INFORME ANUAL 1996 (97/C 272/01)

Estrasburgo, 21 de abril de 1997

SEÑOR JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Presidente

Parlamento Europeo

97-113, rue Belliard

B 1047 Bruselas

Señor Presidente:

De conformidad con el apartado 1 del artículo 138 E del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el apartado 8 del artículo 3 de la Decisión del Parlamento Europeo sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, adjunto mi informe para el año 1996.

JACOB SÖDERMAN

Defensor del Pueblo Europeo

SUMARIO

Página

1. PRÓLOGO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO . 4

2. RECLAMACIONES PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO . 6

2.1. Fundamento jurídico del trabajo del Defensor del Pueblo . 6

2.2. Tramitación de las reclamaciones . 6

2.2.1. Competencias del Defensor del Pueblo Europeo . 7

2.2.2. Admisibilidad de las quejas . 7

2.2.3. Fundamento de las investigaciones . 8

2.3. Análisis de las reclamaciones . 8

2.4. Recomendación de dirigirse a otras agencias . 8

2.5. Decisiones tras una investigación del Defensor del Pueblo . 8

3. DECISIONES TRAS UNA INVESTIGACIÓN . 10

3.1. Casos en los que no se ha constatado mala administración . 10

3.1.1. Parlamento Europeo . 10

Rescisión de un contrato . 10

3.1.2. Comisión Europea . 10

Pruebas nucleares en la Polinesia francesa . 10

Método para la evaluación de las solicitudes al programa LIEN Phare-Tacis . 11

Acceso a información en poder de la Comisión . 13

Derechos de las personas en lista de reserva . 13

Acceso a la información sobre los programas de la Comisión . 14

Acceso a un documento de la Comisión . 14

Confidencialidad de las informaciones relativas a materiales nucleares . 15

Medidas tomadas después de la abolición de las operaciones de aduana en las fronteras . 16

Excesivo número de alumnos en la Escuela Europea Bruselas II . 17

Reclutamiento a partir de una lista de reserva tras un concurso-oposición . 18

La nacionalidad como condición para la obtención de una beca . 18

3.2. Casos en los que el denunciante ha solicitado el archivo . 19

3.2.1. Comisión Europea y Parlamento Europeo . 19

Información incorrecta procedente de las oficinas de la Comisión y del Parlamento Europeo en Roma . 19

3.3. Casos resueltos por la institución . 20

3.3.1. Parlamento Europeo . 20

Acceso a las listas de asistencia de los diputados al Parlamento Europeo . 20

3.3.2. Consejo de la Unión Europea . 20

Acceso a documentos en poder del Consejo . 20

3.3.3. Comisión Europea . 22

Indemnización económica a una empresa en razón a trabajos preparatorios . 22

Retrasos en responder a peticiones de información . 22

Falta de pago de una subvención prometida . 23

Atribución de la bandera azul, sello de limpieza, a una playa . 23

Página

Pago tardío de una factura . 24

Directiva sobre seguros distintos del seguro de vida . 24

Reembolso de gastos de viaje y alojamiento . 25

Acceso a la información sobre el resultado de un concurso-oposición . 25

Respuesta tardía de la Comisión . 26

3.3.4. Instituto Euratom . 26

Incumplimiento de una obligación contractual por parte de la Comisión . 26

3.4. Casos archivados con un comentario crítico del Defensor del Pueblo . 26

3.4.1. Parlamento Europeo . 26

Concurso-oposición: pérdida de la carta de un candidato . 26

3.4.2. Consejo de la Unión Europea . 27

Exclusión de un concurso-oposición . 27

3.4.3. Comisión Europea . 28

Actuación de la Comisión Europea en la gestión de la reclamación relativa a la inexistencia del procedimiento de evaluación de impacto medioambiental: carretera de circunvalación de Newbury . 28

Actuación de la Comisión Europea en la gestión de una reclamación relativa a la evaluación del impacto medioambiental de la ampliación de una autopista . 32

Falta de respuesta a una petición para ampliar el plazo de solicitud . 36

3.5. Casos de mala administración en los que el Defensor del Pueblo ha formulado proyectos de recomendaciones . 39

3.5.1. Agencia Europea del Medio Ambiente . 39

Publicación de las razones para no seleccionar un candidato . 39

3.6. Investigaciones de oficio llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo . 40

Acceso del público a los documentos en poder de las instituciones comunitarias . 40

4. RELACIONES CON EL PARLAMENTO EUROPEO Y LA COMISIÓN EUROPEA . 44

4.1. El Parlamento Europeo y la Comisión de peticiones . 44

4.2. La Comisión Europea . 45

5. RELACIONES CON LOS DEFENSORES DEL PUEBLO NACIONALES Y ÓRGANOS SIMILARES . 46

6. ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN . 47

6.1. Publicaciones . 47

6.2. Conferencias y reuniones . 47

6.3. Relaciones con los medios de comunicación . 49

ANEXOS . 50

A. Estadísticas . 50

B. Conferencias y visitas . 55

C. Discursos del Defensor del Pueblo . 57

D. Artículos y entrevistas . 58

E. Gastos . 62

F. Personal de la Secretaría del Defensor del Pueblo . 63

1. PRÓLOGO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO

El Informe Anual 1996 es el primero que comprende un período completo de un año en la actividad del Defensor del Pueblo Europeo. En el Informe Anual de 1995 expliqué detalladamente las funciones y los métodos de trabajo de la institución, así como las tareas administrativas necesarias para su establecimiento. También señalé entonces la importancia que el trabajo del Defensor del Pueblo se realizase de forma pública y el tipo de normas que se seguirían al respecto. El objeto de este Informe Anual se concentra más en la información acerca de la instrucción de casos por parte de la secretaría del Defensor del Pueblo.

TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES E INICIATIVAS

Ha sido necesario un considerable trabajo administrativo para completar el desarrollo de la secretaría, en particular la contratación de nuevo personal y el establecimiento de métodos de trabajo y de servicios de información técnica. Con ello, fue posible, al mismo tiempo, comenzar un trabajo más intenso con las reclamaciones. A lo largo de 1996, la secretaría del Defensor del Pueblo se ocupó de 1 041 casos.

De este total, 842 eran nuevas reclamaciones recibidas en 1996. La mayor parte procedían de particulares. Sólo 86 tenían su origen en empresas y asociaciones. 29 reclamaciones fueron transmitidas por Diputados al Parlamento Europeo y la Comisión de Peticiones transmitió 10 peticiones, con el consentimiento del peticionario para que se tramitasen como reclamaciones. Durante el año, se iniciaron tres investigaciones de oficio.

Se iniciaron investigaciones en 210 casos, incluyendo las tres investigaciones de oficio, cuyos trabajos fueron concluidos en 102 casos. Como resultado de estas últimas investigaciones, en 82 casos no se detectó «mala administración». En dos el reclamante desistió de proseguir el procedimiento. En 12 casos, la institución solucionó el asunto de forma satisfactoria para el reclamante. Se trató, generalmente, de la Comisión Europea, lo que es muestra de una actitud positiva hacia los ciudadanos y hacia el trabajo del Defensor del Pueblo. En parte como resultado de ello, no hubo ningún caso en que se alcanzase una solución amistosa como resultado de la actividad del Defensor del Pueblo.

En 34 casos se detectó a lo largo del año mala administración. 32 de ellos se archivaron con una observación crítica a la institución u organismo afectado. Esto significa que no se consideraron necesarios los proyectos de recomendación en las circunstancias del caso. Una reclamación y una de las investigaciones de oficio tuvieron como resultado proyectos de recomendación para las instituciones u organismos en cuestión.

La instrucción de las reclamaciones a lo largo de 1996 refleja el hecho de que la secretaría del Defensor del Pueblo Europeo aún se encontraba en su periodo inicial. Como resultado de los procedimientos establecidos en el Estatuto del Defensor del Pueblo, que se expusieron en el informe anual del año pasado, hace falta prever alrededor de seis meses para audiencias formales, recopilación de información y traducción. Por tanto, el primer informe de un año completo refleja fundamentalmente los resultados conseguidos en el segundo semestre, que fue el primer momento en que fue realmente posible la resolución de casos. Está claro que en el futuro la tramitación de las reclamaciones deberá ser más positiva para sus autores.

Las posibilidades de encontrar soluciones amistosas con las instituciones comunitarias objeto de las reclamaciones así como de seguir el trabajo del Parlamento Europeo y de su Comisión de Peticiones serán mucho mayores en 1997. Por ello, el Parlamento, al estudiar el presupuesto para 1997 del Defensor del Pueblo, hizo posible la apertura de una pequeña antena en Bruselas para este fin.

INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS EUROPEOS

Durante el año, se completó el examen de admisibilidad en 921 casos. En 323 de ellos (35 %), la reclamación incidía en ámbito de competencias del Defensor del Pueblo Europeo. En 598 casos (65 %), la reclamación quedaba fuera del mismo.

Todos los Defensores del Pueblo reciben reclamaciones fuera del ámbito de su mandato. En el caso del Defensor del Pueblo Europeo, parece que el número de este tipo de reclamaciones disminuye lentamente, aunque sigue siendo relativamente elevado.

He tratado de resolver este problema informando con mayor claridad a los ciudadanos europeos sobre la existencia y las competencias del Defensor del Pueblo Europeo. También he visitado con este fin los Estados miembros. El Informe Anual da cuenta de estos esfuerzos.

Además de la información regular a los medios de comunicación, ha existido una estrecha colaboración con las oficinas de información del Parlamento Europeo, las representaciones de la Comisión Europea y las oficinas de los Defensores del Pueblo nacionales y organismos similares en los Estados miembros. El objetivo de esta cooperación es la difusión de información exacta dirigida a los ciudadanos, empresas y asociaciones que realmente necesitan conocer la posibilidad de reclamar en el caso de mala administración en las actividades de las instituciones y órganos comunitarios. Esta campaña informativa continuará durante 1997, concentrándose especialmente en los Defensores del Pueblo regionales y organismos similares, que tienen una gran importancia en muchos Estados miembros.

En 243 de los casos declarados improcedentes, se recomendó a los autores de la reclamación que se dirigieran al organismo competente. En la mayor parte de los casos, se trató del Defensor del Pueblo nacional o de un organismo similar (130 casos). En 47 casos, se recomendó al autor de la reclamación que presentara una petición al Parlamento, o bien la reclamación se transmitió directamente, con el consentimiento del autor, para tramitarla como petición.

Muchas de las reclamaciones inadmisibles se refieren a problemas de Derecho comunitario. Por tanto, he iniciado una cooperación flexible, que en el futuro puede conducir a una red activa, con organismos europeos y nacionales que se ocupen de las reclamaciones relacionadas con el Derecho comunitario. Los días 12 y 13 de septiembre de 1996 se organizó un seminario en Estrasburgo, en el que participaron el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, así como los Defensores del Pueblo nacionales y organismos similares (en general, comisiones de peticiones). Se envió una invitación especial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que estuvo representada en la reunión.

En el seminario, se produjo un acuerdo general sobre la conveniencia de establecer una mayor cooperación entre los organismos afectados sobre una base informal y flexible, y en términos de igualdad. La cooperación consistirá en intercambios de información, puntos de vista y asesoramiento sobre asuntos de Derecho comunitario, con el objetivo de responder de una forma más eficaz a las peticiones y reclamaciones de los ciudadanos.

También se decidió establecer una red de personas de enlace, que se completó en 1996. Para el próximo año, se han planificado la creación de un boletín de información entre estos funcionarios, así como la organización de un seminario que irá destinado fundamentalmente a ellos, con el fin de profundizar sus conocimientos de Derecho comunitario. Esta cooperación puede ser de gran relevancia en la tarea de convertir al Derecho comunitario en una realidad viva a todos los niveles de la Unión Europea.

