ES Diario Oficial de la Unión Europea C 447/23

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 12 de diciembre de 2014

por la que se cursa una notificación a un tercer país sobre la posibilidad de ser considerado tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

(2014/C 447/11)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 y (CE) no 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) no 1093/94 y (CE) no 1447/1999 (1), y, en particular, su artículo 32,

Considerando lo siguiente:

1. INTRODUCCIÓN

(1) El Reglamento (CE) no 1005/2008 («el Reglamento INDNR») establece un sistema de la Unión para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR).

(2) El capítulo VI del Reglamento INDNR establece el procedimiento para la identificación de los terceros países no cooperantes, las gestiones ante dichos países, el establecimiento de una lista de los mismos, la supresión de un Estado de dicha lista, la publicidad de la lista y las medidas de urgencia.

(3) Conforme al artículo 32 del Reglamento INDNR, la Comisión debe cursar una notificación a los terceros países de la posibilidad de ser considerados países no cooperantes. Dicha notificación tiene carácter preliminar. La notificación debe efectuarse con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 31 del Reglamento INDNR. La Comisión también debe iniciar todas las gestiones previstas en el artículo 32 de dicho Reglamento con los países que hayan recibido una notificación. En particular, la Comisión debe incluir en la notificación información relativa a los principales hechos y consideraciones que sustentan tal identificación, ofreciendo a estos países la oportunidad de presentar alegaciones y pruebas en contrario o, en su caso, un plan de actuación para mejorar la situación y las medidas adoptadas para corregirla. La Comisión debe dar a los terceros países objetos de la notificación el tiempo adecuado para responder a la notificación y un plazo razonable para poner remedio a la situación.

(4) Conforme al artículo 31 del Reglamento INDNR, la Comisión debe identificar a los terceros países que considere que no cooperan en la lucha contra la pesca INDNR. Un tercer país debe considerarse no cooperante si no cumple la obligación de adoptar medidas para prevenir, desalentar y eliminar las pesca INDNR que tienen, en virtud del Derecho internacional, en su calidad de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización.

(5) La identificación de terceros países no cooperantes debe basarse en un análisis de toda la información obtenida conforme al artículo 31, apartado 2, del Reglamento INDNR.

(6) De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento INDNR, el Consejo debe elaborar una lista de terceros países no cooperantes. Las medidas recogidas, inter alia, en el artículo 38 del Reglamento INDNR se aplican a tales países.

(7) Conforme al artículo 20, apartado 1, del Reglamento INDNR, la aceptación de certificados de capturas validados procedentes de los Estados de abanderamiento que son terceros países está supeditada a que se remita a la Comisión una notificación relativa al correspondiente régimen de aplicación, control y observancia de las leyes, reglamentos y medidas de conservación y gestión que deben cumplir los buques pesqueros de los terceros países de que se trate.

(8) Con arreglo al artículo 20, apartado 4, del Reglamento INDNR, la Comisión debe cooperar administrativamente con los terceros países en ámbitos relacionados con la aplicación de dicho Reglamento.

2. PROCEDIMIENTO CON RESPECTO A TUVALU

(9) Del 18 al 20 de febrero de 2014, la Comisión, con el apoyo de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP), visitó Tuvalu en el contexto de la cooperación administrativa recogida en el artículo 20, apartado 4, del Reglamento INDNR.

(10) El objeto de la visita era verificar la información relativa al régimen en Tuvalu de aplicación, control y observancia de las leyes, reglamentos y medidas de conservación y gestión que deben cumplir los buques de su flota pesquera, así como las medidas emprendidas por Tuvalu para cumplir sus obligaciones en relación con la lucha contra la pesca INDNR.

(11) El 18 de marzo de 2014 se remitió a Tuvalu el informe final de la visita.

(12) El 16 de octubre de 2014 Tuvalu respondió al informe final de la visita.

(13) Tuvalu es miembro de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (CPPOC). Tuvalu ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) de 1982 y el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios (UNFSA) de 1995. Es parte en la Convención de la Agencia de Pesca del Foro del Sur del Pacífico (2) (Convención FFA) y en el Acuerdo de Nauru (PAN) en relación con la cooperación para la ordenación de las pesquerías de interés común (3).

