Decisión de la Comisión

de 13 de febrero de 2001

relativa a la ayuda estatal concedida por los Países Bajos en favor de SCI-Systems

[notificada con el número C(2001) 402]

(El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/517/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el primer párrafo del apartado 2 del artículo 88,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y, en particular, la letra a) del apartado 1 del artículo 62,

Habiendo invitado a las partes interesadas a presentar sus comentarios de conformidad con las disposiciones citadas(1) y vistos sus comentarios,

Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO

(1) En noviembre de 1997 SCI Systems Netherlands BV (en lo sucesivo "SCI") escogió el Internationaal Bedrijvenpark Friesland (en lo sucesivo "IBF"), un polígono empresarial en Heerenveen (provincia de Frisia), como emplazamiento para construir una fábrica de montaje de ordenadores personales para Hewlett-Packard.

(2) Mediante carta de 3 de marzo de 1998 (registrada el 11 de marzo de 1998 con el número A/32006), un tercero alegó que el apoyo recibido iba más allá del régimen de ayuda regional aprobado por la Comisión [Investeringspremieregeling, IPR(2)]. Las autoridades regionales habrían prometido ayuda ad hoc adicional para atraer el proyecto de inversión a Heerenveen frente a la fuerte competencia de otros sitios potenciales en los Países Bajos. Mediante cartas de 20 de marzo (D/51297) y 28 de octubre de 1998 (D/54393), la Comisión pidió información adicional a las autoridades neerlandesas. Por cartas de 19 de mayo de 1998 (registrada el 25 de mayo con el número A/33974) y 4 de enero de 1999 (registrada el 6 de enero como A/30095) las autoridades neerlandesas proporcionaron esa información. El tercero proporcionó más datos y envió artículos de prensa referentes al caso, mediante cartas de 10 de octubre de 1998 (registrada el 6 de noviembre como A/38015) y 15 de enero de 1999 (registrada el 20 de enero como C00231).

(3) Mediante su Decisión de 6 de febrero de 1999, la Comisión abordó el asunto de la sociedad Italgrani(3), relativo a las ayudas concedidas bajo el sistema IPR, e incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE por lo que se refiere a otras medidas de ayuda ad hoc. Por carta de 9 de marzo de 1999 (D/01700), la Comisión informó a los Países Bajos de la Decisión, que fue publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas(4). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus comentarios sobre la ayuda.

(4) La Comisión recibió dos comentarios de partes interesadas (carta de 1 de junio de 1999, registrada el 8 de junio como A/34233, y carta de 7 de junio de 1999 registrada el 11 de junio como A/34377). Mediante carta del 28 de junio de 1999 (D/62723), remitió estas cartas a los Países Bajos para que sus autoridades pudieran manifestarse. Los Países Bajos reaccionaron a la incoación del procedimiento por carta de 13 de abril de 1999 (registrado el 14 de abril como A/32920). Sus opiniones sobre los comentarios de terceros fueron enviados mediante carta del 2 de agosto de 1999 (registrada el 3 de agosto como A/36064). Uno de los terceros envió nuevos datos mediante carta del 18 de junio de 1999 (registrada el 24 de junio como A/34661).

(5) Como aún faltaba información importante la Comisión, mediante cartas del 20 de octubre de 1999 (D/64378), 15 de mayo del 2000 (D/52950), 14 de septiembre del 2000 (D/54696) y 4 de octubre del 2000 (D/55028) pidió más información. Las autoridades neerlandesas pidieron aplazamientos sucesivos mediante cartas de 3 de noviembre de 1999 (registrada el 5 de noviembre como A/38403), 14 de diciembre de 1999 (registrada el 17 de diciembre como A/39869) y 30 de octubre del 2000 (registrada el 3 de noviembre como A/39018). Esto fue concedido mediante cartas de 15 de noviembre de 1999 (D/64719), 10 de enero del 2000 (D/50073) y 23 de noviembre del 2000 (D/55817). El Gobierno neerlandés contestó mediante cartas de 24 de enero del 2000 (registrada el 26 de enero como A/30682), 14 de junio del 2000 (registrada el 3 de julio como A/35437), 6 de diciembre del 2000 (registrada el 11 de diciembre como A/40422) y 2 de febrero del 2001 (registrada el 2 de febrero como A/30985). Se ofrecieron clarificaciones durante las reuniones de 5 de enero y 5 de diciembre del 2000. El tercero envió más información mediante cartas de 21 de marzo del 2000 (registrado el 28 de marzo como A/32654), 4 de mayo del 2000 (registrada el 18 de mayo como A/34095), 28 de junio (registrada el 10 de julio como A/35646) y 12 de septiembre del 2000 (registrada el 19 de septiembre como A/37630).

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MEDIDAS

2.1. Empresa beneficiaria

(6) SCI es un fabricante internacional diversificado de componentes electrónicos que contrata sus servicios a empresas tales como Hewlett-Packard y Apple Computers. Fabrica subconjuntos que se utilizan en ordenadores, telecomunicaciones, aparatos médicos, electrónica de consumo y defensa. Además construye centenares de productos acabados como ordenadores, pantallas, sistemas de comunicación para aviones militares y decodificadores para televisores con Internet(5). SCI fue elegido por Hewlett-Packard como socio para producir sus ordenadores en los Países Bajos. Hewlett-Packard es una de las mayores casas mundiales de ordenadores(6).

(7) Se esperaba que la nueva planta de SCI en Heerenveen produjera ordenadores a finales de 1999. A la espera de la nueva fábrica SCI comenzó la producción de ordenadores en unas instalaciones provisionales en Leek (a unos 30 kilómetros de Heerenveen).

2.2. Ayuda a la inversión

(8) Por carta de 9 de diciembre de 1998, el Ministerio neerlandés de Asuntos Económicos concedió a SCI una ayuda a la inversión equivalente a un 20 % de los costes de inversión elegibles, con un máximo de 5,67 millones de euros (12,5 millones de florines neerlandeses), al amparo del sistema IPR. En ese momento los costes de inversión estimados eran de 31,1 millones de euros [68,5 millones de florines neerlandeses(7)], incluyendo la construcción de una fábrica y de un centro de distribución de ordenadores en Heerenveen.

(9) Las autoridades neerlandesas confirmaron que la ayuda se concedió de conformidad con el sistema IPR, aprobado por la Comisión(8). La intensidad máxima de la ayuda en el marco del IPR es igual al techo de ayuda regional del equivalente de subvención bruto del 20 %. La decisión final sobre los costes subvencionables, en los cuales se basa el importe exacto de la subvención, se tomará un año después de la realización del proyecto. La expectativa actual es que los costes de inversión reales sean perceptiblemente más bajos que los notificados originalmente. Las autoridades neerlandesas explicaron que el nuevo cálculo asciende a 18 millones de euros (40 millones de florines neerlandeses). Sobre la base del techo del 20 %, la subvención bajo el sistema IPR se reduciría a no más de unos 3,6 millones de euros (8 millones de florines neerlandeses). Como parte de los procedimientos normales, la declaración de la empresa sobre los costes subvencionables será acompañada por una declaración de un contable independiente. La declaración final será verificada por el servicio de contabilidad del Ministerio de Asuntos Económicos(9). Las autoridades neerlandesas han indicado su voluntad de comunicar la decisión final a su debido tiempo.

(10) Las autoridades neerlandesas han informado a la Comisión que todos los costes del presupuesto son costes de inversión que pueden acogerse al sistema IPR y que se está respetando el techo de ayuda del sistema. Confirmaron que elementos de coste tales como instalaciones y ordenadores centrales son conformes al IPR y a las directrices internas sobre la aplicación del sistema basadas, entre otras cosas, en la práctica anterior. En cuanto al coste relativamente alto de los almacenes, las autoridades neerlandesas informaron a la Comisión de que ello se debía a la naturaleza específica de la empresa ya que al tratarse de una subcontrata de fabricación la cadena logística y su automatización revisten una gran importancia.

