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(166)

Mediante estas declaraciones al Parlamento Europeo, la Comisión ha ofrecido garantías específicas, incondicionales y concordantes de una naturaleza tal que da lugar a que los beneficiarios de la medida controvertida alberguen esperanzas justificadas de que el régimen de amortización del fondo de comercio era legal, en el sentido de que no entraba en el ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales (117), y que, por lo tanto, ninguna de las ventajas derivadas de dicho régimen podía ser objeto se un procedimiento de recuperación subsiguiente. Aunque estas declaraciones no equivalieran a una decisión formal de la Comisión por la que se establece que el régimen de amortización no constituía ayuda estatal, su efecto era equivalente desde el punto de vista de la creación de una confianza legítima, especialmente teniendo en cuenta que en el presente asunto se habían respetado los procedimientos aplicables que garantizaban el respeto del principio de colegialidad. Dado que el concepto de ayuda estatal es objetivo (118) y que la Comisión no tiene poder discrecional por lo que se refiere a su interpretación, al contrario de lo que ocurre al analizar la compatibilidad, cualquier declaración precisa e incondicional en nombre de la Comisión en el sentido de que una medida nacional no se debe considerar ayuda estatal se entenderá naturalmente que significa que la medida no era constitutiva de ayuda desde el principio (es decir, también antes de la declaración en cuestión). Cualquier empresa que anteriormente tuviera la incertidumbre de si en el futuro sería objeto, a tenor de las normas sobre ayudas estatales, de una orden de recuperación de las ventajas que había obtenido al amparo del régimen de amortización del fondo de comercio que surgiese de transacciones concluidas antes de las declaraciones de la Comisión podría haber concluido tras dichas declaraciones que tal incertidumbre era infundada, pues no se podía esperar que demostrara una mayor diligencia que la Comisión a este respecto. En estas circunstancias específicas, y teniendo en cuenta que el Derecho comunitario no requiere la demostración de un nexo causal entre las garantías ofrecidas por una institución comunitaria y el comportamiento de los ciudadanos o las empresas a los que se refieren tales garantías (119), cualquier empresario diligente podía esperar razonablemente que la Comisión no impondría posteriormente ninguna recuperación (120) por lo que se refiere a las medidas que ella misma había cualificado previamente, en una declaración a otra institución comunitaria, como no constitutivas de ayuda, con independencia de cuando se concluyó la transacción que se beneficiaba de la medida de ayuda.
a)

los artículos 1, 3 y 5 del Acuerdo de la OMC sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, ya que: a) su aplicación no era neutral; b) no se gestionaba de manera justa y equitativa; c) no implementaba ninguna restricción compatible con la OMC y, por lo tanto, no era limitado en alcance y duración a la medida que implementaba, y d) restringía el comercio y distorsionaba las importaciones; además, no se había publicado la lista de productos sujetos al régimen de licencias no automáticas y durante varios meses no se dio una respuesta oficial a las solicitudes de licencias de importación por debajo del precio mínimo;
(74)

Por otra parte, en la Decisión de incoación la Comisión preguntó a las autoridades españolas si disponían de un procedimiento adecuado para evaluar ex ante si los nuevos servicios audiovisuales del organismo público de radiodifusión RTVE cumplen las condiciones materiales del Protocolo de Ámsterdam (el denominado control ex ante) (32). La información remitida hasta la fecha por las autoridades españolas no ha permitido a la Comisión examinar si España dispone ya de tal mecanismo. La Comisión comparte la afirmación de las autoridades españolas en el sentido de que ese aspecto de la financiación de RTVE había sido objeto de las Decisiones de 2005 y 2007, que abarcaban la totalidad del sistema de financiación de RTVE. La Comisión está de acuerdo asimismo en que el sistema no se ha visto afectado por la introducción de los nuevos gravámenes que dieron lugar a la incoación del presente procedimiento.
(3)

El 18 de mayo de 2010, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («EFSA») emitió un dictamen favorable de conformidad con los artículos 6 y 18 del Reglamento (CE) no 1829/2003. En dicho dictamen consideraba que el maíz MIR604xGA21 es tan seguro como su homólogo no modificado genéticamente en lo relativo a los efectos potenciales sobre la salud humana y animal o sobre el medio ambiente. Por lo tanto, concluyó que no es probable que la comercialización de productos que se compongan de maíz MIR604xGA21, lo contengan o se hayan producido a partir de él conforme a lo descrito en la solicitud (en lo sucesivo, «los productos»), tenga efectos perjudiciales para la salud humana o animal ni para el medio ambiente, si tales productos se emplean para los usos previstos (3).
(5)

