ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(33)

En este sentido, la Comisión ha tomado nota de la imposibilidad, alegada por las autoridades francesas en su carta de 23 de abril de 2009, de identificar (entre los contribuyentes que abonan la exacción parafiscal con la que se financia el régimen de ayudas) las empresas extranjeras que han prestado servicios de radiodifusión en Francia a partir de emisoras o empresas situadas en otros Estados miembros en el período cubierto por el régimen de ayudas considerado. La Comisión puede admitir la existencia de dificultades administrativas que impiden esa identificación debido a la antigüedad de los hechos. Sin embargo, sobre la base de las explicaciones facilitadas por las autoridades francesas, el paso del tiempo, en este caso, no parece constituir en sí mismo un obstáculo insuperable para la identificación de los sujetos pasivos de la exacción. Las autoridades francesas han indicado, no obstante, que no siempre les resultaba posible determinar, a partir de los datos en su poder, si los sujetos pasivos eran empresas que emitían desde territorio francés o desde otro Estado miembro. En tal caso, tienen que notificar individualmente al sujeto pasivo de la exacción, en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Decisión, su derecho a ser reembolsado si ha emitido para Francia desde otro Estado miembro. La Administración debe emplear todos los medios a su alcance para identificar a los sujetos pasivos de la exacción. Ahora bien, como no es seguro que las autoridades francesas puedan identificar por sí mismas a todos los sujetos pasivos de esta exacción, deberán asimismo publicitar adecuadamente las medidas de reembolso, de manera que los operadores interesados puedan manifestarse.
(2)

La Comisión ha contado con la asistencia de Eurocontrol prevista en el artículo 18 ter de la Directiva 2003/87/CE. Los datos exhaustivos sobre el tráfico aéreo que figuran en las bases de datos de Eurocontrol, procedentes de la oficina central para las tarifas de ruta y de la unidad central de gestión del tráfico, se consideran los mejores datos disponibles a efectos del cálculo de las emisiones históricas. Dichos datos proporcionan, entre otras cosas, la distancia real de recorrido de cada vuelo. Las emisiones han sido calculadas para cada vuelo por medio de la metodología ANCAT 3 (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport – atenuación de las molestias ocasionadas por el ruido de los aviones del transporte aéreo) y la metodología CASE (Calculation of Emissions by Selective Equivalence – cálculo de emisiones mediante la equivalencia selectiva). Este método aplicado al cálculo de las emisiones históricas ha sido completado además con la información sobre el consumo real de combustible facilitada de forma voluntaria por un número representativo de operadores de aeronaves, lo que ha contribuido a mejorar la exactitud del planteamiento de modelización. Se procedió a cálculos complementarios para tener en cuenta el consumo de carburante asociado al uso de unidades de potencia auxiliar (APU). El método utilizado consistió en determinar en primer lugar el consumo medio de carburante de las APU en distintos tipos de aeronave. A continuación, se extrapoló cada factor de emisión del consumo de carburante de las APU al efecto de calcular las emisiones totales de las APU mediante la aplicación de un proceso que tuvo en cuenta el porcentaje real de combustión del carburante correspondiente a los vuelos sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE por cada tipo de aeronave y el uso de energía generada en tierra en los aeropuertos. Las emisiones correspondientes al consumo total de carburante de las APU resultante se incluyeron en las emisiones históricas del sector de la aviación correspondientes a cada uno de los años 2004, 2005 y 2006.
(121)

