DIRECTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 11 de diciembre de 2018

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

(versión refundida)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 194, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) ha sido modificada en varias ocasiones de forma sustancial (5). Dado que deben hacerse nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.

(2) De conformidad con el artículo 194, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la promoción de las energías renovables es uno de los objetivos de la política energética de la Unión. La presente Directiva persigue dicho objetivo. La mayor utilización de la energía procedente de fuentes renovables o energía renovable constituye una parte importante del paquete de medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para cumplir el Acuerdo de París de 2015 sobre el Cambio Climático siguiendo la 21.a Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de París») y el marco de la Unión en materia de clima y energía para 2030, que incluye el objetivo vinculante de reducción de las emisiones de la Unión de al menos un 40 % para 2030 con respecto a los valores de 1990. El objetivo vinculante de la Unión de uso de energías renovables para 2030 y las contribuciones de los Estados miembros a este objetivo, incluidas sus cuotas de referencia en relación con sus objetivos globales nacionales para 2020, son algunos de los elementos que revisten la máxima importancia para la política energética y medioambiental de la Unión. Otros de esos elementos están recogidos en el marco establecido en la presente Directiva, por ejemplo, para el desarrollo de sistemas de calefacción y refrigeración renovable y de combustibles renovables para el transporte.

(3) La mayor utilización de energía procedente de fuentes renovables desempeña también un papel fundamental en el fomento de la seguridad del abastecimiento energético, el suministro de energía sostenible a precios asequibles, el desarrollo tecnológico y la innovación, facilitando el liderazgo tecnológico e industrial al tiempo que se ofrecen ventajas ambientales, sociales y sanitarias, así como numerosas oportunidades de empleo y desarrollo regional, especialmente en zonas rurales y aisladas, en regiones o territorios con baja densidad de población o afectados parcialmente por la desindustrialización.

(4) En particular, la reducción del consumo de energía, el aumento de las mejoras tecnológicas, los incentivos para el uso y la expansión del transporte público, el uso de tecnologías de eficiencia energética y el fomento del uso de energía renovable en los sectores de la electricidad, de la calefacción y refrigeración, y del transporte son herramientas eficaces, junto con las medidas de eficiencia energética, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión y la dependencia energética de esta.

(5) La Directiva 2009/28/CE estableció un marco regulador para el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, que fijaba objetivos nacionales vinculantes relativos a la cuota de energía renovable que debía alcanzarse en el consumo de energía y en el sector del transporte a más tardar en 2020. La Comunicación de la Comisión de 22 de enero de 2014, titulada «Un marco estratégico en materia de clima y energía para el período 2020-2030», establecía un marco para las futuras políticas climáticas y energéticas de la Unión y fomentaba el entendimiento mutuo en torno a cómo desarrollar dichas políticas después de 2020. La Comisión propuso que el objetivo de la Unión para 2030 relativo a la cuota de energías renovables en su consumo energético fuera de al menos el 27 %. Dicha propuesta fue refrendada por el Consejo Europeo en sus Conclusiones de 23 y 24 de octubre de 2014, que señalaron que los Estados miembros deben poder establecer sus propios objetivos nacionales, más ambiciosos, a fin de cumplir y superar las contribuciones que hayan previsto para lograr el objetivo de la Unión para 2030.

(6) En su Resolución de 5 de febrero de 2014 titulada «Un marco para las políticas de clima y energía en 2030» y en la de 23 de junio de 2016 titulada «Informe de situación sobre la energía renovable», el Parlamento Europeo fue más allá que la propuesta de la Comisión o las Conclusiones del Consejo Europeo y destacó que, a la luz del Acuerdo de París y de las recientes reducciones en los costes de las tecnologías de las energías renovables, era deseable albergar una ambición significativamente mayor.

(7) Por consiguiente, se debe tener en cuenta el ambicioso objetivo establecido en el Acuerdo de París y el desarrollo tecnológico, incluida la reducción de los costes de las inversiones en energías renovables

(8) Por lo tanto, resulta adecuado establecer un objetivo vinculante de la Unión de una cuota de al menos un 32 % de energías renovables. Además, la Comisión debe evaluar si ese objetivo debe revisarse al alza en función de la reducción de costes en la producción de energía renovable, los compromisos internacionales de la Unión para la descarbonización, o en el caso de una disminución significativa del consumo de energía en la Unión. Los Estados miembros deben establecer su contribución a la consecución de ese objetivo como parte de sus planes nacionales integrados de energía y clima, de conformidad con el proceso de gobernanza establecido en el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(9) Establecer un objetivo vinculante en la Unión sobre las energías renovables en 2030 seguiría fomentando el desarrollo de tecnologías que producen energía a partir de fuentes renovables y proporcionaría seguridad a los inversores. Un objetivo a nivel de la Unión dejaría una mayor flexibilidad a los Estados miembros para alcanzar sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de la forma más eficiente en términos de costes en función de sus circunstancias particulares, su combinación energética y su capacidad para producir energías renovables.

(10) A fin de velar por la consolidación de los resultados obtenidos en el marco de la Directiva 2009/28/CE, los objetivos nacionales fijados para 2020 deben constituir las contribuciones mínimas de los Estados miembros al nuevo marco para 2030. La cuota nacional de energías renovables no debe, en ningún caso, ser inferior a dichas contribuciones. Si lo son, los Estados miembros en cuestión deben tomar las medidas adecuadas como dispone el Reglamento (UE) 2018/1999 para garantizar que esa cuota de referencia se recupera. Si un Estado miembro no mantiene su cuota de referencia a lo largo de un período de doce meses debe, en el plazo de doce meses a partir del final de dicho período, tomar medidas adicionales para recuperar esa cuota de referencia. Cuando un Estado miembro haya tomado efectivamente esas medidas adicionales y haya cumplido su obligación de recuperar la cuota de referencia, debe considerarse que ha cumplido los requisitos imperativos de la cuota de referencia tanto con arreglo a la presente Directiva como con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999 para todo el período en cuestión. Por consiguiente, no se debe considerar que el Estado miembro en cuestión haya incumplido su obligación de mantener su cuota de referencia en el período en el que se haya atrasado. Tanto el marco para 2020 como el marco para 2030 sirven a los objetivos de la política medioambiental y energética de la Unión.

(11) Los Estados miembros deben tomar medidas adicionales en caso de que la cuota de energías renovables a escala de la Unión no respete la trayectoria de la Unión hacia el objetivo de alcanzar al menos un 32 % de energías renovables. Con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999, la Comisión debe poder adoptar medidas a escala de la Unión para garantizar la consecución del objetivo, si detectase una falta de ambición durante la evaluación de los planes nacionales integrados de energía y clima. Si la Comisión detectase una falta de progreso durante la evaluación de los informes de situación relativos a los planes nacionales integrados de energía y clima, los Estados miembros deben aplicar las medidas previstas en el Reglamento (UE) 2018/1999 para remediar esa falta de progreso.

(12) A fin de respaldar contribuciones ambiciosas de los Estados miembros al objetivo de la Unión, es necesario establecer un marco financiero que tenga por objeto facilitar las inversiones en proyectos de energías renovables en dichos Estados miembros, haciendo también uso de los instrumentos financieros.

(13) La Comisión debe centrar la asignación de fondos en la reducción de los costes de capital de los proyectos sobre energías renovables ya que dichos costes tienen repercusiones materiales en los costes de esos proyectos y en su competitividad, así como en el desarrollo de infraestructuras fundamentales que permitan una implantación reforzada de energías renovables que sea técnicamente viable y económicamente asequible, como por ejemplo las infraestructuras de redes de transporte y distribución, las redes inteligentes y las interconexiones.

(14) La Comisión debe facilitar la puesta en común de las mejores prácticas entre las autoridades u organismos nacionales o regionales competentes, por ejemplo mediante reuniones periódicas que tengan por objeto alcanzar un planteamiento colectivo para fomentar una mayor implantación de proyectos de energías renovables que sean eficientes en términos de costes. La Comisión también debe incentivar las inversiones en tecnologías nuevas, flexibles y limpias, y establecer una estrategia adecuada para gestionar la retirada de las tecnologías que no contribuyan a la reducción de las emisiones o que no ofrezcan suficiente flexibilidad, a partir de criterios transparentes y señales fiables de los precios del mercado.

(15) El Reglamento (CE) n.o 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), las Directivas 2001/77/CE (8) y 2003/30/CE (9) del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva 2009/28/CE, definieron los diferentes tipos de energía procedente de fuentes renovables. El Derecho de la Unión en materia de mercado interior de la energía establece definiciones aplicables al sector eléctrico en general. En aras de la claridad y la seguridad jurídica, conviene aplicar dichas definiciones en la presente Directiva.

(16) Los sistemas de apoyo a la electricidad procedente de fuentes renovables o «electricidad renovable» han demostrado ser un modo eficaz de incentivar el despliegue de la electricidad renovable. Cuando los Estados miembros decidan poner en marcha sistemas de apoyo, dicha ayuda debe proporcionarse de forma que distorsione lo menos posible el funcionamiento de los mercados eléctricos. Para ello, cada vez más Estados miembros asignan las ayudas de manera que la ayuda se concede suplementando los ingresos del mercado e instauran sistemas basados en el mercado para determinar el nivel de ayuda necesario. Junto con la adopción de medidas con el fin de adaptar el mercado para cuotas cada vez mayores de energía renovable, esas ayudas representan un elemento clave para incrementar la integración de la electricidad renovable en el mercado, al tiempo que se tienen en cuenta las diferentes capacidades de los pequeños y grandes productores para responder a las señales del mercado.

(17) Las instalaciones de pequeña escala pueden ser de gran utilidad para aumentar la aceptación pública y garantizar el desarrollo de proyectos de energía renovable, en particular a escala local. A fin de garantizar la participación de dichas instalaciones de pequeña escala, podrían seguir siendo necesarias condiciones específicas, incluidas las tarifas reguladas, para garantizar una relación coste-beneficio positiva, de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de mercado de la electricidad. La definición de las instalaciones de pequeña escala a los efectos de la obtención de dicha ayuda es importante para proporcionar seguridad jurídica a los inversores. Las normas sobre ayudas estatales contienen definiciones de instalaciones de pequeña escala.

