ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(10)

El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es corregir el déficit excesivo para 2015 y alcanzar el objetivo a medio plazo para 2017. El Programa de Estabilidad confirma el anterior objetivo a medio plazo de conseguir un presupuesto equilibrado, en consonancia con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, no se espera que el balance estructural (recalculado) alcance el objetivo a medio plazo para 2017. El Programa de Estabilidad prevé que el déficit se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2015, en línea con el objetivo establecido en la recomendación sobre el procedimiento de déficit excesivo. Después de 2015, el Programa de Estabilidad prevé una disminución continuada del déficit hasta pasar a un superávit del 0,3 % del PIB en 2018. El Programa de Estabilidad prevé que la deuda pública llegue hasta el 81,1 % del PIB en 2015 antes de bajar al 76 % en 2016. En general, la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad es coherente con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del programa, que ha sido elaborado por un organismo independiente (el Instituto de Análisis Macroeconómico y Desarrollo), es cauto. El Programa de Estabilidad identifica algunas medidas adicionales que ayudan a reducir la brecha con el esfuerzo fiscal requerido. Sobre esta base, se considera que el programa de estabilidad ha respondido parcialmente a la Recomendación Autónoma de la Comisión. Sin embargo, persisten los riesgos de corrección a la baja dado que las medidas que sustentan el Programa de Estabilidad no se detallan lo suficiente, y muchas de ellas están pendientes de adopción. Cualquier potencial necesidad adicional de recapitalización bancaria derivada del análisis cualitativo de los activos y la prueba de resistencia de 2013 en Eslovenia, aumentaría el déficit y las ratios de endeudamiento, mientras que los beneficios de una exitosa privatización de las entidades o de los bancos estatales que no hayan sido incorporados en las proyecciones del programa reducirían la carga de la deuda. Sobre la base de la previsión de la Comisión, el esfuerzo fiscal a lo largo del período 2013-2014 se queda corto en un 1,4 % del PIB en términos de variación (corregida) del balance estructural y en un 0,5 % del PIB en cuanto al importe de las medidas exigidas que se consideran necesarias en el momento de la recomendación sobre el procedimiento de déficit excesivo. Para el año 2015, mientras que el Programa de Estabilidad prevé un déficit que está en consonancia con la recomendación sobre el procedimiento de déficit excesivo, las previsiones de los servicios de la Comisión de la primavera 2014 estiman un déficit del 3,1 % del PIB.
(7)