Por otra parte, parece que el criterio decisivo para determinar el importe anual de la subvención presupuestaria, acumulado al importe previsto de asignación de recursos de la contribución al sector audiovisual público, será el importe de los costes netos de las obligaciones de servicio público a cargo de France Télévisions y no el de los ingresos procedentes de nuevos impuestos. Sin embargo, los costes previstos del servicio público son y serán objeto de estimaciones previas en el contrato de objetivos y de medios en aplicación del artículo 53 de la Ley no 86-1067 modificada, de 30 de septiembre de 1986, sobre la libertad de comunicación, la subvención anual prevista por la Ley de Finanzas se calibrará sobre la base de los costes netos previstos y la adecuación entre las previsiones y los resultados deberá constatarse y, en caso necesario, se ajustará posteriormente el marco del informe previsto para la aplicación del artículo 2 del Decreto no 2007-958, de 15 de mayo de 2007, relativo a las relaciones financieras entre el Estado y las organizaciones del sector público de comunicación audiovisual. Dado que los costes se incurren independientemente de los recursos recaudados en concepto de impuestos, el producto de los impuestos no puede influir directamente en el importe de la ayuda. También parece que los tipos impositivos establecidos inicialmente por el Gobierno francés se han reducido en la legislación final votada por el Parlamento, sin que ello se traduzca en un descenso paralelo y proporcional de la subvención destinada a France Télévisions.
(5)

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4), y con el artículo 90, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), con anterioridad al compromiso del gasto con cargo al presupuesto de la Unión, la institución o las autoridades designadas por esta habrán de tomar una decisión de financiación en la que se determinen los elementos esenciales de la acción que implique el gasto.
(7)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Protocolo (no 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada o sujeta a su aplicación.
C.

Excepto disposición contraria en un anexo o apéndice del presente Memorándum, las Partes compartirán los derechos sobre la propiedad intelectual que hayan elaborado conjuntamente en aplicación del presente Memorándum, sus anexos o apéndices. 1) Cada una de las Partes gozará del derecho irrevocable y no exclusivo a reproducir, elaborar obras derivadas, distribuir públicamente y traducir dicha propiedad intelectual en cualquier país, a condición de que tal reproducción, elaboración, distribución y traducción no afecten a los derechos de propiedad intelectual de la otra Parte. Cada una de las Partes y sus autoridades de ejecución tendrán el derecho a revisar una traducción antes de su distribución pública. 2) En todos los ejemplares de artículos distribuidos públicamente, publicaciones científicas y técnicas, informes científicos no privativos y libros derivados directamente de la cooperación en virtud del presente Memorándum, sus anexos o apéndices, se indicarán los nombres de los autores, a menos que un autor renuncie expresamente a ser nombrado.
(5)

Según las autoridades británicas, el dispositivo anticaídas no evitaba el riesgo previsible de caída hacia atrás y por lo tanto no evitaba todos los riesgos tal como imponen las exigencias esenciales 1 (2). El dispositivo anticaídas deslizante no reunía los requisitos de las exigencias esenciales 1.1.1 (3), que requieren que se pueda disfrutar del más alto nivel de protección mientras se realiza una actividad de riesgo. Según las autoridades británicas, el dispositivo protector no cumplía con las exigencias esenciales 3.1.2.2 (4) tal como demostraron los ensayos a que fue sometido: en condiciones normales de uso no se minimizaba el riesgo de caída vertical ni se evitaban las colisiones con obstáculos y, además, la fuerza de frenado era tal que no se evitaban tampoco eventuales lesiones corporales. Las autoridades británicas también señalaron que tenían intención de plantear oficialmente una objeción con arreglo al artículo 6 de la Directiva contra la norma EN 353-1 «Equipos de protección individual contra caídas de altura» — Parte 1: «Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida», que remite a la norma EN 364 «Equipos de protección individual contra caídas de altura — Métodos de ensayo».
(4)

