ES Diario Oficial de la Unión Europea L 347/671

REGLAMENTO (UE) No 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 17 de diciembre de 2013

por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 42, párrafo primero y su artículo 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (4),

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones que lleva por título "La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario" expone los potenciales desafíos, objetivos y orientaciones de la Política Agrícola Común (la "PAC") después de 2013. Teniendo presente el debate a que dio origen esa Comunicación, procede reformar la PAC con efecto desde el 1 de enero de 2014. Esa reforma debe abarcar todos los instrumentos principales de la PAC, incluido el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo (5). Habida cuenta de la amplitud de la reforma, es conveniente derogar dicho Reglamento y sustituirlo por un nuevo Reglamento sobre la organización común de mercados de productos agrícolas. En la medida de lo posible, la reforma también debe armonizar, racionalizar y simplificar las disposiciones, en especial las que regulan más de un sector agrario, garantizando incluso que la Comisión pueda adoptar elementos no esenciales de las medidas mediante actos delegados.

(2) El presente Reglamento debe poseer todos los elementos básicos de la organización común de mercados de los productos agrícolas.

(3) El presente Reglamento debe aplicarse a todos los productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, en conjunto "los Tratados"), para garantizar la existencia de la organización común del mercado de todos esos productos, tal como dispone el artículo 40, apartado 1, del TFUE.

(4) Conviene aclarar que el Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y las disposiciones adoptadas con arreglo a él deben, en principio, aplicarse a las medidas que se recogen en el presente Reglamento. En concreto, el Reglamento (UE) no 1306/2013 establece disposiciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conllevan las disposiciones de la PAC, como la realización de controles, la aplicación de medidas y sanciones administrativas en caso de incumplimiento de la normativa o la aplicación de normas sobre la constitución y devolución de garantías o la recuperación de los pagos indebidos.

(5) De conformidad con el artículo 43, apartado 3, del TFUE, el Consejo adoptará medidas relativas a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas. En aras de la claridad, conviene que, cuando se aplique el artículo 43, apartado 3, del TFUE, el presente Reglamento mencione explícitamente que el Consejo adoptará las medidas basándose en dicho artículo.

(6) A fin de completar y modificar determinados aspectos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(7) Conviene incluir en el presente Reglamento ciertas definiciones relativas a determinados sectores. A fin de tener en cuenta las características específicas del sector del arroz, es preciso delegar en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las modificaciones de las definiciones del sector del arroz en la medida en que resulte necesario actualizarlas en razón de la evolución del mercado.

(8) El presente Reglamento hace alusión a la descripción de productos y a las referencias a las partidas y subpartidas de la nomenclatura combinada. Es posible que, con motivo de las modificaciones de la nomenclatura del arancel aduanero común, el presente Reglamento requiera adaptaciones técnicas. A fin de tener en cuenta dichas modificaciones, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la introducción de las adaptaciones necesarias. En aras de la claridad y de la sencillez, conviene que el Reglamento (CEE) no 234/79 del Consejo (7), que establece en la actualidad esa competencia, sea derogado y que dicha competencia se incorpore al presente Reglamento.

(9) Conviene establecer campañas de comercialización para los cereales, el vino, el arroz, el azúcar, los forrajes desecados, las semillas, el aceite de oliva y las aceitunas de mesa, el lino y el cáñamo, las frutas y hortalizas, las frutas y hortalizas transformadas, los plátanos, la leche y los productos lácteos y los gusanos de seda, y adaptarlas en la medida de lo posible a los ciclos biológicos de producción de cada uno de esos productos.

(10) Con el fin de estabilizar los mercados y garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, se ha creado un sistema diferenciado de sostenimiento del mercado para los distintos sectores y se han implantado regímenes de ayuda directa, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de estos sectores, por un lado, y la interdependencia de los diferentes sectores, por otro. Estas medidas revisten la forma de una intervención pública o del pago de ayudas para el almacenamiento privado. Sigue siendo necesario mantener las medidas de sostenimiento del mercado, pero racionalizadas y simplificadas.

(11) Deben fijarse unos modelos de la Unión para la clasificación, identificación y presentación de las canales en los sectores de la carne de vacuno, la carne de porcino y la carne de ovino y caprino para el registro de los precios y la aplicación de las disposiciones de intervención en dichos sectores. Además, con estos modelos se persigue mejorar la transparencia de los mercados.

(12) Por claridad y transparencia, las disposiciones relativas a la intervención pública deben supeditarse a una estructura común, al tiempo que se mantiene la política perseguida en cada sector. Con ese fin, conviene establecer una diferencia entre los umbrales de referencia y los precios de intervención y definir estos últimos. Al hacerlo, resulta especialmente importante aclarar que solo los precios de intervención aplicados en la intervención pública corresponden a los precios administrados aplicados a que se hace referencia en la primera frase del apartado 8 del anexo 3 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (es decir, la ayuda a los precios de mercado). En este contexto debe entenderse que la intervención en el mercado puede adoptar tanto la forma de intervención pública como otras formas de intervención que no utilicen indicaciones de precios establecidas de antemano.

(13) Según convenga a cada sector en función de la práctica y la experiencia de OCM anteriores, el sistema de intervención pública debe estar disponible durante determinados periodos del año y abrirse en ellos, bien con carácter permanente o dependiendo de los precios de mercado.

(14) Los precios a la intervención pública deben consistir en un precio fijo para determinadas cantidades de algunos productos y, en otros casos, deben depender del resultado de una licitación, de modo que se reflejen la práctica y la experiencia de OCM anteriores.

(15) El presente Reglamento debe prever la posibilidad de dar salida al mercado a los productos comprados en régimen de intervención pública. Con este fin, las medidas deben adoptarse de tal modo que se eviten las perturbaciones en el mercado y se garanticen la igualdad de acceso a las mercancías y de trato de los compradores.

(16) Conviene que el actual programa de distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión, que se adoptó al amparo de la PAC, sea objeto de un Reglamento aparte que refleje sus objetivos de cohesión social. No obstante, el presente Reglamento debe permitir recurrir a los productos que se hallen en poder de la intervención pública para poder utilizarlos en ese programa.

(17) Para lograr el objetivo de equilibrar el mercado y estabilizar los precios de mercado, podría ser necesario conceder ayuda para el almacenamiento privado de determinados productos agrarios. A fin de mantener la transparencia en el mercado, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta al establecimiento de las condiciones en las que podrá decidir la concesión de ayuda al almacenamiento privado, teniendo en cuenta la situación del mercado.

(18) A fin de garantizar que los productos comprados en régimen de intervención pública o por los que se vayan a conceder ayudas al almacenamiento privado sean aptos para su almacenamiento a largo plazo y estén en buen estado y sea de calidad buena y comercializable, y de tener en cuenta las características específicas de los diferentes sectores a efectos de garantizar el funcionamiento eficiente en relación con su coste de la intervención pública y el almacenamiento privado, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados por los que se fijen los requisitos y condiciones que han de cumplir dichos productos en lo referente a su calidad y admisibilidad, además de los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

(19) Para tener en cuenta las características específicas de los sectores de los cereales y del arroz con cáscara, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados por los que se establezcan los criterios de calidad en lo tocante a las compras y a las ventas de esos productos.

(20) A fin de garantizar una capacidad de almacenamiento adecuada y la eficacia del régimen de intervención pública en cuanto a rentabilidad, distribución y acceso de los operadores económicos, y con el fin de mantener la calidad de los productos comprados en régimen de intervención pública para su salida al mercado al final del periodo de almacenamiento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a los requisitos que han de cumplir los lugares de almacenamiento para todos los productos que sean objeto de intervención pública y determinadas normas sobre el almacenamiento de productos dentro y fuera de los Estados miembros encargados de ellos y del tratamiento de esos productos en lo tocante a los derechos de aduana y cualesquiera otros importes que deban concederse o recaudarse en virtud de la PAC.

(21) A fin de garantizar que el almacenamiento privado ejerce en el mercado el efecto deseado, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las normas y condiciones aplicables cuando la cantidad almacenada sea inferior a la cantidad contratada, y las condiciones para la concesión de anticipos. y las condiciones para la nueva comercialización y la salida al mercado de un producto amparado por contratos de almacenamiento privado.

(22) A fin de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de intervención pública y de almacenamiento privado deben delegarse en la Comisión los poderes por lo que respecta a la puesta en práctica de procedimientos de licitación y el establecimiento de las condiciones adicionales que han de cumplir los operadores y su obligación de constituir una garantía

(23) A fin de tener en cuenta la evolución tecnológica y las necesidades de los sectores de la carne de vacuno, la carne de porcino y la carne de ovino y caprino, así como la necesidad de normalizar la presentación de los distintos productos para mejorar la transparencia del mercado, el registro de los precios y la aplicación de las medidas de intervención en el mercado deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la adaptación y actualización de los modelos de la Unión de clasificación de las canales en dichos sectores así como para establecer determinadas disposiciones adicionales y excepciones relacionadas con los mismos.

(24) Hay que fomentar el consumo de fruta, hortalizas, leche y productos lácteos por los escolares a fin de incrementar de forma duradera en sus dietas la proporción de esos productos durante la etapa de formación de sus hábitos alimentarios, contribuyendo de ese modo a la consecución de los objetivos de la PAC, en particular estabilizar los mercados y garantizar la disponibilidad de los suministros, tanto actuales como futuros. Conviene promover, por tanto, una ayuda de la Unión para financiar o cofinanciar la distribución de esos productos a los niños de centros de enseñanza.

