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DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN

de 22 de agosto de 2018

relativa a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de una solicitud de modificación del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

[«Μαντινεία» (Mantineia) (DOP)]

(2018/C 302/10)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (1), y en particular su artículo 97, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

(1) Grecia ha remitido una solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación «Μαντινεία» (Mantineia) de conformidad con el artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(2) La Comisión ha examinado la solicitud y concluido que se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 93 a 96, en el artículo 97, apartado 1, y en los artículos 100, 101 y 102 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(3) Con objeto de permitir la presentación de declaraciones de oposición de conformidad con el artículo 98 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación «Μαντινεία» (Mantineia).

DECIDE:

Artículo único El anexo de la presente Decisión recoge la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación «Μαντινεία» (Mantineia) (DOP), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. En virtud del artículo 98 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, la publicación de la presente Decisión confiere el derecho a oponerse a la modificación del pliego de condiciones contemplado en el párrafo primero del presente artículo en un plazo de dos meses desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 22 de agosto de 2018. Por la Comisión Pierre MOSCOVICI Miembro de la Comisión

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(4)

Puesto que la producción de electricidad a bordo seguirá siendo en la mayoría de los casos la alternativa más competitiva, la concesión a España de una autorización para que aplique un tipo reducido del impuesto especial sobre la electricidad en puerto no va más allá de lo necesario para aumentar el uso de esta electricidad. Por igual motivo y debido a que esa tecnología no está actualmente disponible en España, es improbable que la medida produzca durante su vigencia distorsiones en la competencia, y cabe afirmar por tanto que no tendrá repercusiones negativas en el correcto funcionamiento del mercado interior.
(1)

Es necesario adoptar una norma que determine cuándo un mensaje se considera legalmente entregado a través del EESSI, a fin de fijar plazos de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 883/2004 y con el Reglamento (CE) n.o 987/2009, leídos en relación con el Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 del Consejo de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos
(5)

Puesto que el grupo de coordinación no alcanzó ningún acuerdo, el 18 de julio de 2017 el Estado miembro de referencia remitió la objeción no resuelta a la Comisión, según lo estipulado en el artículo 36, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012. Así, hizo llegar a la Comisión una exposición pormenorizada de las cuestiones sobre las que los Estados miembros no pudieron alcanzar un acuerdo y los motivos de su desacuerdo. También se remitió una copia de dicha exposición a los Estados miembros interesados y al solicitante.
(5)

Decidir si participar o no en una cooperación reforzada, como la que establece la Fiscalía Europea, es una elección voluntaria de cada Estado miembro. Por consiguiente, los actos jurídicos de la Unión a los efectos de la aplicación de los Tratados no deben, como cuestión de principio, diferenciar entre los Estados miembros únicamente en función de su participación o no en una cooperación reforzada. No obstante, la aplicación de los actos jurídicos de la Unión podrá diferenciar entre los Estados miembros cuando esté objetivamente justificado, por ejemplo, en el momento en el que entre todos los elementos pertinentes tenidos en cuenta, pudiese existir, en la práctica, un nivel de protección diferente de los intereses financieros de la Unión entre los Estados miembros.
(4)

Dos Estados miembros han informado de 77 muertes con exposición confirmada al ciclopropilfentanilo. Las muertes se produjeron en un breve período, entre junio y diciembre de 2017. En la mayoría de los casos, también se detectaron otras drogas junto con el ciclopropilfentanilo. En al menos 74 de esos casos de muertes, el ciclopropilfentanilo fue la causa de la muerte o contribuyó probablemente a la misma. No se comunicaron intoxicaciones agudas con exposición confirmada al ciclopropilfentanilo. Es probable que la naloxona funcione como antídoto contra el envenenamiento provocado por el ciclopropilfentanilo. Debido a que el ciclopropilfentanilo no es objeto de pruebas sistemáticas de detección, es probable que el número de casos detectados y notificados de intoxicaciones mortales y no mortales causados por el ciclopropilfentanilo sea inferior al real. La exposición accidental al ciclopropilfentanilo puede suponer un riesgo para la familia y allegados del usuario, para las autoridades policiales, el personal de urgencias, los médicos y el personal de los laboratorios forenses, así como para el personal de correos y de las instalaciones de custodia.
(3)

