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El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 (2), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En dicha comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se reunían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis de la COVID-19. Dicha cláusula ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su comunicación relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021.
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El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (2), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica En dicha comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se reunían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis de la COVID-19. y ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su comunicación relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021.
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El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (2), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En dicha Comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se reunían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis de la COVID-19. Dicha cláusula ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su comunicación relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021.
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El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (2), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica En dicha Comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se reunían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis de la COVID-19. y ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su Comunicación relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021.
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El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 (2), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica En dicha Comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se reunían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis de la COVID-19. Dicha cláusula ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su comunicación relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021.
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El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 (2), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica En dicha Comunicación, la Comisión expuso su opinión de que, en vista de la grave recesión económica que cabía esperar de la pandemia de COVID-19, se reunían las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la valoración de la Comisión. La cláusula general de salvaguardia ha concedido a los Estados miembros flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis de la COVID-19. y ha facilitado la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. Su activación permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El 17 de septiembre de 2020, en su Comunicación relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, la Comisión anunció que la cláusula general de salvaguardia seguiría en vigor en 2021.
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Los resultados de la fase piloto se presentaron en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 2019 titulado «Sustainable Products in a Circular Economy — Towards an Product Policy framework contribution to the Circular Economy» (Productos sostenibles en una economía circular: hacia una contribución del marco de la política de productos de la UE a la economía circular) (2). En el mismo documento de trabajo de los servicios de la Comisión también se indicaban posibles usos de los métodos de la huella ambiental en la elaboración de políticas a escala de la Unión Europea (UE). Desde 2019, y tras una convocatoria de manifestaciones de interés dirigida a la industria, la Comisión ha seguido elaborando nuevas reglas de categoría de huella ambiental de los productos.
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No obstante, la digitalización no implica la conservación digital por defecto. Para garantizar el acceso a los activos digitalizados a largo plazo, los Estados miembros necesitan planificar y llevar a cabo cuidadosamente la conservación digital de sus activos, teniendo en cuenta todos los desafíos financieros, organizativos y técnicos pertinentes a largo plazo. Los objetivos de conservación digital pueden incluir, no solo los bienes del patrimonio cultural que se consideran prioritarios para la digitalización (por ejemplo, activos en riesgo, monumentos y lugares más visitados, o en ámbitos digitalizados), sino también activos previamente digitalizados.
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En el caso de las ocupaciones no reguladas, los requisitos para el empleo no están regulados por ley y pueden ser de carácter muy específico a muy general. En el caso de estas ocupaciones, no hay obstáculos reglamentarios que impidan la contratación de personas cuyas cualificaciones no han sido reconocidas y tampoco existe un proceso único para el reconocimiento de cualificaciones a efectos del acceso a ocupaciones no reguladas (8).
(8)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Recomendación y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Recomendación desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá si la aplica, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, en un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre la presente Recomendación.
(1)

Excepto en el ámbito de la aviación civil, el Derecho de la Unión no establece actualmente requisitos de rendimiento armonizados para los equipos de rayos X utilizados para la detección en espacios públicos. Estos requisitos difieren de un Estado miembro a otro, lo que da lugar a niveles desiguales y no siempre suficientemente elevados de protección de la población frente a las amenazas para la seguridad. Los terroristas y otros delincuentes pueden aprovechar las vulnerabilidades resultantes, en particular para realizar ataques o llevar a cabo otras actividades delictivas en los Estados miembros con un nivel inferior de seguridad en los espacios públicos.
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Muchos adultos, especialmente los poco cualificados y los más alejados del mercado laboral, carecen de motivación para seguir una formación. Es posible que no sean conscientes de sus propias necesidades en materia de capacidades y no sepan si pueden acceder a apoyo y formación o si la formación disponible es de buena calidad y está reconocida en el mercado laboral. Además, es posible que los interesados no estén motivados para participar en una formación que ha sido elegida sin consultarles y que no se adapta a sus necesidades.
