ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(56)

En efecto, las informaciones más recientes muestran que el proyecto de Cutro consiste en un modernísimo sistema de producción totalmente automatizado, concebido para una producción abundante, mientras que el proyecto alternativo se basa en un bajo nivel de automatización y en una producción pequeña. Los ejemplos que se proporcionan a continuación son indicativos de la diferente naturaleza de los proyectos comparados: a) para el montaje del modelo Simbir en Cutro se ha previsto una inversión de otros dos millones de euros en una sección muy mejorada y totalmente robotizada para la instalación de los parabrisas. De ordinario, sólo se opta por esta maquinaria frente a los procesos de instalación manual cuando la producción es muy abundante, netamente superior a las 50 000 unidades previstas en el proyecto de que se trata. No se ha previsto ninguna inversión de este género en Timisoara; b) del mismo modo, en el montaje del modelo Simbir en Cutro se utilizarían robots para instalar los salpicaderos, montar las partes frontales y los paneles del techo y colocar los asientos y puertas. No se ha previsto maquinaria de este tipo en Timisoara; c) para el prensado y la soldadura de los automóviles deportivos en Cutro se ha previsto una costosa instalación de corte con láser, mientras que ninguna inversión análoga está prevista en Módena; d) las inversiones en Cutro incluyen una costosa unidad metrológica, dotada de un sistema de medida basado en coordenadas tanto para el chasis de los vehículos como para los subcomponentes. Ninguna inversión análoga se ha previsto en el emplazamiento alternativo; e) en Cutro se han previsto sistemas muy complejos para controlar la calidad de las mercancías recibidas, lo que es contrario a la práctica habitual de dejar dicho control a la responsabilidad de los proveedores. La solución alternativa no contempla está posibilidad; f) los planes de inversión para Cutro incluyen un sistema informático centralizado para el control y el diagnóstico en las cadenas de montaje. No se ha previsto un sistema similar para la solución alternativa, aunque los productos finales deban responder a idénticos niveles de calidad; g) la solución Cutro incluye inversiones para la instalación de un centro de formación permanente, dotado de infraestructuras multimedia, accesible asimismo al personal de los proveedores. Un centro análogo no está previsto para la solución alternativa; h) la inversión en Cutro incluye un banco de pruebas de motores. Esta instalación permitiría a De Tomaso realizar pruebas normalizadas de la producción, proceder a la puesta a punto de los motores y llevar a cabo actividades de investigación con los motores (de gasolina en los automóviles deportivos y diésel en el modelo Simbir) adquiridos a proveedores exteriores y montados en los automóviles en Cutro. En la solución alternativa, De Tomaso encargaría esas pruebas normalizadas y la puesta a punto de los motores a terceros, empresas independientes (en Módena) o al suministrador de los motores (en Timisoara), sin que se hayan previsto actividades de investigación y desarrollo.
(15)

La Comisión no consideró necesaria una nueva delimitación del mercado ya que no se daban dos elementos importantes que suscitaban serias dudas sobre si la ayuda era compatible con el mercado común: • Falta de incentivos: La Comisión tenía serias dudas en cuanto al efecto incentivador porque las inversiones ya se habían realizado. Cuando la ayuda no tiene un efecto incentivador, no son aplicables al desarrollo regional las excepciones establecidas en el artículo 87, apartado 3, letras a) y c), del Tratado CE. • Falta de necesidad de la ayuda: La Comisión dudaba seriamente de que las ayudas a inversiones ya realizadas pudieran considerarse necesarias para facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, con arreglo al artículo 87, apartado 3, letras a) y c), del Tratado CE. Una intensidad de la ayuda del 31,5 % era suficiente en el presente caso como incentivo a la realización de la inversión.
27.