(18) De conformidad con el artículo 108 del TFUE, la Comisión goza de competencia exclusiva para evaluar la compatibilidad de las medidas de ayuda estatal con el mercado interior, que los Estados miembros pueden poner en marcha para el despliegue de la energía procedente de fuentes renovables. Esa evaluación se realiza sobre la base del artículo 107, apartado 3, del TFUE, y de conformidad con las disposiciones y directrices correspondientes que la Comisión puede adoptar a tal efecto. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la competencia exclusiva que el TFUE confiere a la Comisión.

(19) El despliegue de la electricidad procedente de fuentes renovables debe efectuarse al menor coste posible para los consumidores y los contribuyentes. A la hora de concebir los sistemas de apoyo y asignar las ayudas, los Estados miembros deben tratar de reducir al máximo los costes sistémicos generales de este despliegue a lo largo del proceso de descarbonización hacia el objetivo de una economía hipocarbónica para el año 2050. Los mecanismos basados en el mercado, como los procedimientos de licitación, han demostrado reducir efectivamente el coste de las ayudas en mercados competitivos en muchas circunstancias. No obstante, en circunstancias particulares, los procedimientos de licitación pueden no dar necesariamente lugar a una determinación eficiente de los precios. Por tanto, puede ser necesario considerar exenciones equilibradas para garantizar la eficiencia en términos de costes y reducir al máximo el coste global de las ayudas. En particular, debe permitirse a los Estados miembros conceder exenciones respecto a los procedimientos de licitación y las ventas directas a las instalaciones de pequeña escala con el fin de tener en cuenta su menor capacidad. Puesto que la Comisión evalúa la compatibilidad con el mercado interior de las medidas de apoyo a las energías renovables caso por caso, dichas exenciones deben cumplir los umbrales correspondientes previstos en las directrices de la Comisión más recientes sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. En dichas directrices para el período de 2014 a 2020, los umbrales se fijan en 1 MW (y en 6 MW o 6 unidades de producción para la energía eólica) y en 500 kW (y 3 MW o 3 unidades de producción para la energía eólica) respecto a las correspondientes exenciones de procedimientos de licitación y de ventas directas. A fin de aumentar la eficacia de los procedimientos de licitación para reducir al máximo los costes globales de ayuda, los procedimientos de licitación deben, en principio, estar abiertos a todos los productores de electricidad procedente de fuentes renovables con carácter no discriminatorio. Al elaborar sus sistemas de apoyo, los Estados miembros pueden limitar los procedimientos de licitación a determinadas tecnologías cuando sea necesario para evitar resultados subóptimos por lo que se refiere a las limitaciones de la red y la estabilidad de la red, los costes de integración en el sistema, la necesidad de conseguir la diversificación de la combinación energética, y el potencial a largo plazo de las tecnologías.

(20) En sus Conclusiones de 23 y 24 de octubre de 2014 sobre «El marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030», el Consejo Europeo destacó la importancia de un mercado interior de la energía más interconectado y la necesidad de brindar apoyo suficiente para integrar los niveles cada vez mayores de diversidad de las energías renovables y permitir así que la Unión cumpla sus ambiciones de liderazgo en la transición energética. Por lo tanto, resulta importante y urgente incrementar el nivel de interconexión y avanzar hacia los objetivos del Consejo Europeo a fin de maximizar todo el potencial de la Unión de la Energía.

(21) Cuando elaboren sistemas de apoyo a las fuentes de energía renovables, los Estados miembros deben considerar la biomasa disponible para un abastecimiento sostenible y tener debidamente en cuenta los principios de la economía circular y de la jerarquía de residuos establecidos en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), con el fin de evitar distorsiones innecesarias de los mercados de materias primas. La prevención y el reciclado de residuos deben ser la opción prioritaria. Los Estados miembros deben evitar la creación de sistemas de apoyo que sean incompatibles con los objetivos del tratamiento de los residuos o que puedan redundar en un uso ineficiente de los residuos reciclables.

(22) Los Estados miembros tienen distintos potenciales en cuanto a las energías renovables y cuentan con diferentes sistemas de apoyo a escala nacional. La mayoría de los Estados miembros aplica sistemas de apoyo que conceden beneficios únicamente a la energía procedente de fuentes renovables que se produce en su territorio. Para que los sistemas nacionales de apoyo funcionen debidamente es imprescindible que los Estados miembros sigan estando en condiciones de controlar los efectos y los costes de sus sistemas nacionales de apoyo de conformidad con sus distintos potenciales. Un medio importante para alcanzar el objetivo de la presente Directiva sigue consistiendo en garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de apoyo nacionales con arreglo a las Directivas 2001/77/CE y 2009/28/CE, a fin de mantener la confianza de los inversores y permitir a los Estados miembros elaborar medidas nacionales eficaces para sus respectivas contribuciones al objetivo de la Unión para 2030 en materia de energías renovables y para los objetivos nacionales que hayan podido establecer para sí mismos. La presente Directiva debe facilitar el apoyo transfronterizo a la energía renovable sin afectar de manera desproporcionada a los sistemas nacionales de apoyo.

(23) La apertura de los sistemas de apoyo a la participación transfronteriza limita las repercusiones negativas en el mercado interior de la energía y puede ayudar, en determinadas condiciones, a los Estados miembros a alcanzar el objetivo de la Unión de forma más eficiente en términos de costes. La participación transfronteriza es también consecuencia natural del desarrollo de las políticas de la Unión en materia de energías renovables que impulsan la convergencia y la cooperación para contribuir al objetivo vinculante de la Unión. Por lo tanto, conviene animar a los Estados miembros a que abran las ayudas a los proyectos ubicados en otros Estados miembros y a que definan las distintas formas en las que esta apertura progresiva puede llevarse a cabo, garantizando el cumplimiento del TFUE, en particular sus artículos 30, 34 y 110. Dado que no es posible hacer un seguimiento de los flujos eléctricos, es conveniente vincular la apertura de los sistemas de apoyo a la participación transfronteriza a cuotas que representen una aspiración a alcanzar niveles reales de interconexiones físicas y permitir a los Estados miembros restringir la apertura de sus sistemas de apoyo a aquellos Estados miembros con los que tengan una conexión de red directa, a modo de indicador sustitutivo práctico para demostrar la existencia de flujos físicos entre los Estados miembros. No obstante, esta circunstancia no debe afectar en modo alguno al funcionamiento interzonal o transfronterizo de los mercados de la electricidad.

(24) A fin de garantizar que la apertura de los sistemas de apoyo sea recíproca y resulte beneficiosa para todas las partes, deben firmarse acuerdos de cooperación entre los Estados miembros participantes. Los Estados miembros deben mantener el control sobre el ritmo del despliegue de las capacidades de electricidad renovable en su territorio, en particular para tener en cuenta los costes de integración asociados y las inversiones necesarias en la red. Por consiguiente, debe permitirse que los Estados miembros limiten la participación de instalaciones ubicadas en sus territorios en concursos abiertos a ellas organizados por otros Estados miembros. Dichos acuerdos de cooperación deben abordar todos los aspectos pertinentes, como contabilizar los costes relativos a un proyecto construido por un Estado miembro en el territorio de otro, incluidos los gastos relativos al reforzamiento de las redes, la transferencia de energía, la capacidad de almacenamiento y de respaldo y las posibles congestiones de la red. En dichos acuerdos los Estados miembros deben tener también en cuenta las medidas que puedan servir para la integración eficiente en términos de costes de esas capacidades adicionales de electricidad renovable, independientemente de que sean de naturaleza reguladora (por ejemplo, relacionadas con la configuración del mercado) o de que dispongan inversiones adicionales en varias fuentes de flexibilidad (como interconexiones, almacenamiento, respuesta a la demanda o generación flexible).

(25) Los Estados miembros deben evitar situaciones que creen distorsiones y conduzcan a una importación masiva de recursos de terceros países. A este respecto, debe tomarse en consideración y promoverse el planteamiento basado en el ciclo de vida.

(26) Los Estados miembros deben garantizar que las comunidades de energías renovables puedan participar en los sistemas de apoyo disponibles en igualdad de condiciones con los grandes participantes. A tal fin, debe permitirse a los Estados miembros adoptar medidas, como la comunicación de información, el apoyo técnico y financiero mediante puntos de contacto administrativo únicos, la reducción de las exigencias administrativas, la inclusión de criterios de licitación centrados en las comunidades, la creación de ventanillas de licitación adaptadas a las comunidades de energías renovables, o autorizar que las comunidades de energías renovables sean remuneradas mediante ayudas directas si cumplen con los requisitos de las pequeñas instalaciones.

(27) La planificación de la infraestructura necesaria para la producción de electricidad a partir de fuentes renovables debe tener en cuenta las políticas relativas a la participación de quienes se vean afectados por los proyectos, en particular la población local.

(28) Debe proporcionarse información exhaustiva a los consumidores, incluida información sobre el rendimiento energético de los sistemas de calefacción y refrigeración y sobre el menor coste de funcionamiento de los vehículos eléctricos, con el fin de permitirles que tomen decisiones de consumo individuales respecto a las energías renovables y de evitar un bloqueo tecnológico.

(29) Sin perjuicio de los artículos 107 y 108 del TFUE, las políticas de apoyo a las energías renovables deben ser previsibles y estables, y deben evitar los cambios recurrentes o retroactivos. La imprevisibilidad y la inestabilidad de las políticas tienen un impacto directo en los costes de financiación del capital, en los costes de desarrollo de los proyectos y, consecuentemente, en el coste global del despliegue de las energías renovables en la Unión. Los Estados miembros deben evitar que la revisión de toda ayuda concedida a proyectos de energías renovables tenga repercusiones negativas en su viabilidad económica. En ese contexto, los Estados miembros deben promover políticas eficientes en lo que se refiere a las ayudas, y garantizar su sostenibilidad financiera. Por otra parte, se debe publicar un calendario indicativo a largo plazo que abarque los principales aspectos del apoyo previsto, sin que ello afecte a la capacidad de los Estados miembros para decidir sobre la asignación presupuestaria en los años que abarque el calendario.

