(115)

Las conclusiones expuestas a continuación se basan en la información proporcionada por las autoridades españolas en los informes, cuya veracidad y plenitud ha sido comprobada por la Comisión a la luz de las observaciones metodológicas indicadas anteriormente. Partiendo de esta base, la Comisión considera que, contrariamente a las alegaciones de las autoridades españolas, no se puede considerar que todas las legislaciones de terceros países planteen obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas. Por lo tanto, de forma similar a lo declarado en la Decisión anterior en relación con las transacciones en la Unión (57), la Comisión no puede compartir los puntos de vista expresados por las autoridades españolas, apoyadas en sus alegaciones por las treinta partes interesadas, por lo que se refiere a la existencia generalizada de estos supuestos obstáculos. La Comisión considera que fuera de los Estados miembros de la Unión, por lo menos en los siguientes terceros países pertinentes, no puede reconocerse ningún obstáculo jurídico explícito, según se pormenoriza a continuación: — Estados Unidos i) En primer lugar, la Comisión observa que, en un informe presentado por las autoridades españolas (58), al evaluar si hay precedentes de combinaciones transfronterizas de empresas, el autor afirma: «no se han hallado, pero es probable que esto haya ocurrido en Delaware». En contradicción con las alegaciones esenciales de las autoridades españolas, la conclusión de uno de los informes (59) relativos a este país parece considerar que no hay ninguna prohibición jurídica general y explícita de las combinaciones transfronterizas de empresas. ii) En segundo lugar, según las normas generales del Derecho de sociedades (60) y del Derecho tributario (61) no hay ninguna prohibición explícita de combinaciones de empresas con entidades extranjeras. iii) En tercer lugar, se aplican disposiciones específicas del Derecho de sociedades (62) a las combinaciones de empresas nacionales. No hay, por lo que sabe la Comisión, ninguna prohibición explícita de aplicar esas disposiciones a las combinaciones transfronterizas de empresas, aun cuando las formalidades administrativas aplicables puedan diferir. La Comisión subraya que, por lo menos, el Estado de Delaware hace explícitamente posibles las combinaciones transfronterizas de empresas (63) a condición de que la legislación del país de residencia de la empresa extranjera permita la transacción inversa. Por lo tanto, si tal transacción no es posible entre empresas establecidas respectivamente en Delaware y España, la Comisión considera que tales obstáculos serían imputables a España, y por lo tanto no pertinentes para la actual evaluación. Esta conclusión debe verse en el marco de la importancia reconocida del Estado de Delaware para la domiciliación/constitución de empresas en los EE.UU. (64). iv) En cuarto lugar, se aplican disposiciones fiscales específicas a las combinaciones de empresas nacionales para evitar la fiscalidad desfavorable al llevar a cabo operaciones de reestructuración. No hay, por lo que sabe la Comisión, ninguna prohibición explícita de aplicarlas a las combinaciones transfronterizas de empresas, aun cuando las formalidades administrativas aplicables puedan diferir. v) Finalmente, la Comisión no ha encontrado ninguna jurisprudencia de los tribunales competentes de los EE.UU. que contradiga su conclusión por lo que se refiere a la ausencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas con una empresa residente en los Estados Unidos de América. — México i) En primer lugar, la Comisión observa que en el artículo 8.3 del Protocolo del Convenio fiscal entre España y México (65) firmado el 6 de octubre de 1994, todavía vigente, se contemplan explícitamente las transacciones transfronterizas de combinación de empresas. Como consecuencia de esta disposición, dichas transacciones disfrutan de una exención fiscal de la reorganización empresarial en el sentido de que no se gravan las plusvalías no realizadas. Según lo entiende la Comisión, este Convenio fiscal internacional tiene como finalidad anular la posible exclusión (66) de la combinación transfronteriza de empresas del beneficio de las normas fiscales específicas que se aplican a las combinaciones de empresas nacionales. ii) En segundo lugar, conforme a la legislación mexicana (Derecho de sociedades y Derecho tributario) y teniendo en cuenta el citado Convenio fiscal, no hay ninguna prohibición jurídica explícita de la combinación de empresas con entidades españolas. iii) Finalmente, la Comisión no ha encontrado ninguna jurisprudencia de los tribunales mexicanos competentes que contradiga su conclusión por lo que se refiere a la ausencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas con una empresa residente en México. — Brasil i) En primer lugar, la Comisión observa que las autoridades españolas encontraron un precedente de una combinación transfronteriza de empresas (no con España) (67). ii) En segundo lugar, conforme a las normas generales del Derecho de sociedades y del Derecho tributario (68), no hay ninguna prohibición jurídica explícita de las combinaciones de empresas con entidades extranjeras, aun cuando las formalidades administrativas puedan diferir (69). iii) Tercero, se aplican algunas restricciones jurídicas explícitas al ejercicio de actividades económicas en ciertos sectores (70) por entidades controladas por empresas extranjeras. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente (véase el considerando 114), las disposiciones legales de terceros países que impidan a un contribuyente español tomar el control de una empresa participada en ese tercer país, no pueden considerarse un obstáculo jurídico explícito pertinente en el sentido alegado por las autoridades españolas: a consecuencia de dicha disposición, las empresas/los contribuyentes españoles nunca pueden cumplir la condición de ejercer una influencia efectiva, pues seguirán siendo un accionista minoritario de la empresa participada. Por lo que sabe la Comisión, esta es precisamente la situación que se plantea con la legislación brasileña mencionada en los dos informes. iv) Finalmente, la Comisión no ha encontrado ninguna jurisprudencia que contradiga su conclusión por lo que se refiere a la ausencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas con una empresa residente en Brasil. — Argentina i) En primer lugar, la Comisión observa que en el artículo 5 del Protocolo del Convenio fiscal entre España y Argentina (71), firmado el 26 de agosto de 1994 y aún en vigor, se contemplan explícitamente las combinaciones transfronterizas de empresas. Como consecuencia de esta disposición, las operaciones de reestructuración transfronterizas no darán lugar a una imposición desfavorable. ii) En segundo lugar, conforme a las normas generales del Derecho de sociedades (72) y del Derecho tributario (73), no hay ninguna prohibición jurídica explícita de la combinación empresarial con entidades extranjeras. iii) En tercer lugar, la Comisión no ha encontrado ninguna jurisprudencia que contradiga su conclusión por lo que se refiere a la ausencia de obstáculos jurídicos explícitos para las combinaciones transfronterizas de empresas con una empresa residente en la República Argentina. Por otra parte, la Comisión no comparte la interpretación que los dos informes hacen de las sentencias (74) dictadas por la administración tributaria en ciertas transacciones transfronterizas previstas. Efectivamente, estos actos solamente aclaran las condiciones de aplicación del régimen fiscal argentino de exención de la reorganización empresarial, sin mencionar la existencia de una prohibición general y explícita de aplicar este régimen a las operaciones de reestructuración transfronterizas. Por otra parte, la interpretación que figura en los informes de estas sentencias específicas está en contradicción con la disposición general del Protocolo del Convenio fiscal (75) entre el Reino de España y la República Argentina mencionada anteriormente. — Ecuador i) En primer lugar, la Comisión observa que, según las normas generales del Derecho de sociedades y del Derecho tributario, no existe una prohibición jurídica explícita de las combinaciones de empresas con entidades extranjeras (76). ii) En segundo lugar, la Comisión observa que un informe presentado por las autoridades españolas (77) reconoce que se puede realizar una combinación de empresas siempre que la adquirente española haya establecido previamente una sucursal en Ecuador. — Perú i) En primer lugar, la Comisión observa que, según las normas generales del Derecho de sociedades y del Derecho tributario, no existe, por lo que sabe la Comisión, una prohibición jurídica explícita de las combinaciones de empresas con entidades extranjeras (78). ii) En segundo lugar, la Comisión observa que el artículo 2074 del Código Civil peruano establece los principios aplicables a la realización de combinaciones transfronterizas de empresas y que la Ley General de Sociedades permite la combinación entre una sucursal de una entidad extranjera y una empresa domiciliada en Perú (79). iii) En tercer lugar, la Ley del Impuesto a la Renta garantiza el tratamiento neutral de la combinación entre una sucursal de una entidad extranjera y una empresa domiciliada en Perú (80). iv) Por consiguiente, la Comisión entiende que, como mínimo, la combinación transfronteriza de empresas es factible siempre que la adquirente española haya establecido previamente una sucursal en Perú. — Colombia i) En primer lugar, la Comisión observa que la Superintendencia de Sociedades (81) confirma explícitamente que las combinaciones transfronterizas de empresas son factibles con arreglo a la legislación de Colombia (82). ii) En segundo lugar, con arreglo a las normas del Derecho de sociedades y del Derecho tributario (83), no existe una prohibición jurídica explícita de la combinación de una empresa con una entidad extranjera, aun cuando las formalidades administrativas aplicables puedan diferir. iii) En tercer lugar, la Comisión observa que un informe presentado por las autoridades españolas (84) reconoce que la combinación transfronteriza de empresas es factible siempre que la adquirente española haya establecido previamente una sucursal en Colombia.