Alemania considera que la determinación de la cantidad de la sustancia activa en la familia de biocidas cuestionada realizada por el Estado miembro de referencia, e indicada en el proyecto de resumen de las características del producto establecidas con arreglo al artículo 22, apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.o 528/2012, no es correcta. Alemania alega que excluir las impurezas de la sustancia activa cuando se indica la composición cuantitativa en términos del constituyente principal de la sustancia no se ajusta a la definición de una sustancia activa establecida en el artículo 3, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, que a su vez hace referencia a la definición de sustancia establecida en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Dado que la definición de sustancia establecida en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) 1907/2006 hace referencia a un elemento químico y sus compuestos naturales o los obtenidos por algún proceso industrial, incluidos los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que inevitablemente produzca el proceso, la composición cuantitativa no debe, según la objeción remitida por Alemania, hacer referencia únicamente al contenido de la sustancia activa sin impurezas.
(5)

De los argumentos presentados por Francia se desprende que el riesgo para las personas o el medio ambiente que entraña la exposición a la creosota asociada al uso restringido de los productos no puede considerarse desdeñable. Francia también señaló que en el mercado francés están disponibles para el uso restringido otros protectores para maderas que contienen sustancias activas que no cumplen los criterios de exclusión a que se refiere el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012. Por lo tanto, el hecho de no autorizar el uso restringido no tendría ningún efecto negativo desproporcionado para la sociedad francesa. Francia estima que el uso restringido no es esencial para controlar ningún peligro grave para la salud humana o animal ni para el medio ambiente.
(69)

Por último, el denunciante alega que el sistema de tasas de entrada a los casinos griegos hace que los casinos públicos sean más atractivos para los clientes debido a la menor cuantía de la tasa de entrada regulada y les aporta unos ingresos totales más elevados (es decir, la generación de otras fuentes de ingresos, como los juegos de azar, los alojamientos o los servicios de bar y restaurante) resultantes del mayor número de clientes, atraídos por el menor coste de la entrada. Al igual que en el caso de los entradas gratuitas, dado que el sistema de tasas de entrada a los casinos en Grecia no confiere en sí mismo una ventaja a los casinos públicos, no puede afirmarse que el mayor atractivo ni los ingresos adicionales procedentes de una mayor afluencia de clientes resultante del menor precio de la entrada den lugar a una ventaja. En cualquier caso, incluso si pudiera demostrarse que existe tal ventaja, solo las ventajas otorgadas directa o indirectamente mediante fondos estatales pueden constituir ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE (53). El Tribunal de Justicia dictaminó que el hecho de que las medidas reguladoras repercutan indirectamente de forma negativa en los ingresos del Estado no constituye una transferencia de fondos estatales, si dicha repercusión es inherente a la medida (54). Así, una normativa nacional que fija un precio mínimo para determinados bienes no implica transferencia alguna de recursos estatales (55). Aunque la aplicación de impuestos diferenciados a los casinos griegos públicos y privados sí conlleva pérdida de recursos estatales, esta no se produce por el mero hecho de permitir que los casinos públicos cobren entradas más baratas que los privados. Por consiguiente, la Comisión concluye que la ventaja alegada por el denunciante, incluso aunque se demostrara su existencia, no se concede con cargo a fondos estatales en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.
(2)

Los requisitos armonizados del Reglamento n.o 9 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU), sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de las categorías L2, L4 and L5 con respecto a las emisiones sonoras, del Reglamento n.o 63 de la CEPE/ONU, sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos de la categoría L1 con respecto a las emisiones sonoras, y del Reglamento n.o 92 de la CEPE/ONU, sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de sistemas de silenciadores de escape de recambio para vehículos de las categorías L1, L2, L3, L4 y L5 con respecto a las emisiones sonoras (en lo sucesivo, «Reglamentos n.os 9, 63 y 92 de las Naciones Unidas») pretenden eliminar los obstáculos técnicos al comercio de vehículos de motor entre las Partes Contratantes del Acuerdo Revisado de 1958 y garantizar que tales vehículos ofrezcan un alto nivel de seguridad y protección. Forman parte de los vehículos de categoría L los vehículos ligeros como los ciclos de motor, los ciclomotores de dos o tres ruedas, las motocicletas con o sin sidecar, los triciclos y los cuatriciclos.
(6)

