ES Diario Oficial de la Unión Europea L 250/208

DECISIÓN (UE) 2015/1587 DE LA COMISIÓN

de 7 de mayo de 2015

relativa a la ayuda estatal SA.35546 (2013/C) (ex 2012/NN) ejecutada por Portugal a favor de Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A.

[notificada con el número C(2015) 3036]

(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Vista la Decisión por la cual la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con respecto a la ayuda SA.35546 (2013/C) (ex 2012/NN) (1),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con dichas disposiciones,

Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO

(1) Por correo electrónico de 3 de octubre de 2012, las autoridades portuguesas presentaron de manera informal a la Comisión un breve memorando sobre las medidas estatales con las que se pretendía maximizar los ingresos procedentes de la privatización de Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. («ENVC»). Sobre la base de la información facilitada, el 5 de octubre de 2012 la Comisión decidió incoar un procedimiento de oficio, que se registró con el número SA.35546 (2012/CP). El 11 de octubre de 2012 se informó por carta a Portugal de la apertura del procedimiento.

(2) La Comisión solicitó información adicional por carta de 12 de octubre de 2012, a la que Portugal respondió por correo electrónico el 9 de noviembre de 2012 y por carta el 20 de noviembre de 2012. De la información proporcionada se desprendía que ENVC se había beneficiado en el pasado de diferentes medidas que podían constituir ayudas estatales. El 16 de octubre de 2012, la Comisión mantuvo una conferencia telefónica con las autoridades portuguesas. El 11 de diciembre de 2012 se celebró una reunión entre la Comisión y las autoridades portuguesas a petición de estas. Por carta de 28 de diciembre de 2012 y por correo electrónico de 18 de enero de 2013, Portugal presentó información adicional.

(3) Por carta de 23 de enero de 2013, la Comisión informó a Portugal de que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») con respecto a la ayuda («la Decisión de incoación»).

(4) La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (2). En ella, la Comisión invitaba a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre las medidas. Portugal presentó observaciones sobre la Decisión de incoar el procedimiento mediante carta de 12 de marzo de 2013. La Comisión no recibió observaciones de los interesados.

(5) Durante el procedimiento de investigación formal, Portugal presentó información en numerosas ocasiones en respuesta a peticiones de la Comisión. Por otra parte, la Comisión y las autoridades portuguesas mantuvieron conferencias telefónicas el 27 de mayo de 2013, el 29 de julio de 2013, el 13 de noviembre de 2013 y el 20 de enero de 2015. Además, el 17 de marzo de 2014 se celebró una reunión entre la Comisión y las autoridades portuguesas.

(6) Por carta de 27 de febrero de 2015, Portugal pidió a la Comisión confirmación de que no se extendería a WestSea ninguna obligación potencial de recuperación. En esa misma carta, Portugal accedía a renunciar al derecho conferido por el artículo 342 del TFUE leído en relación con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1/1958 (3) y aceptaba que la presente Decisión se adoptase y notificase en inglés.

2. ANTECEDENTES

2.1. Beneficiario

(7) ENVC era un astillero portugués fundado en 1944 y nacionalizado en 1975. Pertenecía íntegramente al Estado a través de EMPORDEF — Empresa Portuguesa de Defesa (SGPS), S.A. («EMPORDEF»), una sociedad de participaciones 100 % propiedad del Estado que controla diversas empresas estatales del sector de la defensa.

(8) Cuando se adoptó la Decisión de incoación de la Comisión (véase el considerando 3 anterior), ENVC tenía 638 empleados y era el único astillero de Portugal capaz de construir buques militares (4). En ese momento, la cartera de proyectos de ENVC se limitaba a la construcción de dos buques de transporte de asfalto encargados por Petróleos de Venezuela S.A («PDVSA»), una empresa 100 % propiedad del Estado venezolano.

(9) ENVC trabajaba en suelo bajo concesión. ENVC obtuvo la concesión por primera vez en 1946, y se modificó en 1948, 1949 y 1974. En 1989 se amplió el ámbito de la concesión. También se amplió su duración (que en un principio era hasta 2006) hasta 2031 (5).

2.2. Procedimiento de privatización

(10) Cuando se adoptó la Decisión de incoación, ENVC seguía activa en el mercado. Por decreto ley 186/2012, de 13 de agosto de 2012, el Gobierno decidió reprivatizar la empresa (6).

(11) El proceso se había de llevar a cabo en el marco de la Ley de privatización portuguesa (7). Las disposiciones específicas que regulan el procedimiento, a saber, el decreto ley 186/2012 y la Resolución 73/2012 del Consejo de Ministros, se publicaron en el Diario Oficial portugués el 13 y el 29 de agosto de 2012 respectivamente (8). La Resolución 73/2012 del Consejo de Ministros aclaraba que la privatización se llevaría a cabo por venta directa, no por licitación, hasta el 95 % del capital social de ENVC.

(12) Portugal indicó que EMPORDEF y su asesor financiero habían identificado más de setenta posibles inversores. Tres inversores presentaron ofertas antes de la fecha límite de 5 de noviembre de 2012, pero solo dos de estas se consideraron admisibles: Rio Nave Serviços Navais, de Brasil, y JSC River Sea Industrial Trading, de Rusia (9).

(13) Por Resolución 27/2013 del Consejo de Ministros, de 17 de abril de 2013, el Gobierno portugués decidió rechazar la única oferta válida, de JSC River Sea Industrial Trading (la oferta de Rio Nave Serviços Navais había expirado mientras tanto) por considerar que sus condiciones eran excesivas y no se podían asumir.

(14) Por decreto ley 98/2013, de 24 de julio de 2013, el Gobierno portugués autorizó a ENVC a proceder a la subconcesión del suelo en el que operaba. El procedimiento de subconcesión se inició el 31 de julio de 2013. Presentaron ofertas dos licitadores, pero solo se consideró admisible la de Martifer-Energy Systems SGPS, S.A. conjuntamente con Navalria-Docas, Construções e Reparações Navais, S.A. (por medio de su filial conjunta WestSea). El 11 de octubre de 2013, Portugal confirmó que la oferta de WestSea había sido seleccionada.

(15) En vista de la situación financiera de ENVC, que a mediados de 2013 había acumulado pérdidas superiores a 264 millones EUR, el Gobierno portugués decidió liquidar la empresa por Resolución 86/2013 del Consejo de Ministros, de 5 de diciembre de 2013. Al mismo tiempo, el Gobierno dio instrucciones al Consejo de Administración de ENVC para que empezara a vender los activos de la empresa y a maximizar su valor por medio de ventas transparentes.

(16) El 4 de marzo de 2014, ENVC celebró una Asamblea General en la que EMPORDEF, como único accionista de ENVC, confirmó la decisión de proceder a la venta de los activos de ENVC así como al despido de los aproximadamente 607 empleados que tenía en ese momento, a fin de liquidar y disolver la empresa lo antes posible.

(17) Tras adoptar las disposiciones necesarias para dar curso a la decisión de la Asamblea General de ENVC, vender los activos y despedir a los empleados, el Gobierno portugués pidió a la Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública, CRESAP (agencia portuguesa de selección y contratación de altos funcionarios de la administración) que designara el equipo que se encargaría de la liquidación de ENVC. Las autoridades portuguesas confirmaron que la empresa ENVC sería liquidada en los meses siguientes.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS

(18) De la información presentada por Portugal en el curso del procedimiento de investigación formal, se desprende que ENVC se benefició de diversas medidas de ayuda (las «medidas anteriores»).

(19) Algunas de las medidas anteriores fueron adoptadas por EMPORDEF o por el Tesoro portugués para cubrir los costes y/o las pérdidas de explotación de ENVC entre 2006 y 2013. Estas medidas se resumen en el cuadro 1. Cuadro 1 Medidas anteriores adoptadas para cubrir pérdidas y/o costes de explotación de ENVC Fecha Medida Proveedor Importe (en EUR) 11 de mayo de 2006 Ampliación de capital de ENVC EMPORDEF 24 875 000 2012/2013 Préstamos generadores de intereses para cubrir costes de explotación (detalles en el anexo I) EMPORDEF 101 118 066,03 (i) 31 de enero de 2006 (ii) 11 de diciembre de 2008 (iii) 28 de abril de 2010 (iv) 27 de abril de 2011 Préstamos para hacer frente a los costes de explotación Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) (i) 30 000 000 (ii) 8 000 000 (iii) 5 000 000 (iv) 13 000 000

(20) El 11 de mayo de 2006, la Asamblea General de ENVC (cuyo único miembro era EMPORDEF) decidió proceder a una ampliación del capital de ENVC de 24,875 millones EUR («la ampliación de capital de 2006») (10) Según las autoridades portuguesas, la ampliación de capital de 2006 era necesaria para que ENVC pudiera satisfacer sus compromisos financieros y comerciales (en particular, con la Marina portuguesa) y al realizarse se tuvo en cuenta un plan de reestructuración de ENVC que databa del 17 de agosto de 2005 (véase el considerando 47 posterior). Portugal señaló asimismo que la ampliación de capital de 2006 era necesaria para cumplir el artículo 35 del Código de Sociedades portugués («Código das Sociedades Comerciais»), y que las alternativas eran una reducción del capital de ENVC o la liquidación de la empresa.

(21) En 2012 y a principios de 2013, varios bancos dejaron de conceder créditos a ENVC y solo se mostraron dispuestos a concederlos a EMPORDEF. Por lo tanto, a fin de garantizar la continuidad de las actividades de ENVC, EMPORDEF, como único accionista, prestó apoyo financiero a ENVC en forma de múltiples préstamos con intereses por un total de 101 118 066,03 EUR («los préstamos de 2012 y 2013») (11). Según las autoridades portuguesas, estos préstamos se habían concedido para cubrir los costes de explotación y la refinanciación de los préstamos bancarios existentes. Los tipos de interés de los préstamos de 2012 y 2013 variaban de unos contratos a otros. Portugal sostiene que los tipos de interés aplicados por EMPORDEF a ENVC reproducían los tipos de interés bancario aplicables a los préstamos subyacentes concedidos a EMPORDEF. En febrero de 2014, ENVC no había reembolsado ninguno de los préstamos de 2012 y 2013 ni pagado ningún interés.

(22) Por último, en 2006, 2008, 2010 y 2011, ENVC obtuvo financiación del Tesoro Portugués («Direção-Geral do Tesouro e Finanças», DGTF) por valor de 56 millones EUR en forma de diversos acuerdos de préstamo («los préstamos de la DGTF»). Portugal sostiene que los tipos de interés aplicables fueron del EURIBOR más un diferencial variable que dependía del contrato. Los préstamos de la DGTF se destinaban a cubrir responsabilidades financieras pendientes anteriores y necesidades de tesorería para hacer frente a los costes de explotación de ENVC. Portugal confirmó que los préstamos de la DGTF no se han reembolsado (12).

