REGLAMENTO (UE) 2022/869 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 30 de mayo de 2022

relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 715/2009, (UE) 2019/942 y (UE) 2019/943 y las Directivas 2009/73/CE y (UE) 2019/944 y se deroga el Reglamento (UE) n.o 347/2013

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 172,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) La Comisión, en su Comunicación de 11 de diciembre de 2019 titulada «El Pacto Verde Europeo» (en lo sucesivo, «Pacto Verde Europeo»), estableció una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que el objetivo de neutralidad climática se logrará en 2050 a más tardar y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. En su Comunicación de 17 de septiembre de 2020 titulada «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos», la Comisión propuso un aumento del nivel de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta al menos el 55 % de aquí a 2030. Esa ambición fue respaldada por el Consejo Europeo el 11 de diciembre de 2020 y la evaluación de impacto que acompaña a dicha Comunicación confirma que la combinación energética del futuro será muy diferente de la actual y sustenta la necesidad de examinar, y si es necesario revisar, la normativa sobre energía. Las actuales inversiones en infraestructura energética son claramente insuficientes para transformar y construir la infraestructura energética del futuro. Ello también quiere decir que la infraestructura debe estar en condiciones de apoyar la transición energética europea, en particular una electrificación rápida, el aumento de la producción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable y sin combustibles fósiles, el mayor uso de gases bajos en carbono y procedentes de fuentes renovables, la integración del sistema energético y una mayor adopción de soluciones innovadoras.

(2) El objetivo vinculante actual a escala de la Unión para energías renovables de aquí a 2030 de al menos el 32 % del consumo final de energía y un objetivo principal a escala de la Unión sobre eficiencia energética de al menos el 32,5 % se revisarán como parte de la ambición reforzada de la Unión consagrada en el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y en el Pacto Verde Europeo.

(3) El Acuerdo de París adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (5) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París») establece el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, y destaca la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. El 12 de diciembre de 2019, el Consejo Europeo respaldó el objetivo de lograr una Unión Europea climáticamente neutra para 2050, de conformidad con los objetivos del Acuerdo de París.

(4) El Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), establece orientaciones para el desarrollo y la interoperabilidad a tiempo de los corredores y áreas prioritarios de las infraestructuras energéticas transeuropeas, con vistas a alcanzar los objetivos en materia de política energética del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía, la seguridad del suministro y la competitividad de los mercados de energía en la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro de energía, así como el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables, y promover la interconexión de las redes de energía. El Reglamento (UE) n.o 347/2013 establece un marco para que los Estados miembros y las partes interesadas pertinentes trabajen conjuntamente en un contexto regional para desarrollar redes energéticas mejor conectadas con el objetivo de conectar regiones actualmente aisladas de los mercados europeos de la energía, reforzar las interconexiones transfronterizas existentes y promover otras nuevas, y contribuir a integrar las energías renovables. Con la persecución de estos objetivos, el Reglamento (UE) n.o 347/2013 contribuye al crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y aporta beneficios para toda la Unión en cuanto a competitividad y cohesión económica, social y territorial.

(5) La evaluación del Reglamento (UE) n.o 347/2013 ha mostrado con claridad que el marco ha mejorado con eficacia la integración de las redes de los Estados miembros, estimulado el comercio de energía y, por tanto, contribuido a la competitividad de la Unión. Los proyectos de interés común de gas y electricidad han contribuido considerablemente a la seguridad del suministro. En cuanto al gas, la infraestructura está ahora mejor conectada y la resiliencia del suministro ha mejorado sustancialmente desde 2013. La cooperación regional en los grupos regionales y a través de la distribución transfronteriza de costes es un factor facilitador importante para la ejecución de proyectos. Sin embargo, en muchos casos la distribución transfronteriza de costes no resultó en una reducción del déficit de financiación de los proyectos, como se pretendía. Si bien la mayoría de los procedimientos de concesión de autorizaciones se han acortado, en algunos casos los procesos siguen siendo largos. La asistencia financiera del Mecanismo «Conectar Europa», creado por el Reglamento (UE) n.o 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), ha sido un factor importante, ya que las subvenciones para estudios han contribuido a reducir los riesgos de los proyectos en las primeras etapas de desarrollo, mientras que las subvenciones para obras han contribuido a corregir cuellos de botella importantes de los proyectos que la financiación del mercado no podía corregir suficientemente.

(6) En su Resolución de 10 de julio de 2020 sobre la revisión de las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas (8), el Parlamento Europeo pidió una revisión del Reglamento (UE) n.o 347/2013 que tuviese en cuenta, en particular, los objetivos de la Unión en materia de energía y clima para 2030 y su objetivo de neutralidad climática para 2050 y el principio de «la eficiencia energética primero».

(7) La política de las redes transeuropeas de energía es un instrumento central para el desarrollo de un mercado interior de la energía y necesario para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. Para lograr mayores niveles de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 y la neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar, Europa necesitará un sistema de energía más integrado, basado en mayores niveles de electrificación sobre la base de más fuentes de energía renovable e hipocarbónica y la descarbonización del sector del gas. La política de las redes transeuropeas de energía puede garantizar que el desarrollo de la infraestructura energética de la Unión respalde la transición energética necesaria hacia la neutralidad climática, de conformidad con los principios de la eficiencia energética primero y de neutralidad tecnológica, tomando en consideración al mismo tiempo el potencial de reducción de emisiones en el uso final. También puede garantizar las interconexiones, la seguridad energética, la integración de los mercados y sistemas y una competencia que beneficie a todos los Estados miembros, así como energía a un precio asequible para los hogares y las empresas.

(8) Si bien los objetivos del Reglamento (UE) n.o 347/2013 siguen siendo válidos en gran medida, el actual marco de las redes transeuropeas de energía no refleja por completo los cambios esperados en el sistema energético que resultarán del nuevo contexto político y, en particular, la actualización de los objetivos de la Unión en materia de energía y clima para 2030 y el objetivo de neutralidad climática para 2050 en el contexto del Pacto Verde Europeo. Por lo tanto, entre otros aspectos, los objetivos de mitigación del cambio climático y de adaptación al mismo deben reflejarse adecuadamente en el marco revisado de las redes transeuropeas de energía. Además de los nuevos objetivos y contexto político, el desarrollo tecnológico ha sido rápido en la última década. Esta evolución debe tenerse en cuenta en las categorías de infraestructuras energéticas cubiertas por el presente Reglamento, los criterios de selección de proyectos de interés común y como los corredores y áreas prioritarios. Al mismo tiempo, las disposiciones del presente Reglamento no deben afectar al derecho de un Estado miembro a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 del TFUE.

(9) Las Directivas 2009/73/CE (9) y (UE) 2019/944 (10) del Parlamento Europeo y del Consejo contemplan un mercado interior de la energía. Si bien se han logrado avances muy significativos en la realización de ese mercado, todavía hay margen de mejora mediante una mejor utilización de la infraestructura energética actual, la integración de las crecientes cantidades de energía renovables y la integración del sistema.

(10) La infraestructura energética de la Unión debe mejorarse con el fin de prevenir los fallos técnicos e incrementar su resiliencia ante estos fallos, las catástrofes naturales o provocadas por el hombre, los efectos negativos del cambio climático y las amenazas a su seguridad, en particular, por lo que se refiere a las infraestructuras críticas europeas, en virtud de la Directiva 2008/114/CE del Consejo (11).

(11) La infraestructura energética de la Unión debe ser resiliente ante las inevitables repercusiones que se prevé que el cambio climático provoque en Europa, a pesar de los esfuerzos de mitigación. Por ello, reviste una importancia crucial redoblar los esfuerzos en materia de adaptación al cambio climático y mitigación de este, fomento de la resiliencia, prevención y preparación frente a las catástrofes.

(12) El desarrollo de las infraestructuras energéticas transeuropeas debe tener en cuenta, cuando sea técnicamente posible y lo más eficiente, la posibilidad de reorientar las infraestructuras y los equipos existentes.

(13) La seguridad del suministro, como uno de los principales factores impulsores de la adopción del Reglamento (UE) n.o 347/2013, ha mejorado significativamente a través de proyectos de interés común. Además, la evaluación de impacto de la Comisión que acompaña a la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2020, titulada «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos» prevé que el consumo de gas natural se reduzca significativamente debido a que su uso sin contención no es compatible con la neutralidad climática. Por otro lado, se espera que el consumo de biogás, hidrógeno renovable e hipocarbónico y combustibles gaseosos sintéticos aumente significativamente hacia 2050. En cuanto al gas, las infraestructuras están ahora mejor conectadas y la resiliencia del suministro ha mejorado sustancialmente desde 2013. La planificación de infraestructuras energéticas debe reflejar estos cambios en el panorama del gas. Sin embargo, no todos los Estados miembros están suficientemente conectados a la red de gas europea todavía y los Estados miembros insulares, en particular, siguen enfrentándose a retos significativos en términos de seguridad del suministro y aislamiento energético. Aunque se prevé que el 78 % de los proyectos de gas que son de interés común habrán sido encargados para finales de 2025, varios de ellos están experimentando retrasos significativos, también debidos a problemas relacionados con la concesión de autorizaciones. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe afectar negativamente a los proyectos de interés común que aún no se hayan completado en la fecha de su entrada en vigor. Por lo tanto, los proyectos incluidos en la quinta lista de la Unión de proyectos de interés común establecida en virtud del Reglamento (UE) n.o 347/2013 y cuyo expediente de solicitud haya sido admitido a examen por la autoridad competente deben poder mantener los derechos y obligaciones relacionados con la autorización durante un período de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

(14) La importancia de las redes eléctricas inteligentes, que no siempre incluyen el cruce de una frontera física, para la consecución de los objetivos de las políticas en materia de energía y clima de la Unión se reconoció en la Comunicación de la Comisión, de 8 de julio de 2020, titulada «Impulsar una economía climáticamente neutra: Una Estrategia de la UE para la Integración del Sistema Energético (en lo sucesivo, «Estrategia de la UE para la Integración del Sistema Energético»). Los criterios para esa categoría deben simplificarse, incluir los avances tecnológicos en relación con los aspectos digitales y de innovación y deben permitir la integración del sistema energético. Además, el papel de los promotores de proyectos debe aclararse. Dado que se prevé un aumento significativo de la demanda de energía en el sector del transporte, en particular para los vehículos eléctricos en las autopistas y zonas urbanas, las tecnologías de redes inteligentes también deben contribuir a mejorar el apoyo relacionado con la red energética para la recarga de alta capacidad transfronteriza a fin de respaldar la descarbonización del sector del transporte.

