DIRECTRICES COMUNITARIAS SOBRE AYUDAS DE ESTADO DE SALVAMENTO Y DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS (1) (97/C 283/02)

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Desde hace algunos años, la necesidad de llevar a cabo un control exhaustivo y firme de las ayudas de Estado que se conceden en la Comunidad Europea goza de amplio reconocimiento. El efecto de distorsión de las ayudas se agrava a medida que se van eliminando otras distorsiones originadas por intervenciones estatales y se van abriendo e integrando los mercados. Por este motivo, en el mercado único resulta más importante que nunca mantener un control estricto de las ayudas de Estado.

A medio plazo, se espera que el mercado único rinda considerables beneficios en términos de mayor crecimiento económico, a pesar de que la actual recesión ha provocado cierto estancamiento de la economía. Una gran parte del mayor crecimiento económico que, en última instancia, se derivará del mercado único tendrá su origen en los enormes cambios estructurales que el nuevo mercado generará en los Estados miembros. Si bien es cierto que los cambios estructurales resultan más fáciles en una economía en expansión, ni siquiera en una coyuntura de recesión conviene que los Estados miembros frustren o retrasen indebidamente el proceso de cambio estructural mediante subvenciones a empresas que, en la nueva situación del mercado, estarían condenadas a desaparecer o a reestructurarse. Este tipo de ayudas desviaría el peso del cambio estructural a otras empresas más rentables, provocando una carrera de subvenciones. Además de impedir que se aprovechen completamente las ventajas del mercado único en el conjunto de la Comunidad, las subvenciones pueden ejercer una gran presión sobre los presupuestos nacionales y, de este modo, dificultar la convergencia económica.

1.2. Por otro lado, determinadas circunstancias pueden justificar la concesión de ayudas de Estado para socorrer a empresas en crisis y ayudarlas a llevar a cabo un proceso de reestructuración. Se podrían autorizar ayudas, por ejemplo, por consideraciones de política social o regional, por la conveniencia de mantener una estructura de mercado competitiva cuando la desaparición de empresas pudiera llevar a la creación de un monopolio o de un oligopolio restringido, por las ventajas económicas más amplias que presenta el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y por las necesidades específicas de las PYME y las pequeñas empresas agrarias (PEA).

1.3. La Comisión expuso por última vez su política sobre ayudas de salvamento y de reestructuración a empresas en crisis en el Octavo Informe sobre la Política de competencia de 1979 (2). Desde entonces, el Tribunal de Justicia la ha respaldado en numerosas ocasiones (3).

No obstante, por las razones aducidas en el punto 1.1, la creación del mercado único exigió una revisión y una actualización de esa política, que hubo ademá que adaptar al nuevo objetivo de la cohesión económica y social (4) y precisar a la luz de la evolución de las políticas de aportaciones de capital público (5), transferencias financieras a empresas públicas (6) y ayudas a las PYME (7). A finales de 1994 se publicó, en forma de directrices, una síntesis actualizada de la política de este sector (8). El presente texto sigue teniendo esta política excepto en la que respecta al sector agrario (9), en relación con el cual se introducen diversas modificaciones.

2. DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES

2.1. Definición de las ayudas de salvamento y de reestructuración

Resulta apropiado examinar en un mismo bloque las ayudas de salvamento y las de reestructuración, porque, en ambos casos, el Gobierno tiene ante sí una empresa en crisis incapaz de recuperarse por sus propios medios, recaudando los fondos que necesita entre los accionistas o mediante un préstamo, y porque el salvamento y la reestructuración son a menudo dos partes, aunque claramente distinguibles, de una misma operación. La debilidad financiera de las empresas que son rescatadas por sus Gobiernos o reciben ayuda para su reestructuración se debe, por lo general, a un rendimiento deficiente en el pasado y a unas perspectivas de futuro poco halagüeñas. Los síntomas típicos son los siguientes: rentabilidad decreciente o aumento de las pérdidas, volumen de negocios en descenso, exceso de existencias, exceso de capacidad de producción, flujo de tesorería decreciente, aumento de las deudas, creciente carga de intereses y valor reducido de su activo neto. En casos extremos, la empresa puede haberse declarado insolvente o haber sido liquidada.

No es posible establecer un conjunto de parámetros financieros universal y preciso que permita determinar cuándo la ayuda concedida a una empresa es de salvamento o de reestructuración. No obstante, ambas situaciones presentan diferencias fundamentales.

Una operación de salvamento sostiene temporalmente la posición de una empresa cuya situación financiera se halla gravemente deteriorada, lo que se refleja en una aguda crisis de liquidez o de insolvencia técnica, cuando aún es posible efectuar un análisis de las circunstancias que han originado las dificultades de la empresa y elaborar un plan adecuado para remediar la situación. En otros términos, la ayuda de salvamento proporciona un breve respiro, generalmente nunca superior a seis meses, a los problemas financieros de una empresa mientras aún puede encontrarse una solución a largo plazo.

Por otro lado, la reestructuración forma parte de un plan factible, coherente y de amplio alcance destinado a restablecer la viabilidad a largo plazo de una empresa. Por lo general, contiene uno o más de los siguientes elementos: reorganización y racionalización de las actividades de la empresa para aumentar su rentabilidad, lo que suele implicar el abondono de las operaciones que ya no resultan viables o que generan pérdidas, reestructuración de las que pueden recuperar su competitividad y, en muchos casos, desarrollo de nuevas actividades o diversificación de la producción. Como norma general, la reestructuración física debe completarse con una reestructuración financiera (aportaciones de capital, reducción de la deuda). Los planes de reestructuración toman en consideración, en particular, las circunstancias que originaron las dificultades de la empresa, la oferta y la demanda del mercado de los productos de que se trate y su evolución prevista, así como las ventajas y desventajas específicas de la empresa. Permiten una transición pacífica de la empresa hacia una nueva estructura que le dé perspectivas de viabilidad a largo plazo y le permita operar gracias a sus propios recursos, sin tener que recurrir a nuevas ayudas de Estado.

