ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4)

El artículo 4 queda modificado como sigue: a) En el apartado 2, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: «Los miembros del grupo serán nombrados por el Secretario General, previa consulta al Presidente.»; b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: «3. Los miembros serán nombrados a título personal o en representación de los intereses comunes de las partes interesadas con experiencia en materia de reducción de la carga administrativa.»; c) En el apartado 4, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: «El mandato de los miembros del grupo se ampliará hasta el 31 de octubre de 2014.»; d) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: «5. Los miembros que ya no estén en condiciones de contribuir eficazmente a los trabajos del grupo, que presenten su dimisión o que no satisfagan las condiciones enunciadas en el apartado 3 del presente artículo o en el artículo 339 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea podrán ser sustituidos por el tiempo que les quede de mandato.»; e) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: «6. Los miembros nombrados a título personal actuarán con independencia y en el interés público. Los miembros nombrados en representación de un interés común compartido por las partes interesadas no deberán representar un interés individual.»; f) El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: «7. Los nombres de las personas que representen un interés o nombradas a título personal se publicarán en el Registro de grupos de expertos y otras instancias similares de la Comisión (“el Registro”). Además, los nombres de los miembros se publicarán en la página internet de la Secretaría General de la Comisión Europea.»; g) Tras el apartado 7 se inserta un nuevo apartado 8: «8. Los datos personales se reunirán, tratarán y publicarán de acuerdo con el Reglamento (CE) no 45/2001.».
1.

Rahat Ltd. [alias: a) Empresa comercial Rahat; b) Haji Muhammad Qasim Sarafi; c) New Chagai Trading] Dirección: a) sucursal no 1: no de habitación 33, 5o piso, mercado Sarafi, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán; b) sucursal 2: no de establecimiento 4, Banco Azizi, mercado Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán; c) sucursal no 3: Bazar Safaar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán; d) sucursal no 4: Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán; e) sucursal no 5: distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afganistán; f) sucursal no 6: distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán; g) sucursal no 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistán, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, cerca de Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistán, iii) Bazar de Kandahari, Quetta, Pakistán; h) sucursal no 8: Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán; i) sucursal no 9: Bazar de Chaghi, Chaghi, provincia de Baluchistán, Pakistán; j) sucursal no 10: Zahedan, provincia de Zabol, Irán. Otra información: a) Rahat Ltd. fue utilizada por los dirigentes talibanes para transferir fondos procedentes de donantes exteriores y del tráfico de estupefacientes para financiar la actividad de los talibanes desde 2011 y en 2012; b) propiedad de Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim; c) también asociado Mohammad Naim Barich Khudaidad. Fecha de designación de la ONU: 21.11.2012.
(33)

El producto afectado es el bioetanol, a veces denominado «combustible de etanol», es decir, el etanol, desnaturalizado o no, obtenido de productos agrícolas, excluidos los productos con un contenido de agua superior al 0,3 % (m/m) medido según la norma EN 15376, así como el etanol obtenido de productos agrícolas contenido en mezclas con gasolina cuyo contenido de etanol supere el 10 % (v/v), clasificado actualmente en los códigos NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 y ex 3824 90 97 y originario de Estados Unidos.
(17)

La proporcionalidad general de las medidas propuestas por Italia se sustenta en varios factores. En primer lugar, el descenso del 90 % al 80 % del umbral de cobertura de la población exigida a los organismos de radiodifusión capacitados aumenta la proporcionalidad de las medidas ya que aumenta el número de organismos de radiodifusión que pueden beneficiarse. En segundo lugar, se ha introducido un mecanismo voluntario para la resolución de litigios entre los organismos de radiodifusión en lo que atañe a la definición de las disposiciones técnicas de radiodifusión y el pago de una compensación justa por la concesión de sublicencias de derechos de transmisión exclusivos. En tercer lugar, la entrada en vigor de las medidas definitivas italianas se pospondrá al 1 de septiembre de 2012, a fin de evitar que cualquier negociación en curso se vea afectada negativamente. Por último, las medidas italianas contienen disposiciones relativas a las situaciones en las que los derechos correspondientes a los acontecimientos enumerados sean adquiridos por organismos de radiodifusión no capacitados, con el fin de garantizar la celebración de acuerdos adecuados de concesión de sublicencias de derechos a los organismos de radiodifusión capacitados, y a las situaciones en las que pudiera no haber compradores capacitados de los acontecimientos enumerados, con el fin de garantizar que el organismo de radiodifusión no capacitado es capaz de ejercer sus derechos, con el fin de evitar que el acontecimiento en cuestión no sea transmitido.
(149)

