Decisión de la Comisión

11 de diciembre de 2002

relativa a la ayuda concedida por el Estado griego a la compañía Olympic Airways

[notificada con el número C(2002) 4831]

(El texto en lengua griega es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2003/372/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el párrafo primero del apartado 2 de su artículo 88,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, la letra a) del apartado 1 de su artículo 62,

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con las disposiciones de los artículos anteriormente mencionados(1),

Considerando lo que sigue:

1. PROCEDIMIENTO

(1) La Hellenic Air Carrier Association (Asociación Helénica de Compañías Aéreas) (denominada en lo sucesivo "AHCA") presentó una denuncia [registrada con la referencia TREN(2000) A/69305] contra el Estado griego, por seguir concediendo a Olympic Airways, S.A. (denominada en lo sucesivo "OA") diversas ayudas en incumplimiento de las Decisiones 94/696/CE(2) y 1999/332/CE(3) de la Comisión relativas a las ayudas concedidas a OA. La denuncia fue notificada a las autoridades griegas mediante carta de 5 de diciembre de 2000, para que éstas presentaran sus observaciones [registrada con la referencia TREN(2000) D/17807]. Las autoridades griegas presentaron sus observaciones en su carta de 19 de febrero de 2001 [TREN(2001) A/53318]. El 24 de julio de 2001 la AHCA presentó una nueva denuncia contra el Estado griego [TREN(2001) A/63511] por el mismo motivo a la vista de los nuevos acontecimientos producidos a lo largo del año 2001. La denuncia suplementaria fue notificada a la República Helénica para que presentara sus observaciones mediante sendas cartas fechadas el 22 de agosto de 2001 [TREN(2001) D/11863] y el 6 de diciembre de 2001 [TREN(2001) D/18948], a las cuales las autoridades griegas contestaron con sus cartas de 7 de noviembre de 2001 [TREN(2001) A/70124], 11 de diciembre de 2001 [TREN(2001) A/72694] y 12 de marzo de 2002 [TREN(2002) A/55191].

(2) Por carta de 11 de marzo de 2002 [SG(2002) D/228848], la Comisión notificó a la República Helénica su decisión, adoptada el 6 de marzo de 2002, de incoar el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado. El procedimiento fue registrado con el número C 19/2002.

(3) La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal fue publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre el asunto.

(4) Grecia remitió sus observaciones a la Comisión por carta de 12 de abril de 2002 [TREN(2002) A/57066].

(5) En el plazo indicado en la publicación antes mencionada, es decir hasta el 23 de mayo de 2002, la Comisión no recibió ninguna observación por parte de los interesados.

(6) Al no recibir toda la información pertinente por parte de las autoridades griegas, tal como se solicitó al inicio del procedimiento, el 9 de agosto de 2002 la Comisión emitió un requerimiento de información, que fue notificado a Grecia mediante carta de 12 de agosto de 2002 [SG(2002) D/231156]. Grecia comunicó a la Comisión en su carta de fecha 13 de septiembre de 2002 [DG TREN(2002) A/66323] que completaría su contestación antes del 25 de septiembre de 2002. La respuesta de las autoridades griegas fue remitida el 1 de octubre [DG TREN(2002) A/67131].

(7) El 16 de octubre de 2002 se celebró una reunión con las autoridades griegas para tratar hasta qué punto había evolucionado la situación económica de OA y qué progresos se habían registrado hasta esa fecha. En dicha reunión, los representantes de Grecia presentaron un documento titulado "Memorándum dirigido a la Comisión" ("Reporting to the Commission"), registrado con la referencia DG TREN(2002) A/69882. Este documento, acompañado de los demás datos y del informe sobre el control limitado "de los resultados de Olympic Airways comparados con su plan financiero" ("Olympic Airways Performance as compared to its Financial Plan"), elaborado en 2002 por la empresa Deloitte & Touche, fueron remitidos por las autoridades griegas el 14 de noviembre de 2002 y registrados con la referencia DG TREN(2002) A/70592.

(8) El 21 de noviembre de 2002, el Sr. Verelis, Ministro de Transportes de la República Helénica, envío un nuevo informe a la Sra. de Palacio, Vicepresidenta de la Comisión, que contenía un "Resumen de las cuestiones fundamentales relativas al caso de Olympic Airways elaborado por la República Helénica" ("Synopsis of Hellenic Republic's Case for Olympic Airways on key issues"). Estos datos adicionales se registraron con la referencia DG TREN (2002) A/70782.

(9) Mediante carta de 2 de diciembre de 2002 [DG TREN (2002) A/71671] el Sr. Verelis comunicó a la Sra. de Palacio que el procedimiento de privatización de Olympic Airways estaba en curso y que el Estado griego había recibido seis declaraciones de interés para la adquisición de una participación mayoritaria en dicha empresa.

2. HECHOS

2.1. Las decisiones adoptadas en el pasado por la Comisión referente a OA y a sus empresas filiales

2.1.1. La Decisión de 1994

(10) El 7 de octubre de 1994, la Comisión adoptó la Decisión 94/696/CE (denominada en lo sucesivo "la Decisión de 1994"), en virtud de la cual las ayudas que el Estado griego había concedido o iba a conceder a OA se consideraban compatibles con el mercado común en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE [actualmente letra c) del apartado 3 del artículo 87 CE] y la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo denominado "el Acuerdo EEE"), siempre que el Gobierno griego respetara una serie de compromisos enumerados en dicha decisión. El paquete de ayudas constaba de las siguientes medidas:

- garantías crediticias concedidas a la compañía OA hasta el 7 de octubre de 1994 en aplicación del artículo 6 de la Ley griega n° 96 de 26 de junio de 1975,

- otras garantías crediticias por un importe de 378 millones de dólares estadounidenses relativas a los préstamos que se contrajeran antes del 31 de diciembre de 1997 para la compra de nuevas aeronaves,

- reducción de la deuda de OA por valor de 427000 millones de dracmas griegas,

- conversión de la deuda de OA en capital por un importe de 64000 millones de dracmas griegas,

- aportación de capital de 54000 millones de dracmas griegas en tres tramos de 19000, 23000 y 12000 millones de dracmas griegas durante 1995, 1996 y 1997 respectivamente.

De estas cinco medidas, las cuatro últimas formaban parte de un plan de reestructuración y de recapitalización de OA, que inicialmente había sido presentado a la Comisión. Partiendo de estos datos, la Comisión llegó a la conclusión de que la ayuda facilitaría el desarrollo de las actividades de transporte aéreo, reestructurando al principal transportista aéreo de una región fragmentada y periférica de la Comunidad, de la cual Grecia es una de las menos desarrolladas.

(11) Sin embargo, la compatibilidad de la ayuda estaba supeditada a que Grecia cumpliera los 21 compromisos que había contraído con el fin de garantizar que la ayuda no alterara los intercambios de forma contraria al interés común. De acuerdo con estos compromisos, que afectaban tanto a OA como a su filial Olympic Aviation, y dentro de los 21 compromisos que el Estado griego debía respetar, estaban los siguientes:

a) derogar antes del 31 de diciembre de 1994 el artículo 6 de la Ley griega n° 96 de 26 de junio de 1975 que autoriza al Estado griego a conceder garantías respecto de los préstamos contraídos por OA;

b) no intervenir en la gestión de OA si no es dentro de los límites estrictos de su estatuto de accionista;

c) otorgar a OA antes del 31 de diciembre de 1994 un estatuto fiscal de sociedad anónima comparable al de las empresas griegas del sector privado, sin perjuicio de eximir a OA del pago de los impuestos que pudieran gravar las operaciones de recapitalización de la empresa previstas en el plan de recapitalización y reestructuración remitido a la Comisión en esa fecha;

d) no volver a conceder ningún tipo de ayuda a OA, de conformidad con las disposiciones del Derecho comunitario;

e) establecer inmediatamente la legislación necesaria para aplicar de manera efectiva el plan de reestructuración en sus aspectos salarial, social y financiero;

f) por una parte, presentar todos los años a la Comisión, al menos cuatro semanas antes del pago de cada tramo de aumento de capital previstos para enero de 1996 y enero de 1997, un informe de la aplicación del plan de recapitalización para que la Comisión pudiera formular observaciones y, por otra parte, aplazar por cuatro semanas el pago de los tramos mencionados en caso de que la Comisión quisiera presentar dicho informe a un consultor independiente para su evaluación;

g) no llevar a cabo los aumentos de capital previstos para 1995, 1996 y 1997 si en los ejercicios anteriores no se hubieran alcanzado los objetivos del plan de reestructuración, tal como se exponen en la Decisión de 1994;

h) velar por que OA no ejerciera una influencia definitiva en la determinación de tarifas en las líneas regulares Atenas-Estocolmo y Atenas-Londres de 1994 a 1997 ambos inclusive;

i) velar por que, mientras durara el plan de reestructuración, el número de plazas ofrecidas por OA en los vuelos regulares dentro del Espacio Económico Europeo, incluidos los vuelos adicionales y de temporada, pero sin contar los vuelos entre Grecia continental y las islas, no fuera superior al que OA había ofrecido en dicho mercado en el EEE en 1993;

j) velar por que las garantías crediticias subsistentes concedidas a OA y las demás garantías que se otorgaran antes del 31 de diciembre de 1997 contempladas expresamente en el plan de reestructuración por importe de 378 millones de dólares estadounidenses cumplieran las condiciones que figuraban en la carta que la Comisión dirigió a los Estados miembros el 5 de abril de 1989.

2.1.2. La Decisión de 1998

(12) Considerando, sin embargo, que varios de los compromisos establecidos por la anterior Decisión no habían sido respetados, el 30 de abril de 1996(4), la Comisión decidió reiniciar el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 87 del Tratado, por una parte, e iniciar el mismo procedimiento con respecto a las ayudas nuevas y no notificadas que había descubierto, por otra.

(13) Las dudas expresadas por la Comisión se referían particularmente a los siguientes puntos:

(1) El compromiso contraído por el Gobierno griego de no intervenir en la gestión de OA si no es dentro de los límites estrictos de su estatuto de accionista. De hecho, según se demostró entonces, el Gobierno griego estaba interviniendo en la gestión de OA de manera tanto directa como indirecta, a través del Consejo de Administración.

(2) El compromiso asumido por el Gobierno griego de no volver a conceder ningún tipo de ayuda a OA, teniendo en cuenta que OA había sido eximida del pago de impuestos y exacciones públicas durante 1995, 1996 y 1997, estaba exonerada de cualquier impuesto o carga en lo que se refiere a las garantías crediticias y exenta de cualquier gasto derivado de la prestación del servicio militar de los trabajadores de OA. Estos beneficios ascendían a la cantidad de 11000 millones de dracmas griegas. Asimismo, se comprobó que desde la notificación de la Decisión de 1994 al Gobierno griego, OA no había abonado derechos de aterrizaje o de estacionamiento.

(3) El compromiso asumido por el Gobierno griego de ajustar los convenios suscritos con OA a las disposiciones del Tercer paquete de medidas parecía no haberse cumplido, puesto que el Gobierno griego había retrasado de manera irregular la derogación del derecho exclusivo de OA para la explotación de líneas interiores dentro de los límites de Grecia continental.

(4) El incumplimiento del compromiso del Gobierno griego de otorgar a OA un estatuto fiscal de sociedad anónima comparable al de las empresas griegas del sector privado, puesto que varias disposiciones de la Ley griega n° 2271/94 eximían a OA del pago de toda forma de impuesto relacionado con la estructura de su balance.

(5) El incumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno griego de aceptar que otras compañías distintas de OA pudieran explotar líneas entre Grecia y los Estados que no pertenecen al EEE, dado que no había establecido ninguna disposición legal que restringiera los derechos exclusivos de OA frente a dichas compañías.