(15) La Estrategia de la UE para la Integración del Sistema Energético pone de manifiesto la necesidad de una planificación integrada de la infraestructura energética entre vectores energéticos, infraestructuras y sectores de consumo. Tal integración del sistema parte de la base de la aplicación del principio de la eficiencia energética primero y la adopción de un enfoque político integral más allá de los sectores individuales. También aborda las necesidades de descarbonización de los sectores con emisiones difíciles de reducir, tales como partes de la industria o ciertos modos de transporte, donde la electrificación directa es, actualmente, difícil desde el punto de vista técnico o económico. Esas inversiones incluyen el hidrógeno y los electrolizadores, que están avanzando hacia el despliegue comercial a gran escala. La Comunicación de la Comisión, de 8 de julio de 2020, titulada «Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra» (en lo sucesivo, «estrategia del hidrógeno») da prioridad a la producción de hidrógeno de electricidad renovable, que es la solución más limpia y compatible con el objetivo de neutralidad climática de la Unión. Sin embargo, en una fase transitoria son necesarias otras formas de hidrógeno con bajas emisiones de carbono para descarbonizar con mayor rapidez la producción de hidrógeno existente prestando especial atención a una amplia gama de tecnologías limpias, y para impulsar una economía de escala.

(16) Además, en su estrategia del hidrógeno, la Comisión concluye que, para el despliegue necesario de hidrógeno, una red de infraestructuras a gran escala es un importante elemento que solo pueden ofrecer la Unión y el mercado interior. Actualmente existen muy pocas infraestructuras específicas para el transporte y el comercio transfronterizos de hidrógeno o para crear valles de hidrógeno. Esas infraestructuras deben consistir en gran medida en activos convertidos de activos de gas natural, complementados con nuevos activos específicos de hidrógeno. Además, la estrategia del hidrógeno establece un objetivo estratégico para aumentar la potencia instalada de electrolizadores hasta 40 Gigavatios (GW) de aquí a 2030, con el fin de aumentar la producción de hidrógeno renovable y facilitar la descarbonización de sectores dependientes de combustibles fósiles, tales como la industria o el transporte. Por tanto, la política de las redes transeuropeas de energía debe incluir infraestructuras adaptadas de transporte y almacenamiento de hidrógeno, así como instalaciones de electrolizadores. Las infraestructuras de transporte y almacenamiento de hidrógeno también deben incluirse en el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, de forma que permita una evaluación coherente e integral de sus costes y beneficios para el sistema energético, incluida su contribución a la integración y la descarbonización del sector, con el objetivo de crear la espina dorsal de hidrógeno de la Unión.

(17) Además, debe crearse una nueva categoría de infraestructuras de redes de gas inteligentes que apoye las inversiones en la integración de una pluralidad de gases hipocarbónicos y, en particular, renovables tales como el biogás, el biometano y el hidrógeno, en la red de gas y contribuya a gestionar el sistema resultante más complejo, sobre la base tecnologías innovadoras.

(18) El objetivo de lograr la neutralidad climática para 2050 a más tardar supone que seguirán existiendo procesos industriales que emitan dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se considera inevitable cuando su producción no puede evitarse a pesar de la optimización, por ejemplo, mediante la eficiencia energética o una electrificación que integre energías renovables. El desarrollo de infraestructuras de dióxido de carbono debe dar lugar a una reducción neta significativa de las emisiones de otro modo inevitables en ausencia de alternativas razonables. La captura de dióxido de carbono es objeto de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12) para los flujos de dióxido de carbono procedentes de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva y con fines de almacenamiento geológico en virtud de la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13).

(19) El Reglamento (UE) n.o 347/2013 exigía que un proyecto de interés común candidato probase una contribución significativa a, como mínimo, uno de los criterios en el proceso de elaboración de la lista de la Unión de proyectos de interés común, que podía incluir la sostenibilidad, aunque no era obligatorio. De conformidad con las necesidades específicas del mercado interior de la energía en este momento, ese requisito permitió el desarrollo de proyectos de interés común que abordaban solo los riesgos de seguridad del suministro, aun cuando no demostraran beneficios en términos de sostenibilidad. Sin embargo, habida cuenta de la evolución de las necesidades de infraestructuras de la Unión, los objetivos de descarbonización y las Conclusiones del Consejo Europeo adoptadas el 21 de julio de 2020, según las cuales todo el gasto de la Unión debe ser coherente con los objetivos del Acuerdo de París y con el principio de «no ocasionar daños» del Pacto Verde Europeo, la sostenibilidad en términos de la integración de las fuentes de energías renovables en la red o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, según proceda, deben evaluarse para garantizar que la política de las redes transeuropeas de energía sea coherente con los objetivos de la Unión en materia de energía y clima y su objetivo de neutralidad climática para 2050, teniendo en cuenta las especificidades de cada Estado miembro a la hora de alcanzar el objetivo de neutralidad climática. La sostenibilidad de las redes de transporte de dióxido de carbono se aborda mediante la reducción total prevista de los gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los proyectos y la ausencia de soluciones tecnológicas alternativas para lograr el mismo nivel de reducción del dióxido de carbono.

(20) La Unión debe facilitar proyectos de infraestructuras que vinculen las redes de la Unión con redes de terceros países y que sean mutuamente beneficiosos y necesarios para la transición energética y el logro de los objetivos climáticos, y que cumplan también los criterios específicos de las categorías pertinentes de infraestructuras de conformidad con el presente Reglamento, en particular con países vecinos y países con los que la Unión ha establecido una cooperación energética específica. Por tanto, el presente Reglamento debe incluir, en su ámbito de aplicación, proyectos de interés mutuo si son sostenibles y pueden demostrar beneficios socioeconómicos netos significativos a escala de la Unión y para al menos un tercer país. Tales proyectos deben poder ser incluidos en la lista de la Unión de proyectos de interés común y proyectos de interés mutuo (en lo sucesivo, «lista de la Unión») siempre y cuando el marco político tenga un alto nivel de convergencia y esté respaldado por mecanismos de ejecución, y deben demostrar una contribución a los objetivos generales de las políticas en materia de energía y clima de la Unión y de los terceros países en términos de seguridad del suministro y de descarbonización. Debe presumirse la existencia de un nivel elevado de convergencia del marco político para el Espacio Económico Europeo o las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía. Dicho nivel puede demostrarse en el caso de otros terceros países mediante acuerdos bilaterales que incluyan disposiciones pertinentes sobre los objetivos de descarbonización de la política en materia de energía y clima y ser objeto de una evaluación posterior por parte de un grupo regional adecuado con el apoyo de la Comisión. Además, el tercer país con el que la Unión coopere en el desarrollo de proyectos de interés mutuo debe facilitar un calendario similar de ejecución acelerada y otras medidas de apoyo a las políticas, como se establece en el presente Reglamento. Por lo tanto, los proyectos de interés mutuo deben tratarse de la misma manera que los proyectos de interés común, y todas las disposiciones relativas a los proyectos de interés común también se aplican a los proyectos de interés mutuo, a menos que se especifique lo contrario. Por beneficios socioeconómicos netos significativos a escala de la Unión debe entenderse una mejora de la interoperabilidad y el funcionamiento del mercado interior en más de un Estado miembro. Por lo que se refiere a los proyectos de almacenamiento de dióxido de carbono, solo deben ser admisibles los proyectos necesarios para permitir el transporte y el almacenamiento transfronterizos de dióxido de carbono, siempre que las normas y salvaguardias para evitar cualquier fuga y relativas al clima, la salud humana y los ecosistemas en lo que respecta a la seguridad y la eficacia del almacenamiento permanente de dióxido de carbono sean al menos del mismo nivel que en la Unión. Debe suponerse que el Espacio Económico Europeo cumple dichas normas y salvaguardias.

(21) Los proyectos de interés mutuo deben considerarse un instrumento adicional para ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento a terceros países más allá de los proyectos de interés común que contribuyen a desarrollar los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética tal como se establecen en el anexo I. Por lo tanto, cuando un proyecto con un tercer país contribuya al desarrollo de un corredor o área prioritario de infraestructura energética, se le debe poder aplicar la condición de proyecto de interés común en el marco del presente Reglamento. En virtud del mismo principio, los proyectos de interconexión eléctrica con terceros países que hayan alcanzado la consideración de proyecto de interés común con arreglo al Reglamento (UE) n.o 347/2013 pueden ser seleccionados como proyectos de interés común, siempre que se sometan al proceso de selección y cumplan los criterios de los proyectos de interés común.

(22) Además, para lograr los objetivos de la Unión en materia de energía y clima para 2030 y su objetivo de neutralidad climática para 2050, la Unión debe aumentar significativamente la producción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable. Las categorías de infraestructura energética actuales para el transporte y el almacenamiento de electricidad son cruciales para la integración de un aumento significativo de la producción de electricidad renovable en la red eléctrica. Asimismo, ello requiere intensificar la inversión en energías renovables marinas con el fin de alcanzar al menos 300 GW de generación de energía eólica marina instalada en consonancia con la estrategia de la Comisión sobre energía renovable marina establecida en la Comunicación de la Comisión, de 19 de noviembre de 2020, titulada «Una estrategia de la UE para aprovechar el potencial de la energía renovable marina para un futuro climáticamente neutro». Esa estrategia incluye enlaces radiales de conexión de nuevas capacidades eólicas marítimas, así como proyectos integrados híbridos. También debe abordarse la coordinación de la planificación a largo plazo y el desarrollo de redes de electricidad en alta mar o en tierra. En particular, la planificación de infraestructuras en alta mar debe alejarse del enfoque proyecto por proyecto hacia un enfoque integral coordinado que garantice el desarrollo sostenible de redes marítimas integradas, de conformidad con el potencial para la energía marítima renovable de cada cuenca marítima, la protección medioambiental y otros usos del mar. Debe existir un enfoque basado en la cooperación voluntaria entre los Estados miembros. Los Estados miembros deben seguir siendo responsables de la aprobación de los proyectos de interés común que estén relacionados con sus territorios y de sus costes conexos.

