ES Diario Oficial de la Unión Europea L 72/1

REGLAMENTO (UE) N o 223/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 11 de marzo de 2014

relativo al Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 175, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) En consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010, en virtud de las cuales se adoptó la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador («Estrategia Europa 2020»), la Unión y los Estados miembros se han fijado el objetivo de reducir en al menos 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de aquí a 2020. No obstante, en 2011, casi una cuarta parte de las personas que habitan en la Unión (119,82 millones) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, aproximadamente 4 millones de personas más que el año anterior. Sin embargo, la pobreza y la exclusión social no son uniformes en toda la Unión y su gravedad varía de un Estado miembro a otro.

(2) El número de personas que sufren de privación material o incluso de privación material severa en la Unión es cada vez mayor y, en 2011, prácticamente el 8,8 % de los ciudadanos de la Unión vivía en condiciones de privación material severa. Además, estas personas también quedan excluidas de la posibilidad de beneficiarse de las medidas de activación del Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y, en particular, del Reglamento (UE) no 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(3) Los Estados miembros y la Comisión deben adoptar medidas adecuadas para impedir toda discriminación y velar por la igualdad entre hombres y mujeres y la integración coherente de la perspectiva de género en todas las fases de la preparación, la programación, la ejecución, el control y la evaluación del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (el «Fondo»), así como en campañas de sensibilización y en el intercambio de mejores prácticas.

(4) El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) destaca que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

(5) El artículo 6 del TUE destaca que la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(6) En el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se establece que, a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, esta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial.

(7) El Fondo debe reforzar la cohesión social, contribuyendo a reducir la pobreza y, en último extremo, a erradicar las peores formas de pobreza en la Unión mediante el apoyo a los programas nacionales que proporcionan ayuda no financiera al objeto de paliar la falta de alimentos y la privación material severa y/o contribuir a la inclusión social de las personas más desfavorecidas. El Fondo debe aliviar las formas de pobreza extrema con mayor impacto de exclusión social, como la carencia de vivienda, la pobreza infantil y la falta de alimentos.

(8) El Fondo no está destinado a sustituir políticas públicas aplicadas por los Estados miembros para combatir la pobreza y la exclusión social, en particular las políticas necesarias para evitar la marginación de los grupos vulnerables y de bajos ingresos y conjurar el creciente riesgo de pobreza y exclusión social.

(9) De conformidad con el artículo 317 del TFUE, y en el contexto de la gestión compartida, conviene especificar las condiciones que permiten a la Comisión ejercer sus responsabilidades en materia de ejecución del presupuesto general de la Unión y aclarar las responsabilidades de los Estados miembros en materia de cooperación. Tales condiciones permitirían a la Comisión asegurarse de que los Estados miembros están empleando el Fondo de manera lícita y regular y de acuerdo con el principio de buena gestión financiera a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) (en lo sucesivo, «el Reglamento Financiero»).

(10) Estas disposiciones también garantizan la conformidad de las operaciones financiadas con el Derecho de la Unión aplicable y con la legislación nacional relacionada con este que ejecute directa o indirectamente el presente Reglamento y sus políticas, en particular por lo que respecta a la seguridad de la ayuda alimentaria y la asistencia material básica que se distribuyen entre las personas más desfavorecidas.

(11) La asignación de créditos del Fondo entre los Estados miembros para el período 2014-2020 tendrá en cuenta por igual los indicadores siguientes, estimados sobre la base de datos de Eurostat sobre la población que sufre de privación material severa y la población que vive en hogares con una intensidad de trabajo muy baja. Asimismo, para la asignación se tendrán en cuenta los diferentes medios para asistir a las personas más desfavorecidas en los Estados miembros. No obstante, debe asignarse a cada Estado miembro un importe mínimo de 3 500 000 EUR para el período de programación 2014-2020 con el fin de que se establezcan programas operativos con un nivel de recursos significativo.

(12) El importe asignado a un Estado miembro para el Fondo se deducirá de los Fondos Estructurales asignados a ese Estado miembro.

(13) Los programas operativos de los Estados miembros deben identificar y justificar las formas de privación alimentaria y/o material que han de abordarse y/o las actividades de inclusión social que se financiarán y describir las características del apoyo que se va a prestar a las personas más desfavorecidas a través de la ayuda del Fondo a los programas nacionales. También deben incluir los elementos necesarios para garantizar la ejecución eficaz y eficiente de los programas operativos.

(14) La privación alimentaria grave en la Unión coincide con un importante desperdicio de alimentos. A este respecto, el Fondo debe facilitar la donación de alimentos, cuando proceda. No obstante, esto ha de entenderse sin perjuicio de la necesidad de eliminar los obstáculos existentes a fin de alentar la donación de alimentos sobrantes para fines de lucha contra la privación alimentaria.

(15) Con miras a garantizar una aplicación eficaz y eficiente de las medidas financiadas por el Fondo, los Estados miembros, si procede, deben fomentar la cooperación entre las entidades regionales y locales y los organismos representativos de la sociedad civil y la participación de todas las partes interesadas en la preparación y la realización de las actividades financiadas por el Fondo.

(16) Para maximizar la eficacia del Fondo, en particular en lo que se refiere a posibles cambios de las circunstancias nacionales, conviene establecer un procedimiento que permita modificar el programa operativo.

(17) Debe aplicarse el principio de asociación con el fin de responder de la manera más eficaz y adecuada a las diferentes necesidades y de llegar mejor a las personas más desfavorecidas.

(18) Los intercambios de experiencia y mejores prácticas tienen un valor añadido significativo debido a que facilitan el aprendizaje mutuo, por lo que la Comisión debe facilitar y promover su difusión y, al mismo tiempo, buscar sinergias con el intercambio de mejores prácticas en el contexto de fondos conexos, en particular el Fondo Social Europeo (FSE).

(19) A efectos del seguimiento de los avances en la ejecución de los programas operativos, los Estados miembros deben elaborar y enviar a la Comisión informes de ejecución anuales y finales, de manera que se garantice la disponibilidad de información esencial y actualizada. Con la misma finalidad, la Comisión y cada Estado miembro deben reunirse todos los años para realizar un análisis, salvo que ambas partes acuerden otra cosa. Las partes interesadas correspondientes participarán adecuadamente en el seguimiento.

(20) A fin de mejorar la calidad y el diseño de los programas operativos y para evaluar la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben realizarse evaluaciones ex ante y ex post. Estas evaluaciones deben apoyarse en datos pertinentes y han de completarse, cuando proceda, con encuestas sobre las personas más desfavorecidas que se han beneficiado del programa operativo y, en su caso, con evaluaciones realizadas durante el período de programación. Dichas evaluaciones deben respetar asimismo la privacidad de las personas destinatarias finales y realizarse de modo que no se estigmatice a las personas desfavorecidas. Deben especificarse las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión al respecto.

(21) Al evaluar el Fondo y desarrollar la metodología de evaluación, deberá tenerse en cuenta que la privación es un concepto complejo de carácter pluridimensional.

(22) Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se invierten los recursos financieros de la Unión y a conocer con qué fines. Al objeto de garantizar la amplia difusión de la información sobre los logros del Fondo y para velar por la accesibilidad y la transparencia de las oportunidades de financiación, deben establecerse disposiciones detalladas sobre información y comunicación, en particular en relación con las responsabilidades de las entidades beneficiarias, de los Estados miembros y, cuando proceda, de las autoridades locales y regionales.

(23) Es aplicable el Derecho de la Unión relativo a la protección de las personas físicas por lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en particular la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(24) Es necesario fijar un nivel máximo de cofinanciación con cargo al Fondo para los programas operativos, de manera que se produzca un efecto multiplicador de los recursos de la Unión. Además se debe resolver la situación de los Estados miembros que afrontan problemas presupuestarios temporales.

(25) Deben aplicarse en toda la Unión normas uniformes, sencillas y equitativas sobre el período de subvencionabilidad, las operaciones y los gastos en relación con el Fondo. Las condiciones de subvencionabilidad deben reflejar la naturaleza específica de las finalidades y la población objetivo del Fondo, en particular han de ser adecuadas y simples por lo que respecta a las operaciones, a los tipos de ayuda y a las normas y condiciones de reembolso.

(26) Habida cuenta de la fecha en la que deben convocarse las licitaciones, los plazos para la adopción del presente Reglamento y el tiempo necesario para la preparación de los programas operativos, deben establecerse normas que permitan una fácil transición, de modo que no se interrumpa el suministro de ayuda alimentaria. Para este fin, procede autorizar la subvencionabilidad del gasto a partir del 1 de diciembre de 2013.

(27) El Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) establece que los productos comprados en régimen de intervención pública pueden utilizarse en el programa de distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión si el programa así lo contempla. Habida cuenta de que, dependiendo de las circunstancias, la obtención de alimentos a partir del uso, la transformación y la venta de esos productos puede ser la opción más favorable desde un punto de vista económico, conviene contemplar esta posibilidad en el presente Reglamento. Los importes derivados de una transacción relacionada con dichos productos deben utilizarse en beneficio de las personas más necesitadas. Esos importes no deben servir para atenuar la obligación de los Estados miembros de cofinanciar el programa. A fin de garantizar un uso lo más eficiente posible de las existencias de dichos productos y sus procedimientos, la Comisión, de conformidad con el Reglamento (UE) no 1308/2013, debe adoptar actos de ejecución que establezcan los procedimientos mediante los cuales dichos productos pueden utilizarse, transformarse o venderse para los fines del programa destinado a las personas más necesitadas.

(28) Es necesario precisar los tipos de acciones que pueden llevarse a cabo a iniciativa de la Comisión y de los Estados miembros como asistencia técnica financiada por el Fondo. La Comisión debe consultar a los Estados miembros y a representantes de las organizaciones asociadas al nivel de la Unión para este fin.

(29) De acuerdo con el principio de gestión compartida, los Estados miembros y la Comisión deben ser responsables de la gestión y el control de los programas. Los Estados miembros, a través de sus sistemas de gestión y control, deben ser los principales responsables de la ejecución y el control de sus programas operativos.