(14) El 14 de agosto 1998, la Comisión adoptó la Decisión 1999/332/CE (en adelante denominada "la Decisión de 1998"), por la que las ayudas que Grecia había concedido o iba a conceder a OA se consideraban compatibles con el mercado común y con el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en adelante denominado "el Acuerdo EEE"), con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del antiguo artículo 92 del Tratado [actualmente letra c) del apartado 3 del artículo 87] y en la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE. La ayuda consistía en:

a) garantías crediticias otorgadas a la compañía hasta el 7 de octubre de 1994 con arreglo al artículo 6 de la Ley griega n° 96/75 de 26 de junio de 1975;

b) nuevas garantías crediticias por un importe total de 378 millones de dólares estadounidenses relativas a los préstamos contraídos antes del 31 de diciembre de 2000 para la compra de nuevas aeronaves,

c) reducción de la deuda de la compañía por valor de 427000 millones de dracmas griegas;

d) conversión de la deuda de OA en capital por un importe de 64000 millones de dracmas griegas;

e) aportación de capital de 54000 millones de dracmas griegas reducida a 40800 millones de dracmas griegas, en tres tramos de 19000, 14000 y 7800 millones en 1995, 1998 y 1999 respectivamente.

(15) Las medidas de ayuda aprobadas mediante la Decisión de 1998 venían acompañadas por un plan de reestructuración revisado (en adelante denominado "el plan"). Este plan(5) se refería al periodo 1998-2002. Tal como estaba previsto en el plan de reestructuración inicial, había que mejorar la gestión desde el punto de vista de la rentabilidad y de los ingresos, reducir los gastos de explotación mediante la aplicación de medidas de reestructuración y transformación de las condiciones laborales (congelando los salarios, reduciendo los suplementos, restringiendo las horas extras del personal fijo y el número del personal estacional), así como el reemplazo de los cuadros directivos. El plan de 1998 confirmaba las medidas originales e introducía medidas complementarias destinadas a lograr la reorganización de la estructura de costes de la compañía (congelación de salarios, reducción de personal, etc.) y la mejora de la rentabilidad de su funcionamiento estableciendo métodos de explotación rentable. Asimismo, preveía el reajuste de las dimensiones de la red, la reorganización de las estructuras internas de la compañía en todos los niveles y la realización de inversiones para la compra de aeronaves. Las medidas restantes se referían al traslado al aeropuerto internacional de Atenas en Spata (en adelante denominado "aeropuerto de Spata"), así como a las inversiones adicionales para obras de infraestructura, que se realizarían sin necesidad de nuevas aportaciones de capital por parte del accionista.

(16)

>SITIO PARA UN CUADRO>

(17) Las cifras anteriores se basaban, especialmente, en el supuesto de que los ingresos por las actividades de explotación de aviación aumentarían en un 25,5 % durante todo el periodo de aplicación del plan (de 269000 millones de dracmas griegas en 1998 a 337600 millones de dracmas griegas en 2002), mientras los ingresos de las unidades de asistencia en tierra previsiblemente disminuirían en un 28,2 % (de 46500 millones de dracmas griegas en 1998 a 33300 millones de dracmas griegas en 2002), durante el mismo periodo, como consecuencia de la liberación de dicha actividad.

(18) La ayuda, cuya concesión fue aprobada mediante la Decisión de 1998, quedaba sujeta al cumplimiento de las cuatro condiciones enumeradas en el artículo 1 de dicha Decisión. Estas condiciones eran las siguientes:

a) Incorporar a la Decisión de 1998 los 21 compromisos contraídos por las autoridades griegas mediante la Decisión de 1994.

b) Se tuvo en consideración el propio compromiso del Gobierno griego de velar por que OA no ejerciera una influencia definitiva en la determinación de tarifas en las líneas regulares Atenas-Estocolmo Atenas-Londres en el periodo de 1998 a 2002 inclusive (según Decisión en DO anterior).

c) Se tuvo en consideración el propio compromiso del Gobierno griego de velar por que, hasta el 31 de diciembre de 2002, el número de plazas ofrecidas por OA en los vuelos regulares en el EEE, incluidos los vuelos complementarios y estacionales y los servicios entre Grecia continental y las islas, no fuera superior al que OA había ofrecido en el mercado del EEE en 1997 (7792243 plazas), teniendo en cuenta no obstante un posible aumento proporcional al crecimiento de dicho mercado.

d) Se tuvo en cuenta el propio compromiso del Gobierno griego de velar por que, a más tardar el 1 de diciembre de 1998, OA habría puesto en marcha un sistema de información sobre gestión adecuado y plenamente operativo. Sobre esta cuestión, se pidió a las autoridades griegas que presentaran a la Comisión un informe, a más tardar, el 1 de diciembre de 1998.

(19) Además, en la Decisión se determinaba que el pago del tramo de 7800 millones de dracmas griegas estaba sujeto al cumplimiento de todas las condiciones impuestas para garantizar la compatibilidad de las ayudas con el mercado común, así como la aplicación efectiva del plan de reestructuración revisado y la consecución de los resultados previstos, en particular en lo que se refiere a los coeficientes de costes y productividad establecidos en dicha Decisión.

(20) Teniendo en cuenta que el plan de reestructuración de 1998 constituía una prórroga de la vigencia del plan inicial más allá de 1997 y que debía permitir a OA conseguir la viabilidad para el año 2000, la Comisión estimó que la eficacia de las ayudas y su compatibilidad con el mercado común exigía que se asumieran otros compromisos adicionales.

(21) Con este fin y de conformidad con las condiciones estipuladas en la Decisión de 1998, el Gobierno griego tenía la obligación de presentar a la Comisión un informe en los siguientes casos:

a) al menos diez semanas antes del pago del segundo tramo arriba indicado previsto para el 15 de junio de 1999,

b) antes de finales de los meses octubre de 1999, marzo de 2000 y octubre de 2000.

(22) En dichos informes se confirmaría el respeto de todas las condiciones impuestas para garantizar la compatibilidad de las ayudas, así como la puesta en práctica del plan de reestructuración revisado y se consolidaría la posibilidad de obtener los resultados previstos. Por consiguiente, el pago de dicha cuota no se efectuaría, si se incumplieran las condiciones impuestas en su totalidad o en parte y/o no se alcanzaran los objetivos materiales del plan de reestructuración revisado. En la Decisión no se establecía la aplicación de ningún plan de medidas extraordinarias, ni ningún tipo de exención de esta obligación.

2.1.3. La Decisión de 2000

(23) Mediante carta de 17 de julio de 2000 el Gobierno griego comunicó a la Comisión su intención de utilizar el resto de las ayudas autorizadas para garantías crediticias relativas a los préstamos contraídos antes de finales de 2000 para las inversiones necesarias para el traslado de OA del aeropuerto de Hellenikon al nuevo Aeropuerto Internacional de Atenas en Spata y prorrogar el plazo de las garantías hasta el 31 de marzo de 2001. Hasta ese momento, el Estado griego había otorgado garantías crediticias por un importe total de 201,6 millones de dólares estadounidenses para la compra de cuatro aeronaves Airbus 340. La Comisión notificó a las autoridades griegas mediante carta de 10 de noviembre de 2000 [SG(2000)D/108307] su decisión de modificar el inciso ii) del apartado 1 del artículo 1 de la Decisión de 1998 en relación con las ayudas concedidas para garantías crediticias por valor de 378 millones de dólares estadounidenses. Como consecuencia de dicha modificación, la ayuda en cuestión consistía en garantías crediticias por un importe de 378 millones de dólares estadounidenses relativas a los préstamos contraídos antes del 31 de diciembre de 2000 para la adquisición de nuevas aeronaves y para la inversión necesaria para el traslado de Olympic Airways al nuevo aeropuerto de Spata. Dichas garantías crediticias podrían otorgarse hasta el 31 de marzo de 2001.

(24) En febrero de 2001 OA contrajo un préstamo por valor de 62000 millones de dracmas griegas con el banco ABN-AMRO con este fin.

2.2. Evolución de la situación financiera y de gestión de OA desde 1998 hasta 2002

(25) En septiembre de 1998, después de la adopción de la Decisión de 1998, el Gobierno griego abonó a OA el segundo tramo de aportación de capital por un importe de 15000 millones de dracmas griegas y otorgó una parte de las garantías estatales, que habían sido autorizadas por un importe de 378 millones de dólares estadounidenses para la renovación de la flota de OA y, en especial, para la adquisición de cuatro nuevos aparatos Airbus 340-400.

(26) En mayo de 1999, el Gobierno griego presentó a la Comisión un informe sobre la aplicación del plan de reestructuración de OA que complementó con un memorándum en junio de 1999. Este informe fue analizado por un auditor independiente (Deloitte & Touche), con arreglo a las disposiciones de la Decisión de 1998 [letra a) del artículo 1 de dicha Decisión y letra g) del artículo 1 de la Decisión de 1994].

(27) El informe se basaba en los balances consolidados de 1997, las estimaciones realizadas para 1998 por los órganos gestores y las previsiones presupuestarias para el año 1999. El informe concluía que los resultados de OA eran considerablemente inferiores a los resultados previstos por el plan. Por lo tanto, no se habían alcanzado en el plazo previsto algunos de los objetivos de la Decisión de 1998, porque, según la versión de las autoridades griegas, "el resultado real de 1997 había superado las estimaciones más pesimistas hechas a finales de febrero de 1998". De hecho, en 1997 se obtuvo un resultado de explotación negativo de 28000 millones de dracmas griegas (aprox. -82 millones de euros), cuando se habían previsto unos beneficios de alrededor de 1700 millones de dracmas griegas (aprox. 5 millones de euros). El motivo de estos resultados negativos era la falta de ingresos debida al reducido nivel de actividades, provocado en parte por los conflictos laborales. A pesar de que los coeficientes de ocupación no habían divergido del plan, el informe constataba que esto se había conseguido en perjuicio del funcionamiento rentable. El principal motivo por el que estos parámetros habían empeorado eran unas reducciones mayores de las esperadas sobre las comisiones cobradas por las agencias de viajes. La dirección de la compañía había perdido el control con respecto a la táctica a seguir en relación con la motivación de los agentes de viajes y no estaba claro si se habían puesto en marcha en ese momento los mecanismos pertinentes para recuperar este control. Además, los resultados eran negativos debido a la falta de puntualidad, la antigüedad de los aparatos, las huelgas y las anulaciones de vuelos consiguientes.

(28) La compañía aseguró que a fin de contrarrestar estas deficiencias había implantado medidas de austeridad y había introducido unas prácticas presupuestarias estrictas en el periodo de febrero de 1998 a agosto de 1999. Lo que cabe destacar en cualquier caso, es que a pesar de estos esfuerzos y dados los conflictos laborales que caracterizaron este periodo, en el plan de reestructuración el coste de este conflicto se estimaba en aproximadamente 15000 millones de dracmas griegas. En realidad, el coste generado equivalía a 12000 millones de dracmas griegas siendo, por tanto, 3000 millones inferior al estimado (informe Deloitte & Touche de 21 de julio de 1999, p.22). Aún así, era imposible alcanzar las metas fijadas en el plan de 1998, puesto que los resultados negativos acumulados ascendieron a -10400 millones de dracmas griegas (-30,4 millones de euros), cuando se había previsto un beneficio de 14600 millones de dracmas griegas (42,3 millones de euros). En contraste con lo anterior, las autoridades griegas confirmaron el compromiso de los órganos de administración con respecto a la aplicación del plan de reestructuración y los objetivos especificados en el mismo.

