C 177/37

TRIBUNAL GENERAL

VERSION CONSOLIDADA DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL GENERAL

(2010/C 177/02)

La presente edición contiene el texto del:

Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 2 de mayo de 1991 (DO L 136, de 30.5.1991, p. 1, y DO L 317, de 19.11.1991, p. 34 - corrección de errores), con las modificaciones resultantes de los siguientes actos:

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 15 de septiembre de 1994 ( DO L 249, de 24.9.1994, p. 17 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 17 de febrero de 1995 ( DO L 44, de 28.2.1995, p. 64 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 6 de julio de 1995 ( DO L 172, de 22.7.1995, p. 3 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de marzo de 1997 ( DO L 103, de 19.4.1997, p. 6 , y DO L 351 de 23.12.1997, p. 72 – corrección de errores).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 17 de mayo de 1999 ( DO L 135, de 29.5.1999, p. 92 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 6 de diciembre de 2000 ( DO L 322, de 19.12.2000, p. 4 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 21 de mayo de 2003 ( DO L 147, de 14.6.2003, p. 22 ).

Decisión 2004/406/CE, Euratom del Consejo, de 19 de abril de 2004, por la que se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 35 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ( DO L 132, de 29.4.2004, p. 3 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 21 de abril de 2004 ( DO L 127, de 29.4.2004, p. 108 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de octubre de 2005 ( DO L 298, de 15.11.2005, p. 1 ).

Decisión 2006/956/CE, Euratom del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por la que se modifica el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en lo relativo al régimen lingüístico ( DO L 386 de 29.12.2006, p. 45 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de junio de 2008 ( DO L 179, de 8.7.2008, p. 12 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 14 de enero de 2009 ( DO L 24, de 28.1.2009, p. 9 ).

Decisión 2009/170/CE, Euratom del Consejo, de 16 de febrero de 2009, por la que se modifica el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en lo que respecta al régimen lingüístico aplicable en los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea ( DO L 60, de 4.3.2009, p. 3 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 7 de julio de 2009 ( DO L 184, de 16.7.2009, p. 10 ).

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 26 de marzo de 2010 ( DO L 92, de 13.4.2010, p. 14 ).

Esta edición no tiene valor jurídico alguno, por lo que se han omitido los vistos y considerandos.

VERSION CONSOLIDADA DEL

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL GENERAL

de 2 de mayo de 1991 (1)

ÍNDICE

Disposición preliminar (artículo 1)

Título Primero — De la organización del Tribunal General

Capítulo Primero — De la Presidencia y de los miembros del Tribunal General (artículos 2 a 9)

Capítulo Segundo — De la constitución de las Salas y de la designación de los Jueces Ponentes y de los Abogados Generales (artículos 10 a 19)

Capítulo Tercero — De la Secretaría

Sección Primera – — Del Secretario (artículos 20 a 27)

Sección Segunda — De los Servicios (artículos 28 a 30)

Capítulo Cuarto — Del funcionamiento del Tribunal General (artículos 31 a 34)

Capítulo Quinto — Del régimen lingüístico (artículos 35 a 37)

Capítulo Sexto — De los derechos y obligaciones de los Agentes, Asesores y Abogados (artículos 38 a 42)

Título Segundo — Del procedimiento

Capítulo Primero — De la fase escrita (artículos 43 a 54)

Capítulo Segundo — De la fase oral (artículos 55 a 63)

Capítulo Tercero — De las diligencias de ordenación del procedimiento y de las de prueba

Sección Primera — De las diligencias de ordenación del procedimiento (artículo 64)

Sección Segunda — De las diligencias de prueba (artículos 65 a 67)

Sección Tercera — De la citación y del examen de testigos y peritos (artículos 68 a 76)

Capítulo Tercero bis — Del procedimiento acelerado (artículo 76 bis )

Capítulo Cuarto — De la suspensión de los procedimientos y de la declinación de competencia por parte del Tribunal General (artículos 77 a 80)

Capítulo Quinto — De las sentencias (artículos 81 a 86)

Capítulo Sexto — De las costas (artículos 87 a 93)

Capítulo Séptimo — De la justicia gratuita (artículos 94 a 97)

Capítulo Octavo — De la renuncia y del desistimiento (artículos 98 y 99)

Capítulo Noveno — De las notificaciones (artículo 100)

Capítulo Décimo — De los plazos (artículos 101 a 103)

Título Tercero — De los procedimientos especiales

Capítulo Primero — De la suspensión y demás medidas provisionales (artículos 104 a 110)

Capítulo Segundo — De los incidentes procesales (artículos 111 a 114)

Capítulo Tercero — De la intervención (artículos 115 y 116)

Capítulo Cuarto — De las sentencias del Tribunal General dictadas como consecuencia de la casación de una sentencia anterior y de la devolución de los autos (artículos 117 a 121)

Capítulo Cuarto bis — De las resoluciones del Tribunal General dictadas como consecuencia del reexamen y devolución de un asunto (artículos 121 bis a 121 quinto)

Capítulo Quinto — De las sentencias dictadas en rebeldía y de la oposición (artículo 122)

Capítulo Sexto — De los recursos extraordinarios

Sección Primera — De la oposición de tercero (artículos 123 y 124)

Sección Segunda — De la revisión (artículos 125 a 128)

Sección Tercera — De la interpretación de las sentencias (artículo 129)

Título Cuarto — Del contencioso relativo a los derechos de propiedad intelectual (artículos 130 a 136)

Título Quinto — De los recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (artículos 136 bis a 149)

Disposiciones finales (artículos 150 y 151)

DISPOSICIÓN PRELIMINAR

Artículo 1

En las disposiciones del presente Reglamento:

— las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se designarán con el número del artículo de que se trate seguido por las siglas «TFUE»,

— las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica se designarán con el número del artículo seguido por las siglas «TCEEA»,

— el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se denominará «Estatuto»,

— el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se denominará «Acuerdo EEE».

A efectos de aplicación del presente Reglamento:

— por «Institución» o «Instituciones» se entenderá las instituciones de la Unión y los órganos u organismos creados por los Tratados o por un acto adoptado en ejecución de éstos y que tengan capacidad procesal ante el Tribunal General;

— por «Órgano de Vigilancia de la AELC» se entenderá el Órgano de Vigilancia previsto en el Acuerdo EEE.

TÍTULO PRIMERO

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL GENERAL

Capítulo Primero

DE LA PRESIDENCIA Y DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL GENERAL

Artículo 2

Todos los miembros del Tribunal General desempeñarán, en principio, las funciones de Juez.

En lo sucesivo, se denominará «Jueces» a los miembros del Tribunal General.

Todos los Jueces, a excepción del Presidente, podrán desempeñar, en un asunto determinado, las funciones de Abogado General, conforme a lo dispuesto en los artículos 17 a 19.

Las referencias que se hacen en el presente Reglamento al Abogado General sólo serán de aplicación en los casos en que un Juez sea designado Abogado General.

Artículo 3

El mandato de un Juez dará comienzo en la fecha fijada a tal fin en el nombramiento; si éste no precisare fecha alguna, se iniciará el día en que se expida dicho nombramiento.

Artículo 4

Antes de su entrada en funciones, los Jueces prestarán, ante el Tribunal de Justicia, el siguiente juramento:

«Juro ejercer mis funciones en conciencia y con toda imparcialidad; juro que guardaré el secreto de las deliberaciones.»

Inmediatamente después de haber prestado juramento, los Jueces firmarán una declaración por la que se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y una vez finalizado éste, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, después de su cese, de determinadas funciones o beneficios.

Artículo 5

Cuando el Tribunal de Justicia deba decidir, después de consultar al Tribunal General, si un Juez deja de reunir las condiciones requeridas o incumple las obligaciones que se derivan de su cargo, el Presidente del Tribunal General invitará al interesado a comparecer y presentar sus observaciones ante este Tribunal reunido con carácter reservado, sin la asistencia del Secretario.

El dictamen del Tribunal General será motivado.

El dictamen por el que se declare que un Juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas o ha incumplido las obligaciones que se derivan de su cargo deberá ser refrendado por el voto de al menos la mayoría de los Jueces del Tribunal General. En tal caso, se comunicará al Tribunal de Justicia el desglose de la votación.

La votación será secreta. En la deliberación no tomará parte el interesado.

Artículo 6

El rango de los Jueces, a excepción del Presidente del Tribunal General y de los Presidentes de Sala, estará indistintamente determinado por su antigüedad en el cargo.

A igual antigüedad en el cargo, la edad determinará el rango.

Los Jueces salientes que sean nombrados de nuevo conservarán su rango anterior.

Artículo 7

Inmediatamente después de la renovación parcial prevista en el artículo 254 TFUE, los Jueces elegirán a uno de ellos Presidente del Tribunal General por un período de tres años.

En caso de que el Presidente del Tribunal General cese en sus funciones antes de la expiración normal de su mandato, se procederá a su sustitución por el período que falte para terminarlo.

En las elecciones previstas en el presente artículo, la votación será secreta. Resultará elegido el Juez que obtenga el voto de más de la mitad de los Jueces que componen el Tribunal General. Si ninguno de los Jueces reuniere dicha mayoría, se procederá a nuevas votaciones hasta que alguno de ellos la alcance.

Artículo 8

El Presidente del Tribunal General dirigirá los trabajos y los servicios de dicho Tribunal; presidirá las vistas del Pleno y las deliberaciones.

La Gran Sala estará presidida por el Presidente del Tribunal General.

Si el Presidente del Tribunal General quedare adscrito a una Sala integrada por tres o cinco Jueces, presidirá dicha Sala.

Artículo 9

En caso de ausencia o impedimento del Presidente del Tribunal General o cuando quede vacante la Presidencia, ésta será ejercida por uno de los Presidentes de Sala, según el orden establecido en el artículo 6.

En caso de ausencia o impedimento simultáneos del Presidente del Tribunal General y de los Presidentes de Sala, o cuando estos cargos queden vacantes al mismo tiempo, la Presidencia será ejercida por uno de los otros Jueces, según el orden establecido en el artículo 6.

Capítulo Segundo

DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS SALAS Y DE LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES PONENTES Y DE LOS ABOGADOS GENERALES

Artículo 10

El Tribunal General constituirá en su seno Salas integradas por tres y cinco Jueces y una Gran Sala integrada por trece Jueces y decidirá la adscripción de los Jueces a las mismas.

La decisión adoptada conforme al presente artículo se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 11

Las Salas, integradas por tres o cinco Jueces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, conocerán de los asuntos sometidos al Tribunal General.

El Pleno o la Gran Sala del Tribunal General podrá conocer de los asuntos conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 51, 106, 118, 124, 127 y 129.

El órgano unipersonal podrá conocer de los asuntos que se le asignen conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 51 o que se le atribuyan con arreglo al artículo 124, al apartado 1 del artículo 127 o al apartado 2 del artículo 129.

