13)

El artículo 106 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 106 Criterios de exclusión y sanciones administrativas 1. El órgano de contratación excluirá a un operador económico de la participación en procedimientos de contratación pública regulados por el presente Reglamento cuando: a) el operador económico haya quebrado, o esté sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidación, si sus activos están siendo administrados por un liquidador o por un tribunal, si se halla en concurso de acreedores, si sus actividades empresariales han sido suspendidas o si se encuentra en cualquier situación análoga, resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud de disposiciones legales o reglamentarias nacionales; b) se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que el operador económico ha incumplido sus obligaciones en lo referente al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con el Derecho del país en el que esté establecido, con el del país en que esté situado el órgano de contratación o con el del país donde se ejecute el contrato; c) se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que el operador económico es culpable de falta de ética profesional grave por haber infringido la legislación o la reglamentación aplicable o las normas deontológicas de la profesión a la que pertenece, o por cualquier conducta ilícita que afecte significativamente a su credibilidad profesional, cuando dicha conducta denote un propósito doloso o negligencia grave, con inclusión de cualquiera de las conductas siguientes: i) tergiversar de forma fraudulenta o por negligencia la información exigida para verificar la inexistencia de motivos de exclusión o para el cumplimiento de los criterios de selección o para la ejecución del contrato, ii) celebrar con otros operadores económicos un acuerdo con el fin de falsear la competencia, iii) vulnerar los derechos de propiedad intelectual, iv) intentar influir en el proceso de toma de decisiones del órgano de contratación durante el procedimiento de contratación, v) intentar obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de contratación; d) se haya establecido mediante sentencia firme que el operador económico es culpable de cualquiera de los siguientes actos: i) fraude, en el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas establecido por el Acto del Consejo de 26 de julio de 1995 (9), ii) corrupción, según se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, establecido por el Acto del Consejo de 26 de mayo de 1997 (10), y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo (11), así como corrupción de conformidad con la ley del país en que esté situado el órgano de contratación o las del país en el que esté establecido el operador económico o las del país donde se ejecute el contrato, iii) participación en una organización delictiva, según se define en el artículo 2 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo (12), iv) blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, según se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), v) delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas, según se definen, respectivamente, en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo (14), o incitación, inducción, complicidad o tentativa de comisión de dichos delitos, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión, vi) trabajo infantil u otras formas de trata de seres humanos, tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15); e) el operador económico haya mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las principales obligaciones durante la ejecución de un contrato financiado a cargo del presupuesto que hayan dado lugar a la terminación anticipada o a una indemnización por daños y perjuicios o a la imposición de otras penalizaciones, o que han sido descubiertas a raíz de controles, auditorías o investigaciones llevados a cabo por un ordenador, por la OLAF o por el Tribunal de Cuentas; f) se ha establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que el operador económico ha cometido una irregularidad en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo (16). 2. De no existir una sentencia firme o, cuando proceda, una decisión administrativa definitiva en los casos a que se refiere el apartado 1, letras c), d) y f), o en el caso a que se refiere el apartado 1, letra e), el órgano de contratación excluirá a un operador económico sobre la base de una calificación jurídica preliminar de una conducta de las contempladas en dichas letras, teniendo en cuenta los hechos y conclusiones que figuren en la recomendación del panel a que se refiere el artículo 108. La calificación preliminar a que se refiere el párrafo primero se entenderá sin perjuicio de la apreciación de la conducta del operador económico de que se trate por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en virtud de su Derecho nacional. El órgano de contratación revisará sin demora su decisión a fin de excluir al operador económico y/o imponerle una sanción pecuniaria tras la notificación de una sentencia firme o de una decisión administrativa definitiva. En los casos en que en la sentencia firme o decisión administrativa definitiva no se establezca la duración de la exclusión, el órgano de contratación fijará dicha duración en función de los hechos y conclusiones demostrados y teniendo en cuenta la recomendación del panel a que se refiere el artículo 