ES Diario Oficial de la Unión Europea L 187/1

REGLAMENTO (UE) No 651/2014 DE LA COMISIÓN

de 17 de junio de 2014

por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (1), y, en particular, su artículo 1, apartado 1, letras a) y b),

Previa consulta al Comité Consultivo sobre Ayudas Estatales,

Considerando lo siguiente:

(1) La financiación estatal que cumple los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado constituye ayuda estatal y debe notificarse a la Comisión en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado. No obstante, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, el Consejo podrá determinar las categorías de ayudas que quedan exentas de esta obligación de notificación. De conformidad con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión podrá adoptar reglamentos relativos a esas categorías de ayudas estatales. El Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo faculta a la Comisión para declarar, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, que, bajo determinadas condiciones, las siguientes categorías de ayudas pueden quedar exentas de la obligación de notificación: las ayudas a las pequeñas y medianas empresas (PYME), las ayudas de investigación y desarrollo, las ayudas a la protección del medio ambiente, las ayudas al empleo y la formación, y las ayudas que se ajusten al mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miembro a efectos de la concesión de ayudas regionales. Sobre esta base, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión (2). El Reglamento (CE) no 800/2008 era aplicable en un principio hasta el 31 de diciembre de 2013, pero fue prorrogado posteriormente por el Reglamento (UE) no 1224/2013 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 800/2008 en lo relativo al período de aplicación (3), y ahora expira el 30 de junio de 2014. El 22 de julio de 2013, el Reglamento (CE) no 994/98 fue modificado por el Reglamento (UE) no 733/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 994/98 sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (4) a fin de facultar a la Comisión para ampliar la exención por categorías a nuevas categorías de ayudas, respecto de las cuales pueden definirse condiciones claras de compatibilidad. Estas nuevas categorías de ayudas incluyen las destinadas a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales, las ayudas de carácter social para transporte en favor de residentes en regiones alejadas, las ayudas a las infraestructuras de banda ancha, las ayudas a la innovación, las ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio, y las ayudas a infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales. A condición de que pueda acumular experiencia suficiente que le permita elaborar criterios de exención operativos que garanticen la compatibilidad ex ante de otrascategorías de ayudas, la Comisión tiene la intención de revisar el ámbito de aplicación del presente Reglamento con vistas a incluir determinados tipos de ayudas en esos ámbitos. En particular, la Comisión prevé elaborar criterios aplicables a las infraestructuras portuarias y aeroportuarias a más tardar en diciembre de 2015.

(2) Con su Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales en la UE (5), la Comisión puso en marcha una revisión más amplia de las normas relativas a las ayudas estatales. Los principales objetivos de este proceso de modernización son los siguientes: i) conseguir un crecimiento sostenible, inteligente e integrador en un mercado interior competitivo, que contribuya al mismo tiempo a los esfuerzos de los Estados miembros por utilizar de forma más eficiente los fondos públicos, ii) concentrar el examen ex ante de la Comisión de las medidas de ayuda en los asuntos que tengan mayor incidencia sobre el mercado interior, reforzando al mismo tiempo la cooperación de los Estados miembros en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, y iii) simplificar las normas y agilizar y racionalizar las decisiones, fundamentándolas en una motivación económica clara, un planteamiento común y unas obligaciones inequívocas. La revisión del Reglamento (CE) no 800/2008 es un elemento clave de la modernización de las ayudas estatales.

(3) El presente Reglamento debe prever una mejor priorización de las actividades de ejecución de las ayudas estatales y una mayor simplificación, y debe mejorar la transparencia, la evaluación efectiva y el control del cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales a nivel nacional y de la Unión, preservando al mismo tiempo las competencias institucionales de la Comisión y los Estados miembros. De conformidad con el principio de proporcionalidad, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(4) La experiencia adquirida por la Comisión en la aplicación del Reglamento (CE) no 800/2008 le ha permitido definir mejor las condiciones en las que determinadas categorías de ayudas pueden considerarse compatibles con el mercado interior y ampliar el ámbito de aplicación de las exenciones por categorías. Además, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la transparencia y el control y de prever una adecuada evaluación de los regímenes muy grandes, teniendo en cuenta sus efectos sobre la competencia en el mercado interior.

(5) Las condiciones generales de aplicación del presente Reglamento deben definirse sobre la base de un conjunto de principios comunes que garanticen que las ayudas contribuyen a un objetivo de interés común, tienen un efecto incentivador claro, son apropiadas y proporcionadas, se conceden con plena transparencia y están sujetas a un mecanismo de control y a una evaluación periódica y no afectan a las condiciones de los intercambios comerciales de forma contraria al interés común.

(6) Las ayudas que reúnan todas las condiciones establecidas en el presente Reglamento, tanto generales como específicas de la categoría de ayudas pertinente, deben quedar exentas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado.

(7) Las ayudas estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado, no contempladas en el presente Reglamento, continúan sujetas a la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros notifiquen las ayudas cuyos objetivos correspondan a objetivos en él previstos.

(8) Teniendo en cuenta el mayor impacto potencial de los grandes regímenes en los intercambios comerciales y la competencia, los regímenes cuyo presupuesto medio anual en ayudas estatales rebase un determinado umbral basado en un valor absoluto deben someterse, en principio, a evaluación. Esta evaluación ha de tener por objeto comprobar si se cumplen las hipótesis y condiciones para la compatibilidad del régimen, así como verificar la eficacia de la medida de ayuda a la luz de sus objetivos generales y específicos, y debe proporcionar indicaciones sobre el impacto del régimen en la competencia y el comercio. Con el fin de garantizar la igualdad de trato, la evaluación de las ayudas estatales debe llevarse a cabo sobre la base de un plan de evaluación aprobado por la Comisión. Si bien este plan normalmente debe estar preparado en el momento de la concepción del régimen y aprobado a tiempo para que el régimen pueda entrar en vigor, esto puede no ser posible en todos los casos. Por tanto, a fin de no demorar su entrada en vigor, el presente Reglamento será aplicable a dichos regímenes durante un período máximo de seis meses. La Comisión podrá decidir prorrogar este período, tras la aprobación del plan de evaluación. A tal efecto, el plan de evaluación debe notificarse a la Comisión en el plazo de 20 días hábiles a partir de la entrada en vigor del régimen. La Comisión también puede decidir, con carácter excepcional, que la evaluación no es necesaria habida cuenta de las especificidades del caso. La Comisión debe recibir del Estado miembro la información necesaria para poder examinar el plan de evaluación y solicitar información adicional sin demora injustificada que permita al Estado miembro completar los elementos que falten, de forma que la Comisión pueda adoptar una decisión. Debido a la novedad que supone este proceso, la Comisión proporcionará, en un documento separado, orientaciones detalladas sobre el procedimiento aplicable durante el período de seis meses para la aprobación del plan de evaluación y las correspondientes plantillas que deberán utilizarse parapresentar este plan. Las modificaciones de los regímenes objeto de evaluación, distintas de las modificaciones que no puedan afectar a la compatibilidad del régimen de ayudas con arreglo al presente Reglamento o que no puedan afectar de forma significativa al contenido del plan de evaluación aprobado, deben examinarse teniendo en cuenta el resultado de dicha evaluación y excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento. No debe considerarse, en principio, que las modificaciones que constituyan un cambio de naturaleza puramente formal, las modificaciones administrativas o las que se lleven a cabo en el marco de las medidas cofinanciadas por la UE afectan de forma significativa al contenido del plan de evaluación.

(9) El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados ni a las ayudas a las actividades relacionadas con la exportación. Concretamente, no debe aplicarse a las ayudas para financiar el establecimiento y el funcionamiento de una red de distribución en otros países. Las ayudas destinadas a los gastos de participación en ferias comerciales o de estudios o servicios de consultoría, necesarios para el lanzamiento de un producto nuevo o existente en un nuevo mercado de otro Estado miembro o de un tercer país, no constituyen normalmente ayudas a actividades relacionadas con la exportación.

(10) El presente Reglamento debe aplicarse, en principio, en la mayoría de los sectores de la economía. Sin embargo, en algunos sectores, como la pesca y la acuicultura y la producción agrícola primaria, el ámbito de aplicación debe limitarse, teniendo en cuenta las normas específicas aplicables.

(11) El presente Reglamento debe aplicarse a la transformación y comercialización de productos agrícolas siempre que se cumplan determinadas condiciones. A efectos del presente Reglamento, ni las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la primera venta, ni la primera venta de un productor primario a intermediarios o transformadores, ni la actividad de preparación de un producto para una primera venta deben considerarse transformación o comercialización.

(12) El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, que se abordan en la Decisión del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, sobre las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas (6). El presente Reglamento debe aplicarse a otros tipos de ayudas en el sector del carbón, con la excepción de las ayudas regionales.

(13) La Comisión debe velar por que las ayudas autorizadas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés común. Por consiguiente, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento las ayudas concedidas a beneficiarios que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.

(14) Las ayudas concedidas a empresas en crisis deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que este tipo de ayudas debe evaluarse con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de 1 de octubre de 2004 (7), prorrogadas mediante la Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga de la aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de 1 de octubre de 2004 (8), o a las directrices que las sustituyan, a fin de evitar su elusión, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales. En aras de la seguridad jurídica, conviene establecer criterios claros que no requieran una evaluación de todas las particularidades de la situación de una empresa para determinar si ha de considerarse que está en crisis a efectos del presente Reglamento.

