DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 23 de diciembre de 1992 por la que se establece que la explotación de zonas geográficas para la prospección o extracción de petróleo o gas no constituye en Francia una actividad contemplada en el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 90/531/CEE del Consejo, y que las entidades que ejerzan tal actividad no se consideran en Francia beneficiarias de derechos especiales o exclusivos contemplados en la letra b) del apartado 3 del artículo 2 de dicha Directiva (El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(93/18/CEE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Vista la Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los procedimientos de formalización de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (1) y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3 y los apartados 4 a 7 de su artículo 32,

Considerando que el artículo 3 de la Directiva 90/531/CEE permite a los Estados miembros solicitar a la Comisión que establezca que no se considera como una actividad contemplada en el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de dicha Directiva la explotación de las zonas geográficas con fines de prospección o extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibiles sólidos, y que las entidades que exploten una o varias de estas actividades no se consideran beneficiarias de los derechos especiales o exclusivos contemplados en la letra b) del apartado 3 del artículo 2, cuando se cumplan acumulativamente con respecto a las disposiciones nacionales pertinentes referentes a estas actividades una serie de condiciones concretas y cuando el Estado miembro solicitante garantice el respecto de los principios de no discriminación y de convocatoria de licitación para la adjudicación de contratos, así como la comunicación a la Comisión de las informaciones relativas a la concesión de los contratos;

Considerando que, mediante carta de 10 de abril de 1992, Francia solicitó a la Comisión que establezca que la explotación de zonas geográficas con fines de prospección o extracción de petróleo o de gas no constituye en Francia una actividad contemplada en el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 90/531/CEE y que las entidades que ejerzan tal actividad no se consideran en Francia beneficiarias de derechos especiales o exclusivos a efectos de lo previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 2 de dicha Directiva; que la mencionada solicitud no se refería a la explotación de zonas geográficas para la prospección o extracción de carbón u otros combustibles sólidos;

Considerando que en apoyo de esta solicitud se presentaba una copia de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y un alegato en el que se exponía cómo se cumplían en relación con estas disposiciones los cinco criterios expuestos en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 90/531/CEE;

Considerando que Francia ha suministrado información suplementaria tanto por lo que se refiere al respeto de las disposiciones del apartado 1, como de las disposiciones del apartado 2 del artículo 3 de la mencionada Directiva, mediante carta fechada el 20 de julio de 1992;

Considerando que, por lo que se refiere al cumplimiento de las condiciones del apartado 1 del artículo 3 de dicha Directiva, la Comisión procedió a un estudio detallado de las disposiciones vigentes en Francia (código minero resultante de la Ley de codificación no 55-720, de 26 de mayo de 1955, modificado en último lugar por el Decreto no 80-24, de 11 de marzo de 1980, relativo a los valores mineros; Decreto no 81-374, de 15 de abril de 1981, por el que se aprueba al modelo de pliego de condiciones para las concesiones de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos; Orden ministerial, de 11 de marzo de 1980, por la que se establecen las condiciones en las que se deben redactar las demandas sobre valores mineros y sus anexos), estudio que se comunicó íntegramente a las autoridades francesas mediante carta de 30 de julio de 1992, y cuyos el elementos fundamentales son los siguientes:

- las disposiciones del código minero (artículos 7 y siguientes, párrafo primero del artículo 26 y párrafo primero del artículo 54) y de sus disposiciones de aplicación cumplen las condiciones de la letra a) del apartado 1 del artículo 3 relativas a la libertad de acceso.

- El artículo 25 del código minero, el artículo 3 del Decreto no 80-204 y el artículo 2 de la Orden de 11 de marzo de 1980 se refieren a la necesidad de contar con la capacidad técnica y financiera suficiente, sin definir los elementos que integran esta capacidad y sin indicar los criterios para su justificación; por lo tanto, a la luz de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes actualmente en Francia, no se satisface la exigencia de determinación previa de las nociones técnicas y financieras que establece la letra b) del apartado 1 del artículo 3.

- Las disposiciones legales o reglamentarias vigentes actualmente en Francia no satisfacen las exigencias de determinación y publicación previa de los criterios para la valoración de los medios previstos para proceder a las actividades de prospección o extracción establecidas en la letra c) del apartado 1 del artículo 3, ya que solamente el artículo 3 del Decreto no 80-204 hace referencia a los criterios utilizados, pero de forma muy general y lacónica.

- Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en Francia no satisfacen las exigencias de determinación y comunicación previa de las condiciones de ejercicio de las actividades de prospección o extracción previstas en la letra d) del apartado 1 del artículo 3 en cuanto sólo se indican, sin definirlas, algunas condiciones para el ejercicio de estas actividades en los artículos 30-II y 51-II del código minero, y en la medida en que algunas de las condiciones establecidas no sólo se basan en una valoración discrecional por parte de las autoridades competentes sino que son contrarias a los principios del Tratado, especialmente por lo que se refiere a la posibilidad de controlar las sociedades y de imponer restricciones a la utilización de los productos.

- Ninguna de las disposiciones de alcance general estudiadas incluye obligación alguna relativa al suministro de información sobre las fuentes de abastecimiento a que se refiere la letra e) del apartado 1;

Considerando que, a raíz de las observaciones formuladas, las autoridades francesas aceptaron, mediante carta de la Representación permanente de 24 de septiembre de 1992, efectuar las adaptaciones necesarias y presentaron a la Comisión el texto de las modificaciones que se proponen introducir en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; que estas adaptaciones, que se incluyen detalladamente en el Anexo, tienen por objeto, ante todo, definir las nociones de capacidad técnica y financiera y los criterios para su justificación, así como a los criterios de selección de las solicitudes en el Decreto no 80-204; que persiguen suprimir las disposiciones incompatibles con el Tratado (artículos 30 y 51 del código minero; Decreto no 81-374 íntegramente e introducción de las disposiciones compatibles de este Decreto en otro Decreto no 80-330, de 7 de mayo de 1980, llamado Decreto de policía);

Considerando que, mediante una Comunicación publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (2), la Comisión invitó a las personas interesadas a dar a conocer su opinión sobre las disposiciones y prácticas existentes en Francia; que, a este respecto, no se ha comunicado a la Comisión la existencia de ninguna práctica discriminatoria en la tramitación de las solicitudes de autorización de prospección o extracción;

Considerando que, por lo que se refiere al respeto de las condiciones del apartado 2 del artículo 3 de la mencionada Directiva, las disposiciones de alcance general vigentes en Francia no contienen ninguna medida que pueda responder a dichas exigencias;

Considerando que las autoridades francesas en su carta de 24 de septiembre de 1992, ofrecieron la posibilidad de introducir en el texto de la ley que debe transponer la Directiva 90/531/CEE al Derecho francés un artículo en el que se haga referencia a las obligaciones de no discriminación de convocatoria de licitación, en particular en lo referente a la información ofrecida a las empresas, y de información a la Comisión, y establezca que estas obligaciones se definirán en un decreto cuyo texto ha sido comunicado para dictamen; que el texto de este proyecto de decreto contenía errores o anomalías que fueron señalados, mediante carta de 8 de octubre de 1992, a las autoridades francesas, las cuales,. a su vez, enviaron un nuevo proyecto conforme el 20 de octubre de 1992;

Considerando que las disposiciones de este proyecto de decreto introducen, en particular, las obligaciones que incumben a las entidades titulares de las autorizaciones de prospección o extracción expedidas antes del 1 de enero de 1993 por lo que respecta a la no discriminación, a la convocatoria de licitación para la adjudicación de contratos y a la información a la Comisión sobre la adjudicación de estos contratos, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 de la mencionada Directiva;

Considerando que las modificaciones que se deben introducir en el código minero y en sus disposiciones de aplicación con objeto de ajustarse a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 90/531/CEE deben someterse al proceso legislativo y que, por este motivo, no podrán ser adoptadas antes del 1 de abril de 1993, fecha de aplicación de dicha Directiva; que las autoridades francesas, a pesar de todo, se han comprometido a actuar con diligencia para garantizar que este proceso llegue a término cuanto antes;

Considerando que la Ley no 92-1282, del 11 de diciembre de 1992, transpone al Derecho francés la Directiva 90/531/CE; que el proyecto de Decreto de aplicación del artículo 3 de esta Ley y por el que se define el régimen de adjudicación de los contratos de suministro y de obras por las entidades competentes para autorizar la prospección o extracción de hidrocarburos líquidos o gaseosos fue remitido antes de su adopción al Consejo de Estado; que, en tanto llega a buen fin este procedimiento, las disposiciones de dicho Decreto han sido incorporadas a una Orden común del Ministro de Industria y Comercio Exterior y del Ministro delegado en cuestiones de energía con fecha de 15 de diciembre de 1992; que, por este motivo, y a la espera de la próxima adopción del texto definitivo, está garantizado que las disposiciones del apartado 2 del artículo 3 de la mencionada Directiva de aplicarán efectivamente a partir del 1 de enero de 1993;

