ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(32)

En su respuesta a las observaciones de las terceras partes interesadas, los Países Bajos señalan que el mercado mundial de la malta crecerá en los próximos años y remite a un seminario sobre cebada cervecera celebrado los días 4 y 5 de octubre de 2005, en cuyo marco el Consejo Internacional de Cereales (9) anunció unas previsiones de aumento de la capacidad total de producción de malta de un 10 % para 2010. En este seminario, el Rabobank señaló también que el consumo total de cerveza experimenta un crecimiento anual del 2 % debido principalmente a los mercados emergentes de Sudamérica, África, Rusia, el Sureste asiático y China. Las malterías modernas situadas junto a puertos marítimos y capaces de producir a gran escala podrán beneficiarse de esta evolución. Los Países Bajos remiten a una carta de Euromalt de agosto de 2005 (10) donde se menciona la necesidad de cerrar las instalaciones pequeñas, obsoletas e ineficaces. En la misma carta se menciona la existencia de un exceso de capacidad productiva comunitaria en el sector de la malta de, al menos, entre 500 000 y 700 000 toneladas, pero los Países Bajos consideran que esta cifra se basa en una producción de 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, ya que no se han tenido en cuenta los periodos sin producción, por lo que no es seguro que exista tal exceso de capacidad. Los Países Bajos remiten también a un informe (11) de la consultora Frontier Economics sobre Holland Malt (centrado en el mercado geográfico y los aspectos innovativos), que concluye lo siguiente: nada indica que la subvención de Holland Malt vaya a tener repercusiones sobre las ventas de malta de los otros productores europeos, aparte de aquellas que se producirán en cualquier caso. Por tanto, no hay indicios de que la concesión de la subvención pueda empeorar el posible exceso de capacidad de los productores europeos de malta ordinaria. Los Países Bajos solicitan que la Comisión tenga en cuenta la existencia de un mercado distinto para la malta HTST, un tipo de malta de alta calidad que retrasa el envejecimiento de la cerveza. Asimismo, los Países Bajos remiten a un nuevo cierre de instalaciones para la fabricación de malta con una capacidad de 12 000 toneladas, lo que supone un recorte total de 77 000 toneladas de la capacidad actual. La capacidad excedentaria representa sólo el 0,5 % de la capacidad de producción comunitaria, porcentaje que no debería alterar el mercado comunitario de la malta. Por último, los Países Bajos observan que la subvención prevista sólo tiene por objeto compensar la desventaja de la ubicación de la zona portuaria de Eemshaven y ofrecer a Holland Malt igualdad de condiciones para competir, ya que sin la subvención se habría hecho una inversión similar en una maltería junto al puerto marítimo de Terneuzen.
(1)

El período de validez del Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo (1), el Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (2), y el Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (3), se ha prorrogado mediante el Reglamento (CE) no 1976/2006 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 y (CE) no 68/2001 (4), hasta el 30 de junio de 2008.
(46)

Se espera que el Reglamento (CE) no 842/2006 suscite grandes reducciones de las emisiones de gases fluorados en toda la Comunidad, sobre todo en los Estados miembros donde todavía no se aplican medidas adecuadas de reducción, principalmente medidas dirigidas a mejorar la contención y recuperación de los gases fluorados utilizados en algunas aplicaciones. No obstante, la legislación danesa introdujo disposiciones comparables (política de contención basada sobre todo en programas de formación obligatoria, inspecciones periódicas para controlar las fugas, etc.) hace ya más de 50 años en relación con aplicaciones que contienen gases fluorados, y es por tanto improbable que el Reglamento suscite nuevas reducciones que puedan contrarrestar notablemente el aumento previsto de las emisiones de gases fluorados en Dinamarca.
(27)

En todos los casos en que no se cumplían estas condiciones, la Comisión examinó si podían utilizarse los datos de otros exportadores o productores en el mercado nacional del país de origen, de acuerdo con el artículo 2, apartado 6, letra a), del Reglamento de base. Cuando solo se disponía de datos fiables para un productor exportador, no se pudo determinar una media según lo establecido en el artículo 2, apartado 6, letra a), del Reglamento de base, y se examinó si se cumplían las condiciones de la letra b) de dicho apartado, es decir, la utilización de datos relativos a la producción y las ventas de la misma categoría general de productos por parte del exportador o productor en cuestión. En los casos en que no se disponía de estos datos o en que el productor exportador no los facilitó, los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios se determinaron de conformidad con el artículo 2, apartado 6, letra c), del Reglamento de base, es decir, de acuerdo con cualquier otro método razonable.
(6)