(23) Asimismo, las autoridades portuguesas facilitaron información acerca de otras medidas adoptadas en favor de ENVC en el pasado. Estas medidas se resumen en el cuadro 2. Cuadro 2 Otras medidas anteriores en favor de ENVC (13) Fecha Medida Proveedor Importe (en EUR) 29 de noviembre de 2011 Carta de garantía para un préstamo concedido por el Banco Comercial Português (BCP) EMPORDEF 990 000 3 de noviembre de 2011 Carta de garantía para un préstamo concedido por el BCP EMPORDEF 400 000 30 de septiembre de 2010 Carta de garantía para un préstamo concedido por el BCP EMPORDEF 12 500 000 31 de agosto de 2010 Cartas de garantía para dos cartas de crédito tipo standby emitidas por la Caixa Geral de Depósitos (CGD) EMPORDEF 12 890 000 (14) 24 de junio de 2010 Carta de garantía para un préstamo concedido por el BCP EMPORDEF 5 000 000 25 de noviembre de 2009 Carta de garantía para un préstamo renovable concedido por la CGD EMPORDEF 15 000 000 7 de septiembre de 2009 Carta de garantía para un préstamo renovable concedido por el Banco Espírito Santo (BES) EMPORDEF 4 500 000 26 de junio de 2008 Carta de garantía para el BCP como garantía de cumplimiento relativa a dos contratos de construcción naval EMPORDEF 14 512 500 8 de enero de 2007 Carta de garantía para un préstamo renovable concedido por la CGD EMPORDEF 5 000 000 — Ayuda a la construcción naval 2000-2005 (15) (detalles en el anexo II) DGTF 27 129 933,20 — Ayuda para formación profesional 2005-2006 (16) DGTF 257 791 23 de diciembre de 2009 Préstamo para la construcción del buque Atlântida EMPORDEF 37 000 000

(24) En 2010, ENVC celebró un contrato con PDVSA para la construcción de dos buques de transporte de asfalto. El valor contractual de cada barco era de 64,45 millones EUR, lo que sumaba un total de 128,9 millones EUR. De acuerdo con el contrato de construcción, PDVSA tenía que pagar a cuenta a ENVC el 10 % del precio total del contrato, es decir, 12,89 millones EUR, con la condición previa de obtener dos cartas de crédito standby para garantizar el pago a cuenta en caso de que ENVC no cumpliera sus obligaciones contractuales. Las dos cartas de crédito standby fueron emitidas por la CGD sobre la base de cartas de garantía de EMPORDEF y se retiraron el 28 de febrero y el 31 de marzo de 2014.

(25) Portugal explica también que entre 2007 y 2011 EMPORDEF había emitido otras muchas cartas de garantía y garantías de apoyo a acuerdos de financiación entre ENVC y los bancos comerciales (las cartas de garantía detalladas en el considerando 24 anterior y en este considerando se denominarán conjuntamente «cartas de garantía» y ascienden a un total de 70 792 500 EUR). Portugal señalaba que EMPORDEF nunca había cobrado a ENVC por las cartas de garantía.

(26) Entre 2000 y 2005, ENVC recibió numerosas subvenciones por actividades de construcción naval por valor de 27 129 933,20 EUR («las subvenciones a la construcción naval»). Este importe corresponde a múltiples subvenciones no reembolsables para la construcción de diferentes barcos y buques cisterna que, según Portugal, se concedieron con arreglo al decreto ley 296/89 de aplicación de la Directiva 87/167/CEE del Consejo (17).

(27) ENVC recibió también ayuda financiera para la formación profesional por valor de 257 791 EUR («las subvenciones a la formación profesional») en 2005 y 2006 en el marco del Programa operacional de empleo, formación y desarrollo social (POEFDS) patrocinado por el Fondo Social Europeo.

(28) En relación con el buque Atlântida, Portugal explica que su construcción se había sometido en 2006 a una licitación pública internacional en la que solo participaron ENVC y otra empresa. Sin embargo, ambas ofertas fueron rechazadas por no cumplir los requisitos necesarios de la licitación. Más adelante, la construcción de los buques se asignó a ENVC mediante negociación directa con Atlanticoline, la empresa pública responsable del transporte marítimo en las Azores. El valor inicial del contrato de construcción del Atlântida era de 39,95 millones EUR, que posteriormente se incrementaron hasta alcanzar los 45,35 millones EUR. Más tarde, Atlanticoline rescindió su contrato con ENVC aduciendo que el buque Atlântida era incapaz de alcanzar la velocidad estipulada.

(29) Para poner fin al conflicto surgido entre Atlanticoline y ENVC, el 23 de diciembre de 2009 EMPORDEF recibió de la CGD un préstamo de 37 millones EUR. El acuerdo de préstamo especificaba que EMPORDEF utilizaría el préstamo para proporcionar a ENVC los fondos necesarios para poner fin al proceso con Atlanticoline. El tipo de interés cobrado fue el EURIBOR a seis meses más un diferencial del 2 % («el préstamo para el buque Atlântida»).

(30) El buque terminado se subastó en 2014. Este procedimiento de venta se anunció en la prensa nacional e internacional y el único criterio de adjudicación fue el precio. El acuerdo de adquisición con el comprador (Mystic Cruises, S.A.), por valor de 8,75 millones EUR, se firmó el 30 de septiembre de 2014.

4. LA DECISIÓN DE INCOACIÓN

(31) El 23 de enero de 2013, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal. En su Decisión de incoación, la Comisión valoró con carácter preliminar que ENVC se podía considerar una empresa en crisis en el sentido de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis de 2004 (18) («las Directrices de S+R de 2004»), en particular, a la vista de las importantes pérdidas que ENVC había sufrido como mínimo desde el año 2000.

(32) Aunque, en su Decisión de incoación, la Comisión destacó que se le había proporcionado información limitada sobre las medidas anteriores, su opinión preliminar era que todas ellas conllevaban recursos estatales y eran imputables al Estado (19). La Comisión consideró con carácter preliminar que las medidas anteriores conferían a ENVC una ventaja indebida, pues parecía improbable que un operador privado racional adoptara las medidas anteriores en favor de ENVC dado que ENVC se encontraba en crisis en aquel momento. La ventaja sería selectiva por naturaleza, dado que su único beneficiario era ENVC.

(33) Asimismo, la Comisión consideró probable que las medidas anteriores afectasen al comercio entre los Estados miembros, pues ENVC competía con astilleros de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como del resto del mundo. Por consiguiente, las medidas anteriores permitieron a ENVC seguir operando sin enfrentarse, como hicieron otros competidores, a las consecuencias que normalmente se habrían derivado de sus malos resultados financieros.

(34) Sobre la base de lo anterior, la Comisión consideró con carácter preliminar que las medidas anteriores parecían constituir una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Por otra parte, dado que las medidas anteriores habrían infringido las obligaciones de notificación y suspensión recogidas en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, la Comisión señaló que parecían constituir ayudas estatales ilegales.

(35) La Comisión expresó también dudas sobre la compatibilidad con el mercado interior de las medidas anteriores, en particular dado que las autoridades portuguesas no habían presentado ninguna posible justificación de dicha compatibilidad.

(36) No obstante, la Comisión evaluó si alguno de los posibles fundamentos de compatibilidad establecidos en el TFUE sería aplicable prima facie a las medidas anteriores. Tras descartar la aplicabilidad de las excepciones contempladas en el artículo 107, apartado 2, del TFUE, la Comisión observó con carácter preliminar que solo era de aplicación la excepción prevista en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

(37) La Comisión señaló que las medidas anteriores no parecían haber sido concedidas con arreglo a las normas sobre ayudas estatales específicas aplicables al sector de la construcción naval en el momento en que se concedieron las medidas anteriores, a saber, el Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval (20) o sus predecesores (21). Dado que ENVC parecía ser una empresa en crisis en el sentido de las Directrices de S+R de 2004 en el momento en que se adoptaron las medidas anteriores, la Comisión señaló que el único fundamento de compatibilidad pertinente parecía ser el relativo a las ayudas al salvamento y la reestructuración de empresas en crisis contemplado en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, es decir, las Directrices de S+R de 2004.

(38) La Comisión señaló que las condiciones de las ayudas de salvamento fijadas en el punto 3.1 de las Directrices S+R de 2004 no parecían cumplirse. Además, en relación con las ayudas a la reestructuración definidas en el punto 3.2 de las Directrices de S+R de 2004, la Comisión observó que Portugal no había demostrado la presencia de ninguno de los elementos necesarios para que las medidas anteriores se considerasen ayudas a la reestructuración compatibles (plan de reestructuración, contribución propia, medidas compensatorias, etc.). Así pues, la Comisión no disponía de pruebas de que alguna de las medidas anteriores se pudiera considerar compatible sobre la base de las Directrices de S+R como ayuda al salvamento o a la reestructuración.

(39) En vista de lo anterior, la Comisión expresó dudas sobre la compatibilidad con el mercado interior de las medidas anteriores en favor de ENVC.

(40) Por otra parte, la Comisión formuló diversas observaciones sobre las medidas previstas por Portugal en el contexto de la privatización de ENVC. Aunque las medidas complementarias a la privatización de ENVC previstas no estaban sujetas a la Decisión de incoación, en vista de la situación económica de ENVC y de la naturaleza de las medidas previstas, la Comisión consideró probable que esas medidas contuvieran ayudas estatales. Sin embargo, la Comisión observó que Portugal había rechazado la única oferta válida para la privatización de ENVC y que había optado por liquidar la empresa (véanse los considerandos 14 y 15 anterior). Sobre esta base, la Comisión entiende que las medidas previstas complementarias a la privatización de ENVC no se adoptaron, y por lo tanto no se tendrán en cuenta en la presente Decisión.

5. COMENTARIOS DE PORTUGAL SOBRE LA DECISIÓN DE INCOACIÓN

(41) En sus comentarios sobre la Decisión de incoación de la Comisión, Portugal señaló que, pese a las pérdidas que ENVC había acumulado desde 2000, y en particular desde 2009, la decisión de mantener la empresa a flote proporcionándole medios suficientes fue una opción racional para EMPORDEF en línea con la lógica del principio del operador en una economía de mercado.

(42) En lo referente a la crisis de ENVC, Portugal señaló que la gravedad de su situación financiera no quedó patente hasta 2009/2010 y que su irreversibilidad no se reflejó en las cuentas anuales de la empresa hasta 2012.

(43) Portugal explicó asimismo que la ampliación de capital de 2006 se debió a una obligación legal impuesta por el artículo 35 del Código de Sociedades portugués. De conformidad con esta disposición, cuando se pierde la mitad del capital social de una empresa, existen tres posibilidades: i) que la empresa se disuelva, ii) que el capital social se reduzca en un importe no inferior a los recursos propios («capital próprio»), o iii) que los accionistas de la empresa aporten capital social. Sobre esta base, en 2006, los accionistas de ENVC optaron por inyectar 24,875 millones EUR a la empresa.

(44) Según las autoridades portuguesas, la decisión se tomó con el convencimiento de que las otras opciones previstas en el artículo 35 del Código de Sociedades portugués no permitirían a ENVC cumplir sus compromisos financieros y comerciales (en particular, con la Marina portuguesa). En 2006, ENVC reunía en su cartera de pedidos 15 proyectos de construcción por un importe total de 386 millones EUR.

(45) Portugal afirma que un inversor en una economía de mercado también habría optado por ampliar el capital de ENVC y permitir que siguiera operando, para reforzar su competitividad en el mercado de la construcción naval.

(46) En las alegaciones que presentó el 14 de febrero de 2014, Portugal indicó que cuando se tomó la decisión de proceder a la ampliación de capital de 2006, no solo se tuvo en cuenta la cartera de la empresa, sino también un plan de reestructuración de ENVC que databa de agosto de 2005.

(47) El plan de reestructuración, del cual se facilitó un borrador, había sido elaborado por el Banco Português de Investimento, S.A. («BPI»), y cubría el período 2005-2009. De acuerdo con el plan de reestructuración, ENVC tendría que centrarse en actividades militares para volver a ser viable, aunque se reconocía que su sostenibilidad económica y financiera dependía de la capacidad de gestión, el cumplimiento de los contratos en vigor y la evolución del mercado de la construcción naval.

(48) El plan de reestructuración no cuantificaba los costes asociados al incumplimiento de los contratos de ENVC vigentes en aquel momento. Sin embargo, los costes asociados al cierre de la empresa (incluidos el despido de los empleados y la regularización de las obligaciones) se estimaban en 175 millones EUR. Según las autoridades portuguesas, no se optó por la liquidación pues resultaba más onerosa que la ampliación de capital.

