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El establecimiento de la unión bancaria ha avanzado, pero aún no ha concluido. En consonancia con la hoja de ruta de junio de 2016, tal y como figura en las Conclusiones del Consejo de 16 de junio de 2016, proseguirá el trabajo para completar la unión bancaria con respecto a la reducción de los riesgos y al reparto de los riesgos, incluyendo un sistema europeo de garantía de depósitos y poniendo en funcionamiento el mecanismo de protección común para el Fondo Único de Resolución a más tardar al final del período transitorio tal como figura en el Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Aunque la resiliencia global del sector bancario de la zona del euro ha aumentado desde la crisis, la presión que soportan los bancos se ha agravado debido a una serie de factores, como los altos volúmenes de préstamos no productivos, la ineficiencia de los modelos de negocio y el exceso de capacidad en algunos Estados miembros, todo lo cual ha ido en detrimento de la rentabilidad y, en algunos casos, comprometido la viabilidad. Esa presión menoscaba la capacidad de los bancos para conceder préstamos a la economía. Los riesgos también se extienden a la economía real, en la que el nivel de deuda pública y deuda privada no financiera sigue siendo elevada en algunos Estados miembros. Existe la necesidad de seguir un proceso continuo y ordenado de desapalancamiento en el sector privado, a través de la determinación, el servicio y, en caso necesario, la reestructuración de la deuda de deudores viables en situación problemática, y liquidando los volúmenes de deuda no viable, de manera que el capital pueda reasignarse con mayor rapidez y eficiencia. En este contexto, reducir los niveles, todavía elevados, de préstamos no productivos y seguir los principios comunes en la concepción de los marcos de insolvencia para las empresas y los hogares, por ejemplo mejorando los procedimientos nacionales de insolvencia y los marcos de resolución extrajudicial, constituyen elementos clave para que el proceso de desapalancamiento sea fructífero y favorable al crecimiento.
13)

Para garantizar el respeto de los derechos del niño, y teniendo plenamente en cuenta el interés superior del menor y la vida familiar en virtud del artículo 5 de la Directiva 2008/115/CE, los Estados miembros deben: a) establecer normas claras sobre la situación jurídica de los menores no acompañados que permitan, bien expedir decisiones de retorno y ejecutarlas, bien concederles el derecho a permanecer; b) garantizar que las decisiones sobre la situación jurídica de los menores no acompañados se funden siempre en una evaluación particular de su interés superior; esta evaluación debe tener sistemáticamente en cuenta si el retorno de un menores no acompañado a su país de origen y la reunificación con su familia redundan en su interés superior; c) formular políticas de reintegración específicas para los menores no acompañados; d) garantizar que las autoridades competentes lleven a cabo una evaluación del interés superior del menor de forma sistemática sobre la base de un enfoque pluridisciplinar, que el menor no acompañado de un tutor sea oído y que un tutor participe debidamente.
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En particular, recomendaba a las autoridades polacas: a) acatar plenamente las resoluciones del Tribunal Constitucional de 3 y 9 de diciembre de 2015, según las cuales los tres jueces legalmente designados en octubre de 2015 por la 7.a legislatura del Sejm (en lo sucesivo, «el Sejm») podían asumir sus funciones jurisdiccionales en el seno del Tribunal Constitucional, mientras que los tres jueces designados por la 8.a legislatura del Sejm sin una base jurídica válida no podían asumir sus funciones jurisdiccionales; b) publicar y ejecutar plenamente las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional el 9 de marzo de 2016, y velar por que la publicación de las futuras resoluciones sea automática y no dependa de decisiones adoptadas por los poderes ejecutivo o legislativo; c) garantizar que cualquier reforma de la Ley sobre el Tribunal Constitucional respete las resoluciones del propio Tribunal, en particular las de 3 y 9 de diciembre de 2015 y la de 9 de marzo de 2016, y tenga plenamente en cuenta el dictamen de la Comisión de Venecia; velar por que la eficiencia del Tribunal Constitucional como garante de la Constitución no se vea menoscabada por otras exigencias; d) garantizar que el Tribunal Constitucional pueda examinar la compatibilidad de la nueva Ley sobre el Tribunal Constitucional adoptada el 22 de julio de 2016 antes de su entrada en vigor, publicar y ejecutar plenamente la resolución del Tribunal sobre este asunto; e) y abstenerse de actos y declaraciones públicas capaces de socavar la legitimidad y la eficiencia del Tribunal Constitucional.