El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados de su examen exhaustivo relativo a Luxemburgo, realizado en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) no 1176/2011. Sobre la base de este análisis, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Luxemburgo no está experimentando desequilibrios macroeconómicos en el sentido del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. En particular, el análisis del superávit por cuenta corriente muestra que no se deriva de una demanda interna anémica, sino que es más bien el resultado del modelo de crecimiento específico de Luxemburgo, basado firmemente en servicios financieros. Existen efectivamente riesgos para la estabilidad financiera nacional derivados de la presencia de un amplio sector financiero, pero son relativamente limitados, en la medida en que el sector está diversificado y especializado al mismo tiempo. El elevado nivel de endeudamiento en el sector privado, especialmente entre las sociedades no financieras, refleja principalmente la presencia de un gran número de empresas multinacionales que utilizan sus sucursales o filiales en Luxemburgo para sus operaciones de financiación intragrupo. Por último, la actual situación favorable de las finanzas públicas depende en gran medida de la sostenibilidad de un modelo de crecimiento basado en un sector financiero dinámico, y presenta un elevado riesgo de sostenibilidad a largo plazo.
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El objetivo de la estrategia presupuestaria señalado en el Programa de Estabilidad de 2014 es conseguir un presupuesto equilibrado en términos estructurales de aquí a 2016 y alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo el año posterior a esa fecha. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo previo a medio plazo fijado anteriormente del 0,75 % del PIB, que refleja los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero su consecución se aplaza a 2017, un año después del año establecido como objetivo en el Programa de Estabilidad del año pasado. El progreso anual previsto hacia el objetivo presupuestario a medio plazo se atiene al ajuste exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según el Programa de Estabilidad, el valor de referencia para el gasto se alcanza en líneas generales durante el período de aplicación del programa. La deuda supera los valores de referencia de Tratado del 60 % del PIB, alcanzando el 101,5 % del PIB en 2013, y debería disminuir gradualmente hasta rondar el 93 % del PIB en 2017, según el Programa de Estabilidad. En general, los objetivos del Programa de Estabilidad se atienen a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad, elaborado por un organismo independiente (la Oficina Federal de Planificación), es verosímil. Las previsiones de crecimiento difieren muy poco de las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. La senda fiscal aún no se ha traducido en medidas concretas. Las previsiones de la Comisión no evidencian ninguna mejora estructural en 2014 y, en el supuesto habitual de mantenimiento de la política económica, apuntan a un deterioro del saldo estructural en 2015. Esto pone en peligro la consecución de los objetivos y podría implicar una desviación significativa del ajuste hacia el objetivo a medio plazo en 2014‐15. Por otra parte, según las previsiones de la Comisión, Bélgica no cumplirá la normativa en materia de deuda ni en 2014 ni en 2015. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y en las previsiones de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo estima que Bélgica ha logrado situar su déficit de las administraciones públicas de manera sostenible por debajo del 3 % del PIB en 2013, pero corre el peligro de desviarse considerablemente de las exigencias del componente preventivo a partir de 2014.
(13)

Bulgaria aún no ha adoptado la Ley de enseñanza escolar, que ofrece un marco para la puesta en práctica de las necesarias reformas globales del sistema escolar, en particular la modernización de los planes de estudio y la mejora de la formación del personal docente. Es preciso mejorar la calidad de la educación y la formación profesionales en Bulgaria e integrarla mejor en las estructuras educativas generales a fin de permitir sendas flexibles, reducir el abandono escolar y mejorar el aprendizaje a lo largo de la vida. La enseñanza superior, por su parte, se enfrenta a retos persistentes a la hora de responder mejor a las necesidades del mercado de trabajo. Los bajos niveles de certificación de la calidad contribuyen a unos resultados insatisfactorios. Se está debatiendo una nueva estrategia de enseñanza superior, que pasa por la reestructuración de la gestión de las universidades mediante la participación directa de las partes interesadas, como empresas y estudiantes, la consolidación de las universidades, y un enfoque basado en el rendimiento destinado a adaptar mejor los resultados educativos a las exigencias del mercado de trabajo. Una cuestión que plantea un reto continuo es el acceso a la educación de los niños desfavorecidos, en particular los niños de etnia gitana. La enseñanza preescolar obligatoria de dos años es una medida clave que va en la buena dirección y que debería aplicarse estrictamente, junto con medidas destinadas a prevenir el abandono escolar. Es necesario reforzar las iniciativas existentes para mejorar la formación del personal docente y reducir de facto la segregación en los centros escolares. Las normas que vinculan la prestación por hijos con la participación en la educación están en vigor, pero parece que estas medidas no han producido aún el efecto deseado.
(11)

El carácter no vinculante del marco presupuestario de Malta y la planificación presupuestaria a corto plazo no contribuyen a la solidez de la situación presupuestaria. La adopción de la legislación destinada a cumplir los requisitos de la Directiva 2011/85/UE del Consejo (6) y del Pacto presupuestario y que debía entrar en vigor antes de finales de 2013 se ha retrasado. No obstante, de conformidad con el Programa de Estabilidad, el Gobierno ha adoptado recientemente una Ley de responsabilidad presupuestaria, que se someterá a la aprobación del Parlamento. El proyecto de ley contempla la introducción de una regla de equilibrio presupuestario en términos estructurales, una norma en materia de deuda, un marco presupuestario de tres años renovable y la instauración progresiva de un consejo de política fiscal que estaría encargado de apoyar las previsiones macroeconómicas y fiscales oficiales del gobierno, así como el seguimiento ex ante y ex post del cumplimiento de las normas presupuestarias.
(12)

