ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
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El Reino Unido está actualmente sujeto al componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Convergencia para el período 2014-2015, el Gobierno prevé una mejora del déficit global, que pasaría del 4,3 % del PIB en 2015-2016 al 2,2 % del PIB en 2016 2017, de modo que se alcanzaría un superávit del 0,1 % del PIB en 2019-2020. El Programa de Convergencia no incluye un objetivo a medio plazo. Se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance su máximo nivel en 2015 situándose en el 88,8 % y que vaya disminuyendo paulatinamente hasta situarse en torno al 81,4 % en 2019-2020. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2015 de la Comisión, no se espera que el Reino Unido corrija su déficit excesivo antes del plazo de 2014-2015 fijado por el Consejo. Por otra parte, el esfuerzo presupuestario fue inferior a lo recomendado por el Consejo. Por este motivo, el 19 de junio, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 126, apartado 8, del TFUE que el Reino Unido no había tomado medidas eficaces en respuesta a la Recomendación del Consejo formulada de conformidad con la Recomendación de 2 de diciembre de 2009 relativa al déficit excesivo y emitió una nueva recomendación por la que se pedía al Reino Unido que corrigiera su déficit excesivo en 2016-2017. El Programa de Convergencia es compatible con el nuevo plazo de 2016-2017 en el marco del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. El supuesto macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2015 de la Comisión, se espera que el Reino Unido corrija su déficit excesivo antes del plazo de 2016-2017 y lleve a cabo el estímulo presupuestario recomendado. Ya se han especificado medidas de apoyo a los porcentajes de déficit previsto a partir de 2015-2016, pero es necesario detallar más los límites de gasto para los distintos departamentos especificados. Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2015 de la Comisión, el Consejo estima que cabe esperar que el Reino Unido cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento.
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En su Programa de Estabilidad de 2015, el Gobierno prevé un déficit global, estable en términos generales, del 1,4 % del PIB en 2016 y el 1,3 % del PIB en 2017, que aumentaría al 1,7 % en 2018. Para conseguir esos objetivos, el Gobierno se propone alcanzar un déficit estructural del 1,8 % del PIB en 2016, y del 1,4 % del PIB a partir de 2017. La senda de ajuste trazada en el Programa de Estabilidad incorpora una desviación correspondiente a la cláusula de reforma estructural a la que Letonia no parece poder acogerse, y clasifica el gasto adicional en defensa proyectado para el período 2016-2019 como operación única y excepcional. También según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio de deuda pública/PIB se reduzca del 37 % en 2015 al 34 % en 2018, con algunas fluctuaciones anuales intermedias debidas a la acumulación de activos líquidos a efectos de gestión de la deuda. El escenario macroeconómico en el que se sustentan estas previsiones presupuestarias es verosímil. El grueso de las medidas para 2015 se ha ejecutado conforme a lo presupuestado. No obstante, no se han especificado suficientemente las medidas encaminadas a alcanzar los objetivos de déficit planeados a partir de 2016. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, Letonia cumple los requisitos en 2015 –teniendo en cuenta la aplicación de la cláusula de reforma sistémica de las pensiones. Para 2016, existe un riesgo de desviación importante. El saldo estructural debe mejorar en un 0,3 % del PIB, teniendo en cuenta el margen autorizado en relación con la reforma sistémica de las pensiones. Ahora bien, las previsiones de la Comisión indican un deterioro del 0,3 % del PIB, dato debido también a la imposibilidad de clasificar el gasto en defensa como medida única y excepcional. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, el Consejo opina que existe un riesgo de que Letonia no cumpla lo dispuesto en el Pacto de estabilidad y crecimiento.