(30) La obligación de los Estados miembros de elaborar planes de acción e informes de situación en materia de energías renovables y la obligación de la Comisión de informar sobre los progresos de los Estados miembros resultan fundamentales para incrementar la transparencia, aportar claridad a los inversores y a los consumidores, y facilitar un seguimiento eficaz. El Reglamento (UE) 2018/1999 integra dichas obligaciones en el sistema de gobernanza de la Unión de la Energía, en el que se racionalizan las obligaciones de planificación, notificación y seguimiento en los ámbitos del clima y la energía. Además, se integra la plataforma de transparencia sobre energías renovables en la plataforma electrónica más amplia establecida por dicho Reglamento.

(31) Es necesario establecer reglas claras y transparentes para el cálculo de la cuota de energía procedente de fuentes renovables y para definir dichas fuentes.

(32) Para calcular la contribución de las energías hidráulica y eólica a los efectos de la presente Directiva, los efectos de la variación climática deben mitigarse aplicando una fórmula de normalización. Asimismo, la electricidad producida en unidades de acumulación por bombeo que utilizan agua que se ha bombeado aguas arriba no debe tener la consideración de electricidad renovable.

(33) Las bombas de calor que permiten la utilización de energía ambiente y geotérmica a un nivel de temperatura útil o los sistemas de refrigeración necesitan electricidad u otra energía auxiliar para funcionar. Por consiguiente, la energía empleada para alimentar esos sistemas debe deducirse de la energía total utilizada o de la energía sustraída de la zona. Solo deben tenerse en cuenta aquellos sistemas de calefacción y refrigeración en los que el producto o la energía sustraída de una zona supere de manera significativa la energía primaria necesaria para alimentarlos. Los sistemas de refrigeración contribuyen al uso de energía en los Estados miembros y, por consiguiente, es conveniente que los métodos de cálculo tengan en cuenta la cuota de energías renovables empleada por estos sistemas en todos los sectores de uso final.

(34) Los sistemas de energía pasiva utilizan el diseño de los edificios para obtener energía. Esta energía se considera energía ahorrada. Para evitar un doble cómputo, la energía obtenida de esta manera no debe tenerse en cuenta a efectos de la presente Directiva.

(35) En algunos Estados miembros la aviación contribuye en una proporción importante al consumo final bruto de energía. Ante las restricciones tecnológicas y reguladoras actuales que impiden el uso comercial de los biocarburantes en la aviación, conviene disponer, por lo tanto, una exención parcial para dichos Estados miembros, que les permita excluir del cálculo de su consumo final bruto de energía en el transporte aéreo nacional la cantidad que excede una vez y media la media de la Unión en términos de consumo final bruto de energía en el sector de la aviación en 2005, según las estimaciones de Eurostat, es decir, el 6,18 %. Debido a su naturaleza insular y periférica, Chipre y Malta, dependen en particular de la aviación en tanto que medio de transporte esencial para sus ciudadanos y economía. Por lo tanto, su consumo final bruto de energía en el sector del transporte aéreo nacional resulta desproporcionadamente alto, a saber, más del triple de la media de la Unión en 2005. Así, las actuales limitaciones de carácter normativo y técnico les afectan de forma desmesurada. Por consiguiente, es adecuado establecer que puedan disfrutar de una exención que cubra la cuantía en la que exceden la media de la Unión en términos de consumo final bruto de energía en el sector de la aviación en 2005, según las estimaciones de Eurostat, a saber, 4,12 %.

(36) La comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2016, titulada «Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones» hacía hincapié en la especial importancia a medio plazo de los biocarburantes avanzados y combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico para la aviación.

(37) A fin de garantizar que la lista de materias primas para producir biocarburantes avanzados, otros biocarburantes y biogás, tal como figura en un anexo de la presente Directiva, tenga en cuenta los principios de la jerarquía de residuos establecidos en la Directiva 2008/98/CE, los criterios de sostenibilidad de la Unión y la necesidad de asegurar que dicho anexo no genera una demanda adicional de suelo, a la vez que se promueve la utilización de residuos y desechos, la Comisión debe valorar, en su evaluación periódica de ese anexo, la posibilidad de incorporar otras materias primas que no provoquen distorsiones significativas en los mercados de productos y subproductos, residuos o desechos.

(38) Con el fin de ofrecer oportunidades de reducir los costes necesarios para alcanzar el objetivo de la Unión fijado en la presente Directiva y a fin de ofrecer flexibilidad a los Estados miembros para que cumplan su obligación de no descender por debajo de sus objetivos nacionales de 2020 con posterioridad a 2020, conviene, por un lado, favorecer en los Estados miembros el consumo de energía producida a partir de fuentes renovables en otros Estados miembros, y, por otro, permitir a los Estados miembros incluir en el cálculo de su propia cuota de energías renovables la energía procedente de fuentes renovables consumida en otros Estados miembros. Por esa razón, la Comisión debe poner en marcha una plataforma de desarrollo de energías renovables de la Unión (en lo sucesivo, «PDER»), que permita el comercio de cuotas de energía renovable entre los Estados miembros, además de acuerdos de cooperación bilaterales. La PDER tiene por misión complementar la apertura voluntaria de los sistemas de apoyo a proyectos ubicados en otros Estados miembros. Los acuerdos entre Estados miembros incluyen transferencias estadísticas, proyectos conjuntos entre Estados miembros o sistemas de apoyo conjuntos.

(39) Debe animarse a los Estados miembros a proseguir la cooperación en cualquiera de sus formas pertinentes en relación con los objetivos establecidos por la presente Directiva y a informar a los ciudadanos sobre los beneficios resultantes de la utilización de los mecanismos de cooperación. Dicha cooperación puede llevarse a cabo en todos los niveles, bilateral o multilateralmente. Aparte de los mecanismos que tienen efectos en el cálculo y cumplimiento de los objetivos relativos a la cuota de energías renovables, y que están previstos exclusivamente en la presente Directiva, como las transferencias estadísticas entre Estados miembros, bien realizadas de forma bilateral o bien a través de la PDER, los proyectos conjuntos y los sistemas de apoyo conjuntos, la cooperación puede ser también, por ejemplo, en forma de intercambio de información y buenas prácticas, como permite, en particular, la plataforma electrónica establecida en el Reglamento (UE) 2018/1999, y otras formas de coordinación voluntaria entre todos los tipos de sistemas de apoyo.

(40) La electricidad importada producida a partir de fuentes renovables fuera de la Unión debe poder contabilizarse en las cuotas de energías renovables de los Estados miembros. Con objeto de garantizar un efecto adecuado de las energías renovables en sustitución de las energías no renovables en la Unión y los terceros países, conviene velar por que se pueda realizar un seguimiento de dichas importaciones y dar cuenta de ellas de manera responsable. Se debe estudiar la posibilidad de celebrar acuerdos con terceros países en relación con la organización de tales intercambios de electricidad renovable. Si, en virtud de una decisión adoptada conforme al Tratado de la Comunidad de la Energía (11) a tal efecto, las Partes contratantes de ese Tratado están vinculadas por las disposiciones pertinentes de la presente Directiva, se les deben aplicar las medidas de cooperación entre Estados miembros previstas en la presente Directiva.

(41) Cuando los Estados miembros emprendan proyectos conjuntos con uno o varios terceros países en relación con la producción de electricidad renovable, conviene que dichos proyectos conjuntos se refieran únicamente a instalaciones de nueva construcción o a instalaciones cuya capacidad haya sido ampliada recientemente. Este modelo contribuirá a garantizar que el porcentaje de energía procedente de fuentes renovables en el consumo total de energía del tercer país no se reduzca debido a la importación de energías procedentes de fuentes renovables en la Unión.

(42) Además de establecer un marco de la Unión para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, la presente Directiva también contribuye al posible impacto positivo que la Unión y los Estados miembros puedan tener en impulsar el desarrollo del sector de las energías renovables en terceros países. La Unión y los Estados miembros deben promover la investigación, el desarrollo y la inversión en la producción de energías renovables en los países en desarrollo y otros países socios, a la vez que respetan plenamente el Derecho internacional, lo que permitiría reforzar su sostenibilidad medioambiental y económica y su capacidad de exportación de energías renovables.

(43) El procedimiento utilizado para la autorización, certificación y concesión de licencias a las instalaciones de producción de energía renovable debe ser objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcionado cuando se apliquen las reglas a proyectos específicos. Conviene, en particular, evitar todo obstáculo innecesario que pudiera derivarse de la clasificación de proyectos de energía renovable bajo la categoría de instalaciones con alto riesgo para la salud.

(44) En aras de lograr una rápida difusión de la energía procedente de fuentes renovables y dada su gran utilidad general desde el punto de vista sostenible y del medio ambiente, los Estados miembros deben, al aplicar las normas administrativas o planificar las estructuras y la legislación destinadas a conceder licencias a instalaciones en lo relativo al control y la reducción de la contaminación de las instalaciones industriales, a combatir la contaminación atmosférica o a evitar o minimizar el vertido de sustancias peligrosas en el medio ambiente, tener en cuenta la contribución de la energía procedente de fuentes renovables al logro de los objetivos en materia de medio ambiente y cambio climático, por contraposición en particular a las instalaciones de energía no renovable.

(45) Debe garantizarse la coherencia entre los objetivos de la presente Directiva y el conjunto del Derecho de la Unión en materia medioambiental. En particular, durante los procedimientos de evaluación, planificación o concesión de licencias a instalaciones de energía renovable, los Estados miembros deben tener en cuenta el conjunto del Derecho de la Unión en materia medioambiental y la contribución que aportan las energías procedentes de fuentes renovables a la consecución de los objetivos en materia de medio ambiente y cambio climático, por contraposición en particular a las instalaciones de energía no renovable.

(46) La energía geotérmica es una importante fuente de energía renovable local, que genera habitualmente bastantes menos emisiones que los combustibles fósiles, y ciertos tipos de centrales geotérmicas producen unas emisiones prácticamente nulas. Sin embargo, dependiendo de las características geológicas de una zona, la producción de energía geotérmica puede liberar gases de efecto invernadero y otras sustancias procedentes de fluidos subterráneos, y otras formaciones geológicas del subsuelo, que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Por esa razón, la Comisión debe facilitar únicamente el despliegue de la energía geotérmica con un bajo impacto ambiental y que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con las fuentes no renovables.

