a la Unión Europea y no tuvo aplicación posteriormente. Por lo tanto, la Comisión no tiene competencias para evaluar la compatibilidad de la medida con el mercado común. Los datos muestran que SLK pagó todas las contribuciones a la seguridad social correspondientes al período del 31 de octubre de 2003 al 31 de marzo de 2004, lo que es de hecho una condición necesaria para la condonación de las sanciones.
(57)

Aunque en la Decisión por la que se incoa el procedimiento no se manifestaron dudas, porque la transacción tuvo lugar con posterioridad, la Comisión verificó si la venta a AvtoZAZ de la participación del Estado en FSO por el precio […] de 100 PLN el 30 de junio de 2005 era constitutiva de ayuda al comprador e, indirectamente, a FSO. La Comisión ha analizado el informe de valoración realizado por KPMG. La consultora constata que la empresa ha venido registrando cuantiosas pérdidas y que la demanda de sus productos ha sido escasa. Por consiguiente, no se puede aplicar adecuadamente el método de los flujos de caja descontados. Solo puede aplicarse el método de coste y el de liquidación. Ambos métodos conducen a la conclusión de que el valor de FSO es de […]. PriceWaterhouseCoopers («PWC») está de acuerdo en gran medida con las conclusiones de KPMG. La Comisión no ha encontrado errores manifiestos en estos informes y ha llegado a la conclusión de que los acontecimientos que tuvieron lugar entre la fecha de la valoración efectuada por KPMG y la de la transacción no hizo que los precios de las acciones fueran de […]. Por tanto, la Comisión considera que esta transacción no incluye ningún elemento de ayuda.