El artículo 4, apartado 4, inciso i), letra b), del Reglamento (CE) no 2037/2000 prohíbe la utilización y comercialización de clorofluorocarburos que no se consideren esenciales con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento. Por lo tanto, la determinación de su carácter no esencial ha reducido la demanda de CFC para su uso en inhaladores dosificadores comercializados en la Comunidad Europea. Asimismo, el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 2037/2000 prohíbe la importación y puesta en el mercado de productos que contengan clorofluorocarburos, a no ser que se consideren esenciales con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 1.
El informe del Centraal Planbureau anteriormente mencionado concluye que no hay elementos que demuestren la existencia de un «substantial geographical or social digital divide in the Netherlands. Broadband is available in almost all regions. Most consumers can choose between roughly 80 Internet subscriptions in densely populated areas and between approximately 30 in remote areas» [una importante fractura geográfica o social en los Países Bajos desde el punto de vista digital. La banda ancha está disponible en casi todas las regiones. La mayoría de los consumidores puede elegir entre alrededor de ochenta suscripciones a Internet en las zonas más pobladas y entre una treintena en las zonas más apartadas]. Bien es cierto que dicho informe reconoce la probable existencia de una dicotomía social (las personas de mayor edad están infrarrepresentadas entre los usuarios de la banda ancha), pero el Gobierno puede perfectamente fomentar el uso de Internet entre esas personas con medidas que incidan en la demanda y con campañas de sensibilización por ejemplo (35).
(28)

En sus observaciones el beneficiario señaló que, de conformidad con la legislación eslovaca en vigor en el momento del acuerdo, la medida de que se trata no era una medida de ayuda estatal sino un acto de acuerdo voluntario con los acreedores. Si la conclusión de la Comisión fuera otra, Konas estará sufriendo discriminación si se comparaba con otros casos en los que las empresas habían solicitado un acuerdo antes de la adhesión de Eslovaquia a la UE y la correspondiente anulación de la deuda no se había considerado ayuda estatal. El beneficiario añadía que incluso tras la adhesión, la legislación nacional no se atenía a la de la UE y, por consiguiente, independientemente de lo diligente que hubiera sido, no podía saber que llegar a un acuerdo con sus acreedores exigía cumplir condiciones adicionales.
5.2.

En caso de respuesta afirmativa, descríbase brevemente el funcionamiento del sistema de concesión de licencias individuales: 1) ¿Qué autoridades se encargan de la concesión de licencias individuales? 2) ¿Qué autoridades se encargan de la designación de los edificios o coches antiguos con un particular valor histórico y cultural? 3) ¿Con arreglo a qué criterios se ha establecido el citado valor histórico y cultural particular? 4) Si fuera posible, facilítese una estimación del número de edificios o coches antiguos designados por las autoridades competentes como de valor histórico y cultural particular. 5) Precísese cómo se garantiza que los productos en cuestión a) se vendan «en cantidades estrictamente limitadas»; b) se utilicen exclusivamente para la restauración y mantenimiento de los edificios y coches antiguos designados. 6) Descríbanse las categorías y cantidades de productos que se han acogido a licencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Directiva 2004/42/CE, utilizando preferentemente el siguiente cuadro: Categorías Correspondencia con el anexo I de la Directiva 2004/42/CE Cantidades de producto (listo para su empleo) a las que se ha concedido licencia (kg) Categoría 1 Categoría 2, etc.
(10)

La transacción propuesta daría origen a efectos no coordinados, incluso en el caso de que T-Mobile no se convirtiera en el mayor operador tras la concentración. A partir del análisis de las cuotas de mercado puede concluirse que, en los tres últimos años, tele.ring ha desempeñado de lejos el papel más activo del mercado al practicar con éxito una agresiva estrategia de precios. Gracias a ella ha incrementado sustancialmente su cuota de mercado mientras que las de los demás operadores no han evolucionado o incluso se han reducido ligeramente. El cálculo de HHI reveló que el nivel de concentración es ya elevado y se incrementaría considerablemente tras la transacción. Mientras que T-Mobile habla de eficiencias de costes, las partes no pudieron demostrar que ello beneficiara a los consumidores.
(5)

De conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (3), el Reino Unido no ha participado en la adopción del Reglamento (CE) no 2424/2001 y no está vinculado al mismo ni sujeto a su aplicación, ya que desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen. Por lo tanto, el Reino Unido no es destinatario de la presente Decisión.
(1)

El artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1042/2006 de la Comisión, de 7 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 28, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (2), establece que, sobre la base de las notificaciones recibidas de los Estados miembros, la Comisión adoptará, a más tardar el 31 de diciembre de 2006, la lista de inspectores, buques de inspección, aeronaves de inspección y otros medios de inspección comunitarios autorizados para llevar a cabo inspecciones de conformidad con el artículo 28, apartado 4, del Reglamento (CE) no 2371/2002.
(22)

La investigación de mercado ha mostrado que los otros productores de níquel para la galvanoplastia y el electroconformado no pueden ejercer presiones competitivas sobre New INCO, porque carecen de la suficiente capacidad y de la tecnología adecuada o porque no operan en el EEE. Los distribuidores y los clientes han confirmado que OMG sería el único proveedor alternativo real a New INCO. Sin embargo, las dificultades de OMG para abastecer de productos intermedios y su acuerdo de transformación con INCO reducen considerablemente la presión competitiva que OMG podría ejercer sobre New INCO.
(54)

La Comisión no puede estar de acuerdo con el método de cálculo empleado por las autoridades polacas porque la ayuda se concedió a una empresa en crisis. En estas empresas el riesgo de reprogramación de la deuda es mayor que en las empresas saneadas, lo que debería reflejarse en los intereses aplicados. Por lo tanto, el tipo de referencia no puede servir de patrón. En este caso, un método de cálculo que compara el tipo de interés real aplicado con el tipo de referncia no es adecuado, por lo que la Comisión no puede aceptar el argumento esgrimido por las autoridades polacas.
(32)

El beneficiario asegura que gracias al proyecto de inversión, los astilleros estarían en situación de participar en las licitaciones para la construcción, reparación y acondicionamiento de buques de la armada. Hasta ahora los astilleros no habían tenido esta posibilidad ya que los trabajos se hubieran tenido que efectuar con los buque acoderados. Por consiguiente, el volumen de producción en CGT disminuiría en relación con el nivel actual, ya que los buques de la armada no se consideran buques mercantes. Por último, el beneficiario señala que aunque la Comisión no comparta el punto de vista de Alemania de que el marco aplicable no prohíbe las ayudas a la inversión a proyectos ligados a un incremento de la producción, este argumento no tiene relevancia a la hora de valorar la compatibilidad de la ayuda a Rolandwerft con el mercado común porque en este caso no hay incremento de capacidad.
(138)

La Comisión no dispone de información acerca del monto global de las ayudas concedidas al amparo de la «prima de paralización» dado que no conoce la cuantía de los ingresos ni el número de hectáreas que causó derecho a las ayudas. La Comisión toma nota de las observaciones de terceros según las cuales la «prima de paralización» contó con financiación y ayudas públicas complementarias no declaradas por las autoridades francesas, si bien precisa que estas observaciones no modifican en modo alguno sus conclusiones. Según la información de que dispone la Comisión, las ayudas públicas destinadas financiar la ayuda de reconversión ascendieron, en total, a 11,01 millones de EUR.
(12)

Es importante adoptar también las medidas oportunas para prevenir las irregularidades y el fraude y tomar las medidas necesarias para recuperar los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal empleados, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (4), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (5), y el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (6).
(1)

El artículo 5 del Reglamento (CEE) no 729/70, el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1258/1999 y el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA (3), disponen que la Comisión realice las comprobaciones necesarias, comunique a los Estados miembros los resultados de sus comprobaciones, tome nota de las observaciones de los Estados miembros, convoque reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados y les comunique oficialmente sus conclusiones.
(1)

De acuerdo con la Directiva 2006/22/CE, la Comisión debe elaborar un impreso, en formato electrónico e imprimible, que se utilizará en caso de que el conductor haya estado de baja por enfermedad o de vacaciones, o en caso de que haya conducido otro vehículo excluido del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo (2).
(2)

En el Reglamento (CE) no 1896/2000 de la Comisión (2) y en el Reglamento (CE) no 2032/2003 de la Comisión (3) se establecen las disposiciones detalladas de aplicación de las fases primera y segunda del programa de trabajo de diez años a que se refiere el artículo 16, apartado 2, de la Directiva. El artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2032/2003 fija el 1 de septiembre de 2006 como fecha a partir de la cual los Estados miembros deben cancelar las autorizaciones de biocidas que contengan sustancias activas existentes respecto a las cuales no exista una notificación aceptada ni una manifestación de interés de un Estado miembro.
(89)

En cuanto a las excepciones del artículo 87, apartado 3, del Tratado, la Comisión constata que las ayudas en cuestión no están destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, ni están destinadas a fomentar la realización de un proyecto importante de interés europeo y no tienen por objeto poner remedio a una grave perturbación en la economía de Francia. Tampoco están destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio. En cuanto a la excepción del artículo 87, apartado 3, letra c), la Comisión considera que las dudas expresadas al incoar el procedimiento no se han disipado: las ayudas en cuestión no permiten favorecer el desarrollo económico de determinadas regiones o producciones.
(42)