Como se especifica en el considerando 32 del Reglamento (UE) n.o 1077/2011, Dinamarca no participa en dicho Reglamento y no queda vinculada por él. Por consiguiente, Dinamarca no participa en la presente Decisión. Dado que la presente Decisión, en la medida en que se refiere al Sistema de Información de Schengen (SIS II) establecido por el Reglamento (CE) n.o 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y por la Decisión 2007/533/JAI del Consejo (3), al Sistema de Información de Visados (VIS) establecido por la Decisión 2004/512/CE del Consejo (4) y al Sistema de Entradas y Salidas (SES) establecido por el Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 4 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, decidirá en un plazo de seis meses a partir de la adopción por el Consejo de la presente Decisión, si la incorpora a su Derecho nacional. Con arreglo al artículo 3 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a Eurodac para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (6), Dinamarca debe notificar a la Comisión si va a aplicar el contenido de la presente Decisión en lo que se refiere a Eurodac y DubliNet.
(9)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del Reglamento (EU) 2017/2226 y no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación. No obstante, dado que el Reglamento (UE) 2017/2226 desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, notificó, el 30 de mayo de 2018, su decisión de incorporar el Reglamento (UE) 2017/2226 a su ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, Dinamarca está obligada por el Derecho internacional a aplicar la presente Decisión.
DECISIÓN (PESC) 2018/1544 DEL CONSEJO

de 15 de octubre de 2018

relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

La Unión Europea apoya los tratados y regímenes internacionales relativos al desarme, la no proliferación y los controles de armamento.

La Unión y sus Estados miembros respaldan las demás iniciativas internacionales destinadas a hacer frente a la amenaza que plantean las armas químicas, como el Grupo Australia que, mediante la coordinación y armonización de las medidas nacionales de control de las exportaciones, ayuda al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la CAQ y de la Convención sobre armas bacteriológicas y toxínicas, o la iniciativa de seguridad contra la proliferación y la Alianza Internacional contra la Impunidad del Uso de Armas Químicas. La Unión y sus Estados miembros también apoyan la aplicación de las correspondientes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular las Resoluciones 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) y 2325 (2016).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

c)

2. El apartado 1 no obliga a los Estados miembros a denegar la entrada en su territorio a sus propios nacionales.

c)

c)

6. El apartado 2 no se aplicará al ingreso en las cuentas inmovilizadas de:

5. El apartado 1 no impedirá que una persona física o jurídica, entidad u organismo incluido en el anexo pueda efectuar pagos adeudados en virtud de contratos suscritos antes de la fecha en que se haya incluido en el anexo a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo, siempre y cuando el Estado miembro correspondiente haya considerado que el pago no es percibido directa ni indirectamente por una de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el apartado 1.

que el reconocimiento de la resolución no sea contrario al orden público en el Estado miembro de que se trate.

que la resolución no beneficie a ninguna de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo, y

c)

c)

c)

Artículo 6

No se estimará demanda alguna relacionada con un contrato o transacción cuya ejecución se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente, por las medidas impuestas por la presente Decisión, incluidas las demandas de indemnización o cualquier otra pretensión de este tipo, tales como una demanda de compensación o una demanda a título de garantía, en particular cualquier demanda que tenga por objeto la prórroga o el pago de una fianza, una garantía o una indemnización, en particular financieras, independientemente de la forma que adopte, si la presentan:

a) personas físicas o jurídicas, entidades u organismos designados que figuren en la lista del anexo;
(9)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del Reglamento (UE) 2017/2226 y no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación. No obstante, dado que el Reglamento (UE) 2017/2226 desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, notificó, el 30 de mayo de 2018, su decisión de incorporar el Reglamento (UE) 2017/2226 a su ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, Dinamarca está obligada por el Derecho internacional a aplicar la presente Decisión.
(214)

