ES Diario Oficial de la Unión Europea L 185/10

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 7 de febrero de 2007

relativa al régimen de ayudas que Italia tiene previsto ejecutar mediante la Ley de la Región de Sicilia no 21/2003, artículos 14, 15 y 16 Asunto C 31/05 (ex N 329/2004)

[notificada con el número C(2007) 285]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/498/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (1), y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I. PROCEDIMIENTO

(1) Por carta de 28 de julio de 2004, las autoridades italianas notificaron los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Regional no 21, de 29 de diciembre de 2003 (en lo sucesivo, «la Ley Regional no 21/2003»). Por carta de 22 de septiembre de 2004, la Comisión pidió información complementaria. Por carta de 24 de enero de 2005, las autoridades italianas solicitaron una prórroga, que la Comisión concedió mediante carta de 25 de enero de 2005.

(2) Por carta de 26 de enero de 2005, las autoridades italianas comunicaron que el régimen de ayudas contemplado en los artículos 14 y 15 se ejecutaba de conformidad con el Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (2), a la espera de la autorización de la Comisión Europea.

(3) Por carta de 29 de marzo de 2005, la Comisión pidió a las autoridades italianas informaciones complementarias. Tras el recordatorio enviado el 27 de abril de 2005, Italia suministró la información solicitada por cartas de 18 de mayo de 2006 y 2 de junio de 2006.

(4) Volvió a solicitarse información complementaria por carta de 10 de junio de 2005. Las autoridades italianas respondieron mediante cartas de 12 de julio de 2005 y 14 de julio de 2005.

(5) Por carta de 6 de septiembre de 2005, la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE y en el artículo 62 del Acuerdo EEE con respecto a esta medida.

(6) La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (3). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la ayuda en cuestión.

(7) La Comisión no recibió observaciones al respecto por parte de los interesados.

(8) Por carta de 10 de noviembre de 2005, las autoridades italianas pidieron a la Comisión que suspendiera el procedimiento a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-475/2003 sobre la compatibilidad del impuesto regional italiano sobre las actividades de producción (imposta regionale italiana sulle attività produttive o IRAP) con el artículo 33, apartado 1, de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios-Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (4). La Comisión aceptó esta petición mediante carta de 18 de octubre de 2005. Posteriormente, el Tribunal de Justicia declaró la compatibilidad del IRAP con el artículo 33, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE (5).

(9) Por carta de 10 de mayo de 2006 (A/33600), las autoridades italianas informaron a la Comisión de una modificación introducida en las medidas contempladas en los artículos 14 y 15 en virtud de la cual las medidas se ejecutarían de conformidad con el Reglamento de minimis aun «en el caso de una decisión negativa adoptada por la Comisión».

II. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

a) Base jurídica de la medida

(10) Artículos 14, 15 y 16 de la Ley Regional no 21/03.

b) Objetivo de la medida

(11) Según las autoridades italianas, la medida tiene por objeto fomentar la creación de nuevas empresas y reducir la brecha existente entre las empresas que operan en Sicilia y las empresas situadas en otras regiones de Italia.

(12) Además, la medida en cuestión pretende favorecer la integración de la economía de la Unión Europea con las economías de los países que han firmado la declaración final de la Conferencia Ministerial Euromediterránea de Barcelona de 27 y 28 de noviembre de 1995 (en lo sucesivo, «la Conferencia de Barcelona»).

(13) La medida consta de dos regímenes: los artículos 14 y 15 de la Ley Regional no 21/03, que prevén una exención del IRAP en favor de algunas empresas, y el artículo 16, que prevé la creación del Centro Euromediterráneo de Servicios Financieros y de Seguro.

(14) Los artículos 14 y 15 establecen una exención del IRAP por un período de cinco años en favor de determinadas empresas que empezaron a ser operativas en 2004 y de algunas empresas ya existentes.