Me gustaría agradecer a todas las instituciones y órganos comunitarios la actitud constructiva y la asistencia que han aportado durante el año en su trato con el Defensor del Pueblo Europeo. También querría agradecer a los Defensores del Pueblo y a las comisiones de peticiones nacionales el espíritu de cooperación que han mostrado en nuestras actividades conjuntas. Por último, quiero expresar mi gratitud a los diputados y funcionarios del Parlamento Europeo por la orientación y la ayuda que he recibido en la creación de esta nueva institución.

La atmósfera positiva y de cooperación en la que he trabajado durante el año muestra, en mi opinión, que existe un compromiso genuino entre las partes afectadas para lograr una Europa con una dimensión más humana y social para sus ciudadanos.

JACOB SÖDERMAN

2. RECLAMACIONES PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO

La tarea más importante del Defensor del Pueblo Europeo es la investigación de los casos de mala administración en las actividades de las instituciones y órganos comunitarios. El principal medio para informar al Defensor del Pueblo sobre los posibles casos de mala administración son las reclamaciones presentadas por los ciudadanos europeos. El Defensor del Pueblo también tiene la posibilidad de realizar investigaciones de oficio.

Cualquier ciudadano europeo, o cualquier ciudadano de un tercer país residente en un Estado miembro, puede presentar una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo. Las empresas, asociaciones u otros organismos con domicilio social en la Unión también pueden presentar reclamaciones. Las reclamaciones se pueden presentar directamente al Defensor del Pueblo o a través de un diputado al Parlamento Europeo.

Si el autor de la reclamación así lo solicita, ésta se tramita de forma confidencial. Como se indica en el informe anual del Defensor del Pueblo de 1995 y en el informe de la Comisión de Peticiones al respecto, las reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo se tramitan de forma pública, salvo que el autor solicite que tal tramitación se lleve a cabo de forma confidencial. Es importante que el Defensor del Pueblo actúe de la forma más abierta y transparente posible, tanto para que los ciudadanos puedan seguir y comprender su trabajo, como para establecer un buen ejemplo.

Durante 1996, el Defensor del Pueblo estudió 1 041 casos. 842 de ellos fueron nuevas reclamaciones recibidas en 1996. De ellas, 717 fueron presentadas por particulares, 46 por asociaciones y 40 por empresas. 29 reclamaciones fueron transmitidas por diputados al Parlamento Europeo, y la Comisión de Peticiones transmitió al Defensor del Pueblo 10 peticiones al Parlamento Europeo, para que se tramitasen como reclamaciones. Se examinaron 196 reclamaciones presentadas en 1995. El Defensor del Pueblo también inició tres investigaciones de oficio. (Véase Anexo A, Estadísticas, pág. 50).

2.1 BASE JURÍDICA PARA EL TRABAJO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

El trabajo del Defensor del Pueblo se realiza de acuerdo con el artículo 138 E del Tratado y el Estatuto del Defensor del Pueblo (1). El artículo 14 del Estatuto establece que el Defensor del Pueblo adoptará normas de ejecución. Teniendo en cuenta la escasa experiencia de que se dispone sobre el funcionamiento de la secretaría del Defensor del Pueblo Europeo, a lo largo de 1996 se adoptaron estas normas sobre una base indicativa y provisional.

Las disposiciones, adoptadas el 4 de septiembre de 1996, se refieren al funcionamiento interno de la secretaría del Defensor del Pueblo. Sin embargo, para que constituyan un documento comprensible y útil a los ciudadanos, también incluyen información sobre otros órganos e instituciones que ya contiene el Estatuto del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo informó a la Comisión de Peticiones y a la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo de la aprobación de las normas de ejecución sobre una base indicativa y provisional. Durante 1997 se adoptarán normas de ejecución oficiales y definitivas.

Como se indica en el Informe Anual 1995 del Defensor del Pueblo y en el correspondiente informe de la Comisión de Peticiones, ambos están de acuerdo en transmitirse mutuamente reclamaciones y peticiones en los casos adecuados. Durante 1996, se transmitieron 10 peticiones al Defensor del Pueblo, con el consentimiento del peticionario, para ser tramitadas como reclamaciones. Cinco reclamaciones fueron transferidas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, previo consentimiento del denunciante, para que fueran tratadas como peticiones. Además, en 42 casos, el Defensor del Pueblo recomendó al reclamante que presentase una petición al Parlamento Europeo.

Teniendo en cuenta este acuerdo y su satisfactorio funcionamiento en la práctica, el Defensor del Pueblo no ha considerado necesario elaborar una propuesta en el sentido del apartado 1 del artículo 161 del Reglamento del Parlamento Europeo. Sin embargo, si se considera que es necesario que el Parlamento apruebe disposiciones relativas a sus propios procedimientos en relación con los apartados 7 y 8 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo, éste está dispuesto a estudiar la presentación de una propuesta a este fin.

2.2 TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES

Todas las reclamaciones enviadas al Defensor del Pueblo se registran, enviándose prontamente el acuse de recibo al reclamante. La carta de acuse de recibo informa al reclamante sobre el procedimiento de examen de su reclamación, e indica el nombre y número de teléfono del funcionario jurista que se ocupa de la misma. El paso siguiente es determinar si la reclamación se encuentra dentro del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo.

2.2.1 COMPETENCIAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO

Las competencias del Defensor del Pueblo, establecidas en el artículo 138 E del Tratado CE, le facultan para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Por tanto, una reclamación queda fuera del ámbito de competencias si:

1) El reclamente no es una persona con derecho a presentar una reclamación;

2) La reclamación no se dirige contra una institución u órgano comunitario;

3) Se dirige contra el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, o

4) No se refiere a un posible caso de mala administración.

¿Quién tiene derecho a presentar una reclamación?

Un ciudadano colombiano presentó una reclamación al Defensor del Pueblo contra las autoridades alemanas, a las que acusaba de violar sus derechos humanos por mantenerle en prisión en vez de expulsarle a Colombia. El Defensor del Pueblo consideró a esta persona autorizada por el Tratado para presentar una reclamación, al estar físicamente presente en el territorio de la Unión. Sin embargo, la reclamación era improcedente por no dirigirse contra una institución u órgano comunitario. Por tanto, el Defensor del Pueblo no abrió una investigación al respecto.

(Reclamación 972/24.10.96/FMO/DE/DT)

Ejemplos de reclamaciones no referentes a posibles casos de mala administración

Un diputado al Parlamento Europeo presentó una reclamación al Defensor del Pueblo, alegando mala administración por parte de la Comisión de Peticiones. Se refería a los considerables plazos para el examen de las peticiones, a la discriminación contra los ciudadanos de lengua neerlandesa y alegaba que la programación de las reuniones de la comisión era incompatible con las reuniones de otras comisiones del Parlamento.

En su decisión, el Defensor del Pueblo recordó que el fundamento jurídico del derecho de todo ciudadano de la Unión de presentar una petición al Parlamento Europeo viene dado por los artículos 8 D y 138 D, y que por tanto, tiene un valor «constitucional». En consecuencia, el método de examen de las peticiones es de la mayor importancia. Dificultades graves y persistentes para el examen de las peticiones podrían constituir un atentado contra el derecho de los ciudadanos a que estas se examinen de forma razonablemente eficaz. Sin embargo, es responsabilidad del Parlamento Europeo organizar sus servicios de forma que sea posible llevar a cabo sus funciones institucionales. Las alegaciones del reclamante más bien se refieren a temas políticos que a una cuestión de mala administración que podría ser competencia del Defensor del Pueblo. Por tanto, el Defensor del Pueblo no abrió una investigación sobre el asunto.

(Reclamación 420/9.2.96/PLMP/B)

En otro caso, un ciudadano español protestaba por la decisión aparentemente adoptada por la Comisión Europea de prohibir a la Comisaria Europea de Medio Ambiente, Sra. Ritt Bjerregaard, la publicación de un libro en forma de diario sobre sus experiencias en sus primeros seis meses de trabajo en la Comisión.

Según un comunicado de prensa de la Sra. Bjerregaard, la retirada del libro para su publicación fue resultado de su decisión personal. Por tanto, no existe acto administrativo que pueda ser objeto de una reclamación ante el defensor del Pueblo, y por este motivo, éste no está capacitado para investigar el asunto.

(Reclamación 266/29.11.95/MJA/ES)

2.2.2 ADMISIBILIDAD DE LAS RECLAMACIONES

Una reclamación que esté dentro de las competencias del Defensor del Pueblo debe además cumplir otros criterios de admisibilidad antes de que el Defensor pueda abrir una investigación. Los criterios establecidos por el Estatuto del Defensor de Pueblo son los siguientes:

1) Deben quedar patentes el objeto de la reclamación y la persona de la que proceda (apartado 3 del artículo 2 del Estatuto).

2) La reclamación debe presentarse en el plazo de dos años contados desde que los hechos que la motivan llegaran al conocimiento del reclamante (apartado 4 del artículo 2).

3) La reclamación debe ir precedida de los procedimientos administrativos adecuados ante la institución u órgano de que se trate (apartado 4 del artículo 2).

4) En caso de reclamaciones relativas a las relaciones laborales entre las instituciones u órganos y sus funcionarios y agentes, deben haberse agotado las posibilidades de solicitud o reclamación administrativa interna antes de presentar la reclamación (apartado 8 del artículo 2).

5) El Defensor del Pueblo no puede intervenir en causas que se sigan ante los tribunales ni poner en tela de juicio una sentencia judicial (apartado 3 del artículo 1).

Ejemplo de no admisibilidad

Un ciudadano austriaco presentó una reclamación al Defensor del Pueblo alegando que un concurso organizado por la Comisión Europea para la contratación de administradores de nacionalidad austriaca no se había realizado correctamente. Alegaba, entre otras, que las pruebas escritas no habían sido evaluadas por miembros del tribunal sino por asesores externos procedentes del Ministerio de Asuntos Exteriores austriaco, sin que se hubiese respetado el anonimato de los opositores.

El reclamante ya había presentado el asunto ante el Tribunal de Primera Instancia. Dado que el procedimiento judicial incluía a las mismas partes y se refería a los mismos hechos que la reclamación presentada al Defensor del Pueblo, se consideró de aplicación el apartado 3 del artículo 1 del Estatuto, y el Defensor del Pueblo no pudo ocuparse del caso.

(Reclamación 216/8.11.95/MH/A)

2.2.3 FUNDAMENTOS PARA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN

El Defensor del Pueblo puede ocuparse de asuntos dentro del ámbito de sus competencias, siempre que éstos cumplan los criterios de admisibilidad. El artículo 138 E del Tratado CE establece que «llevará a cabo las investigaciones que considere justificadas». En algunos casos, puede no haber justificación suficiente para que el Defensor abra una investigación, aunque la reclamación sea técnicamente admisible. En general, cuando una reclamación ya se ha tramitado como petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo considera que no está justificada una investigación, salvo que se aporten nuevas pruebas.

Ejemplo de una reclamación en que la investigación no estaba justificada

Se presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo sobre la unidad de desarrollo cooperativo de FAS, financiada por el Fondo Social Europeo. El reclamante alegaba que una solicitud de subvención de FAS no se había tratado con equidad. Sin embargo, no aportaba ninguna prueba en apoyo de sus alegación. Por tanto, el Defensor del Pueblo consideró que no estaba justificada una investigación.

(Reclamación 582/12.5.96/MG/IRL)

2.3 ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES

De las 842 nuevas reclamaciones registradas en 1996, el 17 % procedía del Reino Unido, el 14 % de Alemania, el 11 % de España, el 11 % de Francia y el 10 % de Italia. En la página 50 del Apéndice A, Estadísticas, se presenta un análisis completo del origen geográfico de las reclamaciones.

