ES Diario Oficial de la Unión Europea L 252/37

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 5 de mayo de 2010

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2008

(2010/498/UE, Euratom)

EL PARLAMENTO EUROPEO,

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008 (1),

Vistas las cuentas anuales definitivas de las Comunidades Europeas relativas al ejercicio 2008 – Volumen I [SEC(2009) 1089 – C7-0172/2009] (2),

Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2008,

Visto el informe anual de la Comisión al Parlamento Europeo relativo al seguimiento de las decisiones de aprobación de la gestión presupuestaria 2007 [COM(2009) 526] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe [SEC(2009) 1427],

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Síntesis de los logros de la Comisión en materia de gestión en 2008» [COM(2009) 256],

Visto el informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2008 [COM(2009) 419] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe [SEC(2009) 1102],

Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte correspondientes al ejercicio 2008, acompañado de las respuestas de la Agencia (3),

Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (4),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, titulada «Hacia una interpretación común del concepto de riesgo de error aceptable» [COM(2008) 866], así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicha Comunicación [SEC(2008) 3054],

Vista la Recomendación del Consejo de 16 de febrero de 2010 sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

Vistos los artículos 274, 275 y 276 del Tratado CE, los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como los artículos 179 bis y 180 ter del Tratado Euratom,

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (6), y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

Visto el Reglamento (CE) no 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (7), y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

Vista la Decisión 2007/60/CE de la Comisión, de 26 de octubre de 2006, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte en aplicación del Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (8),

Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0099/2010),

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión ejecuta el presupuesto en colaboración con los Estados miembros bajo su propia responsabilidad, respetando los principios de la buena gestión financiera,

1. Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de la Red transeuropea de Transporte en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva para el ejercicio 2008;

2. Presenta sus observaciones en la resolución que forma parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, sección III – Comisión y agencias ejecutivas;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, sección III – Comisión, y la Resolución que forma parte integrante de estas decisiones al director de la Agencia ejecutiva de la red transeuropea de transporte, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

El Presidente Jerzy BUZEK El Secretario General Klaus WELLE

(1) DO L 71 de 14.3.2008.

(2) DO C 273 de 13.11.2009, p. 1.

(3) DO C 304 de 15.12.2009, p. 71.

(4) DO C 273 de 13.11.2009, p. 122.

(5) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

(6) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.

(7) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.

(8) DO L 32 de 6.2.2007, p. 88.

ES Diario Oficial de la Unión Europea L 252/39

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 5 de mayo de 2010

que contiene las observaciones que forman parte integrante de sus decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, sección III — Comisión y agencias ejecutivas

EL PARLAMENTO EUROPEO,

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008 (1),

Vistas las cuentas anuales definitivas de las Comunidades Europeas relativas al ejercicio 2008 – Volumen I [SEC(2009) 1089 – C7-0172/2009] (2),

Visto el informe anual de la Comisión al Parlamento Europeo relativo al seguimiento de las decisiones de aprobación de la gestión de la ejecución presupuestaria 2007 [COM(2009) 526] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe [SEC(2009) 1427],

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Síntesis de los logros de la Comisión en materia de gestión en 2008» [COM(2009) 256],

Visto el informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2008 [COM(2009) 419] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe [SEC(2009) 1102],

Visto el informe de la Comisión «Respuestas de los Estados miembros al Informe Anual 2007 del Tribunal de Cuentas» [SEC(2010) 178 y SEC(2010) 196],

Visto el Libro Verde sobre la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia aprobado por la Comisión el 3 de mayo de 2006 [COM(2006) 194],

Visto el Dictamen no 2/2004 del Tribunal de Cuentas sobre el modelo de «auditoría única» (y una propuesta de marco de control interno comunitario) (3),

Vista la Comunicación de la Comisión sobre un programa operativo para la realización de un marco de control interno integrado [COM(2005) 252],

Vistos el plan de acción de la Comisión para un marco de control interno integrado [COM(2006) 9], el informe sobre el plan de acción de la Comisión para un marco de control interno integrado [COM(2008) 110] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto a dicho informe [SEC(2008) 259],

Visto el informe de impacto sobre el plan de acción de la Comisión para un marco de control interno integrado [COM(2009) 43],

Visto el Dictamen no 6/2007 del Tribunal de Cuentas sobre los resúmenes anuales de los Estados miembros, las «declaraciones nacionales» de los Estados miembros y los trabajos de auditoría de los fondos comunitarios por las instituciones nacionales de control (4),

Visto el plan de acción de la Comisión para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales [COM(2008) 97] y el informe provisional sobre el seguimiento a dicho plan de acción [SEC(2009) 1463],

Vistos el informe de la Comisión sobre los avances de Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación [COM(2009) 402] y el documento de apoyo adjunto a dicho informe [SEC(2009) 1074],

Vistos el informe de la Comisión sobre los progresos realizados por Rumanía en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación [COM(2009) 401] y el documento de apoyo adjunto a dicho informe [SEC(2009) 1073],

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2008, acompañado de las respuestas de las instituciones (5), así como los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (6),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, titulada «Hacia una interpretación común del concepto de riesgo de error aceptable» [COM(2008) 866], así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicha Comunicación [SEC(2008) 3054],

Vista la Recomendación del Consejo de 16 de febrero de 2010 sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2008 (5826/2010 — C7-0054/2010),

Vista la Recomendación del Consejo de 16 de febrero de 2010 sobre de las agencias ejecutivas respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

Vistos los artículos 274, 275 y 276 del Tratado CE, los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como los artículos 179 bis y 180 ter del Tratado Euratom,

Vistas las normas de auditoría internacionales y las normas contables internacionales, en particular las aplicables al sector público,

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (7), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (8), y, en particular, su artículo 14, apartados 2 y 3,

Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0099/2010),

A. Considerando que el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la responsabilidad de la ejecución del presupuesto de la UE corresponde a la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, que deben colaborar con la Comisión a fin de garantizar que se utilicen los créditos de conformidad con el principio de buena gestión financiera;

B. Considerando que el artículo 287, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea requiere del Tribunal de Cuentas Europeo que presente al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la regularidad y la legalidad de las operaciones correspondientes, la cual podrá completarse con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de la actividad de la Unión;

C. Considerando que la realización de las principales políticas comunitarias se caracteriza por la «gestión compartida» del presupuesto comunitario por parte de la Comisión y los Estados miembros, de acuerdo con la cual los Estados miembros administran el 80 % del gasto comunitario;

D. Considerando que la mejora de la gestión financiera de la Unión debe estar respaldada por una estricta supervisión de los avances de la Comisión y los Estados miembros, y que los Estados miembros deben asumir responsabilidades en la gestión de los fondos de la UE, asegurando que se realice un marco integrado de control interno de la UE con vistas a conseguir una declaración de fiabilidad (DAS) positiva;

E. Considerando que, en sus cinco últimas resoluciones anuales sobre la aprobación de la gestión, el Parlamento señaló la urgente necesidad de establecer declaraciones nacionales en el nivel político adecuado sobre todos los fondos de la UE sometidos a gestión compartida, con el fin de que cada Estado miembro asuma la responsabilidad de la gestión de los fondos comunitarios recibidos;

F. Considerando que la aplicación del punto 44 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (AII) (9) y del artículo 53 ter, punto 3, del Reglamento financiero sobre los resúmenes de las auditorías anuales y declaraciones disponibles deben significar una aportación sustancial para la mejora de la gestión del presupuesto de la UE;

G. Considerando que el Tribunal de Cuentas, en su Dictamen no 6/2007 anteriormente mencionado, también subraya que las declaraciones nacionales pueden considerarse un nuevo elemento de control interno de los fondos de la UE, y que podrían impulsar un mejor control de estos fondos en los ámbitos de gestión compartida;

H. Considerando que el trabajo de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, en general, y el procedimiento de aprobación de la gestión, en particular, forman parte del proceso por el que se trata de establecer la plena rendición de cuentas por parte de la Comisión en su conjunto y de cada uno de los miembros de la Comisión, así como de todos los demás agentes pertinentes, entre los cuales los Estados miembros son la parte más importante, en la gestión financiera de la UE, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; que de esta manera se crearía una base más sólida para la toma de decisiones;

I. Considerando que la Comisión de Presupuestos del Parlamento debe tener debidamente en cuenta los resultados de la aprobación de la gestión 2008 y las correspondientes recomendaciones durante el próximo procedimiento presupuestario;

J. Considerando que la Recomendación del Consejo sobre la aprobación de la gestión, para servir a un fin constructivo, debe tener por objeto reforzar los esfuerzos de reforma y la responsabilidad de los Estados miembros para resolver los problemas identificados por el Tribunal y garantizar una mejor gestión financiera en la Unión Europea;

K. Considerando que el calendario actual de la aprobación de la gestión resulta demasiado largo, habida cuenta de la necesidad de introducir, lo antes posible, las medidas correctoras y las reformas que ha solicitado el Parlamento en aplicación de su poder de control; considerando asimismo que las cuentas anuales deben establecerse antes del final del primer trimestre del año siguiente al del ejercicio controlado, a fin de que el Tribunal de Cuentas pueda emitir su informe antes del final del segundo trimestre del año siguiente al del ejercicio controlado;

L. Considerando que el artículo 83 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes (10), establece que las pensiones se pagarán con cargo al presupuesto y que los Estados miembros garantizarán colectivamente el pago de estas prestaciones según la escala de reparto establecida para la financiación de estos gastos; considerando que los funcionarios y otros agentes reservan al presupuesto general una cuota de sus salarios como contribución a la financiación del régimen de pensiones;

M. Considerando que el artículo 83 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 establece que los Estados miembros garantizarán colectivamente el fondo de pensiones, lo que significa que esta garantía puede adquirir efecto en caso de impago de uno o varios Estados miembros, pero no implica que la Unión tenga derechos frente a los Estados miembros que asumieron tal compromiso,

CUESTIONES HORIZONTALES

Preocupaciones principales y objetivos que deben alcanzarse

1. Mantiene su preocupación, al inicio del nuevo mandato de la Comisión, por los problemas acumulados que se han heredado de la anterior Comisión, en particular: — la elevada tasa de error en los pagos que se sigue registrando, — la lentitud en la recuperación de pagos indebidos, y — los importes prorrogados a niveles elevados sin precedentes;