(29) Según el informe de Deloitte & Touche, la aplicación del plan de 1998 presentaba deficiencias que no permitían a la Comisión adoptar una decisión favorable en cuanto al pago del último tramo. La Comisión hizo llegar el análisis a las autoridades griegas en sus cartas de 12 y 19 de mayo y 27 de julio de 1999. Además, en relación con la aportación de capital por un importe de 7800 millones de dracmas griegas (22,8 millones de euros), la Comisión invitó al Gobierno griego a presentar un plan de reestructuración actualizado en relación con OA que sería examinado posteriormente por la Comisión. En su respuesta enviada a la Comisión el 26 de agosto de 1999, las autoridades griegas admitieron que la puesta en práctica del plan de reestructuración para el periodo 1998-2002 requería otra revisión para ajustarse a los resultados previsibles y permitir a la Comisión examinar la autorización del último tramo con una actitud positiva.

(30) A fin de dar una respuesta a estas inquietudes y para que "no se pierda más tiempo en el proceso de reestructuración" (Memorándum de las autoridades griegas de 11 de abril de 2002), las autoridades griegas ya habían decidido e informado a la Comisión mediante su carta de 7 de julio de 1999, encomendar la dirección de la compañía aérea, tras un concurso internacional abierto, a una empresa gestora internacional con experiencia. Finalmente, el contrato fue adjudicado a Speedwing, empresa de consultores filial de British Airways (en adelante "BA"), y preveía además el derecho de BA de opción de compra de una participación de hasta el 20 % en OA en el plazo de un año a partir de la fecha de firma del contrato de gestión.

(31) Tras la reunión celebrada en agosto de 1999 en Bruselas, entre el nuevo equipo directivo de Speedwing y los representantes de la Comisión, las autoridades griegas presentaron, mediante carta con fecha de 18 de noviembre de 1999, el plan de reestructuración de OA revisado, según había sido elaborado por Speedwing. Ambas empresas, sin embargo, ya habían comenzado su aplicación antes de que éste fuera aprobado por la Comisión. La empresa Deloitte & Touche examinó el plan y expresó reservas con respecto a determinados aspectos. La diferencia fundamental entre el plan de Speedwing y el plan aprobado mediante la Decisión de 1998 de la Comisión, tal como éste fue aplicado en 1998 y a principios de 1999, consistía en que el primero estaba centrado en el aumento de los ingresos y en la ampliación de las actividades de la compañía. En su primer informe sobre el plan de Speedwing, la empresa Deloitte & Touche lo caracterizó de "ambicioso". Las propias autoridades griegas confirmaron en su memorándum del 11 de abril de 2002 que "la filosofía de este plan distaba mucho de la que caracterizaba el plan aprobado anteriormente, dado que estaba centrado sobre todo en la ampliación y optimización de los ingresos, más que en la parte de los gastos".

(32) La Comisión presentó a las autoridades griegas el proyecto final del informe de Deloitte & Touche, en el que se confirmaban las dudas iniciales (mediante carta de 20 de marzo de 2000). En esta carta, la Comisión expresaba sus inquietudes acerca de la imposibilidad de aplicar el plan de reestructuración revisado, en la forma que éste fue aprobado mediante la Decisión de 1998. Speedwing puso en entredicho las conclusiones del informe de Deloitte & Touche, en su respuesta remitida a la Comisión antes de retirarse de la gestión de OA a mediados de 2000. En su carta de 29 de agosto de 2000, las autoridades griegas confirmaron que OA no disponía de resultados oficiales para el ejercicio 1999 en forma de balances consolidados y asumieron el compromiso de no abonar el último tramo de aportación de capital. El Gobierno griego pidió a la Comisión que se abstuviera de adoptar una decisión sobre este asunto.

(33) Paralelamente, las autoridades griegas y los nuevos órganos de gestión establecidos después de la retirada de Speedwing, querían volver a revisar la situación financiera global de la compañía, con el fin de que el año 1999 sirviera de sólida base para los futuros esfuerzos de reestructuración de OA. Además, los órganos gestores se habían propuesto "neutralizar" determinadas consecuencias a largo plazo de las decisiones adoptadas por los directivos de Speedwing que tendrían un impacto negativo sobre datos financieros de la compañía y "empezar a poner énfasis en la eficacia de la compañía aérea desde el punto de vista de los costes" (respuesta griega del 11 de abril de 2002). En otoño de 2000, OA pidió a la empresa PriceWaterhouseCoopers (PwC) que elaborara un informe resumido de los balances consolidados preliminares no auditados a 31 de diciembre de 1999. Entre las conclusiones de PwC se hacía mención a que en aplicación de la Ley n° 2271/94, en su versión modificada por la Ley n° 2465/97 (art. 14), OA y su filial Olympic Aviation estaban sujetas al impuesto sobre actividades empresariales aplicable sobre sus beneficios imponibles a partir del año 1994. No obstante, como se desprende del citado informe, las autoridades fiscales no realizaron ningún examen de los libros y datos contables del grupo de empresas constituido por OA y Olympic Aviation durante varios años, es decir, como mínimo desde 1988 (en el caso de Olympic Aviation) y desde 1992, en el caso de Olympic Airways. Además, el informe revelaba que los estados financieros obligatorios del ejercicio 1999 de OA y Olympic Aviation no habían sido aprobados aún en esas fechas (diciembre de 2000) por sus respectivas asambleas generales de accionistas.

(34) Después de este exhaustivo examen de la situación económica en la que se encontraba OA como consecuencia de que Speedwing se retirara de la gestión, las autoridades griegas reconocieron en verano de 2000 que el proyecto de reestructuración de OA no podía alcanzarse partiendo únicamente de los fondos propios o de la venta de una participación minoritaria. A principios del verano de 2000, las autoridades griegas informaron a la Comisión de su decisión de proceder a la venta de una participación mayoritaria de OA, para posibilitar la financiación de la compañía aérea. En septiembre de 2000, las autoridades griegas nombraron como consultor financiero a Credit Suisse First Boston, designando al mismo tiempo otros consultores, de conformidad con lo dispuesto por la Ley griega n° 2000/91 para los casos de privatización. Entretanto, aún no habían sido presentados a la Comisión los informes que de conformidad con la Decisión de 1998 deberían haberse entregado en marzo y en octubre de 2000.

(35) En la Decisión de 1998, en una parte del plan se establecía además que la financiación del traslado de OA al aeropuerto de Spata se realizaría mediante reservas de flujo de tesorería e indemnizaciones [apartado 82 de la Decisión de 1998]. De todas formas, el Estado griego pagaría a la compañía una indemnización por la pérdida de las inversiones realizadas por la misma en el aeropuerto de Hellenikon a causa de su cierre (cifrada en 35000 millones de dracmas griegas). Según confirmó el Gobierno griego a la Comisión en su carta de 3 de julio de 1998, dicha indemnización no constituiría ninguna forma de ayuda financiera a OA y ascendería estrictamente al importe al que cualquier otra empresa en una situación comparable tendría derecho. Adicionalmente, para dispersar cualquier duda por parte de la Comisión en relación con el momento elegido para conceder dicha indemnización, las autoridades griegas aseguraron a la Comisión que conforme al acuerdo inminente entre OA y el Estado griego, la indemnización se pagaría coincidiendo en el tiempo con el desembolso de los gastos que el traslado al aeropuerto de Spata acarrearía a la compañía.

(36) El Gobierno griego notificó a la Comisión en su carta de 12 de diciembre de 1999 que la indemnización a OA, directamente vinculada al traslado de la misma al aeropuerto de Spata, se estimaba en una cantidad de 33660 millones de dracmas griegas el 20 de abril de 1999, según los cálculos de la empresa consultora American Appraisal, del Reino Unido, contratada por el Estado griego para que determinara las pérdidas causadas a OA por el cierre del aeropuerto nacional y su traslado al de Spata.

(37) Este informe fue presentado a la Comisión sin notificación oficial alguna sobre otras ayudas estatales adicionales. La Comisión encargó a Alan Stratford la tarea de averiguar, en qué medida la evaluación realizada por la empresa American Appraisal correspondía al principio del "valor equitativo de mercado" y hasta qué punto suponía algún tipo de sobrecompensación. La empresa Alan Stratford, después de examinar la situación de OA en el aeropuerto de Hellenikon y la forma en la que se había aplicado el principio del valor equitativo de mercado, en su informe final redactado en mayo de 2000, llegó a la conclusión de que los cálculos y las cantidades transferidas eran razonables. A pesar de todo, puso en duda que fuera necesario incluir en el cálculo el equipamiento como concepto indemnizable y hasta qué punto había que compensar determinadas ventajas tradicionalmente consolidadas que OA recibía en el aeropuerto de Hellenikon mediante el pago de indemnizaciones. En opinión de la Comisión, si el Estado griego hubiera aplicado una forma de proceder distinta, como propuso Alan Stratford (sobre todo en lo referente a las estimaciones sobre la vida de los edificios) "aumentaría considerablemente el número de elementos incluidos en el cálculo de la indemnización". OA trasladó sus actividades puntualmente al aeropuerto internacional de Atenas, que fue inaugurado el 28 de marzo de 2001. El mismo día cerró el aeropuerto de Hellenikon.

(38) A finales de enero de 2002, OA procedió a la contratación de un préstamo por importe de 19,5 millones de euros del Commercial Bank of Greece, banco comercial del Estado, y que estaba basado en la cesión por parte de OA a dicho banco de los créditos que ésta ostentaba contra el Estado en concepto de billetes de vuelo no pagados de un valor total de 22 millones de euros. El préstamo fue concedido para un periodo anual.

2.3. Las denuncias de la AHCA ("HACA")

(39) Con fecha de 12 de octubre de 2000 y 24 de julio de 2001, la Comisión recibió una serie de denuncias por parte de la AHCA ("HACA"). Sus miembros son las siguientes compañías aéreas: Aegean Airlines, Cronus Airlines, Hellenic Star Airways, Cal Aviation, Trans European Airlines, Interjet, Avionic Aviator. Las denuncias se referían a:

a) los suplementos salariales preferentes pagados al personal de OA,

b) la falta de exactitud de la Ley griega n° 2733/99, por la que se establece la compensación mutua de la deuda entre OA y el Estado griego,

c) el pago fuera de plazo de determinados derechos de aterrizaje y estacionamiento al aeropuerto de Hellenikon y el impago de las tasas aeroportuarias al de Spata,

d) la demora en el pago de la "Spatosimo", tasa para el desarrollo de los aeropuertos griegos, de un importe total de aproximadamente 47 millones de euros (16000 millones de dracmas griegas),

e) el impago o demoras considerables en el pago de deudas relativas al arrendamiento de instalaciones y a los derechos de aterrizaje en otros aeropuertos griegos distintos de los de Hellenikon y Spata,

f) la exención del ingreso del IVA sobre los combustibles y recambios destinados a la Olympic Aviation, lo que equivale a un beneficio financiero de 2,6 millones de euros,

g) el impago o demoras importantes en el pago de deudas relativas a las contribuciones a la seguridad social, al IVA del 8 % de las tarifas nacionales y a cantidades adeudadas a Olympic Catering.

3. LA DECISIÓN DE 6 DE MARZO DE 2002

3.1. Motivos para llevar a cabo la investigación

(40) Las contestaciones a dichas denuncias que las autoridades griegas presentaron el 19 de febrero de 2001, el 7 y el 11 de diciembre de 2001, así como el 12 de marzo de 2002, no acabaron por dispersar las dudas de la Comisión. En consecuencia, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal, contemplado en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado. Los dos motivos que han impulsado a llevar a cabo esta investigación son los siguientes:

1. La aplicación fraudulenta de las ayudas aprobadas mediante las Decisiones de la Comisión de 1994 y de 1998

(41) a) La inaplicación del plan de reestructuración: Es obvio que el plan de reestructuración que sirvió de base para la aprobación de 1998 no ha sido cumplido tal como estaba previsto. En particular, no se han efectuado los cambios estructurales en la organización de la compañía, teniendo en cuenta que las jerarquías de gestión continúan siendo fundamentalmente las mismas. El número de trabajadores ha sido reducido en un grado mayor del previsto en el plan de reestructuración (véanse puntos 11-17). No obstante, parece que esto corresponde a una cesión de actividades, anteriormente desempeñadas por OA, a sus empresas filiales. A pesar de la congelación de los salarios durante el periodo 1996-1997, la correspondiente reducción del coste de producción fue anulada en gran parte por el considerable aumento salarial efectuado en 1998.