(30) Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el establecimiento y el funcionamiento adecuados de sus sistemas de gestión y control, a fin de ofrecer garantías del uso legal y regular del Fondo. Deben, pues, especificarse las obligaciones de los Estados miembros en relación con los sistemas de gestión y control de sus programas operativos y con la prevención, detección y corrección de irregularidades e infracciones del Derecho de la Unión.

(31) Los Estados miembros deben cumplir las obligaciones de gestión, control y auditoría y asumir las responsabilidades que establecen las normas sobre gestión compartida contempladas en el presente Reglamento y en el Reglamento Financiero. Los Estados miembros deben velar por que, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Reglamento, existan mecanismos eficaces para el examen de las reclamaciones relativas al Fondo. De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben examinar, a petición de la Comisión, las reclamaciones presentadas a la Comisión que entren en el ámbito de los mecanismos acordados, y deben informar a la Comisión, a petición de esta, de los resultados de dichos exámenes.

(32) Los Estados miembros deben designar para cada programa operativo una autoridad de gestión, una autoridad de certificación y una autoridad de auditoría funcionalmente independiente. A fin de ofrecer flexibilidad a los Estados miembros para configurar sistemas de control, conviene introducir la posibilidad de que la autoridad de gestión desempeñe las funciones de la autoridad de certificación. Debe permitirse también a los Estados miembros designar organismos intermedios que realicen determinadas tareas de la autoridad de gestión o de la autoridad de certificación. En ese caso, los Estados miembros deben establecer claramente sus respectivas responsabilidades y funciones.

(33) La autoridad de gestión debe ser la principal responsable de la ejecución eficaz y eficiente del Fondo, por lo que desempeñaría un número importante de funciones relacionadas con la gestión y el seguimiento del programa operativo, la gestión y el control financieros y la selección de proyectos. Deben establecerse en consecuencia las responsabilidades y funciones de la autoridad de gestión en el presente Reglamento.

(34) La autoridad de certificación debe elaborar y presentar a la Comisión las solicitudes de pago. Asimismo, debe elaborar las cuentas, certificando su exhaustividad, exactitud y veracidad, así como que el gasto anotado en las cuentas cumple la normativa aplicable tanto nacional como de la Unión. Deben establecerse en consecuencia en el presente Reglamento las responsabilidades y funciones de la autoridad de certificación.

(35) La autoridad de auditoría debe garantizar la realización de auditorías sobre los sistemas de gestión y control, sobre una muestra representativa de operaciones y sobre las cuentas. Deben establecerse en el presente Reglamento las responsabilidades y funciones de la autoridad de auditoría. Las auditorías de gastos declarados deben llevarse a cabo sobre la base de una muestra representativa de operaciones para poder extrapolar los resultados. En términos generales, debe utilizarse un método de muestreo estadístico para generar una muestra representativa fiable. No obstante, las autoridades de auditoría deben poder recurrir en circunstancias debidamente justificadas a un método de muestreo no estadístico o a pruebas de confirmación siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

(36) Para tener en cuenta la organización específica de los sistemas de gestión y control para el Fondo, así como la necesidad de garantizar un enfoque proporcionado, se requieren disposiciones específicas relativas a la designación de la autoridad de gestión y la autoridad de certificación. Con el fin de evitar cargas administrativas innecesarias, la verificación ex ante del cumplimiento de los criterios de designación indicados en el presente Reglamento debe limitarse a las autoridades de gestión y certificación. No debe exigirse que la Comisión apruebe la designación. La supervisión del respeto de los criterios de designación sobre la base de normas de auditoría y control debe, en caso de que los resultados revelen el incumplimiento de dichos criterios, dar lugar a medidas correctoras y probablemente a una anulación de la designación.

(37) Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, debe garantizarse la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en el marco del presente Reglamento, y deben fijarse criterios que permitan a la Comisión determinar, en el contexto de su estrategia de control de los sistemas nacionales, el nivel de garantía que deben proporcionarle los organismos nacionales de auditoría.

(38) Deben establecerse las competencias y las responsabilidades de la Comisión por lo que se refiere a la verificación del funcionamiento efectivo de los sistemas de gestión y control y a la exigencia de actuación de los Estados miembros. La Comisión también debe tener competencias para realizar auditorías sobre el terreno centradas en cuestiones relacionadas con la buena gestión financiera, a fin de extraer conclusiones sobre el rendimiento del Fondo.

(39) Los compromisos del presupuesto de la Unión deben contraerse por tramos anuales. A fin de garantizar la gestión eficaz del programa, es necesario establecer normas sencillas para los anticipos, las solicitudes de pagos intermedios y para el pago del saldo anual y del saldo final.

(40) A fin de que la Comisión disponga de garantías razonables antes de la aceptación de las cuentas, las solicitudes de pagos intermedios deben reembolsarse en un 90 % del importe resultante de aplicar el porcentaje de cofinanciación establecido en la decisión por la que se adopte el programa operativo, al gasto subvencionable de la prioridad. Los importes pendientes de pago deben abonarse a los Estados miembros con ocasión de la aceptación de cuentas, siempre que la Comisión pueda determinar que dichas cuentas son completas, exactas y verdaderas.

(41) Un anticipo al inicio del programa operativo permitiría al Estado miembro disponer de los medios para suministrar ayuda a las entidades beneficiarias en la ejecución de las operaciones desde la adopción del programa operativo. Solo debe recurrirse a dicho anticipo con esta finalidad, de forma que las entidades beneficiarias deben recibir fondos suficientes para iniciar una operación desde el momento de su selección.

(42) Las entidades beneficiarias deben recibir la ayuda en su cuantía total en un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud de pago por dichas entidades beneficiarias, a reserva de la disponibilidad de financiación procedente de pagos de anticipos e intermedios. La autoridad de gestión debe poder interrumpir el plazo cuando los documentos justificativos estén incompletos o haya pruebas de irregularidades que requieran investigaciones más amplias.

(43) Al objeto de salvaguardar los intereses financieros de la Unión, deben establecerse medidas temporales que permitan a la autoridad pertinente por delegación, interrumpir los pagos cuando haya pruebas claras de que existe una deficiencia significativa en el funcionamiento del sistema de gestión y control o irregularidades evidentes relacionadas con una solicitud de pago, o bien si no se han presentado documentos a efectos del examen y aceptación de cuentas. La duración del plazo de interrupción debe ser de seis meses como máximo, con una posible ampliación de ese plazo hasta nueve meses con la conformidad del Estado miembro, a fin de conceder suficiente tiempo para resolver las causas de la interrupción y así evitar el tener que recurrir a suspensiones.

(44) Al objeto de salvaguardar los intereses financieros de la Unión y proporcionar los medios que garanticen la ejecución eficaz del programa, deben establecerse disposiciones que permitan a la Comisión suspender los pagos.

(45) Al objeto de aplicar los requisitos del Reglamento Financiero a la gestión financiera del Fondo, es necesario establecer procedimientos sencillos para la preparación, el examen y la aceptación de las cuentas que garanticen una base clara y seguridad jurídica en esas disposiciones. Por otra parte, para que los Estados miembros puedan asumir correctamente sus responsabilidades, el Estado miembro deberá tener la posibilidad de excluir los importes que fueran objeto de una evaluación con respecto a su legalidad y regularidad.

(46) Para reducir el riesgo de que se declaren gastos irregulares, las autoridades de certificación deberían poder incluir en una solicitud de pago intermedio, después del ejercicio en que los hayan incluido en su sistema contable y sin necesidad de justificación complementaria, los importes que requieran verificación ulterior.

(47) Con objeto de reducir la carga administrativa de las entidades beneficiarias, deben fijarse plazos concretos durante los cuales las autoridades de gestión están obligadas a velar por la disponibilidad de documentos relacionados con las operaciones tras la presentación de los gastos o la conclusión de una operación. Con arreglo al principio de proporcionalidad, el plazo de conservación de los documentos debe diferenciarse en función del gasto total subvencionable de una operación.

(48) Puesto que las cuentas se fiscalizan y se aceptan anualmente, el procedimiento de cierre debe ser sencillo. Así, el cierre definitivo del programa debería basarse exclusivamente en los documentos relativos al ejercicio contable definitivo y el informe final de ejecución o al último informe anual de ejecución, sin necesidad de facilitar documentos complementarios.

(49) A fin de salvaguardar el presupuesto de la Unión, es posible que sea necesario que la Comisión realice correcciones financieras. Al objeto de garantizar la seguridad jurídica a los Estados miembros, es importante determinar las circunstancias en las que el incumplimiento del Derecho de la Unión aplicable o de la legislación nacional relacionada con su aplicación puede dar lugar a una corrección financiera por parte de la Comisión. Para garantizar que cualesquiera correcciones financieras que la Comisión imponga a los Estados miembros guarden relación con la protección de los intereses financieros de la Unión, esas correcciones deben limitarse a aquellos casos en los que el incumplimiento del Derecho de la Unión aplicable o de la legislación nacional relacionada con la aplicación del Derecho de la Unión pertinente afecten directa o indirectamente a la subvencionabilidad, la regularidad, la gestión o el control de las operaciones y el gasto correspondiente declarado a la Comisión. Para garantizar la proporcionalidad, es importante que la Comisión tenga en cuenta la naturaleza y la gravedad del incumplimiento y las repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión al decidir la aplicación y el importe de la corrección financiera.

(50) Es necesario establecer un marco jurídico que contemple sistemas sólidos de gestión y control y una división de funciones y responsabilidades adecuada en el contexto de una gestión compartida. Por lo tanto, conviene especificar y aclarar el cometido de la Comisión y establecer normas proporcionadas para la aplicación de correcciones financieras por la Comisión.