(15) La aplicación de las normas sobre ayudas estatales depende en gran medida de la cooperación de los Estados miembros. Así pues, estos deben tomar todas las medidas necesarias para velar por el cumplimiento del presente Reglamento, incluido el cumplimiento de las ayudas individuales concedidas al amparo de regímenes de exención por categorías.

(16) Puesto que las ayudas de gran cuantía presentan un riesgo elevado de alterar las condiciones de los intercambios, es conveniente que sean evaluadas individual o conjuntamente por la Comisión tras su notificación. Por consiguiente, para cada categoría de ayudas incluida en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben fijarseumbrales cuyo nivel tenga en cuenta la categoría de las ayudas y sus posibles repercusiones en las condiciones de los intercambios. Las ayudas concedidas que rebasen dichos umbrales deben seguir estando sujetas a la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. Los umbrales establecidos en el presente Reglamento no deben ser eludidos mediante la división artificial de los regímenes de ayudas o los proyectos de ayudas en varios regímenes o proyectos de características, objetivos o beneficiarios similares.

(17) En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la eficacia del seguimiento, el presente Reglamento solo debe aplicarse a las ayudas cuyo equivalente de subvención bruto pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo («ayudas transparentes»). Con respecto a determinados instrumentos de ayuda específicos, como préstamos, garantías, medidas fiscales, medidas de financiación de riesgo y, en particular, anticipos reembolsables, el presente Reglamento debe definir en qué condiciones pueden considerarse transparentes. Las aportaciones de capital no deben considerarse ayudas transparentes, sin perjuicio de las condiciones específicas aplicables a las ayudas a la financiación de riesgo y las destinadas a nuevos proyectos empresariales. Las ayudas consistentes en garantías deben considerarse transparentes si el equivalente de subvención bruto se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas para el tipo de empresa de que se trate. En el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYME), la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (9) indica los niveles de las primas anuales por encima de los cuales una garantía del Estado no se consideraría constitutiva de ayuda.

(18) Con objeto de garantizar que las ayudas son necesarias y sirven de incentivo para desarrollar determinadas actividades o proyectos, el presente Reglamento no debe aplicarse a aquellas ayudas destinadas a actividades que el beneficiario llevaría a cabo de todas formas, incluso en ausencia de las ayudas. Las ayudas solo deben quedar exentas de notificación en virtud del presente Reglamento si el trabajo en el proyecto o actividad subvencionados empieza después de que el beneficiario haya presentado por escrito una solicitud de ayuda.

(19) En cuanto a las ayudas ad hoc cubiertas por el presente Reglamento concedidas a beneficiarios que sean grandes empresas, el Estado miembro debe velar por que, además de cumplir las condiciones relativas al efecto incentivador aplicables a los beneficiarios que son PYME, el beneficiario haya analizado, en un documento interno, la viabilidad del proyecto o actividad con y sin ayudas. El Estado miembro debe verificar que este documento interno confirma un incremento sustancial del alcance del proyecto o actividad, un incremento sustancial del importe total desembolsado por el beneficiario en el proyecto o actividad subvencionados, o una aceleración sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate. Debe considerarse que las ayudas regionales tienen un efecto incentivador si, de no ser por ellas, el proyecto de inversión no se habría llevado a cabo en la región asistida en cuestión.

(20) Los regímenes de ayudas automáticos en forma de ventajas fiscales deben seguir estando sujetos a una condición específica en cuanto al efecto incentivador, debido al hecho de que este tipo de ayudas se concede con arreglo a procedimientos distintos de los de las demás categorías de ayudas. Estos regímenes deben haber sido adoptados antes del inicio de los trabajos en el proyecto o actividad subvencionados. Sin embargo, esta condición no será aplicable en el caso de regímenes fiscales sucesorios, siempre que la actividad ya se encontrase cubierta por los regímenes fiscales anteriores en forma de ventajas fiscales. Para la evaluación del efecto incentivador de dichos regímenes, el momento crucial es aquel en que la medida fiscal se haya establecido por primera vez en el régimen original, sustituido ulteriormente por el nuevo régimen.

(21) Por lo que se refiere a las ayudas regionales de funcionamiento, las ayudas regionales para el desarrollo urbano, las ayudas para el acceso de las PYME a la financiación, las ayudas para la contratación de trabajadores desfavorecidos, las ayudas para el empleo de trabajadores con discapacidad y para compensar los costes adicionales del empleo de trabajadores con discapacidad, las ayudas en forma de reducciones de los impuestos medioambientales, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales, las ayudas de carácter social para transporte en favor de residentes en regiones alejadas y las ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio, el requisito relativo a la existencia de un efecto incentivador no es aplicable o debe presumirse que se cumple si concurren las condiciones específicas establecidas para estas categorías de ayudas en el presente Reglamento.

(22) Con el fin de garantizar que las ayudas sean proporcionadas y se circunscriban al importe necesario, siempre que sea posible los importes máximos de ayuda deben expresarse en términos de intensidades de ayuda en relación con un conjunto de costes subvencionables. Cuando no pueda fijarse la intensidad máxima de ayuda por la imposibilidad de determinar los costes subvencionables o a fin de facilitar instrumentos más sencillos cuando se trate de pequeñas cantidades, deben establecerse importes máximos de ayuda definidos en términos nominales, con objeto de garantizar la proporcionalidad de las medidas de ayuda. A la luz de la experiencia de la Comisión, la intensidad de ayuda y los importes máximos de ayuda deben fijarse en niveles que minimicen el falseamiento de la competencia en el sector beneficiario y palíen al mismo tiempo las deficiencias del mercado o los problemas de cohesión. En las ayudas regionales a la inversión, la intensidad de ayuda debe atenerse a las intensidades de ayuda autorizadas en los mapas de ayudas regionales.

(23) Para el cálculo de la intensidad de ayuda, solo deben incluirse los costes subvencionables. El Reglamento no se aplicará a las ayudas que rebasen la intensidad de ayuda pertinente como consecuencia de la inclusión de costes no subvencionables. La determinación de los costes subvencionables debe basarse en pruebas documentales claras, concretas y actualizadas. Todas las cifras utilizadas deben entenderse antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas. Las ayudas pagaderas en varios plazos deben actualizarse a su valor en el momento en que se concedan. Los costes subvencionables también deben actualizarse a su valor en el momento de la concesión. El tipo de interés que debe emplearse a efectos de actualización y para calcular el importe de las ayudas en caso de que no consistan en subvenciones debe ser, respectivamente, el tipo de actualización y el tipo de referencia aplicables en el momento de la concesión, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (10). Cuando las ayudas se concedan en forma de beneficios fiscales, los tramos de ayuda deben actualizarse sobre la base de los tipos de actualización aplicables en las distintas fechas en que se hagan efectivos dichos beneficios. Debe fomentarse la utilización de ayudas en forma de anticipos reembolsables, ya que dichos instrumentos de riesgo compartido contribuyen a reforzar el efecto incentivador de la ayuda. Conviene, por tanto, establecer que cuando la ayuda se conceda en forma de anticipos reembolsables las intensidades de ayuda aplicables previstas en el presente Reglamento puedan incrementarse, con la excepción de las ayudas regionales, puesto que estas pueden quedar exentas únicamente si cumplen los mapas aprobados.

(24) En el caso de los beneficios fiscales sobre futuros impuestos, el tipo de actualización aplicable y el importe exacto de los tramos de ayuda puede no conocerse de antemano. En tales casos, los Estados miembros deben fijar previamente un límite máximo para el valor actualizado de la ayuda, que respete la intensidad de ayuda aplicable. Posteriormente, cuando se conozca el importe del tramo de ayuda en una fecha determinada, podrá calcularse la actualización sobre la base del tipo de actualización aplicable en ese momento. El valor actualizado de cada tramo de ayuda debe descontarse del importe global del límite máximo (importe máximo).

(25) Con el fin de determinar si se respetan los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda que establece el presente Reglamento, debe tenerse en cuenta el importe total de las medidas de ayuda estatal en favor de la actividad o proyecto beneficiarios. El presente Reglamento debe especificar además en qué circunstancias pueden acumularse diferentes categorías de ayudas. Las ayudas exentas en virtud del presente Reglamento y cualquier otra ayuda compatible exenta en virtud de otro Reglamento o aprobada por la Comisión podrán acumularse siempre y cuando dichas medidas se refieran a costes subvencionables identificables diferentes. Cuando diferentes fuentes de ayuda se refieran —parcial o totalmente— a los mismos costes subvencionables identificables, debe autorizarse la acumulación si no supera la intensidad máxima de ayuda o el importe de ayuda más elevado aplicables a dicha ayuda en virtud del presente Reglamento. El presente Reglamento debe también establecer normas particulares en materia de acumulación de medidas de ayuda con o sin costes subvencionables identificables, de acumulación con ayudas de minimis y de acumulación con ayudas en favor de trabajadores con discapacidad. Las ayudas de minimis no suelen concederse o atribuirse a costes subvencionables identificables específicos. En ese caso, debe ser posible acumular libremente las ayudas de minimis con las ayudas estatales exentas en virtud del presente Reglamento. No obstante, cuando las ayudas de minimis se concedan en relación con los mismos costes subvencionables identificables como ayudas estatales exentas en virtud del presente Reglamento, la acumulación debe permitirse únicamente hasta la intensidad máxima de la ayuda, tal como se establece en el capítulo III del presente Reglamento.

