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Dictamen de la Comisión

de 20 de diciembre de 2000

sobre el proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes del funcionamiento de la planta de evacuación de metales líquidos (LMPD) y la instalación de recepción, prueba, caracterización y supercompactación de Residuos (WRACS) ubicadas en el emplazamiento nuclear de Dounreay en Escocia (Reino Unido), de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom

(2001/C 20/03)

(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

El 8 de junio de 2000, la Comisión recibió del Gobierno del Reino Unido, de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom, los datos generales sobre el proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes del funcionamiento de la planta de evacuación de metales líquidos (LMPD) y la instalación de recepción, prueba, caracterización y supercompactación de residuos (WRACS).

Sobre la base de dichos datos y las precisiones posteriores del Gobierno del Reino Unido, así como a raíz de la consulta con el grupo de expertos, la Comisión emite el dictamen siguiente:

a) La distancia entre la planta y el Estado fronterizo más próximo, en este caso Dinamarca (Islas Feroe) es de unos 370 km.

b) En condiciones normales de funcionamiento, la evacuación de efluentes líquidos y gaseosos no daría lugar a una exposición de la población de otros Estados miembros significativa desde el punto de vista sanitario.

c) Los residuos radiactivos sólidos con una radiactividad escasa o media generados durante las operaciones de la LMPD y la WRACS se almacenarán in situ. Actualmente no está previsto transportar residuos a otro lugar.

d) En caso de evacuación imprevista de residuos radiactivos debido a un accidente del tipo y magnitud previstos en los datos generales, las posibles dosis para la población de otros Estados miembros no serían significativas desde el punto de vista sanitario.

En conclusión, la Comisión considera que la ejecución del proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes del funcionamiento de la planta de evacuación de metales líquidos (LMPD) y la instalación de recepción, prueba, caracterización y supercompactación de residuos (WRACS) no puede dar lugar, en condiciones normales de funcionamiento o en caso de un accidente del tipo y magnitud previstos en los datos generales, a una contaminación radiactiva del agua, el suelo o el espacio aéreo de otro Estado miembro significativa desde el punto de vista sanitario.
Dictamen de la Comisión

de 15 de diciembre de 2000

sobre el proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes del desmantelamiento parcial de la central nuclear de Monts d'Arrée en Francia, de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom

(2001/C 11/04)

(el texto en lengua francesa es el único auténtico)

El 26 de abril de 2000, la Comisión Europea recibió del Gobierno francés, de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom, los datos generales sobre el proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes del desmantelamiento parcial de la central nuclear de Monts d'Arrée.

Sobre la base de dichos datos y las precisiones posteriores del Gobierno francés, así como a raíz de la consulta con el grupo de expertos, la Comisión emite el dictamen siguiente:

a) La distancia entre la instalación y la frontera más próxima (la Isla de Jersey en el Canal) es de 180 km, mientras que la distancia con los Estados miembros más cercanos (Reino Unido, Irlanda, España y Bélgica) es de 220, 510, 530 y 540 km respectivamente.

b) En condiciones normales de funcionamiento, la evacuación de efluentes gaseosos no daría lugar a una exposición de la población de otros Estados miembros significativa desde el punto de vista sanitario. Los residuos líquidos se evacúan en la planta de tratamiento de efluentes de Saclay (CEA).

c) Los residuos radiactivos sólidos generados durante las operaciones de desmantelamiento realizadas se almacenarán in situ hasta su evacuación en emplazamientos nacionales autorizados (Centraco, ANDRA y una instalación de evacuación de residuos con una radiactividad muy escasa o media que estará disponible en 2003). Los expertos recomiendan que los controles de residuos convencionales que se realizan como medida de precaución para confirmar la ausencia de contaminación garanticen al mismo tiempo el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos en la Directiva sobre normas básicas (Directiva 96/29/Euratom del Consejo).

d) En caso de evacuación imprevista de efluentes radioactivos debido a un accidente del tipo y magnitud previstos en los datos generales, las posibles dosis para la población de otros Estados miembros no serían significativas desde el punto de vista sanitario.