(23) Los Estados miembros pertinentes deben poder evaluar los beneficios y los costes de los corredores de la red marítima prioritarios de energía renovable y realizar un análisis preliminar de la distribución de costes a nivel del corredor de la red marítima prioritario para respaldar los compromisos políticos conjuntos para el desarrollo de energías renovables en alta mar. La Comisión, junto con los Estados miembros y los gestores de redes de transporte (GRT) y las autoridades reguladoras nacionales pertinentes, debe desarrollar orientaciones para una relación coste-beneficio específica y la distribución de costes para la implantación de planes integrados de desarrollo de redes marítimas que deben permitir a los Estados miembros realizar una evaluación adecuada.

(24) El proceso de plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión como base para la identificación de proyectos de interés común en las categorías de electricidad y gas ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, si bien la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (en lo sucesivo, «REGRT de Electricidad»), la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (en lo sucesivo, «REGRT de Gas») y los GRT tienen un papel importante que desempeñar en el proceso, es necesario un mayor escrutinio, en particular, en lo que respecta la definición de los modelos hipotéticos para el futuro, identificando deficiencias y cuellos de botella a largo plazo de las infraestructuras y evaluando proyectos individuales, para mejorar la confianza en el proceso. Por consiguiente, debido a la necesidad de una validación independiente, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (en lo sucesivo, «la Agencia») y la Comisión deben desempeñar un papel de mayor peso en el proceso, también a la hora de elaborar los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la Unión, en virtud del Reglamento (CE) 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) y el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo (15). El proceso del plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión debe beneficiarse de las aportaciones objetivas y científicas de un organismo científico independiente como el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre el Cambio Climático y debe organizarse de la manera más eficaz posible.

(25) En el desempeño de sus cometidos antes de la adopción de los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la Unión, la REGRT de Electricidad y la REGRT de Gas deben llevar a cabo un amplio proceso de consulta en el que participen todas las partes interesadas pertinentes. La consulta debe ser abierta y transparente y debe organizarse de manera oportuna para que las partes interesadas puedan dar su opinión en la preparación de las fases clave de los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la Unión, como la elaboración de modelos hipotéticos, la identificación de lagunas en las infraestructuras y la metodología de análisis de costes y beneficios para la evaluación de los proyectos. La REGRT de Electricidad y la REGRT de Gas deben tener debidamente en cuenta las aportaciones recibidas de las partes interesadas durante las consultas y explicar cómo las han tenido en cuenta.

(26) En consonancia con las conclusiones del foro de infraestructuras energéticas de 2020, es necesario garantizar que todos los sectores pertinentes, como el del gas, la electricidad y el transporte, se tengan en cuenta, en una perspectiva integrada, en los procesos de planificación de todas las infraestructuras terrestres y marítimas, de transporte y de distribución. A fin de cumplir el Acuerdo de París y de alcanzar los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y los objetivos de desarrollo de energías marinas para 2040, y en consonancia con el objetivo de la Unión de lograr la neutralidad climática en 2050 a más tardar, el marco de las redes transeuropeas de energía debe basarse en una visión de un «sistema energético único» más inteligente, integrada, a largo plazo y optimizada mediante la implantación de un marco que permita una mejor coordinación de la planificación de las infraestructuras en diversos sectores y ofrezca la oportunidad de integrar de manera óptima diversas soluciones de acoplamiento que conlleven diversos elementos de red entre distintas infraestructuras. Esto debe garantizarse mediante el desarrollo de un modelo progresivamente integrado que permita la compatibilidad entre las metodologías de cada sector sobre la base de hipótesis comunes y refleje las interdependencias.

(27) Debe asegurarse que solo los proyectos de infraestructuras para los que no hay soluciones alternativas reciban la condición de proyectos de interés común. A tal fin, el principio de «la eficiencia energética primero» debe tenerse en cuenta en el informe de identificación de lagunas en las infraestructuras elaborado en consonancia con el presente Reglamento y en el trabajo de los grupos regionales a la hora de establecer las listas regionales de proyectos propuestos que figuran en la lista de la Unión. En consonancia con el principio de «la eficiencia energética primero», deben considerarse todas las alternativas pertinentes a las nuevas infraestructuras para satisfacer las necesidades futuras en materia de infraestructuras que puedan contribuir a abordar la detección de lagunas en las infraestructuras. Los grupos regionales, asistidos por las autoridades reguladoras nacionales, deben tener en cuenta las hipótesis y los resultados de la evaluación de las lagunas en infraestructuras realizada en consonancia con el presente Reglamento y velar por que el principio de «la eficiencia energética primero» se refleje plenamente en el proceso de selección de los proyectos de interés común. Además, durante la ejecución del proyecto, los promotores deben notificar el cumplimiento de la normativa medioambiental y demostrar que los proyectos no causan un «perjuicio significativo» al medio ambiente en el sentido de lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (16). Para los proyectos de interés común que hayan alcanzado suficiente madurez, esto se tendrá en cuenta cuando los grupos regionales seleccionen los proyectos para la lista de la Unión ulterior.

(28) A fin de asegurar la estabilidad del voltaje y la frecuencia, ha de prestarse especial atención a la estabilidad de la red eléctrica europea en las condiciones cambiantes, sobre todo, en vista del creciente porcentaje de opciones de flexibilidad, como el almacenamiento de energía sostenible, y de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable. Se deben priorizar en especial los esfuerzos por mantener y garantizar un nivel satisfactorio de producción planificada de energía hipocarbónica, con el fin de garantizar la seguridad del suministro para los ciudadanos y las empresas.

(29) Al cabo de intensas consultas con todos los Estados miembros y partes interesadas, la Comisión ha identificado catorce prioridades en materia de infraestructuras energéticas europeas cuyo desarrollo es esencial para el logro de los objetivos de la Unión en materia de energía y clima para 2030 y su objetivo de neutralidad climática para 2050. Dichas prioridades abarcan diferentes regiones geográficas o áreas temáticas en el ámbito del transporte y almacenamiento de electricidad, las redes marítimas de energía renovable, el transporte y almacenamiento de hidrógeno, los electrolizadores, las redes de gas inteligentes, las redes eléctricas inteligentes y el transporte y la captura de dióxido de carbono.

(30) Los proyectos de interés común deben cumplir criterios comunes, transparentes y objetivos, con vistas a su contribución a los objetivos de la política energética. Para poder figurar en las listas de la Unión, los proyectos de electricidad e hidrógeno propuestos deben formar parte del último plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión disponible. Como la infraestructura de hidrógeno no se incluye actualmente en el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, ese requisito para los proyectos en materia de hidrógeno solo se aplicará a partir del 1 de enero de 2024, a efectos de la segunda lista de la Unión que se establecerá en virtud del presente Reglamento.

(31) Deben crearse grupos regionales a efectos de proponer y revisar proyectos de interés común con miras a establecer listas regionales de proyectos de interés común. Con el fin de garantizar un amplio consenso, dichos grupos regionales deben asegurar una estrecha cooperación entre los Estados miembros, las autoridades reguladoras nacionales, los promotores de proyectos y las partes interesadas pertinentes. En el contexto de esa cooperación, siempre que sea necesario, las autoridades reguladoras nacionales deben asesorar a los grupos regionales, entre otras cuestiones, sobre la viabilidad de los aspectos de regulación de los proyectos propuestos y sobre la viabilidad del calendario propuesto para la aprobación por las autoridades reguladoras.

(32) Con el fin de aumentar la eficiencia del proceso, se debe seguir fomentando y reforzando la cooperación entre los grupos regionales. Es necesario que la Comisión desempeñe un importante papel a la hora de facilitar esa cooperación, con vistas a abordar las posibles repercusiones de los proyectos en otros grupos regionales.

(33) Se ha de establecer una lista de la Unión nueva cada dos años. Los proyectos de interés común que hayan concluido o que ya no cumplan los criterios y requisitos pertinentes establecidos en el presente Reglamento no deben figurar en la siguiente lista de la Unión. Por esa razón, los proyectos existentes de interés común que deban incluirse en la siguiente lista de la Unión deben someterse al mismo proceso de selección para el establecimiento de las listas regionales y de la lista de la Unión aplicadas a los proyectos propuestos. Sin embargo, debe minimizarse la carga administrativa todo lo posible, por ejemplo, mediante el uso de información presentada con anterioridad y teniendo en cuenta los informes anuales de los promotores de proyectos. Con este fin, los proyectos existentes de interés común que han realizado un progreso significativo deben beneficiarse de un proceso de inclusión simplificado en el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión.

(34) Los proyectos de interés común deben ejecutarse lo más rápidamente posible y deben ser objeto de un estrecho seguimiento y de evaluación, al tiempo que se cumplen debidamente los requisitos de participación de las partes interesadas y la normativa ambiental y que la carga administrativa para los promotores de los proyectos se mantiene en un mínimo. La Comisión debe nombrar coordinadores europeos para los proyectos que presenten dificultades particulares o retrasos. El progreso en la ejecución de los proyectos específicos, así como el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el presente Reglamento, deben tenerse en cuenta en el proceso de selección para listas ulteriores de la Unión para esos proyectos.

(35) El proceso de concesión de autorizaciones no debe dar lugar a cargas administrativas que sean desproporcionadas con el tamaño o la complejidad de un proyecto, ni crear barreras al desarrollo de las redes transeuropeas ni al acceso al mercado.

(36) Se deben coordinar la planificación y la ejecución de los proyectos de interés común de la Unión en materia de infraestructuras de energía, de transportes y de telecomunicaciones con el fin de generar sinergias, siempre que sea factible en la perspectiva de la economía en general o desde los puntos de vista técnico, medioambiental, climático o de la planificación territorial, y teniendo debidamente en cuenta los aspectos de seguridad pertinentes. Por tanto, durante la planificación de las distintas redes europeas, debe ser posible priorizar la integración de las redes de transporte, de comunicaciones y de energía, a fin de garantizar que se utiliza el mínimo posible de terreno. Es necesaria una visión común de las redes para la integración de los sistemas energéticos en los diferentes sectores, al tiempo que se asegura, cuando sea posible, la reutilización de rutas existentes o en desuso, con objeto de reducir al mínimo las repercusiones sociales, económicas, ambientales y financieras negativas.