(49) Portugal explicó asimismo que el plan de reestructuración reconocía la necesidad de apoyo a ENVC, pues la empresa no podía seguir operando por sí sola en 2005-2007. Sin embargo, Portugal observó que un informe de 2009 de la Inspecção-Geral de Finanças, IGF (la entidad encargada de supervisar las empresas públicas portuguesas) había señalado que el plan de reestructuración de ENVC no se había aplicado de manera suficiente y que las previsiones financieras para el período 2008-2011 eran demasiado optimistas.

(50) En lo referente a los préstamos de 2012 y 2013, Portugal afirma que los tipos de interés aplicados a ENVC eran los mismos que EMPORDEF consiguió en el mercado. Por lo tanto, los tipos de interés se deben considerar en condiciones de mercado y libres de ayuda. De acuerdo con Portugal, dado que EMPORDEF era el único accionista de ENVC, se podía considerar responsable en última instancia de las deudas y obligaciones de ENVC. Por lo tanto, Portugal afirma que EMPORDEF no había aumentado su riesgo exponiéndose más a ENVC por medio de los préstamos de 2012 y 2013.

(51) En las alegaciones presentadas el 14 de febrero de 2014, Portugal aclaró que en febrero de 2014 ENVC no había reembolsado ninguno de los préstamos de 2012 y 2013 ni pagado ningún interés. Además, Portugal señaló que, cuando resultaba necesario, los préstamos de ENVC iban acompañados de cartas de garantía emitidas por EMPORDEF.

(52) Respecto de los préstamos de la DGTF concedidos en 2006, 2008, 2010 y 2011, Portugal considera que se han realizado en condiciones de mercado, pues el tipo de interés aplicado fue el Euribor más un diferencial variable que dependía del contrato de cada préstamo. Las autoridades portuguesas señalan asimismo que cuando se concedieron los préstamos de la DGTF se tuvo en cuenta la cartera de pedidos de ENVC, que creaba expectativas razonables de que ENVC podría reembolsar los préstamos.

(53) Portugal destaca también que el uso de cartas de garantía es normal entre operadores privados como mecanismo para garantizar el acceso a los mercados financieros a empresas con poca capacidad de endeudamiento. Portugal señala que EMPORDEF siempre se consideraría responsable en última instancia de las deudas de ENVC, dado que era su único accionista. En cualquier caso, Portugal reconoce que EMPORDEF nunca cobró a ENVC por las cartas de garantía.

(54) En relación con las subvenciones a la construcción naval, Portugal afirma que se habían concedido con arreglo al decreto ley 296/89 de aplicación de la Directiva 87/167/CEE, y que, por lo tanto, constituían una ayuda compatible con el sector de la construcción naval. Respecto de las subvenciones a la formación profesional, Portugal sostenía que se concedieron a todas las empresas que cumplían las condiciones reglamentarias y que, por lo tanto, no se concedieron a ENVC con una ventaja selectiva indebida.

(55) En lo que se refiere al buque Atlântida, Portugal observa que en junio de 2012 su valor de mercado se estimó en 29,24 millones EUR, teniendo en cuenta, inter alia, la obsolescencia económica y la depreciación física y funcional. En este contexto, Portugal afirmaba que no había razones para considerar que la construcción del buque conllevara una ventaja indebida para ENVC, teniendo presente que el coste de la construcción superaba el precio contractual.

6. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS

(56) Esta decisión trata como punto preliminar la cuestión de si ENVC es una empresa en crisis en el sentido de las Directrices de S+R de 2004 (22). A continuación analiza si las medidas examinadas implican una ayuda estatal a ENVC en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, y si tal ayuda, en caso de que exista, es legal y compatible con el mercado interior.

6.1. Crisis de ENVC

(57) Como se ha indicado en el considerando 42, Portugal afirma que la gravedad de la situación financiera de ENVC no quedó patente hasta 2009/2010 y que su irreversibilidad solo quedó reflejada en las cuentas anuales de la empresa de 2012.

(58) La Comisión reitera las opiniones expresadas en su Decisión de incoación. Según el punto 9 de las Directrices de S+R de 2004, la Comisión considera que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a inyectarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirían, de no mediar una intervención exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo.

(59) El punto 10 de las Directrices de S+R de 2004 aclara que una sociedad de responsabilidad limitada se considera en crisis cuando ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se ha perdido más de la cuarta parte del mismo en los últimos doce meses, o bien si reúne las condiciones establecidas en el Derecho interno para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia.

(60) El punto 11 de las Directrices de S+R de 2004 añade que, aun cuando no se presente ninguna de las circunstancias establecidas en el punto 10, se podrá considerar que una empresa está en crisis, en particular, cuando estén presentes los síntomas habituales de crisis, como un nivel creciente de pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o desaparición de su activo neto.

(61) La Comisión señala que ENVC es una sociedad de responsabilidad limitada que ha registrado de manera continuada pérdidas considerables desde, al menos, 2000 (véase el cuadro 3): Cuadro 3 Resultados netos de ENVC entre 2000 y 2013 Resultado neto (en millones EUR) 2000 – 2,72 2001 – 4,98 2002 – 11,12 2003 – 26,87 2004 – 27,02 2005 – 14,38 2006 – 5,26 2007 – 8,04 2008 – 12,07 2009 – 22,26 2010 – 41,90 2011 – 22,70 2012 – 8,78 2013 – 52,42 Fuente: Cuentas anuales de EMPORDEF de 2006, 2007, 2008, 2012 y 2013 (disponibles en http://www.empordef.pt/main.html) y cuentas anuales de ENVC de 2001, 2002, 2003, 2009, 2010 y 2011.

(62) Además de las importantes pérdidas de ENVC, que constituyen una primera indicación de la crisis de la empresa, también están presentes algunos otros síntomas habituales de una empresa en crisis en el sentido de las Directrices de S+R de 2004. Por ejemplo, el volumen de negocios de ENVC disminuyó de manera constante desde, al menos, 2008, al pasar de 129,62 millones EUR ese año a 55,58 millones EUR en 2009, 20,22 millones EUR en 2010 y 15,11 millones EUR en 2011. Aunque en 2012 se produjo un aumento del volumen de negocios (30,38 millones EUR), debido a algunos trabajos adicionales para un barco de apoyo logístico (23), se trató de una cuestión puntual, y en 2013 el volumen de negocios volvió a caer en picado y se situó en 3,79 millones EUR.

(63) Asimismo, al menos desde 2009 el patrimonio de ENVC era negativo: — 25,62 millones EUR en 2009, — 74,49 millones EUR en 2010, — 129,63 millones EUR en 2011, — 142,45 millones EUR en 2012 y — 193,46 millones EUR en 2013 (24).

(64) Según las autoridades portuguesas (véase el considerando 43 anterior) la ampliación de capital de 2006 era necesaria para cumplir el artículo 35 del Código de Sociedades portugués, y las alternativas eran una reducción del capital de ENVC o la liquidación de la empresa. Por otra parte, el plan de reestructuración elaborado por el BPI en agosto de 2005 (véase el considerando 47 anterior) destaca que desde el final de 2003, ENVC se encontraba en situación de quiebra técnica (falência técnica). Por último, la Comisión señaló que el informe de 2009 de la IGF indicaba que a 31 de diciembre de 2005 y al final de 2008, ENVC se encontraba nuevamente en situación de quiebra técnica. Así pues, de todos estos puntos se desprende que en el momento en que ENVC se encontraba en quiebra técnica presentaba todos los síntomas de la quiebra, salvo que no había sido declarada formalmente en quiebra por el tribunal competente. Ello sugiere que la empresa cumplía los criterios del Derecho interno para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia, de conformidad con el punto 10 de las Directrices de S+R de 2004, al menos al final de 2003, 2005 y 2008.

(65) En vista de lo anterior, la Comisión concluye que, cuando se adoptaron todas las medidas anteriores, ENVC era una empresa en crisis en el sentido de las Directrices de S+R de 2004.

6.2. Existencia de ayuda

(66) En virtud de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, toda ayuda otorgada por un Estado miembro o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falsee o amenace falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o la producción de determinadas mercancías es, en la medida en que afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros, incompatible con el mercado interior.

(67) Por lo tanto, antes de concluir acerca de la presencia de ayuda estatal, se debe evaluar si en las medidas identificadas concurren los criterios acumulativos del artículo 107, apartado 1, del TFUE (a saber, la transferencia de recursos estatales, la ventaja selectiva, el potencial falseamiento de la competencia y el efecto sobre el comercio en el interior de la UE).

(68) La Comisión señala a este respecto que Portugal no cuestiona el carácter de ayuda estatal de las subvenciones a la construcción naval, pues, según las autoridades portuguesas, se concedieron con arreglo al decreto ley 296/89 de aplicación de la Directiva 87/167/CEE. La Comisión evaluará su competencia con el mercado interior en la sección 6.4 posterior.

(69) Respecto de las subvenciones a la formación profesional concedidas en 2005 y 2006 por valor de 257 791 EUR, Portugal afirma que se concedieron en el marco del Programa operacional de empleo, formación y desarrollo social (POEFDS) patrocinado por el Fondo Social Europeo. La Comisión señala que estos fondos constituían per se ayuda estatal, pues fueron concedidos por el Estado miembro en el contexto de los Fondos Estructurales 2000-2006. Por consiguiente, la Comisión evaluará directamente su compatibilidad con el mercado interior en la sección 6.4 posterior.

6.2.1. Fondos estatales e imputabilidad

(70) Portugal no cuestiona las conclusiones preliminares de la Comisión relativas a la Decisión de incoación en relación con la presencia de recursos estatales e imputabilidad.

(71) En primer lugar, la Comisión destaca que los préstamos de la DGTF, las subvenciones a la construcción naval y las subvenciones a la formación profesional procedían directamente del presupuesto estatal (principalmente, a través de la DGTF), y por lo tanto no cabe duda de que esas medidas anteriores implicaban una transferencia de recursos estatales y son imputables al Estado.

(72) En cuanto a EMPORDEF, la Comisión considera también que sus acciones implican una transferencia de recursos estatales (dado que el presupuesto de EMPORDEF procede directamente del Estado) y que estas acciones son imputables al Estado en el sentido de la jurisprudencia del asunto Stardust Marine (25). En primer lugar, la Comisión observa que se trata de una empresa de participación 100 % estatal: el único accionista de EMPORDEF en nombre del Estado es la DGTF. Además, EMPORDEF se encuentra bajo supervisión directa del Ministerio de Finanzas y Administraciones Públicas en lo referente a la supervisión financiera, y del Ministerio de Defensa Nacional en lo referente a la supervisión sectorial (26).

(73) Asimismo, de acuerdo con la página web de EMPORDEF, sus operaciones son coherentes con los objetivos, las políticas y las metas establecidas por su único accionista, a saber, el Estado (27). Por otra parte, el ministro de Defensa nacional es quien nombra directamente al presidente y los directores ejecutivos de EMPORDEF (28).

(74) Además de lo anterior, las normas aplicables a la planificación prevista de ENVC (véase la sección 2.2 anterior) indicaban claramente que la decisión final no correspondía a EMPORDEF, sino al Gobierno portugués. En cuanto a las pruebas indirectas, la Comisión observa que el 4 de enero de 2012 el Ministro de Defensa de Portugal emitió un comunicado de prensa en el que declaraba lo siguiente: «El 2 de julio de 2011, el Ministerio de Defensa Nacional decidió suspender el desmantelamiento de [ENVC]. En agosto, el Ministerio de Defensa Nacional ordenó a la nueva administración de EMPORDEF que encontrara una solución que evitase el desmantelamiento y el cierre de ENVC» (29). Además, el Ministerio de Defensa Nacional anunció públicamente en múltiples ocasiones las medidas necesarias para la privatización prevista de ENVC (30). Una vez descartados los planes de privatización, el Gobierno portugués facultó a EMPORDEF para adoptar las medidas necesarias en relación con ENVC (31).

