Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (94/C 72/03)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1. INTRODUCCIÓN

1.1. En los años setenta y a principios de los años ochenta, la política comunitaria sobre medio ambiente se centraba en la elaboración y aplicación de normas relativas a los principales elementos medioambientales. La Comunicación de la Comisión, de 6 de noviembre de 1974, sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (1), refleja este enfoque. En efecto, estas directrices, prorrogadas con algunas modificaciones en 1980 (2) y en 1986 (3), establecían que, en principio, pueden autorizarse ayudas para que las empresas realicen las inversiones necesarias con el fin de cumplir algunas de las normas mínimas obligatorias. El recurso a las ayudas estatales se consideraba una etapa transitoria, destinada a facilitar la introducción progresiva del principio de «quien contamina paga», por el que los agentes económicos deben sufragar el coste total de las medidas necesarias para reducir la contaminación que generan sus actividades (4).

1.2. El Acta Única Europea introdujo en el Tratado CE una nueva sección sobre medio ambiente, que confiere explícitamente a la Comunidad competencias en este ámbito (5). Las nuevas disposiciones, que confirman el principio de «quien contamina paga», establecen, además que las exigencias de la protección del medio ambiente se integrarán en la definición y aplicación de las demás políticas comunitarias, reafirmándose la necesidad de una acción preventiva. El V programa comunitario en materia de medio ambiente (6) reitera la necesidad de integración, insistiendo en el concepto de «desarrollo sostenible». Asimismo, reconoce que el enfoque tradicional, que se basa casi exclusivamente en la regulación y en el establecimiento de normas, no ha sido totalmente satisfactorio, defendiéndose una ampliación de la gama de medios de acción. En efecto, si se utilizan determinados instrumentos (normas vinculantes, acciones voluntarias y medidas económicas), o se combinan entre sí, puede ser mejor para alcanzar los objetivos medioambientales en el contexto jurídico, técnico y socioeconómico de que se trata. Las subvenciones, en su calidad de incentivos financieros positivos, así como los impuestos y las exacciones, que constituyen medidas de disuasión, son algunos de los medios a los que se podría recurrir. Por otra parte, la exigencia de integración requiere que se tengan debidamente en cuenta los objetivos de cohesión económica y social en la Comunidad, la necesidad de mantener la integridad del mercado único y los compromisos internacionales.

1.3. La aplicación de las normas del Tratado CE sobre ayudas estatales debe tener en cuenta la función de los instrumentos económicos en la política medioambiental. Para ello, deberá tenerse en cuenta una mayor gama de intervenciones financieras en este ámbito. La política de control de las ayudas y la política medioambiental deben complementarse para aplicar estrictamente el principio de «quien contamina paga».

1.4. Las subvenciones pueden considerarse la segunda mejor alternativa en aquellas situaciones en las que no se aplique plenamente el principio de «quien contamina paga», para lo que la empresa debe integrar en sus costes de producción todos los costes ambientales. Ahora bien, la concesión de estas ayudas puede falsear la competencia y crear obstáculos a los intercambios, especialmente en los sectores más contaminantes de la agricultura y de la industria, y poner en peligro la consecución del mercado único. Las empresas de todos los Estados miembros deben invertir para que sus instalaciones, sus equipos y procesos de producción cumplan las obligaciones de protección del medio ambiente. Los costes ecológicos externos seguirán «integrándose» paulatinamente en el precio de sus productos. Las ayudas estatales pueden favorecer a algunas empresas frente a sus competidoras de otros Estados miembros que, aunque están sujetas a las misma obligaciones medioambientales, no perciben estas ayudas.

1.5. A continuación se recoge una relación de las principales ayudas estatales en favor del medio ambiente notificadas en los últimos años. Los distintos tipos de ayudas se clasifican en las tres categorías principales: ayudas a la inversión, medidas horizontales de apoyo y ayudas de funcionamiento.

1.5.1. Incentivos para la inversión, asociados, en su caso, a medidas reglamentarias o basadas en acuerdos

En muchos ámbitos relacionados con el medio ambiente, la legislación establece normas técnicas que las empresas deben respetar. Estas normas obligatorias tienen su origen en la incorporación al ordenamiento nacional de un convenio internacional o de una norma comunitaria, o se establecen en función de objetivos nacionales, regionales o locales. La característica común es siempre la existencia de una obligación jurídica.