El argumento esgrimido por Italia según el cual, el régimen constituye una medida de política fiscal que no entra en el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre ayudas estatales no puede aceptarse y la excepción que establece con respecto al régimen fiscal general no se puede justificar por la naturaleza del sistema fiscal italiano, ya que no responde a ninguna distinción pertinente desde el punto de vista fiscal entre la situación de las sociedades cotizadas en bolsa y la de las que no lo están. En especial, el régimen prevé una reducción del tipo impositivo aplicable a los beneficios futuros obtenidos por los beneficiarios y, por consiguiente, no cabe considerarlo como proporcionado, dado que esos beneficios no guardan relación ni con el hecho de que las empresas beneficiarias hayan sido admitidas en bolsa ni con la estructura de su capital ni con las otras características asociadas a la cotización en bolsa. Por último, el régimen tampoco puede justificarse por sus objetivos específicos, ya que su corta duración lo convierte de hecho en inaccesible para un gran número de posibles beneficiarios.
(1)

Mediante carta de 15 de septiembre de 2005, la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes de Chipre notificó a la Unión Europea, de conformidad con el artículo 95, apartado 5, del Tratado CE, un proyecto de Ley de 2005 por el que se modifican las leyes sobre alimentos (control y venta) de 1996 a 2005 (denominadas «la legislación fundamental») y se obliga a las grandes superficies a colocar los alimentos modificados genéticamente en lugares acondicionados específicamente al efecto, en estantes diferentes de los que ocupan los productos no modificados genéticamente (en lo sucesivo, «el proyecto de Ley»), no obstante lo dispuesto en los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) no 1829/2003 (1) y (CE) no 1830/2003 (2).
58.

En respuesta a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de su decisión de incoar el procedimiento formal, la Comisión recibió observaciones de las siguientes partes interesadas: — Nelfunding — England’s Regional Development Agencies — Confederation of British Industry — Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen — VNO-NCW — Cavendish Asset Management — Universidad de Warwick — Stonesfield Capital Ltd. — YFM Group — Close Venture Management Ltd. — Bundesministerium der Finanzen Deutschland — Enterprise Corporate Finance Ltd. — The Institute of Chartered Accountants in England & Wales — Pénzügyminisztérium — Interregnum — Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden — 3i Group plc — Northwest Development Agency — One NorthEast — Lietuvos Respublikos Ukio Ministerija
(32)

Para poder acogerse a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, las ayudas a la inversión en el sector de la transformación y comercialización de productos agrarios han de ajustarse a las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios (3). En caso de que dicho Reglamento no pueda aplicarse o de que no se cumplan todos los requisitos exigidos, la ayuda debe evaluarse a la luz de las disposiciones pertinentes de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (4) (denominadas en lo sucesivo «directrices comunitarias»).
(106)

Por lo que respecta a las excepciones relativas al desarrollo regional contempladas en las letras a) y c), cabe señalar que las ayudas en cuestión se aplican sin distinción a todas las regiones de Alemania. Por lo que se refiere a la excepción (mencionada en el artículo 87, apartado 3, letra c) en favor de las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades, es manifiesto que el régimen de ayudas en cuestión no tiene por objeto el desarrollo de acciones en favor de la investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente, la creación de empleo o la formación, de acuerdo con la normativa comunitaria pertinente. Puesto que no puede invocarse ningún otro motivo relacionado con el desarrollo de determinadas actividades económicas, las ayudas en cuestión deben considerarse incompatibles con el mercado común.
(156)

En el Tratado CE se establecen algunas excepciones al principio general de la incompatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común. Las excepciones del apartado 2 del artículo 87 del Tratado CE no son aplicables en el presente caso, dado que no se trata de ayudas de carácter social concedidas a consumidores individuales, ni de ayudas destinadas a reparar perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, ni tampoco de ayudas a la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania afectadas por la división de Alemania. Las posibilidades de exención al principio general de incompatibilidad con el mercado común están reguladas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. La letra a) del apartado 3 del artículo 87 permite a la Comisión autorizar ayudas para el desarrollo económico de determinadas regiones. La letra c) del apartado 3 del artículo 87 prevé la autorización de las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. La Comisión ha publicado diversas directrices en las que se establecen de forma pormenorizada las condiciones en las cuales pueden autorizarse ayudas con arreglo a esta disposición.
2)

