RUMANÍA: ASOCIACIÓN PARA LA ADHESIÓN (98/C 202/08)

1. INTRODUCCIÓN

En el Dictamen presentado al Consejo en julio de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el artículo O del Tratado, la Comisión ha recomendado que se inicien las negociaciones de adhesión con Rumanía tan pronto como este país haya avanzado lo suficiente en el cumplimiento de las condiciones para la adhesión fijadas por el Consejo Europeo de Copenhague. Dicha recomendación proviene del análisis contenido en el Dictamen, del cual, a juicio de la Comisión, se desprende que: i) Rumanía está en camino de cumplir los criterios políticos relativos a la existencia de instituciones estables, a garantizar el Estado de Derecho, los derechos humanos y la protección de las minorías; ii) ha avanzado considerablemente en la creación de una economía de mercado, aunque tendrá serias dificultades a medio plazo para afrontar la presión competitiva y las fuerzas de mercado en el seno de la Unión, y iii) pese a los progresos alcanzados, no ha incorporado los elementos esenciales del acervo, en particular en relación con el mercado interior. Por consiguiente, es dudoso que Rumanía esté en condiciones de asumir a medio plazo las obligaciones de la adhesión y, además, será indispensable efectuar una importante reforma administrativa si Rumanía pretende aplicar el acervo de manera efectiva.

El Acuerdo europeo seguirá siendo la base de las relaciones de la Unión Europea con Rumanía. No obstante, se fortalecerá la estrategia de preadhesión para dirigir la asistencia a las necesidades específicas de cada candidato, para así poder resolver los problemas concretos definidos en el Dictamen. Tal como indicaba la Comisión en la Agenda 2000: «La estrategia de preadhesión reforzada tiene un doble objetivo. En primer lugar, se trata de reunir todas las distintas formas de apoyo de la Unión en un marco único, las Asociaciones para la adhesión, y de trabajar junto con los candidatos dentro de este marco, en un programa claramente definido para preparar la adhesión, lo que exigirá una serie de compromisos de los candidatos con respecto a prioridades concretas y la fijación de un calendario para poner en práctica dichos compromisos. En segundo lugar, se ha de familiarizar a los candidatos con las políticas y procedimientos de la Unión ofreciéndoseles la posibilidad de participar en programas comunitarios».

En su reunión de Luxemburgo de diciembre de 1997, el Consejo Europeo definió las Asociaciones para la adhesión como un aspecto clave de la estrategia de preadhesión, al movilizar, dentro de un marco único, todas las formas de asistencia a los países candidatos. La presente Asociación para la adhesión ha sido adoptada por la Comisión, previa consulta con Rumanía y sobre la base de los principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones decididos por el Consejo.

2. OBJETIVOS

La finalidad de la Asociación para la adhesión es integrar en un marco único las áreas prioritarias de la futura labor definidas en el Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Rumanía, los recursos financieros disponibles para ayudar a Rumanía a realizar estas prioridades y las condiciones que se aplicarán a esta asistencia. La presente Asociación para la adhesión proporciona el marco para varios instrumentos políticos que servirán para ayudar a los países candidatos en su preparación para la adhesión. Entre éstos figura el Programa nacional de adopción del acervo, que será adoptado por Rumanía, la evaluación conjunta de las prioridades de política económica, el Pacto contra la delincuencia organizada y los mapas de carreteras del mercado interior. Cada uno de estos instrumentos será de distinta naturaleza y se elaborará y aplicará con arreglo a procedimientos específicos. No formarán parte de esta Asociación, aunque sus prioridades serán compatibles con la misma.

3. PRINCIPIOS

Las principales áreas prioritarias definidas para cada candidato corresponden a su capacidad para asumir la obligación de cumplir los criterios de Copenhague, que establecen que la adhesión requiere:

- que el país candidato haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías;

- la existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión;

- la adhesión presupone la capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, incluida la observancia de los fines de la unión política, económica y monetaria.

En su reunión de Madrid, el Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de que los países candidatos ajusten sus estructuras administrativas con el fin de asegurar una aplicación armoniosa de las políticas comunitarias después de la adhesión, y en Luxemburgo insistió en que la incorporación del acervo en la legislación es necesaria, aunque no suficiente, ya que es preciso garantizar su aplicación efectiva.

4. PRIORIDADES Y OBJETIVOS INTERMEDIOS

Los Dictámenes de la Comisión y el examen de los mismos realizado por el Consejo han puesto de relieve la labor que a los países candidatos les queda por realizar en varios ámbitos con objeto de prepararse para la adhesión, y han manifestado la opinión de que ninguno de estos países cumple actualmente los criterios de Copenhague. Esta situación exigirá que se definan fases intermedias en cuanto a las prioridades, cada una de las cuales deberá ir acompañada de objetivos precisos que deberán establecerse en colaboración con los países de que se trate, y cuyo cumplimiento condicionará el grado de asistencia prestada, el avance de las negociaciones en curso con algunos de los países y la apertura de nuevas negociaciones con los demás. Las prioridades y objetivos intermedios se han dividido en dos grupos: a corto y medio plazo. Los incluidos en el grupo a corto plazo se han seleccionado según la premisa de que es realista esperar que Rumanía los haya cumplido o haya avanzado sustancialmente en su realización a finales de 1998. A la vista de la premura de tiempo y teniendo en cuenta la capacidad administrativa necesaria para su realización, ha sido limitado el grupo de prioridades seleccionado a corto plazo. La realización de las prioridades del grupo a medio plazo se prevé que se prolongue durante más de un año, si bien la tarea puede y debe iniciarse en el transcurso de 1998.