En conclusión, la Comisión considera que la ejecución del proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes del desmantelamiento parcial de la central nuclear de Monts d'Arrée no puede dar lugar, en condiciones normales de funcionamiento o en caso de un accidente del tipo y magnitud previstos en los datos generales, a una contaminación radiactiva del agua, el suelo o el espacio aéreo de otro Estado miembro significativa desde el punto de vista sanitario.
Conclusiones del Consejo

de 14 de diciembre de 2000

Aplicación de la Resolución del Consejo, de 24 de junio de 1999, sobre la gestión de los acuerdos de reconocimiento mutuo

(2001/C 8/02)

1. El Consejo se congratula por el importante trabajo realizado con miras a aplicar la Resolución del Consejo, de 24 de junio de 1999, sobre la gestión de los acuerdos de reconocimiento mutuo(1) y toma nota de los documentos elaborados a tal efecto: principios rectores para la preparación y negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo de evaluación de la conformidad y vademécum sobre los acuerdos de reconocimiento mutuo.

2. El Consejo destaca la utilidad de estos documentos para aclarar la estrategia exterior de la Comunidad en relación con todos los tipos de acuerdo de reconocimiento mutuo. Considera que dichos documentos habrán de completarse y adaptarse en función de la experiencia adquirida, a fin de fortalecer la organización intracomunitaria y la transparencia para preparar, negociar y gestionar los acuerdos de reconocimiento mutuo.

3. El Consejo pone de relieve las expectativas de las instituciones comunitarias, de las autoridades competentes de los Estados miembros y de los operadores económicos en lo que se refiere a la información y a la seguridad jurídica. Exhorta a la Comisión a que prosiga sus esfuerzos para responder a estas exigencias. El Consejo destaca, sobre todo, la función esencial de los medios de alerta en el ámbito comunitario, que permiten garantizar la seguridad de todos los productos distribuidos en el mercado comunitario, sin olvidar los contemplados en los acuerdos de reconocimiento mutuo, especialmente en el sector farmacéutico.

4. El Consejo recalca la importancia que otorga a la evaluación a priori y a posteriori de los acuerdos de reconocimiento mutuo, basada principalmente en la consulta a los distintos interlocutores pertinentes (autoridades competentes de los Estados miembros, empresas, organismos de evaluación de la conformidad) y en un análisis del impacto de dichos acuerdos en el mercado interior.

5. Por último, el Consejo resalta la necesidad de procurar que los acuerdos de reconocimiento mutuo no afecten al buen funcionamiento del mercado interior, sobre todo mediante el intercambio de información entre los comités que se ocupan del reconocimiento mutuo y los comités y grupos competentes en virtud del mercado interior.

(1) DO C 190 de 7.7.1999, p. 2.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a los "Equipos de protección individual"(1), modificada por las Directivas 93/68/CEE(2), 93/95/CEE(3) y 96/58/CE(4)

(2001/C 60/07)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(Publicación de los títulos y de las referencias de las normas armonizadas europeas de acuerdo con lo previsto en la Directiva)

>SITIO PARA UN CUADRO>

AVISO

Todas las informaciones sobre la disponibilidad de las normas pueden obtenerse en los organismos europeos de normalización o en los organismos nacionales de normalización. Podrán encontrar una lista que figura en el anexo de la directiva 98/34/CE(5) del Parlamento Europeo y del Consejo modificada por la Directiva 98/48/CE(6).

La publicación de las referencias en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas no implica que las normas estén disponibles en todos los idiomas comunitarios.

La Comisión garantiza la puesta al día de la presente lista(7).

(1) DO L 399 de 30.12.1989, p. 18.

(2) DO L 220 de 30.8.1993, p. 1.

(3) DO L 276 de 9.11.1993, p. 11.

(4) DO L 236 de 18.9.1996, p. 44.

(5) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

(6) DO L 217 de 5.8.1998, p. 18.

(7) DO C 315 de 4.11.2000, p. 24.

DO C 21 de 24.1.2001, p. 2.
Presupuesto de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2001

(2001/C 46/08)

El presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2001 asciende a 16,8 millones de euros, de los cuales 10,7 millones se dedicarán a gastos de personal ligado a la Fundación, 1,4 millones a gastos de mantenimiento del edificio, equipamiento y otros gastos operativos generales y 4,6 millones a gastos relacionados con la aplicación del programa de trabajo. Por otra parte, la Fundación gestiona además los fondos de los programas Phare y Tacis que suponen un total de 260,5 millones de euros.

