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(9)

Debido al envejecimiento de la población y a la disminución de la mano de obra, se prevé que el gasto en pensiones, sanidad y, especialmente, asistencia social (cuidados de larga duración) aumente en las próximas décadas. Según el Informe de Sostenibilidad Presupuestaria de 2018, el aumento previsto de los costes relacionados con el envejecimiento exigiría un saneamiento presupuestario equivalente al 2 % del PIB para estabilizar la ratio deuda/PIB a largo plazo. Los preparativos para la reforma de la administración regional, la sanidad y los servicios sociales, diseñada para hacer frente a estos retos, garantizar la igualdad de acceso y reducir los tiempos de espera, se interrumpieron debido a la dimisión del Gobierno el 8 de marzo de 2019. La proporción de necesidades médicas no satisfechas autodeclaradas en Finlandia es superior a la media de la Unión. En particular, los ciudadanos que no forman parte de la población activa están experimentando dificultades para obtener la asistencia médica necesaria, debido a las largas listas de espera.
(9)

En 2020, en vista de la ratio deuda pública/PIB de España, que supera el valor de referencia del Tratado del 60 % del PIB, y de la previsión de una brecha de producción positiva del 2,0 % del PIB, el gasto público primario neto nominal no debería aumentar en 2020, en consonancia con el ajuste estructural del 1,0 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, existen indicios de subestimación de la capacidad ociosa en la economía, con una inflación que se prevé que permanezca por debajo del 2 % en 2019 y 2020 y margen de mejora en el mercado laboral (elevada tasa de desempleo y un muy alto porcentaje de trabajo a tiempo parcial involuntario, empleo temporal y trabajadores pobres). Además, el instrumento de verosimilitud indica también que existe un alto grado de incertidumbre en torno a las estimaciones de la brecha de producción realizadas con arreglo a la metodología común. Sobre esta base, un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento máximo del gasto público primario neto del 0,9 %, parece adecuado. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, si no se producen cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestario requerido en 2020. Además, se prevé que España no cumpla los requisitos de la norma transitoria en materia de deuda ni en 2019 ni en 2020. En general, el Consejo considera que deben adoptarse las medidas necesarias a partir de 2019 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería importante utilizar los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas.
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A pesar de que Chequia es un país de tránsito, las obras de las redes europeas de transporte, incluidos los corredores de la RTE-T, distan mucho de estar acabadas. La infraestructura de transporte suburbano también sigue siendo deficiente, lo que limita la asequibilidad de la vivienda y la capacidad de los ciudadanos para desplazarse al trabajo. Las deficiencias que presentan las conexiones de transporte también resultan disuasorias para la actividad empresarial, especialmente en las regiones alejadas. Aunque el proceso de suburbanización está en curso en las zonas metropolitanas, las redes de transporte suburbanas sufren retrasos, en particular en el caso de la infraestructura ferroviaria. El país obtiene malos resultados en materia de objetivos hipocarbónicos, en particular en lo relativo al porcentaje de energías renovables en el transporte y la utilización de vehículos eléctricos. Además, el crecimiento previsto de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos puede no ser suficiente para responder a la demanda futura. Una mayor inversión en el transporte sostenible también podría reducir la contaminación atmosférica y acústica, atenuando su impacto en la salud pública, especialmente en las zonas urbanas. La infraestructura digital está mejorando, pero persiste la brecha entre las zonas urbanas y las rurales, ya que solo el 59 % de los hogares rurales están cubiertos por redes de banda ancha de alta velocidad. La modernización de las redes más antiguas de infraestructura de cobre con soluciones fijas de acceso inalámbrico no bastará para alcanzar los objetivos de conectividad de 2025. Para atender a las futuras necesidades de conectividad, es necesario invertir en redes de muy alta capacidad (es decir, fibra óptica) y en medidas adecuadas relativas a la demanda.
(6)