Para conseguir o restablecer un grado de protección del medio ambiente satisfactorio, especialmente en zonas de alta concentración industrial, es preciso alcanzar paulatinamente un mayor grado de protección y estimular a las empresas para que realicen un esfuerzo que vaya más allá de sus obligaciones legales.

El objectivo final de estos incentivos para la inversión es facilitar la mejora gradual de la calidad del medio ambiente. Las ayudas a la inversión suelen entrar en una de las categorías siguientes:

- ayudas concedidas a empresas con arreglo a programas para facilitar la adaptación de sus instalaciones a las nuevas normas o para que puedan cumplirlas con mayor rapidez (ayudas temporales para acelerar el proceso de aplicación de nuevas normas);

- ayudas destinadas a apoyar los esfuerzos para superar de modo significativo el alcance de las normas obligatorias, mediante inversiones para reducir las emisiones de tal forma que éstas alcancen un nivel considerablemente inferior al impuesto por las normas vigentes;

- ayudas que, a falta de normas obligatorias, se basan en acuerdos suscritos con empresas que adoptan medidas importantes para luchar contra la contaminación sin que exista, o antes de que exista, una obligación jurídica;

- ayudas a la inversión en ámbitos en los que la actuación medioambiental es prioritaria pero beneficia principalmente a la colectividad y no al inversor, por lo que las medidas se adoptan de forma colectiva. Así sucede, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de residuos y del reciclado;

- ayudas para subsanar daños ambientales anteriores, en aquellos casos en que las empresas no están sujetas a obligaciones legales.

1.5.2. Ayudas para medidas horizontales de apoyo

El objeto de las medidas horizontales de apoyo es facilitar la búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales y la difusión de las mismas para que se apliquen de forma más generalizada. Se trata de una gama completa de actividades en los siguientes ámbitos:

- investigación y desarrollo de tecnologías menos contaminantes;

- información técnica, servicios de asesoramiento y formación de personal sobre nuevas tecnologías y prácticas medioambientales;

- auditorías medioambientales en las empresas;

- información y sensibilización del público sobre los problemas del medio ambiente y promoción de las etiquetas ecológicas de calidad y de las ventajas de estos productos.

1.5.3. Ayudas de funcionamiento en forma de subvenciones, desgravaciones de impuestos y exacciones medioambientales y ayudas a los consumidores de productos no contaminantes

Pese a los avances realizados en la reducción de la contaminación en el ámbito de las tecnologías menos contaminantes, siguen existiendo muchas actividades que perjudican al medio ambiente, sin que este hecho tenga incidencia en los costes y precios. A la inversa, las ventajas medioambientales de los productos y equipos menos contaminantes no suelen llevar consigo precios más bajos para el consumidor. Se observa claramente en los Estados miembros la tendencia a integrar algunos de estos costes y beneficios externos mediante impuestos o exacciones sobre servicios medioambientales, por una parte, y mediante subvenciones, por otra.

La introducción de impuestos o exacciones medioambientales puede dar lugar a ayudas estatales, ya que algunas empresas no pueden soportar la carga financiera adicional y solicitan una desgravación temporal. Esta desgravación constituye una ayuda de funcionamiento que puede adoptar las siguientes formas:

- desgravación de los impuestos medioambientales implantados en algunos Estados miembros, para evitar que sus empresas queden en desventaja con respecto a sus competidores de países en que no existen tributos análogos;

- subvenciones para la cobertura, total o parcial, de los costes de funcionamiento de las instalaciones de eliminación o reciclado de residuos, de depuración de aguas, etc., que pueden correr a cargo de organismos cuasipúblicos que cobran a los usuarios por el servicio prestado.

Estos servicios medioambientales de pago se ajustan al principio de «quien contamina paga». Con todo, quizás sea preciso aplazar el pago íntegro por los usuarios o conceder subvenciones cruzadas, especialmente durante el período transitorio entre los procedimientos tradicionales de eliminación y las nuevas técnicas de reciclado. El Estado podrá cubrir parte de estos costes de inversión.

Entre las subvenciones destinadas a reflejar los aspectos positivos para el medio ambiente de determinadas tecnologías figuran:

- ayudas o subvenciones cruzadas para cubrir los costes adicionales de producción de energías renovables;

- ayudas cuyo efecto sea animar a los consumidores y a las empresas a comprar productos no contaminantes (7) en lugar de productos clásicos más baratos.

