ES Diario Oficial de la Unión Europea L 116/26

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 23 de octubre de 2007

relativa a la ayuda estatal C 23/06 (ex NN 35/06) concedida por Polonia a favor del productor siderúrgico Grupo Technologie Buczek

[notificada con el número C(2007) 5087]

(El texto en lengua polaca es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/344/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Visto el Protocolo 8 del Tratado de Adhesión sobre la reestructuración de la industria siderúrgica polaca (1) (en lo sucesivo, «el Protocolo 8»),

Después de haber emplazado a los interesados a presentar observaciones de conformidad con los citados artículos (2),

Considerando lo siguiente:

I. PROCEDIMIENTO

(1) En marzo de 2002, Huta Buczek (en lo sucesivo, «TB-HB») presentó un plan de reestructuración a las autoridades polacas. El 7 de mayo de 2003 TB-HB pasó a denominarse Technologie Buczek SA (en lo sucesivo, «TB»).

(2) El 5 de noviembre de 2002, el Consejo de Ministros de Polonia aprobó el programa de Reestructuración y Desarrollo para el Sector Siderúrgico polaco hasta 2006 (en lo sucesivo, «Programa Nacional de Reestructuración» o «PNR»). Este programa contempla esencialmente la concesión al sector siderúrgico polaco de hasta 3 387 millones de zloty polacos (PLN) (846 millones EUR) (3) de ayudas estatales para su reestructuración en el período comprendido entre 1997 y 2006.

(3) El PNR fue presentado a la UE y el 25 de marzo de 2003 fue evaluado por la Comisión. Sobre esta base, la Comisión presentó una propuesta de decisión del Consejo con objeto de ampliar el período de gracia para la concesión de ayudas estatales en el sector siderúrgico polaco al amparo del Acuerdo Europeo (que inicialmente solo duraba hasta 1997) hasta la adhesión de Polonia a la UE, siempre que los beneficiarios lograsen la rentabilidad antes de 2006. La propuesta fue aprobada por el Consejo en julio de 2003 (4).

(4) En consecuencia, la UE autorizó a Polonia, desviándose de sus normas (5), a conceder ayudas de reestructuración al sector siderúrgico. Así se estableció en el Protocolo 8 del Tratado de Adhesión, sobre la reestructuración de la industria siderúrgica polaca (6). En él se confirma la aceptación de la concesión de ayudas estatales a ocho empresas enumeradas en el anexo 1 al Protocolo 8, entre las que se encuentra TB-HB, por un importe no superior a 3 387 millones PLN hasta finales de 2003.

(5) Con objeto de velar por el cumplimiento de las condiciones en él contempladas, el Protocolo 8 establece disposiciones específicas de ejecución y control. Entre otras obligaciones, las autoridades polacas han de presentar informes semestrales. Además, en 2003, 2004, 2005 y 2006 un consultor independiente llevó a cabo evaluaciones (7). En febrero de 2004 y abril de 2005 se presentaron informes relativos a TB que fueron debatidos con las autoridades polacas y los beneficiarios y aprobados por los servicios de la Comisión y dichas entidades.

(6) En septiembre de 2005, TB modificó su plan de negocios específico (en adelante, «PNE de 2005») y posteriormente lo remitió a la Comisión solicitando su aprobación con arreglo al punto 10 del Protocolo 8. No obstante, esta solicitud perdió su razón de ser porque la empresa modificó posteriormente su plan en varias ocasiones y desde 2006 es insolvente.

(7) Después de que la evaluación independiente de 2005 indicase que TB tenía una deuda creciente con acreedores públicos y no lograba ser rentable, la Comisión solicitó información adicional a Polonia mediante cartas de 29 de marzo de 2005, 1 de agosto de 2005 y 2 de diciembre de 2005, a las que las autoridades polacas respondieron mediante cartas de 23 de junio de 2005, 28 de septiembre de 2005 y 14 de febrero de 2006.

(8) Mediante carta de 7 de junio de 2006, la Comisión informó a Polonia de que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE con relación a la ayuda anteriormente mencionada.

(9) La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (8). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones a propósito de la ayuda.

(10) La Comisión no recibió observaciones de los interesados.

(11) Las autoridades polacas respondieron mediante cartas de 18 de septiembre de 2006, 2 de octubre de 2006 y 20 de octubre de 2006. Los servicios de la Comisión solicitaron información adicional a Polonia mediante cartas de 6 de noviembre de 2006, 18 de diciembre de 2006 y 15 de marzo de 2007. Las autoridades polacas respondieron por cartas de 24 de noviembre de 2006, 23 de enero de 2007 y 23 de mayo de 2007. El 13 de diciembre de 2006 tuvo lugar una reunión entre las autoridades polacas y los servicios de la Comisión.

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA

1. Grupo TB

(12) TB es un productor polaco de tubos con sede en la ciudad de Sosnowiec, región de Silesia. Hasta 2006 la empresa fabricaba productos de acero en la planta de producción de tubos soldados y en la de producción de tubos de acero de alta aleación. Se trata de productos siderúrgicos con arreglo a las normas de la CE en materia de ayudas estatales (9). Su capacidad total alcanza en torno a las 60 000 toneladas (10). El laminador de tubos soldados consta de cuatro líneas de soldadura (W 1.5 y W 2, que se modernizaron en 1993 y 2001; W 3, que entró en funcionamiento en 1993, y W4, en funcionamiento en 2003) y dos líneas de corte longitudinal (una de ellas empezó a funcionar en 2004). Además, TB dispuso hasta 2005 de una laminadora.

(13) TB es una sociedad por acciones que en 2004 poseía un capital propio de unos 20 millones PLN (5 millones EUR). El socio mayoritario de TB, con aproximadamente el 78,1 % del capital, es Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny SA (en adelante, «GFR»). Hasta el 30 de diciembre de 2005, el principal accionista de GFR con el 51,3 % de las acciones era Eurofaktor SA (en adelante, «EF»). Los accionistas de EF son inversores privados como Bonum Sp. z o.o. con el 37,25 % de las acciones, ING TFI con el 13,40 %, Polmetal Sp. z o.o. con un 11,31 %, Stabilo Group Sp. z o.o. con el 10,93 %). Posteriormente EF vendió sus acciones a Stabilo Group Sp. z o.o. El Tesoro Público era un accionista minoritario de GFR.

(14) En la actualidad TB tiene cuatro filiales que desarrollan una actividad empresarial significativa: a) Buczek Automotive Sp. z o.o. [en adelante, «BA», originalmente denominada P.U.R.M. (Przedsiębiorstwo Usług Remontowo-Mechanicznych) «REMEBUD» Sp. z o.o.], en la que TB posee actualmente una participación del 51 %. En un principio la empresa suministraba maquinaria y prestaba servicios de mantenimiento de equipos a TB. En diciembre de 2005, TB cedió también a BA (en ese momento de su propiedad al 100 %) su división principal en el sector del automóvil y le cambió el nombre por el de BA. Además de los 76 empleados de la empresa original, el 1 de diciembre de 2005 se transfirieron otros 227 trabajadores a BA. El 1 de enero de 2006, TB y BA celebraron un contrato de arrendamiento de duración indeterminada en virtud del cual BA explota los activos del sector del automóvil de TB. En noviembre de 2006 y como consecuencia de las deudas impagadas por TB, EF hipotecó las acciones de BA y se convirtió en propietaria de una participación del 49 % en BA. Esta empresa es un productor siderúrgico con arreglo a lo dispuesto en las normas de la CE en materia de ayudas estatales; b) Huta Buczek Sp. z o.o. (en adelante, «HB», propiedad al 100 % de TB) es la laminadora de TB. La empresa cuenta con 227 trabajadores. HB fue creada el 3 de diciembre de 2004 con un capital en acciones de 100 000 PLN (unos 25 000 EUR). En 2005 y el primer semestre de 2006 TB incrementó el capital de HB mediante varias ampliaciones de capital por un total de 14 811 600 PLN. HB no es un productor siderúrgico con arreglo a lo dispuesto en las normas de la CE en materia de ayudas estatales; c) Buczek — HB — Zakład Produkcji Rur Sp. z o. o. (en adelante, «ZPR», es propiedad de TB en un 18 %, mientras que el resto está en manos de los empleados de la empresa) fabrica tubos estirados y presta servicios de cortado y procesamiento de acero y emplea a 100 personas. En 2001, la empresa fue absorbida por los empleados de TB para evitar su cierre. TB sigue siendo la propietaria del equipo de producción, aunque se lo alquila a TB-ZPR; d) SAMKOL (propiedad de TB al 100 %) es un proveedor de servicios de transporte. La empresa fue fundada en 1997 y su capital fue incrementado por última vez en 2001. Antes prestaba el 80 % de sus servicios a TB, si bien en la actualidad los ingresos de la empresa que proceden de la colaboración con TB solo alcanzan el 20 %.

2. Plan de reestructuración inicial

(15) En 2002, TB-HB prepararon un plan de negocio específico (en adelante denominado «PNE 2002») con el fin de superar las dificultades financieras. Como se indicó en la decisión de incoar el procedimiento, el plan operativo de reestructuración supuso centrarse en la producción de tubos calibrados con soldadura para aplicaciones específicas fabricados a partir de flejes de acero galvanizados o revestidos de aluminio. A tal efecto, se ha previsto adquirir un mayor número de equipos de producción (11).

(16) El plan de negocio indicaba que el coste total de las inversiones potenciales se situaría en torno a 25 millones PLN. Además de las principales inversiones en la producción y la transformación de tubos para aplicaciones en el sector de la automoción y en las líneas de fabricación de tubos con soldadura, incluía proyectos tales como la informatización, la modernización de otros proyectos de menor importancia y la compra de activos fijos. Aunque se deseaba hacer inversiones en el departamento de laminado, al considerarse poco realistas se pospusieron.

(17) Además, el plan incluía un programa de reducción de costes que suponía un recorte de la plantilla de 523 a 407 empleados. A tal efecto, se realizó una previsión de costes de 2 910 000 PLN para el período 2002-2006. En particular, estaba previsto obtener una ayuda pública externa de 823 000 PLN con un equivalente neto de subvención de 597 000 PLN para la reducción de 161 puestos de trabajo. Por otra parte, se había previsto una ayuda de 2,744 millones PLN en concepto de investigación y desarrollo (en adelante, «I+D»); 1 250 000 PLN en 2002, lo que representa un equivalente neto de subvención de 900 000 PLN, y 2 540 000 PLN en 2003 (equivalente neto de subvención 1 854 000 PLN) (12).

(18) Por último, se planificó una reestructuración financiera de 8,411 millones PLN en equivalente neto de subvención en concepto de una condonación de deuda de unos 3,392 millones PLN [que incluía esencialmente deudas por impago del impuesto de bienes inmuebles al Ayuntamiento de Sosnowiec e importes menores adeudados a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, en adelante, «ZUS»)], así como la reprogramación de deudas por importe de 6,014 millones PLN a la ZUS y al Fondo Estatal para la Rehabilitación de Personas con Discapacidad (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, en adelante, «PFRON») con un equivalente neto de subvención de 5,019 millones PLN [5,001 millones PLN (ZUS) + 18 000 PLN (PFRON)]. El objetivo de la reestructuración financiera era adquirir materiales y mantener la continuidad de la producción (13).