2.2. Ámbito sectorial

Las líneas generales por las que se guía la Comisión en lo que respecta a las ayudas de salvamento y de reestructuración coinciden con todas las directrices sectoriales. Sin embargo, en determinados sectores, como los del acero, la construcción naval, la industria textil y de confección, las fibras sintéticas, la industria del motor, del transporte y del carbón, dichas directrices sólo son aplicables en la medida en que sean compatibles con las normas específicas sobre ayudas de Estado en los citados sectores.

2.3. Aplicabilidad del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE

Por las razones aducidas en el punto 1.1., las ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis tenderán por su propia naturaleza, a falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros. Por lo tanto, como norma general, entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado y requieren una exención.

La única exención general se refiere a las ayudas de cuantía tan reducida que no pueden producir ningún efecto significativo en el comercio intracomunitario. Este importe de minimis se ha fijado en 100 000 ecus, independientemente de las fuentes de las que proceda la ayuda y del régimen de que se trate, durante tres años (10). La regla de minimis no es aplicable a los sectores regulados por normas comunitarias específicas (11), entre los que se incluye el agrario.

Las ayudas de reestructuración pueden adoptar diversas formas: aportaciones de capital, condonaciones de deuda, préstamos, bonificaciones de intereses, deducciones de impuestos o de las contribuciones a la Seguridad Social y garantías sobre préstamos. Las ayudas de salvamento, en cambio, han de limitarse a préstamos al tipo de interés vigente en el mercado o a garantías sobre préstamos (véase el punto 3.1). La fuente de la ayuda puede ser cualquier nivel de la administración -central, regional o local- y cualquier «empresa pública» definida en el artículo 2 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión (12) relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas. Por ejemplo, una ayuda de salvamento o de reestructuración puede proceder de holdings públicos o de sociedades públicas de inversión (13).

El método empleado por la Comisión para determinar cuándo constituyen ayudas las aportaciones de nuevo capital a empresas que son ya propiedad estatal o que, como resultado de la operación, se convierten en propiedad del Estado, sea total o parcialmente, quedó fijado en la Comunicación de 1984 (14), y fue revisado y ampliado a otro tipo de ayudas en la Comunicación sobre las empresas públicas de 1993 (15). El criterio escogido se basa en el principio del «inversor privado». Según este principio, si un inversor privado, actuando de modo racional en una economía de mercado, hubiera concedido la financiación, puede concluirse que la concesión de una garantía o una subvención a una empresa no implica ayuda de Estado.

No obstante, cuando el Estado concede o garantiza una operación de financiación a una empresa con dificultades financieras, se presume que las transferencias correspondientes implican ayuda de Estado. Por lo tanto, las transacciones de este tipo han de comunicarse previamente a la Comisión, de conformidad con el apartado 3 del artículo 93 del Tratado (16). Se presume que existe ayuda cuando el sector, en su conjunto, está en crisis o padece un exceso de capacidad de producción estructural.

La evaluación de las ayudas de salvamento o de reestructuración no se ve afectada por los cambios en la propiedad de la empresa subvencionada. De este modo, resulta imposible eludir el control transfiriendo la empresa a otra persona física o jurídica.

2.4. Fundamento para la concesión de una exención

Los apartados 2 y 3 del artículo 92 del Tratado establecen la posibilidad de conceder una exención a las ayudas que entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92. El único fundamento para conceder tal exención a una ayuda de salvamento o de reestructuración de empresas en crisis -aparte de los casos de catástrofes naturales y circunstancias excepcionales, exentos en virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 92, que no se consideran en el presente documento, y, en la medida en que siga siendo aplicable la letra c) del apartado 2 del artículo 92, de las ayudas concedidas en Alemania que puedan quedar amparadas por dicha disposición- es la letra c) del apartado 3 del artículo 92. Conforme a esta disposición, la Comisión está facultada para autorizar «las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades [. . .], siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.».

A juicio de la Comisión, las ayudas de salvamento y de reestructuración pueden contribuir al desarrollo de actividades económicas sin afectar negativamente al comercio de forma contraria al interés de la Comunidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos que figuran en la sección 3. Por consiguiente, está dispuesta a autorizar estas ayudas en tales condiciones. Cuando las empresas destinatarias de tales ayudas estén situadas en regiones asistidas, la Comisión tendrá en cuenta consideraciones de carácter regional, con arreglo a las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92, conforme a lo indicado en el punto 3.2.3.

2.5. Regímenes de ayudas existentes

Excepto en lo que respecta a su aplicación en el sector agrario, las presentes Directrices se entienden sin perjuicio de los regímenes de ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis que contaron con la autorización correspondiente en el momento de la publicación de las Directrices en 1994.

Asimismo, las presentes Directrices se entienden sin perjuicio de la aplicación de los regímenes de ayudas autorizados con objetivos distintos del salvamento o de la reestructuración, como, por ejemplo, el desarrollo regional, el fomento de PYME o el sacrificio obligatorio de animales como medida de lucha contra enfermedades, siempre y cuando las ayudas de salvamento o de reestructuración concedidas en aplicación de dichos regímenes reúnan los requisitos establecidos en la correspondiente autorización de la Comisión.