Se invitará a Rumanía a elaborar, antes de finales de marzo, un Programa nacional de adopción del acervo (PNAA), que incluirá un calendario para conseguir estas prioridades y objetivos intermedios y, en la medida de lo posible y cuando corresponda, indicará el personal y los recursos financieros necesarios.

La Asociación para la adhesión indicará que Rumanía tendrá que abordar todas las cuestiones señaladas en el Dictamen, de las que figura un breve resumen en el anexo. La incorporación del acervo en la legislación no es en sí suficiente, sino que es preciso garantizar que se aplica efectivamente en la misma medida que en la Unión. En todos los ámbitos citados a continuación se requiere una aplicación y cumplimiento creíble y efectivo del acervo.

Sobre la base del análisis del Dictamen de la Comisión y el examen del mismo realizado por el Consejo, se han definido para Rumanía las siguientes prioridades y objetivos intermedios a corto y medio plazo.

4.1. A corto plazo (1998)

- Reforma económica: fijar prioridades de política económica a medio plazo y realizar una evaluación conjunta dentro del marco del Acuerdo europeo; avanzar de manera satisfactoria en el plan de reforma económica del Gobierno, que incluye la privatización de dos bancos, la transformación en empresas comerciales de la mayoría de grandes consorcios autónomos públicos, la aplicación eficaz del régimen de inversión extranjera, y la reestructuración/privatización de varias grandes empresas estatales del sector industrial (carbón y acero) y agrícola (principalmente reduciendo sus pérdidas y deudas); proseguir la aplicación de los acuerdos con instituciones financieras internacionales.

- Fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa: adoptar el proyecto de ley de la función pública y perseverar en la reforma de la administración; reforzar las administraciones fitosanitaria y veterinaria, sobre todo en cuanto a las instalaciones de las fronteras exteriores; el sector financiero (fortalecer los organismos de control de la banca, los servicios financieros y los mercados de capitales); aduanas, reforzar los mecanismos de control financiero y auditoría, así como los antimonopolísticos y de control de las ayudas estatales; medio ambiente; fortalecer la autoridad reguladora de la seguridad nuclear; emprender la creación de las estructuras necesarias para la política regional y estructural.

- Mercado interior: reestructurar el sector bancario y el mercado de capitales, ultimar la reforma de la ley de sociedades, incluyendo medidas para impulsar el desarrollo de la empresa, incluidas las pequeñas y medianos empresas (PYME); inversión directa extranjera, armonización y mejor aplicación de la fiscalidad indirecta; armonización de la contratación pública; adopción de legislación sobre las ayudas estatales y realizar un inventario de ayudas estatales. Establecer estructuras de normalización y evaluación de la conformidad.

- Justicia y asuntos de interior: en particular, perseverar en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y mejorar el control de las fronteras.

- Medio ambiente: proseguir con la incorporación de legislación marco y horizontal, establecer y aplicar programas específicos de aproximación y estrategias de implementación de determinados actos legislativos. Planificar e iniciar la aplicación de estos programas y estrategias.

4.2. A medio plazo

- Criterios políticos: proseguir la reforma de la protección del niño; intensificar los esfuerzos en pro de la integración de los romaníes, consolidar la protección de las libertades individuales y mejorar el funcionamiento de los tribunales de justicia.

- Reforma económica: debe procurarse con especial atención crear las bases para alcanzar un incremento sostenible de la productividad y avanzar en el proceso de reestructuración/privatización de las empresas del Estado, incluidos los bancos.

- Política económica: repasar periódicamente la evaluación conjunta de las prioridades de política económica y monetaria, en el marco del Acuerdo europeo, centrado en el cumplimiento de los criterios de Copenhague para la adhesión a la Unión y del acervo relativo a la política económica (coordinación de políticas económicas, presentación de programas de convergencia, evitación de déficit excesivos); aunque no se espera que Rumanía adopte el euro inmediatamente después de la adhesión, se espera que adopte políticas destinadas a alcanzar una verdadera convergencia con los objetivos de la Unión en pro de la cohesión económica y social, y una convergencia nominal compatible con el objetivo último de adopción del euro.

- Fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa: en particular, emprender un programa de reforma global de la administración pública, sobre todo de la administración encargada de la competencia; fortalecer el control financiero interno; mejorar el funcionamiento del sistema judicial; formar al estamento judicial en el Derecho comunitario y su aplicación; fortalecer las instituciones de justicia e interior (garantizando que cuentan con personal en número suficiente y con una formación adecuada, en particular la policía, la policía fronteriza, los ministerios y los tribunales); reformar las administraciones aduanera y fiscal para garantizar su capacidad para aplicar el acervo; reforzar la administración de control alimentario; fortalecer la autoridad responsable de la seguridad nuclear.

- Mercado interior: fomentar el desarrollo de la empresa, incluidas las pequeñas y medianas empresas (PYME); adaptar el acervo en el sector de telecomunicaciones, protección del consumidor y mercado interior de la energía y política audiovisual, garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, seguros, política de competencia, fortalecer las estructuras de normalización y evaluación de la conformidad, establecer un sistema de vigilancia del mercado y adaptar la legislación técnica horizontal sobre los productos industriales.

