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(8)

En 2018, a la luz de su situación fiscal, y en particular de su nivel de deuda, se espera que Portugal prosiga el ajuste hacia su objetivo presupuestario a medio plazo de un superávit estructural del 0,25 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (5) no supere el 0,1 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural de al menos el 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2018. A primera vista, no se prevé que Portugal cumpla con la norma transitoria en materia de deuda en 2017 y 2018. En general, el Consejo considera que será preciso adoptar nuevas medida a partir de 2017 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y de los resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Portugal. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Portugal.
(6)

En relación con los aditivos alimentarios a base de algas marinas, en los anexos del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión (4) se establecen las correspondientes especificaciones. Por lo que respecta a algunos de estos aditivos, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha recomendado que se revisen los límites de impurezas de los elementos tóxicos, a fin de garantizar que el uso de tales aditivos no constituya una fuente significativa de exposición a dichos elementos tóxicos, en particular para los lactantes y los niños de corta edad (5). Por consiguiente, debe evaluarse la exposición al arsénico, el cadmio, el yodo, el plomo y el mercurio en aditivos alimentarios a base de algas marinas y algas.
(21)

No obstante, considerando la naturaleza de los contenidos de que se trata, el objetivo de tal procedimiento de contranotificación y la carga adicional que supone para los prestadores de servicios de alojamiento de datos, no existe ninguna justificación para recomendar facilitar la información sobre esa decisión y la posibilidad de impugnarla cuando sea manifiesto que los contenidos en cuestión son ilícitos y se refieren a delitos graves que supongan un peligro para la vida o la seguridad de las personas, tales como los previstos en la Directiva (UE) 2017/541 y en la Directiva 2011/93/UE. Además, en determinados casos, razones de orden público y de seguridad pública y, en particular, motivos relacionados con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de delitos, pueden justificar no facilitar directamente esa información al prestador de contenidos afectado. Por lo tanto, los prestadores de servicios de alojamiento de datos no deben hacerlo cuando una autoridad competente haya presentado una solicitud al respecto basada en motivos de orden público y de seguridad pública, siempre que dicha autoridad lo haya requerido a la luz de estos motivos. En la medida en que esto supone una restricción del derecho a ser informado, en relación con el tratamiento de datos personales, deben respetarse las condiciones pertinentes establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).
32.

Hasta la aprobación de la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial, el sistema polaco estaba en plena consonancia con estos criterios, puesto que el Consejo Nacional del Poder Judicial estaba compuesto de una mayoría de jueces elegidos por jueces. El artículo 1, apartado 1, y el artículo 7 de la Ley por la que se modifica la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial cambiarían radicalmente este régimen, al establecer que los 15 jueces-miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial serán nombrados y pueden ser reelegidos por el Sejm (78). Además, no existe ninguna garantía de que, con arreglo a la nueva ley, el Sejm vaya a designar a jueces-miembros del Consejo respaldados por el poder judicial, ya que los candidatos a estos puestos pueden presentarlos no solo grupos de 25 jueces, sino también grupos de al menos 2 000 ciudadanos (79). Por otra parte, la lista final de candidatos a los que el Sejm deberá dar su aprobación en bloque es fijada previamente por una comisión del Sejm (80). Las nuevas reglas sobre el nombramiento de jueces-miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial aumentan de forma significativa la influencia del Parlamento sobre el Consejo y afectan negativamente a su independencia, en contra de lo previsto en los criterios europeos. El hecho de que los jueces-miembros vayan a ser nombrados por el Sejm por mayoría de tres quintos no mitiga esta inquietud, puesto que de todos modos los jueces-miembros no serán elegidos por sus homólogos. Además, en el caso de que no se alcance la mayoría de tres quintos, los jueces-miembros del Consejo serán nombrados por el Sejm por mayoría absoluta de votos.
(8)

El mercado laboral croata siguió recuperándose en 2017. No obstante, las tasas de empleo y de actividad siguen estando muy por debajo de la media de la Unión, lo que obstaculiza el crecimiento potencial. Hasta la fecha, la edad legal de jubilación es de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres. La convergencia y el aumento de la edad legal de jubilación es lento, porque está previsto que ambos sexos no alcancen la edad de jubilación de 67 años hasta 2038. Además, los trabajadores mayores pueden beneficiarse de muchas vías para la jubilación anticipada y el sistema de pensiones incluye una serie de regímenes especiales que ofrecen unas condiciones de jubilación más favorables. Las responsabilidades familiares de las mujeres contribuyen además a su reducida participación en el mercado laboral. La consiguiente baja duración media de la vida laboral implica una insuficiencia de las pensiones actuales y futuras, y riesgo de pobreza en la vejez. Las medidas anunciadas para fomentar la prolongación de la vida laboral todavía no se han aplicado.
(15)