Los datos personales objeto de intercambio se enumeran en la sección IV, apartado 4, letras a) a f), de la citada Decisión. Las transferencias se efectúan durante todo el período de tiempo que el Ministerio de Finanzas de Japón utilice la información a los fines de otorgar a los operadores económicos europeos ventajas en los términos de lo establecido en la Decisión no 1/2010 CMCA. La Comisión transferirá periódicamente, al Ministerio de Finanzas de Japón, datos actualizados y modificados sobre los operadores económicos europeos. En relación con el intercambio de información, la sección IV, apartado 6, de la Decisión no 1/2010 CMCA, restringe el uso de cualquiera de esos datos a los fines de la aplicación del reconocimiento mutuo de los regímenes de operador económico autorizado entre la Unión Europea y Japón, en los términos de esa misma Decisión. El Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Japón sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera garantiza, además, que esa información, en particular los datos personales, sea utilizada por el Ministerio de Finanzas de Japón solo a efectos del reconocimiento de operador económico autorizado en Japón. Los datos sobre los operadores económicos autorizados no pueden ser transferidos, a su vez, por la autoridad destinataria a otras autoridades u otros servicios, ya sea de dentro o de fuera de Japón, pues ello equivaldría a un cambio de finalidad no previsto en la Decisión no 1/2010 CMCA.
(2)

El Reglamento (CE) no 447/2004 de la Comisión (5) establece normas dirigidas a facilitar la transición de la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) no 1268/1999 a las ayudas previstas por los Reglamentos (CE) no 1257/1999 (6) y (CE) no 1260/1999 (7) del Consejo para la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, en relación con los AFP mencionados en el anexo I, punto 1, del Reglamento (CE) no 1419/2004 y en el artículo 12 de la sección A del anexo del AFP.
(145)

En efecto, en los convenios a disposición de la Comisión no hay ninguna explicación sobre el modo en que se calculó el importe de la ayuda. Por otra parte, la obligación del CELF de facilitar las cuentas sobre el uso de la subvención no va acompañada de una definición precisa de los parámetros de cálculo y de control del coste de la actividad de servicio público que permita verificar que no existe sobrecompensación. Además, si bien los convenios preveían que, en caso de que una parte de la subvención no se utilizara, se trasladaría de un año a otro, no contiendan detalle alguno sobre el funcionamiento de este mecanismo, que, por lo demás, parece que no se ha aplicado. Por último, en términos más generales, tal como se indica en el análisis del criterio de proporcionalidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, del TFUE, las autoridades francesas no han aportado datos que demuestren la proporcionalidad de las ayudas concedidas habida cuenta de los diferentes puntos de la sentencia del Tribunal.
(6)

De acuerdo con los hechos expuestos en la notificación RAPEX de Alemania, el producto POR-ÇÖZ no va provisto del cierre de seguridad adecuado para niños. Por tanto, no es conforme al artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CE) no 648/2004, leído en relación con el artículo 9, punto 1.3, y el anexo IV, parte A, de la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), sobre la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos, ni entra en el ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 648/2004, que solo se aplica a los productos que cumplen los requisitos de dicho Reglamento.
2)

Los nombres de los expertos siguientes se insertan en el anexo I, tal como figura a continuación, y se suprimen del anexo II: Comité Científico de Seguridad de los Consumidores Apellidos Nombre Instituto u organización de afiliación NIELSEN Elsa Technical University of Denmark, Søborg, Denmark VAN BENTHEM Jan National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands Comité Científico de los Riesgos Sanitarios y Medioambientales Apellidos Nombre Instituto u organización de afiliación ALTENBURGER Rolf Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany KRÄTKE Renate Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados Apellidos Nombre Instituto u organización de afiliación HENSTEN Arne University of Tromsö, Tromsö, Norway
(8)