2. Celebra las primeras muestras de la aplicación de un enfoque colegial por parte de la nueva Comisión, demostrado con el compromiso de los Comisarios László Andor, Johannes Hahn y Algirdas Šemeta en los debates con la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, y espera una declaración firme por parte de los comisarios Janusz Lewandowski y Algirdas Šemeta en la que se prometan medidas en los ámbitos de: las declaraciones de fiabilidad de los Estados miembros, las propuestas para un riesgo de error aceptable, la simplificación y la transparencia, y los fondos fiduciarios que cubren las acciones exteriores, y considera que esto debe abarcar nuevas actuaciones en el campo de las correcciones y recuperaciones y de los sistemas de control interno;

3. Considera que los errores en los gastos dificultan la eficacia a la hora de alcanzar los objetivos políticos de la UE, y reitera que los grupos de políticas con una tasa de error de menos del 2 % siguen representando únicamente el 47 % del presupuesto de la UE, lo cual supone un incremento de solo un 9 % entre 2005 y 2008; estima que el nivel de mejora anual es aún insuficiente y destaca que, a pesar de los progresos en algunos ámbitos, se mantiene una tasa de error superior al 5 % en los grupos de políticas que representan el 31 % del presupuesto, y entre el 2 % y el 5 % la de los que representan otro 22 %;

4. Insta a la Comisión a elaborar y presentar al Parlamento una nueva Agenda para el período a partir de 2010, que permita acelerar la reducción de las tasas de error para garantizar que un 20 % más del presupuesto pueda pertenecer a la categoría «verde» del Tribunal de Cuentas para 2014, con los cambios provisionales que solicitaba dicho Tribunal para un nuevo método que muestre las tasas de error específicas en el capítulo presupuestario relativo a la cohesión y que diferencie entre pagos realizados con arreglo a la legislación de 2000-2006 y a la de 2007-2013; considera que alcanzar esta meta es fundamental para aprovechar al máximo el gasto de la UE en el futuro y avanzar hacia una DAS positiva;

5. Insta al presidente de la Comisión a que le informe de cómo va a actuar la Comisión de forma más coordinada para abordar las carencias que aún sufren los sistemas financieros y reducir de manera destacable las tasas de error tal y como se ha indicado anteriormente;

Fiabilidad de las cuentas y legalidad de las operaciones correspondientes

6. Toma nota con satisfacción del dictamen positivo del Tribunal sobre la fiabilidad de las cuentas anuales definitivas y de su declaración de que las cuentas reflejan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de las Comunidades y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería a 31 de diciembre de 2008;

7. Considera anómalo que las cuentas anuales se presenten con unos recursos propios negativos de 51 400 millones EUR y se pregunta si los importes que se han de recuperar de los Estados miembros no deberían figurar en el activo, dado que se trata de un compromiso cierto referente a las pensiones adeudadas al personal, cuyo importe se cifra en 37 000 millones EUR; toma nota de las aclaraciones del contable de la Comisión, según las cuales se recurre a las normas contables internacionales aplicables al sector público; propone que se estudie la creación de un fondo de pensiones comunitario para externalizar compromisos financieros de este tipo con respecto al personal;

8. Expresa, sin embargo, su preocupación por las observaciones del Tribunal en relación con carencias identificadas en algunos organismos y algunas Direcciones Generales de la Comisión en cuanto a importes registrados en el sistema contable, como las declaraciones de facturas o declaraciones de costes y la prefinanciación, que comprometen la calidad de la información financiera;

9. Se felicita por el hecho de que el Tribunal opine sin reservas, en relación con ingresos, compromisos en todos los grupos de políticas y los pagos subyacentes a las cuentas en los grupos de políticas «Educación y ciudadanía» y «Gastos administrativos y otros gastos», que son, en todos los aspectos de fondo, legales y regulares;

10. Pide al Tribunal de Cuentas que, en la próxima aprobación de la gestión, emita la declaración relativa a la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, prevista en el artículo 287, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal y como ya lo hace con respecto a la fiabilidad de las cuentas;

11. Celebra los esfuerzos de la Comisión por fomentar y aplicar procedimientos mejorados de control y gestión que conduzcan a una mejora respecto a los ejercicios anteriores, con una reducción en los niveles de error detectados por el Tribunal en las operaciones subyacentes en algunos ámbitos del gasto (los ámbitos políticos «Agricultura y recursos naturales», «Investigación, energía y transporte» y «Educación y ciudadanía»);

12. Lamenta que la DAS incluya todavía reservas en ámbitos comunitarios con gastos extremadamente importantes del presupuesto del ejercicio 2008 (Desarrollo rural, Medidas estructurales, Investigación, energía y transporte, Acciones exteriores en lo que se refiere a los organismos de ejecución y Ampliación), en los que los pagos aún se ven afectados por errores materiales de importancia;

13. Reconoce que, en su Comunicación sobre el impacto del plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales, la Comisión señala que los pasos indicados en el documento se han completado; observa que los resultados preliminares muestran una tasa de error en el gasto próxima al 5 % para el período 2007-2013; aguarda, sin embargo, los mayores beneficios para la política de cohesión, en la que persisten grandes problemas pese a los avances de la Comisión hacia una utilización más eficiente de los fondos de la UE y del entorno general de control;

14. Considera asimismo, que, en lo relativo a investigación, energía y transporte y ayuda exterior, desarrollo y ampliación, el plan de acción de la Comisión para un marco de control interno integrado ya debería generar beneficios, y que la Comisión debería poder presentar una serie de indicadores y descriptores para calibrar los efectos de dicho plan de acción;

15. Toma nota, sin embargo, de la observación del Tribunal en el sentido de que todavía no es posible determinar si el plan de acción tiene un impacto medible en los sistemas de control y supervisión y, en último término, en la regularidad de las operaciones (apartado 2.28 del Informe Anual), e insta a la Comisión a tomar las medidas adecuadas para garantizar que, en la aprobación de la gestión de 2009, se cuente con los indicadores necesarios para calibrar el impacto del plan de acción;

16. Pide a la Comisión que presente propuestas para acortar los plazos relativos al proceso de aprobación de la gestión, de modo que la votación en el Pleno pueda tener lugar en el transcurso del año siguiente al del ejercicio controlado;

Información y contexto de la DAS

17. Acoge favorablemente el trabajo del Tribunal para seguir mejorando la claridad del enfoque de la DAS en lo que se refiere a los factores que contribuyen a sistemas de control más eficaces y eficientes en todos los sectores de año en año, y a la calidad de partes específicas del informe del Tribunal, como las relativas a las medidas estructurales; pide al Tribunal que continúe informando regularmente al Parlamento;

18. Considera que la evaluación del Tribunal, elaborada anualmente desde el Tratado de Maastricht, sobre cómo gestiona la Comisión los fondos de la UE ha demostrado ser un instrumento útil para mejorar la gestión de dichos fondos, y reconoce que la Comisión ha realizado grandes esfuerzos para mejorar la gestión; no obstante, pide a los Estados miembros que muestren un mayor compromiso para mejorar la forma de invertir los fondos;

19. Destaca las mejoras alcanzadas desde la entrada en vigor del Tratado de Niza, en la medida en que la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes presentada por el Tribunal de Cuentas puede verse completada por observaciones específicas sobre cada ámbito principal de actividad de la Unión (artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea);

20. Considera, sin embargo, que una única evaluación global de periodicidad anual no refleja la estructura compleja de las finanzas de las Comunidades Europeas y, además, considera que presentar una evaluación anual negativa durante 15 años consecutivos puede tener repercusiones negativas en los ciudadanos, que no comprenden por qué el Tribunal emite siempre un dictamen negativo;

Revisión de los Tratados: reforma de la DAS

21. Toma nota de que, de conformidad con el artículo 48, apartado 2, del Tratado de la UE, en la versión modificada por el Tratado de Lisboa, el Parlamento dispone de un papel más importante en el proceso de revisión de los Tratados que le garantiza el derecho de iniciativa para presentar al Consejo propuestas de revisión de los Tratados, por ejemplo, de la declaración de fiabilidad;

22. Pide una reflexión sobre la viabilidad de elaborar, en un futuro, declaraciones de fiabilidad individuales, que se presentarían tanto por sector o ámbito político como por programa plurianual, con el fin de encontrar una mejor correspondencia entre la metodología del Tribunal y el carácter plurianual y sectorial de las finanzas de las Comunidades Europeas;

23. Observa que la Comisión ha indicado con insistencia que, a causa de la «naturaleza plurianual» del gasto afectado, la mayoría de los errores pueden detectarse y corregirse antes del cierre de los programas pertinentes; observa también que el Tribunal considera que actualmente no se dispone de suficiente información que respalde esa alegación;

Gestión presupuestaria

24. Manifiesta su preocupación por el hecho de que los compromisos presupuestarios pendientes (compromisos no utilizados y transferidos para su utilización en ejercicios futuros), sobre todo en programas plurianuales, aumentaran en 2008 en 16 400 millones EUR (11,8 %) hasta alcanzar los 155 000 millones EUR (apartado 3.9 del Informe Anual 2008), si bien reconoce que ello se debe en determinados casos a retrasos en la fase de lanzamiento de los nuevos programas mientras que en otros refleja un proceso de planificación presupuestaria inadecuado; señala su inquietud por el hecho de que los fondos que quedan sin utilizar cada año representen oportunidades perdidas en cuanto a la aplicación de las políticas y los programas de la UE;

25. Toma nota, sin embargo, de que pese a que los compromisos presupuestarios pendientes para los gastos disociados permanecen en un nivel muy elevado que sobrepasa el total de los créditos presupuestarios de compromiso para 2008, el Tribunal también señala que la mayor parte de los compromisos presupuestarios pendientes corresponden a 2007 y 2008, y, por lo tanto, al actual marco financiero (apartado 3.15 del Informe Anual de 2008);

26. Celebra que la liberación automática pueda evitar problemas en el período de financiación actual, pero manifiesta su preocupación por el hecho de que la mayor proporción de los compromisos presupuestarios pendientes («RAL») corresponde al ámbito de cohesión vinculado con la ausencia de procesos de liberación para el período 2000-2006;

27. Pide a los Estados miembros que remitan los demás documentos de evaluación de conformidad de los sistemas de gestión y control lo antes posible y con la calidad suficiente para evitar ulteriores retrasos en los pagos intermedios y un nuevo aumento de los compromisos presupuestarios pendientes;

28. Pide a la Comisión que facilite al Parlamento un estudio del apoyo presupuestario concedido por país y por fondo para el período 2005-2009;

Recuperaciones

29. Observa algunas mejoras en las recuperaciones aunque manifiesta su preocupación por el hecho de que persistan problemas en relación con los fondos comunitarios indebidamente pagados y la mala calidad de los datos facilitados sobre los mecanismos de corrección aplicados en los Estados miembros; hace hincapié en la necesidad acuciante de lograr un índice de recuperación del 100 % en cuanto a los fondos emitidos de forma errónea;