- Justicia y asuntos de interior: mejorar los sistemas de control de fronteras, adquirir capacidad para tratar cuestiones de inmigración y asilo, luchar contra la delincuencia organizada (en particular el blanqueo de dinero, la droga y el tráfico de seres humanos) y la corrupción, adaptar la política de visados con la de la Unión Europea y ultimar la adaptación de los convenios internacionales, sobre todo en relación con el acervo de Schengen.

- Agricultura: establecer un registro operativo de la propiedad de la tierra; adaptación del acervo agrícola (incluidas las cuestiones veterinarias y fitosanitarias, en particular los controles en las fronteras exteriores); prestar atención a los aspectos medioambientales de la agricultura y la biodiversidad. Desarrollar la capacidad de aplicación y cumplimiento de la política agraria común, en particular los mecanismos fundamentales y estructuras administrativas de control de los mercados agrícolas y aplicación de medidas estructurales y de desarrollo rural, adoptar y aplicar los requisitos veterinarios y fitosanitarios, modernizar algunos establecimientos de la industria agroalimentaria e instalaciones de pruebas y diagnóstico, reestructurar el sector agroalimentario.

- Pesca: desarrollar la capacidad de aplicación y cumplimiento de la política pesquera común.

- Transportes: perseverar en la adopción del acervo, en particular en cuanto al transporte marítimo, ferroviario y por carretera (normas de seguridad y fiscalidad) y aportar la inversión necesaria para la infraestructura de transportes, en especial la ampliación de las redes transeuropeas.

- Empleo y asuntos sociales: desarrollar las adecuadas estructuras laborales y de mercado y evaluar conjuntamente las políticas de empleo como preparación para la participación en la coordinación con la Unión Europea; adaptar la legislación sobre salud y seguridad laboral y profesional, y desarrollar estructuras de ejecución, en particular la adopción de la Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo; cumplir el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; potenciar el diálogo social activo y autónomo; promover el desarrollo de la protección social; perseverar para situar las normas de sanidad pública al mismo nivel que las normas de la Unión Europea.

- Medio ambiente: desarrollar las estructuras y la capacidad de control, planificación continua y aplicación de programas de aproximación relativos a determinados actos legislativos. Debe prestarse especial atención a la atmósfera y al medio acuático. Los requisitos de protección del medio ambiente y la necesidad de desarrollo sostenible deben integrarse en la definición y aplicación de políticas sectoriales nacionales.

- Política regional y cohesión: introducir un fundamento jurídico y desarrollar las estructuras administrativas y procedimientos presupuestarios. Fortalecer los instrumentos financieros para participar en los programas estructurales de la Unión Europea después de la adhesión.

5. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA COMUNIDAD

5.1. Programación de los recursos financieros

La dotación PHARE correspondiente al período 1995-1997 ascendió a 284 millones de ecus. Sujeto a la aprobación del presupuesto PHARE para el período restante, la Comisión confirmará las dotaciones para 1998 y 1999. Además, Rumanía puede acogerse al apoyo del mecanismo «de repesca» (catch up) previsto para 1998 para financiar proyectos relacionados con la privatización/reestructuración, el fomento de inversión directa extranjera y la lucha contra la corrupción. De acuerdo con el Reglamento (CEE) n° 3906/89 del Consejo, se presentarán propuestas de financiación al Comité de gestión PHARE. Se requerirá sistemáticamente a los países candidatos una financiación conjunta para todos los proyectos de inversión. La Comisión trabajará con Rumanía, el BEI y las instituciones financieras internacionales, en particular el BERD y el Banco Mundial, con vistas a facilitar la cofinanciación de proyectos relacionados con las actividades de preadhesión. A partir de 2000, la asistencia financiera consistirá en subvenciones a la agricultura y un instrumento estructural que concederá prioridad a medidas similares a los fondos de cohesión. Además, Rumanía tendrá acceso a subvenciones procedentes de programas plurinacionales directamente relacionados con el acervo.

El programa PHARE constituye el principal instrumento financiero de la estrategia reforzada de preadhesión. El principal objetivo de PHARE es preparar los países de Europa Central y Oriental para la adhesión, centrando la asistencia que proporciona en la adopción del acervo comunitario, y en particular en las prioridades definidas en la presente Asociación para la adhesión y en el Programa nacional de adopción del acervo. Cada año, la Comisión firmará un Memorándum de financiación con Rumanía, en virtud del cual este país se comprometerá a cumplir una serie de prioridades definidas en la presente Asociación para la adhesión, y la Comisión se comprometerá a contribuir financieramente a esta realización. La programación de la asistencia financiera comunitaria tendrá en cuenta las prioridades y el calendario del PNAA.

Además, la asignación de asistencia financiera estará estrechamente supeditada al cumplimiento por parte del Gobierno rumano de los compromisos del PNAA. Algunas actividades de preadhesión pueden ya reforzarse ahora (por ejemplo, apoyo al desarrollo institucional), pero otras actividades, como la financiación de grandes proyectos de inversión para cumplir los requisitos del acervo en ámbitos de medio ambiente y seguridad nuclear, deberán programarse a lo largo de un período de 5 a 6 años.