(14) Para evaluar el cumplimiento de Tuvalu de sus obligaciones internacionales como Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización recogidas en los acuerdos internacionales contemplados en el considerando 13 y establecidas por las OROP mencionadas en dicho considerando, la Comisión ha recabado y analizado toda la información que ha considerado necesaria para llevar a cabo tal ejercicio.

(15) La Comisión ha utilizado asimismo información derivada de los datos disponibles publicados por las OROP, en este caso la CPPOC, así como información accesible públicamente.

3. POSIBILIDAD DE QUE TUVALU SEA CONSIDERADO TERCER PAÍS NO COOPERANTE

(16) Conforme al artículo 31, apartado 3, del Reglamento INDNR, la Comisión ha analizado las obligaciones de Tuvalu como Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización. A efectos de ese examen, la Comisión tuvo en cuenta los criterios enumerados en el artículo 31, apartados 4 a 7, del Reglamento INDNR.

3.1. Recurrencia de buques INDNR y de comercio de productos de la pesca INDNR (artículo 31, apartado 4, del Reglamento INDNR)

(17) En lo referente a los buques con pabellón de Tuvalu, cabe destacar que, según la información obtenida de las listas de buques elaboradas por las OROP, no figura ningún buque con pabellón de este país en las listas INDNR provisionales o definitivas, ni tampoco pruebas de casos anteriores de buques con pabellón de Tuvalu que permitan a la Comisión analizar la actuación de este país en relación con actividades de pesca INDNR recurrentes, con arreglo al artículo 31, apartado 4, letra a), del Reglamento INDNR.

(18) En ausencia de información y pruebas, tal como se expone en el considerando 17, se infiere, con arreglo al artículo 31, apartado 3, y al artículo 31, apartado 4, letra a), que no resulta necesario evaluar el cumplimiento por parte de Tuvalu de las medidas necesarias para impedir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, con arreglo a las obligaciones contraídas como Estado de abanderamiento en virtud de la legislación internacional en relación con buques INDNR y pesca INDNR llevada a cabo por o efectuada con el apoyo de buques pesqueros que enarbolen su pabellón o de sus nacionales.

3.2. Falta de cooperación y observancia (artículo 31, apartado 5, del Reglamento INDNR)

(19) La Comisión ha analizado si Tuvalu ha cooperado con ella eficazmente, contestando a sus solicitudes de investigar, proporcionar información o hacer un seguimiento de la pesca INDNR y actividades conexas.

(20) A este respecto, Tuvalu mostró reticencias en cooperar con la Comisión para subsanar las deficiencias de su sistema de gestión de la pesca detectadas durante la visita de la Comisión. En su respuesta al informe final, presentada el 16 de octubre de 2014, Tuvalu no presentó compromisos contractuales para subsanar las deficiencias detectadas por la Comisión. En particular, Tuvalu reconoció los problemas y retos, consideró que podría necesitar asistencia técnica y tiempo para llevar a cabo mejoras pero no ofreció ningún compromiso ni plan de acción concreto para solucionar las deficiencias observadas.

(21) En el contexto de la evaluación global del cumplimiento por parte de Tuvalu de sus obligaciones en su calidad de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto y Estado ribereño, la Comisión analizó asimismo si este país colabora con otros Estados de abanderamiento en la lucha contra la pesca INDNR.

(22) De conformidad con los artículos 63 y 64 de la CNUDM, los Estados ribereños y los Estados de abanderamiento deben cooperar en relación con las especies transzonales y las especies altamente migratorias. Los artículos 7 y 20 del UNFSA abundan en la obligación de cooperar, a través de la fijación de medidas de conservación y gestión compatibles y garantizando el cumplimiento y la ejecución de esas medidas, respectivamente. Además, el artículo 7.1.3 del Código de Conducta de la FAO (4) recomienda que los Estados que exploten poblaciones de peces transzonales y transfronterizas establezcan arreglos bilaterales para garantizar una cooperación efectiva para velar por la conservación y ordenación de forma eficaz de los recursos. Los apartados 28 y 51 del Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PAI-INDNR) (5) precisan todavía más estos aspectos, pues indican las prácticas concretas en que debe plasmarse la cooperación directa entre Estados, lo que incluye el intercambio de los datos o la información de que dispongan los Estados ribereños.

(23) A este respecto, el artículo 25, apartado 10, de la Convención CPPOC (6) establece que cuando un miembro tenga motivos fundados para suponer que un buque pesquero que enarbole el pabellón de otro Estado haya llevado a cabo una actividad que vaya en detrimento de la eficacia de las medidas de conservación y gestión adoptadas para la zona de la Convención, lo señalará al Estado del pabellón de que se trate.