En los asuntos atribuidos o asignados a una Sala, el término «Tribunal General» en este Reglamento se referirá a dicha Sala. En los asuntos asignados o atribuidos a un órgano unipersonal, el término «Tribunal General» utilizado en el presente Reglamento incluirá también dicho órgano.

Artículo 12

El Tribunal General fijará los criterios con arreglo a los cuales se repartirán los asuntos entre las Salas.

Esta decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 13

El Presidente del Tribunal General, en cuanto se presente la demanda, atribuirá el asunto a una Sala.

El Presidente de Sala propondrá al Presidente del Tribunal General, el cual resolverá al respecto, la designación de un Juez Ponente para cada asunto que se atribuya a la Sala.

Artículo 14

Cuando la dificultad de las cuestiones de derecho o la importancia del asunto o las circunstancias particulares lo justifiquen, podrá atribuirse el asunto al Pleno del Tribunal General, a la Gran Sala o a una Sala integrada por un número diferente de Jueces.

1. Los asuntos que se indican a continuación, atribuidos a una Sala integrada por tres Jueces, podrán ser juzgados por el Juez Ponente, actuando como órgano unipersonal, cuando tales asuntos se presten a ello, teniendo en cuenta la ausencia de dificultad de las cuestiones de hecho o de Derecho suscitadas, la escasa importancia del asunto y la ausencia de otras circunstancias particulares, y siempre que hayan sido asignados conforme a lo dispuesto en el artículo 51:

a) los interpuestos en virtud del artículo 270 TFUE;

b) los interpuestos en virtud del párrafo cuarto del artículo 263 TFUE, del párrafo tercero del artículo 265 TFUE y del artículo 268 TFUE, y que únicamente susciten cuestiones ya clarificadas por una jurisprudencia reiterada o formen parte de una serie de asuntos con el mismo objeto, en uno de los cuales haya recaído ya una resolución definitiva;

c) los interpuestos en virtud del artículo 272 TFUE.

2. La asignación a un órgano unipersonal estará excluida:

a) en los asuntos que susciten cuestiones relativas a la legalidad de un acto de alcance general;

b) en los asuntos que se refieran a la aplicación: — de las normas sobre la competencia y control de las concentraciones, — de las normas en materia de ayudas concedidas por los Estados, — de las normas relativas a las medidas de defensa comercial, — de las normas referentes a la organización común de los mercados agrícolas, excepto los asuntos que formen parte de una serie de asuntos con el mismo objeto, en uno de los cuales haya recaído ya una resolución definitiva;

c) en los asuntos contemplados en el apartado 1 del artículo 130.

3. El órgano unipersonal devolverá el asunto a la Sala si comprobare que han dejado de cumplirse los requisitos para tal asignación.

Las decisiones de devolución y de asignación previstas en los apartados 1 y 2 se adoptarán conforme a lo dispuesto en el artículo 51.

Artículo 15

Los Jueces elegirán de entre ellos, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7, a los Presidentes de las Salas integradas por tres y cinco Jueces.

Los Presidentes de las Salas integradas por cinco Jueces serán elegidos por un período de tres años. Su mandato podrá renovarse una vez.

La elección de los Presidentes de las Salas integradas por cinco Jueces tendrá lugar inmediatamente después de la elección del Presidente del Tribunal General prevista en el apartado 1 del artículo 7.

Los Presidentes de las Salas integradas por tres Jueces serán elegidos por un período determinado.

En caso de que un Presidente de Sala cese en sus funciones antes de la expiración normal de su mandato, se procederá a su sustitución por el período que falte para terminarlo.

El resultado de las elecciones se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 16

En los asuntos atribuidos o asignados a las Salas, las facultades del Presidente se ejercerán por el Presidente de Sala.

En los asuntos asignados o atribuidos a un órgano unipersonal, las facultades del Presidente, excepto las referidas en los artículos 105 y 106, las ejercerá el titular de dicho órgano.

Artículo 17

Cuando el Tribunal General se reúna en Pleno estará asistido por un Abogado General designado por el Presidente del Tribunal General.

Artículo 18

El Tribunal General reunido en Sala podrá ser asistido por un Abogado General, en la medida en que considere que la dificultad de las cuestiones de derecho o la complejidad de los antecedentes de hecho del asunto así lo exigen.

Artículo 19

La decisión de proceder a la designación de un Abogado General para un asunto determinado será tomada por el Pleno del Tribunal General a petición de la Sala a la que se haya atribuido o asignado el asunto.

El Presidente del Tribunal General designará al Juez que haya de desempeñar las funciones de Abogado General en dicho asunto.

Capítulo Tercero

DE LA SECRETARÍA

Sección Primera — Del Secretario

Artículo 20

El Tribunal General nombrará al Secretario.

El Presidente del Tribunal General informará a los Jueces, dos semanas antes de la fecha fijada para el nombramiento, acerca de las candidaturas que se hubieran presentado.

Las candidaturas irán acompañadas de información completa sobre la edad, la nacionalidad, los títulos universitarios, los conocimientos lingüísticos, las funciones actuales y anteriores, así como, en su caso, sobre la experiencia de los candidatos en materia judicial e internacional.

El nombramiento tendrá lugar conforme al procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 7.

El Secretario será nombrado por un período de seis años. Su nombramiento podrá ser renovado.

Antes de su entrada en funciones, el Secretario prestará ante el Tribunal General el juramento previsto en el artículo 4.

El Secretario sólo podrá ser separado de sus funciones cuando deje de reunir las condiciones requeridas o incumpla las obligaciones que se derivan de su cargo; el Tribunal General decidirá al respecto después de haber ofrecido al Secretario la posibilidad de presentar sus observaciones.

Si el Secretario cesare en sus funciones antes de la expiración de su mandato, el Tribunal General nombrará un Secretario por un período de seis años.

Artículo 21

El Tribunal General podrá nombrar, por el mismo procedimiento establecido para el Secretario, uno o varios Secretarios adjuntos encargados de asistirle y sustituirle dentro de los límites fijados por las Instrucciones al Secretario previstas en el artículo 23.

Artículo 22

El Presidente del Tribunal General designará a los funcionarios o agentes que se encargarán de asumir las competencias del Secretario en caso de ausencia o impedimento de éste y, en su caso, del Secretario adjunto, o cuando queden vacantes sus puestos.

Artículo 23

Las Instrucciones al Secretario se adoptarán por el Tribunal General, a propuesta del Presidente de dicho Tribunal.

Artículo 24

En la Secretaría se llevará, bajo la responsabilidad del Secretario, un Registro, en el que se inscribirán cronológicamente y por orden de presentación todos los escritos procesales y documentos que se acompañen.

En los originales y, a petición de las partes, en las copias que presenten con este fin, el Secretario dejará constancia de la inscripción efectuada en el Registro.

Las inscripciones en el Registro y las diligencias previstas en el apartado precedente tendrán el carácter de documento público.

El Registro se llevará en la forma determinada por las Instrucciones al Secretario previstas en el artículo 23.

Cualquier interesado podrá consultar el Registro en la Secretaría y obtener copias o extractos del mismo con sujeción a la tarifa de la Secretaría, aprobada por el Tribunal General, a propuesta del Secretario.

Cualquier parte procesal podrá obtener además, con sujeción a la tarifa de la Secretaría, copias de los escritos, así como testimonios de resoluciones y sentencias.

En el Diario Oficial de la Unión Europea se publicará un anuncio que contendrá la fecha de inscripción de la demanda que inicie el proceso, el nombre y domicilio de las partes, la cuestión objeto del litigio y pretensiones de la demanda, así como la indicación de los motivos y de las principales alegaciones invocadas.

Cuando el Consejo o la Comisión Europea no sean parte en un asunto, el Tribunal General les transmitirá una copia de la demanda y del escrito de contestación, sin anexos, para que puedan comprobar si se alega la inaplicabilidad de uno de sus actos normativos con arreglo al artículo 277 TFUE. Del mismo modo se transmitirá al Parlamento Europeo copia de la demanda y del escrito de contestación, para que pueda comprobar si, conforme al artículo 277 TFUE, se alega la inaplicabilidad de un acto normativo adoptado conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo.

Artículo 25

Corresponderá al Secretario, bajo la autoridad del Presidente, la recepción, transmisión y conservación de todos los documentos, así como las notificaciones que entrañe la aplicación del presente Reglamento.

El Secretario asistirá al Tribunal General, al Presidente y a los Jueces en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 26

El Secretario tendrá la custodia de los sellos. Será el responsable de los archivos y se encargará de las publicaciones del Tribunal General.

Artículo 27

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 33, el Secretario asistirá a las sesiones del Tribunal General.

Sección Segunda — De los Servicios

Artículo 28

Los funcionarios y demás agentes encargados de asistir directamente al Presidente, a los Jueces y al Secretario, serán nombrados conforme a lo previsto en las normas que regulen el Estatuto del Personal. Dependerán del Secretario bajo la autoridad del Presidente del Tribunal General.

Artículo 29

Los funcionarios y demás agentes a los que se refiere el artículo 28 prestarán ante el Presidente del Tribunal General, en presencia del Secretario, el juramento previsto en el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 30

El Secretario, asistido por los Servicios del Tribunal de Justicia y bajo la autoridad del Presidente del Tribunal General, tendrá a su cargo la administración del Tribunal General, la gestión financiera y la contabilidad.

Capítulo cuarto:

DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL GENERAL

Artículo 31

El Presidente fijará las fechas y horas de las sesiones del Tribunal General.

El Tribunal General podrá elegir, para una o varias sesiones determinadas, un lugar distinto al de la sede de dicho Tribunal.

Artículo 32

Si, por motivos de ausencia o por impedimento, el número de Jueces fuere par, el Juez de menor antigüedad según el artículo 6 se abstendrá de participar en las deliberaciones, salvo que se trate del Juez Ponente. En este caso, será el Juez que le preceda inmediatamente en rango quien se abstendrá de participar en las deliberaciones.

Si, como consecuencia de la designación de un Abogado General en virtud del artículo 17, el Pleno del Tribunal General estuviere formado por un número par de Jueces, el Presidente de este Tribunal determinará, antes de la vista, según un turno preestablecido por el Tribunal General y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Juez que no participará en la resolución del asunto.

Si, convocado el Pleno, resultare que no se ha alcanzado el quórum, el Presidente de dicho Tribunal aplazará la sesión hasta que se alcance dicho quórum.

Si en una de las Salas integradas por tres o cinco Jueces no se alcanzare el quórum de tres Jueces, el Presidente de la misma advertirá de ello al Presidente del Tribunal General, quien designará a otro Juez para completarla.

El quórum de la Gran Sala será de nueve Jueces. Si no se alcanzare dicho quórum, el Presidente del Tribunal General designará a otro Juez para completarla.

Si, como consecuencia de la ausencia o del impedimento de algún Juez acaecidos con anterioridad a la fecha de apertura de la fase oral, en la Gran Sala o en una de las Salas integradas por cinco Jueces no se alcanzare el número de Jueces previsto en el artículo 10, apartado 1, el Presidente del Tribunal General designará a otro Juez para completarla, a fin de restablecer el número de Jueces previsto.

