ES Diario Oficial de la Unión Europea L 183/1

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 20 de diciembre de 2011

sobre la ayuda estatal C 85/01 relativa a medidas puntuales aplicadas por Portugal en favor de RTP

[notificada con el número C(2011) 9429]

(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/365/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero (1),

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (2), y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I. PROCEDIMIENTO

(1) A través de tres denuncias, de 1993, 1996 y 1997, presentadas por la empresa privada de televisión Sociedade Independente de Comunicação, SA (SIC), la Comisión fue informada de que Portugal había aplicado una serie de medidas puntuales e indemnizaciones compensatorias anuales en favor de la empresa pública de televisión Radiotelevisão Portuguesa, SA (RTP).

(2) Por carta de 15 de noviembre de 2001, la Comisión informó a Portugal de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con una serie de medidas puntuales en favor de RTP.

(3) La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (3). Posteriormente, el artículo 1 de la Decisión 2005/406/CE de la Comisión, de 15 de octubre de 2003, relativa a medidas puntuales aplicadas por Portugal en favor de RTP (4), concluyó que algunas de esas medidas, en concreto la ayuda estatal que Portugal concedió a RTP por un importe de 68 006 millones PTE en forma de un acuerdo con la Seguridad Social en 1993, de aportaciones de capital en 1994-1997 y de un préstamo en 1998, eran compatibles con el mercado común según lo dispuesto en el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE. Además, el artículo 2 de dicha Decisión declaró que algunas medidas no constituían ayuda estatal, en concreto las medidas de exención de los gastos de notario y registro, el pago por la transferencia de la red de difusión de la señal televisiva, las facilidades concedidas para el pago del canon anual por la utilización de la red, el protocolo de apoyo al cine, la emisión de obligaciones y el plan de reestructuración para 1996-2000.

(4) El 26 de junio de 2008, el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia T-442/03 (5) anuló parte de la Decisión 2005/406/CE por dos motivos. El Tribunal anuló el artículo 2 de dicha Decisión en la medida en que declara que la exención de los gastos de notario y registro no constituye ayuda estatal. El Tribunal consideró que la misión de la Comisión era establecer, en relación con la ventaja puntual, consistente en la exención del pago de los derechos de registro y de los honorarios relativos a su transformación en sociedad anónima (en adelante, «exención temporal»), si encajaba en la lógica del sistema jurídico portugués que la ley operase la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas, o bien si emplear la ley constituía una excepción que en realidad pretendía conceder a las empresas públicas una ventaja sobre las demás.

(5) En cuanto a la ventaja permanente resultante de una exención ilimitada de los gastos de notario y registro y otros gastos con respecto a todos los actos de inscripción, registro o anotación concedida a RTP (en adelante denominada «exención permanente»), el Tribunal consideró que aunque probablemente la exención no fuera en realidad permanente (véanse los apartados 73 y 79 de la sentencia), ello no alteraría la afirmación de que la Comisión no ha demostrado el carácter general de esta exención. El Tribunal consideró además que, aunque tal vez Portugal transformara RTP en sociedad anónima porque se consideró necesario para el cumplimiento de la misión de servicio público, no se aportaron pruebas suficientes de ello.

(6) El Tribunal desestimó los recursos por lo que se refiere a la conclusión de la Decisión 2005/406/CE de no considerar ayudas estatales la emisión de obligaciones de 1994 y las facilidades de pago del canon.

(7) Por lo que se refiere a la compatibilidad de las medidas de ayuda estatal (artículo 1 de la Decisión 2005/406/CE), el Tribunal de Primera Instancia consideró que la Comisión no podía basarse en los informes sobre el servicio público y los datos en ellos contenidos sin una auditoría externa de los mismos, como exige la legislación nacional. Por consiguiente, la Comisión no podía concluir que las medidas de ayuda estatal fueran compatibles con el mercado común a tenor del artículo 86, apartado 2, del Tratado [ahora artículo 106, apartado 2, del TFUE y el «mercado interior» (6)]. El Tribunal anuló el artículo 1 de la Decisión 2005/406/CE.

(8) Tras la sentencia del Tribunal en el asunto T-442/03, la Comisión llamó la atención de las partes interesadas sobre el hecho de que se había vuelto a abrir la investigación de la Comisión en este asunto y las invitó a presentar observaciones (7).

(9) La Comisión recibió observaciones del denunciante el 10 de marzo de 2009, que se transmitieron a Portugal el 8 de abril de 2009. El 17 de junio de 2009, se recibieron otras observaciones del denunciante, que se transmitieron a Portugal el 28 de julio de 2009. Portugal respondió a los dos grupos de observaciones mediante cartas de 7 y 8 de septiembre de 2009. Portugal envió información adicional a la Comisión el 23 de febrero de 2010, el 4 de marzo de 2010 y el 15 de abril de 2010. La Comisión envió a Portugal una solicitud de información el 10 de mayo de 2010, pidiendo en concreto que se realizaran auditorías externas independientes de los informes sobre el servicio público del período comprendido entre 1992 y 1997.

(10) Portugal respondió a la solicitud de información de la Comisión mediante carta de 8 de junio de 2010 y presentó las auditorías externas solicitadas relativas a los informes sobre el servicio público por carta de 12 de agosto de 2010. Portugal presentó información adicional por carta de 29 de septiembre de 2010. El 29 de marzo de 2011 tuvo lugar una reunión con Portugal; las autoridades de ese país facilitaron información adicional a la Comisión los días 17 de junio, 25 de agosto y 26 de octubre de 2011. Por carta registrada el 15 de diciembre de 2011, Portugal aceptó excepcionalmente que la presente Decisión se adoptara en lengua inglesa como lengua auténtica.

(11) La presente Decisión trata únicamente las medidas puntuales cubiertas por la Decisión de incoar el procedimiento de investigación formal. Algunas de las medidas, que se declararon no constitutivas de ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE en la Decisión 2005/406/CE, no han sido anuladas por el Tribunal en la sentencia T-442/03 y, por consiguiente, el artículo 2 de la Decisión 2005/406/CE es definitivo. Esas medidas se refieren al pago por la transferencia de la red de difusión de la señal televisiva, las facilidades concedidas para el pago del canon anual por la utilización de la red, el protocolo de apoyo al cine, la emisión de obligaciones y el plan de reestructuración para 1996-2000. Sin embargo, como requería el Tribunal en su sentencia T-442/03, la Comisión volverá a evaluar la exención temporal y la exención permanente de los gastos notariales y de los gastos de registro y publicación. La presente Decisión se centra en la relación financiera entre RTP y Portugal en el período comprendido desde 1992 hasta 1998 por lo que se refiere al acuerdo con la Seguridad Social en 1993, las aportaciones de capital durante el período de 1994 a 1997 y el préstamo del año 1998. La presente Decisión no se ocupa de las cuestiones de la clasificación jurídica y la compatibilidad con el Tratado de las indemnizaciones compensatorias anuales concedidas a RTP, que se trataron en la Decisión de la Comisión de 22 de marzo de 2006 en el asunto no E 14/05 (8). Además, el 4 de julio de 2006, la Comisión adoptó una Decisión relativa al acuerdo de reestructuración financiera de RTP, en el asunto NN 31/06 (9).

(12) No obstante, con el fin de tener una visión completa de las relaciones financieras que existían entre Portugal y RTP en el período cubierto por la investigación de la Comisión en el presente asunto, la Comisión debe considerar no solo las medidas puntuales, sino también el apoyo financiero concedido a RTP en forma de indemnizaciones compensatorias anuales. Por consiguiente, en la presente Decisión, la Comisión se refiere a las indemnizaciones compensatorias anuales en la medida necesaria para precisar su posición sobre las medidas puntuales.

II. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS MEDIDAS

A. MEDIDAS EN FAVOR DE RTP

A.1. DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIARIO RTP

(13) RTP (en aquel momento Rádio e Televisão Portuguesa, S.A.R.L) se creó como sociedad anónima mediante acto legislativo de 15 de diciembre de 1955, tras la decisión de Portugal de constituir una empresa pública de radiodifusión que obtendría una concesión para la prestación del servicio público de televisión (10). El contrato de concesión del servicio público se firmó el 16 de enero de 1956.

(14) RTP fue nacionalizada por el Decreto ley no 674-D/75 de 2 de diciembre de 1975. Dicho Decreto ley convirtió a RTP en una empresa pública con el nombre de «Radiotelevisão Portuguesa, E.P.», a la que fueron transferidos todos los derechos y obligaciones de su predecesora en virtud del Decreto ley.

(15) RTP había ocupado una posición de monopolio nacional en el mercado televisivo hasta los años ochenta. Operaba dos canales de televisión, RTP1 y RTP2. Durante los años noventa, la competencia de las cadenas privadas de televisión hizo su aparición, una vez que Portugal concedió licencias a SIC y a la empresa privada de televisión TVI en febrero de 1992 para explotar los canales tercero y cuarto respectivamente (11).

(16) La Ley no 21/92 de 14 de agosto de 1992 convirtió a RTP, EP en una sociedad anónima con el nombre de «Radiotelevisão Portuguesa, SA» y aprobó sus nuevos estatutos.

(17) RTP desarrolla simultáneamente actividades televisivas tanto de servicio público como comerciales. Está habilitada legalmente para desarrollar otras actividades comerciales o industriales relacionadas con la actividad televisiva (12).

(18) RTP desarrolla sus actividades comerciales por medio de participaciones financieras en empresas que son jurídicamente distintas de RTP y que disponen de una estructura y de un sistema contable propios.

A.2. MEDIDAS (13)

(19) Las indemnizaciones compensatorias anuales constituyen el principal mecanismo de compensación a RTP por sus obligaciones de servicio público. Durante el período comprendido entre 1992 y 1998, RTP recibió 66 495 millones PTE (aproximadamente 332 millones EUR) (14) para cubrir los costes asumidos en la realización de sus obligaciones de servicio público. El fundamento jurídico de esta compensación anual lo constituye el artículo 5 de la Ley no 21/92 (15).

(20) El cuadro 1 presenta un desglose de las indemnizaciones compensatorias anuales concedidas a RTP durante el período comprendido entre 1992 y 1998, cubierto por la presente Decisión. Cuadro 1 Importe de las indemnizaciones compensatorias anuales 1992-1998 (en millones PTE y millones EUR) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 6 200 7 100 7 145 7 200 14 500 10 350 14 000 EUR 26,9 (16) EUR 35,4 EUR 35,6 EUR 35,9 EUR 72,3 EUR 51,6 EUR 69,8 Fuente: Resolución del Consejo de Ministros.