(24) La importancia de mecanismos de cooperación eficientes debe valorarse en el contexto de la presencia predominante de buques con pabellón extranjero en aguas bajo la jurisdicción de Tuvalu. Según la información facilitada por las autoridades tuvaluanas durante la visita de la Comisión en febrero de 2014, en la actualidad se encuentran en vigor dieciocho contratos de licencia privados bilaterales, celebrados con diez países. A este respecto, la flota autorizada a faenar en las aguas de Tuvalu está compuesta por 213 cerqueros, 17 cañeros y 7 palangreros, de los cuales solo un cerquero y dos palangreros enarbolan pabellón de Tuvalu. No obstante, Tuvalu reconoció que no se habían creado canales de cooperación con los Estados de abanderamiento en cuestión para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de cooperación con los Estados de abanderamiento tal como se describe en los considerandos 22 y 23.

(25) En lo que atañe a las medidas coercitivas efectivas, el artículo 19, apartado 2, del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces establece que las sanciones aplicables a las infracciones deben ser suficientemente severas para garantizar el cumplimiento de las medidas y desalentar las infracciones dondequiera que se produzcan y deben privar a los infractores de los beneficios derivados de sus actividades ilegales. Tal como se exponía en los considerandos 26 a 29, Tuvalu no dispone del marco jurídico ni del control de su flota y de sus aguas necesarios para sancionar adecuadamente a los infractores.

(26) El sistema de sanciones de Tuvalu se recoge en la Ley sobre los recursos marinos de 2006. Aunque dicha ley fue modificada en 2012, no tiene en cuenta las últimas novedades en Derecho internacional en lo que atañe a la lucha contra la pesca INDNR. A este respecto, el actual marco jurídico carece de una definición explícita de actividades de pesca INDNR y de infracciones graves así como de una lista exhaustiva de delitos graves castigados con severas sanciones.

(27) Además, la legislación de Tuvalu no contiene de forma sistemática medidas administrativas de acompañamiento. Este tipo de medidas complementarias se limita a la suspensión y a la retirada de licencias y solo es aplicable en casos de «delitos graves», aunque este concepto no esté definido en la legislación tuvaluana.

(28) La noción de «delitos o infracciones graves» no ha sido racionalizada en el derecho de Tuvalu. El marco jurídico actual no prevé sanciones perjudiciales para privar a los infractores de los beneficios obtenidos de una actividad ilegal.

(29) Por lo tanto, el sistema de sanciones en su forma actual no es completo ni suficientemente severo para cumplir su función disuasoria. De hecho, el tratamiento de las infracciones graves no resulta adecuado para garantizar el cumplimiento de las medidas, desalentar las infracciones dondequiera que se produzcan o privar a los infractores de los beneficios derivados de sus actividades ilegales, tal como exige el artículo 19, apartado 2, del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces, y el artículo 25, apartado 7, de la Convención de la CPPOC.

(30) En relación con el historial, la naturaleza, las circunstancias, la magnitud y la gravedad de las manifestaciones de pesca INDNR consideradas, la falta de claridad y transparencia descrita en los considerandos 39 a 48 también compromete la posibilidad de evaluar estos aspectos. Como consecuencia de estas deficiencias, no es posible determinar de manera fiable la dimensión potencial de las actividades relacionadas con la pesca INDNR. No obstante, es un hecho ampliamente reconocido que la falta de transparencia, unida a la ausencia de controles eficaces, alienta los comportamientos ilegales.

(31) Con respecto a la capacidad financiera y administrativa actual de Tuvalu cabe señalar que dicho país no aparece en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (7). En el anexo II del Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), Tuvalu figura en la categoría de países menos desarrollados, en línea con la lista de países receptores de ayuda oficial al desarrollo (AOD) elaborada por el Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 1 de enero de 2013 (9). A este respecto, las limitaciones de la capacidad financiera y administrativa de Tuvalu pueden considerarse un factor que socava la capacidad de dicho país de cumplir sus obligaciones de cooperación y observancia.