(42) En este punto, cabe señalar que los objetivos del plan de reestructuración en los que estaba basada la Decisión de 1998 nunca se han alcanzado. Este hecho se debe a la situación financiera de OA, según se ha descrito anteriormente en la presente Decisión. Atendiendo a la información expuesta anteriormente, la Comisión mantiene reservas acerca de si la evolución de las cifras económicas y financieras de OA sigue el plan previsto para el periodo 1998-2002 que sirvió de fundamento para aprobar la concesión de ayudas a través de la Decisión de 1998. Teniendo en cuenta, particularmente, que la Comisión no ha recibido información alguna sobre los resultados de la compañía en el ejercicio 2000, ni estimaciones referentes al ejercicio 2001 de ningún tipo y a la vista de que Speedwing no logró establecer un plan de prioridades empresariales y de medidas de reestructuración apto para cumplir con los objetivos determinados en la Decisión de 1998, la Comisión mantiene dudas fundadas con respecto a la situación financiera actual de la compañía y considera que está lejos de cumplir con los objetivos especificados en el plan de reestructuración para los ejercicios 2000-2002.

(43) En contradicción con las condiciones fijadas en el apartado 2 del artículo 1 de la Decisión de 1998, no se ha presentado a la Comisión ningún informe sobre la aplicación del plan, ni en marzo, ni en octubre de 2000. La ausencia, además, de información y de datos contables fiables sobre los resultados de la compañía, no permiten a la Comisión comprobar debidamente el cumplimiento de esta condición fundamental, sin más investigación.

(44) Como se desprende de lo anterior, las previsiones financieras y presupuestarias que constituyeron la base del plan elaborado por el Estado griego y aprobado por la Comisión, han sido incumplidos de forma permanente. El seguimiento de la aplicación del plan de reestructuración ha confirmado la existencia de serias sospechas en cuanto a si la situación financiera y presupuestaria de OA sigue siendo compatible con los indicadores de explotación y financieros de dicho plan. Estas sospechas han adquirido tal magnitud que justifican que la Comisión vuelva a revisar su Decisión de 1998 desde el punto de vista de la correcta aplicación del plan de reestructuración.

(45) b) El incumplimiento de las condiciones y compromisos de las anteriores Decisiones.

La letra d) del artículo 1 de la Decisión de 1998 obligaba al Estado griego a garantizar que, a más tardar el 1 de diciembre de 1998, OA habría puesto en marcha un sistema de información sobre gestión adecuado y plenamente operativo (denominado en lo sucesivo "SIG"). Hasta la fecha, las autoridades griegas no han presentado a la Comisión el correspondiente informe sobre el SIG, ni han aportado información sobre el grado aplicación y resultados del mismo.

(46) La Decisión de 1998 obligaba al Gobierno griego a implantar un sistema de información de la gestión adecuado y plenamente operativo a más tardar el 1 de diciembre de 1998. El objetivo de la creación del SIG era permitir a los órganos gestores de OA recibir los datos necesarios para realizar un seguimiento de los resultados del plan de reestructuración y proceder a su modificación, si fuera necesario. Además, cabe señalar que de conformidad con el plan de reestructuración, que constituyó la base para la Decisión de 1998, el Estado griego tenía la obligación de elaborar balances consolidados de OA y sus empresas filiales. La obtención de los datos necesarios para la elaboración de los balances mencionados procederían de un SIG adecuado y plenamente operativo.

(47) La Comisión había subrayado la necesidad imperiosa de dicha medida, no sólo por el cumplimiento de la condición de la Decisión en sí, sino por los intereses de la propia compañía. La experiencia adquirida de los balances de 1997, descrita en el punto 26 anterior, demuestra claramente la dificultad de cumplir los objetivos especificados en un plan sin contar con un claro punto de partida. En general, los órganos gestores de una empresa sólo están capacitados para adoptar decisiones correctas con vistas al futuro, si han podido formarse a tiempo una imagen coherente, precisa y detallada de las acciones y los logros alcanzados o los fracasos experimentados en el pasado. Uno de los resultados de aplicar este tipo de mecanismo de gestión es que el conjunto de datos recopilados en los sistemas contables de una empresa, se somete con tiempo a una elaboración escrupulosa, se controla y sirve de referencia para los órganos gestores.

(48) La letra a) del artículo 1 de la Decisión de 1998 obliga a Grecia a cumplir los compromisos referidos en las letras a) a u) del artículo 1 de la Decisión de 1994. Para comprender mejor el marco jurídico en el que OA debería haber desempeñado sus funciones a partir de 1994 como cualquier otra empresa comercial con arreglo a las disposiciones del Derecho mercantil común, es oportuno recordar los siguiente: OA es una empresa pública que no forma parte de la Administración pública griega y que está sujeta a las disposiciones del Derecho privado y, en particular, a las disposiciones de la Ley griega n° 2190/1920, por la que se regulan la forma y el modo de funcionamiento de las sociedades anónimas de derecho privado ("sociedad anónima") Las sociedades en cuestión están sujetas a unas estrictas normas de publicidad. No obstante, de acuerdo con la información que obra en poder de la Comisión, a pesar de que OA estaba registrada con el núm. 422/01/B/86/423, sus estatutos no habían sido objeto de esta publicidad ni de cualquier otra.

(49) De conformidad con lo establecido por el artículo 25 de la Ley n° 2190/1920, la asamblea general de accionistas debe tener lugar en el plazo de seis meses a partir del cierre de cada ejercicio para deliberar sobre los datos de los balances de la sociedad del ejercicio anterior y aprobarlos. Además, de conformidad con el apartado 5 del artículo 43b de la misma ley, el consejo de administración de la sociedad anónima deberá publicar los balances de la sociedad correspondientes al ejercicio anterior como mínimo 20 días antes de la convocatoria de la asamblea general de accionistas No obstante, OA no publicó su balance del ejercicio 1999 hasta el 28 de diciembre de 2001. El 31 de marzo de 2001 el Consejero de administración y el Director general de la sociedad prepararon el balance y el 11 de diciembre 2001 fue sometido a auditoría. De estas fechas se desprende claramente que no se cumplieron las condiciones legales aplicables a cualquier otra sociedad anónima privada. Sin perjuicio de cualquier otra medida que la Comisión decida adoptar con respecto a esta situación en aplicación del apartado 1 del artículo 3 y del apartado 6 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2407/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas(6), este asunto tiene especial importancia para la posición competitiva en el mercado de OA y sus competidores, teniendo en cuenta que en las conclusiones de los auditores sobre el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999, se destaca el hecho de que los fondos propios de la sociedad habían disminuido en más de un 50 % del capital social. De hecho, como puede verse en el ejercicio 1999, los fondos propios (33699706104 dracmas griegas o 98,89 millones de euros) apenas llegan a un 27,8 % del capital social (120947970000 dracmas griegas o 354,94 millones de euros). De conformidad con el artículo 47 de la Ley n° 2190/1920, dicha situación tiene como consecuencia que el consejo de administración está obligado a convocar la junta de accionistas para decidir sobre la disolución de la sociedad o la adopción de otras medidas para la recuperación financiera de la sociedad.

(50) Este aspecto particular conduce a otras serias dudas. Por lo tanto, resulta necesario el examen de las condiciones en las que OA y sus empresas filiales han podido continuar desarrollando sus actividades después de 1999 sin adoptar medidas de reestructuración y en contra de las disposiciones previstas por el Derecho mercantil común. La Comisión recuerda que esta situación, además de constituir una vulneración de los compromisos y las condiciones especificadas en las Decisiones anteriores, puede implicar un elemento de ayuda estatal (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, asunto C-480/98, Magefesa).

(51) Lo mismo puede decirse(7) en relación con el estatuto jurídico y fiscal de OA, así como con la situación de los pagos de sus deudas con el Estado griego. De estos datos se desprende que la compañía ha podido, al menos a partir de 1999, continuar desarrollando sus actividades sin cumplir sus obligaciones fiscales y de seguridad social, ni sus obligaciones en cuanto al pago de tasas aeroportuarias, cánones, arrendamientos y cargas a los diferentes aeropuertos griegos y al propio Estado griego.

(52) La situación actual en lo que se refiere al impago o a la demora en el pago de las tasas aeroportuarias pendientes, impuestos, arrendamientos, cánones y demás contribuciones a los aeropuertos griegos y al Estado griego suscitan dudas acerca de si OA ha recibido nuevas ayudas estatales, contrarias a la Decisión de 1998 y que, obviamente, falsean la competencia entre las compañías aéreas que explotan líneas con Grecia como punto de partida o destino.

(53) En concreto, la Comisión llama la atención de las autoridades griegas sobre la situación especialmente difícil de los competidores de OA. En este contexto, cabe mencionar, en particular, el caso de la empresa Axon Airlines, aunque otros competidores como Cronus Airlines y Aegean Airlines también están atravesando grandes dificultades que en parte parecen estar motivadas porque desde el punto de vista jurídico y financiero, el tratamiento que OA recibe por parte del Estado griego no es imparcial. Por este motivo, parece probable que la situación actual de OA en relación con la liquidación de su deuda con los aeropuertos griegos y el Estado griego constituya una ayuda económica contraria al interés común.

(54) El estatuto jurídico y fiscal de OA. En virtud de una serie de leyes, OA está sujeta a la supervisión y el control directos de los Ministerios, que han establecido sus derechos y obligaciones en expresa divergencia de las leyes mencionadas. Además, mediante las disposiciones de otras leyes griegas OA se beneficia de ventajas fiscales exclusivas, que no son aplicables a las sociedades anónimas de derecho privado o a sociedades mercantiles del tipo que sean.

(55) Dichas normas parecen ser contrarias al compromiso adquirido por el Estado griego de garantizar que:

a) desde el punto de vista de la gestión y del estatuto legal [parte VII y letras a) y c) del artículo 1 de la Decisión de 1994], OA cambiaría su estatuto fiscal de sociedad anónima pública para convertirse en una empresa de Derecho común en las mismas condiciones que las demás compañías aéreas comunitarias sin privilegios u obligaciones especiales,

b) no intervendría en la gestión de OA, excepto dentro de los límites estrictos de su estatuto de accionista [letra b) del artículo 1 de la Decisión de 1994],

c) adoptaría inmediatamente la legislación necesaria para aplicar de manera efectiva el plan de reestructuración en sus aspectos salarial, social y financiero [letra f) del artículo 1 de la Decisión de 1994].

Las disposiciones legales controvertidas son las siguientes:

(56) Ley 2271/94 y Ley 2602/98. Según determinó la Comisión en su Decisión de 1998, la letra a) del apartado 12 del artículo 2 y el artículo 4 de la Ley 2271/94, cuyo objetivo es la aplicación del plan de reestructuración de OA, no eran comparables a las disposiciones aplicables a una empresa privada en materia de gestión de personal. Además, la Comisión consideró que, en virtud de lo dispuesto por el apartado 4 del artículo 4 de la Ley 2271/94, OA y sus filiales continuaban ligadas, en la práctica, a la condición de empresa de derecho público en materia de contratación de personal.

