Recomendación del Consejo

de 19 de junio de 2000

relativa a las orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la Comunidad

(2000/517/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 99,

Vista la recomendación de la Comisión,

Visto el debate celebrado por el Consejo Europeo el 19 de junio en Santa Maria da Feira,

Considerando que el Parlamento Europeo ha adoptado una Resolución sobre la recomendación de la Comisión,

RECOMIENDA:

I. ORIENTACIONES GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA

1. INTRODUCCIÓN

La mundialización y la perspectiva de una nueva economía impulsada por el conocimiento abren grandes oportunidades para la Unión Europea y para sus ciudadanos. Para aprovechar esas oportunidades es necesario acelerar el proceso ya iniciado de transformación de la economía europea. A tal fin, las presentes orientaciones generales de política económica (OGPE) parten de la estrategia vigente y la amplían y dan contenido operativo a las conclusiones de la Cumbre de Lisboa. Se centrarán de manera especial en las repercusiones a medio y largo plazo de las políticas estructurales y en las reformas destinadas a promover el potencial de crecimiento económico, el empleo y la cohesión social, así como en la transición a una economía impulsada por el conocimiento. Los procesos de Cardiff y Luxemburgo abordarán más detalladamente sus temarios respectivos.

Las orientaciones generales de política económica

El Tratado exige a los Estados miembros que lleven a cabo sus políticas económicas con miras a contribuir a la realización de los objetivos de la Unión y en el contexto de las orientaciones generales de política económica (OGPE) (artículo 98). Dispone asimismo que los Estados miembros consideren sus políticas económicas asunto de interés común y las coordinen en el Consejo (artículo 99). Para ello, y desde el comienzo de la segunda fase de la unión económica y monetaria, el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, ha adoptado cada año las OGPE. Centrales en el proceso de coordinación de las políticas económicas, constituyen el marco de la definición de los objetivos y orientaciones generales de las políticas de los Estados miembros y la Unión. Las OGPE adquieren un relieve aún mayor a la luz del informe del Consejo sobre "Coordinación de la política económica" aprobado por el Consejo Europeo de Helsinki y a la luz del Consejo Europeo especial de Lisboa sobre empleo, reforma económica y cohesión social, que acordó la celebración de una reunión anual en primavera consagrada a los asuntos económicos y sociales.

Para que el Consejo Europeo pueda dar directrices políticas eficaces y oportunas en su reunión anual de primavera y para que el Consejo (Ecofin) pueda aprovechar el trabajo de otras formaciones del Consejo, se va a modificar la organización de la elaboración de las OGPE.

A partir de este año, las OGPE se remitirán a otras formaciones pertinentes del Consejo a fin de que éstas asuman, en sus respectivos ámbitos de competencia, la responsabilidad de su aplicación. Al mismo tiempo, se invitará a estas formaciones del Consejo a realizar los trabajos necesarios de cara a la formulación de las orientaciones del año siguiente y se les pedirá cada año que faciliten sus contribuciones a más tardar a finales del mes de enero del año siguiente.

La Comisión, a la luz de ese trabajo y tomando como base, entre otras cosas, los programas de estabilidad y convergencia, el Informe conjunto sobre el empleo, los informes de Cardiff y su propia valoración de la aplicación de las OGPE, preparará el debate orientativo que tendrá lugar en la sesión del Consejo (Ecofin) que precede a la reunión anual de primavera del Consejo Europeo.

El Consejo (Ecofin) elaborará, partiendo de esta base, un documento en el que se expondrá las grandes cuestiones en las que el Consejo Europeo deberá centrar sus debates en la parte de la reunión anual de primavera directamente relacionada con las OGPE.

El Consejo (Ecofin), a partir de una recomendación de la Comisión y atendiendo a las prioridades que fije el Consejo Europeo en la reunión anual de primavera y a las observaciones de otras formaciones del Consejo sobre la recomendación de la Comisión, elaborará un proyecto de OGPE que será la base de los debates que celebre el Consejo Europeo en la reunión de junio para establecer sus conclusiones. El Consejo (Ecofin) adoptará a continuación las OGPE, tal como dispone el Tratado.

Los Estados miembros se enfrentan, en general, a idénticos desafíos y necesidades para la formulación de sus políticas. Por tanto, las recomendaciones generales de la sección 3 son válidas para todos. Al mismo tiempo, hay diferencias tanto de resultados y perspectivas económicas como de estructuras e instituciones. Así, dentro de la estrategia general, las prioridades de política económica son ligeramente distintas en cada Estado miembro. De este aspecto se ocupa la parte II, que contiene las orientaciones económicas específicas por países. En este contexto cabe observar que, en lo que respecta a los mercados de trabajo, las orientaciones específicas por países son complementarias de las directrices para el empleo de 2000 y refuerzan la aplicación de los planes nacionales de acción revisados. Los Estados miembros han presentado hace muy poco dichos planes, que se evaluarán más detenidamente en el Informe conjunto sobre el empleo en el contexto del próximo plan de medidas para el empleo.

La participación en la zona del euro hace necesaria una mayor coordinación de las políticas. Para ello, los ministros de los Estados miembros de dicha zona seguirán reuniéndose con carácter informal en el Grupo "euro-11"; tales reuniones no ponen en entredicho el papel del Consejo (Ecofin) como elemento central del proceso de coordinación y de toma de decisiones en materia de política económica. El Grupo "euro-11" está profundizando en sus debates sobre cuestiones de interés común, al hilo de las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo. En este contexto, está examinando, entre otras cosas, la evolución del tipo de cambio del euro, las posiciones de la balanza corriente, la evolución del mercado de capitales y las posiciones cíclicas y la situación presupuestaria de los Estados miembros que forman parte de la zona del euro.

El Grupo "euro-11" mantendrá, y reforzará cuando proceda, la vigilancia continuada de la evolución y la política presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro. Esta vigilancia continuada alimentará los debates orientados a lograr que las políticas fiscales no se aparten de las OGPE ni de los criterios establecidos en el Tratado. En lo que respecta a cuestiones exteriores pertinentes a los efectos de su ámbito de competencia, el Grupo seguirá elaborando las posiciones comunes que adoptarán los países de la zona del euro en los foros internacionales. Asimismo, seguirá prestando especial atención al mantenimiento de un diálogo productivo con el Banco Central Europeo, que asiste regularmente a sus reuniones. Aprovechando la experiencia adquirida en los dos últimos años, el Grupo sigue forjando y consolidando un lenguaje común, cuando procede, elaborado por el Comité Económico y Financiero, y posiciones concertadas entre ambos, para garantizar la expresión de opiniones coherentes en cuestiones de interés común.

2. PRIORIDADES Y PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

2.1. La economía de la Unión Europea ante el comienzo del nuevo milenio

El contexto de las OGPE de 2000 son la situación y las perspectivas económicas que reflejan las previsiones económicas de la primavera de 2000 publicadas por los servicios de la Comisión. Por otra parte, el Consejo ha utilizado los resultados y conclusiones del informe de la Comisión sobre la aplicación de las OGPE de 1999. El informe llega a la conclusión de que la aplicación general de las OGPE de 1999 es alentadora. En conjunto, las políticas macroeconómicas han sido correctas. Sin embargo, se ha avanzado de manera dispar en la reforma de los mercados laborales: muchos Estados miembros han aplicado políticas de activación y prevención, pero sólo unos pocos han abordado los desincentivos que suponen para el empleo determinadas disposiciones de los regímenes fiscal y de prestaciones sociales. También habría que reexaminar más activamente las disposiciones excesivamente rígidas de la legislación de protección del empleo a fin de determinar formas de promover la creación de puestos de trabajo. En cuanto a las reformas económicas, los progresos más notorios se registran en la aplicación de la legislación del mercado interior y en la liberalización de los mercados de las telecomunicaciones y de la electricidad. A este respecto, los indicadores de eficacia estructural acordados en la Cumbre de Lisboa, que estarán disponibles a finales del presente año, contribuirán a acelerar las reformas económicas en favor de una economía europea más competitiva. Hay mejoras, aunque insuficientes, en la disciplina de las ayudas estatales y en el desarrollo de mercados de capital de riesgo. En otros puntos se ha avanzado escasamente, por ejemplo en la aplicación de la normativa sobre contratos públicos y en la promoción de la investigación y desarrollo (I+D) y la innovación.

La herencia de los años noventa - Durante la pasada década, la Unión Europea ha hecho avanzar de forma notoria la integración económica y creado un marco sólido para la conducción de la política económica. Se ha seguido mejorando el funcionamiento del mercado interior y se están liberalizando y exponiendo a las fuerzas de la competencia algunos sectores que antes estaban regulados en exceso. Se ha asentado una política monetaria orientada a la estabilidad, respaldada por políticas presupuestarias más adecuadas y por una evolución salarial correcta. Se ha introducido con éxito el euro. Se ha establecido un marco global para la coordinación de las políticas económicas, completado el pasado año con un Pacto Europeo para el Empleo que incluye un diálogo macroeconómico.

A pesar de estos logros, los resultados económicos de la Unión Europea en los años noventa fueron decepcionantes, comparados con los de décadas anteriores o con los de Estados Unidos de América.

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El crecimiento económico fue relativamente débil, no hubo aumentos netos de empleo y la tasa de desempleo sigue siendo más alta que a comienzos de la década. El nivel de vida en la Unión Europea está en promedio alrededor de un 35 % por debajo del de Estados Unidos de América, a pesar de que la producción por hora trabajada se acerca a la de Estados Unidos de América tras cuatro décadas de reducción de la distancia. La gran diferencia de renta per cápita puede atribuirse en parte a tasas de actividad y empleo bajas y estancadas. Además, la inversión real en la Unión Europea apenas se incrementó en los años noventa (produciéndose una nueva caída del coeficiente inversión/producto interior bruto, PIB) mientras en Estados Unidos de América casi se duplicaba.

El hecho de que la mejora de las condiciones de fondo no se haya traducido en unos resultados económicos más favorables muestra la gravedad de los desequilibrios macroeconómicos y de las rigideces estructurales que prevalecían a comienzos de la pasada década. Refleja también, en parte, el inicio tardío de las reformas económicas en muchos Estados miembros y el lapso necesario para que una correcta política económica comience a dar sus frutos. En este contexto, cabe observar que algunos Estados miembros sí tuvieron resultados económicos notables en la década pasada. Aunque también se vieron afectados por la recesión de principios de los noventa, experimentaron luego una fuerte recuperación que redujo significativamente el desempleo, en algunos casos a niveles desconocidos desde comienzos de los años setenta. Aunque se dan factores específicos en cada caso, estos países tienen en común un ajuste macroeconómico rápido acompañado de una amplia reforma estructural, ajuste y reforma que se refuerzan mutuamente y que se ejecutaron de forma decidida.