1.6. El objeto de las presentes directrices es establecer un equilibrio entre las exigencias de las políticas de competencia y de medio ambiente, habida cuenta de la amplia aplicación de ayudas estatales en esta última. Normalmente, estas ayudas sólo se justifican si los efectos adversos para la competencia quedan compensados por los beneficios para el medio ambiente. Estas directrices deben garantizar transparencia y coherencia en la aplicación por la Comisión de las disposiciones del Tratado en materia de ayudas estatales a la amplia gama de instrumentos mencionados (normas vinculantes, impuestos y subvenciones, medidas de formación e información) que utilizan los Estados miembros en materia medioambiental. El capítulo siguiente especifica los criterios que aplicará la Comisión para determinar si las distintas ayudas estatales para protección del medio ambiente son compatibles con el artículo 92 del Tratado CE. No se pretende animar a los Estados miembros a conceder ayudas, sino informarles sobre los tipos y niveles de ayuda aceptables.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES

2.1. Las presentes directrices se aplicarán a las ayudas concedidas en todos los sectores regulados por el Tratado CE, incluidos los sujetos a normas comunitarias específicas en materia de ayudas estatales (transformación del acero, construcción naval, sector del automóvil, fibras sintéticas, transporte, agricultura y pesca), siempre que en ellas no se disponga lo contrario. Estas directrices no se aplicarán, en el sector agrario (8), al ámbito cubierto por el Reglamento (CEE) n° 2078/92 del Consejo (9).

2.2. Las directrices indican los criterios aplicados por la Comisión en la evaluación, con arreglo al artículo 92, de las ayudas estatales que persigan los siguientes fines medioambientales:

- inversiones;

- actividades en materia de información, servicios de formación y asesoramiento;

- subvenciones temporales para determinados costes de funcionamiento;

- compra o utilización de productos no contaminantes.

Estas directrices se harán extensivas a todas las formas de ayuda (10).

2.3. Las ayudas estatales para ahorro de energía quedarán cubiertas por estas directrices, siempre que su objeto y su resultado sea conseguir beneficios significativos para el medio ambiente y se demuestre su necesidad, teniendo en cuenta los ahorros de costes logrados por el inversor. Estas directrices también se aplicarán a las ayudas para energías renovables, cuyo desarrollo es absolutamente prioritario para la Comunidad (11), siempre que se trate de ayudas a la inversión. Ahora bien, podrán autorizarse niveles de ayuda superiores a los dispuestos en el punto 3.2 en algunos casos determinados. Las ayudas de funcionamiento para producción de energías renovables se evaluarán en función de cada caso.

2.4. Las ayudas estatales para I+D en el ámbito del medio ambiente están sujetas a las normas enunciadas en las directrices comunitarias correspondientes (12).

3. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN MATERIA DE AYUDAS ESTATALES

3.1. Evaluación de las ayudas para protección del medio ambiente en virtud de lo dispuesto en el artículo 92 del Tratado CE

Salvo excepciones, el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE prohíbe las ayudas financieras públicas que, al favorecer a determinadas empresas o producciones, falseen o puedan falsear la competencia y afecten a los intercambios entre Estados miembros. Las ayudas estatales en favor del medio ambiente suelen cumplir los requisitos del apartado 1 del artículo 92: confieren una ventaja a determinadas empresas, a diferencia de las medidas generales que benefician a todas las empresas, y pueden afectar a los intercambios intracomunitarios.

No obstante, si las ayudas cumplen los requisitos expuestos a continuación, la Comisión considerará que pueden acogerse a una de las exenciones previstas en el artículo 92 del Tratado CE. Naturalmente, la exención estará supeditada al cumplimiento de las demás disposiciones del Derecho comunitario y, especialmente, de las que regulan el mercado único.