(26) La financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros órganos de la Unión, que no quede directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro no constituye ayuda estatal. En caso de que dicha financiación de la Unión se combine con ayudas estatales, únicamente deben tomarse en consideración estas últimas para determinar si se respetan los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda, siempre que el importe total de la financiación pública concedida en relación con los mismos costes subvencionables no exceda de los porcentajes máximos de financiación establecidos en la normativa europea aplicable.

(27) Dado que las ayudas estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado están, en principio, prohibidas, es importante que todas las partes puedan comprobar si se conceden de conformidad con las normas aplicables. Por consiguiente, la transparencia de las ayudas estatales es esencial para la correcta aplicación de las normas del Tratado y propicia un mejor cumplimiento, una mayor rendición de cuentas, la revisión inter pares y, en definitiva, un gasto público más eficaz. Para garantizar la transparencia, conviene obligar a los Estados miembros a crear sitios web completos sobre ayudas estatales, a nivel regional o nacional, que contengan información resumida relativa a cada medida de ayuda exenta en virtud del presente Reglamento. La compatibilidad de las ayudas con el mercado interior debe quedar supeditada al cumplimiento de esa obligación. Conforme a la práctica habitual en relación con la publicación de información, establecida en la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público (11), debe utilizarse un formato estándar que permita buscar, descargar y publicarfácilmente la información en internet. Los enlaces a los sitios web de todos los Estados miembros deben publicarse en el sitio web de la Comisión. De conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 994/98, modificado por el Reglamento (UE) no 733/2013, debe publicarse en el sitio web de la Comisión un resumen de la información relativa a cada medida de ayuda exenta en virtud del presente Reglamento.

(28) A fin de garantizar una supervisión efectiva de las medidas de ayuda, de conformidad con el Reglamento (CE) no 994/98, modificado por el Reglamento (UE) no 733/2013, conviene establecer requisitos en cuanto a la presentación de informes por parte de los Estados miembros sobre las medidas de ayuda que hayan sido objeto de una excepción en virtud del presente Reglamento y sobre la aplicación del presente Reglamento. Conviene asimismo fijar normas relativas a los registros que los Estados miembros deben llevar sobre las ayudas exentas en virtud del presente Reglamento, teniendo en cuenta el plazo de prescripción previsto en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (12).

(29) Para reforzar la eficacia de las condiciones de compatibilidad establecidas en el presente Reglamento, conviene prever la posibilidad de que la Comisión retire el beneficio de la exención por categorías a futuras medidas de ayuda en caso de incumplimiento de dichos requisitos. La Comisión debe tener la posibilidad de restringir la retirada del beneficio de la exención por categorías a determinados tipos de ayudas, a determinados beneficiarios o a medidas de ayuda adoptadas por determinadas autoridades, cuando el incumplimiento del presente Reglamento solo afecte a un grupo limitado de medidas o a determinadas autoridades. Esta retirada selectiva debe representar una solución proporcionada directamente vinculada al incumplimiento constatado del presente Reglamento. En caso de que no se cumplan las condiciones de compatibilidad establecidas en los capítulos I y III, las ayudas concedidas no quedarán cubiertas por el presente Reglamento y constituirán, por consiguiente, ayudas ilegales, que la Comisión examinará en el marco del procedimiento pertinente contemplado en el Reglamento (CE) no 659/1999. En caso de incumplimiento de los requisitos previstos en el capítulo II, la retirada del beneficio de la exención por categorías por lo que se refiere a futuras medidas de ayuda no afectará al hecho de que las anteriores medidas conformes con el presente Reglamento hayan sido objeto de exención por categorías.

(30) Con objeto de eliminar diferencias que puedan dar pie a falseamientos de la competencia y de facilitar la coordinación entre las distintas iniciativas nacionales y de la Unión relativas a las PYME, así como por razones de claridad administrativa y seguridad jurídica, la definición de «PYME» utilizada a efectos del presente Reglamento debe basarse en la que figura en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (13).

(31) Al atender a las desventajas que padecen las regiones menos favorecidas, las ayudas regionales contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros y de la Unión en su conjunto. La finalidad de las ayudas regionales es contribuir al desarrollo de las zonas más desfavorecidas mediante el apoyo a la inversión y la creación de empleo en un contexto sostenible. En zonas que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado, podrán concederse ayudas regionales destinadas a promover la creación de nuevos establecimientos, la ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento o un cambio fundamental en el proceso de producción global de un establecimiento existente. Considerando que a las grandes empresas les afectan menos que a las PYME las desventajas regionales a la hora de invertir en zonas que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, las ayudas regionales a grandes empresas deben quedar exentas del requisito de notificación únicamente en el caso de inversiones iniciales en favor de nuevas actividades económicas en esas zonas.

(32) Cuando los regímenes de ayudas regionales están dirigidos a un número limitado de sectores económicos, su objetivo y repercusiones probables pueden ser sectoriales en vez de horizontales. Por lo tanto, los regímenes sectoriales no pueden quedar exentos de la obligación de notificación. No obstante, la Comisión puede evaluar, tras la notificación, sus posibles efectos positivos de conformidad con las directrices, marcos o decisiones aplicables. Es lo que sucede, en particular, con los regímenes de ayudas que afectan a actividades económicas de los sectores del carbón, la construcción naval y el transporte. Además, debido a las características específicas de los sectores de la siderurgia y las fibras sintéticas, se considera que los efectos negativos de las ayudas regionales en esos sectores son mayores que los efectos positivos en términos de cohesión, por lo que no podrán concederse ayudas regionales en estos sectores. Por último, los sectores turístico y de la banda ancha desempeñan un importante papel en las economías nacionales y, en general, repercuten de forma especialmente positiva en el desarrollo regional. Así pues, los regímenes de ayudas regionales destinados a las actividades turísticas y la banda ancha deben quedar exentos de la obligación de notificación. Las actividades de transformación y comercialización de productos agrícolas tienen también fuertes vínculos con las economías locales y regionales y deben beneficiarse de la exención por categorías.

(33) La producción y distribución de energía y las infraestructuras energéticas están sujetas a la legislación sectorial del mercado interior, lo que se refleja en los criterios para garantizar la compatibilidad de las ayudas en estos ámbitos con el mercado interior y su coherencia con las políticas en materia de medio ambiente y energía de la Unión. Las ayudas regionales concedidas en virtud de la sección 1 del presente Reglamento persiguen objetivos de cohesión y desarrollo económico, quedando, por tanto, sujetas a condiciones de compatibilidad muy diferentes. Por consiguiente, las disposiciones del presente Reglamento sobre ayudas regionales no deben aplicarse a las medidas relativas a la producción y distribución de energía y a las infraestructuras energéticas.

(34) Las inversiones que permiten a las empresas ir más allá de las normas de la Unión o incrementar el nivel de protección medioambiental en ausencia de normas de la Unión, las inversiones para la adaptación anticipada a futuras normas de la Unión, las inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética, en particular los proyectos de eficiencia energética en edificios, las inversiones para el saneamiento de terrenos contaminados y las ayudas para estudios medioambientales, no influyen directamente en el funcionamiento de los mercados de la energía. Al mismo tiempo, esas inversiones pueden contribuir tanto a los objetivos de la política regional como a los objetivos energéticos y medioambientales de la Unión Europea. En tales casos, pueden ser aplicables las disposiciones del presente Reglamento relativas a las ayudas regionales y a las ayudas para la protección del medio ambiente, en función del objetivo principal perseguido por la medida de que se trate.

(35) Con objeto de no favorecer las inversiones de capital respecto a las inversiones en costes laborales, debe ser posible medir las ayudas regionales a la inversión, bien sobre la base de los costes de la inversión, bien sobre la base de los costes salariales del empleo creado directamente por el proyecto de inversión.

(36) Las ayudas regionales a la inversión no deben quedar exentas de la obligación de notificación cuando se concedan a un beneficiario que haya puesto fin a una actividad idéntica o similar en el EEE durante los dos años anteriores a su solicitud de ayuda regional a la inversión o que, en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda, tenga planes concretos para poner fin a dicha actividad en un plazo máximo de dos años después de que la inversión se haya completado en la zona de que se trate.

(37) La Comisión ha adquirido suficiente experiencia en la aplicación del artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del Tratado en lo que respecta a las ayudas regionales de funcionamiento para compensar los costes adicionales del transporte de mercancías producidas en las regiones ultraperiféricas o en zonas con baja densidad de población, y de los bienes transformados en esas zonas, así como los costes adicionales de producción y explotación (distintos de los costes adicionales de transporte) en que incurren los beneficiarios establecidos en regiones ultraperiféricas. Habida cuenta de que existe un riesgo de compensación excesiva en relación con los gastos de transporte, como consecuencia de la ayuda adicional concedida en el marco de los programas POSEI en el sector agrícola, y toda vez que no puede descartarse que algunos productos agrícolas no se produzcan en otra parte, el sector agrícola debe quedar excluido de las ayudas regionales de funcionamiento destinadas a compensar los costes adicionales del transporte de mercancías producidas en las regiones ultraperiféricas o en zonas escasamente pobladas con arreglo al presente Reglamento. Las ayudas regionales de funcionamiento destinadas a compensar los costes adicionales de las regiones ultraperiféricas, distintos de los costes adicionales de transporte, solo deben considerarse compatibles con el mercado interior y quedar exentas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado si su nivel no sobrepasa el 15 % del valor añadido bruto generado anualmente por el beneficiario en la región ultraperiférica de que se trate o el 25 % de los costes laborales anuales en que haya incurrido el beneficiario en la región ultraperiférica de que se trate, o bien el 10 % del volumen de negocios anual del beneficiario en la región ultraperiférica de que se trate. Cuando la ayuda no supera el importe resultante de uno de esos diferentes métodos para determinar los costes de explotación adicionales (distintos de los costes de transporte), puede considerarse justificada, en términos de contribución al desarrollo regional, y proporcionada, habida cuenta de las dificultades a que se enfrentan las empresas en las regiones ultraperiféricas.