(21) Cuando RTP se transformó en sociedad anónima, la legislación portuguesa sobre registro de sociedades puede describirse como sigue. El artículo 7, apartado 1, del Código de Sociedades Mercantiles portugués (Código das Sociedades Comerciais), en su versión vigente en el momento de la transformación de RTP, establecía que los estatutos (contrato de sociedade) de una sociedad mercantil debían formalizarse mediante escritura pública. El artículo 18, apartado 5, del Código de Sociedades Mercantiles establecía que el acto por el que se crea una sociedad anónima, después de que la compañía se haya constituido en la forma jurídica debida, tiene que ser inscrito en el Registro Mercantil. El registro era obligatorio según el artículo 15, apartado 1, y el artículo 3, letra a) del Código del Registro Mercantil (Código do Registo Comercial) y del artículo 166 del Código de Sociedades Mercantiles. De conformidad con el artículo 70, apartado 1, letra a), del Código del Registro Mercantil, en la versión vigente en el momento relevante, el acto por el que se crea una sociedad anónima tenía que ser publicado en el Diário da República [véase el artículo 70, apartado 2 (17)]. La publicación debe efectuarla de oficio el registrador, corriendo con los gastos la parte interesada (véase el artículo 71, apartado 1, del Código de Registro Mercantil).

(22) En el momento de su transformación en sociedad anónima en 1992, se dispensó a RTP del pago de los gastos notariales y de registro correspondientes al registro de la transformación jurídica de RTP de empresa pública en sociedad anónima. El valor de las exenciones fue de 33 millones PTE (aproximadamente 164 000 EUR). Generalmente, según la legislación portuguesa, toda persona jurídica tiene que pagar las tasas por la creación de una sociedad y la modificación de sus estatutos o cualquier otra modificación importante de la misma.

(23) El fundamento jurídico de la exención de los gastos de notario y registro lo constituye el artículo 11, apartado 1, de la Ley no 21/92, que estipula: «Se aprueban los estatutos de RTP SA […], que no deben necesariamente elevarse a escritura pública, sino que se registran de oficio, libres de impuestos y emolumentos, en el Diario Oficial de la República (Diário da República) en el que se publiquen».

(24) Lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, de la Ley no 21/92 se deriva de la aplicación de la Ley no 84/88 de 20 de julio de 1988 relativa a la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas. El artículo 1 de la Ley no 84/88 dispone que las empresas públicas, aunque estén nacionalizadas, pueden transformarse en sociedades anónimas por Decreto ley. Reza así: «Las empresas públicas […] podrán, por decreto ley, transformarse en sociedades anónimas de capital público o mayoritariamente público, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución y por la presente Ley.».

(25) El artículo 3, apartado 2, de la Ley no 84/88 relativa a la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas, dispone también que un Decreto ley debe aprobar los estatutos de la sociedad anónima. De conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Ley no 84/88, dicho Decreto ley constituye un documento suficiente para que se efectúen las obligaciones de registro (18).

(26) En aplicación del artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92, RTP estaba exenta del pago de otras tasas de registro directamente relacionadas con la modificación de la naturaleza jurídica de la sociedad. El artículo 11, apartado 2, reza así: «Todos los actos de inscripción, registro y anotaciones marginales, ante todos los registros, administraciones u organismos públicos, en particular ante el Registro nacional de personas jurídicas, el registro hipotecario y el servicio de propiedad de automóviles, se efectuarán sobre la base de una simple solicitud firmada por dos miembros del Consejo de Administración de la sociedad y libres de todo impuesto o emolumento.».

(27) Según Portugal, lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, deriva de la aplicación del Decreto ley no 404/90 (19) y confirma la aplicabilidad a RTP de una disposición de aplicación general. Sobre la base del artículo 1 de dicha Ley, hasta el 31 de diciembre de 1993, las empresas que efectúen actos de cooperación o concentración pueden beneficiarse de una exención de los impuestos sobre la transmisión de bienes inmuebles necesarios para la concentración o cooperación. El artículo 1 de dicha Ley también dispone la exención de impuestos y otros gastos legales que puedan adeudarse por la realización de este tipo de actos.

(28) Portugal declaró que, en diversas ocasiones RTP ha abonado gastos de notario y registro relacionados con determinadas ampliaciones de capital y otras operaciones tras su transformación en sociedad anónima (20).

(29) RTP acumuló una deuda con la Seguridad Social de 2 189 millones PTE, correspondiente al período de 1983 a 1989, originada por la falta de pago de las cotizaciones a dicha institución. Esta deuda nació de un litigio entre RTP y la administración de la Seguridad Social sobre una cuestión de interpretación relativa a las cotizaciones sociales debidas por las horas extraordinarias de sus empleados y las remuneraciones de los artistas.

(30) La interpretación de la administración de la Seguridad Social se basaba en el artículo 2, letra e), del Decreto Legislativo no 12/83, de 12 de febrero de 1983. Con el fin de evitar una acción judicial, las dos partes interesadas celebraron un acuerdo amistoso en virtud del cual la administración de la Seguridad Social renunciaba al cobro de los intereses de demora y aceptaba una reprogramación de la deuda. Después de llegar al acuerdo para solucionar el litigio, no llegó a revocarse nunca el Decreto Legislativo.

(31) El 6 de mayo de 1993, un Decreto conjunto del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Seguridad Social autorizó la reprogramación de la deuda en 120 mensualidades y condonaba las multas y los intereses debidos sobre el importe de 1 206 millones PTE (6 millones EUR).

(32) Las condiciones de autorización de pago en condiciones excepcionales de las deudas de RTP al Régimen de la Seguridad Social figuran en el Decreto ley no 411/91. El artículo 2, apartado 1, de dicho Decreto ley, dispone que la autorización debe ser indispensable para garantizar la viabilidad de la empresa deudora y las condiciones excepcionales mencionadas pueden aplicarse cuando, entre otras cosas, como establece el artículo 2, letra d), del Decreto ley, la empresa endeudada «haya sido ocupada, autogestionada o intervenida por el Estado».

(33) Durante el período 1994-1997, Portugal amplió el capital de RTP cada año. El cuadro siguiente presenta una panorámica de las diversas ampliaciones de capital, que ascendieron a 46 800 millones PTE (233 millones EUR). Cuadro 2 Ampliaciones del capital social de RTP entre 1994 y 1997 (en millones PTE) Año 1994 1995 1996 1997 Ampliación del capital social 10 000 12 800 10 000 14 000 Capital social a 31 de diciembre 22 708 35 508 45 508 59 508 Fuente: Balances de RTP.

(34) Los contratos de servicio público celebrados entre Portugal y RTP prevén la participación del Estado en las inversiones efectuadas por RTP, preferiblemente en forma de ampliación de capital (21).

(35) En diciembre de 1998 se celebró un contrato de préstamo subordinado entre el Fondo de Regularización de la Deuda Pública (Fundo de Regularização da Dívida Pública) y RTP, que establecía las condiciones de un préstamo del Fondo a RTP por valor de 20 000 millones PTE (99,8 millones EUR) destinado a aumentar el capital de la empresa.

(36) El Fondo de Regularización de la Deuda Pública está gestionado por el Instituto de Gestión de la Deuda Pública (Instituto de Gestão do Crédito Público), que se encarga de la gestión de la deuda del Estado portugués y de la ejecución del programa de préstamos de la Administración central, con arreglo a la Ley que regula el régimen de la deuda pública del Estado (22) y a las orientaciones definidas por el Gobierno portugués. El Instituto de Gestión de la Deuda Pública está tutelado por el Ministerio de Hacienda portugués (23).

(37) A partir de la fecha en que RTP tuvo los fondos a su disposición, el préstamo quedó sujeto al pago de intereses anuales correspondientes al tipo Lisbor a doce meses, calculados al comienzo de cada período, y aumentados en 20 puntos básicos (24).

(38) El contrato prevé que el préstamo fuera reembolsado hasta el 31 de diciembre de 2003, pero podía prorrogarse por un período de uno a dos años por acuerdo mutuo. RTP no pagó intereses sobre el préstamo, dado que el contrato de préstamo estipula que los intereses debidos durante las cuatro primeras anualidades deben capitalizarse (25).

(39) El contrato celebrado en diciembre de 1998 entre el Fondo de Regularización de la Deuda Pública y RTP se elaboró siguiendo las orientaciones que figuran en una resolución conjunta entre los Secretarios de Estado de los Medios de Comunicación, del Tesoro y de Hacienda de 17 de diciembre de 1998.

B. SITUACIÓN FINANCIERA DE RTP

(40) Como puede observarse en el siguiente cuadro, RTP registró pérdidas durante el período considerado en la investigación de la Comisión. En 1996, la situación financiera de RTP se deterioró hasta el punto de que sus fondos propios netos eran negativos. Cuadro 3 Datos económicos y financieros de RTP para el período 1993-1998 (en millones PTE) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Beneficios (o pérdidas) netos (7 883) (19 558) (26 581) (18 512) (32 223) (25 039) Fondos propios netos 1 557 8 071 4 269 (4 274) (20 586) (50 827) Activos 39 418 42 262 56 078 67 654 62 340 83 843 Deudas financieras (26) 22 402 26 855 30 258 44 922 44 885 92 775 Fuente: Cuentas financieras de RTP.

C. OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO IMPUESTAS A RTP ENTRE 1992 Y 1998

(41) RTP está obligada a prestar unos servicios de televisión pública, cuya definición, atribución y financiación se regulan en diversos actos jurídicos.

(42) La Ley no 58/90, que regula el ejercicio de la actividad televisiva, estableció las normas aplicables a los radiodifusores privados, instituyendo para el Estado la obligación de garantizar un servicio público de televisión (27). La Ley no 21/92 relativa a los estatutos de RTP determina las principales obligaciones del servicio público y su financiación.

(43) Dos contratos de servicio público firmados entre RTP y el Estado portugués en 1993 y 1996 describen de una manera más detallada los servicios públicos y su respectiva financiación (en lo sucesivo, «antiguo contrato de servicio público», «nuevo contrato de servicio público» o «contratos de servicio público», cuando se hable de ambos) (28).

(44) El artículo 4 de la Ley no 21/92 dispone que debe celebrarse un contrato de concesión entre Portugal y RTP y determina las principales obligaciones de servicio público que deben respetarse con arreglo a dicho contrato. El artículo 4, apartado 2, de la Ley enuncia los principios generales a los que debe ajustarse RTP en el ejercicio de su actividad de concesionaria (29), mientras que el artículo 4, apartado 3, expone las obligaciones del servicio público de televisión (30).

(45) Los contratos de servicio público confirman las obligaciones de servicio público de RTP. En primer lugar, RTP está sujeta a obligaciones de carácter general y a obligaciones sobre el contenido de los programas (31). RTP debe prestar un servicio público de televisión en el marco del cual debe emitir en dos canales y proporcionar una cobertura general a la parte continental de Portugal. El primer canal tiene un carácter más general y debe proponer una programación más generalista. El segundo canal debe dirigirse a audiencias más específicas y presentar programas educativos, culturales y científicos. Uno de los canales debe cubrir las regiones autónomas de Azores y Madeira.

(46) En segundo lugar, los contratos de servicio público imponen a RTP obligaciones específicas de programación (32). Se establecen ciertas normas de calidad de los programas (tales como el pluralismo, la imparcialidad de la información, etc.) y de contenido de los mismos (nuevas películas de ficción, deporte, programas infantiles, producción y cultura portuguesas, información nacional y programas de entretenimiento). RTP debe conceder tiempo de emisión a entidades determinadas, apoyar al cine y las otras formas de producción y expresión audiovisual, fomentar la producción de programas educativos o formativos, intercambiar programas con las Regiones autónomas de Azores y Madeira y promover la cooperación con otros organismos que presten servicio público de televisión en la Unión Europea. Por otra parte, RTP debe cumplir obligaciones específicas de programación en el marco de la cooperación internacional. Por ejemplo, RTP debe producir y emitir programas para las comunidades portuguesas que viven en el extranjero, los países africanos de lengua oficial portuguesa y Macao. RTP debe encargarse del funcionamiento de RTP Madeira y RTP Azores y mantener sus centros de producción y sus delegaciones en el extranjero.