Durante 1996, el proceso de examen de las reclamaciones a fin de comprobar que éstas se hayan dentro del ámbito de competencias del Defensor, que cumplen los criterios de admisibilidad y que se justifica además la apertura de una investigación se completó en 921 casos. El 35 % de las reclamaciones examinadas se encontraba dentro del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo. De estas últimas, 254 cumplían los criterios de admisibilidad, pero 47 no justificaron la apertura de una investigación. Se iniciaron investigaciones en 207 casos.

La mayoría de las reclamaciones en las que un investigación se consideró justificada se dirigían contra la Comisión Europea (81 %). Como se indicó en el Informe Anual de 1995, la Comisión es la principal institución comunitaria que toma decisiones con repercusiones directas para los ciudadanos. Es normal, por consiguiente, que esta institución sea el objeto principal de sus reclamaciones. Se presentaron 19 reclamaciones contra el Parlamento Europeo y 4 contra el Consejo de la Unión Europea.

La mayoría de las alegaciones de mala administración se refirieron al incumplimiento de obligaciones, es decir, no realización por parte de la Comisión Europea de su función como «guardián de los Tratados» con respecto a los Estados miembros (83 casos), procedimientos insatisfactorios o falta de respeto a los derechos de defensa (30 casos), falta de transparencia (30 casos), injusticia o abuso de poder (16 casos), mal funcionamiento e incompetencia (18 casos), retrasos evitables (15 casos) y discriminación (15 casos).

2.4 RECOMENDACIÓN DE DIRIGIRSE A OTRAS AGENCIAS

Si una reclamación no es admisible, o no es de la competencia del Defensor del Pueblo, éste trata de recomendar al reclamante que se dirija a otra agencia que pueda entender de la reclamación. Durante 1996, esta recomendación se realizó en 243 casos, la mayoría de ellos referentes al Derecho comunitario. En 130 casos se recomendó al autor que presentara su reclamación a un Defensor del Pueblo nacional o regional o a un organismo similar. En 42 casos, se recomendó presentar una petición al Parlamento Europeo. En 43 casos se recomendó dirigirse a la Comisión Europea; en esta cifra se incluyen algunos casos en que se declaró inadmisible una reclamación contra la Comisión al no haberse utilizado los procedimientos administrativos adecuados ante esta institución.

2.5 DECISIONES ADOPTADAS TRAS UNA INVESTIGACIÓN DEL DEFENSOR

Cuando el Defensor del Pueblo decide iniciar una investigación sobre una reclamación, el primer paso es enviar la reclamación con sus anexos a la institución u órgano comunitario objeto de la misma, para recabar una primera opinión. Una vez se recibe esta primera opinión, se transmite al reclamante para que formule sus observaciones.

En algunos casos, la propia institución u órgano toma medidas para resolver el asunto de forma satisfactoria para el reclamante. Si la primera opinión y las observaciones muestran que ésto ha sido así, el asunto se cierra como «resuelto por la institución». En otros casos, el autor decide retirar la reclamación y el asunto se archiva por este motivo.

Si la institución no resuelve la reclamación ni el reclamante desiste de proseguir la tramitación, el Defensor del Pueblo continúa la investigación. Si ésta no revela un caso de mala administración, se informa en consecuencia al reclamante y a la institución, procediéndose al archivo del caso.

Si la investigación revela un caso de mala administración, el Defensor del Pueblo trata de encontrar una solución amistosa para eliminarlo y satisfacer al reclamante. Cuando una solución amistosa no es posible, o si las tentativas para llegar a ella no dan resultado, el Defensor del Pueblo archiva el asunto con una observación crítica a la institución u órgano que se trate, o bien reconoce oficialmente la mala administración con un proyecto de recomendación.

Se considera apropiada una nota crítica cuando no parece que el caso de mala administración tenga consecuencias generales y no se considera necesaria una nueva actuación del Defensor del Pueblo.

En los casos en que una nueva actuación del Defensor del Pueblo se considera adecuada (es decir, casos graves de mala administración o aquellos con consecuencias generales), el Defensor adopta una decisión que incluye un proyecto de recomendación para la institución u órgano de que se trate. De conformidad con el apartado 6 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo, la institución u órgano debe enviar un informe detallado en el plazo de tres meses. Este informe puede consistir en la aceptación de la decisión del Defensor del Pueblo y una descripción de las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones.

En 1996 el Defensor del Pueblo inició 210 investigaciones, 207 basadas en una reclamación y 3 por iniciativa propia.

12 casos fueron resueltos por la propia institución u órgano. En dos casos, se retiró la reclamación. En 82 casos, la investigación del Defensor del Pueblo no reveló ningún caso de mala administración.

En 32 casos, se envió un comentario crítico a la institución. En dos casos, se enviaron proyectos de recomendaciones a la institución u organismo afectados, para los que el plazo de tres meses para que la institución u órgano afectado formulen sus comentarios expiraba en ya en 1997. (Para más detalles, véase el Apéndice A, Estadísticas, pág. 50)

3. DECISIONES TRAS UNA INVESTIGACIÓN

3.1 CASOS EN LOS QUE NO SE HA CONSTATADO MALA ADMINISTRACIÓN

3.1.1 PARLAMENTO EUROPEO

RESCISIÓN DE UN CONTRATO

Decisión sobre la reclamación 11/3.1.95/DK/UK-EF-en contra el Parlamento Europeo

Reclamación

La Sra. K. dirigió una carta al Defensor del Pueblo Europeo el 5 de diciembre de 1994 para quejarse de que el Parlamento Europeo en Luxemburgo había dado por concluido su contrato sin previo aviso por causa de su negativa a firmar un acta incorrecta en una reunión.

Investigación

Las averiguaciones en este caso comenzaron una vez que el Defensor del Pueblo Europeo fue elegido. El 22 de febrero de 1996, el Defensor del Pueblo Europeo recibió comentarios del Parlamento Europeo sobre esta reclamación. Estas observaciones fueron remitidas al denunciante el 8 de marzo de 1996, quien a su vez respondió con sus observaciones el 12 de marzo.

Decisión

1) Conclusiones en cuestiones de derecho y posible alcance de mala administración

1.1 El Defensor del Pueblo Europeo no aceptó la suposición de que existía un contrato de trabajo entre el denunciante y el Parlamento Europeo. No cabe duda que el denunciante había firmado un contrato con la compañía T.C.S. Ltd., que a su vez había firmado un contrato con el Parlamento Europeo. Este contrato parece haber sido la base jurídica de la relación laboral entre el denunciante y el Parlamento Europeo.

1.2 La ausencia de contrato de trabajo no es decisiva de la cuestión de mala administración. El tratamiento recibido por un individuo que trabaje en el Parlamento Europeo en las circunstancias del denunciante podría equivaler a mala administración.

2) Averiguaciones relativas a los hechos

2.1 De la reclamación, de los documentos que la acompañaban, así como de las averiguaciones que se han llevado a cabo, queda claro que la relación laboral entre el denunciante y la persona principal sujeto de su reclamación, el Sr. B., se había deteriorado antes de los acontecimientos que dieron lugar a la reclamación. No había pruebas de que este deterioro de la relación laboral fuera el resultado, o se viera acompañado de mala administración.

2.2 Los hechos relativos al incidente relacionado con el acta han sido negados. No existe duda sobre la fecha y el lugar en que tuvieron lugar diferentes reuniones y sobre las personas presentes, aunque sí existieron diferencias de hecho y de interpretación entre los diferentes relatos de lo que aconteció en esas reuniones y de su importancia. El Defensor del Pueblo Europeo no encontró pruebas que sugirieran que el mencionado incidente estuviera causado o fuera en sí mismo un acto de mala administración. Parecía poco probable que averiguaciones posteriores hubieran podido permitir al Defensor del Pueblo Europeo resolver los temas en litigio a favor del denunciante.

En vista de las averiguaciones arriba mencionadas sobre cuestiones de derecho y de hecho, el Defensor del Pueblo Europeo decidió que no se justificaba realizar averiguaciones posteriores y procedió al archivo del caso.

3.1.2 COMISIÓN EUROPEA

PRUEBAS NUCLEARES EN LA POLINESIA FRANCESA

Reclamaciones 34/21.7.95/PMK/EN, 148/28.9.95/BLES-DE, 215/07.11.95/FJRC/ES, 242/20.11.95/DS/UK-EN, 243/20.11.95/JF/UK-EN, 244/20.11.95/RSS/UK-EN, 2461/22.11.95/JML/UK-EN, 247/22.11.95/HW/UK-EN, 248/22.11.95/DT/UK-EN, 250/22.11.95/GMA/UK-EN, 251/22.11.95/MG/UK-EN, 285/14.12.HNDG/PO-PO, 294/3.1.96/AB/UK-EN, 296/3.1.96/PS/UK-EN, 297/3.1.96/FDN/UK-EN, 299/12.1.96/APW/UK-EN, 301/13.12.95/PB/UK-EN, 323/4.1.96/JM/UK-EN, 326/8.1.96/WMC/UK-EN, 329/8.1.96/CG/UK-EN, 341/8.1.96/JB/UK-EN, 342/8.1.96/RN/UK-EN, 343/8.1.96/CRJ/UK-EN, 344/8.1.96/MD/UK-EN, 345/13.12.95/PM/UK-EN, 351/11.1.96/PLT/UK-EN, 352/10.1.96/DP/UK-EN, 353/10.1.96/RW/UK-EN, 368/16.1.MO/UK-EN, 369/16.1.96/DH/UJ-EN, 370/16.1.96/RB/UK-EN, 375/18.1.96/LF/UK-EN, 379/26.1.96/PE/UK-EN, 380/25.1.96/AS/UK-EN, 386/22.1.96/AH/UK-EN, 399/31.1.96/J & J/UK-EN, 410/7.2.96/EHW/UK-EN, 440/20.2.96/AW/UK-EN contra la Comisión Europea

Reclamaciones

Durante el otoño de 1995 y los primeros meses de 1996, el Defensor del Pueblo Europeo recibió un número elevado de reclamaciones relativas a las pruebas nucleares que el Gobierno francés anunció que iba a iniciar en la Polinesia francesa en junio de 1995. En las reclamaciones se señalaba, fundamentalmente, que la Comisión se había comportado de forma pasiva al respecto.

Investigación

En su primer dictamen sobre este asunto, la Comisión llamó la atención del Defensor del Pueblo Europeo sobre el hecho de que una serie de personas había incoado un proceso sobre el mismo tema ante el Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, no emitió ningún dictamen sobre el fondo de las reclamaciones.

A fin de poder evaluar adecuadamente si, con arreglo al apartado 3 del artículo 1 y al apartado 7 del artículo 2 del Estatuto, el Defensor del Pueblo Europeo estaba obligado a terminar su estudio sobre las reclamaciones en razón de la identidad de los procedimientos que se seguían ante el Tribunal y de dichas reclamaciones, el Defensor del Pueblo Europeo pidió a la Comisión que le remitiera una copia de los procedimientos que se seguían ante el Tribunal. La Comisión no presentó la documentación solicitada y los demandantes retiraron, entre tanto, la demanda presentada ante el Tribunal. Posteriormente, la Comisión presentó observaciones sobre el fondo de las reclamaciones. En esencia, la Comisión afirmó:

«Todas las reclamaciones, excepto una, consideran que la Comisión no ha aplicado correctamente la legislación comunitaria respecto a las pruebas nucleares en la Polinesia francesa. Aunque en la mayor parte de las mismas no se especifica qué disposiciones jurídicas se han infringido, puede considerarse que todas denuncian que la Comisión Europea no ha aplicado el artículo 34 del Tratado Euratom a las pruebas nucleares realizadas en esta fecha por Francia.