(15) Más concretamente, el artículo 14 prevé una exención del IRAP durante los cinco ejercicios fiscales sucesivos (al del inicio de la actividad) en favor de: a) las nuevas empresas que hayan iniciado su actividad a partir de 2004 en los sectores del turismo, la hostelería, la artesanía, los bienes culturales, el sector agroalimentario o las tecnologías de la información; b) todas las nuevas empresas que hayan iniciado su actividad a partir de 2004 en cualquier sector industrial y cuyo volumen de negocios sea inferior a 10 millones EUR.

(16) Por su parte, el artículo 15 prevé en particular, durante los cinco ejercicios fiscales sucesivos al ejercicio 2004, una exención del IRAP por lo que respecta a la parte de base imponible que excede de la media de la declarada en el trienio 2001 a 2003 en favor de todas las empresas activas, con excepción de las que operan en la industria química y petroquímica.

(17) Solo las empresas que tengan simultáneamente su domicilio social, administrativo y operativo en la Región de Sicilia pueden beneficiarse del régimen de ayudas.

(18) El artículo 16 instituye el Centro Euromediterráneo de Servicios Financieros y de Seguro, en cuyo seno operan filiales de entidades de crédito, compañías de corretaje de bienes inmuebles, sociedades fiduciarias, compañías de seguros y entidades financieras que recogen fondos en los mercados internacionales para su utilización exclusiva fuera de Italia y con no residentes. El Centro cuenta asimismo con empresas de corretaje y asistencia al comercio internacional. Su dirección corre a cargo de un Comité, nombrado por el Presidente de la Región de Sicilia, que concede y retira a las empresas la autorización de operar en el Centro.

(19) Estas son las ventajas concedidas a las empresas: a) reducción del 50 % del tipo del IRAP para las rentas producidas en el Centro; b) exención de los impuestos sobre las concesiones regionales; c) descuento a tanto alzado de los derechos de registro y de los impuestos hipotecarios y catastrales, y d) exención del impuesto de sociedades para las rentas producidas en Sicilia (6) con relación a las actividades efectuadas en el Centro.

(20) Las ventajas fiscales previstas por el régimen se conceden exclusivamente en el marco de las operaciones realizadas con los terceros países que han firmado la Declaración de Barcelona de 27 y 28 de noviembre de 1995 (7).

(21) La localización precisa del Centro en Sicilia y los criterios para la concesión de la autorización de operar en el marco del Centro se establecerán en la normativa de desarrollo.

(22) La adopción de las medidas en cuestión es posible en virtud del ejercicio por la región de Sicilia de la autonomía fiscal prevista por los artículos 36 y 38 del Estatuto regional siciliano. El Estatuto es una norma constitucional.

c) Dotación de la medida

(23) Las autoridades italianas consideran que una vez introducidas las cláusulas en cuestión, la incidencia presupuestaria global de los artículos 14 y 15 será aproximadamente de 170 millones EUR para el período 2004-2009 (120 y 48 millones EUR, respectivamente). Las autoridades italianas no facilitan ninguna estimación por lo que se refiere a la incidencia presupuestaria del artículo 16.

d) Duración de la medida

(24) La Ley Regional no 21/2003 entró en vigor el 30 de diciembre de 2003, pero la aplicación de las disposiciones de los artículos 14, 15 y 16 está explícitamente supeditada a la autorización de la Comisión Europea.

(25) Por carta de 26 de enero de 2005, las autoridades italianas comunicaron que las ayudas previstas en los artículos 14 y 15 se habían ejecutado, de conformidad con el Reglamento de minimis, a la espera de la autorización de la Comisión Europea. Posteriormente, mediante carta de 10 de mayo de 2006, las autoridades italianas comunicaron que las ayudas previstas en los artículos 14 y 15 se ejecutarían, de conformidad con el Reglamento de minimis, incluso «en caso de decisión negativa adoptada por la Comisión».

(26) La medida contemplada en el artículo 14 se aplica desde 2005. Las autoridades italianas se han comprometido a aplicarla durante cinco ejercicios.

(27) La medida contemplada en el artículo 15 se aplica durante cinco ejercicios fiscales entre 2004 y 2009.