(47) A nivel nacional, regional y, en su caso, local, las normas y obligaciones en materia de requisitos mínimos para el uso de energía procedente de fuentes renovables en edificios nuevos y renovados han conducido a un aumento considerable del uso de la energía procedente de fuentes renovables. Estas medidas deben impulsarse a escala de la Unión, fomentando al mismo tiempo la utilización de aplicaciones más eficientes de la energía procedente de fuentes renovables en combinación con medidas de ahorro de energía y eficiencia energética, mediante normas y códigos de edificación.

(48) Para facilitar y acelerar el establecimiento de niveles mínimos de uso de fuentes de energías renovables en los edificios, el cálculo de dichos niveles en los edificios nuevos y en los edificios ya existentes que sean objeto de renovaciones importantes debe proporcionar una base suficiente para evaluar si la inclusión de niveles mínimos de energías renovables es viable desde el punto de vista técnico, funcional y económico. Los Estados miembros deben permitir, entre otros, el uso de sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, o, si no se dispone de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, otras infraestructuras energéticas para cumplir esos requisitos.

(49) Con el objetivo de garantizar que las medidas nacionales para el desarrollo de la calefacción y la refrigeración renovables se basen en un completo cartografiado y análisis del potencial nacional en materia de energía renovable y de energía residual, y garantizar que dichas medidas ofrezcan una mayor integración de las energías renovables, apoyando, entre otras posibilidades, tecnologías como las bombas de calor, las tecnologías geotérmicas o las solares térmicas, y el calor y frío residuales, conviene exigir que los Estados miembros lleven a cabo una evaluación de su potencial en materia de energía procedente de fuentes renovables y al uso de calor y frío residuales para el sector de calefacción y refrigeración, en particular para promover las energías procedentes de fuentes renovables en las instalaciones de calefacción y refrigeración, y promover sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes y competitivos. A fin de garantizar la coherencia con los requisitos de eficiencia energética de la calefacción y la refrigeración y de reducir la carga administrativa, esa evaluación debe incorporarse a la evaluación completa realizada y notificada de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12).

(50) Ha quedado patente que la falta de normas transparentes y de coordinación entre los diferentes organismos de autorización dificulta el despliegue de las energías procedentes de fuentes renovables. Orientando a los solicitantes a lo largo del procedimiento administrativo de solicitud y concesión de permisos por medio de un punto de contacto administrativo se pretende reducir la complejidad para los promotores de proyectos y aumentar la eficiencia y la transparencia, en particular en lo que se refiere a los autoconsumidores de energías renovables y las comunidades de energías renovables. Dicha orientación debe proporcionarse a un nivel adecuado de gobernanza, teniendo en cuenta las particularidades de los Estados miembros. Los puntos de contacto únicos deben orientar al solicitante y actuar de intermediarios en todo el procedimiento administrativo, de manera que el solicitante no esté obligado, a menos que prefiera hacerlo, a ponerse en contacto con otros organismos administrativos para completar el procedimiento de concesión de permisos.

(51) Los procedimientos administrativos prolongados constituyen un obstáculo administrativo importante y resultan costosos. La simplificación de los procedimientos administrativos de concesión de permisos y la fijación de plazos claros para las decisiones que hayan de adoptar las correspondientes autoridades competentes para la emisión de la autorización de la instalación de generación de electricidad sobre la base de una solicitud completa debe incentivar una tramitación más eficiente de los procedimientos y, consecuentemente, reducir los costes administrativos. Debe facilitarse un manual de procedimientos para ayudar a entender los procedimientos a los promotores de proyectos y a los ciudadanos que deseen invertir en energías renovables. Para fomentar el uso de las energías renovables por parte de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como de cada ciudadano, de conformidad con los objetivos establecidos en la presente Directiva, debe establecerse un procedimiento simple para notificar al órgano competente las conexiones a la red en el caso de los proyectos de energías renovables de menor envergadura, incluidos los descentralizados, como las instalaciones de cubiertas fotovoltaicas. Para atender a la creciente necesidad de repotenciar las instalaciones de energías renovables existentes, deben establecerse procedimientos racionalizados de concesión de permisos. La presente Directiva, en particular las disposiciones relativas a la organización y la duración del procedimiento administrativo de concesión de permisos, debe aplicarse sin perjuicio del Derecho internacional y de la Unión, incluidas las disposiciones de protección del medio ambiente y la salud humana. Cuando lo justifiquen debidamente circunstancias extraordinarias, los plazos iniciales deben poder prorrogarse por un año como máximo.

(52) Deben subsanarse las deficiencias de información y formación, especialmente en el sector de calefacción y refrigeración, con el fin de acelerar el desarrollo de la energía procedente de fuentes renovables.

(53) En la medida en que el acceso a la profesión de instalador o su ejercicio es una profesión regulada, las condiciones previas para el reconocimiento de cualificaciones profesionales están establecidas en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13). Por consiguiente, la presente Directiva se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE.

(54) Aunque la Directiva 2005/36/CE establece requisitos para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, entre ellas las de los arquitectos, es necesario asimismo garantizar que los planificadores y arquitectos tengan debidamente en cuenta la combinación óptima de energías renovables y tecnologías de alta eficiencia en sus planes y proyectos. Los Estados miembros deben proporcionar, por tanto, orientaciones claras al respecto. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en dicha Directiva, y en particular en sus artículos 46 y 49.

(55) Las garantías de origen, emitidas a efectos de la presente Directiva, tienen la única función de demostrar al consumidor final que una cuota o cantidad determinada de energía se ha obtenido a partir de fuentes renovables. Las garantías de origen se pueden transferir de un titular a otro con independencia de la energía a que se refieran. No obstante, con miras a asegurar que una unidad de energía renovable solo se comunique una vez a un cliente, deben evitarse la doble contabilización y la doble comunicación de las garantías de origen. La energía procedente de fuentes renovables cuya garantía de origen correspondiente haya sido vendida por separado por el productor no debe comunicarse o venderse al cliente final como energía producida a partir de fuentes renovables. Es importante distinguir entre los certificados verdes utilizados para los sistemas de apoyo y las garantías de origen.

(56) Conviene posibilitar que el mercado de consumo de electricidad renovable contribuya al desarrollo de la energía procedente de fuentes renovables. Por consiguiente, los Estados miembros deben disponer que los proveedores de electricidad que comunican su combinación energética a los consumidores finales de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de mercado interior de la electricidad, o que comercializan energía a los consumidores con una mención del consumo de energía procedente de fuentes renovables, usen garantías de origen procedentes de instalaciones que produzcan energía procedente de fuentes renovables.

(57) Es importante facilitar información sobre el modo en que la electricidad que recibe ayudas se asigna a los consumidores finales. Para mejorar la calidad de la información facilitada a los consumidores en ese sentido, los Estados miembros deben asegurarse de que se expiden garantías de origen para todas las unidades de energía renovable producidas, excepto cuando decidan no expedir garantías de origen a los productores que también reciben ayuda financiera. Si los Estados miembros deciden expedir garantías de origen a los productores que reciben ayudas financieras o deciden no expedirlas directamente a los productores, deben estar en condiciones de elegir qué medios y mecanismos se utilizan para tener en cuenta el valor de mercado de dichas garantías de origen. Cuando los productores de energías renovables reciban asimismo una ayuda financiera, el valor de mercado de las garantías de origen para esa misma producción se debe tener debidamente en cuenta en el sistema de apoyo de que se trate.

(58) La Directiva 2012/27/UE prevé garantías de origen para demostrar el origen de la electricidad producida a partir de centrales de cogeneración de alta eficiencia. No obstante, no se recoge ningún uso específico para dichas garantías de origen, por lo que su uso también puede permitirse al comunicar la utilización de energía procedente de la cogeneración de alta eficiencia.

(59) Las garantías de origen en vigor actualmente para la electricidad renovable deben ampliarse para incorporar los gases renovables. Los Estados miembros deben estar facultados para ampliar el sistema de garantías de origen a la energía procedente de fuentes no renovables. Ello ofrecería medios coherentes para probar a los consumidores finales el origen de los gases renovables como el biometano, facilitaría una mayor comercialización transfronteriza de dichos gases, y permitiría la creación de garantías de origen para otros gases renovables, como el hidrógeno.

(60) Es necesario apoyar la integración en la red de transporte y distribución de la energía procedente de fuentes renovables y el uso de sistemas de almacenamiento de energía para la producción variable integrada de energía procedente de fuentes renovables, concretamente en lo que se refiere a las normas que regulan el suministro y el acceso a la red. El marco para la incorporación de la electricidad renovable está recogido en otras normas de la Unión en materia de mercado interior de la electricidad. No obstante, ese marco no incluye disposiciones relativas a la incorporación del gas procedente de fuentes renovables a la red de gas. Procede, por tanto, incluir dichas disposiciones en la presente Directiva.

(61) Se han reconocido las oportunidades de generar crecimiento económico mediante la innovación y una política energética competitiva y sostenible. La producción de energía procedente de fuentes renovables depende con frecuencia de las pymes locales o regionales. Las perspectivas de desarrollo de las empresas locales, de crecimiento sostenible y de empleo de calidad ofrecidas en los Estados miembros y en sus regiones por las inversiones efectuadas en la producción de energía procedente de fuentes renovables a nivel regional y local son considerables. Por ello, la Comisión y los Estados miembros deben promover y apoyar las medidas nacionales y regionales en materia de desarrollo en esos ámbitos, fomentar el intercambio de mejores prácticas en la producción de energía procedente de fuentes renovables entre las iniciativas de desarrollo locales y regionales y mejorar la prestación de asistencia técnica y la oferta de programas de formación, con el fin de reforzar la experiencia reguladora, técnica y financiera y fomentar el conocimiento de las posibilidades de financiación disponibles, en particular en lo que se refiere a una utilización más específica de los fondos de la Unión, por ejemplo promoviendo el uso de los fondos de la política de cohesión en ese ámbito.

