REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/116 DE LA COMISIÓN

de 27 de enero de 2022

por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de acesulfamo potásico originario de la República Popular China tras una reconsideración por expiración en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (1) («el Reglamento de base»), y en particular su artículo 11, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO

1.1. Investigaciones anteriores y medidas en vigor

(1) Mediante el Reglamento (UE) 2015/1963 (2), la Comisión Europea estableció derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de acesulfamo potásico («ACE-K») originario de la República Popular China («China» o «el país afectado») («las medidas originales»). La investigación que condujo al establecimiento de las medidas originales se denominará «la investigación original».

(2) Los tipos del derecho antidumping actualmente vigentes oscilan entre los 2,64 y los 4,58 EUR por kg neto para las importaciones de los productores exportadores que cooperaron, y se aplica un tipo de derecho de 4,58 EUR por kg neto a las importaciones del resto de las empresas.

1.2. Solicitud de reconsideración por expiración

(3) A raíz de la publicación de un anuncio de expiración inminente (3), la Comisión Europea («la Comisión») recibió una solicitud de reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

(4) La solicitud de reconsideración fue presentada el 31 de julio de 2020 por Celanese Sales Germany GmBJ («el solicitante»), el único fabricante de la Unión, que representa, por tanto, el 100 % de la producción total de ACE-K de la Unión. La solicitud de reconsideración se basaba en que la expiración de las medidas probablemente daría lugar a la continuación del dumping y a la reaparición del perjuicio para la industria de la Unión (4).

1.3. Inicio de una reconsideración por expiración

(5) Tras determinar, previa consulta al Comité establecido por el artículo 15, apartado 1, del Reglamento de base, que existían pruebas suficientes para iniciar una reconsideración por expiración, el 30 de octubre de 2020 la Comisión inició una reconsideración por expiración relativa a las importaciones de ACE-K originario de China de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base. La Comisión publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (5) («el anuncio de inicio»).

1.4. Período de investigación de la reconsideración y período considerado

(6) La investigación sobre la continuación del dumping abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020 («el período de investigación de la reconsideración» o «PIR»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación de la probabilidad de reaparición del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el final del período de investigación de la reconsideración («el período considerado») (6).

1.5. Partes interesadas

(7) En el anuncio de inicio se invitó a las partes interesadas a ponerse en contacto con la Comisión para participar en la investigación. Además, la Comisión informó específicamente al solicitante, a los productores conocidos de ACE-K del país afectado y a las autoridades de China, y a los importadores y usuarios conocidos sobre el inicio de la investigación y les invitó a participar.

(8) Asimismo, se brindó a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la reconsideración por expiración y de solicitar una audiencia con la Comisión o el Consejero Auditor en litigios comerciales.

(9) Se celebraron audiencias con un productor exportador, Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd. (en lo sucesivo, «Anhui Jinhe») y el solicitante.

1.6. Observaciones sobre el inicio

(10) La Comisión recibió observaciones sobre el inicio de Anhui Jinhe. El solicitante también presentó observaciones al respecto.

(11) Anhui Jinhe solicitó la divulgación y un resumen significativo de determinados datos contenidos en la solicitud. En particular, alegó que el solicitante debería haber comunicado en la versión no confidencial de la solicitud los datos sobre el volumen total y los precios medios de las importaciones procedentes de China en el período considerado al que se hace referencia en la solicitud. Anhui Jinhe alegó que estos datos no eran confidenciales, ya que habían sido comunicados por la Comisión en la investigación original. Además, Anhui Jinhe alegó que los datos respectivos no se basaban en ningún dato real sensible desde el punto de vista comercial, sino en las estimaciones del solicitante y que no podía invocarse ninguna referencia a los derechos de autor para retener dichos datos. Asimismo, Anhui Jinhe también pidió que el solicitante presentara un resumen significativo de los indicadores de perjuicio pertinentes a fin de ofrecer una información lo suficientemente detallada como para permitir una comprensión razonable de los datos presentados con carácter confidencial. Alegó también que en la solicitud estos datos eran confidenciales o se presentaban sobre la base de intervalos carentes de significado que no mostraban ninguna tendencia, mientras que la Comisión facilitó estos datos en forma indexada en la investigación original. Por tanto, Anhui Jinhe pidió al solicitante que comunicara, en forma indexada, los datos sobre el consumo de la Unión, la capacidad de producción, la utilización de la capacidad, las cuotas de mercado, la subcotización, el coste de producción, la rentabilidad, las ventas de exportación y el coste de las materias primas. Anhui Jinhe también pidió al solicitante que presentara un resumen significativo de su nivel actual de rentabilidad, e indicara si era superior al 5 % durante el período de referencia de la reconsideración, así como datos indexados a partir de 2011, ya que el solicitante mencionó este año como el año pertinente para la comparación.

(12) En su respuesta, el solicitante alegó que la mayor parte de la información era confidencial por naturaleza, ya que estaba basada en datos de una única empresa y alegó que los intervalos de los índices eran necesarios para evitar la reconstrucción de los datos confidenciales subyacentes. En particular, el solicitante alegó que facilitar las cifras exactas del volumen total de las importaciones procedentes de China, junto con la indexación de las cuotas de mercado, permitiría reconstruir las ventas del único productor de la Unión. En su escrito, el solicitante revisó sus datos no confidenciales y facilitó información adicional. A este respecto, el solicitante facilitó intervalos del volumen de las importaciones totales, información adicional sobre la tendencia del consumo, intervalos de indexación de la producción, cuotas de mercado, una indexación de la rentabilidad, otros indicadores de perjuicio (como las existencias, el empleo, el flujo de tesorería, las inversiones y el rendimiento de las inversiones netas), así como de la evolución de las ventas del productor de la Unión fuera de esta. En cuanto al resto de los datos solicitados por Anhui Jinhe, el solicitante alegó que la versión no confidencial de la solicitud incluía un resumen suficientemente significativo y que no sería posible facilitar información adicional sin revelar información confidencial.

(13) En respuesta a los datos revisados del solicitante, Anhui Jinhe sostuvo que la solicitud seguía sin incluir suficiente información, como el volumen de las importaciones procedentes de China o la demanda de la Unión y mundial de ACE-K. Anhui Jinhe alegó que el derecho de defensa debía tenerse en cuenta al analizar la trascendencia de la versión no confidencial de la solicitud y que no estaba en condiciones de comprender si las alegaciones del solicitante tenían alguna base fáctica.

(14) El solicitante se mostró en desacuerdo con las alegaciones anteriores y argumentó que la versión abierta de la solicitud ofrecía una base fáctica para sus alegaciones y que se habían ocultado los datos en aquellos casos en los que no era posible ofrecer intervalos de tendencias indexadas sin revelar información confidencial. En particular, el solicitante alegó que la versión no confidencial de la solicitud mostraba la evolución de las importaciones totales de ACE-K procedentes de China y permitía a Anhui Jinhe formular sus observaciones al respecto. En cuanto a los datos sobre la demanda, el solicitante alegó que el Reglamento por el que se imponen medidas provisionales sobre las importaciones de ACE-K originario de China (7) no indicaba el consumo total de la Unión en términos absolutos y, por tanto, el solicitante tampoco tenía que indicarlo.

(15) Cabe señalar que, dado que el solicitante es el único productor de ACE-K de la Unión, la información confidencial tuvo que presentarse en intervalos e índices para no revelar información comercial específica de la empresa. La Comisión consideró que los datos incluidos en la versión no confidencial de la solicitud, complementados por el solicitante en su escrito, eran lo suficientemente detallados como para permitir una comprensión razonable del contenido esencial de la información facilitada con carácter confidencial. El solicitante presentó un resumen significativo con intervalos suficientemente reducidos en comparación con las cifras reales, que permitían a las partes interesadas evaluar el volumen de las importaciones y sus tendencias. Así pues, los productores exportadores chinos podían ejercer su derecho de defensa.

(16) Anhui Jinhe alegó que la solicitud no demostraba el atractivo del mercado de la Unión, ya que mostraba que los precios medios de exportación de los exportadores chinos a la Unión y a otros mercados eran los mismos. Puede considerarse que esto demostraba que a los productores chinos les resultaba indiferente vender a la Unión o a terceros países. A este respecto, Anhui Jinhe citó las investigaciones sobre el bioetanol (8) y la urea (9), en las que la Comisión concluyó que el mercado de la Unión resultaba atractivo para los productores exportadores cuando los precios medios de exportación a la Unión eran superiores a los de terceros mercados.

(17) A este respecto, el solicitante alegó que la solicitud mostraba claramente que el mercado de la Unión resultaba atractivo para los productores exportadores chinos ya que, en ausencia de las medidas antidumping, podrían obtener volúmenes de ventas más elevados en el mercado de la Unión que en otros mercados. El solicitante también alegó que el mercado de la Unión resultaba atractivo para los productores chinos antes de que se establecieran los derechos antidumping.

(18) La Comisión consideró que la solicitud indicaba que, si se permitiera que las medidas antidumping expiraran, los productores exportadores chinos podrían aumentar sustancialmente los volúmenes de ventas al mercado de la Unión.

(19) Anhui Jinhe también argumentó que las alegaciones del solicitante sobre la subvalorización de los precios eran manifiestamente erróneas, ya que el coste de producción del solicitante utilizado en el cálculo de la subvalorización de la solicitud era demasiado elevado en comparación con la investigación original y no era fiable. Además, Anhui Jinhe alegó que el solicitante había aumentado considerablemente sus niveles de precios desde la investigación original y que las medidas antidumping le proporcionaron beneficios excesivos, muy superiores a los registrados en la investigación original. A este respecto, Anhui Jinhe citó las investigaciones sobre la diciandiamida (10) y la urea (11), en las que la Comisión permitió que las medidas expiraran en vista de la alta rentabilidad de la industria de la Unión. Anhui Jinhe también alegó que las capacidades de producción de la industria de la Unión se utilizaban plenamente y que no eran suficientes para satisfacer la creciente demanda de la Unión y se remitió al asunto del ferrosilicio en el que la Comisión suspendió las medidas (12). Además, Anhui Jinhe alegó que los productores chinos seguían teniendo una cuota de mercado del [28-34 %] en el mercado de la Unión a pesar de las medidas prohibitivas, ya que los usuarios siempre mantenían dos o más proveedores de ACE-K para garantizar la seguridad de la cadena de suministro, especialmente tras las recientes perturbaciones debidas a la COVID-19. Por último, Anhui Jinhe subrayó que la industria de la Unión competía con éxito con las importaciones chinas en terceros mercados en los que no existían medidas y vendía volúmenes significativos en estos mercados. Anhui Jinhe alegó que esto demostraba que el solicitante era capaz de competir con éxito con las importaciones chinas sin necesidad de medidas antidumping, lo que indicaba la escasa probabilidad de reaparición del perjuicio.