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Las deficiencias existentes en las redes básicas de seguridad social contribuyen a incrementar la pobreza y las desigualdades, en particular en el caso de las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. Los índices de pobreza de las personas con discapacidad están entre los más elevados de Europa. La escasa adecuación de las prestaciones de asistencia social, que no ha mejorado desde 2009, y de las pensiones no ofrece una protección eficaz contra la pobreza y la exclusión social. El hecho de que no se haya llevado a cabo la reforma del nivel de renta mínima, anunciada en 2014 pero no aplicada, afecta negativamente a los hogares más pobres, a pesar de que se están elaborando planes a medio plazo relativos a un proyecto de renta mínima.
(9)

En 2018, a la vista de la situación presupuestaria de Eslovenia y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que el país realice un nuevo ajuste con vistas a la consecución de un objetivo presupuestario a medio plazo adecuado. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 0,6 %. Ello correspondería a un ajuste estructural del 1 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa respecto de ese requisito en 2018. Se prevé que Eslovenia cumpla con la norma en materia de deuda en 2017 y 2018. En general, el Consejo considera que Eslovenia ha de estar preparada para adoptar nuevas medidas en 2017 y que será necesario que adopte nuevas medidas en 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y los resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas eslovenas. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Eslovenia. Además, en el caso concreto de este país, existe un elevado grado de incertidumbre respecto de la situación cíclica debido a la considerable contracción de la actividad económica durante el período 2008-2013 y a las importantes reformas estructurales y del sector financiero que se están llevando a cabo.
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En 2018, dada su situación presupuestaria y, sobre todo, su nivel de deuda, se prevé que Hungría tenga que efectuar un ajuste adicional para alcanzar su OMP de un déficit estructural del 1,5 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (5) no supere el 2,8 % en 2018. Ello corresponde a un ajuste estructural del 1,0 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa de ese requisito en 2018. Al mismo tiempo, se prevé que Hungría cumpla la norma en materia de deuda en 2017 y en 2018. En general, el Consejo es de la opinión de que será preciso adoptar nuevas medidas a partir de 2017 para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se establece en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 debe tener en cuenta el objetivo de conseguir una situación presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Hungría. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Hungría.
(8)

Para el ejercicio de 2018, en el caso de que se lograra una corrección oportuna y duradera, Francia quedaría sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda. A la luz de su situación presupuestaria y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que Francia realice nuevos ajustes con vistas a su objetivo a medio plazo de un déficit estructural del 0,4 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 1,2 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación importante respecto de este requisito en 2018. También existe un riesgo de que Francia no cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018, ya que se prevé que empeore el saldo estructural en un 0,5 % del PIB, frente al ajuste estructural lineal mínimo del 0,4 % del PIB. En general, el Consejo considera que Francia tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas para poder garantizar su cumplimiento en 2017 y que serán necesarias nuevas medidas a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas francesas. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Francia.