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Buenas perspectivas de crecimiento - Desde comienzos del verano de 1999, fecha en que se adoptarán las últimas OPGE, la Unión Europea registra una reactivación económica cada vez más robusta y generalizada, que refleja en parte la influencia de un entorno favorable. Ahora bien, esta mejora es también -y esto es más importante- resultado de unas políticas macroeconómicas acertadas, apoyadas cada vez más en las medidas estructurales adoptadas por los Estados miembros. Este proceso ha de continuar con energía. En estas condiciones, y si, como se espera, la evolución salarial sigue siendo apropiada, una tasa anual de crecimiento del 3 %, sin tensiones inflacionistas, para la Unión Europea en su conjunto debería ser una previsión realista para los próximos años. Sin embargo, no deben perderse de vista los riesgos para la estabilidad de los precios.

El crecimiento es ahora más generador de empleo, en gran medida porque la demanda se orienta hacia los sectores de servicios más intensivos en mano de obra y por los esfuerzos acometidos para aumentar la oferta efectiva de mano de obra. Gracias a unas condiciones macroeconómicas favorables y a las medidas estructurales adoptadas en los mercados de trabajo, cabe esperar que el crecimiento del empleo continúe a fuerte ritmo y dé lugar a nuevas reducciones del desempleo.

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2.2. Principales desafíos

Sobre estos sólidos cimientos, los dirigentes europeos tienen por delante nuevos desafíos y oportunidades en los próximos años. Los principales desafíos son la vuelta al pleno empleo, la transición a una economía impulsada por el conocimiento, el impacto del rápido envejecimiento de la población y la mejora de la cohesión social. Todos los Estados miembros se enfrentan a estos problemas, pero hay marcadas diferencias en cuanto a su incidencia en los distintos países y en el grado de preparación de cada uno de ellos.

Restaurar el pleno empleo - Sigue habiendo demasiado paro. Aunque ha ido disminuyendo paulatinamente, aún afecta aproximadamente al 9 % de la mano de obra de la Unión Europea, y con un importante desequilibrio entre ambos sexos en la mayor parte de los Estados miembros. Además, las tasas de empleo y actividad son bajas, en especial entre las mujeres y los trabajadores de más edad, en un gran número de países. El nivel actual de desempleo origina grandes costes económicos y sociales. La solución de estos problemas pasa, en particular, por la creación de puestos de trabajo en la rama de servicios, el aumento de la tasa de empleo femenino y una mayor participación de los trabajadores de más edad. Como señaló el Consejo Europeo especial de Lisboa, el objetivo global es aumentar la tasa de empleo de la media actual del 61 % a lo más cerca posible del 70 % de aquí a 2010 y aumentar el número de mujeres empleadas de la media actual del 51 % a más del 60 % de aquí a 2010 en el conjunto de la Unión Europea. Asimismo, el Consejo Europeo de Lisboa alentó a los Estados miembros a considerar la posibilidad de establecer objetivos nacionales para aumentar la tasa de empleo. La realización de estos objetivos a medio y largo plazo no sólo ayudaría a situar la economía de la Unión Europea en una senda de crecimiento más elevado y sostenible sino que aliviaría considerablemente las finanzas públicas y los sistemas de seguridad social de los Estados miembros y ayudaría a combatir con eficacia la exclusión social.

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Promover la transición a una economía impulsada por el conocimiento - La innovación y la acumulación de conocimiento adquieren cada vez más importancia como principales motores de la competividad, la productividad, el crecimiento económico, el empleo y el nivel de vida. La Unión ha de colmar su retraso con respecto a Estados Unidos de América tanto en capacidad de innovación como en producción y difusión de tecnologías de la información y de la comunicación. Además, hay una grave penuria de especialistas, sobre todo en ciencias y en ingenierías, escasa formación básica de muchos trabajadores en las citadas tecnologías y falta de cualificaciones propias de la sociedad de la información. Para afrontar estas dificultades será preciso aumentar la inversión pública y privada en recursos humanos, modernizar el capital productivo, continuar el proceso de liberalización y de reforma estructural encaminado a la adaptación de las estructuras económicas, aumentar la competitividad de los mercados, lograr una mayor flexibilidad en la asignación de los recursos entre sectores, empresas y empleos, y mejorar la adecuación entre las cualificaciones y los puestos de trabajo.

Prepararse para el envejecimiento de la población - De continuar las tendencias demográficas actuales, la Unión Europea experimentará un aumento sustancial de la proporción de población mayor e inactiva a partir de 2010 y una disminución de la población activa. Aparte de sus efectos potencialmente importantes en el nivel de ahorro agregado, a igualdad de los demás factores, una mayor tasa de dependencia repercutirá con fuerza en la contribución del factor trabajo al crecimiento económico y en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este aumento de la dependencia acarreará un menor crecimiento económico a menos que se compense mediante un aumento de la tasa de empleo e incrementos sostenidos de la productividad. En cuanto al impacto presupuestario del envejecimiento de la población, el mantenimiento de las políticas actuales provocaría grandes aumentos del gasto público en pensiones y asistencia sanitaria. Para hacer frente a este problema, los Estados miembros habrán de desarrollar estrategias integrales: medidas que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas, reforma de los sistemas de pensiones y sanitario y estímulos para incrementar la tasa de actividad, en especial la de los trabajadores de más edad. El Consejo Europeo de Lisboa reconoció este problema y pidió una mayor cooperación entre Estados miembros, sobre todo en cuanto a la evolución de la protección social, con especial referencia a la viabilidad de los regímenes de pensiones, en una perspectiva de largo plazo.

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Mejorar la cohesión social - Aunque los ciudadanos de la Unión Europea disfrutan en promedio de altos niveles de vida y de protección social, abunda la exclusión social. El desempleo sigue siendo su causa principal. La exclusión se debe sobre todo a la elevada proporción de desempleo de larga duración y a la gran concentración del desempleo en regiones o comunidades determinadas y en grupos sociales o categorías de trabajadores. Aunque la integración social va más allá del mercado laboral, la mejor salvaguardía contra la exclusión social es un empleo. Por tanto, la creación de mejores condiciones para el aumento del empleo y la disminución del para sería la mejor contribución de las políticas económicas a la integración social.

Impulsar el proceso de reforma en el contexto internacional - En una economía mundial cada vez más integrada, la Unión Europea no puede definir sus reformas económicas de manera aislada: estas reformas deben evaluarse por comparación no sólo con lo que ocurre dentro de la Unión Europea, sino también con los resultados de las economías más prósperas del mundo. Para que los Estados miembros puedan cosechar al fruto de unas condiciones más favorables de formulación de la política económica, deben aplicarse también políticas exteriores adecuadas. En este sentido, la Unión Europea debería mantener una política comercial común que favorezca la apertura y la competitividad de los mercados para maximizar el crecimiento, la prosperidad y la estabilidad. Existe una fuerte correlación entre el crecimiento y la apertura al comercio y a la inversión internacionales. La Unión Europea, uno de los mayores mercados del mundo, tiene mucho que ganar de la intensificación del proceso de liberalización y está dispuesta a contribuir a él en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2.3. Un avance estratégico: reforzar el potencial de crecimiento de la economía de la Unión Europea

Restablecer el pleno empleo, crear una economía impulsada por el conocimiento, prepararse para el envejecimiento de la población y salvaguardar la cohesión social son objetivos entrelazados, también a escala internacional, que exigen una estrategia de política económica coherente e integral a medio y largo plazo. Aunque cabe esperar avances importantes en la solución de los principales desafíos mencionados en el contexto de la recuperación cíclica actual, un ingrediente importante para mantener la pauta de crecimiento no inflacionista a medio plazo sería el incremento del potencial productivo de la economía de la Unión. Éste requiere, además de una estabilidad macroeconómica y de unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, la creación de mercados eficientes, integrados y competitivos. La eficiencia de los mercados refuerza considerablemente las posibilidades de invertir en el capital humano y material necesario para el crecimiento, además de ser la fuente fundamental de innovación y dinamismo.

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Es una estrategia que deberían aplicar con decisión todos los responsables políticos, para lograr una combinación de políticas equilibrada e integral donde se refuercen mutuamente las condiciones de inversión, crecimiento y creación de empleo, la capacidad de innovación, la acumulación de conocimiento y una mayor integración social. Los puntales básicos de esta estrategia, que se describe más detalladamente en la sección siguiente, son:

i) asegurar la aplicación de políticas macroeconómicas de crecimiento y estabilidad;

ii) acelerar el proceso de saneamiento fiscal ya iniciado;

iii) mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas;

iv) promover una evolución salarial apropiada;

v) fomentar una economía impulsada por el conocimiento;

vi) dotarse de mercados eficientes de productos (bienes y servicios);

vii) promover los mercados de capitales mediante su integración y profundización;

viii) revitalizar los mercados laborales;

ix) potenciar el desarrollo sostenible.

3. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA

3.1. Asegurar la aplicación de políticas macroeconómicas de crecimiento y estabilidad

El planteamiento general de la política macroeconómica es fundamental para la promoción del crecimiento y el empleo y el mantenimiento de la estabilidad de los precios. A corto plazo, debe asegurar la continuación de la recuperación actual y la plena realización del potencial de crecimiento. A medio plazo, debe contribuir al establecimiento de un marco que garantice niveles adecuados de ahorro e inversión que permitan situar a la economía en una senda de mayor crecimiento no inflacionario y de empleo sostenible.

En la zona del euro, las condiciones y perspectivas económicas han mejorado considerablemente al generalizarse y consolidarse la recuperación. La principal dificultad radica ahora en asegurarse de que la recuperación actual se transforme en un prolongado período de crecimiento económico vigoroso y de aumento del empleo. Un planteamiento adecuado de política económica que no dé lugar a tensiones comprende:

i) una política monetaria fundamentada en la estabilidad de los precios, de conformidad con el Tratado;

ii) esfuerzos perseverantes de los Estados miembros para acelerar el saneamiento fiscal en curso, para lograr lo más rápidamente posible y mantener a medio plazo posiciones presupuestarias próximas al equilibrio o con superávit y para reducir la deuda pública;

iii) la continuación del comportamiento responsable de los interlocutores sociales, que apoya una evolución salarial coherente con la estabilidad de los precios y la creación de empleo.

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Los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro también deberían mantener políticas monetarias y fiscales correctas que permitan, en los dos Estados miembros (Dinamarca y Grecia) que participan en el nuevo mecanismo de tipos de cambio (MTC 2), respetar los compromisos en materia de tipo de cambio o, en los otros dos Estados miembros (Suecia y Reino Unido), alcanzar el objetivo de inflación, y por tanto crear condiciones de estabilidad del tipo de cambio.