En primer lugar, y a pesar de lo que se afirma en algunas reclamaciones, el dictamen que debe emitir la Comisión a petición de un Estado miembro de conformidad con el artículo 34 del Tratado Euratom, no se refiere a la conveniencia de realizar un experimento particularmente peligroso, sino a las disposiciones suplementarias para la protección sanitaria que debe adoptar el Estado miembro responsable.

A pesar de lo señalado en el artículo 34 del Tratado Euratom, Francia no había remitido ninguna documentación relativa a las nuevas series de pruebas que se iniciaron en 1995 desde que se anunciaron en junio de 1995. La Comisión, sin embargo, había intentado asegurar que se respetarían plenamente las disposiciones del Tratado.

Con dicho objetivo, la Comisión reunió información relevante de diferentes fuentes y evaluó los datos recibidos así como la información de la que ya disponía. (Una lista de los principales documentos se adjunta a la presente comunicación). La Comisión hizo incapié sobre el informe elaborado por el "Institut for Transuranium Elements" en Karlsruhe, el 19 de octubre de 1995, relativo a las consecuencias de la liberación, parcial o total, de radiactividad en el agua de las cavidades ocasionadas por las pruebas nucleares subterráneas en Mururoa y Fangataufa. El informe concluyó que, aun suponiendo que se liberase totalmente la radiactividad contenida en el agua de las cavidades creadas como consecuencia de las explosiones subterráneas, se seguirían respetando los límites anuales para la ingestión de agua potable.

A fin de confirmar que los datos sobre los niveles de radiactividad medioambiental puestos a disposición por Francia eran fiables, con arreglo al artículo 35 del Tratado Euratom, se llevó a cabo una misión de verificación en la Polinesia francesa del 18 al 29 de septiembre de 1995 a fin de verificar el funcionamiento y la eficacia de las instalaciones que controlan el índice de radiactividad en la atmósfera, las aguas y el suelo dentro de la región. Las actividades de verificación en las instalaciones militares fueron, en general, satisfactorias y no dieron lugar a ninguna observación de importancia con relación al buen funcionamiento y a la eficacia seguras de las instalaciones y a la suficiencia de los programas de control.

La Comisión debatió esta cuestión en diversas ocasiones entre septiembre y octubre de 1995 y en su reunión del 23 de octubre de 1995 concluyó que las condiciones específicas en las que estaban teniendo lugar las últimas pruebas en la Polinesia francesa no originaban un riesgo perceptible de exposición significativa de los trabajadores o de la población a una radiación ionizante y de que no eran aplicables, por tanto, las disposiciones del artículo 34.»

A las observaciones de la Comisión se adjuntaba una lista de los 25 principales documentos en los que la Comisión había basado sus conclusiones.

Las observaciones se remitieron a los demandantes, la mayoría de los cuales decidió no realizar comentarios sobre la posición de la Comisión.

Decisión

El Defensor del Pueblo Europeo concluyó que no había justificación para sostener que la Comisión se había comportado de forma pasiva ante esta cuestión, indicando además que, a la vista de las consideraciones presentadas por los demandantes, no consideraba que la Comisión hubiera ejercido sus competencias de forma errónea o incompleta. En consecuencia, el Defensor del Pueblo Europeo concluyó que la Comisión no había obrado de manera incorrecta, archivando en consecuencia los casos.

MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES AL PROGRAMA LIEN PHARE-TACIS

Decisión sobre la reclamación 52/27.7.95/JL/B contra la Comisión Europea

Reclamacion

El Sr. L. se ha dirigido por escrito al Defensor del Pueblo Europeo respecto al rechazo de la Comisión Europea para la financiación por medio del programa LIEN Phare-Tacis 1994 de asistencia a Estados de la Europa Central y del Este y de la antigua Unión Soviética, de algunos proyectos que le habían sido enviados. La carta en la que se le informaba de este rechazo afirmaba que la Comisión no está obligada a justificar sus decisiones. El Sr. L declara que, en realidad, recibió breves comentarios sobre las razones del rechazo en un formulario de información estándar. Consideró que esta información era insuficiente para permitir que los posibles fallos que contuviera la solicitud pudieran ser reparados con vistas a una nueva presentación.

El reclamante preguntó si la administración dispone de un método general de evaluación que se utilice en todas las solicitudes de proyectos LIEN y, en caso afirmativo, las razones por las que no se comunica a los solicitantes los resultados de la utilización de ese método.

Investigación

Las investigaciones efectuadas mostraron que el proceso de selección de proyectos en el marco del programa LIEN Phare-Tacis 1994 implica tres fases:

1) Primera selección y evaluación de las propuestas a cargo de un equipo de expertos proporcionados por el «European Volunteer Center/East European Partnership» (CEV/EEP), una compañía especializada con sede en Bruselas;

2) Examen de las recomendaciones emitidas por un Grupo Asesor de especialistas procedentes de diferentes Direcciones Generales de la Comisión;

3) Selección final por la Comisión a partir de propuestas del Grupo Asesor. En 1994 se aceptaron 53 proyectos de un total de 590 solicitudes.

En su respuesta a la solicitud de comentarios del Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión afirmó que la carpeta de documentación sobre LIEN contiene un cuadro de evaluación con criterios pormenorizados y el peso relativo de cada uno. La respuesta declaraba también que el Grupo Asesor «toma también en cuenta consideraciones como la de una distribución geográfica equitable».

La Comisión sostiene que es imposible en la práctica detallar por escrito los análisis pormenorizados individuales para cada propuesta rechazada. Por esta razón la carta en la que se informa a los solicitantes no seleccionados utiliza un formulario estándar que contiene de forma sucinta las razones generales y donde se les invita expresamente a contactar al CEV/EEP si desean más explicaciones. De acuerdo con la Comisión, el CEV/EEP no transmite los informes de los evaluadores a los solicitantes, pero por regla general sí los envía a aquéllos solicitantes que se muestran interesados, e incluso discute las conclusiones con ellos. La Comisión sostiene que el Sr. L. no había hecho uso de la oportunidad de recibir mayores detalles sobre el rechazo de su proyecto por parte de CEV/EEP.

Tras analizar los comentarios de la Comisión y las observaciones de los denunciantes, el Defensor del Pueblo Europeo ha realizado investigaciones adicionales en la Comisión. En su respuesta ésta afirmó que la evaluación cualitativa que presenta el grupo de expertos se aplica sólo en la fase 1 del proceso de selección. La evaluación divide las propuestas en dos categorías principales: aquéllas que obtienen una puntuación por encima del 50 % y aquéllas que puntúan por debajo del 50 %. Este porcentaje es el resultado de la aplicación de los baremos contenidos en la carpeta de documentación. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión, cuando un solicitante que ha sido rechazado se reúne con los representantes del CCV/EEP para examinar las deficiencias del proyecto, se dan a conocer los comentarios que hayan surgido durante la reunión del Grupo Asesor, así como cualquier consideración adicional de la Comisión, además de los puntos importantes de los informes de evaluación. El objetivo de estas reuniones es ayudar al solicitante a detectar los puntos fuertes y débiles del proyecto, para que una futura solicitud pueda tener más éxito; de suerte que estas explicaciones adicionales se refieren a todo el proceso de selección.

Decisión

1) La comunicación de las razones a los solicitantes rechazados

1.1 La Comisión no afirmó en sus respuestas al Defensor del Pueblo Europeo que no tuviera la obligación de dar razones a aquellos solicitantes que habían sido rechazados en el marco de el programa LIEN Phare-Tacis. Por el contrario, la Comisión subrayó que pretendía:

- asegurar la transparencia del procedimiento de selección; y

- ayudar a los solicitantes a descubrir los puntos débiles y fuertes de un proyecto que no había sido seleccionado de modo que una futura solicitud pudiera tener más éxito.

1.2 Se trata pues de saber si las razones que se ofrecieron eran las adecuadas para alcanzar este propósito. Estas cuestiones debían ser formuladas en el contexto del proceso de toma de decisiones correspondientes.

2) Resumen de razones con otra información disponible previa solicitud

2.1 Parece que la Comisión explicó el rechazo de las propuestas presentadas bajo el programa LIEN Phare-Tacis dando un resumen de razones en un formulario modelo y permitió obtener mayor información previa solicitud.

2.2 Se deduce de las respuestas de la Comisión que, por razones presupuestarias, solamente se financiaron un 10 % de los proyectos presentados y que proyectos con una alta evaluación pueden quedar sin financiación. El procedimiento de selección de proyectos, por lo tanto, parece tener las características de un procedimiento de licitación pública de contratos.

2.3 En este contexto, sería conveniente referirse por analogía a las disposiciones de la Directiva de servicios públicos (2) en lo que se refiere a las razones comunicadas a los licitantes rechazados. El artículo 12 de esta Directiva no requiere que se den automáticamente las razones, pero la autoridad contratante deberá informar a cualquier candidato eliminado o licitante que lo solicite de las razones por las que su solicitud o su licitación no ha sido aceptada.

2.4 En este sentido, el procedimiento adoptado para el programa LIEN Phare-Tacis de proporcionar un resumen de las razones en un formulario modelo seguido de mayor información previa solicitud no parece inadecuado.

3) La transparencia del procedimiento de selección

3.1 De acuerdo con las respuestas de la Comisión, la información adicional que se proporciona previa solicitud cubre las tres fases del procedimiento de selección.

3.2 La carpeta de información publicada sobre el programa LIEN contenía una sección denominada «¿Quién toma la decisión de subvencionar un proyecto y quién lo evalúa?» Esta sección de la carpeta de información afirmaba que «un grupo de expertos recibe, examina y evalúa las solicitudes, y formula recomendaciones a la Comisión, quien lleva a cabo la selección última de los proyectos». Esta descripción, aunque abreviada, parece reflejar fielmente el procedimiento.

3.3 La sección inmediatamente posterior de la carpeta de documentación se titulaba «¿Qué criterios se emplean para evaluar las solicitudes?» y explica la ponderación porcentual de cada uno. De acuerdo con la respuesta de la Comisión, esta ponderación se aplica sólo en la primera fase del procedimiento de selección.

3.4 En su conjunto, la carpeta de documentación contiene información útil para ayudar a los solicitantes a formular sus propuestas y permitirles, a ellos y a terceros, comprender cómo aplica la Comisión las políticas comunitarias importantes. Sin embargo, la información proporcionada hubiera sido más completa y se hubiera podido evitar la confusión potencial si se hubiera expresado claramente que los criterios y porcentajes ponderados se aplicaban a la valoración realizada por los expertos y que la decisión de la Comisión podría incluir factores adicionales. La transparencia del procedimiento se hubiera también visto mejorada si la Comisión hubiera especificado los factores adicionales que determinan su decisión.

Conclusión

Las averiguaciones realizadas por el Defensor del Pueblo Europeo en torno a esta reclamación no revelaron ningún caso de mala administración por parte de la Comisión. La transparencia del procedimiento de selección podría ser mejorada dejando claro que la decisión de la Comisión puede incluir factores diferentes a los criterios y a la ponderación porcentual hecha pública. Se podría mejorar aún más si la Comisión especificara cuáles son estos factores. En consecuencia, el Defensor del Pueblo Europeo archivó este caso.

ACCESO A INFORMACIÓN EN PODER DE LA COMISIÓN

Decisión sobre las reclamaciones 69/16.08.95/WDR/PD/D-de y 70/16.08.95/SF/PD-D-de contra la Comisión Europea

Reclamaciones

Los señores M. y W., de nacionalidad alemana, presentaron reclamaciones relativas a un funcionario de la Comisión. Los Sres. M. y W. se habían dirigido a este dicho funcionario a fin de obtener información relativa a un tema sobre el que estaban realizando un reportaje para la TV. Afirmaron que el funcionario en cuestión se negó a proporcionarles información y no contestó a los telefaxes que le habían sido enviados.

