ES Diario Oficial de la Unión Europea L 170/1

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 25 de enero de 2012

relativa a la medida SA.14588 (C 20/09) ejecutada por Bélgica en favor de De Post – La Poste (actualmente «bpost»)

[notificada con el número C(2012) 178]

(Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/321/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero (1),

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados a que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos, y teniendo en cuenta dichas observaciones (2),

Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO

1.1. DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 2003 ANULADA POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

(1) El 3 de diciembre de 2002, las autoridades belgas notificaron (3) a la Comisión una ampliación de capital en favor del operador postal belga De Post – La Poste (en lo sucesivo, «DPLP», actualmente «bpost (4)»). Tras un examen preliminar, la Comisión decidió, el 23 de julio de 2003 (5), no plantear objeciones respecto a la medida notificada. En su Decisión, la Comisión estableció que la aportación de capitales, así como otras medidas en favor de DPLP observadas en la investigación preliminar, no habían supuesto una compensación excesiva de los costes netos soportados por la empresa en la ejecución de sus misiones de servicio público de 1992 a 2002.

(2) El 27 de noviembre de 2003, la decisión de la Comisión fue impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia por Deutsche Post AG y su filial belga, DHL International (6). El 10 de febrero de 2009, el Tribunal de Primera Instancia anuló la Decisión de la Comisión, al concluir que esta había decidido no plantear objeciones a pesar de la existencia de graves dificultades que hubieran debido inducirla a incoar un procedimiento de investigación formal.

(3) En abril de 2009, Bélgica presentó un recurso (7) (C-148/2009) ante el Tribunal de Justicia contra la anulación por el Tribunal de Primera Instancia de la Decisión de la Comisión, de 23 de julio de 2003, de no plantear objeciones.

(4) El 22 de septiembre de 2011, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por Bélgica, considerando que el Tribunal de Primera Instancia anuló con razón la Decisión de la Comisión de 2003.

1.2. DENUNCIA RELATIVA A LA AYUDA A LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRENSA

(5) En 2005, una serie de empresas privadas belgas de distribución de prensa (8) presentaron una denuncia, en virtud de las normas relativas tanto a los cárteles como a las ayudas estatales, contra un acuerdo de distribución de la prensa celebrado entre las autoridades belgas y DPLP. Dicho acuerdo encomienda a DPLP la misión de servicio público de distribución de la prensa en toda Bélgica y fija las tarifas de dicho servicio, así como la compensación a la que tiene derecho DPLP debido a los costes adicionales que implica el desempeño de esa misión. La denuncia afecta sobre todo a las tarifas de los servicios propuestos por DPLP que, según afirman los denunciantes, son tan bajas que excluyen cualquier intento de competencia.

(6) Por lo que se refiere a las normas aplicables a las ayudas estatales, los servicios de la Comisión desestimaron la denuncia, puesto que el examen preliminar permitió comprobar que no hubo compensación excesiva de los costes netos adicionales inducidos por dicho servicio público. No obstante, en mayo de 2009, los denunciantes impugnaron esta posición preliminar, facilitaron información adicional y solicitaron a la Comisión que llevara a cabo una investigación pormenorizada.

1.3. CUARTO «CONTRATO DE GESTIÓN» (2005-2010)

(7) El examen de la denuncia relativa a la compensación concedida por la distribución de la prensa permitió a la Comisión descubrir que, en 2005, Bélgica había celebrado con DPLP un «contrato de gestión», no notificado, que preveía el pago de una compensación por la prestación de servicios de interés económico general (SIEG). Por consiguiente, la Comisión incoó un procedimiento de oficio (9) y envió una solicitud de información a Bélgica en abril de 2007.

(8) En diciembre de 2007, las autoridades belgas respondieron que consideraban que la compensación del SIEG no constituía ayuda estatal, puesto que se cumplían cada una de las cuatro condiciones enunciadas en la sentencia Altmark (10). Más tarde, remitieron información sobre el cuarto contrato de gestión y, más concretamente, sobre el sistema de contabilidad analítica utilizado a efectos del cálculo de la compensación abonada por el Estado.

(9) Posteriormente, las medidas contempladas en el procedimiento de oficio y las denuncias se incluyeron en el procedimiento formal de investigación C20/09, incoado el 23 de julio de 2009.

1.4. DECISIÓN DE INCOACIÓN

(10) Teniendo en cuenta la anulación de la Decisión de la Comisión de 23 de julio de 2003 por el Tribunal de Primera Instancia, y tras haber examinado la información facilitada por las autoridades belgas sobre las medidas en cuestión, la Comisión decidió, el 13 de julio de 2009, incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE (11).

(11) La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión emplazó a los interesados a que le formularan sus observaciones.

1.5. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES BELGAS RELATIVAS A LA DECISIÓN DE INCOACIÓN

(12) Las autoridades belgas remitieron sus observaciones el 13 de agosto de 2009 y las completaron con otras observaciones el 10 de septiembre de 2009, el 12 de octubre de 2009, el 23 de abril de 2010, el 26 de abril de 2010, el 19 de octubre de 2010, el 19 de noviembre de 2010, el 21 de diciembre de 2010, el 18 de enero de 2011, el 17 de febrero de 2011, el 2 de marzo de 2011, el 29 de marzo de 2011, el 11 de abril de 2011, el 10 de mayo de 2011, el 27 de mayo de 2011, el 14 de junio de 2011, el 10 de agosto de 2011, el 26 de agosto de 2011, el 7 de octubre de 2011, el 14 de diciembre de 2011, el 19 de diciembre de 2011, el 20 de diciembre de 2011 y el 26 de diciembre de 2011. Dichas autoridades indicaron que habían interpuesto un recurso de casación el 22 de abril de 2009 contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de febrero de 2009 y aportaron precisiones relativas a la compensación de servicio público y demás medidas ad hoc en favor de DPLP.

1.6. OBSERVACIONES DE TERCEROS REFERENTES A LA DECISIÓN DE INCOACIÓN Y OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES BELGAS SOBRE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR TERCEROS

(13) Deutsche Post AG y DHL Internacional N.V./S.A presentaron observaciones el 28 de agosto de 2009.

(14) La Vlaamse Federatie van Persverspreiders (en lo sucesivo, «VFP», la Federación Flamenca de Difusores de Prensa) y Prodipresse («Unión de Profesionales de la Difusión de Prensa») presentaron sus observaciones el 28 de agosto de 2009.

(15) El Belgische Distributiedienst B.V.B.A (en lo sucesivo, «el BD», un competidor de DPLP en el mercado de la distribución de prensa) presentó sus observaciones el 28 de agosto de 2009.

(16) La Association belge des éditeurs de quotidiens A.S.B.L (Asociación Belga de Editores de Periódicos), presentó sus observaciones el 28 de agosto de 2009.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA

2.1. ESTATUTO JURÍDICO Y ACTIVIDADES DE DPLP

(17) La Poste belga era un organismo estatal («Régie des Postes») hasta 1992, año en que se constituyó como entidad jurídica independiente («entreprise publique autonome»). En 2000, cambió su estatuto jurídico para convertirse en una «sociedad anónima de Derecho público».

(18) En 2010, DPLP realizó un producto de explotación de 2 318 millones EUR y un beneficio de explotación de 319 millones EUR. A finales de 2010, tenía una plantilla de 33 616 empleados. Como comparación, en 2002 contaba con 42 000 trabajadores. Los gastos de personal representan el 65 % de sus gastos de funcionamiento totales.

(19) El inversor privado CVC Capital Partners posee una participación minoritaria del 50 % menos una parte. El Estado belga es accionista mayoritario.

2.2. RESUMEN DE LAS MEDIDAS PÚBLICAS EN CUESTIÓN

2.2.1. Misiones de servicio público durante el período 1992-2010

(20) DPLP ha desempeñado misiones de servicio público en virtud de la ley de servicios postales (12) y de cuatro contratos de gestión sucesivos durante todo el período contemplado por la investigación, es decir, desde 1992 hasta 2010.

2.2.1.1. Obligaciones de servicio público establecidas en los contratos de gestión

(21) Los contratos de gestión establecen las normas y modalidades de ejecución de las tareas desempeñadas por DPLP en el marco de la ejecución de sus actividades de interés público y fijan la intervención financiera del Estado belga.

(22) Desde su constitución en 1992, DPLP ha firmado con el Estado belga cuatro contratos de gestión, que abarcan los períodos siguientes (13): 1) primer contrato: del 14.9.1992 al 31.12.1996; 2) segundo contrato: del 1.1.1997 al 23.9.2002; 3) tercer contrato: del 24.9.2002 al 23.9.2005; 4) cuarto contrato: del 24.9.2005 al 23.9.2010; contrato prorrogado a la espera del nuevo contrato.

(23) Los contratos de gestión establecen la lista de misiones de servicio público. Las misiones de servicio público previstas por el Estado belga en el actual contrato de gestión son las siguientes (14): Servicios postales i) Servicio postal universal ii) Distribución de periódicos iii) Distribución de prensa no diaria iv) Distribución de impresos electorales v) Tarifas especiales para las asociaciones sin ánimo de lucro vi) Envíos de cartas sujetos al régimen de franquicia postal (correspondencia real y demás correspondencia especial) vii) Servicios postales internacionales viii) Paquetes internacionales Servicios financieros ix) Recepción de depósitos en efectivo en una cuenta corriente postal x) Emisión de giros postales xi) Pago a domicilio de las pensiones de jubilación o de supervivencia y de las asignaciones de las personas con discapacidad xii) Pago de los certificados de participación en las elecciones xiii) Contabilización de los fondos y títulos de las multas de tráfico xiv) Servicios relativos a los permisos de pesca Venta de sellos de correos xv) Venta de sellos de correos Otros servicios públicos xvi) Papel social del cartero xvii) Información adecuada al público xviii) Impresión y entrega de correo electrónico xix) Servicios de certificación de los mensajes xx) Prestaciones realizadas para los contables del Estado xxi) Venta de timbres fiscales y de timbres para el pago de multas xxii) Cooperación en la distribución de paquetes de papeletas de voto

2.2.2. Medidas públicas a las que afecta la investigación

(24) De 1992 a 2010, DPLP contó con ayuda pública en forma de diversas medidas: 1) asunción de las pensiones de jubilación: a raíz de la reforma del sistema de pensiones llevada a cabo en 1997, el Estado liberó a DPLP de sus compromisos acumulados en concepto de pensiones de jubilación por un importe de 3 800 millones EUR; 2) compensación anual del coste de ejecución de las obligaciones de servicio público (15), por un importe total de 5 200 millones EUR en el período 1992-2010; 3) aportaciones de capital: dos en 1997 (62 millones EUR), una en 2003 (297,5 millones EUR) y una en 2006 (40 millones EUR); 4) exenciones fiscales: exención del impuesto de sociedades, del impuesto sobre los bienes inmuebles y otros impuestos indirectos y locales; 5) transferencia de inmuebles: en 1992, se transfirieron a DPLP 63 inmuebles de un valor de 112,2 millones EUR; 6) garantía concedida por el Estado en 2004, contra una prima de 0,25 %, para un préstamo de 100 millones EUR.