(38) Al abordar la elevada concentración de problemas económicos, medioambientales y sociales de las zonas urbanas situadas en zonas asistidas contempladas en un mapa de ayudas regionales, las ayudas al desarrollo urbano contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros y de la Unión en su conjunto. Las deficiencias del mercado que pretenden paliar las ayudas al desarrollo urbano se refieren al marco de financiación del desarrollo urbano, la inexistencia de un enfoque de desarrollo urbano integrado, un déficit de financiación que requiera un mayor efecto multiplicador de los escasos recursos públicos, y la necesidad de un enfoque más comercial en la regeneración de zonas urbanas. Las ayudas al desarrollo urbano para apoyar el desarrollo de estrategias participativas, integradas y sostenibles y hacer frente a los problemas adicionales detectados en las zonas asistidas deben, por tanto, ser objeto de la exención por categorías.

(39) Las inversiones correspondientes a las prioridades de la Estrategia Europa 2020 (14) en el ámbito de las tecnologías verdes y el paso a una economía con bajas emisiones de carbono, realizadas en zonas asistidas señaladas en el mapa de ayudas regionales pertinente, deben poder beneficiarse de ayudas por un importe superior mediante una bonificación regional.

(40) Las PYME desempeñan una función decisiva en la creación de empleo y, en términos más generales, constituyen un factor de estabilidad social y desarrollo económico. No obstante, su expansión puede verse entorpecida por deficiencias del mercado que las expongan a una serie de dificultades características. A menudo encuentran obstáculos para obtener capital o créditos, dadas las reticencias de determinados mercados financieros a asumir riesgos y las escasas garantías que pueden ofrecer. Sus limitados recursos también pueden restringir sus posibilidades de acceso a la información, especialmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y a los mercados potenciales. En consecuencia, para facilitar el desarrollo de sus actividades económicas, el presente Reglamento debe dejar exentas determinadas categorías de ayudas en favor de las PYME. Esas categorías deben incluir, en particular, las ayudas a la inversión en favor de las PYME y la participación de las PYME en ferias comerciales.

(41) Las PYME que participan en proyectos de cooperación territorial europea (CTE) regulados por el Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (15), a menudo encuentran dificultades para financiar los costes adicionales derivados de la cooperación entre socios situados en regiones diferentes y en Estados miembros diferentes o en terceros países. Dada la importancia de la CTE para la política de cohesión, que ofrece un marco para la realización de acciones conjuntas e intercambios estratégicos entre los agentes nacionales, regionales y locales de diferentes Estados miembros o terceros países, el presente Reglamento debe abordar algunas de las dificultades a que se enfrentan los proyectos CTE, con el fin de facilitar su conformidad con las normas sobre ayudas estatales. Las cuestiones específicas de la CTE que conviene tratar en el presente Reglamento se refieren a la intensidad de ayuda regional aplicable en el caso de los proyectos CTE y los costes de la cooperación de las PYME vinculados a los proyectos CTE y a las obligaciones en materia de publicación e información, declaración y mantenimiento de registros con fines de seguimiento.

(42) Vistas las diferencias existentes entre PYME y sus desventajas específicas, podrán aplicarse diferentes intensidades básicas de ayuda y bonificaciones.

(43) Sobre la base de la experiencia adquirida en la aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales para fomentar inversiones de capital riesgo en PYME (16), existen diversas deficiencias específicas en el mercado de capital riesgo de la Unión respecto a determinados tipos de inversiones en las diferentes etapas de desarrollo de las empresas. Esas deficiencias se deben a desajustes entre la oferta y la demanda de capital riesgo. Como consecuencia de ello, el volumen de capital riesgo que ofrece el mercado puede ser demasiado limitado, lo que impide a las empresas obtener financiación a pesar de contar con un modelo de negocio valioso y con perspectivas de crecimiento. La principal fuente de deficiencias de los mercados de capital riesgo, que afecta particularmente al acceso de las PYME al capital y que puede justificar la intervención pública, es la imperfección o la asimetría de la información. Ello no solo afecta al suministro de capital riesgo, sino que también dificulta el acceso de algunas PYME a la financiación de deuda. Por tanto, las medidas de financiación de riesgo que pretendan atraer capital privado para la financiación de riesgo de PYME no cotizadas afectadas por un déficit de financiación y que garanticen decisiones de financiación de carácter lucrativo y la gestión comercial de los intermediarios financieros deben quedar exentas de la obligación de notificación, con arreglo a determinadas condiciones.

(44) Las ayudas para la puesta en marcha de pequeñas empresas, las ayudas a las plataformas de negociación alternativas especializadas en PYME y las ayudas para costes relacionados con la prospección de PYME también deben quedar exentas del requisito de notificación en determinadas condiciones.

(45) Las ayudas de investigación y desarrollo y las ayudas a la innovación pueden contribuir a un crecimiento económico sostenible, reforzar la competitividad y fomentar el empleo. La experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento (CE) no 800/2008 y el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (17) muestra que las deficiencias del mercado pueden impedir que este alcance un grado óptimo de producción y generar ineficiencias, ligadas generalmente a efectos externos, a efectos de desbordamiento del conocimiento/bienes públicos, a una información imperfecta y asimétrica, y a fallos de coordinación y de red.

(46) Las PYME pueden experimentar dificultades para acceder a nuevos avances tecnológicos, a la transferencia de conocimientos o a personal altamente cualificado. Las ayudas a proyectos de investigación y desarrollo, las ayudas a estudios de viabilidad y las ayudas a la innovación en favor de las PYME, incluidas las destinadas a sufragar los costes de los derechos de propiedad industrial, pueden solucionar esos problemas y, por tanto, deben quedar exentas de la obligación de notificación en determinadas condiciones.

(47) En las ayudas para proyectos de investigación y desarrollo, la parte subvencionada del proyecto debe corresponder plenamente a las categorías de investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental. Si un proyecto abarca distintas tareas, debe indicarse, para cada una de ellas, a cuál de estas categorías corresponde o si no corresponde a ninguna de dichas categorías. Tal clasificación no tiene por qué seguir un orden cronológico, desde la investigación fundamental a actividades más próximas al mercado. Consecuentemente, una tarea realizada en una etapa avanzada de un proyecto puede corresponder a la categoría de investigación industrial. Del mismo modo, una actividad desarrollada en una fase anterior puede constituir desarrollo experimental. La parte subvencionada del proyecto puede incluir también los estudios de viabilidad previos a las actividades de investigación.

(48) Unas infraestructuras de investigación de alta calidad son cada vez más necesarias para una investigación y una innovación pioneras, ya que atraen talentos de todo el mundo y son fundamentales para apoyar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías facilitadoras esenciales. Las infraestructuras públicas de investigación deben seguir asociándose con la investigación industrial. El acceso a infraestructuras de investigación financiadas con fondos públicos debe concederse sobre una base transparente y no discriminatoria, y en condiciones de mercado. Si no se respetan esas condiciones, la medida de ayuda no debe quedar exenta de la obligación de notificación. Es posible que la propiedad, la explotación y la utilización de estas infraestructuras correspondan a múltiples partes y que entidades y empresas públicas las utilicen en colaboración.

(49) Las infraestructuras de investigación pueden realizar tanto actividades económicas como no económicas. Con objeto de evitar que se concedan ayudas estatales a actividades económicas a través de la financiación pública de actividades no económicas, deben separarse claramente los costes y la financiación de las actividades económicas y no económicas. Cuando una infraestructura se utiliza tanto para actividades económicas como no económicas, la financiación mediante recursos estatales de los costes vinculados a las actividades no económicas de la infraestructura no constituye ayuda estatal. La financiación pública entra dentro del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales únicamente si cubre costes relacionados con actividades económicas. Solo estas últimas deben tenerse en cuenta con vistas a garantizar el cumplimiento de los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda. Si la infraestructura se utiliza casi exclusivamente para una actividad no económica, su financiación puede quedar excluida en su totalidad del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales, si la utilización económica es puramente accesoria, es decir, una actividad que esté relacionada directamente con el funcionamiento de la infraestructura o sea necesaria para el mismo, o que esté estrechamente vinculada a su principal uso no económico, y tenga un alcance limitado. Debe considerarse que tal es el caso cuando las actividades económicas consumen los mismos insumos (como material, equipos, mano de obra y capital fijo) que las actividades no económicas y la capacidad asignada cada año a dicha actividad económica no es superior al 20 % de la capacidad anual general de la infraestructura de investigación.

