INFORME ANUAL SOBRE LA CECA Ejercicio 1996 (97/C 380/01)

Artículo 88 del Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995

ÍNDICE

Apartados Página

CAPÍTULO 1 SOLVENCIA DE LA CECA Y EVOLUCIÓN DE SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES 1.1 - 1.13 2

Introducción 1.1 2

Solvencia de la CECA 1.2 - 1.7 2

Coeficiente de solvencia 1.2 - 1.3 2

Provisión para grandes riesgos 1.4 - 1.5 2

Correcciones de valor específicas 1.6 - 1.7 3

Evolución de los empleos y recursos de la CECA 1.8 - 1.9 3

Evolución del balance de la CECA 1.10 - 1.12 5

Conclusión 1.13 7

CAPÍTULO 2 - ACTIVIDADES DE PRÉSTAMO Y DE BONIFICACIONES DE LA CECA 2.1 - 2.46 8

Introducción 2.1 - 2.2 8

Préstamos del apartado 2 del artículo 54 2.3 - 2.13 8

Observaciones sobre la gestión 2.6 - 2.10 8

Observaciones sobre la eficacia 2.11 - 2.13 9

Préstamos con bonificaciones de interés de la letra a) del apartado 2 del artículo 56 2.14 - 2.40 9

Fiscalización del Tribunal 2.16 - 2.20 9

Medidas tomadas por la Comisión en 1996 2.21 - 2.23 10

Medidas previstas por la Comisión para 1997 2.24 - 2.25 10

Subvencionabilidad de la conservación de empleos 2.26 - 2.27 10

Acumulación de bonificaciones CECA con las del «mecanismo PYME» 2.28 - 2.33 11

Compromisos en suspenso 2.34 - 2.36 11

Recuperación de bonificaciones 2.37 - 2.40 12

Conclusión 2.41 - 2.46 12

CAPÍTULO 3 - DECLARACIÓN DE FIABILIDAD SOBRE LA CECA 3.1 - 3.6 13

Respuestas de la Comisión 14

CAPÍTULO 1 SOLVENCIA DE LA CECA Y EVOLUCIÓN DE SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES

Introducción

1.1. El presente capítulo trata de la solvencia de la CECA a 31 de diciembre de 1996, así como de la evolución de sus principales actividades presupuestarias y financieras durante el ejercicio. La solvencia de la CECA reviste especial importancia, sobre todo por las siguientes razones:

- aparte de su actividad marginal de préstamos sobre fondos propios, los préstamos de la CECA se financian mediante empréstitos bancarios o emisiones de obligaciones. Por ello es importante que la CECA disfrute de la clasificación más elevada en los mercados financieros, lo cual exige una gran solvencia;

- dado que la mayoría de los préstamos de la CECA van directamente ligados a los empréstitos correspondientes a los mismos (en cuanto a porcentajes, divisas y vencimientos), el principal riesgo bancario que subsiste es el impago de los préstamos. Pueden aparecer otros riesgos si se rompe el equilibrio entre empréstito y préstamo por el impago de un deudor;

- en la medida en que el Tratado de París expira en 2002, conviene vigilar la evolución de los fondos propios necesarios para garantizar la solvencia de la CECA hasta su término, e incluso después, para garantizar los empréstitos restantes.

Solvencia de la CECA

Coeficiente de solvencia

1.2. Desde 1994, el instrumento principal utilizado para analizar la solvencia de la CECA es el coeficiente previsto a estos efectos por la Directiva 89/647/CEE del Consejo (1). El denominador de este coeficiente incluye los elementos del activo y de la cuenta de orden, ponderados según las indicaciones previstas en la Directiva. En cambio, la Comisión incluye en el numerador el fondo de garantía y el resultado no asignado, excluyendo otras partidas que podrían considerarse parte de los fondos propios de la CECA (véase el apartado 1.8). La definición de fondos propios utilizada en el cálculo del coeficiente de solvencia corresponde a una interpretación de la Directiva, que se traduce en una evaluación bastante prudente.

1.3. A 31 de diciembre de 1996, el coeficiente de solvencia de la CECA era de un 21,07 %, frente al 15,99 % existente a 31 de diciembre de 1995. Esta evolución se debe al aumento del fondo de garantía (+8 %) y, sobre todo, a la fuerte disminución de los préstamos pendientes, que obedece a la lógica reducción de actividad de la CECA al aproximarse su fecha de expiración.

Provisión para grandes riesgos

1.4. El vencimiento del Tratado de París en 2002 ya repercute de forma significativa en el nivel de actividad de la CECA. Su cartera de préstamos disminuye progresivamente, concentrándose en un número de deudores cada vez más reducido. El riesgo producido por la concentración de compromisos respecto a terceros, ha sido objeto de una Directiva del Consejo sobre la supervisión y el control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de crédito (2). El Tribunal, en sus informes sobre la CECA correspondientes a los ejercicios 1994 (apartado 1.5) y 1995 (apartado 1.6) (3), recordó los dos límites establecidos por dicha Directiva.

1.5. Para paliar el riesgo derivado de esta concentración, la Comisión constituyó en 1995 una provisión para operaciones de gran riesgo cuyo importe se calcula en función de los rebasamientos de los dos límites mencionados, de conformidad con el anexo VI de la Directiva 93/6/CEE del Consejo (4). Aunque esta Directiva no se aplique realmente a la situación de la CECA, este enfoque refleja una política suficientemente prudente sobre los rebasamientos producidos por operaciones pasadas. El importe de dicha provisión pasó de 55 millones de ecus a 31 de diciembre de 1995 a 36 millones de ecus al 31 de diciembre de 1996. Esta evolución se debe a la disminución de los activos en cuestión, debido a los reembolsos efectuados en 1996, así como al aumento de la corrección de valor específica de uno de los principales deudores.

Correcciones de valor específicas

1.6. De conformidad con las Directivas del Consejo sobre las cuentas anuales (5) (6), los elementos del activo del balance deben reevaluarse individualmente y ser objeto, en caso necesario, de correcciones de valor específicas. El importe incluido en el balance por las correcciones de valor específicas respecto a los préstamos, intereses incluidos, pasó de 155 millones de ecus a 31 de diciembre de 1995, a 193 millones de ecus al 31 de diciembre de 1996 (7). Este aumento del 24 % obedece a la evolución de un solo deudor moroso que ya había sido objeto de una importante corrección de valor en 1995 (apartado 1.9 del Informe Anual del Tribunal sobre la CECA, ejercicio 1995). Por otra parte, el Tribunal ya señaló que estos préstamos, aunque conformes con la normativa, se concedieron basándose en consideraciones ajenas a los intereses específicos de la CECA (apartado 2.10 del mismo Informe).