3. Ayuda estatal

a) Ayuda prevista con arreglo al plan de reestructuración

(19) El programa de reestructuración incluía esencialmente las ayudas siguientes: Cuadro 1 Ayudas estatales previstas para TB durante el período 2002-2003 Institución Naturaleza de la ayuda Miles de PLN Miles de PLN (ENS) FGŚP (2002) (14) Pago a plazos 136 3 FGŚP (2003) Pago a plazos 270 15 Subtotal plazos 406 18 Ayuntamiento de Sosnowiec Condonación deuda 2 964 2 964 Agencia Tributaria Condonación deuda 163 163 ZUS Condonación deuda 265 265 Subtotal condonaciones deuda 3 392 3 392 ZUS Pago a plazos 6 014 5 001 Total Reestructuración financiera 9 812 8 411 Reestructuración de la plantilla 823 597 I+D 3 790 2 754 IMPORTE TOTAL AYUDA 14 425 11 762

(20) En el plan de reestructuración se indicaba también que en 1997-2001 HB-TB había recibido ayuda estatal por importe de 4 422 411 PLN (equivalente neto de subvención). La mayor parte era ayuda de I+D (3 243 626 PLN). Se concedió una ayuda de 196 800 PLN en concepto de protección ambiental, otra de 132 240 PLN para formación y la restante de 849 746 se destinaba al «proceso de reestructuración» o «ayuda ad hoc» (15).

(21) Por consiguiente, en conjunto se destinó una ayuda de 16 184 411 PLN a TB, que fue aprobada posteriormente con arreglo al PNR y el Protocolo 8.

b) Ayuda estatal recibida

(22) En opinión del consultor independiente, en 2002-2003 la empresa solo recibió 2,235 millones PLN (equivalente neto de subvención) de ayuda estatal (16). De esa ayuda, 2,045 millones PLN se destinaron a I+D y 190 400 PLN a la reestructuración de la plantilla (17).

(23) Además, el PNE de 2005 indicaba que TB había obtenido una subvención de 877 000 PLN para la reestructuración de la plantilla para el período 2004-2006 (18). Las autoridades polacas han explicado que el Gobierno facilitó fondos destinados a contribuir a la reinserción de los trabajadores despedidos en el mercado laboral mediante actividades de formación tendentes a mejorar sus cualificaciones o instarles a jubilarse anticipadamente al compensarlos parcialmente por los escasos ingresos que recibirían con la jubilación anticipada. La subvención se concedió tras la adopción en diciembre de 2003 de una enmienda introducida en la Ley relativa a la reestructuración del sector siderúrgico, de 24 de agosto de 2001, en la que se precisaba que los únicos beneficiarios son los empleados, mientras que el empresario no es más que un intermediario que se ocupa de abonar el dinero a los trabajadores despedidos.

4. Inaplicación del plan de reestructuración — Evolución de la situación entre 2003 y 2006

(24) La reestructuración de TB no alcanzó los resultados previstos en el plan de reestructuración y culminó en 2006 con la insolvencia de la empresa por las razones siguientes:

a) Condonación de la deuda

(25) TB no pudo obtener la condonación de la deuda prevista en el PNE.

(26) Se suponía que la condonación de las deudas contraídas con la ZUS, el Ayuntamiento de Sosnowiec y la Agencia Tributaria, por valor de 3 392 000 PLN, debía concederse sobre la base de la Ley de 30 de agosto de 2002, relativa a la reestructuración de determinadas deudas contraídas por empresas con acreedores públicos (en adelante, «la Ley de 30 de agosto de 2002») (19). Esta Ley hizo posible que empresas en crisis reestructurasen sus deudas públicas mediante condonaciones. La empresa en cuestión debía presentar una solicitud y un plan de reestructuración a cada una de las entidades públicas con las que hubiera contraído deudas que tuvieran que ser reestructuradas (en adelante, «entidad de reestructuración»).

(27) La entidad de reestructuración, tras llegar a la conclusión de que el plan de reestructuración propuesto podía mejorar la situación financiera de la empresa, adoptaba «una decisión sobre las condiciones de reestructuración», que iba acompañada por una lista de las deudas cubiertas por la reestructuración. Si la empresa reunía todas las condiciones impuestas por la decisión, a saber, si había abonado una tasa de reestructuración, presentado un plan de reestructuración y no tenía otros atrasos, la entidad de reestructuración estaba obligada a adoptar una decisión «final» relativa a la condonación de las deudas enumeradas en la decisión sobre las condiciones de reestructuración («la decisión final de reestructuración»).

(28) No obstante, esta decisión final no podía adoptarse antes de que hubiera transcurrido un año de la adopción de la decisión relativa a las condiciones de reestructuración y debía ser avalada por el Presidente del Servicio polaco de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores (en adelante, «UOKiK») por lo que respecta a la compatibilidad de las condonaciones con las normas en materia de ayudas estatales. En el período posterior a la adopción de la decisión relativa a las condiciones de reestructuración y anterior a la decisión final de reestructuración las empresas tenían que registrar las deudas que fueran a ser condonadas. Además, se les aplicaba una penalización de intereses. La Comisión entiende que la lógica que subyacía en esta práctica era permitir que las condonaciones de deudas solo tuvieran lugar una vez que se acreditara que la empresa estaba aplicando realmente su plan de reestructuración.

(29) Se informó a la Comisión de que la ZUS, el Ayuntamiento de Sosnowiec y la Agencia Tributaria no habían aplicado tales condonaciones de deudas.

(30) El UOKiK rechazó el proyecto de condonación de las deudas de TB contraídas con el Ayuntamiento de Sosnowiec (obligaciones en concepto del impuesto sobre bienes inmuebles por importe de 2 964 000 PLN) porque la solicitud se había presentado después del 31 de diciembre de 2003, cuando el Protocolo 8 prohibía la concesión de ayuda estatal a las empresas siderúrgicas con posterioridad a esa fecha. Por tanto, el 28 de abril de 2004 el UOKiK afirmó que no se podía conceder la condonación prevista, dado que infringiría las disposiciones del Protocolo 8. Por la misma razón, el 6 de febrero de 2004 el UOKiK emitió un dictamen negativo en relación con la condonación de las deudas contraídas por TB con PFRON.

(31) La Agencia Tributaria denegó la solicitud presentada por TB con vistas a la condonación de su deuda con este organismo (163 000 PLN). De conformidad con la Ley de 30 de agosto de 2002, solo podía denegarse si la empresa no había abonado «la tasa de reestructuración» (que ascendía al 15 % del valor de las deudas que se debían condonar) o si tuviera otras obligaciones con la Agencia Tributaria.

(32) Finalmente, como muestra el plan de negocio de 2005, la reestructuración de la deuda contraída con la ZUS (265 000 PLN) también fracasó por motivos financieros. Como se ha explicado anteriormente (considerando 26), para lograr la condonación de las deudas al amparo de la Ley de 30 de agosto de 2002, la empresa debería haber reembolsado, o reprogramado el reembolso, de todas las demás deudas públicas no sujetas a reestructuración con arreglo a la Ley de 30 de agosto de 2002. Esta es la razón de que el PNE de 2002 contemplara la reprogramación de la deuda que ascendía a 6 420 000 PLN. Por consiguiente, la Comisión concluye que o TB no logró entenderse con la ZUS para la reprogramación o la ZUS adoptó una decisión pero TB no cumplió sus condiciones.

b) Incremento del endeudamiento

(33) Entre 2001 y 2006 TB fue acumulando deudas con la ZUS, el Ayuntamiento de Sosnowiec, la Agencia Tributaria y PFRON. La deuda comenzó a incrementarse en 2001, aumentando progresivamente hasta diciembre de 2002. Tras un breve respiro, siguió acumulándose entre febrero de 2002 y noviembre de 2003. La empresa solo estuvo en condiciones de pagar la deuda entre noviembre de 2003 y octubre de 2004, probablemente con vistas a cumplir las condiciones para la condonación de deudas establecidas en la Ley de 30 de agosto de 2002. No obstante, a partir de noviembre de 2004 la deuda de la empresa comenzó a incrementarse de nuevo.

(34) Tras fracasar su intento de lograr la condonación, en el otoño de 2004 TB adeudaba un importe cercano a los 20 millones PLN. Así se confirmó en el Cuarto informe de control polaco para 2004, de 8 de marzo de 2005, que incluía un desglose pormenorizado de las deudas siguientes: Cuadro 2 Deuda de TB que figura en el informe de control polaco de marzo de 2005 Acreedores públicos (miles de PLN) Deudas a finales de 2003 Deudas a finales de 2004 Deudas a finales de enero de 2005 ZUS 14 956 13 916 14 510 Ayuntamiento de Sosnowiec 7 411 5 118 5 371 PFRON 480 678 704 Agencia Tributaria de Sosnowiec 269 555 524 Otros 115 0 0 Total 23 231 20 267 21 108

(35) En consecuencia, a finales de 2004 las deudas de TB con acreedores públicos ascendían a unos 20 millones PLN. Las autoridades polacas indicaron que en 2004 TB había conseguido devolver unos 5 millones PLN (1,2 millones PLN a la ZUS y 3,8 millones PLN al Ayuntamiento) merced a la venta de activos innecesarios. A pesar de eso, el informe indicaba que la deuda había vuelto a incrementarse después de 2004 y en enero de 2005 ascendía a 21,1 millones PLN.

(36) Las autoridades polacas corrigieron posteriormente el importe hasta dejarlo en 20,761 millones PLN a finales de 2004. El 31 de marzo de 2005 se había incrementado a 22,43 millones PLN y el 30 de junio de 2005 a 22,91 millones PLN. Con posterioridad a esa fecha, parece que la empresa logró vender algunos activos y redujo la deuda a 20,87 millones PLN a finales de 2005. No obstante, a mediados de 2006 se volvió a incrementar a 22,11 millones PLN, alcanzando en agosto de 2006, momento en que se declaró su insolvencia, la cifra de 22,67 millones PLN.

(37) De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, en 2004 TB no presentó ningún plan general de reestructuración con vistas a reprogramar el reembolso de su deuda.

(38) En su calidad de acreedores de la empresa, las autoridades públicas han tomado medidas para exigir el pago de los importes que se les adeudan, como exige la ley. Así por ejemplo, el Ayuntamiento de Sosnowiec y la ZUS embargaron las cuentas bancarias de la empresa con objeto de exigir el pago de las deudas. No obstante, esta medida no surtió efecto ya que la totalidad de los fondos existentes en las cuentas estaban reservados para el pago de los salarios de los trabajadores.

(39) Por tanto, el cobro de la deuda pendiente se está realizando esencialmente mediante la constitución de hipotecas sobre los bienes inmuebles y la adquisición de un derecho de usufructo permanente sobre los bienes inmuebles. Además, da la impresión de que el Ayuntamiento ha logrado la cesión de determinados activos en aplicación del artículo 66 de la Ley fiscal.

(40) En particular, el reembolso de la deuda con la ZUS se realizó mediante la constitución de hipotecas por importe de 25 millones PLN. Por otra parte, la ZUS dispone de garantías sobre los activos de producción por un valor de unos 12 millones PLN, de los cuales unos 9,5 millones PLN constituyen garantías de primera clase (que incluye una garantía de primera clase sobre la línea de soldadura W-3, por valor de más de 7 millones PLN).

