ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

El anexo I se modifica como sigue: a) la parte relativa a Dinamarca queda modificada como sigue: i) la entrada correspondiente al puerto de Århus se sustituye por el texto siguiente: «Århus DK AAR 1 P HC(1)(2), NHC (2)», ii) la entrada correspondiente al puerto de Esbjerg se sustituye por el texto siguiente: «Esbjerg DK EBJ 1 P HC-T(CH)(1)(2) HC-NT(6), NHC-T(FR)(2) NHC-NT(6)(11)»; b) la parte relativa a España queda modificada como sigue: i) la entrada correspondiente al puerto de Marín se sustituye por el texto siguiente: «Marín ES MAR 1 P HC, NHC-T(FR), NHC-NT Protea Productos del Mar HC-T(FR)(3)», ii) la entrada correspondiente al aeropuerto de Tenerife Norte se sustituye por el texto siguiente: «Tenerife Norte (*) ES TFN 4 A HC(2) (*)», iii) la entrada correspondiente al aeropuerto de Valencia se sustituye por el texto siguiente: «Valencia ES VLC 4 A HC(2), NHC(2) O(10)»; c) la parte relativa a Italia queda modificada como sigue: i) la entrada relativa al puerto de Gioia Tauro se sustituye por el texto siguiente: «Gioia Tauro IT GIT 1 P HC, NHC-NT», ii) la entrada correspondiente al puerto de Rávena se sustituye por el texto siguiente: «Ravenna IT RAN 1 P Sapir 1 NHC-NT(6) TCR HC-T(FR)(2) HC-NT(2), NHC-NT(2) Setramar NHC-NT(4) Docks Cereali (*) NHC-NT (*)», iii) la entrada correspondiente al aeropuerto de Roma-Fiumicino se sustituye por el texto siguiente: «Roma Fiumicino IT FCO 4 A Nuova Alitalia HC(2), NHC-NT(2) O(14) Argol S.P.A. HC, NHC Isola Veterinaria ADR U, E, O»; d) en la parte relativa a Letonia, la entrada correspondiente al puerto de Riga (Riga port) se sustituye por el texto siguiente: «Riga (Riga port) LV RLX 1a P HC(2), NHC(2) Kravu terminãls (*) HC-T(FR)(2) (*), HC-NT(2) (*)»; e) la parte relativa a los Países Bajos queda modificada como sigue: i) la entrada correspondiente al aeropuerto de Amsterdam se sustituye por el texto siguiente: «Amsterdam NL AMS 4 A Aviapartner Cargo B.V. HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2) O(14) KLM-2 U, E, O(14) Freshport HC(2), NHC(2) O(14)», ii) la entrada correspondiente al puerto de Maastricht se sustituye por el texto siguiente: «Maastricht NL MST 4 A MHS Products HC(2), NHC(2) MHS Live U, E, O», iii) la entrada correspondiente al puerto de Rotterdam se sustituye por el texto siguiente: «Rotterdam NL RTM 1 P Eurofrigo Karimatastraat HC, NHC-T(FR), NHC-NT Eurofrigo, Abel Tasmanstraat HC Frigocare Rotterdam B.V. HC-T(2), Wibaco HC-T(FR)(2) HC-NT(2)»; f) en la parte relativa al Reino Unido, se suprime la entrada correspondiente al puesto de inspección fronterizo del puerto de Grove Wharf Wharton.
(4)

A menudo, como consecuencia de sus dificultades financieras, las empresas insolventes no se encuentran en condiciones de abonar a las autoridades competentes el IVA percibido por sus entregas de bienes o sus prestaciones de servicios. No obstante, el destinatario de tales bienes o servicios puede, en principio, deducir el IVA aunque el proveedor no lo haya abonado a las autoridades competentes.
1)

