Iniciativa de la República Francesa para la aprobación de una Decisión marco del Consejo relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito

(2000/C 243/03)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, las letras a), c) y e) de su artículo 31 y la letra b) del apartado 2 de su artículo 34,

Vista la iniciativa de la República Francesa,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) El Consejo ha adoptado la Acción común 98/699/JAI, relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito(1), denominada en lo sucesivo "la Acción común".

(2) Conviene tener en cuenta las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999.

(3) El Consejo Europeo admite que el principio de reconocimiento mutuo también debería aplicarse a las resoluciones anteriores a la fase de enjuiciamiento, en particular a aquellas que permitan a las autoridades competentes actuar rápidamente a fin de obtener elementos de prueba e incautar activos fáciles de transferir.

(4) El Consejo Europeo, constatando que las formas graves de delincuencia tienen cada vez mayor incidencia en materia de impuestos y de derechos, exhorta a los Estados miembros a prestar asistencia judicial sin reservas para las investigaciones y diligencias referentes a este tipo de delincuencia.

(5) El Consejo Europeo recomienda la aproximación del Derecho penal y procesal en materia de blanqueo de capitales (por ejemplo, seguimiento, embargo preventivo y decomiso de activos) y precisa que la gama de actividades delictivas que constituyen delitos principales en materia de blanqueo de capitales debe ser uniforme y lo suficientemente amplia en todos los Estados miembros.

(6) Los Estados miembros se adhirieron a los principios del Convenio del Consejo de Europa de 1990, relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, en lo sucesivo "el Convenio de 1990".

(7) La presente Decisión marco no afecta a la aplicación de disposiciones más favorables en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre los Estados miembros o del Convenio europeo de asistencia judicial o de acuerdos celebrados en el ámbito de la asistencia judicial en materia penal sobre la base de una legislación uniforme o de un régimen especial que prevea la aplicación recíproca de medidas de asistencia judicial en sus territorios respectivos.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

Artículo 1

Reservas al Convenio de 1990

Con el fin de intensificar la lucha contra la delincuencia organizada, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de no formular o mantener ninguna reserva en relación con los siguientes artículos del Convenio de 1990:

a) artículo 2: en la medida en que los delitos lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración máxima superior a un año;

b) artículo 6: en la medida en que se trate de delitos graves. Entre ellos deben incluirse en cualquier caso los delitos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración máxima superior a un año o, en los Estados en cuyo sistema jurídico exista un umbral mínimo para los delitos, aquéllos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración mínima superior a seis meses.

Artículo 2

Sanciones

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que los delitos contemplados en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 6 del Convenio de 1990, según se derivan de la letra b) del artículo 1 de la presente Decisión marco, sean sancionados con penas privativas de libertad cuya duración máxima no puede ser inferior a cinco años.

Artículo 3

Decomiso del valor

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que su legislación y procedimientos sobre decomiso de los productos del delito también permitan el decomiso de bienes cuyo valor corresponda a dicho producto, tanto en procedimientos estrictamente nacionales como en procedimientos incoados a petición de otro Estado miembro, incluidas las solicitudes para la ejecución de órdenes de decomiso procedentes del extranjero. No obstante, los Estados miembros podrán excluir el decomiso de bienes de un valor que corresponda a los productos del delito en los casos en que dicho valor sea inferior a 4000 euros. Los términos "bienes", "producto" y "decomiso" se entenderán en el mismo sentido que en el artículo 1 del Convenio de 1990.

Artículo 4

Identificación y seguimiento de productos sospechosos

Al menos en el caso de investigaciones relativas a los delitos graves definidos en la letra b) del artículo 1:

- a fin de que se pueda prestar ayuda desde las primeras fases de una investigación, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que su legislación y procedimientos le faculten para posibilitar la identificación y seguimiento, a petición de otro Estado miembro, de presuntos productos de delitos, cuando existen motivos razonables que permitan presumir que se ha cometido una infracción penal,

- los motivos facultativos de denegación contemplados en el apartado 2 y en la letra a) del apartado 4 del artículo 18 del Convenio de 1990 y el primero de los dos motivos facultativos de denegación contemplados en el apartado 3 del artículo 18 no podrán invocarse entre Estados miembros de la Unión Europea.

Artículo 5

Examen de las solicitudes de asistencia

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todas las solicitudes presentadas por los demás Estados miembros que se refieren a la identificación, seguimiento, embargo, incautación o decomiso de activos sean examinadas con la misma prioridad que la concedida a tales medidas en los procedimientos nacionales.

Artículo 6

Prevención de la desaparición de activos

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para reducir al máximo los riesgos de desaparición de activos, adoptando en particular las disposiciones que puedan ser necesarias para que los activos objeto de una solicitud de otro Estado miembro puedan embargarse o incautarse sin demora, e impedir así que no se vea frustrada una solicitud de decomiso posterior.

Artículo 7

Derogación de disposiciones existentes

La presente Decisión marco deroga el artículo 1, el artículo 3, el apartado 1 del artículo 5 y el apartado 2 del artículo 8 de la Acción común 98/699/JAI.

Artículo 8

Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para conformarse a las disposiciones de la presente Decisión marco antes del 31 de diciembre de 2001.

2. Los Estados miembros remitirán en el mismo plazo a la Secretaría General del Consejo, así como a la Comisión de las Comunidades Europeas, el texto de las disposiciones que incorporen a su Derecho nacional las obligaciones que se derivan para ellos de la presente Decisión marco, y comunicarán cuando proceda las notificaciones realizadas en virtud del apartado 2 del artículo 40 del Convenio de 1990. Sobre la base de esta información y de un informe escrito de la Comisión, el Consejo verificará, antes del 30 de junio de 2002 como máximo, hasta qué punto los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para conformarse a la presente Decisión marco.

Artículo 9

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en ...

Por el Consejo

El Presidente

...

(1) DO L 333 de 9.12.1998, p. 1.