(47) En tercer lugar, los contratos de servicio público imponen a RTP obligaciones específicas. Por ejemplo, RTP debe conservar archivos audiovisuales, introducir innovaciones técnicas en su material y en sus actividades, apoyar la Fundación del Teatro Nacional de San Carlos y prestar otros servicios que deben precisarse específicamente.

(48) El artículo 5 de la Ley no 58/90 otorgó a RTP la concesión del servicio público de radiodifusión durante un período de 15 años, renovable por un nuevo período de 15 años, que cubre las frecuencias correspondientes al primer y segundo canal. El artículo 4 de la Ley no 21/92 dispone que RTP es concesionaria del servicio público de televisión. La primera cláusula de los contratos de servicio público confirma que RTP es la prestadora de los servicios públicos televisivos (33).

(49) Los contratos de servicio público (34) prevén un Consejo Consultivo (Conselho de Opinião) compuesto por representantes de los distintos sectores de la opinión pública, que puede intervenir para verificar si RTP respeta sus obligaciones, generales y específicas, de servicio público de televisión.

(50) RTP debe presentar al Ministro de Hacienda un plan empresarial y un presupuesto para el desempeño de su misión de servicio público (Plano de Actividades e Orçamento do Serviço Público) para el ejercicio siguiente, acompañados de dictámenes emitidos por el Gabinete de Auditoría y por el Consejo Consultivo de RTP. Por otra parte, RTP debe presentar un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público durante el ejercicio anterior (Relatório sobre o Cumprimento das Obrigacões do Serviço Público (los «informes sobre el servicio público»), acompañado de un dictamen del Gabinete de Auditoría de RTP (35).

(51) El Ministro de Hacienda y el miembro del Gobierno responsable de los medios de comunicación deben comprobar el cumplimiento de los contratos de servicio público. La Inspección General de Hacienda debe auditar el plan financiero. Además, una auditora externa especializada debe realizar anualmente una auditoría de los informes sobre el servicio público (36).

(52) El nuevo contrato de servicio público también prevé que Portugal imponga sanciones, en caso de incumplimiento de dicho contrato por parte de RTP, en forma de multas, embargo, rescate o rescisión del contrato de concesión.

(53) Durante el período comprendido entre 1992 y 1998, una auditora independiente realizó auditorías externas de todas las cuentas anuales de RTP.

(54) RTP también había presentado los informes sobre el servicio público de todos los años, con la excepción del informe sobre el servicio público de 1992, puesto que la obligación de realizar auditorías externas figuraba por vez primera en el antiguo contrato de servicio público que databa de 1993. Portugal alega que para los ejercicios 1995 a 1998 un auditor legalmente independiente emitió un dictamen favorable y autónomo de los informes sobre el servicio público (37). Portugal alega también que todos los informes sobre el servicio público durante dicho período fueron acompañados de un dictamen del Gabinete de Auditoría de RTP y de una auditoría de la Inspección General de Hacienda (Inspecção-Geral de Finanças), que es independiente de RTP. La situación en cuanto a las auditorías externas de los informes sobre el servicio público puede describirse como sigue:

(55) Los informes sobre el servicio público de 1993 y 1994 contenían una declaración de conformidad que certificaba que RTP había cumplido sus obligaciones de servicio público pero solo de la dirección de RTP.

(56) Para los años 1995, 1996, 1997 y 1998, el informe sobre el servicio público contenía declaraciones de conformidad de un auditor externo independiente a la empresa, Maia, Mesquita & Associados – (Revisor Oficial das Contas), de que la auditoría no revelaba cuestiones que afectaran significativamente al cálculo de las indemnizaciones compensatorias a RTP contempladas en los informes de esos ejercicios.

(57) In 2010, Portugal presentó a la Comisión auditorías externas más exhaustivas de los informes sobre el servicio público para el período comprendido entre 1992 y 1997. Las auditorías externas de los informes sobre el servicio público para ese período las organizó el regulador nacional de los medios de comunicación, Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). Fueron realizadas para dicho período por Pedro Roque SROC, un auditor externo, que es independiente de RTP (38). Portugal también presentó un informe de síntesis resumiendo los resultados de las auditorías de todos los años. Ya había una auditoría externa relativa al informe sobre el servicio público para el ejercicio 1998. Esa auditoría externa para el año 1998 la realizó BDO Binder, un auditor externo (el «informe BDO Binder») (39).

(58) El mandato de las auditorías 1992-1997 era, para cada ejercicio en cuestión, evaluar si RTP cumplía su mandato como estipulaban los contratos de servicio público vigentes en aquel momento y si había una correspondencia entre los costes del servicio público y las indemnizaciones compensatorias. Las auditorías externas enumeraban las obligaciones de servicio público derivadas de los contratos de servicio público, tenían en cuenta las diversas leyes que regían las obligaciones de servicio público de RTP (por ejemplo, la Ley de Televisión no 58/90 de 7 de septiembre de 1990) así como el plan empresarial y el presupuesto del servicio público (Plano de Actividades e Orçamento do Serviço Público) y los informes sobre el servicio público. Las auditorías externas examinaron si se respetaban las obligaciones de servicio público. Los informes compararon las indemnizaciones compensatorias de Portugal con los costes establecidos en los informes sobre el servicio público.

(59) Para todos los ejercicios objeto de la investigación, es decir, 1992-1997, las auditorías concluyeron que RTP cumplió esencialmente sus principales obligaciones de radiodifusión. Las auditorías declararon también que «por lo que se refiere a la correspondencia entre las misiones de servicio público y la compensación de los costes «reales», no hay distorsiones materialmente relevantes que afecten a su cumplimiento de la legislación vigente en ese momento». Para todos los ejercicios, el informe de síntesis concluye que la indemnización compensatoria efectuada por Portugal era inferior a los importes indicados en cada informe sobre el servicio público. Las auditorías se publicaron en el sitio web de la ERC (40). De la misma manera, el informe BDO Binder no señala ninguna compensación excesiva por el servicio público prestado.

(60) El artículo 5 de la Ley no 21/92 confiere a RTP el derecho a recibir una compensación como contrapartida a la prestación de servicio público. Los contratos de servicio público confirman ese derecho.

(61) Además del sistema de indemnizaciones compensatorias anuales (véase el considerando 19), los contratos de servicio público también prevén que Portugal financie: a) el pago de servicios específicos en aplicación de acuerdos de prestación de servicios que hayan sido firmados o que vayan a serlo por la Administración pública y por RTP (41); b) la participación del Estado en todas las inversiones efectuadas por RTP, en particular las destinadas a las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de los centros de producción y emisión de las Regiones Autónomas de Azores y Madeira, a los archivos audiovisuales, a las emisiones internacionales de RTP y a otras que, por condicionamientos tecnológicos, esté obligada a hacer la concesionaria (42).

(62) Con el fin de determinar los ingresos y gastos de las obligaciones derivadas de la condición de servicio público elegibles a efectos de la indemnización compensatoria, RTP utiliza un sistema de contabilidad analítica de costes. Los contratos de servicio público precisan los criterios que deben aplicarse para calcular los costes que pueden considerarse con respecto a cada obligación de servicio público (43).

(63) En el marco del sistema de contabilidad analítica mencionado en el considerando anterior, RTP distribuye los ingresos y gastos (por ejemplo, gastos de personal y material) para cubrir un número determinado de actividades (como la gestión de la programación, costes directos e indirectos de los programas, costes de difusión, costes de emisión, costes de comercialización y gastos generales).

(64) Los costes directos de las diversas actividades se distribuyen entre las distintas partidas de costes (por ejemplo RTP 1, RTP 2, RTPi y RTP África). Los costes indirectos se asignan a las partidas de costes según criterios analíticos coherentes (por ejemplo, el número de horas de emisión) (44).

(65) El sistema de contabilidad analítica presenta las siguientes características: a) en el ámbito de los contratos de servicio público, solamente los costes de explotación netos pueden compensarse de acuerdo con el método descrito en los contratos de servicio público. Los costes financieros, los gastos extraordinarios y las provisiones que no estén directamente relacionados con una actividad quedan excluidos de la compensación (45); b) para calcular el importe de los costes de explotación netos reembolsables, RTP debe deducir los ingresos de explotación generados por cada obligación de servicio público; c) con arreglo al antiguo contrato de servicio público, no estaba autorizada ninguna compensación por la obligación general de servicio público de explotar RTP1 y RTP2 y garantizar una cobertura de las Regiones Autónomas a través de uno de los canales (46); d) con arreglo al nuevo contrato de servicio público, los costes de explotación de RTP1 y RTP2 pueden ser objeto de indemnizaciones compensatorias, pero no está autorizada ninguna compensación complementaria si los costes de explotación netos reales de RTP1 y RTP2 son superiores a los previstos (47).

(66) RTP presentó el coste neto de la prestación del servicio público en los informes anuales sobre el servicio público, de acuerdo con el método de cálculo de costes descrito en los considerandos 60-65. El siguiente cuadro ofrece una panorámica de los costes para cada actividad de servicio público por la que RTP puede beneficiarse de una indemnización compensatoria. Cuadro 4 Costes netos comunicados y reembolsables por la prestación del servicio público (en millones PTE) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Teletexto 112,9 86,8 Funcionamiento de RTP Internacional 882,3 1 517,4 1 826,9 1 890,8 2 059,6 3 999,1 3 712,9 RTP África — — — — 654,7 1 332,0 Emisión directa de RTP1 para Madeira y Azores — — — — — 76,8 295,4 Archivos audiovisuales 509,1 241,6 402,7 492,7 184,9 909,4 672,1 Cooperación con los países africanos de lengua oficial portuguesa 186,9 128,4 172,2 148,6 144,9 202,4 200,3 Diferencial de cobertura 406,7 1 312,8 1 314,2 1 050,3 1 050,0 622,6 208,6 Delegaciones/corresponsales 797,8 658,2 681,1 642,7 583,2 457,2 211,0 Fundación del Teatro Nacional de San Carlos 50,0 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Apoyo al cine 215,0 95,0 27,5 156,5 391,1 352,8 Explotación de los centros autónomos regionales 3 453,4 3 486,0 3 685,9 3 696,1 3 846,6 3 459,2 2 855,2 Emisión destinada a entidades específicas 482,0 350,6 151,1 94,6 80,8 Sport TV (48) – 440,0 Costes netos de explotación de RTP1 16 946,1 11 916,6 Costes netos de explotación de RTP2 9 050,6 10 080,6 8 637,6 Total de los costes netos de explotación 6 718,2 7 960,0 8 384,1 8 103,3 17 217,1 37 972,1 30 101,3 Fuente: Autoridades portuguesas e informes sobre el servicio público.