El artículo 1 se modificará como sigue: a) se sustituirán por las siguientes las definiciones correspondientes: «— “addressable BIC holder” means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,» «— “credit institution” means either: (a) a credit institution within the meaning of §1 (1) of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union that is subject to scrutiny of a estándar comparable to supervision by a competent authority,» «— “public sector body” means an entity within the “public sector”, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (1), b) «— “Bank Identifier Code (BIC)” means a code as defined by ISO Standard No 9362,» se sustituirá por: «— “Business Identifier Code (BIC)” means a code as defined by ISO Standard No 9362,»; c) en la definición de «technical malfunction of TARGET2», el punto final se sustituirá por una coma; d) se añadirá la definición siguiente: «— “User Detailed Functional Specifications (UDFS)” means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a participant interacts with TARGET2.».
(1)

La Decisión 2009/852/CE de la Comisión (3) autoriza que los requisitos estructurales establecidos en el Reglamento (CE) no 852/2004, anexo II, capítulo II, y en el Reglamento (CE) no 853/2004, anexo III, sección I, capítulos II y III, sección II, capítulos II y III, y sección V, capítulo I, no sean de aplicación para los establecimientos de transformación de leche de Rumanía enumerados en el anexo I de la Decisión hasta el 31 de diciembre de 2011.
(6)

Las medidas de ejecución de la Unión figuran en el Reglamento (CE) no 174/2005 del Consejo, de 31 de enero de 2005, por el que se imponen restricciones al suministro de asistencia a Costa de Marfil en relación con actividades militares (4), en el Reglamento (CE) no 560/2005 del Consejo, de 12 de abril de 2005, por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil (5), y en el Reglamento (CE) no 2368/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto (6),
(2)

Estos programas deben elaborarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 199/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativo al establecimiento de un marco comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común (2), y el Reglamento (CE) no 665/2008 de la Comisión (3), por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 199/2008.
2.

Número de instalaciones con un permiso que se ajusta plenamente a la Directiva: número total de instalaciones IPPC que disponen de uno o varios permisos concedidos de conformidad con la Directiva IPPC (incluidos los permisos pre-IPPC que se han revisado/actualizado), independientemente de la fecha en que se haya expedido el permiso o de que el permiso se haya revisado, actualizado, modificado o renovado debido a cualquier motivo. Para contabilizar el número de instalaciones que deben notificarse, los Estados miembros tendrán en cuenta la situación del permiso o permisos correspondientes a cada instalación al final del período de referencia. Cabe señalar que los números se refieren a las instalaciones y no a los permisos (partiendo de la base de que una instalación puede disponer de varios permisos y viceversa). Norma de coherencia: 1 menos 2 será igual al número de instalaciones que no disponen de un permiso que cumple íntegramente la Directiva IPPC por cualquier motivo (el procedimiento no está concluido, todas las actividades no están plenamente cubiertas, etc.). Una cifra diferente de cero indica la posibilidad de incumplimiento de las disposiciones de la Directiva IPPC.
(2)

El Reglamento (CE) no 854/2004 establece que solo podrán incluirse en dichas listas aquellos terceros países en los que se haya llevado a cabo un control de la Unión que demuestre que las autoridades competentes ofrecen garantías adecuadas con arreglo a lo previsto en el Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (2). En particular, el Reglamento (CE) no 882/2004 establece que solo figurarán en dichas listas aquellos terceros países cuyas autoridades competentes ofrezcan garantías apropiadas con respecto al cumplimiento o la equivalencia con la legislación de la Unión sobre piensos y alimentos y la normativa en materia de salud animal.
(4)

Un número significativo de operadores de productos específicos, en particular teléfonos móviles y dispositivos de circuitos integrados, no abona el IVA a las autoridades fiscales después de vender sus productos. Sin embargo, sus clientes, al estar en posesión de una factura válida, tienen derecho a la deducción del impuesto. En los casos más agresivos de esta evasión fiscal, unos mismos bienes son objeto de varias entregas, mediante un sistema de «carrusel», sin abonar el IVA a las autoridades fiscales. Al designar, en estos casos, a la persona a quien se entregan los bienes como deudora del IVA, la medida de excepción eliminaría la posibilidad de incurrir en ese tipo de evasión fiscal. Sin embargo, no afectaría al importe del IVA adeudado.
1)