(37) Debe darse carácter prioritario a nivel nacional a los proyectos de interés común para garantizar la rapidez de su tramitación administrativa y el tratamiento urgente en todos los procedimientos judiciales y de resolución de litigios en relación con ellos. Las autoridades competentes deben considerarlos de interés público. Por revestir un interés público de orden superior, se deben autorizar los proyectos que tengan un impacto negativo en el medio ambiente si se cumplen todas las condiciones fijadas en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17) y la Directiva 92/43/CEE del Consejo (18).

(38) Es esencial que se informe y consulte a las partes interesadas, incluida la sociedad civil, para garantizar el éxito de los proyectos y limitar las objeciones sobre ellos.

(39) Para reducir la complejidad, potenciar la eficiencia y la transparencia, e impulsar la cooperación entre los Estados miembros, debe instituirse una autoridad o autoridades competentes que integren o coordinen todos los procesos de concesión de autorizaciones.

(40) Para simplificar y acelerar el proceso de concesión de autorizaciones para redes marítimas de energías renovables, deben designarse puntos de contacto únicos para los proyectos transfronterizos en alta mar de la lista de la Unión, reduciendo la carga administrativa para los promotores de proyectos. Los puntos de contacto únicos deben reducir la complejidad, aumentar la eficiencia y acelerar el proceso de concesión de autorizaciones para activos de transporte en alta mar que suelen atravesar varias jurisdicciones.

(41) A pesar de la existencia de normas establecidas que aseguran la participación del público en los procedimientos de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente y que se aplican plenamente a los proyectos de interés común, todavía son necesarias medidas adicionales previstas en el presente Reglamento para garantizar los máximos niveles posibles de transparencia y participación del público en todas las cuestiones pertinentes del proceso de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común. Si las normas nacionales ya abarcan la consulta previa antes del proceso de concesión de autorizaciones en el marco de normas iguales o superiores a las del presente Reglamento, dicho proceso debe ser opcional y evitar la duplicación de requisitos jurídicos.

(42) La aplicación correcta y coordinada de las Directivas 2001/42/CE (19) y 2011/92/UE (20) del Parlamento Europeo y del Consejo y, cuando sea aplicable, del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (21), firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»), y del Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (22), firmado en Espoo el 25 de febrero de 1991 (en lo sucesivo, «Convenio de Espoo»), debe garantizar la armonización de los principios clave para la evaluación de los impactos ambientales, también en un contexto transfronterizo. La Comisión ha publicado orientaciones para ayudar a los Estados miembros a definir medidas legislativas y no legislativas adecuadas para racionalizar los procedimientos de evaluación ambiental en la infraestructura energética, y para velar por la aplicación coherente de los procedimientos de evaluación ambiental exigidos con arreglo al Derecho de la Unión para los proyectos de interés común. Los Estados miembros deben coordinar sus evaluaciones de proyectos de interés común y contemplar evaluaciones conjuntas, cuando sea posible. Debe alentarse a los Estados miembros a intercambiar las mejores prácticas y a desarrollar capacidades administrativas en los procesos de concesión de autorizaciones.

(43) Es importante racionalizar y mejorar el proceso de concesión de autorizaciones, mientras se respetan, en la medida de lo posible y a fin de observar debidamente el principio de subsidiariedad, las competencias y los procedimientos nacionales para la construcción de nuevas infraestructuras energéticas. Habida cuenta de la urgencia de desarrollar las infraestructuras energéticas, la simplificación del proceso de concesión de autorizaciones debe fijar una fecha límite clara para la decisión de las autoridades pertinentes en relación con la construcción del proyecto. Dicha fecha límite debe favorecer una mayor eficiencia en la definición y tramitación de los procedimientos y bajo ninguna circunstancia debe transigir con los elevados niveles de protección del medio ambiente, de conformidad con la normativa medioambiental, y participación del público. El presente Reglamento debe establecer plazos máximos. Sin embargo, los Estados miembros pueden esforzarse por lograr plazos más cortos cuando sea posible y, en particular, en relación con proyectos como las redes inteligentes, que tal vez no necesiten un proceso de concesión de autorizaciones tan complejo como el de la infraestructura de transporte. Las autoridades competentes deben ser responsables de asegurar el cumplimiento de los plazos.

(44) Cuando corresponda, los Estados miembros deben poder incluir en las decisiones globales decisiones tomadas en el contexto de negociaciones con propietarios del suelo sobre la concesión de acceso a bienes inmuebles, su propiedad o el derecho de utilizarlos, en el contexto de la planificación territorial que determina el uso general del suelo en una región determinada, incluyendo otros proyectos como autopistas, ferrocarriles, edificios y zonas de protección de la naturaleza, y que no se emprende con la finalidad específica del proyecto previsto, y la concesión de licencias de explotación. En el contexto del proceso de concesión de autorizaciones, los proyectos de interés común deben poder comprender infraestructuras relacionadas en la medida en que ello sea esencial para la construcción o el funcionamiento del proyecto. El presente Reglamento, en particular las disposiciones relativas a la concesión de autorizaciones, participación del público y ejecución de proyectos de interés común, será aplicable sin perjuicio del Derecho de la Unión e internacional, incluidas las disposiciones para proteger el medio ambiente y la salud humana, así como las disposiciones adoptadas con arreglo a la política pesquera común y la política marítima integrada, en concreto, la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (23).

(45) Por lo general, deben hacerse cargo de la totalidad de los costes de desarrollo, construcción, explotación y mantenimiento de los proyectos de interés común los usuarios de la infraestructura. La asignación de los costes debe garantizar que los usuarios finales no soporten una carga desproporcionada, especialmente si eso puede conducir a la pobreza energética. Los proyectos de interés común deben poder beneficiarse de la distribución transfronteriza de los costes si una evaluación de la demanda del mercado o de los efectos esperados sobre las tarifas indica que no cabe esperar que se recuperen los costes mediante las tarifas pagadas por los usuarios de la infraestructura.

(46) El debate sobre la distribución adecuada de los costes debe basarse en el análisis de los costes y beneficios de un proyecto de infraestructura realizado sobre la base de una metodología armonizada para un análisis de todo el sistema energético, utilizando todos los escenarios pertinentes establecidos en el marco de los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la Unión elaborados en virtud del Reglamento (CE) n.o 715/2009 y del Reglamento (UE) 2019/943, y revisados por la Agencia, así como escenarios adicionales para la planificación del desarrollo de la red, permitiendo un análisis sólido de la contribución del proyecto de interés común a los objetivos de la política energética de la Unión relativos a la descarbonización, la integración del mercado, la competencia, la sostenibilidad y la seguridad del suministro. Dicho análisis puede tomar en consideración los indicadores y los valores de referencia correspondientes para la comparación de los costes unitarios de inversión. Cuando se utilicen escenarios adicionales, estos deben ser coherentes con los objetivos de la Unión en materia de energía y clima para 2030 y su objetivo de neutralidad climática para 2050, y deben ser objeto de un proceso exhaustivo de consulta y control.

(47) En un mercado interior de la energía cada vez más integrado, son necesarias normas claras y transparentes para la distribución transnacional de los costes, con el fin de acelerar la inversión en infraestructura transfronteriza y en proyectos con una repercusión transfronteriza. Ello es esencial para garantizar un marco estable de financiación para el desarrollo de proyectos de interés común y minimizar la necesidad de apoyo financiero, y al mismo tiempo animar a los inversores interesados, con mecanismos financieros e incentivos adecuados. Al decidir sobre la distribución transfronteriza de costes, las autoridades reguladoras nacionales deben distribuir los costes de inversión considerados eficientes, y pertinentes a la vista de sus enfoques y metodologías nacionales para infraestructuras similares, entre países en su totalidad e incluirlos en las tarifas nacionales y, después, determinar, en su caso, si su impacto en las tarifas nacionales podría suponer una carga desproporcionada para los consumidores en sus Estados miembros respectivos. Las autoridades reguladoras nacionales deben evitar los riesgos de duplicar el apoyo a los proyectos tomando en consideración las tasas y los ingresos reales o estimados. Tales cambios e ingresos deben tenerse en cuenta solo en la medida en que estén relacionados con los proyectos y se diseñen para abarcar todos los costes correspondientes.

(48) Hacen falta proyectos transfronterizos que tengan un efecto positivo en la red eléctrica de la Unión, como los electrolizadores o las redes eléctricas inteligentes, sin que ello implique una frontera física común.

(49) La normativa sobre el mercado interior de la energía exige que las tarifas de acceso a las redes constituyan incentivos adecuados para la inversión. Sin embargo, varios tipos de proyectos de interés común podrían generar externalidades que tal vez no se capturen en su totalidad ni se recuperen a través del sistema regular de tarifas. Las autoridades reguladoras nacionales deben garantizar, cuando apliquen la normativa del mercado interior de la energía, un marco regulador y financiero estable y previsible con incentivos para proyectos de interés común, incluidos incentivos a largo plazo, que guarden relación con el nivel de riesgo específico del proyecto. Dicho marco se aplicará en particular a proyectos transfronterizos, tecnologías innovadoras de transporte de electricidad que permiten la integración a gran escala de la energía renovable, de los recursos energéticos distribuidos o de la respuesta de demanda en las redes interconectadas, y proyectos de digitalización y tecnología energética que podrían incurrir en riesgos mayores que proyectos similares situados dentro de un Estado miembro o que prometen mayores beneficios para la Unión. Además, los proyectos con gastos de funcionamiento elevados también deben tener acceso a incentivos adecuados para la inversión. En particular, las redes marítimas de energías renovables que tienen la doble funcionalidad de interconectores eléctricos y de conexión de proyectos de producción en alta mar de energías renovables, podrían incurrir en riesgos mayores que proyectos comparables de infraestructuras en tierra, debido a su conexión intrínseca a activos de generación con riesgos normativos, riesgos de financiación, tales como la necesidad de anticipar inversiones, riesgos de mercado y riesgos relacionados con el uso de nuevas tecnologías innovadoras.