108. Cuando dicha sentencia firme o decisión administrativa definitiva resuelva que el operador económico no es culpable de la conducta objeto de una calificación jurídica preliminar, sobre cuya base ha sido excluido, el órgano de contratación procederá sin dilación a poner fin a dicha exclusión y/o a reembolsar, según proceda, toda sanción pecuniaria impuesta. Los hechos y las conclusiones a que se refiere el párrafo primero incluirán, en particular: a) hechos constatados en el marco de auditorías o investigaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas, la OLAF o una auditoría interna, o cualquier otro examen, auditoría o control llevado a cabo bajo la responsabilidad del ordenador; b) decisiones administrativas no definitivas que pueden incluir medidas disciplinarias adoptadas por el organismo de supervisión competente responsable de verificar la aplicación de las normas de ética profesional; c) decisiones del BCE, del BEI, del Fondo Europeo de Inversiones o de organizaciones internacionales; d) decisiones de la Comisión en relación con el incumplimiento de las normas de competencia de la Unión o de una autoridad nacional competente en relación con el incumplimiento de las normas de competencia nacionales o de la Unión. 3. Toda decisión del órgano de contratación adoptada al amparo de los artículos 106 a 108 o, cuando proceda, toda recomendación del panel a que se refiere el artículo 108, se adoptará de conformidad con el principio de proporcionalidad, y en particular teniendo en cuenta la gravedad de la situación, en especial las repercusiones para los intereses financieros y la imagen de la Unión, el tiempo transcurrido desde la conducta de que se trate, su duración y reiteración, la intención o el grado de negligencia, la escasa cuantía de se trate en el caso del apartado 1, letra b), o cualquier otra circunstancia atenuante, como el grado de colaboración del operador económico con la autoridad competente pertinente y su contribución a la investigación, reconocida por el órgano de contratación, o el haber comunicado la situación de exclusión mediante la declaración a que se refiere el apartado 10 del presente artículo. 4. El órgano de contratación excluirá al operador económico si alguna persona que sea miembro del órgano de administración, de dirección o de vigilancia de dicho operador económico o tenga poderes de representación, decisión o control, respecto de ese operador económico, se encuentra en una o más de las situaciones a que se refiere el apartado 1, letras c) a f). La autoridad contratante también podrá excluir al operador económico cuando una persona física o jurídica que asuma la responsabilidad ilimitada por las deudas de dicho operador económico se encuentre en una o más de las situaciones a que se refiere el apartado 1, letras a) o b). 5. Cuando el presupuesto se ejecute en régimen de gestión indirecta con terceros países, la Comisión podrá adoptar, teniendo en cuenta, en su caso, la recomendación del panel a que se refiere el artículo 108, una decisión de exclusión o de imposición de una sanción pecuniaria en las condiciones previstas en el presente artículo, en caso de no hacerlo el tercer país en el que se hayan delegado competencias de conformidad con el artículo 58, apartado 1, letra c). Ello no afectará a la responsabilidad del tercer país, de conformidad con el artículo 60, apartado 3, de evitar, detectar, corregir y notificar las irregularidades y el fraude, o de tomar una decisión de exclusión o de imponer sanciones pecuniarias. 6. En los casos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, el órgano de contratación podrá excluir provisionalmente a un operador económico sin una recomendación previa del panel a que se refiere el artículo 108, cuando la participación del operador económico en cuestión en el procedimiento de contratación pública suponga una amenaza grave e inminente para los intereses financieros de la Unión. En estos casos, el órgano de contratación pondrá el asunto en conocimiento del panel y adoptará una decisión definitiva a más tardar catorce días después de haber recibido la recomendación del panel. 7. Habida cuenta, cuando proceda, de la recomendación del panel a que se refiere el artículo 108, el órgano de contratación no excluirá a un operador económico de la participación en los procedimientos de contratación pública cuando: a) el operador económico haya tomado las medidas correctoras especificadas en el apartado 8 del presente artículo, demostrando así su fiabilidad. Esto no será aplicable en el caso a que se refiere el apartado 1, letra d), del presente artículo; b) sea indispensable garantizar la continuidad del servicio, durante un tiempo limitado y a la espera de la adopción de las medidas correctoras especificadas en el apartado 8 del presente artículo; c) dicha exclusión sea desproporcionada, sobre la base de los criterios a que se refiere el apartado 3. Además, lo dispuesto en el apartado 1, letra a) del presente artículo no será de aplicación a las compras de suministros en condiciones particularmente ventajosas, ya sea a un proveedor que cese definitivamente su actividad comercial, ya sea a un administrador en un procedimiento de insolvencia o en virtud de un convenio con los acreedores o de un procedimiento de la misma naturaleza existente en el Derecho nacional. En los casos de no exclusión mencionados en los párrafos primero y segundo del presente apartado, el órgano de contratación especificará los motivos para no excluir al operador económico e informará de dichos motivos al panel a que se refiere el artículo 108. 