(57) Particularmente, en lo que se refiere al sistema de contratación de personal, la Comisión tuvo en cuenta en su Decisión de 1998 las regulaciones previstas por la Ley 2190/94 en relación con las empresas públicas y las empresas de Derecho público pertenecientes al sector público. Las únicas exenciones previstas se encuentran en la letra i) del apartado 2 del artículo 14 de la citada ley y se refieren a los pilotos de OA.

(58) Por lo demás, la Comisión en dicha Decisión suya (punto 66) constata: "el complicado procedimiento administrativo establecido [...] al personal fijo se adecua a una gestión flexible del personal ya que normalmente se planifica por adelantado cuánto personal de este tipo se necesita". Las correspondientes disposiciones de la Ley 2271/94 se complementan con la Ley 2602/98 que se refiere al perfeccionamiento de la aplicación del plan de reestructuración de OA. En el apartado 2 del artículo 3 de dicha ley, se especifica que todas las categorías de personal (personal de vuelo, personal técnico, personal de asistencia en tierra) se rigen por las disposiciones de la Ley 2190/94.

(59) Al parecer, la flexibilidad aplicada con respecto a la contratación de personal de vuelo (y pilotos) en el pasado había sido derogada. Además, no resulta claro si las regulaciones de la Ley 2527/97 que, según se mencionaba en la Decisión de 1998, regulaban el procedimiento específico de contratación de personal estacional de OA, habían sido expresamente derogadas por las disposiciones de la Ley 2602/98. Parece ser que este era el caso ya que en esta última ley no se excluye expresamente el personal estacional de la aplicación de la Ley 2190/94 sobre las empresas públicas y las de Derecho público pertenecientes al sector público, con el objetivo ulterior de seguir manteniendo la flexibilidad a la hora de contratar personal estacional.

(60) Asimismo, cabe señalar que la gestión de OA no estaba sujeta a las regulaciones de la Ley 2190/94, de conformidad con lo especificado en el artículo 2 de la Ley 2608/98 que incluye el Estatuto de los trabajadores de OA (apartado 3 del preámbulo). No obstante y dado que OA constituye una empresa de utilidad pública conforme a lo dispuesto por la Ley 2414/96, según se explica a continuación, sus órganos gestores y, en concreto, el consejero de administración y el presidente del consejo de administración, el director general, los consejeros generales y los consejeros jurídicos son designados por el gobierno. Teniendo en cuenta estos aspectos, los términos de contratación de personal aplicados por OA se alejan aún más de las prácticas consolidadas del derecho privado común que se aplican en las empresas privadas o en las sociedades anónimas de Derecho privado.

(61) La Ley 95/76. Según se especifica en el apartado 2 del artículo 3 de la citada ley, los créditos que ostenta el Banco de Grecia contra OA en relación con los préstamos concedidos por el Estado a OA desde el 1 de enero de 1975 deberán ser considerados créditos contra el Estado y, en consecuencia, pueden ser compensados por cualquier otro crédito que OA pudiera ostentar contra el Estado.

(62) En el apartado 3 del artículo 3 de la citada ley se especifica que las obligaciones contractuales asumidas por OA en relación con el traspaso de cualquier elemento de sus activos, bienes inmuebles o patrimoniales y, en particular, sus aeronaves, motores, helicópteros, etc., así como cualquier otro acto notarial quedan exentos de todo tipo de tasa notarial o de registro. En el apartado 2 del artículo 4 de esta ley se especifica que mediante acto del Consejo de Ministros griego puede decidirse, por derogación de las disposiciones de la legislación griega aplicables en estos casos, el traspaso de las acciones de OA al Hellenic Bank of Industrial Development ("ETBA"). En el apartado 3 del artículo 4 de la ley se determina que OA está sometida en cualquier caso a la supervisión y al control del Ministro de Transportes y Comunicaciones. El ámbito de aplicación de dicha disposición es enormemente amplio cubriendo cualquier actividad o aspecto de la gestión de OA. Constituye, pues, una de las diferencias más importantes entre una empresa como OA y cualquier otra sociedad anónima de derecho privado o público. Según está previsto en el apartado 4 del artículo 4 de la ley, quedan exentas de todo impuesto, tasa o contribución todas las transacciones contractuales ocasionadas para el traspaso de cualesquiera de los elementos del activo o de cualquier otro bien patrimonial de OA a cualquier entidad del derecho privado o público. En el apartado 2 del artículo 6 de la ley se especifica que "el pago en efectivo de los gastos de manutención (dietas por comidas) al personal de Olympic Airways que trabaja en los aeropuertos no forma parte de sus ingresos, ni está sujeto a cotizaciones al Instituto de la Seguridad Social ni a otros organismos de seguro". Este aspecto concreto también fue denunciado ante la Comisión por la AHCA el 12 de octubre de 2000. Tal como reza el último caso del apartado 3 del artículo 6 cualquier reevaluación de los bienes patrimoniales de OA con el subsiguiente reajuste del valor quedará exenta de todo impuesto o tasa.

(63) La Ley 2414/96. El objeto de esta ley es "la modernización de las empresas y los organismos públicos y otras disposiciones". En dicha ley, OA y todas sus empresas filiales figuran en la relación de "empresas públicas" a las que se aplica esta ley y son calificadas "de utilidad pública" ("DEKO", en griego). La mayoría de las empresas sujetas a las disposiciones de esta ley ya son sociedades anónimas de derecho privado. Las empresas que aún no forman parte de las sociedades anónimas deberán transformarse en sociedades de este tipo en virtud del artículo 2 de la citada ley.

(64) Sin embargo, las regulaciones de la ley arriba citada, que también son aplicables a OA, divergen claramente de las disposiciones equivalentes aplicables a las sociedades anónimas comunes de Derecho privado. Las DEKO son consideradas empresas que ofrecen servicios de utilidad pública, por lo que la intervención del Gobierno griego en la gestión y el funcionamiento general de dichas empresas es más pronunciada. Además, no existe un marco legal fijo que las rija. En consecuencia, el ámbito de intervención estatal puede ser variopinto.

(65) Con excepción de los artículos 14, 19 y 20, que no tienen aplicación a OA, todos los demás artículos de la ley arriba citada (en total son 24 artículos) representan divergencias importantes de las disposiciones de la Ley 2190/1920. El Estado griego, como accionista exclusivo de OA tiene, por una parte, la posibilidad de nombrar y destituir en cualquier momento a los miembros del consejo de administración de OA, al igual que en las sociedades anónimas privadas del Derecho común, en las que el consejo de administración es designado por la asamblea general de accionistas. Por otro lado, de conformidad con las disposiciones aplicables a las DEKO, el Estado tiene la posibilidad de intervenir de facto, por lo que OA está obligada a seguir unos procedimientos distintos en la designación de los miembros de su consejo de administración y en los procedimientos de toma de decisiones. Su consejero de administración, concretamente, es nombrado por el Estado como representante suyo, con la posibilidad de ser además presidente del consejo de administración de la sociedad. Asimismo, las DEKO, a diferencia de las sociedades anónimas privadas comunes, disponen de un órgano adicional, el consejo de dirección, con el principal deber de encargarse de la coordinación de las políticas aplicadas por la empresa con las políticas gubernamentales. Además, las DEKO (y, por consiguiente, también OA) disfrutan de un acceso preferente a los programas de financiación estatal para la realización de proyectos de interés nacional, comunitario o internacional.

(66) La Comisión opina que estas medidas especiales que se aplican a OA, suscitan dudas en cuanto a su compatibilidad con el compromiso mencionado anteriormente que el Estado griego había asumido. En particular, teniendo en cuenta que en la letra c) del artículo 1 de la Decisión de 1994 se mencionaban las exenciones tributarias relacionadas con la recapitalización y la reorganización de OA, en la medida que estas representan una consecuencia directa del plan de reestructuración. Considerando que estas confieren a OA unas ventajas financieras exclusivas constituyen también nuevas ayudas. Las medidas establecidas por las Leyes 75/96 y 2414/96 van más allá de la disposición de la Decisión de 1994. Además, demuestran claramente que OA aún no ha adoptado el estatuto de empresa privada o sociedad anónima privada de Derecho común, incumpliendo lo dispuesto en las letras a), b) y f) del artículo 1 de la Decisión de 1994.

2. Inicio del procedimiento referente a las nuevas ayudas ilegales

(67) La Comisión considera que las siguientes medidas, aparte de constituir posibles infracciones de las Decisiones anteriores, muy probablemente son asimismo ayudas estatales:

a) La tolerancia que las autoridades griegas muestran con respecto a la aplicación de la normativa legal del Derecho mercantil común a OA (Leyes 2190/1920, 2271/94, 2602/98, 95/76 y 2414/96).

b) La tolerancia que las autoridades griegas muestran en lo que se refiere al impago o a la demora del pago de las cotizaciones a la seguridad social y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de OA.

c) La tolerancia que Grecia muestra en lo que se refiere al impago o a la demora del pago de las diversas tasas aeroportuarias.

d) Las exenciones de impuestos, tasas notariales o de registro para las transacciones de OA.

e) La posibilidad de que las deudas contraídas por OA con el Estado o con los aeropuertos, incluida la "Spatosimo", se compensen de forma opaca:

i) El hecho de que mediante las regulaciones del Decreto presidencial 138/97 se impone a OA la obligación de pagar las tasas aeroportuarias y que no quede exenta del pago de todo tipo de arrendamientos y demás cargas, contribuciones o tasas por el uso del espacio en los aeropuertos griegos, no implica por sí mismo que OA realmente esté cumpliendo su obligación de pagar las cargas, tasas, derechos y contribuciones correspondientes. De hecho, las autoridades griegas habían admitido en sus observaciones a la Comisión en relación con la denuncia de la AHCA que OA se había retrasado en los pagos y que había solicitado la compensación de su deuda con los créditos que ostentaba frente al Estado.

ii) Este mismo argumento tiene fundamento en relación con la mutua compensación de la deuda de OA y el Estado griego, tal como fue llevada a cabo en virtud de las disposiciones de la Ley 2733/99. Hay que subrayar que dicha compensación de deudas no se considera incompatible con los artículos 87 a 89 del Tratado. Sin embargo, con esta medida peculiar, los datos sobre la deuda acumulada por cada parte no son aportados de manera objetiva, clara, transparente, neutra y sin discriminaciones. Por consiguiente, se plantean serias dudas acerca de la forma en la que fueron calculadas las cantidades a las que se refiere la compensación. Existen serias dudas relativas a la compatibilidad del método de cálculo de las cantidades compensadas en virtud de las regulaciones de la Ley 2733/99, es decir, el importe de 9862639493 de dracmas griegas (28,9 millones de euros), que representa la cantidad adeudada pendiente hasta el 31 de diciembre de 1998, y que parece incluir también los cargos que OA debe abonar por la demora en los pagos de tasas aeroportuarias y arrendamientos hasta el 31 de mayo de 1999.

iii) Además, existen dudas fundadas con respecto a las condiciones de pago de las tasas aeroportuarias al aeropuerto internacional de Atenas, así como en relación con el pago de la tasa para el desarrollo del aeropuerto, la denominada "Spatosimo". La Comisión expresa su especial preocupación por la afirmación realizada por parte de las autoridades griegas incluida en sus observaciones remitidas en relación con la denuncia suplementaria, de que OA ha pedido la compensación de la cantidad de 15 millones adeudada en concepto de impuestos atrasados ("Spatosimo"), así como de las cantidades pendientes de pago en concepto de tasas aeroportuarias y arrendamiento de instalaciones de otros aeropuertos griegos. Teniendo en cuenta que OA es la mayor entidad de explotación en todos los aeropuertos griegos, el impago de las cargas y arriendos arriba enumerados priva a estos aeropuertos de unos ingresos importantes teniendo como resultado que la competencia entre las compañías aéreas que utilizan dichos aeropuertos se desvirtúe en gran medida.