La industria de la Unión indicó que no estaba de acuerdo en que se aceptara la oferta de compromiso, en particular con la fijación de un precio mínimo de importación. Alegó que los precios de la zeolita A en forma de polvo dependen del coste de las materias primas, en especial la sosa cáustica, y la energía y que se espera un aumento de los precios de mercado. A este respecto, hay que señalar que la información disponible sobre la evolución del coste de producción (que incluye las materias primas y los costes de energía) confirma que este ha evolucionado linealmente. La información recopilada durante toda la investigación indica que los precios de las materias primas principales no experimentaron cambios drásticos, con excepción de los de la sosa cáustica a mediados de 2009. Sin embargo esta tendencia se invirtió a finales de 2009 y los precios volvieron a la media existente durante mucho tiempo. Además, la energía no es una materia prima y no puede relacionarse con un precio mínimo de importación. La industria de la Unión cuestionó si podía considerarse que el productor exportador bosnio y su empresa vinculada de la Unión eran fiables en vista de su situación financiera. Sin embargo, no se facilitó información concreta y verificable que corroborara esta afirmación. Se cuestionó también la fiabilidad de las partes mencionadas porque habían declarado la importación del producto afectado en varios códigos CN. En relación con esta alegación hay que señalar que el producto afectado se clasifica actualmente en el código CN ex 2842 10 00 y que las empresas que ofrecen el compromiso no realizan la declaración en aduana. Se adujo también que el productor exportador bosnio puede vender otros productos en la Unión, aumentando así el peligro de compensación cruzada, y que la empresa vinculada de la Unión puede ofrecer una compensación a sus clientes de la Unión cuando vende el producto con arreglo al precio mínimo de importación. A este respecto, debe indicarse que la Comisión no ha establecido ningún peligro sistémico de compensación cruzada, en particular porque el mercado y los clientes de la zeolita A en forma de polvo están bien definidos. De hecho, los clientes que compran zeolita A en forma de polvo no adquieren otros productos fabricados por Alumina d.o.o. Zvornik, ya que operan en mercados completamente distintos de los de los clientes de los demás productos. Téngase en cuenta también que se vigilará estrechamente a todas las partes sujetas a esta oferta de compromiso. La industria de la Unión alegó asimismo que la oferta de compromiso no se presentó en el plazo previsto en el Reglamento de base. Con respecto a esta alegación, ha de decirse que la oferta se presentó de hecho en el plazo previsto en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de base. La industria de la Unión hizo algunos otros comentarios sobre el método de cálculo del precio mínimo de importación y la supervisión de dicho compromiso que, sin embargo, no se consideraron pertinentes o justificados, ya que la Comisión aseguró que el precio mínimo de importación propuesto era conforme con sus prácticas administrativas en materia de ofertas de compromiso.
(8)

De conformidad con el artículo 33, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1290/2005, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación tras el cierre de un programa de desarrollo rural. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al derecho nacional del Estado miembro interesado. En caso de que dicha decisión haya sido tomada en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputa al presupuesto de la Comunidad el 100 % de las consecuencias financieras de la no recuperación. En el estadillo indicado en el artículo 33, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1290/2005 figuran los importes que los Estados miembros decidieron no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros considerados y, por lo tanto, deben correr a cargo del presupuesto comunitario. Esta decisión se adopta sin perjuicio de las posibles decisiones de conformidad que se adopten en el futuro con arreglo al artículo 33, apartado 5, de dicho Reglamento.
(10)

De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1290/2005, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al derecho nacional del Estado miembro interesado. En caso de que dicha decisión haya sido tomada en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputa al presupuesto de la Comunidad el 100 % de las consecuencias financieras de la no recuperación. En el estadillo mencionado en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1290/2005, se recogen los importes que los Estados miembros han decidido no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros en cuestión y, por tanto, están a cargo del presupuesto de la Comunidad. Esta decisión se adopta sin perjuicio de las posibles decisiones de conformidad que se adopten en el futuro con arreglo al artículo 32, apartado 8, de dicho Reglamento.
(36)