(50) Las ayudas a las agrupaciones empresariales (clusters) innovadoras pretenden paliar las deficiencias del mercado relacionadas con problemas de coordinación que impiden el desarrollo de agrupaciones o limitan sus posibilidades de relacionarse entre sí y establecer flujos de conocimiento. Las ayudas estatales pueden favorecer la inversión en infraestructuras abiertas y compartidas para las agrupaciones empresariales innovadoras, o bien apoyar el funcionamiento de estas agrupaciones, de modo que mejore la colaboración, la interacción y el aprendizaje. Las ayudas de funcionamiento a las agrupaciones empresariales innovadoras deben, no obstante, concederse únicamente con carácter temporal, durante un período de tiempo limitado, no superior a diez años. La ratio entre el importe total de la ayuda concedida y el total de los costes subvencionables no debe superar el 50 % durante el período para el que se concede la ayuda.

(51) La innovación en materia de procesos y organización puede adolecer de deficiencias del mercado en forma de una información imperfecta y la falta de externalidades positivas, que deben abordarse mediante medidas específicas. Las ayudas a este tipo de innovación son especialmente pertinentes en el caso de las PYME, ya que se enfrentan a dificultades que pueden obstaculizar su capacidad de mejorar sus métodos de producción o suministro o de reforzar notablemente sus prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo y las relaciones exteriores. Con el fin de estimular la colaboración de grandes empresas con PYME en actividades de innovación en materia de procesos y organización, las medidas de ayuda que financien los costes soportados por las grandes empresas para la realización de tales actividades también deben beneficiarse de la exención por categorías en determinadas condiciones.

(52) El fomento de la formación y la contratación o el empleo de trabajadores desfavorecidos y de trabajadores con discapacidad constituye un objetivo primordial de las políticas económicas y sociales de la Unión y de sus Estados miembros.

(53) Por lo general, la formación genera efectos externos positivos para la sociedad en su conjunto, dado que incrementa el número de trabajadores cualificados del que pueden abastecerse otras empresas, mejora la competitividad de la industria de la Unión y desempeña una función importante en la estrategia de empleo de la Unión. Las ayudas para fomentar la formación deben, por tanto, quedar exentas de la obligación de notificación, en determinadas condiciones. Habida cuenta de las dificultades particulares que experimentan las PYME y de los costes relativos más elevados que han de soportar cuando invierten en formación, las intensidades de ayuda exentas en virtud del presente Reglamento deben aumentarse en el caso de las PYME. Además, las intensidades de ayuda exentas en virtud del presente Reglamento deben incrementarse si la formación se imparte a trabajadores desfavorecidos o con discapacidad. Las características de la formación en el sector del transporte marítimo justifican un planteamiento específico para este sector.

(54) Algunas categorías de trabajadores desfavorecidos o con discapacidad siguen teniendo dificultades particulares para incorporarse al mercado de trabajo y mantenerse en él. Por esta razón, las autoridades públicas pueden aplicar medidas que contemplen incentivos para que las empresas aumenten los niveles de empleo de estas categorías de trabajadores, en particular los jóvenes. Puesto que los costes salariales forman parte de los costes de explotación normales de cualquier empresa, las ayudas al empleo de trabajadores desfavorecidos y de trabajadores con discapacidad deben repercutir positivamente sobre los niveles de empleo de esas categorías de trabajadores y no deben limitarse a permitir que las empresas reduzcan unos costes que, de otro modo, tendrían que soportar. En consecuencia, dichas ayudas deben quedar exentas de la obligación de notificación cuando permitan ayudar a esas categorías de trabajadores a incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo y a permanecer en el mismo. Tal como se establece en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (18), los elementos principales de la estrategia de la UE en materia de discapacidad combinan medidas antidiscriminatorias, de igualdad de oportunidades y de inclusión activa y reflejan la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de la que la UE y la mayoría de los Estados miembros son parte. El presente Reglamento debe referirse a las ayudas a los trabajadores con discapacidad en el sentido del artículo 1 de la Convención.

(55) Como se indica en la Comunicación de la Comisión «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (19), el crecimiento sostenible para la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos y que sea más verde y competitiva es uno de los principales pilares del objetivo de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El desarrollo sostenible se basa, entre otras cosas, en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. La protección del medio ambiente se enfrenta a deficiencias del mercado, de manera que, en condiciones normales de mercado, es posible que las empresas no se sientan incentivadas a reducir la contaminación que originan, ya que dicha reducción puede suponer un aumento en sus costes, sin reportarles beneficio alguno. Ahora bien, cuando las empresas no están obligadas a internalizar los costes de la contaminación, es el conjunto de la sociedad quien debe soportarlos.

(56) La introducción de normas obligatorias en materia de medio ambiente puede subsanar esta deficiencia del mercado. Puede conseguirse un mayor nivel de protección del medio ambiente mediante inversiones que vayan más allá de las normas obligatorias de la Unión. Con el fin de inducir a las empresas a mejorar el nivel de protección medioambiental más allá de estas normas obligatorias de la Unión, las ayudas estatales en este ámbito deben beneficiarse de la exención por categorías. Para no disuadir a los Estados miembros de establecer normas nacionales obligatorias que sean más rigurosas que las correspondientes de la Unión, esas ayudas estatales deben quedar exentas, con independencia de la presencia de normas nacionales obligatorias que sean más rigurosas que la norma de la Unión.

(57) En principio, las ayudas no deben concederse en caso de que las inversiones permitan a las empresas ajustarse a normas de la Unión ya adoptadas pero que todavía no estén en vigor. No obstante, las ayudas estatales pueden dar lugar a una mejora del comportamiento medioambiental de las empresas si inducen a las empresas a adaptarse anticipadamente a futuras normas de la Unión antes de su entrada en vigor y siempre que dichas normas no se apliquen con carácter retroactivo. Las ayudas a las empresas para adaptarse a futuras normas de la UE pueden conducir a la consecución de un elevado nivel de protección medioambiental de forma anticipada, por lo que dichas ayudas deben beneficiarse de la exención.

(58) En el marco de la Estrategia Europa 2020, la Unión se ha fijado el objetivo de incrementar un 20 % la eficiencia energética de aquí a 2020 y, en particular, ha adoptado la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (20), que establece un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión, persiguiendo el objetivo general de ahorrar al menos un 20 % del consumo de energía primaria de la Unión. Para facilitar la consecución de esos objetivos, las medidas de apoyo a la eficiencia energética, a la cogeneración de alta eficiencia energética y a sistemas urbanos de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes deben incluirse en la exención por categorías.

(59) Las medidas destinadas a aumentar la eficiencia energética de los edificios están en consonancia con las prioridades de la Estrategia Europa 2020 en relación con un cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Debido a la falta de un enfoque integrado respecto de la eficiencia energética de los edificios, estas inversiones pueden sufrir a menudo un déficit de financiación que requiere un mayor efecto multiplicador de los escasos recursos públicos. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad de prestar apoyo a las inversiones en eficiencia energética de edificios mediante la concesión de ayudas en forma de subvenciones directas a los propietarios o arrendatarios de los edificios, en consonancia con las disposiciones generales relativasa las medidas de eficiencia energética, y también en forma de préstamos y garantías a través de intermediarios financieros elegidos en el marco de un mecanismo de selección transparente, con arreglo a las disposiciones específicas aplicables a los proyectos de eficiencia energética en edificios.

(60) A fin de lograr los objetivos de la Unión en materia de energías renovables establecidos en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (21), y en la medida en que sea necesario un apoyo adicional, además de un marco normativo, como el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (22), las ayudas concedidas a las inversiones que apoyen la energía procedente de fuentes renovables deben beneficiarse de la exención por categorías.

(61) La exención por categorías también debe aplicarse a las ayudas de funcionamiento para instalaciones de pequeña escala que producen energía renovable, con sujeción a condiciones bien definidas, habida cuenta de su limitado potencial de falseamiento del comercio y la competencia. Las ayudas de funcionamiento para instalaciones de mayor escala deben quedar cubiertas por la exención por categorías cuando el falseamiento de la competencia sea limitado. Así pues, tales ayudas de funcionamiento solo pueden beneficiarse de la exención por categorías si se conceden a tecnologías nuevas e innovadoras sobre la base de un procedimiento de licitación abierto como mínimo a una tecnología de este tipo que utilice un mecanismo que exponga a los productores de energías renovables a los precios del mercado. El total de las ayudas concedidas sobre esta base podrá beneficiar como máximo al 5 % de la nueva capacidad de producción de electricidad prevista a partir de fuentes de energía renovables. Las ayudas concedidas a través de procesos de licitación abiertos a todas las tecnologías vinculadas a energías renovables deben quedar plenamente cubiertas por la exención por categorías. En principio, los regímenes de ayudas de funcionamiento deben estar abiertos a otros países del EEE y a partes contratantes de la Comunidad de la Energía con objeto de limitar los efectos de falseamiento de la competencia. Se anima a los Estados miembros a que se planteen la posibilidad de contar con un mecanismo de cooperación antes de permitir el apoyo transfronterizo. En ausencia de un mecanismo de cooperación, la producción a partir de instalaciones en otros países no se computará a efectos de su objetivo nacional en materia de energía renovable. Habida cuenta de tales imperativos, debe concederse a los Estados miembros un plazo suficiente para diseñar regímenes de apoyo adecuados que estén abiertos a otros países. Por tanto, esta apertura no constituye una condición para la exención de la notificación, en la medida en que no se requiere en virtud del Tratado.

(62) Con respecto a las ayudas para la producción de energía hidroeléctrica, su impacto puede ser doble. Por una parte, hay un impacto positivo en términos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y, por otra, puede tener también un impacto negativo en los sistemas hídricos y la biodiversidad. Por consiguiente, al conceder ayudas a la energía hidráulica los Estados miembros deben cumplir la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (23), y, en particular, su artículo 4, apartado 7, que establece los criterios de cara a permitir nuevas modificaciones de las masas de agua.