(50) El presente Reglamento solo debe aplicarse a la concesión de autorizaciones para proyectos de interés común, la participación pública en ellos y su tratamiento regulatorio. No obstante, los Estados miembros deben poder adoptar disposiciones a escala nacional para aplicar las mismas normas u otras similares a otros proyectos no considerados proyectos de interés común en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. En lo relativo a los incentivos de regulación, los Estados miembros deben poder adoptar disposiciones nacionales para aplicar las mismas normas u otras similares a proyectos de interés común pertenecientes a la categoría de almacenamiento de electricidad.

(51) A los Estados miembros que actualmente no atribuyen la mayor importancia nacional posible a los proyectos en materia de infraestructura energética en relación con el proceso de concesión de autorizaciones, se les debe animar a que consideren otorgar dicha importancia, sobre todo al evaluar si ello aceleraría el proceso de concesión de autorizaciones.

(52) A los Estados miembros que actualmente no cuentan con procedimientos judiciales urgentes o acelerados aplicables a los proyectos de infraestructuras energéticas se les debe alentar a considerar introducir dichos procedimientos, en particular, mediante la evaluación de si esto daría lugar a la ejecución más rápida de dichos proyectos.

(53) El Reglamento (UE) n.o 347/2013 ha demostrado el valor añadido de impulsar la financiación privada mediante una importante ayuda financiera de la Unión que permita la ejecución de proyectos de importancia europea. A la luz de la situación económica y financiera y de las restricciones presupuestarias, el apoyo específico, a través de subvenciones e instrumentos financieros, debe continuarse dentro del marco financiero plurianual, para maximizar los beneficios para los ciudadanos de la Unión y atraer a nuevos inversores a los corredores y las áreas prioritarios de infraestructura energética establecidos en un anexo del presente Reglamento, al tiempo que la contribución presupuestaria de la Unión se mantiene en un mínimo.

(54) Los proyectos de interés común deben poder optar a la ayuda financiera de la Unión para estudios y, en determinadas condiciones, para obras en virtud del Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo (24) en forma de subvenciones o instrumentos financieros innovadores para garantizar que se presta apoyo personalizado a dichos proyectos de común interés que no sean viables en el marco regulador y las condiciones del mercado actuales. Es importante evitar cualquier distorsión de la competencia, en particular entre proyectos que contribuyan a la realización del mismo corredor prioritario de la Unión. Dicha ayuda financiera debe asegurar las sinergias necesarias con los Fondos Estructurales para financiar las redes inteligentes de distribución de energía y con el mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1294 de la Comisión (25), en virtud del artículo 33, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (26). Debe aplicarse a los proyectos de interés común un enfoque compuesto de tres fases. En primer lugar, el mercado debe tener prioridad para invertir. En segundo lugar, si el mercado no efectúa inversiones, se deben examinar soluciones normativas, ajustar en caso necesario el marco regulador aplicable y garantizar su correcta aplicación. En tercer lugar, si las dos fases anteriores no bastan para que se produzcan las inversiones necesarias en proyectos de interés común, debe ser posible prestar ayuda financiera de la Unión si el proyecto de interés común cumple los criterios de admisibilidad aplicables. Los proyectos de interés común también pueden beneficiarse del programa InvestEU, que es complementario de la concesión de financiación.

(55) La Unión debe facilitar proyectos energéticos en las regiones desfavorecidas, menos conectadas, periféricas, ultraperiféricas o aisladas, a fin de permitir el acceso a las redes transeuropeas de energía para acelerar el proceso de descarbonización y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

(56) Cuando en un Estado miembro no exista un GRT, las referencias a los GRT incluidas en el presente artículo se aplicarán, mutatis mutandis, a los gestores de redes de distribución (GRD).

(57) Las subvenciones para obras relacionadas con proyectos de interés mutuo deben estar disponibles en las mismas condiciones que para otras categorías cuando contribuyan a los objetivos generales de las políticas en materia de energía y clima de la Unión y cuando los objetivos de descarbonización del tercer país sean coherentes con el Acuerdo de París.

(58) Por consiguiente, los Reglamentos (CE) n.o 715/2009, (UE) 2019/942 (27) y (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como las Directivas 2009/73/CE y (UE) 2019/944, deben modificarse de la manera correspondiente.

(59) Mientras que la reorientación de la infraestructura de gas natural tiene por objeto descarbonizar las redes de gas, permitiendo el uso específico del hidrógeno puro, un período transitorio podría permitir el transporte o el almacenamiento de una mezcla predefinida de hidrógeno con gas natural o biometano. La mezcla de hidrógeno con gas natural o biometano podría utilizarse para aumentar la capacidad de producción de hidrógeno y facilitar el transporte de hidrógeno. Para garantizar la transición al hidrógeno, el promotor del proyecto debe demostrar, también mediante contratos comerciales, la manera en que, al final del período transitorio, los activos de gas natural se convertirán en activos específicos de hidrógeno y se mejorará el uso del hidrógeno durante el período transitorio. En el contexto del ejercicio de seguimiento, la Agencia debe verificar la transición oportuna del proyecto a un activo específico para el hidrógeno. Toda financiación de dichos proyectos en virtud del Reglamento (UE) 2021/1153 durante el período transitorio debe estar sujeta al establecimiento, en el acuerdo de subvención, de la condición de reembolsar la financiación en caso de retraso en la transición oportuna del proyecto a un activo específico para el hidrógeno, y a disposiciones adecuadas que permitan el cumplimiento de dicha condición.

(60) En consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo del 4 de febrero de 2011, según las cuales ningún Estado miembro debe permanecer aislado de las redes europeas de gas y electricidad después de 2015 ni ver puesta en peligro su seguridad energética por carecer de las conexiones apropiadas, el presente Reglamento tiene por objeto garantizar el acceso a las redes transeuropeas de energía poniendo fin al aislamiento energético de Chipre y Malta, que aún no están conectados con la red transeuropea de gas. Tal objetivo debe alcanzarse permitiendo que los proyectos en fase de desarrollo o planificación a los que se haya concedido la condición de proyecto de interés común con arreglo al Reglamento (UE) n.o 347/2013 mantengan su condición hasta que Chipre y Malta estén conectados con la red transeuropea de gas. Además de contribuir al desarrollo del mercado de las energías renovables, a la flexibilidad y la resiliencia del sistema energético y a la seguridad del suministro, dichos proyectos garantizarán el acceso a los futuros mercados de la energía, incluido el hidrógeno, y contribuirán a la consecución de los objetivos generales de las políticas en materia de energía y clima de la Unión.

(61) Los proyectos de interés común no deben poder optar a la ayuda financiera de la Unión cuando los promotores, operadores o inversores de proyectos se encuentren en una de las situaciones de exclusión contempladas en el artículo 136 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (28), por ejemplo en los casos de condena por fraude, corrupción o conducta relacionada con una organización delictiva. Debe ser posible suprimir un proyecto de interés común de la lista de la Unión cuando su inclusión en dicha lista se haya basado en información incorrecta que haya sido un factor determinante para la inclusión o cuando el proyecto no se ajuste al Derecho de la Unión. En el caso de los proyectos de interés común situados en los Estados miembros acogidos a una excepción con arreglo al presente Reglamento, dichos Estados miembros deben garantizar, al apoyar cualquier solicitud de financiación en virtud del Reglamento (UE) 2021/1153 para tales proyectos, que los proyectos no beneficien directa o indirectamente a personas o entidades que se encuentren en una de las situaciones de exclusión a que se refiere el artículo 136 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(62) Con el fin de garantizar el desarrollo oportuno de proyectos de infraestructuras energéticas esenciales para la Unión, la quinta lista de la Unión de proyectos de interés común debe permanecer en vigor hasta que entre en vigor la primera lista de la Unión de proyectos de interés común y proyectos de interés mutuo establecida en virtud del presente Reglamento. Además, para permitir el desarrollo, el seguimiento y la financiación de los proyectos de interés común de la quinta lista de la Unión, determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 347/2013 también deben permanecer en vigor y surtir efecto hasta la entrada en vigor de la primera lista de la Unión de proyectos de interés común y proyectos de interés mutuo establecida en virtud del presente Reglamento.

(63) Debe, por tanto, derogarse el Reglamento (UE) n.o 347/2013.

(64) A fin de garantizar que la lista de la Unión se limite a aquellos proyectos que contribuyan en mayor medida a la ejecución de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética establecidos en un anexo del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la modificación de los anexos del presente Reglamento para establecer y revisar la lista de la Unión, respetando, no obstante, el derecho de los Estados miembros a aprobar proyectos de la lista de la Unión relacionados con su territorio. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (29). Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. Cuando lo consideren necesario, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán enviar expertos a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de los actos delegados a las que se haya invitado a los expertos de los Estados miembros. Los debates de los grupos regionales son esenciales para la Comisión a la hora de adoptar actos delegados que establezcan las listas de la Unión. En consecuencia, cabe informar al Parlamento Europeo y al Consejo, en la medida en que sea posible y compatible con el marco del presente Reglamento, sobre las reuniones de los grupos regionales, y podrán enviarse expertos a estas de acuerdo con el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. Habida cuenta de la necesidad de garantizar la consecución de los objetivos del presente Reglamento y a la vista del número de proyectos incluidos en las listas de la Unión hoy por hoy, el número total de proyectos de la lista de la Unión debe seguir siendo manejable, por lo que no debe ser muy superior a 220.

(65) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el desarrollo y la interoperabilidad de las redes transeuropeas de energía y la conexión a dichas redes para contribuir a garantizar la mitigación del cambio climático, en particular, a alcanzar los objetivos de la Unión en materia de energía y clima para 2030 y su objetivo de neutralidad climática para 2050 a más tardar, así como a garantizar las interconexiones, la seguridad energética, la integración de los mercados y sistemas, una competencia que beneficie a todos los Estados miembros y unos precios asequibles de la energía, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1 Objeto, objetivos y ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento establece orientaciones para el oportuno desarrollo e interoperabilidad de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética transeuropea (en lo sucesivo, «corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética») que figuran en el anexo I y que contribuyen a garantizar la mitigación del cambio climático, en particular, a alcanzar los objetivos en materia de energía y clima de la Unión para 2030 y su objetivo de neutralidad climática para 2050 a más tardar, así como a garantizar las interconexiones, la seguridad energética, la integración de los mercados y sistemas y una competencia que beneficie a todos los Estados miembros, así como unos precios asequibles de la energía. 2. En particular, el presente Reglamento: a) contempla la identificación de proyectos de interés común y de proyectos de interés mutuo de la lista de la Unión establecida en virtud del artículo 3 (en lo sucesivo, «lista de la Unión); b) facilita la ejecución puntual de proyectos de lista de la Unión mediante la racionalización, una coordinación más estrecha y la aceleración de los procesos de concesión de autorizaciones, así como mediante la mejora de la transparencia y de la participación del público; c) establece normas para la distribución transfronteriza de los costes y de los incentivos relativos al riesgo para los proyectos de la lista de la Unión; d) determina las condiciones de admisibilidad de los proyectos de la lista de la Unión para la ayuda financiera de la Unión.