(62) Las autoridades regionales y locales fijan a menudo, en el ámbito de las energías renovables, objetivos más ambiciosos que a nivel nacional. Los compromisos asumidos a nivel regional y local con el fin de estimular el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética se apoyan actualmente en redes como el Pacto de alcaldes, las iniciativas «Ciudades Inteligentes» o «Comunidades Inteligentes», así como en el desarrollo de planes de acción para la energía sostenible. Esas redes son indispensables y deberían ampliarse, ya que llevan a cabo acciones de sensibilización, facilitan el intercambio de mejores prácticas y activan el apoyo financiero disponible. En ese contexto, la Comisión debe apoyar a las regiones y autoridades locales innovadoras interesadas en la cooperación transfronteriza ayudando a establecer mecanismos de cooperación como la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que facilita que las autoridades públicas de varios Estados miembros puedan colaborar para, de modo conjunto, prestar servicios y desarrollar proyectos sin necesidad de celebrar un acuerdo internacional previo y sin que los Parlamentos nacionales deban proceder a su ratificación. También deben tenerse en cuenta otras medidas innovadoras para atraer más inversiones en nuevas tecnologías, como los contratos de rendimiento energético y los procesos de normalización en la financiación pública.

(63) A la hora de favorecer el desarrollo de un mercado de energía de fuentes renovables, hay que tomar en consideración las repercusiones positivas sobre el potencial de desarrollo regional y local, las perspectivas de exportación, la cohesión social y las oportunidades de empleo, especialmente por lo que se refiere a las pymes y a los productores de energía independientes, en particular en lo que se refiere a los autoconsumidores de energías renovables y las comunidades de energías renovables.

(64) La situación específica de las regiones ultraperiféricas está reconocida por el artículo 349 del TFUE. En esas regiones, el sector energético se caracteriza frecuentemente por el aislamiento, el suministro limitado y la dependencia de los combustibles fósiles, mientras que dichas regiones se benefician de importantes fuentes locales de energía renovable. Así, las regiones ultraperiféricas podrían servir como ejemplo de la puesta en marcha de tecnologías energéticas innovadoras para la Unión. Por tanto, se hace necesario incentivar el uso de las energías renovables para alcanzar un mayor nivel de independencia energética en dichas regiones, y reconocer su situación específica en lo relativo al potencial de estas energías y a la necesidad de ayuda pública. Debe preverse una excepción de impacto local limitado que permita a los Estados miembros adoptar criterios específicos a fin de garantizar la posibilidad de optar a una ayuda financiera al consumo de determinados combustibles de biomasa. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de adoptar tales criterios específicos para instalaciones que empleen combustibles de biomasa y estén situadas en una región ultraperiférica, tal como se define en el artículo 349 del TFUE, así como para la biomasa empleada como combustible en dichas instalaciones que no cumpla con los criterios armonizados de sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en la presente Directiva. Esos criterios específicos para los combustibles de biomasa deben aplicarse independientemente de que el lugar de origen de esa biomasa sea un Estado miembro o un tercer país. Además, cualquier criterio específico debe justificarse de modo objetivo por razones de independencia energética de la región ultraperiférica en cuestión y de garantía de una transición fluida a los criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los combustibles de biomasa de la presente Directiva en dicha región ultraperiférica. Teniendo en cuenta que la combinación energética para la generación de electricidad en las regiones ultraperiféricas está compuesta en gran medida por combustibles líquidos, es necesario permitir una ponderación adecuada de los criterios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en esas regiones. Por consiguiente, resultaría conveniente prever un combustible fósil de referencia específico para la electricidad producida en las regiones ultraperiféricas. Los Estados miembros deben velar por el cumplimiento efectivo de los criterios específicos que hayan adoptado. Por último, los Estados miembros no deben, sin perjuicio de la ayuda concedida de conformidad con los sistemas de apoyo con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, negarse a tener en cuenta, por otros motivos de sostenibilidad, los biocarburantes y biolíquidos obtenidos de conformidad con la presente Directiva. Dicha prohibición pretende garantizar que los biocarburantes y los biolíquidos que cumplan los criterios armonizados de la presente Directiva sigan disfrutando de la facilitación del comercio a que aspira la presente Directiva, en particular en lo que respecta a las regiones ultraperiféricas afectadas.

(65) Es conveniente permitir la introducción de tecnologías descentralizadas de producción de energía renovable, así como el almacenamiento, en igualdad de condiciones y sin obstaculizar la financiación de las inversiones en infraestructuras. El cambio hacia la producción descentralizada de energía entraña numerosas ventajas, tales como la utilización de fuentes locales de energía, una mayor seguridad del suministro local de energía, trayectos de transporte más cortos y menores pérdidas en la transmisión de la energía. Dicha descentralización fomenta también el desarrollo y la cohesión de la comunidad, al facilitar fuentes de ingresos y crear empleo a escala local.

(66) Dada la creciente importancia del autoconsumo de electricidad renovable, es preciso establecer una definición de los «autoconsumidores de energías renovables» y de los «autoconsumidores de energías renovables que actúen de forma conjunta». También es necesario establecer un marco normativo que habilite a los autoconsumidores de energías renovables para generar, consumir, almacenar y vender electricidad sin hacer frente a cargas desproporcionadas. Las personas que viven en apartamentos, por ejemplo, deben poder beneficiarse de esta posibilidad en la misma medida que los hogares de viviendas unifamiliares. Sin embargo, los Estados miembros deben tener la facultad de establecer una distinción entre autoconsumidores de energías renovables individuales y autoconsumidores de energías renovables que actúen de forma conjunta, habida cuenta de sus diversas características, siempre que cualquier diferenciación de ese tipo sea proporcionada y esté debidamente justificada.

(67) La posibilidad de participación ofrecida a los autoconsumidores de energías renovables que actúen de forma conjunta brinda también oportunidades a las comunidades de energías renovables para impulsar la eficiencia energética en los hogares y ayuda a combatir la pobreza energética mediante la reducción del consumo y gracias a precios de suministro más bajos. Los Estados miembros deben aprovechar adecuadamente esa oportunidad evaluando, en particular, la posibilidad de participación de los hogares, que de otro modo se verían en la imposibilidad de participar, incluidos los consumidores vulnerables y los arrendatarios.

(68) Los autoconsumidores de energías renovables no deben estar expuestos a cargas o costes discriminatorios o desproporcionados ni se les deben exigir cargos injustificados. Debe tenerse en cuenta su contribución a la consecución del objetivo en materia de clima y energía y los costes y beneficios que generan en el sistema energético en su conjunto. En consecuencia, los Estados miembros no deben, como principio general, aplicar cargos para la electricidad producida y consumida en los mismos locales por autoconsumidores de energías renovables. No obstante, debe permitirse a los Estados miembros aplicar cargos no discriminatorios y proporcionados a dicho tipo de electricidad en caso de que sea necesario para garantizar la viabilidad financiera del sistema eléctrico, limitar el apoyo a lo objetivamente necesario y hacer un uso eficiente de sus sistemas de apoyo. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben garantizar que los autoconsumidores de energías renovables contribuyan de un modo equilibrado y adecuado al sistema general de contribución a costes de producción, distribución y consumo de electricidad, cuando esta sea vertida al sistema.

(69) Con tal fin, los Estados miembros no deben, como principio general, aplicar cargos a la electricidad producida y consumida individualmente por autoconsumidores de energías renovables en los mismos locales. Sin embargo, para evitar que ese incentivo afecte a la estabilidad financiera de los sistemas de apoyo de las energías renovables, dicho incentivo podría limitarse a pequeñas instalaciones con una capacidad eléctrica que no supere los 30 kW. En algunos casos, debe permitirse a los Estados miembros aplicar cargos a los autoconsumidores de energías renovables por la electricidad autoconsumida, cuando hagan un uso eficiente de sus sistemas de apoyo y ofrezcan un acceso no discriminatorio y efectivo a sus sistemas de apoyo. Los Estados miembros también deben poder aplicar exenciones parciales de cargos o de gravámenes, o una combinación de tales exenciones y de ayudas, hasta el nivel necesario para garantizar la viabilidad económica de dichos proyectos.

(70) La participación de los ciudadanos y autoridades locales en los proyectos de energías renovables a través de comunidades de energías renovables ha generado un valor añadido significativo en lo que se refiere a la aceptación local de las energías renovables y al acceso a capital privado adicional, lo que se ha traducido en inversiones locales, una mayor elección para los consumidores y una participación mayor de los ciudadanos en la transición energética. Esa participación local es todavía más importante en el contexto de una mayor capacidad de energía renovable. Las medidas para que las comunidades de energías renovables puedan competir en igualdad de condiciones con otros productores también tienen como objetivo incrementar la participación local de los ciudadanos en los proyectos de energías renovables y, por tanto, incrementar la aceptación de las energías renovables.

(71) Las características particulares de las comunidades locales de energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de propiedad y el número de proyectos pueden obstaculizar su competitividad en igualdad de condiciones frente a actores a gran escala, esto es, frente a competidores que cuenten con proyectos o carteras de mayor envergadura. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad de elegir cualquier forma de entidad para las comunidades de energías renovables, siempre y cuando dicha entidad pueda ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones actuando en nombre propio. Para evitar abusos y garantizar una amplia participación, las comunidades de energías renovables deben poder conservar su autonomía respecto de los miembros individuales y de otros actores habituales en el mercado que participen en la comunidad como miembros o socios, o que cooperan de otras formas, como por ejemplo mediante la inversión. La participación en proyectos de energías renovables debe estar abierta a todos los potenciales miembros locales, atendiendo a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Entre las medidas para compensar las desventajas ligadas a las características particulares de las comunidades locales de energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de propiedad y el número de proyectos se incluye permitir que las comunidades de energías renovables participen en el sistema energético y facilitar su integración en el mercado. Las comunidades de energías renovables deben poder compartir entre sí energía producida por las instalaciones propiedad de la comunidad. No obstante, los miembros de una comunidad no deben quedar exentos de los costes, cargos, gravámenes e impuestos pertinentes que asumirían los consumidores finales que no pertenecen a una comunidad, los productores en una situación similar, o cuando para esas transferencias se utilicen infraestructuras de la red pública.

(72) Los hogares y las comunidades que participan en el autoconsumo de energías renovables deben mantener sus derechos como consumidores, incluido el derecho a contratar con el proveedor de su elección y a cambiar de proveedor.

