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La Ley no 90-568 de 2 de julio de 1990, relativa a la organización del servicio público de correos y telecomunicaciones, transformó la antigua Dirección General de Telecomunicaciones en dos personas jurídicas de Derecho público distintas (La Poste y FT) con autonomía financiera y reguladas por el Derecho mercantil. La concesión de personalidad jurídica a estas dos entidades hubiese debido conducir a aplicarles el régimen fiscal de Derecho común. En efecto, con arreglo al artículo 1654 del Código General de Impuestos francés (en lo sucesivo, «CGI»): «las empresas públicas, las explotaciones industriales o comerciales del Estado, las empresas en las que el Estado o los entes públicos locales tienen participaciones deben pagar, con arreglo a las condiciones de Derecho común, los impuestos y cánones de cualquier tipo a los que estén sujetas las empresas privadas que efectúen las mismas operaciones». Por lo tanto, FT hubiese debido estar sujeta al régimen impositivo de Derecho común desde la fecha de su creación, es decir, desde el 1 de enero de 1991 (artículo 1 de la Ley no 90-568 de 2 de julio de 1990). No obstante, contrariamente a este principio, que por otra parte menciona la propia Ley no 90-568 (9), el legislador estableció normas fiscales de excepción al Derecho común para FT (artículos 18 a 21 de la Ley no 90-568), en el marco de dos regímenes, en primer lugar un régimen «transitorio» aplicable del 1 de enero de 1991 al 1 de enero de 1994 y, después, un régimen «definitivo» aplicable a partir del 1 de enero de 1994 y por tiempo indefinido: — 1991-1993: el artículo 19 de la Ley no 90-568 sentó el principio según el cual, durante un período comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 1 de enero de 1994, FT sólo debía pagar los impuestos y cánones efectivamente abonados por el Estado. Por consiguiente, durante este período y tal como ocurre en el caso del Estado, FT no tenía que pagar impuestos como el impuesto profesional, la contribución territorial o el impuesto de sociedades. Durante el mismo período, y con arreglo al mismo artículo, FT debía contribuir al presupuesto del Estado (en particular, al presupuesto civil de investigación y desarrollo), «mediante la contribución en favor del presupuesto general». Las leyes de finanzas fijaban anualmente estas contribuciones dentro de los límites de un importe determinado (10). — 1994-2003: en aplicación del artículo 18 de la Ley no 90-568 y del artículo 1654 del CGI, FT se sometió al régimen fiscal de Derecho común a partir del 1 de enero de 1994, con excepción de las contribuciones territoriales directas (contribución territorial e impuesto profesional) para las cuales la Ley no 90-568 establecía condiciones particulares relativas al tipo, a la base imponible y a las modalidades de imposición. Según una primera estimación de las autoridades francesas, la ventaja que supuso para FT el régimen especial de impuesto profesional que se le aplicó asciende aproximadamente a 198 millones de euros anuales (11). Sobre la base de las cifras proporcionadas posteriormente por las autoridades francesas, el importe parece ser inferior (véanse más adelante los considerandos 54 y siguientes). La Ley de finanzas de 2003 suprimió este régimen impositivo profesional especial que se había previsto por tiempo indefinido (12).