3. REQUISITOS GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE AYUDAS DE SALVAMENTO Y DE REESTRUCTURACIÓN

3.1. Ayudas de salvamento

Para recibir la correspondiente autorización de la Comisión, las ayudas de salvamento, según se han definido anteriormente, deben seguir cumpliendo los requisitos que la Comisión fijó en 1979 (17), es decir, deben:

- constituir ayudas de liquidez consistentes en garantías sobre préstamos o en préstamos a los tipos de interés vigentes en el mercado;

- limitarse al importe necesario para mantener a la empresa en funcionamiento (por ejemplo, cobertura de los costes de sueldos y salarios y suministros corrientes);

- pagarse exclusivamente durante el tiempo necesario (generalmente, no más de seis meses) (18) para elaborar el plan de recuperación correspondiente, que ha de ser viable;

- justificarse por motivos de graves dificultades sociales, y no pueden tener repercusiones excesivamente negativas e indebidas sobre la situación de los sectores industrial y agrario en otros Estados miembros.

Otro requisito es que, en principio, el salvamento debe ser una operación única e irrepetible. Resultan absolutamente inaceptables las intervenciones de salvamento en serie que, en realidad, se limitan a mantener el statu quo, retrasan lo inevitable y, mientras tanto, trasladan los problemas pendientes de los sectores industrial, agrario y social a otros productores más eficientes y a otros Estados miembros. Por lo tanto, las ayudas de salvamento deberán consistir, como norma general, en una única operación de sostenimiento realizada durante un período de tiempo limitado durante el que pueda evaluarse el futuro de la empresa.

No es necesario que las ayudas de salvamento se abonen de una sola vez. De hecho, sería conveniente distibuir los pagos en varios tramos sujetos a evaluaciones separadas que permitan tomar en consideración circunstancias externas sujetas a rápidas fluctuaciones o estimular a la empresa para que adopte las medidas correctivas necesarias.

Al aplicar estos requisitos a las PYME, incluidas las pequeñas empresas agrarias (PEA), la Comisión tendrá especialmente en cuenta las características específicas de las empresas pertenecientes a estas categorías y sectores.

La aprobación de la ayudas de salvamento no presupone en absoluto la posterior aprobación de ayudas que formen parte de un plan de reestructuración, las cuales deberán ser examinadas independientemente con arreglo a su contenido.

3.2. Ayudas de reestructuración

3.2.1. Orientaciones básicas

Las ayudas de reestructuración plantean problemas específicos desde el punto de vista de la competencia al poder suponer un reparto injusto del peso del ajuste estructural y de los problemas pendientes de los sectores social, industrial y agrario, desviándolos a otros productores que sobreviven sin ayudas y a otros Estados miembros. Por lo tanto, como principio general, estas ayudas sólo deberían permitirse cuando pueda demostrarse que su aprobación reviste interés comunitario, lo que sólo será posible cuando se cumpla una serie de requisitos estrictos y se tomen plenamente en consideración los posibles efectos de distorsión de la ayuda.

3.2.2. Requisitos generales

Sin perjuicio de las disposiciones especiales aplicables a las regiones asistidas, a las PYME (se indican más abajo), y al sector agrario (figuran en el punto 3.2.5), la aprobación por parte de la Comisión de una ayuda para un plan de reestructuración requerirá el cumplimiento de los requisitos generales siguientes:

i) Restablecimiento de la viabilidad

El requisito sine qua non de todo plan de reestructuración es la capacidad de restablecer la viabilidad a largo plazo y la solvencia de la empresa en un período de tiempo razonable y sobre la base de unas perspectivas realistas en cuanto a sus futuras condiciones de funcionamiento. Por consiguiente, la ayuda deberá estar vinculada a un programa de reestructuración o de recuperación, suficientemente detallado, que deberá presentarse a la Comisión. El plan deberá restablecer la competitividad de la empresa en un período de tiempo razonable. La mejora de la viabilidad debe resultar principalmente de las medidas internas contenidas en el plan de reestructuración, y sólo podrá basarse en factores externos, como el aumento de los precios o de la demanda, sobre los que la empresa no ejerce gran influencia, cuando las hipótesis sobre el mercado realizadas gocen de reconocimiento general. El éxito de la reestructuración debe implicar el abandono de las acitividades generadoras de pérdidas estructurales.

Para cumplir el requisito de viabilidad, el plan debe ser considerado capaz de situar a la empresa en una posición que le permita cubrir todos los costes, incluidos los relativos a la amortización y las cargas financieras, y obtener un rendimiento mínimo del capital, de forma que, finalizada la reestructuración, la empresa no necesite más apoyo estatal y pueda competir en el mercado con sus propios recursos. Al igual que las ayudas de salvamento, las ayudas de reestructuración deberían concederse, por lo general, una sola vez.

ii) La ayuda no debe provocar un falseamiento de la competencia

Otro requisito de las ayudas a la reestructuración es la necesidad de adoptar medidas para contrarrestar en lo posible los efectos desfavorables que la ayuda puede causar a los competidores. De otro modo, la ayuda sería «contraria al interés común» y no podría ser objeto de una exención al amparo de la letra c) del apartado 3 del artículo 92.

Cuando un análisis objetivo de la situación de la oferta y la demanda revele la existencia de un exceso estructural de capacidad de producción (19) en el mercado pertinente de la Comunidad en el que opere el destinatario de la ayuda, el plan de reestructuración deberá contribuir, de forma proporcional al importe de la ayuda recibida, a la reestructuración de la industria que suministre a dicho mercado de la Comunidad, reduciendo o suprimiendo capacidad de producción de modo irreversible. Una reducción o una supresión de capacidad es irreversible cuando las instalaciones correspondientes son desmanteladas, cuando se suprime con carácter permanente su capacidad de producción al ritmo anterior, o cuando se destinan, también con carácter permanente, a un uso distinto. La venta de capacidad a los competidores no es suficiente a este efecto, salvo que las instalaciones de producción se vendan para su utilización en otro lugar del mundo en el que la continuidad de las actividades de producción no pueda tener repercusiones significativas sobre la competencia en la Comunidad.