2.2.2.1. Asunción de las pensiones de jubilación

(25) En 1992, la Régie des Postes se transformó por ley en una empresa pública autónoma (EPA) denominada «De Post-La Poste». En su condición de sucesor legal de la Régie des Postes, DPLP se hizo cargo del activo y del personal de aquella. Este cambio supuso una ruptura importante en lo que se refiere al modelo de empresa: 1) al contrario que la Régie des Postes, gestionada por el Ministro competente y bajo su autoridad y dirección, a DPLP la gestionaba ahora su Consejo de Administración y su Comité de Gestión, conservando el Gobierno únicamente una facultad de tutela a efectos del cumplimiento de la ley y del contrato de gestión (16); 2) DPLP era, en principio, responsable de su propio equilibrio financiero, mientras que el presupuesto anual de la Régie des Postes lo establecía, hasta entonces, el Ministro competente, que lo presentaba a la aprobación del Parlamento en un anexo del presupuesto de su propio Ministerio.

(26) En 1992, DPLP asumió a 43 747 funcionarios, así como la protección jurídica de la que estos gozaban en materia de seguridad de empleo, de pensión y de remuneración (artículo 33 de la Ley de 21 de marzo de 1991).

(27) En 2008, DPLP empleaba aún a unos 23 500 agentes estatutarios (cuyo estatuto era similar al de los funcionarios), lo que representaba casi dos tercios de todo su personal, tal como se indica a continuación. Cuadro 1 Regímenes laborales en DPLP

(28) Entre 1972 y 1996, las pensiones de jubilación se pagaron en virtud de un régimen por reparto. Según este sistema, DPLP reembolsaba al Estado el importe de las pensiones abonadas por este a los antiguos funcionarios jubilados (17) por los derechos de jubilación que habían acumulado desde 1972, año durante el cual la Poste belga se convirtió en una entidad contable separada dentro del Estado (Régie des Postes).

(29) Nada cambió en el sistema de financiación de las pensiones de jubilación hasta la reforma de las pensiones en 1997. Dicha reforma consistió en ajustar el sistema de pensiones del primer pilar aplicable al personal estatutario de DPLP con el del sector privado: a partir de 1997, DPLP tuvo que abonar a la ONSS (Oficina Nacional de Seguridad Social) una contribución para pensiones que representaba el 8,86 % de los salarios.

(30) Paralelamente, el Estado aceptó hacerse cargo de las obligaciones de pensión acumuladas por DPLP, que ascendían a 3 800 millones EUR.

2.2.2.2. Compensación anual del coste de ejecución de las obligaciones de servicio público

(31) Cada contrato establecía el pago de una compensación anual por el Estado por la ejecución de las misiones de servicio público contempladas en el contrato.

(32) En los tres primeros contratos, la compensación se establecía sobre la base de la diferencia efectiva entre los gastos y los ingresos de las misiones de servicio público. El cuarto contrato de gestión prevé el pago de una compensación fija calculada sobre la base de la diferencia prevista entre el coste soportado por DPLP y los ingresos generados por los usuarios de los servicios públicos, compensación que, no obstante, está sometida a un límite máximo definido en los contratos de gestión (18).

(33) Los servicios públicos por los que, de conformidad con el actual contrato de gestión (19), DPLP tiene derecho a recibir una compensación del Estado son los siguientes: Servicios postales ii) Distribución de periódicos iii) Distribución de prensa no diaria iv) Distribución de impresos electorales v) Tarifas especiales para las asociaciones sin ánimo de lucro vi) Envíos de cartas sujetos al régimen de franquicia postal (correspondencia real y demás correspondencia especial) Servicios financieros ix) Recepción de depósitos en efectivo en una cuenta corriente postal x) Emisión de giros postales xi) Pago a domicilio de las pensiones de jubilación o supervivencia y de las asignaciones a las personas con discapacidad xiii) Contabilización de los fondos y títulos de las multas de tráfico xiv) Servicios relativos a los permisos de pesca Venta de sellos de correos xv) Venta de sellos de correos Otros servicios públicos xvi) Papel social del cartero xx) Prestaciones realizadas para los contables del Estado xxi) Venta de timbres fiscales y de timbres para el pago de multas

(34) Cabe señalar que el servicio postal universal no puede dar lugar a una compensación con arreglo a los tres últimos contratos de gestión (20). Aunque la distribución de la prensa pueda inscribirse, en general, en el marco del servicio universal, de conformidad con la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (21), las misiones específicas (distribución de periódicos y prensa no diaria) que deben dar lugar a una compensación con arreglo a los contratos de gestión fueron definidas por las autoridades belgas según criterios que los distinguen del servicio postal universal. Esos criterios son: 1) los objetivos de la misión, que van más allá de los objetivos del servicio universal; 2) las condiciones específicas establecidas en los citados contratos, y 3) las disposiciones específicas en materia de tarificación, que difieren de los aplicables a la tarificación del servicio universal.

(35) Objetivos de la misión: las autoridades belgas consideran que es particularmente importante garantizar una amplia distribución de la prensa escrita en todo el territorio belga para aumentar el nivel de información y la diversidad de opiniones y fomentar la participación del público en el debate político.

(36) El contrato fija condiciones de explotación precisas: el servicio específico de distribución de la prensa, impuesto a DPLP y que da lugar a una compensación, va más allá del servicio de distribución clásica incluido en el servicio universal. Está sujeto a una serie de condiciones estrictas en cuanto a la calidad y los resultados, que afectan a la hora de la distribución (por ejemplo, la distribución antes de las 7h30), la frecuencia, las opciones de distribución para los editores, la flexibilidad concedida a los editores en lo que se refiere al volumen, así como la continuidad del servicio (incluida una definición estricta de los casos de fuerza mayor).

(37) Tarificación específica: las tarifas de la misión de distribución de la prensa que dan lugar a una compensación se definen en el marco de negociaciones tripartitas (Estado belga/DPLP/sector de la prensa) y no necesitan recibir la aprobación de la autoridad reguladora, al contrario que las tarifas del servicio público universal. Mientras que las tarifas de servicio público universal se basan en los costes, las tarifas de la misión específica de distribución de la prensa que dan lugar a una compensación son claramente inferiores, a fin de permitir la realización de los objetivos que persigue.

(38) Los servicios públicos mencionados en el considerando 33 pueden beneficiarse de una compensación de servicio público. Las compensaciones de servicio público abonadas realmente para cada ejercicio son las siguientes: Primer contrato de gestión Año Importe (en EUR) 1992 (22) 91 720 000 1993 351 327 000 1994 322 138 000 1995 368 308 000 1996 314 205 000 Segundo contrato de gestión Año Importe (en EUR) 1997 208 934 000 1998 228 629 000 1999 213 788 000 2000 216 282 000 2001 224 269 000 2002 194 559 000 Tercer contrato de gestión Año Importe (en EUR) 2003 175 554 000 2004 247 606 000 2005 254 825 000 Cuarto contrato de gestión Año Importe (en EUR) 2006 299 729 000 2007 306 396 000 2008 315 683 000 2009 321 244 000 2010 325 735 000

2.2.2.3. Aportaciones de capital

(39) Capital aportado en 1997: DPLP recibió dos aportaciones de capital, no notificadas, por un importe total de 62 millones EUR. No obstante, las autoridades belgas indicaron posteriormente que esos fondos constituían en realidad compensaciones de servicio público diferidas, que no se habían abonado en su momento a DPLP.

(40) Capital aportado en 2003: las autoridades belgas procedieron a una aportación de capital en favor de DPLP por valor de 297,5 millones EUR. En su opinión, la aportación se realizó en condiciones aceptables para un inversor privado que operara en las condiciones normales de una economía de mercado; así pues, de conformidad con el principio del inversor privado en una economía de mercado, no constituiría ayuda estatal.

(41) Capital aportado en 2006: las autoridades belgas llevaron a cabo una nueva aportación de capital por valor de 40 millones EUR. En su opinión, dicha aportación se ajustaba al principio del inversor privado en una economía de mercado, al haber sido efectuada en las mismas condiciones que se aplican a los inversores privados (pari passu).

2.2.2.4. Exenciones fiscales

(42) Hasta el 31 de diciembre de 2005, DPLP se benefició de la exención del impuesto de sociedades.

(43) Durante el período cubierto por la investigación, DPLP se benefició de una exención de la contribución territorial sobre los inmuebles utilizados en el marco de la ejecución de servicios públicos, equivalente a una ventaja de […] (23) a […] EUR anuales. Si se hubiera pagado ese impuesto, los costes de los productos (servicio público y productos comerciales) que utilizaban dichos inmuebles habrían sido proporcionalmente más elevados.

(44) DPLP disfruta también de la exención de otros impuestos indirectos y locales. Las autoridades belgas no pueden estimar el valor exacto de esta ventaja, pero indican que esta medida entra en el ámbito de aplicación de las normas de minimis.

(45) Las exenciones fiscales son anteriores a la entrada en vigor del Tratado CE en 1958 y se han mantenido sin grandes modificaciones. Si bien se puso fin a la exención del impuesto de sociedades el 31 de diciembre de 2005, las dos últimas medidas siguen vigentes.

2.2.2.5. Transferencia de inmuebles

(46) En 1992, el Estado belga transfirió 63 inmuebles a DPLP (24), sin contrapartida. DPLP los utilizaba ya, incluso si legalmente pertenecían al Estado. El valor total de estos bienes se estimó en 112,2 millones EUR (25). Dichos inmuebles eran distintos de los activos iniciales, a los que se sumaban, que se habían disociado de los bienes de propiedad estatal cuando la Poste se convirtió en un organismo estatal («la Régie des Postes») distinto en 1971. La Régie des Postes poseía ya legalmente los activos que habían sido asentados en su balance. En cambio, estos inmuebles adicionales transferidos en 1992 tenían por objetivo compensar la carga de las pensiones de jubilación, que seguía recayendo en DPLP en el momento en que esta cambió su estatuto de organismo estatal por el de empresa pública autónoma.

(47) Las autoridades belgas alegan que la transferencia de estos inmuebles se inscribía únicamente en el marco de una reorganización interna de los bienes pertenecientes al Estado y no constituía una ventaja. Según ellas, estos inmuebles ya eran utilizados por La Poste belga antes de que esta se convirtiera en DPLP en 1992 (y, por lo tanto, eran ya utilizados por la Régie des Postes).

2.2.2.6. Garantía del Estado

(48) A DPLP se le concedió la posibilidad de solicitar una garantía pública para sus empréstitos contra una prima del 0,25 %.

(49) Durante el período contemplado por la investigación, solo se recurrió a esa garantía una sola vez, para un préstamo de 100 millones EUR concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El acuerdo firmado entre DPLP y el BEI el 22 de diciembre de 2004 permitía a DPLP utilizar la línea de crédito del BEI hasta el 10 de junio de 2008. Haciendo uso de esa posibilidad, DPLP solicitó un importe de 100 millones EUR el 8 de noviembre de 2007, importe que recibió efectivamente el 5 de diciembre de 2007. DPLP se comprometió a reembolsar el préstamo en 11 tramos anuales iguales de 9,09 millones EUR, aproximadamente. El primer tramo debe ser abonado el 5 de diciembre de 2012 y el último el 5 de diciembre de 2022. Los intereses se pagan trimestralmente (5 de diciembre, 5 de marzo, 5 de junio y 5 de septiembre). El tipo de interés se calcula sobre la base del tipo Euribor a tres meses, menos 37 puntos básicos.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS QUE CONDUJERON A LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN 2009

(50) Basándose en la sentencia Altmark (26), la Comisión consideró que las compensaciones de servicio público abonadas desde 1992, así como las exenciones fiscales, las aportaciones de capital, la garantía del Estado y la transferencia de inmuebles anteriormente mencionados, podían constituir ayuda con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(51) Las ayudas estatales consistentes en compensaciones de los costes relativos a las obligaciones de servicio universal pueden declararse compatibles en virtud del artículo 106, apartado 2, del TFUE si son necesarias para la ejecución de dichos servicios y no afectan al desarrollo de los intercambios en forma contraria al interés de la Unión Europea.

