C 334/190

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 12 de julio de 2022

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2022 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de Rumanía de 2022

(2022/C 334/23)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,

Vista la recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo,

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Dicho Mecanismo proporciona ayuda financiera a la realización de reformas y a la inversión, lo que implica un impulso presupuestario financiado por la Unión. El Mecanismo contribuye a la recuperación económica y a la realización de inversiones y reformas sostenibles y favorables al crecimiento, particularmente con el fin de promover las transiciones ecológica y digital, al mismo tiempo que refuerza la resiliencia y el crecimiento potencial de las economías de los Estados miembros. También contribuye a reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se actualizará en junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2) El 24 de noviembre de 2021, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2022 para la coordinación de las políticas económicas. La Comisión tuvo debidamente en cuenta el Compromiso Social de Oporto suscrito el 7 de mayo de 2021 con el fin de impulsar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 25 de marzo de 2022, el Consejo Europeo aprobó las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible de 2022. El 24 de noviembre de 2021, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Rumanía como uno de los Estados miembros para los cuales sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también la propuesta de Informe Conjunto sobre el Empleo para 2022, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El Informe Conjunto sobre el Empleo fue adoptado por el Consejo el 14 de marzo de 2022.

(3) La invasión de Ucrania por parte de Rusia, tras la pandemia mundial, ha alterado significativamente el contexto geopolítico y económico. Entre las repercusiones de la invasión sobre las economías de los Estados miembros figura un aumento de los precios de la energía, de los alimentos y de las materias primas, así como menores perspectivas de crecimiento. Los mayores precios de la energía pesan de manera particularmente aguda sobre los hogares más vulnerables confrontados a una situación de pobreza energética o en riesgo de caer en dicha situación, así como sobre las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía. Asimismo, en la Unión está habiendo una entrada sin precedentes de personas que huyen de Ucrania. Los efectos económicos derivados de la guerra de agresión de Rusia han tenido un impacto asimétrico en los Estados miembros. En este contexto, el 4 de marzo de 2022 se activó por primera vez la Directiva 2001/55/CE del Consejo (4) mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo (5), por la que se concede a las personas desplazadas procedentes de Ucrania el derecho a permanecer de forma legal en la Unión, así como el acceso a la educación y la formación, al mercado de trabajo, a la asistencia sanitaria, a la vivienda y a las prestaciones sociales. Se concede a Rumanía ayuda excepcional en el marco de la iniciativa de Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE) y a través de prefinanciación adicional en el marco del programa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) con el fin de atender urgentemente las necesidades de acogida e integración de las personas que huyen de Ucrania.

(4) Teniendo en cuenta la rápida evolución de la situación económica y geopolítica, en 2022, el Semestre Europeo reanuda su coordinación general de las políticas económicas y de empleo, al mismo tiempo que se ajusta a los requisitos de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con arreglo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible de 2022. La ejecución de los planes de recuperación y resiliencia adoptados es esencial para la consecución de las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país emitidas en los ciclos del Semestre Europeo de 2019 y 2020. Las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020 siguen siendo igualmente pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241, añadiéndose a cualquier otra recomendación específica por país formulada hasta la fecha de presentación de tales planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados.

(5) La cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha estado activa desde marzo de 2020. En su Comunicación, de 3 de marzo de 2021, titulada «Un año después de la pandemia de COVID-19: respuesta en materia de política presupuestaria», la Comisión expuso su punto de vista de que la decisión relativa a la desactivación o el mantenimiento en vigor de la cláusula general de salvaguardia debe basarse en una evaluación global de la situación de la economía, utilizando como criterio cuantitativo clave la comparación del nivel de actividad económica en la Unión o en la zona del euro con los niveles anteriores a la crisis (final de 2019). La mayor incertidumbre y los importantes riesgos a la baja de las perspectivas económicas en el contexto de la guerra en Europa, las subidas sin precedentes de los precios de la energía y las continuas perturbaciones de la cadena de abastecimiento justifican la prórroga de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante 2023.