(20) El solicitante rebatió estas alegaciones. De hecho, el solicitante alegó que, en los cálculos de la subvaloración de su solicitud, utilizó el margen de beneficio establecido por la Comisión en la investigación original. Asimismo, el solicitante alegó que los derechos antidumping garantizaban que los precios de las importaciones procedentes de China se mantuvieran en un nivel no perjudicial. El solicitante alegó que en el caso de que expiraran las medidas antidumping, los productores exportadores chinos aumentarían su cuota de mercado en la Unión hasta el mismo nivel porcentual que en el resto del mundo. El solicitante también presentó hipótesis detalladas para demostrar cómo afectaría a su actividad la expiración de los derechos antidumping.

(21) El análisis de la Comisión confirmó que ninguno de los elementos mencionados por Anhui Jinhe, ya fueran correctos o no desde un punto de vista factual, bastaba para cuestionar la conclusión de que la solicitud contenía pruebas suficientes para demostrar que la expiración de las medidas probablemente daría lugar a la continuación del dumping y la reaparición del perjuicio. Estos aspectos se habían establecido sobre la base de las mejores pruebas de que disponía el solicitante en aquel momento, y eran lo suficientemente representativos y fiables. Además, las alegaciones presentadas por Anhui Jinhe y las refutaciones del solicitante se examinaron detalladamente en el curso de la investigación y se abordan más adelante.

(22) Sobre la base de lo anterior, la Comisión confirmó que la solicitud aportaba pruebas suficientes de que la expiración de las medidas probablemente daría lugar a la continuación del dumping y la reaparición del perjuicio, cumpliendo así los requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

(23) En sus observaciones tras la divulgación final, Anhui Jinhe alegó que la información contenida en la solicitud no era pertinente (por ejemplo, las pruebas de las distorsiones relativas al ácido sulfámico se referían a supuestas distorsiones de la urea y las pruebas de las distorsiones relativas a la potasa caustica se referían a la sal potásica) o no se basaba en fuentes públicamente disponibles (por ejemplo, la distorsión del ácido acético se basa en un informe adquirido por el solicitante que, a su vez, no es coherente con el informe de país sobre China).

(24) A este respecto, dado que el ácido sulfámico se produce a partir de la urea y la potasa caustica se produce a partir de la sal potásica, cualquier distorsión del mercado que haya afectado a las materias primas afecta también al producto final. Es más, en contra de lo que afirma Anhui, en la solicitud el solicitante se refiere al informe sobre China, además de a otra fuente confidencial. Como señaló el solicitante, en el informe de país existía una discrepancia entre el texto y las cifras relativas a la utilización de la capacidad de ácido acético en China. Sin embargo, no existe ninguna discrepancia entre el informe sobre China y la fuente confidencial, ya que la información actualizada sobre la capacidad facilitada por el solicitante, que fue verificada por la Comisión, era conforme con las cifras de utilización de la capacidad que figuran en el informe sobre China. Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones.

1.6.1. Muestreo

(25) Habida cuenta del número aparentemente elevado de productores establecidos en el país afectado y de importadores no vinculados establecidos en la Unión, la Comisión declaró en el anuncio de inicio que podría realizar un muestreo de los productores e importadores no vinculados de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.

1.6.2. Muestreo de productores en China

(26) Para decidir si el muestreo era necesario y, en tal caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a todos los productores de China que proporcionaran la información especificada en el anuncio de inicio. Además, la Comisión pidió a la Representación de la República Popular China ante la Unión Europea que señalara si había otros productores que pudieran estar interesados en participar en la investigación o se pusiera en contacto con ellos.

(27) Dos productores exportadores del país afectado facilitaron la información solicitada y aceptaron ser incluidos en la muestra. Teniendo en cuenta el reducido número de respuestas, la Comisión decidió que el muestreo no era necesario e informó a todas las partes interesadas mediante una nota en el expediente. La Comisión invitó a esas empresas a participar en la investigación y les envió un enlace al cuestionario.

1.6.3. Muestreo de importadores

(28) Para decidir si era necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, la Comisión invitó a los importadores no vinculados a que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio.

(29) Ningún importador no vinculado facilitó la información solicitada ni accedió a formar parte de la muestra.

1.7. Respuestas al cuestionario

(30) La Comisión remitió al Gobierno de la República Popular China («las autoridades chinas») un cuestionario sobre la existencia en su país de distorsiones significativas a efectos del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base.

(31) La Comisión envió enlaces al cuestionario a los dos productores exportadores que remitieron el formulario de muestreo. Los mismos cuestionarios también se habían publicado en línea (13) el día del inicio de la investigación.

(32) Se recibieron respuestas completas al cuestionario de un productor exportador y del único productor de la Unión.

1.8. Verificación

(33) La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar la probabilidad de la continuación o reaparición del dumping y del perjuicio, así como el interés de la Unión. Sin embargo, debido al brote de la pandemia de COVID-19 y a las consiguientes medidas adoptadas para hacerle frente («la comunicación sobre la COVID-19») (14), la Comisión no pudo llevar a cabo inspecciones in situ en las instalaciones de las empresas que cooperaron. En su lugar, la Comisión realizó verificaciones a distancia de la información facilitada por las siguientes empresas por videoconferencia:

a) Productor de la Unión

— Celanese Sales Germany GmbH, Celanese Production Germany GmbH & Co. KG Sulzbach, Alemania, y la principal empresa explotadora Celanese Europe BV, Ámsterdam, Países Bajos;

b) Productor exportador en la República Popular China

— Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd, Chuzhou, Anhui.

1.9. Procedimiento posterior

(34) El 27 de octubre de 2021, la Comisión comunicó los hechos y consideraciones esenciales sobre cuya base tenía la intención de mantener los derechos antidumping («la divulgación final»). Se concedió a todas las partes un plazo para que pudieran presentar observaciones sobre la divulgación y solicitar una audiencia con la Comisión o con el Consejero Auditor en litigios comerciales.

(35) Se recibieron observaciones de Anhui Jinhe y del solicitante.

(36) Se celebraron audiencias con Anhui Jinhe y el solicitante.

2. PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

2.1. Producto objeto de reconsideración

(37) El producto objeto de reconsideración es el mismo que en la investigación original, a saber, el acesulfamo potásico [sal potásica de 6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-ona 2,2-dióxido; CAS RN 55589-62-3] originario de China, clasificado actualmente en el código NC ex 2934 99 90 (código TARIC 2934999021) (en lo sucesivo, «el producto objeto de reconsideración»). El acesulfamo potásico también se denomina comúnmente «acesulfamo K» o «ACE-K».

(38) El ACE-K se utiliza como edulcorante sintético en una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, en alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.

2.2. Producto similar

(39) Según lo establecido en la investigación original, la presente investigación de reconsideración por expiración confirmó que los siguientes productos tienen las mismas características físicas y químicas básicas, así como los mismos usos básicos: — el producto objeto de reconsideración; — el producto producido y vendido en el mercado interior de China; así como — el producto fabricado y vendido en la Unión por la industria de la Unión.

(40) Se considera, por tanto, que son productos similares a tenor del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base.

3. PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN DEL DUMPING

3.1. Observaciones preliminares

(41) De conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión examinó si la expiración de las medidas en vigor podría conducir a una continuación o reaparición del dumping practicado por China.

(42) Durante el período de investigación de la reconsideración, las importaciones de ACE-K procedentes de China continuaron, aunque a niveles inferiores en comparación con el período de investigación de la investigación original (es decir, entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014). Según los datos comunicados a la Comisión por los Estados miembros de conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento de base («la base de datos del artículo 14, apartado 6»), las importaciones de ACE-K procedentes de China representaron el [31-37 %] del mercado de la Unión durante el período de investigación de la reconsideración, frente a una cuota de mercado del [65-80 %] durante la investigación original. En términos absolutos, las importaciones procedentes de China han disminuido un [47-56 %] desde el período de investigación de la investigación original.

(43) Como se menciona en el considerando 32, solo uno de los exportadores/productores de China respondió al cuestionario y, por tanto, se consideró que cooperaba en la investigación.

3.2. Procedimiento para la determinación del valor normal con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base

(44) A la vista de las pruebas suficientes disponibles al inicio de la investigación, que apuntan a la existencia de distorsiones significativas a tenor del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base con respecto a China, la Comisión consideró que procedía iniciar la investigación relativa a los productores exportadores de ese país teniendo en cuenta el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(45) Por consiguiente, a fin de recabar los datos necesarios para la eventual aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, la Comisión invitó en el anuncio de inicio a todos los productores exportadores chinos a que facilitaran información en relación con los insumos utilizados para producir ACE-K. Un productor exportador chino facilitó la información pertinente.

(46) A fin de obtener la información que consideraba necesaria para su investigación en relación con las supuestas distorsiones significativas, la Comisión envió un cuestionario a las autoridades chinas. Además, en el punto 5.3.2 del anuncio de inicio, la Comisión invitó a todas las partes interesadas a presentar sus puntos de vista, facilitar información y aportar pruebas justificativas relativas a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de publicación del anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las autoridades chinas no respondieron a la información solicitada. Posteriormente, la Comisión informó a las autoridades chinas de que utilizaría los datos disponibles a tenor del artículo 18 del Reglamento de base para determinar la existencia de distorsiones significativas en China.

(47) Se recibieron observaciones sobre la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base del productor exportador Anhui Jinhe.

(48) Según lo previsto en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de base, «[e]l valor normal se basará en principio en los precios pagados o por pagar, en el curso de operaciones comerciales normales, por clientes independientes en el país de exportación».

(49) Sin embargo, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, «[s]i […] se determina que no es adecuado utilizar los precios y costes internos del país exportador debido a la existencia en ese país de distorsiones significativas a tenor de la letra b), el valor normal se calculará exclusivamente a partir de costes de producción y venta que reflejen precios o valores de referencia no distorsionados» e «incluirá una cantidad no distorsionada y razonable en concepto de gastos administrativos, de venta y generales y en concepto de beneficios».

