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(6)

De conformidad con el artículo 33, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las repercusiones financieras de la no recuperación por irregularidades se sufragan en un 50 % con cargo al Estado miembro cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúa antes del cierre de un programa de desarrollo rural en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, o bien en el momento del cierre del programa si dichos plazos expiran antes de tal cierre. Con arreglo al artículo 33, apartado 4, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. En el Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión (3) se recogen las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de presentar estadillos de los importes que han de recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento se recoge el cuadro que han de presentar los Estados miembros en 2009. A partir de los cuadros cumplimentados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir cuáles son las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades más antiguas de cuatro y ocho años, respectivamente. Esta decisión se toma sin perjuicio de las futuras decisiones de conformidad con arreglo al artículo 33, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005.
(2)

Han vencido los plazos para la presentación a la Comisión de los documentos mencionados en el artículo 8, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1290/2005 y en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER (2), concedidos a la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia e indicados en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 885/2006.
(11)

En su decisión de incoación, la Comisión concluyó que las participaciones abiertas y las medidas de conversión no constituían ayudas estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado en beneficio de los inversores (4) o del gestor del fondo IBG (5). La existencia de una ayuda de Estado con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, en beneficio del Fondo IBG (6) o de las empresas de que se trata no ha podido quedar excluida. La Comisión consideró, sin embargo, que la medida se ajusta a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital riesgo para pequeñas y medianas empresas (7) (en lo sucesivo, «las Directrices») y compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.
(8)

Con arreglo al artículo 32, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las consecuencias financieras derivadas de la falta de recuperación por irregularidades se sufragan en un 50 % con cargo al Estado miembro cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúa en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. El Reglamento (CE) no 885/2006, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER (3) establece las disposiciones de aplicación relativas a las obligaciones de los Estados miembros en materia de notificación de los importes que vayan a recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento se recoge el cuadro que han de presentar los Estados miembros en 2009. A partir de los cuadros cumplimentados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir cuáles son las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades más antiguas de cuatro y ocho años, respectivamente. Esta decisión se toma sin perjuicio de las futuras decisiones de conformidad con arreglo al artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005.
(3)

Finlandia solicita autorización para conceder una ayuda por hectárea para determinadas superficies en las que se producen semillas de especies de gramíneas y leguminosas enumeradas en el anexo XIII del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (2), con la excepción de Phleum pratense L. (fleo de los prados), así como para determinadas superficies en las que se producen semillas de cereales.
c)

Indique si se ha recurrido a la posibilidad prevista en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva de disminuir o no aplicar determinados requisitos con respecto al depósito de residuos no peligrosos (inertes o no, suelos no contaminados o turba).
3.2.5.

La cuarta fase de evaluación comprobará si el número de accidentes significativos por tren-km se ha mantenido estable (o se ha reducido) con relación a los años anteriores. Para esa comprobación, el criterio aplicable será si ha habido o no un aumento estadísticamente significativo del número de accidentes significativos por tren-km. Esto se evaluará utilizando un límite superior de tolerancia de Poisson que determinará la variabilidad que resulte aceptable sobre la base del número de accidentes sufridos en los diferentes Estados miembros. Si el número de accidentes significativos por tren-km no excede del límite de tolerancia arriba indicado, se considerará que no ha habido un aumento estadísticamente notable, y el resultado de esta fase de evaluación se clasificará como «suficiente». Dependiendo del tipo de riesgo al que correspondan los diferentes VRN cuya consecución se esté evaluando, los accidentes significativos que se tomarán en consideración para desarrollar esta fase de la evaluación serán los siguientes: a) riesgos para los viajeros: todos los accidentes significativos que sean relevantes; b) riesgos para el personal o para los empleados, incluido el personal de los contratistas: todos los accidentes significativos que sean relevantes; c) riesgos para los usuarios de pasos a nivel: todos los accidentes significativos que se incluyan en la categoría de «accidentes en pasos a nivel»; d) riesgos para las personas no autorizadas en las instalaciones ferroviarias: todos los accidentes significativos que se incluyan en la categoría de «accidentes sobre personas causados por material rodante en movimiento»; e) riesgos para otras personas (terceros): todos los accidentes significativos que sean relevantes; f) riesgo para la sociedad en su conjunto: todos los accidentes significativos.
(23)

Puesto que la cantidad total de espectro radioeléctrico solicitada por Inmarsat Ventures Limited y Solaris Mobile Limited no sobrepasa la cantidad de espectro radioeléctrico disponible, establecida en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión no 626/2008/CE, debe seleccionarse a ambos aspirantes, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Decisión no 626/2008/CE.
(13)

