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En el programa de estabilidad de febrero de 2010 se prevé un nuevo deterioro del déficit de las administraciones públicas, en un 0,3 % del PIB, lo que lo situaría en el 8,2 % del PIB en 2010. Francia ha aplicado las medidas de reducción del déficit en 2010 según lo previsto en el proyecto gubernamental de ley de presupuesto para 2010, al tiempo que ha evitado en gran parte que las finanzas públicas sigan degradándose —salvedad hecha de la decisión relativa a un empréstito público para «invertir en el futuro», que tendrá una incidencia presupuestaria negativa del 0,1 % del PIB, aproximadamente, en 2010 (y ulteriormente)—, lo cual parece atenerse globalmente a las últimas recomendaciones dirigidas a Francia en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE. La proyección de déficit para 2010 es un 0,3 % del PIB más favorable que la que figura en el proyecto de presupuesto para 2010, debido a la anticipación de una mejor cifra de déficit en lo que respecta a 2009 (0,2 % del PIB) y a la revisión de las proyecciones de crecimiento (0,3 % del PIB), parcialmente contrarrestadas por la suspensión del impuesto medioambiental por el Tribunal Constitucional francés y por la introducción de medidas derivadas del empréstito público antes mencionado, que conjuntamente agravarían el déficit en torno al 0,2 % del PIB. Estos últimos factores han modificado la balanza de las medidas discrecionales, que de un saldo positivo aproximado de un cuarto de punto porcentual del PIB en la fecha de la recomendación del Consejo, pasa a ser globalmente neutra en el programa. Las medidas de estímulo adoptadas en el contexto del PERE, por valor del 1,1 % del PIB, se suprimen parcialmente y quedan reducidas al 0,4 % del PIB en 2010, y se aplican algunas otras medidas de saneamiento por el equivalente al 0,1 % del PIB (en particular, el aumento de las exacciones incluidas en el presupuesto de la seguridad social), de forma que las medidas de saneamiento totalizan un 0,8 % del PIB. No obstante, estas medidas se ven contrarrestadas por nuevas medidas que aumentan el déficit, con costes sobre todo a corto plazo, incluidas en el presupuesto original de 2010 y que representan el 0,7 % del PIB, concretamente la reforma del impuesto de actividades económicas, de ámbito local (alrededor del 0,6 % del PIB), y la disminución del IVA en el sector de la restauración (0,1 % del PIB), así como por las medidas relativas al empréstito público anteriormente mencionadas (en torno al 0,1 % del PIB). En 2010, el déficit estructural (es decir, el déficit ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal), calculado por los servicios de la Comisión a partir de las cifras del programa con arreglo a la metodología definida de común acuerdo, aumentaría un cuarto de punto porcentual, alcanzando el 6,75 % del PIB. Teniendo en cuenta la incidencia transitoria de los reembolsos anticipados a las empresas, del 0,4 % del PIB, en el contexto de la aplicación de la reforma del impuesto local de actividades económicas, que a pesar de ser una medida puntual no se considera así en el programa, el déficit estructural en 2010 mejoraría ligeramente, en 0,1 puntos porcentuales, situándose en el 6,5 % del PIB.