(50) Como se explica más adelante, en la presente investigación la Comisión ha llegado a la conclusión de que, sobre la base de las pruebas disponibles, y teniendo en cuenta la falta de cooperación de las autoridades chinas, es conveniente aplicar el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

3.2.1. Existencia de distorsiones significativas

3.2.1.1. Introducción

(51) Con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, «[p]uede considerarse que una distorsión es significativa cuando los precios o costes notificados, incluidos los costes de las materias primas y la energía, no son fruto de las fuerzas del mercado libre por verse afectados por una intervención sustancial de los poderes públicos. Al valorar la existencia de distorsiones significativas se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el posible impacto de uno o varios de los elementos siguientes: — mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o supervisión política o bajo su dirección; — presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir en los precios o los costes; — existencia de políticas públicas o medidas discriminatorias que favorecen a los proveedores internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre; — la falta de aplicación o la aplicación discriminatoria de las leyes en materia de concurso de acreedores, sociedades y propiedad, o su ejecución inadecuada; — costes salariales distorsionados; — acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de política pública o que de otro modo no actúan con independencia del Estado».

(52) Dado que esta lista del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base no es acumulativa, no es necesario tener en cuenta todos los elementos para determinar la existencia de distorsiones significativas. Además, pueden utilizarse las mismas circunstancias de hecho para demostrar la existencia de uno o varios de los elementos de la lista. No obstante, cualquier conclusión sobre las distorsiones significativas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra a), debe formularse sobre la base de todas las pruebas disponibles. La evaluación general sobre la existencia de distorsiones también puede tener en cuenta el contexto y la situación generales del país exportador, en particular cuando los elementos fundamentales de la estructura económica y administrativa de dicho país otorguen a los poderes públicos facultades considerables para intervenir en la economía, de tal manera que los precios y los costes no sean el resultado del libre desarrollo de las fuerzas del mercado.

(53) El artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base establece lo siguiente: «[e]n caso de que la Comisión disponga de indicios fundados de la posible existencia en un determinado país o sector de ese país de distorsiones significativas a tenor de la letra b), y cuando proceda a efectos de la aplicación efectiva del presente Reglamento, la Comisión elaborará, publicará y actualizará periódicamente un informe en el que se describan las circunstancias del mercado contempladas en la letra b) que se den en ese país o sector». Con arreglo a dicha disposición, la Comisión ha publicado un informe nacional relativo a China («el Informe») (15), en el que se pone de manifiesto la existencia de una intervención sustancial de los poderes públicos en muchos niveles de la economía, en particular distorsiones específicas de numerosos factores de producción clave (como la tierra, la electricidad, el capital, las materias primas o la mano de obra), así como en sectores específicos (como el acero o los productos químicos). Se invitó a las partes interesadas a refutar, comentar o completar las pruebas contenidas en el expediente de investigación en el momento del inicio. El Informe se incluyó en el expediente de investigación en la fase inicial.

(54) El solicitante facilitó información adicional para las conclusiones del Informe en relación con las materias primas utilizadas para producir ACE-K. El solicitante ha encargado un informe para determinar las características y las distorsiones relativas a una de las principales materias primas del ACE-K, el trióxido de azufre, en las dos provincias chinas en las que se produce, Jiangsu y Anhui. Las pruebas pertinentes incluyen el Chemical Industry Development Plan [«Plan de desarrollo de la industria química», documento en inglés] de fecha 24 de octubre de 2016, que indica los objetivos y metas de producción que afectan al nivel de suministro en el sector químico, en particular las de sulfonación del trióxido de azufre, el ACE-K y la provincia de Anhui por referencia a los Opinions of CPC Anhui Provincial Committee and Anhui Provincial People’s Government on Promoting High-quality Economic Development [«Dictámenes del Comité Provincial del PCC de Anhui y del Gobierno Provincial del Pueblo de Anhui sobre el fomento de un desarrollo económico de gran calidad», documento en inglés], publicados el 14 de marzo de 2018. Este documento estratégico establece varias iniciativas de política industrial para fomentar un desarrollo económico de gran calidad, en particular en la provincia de Anhui, como el uso de incentivos financieros y reducciones fiscales si las empresas industriales y logísticas actúan en consonancia con las industrias «fomentadas» del Central Structural Adjustment Catalogue [«Catálogo central de ajuste estructural», documento en inglés]. Además, el solicitante explicó que la State Council Decision on Promulgating the Implementation of the Interim Provisions on the Promotion of Industrial Restructuring [«Decisión del Consejo de Estado sobre la promulgación de la ejecución de las disposiciones provisionales sobre la promoción de la reestructuración industrial», documento en inglés], de 2 de diciembre de 2005, define los objetivos de la política económica e industrial y ordena a todas las autoridades provinciales que definan medidas específicas para orientar las inversiones. Esto incluye el apoyo a las políticas relativas a la tierra, el crédito, la fiscalidad, la importación y la exportación. También señaló otros instrumentos políticos de intervención estatal, como el Guidance Catalogue for the Structural Adjustment of Industry [«Catálogo de directrices para el ajuste estructural de la industria», documento en inglés], publicado en enero de 2013, que divide los segmentos industriales en «fomentados», «restringidos» y «eliminados». En este catálogo, la sulfonación de trióxido de azufre se incluye en la categoría de segmentos «fomentados».

(55) La solicitud también mencionaba un documento titulado Sulphur Trioxide’s Export Tax and VAT Refund Withdrawal [«Retirada del arancel de exportación y de la devolución del IVA del trióxido de azufre», documento en inglés], que señala un coste del IVA relacionado con la exportación del 13 %, lo que da lugar a una restricción a la exportación.

(56) En cuanto a la electricidad, el gas, el vapor y el agua, la solicitud explicaba el papel de los controles sobre la fijación de precios en las provincias de Jiangsu y Anhui, y llamaba la atención sobre las intervenciones estatales y provinciales en el sector del carbón. El documento titulado Opinions of the State Council on the Reduction of Overcapacity in the Coal Industry and its Development [«Dictámenes del Consejo de Estado sobre la reducción del exceso de capacidad en la industria del carbón y su desarrollo», documento en inglés], publicado el 1 de febrero de 2016, confirmó la existencia de problemas de exceso de capacidad, así como la importante intervención estatal en el mercado de este sector.

(57) Por último, la solicitud enumera subvenciones específicas para Nantong Acetic Acid, una empresa vinculada a un productor de ACE-K, Nantong Hongxin. Según un anuncio público de Nantong Acetic Acid y el informe anual de Nantong Acetic Acid de 2018, Nantong Acetic Acid se beneficia de un tipo impositivo preferencial del 15 % (en lugar del 25 %) en el marco del Preferential Income Tax Program for High- or New-Technology Enterprises [«Programa impositivo preferencial para las empresas de alta o nueva tecnología», documento en inglés].

(58) Además, la solicitud hacía referencia a una serie de distorsiones detectadas en el Informe relativas a otras materias primas utilizadas para producir ACE-K, como el diceteno, el ácido sulfámico, la trietilamina, la potasa caustica, el ácido acético, el diclorometano y el amoníaco. De hecho, la solicitud aportó pruebas sobre el exceso de capacidad en el sector químico que mostraban que el índice de utilización de la capacidad de ácido acético de China era de aproximadamente el 69 % en el cuarto trimestre de 2019 y que, según las previsiones de la solicitud, se situaría en torno al 63 % en el primer trimestre de 2020, hasta alcanzar aproximadamente el 67 % a finales de 2020. Además del exceso de capacidad de producción, la inversión en la producción de ácido acético en China está sujeta a los controles del Catálogo de orientaciones para la reestructuración industrial (revisado en 2013). La combinación de estos dos elementos distorsiona el mercado chino de ácido acético y, como consecuencia, también la producción en una fase posterior del diceteno.

(59) Además, la solicitud mencionaba la intervención estatal en los objetivos y metas políticas del Hebei province Petrochemical 13th FYP [«Decimotercer Plan Quinquenal de Petroquímica de la provincia de Hebei», documento en inglés]. El Plan destaca que el Estado chino controla la extracción de azufre y establece límites a la entrada en el mercado de la producción de ácido sulfúrico. Al imponer controles a la extracción de azufre y limitar la inversión en la producción de ácido sulfúrico, las autoridades chinas no solo distorsionan el mercado de estos dos productos, sino también el mercado de la producción de trióxido de azufre.

(60) La solicitud también hacía referencia a otros tipos de interferencia estatal en el mercado de la urea, como la existencia de estrictos contingentes a la importación para la urea e impuestos a la exportación. La urea es una materia prima de fases anteriores que se utiliza para la producción de ácido sulfámico junto con el trióxido de azufre y el ácido sulfúrico. Además, desde el 1 de julio de 2005, las autoridades chinas han eximido del IVA las ventas internas de urea. Por último, las autoridades chinas intervinieron en el mercado a través del Sistema Estatal de Fertilizantes, en funcionamiento desde 2004. Según el Informe, los productores de urea se benefician de tipos preferentes en la electricidad y el transporte de mercancías por ferrocarril.

(61) En referencia al Informe, la solicitud indicaba que la sal potásica figura en la lista de materias primas del Decimotercer plan quinquenal para los recursos minerales, que incluye una serie de disposiciones detalladas en relación con diferentes grupos de minerales. Bajo el epígrafe «Fósforo», el Informe de la Comisión constata que uno de los objetivos es estabilizar el suministro de importantes recursos minerales utilizados en la agricultura, como el fósforo, el azufre y el potasio, de conformidad con la estrategia de seguridad alimentaria. Además, «la potasa y otras sales de potasio naturales en bruto» también se mencionan en el Informe entre los productos sujetos a derechos de exportación. Otras intervenciones estatales mencionadas en la solicitud también se refieren al amoníaco, una materia prima adicional adquirida para el reciclado del ácido sulfúrico residual.

(62) El solicitante señaló además que, según el Informe, las propias autoridades chinas reconocían que todavía no se ha establecido un mecanismo de competencia eficaz para la venta de electricidad. Esto implica la existencia de distorsiones significativas en el mercado chino de suministro de electricidad para uso industrial. Por último, la solicitud mencionaba otros ámbitos en los que la intervención estatal afecta a los costes de un operador industrial de China, como el acceso a los derechos de uso de los terrenos (capítulo 9 del Informe), el acceso al capital y a la financiación (capítulo 11 del Informe), y el mercado laboral (capítulo 13 del Informe).