Artículo 2 Definiciones A los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones de los Reglamentos (CE) n.o 715/2009, (UE) 2018/1999, (UE) 2019/942 y (UE) 2019/943 y de las Directivas 2009/73/CE, (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (30) y (UE) 2019/944, se entenderá por: 1) «infraestructura energética»: cualquier soporte material o instalación comprendido en las categorías de infraestructuras energéticas que esté situado en el territorio de la Unión o que conecte a la Unión con uno o varios terceros países; 2) «cuello de botella de infraestructuras energéticas»: la limitación de los flujos físicos en un sistema energético debida a una capacidad de transporte insuficiente, entre otras razones, por la ausencia de infraestructuras; 3) «decisión global»: una decisión o una serie de decisiones adoptadas por una autoridad o autoridades de un Estado miembro, excluidos los órganos jurisdiccionales o autoridades judiciales, que determine si se autoriza o no al promotor del proyecto a construir la infraestructura energética para realizar un proyecto de interés común o un proyecto de interés mutuo teniendo la posibilidad de empezar, o contratar y empezar, las obras de construcción necesarias (fase de «listo para su desarrollo») sin perjuicio de cualquier decisión adoptada en el contexto de un procedimiento de recurso administrativo; 4) «proyecto»: una o varias líneas, conductos, servicios, equipamiento o instalaciones comprendidos en las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II; 5) «proyecto de interés común»: un proyecto necesario para desarrollar los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética que figuran en el anexo I y que esté comprendido en la lista de la Unión; 6) «proyecto de interés mutuo»: un proyecto promovido por la Unión en cooperación con terceros países de conformidad con las cartas de apoyo de los Gobiernos de los países directamente afectados u otros acuerdos no vinculantes, que se inscribe en una de las categorías de infraestructuras energéticas recogidas en el punto 1, letras a) o f), punto 3, letra a), o punto 5, letras a) o c) del anexo II, que contribuye a los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y a su objetivo de neutralidad climática para 2050 y que figura en la lista de la Unión; 7) «proyectos competidores»: proyectos que abordan total o parcialmente el mismo déficit de infraestructuras detectado o la misma necesidad regional de infraestructuras; 8) «promotor de proyecto»: a) un gestor de las redes de transporte (GRT), un gestor de las redes de distribución (GRD) u otro operador o inversor que desarrolle un proyecto de entre los que figuran en la lista de la Unión; b) si se trata de más de uno de los referidos GRT, GRD, otros operadores, inversores o cualquier grupo de estas categorías, la entidad dotada de personalidad jurídica con arreglo a la normativa nacional aplicable que haya sido designada mediante un acuerdo contractual entre ellos y que tenga capacidad para contraer obligaciones jurídicas y asumir la responsabilidad financiera en nombre de las partes del acuerdo contractual; 9) «red eléctrica inteligente»: una red eléctrica, inclusive en las islas no interconectadas o que no están lo suficientemente conectadas con las redes transeuropeas de energía, con la capacidad de integrar y controlar activamente, de manera eficiente en términos de coste, el comportamiento y las acciones de todos los usuarios conectados a ella, incluidos los generadores, consumidores y prosumidores, con el fin de garantizar un sistema eléctrico económicamente eficiente y sostenible, con pocas pérdidas y altos niveles de integración de fuentes renovables, seguridad del suministro y seguridad, y en la que el gestor de la red puede supervisar digitalmente las acciones de los usuarios conectados a ella, y tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse con gestores de redes conexas, generadores, instalaciones de almacenamiento de energía y consumidores o prosumidores, con vistas a transportar y distribuir electricidad de manera sostenible, eficiente en términos de coste y segura; 10) «red de gas inteligente»: una red de gas que utiliza soluciones digitales innovadoras para integrar de manera eficiente en términos de coste una pluralidad de fuentes de gas hipocarbónico y, en particular, renovable de acuerdo con las necesidades de los consumidores y los requisitos de calidad del gas con el fin de reducir la huella de carbono relacionada con el consumo de gas, permitir el aumento del porcentaje de gases renovables e hipocarbónicos y crear vínculos con otros vectores y sectores energéticos, incluidas las mejoras físicas relacionadas si son indispensables para el funcionamiento de los equipos e instalaciones para la integración de los gases hipocarbónicos y, en particular, los renovables; 11) «autoridad interesada»: aquella autoridad que, con arreglo a la normativa nacional, es competente para emitir distintos permisos y autorizaciones relacionados con la planificación, el diseño y la construcción de bienes inmuebles, incluidas las infraestructuras energéticas; 12) «autoridad reguladora nacional»: una autoridad reguladora nacional designada de conformidad con el artículo 39, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE, o una autoridad reguladora a escala nacional designada de conformidad con el artículo 57 de la Directiva (UE) 2019/944; 13) «autoridad reguladora nacional pertinente»: la autoridad reguladora nacional en los Estados miembros que albergan los proyectos y en los Estados miembros en los que el proyecto tiene un impacto positivo significativo; 14) «obras»: la adquisición, el suministro y la implantación de componentes, sistemas y servicios, incluido el software, la realización de actividades de desarrollo, adaptación, construcción e instalación relacionadas con un proyecto, la recepción de instalaciones y la puesta en servicio de un proyecto; 15) «estudios»: las actividades necesarias para preparar la ejecución de un proyecto, como los estudios preliminares, de viabilidad, de evaluación, de prueba y de validación, incluido el software, así como cualquier otra medida de apoyo técnico, incluidas las acciones previas para definir y desarrollar un proyecto y la toma de decisiones respecto a su financiación, como las acciones de reconocimiento de los emplazamientos correspondientes y la preparación del plan financiero; 16) «puesta en servicio»: el proceso de puesta en funcionamiento de un proyecto una vez construido; 17) «activos específicos para el hidrógeno»: infraestructura lista para albergar hidrógeno puro sin que se requiera de obras de adaptación ulterior, incluidas redes de conductos o infraestructuras de almacenamiento de nueva construcción, adaptadas a partir de activos para el gas natural, o ambas; 18) «adaptación»: la mejora técnica o la modificación de infraestructuras de gas natural existente para garantizar que se destine al uso de hidrógeno puro; 19) «adaptación climática»: el proceso que asegura la resiliencia a los posibles efectos adversos del cambio climático sobre la infraestructura energética por medio de la evaluación de vulnerabilidades y riesgos climáticos, también al adoptar las medidas de adaptación pertinentes.

CAPÍTULO II

Proyectos de interés común y proyectos de interés mutuo

Artículo 3 Lista de la Unión de proyectos de interés común y proyectos de interés mutuo 1. Los Grupos Regionales (en lo sucesivo, «Grupos») se establecerán de conformidad con el proceso contemplado en el anexo III, sección 1. La pertenencia a cada uno de los Grupos se basará en cada corredor y área prioritarios y su respectiva cobertura geográfica, enunciados en el anexo I. La competencia para adoptar decisiones en los Grupos recaerá exclusivamente en los Estados miembros y en la Comisión (en lo sucesivo, «órgano decisorio»), y se basará en el consenso. 2. Cada Grupo adoptará su propio reglamento interno, teniendo en cuenta lo dispuesto en el anexo III. 3. El órgano decisorio de cada Grupo adoptará una lista regional de propuestas de proyectos elaborada de conformidad con el procedimiento establecido en el anexo III, sección 2, la contribución de cada proyecto al desarrollo de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética contemplados en el anexo I, y su cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 4. Cuando un Grupo elabore su lista regional: a) cada propuesta relativa a un proyecto exigirá la aprobación de los Estados miembros a cuyo territorio se refiera el proyecto; si un Estado miembro no concede su aprobación, expondrá la debida motivación ante el Grupo que corresponda; b) tendrá en cuenta el asesoramiento de la Comisión orientado a disponer de un número total manejable de proyectos en la lista de la Unión. 4. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 20 del presente Reglamento para establecer la lista de la Unión, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 172 del TFUE. En el ejercicio de sus poderes, la Comisión se asegurará de que la lista de la Unión se establezca cada dos años sobre la base de las listas regionales adoptadas por los órganos decisorios de los Grupos establecidas en virtud de lo dispuesto en el anexo III, sección 1, punto 1, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 3 del presente artículo. La Comisión adoptará el acto delegado por el que se establezca la primera lista de la Unión en virtud del presente Reglamento a más tardar el 30 de noviembre de 2023. Si un acto delegado adoptado por la Comisión en virtud del presente apartado no puede entrar en vigor debido a una objeción formulada por el Parlamento Europeo o por el Consejo en virtud de lo dispuesto en el artículo 20, apartado 6, la Comisión convocará inmediatamente a los Grupos para elaborar nuevas listas regionales teniendo en cuenta los motivos de la objeción. La Comisión adoptará lo antes posible un nuevo acto delegado por el que se establezca la lista de la Unión. 5. Al establecer la lista de la Unión combinando las listas regionales a que se refiere el apartado 3, la Comisión, teniendo debidamente en cuenta las deliberaciones de los Grupos: a) se asegurará de que solo se incluyan los proyectos que cumplan los criterios contemplados en el artículo 4; b) garantizará la coherencia transregional teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia contemplado en el anexo III, sección 2, punto 14; c) tendrá en cuenta las opiniones de los Estados miembros a que se refiere el anexo III, sección 2, punto 10; d) tratará de garantizar que el número total de proyectos de la lista de la Unión sea manejable. 6. Los proyectos de interés común incluidos dentro de las categorías de infraestructuras energéticas establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c), d) y f), del presente Reglamento se convertirán en parte integrante de los planes regionales de inversiones pertinentes con arreglo al artículo 34 del Reglamento (UE) 2019/943 y de los correspondientes planes decenales de desarrollo de la red nacionales, con arreglo al artículo 51 de la Directiva (UE) 2019/944 y de otros planes de infraestructura nacionales, en su caso. Cada uno de esos planes concederá la máxima prioridad posible a tales proyectos de interés común. El presente apartado no se aplicará a los proyectos competidores, a los proyectos que no hayan alcanzado un grado de madurez suficiente para proporcionar un análisis de costes y beneficios específico del proyecto según lo previsto en el anexo III, sección 2, punto 1, letra d) o a los proyectos de interés mutuo. 7. Los proyectos de interés común que entren dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto (1), letras a), b), c), d) y f), y que sean proyectos competidores o proyectos que no hayan alcanzado un grado de madurez suficiente para proporcionar un análisis de costes y beneficios específico del proyecto, según lo previsto en el anexo III, sección 2, punto (1), letra d), podrán incluirse en los planes regionales de inversión pertinentes, en los planes decenales nacionales de desarrollo de la red y en otros planes nacionales de infraestructura, según proceda, como proyectos en estudio.