30. Celebra la información facilitada por la Comisión acerca de correcciones financieras, por Estado miembro, hasta septiembre de 2009, pero manifiesta su inquietud por el hecho de que el carácter anual del informe del Tribunal implique un desajuste con los datos acumulados facilitados por la Comisión, con lo que se imposibilitaría una evaluación del rendimiento para el ejercicio 2008;

31. Pide a la Comisión que proceda a mejorar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de recuperación plurianuales, incluso a nivel de los Estados miembros, y a una consolidación de los datos relativos a las recuperaciones y las correcciones financieras, para proporcionar cifras fiables y comparables entre los diferentes ámbitos políticos y los procedimientos de gestión de fondos; pide a la Comisión que informe al Parlamento en las notas que acompañan a las cuentas anuales con el fin de obtener así una visión general;

32. Pide a la Comisión que presente cifras completas y fiables de las correcciones financieras y, en concreto, de las recuperaciones, especificando el Estado miembro afectado, la línea presupuestaria exacta y el año al que se refieren las recuperaciones individuales [tal como ya se especificó en el informe de aprobación de la gestión del ejercicio 2006 (11)], dado que cualquier otro tipo de presentación imposibilita un control riguroso;

33. Reitera su solicitud de que la Comisión elabore una clasificación anual de los Estados miembros, desglosada por fondo, que especifique la tasa de error establecida —con los impactos de los mecanismos correctores y sin ellos— y que la remita al Parlamento de manera activa, transparente y de fácil acceso;

34. Invita al Tribunal de Cuentas a comentar tal lista a partir de sus propias conclusiones;

Suspensión de pagos

35. Señala asimismo la importancia de las decisiones y medidas correctoras finales adoptadas con objeto de excluir de la financiación de la UE gastos que no se han efectuado conforme a la normativa UE, y reitera su petición de que se especifique la línea presupuestaria exacta y el ejercicio al que se refieren las recuperaciones individuales;

36. Apoya totalmente a la Comisión en la aplicación rigurosa de la legislación en materia de suspensión de pagos y se felicita de las acciones ya iniciadas para no transferir fondos si la Comisión no tiene una garantía absoluta de la fiabilidad de los sistemas de gestión y de control del Estado miembro beneficiario de esos fondos;

37. Señala el ejemplo de Grecia, donde importantes correcciones financieras impuestas gracias a una decisión de la Comisión parecen haber tenido como resultado un mejor rendimiento en algunos ámbitos; pide a la Comisión que identifique dichos ámbitos y recuerda que, con respecto al sistema integrado de gestión y control, no se han facilitado pruebas de que el plan de acción que elaboraron y aplicaron las autoridades griegas resultara eficaz (apartado 2.5 del Informe Anual);

38. Considera que, en el caso de reservas recurrentes respecto de programas de gastos en un Estado miembro concreto, la suspensión de pagos como medida de presión contribuirá a una mayor implicación de los Estados miembros en el correcto uso de los fondos recibidos de la UE;

39. Pide a la Comisión que simplifique las normas y aplique la legislación existente en materia de suspensión de pagos cuando sea necesario, y que informe puntualmente de dichas suspensiones de pagos y de sus resultados al Consejo, al Parlamento y al Tribunal de Cuentas;

Resúmenes anuales

40. Considera que los resúmenes anuales que los Estados miembros deben elaborar de las auditorías y declaraciones disponibles, en aplicación del AII y del artículo 53 ter, apartado 3, del Reglamento financiero, deberían constituir un primer paso hacia el establecimiento de las declaraciones de gestión nacionales en todos los Estados miembros;

41. Se felicita de la declaración de la Conferencia Interparlamentaria sobre «Mejorar la rendición de cuentas de los Estados miembros sobre los fondos de la UE» celebrada en La Haya los días 28 y 29 de enero de 2010, en la que se recomienda la aplicación o el refuerzo de instrumentos de política nacional para contribuir a la mejora del control y la gestión del gasto de la UE en los Estados miembros, y se indica que los instrumentos empleados para la gestión y la rendición de cuentas sobre los fondos de la UE, como los informes anuales, deberían contener elementos de un marco común de la UE con el objetivo de comparar e identificar las «mejores prácticas», además de suponer un paso adelante hacia las declaraciones de gestión nacionales;

42. Hace hincapié en la necesidad de reforzar la función de los resúmenes anuales en la futura revisión del Reglamento financiero, además de la necesidad de mejorar la calidad, la homogeneidad y la comparabilidad de los datos que proporcionan los Estados miembros con el fin de garantizar su valor añadido en el ámbito del control de los fondos de la UE;

43. Celebra la información que la Comisión ha facilitado al Parlamento acerca de los resúmenes anuales recibidos en 2009 y pide a la Comisión que haga públicos todos los resúmenes anuales de todos los Estados miembros para mejorar la transparencia y la rendición pública de cuentas; pide a la Comisión que, basándose en los resúmenes anuales recibidos, analice los puntos fuertes y débiles de los sistemas nacionales de cada Estado miembro en materia de administración y de control de los fondos de la UE;

44. Considera de suma importancia que la Comisión informe sobre la calidad de estos resúmenes anuales y añada valor al proceso mediante la identificación de problemas comunes, posibles soluciones o mejores prácticas, y que utilice esta información en el marco de su función supervisora;

45. Considera que este análisis comparativo debería remitirse al Parlamento, al Consejo y al Tribunal a finales de 2010 y debería hacerse público poco después;

46. Pide a la Comisión que garantice que la nota de orientación general referente a los resúmenes anuales exija una metodología y un ámbito de análisis uniformes para todos los Estados miembros; toma nota de la intención de la Comisión de revisar su nota de orientación con miras a simplificar los requisitos de presentación de informes y ofrecer más orientaciones sobre buenas prácticas; pide a la Comisión que aproveche esta oportunidad para incluir en la nota de orientación un marco para las declaraciones de gestión nacionales para aquellos Estados miembros que decidan establecerlas y desarrollar este enfoque basado en incentivos;

Declaraciones de gestión nacionales

47. Acoge favorablemente la iniciativa de Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido de elaborar declaraciones de gestión nacionales; subraya, no obstante, las grandes diferencias entre las cuatro iniciativas nacionales; acoge muy favorablemente la carta de los Gobiernos neerlandés y sueco en la que se pide a la Comisión que publique recomendaciones sobre la definición de los aspectos clave de las declaraciones nacionales, que también podrían ser una valiosa fuente de información para otros Estados miembros; lamenta que, a pesar de estas iniciativas, la mayor parte de los demás Estados miembros no las han establecido todavía;

48. Recuerda su solicitud de que se introduzcan declaraciones de gestión nacionales [punto 32 de su Resolución de 23 de abril de 2009 (12) que acompaña a la Decisión sobre la aprobación de la gestión para 2007];

49. Señala el artículo 317, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 274 del Tratado CE), que establece ahora que la Comisión «ejecutará el presupuesto en colaboración con los Estados miembros» y sigue convencido de que se conseguirán avances si se establecen declaraciones de gestión nacionales que cubran todos los fondos de la UE sometidos a gestión compartida, tal como ha solicitado el Parlamento en sus últimas cinco resoluciones anuales sobre la aprobación de la gestión;

50. Señala el artículo 317, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que impone unas determinadas obligaciones de control y auditoría a los Estados miembros, así como las responsabilidades que de ello se derivan, aún por definir; solicita a la Comisión que utilice la nueva redacción del artículo 317 para introducir lo antes posible declaraciones de gestión nacionales obligatorias; asimismo hace referencia al artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dota a la Comisión de nuevos instrumentos para alcanzar una ejecución igual y uniforme de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión;

51. Pide a la Comisión que proponga, en el marco de la revisión del Reglamento financiero, la obligación de que los Estados miembros presenten declaraciones de gestión nacionales firmadas al nivel político adecuado y certificadas por su organismo nacional superior de auditoría con miras a aligerar la administración y mejorar la gestión de los fondos en régimen de gestión compartida;

52. Pide, de conformidad con el artículo 287, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que, en el control de la gestión compartida, se refuerce la cooperación entre las instituciones nacionales de auditoría y el Tribunal;

53. Propone que los organismos nacionales de auditoría, en su calidad de auditores externos independientes y de conformidad con las normas internacionales de auditoría, extiendan certificaciones nacionales de auditoría sobre la gestión de los fondos de la UE; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de modificar y adaptar el calendario de aprobación de la gestión para que los auditores (nacionales) externos puedan realizar auditorías de las declaraciones de gestión nacionales a su debido tiempo;

54. Se declara especialmente preocupado por la manipulación demostrada de las estadísticas financieras y de la evasión fiscal en Grecia; señala la corrupción generalizada del sector público en toda la administración, incluida la contratación pública, algo que ha admitido el Primer Ministro de Grecia; señala el efecto significativo, en cuanto a los costes, que esto tiene en el presupuesto griego; pide a la Comisión que investigue de forma prioritaria las circunstancias en las que la Comisión recibió y, de hecho, aceptó datos macroeconómicos erróneos durante un período tan prolongado;

El sistema de control interno de la Comisión

Plan de acción para un marco de control interno integrado

55. Expresa su preocupación por las reiteradas críticas del Tribunal sobre la insuficiente calidad de los controles en los Estados miembros y considera perjudicial para la imagen de la UE que determinados Estados miembros consigan aplicar normas de control distintas;

56. Mantiene su inquietud por el hecho de que, a pesar de las mejoras progresivas en las declaraciones de fiabilidad desde 2003 (el 56 % del gasto recibió un dictamen de auditoría favorable del Tribunal en 2008, frente al 6 % en 2003), el Tribunal valora que todavía no es posible determinar si el plan de acción tiene un impacto medible en los sistemas de control y supervisión, y que la Comisión no puede demostrar que sus acciones destinadas a mejorar los sistemas de control y supervisión hayan sido eficaces para atenuar el riesgo de error en algunos ámbitos del presupuesto (apartados 2.28 y 2.33 del Informe Anual de 2008);

57. Pide a la Comisión que siga presentando regularmente informes de evaluación del sistema de control interno integrado, y que los informes anuales de actividad y el informe de síntesis cubran aún mejor y de forma más explícita el funcionamiento de los sistemas de gestión compartida de los servicios de la Comisión y los Estados miembros, como ya es el caso de los informes anuales de actividad de la DG de Política Regional de la Comisión;

Análisis del actual equilibrio entre el gasto operativo y el coste del sistema de control de los fondos de la UE

