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(7)

El programa no presenta una estrategia presupuestaria a medio plazo sólidamente fundamentada ni cumple una serie de requisitos importantes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En particular, el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, en su artículo 3, apartado 2, letra c), exige «un análisis detallado y cuantitativo de las medidas presupuestarias y otras medidas de política económica que se estén adoptando». Por otra parte, el código de conducta se refiere expresamente a la necesidad de aportar datos «sobre los ratios de gastos e ingresos y sobre los componentes de los mismos determinados por separado», así como de facilitar un «[desglose] por subsectores de las administraciones públicas». Esta información no ha sido facilitada. El programa refleja una tendencia presupuestaria en la que el déficit global disminuiría a partir de 2011, pero no proporciona información sobre las medidas previstas para alcanzar los objetivos, ni sobre la evolución proyectada de los grandes componentes de los ingresos y los gastos o sobre los objetivos correspondientes a los distintos niveles de gobierno. Se prevé que el déficit global aumente nuevamente hasta un 4 % en 2010, descendiendo posteriormente al 1,5 % al final del período del programa. El saldo primario sigue globalmente la misma senda. El déficit estructural recalculado se deteriorará previsiblemente en 0,2 puntos porcentuales adicionales en 2010, mejorando gradualmente con posterioridad, sobre todo en 2012 y 2013. El programa no prevé la consecución del objetivo a medio plazo (consistente en un superávit estructural, esto es, ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, equivalente al 0,5 % del PIB) dentro del período de referencia. Con arreglo al programa, la consecución de los objetivos de déficit requerirá acciones correctoras, habida cuenta, en particular, de que las medidas decididas en años anteriores, así como el paquete de estímulo fiscal seguirán teniendo un efecto expansionista durante la mayor parte del período del programa. El programa actualizado estima la deuda pública en un 89,6 % del PIB en 2008, frente a un 84 % en 2007. Aparte del incremento del déficit y de la disminución del crecimiento del PIB, contribuye al aumento del ratio de deuda un considerable ajuste stock-flujo, que refleja ante todo las operaciones de rescate de entidades bancarias (6 % del PIB). El programa prevé que el ratio deuda/PIB siga aumentando hasta un 95 % en 2010, se estabilice en 2011 y descienda ligeramente con posterioridad. Según las previsiones de la primavera de 2009 de los servicios de la Comisión, el ratio de deuda alcanzaría el 96 % del PIB en 2009 y rebasaría levemente el 100 % del PIB en 2010, resultando la diferencia con el programa de estabilidad actualizado del empleo de cifras distintas en lo que se refiere al crecimiento y al déficit de las administraciones públicas.
3.

Los elementos de combustible irradiados y los residuos sólidos de actividad baja se almacenan in situ antes de ser transportados a otras instalaciones autorizadas situadas en el Reino Unido, para su eliminación o reprocesamiento. Los residuos sólidos de actividad intermedia se almacenarán in situ en espera de la decisión del Gobierno respecto a la elección de una solución consistente en un depósito a largo plazo. Los residuos sólidos no radiactivos y los residuos y materiales exentos del control reglamentario serán eliminados como residuos convencionales o bien reutilizados o reciclados, cumpliendo los criterios establecidos en las normas básicas de seguridad (Directiva 96/29/EURATOM).
(12)

El marco presupuestario de Alemania se ha visto considerablemente reforzado gracias a la nueva norma presupuestaria incorporada a la Constitución en agosto de 2009. En consonancia con la estructura del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), la nueva norma se orienta al logro de una situación próxima al equilibrio, fijando el límite del déficit estructural federal en el 0,35 % del PIB a partir de 2016, con un período transitorio que empezará en 2011. Los presupuestos regionales de los Estados federados deben registrar un equilibrio estructural a partir de 2020, si bien sus respectivas trayectorias de saneamiento no están aún claras. La falta de planes de restricción del gasto a escala subfederal y la incertidumbre que pesa sobre las futuras necesidades de financiación de los fondos de la seguridad social constituyen un riesgo potencial para el saneamiento del presupuesto de las administraciones públicas. No obstante, la nueva norma aumenta la credibilidad presupuestaria y reduce considerablemente el margen discrecional, frente a la antigua norma presupuestaria, que no pudo impedir que se acumulara la deuda en las pasadas décadas. El Consejo de Estabilidad (Stabilitätsrat), de nueva creación, integrado por los Ministros de Finanzas del Gobierno federal y de los Estados federados, realizará con regularidad un seguimiento de los presupuestos federales y regionales, y, entre otras cosas, de la ejecución de las medidas de saneamiento adoptadas en el contexto del PEC. Sin embargo, sus recomendaciones no son vinculantes y no está facultado para imponer sanciones. Está previsto reforzar más el nuevo marco mediante la adopción de una planificación presupuestaria de enfoque descendente, en lugar de ascendente, lo que facilitará el control del gasto al Ministerio de Finanzas y favorecerá, así, la realización del saneamiento previsto en la norma presupuestaria. Por otro lado, el Gobierno se propone realizar una revisión gradual del sistema presupuestario y contable de la administración federal, poniendo mayor énfasis en una evaluación de los ingresos y los gastos basada en los resultados.
(12)