Tanto el control como las conclusiones de otros controles nacionales o comunitarios a los que he tenido acceso evidencian una elevada/baja (táchese lo que no proceda; si la frecuencia es elevada, rogamos facilitar una explicación) frecuencia de errores o irregularidades. Los errores o irregularidades comunicados han sido tratados satisfactoriamente por las autoridades responsables y no parecen afectar al importe de la cofinanciación comunitaria que debe pagarse, con las siguientes excepciones: a) … b) … c) etc. (Indique los errores o irregularidades que no se han tratado satisfactoriamente y, para cada caso, el posible carácter sistémico y el alcance del problema, y los importes de la cofinanciación comunitaria que pueden verse afectados)
(6)

Los sujetos pasivos en procedimientos de suspensión de pagos o procedimientos de reestructuración sujeta a control judicial a menudo no pueden, debido a dificultades financieras, abonar el IVA sobre las entregas de bienes y servicios facturado. El beneficiario, no obstante, puede deducir el IVA aunque el proveedor no lo haya abonado.
(218)

Tal como se ha mencionado anteriormente, la necesidad de una ayuda adicional de 41 millones EUR es consecuencia, esencialmente, del incumplimiento por las autoridades francesas de la Decisión Sernam 1. El pago de esa ayuda adicional no se justifica, en la medida en que se destina a una empresa que ejerce su actividad principal en segmentos de mercado con un exceso de capacidad estructural, estancados o incluso en declive. Además, Sernam no debe disponer de liquidez excedentaria que pueda dedicar a actividades susceptibles de causar falseamientos en el mercado y que no esté relacionada con el proceso de reestructuración, especialmente en lo que se refiere a los precios aplicados. Por lo tanto, la Comisión considera que no se justifica la concesión de una ayuda adicional de 41 millones EUR con respecto al importe total de 503 millones EUR, notificado inicialmente y aprobado por la Decisión Sernam 1.
Hecho en Bruselas, en doble ejemplar, el tres de mayo de dos mil seis, en lenguas alemana, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, sueca y georgiana.

Per la Comunità europea

For the European Community

For Det Europæiske Fællesskab

Por el Gobierno de Georgia

Za vládu Gruzie

For Georgiens regering

Für die Regierung von Georgien

Gruusia valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Γεωργίας

For the Government of Georgia

Pour le gouvernement de la Géorgie

Per il Governo della Georgia

Gruzijas valdības vārdā

Gruzijos Vyriausybės vardu

Grúzia Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Ġeorġja

Voor de Regering van Georgië

W imieniu Rządu Gruzji

Pelo Governo da Geórgia

Za vládu Gruzínska

Za vlado Gruzije

Georgian hallituksen puolesta

För Georgiens regering
2.

En principio, la Comisión de cuentas se pronunciará atendiendo a bases documentales. Podrá pedir a las autoridades competentes que le faciliten toda la información o que lleven a cabo todas las comprobaciones que considere necesarias para la instrucción de los asuntos que se sometan a su examen. En su caso, y previa aprobación del Presidente de la Comisión administrativa, la Comisión de cuentas podrá delegar a un miembro de la secretaría o a ciertos miembros de la Comisión de cuentas para que lleven a cabo, in situ, cualquier investigación que fuera necesaria para proseguir su labor. El Presidente de la Comisión administrativa informará al representante en la Comisión administrativa del Estado miembro de que se trate de que se está llevando a cabo esta investigación. La Comisión de cuentas estará asistida por un experto independiente con formación y experiencia profesionales en asuntos relacionados con las funciones de la Comisión de cuentas, en particular por lo que respecta a las tareas contempladas en los artículos 94, 95 y 101 del Reglamento (CEE) no 574/72.
(3)