En todos los puntos pertinentes, los gestores de redes de transporte publicarán la información indicada en las letras a) a g) en relación con todos los servicios (incluidos los auxiliares) prestados, con datos, en particular, sobre las mezclas, el balastaje y la conversión. Esa información se publicará en valores numéricos por períodos diarios u horarios iguales al período de referencia más corto para la reserva de capacidad y la (re)nominación y al período de liquidación más corto para el cual se calculan las tarifas de balance. Si el período de referencia más corto no es un período diario, la información a que se refieren las letras a) a g) se ofrecerá también respecto al período diario. Esa información y sus actualizaciones se publicarán en cuanto estén a disposición del gestor de la red (“tiempo casi real”). Se trata de la información siguiente: a) capacidad técnica de los flujos en ambas direcciones; b) capacidad total firme e interrumpible contratada en ambas direcciones; c) nominaciones y renominaciones en ambas direcciones; d) capacidad disponible firme e interrumpible en ambas direcciones; e) flujos físicos reales; f) interrupción prevista y efectiva de la capacidad interrumpible; g) interrupciones previstas e imprevistas de servicios firmes, así como información sobre el restablecimiento de los servicios firmes (en particular, el mantenimiento del sistema y la duración probable de toda interrupción por causa de mantenimiento); las interrupciones previstas se publicarán al menos con 42 días de antelación.
(6)

Para evitar esas mismas prácticas y garantizar la aplicación uniforme del Reglamento (CE) no 998/2003, el Reglamento (UE) no 388/2010 de la Comisión, de 6 de mayo de 2010, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 998/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al número máximo de animales de compañía de determinadas especies que pueden ser objeto de un desplazamiento sin ánimo comercial (3), dispone que se aplican las mismas reglas cuando se desplazan a un Estado miembro más de cinco perros, gatos o hurones de compañía procedentes de otro Estado miembro o de un tercer país incluido en la lista del anexo II, parte B, sección 2, del Reglamento (CE) no 998/2003.
(2)

En ese contexto, el solicitante, Provexis Natural Products Ltd, presentó el 31 de marzo de 2010 una solicitud para modificar la autorización de la correspondiente declaración de propiedades saludables conforme al artículo 19 del Reglamento (CE) no 1924/2006. La modificación consiste en ampliar las condiciones de utilización aplicables a la declaración autorizada de modo que pueda utilizarse, en particular, en complementos alimenticios.
(1)

Las inundaciones constituyen una catástrofe en el sentido del capítulo XVII C del Reglamento (CE) no 1186/2009; por tanto, parece justificado autorizar la importación en régimen de franquicia de las mercancías que se atengan a lo dispuesto en los artículos 74 a 80 del Reglamento (CE) no 1186/2009 anteriormente mencionado.
(5)

La ampliación del capital del BCE exigiría que los BCN no pertenecientes a la zona del euro desembolsasen el 7 % de su participación respectiva en el capital ampliado aunque los costes operativos del BCE no justifiquen una mayor contribución en términos absolutos. Para evitar este aumento de la contribución de los BCN no pertenecientes a la zona del euro a los costes operativos del BCE, es preciso reducir el porcentaje que dichos BCN deben desembolsar, de manera que los importes se mantengan iguales.
2.