Cabría permitir una flexibilización del principio de reducción proporcional de la capacidad si tal reducción pudiera causar un deterioro manifiesto de la estructura del mercado, por ejemplo, favoreciendo una situación monopolística o de obligopolio restringido.

Por otro lado, cuando no exista exceso de capacidad de producción en un mercado pertinente de la Comunidad en el que opere la empresa destinataria de la ayuda, la Comisión, por lo general, no exigirá una reducción de la capacidad como contrapartida de la ayuda. No obstante, deberá demostrarse que la ayuda se utiliza exclusivamente para restablecer la viabilidad de la empresa, y no se permitirá al destinatario, en tanto no haya finalizado el plan de reestructuración, aumentar su capacidad de producción, salvo en la medida esencial para restablecer la viabilidad de la empresa, siempre y cuando no se falsee indebidamente la competencia. Para garantizar que la ayuda no falsea la competencia en un sentido contrario al interés común, la Comisión impondrá cuantas condiciones y obligaciones considere necesarias.

Por lo que respecta a la producción de productos agrícolas primarios, la Comisión concederá las autorizaciones pertinentes en función de los compromisos internacionales de la Comunidad.

iii) Proporcionalidad de la ayuda con respecto a los costes y beneficios de la reestructuración

El importe y la intensidad de la ayuda deberán limitarse a lo estrictamente necesario para permitir la reestrucutración, y guardar proporción con las ventajas que se espere obtener desde el punto de vista de la Comunidad. Por lo tanto, los destinatarios de la ayuda estarán obligados en la mayor parte de los casos a contribuir significativamente al plan con sus propios recursos o con ayuda de financiación comercial externa. Para limitar el efecto de distorsión de la competencia, se evitará que la ayuda proporcione a la empresa un exceso de flujo de tesorería, que podría destinarse a actividades agresivas y de distorsión del mercado no vinculadas al proceso de reestructuración. La ayuda tampoco deberá utilizarse para financiar nuevas inversiones innecesarias para la reestructuración. Las ayudas de reestructuración financiera no deberían reducir indebidamente las cargas financieras de la empresa.

Cuando la ayuda se utilice para la condonación de una deuda derivada de pérdidas registradas anteriormente, deberá suprimirse todo tipo de bonificaciones fiscales vinculadas a las pérdidas, no pudiéndose utilizar para compensar futuros beneficios, ni vender o transferir a terceros, ya que en este caso la empresa estaría recibiendo la ayuda por partida doble.

iv) Aplicación íntegra del plan de reestructuración y observancia de las condiciones

La empresa deberá aplicar íntegramente el plan de reestructuración presentado y aprobado por la Comisión, y cumplir las demás obligaciones fijadas en la decisión de la Comisión. De no ser así, salvo que se modifique la decisión inicial a raíz de una nueva notificación del Estado miembro, la Comisión adoptará las medidas oportunas para exigir el reembolso de la ayuda.

v) Supervisión e informe anual

La puesta en práctica, la evolución y los resultados del plan de reestructuración serán controlados mediante la presentación de informes anuales detallados a la Comisión. El informe anual contendrá toda la información que la Comisión necesite para supervisar la aplicación del programa acordado, la recepción de la ayuda por parte de la empresa, la situación financiera de ésta y la observancia de las condiciones u obligaciones fijadas en la decisión de aprobación de la Comisión. Cuando surja una necesidad específica de confirmación específica de determinados datos esenciales, como los relativos a las supresiones o reducciones de la capacidad, etc., la Comisión podrá solicitar la presentación de informes con mayor frecuencia.

3.2.3. Requisitos de las ayudas de reestructuración en las regiones asistidas (20)

Habida cuenta de que la cohesión económica y social constituye un objetivo prioritario de la Comunidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 130 A del Tratado CE, y de que, conforme al artículo 130 B, otras políticas deben asimismo contribuir a la consecución de este objetivo (21), la Comisión ha de tener en cuenta las necesidades de desarrollo regional a la hora de evaluar las ayudas de reestructuración en las regiones asistidas. El hecho de que una empresa en crisis esté situada en una región asistida no justifica, sin embargo, que se adopte una actitud de plena permisividad con respecto a las ayudas de reestructuración. A medio y a largo plazo, el apoyo artificial a empresas que, por razones estructurales o de otro tipo, estén en definitiva destinadas a fracasar, no constituye una ayuda para la región.

Además, dado que los recursos comunitarios y nacionales disponibles para fomentar al desarrollo regional son limitados, interesa a las regiones utilizar estos escasos recursos para desarrollar lo antes posible actividades alternativas viables y duraderas. Por último, deben reducirse al máximo los efectos de distorsión de la competencia, incluso en el caso de las ayudas concedidas a empresas situadas en regiones asistidas.