(51) La frecuencia de las auditorías sobre operaciones debe ser proporcional al alcance de la ayuda de la Unión procedente del Fondo. En particular, el número de auditorías debe reducirse cuando el gasto total subvencionable de una operación no exceda de 150 000 EUR. Sin embargo, debe ser posible realizar auditorías en cualquier momento cuando haya pruebas de irregularidades o fraude o, tras el cierre de una operación terminada, como parte de una muestra de auditoría. La Comisión debe poder revisar la pista de auditoría de la autoridad de auditoría o tomar parte en las auditorías sobre el terreno de la autoridad de auditoría. En caso de que la Comisión no haya obtenido por estos medios las garantías necesarias en cuanto al funcionamiento eficaz de la autoridad de auditoría, la Comisión debe poder repetir la actividad de auditoría siempre que ello sea conforme con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas. Para que el grado de auditoría de la Comisión sea proporcional al riesgo, la Comisión debe poder reducir su labor de auditoría en relación con los programas operativos cuando no existan deficiencias significativas o la autoridad de auditoría sea fiable. Con objeto de reducir la carga administrativa para las entidades beneficiarias, deben introducirse normas específicas para reducir el riesgo de solapamiento entre auditorías de las mismas operaciones efectuadas por distintas instituciones, a saber, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión y la autoridad de auditoría. Además, el alcance de las auditorías debe tener plenamente en cuenta la finalidad del Fondo y las características de la población objetivo de dicho Fondo, así como el carácter voluntario de muchas de las entidades beneficiarias del Fondo.

(52) A fin de garantizar la disciplina financiera, conviene especificar las condiciones para la liberación de cualquier parte de un compromiso presupuestario de un programa operativo y, en particular, en qué casos puede excluirse un importe de esa liberación, en particular si los retrasos en la ejecución se deben a circunstancias ajenas a la parte interesada, anómalas o imprevisibles y cuyas consecuencias no puedan evitarse pese a la diligencia empleada, así como en una situación en la que se haya efectuado una solicitud de pago pero cuyo plazo de pago se haya interrumpido o el pago se haya suspendido.

(53) A fin de completar y modificar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en relación con los criterios para determinar los supuestos de irregularidades de los que se debe informar, los datos que hay que facilitar y la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente, las normas que especifican la información relativa a los datos que es preciso registrar y almacenar en formato electrónico en los sistemas de control establecidos por las autoridades gestoras, los requisitos mínimos de seguimiento de las auditorías, el alcance y contenido de las auditorías nacionales, las normas detalladas sobre el uso de los datos recogidos durante las auditorías y los criterios para determinar deficiencias graves en el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y control, con el fin de establecer el nivel de corrección financiera a aplicar y establecer tarifas únicas o datos financieros extrapolados. Resulta de especial importancia que la Comisión realice consultas adecuadas durante los trabajos preparatorios, incluso a nivel de expertos.

(54) Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar la transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(55) A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento, se deben conferir poderes de ejecución a la Comisión, con respecto a las decisiones sobre planes anuales de acciones para ser financiadas por la asistencia técnica a iniciativa suya, debe estar facultada para adoptar, por medio de actos de ejecución, decisiones por las que se aprueben programas operativos y sus modificaciones, decisiones por las que se suspendan pagos intermedios, decisiones sobre no aceptación de las cuentas y sobre las cantidades que se pueden cargar si las cuentas no fueran aceptadas, decisiones sobre las correcciones financieras, decisiones estableciendo el desglose anual de los créditos de compromiso a los Estados miembros, y, en caso de liberación, decisiones para modificar las decisiones por las que se aprueben los programas.

(56) A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento, se deben conferir poderes de ejecución a la Comisión con respecto al modelo de encuesta estructurada sobre destinatarios finales, la frecuencia de la información sobre irregularidades y el formato de informe a utilizar, los términos del sistema de intercambio electrónico de datos entre el Estado miembro y la Comisión, las especificaciones técnicas para el registro y almacenamiento de datos relativos al sistema de gestión y control, el modelo de declaración del órgano directivo, los modelos de estrategia de auditoría, el dictamen de auditoría y el informe de control, el modelo del informe y la opinión del organismo de auditoría independiente y la descripción de las funciones y procedimientos existentes en relación con la autoridad gestora y, en su caso, la autoridad certificadora, el modelo para las solicitudes de pago y el modelo para las cuentas. Dichos poderes deben ejercerse de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(57) Para determinados actos de ejecución que se deben adoptar por el procedimiento de examen establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011 el impacto potencial y las repercusiones son de tal importancia para los Estados miembros que está justificada una excepción a la regla general. En consecuencia cuando el Comité no haya emitido su dictamen, la Comisión no deberá adoptar su proyecto de acto de ejecución. Esos actos de ejecución se refieren al establecimiento de las especificaciones técnicas para el registro y almacenamiento de datos relativos al sistema de gestión y control. Por ello se debe respecto a esos poderes de ejecución el artículo 5, apartado 4, tercer párrafo del Reglamento (UE) no 182/2011.

(58) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos el respeto a la dignidad humana y la vida privada y familiar, el derecho a la protección de datos de carácter personal, los derechos del niño, los derechos de las personas mayores, la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios.

(59) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, mejorar la cohesión social en la Unión y contribuir a combatir la pobreza y la exclusión social, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(60) Debe garantizarse que el Fondo complemente acciones financiadas en el marco del FSE como actividades de inclusión social, en apoyo exclusivamente de las personas más desfavorecidas.

(61) Con vistas a facilitar la rápida adopción de los actos delegados previstos en el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y finalidad

El presente Reglamento establece el Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos (en lo sucesivo, «el Fondo») para el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, determina los objetivos de dicho Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda que presta, los recursos financieros disponibles y su asignación a cada Estado miembro, y establece las normas necesarias para garantizar la eficacia y la eficiencia del Fondo.

Artículo 2

Definiciones

Se aplicarán las definiciones siguientes:

1) «asistencia material básica»: bienes de consumo básicos de valor limitado y para uso personal de las personas más desfavorecidas como, por ejemplo, ropa, calzado, material escolar o sacos de dormir;

2) «personas más desfavorecidas»: las personas físicas, ya sean individuos, familias, hogares o grupos compuestos por estas personas, cuya necesidad de asistencia se haya establecido con arreglo a criterios objetivos que hayan sido fijados por las autoridades nacionales competentes en consulta con las partes interesadas pertinentes, evitando los conflictos de intereses, o determinados por las organizaciones asociadas y aprobados por esas autoridades nacionales competentes, y que podrán comprender elementos que permitan definir como destinatarios las personas más desfavorecidas de determinadas zonas geográficas;

3) «organizaciones asociadas»: los organismos públicos y/o las organizaciones sin ánimo de lucro que entreguen los alimentos y/o, cuando proceda, la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, junto con medidas de acompañamiento, directamente o a través de otras organizaciones asociadas, o emprendan actividades encaminadas directamente a su inclusión social, y cuyas operaciones hayan sido seleccionadas por la autoridad de gestión de conformidad con el artículo 32, apartado 3, letra b);

4) «programas nacionales»: cualquier programa que tenga, al menos en parte, los mismos objetivos que el Fondo y que esté siendo ejecutado a nivel nacional, regional o local por organismos públicos o por organizaciones sin ánimo de lucro;

5) «programa operativo de alimentos y/o asistencia material básica» (denominado asimismo «PO I»): el programa operativo de apoyo a la distribución de alimentos y/o asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, combinada cuando proceda con medidas de acompañamiento, con el fin de paliar la exclusión social de las personas más desfavorecidas;

6) «programa operativo de inclusión social de las personas más desfavorecidas» (denominado asimismo «PO II»): el programa operativo de apoyo a las actividades ajenas a las medidas activas del mercado laboral, consistentes en asistencia no financiera y no material, con el fin de la inclusión social de las personas más desfavorecidas;

7) «operación»: el proyecto, contrato o acción seleccionado por la autoridad de gestión del programa operativo en cuestión, o bajo su responsabilidad, que contribuya a alcanzar los objetivos del programa operativo con el que esté relacionado;

8) «operación finalizada»: la operación que se haya completado físicamente o se haya ejecutado plenamente y, con respecto a la cual, las entidades beneficiarias hayan realizado todos los pagos relacionados y hayan percibido la ayuda procedente del programa operativo correspondiente;

9) «entidad beneficiaria»: el organismo público o privado responsable de iniciar las operaciones, o de iniciarlas y ejecutarlas;

10) «destinatario final»: las personas más desfavorecidas que reciban ayuda en el sentido del artículo 4 del presente Reglamento;

11) «medidas de acompañamiento»: actividades desarrolladas con carácter adicional a la distribución de alimentos y/o de asistencia material básica con el objetivo de paliar la exclusión social y/o abordar las urgencias sociales de una forma que favorezca más la autonomía y más sostenible como, por ejemplo, orientación sobre una dieta equilibrada y asesoramiento sobre gestión presupuestaria;

12) «gasto público»: contribución pública a la financiación de operaciones procedente del presupuesto de autoridades públicas nacionales, regionales o locales, el presupuesto de la Unión relacionado con el Fondo, el presupuesto de organismos de Derecho público o el presupuesto de asociaciones de autoridades públicas o de cualquier organismo de Derecho público a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10);

13) «organismo intermedio»: todo organismo público o privado que actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación, o que desempeñe funciones en nombre de tal autoridad en relación con las operaciones de ejecución de las entidades beneficiarias;

14) «ejercicio contable»: el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio, excepto en el caso del primer ejercicio del período de programación, con respecto al cual significa el período comprendido entre la fecha de inicio de la subvencionabilidad del gasto y el 30 de junio de 2015; el último ejercicio contable estará comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024;

15) «ejercicio financiero»: el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre;

16) «irregularidad»: todo incumplimiento del Derecho de la Unión o de la legislación nacional relacionada con su aplicación, derivado de un acto o una omisión de un operador económico que participa en la ejecución del Fondo, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial para el presupuesto de la Unión al imputar a este una partida de gasto injustificado;

17) «agente económico»: toda persona física o jurídica, u otra entidad, que participe en la ejecución de la ayuda procedente del Fondo, a excepción de los Estados miembros en el ejercicio de sus prerrogativas de autoridad pública;

18) «irregularidad sistémica»: toda irregularidad, que puede ser de carácter recurrente, con alta probabilidad de producirse en tipos similares de operaciones, derivada de una deficiencia grave en el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control, en particular el hecho de no establecer procedimientos adecuados de conformidad con el presente Reglamento;

19) «deficiencia grave en la eficacia de funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control»: toda deficiencia que haga necesarias mejoras sustanciales de los sistemas, que exponga al Fondo a un riesgo elevado de irregularidad sistémica, y cuya existencia sea incompatible con un dictamen de auditoría sin reservas sobre el funcionamiento del sistema de gestión y control.