(63) Como se indica en el considerando 46, las autoridades chinas no presentaron observaciones ni pruebas que respaldaran o refutaran los datos contenidos en el expediente del caso, en particular el Informe y las pruebas adicionales aportadas por el solicitante, sobre la existencia de distorsiones significativas o sobre si procedía aplicar el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base en relación con este asunto.

(64) Se recibieron observaciones a este respecto del productor exportador que cooperó, Anhui Jinhe, que alegó que el argumento presentado para justificar la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base carecía de fundamento y no era aplicable a la empresa. Anhui Jinhe alegó que las conclusiones sobre las distorsiones en relación con el diceteno, el trióxido de azufre y el ácido sulfúrico señaladas en el informe encargado por el solicitante no resultaban pertinentes para Anhui Jinhe, ya que la empresa produce estos insumos de forma interna. Las materias primas de fases anteriores pertinentes son el ácido acético glacial, el ácido sulfámico y el hidróxido de potasio.

(65) En este sentido, Anhui Jinhe hizo referencia a la práctica reciente de la Comisión con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letras a) y c), del Reglamento de base, por ejemplo en el asunto sobre extrusiones de aluminio (16) , según la cual los productores exportadores han de presentar pruebas sobre los precios y costes no distorsionados a fin de «determinar de forma concluyente» que sus propios costes internos no se ven afectados por distorsiones significativas. La empresa alegó que los precios internos de las materias primas pertinentes estaban orientados al mercado y se negociaban sobre la base de las condiciones existentes en el mercado. En particular, la empresa presentó pruebas comparando sus propios precios con los precios turcos, según Comtrade, para demostrar que los precios de los insumos de ácido acético glacial, ácido sulfámico e hidróxido de potasio inferiores a los precios internacionales se deben principalmente a unos costes de transporte mucho más bajos en China, dado que la empresa depende exclusivamente del suministro interno.

(66) Por otra parte, la empresa argumentó que no actúa bajo el control de las autoridades del país exportador. Además, la empresa alegó que no existe interferencia estatal con respecto a los precios y costes de los insumos para la producción de ACE-K. Las refutaciones a estas alegaciones se analizan en los puntos 3.2.1.3 y 3.2.1.4.

(67) En sus observaciones, el productor exportador también señaló que el artículo 2, apartado 6 bis, es incompatible con el Acuerdo Antidumping de la OMC («el Acuerdo Antidumping»). Esto se debe a que, en primer lugar, el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping contempla tres escenarios que permiten el cálculo del valor normal: i) las ventas no se realizan en el curso de operaciones comerciales normales, ii) existe una situación particular del mercado o iii) debido al bajo volumen de ventas en el mercado nacional, estas ventas no son representativas. Anhui Jinhe afirmó que las distorsiones significativas no cumplen ninguno de los tres criterios. También afirmó que, aun cuando podría posiblemente considerarse que el concepto de «distorsiones significativas» entra dentro del segundo de los criterios mencionados, el Grupo Especial de la OMC en la diferencia DS529 «Australia - Medidas antidumping sobre el papel de formato A4 para copiadora» confirmó que el hecho de que el precio del mercado interior del producto afectado y sus insumos se vean afectados por distorsiones gubernamentales no es suficiente para considerar que la comparación adecuada entre las ventas en el mercado interior y las ventas de exportación se vea afectada «debido a la situación particular del mercado». Además, Anhui Jinhe comentó que la Comisión calcula el valor normal de manera sistemática, cuando debería verificar caso por caso si se cumplen las condiciones del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping.

(68) Anhui Jinhe también afirmó que el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping exige que el cálculo del valor normal refleje «un coste en el país de origen», como confirmaron las diferencias de la OMC DS529 «Australia - Medidas antidumping sobre el papel de formato A4 para copiadora» y DS473 «Unión Europea - Medidas antidumping sobre el biodiésel procedente de la Argentina». Además, Anhui Jinhe alegó que el valor normal debe calcularse de conformidad con los requisitos del artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, y añadió que las conclusiones en la diferencia de la OMC DS427 «China - Medidas en materia de derechos antidumping y compensatorios sobre los productos de pollo de engorde procedentes de los Estados Unidos» requieren que las autoridades investigadoras tengan en cuenta los costes registrados de los productores exportadores, a menos que no sean conformes con los principios contables generalmente aceptados o no reflejen razonablemente los costes asociados a la producción y venta del producto objeto de consideración. Según Anhui Jinhe, el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base es incompatible con el artículo 2.2.1.1. del Acuerdo Antidumping, ya que los costes del productor exportador se descartan sistemáticamente, independientemente de si los costes registrados cumplen las dos condiciones anteriores.

(69) La Comisión consideró que las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base son plenamente coherentes con las obligaciones de la Unión Europea ante la OMC. Como aclara explícitamente el Órgano de Apelación de la OMC en la diferencia DS473, el Derecho de la OMC permite la utilización de datos de un tercer país, debidamente ajustados cuando dicho ajuste sea necesario y esté justificado. La Comisión recordó que las diferencias DS529 «Australia - Medidas antidumping sobre el papel de formato A4 para copiadora» y DS427 «China - Productos de pollo de engorde (artículo 21.5 - Estados Unidos)» no tenían que ver con la interpretación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base ni con las condiciones para su aplicación. Además, las situaciones de hecho subyacentes en esas diferencias eran distintas de la situación y de los criterios subyacentes que dan lugar a la aplicación de la metodología con arreglo a esta disposición del Reglamento de base, que se refiere a la existencia de distorsiones significativas en el país exportador. De conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, solo cuando se determina la presencia de distorsiones significativas y que afectan a los costes y precios se calcula el valor normal por referencia a costes y precios no distorsionados obtenidos de un país representativo o por referencia a un valor de referencia internacional. En cualquier caso, el artículo 2, apartado 6 bis, párrafo segundo, tercer guión, del Reglamento de base ofrece la posibilidad de utilizar los costes internos en la medida en que se establezca que no están distorsionados. Por tanto, la Comisión desestimó estas alegaciones.

(70) Además, Anhui Jinhe afirmó que el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base es incompatible con el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping. También señaló que el Órgano de Apelación en la diferencia DS219 «Comunidades Europeas - Accesorios de tubería» confirmó que la autoridad investigadora está obligada a utilizar los gastos de venta, generales y administrativos y el beneficio de los productores exportadores, siempre que existan tales datos. Anhui Jinhe afirmó por tanto que el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base era incompatible con el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping.

(71) La Comisión señaló que, una vez se determina que, debido a la existencia de distorsiones significativas en el país exportador, con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, no es adecuado utilizar los precios y costes internos del país exportador; el valor normal se calcula a partir de precios o valores de referencia no distorsionados en un país representativo adecuado para cada productor exportador, con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base. Como se ha explicado, esta disposición del Reglamento de base también permite utilizar los costes internos, siempre y cuando se haya determinado de forma concluyente que no están distorsionados. En ese contexto, se ofreció a los productores exportadores la posibilidad de facilitar pruebas de que sus gastos de venta, generales y administrativos individuales u otros costes de los insumos realmente no estaban distorsionados. Sin embargo, tal como se indica en los puntos 3.2.1.2 a 3.2.1.9, la Comisión ha establecido la existencia de distorsiones en el sector del ACE-K y no había pruebas concluyentes de que los factores de producción de los distintos productores exportadores no estuvieran distorsionados. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(72) Por último, Anhui Jinhe afirmó que la Comisión estaba obligada, de conformidad con las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, a llevar a cabo un análisis específico de los costes y la empresa. Por tanto, debería haberse hecho un análisis específico de Anhui Jinhe sobre la base del cuestionario que presentó.

(73) La Comisión señaló que la existencia de distorsiones significativas que dan lugar a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base se determina a nivel nacional. En caso de que se determine la existencia de distorsiones significativas, las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base se aplican, a priori, a todos los productores exportadores de China y afectan a todos los costes relacionados con sus factores de producción. En cualquier caso, la misma disposición del Reglamento de base permite utilizar los costes internos para los que se haya determinado de forma concluyente que no están afectados por distorsiones significativas. Sin embargo, no se ha establecido que los costes internos no estén distorsionados sobre la base de pruebas adecuadas y precisas. En particular, los productores exportadores no presentaron elementos de prueba exactos y adecuados sobre precios y costes no distorsionados. En cualquier caso, los cálculos relativos a Anhui Jinhe reflejan los datos presentados por la propia empresa, en particular los factores de producción y las cantidades comunicadas por la empresa en su respuesta al cuestionario, pero tienen debidamente en cuenta la existencia y el impacto de distorsiones significativas en China, de conformidad con las disposiciones del Reglamento de base, en particular su artículo 2, apartado 6 bis. Por tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(74) En sus observaciones tras la divulgación final, Anhui Jinhe reiteró los argumentos expuestos en los considerandos 67 y 68 relativos a la compatibilidad del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base con las normas de la OMC. Alegaron que la Comisión Europea debe abstenerse de aplicar la metodología del artículo 2, apartado 6 bis, o explicar con exactitud cómo puede aplicarse esta metodología de forma que sea coherente con las obligaciones establecidas en los artículos 2.2, 2.2.1.1 y 2.2.2 del Acuerdo Antidumping. De hecho, Anhui Jinhe afirmó que la Comisión solo podía recalcular el valor normal si se cumplía una de las tres condiciones del artículo 2.2. Si la Comisión se basa en la segunda (o tercera) condición, debe examinar si se permite o no una «comparación adecuada» entre el precio interno y el precio de exportación.

(75) Además, en cuanto al argumento según el cual las normas de la OMC (como se aclara en la diferencia DS473) permiten el uso de datos de un tercer país, «debidamente ajustados cuando tal ajuste sea necesario y esté justificado», Anhui Jinhe afirmó que este criterio jurídico no se mencionaba en el informe del Grupo Especial o del Órgano de Apelación. Según la interpretación de Anhui Jinhe, la Comisión adoptó una lectura sesgada y limitada del informe, que menciona explícitamente que «cuando se base en cualquier información de fuera del país para determinar el ‘‘costo de producción en el país de origen’’ de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, una autoridad investigadora tiene que asegurarse de que esa información se utilice para llegar al ‘‘costo de producción en el país de origen’’, y esto puede exigir que la autoridad investigadora adapte esa información».

(76) Además, Anhui Jinhe alegó que una «distorsión significativa» no era en sí misma una de las condiciones para recurrir al cálculo del valor normal. Por último, en cuanto a la posibilidad de utilizar los costes internos, en la medida en que quedara establecido que no estaban distorsionados, según Anhui Jinhe, la Comisión habría podido utilizar la posibilidad que ofrece el artículo 2, apartado 6 bis, de utilizar los datos reales de la empresa.