(41) En mayo de 2007, el administrador judicial publicó la lista de deudas reconocidas de la empresa insolvente TB, que ascendían a 63 millones PLN. Esta cantidad incluye las deudas con acreedores públicos, siendo EF el principal acreedor, ya que se le adeudaban 35,9 millones PLN.

c) Inversiones

(42) TB no llevó plenamente a cabo su plan de inversión previsto por importe de 25 millones PLN, si bien desembolsó 10 millones PLN en inversiones y reservó algunos fondos adicionales para I+D.

(43) TB realizó algunas inversiones en aplicación de su PNE. En 2003 y 2004, las inversiones se centraron en desarrollar la producción de tubos destinados al sector del automóvil. En este contexto, en 2003 la empresa puso en marcha una línea de soldadura de tubos revestidos de aluminio (3 207 000 PLN) y en 2004 una línea de corte longitudinal para la fabricación de tubos cortos (733 000 PLN). Además, se modernizaron las líneas de soldadura existentes (1 063 000 PLN) y algunos edificios (1 379 000 PLN, incluido el sistema de calefacción) que eran imprescindibles para la producción destinada al sector del automóvil. En total, entre 2002 y 2005 se invirtieron 6,383 millones PLN en la división de automoción. Las autoridades polacas han confirmado que todas las inversiones se refieren a activos que, entre tanto, se han arrendado a BA (20).

(44) Por otra parte, unos 3,5 millones PLN se habían asignado a otras inversiones en sistemas de IT, compras de otros bienes de capital y otros proyectos (21).

(45) Además, se previó una cuantía adicional de entre 12 y 13 millones PLN para 2005 y 2006, que debía permitir que se acelerase el inicio de la producción de elementos de tubos de cromo, merced a la compra prevista en 2006 de una nueva línea de soldadura (unos 6 millones PLN). Sin embargo, según los datos de que dispone la Comisión, la compra no se llevó a cabo.

d) Situación general de la empresa

(46) TB no ha superado sus dificultades financieras ni ha obtenido créditos bancarios.

(47) A lo largo de todo el período de reestructuración TB fue incapaz de obtener apoyo económico ni de los acreedores ni de las entidades financieras locales (22). En realidad, ya en 2003 el banco había limitado los instrumentos de crédito ofrecidos a la empresa. Esta situación solo mejoró gracias a la implicación de un inversor financiero, GFR, que asumió un número significativo de deudas que se convirtieron en créditos a largo plazo. A pesar de ello, en 2004 TB fue de nuevo incapaz de lograr créditos de los bancos (23).

(48) Ello se debe esencialmente al hecho de que en ningún momento del período de reestructuración TB fue capaz de lograr la rentabilidad, a pesar de que el mercado mostraba una tendencia muy positiva.

(49) De hecho, en 2003, como muestran los informes de control independientes, TB se mantuvo muy por debajo de su objetivo de vender 48 000 toneladas de tubos, ya que solo alcanzó unas ventas de 30 000 toneladas (24). Además, la empresa tuvo que hacer frente a los aranceles impuestos a los flejes laminados en caliente, su principal materia prima, y a una estrategia de promoción de precios fallida, factores que contribuyeron a reducir sus ingresos. Por ello, la empresa finalizó 2004 con un margen de explotación negativo de 5 millones PLN (por un volumen de negocios de 92 millones PLN). En consecuencia, no ha superado la prueba de la rentabilidad de la Comisión. En su informe de síntesis de 2004, el consultor independiente de la Comisión concluyó que TB sigue operando a pesar de su insolvencia (25).

(50) En 2004, el Tercer informe de control polaco de septiembre de 2004 también indicó que TB gozaba de escasa liquidez y que su superávit financiero no cubría el reembolso de los plazos de los créditos con intereses, lo que implica un elevado riesgo de impago (26). El Cuarto informe polaco de 2004 incluía datos pormenorizados sobre atrasos (véase el considerando 34) y afirmaba que la empresa no había recibido contribución alguna de las instituciones financieras, no había realizado su plan de recorte de plantilla, ni alcanzado los niveles de productividad previstos. Por otra parte, por lo que se refiere a la situación financiera de la empresa, concluía que, «de todas las empresas del grupo, Technologie Buczek Sp. z o.o. era la que mayor riesgo corría de perder liquidez financiera. Este riesgo no se veía amortiguado por los beneficios netos de la actividad comercial porque esta no produjo ingresos adicionales. […] El elevado nivel de financiación de activos mediante deuda, incluida una elevada cuota de atrasos con instituciones públicas, demuestra la existencia del riesgo. Esta situación disuadía a los inversores de invertir en la empresa, como evidencian las dificultades de la empresa para lograr créditos bancarios».

(51) El informe de control independiente de mayo de 2005 confirmó la opinión de las autoridades polacas (27). En él se indicaba que, en 2004, a pesar de que mejoró la situación del mercado y de que aumentaron los precios del acero (30 % superiores a lo previsto), TB registró un margen de explotación negativo y sus ventas se situaron un 20 % por debajo de lo previsto. Por estas razones, el consultor concluyó que, «partiendo de la base de su rendimiento en 2003 y 2004, existía un riesgo elevado de que la empresa no lograse ser rentable antes de finales de 2006» (28).

(52) En septiembre de 2005, el Quinto informe polaco confirmó que TB había perdido liquidez financiera. Asimismo señaló que ello se debía a la puesta en marcha de la división de laminado (29).

e) Cambios estratégicos

(53) TB ha cambiado varias veces su consejo de administración y su estrategia de actividad.

(54) TB ha tratado de introducir varios cambios estructurales en la empresa. El consejo de administración fue destituido varias veces, en 2003, 2005 (febrero y octubre) y 2006.

(55) A finales de 2003, en septiembre de 2005 y a principios de 2006, TB cambió su estrategia de reestructuración. En el PNE de 2005 se modificó claramente la estrategia limitando la actividad de TB a la fabricación de tubos de acero revestidos de aluminio y de tubos de acero cromado. A tal efecto, la plantilla tenía que reducirse hasta los 267 empleados. Al parecer el PNE modificado exigía a TB el abandono de la producción de tubos con y sin soldadura de alta aleación, que no estaba siendo rentable. La empresa también dejó de fabricar tubos soldados de acero cromado.

(56) Por otra parte, como indicaron las autoridades polacas en una carta de 14 de febrero de 2006, desde 2006 TB tenía la intención de poner fin al proceso productivo en 2007 para no ser más que una empresa de gestión. Tenía previsto fundar una nueva empresa con la intención de que fuera líder en el sector polaco de la fabricación de tubos de aluminio y cromo para la industria del automóvil. A tal efecto, se iba a crear una nueva empresa ya que «la reestructuración en curso de los activos y las finanzas de TB […] le impide alcanzar la estabilización financiera, reembolsar sus deudas presupuestarias y obtener un crédito que le permita acceder a fuentes de financiación más baratas» (30). Estaba previsto que usase las líneas de soldadura W-4 y W-2, mediante un alquiler facilitado por TB al tiempo que se le transferiría toda la plantilla (con excepción de unos pocos trabajadores que se dejaban para gestionar TB). La infraestructura necesaria ha sido claramente desgajada de los activos de TB. Las restantes máquinas de soldadura iban a ser vendidas por razones de reestructuración de los activos. Habida cuenta de que la producción tenía que cesar antes de finales de 2006, la Comisión estima que la nueva estrategia de reestructuración implicaba la liquidación de facto de TB.

(57) Entre tanto, el 15 de septiembre de 2006, TB solicitó la declaración de insolvencia. Se permite al Grupo TB, en quiebra, que continúe una actividad económica. Actualmente consiste en el arrendamiento de sus activos a sus filiales. El administrador judicial tiene la intención de vender las partes organizadas de la empresa y continuar entre tanto con su actividad de arrendamiento.

f) Reestructuración del grupo

(58) TB ha reestructurado su grupo y ha cedido dos actividades rentables, a saber, la fabricación de bobinas de acero cromado (a HB) y la división de tubos de acero revestidos de aluminio y cromo (a BA) (véase el considerando 14).

(59) La fabricación de bobinas no se consideraba parte de la actividad principal de TB. Ya en 2002, el PNE indicaba que no se deberían realizar nuevas inversiones en HB, sino proceder a su segregación.

(60) HB fue fundada en diciembre de 2004 con un capital inicial de 100 000 PLN. El año siguiente se incrementó su valor hasta los 14 911 600 PLN mediante una aportación de activos por importe de 3 330 900 PLN que tuvo lugar el 17 de enero de 2005, ampliaciones de capital de 3 850 000 PLN y de 1 830 700 PLN en febrero/marzo y noviembre de 2005, respectivamente, y una aportación de activos intangibles por un valor de 5 800 000 PLN el 13 de julio de 2006.

(61) El valor total de HB se estimó en 38 millones PLN sobre la base del método suizo, por lo que su valor de mercado es mucho más elevado que el valor de su capital (14,9 millones PLN). De hecho, HB realiza beneficios. No tiene deudas con las instituciones públicas. En junio/julio de 2005 HB adquirió bienes inmuebles y maquinaria a TB por importe de 9 450 013 PLN con un valor estimado de 10 430 194 PLN. Se mantuvieron las garantías sobre los activos y, de conformidad con el Derecho polaco (artículo 112 de la Ley fiscal), HB hasta se convirtió en deudor solidario de TB de algunas de las deudas contraídas por TB con la ZUS.

(62) En 2005 la actividad de BA recibió un nuevo impulso con objeto de absorber la división de tubos de aluminio y cromo. A tal efecto, la plantilla de TB se transfirió a BA y, en julio de 2006, se efectuó una ampliación de capital por importe de 1 550 000 PLN. Además, TB alquila a BA los activos de producción de la división de tubos de escape para automóviles (especialmente las líneas de soldadura W2 y W4 y una línea de corte longitudinal). Con arreglo al contrato de arrendamiento, de vigencia indeterminada, BA abona 258 000 PLN al mes más IVA. Sobre esta base, BA se beneficia claramente de las inversiones efectuadas en estos activos. De hecho, el Séptimo informe polaco confirma que TB ha transferido 20 000 toneladas de capacidad de producción a BA (31).

(63) En febrero de 2004, la empresa EF firmó un contrato de servicio de factorización. Se suscribieron garantías sobre las acciones de HB y BA con el fin de velar por su aplicación. Así pues EF se convirtió en el mayor acreedor de TB. Dado que EF no era más que un accionista de GFR, no se considera que las deudas de EF constituyan inversiones de capital en TB.

(64) En la actualidad TB es dueña del 51,2 % del capital de BA. Las restantes acciones de BA fueron adquiridas por EF cuando se ejecutó una garantía el 20 de julio de 2006 en concepto de liquidación de deudas. La liquidación se efectuó al valor nominal de las acciones (7,2 millones PLN).

(65) En su calidad de acreedor, EF presentó también una solicitud al administrador para que el 48,8 % de las acciones de HB quedaran excluidas del procedimiento de insolvencia. No obstante, la solicitud fue denegada por el juez en septiembre de 2006.