(52) En la decisión de incoación de 2009, la Comisión se preguntaba sobre la necesidad y la proporcionalidad de las medidas de ayuda concedidas a DPLP a efectos del desempeño de sus misiones de servicio público.

(53) Por lo que se refiere al cálculo de la compensación excesiva en virtud del artículo 106, apartado 2, del TFUE, la Comisión consideró que se habían tenido en cuenta el conjunto de ingresos y costes por las obligaciones de servicio público, asegurándose de que no hubiera compensación excesiva por las misiones de servicio público. A efectos de dicho cálculo, conviene comprobar la solidez de la metodología contable utilizada para determinar los costes imputables a los servicios de interés económico general, así como tener en cuenta el conjunto de los costes netos del servicio público y de las ayudas adicionales concedidas, cualquiera que sea su forma.

(54) Respecto a la financiación por el Estado de las pensiones de los funcionarios, la Comisión se preguntaba en qué medida el hecho de quedar liberada de sus obligaciones en materia de pensiones de jubilación situaba a DPLP en una situación comparable a la de sus competidores en lo que se refiere a las cotizaciones a la seguridad social.

(55) Con arreglo al enfoque adoptado por la Comisión en su Decisión sobre la financiación pública del coste de las pensiones de los funcionarios que trabajaban para La Poste francesa (27), era preciso examinar si la medida era compatible con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y, a tal efecto, determinar en qué medida los costes de seguridad social abonados por DPLP tras haber quedado liberada de esas obligaciones eran comparables a los soportados por sus competidores.

4. OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS

4.1. OBSERVACIONES DE VFP Y DE PRODIPRESSE

(56) El 28 de agosto de 2009, VFP y Prodipresse comunicaron sus observaciones sobre el sistema de distribución de la prensa aplicado por DPLP.

(57) Con arreglo a la denuncia que habían presentado anteriormente, VFP y Prodipresse subrayaron los falseamientos de la competencia resultantes de las tarifas poco elevadas que aplicaba DPLP para la distribución de la prensa, que impedían toda competencia de otros operadores del mercado.

(58) VFP y Prodipresse indicaron que los precios aplicados por DPLP se fijaban en negociaciones tripartitas entre DPLP, los editores y el Estado. En su opinión, las pérdidas sufridas por DPLP debidas a sus precios inferiores a los del mercado son compensadas por el Estado en el marco de la compensación por los SIEG. Si bien DPLP es la beneficiaria directa de esa ayuda, también los editores de periódicos se benefician de ella de manera indirecta.

(59) VFP y Prodipresse consideran que DPLP podría disfrutar de una compensación excesiva por el sistema de distribución de la prensa, compensación excesiva que esta utilizaría para financiar sus otras actividades.

4.2. OBSERVACIONES DE LA ASOCIACIÓN BELGA DE EDITORES DE PERIÓDICOS

(60) El 28 de agosto de 2009, la Asociación Belga de Editores de Periódicos remitió sus observaciones. Con tal motivo, destacó la importancia, para la democracia y la igualdad, de un sistema eficaz de distribución de periódicos en todo el territorio belga, a precios razonables y uniformes, que permita que los abonados reciban temprano sus periódicos.

4.3. OBSERVACIONES DE DEUTSCHE POST AG Y DHL INTERNATIONAL

(61) El 28 de agosto de 2009, Deutsche Post AG y DHL International presentaron sus observaciones, en las que insistían en la necesidad de examinar la asunción de obligaciones de DPLP en materia de pensiones y, en particular, de asegurarse de la conformidad de esta medida con la práctica anterior, controlar la conformidad con el mercado de las aportaciones de capital, comprobar que la distribución de costes se ajustaba a la sentencia Chronopost y, por último, examinar la transferencia de inmuebles.

4.4. OBSERVACIONES DE BELGISCHE DISTRIBUTIEDIENST NV/BELGIQUE DIFFUSION SA

(62) El 28 de agosto de 2009, Belgische Distributiedienst NV/Belgique Diffusion SA (en lo sucesivo, «BD»), que forma parte del grupo TNT, comunicó sus observaciones. BD es un competidor de DPLP y, en particular, de su filial responsable de la distribución de prensa, Deltamedia, en el mercado de la distribución de periódicos y prensa no diaria. De acuerdo con la denuncia que había presentado anteriormente, BD destacó que DPLP aplicaba precios inferiores a sus costes en lo que se refiere a la distribución de periódicos. Las pérdidas sufridas por DPLP eran financiadas, según ella, por las subvenciones públicas. Los precios bajos dificultaban cualquier competencia con DPLP.

(63) Según BD, DPLP habría infringido la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (28), así como el artículo 7 de la Directiva 97/67/CE. BD albergaba también dudas sobre la existencia de una ayuda en virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE y sobre la compatibilidad de la compensación de los costes de los SIEG en virtud del artículo 106, apartado 2, del TFUE.

(64) BD se preguntaba si la distribución de periódicos podía calificarse de SIEG, dado que, en la mayoría de los Estados miembros, dicha actividad está abierta a la competencia, sin intervención del operador postal.

(65) BD se preguntaba también si una subvención reservada exclusivamente al operador postal constituía el medio más adecuado de apoyar la distribución de periódicos en vez de prestar ayuda a los editores, que podrían conseguir entonces los servicios de distribución en el mercado libre, lo que permitiría que compitieran distintos prestadores.

(66) BD se preguntaba sobre la necesidad de los costes, incluso si se aprobaba la misión de distribución de periódicos encomendada a DPLP. Según BD, DPLP incurre en costes mucho más elevados que los de los demás operadores, lo que aumenta el nivel de subvenciones necesario. En este sentido, las subvenciones no serían proporcionadas, ni estarían justificadas.

(67) Por último, BD estima que los costes de DPLP asumidos por el Estado podrían incluir costes de inversión que no serían necesarios para la prestación del SIEG, dado que DPLP podría haber utilizado infraestructuras creadas para otros servicios. Asimismo, las campañas de promoción en favor de productos comerciales podrían haber sido financiadas con la subvención pública.

5. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES BELGAS

5.1. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES BELGAS SOBRE LA ASUNCIÓN DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN

(68) Las autoridades belgas alegan que, de acuerdo con el enfoque seguido en la sentencia Combus (29), la asunción de los compromisos en materia de pensiones de jubilación no constituye una ayuda estatal, dado que libera a La Poste belga de una carga anormal, no de una carga que normalmente recae en el presupuesto de una empresa.

(69) Dicha carga anormal se derivaría de los costes salariales más elevados del personal estatutario y de la falta de flexibilidad en el plano operativo, que impide a DPLP reducir en la medida que desearía el número de funcionarios entre su personal.

(70) Las autoridades belgas señalan tres causas de la falta de flexibilidad: 1) la seguridad de empleo de los funcionarios; 2) la falta de movilidad interna; 3) la falta de acceso al paro temporal.

(71) Seguridad de empleo de los funcionarios: DPLP alega que su personal estatutario es contratado de facto por un período indefinido. DPLP no está en condiciones de poner fin a los contratos de su personal estatutario, excepto por motivo grave o malos resultados recurrentes. Incluso en tal caso, el procedimiento de despido está sujeto a requisitos especialmente gravosos.

(72) Además, el Consejo de Estado (jurisdicción administrativa belga competente para el personal estatutario, mientras que el personal contractual es competencia de los tribunales de trabajo) se ha mostrado propenso a favorecer al personal estatutario fijando una norma estricta a efectos del establecimiento de un «motivo válido». De ello se desprende que DPLP no está en condiciones de despedir a su personal estatutario, ya sea individualmente o de forma colectiva, por razones económicas o técnicas.

(73) Por consiguiente, la rescisión de un contrato de trabajo no constituye un instrumento de gestión que permita reconfigurar la composición del personal en función de las necesidades operativas reales. Asimismo, la imposibilidad de efectuar despidos por motivos económicos limita considerablemente los medios de que dispone DPLP para resolver problemas tales como la escasa movilidad o los salarios y las ventajas del personal estatutario, más elevados que los habituales en el mercado. Además, el personal estatutario no está habilitado para solicitar una transferencia automática a la administración pública y DPLP no puede imponer dicha transferencia.

(74) Esto significa que la reducción del personal estatutario se limita fundamentalmente a los ceses voluntarios, poco numerosos, y a las bajas naturales.

(75) Falta de movilidad interna: aparte de la imposibilidad de DPLP de reducir el personal estatutario en los ámbitos en que la demanda de servicios ha disminuido, las posibilidades de que dispone para reasignar su personal estatutario en su organización, habida cuenta de sus necesidades, están sujetas a estrictas limitaciones.

(76) Elementos como la pertenencia lingüística, las cualificaciones, la antigüedad y la clasificación funcional hacen que DPLP sea en gran medida incapaz de reasignar a su personal que trabaja en ámbitos en los que disminuyen las necesidades de personal, por ejemplo debido a la disminución del correo tradicional, a sectores con escasez de personal debido, entre otras cosas, a las vacantes por jubilación o al aumento de la demanda.

(77) En otras palabras, debido a la rigidez del «Estatuto», DPLP es en gran medida incapaz de reasignar al personal estatutario en función de sus necesidades o de compensar un desequilibrio entre los ámbitos de actividad en los que sobra personal y aquellos en los que falta. Paradójicamente, para satisfacer las necesidades observadas en los sectores en los que falta personal, DPLP debe contratar personal temporal o contractual, manteniendo al mismo tiempo a su personal estatutario excedentario en los sectores con demasiado personal.

(78) Falta de acceso al paro temporal: además, DPLP no puede enviar a su personal estatutario al paro temporal («paro económico»), como pueden hacer los operadores del sector privado cuando escasea el trabajo.

(79) Costes salariales más elevados: cuando la Régie des Postes se convirtió en una empresa pública autónoma en 1992 y pasó a llamarse DPLP, el personal estatutario disfrutaba de unos salarios y unas ventajas mucho más elevados que el personal contractual del sector privado. Desde 1992, los aumentos salariales automáticos en función de la antigüedad y el importante poder de negociación de los sindicatos han contribuido a mantener los salarios y las ventajas en esos niveles comparativamente más altos.

(80) Además de unos salarios y unas ventajas superiores a los que percibe el personal contractual, los agentes estatutarios disfrutan de 4 a 11 días de vacaciones remuneradas adicionales (30), lo que aumenta los costes soportados por DPLP. Estos elementos que caracterizan al personal estatutario han dificultado la gestión por parte de DPLP del coste unitario del personal estatutario, sensiblemente superior al de los agentes contractuales del sector privado.