(11) En cuanto al coste de la infraestructura, las autoridades neerlandesas han confirmado, sobre la base de la documentación original, que no hay ninguna contabilidad doble ni costes de desarrollo del terreno pagados por el IBF, la entidad responsable de desarrollar la infraestructura para adecuar el terreno industrial y proporcionar servicios tales como alcantarillado, infraestructura eléctrica espacios verdes, etc El presupuesto de explotación de 1999 del IBF muestra que los costes de infraestructura ascendieron a 9,1 millones de euros (20,1 millones de florines neerlandeses). Según las autoridades neerlandesas, los informes anuales de IBF y todas sus peticiones de pagos con arreglo a las subvenciones del FEDER (todas acompañadas de declaraciones del contable) muestran que estos costes incluyen solamente los costes de infraestructura, fuera de los límites de la parcela individual adquirida por SCI, que no tienen ninguna relación con el propio emplazamiento de SCI y que no hay ninguna contabilidad doble con declaraciones bajo el sistema IPR.

2.3. El programa de empleo 2000

(12) SCI es el principal beneficiario del programa de empleo 2000 ["2000-Banenplan"(10)], elaborado por la Oficina de empleo regional (Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening Frisland, en lo sucesivo "RBA"), que busca soluciones integrales para los parados de larga duración y otros grupos desfavorecidos. Las vacantes en las empresas que invierten en Frisia (nuevos proyectos o inversiones en grandes ampliaciones) se notifican a las oficinas de empleo locales. Como parte de sus actividades normales, estas oficinas buscan empleos para los parados y se aseguran de que reciban la formación necesaria y que poseen la experiencia requerida. Para garantizar que una persona en paro encuentra realmente un trabajo, puede concederse una subvención para cubrir los costes salariales directos.

(13) El programa de empleo 2000 fue aprobado y financiado por la provincia de Frisia. Cubre solamente a esta provincia y tiene un presupuesto total para el período 1998-2000 de 18,6 millones de euros (41 millones de florines neerlandeses), de los cuales 11,2 millones de euros (24,8 millones de florines neerlandeses) destinados a subvenciones para costes salariales directos. El programa empezó en marzo de 1998 y es una extensión del programa previo "700 trabajos", de 1997. El RBA es responsable de su puesta en práctica. Durante años, el desempleo en Frisia había sido un 3 % más alto que la media nacional. Esta diferencia se redujo a alrededor del 2 % en 1997 pero la proporción de parados de larga duración se ha incrementado a más del 60 %.

(14) Una parte del procedimiento administrativo normal lo constituye un acuerdo vigente entre el RBA y la empresa nueva o en expansión sobre el uso previsto del sistema. El acuerdo entre el RBA y SCI se firmó el 3 de noviembre de 1998. Se acordó que SCI contrataría a un máximo de 1200 parados con arreglo al sistema, por lo cual SCI tendría derecho a subvenciones para cubrir costes salariales que no sobrepasasen 7620000 euros (16800000 florines neerlandeses). La subvención definitiva se determinará sobre la base del número real de personas en búsqueda de trabajo reclutadas conforme a los criterios del programa de empleo. SCI recibe 4900 euros (10800 florines neerlandeses), 6500 euros (14400 florines neerlandeses) o 8200 euros (18000 florines neerlandeses) por parado contratado. La cifra más baja se aplica a las personas en búsqueda de trabajo "normales", la segunda se aplica a parados de grupos minoritarios, a personas discapacitadas, a mujeres que se reincorporan al mercado laboral, a jóvenes y a desempleados en fase 2 y 3, es decir, parados que lo son desde hace más de 6 y 9 meses, respectivamente, y la cifra más alta se aplica a los parados de larga duración (de más de un año). La subvención sólo se concede estrictamente a la persona registrada como "persona en búsqueda de trabajo" y está condicionada a que dicha persona sea empleada durante por lo menos 12 meses y por un mínimo de 18 horas semanales en un puesto de trabajo estructural. La duración del acuerdo va de mayo de 1998 a mayo del 2001. Se pagan anticipos de hasta el 80 % de la subvención máxima: 2,3 millones de euros (5107180 florines neerlandeses) en 1998 y 3,8 millones de euros (8332830 florines neerlandeses) en 1999.

(15) Sin embargo, el importe real de la ayuda será perceptiblemente más bajo que el máximo acordado. Hasta septiembre del 2000 se contrató solamente a 954 personas según los criterios del programa de empleo(11) y muchos de ellos permanecieron en sus trabajos menos de un año: SCI sólo tendrá derecho a subvenciones para 252 de ellos, lo que supone una subvención total de 1,7 millones de euros (3,7 millones de florines neerlandeses). La subvención definitiva se determinará sólo después de la declaración final, en mayo del 2002 a más tardar. Por todo ello las autoridades neerlandesas ofrecieron el compromiso de que la ayuda combinada conforme al sistema IPR y al programa de empleo(12) no sobrepasará el 20 % de la base de los costes subvencionables (véase el considerando 55). Se han recuperado ya parte de los anticipos y también se recuperará el resto de la ayuda ilegalmente concedida.

(16) En su Decisión del 6 de febrero de 1999 que incoó el procedimiento de conformidad con el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, la Comisión puso en duda si se podía considerar que las subvenciones para costes salariales directos eran una medida general, según lo afirmado por las autoridades neerlandesas. Puesto que el programa se aplicó solamente a empresas en Frisia este no parece ser el caso. Por otra parte, parece que SCI sería el beneficiario principal, mientras que el programa anterior de 700 trabajos se destinaba principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

2.4. Precio del terreno

(17) SCI compró el terreno a IBF, una empresa estatal creada para desarrollar el parque empresarial. Para garantizar la naturaleza "verde" y "de alta calidad" del parque empresarial, IBF imponía que solamente el 70 % del terreno se utilizara para carreteras, edificios y servicios. La inversión prevista por SCI requería por ello una parcela de 14 hectáreas. Sin embargo, el plan de utilización del suelo, por el cual la provincia de Frisia determina cómo puede desarrollarse la zona, establece que el porcentaje máximo de terreno a utilizar para los edificios sea del 15 % y el 10 % del terreno restante, como máximo para vías de servicio. A petición de SCI e IBF, el municipio aceptó aumentar respectivamente estos porcentajes hasta un 30 % y un 20 %, con un porcentaje combinado del 40 %. Para incrementar este porcentaje combinado hasta un 70 % (40 % para construcciones y 30 % para vías de servicio), la provincia tendría que cambiar el plan de utilización del suelo pero los procedimientos pertinentes llevarían un tiempo considerable y, por razones políticas y legales, el resultado es incierto. Así pues, para cumplir con el plan actual de utilización del suelo, SCI tenía que ser el propietario legal de 24 hectáreas.

(18) Por esta razón SCI compró 24 hectáreas a IBF(13) y vendió al mismo tiempo 10 hectáreas a IBF. La reasignación de las 10 hectáreas a IBF debe realizarse en el plazo de cuatro semanas desde el momento de la modificación del plan de utilización del suelo. Tanto la venta como la compra se llevaron a cabo a un precio de 2,27 euros por m2 (5 florines neerlandeses por m2), lo que da cantidades totales de 544000 euros (1,2 millones de florines neerlandeses) y 227000 euros (500000 florines neerlandeses) respectivamente, excluido el IVA. Se pagaron en el mismo día el precio de venta y el precio de compra.

(19) El precio de 2,27 euros por m2 se determinó según un cálculo de precios del terreno hecho el 18 de mayo de 1998 por un perito. Para eliminar cualquier duda planteada por la Comisión, las autoridades neerlandesas encargaron a otro tasador realizar una segunda evaluación. Esta segunda tasación, de 7 de abril de 1999, llegó a un precio similar de 2,54 euros (5,60 florines neerlandeses) por m2.