Se han aplicado muchas de las medidas incluidas en la Estrategia Nacional de Contratación Pública. No obstante, las autoridades nacionales deben poner mayor empeño en garantizar su aplicación efectiva. En opinión de empresas y organizaciones no gubernamentales, el panorama de la contratación pública ya ha empezado a mejorar. No obstante, la falta de transparencia y la corrupción siguen siendo motivo de preocupación. El incremento en el uso de adjudicaciones directas y el elevado número de ofertas únicas podría obstaculizar significativamente la transparencia y la eficacia del sistema. Está en curso la primera evaluación independiente de las nuevas funciones de control del Organismo de Contratación Pública. Serían necesarias actualizaciones periódicas para asegurar una optimización de las funciones de control del Organismo. Los problemas que siguen existiendo con la capacidad administrativa, también a nivel municipal, reclaman nuevos esfuerzos de profesionalización y normalización, así como de consideración detenida de las posibilidades que ofrecen las centrales de compras. La agregación de la demanda podría mejorar también la eficacia y producir un ahorro en el sistema de contratación pública en materia de salud. La búsqueda de una solución para la prevención de retrasos relacionados con importantes proyectos públicos requerirá una reflexión más detenida.
(13)

Una educación y formación integradoras y de calidad son esenciales, en vista del aumento de las dificultades en el mercado de trabajo checo. Los resultados educativos siguen estando profundamente afectados por la situación socioeconómica de los estudiantes. Las medidas de educación integradora aún no se han aplicado plenamente, en particular para los niños gitanos. La escasez de profesores cualificados, junto con las previsiones demográficas, indican que podría ser más difícil contratar y retener a los profesores. El nuevo sistema de carrera previsto para los profesores, que habría vinculado el desarrollo profesional continuo, la trayectoria profesional y los salarios, no fue adoptado por el Parlamento. Los salarios de los profesores continúan siendo bajos en comparación con los de otros trabajadores con educación superior, pero se prevén más incrementos salariales en los próximos años. La profesión docente, por tanto, sigue siendo relativamente poco atractiva para los jóvenes con talento. Por último, el éxito de la reforma para que la educación sea más integradora (introducida en 2016 con el apoyo del Fondo Social Europeo) dependerá de la disponibilidad de financiación nacional, suficiente y sostenible, de una mayor formación para docentes y asistentes, y de la sensibilización de la opinión pública sobre los beneficios de una educación integradora.
(17)

Se está aplicando una estrategia general para una reducción más rápida de los activos no rentables. Esto ha contribuido a reducir la ratio de préstamos no productivos del 17,2 % de los préstamos brutos al final de 2016 al 13,3 % en el cuarto trimestre de 2017. Los préstamos no productivos de las empresas son un motivo de especial preocupación, ya que suponen alrededor de dos tercios del total de préstamos no productivos; la proporción de préstamos no productivos a empresas sigue siendo elevada (25,2 % de los préstamos brutos). La resolución de activos tóxicos es fundamental para la liberación de crédito destinada a nuevas inversiones y al crecimiento sostenible. No obstante, los procedimientos para las empresas insolventes y un pequeño mercado secundario para activos tóxicos siguen siendo importantes obstáculos para reducir la proporción de préstamos no productivos. Aunque los incrementos de capital, junto con los esfuerzos en curso para reducir costes y algunos otros avances positivos recientes en lo que respecta a los préstamos no productivos, están mejorando las perspectivas del sector financiero, la rentabilidad sigue siendo baja, alta la exposición a la deuda soberana y los colchones de capital, endebles.
(2)