A partir de 1998, la asistencia de PHARE se canalizará a través de los siguientes tipos de acciones:

- Desarrollo institucional (alrededor del 30 %), que consiste en el fortalecimiento de instituciones democráticas, Estado de Derecho, administración pública y todos los organismos encargados de los servicios públicos con el fin de establecer las estructuras institucionales y administrativas necesarias y ocuparse de la formación de las personas encargadas de la aplicación del acervo. El apoyo al desarrollo institucional se realizará, entre otras cosas, mediante acciones de formación, asistencia técnica y hermanamiento de instituciones y administraciones rumanas con sus homónimas de los Estados miembros. Inicialmente, este hermanamiento se centrará en áreas prioritarias como las finanzas, la agricultura, justicia y asuntos de interior.

- Apoyo a la inversión (alrededor del 70 %), para efectuar las inversiones necesarias para adaptar la infraestructura rumana al acervo comunitario. Este apoyo se centrará en: i) acciones estructurales, que abarcan en particular la reestructuración agrícola, el desarrollo regional y la inversión en capital humano e intelectual, que podrían incluir contribuciones de PHARE a la participación en el programa marco de investigación y desarrollo tecnológico; ii) cumplimiento de la normativa comunitaria, en particular en cuanto al medio ambiente, agricultura, industria, salud y seguridad en el trabajo, transportes y telecomunicaciones; iii) cofinanciación de infraestructuras a gran escala (1) y iv) desarrollo de la pequeña y mediana empresa (2).

5.2. Papel de las instituciones financieras internacionales

A través de la Asociación para la adhesión, la cooperación entre Rumanía y las instituciones financieras internacionales (IFI) cobrará nuevo ímpetu y un nuevo objetivo. Los recursos financieros disponibles en virtud de la Asociación para la adhesión servirán como catalizadores de otros recursos mayores de financiación al desarrollo procedentes de las IFI. Este proceso será llevado a cabo por la Comisión en combinación con los países candidatos, el BEI y las IFI, en particular el BERD y el Banco Mundial, con vistas a facilitar la cofinanciación de proyectos relacionados con las prioridades de preadhesión.

Bajo un nuevo mandato de préstamos que abarca el período 1997-1999, el BEI puede dedicar 3 520 millones de ecus a Europa Central y Oriental. El nuevo mecanismo de preadhesión aprobado a principios de 1998 por los gobernadores del BEI incrementa esta suma hasta 7 000 millones de ecus. Los préstamos del BEI deberán emplearse en todos los sectores a los que se puede aplicar la financiación del BEI con el fin de facilitar el proceso de adhesión.

6. CONDICIONALIDAD

La asistencia comunitaria estará supeditada al cumplimiento por parte de Rumanía de sus compromisos en virtud del Acuerdo europeo, así como a sus progresos en el cumplimiento de los criterios de Copenhague y en la aplicación de la presente Asociación para la adhesión. En caso de que no se observaran estas condiciones generales, el Consejo podría decidir, en virtud del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 622/98 del Consejo, la suspensión de la asistencia financiera.

7. IMPLEMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PREADHESIÓN

La prestación de asistencia financiera a Rumanía dependerá de la madurez de los proyectos propuestos por el Gobierno rumano para su inclusión en un Memorándum de financiación. Cuando los proyectos tengan que ser objeto de una licitación, la Comisión financiará únicamente los que estén listos para licitar en la fase de firma del Memorándum de financiación. Por otra parte, deberán estar plenamente contratados o en vías de contratación todos los compromisos previos o actuales del mismo sector. Con el fin de asegurar una financiación eficaz de los proyectos, éstos no deben estar por debajo de los 2-3 millones de ecus, en particular cuando se trate de proyectos de infraestructura. Si estos principios conducen a una situación en la que Rumanía no puede absorber la totalidad de su dotación indicativa, ésta se reducirá oportunamente. La diferencia entre la dotación indicativa y la final se trasladará al mecanismo horizontal de las PYME o al de infraestructuras en gran escala. No se efectuará ninguna otra compensación de esta suma.

Se invita al Gobierno de Rumanía a que establezca una estructura de aplicación que asegure la coherencia y la complementariedad entre todos los tipos de asistencia financiera de la Unión Europea y los recursos nacionales. Un Coordinador nacional será el responsable de garantizar un estrecho vínculo entre el proceso general de adhesión y la programación de la asistencia financiera de la Comunidad.

En 1998, el Gobierno de Rumanía establecerá (preferiblemente en el Ministerio de Finanzas) un Fondo nacional de fomento de la inversión y desarrollo institucional, que actuará bajo la responsabilidad de un Ordenador nacional de pagos. En tanto que organismo central a través del cual se canalizará la asistencia financiera de PHARE y de otras fuentes comunitarias, el Fondo nacional se encargará de la gestión de estos fondos de manera descentralizada con el fin de incrementar la transparencia y reducir la dispersión de fondos. Tendrá responsabilidad general sobre la gestión de fondos, incluido el cumplimiento de las disposiciones del Memorándum de financiación, y deberá responder ante la Comisión por la utilización de los fondos. También garantizará y supervisará el flujo de recursos nacionales y de otras fuentes que figuren en el Memorándum de financiación. Las funciones y responsabilidades del Fondo nacional se especificarán en los correspondientes Memorandos de financiación.