(25) A fin de garantizar una buena gestión presupuestaria de los programas de la Unión para el consumo de frutas y leche en las escuelas, conviene establecer disposiciones apropiadas para cada uno de ellos. La ayuda de la Unión no debe utilizarse para sustituir fondos destinados a programas nacionales existentes de consumo de fruta y hortalizas y de consumo de leche en las escuelas. No obstante, habida cuenta de las restricciones presupuestarias, los Estados miembros deben estar en condiciones de sustituir su contribución financiera a los programas por contribuciones del sector privado. Para que su programa de consumo de fruta y hortalizas y de consumo de leche en las escuelas sea eficaz, podría ser necesario establecer medidas de acompañamiento que les autoricen a conceder ayudas nacionales. Los Estados miembros que participen en los programas deberían publicitar la función subvencionadora de la ayuda de la Unión.

(26) A fin de fomentar hábitos alimentarios saludables en los niños, y asegurarse de que la ayuda se destine específicamente a niños que asistan con regularidad a centros de enseñanza administrados o reconocidos por los Estados miembros deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta al programa de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas en relación con los criterios adicionales para la orientación selectiva de la ayuda y la autorización y selección de las solicitudes de ayuda así como con el establecimiento de estrategias nacionales o regionales y las medidas de acompañamiento.

(27) A fin de garantizar que los fondos de la Unión se utilizan de manera eficaz y pertinente, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta al programa de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas, en lo tocante al método de redistribución de la ayuda entre los Estados miembros sobre la base de las solicitudes de ayuda recibidas, los costes que dan derecho a la ayuda de la Unión, incluida la posibilidad de fijar un límite máximo para dichos costes; y la obligación de los Estados miembros de controlar y evaluar la eficacia de sus programas de consumo de fruta y hortalizas en las escuelas.

(28) A fin de dar mayor proyección pública al programa de consumo de fruta y hortalizas en las escuelas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por los que se exija a los Estados miembros participantes en un programa de consumo de fruta y hortalizas en las escuelas que den publicidad a la función subvencionadora de la ayuda de la Unión en el marco del programa.

(29) A fin de tener en cuenta la evolución de las pautas de consumo de productos lácteos, las innovaciones y los cambios en el mercado de estos productos, la disponibilidad de productos en los distintos mercados de la Unión y los aspectos nutricionales, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos con respecto a los programas de consumo de leche en las escuelas acerca de: los productos que pueden acogerse al programa; las estrategias nacionales o regionales de los Estados miembros, incluidas, en su caso, las medidas de acompañamiento, así como el seguimiento y la evaluación del programa.

(30) A fin de garantizar que los solicitantes y beneficiarios apropiados cumplen los requisitos para recibir la ayuda y garantizar que ésta se utiliza de modo efectivo y eficaz, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las normas relativas a los solicitantes y beneficiarios con derecho a la ayuda;. los requisitos que deben reunir los solicitantes para ser aceptados por los Estados miembros; y el uso de productos lácteos en la elaboración de comidas en los centros de enseñanza.

(31) A fin de cerciorarse de que los solicitantes de la ayuda cumplen sus obligaciones, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en lo referente a las medidas sobre el requisito de constitución de una garantía cuando se abone un anticipo de la ayuda.

(32) A fin de dar mayor proyección pública al plan de ayuda, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos que estipulen las condiciones en que los Estados miembros divulgarán su participación en el programa de consumo de leche en las escuelas y el hecho de que este recibe subvención de la Unión.

(33) A fin de garantizar que la ayuda se refleje en el precio de los productos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en lo que respecta al establecimiento del seguimiento de los precios en el marco del programa de consumo de leche en las escuelas.

(34) A fin de incentivar a las organizaciones de productores, a las asociaciones de organizaciones de productores o a las organizaciones interprofesionales reconocidas para que elaboren programas de trabajo encaminados a mejorar la producción y la comercialización del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa, se requiere una financiación de la Unión. En ese contexto, procede establecer en el presente Reglamento una ayuda de la Unión que se asignará según las prioridades de las actividades emprendidas en virtud de los programas de trabajo respectivos. No obstante, conviene reducir las actividades, para mejorar la eficacia de esos programas.

(35) A fin de garantizar el uso efectivo y eficiente de las ayudas de la Unión destinadas a las organizaciones de productores, las asociaciones de organizaciones de productores o las organizaciones interprofesionales del sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa para mejorar la calidad de producción de esos productos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a determinar las actividades y costes que pueden financiarse con la ayuda de la Unión y los que no; la asignación mínima de financiación de la Unión a ámbitos específicos; el requisito de la constitución de una garantía; y los criterios que los Estados miembros han de tener en cuenta en la selección y autorización de programas de trabajo.

(36) El presente Reglamento debe establecer la diferencia entre las frutas y hortalizas, que deben venderse frescas al consumidor y las frutas y hortalizas destinadas a la transformación, por un lado, y las frutas y hortalizas transformadas, por otro. Las normas los fondos y los programas operativos y la ayuda financiera de la Unión solo deben aplicarse a la primera categoría y los dos tipos de frutas y hortalizas que componen esta categoría deben ser tratados de la misma forma.

(37) La producción de frutas y hortalizas es imprevisible y los productos son perecederos. Incluso unos excedentes limitados pueden perturbar considerablemente el mercado. Procede, pues, establecer medidas para la gestión de crisis, que deben seguir integrándose en los programas operativos.

(38) La producción y la comercialización de las frutas y hortalizas deben tener plenamente en cuenta las cuestiones medioambientales, tanto en lo que se refiere a los sistemas de cultivo como a la gestión de los materiales usados y a la eliminación de los productos retirados del mercado, especialmente en lo que respecta a la protección de la calidad de las aguas, el mantenimiento de la biodiversidad y la conservación del entorno rural.

(39) Conviene destinar ayuda para la creación de agrupaciones de productores en todos los sectores de todos los Estados miembros al amparo de la política de desarrollo rural. Debe suspenderse, por tanto, la ayuda específica del sector de las frutas y hortalizas.

(40) A fin de hacer asumir una mayor responsabilidad a las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas, y a sus asociaciones, en lo que se refiere a sus decisiones financieras, y de orientar hacia futuras exigencias los recursos públicos que se les concedan, conviene establecer las condiciones en las que se podrán utilizar esos recursos. La cofinanciación de fondos operativos establecidos por las organizaciones de productores y sus asociaciones parece una solución apropiada. Además, en casos particulares conviene ampliar el ámbito de aplicación de la financiación. Los fondos operativos deben utilizarse únicamente para financiar los programas operativos del sector de las frutas y hortalizas. Para controlar los gastos de la Unión, la ayuda concedida a las organizaciones de productores y a sus asociaciones que constituyan fondos operativos debe contar con un límite máximo.

(41) En las regiones con poca organización de la producción en el sector de las frutas y hortalizas, conviene permitir la concesión de contribuciones financieras complementarias de carácter nacional. En el caso de los Estados miembros que presenten desventajas importantes de tipo estructural, conviene que la Unión se haga cargo del reintegro de esas contribuciones.

(42) A fin de garantizar una ayuda eficaz, selectiva y sostenible a las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas y a sus asociaciones, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a los fondos operativos y los programas operativos, al marco nacional y a la estrategia nacional para los programas operativos en lo referente a la obligación de supervisar y evaluar la eficacia del marco nacional y las estrategias nacionales a la ayuda financiera de la Unión; a las medidas de gestión y prevención de crisis; y a la ayuda financiera nacional.

(43) Es fundamental establecer medidas de apoyo en el sector vitivinícola dirigidas a reforzar las estructuras competitivas. Esas medidas las debe determinar y financiar la Unión, dejando que sean los Estados miembros quienes seleccionen un conjunto de medidas que se adecuen a las necesidades de sus organismos regionales, teniendo en cuenta, cuando proceda, sus especificidades, así como su integración en programas nacionales de apoyo. La aplicación de los programas debe incumbir a los Estados miembros.

(44) Una medida fundamental que puede acogerse a los programas nacionales de apoyo debe ser la promoción y comercialización de los vinos de la Unión. El apoyo a la innovación podrá aumentar la capacidad de comercialización y la competitividad de los productos vitivinícolas de la Unión. Se deben mantener las actividades de reestructuración y reconversión, dado sus positivos efectos estructurales en el sector vitivinícola. Deben apoyarse asimismo las inversiones en el sector vitivinícola encaminadas a mejorar el rendimiento económico de las propias empresas, y los Estados miembros también deben poder apoyar la destilación de los subproductos cuando dichos Estados quieran servirse de este instrumento para garantizar la calidad del vino al tiempo que preservan el medio ambiente.

(45) Conviene que instrumentos preventivos como los seguros de las cosechas, los fondos mutuales y fondos de inversión y las cosechas en verde puedan acogerse a los programas de apoyo al sector vitivinícola con el fin de fomentar un planteamiento responsable para las situaciones de crisis.