III. RAZONES PARA LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

(66) En su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión concluyó que la reestructuración de TB no se ajustaba a lo dispuesto en el Protocolo 8 y planteó dudas sobre tres cuestiones: a) dado que el plan de reestructuración no se había llevado a la práctica, había decidido investigar si la ayuda de reestructuración se había empleado debidamente; b) se preguntaba si el hecho de no haber procedido a la ejecución de las deudas públicas constituía ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE; c) se preguntaba si después de 2003 se habían concedido nuevas ayudas presupuestarias para la reestructuración de la plantilla, lo que podría constituir ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

(67) La Comisión señaló que considera a todo el grupo como beneficiario.

IV. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES POLACAS

(68) En primer lugar, las autoridades polacas no están de acuerdo en que se haya usado indebidamente la ayuda de reestructuración. Polonia alega que esta ayuda no ha sido en su totalidad ayuda de reestructuración. a) Se trata esencialmente de la ayuda de I+D concedida entre 2002 y 2003. TB utilizó la mayor parte de la ayuda que se le concedió al amparo del plan de reestructuración para I+D. Polonia ha confirmado que la ayuda se empleó a tal efecto. Las autoridades polacas han facilitado información sobre la Resolución del Presidente de la Comisión de Investigación Científica (KBN), de 30 de noviembre de 2001, relativa a los criterios y los métodos empleados para conceder y calcular la financiación pública consagrada a la ciencia. De acuerdo con esta Resolución, los gastos de I+D se controlaban sobre la base de las facturas presentadas y de informes anuales pormenorizados que indicaban que no se había producido un uso indebido de la ayuda. b) La ayuda al empleo concedida antes de 2004 se consideró compatible con el mercado común, dado que su autorización se había vinculado a otros factores en las negociaciones de adhesión. No obstante, las autoridades polacas no estiman que esta ayuda sea compatible con el mercado común en calidad de ayuda concedida para otros fines distintos de la reestructuración. c) Las autoridades polacas alegan también que una parte de la ayuda concedida antes de 2002 se empleó realmente para actividades de I+D, protección ambiental y formación y se desembolsó para estos fines específicos.

(69) En segundo lugar, las autoridades polacas han facilitado algunas aclaraciones de los distintos acreedores institucionales, a saber, la ZUS, el Ayuntamiento de Sosnowiec y PFRON, a propósito de las medidas de ejecución adoptadas, con objeto de subrayar que se comportaron como acreedores privados. a) En el curso del procedimiento de ejecución, la ZUS embargó las cuentas y los créditos de la empresa y consiguió ejecutar 2,3 millones PLN en 2005. Además, tiene una hipoteca sobre los bienes inmuebles de TB por valor de más de 25 millones PLN y ha constituido una garantía financiera sobre los activos de la empresa por valor de 12,2 millones PLN. Según la ZUS, no había razones para concluir, sin embargo, que, en el caso de que TB fuera declarada insolvente, se fuera a liquidar una mayor proporción de las deudas que en el supuesto de que, en su lugar, se adoptase un procedimiento de ejecución forzosa. Por el contrario, es probable que los precios de venta obtenidos por los activos habrían sido bastante más bajos que la mayoría de las deudas garantizadas. Además, la mayoría de las hipotecas forzadas que cubrían los activos de TB, que habían sido constituidas en beneficio de la ZUS, habían sido anteriormente objeto de garantías suscritas en beneficio de otros acreedores que, en caso de que los bienes inmuebles fuesen vendidos en el contexto de un procedimiento de insolvencia, habrían tenido prioridad para la liquidación de las deudas pendientes. b) El Ayuntamiento de Sosnowiec llevó a cabo procedimientos de ejecución, embargando cuentas bancarias (la cuantía de las deudas ejecutadas asciende a 1,7 millones PLN) y embargando deudas en forma de alquiler (ingresos equivalentes a 0,5 millones PLN). Los derechos del Ayuntamiento se garantizaron también mediante la constitución de hipotecas forzadas por un importe total de 3,2 millones PLN, más intereses. c) PFRON indicó que llevó a cabo procedimientos de ejecución contra TB en 2005, emitiendo seis títulos ejecutables que condujeron a un reembolso parcial en julio de 2006.

(70) En tercer lugar, Polonia respondió a las dudas de la Comisión Europea sobre la ayuda de reestructuración del empleo concedida después de 2003. Las autoridades polacas explicaron que la Ley de 24 de agosto de 2001 relativa a la reestructuración del sector siderúrgico había sido modificada en diciembre de 2003 en el sentido de que la ayuda se destinaba exclusivamente a los trabajadores despedidos; las empresas siderúrgicas no eran más que meros intermediarios para la transferencia de los fondos (véase el considerando 20).

(71) Por último, las autoridades polacas estiman que las filiales de TB solo pueden ser consideradas responsables si realmente se beneficiaron de la ayuda. Asimismo sostienen que las ampliaciones de capital y activos se llevaron a cabo adecuadamente. Las autoridades polacas también señalan que HB no es un productor siderúrgico, por lo que no entra en el ámbito de aplicación del Protocolo 8.

V. EVALUACIÓN DE LA AYUDA

1. Legislación aplicable

(72) El punto 1 del Protocolo 8 dispone que «no obstante lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Tratado CE, las ayudas públicas que haya concedido Polonia con objeto de reestructurar determinadas secciones de la industria siderúrgica polaca se considerarán compatibles con el mercado común», si, entre otras cosas, se cumplen las condiciones establecidas en el Protocolo.

(73) El Consejo amplió el período de gracia para la concesión de ayudas de reestructuración al sector siderúrgico polaco con arreglo al Acuerdo Europeo hasta la adhesión de Polonia a la UE. Esta disposición se incluyó en el Protocolo 8 del Tratado de Adhesión a la Unión Europea. Con el fin de lograr este objetivo, el Protocolo 8 abarca un marco temporal que se extiende antes y después de la adhesión. Más concretamente, autoriza la concesión de un importe limitado de ayuda de reestructuración de 1997 a 2003 y prohíbe cualquier otra ayuda estatal a efectos de reestructuración al sector siderúrgico polaco entre 1997 y 2006. A este respecto, difiere claramente de otras disposiciones del Tratado de Adhesión tales como el mecanismo provisional establecido en el anexo IV (el «procedimiento de ayuda existente»), que solo se refiere a las ayudas estatales concedidas antes de la adhesión en la medida en que estén «aún vigentes con posterioridad» a la fecha de adhesión. Por tanto, se puede considerar el Protocolo 8 como lex specialis que, como consecuencia de las cuestiones que abarca, sustituye a cualquier otra disposición del Acta de Adhesión (32).

(74) La Comisión señala también que el ámbito de aplicación del PNR polaco y del Protocolo 8 no se limita al del anexo 1 del Tratado CECA. El Protocolo 8, por el contrario, abarca también a determinados sectores siderúrgicos no cubiertos por el Tratado CECA (33), en particular a los tubos sin soldadura y a los grandes tubos con soldadura. Ello se ajusta a la definición del sector siderúrgico que figura en las normas de la CE en materia de ayudas estatales (34), que eran de aplicación cuando entró en vigor el Protocolo 8. Se deduce principalmente del ámbito de aplicación del PNR, que se aplica en virtud del Protocolo 8. De hecho, la mitad de los beneficiarios del último PNR son fabricantes de tubos, especialmente Huta Andrzej SA (insolvente), Huta Batory SA (insolvente), Huta Pokój, filial de Mittal Steel Poland (anteriormente PHS) y TB. Por tanto, el Protocolo 8 también se aplica a los fabricantes de tubos y especialmente a TB.

(75) Habida cuenta de que, en condiciones normales, los artículos 87 y 88 del Tratado CE no se aplican a las ayudas concedidas antes de la adhesión que no son aplicables después de la misma, las disposiciones del Protocolo 8 amplían el control de las ayudas estatales con arreglo al Tratado CE a toda ayuda concedida para la reestructuración del sector siderúrgico polaco entre 1997 y 2006.

(76) Es posible adoptar decisiones después de la adhesión de Polonia con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado CE porque, en ausencia de disposiciones específicas en el Protocolo 8, serán de aplicación las normas y principios habituales. En consecuencia, también será de aplicación el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (en adelante, «el Reglamento de procedimiento») (35).

2. Existencia de ayuda

(77) De conformidad con el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, ayuda estatal es toda ayuda concedida por un Estado miembro o mediante fondos estatales que falsee o amenace falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones en la medida en que afecte a los intercambios entre Estados miembros y es, por tanto, incompatible con el mercado común.

(78) El Protocolo 8 autoriza a Polonia a conceder ayuda de reestructuración a TB con el fin de llevar a la práctica su plan de reestructuración.

(79) No obstante, la concesión de ayuda estaba limitada por un período de gracia que expiró a finales de 2003. Después de esa fecha, Polonia ya no estaba autorizada a conceder ayuda de reestructuración en aplicación del Protocolo 8. Por tanto, cualquier ayuda infringiría lo dispuesto en el punto 18, letra c), del Protocolo 8, que prohíbe la concesión de nuevas ayudas estatales al sector siderúrgico y, en particular, a las empresas beneficiarias indicadas en el Protocolo.

(80) A pesar de ello, con posterioridad a 2003 las autoridades polacas siguieron concediendo o prorrogando créditos existentes a TB, lo que ha de ser considerado ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

(81) La Comisión recuerda que el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE se aplica a las distintas formas de intervención que reducen los costes habituales de una empresa y que, sin ser subvenciones en el sentido estricto de la palabra, tienen un carácter similar y producen el mismo efecto. Así se ha confirmado en numerosas ocasiones en casos en los que una institución pública responsable de recaudar las cotizaciones a la seguridad social tolera el impago o retrasos en el pago de tales cotizaciones, dado que esta conducta confiere sin duda al beneficiario una notable ventaja competitiva al reducir para dicha empresa la carga que lleva implícito el funcionamiento normal del sistema de seguridad social (36). En lugar de un aplazamiento del pago, el acreedor público podría haber exigido el reembolso inmediato de la cuantía total adeudada, en caso necesario basándose en la hipoteca a su favor (37).

(82) Con objeto de acreditar la existencia de una ventaja que puede ser considerada como ayuda estatal a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, la Comisión ha de demostrar que las autoridades públicas actuaron de forma diferente a como lo habría hecho un acreedor privado que se encontrara, en la medida de lo posible, en la misma situación con relación al deudor (38).

(83) A título de observación preliminar, la Comisión señala que el mero hecho de que existiera anteriormente una ayuda pública a favor de la empresa hace imposible, con arreglo a la jurisprudencia consolidada, analizar el asunto desde la perspectiva de un hipotético acreedor privado, ya que es obvio que un acreedor de este tipo no habría tolerado la condonación inicial, puesto que, en caso contrario, no habría constituido ayuda (39). Ello es especialmente cierto en una situación de reestructuración en la que ambas medidas se encuadran en el período de reestructuración.

(84) El hecho de que no exista un plan de reestructuración actualizado impide una evaluación desde el punto de vista de un hipotético acreedor privado. También en este caso, de conformidad con la jurisprudencia ya consagrada, a la hora de plantearse un acuerdo de reprogramación desde la perspectiva de un inversor en una economía de mercado, éste habría requerido una actualización completa del plan de reestructuración original. Ningún acreedor privado ni ningún inversor aceptaría una reestructuración sin un plan de estas características (40), como sucedía en el caso que nos ocupa.

(85) Además, incluso sobre la base de un hipotético plan de reestructuración, ningún acreedor privado habría suscrito un acuerdo de reestructuración adicional.