58. Señala, en este contexto, la importancia de la acción 10 del Plan de acción anteriormente mencionado, cuyo objetivo es lograr un «análisis del coste de los controles», ya que es necesario alcanzar un equilibrio adecuado entre los costes y los beneficios de los controles;

59. Pide a la Comisión que lleve a cabo en 2010 un análisis más profundo y exhaustivo del coste de los recursos dedicados a los sistemas de control en los ámbitos de investigación, energía, transporte, desarrollo rural, ayuda exterior y gastos administrativos, como el Parlamento había solicitado en sus resoluciones anteriores adjuntas a las decisiones sobre la aprobación de la gestión;

60. Considera que ello constituirá un instrumento clave para valorar las nuevas mejoras que pueden conseguirse y el coste que supondrán, tal como recomienda el Tribunal en su Informe Anual de 2008 [apartado 2.35, letra a)] y para progresar en la cuestión del riesgo de error aceptable;

Riesgo de error aceptable

61. Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, titulada «Hacia una interpretación común del concepto de riesgo de error aceptable» como una base metodológica sólida para el análisis económico de los niveles de riesgo admisibles; recuerda sus dudas con respecto a las cifras aportadas por los Estados miembros sobre los gastos de control y pide a la Comisión que actualice y complete las cifras utilizadas en la Comunicación; invita a la Comisión a abordar las deficiencias y puntos débiles identificados por el Tribunal de Cuentas y subraya lo siguiente: — la definición de un posible riesgo de error aceptable es solo uno de los diversos elementos que deben explorarse con vistas a mejorar la gestión financiera en la Unión Europea; otros elementos son: 1) un mejor uso de los sistemas de control existentes; 2) un incremento de los gastos de control, que generalmente son muy reducidos; 3) la simplificación, y 4) la concentración, — la actual calidad de la información procedente de los Estados miembros no es suficiente como base para la determinación y la aprobación de un riesgo de error aceptable, — se desconoce la postura del Consejo al respecto;

62. Pide a la Comisión que proporcione un análisis detallado de las deficiencias y puntos débiles identificados por el Tribunal de Cuentas Europeo (13), sobre todo con respecto a la calidad de los datos procedentes de los Estados miembros;

63. Recuerda la acción 4 del plan de acción antes mencionado, que, en línea con las recomendaciones del Parlamento, propone el inicio de «un diálogo interinstitucional sobre los riesgos admisibles en las operaciones subyacentes»; constata, sin embargo, que la ejecución de esta acción apenas se ha iniciado;

64. Considera por ello que la Comisión, cumpliendo con los principios de proporcionalidad y rentabilidad (value for money) de los sistemas de control, debe evaluar la relación existente entre, por un lado, los recursos de que dispone para cada política determinada, y, por otro, la parte de tales recursos que emplea en los sistemas de control desglosado por sector de gasto;

65. Solicita a la Comisión que identifique aquellos ámbitos con un elevado grado de sensibilidad desde el punto de vista político (un «riesgo para la reputación» elevado) en los que debería adoptarse un enfoque de calidad frente a los porcentajes de error (en vez de un enfoque económico);

66. Considera que el volumen de los importes de los fondos de la UE en peligro debido a errores también debería tenerse en cuenta a la hora de determinar una tasa de error aceptable;

67. Considera además que la relación coste/beneficio existente entre los recursos empleados en actividades de control y los resultados obtenidos mediante dichos controles debe ser un elemento fundamental que el Tribunal ha de considerar al emitir la DAS;

68. Lamenta que la Comisión se esfuerce más en convencer al Parlamento de la necesidad de introducir un «riesgo de error aceptable» que en persuadir a los Estados miembros de la necesidad de declaraciones nacionales de gestión nacionales obligatorias;

Simplificación

69. Insiste en que los sistemas de control son un reflejo de la complejidad de los reglamentos y normas existentes en diferentes niveles que a veces se solapan; insta a la Comisión, por lo tanto, a que acelere el ejercicio de simplificación y a que implique plenamente al Parlamento; pide además a los Estados miembros y a las regiones que realicen los esfuerzos correspondientes con la misma finalidad;

Reflexión interinstitucional sobre el actual sistema de aprobación de la gestión

70. Pide a la Comisión que organice un debate interinstitucional en cuya fase inicial participen representantes al más alto nivel del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Cuentas y del Parlamento Europeo, y cuya segunda fase implique a los representantes de los Estados miembros, de los Parlamentos nacionales y las instituciones superiores de auditoría, con miras a iniciar una reflexión global sobre el actual sistema de aprobación de la gestión;

71. Propone dotar a la Comisión, en el siguiente procedimiento presupuestario, de los recursos financieros necesarios para organizar dicho debate;

Responsabilidad política y responsabilidad administrativa en la Comisión

Informes anuales de actividades

72. Lamenta que, en su Informe Anual de 2008, el Tribunal subrayara una vez más que algunos de los informes anuales de actividades sigan sin incluir información suficiente para emitir la declaración de fiabilidad; solicita al Tribunal de Cuentas que incluya un análisis detallado de los informes anuales de actividad pertinentes en los distintos capítulos de su Informe Anual;

73. Manifiesta su inquietud por el hecho de que el Tribunal siga encontrando deficiencias en el funcionamiento de los sistemas de supervisión y control, y por las correspondientes reservas sobre la fiabilidad de las declaraciones de los Directores Generales de la Comisión, en lo que se refiere a su impacto en la fiabilidad de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes; recuerda asimismo a los Estados miembros y a la Comisión sus respectivas responsabilidades en este ámbito;

Transparencia y ética

74. Insiste en la necesidad de un acceso público a la información relativa a todos los miembros de los grupos de expertos y grupos de trabajo que colaboran con la Comisión, así como de la publicidad relativa a los beneficiarios de financiación de la UE;

75. Insiste en que la Comisión debe ser la responsable de asegurar la integridad, accesibilidad y comparabilidad de la información facilitada sobre los beneficiarios de la financiación de la UE, incluidos los detalles de los receptores y sus proyectos;

76. Celebra que la información sobre los beneficiarios de financiación de la UE vaya a recibir mayor difusión y publicarse en un sitio web más fácilmente accesible y manejable, y aboga por una normalización de la estructura y de la presentación de los sitios regionales, nacionales e internacionales accesibles desde un portal central;

77. Insiste una vez más en la necesidad de revisar el actual Código de Conducta de los miembros de la Comisión, a fin de subsanar deficiencias tales como: a) la ausencia de una definición del término «conflicto de intereses»; b) la falta de señalamiento de una acción concreta para seguir en caso de conflicto de intereses; c) la falta de claridad respecto de la aceptación de regalos y hospitalidad, y d) la falta de un organismo designado para estudiar las reclamaciones y liberar al Presidente de la (posible) tarea de autoevaluación;

78. Espera que la Comisión inicie el proceso de consulta al Parlamento sobre la revisión del actual Código de Conducta de los miembros de la Comisión, de conformidad con el acuerdo conjunto alcanzado el 27 de enero de 2010 entre el Presidente, José Manuel Barroso, y el Grupo de Trabajo del Parlamento para la revisión del Acuerdo Marco entre el Parlamento y la Comisión, y que apruebe la versión revisada de su Código de Conducta de los miembros de la Comisión a más tardar en agosto de 2010, aunque observa que dicha revisión debería haberse efectuado antes del nombramiento de la nueva Comisión;

79. Recuerda la importancia de una transparencia y publicidad plenas en lo que respecta al personal de los gabinetes de los Comisarios que no ha sido empleado de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios;

80. Recuerda también que el Código de Conducta de los miembros de la Comisión, de carácter vinculante, debería incorporar las normas éticas esenciales y los principios rectores que deben respetar los Comisarios en el ejercicio de sus funciones, concretamente en el nombramiento de colaboradores, en especial en sus gabinetes;

81. Pide a la Comisión que se asegure de que todo el personal está bien formado y debidamente informado de sus obligaciones y derechos de conformidad con los artículos 22 bis y 22 ter del Estatuto de los funcionarios;

Gobernanza y reforma administrativa

82. Observa la ligera disminución del número de efectivos afectados a funciones de apoyo administrativo y coordinación (31,8 % en 2007; 30,9 % en 2009), lo que constituye solo una parte de los costes globales; recuerda sus peticiones anteriores de medidas destinadas a alcanzar una proporción del 20 % en este ámbito (punto 217 de la referida Resolución de 23 de abril de 2009);

83. Insta a la Comisión a que presente, junto con sus documentos preparatorios para el presupuesto de 2011 (antes, documentos de trabajo relativos al anteproyecto de presupuesto), una plantilla de personal en que se aplique una reducción del 3 % en este ámbito, como primer paso para alcanzar el nivel del 20 % antes del término del mandato de la Comisión Barroso II;

84. Pide a la Comisión que, con vistas a la revisión del Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades, elabore y presente métodos alternativos para la adaptación de las remuneraciones de los funcionarios y otros agentes basados en un fundamento jurídico y actuarial adecuados; considera que, para ello, debería establecerse una base de cálculo más amplia para la adaptación anual, así como un ajuste más rápido de las remuneraciones, lo que supondría reflejar con mayor precisión la evolución económica general en los Estados miembros;

85. Pide a la Comisión que evalúe la pertinencia de destinar a los candidatos exclusivamente a los grados iniciales de la escala de remuneraciones en función de su idoneidad y que presente propuestas para la contratación de personal cualificado en los grados más altos de dicha escala; espera, como parte de la evaluación, un informe sobre las actividades concretas de los miembros de los gabinetes una vez que cesan en sus funciones, teniendo en cuenta las condiciones de entrada que debían cumplir;

86. Pide a la Comisión que indique hasta qué punto se han alcanzado los objetivos de reducción de costes previstos por la reforma del Estatuto de los funcionarios de 2004, en particular en lo relativo al aumento de la contribución de los funcionarios y otros agentes al seguro de enfermedad y a las pensiones;

87. Propone a la Comisión que divida el poder jerárquico entre aquellos con responsabilidades contables y aquellos que tienen la facultad de transferir fondos, en aplicación de las normas habituales de seguridad en materia de control interno de la gestión de tesorería;

Gestión de las agencias

88. Reitera su petición (puntos 254 y 255 de la citada Resolución de 23 de abril de 2009) en favor del desarrollo y aplicación de un sistema de gestión general de las denominadas «agencias reguladoras», así como de la introducción de un sistema de control efectivo para las agencias de la Unión;

89. Destaca en este sentido que, pese al estatuto de independencia jurídica de algunas de las Agencias, la Comisión sigue siendo la responsable de la ejecución del presupuesto [de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los artículos 54, 55 y 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002, y en el artículo 37 y el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002];