Las reformas del mercado de trabajo propuestas por el Gobierno tienen por objeto incrementar la participación y la movilidad laboral. La Ley de Participación tiene por objeto fomentar la participación en el mercado de trabajo. No obstante, las reformas aún no se han incorporado en la legislación. Además, se precisan medidas adicionales para reducir la falta de incentivos fiscales en favor del trabajo y para mejorar la empleabilidad de las personas situadas al margen del mercado laboral, en particular por lo que se refiere a las mujeres, las personas de origen inmigrante, las personas con discapacidad y las personas mayores. Los Países Bajos han anunciado la reforma del régimen de prestaciones por desempleo y de su relativamente estricta legislación sobre protección del empleo, en particular mediante un aliciente fiscal destinado a incrementar la participación. No obstante, aunque estas medidas apuntan en la dirección correcta, no pueden evaluarse plenamente hasta después de su aplicación efectiva. Acelerar la supresión de los factores que aún disuaden a la segunda persona que contribuye a los ingresos familiares de aumentar el número de horas trabajadas permitiría atenuar la futura escasez de mano de obra. Por último, hacer un mejor uso de la flexibilidad existente en el marco institucional para propiciar unos aumentos salariales más diferenciados puede beneficiar a la renta familiar global y, por lo tanto, favorecer la demanda interna sin causar perjuicio a la competitividad.
(14)

Si bien se han eliminado los obstáculos relativos a la forma jurídica, los requisitos de participación accionarial o las tasas aplicables a determinadas profesiones (por ejemplo, veterinarios o contables), y se han adoptado nuevas medidas para mejorar la competencia por medio de la reciente Ley de Consumo, algunas de ellas siguen sujetas a fuertes obstáculos que dificultan su acceso o ejercicio (taxistas, profesionales del sector sanitario, notarios y profesiones jurídicas en general). El principio de numerus clausus que rige la incorporación a numerosas profesiones (médicos, farmacéuticos, etc.) sigue entorpeciendo el acceso a los servicios y podría ser objeto de una revisión que no comprometiese la calidad ni la seguridad de estos. Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación detallada de la necesidad y la proporcionalidad de las restricciones que afectan a las profesiones reguladas. En el sector minorista, siguen vigentes engorrosos trámites para la autorización de la apertura de establecimientos comerciales (derivados, en particular, de la normativa de planificación urbana) y la prohibición de las ventas a pérdida, con repercusiones negativas para la competencia y los consumidores. Hasta la fecha, no se han adoptado en Francia medidas concretas para eliminar los obstáculos de acceso al sector minorista. Por lo que respecta a la distribución de electricidad y gas, se están eliminando gradualmente las tarifas reguladas para los consumidores no domésticos. No obstante, los precios aplicables a los hogares y los precios de la electricidad siguen regulados y fijados por debajo de los costes, y el acceso de otros proveedores al mercado sigue siendo limitado. Por lo que respecta a las interconexiones energéticas, deberán culminarse los proyectos en curso, sobre todo con España, para reforzar las conexiones de gas y electricidad con los países vecinos. En el sector ferroviario, las barreras de entrada al mercado siguen impidiendo un funcionamiento eficiente del mercado. Francia no ha abierto su mercado nacional de transporte de pasajeros por ferrocarril a la competencia; los servicios internacionales, en cambio, tienen algunos operadores nuevos. Francia ha acometido una reforma de su sistema de redes ferroviarias para aumentar su sostenibilidad financiera. En octubre de 2013 se presentó un proyecto de ley que actualmente se halla en fase de debate parlamentario; entre las medidas que lo componen se encuentra el nombramiento de un gestor de infraestructura con plenas competencias integrado en una estructura vertical que incluirá al operador tradicional. Esta nueva estructura puede dificultar el acceso de otros operadores a la red.
(2)