(86) La Comisión no cuestiona que estuviera justificada la no ejecución de las deudas públicas, que podían acogerse a la condonación con arreglo al PNE/PNR, durante un determinado período de tiempo al amparo del mecanismo previsto en la Ley de 30 de agosto de 2002. En realidad, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 30 de agosto de 2002, estaba prohibida la ejecución forzosa de las deudas sujetas a reprogramación hasta la culminación de los procedimientos de reestructuración o su interrupción por las razones que figuran en la Ley. Además, la Comisión señala que, por lo que respecta a las deudas adicionales que no estaban sujetas a reprogramación, los acreedores podrían haber contado con una mejora de la situación financiera de TB a raíz de la condonación prevista y, por lo tanto, podían tener razones para suspender la ejecución del reembolso de las deudas hasta la fecha de concesión de la ayuda con arreglo a la Ley de 30 de agosto de 2002.

(87) No obstante, es evidente que la reprogramación con arreglo a la Ley de 30 de agosto de 2002 fracasó, al menos en parte, por el incumplimiento del Protocolo 8, como se ha puesto de relieve en el dictamen negativo del UOKiK (primer dictamen de fecha 6 de febrero de 2004), y, en parte, debido a los problemas financieros de la empresa, que impidieron a TB cumplir las disposiciones del Derecho nacional. La Comisión considera que este fracaso ha debido ponerse en conocimiento de los principales acreedores públicos, tales como la ZUS, el Ayuntamiento y la Agencia Tributaria, ya que todos ellos estaban implicados en la reprogramación inicial de las deudas. De modo similar, el dictamen del UOKiK debería haber alertado a PFRON de las deudas de TB con él contraídas.

(88) A raíz del fracaso del anterior acuerdo de reprogramación, es de esperar que los acreedores privados estén especialmente alertas y analicen meticulosamente la situación económica de su deudor (41). En consecuencia, un análisis pormenorizado de las ventajas derivadas de la reprogramación de la deuda habría puesto de relieve que la recuperación potencial no habría excedido del reembolso garantizado por la liquidación de la empresa (42). De hecho, un nuevo acuerdo de reprogramación habría debido exigir que ésta restaurase la rentabilidad de la empresa en todos los casos y evitase el incremento de los intereses de demora, con el fin de que el acreedor pudiese esperar la recuperación de los créditos en un plazo razonable.

(89) En el caso de TB, el retorno a la rentabilidad antes de finales de 2004 resultaba altamente dudoso, ya que, como se indica en los considerandos 49 a 51, a lo largo de 2003 y 2004 la empresa había registrado un margen de explotación negativo. Su volumen de negocios no bastaba para cubrir sus costes. Además, TB ni siquiera se benefició del repunte del sector siderúrgico en 2004. En este contexto, todos los indicios sobre las perspectivas de rentabilidad futura de TB eran negativos.

(90) Además, al pasar a ser insolvente, TB comenzó a endeudarse progresivamente y a partir de noviembre de 2004 ya no pudo hacer frente a sus deudas, a pesar de encontrarse en reestructuración. A este respecto, no existía ninguna posibilidad razonable de reembolsar las deudas anteriores como resultado de un hipotético nuevo proceso de reprogramación de la deuda.

(91) Dado que todos los acreedores públicos, el Ayuntamiento, la ZUS, PFRON y la Agencia Tributaria, disponían de garantías adecuadas, tenían la posibilidad de transformarlas en liquidez en el marco de un procedimiento común abierto para la insolvencia, en virtud de la Ley polaca de insolvencia. La Comisión no puede aceptar el argumento de la ZUS según el cual no disponía de garantías adecuadas, ya que las autoridades polacas han afirmado que la mayor parte eran garantías de primer orden, si no la totalidad (véase el considerando 40). Ante el deterioro de la empresa y de sus activos, parecía más lógico hacer uso de estas garantías que recurrir a la reestructuración (43).

(92) Por otra parte, incluso en el caso de que un hipotético plan de reestructuración propusiera una hipotética reestructuración de activos, esta propuesta no reduciría la resistencia de los acreedores a la reprogramación. Ello se debe a que todos los activos de una empresa tan endeudada como TB suelen estar hipotecados, por lo que apenas se espera de ellos un beneficio, en caso de enajenación. Aunque en 2005 la empresa anunció en varias ocasiones la reestructuración de sus activos, no pudo obtener de la venta más que 5 millones PLN en efectivo.

(93) La Comisión constata que en 2004 (y posteriormente) TB hizo intentos de reembolsar una parte de su deuda, pero señala que estos reembolsos apenas cubrieron los intereses acumulados (véase el cuadro del considerando 34 en relación con los efectos de los 5 millones PLN reembolsados en 2004).

(94) Finalmente, conviene subrayar, con objeto de ofrecer una visión completa, que el plan de septiembre de 2005 no era en modo alguno una base adecuada para una nueva reprogramación de las deudas. Dado que la empresa tenía que ser liquidada, es evidente que sus actividades no generarían más beneficios y que la liquidación sería la única solución. De hecho, el plan indicaba que la ZUS solo podía contar con una devolución parcial de la deuda. Este reembolso tenía que generarse mediante la reestructuración de activos por valor de unos 20 millones PLN hasta finales de 2005, algo que se demostró poco realista por las razones aducidas en el párrafo anterior. Los pagos mensuales propuestos para después de 2005 de un importe de 100 000 PLN, supeditados a la solvencia de TB, tampoco eran viables, ya que TB ya no operaba en esa fecha.

(95) Por el contrario, como admitió en su PNE de 2005, TB consideraba que la transferencia de sus activos a AB constituía su única esperanza de restablecer la rentabilidad de la empresa. Ello no solo implicaba el traspaso de su única actividad rentable (BA), sino que también sentenció la suerte de TB, es decir, su liquidación.

(96) En resumidas cuentas, la Comisión estima que cualquier hipotético acreedor privado habría optado por ejecutar sus deudas ya a finales de 2004. En ese momento, estaba claro que TB no podía cumplir sus acuerdos de reprogramación anteriores y que no podría hacer frente a sus compromisos corrientes; por otra parte, no se había presentado ningún plan actualizado, ni tampoco había perspectiva alguna de que la empresa volviera a ser rentable.

(97) Por tanto, Polonia renunció a la ejecución de 20,761 millones PLN (en el cuarto informe de reestructuración polaco figuraba la cifra de 20,267 millones PLN, pero las autoridades polacas rectificaron posteriormente la cuantía). Ello constituye una ayuda de funcionamiento para que la empresa continúe su actividad no rentable, por lo que se trata de una ventaja concedida mediante recursos públicos que amenaza falsear la competencia en la medida en que afecta al comercio entre Estados miembros y es, por consiguiente, incompatible con el mercado común con arreglo al artículo 87 del Tratado CE.

(98) Con objeto de cuantificar el importe de la ayuda, conviene proceder a una simulación del efecto hipotético de la no ejecución de la deuda. Habida cuenta de que un acreedor privado habría optado por ejecutar los importes que se le adeudaban, la ventaja que la empresa obtiene de que no se proceda a la ejecución equivale a la totalidad del importe de la deuda que no tiene que reembolsar. Dicho de otro modo, la empresa dispone de una cuantía que, dada su situación financiera, no habría podido obtener en el mercado. En particular, si el Estado hubiera ejecutado sus deudas, la empresa no habría podido abonar el importe adeudado y muy probablemente habría sido declarada insolvente. Por consiguiente, el hecho de que no se procediera a la ejecución tuvo el mismo efecto que si se concediera al beneficiario la totalidad de la cuantía no ejecutada (44). Por consiguiente, la ventaja obtenida supone un importe de 20,671 millones PLN logrados a partir del 1 de enero de 2005. Sin embargo, admitiendo que un operador de mercado habría ejecutado la deuda original, ésta ya no existiría hipotéticamente y, por tanto, no debería ser contabilizada dos veces.

(99) Por lo que respecta a los recursos financieros concedidos para la reestructuración de la plantilla después de 2004, se han despejado las dudas de la Comisión, ya que efectivamente no pueden ser considerados ayuda estatal. Las autoridades polacas han explicado que se facilitan en beneficio exclusivo de los trabajadores despedidos, que no pueden considerarse una empresa; del mismo modo, estos pagos no están relacionados con el empresario, ya que se entregan después de que los trabajadores hayan sido despedidos y no disminuyen ningún otro gasto que la empresa debiera sufragar si no se concediera dicha ayuda.

3. Ayuda abusiva

(100) El punto 18, letra a), del Protocolo 8 faculta a la Comisión para adoptar «las medidas adecuadas y exigir a las empresas afectadas que reembolsen las ayudas concedidas incumpliendo las condiciones establecidas en el presente Protocolo […] en caso de que la supervisión pusiera de manifiesto que no se han cumplido las condiciones para las medidas transitorias que se recogen en el presente Protocolo».

(101) La Comisión considera que TB no llevó plenamente a la práctica su plan de reestructuración tal como se establecía explícitamente en el punto 9 del Protocolo 8 y que contribuyó a su insolvencia con las diversas medidas que se indican en el considerando 56. Las autoridades polacas no han cuestionado esta conclusión.

(102) TB tampoco cumplió algunas de las condiciones establecidas en el punto 9 del Protocolo 8: a) TB no estaba en condiciones de obtener el apoyo financiero de sus acreedores ni de las instituciones financieras locales, como se establece en el punto 9, letra c), del Protocolo 8; b) TB solo redujo parcialmente los costes contemplados en el punto 9, letra c), del Protocolo 8. El consultor conformó que esta obligación solo se cumplió en parte (45); c) TB solo logró aplicar parcialmente la reestructuración de la plantilla, que formaba parte de su programa de ahorro de costes. El número de trabajadores se redujo de 550 a 294 y solo gracias a la cesión de la producción de bobinas a HB y no como consecuencia de reducciones de la actividad esencial de la empresa (46); d) TB no estaba en condiciones de mejorar la eficiencia y la eficacia de su gestión empresarial, como se establece en el punto 9, letra a), segundo inciso, del Protocolo 8. De hecho, desde 2002 el consejo de administración había sido sustituido varias veces.

(103) Habida cuenta de que TB no había cumplido las condiciones establecidas en el Protocolo 8 y de que no había ejecutado adecuadamente su PNE, la ayuda de reestructuración ha sido usada indebidamente y ha de ser reembolsada.

4. Compatibilidad de la ayuda

a) Sobre la base del PNR entre 1997 y 2003

(104) En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión indicó que otras razones de la compatibilidad de la ayuda con las normas del mercado común podrían primar sobre el hecho de que la ayuda de reestructuración no se empleó de acuerdo con el plan de reestructuración. A tal efecto, la Comisión observó que, al amparo del PNR, no solo se había concedido ayuda de reestructuración, sino también otros tipos de ayuda estatal. En este contexto, el fracaso de la reestructuración no implica necesariamente que toda la ayuda se haya utilizado indebidamente (47), si se acredita que es compatible con el mercado común en aplicación de otras normas en materia de ayudas estatales (48).