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3.2. Acelerar el proceso de saneamiento fiscal en curso

Mediante posiciones presupuestarias saneadas, ajustadas al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se creará el margen necesario para el pleno funcionamiento de los estabilizadores automáticos sin peligro de superar el límite máximo de déficit presupuestario del 3 % del PIB. Tales posiciones tendrán también un efecto favorable en los tipos de interés y contribuirán además al aumento de la inversión privada, a una mayor reducción del coeficiente deuda pública/PIB y, al aumentar la credibilidad del marco presupuestario de la unión económica y monetaria, a robustecer la confianza de los inversores. Ante un crecimiento de la producción que se espera supere la tasa potencial, será preciso evitar una política fiscal pro-cíclica. Las previsiones en materia presupuestaria no auguran una mejora de las posiciones subyacentes en el conjunto de la Unión Europea, por lo que hay acuerdo en que es preciso acelerar el saneamiento fiscal. Y dado que la situación económica y presupuestaria de cada Estado miembro es distinta, será preciso adoptar el alcance, el calendario y la velocidad de los ajustes a las circunstancias nacionales. Pero, en genral, los Estados miembros deberán:

i) aprovechar la mejor situación fiscal debida al crecimiento económico, superior a las expectativas, para llegar en 2000 a posiciones en las cuentas públicas claramente mejores que los objetivos fijados en los programas actualizados de estabilidad y convergencia, en línea con la recomendación del año pasado en el sentido de adelantar el ajuste presupuestario desde el año 2000, a lo que ayudarán las condiciones favorables de la mayor parte de los Estados miembros, al haberse registrado en 1999 unos resultados superiores a los previstos;

ii) dado que el crecimiento sigue siendo elevado, alcanzar una posición presupuestaria próxima al equilibrio o con superávit antes de lo previsto en los programas actualizados de estabilidad y convergencia, y por regla general a más tardar en 2001, a fin de obtener un margen suficiente para afrontar fluctuaciones cíclicas adversas;

iii) donde proceda, continuar el saneamiento de las cuentas públicas más allá del nivel mínimo para cumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de esta forma generar un margen de maniobra adicional para la estabilización cíclica, para protegerse de una evolución presupuestaria imprevista, acelerar la reducción de la deuda y prepararse para los desafíos presupuestarios del envejecimiento de la población.

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las Administraciones públicas en los programas de estabilidad y de convergencia actualizados

>SITIO PARA UN CUADRO>

3.3. Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas

Las favorables perspectivas económicas actuales brindan la oportunidad de introducir amplias reformas en materia de reestructuración del gasto y reducción de la presión fiscal, aumentando al mismo tiempo el saneamiento de las cuentas públicas. La composición y la calidad del saneamiento de las cuentas públicas influyen en el aumento del empleo y el buen funcionamiento de la unión económica y monetaria. Es preciso reestructurar el gasto público para apoyar la inversión en capital tangible e intangible de modo que aumente el potencial de crecimiento de la economía; las reformas fiscales encaminadas a la reducción de la presión fiscal y a la eliminación de distorsiones fiscales son esenciales para aumentar el potencial de crecimiento y empleo. Además, los sistemas tributarios deben afrontar los retos de la integración económica y el cambio técnico, y en particular la necesidad de combatir la competencia fiscal perniciosa. Los sistemas de protección social deben sustentar la transformación económica y adaptarse de forma que al desempleado el trabajo le resulte más rentable que el paro y de modo que se supriman los desincentivos al trabajo y se proporcionen servicios de calidad y eficaces. Al mismo tiempo, la modernización de la protección social debe garantizar que el cambio estructural no agrave los problemas sociales ya existentes como el desempleo, la exclusión social y la pobreza. Es necesario asegurar a medio y largo plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas y tener en cuenta la demografía y otros factores estructurales. Los Estados miembros deberán:

i) mejorar la sostenibilidad de sus finanzas públicas principalmente mediante la restricción del gasto, más que mediante mayores ingresos fiscales;

ii) introducir o mejorar los mecanismos e instituciones de control del gasto; en este contexto, podría considerarse la posibilidad de niveles máximos de gasto;

iii) reorientar el gasto público para dar mayor importancia relativa a la inversión en capital físico y humano, I+D, innovación y tecnologías de la información, con objeto de garantizar un incremento anual sustancial de la inversión per cábita en recursos humanos;

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iv) examinar los cambios que deben introducirse en los regímenes de prestaciones sociales para que al desempleado el trabajo le resulte más rentable que el paro;

v) reducir la presión fiscal, especialmente sobre los bajos salarios, para favorecer el empleo sin merma del saneamiento de las cuentas públicas;

vi) revisar sin demora los regímenes de pensiones y de asistencia sanitaria a fin de prepararse para las dificultades presupuestarias que entrañará el envejecimiento de la población;

vii) mejorar la eficiencia y transparencia de los sistemas fiscales, ampliando la base imponible, reduciendo los tipos y estableciendo procedimientos de recaudación adecuados;

viii) reformar el sistema del impuesto sobre el valor añadido (IVA) para simplificar y modernizar la normativa en vigor, aplicar de manera más uniforme las disposiciones y reforzar la cooperación administrativa; culminar los debates en curso sobre la fiscalidad del comercio electrónico, indispensable para el buen funcionamiento del mercado interior; y

ix) mejorar la coordinación fiscal para evitar una competencia fiscal perniciosa; alcanzar un acuerdo sobre el paquete fiscal según las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Helsinki en diciembre de 1999.

Al igual que los Estados miembros, la Comunidad debe respetar el principio de la disciplina presupuestaria. Este principio debe aplicarse a todas las categorías de las perspectivas financieras, tal como se acordó en el Consejo Europeo de Berlín, y respetando el Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario; dentro de las perspectivas financieras y respetando el Acuerdo interinstitucional, habría que aprovechar las ventajas de una asignación más adecuada de los recursos comunitarios para aumentar el impacto económico del presupuesto de la Unión Europa.

3.4. Promover una evolución salarial apropiada

La evolución de los salarios en los Estados miembros deberá reflejar las diferentes situaciones económicas y laborales. Los Gobiernos pueden crear un marco que facilite las negociaciones de los interlocutores sociales. Para que la evolución salarial contribuya a una política económica favorable al empleo, los interlocutores sociales deben seguir dando muestras de responsabilidad y celebrar acuerdos salariales acordes con los principios generales establecidos en las orientaciones generales de política económica. Es necesario, en particular:

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i) insistir en aumentos salariales nominales compatibles con la estabilidad de los precios. Esto significa que en la zona del euro los aumentos salariales agregados serán compatibles con incrementos de precios acordes con el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo (BCE);

ii) insistir en la importancia de la evolución de los salarios para un crecimiento firme del empleo; procurar que el aumento de los salarios reales esté relacionado con el aumento de la productividad del trabajo, teniendo también en cuenta la necesidad de reforzar y mantener la rentabilidad de las inversiones creadoras de capacidad y de empleo. Así, en los países donde el crecimiento global de la productividad del trabajo esté disminuyendo, el margen de aumento de los salarios reales será menor. En concreto, la reducción de la jornada laboral no debe producir un aumento de los costes laborales unitarios reales. Para que la mejora de la rentabilidad se convierta en un aumento de la inversión, será esencial forjar un entorno favorable desde el punto de vista de la demanda, las condiciones del mercado laboral, los impuestos y el marco regulador;

iii) garantizar que los sistemas de negociación colectiva tengan en cuenta las diferencias de productividad (en función de la pericia, la cualificación o la zona geográfica) en la fijación de los niveles salariales; y

iv) aplicar una política que reduzca las diferencias salariales en función del sexo debidas a una discriminación de facto.

3.5. Promover una sociedad impulsada por el conocimiento

La Unión Europea necesita mejorar su capacidad innovadora como elemento esencial de su estrategia de crecimiento y empleo. Pero la innovación y la difusión tecnológica tendrán un efecto limitado si no son parte de un proceso más amplio de reforma de los mercados de productos, de capitales y de trabajo. El aumento de la competencia en los mercados de productos y de capitales y el buen funcionamiento de los mercados financieros son condiciones esenciales para el aumento de la innovación y una mejor difusión de la tecnología. Los Estados miembros deberán:

i) crear unas condiciones de fondo adecuadas para que aumente la participación del sector privado en la financiación de la I+D, en las sociedades de I+D y en el lanzamiento de empresas de alta tecnología, para lo cual se podrán utilizar, por ejemplo, las políticas fiscales y mejorar el funcionamiento de los mercados de capital de riesgo;

ii) estimular la competencia en los mercados de productos y de capitales, en particular suprimiendo las barreras de entrada y de salida, con objeto de reforzar los incentivos a las empresas innovadoras y promover la difusión de la tecnología y la información;

iii) asegurar un apoyo público adecuado y eficiente a la financiación de la investigación básica y a la creación de centros de prestigio e incentivar la mejora de los vínculos entre institutos de investigación y empresas y garantizar la difusión de la información; aplicar rigurosamente las normas comunitarias relativas a las ayudas públicas;

iv) velar por que existan accesos a Internet baratos y rápidos;

v) tomar medidas para reducir la fragmentación y compartimentación de la labor de I+D e intensificar la cooperación en la Unión Europea con el fin de crear un espacio europeo de investigación e innovación; mejorar la red de centros de investigación para 2001 y adoptar medidas para suprimir obstáculos a la movilidad de los investigadores de aquí a 2002; establecer, a propuesta de la Comisión, un sistema de patentes Unión Europea para finales de 2001; y

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vi) aumentar los esfuerzos en educación y formación, tanto privados como públicos, para mejorar la capacidad de adaptación de la población activa y evitar que la falta de cualificaciones genere desempleo y exclusión social; promover la formación continua en las tecnologías de la sociedad de la información; alentar a las empresas, los trabajadores y los centros de enseñanza a participar en la formación continua; reducir a la mitad, de aquí a 2010, el número de jóvenes de 18 a 24 años que sólo han acabado el ciclo inferior de la enseñanza secundaria y que no se han incorporado a la formación complementaria; aumentar el número de investigadores e ingenieros; ofrecer Internet y recursos multimedia a todas las escuelas para finales de 2001 y cualificar profesores para finales de 2002; utilizar más la tecnología de la información en los centros de enseñanza.