(6) El 2 de marzo de 2022, la Comisión adoptó una comunicación en la que proporcionaba orientaciones generales para la política presupuestaria en 2023 (en lo sucesivo, «orientaciones presupuestarias») encaminadas a respaldar la elaboración de los programas de estabilidad y de convergencia de los Estados miembros, reforzando de esta forma la coordinación de las políticas. La Comisión observó, sobre la base de las perspectivas macroeconómicas de las previsiones del invierno de 2022, que en 2023 sería apropiado pasar de una orientación presupuestaria agregada expansionista en 2020–2022 a una orientación presupuestaria agregada globalmente neutra, manteniendo en cualquier caso la disposición a reaccionar en función de la cambiante situación económica. La Comisión anunció que las recomendaciones presupuestarias para 2023 deberían seguir distinguiendo entre Estados miembros y teniendo en cuenta posibles contagios de los efectos entre países. La Comisión invitó a los Estados miembros a reflejar las orientaciones en sus programas de estabilidad o de convergencia. La Comisión se comprometió a realizar un estrecho seguimiento de la evolución económica y a ajustar sus orientaciones según fuera necesario y, a más tardar, en su paquete de primavera del Semestre Europeo de finales de mayo de 2022.

(7) Con respecto a las orientaciones presupuestarias, las recomendaciones presupuestarias para 2023 tienen en cuenta el deterioro de las perspectivas económicas, la mayor incertidumbre y los nuevos riesgos a la baja y la mayor inflación en comparación con las previsiones del invierno de 2022 de la Comisión. A la luz de estas consideraciones, la respuesta presupuestaria tiene que impulsar la inversión pública en relación con las transiciones ecológica y digital y la seguridad energética, y sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables con objeto de amortiguar los efectos de la subida de los precios de la energía y contribuir a limitar las presiones inflacionistas derivadas de efectos inducidos a través de medidas selectivas y temporales. La política presupuestaria ha de seguir siendo ágil con el fin de ajustarse a las circunstancias rápidamente cambiantes, incluidos los retos derivados de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en materia de defensa y seguridad, y tiene que distinguir entre Estados miembros atendiendo a su situación presupuestaria y económica específica, también en lo que respecta a su exposición a la crisis y la entrada de personas desplazadas procedentes de Ucrania.

(8) El 31 de mayo de 2021, Rumanía presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. En virtud del artículo 19 de dicho Reglamento, la Comisión ha evaluado la pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, de conformidad con las directrices de evaluación establecidas en el anexo V del citado Reglamento. El 3 de noviembre de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Rumanía (6). El desembolso de tramos está supeditado a la adopción de una decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, a tenor de la cual Rumanía haya cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se haya retrocedido en los avances ya realizados hacia el logro de hitos y objetivos precedentes.

(9) El 12 de mayo de 2022, Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2022 y, el 4 de mayo de 2022, su Programa de Convergencia de 2022, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2022 también refleja el informe semestral de Rumanía sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(10) La Comisión publicó el informe por país de 2022 correspondiente a Rumanía el 23 de mayo de 2022. Evaluó los avances de Rumanía en el seguimiento de las recomendaciones que le dirigió el Consejo en 2019, 2020 y 2021 e hizo balance de la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia, basándose en el cuadro de indicadores sobre recuperación y resiliencia. Partiendo de este análisis, el informe sobre Rumanía detectó deficiencias en relación con retos que no se abordan o se abordan solo parcialmente en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como retos nuevos y emergentes, como los derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Asimismo, evaluó los avances de Rumanía en la ejecución del pilar europeo de derechos sociales y en el logro de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como los avances hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(11) La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Rumanía de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 23 de mayo de 2022. La Comisión llegó a la conclusión de que Rumanía está experimentando desequilibrios macroeconómicos. Concretamente, las vulnerabilidades están relacionadas con las cuentas exteriores, asociadas a elevados déficits presupuestarios, y con los problemas de competitividad que están resurgiendo.