Por lo tanto, los criterios que figuran en el punto 3.2.2 son igualmente aplicables a las regiones asistidas, incluso si se toman en consideración las necesidades de desarrollo regional. Más concretamente, el resultado de las operaciones de reestructuración deberá ser viable desde el punto de vista económico y contribuir al verdadero desarrollo de la región sin necesidad de recurrir reiteradamente a apoyos externos. Por consiguiente, la repetida concesión de ayudas no será analizada, como se ha venido haciendo hasta ahora, con más indulgencia que en el caso de las regiones no asistidas. Del mismo modo, los planes de reestructuración deberán ser llevados a término y ser supervisados. Para evitar que falsee indebidamente la competencia, la ayuda deberá también guardar proporción con los costes y los beneficios de la reestructuración. No obstante, podría aplicarse un mayor grado de flexibilidad en las regiones asistidas en lo que se refiere al requisito de reducción de capacidad en los mercados que tengan un exceso de capacidad estructural. Si las necesidades de desarrollo regional lo justifican, la Comisión exigirá una menor reducción en las regiones asistidas que en las demás, y diferenciará entre zonas que pueden recibir ayudas regionales regionales conforme a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y las que pueden acogerse a la letra c) del apartado 3 del artículo 92, con el fin de tener en cuenta la mayor gravedad de los problemas regionales de las primeras.

Cualquier ayuda para nuevas inversiones que no sea necesaria para la reestructuración deberá respetar los límites fijados para las ayudas regionales autorizadas por la Comisión.

3.2.4. Ayudas de reestructuración de pequeñas y medianas empresas

Siempre que no rebasen unos niveles considerados aceptables, las ayudas a las PYME tienden a afectar menos a los intercambios comerciales que las concedidas a grandes empresas, y es más probable que los efectos negativos sobre la competencia queden compensados por las ventajas económicas (22). Este criterio se aplica también a las ayudas de reestructuración. Por consiguiente, la Comisión considera justificada una actitud menos restrictiva frente a estas ayudas cuando se detinan a las PYME.

En las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las PYME (23), la Comisión fijó una definición uniforme de las PYME a efectos del control de las ayudas de Estado.

Una PYME queda definida como toda empresa:

- que no tenga más de 250 trabajadores, y

- que tenga:

- bien un volumen de negocios anual no superior a 20 millones de ecus, o bien

- un balance general no superior a 10 millones de ecus, y

- en la que no tengan una participación superior al 25 % una o más empresas que no se ajusten a esta definición, salvo si se trata de empresas públicas de inversión, empresas de capitales de riesgo o, siempre que no ejerzan ningún control, inversores institucionales.

Con respecto a las PYME, la Comisión no exigirá que las ayudas de reestructuración cumplan las mismas condiciones estrictas que las destinadas a las grandes empresas, especialmente en lo que se refiere a las reducciones de capacidad y a la obligación de presentar informes.

3.2.5. Disposiciones especiales para las ayudas de reestructuración en el sector agrario

La Comisión, a petición de los Estados miembros interesados y como alternativa a las disposiciones generales de la presente Comunicación en lo que respecta a la reducción de capacidad, aplicará a los operadores del sector agrario las disposiciones que se indican a continuación.

a) Caso general

Cuando exista un exceso estructural de capacidad de producción, se aplicará el requisito de reducción o supresión de la capacidad de forma irreversible establecido en el inciso ii) del punto 3.2.2. No obstante en el caso de la producción de productos agrícolas primarios, este requisito se sustituirá por la condición de que la reducción o la supresión de la capacidad se mantenga durante al menos cinco años:

- para las medidas que tengan por objeto determinados productos u operadores, la reducción de la capacidad de producción deberá alcanzar, en condiciones normales, un 16 % (24) de aquélla por la que se concede efectivamente la ayuda de reestructuración;

- para las demás medidas, la reducción de la capacidad de producción deberá, en condiciones normales, alcanzar un 8 % (25) del valor de la producción de los productos con exceso de capacidad estructural por los que se concede efectivamente la ayuda de reestructuración.

Al determinar los requisitos para poder beneficiarse de una ayuda de reestructuración y el importe de ésta, no se tendrán en cuenta las restriciones derivadas del cumplimiento de la cuota comunitaria y las disposiciones complementarias, aplicables a los operadores individuales.

b) Caso particular de las pequeñas empresas agrarias (PEA)

A los efectos de la presente Comunicación, por PEA se entenderá los operadores del sector agrario con un máximo de diez unidades de trabajo anuales.

En el caso de las PEA, el cumplimiento del mencionado requisito de reducción o supresión de la capacidad de forma irreversible podrá exigirse al nivel de mercado pertinente (lo que no se refiere exclusivamente, o ni siquiera, a los beneficiarios de la ayuda de reestructuración). Sin dejar de cumplir las disposiciones de la PAC, los Estados miembros podrán escoger el sistema de reducción de capacidad que deseen aplicar a las PEA. En tales casos, los Estados miembros deberán demostrar, por regla general, que:

- para las medidas que tengan por objeto determinados productos u operadores, el sistema puede, en el Estado miembro de que se trate, reducir la capacidad de producción del producto o los productos con excesos estructurales en un 10 % (26) del exceso de capacidad por el que se concede efectivamente la ayuda de reestructuración;

- para las demás medidas, esta capacidad de reducción deberá alcanzar el 5 % (27) del valor de producción de los productos con un exceso estructural por los que se concede efectivamente la ayuda de reestructuración. Esta reducción podrá aplicarse bien a productos que se beneficien efectivamente de la ayuda de reestructuración, bien a otros productos del Anexo II del Tratado CE con un exceso estructural.

Los Estados miembros deberán demostrar asimismo que la reducción de capacidad tendrá carácter suplementario con respecto a cualquier otra reducción aplicable en ausencia de la ayuda de reestructuración.