(20) En su Decisión de 6 de febrero de 1999 la Comisión planteaba dudas en cuanto a la metodología utilizada en el primer informe de evaluación. Estas dudas se referían en especial a la pequeña proporción del terreno que realmente se pagaría, al ajuste para el coste de preparación del terreno y a la manera en que se tuvieron en cuenta factores positivos, tales como la proximidad de autopistas. Sobre la base de los costes originales contraídos por IBF para el desarrollo del parque empresarial, la Comisión había calculado un precio mucho más alto (24,8 euros por m2 o 54,7 florines neerlandeses). El precio de 2,27 euros por m2 parecía corresponder bastante fielmente al precio calculado del terreno no acondicionado en 1996. Además, la naturaleza jurídica del contrato relativo a la compra era confusa.

2.5. Ayuda para instalaciones provisionales, seguridad y transporte (fondo SEBB)

(21) Aunque la construcción de la fábrica de Heerenveen todavía no había empezado, SCI quiso comenzar inmediatamente la producción. La empresa pública de desarrollo para el norte de los Países Bajos (Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, en lo sucesivo "NOM") ayudó a SCI a encontrar un sitio conveniente para su fábrica en Leek, a unos 30 kilómetros de Heerenveen. NOM había alquilado parte del terreno a partir de diciembre de 1997. Para alquilar el edificio a efectos de producción, invirtió 270000 euros (600000 florines neerlandeses) en su renovación. El arrendador de la parte restante del edificio invirtió la misma cantidad, lo que da unos costes totales de renovación de 540000 euros (1,2 millones de florines neerlandeses). NOM cobró a SCI un alquiler total de 749000 euros (1,65 millones de florines neerlandeses) desde mayo de 1998 a febrero del 2000 (75000 florines neerlandeses por mes), cuando SCI se trasladó a su nueva planta de Heerenveen. Durante el mismo período NOM pagó el alquiler total de 880000 euros (1939496 florines neerlandeses) al propietario, Brivec B.V. La diferencia es de 131000 euros (289496 florines neerlandeses). El pago mensual en concepto de energía era de 11300 euros (25000 florines neerlandeses).

(22) El NOM obtuvo la financiación para estos gastos del Presupuesto socioeconómico para la política ambiental industrial (Sociaal-Economisch budget voor Bedrijfsomgevingsbeleid, en lo sucesivo "fondo SEBB"). El fondo fue creado por la provincia de Frisia en diciembre de 1998 con un presupuesto de 4,5 millones de euros (10 millones de florines neerlandeses). Se consideraba como un instrumento adicional para consolidar el clima regional de inversión, prestando una atención particular a la creación de empleo para personas muy poco cualificadas.

(23) En su Decisión del 6 de febrero de 1999 la Comisión pidió más información sobre la instalación temporal de producción, incluido cualquier contrato entre los poderes públicos y la empresa.

(24) También se utilizó el fondo SEBB para financiar el transporte de los empleados de SCI entre Heerenveen y las instalaciones temporales de producción en Leek. El coste del transporte público sería un obstáculo para los parados que se benefician del programa de empleo. Por lo tanto NOM encargó a una empresa de transporte público proporcionar gratuitamente el transporte para los nuevos empleados de SCI. El coste de ello ascendió a 812000 euros (1789017 florines neerlandeses), sin IVA. El fondo SEBB cubrió estos gastos para el NOM. Este servicio de transporte casi no requirió utilizar transporte adicional dadas las conexiones existentes de transporte público.

(25) NOM también pagó los servicios de seguridad de la instalación de producción durante el período en que SCI la alquiló. Los costes totales ascendieron a 353000 euros (778552 florines neerlandeses), excluido el IVA.

(26) Los artículos de prensa hacen referencia a la ayuda para cubrir el coste de la mudanza de SCI desde Leek a la nueva fábrica de Heerenveen. Sin embargo, la Comisión no ha encontrado ninguna prueba de que tales gastos fueran financiados por el fondo SEBB o mediante otros recursos estatales.

2.6. Alojamiento para el personal

(27) El municipio de Heerenveen pagó 100000 euros (alrededor de 220000 florines neerlandeses) por el alojamiento de cinco miembros de personal extranjeros de SCI que fueron trasladados a Heerenveen durante la fase inicial del proyecto. Inicialmente una cantidad superior, de 159000 euros (350000 florines neerlandeses), se había indicado.

3. COMENTARIOS DE LAS PARTES INTERESADAS

(28) Tras la publicación de la decisión de incoar el procedimiento(14) la Comisión recibió comentarios de dos partes que desean guardar su anonimato.

(29) El primer comentario facilitaba otros detalles de gastos financiados por el fondo SEBB. Se explicó que una cantidad de 2,7 a 3,2 millones de euros (6 a 7 millones de florines neerlandeses) fue asignada a NOM para que éste se asegurara de que SCI solamente soportase costes muy bajos o ningún coste en absoluto durante su instalación temporal en Leek. La cantidad en cuestión habría sido utilizada para pagar el alquiler y los gastos de energía, seguridad de la instalación y transporte del personal.

(30) La segunda parte interesada presentó los comentarios siguientes:

(31) Se alega que según el plan de utilización del suelo y los detalles de ejecución, todas las empresas tendrían que pagar 6,81 euros (15 florines neerlandeses) por m2 en concepto de "conexión energética" pero se eximió a SCI de esta carga, a diferencia de las otras empresas que se trasladaron al parque industrial.

(32) SCI no pagó el impuesto de transferencia (overdrachtsbelasting) por la compra del terreno a IBF, como normalmente debería haberse hecho.

(33) Se expresaron dudas sobre la naturaleza independiente del perito que tasó el terreno y sobre ciertos elementos de la tasación.

(34) Se proporcionó una copia de un artículo(15) de periódico en que se alegaba que SCI recibió ayuda conforme al programa de empleo para la contratación de trabajadores que ya tenían trabajo, lo que infringiría las condiciones establecidas.

(35) Finalmente se facilitó copia de otro artículo(16) de prensa que comentaba la preocupación de la provincia de Frisia por la posibilidad de sobrepasar el límite máximo de la ayuda para la inversión. A este respecto la misma parte envió una segunda carta que contiene un informe sobre una reunión del ejecutivo provincial de Frisia que ilustra dicha preocupación.

(36) Las partes interesadas que han presentado comentarios no son competidores de SCI ni de Hewlett-Packard.

4. COMENTARIOS DE LOS PAÍSES BAJOS

4.1. Ayuda al empleo

(37) En primer lugar, las autoridades neerlandesas subrayaron la importancia del incremento del empleo y señalaron que la situación del empleo en Frisia estaba claramente peor con respecto a la tendencia general del país: en 1997 el desempleo fue de un 5,5 % en los Países Bajos pero de un 7,5 % en Frisia. El crecimiento del empleo era claramente inferior y el nivel educativo estaba por debajo de la media nacional. Más del 60 % de los parados estaban poco cualificados. La proporción de parados de larga duración se había incrementado hasta un 65 %. Esta situación requería un planteamiento especial.

(38) Las autoridades neerlandesas consideraron el programa de empleo como una medida general que no constituye una ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE puesto que la subvención se conceden automáticamente por cada trabajo creado en Frisia y que el importe de la subvención por trabajo creado se determina según criterios objetivos. SCI es el primer y más importante beneficiario de este sistema de empleo pero no el único. El RBA tiene acuerdos con otras dos empresas sobre el acceso al programa de empleo y tiene contactos con otros interesados. El presupuesto disponible de 18,6 millones de euros (41 millones de florines neerlandeses) excede en gran parte las subvenciones previstas para SCI. Por otra parte, el RBA no tendría ningún poder discrecional para la aplicación del sistema.