(12) El 3 de abril de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2020/509 (7) sobre la existencia de un déficit excesivo en Rumanía, a raíz del incumplimiento del criterio de déficit en 2019. El 3 de abril de 2020, el Consejo emitió también una Recomendación (8) encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo en Rumanía a más tardar en 2022. A la luz de la profunda contracción de la actividad económica asociada a la pandemia de COVID-19 y de la consiguiente necesidad de políticas presupuestarias para apoyar la recuperación en 2021 y 2022, el 18 de junio de 2021 el Consejo dirigió una nueva Recomendación a Rumanía (9) para que pusiera fin a la situación de déficit excesivo en 2024 a más tardar. Rumanía debe alcanzar un objetivo de déficit público global del 8,0 % del PIB en 2021, del 6,2 % del PIB en 2022, del 4,4 % del PIB en 2023, y del 2,9 % del PIB en 2024. Estas cifras son compatibles con unas tasas de incremento nominal del gasto público primario neto del 3,4 % en 2021, del 1,3 % en 2022, del 0,9 % en 2023 y del 0,0 % en 2024. Asimismo, esto se corresponde con un ajuste estructural anual del 0,7 % del PIB en 2021, del 1,8 % del PIB en 2022, del 1,7 % del PIB en 2023 y del 1,5 % del PIB en 2024. El procedimiento ha sido objeto de suspensión desde el otoño de 2021, tras una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas por la Comisión.

(13) En 2021, según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Rumanía fue del 7,1 % del PIB, mientras que la deuda pública aumentó del 47,2 % del PIB en 2020 al 48,8 % del PIB. Esto se ajusta al objetivo de déficit global para 2021 recomendado por el Consejo. El ajuste del saldo estructural para 2021 es de 1,5 puntos porcentuales del PIB, por encima de los 0,7 puntos porcentuales recomendados.

(14) El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia de 2022 es realista para 2022 y favorable posteriormente. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 2,9 % en 2022 y un 4,4 % en 2023. En comparación, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 el crecimiento del PIB real sería inferior (2,6 % en 2022 y 3,6 % en 2023). Las diferencias se deben principalmente a la elevada inflación que afecta al poder adquisitivo de los hogares, a los efectos del posible deterioro de la confianza en el consumo y la inversión como consecuencia del entorno internacional, y al efecto negativo del saldo neto de las exportaciones, ya que se espera que los precios de los productos energéticos sigan subiendo. En su Programa de Convergencia de 2022, el Gobierno espera que el déficit global disminuya al 6,2 % del PIB en 2022 y al 4,4 % en 2023. La disminución en 2022 refleja principalmente el fuerte crecimiento del PIB nominal, el aumento previsto de la eficiencia de la recaudación de impuestos, la congelación de la mayoría de los salarios del sector público y el plan de mantener el aumento del gasto en bienes y servicios, asistencia social y otras transferencias por debajo de la tasa de crecimiento del PIB nominal. De acuerdo con el Programa de Convergencia de 2022, se espera que la ratio deuda pública/PIB aumente hasta situarse en el 49,4 % en 2022 y en el 49,7 % en 2023. Sobre la base de las medidas conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 contemplan para 2022 y 2023 un déficit público del 7,5 % del PIB y el 6,3 % del PIB, respectivamente. Esta cifra es superior al déficit previsto en el Programa de Convergencia de 2022, debido principalmente al mayor gasto social y en intereses previsto, al mayor efecto neto estimado de las medidas para hacer frente a la subida de los precios de la energía, a una hipótesis más prudente sobre los beneficios previstos de la recaudación de impuestos y a la falta de medidas de saneamiento específicas en la parte de gastos del Programa de Convergencia de 2022. En las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 se indica una ratio deuda pública/PIB similar, del 50,9 % en 2022 y el 52,6 % en 2023. La diferencia se debe principalmente a los mayores déficits previstos. Con arreglo a las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022, el crecimiento potencial de la producción a medio plazo (media de 10 años) se estima en el 3,6 %. Sin embargo, esta estimación no incluye los efectos de las reformas que forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, que pueden impulsar el crecimiento potencial de Rumanía.