En la siguiente dirección de Internet puede obtenerse un informe detallado del presupuesto, el plan de dotación de personal, así como información pertinente:

http://www.etf.eu.int

Preguntas escritas con respuesta publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 46 E

(2001/C 46/09)

Estos textos se encuentran disponibles en:

EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex

EUDOR: http://eudor.eur-op.eu.int

CELEX: http://europa.eu.int/celex
4.1.3.

En caso contrario, concretamente si se da alguna de las circunstancias siguientes: a) se dispone de datos aproximados pero de calidad desconocida o insuficiente, b) no se dispone de datos ni aproximaciones, o c) no se obtiene la autorización para utilizar datos no totalmente del dominio público, el BCE transmite a la JERS el resultado de la evaluación relativa a la disponibilidad de la información y propone posibles fuentes y metodologías para una encuesta especial, incluyendo: i) las categorías y el número de los agentes informadores; ii) los conductos de información, por ejemplo, el Comité de Estadísticas, el Comité de Estabilidad Financiera, o las AES; iii) una estimación aproximada de costes y plazos, y iv) las dificultades previstas.
13.

El Comité tiene una responsabilidad particular a la hora de hacer realidad la democracia participativa; el Tratado de la Unión Europea amplía las posibilidades del Comité para cumplir su papel de intermediario privilegiado en el diálogo entre la sociedad civil organizada y las instituciones de la Unión Europea. A la vista del Artículo 11 del Tratado UE, la Comisión y el Comité cooperarán para reforzar más la participación y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como europeo, y para fomentar una mayor implicación de estas organizaciones en los procesos de elaboración de las políticas y de preparación de la legislación de la Unión. La Comisión y el Comité promoverán juntos un diálogo estructurado entre las redes y las organizaciones de la sociedad civil europea, y entre ellas y las instituciones europeas, en particular a través del Grupo de Enlace creado por el Comité. En lo referente a su política de consulta, la Comisión recabará el apoyo del Comité cuando sea pertinente, en particular a la hora de profundizar en sus relaciones con la sociedad civil organizada, tanto dentro como fuera de la Unión. En este sentido, el Comité apoyará a la Comisión mediante la organización conjunta de audiencias, seminarios y conferencias con los agentes afectados sobre cuestiones políticas específicas de interés común y cuando disponga de las competencias y los conocimientos prácticos adecuados.
25.

El Comité desarrollará actividades, en particular a petición de la Comisión, en relación con la dimensión exterior de aquellas políticas de la Unión en las que los entes locales y regionales tienen competencias reconocidas institucionalmente. En particular, la cooperación con la Comisión se centrará en: a) apoyar el proceso de ampliación y participar en la política de preadhesión de la Unión; b) apoyar la política de vecindad; especialmente a través de plataformas establecidas como ARLEM (Asamblea Euromediterránea de Entes Locales y Regionales) y CORLEAP (Conferencia anual de entes locales y regionales de la Asociación Oriental); c) promover la democracia local y regional en terceros países (de manera prioritaria, en los países candidatos y vecinos), en particular a través de la supervisión de elecciones locales y regionales; d) Apoyar las políticas y las posiciones de la Unión en calidad de observador en conferencias internacionales convocadas respecto de ámbitos políticos sobre los que el Comité tiene derechos al ser obligatoria su consulta; e) Desarrollar y fomentar la cooperación descentralizada; especialmente mediante un apoyo común continuado al ATLAS, al Portal y a las Jornadas de la cooperación descentralizada al desarrollo; f) La cooperación transfronteriza entre la Unión y los países vecinos.
e)

investigar, a petición de la Junta General, el Comité Director, la Secretaría o de cualquier particular, o por propia iniciativa, los asuntos e incidentes directamente relacionados con las funciones y obligaciones del RPD e informar al solicitante. El RPD examinará las cuestiones y los hechos imparcialmente y con la consideración debida a los derechos del interesado. Si el RPD lo considera apropiado, informará a todas las demás partes afectadas. Si el solicitante es un particular o actúa en nombre de un particular, el RPD velará por que, en la medida de lo posible, se mantenga la confidencialidad de la solicitud, salvo que el interesado consienta inequívocamente en que la solicitud se trate de otro modo;
6.