3.2. Ayudas a la inversión

3.2.1. Con los límites que establecen las presentes directrices, podrán autorizarse las ayudas a la inversión en terrenos (cuando sean estrictamente necesarias para cumplir objetivos ambientales), edificios, instalaciones y bienes de equipos cuyo fin sea reducir o eliminar la contaminación y otros efectos nocivos para proteger el medio ambiente, o adaptar los métodos de producción o los productos a este mismo objetivo. Los costes subvencionables deberán limitarse estrictamente al coste financiero adicional necesario para alcanzar los objetivos medioambientales. Deberán excluirse los gastos generales de inversión que no estén relacionados con la protección del medio ambiente. Por tanto, si se crean nuevas instalaciones o se sustituyen unas por otras, no será subvencionable el coste de la inversión inicial para crear o sustituir la capacidad productiva, mas que si hay una mejora de los resultados medioambientales. Asimismo, si la inversión en instalaciones existentes aumenta la capacidad de producción al tiempo que permite mejorar los resultados en materia ambiental, los costes subvencionables deberán ser proporcionales a la capacidad de producción inicial (13). En cualquier caso, las ayudas con fines aparentes de protección del medio ambiente, pero que en realidad sean ayudas generales a la inversión, no quedarán cubiertas por estas directrices. Tal es el caso, por ejemplo, de las ayudas para desplazar instalaciones dentro de una misma zona, a las que no se aplicarán las directrices, ya que algunos casos han demostrado que pueden entrar en conflicto con la política de competencia y de cohesión. Por consiguiente, seguirá analizándose cada caso concreto hasta que se adquiera suficiente experiencia y puedan elaborarse normas más generales.

3.2.2. Las normas generales sobre ayudas a la inversión también se aplicarán a las ayudas a las inversiones destinadas a subsanar los daños ambientales mediante el saneamiento de los emplazamientos contaminados. En caso de que no sea posible identificar al responsable o atribuirle la responsabilidad económica de la contaminación, no se aplicará lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE a las ayudas de rehabilitación de estos emplazamientos, ya que no confieren un beneficio financiero gratuito a determinadas empresas o industrias. Estas ayudas se evaluarán sobre la base de los elementos particulares del caso.

3.2.3. Por regla general, las ayudas a la inversión para fines ambientales podrán admitirse dentro de los límites indicados a continuación (14). Estas disposiciones se aplicarán tanto a las inversiones de empresas particulares como a las inversiones en instalaciones colectivas.

A. Ayudas para la adaptación a nuevas normas obligatorias

Las ayudas en favor de inversiones destinadas a cumplir nuevas normas obligatorias u otras obligaciones legales y que supongan la adaptación de las instalaciones y bienes de equipo a las nuevas exigencias sólo se autorizarán hasta un nivel máximo del 15 % bruto (15) de los costes subvencionables. Estas ayudas sólo podrán concederse por un período limitado a las instalaciones que funcionaran desde al menos dos años antes de la entrada en vigor de las nuevas normas u obligaciones.

Si las inversiones de adaptación son realizadas por PYME (16), se admitirá un suplemento del 10 % bruto. Si las inversiones se realizan en zonas asistidas (17), podrán admitirse ayudas dentro de los límites vigentes de la ayuda regional autorizada por la Comisión para dichas zonas, incrementadas, en el caso de las PYME, en un 10 % bruto en las regiones contempladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 y un 15 % bruto en las regiones a que se refiere la letra a) del apartado 3 del artículo 92 (18).

De conformidad con el principio de «quien contamina paga», no debería concederse ayuda para adaptar nuevas instalaciones a las normas obligatorias. No obstante, las empresas que, en lugar de limitarse a adaptar las instalaciones con más de dos años de funcionamiento, las sustituyan por instalaciones nuevas que cumplan las normas podrán acogerse a ayudas, para los costes de inversión que no rebasen lo que supondría la simple adaptación de las antiguas instalaciones.

De existir normas legales comunitarias y nacionales para un mismo tipo de contaminación, la norma que prevalecerá para aplicar esta disposición será la más estricta.

B. Ayudas para fomentar que las empresas superen las normas medioambientales obligatorias

Podrán autorizarse las ayudas a la inversión destinadas a alcanzar un nivel de protección del medio ambiente sustancialmente superior al previsto por las normas obligatorias, hasta un nivel del 30 % bruto del coste subvencionable. El nivel de ayuda concedido para superar las normas obligatorias deberá ser proporcional a la mejora ambiental conseguida y a la inversión que haya sido necesaria.

Cuando las inversiones corran a cargo de una PYME, podrá admitirse un incremento de un 10 % bruto. Si las inversiones son realizadas en zonas asistidas, podrán admitirse ayudas teniendo en cuenta el nivel de ayuda regional que autoriza la Comisión para dichas zonas, incremento, si procede, con el suplemento en concepto de PYME referido (19).

De existir normas legales comunitarias y nacionales para un mismo tipo de contaminación, la norma que prevalecerá para aplicar esta disposición será la más estricta.