3.6. Dotarse de mercados de productos (bienes y servicios) más eficientes

El buen funcionamiento de los mercados de productos es esencial para que los países de la Unión Europea aprovechen todas las oportunidades que brindan la introducción del euro, la mundialización y las nuevas tecnologías, y además contribuye de manera importante a resolver los problemas del empleo. En este terreno se han logrado ya progresos significativos, consecuencia, sobre todo, de las reformas estructurales aplicadas en los Estados miembros y del impulso imprimido por el proceso de Cardiff. En los servicios el avance ha sido más lento. Para finales de 2000 se necesita una estrategia de supresión de obstáculos al comercio en el sector de los servicios. Los Estados miembros deberán:

i) aplicar con eficacia toda la legislación del mercado interior, especialmente en materia de contratos públicos y de normas técnicas; tomar medidas para que, de aquí a 2003, se pueda acceder en línea a la contratación pública y a los servicios públicos básicos; reducir al mínimo necesario el volumen de legislación técnica de carácter nacional; aplicar mejor el principio del reconocimento mutuo;

ii) asegurar la independencia de las autoridades con poder sobre la regulación de la competencia; darles facultades para aplicar, con instrumentos transparentes y eficaces, los artículos 81 (cárteles) y 82 (abuso de posición dominante) del Tratado CE;

iii) reducir las ayudas estatales, en especial las ayudas ad hoc, y reorientarlas hacia objetivos horizontales; mejorar la supervisión de las ayudas estatales y la evaluación de su eficacia;

iv) ultimar la liberalización del mercado de telecomunicaciones para finales de 2001 y, en especial, hacer lo necesario para reforzar la competencia en las redes locales de acceso antes de finales de 2000;

v) acelerar la liberalización del sector de la energía (electricidad y gas), de los servicios postales y del transporte para que pueda establecerse un auténtico mercado interior en esos sectores; aplicar plenamente las Directivas comunitarias relativas a la apertura de los mercados de determinados servicios públicos; asegurar que el abaratamiento y la mayor calidad de los servicios se trasladen sin demora a los consumidores y a la industria merced a una buena regulación, y respetar las obligaciones de servicio público; será necesaria una evaluación sistemática de las reformas de las industrias de red una vez se hayan introducido;

vi) reforzar la competencia en el sector de los servicios, especialmente los servicios financieros, la distribución y los servicios a las empresas; sobre la base de una propuesta de la Comisión, acordar una estrategia para suprimir barreras en este sector de aquí a finales de 2000, y tomar medidas para que el comercio electrónico desarrolle todo su potencial;

vii) reducir las cargas administrativas de las empresas para crear un entorno más favorable a las empresas innovadoras, y en especial a la creación y funcionamiento de pequeñas y medianas empresas (PYME), y establecer una estrategia coordinada de simplificación del entorno regulador de aquí a 2001;

viii) elaborar un planteamiento sistemático del marco regulador de los servicios para hacer un análisis que podría orientarse a determinar los ámbitos en los que cabría utilizar instrumentos de mercado para la prestación de servicios públicos; elaborar medidas de mejora de la eficiencia de la administración pública promoviendo el uso de nuevas técnicas de gestión y comunicación (comercio electrónico, Internet, contratación pública en línea) y una colaboración transparente entre los sectores público y privado; y

ix) vigilar la aplicación práctica de las numerosas reformas de la reglamentación para obtener resultados concretos en términos de eficiencia económica y de ventajas para el consumidor.

3.7. Promover los mercados de capitales mediante su integración y consolidación

Unos mercados financieros eficientes e integrados mejoran la asignación de capital y reducen su coste. Facilitan el proceso de reforma estructural y desempeñan un papel esencial de apoyo a una cultura emprendedora, y pueden contribuir a elevar la rentabilidad y el coeficiente de inversión. Unos sistemas financieros saneados contribuyen también a la estabilidad macroeconómica. Desde la introducción del euro se observan progresos alentadores en la integración de los mercados financieros, entre los que destaca actualmente la aplicación de los planes de acción sobre servicios financieros y sobre capital de riesgo. Esta labor reviste una gran prioridad política y requiere la adopción de medidas lo antes posible; el Consejo Europeo especial de Lisboa ha pedido la íntegra aplicación de estos planes de acción a más tardar en 2005 y en 2003, respectivamente. Por otra parte, en el marco de los planes y de su aplicación habrá que tener en cuenta la evolución del mercado, para que sea éste, en la medida de lo posible, el motor de la integración. Será preciso:

i) ampliar al máximo el acceso al capital a escala comunitaria, incluso para las PYME, mediante un "pasaporte único para los emisores";

ii) facilitar la participación de todos los inversores en un mercado integrado eliminando barreras a las inversiones en fondos de pensiones y a las inversiones de los fondos de pensiones, asegurando una protección adecuada a los inversores, aclarando la distinción entre inversores expertos y pequeños inversores, revisando la normativa sectorial y mejorando el marco de las actividades de los inversores institucionales;

iii) promover una mayor integración de los mercados de deuda pública mejorando la consulta y transparencia de las técnicas de emisión y los instrumentos de deuda, y mejorar el funcionamiento de los mercados transfronterizos de repos (venta y recompra);

iv) mejorar la eficiencia de los sistemas de compensación y liquidación de valores, con objeto de facilitar y promover actividades transfronterizas saneadas;

v) aumentar la eficiencia de los servicios transfronterizos de pagos al por menor, para lo cual habrá que mejorar los procedimientos de tramitación de los pagos transfronterizos y la comunicación con el cliente;

vi) aumentar la comparabilidad de los estados financieros de las empresas que requieren acceso a un mercado financiero integrado y permitir a la Unión Europea responder con rapidez con rapidez a los cambios que se están produciendo en materia de contabilidad internacional;

vii) acelerar las actuaciones fiscales para promover el desarrollo de nuevas empresas y la inversión en capital de riesgo, cambios en la legislación sobre quiebras para dar a los empresarios una segunda oportunidad, y promoción de sistemas de accionariado del personal de las empresas;

viii) asegurar una mayor cooperación entre reguladores y supervisores de los mercados financieros de la Unión Europea; y

ix) dar curso a las disposiciones comunitarias en materia de ofertas de adquisición y de reestructuración y liquidación de entidades de crédito y compañías de seguros.

La Unión Europea deberá contribuir a la estabilidad financiera internacional entablando un diálogo eficaz con sus principales socios comerciales y contribuyendo al fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional. Deberá seguir trabajando en la ultimación de un marco multilateral de normas de inversión en la próxima ronda de negociaciones comerciales de la OMC, con objeto de mejorar la previsibilidad y la estabilidad del entorno internacional de la inversión.

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3.8. Robustecer los mercados laborales

El Consejo Europeo de Lisboa fijó la estrategia europea para avanzar hacia el pleno empleo, mediante la aceleración del proceso de reforma estructural y la preparación para la transición a una economía del conocimiento, la modernización del modelo social europeo, la inversión en las personas, la lucha contra la exclusión social y la aplicación de una combinación adecuada de políticas macroeconómicas. Los resultados del mercado laboral mejoran, pero con grandes diferencias entre Estados miembros, debido, en parte, al avance desigual en las reformas estructurales y en las medidas activas de mejora de la empleabilidad y de la capacidad de adaptación. Los países que han hecho mayores progresos manteniendo al mismo tiempo políticas macroeconómicas de saneamiento cosechan los frutos en forma de más empleo y menos desempleo estructural. Subsisten, sin embargo, problemas considerables: el desempleo sigue en niveles inaceptables, se concentra en determinados grupos y regiones y hay una elevada proporción de parados de larga duración. La baja tasa de empleo, particularmente entre las mujeres y los trabajadores de más edad, reducen el potencial del crecimiento de la Unión Europea. Además, la evolución demográfica de la Unión Europea supone que no aumentará la población en edad de trabajar. Para abordar estos problemas y aprovechar de lleno los beneficios de la economía del conocimiento, la cuádruple estrategia general establecida en las Directrices para el empleo deberá aplicarse de forma rápida y transparente. La inversión en las personas refuerza decisivamente el modelo social europeo. Los Estados miembros deberán:

i) promover la transición de medidas pasivas a medidas activas y aplicar una estrategia preventiva integral contra el paro prolongado y el paro juvenil, conforme a las Directrices para el empleo; en especial, aumentar la empleabilidad mediante reducciones de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social, especialmente sobre los bajos salarios; facilitar la capacitación, la educación y la formación continua, y buscar la reincorporación de los parados y través de programas activos específicos; implicar a los interlocutores sociales junto con las autoridades públicas en la mejora de la educación, la capacitación y la formación continua;

ii) revisar y, cuando proceda, reformar los sistemas fiscales y de prestaciones para incentivar y recompensar eficazmente la participación en la vida laboral activa; evaluar los regímenes pasivos de complementación de ingresos y el cumplimiento de los criterios específicos de acceso al régimen de prestaciones sociales, e introducir las modificaciones que procedan; evitar la transferencia de los parados de los regímenes de subsidio por desempleo a otros costosos sistemas pasivos desconectados del mercado de trabajo e idear para éste medidas activas que eviten el desempleo de larga duración amparado en sistemas puramente pasivos;

iii) aumentar la movilidad laboral, por ejemplo mediante el reconocimiento mutuo de las calificaciones mejorando la movilidad de los derechos de pensión para apoyar la movilidad laboral entre ramas productivas y regiones de la Unión Europea;

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iv) modernizar la organización del trabajo en cooperación con los interlocutores sociales: organización flexible del tiempo de trabajo, facilidades para el trabajo a tiempo parcial, evaluación de la protección legal excesiva de los puestos de trabajo y de las indemnizaciones por despido elevadas; acompañar cualquier reducción de la jornada laboral global, por ley o por convenio, con esfuerzos destinados a impedir el aumento de los costes laborales unitarios y tener en cuenta las futuras necesidades de mano de obra;

v) esforzarse más en la política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mejorando, por ejemplo, los incentivos fiscales y en prestaciones y promoviendo políticas que permitan conciliar el trabajo y la vida familiar; y

vi) trabajar con mayor ahínco para llegar a un acuerdo sobre las medidas necesarias para crear un mercado laboral menos excluyente de aquí a finales de 2000.

3.9. Potenciar un desarrollo sostenible

La promoción de tecnologías, productos y comportamientos respetuosos con el medio ambiente puede contribuir a un desarrollo más sostenible. Una política ambiental sensata, que intente aprovechar la mayor eficiencia inherente a los instrumentos de mercado, sería además beneficiosa para la eficiencia de las estructuras económicas, contribuyendo así al crecimiento y al empleo. Los Estados miembros deberán:

i) introducir o reforzar las políticas de mercado (impuestos, derechos de uso, sistemas de seguro/responsabilidad, compraventa de licencias) que ponen precio a los recursos escasos; contribuir al logro de los objetivos de la Unión Europea en el marco del Protocolo de Kioto; y contribuir a romper la vinculación entre presión ambiental y crecimiento económico;

ii) revisar los regímenes de subvenciones y exenciones fiscales sectoriales y demás medidas vigentes que tienen un efecto perjudicial en el medio ambiente, sin perder de vista en ningún momento otros factores económicos y sociales pertinentes; y

iii) trabajar para llegar a un acuerdo sobre un marco adecuado para la fiscalidad de la energía a escala europea.

II. ORIENTACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA ESPECÍFICAS POR PAÍSES

1. BÉLGICA

Tras la desaceleración de 1999, en 2000 se espera una recuperación de la actividad económica apoyada en la demanda interna (especialmente el consumo privado y la inversión), en la contribución positiva de las exportaciones netas. Se espera que la creación de empleo prosiga en 2000 y se consolide aún más en 2001, a medida que vaya surtiendo efecto la reducción de la fiscalidad del trabajo.

Política presupuestaria

Bélgica ha seguido avanzando en 1999 hacia el ajuste presupuestario, ya que el déficit presupuestario de las administraciones públicas cayó al 0,9 % del PIB, por debajo del objetivo del programa de estabilidad, y la deuda al 114,4 % del PIB. Según el programa de estabilidad actualizado para el período 2000-2003, Bélgica proseguirá su esfuerzo de saneamiento presupuestario basado en elevados superávit primarios, aspirando al equilibrio presupuestario en 2002 y a un coeficiente de deuda próximo al 100 % del PIB en 2003. En vista de ello, la política presupuestaria deberá procurar:

i) mejorar en 2000 el objetivo de déficit del 1 % del PIB que figura en el presupuesto y en el programa de estabilidad actualizado, habida cuenta de que los resultados presupuestarios de 1999 han sido mejores de lo esperado y de que las perspectivas de crecimiento del PIB en 2000 son superiores a las previstas en el presupuesto;

ii) contener la tasa de crecimiento anual real del gasto primario dentro del límite del 1,5 % que se deriva implícitamente de los compromisos asumidos en el programa de estabilidad actualizado, permitiendo así la reducción de la presión fiscal, especialmente sobre el trabajo, sin perjuicio de la realización del objetivo de reducción del déficit;

iii) mantener el superávit primario en niveles ligeramente superiores al 6 % del PIB para asegurar la continuidad de la reducción del déficit de las administraciones públicas y permitir una disminución rápida del coeficiente de deuda pública; y

iv) destinar los ingresos por privatizaciones u otras ventas de activos estatales a la reducción de la deuda.