Cuando, en una de las Salas integrada por tres o cinco Jueces, el número de Jueces adscritos a la misma sea superior respectivamente a tres o cinco, el Presidente de la Sala designará los Jueces que habrán de participar en la resolución del asunto.

En caso de ausencia o impedimento del titular del órgano unipersonal al que se hubiere asignado o atribuido el asunto, el Presidente del Tribunal General designará otro Juez que lo sustituya.

Artículo 33

El Tribunal General deliberará con carácter reservado.

Solamente participarán en las deliberaciones los Jueces que hubieren asistido a la vista oral.

Cada uno de los Jueces presentes en las deliberaciones expondrá su opinión, motivándola.

A petición de uno de los Jueces, cualquier cuestión que haya de ser sometida a votación se formulará previamente en la lengua de su elección y se comunicará por escrito a los demás Jueces.

Las conclusiones adoptadas por la mayoría de los Jueces tras el debate final constituirán la decisión del Tribunal General. Los votos se emitirán en orden inverso al establecido en el artículo 6.

En caso de divergencia sobre el objeto, el contenido y el orden de las cuestiones o sobre la interpretación de una votación, el Tribunal General decidirá al respecto.

Cuando las deliberaciones del Tribunal General se refieran a cuestiones administrativas, asistirá el Secretario, salvo decisión contraria de dicho Tribunal.

Cuando el Tribunal General se reúna sin la asistencia del Secretario, encargará al Juez de menor antigüedad, según el artículo 6, que redacte, si ha lugar, un acta que será firmada por el Presidente y por dicho Juez.

Artículo 34

Salvo decisión especial del Tribunal General, las vacaciones judiciales quedarán fijadas como sigue:

— Del 18 de diciembre al 10 de enero.

— Del domingo que preceda al día de Pascua al segundo domingo después del día de Pascua.

— Del 15 de julio al 15 de septiembre.

Durante las vacaciones judiciales, la Presidencia será desempeñada en la sede del Tribunal General, bien por el Presidente, que se mantendrá en contacto con el Secretario, bien por un Presidente de Sala o por cualquier otro Juez designado por el Presidente para sustituirle.

Durante las vacaciones judiciales el Presidente podrá, en casos de urgencia, convocar a los Jueces.

El Tribunal General observará los días feriados con arreglo a la ley del lugar donde tiene su sede.

Cuando existan razones que lo justifiquen, el Tribunal General podrá conceder permisos a los Jueces.

Capítulo quinto:

DEL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO

Artículo 35

Las lenguas de procedimiento serán el alemán, el búlgaro, el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco.

La lengua de procedimiento será elegida por el demandante, sin perjuicio de las siguientes disposiciones:

a) Si el demandado fuere un Estado miembro o una persona física o jurídica nacional de un Estado miembro, la lengua de procedimiento será la lengua oficial de ese Estado; en caso de que existan varias lenguas oficiales, el demandante tendrá la facultad de elegir la que le convenga.

b) A petición conjunta de las partes, podrá autorizarse el empleo total o parcial de otra de las lenguas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo.

c) A petición de una parte, y después de haber oído a la otra parte y al Abogado General, podrá autorizarse, como excepción a lo dispuesto en la letra b), el empleo total o parcial, como lengua de procedimiento, de otra de las lenguas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo; esta petición no podrá ser presentada por una de las Instituciones.

La decisión sobre las peticiones mencionadas en las letras anteriores podrá ser adoptada por el Presidente; éste podrá someter la petición al Tribunal General, y deberá hacerlo siempre que quiera satisfacer la petición y no cuente con el acuerdo de todas las partes.

La lengua de procedimiento se empleará en especial en los informes orales, en los escritos de alegaciones de las partes, en los documentos que los acompañen, así como en las actas y decisiones del Tribunal General.

Todo documento que se presente redactado en una lengua distinta deberá acompañarse de una traducción en la lengua de procedimiento.

Sin embargo, en el caso de documentos voluminosos, la traducción podrá limitarse a extractos. En cualquier momento, el Tribunal General podrá exigir una traducción más completa o íntegra, de oficio o a instancia de parte.

No obstante las disposiciones precedentes, los Estados miembros estarán autorizados a utilizar su propia lengua oficial cuando intervengan en un litigio ante el Tribunal General. Esta disposición se aplicará tanto a los documentos escritos como a las manifestaciones orales. El Secretario se encargará en todos los casos de que se efectúe la traducción a la lengua de procedimiento.

Los Estados partes en el Acuerdo EEE, distintos de los Estados miembros, y el Órgano de Vigilancia de la AELC podrán ser autorizados a utilizar una de las lenguas indicadas en el apartado 1, distinta de la lengua de procedimiento, cuando intervengan en un litigio ante el Tribunal General. Esta disposición se aplicará tanto a los documentos escritos como a las manifestaciones orales. El Secretario se encargará en todos los casos de que se efectúe la traducción a la lengua de procedimiento.

Cuando los testigos o los peritos declaren que no pueden expresarse convenientemente en una de las lenguas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo, el Tribunal General les autorizará para que presten sus declaraciones en otra lengua. El Secretario se encargará de que se efectúe la traducción a la lengua de procedimiento.

El Presidente al dirigir los debates, el Juez Ponente en su informe preliminar y en su informe para la vista, los Jueces y el Abogado General al formular preguntas, y este último para sus conclusiones, podrán emplear una de las lenguas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo distinta de la lengua de procedimiento. El Secretario se encargará de que se efectúe la traducción a la lengua de procedimiento.

Artículo 36

A petición de los Jueces, del Abogado General o de una de las partes, el Secretario se encargará de que las manifestaciones escritas u orales formuladas ante el Tribunal General durante el procedimiento sean traducidas a las lenguas que elijan de entre las mencionadas en el apartado 1 del artículo 35.

Las publicaciones del Tribunal General se harán en las lenguas indicadas en el artículo 1 del Reglamento n1 1 del Consejo.

Artículo 37

Los textos redactados en la lengua de procedimiento o, en su caso, en otra lengua autorizada en virtud del artículo 35 serán auténticos.

Capítulo sexto:

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES, ASESORES Y ABOGADOS

Artículo 38

Los Agentes, Asesores y Abogados que se personen ante el Tribunal General o ante una autoridad judicial por él exhortada en virtud de una comisión rogatoria gozarán de inmunidad por las palabras pronunciadas y por los escritos presentados en relación con el litigio o con las partes.

Los Agentes, Asesores y Abogados gozarán además de los privilegios y facilidades siguientes:

a) Los escritos y documentos relativos al procedimiento no podrán ser objeto de registro ni de incautación. En caso de controversia, los funcionarios de aduanas o de policía podrán precintar dichos escritos y documentos, que serán transmitidos sin demora al Tribunal General para su verificación en presencia del Secretario y del interesado.

b) Los Agentes, Asesores y Abogados tendrán derecho a la asignación de las divisas necesarias para el cumplimiento de su misión.

c) Los Agentes, Asesores y Abogados gozarán de libertad de desplazamiento en la medida necesaria para el cumplimiento de su misión.

Artículo 39

Para disfrutar de los privilegios, inmunidades y facilidades mencionados en el artículo precedente, deberán justificar previamente su condición:

a) Los Agentes, mediante un documento oficial expedido por su mandante, del cual éste proporcionará una copia al Secretario, de forma inmediata.

b) Los Asesores y Abogados, mediante un documento de acreditación firmado por el Secretario. Su plazo de validez estará limitado a un período determinado, que podrá ampliarse o reducirse según la duración del procedimiento.

Artículo 40

Los privilegios, inmunidades y facilidades mencionados en el artículo 38 se concederán exclusivamente en interés del procedimiento.

El Tribunal General podrá levantar la inmunidad cuando estime que ello no es contrario al interés del procedimiento.

Artículo 41

Cuando el Tribunal General estime que el comportamiento de un Asesor o Abogado ante dicho Tribunal, el Presidente, un Juez o el Secretario, es incompatible con la dignidad del Tribunal o con las exigencias de una recta administración de la justicia, o que este Asesor o Abogado hace uso de los derechos que le correspondan por razón de sus funciones con fines distintos de aquéllos para los que se le reconocieron, se lo comunicará al interesado. El Tribunal General podrá también comunicar lo sucedido a las autoridades competentes bajo cuya jurisdicción se encuentre el interesado, en cuyo caso dará traslado a éste de una copia del escrito dirigido a dichas autoridades.

Por los mismos motivos, el Tribunal General podrá en cualquier momento, oído el interesado y mediante auto, excluirle del procedimiento. Dicho auto será inmediatamente ejecutivo.

Cuando un Asesor o un Abogado sean excluidos del procedimiento, éste se suspenderá hasta la expiración del plazo fijado por el Presidente para permitir a la parte interesada designar otro Asesor u otro Abogado.

Las decisiones adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el presente artículo podrán ser revocadas.

Artículo 42

Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a los profesores que tengan el derecho de actuar en juicio ante el Tribunal General de conformidad con el artículo 19 del Estatuto.

TÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO

Capítulo primero:

DE LA FASE ESCRITA

Artículo 43

El original de todo escrito procesal deberá ser firmado por el Agente o el Abogado de la parte.

El escrito y todos los anexos que en él se mencionen se presentarán con cinco copias para el Tribunal General y tantas copias como sean las partes litigantes. Estas copias deberán ser suscritas, respondiendo de su exactitud, por la parte que las presente.

Las Instituciones presentarán además, en los plazos fijados por el Tribunal General, traducciones de todos los escritos procesales a las demás lenguas indicadas en el artículo 1 del Reglamento n1 1 del Consejo. El último párrafo del apartado precedente será aplicable a tal efecto.

Todo escrito procesal irá fechado. Para el cómputo de los plazos procesales sólo se tendrá en cuenta la fecha de presentación en Secretaría.

A todo escrito procesal se acompañarán, como anexo, los documentos justificativos invocados y una relación de los mismos.

Si en razón del volumen de un documento no se adjuntare al escrito más que un extracto, se depositará en Secretaría el documento íntegro, o una copia completa del mismo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 5, la fecha en la que la copia del original firmado de un escrito procesal, incluida la relación de escritos y documentos mencionada en el apartado 4, se reciba en la Secretaría por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga el Tribunal General será tomada en consideración a efectos del cumplimiento de los plazos procesales, siempre y cuando el original firmado del escrito, acompañado de los anexos y copias mencionados en el párrafo segundo del apartado 1, sea presentado en la Secretaría dentro de los diez días siguientes, a más tardar. No se aplicará a este plazo de diez días lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 102.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, párrafo primero, y en los apartados 2 a 5, el Tribunal General podrá establecer, mediante decisión, las condiciones en las que se considerará que un escrito procesal remitido a la Secretaría por vía electrónica es un escrito original. Esta decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 44

La demanda a que se refiere el artículo 21 del Estatuto contendrá:

a) El nombre y domicilio del demandante.

b) El nombre de la parte contra la que se interponga la demanda.

c) La cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados.

d) Las pretensiones del demandante.

e) La proposición de prueba, si procediere.