(28) La medida contemplada en el artículo 16 se aplica a partir de la fecha de entrada en vigor de la medida hasta el ejercicio fiscal siguiente a la creación efectiva de la zona de libre comercio mencionada en la Declaración de Barcelona (2010).

III. MOTIVOS PARA LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

a) Artículos 14 y 15: exenciones del IRAP

(29) En su carta de 6 de septiembre de 2005, la Comisión afirmaba que el régimen de ayudas notificado constituye una ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, en la medida en que: implica la utilización de fondos estatales, es selectivo por cuanto ve dirigido a determinados sectores y/o determinadas categorías de empresas, y confiere una ventaja financiera a determinadas categorías de empresas en términos de disminución de la carga fiscal, pudiendo falsear la competencia e incidir en los intercambios a escala comunitaria.

(30) Una de las razones para incoar el procedimiento fue la duda expresada por la Comisión sobre la compatibilidad con el mercado único de las ayudas previstas en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Regional no 21/2003.

(31) En primer lugar, la Comisión dudaba de que la medida satisficiese las condiciones enunciadas en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (en lo sucesivo, «las Directrices») (8). En efecto, según la notificación, la medida concedería ayudas de funcionamiento a las empresas sicilianas que satisfacen los criterios indicados en los considerandos 14 y 17 y a las empresas que operan en el Centro Euromediterráneo de Servicios Financieros y de Seguro.

(32) De acuerdo con el punto 4.15 de las Directrices, las ayudas de funcionamiento pueden concederse en la medida en que estén justificadas en función de su contribución al desarrollo regional y su naturaleza, y siempre que su nivel sea proporcional a las desventajas que pretenden compensar. En este sentido, la Comisión dudaba de que las autoridades italianas hubiesen logrado justificar la concesión de la ayuda de funcionamiento demostrando la existencia de posibles desventajas y cuantificando su magnitud, y de que la ayuda estuviera justificada en función de su contribución al desarrollo regional.

(33) La Comisión dudaba de que las ayudas de funcionamiento previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley Regional no 21/2003 pudieran ser compatibles con el mercado común y contribuyeran a la creación de nuevas empresas y a reducir la brecha existente entre las empresas que operan en Sicilia y las situadas en otras regiones italianas. En este sentido, la Comisión ha observado que la conexión entre la reducción del IRAP para los beneficiarios (por ejemplo, del artículo 15) y la creación de nuevas empresas en Sicilia no está clara, y las autoridades italianas no han proporcionado ninguna explicación al respecto. El hecho de que la reducción del IRAP pueda, en teoría, favorecer la creación de nuevas empresas no basta para que la ayuda pueda considerarse compatible.

(34) En su notificación, las autoridades italianas afirmaban que el límite máximo de 10 millones EUR es suficientemente bajo como para garantizar que el artículo 14 se aplique exclusivamente a las PYME. La Comisión replicó que el artículo 14 se limita a las PYME solo aparentemente, dado que hace caso omiso del número de empleados, y, sobre todo, del hecho de que la empresa beneficiaria sea una empresa «vinculada» o «asociada» de acuerdo con las directrices relativas a las PYME (9). Además, aunque las autoridades italianas pudieran demostrar que solo las PYME (según la definición de las Directrices) se benefician de la medida, la Comisión piensa que la medida en cuestión constituye en cualquier caso una ayuda a la financiación.

(35) Las autoridades italianas han afirmado asimismo que la prevalencia de microempresas provoca un aumento de los costes de financiación y una mayor utilización de mano de obra; los costes laborales y del endeudamiento representan una gran parte de la base imponible del IRAP, lo cual penaliza a las empresas sicilianas. La Comisión ha observado que aunque el problema de la economía siciliana fuese la prevalencia de microempresas, con las correspondientes consecuencias, una reducción generalizada del IRAP para las empresas de cualquier tamaño no lo resolvería dado que el IRAP no tiene por objeto las microempresas. Además, la ayuda no parece destinada a solucionar los problemas que se derivan del carácter insular de Sicilia, ya que no guarda ninguna relación con los costes suplementarios vinculados a la insularidad, como los gastos de transporte. La Comisión no cree, por ejemplo, que las empresas sicilianas que operan en el sector del turismo, la hostelería y los bienes culturales se enfrenten a especiales desventajas debido a su ubicación en Sicilia (artículo 14).