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Con objeto de garantizar la coherencia, las definiciones y garantías contenidas en la presente Recomendación deben basarse, cuando proceda, en las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión, e interpretarse en consonancia con ellas, en particular el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (3) (en lo sucesivo, «CAAS»); en particular, sus artículos 39 a 46 y las Decisiones 2008/615/JAI (4) y 2008/616/JAI (5) del Consejo (en lo sucesivo, «Decisiones Prüm»), en particular los artículos 17 a 19 de la Decisión 2008/615/JAI. Lo mismo se aplica a la referencia a la necesidad de respetar el Derecho nacional cuando el Derecho de la Unión ya se refiera a normas nacionales.
Los Estados miembros deben velar por que el sacrificio o perturbación de especímenes individuales de aves silvestres y especies protegidas en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo ( 12 ) no sea un obstáculo para el desarrollo de proyectos de energías renovables, mediante la exigencia de que dichos proyectos integren, según proceda, medidas de mitigación para prevenir de manera eficaz en la medida de lo posible el sacrificio o la perturbación, el seguimiento de su eficacia y, a la luz de la información obtenida del seguimiento, la adopción de medidas adicionales necesarias para garantizar que no se produzca un impacto negativo significativo en la población de las especies de que se trate. Si se hace así, el sacrificio o la perturbación accidentales de especímenes individuales no deben considerarse deliberados y, por tanto, no deben entrar en el ámbito de aplicación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE ni del artículo 5 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 13 )
(11)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Recomendación y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
4.

Apoyen la movilidad integrada en programas educativos transnacionales conjuntos: a) ayudando a las instituciones de enseñanza superior a integrar la movilidad (física, virtual o mixta) de forma más sistemática y flexible en sus programas educativos conjuntos, a todos los niveles, con objeto de permitir que una mayor cantidad de estudiantes (incluidos los aprendientes con menos oportunidades o procedentes de zonas remotas, como las regiones ultraperiféricas), personal docente e investigadores puedan beneficiarse de la dinámica de cooperación en la educación superior integrada, y para promover una circulación de talento equilibrada; b) apoyando la digitalización de la gestión de la movilidad en el marco de asociaciones multilaterales, y en particular la normalización y digitalización de los procesos administrativos para la firma de acuerdos interinstitucionales multilaterales, también mediante la ampliación de la iniciativa sobre el carné europeo de estudiante; c) buscando planteamientos más coherentes de la movilidad en el aprendizaje, cuando corresponda, centrados en los sistemas de admisión y matriculación, los sistemas de calificaciones, los calendarios académicos, los sistemas de tasas académicas, y el acceso a las instalaciones de enseñanza superior y su utilización durante los meses de verano y otros periodos no lectivos.
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Aún existe margen para mejorar la equidad del sistema tributario austriaco y su capacidad para contribuir al crecimiento. Este sistema se caracteriza por una elevada presión sobre el trabajo derivada de los impuestos sobre la nómina y las cargas sociales, que corren a cargo de los trabajadores y de los empleadores. Esto dificulta la creación de empleo. Al mismo tiempo, los elevados tipos impositivos marginales desincentivan el trabajo, especialmente en el extremo inferior de la distribución de ingresos y en el caso de la segunda fuente de ingresos de una familia. La reciente reforma fiscal ecosocial es un paso en la dirección adecuada, y la introducción de un precio del CO2 para los sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) es un proyecto importante en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia de Austria. No obstante, persisten problemas estructurales. Existe margen para seguir reduciendo los costes laborales no salariales para impulsar la creación de empleo y la oferta de mano de obra, especialmente para los trabajadores con bajos ingresos. Aprovechar mejor unos impuestos más favorables al crecimiento podría contribuir a crear el margen presupuestario necesario y a mejorar la equidad del sistema tributario.