Artículo 3

Objetivos

1. El Fondo promoverá la cohesión social, reforzará la inclusión social y, por lo tanto, ayudará en último extremo a realizar el objetivo de erradicar la pobreza en la Unión contribuyendo a lograr el objetivo de reducir en al menos 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, de conformidad con la Estrategia Europa 2020, al mismo tiempo que complementa al Fondo Social Europeo, y complementará al mismo tiempo los Fondos Estructurales. El Fondo contribuirá a lograr el objetivo específico de paliar las peores formas de pobreza, suministrando ayuda no financiera a las personas más desfavorecidas en forma de alimentos y/o asistencia material básica y de actividades de inclusión social dirigidas a la integración social de las personas más desfavorecidas.

Este objetivo y los resultados de la aplicación del Fondo se evaluarán de modo cualitativo y cuantitativo.

2. El Fondo complementará las políticas nacionales sostenibles de erradicación de la pobreza y de inclusión social, que siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros.

Artículo 4

Ámbito de aplicación de la ayuda

1. El Fondo financiará los programas nacionales que distribuyen a las personas más desfavorecidas alimentos y/o asistencia material básica a través de organizaciones asociadas seleccionadas por los Estados miembros.

Con miras a aumentar y diversificar el suministro de alimentos a las personas más desfavorecidas y reducir y prevenir el desperdicio de alimentos, el Fondo podrá financiar actividades de recogida, transporte, almacenamiento y distribución de donaciones de alimentos.

El Fondo podrá financiar asimismo medidas de acompañamiento que complementen el suministro de alimentos y/o asistencia material básica.

2. El Fondo financiará actividades que contribuyan a la inclusión social de las personas más desfavorecidas.

3. El Fondo promoverá a nivel de la Unión el aprendizaje mutuo, el establecimiento de redes y la difusión de buenas prácticas en el ámbito de la ayuda no financiera a las personas más desfavorecidas.

Artículo 5

Principios

1. La parte del presupuesto de la Unión asignada al Fondo se ejecutará en el marco de la gestión compartida entre los Estados miembros y la Comisión de conformidad con el artículo 58, apartado 1, letra b), del Reglamento Financiero, a excepción de la asistencia técnica prestada a iniciativa de la Comisión, que se ejecutará en el marco de la gestión directa de conformidad con el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento Financiero.

2. La Comisión y los Estados miembros velarán, teniendo en cuenta el contexto específico de cada Estado miembro, por que la ayuda del Fondo sea coherente con las políticas y prioridades pertinentes de la Unión y complementaria con respecto a otros instrumentos de la Unión.

3. La ayuda del Fondo se ejecutará en estrecha colaboración entre la Comisión y los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad.

4. Los Estados miembros y los organismos por ellos designados al efecto serán los responsables de la ejecución de los programas operativos y de la realización de las tareas que les imponga el presente Reglamento de conformidad con el marco institucional, jurídico y financiero del Estado miembro y con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento.

5. Las disposiciones sobre la ejecución y la utilización del Fondo y, en particular, los recursos financieros y administrativos necesarios para la elaboración de informes, la evaluación, la gestión y el control tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad, habida cuenta del nivel de la ayuda asignada y de las limitadas capacidades administrativas de las organizaciones que funcionan principalmente gracias a voluntarios.

6. De conformidad con sus respectivas responsabilidades, y para evitar la doble financiación, la Comisión y los Estados miembros garantizarán la coordinación con el FSE y con otras políticas, estrategias e instrumentos pertinentes de la Unión, en particular, iniciativas de la Unión en el ámbito de la salud pública y contra el desperdicio de alimentos.

7. La Comisión, los Estados miembros y las entidades beneficiarias aplicarán el principio de buena gestión financiera de conformidad con el artículo 30 del Reglamento Financiero.

8. La Comisión y los Estados miembros velarán por la eficacia del Fondo, en particular a través del seguimiento, la elaboración de informes y la evaluación.

9. Cuando celebren las consultas previstas en el presente Reglamento con las partes interesadas pertinentes, los Estados miembros y la Comisión velarán por que los programas operativos se conciban, ejecuten, controlen y evalúen en el respeto del principio de asociación.

10. La Comisión y los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar la eficacia del Fondo y desempeñarán sus respectivas funciones en relación con el Fondo con la finalidad de reducir la carga administrativa para las entidades beneficiarias.

11. La Comisión y los Estados miembros velarán por que se tengan en cuenta y se fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género en las diferentes fases de la preparación, la programación, la gestión y la aplicación, el control y la evaluación del Fondo, así como en las campañas de información y sensibilización y en el intercambio de buenas prácticas. La Comisión y los Estados miembros utilizarán datos desglosados por género siempre que estén disponibles.

La Comisión y los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier discriminación por motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual en el acceso a la ayuda del Fondo y a programas y operaciones financiados por el Fondo.

12. Las operaciones que reciban ayuda del Fondo deberán cumplir el Derecho de la Unión aplicable y la legislación nacional relacionada con su aplicación («legislación aplicable»). En concreto, el Fondo solo podrá utilizarse para financiar la distribución de alimentos o bienes que sean conformes con el Derecho de la Unión sobre seguridad de los productos de consumo.

13. Los Estados miembros y las entidades beneficiarias elegirán los alimentos y/o la asistencia material básica a partir de criterios objetivos relacionados con las necesidades de las personas más desfavorecidas. Los criterios de selección de los alimentos (y, cuando proceda, de los bienes) también deberán tener en cuenta los aspectos climático y medioambiental, en particular con vistas a la reducción del desperdicio de alimentos. Cuando proceda, el tipo de productos alimenticios que se distribuirá se elegirá tomando en consideración su contribución al equilibrio de la dieta de las personas más desfavorecidas.

14. La Comisión y los Estados miembros velarán por que la ayuda concedida en el marco de este Fondo respete la dignidad de las personas más desfavorecidas.

TÍTULO II

RECURSOS Y PROGRAMACIÓN

Artículo 6

Recursos totales

1. Los recursos para el Fondo disponibles para compromisos presupuestarios para el período 2014-2020 serán de 3 395 684 880 EUR a precios de 2011, de conformidad con el desglose anual que figura en el anexo II.

2. La dotación del Fondo para el período 2014-2020 para cada Estado miembro se establece en el anexo III. El importe mínimo para cada Estado miembro será de 3 500 000 EUR para todo el período.

3. A efectos de programación y posterior inclusión en el presupuesto general de la Unión, el importe de los recursos se indexará al 2 % anual.

4. El 0,35 % de los recursos totales se asignará a la asistencia técnica prestada a iniciativa de la Comisión.

Artículo 7

Programas operativos

1. Cada Estado miembro presentará a la Comisión, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, un PO I y/o un PO II que abarquen del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020.

2. Un PO I deberá contener:

a) una identificación y una justificación de la selección del tipo o tipos de privación material que se van a abordar en el marco del programa operativo y, en relación con cada tipo de privación material que se aborde, las principales características de la distribución de alimentos y/o asistencia material básica y, si procede, de las medidas de acompañamiento que se van a adoptar, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación ex ante realizada de conformidad con el artículo 16;

b) una descripción del programa o programas nacionales correspondientes para cada tipo de privación material que se aborda;

c) una descripción del mecanismo por el que se establecen los criterios de subvencionabilidad para las personas más desfavorecidas, diferenciando, en su caso, los tipos de privación material que se abordan;

d) los criterios de selección de las operaciones y una descripción del mecanismo de selección, desglosados, en su caso, por tipo de privación material;

e) los criterios de selección de las organizaciones asociadas, desglosados, en su caso, por tipo de privación material que se aborda;

f) una descripción del mecanismo utilizado para garantizar la complementariedad con el FSE;

g) un plan de financiación que contenga un cuadro en el que se especifique, para todo el período de programación, el importe del crédito financiero total de la ayuda del programa operativo desglosado indicativamente por tipo de privación material que se aborda, así como las medidas de acompañamiento correspondientes.

3. Un PO II deberá presentar:

a) una estrategia sobre la contribución del programa a la reducción de la pobreza de conformidad con la Estrategia Europa 2020, con una justificación de la elección de la prioridad de asistencia;

b) los objetivos específicos del programa operativo basados en una identificación de las necesidades nacionales, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación ex ante realizada de conformidad con el artículo 16; la evaluación ex ante será presentada a la Comisión al mismo tiempo que el programa operativo;

c) un plan de financiación que contenga un cuadro en el que se especifique, para todo el período de programación, el importe del crédito financiero total de la ayuda del programa operativo desglosado indicativamente por tipo de acción;

d) la identificación de las personas más desfavorecidas destinatarias;

e) los indicadores financieros relacionados con el gasto correspondiente asignado;

f) los resultados previstos para los objetivos específicos y los correspondientes indicadores de ejecución y de resultados específicos del programa, con un valor de referencia y un valor previsto;

g) una descripción y ejemplos del tipo de acciones que deben apoyarse y su contribución prevista a los objetivos específicos indicados en la letra b), incluidos los principios rectores para la selección de operaciones y, si procede, la identificación de los tipos de entidades beneficiarias;

h) una descripción del mecanismo para garantizar la complementariedad con el FSE así como para prevenir solapamientos y doble financiación de operaciones.

4. Además, cada programa operativo deberá presentar:

a) la identificación de la autoridad de gestión, de la autoridad de certificación cuando proceda, de la autoridad de auditoría y del organismo al que la Comisión realizará los pagos, así como una descripción del procedimiento de seguimiento;

b) una descripción de las medidas adoptadas para que participen todas las partes interesadas pertinentes así como, si procede, las autoridades competentes regionales y locales y otras autoridades públicas en la preparación del programa operativo;

c) una descripción del uso previsto de la asistencia técnica de conformidad con el artículo 27, apartado 4, que incluya las acciones para reforzar la capacidad administrativa de las entidades beneficiarias en relación con la ejecución del programa operativo;

d) un plan de financiación que contenga un cuadro en el que se especifique, para cada año, de conformidad con el artículo 20, el importe del crédito previsto para la ayuda del Fondo y la cofinanciación con arreglo al artículo 20.