Si un proyecto permite por un lado atenerse a las normas y, por otro, superarlas, deberán separarse ambos tipos de costes subvencionables y aplicarse los límites correspondientes.

C. Ayudas en caso de no existir normas obligatorias

Si no existen normas obligatorias u otras obligaciones legales en este ámbito, las empresas que realicen inversiones para mejorar sustancialmente sus resultados medioambientales o para equipararse a los de las empresas de otros Estados miembros en los que sí existan normas obligatorias podrán beneficiarse del nivel de ayuda autorizado para superar estas normas, de acuerdo con los mismos requisitos de proporcionalidad (véase más arriba).

Si un proyecto permite, por un lado, atenerse a las normas y, por otro, lleva consigo unas medidas para las que no existe norma alguna, deberán separarse ambos tipos de costes subvencionables y aplicarse los límites correspondientes.

3.3. Ayudas para actividades de información y servicios de formación y asesoramiento

No entrarán dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE, las ayudas para campañas publicitarias de sensibilización medioambiental y de información específica sobre, por ejemplo, recogida selectiva de residuos, ahorro de recursos naturales o productos no contaminantes, habida cuenta de su carácter general y de su escasa relación con la fase de comercialización en el mercado, por lo que no confieren beneficios financieros concretos a empresas determinadas. En principio, las actividades de información que estén sujetas al apartado 1 del artículo 92 podrán acogerse a exención.

También se autorizarán las ayudas para actividades de asesoramiento y formación en temas medioambientales. De acuerdo con lo dispuesto en las directrices sobre ayudas a las PYME, éstas podrán obtener ayudas que no rebasen el 50 % bruto de los costes subvencionables (20). En regiones asistidas, se autorizarán al menos ayudas a la inversión que no superen el nivel autorizado para servicios de formación y asesoramiento, tanto para PYME como para empresas mayores.

3.4. Ayudas de funcionamiento

De conformidad con la práctica reiterada de la Comisión, no se aprobarán, en principio, las ayudas de funcionamiento que eximan a las empresas de los costes debidos a la contaminación u otros efectos nocivos que puedan causar. No obstante, la Comisión podrá aprobar excepciones a este principio en algunas circunstancias claramente definidas, tal como ha hecho en lo que se refiere al tratamiento de residuos y a las reducciones de los impuestos ecológicos. La Comisión seguirá examinando cada caso individualmente, teniendo en cuenta los criterios que ha determinado en estos dos ámbitos. Concretamente, las ayudas de funcionamiento sólo podrán destinarse a compensar los costes adicionales con respecto a los tradicionales de producción. Esta compensación deberá ser temporal y, en principio, decreciente, para propiciar una mayor reducción de la contaminación o una utilización más racional de los recursos. Por otra parte, las ayudas no deberán ser contrarias a las demás disposiciones del Tratado CE, especialmente en materia de libre circulación de mercancías y prestación de servicios.

Por lo que se refiere al tratamiento de residuos, la financiación pública de los costes adicionales de recogida, recuperación y tratamiento, a escala local y para beneficio de empresas y consumidores, puede suponer ayuda estatal. Ahora bien, podrá autorizarse dicha financiación, siempre que las empresas contribuyan en función de su utilización del sistema o del volumen de residuos que generen. Las ayudas para recogida, recuperación y tratamiento de residuos industriales y agrarios se evaluarán en función de los pormenores de cada caso.

Podrá autorizarse la reducción temporal de nuevos impuestos ecológicos, siempre que sea necesario para compensar una pérdida de competitividad, especialmente a escala internacional. También deberá tenerse en cuenta la contribución de estas empresas a las medidas para reducir la contaminación. Esta disposición se aplicará asimismo a las reducciones de impuestos creados en virtud de la normativa comunitaria y en los que el importe de dicha reducción se deje a discreción de los Estados miembros.

3.5. Ayudas para la compra de productos no contaminantes

No entrarán dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE las medidas que animen a los consumidores finales (empresas y particulares) a comprar productos no contaminantes, ya que no confieren un beneficio financiero patente a las empresas concretas. Las medidas que sí estén sujetas al artículo referido se evaluarán sobre la base de los datos concretos del caso y podrán autorizarse siempre que se apliquen sin discriminación relacionada con el origen de los productos, que no rebasen un 100 % de los costes ambientales adicionales (21) y no sean contrarias a las demás disposiciones del Tratado CE o a normas adoptadas en virtud de las mismas (22), especialmente en materia de libre circulación de mercancías.