(81) Desde que DPLP se hizo cargo del personal estatutario de la Régie des Postes en 1992, sus directivos han reconocido que ese personal, con sus costes salariales más elevados y su rigidez operativa, constituye una desventaja estructural cada vez más difícil de soportar según iba avanzando la liberalización del mercado postal. Por lo tanto, DPLP dejó de contratar agentes estatutarios en 1998. Las bajas naturales, debidas básicamente a las jubilaciones, han conducido a una disminución del personal, en términos absolutos, que pasó a 23 538 personas en 2008.

(82) Dado que la reducción del personal estatutario depende principalmente de la tasa de bajas naturales en el contexto de la actual pirámide de edad, su progresión ha sido lenta y, con toda probabilidad, seguirá siéndolo hasta 2030, es decir, mucho después de la plena liberalización del mercado postal, como muestra el cuadro siguiente. Cuadro 2 Evolución del personal estatutario de DPLP

(83) Así pues, las autoridades belgas consideran que el personal estatutario de DPLP representa una grave desventaja en los planos operativo y de los costes frente a los operadores privados y que el Estado ha liberado a DPLP de una carga anormal que no soportan sus competidores.

(84) Según ellas, la medida no constituye ayuda estatal y la línea de conducta adoptada por la Comisión en la Decisión de incoación, de acuerdo con anteriores asuntos relativos a regímenes de pensiones [EDF (31), La Poste (Francia) (32), Royal Mail (33)], no sería, pues, necesaria en el caso de DPLP.

(85) No obstante, las autoridades belgas alegan que la posible aplicación de dicho método a DPLP llevaría a concluir que la parte de los costes de seguridad social, en porcentaje de los costes salariales, soportada por DPLP, equivale a la de sus competidores.

5.2. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES BELGAS SOBRE LA COMPENSACIÓN ANUAL DE LOS COSTES DE SERVICIO PÚBLICO

(86) Las autoridades belgas remitieron los datos contables (34) de DPLP y expusieron los principios de contabilidad analítica aplicados por DPLP.

(87) Alegan, en primer lugar, que la compensación de servicio público abonada anualmente no constituye ayuda, en la medida en que se ajusta a la jurisprudencia Altmark.

(88) Alegan también que, si la compensación por servicio público constituyera ayuda, es compatible, pues no representa una compensación excesiva de los costes netos soportados por DPLP en el marco de la ejecución de sus misiones de servicio público. Los cálculos presentados por las autoridades belgas ponen de manifiesto, según ellas, una compensación insuficiente de los costes soportados por DPLP.

(89) Por último, las autoridades belgas indican que algunas de las medidas constituyen ayuda existente. Véase, a este respecto, la sección sobre ayudas existentes [considerandos 6.3.2 y siguientes).

5.3. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES BELGAS SOBRE LAS APORTACIONES DE CAPITAL

5.3.1. Capital aportado en 1997

(90) En una carta dirigida a la Comisión el 12 de agosto de 2009, las autoridades belgas indican que se deben considerar las aportaciones de capital realizadas en 1997, por un importe total de 62 millones EUR, como compensación diferida por obligaciones de servicio público.

5.3.2. Capital aportado en 2003 y 2006

(91) Según las autoridades belgas, las ampliaciones de capital realizadas en 2003 y 2006 se basaban en un plan estratégico (35), cuyo objetivo último era mejorar la competitividad y la rentabilidad de la empresa en el contexto de la liberalización progresiva del mercado postal.

(92) Dicho plan estratégico perseguía dos objetivos principales: 1) mejorar la productividad a fin de garantizar la competitividad y la rentabilidad en un entorno de mercado más liberalizado; 2) hacer evolucionar a DPLP hacia una lógica de mercado, abriendo su capital a los inversores privados, es decir, conseguir y mantener los niveles de rendimiento requeridos para atraer a inversores privados y liberar el potencial de rentabilidad de la empresa.

(93) Capital aportado en 2003: según las autoridades belgas, la ampliación de capital de 2003 tenía por objetivo reforzar los fondos propios de DPLP, habida cuenta de los importantes compromisos financieros que había contraído con vistas sobre todo a la construcción de cuatro nuevos centros de clasificación y a la modernización de un centro existente, a la optimización de los turnos de distribución del correo y a la automatización.

(94) Además, las autoridades belgas alegaron que los fondos inyectados cubrían también gastos de personal derivados de la disminución del número de empleados debida a un régimen de jubilación anticipada, a la reducción del tiempo de trabajo y al aumento de los salarios de los nuevos miembros del personal.

(95) Dichas medidas habrían aportado garantías razonables de una mayor rentabilidad en el período 2003-2007 que respondía a las necesidades de los inversores privados. Así pues, cuando decidió efectuar una inversión de capital, el Estado belga, como único accionista de DPLP en 2003, habría actuado guiado por perspectivas de rentabilidad, dentro de una lógica que respetaba plenamente el principio del inversor privado en una economía de mercado.

(96) El 5 de agosto de 2009, las autoridades belgas alegaron además que las previsiones de rentabilidad mostraban que la aportación de capital se había efectuado en condiciones conformes al principio del inversor en una economía de mercado, dado que el rendimiento previsto superaba el que un inversor privado habría exigido. Esas previsiones no eran poco realistas, puesto que la rentabilidad efectiva obtenida entre 2003 y 2008 fue claramente superior a la rentabilidad prevista.

(97) Las autoridades belgas precisaron que la aportación de capital de 2003 y la anulación, en 2005, de los créditos del Estado en las cuentas de DPLP no estaban relacionadas en modo alguno. Dicha anulación, efectuada en otro momento, constituía una operación contable normal, dado que el Estado había indicado claramente que esos créditos no iban a pagarse a DPLP. Los importes finales anulados en el marco del saneamiento del balance de 2005 diferían de los importes de la aportación de capital de 2003 y de las pérdidas acumuladas a finales de 2002.

(98) Capital aportado en 2006: las autoridades belgas alegan que la aportación se ajusta al principio del inversor privado en una economía de mercado, ya que se efectuó en condiciones equivalentes (pari passu) a las aplicadas para un inversor privado, es decir, Post Invest Europe SA, que invirtió 300 millones EUR. El Estado y el inversor privado adquirieron nuevas acciones, lo que permitió al nuevo inversor obtener 50 % de las acciones menos una parte, conservando el Estado el 50 % de las acciones más una parte (36).

(99) Para determinar el precio de las nuevas acciones emitidas, el banco de inversión al que se dirigieron las autoridades belgas consideró que el valor total de DPLP estaba comprendido entre […] y […] EUR. El Estado consideró finalmente que el valor del conjunto de la empresa, antes de las aportaciones de capital, era de […] EUR. Las autoridades belgas reconocen que los resultados posteriores de DPLP fueron superiores a las hipótesis formuladas en el momento de la estimación.

(100) La ejecución del plan estratégico permitió, según las autoridades belgas, hacer de DPLP uno de los operadores más eficaces de Europa. DPLP habría realizado notables progresos de rentabilidad, eficiencia (37) y calidad manteniendo a un nivel razonable los precios facturados a los clientes.

5.4. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES BELGAS SOBRE LAS EXENCIONES FISCALES

(101) En su declaración de 12 de agosto de 2009, las autoridades belgas admiten que DPLP no estaba sujeta al régimen del impuesto de sociedades, sino a un impuesto sobre los beneficios (es decir, el impuesto de las personas jurídicas) hasta el 27 de diciembre de 2005. Alegan, sin embargo, que durante el período 2003-2005, DPLP no se benefició de ese régimen fiscal: en efecto, si hubiera estado sujeta al impuesto de sociedades, hubiera podido transferir las pérdidas registradas en el pasado y, por lo tanto, no habría debido pagar el impuesto de sociedades durante ese período.

(102) Alegan además que, durante el período 2003-2005, DPLP tuvo que pagar 2 millones EUR de impuestos sobre sus beneficios.

(103) A partir del ejercicio 2006, DPLP tuvo que pagar el impuesto de sociedades sin poder transferir sus pérdidas anteriores. Las autoridades belgas evalúan el crédito fiscal sacrificado en dicha fecha en 51,87 millones EUR.

(104) De ello concluyen, pues, que DPLP no obtuvo ningún beneficio neto de la exención del impuesto de sociedades antes de 2006.

(105) Las autoridades belgas precisan que DPLP disfruta de la exención del impuesto sobre las rentas obtenidas de los bienes inmuebles utilizados para la ‘prestación de un servicio de interés público.

(106) Dichas autoridades estimaron la ventaja neta percibida por DPLP, que, según ellas, solo representa una parte limitada de los costes adicionales que soporta, habida cuenta de su obligación de mantener una red postal caracterizada por una densidad territorial estrictamente definida, obligación que no ha sido objeto de ninguna otra compensación.

(107) Las autoridades belgas explican que DPLP goza de ciertas exenciones de impuestos indirectos y locales. Afirman que tales exenciones tienen una incidencia neta de minimis.

5.5. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES BELGAS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES

(108) En su declaración de 12 de agosto de 2009, las autoridades belgas confirmaron que, en el momento de su transformación en empresa pública autónoma, se transfirieron a DPLP cierto número de edificios. Dichos edificios eran ya utilizados por DPLP desde 1971 y eran necesarios para el cumplimiento de su misión de servicio postal.

(109) Las autoridades belgas alegan que la transferencia de esos inmuebles no confirió ventaja alguna a DPLP, dado que esta los utilizaba ya en el marco de su misión de servicio público. En otras palabras, solo se trataba, según ellas, de una reorganización de bienes públicos.

5.6. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES BELGAS SOBRE LA GARANTÍA DE LOS EMPRÉSTITOS POR EL ESTADO

(110) En su declaración de 12 de agosto de 2009, las autoridades belgas alegaron que DPLP no disfruta automáticamente de una garantía del Estado para sus empréstitos. Si DPLP solicitara dicha garantía, debería recibir el aval de las autoridades belgas y abonar una prima anual del 0,25 % al Tesoro Público.

(111) Durante el período considerado, DPLP solo recurrió una vez a la garantía pública.

(112) Las autoridades belgas consideran que una prima del 0,25 % es adecuada, habida cuenta de la situación financiera de DPLP y de la escasa probabilidad de impago por parte de DPLP. Consideran, por otra parte, que los tipos concedidos por el mercado para un préstamo similar sin garantía del Estado habrían sido hasta 40 puntos básicos más elevados.

5.7. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES BELGAS SOBRE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS INTERESADOS

(113) En su declaración de 12 de octubre de 2009, las autoridades belgas alegan que únicamente las declaraciones de BD y de FVP/Prodipresse contienen elementos determinantes. Tales elementos se refieren, en particular, a la distribución temprana de periódicos y prensa no diaria.

(114) Las autoridades belgas alegan que, en contra de lo que señala BD, la adjudicación de la prestación de los servicios postales no reservados (como la distribución de la prensa) no entra en el ámbito de aplicación de la normativa de la UE sobre contratación pública (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (38)).

(115) Aducen además que la distribución de periódicos y prensa no diaria, que constituye un servicio de interés económico general, no infringe la legislación de la Unión sobre la liberalización del mercado postal.