(46) Las disposiciones relativas al apoyo a los viticultores mediante la asignación de derechos de pago, como decidieron los Estados miembros, serán efectivas a partir del ejercicio financiero 2015, a tenor del Reglamento (CE) no 1234/2007 y en las condiciones contempladas en esas disposiciones

(47) A fin de garantizar que los programas de apoyo de los Estados miembros al sector vitivinícola cumplan sus objetivos y que los fondos de la Unión se utilicen de forma efectiva y eficiente, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las normas sobre la responsabilidad del gasto entre la fecha de recepción por la Comisión de los programas de apoyo, y las modificaciones de estos, y la fecha de aplicabilidad de las modificaciones de los mismos; sobre el contenido de estos programas de apoyo y los gastos, los costes administrativos y de personal y las operaciones que pueden incluirse en los programas de apoyo de los Estados miembros y las condiciones y la posibilidad de efectuar pagos a través de intermediarios en el caso de ayuda al seguro de cosecha; sobre el requisito de la constitución de garantías en el caso de efectuarse anticipos; sobre la utilización de determinados términos; sobre la fijación de un límite máximo de gasto para la replantación de viñedos por motivos sanitarios y fitosanitarios; sobre la manera de evitar la doble financiación de los proyectos; sobre las excepciones a esta obligación de los productores de retirar los subproductos de la vinificación con el fin de evitar una carga administrativa suplementaria y las disposiciones para la certificación voluntaria de los destiladores; y para permitir a los Estados miembros establecer condiciones para el correcto funcionamiento de las medidas de apoyo

(48) La apicultura se caracteriza por la diversidad de condiciones de producción y rendimientos, así como por la dispersión y heterogeneidad de los operadores económicos, tanto en lo que respecta a la producción como a la comercialización. Además, habida cuenta de la creciente incidencia en la salud de las abejas de determinados tipos de agresiones contra las colmenas y, en particular, la varroasis durante los últimos años en varios Estados miembros y de los problemas que esta enfermedad ocasiona para la producción de miel, sigue siendo necesario que la Unión adopte medidas, especialmente por el hecho de que la varroasis es una enfermedad que no puede erradicarse completamente y que requiere un tratamiento con productos autorizados. En estas circunstancias y con el fin de mejorar la producción y la comercialización de los productos de la apicultura en la Unión, procede elaborar programas nacionales trienales para el sector con el fin de mejorar las condiciones generales para la producción y comercialización de los productos de este sector. Conviene, pues, que la Unión cofinancie los programas nacionales.

(49) Deben precisarse las medidas que pueden incluirse en los programas de apicultura. A fin de garantizar que el régimen de ayuda de la Unión se adapte a la evolución más reciente y que las medidas cubiertas resulten eficaces para mejorar las condiciones generales de producción y comercialización de los productos apícolas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la actualización de la lista de medidas, adaptando las existentes o añadiendo otras.

(50) Para cerciorarse de que los fondos de la Unión destinados a la apicultura se utilizan de forma efectiva y eficiente, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la prevención de la doble financiación entre los programas apícolas de los Estados miembros y los programas de desarrollo rural y la base de la distribución de la contribución financiera de la Unión a cada Estado miembro participante.

(51) De conformidad con el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo (8), el pago por superficie de lúpulo se disoció a partir del 1 de enero de 2010. Para que las organizaciones de productores de lúpulo sigan realizando sus actividades como antes, procede establecer una disposición específica para que en el Estado miembro afectado se utilicen importes equivalentes para las mismas actividades. A fin de garantizar que las ayudas financien los objetivos que persiguen las organizaciones de productores, con arreglo al presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en lo que respecta a las solicitudes de la ayuda, las normas sobre las superficies subvencionables de cultivo de lúpulo y el cálculo de las ayudas.

(52) La ayuda de la Unión para la cría de gusanos de seda debe disociarse e integrarse en el sistema de pagos directos de acuerdo con el planteamiento adoptado para las ayudas en otros sectores.

(53) La ayuda para la leche desnatada y la leche desnatada en polvo producida en la Unión y destinada a la alimentación animal y a la transformación en caseína y caseinatos no ha demostrado ser eficaz para apoyar el mercado y, por lo tanto, debe suspenderse tanto esa ayuda como las normas relativas a la utilización de caseína y caseinatos en la fabricación de quesos.

(54) La decisión de finalizar la prohibición transitoria de plantación de vides a nivel de la Unión en esa fecha se justifica por la consecución de los objetivos principales de la reforma de 2008 de la organización del mercado vitivinícola de la Unión, en particular el final de los tradicionales excedentes estructurales de producción vinícola y la mejora progresiva de competitividad y de la orientación del mercado del sector vitivinícola en la Unión. Tales evoluciones positivas se derivaron de una disminución pronunciada de las superficies vitícolas en toda la Unión, del abandono de los productores menos competitivos y de la eliminación progresiva de ciertas medidas de apoyo al mercado suprimiendo el incentivo para las inversiones sin viabilidad económica. La reducción de la capacidad de oferta y el apoyo a medidas estructurales y a la promoción de las exportaciones de vino permitieron una mejor adaptación a la disminución de la demanda a nivel de la Unión, resultado de una disminución progresiva del consumo en los Estados miembros tradicionalmente productores de vino.

(55) Sin embargo, las perspectivas de crecimiento progresivo de la demanda a nivel del mercado mundial proporcionan un incentivo para incrementar la capacidad de oferta, y por consiguiente para plantar nuevas vides a lo largo de la próxima década. Si bien se debe perseguir el objetivo clave de incrementar la competitividad del sector vitivinícola de la Unión con miras a no perder cuota de mercado en el mercado mundial, un aumento excesivamente rápido de nuevas plantaciones de vid en respuesta a las evoluciones previstas de la demanda internacional puede llevar otra vez a una situación de capacidad de oferta excesiva a medio plazo, con posibles repercusiones sociales y medioambientales en zonas concretas de producción vinícola. Para asegurar un crecimiento ordenado de las plantaciones de vid durante el periodo 2016 a 2030, debe establecerse un nuevo sistema para la gestión de las plantaciones de vid a escala de la Unión, que comprenda un régimen de autorizaciones para plantaciones de vid

(56) En virtud de este nuevo sistema, las autorizaciones de plantado de viñas se pueden conceder sin cargar ningún coste a los productores y estas deberían caducar después de tres años si no se utilizan. Esto contribuiría al uso directo y rápido de las autorizaciones por parte de los productores de vino a los que se les concede y evitaría la especulación.

(57) El cultivo de nuevas plantaciones de vid se debería enmarcar en un mecanismo de salvaguarda a nivel de la Unión basado en la obligación de los Estados miembros de poner a disposición anualmente autorizaciones para nuevas plantaciones que representen el 1 % de la superficie plantada de viñas, al tiempo que se concede cierta flexibilidad para responder a las circunstancias específicas de cada Estado miembro. Los Estados miembros deben poder decidir si ponen a disposición superficies más pequeñas a escala regional o nacional, incluidas superficies que puedan optar a denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas específicas, basándose en criterios objetivos y no discriminatorios, siempre que se garantice que las limitaciones impuestas sean superiores al 0 % y no sean demasiado restrictivas en relación con los objetivos que se persiguen.

(58) A fin de garantizar que las autorizaciones se conceden de forma no discriminatoria, se deben establecer algunos criterios, y en particular cuando el número total de las autorizaciones de que dispongan los Estados miembros exceda del número total de solicitudes presentadas por los productores.

(59) La concesión de autorizaciones a productores que arranquen viñas en una superficie existente debe efectuarse de forma automática tras la presentación de una solicitud e independientemente del mecanismo de salvaguarda para nuevas plantaciones, dado que no contribuye al aumento general de la superficie de vid. En zonas específicas que puedan optar a la producción de vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, los Estados miembros podrán limitar la concesión de esas autorizaciones para las replantaciones sobre la base de las recomendaciones de las organizaciones profesionales reconocidas y representativas.

(60) Este nuevo régimen de autorizaciones para plantaciones de vid no debe aplicarse a los Estados miembros que no apliquen el régimen transitorio de derechos de plantación de la Unión y debe ser opcional para aquellos Estados miembros en los que, aunque se apliquen los derechos de plantación, la superficie de plantación de vid está por debajo de un determinado umbral.

(61) Se deben establecer disposiciones transitorias para garantizar la correcta transición entre el régimen anterior de derechos de plantación y el nuevo régimen, en particular para evitar plantaciones excesivas antes del inicio del nuevo régimen. Los Estados miembros deben tener cierta flexibilidad para decidir el plazo de presentación de las solicitudes de conversión de derechos de plantación en autorizaciones, entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020 a más tardar.

(62) Con miras a garantizar una aplicación efectiva y armonizada del nuevo régimen de autorizaciones para las plantaciones de vid, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en lo que se refiere a las condiciones de exención de ciertas plantaciones de vid del régimen, las normas sobre admisibilidad de los criterios de prioridad, la inclusión de criterios de admisibilidad y de prioridad, la coexistencia de vides destinadas al arranque con las de nueva plantación, y en lo que se refiere a los motivos por los cuales los Estados miembros podrán limitar la concesión de autorizaciones de replantación.

(63) El control de plantaciones no autorizadas debe realizarse de forma efectiva para garantizar la conformidad con las normas del nuevo régimen.

(64) La aplicación de normas para la comercialización de los productos agrícolas puede contribuir a mejorar las condiciones económicas de producción y comercialización de esos productos, así como su calidad. La aplicación de tales normas redunda, pues, en beneficio de los productores, comerciantes y consumidores.

(65) Tras la Comunicación de la Comisión sobre la política de calidad de los productos agrícolas y los debates que se han sucedido, es conveniente mantener unas normas de comercialización por sectores o productos con el fin de tener en cuenta las expectativas de los consumidores y contribuir a mejorar tanto las condiciones económicas de producción y comercialización de los productos agrícolas como la calidad de estos.

(66) Deben establecerse disposiciones horizontales para las normas de comercialización.

(67) Las normas de comercialización deben dividirse en normas obligatorias y menciones reservadas facultativas que han de establecerse en relación con sectores o productos determinados.

(68) Las normas de comercialización deben aplicarse, en principio, a todos los productos de que se trate comercializados en la Unión.

(69) Conviene incluir en el presente Reglamento una lista de los sectores y los productos a los que pudieran aplicarse normas de comercialización. Ahora bien, para atender a las expectativas de los consumidores y a la necesidad de mejorar la calidad de los productos agrarios y las condiciones económicas de producción y comercialización de los mismos, deben delegarse en la Comisión los poderes de adoptar determinados actos en lo referente a la modificación de dicha lista, con arreglo a condiciones estrictas.