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

90. Se declara preocupado por el número de investigaciones que han tenido lugar en el transcurso de nueve meses y por el bajo nivel de repercusión que han tenido en los tribunales nacionales los casos investigados por la OLAF; opina que debería procederse a una evaluación de los recursos humanos de la OLAF para comprobar si un aumento de estos pudiera traducirse en mejoras en los dos ámbitos citados;

91. Acoge con satisfacción los compromisos asumidos el 15 de enero de 2010 por la nueva Comisión para desbloquear el debate en el Consejo sobre la reforma de la OLAF y para presentar, a más tardar en julio de 2010, el «documento de reflexión» de la Comisión prometido y esperado desde hace tiempo como base de las negociaciones en el Consejo;

92. Insiste en la importancia de que se tenga en cuenta su posición en primera lectura, aprobada el 20 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (14), y desea hacer nuevamente hincapié en que este organismo, para ser fuerte en el futuro, debería seguir perteneciendo a la Comisión sin perder por ello su independencia; recuerda que el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea otorga una mayor responsabilidad a los Estados miembros y, por tanto, respalda el constante llamamiento del Parlamento a una mayor cooperación por parte de los Estados miembros con la OLAF;

93. Expresa su deseo de ver lo antes posible la propuesta de creación de una Fiscalía Europea, que contempla el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; desea participar en los debates sobre la creación de una Fiscalía Europea;

94. Exige a la Comisión que presente, con carácter de urgencia, su «documento de reflexión» prometido y largamente esperado, y reitera la importancia de su citada posición en primera lectura, de 20 de noviembre de 2008, sobre este asunto; desea hacer nuevamente hincapié en que la OLAF, para ser fuerte en el futuro, debería seguir perteneciendo a la Comisión sin perder por ello su independencia; subraya sus propuestas en relación con el puesto de Director General de la OLAF contenidas en su citada posición, y pide que se nombre lo antes posible al candidato elegido; considera que el procedimiento de selección debe llevarse a cabo en un marco interinstitucional que respete las prerrogativas del Parlamento;

95. Reafirma su opinión de que el procedimiento de nombramiento del Director General interino de la OLAF debe observar mutatis mutandis las normas dispuestas en el acto por el que se establecen el fundamento jurídico de dicho organismo, en concreto, el artículo 12 del Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (15); lamenta la aplicación general del Estatuto de los funcionarios por parte de la Comisión y muestra su inquietud por el hecho de que la postura de la Comisión pueda afectar a la eficacia de la OLAF;

CUESTIONES SECTORIALES

Ingresos

96. Celebra que el Tribunal de Cuentas opine que, en general, las declaraciones de los Estados miembros sobre sus recursos propios remitidas a la Comisión son fiables y no contienen errores sustanciales y que los recursos propios basados en el IVA y RNB han sido calculados correctamente y recopilados e incluidos de forma correcta en las cuentas comunitarias por parte de la Comisión;

97. Toma nota con gran inquietud del informe de la Comisión sobre las estadísticas del Gobierno griego sobre el déficit y la deuda [COM(2010) 1], que plantea serias dudas sobre la fiabilidad de los datos aportados por las autoridades de Grecia; pide a la Comisión que determine mediante sus propias investigaciones la validez de los datos facilitados en 2008 y que confirme la regularidad y legalidad del cálculo y de la contribución de los recursos propios facilitados;

98. Pide asimismo a la Comisión que presente sus planes sobre la futura gestión de las operaciones con la administración griega; insiste en que el personal implicado en la gestión de fondos europeos debe quedar exento de la aplicación de medidas de recorte de gastos con el fin de garantizar el mantenimiento y la integridad de las estructuras de gestión;

99. Observa, sin embargo, respecto de los recursos propios basados en el IVA, que siguen existiendo las reservas fechadas hasta en 1989; pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, mantenga sus esfuerzos para asegurar que las reservas se retiren dentro de un plazo razonable;

100. Pide a la Comisión, respecto de los recursos propios basados en la RNB, que siga la recomendación del Tribunal formulada en el apartado 4.36 de su Informe Anual de 2008, y que comunique al Parlamento los detalles de los avances logrados con respecto a la aplicación de la verificación directa y la evaluación de los sistemas de control y supervisión en los institutos nacionales de estadística de los Estados miembros;

Política agrícola común

101. Se congratula de que el Tribunal, basándose en su trabajo de auditoría, haya concluido que, salvo en lo referente a Desarrollo Rural, los pagos del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2008 relativos al grupo de políticas Agricultura y Recursos Naturales estaban libres de errores significativos; se complace en destacar que el índice de error medio para los países UE-27 se sitúa por debajo del umbral del 2 % tolerado por el Tribunal;

102. Observa con preocupación el amplio espectro de tasas de error sobre el terreno existente en los Estados miembros en la aplicación de ayudas por superficie (Francia, un 0,20 %; el Reino Unido, un 0,24 %; Alemania, un 0,3 %; Grecia, un 3,70 %; Rumanía, un 12,57 %; Bulgaria, aproximadamente un 6 %), e insiste en que la credibilidad global del sistema no debe quedar en entredicho; pide que se apliquen medidas inmediatas y bien orientadas que se traduzcan en una administración aligerada para los Estados miembros más adelantados y en unas medidas paliativas adecuadas;

103. Lamenta las conclusiones del Tribunal en relación con el gasto de desarrollo rural, que continúa afectado por un nivel de errores elevado, si bien el nivel estimado es inferior al de ejercicios anteriores;

104. Acoge favorablemente la evaluación realizada por la Comisión referente a la calidad de las declaraciones y de los resúmenes anuales presentados por los Estados miembros para los gastos agrícolas, según la cual, en 2008, la mayoría de los Estados cumplió con sus obligaciones jurídicas y en líneas generales se atuvo a las directrices de la Comisión;

105. Insiste, como en ejercicios anteriores, en que el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) constituye por lo general un sistema de control eficaz para limitar el riesgo de errores o de gastos irregulares, pero lamenta que el Tribunal haya detectado deficiencias significativas en algunos organismos pagadores en tres Estados miembros: Bulgaria, Rumanía y Reino Unido (Escocia) (apartado 5.32 del Informe Anual de 2008); reconoce, no obstante, que se tomaron las medidas oportunas para corregir dichas deficiencias;

106. Pide una simplificación de las normas complejas y unas definiciones más precisas de los criterios de admisibilidad, especialmente para los planes agrícolas y medioambientales, primero a escala de la Comisión y asimismo a escala nacional, en el contexto de los planes de desarrollo rural, y solicita asimismo que se facilite a las partes interesadas unas instrucciones y directrices más claras y exhaustivas, y que se organicen acciones de formación;

107. Lamenta que el Sistema de Identificación de Parcelas (SIP) aplicado por las autoridades nacionales sea aún incorrecto en algunos Estados miembros en los que, según el Tribunal, se detectaron deficiencias importantes (en Bulgaria, España, Polonia y Reino Unido); observa que se han tomado diversas medidas a escala nacional para corregir dichas deficiencias;

108. Expresa también su preocupación por los errores en cuanto a los gastos en el Programa Sapard en Bulgaria y Rumanía, que llevaron a la Dirección General de Agricultura a formular una reserva en su informe anual de actividad; subraya la existencia de planes de acción actualmente en vigor en respuesta a las recomendaciones de la Comisión;

109. Destaca la importancia de unas auditorías ex post prontas y exhaustivas para detectar gastos no admisibles o documentación de apoyo inadecuada, de manera que puedan efectuarse las correcciones necesarias;

110. Se declara preocupado por las insuficiencias constatadas por el Tribunal respecto a la definición propuesta por los Estados miembros de los requisitos para el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales que dieron lugar a que algunos beneficiarios recibieran ayuda con cargo al régimen de pago único (RPU) o al régimen de pago único por superficie (RPUS), cuando no realizaban actividad alguna en la tierra en cuestión (apartado 5.49 del Informe Anual de 2008);

111. Considera que estas deficiencias, incluida la cuestión de los beneficiarios que no se ajustan a la definición de «agricultores», según denunció el Tribunal en su Informe Anual de 2008, debería ser resulta por la Comisión a fin de proporcionar una mayor fiabilidad en el trabajo de los órganos de certificación;

112. Toma nota de las conclusiones del Tribunal y por ende insta a la Comisión a que mejore los controles en aquellos Estados miembros que no cumplieron la legislación comunitaria al asignar derechos más allá de las disposiciones incluidas en los reglamentos;

113. Observa que la Comisión detectó deficiencias con respecto a las cuentas de deudores en la cuarta parte de los organismos pagadores y propuso correcciones financieras que se elevaban a unos 25,3 millones EUR; señala también que estas correcciones representan alrededor del 1,95 % de los 1 295 millones EUR que han de recuperarse al final del ejercicio 2008; destaca que, pese a situarse ligeramente por debajo del nivel de significación del 2 %, dichas correcciones revelan la existencia de un riesgo de error material en el nivel global de las cuentas de los deudores;

114. Pide a la Comisión que realice un seguimiento detallado para cerciorarse de que los débitos se carguen de forma correcta y adecuada al presupuesto comunitario;

Cohesión

115. Observa que los pagos provisionales para el período 2007-2013 realizados en 2008 representan solo el 32 % de los gastos y que las observaciones del Tribunal de Cuentas se refieren en particular a los gastos efectuados durante el período de programación 2000-2006, que representaban el 68 % de los pagos de cohesión en 2008; observa, por tanto, que los efectos del refuerzo del marco jurídico para el período 2007-2013 y la simplificación de las medidas adoptadas en 2008 y 2009 no pueden ser visibles todavía;

116. Destaca la absoluta prioridad de seguir reduciendo los porcentajes de error generales, que siguieron siendo elevadas en este sector de gastos en 2008, y de mejorar el sistema de recuperaciones y la supervisión de la Comisión;

117. Se inquieta por el hecho de que los errores en el ámbito de la cohesión revelen que como mínimo un 11 % de los importes reembolsados lo fueron incorrectamente, sin que se produjeran mejoras respecto a 2007; lamenta que la funcionalidad de las recuperaciones y correcciones financieras sea solo parcial; observa que se han efectuado las siguientes correcciones financieras con respecto al período de programación 2000-2006: España, 1 535,07 millones EUR; Grecia, 881,24 millones EUR; Italia 693,90 millones EUR; Francia 248,48 millones EUR; Reino Unido, 155,94 millones EUR; Portugal, 128,24 millones EUR; Polonia, 88,99 millones EUR; Hungría, 40,62 millones EUR; Eslovaquia, 39,16 millones EUR; Irlanda, 25,55 millones EUR; Alemania, 19,33 millones EUR; y Suecia, 11,30 millones EUR;