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El Gobierno Federal ha aumentado su gasto en educación e investigación, pero el porcentaje de gasto público en educación respecto al PIB sigue estando por debajo de la media de la UE, y el gasto total en educación e investigación podría ser inferior al objetivo nacional del 10 % del PIB en 2015. Alemania tiene intención de aumentar la inversión pública hasta 2018, con unos importes adicionales de 10 000 millones EUR para infraestructuras y de 5 000 millones EUR para prestar apoyo a las inversiones de municipios con escasos recursos financieros. Sin embargo, estas positivas medidas parecen insuficientes para hacer frente al retraso acumulado en materia de inversión. Alemania podría aprovechar su margen de maniobra presupuestario para invertir en el potencial de crecimiento futuro de la economía y corregir el retraso en materia de inversión pública, que es especialmente evidente en las infraestructuras y a nivel municipal. Alemania no ha hecho progresos para mejorar la eficacia del sistema tributario. En general, las posibilidades de sustituir los impuestos por fuentes de ingresos más favorables al crecimiento parecen infrautilizadas. Los ingresos por los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria siguen siendo relativamente reducidos (un 0,5 % del PIB en 2012, frente al 1,5 % en la UE-28) y la valoración de los bienes inmuebles es obsoleta, ya que se remonta a los valores de mercado de 1963-1964 en los Estados federados de Alemania Occidental y de 1935 en los Estados federados orientales. Aunque el acuerdo de coalición contemplaba una reforma del impuesto municipal sobre bienes inmuebles (Grundsteuer), que se anunció en los Programas Nacionales de Reformas de 2014 y 2015, hasta la fecha no se han tomado medidas concretas. En lugar de centrarse más en impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria que causen menos distorsiones, ha continuado la tendencia a incrementar los impuestos de transmisión de bienes inmuebles. No se ha revisado el impuesto comercial local (Gewerbesteuer). La inclusión de elementos no lucrativos en la base imponible genera ineficiencias. La carga administrativa que supone la fiscalidad para las empresas y los costes de recaudación de impuestos siguen siendo relativamente elevados en Alemania, mientras que la utilización de la presentación electrónica de impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades es menor que la media de la Unión. La revisión en curso de las relaciones fiscales entre la Federación, los Estados federados y los municipios ofrece la oportunidad de reforzar el marco de una política fiscal sostenible, que garantice, en particular, una adecuada inversión pública en todos los niveles de la Administración. La revisión ofrece también una oportunidad para mejorar la asignación de competencias en materia de ingresos y gastos, así como la eficacia del sistema de compensación financiera horizontal y de la Administración tributaria.
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Bélgica está actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento y sujeta a la norma transitoria en materia de deuda para el período 2014-2016. El 27 de febrero de 2015, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, dado que no se esperaba que Bélgica avanzara lo suficiente en el cumplimiento de la norma en materia de deuda en 2014-2015 y que el valor de referencia del déficit del 3 % del PIB se había incumplido en 2014. El análisis concluyó que el criterio de deuda debía considerarse cumplido en aquel momento y que el exceso del déficit por encima del valor de referencia era cercano a dicho valor, temporal y excepcional (debido a cambios estadísticos metodológicos). Este análisis sigue siendo válido en términos generales. En su Programa de Estabilidad de 2015, el Gobierno tiene prevista una mejora gradual del saldo estructural para lograr una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales para 2018. No obstante, el saldo estructural recalculado (6) apunta a un déficit estructural del 0,3 % del PIB en 2018. El Gobierno no tiene previsto alcanzar el objetivo a medio plazo —un superávit del 0,75 % del PIB en términos estructurales— dentro del período del programa. Se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance su máximo del 106,9 % en 2015 para luego ir bajando gradualmente hasta el 102 % en 2018. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2016 no se han concretado suficientemente. Basándose en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015, el crecimiento del gasto neto en 2015 se espera que esté en consonancia con el valor de referencia para el gasto. No obstante, existe un cierto riesgo de desviación en 2014-2015, debido fundamentalmente al desvío en 2014. Si no hay cambios en la política, existe también el riesgo de una desviación considerable respecto de la necesaria trayectoria de ajuste hacia el objetivo a medio plazo en 2015-2016. Por tanto, serán necesarias medidas adicionales esos dos años. Basándose en la evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión de la primavera de 2015, el Consejo considera que existe el riesgo de que Bélgica no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento.
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Las reformas tributarias han contribuido al ajuste presupuestario, pero aún queda margen para reducir las distorsiones, mejorar la eficiencia del sistema impositivo y hacer que propicie en mayor medida el crecimiento y el respeto del medio ambiente. La imposición sobre los bienes inmuebles se ha hecho periódica, pero la base sigue siendo relativamente estrecha, pues determinadas propiedades no residenciales quedan fuera de la red impositiva. La fiscalidad del trabajo carece de simplicidad debido a la complejidad de las cotizaciones sociales. Las bases imponibles de los impuestos sobre el consumo y el medio ambiente están limitadas por los tipos reducidos y las exenciones. Los tipos nulo y reducidos del impuesto sobre el valor añadido hacen que resulte menos eficiente que la media de la UE y no parece haber ninguna evaluación sistemática de tales gastos fiscales. Hay margen para mejorar la eficacia de los instrumentos impositivos medioambientales y eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Se aplaude la reciente modificación de las normas sobre la residencia fiscal, aunque quizá se necesite tiempo para poder evaluar su efecto. En los últimos años se han emprendido grandes reformas del marco presupuestario. Se espera que las nuevas normas y procedimientos, en particular el marco de gasto a medio plazo, constituyan una salvaguardia contra la política presupuestaria procíclica y son fundamentales para la sostenibilidad de la hacienda pública. No obstante, con arreglo a la normativa vigente, el Gobierno dispone de un considerable margen de apreciación para modificar los límites máximos de gasto más allá de las contingencias predefinidas, en detrimento de los planes presupuestarios a medio plazo.