(116) Las autoridades belgas indican también que esa adjudicación no es una decisión arbitraria. Según ellas, DPLP es la única empresa que puede cumplir las condiciones y obligaciones impuestas al proveedor de este tipo de servicios.

(117) Las autoridades belgas afirman que, en contra de lo que alega BD, DPLP no disfrutó durante el período 2002-2008 de una compensación excesiva de los costes vinculados a la ejecución del servicio de distribución de periódicos y prensa no diaria.

(118) No comparten la opinión de FVP/Prodipresse, según la cual DPLP ha exagerado sus inversiones y costes adicionales vinculados a la ampliación de la cobertura nacional avanzada, aumentándola de 82 a 100 %. Dado que el 18 % afecta principalmente a las regiones alejadas, los gastos de personal de DPLP aumentaron de forma no proporcional y DPLP tuvo que adquirir vehículos de transporte para largas distancias, caracterizados por unos costes de amortización elevados.

(119) Por último, las autoridades belgas alegan que los costes de su campaña publicitaria no se tuvieron en cuenta al calcular la compensación que DPLP recibió del Estado por la distribución avanzada de la prensa.

(120) BD indica que, manifiestamente, DPLP no resulta eficiente en relación con los costes. Las autoridades belgas refutan dicho argumento, destacando que no tiene plenamente en cuenta los elevados costes adicionales vinculados a la distribución avanzada de la prensa y que olvida los importantes esfuerzos realizados por DPLP para controlar sus costes y aumentar su productividad.

(121) Según BD, los costes de Deltamedia son inferiores a los de DPLP. Según las autoridades belgas, esta situación es imputable a los siguientes elementos: a) Deltamedia no ofrece una cobertura nacional; b) Deltamedia trabaja con distribuidores independientes; c) el servicio prestado por Deltamedia es más sencillo, ya que solo trabaja con un número limitado de editores asociados a un solo grupo de prensa; d) los editores entregan los periódicos inmediatamente en los puntos de distribución.

5.8. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES BELGAS SOBRE LA AYUDA EXISTENTE

(122) En su declaración de 21 de diciembre de 2010, las autoridades belgas indican que algunas de las medidas a las que afecta la investigación constituyen ayudas existentes.

(123) En primer lugar, las autoridades belgas alegan que las exenciones fiscales de las que gozaba DPLP son anteriores a la adhesión de Bélgica a la Unión Europea y, por lo tanto, constituyen ayudas existentes.

(124) En segundo lugar, las autoridades belgas argumentan que la subvención anual abonada a DPLP data de antes de 1999, es decir, de antes de la liberalización del mercado postal y, por lo tanto, constituye una ayuda existente. Asimismo, en caso de que constituyeran ayudas estatales, las aportaciones de capital realizadas antes de 1999 no deberían considerarse como ayudas existentes.

(125) En tercer lugar, las autoridades belgas sostienen que, debido al plazo de prescripción de diez años, todas las medidas adoptadas antes del 13 de julio de 1999 (10 años antes de la incoación del procedimiento de investigación formal en el presente asunto) constituyen ayudas existentes, dado que la anterior anulación por el Tribunal de Primera Instancia habría implicado también la anulación de todos los actos de investigación anteriores de la Comisión. Por el contrario, alegan que, dado que la Comisión inició su primer acto de investigación en diciembre de 2002, no procede incluir en la investigación las medidas aplicadas antes de diciembre de 1992. Esto afectaría a la transferencia de inmuebles y a la primera subvención anual abonada en 1992.

6. EVALUACIÓN

6.1. OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE DPLP

(126) El artículo 14 de la Directiva 97/67/CE, modificada por la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios (39) (la Tercera Directiva Postal) exige que los operadores postales lleven una contabilidad analítica que establezca una clara distinción entre, por una parte, los servicios y productos que forman parte del servicio universal y, por otra, los servicios y productos que no forman parte del mismo. Su contabilidad deberá asignar directamente los costes directos de los productos y asignar directa o indirectamente los costes comunes y, en particular, imputar de manera conveniente los costes comunes necesarios para prestar tanto servicios universales como no universales. La contabilidad analítica de DPLP consiste en un método de contabilidad por actividades (CPA), que imputa todos los gastos de funcionamiento, hasta el nivel del resultado antes de intereses e impuestos (EBIT), a los diferentes productos, de conformidad con el método de asignación completa de los costes (FDC). La contabilidad analítica cubre el conjunto de los costes de explotación y de las entidades organizativas de DPLP. En 2009, los productos comerciales representaban el […] % del volumen de negocios de DPLP, frente al […] % de los productos vinculados al servicio público.

(127) El método de contabilidad analítica consta de tres niveles: los recursos, las actividades y los productos. Tiene por objeto determinar la parte de los costes imputables a cada producto.

(128) Los costes se dividen en 398 tipos de costes diferentes y 3 954 centros de responsabilidad. A efectos contables, estos se agrupan en 34 grupos de recursos y 108 grupos de códigos. Existen 986 actividades diferentes.

(129) Los costes de los recursos se imputan a las actividades en función de su naturaleza: los «recursos directos» se asocian directamente a una actividad específica, mientras que los «recursos indirectos» contribuyen a varias actividades y se imputan mediante claves de reparto que reflejan el grado de utilización de los recursos en cuestión para cada actividad. Por último, la contribución global a la actividad incluye los gastos generales que no pueden imputarse a actividades específicas; estos gastos se imputan, pues, por igual a todos los productos sobre la base del precio de coste incrementado.

(130) Las 986 actividades diferentes forman los elementos constitutivos de la cadena de valor de cada producto. Una parte de los costes relativos a una actividad determinada se asigna a los productos en función del uso de la actividad en cuestión en cada producto. Los costes de las actividades no operativas se asignan en primer lugar a actividades de explotación que contribuyen directamente a los productos.

(131) En la última fase del proceso, los costes de las actividades se imputan finalmente a cada producto según una clave de reparto que se basa generalmente en el volumen. En otras palabras, todos los productos que utilizan una actividad se contabilizan con una parte de los costes de esa actividad proporcional al volumen de utilización de esta.

(132) La Comisión considera que el método de contabilidad analítica actualmente aplicado por DPLP es satisfactorio, dado que asigna correctamente todos los costes con un nivel de adecuación suficiente. No obstante, la Comisión observa que DPLP ha puesto a punto este método progresivamente, por lo que cabe pensar que los datos contables que datan del principio del período cubierto por la investigación, aunque sean globalmente fiables, no son tan detallados como los del sistema contable actual.

(133) En marzo de 2011, las autoridades belgas presentaron a la Comisión una modificación retroactiva del método de contabilidad analítica de DPLP con vistas a un reparto diferente de determinados costes entre actividades comerciales y actividades de servicio público. La modificación prevista por las autoridades belgas afecta a la última fase de la asignación de costes cuando los productos se contabilizan con costes proporcionales a su volumen de utilización de cada actividad.

(134) La modificación cambia el método de asignación de los gastos de explotación a los productos que DPLP aplicaba hasta ahora. A raíz de dicha modificación, algunos costes relacionados con los productos comerciales pasarían al ámbito de los servicios públicos, lo que ampliaría la base de los costes de los servicios públicos. Debido a ello, se atribuirían a los servicios públicos […] EUR anuales de media de costes actualmente imputados a los productos comerciales. Los demás aspectos de la metodología de contabilidad analítica seguirían siendo los mismos.

(135) Las autoridades belgas indican que, por su propia naturaleza, los costes de determinadas actividades se fijan a cierto nivel, determinado por las necesidades del servicio público. En otras palabras, los costes de esas actividades utilizadas con fines de servicio público permanecerían inalterados aunque no las utilizara ningún producto comercial. En la medida en que un producto comercial no ha causado la actividad en cuestión, el producto no debería soportar el coste de explotación relacionado con esa actividad aunque la utilice.

(136) Aun cuando las autoridades belgas alegan que el método revisado es compatible con la Directiva 97/67/CE, con la sentencia Chronopost (40) y con el Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (41) (en lo sucesivo, «el Marco sobre los SIEG»), dado que asigna a los productos los costes directamente imputables y una parte de los costes comunes y que refleja mejor los costes reales derivados de las obligaciones de servicio público, la Comisión considera que esta nueva argumentación no puede aceptarse por razones formales, económicas y jurídicas.

(137) Desde un punto de vista formal, el método propuesto no se utiliza de hecho en la contabilidad interna de DPLP, sino que consiste más bien en una modificación a posteriori de datos anteriores. El método revisado no ha recibido el refrendo de la autoridad reguladora como base de tarificación y tampoco lo utiliza el Estado a efectos del cálculo de la compensación de los SIEG. El método revisado parece, pues, una presentación teórica elaborada a efectos del presente procedimiento en materia de ayudas estatales. Desde un punto de vista económico, no cabe suponer, en lo que respecta a la fijación del precio de la transferencia efectuada a nivel interno, que no se impute a los productos comerciales una parte de los costes de los recursos que utilizan (según este método, por ejemplo, los productos comerciales no contribuirían a los costes de los turnos de reparto de los carteros, aunque estos distribuyan también productos comerciales). Por último, en términos jurídicos, dicha modificación no parece ajustarse a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3, letra b), inciso iv), de la Directiva 97/67/CE, a la sentencia Chronopost (42) ni al Marco sobre los SIEG de 2005 (43), todos los cuales exigen que los costes comunes se imputen de manera apropiada a las actividades comerciales.

(138) La Comisión no basará pues su evaluación en las cuentas modificadas, sino en los datos de contabilidad analítica validados, de conformidad con la Directiva 97/67/CE, por el Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications (el IBPT, la autoridad reguladora del sector postal belga (44)), que fueron comunicados previamente y que se basan en el método de contabilidad analítica oficialmente aplicado por DPLP.

6.2. EVALUACIÓN DE LA ASUNCIÓN DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN

6.2.1. Existencia de ayuda con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE

(139) El artículo 107, apartado 1, del TFUE dispone que «salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(140) Para que una medida constituya ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE, deben darse las cuatro condiciones acumulativas siguientes: i) que la medida otorgue una ventaja al beneficiario, ii) que falsee o amenace falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas, iii) que constituya una intervención del Estado o mediante fondos estatales, iv) que pueda afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

6.2.1.1. Ventaja y selectividad

(141) Basándose en el planteamiento de la sentencia Combus (45), las autoridades belgas alegan que los compromisos en materia de pensiones constituían una carga anormal que los competidores no tenían que financiar y que, por lo tanto, su asunción por el Estado no constituye ayuda.

(142) Básicamente, alegan que, debido a la falta de flexibilidad que caracteriza al Estatuto del personal estatutario, DPLP no podía reducir la parte representada por esta categoría de personal, aunque sea mucho más costosa que la hipotética plantilla compuesta de empleados con contratos menos ventajosos.

(143) Conviene ante todo recordar de modo general que la sentencia Combus no ha sido confirmada por el Tribunal de Justicia. Por el contrario, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia contradice la hipótesis según la cual la compensación de una desventaja estructural excluye cualquier calificación como ayuda. Así, de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se desprende que la existencia de ayuda debe evaluarse teniendo en cuenta los efectos y no las causas o los objetivos de la intervención estatal (46). El Tribunal de Justicia declaró también que el concepto de ayuda abarca las ventajas concedidas por las autoridades públicas que, bajo distintas formas, reducen las cargas que gravan normalmente el presupuesto de una empresa (47).