En colaboración con el Gobierno de Rumanía, la Comisión adoptará una política de mayor descentralización de la aplicación de la asistencia financiera, siempre que se reúnan ciertas condiciones y en la medida en que lo permita el Reglamento financiero de las Comunidades Europeas, en particular el apartado 3 de su artículo 105. La intención es establecer, dentro de unos límites y de forma gradual, una relación entre la Comisión y Rumanía, en la que habrá un reparto de responsabilidades similar al que mantiene con los Estados miembros para aplicar los Fondos estructurales.

En este contexto, la Comisión puede estudiar la posibilidad de aplicar procedimientos nacionales de contratación pública en las licitaciones de los proyectos PHARE, si así lo solicita el Gobierno de Rumanía, en particular en el ámbito de la inversión. La Comisión decidirá sobre esta cuestión a la luz de, entre otros, el examen de la legislación rumana sobre contratación pública para establecer su compatibilidad con las disposiciones de base de la legislación homóloga de la Comunidad y su Reglamento financiero, incluida la igualdad de participación en licitaciones y las disposiciones del artículo 118. Toda decisión sobre el empleo de la normativa nacional de contratación pública será estudiada caso por caso por la Comisión y se confirmará en cada Memorándum de financiación.

El seguimiento de la ejecución de los programas será efectuado conjuntamente con la Comisión con arreglo a procedimientos establecidos en los Memorandos de financiación correspondientes. Con objeto de garantizar un seguimiento efectivo de la asistencia en el marco del programa PHARE, cada programa incorporará unos objetivos físicos y financieros cuantificados que se especificarán en el Memorándum de financiación. Para poder calibrar su eficacia, todas las operaciones financiadas con cargo al programa PHARE se someterán a una evaluación a posteriori para estudiar su impacto con respecto a sus objetivos.

8. SEGUIMIENTO

La aplicación de la Asociación para la adhesión se supervisará en el marco del Acuerdo europeo. Se iniciará en 1998, antes de que la Comisión presente al Consejo su primer informe ordinario sobre los progresos alcanzados por Rumanía y sobre la aplicación de la Asociación para la adhesión.

Los aspectos relevantes de la Asociación para la adhesión se debatirán en el seno de los correspondientes subcomités. El Comité de asociación tratará las líneas generales, los avances y los problemas surgidos para conseguir estas prioridades y objetivos intermedios, así como otras cuestiones específicas que le sean comunicadas por los subcomités. El Comité de asociación informará al Consejo de asociación acerca de la implementación de la Asociación para la adhesión.

El Comité de gestión PHARE garantizará que las decisiones de financiación se ajusten a las Asociaciones para la adhesión.

La Asociación para la adhesión podrá ser modificada en caso necesario de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) n° 622/98. La Comisión propondrá una revisión de dicha asociación antes de finalizar 1999, y posteriormente a intervalos regulares. En estas revisiones se estudiará la necesidad de especificar con mayor detalle los objetivos intermedios en función de los avances alcanzados por Rumanía en la consecución de los objetivos fijados por la presente Asociación.

(1) En cuanto a los proyectos de inversión en general, se requerirá a Rumanía que cumpla el principio de complementariedad contribuyendo al menos en un 25 % a los proyectos cofinanciados.

(2) Se contará con un mecanismo horizontal para las PYME para paliar la escasez de capital de inversión disponible para las PYME.

ANEXO

Rumanía tendrá que abordar todas las cuestiones señaladas en el Dictamen. La finalidad del presente anexo es presentar someramente, en forma de recomendaciones de acción, dichas cuestiones. Se enumeran en el orden en que aparecen en el Dictamen sin clasificarlas según su importancia o su urgencia. Los sectores de acción prioritarios para cada país candidato ya están fijados como prioridades y objetivos intermedios en la propia Asociación para la adhesión.

1. Criterios políticos

Deberá prestarse una atención permanente a garantizar el respeto de la primacía del Derecho a todos los niveles del aparato del Estado.

Habrá que seguir trabajando para erradicar la corrupción, mejorar el funcionamiento de los tribunales y proteger las libertades individuales tanto frente a la policía y los servicios secretos como en el curso de procedimientos penales.

Es necesario seguir mejorando la situación de los romaníes y continuar aplicando reformas para la protección de la infancia.

2. Criterios económicos

La consolidación de la situación económica y la aplicación de una estrategia de reforma general coherente y realista requieren un esfuerzo permanente y consecuente. Todavía hay que conseguir una transformación estructural importante de la economía, basada en una gestión sólida de la política fiscal. Es necesario acelerar la privatización y la reestructuración de las grandes empresas públicas. Debe finalizarse la liberalización de precios, especialmente en el sector energético. Habrá que acabar lo antes posible con la incertidumbre en materia de derechos de propiedad y los obstáculos a las transacciones inmobiliarias.

Se prestará especial atención a la reestructuración del sector financiero, incluida la privatización de los bancos públicos, el refuerzo del mercado financiero y el establecimiento de mecanismos reguladores eficaces. Hay que reformar el sector agrario para hacerlo más eficaz y competitivo.

3. Capacidad para asumir las obligaciones derivadas de la adhesión

3.1. Mercado interior sin fronteras

Las cuatro libertades

Marco general. Es necesario intensificar los trabajos para acelerar la aproximación de la legislación. Hay que reformar la legislación sobre contratación pública, completar la legislación en materia de protección de datos y reforzar los mecanismos de control de la propiedad intelectual e industrial.