8. Las medidas a que se refiere el apartado 7 destinadas a corregir la situación de exclusión podrán incluir, en particular: a) medidas para determinar el origen de las situaciones que dan lugar a la exclusión y medidas técnicas, organizativas y de personal concretas en el sector de actividad del operador económico que resulten apropiadas para corregir la conducta y evitar que vuelvan a producirse; b) la prueba de que el operador económico ha tomado medidas para compensar o reparar el perjuicio o daño causado a los intereses financieros de la Unión por los hechos que han dado origen a la situación de exclusión; c) la prueba de que el operador económico ha pagado o ha garantizado el pago de la sanción pecuniaria impuesta por la autoridad competente, o de los impuestos o cotizaciones a la seguridad social a que se refiere el apartado 1, letra b). 9. Habida cuenta, cuando proceda, de la recomendación revisada del panel a que se refiere el artículo 108, el órgano de contratación revisará su decisión de excluir al operador económico de oficio o a instancia de un operador económico excluido, cuando este último haya adoptado medidas correctoras que sean suficientes para demostrar su fiabilidad o haya aportado nuevos elementos que demuestren que la situación de exclusión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo ha dejado de existir. 10. En el momento de presentar la solicitud de participación o la oferta, el candidato o licitador declarará si se halla en una de las situaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo o el artículo 107, apartado 1, y, en su caso, si ha tomado las medidas correctoras a que se refiere el apartado 7, letra a), del presente artículo. Cuando proceda, el candidato o licitador proporcionará la misma declaración firmada por una entidad a cuya capacidad tiene intención de recurrir. No obstante, el órgano de contratación podrá no exigir tales requisitos en caso de contratos de muy escasa cuantía que se definirán en los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 210. 11. Siempre que así lo solicite el órgano de contratación, y cuando resulte necesario para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento, el candidato o licitador así como la entidad a cuya capacidad tiene intención de recurrir deberá aportar: a) pruebas suficientes de que dicho candidato, licitador o entidad no se encuentra en una de las situaciones de exclusión a que se refiere el apartado 1; b) información sobre las personas que sean miembros del órgano de administración, dirección o vigilancia del candidato, licitador o entidad, o que tengan poderes de representación, decisión o control con respecto a dicho candidato, licitador o entidad, y pruebas suficientes de que una o varias de esas personas no se encuentran en ninguna de las situaciones de exclusión a que se refiere el apartado 1, letras c) a f); c) pruebas suficientes de que las personas físicas o jurídicas que asuman la responsabilidad ilimitada por las deudas de dicho candidato o licitador no se encuentran en una de las situaciones de exclusión a que se refiere el apartado 1, letras a) o b). 12. El órgano de contratación también podrá aplicar a un subcontratista lo dispuesto en los apartados 1 a 11. En tal caso, la autoridad contratante exigirá a un candidato o licitador que sustituya a un subcontratista o una entidad a cuya capacidad tiene intención de recurrir, que se encuentre en situación de exclusión. 13. Para garantizar el efecto disuasorio, el órgano de contratación podrá, teniendo en cuenta, cuando proceda, la recomendación del panel a que se refiere el artículo 108, imponer una sanción pecuniaria a un operador económico que haya intentado tener acceso a fondos de la Unión mediante su participación o solicitud de participación en un procedimiento de contratación, sin haberlo declarado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 10 del presente artículo, mientras se encontraba en una de las situaciones de exclusión siguientes: a) en lo que respecta a las situaciones a que se refiere el apartado 1, letras c), d), e) y f), del presente artículo, como medida alternativa a una decisión de excluir al operador económico, cuando la exclusión resulte desproporcionada según los criterios a que se refiere el apartado 3 del presente artículo; b) en lo que respecta a las situaciones a que se refiere el apartado 1, letras c), d) y e), del presente artículo, como medida adicional a una exclusión necesaria para proteger los intereses financieros de la Unión, cuando el operador económico haya adoptado de manera sistemática y reiterada una conducta con la intención de obtener fondos de la Unión de forma indebida. El importe de la sanción pecuniaria ascenderá a entre el 2 % y el 10 % del valor total de contrato. 14. La duración de la exclusión no superará: a) la duración, en su caso, fijada mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva de un Estado miembro; b) cinco años para los casos a que se refiere el apartado 1, letra d); c) tres años en los casos contemplados en el apartado 1, letras c), e) y f). El operador económico quedará excluido en la medida en que este se encuentre en una de las situaciones a que se refiere el apartado 1, letras a) y b). 