1.7. En cuanto a los demás deudores que presentan riesgo, o sea, aquellos cuyas deudas con la CECA carecen de garantías de primer orden (8), la Comisión ha analizado su situación financiera. Los resultados de estos análisis no muestran la necesidad de constituir correcciones de valor suplementarias.

Evolución de los empleos y recursos de la CECA

1.8. Los compromisos del presupuesto operativo de la CECA (POC) siguieron disminuyendo en 1996 (un 28 %, véase el cuadro 1) mientras que los recursos generados durante el ejercicio se mantuvieron a un nivel similar al de 1995. El excedente registrado permitió una dotación suplementaria de 19 millones de ecus al fondo de garantía (que se añade a los 14,4 millones de ecus procedentes de la contribución de los nuevos Estados miembros), así como un aumento importante de la provisión disponible para la financiación del POC (véase el cuadro 2), reforzando ampliamente los fondos propios de la CECA (véase el cuadro 3). Esta provisión debe permitir paliar la eliminación total del tipo de exacción CECA prevista para 1999.

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1.9. Las anulaciones de los compromisos jurídicos del ejercicio aumentaron, pasando de 70 millones de ecus en 1995 a 90 millones de ecus en 1996. A pesar de esta evolución, aún quedaban 1 059 millones de ecus de compromisos pendientes a 31 de diciembre de 1996, lo cual resulta demasiado elevado dada la probable disminución de las actividades presupuestarias de la CECA hasta su fecha de expiración. Por ello, se esperan importantes anulaciones en los ejercicios venideros (véanse también los apartados 2.34 a 2.36).

Evolución del balance de la CECA

1.10. El total del balance de la CECA disminuyó en 1 703 millones de ecus (o sea, un 19,5 %) entre el 31 de diciembre de 1995 y el 31 de diciembre de 1996 (véase el cuadro 4). Este descenso se debe principalmente a la reducción de la actividad de préstamos con fondos de empréstitos. Aunque los reembolsos han permanecido a un nivel importante, la CECA sólo ha pagado 279,7 millones de ecus de nuevos préstamos en 1996, incluyendo un préstamo de 15,6 millones de ecus abonado en virtud del artículo 95 a una acería rumana (véase el cuadro 5) en el marco de una dotación de 200 millones de ecus destinada a los países de Europa Central y Oriental.

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1.11. Los préstamos pendientes con fondos de empréstitos, que al 31 de diciembre de 1996 ascendían a 4 500 millones de ecus, disminuirán hasta unos 750 millones de ecus al 23 de julio de 2002 (antes de las correcciones de valor), de los que cerca del 90 % carecen de garantía de primer orden. El último de estos préstamos vencerá en 2019. Estos importes se calculan basándose en los préstamos abonados antes del 31 de diciembre de 1996. Según una decisión de la Comisión (véase el apartado 2.2), no debe haber ningún nuevo préstamo que implique la inmovilización de reservas y cuyo vencimiento sea posterior a la expiración del Tratado CECA.

1.12. Con el 30 % del activo de la CECA al 31 de diciembre de 1996, las cuentas de tesorería representan la segunda partida más importante, tras los préstamos. Registran una ligera disminución entre 1995 y 1996, siguiendo así la evolución de sus principales contrapartidas del pasivo (véase el cuadro 6).

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Conclusión

1.13. El ejercicio 1996 ha sido ampliamente excedentario, lo que ha permitido que la CECA refuerce sustancialmente su solvencia y constituya las provisiones y correcciones de valor necesarias. A la vista de la expiración del Tratado, las reservas acumuladas se destinan, por una parte, a asumir el final de las actividades presupuestarias a pesar de la anulación del tipo de exacción CECA prevista para 1999, y por otra parte, a llevar progresivamente el fondo de garantía, una vez deducidas las correcciones de valor específicas, al nivel del 100 % de los préstamos pendientes que carezcan de la garantía de un Estado miembro y que a 23 de julio de 2002 aún no se hayan reembolsado.

CAPÍTULO 2 ACTIVIDADES DE PRÉSTAMO Y DE BONIFICACIONES DE LA CECA

Introducción

2.1. Las últimas observaciones del Tribunal sobre la actividad de préstamos de la CECA figuran en el capítulo 2 de su Informe Anual sobre la CECA, ejercicio 1993 (9) y en su Informe Anual sobre la CECA, ejercicio 1995 (10), denominados en adelante «Informe 1993» e «Informe 1995».

2.2. A la vista de la expiración del Tratado de París, la Comisión decidió en 1994 adecuar las condiciones de su política de préstamos y empréstitos CECA (11). Esta adecuación corresponde a una disminución de las actividades de préstamo. Se indica concretamente que «la duración de vida de los préstamos CECA decididos a partir del 1 de julio de 1994 no podrá exceder la fecha límite del 23 de julio de 2002» (fecha de expiración del Tratado CECA), pudiéndose considerar una excepción el caso de los préstamos que no impliquen inmovilización de reservas, es decir, que cuenten con una garantía estatal. No obstante, ya existían préstamos cuya duración superaba la fecha de expiración de la CECA y que implicaban una inmovilización de reservas (véase el apartado 1.11).

Préstamos del apartado 2 del artículo 54

2.3. El objetivo de estos préstamos consiste en fomentar el consumo de carbón y de acero comunitarios proponiendo a las empresas préstamos con intereses ventajosos: tipos correspondientes a la clasificación «triple A», que los intermediarios financieros pueden aumentar hasta un 1 % en caso de préstamo global. Entre otras contrapartidas, el beneficiario debe consumir una cantidad mínima de carbón o de acero comunitarios. Estos préstamos se conceden en régimen de cofinanciación y representan hasta un 50 % del importe de la inversión.

2.4. En el ámbito del acero, donde los préstamos nunca se han bonificado, se concedieron préstamos globales (es decir, distribuidos por intermediarios financieros) de 1986 a 1996. En el marco de la adecuación de la política de empréstitos y préstamos de la CECA y con vistas a la expiración del Tratado (el 23 de julio de 2002), la Comisión decidió no tomar en consideración las solicitudes de préstamos posteriores al 30 de junio de 1994. El último subpréstamo se abonó en noviembre de 1996 y el último vencimiento está previsto para 2003.

2.5. Las siguientes observaciones se basan en la fiscalización por parte del Tribunal de los préstamos globales abonados a los consumidores de acero en un Estado miembro (véase el apartado 2.12). El total de este tipo de préstamos pagados hasta el 31 de diciembre de 1996 asciende a 284 millones de ecus. El Tribunal ha examinado en la Comisión los ficheros informáticos relativos a 139 subpréstamos, es decir, al conjunto de los subpréstamos en el momento de la fiscalización, y ha inspeccionado sobre el terreno a un intermediario financiero y a cinco empresas que disfrutaron de 27,8 millones de ecus en préstamos.