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El sistema tributario alemán sigue siendo complejo, los costes de la administración tributaria son altos y varias disposiciones del impuesto de sociedades pueden estar obstaculizando la inversión privada. A pesar de las importantes reducciones en los costes de capital, el impuesto de sociedades en Alemania sigue estando entre los más altos de la UE-28. A la hora de contabilizar el impuesto local sobre actividades económicas (Gewerbesteuer) y el recargo de solidaridad, el tipo impositivo oficial máximo sobre la renta de las sociedades se situó en el 30,2 % en 2016, es decir, bastante por encima de la media no ponderada de la Unión del 22,8 %. El tipo impositivo medio efectivo es del 28,2 %, en comparación con una media no ponderada del 21,1 % para la Unión. El sesgo en favor del endeudamiento en la fiscalidad de las empresas era el séptimo más elevado de la Unión en 2016. En relación con los accionistas, la amplitud del sesgo en favor del endeudamiento es similar. Este dato es importante, en particular para las pymes, que suelen contar con accionistas nacionales. La reducción de los costes de capital de las participaciones podría reforzar la inversión privada y el escaso desarrollo del mercado alemán de capital riesgo. Otros elementos del sistema fiscal que pueden falsear las decisiones de financiación e inversión son la inclusión de elementos no lucrativos en la base imponible municipal del impuesto sobre actividades económicas, las limitaciones en los remanentes de ejercicios anteriores y las distorsiones de carácter tributario con respecto a la elección de la forma jurídica. Las otras disposiciones que pueden reducir las facilidades ofrecidas a la inversión por el sistema fiscal incluyen el régimen de amortización, el tipo de interés utilizado para calcular las disposiciones en materia de deducción de las pensiones, la tributación de las plusvalías y la contabilidad de caja a efectos del impuesto sobre el valor añadido. Se ha acordado, en el marco de la reforma de las relaciones presupuestarias federales, que la Administración tributaria federal disponga, para las administraciones tributarias de los Estados federados, de competencias adicionales, en un plano general y desde el punto de vista de la gestión informática, competencias que, en el caso de ejercerse con eficacia, podrían ayudar a acelerar la modernización de la administración tributaria.
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Garantizar la oferta de mano de obra en tiempos de escaso crecimiento demográfico es una condición indispensable para lograr un crecimiento sostenible en Dinamarca. Una serie de importantes reformas del mercado de trabajo introducidas en los últimos años aspira, en particular, a aumentar los incentivos al trabajo y mejorar la eficiencia de las políticas activas del mercado laboral. Estas reformas podrían contribuir a lograr el objetivo de empleo de Dinamarca en el marco de Europa 2020, alcanzar la sostenibilidad del modelo de Estado del bienestar danés y corregir la incipiente escasez de determinadas cualificaciones. Es probable que las reformas tendentes a aumentar la participación y la tasa de finalización de la educación profesional, así como un acuerdo tripartito para la creación de más períodos de prácticas, incrementen la oferta de mano de obra cualificada. Sin embargo, el objetivo nacional en el marco de Europa 2020 en materia de inclusión social, que es reducir el número de personas que viven en hogares con una intensidad de trabajo muy baja, está lejos de ser una realidad. La inclusión en el mercado laboral y la mejora de la empleabilidad de los colectivos desfavorecidos siguen siendo problemáticas. Ello resulta ser especialmente cierto en el caso de las personas de origen inmigrante no procedentes de la UE (incluidos los que han residido en Dinamarca durante más tiempo), debido en parte a que su rendimiento educativo es inferior, por término medio, comparado con el de la población nativa. La brecha persiste en la segunda generación. Las medidas de integración laboral acordadas en las negociaciones tripartitas de 2016 podrían mejorar la situación de los refugiados recién llegados, que deberá ser objeto de un estrecho seguimiento en el futuro. No obstante, aún deben adoptarse medidas adicionales para integrar de manera más eficaz en el mercado laboral a otros grupos marginados, como los jóvenes con un nivel educativo bajo y los trabajadores de más de 60 años.
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El 8 de agosto de 2016, el Consejo instó a España a poner término a su situación de déficit excesivo a más tardar en 2018, y en particular a reducir el déficit de las Administraciones Públicas hasta situarlo en un 4,6 % del PIB en 2016, en un 3,1 % del PIB en 2017 y en un 2,2 % del PIB en 2018. Se consideró que esta mejora del déficit de las Administraciones Públicas era coherente con un deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018, a partir de las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión. España alcanzó un déficit global del 4,5 % del PIB en 2016, por debajo del objetivo fijado en la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016. Las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión estiman que el déficit global disminuirá hasta el 3,2 % del PIB en 2017 y aún más hasta el 2,6 % del PIB en 2018, suponiendo que las políticas no varíen, un 0,1 % y un 0,4 % del PIB respectivamente por encima de los objetivos de déficit global del Programa de Estabilidad de 2017 y los fijados por el Consejo. A diferencia del Programa de Estabilidad de 2017, las previsiones no incluyen la materialización de los pasivos contingentes antes mencionados. Se espera que el esfuerzo presupuestario acumulado se alcance a duras penas en el período 2016-2017, mientras que en 2018, y en el supuesto de que no varíen las políticas, se prevé que el esfuerzo fiscal se quede corto en relación con lo exigido en la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016. Por otra parte, si bien, en agosto de 2016, el Consejo instó a España a que adoptase medidas de mejora del marco presupuestario, el Programa de Estabilidad de 2017 no contempla plan alguno para reforzar la contribución de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad a la sostenibilidad de las finanzas públicas. En términos generales, el Consejo considera que serán necesarias nuevas medidas, especialmente en 2018, para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en particular los términos de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016.