3.6. Fundamento de la excepción

En virtud de la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, la Comisión autorizará las ayudas estatales que cumplan las condiciones y se ajusten a los límites anteriormente expuestos (véanse los puntos 3.2 a 3.5), ya que su objetivo es el de «facilitar el desarrollo de determinadas actividades [. . .] siempre que no alteren las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común». Sin embargo, en las zonas asistidas contempladas en la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, podrán concederse ayudas al medio ambiente en virtud de esta disposición.

3.7. Proyecto importante de interés común europeo

La excepción de la letra b) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE podrá aplicarse a las ayudas destinadas a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo en ámbitos en que la protección del medio ambiente sea prioritaria y que, por lo general, puedan tener efectos benéficos allende las fronteras de los Estados miembros u otros Estados interesados. Es también imprescindible que la ayuda sea necesaria para realizar un proyecto concreto y detallado, importante en términos cualitativos y que constituya una contribución ejemplar y verificable al interés común europeo. En la aplicación de esta excepción, la Comisión podrá autorizar ayudas cuyos niveles rebasen los límites definidos para las ayudas autorizadas en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92.

3.8. Acumulación de ayudas de distinta procedencia

Los niveles indicados anteriormente para ayudas con distintas finalidades medioambientales se aplicarán a todas las ayudas, cualquiera que sea su procedencia, incluidas las comunitarias combinadas con ayudas nacionales.

4. NOTIFICACIÓN, AUTORIZACIONES EXISTENTES, VIGENCIA, REVISIÓN DE LAS PRESENTES DIRECTRICES Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

4.1. Con excepción de los regímenes de ayudas de minimis (23), las presentes directrices no afectarán a la obligación de los Estados miembros de notificar, en virtud del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE, todos los regímenes de ayudas, todas sus modificaciones posteriores, así como todos los casos concretos de concesión de ayudas a empresas al margen de los regímenes autorizados. En su notificación, los Estados miembros presentarán a la Comisión todos los elementos necesarios para justificar, entre otros puntos, la finalidad medioambiental de las ayudas y el cálculo de los costes subvencionables. Las normas sobre procedimiento acelerado de aprobación de programas de ayuda a las PYME y de modificaciones de programas vigentes (24), así como las normas sobre notificación de los casos de acumulación de ayudas, siguen siendo de aplicación (25). Si la Comisión autoriza los programas de ayuda, podrá solicitar notificaciones individuales de las ayudas que superen un límite determinado o que se concedan en sectores específicos (además de los referidos en el punto 2.1) o cuando el caso lo requiera.

4.2. Las directrices no afectarán a los regímenes ya autorizados en el momento de su publicación, aunque la Comisión, en virtud del apartado 1 del artículo 93 del Tratado CEE, procederá a su revisión antes del 30 de junio de 1995. Además, la Comisión supervisará los efectos de las medidas apropiadas y, llegado el caso, propondrá las medidas pertinentes si estas ayudas falsean la competencia de forma contraria al interés común.

4.3. La Comisión se atendrá a estas directrices en su evaluación de las ayudas para objetivos ambientales hasta finales de 1999 y, antes de finales de 1996, analizará su aplicación en la práctica. La Comisión se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las orientaciones definidas si ello se justificara en relación con la política de competencia, la política de medio ambiente, la política regional u otra política comunitaria, o por compromisos internacionales.

4.4. De conformidad con su Comunicación sobre notificaciones e informes normalizados, de 24 de marzo de 1993, la Comisión solicitará de los Estados miembros que le presenten informes sobre la aplicación de los regímenes de ayudas para la protección del medio ambiente.

(1) Carta a los Estados miembros, referencia SEC(74) 4264, de 6 de noviembre de 1974 y IV informe sobre la política de competencia, puntos 175 a 182.

(2) Carta a los Estados miembros, referencia SG(80) D/8287, de 7 de julio de 1980 y X informe sobre la política de competencia, puntos 222 a 226.

(3) Carta a los Estados miembros, referencia SG(87) D/3795, de 23 de marzo de 1987 y XVI informe sobre la política de competencia, punto 259. Las directrices, en su versión de 1986, que debían aplicarse hasta finales de 1992, se prorrogaron un año más: véanse las cartas a los Estados miembros de 18 de enero y de 19 julio de 1993.