El 22 de junio de 2018, el Consejo determinó, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado, que en 2017 se había observado en Rumanía una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Habida cuenta de la significativa desviación constatada, el 22 de junio de 2018 el Consejo formuló una Recomendación (6) en la que se recomendaba a Rumanía que tomase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) no superase el 3,3 % en 2018 y el 5,1 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB cada año. El 4 de diciembre de 2018, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2018/2020 (8) en la que se establecía que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 de junio de 2018, y emitió una recomendación revisada (9). En la Recomendación de 4 de diciembre de 2018, el Consejo pedía a Rumanía que adoptase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superase el 4,5 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. El 14 de junio de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2018/1002 (10) en la que se establecía que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 4 de diciembre de 2018. Por otra parte, sobre la base de los datos de la ejecución presupuestaria de 2018, se constató que Rumanía presentaba una desviación significativa respecto del ajuste recomendado en 2018. De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado y con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97, la Comisión envió una advertencia a Rumanía el 5 de junio de 2019 manifestando que se había observado una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. El 14 de junio de 2019, el Consejo adoptó una nueva recomendación (11) que confirmaba la necesidad de que Rumanía adoptase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superara el 4,5 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe un riesgo de desviación respecto de esta Recomendación en 2019.
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Desde 2018, las pensiones públicas son automáticamente indexadas a la subida de los salarios. Se espera que esto reduzca el gasto público en pensiones del 6,9 % del PIB en 2016 al 5,2 % en 2070. No obstante, debido a la caída prevista del empleo, la adecuación de las pensiones tenderá a disminuir porque las prestaciones de jubilación no seguirían el ritmo de crecimiento de los salarios. Se prevé que la ratio de la prestación de jubilación, que expresa la pensión media en términos del salario medio, disminuya de manera constante a partir del que es ya uno de los niveles más bajo de la Unión. La legislación en vigor establece que, cuando la ratio de la prestación disminuye, el Gobierno tiene que proponer medidas correctoras. Debido a la incertidumbre sobre la naturaleza exacta y el calendario de esas futuras medidas, no se han tenido en cuenta para las previsiones del Informe sobre el Envejecimiento. Sin embargo, representan un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si la ratio total de la prestación se mantuviera invariable hasta 2070, el gasto en pensiones aumentaría al 7 % del PIB en lugar de disminuir al 5,2 % como está previsto. Por lo tanto, hay incertidumbre acerca de cómo se aplicará en la práctica la legislación en materia de pensiones y cuáles serían sus consecuencias para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la adecuación de las pensiones con el paso del tiempo.
(2)

El informe específico de 2019 sobre Suecia fue publicado el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Suecia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Suecia hacia la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados fueron publicados también el 27 de febrero de 2019. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Suecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, la sobrevaloración de los precios de la vivienda, unida a un aumento constante del endeudamiento de los hogares, conlleva el riesgo de que se produzca una corrección desordenada. La elevada deuda de los hogares ha seguido aumentando en porcentaje del PIB. En el segundo semestre de 2017, tuvo lugar una corrección de los precios de la vivienda, que desde entonces se han ido estabilizando gradualmente. No obstante, los indicadores de valoración sugieren que los precios de la vivienda siguen siendo elevados en relación con las variables fundamentales. Aunque el sector bancario parece estar adecuadamente capitalizado, una corrección desordenada perjudicaría al sector financiero, dado su fuerte nivel de exposición a las hipotecas de los hogares. En tal caso, los efectos negativos podrían extenderse a los países vecinos, habida cuenta de las interrelaciones financieras sistémicas. La oferta de viviendas sigue estando afectada por los cuellos de botella estructurales existentes y la producción del sector de la construcción ha disminuido. Si bien en los últimos años se han tomado medidas en el ámbito macroprudencial para hacer frente al crecimiento de la deuda hipotecaria, su incidencia resulta hasta ahora limitada. Subsisten ciertas lagunas fundamentales en la actuación de los poderes públicos, en particular en relación con los incentivos fiscales a la adquisición de la vivienda habitual y el funcionamiento de la oferta de viviendas y el mercado del alquiler.
(13)

El crecimiento del empleo en los últimos años se debe principalmente al empleo temporal y al trabajo por cuenta propia, aunque el crecimiento de los contratos indefinidos ha superado recientemente al del empleo temporal. No obstante, la proporción del empleo flexible sigue siendo elevada y representa una parte sustancial del mercado de trabajo. El alto porcentaje de contratos temporales, así como el rápido aumento de la actividad por cuenta propia sin asalariados ocurre en un contexto de grandes diferencias en las normas laborales aplicables y la protección laboral, así como de diferencias en la legislación fiscal y la relativa a la seguridad social. Se ha adoptado un paquete de medidas (Ley del mercado de trabajo en equilibrio, «Wet Arbeidsmarkt in Balans») para facilitar la contratación de trabajadores fijos y hacer menos flexibles los contratos flexibles. La aplicación de estas medidas (que deberían entrar en vigor en 2020) deberá ser objeto de un estrecho seguimiento. Además, se han anunciado medidas para facilitar la obligación de los empresarios de seguir pagando los salarios durante dos años en caso de enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha no se han adoptado otras medidas concretas. Por tanto, algunos de estos factores institucionales siguen creando incentivos financieros para que los empleados empiecen a trabajar por cuenta propia, o favorecen el uso del estatuto de trabajador autónomo sin asalariados. Los trabajadores autónomos se encuentran insuficientemente asegurados contra la discapacidad, el desempleo y la vejez con mayor frecuencia, lo que podría afectar a la sostenibilidad del sistema de seguridad social a largo plazo. Además, la aplicación de medidas para luchar contra el falso trabajo autónomo se ha suspendido hasta 2020.
(9)