(75) A la luz de lo anterior, la Comisión concluye que las actuaciones de EMPORDEF son imputables al Estado y que las medidas anteriores que concedió a ENVC conllevaban el uso de recursos públicos.

6.2.2. Ventaja selectiva

(76) En lo referente a si las medidas anteriores proporcionaron a ENVC una ventaja selectiva indebida, la Comisión señala que, según Portugal considera que no es el caso en la mayor parte de las medidas anteriores, pues estarían en línea con el principio del operador en una economía de mercado.

(77) En su Decisión de incoación, la Comisión indicó que, pese a la escasez de información disponible en aquel momento, parecía improbable que un operador privado racional hubiera concedido a ENVC las medidas anteriores. De hecho, dado que en aquel momento ENVC se encontraba en crisis, la Comisión consideró a título preliminar que un operador racional del mercado que actuase en condiciones de mercado no habría proporcionado esa financiación a una empresa como ENVC. La Comisión concluyó de manera preliminar que la ventaja era de carácter selectivo, dado que su único beneficiario era ENVC.

(78) Respecto de la ampliación de capital de 2006, la Comisión no comparte la opinión de Portugal de que un operador en una economía de mercado hubiese optado por ampliar el capital de ENVC (en lugar de liquidar la empresa) para que la empresa pudiera seguir operando en el mercado de los astilleros, en particular en vista de que la cartera de pedidos constaba de quince proyectos de construcción por un total de 386 millones EUR (véase el considerando 44 anterior).

(79) En primer lugar, la Comisión observa que un operador racional del mercado se habría planteado si desde el punto de vista económico sería más racional liquidar la empresa o inyectarle capital, teniendo en cuenta los malos resultados financieros de ENVC entre 2000 y 2006, así como las medidas ya adoptadas por el Estado en favor de ENVC antes de la ampliación de capital de 2006 (es decir, uno de los préstamos de la DGTF de 30 millones EUR concedido en enero/febrero de 2006, las subvenciones a los astilleros, superiores a 27 millones EUR, y las subvenciones a la formación profesional).

(80) Aunque el importe de los proyectos en cartera parecía superar la cantidad resultante de esas medidas anteriores, la Comisión considera que un operador racional del mercado también habría tomado en consideración la probabilidad de que ENVC fuera capaz de llevar a cabo las construcciones con beneficios o en los plazos contractuales, a fin de evitar sanciones económicas (32). De acuerdo con la información facilitada por Portugal, nada lleva a suponer que EMPORDEF tuviera en cuenta estas consideraciones en el momento de la ampliación de capital de 2006.

(81) Además, Portugal señala que, de acuerdo con el plan de reestructuración elaborado por el BPI en agosto de 2005, los costes asociados al cierre de ENVC se estimaron en 175 millones EUR. Según las autoridades portuguesas, no se optó por la liquidación, en vista de que era más onerosa que la ampliación de capital.

(82) A este respecto, la Comisión observa que la estimación realizada por el BPI en el plan de reestructuración no está respaldada por pruebas. Sobre esta base, la Comisión no puede evaluar la precisión de esta estimación y concluir si, efectivamente, desde el punto de vista económico era más racional para EMPORDEF llevar a cabo la ampliación de capital o proceder a liquidar la empresa.

(83) Además, la Comisión observa que en el plan de reestructuración elaborado por el BPI se indicaba que ENVC no tendría por sí sola capacidad para volver a ser viable y que necesitaría entre 45 y 50 millones EUR de fondos externos en un caso básico y entre 70 y 80 millones EUR en un escenario más pesimista. El importe de la ampliación de capital de 2006 (24,875 millones EUR) sigue siendo considerablemente reducido desde el punto de vista de estas estimaciones y no habría conseguido que ENVC volviese a ser viable.

(84) Por último, la Comisión toma nota de que ENVC precisaba una reestructuración profunda, como se reconocía en el plan de reestructuración elaborado por el BPI. Aunque el plan de reestructuración no pasa de ser un proyecto, da una idea de las dificultades a las que se enfrentaba ENVC y de su necesidad de más fondos externos. Sin embargo, el plan de reestructuración deja claro que el restablecimiento de la viabilidad de ENVC dependería considerablemente de la capacidad de gestión de la empresa para cumplir sus contratos y de la evolución de los mercados de los astilleros. A este respecto, la Comisión observa que Portugal no ha presentado pruebas de que EMPORDEF tuviese en cuenta estos factores al llevar a cabo la ampliación de capital de 2006, que, en cualquier caso, no alcanzaría los importes estimados por el plan de reestructuración para que la empresa volviese a ser viable.

(85) En vista de lo anterior, la Comisión extrae la conclusión de que un operador prudente en una economía de mercado no habría realizado la ampliación de capital de 2006 y, por lo tanto, supone una ventaja indebida para ENVC.

(86) En lo referente a los préstamos de 2012 y 2013 proporcionados por EMPORDEF por un total de 101 118 066,03 EUR, de la información se desprende que a lo largo de 2012 EMPORDEF firmó setenta contratos con ENVC, por lo general a corto plazo y con vencimiento a noventa días. Los importes de los préstamos fueron variados, así como los tipos de interés, si bien estos últimos eran en su mayoría del Euribor a tres meses más un margen. Sin embargo, el tipo de interés de algunos de los contratos era fijo, en particular en los firmados a partir de octubre de 2012 (véanse, por ejemplo, los contratos firmados el 30 de marzo de 2012, de 16,7 millones EUR y con un tipo del interés del 2 %, el 2 de noviembre de 2012, de 10,570 millones EUR y con un tipo de interés del 5,871 %, y el 1 de diciembre de 2012, de 1 millón EUR y con el mismo tipo de interés del 5,871 %). Se observa también que los contratos de los préstamos no estaban garantizados.

(87) Portugal aduce la ausencia de ayuda en los préstamos de la DGTF, dado que EMPORDEF aplicaba a ENVC los mismos tipos de interés que recibía del mercado. Dado que, en cualquier caso, EMPORDEF sería considerada responsable de las deudas y obligaciones de ENVC, pues era su único accionista, Portugal sostiene que EMPORDEF no aumentó su riesgo al aumentar la exposición de ENVC.

(88) En primer lugar, no hay elementos que señalen a EMPORDEF como responsable de todas las deudas y obligaciones de ENVC, ya que ambas son sociedades de responsabilidad limitada («sociedade anónima»). Por lo general, en las sociedades de responsabilidad limitada la responsabilidad de los miembros (socios) se limita al valor nominal de sus acciones según el artículo 271 del Código de Sociedades portugués (33). Sobre esta base, al proporcionar a ENVC los préstamos de 2012 y 2013, EMPORDEF habría incurrido en riesgos adicionales superiores a su participación en la empresa.

(89) En cualquier caso, al margen de lo anterior, la Comisión considera que, cuando EMPORDEF proporcionó a ENVC los préstamos de 2012 y 2013, no actuó como un inversor de mercado racional. En aquel momento, la situación financiera de ENVC era extremadamente difícil: las pérdidas del año anterior habían alcanzado los 22,70 millones EUR (véase el cuadro 3) y tenía un capital negativo de – 129,63 millones EUR (véase el considerando 63 anterior). En vista de que ENVC se encontraba en crisis, la Comisión considera que un inversor en una economía de mercado habría evaluado la situación financiera de la empresa y habría analizado su capacidad de devolución de los préstamos e intereses. A este respecto, la Comisión observa que diversas instituciones financieras (de las que la Comisión no tiene por qué sospechar que no funcionasen como inversores de mercado) se habían negado a conceder préstamos directamente a ENVC. Por sí mismo, este hecho indica que los mercados no confiaban en que ENVC fuera capaz de devolver los préstamos.

(90) Al limitarse a trasladar los mismos intereses de los préstamos que conseguía en el mercado, EMPORDEF proporcionó una ventaja indebida a ENVC, pues esta no habría sido capaz de obtener esas condiciones (de hecho, ENVC no consiguió ninguno de los préstamos en el mercado). Aunque algunos de los tipos de interés aplicados por EMPORDEF a ENVC podrían parecer relativamente elevados (por ejemplo, el EURIBOR a tres meses más un 8,431 % en el caso del contrato firmado el 30 de mayo de 2012), la Comisión considera que ninguna institución financiera privada habría concedido ese préstamo sin garantías a una empresa que se encontrara claramente en crisis.

(91) La Comisión señala también que una vez que los primeros contratos habían alcanzado el vencimiento a noventa días, EMPORDEF habría podido observar que ENVC no había devuelto el principal ni abonado los intereses (véase el considerando 51 anterior). Partiendo de esta base, la Comisión considera que un operador racional del mercado no habría concedido más préstamos a ENVC.

(92) Por tanto, la Comisión concluye que los préstamos de 2012 y 2013 supusieron una ventaja indebida para ENVC.

(93) Ahora la Comisión evaluará si los préstamos de la DGTF por valor de 56 millones EUR supusieron una ventaja indebida para ENVC. Portugal indica que esos préstamos tenían un tipo de interés del EURIBOR a seis meses más un diferencial variable que dependía de cada contrato. Según Portugal, esta remuneración sería satisfactoria para un inversor, con lo que se descartaría la existencia de una ventaja indebida y la de ayuda estatal. Portugal señala asimismo que los préstamos de la DGTF se concedieron teniendo en consideración la cartera de pedidos de ENVC.

(94) La Comisión no puede compartir las opiniones de Portugal, que considera que el establecimiento de un tipo de interés del EURIBOR más un diferencial variable haría que los préstamos de la DGTF correspondieran a las condiciones de mercado. El cuadro 4 resume el tipo de interés total aplicable a los préstamos de la DGTF en el momento de su firma: Cuadro 4 Tipo de interés total aplicable a los préstamos de la DGTF Fecha de la firma de los contratos Importe (EUR) EURIBOR a 6 meses (a) (%) Diferencial (34) (b) Tipo de interés total (a) + (b) (%) 31 de enero de 2006 30 000 000 2,698 150 pb 4,198 (35) 11 de diciembre de 2008 8 000 000 3,417 100 pb 4,417 28 de abril de 2010 5 000 000 0,964 100 pb 1,964 27 de abril de 2011 (pagado en dos fracciones en abril de 2011 y junio de 2011) 13 000 000 1,661 3,907 % (abril 2011) 3,580 % (junio 2011) 5,568 (abril 2011) 5,241 (junio 2011)

(95) A fin de asegurarse de la conformidad de los tipos de interés aplicados a los préstamos de la DGTF con las condiciones del mercado, la Comisión utilizará como mejor indicador disponible los tipos de referencia resultantes de las normas aplicables en ese momento.

(96) En primer lugar, como se indica en la sección 6.1 anterior, la Comisión valora que en 2006 y 2008 ENVC se habría considerado una empresa en crisis. En lo referente concretamente al préstamo de la DGTF de 2006, la Comisión observa que, de acuerdo con el informe de la IGF 2009, a 31 de diciembre de 2005 ENVC se encontraba en situación de quiebra técnica. En lo referente al préstamo de la DGTF de 2008, el mismo informe indica que, al final de 2008, ENVC volvía a encontrarse en situación de quiebra técnica (véase el considerando 64 anterior).