Resulta fundamental facilitar la transición de los jóvenes del sistema educativo al mundo laboral para aumentar así sus posibilidades en el mercado de trabajo. Mejorar la educación de los jóvenes y preparar su transición al empleo son tareas necesarias para cumplir el objetivo principal de Europa 2020 de alcanzar una tasa de empleo del 75 % entre las personas de 20 a 64 años de aquí a 2020. La directriz no 8 sobre las políticas de empleo de los Estados miembros invita a estos a establecer sistemas para que los jóvenes, especialmente los que no tienen trabajo y no siguen ningún tipo de formación, puedan encontrar un primer trabajo, adquieran experiencia laboral, o tengan posibilidades de continuar su educación y su formación entre otras cosas, a través de puestos de formación en prácticas, e intervenir rápidamente ante la aparición del desempleo juvenil (1).
(1)

La particular importancia del principio general de igualdad de trato para los trabajadores que no residen en el Estado miembro en el que trabajan, incluidos los trabajadores fronterizos, se ha reiterado en el octavo considerando y en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004.
(11)

Los mercados mayoristas que se enumeran en el anexo pueden tener características que justifiquen la regulación ex ante por cumplir globalmente los tres criterios acumulativos siguientes, que también fueron utilizados para identificar los mercados que podían ser objeto de regulación ex ante en las versiones anteriores de la Recomendación. El primer criterio es la presencia de obstáculos fuertes y no transitorios al acceso al mercado. No obstante, dados el carácter dinámico y el funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas, es preciso, a la hora de efectuar un análisis prospectivo para identificar los mercados pertinentes con vistas a una posible regulación ex ante, tomar también en consideración las posibilidades de superar esos obstáculos que dificultan el acceso dentro del horizonte temporal pertinente. El segundo criterio se refiere a si una estructura de mercado tiende hacia la competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente. La aplicación de este criterio implica el examen de la situación de la competencia basada en infraestructuras o de otro tipo que subyace a los obstáculos al acceso. El tercer criterio es que la mera aplicación de la legislación sobre competencia no permita hacer frente de manera adecuada a las deficiencias del mercado en cuestión. Los principales indicadores que deben tenerse en cuenta al evaluar los criterios primero y segundo son similares a los examinados en el contexto de un análisis prospectivo de mercado para determinar la presencia de un peso significativo en el mercado. En particular, los indicadores de obstáculos al acceso en ausencia de regulación (incluido el alcance de los costes irrecuperables), la estructura del mercado, el comportamiento del mercado y la dinámica del mercado, incluyendo indicadores como las cuotas de mercado y sus tendencias, los precios de mercado y sus tendencias, y el alcance y cobertura de las redes o infraestructuras competidoras.
«ANEXO

A efectos del presente anexo, serán de aplicación las siguientes definiciones:

a) “dioxinas + furanos (EQT-OMS)”: suma de policlorodibenzo-para-dioxinas (PCDD) y policlorodibenzofuranos (PCDF), expresada en equivalentes tóxicos (EQT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) utilizando los factores de equivalencia de toxicidad de dicha organización (FET-OMS);

b) “PCB similares a dioxinas (EQT-OMS)”: suma de policlorobifenilos (PCB), expresada en equivalentes tóxicos de la OMS utilizando los FET-OMS;

c) “FET-OMS”: factores de equivalencia de toxicidad de la OMS para la evaluación del riesgo para la salud humana, basados en las conclusiones de la reunión de expertos del Programa Internacional de Seguridad Química (IPCS) de la OMS celebrada en Ginebra en junio de 2005 (Martin van den Berg et al.: “The 2005 World Health Organization Reevaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-Like Compounds”, Toxicological Sciences, no 93(2), 2006, pp. 223-241).
(8)