(77) Por lo que respecta a los argumentos de Anhui Jinhe sobre la compatibilidad del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base con el Acuerdo Antidumping y las constataciones del Órgano de Solución de Diferencias, estos ya se abordaron en el considerando 69, en particular la explicación de que la diferencia DS473 no se refería a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base. En cuanto a la alegación de que el concepto de «distorsiones significativas» contenido en el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base no figura en ninguna norma del Acuerdo Antidumping de la OMC ni del GATT de 1994, la Comisión recordó que no es necesario que el Derecho nacional utilice los mismos términos que los acuerdos abarcados para cumplir con ellos, y que considera que el artículo 2, apartado 6 bis, cumple plenamente con las normas pertinentes del Acuerdo Antidumping (y, en particular, con las opciones para calcular el valor normal previstas en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping). Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones.

(78) Además, Anhui Jinhe afirmó que la Comisión no había explicado por qué no consideró que los elementos mencionados en los considerandos 65 y 66 constituyeran «pruebas concluyentes», en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, de que sus costes no estaban distorsionados. Anhui Jinhe reiteró esta alegación y añadió que sus precios no estaban distorsionados gracias a sus prácticas de adquisición (plataformas en línea) y a la ausencia de intervención gubernamental por parte de cualquier autoridad u organismo gubernamental controlado por el Gobierno de China.

(79) Como se indica en el considerando 65, las pruebas presentadas por Anhui Jinhe eran simplemente una comparación de sus propios precios de compra internos de una materia prima con los precios de importación turcos extraídos de la base de datos de Comtrade y con los precios tailandeses extraídos de la base de datos del GTA. La comparación mostró que los precios internos eran inferiores a los precios de importación turcos y tailandeses de las dos materias primas. Anhui Jinhe alegó que esto se debía al menor coste de su transporte interno. Anhui Jinhe también alegó que compró ácido acético glacial al solicitante.

(80) La Comisión señala que Anhui Jinhe no aportó ninguna prueba que respaldara su alegación relativa al coste del transporte. Además, esta comparación de precios no basta para demostrar que los precios internos de China no estén distorsionados. Es más, el hecho de que las compras en el mercado interior se realizaran en línea no significa que estos precios no estuvieran distorsionados. Además, la investigación reveló que, en contra de lo afirmado por Anhui Jinhe, esta no compró ácido acético glacial al solicitante para la producción de ACE-K. Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones.

(81) La Comisión examinó si procedía o no utilizar los precios y costes internos de China, debido a la existencia de distorsiones significativas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base. Para ello, tomó como base las pruebas disponibles en el expediente, en particular aquellas contenidas en el Informe, que se basan en fuentes públicamente disponibles. Este análisis incluyó el examen de las intervenciones sustanciales de los poderes públicos en la economía de China en general, así como de la situación específica del mercado en el sector pertinente al que pertenece el producto afectado. La Comisión completó además estos elementos probatorios con sus propias investigaciones sobre los diferentes criterios pertinentes para confirmar la existencia de distorsiones significativas en China.

3.2.1.2. Distorsiones significativas que afectan a los precios y los costes internos de China

(82) El sistema económico chino se basa en el concepto de una «economía socialista de mercado». Este concepto está consagrado en la Constitución china y determina la gobernanza económica del país. El principio fundamental de este sistema es «la propiedad pública socialista de los medios de producción, es decir, la propiedad por parte de todo el pueblo y la propiedad colectiva por parte de los trabajadores». La economía estatal es la «fuerza motriz de la economía nacional» y el Estado tiene el mandato de «velar por su consolidación y crecimiento» (17). Por consiguiente, la configuración general de la economía china no solo permite intervenciones sustanciales de los poderes públicos en la economía, sino que estas intervenciones están respaldadas por un mandato expreso. El concepto de supremacía de la propiedad pública sobre la privada impregna todo el sistema jurídico y se pone de relieve como principio general en todos los actos legislativos fundamentales. La legislación china relativa a la propiedad es un buen ejemplo: se refiere a la etapa primaria del socialismo y confía al Estado el mantenimiento del sistema económico básico en virtud del cual la propiedad pública desempeña un papel dominante. Se toleran otras modalidades de propiedad, y el Derecho permite que se desarrollen en paralelo a la propiedad estatal (18).

(83) Además, según lo dispuesto en el Derecho chino, la economía socialista de mercado se desarrolla bajo la dirección del Partido Comunista de China («PCC»). Las estructuras del Estado chino y del PCC están interrelacionadas a todos los niveles (jurídico, institucional y personal) y conforman una superestructura en la que es imposible distinguir entre las funciones del partido y las del Estado. Tras una modificación de la Constitución china en marzo de 2018, se otorgó mayor prominencia, si cabe, al papel principal del PCC al ser reafirmado en el texto del artículo 1 de la Constitución. Tras la primera frase, ya existente, de dicho artículo, a saber: «[e]l sistema socialista es el sistema básico de la República Popular China», se añadió una nueva segunda frase, que reza así: «[l]a característica que define el socialismo chino es el liderazgo del Partido Comunista de China» (19). Esto ilustra el incontestado y cada vez mayor control del PCC sobre el sistema económico de China. Este liderazgo y control es inherente al sistema chino y va mucho más allá de la situación habitual en otros países donde los Gobiernos ejercen un control macroeconómico general dentro de cuyos límites se desarrollan las fuerzas del mercado libre.

(84) El Estado chino aplica una política económica intervencionista para la consecución de objetivos, los cuales, en lugar de reflejar las condiciones económicas imperantes en un mercado libre, coinciden con las metas políticas establecidas por el PCC (20). Las herramientas económicas intervencionistas desplegadas por las autoridades chinas son múltiples, en particular el sistema de planificación industrial, el sistema financiero y el nivel del marco regulador.

(85) En primer lugar, en cuanto al nivel de control administrativo general, la dirección de la economía china se rige por un complejo sistema de planificación industrial que afecta a todas las actividades económicas del país. En su conjunto, estos planes abarcan una matriz exhaustiva y compleja de sectores y políticas transversales y están presentes en todos los niveles de gobierno. Los planes en el ámbito provincial son detallados, mientras que los planes nacionales fijan objetivos más amplios. Los planes también especifican los medios que deben utilizarse para apoyar a las industrias o los sectores pertinentes, así como los plazos en los que deben alcanzarse los objetivos. Algunos planes todavía contienen objetivos explícitos en materia de producción, aunque se trata de una característica habitual en ciclos de planificación anteriores. En el marco de los planes, se destacan algunos sectores industriales o proyectos como prioridades (positivas o negativas), en consonancia con las prioridades de los poderes públicos, y se les asignan objetivos específicos de desarrollo (modernización industrial, expansión internacional, etc.). Los operadores económicos, tanto privados como públicos, deben ajustar sus actividades empresariales de manera efectiva a las realidades impuestas por el sistema de planificación. Esto no solo se debe al carácter vinculante de los planes, sino también al hecho de que las autoridades chinas competentes a todos los niveles de la administración se adhieren al sistema de planes y ejercen sus facultades en consecuencia, induciendo así a los operadores económicos a ajustarse a las prioridades establecidas en los planes (véase también el punto 3.2.1.7) (21).

(86) En segundo lugar, en cuanto al nivel de asignación de recursos financieros, el sistema financiero chino está dominado por los bancos comerciales de propiedad estatal. A la hora de establecer y aplicar su política de préstamos, estos bancos deben ajustarse a los objetivos de la política industrial de los poderes públicos, en lugar de evaluar sobre todo los méritos económicos de un proyecto determinado (véase también el punto 3.2.1.8) (22). Esto mismo se aplica a los demás componentes del sistema financiero chino, como los mercados de valores, los mercados de obligaciones, los mercados de capital no cotizado, etc. Además, estas partes del sector financiero distintas del sector bancario están institucional y operativamente estructuradas de una forma no orientada a maximizar el funcionamiento eficiente de los mercados financieros, sino a garantizar el control y permitir la intervención del Estado y del PCC (23).

(87) En tercer lugar, por lo que al marco regulador se refiere, las intervenciones estatales en la economía adoptan distintas formas. Por ejemplo, las normas de contratación pública se utilizan habitualmente para alcanzar objetivos estratégicos distintos de la eficiencia económica, por lo que se socavan los principios de mercado en el sector. La legislación aplicable establece específicamente que la contratación pública se llevará a cabo con el fin de facilitar la consecución de los objetivos designados por las políticas estatales. Sin embargo, la naturaleza de estos objetivos sigue sin estar definida, lo que concede un amplio margen de apreciación a los órganos encargados de la toma de decisiones (24). Del mismo modo, en el ámbito de la inversión, las autoridades chinas mantienen un control y una influencia significativos en relación con el destino y la magnitud de la inversión estatal y privada. Las autoridades utilizan el control de las inversiones, así como diversos incentivos, restricciones y prohibiciones en materia de inversión como instrumento de peso para apoyar los objetivos de la política industrial, por ejemplo, para mantener el control estatal sobre sectores clave o para reforzar la industria nacional (25).

(88) En definitiva, el modelo económico chino se basa en determinados axiomas básicos que establecen y fomentan múltiples intervenciones de los poderes públicos. Estas intervenciones significativas de los poderes públicos chocan con la libre actuación de las fuerzas del mercado, lo que distorsiona la asignación efectiva de recursos en consonancia con los principios del mercado (26).

3.2.1.3. Distorsiones significativas de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), primer guion, del Reglamento de base: mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o supervisión política o bajo su dirección.

(89) En China, las empresas que son propiedad del Estado o que operan bajo su control, su supervisión política o su dirección representan una parte fundamental de la economía.

(90) Las autoridades chinas y el PCC tienen estructuras que les garantizan una influencia continua en las empresas, en particular las empresas públicas. El Estado (y en muchos aspectos también el PCC) no solo formula las políticas económicas generales y supervisa activamente su aplicación por parte de las distintas empresas públicas, sino que también reivindica su derecho a participar en la toma de decisiones operativas de dichas empresas. Normalmente esto se hace a través de la rotación de directivos entre las autoridades gubernamentales y las empresas públicas, a través de la presencia de miembros del partido en los órganos ejecutivos de las empresas públicas y de células del partido en las empresas (véase también el punto 3.2.1.4), así como a través de la configuración de la estructura corporativa del sector de las empresas públicas (27). A cambio, las empresas públicas gozan de un estatuto particular dentro de la economía china que conlleva una serie de beneficios económicos, en particular el blindaje ante la competencia y el acceso preferencial a los insumos pertinentes, incluida la financiación (28). Los elementos que indican la existencia de un control estatal sobre las empresas del sector del ACE-K se explican más detalladamente en el punto 3.2.1.4.