Cuando la reducción de capacidad no se efectúe al nivel del beneficiario de la ayuda, las medidas destinadas a conseguir la reducción deberán aplicarse antes de que transcuran dos años desde la consecución del umbral a que se refiere la letra c).

c) Circunstancias excepcionales para todos los operadores del sector agrario

En este sector, incluso las ayudas de muy pequeña cuantía pueden reunir las condiciones del apartado 1 del artículo 92 del Tratado. No obstante, reconociendo los problemas prácticos asociados a la reducción de la capacidad de producción de productos agrícolas primarios (y de forma indirecta, en la transformación y la comercialización de los productos del Anexo II del Tratado) y sin dejar por ello de respetar el interés común de poder acogerse a la excepción establecida en la letra c) del apartado 3 del artículo 92, la Comisión, siempre que se cumplan todas las demás condiciones, eximirá del cumplimiento de los requisitos de reducción de la capacidad en las situaciones siguientes:

i) para las medidas que tengan por objeto una determinada categoría de productos u operadores, cuando la totalidad de las decisiones tomadas a favor de todos los beneficiarios durante un período de doce meses consecutivos no suponga una cantidad de estos productos que supere el 3 % de la producción anual total en el país de que se trate;

ii) para las demás medidas, cuando la totalidad de las decisiones tomadas a favor de todos los beneficiarios durante un período dado de doce meses consecutivos no suponga un valor del producto que supere el 1,5 % del valor anual total de la producción agrícola del país de que se trate.

A instancia del Estado miembro, las referencias geográficas correspondientes a los incisos i) y ii) podrán determinarse, para una medida dada, a nivel regional. En todos los casos, la medida de la producción de un país (o de una región) se basará en los niveles normales de producción (en general, la medida de los tres años anteriores) y, en lo que respecta a la cantidad o el valor de la producción de los beneficiarios, será representativa de la cantidad o del valor sus empresas antes de que se adopte la decisión de conceder la ayuda.

La exención del requisito de reducción de capacidad no implicará en ningún caso ninguna tolerancia respecto de las ayudas para inversiones destinadas a actividades sujetas a límites sectoriales.

d) Cuando se excedan los límites de exención de reducción de capacidad de conformidad con la letra c):

i) la reducción de capacidad que deba realizarse se determinará en función de la capacidad total subvencionada y no sólo de la parte que exceda los límites;

ii) en lo que respecta a los beneficiarios distintos de las PEA para los que se haya aprobado la ayuda antes de que se alcanzaran los límites, la reducción de capacidad se efectuará mediante medidas análogas a las aplicadas a las PEA en virtud de la letra b).

3.2.6. Ayudas destinadas a cubrir los costes sociales de la reestructuración

Normalmente, los planes de reestructuración implican una reducción o el abandono de las actividades pertinentes. A menudo resulta necesario reducir las actividades de la empresa por motivos de racionalización y eficacia, independientemente de las reducciones de capacidad que puedan exigirse como condición para la concesión de ayuda si la industria está aquejada de un exceso de capacidad estructural. Cualesquiera que sean las razones para adoptar tales medidas, implican generalmente una reducción de la mano de obra de la empresa.

El Derecho laboral de los distintos Estados miembros incluye regímenes generales de seguridad social conforme a los cuales las indemnizaciones de despido y las pensiones de jubilación anticipada se pagan directamente a los trabajadores despedidos. Estos regímenes no deben considerarse ayudas de Estado incursas en la prohibición contenida en el apartado 1 del artículo 92, en la medida en que el Estado trata directamente con los trabajadores y la empresa queda al margen de la negociación.

Además de los subsidios por despido y las pensiones de jubilación anticipada de los trabajadores, existen regímenes generales de prestaciones sociales mediante los cuales el Gobierno cubre el coste de las prestaciones que la empresa concede a los trabajadores despedidos y que exceden de sus obligaciones legales o contractuales. Cuando estos regímenes están abiertos de forma general y sin limitaciones sectoriales a todos los trabajadores que cumplen una serie de requisitos previamente establecidos que permiten acogerse automáticamente a las prestaciones correspondientes, no se consideran ayudas a empresas en proceso de reestructuración conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92. Por otro lado, si los regímenes se utilizan para apoyar la reestructuración de sectores específicos, podrían implicar una ayuda si se utilizan con un criterio selectivo.

La obligación de la propia empresa, conforme a la legislación laboral o los convenios colectivos celebrados con los sindicatos, de proporcionar indemnizaciones por despido o pensiones de jubilación anticipada forma parte de los costes normales de una empresa, que ésta debe satisfacer con sus propios recursos. Por lo tanto, cualquier contribución a estos costes por parte del Estado debe calificarse de ayuda. Esta consideración es aplicable independientemente de que los pagos se efectúen directamente a la empresa o se gestionen en favor de los trabajadores a través de un organismo gubernamental.

La Comisión adopta una actitud positiva con respecto a estas ayudas, dado que proporcionan ventajas económicas que exceden de los intereses de la empresa de que se trate, facilitando el cambio estructural y paliando las dificultades; además, suelen limitarse a equilibrar las diferencias entre las obligaciones que las distintas legislaciones nacionales imponen a las empresas.

Además de para satisfacer el coste de las indemnizaciones de despido y de jubilación anticipada, las ayudas suelen concederse, en combinación con procesos específicos de reestructuración, para actividades de formación y asesoramiento y para aquellos que contribuyen a encontrar un empleo alternativo, ayudas para la relocalización de empresas, y formación profesional y asistencia a los trabajadores que deseen emprender nuevas actividades. La Comisión ha mentenido sistemáticamente una opinión favorable respecto de dichas ayudas.

Las ayudas para iniciativas sociales exclusivamente destinadas a los trabajadores despedidos a raíz de una reestructuración no se toman en consideración a la hora de determinar el volumen de la reducción de capacidad necesaria conforme al inciso ii) del punto 3.2.2.

4. REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN Y VALIDEZ Y REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES

4.1. Regímenes de salvamento y de reestructuración de las PYME

En el caso de las PYME que respondan a la definición del punto 3.2.4, incluidas las pequeñas y medianas empresas del sector agrario (y, por ende, las PEA), la Comisión estará dispuesta a autorizar regímenes de ayudas para el salvamento y la reestructuración de empresas. Lo hará dentro del plazo habitual de dos meses a partir de la recepción de la información completa, excepto si el régimen cumple los requisitos de aplicación del procedimiento acelerado de autorización, en virtud del cual la Comisión cuenta con un plazo de veinte días hábiles (28). Estos regímenes deben determinar con claridad qué empresas pueden acogerse a las ayudas, o, en el caso de las ayudas al sector agrario, el tipo de operadores o de sectores beneficiarios, las circunstancias en las que se pueden conceder las ayudas de salvamento y de reestructuración y el importe máximo disponible. Un requisito indispensable para la aprobación será la presentación de un informe anual sobre el funcionamiento del régimen, que deberá contener la información que se indica en las instrucciones de la Comisión sobre los informes normalizados (29). Los informes, excepto los referentes a las PEA, deberán contener asimismo una lista en la que figuren todas las empresas beneficiarias y los siguientes datos: nombre de la empresa, código del sector [conforme a los códigos de clasificación sectorial de dos dígitos de la NACE (30), número de trabajadores, volumen de negocios anual, importe de la ayuda concedida en el año corriente, confirmación de si se han recibido ayudas de salvamento o de reestructuración en los dos años precedentes, y, en caso afirmativo, importe total concedido con anterioridad. Cuando se apliquen las disposiciones del punto 3.2.5, el informe deberá incluir asimismo datos que indiquen:

a) la cantidad (o el valor) de la producción que se haya beneficiado efectivamente de la ayuda de reestructuración, junto con datos sobre la reducción de capacidad conseguida con arreglo a las disposiciones de dicho punto, o

b) el cumplimiento de las condiciones para la exención de la reducción de capacidad con arreglo a la letra c) del punto 3.2.5.

Las ayudas de salvamento o de reestructuración de las PYME mencionadas en el punto 3.2.5. y las otorgadas a cualquier empresa del sector agrario al margen de un régimen autorizado deberán ser notificadas individualmente a la Comisión.

Las ayudas o los regímenes de ayudas de salvamento o de reestructuración que reúnan los requisitos de la regla de-minimis (véase el punto 2.3) no habrán ser notificados.

4.2. Ayudas de salvamento o de reestructuración de grandes empresas

Las ayudas de salvamento o de reestructuración de grandes empresas -es decir, las que rebasen los límites establecidos en la definición de las PYME- deberán ser notificadas individualmente.

Habida cuenta de que, normalmente, el tiempo no juega a favor de esas empresas, sobre todo en los casos de salvamento, la Comisión hará todo lo posible por adoptar su decisión con la celeridad debida. El límite temporal para adoptar una decisión sobre las notificaciones de ayudas individuales que no formen parte de un régimen autorizado es de dos meses a partir de la recepción de la información completa.

Los propios Estados miembros pueden contribuir a evitar retrasos innecesarios del siguiente modo:

- notificando con antelación su intención de conceder la ayuda. Aunque, por los procedimientos administrativos internos, el Estados miembro no pueda comunicar inmediatamente los datos pormenorizados de la ayuda de salvamento o de reestructuración propuesta, sería aconejable que comunicara a la Comisión los aspectos que ya se hayan decidido, con objeto de que ésta pueda familiarizarse con el caso y de reducir o evitar posibles solicitudes de información complementaria como consecuencia de notificaciones ulteriores incompletas;

- presentando notificaciones completas. En particular, las notificaciones deberían contener una clara distinción entre lo que constituye una ayuda de salvamento y lo que constituye una ayuda de reestructuración, y deberían hacer una referencia directa y clara a todos los requisitos generales de aprobación de ayudas de salvamento o de reestructuración contenidos en las Directrices. De no hacerlo, la notificación estaría incompleta, lo que puede acarrear el consiguiente retraso de la autorización. En sus notificaciones, los Estados miembros deberían informar también a la Comisión de todas las demás ayudas concedidas a la empresas que no tengan relación directa con la operación, de forma que la Comisión conozca todas las circunstancias que rodean el caso.

4.3. Ayudas no notificadas

La notificación y la autorización previa de la ayuda antes de su concesión constituyen requisitos imprescindibles. Se recuerda a los Estados miembros el riesgo que supone la concesión ilegal de ayudas, dado que la Comisión tiene la facultad de ordenar el reembolso de las mismas (31).

4.4. Funcionamiento y revisión de las presentes Directrices

Por lo que respecta al sector no agrario, la Comisión se regirá por las Directrices publicadas en 1994 (32) durante los tres años siguientes a la fecha de su publicación. Sin embargo, por lo que respecta al sector agrario únicamente, las presentes Directrices entrarán en vigor el 1 de enero de 1998 para las ayudas de Estado nuevas; para las existentes, entrarán en vigor, en la misma fecha, o, en el caso de que la Comisión haya iniciado el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado con respecto a uno o varios Estados miembros en esta materia, cuando la Comisión haya adoptado una decisión final con respecto a dicho(s) Estado(s) miembro(s) basándose en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado.

Antes del final de 1997, la Comisión revisará el funcionamiento de las presentes Directrices en el sector no agrario. Por lo que se refiere a reglas específicas del sector agrario, la revisión tendrá lugar dentro de los tres años siguientes a la fecha de publicación del presente texto.