(32) A pesar del análisis que figura en el considerando 31, también cabe señalar que, sobre la base de la información recabada por la Comisión en la visita de febrero de 2014, no puede deducirse que las autoridades de Tuvalu carezcan de recursos económicos. Por el contrario, Tuvalu carece del marco jurídico y administrativo necesario para garantizar el desempeño eficiente y efectivo de sus obligaciones como Estado de abanderamiento, Estado ribereño, Estado rector del puerto o Estado de comercialización.

(33) A la luz de la situación expuesta en la presente sección y sobre la base de la información recabada por la Comisión, así como las declaraciones efectuadas por Tuvalu, se ha determinado, con arreglo al artículo 31, apartados 3 y 5, del Reglamento INDNR, que dicho país ha incumplido las obligaciones contraídas como Estado de abanderamiento en virtud de la legislación internacional en relación con las necesarias acciones de cooperación y observancia.

3.3. Falta de aplicación de las normas internacionales (artículo 31, apartado 6, del Reglamento INDNR)

(34) Tuvalu ha ratificado la CNUDM y el UNFSA. Tuvalu es miembro de la CPPOC. Tuvalu es parte en la Convención FFA y en el PAN en relación con la cooperación para la ordenación de las pesquerías de interés común.

(35) La Comisión ha analizado toda la información considerada relevante en relación con la condición de Tuvalu como miembro de la CPPOC.

(36) Asimismo, la Comisión ha analizado toda la información considerada relevante respecto del acuerdo de Tuvalu de aplicar las medidas de conservación y gestión aprobadas por la CPPOC.

(37) Según la información exhaustiva facilitada por Tuvalu sobre la situación de las actividades de pesca de atún en sus aguas (10), las capturas de poblaciones de atún en su zona económica exclusiva (ZEE) ascendió en 2011 a 51 800 toneladas. Aunque esta cifra representa una disminución con respecto a los años anteriores (63 427 toneladas en 2009 y 60 618 en 2010), las poblaciones en la ZEE de Tuvalu todavía constituyen una parte importante del total de las poblaciones de atún en el océano Pacífico central y occidental.

(38) De las cifras que se facilitan en el considerando 37 se desprende que Tuvalu gestiona importantes recursos de atún a nivel mundial y, por consiguiente, en su calidad de Estado ribereño es responsable de garantizar una ordenación responsable y sostenible a largo plazo de estos recursos. Los artículos 61 a 64 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los artículos 7 y 8 del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces regulan la utilización de los recursos vivos por el Estado ribereño, que debe adoptar medidas compatibles con las que se aplican en la región y en alta mar para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces transzonales y de las poblaciones de peces altamente migratorias y promover el objetivo de la utilización óptima de los recursos vivos en su ZEE. Los Estados ribereños también deben garantizar que los nacionales de otros Estados que faenan en su ZEE cumplan las medidas de conservación y gestión, y cooperar con los Estados y las organizaciones regionales pertinentes interesados en dicha pesquería.

(39) El marco jurídico de Tuvalu no prevé medidas de conservación y gestión claras y transparentes que garanticen la gestión eficiente y eficaz de los buques que faenan en las aguas bajo su jurisdicción. En particular, no incluye medidas de conservación y gestión de la pesca de bajura. Tuvalu también reconoció que el actual plan de gestión del atún ha quedado obsoleto y debe revisarse. Asimismo, tampoco se ha adoptado aún ningún plan de gestión de los tiburones de acuerdo con el requisito de la medida de conservación y gestión de la CPPOC (CMM) 2010-07 (11).

(40) Las medidas de conservación y gestión en relación con las aguas bajo jurisdicción nacional, incluidas las aguas archipelágicas, son incompletas y no se basan en dictámenes científicos, tal como solicitan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces y la CPPOC. Si bien la Ley tuvaluana de pesca de 2006 establece los principios fundamentales para una gestión sostenible de la pesca y faculta al Ministerio de recursos naturales para adoptar medidas de conservación y gestión consecuentemente, la visita de la Comisión reveló que el desarrollo de este tipo de disposiciones es muy débil. El principal esfuerzo en este sentido se ha centrado en la transposición de las medidas contenidas en el Tercer dispositivo de aplicación de los países del Acuerdo de Nauru (PNA) (12) en el ordenamiento jurídico de Tuvalu en 2009.