A este respecto, no es de recibo el argumento alegado por Francia según el cual los funcionarios del Estado no están expuestos a determinados riesgos y, por lo tanto, no está justificado que coticen por ellos. En primer lugar, tales riesgos no se presentarían en virtud de medidas estatales, por lo que no está justificado que France Télécom saque de ello una ventaja pecuniaria. Por ejemplo, si no existe el riesgo de impago de salarios en caso de suspensión de pagos de la empresa es porque hay un compromiso del Estado francés con los funcionarios en activo de France Télécom y porque el Estado francés es su propio asegurador. Pero no puede excluirse la posibilidad de que France Télécom se declare en quiebra, como cualquiera de sus competidores. En ambos casos, no se trata de una ventaja concedida a la empresa, sino directamente a sus empleados. La garantía de devolución de salarios entra en juego después de que la empresa haya dejado de existir. Ahora bien, una empresa competidora deberá cotizar para garantizar el riesgo de impago de salarios tras su desaparición, en contra de lo que ocurriría con France Télécom. Por consiguiente, no se justifica otorgar una ventaja a esta, en forma de una menor cotización o bien de una exclusión de dicho riesgo del método de cálculo de las contribuciones de France Télécom.
(4)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto al espacio de libertad, seguridad y justicia anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 del mencionado Protocolo, estos países no participan en la adopción de la presente Decisión y, por tanto, no quedan vinculados por el Acuerdo ni sujetos a su aplicación.
(133)

Francia no cuestiona el hecho de que la recapitalización constituye una ayuda, ya que no tiene perspectiva alguna de obtener un rendimiento que corresponda al que un inversor privado habría exigido. Esto se desprende también del cuadro que figura en el considerando (35), que indica la necesidad de financiación para el período 2011-2017. En efecto, la empresa no podrá repartir dividendos durante ese período. Teniendo en cuenta los costes considerables que representa el pago de los intereses y el principal de los préstamos que se describen en los considerandos (28) a (33) y el escaso margen de beneficios previsto en el plan de reestructuración, esta situación se prolongaría muy probablemente más allá de 2017 hasta el reembolso completo de los préstamos en 2023. Ahora bien, un inversor privado en un sector tradicional como el transporte marítimo no aceptaría la ausencia total de rendimiento de una inversión de 166,3 millones EUR durante un período de 12 años. Puesto que los dos préstamos persiguen la misma finalidad que la recapitalización, a saber, la financiación de los costes de reestructuración, que la situación económica de la empresa no ha cambiado (está en crisis) y que los préstamos se conceden al mismo tiempo que la recapitalización, esos préstamos no pueden razonablemente disociarse de la ayuda de salvamento y de la recapitalización.
(40)

Con respecto a la adhesión de Bulgaria a la UE y, en consecuencia, a si el impago de la deuda a partir del 1 de enero de 2007 puede constituir nueva ayuda en el sentido del artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) no 659/1999, la Comisión señala que el hecho de que el beneficiario no reembolsara los importes adeudados con arreglo a la reprogramación de 2001 y de que el Estado no actuara condujeron a que se modificara el riesgo total del Estado con arreglo a la reprogramación de 2001. Este incremento de la deuda con el Estado (es decir, la no ejecución) produce efectos con posterioridad a la fecha de adhesión y por lo tanto la medida debe considerarse aplicable tras la adhesión y constituir, por lo tanto, nueva ayuda estatal.
(55)

La Comisión considera que la exención del artículo 107, apartado 3, letra c), no se aplica al asunto en cuestión. En efecto, en lo que respecta al desarrollo de determinadas regiones económicas, AoG está situada en una región que puede optar a ayudas con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra a), y no al artículo 107, apartado 3, letra c) (11). En cuanto al desarrollo de determinadas actividades económicas, la Comisión advierte que el sector de la producción de aluminio no está sujeto a normas concretas sobre ayudas estatales que pudieran aplicarse al beneficiario. El resto de normas sobre ayudas estatales adoptadas conforme al artículo 107, apartado 3, letra c), son claramente inaplicables. En particular, AoG no puede optar a ayudas de salvamento ni de reestructuración. Ciertamente, AoG no era una empresa en crisis en el momento en el que se concedió la ayuda, ya que no cumplía ninguno de los criterios de los puntos 9 a 11 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, vigente en el momento en el que se aplicó la tarifa preferente (12). Además, la ayuda de reestructuración está supeditada a la existencia de un plan de reestructuración sólido. Grecia no proporcionó dicho plan de reestructuración. En conclusión, la ayuda concedida a AoG no es compatible en virtud de las normas sobre ayudas de salvamento o de reestructuración.
ES Diario Oficial de la Unión Europea L 29/43

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 31 de enero de 2012

relativa a la revisión de los límites previstos en los artículos 157, letra b), y 158, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero

(2012/56/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (1), y, en particular, su artículo 271,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (UE) no 1251/2011 de la Comisión (2) modificó los límites aplicables en materia de contratos públicos previstos por la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (3).

