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(15)

En consecuencia, se adoptó el Reglamento (CE) no 103/2009 de la Comisión, de 3 de febrero de 2009, que modifica los anexos VII y IX del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (13). El Reglamento (CE) no 103/2009 prevé varias enmiendas al anexo VII del Reglamento (CE) no 999/2001, incluida la disposición de que, en el caso de que una EET confirmada sea la tembladera clásica, la leche y los productos lácteos de los animales que deban destruirse en la explotación no se utilizarán para la alimentación de rumiantes, excepto los de esa explotación. Además, la comercialización de esos productos como pienso para no rumiantes se limitará al territorio del Estado miembro afectado. Por último, el Reglamento (CE) no 103/2009 establece acelerar el procedimiento de erradicación en los rebaños lecheros afectados por la tembladera clásica para reducir el riesgo de exposición de las personas a las EET.
(5)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el que no participa el Reino Unido, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (2). Por consiguiente, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por él ni sujeto a su aplicación. La presente Decisión no debe por lo tanto dirigirse al Reino Unido.
(23)

Es preciso tomar las medidas adecuadas para evitar irregularidades y fraudes y adoptar las disposiciones necesarias para recuperar los fondos perdidos, abonados por error o utilizados de forma incorrecta, según lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (7), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (8) y el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (9).
(3)

Los efectos del clortal-dimetilo sobre la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 1490/2002 en lo relativo a una serie de usos propuestos por el notificante. En dichos Reglamentos se designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1490/2002. Por lo que se refiere al clortal-dimetilo, el Estado miembro ponente fue Grecia y toda la información pertinente se presentó el 31 de octubre de 2006. El 3 de abril de 2008 se presentó un apéndice.
Mojo y Music Dome aducen también que el mecanismo no respeta las condiciones de mercado ya que, aunque el explotador tuviera que reembolsar la totalidad de la inversión mediante el mecanismo de reparto de los beneficios, el explotador seguiría beneficiándose de una ventaja económica derivada del hecho de que todo el riesgo de la inversión habría sido asumido por el municipio de Rotterdam. En opinión de Mojo y Music Dome, el municipio no recibirá nada si la inversión no genera ingresos adicionales: solo recuperará su inversión si de verdad se generan ingresos adicionales. En relación con este argumento de Mojo y Music, la Comisión no puede excluir la posibilidad de que en su decisión de invertir en el proyecto, el municipio no se haya comportado como un inversor privado en busca del máximo beneficio. Las condiciones impuestas al explotador en relación con la multifuncionalidad del complejo y los tipos de acontecimientos que debe albergar reducen de hecho el valor de la inversión. No obstante, la evaluación de la Comisión demostró que el explotador no recibió ninguna ventaja indebida de su relación contractual con el municipio, teniendo en cuenta las restricciones impuestas en el contrato. Como se ha explicado anteriormente, el nivel de la renta y el precio de las acciones de Ahoy Rotterdam NV se ajustan a las condiciones del mercado. El mecanismo de reparto de los beneficios es una salvaguarda adicional para descartar cualquier ventaja indebida potencial en el caso de que la inversión no solo conservara sino que incrementara el valor para el explotador.
(3)

En el plazo de sesenta días establecido en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) no 258/97 se presentaron objeciones fundamentadas a la comercialización del producto, con arreglo a dicho apartado; por consiguiente, el 4 de abril de 2005 se consultó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que emitió su dictamen el 5 de octubre de 2005. No obstante, dado que el solicitante no pudo suministrar datos suficientes, la EFSA no llegó en su dictamen a una conclusión definitiva sobre la inocuidad, aunque se mostró dispuesta a reconsiderar la solicitud si el solicitante aportaba información adicional.
(118)