Existe un margen para mejorar el marco presupuestario de Polonia. Polonia tiene un tipo de norma presupuestaria basada en tres umbrales de deuda (50 %, 55 % y 60 % del PIB, este último porcentaje consagrado en la constitución), cuyo rebasamiento trae consigo la adopción de medidas de saneamiento de importancia creciente. En lo que respecta al gasto, el marco institucional no garantiza un control suficiente, dando origen a frecuentes rebasamientos de los límites de gasto. Las autoridades han adoptado iniciativas destinadas a mejorar el marco presupuestario en 2009. Las autoridades hicieron más restrictiva la normativa existente en materia de endeudamiento, introduciendo disposiciones específicas adicionales acerca de las medidas que deben aplicarse cuando la deuda pública rebasa el 55 % del PIB (definición nacional, no sistema SEC95). El período de planificación para el presupuesto de la administración central se amplió de tres a cuatro años. Se llevó a cabo cierta reorganización de las administraciones públicas con el fin de aumentar la transparencia de las cuentas públicas. Por último, las autoridades tienen previsto reforzar el marco presupuestario con la introducción de una norma «temporal» y una norma «objetivo» en materia de gasto. No obstante, la norma «temporal» cubriría apenas la parte no obligatoria del presupuesto de la administración central (excluida la inversión pública), actualmente inferior al 15 % del gasto de las administraciones públicas. Aunque estas iniciativas facilitarán los futuros esfuerzos de saneamiento, no sustituyen a las medidas necesarias para apoyar la senda de saneamiento prevista en el programa.
(6)

El programa prevé una reducción del déficit nominal, que se situaría en el 8,1 % del PIB en 2010, mientras que el presupuesto aprobado en diciembre de 2009 fijaba como objetivo un déficit del 9,5 % del PIB, lo cual muestra una mejora desde entonces en las perspectivas macroeconómicas. La mejora en comparación con los resultados estimados de 2009 es atribuible principalmente a nuevos y sustanciales recortes del gasto, de cerca del 4 % del PIB, especialmente en el gasto público corriente, incluidos los salarios del sector público, y en las prestaciones sociales. No obstante, en el programa se cuenta con que la ratio gasto/PIB aumente aproximadamente un punto porcentual, debido principalmente a las previsiones de incremento de la inversión y los pagos de intereses, mientras que otros tipos de gasto deberían seguir disminuyendo. Por el lado de los ingresos, las modificaciones se limitan a una reducción del tipo del impuesto sobre la renta de sociedades y algunos aumentos de ingresos no tributarios. Además, el presupuesto de 2010 refleja también el impacto en todo el año de las medidas de saneamiento de gastos e ingresos aplicadas en la segunda mitad de 2009. Se prevé que la parte de los ingresos no tributarios en el programa aumente sustancialmente, sobre todo gracias a una mayor absorción de las ayudas de los fondos estructurales de la UE. Mientras que la ratio PIB/impuestos sobre la producción y las importaciones debería permanecer en un nivel similar al de 2009, la ratio de los actuales impuestos sobre la renta y el patrimonio debería seguir disminuyendo, debido a la reducción que están registrando los salarios nominales y los beneficios. Entre las medidas excepcionales y de carácter temporal de 2010 cabe mencionar la suspensión de parte de las transferencias a los fondos de pensiones del segundo pilar. Se prevé que la situación presupuestaria general en 2010, medida por la variación del saldo estructural, sea restrictiva, arrojando una mejora de ½ puntos porcentuales. Sin embargo, esta previsión parece subestimar significativamente el esfuerzo de saneamiento del Gobierno, que asciende al 4,0 % del PIB. La estimación del saneamiento basada en el saldo estructural debe interpretarse con suma cautela, dado que se basa en cálculos de la brecha de producción que no son nada fiables en las actuales circunstancias.
(14)