(73) Dado que representa cerca de la mitad del consumo final de energía de la Unión, el sector de calefacción y refrigeración se considera clave para acelerar la descarbonización del sistema energético. Además, es también un sector estratégico en términos de seguridad energética, ya que se prevé que cerca del 40 % del consumo de energías renovables en 2030 proceda de la calefacción y la refrigeración. Sin embargo, la ausencia de una estrategia armonizada a nivel de la Unión, la falta de internalización de los costes externos y la fragmentación de los mercados de calefacción y refrigeración han hecho que, hasta la fecha, el progreso de este sector haya sido relativamente lento.

(74) Varios Estados miembros han puesto en marcha medidas en el sector de calefacción y refrigeración a fin de alcanzar su objetivo de 2020 en materia de energías renovables. No obstante, a falta de objetivos nacionales vinculantes para después de 2020, puede que el resto de incentivos nacionales no sean suficientes para alcanzar los objetivos de descarbonización a largo plazo de 2030 y 2050. A fin de alcanzar esos objetivos, de incrementar la seguridad de los inversores y de fomentar el desarrollo de un mercado de calefacción y refrigeración renovables para toda la Unión, al mismo tiempo que se respeta el principio de «primero, la eficiencia energética», conviene respaldar las iniciativas de los Estados miembros relativas al suministro de calefacción y refrigeración renovables, que tienen por objeto contribuir al aumento progresivo de la cuota de energías renovables. Dado el carácter fragmentado de determinados mercados de calefacción y refrigeración, resulta fundamental ofrecer flexibilidad en la configuración de esas iniciativas. Además, es importante garantizar que el potencial de consumo de calefacción y refrigeración renovables no tenga efectos secundarios nocivos para el medio ambiente o genere costes generales desproporcionados. Para reducir al máximo ese riesgo, el aumento de la cuota de energías renovables en el sector de calefacción y refrigeración debe tener en cuenta la situación de aquellos Estados miembros en los que esa cuota ya sea muy elevada, o la de aquellos en los que no se utilicen el calor y frío residuales, como Chipre o Malta.

(75) La calefacción y la refrigeración urbanas representan cerca del 10 % de la demanda de calor en toda la Unión, con grandes diferencias entre Estados miembros. La estrategia de la Comisión relativa a la calefacción y la refrigeración ha reconocido el potencial de la calefacción urbana para la descarbonización, a través de una mayor eficiencia energética y un mayor despliegue de las energías renovables.

(76) La estrategia de la Unión de la Energía también reconoció el papel de los ciudadanos en la transición energética, al ser ellos quienes tomen el control de esta última, se beneficien de las nuevas tecnologías para reducir sus facturas y participen activamente en el mercado.

(77) Debe hacerse hincapié en las posibles sinergias entre las iniciativas para el incremento de la calefacción y la refrigeración renovables y los regímenes establecidos por la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (14) y la Directiva 2012/27/UE. En la medida de lo posible, los Estados miembros deben poder utilizar las estructuras administrativas existentes para la puesta en marcha de estas iniciativas, con el objetivo de reducir la carga administrativa.

(78) Por ello, en el sector de los sistemas urbanos de calefacción, resulta fundamental facilitar la transición hacia energías procedentes de fuentes renovables así como impedir el bloqueo normativo y la dependencia y la exclusión tecnológica, reforzando los derechos de los productores de energías renovables y los consumidores finales, y brindando herramientas a estos últimos que faciliten su elección entre las soluciones energéticas de mayor eficiencia que tengan en cuenta las necesidades futuras de calefacción y refrigeración de conformidad con los criterios previstos de rendimiento de los edificios. Los consumidores finales deben disponer de información transparente y fiable sobre la eficiencia de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración y la cuota de energía procedente de fuentes renovables en su suministro específico de calefacción o refrigeración.

(79) Para proteger a los consumidores frente a aquellos sistemas urbanos de calefacción y refrigeración que no sean eficientes y para permitirles producir su calefacción o refrigeración a partir de fuentes renovables con un rendimiento energético significativamente mejor, debe permitírseles desconectarse y poner así fin a servicios de calefacción o refrigeración ofrecidos por un sistema urbano de calefacción y refrigeración ineficiente a nivel de la totalidad del edificio, mediante la extinción del contrato o, cuando el contrato cubra diversos edificios, modificando el contrato con el operador de calefacción o refrigeración.

(80) A fin de preparar la transición hacia los biocarburantes avanzados y reducir al máximo las consecuencias del cambio directo e indirecto del uso de la tierra, conviene limitar la cantidad de biocarburantes y biolíquidos obtenidos de cereales y otros cultivos ricos en almidón, cultivos de azúcares y cultivos de aceite que puedan contabilizarse a efectos de los objetivos establecidos por la presente Directiva, sin restringir la posibilidad general de emplear dichos biocarburantes y biolíquidos El establecimiento de un límite a nivel de la Unión no debe ser óbice para que los Estados miembros dispongan límites inferiores para la cantidad de biocarburantes y biolíquidos obtenidos de cereales y otros cultivos ricos en almidón, de azúcares y de oleaginosas que puedan contabilizarse a nivel nacional a efectos de los objetivos establecidos por la presente Directiva, sin restringir la posibilidad general de utilizar dichos biocarburantes y biolíquidos

(81) La Directiva 2009/28/CE introdujo un conjunto de criterios de sostenibilidad, incluidos criterios de protección de tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad y tierras con elevadas reservas de carbono, pero no abordó la cuestión del cambio indirecto del uso de la tierra. El cambio indirecto del uso de la tierra se produce cuando los cultivos destinados a la producción de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa sustituye a la producción tradicional de cultivos para alimentos y piensos. Dicha demanda adicional aumenta la presión sobre la tierra y da lugar a la expansión de las tierras agrícolas en tierras con elevadas reservas de carbono, como los bosques, los humedales y las turberas, provocando un aumento de las de gases de efecto invernadero. La Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) reconoce que la magnitud de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al cambio en los usos indirectos de la tierra es capaz de anular total o parcialmente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ligada a los diferentes biocarburantes, biolíquidos o combustibles de biomasa. Si bien existen riesgos derivados de cambios indirectos en el uso de la tierra, la investigación ha mostrado que la escala de los efectos depende de múltiples factores, entre ellos, el tipo de materia prima utilizada para la producción de combustible, el nivel de la demanda de materias primas provocado por el uso de los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa, y el grado de protección en todo el mundo de las tierras con elevadas reservas de carbono. Mientras que el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el cambio indirecto en el uso de la tierra no puede determinarse de manera inequívoca con el nivel de precisión necesario para incluirlo en la metodología de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero, los mayores riesgos de cambio indirecto en el uso de la tierra resultan de los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa producidos a partir de materias primas respecto a las que se ha observado una expansión significativa de la superficie de producción en tierras con elevadas reservas de carbono. Por lo tanto, es conveniente limitar, de forma general, la producción de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa producidos a partir de cultivos destinados a la alimentación humana o animal promovidos en la presente Directiva y, además, exigir a los Estados miembros que fijen un límite específico y decreciente para los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa producidos a partir de productos destinados a la alimentación humana o animal respecto de los cuales se haya observado una expansión significativa de la superficie de producción en tierras con elevadas reservas de carbono. Deben quedar exentos del referido límite específico decreciente aquellos biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa con bajo riesgo de cambio indirecto en el uso de la tierra.

(82) Un incremento de la cosecha en los sectores agrícolas mediante la mejora de las prácticas agrícolas, la inversión en maquinaria más eficiente y la transferencia de conocimiento por encima de los niveles que se habrían alcanzado de no existir unos sistemas de fomento de la productividad de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa a base de cultivos para alimentos y piensos, así como el cultivo de cosechas en tierras que antes no se utilizaban para el cultivo de cosechas, pueden contribuir a reducir el cambio indirecto en el uso de la tierra. Cuando existan pruebas de que dichas medidas han dado lugar a un aumento de la producción que vaya más allá del aumento previsto de la productividad, los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa producidos a partir de materias primas adicionales deben ser considerados biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa con bajo riesgo de cambio indirecto en el uso de la tierra. Las fluctuaciones anuales del rendimiento de la tierra deben tenerse en cuenta en ese contexto.

(83) La Directiva (UE) 2015/1513 instó a la Comisión a que presentara a la mayor brevedad una propuesta pormenorizada para una política posterior a 2020 que sea eficiente en términos de costes y tecnológicamente neutra, con el fin de crear una perspectiva de inversión a largo plazo en biocarburantes sostenibles con pocos riesgos de provocar cambios indirectos en el uso de la tierra con el objetivo principal de la descarbonización del sector del transporte. La obligación de que los Estados miembros exijan a los proveedores de combustible que suministren una cuota general de combustibles procedentes de fuentes de energía renovables puede ofrecer seguridad a los inversores e incentivar el desarrollo continuo de combustibles renovables alternativos para el sector del transporte, incluidos los biocarburantes avanzados, los carburantes líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y la electricidad renovable. Dado que existe la probabilidad de que no todos los proveedores de combustible puedan disponer libremente y de forma rentable de alternativas renovables, conviene que los Estados miembros tengan la posibilidad de establecer diferencias entre los proveedores de combustible y eximir de esa obligación, si fuera necesario, a ciertos tipos de proveedores de combustible. Puesto que los intercambios de combustibles para transporte pueden realizarse fácilmente, los proveedores de combustibles de los Estados miembros con escasos recursos de ese tipo pueden probablemente obtener con facilidad combustibles renovables procedentes de otras fuentes.

(84) Debe crearse una base de datos de la Unión para asegurar la transparencia y la trazabilidad de los combustibles renovables. Si bien se debe permitir que los Estados miembros sigan usando o creando bases de datos nacionales, dichas bases nacionales deben estar vinculadas a la base de datos de la Unión, a fin de asegurar la transferencia instantánea de datos y la armonización de los flujos de datos.