Las propias organizaciones asociadas a las que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra e), que entreguen directamente los alimentos y/o la asistencia material básica, llevarán a cabo, por sí mismas o en cooperación con otras organizaciones, actividades, que, si procede, consistirán en la reorientación a los servicios competentes, que complementen el suministro de ayuda alimentaria, con vistas a la inclusión social de las personas más desfavorecidas, independientemente de que estas actividades estén o no financiadas por el Fondo. No obstante, estas medidas de acompañamiento no serán obligatorias en los casos en los que los alimentos y/o la asistencia material básica se proporcionen exclusivamente a los niños más desfavorecidos en centros de cuidado de niños o entidades similares.

5. Los Estados miembros o cualquier autoridad por ellos elaborarán los programas operativos. Colaborarán con todas las partes interesadas pertinentes y, si procede, con las autoridades competentes regionales o locales y otras autoridades públicas. Los Estados miembros velarán por que los programas operativos estén estrechamente vinculados a las políticas nacionales de inclusión social.

6. Los Estados miembros redactarán sus programas operativos de conformidad con los modelos establecidos en el anexo I, si procede.

Artículo 8

Adopción de los programas operativos

1. La Comisión evaluará la coherencia de los programas operativos con el presente Reglamento y su contribución a los objetivos del Fondo, teniendo en cuenta la evaluación ex ante realizada de conformidad con el artículo 16. La Comisión velará por que no se produzcan solapamientos con ningún programa financiado por el FSE en los Estados miembros.

2. La Comisión podrá formular observaciones en el plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación del programa operativo. El Estado miembro aportará a la Comisión toda la información adicional necesaria y, cuando proceda, revisará el programa operativo propuesto.

3. Siempre y cuando se haya tenido en cuenta adecuadamente cualquier observación formulada por la Comisión de conformidad con el apartado 2, esta, por medio de actos de ejecución, aprobará cada programa operativo en los seis meses siguientes a su presentación por el Estado miembro.

Artículo 9

Modificaciones de los programas operativos

1. Un Estado miembro podrá presentar una solicitud de modificación de un programa operativo. La solicitud deberá ir acompañada del programa operativo revisado y de la justificación de la modificación.

2. La Comisión evaluará la información suministrada de conformidad con el apartado 1, teniendo en cuenta la justificación aportada por el Estado miembro. La Comisión podrá formular observaciones y el Estado miembro proporcionará a la Comisión toda la información adicional necesaria.

3. La Comisión, por medio de actos de ejecución, aprobará la modificación de un programa operativo en los cuatro meses siguientes a su presentación por el Estado miembro, siempre y cuando se haya tenido en cuenta adecuadamente cualquier observación formulada por la Comisión.

Artículo 10

Intercambio de buenas prácticas

La Comisión facilitará, inclusive a través de un sitio web, el intercambio de experiencia, el desarrollo de capacidades y el establecimiento de redes, así como la difusión de los resultados pertinentes en el ámbito de la asistencia no financiera para las personas más desfavorecidas.

También podrá incluirse a organizaciones pertinentes que no se sirvan del Fondo.

Además, al menos una vez al año, la Comisión consultará a las organizaciones que representen a las organizaciones asociadas a nivel de la Unión sobre la ejecución de la ayuda procedente del Fondo y, tras esta consulta, informará puntualmente al Parlamento Europeo y al Consejo.

La Comisión facilitará la difusión en línea de los resultados, informes e información pertinentes relacionados con el Fondo.

TÍTULO III

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Artículo 11

Comité de seguimiento para el PO II

1. En los tres meses siguientes a la fecha en que se notifique al Estado miembro la decisión por la que se adopta un PO II, el Estado miembro deberá crear o designar un comité, de conformidad con su marco institucional, jurídico y financiero, encargado del seguimiento de la ejecución del programa, de acuerdo con la autoridad de gestión.

2. Cada comité de seguimiento redactará y adoptará su reglamento interno de acuerdo con el marco institucional, jurídico y financiero del Estado miembro de que se trate.

3. El Estado miembro decidirá la composición del comité de seguimiento, con la condición de que el comité de seguimiento esté compuesto por representantes de las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate y de los organismos intermedios y por representantes de todas las partes interesadas pertinentes así como, si procede, de las autoridades competentes regionales y locales. Las autoridades competentes regionales y locales así como las partes interesadas pertinentes delegarán representantes para que formen parte del comité de seguimiento mediante procedimientos transparentes. Cada miembro del comité de seguimiento podrá tener derecho a voto. Se publicará la lista de miembros del comité de seguimiento.

4. La Comisión participará en los trabajos del comité de seguimiento a título consultivo.

5. El comité de seguimiento estará presidido por un representante del Estado miembro o de la autoridad de gestión.

Artículo 12

Funciones del comité de seguimiento del PO II

1. El comité de seguimiento se reunirá al menos una vez al año y examinará la ejecución del programa y los avances realizados hacia la consecución de sus objetivos específicos. En su examen, atenderá a los datos financieros, a los indicadores comunes y específicos del programa, en especial los cambios de los indicadores de resultados y los avances hacia la consecución de valores cuantificados previstos y, si procede, a los resultados de los análisis cualitativos.

2. El comité de seguimiento examinará todas las cuestiones que afecten al rendimiento del programa. Examinará en particular:

a) los avances hacia la consecución de los objetivos específicos del programa operativo sobre la base de los documentos presentados por la autoridad de gestión, incluidos los resultados de las evaluaciones;

b) la ejecución de las acciones de información y comunicación;

c) las acciones que tengan en cuenta y promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

3. El comité de seguimiento examinará y aprobará:

a) la metodología y los criterios de selección de las operaciones con arreglo a los principios rectores establecidos en el artículo 7, apartado 3, letra f);

b) los informes de ejecución anual y final;

c) toda propuesta de la autoridad de gestión para modificar el programa operativo.

4. El comité de seguimiento podrá presentar observaciones a la autoridad de gestión acerca de la ejecución del programa y su evaluación.

Asimismo, hará el seguimiento de las acciones emprendidas a raíz de sus observaciones.

Artículo 13

Informes de ejecución e indicadores

1. Desde 2015 hasta 2023 inclusive, el Estado miembro deberá presentar a la Comisión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe anual sobre la ejecución del programa operativo desarrollado en el ejercicio financiero anterior.

2. Los Estados miembros elaborarán el informe de ejecución anual de conformidad con el acto delegado a que hace referencia el apartado 6, incluyendo la lista de indicadores comunes, y, por lo que se refiere a los programas operativos de inclusión social, la lista de indicadores específicos del programa.

Los Estados miembros consultarán a las partes interesadas, evitando los conflictos de intereses, sobre los informes de ejecución del PO I. Se adjuntará al informe un resumen de las observaciones de dichas partes interesadas.

3. Los informes de ejecución anuales serán aceptables cuando contengan toda la información requerida de conformidad con el acto delegado mencionado en el apartado 6. En caso de que el informe de ejecución anual no sea aceptable, la Comisión informará al Estado miembro en cuestión en un plazo de quince días laborables a partir de la fecha de recepción del informe. Cuando la Comisión no haya informado a los Estados miembros en el plazo establecido, el informe se considerará aceptable.

4. La Comisión examinará el informe de ejecución anual y notificará al Estado miembro sus observaciones en un plazo de dos meses a partir de la recepción de dicho informe.

Cuando la Comisión no formule observaciones a los Estados miembros en el plazo establecido, los informes se considerarán aceptados.

5. El Estado miembro presentará un informe final sobre la ejecución del programa operativo el 30 de septiembre de 2024 a más tardar.

Los Estados miembros elaborarán el informe de ejecución final de conformidad con los actos delegados mencionados en el apartado 6.

La Comisión examinará el informe de ejecución final y notificará al Estado miembro sus observaciones en un plazo de cinco meses a partir de la recepción de dicho informe.

Cuando la Comisión no formule observaciones al Estado miembro en ese plazo, los informes se considerarán aceptados.

6. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, a más tardar el 17 de julio de 2014, actos delegados con arreglo al artículo 62 por los que se establezca el contenido de los informes de ejecución anual y final, incluida la lista de indicadores comunes.

7. La Comisión podrá enviar observaciones a un Estado miembro en relación con la ejecución del programa operativo. En un plazo de tres meses, la autoridad de gestión informará a la Comisión de las medidas correctoras adoptadas.

8. La autoridad de gestión hará público un resumen del contenido de cada informe de ejecución anual y final.

9. La Comisión presentará puntualmente un resumen de los informes de ejecución anuales y los informes de ejecución finales al Parlamento Europeo y al Consejo.

10. El procedimiento relativo a los informes de ejecución no será excesivo en relación con los recursos asignados y con la naturaleza de la ayuda y no impondrá cargas administrativas innecesarias.

Artículo 14

Reuniones anuales de revisión

1. Salvo acuerdo en contrario, la Comisión se reunirá con los Estados miembros todos los años, desde 2014 hasta 2023, para revisar los avances en la ejecución del programa operativo, teniendo en cuenta el informe de ejecución anual y las observaciones de la Comisión a las que se refiere el artículo 13, apartado 7, en su caso.

2. La reunión anual de revisión estará presidida por la Comisión. Se invitará a las partes interesadas a participar en las reuniones anuales de revisión de los PO I, exceptuadas aquellas partes de las reuniones con respecto a las cuales esta participación pueda suponer un conflicto de intereses o una vulneración de la confidencialidad en cuestiones de auditoría.

3. El Estado miembro velará por que, tras la reunión anual, se dé el seguimiento oportuno a los posibles comentarios de la Comisión y se haga referencia a dicho seguimiento en el informe de aplicación del ejercicio o ejercicios siguientes, según proceda.

Artículo 15

Disposiciones generales sobre la evaluación

1. Los Estados miembros proporcionarán los recursos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones y velarán por que existan procedimientos para producir y recoger los datos necesarios para las evaluaciones, incluidos los datos relacionados con los indicadores comunes a los que se refiere el artículo 13.

2. Llevarán a cabo las evaluaciones expertos funcionalmente independientes de las autoridades responsables de la ejecución del programa operativo. Todas las evaluaciones se harán públicas en su integridad, pero en ningún caso incluirán información relativa a la identidad de los destinatarios finales.