15. El plazo de prescripción de la exclusión y/o la imposición de sanciones pecuniarias a un operador económico será de cinco años, calculados a partir de cualquiera de las fechas que se indican a continuación: a) la fecha en la cual se haya producido la conducta que ha dado origen a la exclusión o, en el caso de actos ininterrumpidos o reiterados, la fecha en la que deje de producirse la conducta, en los casos a que se refiere el apartado 1, letras b), c), d) y e), del presente artículo; b) la fecha de la sentencia firme de una jurisdicción nacional o de la decisión administrativa definitiva d en los casos a que se refiere el apartado 1, letras b), c) y d), del presente artículo. El plazo de prescripción quedará interrumpido por un acto de la Comisión, la OLAF, el panel mencionado en el artículo 108 o cualquier otra entidad que participe en la ejecución del presupuesto de la Unión, notificado al operador económico y relacionado con investigaciones o procedimientos judiciales. El día siguiente a la interrupción comenzará a contar un nuevo plazo de prescripción. A efectos del apartado 1, letra f), del presente artículo, será de aplicación el plazo de prescripción para la exclusión y/o la imposición de sanciones pecuniarias a un operador económico previsto en el artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95. Cuando la conducta de un operador económico obedezca a varios de los motivos enumerados en el apartado 1 del presente artículo, se aplicará el período de prescripción que corresponda al motivo de mayor gravedad. 16. Con el fin de reforzar, en caso necesario, el efecto disuasorio de la exclusión y/o sanción pecuniaria, la Comisión publicará en su sitio web, previa decisión del órgano de contratación, la información siguiente en relación con la exclusión y, cuando proceda, la sanción pecuniaria para los casos a que se refiere el apartado 1, letras c), d), e) y f), del presente artículo: a) el nombre del operador económico de que se trate; b) la situación de exclusión por referencia al apartado 1 del presente artículo; c) la duración de la exclusión y/o la cuantía de la sanción pecuniaria. Cuando la decisión relativa a la exclusión y/o sanción pecuniaria haya sido adoptada sobre la base de una calificación preliminar con arreglo al apartado 2 del presente artículo, en la publicación se señalará la ausencia de sentencia firme o, cuando proceda, de decisión administrativa definitiva. En tales casos, se publicará sin demora información sobre los posibles recursos, su situación y su resultado, así como toda decisión revisada del órgano de contratación. En caso de imposición de una sanción pecuniaria, se publicará también si se ha pagado la sanción. El órgano de contratación tomará la decisión de publicar la información atendiendo a la sentencia firme o, cuando proceda, la decisión administrativa definitiva pertinente, o atendiendo a la recomendación del panel a que se refiere el artículo 108, según el caso. Dicha decisión surtirá efecto a los tres meses de haberla notificado al operador económico. La información publicada se retirará tan pronto como finalice el período de exclusión. En caso de sanción pecuniaria, la publicación se retirará seis meses después de que sea abonada dicha sanción. De conformidad con el Reglamento (UE) no 45/2001, cuando se trate de datos personales, el órgano de contratación informará al operador económico de sus derechos con arreglo a las normas aplicables en materia de protección de datos y de los procedimientos aplicables para el ejercicio de tales derechos. 17. La información a que se refiere el apartado 16 del presente artículo no se publicará en ninguna de las circunstancias siguientes: a) cuando sea necesario preservar la confidencialidad de una investigación o de un procedimiento judicial nacional; b) cuando la publicación ocasionaría un daño desproporcionado al operador económico interesado o sería desproporcionada, teniendo en cuenta el criterio de proporcionalidad mencionado en el apartado 3 del presente artículo y la cuantía de la sanción pecuniaria; c) cuando se trate de personas físicas, a menos que la publicación de datos personales se justifique excepcionalmente, entre otros, por la gravedad de la conducta o su repercusión en los intereses financieros de la Unión; en estos casos, la decisión de publicar la información tendrá debidamente en cuenta el derecho a la intimidad y otros derechos otorgados por el Reglamento (CE) no 45/2001. 18. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 210 en lo referente a las normas detalladas relativas al contenido de la declaración a que se refiere el apartado 10 y a las pruebas a que se refiere el apartado 11, letra a), de que un operador económico no se encuentra en una de las situaciones de exclusión, en particular mediante una referencia al documento europeo único de contratación según lo dispuesto en el artículo 59, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE, y a las situaciones en que el órgano de contratación podrá o no exigir la presentación de dicha declaración o pruebas. (9) DO C 316 de 27.11.1995, p. 48." (10) DO C 195 de 25.6.1997, p. 1." (11) Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54)." (12) Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42)." (13) Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15)." (14) Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3)." (15) Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1)." (16) Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).»."