Observaciones sobre la gestión

2.6. La Comisión supervisa el cumplimiento de la obligación de utilizar acero comunitario basándose en los datos sobre las compras de acero, que no corresponden necesariamente a las cantidades consumidas, y sobre todo, que no permiten descubrir las eventuales compras destinadas a otras empresas (por ejemplo, del mismo grupo). Esta institución también debería haber controlado dicho consumo en las inspecciones sobre el terreno, en el marco de las inversiones correspondientes, a partir de los registros de movimientos de las existencias y de los datos técnicos de producción.

2.7. Al realizar el control sobre el terreno de las cinco empresas mencionadas en el apartado 2.5, el Tribunal observó un caso en que los consumos declarados en los informes periódicos eran significativamente superiores a los consumos efectivos. En ninguno de los cinco casos había el menor indicio de actividades de control a este respecto por parte de los bancos intermediarios. La Comisión sólo controló sobre el terreno a tres beneficiarios en todo el período 1986 1996.

2.8. El apartado 1.1 de los principios operativos (PO) que rigen estos préstamos (12) relativo a la subvencionabilidad de los proyectos industriales, indica que el coste de la compra de acero que se incluye en el producto terminado debe representar un mínimo respecto al coste total de las materias de base utilizadas (50 %), o al coste global de las compras de componentes (20 %), o en última instancia, al precio de venta del producto terminado (5 %). Los porcentajes previstos para un proyecto determinado se declaran en la solicitud de préstamo. Según las condiciones de los contratos globales, los intermediarios financieros sólo pueden conceder subpréstamos a las empresas que se ajusten al criterio de subvencionalidad en materia de importancia relativa del acero en la fabricación. Sin embargo, en los cinco casos que el Tribunal ha examinado, los bancos intermediarios no habían verificado este aspecto. Generalmente, los expedientes de la Comisión no incluyen ningún justificante que permita dicha comprobación en este nivel.

2.9. Tres de las cinco empresas examinadas no han cumplido sus obligaciones contractuales respecto al consumo de acero, ni globalmente en el período previsto, ni considerando cada ejercicio por separado. En casos parecidos, y a pesar de que los contratos le ofrecen esta posibilidad, la Comisión nunca ha solicitado el reembolso anticipado de los préstamos, ni siquiera parcial. Así, la cláusula de consumo mínimo de acero, que es la propia esencia del instrumento, pierde toda credibilidad, puesto que su incumplimiento no acarrea ninguna consecuencia al beneficiario.

2.10. El examen de los 139 ficheros informáticos correspondientes a los subpréstamos concedidos de 1986 a julio de 1996 reveló que en 38 casos, las declaraciones presentadas por las empresas beneficiarias indicaban que las cantidades de acero consumido eran inferiores a las obligaciones contractuales, sin que la Comisión haya tomado medidas para subsanar esta irregularidad.

Observaciones sobre la eficacia

2.11. Los PO que rigen estos préstamos indican que los proyectos deben fomentar el aumento (o el mantenimiento en el contexto de una reestructuración) del consumo de acero, sin fijar un mínimo a este consumo, sea en términos absolutos o relativos en comparación con el volumen de préstamos. Entre las empresas inspeccionadas, se ha hallado una que apenas consume 2 000 toneladas de acero al año con una inversión de 3,2 millones de ecus (lo que supone 1 600 ecus/tonelada), y otra que consume más de 320 000 toneladas, habiendo invertido 11 millones de ecus (o sea, 35 ecus/tonelada). Está claro que, en relación con los recursos financieros utilizados, la segunda inversión es más eficaz. La Comisión debería haber aprobado unos criterios concretos de subvención a estos efectos, fijando un umbral por debajo del cual se estimaría que un proyecto no era suficientemente eficaz respecto al préstamo solicitado.

2.12. Sólo algunos empresarios italianos han disfrutado de estos préstamos, cuyo abono llevaba aparejada una ayuda del Tesoro italiano que concedía una garantía parcial frente al riesgo de cambio. En los demás Estados miembros, estos préstamos, que no contaban con una ayuda de Estado similar, resultaron insuficientemente atractivos para interesar a los beneficiarios potenciales.

2.13. Desde la introducción de este instrumento en 1986, la Comisión nunca ha evaluado su eficacia. Sin embargo, un estudio de este tipo podría haber servido para decidir el mantenimiento o no del instrumento, o incluso su mejora. Sin duda habría permitido resaltar los parámetros en función de los cuales la eficacia resulta más o menos real (según los sectores de actividad o el tamaño de las empresas, los Estados miembros, que se trate de préstamos directos o no, etc.).

Préstamos con bonificaciones de interés de la letra a) del apartado 2 del artículo 56

2.14. Los préstamos abonados en virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 56 del Tratado CECA llevan aparejadas bonificaciones de interés, que se conceden en función del número de empleos creados tres años después del pago del subpréstamo y mantenidos durante dos años por las empresas beneficiarias. Si no se cumplen estas condiciones, las bonificaciones correspondientes a los puestos que falten perderán su derecho a la subvención en el conjunto del período de que se trate, y los importes abonados en exceso deberán recuperarse de los beneficiarios. El incumplimiento de las obligaciones contractuales se sanciona, por tanto, con efecto retroactivo.

2.15. El control del cumplimiento de las condiciones se lleva a cabo por los servicios competentes de la Comisión basándose en los informes de ejecución redactados por las empresas beneficiarias y transmitidos por los bancos intermediarios. Sin embargo, estos informes, que hasta el 1 de octubre de 1996 no iban acompañados de ningún documento justificante, los redactan los propios beneficiarios, que no tienen ningún interés en perder las bonificaciones ya recibidas, y los envían los bancos intermediarios, que no tienen ningún interés en perturbar las relaciones con sus clientes. Existe así un riesgo de que estas declaraciones no correspondan con la realidad.

Fiscalización del Tribunal

2.16. Las visitas de inspección realizadas por el Tribunal al final de 1995 y principios de 1996 en Francia y el Reino Unido mostraron elevados porcentajes (14 % y 35,5 % respectivamente) de bonificaciones de interés no subvencionables en relación con los volúmenes controlados (véanse los apartados 2.16 y 2.17 del Informe 1995 del Tribunal).