(1) A finales de 1994 se publicó (DO C 368 de 23. 12. 1994, p. 12) en forma de directrices la política actualizada en este sector. El presente texto mantiene dicha política excepto con respecto al sector agrario. El presente texto introduce varias modificaciones relativas a dicho sector. La Comisión tiene la intención de revisar a su debido tiempo las presentes Directrices excepto las reglas específicas del sector agrario.

(2) Puntos 227-228 y punto 177.

(3) Véanse, en particular sentencia de 14 de febrero de 1990, asunto C-301/87, Fancia/Comisión, Rec. 1990, p. I-307 (Boussac); Sentencia de 21 de marzo de 1990, asunto C-142/87, Bélgica/Comisión, Rec. 1990, p. I-959 (Tubemeuse); sentencia de 21 de marzo de 1991, asunto C-303/88, Italia/Comisión, Rec, 1991, p. I-1433 (ENI-Lanerossi); sentencia de 21 de marzo de 1991, asunto C-305/89, Italia/Comisión, Rec. 1991, p. I-1603 (Alfa Romeo). Véanse también: sentencia de 14 de noviembre de 1984, asunto 323/82, Intermills/Comisión, Rec. 1984, p. 3809; sentencia de 13 de marzo de 1985, asuntos 296/82 y 318/92, Netherlands and Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisión Rec. 1985, p. 809; sentencia de 10 de julio de 1986, asunto 234/84, Bélgica/Comisión, Rec. 1986, p. 2263 (Meura).

(4) Artículo 130 A del Tratado CE. El artículo 130 B del Tratado CE, que ha sido insertado en el Tratado de la Unión Europea, establece que las demás políticas han de contribuir a este objetivo: «Al formular y desarrollar las políticas y acciones de la Comunidad y al desarrollar el mercado interior, se tendrán en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 130 A, participando en su consecución».

(5) Boletín CE 9-1984, punto 3.5.1.

(6) DO C 307 de 13. 11. 1993, p. 3.

(7) DO C 213 de 19. 8. 1992, p. 2.

(8) DO C 368 de 23. 12. 1994, p. 12.

(9) A los efectos de la presente Comunicación, constituyen este sector todos los operadores que se dedican a la producción o al comercio de las productos que figuran en el Anexo II del Tratado, incluidos los productos de la pesca.

(10) Véase la Comunicación de la Comisión sobre las ayudas de minimis (DO C 68 de 6. 3. 1996, p. 9).

(11) Véase el punto 2.2.

(12) DO L 195 de 29. 7. 1980, p. 35, Directiva modificada por la Directiva (DO L 254 de 12. 10. 1993, p. 16).

(13) Véase la sentencia de 22 de marzo de 1977 en el asunto 78/76, Steinike und Weinlig/Alemania, Rec. 1977, p. 595; Crédit Lyonnais/Usinor-Sacilor, Comunicado de prensa de la Comisión IP(91) 1045.

(14) Véase la nota 5 a pie de pagina.

(15) Véase la nota 6 a pie de pagina.

(16) Véase el punto 27 del documento sobre las empresas públicas (nota a pie de página 5).

(17) Octavo Informe sobre la política de competencia, punto 228.

(18) Si la Comisión sigue examinando el plan de reestructuración cuando ha finalizado el período para el cual ha sido autorizada la ayuda de salvamento, considerará con criterio favorable la ampliación de la ayuda de salvamento hasta que haya concluido la investigación (véase el Vigésimotercer Informe sobre la política de competencia, punto 527).

(19) Para los productos del Anexo II del Tratado, la Comisión definirá este exceso de capacidad caso por caso teniendo en cuenta, sobre todo, los factores siguientes:

a) el alcance y la evolución de las medidas de estabilización del mercado de la categoría de producto de que se trate en los últimos tres años, especialmente las restituciones a la exportación y las retiradas del mercado, la evolución de los precios del mercado mundial y la existencia de límites sectoriales del Reglamento (CE) n° 950/97 del Consejo (DO L 142 de 2. 6. 1997, p. 1). Los productos primarios sujetos a cuotas de producción se considerará que no tienen exceso de capacidad;

b) la existencia de límites sectoriales de acuerdo con lo expuesto en la carta de la Comisión a los Estados miembros de 20 de octubre de 1995 (DO C 29 de 2. 2. 1996, p. 4);

c) en el caso concreto del sector pesquero, las Directrices para el examen de las ayudas de Estado en el sector de la pesca y la acuicultura (DO C 100 de 27. 3. 1997, p. 12) y el Reglamento (CE) n° 3699/93 del Consejo (DO L 346 de 31. 12. 1993, p. 1).

(20) A los efectos de la presente Comunicación, dichas regiones incluyen también, para los operadores del sector agrario, las zonas desfavorecidas definidas en el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (CE) n° 950/97.

(21) Véase la nota 4 a pie de página.

(22) Directrices comunitarias sobre ayudas a las PYME (DO C 213 de 19. 8. 1992, p. 2).

(23) Ibidem, punto 2.2.

(24) Para las ayudas de reestructuración concedidas en las zonas asistidas, incluidas las zonas desfavorecidas, el requisito de reducción de capacidad se reducirá un 2 %.

(25) DO C 213 de 19. 8. 1992, p. 10.

(26) Véase la carta a los Estados miembros de 22 de febrero de 1994.

(27) Nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea, publicada por la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas.

(28) Comunicación de la Comisión sobre las ayudas concedidas ilegalmente (DO C 318 de 24. 11. 1983, p. 3). La Comisión también hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 301/87 (Boussac) -véase la nota 3 a pie de página- y a las conclusiones extraídas de dicha sentencia para la tramitación de estos casos, tal y como indicó en su carta a los Estados miembros de 4 de marzo de 1991.

(29) Véase la nota 8 a pie de página.