El capítulo VII del apéndice 1 del anexo 11 del Acuerdo agrícola se sustituye por el texto siguiente: «VII. Enfermedades de los peces y los moluscos A. LEGISLACIONES (2) Unión Europea Suiza Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos (DO L 328 de 24.11.2006, p. 14). 1. Ley sobre epizootias, de 1 de julio de 1966 (LFE; RS 916.40), y en particular sus artículos 1, 1a y 10 (medidas contra las epizootias) y 57 (disposiciones de ejecución de carácter técnico, colaboración internacional). 2. Orden sobre epizootias, de 27 de junio de 1995 (OFE; RS 916.401), en particular sus artículos 3 y 4 (epizootias contempladas), 18a (registro de las unidades de cría de peces), 61 (obligaciones de los arrendatarios de un derecho pesquero y de los organismos encargados de supervisar la pesca), 62 a 76 (medidas generales de lucha), 275 a 290 (medidas específicas relativas a las enfermedades de los peces, laboratorio de diagnóstico). B. DISPOSICIONES ESPECIALES DE APLICACIÓN 1. En la actualidad, en Suiza no se practica la cría de ostras planas. En caso de aparición de bonamiosis o de marteiliosis, la Oficina Veterinaria Federal se compromete a adoptar las medidas de urgencia necesarias que se ajusten a la normativa de la Unión Europea sobre la base del artículo 57 de la Ley sobre epizootias. 2. Para combatir las enfermedades de los peces y los moluscos, Suiza aplicará la Orden sobre epizootias, en particular sus artículos 61 (obligaciones de los arrendatarios de un derecho pesquero y de los organismos encargados de supervisar la pesca), 62 a 76 (medidas generales de lucha), 275 a 290 (medidas específicas relativas a las enfermedades de los peces, laboratorio de diagnóstico) y 291 (epizootias que deben vigilarse). 3. El laboratorio de referencia de la Unión Europea para las enfermedades de los crustáceos es el Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory (Reino Unido). El laboratorio de referencia de la Unión Europea para las enfermedades de los peces es el National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Hangøvej 2, 8200 Århus (Dinamarca). El laboratorio de referencia de la Unión Europea para las enfermedades de los moluscos es el Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade (Francia). Suiza se hará cargo de los gastos que le sean imputables por las operaciones derivadas de estas designaciones. Las funciones y tareas de este laboratorio serán las contempladas en el anexo VI, parte I, de la Directiva 2006/88/CE. 4. La realización de los controles in situ corresponderá al Comité Mixto Veterinario, en particular de conformidad con el artículo 58 de la Directiva 2006/88/CE y el artículo 57 de la Ley sobre epizootias.
(4)

Se debe seguir suministrando cadáveres de animales para la alimentación de las especies incluidas en la lista con arreglo a las normas de desarrollo establecidas en la Decisión 2003/322/CE. Tales normas se han adoptado reconociendo las costumbres especiales en materia de alimentación de determinadas especies en su hábitat natural en aras de la biodiversidad. No obstante, el suministro de cadáveres de animales para alimentación conforme a dichas normas no constituye un medio alternativo de eliminación en el marco del Reglamento (CE) no 1774/2002.
(4)

El 1 de noviembre de 2010, Brasil informó a la OIE de que ese caso concreto de muermo en el Distrito Federal se había resuelto. En particular, las autoridades comunicaron que no se habían registrado nuevos brotes desde hacía al menos seis meses, que se aplicaban las restricciones al movimiento de équidos y que no se habían detectado nuevos casos en la vigilancia que se había llevado a cabo sobre unos 5 000 équidos.
(16)

Por otra parte, mediante carta de 12 de marzo de 2003, Italia había comunicado que la ejecución de dicha medida ya no era competencia del Ministro, sino de las regiones a las que con tal fin se habían transferido los recursos procedentes del Fondo centrale per il credito peschereccio. En su carta de 1 de julio de 2004, Italia adjuntó además dos comunicaciones sobre las medidas de ayuda aplicadas en el marco del régimen en cuestión enviadas por las regiones de Sicilia y Apulia: de Sicilia, una carta de 19 de junio de 2004 en la que se notificaba que dicha medida se había aplicado mediante el Decreto no 158 del Assessore alla pesca, de 3 de diciembre de 2003, y de Apulia, una carta de 19 de mayo de 2004, en la que se precisaba que la medida había sido ejecutada mediante un documento informativo sometido a la región en 2001. En la carta de Apulia se informaba también de que los recursos financieros para 2003 no habían llegado sino hasta el final de ese año. Italia, con todo, no había suministrado ninguna información sobre el importe de los fondos utilizados en el marco de dicho régimen. De cualquier modo, las cartas mencionadas anteriormente confirmaban que algunos fondos se habían puesto a disposición de las regiones, de conformidad con el artículo 8 del Decreto de 18 de mayo de 2001, lo que significa que el régimen de ayuda había sido realmente aplicado.
(10)