(105) La Comisión señala que hasta el 23 de julio de 2002 las normas en materia de ayudas estatales para el sector siderúrgico se incluían en la Decisión no 2496/96/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la siderurgia (49) (en adelante, «el Código de Ayudas a la Siderurgia») (50). La práctica de la Comisión a la hora de aplicar el Protocolo 8 muestra que, en principio, las ayudas concedidas al amparo de otras directrices tales como el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de I+D pueden ser compatibles, si la Comisión no alberga serias dudas sobre su compatibilidad con arreglo al anexo IV, artículo 3, apartado 2, del Tratado de Adhesión (51).

(106) En primer lugar, el artículo 2 del Código de ayudas a la siderurgia y las normas de la CE en materia de ayudas estatales autorizan las ayudas que sean compatibles con el Encuadramiento de I+D. Las subvenciones de I+D concedidas en el contexto del PNR fueron otorgadas por la KBN y estaban cubiertas por el programa del Presidente de la KBN relativo a los criterios y medidas destinados a conceder y calcular las ayudas económicas a la ciencia, de 30 de noviembre de 2001, que fueron aceptadas por la Comisión como ayudas existentes en el marco de la Medida PL 6 del anexo IV del Tratado de Adhesión. El PNR consideró que las «medidas de la KBN» eran «instrumentos de ayuda estatal autorizados en forma de subvenciones destinadas a I+D», distinguiéndolos claramente de los «instrumentos de reestructuración» (52). El PNR fue aprobado mediante una Decisión del Consejo de julio de 2003. Por tanto, la Comisión ha decidido no plantear objeciones a la medida de ayuda de la KBN entre 1997 y 2003 con arreglo al anexo IV del Tratado de Adhesión y considera que es ayuda de I+D compatible con las normas del mercado común (53).

(107) Dado que la ayuda definida en el PNE como ayuda de I+D fue concedida por la KBN, puede ser considerada ayuda compatible con el mercado común. Además, la Comisión constata que Polonia ha podido acreditar que la ayuda se abonó exclusivamente para la realización de actividades de I+D. Ello se aplica tanto a las ayudas concedidas en 2002 y 2003 como a las ayudas de I+D otorgadas entre 1997 y 2000.

(108) No obstante, en el caso de la ayuda restante, destinada a formación, reestructuración del empleo y otras ayudas de reestructuración, la Comisión no encuentra, ni en el Código de Ayudas a la Siderurgia ni en las normas comunitarias en materia de ayudas estatales, disposición alguna que permita considerar que esta ayuda podría ser considerada compatible con el mercado común.

(109) En primer lugar, ninguna parte de la ayuda se destina a la protección del medio ambiente con arreglo a las Directrices comunitarias (54). Polonia ha acreditado que la ayuda definida como ayuda medioambiental en 1997 fue concedida a efectos de la protección ambiental, aunque sin que se ofrecieran detalles sobre los objetivos perseguidos. Además, el hecho de que la ayuda fuera concedida por el Fondo Provincial para la Protección Ambiental y la Gestión del Agua no basta para acreditar su compatibilidad, ya que este Fondo se menciona explícitamente en el PNR como un ejemplo de «instrumento de reestructuración» y, a diferencia de las ayudas de I+D, no se distingue de los instrumentos de reestructuración (véase el considerando 106). En segundo lugar, la ayuda no se empleó para cierres (artículo 4 del Código de Ayudas a la Siderurgia), ya que TB no cerró ninguna de sus instalaciones. En cualquier caso, al margen de la ayuda procedente del Fondo para la protección del medioambiente, las autoridades polacas no invocaron excepción alguna con arreglo al Código de Ayudas a la Siderurgia ni en el marco de las normas de la CE por la que la ayuda pudiera ser considerada compatible con el mercado común.

(110) Por último, la Comisión desea señalar que, a pesar de que se consideró que determinadas medidas constituían ayuda de reestructuración compatible en el contexto de un proyecto general de reestructuración que garantizaba el retorno a la rentabilidad, el hecho de que no se lograra aplicar satisfactoriamente la totalidad del plan de reestructuración ni restaurar la rentabilidad significaba, en principio, que todo el proyecto de reestructuración fracasó y que toda ayuda que se concediera a tal efecto ya no tendría razón de ser. En consecuencia, tampoco se justifica ya la ayuda concedida en el marco del plan, por lo que ha de ser considerada ex post como incompatible.

(111) De hecho, Polonia alega que la ayuda al empleo era compatible con el mercado común porque su autorización se había vinculado a otros factores en las negociaciones de adhesión. La Comisión no lo discute, pero señala que el argumento de la compatibilidad no implica que la ayuda hubiera sido compatible de no ser por el proyecto de reestructuración. Por tanto, si fracasa la reestructuración, se ha de considerar que incluso medidas individuales tales como la reestructuración de la plantilla han sido utilizadas indebidamente. De no haber indicación alguna de que tales ayudas sean compatibles al amparo de otras disposiciones, la Comisión ha de concluir que son incompatibles con el mercado común.

(112) Resumiendo, habida cuenta de que ninguna otra excepción con arreglo al Código de Ayudas a la Siderurgia o a las normas comunitarias en materia de ayudas estatales se aplica a las restantes ayudas de formación, de reestructuración de la plantilla y otras ayudas de reestructuración, la Comisión estima que constituyen ayudas de reestructuración no autorizadas e incompatibles con el mercado común de conformidad con el Protocolo 8. Por tanto, la Comisión concluye que las ayudas declaradas como ayuda de reestructuración por importe de 849 746 PLN, ayuda de formación por importe de 132 240 PLN, ayuda medioambiental por importe de 196 800 PLN y ayuda de empleo por importe de 190 400 PLN, es decir, 1 369 186 PLN en total, han sido empleadas indebidamente.

b) Ayuda concedida al margen del PNR y después de la adhesión a la UE

(113) El hecho de no proceder a la ejecución de las deudas a finales de 2004 constituye ayuda de funcionamiento y, por tanto, resulta claramente incompatible con el mercado común. Esta ayuda tampoco puede ser aceptada en calidad de ayuda de reestructuración al amparo del Protocolo 8, que prohíbe categóricamente cualquier ayuda después de 2003, o con arreglo a cualquier otra disposición del artículo 87, apartado 3, del Tratado CE. La Comisión recuerda que ni siquiera las autoridades polacas han sostenido lo contrario. Por consiguiente, cualquier ayuda concedida a TB, BA y HB después de la adhesión de Polonia a la UE es incompatible con las normas del mercado común, independientemente de que el beneficiario (en este caso HB) sea un productor siderúrgico o no.

5. Beneficiario de la ayuda

(114) En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión manifestó la opinión de que el beneficiario de la ayuda es el grupo TB y sus filiales, con la posible excepción de TB-ZPR. Ello se debe a que HB y BA forman parte claramente de la misma entidad empresarial, el grupo TB.

(115) En cuanto a la no ejecución de la deuda, que ascendía a 20 761 643 PLN, la presente investigación confirma que son las empresas del grupo las que se han beneficiado de la misma. No obstante, la Comisión no pudo acreditar tales beneficios en el caso de ZPR y SAMKOL. a) Son los empleados de ZPR, y no TB, quienes poseen una participación mayoritaria en la empresa, por lo que, con arreglo al Derecho polaco, ZPR no forma parte del grupo. Además, en esta empresa no se han realizado inversiones, ni ha recibido activos o capital procedentes de TB entre 2003 y 2006 (ni tampoco probablemente con anterioridad). b) SAMKOL, a pesar de formar parte del grupo, no es un productor siderúrgico. Además, en esta empresa no se han realizado inversiones, ni ha recibido activos o capital procedentes de TB entre 2003 y 2006 (ni tampoco probablemente con anterioridad).

(116) Por otra parte, la investigación puso de manifiesto que tanto BA como HB se beneficiaron de la ayuda. En realidad, la ayuda de funcionamiento no permaneció en TB porque la no ejecución forzada le permitió continuar su actividad económica y organizar su reestructuración interna.

(117) La ayuda de reestructuración y la ayuda de funcionamiento hicieron posible, en primer lugar, que TB realizara inversiones en la fabricación de tubos de escape para automóviles por importe de unos 6,383 millones PLN (véase el considerando 43) (55) iniciadas entre 2003 y 2005. Estas inversiones no habrían sido posibles si TB hubiera tenido que reembolsar correctamente su deuda o declararse insolvente con anterioridad. BA es quien explota actualmente estos activos, que son esenciales en la fabricación de automóviles. Aunque BA simplemente alquila estos activos a TB, de no haberse efectuado estas inversiones, habría tenido que realizarlas ella misma. Además, al alquilar estos activos BA evita el riesgo de ejecución de las hipotecas asociadas, al tiempo que disfruta de derechos similares a los del propietario, por ser indeterminado el período de alquiler. Por otra parte, es evidente que BA, como miembro del grupo TB, continúa la actividad principal de TB, desarrollada en el marco de su plan de reestructuración, con los activos productivos y la plantilla de TB.

(118) En segundo lugar, la cesión de los activos, la plantilla y el capital a sus filiales (14,81 millones PLN a HB y 1,55 millones PLN a BA, véanse los considerandos 60 y 62) solo fue posible porque la ayuda de funcionamiento había salvado a TB de ser declarada insolvente. Sin esta ayuda, lo más probable es que ni siquiera se hubieran creado las dos filiales y evidentemente no habrían podido operar.

(119) A pesar de que BA, HB y TB son personas jurídicas distintas, la Comisión considera que existe continuidad económica y estima que, a la luz de la estructura de propiedad, las tres empresas forman una única entidad (56) que, por tanto, debe ser considerada la beneficiaria de la ayuda (57).

(120) El hecho de que TB haya obtenido una compensación a cambio de las ventajas cedidas (a saber, acciones a cambio de las ampliaciones de capital y el alquiler en virtud del contrato de arrendamiento) no modifica la evaluación anterior sobre las ventajas obtenidas, ya que TB sigue siendo el propietario último de todos los activos (directa o indirectamente) y las operaciones no pretendían ser rentables sino que se llevaron a cabo por motivos de organización interna del grupo. La cuestión principal es que la ventaja se transfiere dentro del grupo, lo que equivale a una cesión de la posición competitiva lograda por TB gracias a una ayuda que falsea la competencia. Ello no se ve alterado por el hecho de que TB posea participaciones en sus filiales (58). No obstante, la Comisión no puede llegar a considerar la venta de activos de TB a HB como una ventaja, en la medida en que se realizó a un precio correcto (59).

(121) Sobre la base de esta evaluación de los hechos y habida cuenta de la jurisprudencia de los tribunales comunitarios, la Comisión considera que se debería exigir al grupo TB la devolución de la ayuda incompatible con el mercado común, teniendo en cuenta el beneficio real que se ha obtenido de ella (60).

(122) La Comisión no coincide, sin embargo, con la opinión de las autoridades polacas según la cual el asunto solo afecta al titular inicial de los créditos que no se han ejecutado y que, como consecuencia, constituían ayuda. En este caso, la ayuda podría reembolsarse inscribiéndola en el pasivo de TB. Esta opción podría aplicarse sobre la base de la jurisprudencia consolidada según la cual se reconoce que la liquidación de una empresa es una alternativa aceptable a la recuperación plena de la ayuda, ya que el objetivo que se persigue es eliminar la ayuda y ese objetivo se puede lograr mediante la liquidación de la empresa (61).