(70) A fin de atender a las expectativas de los consumidores y mejorar las condiciones económicas de producción y comercialización así como la calidad de determinados productos agrarios, y para adaptarse a las condiciones siempre cambiantes del mercado, a las nuevas demandas de los consumidores y a la evolución de las normas internacionales pertinentes, así como para evitar crear obstáculos a la innovación de productos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en relación con la adopción de normas de comercialización por sectores o productos, en todas las fases de la comercialización, y el establecimiento de excepciones y exenciones de tales normas Las normas de comercialización deben tener en cuenta, entre otras cosas, las características naturales y esenciales de los productos de que se trate, y de ese modo evitar causar cambios sustanciales en la composición ordinaria del producto de que se trate. Deben, además, tener en cuenta el posible riesgo de desorientación de los consumidores en razón de determinadas expectativas y percepciones. Ningún supuesto de inaplicación o exención de las normas debe suponer costes suplementarios que tengan que ser soportados únicamente por los productores agrícolas.

(71) Para poder suministrar con facilidad al mercado productos de calidad satisfactoria y normalizada se deben aplicar normas de comercialización con respecto, en particular, a las definiciones técnicas, las clasificaciones, la presentación, el marcado y el etiquetado, el envasado, el método de producción, la conservación, el almacenamiento, el transporte, la documentación administrativa correspondiente, la certificación y los plazos, así como las restricciones en el uso y la eliminación.

(72) Habida cuenta del interés de los productores en comunicar las características del producto y el método de producción, y el interés de que os consumidores reciban una información adecuada y transparente sobre los productos, se ha de poder determinar el lugar de producción y de origen, mediante un planteamiento caso por caso al nivel geográfico apropiado, teniendo en cuenta las características específicas de algunos sectores, especialmente los de productos agrarios transformados.

(73) Deben establecerse normas especiales para los productos importados de terceros países siempre y cuando las disposiciones nacionales vigentes en los terceros países justifiquen la inaplicación de las normas de comercialización y que se garantice que tales disposiciones son equivalentes al derecho de la Unión. Conviene asimismo establecer disposiciones con respecto a la aplicación de las normas de comercialización a los productos exportados desde la Unión.

(74) Los productos del sector de las frutas y hortalizas que se vayan a vender frescos al consumidor solo podrán comercializarse cuando estén en buen estado, sean de calidad buena y comercializable y lleven indicado el país de origen. Para garantizar la correcta aplicación de este requisito y tener en cuenta ciertas situaciones específicas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en lo que respecta a las excepciones al mismo.

(75) Conviene aplicar una política de calidad en toda la Unión mediante el seguimiento de un procedimiento de certificación de los productos del sector del lúpulo y la prohibición de comercializar aquellos que no hayan recibido un certificado. Para garantizar la correcta aplicación de este requisito y tener en cuenta ciertas situaciones específicas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en lo que respecta a las medidas que permitan la inaplicación del mismo a efectos de atender a los requisitos comerciales de determinados países terceros o de productos destinados a usos especiales.

(76) Para ciertos sectores y productos, las definiciones, designaciones y denominaciones de venta son elementos importantes para la determinación de las condiciones de competencia. Así pues, procede establecer definiciones, designaciones y denominaciones de venta para esos sectores y/o productos, que deben utilizarse únicamente en la Unión para la comercialización de productos que reúnan los requisitos correspondientes.

(77) A fin de adaptar las definiciones y las denominaciones de venta de determinados productos a las necesidades resultantes de las cambiantes demandas de los consumidores, al progreso técnico y a la necesidad de innovar los productos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en relación con la modificación, excepción o exención respecto de dichas definiciones y denominaciones de venta.

(78) Para garantizar que los operadores y los Estados miembros entiendan claramente las definiciones y denominaciones de venta establecidas para determinados sectores, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en relación con las normas para su especificación y aplicación.

(79) A fin de tener en cuenta las características específicas de cada producto o sector, las diferentes fases de la comercialización, las condiciones técnicas, las posibles dificultades prácticas importantes, así como también la exactitud y la posibilidad de repetir los resultados de determinados métodos de análisis, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en lo referente al nivel de tolerancia para una o varias normas específicas por encima del cual se considerará que todo el lote de productos no se ajusta a dicha norma o normas.

(80) Se deben definir ciertas prácticas enológicas y restricciones asociadas a la producción de vino, como la mezcla o la utilización de algunos tipos de mosto de uva, zumo de uva y uvas frescas originarias de terceros países. Con el fin de cumplir las normas internacionales, en lo que se refiere a nuevas prácticas enológicas, conviene que la Comisión tenga en cuenta las prácticas enológicas recomendadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

(81) Se deben establecer normas de clasificación de las variedades de uva de vinificación conforme a las cuales los Estados miembros con una producción superior a 50 000 hectolitros anuales se deben seguir ocupando de clasificar las variedades de uva de vinificación con las que se puede elaborar vino en sus territorios. Es conveniente excluir algunas de esas variedades.

(82) Los Estados miembros han de poder mantener o establecer determinadas normas nacionales sobre niveles de calidad con respecto a las grasas para untar.

(83) En el sector vitivinícola, los Estados miembros deben poder limitar o excluir la utilización de determinadas prácticas enológicas y mantener restricciones más estrictas respecto a los vinos producidos en su territorio, así como admitir la utilización experimental de prácticas enológicas no autorizadas.

(84) A fin de garantizar una aplicación correcta y transparente de las normas nacionales a determinados productos o sectores en lo referente a las normas de comercialización, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta al establecimiento de las condiciones de aplicación de tales normas de comercialización, así como de las condiciones aplicables a la posesión, circulación y utilización de los productos obtenidos de las prácticas experimentales.

(85) Además de las normas de comercialización, deben establecerse términos facultativos reservados a fin de garantizar que los términos que describan características específicas de los productos o propiedades de cultivo o transformación no se utilicen indebidamente en el mercado y los consumidores puedan confiar en ellos a la hora de identificar distintas cualidades de los productos. Habida cuenta de los objetivos del presente Reglamento y en aras de la claridad, los términos de calidad facultativos que existen actualmente deben quedar regulados por este Reglamento.

(86) Los Estados miembros deben poder establecer las normas relativas a la eliminación de los productos vinícolas que no reúnan los requisitos previstos en el presente Reglamento. Para garantizar la aplicación correcta y transparente de las normas nacionales sobre productos vinícolas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en relación a fijar las condiciones de uso de los productos vinícolas que no cumplan los requisitos previstos en el presente Reglamento.

(87) A fin de tener en cuenta la situación de los mercados y la evolución de las normas internacionales y de comercialización, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos a efectos de establecer una mención reservada adicional facultativa y fijar sus condiciones de uso, modificar dichas condiciones de uso y cancelar dichas mención reservada.

(88) A fin de tener en cuenta las características de determinados sectores y las expectativas de los consumidores, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en lo referente al establecimiento de los requisitos detallados para la introducción de una mención reservada adicional.

(89) A fin de asegurarse de que los productos descritos por medio de menciones reservadas facultativas se ajustan a las condiciones de uso aplicables, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en lo referente al establecimiento de normas adicionales para el uso de dichas menciones.

(90) A fin de tener en cuenta las características específicas de los intercambios comerciales entre la Unión y determinados terceros países, y las características específicas de determinados productos agrícolas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos respecto a las condiciones en que debe considerarse que los productos importados ofrecen un nivel equivalente de cumplimiento de las exigencias de la Unión en materia de normas de comercialización y que prevean la adopción de medidas que eximan del cumplimiento de las normas conforme a las cuales los productos sólo se pueden comercializar en la Unión con arreglo a tales normas, y las disposiciones sobre la aplicación de las normas de comercialización a los productos exportados desde la Unión.

(91) Las disposiciones relativas al vino deben aplicarse en función de los acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el TFUE.

(92) El concepto de vino de calidad de la Unión se basa, entre otras cosas, en las características específicas atribuibles al origen geográfico del vino. Para que los consumidores puedan reconocer ese tipo de vino se recurre a las denominaciones de origen protegidas y a las indicaciones geográficas protegidas. Con el fin de dar cabida a un marco transparente y más elaborado que favorezca el reconocimiento de que el producto de que se trate es de calidad, se debe establecer un sistema según el cual las solicitudes de denominación de origen o de indicación geográfica se examinen conforme al planteamiento que, de acuerdo con la política horizontal de la Unión aplicable en materia de calidad a los productos alimenticios distintos del vino y las bebidas espirituosas, se prevé en el Reglamento (CE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(93) A fin de preservar las características especiales de calidad de los vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, se debe permitir a los Estados miembros la aplicación de normas más estrictas.

(94) Para poder disfrutar de protección en la Unión, es preciso que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de los vinos se reconozcan y registren en la Unión de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Comisión.

(95) La protección debe estar abierta a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de terceros países que estén protegidas en los países de origen.

(96) El procedimiento de registro debe posibilitar a toda persona física o jurídica con intereses legítimos en un Estado miembro o un tercer país ejercer sus derechos mediante la notificación de sus objeciones.

(97) Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas deben ser protegidas frente a usos que supongan un aprovechamiento desleal de la reputación de que gozan los productos conformes. Con el fin de fomentar la competencia leal y no inducir a error a los consumidores, es preciso que esta protección se extienda asimismo a productos y servicios que no se regulan mediante el presente Reglamento, ni se recogen en el anexo I de los Tratados.

(98) A fin de tener en cuenta las prácticas de etiquetado existentes, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta al permiso para utilizar el nombre de una variedad de uva de vinificación que contenga o consista en una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida.

(99) A fin de tener en cuenta las características específicas de la producción en la zona geográfica delimitada, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a los criterios adicionales para la delimitación de la zona geográfica, y a las restricciones y excepciones relativas a la producción en la zona geográfica delimitada.

