RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 20 de julio de 2020

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Dinamarca y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2020 de Dinamarca

(2020/C 282/04)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el Dictamen del Comité de Empleo,

Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1) El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, y marcó así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Dinamarca como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(2) El informe específico de 2020 sobre Dinamarca fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Dinamarca con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de los años anteriores, así como los avances de Dinamarca hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.

(3) El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 pandemia mundial. Esta constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales y perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, creando profundas perturbaciones de la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

(4) Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

(5) El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 (4) y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite desviarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que no se ponga en riesgo la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo tocante al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros desviarse de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación, al tiempo que permite a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto.

(6) Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

(7) La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

(8) El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Dichas modificaciones ofrecen flexibilidad adicional y procedimientos racionalizados y simplificados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Dinamarca a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

(9) Dinamarca presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 7 de mayo de 2020 y su Programa de Convergencia de 2020 el 5 de mayo de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.

(10) Dinamarca se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(11) En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario empeore y pase de un superávit del 3,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 8,0 % del PIB en 2020. Según las proyecciones, en 2021 el déficit se reducirá al 2,4 % del PIB. En 2019, la ratio deuda pública/PIB había descendido al 33,2 %, pero, según el Programa de Convergencia de 2020, se espera que en 2020 aumente hasta el 40,7 %. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

(12) En respuesta a la pandemia de COVID-19 y como parte del enfoque coordinado de la Unión, Dinamarca ha adoptado en tiempo oportuno medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar apoyo a las personas y sectores especialmente afectados por la crisis. Según el Programa de Convergencia de 2020, estas medidas presupuestarias se elevaban al 4,9 % del PIB. Las medidas incluyen reforzar los servicios de asistencia sanitaria, compensaciones temporales para los costes fijos de las empresas, un régimen de compensación salarial temporal y ayuda de emergencia para los sectores en dificultades. Por otra parte, Dinamarca ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Convergencia de 2020 en aproximadamente el 15 % del PIB. Dichas medidas incluyen aplazamientos en el pago de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades y garantías de préstamos (3,7 % del PIB). En comparación con las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, la principal diferencia es que el Programa de Convergencia de 2020 incluye las pérdidas futuras previstas derivadas de las garantías estatales en relación con la COVID-19 (0,5 % del PIB). Globalmente, las medidas tomadas por Dinamarca están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y de las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

(13) Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión y en el supuesto de que no se produzcan cambios en las políticas, se prevé que el saldo de las administraciones públicas de Dinamarca se sitúe en el -7,2 % del PIB en 2020 y en el -2,3 % del PIB en 2021. Según las proyecciones, la ratio deuda pública/PIB seguirá estando por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

(14) El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, debido a que estaba previsto que en 2020 Dinamarca superase el límite de déficit del 3 % del PIB. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.

(15) En el primer semestre de 2020, la pandemia de COVID-19 afectó gravemente a Dinamarca, ejerció presión sobre el sistema sanitario y redujo considerablemente la actividad económica en determinados sectores. Dinamarca adoptó medidas oportunas para detener la pandemia y reforzar el sistema sanitario, incluidas iniciativas de amplio alcance para mitigar sus consecuencias económicas. Para hacer frente a la crisis económica resultante el Gobierno y el Banco Central adoptaron una serie de medidas económicas y financieras resueltas: ayuda directa para cubrir parcialmente los costes fijos y salariales de las empresas, aplazamientos en el pago de impuestos, inyección de liquidez para bancos y empresas, sistemas de crédito y otras medidas de política monetaria. Para diseñar y aplicar estas medidas hay que tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. Las medidas redujeron de forma eficaz el impacto económico de la pandemia de la COVID-19 pero no evitaron una pérdida significativa de producción, un elevado número de quiebras e insolvencias y un acusado aumento del desempleo y del número de personas en riesgo de pobreza, algunas de ellas en situaciones vulnerables (por ejemplo, las personas con discapacidades). Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2020, se espera que en 2020 el desempleo aumente de forma moderada hasta aproximadamente el 6,5 %, antes de descender por debajo del 6 % en 2021.

(16) La actual crisis de la COVID-19 destaca la necesidad de que Dinamarca siga reforzando la resiliencia de su sistema sanitario. Una cuestión especialmente preocupante es la escasez de personal sanitario y la falta de personal médico y de enfermería especializado, por ejemplo, en cuidados intensivos (en particular enfermeras de anestesia). Es esencial realizar esfuerzos constantes para hacer frente a esta escasez de mano de obra. A corto plazo, Dinamarca debe esforzarse por garantizar la disponibilidad de productos médicos esenciales, incluidos los equipos de protección individual para el personal sanitario. Se está investigando para descubrir no solo un tratamiento antiviral y una vacuna, sino también cómo realizar pruebas mejores y más rápidas.