Libre circulación de mercancías. Es necesario acelerar la adaptación del marco legislativo para que Rumanía pueda asumir los principios básicos del sistema comunitario. Habrá que aplicar una legislación marco en materia de productos industriales y crear infraestructuras independientes de normalización y evaluación de la conformidad, armonizar la legislación sectorial y establecer un mecanismo de vigilancia del mercado.

Libre circulación de capitales. Hay que conseguir un entorno normativo y administrativo más racional para la inversión directa extranjera, basado en una mejora general del marco administrativo, judicial y macroeconómico. Habrá que intensificar los esfuerzos para solucionar las deficiencias estructurales del sistema financiero.

Libre circulación de servicios. Rumanía deberá tomar medidas adicionales en materia de blanqueo de dinero, control bancario y reducción de los riesgos de las instituciones de crédito. La privatización de los bancos públicos reviste una importancia crucial para estabilizar el frágil sector bancario. Hay que reforzar la independencia y la capacidad de control del Banco Central. El mercado de valores se encuentra todavía en estado embrionario y es necesario reformar la legislación, reforzando a la vez los organismos de control del mercado. Conviene adoptar una legislación en materia de seguros que incluya los mecanismos de aplicación y supervisión relacionados.

Libre circulación de personas. En cuanto al reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, habrá que intensificar los trabajos de armonización de la legislación y crear estructuras de aplicación. Aún hay que aprobar las medidas legislativas y de ejecución necesarias en lo que respecta a la coordinación de los sistemas de seguridad social.

Competencia

Hay que conseguir una aplicación más eficaz de la legislación antimonopolios. Deberá redactarse un inventario completo de todas las ayudas estatales existentes, que será actualizado permanentemente de conformidad con la práctica comunitaria. Habrá que establecer un marco jurídico nacional en esta materia, que incluya el control y la admisibilidad de las ayudas estatales. Será necesario revisar todas las medidas de ayuda existentes, modificando o eliminando aquellas que no sean compatibles con el Acuerdo europeo. Las nuevas medidas de ayuda deberán supervisarse de manera eficaz y sistemática. Habrá que adaptar progresivamente, o eliminar, determinados derechos exclusivos y monopolios estatales que no son compatibles con el acervo comunitario.

3.2. Innovación

Educación, formación y juventud

Hay que continuar la reforma del sistema educativo. Para aumentar la competitividad y la calidad de la producción deberá prestarse especial atención a la enseñanza superior, invertir en la reforma de los planes de estudios, la formación del profesorado y su remuneración, libros de texto y equipos docentes.

Investigación y desarrollo tecnológicos

Habrá que continuar reforzando la investigación y el desarrollo dirigidos al mundo de la empresa, dedicando más fondos a las actividades del sector privado destinadas a racionalizar el sistema actual.

Telecomunicaciones

Son necesarias modificaciones sustanciales de la política y la reglamentación para cumplir lo dispuesto en las directivas comunitarias y garantizar la eficacia e independencia de la autoridad de reglamentación. Simultáneamente, el acervo comunitario exige actualmente a los Gobiernos que garanticen la disponibilidad de un servicio telefónico moderno en todo el país a precios asequibles. El cumplimiento de esta obligación exigirá una inversión notable en el sistema.

Sector audiovisual

Hay que acabar de modificar la legislación existente, especialmente en lo que se refiere a temas como el fomento de las producciones europeas independientes y determinadas normas sobre publicidad y patrocinio.

3.3. Asuntos económicos y fiscales

Unión económica y monetaria

La política macroeconómica procurará mantener la inflación y los tipos de interés en un nivel bajo y aumentar la confianza en la economía.

Fiscalidad

Es necesario un esfuerzo especial en lo que respecta al alcance de la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el sistema de devolución del IVA a los sujetos imponibles extranjeros. Habrá que solucionar las notables discrepancias entre el régimen rumano de impuestos sobre consumos específicos y las exigencias de la Unión Europea. En este ámbito se prestará especial atención a la creación de un sistema de depósitos para las mercancías que circulen con suspensión de derechos. Habrá que alinear la estructura fiscal y el nivel de los tipos de impuestos sobre consumos específicos con el modelo comunitario. Es necesario reforzar los procedimientos de control.

Estadísticas

Habrá que solucionar las deficiencias observadas en sectores como las estadísticas regionales, domésticas, agrarias y de medio ambiente, y mejorar la contabilidad nacional trimestral y financiera. Es necesario mejorar la calidad de los registros empresarial y catastral.

3.4. Políticas sectoriales

Industria

Con el fin de mejorar la competitividad, habrá que diseñar políticas que fomenten unos mercados abiertos y competitivos, capaces de asumir los instrumentos que constituyen la política industrial de la Comunidad Europea, tanto en lo que respecta al funcionamiento de los mercados (especificación de productos y acceso al mercado, política comercial, ayudas estatales y política de competencia) como a las medidas relacionadas con la capacidad de la industria para adaptarse a los cambios (entorno macroeconómico estable, tecnología, formación, etc.). Es necesaria una mayor reestructuración de determinados sectores como la alimentación, la siderurgia, otras industrias pesadas y la minería.