(100) A fin de garantizar la calidad y trazabilidad de los productos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por los que se establezcan las condiciones en que el pliego de condiciones del producto puede incluir requisitos adicionales.

(101) A fin de garantizar los derechos o intereses legítimos de los productores o los operadores económicos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos con respecto al tipo de solicitante que puede demandar la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica; a las condiciones que han de cumplirse con respecto a una solicitud de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, el examen por la Comisión, el procedimiento de oposición y los procedimientos de modificación, cancelación y conversión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas. Esta delegación debe extenderse también a las condiciones aplicables a las solicitudes transfronterizas; a las condiciones de solicitud relativas a zonas geográficas de un tercer país; a la fecha de inicio de la aplicación de la protección o de la modificación de dicha protección y a las condiciones relativas a la modificación de las especificaciones del producto.

(102) A fin de garantizar una protección adecuada deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en relación con las restricciones de la denominación protegida

(103) A fin de cerciorarse de que los operadores y las autoridades competentes no resultan perjudicados por la aplicación del presente Reglamento en lo que respecta a las denominaciones de vinos a las que se haya concedido protección antes del 1 de agosto de 2009 o para las cuales se haya presentado una solicitud de protección antes de dicha fecha, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos sobre disposiciones transitorias con respecto a dichas denominaciones; los vinos comercializados o etiquetados antes de una fecha determinada; y sobre las modificaciones del pliego de condiciones del producto.

(104) Hay una serie de términos que se utilizan tradicionalmente en la Unión para transmitir a los consumidores una información sobre las peculiaridades y la calidad de los vinos complementaria de la que ofrecen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. A fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior y la competencia leal y para evitar que los consumidores sean inducidos a error, esos términos tradicionales deben poder gozar de protección en la Unión.

(105) A fin de garantizar una protección adecuada, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la lengua y la ortografía del término tradicional que deba protegerse.

(106) A fin de garantizar los derechos legítimos de los productores y los operadores económicos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta al tipo de solicitantes que pueden solicitar la protección de un término tradicional; las condiciones de validez de una solicitud de reconocimiento de un término tradicional; los motivos para oponerse a una propuesta de reconocimiento de un término tradicional; el ámbito de aplicación de la protección, incluida la relación con las marcas registradas, los términos tradicionales protegidos, las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas, los homónimos o determinados nombres de uvas de vinificación; los motivos para cancelar un término tradicional; la fecha de presentación de una solicitud o una petición; y los procedimientos que deben seguirse en relación con las solicitudes de protección de un término tradicional, incluidos la supervisión de la Comisión, los procedimientos de oposición y los procedimientos de cancelación y modificación.

(107) A fin de tener en cuenta las características particulares del comercio entre la Unión y determinados terceros países, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados respecto de las condiciones de utilización de los términos tradicionales en los productos procedentes de terceros países, incluidas las relativas a las correspondientes excepciones.

(108) La descripción, designación y presentación de los productos del sector vitivinícola regulados por el presente Reglamento puede influir considerablemente en sus perspectivas de comercialización. Las diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos de este sector pueden dificultar el buen funcionamiento del mercado interior. Es conveniente, pues, establecer normas que tengan en cuenta los intereses legítimos de los consumidores y los productores. Por tal motivo, conviene establecer normas de la Unión en materia de etiquetado y presentación.

(109) A fin de cerciorarse del cumplimiento de las prácticas de etiquetado vigentes, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en los que se establezcan las circunstancias excepcionales que justifiquen la omisión de la referencia a los términos "denominación de origen protegida" o "indicación geográfica protegida".

(110) A fin de tener en cuenta las características específicas del sector del vino, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la presentación y utilización de indicaciones de etiquetado distintas de las previstas en el presente Reglamento; a determinadas indicaciones obligatorias y facultativas; y a la presentación.

(111) A fin de garantizar la protección de los intereses legítimos de los operadores, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos con respecto al etiquetado y presentación temporal de los vinos acogidos a una denominación de origen o una indicación geográfica, cuando dicha denominación de origen o indicación geográfica cumpla los requisitos necesarios.

(112) A fin de garantizar que los operadores económicos no resulten perjudicados, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos relativos a las disposiciones transitorias con respecto al vino comercializado y etiquetado de conformidad con las normas pertinentes aplicables antes del 1 de agosto de 2009.

(113) A fin de tener en cuenta las características específicas del comercio de los productos del sector vitivinícola entre la Unión y determinados terceros países, deben delegarse en la Comisión los poderes respecto de las excepciones a las normas sobre etiquetado y presentación relativas a productos que se vayan a exportar cuando así lo exija la legislación del tercer país de que se trate.

(114) Una vez que concluya el régimen de cuotas se seguirán necesitando instrumentos específicos para garantizar un equilibrio justo de derechos y obligaciones entre las empresas azucareras y los productores de remolacha azucarera, por lo que conviene establecer las disposiciones marco que regulen los acuerdos interprofesionales por escrito celebrados entre ellos.

(115) La reforma de 2006 del régimen del azúcar introdujo cambios de gran alcance para el sector del azúcar en la Unión. Para permitir que los productores de remolacha azucarera completen su adaptación a la nueva situación del mercado y de aumentar su orientación al mismo, debe prorrogarse el sistema actual de cuotas para el azúcar hasta que se derogue al término de la campaña de comercialización 2016-2017.

(116) A fin de tener en cuenta las características específicas del sector del azúcar, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la actualización de las definiciones técnicas para el sector del azúcar, la actualización de las condiciones de compra de los acuerdos interprofesionales para la compra de remolacha azucarera y de caña de azúcar; y normas adicionales para la determinación del peso bruto, la tara y el contenido en azúcar del azúcar entregado a las empresas, así como de la pulpa de azúcar.

(117) La experiencia reciente ha demostrado la necesidad de adoptar medidas específicas que garanticen el suministro suficiente de azúcar al mercado de la Unión durante el resto del periodo de cuotas para el azúcar.

(118) A fin de tener en cuenta las características específicas del sector del azúcar y asegurar que se tienen debidamente en cuenta los intereses de todas las partes, y habida cuenta de la necesidad de prevenir toda perturbación del mercado, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos con respecto a: las condiciones de compra y los contratos de entrega; la actualización de las condiciones de compra para la remolacha que establece el presente Reglamento; y los criterios que deban aplicar las empresas azucareras para repartir entre los vendedores de remolacha las cantidades de remolacha para las que se vayan a firmar contratos de suministro antes de la siembra;

(119) A fin de tener en cuenta los avances técnicos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en lo que respecta a la elaboración de una lista de productos para cuya producción puede utilizarse azúcar industrial, isoglucosa industrial o jarabe de inulina industrial.

(120) A fin de cerciorarse de que las empresas autorizadas que producen o procesan azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina cumplen sus obligaciones, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en lo que respecta a la concesión y retirada de autorización a tales empresas, así como a los criterios relativos a las sanciones administrativas.

(121) Para tener en cuenta las características especiales del sector del azúcar y garantizar que se tengan debidamente en cuenta los intereses de todas las partes, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos respecto a la definición de las condiciones de funcionamiento del régimen de cuotas; y las condiciones que regulan las ventas a las regiones ultraperiféricas.

(122) A fin de cerciorarse de que los productores de remolacha están estrechamente vinculados a una decisión de trasladar a otra campaña una determinada cantidad de producción, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos con respecto al traslado de azúcar a otra campaña.

(123) Para lograr una mejor gestión del potencial vitícola, conviene que los Estados miembros faciliten a la Comisión un inventario de su potencial productivo basado en el registro vitícola. Para animar a los Estados miembros a notificar dicho inventario, las ayudas para reestructuración y reconversión deben limitarse a los que hayan cumplido este requisito.

(124) A fin de facilitar el seguimiento y la verificación del potencial productivo por parte de los Estados miembros, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta al contenido del registro vitícola y las excepciones pertinentes.

(125) Con el fin de establecer un nivel satisfactorio de trazabilidad de los productos en cuestión, y en particular para proteger a los consumidores se debe exigir que todos los productos del sector vitivinícola regulados por el presente Reglamento lleven un documento de acompañamiento cuando circulen por la Unión.

(126) A fin de facilitar el transporte de los productos del sector vitivinícola y su comprobación por los Estados miembros, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las disposiciones sobre el documento de acompañamiento y su utilización y las condiciones en que un documento de acompañamiento tendrá la consideración de certificado de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas; a la obligación de llevar un registro y su utilización; sobre quién debe llevar un registro y las dispensas de la obligación de llevarlo; y a las operaciones que deban consignarse en el registro.

(127) A falta de normativa de la Unión sobre la formalización de contratos por escrito, los Estados miembros pueden decidir hacer obligatorio el uso de tales contratos dentro de sus propios regímenes nacionales de Derecho contractual, a condición de que al hacerlo se respete el derecho de la Unión y, en particular, el correcto funcionamiento del mercado interior y de la organización común de mercados. Habida cuenta de la variedad de situaciones existentes en la Unión, y en interés de la subsidiariedad, tal decisión debe ser competencia de los Estados miembros. Sin embargo, en el sector de la leche y los productos lácteos, para garantizar unas normas mínimas adecuadas para tales contratos y el buen funcionamiento del mercado interior y de la organización común de mercados, deben fijarse al nivel de la Unión algunas condiciones básicas para el uso de tales contratos. Todas esas condiciones básicas se deben negociar libremente. Puesto que algunas cooperativas lecheras pueden tener normas con un efecto similar en sus estatutos, por razones de simplicidad, deben quedar exentas de la exigencia de contratos. Para reforzar la eficacia de un sistema de esas características, los Estados miembros deben decidir si es preciso aplicarlo también cuando son los intermediarios quienes recogen la leche de los ganaderos para entregarla a los transformadores.