A efectos del procedimiento, la demanda contendrá la designación de domicilio en el lugar donde el Tribunal General tiene su sede. Asimismo indicará el nombre de la persona que esté autorizada y dispuesta a recibir todas las notificaciones.

Además de la designación de domicilio contemplada en el párrafo primero, o en lugar de ella, la demanda podrá indicar que el Abogado o Agente da su conformidad a que las notificaciones le sean dirigidas por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación.

Si la demanda no reuniere los requisitos enunciados en los párrafos primero y segundo, todas las notificaciones a efectos procesales a la parte interesada se efectuarán, mientras no se haya subsanado este defecto, por envío postal certificado dirigido al Agente o al Abogado de la parte. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 100, se considerará practicada en debida forma la notificación mediante la entrega del envío certificado en la Oficina de Correos del lugar donde el Tribunal General tiene su sede.

El Abogado que asista o represente a una parte deberá presentar ante el Secretario un documento que acredite que está facultado para ejercer ante algún órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE.

La demanda irá acompañada, si procediere, de los documentos indicados en el párrafo segundo del artículo 21 del Estatuto.

Si el demandante fuere una persona jurídica de Derecho privado adjuntará a su demanda:

a) Sus estatutos o un certificado recientemente expedido por el Registro Mercantil o el Registro de Asociaciones, o cualquier otro medio de prueba de su existencia jurídica.

b) La prueba de que el poder del Abogado ha sido otorgado debidamente por persona capacitada al efecto.

La demanda presentada en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta con arreglo al artículo 272 TFUE, deberá ir acompañada de un ejemplar del contrato que contenga dicha cláusula.

Si la demanda no reuniere los requisitos enumerados en los apartados 3 a 5 del presente artículo, el Secretario fijará al demandante un plazo razonable para subsanar el defecto de la demanda o para presentar los documentos antes mencionados. Caso de que no se efectuare la subsanación o no se presentaren los documentos en el plazo fijado, el Tribunal General decidirá si la inobservancia de estos requisitos comporta la inadmisibilidad de la demanda por defecto de forma.

Artículo 45

La demanda será notificada al demandado. En el caso previsto en el apartado 6 del artículo precedente, la notificación se hará una vez subsanada la demanda o en cuanto el Tribunal General haya declarado su admisibilidad teniendo en cuenta los requisitos de forma enumerados en el artículo precedente.

Artículo 46

Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la demanda, el demandado presentará el escrito de contestación. Este escrito contendrá:

a) El nombre y domicilio del demandado.

b) Los hechos y fundamentos de derecho invocados.

c) Las pretensiones del demandado.

d) La proposición de prueba.

A este respecto será aplicable lo dispuesto en los apartados 2 al 5 del artículo 44.

En los litigios entre la Unión y sus agentes, el escrito de contestación deberá ir acompañado de la reclamación a que se refiere el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios y de la decisión denegatoria, indicando las fechas de presentación y de notificación.

El plazo previsto en el apartado 1 del presente artículo podrá, en caso de que concurran circunstancias extraordinarias, ser prorrogado por el Presidente a instancia del demandado debidamente motivada.

Artículo 47

La demanda y el escrito de contestación podrán completarse con una réplica del demandante y una dúplica del demandado, salvo que el Tribunal General, oído el Abogado General, decida que un segundo turno de escritos de alegaciones no es necesario porque el contenido de los autos es suficientemente completo para permitir a las partes desarrollar sus motivos y alegaciones en la fase oral. No obstante, el Tribunal General podrá aún autorizar a las partes a completar los autos, previa solicitud motivada presentada por el demandante en un plazo de dos semanas a partir de la notificación de esta decisión.

El Presidente fijará los plazos en que se presentarán estos escritos procesales.

Artículo 48

En la réplica y en la dúplica las partes también podrán proponer prueba en apoyo de sus alegaciones. En tal caso deberán motivar el retraso producido en proponerla.

En el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

Si en el curso del procedimiento una parte invocare un motivo nuevo de los aludidos en el párrafo anterior, el Presidente, tras la expiración de los plazos normales del procedimiento, podrá fijar a la otra parte un plazo para contestar al motivo invocado, previo informe del Juez Ponente y oído el Abogado General.

La decisión sobre la admisibilidad del motivo se adoptará en la sentencia que ponga fin al proceso.

Artículo 49

En cualquier fase del procedimiento, oído el Abogado General, el Tribunal General podrá acordar las diligencias de ordenación del procedimiento o las de prueba a las que se refieren los artículos 64 y 65, así como ordenar la repetición o ampliación de cualquier diligencia de prueba.

Artículo 50

El Presidente, oídas las partes y el Abogado General, podrá ordenar en todo momento y por razón de conexión la acumulación de varios asuntos que se refieran al mismo objeto, a efectos de la fase escrita u oral del procedimiento o de la sentencia que ponga fin al proceso. El Presidente podrá revocar posteriormente dicha decisión. El Presidente podrá someter estas cuestiones al Tribunal General.

Los Abogados o Agentes de todas las partes en los asuntos acumulados, incluidas las partes coadyuvantes, podrán examinar en la Secretaría las actuaciones y escritos procesales notificados a las partes en el resto de asuntos acumulados. No obstante, a instancia de parte y sin perjuicio del apartado 3 del artículo 67, el Presidente podrá excluir de dicho examen los documentos secretos o confidenciales.

Artículo 51

En los casos previstos en el artículo 14, apartado 1, la Sala que esté conociendo del asunto o el Presidente del Tribunal General podrá proponer al Pleno del Tribunal General, en cualquier momento del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, la atribución del asunto al mismo, a la Gran Sala o a una Sala integrada por un número diferente de Jueces. La decisión de atribuir el asunto a una formación integrada por un número superior de Jueces será adoptada por el Pleno, oído el Abogado General.

Cuando un Estado miembro o una Institución de la Unión que sea parte en el procedimiento así lo solicitare, deberá juzgar el asunto una Sala integrada por al menos cinco Jueces.

La decisión de asignar un asunto a un órgano unipersonal conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 será adoptada por unanimidad, oídas las partes, por la Sala integrada por tres Jueces ante la que se hallare pendiente el asunto.

Cuando un Estado miembro o una Institución de la Unión que sea parte en el procedimiento se opusiere a que conozca del asunto un órgano unipersonal, deberá seguir conociendo del asunto la Sala a la que pertenezca el Juez Ponente o deberá devolverse el asunto a ella.

Artículo 52

Sin perjuicio del artículo 49, el Presidente fijará la fecha en la que el Juez Ponente deberá presentar al Tribunal General un informe preliminar, según los casos,

a) después de la presentación de la dúplica;

b) después de finalizar el plazo fijado de conformidad con el apartado 2 del artículo 47, cuando no se hubiere presentado réplica o dúplica;

c) cuando la parte interesada hubiere declarado que renuncia a su derecho a presentar réplica o dúplica;

d) cuando el Tribunal General hubiere decidido que, conforme al apartado 1 del artículo 47, no procede completar la demanda y el escrito de contestación con una réplica y una dúplica;

e) cuando el Tribunal General hubiere decidido que, conforme al apartado 1 del artículo 7 bis, procede resolver según el procedimiento acelerado.

El informe preliminar contendrá propuestas sobre la procedencia de practicar diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba, así como, en su caso, sobre la atribución del asunto al Pleno del Tribunal General, a la Gran Sala o a otra Sala de éste integrada por un número diferente de Jueces.

El Tribunal General, oído el Abogado General, decidirá lo que proceda respecto al curso que deba darse a las propuestas del Juez Ponente.

Artículo 53

Si el Tribunal General decidiere iniciar la fase oral sin acordar diligencias de ordenación del procedimiento ni de prueba, el Presidente fijará la fecha de apertura de la misma.

Artículo 54

Sin perjuicio de las diligencias de ordenación del procedimiento o de las de prueba que puedan acordarse en la fase oral, cuando en el curso de la fase escrita se hayan acordado diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba y haya finalizado su práctica, el Presidente fijará la fecha de apertura de la fase oral.

Capítulo segundo:

DE LA FASE ORAL

Artículo 55

El Tribunal General conocerá de los asuntos que le hayan sido sometidos por el orden en que concluya la práctica de la prueba en cada uno de ellos. Cuando la práctica de la prueba concluya simultáneamente en varios asuntos, la fecha de inscripción de las demandas en el Registro determinará el orden de prioridad.

En circunstancias especiales, el Presidente podrá decidir que se dé prioridad a un asunto.

El Presidente, oídas las partes y el Abogado General, podrá decidir, en circunstancias especiales, de oficio o a instancia de parte, el aplazamiento de un asunto a una fecha ulterior. Si las partes lo solicitaren de común acuerdo, el Presidente podrá aplazar un asunto.

Artículo 56

El Presidente, que ejercerá la policía de estrados, abrirá y dirigirá los debates.

Artículo 57

Los debates celebrados a puerta cerrada no se harán públicos.

Artículo 58

En el transcurso de los debates el Presidente podrá formular preguntas a los Agentes, Asesores o Abogados de las partes.

La misma facultad tendrán los demás Jueces y el Abogado General.

Artículo 59

Las partes sólo podrán actuar en juicio asistidas de su Agente, Asesor o Abogado.

Artículo 60

Cuando en un asunto no hubiere sido designado Abogado General, el Presidente declarará terminada la fase oral una vez celebrada la vista.

Artículo 61

Cuando el Abogado General presente sus conclusiones por escrito, las entregará a la Secretaría, la cual dará traslado de las mismas a las partes.

Presentadas las conclusiones del Abogado General, oralmente o por escrito, el Presidente declarará terminada la fase oral.

Artículo 62

El Tribunal General, oído el Abogado General, podrá ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.

Artículo 63

El Secretario extenderá acta de cada vista, que será firmada por el Presidente y el Secretario y constituirá un documento público.

Las partes podrán examinar en la Secretaría todas las actas y obtener copias a su cargo.

Capítulo tercero:

DE LAS DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS DE PRUEBA

Sección Primera — De las diligencias de ordenación del procedimiento

Artículo 64

Las diligencias de ordenación del procedimiento tendrán por objeto impulsar el procedimiento, dar curso a los autos y solucionar los litigios de la forma más adecuada. Serán acordadas por el Tribunal General, oído el Abogado General.

Las diligencias de ordenación del procedimiento tendrán por objeto, en particular:

a) Dar el curso correcto a la fase escrita u oral del procedimiento y facilitar la práctica de las pruebas.

b) Determinar los extremos sobre los que las partes deberán completar sus alegaciones o acerca de los cuales deba practicarse prueba.

c) Precisar el alcance de las pretensiones así como de los motivos y alegaciones de las partes y aclarar las cuestiones controvertidas entre éstas.

d) Facilitar la solución amistosa de los litigios.

