3)

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 5 1. Se inmovilizarán todos los fondos, demás activos financieros y recursos económicos que sean de propiedad o estén bajo el control directo o indirecto de las personas o entidades a que se refiere el artículo 3, o que estén en poder de entidades que sean de propiedad o estén bajo el control directo o indirecto de ellas o de cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o siguiendo sus instrucciones, las cuales se enumeran en los anexos I y II. 2. No podrán ponerse fondos ni otros activos financieros o recursos económicos directa o indirectamente a disposición de las personas o entidades a que se refiere el apartado 1, ni utilizarse en beneficio de las mismas. 3. Por lo que respecta a las personas y entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 1, los Estados miembros podrán permitir exenciones a las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2 respecto de los fondos u otros activos financieros y recursos económicos que sean: a) necesarios para cubrir gastos esenciales, incluidos los pagos de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos; b) destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos efectuados en relación con la prestación de servicios jurídicos; c) destinados exclusivamente al pago de gastos o tasas de servicio, con arreglo a la legislación nacional, o de tenencia o mantenimiento ordinarios de los fondos u otros activos financieros y recursos económicos inmovilizados; d) necesarios para gastos extraordinarios, previa notificación al Comité de Sanciones por parte del Estado miembro de que se trate y aprobación por dicho Comité, u e) objeto de embargo o resolución judicial, administrativo o arbitral, en cuyo caso los fondos, otros activos financieros y recursos económicos podrán utilizarse para levantar el embargo o cumplir la resolución o el laudo, a condición de que el embargo se hubiese ordenado o la resolución o el laudo se hubiesen pronunciado antes de la designación, por parte del Comité de Sanciones, de la persona o entidad afectada, y no beneficien a persona ni entidad alguna contemplada en el artículo 3, previa notificación por el Estado miembro de que se trate al Comité de Sanciones. 4. Las exenciones a que se refiere el apartado 3, letras a), b) y c), podrán permitirse previa notificación al Comité de Sanciones por parte del Estado miembro de que se trate de su intención de autorizar, si procede, el acceso a dichos fondos, otros activos financieros y recursos económicos, y en ausencia de una decisión negativa por parte del Comité de Sanciones en el plazo de cuatro días hábiles a partir de la notificación. 5. Por lo que respecta a las personas y entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 2, la autoridad competente de un Estado miembro podrá autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que considere oportunas y tras haber comprobado que los fondos o recursos económicos de que se trate: a) son necesarios para atender las necesidades básicas de las personas y entidades y de los familiares a cargo de dichas personas físicas, como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos; b) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos; c) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de capitales o recursos económicos inmovilizados, o d) son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, a condición de que la autoridad competente haya notificado a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión, al menos dos semanas antes de la concesión, los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica. El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida con arreglo al presente apartado. 6. Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados para las personas y entidades enumeradas en el anexo II, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) que los fondos o recursos económicos sean objeto de un laudo arbitral pronunciado antes de la fecha en que la persona o entidad haya sido incluida en la lista del anexo II, o de una resolución judicial o administrativa dictada en la Unión o una resolución judicial con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de que se trate, dictada antes o después de dicha fecha; b) que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las demandas garantizadas por tales laudos o resoluciones o reconocidas como válidas por ellos, dentro de los límites establecidos por la normativa aplicable en materia de derechos de los acreedores; c) que la resolución no beneficie a una de las personas o entidades enumeradas en los anexos I o II, y d) que el reconocimiento del laudo o de la resolución no sea contrario al orden público en el Estado miembro de que se trate. El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida con arreglo al presente apartado. 7. Por lo que respecta a las personas y entidades a que se refiere el anexo II, también se podrán permitir exenciones para los fondos y recursos económicos que sean necesarios para fines humanitarios, tales como prestar o facilitar la prestación de asistencia, incluidos los productos médicos y los productos alimenticios, o el traslado de trabajadores humanitarios y la asistencia correspondiente, o para las evacuaciones a partir de la RDC. 8. Los apartados 1 y 2 no serán óbice para que una persona o entidad incluida en el anexo II efectúe pagos adeudados en virtud de un contrato celebrado antes de la fecha en que se haya incluido en el anexo a dicha persona o entidad, siempre y cuando el Estado miembro de que se trate haya determinado que el pago no es percibido, directa ni indirectamente, por una de las personas o entidades incluidas en los anexos I o II. 9. Lo dispuesto en el apartado 2 no se aplicará al abono en las cuentas inmovilizadas de los pagos siguientes: a) los intereses u otros réditos correspondientes a esas cuentas; b) pagos adeudados en virtud de contratos o acuerdos concluidos u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas quedaron sujetas a medidas restrictivas, o c) pagos a las personas y entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 2, adeudados en virtud de una resolución judicial o administrativa o de un laudo arbitral pronunciado en la Unión o con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de que se trate, siempre que tales intereses, réditos y pagos sigan estando sujetos a lo dispuesto en el apartado 1.».