El informe específico de 2018 sobre Suecia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Suecia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Suecia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Suecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, la sobrevaloración de los precios de la vivienda, unida a un aumento constante del endeudamiento de los hogares, conlleva el riesgo de que se produzca una corrección desordenada. El ya elevado endeudamiento de los hogares mantiene una tendencia al alza. Los precios de la vivienda vienen aumentando a un ritmo rápido y prácticamente ininterrumpido desde hace alrededor de 20 años, aunque en el último trimestre de 2017 se registró un crecimiento negativo. No obstante, los indicadores de valoración sugieren que los precios de la vivienda siguen siendo muy elevados con respecto a los indicadores económicos fundamentales. Aunque los bancos parecen suficientemente capitalizados, una corrección desordenada también podría afectar al sector financiero, ya que los bancos tienen una exposición creciente a las hipotecas de los hogares. En tal caso, podrían producirse efectos colaterales que afectaran a los países vecinos, teniendo en cuenta las interrelaciones financieras sistémicas. En los últimos años se han adoptado medidas destinadas a frenar el crecimiento de la deuda hipotecaria e incrementar la construcción de viviendas. Sin embargo, las medidas aplicadas hasta ahora no han sido suficientes para hacer frente a la sobrevaloración en el sector de la vivienda, y sigue habiendo lagunas en políticas clave, en particular en relación con los incentivos fiscales a la propiedad de la vivienda, así como con el funcionamiento de la oferta de vivienda y el mercado del alquiler.
(12)

La protección y la inclusión social también requerirán atención en el futuro. Se están desarrollando reformas en cuanto a cuidado de los niños, pero se precisan más medidas, en particular para los niños menores de tres años. El impacto de algunas reformas y recortes del Estado de bienestar aún no se ha sentido plenamente, en particular en las familias en que sus miembros trabajan.
(3)

El 16 de junio de 2017, el Consejo recomendó (2) que Rumanía tomara las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (3) no fuera superior al 3,3 % en 2017, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB y situaría al país en la trayectoria de ajuste adecuada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. El 5 de diciembre de 2017, el Consejo llegó a la conclusión de que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017. Sobre esa base, el 5 de diciembre de 2017 el Consejo formuló una Recomendación revisada (4) con el fin de que Rumanía tomara las medidas necesarias para asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no fuera superior al 3,3 % en 2018, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB.
3.

Los Estados miembros deben establecer y aplicar políticas claras (tal y como se describe en los planes nacionales de acción) para la gestión de los datos resultantes de la investigación financiada con fondos públicos, incluido el acceso abierto. Tales políticas y planes de acción deben prever: — objetivos e indicadores concretos para medir el progreso realizado; — planes de ejecución, incluida la asignación de responsabilidades y la concesión de licencias; — la planificación financiera correspondiente. Los Estados miembros, deben garantizar que, como resultado de dichas políticas o planes de acción: — la planificación de la gestión de los datos se convierta en una práctica científica estándar en una fase temprana del proceso de investigación, cuando se generan o recaban los datos, lo que incluye el requisito relativo a los planes de gestión de datos; — los datos de investigación que resulten de una investigación financiada con fondos públicos estén disponibles y accesibles, y sean y sigan siendo interoperables y reutilizables (el principio «FAIR», por sus siglas en inglés) dentro de un entorno seguro y fiable, a través de infraestructuras digitales (incluyendo aquellas federadas dentro de la Nube Europea de la Ciencia Abierta, cuando proceda), a menos que esto no sea posible o sea incompatible con la explotación posterior de los resultados de la investigación («tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario»). Principalmente, esto se puede deber a razones de privacidad, secretos comerciales, seguridad nacional, intereses comerciales legítimos o a derechos de propiedad intelectual de terceros. Los datos, conocimientos técnicos e información, sea cual sea su forma o naturaleza, que obren en poder de una asociación pública o privada antes de la actividad de investigación no deben verse afectados por estas políticas o planes nacionales de acción; — teniendo en cuenta los avances tecnológicos [incluidos los datos dinámicos (en tiempo real)], las condiciones de licencia utilizadas en el mercado no restrinjan indebidamente la extracción de texto y de datos que resulten de la investigación financiada con fondos públicos, de conformidad con la legislación aplicable sobre derechos de autor y sin perjuicio de dicha legislación; — las empresas innovadoras, principalmente las pequeñas y medianas empresas, los investigadores independientes (por ejemplo, los ciudadanos científicos), el sector público, la prensa y los ciudadanos en general tengan, en condiciones de transparencia y no discriminación, el acceso más amplio posible a las publicaciones científicas de los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos con la finalidad de permitir la innovación, facultar al sector público e informar a los ciudadanos.
(3)

El informe específico de 2018 sobre Chipre fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), el seguimiento de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Chipre hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, es fundamental que aborde sus grandes desequilibrios en forma de sobreendeudamiento privado, público y exterior, y el alto nivel de préstamos no productivos.
(3)