En general, y como ocurre con cualquier medida fiscal, no puede descartarse que las empresas de un grupo activas en un sector específico puedan beneficiarse más de la medida debido a la mayor intensidad de las transacciones financieras de su sector. Ello es particularmente cierto en el caso de las empresas del sector financiero, cuya actividad principal es el crédito y que pueden incrementar el préstamo entre empresas relacionadas como resultado de la medida. No obstante, es preciso señalar, en primer lugar, que con el fin de evitar cualquier abuso, el régimen neerlandés incluye una disposición por la que se limita el importe al que puede aplicarse la imposición o deducción a un tipo reducido (véase la sección II.3). Esta limitación se aplicará en particular a las empresas del sector financiero, lo que reducirá el riesgo de abuso. Además, como se indica en la Comunicación sobre fiscalidad de la Comisión, «el hecho de que determinadas empresas o sectores se beneficien más que otros de algunas de estas medidas fiscales no significa necesariamente que dichas medidas entren en el ámbito de aplicación de las normas de competencia en materia de ayudas estatales» (19).
(4)

Estos Estados miembros han presentado sus previsiones presupuestarias anuales correspondientes al período 2009-2010 de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1078/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 861/2006 del Consejo por lo que respecta a los gastos efectuados por los Estados miembros para la recopilación y gestión de los datos básicos sobre pesca (4). Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1078/2008, la Comisión ha evaluado las previsiones presupuestarias anuales de los Estados miembros teniendo en cuenta los programas nacionales aprobados con arreglo al artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) no 199/2008.
(7)

Sobre la base del dictamen de la EFSA, no se considera necesario establecer para los alimentos, los ingredientes alimentarios y los piensos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz MON 88017 requisitos de etiquetado específicos distintos de los dispuestos en el artículo 13, apartado 1, y el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1829/2003. Sin embargo, para asegurarse de que los productos se utilizan dentro de los límites de la autorización otorgada por la presente Decisión, el etiquetado de piensos y de otros productos, distintos de alimentos o piensos, que contengan o se compongan del OMG y cuya autorización se solicite debe complementarse con una indicación clara de que los productos en cuestión no deben emplearse para el cultivo.
(7)

Sobre la base del dictamen de la EFSA, no se considera necesario establecer para los alimentos, los ingredientes alimentarios y los piensos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz MON 89034 requisitos de etiquetado específicos distintos de los previstos en el artículo 13, apartado 1, y el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1829/2003. Sin embargo, para asegurarse de que los productos se utilizan dentro de los límites de la autorización otorgada por la presente Decisión, el etiquetado de piensos y de otros productos, distintos de alimentos o piensos, que contengan o se compongan de OMG y cuya autorización se solicite debe complementarse con una indicación clara de que los productos en cuestión no deben emplearse para el cultivo.
5)

el siguiente ejemplo sirve para ilustrar este planteamiento: Ejemplo: En aras de la sencillez, supongamos que la especificación exige 100 vatios o menos y que se aplica solamente a un modo de funcionamiento. 85 vatios sería entonces el umbral del 15 % — si en la primera unidad el resultado de la medición es de 80 vatios, no es necesario realizar más ensayos y el modelo cumple los requisitos (un resultado de 80 vatios no es superior al 85 % del límite para se calificado como ENERGY STAR), — si en la primera unidad el resultado de la medición es de 85 vatios, no es necesario realizar más ensayos y el modelo cumple los requisitos (un resultado de 85 vatios es exactamente el 85 % del límite para se calificado como ENERGY STAR), — si en la primera unidad el resultado de la medición es de 85,1 vatios, deberán ensayarse dos unidades más para determinar la calificación (un resultado de 85,1 vatios es superior al 85 % del límite para se calificado como ENERGY STAR), — si se someten a ensayo tres unidades y se obtienen los valores de 90, 98 y 105 vatios, el modelo no puede obtener la etiqueta ENERGY STAR —pese a que el promedio sea de 98 vatios— porque uno de los valores (105) supera la especificación ENERGY STAR.
(7)

De conformidad con el artículo 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participó en la adopción del Reglamento (CE) no 767/2008 y no está vinculada ni sujeta a su aplicación. No obstante, dado que el Reglamento (CE) no 767/2008 desarrolla el acervo de Schengen con arreglo a las disposiciones del título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 de dicho Protocolo, notificó, por carta de 13 de octubre de 2008, la adaptación de su ordenamiento interno al acervo de Schengen. Por lo tanto, está obligada por el Derecho internacional a aplicar la presente Decisión.
(7)