2.17. Desde la elaboración del Informe 1995, las visitas de inspección llevadas a cabo por el Tribunal a finales de 1996 y principios de 1997 en Alemania e Italia también han puesto de manifiesto porcentajes considerables de irregularidades. Como en el caso de los controles mencionados en el Informe 1995, los expedientes seleccionados no presentaban riesgos particulares a priori. Teniendo en cuenta las características específicas del sistema de bonificación (escalonamiento en cinco años, pago en tres tramos, efecto retroactivo del incumplimiento de las condiciones), el Tribunal seleccionó, entre otros, aquellos expedientes en los que una de las condiciones había llegado al final del período en el que se debía haber cumplido, considerando el período de vida conjunto de estos expedientes.

2.18. En Alemania la fiscalización se centró en un intermediario financiero, ocho empresas beneficiarias y 1 284 499 ecus de bonificaciones de interés concedidos. A raíz de los controles del Tribunal, las ayudas de la CECA han tenido que reducirse en 238 000 ecus, lo que supone un 18,5 % del total fiscalizado. Los expedientes que incluían bonificaciones no subvencionables implicaban a tres beneficiarios.

2.19. En Italia se fiscalizó a dos intermediarios financieros y a 20 empresas beneficiarias, por un total de 1 024 366 ecus de bonificaciones de interés concedidos. Esta vez, la corrección a la baja fue de 262 666 ecus, es decir, el 25,6 % del total examinado, habiéndose detectado bonificaciones no subvencionables en doce empresas beneficiarias.

2.20. Durante estas fiscalizaciones, resultó que numerosos informes de ejecución indicaban una cifra de empleos creados que no correspondía a la realidad. Estos resultados confirman las debilidades de los sistemas que el Tribunal ya señaló en sus Informes 1993 y 1995, pero ni los porcentajes citados ni los del año anterior pueden extrapolarse al conjunto de las bonificaciones de interés, dado que el número de expedientes fiscalizados sigue siendo, en proporción, demasiado bajo.

Medidas tomadas por la Comisión en 1996

2.21. Dados los riesgos inherentes a este instrumento, el Tribunal indicó en su Informe 1995 que esta situación necesitaba una solución urgente. A consecuencia de ello, la Comisión efectuó sus nuevos pagos, sin basarse ya en simples declaraciones de los beneficiarios en cuanto al número de empleos creados, sino tras haber recibido, además, los informes de ejecución certificados por los auditores legales de las empresas beneficiarias, o cualquier otro documento justificante que permitiera corroborar las cifras declaradas.

2.22. Estas nuevas medidas de control se aplicaron en octubre de 1996. Por este motivo, sólo se han fiscalizado 7 de los 34 millones de ecus pagados en 1996, es decir un 20 %. Los 27 millones de ecus que se pagaron durante los nueve primeros meses de 1996, se abonaron en las mismas condiciones que en 1995, por lo que están expuestos al mismo riesgo de irregularidad. La Comisión tiene previsto inspeccionar sobre el terreno, en 1997, unos 150 pagos de los efectuados entre enero y septiembre de 1996 que correspondan a bonificaciones superiores a 50 000 ecus considerando todos los tramos de forma global.

2.23. Los resultados de estos controles suplementarios permitirán identificar eventuales irregularidades y efectuar recuperaciones, pero se conocerán demasiado tarde para poder incluirse en este informe. Por ello, el Tribunal reitera su posición, que le llevó a emitir una observación en la DAS sobre el ejercicio 1995.

Medidas previstas por la Comisión para 1997

2.24. La Comisión considera que el control sistemático de todos los pagos basándose en justificantes, tal como se estableció para el último trimestre de 1996, resulta demasiado restrictivo para los beneficiarios, puesto que deben presentar documentos adicionales que no se habían previsto anteriormente. Esta nueva exigencia representa a veces una carga administrativa desproporcionada para las bonificaciones de importes menores. La Comisión ha decidido, por tanto, mantener estos controles documentales sólo en los casos en que la bonificación concedida supere los 50 000 ecus. Además, se organizarán inspecciones sobre el terreno en las cuatro situaciones siguientes:

- en bonificaciones superiores a 50 000 ecus, cuando los documentos recibidos sean insuficientes, incompletos o contradictorios;

- en bonificaciones inferiores a 50 000 ecus, basándose en una selección aleatoria;

- en la resolución de casos difíciles;

- a petición del intermediario financiero.

2.25. El Tribunal considera que la solución propuesta por la Comisión parece razonable, dado que la ampliación y profundización de los controles resultarían proporcionalmente demasiado costosas. Se trata de un problema que debería haberse tomado en cuenta desde la fase de elaboración del instrumento: debe conseguirse que las condiciones de subvención puedan controlarse con medios relativamente limitados.

Subvencionabilidad de la conservación de empleos

2.26. Según consta en los «Principios operativos» (13) tienen derecho a subvención los casos de «creación de empleos estables o, en los proyectos de inversión en los sectores del carbón y del acero, en la conservación de empleos existentes seriamente amenazados». En consecuencia, la conservación del personal en caso de compra de una empresa o de privatización, sólo es subvencionable en el sector del carbón y del acero.

2.27. Desde 1990 se ha aceptado como subvencionable el mantenimiento de empleos en sectores ajenos al carbón y al acero en la privatización de empresas en la ex República Democrática Alemana. Sin embargo, esta excepción nunca la ha decidido la autoridad competente. En este sentido, todos los casos en que se ha bonificado el mantenimiento de empleos en los nuevos Estados federados alemanes, eran no subvencionables. Sin embargo, no se puede exigir una recuperación a los beneficiarios, dado que los servicios gestores de la Comisión consideraron subvencionables estos empleos al aceptar las solicitudes de préstamo.

Acumulación de bonificaciones CECA con las del «mecanismo PYME»

2.28. De acuerdo con la Decisión 94/217/CE del Consejo (14), la Comisión concede bonificaciones de interés a préstamos que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorga a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el marco de su línea de crédito temporal. En efecto, el Consejo Europeo reunido en Copenhague invitó al BEI a reservar una dotación de 1 000 millones de ecus para reforzar la competitividad de las PYME (mecanismo PYME) (15).

2.29. Estas bonificaciones de interés, concedidas para un período de 5 años, pretenden reducir en un 2 % anual el tipo de interés de los préstamos que el BEI concede en el marco de esta dotación de 1 000 millones de ecus. El importe de los préstamos bonificados que se conceden tiene un límite de 30 000 ecus, es decir, una bonificación de 3 000 ecus por empleo creado.