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Lituania está actualmente sometida al componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Estabilidad para 2015, Lituania ha solicitado que se le aplique la cláusula relativa a la reforma de las pensiones, cuyos costes presupuestarios estima ascenderían en 2016 a un 0,1 % del PIB. A reserva de que Eurostat confirme que la reforma del sistema de pensiones cumple las condiciones necesarias, y teniendo en cuenta que se mantiene un margen de seguridad adecuado con respecto al valor de referencia del déficit, el Consejo opina que Lituania podría acogerse en 2016 a la desviación temporal solicitada respecto de la senda de ajuste al objetivo a medio plazo. En su Programa de Estabilidad de 2015, el Gobierno prevé alcanzar un déficit global del 1,2 % del PIB en 2015 y reconducirlo a un superávit del 0,7 % del PIB para 2018. El Gobierno se propone además cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 1 % del PIB) a lo largo de todo el período de programación. Conforme al Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance su nivel máximo, un 42,2 %, en 2015, para disminuir a un 32,9 % en 2018. El escenario macroeconómico en el que se sustentan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No obstante, las medidas encaminadas a la consecución de los objetivos de déficit previstos a partir de 2016 no se han especificado suficientemente. Las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión ponen de manifiesto un riesgo de desviación respecto de la senda de ajuste necesaria hacia el objetivo a medio plazo en 2015 debido al aumento del gasto neto en un 0,3 % del PIB por encima del nivel de referencia. Para 2015-2016, tanto el saldo estructural como el aumento del gasto se desvían significativamente de la senda de ajuste marcada, lo que indica un riesgo de desviación considerable en 2016. Por lo tanto, se necesitarán nuevas medidas en ambos años. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2015 de la Comisión, el Consejo opina que existe un riesgo de que Lituania no cumpla lo dispuesto en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Además, a pesar de los avances registrados recientemente, el marco presupuestario actual debería ser objeto de nuevas mejoras que refuercen su carácter vinculante y aseguren su plena concordancia con las disposiciones presupuestarias de la UE. La recaudación tributaria de Lituania depende ampliamente de los impuestos sobre el trabajo e indirectos, permaneciendo los ingresos derivados de los impuestos medioambientales y sobre el patrimonio en niveles muy escasos. Lituania sigue teniendo un desafío pendiente en lo que al cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente las relativas al IVA, se refiere.
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A pesar de las recientes mejoras, el mercado laboral polaco se enfrenta a retos considerables: el envejecimiento de la población activa, la baja productividad y la elevada segmentación del mercado de trabajo. A esto se añaden las deficiencias en el sistema educativo. Aunque este ha mejorado considerablemente en los últimos años, aún no logra dotar suficientemente a los alumnos de las competencias transversales necesarias para la innovación y para un mercado laboral que evoluciona con rapidez. La clasificación media relativamente baja de la educación superior y la ciencia polacas tienen un efecto negativo en la calidad de la enseñanza impartida. El grado de internacionalización de la educación superior polaca es muy limitado, tanto en lo relativo al número de estudiantes extranjeros como a la participación en la cooperación científica internacional. El modelo de financiación de la educación superior no promueve la calidad de manera suficiente, ya que se basa en gran medida en indicadores universitarios y variables cuantitativas del pasado, como el número de estudiantes y de personal académico. Según los empleadores, los titulados carecen de competencias transversales, tales como la capacidad de resolución de problemas, el pensamiento crítico o el trabajo en equipo. La participación en el aprendizaje permanente es baja, y la formación y educación profesional no responden a las necesidades del mercado.
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Tras la derogación del procedimiento de déficit excesivo, Irlanda se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2016, que se basa en una hipótesis de mantenimiento de las mismas políticas, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario hasta alcanzar un superávit del 0,4 % del PIB en 2018. Se espera que el objetivo presupuestario a medio plazo revisado —un déficit estructural del 0,5 % del PIB— se alcance en 2018. Sin embargo, la variación anual del saldo estructural recalculado (5) del 0,1 % del PIB en 2016 no garantiza avances suficientes hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Con arreglo al Programa de Estabilidad, se prevé que la ratio deuda pública/PIB se reduzca al 88,2 % en 2016, para posteriormente descender hasta el 85,5 % en 2017. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, existe un riesgo de cierta desviación del ajuste presupuestario recomendado en 2016, aunque se prevé que Irlanda se atenga a él en 2017 suponiendo que no haya cambios en las políticas. Está previsto que Irlanda cumpla con la norma transitoria en materia de deuda en 2016 y 2017. Sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad, y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que es de esperar que Irlanda cumpla en términos generales las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. No obstante, será preciso adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2016.