Por lo que se refiere a la solvencia de la empresa, la Comisión duda de que la calificación BB propuesta refleje la verdadera situación financiera de Nitrogénművek cuando se concedieron las medidas. En primer lugar, la Comisión observa que Hungría no ha presentado una valoración crediticia realizada por una agencia de calificación o una entidad financiera independientes. La calificación BB propuesta se atribuye al MFB, el cual, a efectos de las medidas que nos ocupan, actuó como instrumento del Estado (de conformidad, ciertamente, con la decisión expresa del Gobierno) y no como entidad financiera independiente que realizara una valoración comercial realista. De por sí, esto basta para poner en duda el valor de la «calificación». En segundo lugar, Hungría no ha facilitado información alguna sobre el método y la información subyacente utilizados por el MFB para determinar la situación financiera de la empresa. En tercer lugar, teniendo en cuenta que, cuando se concedieron las medidas, Nitrogénművek no tenía actividad productiva y, aparentemente, necesitaba financiación con urgencia a falta de la cual no hubiera podido reanudar la producción (véanse los considerandos 34 y 35), no se puede creer que su situación financiera pudiera considerarse «satisfactoria». En este estado de cosas e independientemente de los resultados de la empresa en el pasado, la Comisión opina que en el presente asunto la calificación BB propuesta no puede aplicarse al evaluar si las medidas constituyen ayuda estatal en el sentido de la Comunicación sobre los tipos de referencia.
(6)

Durante la evaluación de esta sustancia activa surgieron varias preocupaciones. En particular, no fue posible realizar una evaluación fiable de los riesgos para los consumidores ni llegar a una conclusión sobre la definición de los residuos de propisocloro y sus metabolitos debido a la falta de datos sobre la relevancia toxicológica de varios metabolitos [M2 (7), M7 (8), M12 (9), M14 (10), M17 (11), M20 (12), M22 (13) y M35 (14)]. Además, no es posible excluir los efectos adversos para las aguas subterráneas de varios metabolitos [M1 (15), M2, M5 (16), M7 y M9 (17)] de relevancia toxicológica y ecotoxicológica desconocidas cuyos niveles superan la concentración máxima permitida de 0,1 μg/l establecida por la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (18), en varias hipótesis de simulaciones de lixiviación en las aguas subterráneas. Por último, los datos disponibles no eran suficientes para llegar a una conclusión sobre la exposición del suelo, los sedimentos y las aguas subterráneas al principal metabolito del suelo M9 ni para finalizar la evaluación de riesgos para los organismos acuáticos.
(9)

En particular, se plantearon las siguientes cuestiones: No se demostró que las especificaciones del material técnico fabricado comercialmente fueran equivalentes a las de los materiales de ensayo utilizados en estudios toxicológicos y ecotoxicológicos. Los datos disponibles resultaron insuficientes para llegar a una conclusión sobre la relevancia toxicológica de dos impurezas presentes en el material técnico, denominadas impurezas 3 y 4, por razones de confidencialidad. Se observaron efectos perjudiciales para la salud humana. En particular, la exposición de los trabajadores superaba el 100 % del nivel de exposición admisible para el operario (NEAO). No pudo finalizarse la evaluación del riesgo para los consumidores debido a la falta de determinación de las cantidades de residuos en los cultivos siguientes. Era insuficiente la información sobre los riesgos que representan los productos no identificados de degradación por fotólisis acuosa para los organismos acuáticos y para los macroorganismos del suelo no destinatarios.
(9)

En particular, a partir de la información disponible y calculada sobre la base de los usos propuestos por el solicitante, la exposición estimada de los trabajadores sigue superando el NAEO, aunque se utilice equipo de protección personal. El paquete de datos sobre medio ambiente era insuficiente y no permitía llevar a cabo una evaluación del riesgo para el medio ambiente en escenarios y condiciones de uso realistas. Los usos descritos para invernaderos, en relación con los cuales la exposición sería aceptable, no reflejan la práctica normal en invernaderos y, por tanto, no pueden considerarse representativos.
(190)

En su carta de 31 de octubre de 2008, Francia admite que el importe de la compensación (ahorro fiscal) en concepto de servicio de interés económico general no respeta los requisitos impuestos por el Marco comunitario. No obstante, considera que dichos requisitos no se adaptan a las peculiaridades de las operaciones en cuestión. Según Francia, el mecanismo de deductibilidad fiscal es más adaptado y más flexible que una subvención sobre la base de una evaluación precisa de los costes adicionales derivados de la gestión del servicio.