Considerando que el respeto de las condiciones de no discriminación y de convocatoria de licitación para la adjudicación de contratos por las entidades que ejercen una actividad de prospección o extracción, en particular por lo que respecta a la información que ofrecen a las empresas sobre sus intenciones de adjudicación de contratos, así como de la obligación de informar a la Comisión por lo que se refiere a la adjudicación de estos contratos, previstas en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 90/531/CEE, corresponde al propio fin de dicha Directiva; que, puesto que está garantizado el respeto de estas condiciones a partir del 1 de enero de 1993 por las disposiciones de un acto jurídico vinculante, la aplicación del régimen establecido en el artículo 3 de dicha Directiva puede autorizarse con carácter temporal hasta la adopción completa de las modificaciones que se han de introducir en las disposiciones nacionales para ajustarlas al apartado 1 del artículo 3;

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del artículo 32 de la Directiva 90/531/CEE, el Comité consultivo sobre contratos públicos se reunió el 25 de noviembre de 1992 para emitir su dictamen sobre la presente Decisión,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se establece que, a partir del 1 de enero de 1993, y por un período máximo de un año, la explotación de zonas geográficas con fines de prospección o extracción de petróleo o gas no constituye en Francia una actividad contemplada en el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 90/531/CEE y que las entidades que ejerzan tal actividad no serán consideradas en Francia beneficiarias de derechos especiales o exclusivos a efectos de lo previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 2 de dicha Directiva.

Artículo 2

Hasta la adopción de cada una de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para la aplicación del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 90/531/CEE, Francia respetará los principios de no discriminación, transparencia y de convocatoria de licitación que justifican la presente autorización.

Artículo 3

La presente Decisión será revisada basándose en un examen del conjunto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en Francia y relativas a la aplicación de las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3 de la Directiva 90/531/CEE.

A tal fin, todas las disposiciones adoptadas por Francia deberán comunicarse a la Comisión en la fecha de su adopción y, a más tardar, el 1 de octubre de 1993.

Artículo 4

La presente Decisión expira el 31 de diciembre de 1993 y no podrá ser objeto de renovación.

Artículo 5

El destinatario de la presente Decisión será la República Francesa.

Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1992.

Por la Comisión

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) DO no L 297 de 29. 10. 1990, p. 1.

(2) DO no C 186 de 23. 7. 1992, p. 10.

ANEXO

Adaptaciones a los textos legales, reglamentarios o administrativos propuestas por Francia en relación con el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 90/531/CEE.

I. Letra b) del apartado 1

Al objeto de precisar los conceptos de capacidad técnica y financiera, se introducirá en el código minero un sistema inspirado en los artículos 22 y 23 de la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (1), y en los artículos 25 y 26 de la Directiva 71/305/CEE del Consejo de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (2).

Dicho sistema consistirá en:

1) Añadir el párrafo siguiente al artículo 9 del código minero:

« A efectos de la obtención de un permiso exclusivo de prospección será imprescindible disponer de la capacidad técnica y financiera necesaria para llevar a cabo los trabajos de exploración. Los criterios aplicables en la evaluación de dicha capacidad se definirán mediante decreto en Consejo de Estado. »

2) Adoptar la redacción siguiente en el párrafo primero del artículo 25 del código minero:

« A efectos de la obtención de una concesión minera, será imprescindible disponer de la capacidad técnica y financiera necesaria para llevar a cabo los trabajos de explotación. Los criterios aplicables en la evaluación de dicha capacidad se definirán mediante decreto en Consejo de Estado. »

3) Añadir los dos artículos siguientes al Decreto no 80-204, de 11 de marzo de 1980:

Artículo A: « Para justificar que posee la capacidad técnica necesaria, el solicitante facilitará a la administración:

a) las referencias, títulos y cargos profesionales de los principales miembros del personal directivo de la empresa y, en particular, de aquellos que vayan a encargarse del seguimiento y la realización de los trabajos de exploración o producción considerados;

b) la lista de los trabajos de exploración o producción en los que haya participado la empresa en los tres últimos años. A esta lista se adjuntará una breve descripción de los trabajos más importantes;

c) una descripción de los recursos técnicos que se utilizarán en la realización de los trabajos de exploración o producción considerados.

Los mencionados certificados y documentos se adjuntarán a la solicitud a que se refieren los artículos 4 o 9 anteriores.

La autoridad administrativa podrá instar al solicitante a que los complete o precise. »

Artículo B: « Para justifiar que posee la capacidad financiera necesaria, el solicitante facilitará a la administración:

a) las oportunas declaraciones bancarias;

b) los tres últimos balances y cuentas de resultados de la empresa.

