Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (98/C 9/03)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

Los principios fijados en las presentes Directrices deben servir para asegurar la transparencia y el carácter objetivo de las Decisiones de la Comisión, de cara tanto a las empresas como al Tribunal de Justicia, al tiempo que se asienta el margen discrecional que el legislador deja a la Comisión a la hora de fijar las multas dentro del límite del 10 % del volumen de negocios global de las empresas. No obstante, este margen deberá expresarse dentro de una línea política coherente y no discriminatoria adaptada a los objetivos perseguidos en la represión de las infracciones de las normas de competencia.

La nueva metodología aplicable para la determinación del importe de las multas obedecerá, de ahora en adelante, al modelo que figura a continuación, que se basa en la fijación de un importe de base al que se aplican incrementos para tomar en consideración las circunstancias agravantes y reducciones para tomar en consideración las circunstancias atenuantes.

1) Importe de base

El importe de base se determinará en función de la gravedad y la duración de la infracción, únicos criterios que figuran en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17.

A. Gravedad

A la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado.

Así, las infracciones serán clasificadas en tres categorías que establecen la distinción entre infracciones leves, graves y muy graves.

- infracciones leves:

por ejemplo, podrá tratarse de restricciones, casi siempre verticales, destinadas a limitar los intercambios, pero cuyas repercusiones sobre el mercado sean limitadas y no afecten más que a una parte sustancial pero relativamente restringida del mercado comunitario.

Importes previstos: de 1 000 a 1 millón de ecus.

- infracciones graves:

se tratará por lo general de restricciones horizontales o verticales de la misma naturaleza que en el caso anterior, pero cuya aplicación sea más rigurosa, cuyas repercusiones en el mercado sean más amplias y que puedan surtir sus efectos en amplias zonas del mercado común. Asimismo, podrá tratarse también de abusos de posición dominante (denegaciones de venta, discriminaciones, exclusiones, descuentos atractivos concedidos por una empresa en posición dominante para excluir a los competidores del mercado, etc.).

Importes previstos: de 1 a 20 millones de ecus.

- infracciones muy graves:

se tratará básicamente de restricciones horizontales como carteles de precios y cuotas de reparto de los mercados u otras prácticas que menoscaben el correcto funcionamiento del mercado interior, como las destinadas a compartimentar los mercados nacionales o los abusos característicos de posición dominante de empresas que prácticamente actúan como monopolios por ejemplo, Decisiones 91/297/CEE, 91/298/CEE, 91/299/CEE, 91/300/CEE y 91/301/CEE (1) -Soda Ash-, 94/815/CE (2) -Cemento-, 94/601/CE (3) -Cartoncillo-, 92/163/CE (4) -Tetra Pak II- y 94/215/CECA (5) -Vigas-.

Importes previstos: más de 20 millones de ecus.

Dentro de cada una de estas categorías, y sobre todo cuando se trate de infracciones graves y muy graves, la escala de las sanciones permitirá diferenciar el trato que conviene aplicar a las empresas en función de la naturaleza de las infracciones cometidas.

Por otro lado, será necesario tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores, y fijar un importe que dote a la multa de un carácter lo suficientemente disuasorio.

En términos generales, también podrá tenerse en cuenta el hecho de que las empresas grandes disponen casi siempre de los conocimientos y mecanismos jurídico-económicos que les permiten apreciar mejor la ilegalidad de su comportamiento y las consecuencias que se derivan de dicha ilegalidad desde el punto de vista del Derecho de la competencia.

En el caso de las infracciones en las que están implicadas varias empresas (carteles), podrá resultar conveniente ponderar, en determinados casos, los importes fijados dentro de cada una de las tres categorías preexpuestas para tomar en consideración el peso específico y, por tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza.

Así, el principio de la igualdad de las sanciones ante comportamientos idénticos puede conducir, cuando las circunstancias lo exijan, a la aplicación de importes diferenciados a las empresas de que se trate sin que esta diferenciación obedezca a un cálculo aritmético.

B. Duración

Se deberá tomar en consideración la duración de la infracción, de tal forma que se distinga entre:

- infracciones de corta duración (en general, inferior a un año): ningún importe adicional;

- infracciones de mediana duración (en general, de 1 a 5 años): el importe puede alcanzar hasta el 50 % del importe establecido según el grado de gravedad de la infracción;

- infracciones de larga duración (en general, más de 5 años): el importe puede situarse, por cada año, en el 10 % del importe establecido según el grado de gravedad de la infracción.