Las autoridades del Reino Unido alegaron que su decisión se basó en que los productos en cuestión no se ajustaban a los requisitos básicos de salud y seguridad del artículo 3 de la Directiva 89/686/CEE debido a una aplicación incorrecta de las normas a que hace referencia el artículo 5 de dicha Directiva. En particular, señalaron que la ropa de protección para los esgrimistas no presentaba la resistencia a la penetración exigida por la norma EN 13567:2002 – Ropa de protección – Protectores de las manos, los brazos, el pecho, el abdomen, las piernas, los genitales y la cara para los esgrimistas – Requisitos y métodos de ensayo. La decisión del Reino Unido se apoyaba en un acta de ensayo.
(3)

De conformidad con el artículo 4, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 2032/2003 de la Comisión (3), los Estados miembros tenían que cancelar las autorizaciones o registros existentes de biocidas que contuvieran temefós a partir del 1 de septiembre de 2006. De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1451/2007, no podrán seguir comercializándose los biocidas que contengan temefós.
(7)

La Comisión recabó y contrastó toda la información que consideró necesaria para determinar el dumping, el perjuicio resultante y el interés de la Unión. Se llevaron a cabo visitas de inspección en los locales de las siguientes empresas: a) productores de la Unión — BP Aromatics Limited NV, Geel, Bélgica, — CEPSA Química, SA, Madrid, España, — Lotte Chemical UK Ltd (antes Artenius), Wilton, Redcar, Reino Unido; b) importadores de la Unión — Mitsui & Co. Benelux NV, Bruselas, Bélgica; c) usuarios de la Unión — DSM Powder Coating Resins BV, Zwolle, Países Bajos, — M&G Polimeri Italia SPA, Patrica (Frosinone), Italia, — Novapet SA, Barbastro (Huesca), España, — UAB NEO Group, Klaipeda, Lituania; d) productores exportadores de Tailandia — TPT Petrochemicals Public Company Ltd, Bangkok, Tailandia (en lo sucesivo, «TPT»), — Indorama Petrochem Ltd, Bangkok, Tailandia (en lo sucesivo, «Indorama»), — Siam Mitsui PTA Company Ltd, Bangkok, Tailandia (en lo sucesivo, «SMPC»); e) exportador vinculado — Mitsui Chemicals Inc, Tokyo, Japón (en lo sucesivo, «MCI») – representante comercial para la exportación y accionista de SMPC.
(35)

La Notification of the Compensation of Tax of Export Merchandise Produced in the Kingdom 1/2547 – Rate of Compensation (Notificación de la Compensación de Impuestos por Mercancías para Exportación Producidas en el Reino – Nivel de Compensación) regula las ayudas de este régimen.
(105)

La Comisión toma nota de las garantías dadas por las autoridades portuguesas en relación con i) la naturaleza genérica de las campañas de promoción de Viniportugal (véase el considerando 37), ii) el hecho de que las actividades de promoción y publicidad de Viniportugal en Portugal, así como en el territorio de otros Estados miembros y de terceros países, no hacían referencia a marcas específicas, ni tenían por objeto la promoción de determinadas empresas o productores individuales (véase el considerando 37), iii) el hecho de que las citadas campañas no tenían por objeto desacreditar los productos vínicos de otros Estados miembros, disuadir a los consumidores de comprar dicho productos, y eran conformes a la legislación comunitaria aplicable (a saber, la legislación relativa al etiquetado, a la presentación y a la publicidad de los productos alimenticios) (véase el considerando 38), iv) el hecho de que esas actividades tenían por objeto dar a conocer los vinos portugueses a los consumidores de otros Estados miembros, facilitando así el desarrollo de las actividades del sector portugués de la viticultura, conforme al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE (véase el considerando 39), y por último, v) el hecho de que las campañas de Viniportugal fuera de Portugal se destinaron a hacer públicas las características básicas del vino portugués, invitando a los consumidores de otros Estados miembros y de terceros países a probar los citados productos con los que no estaban familiarizados, así como el hecho de que no incluían ninguna referencia subjetiva a la calidad de los productos, basada únicamente en su origen (véase el considerando 40).
c)

si la prima mencionada en el anexo V, parte C, puntos 7 y 8, de la Directiva 2009/28/CE y en el anexo IV, parte C, puntos 7 y 8, de la Directiva 98/70/CE se ha utilizado en el cálculo de los gases de efecto invernadero a que se refiere el anexo V, parte C, punto 1, de la Directiva 2009/28/CE y el anexo IV, parte C, punto 1, de la Directiva 98/70/CE, en relación con la partida;
3.