(144) Además, el Tribunal de Justicia indicó que los costes de remuneración de los empleados gravan, por su naturaleza, el presupuesto de las empresas, independientemente de si tales costes se derivan o no de obligaciones legales o de acuerdos colectivos (48). A este respecto, el Tribunal estableció que el hecho de que las medidas estatales tengan por objeto compensar sobrecostes no les permite eludir la calificación de ayuda (49).

(145) Cabe, además, observar que el contexto competitivo en el que se inscribía Combus era diferente al de DPLP. Combus debía realizar su actividad de transporte sobre una base comercial y operar en el mercado en condiciones de competencia comparables a las de las empresas de autobuses privadas. Tras un procedimiento de licitación, las empresas de transporte público ceden su actividad de transporte en autobús a empresas privadas y públicas. Conforme a las normas sobre adjudicación de contratos, estos se adjudican a la «oferta económicamente más ventajosa», independientemente de la naturaleza privada o pública del licitador. Durante todo el período al que afecta la presente evaluación, DPLP disfrutó de un amplio monopolio en el que las presiones económicas se ejercían de forma totalmente diferente. Además, a diferencia del asunto Combus, Bélgica no adoptó, en este caso, ninguna disposición legal destinada a suprimir o modificar el régimen especial de empleo de los funcionarios que trabajan para DPLP o el modo en que adquieren sus derechos a pensión.

(146) Por consiguiente, la Comisión considera que las diferencias objetivas entre el asunto Combus y el presente asunto justifican en este caso una conclusión diferente.

(147) Para valorar si las medidas en cuestión contienen elementos de ayuda estatal, conviene determinar si dichas medidas ofrecen una ventaja económica a DPLP, en la medida en que le permitan evitar sufragar costes que normalmente deberían haber gravado los recursos financieros propios, impidiendo así que las fuerzas presentes en el mercado produzcan su efecto normal. Una ayuda consiste en una reducción de las cargas que normalmente recaen en el presupuesto de las empresas, habida cuenta de la naturaleza o de la estructura del sistema de cargas en cuestión. Inversamente, sería posible definir un concepto de «carga especial», que consistiría en una carga adicional con relación a estas cargas normales. La eliminación de tal carga especial mediante una disposición legal no concedería una ventaja al beneficiario y, por lo tanto, no constituiría ayuda estatal.

(148) A semejanza de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de análisis de selectividad, que implica una comparación con un marco de referencia para evaluar la conformidad o no con la «naturaleza y la estructura del sistema» de un tratamiento diferenciado de determinadas empresas y producciones, en una situación normal de mercado desde el punto de vista estructural, la calificación de carga «normal» o «especial» implica definir un marco de referencia o punto de comparación, con el objetivo de identificar empresas que estén en una situación jurídica y real comparable con respecto al objetivo que persiguen las medidas en cuestión.

(149) Sin embargo, no parece posible establecer un punto de comparación exógeno que permita definir una contribución «normal» soportada por las empresas que se encuentren en una situación jurídica y real comparable a la de DPLP respecto al objetivo perseguido por la medida en cuestión. En particular, los competidores de DPLP son empresas de Derecho privado que desarrollan sus actividades en mercados competitivos, mientras que DPLP disfrutó de un monopolio legal durante el período al que se refiere la evaluación, antes de la plena liberalización que se produjo en 2011.

(150) Para determinar la existencia de una ventaja con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado, la Comisión debe, pues, examinar la situación de DPLP y comparar las cotizaciones sociales antes y después de la asunción de las pensiones de jubilación.

(151) Desde la Ley de 6 de julio de 1971 y hasta la reforma de las pensiones de 1997, DPLP soportó todos los costes de las pensiones de jubilación y de las cargas sociales de sus funcionarios. En tales circunstancias, la Comisión considera que esos costes forman parte de los gastos normales que DPLP debía financiar con cargo a sus recursos propios, habida cuenta de su posición jurídica y real en el mercado postal belga.

(152) Como la asunción de las pensiones de jubilación que tuvo lugar en 1997 y que es objeto de la investigación permitió a DPLP no soportar costes que, normalmente, habría debido financiar con cargo a sus recursos propios, las medidas en cuestión confieren al operador una ventaja a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(153) Dicha ventaja es selectiva, puesto que solo afecta a DPLP.

6.2.1.2. Fondos estatales

(154) La asunción de las pensiones de jubilación fue financiada por el Estado, que asumió las competencias de DPLP en materia de pensiones.

(155) Dado que el Estado paga directamente las pensiones del personal jubilado de DPLP con cargo a su propio presupuesto, se ha recurrido, manifiestamente, a recursos estatales.

6.2.1.3. Falseamiento de la competencia y de los intercambios entre Estados miembros

(156) Las medidas anteriormente expuestas pueden afectar a los intercambios entre Estados miembros, dado que DPLP está presente en mercados abiertos a la competencia, como los servicios de entrega de paquetes, que se caracterizan por ser objeto de grandes intercambios transfronterizos. En el mercado de la paquetería, DPLP se enfrenta a la competencia de empresas que operan en otros Estados miembros, como UPS, FedEx o TNT Express. DPLP desarrolla también actividades en el mercado de la distribución de la prensa, en el que operan o pueden operar empresas de otros Estados miembros. La distribución de paquetes nunca ha estado totalmente reservada a DPLP, y otras empresas proponían ya algunos servicios de distribución de paquetes (50) u otros servicios postales específicos a principios de los años noventa (51). Además, DPLP está presente en el mercado de los sectores financieros (cuentas corrientes, cuentas de ahorro y servicios de pago), donde se enfrenta a la competencia de operadores que ofrecen productos financieros, tales como bancos y operadores financieros. Las cuentas corrientes y de ahorro postales, utilizadas tanto con fines de pago como de ahorro, compiten con las cuentas corrientes y de ahorro bancarias. El sector bancario estaba ya abierto a la competencia antes de 1992 y se caracterizaba por amplios intercambios entre los Estados miembros. Antes de 1992, se instalaron en Bélgica bancos de diferentes Estados miembros: en efecto, en aquella época, Bélgica contaba con más de 70 instituciones financieras extranjeras en su territorio (52).

(157) Habida cuenta de las anteriores consideraciones, es evidente que toda medida estatal que confiera a DPLP una ventaja económica puede afectar a los intercambios entre Estados miembros.

(158) Por las razones que se exponen en los considerandos 141 a 157, la Comisión considera que la asunción de las pensiones de jubilación constituye una ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

6.2.2. Valoración de la compatibilidad de la asunción de las pensiones de jubilación con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c)

(159) En el marco de la reforma de las pensiones de 1997, el reembolso por DPLP al Estado del coste neto anual de las pensiones de jubilación fue sustituido por una contribución liberatoria que ajustaba los costes de las pensiones soportados por DPLP con los de sus competidores. Sin esa reforma, el nivel de los costes de las pensiones habría seguido aumentando considerablemente en los años siguientes, debido principalmente al deterioro del cociente entre funcionarios activos (contribuyentes) y funcionarios no activos (beneficiarios) tras la decisión de DPLP de no contratar más funcionarios.

(160) Dado que, evidentemente, las excepciones previstas en el artículo 107, apartado 2, y en el artículo 107, apartado 3, letras a) y b), del TFUE no son de aplicación y que Bélgica no ha invocado el artículo 106, apartado 2, del TFUE en apoyo de la compatibilidad de la asunción de las pensiones de jubilación en favor de DPLP, la Comisión examinará si dicha asunción puede declararse compatible en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, que dispone que las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o determinadas regiones económicas pueden considerarse compatibles con el mercado interior siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(161) La Comisión examinará en primer lugar en qué medida la asunción de la totalidad de los costes de las pensiones de jubilación cumple un objetivo de interés común y es necesaria a tal efecto, antes de examinar la proporcionalidad de dicha medida y de sopesar los efectos positivos y negativos de la ayuda.

6.2.2.1. La liberalización del sector postal constituye un objetivo de interés común.

(162) El derecho de la Unión ha fomentado una liberalización cada vez mayor del sector postal desde 1992 con la adopción del Libro Verde, que dio lugar posteriormente a la adopción de tres Directivas, a saber: i) la Directiva 97/67/CE, ii) la Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad (53) y iii) la Directiva 2008/6/CE. También se reconoce que la liberalización de los mercados postales en la UE tiene un papel importante que desempeñar en la estrategia de Lisboa a favor del crecimiento y el empleo.

(163) Por consiguiente, es importante no solo garantizar la prestación de los servicios postales de base, tal como implica el concepto de obligación de servicio universal, sino también crear condiciones de competencia homogéneas para el operador histórico, los competidores ya presentes y los nuevos operadores.

(164) Ya en la Decisión relativa a La Poste francesa, la Comisión reconoció que la implantación de condiciones iguales en materia de cotizaciones a la seguridad social del operador histórico y de sus competidores era una condición clave para una competencia equitativa en el sector postal. Consideraba que la asunción de las obligaciones de financiación de las pensiones de los funcionarios de la Poste francesa era compatible con el mercado interior, dado que las subvenciones públicas garantizaban unos tipos de cotizaciones sociales iguales para La Poste francesa y sus competidores. La Comisión se propone seguir en este caso la misma lógica utilizada en el capítulo 6.3 de esa Decisión, que debe considerarse aplicable en este caso concreto en la medida en que sea pertinente.

6.2.2.2. Necesidad de la asunción de las pensiones de jubilación

(165) La Comisión considera que la transformación de DPLP en 1992 era necesaria para fomentar la competencia en el mercado postal: en efecto, dicha medida puso a DPLP y a sus competidores en pie de igualdad por lo que se refiere a la forma jurídica (suprimiendo, de este modo, la garantía ilimitada de que DPLP disfrutaba hasta entonces como entidad pública).

(166) Sin embargo, ni el Estado belga ni la Régie des Postes habían acumulado reservas que correspondieran a los compromisos acumulados en concepto de pensiones de jubilación. En el momento de su constitución en 1992, DPLP continuó asumiendo las obligaciones en materia de pensiones, pero en su contabilidad no se consignó activo alguno que correspondiera a su cobertura.

(167) Así pues, el pago de las pensiones de jubilación habría constituido progresivamente una carga demasiado pesada para DPLP, dado que muchos funcionarios se aproximaban a la edad de jubilación. Si bien se adoptaron ciertas medidas (mejora de la productividad, reducción progresiva del personal gracias a las bajas naturales e indexación de los salarios) para mejorar esa situación, ello no habría bastado para establecer un equilibrio sostenible de las finanzas de DPLP (véase el cuadro 3 siguiente).

(168) Esto se debe en particular al hecho de que la transformación en una empresa de Derecho privado implicaba también que DPLP no contratara a más funcionarios sino solo a agentes contractuales (sujetos a un contrato de empleo general y a las disposiciones del Derecho del trabajo). Así pues, después de 1997, DPLP hubiera debido financiar con cargo a sus ingresos propios tanto los gastos de las pensiones de los funcionarios jubilados como las cotizaciones sociales relacionadas con el seguro de las pensiones de sus agentes contractuales activos.