(91) Concretamente, en el sector del ACE-K, si bien el nivel de propiedad estatal es relativamente bajo, sigue existiendo un importante grado de supervisión política por parte de las autoridades chinas. De hecho, en el mundo solo hay unas pocas empresas distintas del solicitante con capacidad de producción a gran escala. Entre ellas, la empresa exportadora, Anhui Jinhe, posee actualmente la mayor capacidad de producción del mundo.

(92) Con el alto nivel de control gubernamental y de intervención en el sector del ACE-K, se impide que incluso los productores de propiedad privada operen en condiciones de mercado. De hecho, incluso las empresas privadas del sector del ACE-K están sujetas de forma indirecta a supervisión y orientación políticas, como se expone en el punto 3.2.1.5.

3.2.1.4. Distorsiones significativas de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), segundo guion, del Reglamento de base: presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir en los precios o los costes.

(93) Además de ejercer el control sobre la economía a través de las empresas públicas, de las que son propietarias, y por otros medios, las autoridades chinas pueden interferir en los precios y en los costes gracias a la presencia del Estado en las empresas. Si bien se puede considerar que el derecho de las autoridades estatales pertinentes a designar y destituir a los altos directivos de las empresas públicas, conforme a lo dispuesto en la legislación china, refleja los correspondientes derechos de propiedad (29), las células del PCC en las empresas, tanto públicas como privadas, representan otro canal importante a través del cual el Estado puede interferir en las decisiones empresariales. Con arreglo al Derecho de sociedades chino, en todas las empresas debe establecerse una organización del PCC (con al menos tres miembros del partido, según se especifica en la Constitución del PCC (30)) y la empresa debe facilitar las condiciones necesarias para las actividades de dicha organización. Parece que en el pasado este requisito no siempre se ha respetado ni se ha hecho cumplir estrictamente. Sin embargo, al menos desde 2016, el PCC ha reforzado sus exigencias de control de las decisiones empresariales de las empresas públicas como una cuestión de principio político. También se ha informado de que el PCC presiona a las empresas privadas para que den prioridad al «patriotismo» y sigan la disciplina de partido (31). En 2017, se informó de que existían células del Partido en el 70 % de los aproximadamente 1,86 millones de empresas de propiedad privada, y de que había una presión creciente para que las organizaciones del PCC tuvieran la última palabra sobre las decisiones empresariales dentro de sus respectivas empresas (32). Estas normas se aplican de manera general a toda la economía china, en todos los sectores, en particular los fabricantes de ACE-K y los proveedores de sus insumos.

(94) Además, el 15 de septiembre de 2020, se publicó un documento titulado General Office of CCP Central Committee’s Guidelines on stepping up the United Front work in the private sector for the new era [«Directrices de la Oficina General del Comité Central del PCC sobre la intensificación del trabajo del Frente Unido en el sector privado para una nueva era», documento en inglés] («las Directrices») (33), que ampliaba aún más el papel de los comités del partido en las empresas privadas. La sección II.4 de las Directrices establece que: «[d]ebemos aumentar la capacidad general del Partido para dirigir el trabajo del Frente Unido en el sector privado e intensificar de forma eficaz el trabajo en este ámbito»; y la sección III.6 establece que: «[d]ebemos seguir intensificando la construcción del Partido en las empresas privadas y capacitar a las células del Partido para que actúen de forma eficaz como una fortaleza y a los miembros del Partido para que desempeñen su papel de vanguardia y de pioneros». De este modo, las Directrices hacen hincapié en el papel del PCC en las empresas y otras entidades del sector privado y tratan de aumentarlo (34).

(95) Los ejemplos siguientes ilustran la citada tendencia a una creciente intervención de las autoridades chinas en el sector del ACE-K.

(96) Según la información recopilada sobre Anhui Jinhe (35), el presidente del Consejo de Supervisión es también el secretario del Comité del Partido de Anhui Jinhe, cuyos objetivos consisten en centrarse en los objetivos empresariales y de producción de la empresa y «establecer y mejorar el mecanismo de debate y el proceso de decisión del Comité del Partido, en lo que respecta al desarrollo y la planificación, los principales planes de reforma, los principales cambios en el sistema de gestión [...]». La presencia e intervención del Estado en los mercados financieros (véase también el punto 3.2.1.8), así como en el suministro de materias primas e insumos, tienen además un efecto distorsionador adicional en el mercado (36). Así pues, la presencia del Estado en las empresas, incluidas las empresas públicas, del sector del ACE-K y otros sectores (como el financiero y el de los insumos) permite a las autoridades chinas interferir en los precios y los costes.

3.2.1.5. Distorsiones significativas de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), tercer guion, del Reglamento de base: existencia de políticas públicas o medidas discriminatorias que favorecen a los proveedores internos o que influyen de otro modo en las fuerzas del mercado libre

(97) La dirección de la economía china está determinada en gran medida por un complejo sistema de planificación que establece las prioridades y fija los objetivos en los que deben centrarse la administración central y los entes locales. Existen planes correspondientes a todos los niveles de la administración pública que abarcan prácticamente todos los sectores económicos. Los objetivos fijados a través de los instrumentos de planificación tienen carácter vinculante y las autoridades de cada nivel administrativo supervisan la ejecución de los planes por parte de los poderes públicos del nivel inferior correspondiente. Por lo general, el sistema de planificación de China hace que los recursos se destinen a los sectores que los poderes públicos consideran estratégicos o políticamente importantes, en lugar de asignarse en consonancia con las fuerzas del mercado (37).

(98) Las autoridades chinas consideran esencial la industria del ACE-K. En particular, en los últimos diez años, al tiempo que la demanda mundial de ACE-K equilibraba la oferta, la capacidad de producción de Anhui Jinhe se ha ido ampliando gradualmente. Además, debido a la restricción de la producción de otros edulcorantes como la sacarina y el ciclamato, se ha producido una expansión del mercado de ACE-K gracias al apoyo de las autoridades, y está previsto que siga expandiéndose (38). Esto se confirma en una serie de planes, directivas y otros documentos relativos al ACE-K y sus principales materias primas, que se publican a escala nacional, regional y municipal, como: — Decimotercer Plan Quinquenal para la Industria Petroquímica y Química (39). El Plan considera que los productos de química fina son una industria clave que debe apoyarse a través de una plataforma de innovación nacional e industrial. En concreto, en su sección III-2, el Plan fomenta la transformación y modernización de las industrias tradicionales mediante el control, entre otras cosas, de la nueva capacidad añadida de urea, y ejecuta proyectos avanzados de transformación y modernización tecnológica que cumplen con los requisitos políticos que estarán sujetos a un requisito de renovación de capacidad equivalente o reducida. — Decimotercer Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Industria Petroquímica de Hebei. El Plan, de conformidad con la política industrial nacional y con los requisitos de la lista de restricciones y eliminaciones industriales de Hebei, aplica estrictamente las condiciones de entrada en el sector y controla cualquier nuevo proyecto de capacidad de producción relacionado con el ácido sulfúrico, entre otros. — Acuerdo firmado por Anhui Jinhe con el distrito de Dingyuan (40) (provincia de Anhui) con vistas a desarrollar el Acuerdo marco del proyecto de parque industrial de economía circular de Jinhe Industrial, de 24 de noviembre de 2017. El Acuerdo, destinado a desarrollar materias primas de fases anteriores para los productos químicos existentes, ampliar la cadena industrial y apoyar su integración vertical, establece que la empresa invertiría 2 250 millones CNY en el Dingyuan Salt Chemical Industrial Park para construir un parque industrial de economía circular y prevé una producción anual de 310 000 toneladas de diceteno (que se produce internamente por la empresa para la producción de ACE-K); una producción anual de 30 000 toneladas de sorbato potásico, conservante alimentario de alta eficiencia; y el uso de azufre como materia prima para el desarrollo de una serie de productos químicos.

(99) Las autoridades chinas también orientan el desarrollo del sector de conformidad con una amplia gama de instrumentos e instrucciones de índole política. Como se explica en el considerando anterior, el apoyo del Gobierno a la integración vertical de la cadena industrial en el sector de ACE-K ayudó a Anhui Jinhe a convertirse en un líder mundial indiscutible del sector. Además, la empresa recibió importantes subvenciones gubernamentales, que ascendieron a 41 685 378 CNY en 2020 y a 40 900 000 CNY en 2019, como se indica en la cuenta financiera de la empresa (que representan el 1,2 % del volumen de negocios total) (41). No puede descartarse que los demás productores, que no cooperaron en la presente investigación y que aun así representan una parte importante del mercado, también se hayan beneficiado de ayudas financieras similares. A través de estos y otros medios, las autoridades chinas dirigen y controlan prácticamente todos los aspectos del desarrollo y el funcionamiento del sector.

(100) En resumen, las autoridades chinas han adoptado medidas para inducir a los operadores a cumplir los objetivos de la política pública centrados en respaldar a las industrias fomentadas, en particular la fabricación de urea, diceteno y trióxido de azufre, entre otros, como principales materias primas utilizadas para la producción del producto objeto de reconsideración. Tales medidas impiden que las fuerzas del mercado actúen libremente.

3.2.1.6. Distorsiones significativas de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), cuarto guion, del Reglamento de base: la falta de aplicación o la aplicación discriminatoria de las leyes relativas a la quiebra, las sociedades y la propiedad, o su ejecución inadecuada.

(101) Según la información disponible en el expediente, el sistema de concurso de acreedores chino resulta inadecuado para alcanzar sus propios objetivos principales, tales como la resolución equitativa de los créditos y las deudas y la salvaguardia de los derechos e intereses legítimos de los acreedores y los deudores. Esto parece deberse al hecho de que, si bien el Derecho concursal chino se basa formalmente en principios similares a los aplicados en la legislación correspondiente de otros países, el sistema chino se caracteriza por una aplicación deficiente sistemática. El número de quiebras sigue siendo notoriamente bajo en relación con el tamaño de la economía del país, sobre todo porque el procedimiento en caso de insolvencia adolece de una serie de deficiencias, que funcionan en la práctica como elemento disuasorio para la presentación de declaraciones de quiebra. Por otra parte, el Estado desempeña un papel importante y activo en los procedimientos de insolvencia y a menudo influye directamente en el resultado de los procedimientos (42).