(2) Por lo tanto, por motivos de coherencia conviene modificar los límites fijados en el artículo 157, letra b), y en el artículo 158, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002.

(3) Dado que los límites modificados por el Reglamento (UE) no 1251/2011 son aplicables a partir del 1 de enero de 2012, la presente Decisión debe aplicarse también a partir de la misma fecha. Por consiguiente, es necesario establecer la entrada en vigor de la presente Decisión el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(4) La Decisión 2010/78/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, relativa a la revisión de los límites previstos en los artículos 157, letra b), y 158, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero (4) ha quedado obsoleta, por lo que debe derogarse.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Los valores en euros de los límites aplicables en materia de adjudicación de contratos públicos se establecen de la siguiente manera:

— 5 000 000 EUR en el artículo 157, letra b),

— 130 000 EUR en el artículo 158, apartado 1, letra a),

— 200 000 EUR en el artículo 158, apartado 1, letra b),

— 5 000 000 EUR en el artículo 158, apartado 1, letra c).

Artículo 2

Queda derogada la Decisión 2010/78/UE.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2012.

Hecho en Bruselas, el 31 de enero de 2012. Por la Comisión El Presidente José Manuel BARROSO

(1) DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.

(2) DO L 319 de 2.12.2011, p. 43.

(3) DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.

(4) DO L 37 de 10.2.2010, p. 73.
ES Diario Oficial de la Unión Europea L 29/44

DECISIÓN No 1/2012 DEL COMITÉ MIXTO UE-ANDORRA

de 25 de enero de 2012

por la que se establece la lista de disposiciones de seguridad aduanera prevista en el artículo 12 ter, apartado 1, del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea y el Principado de Andorra

(2012/57/UE)

EL COMITÉ MIXTO,

Visto el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea y el Principado de Andorra, firmado en Luxemburgo el 28 de junio de 1990 («el Acuerdo») y, en particular, su artículo 12 ter, apartado 1,

Considerando que el artículo 12 ter, apartado 1, establece que el Principado de Andorra debe adoptar las medidas aduaneras de seguridad aplicadas por la Unión y que el Comité Mixto previsto en el artículo 17 del Acuerdo ha de determinar la lista detallada de las disposiciones del acervo comunitario en cuestión,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La lista de las disposiciones del acervo comunitario que el Principado de Andorra debe adoptar en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 ter, apartado 1, del Acuerdo es la siguiente:

Categoría de medidas aduaneras de seguridad Disposiciones del Código aduanero comunitario – Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo (1) Disposiciones de aplicación del Código aduanero comunitario – Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (2) Declaraciones previas a la entrada y a la salida de las mercancías Entrada: Artículo 36 bis a 36 quater Entrada: Artículo 181 ter a 184 quarter Salida: Artículos 182 bis a 182 quinquies Salida: — Artículos 592 bis a 592 quinquies y 592 septies (declaración en aduana a la exportación) — Artículos 842 bis a 842 septies (declaración sumaria de salida) Operadores económicos autorizados Artículo 5 bis Artículos 14 bis a 14 quinquies, 14 septies a 14 duodecies y 14 octodecies a 14 quinvicies Controles aduaneros de seguridad y gestión de riesgos en materia de seguridad Artículo 13 General: Artículos 4 septies a 4 undecies Entrada: Artículos 184 quinquies a 184 sexies Salida: — Artículos 592 sexies y 592 octies (declaración en aduana a la exportación) — Artículo 842 quinquies, apartado 2 (declaración sumaria de salida)

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de 2011.

Hecho en Bruselas, el 25 de enero de 2012. Por el Comité Mixto El Presidente Gianluca GRIPPA

(1) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302 de 19.10.1992, p. 1).

(2) Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1).
(4)

De conformidad con el artículo 32, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las repercusiones financieras de la no recuperación de irregularidades se sufragan hasta un máximo del 50 % con cargo al Estado miembro y hasta un máximo del 50 % con cargo al presupuesto de la UE cuando la recuperación no se haya efectuado en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. El Reglamento (CE) no 885/2006 establece las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de presentar estadillos de los importes que han de recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento figura un modelo del cuadro que debían presentar los Estados miembros en 2011. Basándose en los cuadros cumplimentados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir cuáles son las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades que se remontan a más de cuatro y ocho años, respectivamente. La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las futuras decisiones de conformidad que se adopten en virtud del artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005.
(30)