Mercados de productos

Bélgica está muy bien integrada en la economía europea. La apertura de la economía belga crea competencia, especialmente en los mercados de bienes. Sin embargo, subsisten problemas en ciertas ramas del sector de servicios. Se han hecho progresos significativos en la transposición de la legislación del mercado interior, pero debería acelerarse su aplicación. El Gobierno belga se ha comprometido a reducir la carga administrativa de las empresas en un 25 % antes del término de la legislatura. A pesar de esfuerzos recientes, el gasto en I+D representa un porcentaje del PIB inferior a la media de la Unión Europea. Es preciso perseverar en los esfuerzos realizados para potenciar la difusión de las tecnologías de la información y de la comunicación, que es menor a la media de la Unión Europea. Por tanto, Bélgica debería adoptar las prioridades siguientes:

i) abordar el problema de la escasa competencia en los servicios, que encarece los precios y reduce la productividad en sectores como la energía, las telecomunicaciones, el transporte por ferrocarril y los servicios a las empresas;

ii) acelerar la liberalización de los sectores de la electricidad y el gas y reforzar los poderes de las autoridades reguladoras de los sectores de la energía y las telecomunicaciones;

iii) ejecutar sin demora y supervisar de cerca las medidas previstas para reducir la carga administrativa de las empresas; y

iv) aumentar la transparencia de las relaciones entre los sectores público y privado, y sobre todo de las asociaciones entre ambos sectores, con objeto de evitar distorsiones de la competencia.

Mercados de capitales

Se han hecho reformas para mejorar la eficiencia del mercado en un entorno cada vez más competitivo. El capital de riesgo está dominado en gran parte por el sector público y se caracteriza por el alto porcentaje de inversiones de lanzamiento y en tecnologías de punta. Aunque esta concentración es en general positiva, la escasez de capital de riesgo privado, y sobre todo de créditos puente, puede limitar a largo plazo el crecimiento del mercado de capital de riesgo. Así, Bélgica deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) esforzarse más por fomentar el capital de riesgo privado mediante la mejora del entorno fiscal; estudiar, en especial, la posibilidad de reestructurar el impuesto de sociedades mediante una reducción de los tipos y una ampliación de la base imponible.

Mercado laboral

El mercado laboral belga ha funcionado relativamente bien en términos de crecimiento del empleo. Partiendo de una baja tasa de empleo, especialmente entre las mujeres y los trabajadores de más edad, la oferta de mano de obra ha registrado un incremento constante. El aumento del empleo, por tanto, no ha producido una fuerte reducción del desempleo. La tasa de desempleo sigue siendo de las más altas entre los Estados miembros de menor población, y las diferencias regionales son grandes. El reparto de competencias entre el Gobierno federal, las regiones y las comunidades lingüísticas exige una importante coordinación. Por ello, Bélgica deberá dar prioridad a los siguientes aspectos:

i) reforzar las medidas de promoción de la movilidad laboral en las regiones y entre regiones y procurar que los interlocutores sociales permitan que las negociaciones salariales, en el marco de la norma salarial federal, reflejen mejor las situaciones locales del mercado laboral o la situación financiera de las empresas, dadas las fuertes diferencias geográficas en materia de desempleo. Además, los interlocutores sociales y los poderes públicos deberían, dentro de sus competencias respectivas, prestar más atención a la mejora de las cualificaciones y de la formación de la población activa;

ii) reforzar las políticas activas del mercado laboral creando incentivos para la participación en medidas activas y para la aceptación de nuevas ofertas de empleo; las políticas activas deberán combinarse con la revisión de los efectos potencialmente dañinos de los sistemas tributarios y de prestaciones sociales (incluida la posibilidad de acceder a las prestaciones y las condiciones de éstas) en el empleo, y en particular el empleo de los trabajadores menos cualificados y de mayor edad y las mujeres.

2. DINAMARCA

El crecimiento económico debería reactivarse en 2000, puesto que la demanda interna, y en especial el consumo privado, deberán recuperar su fortaleza en paralelo con las mejores perspectivas de los mercados de exportación. El desempleo, que con el 4,5 % a finales de 1999 alcanzó su nivel más bajo desde los años setenta, podría aumentar ligeramente en 2000.

Política presupuestaria

Las finanzas públicas mejoraron notablemente en 1999, ya que se registró un superávit del 3 % de PIB, medio punto porcentual por encima de lo previsto cuando se aprobó la Ley de presupuestos. En 2000 se prevé que el superávit ascienda al 2,2 % del PIB y que, según el programa de convergencia actualizado, aumente gradualmente hasta el 3 % aproximadamente en 2005. Las administraciones locales han superado sistemáticamente las previsiones de gasto. Así, la política presupuestaria deberá procurar:

i) cumplir el objetivo del Gobierno de reducir el crecimiento real del consumo del sector público al 1,2 % en el presupuesto de 2000; para ello, habrá que mantener la vigilancia sobre las administraciones locales y prever disposiciones institucionales más rigurosas, respetando la autonomía de las administraciones locales, si se diera el riesgo de no alcanzar el citado objetivo; y

ii) perseverar en la reducción del coeficiente tributario y del coeficiente de gasto, en línea con el programa de convergencia actualizado, dada la saneada situación de las finanzas públicas, aumentando así los incentivos económicos y contribuyendo a mejorar las perspectivas a medio plazo de crecimiento y empleo.

Mercados de productos

Dinamarca es uno de los países más avanzados en la reforma de los mercados de productos, en especial de las industrias de red. Sin embargo, hay margen de mejora en los niveles de precios y la productividad de la economía danesa si se resuelve el problema de la falta de competencia en sectores como la alimentación, los materiales de construcción y la distribución minorista. La I+D comercial presenta cierto retraso con respecto a la de los demás países nórdicos. Por todo ello, Dinamarca deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) perseverar en el refuerzo de la política de competencia y asegurar su correcta aplicación; facultar al Consejo de la Competencia para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado CE;

ii) perseverar en el esfuerzo de mejora de la eficiencia del sector público, que tiene un tamaño comparativamente grande, por ejemplo utilizando más sistemáticamente la licitación pública;

iii) aumentar la transferencia de tecnologías de los centros de investigación a las empresas e incentivar el espíritu emprendedor en los sectores de tecnología de punta.

Mercados de capitales

Se han hecho importantes reformas para aumentar la eficiencia del mercado y desarrollar el capital de riesgo. Sin embargo, el mercado de acciones sigue siendo relativamente pequeño, especialmente si se compara con el mercado de obligaciones. En 1998 se creó un mercado de valores para las empresas de fuerte crecimiento, pero son relativamente pocas las empresas que cotizan. A pesar de las reformas, el mercado de capital de riesgo también sigue siendo reducido. En vista de ello, Dinamarca deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) aumentar las fuentes de financiación para inversiones en capital de riesgo reduciendo más las limitaciones cuantitativas a la inversión de los fondos de pensiones; dentro de este proceso se debería tener en cuenta la necesidad de diversificación del riesgo;

ii) prestar especial atención a los ejemplos de buenas prácticas presentados en la comunicación sobre capital de riesgo de octubre de 1999 en materia de tributación de las inversiones en capital de riesgo, legislación sobre quiebras y promoción de sistemas innovadores de participación de los empleados en el capital, por ejemplo las opciones sobre acciones.

Mercado laboral

La situación del mercado laboral ha mejorado sustancialmente en los últimos años, debido en parte a las amplias reformas estructurales realizadas desde mediados de los años noventa. Sin embargo, dado el alto nivel de empleo y la reducida tasa de desempleo, a largo plazo podría resultar muy difícil asegurar una oferta suficiente de mano de obra. La evolución demográfica de los próximos años será desfavorable, al igual que la anunciada introducción de la sexta semana de vacaciones. A pesar de los recientes cambios de la legislación fiscal, los impuestos sobre el trabajo siguen siendo altos y los regímenes de prestaciones son amplios y generosos. Por ello, Dinamarca deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) llevar a la práctica las reformas para reducir la presión fiscal global sobre el trabajo, en particular el tipo marginal aplicable a las rentas más bajas, y aumentar los incentivos para la aceptación y conservación del empleo; vigilar estrechamente la reforma de los regímenes de jubilación anticipada y de licencias ante la necesidad de aumentar la oferta de mano de obra.

3. ALEMANIA

La actividad económica se aceleró con claridad en la segunda mitad de 1999 y la aportación del comercio exterior volvió a ser positiva por primera vez desde mediados de 1998. En un contexto exterior que se prevé firme, y con una demanda interna apoyada por la disminución del desempleo prevista, este año cabe esperar un crecimiento del PIB netamente superior al de 1999.

Política presupuestaria

El saneamiento de las finanzas públicas prosiguió en 1999, bajando el déficit de las administraciones públicas al 1,1 % del PIB (el objetivo del programa de estabilidad inicial era el 2 %). Según el programa de estabilidad actualizado de 1 de febrero de 2000, se prevé que el déficit disminuya al 1 % en 2000. Esta disminución del coeficiente de déficit -modesta a pesar del ambicioso programa de ahorro a nivel federal- se debe, entre otras cosas, a un ligero deterioro de las finanzas regionales y a la reconstitución de las reservas de la seguridad social. En 2001, se prevé que las reformas fiscales (impuesto sobre la renta e impuesto de sociedades) elevarán el déficit de las administraciones públicas al 1,5 % del PIB. En vista de ello, la política presupuestaria deberá procurar:

i) en caso de que el crecimiento superase las previsiones, utilizar los mayores ingresos fiscales para reducir el déficit en 2000 a un nivel inferior al previsto;

ii) aplicar las reformas de los impuestos sobre la renta y de sociedades en 2001 con la mayor precaución, para limitar el nuevo incremento del déficit de las administraciones públicas y minimizar el riesgo de deterioro duradero del déficit estructural;

iii) elaborar reformas estructurales del régimen de seguridad social (en especial pensiones y sanidad), que son indispensables para la sostenibilidad financiera a medio plazo; y

iv) asegurar una reducción continuada del coeficiente de deuda mediante el plano respeto de los objetivos de déficit y aprovechando las oportunidades de privatización en todos los niveles estatales; además, todos los ingresos imprevistos deberían destinarse a la reducción de la deuda.