(97) En particular, en relación con el préstamo de la DGTF de 2006, la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización de 1997 (36), aplicables en aquel momento, dispuso que el tipo base (el 3,70 % en Portugal en enero de 2006) (37) se incrementara con una prima de 400 pb o más en situaciones de riesgo particular. A este respecto, la Comisión destaca que en aquel momento ENVC se encontraba en crisis y en situación de quiebra técnica. Además, de conformidad con el contrato del préstamo de la DGTF de 2006, ENVC estuvo de acuerdo en que los ingresos resultantes de la construcción de determinados buques para la Marina portuguesa actuasen como garantía financiera. Sin embargo, no está claro si un prestamista orientado al mercado habría aceptado esa garantía, dados los problemas de ENVC para llevar a cabo las construcciones con beneficios o dentro de los plazos contractuales (véanse, a este respecto, el considerando 80 y la nota 28 a pie de página). En cualquier caso, no se han facilitado a la Comisión pruebas que le permitan examinar esos contratos de construcción. Por tanto, la Comisión considera que la aplicación de un margen mínimo de 400 pb sería razonable. Así pues, el tipo de referencia aplicable sería del 7,70 % como mínimo, lo que se sitúa muy por encima del tipo de interés del 4,198 % aplicado en realidad por la DGTF.

(98) En cuanto al préstamo de la DGTF de 2008, la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización de 2008 (38), aplicable en aquel momento, disponía que al tipo de base (2,05 % en Portugal en diciembre de 2008) (39) se le había de aplicar un margen que dependía de la calificación de la empresa y del nivel de garantía ofrecido. En vista de que ENVC se encontraba en crisis en aquel momento y del bajo nivel de garantía (véase el considerando 97 anterior, aplicable mutatis mutandis), el margen sería como mínimo de 1 000 pb. Así pues, el tipo de referencia aplicable sería del 12,05 % como mínimo, lo que también se sitúa por encima del tipo de interés del 4,417 % aplicado en realidad por la DGTF.

(99) En relación con los préstamos de la DGTF de 2010 y 2011, la Comisión reitera su opinión de que ENVC puede considerarse una empresa en crisis en el momento en que se concedieron los préstamos (véase el apartado 6.1 anterior). De conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización de 2008, aplicable en aquel momento, en abril de 2008 el tipo de base aplicable para Portugal era del 1,24 %, y en abril de 2011 era del 1,49 %.

(100) En lo referente al préstamo de la DGTF de 2010, la Comisión observa que no existe una garantía estricta, sino simplemente una promesa de ENVC de utilizar los ingresos resultantes de un contrato marco determinado con el Ministerio de Defensa Nacional para reembolsar el préstamo. Sobre esta base, y teniendo en cuenta que ENVC se encontraba en crisis en aquel momento, la Comisión considera que el margen aplicable ha de ser de 1 000 pb como mínimo. Por tanto, el tipo de referencia aplicable sería al menos del 11,24 %, muy superior al 1,964 % aplicado por la DGTF.

(101) Por último, en lo referente al préstamo de la DGTF de 2011, la Comisión observa que, como en el caso del préstamo de la DGTF de 2010, no hay garantía propiamente dicha, sino simplemente una promesa de ENVC de utilizar los ingresos resultantes de un contrato marco determinado con el Ministerio de Defensa Nacional para reembolsar el préstamo, que además tenía que ser confirmada por el Consejo de Administración de ENVC y aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto, es muy dudoso que un prestamista orientado al mercado pudiera considerar adecuado este nivel de garantía. Así pues, dado que en aquel momento ENVC era una empresa en crisis, la Comisión considera que el margen aplicable debía ser como mínimo de 1 000 pb, lo cual daría lugar a un tipo de referencia del 11,49 % como mínimo, muy superior a los tipos de interés realmente aplicados a ENVC (del 5,568 % en abril de 2011 y del 5,241 % en junio de 2011).

(102) Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión llega a la conclusión de que los préstamos de la DGTF proporcionaron a ENVC una ventaja indebida.

(103) En relación con las cartas de garantía emitidas por EMPORDEF entre 2007 y 2011, la Comisión observa en primer lugar que parecen muy similares a una garantía, pues en la mayor parte de ellas EMPORDEF afirma de manera explícita que haría todo lo necesario para asegurarse de que ENVC dispusiera de los medios necesarios para cumplir el acuerdo de préstamo subyacente. Sin embargo, la redacción de las cartas de garantía de 8 de enero de 2007 y 26 de junio de 2008 es diferente. En ellas, EMPORDEF señala que es propietaria de ENVC al 100 % y que esta participación no disminuirá; de lo contrario, el banco que había concedido el préstamo podía pedir a ENVC que lo reembolsara antes de su vencimiento. Esta afirmación no permite por sí sola a la Comisión considerar que EMPORDEF sería responsable en caso de que ENVC no reembolsara los préstamos, por lo que no parece adecuado compararlos con garantías. Por consiguiente, no está establecido que esas cartas hayan proporcionado una ventaja a ENVC.

(104) En lo referente a las restantes cartas de garantía (es decir, las de 2009, 2010 y 2011), dado que EMPORDEF se declara en disposición de intervenir en caso de incumplimiento por ENVC del contrato de préstamo subyacente, parece claro que equivalen a una garantía, pues EMPORDEF tranquilizaba a la entidad financiera que había concedido el préstamo comprometiéndose a hacer todo lo necesario para que ENVC dispusiera de todos los medios para reembolsar los préstamos. Un operador de mercado normal habría pedido a cambio una prima por aportar este tipo de «garantía», lo que EMPORDEF no hizo nunca pese al riesgo considerable de que ENVC no pudiese reembolsar los préstamos en vista de que se encontraba en crisis en aquel momento.

(105) De acuerdo con la sección 2.2 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (40) («la Comunicación relativa a la garantía»), «la asunción de riesgo debe compensarse normalmente con una prima adecuada. Cuando el prestatario no necesita pagar la prima, o paga una prima baja, obtiene una ventaja. En comparación con una situación sin garantía, la garantía estatal para préstamos permite al prestatario obtener mejores condiciones financieras que las que hubiera conseguido en los mercados financieros. Gracias a la garantía estatal, el prestatario puede obtener normalmente tipos más bajos o dar menos garantías. En algunos casos el prestatario no hubiera encontrado, sin la garantía del Estado, ninguna entidad financiera dispuesta a concederle un préstamo del tipo que fuera». Así pues, es necesario examinar si en principio la garantía se podría haber obtenido de los mercados financieros en las condiciones del mercado y si la prima por la garantía se pagó al precio de mercado (41).

(106) La Comisión observa que las cartas de garantía no se remuneraron y que ENVC no pagó prima alguna a EMPORDEF. Por tanto, el riesgo que asumió EMPORDEF no fue remunerado. Por sí solo, esto basta para concluir que las cartas de garantía, que presentan características muy similares a las de una garantía, proporcionaron a ENVC una ventaja indebida.

(107) Respecto del argumento de Portugal de que en cualquier caso EMPORDEF sería considerada responsable en última instancia de las deudas de ENVC, dado que era su único accionista, la Comisión se remite a su razonamiento del considerando 88 anterior, que se aplica mutatis mutandis.

(108) Por consiguiente, la Comisión considera que las cartas de garantía de 2009, 2010 y 2011 proporcionaron a ENVC una ventaja indebida.

(109) En lo referente al préstamo para el buque Atlântida, la Comisión observa que en diciembre de 2009 EMPORDEF proporcionó a ENVC 37 millones EUR obtenidos de la CGD para poner fin al procedimiento judicial con Atlanticoline. En ese momento, cuando ENVC ya era una empresa en crisis, un operador racional del mercado hubiera evaluado la situación de la empresa y su capacidad de reembolsar el préstamo, en lugar de limitarse a transferir los fondos a ENVC. Por otra parte, un operador racional del mercado hubiera evaluado los riesgos asociados a la operación y la posibilidad de vender el buque a otro comprador (cosa que sucedió finalmente en septiembre de 2014, véase el considerando 30 anterior). La Comisión observa además que el préstamo se concedió a EMPORDEF con un tipo de interés anual del EURIBOR a seis meses más un 2 %, lo cual, en el momento del contrato, significaba un 2,993 %. Sin embargo, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización de 2008, aplicable en aquel momento, el tipo de base aplicable a Portugal en diciembre de 2009 era del 1,45 %, a lo que se había de añadir un margen de 1 000 pb como mínimo, pues ENVC se encontraba en crisis y no existía una garantía estricta. Así pues, el tipo de referencia aplicable sería al menos del 11,45 %.

(110) La Comisión entiende que ENVC no reembolsó el préstamo de 37 millones EUR del buque Atlântida a EMPORDEF y que no pagó ningún interés por esta cantidad, salvo los 840 480,54 EUR de intereses abonados en 2010. Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión llega a la conclusión de que los préstamos del buque Atlântida proporcionaron a ENVC una ventaja indebida.

6.2.3. Falseamiento de la competencia y afectación del comercio en el interior de la UE

(111) Es probable que las medidas anteriores afectasen al comercio entre los Estados miembros, pues ENVC competía con astilleros de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como del resto del mundo. Las medidas anteriores en cuestión permitieron a ENVC seguir operando para no tener que enfrentarse, como hicieron otros competidores, a las consecuencias que normalmente se hubieran derivado de sus malos resultados financieros. Así pues, las medidas anteriores también falsearon la competencia.

6.2.4. Conclusión sobre la existencia de ayuda estatal y cuantificación

(112) Sobre la base de la evaluación mencionada, la Comisión concluye que las medidas anteriores constituyen una ayuda estatal, pues cumplen los requisitos necesarios de la definición de ayuda estatal recogidos en el artículo 107, apartado 1, del TFEU, con la excepción de las cartas de garantía de 8 de enero de 2007 y 26 de junio de 2008 (véase el considerando 103 anterior).

(113) Como se indica en los considerandos 68 y 69 anterior, la totalidad de las subvenciones a la construcción naval y de las subvenciones a la formación profesional constituyen ayudas estatales por valor de 27 129 933,20 EUR y 257 791 EUR respectivamente.

(114) En lo referente al resto de las medidas anteriores, la Comisión reitera que, en vista de que ENVC se encontraba en crisis en aquel momento, ningún operador orientado al mercado se las habría concedido a la empresa. Por esta razón, la Comisión considera que ENVC recibió ayudas estatales por valor igual a la totalidad de la ampliación de capital de 2006 (24,875 millones EUR).

(115) En cuanto a las cartas de garantía de 2009, 2010 y 2011, la Comisión hace hincapié en que son de naturaleza muy similar a la de las garantías (véanse los considerandos 103 y 104 anterior). A este respecto, la sección 4.1 de la Comunicación relativa a la garantía dice lo siguiente: «La Comisión señala que en el caso de empresas en crisis, un garante del mercado, si existe, exigiría una prima elevada en el momento de conceder la garantía, dado el porcentaje de incumplimiento que cabría esperar. Si la probabilidad de que el prestatario no pueda devolver el préstamo es particularmente elevada, es posible que este tipo de mercado no exista y que en circunstancias excepcionales el elemento de ayuda de la garantía sea tan elevado como el importe efectivamente cubierto por esa garantía».

(116) La Comisión observa que de no haber existido las «garantías» (en forma de cartas de garantía) de EMPORDEF que comunicaban a los bancos que haría lo necesario para que ENVC reembolsase los préstamos, los bancos no habrían concedido préstamos a ENVC. Por otra parte, la Comisión observa que las cartas de garantía se facilitaron de manera gratuita en un momento en el que ENVC se encontraba en crisis y pese a un riesgo importante de que no pudiera cumplir sus compromisos. La Comisión observa asimismo que ENVC había estado como mínimo en tres ocasiones en situación de quiebra técnica (véase el considerando 64 anterior) y, pese a ello, EMPORDEF decidió emitir las cartas de garantía sin primas. En este contexto, la Comisión concluye que no existe un tipo de mercado que se pudiera utilizar como un comparador razonable y, por lo tanto, considera que ENVC recibió ayuda estatal por un importe igual a la totalidad de los garantizados por las cartas de garantía de 2009, 2010 y 2011 (es decir, 51 280 000 EUR).