(4) Véase la Recomendación del Consejo de 3 de marzo de 1975, DO n° L 194 de 25. 7. 1975.

(5) Véanse los artículos 130 R, 130 S y 130 T del Tratado CE.

(6) Resolución del Consejo de 1 de febrero de 1993. COM(92) 23 final, volumen II, de 27 de marzo de 1992.

(7) Los requisitos generales sobre productos no contaminantes se recogen en el Reglamento (CEE) n° 880/92 del Consejo, de 23 de marzo de 1992, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica (DO n° L 99 de 11. 4. 1992, p. 1).

(8) Ayudas relacionadas directa o indirectamente con la producción y comercialización de los productos mencionados en el Anexo II del Tratado CE, con excepción de los productos de la pesca.

(9) Reglamento (CEE) n° 2078/92 del Consejo, de 30 de junio de 1993, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural (DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 85).

(10) Se trata principalmente de subvenciones, préstamos bonificados, garantías, desgravaciones fiscales, reducción de cargas y remuneraciones en especie.

(11) Véase la Decisión 93/500/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa al fomento de las energías renovables en la Comunidad (programa ALTENER) (DO n° L 235 de 18. 9. 1993, p. 41).

(12) DO n° C 83 de 11. 4. 1986, p. 2.

(13) Para las ayudas relativas a la eliminación del estiércol, la Comisión aplica asimismo, por analogía, los criterios del Anexo III de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO n° L 375 de 31. 12. 1991, p. 1).

(14) Las normas sobre ayudas a la inversión de estas directrices se entienden sin perjuicio de las normas vigentes o de las que establezca la legislación comunitaria que se apruebe en el futuro, especialmente en el ámbito medioambiental.

Para las inversiones cubiertas por los apartados 1 y 5 del artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 2328/91 del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias (DO n° L 218 de 6. 8. 1991, p. 1), el nivel máximo aplicable es del 35 % o del 45 % en las zonas a que se refiere la Directiva 75/268/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1975, sobre la agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas (DO n° L 128 de 19. 5. 1975, p. 1). Estos niveles máximos se aplicarán independientemente del tamaño de las empresas. Por lo tanto, no podrán ampliarse para las PYME, como se indica a continuación. Para las inversiones en regiones de los objetivos nos 1 y 5 b, la Comisión se reserva el derecho de aceptar, en casos concretos, niveles de ayuda superiores, si los Estados miembros consiguen demostrar a la Comisión que están justificados.

(15) Es decir, el valor nominal, sin impuestos, de las subvenciones y el valor actual, sin impuestos, de las bonificaciones de interés, en proporción con el coste de la inversión (cifras netas tras deducción de impuestos).

(16) Tal como se definen en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las PYME (DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 2).

(17) Regiones cubiertas por programas nacionales de desarrollo regional independientes de los fondos estructurales. En regiones que puedan acogerse a estos fondos con arreglo al objetivo n° 2 o 5 b y que no reciban asistencia nacional, el nivel de ayuda se determinará en función de cada programa.

(18) Véanse las directrices sobre ayudas estatales a las PYME. Si, en una zona no asistida, la ayuda a la inversión para fines medioambientales rebasa los límites autorizados para las ayudas regionales a las zonas del mismo país mencionadas en la letra c) del apartado 3 del artículo 92, el nivel de la ayuda en la zona asistida podrá equiparse al de la no asistida.

(19) Como en el caso de las ayudas de adaptación a las normas, si la ayuda a la inversión para fines medioambientales en una zona no asistida rebasa los límites autorizados para las ayudas regionales a zonas del mismo país mencionadas en la letra c) del apartado 3 del artículo 92, el nivel de la ayuda en la zona asistida podrá equipararse al de la no asistida. Véase asimismo la nota 17.

(20) Véase la nota 16.

(21) Salvo que la legislación comunitaria no autorice el 100 % (véase, por ejemplo, la Directiva 91/441/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1991, por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la contaminación atmosférica provocada por los gases de escape de los vehículos de motor) (DO n° L 242 de 30. 8. 1991, p. 1).

(22) Por ejemplo, la Directiva sobre gases de escape (que también contiene los requisitos de notificación) y la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas (DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8).

(23) Véanse las Directrices sobre ayudas a las PYME (DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 2).

(24) DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 10.

(25) DO n° C 3 de 5. 1. 1985.