El 22 de octubre de 2013, el Consejo adoptó la Decisión 2013/531/UE (4) por la que se concede una ayuda financiera a medio‐plazo de carácter preventivo de la Unión por valor de un máximo de 2 000 millones EUR hasta septiembre de 2015. La concesión a Rumanía de la ayuda mencionada en el marco del instrumento de la balanza de pagos para los Estados miembros no integrados en la zona del euro se consideró oportuna por las circunstancias de inestabilidad de los flujos de capital, que afecta especialmente a los mercados emergentes, los riesgos relacionados con el escenario macroeconómico y la persistencia de vulnerabilidades en el sector bancario. Aunque en las actuales condiciones de mercado Rumanía no tiene intención de solicitar el desembolso de ningún tramo, se espera que la ayuda de carácter preventivo contribuya a consolidar la estabilidad macroeconómica, presupuestaria y financiera y, mediante una aplicación continuada de reformas estructurales, a incrementar la resiliencia y el potencial de crecimiento de la economía. El Memorando de Acuerdo de 6 de noviembre de 2013, por el que se fijan las condiciones que es preciso reunir en el marco de la ayuda de carácter preventivo de la UE, y sus sucesivas adendas, complementan y respaldan las recomendaciones específicas por países del Semestre Europeo. Esta ayuda preventiva de la UE se supeditará a la aplicación de un programa de política económica global que haga particular hincapié en las medidas de reforma estructural, como, por ejemplo, las recomendaciones específicas por países relacionadas con la capacidad administrativa, las reformas en los mercados de productos, el entorno empresarial, los mercados de empleo, las pensiones, las empresas estatales y la sanidad. Este programa no exime al Gobierno de la plena aplicación de todas las recomendaciones‐específicas por país. Es preciso abordar el establecimiento de prioridades en relación con las políticas, así como la aplicación y coordinación de estas últimas, pasos necesarios para la aplicación del Memorando de Acuerdo y las recomendaciones específicas por países, si se pretende que las decisiones prioritarias se adopten de forma coherente.
(9)

La importancia relativa de los impuestos considerados menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos sobre bienes inmuebles y los medioambientales, sigue siendo baja. Los ingresos tributarios dependen en gran medida de los impuestos indirectos y la fiscalidad sobre el trabajo, mientras que el peso de la fiscalidad medioambiental aún es escaso. Unos mayores ingresos procedentes de impuestos favorables al medio ambiente podrían utilizarse para aliviar la carga fiscal que pesa sobre los salarios más bajos, en particular los trabajadores poco cualificados. Una revisión parcial del sistema fiscal se llevó a cabo a principios de 2013 y el Gobierno decidió ajustar la fiscalidad del capital, elevar el umbral de ingresos imponibles, lo que implica un incremento de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas en beneficio de los trabajadores con ingresos bajos, y aumentar los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco. Sin embargo, en conjunto, estas medidas tendrán un efecto más bien negativo sobre los ingresos. Por tanto, las medidas adicionales para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzar el lado de los ingresos siguen siendo determinantes. No se adoptaron medidas importantes a raíz de la recomendación específica para el país que se emitió en 2013 relativa a la fiscalidad medioambiental. Ha habido escasos progresos en la consolidación del marco presupuestario, ya que los límites máximos de gastos siguen siendo insuficientemente vinculantes y los cambios legislativos aún no se han aprobado. Lituania sigue afrontando retos en términos de cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular la lucha contra el fraude en el IVA, entre otros medios, reforzando las medidas de gestión de riesgos. El plan de acción 2013-2014 sobre cumplimiento de las obligaciones fiscales se está aplicando y las primeras estimaciones indican algunos efectos positivos. En 2013 se adoptó una serie de medidas para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el ámbito del IVA y los impuestos especiales. Para el período 2014-2015 se ha puesto en marcha una nueva estrategia específica.