118. Observa con preocupación las dificultades que están teniendo las autoridades de los Estados miembros con respecto a la transposición de los requisitos normativos del período 2007-2013 (por ejemplo, problemas de incompatibilidad entre los ámbitos nacional y europeo, demoras en la introducción de las normas y normas confusas, entre otros) y a la creación de los nuevos sistemas de gestión y control (reparto de tareas entre las nuevas instituciones, a saber, las autoridades de gestión, de certificación y de auditoría);

119. Lamenta el hecho de que el sistema de sanciones aplicable a los Estados miembros que registraron elevadas tasas de error y recibieron grandes porcentajes de los fondos sea ineficaz, puesto que estos Estados solo devolvieron entre un 3 % y un 5 % de la totalidad de los créditos en recuperaciones; le preocupa que el coste de mantener unos sistemas de control adecuados supere manifiestamente este importe, lo que constituye un incentivo negativo;

120. Reitera su petición de seguir simplificando las normas propuestas por la Comisión y de introducir paralelamente unos controles más eficaces a nivel nacional y de la UE, con vistas a una aplicación eficaz de los Fondos Estructurales y de Cohesión; considera esencial una valoración objetiva de los efectos de las medidas de simplificación introducidas en 2008-2009, y pide a la Comisión que proceda a dicha valoración antes de finalizar 2010;

121. Toma nota de la preocupación manifestada por el Tribunal de Cuentas sobre las dificultades de establecer en un mero informe anual una fotografía definitiva e inamovible de la realidad cambiante y progresiva que conlleva el presupuesto de la Política de Cohesión, sujeta a un calendario plurianual dinámico en el que porcentajes finales de errores e irregularidades con consecuencias, así como cantidades reales sujetas a recuperación solo pueden verificarse en un estadio muy ulterior (la Comisión acaba de cerrar el ejercicio 94-99); en este sentido pide a la Comisión que, además del plan de acción en vigor, presente en cooperación con el Tribunal de Cuentas una propuesta que dé solución a estas dificultades de desfase entre marco presupuestario plurianual y sistema de control anual; esta propuesta sería también útil para garantizar un control más eficiente de grandes proyectos europeos como Galileo;

122. Constata que el plan de acción destinado a reforzar la función de supervisión de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales, presentado en 2008, no fue aplicado en su totalidad en 2008 y no habría subsanado el principal problema, que es el de una normativa excesivamente compleja junto con unos requisitos de ejecución que difieren de un Estado miembro a otro y en ocasiones incluso de una región a otra; pide a la Comisión que organice, a su debido tiempo, una traducción de las directrices destinadas a las autoridades públicas de los Estados miembros; destaca asimismo la imposibilidad de valorar sus repercusiones puesto que los errores cometidos en los ejercicios anteriores siguen afectando a los gastos reembolsados por la Comisión, tal como el Tribunal ha señalado oportunamente en su Informe Anual (apartado 6.34);

123. Considera que, a pesar de la notable mejora introducida en los sistemas de gestión y control por el Plan de acción de 2008, que reforzó el cometido de supervisión de la Comisión en las acciones estructurales, el hecho de que, según señala la Comisión, solo el 31 % de los sistemas funciona bien y más del 60 % requiere mejoras es insatisfactorio; pide, por consiguiente, a los Estados miembros, a las autoridades regionales y a las autoridades de gestión responsables que colaboren estrechamente con la Comisión en un esfuerzo por dar un giro a estas estadísticas;

124. Observa el resultado de la auditoría que muestra una tasa de error preliminar del 5 %, lo que refleja el resultado positivo de la simplificación introducida para el período de programación 2007-2013;

125. Observa que el plan de acción de la Comisión le ha permitido actuar siguiendo las líneas recomendadas por el Tribunal de Cuentas; se felicita por las acciones de la Comisión para facilitar formación y orientación a las autoridades responsables de los programas con objeto de mejorar el funcionamiento del sistema de gestión compartida aplicado a los gastos de la política de cohesión; alienta a la Comisión a que intensifique aún más sus esfuerzos a la hora de proporcionar orientación a los Estados miembros y alentarles a reforzar los procedimientos de recuperación y presentación de informes;

126. Toma nota de la observación del Tribunal de Cuentas de que la proporción de proyectos incluidos en la muestra estadística representativa afectados por errores fue del 43 % y que un gran número de ellos fueron reembolsados en exceso; considera, no obstante, que esta observación debe matizarse con la afirmación de la Comisión de que era consciente de la existencia de deficiencias en cinco de los seis programas en cuestión y había adoptado medidas correctoras; toma nota de la segunda afirmación de la Comisión, apoyada por la observación del Tribunal en el apartado 6.20 de su Informe Anual, que señalaba que el 58 % de los errores eran errores de conformidad y no habrían tenido efecto alguno sobre el reembolso de los gastos;

127. Observa que la infracción de las normas de contratación pública es uno de los motivos más frecuentes que dan lugar a irregularidades; pide a la Comisión que verifique el origen del incumplimiento de dichas normas; acoge con satisfacción, en este contexto, las constataciones del Tribunal de Cuentas y las iniciativas tomadas por la Comisión para simplificar la gestión de los Fondos Estructurales, y opina que estas iniciativas contribuirán a reducir la incidencia de errores;

128. Anima a la Comisión a presentar, a más tardar, en 2011, una propuesta sobre el riesgo de error aceptable en el ámbito de la política de cohesión, que justamente ha sido el más proclive a errores;

129. Pide a la Comisión que efectúe un análisis inicial, con carácter de urgencia, de la relación coste-beneficio existente entre los recursos empleados en actividades de control en las DG REGIO y DG EMPL y los resultados que se obtienen con dichos controles;

130. Observa que los primeros efectos positivos del marco jurídico y de control reforzado, así como del plan de acción de la Comisión, sobre la tasa de error para el período de programación 2007-2013 no se percibirán seguramente hasta finalizado 2010;

131. Se inquieta por el hecho de que, con el período de programación 2000-2006 llegando a su fin, las autoridades nacionales, presionadas para utilizar todos los fondos comprometidos, puedan haber presentado un creciente número de proyectos no previstos; destaca la necesidad de asegurar que esta situación no se repita en el actual período de programación y pide a la Comisión que aplique con rigor medidas correctivas y disuasorias (suspensiones de pagos y correcciones financieras) contra los Estados miembros siempre que proceda;

132. Lamenta, en este sentido, la tardanza en el lanzamiento de los programas vinculados al período de programación 2007-2013, a causa del retraso en la presentación por parte de los Estados miembros de los informes de evaluación de conformidad y de las estrategias de auditoría; comparte la opinión del Tribunal y manifiesta su preocupación por la posibilidad de que este retraso provoque que los sistemas de control no prevengan ni detecten errores en la fase de lanzamiento; pide una vez más a la Comisión que ejerza su función de control con el máximo rigor;

133. Solicita a la Comisión que identifique y difunda las mejores prácticas entre los Estados miembros con el fin de permitir un mayor aprovechamiento de los fondos y una mejora del flujo de tesorería de los beneficiarios mediante la modificación y simplificación de los Reglamentos de aplicación de los Fondos Estructurales a escala nacional;

134. Toma nota de la observación del Tribunal de Cuentas de que, para el período de programación 2007-2013, se han reforzado las disposiciones de control y se han aclarado las responsabilidades respectivas de la Comisión y los Estados miembros; aprecia, en este contexto, el valor añadido de la autoridad de auditoría establecida para cada programa y comparte las expectativas de la Comisión de que el informe de control y el dictamen anuales presentados por la autoridad de auditoría mejoren la seguridad proporcionada por los sistemas nacionales de control;

135. Pide a la Comisión que, en su próximo informe de síntesis y en los informes anuales de actividad de sus DG, le facilite información clara en la que se identifique a aquellos Estados miembros cuyos sistemas de control sean los menos eficaces y se facilite una clasificación anual de Estados miembros para cada fondo; pide al Tribunal además que elabore este misma clasificación sobre la base de sus auditorías;

136. Señala la observación del Tribunal, similar a la formulada para el ejercicio 2007, de que el alcance y la magnitud de las reservas consignadas en los informes anuales de actividad no reflejan la gravedad de los problemas de irregularidad y de ineficacia en los sistemas de control; considera, por tanto, que el planteamiento de las DG debería ser más prudente y el alcance de las reservas mayor en consecuencia;

137. Señala el carácter específico de los gastos de la política de cohesión derivados del sistema de gestión plurianual y subraya que las correcciones financieras se realizan en los ejercicios posteriores y también al cierre del período de programación, lo que, en general, permite a la Comisión detectar y corregir un gran número de irregularidades;

138. Acoge con satisfacción los informes trimestrales sobre correcciones financieras que la Comisión está presentando, así como la intensificación de estas por parte de la Comisión en 2008 y 2009; lamenta, no obstante, que el sistema de correcciones financieras tenga escasos efectos disuasorios en los Estados miembros, dado que estos pueden sustituir cualquier gasto no admisible detectado por la Comisión o el Tribunal por gastos admisibles; considera que la Comisión debería asegurarse de que, en el futuro, solo las irregularidades detectadas por los propios Estados miembros puedan sustituirse por otros gastos sin ninguna pérdida de financiación para el Estado miembro de que se trate;

139. Lamenta la baja calidad de la información facilitada por algunos Estados miembros a la Comisión en materia de recuperaciones y correcciones financieras, lo que merma la utilidad y la exhaustividad de los informes trimestrales de la Comisión al Parlamento; pide a la Comisión que adopte medidas adicionales para garantizar que los Estados miembros cumplen sus obligaciones, comprobando y evaluando rigurosamente la fiabilidad y la exhaustividad de los datos comunicados, y espera recibir la nota de orientación para las autoridades de certificación, incluyendo las recomendaciones de la Comisión para la mejora de los procedimientos de información; pide a la Comisión que en su próximo informe de síntesis identifique a aquellos Estados miembros que están cumpliendo plenamente los requisitos de información;

140. Observa que el número de irregularidades notificadas por los Estados miembros a la OLAF para el ejercicio de 2008 varía notablemente: Italia, 802; España, 488; Reino Unido, 483; Portugal, 403, Alemania, 372; Polonia, 329; Países Bajos, 262; Suecia, 146; Francia, 98; Grecia, 96; República Checa, 80; Eslovaquia, 62; Hungría, 39; Austria, 37; Bélgica, 35; Estonia, 28; Finlandia, 28; Lituania, 26; Letonia, 22; Eslovenia, 13; Chipre, 4; Bulgaria, 4; Irlanda, 2; Malta, 1; Rumanía, 0; manifiesta su inquietud por la posibilidad de que ello menoscabe la coherencia del sistema de información;