(128) A fin de garantizar el desarrollo viable de la producción y el consiguiente nivel de vida equitativo para los productores de leche, conviene fortalecer su poder de negociación con respecto a los transformadores y conseguir así una distribución más equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro. Para alcanzar estos objetivos de la PAC, debe adoptarse una disposición de conformidad con el artículo 42 y el artículo 43, apartado 2 del TFUE que permita a las organizaciones de productores constituidas por productores de leche o sus asociaciones negociar conjuntamente los términos del contrato, incluido el precio, para una parte o la totalidad de la producción de sus miembros con una central lechera. A efectos de mantener la competencia efectiva en el mercado lácteo, esta posibilidad debe estar sujeta a límites cuantitativos apropiados. Con el fin de no socavar el funcionamiento eficaz de las cooperativas y en aras de la claridad, se debe precisar que si la pertenencia de un ganadero a una cooperativa está sujeta a la obligación, con respecto a la totalidad o parte de esa producción lechera del ganadero, de entregar leche cruda obligación cuyas condiciones están establecidas en los estatutos de la cooperativa, o por las normas y decisiones resultantes de los mismos, dichas condiciones no deben ser objeto de negociación a través de una organización de productores.

(129) Dada la importancia que tienen las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP), principalmente para las zonas rurales vulnerables, y a fin de garantizar el valor añadido y mantener la calidad, en particular, de los quesos que se benefician de una DOP o de una IGP, y en el contexto de la próxima expiración del régimen de cuotas lácteas, debe permitirse que los Estados miembros apliquen normas que regulen la totalidad de la oferta de tales quesos fabricados en una zona geográfica definida a petición de una organización interprofesional, una organización de productores o una agrupación según lo definido en el Reglamento (UE) no 1151/2012. Tal solicitud debe ser respaldada por la mayor parte delos productores de leche que supongan la mayor parte del volumen de leche utilizada para dicho queso y, en el caso de las organizaciones interprofesionales y agrupaciones, por la mayor parte de los productores de queso que supongan la mayor parte de la producción de dicho queso.

(130) A fin de seguir la evolución del mercado, la Comisión necesita información oportuna sobre los volúmenes de leche cruda entregados. Por consiguiente, debe adoptarse una disposición para garantizar que los primeros compradores comunican periódicamente dicha información a los Estados miembros y que los Estados miembros informan al respecto a la Comisión.

(131) Las organizaciones de productores y sus asociaciones pueden desempeñar una función muy útil en la concentración de la oferta y en la mejora de la comercialización y planificación, así como para adaptar la producción a la demanda, optimizar los costes de producción y estabilizar los precios a la producción, llevar a cabo investigaciones, fomentar las prácticas correctas y prestar asistencia técnica, gestionar los productos derivados y administrar los instrumentos de gestión del riesgo de que dispongan sus miembros, contribuyendo así a fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria.

(132) Las organizaciones interprofesionales pueden jugar un papel importante permitiendo el diálogo entre los operadores de la cadena de suministro y fomentando las mejores prácticas y la transparencia en el mercado.

(133) Es necesario, pues, armonizar, racionalizar y ampliar las normas vigentes sobre la definición y el reconocimiento de las organizaciones de productores, sus asociaciones y las organizaciones interprofesionales, con el fin de prever el posible reconocimiento previa petición según los estatutos y en virtud de las normas establecidas de conformidad con el presente Reglamento para determinados sectores. En particular, los criterios para el reconocimiento de las organizaciones de productores, así como los estatutos de las mismas, deben garantizar que esos organismos se formen por iniciativa de los productores y se controlen con arreglo a unas normas que permitan a los productores miembros supervisar democráticamente su organización y las decisiones de ésta.

(134) Algunas disposiciones vigentes en varios sectores que potencian el efecto de las organizaciones de productores, sus asociaciones y las organizaciones interprofesionales permitiendo a los Estados miembros, en determinadas condiciones, hacer extensivas determinadas normas de esas organizaciones a los operadores no afiliados han demostrado su eficacia, por lo que conviene armonizarlas, racionalizarlas y ampliarlas a todos los sectores.

(135) Debe preverse la posibilidad de adoptar determinadas medidas para facilitar el ajuste de la oferta a las necesidades del mercado, lo que puede contribuir a estabilizar los mercados y garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores de que se trate.

(136) A fin de estimular las iniciativas de las organizaciones de productores, de las asociaciones de organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales que faciliten la adaptación de la oferta a las necesidades del mercado, salvo las de retirada de productos del mercado, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a medidas que mejoren la calidad; promuevan la organización de la producción, la transformación y la comercialización; faciliten el seguimiento de la evolución de los precios del mercado; y permitan la elaboración de previsiones a corto y a largo plazo basándose en el conocimiento de los medios de producción utilizados.

(137) Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado del vino, los Estados miembros deben poder aplicar las decisiones adoptadas por las organizaciones interprofesionales. No obstante, las prácticas que puedan falsear la competencia deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de esas decisiones.

(138) Pese a que la utilización de contratos formalizados por escrito en el sector de la leche está prevista en otras disposiciones, la utilización de esos contratos puede ayudar también a reforzar la responsabilidad de los operadores de otros sectores y aumentar su conciencia en cuanto a la necesidad de tener más en cuenta las señales del mercado, de mejorar la transmisión de los precios y de adaptar la oferta a la demanda, así como de ayudar a evitar determinadas prácticas comerciales injustas. A falta de una normativa de la Unión sobre tales contratos, los Estados miembros, conforme a sus regímenes nacionales de Derecho contractual, pueden decidir que sea obligatorio el uso de tales contratos a condición de que al hacerlo se cumpla el Derecho de la Unión y, en particular, se respete el correcto funcionamiento del mercado interior y de la organización común de mercado.

(139) A fin de garantizar el desarrollo viable de la producción y, de ese modo, un nivel de vida equitativo para los productores de los sectores de la carne de vacuno y del aceite de oliva, así como los productores de determinados cultivos herbáceos, debe reforzarse su capacidad de negociación respecto de los operadores que intervienen en fases posteriores, con el resultado de una distribución más justa del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro. Para alcanzar esos objetivos de la PAC, las organizaciones de productores reconocidas deben poder negociar, dentro de límites cuantitativos, las condiciones de los contratos de entrega, entre otras cosas los precios, para la producción de algunos de sus miembros o de todos ellos, siempre que esas organizaciones persigan uno o varios de los tres objetivos siguientes: concentrar el suministro, comercializar los productos de sus miembros y optimizar los costes de producción, siempre y cuando la búsqueda de dichos objetivos lleve a la integración de las actividades y que esta integración tenga probabilidades de generar una eficacia significativa que consiga que las actividades generales de la organización de productores contribuyan a lograr los objetivos previstos en el artículo 39 del TFUE. Esto podrá llevarse a cabo siempre que la organización de productores realice determinadas actividades, y que éstas sean significativas en términos del volumen de la producción de que se trate y de los costes de producción, así como de la comercialización de los productos en cuestión.

(140) A fin de garantizar el valor añadido y de mantener la calidad, en particular del jamón curado beneficiario de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida, los Estados miembros podrán, en determinadas condiciones estrictas, aplicar normas que regulen el suministro de dicho jamón curado, siempre que esas normas cuenten con el respaldo de la gran mayoría de sus productores y, en su caso, de los productores de cerdos de la zona geográfica correspondiente a ese jamón.

(141) La obligación de registrar todos los contratos de suministro de lúpulo producido en la Unión es una medida onerosa y debe, por tanto, suspenderse.

(142) A fin de cerciorarse de que los objetivos y competencias de las organizaciones de productores, las asociaciones de organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales se definen con claridad y para contribuir a la eficacia de sus actuaciones sin imponer una carga administrativa indebida y sin socavar el principio de libertad de asociación en particular respecto de quienes no son miembros de esas organizaciones deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las normas sobre los objetivos específicos que pueden, deben o no deben perseguir tales organizaciones y asociaciones y, cuando proceda, añadirse a los previstos en el presente Reglamento; los estatutos de esas organizaciones y asociaciones, los de las organizaciones distintas de las organizaciones de productores, las condiciones específicas aplicables a los estatutos de las organizaciones de productores en determinados sectores, incluidas las excepciones, la estructura, el plazo de la afiliación, las dimensiones y la obligación democrática de rendir cuentas así como las actividades de esas organizaciones y asociaciones, los efectos producidos por las fusiones; las condiciones para el reconocimiento, la retirada y la suspensión del reconocimiento, sus efectos y los requisitos para la presentación de recursos en caso de incumplimiento de los criterios para el reconocimiento; las organizaciones y asociaciones transnacionales y las normas relativas a la asistencia administrativa en caso de cooperación transnacional; los sectores sujetos a la autorización de los Estados miembros a los que es de aplicación la externalización y la índole de las actividades que puedan externalizarse y el suministro de medios técnicos por parte de las organizaciones o asociaciones; la base de cálculo del volumen o el valor mínimos de la producción comercializable de las organizaciones o asociaciones; las normas para el cálculo del volumen de leche cruda incluido en las negociaciones de las organizaciones de productores, la aceptación de los afiliados que no sean productores en el caso de las organizaciones de productores, y que no sean organizaciones de productores en el caso de las asociaciones de organizaciones de productores; la ampliación de determinadas normas de las organizaciones a los no afiliados y el pago obligatorio de cuotas por estos, incluidas la utilización y la asignación de ese pago por esas organizaciones y una lista de normas de producción más estrictas que puede ampliarse, nuevos requisitos sobre representatividad, los ámbitos económicos afectados, incluida la vigilancia por la Comisión de su definición, los periodos mínimos en los que las normas deben estar vigentes antes de su ampliación, las personas o las organizaciones a las que pueden aplicarse las normas o las contribuciones, y las circunstancias en las que la Comisión puede exigir que la ampliación de las normas o las cuotas obligatorias se deniegue o se retire.