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El sistema tributario eslovaco se podría reformar con el fin de impulsar la eficiencia económica, fomentar la sostenibilidad medioambiental y presupuestaria y mejorar la equidad, apoyando al mismo tiempo objetivos de política más amplios. La presión fiscal sobre el trabajo es particularmente elevada para los trabajadores con bajos ingresos en comparación con otros Estados miembros. En cambio, la fiscalidad medioambiental y sobre la propiedad inmobiliaria no se utiliza en todo su potencial. La modificación de la combinación de impuestos podría apoyar el crecimiento y contribuir también a fomentar la transición ecológica y la sostenibilidad medioambiental. La intensidad energética de la economía está significativamente por encima de la media de la Unión, pero los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales se situaron en el 2,4 % en 2020, cerca de la media de la Unión. Las tasas medioambientales relacionadas con la gestión de residuos y la contaminación atmosférica no fomentan suficientemente el uso eficiente de los recursos ni reducen los costes para el medio ambiente y la sociedad. Los impuestos de circulación y las tasas de matriculación de vehículos no reflejan bien la intensidad de las emisiones. Los impuestos y gravámenes medioambientales no están indexados, lo cual reduce los ingresos ecológicos a lo largo del tiempo debido a la inflación. En cuanto a los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, los ingresos procedentes de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles fueron relativamente bajos en 2020 (el 0,5 % del PIB frente a la media de la Unión del 1,2 %). En la actualidad, Eslovaquia no dispone de datos suficientes que permitan actualizar e indexar la base imponible del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria en función de los valores del mercado, lo que también podría mitigar en parte la continua y fuerte demanda de vivienda y el consiguiente crecimiento de los precios de la vivienda. Además, un mayor esfuerzo de simplificación de los impuestos y de mejora del cumplimiento puede aumentar los ingresos públicos y, por tanto, apoyar la sostenibilidad presupuestaria y mejorar la equidad. A pesar de las mejoras, la brecha en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de impuesto sobre el valor añadido siguió siendo elevada en 2019 (el 16,1 % frente al 10,4 % en la Unión). Nuevas mejoras en la Administración tributaria, entre ellas la facturación electrónica, las declaraciones tributarias precumplimentadas y una mayor digitalización, podrían contribuir a reducir aún más las fugas en el sistema tributario.
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Malta se está quedando rezagada en la consecución de su objetivo de reducir para 2030 un 19 %, con respecto a los niveles de 2005, las emisiones de gases de efecto invernadero no incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (19). El compromiso de Malta de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 requerirá una inversión sostenida por parte de los hogares, las empresas y el Gobierno por igual. Con el aumento de la ambición climática de la UE centrada en una energía más asequible, segura y sostenible, es necesario un mayor esfuerzo para explotar más su potencial solar y eólico, incluida la energía marina flotante, dado que las energías renovables solo representan el 8 % de la combinación energética. Malta depende en gran medida del petróleo (48 %) y del gas natural (44 %). En 2020, el gas natural se utilizó para generar el 86 % de la electricidad de Malta. Aunque no importa gas ni petróleo de Rusia (20), el rápido aumento de los precios de la energía ha empezado a afectar a Malta. Malta pretende garantizar una mayor seguridad del abastecimiento energético mediante la construcción de un segundo interconector eléctrico. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles exigiría también una mejora de sus redes de transporte y distribución de electricidad, así como inversiones en almacenamiento de electricidad para suministrar energía firme, flexible y de respuesta rápida. Centrarse en la eficiencia energética de los edificios, en particular de los edificios residenciales, incluyendo la implantación de bombas de calor y otras soluciones ecológicas, contribuiría a reducir la demanda de energía. A fin de ajustarse al paquete de medidas «Objetivo 55», será preciso que Malta se fije unos objetivos más ambiciosos en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética. Además, las emisiones del transporte por carretera aumentan constantemente y constituyen la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero no incluidos en el RCDE. La reducción de la congestión del tráfico requeriría una mejora del transporte público, la implantación de sistemas de transporte inteligentes y la inversión en infraestructuras de movilidad sin motor (como aceras y carriles para bicicletas) para una alternativa segura al uso privado del automóvil.