Globalmente, teniendo en cuenta los riesgos para los objetivos presupuestarios mencionados anteriormente, la estrategia de mantener una política fiscal expansionista también en 2010 puede considerarse en consonancia con el PERE. Como consecuencia de los efectos negativos derivados de la crisis económica, se prevé que el déficit de las administraciones públicas rebase temporalmente el límite del 3 % del PIB en 2010, para, a continuación, reducirse gradualmente hasta situarse por debajo de dicho valor. No obstante, habida cuenta de los riesgos asociados a las previsiones de crecimiento para los últimos años del programa, es posible que ni siquiera se alcance la moderada reducción del déficit planeada. La orientación fiscal planeada —medida por la variación del saldo estructural— no indica la realización de un saneamiento presupuestario a medio plazo, y el programa no contempla progresos hacia el objetivo a medio plazo dentro del período cubierto por el mismo. Aunque el programa indica el propósito de seguir una estrategia de saneamiento, no especifica sus objetivos precisos ni sus elementos principales. Sería necesario aplicar de forma oportuna una estrategia global encaminada a un saneamiento presupuestario estructural a fin de ajustar la estrategia presupuestaria a las exigencias del Pacto.
(14)

Globalmente, la estrategia de mantener una política fiscal expansionista también en 2010 puede considerarse en consonancia con el PERE. A consecuencia de los negativos efectos de la crisis económica, se prevé que el déficit de las administraciones públicas rebase el valor de referencia del 3 % del PIB en 2010, 2011 y 2012. Sin embargo, a la luz de los riesgos para las previsiones presupuestarias relativas a los últimos años del programa, es posible que no se logre la vuelta planeada al equilibrio presupuestario y que no se alcance la corrección planeada del saldo presupuestario estructural del 1,5 % de aquí a 2013. La política presupuestaria prevista, evaluada a la luz de la variación del saldo estructural, indica que el saneamiento presupuestario se iniciaría en 2011, aunque a un ritmo moderado, cercano a la referencia del 0,5 % del PIB (6). El programa indica que el saneamiento, gracias a nuevas medidas, tendrá lugar por el lado de los gastos, pero el mismo no se respalda con medidas específicas, si no es por la suposición de que las previsiones presupuestarias para 2011-2013 se basarán en un crecimiento real nulo del consumo público. Por consiguiente, habrá que reforzar la estrategia presupuestaria para cumplir las exigencias del Pacto. Por otra parte, mientras que el programa se fija como objetivo el logro del equilibrio del saldo estructural de aquí a 2015, el saldo estructural, calculado por los servicios de la Comisión aplicando la metodología común, se prevé que será ligeramente negativo (– 0,4 %) en 2015, y está sometido a los mismos riesgos mencionados más arriba.
(7)

El principal objetivo de la estrategia a medio plazo es continuar el saneamiento después de 2010 y reducir el déficit público por debajo del 3 % del PIB a más tardar en 2013, de conformidad con la recomendación formulada en diciembre por el Consejo. Según el programa, el déficit disminuiría del 5,3 % del PIB en 2010 al 4,8 % y el 4,2 % del PIB en 2011 y 2012, respectivamente. A pesar de la recuperación económica esperada, la mejora del saldo estructural disminuiría significativamente en comparación con 2010 y no rebasaría 0,6 puntos porcentuales del PIB en el periodo 2011-2012. La mayor parte del ajuste se realizaría por el lado de los gastos. El programa indica que la mitad de las reducciones de gastos corresponderían a gastos de funcionamiento, y la otra mitad, a gastos obligatorios, pero no proporciona detalles suficientes sobre cómo lograr estas reducciones. Las medidas por el lado de los ingresos son escasas, pero están mejor definidas, e incluyen un aumento de las cotizaciones a la seguridad social y del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Para el año 2013, el programa presenta un objetivo de déficit público (3 % del PIB), pero no indica la forma de alcanzarlo (ni las hipótesis de crecimiento subyacentes), por lo que no es posible determinar el esfuerzo presupuestario anual medio para el periodo 2010-2013. Según lo comunicado por las autoridades, el objetivo a medio plazo de Chequia es un déficit estructural del 1,0 % del PIB. Teniendo en cuenta el nivel de deuda y las previsiones más recientes, el objetivo a medio plazo refleja los objetivos del Pacto. Sin embargo, el programa no prevé su logro en el periodo cubierto por el mismo.
(12)