2.30. Este instrumento presenta grandes semejanzas con los préstamos «de reconversión» de la CECA, tanto por sus objetivos (creación de empleo) como por su naturaleza (bonificaciones de interés), o por sus condiciones globales de subvención (los empleos deben haberse creado en un plazo concreto, tener relación con las inversiones cofinanciadas por los préstamos, y mantenerse durante un período determinado).

2.31. La gestión de las bonificaciones que acompañan a los préstamos del BEI se delega en dicho organismo, que a través de agentes nacionales encarga a los intermediarios financieros (bancos) su distribución a los beneficiarios. En cuanto a las bonificaciones CECA, las gestionan los servicios competentes de la Comisión en función de la información que les transmiten los intermediarios financieros que distribuyen los préstamos.

2.32. El convenio firmado entre la Comisión y el BEI en aplicación de la decisión del Consejo sobre el mecanismo PYME prohíbe la acumulación de estos préstamos con cualquier otro préstamo bonificado, sobre todo por la CECA. Se trata así de evitar que la misma creación de empleo sea bonificada dos veces por la Unión. En caso de que una empresa disfrute de dos tipos de préstamos bonificados, el cumplimiento de esta cláusula sólo puede comprobarse incluyendo ambos préstamos en el control, en el momento de la tramitación de los expedientes, como comprobaciones a posteriori. Si los dos préstamos se conceden por intermediarios financieros diferentes, no se les podrá controlar, pues hay que acceder a ambos expedientes, lo cual no es factible debido tanto a la competencia entre bancos como al secreto bancario. Aunque sólo exista un único intermediario financiero, este control resulta ineficaz, como ya observó el Tribunal en su Informe sobre la CECA para el ejercicio 1995, reconociéndolo así la Comisión (véanse los apartados 2.21 y 2.24 del presente Informe).

2.33. Por lo tanto, para garantizar el cumplimiento de la norma de no acumulación, hace falta coordinar el control de ambos instrumentos, coordinación que sólo puede realizarse a nivel comunitario. Dado que la responsabilidad última corresponde a la Comisión en ambos casos, y que dicha institución dispone en principio de todos los elementos necesarios en relación con los préstamos CECA, convendría establecer un dispositivo de transmisión del mismo tipo de datos sobre las bonificaciones del mecanismo PYME, para poder efectuar una comprobación de hecho. Como en este mecanismo los empleos correspondientes deben haberse creado antes del 31 de diciembre de 1996 y haberse presentado las solicitudes de bonificación por los beneficiarios hasta el 30 de junio de 1997, este dispositivo debe crearse lo antes posible.

Compromisos en suspenso

2.34. El saldo de los compromisos relativos a las bonificaciones de interés al 31 de diciembre de 1996 ascendía a 332 millones de ecus. Incluye compromisos denominados «jurídicos» por valor de 222 millones de ecus y compromisos denominados «definitivos» por valor de 110 millones de ecus.

2.35. Los compromisos jurídicos fueron objeto de una decisión de la Comisión, pero no suponen ninguna obligación contractual irrevocable respecto a terceros. Pueden considerarse como reserva de bonificaciones que se han de comprometer definitivamente en el futuro. Sólo tras el pago de los subpréstamos se convierten en compromisos definitivos. A partir de ese momento, constituyen una deuda que la CECA deberá pagar durante los cinco próximos años, siempre que los beneficiarios cumplan las condiciones establecidas.

2.36. Desde el 1 de julio de 1997 la Comisión ya no puede conceder nuevas bonificaciones; sólo dispone, por tanto, del primer semestre de 1997 para comprometer definitivamente los 222 millones de ecus de compromisos jurídicos existentes, a los que el presupuesto para 1997 ha previsto añadir otros 7 millones de ecus. En comparación, en el ejercicio 1996 se convirtieron en definitivos 21 millones de ecus de compromisos jurídicos.

Recuperación de bonificaciones

2.37. Cuando la Comisión comprueba que el número de empleos creados o mantenidos es inferior al previsto en los contratos, revisa a la baja las bonificaciones de interés correspondientes. Esto se traduce en un nuevo cálculo de los eventuales pagos posteriores o, en su caso, en una recuperación total o parcial de los pagos ya efectuados. La solicitud de recuperación implica la constatación de un derecho de crédito.

2.38. El importe acumulado de estos derechos de crédito ascendía a unos 10 millones de ecus al 31 de diciembre de 1996. Esta cifra corresponde a solicitudes de recuperación de las que más de la mitad data de los años 1994 y 1995, remontándose a 1991 las más antiguas. La Comisión debe mejorar su sistema de seguimiento para acelerar su recaudación.

2.39. Durante una inspección sobre el terreno, el Tribunal comprobó que dos derechos de crédito de 1994 seguían sin pagarse en 1997, y la Comisión no había vuelto a solicitarlos a las empresas en cuestión. En uno de estos dos casos se detectó que un deudor llevaba en quiebra desde 1994. El intermediario financiero lo sabía pero no había informado a la Comisión, incumpliendo sus obligaciones contractuales. Por otra parte, de los derechos de crédito incluidos en el balance de la CECA, algunos son irrecuperables, debido, por ejemplo, a la quiebra de los deudores implicados.

2.40. La debilidad del sistema de seguimiento y de recaudación de las bonificaciones que se han de recuperar también tiene repercusiones en la contabilidad. En este ámbito, la Comisión se muestra muy prudente, puesto que todo derecho de crédito contabilizado queda íntegramente cubierto por una provisión y sólo se registra como producto al recaudar los importes adeudados. Sin embargo, cuando la Comisión comprueba, en caso de un seguimiento correcto del expediente, que nunca se va a pagar una bonificación pendiente de recuperar, debe retirar del balance de la CECA el correspondiente derecho de crédito.

Conclusión

2.41. El objetivo anunciado de los préstamos globales de ayuda al consumo de acero, concedidos con arreglo al apartado 2 del artículo 54 del Tratado CECA, consiste en fomentar el consumo de acero comunitario. Pero la aplicación de esta cláusula de consumo carece de un criterio concreto (véase el apartado 2.11). Su control es aproximativo (véase el apartado 2.6) y se limita a las cifras declaradas por los beneficiarios (véanse los apartados 2.7 y 2.8). Lo que es más grave, la comprobación de su incumplimiento no tiene consecuencias (véase el apartado 2.9).

2.42. Además, estos préstamos sólo han interesado a los beneficiarios en Italia, debido a que iban acompañados de una ayuda de Estado (véase el apartado 2.12). Por último, la Comisión no ha evaluado la eficacia de estos préstamos (véase el apartado 2.13).