(36) Además, la Comisión considera que los documentos presentados por las autoridades italianas no contienen información suficiente para garantizar que la ayuda disminuirá con el paso del tiempo. En el ejemplo facilitado, parece que las autoridades italianas desean reducir la proporción de la exención del IRAP, pero esto no garantiza de por sí el carácter decreciente de la ayuda.

(37) Por otra parte, desde el momento en que el artículo 15 concede las ayudas a las empresas de cualquier tamaño, la Comisión no cree que la utilización de datos relativos exclusivamente a las empresas con un volumen de negocios inferior a 10 millones EUR y menos de 10 empleados que operan en los sectores industrial, de las tecnologías de la información y del turismo y la hostelería puedan demostrar la proporcionalidad de la medida en cuestión.

(38) Para la Comisión, se diría que la medida es materialmente selectiva por cuanto las ventajas fiscales previstas por los artículos 14 y 15 excluyen de la lista de posibles beneficiarios a diferentes categorías de empresas (véase el considerando 56), favoreciendo en particular al sector del turismo, la hostelería y los bienes culturales, el sector agroalimentario y el de las tecnologías de la información. En segundo lugar, se diría que la medida favorece a las empresas industriales, existentes o recientemente creadas, con un volumen de negocios inferior a 10 millones EUR, con excepción de las que operan en los sectores de la industria química y petroquímica.

(39) En sus declaraciones, las autoridades italianas sostenían que las empresas de la industria química y petroquímica quedaban excluidas de las disposiciones del artículo 15 debido a que no tienen que soportar los elevados gastos de transporte resultantes de la insularidad de la región, y porque el número de empresas activas en este sector es muy escaso. Sin embargo, la Comisión no tiene la impresión de que las empresas de todos los sectores que pueden beneficiarse de la medida deban hacer frente a elevados costes de transporte; además, el número de beneficiarios no tiene ninguna incidencia en el carácter de ayuda estatal de una medida.

(40) Por último, la Comisión opina que la medida implica una discriminación entre empresas «sicilianas» y «no sicilianas», por cuanto impide a las empresas domiciliadas en otro Estado miembro beneficiarse de la ayuda. La Comisión considera que ninguna razón objetiva puede justificar esta decisión de las autoridades italianas y que, por lo tanto, esta disposición del régimen de ayudas es contraria al artículo 43 del Tratado. Por estas mismas razones, la Comisión estima que la medida no puede ser compatible con el mercado común (10). La Comisión ha constatado asimismo que la medida aporta una ventaja selectiva a las empresas sicilianas, en la medida en que solo las empresas sujetas a impuestos cuyos domicilios social, administrativo y operativo se encuentran en territorio siciliano tienen derecho a beneficiarse del régimen. No parece que este sea el caso de todas las empresas que desarrollan una actividad productiva o comercial en Sicilia, y que están sujetas al IRAP por esa actividad. Las autoridades italianas no han facilitado en su correspondencia ningún argumento al respecto.

b) Artículo 16

(41) En primer lugar, la Comisión constataba que las autoridades italianas no han explicado en sus declaraciones las razones por las que consideran que la ayuda a la creación del Centro Euromediterráneo de Servicios Financieros y de Seguro puede beneficiarse de la exención contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado.