La Comisión consideró que el presente procedimiento debía darse por concluido puesto que la investigación no había aportado ningún argumento que demostrara que dicha conclusión no conviniera a los intereses de la Comunidad. Las partes interesadas fueron informadas en consecuencia y tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones. Sin embargo, no se han recibido observaciones en el sentido de que la conclusión no convenga a los intereses de la Comunidad.
(10)

La Comisión consideró que el presente procedimiento debía darse por concluido puesto que la investigación no había aportado argumentos demostrativos de que dicha conclusión no conviniera a los intereses de la Comunidad. Las partes interesadas fueron informadas en consecuencia y tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones. Sin embargo, no se han recibido observaciones en el sentido de que la conclusión no convenga a los intereses de la Comunidad.
(65)

En cuanto a la segunda observación, las autoridades españolas argumentaron que las alegaciones se presentaban tardíamente y sin aportar prueba alguna. El objetivo del Plan textil era adaptar las empresas del sector a la liberalización del mercado, no favorecer la posición de ninguna empresa en particular. Mencionando un caso concreto, la empresa Geotexan se fundó en 2004. Los criterios de elegibilidad para mantener en su trabajo a trabajadores de edad avanzada exigían probar una antigüedad superior a 5 años, lo que en su caso no era posible. No hay prueba documental de que Geotexan se beneficiara de medidas de ayuda a la formación. En todo caso, hubiera recibido una bonificación de 970 EUR al año, lo que no sería determinante para desarrollar una política de precios agresiva.
(51)

Las excepciones establecidas en el artículo 87, apartado 2, del Tratado CE no son de aplicación en el presente caso. En cuanto a las excepciones contempladas en el artículo 87, apartado 3, del Tratado CE, dado que el principal objetivo de las ayudas es restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa, la única excepción que se puede aplicar es la establecida en el artículo 87, apartado 3, letra c), que autoriza las ayudas estatales destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.
(3)

Dado que no se presentó ningún expediente completo que respaldara la inclusión del malatión en los anexos I, IA o IB de la Directiva en el plazo prescrito en la parte B del anexo V del Reglamento (CE) no 2032/2003 (2) de la Comisión, esta, mediante la Decisión 2007/565/CE de la Comisión (3), decidió no incluir el malatión en los anexos I, IA o IB de la Directiva. De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1451/2007 (4), no podrán seguir comercializándose los biocidas que contengan malatión.
(7)

Además, se avisaba a las autoridades luxemburguesas de que, conforme a lo previsto en el punto 53 de las Directrices EET, la Comisión aplicaría el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo (2) e incoaría el procedimiento contemplado en dicha disposición si no confirmaban por escrito su aceptación en el plazo de diez días a partir de la recepción de la carta. Las autoridades luxemburguesas no han respondido a esta carta.
2)

los defectos que no han sido tratados convenientemente por la OR afectan a elementos estructurales del casco, o de la maquinaria o de los equipos de seguridad, y son suficientemente graves para ocasionar: a) la suspensión, la retirada o el refrendo condicional del certificado de seguridad por parte del Estado del pabellón, o b) la prohibición de navegación en virtud de la Directiva 1999/35/CE del Consejo (1) o una decisión de inmovilización en virtud de la Directiva 95/21/CE del Consejo (2) cursada por el Estado de acogida o el Estado rector del puerto, en caso de que las deficiencias no puedan subsanarse en menos de cinco días.
(32)

En primer lugar, la Comisión consideró que las ayudas en favor de los productores de electricidad verde no parecían cumplir las condiciones de las disposiciones siguientes de las Directrices de 2001: — el sistema no garantiza que las ayudas estén limitadas al exceso de coste entre el precio de producción y el precio de mercado de la energía en cuestión. No limita las ayudas de funcionamiento a la duración necesaria para garantizar la amortización de las instalaciones. Tampoco tiene en cuenta posibles ayudas a la inversión recibidas por los productores para sus instalaciones, como la prima ecológica en Luxemburgo (16) (punto E.3.3.1 de las Directrices de 2001), — el sistema no prevé un mecanismo de mercado como los certificados verdes (punto E.3.3.2 de las Directrices de 2001), — las ayudas de funcionamiento no se calculan sobre la base de los costes externos evitados (punto E.3.3.3 de las Directrices de 2001), — las ayudas de funcionamiento no se limitan a 5 años, no son decrecientes y su intensidad no se limita al 50 % de los costes adicionales (punto E.3.3.4 de las Directrices de 2001).
(37)