(117) Una lógica similar se aplica a los préstamos concedidos a ENVC, a saber, los préstamos de 2012 y 2013, los préstamos de la DGTF y el préstamo para el buque Atlântida. EMPORDEF y la DGTF concedieron estos préstamos a ENVC en un momento en que la empresa estaba en crisis y ningún operador racional del mercado se los habría otorgado. Esto es especialmente evidente en el caso de los préstamos de 2012 y 2013, pues, como se indica en el considerando 21 anterior, los bancos habían dejado de conceder préstamos a ENVC y solo estaban dispuestos a concedérselos a EMPORDEF. Por otra parte, la Comisión observa que los préstamos de la DGTF y el préstamo para el buque Atlântida se concedieron entre 2006 y 2011: durante esos años, los bancos solo estaban dispuestos a prestar a ENVC sobre la base de una garantía (en forma de carta de garantía) de EMPORDEF. Esto apunta a que ningún operador del mercado estaba dispuesto a conceder un préstamo a ENVC por sí solo. Por tanto, en vista de lo anterior, la Comisión concluye que ENVC recibió ayuda estatal en una cantidad igual a la totalidad de los préstamos de 2012 y 2013 (101 118 066,03 EUR), los préstamos de la DGTF (30 millones EUR, 8 millones EUR, 5 millones EUR y 13 millones EUR, respectivamente) y el préstamo para el buque Atlântida (37 millones EUR).

6.3. Ayuda ilegal

(118) El artículo 108, apartado 3, del TFUE dispone que un Estado miembro no puede ejecutar una medida de ayuda antes de que la Comisión haya adoptado una decisión por la que se autorice dicha medida.

(119) La Comisión observa que Portugal concedió las medidas anteriores a ENVC sin notificárselas a la Comisión para que las aprobara (con las salvedades indicadas en el considerando 125 posterior). La Comisión lamenta que Portugal no respetara esta obligación y por tanto no cumpliera su obligación con arreglo al artículo 108, apartado 3, del TFUE.

6.4. Compatibilidad de las medidas anteriores con el mercado interior

(120) Si las medidas detalladas más arriba constituyen ayudas estatales en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, procede examinar entonces su compatibilidad con las excepciones que establecen los apartados 2 y 3 de dicho artículo.

(121) Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde al Estado miembro aducir posibles razones de la compatibilidad con el mercado interior y demostrar que se cumplen las condiciones de dicha compatibilidad (42). Las autoridades portuguesas consideran que la mayor parte de las medidas anteriores no constituyen ayudas estatales y, por consiguiente, no han aportado posibles fundamentos de compatibilidad.

(122) No obstante, la Comisión ha evaluado si alguno de los posibles fundamentos de compatibilidad establecidos en el TFUE sería aplicable a las medidas anteriores.

(123) En lo referente a las subvenciones a la construcción naval, Portugal sostiene que estaban previstas en el decreto ley 296/89 de aplicación de la Directiva 87/167/CEE (véase el considerando 68 anterior). Sin embargo, como ya señaló la Comisión en su Decisión de incoación, esta Directiva dejó de aplicarse el 31 de diciembre de 1990 (véase su artículo 13).

(124) Por otra parte, Portugal no ha aportado pruebas de que las subvenciones a la construcción naval fueran compatibles con alguno de los fundamentos jurídicos subsiguientes para declarar la compatibilidad de la ayuda con fines de construcción naval.

(125) La única excepción se refiere a dos subvenciones a la construcción naval concedidas a ENVC en 2003 y 2005 para la construcción de dos embarcaciones (contratos C224 y C225, véase el anexo II). Estas subvenciones fueron autorizadas por la Decisión de la Comisión en el asunto C 33/2004 (43) sobre la base del Reglamento (CE) no 1540/98. Por tanto, la Comisión concluye, de acuerdo con la información facilitada, que las subvenciones para los contratos C224 y C225 por valor de 2 675 275 EUR cada uno (lo que suma un total de 5 350 550 EUR) constituyen ayudas a la construcción naval compatibles con el mercado interior.

(126) No obstante, la Comisión entiende que el resto de las subvenciones a la construcción naval, cuyo valor asciende a 21 779 383,21 EUR y cuyo carácter de ayuda estatal no es cuestionado por Portugal, son incompatibles con el mercado interior.

(127) En lo referente al resto de las medidas anteriores (con la salvedad de las cartas de garantía de 8 de enero de 2007 y 26 de junio de 2008), como ya se indica en la Decisión de incoación, en vista del carácter de estas medidas y de que ENVC se encontraba en crisis, los únicos criterios de compatibilidad pertinentes parecen ser los relativos a las ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis previstos en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, sobre la base de las Directrices de S+R de 2004 (44).

(128) En primer lugar, la Comisión reitera sus conclusiones de la Decisión de incoación, según las cuales las condiciones para la ayuda de salvamento establecidas en la sección 3.1 de las Directrices de S+R de 2004 no se cumplen. De acuerdo con el punto 25, letra a), de las Directrices de S+R de 2004, la ayuda de salvamento debe consistir en ayuda de tesorería consistente en préstamos o garantías sobre préstamos. En ambos casos, el préstamo se debe conceder con un tipo de interés que al menos sea comparable a los observados en los préstamos a empresas sanas. Por ejemplo, la ampliación de capital de 2006 ya no cumpliría este requisito.

(129) Además, el punto 25, letra a), establece también que todo préstamo se debe reembolsar y toda garantía debe vencer en un plazo no superior a seis meses a partir del pago del primer plazo a la empresa. Como se explica más arriba, no parece que este haya sido el caso con ninguna de las medidas anteriores en evaluación.

(130) El punto 25, letra b), establece que la ayuda de salvamento debe estar justificada por razones sociales serias y no ser susceptible de producir efectos colaterales negativos graves en otros Estados miembros. Portugal no ha presentado pruebas de que este fuera el caso con ninguna de las medidas anteriores.

(131) Además, con arreglo al punto 25, letra c), cuando se trata de una ayuda no notificada, el Estado miembro debe transmitir a la Comisión, en el plazo de seis meses a partir de la primera ejecución de la ayuda, un plan de reestructuración, un plan de liquidación o la prueba de que se ha reembolsado íntegramente el préstamo y/o de que se ha puesto fin a la garantía. Una vez más, Portugal no cumplió este requisito de compatibilidad necesario.

(132) De acuerdo con el punto 25, letra d), la ayuda de salvamento debe limitarse al importe necesario para mantener a la empresa en funcionamiento. En vista de la elevada cuantía de la ayuda derivada de todas las medidas anteriores, la Comisión concluye que este requisito tampoco se cumplió.

(133) Por último, el punto 25, letra e), de las Directrices de S+R de 2004 exige el cumplimiento de la condición de «ayuda única». Según este principio, si han transcurrido menos de diez años desde la concesión de la ayuda de salvamento o desde la finalización del período de reestructuración, la Comisión no autorizará nuevas ayudas de salvamento o de reestructuración. En vista de las numerosas intervenciones del Estado durante el intervalo de tiempo cubierto por las medidas anteriores, está claro que no se ha respetado el principio de «ayuda única» y que ENVC se benefició de ayudas estatales ilegales en numerosas ocasiones.

(134) En relación con la ayuda de reestructuración definida en la sección 3.2 de las Directrices de S+R de 2004, la Comisión observa que Portugal no notificó a la Comisión ninguna de las medidas identificadas más arriba como ayudas de reestructuración y, por consiguiente, no demostró que existiera ninguno de los elementos necesarios para que se consideraran como tales (plan de reestructuración, contribución propia, medidas compensatorias, etc.).

(135) En particular, el punto 34 de las Directrices S+R establece que la concesión de una ayuda de reestructuración debe estar supeditada a la ejecución de un plan de reestructuración que, para todas las ayudas individuales, deberá haber sido autorizado por la Comisión. Además, cualquier ayuda de reestructuración debe incluir medidas dirigidas a evitar falseamientos indebidos de la competencia («contrapartidas», véanse los puntos 38 a 42) y también debe prever una «contribución propia» del beneficiario que en el caso de ENVC debería haber alcanzado el 50 % de los costes de reestructuración, pues se trataba de una gran empresa (véanse los puntos 38 a 45). Por otra parte, al igual que con la ayuda de salvamento, se ha de respetar el principio de «ayuda única».

(136) La Comisión reitera en primer lugar que no se ha respetado el principio de «ayuda única» (véase el considerando 133 anterior). En cambio, la Comisión observa que se concedieron numerosas medidas anteriores fuera del período de reestructuración previsto (2005-2009). Esto sería contrario al principio de «ayuda única», y por tanto bastaría para establecer que las medidas anteriores no se pueden considerar ayudas de reestructuración compatibles de acuerdo con las Directrices de S+R de 2004.

(137) En cualquier caso, la Comisión destaca que Portugal no presentó el plan de reestructuración preparado por el BPI hasta 2014, es decir, cinco años después de que venciese el período de reestructuración previsto (2005-2009). La Comisión destaca asimismo que el plan del BPI parece un proyecto elaborado con miras a un debate. Por otra parte, aunque el plan de reestructuración parece incluir algunos de los elementos exigidos por las Directrices de S+R de 2004, no incluye contrapartidas y no prevé ninguna contribución de ENVC. Así pues, no se puede considerar que el plan de reestructuración del BPI respetase los requisitos de las Directrices de S+R de 2004.

(138) En ausencia de propuestas de contrapartidas y de contribución propia de ENVC y teniendo en cuenta que no se ha respetado el principio de «ayuda única», la Comisión concluye que el resto de las medidas anteriores no se puede considerar ayuda de salvamento compatible con arreglo a las Directrices de S+R.

6.5. Conclusión sobre la compatibilidad

(139) En vista de lo anterior, la Comisión considera que las subvenciones a la construcción naval para los contratos C224 y C225, cada una de las cuales asciende a un importe de 2 675 275 EUR (véase el considerando 125 anterior), constituyen ayudas a la construcción naval compatibles con el mercado interior.

(140) La Comisión considera asimismo que las medidas anteriores restantes (es decir, la ampliación de capital de 2006, los préstamos de 2012 y 2013, los préstamos de la DGTF, las cartas de garantía de 2009, 2010 y 2011, las subvenciones a la formación profesional, el préstamo para el buque Atlântida y el resto de las subvenciones a la construcción naval) no cumplen las condiciones de las Directrices de S+R de 2004. La Comisión no ha identificado ningún otro fundamento de compatibilidad. Por consiguiente, la Comisión considera que las medidas anteriores restantes implican ayudas estatales incompatibles con el mercado interior.

6.6. Recuperación

(141) Según el Tratado y una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando se comprueba la incompatibilidad de una ayuda con el mercado interior, la Comisión es competente para decidir que el Estado interesado debe suprimirla o modificarla (45). El Tribunal también ha mantenido sistemáticamente que la obligación por parte de un Estado miembro de suprimir ayuda que la Comisión haya considerado incompatible con el mercado interior tiene por objeto restablecer la situación existente anteriormente (46).

(142) El Tribunal de Justicia ha establecido al respecto que este objetivo se alcanza una vez que el beneficiario ha reembolsado los importes recibidos en forma de ayudas ilegales, perdiendo así la ventaja de la que había gozado en el mercado frente a sus competidores, y una vez que se restablece la situación anterior a la concesión de la ayuda (47).