(42) Las autoridades italianas afirman en su correspondencia que la medida en cuestión constituye una ayuda de funcionamiento. La Comisión ha observado que la distorsión de la competencia provocada por una ayuda en el sector financiero puede ser muy importante, y que las actividades financieras no contribuyen significativamente a eliminar las desventajas de las regiones que pueden beneficiarse de la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra a), como se afirma en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (11) y en distintas decisiones adoptadas posteriormente. La Comisión ha recordado que dicha Comunicación establece claramente que, para poder obtener de la Comisión la declaración de compatibilidad con el mercado común, las ayudas estatales destinadas a favorecer el desarrollo de regiones concretas deben ser «proporcionadas y adecuadas a los objetivos buscados». Sobre la base de este criterio, es poco probable que actividades offshore y actividades sin efectos o con efectos limitados en la economía local obtengan una autorización como ayudas estatales compatibles. La Comisión, por lo tanto, ha expresado sus dudas en cuanto a la proporcionalidad entre el nivel de la ayuda y la desventaja que pretende compensar.

(43) Por último, la Comisión duda que la medida recogida en el artículo 16 pueda considerarse como de interés común europeo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado.

(44) En efecto, la principal justificación facilitada por las autoridades italianas para defender la ayuda en cuestión era el hecho de que la medida se consideraba un proyecto de interés común europeo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE, dado que el artículo 16 es similar a la Ley no 19 de 9 de enero 1991 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), por la que se instituía el Centro de servicios financieros y de seguros de Trieste, declarado incompatible por la Comisión en 2003, tras haber sido autorizado por la Comisión mediante decisión de 1995 sobre la base de la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE (12). En este sentido, la Comisión ha observado que en su primera decisión la ayuda para la creación del Centro Financiero de Trieste se había considerado compatible con el mercado común en virtud de la excepción contemplada en el artículo 92, apartado 3, letra c), actualmente artículo 87, apartado 3, letra c), y no de la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra b) (13).

(45) Las autoridades italianas han afirmado que los motivos para revocar la anterior decisión de compatibilidad de la Comisión se basan en el hecho de que Sicilia es una región seleccionable para las ayudas estatales autorizadas en virtud del artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado, y en el hecho de que en este caso concreto el mercado de los capitales europeos no está integrado con el mercado africano de capitales y, por lo tanto, favorecer esta integración de acuerdo con la Declaración de Barcelona sigue siendo un objetivo europeo relevante.

(46) La Comisión ha observado que el análisis debe efectuarse caso por caso teniendo en cuenta las peculiaridades de regímenes aparentemente similares que pueden no obstante resultar de gran relevancia, así como el contexto económico. En este sentido, la Comisión ha subrayado, por ejemplo, que la ayuda total (sobre los cinco años de duración del régimen) para la creación del Centro financiero de Trieste estaba sujeta a un límite máximo, y que el total de los préstamos e inversiones de las empresas del Centro estaba limitado.

(47) Por otra parte, la Comisión opina que las consideraciones formuladas en 2003 en el caso de Trieste son también válidas en el presente caso por las siguientes razones: a) uno de los principales argumentos que justificaban la revocación de la decisión en el caso de Trieste era el hecho de que este tipo de medida constituye una ayuda de funcionamiento que la Comisión solo autoriza excepcionalmente, en sectores de actividad que requieren un tratamiento extraordinario. No es este el caso del sector financiero, y la Comisión considera que en el estado actual de cosas las ayudas a operadores que participan en mercados financieros pueden producir graves distorsiones en el sector; b) otro argumento que justificó la revocación de la decisión en el caso de Trieste era el hecho de que en su evaluación a la luz de las normas sobre ayudas estatales, la Comisión puede tener en cuenta, entre otras cosas, los efectos negativos en la competencia observados en los trabajos de preparación del Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas (14). De dichos trabajos se desprende que las medidas de incentivo fiscal sobre actividades mobiliarias a nivel internacional, como las actividades financieras, de seguro, los servicios intragrupo, etc. pueden tener efectos negativos para otros Estados miembros, al favorecer, en particular, la evasión fiscal. El régimen relativo a Trieste, que se consideró perjudicial sobre la base de los criterios recogidos en el Código, tenía potencialmente estos efectos. La Comisión señala que, en las observaciones enviadas en su momento con respecto a medidas relativas al régimen de Trieste, las autoridades italianas mencionaban la reunión del 19 de marzo de 2002 del grupo «Código de Conducta», en la que Italia afirmó que se procedería al desmantelamiento del Centro en un plazo compatible con el programa de trabajo sobre el Código de Conducta.

