ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(306)

Entre los varios «acontecimientos imprevisibles» con repercusiones negativas en el restablecimiento de la rentabilidad de SEA Handling, SEA también cita la pérdida de ingresos a partir de 2008 resultante de la decisión de Alitalia de reducir sus actividades en Malpensa. La Comisión reconoce la evidente importancia de esta retirada para los beneficios de SEA Handling, pero considera que los esfuerzos desplegados por SEA para sanear la situación de SEA Handling se intensificaron precisamente coincidiendo con el anuncio de dicha retirada en 2007. En particular, el número de ETC operativos disminuyó en cerca del 41 % entre 2007 y 2010. En concreto, a causa de ello, el coste de la mano de obra disminuyó entre 2007 y 2009, y el aumento de la productividad registró una aceleración. También los demás costes operativos disminuyeron en un 40 % entre 2007 y 2010. Globalmente, gracias a estas reducciones de los costes, a raíz de la reducción de las actividades de Alitalia, el margen operativo bruto mejoró pese al descenso del volumen de negocios. No obstante, estos resultados no permitieron a SEA Handling encontrar una situación de equilibrio económico a corto plazo, a pesar de las ayudas concedidas anteriormente. Por otra parte, si bien, sobre la base de los cálculos derivados de un escenario contrafactual, en la hipótesis del mantenimiento del nivel de actividad de Alitalia en Malpensa y de las cuotas de mercado de SEA Handling al nivel de 2005 indicado por las autoridades italianas, SEA Handling habría podido aspirar a restablecer la rentabilidad en 2009, la Comisión cree que el esfuerzo de reducir los costes en el período considerado no habría tenido en realidad el mismo alcance sin este acontecimiento (64). En todo caso, el Tribunal ya ha confirmado que a los efectos de la evaluación de la observancia del principio del inversor privado, «las evaluaciones económicas efectuadas después de la concesión de la referida ventaja, la apreciación retroactiva de la rentabilidad efectiva de la inversión realizada por el Estado miembro interesado o las justificaciones ulteriores de la elección del procedimiento efectivamente seguido no pueden bastar para acreditar que […] cuando se advierte que el criterio del inversor privado podría ser aplicable, incumbe a la Comisión solicitar al Estado miembro interesado que le presente todas las informaciones pertinentes que le permitan comprobar si concurren las condiciones de aplicabilidad y de aplicación de ese criterio, y la Comisión no puede rehusar examinarlas, excepto si los medios de prueba presentados se constituyeron después de adoptar la decisión de realizar la inversión de que se trata» (65).
(38)

La BPI subrayó que en la Decisión de incoación no se tuvo en cuenta que las empresas que solicitaban una exención de la congelación de precios debían probar que existía un vínculo causal entre sus dificultades financieras y la citada congelación de precios, lo que venía a significar que el solicitante que obtuviera una exención no se habría visto en dificultades financieras de no haber sido por la congelación de precios. Argumentó, además, que no se habían utilizado recursos estatales, ya que tanto los seguros de enfermedad obligatorios como los privados debían considerarse independientes del Estado. Señaló, en analogía con jurisprudencia similar del Tribunal de Justicia relativa a medidas impositivas generales, que la medida no era selectiva, sino de carácter general, ya que la Constitución alemana prevé que los legisladores incluyan cláusulas de casos extremos para impedir una interferencia excesiva en los derechos de las partes privadas. BPI argumentó, además, que la medida no es imputable al Estado alemán, ya que la aplicación alemana del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 89/105/CEE viene exigida directamente por el Derecho primario de la UE, a saber, los artículo 15, 16 y 52 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (8) (en lo sucesivo, «Carta»). En caso de que, a pesar de todo, la Comisión llegara a la conclusión de que la medida constituye ayuda estatal, BPI señala que las Directrices de salvamento y reestructuración persiguen un objetivo diferente (reestructuración de empresas en crisis) al de la medida (cláusula de equidad para impedir que la legislación alemana empuje a empresas saneadas a la quiebra) y, en consecuencia, no deberían ser de aplicación. Por consiguiente, la compatibilidad con el mercado interior debe evaluarse directamente sobre la base del TFUE. En particular, BPI señala que el artículo 168, apartado 7, del TFUE establece que los Estados miembros son responsables de gestionar los servicios de salud y de atención médica, así como de asignar los recursos que se destinan a dichos servicios.
(15)