2.43. En cuanto a las bonificaciones que llevan aparejados los préstamos concedidos con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 56, la situación en 1996 ha sido similar a la criticada por el Tribunal en su Informe 1995 (véanse los apartados 2.20 y 2.23 del presente informe). No obstante, las medidas de control que entraron en vigor en el último trimestre de 1996 (véase el apartado 2.21) y las previstas para 1997 (véase el apartado 2.24) suponen una mejora.

2.44. Respecto a estos mismos préstamos bonificados, el Tribunal detectó un problema de subvencionabilidad: en el marco de las privatizaciones registradas en los nuevos Estados federados de Alemania, el mantenimiento de puestos de trabajo se ha considerado como creación de empleo. Los servicios de la Comisión han aceptado esta práctica a pesar de que la normativa no la autoriza (véanse los apartados 2.26 y 2.27).

2.45. La Unión concede bonificaciones de interés en el marco del «mecanismo PYME» de Copenhague. Este mecanismo presenta numerosos puntos comunes con las ayudas a la reconversión de la CECA. Ambos instrumentos pretenden fomentar la creación de empleo y, aunque esté prohibido, se corre el riesgo de bonificar dos veces el mismo empleo creado. Sólo un control adecuado por parte de la Comisión podría evitarlo o remediarlo (véanse los apartados 2.28 a 2.33).

2.46. Los compromisos jurídicos correspondientes a las bonificaciones CECA se han sobreevaluado, teniendo en cuenta que a partir del 1 de julio de 1997 ya no pueden convertirse en compromisos definitivos (véanse los apartados 2.34 a 2.36). Por otra parte, el seguimiento de las bonificaciones pendientes de recuperar debe ser mucho más estricto y los derechos de crédito correspondientes no deben incluirse en el balance desde que resulten ser irrecuperables (véanse los apartados 2.37 a 2.40).

CAPÍTULO 3 DECLARACIÓN DE FIABILIDAD SOBRE LA CECA

3.1. De acuerdo con el artículo 45 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), el Tribunal ha examinado las cuentas de la CECA, con objeto de presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes.

3.2. Las cuentas en cuestión son los estados financieros de la CECA al 31 de diciembre de 1996, preparados por la Comisión y publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (16).

3.3. En su Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1996 (17), informe que corresponde a la declaración de fiabilidad y que se publica con los estados financieros citados, el Tribunal concluye que estos últimos «presentan una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero al 31 de diciembre de 1996, así como del resultado de sus operaciones en el ejercicio que se cerró en esa misma fecha».

3.4. Además, para garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes de las cuentas de la CECA sobre el ejercicio 1996, el Tribunal efectuó su fiscalización de acuerdo con las normas de auditoría generalmente admitidas a nivel internacional. El Tribunal se basó especialmente en el análisis de los sistemas así como en los exámenes efectuados.

3.5. El Tribunal opina que la legalidad y la regularidad de las operaciones quedan, en conjunto, suficientemente garantizadas.

3.6. Sin cuestionar la opinión de auditoría expresada anteriormente, el Tribunal llama la atención sobre el hecho de que los sistemas relativos a las bonificaciones de interés concedidas como acompañamiento de los préstamos otorgados en virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 56 del Tratado constitutivo de la CECA presentan riesgos intrínsecos respecto al cumplimiento de los criterios de subvención. Estos riesgos quedaron plasmados en los controles sobre el terreno de estos gastos, efectuados respecto al ejercicio 1996, puesto que mostraron una elevada frecuencia de errores sustantivos (18) cuyo volumen global, sin embargo, no ha podido determinarse (véanse los apartados 2.17 a 2.20).

El presente informe ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo, en su reunión del 12 y el 13 de noviembre de 1997.

Por el Tribunal de Cuentas

Bernhard FRIEDMANN

Presidente

(1) Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito (DO L 386 de 30. 12. 1989, p. 14).

(2) Directiva 92/121/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1992, sobre supervisión y control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de crédito (DO L 29 de 5. 2. 1993, p. 1).

(3) Informe Anual sobre la CECA, ejercicio 1994 (DO C 329 de 7. 12. 1995, p. 3).

Informe Anual sobre la CECA, ejercicio 1995 (DO C 377 de 13. 12. 1996, p. 3).

Los límites se aplican al volumen de los compromisos que la CECA puede establecer con la misma contrapartida (cliente o grupo de clientes):

- el importe de los compromisos frente a un único tercero no debe rebasar el 25 % de los fondos propios de la CECA;

- el volumen total de las operaciones de «gran riesgo» no debe rebasar el 800 % de estos mismos fondos propios. Existe un «gran riesgo» cuando el importe de los compromisos respecto a un único tercero alcanza o supera el 10 % de dichos fondos propios.

(4) Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (DO L 141 de 11. 6. 1993, p. 1).

(5) Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222 de 14. 8. 1978).

(6) Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31. 12. 1986).

(7) Estados financieros de la CECA al 31 de diciembre de 1996: correcciones de valor específicas en los préstamos (134 millones de ecus, nota 5.1) + correcciones de valor específicas en los préstamos a los deudores morosos (47 millones de ecus, nota 8) + correcciones de valor en los intereses devengados pero no vencidos (12 millones de ecus, nota 9).

(8) Se consideran garantías de primer orden las garantías de los Estados miembros de la UE o asimiladas (entidades públicas y agrupaciones industriales públicas de los Estados miembros) y las garantías bancarias.

(9) Informe Anual sobre la CECA, ejercicio 1993 (DO C 346 de 7. 12. 1994).

(10) Informe Anual sobre la CECA, ejercicio 1995 (DO C 377 de 13. 12. 1996).

(11) Adecuación de la política de empréstitos y préstamos a la vista de la expiración del Tratado CECA (DO C 175 de 28. 6. 1994).

(12) Préstamos que se podrán conceder en el marco del apartado 2 del artículo 54 del Tratado CECA a las inversiones destinadas a favorecer el consumo de acero comunitario, principios operativos (DO C 291 de 31. 10. 1987).

(13) Orientaciones y normas operativas para la concesión de préstamos de reconversión de conformidad con el artículo 56 del Tratado CECA (DO C 188 de 28. 7. 1990, p. 9).

(14) Decisión 94/217/CEE del Consejo, de 19 de abril de 1994, relativa a la concesión por la Comunidad de bonificación de intereses de los préstamos a pequeñas y medianas empresas otorgados por el BEI con cargo a su línea de crédito temporal (DO L 107 de 28. 4. 1994).

(15) Los 1 000 millones de ecus del mecanismo PYME forman parte de los 3 000 millones de ecus que el BEI, a propuesta del Consejo Europeo reunido en Copenhague, añadió a los 5 000 millones de ecus del mecanismo temporal de préstamos. El BEI había creado dicho mecanismo el 10 de febrero de 1993, a propuesta del Consejo Europeo reunido en Edimburgo.