(48) Por último, tras destacar que dos de los países firmantes de la Declaración de Barcelona, Chipre y Malta, eran ya miembros de la Unión Europea en el momento de la notificación de la presente medida, la Comisión ha estimado que la situación de los países que se beneficiarían de las inversiones de las empresas operantes en el Centro difiere en muchos aspectos de la situación de los países de Europa del Este en 1995. En particular, los problemas consustanciales a la transición nunca se han planteado en muchos de los países signatarios de la Declaración de Barcelona, o se plantearon en el pasado (así por ejemplo, Turquía e Israel son claramente dos economías de libre mercado) y el período de transición ya ha finalizado (como en Argelia).

(49) La Comisión duda, por lo tanto, de que el artículo 16 pueda acogerse a la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE.

(50) La Comisión ha explicado que consideraba necesario proceder a un análisis más exhaustivo de la cuestión, teniendo en cuenta las observaciones eventualmente formuladas por los terceros interesados. Solo después de haber tenido en cuenta las observaciones de los terceros interesados, la Comisión podía decidir si la medida propuesta por las autoridades italianas incidía en las condiciones de intercambio en forma contraria al interés común.

IV. OBSERVACIONES ENVIADAS POR ITALIA

(51) La Comisión no ha recibido, ni por parte de las autoridades italianas ni por parte de terceros interesados, ninguna observación que disipe las dudas expresadas en la decisión de incoar el procedimiento de examen formal.

V. EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

V.1. Legitimidad

(52) Al notificar los regímenes de ayuda con una cláusula suspensiva o, en el caso de los artículos 14 y 15, al ejecutarlos con arreglo al Reglamento de minimis en espera de la autorización de la Comisión, las autoridades italianas han satisfecho las exigencias procedimentales a que se refiere el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.

V.2. Carácter de ayuda estatal del régimen

(53) La Comisión considera que la medida constituye una ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, por las siguientes razones:

(54) La medida supone la utilización de recursos públicos en forma de una pérdida de ingresos fiscales por parte de la Región de Sicilia equivalente al importe de la reducción de los impuestos adeudados por el beneficiario.

(55) La medida confiere al beneficiario una ventaja económica resultante de la disminución fiscal efectiva, que se traduce en una ventaja financiera en términos de disminución del impuesto adeudado, de la que las empresas se benefician inmediatamente durante los años en que se aplica la reducción.

— Artículo 14 y artículo 15

(56) La Comisión observa que los artículos 14 y 15 deben examinarse conjuntamente, dado que confieren ventajas similares a categorías diferentes de beneficiarios. Los dos artículos, tomados conjuntamente, excluyen de la serie de posibles beneficiarios a distintas categorías de empresas: a) las nuevas empresas con un volumen de negocios superior a los 10 millones EUR y que operan en los sectores distintos de los contemplados en el punto 1 del artículo 14 (o sea, el sector del turismo y la hostelería, el sector de los bienes culturales, el sector agroalimentario, el sector de la tecnología de la información y las empresa artesanales); b) las nuevas empresas con un volumen de negocios inferior a los 10 millones EUR y que operan en los sectores distintos de los contemplados en el artículo 14, punto 2 (o sea, el sector industrial); se trata principalmente de las empresas de los sectores agrícola y de servicios; c) las empresas ya existentes que operan en el sector de la industria química y petroquímica (artículo 15).

(57) Por lo tanto, en primer lugar, la medida favorece a algunos sectores de producción, y en particular a los del turismo y la hostelería, los bienes culturales, el sector agroalimentario y el sector de la tecnología de la información, en los que todas las empresas pueden beneficiarse de una exención del IRAP de una duración de cinco años. En segundo lugar, la medida parece favorecer a las empresas industriales, existentes o recientemente creadas, cuyo volumen de negocios es inferior a 10 millones EUR, con excepción de las activas en los sectores de la industria química y petroquímica.