iv) Parece ser que el Estado griego tolera a OA el retraso en el pago de tasas aeroportuarias, impuestos, contribuciones y demás cargas que ésta debe al aeropuerto y al propio Estado, precisamente porque no ha saldado completamente con OA la cantidad de compensación arriba mencionada. En este sentido, el hecho de que el Estado griego pague a OA cualquier tipo de cantidad acordada o incluso las cantidades actualmente pendientes de pago por la pérdida de inversiones en el aeropuerto de Hellenikon, suscita dudas con respecto a la compatibilidad de estos pagos. En relación con este asunto hay que mirar con atención las alegaciones de las autoridades griegas incluidas en sus observaciones referentes a la denuncia suplementaria presentada por la AHCA.

f) La concesión de la licencia de explotación del servicio de abastecimiento de combustible a una filial de OA sin licitación previa y las condiciones de precio aplicadas. En cuanto al servicio de abastecimiento de combustible, hay dos aspectos que parecen preocupantes: OA es el mayor accionista (66 %) de Olympic Fuel Company (denominada en lo sucesivo "OFC"). El Estado griego seleccionó a OFC en una licitación en la que se presentaron ofertas para la construcción y explotación del servicio de abastecimiento de combustible en el aeropuerto de Spata. Se observan unas divergencias considerables entre el coste final y el coste previsto de dicha instalación. Existen serias dudas acerca de si las cantidades facturadas por OFC en concepto de tasas de abastecimiento de combustible para recuperar el importe de dicha inversión reflejan simplemente las diferencias entre los tipos de cambio o si también contienen elementos de ayuda estatal.

g) El préstamo de 19,5 millones de euros concedido por un banco comercial público (el Commercial Bank of Greece) a cambio de la cesión de OA a este banco de sus créditos contra el Estado griego por un valor de 22 millones de euros en concepto de billetes no pagados.

(68) Al iniciar el procedimiento, la Comisión emitió un "requerimiento de información" de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE(8), referente a toda la información necesaria para decidir sobre el posible incumplimiento de las condiciones y compromisos incluidos en la Decisión de 1998, sobre la aplicación del plan de reestructuración conforme a la Decisión anteriormente citada y sobre la presunta nueva ayuda ilegal, comentada anteriormente. Esta información debe incluir todos los datos pertinentes y en concreto:

a) los balances económicos auditados de los ejercicios 2000 y 2001,

b) la utilización de las garantías crediticias previstas en la Decisión de 1998 para la compra de aeronaves y el traslado de Olympic Airways al aeropuerto de Spata,

c) la relación de todos los casos de financiación o de gestión del arrendamiento de aeronaves explotados por Olympic Airways y sus filiales en el aeropuerto de Spata,

d) todos los datos relacionados con la introducción de la política de gestión del rendimiento y del plan,

e) todos los datos relacionados con el traslado de todas las actividades de Olympic Airways al aeropuerto de Spata,

f) los informes sobre la aplicación del plan de reestructuración, que deberían haberse presentado en marzo y octubre de 2000 respectivamente,

g) la relación y todos los detalles del pago de la "Spatosimo" por parte de Olympic Airways y del IVA adeudado por la sociedad y sus filiales, las tasas aeroportuarias de Hellenikon y de Spata, así como todos los arrendamientos, tasas, contribuciones y exacciones pagaderas al aeropuerto de Hellenikon, al de Spata y a todos los demás aeropuertos griegos desde 1998 hasta la fecha,

h) todos los datos pertinentes y, en concreto, detalles exactos y condiciones de pago, en relación con la garantía crediticia por valor de 19,5 millones de euros concedida en febrero de 2002 por el Estado griego (Commercial Bank of Greece) a OA para cubrir costes de explotación.

(69) Las autoridades griegas respondieron el 11 de abril. A pesar de que los datos aportados eran muy densos, seguían faltando los balances auditados de los ejercicios 2000 y 2001, así como los informes sobre la aplicación del plan de reestructuración, que deberían haberse elaborado en marzo y octubre de 2000 respectivamente. Mediante la misma carta, Grecia comunicó a la Comisión que se había iniciado el nuevo procedimiento de privatización de OA.

3.2. Requerimiento de información

(70) Como consecuencia de lo anterior, la Comisión emitió un segundo requerimiento de información el 9 de agosto de 2002. Con este requerimiento pedía a las autoridades griegas:

a) Que aportasen los datos ya solicitados mediante la Decisión de 6 de marzo de 2002, es decir:

i) Los balances auditados de los ejercicios 2000 y 2001.

ii) Los detalles e importes exactos del pago de los costes de explotación no atendidos por OA en 2001(9) (desglosando con más detalle las tasas del ejercicio 2001, por una parte, y las tasas acumuladas en los ejercicios anteriores, por otra), así como el plan de liquidación de dichas deudas a partir del 1 de enero de 2002.

b) Que aportasen los siguientes datos adicionales:

i) Los detalles e importes exactos de todas las deudas pendientes con todo tipo de entidades de crédito y con terceros, así como el plan de liquidación de dichas deudas(10).

ii) Los datos económicos concretos de Olympic Airways correspondientes al primer semestre de 2002, acompañados por un análisis objetivo de los datos que permitirían que la compañía fuera viable en el ejercicio 2002. Este análisis debía estar auditado y certificado por un consultor independiente.

iii) Las disposiciones legales por las que fue modificada la Ley 2414/96 y el apartado 2 del artículo 3, apartado 3 del artículo 3, apartados 2 a 4 del artículo 4, apartado 2 del artículo 6, apartado 3 del artículo 6 de la Ley 95/76, cuya meta objetiva era permitir a Olympic Airways actuar realmente como una sociedad anónima de Derecho privado, independientemente de cualquier tipo de influencia estatal, salvo aquella ejercida como consecuencia de la condición de accionista del Estado griego.

(71) El Gobierno griego remitió su respuesta el 1 de octubre de 2002 solicitando a la Comisión que se celebrara una reunión sobre este asunto. Sin embargo, en la información aportada a la Comisión seguían faltando los balances auditados del ejercicio 2001. El análisis del ejercicio 2002, acompañado por el certificado de un consultor independiente fue remitido el 14 de noviembre de 2002.

4. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES GRIEGAS

(72) La Comisión quiere subrayar que los datos aportados por Grecia en contestación a la apertura del procedimiento y a los dos requerimientos de información y, en concreto, los de sus cartas de 11 de abril de 2002 y de 1 de octubre de 2002, así como los datos aportados con ocasión de la reunión celebrada el 16 de octubre, a menudo fueron entregados con retraso y de forma incompleta. En opinión de las autoridades griegas, los hechos, en primer lugar, con respecto al empleo fraudulento de las ayudas concedidas en 1994 y en 1998 y, en segundo lugar, con las nuevas ayudas ilegales concedidas, eran los siguientes:

1. Aplicación fraudulenta de las ayudas concedidas mediante las Decisiones de la Comisión de 1994 y de 1998

a) El incumplimiento del plan de reestructuración

(73) De acuerdo con lo destacado por las autoridades griegas, los resultados de 1997 superaron incluso las previsiones más pesimistas. Además, en 1998, a causa de las huelgas, de la crisis financiera, la carencia de aeronaves, así como la jubilación de un gran número de personal, no fue posible alcanzar los objetivos fijados para el año y, en particular, los objetivos en materia de productividad. A pesar de todo, se hicieron esfuerzos en este sentido [estricta gestión presupuestaria, implantación del plan especial de vuelos para clientes habituales (Frequent Flyer Programm), avances en la elaboración del sistema de información sobre la gestión]. El 18 de noviembre de 1999, Speedwing presentó su nuevo plan de reestructuración. Pero debido al desacuerdo con el consultor nombrado por la Comisión, la empresa Deloitte & Touche, este plan no llegó a aprobarse nunca. El procedimiento de privatización se inició en 2000. Paralelamente, los órganos gestores de OA procedieron a la racionalización de las operaciones de OA (recortes de personal y de gastos, etc.).

(74) Durante la reunión celebrada el 16 de octubre en Bruselas entre los responsables de la DG Energía y Transportes y los representantes del Estado griego, acompañados por los representantes de OA, se informó de que OA había registrado un progreso sustancial desde la fecha de asunción del cargo de los nuevos órganos de gestión, en verano de 2000, tanto con respecto al recorte de gastos, como en materia de medidas de optimización de los costes.

(75) De esta forma, la cuota del mercado nacional controlada por Olympic Airways durante el primer semestre de 2002 ascendía a un 57 %, frente al 53 % del mismo periodo en 2001. Su cuota en el mercado internacional ascendía a un 25,2 %, frente al 22,6 % de 2001. El coeficiente de ocupación en el conjunto de la red ascendió al 63,7 % durante la primera mitad de 2002, en comparación con el 60,84 % del mismo periodo en 2001.

(76) A pesar de este progreso en el aspecto económico de sus actividades, la compañía aérea nacional de Grecia seguía registrando pérdidas. Los beneficios antes de intereses, los impuestos y la amortización de los activos (en lo sucesivo: EBITDA, Earnings Before Interest Taxes and Depreciation of Assets) condujeron a una pérdida total de -132 millones de euros en 2000. Según OA, estos resultados se debían al cambio de los cargos directivos, aunque también al aumento del tipo de cambio del dólar estadounidense y a los precios del petróleo. De acuerdo con los datos aportados en las estimaciones, las pérdidas del año 2001 ascienden a -149 millones de euros (una cifra provocada principalmente por el traslado a Spata, hecho que aumentó el coste de explotación de los aterrizajes en un 1000 %). Según se desprende de las primeras estimaciones realizadas por los órganos gestores de OA para el año 2002, la compañía presenta un EBITDA positivo de 11 millones de euros.

(77) De hecho, en el nuevo informe de Deloitte & Touche presentado por Grecia se señalan los avances recientes de la compañía con respecto a los resultados de explotación y financiero. En el informe se destaca, sin embargo, que según los escenarios tenidos en cuenta, el EBITDA seguirá oscilando entre -10 y -58 millones de euros y que el escenario "más probable" es que se produzca una pérdida de -39 millones de euros. Las diferencias se deben principalmente a que en dichas estimaciones se excluyeron los ingresos, pero, según el informe, también se deben al impacto negativo que el coste de personal ha tenido comparado con los objetivos del plan y que conduce a una carga de 7,4 millones de euros. Deloitte explica que este impacto negativo puede estar relacionado con la productividad del personal, que sigue siendo insatisfactoria. Básicamente "la productividad del personal, al menos, comparada con la productividad del ejercicio 2000 en ADK (asientos disponibles por kilómetro), ha bajado en un 5,7 %".

(78) Si se tienen en cuenta todos los costes de explotación (es decir, la amortización de los activos y las cantidades destinadas al pago de intereses), el resultado de explotación aportado por los órganos gestores de OA presentará una pérdida de -41 millones de euros. En su resumen Deloitte & Touche aporta cifras aún más bajas, con pérdidas que oscilan entre -63 y -111 millones de euros, partiendo de que el escenario más probable ascendería a -92 millones de euros. A pesar de que estas estimaciones tienden a mostrar una mejora en comparación con los resultados de explotación de los ejercicios anteriores (en 2001: -194 millones de euros y en 2000: -164 millones de euros), en cualquier caso, siguen siendo negativos.