(123) No obstante, la Comisión considera que la liquidación del beneficiario inicial de la ayuda no es satisfactoria desde el punto de vista de la competencia, ya que el beneficio real de la ayuda se ha transferido a otro operador. En este caso, el registro del crédito en el pasivo de la empresa insolvente TB no contrarrestaría la ventaja competitiva resultante del beneficio real derivado de la ayuda, que se transfirió a las filiales de TB. Una solicitud de reembolso dirigida únicamente a TB tendría como consecuencia la venta de las filiales, en calidad de personas jurídicas, pero no tendría ninguna influencia en su actividad económica, puesto que esta venta no incidiría ni en la actividad propiamente dicha, ni en las finanzas de las filiales, ni en sus operaciones.

(124) Por consiguiente, desde el punto de vista de la competencia, la única opción apropiada es recuperar la ayuda de los beneficiarios reales. En consecuencia, las autoridades polacas deberían centrarse en primer lugar en las filiales (y solo fijar su atención en el grupo en caso de que recuperar la ayuda de las filiales ya no fuera posible). Esta solución está en consonancia con la jurisprudencia reiterada (62) en materia de empresas insolventes y especialmente con el asunto Seleco, que se basa en hechos similares, pero en el que la Comisión adujo que la solicitud de reembolso de la ayuda debía ampliarse a la entidad segregada. A diferencia del asunto Seleco, la Comisión no desea, sin embargo, ampliar la posibilidad de recuperación, sino que ha optado simplemente por recuperar el beneficio real dentro del grupo. Si bien, en cuanto a la ampliación de la posibilidad de reembolso, la cuestión clave radica en determinar si la cesión de la actividad ha permitido sustraer recursos de los activos de la empresa en liquidación (63), esta cuestión carece de importancia en el caso de una hipótesis que se desarrolle en el seno del propio grupo, como se ha indicado anteriormente.

(125) Sea como fuere, los tribunales comunitarios aceptan que se pueda exigir la recuperación a una filial, si fuera la beneficiaria real de la ayuda (64), como en el caso que nos ocupa. Además, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas también ha aceptado que se autorice a la Comisión a procurar la recuperación al margen del procedimiento de insolvencia con objeto de evitar el riesgo de que se prive a la recuperación de su efecto (65). Como se ha explicado en el considerando 56, TB transfirió deliberadamente a BA su división de productos siderúrgicos para el automóvil con el fin de continuar con la actividad que se acogió a la ayuda (66). No obstante, la Comisión lo considera como una razón adicional para recuperar la ayuda de su beneficiario real.

(126) Por otra parte, habida cuenta de que la Comisión no está en condiciones de determinar si la ayuda de reestructuración concedida antes de 2004 y utilizada indebidamente se ha empleado en beneficio de las filiales de TB, se ha de solicitar a TB su devolución.

VI. CONCLUSIONES

(127) La Comisión concluye que la reestructuración de TB no se llevó a cabo adecuadamente y fracasó. Por consiguiente, se ha de considerar que toda la ayuda de reestructuración concedida a TB durante el período de reestructuración se ha usado indebidamente. Ello no significa, sin embargo, que toda ayuda compatible con el mercado común, concedida en concepto de I+D y desembolsada a tal efecto, haya sido utilizada indebidamente.

(128) En consecuencia, la ayuda de reestructuración de 1 369 186 PLN recibida por el grupo TB entre 1997 y 2003 es incompatible con los puntos 9 y 18 del Protocolo 8 del Tratado de Adhesión y ha de ser reembolsada con arreglo a lo dispuesto en el punto 18 de dicho Protocolo.

(129) Por otra parte, la ayuda de reestructuración recibida a finales de 2004 de un importe de 20 761 643 PLN es incompatible con el mercado común en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE y de los puntos 6 y 18 del Protocolo 8.

(130) Como se ha indicado anteriormente, esta ayuda se considera una subvención recibida a partir del 1 de enero de 2005 que, por ello, debería ser recuperada con intereses como se establece en el considerando 133. Habida cuenta de que la ayuda producía efectos similares a una condonación de deuda, la Comisión podría aceptar, sin embargo, que las autoridades polacas procedieran a la recuperación como si la deuda original hubiera sido condonada. Por otra parte, a la Comisión también le parecería aceptable que, a efectos de la recuperación de la ayuda, no se tuvieran en cuenta las nuevas deudas de TB que surgieron después de 2004 porque, entre principios de 2005 y agosto de 2006, la empresa llevó a cabo algunas devoluciones a los acreedores públicos que prácticamente neutralizaron las deudas originadas después de 2004 (67). Como se indica en el considerando 36, las deudas públicas totales de TB después de enero de 2005 no fueron nunca inferiores a 20,76 millones PLN y en agosto de 2005 ya se elevaban a 22,7 millones PLN.

(131) Como se ha indicado anteriormente, a la hora de considerar la devolución de la ayuda, se ha de tener en cuenta qué empresas se beneficiaron de ella. Por lo que respecta al importe de 20 761 643 PLN, se debería tener en cuenta que 7,833 millones PLN se transfirieron a BA y 14,81 millones PLN a HB (véanse los considerandos 117 y 118). Dado que la suma de estos importes (22,643 millones PLN) supera el importe de ayuda recibido, la recuperación deberá limitarse al importe total de la ayuda. Esta reducción deberá ser proporcional, es decir, que BA, que recibió el 34,6 % del beneficio total identificado, deberá pagar también el 34,6 % de los importes que se han de recuperar (7 183 528 PLN), mientras que el 65,4 % restante (13 578 115 PLN) deberá ser recuperado de HB.

(132) Por otra parte, se deberá recuperar de TB la ayuda usada indebidamente de un importe de 1 369 186 PLN recibida antes de 2002, al no haber ningún indicio de que se transfiriera a otros miembros del grupo TB.

(133) Los importes que se han de recuperar devengarán intereses calculados con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de aplicación. En particular, con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Reglamento de aplicación, cuando no se dispongan de tipos swap interbancarios a cinco años, la Comisión podrá fijar, en estrecha cooperación con los Estados miembros, un tipo de interés de recuperación de ayudas estatales empleando un método diferente y en función de la información que obre en su poder. Dado que no se disponía de tipos swap interbancarios a cinco años para Polonia en el momento en que se concedió la ayuda incompatible con el mercado común, el tipo de interés de recuperación que se ha de aplicar debería basarse en un tipo de interés disponible que se considere oportuno para dicho período. A tal efecto, cabe remitirse a la práctica ya consagrada entre Polonia y la Comisión (68).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda estatal de 20 761 643 PLN concedida ilegalmente por Polonia al Grupo Technologie Buczek infringe lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y es incompatible con el mercado común.

Artículo 2

La ayuda estatal de 1 369 186 PLN concedida por Polonia al Grupo Technologie Buczek entre 1997 y 2003 no se ha utilizado con arreglo a las condiciones establecidas en el Protocolo 8 del Tratado de Adhesión y es, por tanto, incompatible con el mercado común.

Artículo 3

1. Polonia deberá recuperar la ayuda a que se hace mención en el artículo 1, concedida ilegalmente al Grupo Technologie Buczek, especialmente de las filiales Huta Buczek Sp. z o.o. y Buczek Automotive Sp. z o.o., en proporción a la ayuda obtenida realmente por ellas. En consecuencia, Polonia deberá recuperar el importe de 13 578 115 PLN de Huta Buczek Sp. z o.o. y de 7 183 528 PLN de Buczek Automotive Sp. z o.o.

2. Polonia deberá recuperar de Technologie Buczek SA la ayuda usada indebidamente a que se hace referencia en el artículo 2 concedida al Grupo Technologie Buczek.

3. Los importes que se han de recuperar devengarán intereses a partir de la fecha en que se pusieran a disposición del beneficiario y hasta su recuperación efectiva.

4. Los intereses deberán calcularse sobre una base compuesta de conformidad con el Capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (69).

Artículo 4

1. La recuperación de la ayuda mencionada en los artículos 1 y 2 deberá ser inmediata y efectiva.

2. Polonia garantizará que la presente Decisión se aplique en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.

Artículo 5

1. En un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, Polonia presentará la siguiente información a la Comisión:

a) el importe total (capital e intereses) que se ha de recuperar de los beneficiarios;

b) una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión;

c) documentos que acrediten que se ha ordenado a los beneficiarios la devolución de la ayuda.

2. Polonia mantendrá informada a la Comisión del avance de las medidas nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión hasta que la recuperación de la ayuda mencionada en los artículos 1 y 2 haya concluido. Presentará inmediatamente, a petición de la Comisión, información sobre las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión. Polonia también proporcionará información detallada sobre los importes de la ayuda y los intereses ya recuperados del beneficiario.

Artículo 6

El destinatario de la presente Decisión será la República de Polonia.

Hecho en Bruselas, el 23 de octubre de 2007. Por la Comisión Neelie KROES Miembro de la Comisión

(1) DO L 236 de 23.9.2003, p. 948.

(2) DO C 196 de 19.8.2006, p. 23.

(3) Sobre la base de 1 EUR = 4 PLN.

(4) Para más información, véase la Decisión 2006/937/CE de la Comisión, de 5 de julio de 2005, relativa a la ayuda estatal C-20/04, Huta Częstochowa (DO L 366 de 21.12.2006, p. 1), apartados 23 y siguientes.

(5) En la Unión Europea no se autoriza la concesión de ayudas estatales al sector siderúrgico; véase la Comunicación de la Comisión «Ayudas de salvamento y de reestructuración y ayudas al cierre a favor del sector del acero» (DO C 70 de 19.3.2002, p. 21.)

(6) Véase el Protocolo 8 al Tratado de Adhesión sobre la reestructuración de la industria siderúrgica polaca (DO L 236 de 23.9.2003, p. 948).

(7) En lo sucesivo, «informes de control independientes» referidos al año evaluado.

(8) Véase la nota 2.

(9) Véase el anexo B de las Directrices multisectoriales (DO C 70 de 19.3.2002, p. 8), que fue sustituido por el anexo I de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 (DO C 54 de 4.3.2006, p. 13).

(10) La información sobre TB procede del programa de reestructuración de Huta Buczek para el período 2002-2006 (en lo sucesivo, «PNE 2002») de marzo de 2002, que constituyó la base para la autorización de la ayuda tras la adopción del PNR. Para más información, véase la decisión de incoar el procedimiento (nota 2).

(11) Véase PNE 2002, p. 57.

(12) Véase PNE 2002, p. 74.

(13) Véase PNE 2002, p. 74.

(14) La misión del Fondo de Garantía Salarial (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) es velar por el pago de las reclamaciones de los empleados en caso de insolvencia del empresario.

(15) Véase PNE 2002, p. 30.

(16) Informe de control independiente de 2004, abril de 2005, p. 14.

(17) Así lo confirmaron las cifras facilitadas por Polonia en su informe de control semestral, por ejemplo para 2003, véase el informe no 2 del UOKiK, anexo 5, p. 5. No es aceptable el hecho de que el plan de negocio de TB para 2005 indique una cuantía inferior que excluye claramente la I+D.

(18) Carta de 2 de octubre de 2006.

(19) Véase PNE 2002, p. 73.

(20) Carta de las autoridades polacas de 23 de enero de 2007.

(21) Véase PNE 2005, p. 69.

(22) Véase el Informe de control independiente de 2003, enero de 2004, p. 7.

(23) Véase el Cuarto informe de control independiente de 2004, marzo de 2005, p. 168.