Las autoridades italianas consideran que la medida de ayuda no tiene incidencia en los intercambios intracomunitarios, ya que sus efectos se agotarían a nivel regional: la producción de la refinería de Villasor es absorbida al 98 % por el mercado local y no entra, pues, en competencia con las otras empresas comunitarias, ni en el mercado de la Italia continental ni en el mercado comunitario o internacional. Las autoridades italianas consideran que la Comisión, de acuerdo con su proyecto de Comunicación Nuevas directrices para la evaluación de ayudas estatales que tienen efectos limitados en los intercambios intracomunitarios, debería conceder una mayor importancia a los efectos económicos de la intervención en cuestión, teniendo en cuenta, en particular, su escasa incidencia en los intercambios. Según las autoridades italianas, la afirmación de la Comisión (20) según la cual «Italia ocupa una posición importante en la producción de azúcar» debería ponerse en relación al menos con la aseveración de que Italia no era más que el cuarto productor europeo de azúcar y que, en este contexto, el grupo Eridania Sadam tenía una cuota de mercado ligeramente superior al 1,5 % del mercado europeo, mientras que Sadam ISZ tenía una producción igual al 0,06 % (datos de la campaña de 2002).
(97)

El Reino Unido no ha indicado que la medida en cuestión se diseñara para alcanzar un objetivo particular de interés común. Además, no hay indicaciones ni argumentos perceptibles que muestren que la concesión de la ayuda estatal en cuestión sea un instrumento adecuado y proporcionado que confiera un efecto de incentivo conveniente para el desarrollo de las actividades económicas a las que se dedica BT, entre otros competidores. Según lo indicado anteriormente, la medida en cuestión no está relacionada ni se limita al cumplimiento de la misión de interés económico general encomendada a BT.
(9)

En cuanto a los productores comunitarios, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base, se seleccionó una muestra basada en el mayor volumen representativo de producción y ventas en la Comunidad de sección hueca que pudiera investigarse razonablemente en el tiempo disponible. Basándose en la información recibida de los productores de la Comunidad, la Comisión seleccionó cuatro grupos de empresas cuyo volumen de producción y ventas en la Comunidad era el mayor. En términos de producción comunitaria, los grupos de empresas muestreados representaban el 52 % de la producción total calculada de sección hueca en la Comunidad. En virtud del artículo 17, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó a las partes interesadas y estas no plantearon objeción alguna. Además, se pidió a los restantes productores de la Comunidad que facilitaran determinada información de carácter general para el análisis del perjuicio. Sin embargo, un productor comunitario muestreado no presentó su respuesta al cuestionario y decidió no seguir cooperando con la investigación. Dado que la inclusión de algunos de los otros productores comunitarios que se habían ofrecido a cooperar tan solo habría afectado ligeramente la representatividad de la muestra, se decidió no sustituir a la empresa que había dejado de cooperar con la investigación.
(6)

Las autoridades irlandesas pretenden ahora suprimir la limitación del fletamento por tiempo. Así, según la notificación, una compañía o grupo de compañías podrían beneficiarse del régimen del impuesto sobre el tonelaje sin poseer un solo buque. Según las autoridades irlandesas, la supresión de dicho límite es necesaria por varias razones: a) favorecer a las compañías navieras establecidas en Irlanda que cumplen los demás criterios de idoneidad, pero que no pueden optar al impuesto sobre el tonelaje debido a un exceso de actividad en régimen de fletamento por tiempo; b) brindar flexibilidad adicional a compañías que se benefician del impuesto sobre el tonelaje irlandés (en lo sucesivo, «compañías del impuesto sobre el tonelaje irlandés») dedicadas a actividades de impuesto sobre el tonelaje, a fin de que puedan beneficiarse de las condiciones del mercado en situaciones en que, sin la modificación propuesta, se verían excluidas del régimen; c) alcanzar la paridad con los regímenes de los demás Estados miembros respecto de las condiciones relativas a la flota fletada por tiempo; d) incrementar la expansión de la actividad de gestión naviera en tierra; e) evitar que se transfiera actividad económica de las compañías del impuesto sobre el tonelaje a compañías no integradas en el régimen y, en último término, a las navieras de terceros países, o que se expulse a las compañías nacionales del régimen irlandés por incumplimiento del límite.
(380)