3. Las evaluaciones no serán excesivas en relación con los recursos asignados o con la naturaleza de la ayuda y no impondrán cargas administrativas innecesarias.

Artículo 16

Evaluación ex ante

1. Los Estados miembros realizarán una evaluación ex ante de cada programa operativo.

2. La evaluación ex ante se realizará bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de la preparación del programa operativo. Se presentará a la Comisión al mismo tiempo que el programa operativo, junto con un resumen ejecutivo.

3. La evaluación ex ante de los PO I valorará los elementos siguientes:

a) la contribución al objetivo de la Unión de reducir en al menos 20 millones el número de personas en situación de pobreza o en riesgo de pobreza o exclusión social de aquí a 2020, teniendo en cuenta el tipo de privación material seleccionado que se va a abordar, así como las circunstancias nacionales en términos de pobreza y exclusión social y de privación material;

b) la coherencia interna del programa operativo propuesto y su relación con otros instrumentos financieros pertinentes;

c) la coherencia de la asignación de recursos presupuestarios con los objetivos del programa operativo;

d) la contribución de los productos previstos a los resultados y, por ende, a los objetivos del Fondo;

e) la participación de las partes interesadas;

f) la idoneidad de los procedimientos de seguimiento del programa operativo y de recogida de los datos necesarios para llevar a cabo evaluaciones.

4. La evaluación ex ante de los PO II valorará los elementos siguientes:

a) la contribución a la promoción de la cohesión social y a la reducción de la pobreza de conformidad con la Estrategia Europa 2020, teniendo en cuenta las necesidades nacionales;

b) la coherencia interna del programa propuesto y su relación con otros instrumentos financieros pertinentes, en particular el FSE;

c) la coherencia de la asignación de recursos presupuestarios con los objetivos del programa;

d) la pertinencia y claridad de los indicadores específicos del programa propuesto;

e) la manera en que los productos previstos contribuirán a los resultados;

f) si los valores previstos cuantificados de los indicadores son realistas, habida cuenta de la ayuda del Fondo prevista;

g) las razones de la forma de ayuda propuesta;

h) la adecuación de los recursos humanos y de la capacidad administrativa para la gestión del programa;

i) la idoneidad de los procedimientos de seguimiento del programa y de recogida de los datos necesarios para llevar a cabo evaluaciones;

j) la adecuación de las medidas previstas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir todo tipo de discriminación.

Artículo 17

Evaluación durante el período de programación

1. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación intermedia del Fondo antes del 31 de diciembre de 2018.

2. La Comisión podrá evaluar los programas operativos por iniciativa propia.

3. Durante el período de programación, la autoridad de gestión de un PO I podrá evaluar la eficacia y la eficiencia del programa operativo.

4. La autoridad de gestión de un PO I llevará a cabo una encuesta estructurada sobre destinatarios finales en 2017 y 2022, de conformidad con el modelo adoptado por la Comisión. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan dicho modelo tras consultar a las partes interesadas. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo al que se refiere el artículo 63, apartado 2.

5. La autoridad de gestión de un PO II realizará al menos una evaluación antes del 31 de diciembre de 2022. La evaluación estimará la eficacia, eficiencia e impacto de las operaciones financiadas. Se garantizará un seguimiento adecuado.

Artículo 18

Evaluación ex post

La Comisión, por iniciativa propia y en estrecha colaboración con los Estados miembros, llevará a cabo una evaluación ex post, con la ayuda de expertos externos, para determinar la eficacia y eficiencia del Fondo y la sostenibilidad de los resultados obtenidos y calcular el valor añadido del Fondo. La evaluación ex post deberá haberse completado el 31 de diciembre de 2024 a más tardar.

Artículo 19

Información y comunicación

1. La Comisión y los Estados miembros suministrarán información sobre las acciones financiadas por el Fondo y se encargarán de su promoción. La información se dirigirá, en particular, a las personas más desfavorecidas, así como al público en general y a los medios de comunicación. Dicha información destacará el papel de la Unión y garantizará la visibilidad de la contribución del Fondo, de los Estados miembros y de las organizaciones asociadas en relación con los objetivos de cohesión social de la Unión, sin estigmatizar a los destinatarios finales.

2. A fin de garantizar la transparencia de la ayuda del Fondo, la autoridad de gestión elaborará una lista de operaciones financiadas por el Fondo en un formato de hoja de cálculo que permita ordenar, buscar, extraer y comparar los datos y publicarlos fácilmente en Internet. La lista de operaciones incluirá, como mínimo, información sobre:

a) el nombre y dirección de la entidad beneficiaria;

b) la cantidad de fondos de la Unión que se le han asignado;

c) en el caso de los PO I, el tipo de privación material que se ha abordado.

La autoridad de gestión actualizará la lista de operaciones, como mínimo, cada doce meses.

3. Durante la ejecución de una operación, las entidades beneficiarias y las organizaciones asociadas informarán al público de la ayuda obtenida del Fondo, colocando o al menos un cartel con información acerca de la operación (de un tamaño mínimo A3), que incluya la ayuda financiera de la Unión, o un emblema de la Unión de dimensiones razonables en un lugar fácilmente visible para el público. Este requisito se cumplirá, sin estigmatizar a los destinatarios finales, en cada punto de entrega de los PO I o PO II, salvo cuando no sea posible debido a las circunstancias de la distribución.

Las entidades beneficiarias y organizaciones asociadas que dispongan de sitios web también ofrecerán una breve descripción de la operación en su sitio web, que incluya sus objetivos y resultados y destaque la ayuda financiera recibida de la Unión.

4. En todas las acciones de información y comunicación que lleven a cabo tanto la entidad beneficiaria como las organizaciones asociadas se reconocerá la ayuda prestada por el Fondo a la operación, mediante la exhibición del emblema de la Unión junto con una referencia a la Unión y al Fondo.

5. La autoridad de gestión informará a las entidades beneficiarias de la publicación de la lista de operaciones de conformidad con el apartado 2. La autoridad de gestión suministrará instrumentos de información y comunicación, que incluirán modelos en formato electrónico, para ayudar a las entidades beneficiarias y a las organizaciones asociadas a cumplir sus obligaciones con arreglo al apartado 3.

6. En el caso de los PO II:

a) incumbirá al Estado miembro o a la autoridad de gestión organizar: i) una actividad informativa principal que dé publicidad al inicio del programa operativo, y ii) al menos una actividad informativa principal al año en la que se promuevan las oportunidades de financiación y las estrategias seguidas y/o se presenten las realizaciones del programa, tales como, en su caso, ejemplos de operaciones;

b) durante la ejecución de una operación, la entidad beneficiaria informará al público sobre la ayuda obtenida del Fondo, asegurándose de que quienes participan en la operación han sido informados del apoyo del Fondo;

c) cualquier documento relativo a este tipo de operaciones, incluidos los certificados de asistencia o de otro tipo, contendrá una declaración en la que se informe de que el programa operativo ha recibido apoyo del Fondo;

d) la autoridad de gestión garantizará que las entidades beneficiarias potenciales tengan acceso a la información sobre las oportunidades de financiación, sobre el inicio de las convocatorias de solicitudes y las correspondientes condiciones y sobre los criterios para seleccionar las operaciones que recibirán ayuda.

7. Con respecto al tratamiento de datos en el marco de los artículos 15 a 19 del presente Reglamento, tanto la autoridad de gestión como las entidades beneficiarias y las organizaciones asociadas cumplirán lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.

TÍTULO IV

AYUDA FINANCIERA DEL FONDO

Artículo 20

Cofinanciación

1. La tasa de cofinanciación al nivel del programa operativo asciende al 85 % del gasto público subvencionable. Podrá incrementarse en los casos descritos en el artículo 21, apartado 1. Los Estado miembros podrán apoyar las acciones del Fondo con recursos nacionales adicionales.

2. En la decisión de la Comisión por la que se adopte un programa operativo deberán fijarse la tasa de cofinanciación aplicable a dicho programa y el importe máximo de la ayuda del Fondo.

3. Las medidas de asistencia técnica ejecutadas a iniciativa de la Comisión o en su nombre podrán financiarse a una tasa del 100 %.

Artículo 21

Incremento de los pagos para Estados miembros con dificultades presupuestarias temporales

1. Previa solicitud de un Estado miembro, los pagos intermedios y los pagos del saldo final podrán incrementarse en diez puntos porcentuales a partir de la tasa de cofinanciación aplicable al programa operativo. La tasa incrementada, que no podrá exceder del 100 %, se aplicará a las solicitudes de pago relacionadas con el ejercicio contable en el que el Estado miembro haya presentado su petición y con los ejercicios contables posteriores en los que el Estado miembro cumpla alguna de las condiciones siguientes:

a) cuando haya adoptado el euro, si recibe asistencia macrofinanciera de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) no 407/2010 del Consejo (11);

b) cuando no haya adoptado el euro, si recibe asistencia financiera a medio plazo de conformidad con el Reglamento (UE) no 332/2002 del Consejo (12);

c) si se ha puesto a su disposición ayuda financiera de conformidad con el Tratado por el que se establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la ayuda de la Unión por medio de pagos intermedios y pagos del saldo final no será superior a la ayuda pública ni al importe máximo de la ayuda del Fondo, como se establece en la decisión de la Comisión por la que se aprueba el programa operativo.

Artículo 22

Período de subvencionabilidad

1. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de las normas sobre subvencionabilidad de la asistencia técnica prestada a iniciativa de la Comisión según lo dispuesto en el artículo 27.

2. El gasto podrá recibir ayuda del programa operativo si la entidad beneficiaria lo ha contraído y abonado entre el 1 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2023.

3. Las operaciones que se hayan completado físicamente o se hayan ejecutado plenamente antes de que la entidad beneficiaria presente a la autoridad de gestión la solicitud de financiación conforme al programa operativo no serán seleccionadas para recibir ayuda de un programa operativo, independientemente de que la entidad beneficiaria haya efectuado todos los pagos relacionados.

4. En caso de que se modifique un programa operativo, el gasto que pase a ser subvencionable como consecuencia de la modificación solo lo será a partir de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de modificación por parte del Estado miembro.