El marco presupuestario nacional parece relativamente sólido como demuestra el buen historial de cumplimiento de los objetivos presupuestarios, si bien el mismo se obtuvo con unas condiciones macroeconómicas favorables. En 2009, Bulgaria limitó las consecuencias presupuestarias negativas de la crisis al poner en práctica considerables medidas de saneamiento. Las deficiencias del actual marco presupuestario guardan relación con la existencia de ciertas facultades discrecionales del Gobierno central. Por otra parte, el marco no incorpora normas plurianuales y los límites máximos de gasto establecidos en el proceso de planificación presupuestaria a medio plazo sólo son vinculantes a corto plazo. El programa no contempla cambios substanciales del marco presupuestario, a excepción de una ampliación del horizonte temporal del marco presupuestario a medio plazo, de tres a cuatro años, para hacerlo coincidir con el mandato del Gobierno, lo que hará más previsible la política a medio plazo. La norma de ejecución presupuestaria del 90 % se sustituye por una disposición que permite al Gobierno compensar unos menores ingresos presupuestarios probables recortando los gastos primarios por debajo de los créditos anuales. La nueva norma ofrece mayor flexibilidad y margen de maniobra para un saneamiento discrecional por parte del Gobierno en tiempos de crisis. No obstante, la definición y las modalidades de aplicación de la norma adolecen de falta de claridad, lo que genera cierta falta de transparencia del marco presupuestario.
(12)

El marco presupuestario nacional existente, basado en la Ley de Compensación Financiera («Finanzausgleichsgesetz») y el pacto interno de estabilidad, es bastante complejo y poco transparente. No sólo la recaudación que se obtiene de la mayoría de los impuestos se reparte en proporciones fijas entre los diferentes niveles territoriales, sino que también la toma de decisiones en numerosos ámbitos se distribuye entre diversos niveles de autoridad. Hay muchas actividades en relación con las cuales las responsabilidades de recaudación de ingresos y de inversión no corresponden al mismo nivel de gobierno. El sistema, como tal, no fomenta la utilización más eficiente de los recursos. No obstante, Austria ha emprendido recientemente una amplia reforma de la Ley del Marco Presupuestario a nivel federal. La primera parte de la reforma, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, estableció un nuevo marco de gastos plurianual que fija límites (sobre alrededor del 80 % de los gastos totales) para cuatro ejercicios consecutivos. Se espera evitar el gasto procíclico y potenciar la eficacia de los estabilizadores automáticos. La segunda parte, ya aprobada por ley para que entre en vigor en 2013, contempla la introducción de una planificación presupuestaria basada en los resultados y la modernización del sistema de contabilidad de las finanzas públicas y de previsiones a largo plazo.
(5)