Letonia designó a un asesor externo independiente para elaborar un concepto para las instituciones de desarrollo en Letonia. El 11 de febrero de 2011, se presentó a la Comisión y al Fondo Monetario Internacional (FMI) el primer borrador del «Report on Optimization of the System of Development Financial Institutions in Latvia».
(5)

Las autoridades alemanas se mostraron en desacuerdo con la evaluación del riesgo llevada a cabo por las autoridades españolas, al considerar que el método de ensayo utilizado no era compatible con el uso práctico del equipo. En su opinión, el apartado 5.4.2 de la norma EN 13138-1 solo se refiere a las piezas pequeñas incorporadas. Las autoridades alemanas argumentaron que el producto no conllevaba riesgos graves, ya que no era un juguete, y que la hipótesis de riesgo, según la describían las autoridades españolas, era poco realista.
(8)

Cuando haya posibilidades de validación de firma electrónica o sello electrónico apropiadas para el tratamiento automático en los servicios públicos de un Estado miembro, esas posibilidades de validación deben ponerse a disposición y proporcionarse al Estado miembro receptor. No obstante, la presente Decisión no debe obstaculizar la aplicación del artículo 27, apartados 1 y 2, ni del artículo 37, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) no 910/2014 cuando no sea posible el tratamiento automático de las posibilidades de validación de métodos alternativos.
(9)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Decisión y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación.
ES Diario Oficial de la Unión Europea L 258/7

DECISIÓN (UE) 2015/1773 DEL CONSEJO

de 1 de octubre de 2015

sobre la posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión Europea en el Comité Mixto del EEE, en lo que se refiere a una modificación del anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE (Estadísticas sobre energía)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 338, apartado 1, en relación con su artículo 218, apartado 9,

Visto el Reglamento (CE) no 2894/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, relativo a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1), y, en particular, su artículo 1, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) (en lo sucesivo, «el Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994.

(2) De conformidad con el artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE puede decidir la modificación, entre otras cosas, del anexo XXI de dicho Acuerdo.

(3) El Reglamento (UE) no 431/2014 de la Comisión (3) debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(4) Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XXI del Acuerdo EEE.

(5) La posición de la Unión en el seno del Comité Mixto del EEE debe por tanto basarse en el proyecto de Decisión adjunto.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La posición que se ha de adoptar en nombre la Unión Europea en el Comité Mixto del EEE relativa a la propuesta de modificación del anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE se basará en el proyecto de Decisión del Comité Mixto del EEE adjunto a la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Luxemburgo, el 1 de octubre de 2015. Por el Consejo El Presidente E. SCHNEIDER

(1) DO L 305 de 30.11.1994, p. 6.

(2) DO L 1 de 3.1.1994, p. 3.

(3) Reglamento (UE) no 431/2014 de la Comisión, de 24 de abril de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas sobre energía, con respecto a la aplicación de las estadísticas anuales sobre el consumo energético en los hogares (DO L 131 de 1.5.2014, p. 1).
(4)

El Estado miembro interesado considera que a) en lo que concierne al uso contra ratas en los edificios y alrededor de ellos, no se ha demostrado la eficacia del biocida, puesto que los resultados de dos de los tres ensayos de campo presentados por el solicitante no demostraron un nivel de eficacia aceptable; b) en lo que concierne al uso contra ratas en las alcantarillas, el planteamiento del Estado miembro de referencia para demostrar la eficacia del producto no es aceptable como consecuencia del primer punto de desacuerdo; c) en lo que concierne al uso contra ratones, el conjunto de los ensayos de laboratorio y uno de los dos ensayos de campo que presentó el solicitante no cumplían los criterios para demostrar la eficacia.
(234)