Artículo 4 Criterios para la evaluación de los proyectos por los Grupos 1. Todo proyecto de interés común deberá cumplir los siguientes criterios generales: a) el proyecto es necesario para al menos uno de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética contemplados en el anexo I; b) los beneficios totales potenciales del proyecto, evaluados de conformidad con los criterios específicos pertinentes previstos en el apartado 3, superan a los costes, también a largo plazo; c) el proyecto cumple con cualquiera de los siguientes criterios: i) concierne como mínimo a dos Estados miembros porque atraviesa directa o indirectamente, mediante interconexión con un tercer país, la frontera de dos o más Estados miembros, ii) está situado en el territorio de un Estado miembro, ya sea terrestre o marítimo, islas incluidas, y tiene una importante repercusión transfronteriza, conforme al anexo IV, punto 1. 2. Todo proyecto de interés mutuo deberá cumplir los siguientes criterios generales: a) el proyecto contribuye de manera significativa a los objetivos contemplados en el artículo 1, apartado 1, y a los del tercer país, en particular no obstaculizando la capacidad del tercer país de eliminar progresivamente los activos dedicados a la generación de energía basados en combustibles fósiles para satisfacer su consumo interno de energía, así como a la sostenibilidad, también mediante la integración de la energía renovable en la red y el transporte y la distribución de la producción de electricidad renovable a los centros de consumo y lugares de almacenamiento principales; b) los beneficios totales potenciales del proyecto a escala de la Unión, evaluados de conformidad con los criterios específicos pertinentes previstos en el apartado 3, superan a los costes en la Unión, también a largo plazo; c) el proyecto está situado en el territorio de, como mínimo, un Estado miembro y en el territorio de, como mínimo, un tercer país y tiene una importante repercusión transfronteriza, conforme al anexo IV, sección 2; d) en lo que respecta a la parte situada en el territorio de un Estado miembro, el proyecto se ajusta a las Directivas 2009/73/CE y (UE) 2019/944 si pertenece a las categorías de infraestructuras establecidas en el anexo II, puntos 1 y 3 del presente Reglamento; e) existe un alto nivel de convergencia del marco político del tercer o terceros países participantes y se acreditan los mecanismos jurídicos de ejecución para apoyar los objetivos políticos de la Unión, en particular para garantizar: i) un mercado interior de la energía que funcione de manera apropiada, ii) la seguridad del suministro de energía sobre la base de, entre otros elementos, la diversidad de fuentes, la cooperación y la solidaridad, iii) un sistema energético, incluida la producción, el transporte y la distribución, en una trayectoria hacia el objetivo de neutralidad climática, en consonancia con el Acuerdo de París y los objetivos de la Unión en materia de clima y energía para 2030 y su objetivo de neutralidad climática para 2050, en particular evitando la fuga de carbono; f) el tercer o terceros países participantes apoyan la condición prioritaria del proyecto, como se prevé en el artículo 7, y se comprometen a cumplir un calendario similar de ejecución acelerada y otras medidas de apoyo político y normativos que sean aplicables a proyectos de interés común de la Unión. Por lo que se refiere a los proyectos de almacenamiento de dióxido de carbono que se inscriben en la categoría de infraestructuras energéticas contemplada en el anexo II, punto 5, letra c), el proyecto será necesario para permitir el transporte y el almacenamiento transfronterizos de dióxido de carbono, y el tercer país en el que está situado el proyecto contará con un marco jurídico adecuado basado en mecanismos de ejecución eficaces demostrados para garantizar que al proyecto se le apliquen normas y salvaguardias para evitar cualquier fuga de dióxido de carbono, y relativas al clima, la salud humana y los ecosistemas por lo que respecta a la seguridad y la eficacia del almacenamiento permanente de dióxido de carbono, que estén como mínimo al mismo nivel que las previstas por el Derecho de la Unión. 3. Los siguientes criterios específicos se aplicarán a los proyectos de interés común incluidos en categorías de infraestructura energética específicas: a) en cuanto a los proyectos de transporte, distribución y almacenamiento de electricidad que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c) y d) y f), el proyecto contribuye de forma significativa a la sostenibilidad por medio de la integración de la energía renovable en la red, el transporte o la distribución de la producción de electricidad renovable a los centros de consumo y lugares de almacenamiento principales, así como a la reducción de las restricciones energéticas, y contribuye al cumplimiento de, como mínimo, uno de los siguientes criterios específicos: i) integración del mercado, entre otras cosas poniendo fin al aislamiento energético de al menos uno de los Estados miembros de la Unión Europea y reduciendo los cuellos de botella de las infraestructuras energéticas, interoperabilidad y flexibilidad del sistema, ii) seguridad del suministro, incluyendo la interoperabilidad, la flexibilidad del sistema, la ciberseguridad, unas conexiones adecuadas y el funcionamiento seguro y fiable del sistema; b) en cuanto a los proyectos de redes eléctricas inteligentes que entran dentro de la categoría de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 1, letra d), el proyecto contribuye de forma significativa a la sostenibilidad por medio de la integración de la energía renovable en la red, y contribuye, como mínimo, a dos de los siguientes criterios específicos: i) la seguridad del suministro, incluyendo por medio de la eficiencia e interoperabilidad del transporte y distribución de electricidad en el funcionamiento día a día de la red, la elusión de congestiones, y la integración y participación de los usuarios de la red, ii) la integración de los mercados, también mediante el funcionamiento eficiente del sistema y el uso de interconectores, iii) la seguridad de la red, flexibilidad y calidad del suministro, también por medio de una mayor adopción de soluciones innovadoras en materia de equilibrio, mercados de flexibilidad, ciberseguridad, supervisión, control de sistemas y corrección de errores, iv) la integración sectorial inteligente en el sistema energético a través de la vinculación de diferentes vectores y sectores energéticos o, en un sentido más amplio, favoreciendo las sinergias y la coordinación entre los sectores de la energía, el transporte y las telecomunicaciones; c) en cuanto a los proyectos de transporte y almacenamiento de dióxido de carbono que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 5, el proyecto contribuye de forma significativa a la sostenibilidad mediante la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en las instalaciones industriales conectadas, y contribuye a todos los criterios específicos siguientes: i) eliminación de las emisiones de dióxido de carbono, al tiempo que se mantiene la seguridad del suministro, ii) el incremento de la resiliencia y la seguridad del transporte y el almacenamiento de dióxido de carbono, iii) el uso eficiente de los recursos, al permitir la conexión de múltiples fuentes y sitios de almacenamiento de dióxido de carbono a través de una infraestructura común y minimizando la carga y los riesgos para el medio ambiente; d) en cuanto a los proyectos de hidrógeno que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 3, el proyecto contribuye significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, al potenciar la implantación de hidrógeno renovable o hipocarbónico, poniendo especial énfasis en el hidrógeno de fuentes renovables, en particular en las aplicaciones de uso final, como los sectores con emisiones difíciles de reducir en los que no son viables soluciones más eficientes desde el punto de vista energético, y apoyar la producción de electricidad de fuentes renovables variables gracias a soluciones de flexibilidad o almacenamiento o ambas, y el proyecto contribuye significativamente, como mínimo, a uno de los siguientes criterios específicos: i) integración del mercado, también mediante la conexión de redes de hidrógeno existentes o emergentes de los Estados miembros, o contribuyendo de otro modo al surgimiento de una red a escala de la Unión para el transporte y almacenamiento de hidrógeno, y garantizando la interoperabilidad de los sistemas conectados, ii) seguridad del suministro y flexibilidad, también mediante conexiones adecuadas y facilitando el funcionamiento seguro y fiable del sistema, iii) competencia, también permitiendo el acceso a diversas fuentes de suministro y usuarios de red de forma transparente y no discriminatoria; e) en cuanto a los electrolizadores que entran dentro de la categoría de infraestructuras energéticas contemplada en el anexo II, punto 4, el proyecto contribuye de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes: i) sostenibilidad, también mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora del despliegue de hidrógeno renovable o hipocarbónico, en particular de fuentes renovables, así como de combustibles sintéticos del mismo origen, ii) seguridad del suministro, también contribuyendo al funcionamiento seguro, eficiente y fiable del sistema, o mediante soluciones de flexibilidad o almacenamiento, o ambas, tales como la respuesta de la demanda y los servicios de balance, iii) permitir servicios de flexibilidad tales como la respuesta de demanda y el almacenamiento de energía al facilitar la integración del sector de la energía inteligente mediante la creación de vínculos con otros sectores y vectores energéticos; f) en cuanto a los proyectos de redes de gas inteligentes que entran dentro de la categoría de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 2, el proyecto contribuye significativamente a la sostenibilidad asegurando la integración de una pluralidad de gases hipocarbónicos y, en particular, renovables, inclusive cuando son de procedencia local, tales como el biometano o el hidrógeno renovable, en los sistemas de transporte, distribución o almacenamiento de gas con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y tal proyecto contribuye significativamente, como mínimo, a uno de los siguientes criterios específicos: i) la seguridad de la red y la calidad del suministro mediante la mejora de la eficiencia y la interoperabilidad de los sistemas de transporte, distribución o almacenamiento de gas en el funcionamiento día a día de la red, entre otras cosas, abordando los retos derivados de la inyección de gases de calidades diversas, ii) funcionamiento del mercado y servicios al cliente, iii) facilitar la integración del sector de energía inteligente mediante la creación de vínculos con otros sectores y vectores energéticos y permitiendo la respuesta de demanda. 4. En cuanto a los proyectos que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, los criterios establecidos en el apartado 3 del presente artículo se evaluarán de conformidad con los indicadores contemplados en el anexo IV, puntos 3 a 8. 5. A fin de facilitar la evaluación de todos los proyectos que podrían ser reconocidos como proyectos de interés común y figurar en una lista regional, cada Grupo evaluará la contribución de cada proyecto al desarrollo del mismo corredor o área prioritario de infraestructura energética de manera transparente y objetiva. Cada Grupo determinará su método de evaluación sobre la base de la contribución global a los criterios establecidos en el apartado 3. Esa evaluación dará lugar a una clasificación de los proyectos para uso interno del Grupo. Ni la lista regional ni la lista de la Unión recogerán ninguna clasificación ni se utilizará la clasificación para ningún otro propósito ulterior con la excepción de lo reflejado en el anexo III, sección 2, punto 16. Al evaluar proyectos, para garantizar que se adopta un planteamiento de evaluación coherente entre los Grupos, cada Grupo dará la debida consideración a: a) la urgencia y la contribución de cada proyecto propuesto con vistas al cumplimiento de los objetivos de la Unión en materia de energía y clima para 2030 y su objetivo de neutralidad climática para 2050, la integración del mercado, la competencia, la sostenibilidad y la seguridad del suministro; b) la complementariedad de cada proyecto propuesto con otros proyectos propuestos, incluidos los proyectos competidores o potencialmente competidores; c) posibles sinergias con los corredores prioritarios y las áreas temáticas identificados en el marco de las redes transeuropeas de transporte y telecomunicaciones; d) para los proyectos propuestos que en el momento de la evaluación son proyectos de la lista de la Unión, el progreso en la ejecución del proyecto y su cumplimiento de las obligaciones de transparencia e información. Por lo que respecta a los proyectos de redes eléctricas inteligentes y de redes de gas inteligentes que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas establecidas en el anexo II, punto 1, letra e), y punto 2, la clasificación se hará en relación con aquellos proyectos que afecten a los mismos dos Estados miembros, y deberá tenerse también en la debida consideración el número de usuarios afectados por el proyecto, el consumo anual de energía y la cuota de producción a partir de fuentes no gestionables en el área abarcada por dichos usuarios.