Dado que las dos reclamaciones se refieren a los mismos hechos y que fueron presentadas conjuntamente, el Defensor del Pueblo Europeo decidió asimismo tratarlas conjuntamente.

Investigación

En su dictamen sobre las reclamaciones, la Comisión afirmó que el funcionario no estaba en condiciones de ser entrevistado por los periodistas, dado que la política de la Comisión consiste en canalizar todos los contactos con periodistas a través del Servicio del Portavoz. Es, por lo tanto, responsabilidad de dicho Servicio ofrecer entrevistas a los periodistas o, en su caso, decidir que se entreviste a un funcionario competente de otro servicio. Parece que en este caso se ha podido producir un malentendido al respecto y la Comisión afirma que adoptará las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan tales malentendidos. La Comisión afirmó, además, que, de conformidad con la Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1994 sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión, el público puede acceder a los documentos de la Comisión.

Decisión

De las observaciones de la Comisión se deduce que se había producido un malentendido en este caso y como consecuencia se han adoptado ya medidas para evitar malentendidos de ese tipo en el futuro. En consecuencia, el Defensor del Pueblo Europeo consideró que no había motivos para seguir tratando las reclamaciones y decidió el archivo del asunto.

DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LISTA DE RESERVA

Decisión sobre la reclamación 71/16.08.95/JD/B contra la Comisión Europea

Reclamación

El 1 de agosto de 1995. el Sr. D. presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo sobre la lista de reserva del concurso COM/A/730, en el que había participado con éxito en 1991. Alegaba que la lista de reserva del concurso COM/A/730 sólo se había mantenido hasta el 31 de diciembre de 1994, que la Comisión había contratado expertos nacionales mientras la lista de reserva aún estaba completa, y que no había recibido respuesta a su carta cuando indicó estos asuntos a la Comisión.

Investigación

El 13 de diciembre de 1995, el Defensor del Pueblo transmitió la reclamación a la Comisión Europea, solicitando sus comentarios. La Comisión realizó sus primeras observaciones el 27 de marzo de 1996, que se trasmitieron al autor de la reclamación el 30 de abril de 1996.

Según la Comisión, la decisión de no mantener la lista de reserva más allá del 31 de diciembre de 1994 se basó en el número de personas ya contratadas de la lista (sólo quedaban dos candidatos) y en el tipo de perfil que se consideraba necesario de cara al futuro.

Por lo que se refiere a la comisión de servicio de expertos nacionales, la Comisión opina que sirve a un fin específico, que no sólo permite a la Comisión beneficiarse de la experiencia y conocimientos de estos funcionarios nacionales, sino también llegar a un mejor entendimiento mutuo entre las administraciones nacionales y europea. Por ello es perfectamente comprensible que los expertos nacionales no se contraten entre los candidatos que han superado un concurso. Por último, la Comisión se disculpa por la falta de respuesta a la carta de 30 de enero de 1995, e indica que tal situación no se repetirá en el futuro.

El autor de la reclamación formuló sus comentarios sobre las observaciones de la Comisión el 13 de septiembre de 1996. En ellos opina que al evaluar la política de la Comisión en lo referente a la comisión de servicio de expertos nacionales, debería tenerse en cuenta que el experto nacional en cuestión fue contratado como agente temporal tras su contratación como experto nacional.

Decisión

La Comisión estableció las normas referentes a la comisión de servicio de expertos nacionales en una Decisión de 26 de julio de 1988. El procedimiento para la comisión de servicio de expertos nacionales es de naturaleza distinta al que se sigue para cubrir los puestos reservados a los candidatos que superan un concurso. Lo mismo cabe decir de los puestos de agentes temporales. La política de la Comisión de no dar preferencia a los candidatos en lista de reserva a la hora de cubrir estos puestos no parece poder ponerse en tela de juicio.

El artículo 5 del Anexo III del Estatuto de los funcionarios establece la obligación de incluir en la lista de reserva a un número superior de candidatos que los puestos sacados a concurso. Por ello, es comprensible el argumento de la Comisión de que un candidato que ha superado un concurso no adquiere el derecho de ser contratado.

La Comisión tiene el derecho de mantener una lista de reserva específica. Cuando se espere que el perfil de los puestos a cubrir en el futuro sea diferente del perfil para el que se celebró el concurso, puede parecer injustificado el mantenimiento de la validez de la lista. En el caso de la lista de reserva del concurso COM/A/730, se había consultado al servicio de la Comisión especialmente afectado por la misma antes de adoptar una decisión sobre su mantenimiento.

Desde este punto de vista, la decisión de no prorrogar la validez de la lista de reserva para el concurso COM /A/730 más allá del 31 de diciembre de 1994, aunque aún contara con dos candidatos, no parece contraria a los principios generales de buen comportamiento administrativo.

A la luz de estos hechos, y teniendo en cuenta que la Comisión se disculpó por no contestar a la carta de 30 de enero de 1995, el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que no se trata de un caso de mala administración, procediendo en consecuencia al archivo del caso.

ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE LA COMISIÓN

Decisión sobre la reclamación 104/1.9.95/IDS/B/PD contra la Comisión Europea

Reclamación

El Sr. B., de nacionalidad francesa, presentó una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea, en la que se indicaba que, desde hace un año, intentaba obtener una relación nominal, por países, de las instituciones y asociaciones que entre 1981 y 1994 recibieron ayudas del Fondo Social Europeo en el marco de los programas de formación para minusválidos.

Investigación

En su dictamen sobre la reclamación, la Comisión indicó que, por lo que se refiere al período 1989-1994, no disponía directamente de las informaciones solicitadas por el demandante y que dar curso favorable a su solicitud implicaba una operación muy engorrosa, así como la realización de investigaciones por los Estados miembros. Por lo que se refiere al período anterior, la Comisión indicó que disponía de elementos que podrían servir de base a una investigación susceptible de proporcionar la información solicitada. La Comisión se ha manifestado dispuesta a emprender dicha investigación en el caso de que el demandante confirme su interés por dicho período.

Decisión

El Defensor del Pueblo Europeo ha considerado que los motivos mencionados por la Comisión por lo que se refiere al período 1989-1994 están justificados y ha tomado nota de su prueba de buena voluntad por lo que respecta al período anterior. Sobre esta base, ha decido que no ha lugar a proceder a investigaciones suplementarias y procedió al archivo del caso.

ACCESO A UN DOCUMENTO DE LA COMISIÓN

Decisión sobre la reclamación 180/13.10.95/JPB/PD-B-dk contra la Comisión Europea

Reclamación

El Sr. B., de nacionalidad danesa, presentó una reclamación sobre la negativa de la Comisión a permitirle tener acceso a varios documentos. Al parecer, en mayo de 1995 el Sr. B. solicitó ver un informe elaborado por la Comisión, sobre la promoción del crecimiento. En septiembre de 1995 se le informó de que la Comisión había denegado su solicitud aduciendo que no quería que dicho informe fuese hecho público poco antes de una conferencia sobre el mismo tema que había previsto para noviembre de 1995. El 11 de septiembre de 1995 el demandante pidió a la Comisión que revocara su decisión. Dado que no recibió ninguna respuesta de la Comisión, presentó una reclamación alegando que la actitud de la Comisión era contraria a las normas de acceso a los documentos establecidas en su Decisión de 8 de febrero de 1994 sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión. En dicha decisión se establecen los motivos por los que se puede denegar el acceso a los documentos y el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de acceso. El demandante alegó que el incumplimiento de los plazos para la tramitación de dichas solicitudes, previsto en la decisión, implicaba automáticamente la publicación del documento.

Investigación

En su primer dictamen sobre la reclamación, la Comisión afirmó que la consideraba injustificada, dado que, entre tanto, había enviado el informe al demandante. No obstante, el demandante mantuvo su reclamación.

En su segundo dictamen, la Comisión reconoció que no había cumplido los plazos para la tramitación de las solicitudes, previstos en su Decisión de 8 de febrero de 1994, y afirmó que, en el futuro, haría todo lo que estuviese en su mano para respetar los plazos. Por lo que se refiere a las razones dadas para la denegación original de la solicitud, la Comisión reconoció que de conformidad con la decisión, dichas razones no eran válidas.

Decisión

El Defensor del Pueblo Europeo indicó que el artículo 1 de la Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1994 sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión establece que el Código de conducta común de la Comisión y del Consejo de 31 de diciembre de 1993 relativo al acceso del público a los documentos es aplicable a la Comisión. En consecuencia, el acceso a los documentos puede ser denegado a fin de proteger el interés público (seguridad pública, relaciones internacionales, estabilidad monetaria, procedimientos ante los tribunales, inspecciones e investigaciones), a las personas y su intimidad, los secretos comerciales e industriales, los intereses financieros de la Comunidad, la información clasificada y la confidencialidad de los procedimientos de la Comisión.

En el artículo 2 de la decisión se establece el procedimiento para tener acceso a los documentos: la Comisión informará por escrito al solicitante, en el plazo de un mes, sobre la aprobación o no aprobación de su solicitud. En caso de que no pueda autorizarse el acceso, el solicitante tendrá un mes para presentar una reclamación sobre la denegación del acceso. La falta de respuesta en el plazo de un mes a una petición de acceso constituirá una negativa a la misma y la falta de respuesta en el mes siguiente a la presentación de una petición de revisión constituirá, asimismo, una negativa a la misma. Teniendo en cuenta esto, el Defensor del Pueblo Europeo concluyó que no había motivos para considerar la falta de respuesta como aceptación de una solicitud de acceso.

Con respecto a los motivos dados para denegar la solicitud de acceso, el Defensor del Pueblo Europeo indicó que no estaban incluidos en la lista de consideraciones que, conforme a la Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1994, pueden justificar la denegación de una solicitud. Por lo tanto, consideró la negativa injustificada e incorrecta.

No obstante, dado que el Secretario General de la Comisión había rectificado el error cometido, el Defensor del Pueblo Europeo observó que el demandante había recibido el informe al que había solicitado acceso. Teniendo en cuenta esto y el hecho que el Secretario General, en su respuesta a las solicitudes de información del Defensor del Pueblo Europeo, reconoció abiertamente el error cometido por la Comisión y afirmó que en el futuro haría todo lo posible por evitar que se repitieran dichos errores, el Defensor del Pueblo Europeo estimó que no había motivos para seguir examinando la reclamación y decidió proceder al archivo del caso.

CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIONES RELATIVAS A MATERIALES NUCLEARES

Decisión sobre la reclamación 186/16.10.95/DL/UK/KT contra la Comisión Europea

Reclamación

En octubre de 1995, el Sr. L. envió una reclamación al Defensor del Pueblo, acerca de la respuesta dada por la Comisión Europea a dos preguntas parlamentarias por escrito relativas a materiales nucleares.

El demandante no consideraba que se pudiera justificar el hecho de que la Comisión Europea invocara la cláusula de secreto del artículo 194 del Tratado Euratom en las respuestas a las preguntas, para no divulgar información sobre las reservas de uranio empobrecido o sobre mercados de suministro para instalaciones nucleares. Pidió al Defensor del Pueblo que instara a la Comisión Europea a actuar en un espíritu de transparencia y a comunicar la información solicitada.

Investigación

Tras solicitar observaciones de la Comisión Europea al respecto, ésta indicó que:

Observaciones de la Comisión

En lo que se refiere a la primera pregunta, la Comisión Europea citó el artículo 194 del Tratado Euratom como motivo para no revelar información sobre las reservas de uranio empobrecido en ciertos emplazamientos del Reino Unido. Si un Estado miembro opina algún tipo de información está protegidas por el secreto, la Comisión Europea considera entonces que está obligada a respetar dicha opinión y a mantener en secreto tal información.