(41) Las aguas que se encuentran bajo jurisdicción de Tuvalu se designan como mar territorial, aguas archipelágicas y ZEE. Según el artículo 3 de la Convención CPPOC, la zona de competencia de dicha Convención abarca, en principio, todas las aguas del océano Pacífico, incluidas las aguas que se encuentran bajo la jurisdicción de Tuvalu. Dicho esto, Tuvalu excluye sus aguas territoriales y archipelágicas de la aplicación del sistema de limitación de días de pesca, un sistema que limita el esfuerzo pesquero de la flota de cerqueros mediante la asignación de días de pesca. Por lo tanto, el principal instrumento jurídico para la conservación de los recursos pesqueros en las aguas de Tuvalu no se aplica a una parte considerable de las aguas bajo su jurisdicción. En lo que atañe a los palangreros y atuneros cañeros, las medidas de conservación y gestión se establecen en las licencias individuales. Sin embargo, no existe información pública disponible sobre la gestión real de las capturas y del esfuerzo para ambas pesquerías aparte de la política general de limitación del número de licencias de pesca.

(42) Además, Tuvalu confirmó durante la visita de la Comisión que algunas medidas de conservación y gestión de la CPPOC no se están aplicando actualmente, como por ejemplo, la CMM 2007-1 relativa al programa regional de observadores que establece una cobertura del 5 % de observadores en los palangreros y la CMM 2010-07 que establece que el peso de las aletas desembarcadas no puede ser superior al 5 % del peso de los tiburones. Se adujo la falta de capacidad técnica y de recursos para explicar la lentitud a la hora de cumplir las pertinentes medidas de conservación y gestión de la CPPOC.

(43) Las patentes deficiencias en lo que atañe a la claridad y la transparencia de las normas aplicables en materia de conservación y gestión descritas en los considerandos 39 a 42, incluido el control del esfuerzo pesquero en virtud del sistema de limitación de días de pesca, junto con la existencia de dieciocho contratos de licencia privados diferentes, tal como se describe en el considerando 24, socava la aplicación efectiva de las medidas de conservación y gestión, infringiendo las obligaciones previstas en el artículo 61, apartados 2 a 5, en el artículo 62, apartado 1, y en el artículo 64 de la CNUDM sobre la utilización óptima de los recursos a través de unas medidas de conservación y gestión adecuadas.

(44) De conformidad con el artículo 61 de la CNUDM, los artículos 5 y 6 del UNFSA y los artículos 5 y 6 de la Convención CPPOC, los Estados ribereños deben determinar la captura permisible de los recursos vivos que se encuentran en su ZEE, sobre la base de los mejores datos científicos disponibles y teniendo en cuenta el criterio de precaución; además, los Estados ribereños tienen que garantizar, mediante medidas de conservación y gestión apropiadas, que los recursos vivos y las poblaciones de la ZEE y de otras aguas que se encuentren bajo su jurisdicción no se vean amenazados como consecuencia de la sobreexplotación. El Código de Conducta de la FAO, y en particular sus artículos 7, apartados 3, 4 y 5, también recomiendan buenas prácticas para cumplir estas obligaciones.

(45) En el informe al noveno Comité científico de la CPPOC, Tuvalu reconoció la existencia de desafíos pendientes en lo que atañe a la recogida de datos, la declaración y el cumplimiento (13). Dichos problemas se atribuyen a dificultades de capacidad en el departamento de pesca en lo que respecta al seguimiento de la declaración y la gestión de datos.

(46) En ese sentido, los informes del Comité científico de la CPPOC hacen referencia periódicamente a la cuestión de las lagunas que presentan los datos. Por ejemplo, en el informe de su 7a sesión celebrada en 2011, el Comité científico de la CPPOC subrayó en el punto 89 algunas incoherencias en las declaraciones de los cuadernos diarios de pesca de los cerqueros relativas a las capturas de listado, rabil y patudo. Considerando la importancia, para fines científicos, de conocer con precisión la composición exacta de las capturas de los cerqueros, el Comité recomendó que este problema se sometiera al Comité técnico y de cumplimiento (14). En el punto 37, destacaba la incertidumbre en torno a la composición de las especies capturadas por los cerqueros e instaba a las Partes contratantes a seguir mejorando las estimaciones de los datos de composición de capturas de estos buques. En su 8a sesión, el comité científico de la CPPOC se refirió una vez más a la cuestión de las incoherencias y las lagunas de los datos (15), en relación con las capturas y la composición de las capturas, así como a las obligaciones de notificación en los acuerdos de fletamento, y formuló recomendaciones de ordenación para mejorar la situación (16). También abordó el hecho de que ciertas Partes contratantes, algunas de las cuales operan en aguas bajo la jurisdicción nacional de Tuvalu, omiten la presentación de datos o presentan escasos datos.