(15) En 2022, el Gobierno suprimió gradualmente la mayoría de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19, como las medidas de emergencia temporales, que se prevé pasen de representar el 1,1 % del PIB en 2021 a representar el 0,2 % del PIB en 2022. El déficit público se ve afectado por las medidas adoptadas para contrarrestar las repercusiones económicas y sociales de la subida de los precios de la energía, que las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 estiman en el 0,7 % del PIB en 2022 y el 0,1 % del PIB en 2023 (10). Esas medidas consisten principalmente en límites a los precios al por menor y al por mayor, por lo que respecta al gasto, y en la imposición de los beneficios adicionales de los productores de energía por lo que respecta a los ingresos. Otras medidas incluyen sistemas de compensación para las facturas de energía y gas de los hogares y las pymes y subsidios para compensar los costes energéticos de consumidores vulnerables. Esas medidas se han anunciado como medidas temporales. Sin embargo, algunas de estas medidas podrían proseguirse en caso de que los precios de la energía se mantengan elevados en 2023. Algunas de estas medidas no tienen carácter específico, en particular la limitación general a los precios de la energía para los hogares. El déficit público también se ve afectado por el coste que supone ofrecer protección temporal a personas desplazadas procedentes de Ucrania, que en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 se estima en el 0,1 % del PIB tanto en 2022 como en 2023 (11), así como por el aumento del coste de los gastos de defensa en un 0,5 punto porcentual del PIB en 2023.

(16) El déficit global de 2022 previsto en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 es de 1,3 puntos porcentuales del PIB por encima del objetivo de déficit global recomendado por el Consejo, mientras que el ajuste del saldo estructural sería de – 0,2 puntos porcentuales del PIB en 2022, frente a los 1,8 puntos porcentuales del PIB recomendados. Esto requiere un análisis minucioso basado en el valor de referencia del gasto. Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 prevén un crecimiento del gasto primario neto (ajustado en función de las medidas puntuales y de las medidas de política presupuestaria por el lado de los ingresos) del 9,6 % en 2022, por encima del 1,3 % recomendado. El crecimiento previsto del gasto agregado en 2022 se debe principalmente al aumento del gasto social debido a la indización de las pensiones y a las medidas sociales presupuestadas, así como al coste presupuestario de las medidas destinadas a limitar los precios de la energía (excluidas las medidas relativas a los ingresos) y a hacer frente al flujo de personas desplazadas procedentes de Ucrania. El crecimiento del gasto en consumo intermedio, impulsado principalmente por la elevada inflación prevista en los precios de consumo, también desempeña un papel importante, aunque en menor medida. La desviación del aumento del gasto neto con respecto a la Recomendación del Consejo de 18 de junio de 2021 va en la misma dirección que la desviación del ajuste del saldo estructural, aunque en una mayor magnitud (2,7 puntos porcentuales del PIB en el caso del aumento del gasto neto, frente a los 2,0 puntos porcentuales del PIB en el caso del saldo estructural). La diferencia puede explicarse en parte porque las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 prevén un mayor ratio ingresos/PIB para 2022 que las previsiones de la primavera de 2021 de la Comisión (superior en 0,9 puntos porcentuales del PIB), lo cual mejora el saldo estructural pero no afecta al valor de referencia del gasto. Sobre la base de un análisis minucioso, Rumanía corre el riesgo de incumplir los objetivos presupuestarios para 2022 establecidos en la Recomendación del Consejo de 18 de junio de 2021.

(17) El déficit global de 2023 previsto en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 es de 1,9 puntos porcentuales del PIB por encima del objetivo de déficit global recomendado por el Consejo en su Recomendación de 18 de junio de 2021, mientras que el ajuste del saldo estructural sería de 0,0 puntos porcentuales del PIB en 2022, frente a los 1,7 puntos porcentuales del PIB recomendados. Esto requiere un análisis minucioso basado en el valor de referencia del gasto. Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2022 prevén un crecimiento del gasto primario neto (ajustado en función de las medidas puntuales y las medidas de política presupuestaria por el lado de los ingresos) del 1,7 % en 2023, por encima del 0,9 % recomendado, debido a la ausencia de medidas concretas para alcanzar los objetivos. Sobre la base de un análisis minucioso, Rumanía corre el riesgo de incumplir los objetivos presupuestarios para 2023 establecidos en la Recomendación del Consejo de 18 de junio de 2021. En vista de que se corre el riesgo de no alcanzar los objetivos presupuestarios recomendados en 2022 y 2023, parecen pertinentes medidas presupuestarias adicionales para cumplir con la trayectoria de ajuste y lograr la corrección del déficit excesivo en 2024 a más tardar.