(143) En la línea de esta jurisprudencia, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo (48) establece que «cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda […]». El artículo 15 del mismo Reglamento aclara que «[l]as competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas estarán sujetas a un plazo de prescripción de diez años que se contará a partir de la fecha en que se haya concedido la ayuda ilegal al beneficiario […]. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por un Estado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal interrumpirá el plazo de prescripción». Desde la primera acción emprendida por la Comisión en el asunto SA.35546, el 11 de octubre de 2012 (véase el considerando 1 anterior), ninguna recuperación de ayudas incompatibles puede incluir ayudas concedidas antes del 11 de octubre de 2002.

(144) La Comisión observa a este respecto que algunas de las subvenciones a la construcción naval se concedieron antes del 11 de octubre de 2002, en particular las relativas a los contratos C206, C211, C217, C218, C219, C220, C221 y C222 (véase el anexo II). Por tanto, la ayuda incompatible relativa a esos contratos, que asciende a 11 297 009,19 EUR, está sujeta al plazo de prescripción de diez años y no se puede recuperar.

(145) Las restantes medidas anteriores que conllevan ayudas estatales ilegales e incompatibles (véase el cuadro 5) se deben recuperar a fin de restablecer la situación que existía en el mercado antes de su concesión. La recuperación abarcará el período comprendido entre el momento en que se generó la ventaja para el beneficiario, es decir, cuando se puso la ayuda a disposición del beneficiario, y la recuperación efectiva, y devengará intereses hasta su recuperación efectiva. Cuadro 5 Importes por recuperar (en EUR) Fecha Medida Importe por recuperar (49) 11 de mayo de 2006 Ampliación de capital de 2006 24 875 000 2012/2013 Préstamos de 2012 y 2013 101 118 066,03 (i) 31 de enero de 2006 (ii) 11 de diciembre de 2008 (iii) 28 de abril de 2010 (iv) 27 de abril de 2011 Préstamos de la DGTF (i) 30 000 000 (ii) 8 000 000 (iii) 5 000 000 (iv) 13 000 000 29 de noviembre de 2011 Cartas de garantía para un préstamo concedido por el BCP 990 000 3 de noviembre de 2011 Carta de garantía para un préstamo concedido por el BCP 400 000 30 de septiembre de 2010 Carta de garantía para un préstamo concedido por el BCP 12 500 000 31 de agosto de 2010 Cartas de garantía para dos cartas de crédito tipo standby emitidas por la CGD 12 890 000 24 de junio de 2010 Carta de garantía para un préstamo concedido por el BCP 5 000 000 25 de noviembre de 2009 Carta de garantía para un préstamo renovable concedido por la CGD 15 000 000 7 de septiembre de 2009 Carta de garantía para un préstamo renovable concedido por el BES 4 500 000 — Subvenciones a la construcción naval (contratos C212, C213, C214 y C223) 10 482 374,01 (50) — Ayuda para formación profesional 2005-2006 257 791 23 de diciembre de 2009 Préstamo para el buque Atlântida 37 000 000

7. EVALUACIÓN DE LA CONTINUIDAD ECONÓMICA ENTRE ENVC Y WESTSEA

(146) El 4 de marzo de 2014, ENVC celebró una Asamblea General en la que EMPORDEF, como único accionista, confirmó la decisión de proceder a la venta de los activos de ENVC, así como al despido de sus empleados, a fin de liquidar y disolver la empresa lo antes posible.

(147) El 27 de febrero de 2015, en vista de la futura liquidación de ENVC, Portugal dirigió a la Comisión una doble petición: «(a) Teniendo en cuenta que, en caso de decisión negativa de la Comisión que imponga la recuperación de las ayudas incompatibles concedidas a ENVC en el contexto de los artículos 107 y 108 del TFUE, la mayor parte de los activos de ENVC se venderá y el proceso de liquidación de ENVC quedará prácticamente concluido, el Estado portugués desea solicitar a la Comisión que confirme que, en las condiciones descritas más arriba, la venta de dichos activos no constituye ayuda estatal a los compradores. (b) Teniendo también en cuenta que, en caso de decisión negativa de la Comisión que imponga la recuperación de las ayudas incompatibles concedidas a ENVC en el contexto de los artículos 107 y 108 del TFUE, se exigirá al Estado portugués que recupere las ayudas incompatibles, las autoridades portuguesas piden a la Comisión que confirme que tal obligación de recuperación no se extenderá a WestSea pese a la adquisición de algunos de los activos de ENVC.»

(148) En efecto, en caso de decisión negativa de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas incompatibles concedidas a una empresa en el contexto de los artículos 107 y 108 del TFUE, normalmente se exige que el Estado miembro de que se trate recupere las ayudas incompatibles. La obligación de recuperación se puede extender a una nueva empresa a la que la empresa en cuestión haya transferido o vendido parte de sus activos, cuando la estructura de la transferencia o la venta lleve a la conclusión de que existe continuidad económica entre ambas empresas. Además, aun en ausencia de continuidad económica, la venta de los activos por debajo de su valor de mercado podría resultar en una (nueva) ayuda estatal al comprador.

(149) Por la presente decisión, la Comisión no evalúa la transferencia de los contratos de construcción de dos buques de transporte de asfalto (51), que aún no se ha producido.

(150) A fin de decidir si existe ayuda estatal que beneficie al comprador o los compradores de los activos, la Comisión necesita: a) determinar si la venta del activo tiene lugar a su precio de mercado, y b) tener en cuenta asimismo los otros criterios mencionados en el considerando anterior.

(151) De acuerdo con la resolución del Tribunal en el asunto Italia y SIM 2 contra Comisión (52), para la cual la Comisión basó sus decisiones en Olympic Airlines, Alitalia y SERNAM (53), la evaluación de la continuidad económica entre la entidad anterior (receptora de ayuda) y el comprador se establece con arreglo a un conjunto de indicadores. Pueden tomarse en consideración los factores siguientes: i) el alcance de los activos vendidos (activos y pasivos, mantenimiento del personal, conjunto de activos), ii) el precio de venta, iii) la identidad del comprador o los compradores, iv) el momento de la venta (tras el inicio de la evaluación preliminar, el procedimiento de investigación formal y la Decisión definitiva), y v) la lógica económica de la operación. Este conjunto de indicadores quedó confirmado por el Tribunal General en su resolución de 28 de marzo de 2012 en el asunto Ryanair contra Comisión (54), que confirmaba la resolución Alitalia.

7.1. Alcance de los activos vendidos

(152) Con el fin de evitar la continuidad económica, la Comisión ha de comprobar que los activos y otros elementos de la empresa transferida representen solo una parte de la empresa anterior o sus actividades. Cuanto mayor sea la parte de la empresa original transferida a la nueva entidad, mayor será la probabilidad de que la actividad económica relacionada con esos activos siga beneficiándose de ventajas derivadas de la ayuda incompatible concedida a la entidad anterior.

(153) Los principales activos de ENVC incluían: i) la concesión otorgada por la Administración Portuaria de Viana do Castelo sobre el suelo donde se encuentran los astilleros y ii) equipos y materias primas diversos. Todos estos activos se vendieron en licitaciones transparentes, no discriminatorias e incondicionales abiertas a licitadores portugueses y no portugueses, con el único criterio del precio para seleccionar las ofertas.

(154) En lo referente a la subconcesión del suelo donde se encuentran los astilleros, a resultas de una licitación se concedió hasta marzo de 2031 a WestSea, una filial conjunta del grupo portugués Martifer y el astillero portugués Navalria. WestSea pagará un alquiler anual de 419 233,95 EUR y una garantía de 435 500 EUR.

(155) En cuanto a los equipos y materias primas diversos, que incluían vehículos y una gran grúa/elevadora, se vendieron en 120 pequeñas licitaciones en 884 lotes. De esta manera, del total de 3 358 905,13 EUR de bienes vendidos, los compradores adquirieron un promedio de 55 981,75 EUR de mercancía, en lotes de valores comprendidos entre 10 EUR y 1,035 millones EUR. El principal comprador fue el Ministério dos Transportes e Comunicações de Timor, con un porcentaje del 31 %. WestSea adquirió menos del 20 % de los activos vendidos.

(156) Por último, en lo referente a los empleados, no se ha transferido ningún contrato de trabajo a ninguno de los compradores: 596 contratos laborales ya se han rescindido y los 13 empleados restantes se encuentran en proceso de despido. Las licitaciones no incluían condiciones específicas de transferencia de los contratos laborales o de los empleados de ENVC a ningún comprador.

(157) A resultas de los elementos anteriores, la Comisión concluye que el alcance de los activos vendidos o que puedan ser adquiridos por WestSea se reducirá considerablemente en relación con los de ENVC y su actividad anterior.

7.2. Precio de venta

(158) A fin de evitar la continuidad económica entre ENVC y WestSea, la Comisión ha de comprobar que los activos y otros elementos de la empresa transferidos se vendieron o se venderán a precios de mercado. El precio de mercado es aquel que podría fijar un inversor privado actuando en condiciones de mercado (55).

(159) La subconcesión del suelo donde se encuentran los astilleros y los equipos y materias primas diversos han sido vendidos mediante licitaciones abiertas, transparentes, no discriminatorias e incondicionales, y el único criterio aplicado para seleccionar las ofertas ha sido el del mejor precio.

(160) A resultas de los elementos anteriores, la Comisión concluye que la subconcesión del suelo donde se encuentran los astilleros y la venta de los equipos y materias primas diversos de ENVC a WestSea se realizaron mediante licitaciones abiertas, transparentes, no discriminatorias e incondicionales y se adjudicaron al mejor postor, con lo que se consiguió un precio de mercado.

7.3. Identidad de los compradores

(161) Con el fin de evitar la continuidad económica, la Comisión ha de comprobar que los activos y otros elementos de la empresa transferida no tengan vínculos económicos o empresariales con ENVC.

(162) En lo referente a la concesión del suelo donde se encuentran los astilleros, las autoridades portuguesas confirman que WestSea no tiene vínculos económicos ni empresariales con ENVC ni con el Estado portugués.

(163) En relación con los equipos y materias primas diversos ya vendidos, las autoridades portuguesas confirman que ninguno de los compradores principales tiene vínculos económicos ni empresariales con ENVC ni con su accionista.

(164) A resultas de los elementos anteriores, la Comisión concluye que WestSea es una entidad independiente de ENVC y de su accionista.

7.4. Momento de la venta

(165) Con el fin de evitar la continuidad económica, la Comisión ha de comprobar que el momento de la venta de los activos y otros elementos de la empresa transferida no lleve a la elusión de una decisión de la Comisión de recuperar una ayuda estatal incompatible.

(166) La Comisión observa que los procesos de licitación para la subconcesión del suelo donde se encuentran los astilleros, así como para la adquisición de los activos y el equipo, se han iniciado y concluido antes de la adopción por la Comisión de la presente Decisión definitiva.

(167) Además, como se menciona en el considerando 1 anterior, fue Portugal el primero en dirigirse a la Comisión con el fin de organizar adecuadamente la privatización de ENVC con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales. Así pues, la serie de acontecimientos indica que la privatización no se construyó como un mecanismo para eludir decisiones negativas existentes o investigaciones pendientes de la Comisión.

(168) A resultas de los elementos anteriores, la Comisión concluye que el hecho de que la subconcesión del suelo donde se encuentran los astilleros, así como la adquisición de los equipos y materias primas diversos de ENVC, se produjeran antes de la adopción por la Comisión de la presente Decisión definitiva no indica que exista elusión de una decisión potencial de recuperación por la Comisión.

7.5. Lógica económica de la operación

(169) A fin de evitar la continuidad económica, la Comisión ha de comprobar que los compradores de los activos y otros elementos de la empresa transferida no vayan a emplear esos activos de la misma manera que el propietario, sino que los vayan a utilizar para organizar una actividad o estrategia diferente.