(63) Las ayudas solo deben concederse a formas sostenibles de energías renovables. Las ayudas a los biocarburantes solo deben quedar cubiertas por el presente Reglamento en la medida en que se concedan a biocarburantes sostenibles, de conformidad con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. No obstante, las ayudas a los biocarburantes basados en cultivos alimentarios deben quedar excluidas de las ayudas contempladas en el presente Reglamento, a fin de incentivar la evolución hacia la producción de formas más avanzadas de biocarburantes. Las ayudas a los biocarburantes que están sujetos a una obligación de suministro o de mezcla deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la exención por categorías, ya que la obligación legal citada puede ofrecer incentivos suficientes para las inversiones en estos tipos de energía renovable.

(64) Las ayudas en forma de reducciones fiscales con arreglo a la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (24), que favorezcan la protección del medio ambiente cubierta por el presente Reglamento pueden beneficiar indirectamente al medio ambiente. Sin embargo, los impuestos medioambientales deben reflejar el coste social de las emisiones, mientras que las reducciones de impuestos pueden afectar negativamente a este objetivo. Parece, por tanto, conveniente limitar su duración al período de aplicación del presente Reglamento. Una vez transcurrido este período, los Estados miembros deben volver a evaluar la idoneidad de las reducciones fiscales en cuestión. A fin de minimizar el falseamiento de la competencia, las ayudas deben concederse de la misma manera a todos los competidores que se hallen en la misma situación de hecho. Para salvaguardar mejor la señal de precios que el impuesto medioambiental pretende transmitir a las empresas, los Estados miembros deben tener la opción de diseñar el régimen de reducción fiscal sobre la base de un mecanismo de pago de un importe fijo de compensación anual (devolución del impuesto).

(65) A la luz del «principio de quien contamina paga», los costes de las medidas para tratar la contaminación deben ser soportados por el responsable de la misma. Las ayudas para el saneamiento de terrenos contaminados se justifican en los casos en que la persona responsable de la contaminación con arreglo a la normativa aplicable no puede ser identificada. Sin embargo, serán de aplicación las condiciones sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, tal como se define en la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (25), en su versión modificada por la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE (26), y la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (27). Por consiguiente, a fin de facilitar la corrección de los daños medioambientales existentes, las ayudas de este tipo deben beneficiarse de la exención por categorías en determinadas condiciones.

(66) En consonancia con la jerarquía de residuos establecida por la Directiva marco sobre residuos de la Unión Europea, el Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente señala la reutilización y el reciclado de residuos como prioridades clave de la política medioambiental de la Unión Europea. Las ayudas estatales a estas actividades pueden contribuir a la protección del medio ambiente, a condición de que se respete lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (Directiva marco sobre residuos) (28). Por otra parte, esas ayudas no deben liberar indirectamente a los contaminadores de una carga que debe ser soportada por ellos con arreglo a la legislación de la Unión, o de una carga que debe considerarse un coste empresarial normal. Por tanto, las ayudas en favor de tales actividades deben poder acogerse a la exención por categorías, en particular cuando se trate de residuos de otras empresas y cuando, en otras circunstancias, los materiales tratados se habrían eliminado o se habrían tratado de manera menos respetuosa con el medio ambiente.

(67) Disponer de unas infraestructuras energéticas modernas es crucial para un mercado integrado de la energía y para que la Unión pueda respetar sus objetivos en materia de clima y energía. En particular, la construcción y la rehabilitación de infraestructuras en regiones asistidas contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros y de la Unión en su conjunto, favoreciendo la inversión y la creación de empleo y el funcionamiento de los mercados de la energía en las zonas más desfavorecidas. Con el fin de limitar efectos de falseamiento indebidos de estas ayudas, solo deben ser objeto de exención por categorías las ayudas a infraestructuras sujetas a la legislación del mercado interior de la energía y que se atengan a esta legislación.

(68) Los estudios medioambientales pueden ayudar a determinar las inversiones necesarias para lograr un mayor nivel de protección del medio ambiente. Las ayudas estatales para apoyar la realización de estudios medioambientales destinados a propiciar las inversiones en protección del medio ambiente con arreglo al presente Reglamento deben, por tanto, beneficiarse de la exención por categorías. Puesto que las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas, estas no deben beneficiarse de ayuda estatal.

(69) De conformidad con el artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales son compatibles con el mercado interior. Para garantizar la seguridad jurídica es necesario definir el tipo de sucesos que pueden constituir desastres naturales exentos en virtud del presente Reglamento. A efectos del presente Reglamento, los terremotos, los corrimientos de tierras, las inundaciones, en particular las provocadas por el desbordamiento de ríos o lagos, las avalanchas, los tornados, los huracanes, las erupciones volcánicas y los incendios de origen natural deben considerarse sucesos que constituyen desastres naturales. Los perjuicios causados por condiciones meteorológicas adversas, como heladas, granizo, hielo, lluvia o sequía, que se producen de forma más regular, no deben considerarse desastres naturales a tenor del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado. A fin de garantizar que las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales puedan acogerse a la exención, el presente Reglamento debe establecer las condiciones, según la práctica establecida, cuyo cumplimiento garantice que los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por desastres naturales pueden beneficiarse de la exención por categorías. Esas condiciones deben referirse, en particular, al reconocimiento formal por las autoridades competentes de los Estados miembros del carácter de desastre natural del suceso y a la relación causal directa entre el desastre natural y el perjuicio sufrido por la empresa beneficiaria, que puede incluir a empresas en crisis, y deben procurar que se evite la compensación excesiva. Las indemnizaciones no deben superar el importe necesario para que el beneficiario pueda volver a la situación existente con anterioridad al desastre.

(70) En el transporte aéreo y marítimo de pasajeros, las ayudas tienen carácter social cuando abordan el problema de la conectividad permanente de los residentes en regiones alejadas rebajando determinados costes de los billetes de transporte. Es lo que puede ocurrir en las regiones ultraperiféricas, Malta, Chipre, Ceuta y Melilla, otras islas que formen parte del territorio de un Estado miembro y zonas con baja densidad de población. Cuando una región alejada esté conectada con el Espacio Económico Europeo por varias rutas de transporte, incluidas rutas indirectas, las ayudas deben poder aplicarse a todas esas rutas y al transporte por todos los transportistas que operen en ellas. Las ayudas deben concederse sin discriminación por razón de la identidad del transportista o el tipo de servicio, y podrán incluir, en particular, servicios regulares, chárter y de bajo coste.

(71) La conectividad mediante banda ancha reviste importancia estratégica para la consecución del objetivo de Europa 2020 de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y para la innovación, así como para la cohesión social y territorial (29). El objetivo de las ayudas a la inversión para infraestructuras de banda ancha es incentivar el despliegue de estas infraestructuras y las obras de ingeniería civil conexas en zonas en las que no existan infraestructuras comparables ni es probable que vayan a ser desplegadas por los operadores del mercado en un futuro próximo. A la luz de la experiencia de la Comisión, estas ayudas a la inversión no dan lugar a un falseamiento indebido de los intercambios comerciales y la competencia, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Estas condiciones deben estar encaminadas, en particular, a limitar el falseamiento de la competencia sometiendo las ayudas a un proceso de selección competitiva tecnológicamente neutra y garantizando un acceso mayorista a las redes subvencionadas, teniendo en cuenta las ayudas recibidas por el operador de la red. Aunque en determinadas condiciones la desagregación virtual puede considerarse equivalente a la desagregación física, hasta que no se adquiera más experiencia será necesario evaluar caso por caso si un determinado producto de acceso mayorista no físico o virtual debe considerarse equivalente a la desagregación del bucle local de una red de cobre o fibra. Por esta razón, y hasta que dicha experiencia en casos de ayudas estatales individuales o en el contexto de regulación ex ante pueda tenerse en cuenta en una futura revisión, debe exigirse la desagregación física para poder acogerse al presente Reglamento de exención por categorías. En los casos en que los gastos e ingresos futuros son inciertos y existe una fuerte asimetría de información, los Estados miembros deben también adoptar modelos de financiación que incluyan elementos de supervisión y recuperación, a fin de permitir un reparto equilibrado de beneficios imprevistos. Con objeto de no imponer una carga desproporcionada a pequeños proyectos locales, estos modelos deben aplicarse únicamente en el caso de proyectos que superen un umbral mínimo.