Por tanto, este análisis sirve para, en su caso, aplicar un incremento a la multa.

En términos generales, el incremento aplicable a las infracciones de larga duración será en adelante reforzado considerablemente con respecto a la práctica anterior, con el fin de sancionar realmente las restricciones cuyos efectos nocivos sobre los consumidores sean duraderos. A fin de cuentas, este nuevo enfoque guarda coherencia con lo que se esperaba de la Comunicación de 18 de julio de 1996 relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (6). El riesgo de que se aplique un incremento importante en función de la duración de la infracción supondrá necesariamente un mayor estímulo para denunciar las infracciones o para colaborar con la Comisión.

El importe de base fijado se obtiene sumando los dos importes siguientes:

x gravedad + y duración = importe de base

2) Circunstancias agravantes

Incremento del importe de base en circunstancias agravantes específicas, tales como:

- reincidencia de la(s) misma(s) empresa(s) en una infracción del mismo tipo,

- denegación de toda cooperación, o tentativa de obstrucción de la investigación,

- función de responsable o instigador de la infracción,

- represalias contra otras empresas para hacer «respetar» las decisiones o prácticas ilícitas,

- necesidad de incrementar la sanción para rebasar el importe de las ganancias ilícitas realizadas gracias a la infracción, en la medida en que tal estimación sea objetivamente posible,

- otras.

3) Circunstancias atenuantes

Reducción del importe de base en circunstancias atenuantes específicas, tales como:

- función exclusivamente pasiva o subordinada en la comisión de la infracción,

- no aplicación efectiva de los acuerdos o prácticas ilícitos,

- interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión (en particular, verificaciones),

- existencia de una duda razonable de la empresa en cuanto al carácter ilícito del comportamiento restrictivo,

- infracciones cometidas por negligencia y no deliberadamente,

- colaboración efectiva de la empresa en el procedimiento, fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación de 18 de julio de 1996 relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas,

- otras.

4) Aplicación de la Comunicación de 18 de julio de 1996 relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe (citada anteriormente)

5) Observaciones generales

a) Lógicamente, el resultado final del cálculo de la multa con arreglo a este modelo (importe de base más porcentajes de incremento o reducción) en ningún caso podrá rebasar el 10 % del volumen de negocios mundial de las empresas, de conformidad con el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17. Para los acuerdos ilícitos con arreglo al Tratado CECA, el límite establecido en el apartado 5 del artículo 65 será el doble del volumen de negocios realizado en relación con los productos en cuestión, pudiendo alcanzar en determinados casos el 10 % del volumen de negocios CECA de la empresa en cuestión.

El ejercicio contable al que se refiera el volumen de negocios mundial deberá ser, en la medida de lo posible, el que corresponda al ejercicio que preceda al año de la adopción de la decisión, y, en el supuesto de que estos datos no estén disponibles, el ejercicio inmediatamente anterior.

b) Según las circunstancias, tras haber realizado los cálculos, conviene tomar en consideración determinados datos objetivos como el contexto económico específico, la ventaja económica o financiera que puedan haber obtenido los autores de la infracción (véase el apartado 39 del XXI Informe de competencia), las características específicas de las empresas en cuestión y su capacidad contributiva real en un contexto social específico para adaptar, en última instancia, los importes de las multas previstos.

c) En los asuntos en los que participen asociaciones de empresas, es importante que, en la medida de lo posible, sean las empresas miembros de tales asociaciones las destinatarias de las decisiones y se les impongan multas individuales.

Cuando este procedimiento no resulte viable (por ejemplo, cuando la asociación cuente con varios miles de empresas miembros), y a excepción de los procedimientos con arreglo al Tratado CECA, se impondrá a la asociación una multa global calculada según los principios expuestos anteriormente pero equivalente a la totalidad de las multas individuales que hubieran podido ser impuestas a cada uno de los miembros de la asociación.

d) Asimismo, la Comisión ha de reservarse la posibilidad, en determinados casos, de imponer una multa «simbólica» de 1 000 ecus, sin efectuar el cálculo basado en la duración y en las circunstancias agravantes o atenuantes. La justificación de tal multa simbólica debería figurar en el propio texto de la Decisión.

(1) DO L 152 de 15.6.1991, p. 54.

(2) DO L 343 de 30.12.1994, p. 1.

(3) DO L 243 de 19.9.1994, p. 1.

(4) DO L 72 de 18.3.1992, p. 1.

(5) DO L 116 de 6.5.1994, p. 1.

(6) DO C 207 de 18.7.1996, p. 4.