Las diligencias de ordenación del procedimiento podrán consistir, en particular, en:

a) Formular preguntas a las partes.

b) Instar a las partes para que se pronuncien por escrito o verbalmente sobre determinados aspectos del litigio.

c) Pedir información o datos a las partes o a terceros.

d) Requerir la presentación de documentos o de cualquier escrito relacionado con el asunto.

e) Convocar a reuniones a las partes o a sus Agentes.

Cualquiera de las partes podrá, en cualquier fase del procedimiento, proponer la práctica o la modificación de diligencias de ordenación del procedimiento. En este caso, antes de acordar la práctica de diligencias se oirá a las otras partes.

Cuando las circunstancias del procedimiento así lo requieran, el Tribunal General informará a las partes de las medidas por él previstas y les dará la oportunidad de presentar sus observaciones verbalmente o por escrito.

Si el Pleno o la Gran Sala del Tribunal General acordare diligencias de ordenación del procedimiento y no las practicare él mismo, encargará de ello a la Sala a la que hubiere sido inicialmente atribuido el asunto o al Juez Ponente.

Si una Sala acordare diligencias de ordenación del procedimiento y no las practicare ella misma, encargará de ello al Juez Ponente.

El Abogado General participará en las diligencias de ordenación del procedimiento.

Sección Segunda — De las diligencias de prueba

Artículo 65

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Estatuto, serán admisibles como diligencias de prueba:

a) La comparecencia personal de las partes.

b) La solicitud de información y la presentación de documentos.

c) El examen de testigos.

d) El dictamen pericial.

e) El reconocimiento judicial.

Artículo 66

El Tribunal General, oído el Abogado General, determinará mediante auto las diligencias de prueba que considere convenientes y los hechos que deben probarse. El Tribunal General oirá a las partes antes de acordar la práctica de las diligencias de prueba a que se refieren las letras c), d) y e) del artículo 65.

El auto será notificado a las partes.

Podrán presentarse pruebas en contrario y ampliarse la proposición de prueba.

Artículo 67

Si el Pleno o la Gran Sala del Tribunal General acordare diligencias de prueba y no las practicare él mismo, encargará de ello a la Sala a la que hubiere sido inicialmente atribuido el asunto o al Juez Ponente.

Si una Sala acordare diligencias de prueba y no las practicare ella misma, encargará de ello al Juez Ponente.

El Abogado General participará en las diligencias de prueba.

Las partes podrán asistir a las diligencias de prueba.

Salvo lo dispuesto en los apartados 2 y 6 del artículo 116, el Tribunal General sólo tendrá en cuenta los documentos o escritos que los Abogados y Agentes de las partes hayan podido examinar y sobre los que éstos hayan podido pronunciarse.

Cuando el Tribunal General deba verificar el carácter confidencial, respecto de una o varias partes, de un documento que podría ser pertinente para resolver sobre un litigio, dicho documento no se transmitirá a las partes en la fase de dicha verificación.

Cuando, en el marco de un recurso sobre la legalidad de la denegación por una Institución del acceso a un documento, éste sea presentado al Tribunal General, tal documento no se transmitirá a las demás partes.

Sección Tercera — De la citación y del examen de testigos y peritos

Artículo 68

El Tribunal General, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes y el Abogado General, podrá ordenar el examen de testigos para la comprobación de determinados hechos. El auto expresará los hechos que deban probarse.

Los testigos serán citados por el Tribunal General de oficio o a instancia de parte o del Abogado General.

La parte que solicite el examen de un testigo indicará con precisión los hechos en relación con los cuales procede oírle y las razones que lo justifican.

Los testigos serán citados en virtud de auto, que contendrá:

a) Los apellidos, nombre, condición y domicilio de los testigos.

b) La indicación de los hechos sobre los que serán examinados.

c) En su caso, la mención de las medidas adoptadas por el Tribunal General para el reembolso de los gastos efectuados por los testigos y de las sanciones aplicables a los que no comparezcan.

Dicho auto se notificará a las partes y a los testigos.

El Tribunal General podrá subordinar la citación de los testigos, cuyo examen se haya solicitado por las partes, a que se deposite en la caja del Tribunal General una provisión de fondos, cuya cuantía fijará aquél, para garantizar los gastos previstos.

La caja del Tribunal General anticipará los fondos necesarios para el examen de los testigos citados de oficio.

Después de verificar la identidad de los testigos, el Presidente les indicará que deben refrendar sus declaraciones en la forma establecida en el apartado 5 siguiente y en el artículo 71.

Los testigos serán examinados por el Tribunal General, previa citación de las partes. Tras su declaración, el Presidente, a instancia de parte o de oficio, podrá formularles preguntas.

La misma facultad tendrán los demás Jueces y el Abogado General.

Los representantes de las partes, con la autorización del Presidente, también podrán formular preguntas a los testigos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, tras su declaración, el testigo prestará el siguiente juramento:

«Juro haber dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.»

El Tribunal General, oídas las partes, podrá dispensar al testigo de prestar juramento.

El Secretario extenderá un acta, que recogerá la declaración del testigo.

El acta será firmada por el Presidente o el Juez Ponente encargado de proceder a su examen, así como por el Secretario. Antes de dichas firmas, deberá ofrecerse al testigo la posibilidad de verificar el contenido del acta y de firmarla.

El acta constituirá un documento público.

Artículo 69

Los testigos debidamente citados estarán obligados a comparecer.

Cuando un testigo debidamente citado no compareciere ante el Tribunal General, éste podrá imponerle una sanción pecuniaria cuyo importe máximo será de 5 000 euros y ordenar una segunda citación del testigo a costa del mismo.

Igual sanción podrá imponerse al testigo que, sin causa justa, se niegue a declarar, a prestar juramento o a hacer la declaración solemne que lo sustituya.

La sanción pecuniaria que se haya impuesto podrá anularse cuando el testigo acredite ante el Tribunal General causa justa. Podrá reducirse la sanción pecuniaria, a petición del testigo, si éste probare que es desproporcionada en relación con sus ingresos.

La ejecución forzosa de las sanciones o de las medidas impuestas en virtud del presente artículo se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 299 TFUE y 164 TCEEA.

Artículo 70

El Tribunal General podrá ordenar un dictamen pericial. El auto que nombre al perito precisará el objeto del dictamen y el plazo para su presentación.

El perito recibirá copia del auto y de todos los documentos necesarios para cumplir su función. El Juez Ponente controlará la actuación del perito, podrá asistir a las operaciones periciales y será tenido al corriente de su desarrollo.

El Tribunal General podrá requerir de las partes, o de una de ellas, una provisión de fondos para garantizar la cobertura de los gastos causados por el dictamen pericial.

A petición del perito, el Tribunal General podrá ordenar que se proceda al examen de testigos, que serán oídos conforme a lo dispuesto en el artículo 68.

El perito sólo podrá emitir su dictamen sobre los extremos que le hayan sido expresamente sometidos.

Tras la presentación del dictamen, el Tribunal General podrá ordenar que sea oído el perito, previa citación de las partes.

Los representantes de las partes, con la autorización del Presidente, podrán formular preguntas a los peritos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, tras la presentación del dictamen, el perito prestará ante el Tribunal General el siguiente juramento:

«Juro haber cumplido mi función en conciencia y con toda imparcialidad.»

El Tribunal General, oídas las partes, podrá dispensar al perito de prestar juramento.

Artículo 71

El Presidente exhortará a las personas que deban prestar juramento ante el Tribunal General en calidad de testigos o de peritos a que digan la verdad o a que cumplan su función en conciencia y con toda imparcialidad y les apercibirá sobre las consecuencias penales previstas en su legislación nacional en caso de violación de este deber.

Los testigos y peritos prestarán el juramento previsto en el párrafo primero del apartado 5 del artículo 68 y en el párrafo primero del apartado 6 del artículo 70, respectivamente, o en la forma prevista en su legislación nacional.

Si la legislación nacional de los testigos o de los peritos previera la posibilidad de que en un procedimiento judicial, además del juramento, en lugar de éste o conjuntamente con él, se haga una declaración equivalente al mismo, los testigos y los peritos podrán hacerla en las condiciones y formas establecidas en dicha legislación.

Si la legislación nacional no previera ni la posibilidad de prestar juramento ni la de hacer tal declaración se seguirá el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 72

En caso de falso testimonio o de falsa declaración de un perito, el Tribunal General, oído el Abogado General, podrá denunciarlo ante la autoridad competente, mencionada en el anexo III del Reglamento Adicional al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, del Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales tengan competencia penal a estos efectos, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 71.

El Secretario se encargará de transmitir la decisión del Tribunal General. En ella se expondrán los hechos y las circunstancias en que se base la denuncia.

Artículo 73

Si una de las partes recusare a un testigo o a un perito por incapacidad, indignidad o cualquier otra causa o si un testigo o un perito se negare a declarar, a prestar juramento o a hacer la declaración solemne que lo sustituya, el Tribunal General resolverá lo procedente.

La recusación de un testigo o de un perito se propondrá dentro de las dos semanas siguientes a la notificación del auto que cite al testigo o nombre al perito, mediante escrito que contenga las causas de recusación y la proposición de prueba.

Artículo 74

Los testigos y peritos tendrán derecho al reembolso de sus gastos de desplazamiento y estancia. La caja del Tribunal General les podrá conceder un anticipo sobre los mismos.

Los testigos tendrán derecho a una indemnización por pérdida de ingresos y los peritos a honorarios por su trabajo. Estos conceptos les serán abonados por la caja del Tribunal General tras el cumplimiento de sus deberes o de su función.

Artículo 75

El Tribunal General, a instancia de parte o de oficio, podrá librar comisiones rogatorias para la práctica de la prueba de testigos o de peritos.

La comisión rogatoria se acordará mediante auto que contendrá el nombre, apellidos, condición y dirección de los testigos o peritos, precisará los hechos sobre los que deban ser oídos, indicará las partes, sus Agentes, Abogados o Asesores, así como los domicilios designados a efectos de notificaciones y expondrá brevemente el objeto del litigio.

El Secretario notificará el auto a las partes.

El Secretario enviará el auto a la autoridad competente, mencionada en el anexo I del Reglamento Adicional al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, del Estado miembro en cuyo territorio deban ser oídos los testigos o peritos. En su caso, lo acompañará de una traducción a la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario.

La autoridad designada conforme a lo dispuesto en el párrafo primero transmitirá el auto a la autoridad judicial competente según su Derecho interno.

La autoridad judicial competente cumplimentará la comisión rogatoria conforme a lo dispuesto en su Derecho interno. Cumplimentada la comisión, dicha autoridad judicial competente la devolverá a la autoridad mencionada en el párrafo primero con los documentos que resulten de su cumplimiento y una relación de las costas. Estos documentos se enviarán al Secretario.

El Secretario se encargará de que se traduzcan los documentos a la lengua de procedimiento.

El Tribunal General asumirá los gastos de la comisión rogatoria, sin perjuicio de cargarlos, en su caso, a las partes.