(102) Además, las deficiencias del sistema de derechos de propiedad de China son especialmente evidentes en relación con los derechos de propiedad de la tierra y el uso de los terrenos (43). Todo terreno es propiedad del Estado chino (tanto los terrenos rurales, de propiedad colectiva, como los urbanos, de propiedad estatal). Su asignación sigue dependiendo exclusivamente del Estado. Existen disposiciones legales destinadas a asignar los derechos de uso de los terrenos de manera transparente y a precios de mercado, por ejemplo, mediante la introducción de procedimientos de licitación. Sin embargo, estas disposiciones no suelen cumplirse, ya que determinados compradores obtienen sus terrenos de forma gratuita o por debajo de los precios de mercado (44). Además, al asignar los terrenos, las autoridades persiguen a menudo objetivos políticos específicos, como la ejecución de los planes económicos (45).

(103) Al igual que otros muchos sectores de la economía china, los fabricantes de ACE-K están sujetos a las normas generales del Derecho concursal y de la legislación relativa a las sociedades y la propiedad. Esto hace que estas empresas estén asimismo sujetas a distorsiones descendentes derivadas de la aplicación discriminatoria o inadecuada del Derecho concursal y la legislación en materia de propiedad. La presente investigación no reveló nada que pudiera cuestionar dichas conclusiones. Así pues, la Comisión llegó a la conclusión de que la legislación en materia de propiedad y el Derecho concursal chinos no funcionan de manera adecuada, lo que genera distorsiones a la hora de mantener a flote las empresas insolventes y asignar los derechos de uso del suelo en China. Estas consideraciones, basadas en las pruebas disponibles, también parecen aplicarse por completo al sector del ACE-K.

(104) Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluyó que el Derecho concursal y de la propiedad se estaban aplicando de manera discriminatoria o se estaban ejecutando de manera inadecuada en el sector del ACE-K, en particular con respecto al producto afectado.

3.2.1.7. Distorsiones significativas de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), quinto guion, del Reglamento de base: costes salariales distorsionados.

(105) En China no es posible establecer plenamente un sistema de salarios basados en el mercado, ya que los trabajadores y los empleadores se encuentran con obstáculos a la hora de ejercer sus derechos de organización colectiva. China no ha ratificado una serie de convenios esenciales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular los relativos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva (46). Con arreglo a la legislación nacional, solo existe una organización sindical activa. Sin embargo, esta organización no es independiente de las autoridades estatales y su participación en la negociación colectiva y en la protección de los derechos de los trabajadores sigue siendo rudimentaria (47). Además, la movilidad de los trabajadores chinos está restringida por el sistema de registro de los hogares, que limita el acceso a toda la gama de prestaciones de la seguridad social y a otros beneficios a los residentes locales de una determinada zona administrativa. Esto suele dar lugar a que los trabajadores que no están registrados como habitantes locales se encuentran en una situación de empleo vulnerable y reciben unos ingresos inferiores a los percibidos por los titulares del registro de residencia (48). Estas constataciones reflejan la existencia de una distorsión de los costes salariales en China.

(106) No se presentó ninguna prueba de que el sector del ACE-K no estuviera sujeto al sistema de Derecho laboral chino descrito. Así pues, el sector del ACE-K se ve afectado por las distorsiones de los costes salariales tanto de forma directa (en la fabricación del producto afectado o de la principal materia prima para su producción) como de forma indirecta (en el acceso al capital o a los insumos de empresas sujetas al mismo sistema laboral en China).

3.2.1.8. Distorsiones significativas de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), sexto guion, del Reglamento de base: acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de política pública o que de otro modo no actúan con independencia del Estado.

(107) Para el sector empresarial chino, el acceso al capital está sujeto a diversas distorsiones.

(108) En primer lugar, el sistema financiero chino se caracteriza por la fuerte posición de los bancos públicos (49) que, a la hora de conceder acceso a la financiación, tienen en cuenta otros criterios además de la viabilidad económica de un proyecto. Al igual que en el caso de las empresas públicas no financieras, los bancos están vinculados al Estado no solo mediante la propiedad, sino también a través de relaciones personales (los altos ejecutivos de las grandes instituciones financieras públicas son designados, en última instancia, por el PCC) (50) y, al igual que las empresas públicas no financieras, los bancos suelen aplicar políticas públicas diseñadas por los poderes públicos. De este modo, los bancos cumplen una obligación legal explícita de llevar a cabo su actividad empresarial en función de las necesidades de desarrollo económico y social nacional y al amparo de las orientaciones de las políticas industriales del Estado (51). Esto se acompaña de otras normas en vigor que orientan las finanzas a sectores que las autoridades deseen fomentar o consideren importantes (52).

(109) Si bien se reconoce que varias disposiciones legales se refieren a la necesidad de respetar el comportamiento normal de la banca y las normas prudenciales, como la necesidad de examinar la solvencia del prestatario, hay una abrumadora cantidad de pruebas, en particular las constataciones realizadas en las investigaciones de defensa comercial, que sugieren que estas disposiciones solo desempeñan un papel secundario en la aplicación de los diversos instrumentos jurídicos.

(110) Por ejemplo, las autoridades chinas han aclarado recientemente que incluso las decisiones de la banca comercial privada deben ser supervisadas por el PCC y mantenerse en consonancia con las políticas nacionales. Uno de los tres objetivos generales del Estado en relación con la gobernanza bancaria es ahora reforzar el liderazgo del Partido en el sector bancario y de seguros, en particular en relación con las cuestiones operativas y de gestión de las empresas (53). Asimismo, los criterios de evaluación de los resultados de los bancos comerciales tienen que tener en cuenta ahora, especialmente, la forma en que las entidades «sirven a los objetivos de desarrollo nacional y a la economía real» y, en particular, la forma en que «sirven a las industrias estratégicas y emergentes» (54).

(111) Además, las calificaciones crediticias suelen estar distorsionadas por diversas razones, especialmente por el hecho de que la evaluación del riesgo se ve influida por la importancia estratégica que revista la empresa para las autoridades chinas y la solidez de cualquier garantía implícita que ofrezca el Gobierno. Las estimaciones sugieren claramente que las calificaciones de la solvencia chinas corresponden sistemáticamente a calificaciones internacionales más bajas (55).

(112) Esto se acompaña de otras normas en vigor que orientan las finanzas a sectores que las autoridades deseen fomentar o consideren importantes (56). Esto produce un sesgo en favor de la concesión de préstamos a empresas públicas, a grandes empresas privadas bien relacionadas y a empresas de sectores industriales clave, lo que implica que la disponibilidad y el coste del capital no es igual para todos los agentes del mercado.

(113) En segundo lugar, los costes de los préstamos se han mantenido artificialmente bajos para estimular el crecimiento de la inversión. Ello ha dado lugar a un uso excesivo de la inversión de capital con rentabilidades cada vez más bajas. Este punto queda ilustrado por el crecimiento del apalancamiento de las empresas en el sector estatal pese a la fuerte caída de la rentabilidad, lo que indica que los mecanismos del sistema bancario no siguen las respuestas comerciales normales.

(114) En tercer lugar, aunque en octubre de 2015 se introdujo la liberalización del tipo de interés nominal, las señales que transmiten los precios no son aún las de una libre actuación de las fuerzas del mercado, sino que ponen de manifiesto que los precios se encuentran bajo la influencia de las distorsiones inducidas por las autoridades chinas. La proporción de préstamos al tipo de referencia o por debajo de este seguía representando al menos un tercio de todos los préstamos a finales de 2018 (57). Los medios de comunicación oficiales de China han informado recientemente de que el PCC pidió que «se orientase el tipo de interés del mercado de préstamos a la baja» (58). Los tipos de interés artificialmente bajos dan lugar a una infravaloración y, por consiguiente, a una utilización excesiva de capital.

(115) El incremento general del crédito en China pone de manifiesto un empeoramiento de la eficiencia en la asignación de capital, sin que haya signos de las restricciones del crédito que cabría esperar en un entorno de mercado sin distorsiones. Como consecuencia de ello, los préstamos dudosos han aumentado rápidamente en los últimos años. Ante una situación de aumento de la deuda en riesgo, las autoridades chinas han optado por evitar los impagos. Por consiguiente, los problemas relativos a los créditos de dudoso cobro se han tratado refinanciando la deuda, creando así empresas «zombis», o transfiriendo la titularidad de la deuda (por ejemplo, mediante fusiones o conversiones de deuda en capital), sin eliminar necesariamente el problema general de la deuda ni abordar sus causas profundas.

(116) En síntesis, a pesar de las medidas que se han adoptado para liberalizar el mercado, el sistema de créditos a las empresas existente en China se ve afectado por distorsiones significativas que se derivan del papel dominante que sigue desempeñando el Estado en los mercados de capitales.

(117) No se presentó ninguna prueba de que el sector del ACE-K estuviera exento de la intervención gubernamental en el sistema financiero anteriormente descrita. La Comisión también ha determinado que el productor exportador que cooperó se benefició de préstamos preferenciales a largo plazo, entre otros, de 2006 a 2021, pagados por el Lai’an District Finance Bureau. Por lo tanto, la intervención sustancial de los poderes públicos en el sistema financiero afecta gravemente a las condiciones del mercado a todos los niveles.

3.2.1.9. Naturaleza sistémica de las distorsiones descritas

(118) La Comisión señaló que las distorsiones descritas en el Informe son características de la economía china. Las pruebas disponibles demuestran que los hechos y las características del sistema chino descritos en los puntos 3.2.1.2 a 3.2.1.5, así como en la parte A del Informe, se aplican a todo el país y a todos los sectores de la economía. Lo mismo sucede con la descripción de los factores de producción realizada en los puntos 3.2.1.6 a 3.2.1.8 y en la parte B del Informe.

(119) La Comisión recuerda que para producir ACE-K se necesita una amplia gama de insumos. Según las pruebas que figuran en el expediente, el productor exportador obtenía la gran mayoría de sus insumos en China. Cuando los productores de ACE-K compran o contratan las materias primas de fases anteriores para producir los insumos, los precios que pagan (y que se registran como sus costes) están claramente expuestos a las mismas distorsiones sistémicas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, los proveedores de insumos emplean mano de obra que está sujeta a las distorsiones. Los posibles préstamos que reciban estarán sujetos a las distorsiones del sector financiero o de la asignación de capital. Además, se regirán por el mismo sistema de planificación que se aplica a todos los niveles de gobierno y a todos los sectores.