El Protocolo no 2 no se aplica a las demás medidas de ayuda estatal concedidas a la industria siderúrgica checa para fines específicos, que puedan declararse compatibles por otros motivos, como las ayudas a la investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente, la formación, el cierre, etc. Esas medidas de ayuda no entran en el ámbito de aplicación de los artículos 87 y 88 si han sido concedidas antes de la adhesión y no son aplicables después de esta. En cualquier caso, el Protocolo no limita la posibilidad de conceder a las empresas siderúrgicas checas otros tipos de ayudas conformes con el acervo comunitario. Huelga decir que no limita la posibilidad de adoptar medidas que no se consideren ayudas, como las aportaciones de capital que se ajusten al principio del inversor privado en una economía de mercado. Sin embargo, una medida que afecte a las empresas siderúrgicas checas, que constituya una ayuda estatal y que no pueda considerarse compatible con el mercado común en virtud de otras normas debe considerarse una ayuda a la reestructuración —dado el carácter residual de esta calificación— o, en cualquier caso, una ayuda relacionada con la reestructuración del sector siderúrgico checo y estará, por tanto, sujeta a lo dispuesto en el Protocolo no 2.
(7)

El artículo 11, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE dispone que debe adoptarse una decisión a nivel comunitario. En el caso que nos ocupa, es preciso adoptar medidas urgentes para garantizar que el uso de productos fitosanitarios que contengan tolilfluanida no cause una contaminación del agua potable. El problema no se limita a un solo Estado miembro, ya que la contaminación del agua potable puede tener efectos transfronterizos. Como se declara en su noveno considerando, la Directiva 91/414/CEE pretende garantizar un nivel elevado de protección de la salud, las aguas subterráneas y el medio ambiente. Su quinto considerando señala que también tiene por objeto eliminar innecesarios obstáculos al comercio. Las medidas unilaterales de los Estados miembros podrían llevar a niveles diferentes de protección y, además, entorpecer el comercio de los productos fitosanitarios. Por consiguiente, es necesario adoptar medidas a nivel comunitario.
(4)

Tras la modificación de la Decisión 90/424/CEE por la Decisión 2006/53/CE, el Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por el que se establecen las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de urgencia y de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (3), ya no es aplicable a la gripe aviar. En consecuencia, es necesario que en la presente Decisión se prevea expresamente que la concesión de una contribución financiera a Francia está condicionada al cumplimiento de determinadas normas establecidas en el Reglamento (CE) no 349/2005.
(11)

Por consiguiente, en este caso particular conviene prever que Eslovenia pueda aplicar a la carne fresca procedente de las zonas de restricción una marca de identificación alternativa específica que no pueda confundirse con las marcas de identificación para la carne de cerdo previstas en el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (6), o en el Reglamento (CE) no 2076/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen disposiciones transitorias para la aplicación de los Reglamentos (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 y (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) no 853/2004 y (CE) no 854/2004 (7), así como con el marcado sanitario de la carne de cerdo fresca previsto en el Reglamento (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano (8).
(4)

Tras la modificación de la Decisión 90/424/CEE por la Decisión 2006/53/CE, el Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por el que se establecen las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de urgencia y de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (3), ya no es aplicable a la gripe aviar. En consecuencia, es necesario que en la presente Decisión se prevea expresamente que la concesión de una contribución financiera a Dinamarca está condicionada al cumplimiento de determinadas normas establecidas en el Reglamento (CE) no 349/2005.
(4)

Tras la modificación de la Decisión 90/424/CEE mediante la Decisión 2006/53/CE, el Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por el que se establecen las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de urgencia y de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (3), ya no es aplicable a la gripe aviar. En consecuencia, es necesario que en la presente Decisión se prevea expresamente que la concesión de una contribución financiera a Hungría está condicionada al cumplimiento de determinadas normas establecidas en el Reglamento (CE) no 349/2005.
(2)

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha tomado la iniciativa de organizar una conferencia a gran escala titulada «Hacia la erradicación de la rabia en Eurasia», que se celebrará en mayo de 2007 en París («la conferencia de la OIE»). Dado que el objetivo de la conferencia de la OIE es elaborar en mayor detalle las recomendaciones de la conferencia celebrada por la misma en Kiev en 2005, esta se encuentra en situación de monopolio de hecho, como se recoge en el artículo 168, letra c), del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2); por lo tanto, no es necesaria una convocatoria de propuestas.