(67) El siguiente cuadro ofrece una panorámica de las inversiones realizadas por RTP en equipamientos destinados a las actividades de servicio público. Presenta, a la vez, las inversiones reales en actividades de servicio público, como figuran en las cuentas financieras anuales, así como las inversiones comunicadas en los informes sobre el servicio público. Las inversiones reales efectuadas en las actividades de servicio público eran superiores a las que figuran en los contratos de servicio público. Cuadro 5 Inversiones en actividades de servicio público (en millones PTE) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Total Cuentas financieras 2 632,6 2 102,0 2 763,9 992,7 1 480,4 4 037,4 6 054,2 20 063,2 Informes sobre el servicio público 2 327,3 98,0 1 975,1 154,4 28,1 4 037,4 6 127,8 14 748,1 Diferencia 305,3 2 004,0 788,8 838,3 1 452,3 0 –73,6 5 315,1 Fuente: Cuentas financieras de RTP e informes sobre el servicio público.

(68) El objetivo de las medidas puntuales era compensar a RTP por las obligaciones de servicio público que se le imponen y financiar sus inversiones.

(69) En Portugal, el operador de servicio público no fue elegido a raíz de un procedimiento competitivo en el que todas las empresas interesadas tuvieran ocasión de indicar el importe de la indemnización compensatoria que requerirían para explotar una concesión de servicio público de televisión. RTP fue designada por el Gobierno para prestar un servicio de televisión pública.

(70) Desde 1992, en el mercado portugués de televisión están presentes operadores públicos y privados. Además de RTP, los operadores privados SIC y TVI tienen licencias para explotar canales de televisión. SIC fue el primer operador privado en iniciar sus actividades de radiodifusión el 6 de octubre de 1992. Las medidas en favor de RTP podrían tener como efecto falsear la competencia en el mercado portugués de televisión.

III. OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS

(71) Tras la apertura del procedimiento de investigación en el presente asunto, varios terceros interesados presentaron observaciones relativas a las medidas contempladas en los considerandos 21 a 39. Los siguientes considerandos ofrecen una panorámica de las observaciones relevantes de los interesados, clasificadas por medida.

(72) En la presente sección solo se abordan las observaciones relativas a las cuestiones que quedaron pendientes tras la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-442/03, en concreto las cuestiones relativas a la exención de los gastos de notario y registro y costes de publicación, así como en relación con las otras medidas (el acuerdo con la Seguridad Social en 1993, las aportaciones de capital en el período de 1994 a 1997 y un préstamo en 1998), contempladas en el artículo 1 de la Decisión 2005/406/CE. Estas observaciones de los interesados incluyen opiniones presentadas tras la primera decisión de incoación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2001, así como observaciones recibidas tras la publicación de la invitación a formular observaciones de 24 de diciembre de 2008 (49).

(73) SIC y TVI argumentaron que la exención de los gastos de notario y registro constituye una excepción a las normas habitualmente aplicables en virtud de la legislación portuguesa a cualquier modificación de los estatutos de una sociedad. SIC añadió que el ámbito de aplicación de esta medida no se limitaba a la transformación de RTP en 1992. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92, RTP se beneficia de una exención general de impuestos y derechos sobre cualquier tipo de inscripción y registro.

(74) TVI indicó que RTP estaba también exenta del pago de los gastos vinculados a la publicación de la escritura.

(75) Sobre las aportaciones de capital en el período de 1994 a 1997, SIC, ACT (la Asociación de Televisión Comercial Europea), el operador comercial italiano Mediaset y TVI señalaron que ningún accionista razonable habría procedido a un aumento de capital de una sociedad que presentara las características de RTP. Las mencionadas aportaciones de capital se realizaron en una sociedad seriamente deficitaria sin un plan de reestructuración coherente que pudiera hacer viable la empresa.

(76) Por otra parte, por lo que se refiere al préstamo de 1998, SIC afirmó que, teniendo en cuenta que RTP estaba en quiebra técnica en 1996, ninguna entidad financiera habría aprobado un préstamo así a RTP.

(77) SIC, en particular, destacó la falta de auditorías externas, que deberían haberse realizado con regularidad. SIC también se refirió a las deficiencias detectadas en el ejercicio 1998 y descritas en el informe BDO Binder sobre dicho ejercicio, la única auditoría externa existente, que la Comisión debería haber tenido en cuenta. SIC señaló diversas críticas en el informe BDO Binder de 1998, incluido, inter alia, haber excedido los límites publicitarios en las emisiones televisivas de RTP. SIC señala que, según los contratos de servicio público, RTP debe respetar unos límites publicitarios y, por ejemplo, solo puede emitir un número determinado de minutos de publicidad por hora. Según las conclusiones del informe BDO Binder, esto no se respetó en el ejercicio 1998. SIC también citó la conclusión del informe según la cual no se habían contabilizado determinados activos, lo que SIC parece tomar como prueba de que no se habían realizado las inversiones correspondientes a dichos activos.

(78) Tras la anulación del artículo 1 y de parte del artículo 2 de la Decisión 2005/406/CE por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-442/03, SIC alega que, en la presente Decisión, la Comisión debe también tener en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas portugués (Tribunal de Contas, denominado en lo sucesivo «el Tribunal de Cuentas») de junio de 2002 (No 8/2002), que, según SIC, tenía el deber objetivo de examinar la gestión de RTP y su prestación de servicio público de televisión en cuanto a su efectividad, eficiencia y economía y que abordaba el período de 1997 a 2000. Sin embargo, ese período se hizo extensivo hasta 1993. Resumiendo las conclusiones del informe, SIC subraya que hubo una falta de estrategia para definir los programas y que no se observaron las directrices del Gabinete de Auditoría de RTP en cuanto a los límites de los costes ni se respetó el presupuesto anual elaborado. SIC declaró además que el Tribunal de Cuentas señala que Portugal todavía no ha precisado que la concesión de ayuda estatal guarde relación con un cumplimiento real de RTP de sus obligaciones de servicio público.

(79) SIC apuntó a las conclusiones generales del Tribunal de Cuentas portugués sobre los contratos de servicio público, según las cuales estos favorecen la ineficiencia y la ineficacia en la gestión de RTP y definen su misión de servicio público en términos vagos y poco específicos.

IV. OBSERVACIONES DE PORTUGAL

(80) Sobre la exención de los gastos notariales y de los gastos de registro y costes de publicación, Portugal aduce que, puesto que la transformación de la empresa pública en una sociedad anónima tenía que efectuarse mediante un acto legislativo, no procedía la recaudación de los impuestos y emolumentos relativos a la formalización mediante escritura pública de dicha transformación, ni a su registro y publicación.

(81) La transformación de RTP en una sociedad anónima se efectuó en 1992 con el fin de que se rigiera por el Derecho privado y para aproximar su forma de operar a la de los operadores privados. Se consideró necesario equipar a RTP con los medios y condiciones que le permitieran cumplir de la mejor manera sus objetivos de servicio público en un mercado que estaba cada vez más abierto a la competencia. Se pretendía dar a las operaciones y la gestión de RTP la misma flexibilidad que a las empresas «normales», que se rigen por el Derecho Mercantil. Según Portugal, el formato de sociedad anónima era menos engorroso que los procedimientos de control estatal que se aplicaban previamente a RTP como empresa pública, ofreciendo así mejores condiciones para desarrollar canales de televisión y su programación.

(82) Portugal alega que la transformación de RTP por ley en 1992, con la consecuencia de que no se precisaba de «escritura pública» para la formalización de dicho acto, era acorde con la naturaleza y la lógica del sistema jurídico portugués. A este respecto, Portugal recuerda que RTP se había constituido como empresa pública en 1975 por vía legislativa, en concreto, por Decreto ley no 674-D/75. Por tanto, como exigía específicamente la Ley no 84/88 relativa a la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas, dichos actos tenían que llevarse a cabo también por vía legislativa. De conformidad con artículo 3, apartado 2, de la Ley no 84/88, que es una ley general sobre la transformación de las empresas públicas (véase el considerando 25), el acto legislativo que establece la transformación de las empresas públicas tenía que aprobar los estatutos de la sociedad anónima resultante de la transformación. Esto, además, se ajustaba al principio de la equivalencia de los actos, según el cual los actos legislativos solo pueden ser modificados, suspendidos o derogados por actos del rango equivalente en la jerarquía de actos jurídicos. Portugal señala que el principio de la equivalencia de los actos está establecido en la Constitución portuguesa (actualmente artículo 112, apartado 5, o artículo 115, apartado 5, de la Constitución en el momento en que RTP fue transformada en 1992), que dispone que «ninguna ley puede crear otras categorías de actos legislativos o conferir a actos de otra naturaleza el poder de interpretar, integrar, modificar, suspender o derogar cualquiera de sus preceptos con efectos externos». La aplicación de este principio a la transformación de empresas públicas está respaldada por la doctrina (50). Portugal remite asimismo a una serie de sentencias de su Tribunal Constitucional que reiteran la interpretación de que una ley solo puede ser interpretada por otra ley (51) y no por un acto de rango distinto e inferior dentro de la jerarquía de actos jurídicos.

(83) Portugal alega que la transformación de RTP en una sociedad anónima por la Ley no 21/92 se llevó a cabo en cumplimiento del sistema general de la legislación portuguesa y legalmente no podría haberse realizado simplemente mediante escritura pública con arreglo al Derecho Privado. Portugal cita también varios ejemplos de otras empresas públicas transformadas mediante acto legislativo en sociedades anónimas (52).

(84) Portugal remite al Decreto ley no 267/76, de 8 de abril de 1976, que establece por primera vez un régimen general para las empresas públicas. Este Decreto ley establecía que las empresas públicas solo podían ser creadas por un Decreto ley, que debe aprobar sus estatutos. Esto también se aplica a las posteriores alteraciones de los estatutos.

(85) Portugal remite además a la Ley no 84/88 de 20 de julio de 1988 (véase el considerando 25 de la presente Decisión) que estipulaba que era necesario un decreto ley para transformar las empresas públicas en sociedades anónimas y que el decreto ley también debía aprobar los estatutos de la empresa pública. Portugal concluye en consecuencia que para la transformación de RTP en 1992, primero, era necesario un decreto ley y, segundo, además los estatutos solo podían ser aprobados por ley y no mediante escritura pública.

(86) Además, la Ley no 58/90, de 7 de septiembre de 1990, exigía que el servicio público de televisión lo prestaran operadores pertenecientes exclusiva o mayoritariamente a entidades públicas, y los estatutos de dichos operadores tenían que ser aprobados por decreto ley.

(87) En cuanto a los «gastos de registro», Portugal observa que mientras que el registro de los estatutos aprobados por la Ley no 21/92 estaba exento de dichos gastos, las formalidades de registro tenían aun con todo que realizarse de oficio. Las formalidades de registro se consideraron necesarias porque el Código del Registro Mercantil (Código do Registo Comercial) exige que los actos relativos a las empresas sean registrados y publicados. Según Portugal, el valor de los gastos de registro es de 11 000 contos (53) que equivale a 11 000 000 PTE.