Mercados de productos

Alemania está bien integrada en los mercados europeos de productos. Sin embargo, los niveles de precios siguen siendo relativamente altos, debido sobre todo a que la renta per cápita está también por encima de la media de la Unión Europea. Varias reformas han mejorado últimamente el funcionamiento de los mercados alemanes de productos, en particular en materia de política de competencia y de la liberalización de las industrias de red. Con todo, sigue habiendo margen de mejora. Así, Alemania deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) abrir más la contratación pública; fomentar el acceso electrónico a las licitaciones;

ii) liberalizar la normativa sobre publicidad para armonizarla con la europea (eliminando las restricciones sobre descuentos y obsequios), teniendo en cuenta los requisitos de la nueva Directiva sobre comercio electrónico;

iii) mejorar las estructuras competitivas y la eficiencia aprovechando las posibilidades de privatización;

iv) seguir reduciendo las ayudas estatales, incluidas las ayudas específicas y sectoriales;

v) a la luz de la experiencia adquirida, reconsiderar el nuevo acuerdo sobre tarifas eléctricas, que vence a finales de 2001, a fin de aprovechar todas las ventajas de la liberalización del sector; y

vi) seguir aligerando las restricciones y cargas administrativas de las PYME, en especial en materia de servicios a las empresas y empresas artesanas.

Mercados de capitales

El mercado financiero alemán ha tenido un desarrollo dinámico en los últimos cinco años, especialmente en 1999. Particularmente acertado ha sido el desarrollo del Neuer Markt, mercado de valores para empresas de crecimiento rápido de tecnología punta. Gracias a un fuerte apoyo del sector público y a recientes avances del mercado, el mercado alemán de capital de riesgo crece con firmeza, y además se invierten cantidades sustanciales en las primeras fases. Así, Alemania deberá dar prioridad al aspecto siguiente:

i) tener en cuenta los ejemplos de buenas prácticas que figuran en la comunicación sobre capital de riesgo de octubre de 1999 en materia de impuestos, legislación sobre quiebras y apoyo a los sistemas de opciones sobre acciones.

Mercado laboral

La situación del mercado laboral mejoró algo en 1999, pero sobre todo en la parte occidental del país. La "Alianza por el empleo" ha creado un marco de moderación salarial en la negociación colectiva, con oportunidades cada vez mayores de empleo a tiempo parcial para las personas de más edad. Se ha aplicado ya una reforma fiscal de gran envergadura, que ha trasladado parte de la carga fiscal sobre el trabajo a las ecotasas, y están previstas nuevas reformas. Se reducirán los aumentos de las pensiones, lo que permitirá mantener estables las aportaciones. Así, Alemania debería dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) revisar críticamente su política en la parte oriental del país, donde los problemas del mercado laboral, diez años después de la unificación, siguen siendo muy graves. Esta evaluación debería versar, en especial, sobre la eficiencia de las transferencias y sobre la forma en que los interlocutores sociales podrían fomentar la creación de empleo mediante una mayor flexibilidad del mercado laboral y estructuras salariales adecuadas;

ii) seguir esforzándose por reducir paulatinamente la presión fiscal sobre el trabajo reduciendo los impuestos y las contribuciones a la seguridad social. Deberán reducirse más los costes de la mano de obra en toda la escala salarial, y en particular en la parte inferior de la escala, respetando al mismo tiempo la necesidad de saneamiento presupuestario. La estrategia de transferencia de la tributación del trabajo a las ecotasas, que ha contribuido ya a la reducción de las cotizaciones al régimen de pensiones en un 5 % aproximadamente, deberá continuar junto con las demás medidas de reforma previstas;

iii) modificar las disposiciones de los regímenes fiscales y de prestaciones que desalientan la participación en el mercado laboral de todos los grupos, sobre todo los trabajadores de más edad; estudiar las opciones más apropiadas para evitar la retirada prematura de los trabajadores del mercado laboral y para promover el empleo de los trabajadores de más edad.

4. GRECIA

La recuperación de la actividad económica, iniciada en 1994, continúa a un fuerte ritmo; en 1999, el crecimiento del PIB real en Grecia superó la media de la Unión Europea por cuarto año consecutivo, a pesar de una ligera desaceleración debida a factores exteriores. Se espera que la consolidación de la fase de crecimiento afecte positivamente al mercado laboral en los próximos años.

Política presupuestaria

Grecia siguió avanzado en 1999 en la mejora de su situación presupuestaria, pues el déficit de las administraciones públicas descendió al 1,6 % del PIB, por debajo del objetivo del programa de convergencia, y la deuda al 104,4 % del PIB. Esta reducción acelerada del déficit se debió a que los ingresos presupuestarios fueron muy superiores a lo previsto, compensando con creces el ligero exceso de gasto. El programa de convergencia actualizado prevé una nueva reducción del déficit en 2000 y 2001. El saneamiento presupuestario se apoya en un elevado superávit primario, generado en parte por el régimen de seguridad social a raíz de las reformas de los años noventa; se preparan nuevas reformas del sector, principalmente a causa del envejecimiento de la población. Por todo ello, la política presupuestaria deberá procurar:

i) considerar como déficit máximo admisible el objetivo fijado en el presupuesto en materia de déficit de las administraciones públicas en 2000 (1,2 % del PIB); si los ingresos son superiores a lo previsto, el déficit deberá ser más bajo; la política presupuestaria de 2001 deberá ser más rigurosa si surgieran presiones inflacionarias;

ii) asegurar el control del gasto mediante normas claras y obligatorias para reducir la proporción actual de gasto primario corriente;

iii) proseguir la reforma de la seguridad social para asegurar su viabilidad a largo plazo; además, mejorar la gestión de los fondos de seguridad social y continuar la racionalización y el control del gasto; y

iv) efectuar las privatizaciones programadas para 2000 y años sucesivos con objeto de acelerar la reducción del coeficiente de deuda.

Mercados de productos

Debido en parte a su situación geográfica, la economía griega está menos integrada que la de otros Estados miembros en los mercados europeos de productos. Los niveles de precios son relativamente altos en varios sectores. La tasa de crecimiento de la productividad laboral en Grecia ha aumentado, aunque los niveles de productividad están por debajo de los de otros Estados miembros. A pesar de los notables avances en la privatización de empresas públicas y de algunas medidas adoptadas para fomentar la creación de empresas y la innovación, el proceso de reforma de estos mercados es bastante lento. Así, Grecia deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) mejorar la transposición y aplicación de la legislación del mercado interior;

ii) acelerar el proceso de liberalización en los sectores de las telecomunicaciones, la electricidad y el gas;

iii) adoptar medidas concretas para promover la creación de empresas;

iv) adoptar nuevas medidas para aumentar la difusión de la I+D y las tecnologías de la información y de la comunicación y fomentar la participación del sector privado en la financiación de la I+D.

Mercados de capitales

Merced a la liberalización en curso, el mercado de capitales griego está cada vez más abierto a la competencia. El mercado de valores se ha beneficiado de las reformas introducidas en las condiciones de gobierno y cotización de las empresas y de la desmaterialización de los valores. Por otra parte, se espera que las acciones de las PYME más dinámicas coticen pronto en el nuevo mercado bursátil creado para ellas, inspirado en el nuevo mercado europeo. Con todo, las inversiones de capital de riesgo siguen siendo las más bajas de la Unión Europea, lo cual restringe considerablemente las fuentes de financiación para las nuevas empresas de crecimiento rápido. Los incentivos del programa de desgravación fiscal y ayuda financiera se introdujeron hace muy poco, por lo que no cabe evaluar aún sus resultados. Así, Grecia deberá dar prioridad al aspecto siguiente:

i) acelerar la aplicación de las acciones presentadas en el plan de acción sobre el capital de riesgo de 1998, y prestar especial atención a los ejemplos de buenas prácticas que figuran en la comunicación de octubre de 1999.

Mercado laboral

En la década de los noventa el mercado de trabajo registró, por una parte, un aumento de la tasa de actividad y del empleo y, por otra, un aumento del desempleo. Aunque el equivalente a tiempo completo de la tasa de empleo se aproxima ya a la media de la Unión Europea, subsisten graves problemas estructurales: baja tasa de empleo, empleo a tiempo parcial y femenino escaso, mucho paro de larga duración. Se han adoptado medidas de reforma restructural del mercado laboral y un planteamiento preventivo del paro juvenil y de larga duración. Se ha reducido la presión fiscal sobre el trabajo. En 1999 empezaron a fructificar las medidas adoptadas para facilitar el trabajo a tiempo parcial, inferior en Grecia a la media de la Unión Europea. Por ello, Grecia debería dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) adoptar medidas decididas, coherentes y cuantificables para impedir que el paro juvenil y adulto se convierta en paro de larga duración; en especial, esforzarse por culminar la reforma de los servicios de empleo y aplicar políticas preventivas de acuerdo con los puntos 1 y 2 de las Directrices para el empleo; insistir en los esfuerzos de reforma de los sistemas de formación y educación en línea con las necesidades del sistema productivo;

ii) asegurar la plena y efectiva aplicación de las reformas del mercado laboral acordadas en 1998, en especial en materia de ampliación de las posibilidades de trabajar a tiempo parcial o con horario flexible; y

iii) revisar los sistemas de formación de salarios con los interlocutores sociales, con objeto de adaptar la evolución salarial a los diferenciales de productividad a nivel geográfico, sectorial y de empresa, procurando, en particular, hacer realidad la posibilidad de sustraerse a los convenios sectoriales (aunque respetando el nivel mínimo fijado por el convenio colectivo general) mediante los pactos territoriales de empleo.

5. ESPAÑA

En 1999 el crecimiento del PIB se mantuvo a fuerte ritmo, lo mismo que la creación de empleo. Las perspectivas para el año 2000 siguen siendo favorables, basadas en un aumento más moderado de la demanda interna y en la recuperación de las exportaciones. Sin embargo, la evolución de los precios ha sido peor de lo previsto desde la segunda mitad de 1999, aunque es probable una desaceleración en 2000 siempre que en los acuerdos salariales se mantenga la moderación.

Política presupuestaria

En 1999 progresó con claridad el saneamiento de las cuentas públicas: el déficit de las administraciones públicas se redujo al 1,1 % del PIB, medio punto porcentual por debajo del objetivo del programa de estabilidad original. Según el programa de estabilidad actualizado, se prevén nuevas reducciones de los déficit en 2000 y 2001 y superávit en 2002 y 2003, logrados principalmente a través de la restricción del gasto corriente primario, lo que permitiría además reducir la presión fiscal. Ante el problema del envejecimiento de la población, se ha creado un fondo de reserva para las pensiones. Así, la política presupuestaria debería procurar:

i) alcanzar, y en lo posible mejorar, los objetivos presupuestarios fijados en el programa de estabilidad actualizado, dado que los resultados de 1999 fueron mejores de lo previsto; prepararse desde este mismo año para un mayor rigor fiscal para paliar cualquier posible riesgo de recalentamiento;

ii) llevar a cabo la reforma pendiente de la Ley de Presupuestos del Estado en el año 2000, con objeto de mejorar el control del gasto corriente primario, clave de la estrategia de saneamiento fiscal; con la reforma, los gastos efectivos no presupuestados deberían limitarse básicamente a situaciones imprevisibles;

iii) aumentar gradualmente el fondo de reserva para las pensiones creado en la Ley de Presupuestos de 2000 para hacer frente al problema que plantea a largo plazo el envejecimiento de la población; adoptar nuevas medidas en la ronda de negociaciones para la reforma del régimen de pensiones entre el Gobierno y los interlocutores sociales, que se celebrará en el año 2000 en el marco del Pacto de Toledo de 1995;

iv) mantener y respetar plenamente el actual pacto de estabilidad entre las comunidades autónomas y el Estado, puesto que los gobiernos territoriales tienen un papel cada vez mayor en muchos ámbitos del gasto.