La sentencia Ålands Vindkraft no altera la evaluación con respecto a los artículos 30 y 110 del Tratado. En primer lugar, la única cuestión que se planteó en este asunto era si un régimen de apoyo a los productores de energía renovable debe ser accesible para los productores situados en otros Estados miembros (el Tribunal estableció que no era el caso). La sentencia no se ocupó de la cuestión de si, además, tal régimen nacional de apoyo se podría financiar a través de un tributo discriminatorio aplicado también a operadores económicos establecidos en otros Estados miembros. En segundo lugar, a petición del tribunal sueco, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 34 en materia de restricciones cuantitativas a la libre circulación de mercancías; la petición de decisión prejudicial no se refería a los artículos 30 y 110 sobre los derechos e impuestos discriminatorios respecto de los que, en consecuencia, el Tribunal no se pronunció. En tercer lugar, el Tribunal estableció que la negativa de Suecia a conceder al demandante el acceso a su sistema de certificados, si bien constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, estaba justificada por razones de política medioambiental y era proporcionada para conseguir dicho objetivo (114). No obstante, las medidas discriminatorias contrarias a los artículos 30 y 110 no están justificadas, incluso por motivos medioambientales: la Comisión no ve ningún caso en que la protección del medio ambiente (o, en realidad, cualquier otra razón imperiosa de interés general) podría verse favorecida por la imposición de una obligación pecuniaria que haría que los operadores económicos de otros Estados miembros paguen más que sus competidores nacionales.
(11)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.
(8)

La 4-metilanfetamina no tiene valor ni uso médicos conocidos, establecidos ni reconocidos en la Unión, y no hay autorización para su comercialización en ella. Aparte de su uso como patrón de referencia analítica y en la investigación científica, no hay indicaciones de que pueda utilizarse para ningún otro fin legítimo.
(38)

El Reino Unido no está vinculado por la Decisión 2005/387/JAI, por lo que no participa en la adopción de la presente Decisión por la que se aplica la Decisión 2005/387/JAI, que no le será vinculante ni aplicable.
(9)

El 4,4′-DMAR no figura en la lista de control de la Convención única de las Naciones Unidas sobre estupefacientes de 1961 ni en la Convención de las Naciones Unidas de 1971 sobre sustancias psicotrópicas. Actualmente no es objeto de evaluación, no ha sido objeto de evaluación por el sistema de las Naciones Unidas y no está prevista dicha evaluación.
(135)

La Comisión reconoce que el ámbito de aplicación de las dos operaciones no es exactamente el mismo, dado que Via Chem Eslovaquia conservó la propiedad de determinados bienes inmuebles (edificios y terrenos). No obstante, de la información proporcionada se desprende que todas las actividades económicas de NCHZ adquiridas por Via Chem Eslovaquia se trasfirieron inmediatamente a Fortischem. Con la única excepción de los bienes inmuebles, Fortischem adquirió de Via Chem Eslovaquia todos los activos y derechos relacionados con la producción química (maquinaria y equipo, contratos, etc.), así como los compromisos relacionados con la producción química (incluidos todos los contratos de empleo). Los bienes inmuebles que no se vendieron a Fortischem pero eran necesarios para la continuidad de la actividad económica de NCHZ, se pusieron a disposición de Fortischem sobre la base de un contrato de arrendamiento. Por consiguiente, la Comisión va a analizar si se da continuidad económica entre NCHZ y sus actividades empresariales adquiridas por Fortischem. Las características específicas de las dos operaciones se tendrán en cuenta en la medida en que sean pertinentes a efectos de la presente evaluación.
(291)