En lo que respecta a la segunda pregunta, relativa a la información comercial sobre los mercados de suministro de una instalación nuclear en la Comunidad, la Comisión se refirió asimismo al artículo 194 del Tratado Euratom y a los reglamentos derivados, como motivo para no divulgar tal información comercial. La información fue comunicada a la Comisión por los operadores, de conformidad con el Capítulo VI del Tratado Euratom durante la negociación, pero sigue siendo propiedad de dichos operadores.

Comentarios del demandante sobre las observaciones de la Comisión Europea

Según los comentarios del demandante, la Comisión debería reconsiderar su insistencia en el secreto, ya que tanto el artículo 194 del Tratado Euratom como los reglamentos derivados se adoptaron en dos contextos políticos completamente diferentes. La Guerra Fría y el espionaje nuclear constituían amenazas reales y es evidente que la situación ha cambiado desde entonces.

Decisión

Puesto que la Comisión se refirió en ambos casos al artículo 194, la cláusula del secreto se aplicó para ambas preguntas parlamentarias.

El artículo 194 prevé que:

«Los miembros de las instituciones de la Comunidad (. . .) que (. . .) deban recibir (. . .) informaciones (. . .) protegidos por el secreto, en virtud de disposiciones adoptadas por un Estado miembro (. . .) estarán obligados (. . .) a guardarlos en secreto frente a toda persona no autorizada y al público en general.»

La letra y el espíritu del artículo 194 dejan claro que sus disposiciones son vinculantes para las instituciones comunitarias, que están obligadas a guardar el secreto sobre toda información considerada secreta de acuerdo con las disposiciones establecidas por un Estado miembro.

En el caso presente, la Comisión confirmó sus respuestas a la pregunta E-1805/95 presentada por el Sr. Alex Smith y a la pregunta E-1518/95 presentada por la Sra. Ahern, según las cuales el Estado miembro afectado considera dicha información «protegida por el secreto» y no puede, en consecuencia, divulgarla.

La pregunta de la Sra. Ahern (E-1518/95) es continuación de otras dos preguntas de la Sra. Breyer sobre un mercado de suministros para el reactor nuclear de Garchin. La Comisión invocó un segundo argumento relativo a la confidencialidad de la información comercial. Citó determinadas disposiciones que ponen de relieve la protección de la información comercial. La Comisión no podría divulgar dicha información comercial en tanto que la información solicitada es propiedad de los operadores económicos que actúan en el marco de su capacidad comercial. Se sugería en este caso al diputado que solicitara la información directamente a los operadores afectados.

En sus observaciones al Defensor del Pueblo de 21 de mayo de 1996, la Comisión explicó que:

«De conformidad con el capítulo VI del Tratado Euratom (. . .) los operadores comunicarán a la Agencia la información comercial, incluido el contrato que vaya a concluirse. Dicha información es y seguirá siendo propiedad de los operadores. Los servicios de la Comisión no pueden divulgar dicha información comercial, la cual pertenece a los operadores de que se trate.».

Con el fin de determinar la legalidad de este argumento, se deben examinar las condiciones que rigen el acceso del público a los documentos de la Comisión. La Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1994 relativa al acceso del público a los documentos de la Comisión establece dichas condiciones.

La decisión establece el principio de amplio acceso del público a los documentos de la Comisión, teniendo en cuenta determinadas excepciones relacionadas con la protección del interés público o privado.

El Código de conducta anejo relativo al acceso público a los documentos del Consejo y de la Comisión prevé que:

«Las Instituciones denegarán el acceso a todo documento cuya divulgación pueda suponer un perjuicio para:

- . . .

- la protección del secreto en materia comercial e industrial

- . . .»

Por tanto, al contestar que la información solicitada no puede divulgarse debido a la protección del secreto comercial y al sugerir a los diputados que soliciten dicha información directamente al operador afectado, la Comisión actúa de conformidad con su Decisión de 8 de febrero de 1994.

Dados los resultados de la investigación, el Defensor del Pueblo no consideró que la Comisión hiciera muestra de mala administración en este asunto. Por tanto, decidió que no era necesaria ningún otra investigación ulterior procediendo al archivo del caso.

MEDIDAS TOMADAS DESPUÉS DE LA ABOLICIÓN DE LAS OPERACIONES DE ADUANA EN LAS FRONTERAS

Decisión sobre la reclamación 189/18.10.95/SP/GR/KT contra la Comisión Europea

Reclamación

En octubre de 1995, el Sr. P. escribió al Defensor del Pueblo quejándose de la actuación de la Comisión Europea. Tras la abolición de las fronteras interiores en el proceso del creación del mercado único europeo en enero de 1993, el denunciante se vio obligado a cerrar su agencia de aduanas y sufrió grandes pérdidas económicas. Consideraba que debía recibir una compensación económica. Además, la Comisión Europea no había contestado a su carta de 5 de noviembre de 1993.

Investigación

El Defensor del Pueblo pidió a la Comisión Europea que formulara observaciones sobre la reclamación.

En su respuesta, la Comisión Europea consideraba que no incumbía a la Comunidad hacerse cargo de las responsabilidades de los Estados miembros y de la profesión afectada debido al principio de subsidiariedad.

No obstante, dado el carácter excepcional de la situación derivada del tipo de actividades afectadas, la Comisión consideraba que era justo proponer medidas comunitarias de acompañamiento.

De conformidad con estas medidas, en lo que respecta a Grecia, país de origen del demandante, se asignó un importe de más de 3 millones de ecus a 39 proyectos seleccionados por las autoridades griegas tras una licitación. El plazo de presentación de expedientes venció el 31 de marzo de 1993 y, según la información de que dispone la Comisión, el Sr. P. no presentó ningún proyecto a estas autoridades (Ministerio de Economía).

Se enviaron las observaciones de la Comisión Europea al Sr. P. para que éste formulara comentarios. En su respuesta, el demandante reiteró su opinión de que debía recibir una compensación económica. Afirmó asimismo que había presentado un expediente a las autoridades griegas.

Decisión

Se desprende de la reclamación, de los documentos que la apoyan así como de la investigación realizada, que la Comisión propuso medidas comunitarias de acompañamiento para facilitar la reconversión de las empresas afectadas tras la abolición de las operaciones de aduana en las fronteras interiores de la Comunidad el 1 de enero de 1993. Entre éstas, se encuentran medidas específicas en el Reglamento (CEE) n° 3 904/92 relativo a las medidas destinadas a adaptar la profesión de agente de aduanas al mercado interior.

En lo que se refiere a Grecia, las autoridades griegas (Ministerio de Economía) recibieron más de 3 millones de ecus para apoyar a las empresas más afectadas por la abolición de las fronteras. Las autoridades griegas destinaron este importe a 39 proyectos, en el que participaron 1 874 personas seleccionadas tras una licitación publicada en la prensa nacional. El plazo de presentación de expedientes vencía el 31 de marzo de 1993, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento arriba mencionado.

El Sr. P. afirmó que había presentado un proyecto, habiendo acompañado un documento que mostraba su solicitud ante el Ministerio de Economía. No obstante, dicho documento era de fecha de 11 de marzo de 1994, es decir, un año después del vencimiento del plazo. Por tanto, el Ministerio de Economía no podía aprobar su proyecto.

En lo que se refiere a la falta de respuesta de la Comisión a la carta del denunciante de noviembre de 1993, se ha llamado la atención de la Comisión sobre la lamentable falta de respuesta y sobre la necesidad que tales omisiones no vuelvan a producirse.

A la vista de estos resultados, el Defensor del Pueblo decidió que no era necesaria ninguna investigación ulterior, procediendo al archivo del caso.

EXCESIVO NUMERO DE ALUMNOS EN LA ESCUELA EUROPEA BRUSELAS II

Decisión sobre la reclamación 199/23.10.95/EP/B/KT contra la Comisión Europea

Reclamación

El Sr. P. presentó una reclamación en octubre de 1995 sobre el problema del excesivo número de alumnos en la Escuela Europea de Bruselas II.

Denunciaba que las aulas se encontraban en lugares previstos en principio con otros fines, que el número de niños por clase era excesivo, que las instalaciones sanitarias dejaban que desear y que no se respetaban las normas de seguridad en dicha escuela.

Investigación

El Defensor del Pueblo informó a la Comisión Europea sobre la reclamación.

La Comisión transmitió sus observaciones al Defensor del Pueblo recordando el contexto histórico y jurídico de la creación de las Escuelas Europeas. Por otra parte, proporcionó las explicaciones sobre sus poderes y competencias en la gestión de las Escuelas Europeas.

Las observaciones de la Comisión se comunicaron al demandante, quien no formuló ningún comentario.

Decisión

La creación de las Escuelas Europeas tiene como fundamento jurídico el Convenio de 12 de abril de 1957 por el que se establece el Estatuto de la Escuela Europea firmado por los seis Estados fundadores de la Comunidad. Dicho Convenio crea un modelo de cooperación intergubernamental, ya que la Escuela Europea se ha concebido como una creación exclusiva de los Estados miembros. Éstos eran las únicas partes contratantes del Convenio y los únicos en participar en el Consejo Superior, que constituye el órgano supremo en materia administrativa, pedagógica y financiera.

Más tarde, la Comunidad, sin convertirse por ello en parte contratante del Convenio, se incorporó al Consejo superior con los mismos derechos que los Estados miembros y el modelo de cooperación intergubernamental se vio matizado por la participación de la Comunidad.

Así, el Consejo Superior está actualmente compuesto por los Estados miembros de la Comunidad y por la Comisión, que participa en él con un voto. Las decisiones en materia presupuestaria y pedagógica se toman por unanimidad y las decisiones relativas a la administración se toman por mayoría de dos tercios.

El suministro de los edificios y de los equipamientos de la escuela de Bruselas II, así como su mantenimiento, incumben a las autoridades belgas.

A este respecto, en su calidad de institución comunitaria y miembro del Consejo Superior, la Comisión ha iniciado diversos trámites para hacer que las autoridades belgas corrijan los problemas ocasionados por el excesivo número de alumnos en la escuela de Bruselas II.

Habida cuenta de sus limitados poderes en la gestión de las Escuelas Europeas y de las diligencias que ha iniciado con respecto a las autoridades belgas, para el problema de superpoblación de la Escuela Europea de Bruselas II, el Defensor del Pueblo decidió que no se puede atribuir ningún acto de mala administración a la Comisión Europea en este asunto, procediendo al archivo del caso.

RECLUTAMIENTO A PARTIR DE UNA LISTA DE RESERVA TRAS UN CONCURSO-OPOSICIÓN

Decisión sobre la reclamación 225/13.11.95/JV/B/KT contra la Comisión Europea

El Sr. V., candidato en una lista de reserva establecida tras un concurso oposición de la Comisión, se dirigió al Defensor del Pueblo Europeo al no haber sido contactado por la Comisión con vistas a su reclutamiento. La Comisión Europea ha organizado un nuevo concurso oposición en el mismo ámbito, sin haber agotado previamente la lista de reserva del concurso anterior.

El Defensor del Pueblo Europeo se dirigió a la Comisión Europea solicitándole sus observaciones sobre la reclamación.

En su respuesta, la Comisión Europea explicó que el hecho de estar en una lista de reserva no obliga automáticamente a la institución a contratar al candidato. La inclusión en la lista sólo ofrece la posibilidad de ser contratado de acuerdo con las necesidades laborales. Además, la Comisión añadió que estas necesidades de reclutamiento implicaban que la Comisión no tiene por qué agotar una lista de reserva antes de organizar un nuevo concurso.