(79) Además de esto, las cuentas de pérdidas y ganancias incluyen un resultado extraordinario de aproximadamente 60 millones de euros para el ejercicio 2002 (57 millones de euros para el año 2001 y 69 millones de euros para el ejercicio 2000), que permitirían a la compañía, según sus propias previsiones, registrar un beneficio neto de 18 millones de euros para el ejercicio 2000. Partiendo del resultado de explotación estudiado por Deloitte, el resultado neto seguiría constituyendo una pérdida que oscilaría entre -3 y -50 millones de euros presumiblemente, con el escenario más probable presentando una pérdida de -31 millones de euros, de acuerdo con las expectativas de los órganos gestores. OA comunicó a la Comisión que dichos ingresos provendrían de la siguiente fase de venta de aeronaves, del sistema Galileo Hellas, de Olympic Catering, etc. Estas posibles medidas no han sido cuantitativamente especificadas en el informe de Deloitte y se citan únicamente como expectativas de la Dirección. Por otro lado, el Consejero tiene en cuenta que posiblemente OA necesite crear un fondo de provisiones, por lo que surgen gastos adicionales por un importe de -23,5 millones de euros, para cubrir las sanciones e intereses de demora sobre los pagos al Estado griego pendientes de liquidación, según el informe.

(80) En su balance, la compañía registra a partir de finales de 2001, un capital social negativo de -136 millones de euros. En su nuevo informe, Deloitte no hace ningún comentario con relación a este dato.

(81) A la vista de estos últimos progresos, las autoridades griegas consideran que se ha registrado un avance en el proceso de reestructuración de la empresa. La Comisión, por lo tanto, no debe evaluar esta cuestión insistiendo con actitud formalista en el plan inicialmente aprobado.

(82) En cuanto a la omisión de presentar informes en marzo y octubre de 2000, las autoridades griegas consideraban que podrían haber presentado un solo informe basado en el informe correspondiente de Speedwing. Sin embargo, dado que resultó evidente que los resultados obtenidos de la aplicación del plan hasta el verano de 2000 no fueron satisfactorios comparados con el calendario de reorganización de OA previsto (incumplimiento de los objetivos con respecto a los ingresos, aumento de los costes), el Gobierno griego opinó que debería hacerse una valoración realista de la situación que la compañía estaba atravesando (es decir, partir del informe de PriceWaterhouseCoopers) antes de que se aprobara la decisión correspondiente sobre la reorganización. En este contexto, las autoridades griegas consideraron correcto informar a la Comisión inmediatamente después de concluir la labor de evaluación y comprobación de los hechos.

(83) Resumiendo, Grecia insistió en las observaciones que remitió el 21 de noviembre de 2002, donde argumentaba que el proceso de reestructuración se había encontrado con "obstáculos insuperables". En primer lugar, OA tuvo que desarrollar sus actividades siempre bajo condiciones de perturbación dados los diversos cambios realizados en el ámbito de la gestión. En segundo lugar, nunca ha habido una oportunidad de aplicar en su totalidad ninguno de los planes de reestructuración. En tercer lugar, la Comisión se había retrasado en el abono de las ayudas aprobadas. En concreto, no fue aprobado el pago del último tramo de 7800 millones de dracmas griegas (22,9 millones de euros) impidiendo así que la labor de reestructuración diera sus frutos. En cuarto y último lugar, determinados factores externos de crucial importancia (por ejemplo, los sucesos del 11 de septiembre, el traslado a Spata, el declive del mercado de transporte aéreo, etc.) tuvieron una influencia negativa sobre los resultados de OA.

b) El incumplimiento de las condiciones y compromisos de las anteriores Decisiones

(84) Letra d) del artículo 1 de la Decisión de 1998 referente al SIG (sistema de información sobre la gestión). Según las autoridades griegas, al imponer el 1 de diciembre de 1998 como plazo para la aplicación del SIG, la Decisión de 1998 en el fondo exigía a OA que pusiera este sistema en funcionamiento en un periodo de cuatro meses. Esta exigencia se consideró poco realista para una empresa que estaba obligada a aplicar este sistema partiendo de cero.

(85) La letra a) del artículo 1 de la Decisión de 1998 obliga a Grecia a cumplir los compromisos referidos en las letras a) a u) del artículo 1 de la Decisión de 1994. En general, las autoridades griegas consideran que las condiciones citadas habían sido cumplidas en su totalidad en el marco de la Decisión de 1998. De hecho, constituían la condición previa para la aprobación de dicha Decisión. En este contexto, una de las principales cuestiones de controversia por la que fue emitida la Decisión de 1998 había sido la aplicación a OA de las disposiciones del Derecho mercantil común. Este hecho fue publicado en el Diario Oficial griego n° 4518 de 15 de junio de 2000, en la medida que afectaba a los estatutos de OA. En relación con el artículo 47 de la Ley n° 2190/1920, el Gobierno griego llama la atención de la Comisión sobre el hecho de que en su condición de accionista exclusivo no pudo convocar una asamblea para la disolución de la sociedad. En contrapartida, tomó la decisión de proceder a la privatización de la compañía, teniendo en cuenta además que el último tramo de aportación de capital de 7800 millones de dracmas griegas aún no había sido liberado. La demora en la presentación de los balances de 1999 se debía al hecho de que OA se veía forzada a crear una buena base para tomar sus futuras decisiones, ya que no podía seguir confiando en las mejores estimaciones posibles. El ejercicio 1999 fue elegido para sentar esta base. A pesar de esto, Grecia insiste en que evidentemente los órganos gestores disponían de los datos presupuestarios necesarios antes de que se efectuara la auditoria.

(86) En lo que concierne al estatuto jurídico y fiscal, el Estado griego alega que la Ley 2271/94 ha sido derogada o modificada de conformidad con las indicaciones de la Comisión, puesto que la aprobación concedida por la Decisión de 1998 estaba vinculada al cumplimiento de este requisito. Por lo demás, la Ley 2602/98 no derogó la Ley 2527/97, por la que se establece el procedimiento especial de contratación que se aplica a OA. Esta última ley, promulgada en marzo de 1998, fue sometida a un examen exhaustivo por la Comisión antes de aprobar la Decisión de 1998 y contó con su aprobación. Las mismas alegaciones se hacen en relación con la Ley 2414/96, cuyas disposiciones en su mayoría quedaron obsoletas con la entrada en vigor del artículo 1 de la Ley 2602/98 antes de ser aprobada la Decisión de 1998. La aplicación de la Ley 2414/96 a OA fue oficialmente derogada antes de que se promulgara la decisión interministerial de privatizar la compañía. La Ley 2602/98 fue exigida como condición previa para la Decisión de 1998. Según las autoridades griegas, está completamente en línea con las condiciones impuestas por las Decisiones de 1994 y de 1998 referentes a la introducción de las medidas legislativas necesarias a fin de poner en práctica el plan.

(87) En lo que se refiere a la Ley 95/76, las autoridades griegas subrayan que en el artículo 1 de la Decisión de 1994 se pide a las autoridades griegas que revoquen el artículo 6 en la medida que éste afecta a las garantías crediticias para préstamos contraídos por Olympic Airways. Las autoridades griegas no fueron obligadas a revocar el segundo apartado del artículo antes citado. Esto explica por qué no hubo ninguna demanda correspondiente en 1996 durante el procedimiento de investigación. Mediante la Ley 2602/1998 (apartado 3 del artículo 1) las dietas por comidas que se pagaban a la totalidad del personal de vuelo han sido prácticamente abolidas y se han reducido al 10 % del salario mensual bruto para el resto de los trabajadores de OA. Por lo tanto, la exención de las cotizaciones a la seguridad social equivalente a este 10 % del sueldo mensual del personal de asistencia en tierra es insignificante. Si la Comisión siguiera considerando que esta ley es incompatible con el Derecho comunitario, incumbe a este mismo órgano europeo proponer la adopción de medidas aptas para modificarlo, ya que la Ley 96/75 fue anterior a la adhesión.

(88) Las autoridades griegas consideran que en general "el hecho de que se produzcan retrasos o excepciones en la aplicación del plan de reestructuración en sí no es motivo suficiente para calificar las ayudas concedidas de fraudulentas". El Estado griego es de la opinión que los datos arriba indicados no constituyen una prueba de que las condiciones de la Decisión se hayan incumplido. Por lo demás, siempre cabe la posibilidad de modificar el plan de reestructuración.

2. La concesión de nuevas ayudas ilegales

(89) A. La tolerancia que muestra el Estado en materia de aplicación de la normativa habitual del Derecho mercantil a OA. Las autoridades griegas rechazan categóricamente estas acusaciones. Desde su punto de vista, las medidas concretas en debate no pueden considerarse medidas de ayuda estatal, aunque pueden ser valoradas en el marco de la investigación en curso en cuanto a si cumplen las condiciones impuestas. En las circunstancias actuales, no puede establecerse ninguna relación causal entre el retraso en la publicación de los balances de OA del ejercicio 1999 y la capacidad de la empresa de sobrevivir más allá de 1999. En lo que concierne a la presunta ayuda prestada a OA al tolerar el impago o la demora de los pagos, las autoridades griegas se remiten al mal funcionamiento de la administración griega que no dispone de medios e infraestructuras modernas y eficaces. Sin embargo, tanto la práctica legislativa, como la administrativa es de aplicación general sin establecer distinciones a favor de OA.

(90) El asunto Magefesa no es aplicable al presente caso, dado que las autoridades griegas, según su propia opinión, han agotado todos los mecanismos legales disponibles para garantizar el pago de las cantidades adeudadas. Este trato de OA no implica distinción alguna, puesto que es idéntico a la práctica empleada en cualquier caso parecido. Además, los competidores de OA también tienen deudas pendientes con el Estado (por un importe de ± 1500 millones de dracmas griegas) y algunos de ellos tienen la intención de liquidar la deuda pendiente con el aeropuerto de Spata de la misma manera que OA. Aun en el supuesto de que existiera un número muy limitado de disposiciones legales que siguieran siendo aplicadas a OA, no concurre ningún elemento de ayuda financiera a OA, por lo que no media ayuda estatal alguna en el sentido del artículo 87 del Tratado CE. En cuanto a los competidores de OA, las autoridades griegas no comprenden por qué motivo sus problemas financieros deben ser imputables al Estado griego, como en el caso concreto de Axon, que ha cesado en sus actividades tan sólo guiada por la lógica empresarial. Sus accionistas no desean acumular pérdidas en este periodo tan difícil para el sector del transporte aéreo. Como además subraya Grecia en sus observaciones remitidas el 21 de noviembre, los demandantes representan factores insignificantes en comparación con OA, por lo que no están compitiendo realmente con ella. Considera, además, que OA no puede ser acusada de falsear la competencia, teniendo en cuenta que ya ha perdido casi el 40 % de su cuota de mercado desde 1998. En opinión de las autoridades griegas, la futura relación entre OA y el Estado ya se ha puesto sobre una base racional. El Secretario general del Ministerio de Economía Nacional y Asuntos Financieros ya ha adoptado una decisión correspondiente, por la que en el futuro los billetes de avión serán emitidos en aplicación de las prácticas que rigen el mercado (es decir, al contado). En relación con dicho asunto, OA ha emitido un documento interno destinado a todos sus departamentos, por el que se prohíbe la venta de billetes a funcionarios a crédito.