El punto 5.1.2 de las Directrices de aviación de 2014 establece los criterios que la Comisión aplicará al evaluar la compatibilidad de las ayudas de funcionamiento con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. En particular, con arreglo al punto 172 de dichas Directrices, la Comisión aplicará estos criterios a todos los casos de ayudas de funcionamiento al aeropuerto, incluidas las notificaciones pendientes y las ayudas ilegales no notificadas, aunque la ayuda haya sido otorgada antes del 4 de abril de 2014, es decir, antes de la entrada en vigor de las Directrices. Los criterios de compatibilidad para la ayuda de funcionamiento, que puede concederse durante un período transitorio de 10 años a partir de la fecha de publicación de las Directrices de aviación de 2014, son los siguientes: a) Contribución a un objetivo bien definido de interés común: esta condición se cumple si, entre otras cosas, la ayuda incrementa la movilidad de los ciudadanos de la UE y la conectividad de las regiones o facilita el desarrollo regional (81). b) Necesidad de intervención del Estado: la ayuda debe dirigirse a situaciones en las que pueda aportar una mejora importante que el mercado no sea capaz de lograr por sí mismo (82). c) Existencia de efecto incentivador: esta condición se considera cumplida si es probable que, sin la ayuda y teniendo en cuenta la posible presencia de ayuda a la inversión y el nivel de tráfico, el nivel de actividad económica del aeropuerto se vería significativamente reducido (83). d) Proporcionalidad del importe de la ayuda (ayuda limitada al mínimo necesario): con el fin de que sea proporcional, la ayuda de funcionamiento a los aeropuertos deberá limitarse al mínimo necesario para el desarrollo de la actividad ayudada (84). e) Evitación de efectos negativos indebidos sobre la competencia y el comercio (85).
(12)

La presente Decisión no debe afectar a la posición de los Estados miembros respecto de los cuales el Reglamento (CE) no 767/2008 aún no ha surtido efecto. En particular, no debe afectar a la aplicación del artículo 6 de la Decisión 2008/633/JAI con respecto a dichos Estados miembros.
(7)

La investigación no aportó datos que demostraran que la conclusión no conviniera a los intereses de la Unión. Por lo tanto, la Comisión considera que la presente investigación debe darse por concluida. Se ha informado al respecto a las partes interesadas y se les ha dado la oportunidad de presentar observaciones. No obstante, la Comisión no ha recibido observaciones que permitan pensar que la conclusión no sería favorable para los intereses de la Unión.
(8)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (no 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculado por la misma ni sujeto a su aplicación.
(7)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculado por la misma ni sujeto a su aplicación.
(3)

La presente Decisión no solo se basa en un análisis comparativo de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a las ECC en México, sino también en una evaluación del resultado de dichos requisitos y de su adecuación para mitigar, en una forma que se considere equivalente al resultado de los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) no 648/2012, los riesgos a los que los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión puedan verse expuestos. En este sentido, debe, en particular, tenerse en cuenta el grado significativamente menor de riesgo inherente a las actividades de compensación realizadas en mercados financieros más pequeños que el mercado financiero de la Unión.
(15)

El BNS supervisa a las ECC en cooperación con la FINMA. En particular, el BNS es responsable de evaluar el cumplimiento por las ECC de los requisitos mínimos que figuran en la Ordenanza del Banco Nacional. Las ECC deben facilitar al BNS la información necesaria para evaluar el cumplimiento de dichos requisitos mínimos y someterse a inspecciones in situ. En particular, las ECC han de presentar al BNS informes periódicos y ad hoc e informarle de antemano sobre determinadas cuestiones o cambios. El BNS puede también imponer sanciones de diversa índole en caso de que la información o la documentación que solicite no le sean facilitadas, no se ajusten a los pertinentes requisitos formales, estén incompletas o sean inexactas. Para realizar sus evaluaciones, el BNS se basa en información muy diversa, como, por ejemplo, una autoevaluación y documentación interna de la ECC, los informes de auditoría, así como los informes periódicos y las reuniones mantenidas con la dirección y el personal de la ECC. El BNS formula recomendaciones a las ECC que no se atienen a los requisitos mínimos establecidos en la Ordenanza del Banco Nacional. Si la ECC afectada no sigue su recomendación, el BNS dictará una orden. Si la ECC desacata la orden, el BNS puede informar de sus conclusiones a la FINMA, que podrá adoptar otras medidas de supervisión y coerción frente a la ECC.
(22)