(16) Estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1996 (DO C 242 de 8. 8. 1997).

(17) Informe sobre los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 1996 (DO C 242 de 8. 8. 1997).

(18) Conforme al léxico metodológico del Tribunal de Cuentas, se considerarán sustantivos los errores de legalidad/regularidad que tengan una repercusión directa en el importe de las operaciones correspondientes.

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 2 ACTIVIDADES DE PRÉSTAMO Y DE BONIFICACIONES DE LA CECA

Préstamos del apartado 2 del artículo 54

Observaciones sobre la gestión

2.6. El control según las compras realizadas permite comprobar de una forma relativamente sencilla tanto la cantidad como la procedencia comunitaria del acero, lo que no siempre es posible con el acero utilizado a partir de las existencias.

Al tratarse de empresas que no son productoras, las compras constituyen su única fuente de abastecimiento de acero y, en cuanto a su consumo continuo, las variaciones entre las existencias y las toneladas se supone en principio que se compensan con el tiempo. También conviene señalar que las solicitudes de subpréstamo para actividades de carácter exclusivamente comercial siempre se han desestimado a priori y que los subpréstamos del apartado 2 del artículo 54 sólo se han utilizado, por lo tanto, para financiar actividades de tipo industrial.

En el caso de estas últimas, las posibles ventas de acero como materia prima (es decir, acero comprado y revendido sin haber sufrido ninguna transformación) representan generalmente un porcentaje muy pequeño. Además, en los controles realizados no se ha observado ninguna reventa significativa.

Sin embargo, la Comisión intentará ajustar los datos técnicos de producción al volumen de compras, en sus próximas inspecciones sobre el terreno.

2.7. En las visitas de control realizadas se han estudiado 16 subpréstamos de un total de 147. Durante estos controles, tan sólo en un caso, señalado por el Tribunal, se han observado desigualdades significativas entre el consumo declarado en los informes periódicos y el consumo real.

Este instrumento financiero carece de consecuencias presupuestarias ya que no se conceden bonificaciones de interés a los préstamos y, por el momento, los intermediarios financieros deudores de los préstamos globales de la CECA no han sido morosos.

2.8. En la mayoría de los subpréstamos, el acero es la materia prima casi exclusiva en la fabricación y entonces no es necesario un análisis concreto para comprobar el cumplimiento del criterio en cuestión. A lo largo de las visitas de inspección, nunca se ha observado el incumplimiento de dicho criterio.

2.9. En dos de las empresas inspeccionadas se ha comprobado un aumento importante del consumo anual de acero comunitario con respecto a la situación anterior a la realización del proyecto, de manera que el objetivo de los préstamos se ha cumplido en lo fundamental. La tercera empresa no ha conseguido aumentar antes del 31 de diciembre de 1996 su consumo real de acero con respecto a la situación anterior al proyecto y la Comisión, tras evaluar la situación concreta de esta empresa, ha decidido solicitar el reembolso anticipado del subpréstamo.

2.9 y 2.10. La cláusula contractual de consumo constituye un criterio de evaluación que permite determinar en qué medida la empresa ha cumplido su objetivo de crecimiento. Sin embargo, el incumplimiento de dicho criterio no significa que no se haya alcanzado el objetivo general del subpréstamo. En el caso de un aumento significativo y sostenido del consumo de acero comunitario por parte de la empresa, incluso inferior al criterio mencionado en el contrato, la Comisión considera que el objetivo general se ha cumplido.

Según la información de que dispone la Comisión, las empresas han aumentado de forma significativa, en la mayoría de los casos, su consumo de acero comunitario gracias a los proyectos cofinanciados por los préstamos CECA. La Comisión ha tomado nota de unos diez subpréstamos en los que no ha habido aumento del consumo. Se están realizando inspecciones complementarias de las empresas en cuestión, tras las que la Comisión estudiará si hay razón para imponer sanciones.

El reembolso anticipado del subpréstamo (junto con las posibles indemnizaciones) constituye la única sanción posible para la empresa que no cumpla sus compromisos. Esta medida puede potencialmente desestabilizar la economía de la empresa y por lo tanto sólo debería aplicarse en los casos de especial gravedad. Hasta el momento, la Comisión no ha considerado oportuno aplicar esta medida drástica en los casos en los que el incumplimiento de los objetivos de consumo se deba a circunstancias fuera del control de la empresa (por ejemplo, una crisis de los mercados de estos productos).

Por el contrario, la Comisión ha venido aplicando, desde principios de 1997, la sanción de reembolso anticipado cuando la empresa correspondiente no ha aumentado su consumo de acero comunitario pero sí su abastecimiento de acero extracomunitario. Asimismo, se ha aplicado esta sanción cuando la empresa no ha aumentado su consumo de acero comunitario y se ha observado que la inversión financiada no podía aumentar la capacidad de transformación del acero de la empresa.

Observaciones sobre la eficacia

2.11. La Comisión reconoce que, cuando se creó este instrumento, la introducción de un umbral mínimo de aumento del consumo (en términos absolutos o relativos) habría podido mejorar la eficacia de dicho instrumento. Puesto que se trata de un instrumento financiero que ya no se utiliza, esta sugerencia del Tribunal no se puede aplicar.

2.12 y 2.13. Aun si no se efectúa una evaluación formal, el instrumento ha sido objeto de una evaluación permanente. Desde 1993 la Comisión ha tenido que admitir que el tecnicismo del instrumento y la carencia de bonificaciones de interés u otras ventajas dificultaban la amplia utilización de este tipo de préstamo en la mayoría de los países, a excepción de Italia. La Comisión no ha fomentado de ninguna manera la utilización posterior de este instrumento.

Préstamos con bonificaciones de interés de la letra a) del apartado 2 del artículo 56.

Fiscalización del Tribunal

2.16 a 2.20. Tal como lo señala el Tribunal en su punto 2.20, sus observaciones no pueden extrapolarse al conjunto de las bonificaciones de interés.

A raíz de las observaciones del Tribunal, ya señaladas en su informe de 1995, la Comisión ha controlado una muestra aleatoria de 208 pagos de bonificaciones representativos del conjunto de pagos de bonificaciones realizados entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996. Un gabinete internacional de auditoría ha revisado y aprobado el procedimiento de muestreo (muestreos variables), los resultados de los controles realizados por la Comisión y su extrapolación al conjunto de los pagos.