(18) De acuerdo con el Programa de Convergencia de 2022, el déficit público disminuiría gradualmente hasta alcanzar el 2,95 % del PIB en 2024 y el 2,9 % del PIB en 2025. Por consiguiente, se prevé que el déficit público se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2024. Se prevé que el saneamiento de las finanzas públicas se produzca principalmente en la parte de gastos del presupuesto. Sin embargo, no se facilita información sobre las medidas de saneamiento subyacentes previstas. Según el Programa de Convergencia de 2022, se espera que la ratio deuda pública/PIB se estabilice en 2025, disminuyendo al 49,4 % en 2024 y al 48,9 % en 2025. Según el análisis de la Comisión, los riesgos para la sostenibilidad de la deuda parecen elevados a medio plazo.

(19) De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y el criterio 2.2 de su anexo V, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de inversiones y reformas que se refuerzan mutuamente con un calendario indicativo de realización con plazo de finalización hasta el 31 de agosto de 2026. Estas contribuyen a abordar la totalidad o una parte significativa de los retos económicos y sociales descritos en las recomendaciones dirigidas por el Consejo a Rumanía en el marco del Semestre Europeo de 2019 y 2020, además de en cualquier otra recomendación dirigida a Rumanía hasta la fecha de adopción de un plan de recuperación y resiliencia. En particular, el Plan de Recuperación y Resiliencia aborda la plena digitalización de la Administración tributaria y la eliminación gradual de los incentivos fiscales excesivos con el fin de mejorar la calidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. El Plan de Recuperación y Resiliencia también contribuye a garantizar la sostenibilidad y la equidad del sistema público de pensiones. Se espera que las reformas de la asistencia sanitaria, acompañadas de inversiones en digitalización, mejoren el acceso, la rentabilidad y la resiliencia de la asistencia sanitaria. Se espera que la toma de decisiones basada en datos contrastados, la planificación a largo plazo y las consultas públicas, así como las medidas destinadas a mejorar el proceso de contratación pública, contribuyan a mejorar la calidad y la eficacia de la Administración Pública, lo que propiciará una mejor utilización de los fondos de la Unión. Mediante el refuerzo de la independencia y el aumento de la eficiencia del poder judicial, la mejora del acceso a la justicia y la intensificación de la lucha contra la corrupción, el Plan de Recuperación y Resiliencia se propone abordar cuestiones importantes relacionadas con el respeto del Estado de Derecho en Rumanía, de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en los informes del Mecanismo de Cooperación y Verificación, los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), los dictámenes de la Comisión de Venecia y los informes sobre el Estado de Derecho. Las reformas clave sobre la fijación del salario mínimo y la renta mínima de inclusión, el refuerzo de la gobernanza empresarial de las empresas públicas y el diálogo social también abordan reiteradas recomendaciones específicas por país. Asimismo, el Plan de Recuperación y Resiliencia establece un sistema de atención y educación de la primera infancia unitario, inclusivo y de calidad, acompañado de inversiones en atención a la infancia. El Plan de Recuperación y Resiliencia promueve las inversiones sostenibles y digitales y apoya las actividades de investigación y desarrollo. Las reformas clave y las inversiones para la descarbonización, la creación de una nube pública y el despliegue del documento de identidad electrónico contribuyen a apoyar las transiciones ecológica y digital.

(20) Se espera que la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Rumanía contribuya a impulsar las transiciones ecológica y digital. Las medidas que respaldan objetivos climáticos en Rumanía representan el 41 % de la dotación total del Plan de Recuperación y Resiliencia, y las medidas que respaldan objetivos digitales, el 21 %. La plena ejecución del plan de recuperación y resiliencia, en consonancia con los hitos y objetivos pertinentes, ayudará a Rumanía a recuperarse rápidamente de las secuelas de la crisis de la COVID-19, reforzando al mismo tiempo su resiliencia. La participación sistemática de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la aplicación fructífera del Plan de Recuperación y Resiliencia, y de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de él, con el fin de garantizar una amplia asunción del programa de políticas en su conjunto.

(21) Rumanía presentó el 14 de abril de 2022 los documentos de programación de la política de cohesión para el acuerdo de asociación previsto en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y el 6 de mayo de 2022 para su primer programa. De conformidad con dicho Reglamento, Rumanía debe tener en cuenta las recomendaciones que se le han dirigido en la programación de los fondos de la política de cohesión 2021–2027. Esto constituye una condición previa para mejorar la eficacia y maximizar el valor añadido de la ayuda financiera que se ha de recibir de los fondos de la política de cohesión, al mismo tiempo que se fomenta la coordinación, la complementariedad y la coherencia entre dichos fondos de cohesión y otros instrumentos y fondos de la Unión. La aplicación fructífera del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión también depende de la eliminación de los obstáculos a la inversión para respaldar las transiciones ecológica y digital y un desarrollo territorial equilibrado.