(39) Las autoridades neerlandesas también explicaron que el programa de empleo ofrecía casi los mismos incentivos que los disponibles para las empresas conforme a la ley sobre movilización de parados (Wet Inschakeling Werkzoekenden, en adelante "WIW")(17). Se consideró que este sistema nacional de empleo era una medida general según la cual una empresa puede recibir un máximo de 7700 euros (17000 florines neerlandeses) por puesto de iniciación a la vida profesional para parados de larga duración, jóvenes o discapacitados. SCI habría podido acogerse a las subvenciones de este sistema pero como no se permite ninguna acumulación con subvenciones del programa de empleo 2000, no se sirvió del WIW. Las autoridades neerlandesas también señalaron la ley sobre la reducción de contribuciones (Vermindering Wet Afdrachten, en lo sucesivo "WVA"), que es una medida fiscal para promover el empleo de parados de larga duración a través de un nivel similar de beneficios. Prevé una exención máxima de las contribuciones a la seguridad social de 8168 euros (18000 florines neerlandeses) durante un período de cuatro años por parado contratado a tiempo completo (2092 euros o 4610 florines neerlandeses por año civil)(18).

4.2. Precio del terreno

(40) Las autoridades explicaron que conforme a la legislación neerlandesa, la venta y transferencia son dos actos legales distintos. La compra es incondicional y jurídicamente vinculante para las partes, mientras que la transferencia del terreno está condicionada a un cambio del plan de uso del suelo. A condición de que se cambie el plan, la transferencia tendrá lugar en el plazo de cuatro semanas, con lo que concluirá definitivamente la transacción. Si no se cambia el plan antes del 1 de enero de 2008, tanto SCI como IBF pueden cancelar el contrato de nueva compra. En este caso SCI tendría que comprar "de nuevo" las 10 hectáreas para satisfacer las condiciones del plan de uso del suelo y SCI e EBF tendrían que acordar un nuevo precio para esta transacción.

(41) Los Países Bajos mantuvieron que las dos tasaciones del terreno cumplieron las condiciones de la comunicación de la Comisión sobre ventas de terrenos por los poderes públicos. Los precios calculados deberían por lo tanto considerarse como el precio de mercado.

(42) Las autoridades neerlandesas explicaron que IBF recibió subvenciones del municipio, la provincia, el organismo de cooperación de los Países Bajos del norte (Samenwerkingsverband Noord Nederland), que es responsable de los recursos financieros del plan estructural integral para los Países Bajos del norte (Integraal Structuurplan Nord-Nederland) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (objetivo 5b). Según estas autoridades las subvenciones se utilizaron solamente para infraestructura pública en general en el parque empresarial y no pueden considerarse como ayuda estatal de conformidad con el apartado 1 del artículo 87. Las autoridades neerlandesas indicaron su voluntad de asegurarse de que un tasador independiente verifique la declaración final de IBF a fin de asegurarse de que IBF no incurrió en costes por los terrenos comprados por SCI ni recibió ninguna subvención con este fin.

(43) Por lo que se refiere a la exención para la conexión energética, mencionada en uno de los comentarios de terceros, las autoridades neerlandesas mantienen que SCI era responsable de toda la infraestructura en sus propios locales mientras que IBF era responsable de la infraestructura necesaria para el acceso a la zona.

(44) En cuanto al impuesto de transferencia, las autoridades neerlandesas declararon que, con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 15 de la ley sobre impuestos de las transacciones legales (Wet op belastingen rechtsverkeer), SCI estaba exento porque pagó el IVA (17,5 %) en la transacción. SCI tuvo que pagar el IVA porque se consideró que el terreno era un solar tras la demolición de los edificios existentes (letra a) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley del IVA). Conforme a la legislación fiscal actual, este pago de impuestos puede deducirse de la forma habitual.

4.3. Ayuda para las instalaciones temporales. Fondo SEBB

(45) Las autoridades neerlandesas hicieron observaciones respecto a la existencia y al uso del fondo SEBB.

(46) NOM había alquilado las instalaciones de Leek a causa del incremento de la demanda de locales provisionales y convenientes de producción. El alquiler cargado por NOM se basó en una evaluación por un tasador independiente que llevó a cabo comparaciones con otros alquileres y contratos de venta recientes de instalaciones de producción de la región. El tasador también menciona la reciente renovación y las propiedades técnicas favorables del edificio, el aparcamiento disponible y el tamaño relativamente amplio de la parcela, lo que supone que existe una escasa demanda de tales edificios. Las autoridades neerlandesas también compararon este alquiler con el pagado por las empresas que utilizan otras partes del edificio. Considerando que el alquiler de SCI es de unos 27 euros (60 florines neerlandeses) por m2, otra empresa paga 19 euros (42 florines neerlandeses) otras dos pagan 25 euros (55 florines neerlandeses). Ambas alquilan una parte mucho más pequeña del edificio que la otra empresa. Finalmente, las autoridades neerlandesas explicaron que como SCI se ha trasladado a Heerenveen las instalaciones se habían ofrecido a otras tres empresas que considerarían la oferta pero no indicaron si una de esas empresas realmente había alquilado todas las instalaciones o parte de ellas.

(47) La inversión de NOM y el arriendo de la otra parte del edificio en Leek representaron costes de mantenimiento generales. Había la obligación de hacer esta inversión sobre la base del artículo 1586 del capítulo 7A del Código civil, que estipula que el arrendador está obligado a guardar el edificio en un estado tal que pueda responder a los fines para los cuales se alquila. Como el alquiler está basado en una evaluación hecha por un tasador independiente, las autoridades neerlandesas consideraron que las inversiones no podían contener elementos de ayuda estatal. Otro argumento en apoyo de esta opinión es que el edificio está disponible para todas las empresas en condiciones similares. Como tal, NOM busca activamente otras empresas para alquilar la instalación temporal.

(48) El coste de transporte del personal entre Leek y Heerenveen debe considerarse como ayuda a particulares ya que hay que eliminar todos los obstáculos a los que se enfrentaban los parados de larga duración beneficiarios del programa de empleo. Como estas personas tendrían normalmente recursos financieros escasos, el coste del transporte podría disuadirles fácilmente de solicitar un trabajo en Leek. La iniciativa de transporte también sería coherente con la política provincial de promover el uso del transporte público. Finalmente, SCI no tiene ninguna obligación de proporcionar ninguna clase de transporte público para su personal, en virtud del acuerdo de negociación colectiva pertinente para el sector o de los contratos laborales individuales.

(49) Las autoridades neerlandesas consideraron que los pagos en concepto de medidas de seguridad no constituyen una ayuda estatal porque de otro modo NOM estaría expuesto a demandas de SCI en caso de robo. Además, el artículo 1586 del capítulo 7A del Código civil estipula que el arrendador está obligado a asegurar el "disfrute tranquilo" (rustig genot) del edificio alquilado. Sin las medidas de seguridad el edificio no sería apto para los fines previstos y no cumpliría tampoco el requisito de "disfrute tranquilo". Como el montaje de ordenadores requiere existencias de considerable valor, se consideró que los riesgos de seguridad eran sustanciales. NOM tendría la misma obligación hacia cualquier otra empresa y por ello también deben considerarse las medidas de seguridad como una medida general.

4.4. Alojamiento para el personal

(50) El Gobierno neerlandés sostuvo que la ayuda para el alojamiento de cinco miembros del personal extranjeros de HP-SCI empleados en Heerenveen durante la fase inicial del proyecto debería considerarse como ayuda, de minimis(19).

4.5. Reacción a los comentarios de terceros

(51) En cuanto a los comentarios de terceros, las autoridades neerlandesas hicieron la observación general de que había indicaciones de que los comentarios no fueron presentados por empresas competidoras o por compradores de terrenos en parques empresariales comparables. Esas partes no podrían por lo tanto ser consideradas partes interesadas en el sentido de la letra h) del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE(20). También se hicieron los comentarios específicos mencionados anteriormente.

5. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS

5.1. El programa de empleo 2000

5.1.1. Ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87

(52) Como las subvenciones para costes salariales directos conforme al programa de empleo están disponibles solamente en la provincia de Frisia, la medida favorece concretamente a empresas de esta provincia o próximas a ella. La naturaleza específica de la ayuda también procede del hecho de que solamente las empresas que hacen nuevas inversiones o llevan a cabo importantes ampliaciones pueden acogerse a las subvenciones. Además, la llegada de SCI coincidió con la transición del antiguo programa "700 trabajos" al "programa de empleo 2000", que es más generoso. Aunque haya razones objetivas para alguna de las diferencias, es improbable que se trate de una simple coincidencia. Como el sistema se financia a través de recursos estatales y los productos de los beneficiarios se comercializan normalmente (para los productos de SCI éste es el caso, ciertamente), es probable que la ayuda afecte al comercio entre Estados miembros y corresponda por lo tanto a la definición del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. La Comisión lamenta que las autoridades neerlandesas no hayan podido cumplir el requisito de notificar la ayuda concedida a SCI conforme al programa de empleo, con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

5.1.2. Evaluación

(53) La subvención salarial directa concedida a SCI conforme al programa de empleo está ligada a su inversión puesto que la ayuda bajo el sistema se concede solamente a empresas que invierten en Frisia por primera vez y a las empresas que realizan sustanciales ampliaciones. Esto significa que la Comisión tiene que evaluar la subvención como ayuda a la inversión de acuerdo con las Directrices sobre ayuda estatal de finalidad regional(21) (en lo sucesivo "directrices sobre ayuda regional") y no con las directrices sobre ayuda al empleo(22). El techo aplicable para la ayuda regional en la provincia de Frisia está fijado en un equivalente de subvención bruto del 20 %.

(54) Las subvenciones para costes salariales se combinan con la ayuda a la inversión concedida bajo el IPR, según lo descrito anteriormente en 2.2. Los párrafos 4.18 a 4.21 de las Directrices sobre ayuda regional estipulan cómo se debe evaluar tal acumulación de la ayuda.

(55) Como las subvenciones definitivas aún deben ser definitivamente calculadas, el importe de la ayuda de inversión y empleo es hasta ahora desconocido pero seguramente sobrepasará la cantidad resultante de aplicar el techo de ayuda regional (equivalente de subvención bruto del 20 %) a los costes de inversión que aún deben determinarse, incluso si se incluye el coste de compra del terreno (véanse los párrafos 9 y 62) en la base de costes subvencionables. El importe podría también exceder la cantidad resultante de aplicar el techo de ayuda regional al coste salarial esperado de las personas contratadas, calculado durante dos años. Se esperaba originalmente que la inversión crearía 1200 trabajos. El cálculo actual, sin embargo, es de 700. Como los costes salariales brutos mensuales medios son de 1967 euros (4335 florines neerlandeses), la base de coste subvencionable sería 33 millones de euros (72,8 millones de florines neerlandeses), lo que resulta en un techo de ayuda de 6,6 millones de euros (14,6 millones de florines neerlandeses). Según lo descrito en el párrafo 15, las autoridades neerlandesas se han comprometido a limitar la ayuda combinada de inversión y empleo al máximo del 20 % de la base del coste subvencionable calculada de esta manera(23). Por consiguiente la Comisión concluye que la ayuda al empleo cubierta por esta obligación es compatible con el mercado común. Puesto que no se han determinado todavía las subvenciones definitivas y que hay que mantener los trabajos creados durante cinco años, la Comisión pide informes detallados sobre la puesta en práctica del proyecto de inversión y de las subvenciones concedidas.

5.2. Venta del terreno

5.2.1. Elemento de ayuda en el precio del terreno

(56) Las ventas de terrenos y edificios por los poderes públicos pueden contener ayuda estatal para los compradores en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. La Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda estatal en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos establece un planteamiento general que se debe utilizar para saber si existe tal elemento de ayuda estatal(24). La Comisión evaluará el presente caso habida cuenta de dicha comunicación.

(57) De conformidad con la letra a del punto 2 de la Comunicación, los poderes públicos pueden proceder a una tasación independiente del precio del terreno antes de las negociaciones de venta con objeto de determinar el valor de mercado. El precio de mercado resultante constituirá el precio mínimo de compra admisible para que no se considere que existe ayuda estatal. La Comisión estableció que se llevó a cabo una primera evaluación, el 18 de mayo de 1998, después de que las negociaciones hubieran empezado. En noviembre de 1997 SCI había hecho ya pública su decisión de construir la factoría en Heerenyeen y los poderes públicos indicaron inicialmente un precio de 1,36 euros (3 florines neerlandeses) por m2. Por otra parte, la Comisión considera que el precio de 2,27 euros (5 florines neerlandeses) por m2, establecido por la primera tasación, no puede tomarse como el precio de mercado. Sobre la base de las consideraciones que siguen, la Comisión considera que esta evaluación subestima perceptiblemente el valor del terreno que se utilizará por el aumento esperado de su valor debido al cambio del plan de utilización del suelo.

(58) Por otra parte, la letra d del punto 2 de la Comunicación declara que el coste inicial para el sector público de la adquisición de un terreno o una construcción constituyen un parámetro del valor de mercado. En este caso, el precio asciende a 7,42 euros (16,36 florines neerlandeses) por metro cuadrado(25).

(59) El precio de 2,54 euros (5,60 florines neerlandeses) por m2, según lo calculado en la segunda tasación, no puede aceptarse tampoco fácilmente como precio de mercado. Puesto que la parcela vendida a SCI es relativamente grande, no hay ventas comparables de terrenos en la zona próxima a Heerenveen y por lo tanto ningún elemento de comparación. En consecuencia el tasador hizo un cálculo teórico de los beneficios que corresponderían a un promotor comercial si se vendiera el terreno en parcelas más pequeñas (para las cuales existen precios comparables). Como el terreno vendido a SCI no estaba en un estado comparable, fueron hechos varios ajustes que se tradujeron en un precio neto de venta de 24 hectáreas por 620318 euros (1370000 florines neerlandeses), lo que da 2,54 euros por m2.

(60) La Comisión, sin embargo, considera que el "precio de mercado" no es el precio que un promotor comercial estaría dispuesto a pagar sino el precio al cual un promotor comercial estaría dispuesto a vender la misma parcela a un comprador tal como SCI. Esto significa que ciertas deducciones no deben incluirse en el cálculo puesto que un promotor comercial trasladará estos costes a sus clientes. Por otra parte, el cálculo debería tener en cuenta la subida esperada del valor debido al cambio previsto en el plan de utilización del suelo.

(61) Una nota del municipio de Heerenveen incluye varias observaciones sobre los procedimientos necesarios para cambiar el plan de utilización del suelo(26). Se concluye que el cambio aún permitirá un índice de baja densidad de edificios y un aspecto verde similar a un parque. Se espera que no sea necesario ningún nuevo informe de impacto medioambiental, aunque el aspecto del ruido del tráfico pueda alterar esta conclusión. No menciona otros riesgos específicos y concluye que el cambio podría aprobarse en dos años. En su carta del 6 de diciembre del 2000 las autoridades neerlandesas, sin embargo, explicaban que en 1998 había aún un procedimiento abierto en el Consejo del Estado que implicaba a IBF como tal que sólo fue elucidado en enero de 1999. En noviembre del 2000 el municipio de Heerenveen aún tenía que tomar la decisión formal sobre el cambio propuesto. Incluso en la situación más optimista las autoridades neerlandesas consideraban que el cambio en el plan de utilización del suelo ni siquiera tendría validez legal antes del 2005 o el 2006. Por esa razón en 1998 ningún promotor comercial anticiparía tal cambio. La Comisión concluye que en 1998 debía existir una considerable incertidumbre sobre el futuro cambio en el plan de utilización del suelo.

