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Finlandia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. El Programa de Estabilidad de 2015 presentado por el Gobierno saliente, que se basa en una hipótesis de mantenimiento de la política económica y abarca el período 2014-2019, prevé que el déficit global, que aumentó al 3,2 % del PIB en 2014 y por tanto supera el valor de referencia del 3 % del PIB, empeore hasta el 3,4 % del PIB en 2015 y disminuya gradualmente al 3,1 % del PIB en 2017 y al 2,5 % del PIB en 2019. Con arreglo al Programa de Estabilidad de 2015, se prevé que la ratio de deuda pública sobre el PIB aumente en el período de previsión del Programa, hasta alcanzar un 67,8 % en 2019. No se alcanza en todo el período del programa el objetivo a medio plazo, que consiste en un déficit estructural del 0,5 % del PIB. El supuesto macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Según las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, el déficit público global de Finlandia se situaría en el 3,3 % del PIB en 2015 y en el 3,2 % del PIB en 2016, mientras que la ratio deuda/PIB aumentaría al 64,4 % del PIB en 2016. El 13 de mayo de 2015, la Comisión publicó un informe, con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado, en el que concluye que no se considera que se cumplan los criterios de déficit y deuda. Sin embargo, el 27 de mayo el Gobierno entrante publicó su Programa Estratégico, que incluía una serie de medidas de saneamiento. Según una evaluación efectuada por la Comisión, de aplicarse íntegramente, estas medidas reducirían el déficit global muy por debajo del 3 % del PIB en 2016. Tras experimentar un deterioro en 2014, asistimos a una nueva desviación respecto del esfuerzo estructural requerido en el marco del componente preventivo en 2015. Se espera alcanzar el valor de referencia para el gasto con un amplio margen en 2015. Se correría por tanto, el riesgo de que se produzca una desviación importante del ajuste requerido para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo durante el período 2014-2015, que habrá de evaluarse a posteriori. En 2016, a la vista de las medidas anunciadas por el Gobierno entrante, puede producirse cierta desviación. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para lograr los ajustes estructurales requeridos. Partiendo de la evaluación de su Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, así como una evaluación de las medidas de saneamiento presentadas por el Gobierno entrante el 27 de mayo, el Consejo considera que existe el riesgo de que Finlandia no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Aunque Finlandia ha avanzado en la aplicación de reformas administrativas, la eficiencia del sector público finlandés podría mejorarse, sobre todo en los ámbitos que en el futuro tendrán que hacer frente a la presión de los costes derivados del envejecimiento. La reforma del sistema de pensiones aún no se ha adoptado, pese a que los interlocutores sociales llegaron a un acuerdo en otoño de 2014 sobre su contenido. Es esencial aumentar la participación de los trabajadores de más edad en el mercado laboral, habida cuenta de la brecha de la sostenibilidad presupuestaria y del aumento previsto de la edad legal de jubilación. La salida anticipada del mercado laboral se debe principalmente a discapacidades o a la ampliación de las prestaciones por desempleo para los trabajadores de más edad. El proyecto de ley del Gobierno sobre la reforma de los servicios sociales y sanitarios se presentó al Parlamento en diciembre de 2014, pero no se encontró una solución para equilibrar el modelo administrativo de grandes consorcios municipales con la autonomía de los municipios únicos que garantiza la Constitución antes de las elecciones parlamentarias de abril de 2015, y por tanto el proyecto de ley expiró. Los municipios finlandeses son relativamente pequeños, pero llevan a cabo tareas muy amplias en comparación con los de otros países europeos. La reforma de las estructuras municipales avanza con cierto retraso y los municipios están realizando estudios sobre los beneficios de las fusiones. De acuerdo con el Programa Nacional de Reformas de 2015, puede presentarse una nueva propuesta legislativa al Parlamento antes de finales de 2016.