Artículo 76

El Secretario extenderá acta de cada vista, que será firmada por el Presidente y el Secretario y constituirá un documento público.

Las partes podrán examinar en la Secretaría todas las actas, así como los dictámenes periciales y obtener copias a su cargo.

Capítulo tercero bis

DEL PROCEDIMIENTO ACELERADO

Artículo 76 bis

En atención a la urgencia particular y a las circunstancias del asunto, el Tribunal General podrá, a instancia de la parte demandante o de la parte demandada, oídas las demás partes y el Abogado General, decidir sustanciarlo en un procedimiento acelerado.

La solicitud de que se sustancie en un procedimiento acelerado deberá formularse, mediante escrito separado, en el momento de presentación de la demanda o del escrito de contestación, según el caso. Dicha solicitud podrá indicar que determinados motivos, alegaciones o pasajes de la demanda o del escrito de contestación se presentan únicamente en caso de que no se sustanciare el asunto por el procedimiento acelerado, lo que podrá hacerse, en particular, acompañando a la solicitud una versión abreviada de la demanda y una lista de anexos que sean los únicos a tener en cuenta si se sustanciare por el procedimiento acelerado.

No obstante lo dispuesto en el artículo 55, se dará prioridad a los asuntos que el Tribunal General haya decidido sustanciar en un procedimiento acelerado.

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 46, apartado 1, cuando la parte demandante haya solicitado, con arreglo al apartado 1 del presente artículo, que se sustancie el asunto por el procedimiento acelerado, el plazo de presentación del escrito de contestación será de un mes. Si el Tribunal General decidiera no acceder a dicha solicitud, se otorgará a la parte demandada un plazo adicional de un mes para presentar o, en su caso, completar el escrito de contestación. Los plazos previstos en el presente párrafo podrán ser prorrogados en aplicación de lo dispuesto en el artículo 46, apartado 3.

En un procedimiento acelerado, los escritos mencionados en el apartado 1 del artículo 47 y en los apartados 4 y 5 del artículo 116 sólo podrán presentarse si el Tribunal General así lo autorizara en el marco de diligencias de ordenación del procedimiento practicadas conforme al artículo 64.

Sin perjuicio del artículo 48, las partes podrán completar su argumentación y hacer la proposición de prueba durante la fase oral. Deberán motivar el retraso producido en proponerla.

La resolución del Tribunal General por la que se decida sustanciar un asunto por el procedimiento acelerado podrá establecer requisitos relativos a la extensión y forma de los escritos de las partes, al desarrollo posterior del procedimiento o a los motivos y alegaciones sobre los cuales se solicitará un pronunciamiento de dicho Tribunal.

Si una de las partes no cumpliere cualquiera de estos requisitos, la decisión de sustanciar el asunto por el procedimiento acelerado podrá ser revocada. En tal caso el procedimiento continuará instruyéndose como un procedimiento ordinario.

Capítulo Cuarto

DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA DECLINACIÓN DE COMPETENCIA POR PARTE DEL TRIBUNAL GENERAL

Artículo 77

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 123, en el artículo 128 y en el apartado 4 del artículo 129, podrá suspenderse un procedimiento pendiente:

a) En los casos previstos en el párrafo tercero del artículo 54 del Estatuto.

b) Cuando se interponga un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra una resolución del Tribunal General que resuelva parcialmente la cuestión de fondo, que ponga fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, o que desestime una demanda de intervención.

c) A petición conjunta de ambas partes.

d) En otros casos especiales, si así lo exige la recta administración de la justicia.

Artículo 78

La decisión de suspender el procedimiento será adoptada mediante auto del Presidente, oídas las partes y el Abogado General; el Presidente podrá someter la cuestión al Tribunal General. La decisión de reanudar el procedimiento será adoptada siguiendo las mismas formalidades. Los autos a los que se refiere el presente artículo serán notificados a las partes.

Artículo 79

La suspensión del procedimiento surtirá efecto en la fecha señalada en el auto de suspensión o, si no se señalare la misma, en la fecha de dicho auto.

Durante la suspensión, no expirará ningún plazo procesal, a excepción del plazo de intervención fijado en el apartado 1 del artículo 115.

Cuando el auto de suspensión no haya fijado su duración, la suspensión finalizará en la fecha señalada en el auto de reanudación del procedimiento, o si no se señalare tal fecha, en la de dicho auto.

A partir de la fecha de reanudación, los plazos procesales empezarán a correr de nuevo desde el principio.

Artículo 80

Las decisiones a que se refiere el párrafo tercero del artículo 54 del Estatuto por las que el Tribunal General decline su competencia serán adoptadas por dicho Tribunal mediante auto que será notificado a las partes.

Capítulo Quinto

DE LAS SENTENCIAS

Artículo 81

La sentencia contendrá:

— La indicación de que ha sido dictada por el Tribunal General.

— La fecha de su pronunciamiento.

— El nombre del Presidente y de los Jueces que hayan participado en su adopción.

— El nombre del Abogado General que, en su caso, se designe.

— El nombre del Secretario.

— La designación de las partes.

— El nombre de los Agentes, Asesores o Abogados de las partes.

— Las pretensiones de las partes.

— La mención, si procediese, de que el Abogado General ha presentado sus conclusiones.

— Una exposición concisa de los hechos.

— Los fundamentos de Derecho.

— El fallo, en el que se incluirá la decisión sobre las costas.

Artículo 82

La sentencia será pronunciada en audiencia pública, previa citación de las partes.

El original de la sentencia, firmado por el Presidente, los Jueces que hayan participado en la deliberación y el Secretario, será sellado y depositado en la Secretaría; a cada una de las partes se le entregará una copia certificada.

El Secretario consignará en el original de la sentencia la fecha en que ha sido pronunciada.

Artículo 83

La sentencia tendrá fuerza obligatoria desde el día de su pronunciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto.

Artículo 84

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la interpretación de las sentencias, los errores de transcripción o de cálculo, así como las inexactitudes evidentes, podrán ser rectificados por el Tribunal General, de oficio, o a instancia de parte si esta petición se formula en el plazo de dos semanas a partir de que la sentencia se haya pronunciado.

El Secretario lo notificará a las partes, quienes podrán presentar observaciones escritas en el plazo fijado por el Presidente.

El Tribunal General decidirá en reunión de carácter reservado.

El original del auto que ordene la rectificación se unirá al original de la sentencia rectificada, en cuyo margen se dejará constancia de dicho auto.

Artículo 85

Si el Tribunal General no hubiere decidido sobre las costas, cualquiera de las partes podrá solicitar que se complete la sentencia dentro del mes siguiente a su notificación.

La solicitud será notificada a la otra parte, a la que el Presidente fijará un plazo para la presentación de observaciones escritas.

Tras la presentación de estas observaciones, el Tribunal General, oído el Abogado General, decidirá si la solicitud es admisible y fundada.

Artículo 86

El Secretario se encargará de que se publique la jurisprudencia del Tribunal General.

Capítulo Sexto

DE LAS COSTAS

Artículo 87

El Tribunal General decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.

La parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

Si son varias las partes que pierden el proceso, el Tribunal General decidirá sobre el reparto de las costas.

En circunstancias excepcionales o cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal General podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas.

El Tribunal General podrá condenar a una parte, incluso a la vencedora, a reembolsar a la otra los gastos que le hubiere causado y que dicho Tribunal considere como abusivos o temerarios.

Los Estados miembros y las Instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas.

Los Estados partes en el Acuerdo EEE, distintos de los Estados miembros, así como el Órgano de Vigilancia de la AELC soportarán igualmente sus propias costas cuando hayan intervenido como coadyuvantes en el litigio.

El Tribunal General podrá ordenar que una parte coadyuvante distinta de las mencionadas en el párrafo precedente soporte sus propias costas.

La parte que desista será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte en sus observaciones sobre el desistimiento. No obstante, a petición de la parte que desista, la otra parte soportará las costas si la actitud de esta última lo justificase.

En caso de acuerdo de las partes sobre las costas, se decidirá con arreglo al mismo.

Si ninguna de las partes hubiere solicitado la condena en costas, cada parte pagará las suyas.

En caso de sobreseimiento el Tribunal General resolverá discrecionalmente sobre las costas.

Artículo 88

En los litigios entre la Unión y sus agentes, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 87.

Artículo 89

Los gastos que una parte haya debido realizar para la ejecución forzosa serán reembolsados por la otra parte según las tarifas vigentes en el Estado en que tenga lugar dicha ejecución.

Artículo 90

El procedimiento ante el Tribunal General será gratuito, sin perjuicio de lo que a continuación se dispone:

a) El Tribunal General podrá imponer el pago de los gastos que hubieran podido evitarse a la parte que los hubiera provocado.

b) Los gastos de los trabajos de copia y traducción efectuados a petición de una de las partes, que el Secretario considere extraordinarios, serán reembolsados por dicha parte según la tarifa prevista en el apartado 5 del artículo 24.

Artículo 91

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se considerarán como costas recuperables:

a) Las cantidades que deban pagarse a los testigos y peritos conforme al artículo 74.

b) Los gastos necesarios efectuados por las partes con motivo del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de los Agentes, Asesores o Abogados.

Artículo 92

Si hubiere discrepancia sobre las costas recuperables, el Tribunal General, a instancia de una de las partes, oídas las observaciones de la otra parte, decidirá mediante auto, contra el que no se dará recurso alguno.

Las partes podrán pedir, a efectos de ejecución, un testimonio del auto.

Artículo 93

La caja del Tribunal General y sus deudores efectuarán sus pagos en euros.

Cuando se haya incurrido en gastos reembolsables en una moneda distinta del euro o cuando los actos que den lugar a los pagos se hayan realizado en un país en el que la moneda no sea el euro, la conversión de la moneda se efectuará según el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo el día de pago.

Capítulo Séptimo

DE LA JUSTICIA GRATUITA

Artículo 94

A fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia, se concederá la justicia gratuita en los procedimientos ante el Tribunal General con arreglo a las normas que se establecen en el presente Capítulo.

La justicia gratuita cubrirá, total o parcialmente, los gastos vinculados a la asistencia jurídica y representación ante el Tribunal General. Estos gastos serán sufragados por la caja de dicho Tribunal.

Tendrán derecho a obtener la justicia gratuita las personas físicas que, debido a su situación económica, no puedan hacer frente, en todo o en parte, a los gastos mencionados en el apartado 1.

La situación económica será evaluada teniendo en cuenta elementos objetivos como la renta, el patrimonio y la situación familiar.

Se denegará la justicia gratuita cuando la acción para la que se solicite sea manifiestamente inadmisible o infundada.

Artículo 95

La justicia gratuita podrá solicitarse antes o después de la interposición del recurso.

La solicitud no requerirá la asistencia de Abogado.

La solicitud de justicia gratuita deberá ir acompañada de los documentos que permitan evaluar la situación económica del solicitante, tales como un certificado de una autoridad nacional competente que la justifique.