El informe específico de 2018 sobre Irlanda fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Irlanda de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Irlanda hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Irlanda está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, unos volúmenes grandes de deuda privada y pública y de pasivos externos netos constituyen puntos vulnerables. No obstante, las mejoras han sido considerables. El fuerte crecimiento de la productividad en los últimos años ha supuesto una mejora de la competitividad y una balanza por cuenta corriente positiva que implica una rápida reducción del elevado volumen de pasivos exteriores netos. Un fuerte crecimiento económico sigue apoyando el proceso de desapalancamiento privado. Sin embargo, el volumen de deuda privada sigue siendo elevado, aunque debe tenerse en cuenta la fuerte influencia de las actividades de las empresas multinacionales a la hora de evaluar la deuda de las empresas, y la deuda de los hogares parece globalmente en consonancia con los indicadores económicos fundamentales. Se prevé que la deuda pública siga bajando, y el déficit se está acercando al equilibrio. Los precios de la vivienda, que probablemente estaban infravalorados, están aumentando ahora con rapidez, lo que también refuerza los balances de los hogares. Los bancos están bien recapitalizados y su rentabilidad mejora gradualmente. El volumen de préstamos dudosos, si bien sigue siendo elevado, continúa disminuyendo. Se han tomado medidas para abordar estos puntos vulnerables, pero algunas necesitarán tiempo para generar los efectos esperados.
(3)

El informe específico de 2018 sobre los Países Bajos fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), el seguimiento de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de los Países Bajos hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que los Países Bajos están experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los Países Bajos muestran el mayor superávit por cuenta corriente medio de tres años en términos de PIB entre los Estados miembros de la zona del euro. El superávit sugiere una asignación de recursos que no es óptima, desaprovechando oportunidades de un mayor crecimiento y bienestar. La deuda privada es elevada, concretamente las hipotecas de los hogares y la deuda de las empresas multinacionales. Los abultados balances de los hogares aumentan la vulnerabilidad a las crisis financieras.
(8)

Dotarse de una red de seguridad social más adecuada apoyada por una mejor prestación de servicios sigue siendo un gran reto para Estonia, puesto que el país gasta menos en protección social (cerca del 16 % del PIB) que la media de la Unión (cerca del 28 % del PIB). El impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza está mejorando, pero sigue siendo débil e inferior a la media de la Unión. Estonia sigue registrando una elevada tasa de riesgo de pobreza, en particular para las personas con discapacidad, los hogares con todos sus miembros desempleados y las personas de edad avanzada, especialmente aquellas que viven solas. La desigualdad de ingresos, del 5,6 % en 2016, sigue siendo superior a la media de la Unión (5,2 % en 2016), a pesar de las recientes mejoras. Se están tomando medidas para conceder prestaciones familiares adecuadas a las familias numerosas, lo que ha reducido en mayor medida la pobreza relativa entre los niños. El nivel de prestaciones de renta mínima ha aumentado, acompañado de incentivos para regresar al trabajo. El pago de una asignación de 115 EUR para las personas con bajas pensiones y que viven solas fue el primer paso para abordar la elevadísima tasa de riesgo de pobreza de este grupo. La brecha existente entre el riesgo de pobreza o de exclusión social de las personas con discapacidad y las personas que no la tienen (20,9 % en 2016) era también superior a la media de la Unión (10,1 %). La financiación de los servicios de cuidados de larga duración no responde a las necesidades que plantea el envejecimiento de la población. El impacto de la reforma administrativa en curso sobre la prestación de servicios de alta calidad aún tiene que dejarse ver.
(11)

El crecimiento económico ha continuado y han mejorado la evolución del mercado de trabajo y el ámbito social. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social se redujo, pero sigue siendo superior a la media de la Unión en el caso de las personas mayores, y en especial entre las mujeres. El empleo siguió aumentando y el desempleo prosiguió su disminución. No obstante, se observan indicios de escasez de mano de obra en determinadas profesiones. El desempleo de larga duración se mantiene por encima de los niveles anteriores a la crisis y representa casi la mitad del total de parados. Persisten algunas dificultades, en particular para los trabajadores de más edad, ya que sus tasas de empleo y actividad siguen figurando entre las más bajas de la Unión. La sociedad eslovena envejece rápidamente, lo que significa que la población en edad laboral y la oferta de mano de obra están decreciendo. En respuesta a esta evolución, el Gobierno ha preparado una Estrategia de Envejecimiento Activo, pero todavía no dispone de planes de acción concretos.