(170) Algunos de los activos de ENVC adquiridos por WestSea pueden ser empleados en la misma actividad general (construcción naval), en particular el suelo donde se encuentran los astilleros. Sin embargo, el mero hecho de que el comprador esté activo en el mismo sector económico que la entidad anterior no implica necesariamente que exista continuidad económica. WestSea no tiene obligación de hacerse cargo de ningún empleado o contrato laboral de ENVC. Por otra parte, WestSea integrará el astillero en su estrategia empresarial con el fin de garantizar sinergias con los emplazamientos de otros astilleros. WestSea tendrá la posibilidad de gestionar sus actividades en condiciones operativas diferentes de las de ENVC y gozará de libertad para aplicar su propio modelo empresarial.

(171) A resultas de los elementos anteriores, la Comisión concluye que WestSea integrará estos elementos en una estrategia empresarial y los utilizará para aplicar su propia lógica económica.

7.6. Conclusión sobre la continuidad económica entre ENVC y WestSea

(172) En primer lugar, el alcance de los activos adquiridos por WestSea es considerablemente reducido en comparación con el de los de ENVC y la actividad previa de esta. En segundo lugar, la subconcesión del suelo donde se encuentran los astilleros y la adquisición de los equipos y materias primas diversos se otorgaron a través de licitaciones abiertas, transparentes, no discriminatorias e incondicionales. En tercer lugar, WestSea es una entidad independiente de ENVC y su accionista. En cuarto lugar, el momento en que se otorgó la subconcesión del suelo donde se encuentran los astilleros, así como la adquisición de los equipos y materias primas diversos, no indican que exista elusión de una decisión potencial de recuperación por la Comisión. En quinto lugar, WestSea integrará los activos de ENVC en su estrategia empresarial y los utilizará para aplicar su propia lógica económica.

(173) Por consiguiente, la Comisión concluye que no existe continuidad económica entre ENVC y WestSea.

8. CONCLUSIÓN

(174) La Comisión considera que las medidas anteriores, con la salvedad de las cartas de garantía de 8 de enero de 2007 y 26 de junio de 2008, constituyen ayudas estatales a favor de ENVC en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(175) Las medidas anteriores que constituyen ayudas estatales son incompatibles con el mercado interior (salvo las dos subvenciones a la construcción naval autorizadas por la Resolución de la Comisión en el asunto C 33/2004), pues no se cumplieron las condiciones pertinentes de las Directrices de S+R de 2004 y no se identificaron otros fundamentos de compatibilidad.

(176) La Comisión considera también que Portugal ha aplicado ilegalmente las medidas a las que se hace referencia más arriba y ha infringido el artículo 108, apartado 3, del TFUE.

(177) La ayuda estatal incompatible se debe reclamar al beneficiario, como se señala en la sección 6.6 anterior.

(178) Tal recuperación no afectará a WestSea, dada la ausencia de continuidad económica entre ENVC y WestSea.

(179) Por último, la Comisión señala que las autoridades portuguesas aceptaron que la presente Decisión fuera adoptada y notificada en lengua inglesa.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1. Las cartas de garantía de 8 de enero de 2007 y 26 de junio de 2008 no constituyen ayudas estatales en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

2. Las ayudas estatales contenidas en las subvenciones a la construcción naval correspondientes a los contratos C224 y C225 (que ascienden a 5 350 550 EUR) son compatibles con el mercado interior.

3. Las ayudas estatales a las que se hace referencia en el cuadro siguiente, que Portugal concedió ilegalmente infringiendo el artículo 108, apartado 3, del TFUE, son incompatibles con el mercado interior.

Fecha Medida Importe 11 de mayo de 2006 Ampliación de capital de 2006 24 875 000 2012/2013 Préstamos de 2012 y 2013 101 118 066,03 (i) 31 de enero de 2006 (ii) 11 de diciembre de 2008 (iii) 28 de abril de 2010 (iv) 27 de abril de 2011 Préstamos de la DGTF (i) 30 000 000 (ii) 8 000 000 (iii) 5 000 000 (iv) 13 000 000 29 de noviembre de 2011 Cartas de garantía para un préstamo concedido por el BCP 990 000 3 de noviembre de 2011 Carta de garantía para un préstamo concedido por el BCP 400 000 30 de septiembre de 2010 Carta de garantía para un préstamo concedido por el BCP 12 500 000 31 de agosto de 2010 Cartas de garantía para dos cartas de crédito tipo standby emitidas por la CGD 12 890 000 24 de junio de 2010 Carta de garantía para un préstamo concedido por el BCP 5 000 000 25 de noviembre de 2009 Carta de garantía para un préstamo renovable concedido por la CGD 15 000 000 7 de septiembre de 2009 Carta de garantía para un préstamo renovable concedido por BES 4 500 000 — Subvenciones a la construcción naval (contratos C212, C213, C214 y C223) 10 482 374,01 — Subvenciones a la construcción naval (contratos C206, C211, C217, C218, C219, C220, C221 y C222) 11 279 009,01 — Ayuda para formación profesional 2005-2006 257 791 23 de diciembre de 2009 Préstamo para el buque Atlântida 37 000 000

Artículo 2

1. Portugal reclamará al beneficiario las ayudas incompatibles a las que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1 (incluidos, si procede, los intereses devengados y no pagados por ENVC), con la salvedad de las subvenciones a la construcción naval vinculadas a los contratos C206, C211, C217, C218, C219, C220, C221 y C222 (que ascienden a un total global de 11 279 009,01 EUR), por estar sujetas al plazo de prescripción de diez años previsto en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999.

2. Tal recuperación de ayuda estatal incompatible no afectará a WestSea.

3. Las cantidades pendientes de recuperación devengarán intereses desde la fecha en que se pusieron a disposición del beneficiario hasta la de su recuperación.

4. Los intereses se calcularán sobre una base compuesta de conformidad con el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión (56) y con el Reglamento (CE) no 271/2008 de la Comisión (57) que modifica el Reglamento (CE) no 794/2004.

5. Portugal cancelará todos los pagos de ayudas pendientes, en caso de que los haya, desde la fecha de adopción de la presente decisión.

Artículo 3

1. La recuperación de la ayuda mencionada en el artículo 1, apartado 2, será inmediata y efectiva.

2. Portugal garantizará que la presente Decisión se aplique en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.

Artículo 4

1. En un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, Portugal facilitará la información siguiente:

a) el importe total (principal e intereses) que debe recuperarse de cada beneficiario;

b) una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión;

c) documentos que demuestren que se ha ordenado al beneficiario que reembolse la ayuda.

2. Portugal mantendrá informada a la Comisión sobre la evolución de las medidas nacionales de aplicación de la presente Decisión hasta que se complete la recuperación de las ayudas contempladas en el artículo 1, apartado 2. Presentará inmediatamente, a petición de la Comisión, información sobre las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión. También proporcionará información detallada sobre los importes de la ayuda y los intereses ya recuperados de los beneficiarios.

Artículo 5

El destinatario de la presente Decisión será la República Portuguesa.

Hecho en Bruselas, el 7 de mayo de 2015. Por la Comisión Margrethe VESTGAGER Miembro de la Comisión

(1) Ayuda Estatal — Portugal — Ayuda estatal SA.35546 (2013/C, ex 2012/NN) — Medidas anteriores en favor de Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 95 de 3.4.2013, p. 118).

(2) Véase la nota 1 a pie de página.

(3) Reglamento no 1 por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 17 de 6.10.1958, p. 385/58).

(4) De la información suministrada por Portugal se desprende que la capacidad en términos de mano de obra dedicada a la construcción de buques con fines militares alcanzó su valor máximo en 2005 con el 33 % de la actividad total de ENVC (incluidas construcción, reparación, etc.). Entre 2006 y 2011, la capacidad media dedicada a la construcción de buques militares había sido aproximadamente del 11 %, pero en 2012 se redujo a cero debido a la cancelación de un pedido de construcción de buques militares del Ejército portugués.

(5) El contrato de concesión también fue modificado en 2005 y 2007 para permitir a ENVC establecer una subconcesión de una parte del suelo para la fabricación de generadores eólicos.

(6) Este proceso no estaba previsto en el Memorándum de acuerdo sobre la condicionalidad específica de la política económica firmado por Portugal y la Comisión, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.

(7) Lei Quadro das Privatizações, aprobada mediante la Ley no 11/90 de 5.4.1990 y publicada de nuevo mediante la Ley no 50/2011 de 13.9.2011.

(8) Diário da República no 156, 13.8.2012, p. 4364 y Diário da República no 167, 29.8.2012, p. 4838, respectivamente.

(9) La oferta presentada por Volstad Maritime el 5 de noviembre de 2012 quedó descalificada, pues llegó después de las 10.00 a.m., que era la hora límite.

(10) En las alegaciones presentadas el 28 de diciembre de 2012, Portugal mencionaba una ampliación de capital que al parecer había tenido lugar en 2009. Sin embargo, en el curso del procedimiento de investigación formal Portugal confirmó que en 2009 no se había realizado ninguna ampliación de capital.

(11) Esta medida incluye la asunción por EMPORDEF de la deuda contraída por ENVC con Parvalorem por valor de 5 111 910,08 EUR, así como los intereses devengados y no pagados, por valor de 5 281 882,02 EUR.

(12) Portugal señaló que ENVC pagó intereses relativos los préstamos de la DGTF de 2006 y 2008 en cinco ocasiones entre 2006 y 2010, por un total de 3 291 293,50 EUR.

(13) La Decisión de incoación incluía entre las otras medidas una carta de garantía de EMPORDEF relativa a las cartas de crédito emitidas por la CGD, de 12 890 000 EUR. Durante el procedimiento de investigación formal, Portugal aclaró que esta medida es una de las que se describen en el considerando 24.

(14) Durante el procedimiento de investigación formal, Portugal aclaró que el importe sujeto a las cartas de crédito standby era de 12 890 000 EUR, es decir, el 10 % de los costes de construcción de los dos buques de transporte de asfalto (128 900 000 EUR). Además, Portugal aclaró que el contrato para la emisión de las cartas de crédito standby se celebró en 2010 y no en 2012, como se afirmaba en la Decisión de incoación.

(15) De acuerdo con la información facilitada por Portugal, la ayuda a la construcción naval se prestó en forma de subvenciones vinculadas a catorce contratos en el período 2000-2005, y no en el período 2000-2007, como se indicaba en la Decisión de incoación.

(16) Portugal ha aclarado que la ayuda para formación profesional se prestó en 2005 y 2006, y no en el período 2000-2007, como se indica en la Decisión de incoación.

(17) Directiva 87/167/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1987, sobre ayudas a la construcción naval (DO L 69 de 12.3.1987, p. 55).

(18) DO C 244 de 1.10.2004, p. 2. El 1 de agosto de 2014 entraron en vigor las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C 249 de 31.7.2014, p. 1) («las Directrices de S+R de 2014»). De conformidad con el punto 135 de las Directrices de S+R de 2014, la Comisión aplicará esas directrices desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, de conformidad con el punto 138 de la Directrices de S+R de 2014, las medidas anteriores sujetas a la presente decisión se han de evaluar sobre la base de las directrices aplicables en el momento en que la ayuda fue concedida, es decir, las Directrices de S+R de 2004 (o, si procede, las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis de 1999 (DO C 288 de 9.10.1999, p. 2, «las Directrices de S+R de 1999»).

(19) En lo referente a EMPORDEF, la Comisión observó en los considerandos 46 a 48 de la Decisión de incoación que sus decisiones parecían imputables al Estado portugués en el sentido del asunto Stardust Marine (sentencia Francia contra Comisión, C-482/99, EU:C:2002:294).

(20) DO C 364 de 14.12.2011, p. 9.

(21) A saber, el Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval de 2004 (DO C 317 de 30.12.2003, p. 11) y el Reglamento (CE) no 1540/98