(58) Aunque las autoridades italianas demostraran que en el sector industrial no existe ninguna nueva empresa con un volumen de negocios superior a los 10 millones EUR con excepción de las que operan en el sector de la industria química y petroquímica, según una reiterada jurisprudencia (15), la medida examinada constituiría una medida selectiva que favorece al citado sector productivo, por cuanto la exención quinquenal del IRAP no está prevista para las empresas activas en sectores distintos del industrial.

(59) Por último, la medida parece conferir una ventaja selectiva a las empresas sicilianas, en la medida en que solamente las empresas sujetas a impuestos y con domicilios social, administrativo y operativo en territorio siciliano pueden acogerse al beneficio del régimen. No parece que este sea el caso de todas las empresas que desarrollan una actividad productiva o comercial en Sicilia, y que están sujetas al IRAP por esa actividad.

— Artículo 16 — Centro Euromediterráneo de Servicios Financieros y de Seguro

(60) La Comisión observa que el artículo 16 confiere ventajas selectivas en la medida en que solo algunas empresas pueden acogerse al beneficio. En efecto, las ventajas solo recaen en las empresas de servicios financieros y de seguro autorizadas a operar en el Centro. Por lo tanto, la medida excluye a las empresas que recogen fondos en los mercados internacionales para invertirlos en los países indicados en la nota 7 y cuyas actividades con estos países no se efectúen en el marco del Centro.

(61) La medida es también selectiva en la medida en que excluye a las empresas de servicios financieros y de seguro que invierten en Italia y en otros países y que no figuran en la lista exhaustiva incluida en la nota 7.

(62) Sobre la base de lo anteriormente expuesto, la Comisión concluye que la medida propuesta es selectiva.

(63) Según una reiterada jurisprudencia (16), para que una medida falsee la competencia, basta con que el destinatario de la ayuda compita con otras empresas en los mercados abiertos a la competencia.

(64) La Comisión constata que las medidas contempladas en los artículos 14 y 15 parecen falsear la competencia y tener una incidencia en los intercambios entre Estados miembros en la medida en que tienen como efecto eximir a los beneficiarios de una carga a la que de otro modo estarían sujetos.

(65) En el caso que nos ocupa, los beneficiarios son empresas de cualquier dimensión que operan principalmente en el sector industrial, con excepción de las empresas que operan en el sector de la industria química y petroquímica. Dado que estas empresas compiten con otras empresas en mercados abiertos a la competencia, las exenciones del IRAP pueden alterar la competencia e incidir en los intercambios intracomunitarios, según una reiterada jurisprudencia.

(66) Del mismo modo, la Comisión considera que la medida contemplada en el artículo 16 falsea la competencia e incide en los intercambios entre los Estados miembros. En efecto, debido a la naturaleza de sus actividades, las sociedades financieras, de seguro, de corretaje de bienes inmobiliarios y fiduciarias compiten con otras empresas a nivel europeo.

(67) Considerando todo lo expuesto, la Comisión concluye que el régimen propuesto constituye una ayuda estatal.

V.3. Compatibilidad

(68) Desde el momento en que la medida constituye una ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, es necesario evaluar su compatibilidad a la luz de las excepciones contempladas en el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado. Las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 2, del Tratado, relativas a las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional y las ayudas concedidas a determinadas regiones de la República Federal de Alemania, no son de aplicación en el caso que nos ocupa. La medida no puede considerarse un proyecto importante de interés común europeo y no está destinada a poner remedio a una grave perturbación en la economía de Italia, como exige el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado. La medida tampoco puede beneficiarse de la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, en virtud de la cual pueden autorizarse las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en contra del interés común. La medida tampoco pretende promover la cultura y la conservación del patrimonio, como exige el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado.

(69) De acuerdo con lo establecido en el artículo 87, apartado 3, letra a), del tratado están autorizadas las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo. Sicilia es una región que puede beneficiarse de esta excepción.