(72) En el sector de la cultura y la conservación del patrimonio, algunas de las medidas adoptadas por los Estados miembros pueden no constituir ayuda estatal por no cumplir todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado, por ejemplo porque la actividad no sea económica o porque no afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros. En la medida en que dichas medidas entren en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado, las instituciones y proyectos culturales no suelen dar lugar a un falseamiento significativo de la competencia, y la práctica ha demostrado que estas ayudas tienen efectos limitados sobre los intercambios comerciales. El artículo 167 del Tratado reconoce la importancia del fomento de la cultura para la Unión y sus Estados miembros y establece que la Unión debe tener en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas. Puesto que el patrimonio natural es a menudo determinante en la definición del patrimonio artístico y cultural, debe entenderse que la conservación del patrimonio en el sentido del presente Reglamento incluye también el patrimonio natural vinculado al patrimonio cultural o reconocido oficialmente por las autoridades competentes de un Estado miembro. Debido a la doble naturaleza de la cultura (por una parte, es un bien comercial que ofrece importantes oportunidades para la creación de riqueza y empleo, y, por otra, es un vehículo de las identidades, valores y significados que reflejan y configuran nuestras sociedades), las normas sobre ayudas estatales deben reconocer su carácter específico y el de las actividades económicas relacionadas. Conviene elaborar una lista de fines y actividades culturales subvencionables y especificar los costes subvencionables. La exención por categorías debe aplicarse tanto a las ayudas a la inversión como a las de funcionamiento por debajo de determinados umbrales, siempre que quede excluida una compensación excesiva. En general, deben quedar excluidas las actividades que, aunque puedan presentar una vertiente cultural, sean de carácter predominantemente comercial debido al mayor potencial de falseamiento de la competencia, como la prensa y las revistas (en soporte escrito o electrónico). Por otra parte, la lista de fines y actividades culturales subvencionables no debe incluir actividades comerciales, como la moda, el diseño o los videojuegos.

(73) Las obras audiovisuales desempeñan un papel importante en la configuración de las identidades europeas y reflejan las distintas tradiciones de los Estados miembros y las regiones. Si bien existe una fuerte competencia entre las películas producidas fuera de la Unión, la circulación de películas europeas fuera de sus países de origen es limitada, a causa de la fragmentación en mercados nacionales o regionales. Se trata de un sector caracterizado por unos elevados costes de inversión, una percepción de falta de rentabilidad por lo limitado de las audiencias y dificultades para generar financiación privada adicional. Debido a estos factores, la Comisión ha elaborado criterios específicos para evaluar la necesidad, proporcionalidad y adecuación de las ayudas a la creación de guiones y al desarrollo, producción, distribución y promoción de obras audiovisuales. Los nuevos criterios se determinaron en la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones delsector audiovisual (30) y deben reflejarse en las normas de exención por categorías aplicables a los regímenes de ayudas a las obras audiovisuales. Se justifican intensidades de ayuda más elevadas para las producciones y coproducciones transfronterizas, que tienen más probabilidades de ser difundidas en varios Estados miembros.

(74) Las ayudas a la inversión para infraestructuras deportivas deben poder acogerse a la exención por categorías si cumplen las condiciones establecidas en el presente Reglamento, en la medida en que constituyan ayudas estatales. En el sector del deporte, algunas de las medidas adoptadas por los Estados miembros pueden no constituir ayudas estatales si el beneficiario no lleva a cabo una actividad económica o las ayudas no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En determinadas circunstancias, es lo que puede ocurrir con las medidas de ayuda de carácter puramente local o que se adoptan en el ámbito del deporte no profesional. En el artículo 165 del Tratado se reconoce la importancia de fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa. Las ayudas a las infraestructuras que se destinan a más de un fin recreativo y que son, por tanto, multifuncionales deben beneficiarse también de la exención por categorías. Sin embargo, las ayudas a infraestructuras turísticas multifuncionales, como parques de atracciones e instalaciones hoteleras, solo deben quedar exentas si están incluidas en un régimen de ayudas regionales destinado a actividades turísticas en una región asistida con efectos especialmente positivos en el desarrollo regional. Las condiciones de compatibilidad en relación con las ayudas a infraestructuras deportivas o recreativas multifuncionales deben garantizar, en particular, un acceso abierto y no discriminatorio a las infraestructuras y un proceso justo de asignación de concesiones a terceros, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y con la jurisprudencia de la Unión, para construir, mejorar y/o explotar la infraestructura. Si las infraestructuras deportivas son utilizadas por clubes deportivos profesionales, debe hacerse público el régimen de precios por la utilización de las mismas por esos clubes, a fin de garantizar la transparencia y la igualdad de trato de los usuarios. Debe garantizarse la exclusión de una compensación excesiva.

(75) Como ya se puso de relieve en las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010, en las que se refrenda la Estrategia Europa 2020 (31), los esfuerzos deben intentar resolver las principales trabas que limitan el crecimiento a escala de la UE, incluidas las relativas al funcionamiento del mercado interior y las infraestructuras. La disponibilidad de infraestructuras locales es un requisito previo importante para el desarrollo del entorno de las empresas y los consumidores, y para la modernización y desarrollo de la base industrial, a fin de garantizar el pleno funcionamiento del mercado interior, conforme a la Recomendación del Consejo sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (32), que forma parte de las directrices integradas de Europa 2020.Estas infraestructuras, puestas a disposición de las partes interesadas sobre una base abierta, transparente y no discriminatoria, permiten la creación de un entorno propicio para la inversión privada y el crecimiento, contribuyendo así positivamente a los objetivos de interés común y, en particular, a las prioridades y objetivos de la Estrategia Europa 2020 (33), y limitando al mismo tiempo los riesgos de falseamiento de la competencia. Diversas medidas adoptadas por los Estados miembros en relación con las infraestructuras locales no constituyen ayuda estatal, ya que no cumplen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado, por ejemplo, porque el beneficiario no realiza una actividad económica o porque no tiene ningún efecto en el comercio entre Estados miembros, o bien porque la medida consiste en una compensación por un servicio de interés económico general que cumple con todos los criterios de la jurisprudencia Altmark (34). No obstante, en caso de que la financiación de dichas infraestructuras locales constituya ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado, dicha ayuda debe quedar exenta de la obligación de notificación únicamente cuando se conceden pequeñas cantidades de ayuda.

(76) Puesto que las ayudas en favor de otros tipos de infraestructuras pueden estar sujetas a criterios específicos y debidamente diseñados que garanticen su compatibilidad con el mercado interior, las disposiciones del presente Reglamento relativas a las ayudas a infraestructuras locales no deben aplicarse a las ayudas a los siguientes tipos de infraestructuras: infraestructuras de investigación, agrupaciones empresariales innovadoras, sistemas urbanos de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes, infraestructuras de energía, reciclado y reutilización de residuos, infraestructuras de banda ancha, cultura y conservación del patrimonio, infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales, aeropuertos y puertos.

(77) A la luz de la experiencia de la Comisión en este ámbito, la política de ayudas estatales debe revisarse periódicamente. Por tanto, el período de aplicación del presente Reglamento debe limitarse. Conviene prever disposiciones transitorias, incluidas las normas aplicables a los regímenes de ayudas exentos, al final del período de aplicación del presente Reglamento. Estas normas deben dar tiempo a los Estados miembros para adaptarse a cualquier futuro régimen. Sin embargo, el período de adaptación no debe aplicarse a los regímenes de ayudas regionales, incluidos los regímenes de ayudas regionales al desarrollo urbano, en los que la exención debe finalizar en la fecha de expiración de los mapas de ayudas regionales aprobados, ni a determinados regímenes de ayudas a la financiación de riesgo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

ÍNDICE

CAPÍTULO I: Disposiciones comunes 15

CAPÍTULO II: Seguimiento 36

CAPÍTULO III: Disposiciones específicas aplicables a las distintas categorías de ayudas 37

Sección 1 — Ayudas de finalidad regional 37

Sección 2 — Ayudas a las PYME 41

Sección 3 — Ayudas para el acceso de las PYME a la financiación 43

Sección 4 — Ayudas de investigación y desarrollo e innovación 47

Sección 5 — Ayudas a la formación 51

Sección 6 — Ayudas en favor de trabajadores desfavorecidos y de trabajadores con discapacidad 52

Sección 7 — Ayudas para la protección del medio ambiente 53

Sección 8 — Ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales 62

Sección 9 — Ayudas de carácter social para el transporte en favor de residentes en regiones alejadas 63

Sección 10 — Ayudas para infraestructuras de banda ancha 63

Sección 11 — Ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio 64

Sección 12 — Ayudas a infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales 67

Sección 13 — Ayudas para infraestructuras locales 68

CAPÍTULO IV: Disposiciones finales 68

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a las siguientes categorías de ayudas:

a) ayudas de finalidad regional;

b) ayudas a las PYME en forma de ayudas a la inversión, ayudas de funcionamiento y ayudas para el acceso de las PYME a la financiación;

c) ayudas para la protección del medio ambiente;

d) ayudas de investigación y desarrollo e innovación;

e) ayudas a la formación;

f) ayudas a la contratación y empleo de trabajadores desfavorecidos y trabajadores con discapacidad;

g) ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales;

h) ayudas de carácter social para el transporte en favor de residentes en regiones alejadas;

i) ayudas para infraestructuras de banda ancha;

j) ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio;

k) ayudas a infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales; y

l) ayudas a infraestructuras locales.

2. El presente Reglamento no se aplicará a:

a) los regímenes contemplados en las secciones 1 (a excepción del artículo 15), 2, 3, 4, 7 (a excepción del artículo 44) y 10 del capítulo III del presente Reglamento, si el gasto anual medio en ayudas estatales es superior a 150 millones EUR; a partir de seis meses después de su entrada en vigor; la Comisión podrá decidir que el presente Reglamento siga aplicándose a cualquiera de estos regímenes de ayudas durante un período más largo, tras haber examinado el plan de evaluación pertinente notificado por el Estado miembro a la Comisión, en el plazo de 20 días hábiles a partir de la entrada en vigor de dicho régimen;

b) las modificaciones de los regímenes contemplados en el artículo 1, apartado 2, letra a), distintas de las modificaciones que no puedan afectar a la compatibilidad del régimen de ayudas con arreglo al presente Reglamento o que no puedan afectar de forma significativa al contenido del plan de evaluación aprobado;

c) las ayudas a actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o las ayudas a otros costes corrientes vinculados a la actividad exportadora;

d) las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.