Mercados de productos

España está moderadamente bien integrada en los mercados europeos de productos. Se han adoptado diversas medidas de mejora de la competencia en los mercados de productos: mejor transposición de la legislación del mercado interior, progresos en la liberalización de las telecomunicaciones, refuerzo de la Ley de defensa de la competencia y creación de la ventanilla única para las PYME. El nuevo plan de ciencia y tecnología apunta a un importante aumento del gasto en I+D en proporción del PIB. Así, España deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) proseguir la aplicación de la reforma de 1999 de la Ley de defensa de la competencia; en esta reforma, prestar especial atención a reforzar las facultades de investigación y los recursos de la autoridad independiente en materia de competencia;

ii) seguir reduciendo las ayudas sectoriales (ferrocarriles, carbón, construcción naval);

iii) tomar medidas para reforzar el marco de competencia en sectores como la electricidad, el gas y la distribución minorista, eliminar las restricciones de la oferta de tierras y acercar al precio del agua a su coste real;

iv) mantener las medidas de reducción de las cargas administrativas, especialmente para las PYME, dada la importancia de éstas para el empleo, y ampliar la cobertura geográfica de las ventanillas únicas para las empresas.

Mercado de capitales

El mercado de capitales se desarrolla con rapidez a consecuencia, por una parte, de las reformas destinadas a apoyar el acceso de las empresas y facilitar la inversión en valores no cotizados y, por otra, del proceso de privatización y de la creciente proporción de economías domésticas que poseen acciones. Sin embargo, el mercado de capital de riesgo sigue siendo pequeño. Así, España deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) insistir en el desarrollo de los mercados de capital de riesgo, y en particular aumentar las inversiones en las primeras etapas; tener en cuenta los ejemplos de buenas prácticas de la comunicación sobre capital de riesgo de octubre de 1999 en materia de legislación sobre quiebra, promoción de sistemas innovadores de participación de los trabajadores en el capital y promoción de mercados de valores para pequeñas y medianas empresas.

Mercado laboral

El mercado laboral ha mejorado mucho en los últimos años, con una caída notable del desempleo y un fuerte crecimiento del empleo. Se han hechos esfuerzos para pasar de políticas pasivas a políticas activas del mercado laboral, reforzándose el planteamiento preventivo del paro juvenil y de larga duración. La presión fiscal sobre el trabajo se ha reducido, particularmente en la parte baja de la escala salarial. Sin embargo, el desempleo es aún el más alto de la Unión Europea y subsisten graves problemas estructurales: dualidad del mercado laboral entre contratos permanentes y temporales, bajas tasas de actividad y de empleo de las mujeres, grandes disparidades regionales. Hay también algún riesgo de que aparezcan presiones salariales. Por ello, España deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) revisar con los interlocutores sociales el sistema de formación de los salarios y la aplicación a nivel regional y local del régimen de prestaciones sociales, y mejorar el funcionamiento del mercado de la vivienda para promover la movilidad laboral y hacer frente a las disparidades regionales en materia de desempleo;

ii) seguir esforzándose por mejorar la eficacia de las políticas activas del mercado laboral y por coordinarlas mejor con las políticas pasivas a fin de reducir el número de desempleados que pasan al paro de larga duración, y al mismo tiempo revisar los regímenes fiscales y de prestaciones para mejorar los incentivos a la contratación, a la incorporación al trabajo y a la participación en programas activos del mercado laboral; evaluar la calidad y eficacia de la formación técnica en las escuelas;

iii) revisar con los interlocutores sociales la rigurosa legislación de protección de los trabajadores con contrato permanente y reducir las barreras al despido con objeto de reducir la proporción de contratos temporales y aumentar la flexibilidad del mercado laboral.

6. FRANCIA

La actividad económica se fortaleció a mediados de 1999 y la expansión parece actualmente asentada: el crecimiento debería seguir a buen ritmo en 2000, con fuerte generación de empleo, sobre todo porque el crecimiento es más generador de empleo desde hace unos años. A pesar de este crecimiento potencial, se prevé que las presiones inflacionistas sigan siendo moderadas merced al aumento de la competencia y a la moderación salarial.

Política presupuestaria

Francia hizo progresos notorios en la mejora de su situación presupuestaria en 1999, pues el déficit de las administraciones públicas cayó al 1,8 % del PIB, medio punto porcentual por debajo del objetivo del programa de estabilidad. Según el programa de estabilidad actualizado, habrá nuevas reducciones del déficit en 2000 y en los años siguientes como resultado de un riguroso control del gasto, que además permitiría reducir la presión fiscal. A medio plazo, las finanzas públicas francesas, especialmente el régimen de pensiones y el seguro de enfermedad, se enfrentarán a una carga cada vez mayor debido al envejecimiento de la población. Como primera respuesta a este problema se ha creado en 1999 un fondo de reserva para pensiones. En vista de ello, la política presupuestaria deberá procurar:

i) reducir el déficit en 2000 a un nivel claramente inferior al previsto en el programa de estabilidad actualizado, dado que el resultado en materia de déficit en 1999 superó las previsiones y dadas las excelentes perspectivas de crecimiento;

ii) adoptar con rapidez medidas correctoras en caso de superación significativa de los objetivos sectoriales de gasto establecidos en el programa de estabilidad actualizado; siempre que sea posible, aplicar estas medidas dentro del mismo año o, a más tardar, en el siguiente;

iii) si en materia presupuestaria se registrara un mayor margen de maniobra, aprovecharlo para reducir más rápidamente el déficit a fin de cumplir los objetivos de Pacto de estabilidad y crecimiento ya sea en 2000, o bien en 2001 más holgadamente;

iv) orientar la reforma del régimen de pensiones, que en principio comenzaría en 2000, hacia la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública, teniendo en cuenta consideraciones de equidad, incluida la equidad entre generaciones.

Mercados de productos

Francia está relativamente bien integrada en los mercados europeos de productos. En el último período, el ritmo de las reformas estructurales se ha acelerado, mejorando el entorno competitivo y reduciendo la carga burocrática de las empresas. La favorable situación macroeconómica actual brinda a Francia una oportunidad para nuevas reformas. Así, Francia deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) mejorar la transposición de las Directivas del mercado interior, que es relativamente deficiente y se ha deteriorado últimamente; resolver los problemas de aplicación de las normas del mercado interior; y seguir esforzándose por introducir mayor transparencia en los contratos públicos;

ii) evitar la concesión de grandes ayudas ad hoc como las que se han otorgado en los últimos años;

iii) ampliar la liberalización ya iniciada de las industrias de red, en particular en el sector de la energía;

iv) seguir esforzándose por simplificar los trámites de las empresas y fomentar la innovación.

Mercados de capitales

El mercado de capitales francés es maduro y eficiente. El mercado de valores se desarrolló con dinamismo en los años noventa merced a la modernización de la tecnología, la creación de un mercado para empresas de rápido crecimiento, las privatizaciones y las medidas fiscales de apoyo a las inversiones en acciones. Se han tomado diversas medidas de fomento del capital de riesgo. Sin embargo, el mercado de capital de riesgo, a pesar de su crecimiento reciente, debe desarrollarse más. Así, Francia deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) facilitar más la inversión de los inversores institucionales en los mercados de valores y en capital de riesgo;

ii) prestar especial atención a las iniciativas presentadas en la comunicación sobre capital de riesgo de octubre de 1999 como ejemplos de buenas prácticas en materia fiscal, de mejor aplicación de la legislación sobre quiebras y de promoción del desarrollo de sistemas de participación de los trabajadores en el capital de la empresa.

Mercado laboral

La situación del mercado laboral ha mejorado notablemente en Francia, aunque la tasa de desempleo de finales de 1999 (10,6 %) sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea. La caída del paro juvenil ha sido aún más pronunciada gracias al efecto gradual de nuevas e importantes medidas. El crecimiento de los salarios nominales mantiene su moderación a pesar de los recientes incrementos de la demanda de mano de obra. En el futuro próximo, será necesario supervisar con rigor la evolución salarial, ya que los salarios seguirán reflejando los efectos de la introducción gradual de la semana laboral de 35 horas. La fiscalidad efectiva sobre el trabajo es relativamente elevada y la tasa neta de reemplazo comparativamente generosa; cabría aligerar el marco reglamentario. Por todo ello, Francia deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) aplicar y evaluar medidas destinadas a reducir la presión fiscal sobre el trabajo, en particular sobre los trabajadores no cualificados y con bajos salarios, y, en este contexto, revisar los regímenes de prestaciones para evitar que alimenten el círculo vicioso de la pobreza;

ii) revisar la legislación de protección del empleo para evaluar sus efectos en el empleo;

iii) vigilar estrechamente la negociación de la reforma de la semana laboral de 35 horas a fin de evitar efectos nocivos a medio plazo sobre los costes salariales, la oferta de mano de obra y la organización del trabajo.

7. IRLANDA

El PIB volvió a crecer de forma excepcional en 1999, y para 2000 se espera un crecimiento fuerte, aunque menor, impulsado por el crecimiento de la demanda final. Parte de la aceleración actual de la inflación se puede atribuir a factores puntuales y la inflación subyacente parece contenida, pero hay signos de recalentamiento, especialmente en el mercado laboral. Los problemas de oferta pueden, por tanto, afectar a corto plazo tanto a la inflación como al crecimiento.

Política presupuestaria

En 1999, las finanzas públicas registraron de nuevo un importante superávit, el 2 % del PIB. Según el programa de estabilidad, los superávit se mantendrían en los próximos años. Actualmente hay síntomas claros de presión inflacionaria y de aparición de problemas de oferta, tanto materiales, por ejemplo de infraestructuras, como de empleo. Así, pues, la política presupuestaria deberá procurar:

i) servir, ya en 2000, para asegurar la estabilidad económica dada la magnitud del recalentamiento de la economía; adaptar el presupuesto de 2001 a este objetivo;

ii) reducir el crecimiento del consumo público real del 4,3 % estimado en 1999 al 2,7 % en 2002, de acuerdo con el programa de estabilidad actualizado;

iii) asegurar la prioridad de los objetivos del plan de desarrollo nacional, ya que es preciso cubrir las necesidades de infraestructura de una economía en rápido crecimiento, salvaguardando los objetivos de estabilidad de la política fiscal.