(62) Sobre la base del segundo informe de peritaje la Comisión pudo calcular una gama de precios de 6,58 a 14,51 euros por metro cuadrado(27) a que un teórico promotor estaría dispuesto a vender la parcela a un comprador como SCI. El precio de 7,42 euros por m2 está en la parte baja de la gama indicada, lo que implica una incertidumbre bastante alta sobre el cambio en el plan de utilización del suelo. En estas circunstancias la Comisión puede, según lo especificado en el punto 2 d) de su comunicación sobre ventas públicas de terrenos, utilizar el coste primario como indicador del valor de mercado. El valor de las 14,4 hectáreas de terreno compradas por SCI es por lo tanto de 1,07 millones de euros (2359000 florines neerlandeses). Puesto que SCI pagó 318000 euros (700000 florines neerlandeses), el elemento de ayuda en la transacción asciende a 753000 euros (1659000 florines neerlandeses).

(63) Este precio de mercado calculado de 7,42 euros parece razonable aunque está por debajo del precio de 12,25 euros (27 florines neerlandeses) por m2, que era el precio de equilibrio para que IBF cubriera sus costes de 1998. Como SCI es un "cliente de lanzamiento" importante, esto no es sorprendente. Por otra parte, el precio de equilibrio tiene en cuenta la totalidad del parque empresarial, incluidos los costes de infraestructura. Incluso si se debieran esperar precios de mercado más altos en el futuro, es igualmente verdad que hasta noviembre del 2000 ninguna otra empresa construyó nuevas instalaciones en el parque empresarial de IBF. Esto confirma la dificultad de atraer inversiones importantes a la parte septentrional de los Países Bajos, algo también indicado por el pequeño número de inversiones en otros grandes polígonos industriales, tales como Eemshaven.

(64) Se puede considerar que el precio de mercado calculado de 7,42 euros es un precio que incluye el coste de la conexión energética. Según lo descrito en el punto 31, este coste ascendió a 6,81 euros (15 florines neerlandeses) por m2, pero IBF eximió a SCI del mismo. El hecho de que IBF haya cargado sólo con el coste de la conexión a la energía fuera de la parcela de SCI y que SCI soportara la totalidad del coste completo de la conexión en su parcela, según lo declarado por las autoridades neerlandesas (párrafo 42), no es pertinente pues estos costes deben considerarse como la contribución del comprador a la infraestructura general. Sin embargo, tal recaudación no es en sí misma capaz de subir el precio de mercado.

(65) En cuanto a los impuestos aplicables a la transacción del terreno, las autoridades neerlandesas han mostrado que, contrariamente a lo que un tercero sugirió, el hecho de que SCI no pagara el impuesto es coherente con la legislación fiscal neerlandesa. Por consiguiente, ningún elemento de ayuda se deriva de ello.

(66) La venta y compra de 10 hectáreas no contiene en sí misma un elemento de ayuda pues ambas se llevan a cabo al mismo precio. Sin embargo, si no se cambia el plan de utilización del suelo, SCI tendrá que comprar "de nuevo" las 10 hectáreas a IBF. La Comisión recuerda a las autoridades neerlandesas que en este caso hay que aplicar el precio de mercado apropiado.

(67) Por todo ello la Comisión concluye que el elemento de ayuda en la transacción entre IBF y SCI relativa al terreno asciende a 753000 euros (1659000 de florines neerlandeses).

5.2.2. Compatibilidad con el mercado común

(68) Puesto que ésta es una medida ad hoc, la derogación de la letra c) del apartado 3 del artículo 87, prevista en las Directrices sobre ayuda regional, no se aplica a menos que pueda mostrarse que existe un equilibrio entre la distorsión resultante para la competencia y las ventajas de la ayuda en términos de desarrollo de una región menos favorecida. Pero este no es el caso porque el montaje de ordenadores es un sector internacionalmente competitivo y la decisión de invertir en Heerenveen fue precedida por una feroz competencia de otros municipios de los Países Bajos. La mayor parte (o incluso todos) los componentes son suministrados por empresas de otras regiones y, en gran parte, las actividades requieren solamente mano de obra poco cualificada. Por otra parte, las autoridades neerlandesas no dieron ningún argumento en apoyo de esta posición. La Comisión ha examinado si otras derogaciones tales como las previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE se aplican al elemento de ayuda en la venta de terrenos. Las derogaciones del apartado 2 podrían servir de base para considerar que la ayuda es compatible con el mercado común. Sin embargo, el caso no concierne a ayuda a) de carácter social concedida a los consumidores individuales, b) destinada a reparar daños causados por desastres naturales o acontecimientos de carácter excepcional y, c) no está destinada a compensar las desventajas económicas causadas por la división de Alemania. Tampoco son aplicables las derogaciones de las letras a), b) y d) del apartado 3 del artículo 87, que hacen referencia a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida es anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, a proyectos de interés común europeo y a promover la cultura y la conservación del patrimonio.

(69) En cuanto a la derogación de la letra c) del apartado 3 del artículo 87, es decir, ayuda destinada a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, esta exención no se aplica, según lo descrito anteriormente. Por otra parte, la ayuda no está ligada a objetivos de investigación y desarrollo, medio ambiente o inversión de las PYME.

(70) Las autoridades neerlandesas no hicieron ninguna tentativa para justificar la ayuda basándose en los argumentos enumerados anteriormente.

(71) Por lo tanto, la Comisión concluye que el elemento de ayuda en la venta del terreno no es compatible con el mercado común.

5.3. Instalaciones provisionales, seguridad y transporte (fondo SEBB)

5.3.1. Alquiler de las instalaciones provisionales

(72) El informe de tasación sobre el alquiler de las instalaciones provisionales de producción tiene varios defectos graves. En primer lugar, basa el "alquiler a precio de mercado" en comparaciones con alquileres de contratos recientemente concluidos en las ciudades más grandes de las provincias de Groningen y Drenthe. Muchas de estas ciudades, sin embargo, no serían una opción seria para SCI porque están demasiado lejos de Heerenveen. El hecho de que NOM optara por una situación que requería una modernización sustancial antes de poder ser utilizada por SCI es una indicación de una escasez de instalaciones de producción provisionales convenientes. Es también sorprendente que no se tuvieran en cuenta los alquileres en la provincia de Frisia. En segundo lugar, el informe no tiene en cuenta el alquiler que paga el propio NOM. Por estas razones la Comisión no puede aceptar que el resultado de la tasación sea el precio de mercado.

(73) La comparación con el alquiler pagado por las otras empresas en el mismo edificio no es tampoco particularmente útil. En tres casos el precio por m2 es más bajo que el pagado por SCI pero las autoridades neerlandesas no calcularon el alquiler pagado por las otras tres empresas que, de hecho, pagan un alquiler más alto. Por otra parte, el dueño actual de la parte del edificio afectado indica que estos alquileres fueron fijados por el dueño anterior de manera no coherente con el mercado pues todas estas empresas tuvieron que pagar por las adaptaciones necesarias de las instalaciones alquiladas. Una de ellas pagó 360000 euros (800000 florines neerlandeses) a este efecto. Sin embargo, todas estas comparaciones están distorsionadas por las diferencias cualitativas entre las instalaciones alquiladas y las cláusulas del contrato, por ejemplo su duración.

(74) Sólo transcurrió un pequeño lapso de tiempo entre los acuerdos sobre el alquiler pagado por NOM a Brivec y el alquiler pedido a SCI. NOM alquiló las instalaciones en diciembre de 1997, cuando SCI había optado ya por Heerenveen, mientras que el informe de tasación calcula el alquiler a partir del 26 de enero de 1998. Las autoridades neerlandesas también subrayaron que no podía haber ningún elemento de ayuda estatal a favor de Brivec pues NOM tenía interés por negociar el precio más bajo posible. Por lo tanto la Comisión considera el precio pagado por NOM como el precio de mercado, lo que implica una ayuda estatal de 131000 euros (289496 florines neerlandeses) para SCI.