(17) Para impulsar la recuperación económica, será importante adelantar los proyectos de inversión pública maduros y fomentar la inversión privada, por ejemplo, mediante las reformas pertinentes. Dinamarca está obteniendo buenos resultados en la digitalización, como lo demuestra el cuadro de indicadores digitales de la Comisión Europea. Sin embargo, para que Dinamarca pueda mantener esta sólida posición a largo plazo, garantizar su competitividad y beneficiarse de la transformación digital, necesita invertir en infraestructuras digitales, así como en educación, formación y perfeccionamiento profesional. En el plan nacional de energía y clima de Dinamarca se informa de que son necesarias considerables inversiones para hacer frente con éxito a la transición climática y energética. Las mayores necesidades de inversión están relacionadas con la instalación de nuevas capacidades de energía renovable, pero también se han descubierto necesidades de inversión significativas en los hogares (eficiencia energética y conversión del suministro de calor), el transporte sostenible, la industria, el biogás y la calefacción urbana. Los objetivos de Dinamarca en materia de política climática son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70 % para 2030, en comparación con 1990, y conseguir la neutralidad climática como mucho en 2050. Para reflejar esto, sería necesario reducir el consumo de energía, lo que exigiría inversiones inscritas en un planteamiento global y que se centrasen en aquellos sectores en que los ahorros de energía son especialmente prometedores. Se podría impulsar la recuperación económica de la crisis derivada de la COVID-19 adelantando las inversiones ecológicas previstas y haciendo que progresen proyectos ambiciosos de inversión en infraestructuras, energía, clima y medio ambiente, por ejemplo, en vivienda, energía eólica marítima, conectividad energética y electrificación ferroviaria. En Dinamarca, el transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que la actuación política en este campo reviste especial pertinencia. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Dinamarca a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Ello permitiría a Dinamarca garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

(18) En Dinamarca el gasto total en investigación y desarrollo (I+D) no ha tenido como resultado un mayor crecimiento de la productividad. Se echa en falta una estrategia de innovación integrada en la que se expresen claramente los objetivos que Dinamarca quiere lograr en el panorama mundial de la innovación. Las actividades de investigación e innovación siguen estando concentradas en un reducido número de grandes empresas y fundaciones, en su mayoría en el sector farmacéutico y de la biotecnología. Las ocho mayores empresas representan casi el 40 % del gasto total de I+D del sector privado (frente a la media mundial del 19 %). El gasto total en I+D sigue siendo elevado pero la cifra absoluta de empresas activas en este sector ha disminuido desde 2009, en gran medida porque las empresas de menor tamaño no practican la I+D. Solo el 33 % de las pymes han introducido innovaciones en productos o en procesos. Por eso podría ser necesario hacer más esfuerzos políticos por ampliar la base de innovación con el objetivo de incluir más empresas. Para hacer frente a las necesidades cambiantes de capacidades después de la pandemia de COVID-19 y también en previsión de futuros cambios tecnológicos, es necesario mantener una inversión constante en planes de perfeccionamiento y reciclaje profesionales, incluida la enseñanza de adultos.

(19) Dinamarca ha tomado medidas para reforzar su marco de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC). En 2019, se adoptó nueva legislación y las autoridades y reguladores nacionales empezaron a aplicar una serie de medidas para fortalecer el marco preventivo de LBC de Dinamarca. Se han conferido a la Autoridad de Supervisión Financiera facultades sancionadoras y se le ha asignado un presupuesto más elevado para mejorar su capacidad de supervisión en relación con la LBC. También han aumentado los efectivos y la financiación de la unidad de inteligencia financiera. Es esencial que el marco mejorado de LBC dé como resultado una supervisión y un control del cumplimiento efectivos. En concreto, el supervisor de LBC necesitará aplicar plenamente un enfoque basado en el riesgo. La capacidad mejorada de la unidad de inteligencia financiera deberá mostrar que se han resuelto de forma adecuada los puntos débiles destacados por el Tribunal de Cuentas danés.

(20) Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

(21) El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Dinamarca contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

(22) En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Dinamarca y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Dinamarca en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Dinamarca, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(23) A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

RECOMIENDA a Dinamarca que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

1. Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Mejorar la resiliencia del sistema sanitario, por ejemplo garantizando que se dispone de suficientes productos médicos esenciales y haciendo frente a la escasez de personal sanitario.

2. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y fomentar la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Concentrar la inversión en la transición verde y digital, especialmente en la producción y consumo eficientes y limpios de energía, en el transporte sostenible y en la investigación y la innovación. Prestar apoyo a una estrategia de innovación integrada con una más amplia base de inversión.

3. Mejorar la eficacia de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y aplicar eficazmente el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales.

Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020. Por el Consejo La Presidenta J. KLOECKNER

(1) DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

(2) Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

(3) DO C 301 de 5.9.2019, p. 20.

(4) Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

(5) Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).

(6) Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

(7) En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.