(88) En cuanto al requisito de publicación, Portugal destaca que, puesto que los estatutos de RTP se publicaron en el Diário da República como anexo a la Ley no 21/92 por la que se aprobaban, este requisito ya se cumplía.

(89) En cuanto a las observaciones de SIC sobre el artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92, Portugal respondió que la legislación portuguesa no reservaba beneficios fiscales específicos a las empresas públicas en las operaciones de transformación o reestructuración. La exención estaba basada en el Decreto ley no 404/90. Portugal alega que RTP no estaba dispensada del pago de los gastos de notario y registro sobre la base del artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92, aparte de la transformación de 1992. Portugal también alega que la clasificación del artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92 como una exención permanente de gastos se debe a un malentendido lingüístico. En lugar de estipular que el Decreto ley era suficiente a todos los efectos legales y cualquier acto necesario para regularizar «la situación» (es decir, la transformación de 1992, las comillas son nuestras), el artículo 11, apartado 2, disponía que RTP estaría dispensada de todos los impuestos y emolumentos para dar efecto a los actos en los registros de la propiedad. Esto significaba, según Portugal, que RTP no estaba dispensada de los gastos de notario y registro fuera del contexto de las operaciones de la transformación de 1992, excepto en aquellas relativas a la transformación de 1992. Portugal también aportó documentación de varias situaciones en las que RTP había pagado gastos de registro.

(90) Portugal afirma que el acuerdo inicial entre la administración de la Seguridad Social y RTP sobre la reprogramación de la deuda y la renuncia a intereses y multas se inscribía en el contexto de un litigio jurídico sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo no 12/83 relativo a las cotizaciones a la Seguridad Social en relación con la remuneración de las horas extraordinarias. El acuerdo de regularización de la deuda reconoció la interpretación de RTP, según la cual la remuneración no estaba sujeta a las cotizaciones a la Seguridad Social, como confirmó un experto en fiscalidad.

(91) En segundo lugar, Portugal mantiene que la autorización formal de este acuerdo por el Gobierno portugués no confirió un beneficio financiero específico a RTP con respecto a otras empresas en circunstancias semejantes en los términos del Decreto ley no 411/91. Portugal afirma que la excepción contemplada en el artículo 2, apartado 1, letra d), se aplica a RTP, ya que esta fue objeto de una intervención estatal y pasó por distintas vicisitudes en el marco de la gestión de una Comisión Administrativa nombrada por el Gobierno en 1977 (54). Portugal argumenta que el hecho de que se haya celebrado un acuerdo con uno de los interesados sobre la base del Decreto ley no 411/91 destaca el carácter general de la excepción.

(92) Por lo que se refiere al préstamo, Portugal indicó que las condiciones técnicas vinculadas al mismo establecían que la operación financiera generaría intereses calculados con arreglo a criterios de mercado.

(93) Portugal afirmó que las aportaciones de capital durante el período 1994-1998 constituyeron, junto con las indemnizaciones compensatorias, un instrumento de financiación de los costes vinculados a la prestación de un servicio público de televisión.

(94) Según Portugal, el modelo de financiación elegido para compensar los costes del servicio público sufragados por RTP resultó inadecuado y generó déficits comerciales. En primer lugar, las indemnizaciones compensatorias se calcularon siempre por debajo de las necesidades reales de financiación del servicio público de televisión. En segundo lugar, Portugal pagó las indemnizaciones sistemáticamente con retraso. Por ello, RTP se vio obligada a recurrir a la financiación bancaria para hacer frente a sus costes de explotación y no pudo incluir los gastos por intereses y amortización en el cálculo del coste del servicio público. En tercer lugar, RTP tenía que pagar IVA al Estado sobre las indemnizaciones compensatorias, lo que disminuía su importe neto.

(95) Portugal afirma que i) la exención de impuestos y emolumentos (es decir, la exención de los gastos notariales y de los gastos de registro y los costes de publicación); ii) las facilidades de pago del canon sobre la utilización de la red de radiodifusión; iii) la reprogramación de la deuda a la Seguridad Social; iv) el pago relativo a la transferencia de la red de radiodifusión; v) el protocolo de apoyo al cine, y vi) el préstamo suscrito por RTP en 1998 no están incluidos en el concepto de ayuda estatal. Por lo que se refiere a la compatibilidad de las otras medidas, Portugal afirma que deben considerarse como una compensación por el coste del servicio público y, en consecuencia, no como ayuda estatal (55) o, como alternativa, que su compatibilidad con el Derecho de la Unión debería apreciarse sobre la base del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE (ahora artículo 106, apartado 2, del TFUE).

(96) Por lo que se refiere al cálculo del exceso de compensación, Portugal declara lo siguiente: a) la inclusión en 1996 de los costes de explotación de RTP2 como coste del servicio público reembolsable se basaba jurídicamente en el nuevo contrato de servicio público según el cual la indemnización compensatoria de los costes de explotación de RTP2 surtía efecto, en aplicación de dicho contrato, a partir del 1 de enero de 1996 (56); b) el préstamo de 20 000 millones PTE no debería considerarse como indemnización compensatoria, dado que fue concedido en condiciones de mercado; c) las ampliaciones de capital también estaban destinadas a financiar inversiones, no solo a compensar financieramente los costes reembolsables del servicio público. La obligación del Estado, como accionista, de participar en la financiación de inversiones consideradas necesarias figura en los contratos de servicio público (57); d) las indemnizaciones compensatorias estaban sujetas al pago de IVA, de modo que el valor neto recibido por RTP fue inferior; e) de acuerdo con el nuevo contrato de servicio público, el coste del servicio público solo podía reembolsarse hasta la dotación presupuestaria prevista. Teniendo en cuenta lo expuesto, Portugal concluyó que la compensación financiera a favor de RTP por sus obligaciones de servicio público no debía considerarse excesiva o inadecuada.

(97) Por lo que se refiere a la falta de auditorías externas, Portugal aduce que la Comisión ya había adoptado una posición sobre la situación financiera de RTP, que cubría también el período comprendido desde 1992 a 1998, sin requerir una auditoría externa del servicio público en sus Decisiones de 2006 en el asunto E 14/05 y NN 31/06 y esas decisiones no han sido recurridas ante los tribunales. Portugal alega que, en particular, la Comisión ya tuvo en cuenta el Informe 8/2002 del Tribunal de Cuentas en su Decisión NN 31/06. Portugal destaca además que la Comisión concluyó en su Decisión NN 31/06 que la situación financiera de RTP desde 1992 a 1998 era debida a la infrafinanciación crónica de sus actividades de servicio público. En su Decisión NN 31/06, la Comisión basó sus conclusiones en un informe externo, el informe PriceWaterhouse Cooper de 2005, y en las cuentas anuales de RTP auditadas externamente, que Portugal considera como las únicas cuentas relevantes.

(98) Portugal además insiste en que los informes sobre el servicio público para el período comprendido desde 1993 a 1998 fueron auditados por el Gabinete de Auditoría de RTP (58). No obstante, posteriormente Portugal presentó auditorías externas de los informes sobre el servicio público para el período desde 1992 hasta 1998, junto con un informe final de síntesis que abarca todos esos ejercicios. Las auditorías externas las organizó la autoridad independiente de los Medios de Comunicación, Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ERC, que encargó a los auditores externos Pedro Roque (59) que realizaran dichas auditorías.

(99) Portugal respondió con todo detalle a algunas de las alegaciones de SIC sobre puntos concretos. Por lo que se refiere a la alegación de SIC de que, según el informe BDO Binder, falta el dictamen del Consejo Consultivo, Portugal hace hincapié en que dicho dictamen no era extensivo al informe sobre servicio público de RTP. Aunque el dictamen de dicho organismo estaba garantizado en el antiguo contrato de servicio público, no se había convertido en un requisito jurídicamente vinculante. Además, el nuevo contrato de servicio público no requería que dicho organismo emitiera un dictamen relativo al informe sobre el servicio público.

(100) Por lo que se refiere a las alegaciones de SIC de que el informe BDO Binder para el ejercicio 1998 incluía unos 53 millones EUR de inmovilizado material, aunque no estaba inventariado, Portugal ha confirmado que se han realizado las inversiones correspondientes. El hecho de que en principio no se hiciera un inventario de dichos activos (aunque, con la excepción de 4 millones EUR, el valor de los mismos pudo posteriormente identificarse y realizarse un inventario retroactivo), no significa que no se hayan hecho inversiones. El auditor externo confirmó los balances y cifras y la transacción con terceros.

(101) En cuanto a la alegación de SIC de que, según el informe BDO Binder para el ejercicio 1998, se había superado el límite de tiempo publicitario, Portugal señaló que esto en modo alguno implicaría una reducción de la compensación financiera. El motivo es que los importes que recibió RTP por exceder el tiempo de publicidad estaban muy por debajo de la infrafinanciación de ese año. En cualquier caso, Portugal confirmó que los ingresos publicitarios totales (incluidos los ingresos procedentes de exceder los límites publicitarios) se tuvieron en cuenta al calcular la necesidad de financiación, es decir, la compensación por el desempeño de la obligación de servicio público.

(102) Portugal sostiene que el informe 8/2002 del Tribunal de Cuentas portugués no debe tenerse en cuenta en la presente Decisión puesto que la sentencia del Tribunal en el asunto T-442/03 solo encontró una deficiencia objetiva en la información contenida en los informes sobre el servicio público que no iban acompañados de una auditoría externa. Portugal hace hincapié en que el informe 8/2002 del Tribunal de Cuentas solo se refiere a los ejercicios 1997 a 2000 y no a la totalidad del período cubierto por la presente investigación. Los ejercicios 1993 a 1997 solo se abordaron en el informe de cara a una descripción general de la situación financiera de RTP y de sus necesidades de reestructuración, pero no constituyen el verdadero objeto del informe. El objetivo del informe es evaluar la gestión de RTP, la función del Estado como accionista y la prestación del servicio público de radiodifusión. Portugal afirma que el Tribunal de Cuentas se excedió en su mandato de auditar las finanzas públicas al entrar a analizar la eficacia y la rentabilidad del gasto público. En opinión de Portugal, la única relevancia del informe es que constituía una auditoría independiente sobre la empresa, confirmaba las cuentas de Portugal y no detectaba irregularidades. Portugal alega que la Comisión debe tener en cuenta en la presente Decisión el informe 20/98 del Tribunal de Cuentas y no el informe 8/2002, puesto que el primero cubre la situación económica y financiera de RTP durante el período desde 1994 a 1996. El informe 20/98 concluyó que los criterios utilizados para financiar el servicio público se definen con más claridad en el nuevo contrato de servicio público que en el antiguo, con lo que no está de acuerdo el informe 8/2002 posterior.

V. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS

(103) Con el fin de determinar si las medidas puntuales aplicadas por Portugal en favor de RTP constituyen ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado, la Comisión debe apreciar si dichas medidas: a) han sido otorgadas por el Estado miembro o mediante fondos estatales; b) pueden falsear la competencia; c) favorecen a determinadas empresas o la producción de ciertos bienes; d) afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

(104) A continuación, se examinará el carácter de ayuda estatal del préstamo de 1998, el acuerdo sobre la reprogramación de la deuda y la renuncia a intereses, y las aportaciones de capital entre 1994 y 1997. Asimismo, se evaluará la presencia de fondos estatales en las exenciones de los gastos notariales, de los gastos de registro y de los costes de publicación.