Se enviaron las observaciones de la Comisión Europea al demandante para que éste formulara sus comentarios si así lo deseaba. Se le indicó también que, a la vista de la reclamación y de los comentarios de la Comisión, el Defensor tendría que archivar el caso si no se recibían informaciones suplementarias.

El demandante no formuló ningún comentario al Defensor del Pueblo Europeo, con lo que el Defensor del Pueblo procedió al archivo del caso.

LA NACIONALIDAD COMO CONDICIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE UNA BECA

Decisión sobre la reclamación 258/27.11.95/HNDC/PO/PD-en contra la Comisión Europea

Reclamación

La Sra. N. d C., de nacionalidad portuguesa, presentó al Defensor del Pueblo Europeo una reclamación sobre la Comisión Europea en la que manifestaba que la Comisión, Dirección General XII, le había denegado, injustamente, una beca de investigación.

En respuesta a una convocatoria de propuestas publicada en el Diario Oficial el 17 de enero de 1995 la demandante solicitó una beca con arreglo al Programa comunitario de formación y movilidad de los investigadores. Dicho programa fue adoptado por el Consejo el 15 de diciembre de 1994 y su objetivo era fomentar la movilidad de los investigadores. La Comisión era responsable de la aplicación del programa.

Una de las condiciones para obtener la beca en virtud del programa es que el investigador no posea la nacionalidad del país en el que tiene la intención de realizar la investigación para la cual se concede la beca.

La demandante tenía la nacionalidad portuguesa y la francesa y solicitaba una beca a fin de realizar una investigación en el «Instituto de Biología Experimental e Tecnológica» en Portugal. La demandante afirmó que, antes de realizar la solicitud, el 17 de enero de 1995 dirigió una carta a la Comisión a fin de conocer la forma de aplicación de la condición de la nacionalidad a las personas que tuvieran más de una nacionalidad y se encontraran en una situación similar a la suya. La demandante no recibió ninguna respuesta a su solicitud de información. Mediante carta de 12 de julio de 1995, la Comisión respondió a su solicitud y le informó de que no podía optar a la beca, dado que tenía la nacionalidad del país en el que se encontraba el centro de investigación.

En agosto y septiembre de 1995, la demandante se dirigió a la Comisión a fin de que modificara la decisión que había adoptado. La demandante afirmaba que la Comisión había aplicado incorrectamente la condición de la nacionalidad a las personas que poseen más de una nacionalidad. En sus respuestas, la Comisión se excusó por no haber proporcionado previamente información más precisa sobre la aplicación de la condición de la nacionalidad a las personas que poseen varias nacionalidades y afirmó que la solicitud realizada era conforme a la práctica desarrollada con arreglo a programas anteriores y que había adoptado una norma explícita, por la que se aprobaba la práctica desarrollada, en la que trataba la situación de las personas que poseen varias nacionalidades. En consecuencia, la Comisión no modificó su decisión.

En la reclamación, la demandante afirmaba que nunca se le había informado adecuadamente sobre la forma en que la Comisión aplicaría la condición de la nacionalidad a las personas que poseen más de una nacionalidad, dado que la Comisión no había respondido nunca a su solicitud de información y que no había ningún fundamento jurídico para dicha aplicación por la Comisión. En cualquier caso, consideraba que la Comisión no había procedido de forma correcta.

Investigación

En su dictamen sobre la reclamación, la Comisión afirmó que en sus archivos no constaba ninguna solicitud de información anterior a la presentación de la solicitud de la demandante en mayo de 1995. La Comisión reconoció que no había adoptado ninguna disposición formal relativa al problema de las personas que poseen varias nacionalidades hasta después de la denegación de la solicitud de la demandante. En cualquier caso, la Comisión destacó que esta disposición formal sólo confirmaba lo que ya era una práctica habitual y que era legal aplicar la condición de la nacionalidad a las personas que poseen varias nacionalidades a fin de que no se concedan becas para proyectos de investigación en ninguno de los países cuya nacionalidad posean las personas que tienen varias nacionalidades. Con respecto a la equidad de la norma, la Comisión afirmó que, con relación a la posibilidad de acceder al programa, el hecho de disponer de varias nacionalidades ofrece a la persona una oportunidad adicional de pertenecer a los países elegibles. Por el contrario, limita la elección del país de acogida. No obstante, debe hacerse hincapié en que esta limitación debida al criterio de la nacionalidad no afecta únicamente a los candidatos que poseen varias nacionalidades. También la podría considerar «injusta» un candidato que posee únicamente una nacionalidad, que no ha vivido nunca en el país correspondiente a su nacionalidad y al que, sin embargo, no se le proporcionará ayuda para recibir una formación en dicho país.

Decisión

El Defensor del Pueblo Europeo afirmó que los principios de una buena conducta administrativa requieren que se responda sin retrasos a las peticiones de información. De cualquier modo, en este caso concreto no se había probado que la Comisión hubiera recibido la solicitud dado que, conforme a su la declaración de la demandante, ésta no disponía del certificado de correos.

Con respecto a la alegación respecto a la ilegalidad de la interpretación de la Comisión sobre la condición de la nacionalidad con relación a las personas que poseen varias nacionalidades, el Defensor del Pueblo Europeo consideró probado que en el momento en que fue denegada la solicitud de la demandante no había ninguna norma escrita relativa a la situación de las personas que poseen varias nacionalidades. No obstante, en opinión del Defensor del Pueblo Europeo esto no implica que la Comisión tuviera que aceptar a las personas con varias nacionalidades, cualificadas con arreglo a la condición de la nacionalidad, en el caso de que poseyeran la nacionalidad del país en el que se iba a desarrollar la investigación y otra nacionalidad. La Comisión debía adoptar una posición sobre la cuestión de las personas que poseen varias nacionalidades y el Defensor del Pueblo Europeo no consideró que la posición adoptada infringía los principios de la legislación.

Con respecto a la alegación que la aplicación por la Comisión de la condición de la nacionalidad a las personas que poseen varias nacionalidades era injusta, el Defensor del Pueblo Europeo declaró que, en el presente caso, la alegación era injustificada. Efectivamente, en el expediente figuraba que la demandante había nacido en Portugal, había realizado allí todos sus estudios (1976-1987), se había especializado en Canadá y Francia (1988-1994) y posteriormente había ejercido actividades profesionales en Portugal.

En consecuencia, el Defensor del Pueblo Europeo no constató mala administración en este caso y, por lo tanto, procedió al archivo del caso.

3.2 CASOS EN LOS QUE EL DENUNCIANTE HA SOLICITADO EL ARCHIVO

3.2.1 COMISIÓN EUROPEA Y PARLAMENTO EUROPEO

INFORMACIÓN INCORRECTA PROCEDENTE DE LAS OFICINAS DE LA CE Y DEL PE EN ROMA

Decisión sobre la reclamación 23/03.06.95/SL/PD/UK-en contra la Comisión y el Parlamento Europeo

La Sra. L., de nacionalidad italiana, presentó una reclamación contra la Comisión y el Parlamento Europeo en la que exponía que las oficinas de las dos instituciones en Roma le habían proporcionado una información incorrecta sobre las oposiciones de la Comunidad.

En sus dictámenes sobre la reclamación, las dos instituciones afirmaron, fundamentalmente que el personal de las dos oficinas no tenía constancia de la visita de la demandante a dichas oficinas; que estaban sorprendidos del hecho que información errónea hubiera sido facilitada a la demandante, ya que el contenido de la misma parecía contrario a la política de contratación establecida de las instituciones, y que se había recordado a las oficinas de información sus obligaciones en este ámbito.

Los dictámenes se remitieron a la demandante, quien informó al Defensor del Pueblo Europeo de su intención de no proseguir con esta reclamación.

Teniendo en cuenta la situación descrita anteriormente, el Defensor del Pueblo Europeo procedió al archivo del caso.

3.3 CASOS RESUELTOS POR LA INSTITUCIÓN

3.3.1 PARLAMENTO EUROPEO

ACCESO A LAS LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS AL PE

Decisión sobre la reclamación 26/13.07.95/MAJQCS/FR/FR contra el Parlamento Europeo

Reclamación

Tres periodistas de nacionalidad francesa presentaron una reclamación sobre el Parlamento Europeo, en la que declararon que el 13 de julio de 1995 manifestaron el deseo de consultar las listas de asistencia de los diputados al Parlamento Europeo, situadas en el exterior del hemiciclo donde el Parlamento celebra sus sesiones plenarias en Estrasburgo (los diputados al Parlamento deben firmar estas listas cuando entran al hemiciclo), y que los ujieres del Parlamento se opusieron a ello.

Los demandantes indicaron, en particular, que las listas se encontraban en un espacio totalmente abierto al público, sin ninguna restricción física, y que no había ninguna nota que indicara la prohibición de que el público consultara las listas. Además, especificaron que el público no sabía «a cuántos metros, decímetros o centímetros» de las listas se podía circular sin infringir dicha prohibición.

Investigación

El dictamen del Parlamento Europeo sobre la reclamación se comunicó a los demandantes, quienes, seguidamente, formularon observaciones.

El Defensor del Pueblo Europeo solicitó informaciones complementarias al Parlamento. Teniendo en cuenta dichas informaciones, dos colaboradores de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo se reunieron con un representante del Parlamento Europeo. Tras esta reunión, el Defensor del Pueblo Europeo formuló una propuesta al Parlamento.

Las observaciones remitidas por el Parlamento pueden resumirse de la siguiente forma: las listas de asistencia son documentos internos destinados, entre otras cosas, a la administración del Parlamento para establecer las diferentes asignaciones a las que tienen derecho los diputados. El público no ha tenido nunca acceso a estas listas, pero siempre ha tenido acceso a las listas definitivas que figuran en el acta de la sesión, que están disponibles al día siguiente. Por otra parte, el público siempre ha tenido acceso a los nombres de los diputados que han participado en una votación nominal, muy a menudo, aproximadamente media hora después de la votación. Finalmente, el Parlamento observó que, anteriormente, las listas de asistencia en cuestión se encontraban dentro del hemiciclo. El único motivo por el que actualmente se encuentran en el exterior del hemiciclo reside en el hecho de que, tras las últimas adhesiones de Estados miembros a la Unión, no hay sitio para las listas dentro del hemiciclo. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Parlamento ha mantenido la prohibición de acceso a las listas.

Decisión

El Defensor del Pueblo Europeo señaló en primer lugar que a falta de una reglamentación general aprobada por el legislador comunitario relativa al acceso del público a los documentos de las instituciones corresponde a cada institución, en virtud de su poder de organización interna, dictar normas al respecto.

En segundo lugar, el valor informativo de la lista es muy limitado por lo que se refiere a la cuestión de la presencia de un diputado en el hemiciclo en un momento dado, ya que los diputados pueden entrar y salir del hemiciclo a su voluntad, sin tener que volver a firmar las listas en cuestión.

Sobre esta base, el Defensor del Pueblo Europeo ha constatado que el Parlamento, en virtud de su poder de organización interna, tiene la facultad de rechazar el acceso al público de las listas en cuestión y que dichas listas están destinadas, ante todo, a fines administrativos.

En caso que el Parlamento deseara que el público no consultara las listas en cuestión, el Defensor del Pueblo Europeo ha considerado que es inadecuado colocarlas en un lugar donde el público circula y donde es prácticamente imposible hacer respetar una prohibición de ese tipo. Por este motivo, el Defensor del Pueblo Europeo ha propuesto que mientras las listas se encuentren fuera del hemiciclo, no deberá impedirse el acceso del público a dichas listas y que los ujieres del Parlamento, en caso necesario, podrían informar a las personas interesadas sobre las listas oficiales y las votaciones nominales mediante una nota elaborada a tal efecto.