Principio 6: (Reconocimiento de porcentajes de reservas) Aparte de los acuerdos de reciprocidad obligatorios que disponga el derecho de la Unión, las autoridades designadas deben normalmente reconocer los porcentajes de reservas anticíclicas aplicados en otros Estados miembros. Las autoridades designadas deben considerar los efectos transfronterizos del no reconocimiento de un porcentaje de reservas superior al nivel obligatorio para la exposición al riesgo de otro Estado miembro. Cuando no reconozcan un porcentaje de reservas superior al nivel obligatorio fijado por la autoridad designada de otro Estado miembro, las autoridades designadas lo notificarán: a) a la JERS; b) a la autoridad designada que haya fijado el porcentaje de reservas; c) al BCE, si al menos una de las autoridades designadas que fije o no reconozca el porcentaje de reservas pertenece a un Estado miembro participante en el Mecanismo Único de Supervisión de conformidad con el Reglamento (UE) no 1024/2013.
NOTA AL LECTOR La presente lista ha sido elaborada por motivos de transparencia y se publica únicamente a efectos informativos. El Protocolo (no 36) sobre las disposiciones transitorias dispone, en su artículo 10, apartado 4, que el Reino Unido podrá notificar antes del 31 de mayo de 2014 que no acepta las plenas atribuciones de la Comisión y del Tribunal de Justicia en relación con los actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial adoptados antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. El Reino Unido hizo dicha notificación el 24 de julio de 2013. Como consecuencia de lo anterior, los citados actos, en los cuales no se haya autorizado al Reino Unido a volver a participar de conformidad con el artículo 10.5 del Protocolo no 36, dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir del 1 de diciembre de 2014. Para facilitar su consulta, la presente lista ha sido elaborada enumerando, junto con el acto principal y bajo éste, los actos que lo modifican o ejecutan o guardan cualquier otro tipo de vinculación intrínseca con el acto principal. La lista de los actos en los que se autoriza al Reino Unido a volver a participar de conformidad con el artículo 10.5 del Protocolo no 36 deriva de la combinación de las Decisiones adoptadas por el Consejo, en relación con el acervo de Schengen, (véase Decisión 2014/857/UE (1)) y por la Comisión, con respecto al acervo no perteneciente a Schengen (véase Decisión de la Comisión 2014/858/UE (2)).
NOTA AL LECTOR La presente lista ha sido elaborada por motivos de transparencia y se publica únicamente a efectos informativos. El Protocolo (no 36) sobre las disposiciones transitorias anejo a los Tratados, dispone, en su artículo 10, apartado 4, que el Reino Unido podrá notificar antes del 31 de mayo de 2014 que no acepta las plenas atribuciones de la Comisión y del Tribunal de Justicia en relación con los actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal adoptados antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. El Reino Unido hizo dicha notificación el 24 de julio de 2013. Como consecuencia de lo anterior, los citados actos dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir del 1 de diciembre de 2014. No obstante, con arreglo a la tercera frase del artículo 10.4 del protocolo no 36, los actos que hayan sido modificados por cualquier técnica de elaboración (enmienda, sustitución o derogación del acto correspondiente, total o parcial), tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa mediante un acto aplicable al Reino Unido, no dejarán de aplicarse en el Reino Unido y por tanto le seguirán siendo aplicables en su versión modificada o sustituida.
c)

podrá ser consultada por los diputados al Parlamento Europeo pertinentes, los funcionarios y empleados del Parlamento Europeo que trabajen para los grupos políticos mencionados en el artículo 4, apartado 4, y en el artículo 5, apartado 4, exclusivamente en una sala de lectura segura en los locales del Parlamento Europeo. En tal caso, serán de aplicación las siguientes condiciones: i) no se copiará la información mediante ningún procedimiento, tal como la fotocopia o la fotografía, ii) no se tomarán notas, y iii) no podrán introducirse en la sala aparatos de comunicación electrónica.
3.

El artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1338/2001 del Consejo, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación (2), estipula que Europol y el BCE celebren un acuerdo mediante el cual Europol tenga acceso a los datos técnicos y estadísticos mantenidos por el BCE en relación con los billetes y las monedas falsos que se descubran tanto en Estados miembros como en terceros países. Por otra parte, el Reglamento (CE) no 1339/2001 del Consejo amplía la aplicación del Reglamento (CE) no 1338/2001 a los Estados miembros cuya moneda no sea el euro (3).
(6)