Los mencionados certificados y documentos se adjuntarán a la solicitud a que se refieren los artículos 4 o 9 anteriores.

La autoridad administrativa podrá instar al solicitante a que los complete o precise.

Si, por motivos justificados, el solicitante se hallase en la imposibilidad de facilitar las referencias requeridas, podrá ser autorizado a demostrar su capacidad financiera mediante cualquier otro documento pertinente. »

II. Letra c) del apartado 1

Al objeto de precisar expresamente los diversos criterios aplicados por las autoridades francesas, se introducirán las siguientes modificaciones en el código minero:

1) Se añadirá en el artículo 9 del Código minero el siguiente párrafo:

« La autoridad administrativa evaluará los motivos y consideraciones por los cuales deba concederse preferencia a los diversos solicitantes con arreglo a los criterios fijados por decreto en Consejo de Estado. »

2) Se añadirá en el artículo 25 del código minero el siguiente párrafo:

«La autoridad administrativa evaluará los motivos y consideraciones por los cuales deba concederse preferencia a los diversos solicitantes de concesión con arreglo a los criterios fijados por decreto en Consejo de Estado. »

3) Se añadirá en el Decreto no 80-204, de 11 de marzo de 1980, el siguiente artículo:

« En aplicación de lo dispuesto en los artículos 9 y 25 del código minero, la autoridad administrativa evaluará los motivos y consideraciones por los cuales deba concederse preferencia a los diversos solicitantes de una concesión minera en función:

a) de la capacidad técnica y financiera de los solicitantes;

b) de la eficacia y responsabilidad que hayan demostrado los solicitantes con motivo de otras autorizaciones;

c) del nivel de los compromisos financieros de trabajos;

d) de la calidad técnica de los programas de trabajos presentados;

e) de la calidad de los estudios previos realizados para la definición del programa de trabajos;

f) en su caso, de la proximidad de una zona ya explorada o explotada por la entidad solicitante. »

Por otro lado, y dado que el programa de trabajo desempeña un papel importante en la aplicación de estos criterios, su contenido se definirá con la suficiente precisión para que toda entidad interesada pueda presentar una candidatura válida.

A tal fin, se añadirán los siguientes artículos en la Orden de 11 de marzo de 1980:

Artículo A: « El programa de trabajos que acompañará la solicitud de permiso de prospección comprenderá:

a) una descripción técnica de los trabajos que el solicitante se propone realizar durante el primer período de validez del permiso con vistas al reconocimiento y la explotación de la superficie considerada;

b) una descripción de los recursos técnicos que se utilizarán para la ejecución de los trabajos considerados;

c) el calendario de los trabajos durante el primer período de validez del permiso;

d) la dotación financiera mínima que el solicitante se compromete a dedicar a la realización de tales trabajos;

e) los estudios previos realizados para la definición del programa de trabajos;

f) una ficha de impacto en la que se indiquen las condiciones en las que el programa general de trabajos se atiene a los objetivos en materia de medio ambiente. »

Artículo B: « El programa de trabajos que acompañará la solicitud de concesión comprenderá:

a) una descripción técnica de los trabajos que harán posible la explotación para la cual se solicita la concesión;

b) una descripción de los recursos técnicos que se utilizarán para la ejecución de los trabajos considerados;

c) la dotación financiera que el solicitante se propone dedicar a la realización de tales trabajos;

d) la fecha prevista para el comienzo de la explotación;

e) las perspectivas de producción resultantes de la realización de los trabajos de explotación previstos;

f) los estudios previos realizados para la definición del programa de trabajos;

g) una ficha de impacto en la que se indiquen las condiciones en las que el programa general de trabajos se atiene a los objetivos en materia de medio ambiente. »

III. Letra d) del apartado 1

Al objeto de suprimir toda disposición que se preste a una aplicación discrecional, se aportarán las siguientes modificaciones al código minero:

1) Supresión de los artículos 30 y 51 del código minero para los hidrocarburos.

2) Supresión de la referencia al pliego de condiciones en el artículo 25 del código minero.

3) Derogación del Decreto no 81-374, de 15 de abril de 1981, por el que se define el pliego de condiciones tipo para los hidrocarburos.

4) Introducción en el Decreto de policía no 80-330, de 7 de mayo de 1989, de las disposiciones de los artículos 4, 5 y 6 y del párrafo primero del artículo 7 del pliego de condiciones tipo definido por el Decreto no 81-374, de 15 de abril de 1981.

(1) DO no L 13 de 15. 1. 1977, p. 1.

(2) DO no L 185 de 16. 8. 1971, p. 5.