(75) El importe de 272000 euros (600000 florines neerlandeses) pagado como inversión en las instalaciones temporales no puede considerarse como una operación normal. Las autoridades neerlandesas confirmaron en efecto que NOM había invertido en estas instalaciones porque el mercado tenía una enorme carencia de instalaciones de este tipo. Desde que SCI se mudó a sus nuevos locales NOM aún no ha conseguido alquilar las instalaciones a otras empresas. Esta es la razón por la que la Comisión duda de que haya una carencia real de instalaciones temporales, al menos de una superficie relativamente elevada. Además NOM sólo podría emprender tales actividades si pudiera esperar un rendimiento normal del mercado. Habría debido aumentar el alquiler añadiendo el importe correspondiente, o la propia SCI debería haber pagado por las adaptaciones, como lo hicieron las otras empresas del edificio. Pero esto no ocurrió así. Como estos gastos fueron financiados por el fondo SEBB, el importe total debe considerarse como ayuda estatal según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

(76) Tanto el elemento de ayuda contenido en el alquiler como la ayuda concedida para la adaptación del edificio deben considerarse como medidas ad hoc individuales. Por las mismas razones alegadas con respecto al elemento de ayuda contenido en el precio del terreno, tal como se describe en los apartados 68 y 69, las derogaciones contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 87 no son aplicables.

(77) La Comisión comprobó los costes reales relativos a los gastos de energía y concluyó que correspondían al importe mensual pagado, lo que representa 13000 euros (25000 florines neerlandeses), y no implican elemento de ayuda estatal.

5.3.2. Seguridad de las instalaciones provisionales

(78) En cuanto a los costes sufragados por el NOM para seguridad, la Comisión examinó de nuevo lo que habría hecho un particular en condiciones de economía de mercado. En este caso la Comisión no puede admitir las explicaciones de las autoridades neerlandesas. Aunque el NOM pagase los costes de seguridad para evitar las reclamaciones de SCI, un proveedor de fondos comercial habría reflejado estos costes en la empresa que alquila las instalaciones o simplemente habría renunciado a alquilarlas ya que ello representaría una pérdida importante. Por ello la Comisión concluye que el importe total de los costes de seguridad, es decir, 353000 euros (778552 florines neerlandeses) constituye una ayuda estatal según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. El importe debe considerarse como una medida ad hoc individual. Por las mismas razones alegadas para la ayuda para el terreno, tal como se describe en los apartados 68 y 69, ninguna de las derogaciones contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 87 es aplicable.

5.3.3. Gastos de transporte

(79) La Comisión comparte la opinión de las autoridades neerlandesas según la cual el transporte gratuito favorece directamente a los trabajadores. SCI no tenía ninguna obligación de poner a su disposición el transporte gratuito, ni en virtud de un convenio colectivo ni de los contratos de trabajo individuales.

(80) Aunque el pago de los gastos de transporte no puede considerarse como un coste normal para SCI, la Comisión debe examinar si de ello no resultó una ventaja indirecta para la empresa porque de otro modo habría sido quizá más difícil contratar a nuevos trabajadores si los medios de transporte no hubieran sido gratuitos. No obstante, habida cuenta de la distancia relativamente reducida, del carácter temporal de la implantación del centro de producción, del desempleo relativamente elevado en Frisia y de que la mayoría de los beneficiarios eran parados contratados en el marco del plan para el empleo, parece que estas posibles ventajas indirectas son desdeñables. La Comisión concluye pues que la financiación del transporte por el NOM no constituye una ayuda estatal según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

5.4. Alojamiento del personal

(81) El municipio de Heerenveen pagó 100000 euros (alrededor de 220000 florines neerlandeses) por el alojamiento de miembros del personal. Las autoridades neerlandesas nunca han negado esta ayuda pero han afirmado que no sobrepasa el límite máximo de minimis. Esta posición puede aceptarse si las autoridades neerlandesas cumplen todas las condiciones de la norma de minimis, incluida la acumulación con otras ayudas de minimis.

6. CONCLUSIONES

(82) La ayuda a la inversión de conformidad con el régimen IPR, que puede probablemente fijarse en alrededor de 3600000 euros (8000000 de florines neerlandeses) se concedió de conformidad con el régimen de ayudas de finalidad regional aprobado por la Comisión. Por lo tanto, la ayuda se considera como una ayuda existente.

(83) SCI está situada en una región que puede beneficiarse de ayudas regionales con arreglo a la letra c) del apartado 2 del artículo 87, con un límite máximo del 20 % del equivalente de subvención bruta. Las autoridades neerlandesas se comprometieron a que la intensidad de la ayuda de conformidad con el régimen IPR, así como las subvenciones para costes salariales no sobrepasasen este límite máximo. Habida cuenta de las previsiones actuales relativas a la importancia del proyecto de inversión y del número de empleos creados, el régimen IPR y las subvenciones para costes salariales se limitarán probablemente a unos 6600000 euros (14600000 florines neerlandeses). Si la ayuda de conformidad con el régimen IPR es de 3600000 euros, las subvenciones para costes salariales se limitarán a unos 3 millones de euros (6600000 florines neerlandeses). La Comisión considera que las subvenciones para costes salariales de conformidad con el plan 2000 para el empleo, tal como están limitadas por el compromiso asumido por las autoridades neerlandesas, son compatibles con el mercado común.

(84) Las medidas siguientes constituyen ayudas estatales, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, y no son compatibles con el mercado común: Elemento de ayuda contenido en el precio del terreno: 753000 euros (1659000 florines neerlandeses), ayuda para alquiler de las instalaciones temporales: 131000 289496 florines neerlandeses), ayuda concedida para inversión de NOM en las instalaciones temporales: 272000 euros (600000 florines neerlandeses), medidas de seguridad para las instalaciones: 353000 euros 778552 florines neerlandeses). La Comisión considera que los Países Bajos ejecutaron ilegalmente estas ayudas, en violación del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

(85) Los gastos de transporte de los trabajadores de SCI a las instalaciones temporales situadas en Leek (ida y vuelta), o sea: 812000 euros (1789017 florines neerlandeses) no incluyen elementos de ayuda según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. La ayuda para el alojamiento del personal de 100000 euros (220000 florines neerlandeses) es inferior al límite máximo de minimis.

(86) Si la ayuda no es compatible con el mercado común, la Comisión debe, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 70/72(28), confirmado por las sentencias dictadas en los asuntos 310/85(29) y C-5/89(30), encargar al Estado miembro que reclame al beneficiario la totalidad de la ayuda concedida ilegalmente. Esta medida es necesaria para restablecer la situación previa y neutralizar todas las ventajas financieras de las que el beneficiario de la ayuda ilegalmente concedida gozó desde la fecha de la concesión. La recuperación de la ayuda incompatible es una obligación impuesta por la Comisión en virtud del Reglamento (CE) n° 659/1999.

(87) La ayuda debe reembolsarse sin demora y de acuerdo con los procedimientos previstos por el Derecho neerlandés, siempre que éstos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la Decisión de la Comisión. La ayuda a devolver incluye intereses a partir de la fecha en la cual la ayuda ilegal se puso a disposición del beneficiario y hasta la de su recuperación. Este interés se calcula sobre la base del tipo comercial, tomando como base el tipo utilizado para calcular el equivalente de subvención de la ayuda regional.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El servicio de transporte para los trabajadores de SCI hacia las instalaciones temporales situadas en Leek (ida y vuelta) no constituye una ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

Artículo 2

La ayuda de conformidad con el plan de empleo 2000, concedida por los Países Bajos en favor de SCI y limitada por el compromiso asumido por las autoridades neerlandesas, es compatible con el mercado común siempre que el importe total de la ayuda de conformidad con el régimen EPR y del plan de empleo no sobrepase el límite máximo del 20 % del equivalente de subvención bruta fijado para las ayudas regionales. Los Países Bajos deberán velar para que el límite máximo del 20 % no sea sobrepasado en la declaración final de los costes admisibles.