Los Estados miembros mantienen, no obstante, una vez aplicado el principio de totalización mencionado en el punto 2, la competencia para determinar sus otras condiciones para la concesión de prestaciones de la seguridad social teniendo en cuenta el artículo 5 del Reglamento (CE) no 883/2004, siempre y cuando dichas condiciones se apliquen de manera no discriminatoria; este principio no se verá afectado por el artículo 6 del Reglamento (CE) no 883/2004.
(6)

La presente Decisión se adopta sobre la base de datos contables. No prejuzga las decisiones posteriores que la Comisión pueda adoptar para descartar de la financiación de la UE aquellos gastos que no se hayan efectuado con arreglo al Reglamento (CE) no 2222/2000.
(4)

En espera de la terminación de los procedimientos para su celebración, el Protocolo debe aplicarse provisionalmente a partir del 1 de enero de 2011, fecha en que concluye la última etapa de la aplicación de las medidas aduaneras de seguridad introducidas en 2005 y 2006, respectivamente, mediante las modificaciones del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (1), y el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (2).
Proyecto 1

:
(109)

También es cierto que un beneficiario de una ayuda concedida ilegalmente no está excluido de aducir circunstancias excepcionales por las cuales legítimamente hubiera supuesto que la ayuda era legal y negarse así a devolverla. No obstante, en el presente asunto no concurren circunstancias excepcionales. Antes bien, la enmienda de 2008 a la Ley de Minas demuestra que las compañías mineras no pueden, en principio, contar con que no vaya a haber algún tipo de cambio en la ley.
(33)

BTS considera que los descuentos concedidos a Ryanair no procedían en modo alguno de recursos estatales puesto que, como sociedad anónima privada, BTS no tenía a su disposición recursos estatales. A juicio de BTS, el mero hecho de que el Estado posea una participación en BTS no implica automáticamente la presencia de recursos estatales. Con arreglo al artículo 295 del Tratado CE, el Tratado no discrimina entre propiedad de las autoridades públicas y de particulares.
(12)

Por consiguiente, debe considerarse que el Estado de Israel ofrece un nivel de protección adecuado de los datos personales según lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE por lo que se refiere a las transferencias internacionales automatizadas de datos personales de la Unión Europea al Estado de Israel o, cuando estas transferencias no están automatizadas, están sujetas a tratamiento automatizado adicional en el Estado de Israel. Por el contrario, no estarán cubiertas por la presente Decisión las transferencias internacionales de datos personales de la UE al Estado de Israel en las que la propia transferencia, así como el posterior tratamiento de datos, se efectúen exclusivamente a través de medios no automatizados.
1.

Los buques a los que se hace referencia en el artículo 1 del Protocolo estarán autorizados a faenar en la zona económica exclusiva de los Estados Federados de Micronesia, excepto en las aguas territoriales y en los bancos designados descritos en los mapas: DMAHTC No 81019 (2a ed. marzo 1945; revisado 7/17/72, corregido por NM 3/78 de 21 de junio de 1978), DMAHTC No 81023 (3a ed. 7 de agosto de 1976) y DMAHATC No 81002 (4a ed. 26 de enero de 1980, corregido por NM 4/48). El director ejecutivo comunicará a la Comisión Europea cualquier modificación que se produzca en dichas zonas de veda con una antelación mínima de dos meses.
(3)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (2); el Reino Unido, por tanto, no participa en su adopción y no se halla vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.
(11)

La evaluación de los planes y objetivos de rendimiento a escala nacional o de bloque funcional del espacio aéreo deberá ser global, y la Comisión deberá realizarla sopesando cada objetivo frente a los demás de forma equilibrada, ponderando la posibilidad de compensar unos ámbitos de rendimiento con otros, y teniendo presentes los objetivos primordiales de seguridad. La evaluación deberá tener en cuenta las características locales, en particular en lo que se refiere a los Estados con tipos unitarios bajos o que se benefician del mecanismo de apoyo europeo, como son las medidas de contención ya emprendidas, los costes previstos de programas específicos de mejora del rendimiento en ámbitos de rendimiento dedicados, así como especificidades tales como los logros y los fracasos. En aplicación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) no 691/2010, la evaluación deberá tener debidamente en cuenta la evolución que haya podido registrar la situación entre la fecha de adopción de esos objetivos de la Unión y la fecha de evaluación del plan de rendimiento. La evaluación también deberá tener en cuenta los progresos registrados por los Estados miembros desde la adopción del Reglamento (CE) no 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) en los distintos ámbitos de rendimiento clave, y en particular en el de la rentabilidad.
(119)

Al no ser compatible con ninguna otra exención contemplada en el TFUE, la medida de ayuda no se puede ejecutar. Según las autoridades italianas, la ayuda no se ha concedido todavía por lo que no es necesario ordenar su recuperación.
(5)