Si la solicitud se presentare con anterioridad a la interposición del recurso, el solicitante deberá exponer concisamente el objeto del recurso planeado, los hechos del caso y los motivos alegados para fundamentar dicho recurso. La solicitud deberá ir acompañada de los correspondientes documentos probatorios.

El Tribunal General podrá establecer, de conformidad con el artículo 150, la obligatoriedad de la utilización de un formulario para la presentación de una solicitud de justicia gratuita.

Artículo 96

Antes de pronunciarse sobre una solicitud de justicia gratuita, el Tribunal General instará a la otra parte para que presente observaciones escritas, salvo cuando del contenido de la solicitud presentada ya se dedujere que ésta no cumple los requisitos establecidos en el artículo 94, apartado 2, o que lo dispuesto en su apartado 3 resulta de aplicación a la misma.

La decisión sobre la solicitud de justicia gratuita será adoptada por el Presidente mediante auto. El Presidente podrá someter la cuestión al Tribunal General.

El auto denegatorio de la justicia gratuita estará motivado.

En el auto en que se acuerde conceder la justicia gratuita, se designará un Abogado para representar al interesado.

Si éste no hubiese propuesto por sí mismo un Abogado o si se estimare inaceptable su elección, el Secretario enviará el auto por el que se conceda la justicia gratuita y una copia de la solicitud a la autoridad competente del Estado interesado mencionada en el anexo II del Reglamento Adicional al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Habida cuenta de las propuestas transmitidas por esta autoridad, se designará el Abogado encargado de representar al solicitante.

El auto por el que se conceda la justicia gratuita podrá determinar una cantidad que se abonará al Abogado encargado de representar al interesado, o podrá fijar un límite que no podrán, en principio, sobrepasar los desembolsos y honorarios del Abogado. Dicho auto podrá disponer, teniendo en cuenta la situación económica del interesado, que éste contribuya a sufragar los gastos señalados en el artículo 94, apartado 1.

La presentación de una solicitud de justicia gratuita suspenderá el plazo previsto para la presentación del recurso hasta la fecha en que se notifique el auto sobre la misma o, en los casos previstos en el párrafo segundo del apartado 3, hasta la del auto que designe el Abogado encargado de asistir al solicitante.

Si en el curso del proceso cambian las condiciones por las que se concedió la justicia gratuita, el Presidente podrá retirarla, de oficio o a instancia de parte y oído el interesado. El Presidente podrá someter la cuestión al Tribunal General.

El auto mediante el que se retire la justicia gratuita estará motivado.

No se dará recurso alguno contra los autos dictados en virtud del presente artículo.

Artículo 97

En caso de concesión de la justicia gratuita, el Presidente podrá, a petición del Abogado del interesado, decidir que se le abone un anticipo.

Cuando, en virtud de la resolución que ponga fin al proceso, el beneficiario de la justicia gratuita deba soportar sus propias costas, el Presidente determinará los desembolsos y honorarios del Abogado que serán sufragados por la caja del Tribunal General, mediante auto motivado contra el que no se dará recurso alguno. El Presidente podrá someter la cuestión al Tribunal General.

Cuando, en la resolución que ponga fin al proceso, el Tribunal General condene a otra de las partes a soportar las costas del beneficiario de la justicia gratuita, dicha parte estará obligada a reembolsar a la caja del Tribunal General las cantidades anticipadas en concepto de justicia gratuita.

En caso de oposición o de que la parte no atienda a la solicitud de pago de dichas cantidades que le dirija el Secretario, el Presidente decidirá mediante auto motivado, contra el que no se dará recurso alguno. El Presidente podrá someter la cuestión al Tribunal General.

Cuando se desestimen totalmente las pretensiones del beneficiario de la justicia gratuita, el Tribunal General, al decidir sobre las costas en la resolución que ponga fin al proceso, podrá ordenar, si así lo exige la equidad, que una o varias de las demás partes soporten sus propias costas o que éstas sean, total o parcialmente, sufragadas por la caja del Tribunal General en concepto de justicia gratuita.

Capítulo Octavo

DE LA RENUNCIA Y DEL DESISTIMIENTO

Artículo 98

Si, antes de que el Tribunal General decida, las partes se pusieren de acuerdo sobre la solución que debe darse al litigio e informaren al Tribunal General que renuncian a toda pretensión, el Presidente ordenará el archivo del asunto haciéndolo constar en el Registro y decidirá sobre las costas, con arreglo al apartado 5 del artículo 87, atendiendo, en su caso, a las propuestas hechas en tal sentido por las partes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los recursos previstos en los artículos 263 y 265 TFUE.

Artículo 99

Si el demandante informare por escrito al Tribunal General que desiste del procedimiento, el Presidente ordenará el archivo del asunto haciéndolo constar en el Registro y decidirá sobre las costas, con arreglo al apartado 5 del artículo 87.

Capítulo Noveno

DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 100

Las notificaciones previstas en el presente Reglamento serán cursadas por el Secretario al domicilio elegido por el destinatario, bien por envío postal certificado, con acuse de recibo, de una copia del documento que deba notificarse, bien por entrega de esta copia contra recibo.

Las copias del original que deba notificarse serán extendidas y certificadas por el Secretario, salvo en caso de que hayan sido presentadas por las partes conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 43.

Cuando, conforme al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 44, el destinatario haya dado su conformidad para que las notificaciones le sean enviadas por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación, la notificación de cualquier actuación y escrito procesal, incluidas las sentencias y autos del Tribunal General, podrá efectuarse mediante transmisión de una copia del documento por dicho medio.

Las sentencias y autos notificados en virtud del artículo 55 del Estatuto a los Estados miembros y a las instituciones que no eran partes del litigio les serán enviados por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación.

Si, por razones técnicas o debido al volumen del escrito, tal transmisión no pudiere realizarse, el documento se notificará, en caso de que el destinatario no hubiere designado domicilio a efectos de notificaciones, en el domicilio de dicho destinatario según lo previsto en el apartado 1 del presente artículo. El destinatario recibirá aviso de ello por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación. En ese caso, se considerará que un envío postal certificado ha sido entregado a su destinatario el décimo día siguiente al de depósito del envío en el servicio de Correos del lugar en el que el Tribunal General tiene su sede, salvo que el acuse de recibo pruebe que el envío se recibió en otra fecha o salvo que el destinatario comunique al Secretario, en un plazo de tres semanas a partir del aviso por fax u otro medio técnico de comunicación, la no recepción de la notificación.

Capítulo Décimo

DE LOS PLAZOS

Artículo 101

Los plazos procesales previstos en los Tratados, en el Estatuto y en el presente Reglamento se computarán de la siguiente forma:

a) Si un plazo expresado en días, semanas, meses o años hubiere de contarse a partir del momento en que ocurra un suceso o se efectúe un acto, el día en que se produzca dicho suceso o acto no se incluirá dentro del plazo.

b) Un plazo expresado en semanas, meses o años finalizará al expirar el día que, en la última semana, en el último mes o en el último año, tenga la misma denominación o la misma cifra que el día en que ocurrió el suceso o se efectuó el acto a partir del cual haya de computarse el plazo. Si, en un plazo expresado en meses o en años el día fijado para su expiración no existiese en el último mes, el plazo finalizará al expirar el último día de dicho mes.

c) Cuando un plazo esté expresado en meses y días, se tendrán en cuenta en primer lugar los meses enteros y después los días.

d) Los plazos comprenderán los días feriados legales, los sábados y los domingos.

e) El cómputo de los plazos no se suspenderá durante las vacaciones judiciales.

Si el plazo concluyere en sábado, domingo u otro día feriado legal, quedará prorrogado hasta el final del siguiente día hábil.

La lista de los días feriados legales, establecida por el Tribunal de Justicia y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, será aplicable al Tribunal General.

Artículo 102

Cuando el plazo de interposición de un recurso contra un acto de una Institución empiece a correr a partir de la publicación del acto, dicho plazo deberá contarse, conforme a la letra a) del apartado 1 del artículo 101, a partir del final del decimocuarto día siguiente a la fecha de la publicación del acto en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los plazos procesales se ampliarán, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.

Artículo 103

Los plazos fijados en virtud del presente Reglamento podrán ser prorrogados por la autoridad que los haya establecido.

El Presidente podrá delegar su firma en el Secretario para fijar determinados plazos que le corresponda establecer con arreglo al presente Reglamento o para conceder su prórroga.

TÍTULO TERCERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Capítulo Primero

DE LA SUSPENSIÓN Y DEMÁS MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 104

La demanda de que se suspenda la ejecución de un acto de una Institución conforme a lo dispuesto en los artículos 278 TFUE y 157 TCEEA sólo será admisible si el demandante hubiera impugnado dicho acto mediante recurso ante el Tribunal General.

Las demandas relativas a las demás medidas provisionales previstas en el artículo 279 TFUE sólo serán admisibles si se formulan por una de las partes de un asunto sometido al Tribunal General y guardan relación con el mismo.

Las demandas mencionadas en el apartado anterior especificarán el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada.

La demanda se presentará mediante escrito separado y conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 44.

Artículo 105

La demanda se notificará a la otra parte, a la que el Presidente del Tribunal General fijará un plazo breve para la presentación de sus observaciones escritas u orales.

El Presidente del Tribunal General determinará si procede ordenar el recibimiento a prueba.

El Presidente del Tribunal General podrá acceder a la demanda incluso antes de que la otra parte haya presentado sus observaciones. Esta decisión podrá ser modificada posteriormente o revocada, incluso de oficio.

Artículo 106

En caso de ausencia o impedimento del Presidente del Tribunal General, éste será sustituido por otro Juez en calidad de juez de medidas provisionales, que será designado según lo previsto en la decisión adoptada por el Tribunal General de conformidad con el artículo 10.

Artículo 107

La decisión se adoptará mediante auto motivado. Dicho auto se notificará inmediatamente a las partes.

La ejecución del auto podrá subordinarse a que se constituya por el demandante una fianza cuyo importe y modalidades se fijarán habida cuenta de las circunstancias concurrentes.

Las medidas provisionales podrán adoptarse por un plazo determinado. En caso contrario quedarán sin efecto cuando se pronuncie la sentencia que ponga fin al proceso.

El auto tendrá un carácter meramente provisional y no prejuzgará en modo alguno la decisión del Tribunal General sobre el asunto principal.

Artículo 108

A instancia de parte, el auto podrá ser modificado o revocado en cualquier momento si varían las circunstancias.

Artículo 109

La desestimación de una demanda de medidas provisionales no impedirá a la parte que la hubiera formulado presentar otra demanda fundada en hechos nuevos.

Artículo 110

La demanda de que se suspenda la ejecución forzosa de una decisión del Tribunal General o de un acto de otra Institución, presentada al amparo de los artículos 280 y 299 TFUE y 164 TCEEA, se regirá por las disposiciones del presente Capítulo.

El auto que estime la demanda fijará, en su caso, la fecha en que dicha medida provisional quedará sin efecto.

Capítulo Segundo

DE LOS INCIDENTES PROCESALES

Artículo 111

Cuando el Tribunal General sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando éste sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal General, oído el Abogado General, podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado.