(22) En respuesta al mandato de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión establecido en la Declaración de Versalles, la propuesta de la Comisión de un plan REPowerEU se propone eliminar la dependencia de la Unión respecto de la importación de combustibles fósiles de Rusia lo más pronto posible. Con este objetivo, la Comisión se propone determinar, por medio de un diálogo con los Estados miembros, los proyectos, inversiones y reformas a nivel nacional, regional y de la Unión que se consideran más adecuados. Estas medidas están encaminadas a reducir la dependencia global respecto de los combustibles fósiles y a cambiar el origen de las importaciones de combustibles fósiles que hasta la fecha procedían de Rusia.

(23) Según datos de 2020 (13), la combinación energética de Rumanía se basa en gran medida en los combustibles fósiles; el petróleo y el gas representan alrededor del 30 % cada uno, mientras que el carbón supone otro 10 %. La propia Rumanía produce alrededor del 80 % del gas que consume, mientras que el resto procede de Rusia (en general, las importaciones de gas en toda la Unión representan la mayor parte del consumo, con una media del 44 % de las importaciones procedentes de Rusia). En cuanto al petróleo crudo, las importaciones procedentes de Rusia representan el 32 % del total, frente a la media de la Unión del 26 %. Rumanía se ha comprometido a eliminar progresivamente el carbón de aquí a 2032. Para alcanzar este ambicioso objetivo, el plan de recuperación y resiliencia rumano y otros fondos de la Unión, como el Fondo de Modernización establecido por la Directiva 2003/87/CE del Parlamento y del Consejo (14), contemplan importantes inversiones para fomentar la descarbonización mediante la instalación de nuevas capacidades de energía renovable. Sin embargo, la transición ecológica y el gran aumento previsto del consumo de energía requerirán mejoras significativas de las redes de transporte de energía, así como una aceleración del despliegue de infraestructuras verdes. Para ello, deberá mejorarse el marco regulador y habrá que realizar mayores inversiones, además de capacitar a los consumidores para que puedan participar activamente, ya sea individual o colectivamente a través de las comunidades de energía, en el mercado de la electricidad. Adelantar la inversión en infraestructuras como el almacenamiento y las interconexiones de gas y electricidad con los países vecinos podría aumentar la diversificación del abastecimiento energético, la estabilidad del mercado y la adaptabilidad a las variaciones regionales. Esto debe considerarse en el contexto tanto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia como de la reducción de la dependencia de las importaciones, ya que el sistema energético sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. Además, los yacimientos de gas marítimos descubiertos en el Mar Negro ofrecen una importante oportunidad para que Rumanía siga consolidando su independencia energética y contribuya significativamente a que los Estados miembros vecinos reduzcan su dependencia de las importaciones de gas natural ruso. Se recomienda que las nuevas inversiones en redes e infraestructuras relacionadas con el gas sean, en la medida de lo posible, adecuadas para el futuro, con objeto de facilitar su sostenibilidad a largo plazo a través de su readaptación futura a los combustibles sostenibles. Al mismo tiempo, el plan de recuperación y resiliencia rumano prevé medidas de eficiencia energética por valor de 3000 millones EUR en edificios residenciales públicos y privados, así como en los sectores industriales. Será necesario ir más allá de esta primera oleada de renovación si se quiere reducir el consumo de energía y la dependencia de los combustibles fósiles, ya que el objetivo del plan de recuperación y resiliencia no cubrirá la totalidad del parque inmobiliario. Rumanía debe seguir mejorando el marco político para acelerar la renovación de edificios. A fin de ajustarse al paquete de medidas «Objetivo 55», será preciso que se fije unos objetivos más ambiciosos en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética.