(5)

España se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2016, España prevé alcanzar objetivos de déficit global del 3,6 % del PIB en 2016 y del 2,9 % en 2017. Por consiguiente, se prevé corregir el déficit excesivo un año más tarde de lo actualmente recomendado por el Consejo al no haberse cumplido el esfuerzo fiscal y los objetivos principales en 2014 y 2015. Estos objetivos suponen la realización plena del ahorro permanente del 0,4 % del PIB en el nivel de las administraciones central y autonómicas anunciado en respuesta a la Recomendación Autónoma de la Comisión de 9 de marzo de 2016. Se prevé que el déficit siga disminuyendo posteriormente hasta llegar al 1,6 % del PIB en 2019. Sin embargo, no se prevé alcanzar el objetivo a medio plazo de equilibrio presupuestario en términos estructurales dentro del horizonte temporal del Programa de Estabilidad. En concreto, se prevé que el saldo estructural recalculado mejore solo levemente en 2016 y 2017 hasta situarse en torno al -2,5 % del PIB, y disminuya lentamente hasta alcanzar el -2,75 % del PIB en 2019. La ratio deuda pública/PIB disminuyó solo marginalmente en 2015 hasta el 99,2 % del PIB y se espera que disminuya ligeramente en 2016 y 2017, y de forma más decisiva en los dos años siguientes, hasta situarse en el 96 % del PIB en 2019 al convertirse el saldo primario en superávit. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil en lo que respecta a 2016 y 2017 y algo optimista para después; ha sido refrendado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de España. Según las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el déficit sería del 3,9 % del PIB en 2016 y del 3,1 % en 2017, por encima de los objetivos principales del Programa de Estabilidad. Por consiguiente, no se prevé que España corrija el déficit excesivo en 2016 tal como recomendaba el Consejo. Los objetivos de déficit del Programa se ven comprometidos por riesgos derivados en gran parte de las incertidumbres que rodean la realización de los ahorros propiciados por las medidas de marzo y abril de 2016. Dado que se prevé un ligero aumento del déficit estructural en ambos años, el esfuerzo fiscal no está en consonancia con los requisitos del Pacto de estabilidad y crecimiento. Sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que existe un riesgo de que España no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por consiguiente, son necesarias más medidas para garantizar el cumplimiento en 2016 y 2017.
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En lo que respecta al fomento de la competencia en el sector de los servicios, los avances han sido limitados. La legislación en materia de competencia de 2015 aún se está debatiendo en el Parlamento. Durante la tramitación parlamentaria se han relajado algunas de sus disposiciones, por ejemplo las relativas a las profesiones jurídicas. Algunos sectores aún siguen estando excesivamente protegidos o regulados, en particular las profesiones reguladas, el sector sanitario, los transportes públicos locales y los taxis, los puertos y los aeropuertos. El sector minorista adolece de diversas ineficiencias derivadas de la rigidez de la regulación del mercado. El proceso público de concesión de derechos sobre el dominio público para el ejercicio de actividades económicas no favorece la competencia, sobre todo porque los regímenes de licencias no se adjudican mediante procedimientos competitivos y transparentes. Un entorno favorable a las empresas debe apoyar las medidas de apertura de los mercados. Se han realizado algunos avances en el marco del programa de simplificación de 2015-2017, que facilita y racionaliza la cooperación entre la Administración central y las administraciones regionales. No obstante, el entorno empresarial italiano todavía no es suficientemente favorable al crecimiento y la inversión, y se ve afectado por la fragmentación y la estratificación del sistema de disposiciones legales y reglamentarias que emanan de los diferentes niveles de gobierno. No se ha reducido la carga administrativa y normativa que pesa sobre los agentes económicos. Los aspectos positivos en términos de la facilitación de la creación de empresas o los procedimientos concursales se han visto lastrados por las deficiencias en la gestión de las licencias de obras, la ejecución de los contratos, el pago de impuestos o la obtención de crédito. La aplicación de la estrategia nacional en materia de contratación pública adoptada a principios de 2016 también podría contribuir a corregir algunas deficiencias sistémicas y generalizadas.