Artículo 112

La remisión de un recurso al Tribunal de Justicia, en virtud del párrafo segundo del artículo 54 del Estatuto será acordada, en caso de incompetencia manifiesta, sin continuar el procedimiento y mediante auto motivado.

Artículo 113

El Tribunal General podrá de oficio en cualquier momento, oídas las partes, pronunciarse sobre las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público, o podrá declarar que el recurso ha quedado sin objeto y que procede su sobreseimiento; decidirá al respecto conforme a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 114.

Artículo 114

La demanda en que se solicite que el Tribunal General decida sobre la inadmisión, la incompetencia o un incidente sin entrar en el fondo del asunto se presentará mediante escrito separado.

Dicha demanda contendrá los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, las pretensiones y, en anexo, los documentos justificativos invocados.

Presentada la demanda, el Presidente fijará un plazo a la otra parte para que formule por escrito sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho.

Salvo decisión en contrario del Tribunal General, el resto del procedimiento se desarrollará oralmente.

El Tribunal General, oído el Abogado General, decidirá sobre la demanda o la unirá al examen del fondo. Si el asunto fuere competencia del Tribunal de Justicia se lo remitirá.

Si el Tribunal General desestimare la demanda o la uniere al examen del fondo, el Presidente fijará nuevos plazos para que continúe el procedimiento.

Capítulo Tercero

DE LA INTERVENCIÓN

Artículo 115

La demanda de intervención deberá presentarse dentro de un plazo de seis semanas contado a partir de la publicación del anuncio previsto en el apartado 6 del artículo 24 o bien, sin perjuicio del apartado 6 del artículo 116, antes de la decisión de iniciar la fase oral prevista en el artículo 53.

La demanda de intervención contendrá:

a) La indicación del asunto.

b) La designación de las partes principales.

c) El nombre y domicilio del coadyuvante.

d) La elección de domicilio del coadyuvante en el lugar donde el Tribunal General tiene su sede.

e) Las pretensiones en cuyo apoyo solicite intervenir el coadyuvante.

f) La exposición de las circunstancias que fundamenten el derecho de intervención, cuando la demanda se presente en virtud de los párrafos segundo o tercero del artículo 40 del Estatuto.

En lo que proceda se aplicará lo dispuesto en los artículos 43 y 44.

El coadyuvante estará representado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto.

Artículo 116

La demanda de intervención se notificará a las partes.

Antes de decidir sobre la demanda de intervención, el Presidente ofrecerá a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones escritas y orales.

El Presidente decidirá sobre la demanda de intervención mediante auto o atribuirá la decisión al Tribunal General. El auto deberá ser motivado si se desestima dicha demanda.

Si se admitiere la intervención solicitada mediante demanda presentada en el plazo de seis semanas previsto en el apartado 1 del artículo 115, se dará traslado al coadyuvante de todas las actuaciones y escritos procesales notificados a las partes. No obstante, a instancia de parte, el Presidente podrá excluir de este traslado los documentos secretos o confidenciales.

El coadyuvante aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.

En los casos previstos en el apartado 2 anterior, el Presidente fijará el plazo dentro del cual el coadyuvante podrá presentar el escrito de formalización de la intervención.

El escrito de formalización de la intervención contendrá:

a) Las pretensiones del coadyuvante que apoyen o se opongan, total o parcialmente, a las pretensiones de una de las partes.

b) Los motivos y alegaciones del coadyuvante.

c) La proposición de prueba cuando proceda.

Una vez presentado el escrito de formalización de la intervención, el Presidente fijará, en su caso, un plazo a las partes para responder a dicho escrito.

Si la demanda de intervención se hubiere presentado después de expirar el plazo de seis semanas previsto en el apartado 1 del artículo 115, el coadyuvante podrá presentar, durante la fase oral, observaciones orales basadas en el informe para la vista que le haya sido comunicado.

Capítulo Cuarto

DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL DICTADAS COMO CONSECUENCIA DE LA CASACIÓN DE UNA SENTENCIA ANTERIOR Y DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS AUTOS

Artículo 117

Cuando el Tribunal de Justicia anule una sentencia o un auto del Tribunal General y decida devolver el asunto a este último para que resuelva, dicho asunto quedará sometido a su competencia en virtud de la sentencia que acuerde la devolución.

Artículo 118

Cuando el Tribunal de Justicia anule una sentencia o un auto de alguna de las Salas del Tribunal General, el Presidente de este último Tribunal podrá atribuir el asunto a otra Sala compuesta por el mismo número de Jueces.

Cuando el Tribunal de Justicia anule una sentencia o un auto del Tribunal General en Pleno o de su Gran Sala, se atribuirá el asunto a la formación que haya dictado la resolución de que se trate.

Cuando el Tribunal de Justicia anule una sentencia o un auto de un órgano unipersonal del Tribunal General, el Presidente de este último Tribunal atribuirá el asunto a una Sala integrada por tres Jueces a la que no pertenezca dicho Juez.

En los casos previstos en los apartados 1, 2 y 2 bis, serán aplicables los artículos 13, apartado 2, 14, apartado 1, y 51.

Artículo 119

Cuando en el momento de dictarse la sentencia que acuerde la devolución ya hubiere terminado ante el Tribunal General la fase escrita, el procedimiento continuará de la siguiente manera:

a) Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de la sentencia del Tribunal de Justicia, el demandante podrá presentar un escrito de observaciones.

b) Dentro del mes siguiente al traslado de dicho escrito al demandado, éste podrá presentar un escrito de observaciones. El plazo para que el demandado presente este escrito en ningún caso podrá ser inferior al de dos meses contados a partir del momento en que se le notifique la sentencia del Tribunal de Justicia.

c) Dentro del mes siguiente a la notificación simultánea de las observaciones del demandante y del demandado a la parte coadyuvante, ésta podrá presentar un escrito de observaciones. El plazo para que la parte coadyuvante presente este escrito en ningún caso podrá ser inferior al de dos meses contados a partir del momento en que se le notifique la sentencia del Tribunal de Justicia.

Cuando en el momento de dictarse la sentencia que acuerde la devolución no hubiere terminado aún ante el Tribunal General la fase escrita, se continuará el procedimiento en la situación en que se encuentre, mediante las diligencias de ordenación que acuerde el Tribunal General.

Si las circunstancias así lo justifican, el Tribunal General podrá autorizar que se presenten escritos complementarios de observaciones.

Artículo 120

El procedimiento se desarrollará con arreglo a lo dispuesto en el Título Segundo del presente Reglamento.

Artículo 121

El Tribunal General decidirá sobre las costas relativas tanto a los procedimientos entablados ante dicho Tribunal como sobre las causadas en el recurso de casación seguido ante el Tribunal de Justicia.

Capítulo Cuarto bis

DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL GENERAL DICTADAS COMO CONSECUENCIA DEL REEXAMEN Y DEVOLUCIÓN DE UN ASUNTO

Artículo 121 bis

Cuando el Tribunal de Justicia reexamine una sentencia o un auto del Tribunal General y decida devolver el asunto a este último para que resuelva, dicho asunto quedará sometido a su competencia en virtud de la sentencia que acuerde la devolución.

Artículo 121 ter

Cuando el Tribunal de Justicia devuelva un asunto que fue juzgado inicialmente por alguna de las Salas del Tribunal General, el Presidente de este último Tribunal podrá atribuir el asunto a otra Sala compuesta por el mismo número de Jueces.

Cuando el Tribunal de Justicia devuelva un asunto que fue juzgado inicialmente por el Pleno o la Gran Sala del Tribunal General, se atribuirá el asunto a la formación que haya dictado la resolución de que se trate.

En los casos previstos en los apartados 1 y 2, serán aplicables los artículos 13, apartado 2, 14, apartado 1, y 51, apartado 1.

Artículo 121 quater

En un plazo de un mes a partir de la notificación de la sentencia del Tribunal de Justicia, las partes en el procedimiento ante el Tribunal General podrán presentar sus observaciones sobre las conclusiones que procede extraer de dicha sentencia para la resolución del litigio. Este plazo no podrá ser prorrogado.

El Tribunal General podrá instar a las partes en el procedimiento seguido ante él a presentar sus escritos de alegaciones, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, y podrá decidir oírlas en fase oral.

Artículo 121 quinto

El Tribunal General decidirá sobre las costas relativas al procedimiento entablado ante él tras el reexamen.

Capítulo Quinto

DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN REBELDÍA Y DE LA OPOSICIÓN

Artículo 122

Si el demandado, debidamente emplazado, no contestare a la demanda en la forma y en el plazo previstos, el demandante podrá pedir al Tribunal General que dicte sentencia estimatoria en rebeldía.

Esta petición se notificará al demandado. El Tribunal General podrá decidir la apertura de la fase oral sobre la petición.

Antes de dictar sentencia en rebeldía, el Tribunal General examinará la admisibilidad de la demanda y verificará si se han observado debidamente las formalidades y si parecen fundadas las pretensiones del demandante. Podrá ordenar la práctica de pruebas.

La sentencia en rebeldía será ejecutiva. No obstante, el Tribunal General podrá suspender la ejecución de la misma hasta que se haya pronunciado sobre la oposición presentada conforme al apartado 4 del presente artículo o subordinar la ejecución a que se constituya una fianza, cuyo importe y modalidades se fijarán habida cuenta de las circunstancias concurrentes; la fianza se cancelará si no se formula oposición o si ésta se desestima.

Contra la sentencia en rebeldía se podrá formular oposición. La oposición se presentará dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia y en la forma prescrita en los artículos 43 y 44.

Notificada la oposición, el Presidente fijará a la otra parte un plazo para la presentación de sus observaciones escritas.

El procedimiento proseguirá con arreglo a lo dispuesto en el Título Segundo del presente Reglamento.

El Tribunal General decidirá por medio de sentencia contra la que no se podrá formular oposición. El original de esta sentencia se unirá al de la sentencia en rebeldía, a cuyo margen se hará mención de la sentencia dictada sobre la oposición.

Capítulo Sexto

DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Sección Primera — De la oposición de tercero

Artículo 123

Los artículos 43 y 44 se aplicarán a la oposición de tercero, que deberá indicar además:

a) La sentencia impugnada.

b) Los extremos en que la sentencia impugnada perjudica los derechos del tercero oponente.

c) Las razones por las que el tercero oponente no pudo participar en el litigio principal ante el Tribunal General.

La oposición se formulará contra todas las partes del litigio principal.

Si la sentencia hubiere sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, la oposición sólo podrá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la publicación.

A petición del tercero oponente podrá ordenarse que se suspenda la ejecución de la sentencia impugnada. En lo que proceda se aplicará lo dispuesto en el Capítulo I del Título Tercero.

La sentencia será modificada en la medida en que se estime la oposición del tercero.

El original de la sentencia dictada en el procedimiento de oposición de tercero se unirá al original de la impugnada, a cuyo margen se hará mención de aquélla