(143) El seguimiento de los flujos comerciales es ante todo una cuestión de gestión que conviene abordar de manera flexible. Es conveniente que la decisión sobre el establecimiento de los requisitos que deben cumplir los certificados se tome teniendo presente la necesidad de contar con certificados, la necesidad de gestionar los mercados considerados y, en particular, la necesidad de controlar las importaciones de los productos en cuestión.

(144) A fin de tener en cuenta las obligaciones internacionales de la Unión y las normas sociales, medioambientales y de bienestar animal aplicables de la Unión, la necesidad de vigilar la evolución del mercado y de los intercambios comerciales y las importaciones y exportaciones la necesidad de una gestión sólida de los mercados y la necesidad de reducir la carga administrativa, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la lista de productos sujetos a la presentación de un certificado de importación o exportación; y los casos y situaciones en los que no será preciso presentar un certificado de importación o exportación.

(145) A fin de establecer nuevos elementos del régimen de certificados, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en relación con las normas sobre los derechos y obligaciones que se derivan del certificado, los efectos legales de este y los casos en que se aplica una tolerancia por lo que se refiere al cumplimiento de la obligación de importar o exportar la cantidad mencionada en el certificado o, cuando deba indicarse el origen, los casos en que la expedición de un certificado de importación o el despacho a libre práctica estén sujetos a la presentación de un documento expedido por un tercer país o un organismo que certifique, entre otros extremos, el origen, la autenticidad y las características de calidad de los productos; la transmisión de los certificados o las restricciones aplicables a su transmisibilidad; las condiciones adicionales relativas a las licencias de importación de cáñamo y el principio de asistencia administrativa entre Estados miembros para prevenir o atajar los casos de fraude y las irregularidades; y los casos y situaciones en los que no será preciso depositar una garantía para asegurar que los productos se importan o exportan dentro del periodo de validez.

(146) Los elementos fundamentales de los derechos de aduana aplicables a los productos agrícolas que reflejan los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos bilaterales se establecen en el arancel aduanero común. Conviene facultar a la Comisión a fin de que adopte medidas para el cálculo detallado de los derechos de importación con arreglo a esos elementos fundamentales.

(147) Conviene mantener para ciertos productos el régimen de precios de entrada. A fin de garantizar la eficacia de ese régimen deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos a efectos de verificar la veracidad del precio declarado de un lote, utilizando un valor de importación a tanto alzado y establecer las condiciones en que se requiere la constitución de una garantía.

(148) A fin de evitar o de contrarrestar los efectos perjudiciales que puedan tener en el mercado de la Unión las importaciones de determinados productos agrícolas, la importación de tales productos debe estar sujeta al pago de un derecho adicional, si se cumplen determinadas condiciones.

(149) Procede, en determinadas condiciones, abrir y gestionar los contingentes arancelarios de importación resultantes de acuerdos internacionales celebrados en virtud del TFUE o de otros actos legales de la Unión. En el caso de los contingentes arancelarios de importación, el método de administración adoptado deberá tener debidamente en cuenta las necesidades de abastecimiento del mercado actual y emergente de producción, elaboración y consumo de la Unión en cuanto a competitividad, seguridad y continuidad del abastecimiento y la necesidad de salvaguardar su equilibrio.

(150) A fin de cumplir los compromisos contraídos a tenor de los acuerdos concluidos durante la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales sobre los tipos de los contingentes arancelarios para la importación en España de 2 000 000 de toneladas de maíz y 300 000 toneladas de sorgo y los tipos de contingentes arancelarios para la importación en Portugal de 500 000 toneladas de maíz, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en relación con el establecimiento de las normas necesarias para llevar a cabo las importaciones acogidas al contingente arancelario y, cuando proceda, el almacenamiento público de las cantidades importadas por los organismos de intervención de los Estados miembros interesados.

(151) A fin de permitir un acceso equitativo a las cantidades disponibles y garantizar la igualdad de trato de los operadores frente al contingente arancelario de importación, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos en relación con lo siguiente: se establezcan las condiciones y los requisitos que habrán de cumplir los operadores para presentar una solicitud con cargo al contingente arancelario de importación; se establezcan normas acerca de la transmisión de derechos entre los operadores y, en caso necesario, las restricciones aplicables a esa transmisión en el contexto de la gestión del contingente arancelario de importación; que supediten la participación en el contingente arancelario de importación a la constitución de una garantía; y la inclusión, en su caso, de características especiales, requisitos o restricciones particulares aplicables al contingente arancelario previsto en el acuerdo internacional u otro acto en cuestión.

(152) En determinados casos, los productos agrícolas pueden recibir un trato especial al ser importados en terceros países si se ajustan a determinadas especificaciones o condiciones de precio, o ambas. Para garantizar la correcta aplicación de ese sistema, es necesario que exista una cooperación administrativa entre las autoridades del tercer país importador y las de la Unión. Con ese fin, es oportuno que los productos vayan acompañados de un certificado expedido en la Unión.

(153) A fin de garantizar que los productos que se exportan pueden disfrutar de un régimen especial de importación en un tercer país si se cumplen determinadas condiciones, en virtud de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión de conformidad con el TFUE, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos relativos a la exigencia de que las autoridades competentes de los Estados miembros, previas solicitud y realización de los controles apropiados, expidan un documento por el que se certifique que se cumplen esas condiciones.

(154) Para que los cultivos ilícitos de cáñamo no perturben el mercado del cáñamo destinado a la producción de fibras, procede que el presente Reglamento disponga la realización de controles de las importaciones de cáñamo y de semillas de cáñamo con el fin de cerciorarse de que dichos productos ofrecen garantías en cuanto al contenido de tetrahidrocannabinol. Además, la importación de semillas de cáñamo no destinadas a la siembra debe seguir supeditada a un régimen de control que regule la autorización de los importadores en cuestión.

(155) En toda la Unión se practica una política de calidad en relación con los productos del sector del lúpulo. Por lo que respecta a los productos importados, conviene establecer en el presente Reglamento disposiciones que garanticen que solo se importen productos que reúnan unas características mínimas de calidad equivalentes. Para reducir la carga administrativa, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las condiciones en las que no se deben de aplicar las obligaciones referidas a la certificación de equivalencia y al etiquetado de los envases.

(156) La Unión ha suscrito con terceros países varios convenios de acceso preferente al mercado por los que tales países pueden exportar azúcar de caña a la Unión en condiciones favorables. Conviene mantener durante cierto tiempo las disposiciones correspondientes a la evaluación de las necesidades de azúcar para refinar de las refinerías y, en determinadas condiciones, a la reserva de los certificados de importación para los usuarios especializados que se consideran refinerías de la Unión a tiempo completo de cantidades significativas de azúcar de caña en bruto importado. A fin de asegurar que el azúcar importado para el refinado se refina atendiendo a dichos requisitos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la utilización de términos en relación con el funcionamiento de los acuerdos de importación; las condiciones y criterios de admisibilidad que deben cumplir los operadores para presentar una solicitud de certificado de importación, incluida la constitución de una garantía, y las normas sobre sanciones administrativas imponibles.

(157) El régimen de derechos de aduana permite renunciar a todas las demás medidas de protección en las fronteras exteriores de la Unión. Es posible que, en circunstancias excepcionales, el mecanismo del mercado interior y de los derechos de aduana resulte insuficiente. Para que el mercado de la Unión no se quede sin defensa frente a las perturbaciones que pueden producirse en esos casos, es preciso que la Unión pueda adoptar sin dilación cuantas medidas sean necesarias, las cuales habrán de respetar las obligaciones internacionales contraídas por ella.

(158) Debe contemplarse la posibilidad de prohibir el recurso al régimen de perfeccionamiento activo o pasivo cuando esos regímenes perturben o pueda perturbar el mercado de la Unión.

(159) Las restituciones por exportación a terceros países en función de la diferencia existente entre los precios de la Unión y del mercado mundial, dentro de los límites establecidos en los compromisos asumidos en el contexto de la OMC, deben mantenerse como medida aplicable a determinados productos comprendidos dentro del ámbito del presente Reglamento cuando las condiciones del mercado interior justifiquen la adopción de medidas excepcionales. Las exportaciones subvencionadas deben estar sujetas a límites, tanto en valor como en cantidad, y, sin perjuicio de la aplicación de medidas excepcionales, la restitución disponible debe ser igual a cero.

(160) Es preciso que, al fijar las restituciones por exportación, se garantice la observancia de los límites expresados en términos de valor mediante el control de los pagos efectuados en virtud de la normativa relativa al Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Para facilitar ese control, es oportuno disponer que las restituciones por exportación se fijen obligatoriamente por anticipado, y que, en el caso de las restituciones diferenciadas, sea posible cambiar el destino previamente fijado dentro de una zona geográfica en la que se aplique un solo tipo de restitución. En el supuesto de cambio de destino, debe pagarse la restitución por exportación aplicable al destino real, estableciéndose como límite máximo el importe aplicable al destino previamente fijado.

(161) Para la observancia de los límites cuantitativos es necesario implantar un sistema de seguimiento fidedigno y eficaz. Con tal fin, es preciso supeditar la concesión de las restituciones por exportación a la presentación de un certificado de exportación. Las restituciones por exportación deben concederse dentro de los límites disponibles, en función de la situación específica de cada producto. Únicamente pueden admitirse excepciones a esta norma en el caso de los productos transformados no enumerados en el anexo I de los Tratados, a los que no se aplican límites de volumen. Se debe introducir la posibilidad de establecer excepciones a la exigencia de cumplimiento estricto de las normas de gestión cuando las exportaciones con restitución no vayan a sobrepasar los límites cuantitativos establecidos.