En respuesta a esta propuesta, el Parlamento ha comunicado que el Secretario General había pedido que se volviesen a colocar las listas dentro del hemiciclo y que en caso de que ello resultara imposible, se remitiera a las personas interesadas una nota escrita relativa a la información sobre la presencia de los diputados.

En razón del poder de organización interna del Parlamento y teniendo en consideración la medida que ha sido ya adoptada, el Defensor del Pueblo Europeo procedió al archivo del caso.

3.3.2 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

ACCESO A DOCUMENTOS EN POSESIÓN DEL CONSEJO

Decisión sobre la reclamación 45/26.7.95/JPB/PD/B-dk contra el Consejo de la unión Europea

Reclamación

El Sr. B., de nacionalidad danesa, presentó una reclamación contra el Consejo. El Sr. B. solicitaba que se publicara toda la información necesaria para comprender la actual legislación y afirmaba que, como diputado al Parlamento Europeo, necesitaba conocer toda la legislación, incluidas las actas. Se adjuntaba a la reclamación una nota del Servicio Jurídico del Consejo, en la que se criticaba la práctica del Consejo en relación a la inclusión de las declaraciones en las actas de sus reuniones.

Investigación

En su dictamen sobre la reclamación, el Consejo exponía tres aspectos:

En primer lugar, el Consejo argumentó que la reclamación no correspondía al ámbito de competencias del Defensor del Pueblo Europeo. El Consejo sostenía que en la reclamación no se demostraba que las acciones del Consejo constituyeran mala administración y que la nota de su Servicio Jurídico no constituía una prueba de mala administración. El Consejo afirmó, asimismo, que el demandante había remitido la cuestión al Defensor del Pueblo Europeo en su calidad de diputado al Parlamento Europeo y que su intención de conocer toda la legislación existente eran la expresión de un deseo político.

En segundo lugar, el Consejo argumentó que el demandante no había realizado las necesarias gestiones administrativas ante el Consejo antes de presentar su reclamación al Defensor del Pueblo Europeo.

En tercer lugar, el Consejo argumentó que el 2 de octubre de 1995 había adoptado un Código de conducta relativo a la publicación de sus actas y declaraciones que deben incluirse en las actas cuando el Consejo actúa como autoridad legislativa, lo que demuestra que éste ha modificado su práctica en este ámbito. Desde la adopción del Código de conducta, todas las declaraciones que deben incluirse en las actas de las reuniones del Consejo en relación con la adopción final de actos jurídicos contemplados en el Anexo del Reglamento del Consejo han sido puestas a disposición del público.

Decisión

Por lo que se refiere al primer argumento del Consejo, el Defensor del Pueblo Europeo destacó que le corresponde a él decidir si una reclamación es admisible. Naturalmente, el Defensor del Pueblo Europeo agradecerá siempre a las instituciones y organismos comunitarios sus puntos de vista sobre el asunto.

Al examinar la admisibilidad de una reclamación, no puede requerirse que el demandante proporcione pruebas concluyentes de la mala administración respecto al objeto de la reclamación. En este contexto, debe tenerse presente que el cometido del Defensor del Pueblo Europeo consiste, asimismo, en mejorar las relaciones entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos europeos. El cargo de Defensor del Pueblo Europeo se creó para apoyar el compromiso de la Unión con una administración abierta, democrática y responsable. Requerir a un ciudadano que proporcione pruebas de mala administración cuando presenta una reclamación supondría imponerle una carga desmedida y dificultar aún más su acceso al Defensor del Pueblo Europeo. Además, no parece que dicha exigencia tenga un fundamento jurídico. En el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 138 E del Tratado CE se contempla que el Defensor del Pueblo Europeo lleve a cabo investigaciones sobre «hechos alegados», no sobre hechos probados. En el apartado 1 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo se afirma que éste podrá llevar a cabo investigaciones sobre «todo posible caso de mala administración».

En la reclamación se alegaba que no era posible acceder a toda la legislación existente. A la reclamación se adjuntaba una nota que constituía parte integral de aquélla. La nota era sumamente crítica con respecto a la práctica del Consejo respecto a las declaraciones adjuntas a las actas de las reuniones del Consejo. En la reclamación se afirmaba claramente que se había producido un caso de mala administración.

La condición de diputado al Parlamento Europeo del demandante no tenía ninguna relevancia en relación con la cuestión. En el artículo 8 D del Tratado CE se afirma que «todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo». Por lo que no hay razón para denegar a los diputados al Parlamento Europeo el derecho de presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo. Por lo que se refiere al razonamiento del Consejo de que la solicitud era «política», el Defensor del Pueblo Europeo afirmó que, en su opinión, el acceso del público a la legislación en vigor es un requisito básico de un sistema jurídico democrático. Obviamente, sin tener en cuenta los motivos políticos que según el Consejo se ocultan tras la reclamación, debe tomarse en serio una reclamación en la que se alega que esto no es así.

Por lo tanto, el Defensor del Pueblo Europeo consideró que el primer razonamiento del Consejo no constituía un motivo para modificar su decisión original de examinar la reclamación.

Con respecto a la afirmación del Consejo que el demandante no había realizado «gestiones administrativas adecuadas» previas a la presentación de su reclamación conforme al apartado 4 del artículo 2 del Estatuto, el Defensor del Pueblo Europeo observó que parece que hay una ligera discrepancia entre las diferentes versiones lingüísticas de esta disposición. En la versión danesa se utiliza correctamente el término «forn dne» y se da la impresión de que dichas gestiones administrativas son necesarias. Por otra parte, en las versiones inglesa, francesa, alemana, española y sueca se utilizan los términos «appropriate», «appropriées», «geeigneten», «adecuadas» y «lämpliga», lo que parece significar que deben realizarse oportunas gestiones administrativas. Visto el objeto de la disposición, parece que la correcta interpretación debe ser que deben realizarse las oportunas gestiones administrativas. Corresponde al Defensor del Pueblo Europeo decidir qué es oportuno en un caso específico.

En este caso, parece que se consideran obstáculos a la publicación de las actas las declaraciones que deben incluirse en las actas de las reuniones del Consejo. Tal aspecto se confirmó totalmente por el hecho de que, posteriormente, el Consejo vio necesario adoptar un Código de conducta sobre la publicación de las actas y declaraciones del Consejo que deben ser incluidas en las actas. Por lo tanto, debemos suponer que una gestión administrativa anterior hubiera sido rechazada.

En estas circunstancias, visto el segundo razonamiento del Consejo, el Defensor del Pueblo Europeo no encontró motivos para modificar su decisión original de considerar admisible la reclamación.

Por lo que se refiere al fondo del caso, el Defensor del Pueblo Europeo observó que las instituciones valoran mucho el acceso a los documentos como medida para fomentar la transparencia en la Unión Europea (véase, por ejemplo, la Declaración n° 17 anexa al Tratado de Maastricht, relativa al derecho de acceso a la información, y la Declaración del Consejo, de 22 de enero de 1996, en relación con el programa legislativo de la Comisión para 1996).

Como se mencionaba anteriormente, la razón para la creación de la figura del Defensor del Pueblo Europeo era hacer hincapié en el compromiso de la Unión con la transparencia. Es claro que la transparencia y el derecho de acceso a los documentos son cuestiones primordiales en el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo. Este consideró que, mediante la adopción del Código de 2 de octubre de 1995, se habían adoptado las medidas necesarias para proporcionar acceso en el futuro al tipo de documentos que se solicita en la reclamación. El Defensor del Pueblo Europeo consideró así que no había motivos para seguir examinando la reclamación y procedió al archivo del caso.

3.3.3 COMISIÓN EUROPEA

INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA A UNA EMPRESA EN RAZÓN A TRABAJOS PREPARATORIOS

Decisión sobre la reclamación 5/09.11.94/FE/EF-en contra la Comisión Europea

Reclamación

Un despacho de abogados presentó una queja contra la Comisión Europea en noviembre de 1994 en representación de su cliente, una empresa especializada en la organización de conferencias.

La Comisión había encargado en 1992 a esta empresa la organización de una conferencia. Poco antes de que se celebrase, la Comisión la canceló. La cancelación se debió, al parecer, a que el funcionario competente de la Comisión no había obtenido la aprobación presupuestaria de la conferencia, lo que perjudicó a la empresa al producirle, entre otras cosas, pérdidas económicas en forma de dinero y tiempo empleados en la organización de la conferencia.

La correspondencia y los contactos mantenidos posteriormente con la Comisión no condujeron a la reparación del perjuicio causado a la empresa.

Investigación

El Defensor del Pueblo, que no asumió su cargo hasta el 27 de septiembre de 1995, no pudo por este motivo atender inmediatamente a la queja. El 31 de octubre de 1995, pidió a la Comisión que le transmitiera sus comentarios sobre esta reclamación.

Mediante fax de 15 de enero de 1996 y carta de 17 de enero de 1996, la Comisión informó al Defensor del Pueblo Europeo que había ofrecido a la empresa, en noviembre de 1995, el pago de una compensación económica como liquidación final por todos los gastos en que había incurrido. La oferta había sido aceptada, con lo que quedaba solucionada la reclamación de esta empresa.

Decisión

Dado que el objeto de la queja se había resuelto de manera satisfactoria para las dos partes, el Defensor del Pueblo procedió al archivo del caso. La empresa agradeció al Defensor del Pueblo la investigación realizada «que motivó a la Comisión a negociar seriamente».

RETRASO EN RESPONDER A PETICIONES DE INFORMACIÓN

Decisión relativa a la reclamación 22/3. 5. 1995/AP/DE contra la Comisión Europea

El 28 de abril de 1995, el Sr. P. presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea, alegando que la Comisión no había contestado a sus cartas de 12 de octubre de 1994 y 15 de febrero de 1995.

Como el Defensor del Pueblo no asumió sus funciones hasta el 27 de septiembre de 1995, no pudo atender de forma inmediata esta reclamación. Solicitó sus comentarios a la Comisión Europea el 27 de octubre de 1995.

Mediante carta de 26 de enero de 1996, la Comisión transmitió sus observaciones sobre la reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo, reconociendo que el retraso en responder al demandante había sido inusualmente largo. El demandante escribió a la Comisión en Luxemburgo en octubre de 1994 y en febrero de 1995, sin recibir respuesta hasta el 31 de mayo de 1995. La Comisión comunicó al Defensor del Pueblo que desde entonces la Dirección General V de la Comisión había revisado su procedimiento para contestar correspondencia de este tipo, con vistas a evitar retrasos semejantes en el futuro. Otra carta del demandante, de fecha 12 de junio de 1995, que dirigió a la Comisión en Bruselas, fue contestada mediante carta de 7 de julio de 1995.

Como el demandante recibió una respuesta a su solicitud y el Defensor del Pueblo consideró satisfactoria la revisión del procedimiento de tramitación de la correspondencia de la Comisión, el Defensor del Pueblo decidió que no se justificaba una investigación y procedió al archivo del caso.

FALTA DE PAGO DE UNA SUBVENCIÓN PROMETIDA

Decisión relativa a la reclamación 95/30.8.95/EF/NL-en contra la Comisión Europea

El Sr. Z., de un instituto holandés, presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo el 23 de agosto de 1994 por un presunto caso de mala administración de la Comisión Europea. Según la reclamación, la Dirección General V accedió mediante carta de 18 de mayo de 1994, a contribuir con la cantidad de 5 000 ecus a un seminario titulado «Elecciones europeas 1994», organizado por el instituto, aunque no llegó a abonar esta subvención.

Como el Defensor del Pueblo no asumió sus funciones hasta el 27 de septiembre de 1995, no pudo aten