La central eléctrica de Budapest indica también que el artículo 1(b)(v) no es de aplicación a las medidas de ayuda individuales «ya que no se mencionan explícitamente las medidas de ayuda individuales». La Comisión no puede aceptar esta observación. No hay razones por las que la referencia a «ayuda» y a «determinadas medidas» no deba referirse tanto a las ayudas individuales como a los regímenes de ayuda. El artículo 4 del Reglamento (CE) no 659/1999 se refiere en todo momento a «medidas» notificadas, pero la Comisión supone que la parte interesada no sostendría que el artículo 4 se refiere exclusivamente al examen preliminar de regímenes de ayuda notificados.
(3)

Los efectos del queroseno CAS 64742-54-7 en la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 1112/2002 y (CE) no 2229/2004 en relación con los usos propuestos por el notificante. Dichos Reglamentos designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2229/2004. Respecto al queroseno CAS 64742-54-7, el Estado miembro ponente fue Grecia y toda la información pertinente se presentó en abril de 2008.
(3)

Los efectos del aceite de petróleo CAS 92062-35-6 en la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 1112/2002 y (CE) no 2229/2004 en relación con los usos propuestos por el notificante. Dichos Reglamentos designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2229/2004. Respecto al aceite de petróleo CAS 92062-35-6, el Estado miembro ponente fue España y toda la información pertinente se presentó en marzo de 2008.
(118)

En cuanto al efecto de la medida en la competencia, puede observarse que los pagos que Royal Mail debe hacer para enjugar el déficit del régimen de pensiones, una vez establecidos tras las negociaciones entre la empresa y los administradores fiduciarios de las pensiones, no varían en función de los niveles de producción o insumos. Así pues, su reducción durante los años iniciales mediante la medida no afecta a los costes marginales y no puede afectar a las decisiones comerciales de Royal Mail y en especial a sus futuras decisiones de inversión (30). Por lo tanto, la Comisión concluye que el efecto en la competencia no puede afectar desfavorablemente a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común en el sentido del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.
(3)

Se reúnen las condiciones previstas en el artículo 6, apartado 2, letra b), de la Directiva 1999/62/CE, ya que estos vehículos no circulan permanentemente por la vía pública, se utilizan para el transporte de mercancías y, además, la aplicación de gravámenes reducidos a los vehículos no ocasiona un falseamiento de la competencia, porque no pueden emplearse para el transporte de mercancías, fuera de las instaladas de forma permanente en el vehículo y que sirven para su propia actividad.
(5)

Con el fin de promover la inversión en las acciones prioritarias definidas por la Comisión y teniendo en cuenta los efectos negativos de la crisis financiera en los presupuestos de los Estados miembros, el gasto relativo al sistema electrónico de registro y notificación (ERS) y a los sistemas de localización de buques vía satélite (SLB), así como el gasto destinado a prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), debe beneficiarse de un porcentaje de cofinanciación elevado, en los límites establecidos en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 861/2006.
(9)

La industria de la Comunidad alegó que el compromiso brasileño podría ser aceptable bajo determinadas condiciones que incluyeran la utilización de un tipo de cambio artificial de USD a EUR y un límite cuantitativo. Es preciso rechazar dichas alegaciones relativas al compromiso brasileño por las razones que se exponen a continuación. Por lo que respecta a la alegación de que debería utilizarse un tipo de cambio artificial, cabe mencionar que el precio del LME se convertirá de USD a EUR utilizando el tipo de cambio mensual publicado y, por tanto, el importe en EUR se ve afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio, cuyo riesgo corre a cargo de la empresa. En cuanto a la segunda alegación, la Comisión no considera que un límite cuantitativo sea pertinente en este caso, ya que el mercado del producto afectado en la Comunidad Europea es muy competitivo y no se han presentado, ni se han hallado en la investigación, pruebas que demuestren la necesidad de dicho elemento. No se ha presentado ningún otro comentario relativo a dicha oferta de compromiso.
(40)

En primer lugar, la investigación confirmó que Ottana Energia es una empresa en crisis. La Comisión reconocía, en la Decisión sobre el salvamento, que Ottana Energia puede beneficiarse de una ayuda de reestructuración, pero se preguntaba si la situación había cambiado, dado que la empresa había conseguido obtener préstamos para financiar su reestructuración. Estas dudas, sin embargo, pueden disiparse por cuanto Italia ha demostrado que el préstamo no solo se ha concedido para la fase de salvamento, sino que Ottana Energia no dispone, en principio, de fondos suficientes para reembolsar la ayuda durante el período de reestructuración. En la medida en que hasta 2008 no hay previstos beneficios significativos, está claro que sin la garantía los bancos no habrían permitido a Ottana Energia ni siquiera ejecutar la primera fase y, por lo tanto, Ottana Energia se habría visto enfrentada a un riesgo de insolvencia en el sentido definido en el apartado 10, letra c), de las Directrices.