(85) Los biocarburantes avanzados y otros biocarburantes y biogás obtenidos a partir de materias primas enumeradas en un anexo de la presente Directiva, los carburantes líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico, y la electricidad renovable en el sector del transporte pueden contribuir a reducir las emisiones de carbono, lo que debe estimular la descarbonización del sector del transporte en la Unión de manera eficiente en términos de costes, y debe mejorar, entre otras cuestiones, la diversificación energética del sector, al mismo tiempo que se deben incentivar la innovación, el crecimiento y el empleo en la economía de la Unión y se debe reducir la dependencia de las importaciones energéticas. La obligación de que los Estados miembros exijan a los proveedores de combustible una cuota mínima de biocarburantes avanzados y ciertos tipos de biogás es necesaria para fomentar el desarrollo continuo de combustibles avanzados, incluidos los biocarburantes. Es importante garantizar que dicha obligación promueva también reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles, a fin de cumplir con ella. La Comisión debe evaluar el rendimiento en materia de gases de efecto invernadero, la innovación técnica y la sostenibilidad de dichos combustibles.

(86) Por lo que respecta a los transportes inteligentes, es importante potenciar el desarrollo y la implantación de la movilidad eléctrica en el transporte por carretera y acelerar la integración de tecnologías avanzadas en ferrocarriles innovadores.

(87) Está previsto que la movilidad eléctrica constituya una parte sustancial de las energías renovables en el sector del transporte a más tardar en el año 2030. Deben aportarse más incentivos teniendo en cuenta la rápida evolución de la movilidad eléctrica y el potencial de ese sector en términos de crecimiento y empleo para la Unión. Los coeficientes multiplicadores para la electricidad renovable suministrada en el sector del transporte se deben utilizar para la promoción del uso de la electricidad en el sector del transporte y a fin de reducir la desventaja comparativa en las estadísticas sobre energía. Puesto que no es posible contabilizar toda la electricidad suministrada a vehículos de carretera en las estadísticas con mediciones específicas, tales como la recarga en el domicilio, deben utilizarse coeficientes multiplicadores para asegurar que se tiene debidamente en cuenta la repercusión positiva del transporte electrificado que utiliza energías renovables. Deben estudiarse otras opciones para garantizar que se satisfaga la nueva demanda de electricidad en el sector del transporte con una capacidad de generación adicional de energía procedente de fuentes renovables.

(88) En vista de las limitaciones climatológicas que reducen la posibilidad de consumir determinados tipos de biocarburantes por cuestiones medioambientales, técnicas o de salud, y debido al tamaño y la estructura de sus mercados de combustibles, es conveniente que Chipre y Malta estén autorizados a tener en cuenta esas limitaciones inherentes, a efectos de cumplir las obligaciones nacionales en materia de energías renovables impuestas a los proveedores de combustibles.

(89) El fomento de los combustibles de carbono reciclado también puede contribuir a los objetivos de actuación sobre la diversificación energética y la descarbonización del sector del transporte si dichos combustibles se ajustan a los umbrales mínimos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Conviene, por tanto, incluir dichos combustibles en la obligación impuesta a los proveedores de combustibles, pero dando a los Estados miembros la opción de no tener en cuenta esos combustibles a efectos de la obligación si así lo desean. Dado que esos combustibles no son renovables, no deben incluirse en la consecución del objetivo general de la Unión para la energía procedente de fuentes renovables.

(90) Los carburantes líquidos o gaseosos renovables de origen no biológico son importantes para aumentar el porcentaje de energías renovables en sectores sobre los que se estima que van a depender de los combustibles líquidos a largo plazo. Con objeto de garantizar que los combustibles renovables de origen no biológico contribuyan a la reducción de los gases de efecto invernadero, la electricidad utilizada para la producción de combustible debería ser de origen renovable. La Comisión debe desarrollar, mediante actos delegados, una metodología de la Unión fiable que sea de aplicación cuando dicha electricidad se obtenga de la red. Dicha metodología debe garantizar que exista una correlación temporal y geográfica entre la unidad de producción de electricidad con la que el productor tiene un contrato bilateral de compra de electricidad procedente de fuentes renovables, y la producción de combustible. Por ejemplo, los combustibles renovables de origen no biológico no pueden considerarse completamente renovables si se producen en el momento en que la unidad de generación de energías renovables contratada no está generando electricidad. Otro ejemplo sería el caso de la congestión de la red eléctrica, en el que los combustibles solo pueden considerarse completamente renovables cuando la generación de electricidad y las instalaciones de producción de combustible se sitúan en el mismo lado de la congestión. Asimismo, debe haber un elemento de adicionalidad, en el sentido de que el productor de combustible contribuye a la utilización o a la financiación de las energías renovables.

(91) Deben fomentarse las materias primas con un efecto reducido de cambio indirecto en el uso de la tierra cuando se emplean para la obtención de biocarburantes, debido a su contribución a la descarbonización de la economía. Deben incluirse en un anexo de la presente Directiva, en particular, aquellas materias primas empleadas en los biocarburantes avanzados y biogás para el transporte, cuyas tecnologías son más innovadoras y menos maduras y que requieren, por tanto, un mayor nivel de apoyo. A fin de garantizar que dicho anexo se actualiza convenientemente en función de los progresos tecnológicos más recientes, al tiempo que se evita todo efecto negativo no deseado, la Comisión debe revisar dicho anexo para evaluar si deben añadirse nuevas materias primas.

(92) Los costes de conexión a las redes de gas de los nuevos productores de gas procedente de fuentes renovables deben basarse en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, y reflejar adecuadamente los beneficios que los productores integrados locales de gas procedente de fuentes renovables aportan a las redes de gas.

(93) Para explotar plenamente el potencial de la biomasa, que no incluye la turba ni la materia integrada en formaciones geológicas o fosilizada, con el objetivo de contribuir a la descarbonización de la economía mediante su empleo para materiales y energía, la Unión y los Estados miembros deben fomentar la utilización de energía procedente únicamente de una mayor movilización sostenible de la madera y de los recursos agrarios existentes y el desarrollo de nuevos sistemas de silvicultura y de producción agrícola, siempre que se cumplan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de efecto invernadero.

(94) Los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa deben producirse siempre de manera sostenible. Los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa utilizados para cumplir los objetivos de la Unión fijados en la presente Directiva y aquellos que se benefician de los sistemas de apoyo deben cumplir, por tanto, obligatoriamente criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La armonización de tales criterios en el caso de los biocarburantes y los biolíquidos es fundamental para la consecución de los objetivos de la política energética de la Unión recogidos en el artículo 194, apartado 1, del TFUE. Dicha armonización garantiza el funcionamiento del mercado interior de la energía y facilita por tanto, especialmente a efectos de la obligación de los Estados miembros de no negarse a tener en cuenta por otros motivos de sostenibilidad, los biocarburantes y biolíquidos obtenidos de conformidad con la presente Directiva, el comercio de biocarburantes y biolíquidos conformes entre Estados miembros. Es fundamental que no se frustren los efectos positivos que la armonización de dichos criterios debe ejercer en el funcionamiento armonioso del mercado interior de la energía y en la evitación de distorsiones de la competencia dentro de la Unión. Para los combustibles de biomasa, los Estados miembros deben poder establecer criterios adicionales de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(95) La Unión debe adoptar medidas adecuadas en el marco de la presente Directiva, incluida la promoción de criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero aplicables a los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa.

(96) La producción de materias primas agrícolas para los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa, y los incentivos para su uso previstos en la presente Directiva, no deben tener como efecto alentar la destrucción de suelos ricos en biodiversidad. Deben preservarse estos recursos agotables, cuyo valor universal se reconoce en diversos instrumentos internacionales. Es, por tanto, necesario prever criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que garanticen que los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa solo puedan beneficiarse de incentivos cuando se asegure que las materias primas agrarias no proceden de zonas con una rica biodiversidad o, en el caso de las zonas designadas con fines de protección de la naturaleza o para la protección de especies o ecosistemas raros, amenazados o en peligro, que la autoridad competente pertinente demuestre que la producción de la materia prima agrícola no interfiere con tales fines.

(97) Los bosques deben considerarse ricos en biodiversidad de conformidad con los criterios de sostenibilidad, cuando se trate de bosques primarios de conformidad con la definición utilizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, o cuando estén protegidos por el Derecho nacional con fines de protección de la naturaleza. Las zonas en las que se efectúa la recogida de productos forestales no madereros deben considerarse bosques ricos en biodiversidad, siempre que el impacto humano sea pequeño. Otros tipos de bosques según la definición utilizada por la FAO, como los bosques naturales modificados y los bosques y las plantaciones seminaturales, no deben considerarse bosques primarios. Además, considerando la gran riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad de algunos prados y pastizales, tanto de clima templado como tropical, incluidas las sabanas, estepas, matorrales y praderas con una rica biodiversidad, los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa producidos a partir de materias primas agrícolas procedentes de este tipo de suelos no deben beneficiarse de los incentivos previstos por la presente Directiva. Se deben conferir a la Comisión poderes de ejecución para fijar criterios apropiados que permitan definir estos prados y pastizales con una rica biodiversidad, de conformidad con los mejores datos científicos disponibles y las normas internacionales pertinentes.

(98) Los suelos no deben reconvertirse para la producción de materias primas agrícolas para biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa si su pérdida de reservas de carbono tras su reconversión no pudiera verse compensada, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de la urgencia de luchar contra el cambio climático, con una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada de la producción y el uso de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. Esto evitaría que los agentes económicos deban emprender investigaciones innecesariamente laboriosas e impediría la reconversión de suelos con grandes reservas de carbono sabiéndose en la práctica que no son idóneos para el cultivo de materias primas agrícolas destinadas a la producción de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. Los inventarios de reservas mundiales de carbono indican que los humedales y las zonas arboladas continuas con una cubierta de copas superior al 30 % deben incluirse en esta categoría.

(99) En el marco de la política agrícola común, los agricultores de la Unión deben cumplir con un conjunto exhaustivo de requisitos medioambientales a fin de recibir ayudas directas. La forma más eficaz de comprobar el cumplimiento de dichos requisitos es en el contexto de la política agrícola. No conviene incluir esos requisitos en el régimen de sostenibilidad, ya que los criterios de sostenibilidad de la bioenergía deben fijar normas objetivas y de aplicación general. Además, se correría el riesgo de que la comprobación del cumplimiento establecida por la presente Directiva causara una carga administrativa innecesaria.

(100) El cultivo de materias primas agrícolas para la producción de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa debe efectuarse utilizando prácticas que sean compatibles con la protección de la calidad del suelo y del carbono orgánico del suelo. La calidad del suelo y el carbono del suelo deben incluirse en sistemas de supervisión de los operadores o las autoridades nacionales.