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En 2018, a la luz de su situación presupuestaria, se espera que Polonia realice un mayor esfuerzo de ajuste hacia su objetivo presupuestario a medio plazo de un déficit estructural del 1 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste acordada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, dicho ajuste se traduce en el requisito de una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (4) que no supere el 3,7 % en 2018. Esto correspondería a un ajuste estructural del 0,5 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa de este requisito en 2018. En general, el Consejo considera que Polonia debe estar dispuesta a adoptar medidas adicionales en 2017 y que será preciso adoptar nuevas medidas en 2018 para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y los resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación de 2018 de los resultados presupuestarios deberá tener en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a consolidar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Polonia. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Polonia.
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En 2018, a la luz de su situación presupuestaria, se espera que Eslovaquia siga realizando ajustes hacia su objetivo presupuestario a medio plazo, consistente en un déficit estructural equivalente al 0,5 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (5) no supere el 2,9 %. Ello correspondería a un ajuste estructural del 0,5 % del PIB. Con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, existe un riesgo de desvío significativo respecto de este requisito durante el período 2017-2018. Globalmente, el Consejo considera que Eslovaquia debe estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para garantizar el cumplimiento en 2017 y que en 2018 se necesitarán más medidas para cumplir con las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro considerado a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Eslovaquia. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Eslovaquia.
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Desde mediados de la década de los años noventa del siglo pasado, los precios de la vivienda han venido experimentado en Suecia un crecimiento rápido y persistente, especialmente en las principales zonas urbanas. Entre los factores fundamentales de este fenómeno cabe citar un tratamiento fiscal favorable de la propiedad inmobiliaria y la deuda hipotecaria, la combinación de unas condiciones de crédito flexibles y unos tipos de amortización de las hipotecas relativamente bajos, y la escasa oferta de vivienda. Esta escasez duradera está vinculada a las deficiencias estructurales del mercado de la vivienda. Aunque la edificación de viviendas no ha dejado de aumentar, sigue estando muy por debajo de las necesidades de nuevas construcciones. El Plan relativo al mercado inmobiliario elaborado por el Gobierno, que consta de 22 puntos, aborda los factores subyacentes de la escasez de viviendas, e incluye medidas para aumentar los terrenos disponibles para la construcción, reducir los costes de construcción y acortar los plazos requeridos para iniciar el proceso de planificación. Sin embargo, otras ineficiencias estructurales, como la debilidad de la competencia en el sector de la construcción, no reciben la atención adecuada. La escasez de viviendas se ve agravada por las barreras que obstaculizan el uso eficiente del parque de viviendas existente. En Suecia, el mercado del alquiler está estrictamente regulado, lo que provoca un efecto de retraimiento y favorece a quienes han accedido ya a una vivienda en alquiler frente a quienes la están buscando. No obstante, no se han adoptado medidas de calado a fin de flexibilizar en mayor medida la fijación de los alquileres. Por lo que respecta al mercado de viviendas para uso propio, los impuestos sobre las plusvalías son relativamente elevados, lo que reduce la movilidad de los propietarios. Se ha introducido con carácter temporal una reforma de las normas sobre aplazamiento del pago de los impuestos sobre las plusvalías en las operaciones sobre bienes inmuebles, pero esta medida tendrá probablemente un efecto limitado. La falta de viviendas disponibles a precios asequibles puede limitar asimismo la movilidad en el mercado laboral y la integración efectiva de los migrantes en dicho mercado, contribuyendo además a la desigualdad intergeneracional.