REGLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 11 de diciembre de 2018

sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1, y su artículo 194, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) El presente Reglamento sienta la base legislativa necesaria para una gobernanza fiable, inclusiva, eficiente en costes, transparente y predecible de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (en lo sucesivo, «mecanismo de gobernanza») que asegure el logro de los objetivos generales y objetivos específicos de la Unión de la Energía para 2030 y a largo plazo, en consonancia con el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático a raíz de la 21.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), mediante esfuerzos complementarios, coherentes y ambiciosos por parte de la Unión y de sus Estados miembros, limitando al mismo tiempo la complejidad administrativa.

(2) La Unión de la Energía debe abarcar cinco dimensiones: seguridad energética; mercado interior de la energía; eficiencia energética; descarbonización; e investigación, innovación y competitividad.

(3) El objetivo de una Unión de la Energía resiliente centrada en una política climática ambiciosa es ofrecer a los consumidores de la Unión, incluidos los hogares y las empresas, un abastecimiento de energía seguro, sostenible, competitivo y asequible, y fomentar la investigación y la innovación a través de la atracción de la inversión, lo que exige una transformación fundamental del sistema energético de Europa. Dicha transformación también está estrechamente relacionada con la necesidad de mantener, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y de promover una utilización prudente y racional de los recursos naturales, en particular a través del fomento de la eficiencia energética y del ahorro de energía, así como del desarrollo de formas de energía nuevas y renovables. Ese objetivo solamente puede lograrse a través de una acción coordinada que combine actos legislativos y no legislativos a los niveles de la Unión, nacional, regional y local.

(4) Una Unión de la Energía totalmente funcional y resiliente haría de la Unión la región líder en materia de innovación, inversión, crecimiento y desarrollo social y económico, lo que a su vez sería un buen ejemplo de que perseguir ambiciones elevadas en términos de mitigación del cambio climático está interrelacionado con la adopción de medidas para fomentar la innovación, la inversión y el crecimiento.

(5) De forma paralela al presente Reglamento, la Comisión ha elaborado y adoptado una serie de iniciativas de política energética sectorial, en particular en lo que se refiere a las energías renovables, la eficiencia energética, incluida la eficiencia energética de los edificios y la configuración del mercado. Esas iniciativas forman un paquete dentro del tema general de la prioridad de la eficiencia energética, el liderazgo mundial de la Unión en energías renovables y un trato justo para los consumidores de energía, también mediante la lucha contra la pobreza energética y el fomento de la competencia leal en el mercado interior.

(6) En sus conclusiones de los días 23 y 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo aprobó un Marco de actuación de la Unión en materia de clima y energía hasta el año 2030 sobre la base de cuatro objetivos clave a nivel de la Unión: una reducción del 40 % como mínimo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el conjunto de la economía, un objetivo indicativo de aumento de la eficiencia energética de al menos un 27 %, que se debe revisar en 2020 con vistas a aumentar el nivel al 30 %, una cuota de energía renovable en el consumo de energía de la Unión de al menos un 27 % y un objetivo de al menos un 15 % para las interconexiones eléctricas. El Consejo especificó que el objetivo para las energías renovables es vinculante a nivel de la Unión y que se debe cumplir mediante las contribuciones de los Estados miembros, guiadas por la necesidad de lograr colectivamente el objetivo de la Unión. Una refundición de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) ha introducido un objetivo nuevo y vinculante para la Unión en materia de energías renovables para 2030 de, al menos, el 32 %, incluida una disposición para una revisión con vistas a aumentar el objetivo a nivel de la Unión en 2023.Las modificaciones de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) han establecido un objetivo a nivel de la Unión de aumento de la eficiencia energética de, al menos, el 32,5 % para 2030, incluida una disposición para una revisión con vistas a aumentar los objetivos a nivel de la Unión.