Sobre la base del dictamen de la EFSA, no se considera necesario establecer para los alimentos, los ingredientes alimentarios y los piensos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz MIR604 requisitos de etiquetado específicos distintos de los previstos en el artículo 13, apartado 1, y el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1829/2003. Sin embargo, para asegurarse de que los productos se utilizan dentro de los límites de la autorización otorgada por la presente Decisión, el etiquetado de piensos y de otros productos, distintos de alimentos o piensos, que contengan o se compongan del OMG y cuya autorización se solicite, debe complementarse con una indicación clara de que los productos en cuestión no deben emplearse para el cultivo.
(44)

En cuanto a la condición i), la Comisión considera que en el momento en que se formalizaron el préstamo y la garantía el 28 de diciembre de 2005, no se había concluido el período de reestructuración. Sin embargo, es verdad que en diciembre 2005 la situación financiera de Pickman había mejorado considerablemente y que el plan de reestructuración había alcanzado una fase consolidada, mientras se registraron beneficios de 0,7 millones EUR en 2006. Por estas razones no se puede excluir que Pickman no fuera todavía una empresa en crisis cuando se otorgó la garantía. Sin embargo, como el período de reestructuración no había concluido, no se puede excluir que Pickman no estuviera en dificultades. Por ello, la Comisión no puede excluir que la garantía no fuera valorada a condiciones de mercado.
(111)

A este respecto, se constata, en primer lugar, que el objetivo del legislador al adoptar el Reglamento (CEE) no 1191/69 era definir en qué condiciones «las ayudas […] que correspondan al reembolso de determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio público» mencionadas en el artículo 73 del Tratado CE son compatibles con el mercado común. La aplicación del artículo 73 y, por ende, del Reglamento (CEE) no 1191/69, presupone sin embargo la presencia de una ayuda estatal a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Si el contenido de los contratos puede quedar amparado en el concepto establecido en el artículo 73 de «obligaciones inherentes a la noción de servicio público», la forma del instrumento (contrato, y no obligación impuesta unilateralmente) no debería de por sí ser un obstáculo a la posible declaración de compatibilidad de las ayudas contenidas, en su caso, en el precio. En efecto, el factor decisivo para que una prestación, ya haya sido impuesta por el Estado o convenida por las partes de un contrato, pueda calificarse de obligación de servicio público radica en su contenido, y no en la forma en la que nace (22). Por consiguiente, debe concluirse que nada se opone jurídicamente a que la Comisión declare compatible con el mercado común una ayuda contenida en el precio de las prestaciones previsto en un contrato de servicio público. Debe señalarse que también optaron por esta solución los colegisladores en el nuevo Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera (23). Ahora bien, en virtud de su artículo 12, ese Reglamento no entrará en vigor hasta el 3 de diciembre de 2009. Por consiguiente, no es aplicable al contrato que nos ocupa, que fue celebrado antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento.
(31)

Según las autoridades suecas, la situación de hecho de Volvo Aero (que el proyecto de I + D se llevara a cabo con recursos internos y del Grupo) no quiere decir que las financiaciones a largo plazo o a riesgo compartido estuvieran a disposición de todas las empresas del Grupo. Al haber firmado un contrato con GE, Volvo Aero había asumido el compromiso contractual de continuar con el proyecto. No haberlo hecho así habría tenido consecuencias desastrosas, como la ruptura del contrato y el retraso en el trabajo, la pérdida de la reputación y el riesgo de ser considerado como un socio no fiable. Era pues crucial acudir temporalmente al fondo común interno del Grupo, aunque esta medida no podía sustituir a una financiación a largo plazo. Las autoridades suecas destacaron que el retraso de la ayuda estatal prevista puso a la Empresa en una situación extremadamente difícil en cuanto al flujo de tesorería.
(28)

Habida cuenta de lo anterior y con el fin de cumplir la cláusula de efecto suspensivo, las autoridades polacas se comprometieron a limitar el importe de ayuda de que dispone actualmente el beneficiario al máximo que no requiere notificación individual con arreglo al apartado 24 de las DMS (es decir, 37,5 millones EUR en valor actualizado). Las ayudas de un importe superior no serán ejecutadas hasta que la Comisión no haya dado su autorización.
(12)