Agricultura

Habrá que realizar un esfuerzo considerable para adoptar el acervo comunitario en materia de productos agrarios básicos e industria agroalimentaria. Se concederá prioridad a la aplicación de las exigencias veterinarias y fitosanitarias y a la modernización de las instalaciones y las prácticas de gestión para cumplir las normas comunitarias de higiene y calidad. Habrá que reforzar las estructuras administrativas para garantizar la aplicación de los instrumentos políticos de la política agrícola común, incluidas las disposiciones en materia de comercio exterior y las medidas de desarrollo rural y diversificación relacionadas. Deberá finalizarse rápidamente la privatización del sector agrario y agroalimentario, tomando también medidas para aumentar su eficacia y capacidad competitiva.

Pesca

Habrá que reforzar la administración pesquera para garantizar la aplicación efectiva de la política pesquera común, especialmente en lo que respecta a la conservación y la gestión de recursos, la aplicación de un sistema de supervisión y control, la gestión de la organización común de mercado en los sectores de la pesca y la acuicultura, la aplicación de una política estructural en dichos sectores, el mantenimiento de un registro de la flota pesquera, la recopilación de estadísticas y la aplicación de la política pesquera común en materia de protección del medio ambiente.

Energía

Es necesario intensificar considerablemente los esfuerzos, especialmente en materia de alineación de la legislación, adaptación de los monopolios, incluidos los referentes a temas de importación y exportación, tarificación de la energía, intervención pública en el sector de los combustibles sólidos y medidas para casos de emergencia, incluida la constitución de las reservas petrolíferas obligatorias. Es necesario racionalizar y aumentar la transparencia financiera en este sector. Se prestará especial atención a la eficiencia energética y las normas en materia de medio ambiente. Habrá que aplicar adecuadamente las normas en materia de seguridad nuclear, especialmente las relativas al funcionamiento de las centrales. Se apoyará la independencia de las autoridades de seguridad y se buscarán soluciones a largo plazo para el almacenamiento de residuos. Es necesario desarrollar una política energética general.

Transporte

Habrá que tomar medidas para mejorar y ampliar las redes transeuropeas, en especial la red principal de carreteras. Hay que garantizar la legislación necesaria y la aplicación efectiva en materia de transporte por carretera (seguridad vial, pesos y dimensiones, fiscalidad), transporte marítimo (seguridad) y transporte aéreo. El transporte marítimo y el transporte por carretera plantean problemas de seguridad. Hay que reforzar las estructuras administrativas del país, especialmente los organismos de supervisión en ámbitos como la seguridad. A nivel nacional es necesario elaborar estrategias específicas para el desarrollo y la financiación de la infraestructura de transportes.

Pequeña y mediana empresa

Se tomarán medidas para mejorar y hacer más coherente la política en esta materia, simplificar la legislación y el entorno administrativo, haciéndolos más favorables a las pequeñas y medianas empresas (PYME), reforzar las estructuras de apoyo y mejorar el acceso a la financiación.

3.5. Cohesión económica y social

Empleo y asuntos sociales

Hay que adaptar la legislación a las exigencias de la Unión Europea en todos los ámbitos. Es necesario un esfuerzo importante en materia de salud y seguridad laboral, salud pública y mercado de trabajo y políticas de empleo. Habrá que reforzar la inspección de trabajo y reformar el sistema de seguridad social de conformidad con las limitaciones presupuestarias. Deberán fortalecerse las estructuras administrativas para garantizar la correcta aplicación de la legislación.

Política regional y cohesión

Se elaborará un marco general para el desarrollo regional que incluya la política, legislación e instrumentos necesarios, así como la capacidad administrativa para gestionar los fondos comunitarios y aplicar una política de desarrollo regional integrado tras la adhesión. Es necesario clarificar las respectivas funciones y responsabilidades de las autoridades existentes.

3.6. Calidad de vida y medio ambiente

Medio ambiente

Es necesario un esfuerzo importante para aproximar la legislación en materia de medio ambiente, aún muy divergente. Hay que mejorar la capacidad administrativa para considerar los temas ambientales en el contexto de una economía de mercado. Deberá prestarse especial atención a la rápida transposición de las Directivas marco en materia de atmósfera, residuos y agua y a la Directiva de prevención y control integrados de la contaminación, así como al establecimiento de estrategias de financiación para la legislación en los sectores del agua, la atmósfera y los residuos, que exigen inversiones importantes.

En general, Rumanía deberá conceder mayor prioridad a los temas medioambientales, aumentar significativamente los fondos dedicados a ellos y desarrollar sus capacidades administrativas y de financiación. Habrá que hacer un esfuerzo considerable para desarrollar estructuras adecuadas de aplicación y es necesaria una mayor sensibilización de la opinión pública en este ámbito.

Protección de los consumidores

Habrá que modificar la legislación en ámbitos como la indicación de precios, ventas fuera de los establecimientos comerciales, venta a distancia, multipropiedad, condiciones contractuales desleales y crédito al consumo. Hay que garantizar la aplicación efectiva de la legislación en materia de consumo y poner a disposición los recursos financieros necesarios a este fin. Es necesario desarrollar asociaciones de consumidores fuertes e independientes, con el apoyo de las autoridades públicas.