Por lo que respecta a la condición de no falseamiento de la competencia, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho de que solo se refuerce la posición competitiva de una empresa con respecto a la de otras empresas competidoras, concediéndole una ventaja económica que no podría obtener en condiciones normales de actividad, puede ser que falsee la competencia (6). La ayuda a una empresa parece afectar al comercio entre los Estados miembros en los casos en que dicha empresa desarrolla su actividad en un mercado abierto al comercio dentro de la UE (7). Además, según la jurisprudencia del Tribunal, no existe un umbral o porcentaje mínimo por debajo del cual pueda considerarse que los intercambios entre Estados miembros no se ven afectados. El nivel relativamente bajo de la ayuda o el tamaño relativamente pequeño de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que los intercambios comerciales entre Estados miembros se vean afectados (8). Existe un comercio importante dentro de la UE en el sector de los cereales. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que la presente medida afecte a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.
(7)

La Comisión considera que debe darse por concluido el presente procedimiento, dado que la investigación no ha aportado ningún argumento en favor de que dicha conclusión contravenga los intereses de la Unión. Se ha informado a las partes interesadas en consecuencia y se les ha brindado la oportunidad de presentar sus observaciones. No se han recibido observaciones en el sentido de que tal conclusión no convenga a los intereses de la Unión.
(24)

A diferencia del transporte terrestre, los sectores del transporte marítimo y aéreo están sujetos al artículo 106, apartado 2, del Tratado. Hay normas aplicables a las compensaciones por servicio público en estos dos últimos sectores en el Reglamento (CE) no 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (6), y en el Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (7). En cambio, a diferencia del Reglamento (CE) no 1370/2007, estos Reglamentos no contemplan la compatibilidad de los posibles elementos de ayuda estatal ni disponen exención alguna de la obligación de notificar en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado. Por consiguiente, la presente Decisión se aplica a la compensación por servicio público en los sectores del transporte aéreo y marítimo si, además de cumplir las condiciones de la presente Decisión, dicha compensación se atiene también a las normas sectoriales contempladas en los Reglamentos (CE) no 1008/2008 y (CEE) no 3577/92, cuando sean aplicables.
(23)

La Comisión no compartió las alegaciones de las autoridades finlandesas, que justificaban el régimen de ayuda por considerarlo un servicio de interés económico general en el sentido que se contempla en el artículo 106, apartado 2, del TFUE. Finlandia no facilitó ningún argumento específico que justificase que el hecho de proporcionar un seguro a las empresas pesqueras se pudiese considerar un servicio de ese tipo y la Comisión no estimó, a la vista de las características del régimen, que pudiese ser calificado como tal. En particular, la Comisión observó que las asociaciones de seguros pesqueros únicamente contratan seguros con un grupo específico de empresas cuya actividad económica consiste en la producción de bienes que se venden en el mercado, a saber, las empresas del sector pesquero. Por este motivo, la Comisión tenía serias dudas de que el hecho de facilitar seguros comerciales a un grupo seleccionado de empresas económicas se pudiese considerar un servicio de interés económico general.
(162)

Sin embargo, la Comisión no coincide con Dinamarca en que deba cesar el compromiso cuando se eliminen todas las medidas de ayuda (100). En primer lugar, la propia Dinamarca había establecido un período de reestructuración superior, hasta el 31 de diciembre de 2012. En segundo lugar, en las Directrices no se dice que las contrapartidas deban tener la misma duración que las medidas de ayuda aplicadas. En tercer lugar, el plan de reestructuración se basa en el supuesto de que hasta que no se introduzca, en 2012, el sistema de pago, no podrá acceder la empresa a financiación exterior. Solo entonces se recuperará la rentabilidad a largo plazo. Dinamarca misma ha dejado claro que las medidas de ayuda, entre las que se cuenta también el mecanismo de la línea de salvamento aún vigente, iban a ser necesarias para cubrir las necesidades de liquidez hasta que se implantara un modelo de negocios más estable para el canal de servicio público. La línea de ayuda de salvamento tenía, pues, la función de mantener en pie la empresa hasta que funcionara un nuevo modelo de negocios. En este contexto, la Comisión considera que la obligación de contrapartidas no puede cesar con la retirada de la ayuda o la adopción de la presente Decisión. Sin embargo, la Comisión considera posible que la prohibición de abrir nuevos canales desaparezca antes de que se extinga el plan de reestructuración (31 de diciembre de 2012), concretamente cuando (tras modificarse la licencia de TV2) se haya introducido el sistema de abonos y TV2 pueda cobrarlos.
(42)

Por último, Grecia ha informado a la Comisión de que la garantía de 2010 todavía no se ha activado, dado que la empresa no ha firmado ningún contrato de préstamo con ningún banco y el pago del préstamo no ha tenido lugar. Las autoridades griegas llaman la atención de la Comisión sobre el hecho de que la Decisión Ministerial no 2/35129/0025/28.06.2010 que aprueba la garantía establecía que los dos primeros tramos del préstamo (36,6 millones EUR y 15 millones EUR) debían pagarse a más tardar el 28 de julio de 2010, y que esta fecha ha vencido, de modo que con arreglo a sus propios términos la garantía no puede de hecho activarse.