El objetivo principal de la estrategia presupuestaria a medio plazo de la adenda es garantizar una vuelta gradual al equilibrio presupuestario de aquí a 2015. La adenda no menciona explícitamente el objetivo a medio plazo ni tampoco prevé que se alcance el objetivo a medio plazo inicial de Bélgica (superávit del 0,5 % del PIB, ajustado en función del ciclo y excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal) dentro del período que abarca la adenda. El déficit global se estabilizará probablemente en torno al 6 % del PIB en 2010 gracias a unas medidas correctoras de importe equivalente al 0,5 % del PIB, antes de mejorar progresivamente hasta situarse en el 4,4 % del PIB en 2012 (con ayuda de las medidas de saneamiento equivalentes al 1 % del PIB en 2011 y al 1,25 % en 2012). En la adenda se menciona como objetivo para 2013 situar el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB, pero no se presenta un escenario plenamente desarrollado para ese año (5). El déficit estructural que se menciona en la adenda, recalculado con arreglo a la metodología común, mejoraría probablemente en torno a un cuarto de punto porcentual tanto en 2010 como en 2011 y en medio punto porcentual en 2012. Como en la adenda no se tuvo en cuenta que el impacto de medio punto porcentual del PIB de las decisiones judiciales es de carácter excepcional, el saldo estructural en realidad se deteriorará en un cuarto de punto porcentual del PIB en 2010 (del – 4,2 % del PIB en 2009 al – 4,4 % del PIB en 2010). Los ajustes estructurales previstos en la adenda son considerablemente menores que los importes de las medidas previstas mencionadas anteriormente. Esto significa que el saldo estructural, si no se modifica la política económica, se deterioraría automáticamente en medio punto porcentual del PIB al año por término medio, como consecuencia de la composición desfavorable del crecimiento económico en 2010, el aumento de los gastos de intereses y el incremento de los gastos asociados al envejecimiento de la población (debido asimismo a las medidas adoptadas en los últimos años para incrementar las prestaciones sociales, incluidas las pensiones). Según la adenda, el esfuerzo de saneamiento previsto se basa también en un aumento de los ingresos tributarios (en particular de los procedentes de los impuestos sobre la renta y el patrimonio) y en la reducción del gasto (sobre todo en consumo intermedio, salarios públicos y transferencias social en especie). La adenda estima la deuda de las administraciones públicas en un 89,6 % del PIB en 2008, frente a un 84 % en 2007, y considera que este aumento es en gran medida consecuencia de un considerable ajuste entre flujos y fondos derivado de las operaciones de rescate de entidades bancarias (6 % del PIB). En la adenda se prevé un nuevo incremento del ratio deuda/PIB hasta aproximadamente el 104 % en 2011, año en que se estabilizaría globalmente; este aumento es bastante superior al que se preveía en la actualización de abril (básicamente en razón de déficit más elevados). Según las previsiones del otoño de 2009 de los servicios de la Comisión, se producirá un aumento del ratio de deuda comparable.
3.

Los elementos de combustible agotados se almacenarán provisionalmente in situ hasta que se disponga de un depósito geológico profundo en el territorio finlandés. Los residuos radiactivos sólidos se almacenarán in situ, en instalaciones de almacenamiento y de evacuación autorizados por el Gobierno finlandés. Los residuos sólidos o materiales residuales no radiactivos exentos de control reglamentario serán eliminados como residuos convencionales o bien reutilizados o reciclados, cumpliendo los criterios establecidos en las normas básicas de seguridad (Directiva 96/29/Euratom).
(12)

La Ley de responsabilidad presupuestaria (Fiscal Responsibility Act, FRA), aprobada por el Parlamento el 10 de febrero de 2010, ha establecido un plan presupuestario que vincula a las autoridades británicas. La FRA define un plan de saneamiento presupuestario (Fiscal Consolidation Plan, FCP) con arreglo al cual el Gobierno debe «reducir a la mitad, en cuatro ejercicios a partir del máximo previsto en 2009/2010, la proporción que representan en el PIB las necesidades netas de financiación del sector público. En legislación delegada dimanante de la Ley, el Gobierno fija, por lo que respecta a las necesidades de financiación, un objetivo para 2013/2014 del 5,5 % del PIB, como máximo». De acuerdo con el FCP, el Gobierno deberá asimismo «reducir las necesidades de financiación en porcentaje del PIB en cada uno de los ejercicios comprendidos entre 2009/2010 y 2015/2016, y garantizar que en 2015/2016 disminuya la proporción que represente en el PIB la deuda neta del sector público». El sistema de «análisis de gastos» plurianuales, en cuyo marco se establecen dotaciones globales de gastos y límites de gastos previsibles por ministerios, permite ejercer un control del gasto más específico. Sin embargo, la contención del gasto público no siempre ha resultado suficiente, habiendo sobrepasado, en promedio, el gasto efectivo total de los ejercicios 2002/2003 a 2008/2009 los límites iniciales establecidos en los análisis de gastos. La Ley de responsabilidad presupuestaria exige también que el Gobierno «exponga (ante el Parlamento) los motivos por los que no se han alcanzado los objetivos». A fin de reducir el riesgo de no alcanzar los objetivos, convendría reforzar el mecanismo para determinar hasta qué punto aquellos son realistas y crear un plan de intervención que se activaría en caso de que las hipótesis subyacentes y las previsiones macroeconómicas se revelaran erróneas. En conjunto, si bien la FRA representa un avance en la dirección adecuada, el plan de saneamiento previsto en la misma es considerablemente menos ambicioso de lo recomendado por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 al amparo del artículo 126, apartado 7, y no es compatible con una reducción del déficit a un valor inferior al valor de referencia del 3% del PIB de aquí a 2014/2015.