(162) En el caso de las exportaciones de ganado vacuno vivo, las restituciones por exportación deberían concederse y abonarse únicamente si se cumplen las normas de la Unión sobre bienestar animal y, en particular, las relativas a la protección de los animales durante el transporte.

(163) A fin de garantizar el buen funcionamiento del régimen de restituciones a la exportación, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la obligación de constituir una garantía que asegure la ejecución de las obligaciones del operador.

(164) A fin de reducir la carga administrativa de los operadores y las autoridades públicas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la fijación de los umbrales por debajo de los cuales no será obligatorio expedir o presentar un certificado de exportación, el establecimiento de destinos u operaciones que pueden justificar una exención de la obligación de presentar tal certificado y el permiso para la concesión a posteriori de los certificados de exportación en situaciones justificadas.

(165) A fin de hacer frente a situaciones concretas que dan derecho, total o parcialmente, a restituciones por exportación y ayudar a los operadores a pasar el periodo comprendido entre la fecha de solicitud de la restitución por exportación y el pago final, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las normas sobre la fijación de una fecha distinta para la restitución; el pago por adelantado de las restituciones por exportación, especificando las condiciones de constitución y liberación de una garantía; la presentación de justificantes adicionales cuando existan dudas sobre el destino real de los productos, incluida la posibilidad de reimportarlos en el territorio aduanero de la Unión; los destinos asimilados a exportaciones desde la Unión y los destinos situados en el territorio aduanero de la Unión que pueden causar derecho a las restituciones por exportación.

(166) A fin de garantizar la igualdad de acceso a las restituciones por exportación a los exportadores de los productos enumerados en el anexo I de los Tratados y de los productos transformados a partir de ellos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la aplicación de ciertas normas para los productos agrícolas a los productos exportados en forma de bienes transformados.

(167) A fin de asegurarse de que los productos por los que se conceden restituciones por exportación se exportan fuera del territorio aduanero de la Unión, de evitar su vuelta a ese territorio y de reducir la carga de trabajo administrativo que puede suponer para los operadores la obtención y presentación de justificantes que acrediten que los productos han llegado a un país de destino que da derecho a la percepción de restituciones diferenciadas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las normas sobre: el plazo en el que deba producirse la salida del territorio aduanero de la Unión, incluido el plazo para la reintroducción temporal; la transformación a la que puedan ser sometidos durante ese plazo los productos por los que se conceden las restituciones por exportación; los justificantes que acrediten la llegada al destino de los productos, a efectos de tener acceso a restituciones diferenciadas; los valores umbral de las restituciones y las condiciones en las que se pueda eximir a los exportadores de esos justificantes; y sobre las condiciones de aprobación de los justificantes, emitidos por terceros independientes, de llegada a un destino en que se aplican restituciones diferenciadas.

(168) A fin de incitar a los exportadores a respetar las condiciones de bienestar animal y a fin de permitir a las autoridades competentes cerciorarse del gasto correcto de las restituciones por exportación cuando su concesión esté condicionada a la observancia de normas de bienestar animal, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las normas de bienestar animal fuera del territorio aduanero de la Unión, incluido el recurso a terceros independientes.

(169) A fin de tener en cuenta las peculiares características de cada sector, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las disposiciones y condiciones específicas para los operadores y los productos con derecho a restituciones por exportación y al establecimiento de coeficientes para el cálculo de las restituciones por exportación teniendo en cuenta el proceso de añejado de determinadas bebidas espirituosas obtenidas a partir de cereales.

(170) Los precios mínimos de exportación de los bulbos de flores ya no son útiles y conviene eliminarlos.

(171) De conformidad con el artículo 42 del TFUE, las disposiciones del TFUE relativas a la competencia serán aplicables a la producción y al comercio de productos agrícolas solo en la medida determinada por la normativa de la Unión, en el marco del artículo 43, apartado 2, del TFUE y de acuerdo con el procedimiento previsto en él.

(172) Atendiendo a las peculiares características del sector agrario y a su dependencia del buen funcionamiento de toda la cadena de suministro alimentario, incluida la aplicación efectiva de normas sobre la competencia en todos los sectores correspondientes del conjunto de la cadena alimentaria, que pueden presentar un alto grado de concentración, conviene prestar especial atención a la aplicación de normas sobre la competencia establecidas en el artículo 42 del TFUE. A tal fin, es preciso mantener una mayor cooperación entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros encargadas de la competencia. Además, las directrices que, en su caso, adopte la Comisión constituyen un instrumento adecuado de orientación para las empresas y otras partes interesadas.

(173) Conviene disponer que las normas de competencia relativas a los acuerdos, decisiones y prácticas mencionados en el artículo 101 del TFUE, así como las relativas a la explotación abusiva de posiciones dominantes, se apliquen a la producción y al comercio de productos agrícolas, en la medida en que su aplicación no ponga en peligro la consecución de los objetivos de la PAC.

(174) Conviene permitir un planteamiento especial en el caso de las organizaciones de agricultores o productores o de sus asociaciones que tengan por objeto la producción o el comercio en común de productos agrícolas o la utilización de instalaciones comunes, a menos que dicha acción común excluya o distorsione la competencia o ponga en peligro la consecución de los objetivos del artículo 39 del TFUE.

(175) Sin perjuicio de la reglamentación del suministro de determinados productos, como el queso o el jamón que se benefician de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida, o como el vino, que se rige por una serie específica de normas, conviene adoptar un planteamiento especial en lo que respecta a determinadas actividades de organizaciones interprofesionales, siempre que estas no lleven a la partición de los mercados, no afecten al correcto funcionamiento de la OCM, no trastornen ni eliminen la competencia, no redunden en la fijación de precios o cuotas ni provoquen discriminación.

(176) La concesión de ayudas nacionales pondría en peligro el correcto funcionamiento del mercado interior. Por este motivo, es necesario que, como norma general, las disposiciones del TFUE que regulan las ayudas estatales se apliquen a los productos agrícolas. Sin perjuicio de ello, en determinadas circunstancias será preciso autorizar excepciones. Cuando existan estas excepciones, la Comisión debe poder elaborar una lista de las ayudas nacionales existentes, nuevas o propuestas para formular a los Estados miembros las observaciones que procedan y proponer medidas adecuadas.

(177) Las disposiciones sobre las primas por arranque y determinadas medidas de los programas de apoyo al sector vitivinícola no deben constituir un obstáculo para los pagos nacionales que tengan el mismo objetivo.

(178) Debido a la situación económica especial de la producción y comercialización de renos y productos derivados, conviene que Finlandia y Suecia sigan concediendo pagos nacionales a este sector.

(179) El cultivo de remolacha azucarera en Finlandia se realiza en unas condiciones geográficas y climáticas particulares que inciden negativamente en esta producción más allá de los efectos generales de la reforma del azúcar. Procede, pues, autorizar de manera permanente a ese Estado miembro para efectuar pagos nacionales a sus productores de remolacha azucarera.

(180) Los Estados miembros deben poder efectuar pagos nacionales para cofinanciar las medidas relativas a la apicultura que prevé el presente Reglamento, así como para proteger las colmenas desfavorecidas por sus condiciones estructurales o naturales o amparadas por programas de desarrollo económico, salvo los pagos nacionales destinados a la producción o el comercio.

(181) Los Estados miembros que participen en los sistemas de mejora del acceso a los alimentos para los niños deben poder conceder, además de la ayuda de la Unión, ayudas nacionales para el suministro de productos y para determinados gastos conexos.

(182) A fin de abordar los casos justificados de crisis incluso después de finalizar el periodo transitorio, los Estados miembros deben poder efectuar pagos nacionales fraccionados para la crisis dentro del límite presupuestario global del 15 % del respectivo valor del presupuesto anual correspondiente del Estado miembro destinado a su programa nacional de ayuda. Este tipo de pagos nacionales deben notificarse a la Comisión y ser aprobados antes de concederlos.

(183) Procede autorizar a los Estados miembros a seguir efectuando pagos nacionales por los frutos de cáscara tal como dispone actualmente el artículo 120 del Reglamento (CE) no 73/2009 con el fin de amortiguar los efectos de la disociación del antiguo régimen de ayudas de la Unión para este tipo de frutos. Por motivos de claridad, dado que ese Reglamento tiene que derogarse, conviene que esos pagos nacionales se contemplen en el presente Reglamento.

(184) A fin de responder con eficiencia y eficacia a las amenazas de perturbaciones de los mercados hay que establecer medidas especiales de intervención, cuyo ámbito de aplicación habrá que definir.

(185) A fin de responder con eficiencia y eficacia a las amenazas de perturbaciones de los mercados causadas por aumentos o caídas significativas de los precios en los mercados interiores o exteriores o por otros acontecimientos o circunstancias que perturben o amenacen con perturbar significativamente al mercado, en caso de que tal situación o sus efectos en el mercado tuvieran visos de mantenerse o deteriorarse, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las medidas necesarias para hacer frente a dicha situación de mercado, sin dejar de cumplir las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales y siempre que cualquier otra medida que ofrezca el presente Reglamento resulte insuficiente, incluidas medidas para ampliar o modificar el ámbito de aplicación, la duración u otros aspectos de otras medidas contempladas en el presente Reglamento, o prever restituciones a la exportación o suspender total o parcialmente los derechos de importación respecto de determinadas cantidades o periodos, en la medida de lo necesario.

(186) Las restricciones a la libre circulación derivadas de la aplicación de medidas destinadas a combatir la propagación de enfermedades animales pueden originar dificultades en el mercado de uno o varios Estados miembros. La experienci