(24) Aunque la aceleración de la transición hacia la neutralidad desde el punto de vista climático y el abandono progresivo de los combustibles fósiles crearán unos costes de reestructuración significativos en varios sectores, Rumanía puede utilizar el Mecanismo para una Transición Justa en el contexto de la política de cohesión con objeto de disminuir el impacto socioeconómico de la transición en las regiones más afectadas. Rumanía puede además aprovechar el Fondo Social Europeo Plus, establecido por el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), para mejorar las oportunidades de empleo y reforzar la cohesión social.

(25) A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de su evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2022 y el Programa de Convergencia de 2022. Sus recomendaciones, emitidas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1, 2, y 3. Las políticas presupuestarias a que se refiere la recomendación 1 ayudan, entre otras cosas, a corregir los desequilibrios relacionados con el amplio y persistente déficit por cuenta corriente, ya que la mejora del equilibrio presupuestario contribuirá a reducir las grandes necesidades de financiación exterior de la economía rumana en su conjunto. Las políticas a que se hace referencia en la recomendación 2 contribuyen, entre otras cosas, a abordar las vulnerabilidades vinculadas a la competitividad. Las políticas mencionadas en la recomendación 3 contribuyen, entre otras cosas, a abordar las vulnerabilidades asociadas a las cuentas exteriores a más largo plazo.

RECOMIENDA a Rumanía que tome medidas en 2022 y 2023 con el fin de:

1. Aplicar políticas presupuestarias en consonancia con la Recomendación del Consejo de 18 de junio de 2021 encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Rumanía.

2. Proceder a la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia, de conformidad con los hitos y objetivos incluidos en la Decisión de Ejecución del Consejo de 3 de noviembre de 2021. Finalizar sin dilación las negociaciones con la Comisión relativas a los documentos de programación de la política de cohesión para el período 2021–2027 con vistas a iniciar su aplicación.

3. Reducir la dependencia global respecto de los combustibles fósiles. Facilitar una mayor expansión de la producción de energía sostenible acelerando el desarrollo de las energías renovables, mejorando las redes de transporte de energía y aumentando la interconexión con los Estados miembros vecinos. Aumentar el ritmo y la ambición de las renovaciones para impulsar la eficiencia energética del parque inmobiliario.

Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2022. Por el Consejo El Presidente Z. STANJURA

(1) DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

(2) DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

(3) Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

(4) Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (DO L 212 de 7.8.2001, p. 12).

(5) Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal (DO L 71 de 4.3.2022, p. 1).

(6) ST 12319/21; ST 10157/21 ADD1.

(7) Decisión (UE) 2020/509 del Consejo, de 3 de abril de 2020, sobre la existencia de un déficit excesivo en Rumanía (DO L 110 de 8.4.2020, p. 58).

(8) Recomendación del Consejo, de 3 de abril de 2020, encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Rumanía (DO C 116 de 8.4.2020, p. 1).

(9) Recomendación del Consejo, de 18 de junio de 2021, por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2021 de Rumanía (DO C 304 de 29.7.2021, p. 107).

(10) Estas cifras representan los costes presupuestarios anuales de las medidas tomadas desde el otoño de 2021, entre las que se incluyen medidas de ingresos y gastos corrientes, así como, en su caso, medidas relacionadas con los gastos de capital.

(11) Se estima que al final de 2022 el número total de personas desplazadas procedentes de Ucrania que habrán entrado en la Unión alcanzará gradualmente los seis millones, y su distribución geográfica se calcula en función del volumen de la diáspora existente, de la población relativa del Estado miembro de acogida y de la distribución en la Unión de las personas desplazadas procedentes de Ucrania observada en marzo de 2022. En cuanto a los costes presupuestarios por persona, las estimaciones se basan en el modelo de microsimulación Euromod del Centro Común de Investigación de la Comisión, teniendo en cuenta las transferencias en efectivo que pueden recibir las personas desplazadas, así como prestaciones en especie, por ejemplo en los ámbitos educativo y sanitario.

(12) Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159).

(13) Eurostat (2020), porcentaje de las importaciones rusas con respecto al total de las importaciones. Para la media de la EU-27, el total de las importaciones se basa en las importaciones de fuera de la EU-27. En el caso de Rumanía, el total de las importaciones incluye el comercio dentro de la UE. El petróleo crudo no incluye los productos petrolíferos refinados.

(14) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

(15) Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1296/2013 (DO L 231 de 30.6.2021, p. 21).