(169) La tendencia negativa de los flujos de tesorería de DPLP iba a agravarse a lo largo de los años, ya que los pagos de las pensiones más elevadas iban a superar los ingresos generados por sus actividades (véase el cuadro 3). Cuadro 3 Simulaciones de los flujos de tesoreíra de DPLP realizadas por las autoridades belgas en 1996

(170) Es indudable que DPLP habría tenido que hacer frente a unos costes mucho mayores si hubiera tenido que financiar las pensiones del conjunto de sus funcionarios jubilados con cargo a sus fondos propios después de 1997. Es obvio que, sin la ayuda, el paso del estatuto jurídico de administración pública al de empresa privada se habría visto comprometido.

(171) Además, una refinanciación completa de los costes de las pensiones mediante un aumento de los ingresos procedentes del correo regulado habría conducido a unas tarifas de los envíos muy elevadas y a una disminución potencialmente muy importante del número de cartas enviadas, de modo que la oferta de servicios de correo universal se habría visto comprometida.

(172) Por otra parte, la Comisión considera que las citadas medidas se adaptan al objetivo del interés comunitario que persiguen. Ningún otro instrumento habría podido abordar la cuestión de un modo más eficaz. En los sectores que cuentan con un SIEG, hubieran podido concederse compensaciones de servicio público, por supuesto, pero tal enfoque no sería sostenible a largo plazo debido a la naturaleza estructural propia del problema.

(173) Habida cuenta de los objetivos de liberalización de los mercados postales, consistente, en particular, en garantizar una oferta de servicios postales universales de buena calidad a precios asequibles, así como del objetivo de fomentar una competencia leal, la asunción de las pensiones de jubilación constituía una medida necesaria.

6.2.2.3. Proporcionalidad de la asunción de las pensiones de jubilación

(174) La decisión relativa a La Poste francesa expone la evaluación por la Comisión de la proporcionalidad de las medidas de ayuda relacionadas con la asunción de los costes de las pensiones soportados por los operadores históricos del sector postal que siguen empleando a funcionarios en condiciones acordadas en el momento en que se encontraban en situación de monopolio. La proporcionalidad debe valorarse teniendo en cuenta la implantación de condiciones equitativas en los mercados abiertos a la competencia (correo, paquetes y servicios financieros, por ejemplo). El operador histórico debe pagar a la seguridad social unos tipos de cotización idénticos a los de sus competidores.

(175) Dado que el personal contractual de DPLP se encuentra, en el plano jurídico, en la misma situación que los trabajadores de cualquier empresa privada, al contrario que el personal estatutario, que goza de un estatuto similar al de los funcionarios, la comparación de las cotizaciones sociales pagadas por DPLP por cada categoría de empleados permite comprobar si esta respeta, desde que quedó liberada de las pensiones de jubilación, la condición relativa al pago de un tipo de cotización social idéntico al de sus competidores.

(176) El siguiente cuadro recapitulativo presenta de forma detallada los costes de seguridad social abonados por DPLP por su personal estatutario y contractual: Costes de seguridad social soportados y abonados por DPLP Personal estatutario Personal contractual Contribución de DPLP al sistema de seguridad social, incluido el 8,86 % para las pensiones de jubilación […] % […] % Costes directamente sufragados por DPLP […] % […] % Enfermedad y discapacidad […] % […] % Complementos familiares […] % — Contribución al pago de compensaciones (54) […] % Reducción estructural (55) […] % CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEADOR en total […] % […] % CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES […] % […] % Contribución del trabajador al sistema general de seguridad social […] % […] %

(177) Como muestra el cuadro anterior, el nivel de la contribución de DPLP al sistema de seguridad social belga (porcentaje nominal de los costes salariales) es claramente inferior al de la contribución de los operadores privados ([…] %, frente al […] %).

(178) No obstante, si se contabilizan los costes sufragados directamente por el empresario a efectos de la comparación de los tipos efectivos de cotizaciones sociales, los dos porcentajes son prácticamente idénticos e incluso ligeramente superiores para el personal estatutario de DPLP […] %, frente al […] %).

(179) Cabe observar, asimismo, que las cotizaciones abonadas por los trabajadores son prácticamente idénticas en los dos casos ([…] %, frente al […] %).

(180) El tipo nominal de contribución a la seguridad social menos elevado que DPLP paga por su personal estatutario se debe a la exención de determinadas cuotas de la seguridad social que no se aplican a los trabajadores que gozan del estatuto de funcionarios (enfermedad profesional, desempleo y accidente de trabajo, por ejemplo). Sin embargo, la propia DPLP sufraga directamente el coste de las cotizaciones que gozan de la exención en razón del estatuto específico de su personal estatutario. Este enfoque implica unos altos costes directos para DPLP.

(181) Por lo que se refiere a la contribución de los propios trabajadores, que debe también tenerse en cuenta, dado que los empleados deben abonarla con cargo al salario que les paga el empleador (contribución que, por lo tanto, representa también un coste para este), es algo más elevada para el personal estatutario que para el personal contractual.

(182) Las autoridades belgas y DPLP facilitaron información que demuestra que las cotizaciones directas se mantuvieron globalmente estables a lo largo del tiempo.

(183) Aunque los costes directos soportados directamente por DPLP ([…] %) no equivalen en sentido estricto a cotizaciones sociales, debe tenerse en cuenta que esos costes no son costes voluntarios, sino que se derivan directamente del estatuto particular de los trabajadores estatutarios y que, por tanto, fueron impuestos a DPLP. Parece, pues, lógico asimilarlos a otros costes de seguridad social obligatorios desde el punto de vista de su origen y su finalidad.

(184) Por consiguiente, conviene tener en cuenta esos costes directos para el cálculo de las cotizaciones sociales efectivas de DPLP. El tipo total de las cotizaciones sociales resultante sería ligeramente más elevado para el personal estatutario de DPLP ([…] %) que para el personal de empresas del sector privado ([…] %).

6.2.2.4. Criterio para ponderar la asunción de las pensiones de jubilación

(185) La reforma del régimen de jubilación aplicable a DPLP supuso un importante avance en la adaptación de la empresa a la liberalización progresiva y con vistas a la liberalización completa del mercado postal belga, que desempeña un papel importante en el marco de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo.

(186) En la Decisión sobre La Poste, la Comisión indicó que la liberalización del sector postal podría verse dificultada si no se aprobaban proyectos de reforma de las pensiones (comparable a la adoptada en Bélgica).

(187) La Comisión considera también que, aun cuando no afectan a un régimen especial por lo que se refiere a las prestaciones abonadas a los pensionistas, las medidas en cuestión permiten convertir en duradero un mecanismo de financiación que la evolución histórica había convertido en caduco. Considera que estas medidas se inscriben en el marco más general de la reforma de los sistemas de jubilación de los Estados miembros, reforma deseada tanto por el Consejo como por la Comisión.

(188) Los efectos negativos de la medida parecen limitados, dado que, habida cuenta del pasado de DPLP y de sus actividades, queda claro que una gran parte de sus compromisos en materia de pensiones están relacionados con actividades en el sector reservado, donde el falseamiento de la competencia es, por su propia naturaleza, limitado.

(189) La medida en cuestión podría permitir en teoría que DPLP conservara una posición dominante. No obstante, la Comisión considera que ese riesgo es pequeño porque las medidas se limitan a ajustar las contribuciones pagadas por DPLP con las de sus competidores.

(190) De lo anterior se desprende que las repercusiones negativas de la ayuda concedida a DPLP son limitadas, con respecto a sus efectos positivos.

(191) Dado que las medidas se limitan a lo estrictamente necesario para el establecimiento de condiciones iguales por lo que se refiere a las cotizaciones sociales y ponen fin a un falseamiento de la competencia que lastraba a DPLP, no alteran las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(192) Por consiguiente, la Comisión considera que la medida de asunción de las pensiones de jubilación adoptada en 1997 puede considerarse ayuda compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, dado que DPLP no tiene ventaja sobre otros operadores en lo que se refiere a los costes de seguridad social de su personal estatutario.

6.3. EVALUACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y DE OTRAS MEDIDAS

6.3.1. Existencia de ayuda en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE

6.3.1.1. Ventaja y carácter selectivo

(193) Por lo que se refiere a la compensación de los costes de servicio público, la sentencia Altmark (56) define los criterios que una intervención pública debe cumplir para poder considerarse una compensación de las obligaciones de servicio público y eludir la calificación de ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(194) En este caso, estos criterios, y más concretamente el cuarto, no se cumplen: la elección de DPLP no se llevó a cabo en el marco de un procedimiento de contratación pública. Además, las autoridades belgas no han demostrado que el nivel de la compensación se determinara sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y dotada de medios adecuados, habría soportado para ejecutar las obligaciones de servicio público que se le solicitan y la Comisión no dispone de ninguna indicación o información que induzca a considerar que se cumple el cuarto criterio.

(195) Dado que las compensaciones anuales solo beneficiaron a una empresa y que pusieron recursos suplementarios a disposición de esa empresa, la medida confirió una ventaja selectiva a DPLP.

(196) Capital aportado en 1997: las autoridades belgas reconocieron que las aportaciones de capital realizadas en 1997 por valor de 62 millones EUR constituían en realidad el pago diferido de una compensación de SIEG que se debía por el año 1996. Así pues, esas aportaciones deben valorarse sobre las mismas bases que las compensaciones anuales. Puesto que no se cumplen las distintas condiciones establecidas en la sentencia Altmark, la medida confirió una ventaja selectiva a DPLP.

(197) Capital aportado en 2003: las autoridades belgas declararon que la aportación de capital efectuada en 2003 (297,5 millones EUR) respetaba el principio del inversor en una economía de mercado y que, por consiguiente, no constituía ayuda estatal. En su opinión, esa aportación tenía por objetivo reforzar los fondos propios de DPLP con vistas a la construcción y la modernización de los centros de clasificación, a la optimización de los turnos de reparto del correo y a la automatización. Los fondos inyectados pretendían también cubrir los gastos de personal derivados de la disminución del número de empleados relacionada con un régimen de jubilación anticipada, de la reducción del tiempo de trabajo y del aumento de los salarios ofrecidos a los nuevos miembros del personal.

(198) Para demostrar que esa aportación de capital se ajusta al principio del inversor en una economía de mercado, las autoridades belgas realizaron previsiones de rentabilidad en el marco de su plan estratégico que dieron lugar a un nivel de rentabilidad superior al coste de capital que exigiría un inversor privado.

(199) Las proyecciones y el cálculo de los beneficios realizados por las autoridades belgas tienen un carácter prospectivo, son muy detalladas y se ajusten al método que utilizaría un inversor privado: 1) la rentabilidad se calculó utilizando el método de los flujos de tesorería futuros actualizados, que tiene en cuenta el crecimiento futuro de la empresa y la capacidad de las inversiones para generar beneficios y flujos de tesorería para sus accionistas; 2) se contemplaron tres hipótesis diferentes: una optimista, una pesimista y otra más probable, finalmente elegida para la evaluación de la fiabilidad de las previsiones; 3) las previsiones indicaban un aumento del margen de beneficio al […] % en 2007 (véase el cuadro 4) y una tasa interna de rentabilidad prevista de […] % durante el período 2003-2012 (véase el cuadro 5), es decir, una tasa superior al del […] % indicado por un experto independiente (Banco Degroof) como margen de beneficio que los inversores privados del sector postal considerarían apropiado. Cuadro 4 Previsiones ex ante de beneficios en el período 2003-2007 realizadas por las autoridades belgas […] Fuente: Autoridades belgas. Cuadro 5 Cálculo de la tasa interna de rentabilidad ex ante efectuado por las autoridades belgas en la hipótesis más probable […] Fuente: Autoridades belgas.