(47) En su 7a sesión, el comité científico de la CPPOC advirtió de que, si se mantenían las prácticas de pesca del listado observadas en los últimos años, se produciría una disminución de los niveles de capturas y estas descenderían, dado que las poblaciones estaban siendo explotadas al nivel de rendimiento máximo sostenible. Por consiguiente, deben supervisarse los incrementos del esfuerzo pesquero (17). Sin embargo, la visita de la Comisión reveló la ausencia de una verdadera política en materia de flota y de acceso a la pesca, tal como demuestra el carácter obsoleto e incompleto del plan de gestión del atún.

(48) Tuvalu no aplica ninguna de las medidas de conservación y gestión de la CPPOC en sus aguas archipelágicas y únicamente tiene en vigor medidas compatibles limitadas. Habida cuenta de la naturaleza altamente migratoria y transzonal de los recursos atuneros y de la importancia de las poblaciones de atún y de las actividades de pesca en las aguas archipelágicas de Tuvalu, que constituyen una importante zona geográfica de desove para estas especies, dicha situación pone en peligro cualquier esfuerzo en materia de conservación de las poblaciones de atún en su conjunto en la región del Pacífico. Por consiguiente, Tuvalu no garantiza la aplicación de las medidas de conservación y gestión en todas las aguas bajo su jurisdicción de una forma compatible con lo exigido por la CPPOC y de conformidad con la obligación de garantizar que las especies que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado ribereño no se vean amenazadas por la sobreexplotación.

(49) La Comisión analizó asimismo todas las posibles acciones u omisiones por parte de Tuvalu que puedan haber mermado la eficacia de las leyes, reglamentos o medidas internacionales de conservación y ordenación aplicables.

(50) A este respecto, tal como reconoce Tuvalu, el obsoleto plan de gestión del atún no establece objetivos claros para limitar el número de licencias de pesca y el total admisible de capturas. La Comisión considera, por tanto, que la falta de medidas de conservación y gestión compromete el respeto de las obligaciones internacionales que incumben a Tuvalu. Dado que el atún es una población transzonal y altamente migratoria, las medidas de conservación y gestión, para resultar eficaces y sostenibles, tienen que ser coherentes y compatibles en toda el área de migración, siendo este asimismo el objetivo general de la Convención CPPOC.

(51) A la luz de la situación expuesta en la presente sección y sobre la base de la información recabada por la Comisión, así como las declaraciones efectuadas por Tuvalu, puede establecerse, con arreglo al artículo 31, apartados 3 y 6, del Reglamento INDNR, que Tuvalu incumplió sus obligaciones contraídas en virtud de la legislación internacional en relación con las normas, reglamentos y medidas de conservación y gestión internacionales.

3.4. Limitaciones específicas de los países en desarrollo

(52) Teniendo en cuenta la clasificación de Tuvalu como país menos desarrollado (tal como se señala en el considerando 31), la Comisión analizó si la información recabada podría estar vinculada con sus limitaciones específicas como país en desarrollo.

(53) Aunque en general podrían existir limitaciones específicas relativas a la capacidad del país en relación con el control y el seguimiento, las limitaciones específicas de Tuvalu derivadas de su nivel de desarrollo no justifican la ausencia de disposiciones específicas en su marco jurídico nacional en relación con los instrumentos internacionales establecidos al objeto de luchar, desalentar y eliminar la pesca INDNR. Por otro lado, tales limitaciones no pueden justificar la inexistencia en Tuvalu de un sistema de sanciones para las infracciones de las medidas internacionales de gestión y de conservación.

(54) Además, parece que las deficiencias del sistema de seguimiento, control y vigilancia son el resultado del desequilibrio entre las escasas capacidades de Tuvalu para controlar las actividades pesqueras en su ZEE y la atribución de acceso a sus aguas a una gran flota extranjera. Asimismo, a pesar de la importante contribución de la pesca a los ingresos generales de Tuvalu, parece que el presupuesto asignado a la gestión de la pesca es notablemente inferior. Por consiguiente, aunque Tuvalu puede tener ciertas limitaciones de desarrollo, las políticas aplicadas por ese país para la gestión de sus recursos pesqueros no son coherentes con los recursos asignados ni con sus prioridades con respecto a la ordenación pesquera.