De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1290/2005, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional. En caso de que dicha decisión se tome en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputará al presupuesto de la UE el 100 % de las consecuencias financieras de la no recuperación. En el estadillo mencionado en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1290/2005, se recogen los importes que los Estados miembros han decidido no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros en cuestión y, por tanto, deben estar a cargo del presupuesto de la UE. Esta decisión se toma sin perjuicio de posibles futuras decisiones en materia de conformidad adoptadas con arreglo al artículo 32, apartado 8, de dicho Reglamento.
(357)

Tal como se demuestra en el cuadro 7, todas las tarifas de base de NorthLink 2 para el transporte de pasajeros y vehículos son más elevadas que las de Pentland Ferries. No hay pruebas públicas que demuestren que Pentland Ferries aplica posibles descuentos, pero incluso dando por hecho que no ofrece ningún descuento, las tarifas cobradas por NorthLink 2, incluido el régimen de descuentos de «amigos y familiares» no son significativamente ni sistemáticamente más bajas que las tarifas cobradas por Pentland Ferries. Además, los descuentos no están disponibles durante la ajetreada temporada alta (julio y agosto). Por otra parte, tal como indican las autoridades del Reino Unido, el régimen de descuentos supone una proporción muy pequeña de los transportes de NorthLink 2 (el 1,6 %) y una proporción todavía menor de los ingresos de NorthLink 2 (el 0,5 %). Los ingresos no percibidos por NorthLink 2 en concepto de venta de billetes como consecuencia de los descuentos (pasando por alto la posible demanda adicional generada por los descuentos) son muy limitados (74). Por último, Pentland Ferries no pudo demostrar con cifras concretas que se haya visto financieramente afectado por este régimen de descuentos. Por consiguiente, la Comisión considera que no hay bases sólidas para alegar un comportamiento anticompetitivo por parte de NorthLink 2 o graves efectos en la competencia por razón de este régimen de descuentos.
(232)

En segundo lugar, las ayudas deben «corresponder a préstamos cuyo plazo de amortización tras el último pago a la empresa de las cantidades prestadas no sea superior a doce meses». En el presente caso, como ya se ha indicado, la suma en cuestión no puede describirse como un préstamo a OA y OAv propiamente dicho ya que el reembolso depende de la venta de otra empresa. La suma de 130 312 450 EUR se ha pagado a plazos en función de las necesidades de OA y OAv, a lo largo de un período que va del 24 de diciembre de 2003 al 13 de mayo de 2004. Hasta la fecha, más de un año después, no se ha efectuado reembolso alguno de esta cantidad, de forma que no se ha satisfecho la segunda condición. Dado que la medida de que se trata no ha cumplido las dos primeras condiciones ya no es necesario seguir examinando las tres restantes.
(4)

De conformidad con el artículo 32, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las repercusiones financieras de la no recuperación de irregularidades se sufragan hasta un máximo del 50 % con cargo al Estado miembro y hasta un máximo del 50 % con cargo al presupuesto de la UE cuando la recuperación no se haya efectuado en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. El Reglamento (CE) no 885/2006 establece las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de comunicar los importes que han de recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento figura el modelo del cuadro que debían presentar los Estados miembros en 2009. Basándose en los cuadros cumplimentados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir cuáles son las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades que se remontan a más de cuatro y ocho años, respectivamente. La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las futuras decisiones de conformidad que se adopten en virtud del artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005.
(5)

De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1290/2005, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional. En caso de que dicha decisión se tome en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputará al presupuesto de la UE el 100 % de las consecuencias financieras de la no recuperación. En el estadillo mencionado en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1290/2005, se recogen los importes que los Estados miembros han decidido no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros en cuestión y, por tanto, deben estar a cargo del presupuesto de la UE. Esta decisión se toma sin perjuicio de posibles futuras decisiones en materia de conformidad tomadas con arreglo al artículo 32, apartado 8, de dicho Reglamento.
(14)

La cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria respeta las competencias, los derechos y las obligaciones de los Estados miembros no participantes. La posibilidad de obtener esta protección en el territorio de los Estados miembros participantes no afecta a la disponibilidad ni a las condiciones de la protección mediante patente en el territorio de los Estados miembros no participantes. Por otra parte, es conveniente que las empresas de los Estados miembros no participantes tengan la posibilidad de obtener esta protección mediante patente unitaria en el territorio de los Estados miembros participantes en las mismas condiciones que las empresas de los Estados miembros participantes. Las normas en vigor en los Estados miembros no participantes que regulan las condiciones de obtención de la protección mediante patente en su territorio no se ven afectadas.