Polonia logró avances significativos en el aumento del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Al mismo tiempo, el país experimentó un fuerte crecimiento económico, el mercado de trabajo registró una tendencia al alza y la proporción de contratos laborales sujetos a las cotizaciones a la seguridad social aumentó progresivamente. Todos estos factores contribuyeron al aumento de los ingresos públicos. Una parte de este aumento es de carácter cíclico y puede debilitarse si empeora el entorno macroeconómico. Paralelamente, el gasto público expresado en porcentaje del PIB ha aumentado en los últimos años. Varias categorías nuevas de gastos son de carácter permanente y es posible que no sea fácil modificarlas en un futuro próximo. Por otra parte, en el futuro las finanzas públicas de Polonia se enfrentarán a presiones para aumentar el gasto, en particular debido al envejecimiento de la población. Estos factores aumentan la necesidad de nuevos instrumentos para reforzar la gestión del gasto, como una evaluación periódica de la eficacia y la eficiencia del mismo. A pesar de que en 2018 Polonia siguió mejorando el sistema presupuestario, la reforma global es compleja y se aplicará en etapas a lo largo de varios años. En general, el marco presupuestario es sólido y existen organismos independientes que ejercen algunas de las funciones que suelen asumir los consejos presupuestarios, pero Polonia sigue siendo el único Estado miembro que no cuenta con un consejo presupuestario independiente. Aunque Polonia no ha avanzado en la limitación del uso generalizado de los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido, el Gobierno ha puesto en marcha una reforma que puede hacer que los tipos sean menos complejos y menos proclives al error.
(6)

Eslovaquia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario mejore, pasando de un déficit del 0,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 a un presupuesto equilibrado en 2019, y que no varíe hasta 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado (6), se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo, que se ha cambiado de un déficit estructural del 0,5 % del PIB en 2019 al 1 % del PIB a partir de 2020, se alcanzará en 2020. Según el Programa de Estabilidad de 2019, se prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya gradualmente del 47,5 % en 2019 al 44,4 % en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Con todo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2019 no se han especificado completamente. El presupuesto incluye una categoría no especificada de gastos denominada «reservas presupuestarias» (que asciende a un total del 0,7 % del PIB), lo que reduce la previsibilidad en la ejecución del presupuesto.
(18)

Las medidas destinadas a mejorar el buen gobierno de las empresas estatales han ido avanzando lentamente. Se adoptó un nuevo código de gobernanza empresarial y se encargó una planificación a medio plazo y la presentación de informes sobre el rendimiento. Sin embargo, la importante presencia en muchos sectores de empresas estatales de escasa rentabilidad y productividad sigue lastrando la economía. Dado que en 2018 se volvió a reducir la lista de empresas que revisten especial interés, ha crecido el número de empresas que pueden optar oficialmente a la venta, aunque no existe una estrategia clara de privatización. Los esfuerzos de las autoridades parecen centrarse en la eliminación del remanente de acciones minoritarias y en la activación de los activos no productivos. La corrupción se percibe como un fenómeno generalizado y que va en aumento. No se dispone de instrumentos eficaces para su prevención y represión, en particular a nivel local. Sigue siendo necesario reforzar los mecanismos de supervisión y sanción de las personas designadas como responsables de las empresas públicas a escala local.
(15)