(105) Existen fondos estatales en la exención de los gastos notariales, de los gastos de registro y de los costes de publicación en la medida en que una pérdida de ingresos fiscales equivale al consumo de recursos estatales en forma de gastos fiscales (60).

(106) Por lo que se refiere a la reprogramación de la deuda con la Seguridad Social, así como a la renuncia al pago de intereses de demora, la Comisión considera que el organismo responsable de la Seguridad Social no puede considerarse como una empresa. No ejerce una actividad económica, sino que es un organismo público encargado de administrar el sistema de Seguridad Social (61). Por otro lado, la autorización para la reprogramación de la deuda no fue dada por la propia Seguridad Social, sino mediante un decreto conjunto de los Secretarios de Estado de Hacienda y Seguridad Social y del Secretario de Estado adjunto al viceministro. Con esta autorización, el Estado renunció a percibir ingresos, dado que en condiciones normales habría percibido 1 206 millones PTE por intereses sobre la deuda en curso. Por consiguiente, queda claro que están implicados fondos estatales y que la medida es imputable al Estado.

(107) Las ampliaciones de capital concedidas a RTP fueron aportadas por el Estado con cargo directamente a su presupuesto. Queda claro, por lo tanto, que esta financiación constituye fondos estatales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(108) La Comisión no puede aceptar el argumento de Portugal según el cual el préstamo a RTP no ha implicado recursos estatales. El concepto de fondos estatales incluye también las ventajas concedidas por los organismos designados o instituidos al efecto por un Estado miembro (62). El contrato de préstamo de 1998 se había celebrado entre RTP y el Fondo de Regularización de la Deuda Pública, fondo gestionado por el Instituto de Gestión de la Deuda Pública. Un acto jurídico determina que el Instituto está tutelado por el Ministerio de Hacienda (63). Se puede concluir, por lo tanto, que los fondos concedidos por el Fondo de Regularización de la Deuda Pública deben considerarse recursos estatales.

(109) Esa medida puede considerarse directamente imputable al Estado, puesto que las condiciones del contrato se definieron en una Resolución conjunta de 17 de diciembre de 1998 de los Secretarios de Estado de Medios de Comunicación, del Tesoro y de Hacienda.

(110) Exención de los gastos notariales, así como de los gastos de registro y costes de publicación: Por lo que se refiere a la exención de los gastos notariales y de los gastos de registro y costes de publicación debe evaluarse si la medida concedió una exención fiscal general que benefició a RTP o si se aplicó específicamente a RTP. En los considerandos siguientes, la Comisión distingue entre la exención temporal contemplada en el artículo 11, apartado 1, de la Ley no 21/92 y la exención permanente contemplada en el artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92.

(111) La Comisión considera que la exención de la necesidad de escritura pública y de los costes de registro y publicación otorgó una ventaja a RTP al dispensarla de gastos que, de otro modo, tendría que costear de su propio presupuesto.

(112) La ventaja es también materialmente selectiva al haberse concedido solo a RTP, como demuestra el artículo 11, apartado 1, de la Ley no 21/92. El hecho de que esa ley pueda reafirmar, como alega Portugal, la aplicación de una ley más general, en concreto, la Ley no 84/88, no altera esta conclusión. La Ley no 84/88 se refiere a empresas públicas y dispone que dichas empresas pueden transformarse en sociedades anónimas por decreto ley. No obstante, el hecho de que esa ley se refiera a «empresas públicas en general» no afecta a la selectividad material contenida en el artículo 11, apartado 1, de la Ley no 21/92 a favor de la empresa específica RTP. En cualquier caso, una exención solo para empresas públicas constituiría igualmente una medida de carácter selectivo para ese grupo de empresas (frente a las empresas privadas), del que RTP forma parte.

(113) Las medidas estatales, aun siendo materialmente selectivas, pueden no ajustarse al concepto de medida selectiva a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, si, en lugar de establecer una excepción a la aplicación normal del sistema, constituyen una parte inherente al mismo (64). Por consiguiente, es necesario examinar si la medida era compatible con la naturaleza y la lógica del sistema jurídico portugués para transformar la empresa pública RTP en una sociedad anónima por ley o si se optó por emplear la ley para transformar RTP con el fin otorgarle una ventaja en relación con otras empresas. Siguiendo el planteamiento del Tribunal de Primera Instancia en su sentencia, la Comisión en adelante hará una distinción entre la exención de los gastos notariales por una parte y de los gastos de registro y costes de publicación, por otra (65).

(114) Exención de la escritura pública y de los gastos notariales: La Comisión considera que la transformación de RTP en una sociedad anónima y la aprobación de sus estatutos por ley en lugar de mediante escritura pública se ajusta a la lógica y la naturaleza del sistema jurídico portugués. La transformación en sociedad anónima se hizo para dotar a RTP de una forma empresarial más flexible, poniéndola así en pie de igualdad con los operadores privados. El hecho de que esta transformación se hiciera por ley, y no mediante escritura pública, no fue un intento de eludir el requisito de escritura pública, sino que obedeció al principio general de la legislación portuguesa según el cual los actos legislativos solo pueden ser modificados por actos legislativos equivalentes.

(115) Según el principio de «equivalencia de los actos», una ley solo puede ser derogada, suspendida o modificada por un acto jurídico que sea del mismo rango jerárquico del acto constitutivo y no por un acto que tenga un rango inferior en la jerarquía legislativa. Este principio fue introducido en la Constitución portuguesa en 1982, es decir, mucho antes de que se produjera la transformación de RTP en 1992. El artículo 115, apartado 5, de la Constitución portuguesa en su forma vigente en el momento de la transformación de RTP disponía que ninguna ley debe: «crear otras formas de legislación o conferir a otros tipos de actos el poder de interpretar, integrar, modificar, suspender o derogar cualquiera de sus preceptos de manera que produzcan efectos a terceros». Puesto que RTP fue nacionalizada en 1975 mediante un acto legislativo, en concreto, el Decreto ley no D 674-D/75, su transformación en otra forma jurídica solo podía volver a realizarse por decreto ley, o mediante una ley que tuviera un rango equivalente o incluso superior al decreto ley. Tampoco hay ningún indicio de que la primera nacionalización de RTP en 1975 se realizara para eludir las normas aplicables a empresas regidas por el Derecho privado y creara un beneficio para la empresa.

(116) No hay pruebas que indiquen que todas las demás leyes vigentes antes de la transformación de RTP (véanse los considerandos 84 a 86 de la presente Decisión) tuvieran como finalidad crear una ventaja pecuniaria para las empresas públicas al evitar la escritura pública (y los gastos correspondientes) aplicables a las transacciones privadas. En particular, la Ley no 84/88 que permitía transformar empresas públicas en sociedades anónimas por decreto ley, reflejaba los principios constitucionales y jurídicos vigentes en aquel momento.

(117) Conclusión: Habida cuenta de estos aspectos, la dispensa del requisito de efectuar la transformación de RTP mediante escritura pública (incurriendo así en los correspondientes gastos) no constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1 del TFUE.

(118) Exención de los gastos de registro y costes de publicación: Es necesario evaluar si RTP disfrutó de un beneficio al no pagar los gastos relacionados con el registro de la empresa en el registro mercantil y la publicación de la escritura pública. De conformidad con la legislación portuguesa vigente en aquel momento, la escritura pública por la que se formaliza la constitución de una empresa de Derecho privado y sus estatutos tenían que ser publicados en el Diário da República por el registrador del Registro Mercantil para dar a conocer a terceros el contenido de dichos documentos. RTP no incurrió en estos costes de publicación puesto que la publicación obligatoria en el Diário da República de la Ley no 21/92 garantizaba que el acto de transformación de RTP y los contenidos de sus nuevos estatutos tuvieran la necesaria publicidad.

(119) No hay indicios de que Portugal optara por transformar RTP en una sociedad anónima mediante la Ley no 21/92 para conceder a RTP una ventaja consistente en el ahorro de los gastos de registro y de los costes de publicación. Por el contrario, volver a publicar los estatutos de RTP hubiera sido superfluo puesto que los requisitos de transparencia y publicidad ya se alcanzaban con la publicación de la Ley no 21/92 en el Diário da República. Aunque el registro se efectúa pensando en una publicación posterior y las dos medidas están relacionadas, cabe preguntarse si la exención de los gastos de registro también puede justificarse por la naturaleza y lógica del sistema jurídico portugués y la conversión obligatoria de RTP por vía legislativa. Portugal no contesta que el registro seguía siendo necesario en virtud del Código de Sociedades Mercantiles. Como declara Portugal: «RTP no estaba dispensada del registro, únicamente no era necesaria una escritura, pero el decreto ley constituía un documento suficiente a efectos de registro». Lo mismo se deriva del artículo 3, apartado 3, de la Ley no 84/88 (véase el considerando 25 de la presente Decisión). Además, Portugal hizo hincapié en que para que RTP registrara en el futuro todos los demás actos relativos a la empresa, el hecho de su creación (es decir, el resultado de la transformación de 1992 en sociedad anónima) tenía que estar registrado (66). Si aun con todo es necesario el registro, la Comisión no ve motivos por los que RTP no tendría que soportar los gastos correspondientes.

(120) Conclusión: Cabe concluir que la exención de RTP de la obligación de escritura pública (incluidos los gastos notariales), así como la exención de la obligación de publicación y de los correspondientes gastos de publicación en virtud del artículo 11, apartado 1, de la Ley no 21/92, no constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. La exención de los gastos de registro en virtud del artículo 11, apartado 1, de la Ley no 21/92, constituye ayuda estatal. No obstante, como se explicará en los considerandos 160 y 161 de la presente Decisión, estas exenciones, en cualquier caso, estarían justificadas como compensación legítima por los costes de la prestación de un servicio de interés económico general con arreglo al artículo 106, apartado 2, del TFUE.

(121) Portugal sostiene que el artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92 no concede realmente una exención permanente a RTP, sino que solo pretende cubrir la misma situación anterior en relación con la exención temporal, es decir, la transformación de RTP en una sociedad anónima en 1992. Portugal sostiene además que en diversas ocasiones RTP pagó gastos de notario y registro. No obstante, el tenor del artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92 cubre cualquier otro acto de inscripción, registro o anotación que, de conformidad con dicho artículo, puede realizarse gratuitamente durante un período de tiempo ilimitado.

(122) Una exención permanente así también otorga una ventaja a RTP al librarla de gastos que, de otro modo, tendría que costear de su propio presupuesto. El argumento de Portugal de que, a su saber, el artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92 nunca ha sido aplicado y de que RTP pagó todos los gastos necesarios, es una prueba relevante en una recuperación potencial de una ayuda estatal pero no cambia la conclusión sobre el tenor de la disposición.

(123) Esa ventaja es también selectiva, puesto que la Ley no 21/92 se refiere a RTP. Portugal no puede aducir que la Ley no 21/92 no es más que la aplicación de una norma general de la legislación portuguesa. En particular, no pueden aducirse los artículos 1 y 2 del Decreto ley no 404/90 para probar la inexistencia de selectividad puesto que el Decreto ley se refiere a actos de concentración y, por tanto, no abarca este asunto, que se refiere a la transformación de una empresa pública en una sociedad anónima (67).