141. Observa que no se comunicó a la Comisión ningún caso de fraude con respecto a los proyectos auditados, y subraya que el nivel de errores indicado en el Informe del Tribunal de Cuentas no se refiere necesariamente a fraude;

142. Pide a la Comisión que realice un seguimiento constante de la verosimilitud de los números facilitados y que compruebe, sobre la base de sus propias investigaciones, la eficiencia de los sistemas de información cuando el número de irregularidades notificado parezca excesivamente bajo;

143. Pide a la Comisión que facilite información detallada sobre las cifras de ejecución y los planes de distribución relativos a los pagos realizados con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por parte de las autoridades griegas a raíz de los incendios forestales que asolaron el país; pide asimismo a la Comisión que facilite información sobre los controles ex post efectuados y los resultados obtenidos;

144. Celebra la decisión del Tribunal de Cuentas de incluir en el programa de trabajo anual para 2010 las auditorías sobre el FSE y el FEDER en los ámbitos del turismo, la formación profesional de las mujeres y el suministro público de agua potable, que tienen una importancia particular para el desarrollo de las comunidades locales;

145. Solicita al Tribunal que evalúe el modo en que las autoridades de gestión realizan las evaluaciones externas relativas a los Fondos Estructurales y de Cohesión y que dedique su atención en particular a la independencia de las evaluaciones cuando las pagan sus beneficiarios;

146. Solicita al Tribunal de Cuentas que evalúe, en términos de recursos humanos, la capacidad de las autoridades auditoras de los Estados miembros para efectuar auditorías y su independencia al evaluar el cumplimiento del sistema de control de la gestión;

Empleo y asuntos sociales

147. Acoge con satisfacción que, en lo referente a los recursos asignados al Fondo Social Europeo (FSE), los créditos de compromiso se utilizaron en un 100 % (10 600 millones EUR) y los de pago, en un 97,1 % (8 800 millones EUR); reconoce los esfuerzos hechos por la Comisión por mejorar la gestión financiera;

148. Tiene pruebas de una tasa de error en el FSE inferior al 11 % constatado para los Fondos Estructurales en general; insta a la Comisión a comunicar su propia cifra para la tasa de errores y a examinar la posibilidad de una mayor autonomía del FSE para el próximo período financiero;

149. Recuerda que compete a la Dirección General de Empleo, que administra los créditos, adoptar medidas adecuadas para prevenir el fraude y la corrupción; observa con satisfacción la estrecha cooperación mantenida con la OLAF; pide que se garantice que los casos de fraude en el FSE también serán perseguidos y castigados por las autoridades judiciales nacionales;

150. Señala que la tasa de errores no se refiere necesariamente al fraude y pide, en consecuencia, que en el futuro se distinga con claridad entre los porcentajes de fraude y de error;

151. Elogia los esfuerzos de la Comisión por lograr que todos los Estados miembros rindan cuentas detalladas mediante informes anuales de control de los organismos de auditoría e informes anuales de síntesis; pide que se examine en detalle la obligación de rendir cuentas, con vistas a evitar que las informaciones se soliciten dos veces; considera inaceptables y merecedores de sanción los estados de cuentas presentados incompletos o no presentados en absoluto por los servicios administrativos y de control nacionales, así como el incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los reglamentos financieros; insta a la Comisión, por tanto, a elaborar propuestas para la mejora y ampliación de la actual obligación de rendir cuentas incorporando un mecanismo de sanciones;

152. Observa que, durante el proceso de asignación de créditos, pueden surgir conflictos de intereses entre los gestores de los fondos y sus beneficiarios; pide a la Comisión que adopte medidas para hacer respetar las normas para evitar conflictos de intereses en los procesos de asignación de recursos dotando a las administraciones nacionales con los medios necesarios;

153. Subraya las necesidades específicas de los grupos destinatarios de las ayudas del FSE y quienes promueven los proyectos con cargo a este Fondo; sugiere que la cofinanciación de proyectos incluya también las actividades de voluntariado en organizaciones sin ánimo de lucro y aportaciones en especie; pide a los promotores de proyectos información actualizada sobre los gastos administrativos del FSE, desglosada por Estados miembros y proyecto;

154. Recuerda las recientes modificaciones de los Reglamentos de los Fondos Estructurales [Reglamento (CE) no 1341/2008 (16); Reglamento (CE) no 284/2009 (17); Reglamento (CE) no 396/2009 (18); Reglamento (CE) no 397/2009 (19); Reglamento (CE) no 846/2009 (20)] en aras de la simplificación de los procedimientos administrativos; pide un informe sobre los efectos de estas modificaciones;

155. Señala que tales medidas de simplificación son fundamentales para reducir la carga administrativa en los niveles nacional, regional y local; destaca la importancia de garantizar que dichos procedimientos no den lugar a una mayor tasa de error en el futuro;

Políticas interiores

Investigación, energía y transporte

156. Celebra la ligera disminución de los errores respecto a ejercicios anteriores para este grupo de políticas, así como la mejora en los retrasos en los pagos, visto que el Tribunal observó que, en 2008, una considerable mejora de la puntualidad de la Comisión a la hora de abonar los pagos;

157. Insta a la Comisión a hacer todo lo posible por mantener la tendencia positiva de 2008 en este ámbito, cuya gestión financiera directa corresponde a la Comisión;

158. Constata, no obstante, con inquietud, que, en general y en lo relativo a la investigación, la energía y el transporte, la auditoría del Tribunal revela una vez más un nivel importante de errores en los pagos a los beneficiarios y en los sistemas de control y supervisión de la Comisión, que no aminoran suficientemente el riesgo inherente de reembolsar gastos declarados en exceso;

159. Se declara especialmente preocupado por la reserva pendiente formulada por los cuatro grupos de Investigación, debido a la tasa de errores residuales que afecta a las declaraciones de gastos del sexto programa marco;

160. Observa asimismo la disparidad sistémica en el tratamiento de los receptores de los fondos de la UE en los diferentes sectores, programas y modalidades de gestión;

161. Manifiesta su inquietud por la posibilidad de que la imagen pública de la UE se resienta si las partes interesadas se dan cuenta de que en el ámbito agrícola se aplican sistemas de control más estrictos que en la ejecución de la investigación;

162. Constata que algunas de las disposiciones jurídicas relativas a la financiación de la investigación (por ejemplo, las referidas a las sanciones) no se han aplicado con anterioridad, y pide a la Comisión que ponga fin a esta situación y que garantice una aplicación plena y coherente de las disposiciones jurídicas vigentes;

163. Reitera al mismo tiempo las solicitudes planteadas en su citada Resolución de 23 de abril de 2009 (apartado 117 y otros), en particular su petición de no introducir ninguna modificación retroactiva y de cumplir las expectativas legítimas de los beneficiarios, así como agilizar la tramitación de los certificados relativos a la metodología aplicada con respecto a los gastos medios de personal, aspectos en los que no se han logrado avances tangibles; pide a la Comisión que, en aras de una buena acción legislativa, presente propuestas realistas en el futuro, tanto respecto de los objetivos de los procedimientos;

164. Observa, a este respecto, con gran preocupación que solo se ha aprobado un certificado relativo a la metodología aplicada con respecto a los gastos medios de personal;

165. Lamenta asimismo la falta de información clara relativa a los activos de Galileo; pide a la Comisión que obtenga la información necesaria para elaborar un inventario, para verificar los criterios de reconocimiento y para determinar el valor de los activos de Galileo en poder de la Agencia Espacial Europea; pide a la Comisión que trasmita esta información al Parlamento antes de finales de 2010;

166. Manifiesta su inquietud por la posibilidad de que la actual reglamentación del programa marco en vigor no se corresponda con las necesidades de un entorno moderno de investigación, y considera que, para un nuevo programa marco, es fundamental seguir avanzando en la modernización y la simplificación;

167. Considera que la simplificación de las normas para calcular los gastos que se reclaman es una medida necesaria para mejorar la situación, y pide a la Comisión que mantenga sus esfuerzos para diseñar las normas más fácilmente aplicables por los beneficiarios de los programas; pide una definición clara de los criterios necesarios para evaluar si los métodos de cálculo de costes de los beneficiarios son conformes a los requisitos normativos;

168. Destaca que la Comisión debe velar por la rigurosa ejecución de los controles, en particular mejorando la fiabilidad de los certificados de auditoría, aplicando eficazmente su estrategia de auditoría ex post, imponiendo sanciones cuando proceda y aplicando, a su debido tiempo, recuperaciones o ajustes en los casos de reembolso indebido de los gastos declarados, tal y como recomienda el Tribunal;

169. Pide asimismo a la Comisión que reflexione sobre la distribución de las actividades entre las DG de investigación, lo que, junto con la inexistencia de un sistema de información de la gestión integrado, dificulta la coordinación, según el Tribunal, en particular en lo que respecta al seguimiento de los resultados de auditoría;

Medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria

170. Considera que el porcentaje global de ejecución de las líneas presupuestarias para medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria es satisfactorio;

171. Destaca el porcentaje global de ejecución presupuestaria del 95,15 % en el ámbito del medio ambiente, la ejecución del 99,75 % de los créditos de compromiso en el ámbito de la salud pública, así como la ejecución del 98 % del capítulo relativo a la seguridad alimentaria y la salud animal, lo que representa un resultado satisfactorio;

172. Observa que, en el presupuesto para el ejercicio 2008, se llevaron a cabo seis proyectos piloto y acciones preparatorias;

173. Se felicita de que se haya conseguido ejecutar el 99,26 % del presupuesto operativo de LIFE +; toma nota de que se habían seleccionado 196 proyectos; observa que el 52 % de la financiación se concedió a proyectos sobre «naturaleza y biodiversidad»; considera, no obstante, que todavía se puede mejorar la gestión de la Comisión para garantizar la sostenibilidad de los proyectos cofinanciados;

174. Observa, en este sentido, que podrían realizarse mejoras garantizando la existencia de medidas de apoyo desde el mismo momento de la publicación de la convocatoria de propuestas, mejorando aún más la difusión del conocimiento generado por los proyectos LIFE y reforzando el seguimiento sistemático de los proyectos tras su conclusión;

175. Pide a la Comisión que desarrolle aún más la asistencia y la formación específica para los candidatos, así como directrices que resulten fáciles de utilizar; destaca que se debería prestar una atención inmediata a las partes de programa cuyo nivel de ejecución haya descendido y actuar en consecuencia;