(55) A la luz de la situación expuesta en la presente sección y sobre la base de todos los elementos factuales recopilados por la Comisión, así como de las declaraciones efectuadas por Tuvalu, puede determinarse, con arreglo al artículo 31, apartado 7, del Reglamento INDNR, que el estado de desarrollo de la gobernanza de Tuvalu en materia de pesca puede encontrarse menoscabado por el nivel de desarrollo del país. No obstante, atendiendo a la naturaleza de las deficiencias observadas en Tuvalu y a las medidas emprendidas para rectificar la situación, el nivel de desarrollo de ese país no puede excusar plenamente ni justificar de ninguna otra manera el comportamiento general de Tuvalu como Estado de abanderamiento o Estado ribereño en relación con la pesca y la insuficiencia de sus actuaciones para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.

4. CONCLUSIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE SER CONSIDERADO TERCER PAÍS NO COOPERANTE

(56) A la luz de las conclusiones alcanzadas en lo que atañe al incumplimiento por parte de Tuvalu de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho internacional como Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización, así como su falta de actuación para impedir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, debe notificarse a dicho país, con arreglo al artículo 32 del Reglamento INDNR, la posibilidad de ser considerado por la Comisión tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR.

(57) Conforme al artículo 32, apartado 1, del Reglamento INDNR, la Comisión debe cursar una notificación a Tuvalu sobre la posibilidad de ser considerado tercer país no cooperante. La Comisión también debe iniciar todas las gestiones recogidas en el artículo 32 del Reglamento INDNR respecto de Tuvalu. En aras de una correcta gestión, debe fijarse un plazo para que este país pueda presentar alegaciones por escrito a la notificación y corregir la situación.

(58) Asimismo, cabe señalar que la notificación a Tuvalu de la posibilidad de ser considerado por la Comisión país no cooperante a efectos de la presente Decisión ni excluye ni conlleva de forma automática que la Comisión o el Consejo adopten subsiguientemente cualquier otra medida a los efectos de la identificación y la elaboración de una lista de países no cooperantes.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo único

Debe cursarse a Tuvalu la notificación de la posibilidad de ser considerado por la Comisión como tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Hecho en Bruselas, el 12 de diciembre de 2014. Por la Comisión Karmenu VELLA Miembro de la Comisión

(1) DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.

(2) http://www.ffa.int/

(3) Acuerdo de Nauru (http://www.ffa.int/node/93#attachments).

(4) Código de conducta para la pesca responsable, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1995.

(5) Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2001.

(6) Convención sobre la conservación y ordenación de las poblaciones de peces altamente migratorios del Océano Pacífico occidental y central, celebrada en Honolulu el 5 de septiembre de 2000 (http://www.wcpfc.int/doc/convention-conservation-and-management-highly-migratory-fish-stocks-western-and-central-pacific).

(7) Información procedente de http://hdr.undp.org/en/statistics

(8) Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (DO L 378 de 27.12.2006, p. 41).

(9) Lista de países receptores de ayuda oficial al desarrollo (AOD) del CAD (http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm).

(10) Noveno período ordinario de sesiones del Comité científico de la CPPOC, WCPFC SC9-AR/CCM-25.

(11) http://www.wcpfc.int/system/files/CMM%202010-07%20%5BSharks%5D.pdf

(12) Tercer dispositivo de aplicación de los países del Acuerdo de Nauru (PNA), 2008.

(13) Noveno período ordinario de sesiones del Comité científico de la CPPOC, WCPFC SC9-AR/CCM-25.

(14) Resumen del informe de la séptima sesión ordinaria del comité científico de la CPPOC, Pohnpei, Estados federados de Micronesia, 9-17 de agosto de 2011 (http://www.wcpfc.int/node/2896).

(15) Resumen del informe de la octava sesión ordinaria del comité científico de la CPPOC, 7-15 de agosto de 2012 (http://www.wcpfc.int/node/4587), sección 3.1.

(16) Resumen del informe de la octava sesión ordinaria del comité científico de la CPPOC, puntos 69-71.

(17) Resumen del informe de la séptima sesión ordinaria del comité científico de la CPPOC, puntos 35 y 36.