Artículo 23

Subvencionabilidad de las operaciones

1. Las operaciones financiadas por un programa operativo se ubicarán en el Estado miembro que haya presentado el programa operativo.

2. Las operaciones podrán recibir ayuda de un programa operativo siempre y cuando hayan sido seleccionadas con arreglo a un procedimiento justo y transparente, a partir de los criterios establecidos en el programa operativo o aprobados por el comité de seguimiento, según proceda.

3. Los criterios de selección y las listas de operaciones seleccionadas para recibir apoyo de un PO II comunicarán tras su adopción a los comités de seguimiento de los programas operativos cofinanciados por el FSE.

4. Las propias organizaciones asociadas podrán comprar los alimentos y/o asistencia material básica para las personas más desfavorecidas.

Los alimentos o asistencia material básica para las personas más desfavorecidas también podrán ser adquiridos por un organismo público y puestos a disposición de las organizaciones asociadas de manera gratuita. En tal caso los alimentos se podrán obtener a partir del uso, la transformación y la venta de los productos disponibles de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1308/2013, siempre y cuando esta sea la opción más favorable económicamente y no retrase indebidamente la entrega de los alimentos a las organizaciones asociadas. Todo importe derivado de una transacción de ese tipo se utilizará en beneficio de las personas más desfavorecidas, y no se hará uso de él para atenuar la obligación de los Estados miembros, con arreglo al artículo 20 del presente Reglamento, de cofinanciar el programa.

A fin de garantizar un uso lo más eficiente posible de las existencias de intervención y de los procedimientos conexos, la Comisión aplicará los procedimientos adoptados con arreglo al artículo 20, letra i), del Reglamento (UE) no 1308/2013, mediante los cuales los productos allí referidos pueden utilizarse, transformarse o venderse para los fines del presente Reglamento.

5. Los alimentos y/o la asistencia material básica se distribuirán de manera gratuita a las personas más desfavorecidas.

6. Las operaciones financiadas con cargo al Fondo no recibirán ayuda de más de un programa operativo cofinanciado por el Fondo ni de ningún otro instrumento de la Unión con el fin de evitar la doble financiación.

Artículo 24

Formas de ayuda

Los Estados miembros utilizarán el Fondo para proporcionar ayuda en forma de subvenciones, adquisiciones o una combinación de ambas. Sin embargo, dicha ayuda no podrá consistir en una ayuda contemplada en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

Artículo 25

Formas de las subvenciones

1. Las subvenciones podrán adoptar las siguientes formas:

a) reembolso de costes subvencionables contraídos y abonados efectivamente;

b) reembolso sobre la base de costes unitarios;

c) cantidades fijas únicas que no superen los 100 000 EUR de ayuda pública;

d) financiación a tanto alzado, determinada mediante la aplicación de un porcentaje a una o varias categorías definidas de costes.

2. Las opciones enumeradas en el apartado 1 solo podrán combinarse en una operación individual cuando cada una de ellas se aplique a categorías diferentes de costes o cuando se utilicen en fases sucesivas de dicha operación.

3. Los importes a los que se refiere el apartado 1, letras b), c) y d), deberán establecerse sobre la base de:

a) un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en uno de los elementos siguientes: i) datos estadísticos u otra información objetiva, o ii) datos históricos verificados de cada entidad beneficiaria o aplicación de sus prácticas habituales de contabilidad de costes;

b) métodos y financiación correspondiente de costes unitarios, cantidades fijas únicas y tanto alzado aplicados en programas de subvenciones financiados enteramente por el Estado miembro en cuestión para un tipo similar de operación y beneficiario;

c) tasas establecidas por el presente Reglamento;

d) un cálculo caso por caso, tomando como referencia un proyecto de presupuesto acordado ex ante por la autoridad de gestión, en el que la ayuda pública no supere los 100 000 EUR.

4. Los importes calculados en las formas de subvención a las que se refiere el apartado 1, letras b), c) y d), se considerarán gastos subvencionables contraídos por la entidad beneficiaria y abonados por este a efectos de la aplicación del título VI.

5. En el documento en el que se expongan las condiciones de la ayuda a cada operación deberá exponerse también el método que deberá aplicarse para determinar los costes de la operación y las condiciones para el pago de la subvención.

Artículo 26

Subvencionabilidad del gasto

1. La subvencionabilidad del gasto se determinará sobre la base de normas nacionales, salvo que en el presente Reglamento, o con arreglo a él, se hayan establecido normas específicas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrán recibir ayuda de un PO I los gastos siguientes:

a) los gastos de compra de alimentos y/o asistencia material básica;

b) cuando un organismo público compre los alimentos o la asistencia material básica y los suministre a organizaciones asociadas, los gastos de transporte de los alimentos o la asistencia material básica hasta los almacenes de dichas organizaciones y los gastos de almacenamiento en forma de cantidad a tanto alzado equivalente al 1 % de los gastos a los que se refiere la letra a) o, en casos debidamente justificados, los gastos efectivamente contraídos y abonados;

c) los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento soportados por las organizaciones asociadas en forma de cantidad a tanto alzado equivalente al 5 % de los gastos a los que se refiere la letra a); o el 5 % del valor de los alimentos disponibles de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) no 1308/2013;

d) los gastos de recogida, transporte, almacenamiento y distribución de las donaciones de alimentos y de las actividades de sensibilización directamente relacionadas con ellas, que hayan contraído y abonado las organizaciones asociadas;

e) los gastos de las medidas de acompañamiento emprendidas y declaradas por las organizaciones asociadas que entreguen directamente o con arreglo a acuerdos de cooperación los alimentos y/o la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas en forma de cantidad a tanto alzado equivalente al 5 % de los gastos a los que se refiere la letra a).

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los gastos subvencionables por un programa operativos serán los gastos contraídos con arreglo al artículo 27, apartado 4, o, en el caso de gastos indirectos contraídos con arreglo al artículo 27, apartado 4, una cantidad a tanto alzado de hasta el 15 % de los gastos directos de personal subvencionables.

4. No podrán recibir ayuda del programa operativo los gastos siguientes:

a) los intereses de la deuda;

b) los gastos relativos a infraestructuras;

c) el coste de los bienes de segunda mano;

d) el impuesto sobre el valor añadido (IVA) excepto cuando no sea recuperable conforme a la legislación nacional sobre el IVA.

Artículo 27

Asistencia técnica

1. El Fondo, a iniciativa de la Comisión o en su nombre y hasta un límite máximo del 0,35 % de su asignación anual, podrá financiar las medidas de preparación, seguimiento, asistencia administrativa y técnica, auditoría, información, control y evaluación necesarias para la aplicación del presente Reglamento, así como las actividades realizadas con arreglo al artículo 10.

2. La Comisión consultará a los Estados miembros y a las organizaciones que representen a las organizaciones asociadas a escala de la Unión sobre el uso que se prevea hacer de la asistencia técnica.

3. La Comisión establecerá cada año sus planes sobre el tipo de acciones relativas a las medidas enumeradas en el apartado 1, cuando esté prevista una contribución del Fondo, por medio de actos de ejecución.

4. El programa operativo, a iniciativa de los Estados miembros y hasta un límite máximo del 5 % de la asignación del Fondo, podrá financiar las medidas de preparación, gestión, seguimiento, asistencia administrativa y técnica, auditoría, información, control y evaluación necesarias para la aplicación del presente Reglamento. También podrá financiar la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades de las organizaciones asociadas.

TÍTULO V

GESTIÓN Y CONTROL

Artículo 28

Principios generales de los sistemas de gestión y control

Los sistemas de gestión y control, de conformidad con el artículo 5, apartado 7, deberán:

a) describir las funciones de cada organismo que participe en la gestión y el control y asignar las funciones en el seno de cada organismo;

b) respetar el principio de separación de funciones entre dichos organismos y dentro de cada uno de ellos;

c) establecer procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado;

d) disponer de sistemas informáticos para la contabilidad, para el almacenamiento y la transmisión de los datos financieros y los datos sobre indicadores y para el seguimiento y la elaboración de informes;

e) disponer de sistemas de presentación de informes y seguimiento cuando el organismo responsable confíe la ejecución de las tareas a otro organismo;

f) establecer medidas para auditar el funcionamiento de los propios sistemas de gestión y control;

g) disponer de sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada;

h) disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, incluido el fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con los posibles intereses de demora.

Artículo 29

Responsabilidades por gestión compartida

Con arreglo al principio de gestión compartida, los Estados miembros y la Comisión serán responsables de la gestión y el control de los programas con arreglo a sus respectivas responsabilidades establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 30

Responsabilidades de los Estados miembros

1. Los Estados miembros cumplirán las obligaciones de gestión, control y auditoría y asumirán las responsabilidades correspondientes, que se establecen en las normas sobre gestión compartida contempladas en el Reglamento financiero y en el presente Reglamento.

2. Los Estados miembros deberán prevenir, detectar y corregir las irregularidades y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con los intereses de demora correspondientes. Notificarán a la Comisión de las irregularidades que superen los 10 000 EUR en contribución del Fondo y la mantendrán informada de las novedades significativas en las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas.

Los Estados miembros no informarán a la Comisión de las irregularidades relacionadas con los siguientes casos:

a) aquellos en que la irregularidad consista únicamente en la falta de ejecución, total o parcial, de una operación incluida en el programa operativo cofinanciado debido a la quiebra de la entidad beneficiaria;

b) los comunicados a la autoridad de gestión o a la autoridad de certificación por la entidad beneficiaria de manera voluntaria y antes de ser detectados por ellas, ya sea antes o después del pago de la contribución pública;

c) los detectados y corregidos por la autoridad de gestión o de certificación antes de incluir el gasto de que se trate en una declaración de gasto presentada a la Comisión.

En todos los demás casos, en particular los previos a una quiebra o en casos de sospecha de fraude, se informará a la Comisión de las irregularidades detectadas y de las medidas preventivas y correctivas correspondientes.