En Manitoba, la MSC lleva a cabo una supervisión permanente de las agencias de compensación autorizadas, tanto reconocidas como exentas de reconocimiento. No obstante, las agencias de compensación exentas están sujetas a una supervisión más limitada por parte de la MSC. En lo que respecta a las agencias o cámaras de compensación reconocidas, la supervisión se efectúa a través del examen de la información periódica presentada, de inspecciones regulares in situ, de la comunicación sistemática con la alta dirección de la agencia o cámara de compensación y de la evaluación anual de los riesgos y controles. La MSC cuenta con diversos recursos para subsanar las infracciones de determinados requisitos por parte de una agencia o una cámara de compensación, ya sea reconocida o exenta, en particular, el de imponer condiciones para la autorización de la agencia de compensación, suspender o revocar las órdenes de autorización de la agencia o cámara de compensación, o realizar investigaciones que pueden dar lugar a la imposición de multas y otras sanciones.
(15)

El secretario está facultado para solicitar información o documentos a las cámaras de compensación autorizadas y para realizar inspecciones in situ. Después de una inspección in situ, el secretario puede, entre otras cosas, exigir a una cámara de compensación autorizada que adopte cualesquiera medidas o se abstenga de cualesquiera actuaciones con el fin de poner fin a una irregularidad o subsanarla. El secretario puede imponer sanciones en caso de que una cámara de compensación autorizada no presente información exigida por la Ley de mercados financieros. Por otra parte, con vistas a la implementación y administración de dicha Ley, el secretario puede formular directrices generales o directrices destinadas a una entidad concreta.
(3)

El 1 de octubre de 2013, la Comisión recibió el dictamen técnico de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre el marco jurídico y de supervisión aplicable a las ECC autorizadas en Corea del Sur. En él se señalaba una serie de diferencias entre los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables, a nivel nacional, a las ECC en Corea del Sur y los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a las ECC en virtud del Reglamento (UE) no 648/2012. Sin embargo, la presente Decisión no solo se basa en un análisis comparativo de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a las ECC en Corea del Sur, sino también en una evaluación del resultado de dichos requisitos y de su adecuación para mitigar, en una forma que se considere equivalente al resultado de los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) no 648/2012, los riesgos a los que los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión puedan verse expuestos. En este sentido, debe, en particular, tenerse en cuenta el grado significativamente menor de riesgo inherente a las actividades de compensación realizadas en mercados financieros más pequeños que el mercado financiero de la Unión.
(2)

La cooperación en materia de interoperabilidad y seguridad de los sistemas de identificación electrónica exige unos procedimientos simplificados. Dado que la cooperación entre los Estados miembros a que se refiere el artículo 12, apartado 6, del Reglamento (UE) no 910/2014, y que regula en detalle la Decisión de Ejecución (UE) 2015/296 de la Comisión (2), exige ya la utilización de la lengua inglesa, adoptar la misma solución a efectos de la notificación de los sistemas de identificación electrónica debería facilitar la consecución de la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas. No obstante, la traducción de la documentación ya existente no debe suponer una carga desproporcionada.
(8)

La sección 1.7.3, «Marcado de las máquinas», del anexo I de la Directiva 2006/42/CE exige que cada máquina lleve, de forma visible, legible e indeleble, unas indicaciones mínimas. La máquina desplumadora no indica el año en que se ha fabricado, y la placa de datos no está unida a la máquina de forma permanente. En el motor, no hay número de serie ni símbolo de identificación del fabricante; no se facilita información sobre el número de hilos, las normas aplicadas, la clase o el límite de temperatura, ni sobre el factor o los factores de potencia asignada.