(124) Contrariamente a una exención temporal de los gastos de registro, una exención permanente no puede justificarse por la equivalencia de los actos, doctrina que, debido al proceso de adopción legislativa, dispensó del requisito de escritura pública y de su publicación cuando RTP fue transformada en 1992. La compatibilidad con la naturaleza y la lógica del sistema jurídico portugués podría aceptarse para la exención temporal ya que en el caso concreto de la transformación de RTP en sociedad anónima, podría realizarse, como se demostró, por Decreto ley. No obstante, el amplio ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92 no impide que las exenciones de las obligaciones notariales (y sus costes) fueran posibles en otras situaciones que la transformación en 1992 de RTP en una sociedad anónima. Basta constatar que una exención permanente en favor de una empresa (de un grupo de empresas, como las sociedades anónimas) de diversos gastos de registro nunca puede formar parte de la naturaleza y lógica de un sistema jurídico (68). Conclusión: Cabe concluir que la exención permanente para RTP derivada del artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92 constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFEU.

(125) Acuerdo con la Seguridad Social (reprogramación de la deuda y renuncia a intereses): Después de haber examinado las observaciones de terceros y de Portugal, la Comisión concluye que el acuerdo inicial celebrado entre el organismo responsable del régimen de la Seguridad Social y RTP no puede considerarse el comportamiento típico de un operador privado. El litigio se refería a la cuestión de saber si la interpretación de determinadas normas de Seguridad Social, establecidas en el Decreto Legislativo no 12/83, era jurídicamente correcta. Este acuerdo confirmó la interpretación de RTP al respecto, corroborada por la opinión de un experto fiscal que llegó a la conclusión de que el Decreto Legislativo era anticonstitucional. No obstante, el Decreto Legislativo no fue derogado tras el acuerdo. Por consiguiente, debe concluirse que la medida se aplicó a RTP de manera selectiva, sin modificar la aplicación de la interpretación del régimen de la Seguridad Social a otras sociedades.

(126) La Comisión no puede aceptar la alegación de Portugal, según la cual la autorización de la reprogramación de la deuda y la renuncia a las multas e intereses correspondientes se había concedido en el marco de un sistema general aplicable a todas las empresas que se encontraban en una situación similar, sobre la base del Decreto ley no 411/91, y no confería, por lo tanto, una ventaja específica a RTP.

(127) Sin prejuzgar la naturaleza selectiva o general de este régimen, la presente Decisión tiene por objeto determinar si su aplicación a RTP fue selectiva.

(128) Con el fin de demostrar que la reprogramación resulta indispensable para garantizar la viabilidad de la sociedad, el Decreto ley no 411/91 exige la elaboración de un estudio económico y financiero. RTP no ha llegado a realizar este estudio económico y financiero de su viabilidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, del Decreto ley no 411/91.

(129) Además, la condición prevista en el artículo 2, apartado 1, letra d), del Decreto ley no 411/91 no era aplicable a RTP dado que la regularización de la deuda no fue consecuencia de una intervención del Estado. La Comisión no acepta la alegación de Portugal de que el historial de intervención estatal afectó al funcionamiento de la empresa deudora y de que RTP se regía por sus estatutos en el momento de la intervención estatal. Aunque RTP estuviese sujeta a un régimen de gestión específico en 1977 (69), este régimen había finalizado con la aprobación de los estatutos de RTP en 1980, mientras que la deuda con la Seguridad Social se acumuló de 1983 a 1989. La Comisión considera que la autorización de regularización de la deuda concedida a RTP no puede considerarse en el marco de un régimen general, en virtud del Decreto ley no 411/91, dado que RTP no cumplía los criterios establecidos en esa ley para la autorización de la regularización de deudas. Así pues, la medida se aplicó a RTP de manera selectiva.

(130) Al permitir la reprogramación de la deuda, Portugal habría debido actuar de la misma manera que un acreedor público o privado que pretende recuperar los importes que se le deben y que, a tal efecto, celebra acuerdos de reprogramación de la deuda para facilitar su pago (70). El tipo de los intereses de demora aplicado por el Estado debería ser igual al tipo que un acreedor privado aplicaría en circunstancias similares. La Comisión considera que un acreedor privado que intentara recuperar el importe de la deuda por la vía judicial obtendría al menos el tipo de interés legal. Esta es la razón por la que, al renunciar al pago de intereses a pesar de la existencia de mecanismos de ejecución, Portugal no actuó como habría actuado un acreedor privado con el fin de maximizar el tipo de interés. Además, la deuda a la Seguridad Social se acumuló desde 1983 a 1989, mientras que su reprogramación no se llevó a cabo hasta 1993. En estas condiciones, un acreedor privado no habría permitido tal acumulación de deudas atrasadas durante un período tan largo sin iniciar un procedimiento de recuperación. Por lo tanto, parece que la medida ofreció una ventaja específica a RTP.

(131) Ampliaciones de capital: Una vez examinadas las observaciones transmitidas por terceros y por Portugal, la Comisión concluye que las ampliaciones de capital concedidas desde 1994 a 1997 proporcionaron un beneficio financiero a RTP. Como puede observarse en el cuadro 3 del considerando 40, habida cuenta de la debilidad de la situación financiera de RTP en el momento en que se realizaron las ampliaciones de capital, ningún inversor privado habría aportado capitales a la sociedad, ya que esta no habría estado en condiciones de garantizar una rentabilidad normal de la inversión en un plazo razonable. De hecho, a pesar de las aportaciones de capital, la situación financiera de RTP se deterioró. Ni Portugal ni los terceros han alegado que Portugal había actuado como un inversor privado cuando aportó capital a la sociedad.

(132) Préstamo de 1998: La Comisión no puede aceptar la alegación de Portugal de que el préstamo concedido en 1998 se ajustaba a las condiciones de mercado. Para que el préstamo no constituya una ayuda estatal, las condiciones asociadas al mismo (en concreto, la garantía y el tipo de interés) deben reflejar el riesgo inherente a la concesión de un préstamo a una empresa (71). El riesgo y, por lo tanto, el tipo de interés son más elevados cuando una sociedad se encuentra en una situación económica y financiera con un grado de solidez inferior al que exigiría una entidad financiera para la concesión de un préstamo.

(133) Como puede observarse en el cuadro 3 del considerando 40, cuando se concedió el préstamo, RTP se encontraba en graves dificultades financieras ya que sus deudas superaban el valor de sus activos y su situación neta era negativa. Técnicamente, la empresa estaba en quiebra.

(134) En primer lugar, hay que destacar que se trataba de un préstamo «subordinado», es decir, que no estaba garantizado por activos y que, en caso de quiebra de la sociedad, a efectos de reembolso el Estado portugués se habría situado por detrás de todos los acreedores y por delante de los accionistas. La ausencia de una garantía adecuada basada en activos indica claramente que este préstamo no se concedió en condiciones de mercado y que existía ayuda estatal. Teniendo en cuenta que, en el momento en que se concedió el préstamo, RTP se encontraba en situación de quiebra técnica, ninguna entidad financiera le habría concedido un préstamo «subordinado» dadas las escasas posibilidades que tenía RTP de reembolsarlo. De hecho, el préstamo no fue concedido por una entidad financiera privada, sino por el Fondo de Regularización de la Deuda Pública.

(135) En segundo lugar, se puede alegar que el tipo de interés aplicado al préstamo no refleja claramente el riesgo inherente al mismo. No solo es inferior al tipo de referencia habitualmente utilizado por la Comisión para calcular el elemento de ayuda estatal en los regímenes de bonificación de intereses (72), sino que un operador de mercado normal exigiría, igualmente, además de garantías seguras, un tipo de interés que compensase ese riesgo elevado de no reembolso.

(136) Dado que la situación financiera de RTP era tal que esta no habría estado en condiciones de obtener un préstamo subordinado en condiciones normales, el préstamo equivale efectivamente al pago de una subvención y constituye una ventaja para RTP.

(137) Teniendo en cuenta lo que antecede, la Comisión considera que la reprogramación de la deuda con la Seguridad Social, las aportaciones de capital de 1994-1997 y el préstamo concedido en 1998 confirieron a la sociedad un beneficio económico y financiero con relación a los competidores que no recibieron los mismos fondos.

(138) El mercado televisivo portugués se abrió a la competencia como muy tarde en 1992, de modo que había competidores en el mercado en el período en que RTP se benefició de las distintas medidas. En febrero de 1992, se concedieron licencias de radiodifusión a los operadores privados de televisión SIC y TVI, y en octubre de 1992 SIC comenzó a emitir en Portugal.

(139) La Comisión no acepta la alegación de Portugal de que el acuerdo sobre la deuda con la Seguridad Social no entraría en el concepto de ayuda estatal, dado que la propia deuda se generó antes de la apertura a la competencia del mercado portugués de la radiodifusión. La ventaja financiera se concedió a RTP en mayo de 1993, tras la apertura a la competencia del mercado de la radiodifusión, pudiendo, por lo tanto, haber conferido una ventaja económica a RTP.

(140) Teniendo en cuenta lo expuesto, debe concluirse que las medidas concedidas por Portugal pudieron conferir una ventaja económica y financiera a RTP con relación a sus competidores que no recibieron los mismos fondos y, de este modo, falsear la competencia a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(141) Las ayudas estatales entran en el ámbito del artículo 107, apartado 1, del TFUE en la medida que afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Es el caso cuando las actividades en cuestión son objeto de intercambios entre Estados miembros. En el presente asunto, la propia sociedad beneficiaria, RTP, opera en el mercado internacional. En efecto, a través de la UER (Unión Europea de Radio y Televisión), intercambia programas de televisión y participa en el sistema de Eurovisión (73). Además, RTP compite directamente con operadores comerciales de radiodifusión que operan en el mercado internacional y cuya estructura de propiedad es internacional (74).

(142) Puede concluirse, por lo tanto, que las ayudas concedidas a RTP por Portugal tuvieron una incidencia sobre los intercambios comerciales entre Estados miembros en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(143) Teniendo en cuenta lo expuesto, hay que concluir que, dejando de lado las posibles obligaciones de servicio público impuestas a RTP, existe ayuda estatal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, en las medidas siguientes: — la reprogramación de la deuda con la Seguridad Social, — las aportaciones de capital desde 1994 a 1997, y — el préstamo concedido en 1998. Igualmente, la exención temporal de los gastos de registro con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la Ley no 21/92, y la exención permanente los gastos de registro y otros gastos con arreglo al 11, apartado 2, de la Ley no 21/92 constituyen ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFEU.

(144) No obstante, como se ha expuesto en los considerandos 44 a 48 de la presente Decisión, RTP tiene encomendada una obligación de servicio público de radiodifusión. En el asunto Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, y Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht («la sentencia Altmark»), el Tribunal de Justicia declaró que las medidas estatales que compensan el coste del servicio público no constituyen ayudas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE (ahora artículo 107, apartado 1, del TFUE), cuando se cumplen simultáneamente las cuatro condiciones siguientes (75): a) la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y estas deben estar claramente definidas; b) los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente; c) la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable relativo a la ejecución de estas obligaciones; d) cuando la empresa no haya sido elegida en el marco de un procedimiento de contratación pública, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada, habría soportado para ejecutar estas obligaciones.