De conformidad con el apartado 1 del Protocolo sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, anejo al Tratado, el Reino Unido notificó al Consejo que no se proponía pasar a la tercera fase de la UEM el 1 de enero de 1999. Esta notificación no se ha modificado. De conformidad con el apartado 1 del Protocolo sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca, anejo al Tratado, y con la Decisión tomada por los Jefes de Estado o de Gobierno en Edimburgo en diciembre de 1992, Dinamarca notificó al Consejo que no participaría en la tercera fase de la UEM. Dinamarca no ha pedido que se inicie el procedimiento mencionado en el artículo 122, apartado 2, del Tratado.
(48)

Por las infracciones mencionadas anteriormente se imponen las siguientes multas: a) GrafTech International Ltd: — Grafito especial isostático: 0 EUR, — Grafito especial extruido: 0 EUR; b) SGL Carbon AG: — Grafito especial isostático: 18 940 000 EUR, — Grafito especial extruido: 8 810 000 EUR; c) Le Carbone-Lorraine SA: 6 970 000 EUR; d) Ibiden Co. Ltd: 3 580 000 EUR; e) Tokai Carbon Co. Ltd: 6 970 000 EUR; f) Toyo Tanso Co. Ltd: 10 790 000 EUR; g) Nippon Steel Chemical Co. Ltd y NSCC Techno Carbon Co. Ltd, conjunta y solidariamente responsables: 3 580 000 EUR; h) Intech EDM BV e Intech EDM AG, conjunta y solidariamente responsables: 980 000 EUR.
(2)

La Comisión considera que los compromisos ofrecidos por Repsol CPP son suficientes para solventar los problemas de competencia señalados. En concreto, Repsol CPP se compromete a ofrecer a las estaciones de servicio afectadas un incentivo financiero concreto para poner fin a los contratos de suministro a largo plazo vigentes y a no suscribir más contratos de exclusividad a largo plazo. Además, Repsol CPP se compromete a no adquirir estaciones DODO independientes a las que no esté suministrando. En consecuencia, la venta al por mayor de carburantes a un gran número de estaciones de servicio se abrirá a la competencia.
(9)

En un caso en que la situación de servicio activo de un trabajador quedó suspendida debido a un permiso no retribuido sucesivo al nacimiento de un hijo, cuya finalidad era la educación de ese hijo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se refirió al artículo 73 del Reglamento (CEE) no 1408/71, leído en relación con el artículo 13, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento (3). Esta situación de permiso no retribuido debía, por consiguiente, calificarse también como ejercicio de una actividad profesional a los efectos del artículo 76 y del artículo 79, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 1408/71 y del artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 574/72. En ese contexto, el Tribunal reiteró que las citadas disposiciones únicamente podrían aplicarse si el interesado era un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia conforme al artículo 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71, es decir, si estaba cubierto por al menos una rama de la seguridad social. Esto excluye a las personas con permiso no retribuido, que ya no están cubiertas por ningún régimen de seguridad social del Estado miembro competente.
(8)

La Comisión ha considerado que el presente procedimiento debe darse por concluido, dado que la investigación no ha aportado argumentos demostrativos de que dicha conclusión no convenga a los intereses de la Comunidad. Las partes interesadas han sido debidamente informadas y se les ha dado la oportunidad de presentar observaciones. No se han recibido observaciones en el sentido de que la conclusión no convenga a los intereses de la Comunidad.
(9)

El Fondo especial de garantía para el crédito naval («el Fondo») fue creado a tenor del artículo 5 de la Ley no 261, de 31 de julio de 1997. La gestión financiera, administrativa y técnica del Fondo se adjudicó mediante licitación a Mediocredito Centrale SpA («Mediocredito»). El Fondo pretende cubrir el riesgo de no recuperación de préstamos a la construcción y transformación de buques concedidos por bancos a armadores italianos y extranjeros para trabajos realizados en astilleros italianos. Para ello, el Fondo concede a dichos armadores garantías de financiación final de segundo grado. Las autoridades italianas han confirmado que el Fondo todavía no es operativo y que, por lo tanto, todavía no se han concedido garantías.
(4)

Mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (2) («el anuncio de inicio»), la Comisión inició un procedimiento antidumping con respecto a las importaciones en la Comunidad de un determinado tipo de calzado con parte superior de caucho o plástico (excepto el calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no está unida a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares), o con parte superior de cuero natural o regenerado, con puntera de protección, originario de la República Popular China y de la India, declarado actualmente en los códigos NC 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 y ex 6405 90 90.
(95)

La ayuda al KBM, en la medida en que no se haya transferido a las agrupaciones, es incompatible con el mercado común. En consecuencia, debe invitarse a Alemania a pedir la devolución de estas ayudas incompatibles con el mercado común según el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, en la medida en que las ayudas no caigan en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 69/2001.
(35)

Se constata que el régimen no se limita a medidas contempladas en el Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (10), ni a las medidas de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (11), ni a los textos siguientes: Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo (12), Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (13), o Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo (14). Por esta razón no se pueden aplicar en el presente caso estas directrices, encuadramientos comunitarios o reglamentos. Tampoco se pueden aplicar las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (15), ya que el régimen de ayuda no está destinado a la protección del medio ambiente.
(20)

La obligación impuesta a las compañías de explotar las seis rutas a las que afecta la imposición como un conjunto único, es una restricción particularmente importante del principio de libre prestación de servicios. No parece estar fundamentada en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento, y podría ser contraria a los principios de proporcionalidad y no discriminación; teniendo en cuenta, en particular: — Que no está demostrado el carácter esencial de la reagrupación de estas rutas para el desarrollo económico de las regiones de Cerdeña en las que están situados los aeropuertos. — Que no parece existir una base jurídica evidente ni una justificación operativa para tales reagrupaciones (p. ej., en función de la localización geográfica de los aeropuertos considerados), ya que la imposición sólo contempla OSP no compensadas. — El riesgo de discriminación no justificada entre compañías, ya que sólo las más importantes cuentan con medios suficientes para explotar las rutas en tales condiciones.
Reglamento (CE) no 2666/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la República Federativa de Yugoslavia y la ex República Yugoslava de Macedonia y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1628/96 y se modifican los Reglamentos (CEE) nos 3906/89 y 1360/90 y las Decisiones 97/256/CE y 1999/311/CE (DO L 306 de 7.12.2000, p. 1).
(120)

El examen en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE ha señalado dos posibles fallos del mercado en la conversión digital de la plataforma terrenal: problemas de coordinación entre los distintos operadores del mercado, que podrían dificultar una conversión sin contratiempos, y efectos positivos externos por la liberación del espectro de frecuencias. Aunque estos fallos del mercado podrían, en principio, justificar una excepción al principio de neutralidad tecnológica, no así la concesión de una ayuda en el presente caso. Por tanto, la Comisión no está convencida de que la ayuda constituya un medio adecuado, necesario y proporcionado para corregir un fallo del mercado y fomentar la DVB-T. Aún teniendo en cuenta que, en términos absolutos, se trata de una ayuda relativamente pequeña y de que el falseamiento de la competencia entre los operadores de radiodifusión es bastante limitado no hay que olvidar que, en algunos programas, la ayuda representa casi la mitad de los costes de transmisión y, por tanto, influye en la elección de plataforma de los operadores de radiodifusión a favor de DVB-T y puede haber inducido a un falseamiento de la competencia mayor a nivel de red.
(228)

La Comisión concluye que la medida no incluye ayudas a BNFL en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, y que no incluye ayudas a la NDA en este mismo sentido. En la medida en que no existen ayudas estatales, esta decisión se entiende sin perjuicio de la aplicación del Tratado Euratom. En la medida en que estas ayudas coinciden con los objetivos del Tratado Euratom y no afectan a la competencia en sentido contrario al interés común, la medida en cuestión es compatible con el mercado común. Esta decisión no prejuzga la posición que la Comisión adopte en relación con posibles ayudas estatales a operadores distintos de BNFL y la NDA