3. El presente Reglamento no se aplicará a:

a) las ayudas concedidas en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, cubierto por el Reglamento (UE) no 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) no 1184/2006 y (CE) no 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (35), a excepción de las ayudas a la formación, las ayudas para el acceso de las PYME a la financiación, las ayudas en el ámbito de la investigación y el desarrollo, las ayudas a la innovación en favor de las PYME y las ayudas a los trabajadores desfavorecidos y a los trabajadores con discapacidad;

b) las ayudas concedidas en el sector de la producción agrícola primaria, a excepción de la compensación de los costes adicionales, distintos de los costes de transporte, en las regiones ultraperiféricas, prevista en el artículo 15, apartado 2, letra b), las ayudas para servicios de consultoría en favor de las PYME, las ayudas a la financiación de riesgo, las ayudas de investigación y desarrollo, las ayudas a la innovación en favor de las PYME, las ayudas para la protección del medio ambiente, las ayudas a la formación y las ayudas a los trabajadores desfavorecidos y a los trabajadores con discapacidad, y las ayudas a la inversión para infraestructuras locales;

c) las ayudas concedidas en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes: i) cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas, o ii) cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios;

d) las ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, tal como se contemplan en la Decisión 2010/787/UE del Consejo;

e) las categorías de ayudas regionales excluidas en el artículo 13.

Cuando una empresa opere en los sectores excluidos contemplados en el párrafo primero, letras a), b) o c), y en sectores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, este se aplicará a las ayudas concedidas en relación con estos últimos sectores o actividades, siempre que los Estados miembros garanticen, a través de medios apropiados, como la separación de actividades o la distinción de costes, que las actividades de los sectores excluidos no se benefician de las ayudas concedidas con arreglo al presente Reglamento.

4. El presente Reglamento no se aplicará a:

a) los regímenes de ayudas que no excluyan explícitamente el pago de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales;

b) las ayudas ad hoc en favor de empresas contempladas en la letra a);

c) las ayudas a empresas en crisis, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.

5. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas estatales que entrañen, por sí mismas, por las condiciones inherentes a ellas o por su método de financiación, una infracción indisociable del Derecho de la Unión, en particular:

a) las medidas de ayuda cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario tenga su sede en el Estado miembro pertinente o de que esté establecido predominantemente en ese Estado miembro; sin embargo, se autoriza el requisito de disponer de un establecimiento o de una sucursal en el Estado miembro que concede las ayudas en el momento en que se hagan efectivas;

b) las medidas de ayuda cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario utilice bienes de producción nacional o servicios nacionales;

c) las medidas de ayuda que restrinjan la posibilidad de que los beneficiarios exploten los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación en otros Estados miembros.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «ayuda»: toda medida que cumpla todos los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado;

2) «pequeñas y medianas empresas» o «PYME»: empresas que cumplan los criterios establecidos en el anexo I;

3) «trabajador con discapacidad»: toda persona que:

a) esté reconocida como persona con discapacidad con arreglo a la legislación nacional, o

b) tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan dificultar su participación plena y efectiva en un entorno de trabajo, en igualdad de condiciones con los demás trabajadores;

4) «trabajador desfavorecido»: toda persona que:

a) no haya tenido un empleo fijo remunerado en los seis meses anteriores, o

b) tenga entre 15 y 24 años, o

c) no cuente con cualificaciones educativas de formación secundaria o profesional superior (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 3), o haya finalizado su educación a tiempo completo en los dos años anteriores y no haya tenido antes un primer empleo fijo remunerado, o

d) tenga más de 50 años, o

e) sea un adulto que viva como soltero y del que dependan una o más personas, o

f) trabaje en un sector o profesión en un Estado miembro en donde el desequilibrio entre sexos sea por lo menos un 25 % superior a la media nacional en el conjunto de los sectores económicos del Estado miembro de que se trate, y forme parte de ese grupo de género subrepresentado, o

g) sea miembro de una minoría étnica en un Estado miembro y necesite desarrollar su perfil lingüístico, de formación profesional o de experiencia laboral para mejorar sus perspectivas de acceso a un empleo estable;

5) «transporte»: el transporte de pasajeros aéreo, marítimo, por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, o los servicios de transporte de mercancías por cuenta ajena

6) «costes de transporte»: los costes de transporte por cuenta ajena efectivamente pagados por los beneficiarios por trayecto; incluyen:

a) los gastos de transporte y los costes de manipulación y de almacenamiento temporal, en la medida en que estos costes se refieran al trayecto;

b) los costes del seguro aplicado a las mercancías;

c) los impuestos, derechos o exacciones aplicados a las mercancías y, en su caso, al peso muerto, tanto en el punto de origen como en el punto de destino, y

d) los costes de los controles de seguridad y protección, y los recargos por el incremento de los costes del combustible;

7) «regiones alejadas»: las regiones ultraperiféricas, Malta, Chipre, Ceuta, Melilla, las islas que formen parte del territorio de un Estado miembro y las zonas con baja densidad de población;

8) «comercialización de productos agrícolas»: la tenencia o exhibición con vistas a la venta, la oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de puesta en el mercado, con excepción de la primera venta por parte de un productor primario a intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta; la venta por parte de un productor primario de productos a los consumidores finales se considerará comercialización solo si se lleva a cabo en instalaciones independientes reservadas a tal fin;

9) «producción agrícola primaria»: producción de productos derivados de la agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado, sin llevar a cabo ninguna otra operación que modifique la naturaleza de dichos productos;

10) «transformación de productos agrícolas»: toda operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea también un producto agrícola, salvo las actividades agrícolas necesarias para preparar un producto animal o vegetal para su primera venta;

11) «producto agrícola»: los productos enumerados en el anexo I del Tratado, excepto los productos de la pesca y de la acuicultura enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) no 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013;

12) «regiones ultraperiféricas»: las regiones definidas en el artículo 349 del Tratado; de conformidad con la Decisión 2010/718/UE del Consejo Europeo, desde el 1 de enero de 2012, San Bartolomé dejó de ser región ultraperiférica; de conformidad con la Decisión 2012/419/UE del Consejo Europeo, desde el 1 de enero de 2014, Mayotte se convirtió en región ultraperiférica;

13) «carbón»: los carbones de rango superior, rango medio y rango inferior de clase A y B, con arreglo a la clasificación del «Sistema internacional de codificación del carbón» de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y las aclaraciones de la Decisión del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas (36);

14) «ayuda individual»:

i) una ayuda ad hoc, y

ii) ayudas concedidas a beneficiarios individuales sobre la base de un régimen de ayudas;

15) «régimen de ayudas»: todo dispositivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas individuales a las empresas definidas en un acto de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, y todo dispositivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas, no vinculadas a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado;

16) «plan de evaluación»: un documento que contenga al menos los siguientes elementos mínimos: los objetivos del régimen de ayudas que se va a evaluar, las preguntas de la evaluación, los indicadores de resultados, el método previsto para llevar a cabo la evaluación, los requisitos en materia de recogida de datos, el calendario propuesto de la evaluación, incluida la fecha de presentación del informe final de evaluación, la descripción del organismo independiente que llevará a cabo la evaluación o los criterios que se utilizarán para su selección, y las modalidades para garantizar la publicidad de la evaluación;

17) «ayuda ad hoc»: ayuda que no se concede sobre la base de un régimen de ayudas;

18) «empresa en crisis»: una empresa en la que concurra al menos una de las siguientes circunstancias:

a) si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE (37) y «capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión;

b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la Directiva 2013/34/UE;

c) cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores;

d) cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración;

e) si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios anteriores: 1) la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y 2) la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA, se haya situado por debajo de 1,0;

19) «requisitos de territorialización de los gastos»: requisitos impuestos a los beneficiarios por la autoridad que concede la ayuda de gastar un importe mínimo y/o realizar un nivel mínimo de actividad de producción en un territorio determinado;

20) «importe ajustado de la ayuda»: importe de ayuda máximo que se pueda autorizar para un gran proyecto de inversión, calculado con arreglo a la fórmula siguiente:

importe máximo de la ayuda = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)

siendo R la intensidad máxima de ayuda aplicable en la zona en cuestión, establecida en un mapa de ayudas regionales aprobado y que esté en vigor en la fecha de concesión de la ayuda, excluida la intensidad de ayuda incrementada para las PYME, A los 50 millones EUR 50 iniciales de los costes subvencionables, B la parte de los costes subvencionables comprendidos entre 50 y 100 millones EUR, y C la parte de los costes subvencionables por encima de 100 millones EUR;

21) «anticipo reembolsable»: todo préstamo destinado a un proyecto, abonado en uno o varios plazos, y cuyas condiciones de reembolso dependen del resultado del proyecto;

22) «equivalente de subvención bruto»: el importe de la ayuda si se ha proporcionado en forma de subvención al beneficiario, antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas;

23) «inicio de los trabajos»: o bien el inicio de los trabajos de construcción en la inversión, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha es anterior; la compra de terrenos y los trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no se consideran el inicio de los trabajos; en el caso de los traspasos, «inicio de los trabajos» es el momento en que se adquieren los activos vinculados directamente al establecimiento adquirido;

24) «gran empresa»: toda empresa que no cumple los criterios establecidos en el anexo I