(120) Como consecuencia de ello, no solo no es apropiado utilizar los precios de venta internos del ACE-K en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, sino que todos los costes de los insumos (en particular las materias primas, la energía, la tierra, la financiación, la mano de obra, etc.) también se ven distorsionados porque la formación de sus precios está afectada por la intervención sustancial de los poderes públicos, tal como se describe en las partes A y B del Informe. De hecho, las intervenciones de los poderes públicos descritas en relación con la asignación del capital, la tierra, la mano de obra, la energía y las materias primas están presentes en toda China. Esto significa, por ejemplo, que un insumo producido en China combinando una serie de factores de producción está expuesto a distorsiones significativas. Esto también se aplica al insumo del insumo, y así sucesivamente. En la presente investigación, ni las autoridades chinas ni los productores exportadores han presentado pruebas ni argumentos en sentido contrario.

3.2.1.10. Conclusión

(121) El análisis expuesto en los puntos 3.2.1.2 a 3.2.1.9, que incluye un examen de todas las pruebas disponibles de la intervención de China en su economía en general, así como en el sector del ACE-K (incluido el producto afectado), mostró que los precios o costes del producto afectado, en particular los costes de las materias primas, la energía y la mano de obra, no son fruto de las fuerzas del mercado libre porque sufren la influencia de una intervención sustancial de los poderes públicos en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, como muestra el impacto real o posible de uno o varios de los elementos pertinentes enumerados en dicha disposición. Sobre esta base, y ante la falta de cooperación de las autoridades chinas, la Comisión llegó a la conclusión de que en este caso no era adecuado utilizar los precios y los costes internos para determinar el valor normal.

(122) Por consiguiente, la Comisión procedió a calcular el valor normal basándose exclusivamente en costes de producción y venta que reflejaran precios o valores de referencia no distorsionados, es decir, en este caso concreto, basándose en los costes correspondientes de producción y venta de un país representativo apropiado, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, tal como se explica en el punto siguiente.

3.3. País representativo

3.3.1. Información general

(123) La elección del país representativo, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, se basó en los criterios siguientes: — un nivel de desarrollo económico similar al de China. Para ello, la Comisión utilizó países con una renta nacional bruta per cápita similar a la de China con arreglo a la base de datos del Banco Mundial (59); — la fabricación del producto afectado en dicho país (60); — la disponibilidad de los datos públicos pertinentes en el país representativo.

(124) En caso de que haya más de un tercer país representativo posible, debe darse preferencia, en su caso, al país con un nivel adecuado de protección social y medioambiental.

(125) Como se explica en los considerandos 127 y 128, la Comisión emitió dos notas para el expediente sobre las fuentes para la determinación del valor normal. Dichas notas describen los hechos y las pruebas utilizadas para sustentar los criterios pertinentes y abordan las observaciones remitidas por las partes acerca de estos elementos y sobre las fuentes pertinentes. En la segunda nota, la Comisión informó a las partes interesadas de su intención de considerar a Malasia como país representativo adecuado en el presente caso si se confirmaba la existencia de distorsiones significativas con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(126) En el punto 5.3.2 del anuncio de inicio, la Comisión determinó que Turquía podía ser un posible país representativo adecuado de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base a fin de determinar el valor normal a partir de precios o valores de referencia no distorsionados. La Comisión también señaló que examinaría otros posibles países representativos adecuados de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), primer guion, del Reglamento de base.

(127) El 15 de marzo de 2021, la Comisión informó a las partes interesadas mediante una nota (en lo sucesivo, «la primera nota») de las fuentes pertinentes que tenía previsto utilizar para determinar el valor normal. En dicha nota, la Comisión facilitó una lista de todos los factores de producción, como las materias primas, la mano de obra y la energía utilizados en la producción de ACE-K. Además, la Comisión señaló a Argentina, Malasia y Tailandia como posibles países representativos. La Comisión solo recibió observaciones al respecto de la primera nota del solicitante. Estas observaciones se analizaron en detalle en los considerandos 129 a 147.

(128) El 11 de junio de 2021, la Comisión informó a las partes interesadas mediante una segunda nota (en lo sucesivo, «la segunda nota») sobre las fuentes pertinentes que tenía previsto utilizar para determinar el valor normal, con Malasia como país representativo. Asimismo, informó a las partes interesadas de que establecería los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios basándose en la información disponible de la empresa pertinente, Ajinomoto (Malaysia) Berhad. La Comisión solo recibió observaciones al respecto de la segunda nota del solicitante. Estas observaciones se analizan con detalle en los considerandos 178 a 192.

3.3.2. Un nivel de desarrollo económico similar al de China

(129) En la primera nota sobre los factores de producción, la Comisión explicó que el producto afectado, al parecer, no se producía en ninguno de los países con un nivel de desarrollo económico similar al de China, de acuerdo con los criterios recogidos en el considerando 123. Solo se producía en China y en la UE.

(130) A consecuencia de ello, la Comisión analizó si existía producción de un producto de la misma categoría general o sector del producto afectado. Por consiguiente, la Comisión indicó que consideraría la producción de edulcorantes, aromatizantes y aditivos alimentarios, que son productos de la misma categoría general que el ACE-K, a fin de determinar un país representativo adecuado para la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(131) En la primera nota sobre factores de producción, la Comisión indicó Argentina, Malasia, y Tailandia como posibles países representativos con un nivel de desarrollo económico similar al de China según el Banco Mundial, es decir, todos ellos clasificados por el Banco Mundial como países de «ingreso mediano alto» sobre la base de la renta nacional bruta.

(132) El solicitante comentó que dentro de la categoría de ingreso mediano alto se incluía una amplia gama de niveles de desarrollo. Por tanto, era necesario dar preferencia a los países «representativos» candidatos que se asemejaban a China en términos de RNB per cápita. Indicaron que, de los tres países propuestos por la Comisión, Argentina y Malasia tenían niveles similares de RNB, pero que, en Tailandia, este indicador era significativamente inferior y debía excluirse.

(133) Al calcular el valor normal de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, la Comisión puede utilizar un país representativo con un nivel de desarrollo económico similar al del país exportador. El Reglamento de base no prevé como requisito elegir el país con el nivel de desarrollo económico más similar al del país exportador.

(134) Por lo tanto, el hecho de que un país tenga una RNB per cápita más cercana a la de China que otro país no es un factor a tener en cuenta al seleccionar el país representativo adecuado. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

3.3.3. Disponibilidad de los datos públicos pertinentes en el país representativo

(135) En la primera nota, la Comisión encontró una empresa de Argentina, una empresa de Malasia y cuatro empresas de Tailandia cuya información financiera sobre los productos de la misma categoría general que el producto objeto de reconsideración estaba fácilmente disponible en la base de datos de Dun & Bradstreet (61).

(136) En la segunda nota, la Comisión señaló que, en el caso de los países escogidos, es decir, Argentina, Malasia y Tailandia, investigó más a fondo la disponibilidad de datos financieros públicos.

(137) Por lo que se refiere a Argentina, la Comisión encontró información financiera fácilmente disponible de un productor, Laboratorios Argentinos Farmesa, correspondiente a productos de la misma categoría general que el ACE-K, en la base de datos de Dun & Bradstreet, pero no encontró estados financieros publicados.

(138) El solicitante comentó que la relación entre el beneficio y las ventas del 5,3 % de este productor argentino no era razonable para el negocio del ACE-K.

(139) Por lo que se refiere a Malasia, la Comisión encontró estados financieros publicados y de fácil acceso de la empresa malaya, Ajinomoto (Malaysia) Berhad (en lo sucesivo, «Ajinomoto Malaysia»), mencionada en la primera nota, correspondientes a los ejercicios fiscales que finalizaron el 31 de marzo de 2017, 2018, 2019 y 2020 (62), así como datos financieros fácilmente disponibles de dicha empresa en la base de datos de Dun & Bradstreet.

(140) El solicitante presentó los mismos estados financieros que la Comisión había encontrado. También alegó que estos informes anuales mostraban unas cifras de rentabilidad diferentes para el sector industrial (que supuestamente era más apropiado para el negocio del ACE-K) y el sector del consumo, y facilitaban un desglose de los ingresos, los costes y los gastos, lo que permitió extraer los gastos de venta, generales y administrativos y las cifras de beneficios apropiados. El solicitante alegó además que la cifra del coste de ventas de los estados financieros publicados era más fiable que las cifras de costes equivalentes extraídas de la base de datos de Dun & Bradstreet. Además, el solicitante indicó que, dado que la rentabilidad se mantuvo estable en los ejercicios fiscales de 2017 y 2020, esto permitía confiar en que la rentabilidad del ejercicio fiscal de 2020 era representativa.

(141) Por lo que se refiere a Tailandia, la Comisión encontró datos financieros fácilmente disponibles de cuatro empresas rentables de productos de la misma categoría general, es decir, aromatizantes y aditivos alimentarios, que el ACE-K, en el base de datos de Dun & Bradstreet.

(142) El solicitante alegó que, aunque la Comisión había encontrado estos datos de cuatro empresas de Tailandia, dos de las empresas tailandesas, Shimakyu Co. Ltd. y Patchara Products Ltd., no eran adecuadas debido a su baja relación entre beneficios y ventas, del 6,1 % y el 2,7 %, respectivamente.

(143) La Comisión consideró que la información financiera disponible sobre Ajinomoto Malaysia sería efectivamente la fuente más adecuada para determinar los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios a fin de calcular el valor normal. Los estados financieros auditados de Ajinomoto Malaysia que se solapan con el período de investigación durante nueve meses estaban fácilmente disponibles. Además, Ajinomoto Malaysia es una gran empresa y tiene una producción significativa de productos de la misma categoría general que el ACE-K.

(144) A fin de establecer un país representativo adecuado, la Comisión también evaluó la existencia de distorsiones del mercado debidas a restricciones a la exportación o a la importación de ACE-K, así como de las materias primas, es decir, las que representan las partidas más importantes de los costes de fabricación utilizadas para producir ACE-K.

(145) Basándose en la base de datos de la OCDE (63) y la base de datos de Global Trade Alert (64) y, en particular, de la lista de restricciones a la exportación o a la importación de materias primas industriales, en la primera nota se indicaron varias restricciones a los principales factores de producción. En el caso de Argentina, la Comisión detectó derechos de importación sobre el ácido acético (291521) originario de los Estados Unidos y requisitos par