Artículo 5 Ejecución y seguimiento de los proyectos de la lista de la Unión 1. Los promotores de proyectos elaborarán un plan de ejecución para sus proyectos de la lista de la Unión, que contendrá un calendario para: a) los estudios de viabilidad y diseño, también relativos a la adaptación climática y al cumplimiento de la normativa medioambiental y el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo»; b) la aprobación de la autoridad reguladora nacional o de otra autoridad pertinente; c) la construcción y puesta en servicio, y d) el proceso de concesión de autorizaciones a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 6, letra b). 2. Los gestores de redes de transporte, los gestores de redes de distribución y otros operadores cooperarán para facilitar el desarrollo de los proyectos de la lista de la Unión en su zona. 3. La Agencia y los Grupos interesados realizarán el seguimiento del progreso logrado en la ejecución de los proyectos de la lista de la Unión y, en caso necesario, formularán recomendaciones para facilitar su ejecución. Los Grupos podrán solicitar información adicional de conformidad con los apartados 4, 5 y 6, convocar reuniones con las partes de que se trate y solicitar a la Comisión que verifique la información facilitada in situ. 4. A más tardar el 31 de diciembre de cada año siguiente al año de inclusión de un proyecto de la lista de la Unión, los promotores de proyectos presentarán un informe anual para cada proyecto incluido en las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, a la autoridad nacional competente contemplada en el artículo 8, apartado 1. Dicho informe deberá especificar: a) los progresos alcanzados en el desarrollo, construcción y puesta en servicio del proyecto, en particular en el marco del proceso de concesión de autorizaciones y del procedimiento de consulta, así como el cumplimiento con la normativa medioambiental, el principio consistente en que el proyecto no cause «un perjuicio significativo» al medio ambiente, y las medidas adoptadas en materia de adaptación climática; b) si procede, los retrasos respecto al plan de ejecución, los motivos de estos retrasos y otras dificultades encontradas; c) si procede, un plan revisado para subsanar los retrasos. 5. A más tardar el 28 de febrero de cada año siguiente al año en que el promotor del proyecto deba presentar el informe a que se refiere el apartado 4 del presente artículo, las autoridades competentes mencionadas en el artículo 8, apartado 1 presentarán a la Agencia y al Grupo pertinente el informe a que se refiere el apartado 4 del presente artículo, complementado con información sobre los progresos y, en su caso, los retrasos en la ejecución de los proyectos de la lista de la Unión situados en su territorio respectivo en relación con los procesos de concesión de autorizaciones, y de las razones de dichos retrasos. La contribución de las autoridades competentes al informe se marcará de manera clara y se redactará sin modificar el texto introducido por los promotores del proyecto. 6. A más tardar el 30 de abril del año en que deba adoptarse una nueva lista de la Unión, la Agencia presentará a los Grupos un informe consolidado para los proyectos de la lista de la Unión sujetos a la competencia de las autoridades reguladoras nacionales, en el que se evalúe el progreso realizado y los cambios previstos en los costes previstos del proyecto, y se formulen, cuando proceda, recomendaciones sobre cómo superar los retrasos y las dificultades enfrentadas. En dicho informe consolidado se evaluará también, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 11 del Reglamento (UE) 2019/942, la ejecución coherente de los planes de desarrollo de la red a escala de la Unión en lo relativo a los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética contemplados en el anexo I. En los casos debidamente justificados la Agencia podrá solicitar la información adicional necesaria para el desempeño de los cometidos previstos en el presente apartado. 7. Si la puesta en servicio de un proyecto de la lista de la Unión registra un retraso respecto al plan de ejecución por motivos que no sean razones imperiosas que escapen al control del promotor del proyecto, se aplicarán las siguientes medidas: a) cuando sean aplicables las medidas a que se refiere el artículo 22, apartado 7, letras a), b) o c), de la Directiva (UE) 2019/944 y el artículo 51, apartado 7, letras a), b) o c), de la Directiva 2009/73/CE de conformidad con la normativa nacional respectiva, las autoridades reguladoras nacionales velarán por que se efectúen las inversiones; b) si las medidas de las autoridades reguladoras nacionales de conformidad con la letra a) no son aplicables, el promotor del proyecto elegirá, en el plazo de 24 meses a contar desde la fecha de puesta en servicio prevista en el plan de ejecución, a una tercera parte para financiar o construir el proyecto total o parcialmente; c) si no se elige una tercera parte de conformidad con la letra b), el Estado miembro o, cuando el Estado miembro la haya dispuesto así, la autoridad reguladora nacional, en el plazo de dos meses a partir del vencimiento del plazo al que se hace referencia en la letra b), podrá designar a una tercera parte para financiar o construir el proyecto, que el promotor del proyecto deberá aceptar; d) si el retraso respecto a la fecha de puesta en servicio según el plan de ejecución supera los 26 meses, la Comisión, con arreglo al acuerdo y con la plena cooperación de los Estados miembros interesados, podrá publicar una convocatoria de propuestas abierta a cualquier tercera parte que pueda llegar a ser promotor de proyecto para que construya el proyecto de conformidad con un calendario convenido; e) cuando se apliquen las medidas contempladas en las letras c) o d), el gestor de redes en cuya zona se localice la inversión facilitará a los operadores o inversores o a la tercera parte que ejecute el proyecto toda la información necesaria para realizar la inversión, conectará nuevos activos a la red de transporte o, en su caso, a la red de distribución, y, en general, hará todo cuanto esté en su mano para facilitar la ejecución de la inversión, así como la explotación y el mantenimiento seguros, eficientes y fiables del proyecto de la lista de la Unión. 8. Un proyecto de la lista de la Unión podrá ser suprimido de la lista de la Unión de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 4, cuando su inclusión en dicha lista se haya basado en información incorrecta que haya sido un factor determinante para la inclusión o cuando el proyecto no se ajuste al Derecho de la Unión. 9. Los proyectos que dejen de figurar en la lista de la Unión perderán todos sus derechos y obligaciones vinculados con la consideración de proyecto de interés común o de proyecto de interés mutuo previstas en el presente Reglamento. No obstante, un proyecto que ya no figure en la lista de la Unión, pero cuyo expediente de solicitud haya sido admitido a examen por la autoridad competente conservará los derechos y obligaciones establecidos en el capítulo III, excepto si el proyecto ha sido retirado de la lista de la Unión por las razones expuestas en el apartado 8 del presente artículo. 10. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier ayuda financiera de la Unión concedida a cualquier proyecto de lista de la Unión con anterioridad a su retirada de la lista de la Unión.

Artículo 6 Coordinadores europeos 1. Si un proyecto de interés común experimenta serias dificultades de ejecución, la Comisión, de acuerdo con los Estados miembros interesados, podrá designar a un coordinador europeo por un período máximo de un año, renovable en dos ocasiones. 2. El coordinador europeo: a) fomentará el proyecto o proyectos para los que haya sido designado coordinador europeo e impulsará el diálogo transfronterizo entre los promotores de proyecto y todas las partes interesadas; b) ayudará a todas las partes, cuando sea necesario, en las consultas a las partes interesadas, en el análisis del trazado de rutas alternativas y, cuando proceda, en la obtención de las autorizaciones necesarias para el proyecto o proyectos; c) si procede, asesorará a los promotores del proyecto sobre la financiación del proyecto; d) garantizará que se cuenta con el apoyo adecuado y la dirección estratégica por parte de los Estados miembros interesados para la preparación y ejecución del proyecto o proyectos; e) presentará todos los años y, si procede, a la conclusión de su mandato, un informe a la Comisión acerca del progreso del pro