El artículo 257 de la Ley no 10/01, prevé una dotación suplementaria de 400 millones de liras (206 583 EUR) para financiar las bonificaciones sobre préstamos quinquenales concedidos para la consolidación de deudas onerosas de las cooperativas agrarias y sus agrupaciones y de las explotaciones agrarias, de conformidad con la Ley regional no 52, de 31 de octubre de 1994 (en lo sucesivo, «la Ley no 52/94»), modificada por la Ley no 13, de 29 de abril de 1996 (en lo sucesivo, «la Ley no 13/96»). Además, el artículo 257 de la Ley no 10/01 modifica el artículo 2 de la Ley no 52/94, ampliando la posibilidad de beneficiarse de las ayudas previstas por esta última a las deudas onerosas existentes el 31 de diciembre de 2000. El artículo 257 incluye por último una cláusula según la cual se podrán aplicar las ayudas previstas solo tras la publicación, en el Bolletino ufficiale della Regione Lazio, de los resultados positivos del examen realizado por la Comisión con arreglo a los artículos 87 y 88 del Tratado CE.
(8)

Con arreglo al artículo 36, apartado 3, de la Directiva 2007/59/CE, esta no se aplica a Chipre ni a Malta. Por tanto, la presente Decisión no ha de ser aplicable a Chipre ni a Malta mientras estos Estados miembros no dispongan de un sistema ferroviario.
(8)

El artículo 30 de la Directiva 2004/17/CE dispone que los contratos destinados a la prestación de alguna de las actividades a las que se aplica la Directiva no queden sujetos a esta siempre que en el Estado miembro en el que se efectúe la actividad esté esta sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado. La exposición directa a la competencia se evalúa atendiendo a criterios objetivos y teniendo en cuenta las características específicas del sector de que se trate. Se considera que el acceso a un mercado no está limitado cuando el Estado miembro incorpora a su legislación nacional y aplica las disposiciones de la normativa comunitaria por la que se haya abierto el sector en cuestión o una parte de él. Si el anexo XI de la Directiva no recoge ninguna disposición comunitaria pertinente, que es el caso de los servicios aquí considerados, el artículo 30, apartado 3, párrafo segundo, dispone que «deberá demostrarse que el acceso al mercado en cuestión es libre de facto y de iure».
(9)

A la vista de esa información, el solicitante no presentó un expediente para la inclusión del diazinón en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE en relación con el tipo de producto 18. De conformidad con el artículo 12, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1451/2007, ya no puede asumirse la función de participante respecto al diazinón en relación con el tipo de producto 18.
(8)

La Financial Services Agency (Agencia de Servicios Financieros) de Japón y, dentro de la misma, el Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board (Consejo Supervisor de Censores Jurados de Cuentas y Auditores) son competentes para la supervisión pública, el control externo de calidad y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. La presente Decisión debe referirse únicamente a las competencias de la Financial Services Agency en materia de investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. La Financial Services Agency de Japón y el Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board de Japón imponen salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por los miembros o antiguos miembros de su personal, y únicamente utilizarían los papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de los auditores legales o de las sociedades de auditoría y que les sean enviados con fines de supervisión pública, control externo de calidad e investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias japonesas, los citados órganos pueden enviar papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de los auditores o las sociedades de auditoría de Japón a las autoridades competentes de cualquier Estado miembro. A la luz de lo anterior, resulta oportuno declarar que la Financial Services Agency de Japón y el Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board de Japón cumplen los requisitos adecuados a efectos de lo dispuesto en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE.
(5)

De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1290/2005, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro interesado. En caso de que dicha decisión se tome en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputará al presupuesto de la Comunidad el 100 % de las consecuencias financieras de la no recuperación. En el estadillo mencionado en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1290/2005, se recogen los importes que los Estados miembros han decidido no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros en cuestión y, por tanto, deben estar a cargo del presupuesto de la Comunidad. Esta decisión se toma sin perjuicio de posibles futuras decisiones en materia de conformidad tomadas con arreglo al artículo 32, apartado 8, de dicho Reglamento.