Si no se pueden recuperar importes pagados indebidamente a una entidad beneficiaria a causa de una falta o negligencia cometida por el Estado miembro, este tendrá que reembolsar dichos importes al presupuesto de la Unión. Los Estados miembros podrán decidir no recuperar un importe indebidamente pagado si el importe por recuperar del beneficiario, sin incluir los intereses, no supera los 250 EUR en contribución del Fondo.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 62 por los que se establezcan disposiciones de aplicación sobre los criterios para determinar los casos de irregularidades que deben notificarse, los datos que deben facilitarse y las condiciones y procedimientos que deben aplicarse para determinar si los Estados miembros deben reembolsar los importes irrecuperables.

La Comisión adoptará actos de ejecución de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 63, apartado 2, por los que se establezcan la frecuencia de la presentación de informes y el formato que debe utilizarse.

3. Los Estados miembros garantizarán que se pongan en práctica medidas eficaces para el examen de las reclamaciones relacionadas con el Fondo. El ámbito, las normas y los procedimientos relacionados con dichas medidas serán responsabilidad de los Estados miembros, de conformidad con su marco institucional y jurídico. A petición de la Comisión, los Estados miembros examinarán las reclamaciones presentadas a la Comisión que entren en el ámbito de sus medidas. Previa solicitud, los Estados miembros informarán a la Comisión de los resultados de dichos exámenes.

4. Todos los intercambios oficiales de información entre el Estado miembro y la Comisión se efectuarán utilizando un sistema de intercambio electrónico de datos. La Comisión adoptará actos de ejecución por los que se establezcan las condiciones que deba cumplir dicho sistema de intercambio electrónico de datos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 63, apartado 3.

Artículo 31

Designación de autoridades

1. Para cada programa operativo, cada Estado miembro deberá designar como autoridad de gestión a una autoridad u organismo público nacional, regional o local. Podrá designarse una misma autoridad de gestión para dos programas operativos.

2. Para cada programa operativo, el Estado miembro designará como autoridad de certificación a una autoridad u organismo público nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3. Podrá designarse una misma autoridad de certificación para dos programas operativos.

3. El Estado miembro podrá designar para un programa operativo a una autoridad de gestión que desempeñe también las funciones de autoridad de certificación.

4. Para cada programa operativo, el Estado miembro designará como autoridad de auditoría a una autoridad u organismo público nacional, funcionalmente independiente de la autoridad de gestión y de la autoridad de certificación. Podrá designarse una misma autoridad de auditoría para dos programas operativos.

5. Siempre y cuando se respete el principio de separación de funciones, la autoridad de gestión, la autoridad de certificación, en el caso de los PO I y de los PO II para los que el importe total de la ayuda del Fondo no supere los 250 000 000 EUR, la autoridad de auditoría podrán formar parte de la misma autoridad u organismo público.

6. El Estado miembro podrá designar uno o varios organismos intermedios para que realicen determinadas tareas de la autoridad de gestión o de la autoridad de certificación, bajo la responsabilidad de éstas. Los acuerdos pertinentes entre la autoridad de gestión o la autoridad de certificación y los organismos intermedios deberán registrarse formalmente por escrito.

7. El Estado miembro o la autoridad de gestión podrán confiar la gestión de parte de un programa operativo a un organismo intermedio mediante un acuerdo por escrito entre el organismo intermedio y el Estado miembro o la autoridad de gestión. El organismo intermedio deberá proporcionar garantías de su solvencia y su competencia en el ámbito de que se trate, al igual que de su capacidad de gestión administrativa y financiera.

8. El Estado miembro deberá establecer por escrito las normas que rijan su relación con las autoridades de gestión, las autoridades de certificación y las autoridades de auditoría, las relaciones entre estas autoridades y las relaciones de estas autoridades con la Comisión.

Artículo 32

Funciones de la autoridad de gestión

1. La autoridad de gestión será responsable de la gestión del programa operativo de conformidad con el principio de buena gestión financiera.

2. En lo que respecta a la gestión del programa operativo, la autoridad de gestión deberá:

a) cuando proceda, ayudar en su labor al comité de seguimiento mencionado en el artículo 11 y proporcionarle la información que necesite para desempeñar sus funciones, en particular los datos sobre los avances del programa operativo en la consecución de sus objetivos, datos financieros y datos relacionados con indicadores;

b) elaborar y, tras consultar a las partes interesadas evitando conflictos de intereses en el caso de los PO I, o tras la aprobación del comité de seguimiento a que se refiere el artículo 11 en el caso de los PO II, presentar a la Comisión los informes de ejecución anual y final a que se refiere el artículo 13;

c) poner a disposición de los organismos intermedios y las entidades beneficiarias la información pertinente para el desempeño de sus tareas y la ejecución de las operaciones respectivas;

d) establecer un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los datos de cada operación necesarios para el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la auditoría, incluidos datos sobre cada participante en las operaciones cofinanciadas por los PO II;

e) velar por que los datos a los que se refiere la letra d) se recojan, introduzcan y almacenen en el sistema, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE y, cuando estén disponibles, desglosados por género.

3. En cuanto a la selección de las operaciones, la autoridad de gestión deberá:

a) elaborar y, previa aprobación cuando proceda, aplicar procedimientos y/o criterios de selección adecuados que sean no discriminatorios y transparentes;

b) velar por que la operación seleccionada: i) entre en el ámbito de aplicación del Fondo y del programa operativo; ii) cumpla los criterios establecidos en el programa operativo y en los artículos 22, 23 y 26; iii) tenga en cuenta, cuando proceda, los principios establecidos en el artículo 5, apartados 11, 12, 13 y 14;

c) garantizar que se facilite a la entidad beneficiaria un documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda para cada operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución;

d) cerciorarse de que la entidad beneficiaria tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones a que se refiere la letra c) antes de aprobar la operación;

e) cerciorarse de que, si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación a la autoridad de gestión, se ha cumplido la legislación aplicable a la operación;

f) determinar el tipo de asistencia material en el caso de los PO I y el tipo de acción en el caso de los PO II a los que se atribuirá el gasto de una operación.

4. En lo que atañe a la gestión y el control financieros del programa operativo, la autoridad de gestión deberá:

a) verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado y que el gasto declarado por las entidades beneficiarias ha sido pagado y cumple el Derecho aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación;

b) garantizar que las entidades beneficiarias que participan en la ejecución de las operaciones reembolsadas sobre la base de los gastos subvencionables realmente contraídos bien lleven un sistema de contabilidad aparte, bien asignen un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con una operación;

c) aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos identificados;

d) establecer procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada, de acuerdo con los requisitos del artículo 28, letra g);

e) elaborar la declaración del órgano directivo y el resumen anual a los que se refiere el artículo 59, apartado 5, párrafo primero, letras a) y b), del Reglamento Financiero.

5. Las verificaciones con arreglo al apartado 4, letra a), incluirán los procedimientos siguientes:

a) verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso presentadas por las entidades beneficiarias;

b) verificaciones sobre el terreno de las operaciones.

La frecuencia y el alcance de las verificaciones sobre el terreno serán proporcionales al importe de la ayuda pública prestada a una operación y al nivel de riesgo identificado por tales verificaciones y por las auditorías de la autoridad de auditoría en relación con el sistema de gestión y control en su conjunto.

6. Las verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas con arreglo al apartado 5, primer párrafo, letra b), podrán realizarse por muestreo.

7. Cuando la autoridad de gestión tenga también la consideración de entidad beneficiaria en el marco del programa operativo, las disposiciones de cara a las verificaciones a las que se refiere el apartado 4, letra a), deberán garantizar la adecuada separación de funciones.

8. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 62 por los que se establezcan normas que especifiquen la información relativa a los datos que deben registrarse y almacenarse de manera informática dentro del sistema de seguimiento establecido con arreglo al apartado 2, letra d), del presente artículo.

La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las especificaciones técnicas del sistema establecido con arreglo al apartado 2, letra d), del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 63, apartado 3.

9. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 62 por los que se establezcan requisitos mínimos detallados de la pista de auditoría a la que se refiere el apartado 4, letra d), del presente artículo con respecto a los registros contables que se deben mantener y los documentos justificativos que deben obrar en poder de la autoridad certificadora, la autoridad de gestión, los organismos intermedios y las entidades beneficiarias.

10. La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución en lo referente al modelo de declaración del órgano directivo a la que se refiere el apartado 4, letra e). Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 63, apartado 2.

Artículo 33

Funciones de la autoridad de certificación

La autoridad de certificación de un programa operativo se hará cargo, en particular, de:

a) elaborar y presentar a la Comisión las solicitudes de pago y certificar que son el resultado de sistemas de contabilidad fiables, se basan en documentos justificativos verificables y han sido verificadas por la autoridad de gestión;

b) elaborar las cuentas a las que se refiere el artículo 59, apartado 5, párrafo primero, letra a), del Reglamento Financiero;

c) certificar la exhaustividad, exactitud y veracidad de las cuentas y que el gasto anotado en las cuentas cumple el Derecho aplicable y se ha contraído en relación con operaciones seleccionadas para recibir financiación de conformidad con los criterios aplicables al programa operativo, así como con el Derecho aplicable;

d) garantizar que exista un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los registros contables de cada operación, que aloje todos los datos necesarios para elaborar las solicitudes de pago y las cuentas, incluidos los registros de los importes recuperables, los importes recuperados y los importes retirados tras cancelarse la totalidad o parte de la contribución a una operación o un programa operativo;

e) asegurarse, de cara a la elaboración y presentación de las solicitudes de pago, de que ha sido convenientemente informada por la autoridad de gestión de los procedimientos y las verificaciones llevados a cabo en relación con el gasto;

f) tener en cuenta, al elaborar y presentar las solicitudes de pago, los resultados de todas las auditorías llevadas a cabo por la autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad;

g) llevar registros contables informatizados del gasto declarado a la Comisión y de la contribución pública correspondiente pagada a las entidades beneficiarias;

h) llevar una cuenta de los importes recuperables y de los importes retirados tras cancelarse la totalidad o parte de la contribución a una operación; los importes recuperados se devolverán al presupuesto de la Unión antes del cierre del programa operativo, deduciéndolos de la siguiente declaración de gastos.

Artículo 34

Funciones de la autoridad de auditoría

1. La autoridad de auditoría deberá garantizar que se audite el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control del programa operativo y una muestra representativa de las operaciones sobre la base del gasto dec