Entre las razones naturales, las autoridades portuguesas señalan que no se han estudiado de forma adecuada los efectos de la introducción de los OMG en la naturaleza (en el caso de la RAM, su bosque natural), aunque se han publicado numerosos artículos en los que se expresan reservas en cuanto a las consecuencias de la liberación intencional de OMG en la naturaleza y las consiguientes repercusiones medioambientales que cabría esperar. No obstante, puede haber otros riesgos potenciales que no figuran en esos estudios científicos.
(116)

Por su parte, los argumentos del tercero interesado que envió observaciones tras la primera apertura del procedimiento no avalan la compatibilidad de las ayudas con el mercado común. Así, en lo que se refiere a la precariedad de la situación en que se encontrarían las empresas beneficiarias en caso de que las ayudas sean declaradas incompatibles y de que deban reintegrarlas, cabe recordar que es necesario recuperar las ayudas incompatibles para restablecer la situación que existía antes de que se concedieran, eliminando así el falseamiento de la competencia que implican. El que determinadas empresas dejen de ser rentables no es más que una consecuencia de la libre competencia que existe en condiciones normales de economía de mercado. Por otro lado, no hay nada que demuestre que la disminución del consumo de gasóleo hace que disminuya la calidad de los productos (como mucho, puede retrasar un poco la maduración o el crecimiento). En cuanto a la referencia a la situación de otros países para tratar de demostrar que no se ha producido un falseamiento de la competencia, el argumento no es de recibo. Baste señalar a este respecto que la exención permite mejorar la competitividad de los productores italianos de cultivos en invernadero frente a los productores de los demás países y que, por lo tanto, el punto de comparación debe ser la situación que existiría en Italia de no existir las exenciones.
(5)

Durante la evaluación de esta sustancia activa se detectaron varios problemas. En concreto, a partir de los datos presentados por el notificante en los plazos legales, no pudo evaluarse la posible contaminación de las aguas subterráneas por un importante producto de la degradación del suelo (el ácido TFP). Además, ha suscitado preocupación la posible subestimación del riesgo para los consumidores, debido al limitado número de datos sobre residuos facilitado y a la ausencia de investigación sobre el modelo de metabolismo de los dos isómeros que conforman la bifentrina. Por lo que respecta a la ecotoxicología, no ha quedado demostrado que el riesgo para los vertebrados acuáticos permita usos aceptables, al tiempo que persiste la incertidumbre en cuanto a los efectos de la bioacumulación de la sustancia activa observada en los peces. Por otro lado, se han detectado riesgos elevados para los mamíferos (riesgo a largo plazo e intoxicación secundaria), las lombrices de tierra (riesgo a largo plazo) y los artrópodos no diana (en campo), y no se ha abordado suficientemente el riesgo para las plantas no diana ni los macroorganismos no diana del suelo. Por consiguiente, a partir de la información facilitada en los plazos legales, no fue posible concluir que la bifentrina cumpla los criterios para su inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.
a)

el 100 % de los gastos a los que vaya a hacer frente Chipre para realizar las pruebas rápidas mencionadas en el anexo III, capítulo A, parte II, puntos 1 a 5, del Reglamento (CE) no 999/2001 y en su anexo VII, y las pruebas moleculares primarias discriminatorias a que se hace referencia en el anexo X, capítulo C, punto 3.2, letra c), párrafo i), del Reglamento (CE) no 999/2001;
(8)

De conformidad con el artículo 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participó en la adopción del Reglamento (CE) no 767/2008 y no está vinculada ni sujeta a su aplicación. No obstante, dado que el Reglamento (CE) no 767/2008 desarrolla el acervo de Schengen con arreglo a las disposiciones del título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 de dicho Protocolo, notificó, por carta de 13 de octubre de 2008, la incorporación de este acervo a su ordenamiento interno. Por lo tanto, está obligada por el Derecho internacional a aplicar la presente Decisión.
(6)

El Protocolo ferroviario también se ocupa de algunos asuntos regidos por el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (1), el Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (2), y el Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (3), la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Comunidad (refundida) (4), y el Reglamento (CE) no 881/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (Reglamento sobre la Agencia) (5).
(2)

El Reglamento (CE) no 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (2), y el Reglamento (CE) no 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 561/2006 (3), exigen también la introducción de determinados datos en los registros electrónicos nacionales.