3.7. Justicia y asuntos de interior

Hay que mejorar la responsabilidad, en la práctica, de las autoridades de justicia y asuntos de interior y luchar contra la corrupción. Son necesarios progresos sustanciales en todos los grandes sectores, que dependen fundamentalmente de una reforma institucional y administrativa más general. En lo que respecta a la legislación, Rumanía deberá ratificar el Convenio sobre protección de datos, firmar los convenios internacionales en materia de blanqueo de dinero y ratificar los principales convenios sobre estupefacientes, cambiar aspectos esenciales de la Ley sobre estupefacientes y finalizar la nueva Ley de extranjería, que aborda temas como la inmigración ilegal, el empleo sumergido, la deportación de los inmigrantes ilegales y el refuerzo del régimen de residencia. Es necesario ratificar también otros convenios clave en materia de delincuencia internacional y mejorar la cooperación judicial con los países de la Unión Europea; Rumanía deberá adherirse al Convenio de Lugano.

Habrá que dotar a la Oficina especial para el derecho de asilo del personal necesario, con la formación adecuada. Hay que mejorar los sistemas de gestión de las fronteras y reformar la guarda de fronteras. La política de prevención de la drogadicción y reducción de la oferta de estupefacientes está aún dando sus primeros pasos y es necesario reforzarla. Todavía queda mucho por hacer para aumentar la profesionalidad da la policía. Hay que intensificar la lucha contra la delincuencia organizada en las esferas económica y financiera, incluido el tráfico de armas, materiales radioactivos, artículos falsificados y vehículos robados, el crimen organizado, el tráfico de drogas y la trata de seres humanos.

Es fundamental garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de las instituciones. Hace falta un esfuerzo considerable para continuar la reforma de la justicia y los asuntos de interior, así como del poder judicial.

3.8. Política exterior

Comercio y relaciones económicas internacionales

Rumanía deberá prepararse para aplicar, a partir de la adhesión, los distintos acuerdos preferenciales y de cooperación de la Comunidad, los compromisos comunitarios en materia de política comercial multilateral y bilateral y sus instrumentos autónomos de defensa comercial.

Desarrollo

Rumanía deberá prepararse para aplicar, a partir de la adhesión, el régimen comercial de Lomé con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y para participar, junto con los demás Estados miembros, en la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo.

Aduanas

La legislación aduanera deberá alinearse con la de la Comunidad Europea; en cuanto a la organización y las obligaciones del personal, deberán inspirarse en los de una administración aduanera moderna. Hay que realizar un esfuerzo importante para familiarizar a los servicios aduaneros con la legislación. Deberán introducirse sistemas informatizados para la plena participación en la unión aduanera y el mercado interior. Se prestará especial atención a preparar a las autoridades aduaneras para el funcionamiento de todos los procedimientos aduaneros con efectos económicos, el sistema de suspensión arancelaria y la administración de contingentes y límites arancelarios. Es necesaria una planificación estratégica que tenga en cuenta el refuerzo de los puestos fronterizos a lo largo de la frontera exterior de Rumanía con países no miembros de la Unión Europea a partir de la adhesión.

3.9. Cuestiones financieras

Habrá que establecer los mecanismos de gestión y control financiero necesarios para garantizar la aplicación satisfactoria de las políticas comunitarias. Es necesario un esfuerzo importante para reforzar las funciones de control financiero interno, mientras que el Tribunal de Cuentas de Rumanía deberá limitarse a funciones de control externo. Hay que crear un organismo central para la lucha contra el fraude. Los sistemas de contabilidad existentes, así como los sistemas aduaneros, deberán ser modificados para garantizar la administración eficaz del sistema de «recursos propios». Habrá que garantizar la fiabilidad de la contabilidad nacional con vistas a un cálculo preciso de los recursos «PNB».

4. Capacidad administrativa para aplicar el acervo comunitario

Para garantizar la aplicación eficaz del acervo comunitario es necesario reforzar sustancialmente las estructuras administrativas en prácticamente todos los sectores relevantes para la Unión Europea. Habrá que esforzarse especialmente para reforzar las autoridades encargadas de la correcta aplicación de las exigencias comunitarias en materia de mercado único y las autoridades aduaneras. La aprobación de la Ley de la función pública es una condición previa necesaria para la reforma. Habrá que desarrollar una estrategia general de reforma de la Administración pública, supervisada y controlada por las instituciones del Gobierno central encargadas de dirigir el proceso.

Hay que reforzar los organismos de reglamentación y control en sectores como la banca, los seguros, las ayudas estatales, las telecomunicaciones, la seguridad del transporte, así como las normas y la certificación, la inspección de trabajo, la fiscalidad, el control veterinario y fitosanitario, el control de los alimentos, el control financiero, el medio ambiente, la protección del consumidor, el blanqueo de dinero, el asilo y la inmigración, la gestión de las fronteras, la cooperación policial y judicial y unos sistemas eficaces de gestión y control del gasto público, con disposiciones de lucha contra el fraude.

Habrá que seguir trabajando para mejorar las cualificaciones del personal en temas relacionados con la Unión Europea y una gestión pública eficaz en general. Ello incluirá la creación de un instituto nacional para la formación de funcionarios y la elaboración de una estrategia nacional general de formación.

Hay que reforzar el sistema judicial en lo que respecta al personal, los recursos y los conocimientos prácticos pertinentes. Es necesario ampliar los conocimientos generales de los jueces, especialmente en materia de Derecho comunitario.