(24) Véase el Informe de control independiente de 2003, enero de 2004.

(25) Véase el Informe de control independiente de 2003, enero de 2004, p. 16. En su informe de 2004, hasta se señaló que el rendimiento de 2003 fue bastante peor que el estimado después de un período de 10 meses (desde la fecha del primer ejercicio de control).

(26) Véase el Tercer informe polaco para el período de enero a junio de 2004, enero de 2004.

(27) Véase el Informe de control independiente de 2004, mayo de 2005.

(28) Véase el Informe de control independiente de 2004, mayo de 2005, p. 1.

(29) Véase el Quinto informe polaco de 9.9.2005, p. 18.

(30) Aunque el plan no se presentó a la Comisión, figuraba en la carta de las autoridades polacas de 14 de febrero de 2006.

(31) Véase el Séptimo informe polaco de 10.9.2006, p. 15.

(32) Véase la Decisión 2006/937/CE.

(33) DO C 320 de 17.10.1998, p. 3.

(34) Véase el anexo B de las Directrices multisectoriales (DO C 70 de 19.3.2002, p. 8), que fue sustituido por el anexo I de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 (DO C 54 de 4.3.2006, p. 13).

(35) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

(36) Asunto C-256/97, DMT, Rec. 1999, p. I-3913, apartado 21.

(37) Asunto T-36/99, Lenzing, Rec. 2004, p. II-3597, apartado 146.

(38) Asunto C-342/96, Tubacex, Rec. 1999, p. I-2459, apartado 46; asunto C-256/97, DMT, Rec. 1999, I-3913, apartado 21; asunto C-480/98, Magefesa, Rec. 2000, p. I-8717, y asunto T-152/99, HAMSA, Rec. 2002, p. II-3049, apartado 167.

(39) Asunto T-11/95, BP Chemicals, Rec. 1998, p. II-3235, apartados 170 y 179, en el que el Tribunal sostuvo que una inyección de capital no puede ser considerada aisladamente de una reestructuración en curso. Dicho de otro modo, cuando ya se ha concedido ayuda de reestructuración a una empresa en crisis, otras medidas de ayuda no deberían superar en condiciones normales la prueba del inversor privado.

(40) Véanse los asuntos T-126/96 y T-127/96, BFM y EFIM, Rec. 1998, p. II-3437, apartado 86, y T- 318/00, Freistaat Thüringen contra Comisión (CDA Alrechts), Rec. 2005, p. II-4179, en el que el Tribunal sostiene en los apartados 200 y 248: «En efecto, procede subrayar que, dada la desastrosa situación en que se hallaba PA al celebrarse el convenio de saneamiento, cualquier inversor razonablemente diligente que actuase en un contexto de economía de mercado habría realizado primero un estudio en profundidad de la situación económica de la empresa y exigido la elaboración de un plan de reestructuración viable antes de concederle créditos de tanta importancia y, a fortiori, antes de comprarla».

(41) De modo análogo que en el asunto T-36/99, Lenzing, Rec. 2004, p. II-3597, apartados 140 y siguientes.

(42) Asunto T-152/99, HAMSA, Rec. 2002, p. II-3049, apartado 170.

(43) En este contexto, véase el asunto T-36/99 Rec. 2004, p. II-3597, apartado 160, en el que el TPI sostuvo que un acreedor público con buenas garantías no tiene por qué esperar mucho tiempo antes de aplicar medidas colectivas de ejecución.

(44) Se debería llegar a las mismas conclusiones al considerar que la no ejecución de deuda equivale a un aplazamiento de la misma, que tiene un efecto equivalente al de un crédito, dado que, por lo general, el beneficiario tendría que pedir dinero prestado en el mercado de capitales para evitar la ejecución de la deuda. No obstante, puesto que TB había perdido su solvencia crediticia, este crédito tendría un elemento de ayuda del 100 % (véase la Comunicación relativa a las empresas públicas del sector de fabricación, DO C 307 de 13.11.1993, p. 3, apartado 41, aplicada en la Decisión de la Comisión de 7 de julio de 2004 relativa a la ayuda estatal C-58/2003, Alstom, DO L 150 de 10.6.2005, p. 24, apartados 132 y 133). Asimismo se debería señalar que la hipótesis de una subvención al 100 % no requiere una transferencia concreta de recursos públicos sino que es una hipótesis desde una perspectiva ex ante. Por ello, poco importa que, en contra de las primeras previsiones, el crédito se reembolse posteriormente. Lo mismo sucede en caso de no ejecución de una deuda, en el que no es esencial saber si un hipotético acreedor privado la habría podido recuperar o no.

(45) Véase el Informe de control independiente de 2004, abril de 2005, p. 13.

(46) Informe de control independiente de 2004, abril de 2005, p. 15.

(47) Esto se puede deducir de la práctica de la Comisión con arreglo a las Directrices de 1999 de salvamento y reestructuración, que eran de aplicación cuando entró en vigor el Protocolo 8 (Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, DO C 288 de 9.10.1999, p. 2). Ya no se autorizaría en aplicación del punto 20 de las Directrices comunitarias de 2004 sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 244 de 1.10.2004, p. 2). A pesar de que no se aplican directamente, porque en principio el sector siderúrgico queda excluido de su ámbito de aplicación, en el caso excepcional de que se autorice ayuda de reestructuración, la Comisión puede al menos inspirarse en estas Directrices.

(48) Véase la Decisión de 2006/937/CE.

(49) DO L 338 de 28.12.1996, p. 42.

(50) Con arreglo al punto 44 de la Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA (DO C 152 de 26.6.2002, p. 5), «cuando adopte una decisión con posterioridad al 23 de julio de 2002 con relación a una ayuda estatal concedida en dicha fecha o en una fecha anterior sin su autorización, la Comisión se atendrá a lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales». Esta Comunicación (DO C 119 de 22.5.2002, p. 22) establece que la ayuda ilegal se ha de evaluar de conformidad con el texto en vigor en el momento en que se concediera dicha ayuda.

(51) Véase la Decisión 2006/937/CE.

(52) Página 38.

(53) Véase la Decisión 2006/937/CE.

(54) DO C 72 de 10.3.1994, p. 3. aplicadas con arreglo al artículo 3 del Código de Ayudas a la Siderurgia (sustituido posteriormente en el DO C 37 de 3.2.2001, p. 3).

(55) Si se hubieran hecho más inversiones en 2005 y 2006 como se indica en el considerando 45, estas también tendrían que tenerse en cuenta.

(56) Véase el asunto 323/82, Intermills, apartado 11, en el que el Tribunal sostuvo que: «[…] a pesar de que cada una de las tres empresas industriales tenga una personalidad jurídica distinta de la antigua sociedad Intermills, todas estas empresas forman conjuntamente un único grupo, al menos por lo que se refiere a la ayuda concedida por las autoridades belgas». El abogado general Geelgoed en los asuntos acumulados C-328/99 y C-399/00, Seleco, Rec. 2003, p. I-4035, sugiere también una postura similar, a pesar de que la Comisión había aducido que la solicitud de reembolso debía extenderse a la entidad segregada (y no planteó el argumento de la continuidad económica).

(57) De conformidad con la jurisprudencia reiterada, una ayuda ha de recuperarse, en principio, de la empresa que se haya beneficiado realmente de ella, con el fin de eliminar el falseamiento de la competencia ocasionado por la ventaja competitiva facilitada. Véanse los asuntos acumulados T-111/01 y T-133/01, Saxonia Edelmetalle, Rec. 2005, p. II-01579, apartado 115.

(58) Este argumento también ha sido alegado por el abogado general Geelhoed en los asuntos acumulados C-328/99 y C-399/00, Seleco, Rec. 2003, p. I-4035, apartados 79 y 84.

(59) Ello es válido independientemente de que una parte de la deuda se repercutió a HB a raíz de la venta de los activos de TB a HB, como se describe en el considerando 61. En cualquier caso, es evidente que no se redujo el precio pagado por los activos por lo que respecta a la cesión de las deudas, dado que HB abonó los activos a un precio casi equivalente al de mercado.

(60) La Comisión es consciente de que «no estaba obligada a determinar […] en qué medida se había beneficiado cada empresa de [la ayuda], sino que podía limitarse a exigir a las autoridades del Estado miembro que recuperasen dichas ayudas de su(s) beneficiario(s), es decir, de la o las empresas que hubiesen efectivamente disfrutado de ellas», véanse los asuntos acumulados T-111/01 y T-133/01, Saxonia Edelmetalle, apartado 124. No obstante, aunque la Comisión puede limitarse a instar al Estado miembro a que indique la empresa de la que se ha de recuperar la ayuda, nada impide a la Comisión determinar quién se benefició realmente de la ayuda.

(61) Asunto 277/00, SMI, Rec. 2004, p. I-4355, apartado 85; asunto 52/84, Comisión contra Bélgica, Rec. 1986, p. 89, apartado 14, y asunto C-142/87, Tubemeuse, Rec. 1990, p. I-959, apartados 60 a 62.

(62) Asuntos acumulados C-328/99 y C-399/00, Seleco, Rec. 2003, p. I-4035; asunto 277/00, SMI, Rec. 2004, p. I - 4355; asuntos T-318/00 y T-324/00, CDA Albrechts II, Rec. 2005, p. II-4179.

(63) Asunto 277/00, SMI, Rec. 2004, p. I-4355, apartado 86, en relación con el apartado 92. Tal es el caso si los activos no se han cedido a precio de mercado o si la operación está motivada por la intención de eludir la recuperación.

(64) Véase el apartado 86 del asunto 277/00, SMI, Rec. 2004, p. I-4355, en el que el Tribunal sostuvo que «ciertamente, no puede descartarse que, en el supuesto de que se creen sociedades de salvamento con el fin de continuar con una parte de las actividades de la empresa beneficiaria de las ayudas cuando ésta ha quebrado, las citadas sociedades puedan igualmente, en su caso, estar obligadas a reembolsar las ayudas en cuestión, si se acredita que conservan el disfrute efectivo de la ventaja competitiva ligada al disfrute de las referidas ayudas».

(65) De hecho, el Tribunal ha aclarado que «si se le permitiera, sin más, a una empresa que se encuentre en dificultades y a punto de declararse en quiebra crear, durante el procedimiento de investigación formal sobre las ayudas que le afectan individualmente, una filial para transferirle, antes de concluir el procedimiento de investigación, sus activos más rentables, se admitiría la posibilidad de que cualquier sociedad sustrajese dichos activos del patrimonio de la empresa matriz en el momento de la recuperación de las ayudas, lo que amenazaría con privar de efectos a dicha recuperación en todo o en parte». Asuntos acumulados C-328/99 y C-399/00, Seleco, Rec. 2003, p. I-04035, apartado 77. Una lógica similar se aplicó en el asunto C-451/03, Comisión contra Grecia (Olympic), Rec. 2005, p. I-3875.

(66) Por lo que respecta a HB, la segregación ya se contemplaba en el PNE inicial (véase el considerando 59).

(67) No obstante, se puede tener en cuenta el resultado de toda ejecución de créditos realizada después de agosto de 2006 a la hora de calcular los importes que se han de recuperar.

(68) Véase la Decisión de 2006/937/CE.

(69) DO L 140 de 30.4.2004, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1935/2006 (DO L 407 de 30.12.2006, p. 1).