(70) En la decisión de incoar el procedimiento de examen formal, la Comisión explicaba las razones (que se resumen en los considerandos 29 a 50) por las que dudaba de que la medida pueda beneficiarse de la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado. Por otra parte, la Comisión excluye que la medida recogida en el artículo 16 de la Ley Regional no 21/2003 pueda beneficiarse de la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra b), en virtud de la cual pueden autorizarse las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía italiana.

(71) En ausencia de observaciones por parte de Italia o terceros interesados, la Comisión no puede sino constatar que se confirman tales dudas.

VI. CONCLUSIÓN

(72) La Comisión concluye que la medida notificada por Italia, ilustrada en los considerandos 10 a 28, no es compatible con el mercado común y no puede acogerse a ninguna de las excepciones previstas por el Tratado CE. Por lo tanto, debe prohibirse. Según las autoridades italianas, la ayuda aún no ha sido concedida, de forma que no es preciso recuperarla.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El régimen de ayudas que Italia tiene previsto ejecutar mediante la aplicación de los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de la Región de Sicilia no 21/2003 constituye una ayuda estatal.

La ayuda a que se refiere el párrafo primero es incompatible con el mercado común y no puede ejecutarse.

Artículo 2

Italia informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 7 de febrero de 2007. Por la Comisión Neelie KROES Miembro de la Comisión

(1) DO C 263 de 22.10.2005, p. 30.

(2) DO L 10 de 13.1.2001, p. 30.

(3) Véase la nota 1.

(4) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.

(5) Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de octubre de 2006 en el asunto C-475/2003, Banca popolare di Cremona Soc.coop.a.r.l./Agenzia Entrate Ufficio Cremona (Rec. 2006, p. I-09373).

(6) Más concretamente, Sicilia asumiría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, de la Ley no 212 de 27 de julio de 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, GU no 177 de 31 de julio de 2000), el impuesto de sociedades adeudado por los beneficiarios con domicilio fiscal fuera de Sicilia. El producto de los impuestos de sociedades de las empresas sicilianas corresponde a la Región de Sicilia.

(7) Estos «terceros países» son Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía y la Autoridad Palestina.

(8) DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.

(9) Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión (DO L 10 de 13.1.2001, p. 33). Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1976/2006 (DO L 368 de 23.12.2006, p. 85). Véase asimismo el anexo de la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, relativa a la definición de pequeña y mediana empresa (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

(10) Véase el asunto C-156/98, Alemania/Comisión (Rec. 2000, p. I-6857), apartados 76 a 87.

(11) DO C 384 de 10.12.1998, p. 3. Véase el apartado 33.

(12) Más concretamente, el Centro se creó con arreglo al artículo 3 de la Ley no 19 de 9 de enero 1991. Las correspondientes decisiones de la Comisión son la Decisión 95/452/CE (DO L 264 de 7.11.1995, p. 30), y la Decisión 2003/230/CE de la Comisión, de 11 de diciembre de 2002, relativa al régimen de ayudas existente que Italia fue autorizada a ejecutar en favor del Centro de servicios financieros y de seguros de Trieste (DO L 91 de 8.4.2003, p. 47).

(13) Véase la nota 12.

(14) Los Ministros de Hacienda de la UE instituyeron el Grupo «Código de conducta» (sobre la fiscalidad de las empresas) en una reunión del Consejo de 9 de marzo de 1998, bajo la presidencia de la Sra. Dawn Primarolo, «Paymaster General» del Reino Unido; este Grupo está encargado de evaluar las medidas fiscales que pueden entrar en el ámbito de aplicación de dicho Código. En un informe de noviembre de 1999, el Grupo identificó 66 medidas fiscales perjudiciales, entre las que figuraba la medida por la que se instituía el Centro Financiero de Trieste.

(15) Véase, por ejemplo, el asunto C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH and Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GMBH/Finanzlandesdirektion für Kärnten (Rec. 2001, p. I-08365) con relación a un reembolso exclusivamente concedido a las empresas productoras de bienes materiales.

(16) Asunto T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Comisión (Rec. 1998, p. II-717).