(91) B. La tolerancia que muestra el Estado miembro en lo que se refiere al impago o a la demora del pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social y al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de OA. En lo que se refiere a la demora del pago de las cotizaciones a la seguridad social por sus empleados durante el periodo marzo-diciembre de 2000, se ha firmado un acuerdo con el Instituto de la Seguridad Social griego basado en las disposiciones aplicables de la legislación griega. Como consecuencia de la firma del acuerdo, OA tiene la obligación de liquidar todas sus nuevas deudas dentro de plazo, de lo contrario vencerían inmediatamente todas las cantidades pendientes que fueron objeto del acuerdo. En sus contestaciones de febrero y de octubre de 2001 relativas a la presunta omisión por parte de Olympic Aviation del ingreso del IVA imponible al combustible, las autoridades griegas, aportando los comprobantes correspondientes (declaraciones del IVA), de nuevo mantienen que OA compra el combustible por cuenta propia y por cuenta de Olympic Aviation, que a su vez reembolsa el IVA a OA. En cuanto al impago del IVA del 8 % de las tarifas nacionales (líneas con destino a las islas), cuando OA realiza vuelos entre determinadas islas paga el IVA reducido (el tipo de IVA del 8 % se reduce en un 30 % con la condición de que mantenga sucursales en los lugares correspondientes). Las autoridades griegas argumentan que esto representa "una cuota insignificante del volumen total de las ventas", razón por la que no especificaron en su respuesta del 24 octubre de 2001 el régimen de IVA aplicable a los vuelos con destino a dichas islas. Las autoridades griegas reconocen, no obstante, que este régimen (parece ser que los pasajeros que utilizan dichos vuelos pagan un suplemento por vuelo de hasta 3 euros que es ingresado al Estado) no es compatible con la legislación aplicable, pero no por ello constituye una ayuda estatal.

(92) C. La tolerancia que muestra el Estado en lo que se refiere al impago o a la demora del pago de diversas tasas aeroportuarias. Según lo manifestado por parte de Grecia, la liquidación de las deudas pendientes se realiza por compensación de forma transparente, por lo que no media ninguna falta de correlación en los datos. En cuanto a la omisión del pago de cuotas de arrendamiento por el uso de diferentes instalaciones (la antigua base norteamericana) en el aeropuerto de Hellenikon, OA está obligada a pagar tasas aeroportuarias en virtud del Decreto presidencial 138/97. Dicha legislación no establece ninguna exención de los arrendamientos o demás gravámenes aplicables por el uso del espacio en los aeropuertos griegos. En el caso de la demora de los pagos por parte de OA, se están siguiendo los procedimientos aplicables (por ejemplo, la aplicación de intereses). En lo que concierne a las afirmaciones sobre las deudas de OA con el aeropuerto de Spata en concepto de tasas y cargas no pagadas (cuyo importe asciende a unos 30 millones de euros aproximadamente), esto no implica ningún elemento de intervención estatal, dado que el aeropuerto de Spata opera como empresa privada. Realmente, debido al traslado a Spata se ha producido una acumulación de deudas, como resultado de las cuales los costes operativos de OA han aumentado en un 1000 %. No obstante, las dos empresas han llegado a un acuerdo para la liquidación de la totalidad de la deuda pendiente de OA. Este acuerdo será presentado a la Comisión, en cuanto esté firmado.

(93) En lo que se refiere a las demoras que ha habido en el pago de arrendamientos por las instalaciones y en el pago de derechos de aterrizaje en los demás aeropuertos griegos, las autoridades griegas mantienen que en caso de que OA no pudiera pagar sus obligaciones, se aplicarían plenamente las disposiciones de la legislación griega pertinentes. Continúa la compensación entre la deuda que OA tiene con el Servicio Griego para la Aviación Civil (SGAC) y la deuda de éste con OA (cuyo importe asciende a 750 millones de dracmas griegas aproximadamente). El Gobierno griego ha prometido presentar a la Comisión los datos actualizados en el plazo de un mes a partir del 11 de abril. En cuanto al pago de la "Spatosimo", las autoridades griegas insisten en que en caso de omisión del pago, OA pagará intereses y sanciones. Concretamente, se ha impuesto a OA el pago de sanciones e intereses por un importe total de 5100 millones de dracmas griegas (15 millones de euros) por la deuda total pendiente en concepto de "Spatosimo" que asciende a 2200 millones de dracmas griegas. OA impugnó recientemente el pago de la sanción de 15 millones de euros. Los juzgados administrativos aceptaron su demanda ordenando la suspensión de las decisiones del SGAC y del cálculo de los impuestos. Por último, no hay deudas pendientes entre Olympic Airways y Olympic catering, más allá de la deuda comercial habitual.

(94) Las autoridades griegas rechazan en general la acusación de que hayan tolerado la omisión o imposibilidad de pago de OA y de que no aplican intereses ni sanciones sobre los pagos retrasados. En su opinión, la información incluida en las respuestas remitidas el 19 de febrero y el 24 de octubre de 2001, así como los datos incluidos en los anexos 19 a 21 del memorándum demuestran que OA es tratada como cualquier otra empresa griega. OA ha solicitado al Estado la liquidación de su deuda atrasada para poder así mejorar su solvencia durante la temporada de invierno de 2002, que siempre representa una época difícil (mucho más aún después de los sucesos del 11 de septiembre). Por otro lado, con respecto a las cantidades adeudadas por OA, el Estado griego ha iniciado los procedimientos aplicables para el reembolso de los importes pendientes.

(95) D. Las exenciones de impuestos, tasas notariales o de registro para las transacciones de OA. Las autoridades griegas confirman que OA no disfruta de dichas exenciones. Se han promulgado las disposiciones legales pertinentes para revocar tácitamente los apartados 3 del artículo 2, 3 del artículo 3, 4 del artículo 2, 4 del artículo 4 y 6 del artículo 3 de la Ley 96/75.

(96) E. La posibilidad de que las deudas contraídas por OA con el Estado o con los aeropuertos, incluida la "Spatosimo", se compensen de manera opaca. En opinión de las autoridades griegas el régimen de compensación de las deudas es transparente.

(97) Se confirmó que todas las deudas con el Estado griego que OA no había podido liquidar durante los últimos años (incluida la "Spatosimo"), de conformidad con las disposiciones del Derecho común griego, constituyen una deuda con el Estado y habían sido incluidas en el acuerdo de compensación (inclusive todos los intereses y sanciones aplicables). Se trata del procedimiento habitual, que también es empleado con otras compañías aéreas. En cuanto OA se encuentre en situación de incapacidad de pago, entrarán en vigor los procedimientos aplicables para recuperar las deudas. El crédito pendiente de 19000 millones de dracmas griegas que ostenta OA, cuyo pago reclama en concepto de indemnización por el desalojo obligatorio anticipado del aeropuerto de Hellenikon continúa siendo un asunto pendiente, sin que pueda ser compensado con las deudas que OA tiene frente al Estado, conforme a lo dispuesto por la Ley griega, ya que una compensación de este tipo sólo sería factible mediante créditos confirmados contra el Estado griego. Por último, con respecto al argumento de que los aeropuertos se ven privados de una importante fuente de ingresos por la demora de pago o el impago de las cantidades debidas por OA (como financiadora principal) y de que esta práctica perjudica la competencia, las autoridades griegas contestan que los aeropuertos de Grecia no tienen un estatuto de autonomía, sino que son financiados con el presupuesto estatal. Asimismo, todas las ganancias acumuladas son canalizadas al presupuesto estatal, por lo que no se plantea el tema de una desvirtuación de la competencia.

(98) F. La concesión de la explotación del servicio de abastecimiento de combustible a una filial de OA sin licitación previa y las condiciones de precio aplicadas. En 1997 el aeropuerto de Spata, que no el Gobierno griego, convocó un concurso internacional. Con unos criterios de selección claros, se eligió a la empresa OFC. Los costes totales de desarrollo ascienden a 14000 millones de dracmas griegas aproximadamente, mientras los gastos semestrales se han calculado en el presupuesto de OFC en 600000 millones de dracmas griegas aproximadamente.

(99) La tarifa que OFC cobra a las compañías aéreas por el almacenamiento y el suministro de combustible destinado a los aviones asciende a 4,36 céntimos de dólar estadounidense por galón, partiendo del tipo de cambio euro/dólar estadounidense de abril de 2002 y permite, según las alegaciones de la República Helénica, recuperar los costes de explotación anuales, la amortización del crédito y el rendimiento limitado sobre el capital invertido con una cuota anual evidentemente inferior al 15 %. A un ritmo estimado de aumento de consumo de combustible del orden del 2 %, el valor actual de las tarifas cobradas por OFC durante el periodo de explotación operativa de 21 años asciende, según las autoridades griegas, a un importe de 30000 millones de dracmas griegas aproximadamente, en contraposición a las estimaciones de la Comisión, que lo calculaba en 100000 millones de dracmas griegas. Por último, según afirmó la República Helénica, como mayor usuario de las instalaciones del aeropuerto, OA ha decidido firmar un contrato con OFC a fin de garantizar que esta tarifa no se aumente considerablemente y no esté exclusivamente controlada por las empresas petroleras y las refinerías.

(100) G. La concesión de un crédito de 19,5 millones de euros por un banco comercial público (el Commercial Bank of Greece) a OA basada en la cesión por parte de OA de los créditos que ostentaba contra al Estado griego por un importe de 22 millones de euros en concepto de billetes no pagados a dicho banco. El Commercial Bank of Greece ("CBG") no pertenece al sector público, puesto que el 10 % ha sido adquirido por la entidad Crédit Agricole Caisse Nationale. OA necesitaba este crédito para afrontar posibles problemas de liquidez en el invierno de 2002, que siempre representa un periodo especialmente difícil. El crédito fue concedido por CBG a cambio de la cesión del crédito confirmado de OA contra el Estado griego por billetes de avión pendientes de pago, cuyo valor asciende a 22 millones de euros. No se trata, por tanto, de una garantía estatal. Además, el crédito fue concedido bajo condiciones de mercado más desfavorables que si estuviera cubierto por una garantía estatal: EURIBOR+ 1,25 %.

5. LA SITUACIÓN DE OA EN NOVIEMBRE DE 2002

(101) Antes de proceder a una evaluación sobre la aplicación fraudulenta de las ayudas anteriores y de las nuevas ayudas en debate, es necesario examinar la situación financiera actual.

(102) La Comisión quiere subrayar que sólo tuvo posibilidad de examinar la situación actual de OA después de la emisión de dos requerimientos de información. A pesar de esto, las respuestas no sólo fueron entregadas con retraso, como por ejemplo el análisis objetivo solicitado en relación con la cuestión de si la compañía llegaría a ser viable después de 2002, que fue presentado el 14 de noviembre de 2002, sino que las autoridades griegas, además, nunca remitieron a la Comisión los datos principales referentes a los balances auditados del ejercicio 2001.

5.1. La aplicación fraudulenta de la ayuda concedida en 1994 y en 1998

5.1.1. El plan de reestructuración

(103) La Comisión insiste en que el análisis de los resultados y de la situación financiera de OA debe realizarse teniendo en cuenta que el periodo más reciente al que se refieren los datos auditados fiables es tan sólo el ejercicio de 2000. Para datos más recientes, la Comisión depende de la información aportada por parte de Grecia, que no incluye el balance auditado del ejercicio 2001, así como de las estimaciones hechas por la compañía para el ejercicio 2002 sometidas al control limitado de un consultor independiente.

(104) Todos los datos indicados en el texto se han redondeado al millón de euros más próximo o a los mil millones de dracmas griegas ("GRD") más próximos.

(105)

>SITIO PARA UN CUADRO>

1 euro = 340,75 GRD

(106) Como se puede ver, en 1998 ya se registraron serias dificultades con respecto a la puesta en práctica del plan. En 1997, el resultado de explotación después de intereses presentaba una pérdida de -28000 millones de dracmas griegas (-82 millones de euros) frente al beneficio previsto de 1700 millones de dracmas griegas (5 millones de euros). En 1998, a pesar de tomar medidas de austeridad para contrarrestar la evolución arriba mencionada, no pudieron alcanzarse los objetivos determinados por el plan de 1998. En 1998 la pérdida de la compañía generada por la explotación operativa después de intereses ascendía a -10400 millones de dracmas griegas (-30,4 millones de euros) frente al beneficio previsto de 14600 millones de dracmas griegas (42,3 millones de euros).

(107) En el plan de reestructura