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La República Checa se encuentra encuadrada actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2015, el Gobierno tiene la intención de mejorar gradualmente el déficit global hasta el 1,9 % del PIB en 2015 y el 0,6 % en 2018. Aunque el Gobierno pretende alcanzar en 2018 el objetivo a medio plazo, a saber, un déficit estructural del 1 % del PIB, según el saldo estructural recalculado (5), se espera poder lograrlo en 2016. Con arreglo al Programa de Convergencia, se espera que la ratio de deuda pública/PIB se sitúe casi en el 41 % en 2015 y que descienda gradualmente hasta el 40,2 % en 2018. El escenario macroeconómico en que se basan estas proyecciones presupuestarias es verosímil y se han especificado suficientemente las medidas destinadas a contribuir a alcanzar los objetivos de déficit previstos a partir de 2016. Sin embargo, existe el riesgo de que el impacto de las medidas de ingresos previstas pueda ser inferior al estimado. Con arreglo a las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015, se espera que en 2015 se cumpla el valor de referencia del gasto. En 2016 se espera una cierta desviación, pues el crecimiento del gasto neto excede del valor de referencia en un 0,3 % del PIB. Por tanto, en 2016 será preciso adoptar medidas adicionales. A tenor de su evaluación del Programa de Convergencia y habida cuenta de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015, el Consejo estima que la República Checa cumplirá en términos generales lo dispuesto en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Ya están en vigor los elementos esenciales del actual marco fiscal. No obstante, el margen de la planificación presupuestaria a medio plazo y de la norma fiscal numérica es escaso y el grado de ejecución ha sido deficiente. Ya se ha modificado y retrasado varias veces un proyecto de paquete de reformas y actualmente se prevé su adopción a lo largo de 2015. La República Checa aún tiene ante sí retos con respecto a la sostenibilidad fiscal a largo plazo, debido en gran medida a los incrementos previstos en las pensiones y el gasto sanitario. Se han registrado algunas mejoras en las perspectivas relativas al sistema de pensiones como consecuencia de unas proyecciones demográficas más favorables. La legislación prevé un retraso gradual de la edad obligatoria de jubilación, pero el cambio previsto a medio plazo es demasiado lento. Se está debatiendo la introducción de cambios en el sistema de pensiones vigente, pero aún no se ha adoptado medida alguna. Aunque algo se ha hecho para mejorar la relación coste-eficacia y la gobernanza del sector sanitario, los avances en este ámbito han sido escasos. Los indicadores utilizados para medir el rendimiento del sector hospitalario ponen de relieve que los tratamientos médicos no siempre se dispensan de una manera eficiente en relación con su coste, al tiempo que la asignación de recursos se ve obstaculizada por las actuales dificultades con que tropieza el desarrollo de un sistema de reembolso de los costes en que incurren los hospitales. Asimismo hay indicios de que los médicos generalistas no cumplen adecuadamente su función de filtro. La contratación pública en el sector sanitario presenta muchas irregularidades, lo que da a entender un grado insuficiente de orientación y supervisión.