(200) Cabe también señalar que la solidez de las previsiones quedó globalmente validada por los resultados financieros obtenidos durante los años siguientes (véase el cuadro 6). Gracias a ese aumento de rentabilidad, DPLP empezó a repartir dividendos a partir de 2007. Cuadro 6 Beneficios ex post en el período 2003-2007 […] Fuente: Autoridades belgas.

(201) Los resultados registrados en un período de diez años se ajustan también a las previsiones de 2003, dado que se espera que la tasa interna de rentabilidad ex post sea del […] %, alcanzando un nivel superior al […] % previsto en 2003.

(202) Aunque el rendimiento de la inversión realizada por el Estado belga parece suficiente para confirmar que dicha inversión cumple el principio del inversor privado en una economía de mercado, hay que señalar que los ingresos esperados, que sirven de base a la valoración de esa rentabilidad, incluían ayudas estatales y, en particular, las compensaciones anuales abonadas a DPLP.

(203) No obstante, esas medidas de ayuda estatal persiguen objetivos manifiestamente distintos y no tienen ningún vínculo cronológico con la aportación de capital realizada en 2003.

(204) Además, la incertidumbre que puede derivarse, para un inversor privado, de la ayuda no notificada en favor de DPLP se vio atenuada por la autorización formal de la aportación de capital concedida por la Comisión en su Decisión de 2003. En el momento de la realización de la inversión, cualquier inversor privado con buenas perspectivas de rendimiento hubiera corrido probablemente el riesgo de realizar esa inversión tras la adopción de la Decisión favorable de la Comisión, incluso si tal Decisión no tenía aún carácter definitivo. Para tomar esta decisión, un inversor privado no habría esperado varios años, es decir, hasta la fecha de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia. Por lo tanto, la posterior anulación de esa Decisión constituye un hecho que no era previsible en el momento en que se realizó la inversión, pero que, sin duda, parecía poco probable, dado que las decisiones de la Comisión se consideran legales mientras no han sido anuladas.

(205) Por consiguiente, la Comisión opina que la aportación de capital efectuada en 2003 puede considerarse conforme con el principio del inversor privado en una economía de mercado y que no constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(206) Capital aportado en 2006: las autoridades belgas declararon que la aportación de capital efectuada en 2006 (por un importe de 40 millones EUR) respetaba el principio del inversor en una economía de mercado y que, por consiguiente, no constituía ayuda estatal.

(207) La aportación se realizó en las mismas condiciones que se aplican a un inversor privado: el aumento de capital de DPLP fue suscrito por el Estado (por valor de 40 millones EUR) y por Post Invest Europe (por valor de 300 millones EUR), a un precio por acción equivalente (pari passu). Post Invest Europe era en aquel momento un inversor externo que no tenía ningún vínculo con DPLP o con el Estado belga.

(208) Además, el precio de emisión de las acciones se estableció correctamente. Para determinar el precio de las nuevas acciones emitidas, el banco de inversión al que recurrieron las autoridades belgas consideró que el valor total de DPLP estaba comprendido entre […] y […] EUR. Finalmente, el Estado fijó el valor del conjunto de la empresa, antes de las aportaciones de capital, en […] EUR. Las hipótesis referentes al nivel de rendimiento y de riesgo sobre la base de un plan de empresa común se basaban como tales en consideraciones referentes a la optimización de los beneficios a largo plazo. Los resultados registrados posteriormente por DPLP tras la ampliación de capital de 2006 (véase infra) avalan también la solidez de las hipótesis y los parámetros que se tomaron en consideración en el momento de la decisión de inversión. Cuadro 7 Resultados de DPLP entre 2006 y 2010 […] Fuente: Autoridades belgas.

(209) La Comisión considera que la aportación de capital efectuada en 2006 por un importe de 40 millones EUR se ajusta claramente al comportamiento de un inversor en una economía de mercado y, por lo tanto, no constituye ayuda estatal.

(210) La exención del impuesto de sociedades, aunque puede conferir una ventaja a DPLP debido a una posible reducción del importe del impuesto que, en caso contrario, habría debido pagar, no concedió ninguna ventaja concreta: en efecto, de 1992 a 2005, año en que se suprimió esa exención, el resultado acumulado de DPLP después de impuestos fue negativo. Si bien, algunos años, su resultado neto fue positivo, el crédito fiscal que se habría aplazado de un año a otro habría permitido a DPLP no pagar el impuesto, incluso si hubiera estado sujeta al régimen del impuesto de sociedades. Por lo tanto, esa exención no se examinará más a fondo en la presente Decisión.

(211) Por el contrario, las exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto local ponen a DPLP en una situación más favorable que la de las demás empresas, puesto que la liberan de obligaciones que, normalmente, habría tenido que respetar. Por consiguiente, le confieren una ventaja selectiva.

(212) Las autoridades belgas alegaron que la transferencia de inmuebles se derivaba de una reorganización interna de los bienes pertenecientes al Estado, pues DPLP pertenecía entonces íntegramente al Estado. Sin embargo, la transferencia de inmuebles puso a disposición de DPLP nuevos activos que anteriormente pertenecían al Estado. DPLP utilizaba ya entonces esos edificios, que pertenecían al Estado, pero no era su propietaria legal. La transferencia del título legal de propiedad otorgó a DPLP, empresa distinta del Estado, los derechos de propiedad de los inmuebles. DPLP obtuvo, pues, recursos suplementarios respecto a la situación anterior a la transferencia. Esta medida le concedió, pues, una ventaja selectiva.

(213) Sin la garantía del Estado, DPLP no habría podido obtener un préstamo en las mismas condiciones. Las autoridades belgas consideraron que los tipos del mercado habrían sido hasta 40 puntos básicos más elevados, mientras que la prima abonada al Estado era de 25 puntos básicos.

(214) Según la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (57) [punto 3.2, letra d)], «la asunción de riesgo debe compensarse normalmente con una prima adecuada sobre el importe garantizado o contragarantizado. Si el precio pagado por la garantía es, como mínimo, tan elevado como la correspondiente referencia para la prima de la garantía que pueda encontrarse en los mercados financieros, la garantía no incluye ayuda. Si no puede hallarse en los mercados financieros la correspondiente referencia para la prima de la garantía, el coste financiero total del préstamo garantizado, incluidos los tipos de interés del préstamo y la prima de garantía, deberá compararse con el precio de mercado de un préstamo similar no garantizado». Dado que la prima no parece ajustarse al mercado, la garantía del Estado permitió a DPLP obtener financiación a un coste inferior al que hubiera debido, en principio, asumir.

(215) En consecuencia, la medida concede una ventaja selectiva a DPLP, que equivale a la diferencia entre el tipo de interés que DPLP habría tenido que pagar si no hubiera contado con la garantía del Estado y el tipo de interés efectivo más la prima abonada por la garantía. La ventaja era, cada año, de quince puntos básicos sobre el saldo vivo en capital. La ventaja puede estimarse en 1,5 millones EUR a lo largo de la duración del préstamo.

6.3.1.2. Existencia de recursos estatales

(216) La compensación anual de los SIEG se financió con cargo al presupuesto del Estado belga con arreglo a los contratos de gestión sucesivos celebrados entre DPLP y el Estado belga. Según la información comunicada por las autoridades belgas, las aportaciones de capital realizadas en 1997 representan, de facto, una compensación de SIEG y, por consiguiente, se incluyen en esta parte de la Decisión.

(217) Las exenciones fiscales provocaron una disminución de los ingresos fiscales del Estado debido a la reducción de los ingresos que este hubiera obtenido sin dichas exenciones. Por lo tanto, implica una transferencia de fondos del Estado, consistente en una pérdida de ingresos fiscales para el Estado belga.

(218) Los inmuebles transferidos a DPLP pertenecían anteriormente al Estado. Este cedió su propiedad a DPLP, reduciendo de este modo sus propios activos y aumentando los de DPLP. Por consiguiente, la medida constituye una transferencia de fondos estatales.

(219) La garantía relativa al préstamo fue concedida por el Estado, que asumió los riesgos en su propio presupuesto, sin contrapartida; por consiguiente, se trata de fondos estatales en forma de condonación de ingresos.

(220) Los ingresos generados por los servicios de distribución de correo no constituyen ingresos estatales, de acuerdo con la sentencia Preussen Elektra (58), dado que los precios pagados por los usuarios se financian con cargo a sus fondos propios, que escapan al control del Estado.

(221) No obstante, a efectos de la evaluación de la compatibilidad, esos ingresos se comparan directamente con la prestación de un servicio de interés general en el sector postal y, por tanto, deben tomarse en consideración, de conformidad con el punto 17 del Marco comunitario sobre los SIEG y con el artículo 7 de la Directiva 97/67/CE, a efectos de la determinación de la necesidad y de la proporcionalidad de la compensación.

6.3.1.3. Falseamiento de la competencia y de los intercambios entre Estados miembros

(222) Las medidas pueden afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros por las mismas razones que se exponen en el considerando 156.

6.3.1.4. Resumen de las medidas de ayuda

(223) Por las razones expuestas en los considerandos 193 a 222, las siguientes medidas constituyen ayudas estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE: a) compensación anual de SIEG (1992-2010); b) aportaciones de capital realizadas en 1997; c) exención del impuesto sobre los bienes inmuebles (1992-2005); d) transferencia de inmuebles en 1992; e) garantía concedida por el Estado en 2004.

6.3.2. Ayuda existente con arreglo al artículo 108, apartado 1, del TFUE

(224) Algunas de las medidas examinadas en el presente asunto podrían considerarse ayudas existentes con arreglo al artículo 108, apartado 1, del TFUE.

6.3.2.1. Exenciones del impuesto de sociedades y del impuesto sobre los bienes inmuebles

(225) Las exenciones del impuesto de sociedades y del impuesto sobre los bienes inmuebles benefició a DPLP cuando esta era todavía una administración pública es decir antes de 1971, y son anteriores a la adhesión de Bélgica a la CEE. Desde entonces, no se han modificado. Estas medidas constituyen, por tanto, ayudas existentes.

(226) La exención del impuesto de sociedades se suprimió en 2005, mientras que sigue aplicándose la exención del impuesto sobre los bienes inmuebles.

6.3.2.2. Liberalización del mercado postal

(227) Según las autoridades belgas, todas las medidas anteriores a la liberalización de los mercados postales, en 1999, deberían considerarse ayudas existentes. Sin embargo, las medidas en cuestión beneficiaron a todas las actividades de DPLP, presente en mercados competitivos (como los mercados de distribución de paquetes y de servicios financieros) mucho antes de la entrada en vigor de la Directiva 97/67/CE en 1999. Por consiguiente, de conformidad con la sentencia Alzetta (59), no puede considerarse que dicha ayuda se convierte en una ayuda existente debido a la evolución del mercado interior: puede considerarse ayuda existente para un determinado benefi