En Italia, el trabajo no declarado es un fenómeno muy extendido, especialmente en las regiones meridionales. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, el valor de la economía sumergida ascendía a unos 210 000 millones EUR (12,4 % del PIB) en 2016. En torno al 37,2 % de esta cifra corresponde al trabajo no declarado, que afecta en particular a los grupos vulnerables, como los inmigrantes, las mujeres y los menores. La nueva Agencia de Inspección de Trabajo, operativa desde 2017, ha prestado especial atención al fenómeno del «caporalato» en el sector agrario, que se caracteriza por la elevada incidencia de irregularidades y por el riesgo de explotación laboral que entraña, en particular de los inmigrantes irregulares. Con el fin de abordar y prevenir el trabajo no declarado y la explotación laboral y de garantizar unas condiciones laborales justas y seguras, es preciso seguir de cerca las medidas recientemente adoptadas, así como prever otras suplementarias. Por último, es importante garantizar que la puesta en práctica de la renta de ciudadanía maximice los incentivos para el trabajo regular y la transformación del trabajo no declarado en empleo regular, tanto a través de un estrecho seguimiento como de incentivos.
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Las normas que rigen los derechos a prestaciones pueden jugar en contra de los trabajadores no convencionales y de los trabajadores por cuenta propia. En particular, los ingresos y los umbrales temporales (los períodos de carencia, los períodos de espera, los períodos mínimos de trabajo y la duración de las prestaciones) pueden constituir un obstáculo indebidamente elevado para que algunos grupos de trabajadores no convencionales y los trabajadores por cuenta propia puedan acceder a la protección social. En general, se ha determinado la existencia de dos grupos de cuestiones: en primer lugar, las diferencias existentes en las normas aplicables a los trabajadores convencionales y a las personas con empleos no convencionales o que trabajan por cuenta propia pueden penalizar innecesariamente a un grupo; en segundo lugar, la aplicación de las mismas normas a todos los grupos puede tener como consecuencia unos resultados peores para las personas que se encuentran fuera del empleo convencional y puede no estar adaptada a la situación de los trabajadores por cuenta propia. En ambos casos, puede haber margen para ajustar mejor las normas a la situación de los grupos específicos, manteniendo al mismo tiempo un principio general de universalidad, de manera que no quede nadie sin cobertura en el mercado laboral cuando se materializa un riesgo social. Pueden ser precisas medidas específicas para evitar que la gente cotice en regímenes que se superpongan, por ejemplo cuando desempeñen actividades auxiliares mientras están plenamente cubiertos en su ocupación principal.
26.

Pese a que, en principio, el Tribunal de Justicia sigue conociendo de la petición de decisión prejudicial mientras no sea retirada por el órgano jurisdiccional remitente, debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el papel del Tribunal de Justicia en el procedimiento prejudicial consiste en contribuir a la administración efectiva de la justicia en los Estados miembros, y no en formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas. Como el procedimiento prejudicial presupone la existencia real de un litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, incumbe a este último advertir al Tribunal de Justicia de todo incidente procesal que pueda afectar a su propio conocimiento del asunto, y en particular de todo desistimiento o solución amistosa del litigio principal, así como de cualquier otro incidente que dé lugar a la extinción del proceso. Si la resolución de remisión ha sido recurrida, el órgano jurisdiccional remitente debe informar también al Tribunal de Justicia de la eventual decisión del recurso interpuesto, así como de las consecuencias de esa decisión para la petición de decisión prejudicial. En aras del buen desarrollo del procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia y, en particular, a fin de evitar que el Tribunal de Justicia dedique tiempo y recursos a un asunto que pudiera ser retirado o quedar privado de objeto, es preciso que tales informaciones se comuniquen al Tribunal de Justicia con la mayor brevedad.
(3)

El informe por país de 2019 sobre Irlanda se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evalúan los avances realizados por Irlanda de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país adoptadas en años anteriores, así como los avances de Irlanda en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados se publicaron también el 27 de febrero de 2019. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Irlanda está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los elevados volúmenes de deuda pública y privada y de pasivos exteriores netos hacen que Irlanda sea vulnerable a las perturbaciones adversas, aunque las variables de flujo han seguido mejorando. El volumen de deuda privada continúa siendo elevado, pero el crecimiento económico sigue contribuyendo a reducirlo. Las actividades de las multinacionales continúan incidiendo en el endeudamiento empresarial. La deuda de los hogares parece, en líneas generales, estar en consonancia con los fundamentos económicos, si bien resulta elevada en relación con la renta disponible. Se prevé que la deuda pública mantenga su trayectoria descendente, mientras el déficit va aproximándose a una situación de equilibrio. Los precios de la vivienda han aumentado rápidamente durante varios años, pero la subida se ha ralentizado recientemente. Dichos precios vienen ampliamente determinados por las limitaciones de la oferta y no hay indicios claros de sobrevaloración. Aunque todavía es considerable, el volumen de préstamos dudosos ha seguido contrayéndose, si bien la morosidad de larga duración disminuye con más lentitud.
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Para el período que llega a 2030, Eslovenia ha establecido objetivos de infraestructura energética, eficiencia energética y energías renovables en su proyecto de plan nacional en materia de energía y cambio climático, objetivos todos ellos que precisan inversiones apropiadas. En particular, la economía eslovena es más intensiva en carbono que la economía de la Unión, y la proporción de las fuentes de energía renovables en la producción total de energía se está estancando. El desarrollo de fuentes de energía renovables distintas de la madera y la energía hidráulica es particularmente bajo. Los sectores industrial, de servicios y residencial representan en el consumo de energía final proporciones superiores a la media de la Unión. Por otro lado, la capacidad de almacenamiento energético existente está infradesarrollada, por lo que no cubre las necesidades que se derivan de una producción local no integrada de fuentes de energía renovables.