Artículo 3

El elemento de ayuda contenido en el precio del terreno, la ayuda contenida en el alquiler de las instalaciones temporales y en la inversión efectuada por el NOM en dichas instalaciones, así como la ayuda contenida en las medidas de seguridad de las instalaciones temporales no son compatible con el mercado común.

Artículo 4

1. Los Países Bajos adoptarán todas las medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 3, que ha sido puesta a su disposición ilegalmente.

2. La recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, siempre que éstos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión. La ayuda recuperable devengará intereses desde la fecha en que estuvo a disposición del beneficiario hasta la de su recuperación. Los intereses se determinarán sobre la base del tipo de referencia utilizado para el cálculo del equivalente de subvención en el marco de las ayudas regionales.

Artículo 5

Los Países Bajos seguirán atentamente el desarrollo del proyecto de inversión y enviarán a la Comisión informes sobre las subvenciones definitivas de conformidad con el régimen IPR, el número efectivo de trabajadores que pueden beneficiarse de las subvenciones, los costes salariales correspondientes, y las subvenciones definitivas concedidas en el marco del plan de empleo 2000, así como sobre el mantenimiento de los empleos creados gracias a las ayudas mencionadas durante un período de cinco años a partir del momento en que concluya la inversión. En cuanto a la ayuda para el alojamiento de los miembros del personal, las autoridades neerlandesas deben cumplir las condiciones de la norma de minimis, y, en particular, las relativas a la acumulación con otras ayudas de minimis.

Artículo 6

Los Países Bajos informarán a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.

Artículo 7

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de los Países Bajos.

Hecho en Bruselas, el 13 de febrero de 2001.

Por la Comisión

Mario Monti

Miembro de la Comisión

(1) DO C 144 de 22.5.1999, p. 4.

(2) El régimen se denomina ahora "Besluit Subsidieregeling Regionale Investeringsprojecten".

(3) Decisión 91/474/CEE de la Comisión, de 16 de agosto de 1991 (DO L 254 de 11.9.1991, p. 14).

(4) DO C 144 de 22.5.1999, p. 4.

(5) www.sci.com.

(6) www.hp.nl.

(7) Los costes de inversión se calcularon originalmente en dólares. Para la gestión de la petición de subvención con arreglo al sistema IPR, en septiembre de 1998, el tipo de cambio era de 1 dólar estadounidense = 1,96 florines neerlandeses.

(8) Carta de 19 de octubre de 1995 [SG(95) D/12907]. Las modificaciones fueron aprobadas por carta SG(97) D/8903 de 29 de octubre de 1997.

(9) Las autoridades neerlandesas también explicaron por qué se mencionó una intensidad de ayuda máxima del 40 % en la información pública sobre el IPR, mientras que el techo de la ayuda regional era del 20 %. El máximo del 40 % podía aplicarse a parte del coste en casos de acumulación con otras subvenciones, por ejemplo ciertas primas fiscales para la inversión disponibles en los años 80. Tal subvención sólo correspondía normalmente a parte de un proyecto de inversión. Para el proyecto de inversión total el techo del 20 % se aplica. La disposición relativa a la intensidad de la ayuda del 40 % máximo se suprimió en 1999 pues ya no era pertinente.

(10) El número hace referencia al número de puestos de trabajo creados y no al año 2000.

(11) Este número incluye 391 parados de larga duración, 105 parados jóvenes y 246 parados pertenecientes a grupos minoritarios; 701 de ellos son hombres y 253 mujeres.

(12) Esto incluye otro elemento de ayuda suplementaria en los anticipos: SCI recibió anticipos de hasta el 80 % de la ayuda máxima que tendría derecho a recibir. Cualquier cantidad que se pague indebidamente se reembolsará pero el sistema no especifica el pago de intereses por estas cantidades.

(13) 244190 m2 según la segunda tasación del terreno.

(14) DO C 144 de 22.5.1999.

(15) Het Financieele Dagblad, de 29 de mayo de 1999.

(16) Leeuwarder Courant, de 1 de junio de 1999 y de 3 de junio de 1999.

(17) Archivos de la Cámara (Kamerstukken) II, 1996-1997, 25122, n° 3. El artículo del WIW prevé la posibilidad para las comunas de conceder subvenciones a los empresarios que propongan períodos de iniciación a la vida profesional a jóvenes parados o a parados de larga duración. Las condiciones de concesión son más o menos las mismas. Así, la duración mínima del contrato de trabajo para un período de iniciación es de 6 meses. La subvención máxima es concedida para contratos de 12 meses. Si la duración es inferior, el importe de la subvención se reduce proporcionalmente.

(18) El RBA se compromete a que entre las personas que proponga a SCI al menos 150, es decir, un 12,5 % del total, cumplan los criterios definidos en la WVA. Uno de estos criterios es la obligación de proponer a un parado de larga duración un contrato de al menos 12 semanas o de al menos 12 horas por semana. La WVA sólo es aplicable para la contratación de personas que tienen un nivel salarial inferior a un determinado nivel. Por ello el objetivo era realizar un beneficio total de 1,2 millones de euros (2,7 millones de florines neerlandeses) gracias a las exenciones previstas por la WVA. SCI pidió y recibió 28 declaraciones que permitían una reducción del impuesto sobre los salarios pero las autoridades neerlandesas no saben si las utilizó efectivamente. La acumulación con las subvenciones en virtud del WIW o del plan de empleo 2000 está autorizada. La Comisión ha confirmado que el régimen podía ser considerado como una medida general y no constituía una ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, por ejemplo en su decisión de abrir el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 87 relativo a la ayuda concedida a Reebok (DO C 233 de 14.8.1999, p. 42).

(19) Comunicación de la Comisión relativa a las ayuda de minimis, DO C 68 de 6.3.1996, p. 9.

(20) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

(21) DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.

(22) DO C 334 de 12.12.1995, p. 4. El punto 10 de estas Directrices explica que la ayuda al empleo es únicamente una ayuda no relacionada con inversiones.

(23) Incluido el elemento de ayuda en los anticipos; véase la nota 12.

(24) DO C 209 de 10.7.1997, p. 3.

(25) En este caso un precio orientativo puede calcularse sobre la base del coste de comprar 60 hectáreas de terreno. IBF compró 80 hectáreas, para las cuales el presupuesto ajustado para 1998 indicaba un coste de 13090000 florines neerlandeses Una superficie de 20 hectáreas era necesaria para la infraestructura. El coste de las 60 hectáreas restantes asciende a 13090000 60/80 * 13090000 florines neerlandeses = 9,8 millones de florines neerlandeses, lo que corresponde a un precio de 16,36 florines neerlandeses por m2. No debe tenerse cuenta el coste de infraestructura, es decir, 9,1 millones de euros (20,1 millones de florines neerlandeses) según el presupuesto operativo actualizado 1999 de IBF.

(26) Comuna de Heerenveen 00-22-03/03-05-00. Nota explicativa sobre las posibilidades y consecuencias de una revisión del plan de ocupación del suelo por IBF.

(27) Esta última cifra es quizá demasiado alta pues no se hace ninguna distinción entre el terreno para construir y el destinado a vías de servicio. El límite del 70 % para vías y edificios comprende un 40 % relativamente bajo para edificios y un alto 30 % para vías. En el caso de SCI, sin embargo, la Comisión considera que esta distinción es solamente de menor importancia porque como SCI necesita un gran aparcamiento, el máximo combinado del 70 % puede tomarse como una condición obligatoria que debe respetar en sus planes.

(28) Sentencia de 12 de julio de 1973, asunto 70/72: Comisión contra Alemania (Recopilación 1973, p. 813).

(29) Sentencia de 24 de febrero de 1987, asunto 310/85: Deufil GmbH und CO KG contra Comisión (Recopilación 1987, p. 901).

(30) Sentencia de 20 de septiembre de 1990, asunto C-5/89: Comisión contra Alemania (Recopilación 1990, p. I-3437).