(145) Dejando al margen la primera y la tercera condiciones, las medidas puntuales (véase el considerando 143 de la presente Decisión) no parecen cumplir la segunda y la cuarta de las condiciones de la sentencia Altmark por las razones siguientes:

(146) Queda claro que la financiación concedida a través del acuerdo con el organismo responsable de la Seguridad Social y el préstamo de 1998 no formaban parte de un sistema de compensación con parámetros establecidos previamente de manera objetiva y transparente (segunda condición). Por el contrario, se basaban en decisiones puntuales imputables al Estado.

(147) Además, como se expone en el considerando 61 de la presente Decisión, el contrato de servicio público preveía una posibilidad específica de financiación de inversiones en equipamientos para las actividades de servicio público por medio de aportaciones de capital. Los contratos de servicio público no limitan las inversiones de los servicios públicos ni definen claramente las condiciones y los límites de la participación del Estado; simplemente prevén la posibilidad de que el Estado participe en las inversiones de RTP como accionista. Esta es la razón por la que la Comisión estima que no puede considerarse tampoco que las aportaciones de capital forman parte de un sistema de compensaciones cuyos parámetros se habrían establecido previamente de manera objetiva y transparente.

(148) Es evidente que RTP no fue seleccionada por medio de un concurso público que garantizase el mínimo coste posible. Nada indica que el importe de los pagos puntuales fuese determinado sobre la base de un análisis de los costes soportados por una empresa media (cuarta condición).

(149) Teniendo en cuenta lo expuesto, es evidente que, en el presente asunto, no se cumplen todas las condiciones contempladas en la sentencia Altmark. Por consiguiente, las medidas a que hace referencia el considerando 143 de la presente Decisión deben considerarse ayudas estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFEU.

(150) El Tribunal de Justicia siempre ha considerado que el artículo 106 del TFUE puede permitir exenciones de la prohibición de ayudas estatales a empresas encargadas de la prestación de servicios de interés económico general (SIEG). La sentencia Altmark confirmó implícitamente que las ayudas estatales que compensan los costes soportados por una empresa para la prestación de un SIEG pueden considerarse compatibles con el mercado interior si respetan las condiciones enunciadas en el artículo 106, apartado 2, del TFUE (antes artículo 86, apartado 2, del Tratado CE, y anteriormente referido como «mercado común») (76).

(151) El Tribunal de Justicia precisó que para que una medida pueda beneficiarse de esa exención, es necesario que se cumplan acumulativamente los principios de definición, misión y proporcionalidad. La Comisión considera que, cuando se cumplen estos principios, el desarrollo de los intercambios comerciales no se ve afectado en una medida contraria a los intereses de la Unión.

(152) La forma en que estos principios se aplican al sector de la radiodifusión se explica en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (la Comunicación de radiodifusión) (77). Según la Comunicación de radiodifusión, la Comisión debe apreciar si (78): a) las actividades de RTP constituyen obligaciones de servicio público claramente definidas como tales por el Estado miembro (definición); b) las autoridades portuguesas encargaron oficialmente a RTP la prestación de dicho servicio (misión); c) la financiación es proporcional al coste neto de la prestación del servicio público.

(153) Como establecen el Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros [el Protocolo de Ámsterdam (79)] y la Comunicación de radiodifusión (80), la definición de la misión de servicio público de la empresa de radiodifusión incumbe a los Estados miembros. En el sector de la radiodifusión, la función de la Comisión se limita a comprobar si la definición de servicio público no implica error manifiesto. Dicho error constituiría un abuso de la definición de servicio público.

(154) Dada la naturaleza específica del sector de radiodifusión, la Comisión considera legítima, teniendo en cuenta las disposiciones interpretativas del Protocolo, una definición que confiera a un organismo de radiodifusión determinado la función de ofrecer una programación equilibrada y variada (81). Esta definición se ajustaría al objetivo de dar respuesta a las necesidades democráticas, sociales y culturales de una sociedad determinada.

(155) Como se expone en los considerandos 44 a 48 de la presente Decisión, RTP está obligada, en virtud de la Ley no 21/92 y de los contratos de servicio público, a prestar un servicio público general de televisión que implica la difusión de dos canales de carácter general. El primer canal debe ofrecer una programación más general, mientras que el segundo se orienta a públicos más específicos. Por otro lado, como se indica en los considerandos 44 y 45 de la presente Decisión, la Ley no 21/92 y los contratos de servicio público establecen de manera más pormenorizada las obligaciones impuestas a RTP relativas al contenido de los programas, a la cooperación internacional y a algunas otras obligaciones específicas.

(156) Aunque la definición del servicio público de radiodifusión de RTP sea amplia y cualitativa, la Comisión considera que, de conformidad con las disposiciones interpretativas del Protocolo de Ámsterdam, esta definición «amplia» es legítima (82). Por ello, la Comisión considera legítima la definición general del servicio público de RTP de ofrecer dos canales de televisión con cobertura nacional, uno de carácter más general y otro más centrado en audiencias específicas. Puede considerarse que esta definición satisface las necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad portuguesa.

(157) La Comisión considera igualmente legítimas las obligaciones que determinan de manera pormenorizada la forma en que RTP debe cumplir su obligación general de servicio público de radiodifusión. También puede considerarse que estas obligaciones, como exige el Protocolo de Ámsterdam, responden a las necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad portuguesa.

(158) Aunque la Comisión considere legítima la misión de servicio público conferida a RTP, debe sin embargo comprobar si la definición contiene errores manifiestos. La Comisión evaluará si las exenciones temporal y permanente de los gastos notariales, los gastos de registro y los costes de publicación pueden considerarse una compensación por los costes de servicio público y además analizará si la obligación de RTP de apoyar al cine puede considerarse parte de la misión de servicio público de RTP.

(159) La Comisión evaluará en primer lugar si la exención temporal de la obligación de escritura pública (y sus costes), de los gastos de registro y de los costes de publicación durante la transformación de 1992 en sociedad anónima de conformidad con el artículo 11, apartado 1, de la Ley no 21/92, así como la exención permanente de diversos gastos de conformidad con el artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92 pueden ser consideradas una compensación por los costes ocasionados por la prestación del servicio público.

(160) Exenciones temporales: En primer lugar, es necesario examinar si los costes implicados en la transformación de RTP en una sociedad anónima en 1992 (es decir, los costes adeudados normalmente por una escritura pública, su registro y publicación) pueden compensarse legítimamente como costes del servicio público. Como se ha indicado, la compensación reviste la forma de exención en virtud del artículo 11, apartado 1, de la Ley no 21/92.

(161) En el momento de su transformación, RTP solo desarrollaba actividades de servicio público (véase el considerando 18 de la presente Decisión), mientras que las actividades comerciales las realizaban filiales jurídicamente distintas. Por consiguiente, los costes relativos a la transformación del operador de servicio público automáticamente constituían costes de servicio público que el Estado podía compensar legítimamente. No es necesario considerar si la reorganización de RTP era jurídicamente obligatoria o necesaria (83). La evaluación en virtud del artículo 106, apartado 2, del TFUE y de la Comunicación de radiodifusión exige que la compensación no supere los costes netos del servicio público, pero no es necesario evaluar si esos costes, siempre y cuando se limiten a la prestación de servicio público, podrían haberse evitado (84). En consonancia con el Protocolo de Ámsterdam y la Comunicación de radiodifusión, los Estados miembros, en principio, son libres de decidir la organización de su radiodifusor de servicio público, lo que no solo se aplica a la organización del radiodifusor de qué contenido se distribuirá sino también con qué forma jurídica realizará sus operaciones el proveedor del servicio. La función de la Comisión se limita a controlar si el Estado miembro ha hecho uso de esta libertad de forma abusiva. En el presente asunto, no hay indicios de que la transformación se realizara con el único fin de conceder una ventaja a RTP. No hay motivos para cuestionar el razonamiento de Portugal de que la transformación de 1992 se llevó a cabo para dar a RTP más flexibilidad en sus operaciones en lugar de ser un organismo estatal con engorrosos procedimientos estatales de control. Cabe por tanto concluir que la exención de los gastos de registro (es decir, gastos notariales, gastos de registro y costes de publicación) en el momento de la transformación de RTP constituye una compensación legítima por la prestación del servicio público de radiodifusión.

(162) Exención permanente: Sin embargo, el razonamiento anterior (expuesto en el considerando 161 de la presente Decisión) no puede aplicarse a la exención permanente contemplada en el artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92, que no tiene limitación temporal y, por tanto, está abierta a cubrir también registros e inscripciones de actividades de RTP ajenas a su misión de servicio público (es decir, cuando RTP asumiera actividades comerciales ella misma en lugar de a través de sus filiales jurídicamente distintas). Habida cuenta del amplio ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92, tanto temporal (es decir, ilimitado) como sustancial (no está limitado a las actividades de servicio público), no es posible una justificación de cualquier posible exención futura de los gastos de registro como coste de servicio público. Por consiguiente, cabe concluir que la exención de los gastos de conformidad con el artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92 no es compatible con el mercado interior.

(163) Aunque Portugal adujo que el artículo 11, apartado 2, de la Ley no 21/92 nunca ha sido aplicado y que RTP siempre pagó todos los gastos de registro necesarios tras la transformación de 1992, ese argumento podría resultar válido en caso de recuperación, pero no cambia el hecho de que la disposición, como tal, concede ayuda estatal a RTP que no está justificada por el artículo 106, apartado 2, del TFUE o por cualquier otra disposición de dicho Tratado.

(164) Habida cuenta del considerando 45 de la Directiva «Televisión sin fronteras», la Comisión puede aceptar, en la medida en que los derechos cinematográficos resultantes posibiliten su difusión en la televisión de servicio público, que la definición de servicio público de las empresas de radiodifusión de servicio público incluya la obligación de contribuir de manera importante a la inversión en la producción audiovisual europea (85).

(165) La Comisión considera que la obligación impuesta a RTP de apoyar al cine se inscribe en el marco del servicio público de radiodifusión, dado que RTP procede posteriormente a la difusión en la televisión de servicio público de las películas cuyos derechos de distribución ha adquirido.

(166) Esta es la razón por la que la Comisión no puede admitir las observaciones presentadas por los interesados según las cuales las obligaciones de RTP en lo relativo al cine y a su financiación son discriminatorias. Los interesados alegaron que las empresas privadas de radiodifusión celebraron también protocolos de apoyo al cine con las autoridades portuguesas, con respecto a los cuales no se prevé ninguna indemnización compensatoria. La Comisión considera, sin embargo, que es preciso distinguir entre los acuerdos voluntarios de apoyo al cine celebrados entre el Estado y los operadores privados de radiodifusión y la obligación de servicio público de radiodifusión impuesta a RTP de emitir producciones cinematográficas y financiarlas. Queda claro que se confió explícitamente a RTP una misión de servicio público de apoyo a determinadas produccio