(101) Conviene introducir criterios de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para toda la Unión en el caso de los combustibles de biomasa usados en el sector de electricidad y el sector de calefacción y refrigeración, a fin de seguir garantizando una elevada reducción de tales emisiones en comparación con las alternativas de combustibles fósiles, de evitar efectos indeseados en la sostenibilidad y de promover el mercado interior. Las regiones ultraperiféricas deben poder utilizar el potencial de sus recursos con el fin de aumentar la producción de energías renovables y su independencia energética.

(102) Para garantizar que, a pesar de la demanda creciente de biomasa forestal, la recolección se desarrolla de manera sostenible en bosques cuya regeneración está garantizada, que se presta especial atención a las áreas designadas expresamente para la protección de la biodiversidad, los paisajes y elementos concretos de la naturaleza, que se conservan las fuentes de biodiversidad y que se hace un seguimiento de las reservas de carbono, las materias primas madereras deben proceder solo de bosques que se cultivan de conformidad con los principios de gestión forestal sostenible desarrollados en virtud de iniciativas internacionales como «Forest Europe», y aplicados a través del Derecho nacional o de las mejores prácticas de gestión a nivel de la zona de aprovisionamiento. Los operadores deben tomar las medidas adecuadas para minimizar el riesgo de utilizar biomasa forestal cuyo origen no sea sostenible para la producción de bioenergía. Para ello, los operadores deben adoptar un planteamiento basado en el riesgo. En este contexto, conviene que la Comisión desarrolle, mediante actos de ejecución, pautas operativas sobre la comprobación del cumplimiento con el planteamiento basado en el riesgo, tras consultar al Comité sobre sostenibilidad de los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa.

(103) La recolección con fines energéticos ha aumentado y está previsto que continúe incrementándose, de modo que aumentan las importaciones de materias primas desde terceros países, así como la producción de esas materias dentro de la Unión. Debe garantizarse que la recolección sea sostenible.

(104) A fin de minimizar la carga administrativa, los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión solo deben aplicarse a la electricidad y la calefacción obtenidas mediante combustibles de biomasa procedentes de instalaciones con una potencia térmica nominal total igual o superior a los 20 MW.

(105) Los combustibles de biomasa se deben transformar en electricidad y calefacción de manera eficiente, a fin de optimizar la seguridad energética y la reducción de los gases de efecto invernadero, y de limitar las emisiones de contaminantes atmosféricos y minimizar la presión sobre los recursos limitados de biomasa.

(106) Debe incrementarse el umbral mínimo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero aplicable a los biocarburantes, biolíquidos y biogás para el transporte producidos en instalaciones nuevas, a fin de mejorar su balance global de gases de efecto invernadero y de desalentar nuevas inversiones en instalaciones con un bajo rendimiento en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho incremento proporciona salvaguardias para las inversiones en capacidades de producción de biocarburantes, biolíquidos y biogás para el transporte.

(107) Sobre la base de la experiencia en la aplicación práctica de los criterios de sostenibilidad de la Unión, conviene reforzar el papel de los regímenes voluntarios de certificación nacionales e internacionales en la comprobación del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de forma armonizada.

(108) Es de interés para la Unión fomentar el desarrollo de regímenes voluntarios internacionales o nacionales que establezcan normas para la producción de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa sostenibles, y que certifiquen que el proceso de producción de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa cumple dichas normas. Por esa razón, se debe disponer que para reconocer que los regímenes proporcionan pruebas y datos fiables, esos regímenes cumplen normas adecuadas de fiabilidad, transparencia y auditoría independiente. A fin de garantizar que el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se comprueba de manera sólida y armonizada y, en particular, para evitar fraudes, la Comisión debe estar facultada para adoptar normas de ejecución detalladas, incluidas normas adecuadas de fiabilidad, transparencia y auditoría independiente, que han de aplicar los regímenes voluntarios.

(109) Los regímenes voluntarios desempeñan un papel cada vez más importante a la hora de aportar pruebas del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. Conviene, por tanto, que la Comisión exija que los regímenes voluntarios, incluyendo aquellos ya reconocidos por ella misma, presenten informes sobre sus actividades con regularidad. Dichos informes deben hacerse públicos con el fin de aumentar la transparencia y mejorar la supervisión de la Comisión. Asimismo, dichos informes deben proporcionar la información necesaria para que la Comisión informe sobre el funcionamiento de los regímenes voluntarios al objeto de definir las mejores prácticas y presentar, en su caso, una propuesta para seguir fomentando dichas prácticas.

(110) Para facilitar el funcionamiento del mercado interior, deben aceptarse en todos los Estados miembros aquellas pruebas relativas a los criterios de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa que se hayan obtenido de conformidad con un régimen reconocido por la Comisión. Los Estados miembros deben contribuir a garantizar la correcta aplicación de los principios de certificación de los regímenes voluntarios supervisando la actividad de los organismos de certificación acreditados por la entidad nacional de acreditación correspondiente y notificando a los regímenes voluntarios afectados las observaciones pertinentes.

(111) Para evitar una carga administrativa excesiva, debe elaborarse una lista de valores por defecto para procesos comunes de producción de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa que se actualice y amplíe cuando se disponga de datos fiables nuevos. Los operadores económicos deben poder siempre atribuirse el nivel de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa que figuren en esa lista. Si el valor por defecto asignado a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un proceso de producción se sitúa por debajo del nivel mínimo requerido, los productores que deseen demostrar que cumplen ese nivel mínimo deben probar que las emisiones realmente generadas por su proceso de producción son inferiores a las que se asumieron para calcular los valores por defecto.

(112) Es necesario establecer normas claras basadas en criterios objetivos y no discriminatorios para el cálculo de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como las correspondientes a los combustibles fósiles de referencia.

(113) De conformidad con los conocimientos técnicos o científicos actuales, la metodología de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero debe tener en cuenta la transformación de los combustibles de biomasa sólidos y gaseosos en energía final, a fin de mantener la coherencia con el cálculo de las energías renovables a efectos de la contabilización relativa a los objetivos de la Unión establecidos por la presente Directiva. La asignación de emisiones de gases de efecto invernadero a los coproductos, a diferencia de los residuos y desechos, también debe revisarse en aquellos casos en los que la electricidad o la calefacción y la refrigeración se obtengan en instalaciones de cogeneración o multigeneración.

(114) Si las tierras con grandes reservas de carbono, en el suelo o en la vegetación, se reconvierten para cultivar materias primas para producir biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, una parte del carbono almacenado se liberará normalmente a la atmósfera, formando dióxido de carbono (CO2). El impacto negativo resultante, en términos de gases de efecto invernadero, puede contrarrestar, en algunos casos por un amplio margen, el impacto positivo de la utilización de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. Por tanto, deben tenerse en cuenta los efectos globales de tal reconversión, en términos de producción de carbono, en el cálculo de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero obtenida con el uso de determinados biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. Ello es necesario para asegurarse de que, al calcular la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, se tienen en cuenta todos los efectos del carbono derivados del uso de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa.

(115) Al calcular el impacto de la reconversión de tierras en los gases de efecto invernadero, los agentes económicos deben poder utilizar los valores reales de las reservas de carbono en combinación con el uso del suelo de referencia y el uso del suelo tras la reconversión. También deben poder utilizar valores estándar. La metodología del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ofrece una base adecuada para tales valores estándar. En la actualidad, esa labor no está expresada en términos de los que se puedan servir los agentes económicos de forma inmediata. La Comisión debe revisar, por tanto, sus directrices de 10 de junio de 2010 para el cálculo de las reservas de carbono en suelo a efectos de las normas para calcular el impacto de los biocarburantes, biolíquidos y sus combustibles fósiles de referencia en las emisiones de gases de efecto invernadero, que se establecen en un anexo de la presente Directiva, garantizando al mismo tiempo la congruencia con el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

(116) Los coproductos procedentes de la producción y el consumo de combustibles deben tenerse en cuenta para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. El método de sustitución es idóneo para el análisis de las opciones de actuación, pero no a efectos de la normativa aplicable a los diferentes agentes económicos y partidas de combustibles de transporte. En tales casos, el método de asignación de energías es el más idóneo, debido a que es fácil de aplicar, es previsible en el tiempo, minimiza los incentivos contraproducentes y ofrece resultados generalmente comparables a los obtenidos con el método de sustitución. Con fines de análisis de las opciones de actuación, la Comisión debe también transmitir, en sus informes, los resultados actuales obtenidos con el método de sustitución.

(117) Los coproductos son diferentes de los desechos y de los desechos agrícolas, ya que los primeros son el objetivo principal del proceso de producción. Conviene aclarar, por tanto, que los desechos de cultivos agrícolas son desechos y no coproductos. Esto no tiene consecuencias en la metodología existente, pero sí aclara las disposiciones en vigor.

(118) El criterio establecido de utilizar la asignación de energía como norma para el reparto de las emisiones de gases de efecto invernadero entre los coproductos funciona correctamente y debe mantenerse. Conviene adaptar el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del uso de la producción combinada de calor y electricidad cuando esta se emplee en la transformación de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, al método aplicado a la producción combinada de calor y electricidad como uso final.

(119) El método tiene en cuenta la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada del uso de la producción combinada de calor y electricidad, con respecto al uso de centrales que producen solo electricidad o solo calor, analizando el servicio del calor en comparación con la electricidad, y la utilidad del calor a diferentes temperaturas. De ello se desprende que a las temperaturas más elevadas se les debe asignar un mayor porcentaje de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que a las temperaturas más bajas, en aquellos casos de cogeneración de calor y electricidad. El método tiene en cuenta todo el proceso de obtención de energía final, incluida la conversión en calor o electricidad.

(120) Es adecuado que los datos que se utilicen en el cálculo de dichos valores por defecto se obtengan de expertos científicos independientes y se actualicen según proceda a medida que dichas fuentes expertas avanzan en su labor. La Comisión debe fomentar que dichas fuentes expertas aborden, cuando actualicen sus estudios, las emisiones procedentes de cultivos, el efecto de las condiciones regionales y climatológicas, los e