176. Destaca la importancia de facilitar una mayor asistencia que esté orientada a los candidatos que ejecutan proyectos en el marco del programa de salud pública, con objeto de evitar declaraciones de coste excesivas e informes financieros incompletos que alargan los procedimientos; considera, además, que las licitaciones deben ser claras y sencillas para evitar la presentación de solicitudes para proyectos que, claramente, no son admisibles para su financiación debido a su tamaño, los elevados costes que conllevan o a su escasa calidad;

177. Observa con satisfacción el éxito logrado en la aplicación del Fondo Comunitario del Tabaco, y se muestra convencido de la importancia de este instrumento;

178. Recuerda a la Comisión su responsabilidad con respecto a la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo (AESC); observa que la AESC estaba gestionando 256 proyectos de gastos compartidos, lo que representa un total de 119 millones EUR del presupuesto de la Unión Europea, y que organizó reuniones de expertos y jornadas de información; considera que, en 2008, la AESC funcionó satisfactoriamente;

Mercado interior y protección del consumidor

179. Lamenta que los informes anuales de actividad de las Direcciones Generales y de los servicios de la Comisión estén disponibles en línea solo en una lengua; insta a la Comisión a mejorar la situación en el caso de los informes del próximo ejercicio;

180. Señala que, en numerosos casos, los errores cometidos en la ejecución del presupuesto son consecuencia de la complejidad excesiva de normas y procedimientos de gasto; insta, por consiguiente, a la Comisión a realizar nuevos esfuerzos para simplificar el marco jurídico, especialmente con el fin de resolver problemas pendientes en algunos sistemas de control;

181. Lamenta que la frecuencia de los controles físicos realizados por los Estados miembros sobre las importaciones siga siendo muy baja, a pesar de las frecuentes recomendaciones del Tribunal de Cuentas y de que los derechos de aduanas representan un importe considerable de los ingresos totales del presupuesto de 2008; pide a la Comisión, por consiguiente, que solicite a los Estados miembros que establezcan un buen equilibrio entre los controles físicos a la importación y las auditorías de los operadores con posterioridad al levante de las mercancías;

182. Acoge con satisfacción las mejoras realizadas para alcanzar una tasa de ejecución del 92 % de los créditos de pago para la realización y el desarrollo del mercado interior (línea presupuestaria 12 02 01); toma nota de la tasa de ejecución (48 %) que se ha registrado para el programa SOLVIT (línea presupuestaria 12 02 02), que se debe al hecho de que solo se han utilizado créditos de pago durante el primer año de la creación de esta línea presupuestaria; reconoce, por tanto, el hecho de que el porcentaje de ejecución de los créditos de compromiso ha alcanzado el 97 %;

183. Reconoce que la tasa de ejecución del 97 % de los créditos de pago en el ámbito de la política aduanera (líneas presupuestarias 14 04 01 y 14 04 02) constituye una considerable mejora en relación con el ejercicio anterior debido a un mejor método de cálculo, y anima a la Comisión a continuar en esta dirección;

184. Aprecia los esfuerzos realizados para alcanzar una tasa de ejecución del 97 % de los créditos de pago asignados a la política de los consumidores (líneas presupuestarias 17 02 01 y 17 02 02);

Transportes y turismo

185. Observa que, en el presupuesto para 2008, tal como fue definitivamente aprobado y modificado en el curso del ejercicio, se incluyó específicamente, para las políticas que tienen cabida en el ámbito de actividades de la Comisión de Transportes y Turismo, un total de 2 516 millones EUR en créditos de compromiso y de 1 703 millones EUR en créditos de pago; constata además que de estos importes se destinaron: — 969 425 000 EUR en créditos de compromiso y 892 308 000 EUR en créditos de pago para las Redes Transeuropeas de Transportes (RTE-T), — 13 600 000 EUR en créditos de compromiso y 10 000 000 EUR en créditos de pago para la seguridad del transporte, — 39 080 000 EUR en créditos de compromiso y 37 958 000 EUR en créditos de pago para el programa Marco Polo, — 96 160 000 EUR en créditos de compromiso y 98 000 000 EUR en créditos de pago para las agencias de transporte y el Órgano de Vigilancia Galileo, — 468 472 000 EUR en créditos de compromiso y 345 402 000 EUR en créditos de pago para los transportes, incluido un ámbito prioritario dedicado a la movilidad urbana sostenible, dentro del séptimo programa marco de investigación y desarrollo, — 5 350 000 EUR en créditos de compromiso para la seguridad del transporte, incluida la acción prioritaria que tiene por objeto favorecer el tráfico transfronterizo en los pasos de las fronteras exteriores del noreste de la UE, — 2 500 000 EUR en créditos de compromiso y 1 500 000 EUR en créditos de pago para el turismo;

186. Toma nota del hecho de que, al examinar la ejecución del presupuesto del ejercicio 2008, el Tribunal de Cuentas ha decidido centrarse más bien en las políticas de energía e investigación en lugar de en la política de transportes;

187. Se felicita por las elevadas tasas de utilización que siguen registrándose en relación con los créditos tanto de compromiso como de pago destinados a los proyectos de las RTE-T, situados ambos cerca del 100 %, y pide a los Estados miembros que garanticen una financiación adecuada, con cargo a los presupuestos nacionales, que se sume a este esfuerzo de la UE; recuerda que el Parlamento ha respaldado un nivel de financiación de la Unión más elevado; señala que la revisión de los proyectos prioritarios de las RTE-T en 2010 será la ocasión de evaluar si estos gastos han sido suficientes y eficaces;

188. Expresa su inquietud por el hecho de que, por segundo año consecutivo, la tasa de utilización de los créditos de pago asignados a la seguridad del transporte haya sido baja (79 %); observa que la tasa de utilización de los créditos de pago asignados al programa Marco Polo II fue particularmente baja (40 %) y que la tasa de utilización de los créditos de pago para la optimización de los sistemas de transporte fue tan solo del 67 %; recuerda que, en todos estos casos, el importe que figura en el presupuesto del ejercicio 2008 era el propuesto en el anteproyecto de presupuesto (AP) de la Comisión;

189. Lamenta la tasa de utilización excepcionalmente baja de los créditos de pago para los derechos de los pasajeros (27 %); señala que los pagos efectuados solo representan el 55 % del importe propuesto por la Comisión en su AP; hace hincapié en que, para la aplicación efectiva de las normas, reviste la máxima importancia invertir, entre otras cosas, en la información a los pasajeros sobre sus derechos;

190. Hace hincapié en la insuficiencia de la tasa de utilización de los créditos de pago para el programa Galileo (50 %), habida cuenta de la importancia de este último para los sectores de la logística y de los transportes sostenibles;

191. Pide a la Comisión que facilite una explicación detallada sobre la infrautilización de estos créditos y sobre las medidas que prevé adoptar para garantizar que el problema no se repita en el futuro;

192. Señala que las verificaciones por muestreo de las operaciones revelan un margen de error más probable entre el 2 y el 5 %; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos para que este porcentaje sea inferior al 2 %;

193. Observa con satisfacción que el Tribunal de Cuentas ha estimado que las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte son legales y regulares en todos sus aspectos significativos; expresa su inquietud por los retrasos en materia de contratación de personal y acoge con satisfacción el objetivo de la Agencia de cubrir los puestos vacantes actuales;

194. Lamenta la falta de datos en relación con las acciones en el ámbito del turismo y se felicita por el nuevo marco jurídico y económico que ofrece el Tratado de Lisboa y que posibilita el desarrollo de acciones a escala de la Unión Europea (turismo social y cultural, destinos de excelencia, etc.) en este sector, sustentadas en un marco presupuestario plurianual;

195. Reitera su solicitud a la Comisión de que envíe anualmente al Parlamento y al Consejo una descripción más pormenorizada de los gastos de cada línea presupuestaria comparada con las observaciones y comentarios sobre dicha línea;

Cultura y educación

196. Celebra los esfuerzos de la Comisión por lograr una mayor transparencia y adaptación al cliente, y apoya las medidas adicionales en esta dirección; solicita que en las próximas revisiones intermedias de los programas plurianuales se haga una evaluación en profundidad de las estructuras de ejecución y gestión; recomienda la inclusión de elementos destinados a medir la satisfacción del cliente en relación con las agencias nacionales; recuerda, en este contexto, que casi el 70 % de los fondos de los programas plurianuales se ejecuta por medio de agencias nacionales;

197. Apoya la orientación facilitada por la Comisión a las autoridades nacionales referente a la supervisión de la labor de las agencias nacionales, a fin de seguir facilitando la gestión de programas en los Estados miembros; insta a la Comisión a seguir realizando un seguimiento activo de la gestión de programas por parte de las agencias nacionales, para evitar interrupciones en la ejecución de algunas partes de los programas plurianuales; apoya la línea estricta adoptada por la Comisión, que consiste en suspender los pagos a las agencias nacionales en los casos en los que se detecten carencias en la gestión; pide a todas las partes implicadas que eviten los efectos negativos causados a los beneficiarios por tales insuficiencias; pide a la Comisión, en aras de la transparencia y el control del gasto, que haga una separación entre los costes organizativos y de personal de las agencias nacionales y los fondos que han de pagarse en subvenciones;

198. Señala los peligros de las medidas de control que son desproporcionadas con respecto a los presupuestos administrados; considera que los requisitos de control pertinentes no deben generar, bajo ningún concepto, presiones para realizar aumentos de escala que eleven el umbral para los participantes;

199. Pide a la Comisión, con vistas a la revisión del Reglamento financiero, que se esfuerce por lograr un nuevo mecanismo en virtud del cual pueda permitirse a los beneficiarios adquirir un mayor número de recursos propios sin temor a que ello conlleve una reducción de las ayudas percibidas sobre la base de la cofinanciación de la UE;

200. Pide a la Comisión que busque, junto con las agencias nacionales, una solución razonable y flexible al problema del interés de los presupuestos descentralizados no utilizados, que están sujetos a una retención a cuenta en los Estados miembros, pero que las agencias nacionales deben reembolsar íntegramente;

201. Toma nota de la considerable reducción de los errores relativos a los pagos; considera, no obstante, que se necesitan mejoras adicionales en relación con los pagos intermedios y finales; pide a la Comisión que supervise más de cerca el proceso de la declaración ex post anual con respecto al programa de aprendizaje permanente, mediante visitas de seguimiento y la verificación directa;

202. Pide a la Comisión que revise los obstáculos burocráticos al programa «Juv