Mercados de productos

La economía de Irlanda está muy bien integrada con el resto de la Unión Europea, con precios relativamente bajos a pesar de la rápida subida de los precios de la vivienda y de algunos servicios, y con elevada productividad. Se han aplicado en los últimos años varias reformas de los mercados de productos. Se ha avanzado en el desarrollo de la competencia en las telecomunicaciones, se va a abrir progresivamente a la competencia los mercados de la electricidad y el gas, y el Estado ha comenzado a asociarse con el sector privado para mejorar la eficiencia de los servicios públicos. El gasto público en investigación es bastante bajo, pero se proyecta aumentar sustancialmente los recursos presupuestarios asignados a la I+D. Así, Irlanda debería dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) facultar a la autoridad responsable de la competencia para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado CE; reforzar la política de competencia con motivo de la reforma de la Ley de competencia de este año y no limitarla a cuestiones de procedimiento;

ii) acentuar las medidas de liberalización del transporte; en especial, introducir la competencia en los autobuses urbanos y en los ferrocarriles, por ejemplo mediante franquicias.

Mercados de capitales

Los mercados de capitales se desenvuelven correctamente y la capitalización bursátil en porcentaje del PIB se ha duplicado en los últimos cinco años. Sin embargo, el número de empresas cotizadas sigue siendo pequeño. Se han tomado varias medidas para fomentar el capital de riesgo y la inversión privada está tomando el relevo de la financiación pública. Las inversiones, que tradicionalmente se centraban en la última fase (de expansión), van cada vez más a la fase fundacional de las empresas. Sin embargo, el nivel global de inversiones sigue bajo. Así, pues, Irlanda deberá dar prioridad al aspecto siguiente:

i) esforzarse más por desarrollar el capital de riesgo para la financiación de puesta en marcha y de las fases iniciales.

Mercado laboral

Las fuertes tasas de crecimiento del empleo y un nivel de desempleo que se acerca a sus tasas históricas más bajas son las principales características actuales del mercado laboral. La tasa de empleo corresponde a la de la zona del euro, la tasa de actividad femenina aumenta y las últimas tendencias muestran una disminución importante del paro de larga duración. Aunque por la evolución demográfica seguirá aumentando el volumen de mano de obra, la situación general hace temer que el crecimiento económico se vea limitado por la escasez de mano de obra. En vista de todo ello, Irlanda deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) vigilar la evolución de los salarios a fin de asegurar una coherencia máxima con el acuerdo salarial y de cooperación recientemente celebrado, el programa de prosperidad y justicia, como base mínima necesaria para mantener el crecimiento del empleo;

ii) adoptar una estrategia de conjunto con el fin de aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral: supresión de desincentivos fiscales y adopción de medidas que permitan conciliar el trabajo y la vida familiar; en especial, establecer sistemas flexibles de excedencia y esforzarse por aumentar la oferta de servicios de atención a la infancia y a otras personas dependientes.

8. ITALIA

Desde la segunda mitad del pasado año, el crecimiento económico experimenta una fuerte aceleración y las perspectivas para 2000-2001 son buenas. El crecimiento está alimentado por la demanda interna y la mejora de las exportaciones netas. A pesar de la mayor flexibilidad del mercado laboral, el desempleo sigue siendo elevado.

Política presupuestaria

En 1999 Italia redujo el déficit de las administraciones públicas al 1,9 % del PIB, resultado ligeramente mejor que el objetivo inicial (2,0 %). Sin embargo, el superávit primario fue inferior al previsto (4,9 % del PIB en vez de 5,5 %) y la deuda siguió en niveles altos (114,9 % del PIB). El programa de estabilidad actualizado prevé la reducción del coeficiente de déficit al 0,1 % en 2003 mediante un riguroso control del gasto, que además permitirá reducir la presión fiscal. A medio plazo, las finanzas públicas italianas, especialmente el régimen de pensiones, se enfrentará a una carga cada vez mayor debido al envejecimiento de la población. Así pues, los objetivos de la política presupuestaria deberán ser:

i) obtener mejores resultados presupuestarios que los previstos en caso de que se registre un crecimiento superior al programado, y acelerar así la reducción del elevado coeficiente deuda/PIB, para aproximarlo al valor de referencia (60 %);

ii) obtener al menos el superávit primario del 5,0 % del PIB en 2000 y 2001 previsto en el programa de estabilidad actualizado, a través de un control riguroso del gasto primario corriente;

iii) contener a medio plazo el previsible aumento del gasto en pensiones como proporción del PIB; para ello, iniciar cuanto antes la revisión del régimen de pensiones y continuar la reforma del régimen, promoviendo también el desarrollo de los fondos de pensiones;

iv) llevar a cabo el programa de privatizaciones previsto y seguir utilizando los ingresos de las privatizaciones para reducir más la deuda pública.

Mercados de productos

Italia está relativamente menos integrada en los mercados europeos de productos que otros grandes Estados miembros. La participación internacional de las empresas italianas está por debajo de lo que cabría esperar de un país de su tamaño. Sin embargo, los niveles de precios en Italia están claramente por debajo de la media de la Unión Europea y la productividad es similar a la de Francia y Alemania. Se han introducido reformas que contribuyen a mejorar el funcionamiento de los mercados de productos, en especial en materia de privatización y liberalización de servicios públicos y de reducción de la carga administrativa de las PYME. Así pues, Italia deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) seguir avanzando en la transposición de las legislación del mercado interior; insistir en los esfuerzos por resolver los problemas pendientes en materia de contratación pública;

ii) perseverar en la reducción del nivel general de las ayudas estatales no agrícolas y mejorar más su estructura, ya que las ayudas estatales no agrícolas en porcentaje del PIB están entre las más altas de la Unión Europea;

iii) imprimir mayor impulso a la simplificación de la normativa que afecta a las empresas y establecer el sistema de ventanilla única;

iv) reforzar las iniciativas de promoción de la I+D y de la innovación, ya que el cociente de gasto en I+D/PIB es muy bajo.

Mercados de capitales

Se observan progresos sustanciales en el desarrollo de mercados financieros más sólidos y más integrados y en materia de capital de riesgo. Los mercados de acciones crecen con rapidez, impulsados además por las grandes privatizaciones en curso. El capital de riesgo y la tenencia de acciones también se han extendido rápidamente en los últimos años, y la creación del Nuovo Mercato se sumará a estos avances. Sin embargo, el mercado de capital de riesgo sigue subdesarrollado. Así, Italia deberá dar prioridad al aspecto siguiente:

i) seguir fomentando el desarrollo del capital de riesgo, en especial mejorando el marco fiscal, facilitando la inversión de inversores institucionales en los mercados de valores y en capital de riesgo y reformando la legislación sobre quiebras.

Mercado laboral

Pese a algunas mejoras recientes, la situación del mercado laboral sigue siendo difícil: baja tasa de empleo, elevado desempleo estructural y grandes diferencias regionales. Mercados laborales segmentados, una extensa economía sumergida y la desigual distribución del desempleo por grupos y regiones son datos que apuntan a problemas estructurales. Muchas estructuras subyacentes son desfavorables para el empleo: la elevada presión fiscal sobre el trabajo y el laxismo de los regímenes de prestaciones sociales, combinados con la rigidez de la legislación de protección del empleo. Aunque se han hecho notorios esfuerzos para reducir las cargas fiscales sobre el trabajo, modernizar la administración e introducir nuevos tipos de contratos laborales, ninguna de estas medidas ha dado todavía todos sus frutos. Hay una evidente necesidad de completar estos esfuerzos con medidas estructurales más generales. Así, Italia deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) combinar la mejora del régimen de prestación de desempleo con una mayor flexibilidad de la legislación de protección del empleo y un endurecimiento de los criterios de acceso a la pensión y otras prestaciones sociales, estableciendo al mismo tiempo requisitos adecuados de disponibilidad para la contratación e incentivando la participación en programas activos del mercado laboral;

ii) seguir aumentando la flexiblidad del mercado laboral y, en particular, esforzarse por promover la flexibilidad salarial a tenor de las diferencias de productividad, en particular entre regiones;

iii) seguir reduciendo la fiscalidad del trabajo y vigilar estrechamente la evolución de la situación, especialmente el efecto de las medidas temporales en materia fiscal y de aportaciones a la seguridad social concebidas para los grupos y regiones más afectados por el desempleo.

9. LUXEMBURGO

El crecimiento del PIB real fue particularmente rápido en 1999 a pesar del contexto exterior desfavorable, y continuará según las previsiones. El desempleo sigue muy bajo, pero se registran algunas presiones inflacionarias.

Política presupuestaria

Gracias a su acelerado crecimiento económico y a la consiguiente bonanza de los ingresos fiscales, Luxemburgo registra repetidamente cómodos superávit desde hace años. Así, la política presupuestaria debería procurar:

i) vigilar rigurosamente el gasto público corriente para facilitar el logro de los objetivos presupuestarios, dejando margen para la reducción de la presión fiscal, según el programa de estabilidad actualizado;

ii) combinar la aplicación de políticas de finanzas públicas saneadas con la introducción, en particular en materia de seguridad social, de las reformas necesarias para mantener la viabilidad a largo plazo del sistema y prepararse para el envejecimiento de la población.

Mercados de productos

Aunque la economía luxemburguesa está muy bien integrada en el mercado europeo de productos y sus resultados macroeconómicos son excelentes, las políticas estructurales destinadas a mejorar el funcionamiento de los mercados de productos están menos avanzadas. Sin embargo, se registran progresos. La abolición de la mayoría de los regímenes de regulación de precios y la reducción del ámbito de aplicación de las ayudas regionales, que se producirán en breve, son particularmente positivas. Así, Luxemburgo deberá dar prioridad a los aspectos siguientes:

i) acelerar la transposición de la legislación del mercado interior, en particular en materia de transportes, vehículos de motor, controles fitosanitarios y asuntos sociales;

ii) adoptar una nueva Ley de competencia que permita a las autoridades aplicar una política de competencia más eficiente, facultándolas para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado CE;

iii) crear condiciones que permitan seguir recuperando el retraso respecto de los últimos avances de la sociedad de la información, en especial dada la tardía penetración de las tecnologías de la información y de la comunicación en un país con tan alto nivel de vida.

Mercado laboral

El comportamiento del mercado laboral es bueno, con la tasa de desempleo más baja y el más alto nivel de empleo de la Unión Europea, resultados obtenidos en gran medida gracias al trabajo transfronterizo. La tasa de empleo nacional no es excepcional, pues la participación de las mujeres y de los trabajadores de más edad es baja. Aunque no hay problemas importantes de funcionamiento del mercado laboral, algunas estructuras subyacentes en materia fiscal y social no favorecen el empleo. Así pues, Luxemburgo deberá dar prioridad al aspecto siguiente:

i) revisar los regímenes fiscales y de prestaciones con objeto de suprimir desincentivos a la participación en el empleo, y seguir esforzándose por aumentar la tasa de empleo nacional, en especial de las mujeres y los trabajadores de más edad.

10. PAÍSES BAJOS

En 1999, la actividad económica apenas se desaceleró en comparación con los altos índices de crecimiento de 1998; el empleo siguió aumentado a buen ritmo y el desempleo registrado cayó a niveles desconocidos desde comienzos de los años setenta. Es probable que el crecimiento se acelere en 2000 por la mejora de la situación económica exterior. Ante el fuerte crecimiento y la progresiva contracción de la oferta de mano de obra, será necesario vigilar la evolución de los precios y,