Con respecto al importe de los pagos de la muestra, la fiscalización ha permitido comprobar un porcentaje de error del 5,8 %. Al extrapolar este resultado, se puede apreciar con un grado de fiabilidad del 95 % que el porcentaje de error del importe total de las bonificaciones pagadas entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996 se sitúa entre el 2,2 % y el 9,4 %. Aunque el resultado de este muestreo representativo sea menos inquietante que las observaciones del Tribunal, la Comisión ha intensificado su sistema de control interno con el fin de reducir este porcentaje de irregularidades.

Medidas tomadas por la Comisión en 1996

2.22. El porcentaje de irregularidades de los pagos efectuados entre enero y septiembre de 1996 puede estimarse, según los resultados del muestreo representativo verificado por la Comisión, en un 5,8 % y se reducirá apreciablemente a posteriori a raíz de las inspecciones realizadas por la Comisión en 1997.

Subvencionabilidad de la conservación de empleos

2.26 y 2.27. La Comisión opina que las privatizaciones realizadas en los nuevos Estados federados de Alemania por la empresa pública Treuhandanstalt no se pueden comparar con las privatizaciones que se efectúan en las economías de mercado occidentales, sino que tenían que llevar a cabo la transición hacia una economía de mercado descentralizada desde una economía administrada y planificada centralmente, que se caracterizaba por una excesiva integración vertical, una protección sistemática del desempleo encubierto y la sobrecarga de las empresas públicas como los servicios sociales y la sanidad. Por consiguiente, el mantenimiento del empleo mediante la privatización se consideraba el equivalente económico de la creación de empleo en las condiciones de la economía de mercado.

Únicamente se dio este tratamiento a las privatizaciones iniciales de la Treuhand, con excepción del precio de compra, pero considerando nuevos puestos de trabajo el mantenimiento del personal de la antigua empresa Treuhand. Con el fin de acelerar una rápida modernización del equipo, los gastos de capital sólo se consideraron una inversión subvencionable en la medida en que superaban el precio de compra que el inversor había pagado a la Treuhand.

La decisión de aplicar lo mencionado anteriormente a las privatizaciones iniciales de la Treuhand, en las cuales los inversores presentaron las solicitudes de préstamos contempladas en el artículo 56 del Tratado CECA, no necesitaba una decisión de la Comisión y, por lo tanto, fue aprobada por los servicios competentes de ésta. La Comisión reconoce que este acuerdo entre servicios no estaba plenamente documentado.

Acumulación de bonificaciones CECA con las del «mecanismo PYME»

2.28 a 2.33. La Comisión ha solicitado al BEI que le comunique los datos relativos a las bonificaciones del «mecanismo PYME» de Copenhague y, en cuanto reciba dicha información, comprobará si la misma creación de empleo no ha sido objeto de una doble bonificación.

Compromisos en suspenso

2.34 y 2.36. Los compromisos de 220 millones de ecus se reparten entre 70 préstamos globales y representan aquello a lo que la Comisión se ha comprometido potencialmente. El importe preciso sólo se conocerá naturalmente al final del período necesario para el pago de los subpréstamos, es decir, a principios de 1998.

Además, la Comisión ha seguido detenidamente la evolución del problema ya que en su proyecto de presupuesto operativo rectificativo de 1997 y en su proyecto de presupuesto operativo de 1998 [SEC(97)933 final de 29 de mayo de 1997], la Comisión ha tenido en cuenta las anulaciones de compromisos suplementarios resultado del cese de la política de reconversión de la CECA.

Efectivamente, la Comisión ha estimado [véase el SEC(97)933 final apartado 2, página 10] que al menos 140 millones de ecus de compromisos para préstamos globales de reconversión deberán anularse en el período 1997 1998. Así pues, se ha previsto un primer tramo de 100 millones de ecus de anulaciones en 1997.

Recuperación de bonificaciones

2.38. Desde 1994 hasta julio de 1997, se han presentado solicitudes de recuperación de las bonificaciones de interés por un total de 34,3 millones de ecus, de los cuales se han recaudado 16,2 millones de ecus y 4,2 millones de ecus se han anulado posteriormente tras recibir la documentación oportuna. Otro millón de ecus se está pagando por tramos.

El saldo de 12,9 millones de ecus incluye 2,5 millones de ecus que corresponden a los beneficiarios que se encuentran ahora en fase de liquidación (véase apartado 2.40).

La Comisión está elaborando un procedimiento recordatorio regular en relación con los derechos de créditos pendientes.

2.40. La Comisión procurará que los derechos de créditos irrecuperables se retiren del balance cuando se haya comprobado debidamente que su recuperación es imposible.

Conclusión

2.41. La Comisión admite que la fijación de un umbral mínimo de aumento del consumo de acero comunitario para la concesión de préstamos le habría permitido precisar mejor los criterios. Sin embargo, opina que el control simplificado basado en las compras de acero era suficiente por las razones expuestas en su respuesta al punto 2.6. Considera que los controles realizados hasta ahora y que se han aplicado al 11 % de los subpréstamos no han invalidado la fiabilidad general de la información comunicada por las empresas. Desde principios de 1997, la Comisión ha sancionado a algunas empresas exigiéndoles el reembolso anticipado de los subpréstamos correspondientes. Sólo se ha tomado esta medida en los casos más graves y se ha aplicado a tres subpréstamos y a un préstamo directo. Tampoco se ha generalizado a todos los casos de consumo de acero comunitario inferior al exigido por las razones expuestas en la respuesta a los puntos 2.9 y 2.10.

2.44. La Comisión ha tratado como creación de empleo subvencionable el mantenimiento de empleo mediante privatizaciones, por las que se tenía que efectuar la transición de una economía planificada centralmente a una economía de mercado.

2.45. La Comisión ha solicitado al BEI que le comunique los datos relativos a las bonificaciones del «mecanismo PYME» y, en cuanto reciba dicha información, comprobará si la misma creación de empleo no ha sido objeto de una doble bonificación.

2.46. Seguirán aprobándose compromisos definitivos hasta principios de 1998, según se vayan recibiendo los pagos de los subpréstamos con destino al pago final de los fondos. Los compromisos jurídicos que no se hayan convertido, se suspenderán en dos tramos: el primero, a finales de 1997 y el segundo, a principios de 1998.

Se está elaborando un procedimiento recordatorio regular en relación con las bonificaciones que se tienen que recuperar.

CAPÍTULO 3 DECLARACIÓN DE FIABILIDAD SOBRE LA CECA

3.6. La Comisión ha aplicado los procedimientos y los instrumentos de control apropiados, y el análisis de la muestra estadística utilizada indica que el riesgo de error es, por lo demás, reducido. Independientemente de cualquier otra consideración, la Comisión sigue esforzándose por mejorar su gestión (véase una respuesta más exhaustiva en los puntos 2.16 a 2.20).