Por otra parte, mientras que el punto 15 de las Directrices de 2005 distingue cuatro categorías de aeropuertos, A, B, C y D, el punto 79, letra b), de dichas Directrices dispone que se paguen las ayudas a la puesta en marcha para rutas que conecten un aeropuerto regional de categoría C o D con otro aeropuerto de la Unión, dado que las ayudas a rutas entre aeropuertos nacionales (categoría B) solo podrán contemplarse excepcionalmente. El punto 79, letra b) no prevé que se puedan conceder ayudas a la puesta en marcha para rutas entre un aeropuerto de categoría A y otro de categoría A o B, o un aeropuerto situado fuera de la Unión. Ahora bien, el aeropuerto de Bruxelles-National cuenta con más de diez millones de pasajeros al año y, por tanto, pertenece a la categoría A. Como la medida no va acompañada de ninguna condición relativa al aeropuerto de destino de las rutas utilizadas por los pasajeros con derecho a reembolso de la tasa de seguridad en virtud del artículo 2, punto 1, del Real Decreto de 7 de enero de 2014, la condición enunciada por el punto 79 b) de dichas Directrices no se cumple.
(7)

Si bien las bandas 873-876 y 918-921 MHz no están armonizadas para el sistema global de comunicaciones móviles para ferrocarriles (GSM-R) por la legislación de la Unión ni por decisión del Comité de Comunicaciones Electrónicas (ECC), pueden utilizarse para este fin en el ámbito nacional, previa decisión nacional de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por tanto, cuando las condiciones técnicas armonizadas mediante autorizaciones generales no sean suficientes para proteger este tipo de uso de las bandas de 873-876 MHz y 918-921 MHz para una extensión nacional del GSM para ferrocarriles (E-GSM-R), los Estados miembros afectados tienen que poder someter la utilización de dispositivos de corto alcance a autorizaciones individuales no exclusivas o a requisitos específicos de instalación o explotación, a restricciones geográficas o a técnicas de mitigación específicas, sin menoscabo de las condiciones técnicas armonizadas de acceso al espectro para los dispositivos de corto alcance en dichas bandas. Tales restricciones, cuando se necesiten en un determinado Estado miembro, podrían conllevar, en particular, una coordinación que permitiera el reparto geográfico entre el E-GSM-R, por una parte, y los dispositivos de RFID y los de corto alcance interconectados, por otra.
(4)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (2); por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.
c) viii

[Este sitio web/Estos sitios web/Esta aplicación para dispositivos móviles/Estas aplicaciones para dispositivos móviles] aún no [es/son] [conforme/conformes] con [xxx ix]. A continuación, se [indica/indican] [las excepciones] [y/o] [el aspecto no conforme/los aspectos no conformes].
2.2.2.

La muestra comprenderá sitios web pertenecientes a los diferentes niveles de administración de cada Estado miembro. Tomando como referencia la Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) y las Unidades Administrativas Locales (LAU) establecidas en la NUTS, la muestra incluirá, si existen, los siguientes sitios web: a) sitios web estatales; b) sitios web regionales (NUTS1, NUTS2, NUTS3); c) sitios web locales (LAU1, LAU2); d) sitios web de los organismos de Derecho público no pertenecientes a las categorías a) a c).
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN

de 5 de octubre de 2018

relativa a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de una solicitud de modificación del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

[Vinos de Madrid (DOP)]

(2018/C 398/12)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (1), y en particular su artículo 97, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

(1) España ha remitido una solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación «Vinos de Madrid» de conformidad con el artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(2) La Comisión ha examinado la solicitud y concluido que se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 93 a 96, en el artículo 97, apartado 1, y en los artículos 100, 101 y 102 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(3) Con objeto de permitir la presentación de declaraciones de oposición, de conformidad con el artículo 98 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación «Vinos de Madrid».

DECIDE:

Artículo único El anexo de la presente Decisión recoge la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación «Vinos de Madrid» (DOP), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. En virtud del artículo 98 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, la publicación de la presente Decisión confiere el derecho a oponerse a la modificación del pliego de condiciones contemplado en el párrafo primero del presente artículo en el plazo de dos meses desde la fecha de dicha publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 5 de octubre de 2018. Por la Comisión Phil HOGAN Miembro de la Comisión

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(14)

Los mosquitos infectados artificialmente no son artículos en el sentido del artículo 3, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006. Por tanto, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 528/2012, no se consideran artículos a los efectos de este Reglamento. En consecuencia, los mosquitos infectados artificialmente no pueden considerarse artículos tratados en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra l), del Reglamento (UE) n.o 528/2012.