Con respecto a la evaluación cuantitativa, se realizarán determinados análisis a cada ECAI cuando se disponga de una cantidad suficiente de observaciones: «distribución ex ante», con el objeto de analizar las distribuciones de las calificaciones solicitadas y de las no solicitadas; «dinámica ex ante», destinada a analizar la evolución temporal de las calificaciones solicitadas (no solicitadas) que fueron asignadas con anterioridad de manera no solicitada (solicitada); y «análisis ex post», destinado a analizar las posibles diferencias en precisión entre las calificaciones solicitadas y no solicitadas. Dependiendo del análisis cuantitativo que se realice, puede ser adecuado identificar subgrupos homogéneos de calificaciones crediticias a fin de comparar las características y comportamientos correspondientes de las calificaciones no solicitadas frente a las solicitadas para evitar conclusiones determinadas por factores externos. En los casos en los que no se puede realizar el análisis cuantitativo, o solo se pueden realizar determinados análisis cuantitativos debido a la escasez de datos, procede, en este momento, basarse en los criterios cualitativos a efectos de la evaluación. En estos casos, se espera que cualquier otra preocupación prudencial relativa a la calidad de las calificaciones no solicitadas se atenúe en el transcurso de la evaluación de la correspondencia que se requiere en virtud del artículo 136, apartado 1, del RRC, ya que esa correspondencia está diseñada para identificar posibles problemas en la calidad de las calificaciones.
3.

Cuando no haya entidades de crédito que utilizan el método IRB sitas en otros Estados miembros y con sucursales establecidas en Bélgica que tengan exposiciones importantes al mercado hipotecario belga, las autoridades pertinentes podrán decidir no aplicar el artículo 458, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Cuando en virtud del artículo 458, apartado 9, de dicho reglamento, se adopte una nueva decisión de prorrogar el período de aplicación de la medida belga, se recomienda a las autoridades pertinentes que analicen la situación y, si lo consideran necesario, apliquen recíprocamente la medida belga.
(3)

El 16 de septiembre de 2014 la Junta General decidió prorrogar algunos plazos entre seis y doce meses. Según el calendario revisado, la ABE debe presentar a la JERS un informe provisional, con una primera evaluación del resultado de la aplicación de la recomendación A(5) de la Recomendación JERS/2012/2, no más tarde del 31 de marzo de 2016. Asimismo, debe presentar a la JERS y al Consejo de la Unión Europea el informe final correspondiente no más tarde del 30 de junio de 2016. Estos informes deben basarse en los datos sobre los planes de financiación que las ANS hayan presentado a la ABE. No obstante, la ABE ha manifestado que, a causa de demoras en la presentación de los datos, no le será posible cumplir plenamente los plazos establecidos.
«4.

Modificación de la presente recomendación La Junta General decidirá cuándo deba modificarse la presente recomendación. Las modificaciones consistirán en particular en medidas nuevas o revisadas de política macroprudencial que deban aplicarse recíprocamente conforme a la recomendación C y los anexos correspondientes que contienen información sobre medidas determinadas, incluido el umbral de importancia que establezca la JERS. La Junta General puede también ampliar los plazos establecidos en los apartados precedentes en caso de que sean necesarias iniciativas legislativas para seguir una o varias recomendaciones. En particular, la Junta General puede decidir modificar la presente recomendación, sea después de la revisión por parte de la Comisión Europea del régimen de reconocimiento obligatorio conforme al derecho de la Unión, sea en virtud de la experiencia adquirida en relación con el funcionamiento del mecanismo de reciprocidad voluntaria establecido en la presente recomendación.».
(1)

El artículo 138 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 permite la utilización de evaluaciones crediticias no solicitadas de una Agencia Externa de Calificación Crediticia («ECAI») para determinar las ponderaciones de riesgo que podrán asignarse a activos y a partidas fuera del balance a efectos de calcular los requisitos de fondos propios, sujeto a la confirmación por parte de la ABE de que las evaluaciones crediticias no solicitadas de esa ECAI no difieren en calidad de las evaluaciones crediticias solicitadas de esa misma ECAI. De conformidad con el mismo artículo, la ABE denegará o revocará esta confirmación, en particular si la ECAI ha utilizado una evaluación crediticia no solicitada para presionar a la entidad calificada con el fin de que requiera una evaluación crediticia u otros servicios. En consecuencia, la decisión de la ABE confirmando que las evaluaciones crediticias no solicitadas de ciertas ECAI no difieren en calidad de sus evaluaciones crediticias solicitadas (2016/C 266/05) (3) fue publicada el 22 de julio de 2016.