(7) El objetivo vinculante de una reducción interna del 40 %, como mínimo, de las emisiones de GEI en el conjunto de la economía de aquí a 2030 en comparación con 1990 fue aprobado formalmente, en calidad de contribución prevista y determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros al Acuerdo de París, en la sesión del Consejo de Medio Ambiente de 6 de marzo de 2015. El Acuerdo de París fue ratificado por la Unión el 5 de octubre de 2016 (6) y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Este Acuerdo sustituye al enfoque contenido en el Protocolo de Kioto de 1997, que fue aprobado por la Unión mediante la Decisión 2002/358/CE del Consejo (7) y que no debe seguir vigente después de 2020. El sistema de seguimiento y notificación de las emisiones y absorciones de la Unión debe actualizarse en consecuencia.

(8) El Acuerdo de París elevó el nivel de ambición mundial en materia de mitigación del cambio climático y estableció una meta a largo plazo en consonancia con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de esos niveles.

(9) Para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París en materia de temperatura, la Unión debe procurar alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas de GEI por las fuentes y la absorción por los sumideros tan pronto como sea posible para conseguir después, en su caso, emisiones negativas.

(10) Para el sistema climático es el total acumulado de emisiones antropógenas a lo largo del tiempo lo que es pertinente para la concentración total de GEI en la atmósfera. La Comisión debe analizar diversas hipótesis para la contribución de la Unión a los objetivos a largo plazo, entre ellas la hipótesis de lograr emisiones netas cero de GEI en la Unión para 2050, y emisiones negativas después de esa fecha, así como las repercusiones de esas hipótesis en el presupuesto de carbono mundial y de la Unión restante. La Comisión debe preparar un análisis a los efectos de una estrategia a largo plazo de la Unión sobre la contribución de la Unión a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París tendentes a contener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de 2 °C en relación con los niveles preindustriales y a continuar la acción emprendida para limitar el aumento de la temperatura 1,5 °C en relación con los niveles preindustriales, incluidas diversas hipótesis, entre otras la realización del objetivo de lograr emisiones netas cero de GEI en la Unión para 2050, y emisiones negativas después de esa fecha, así como sus repercusiones en el presupuesto de carbono mundial y de la Unión restante.

(11) Aunque la Unión se ha comprometido a realizar reducciones ambiciosas en las emisiones de GEI para 2030, la amenaza del cambio climático es un problema de orden mundial. En consecuencia, la Unión y sus Estados miembros deben colaborar con sus socios internacionales para garantizar que todas las partes mantengan un elevado nivel de ambición, en consonancia con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París.

(12) En sus conclusiones de los días 23 y 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo decidió asimismo que conviene desarrollar un mecanismo de gobernanza fiable y transparente sin cargas administrativas innecesarias y con flexibilidad suficiente para los Estados miembros, a fin de contribuir a garantizar que la UE alcance sus objetivos de política energética, dentro del pleno respeto por la facultad discrecional de los Estados miembros para determinar su combinación energética. Las conclusiones hacían hincapié en que dicho mecanismo de gobernanza debe basarse en los pilares existentes, como los programas nacionales de lucha contra el cambio climático, los planes nacionales sobre energías renovables y la eficiencia energética, así como en la necesidad de racionalizar y agrupar los elementos referentes a la planificación y a la notificación. Convino asimismo en potenciar la función y los derechos de los consumidores, la transparencia y la previsibilidad para los inversores, entre otras cosas a través de la supervisión sistemática de los indicadores clave para un sistema energético asequible, seguro, competitivo y sostenible, y en facilitar la coordinación de las políticas nacionales en materia de clima y energía y fomentar la cooperación regional entre los Estados miembros.

(13) En su comunicación, de 25 de febrero de 2015, titulada «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva», la Comisión menciona la necesidad de un mecanismo de gobernanza integrada que garantice que todas las actuaciones en materia de energía a los niveles de la Unión, nacional, regional y local contribuyan todas a alcanzar los objetivos de la Unión de la Energía, ampliando de esta manera el ámbito de la gobernanza, más allá del Marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, a las cinco dimensiones de la Unión de la Energía.

(14) En su comunicación sobre el Estado de la Unión de la Energía de 18 de noviembre de 2015, la Comisión especificó asimismo que los planes nacionales integrados de energía y clima, que abordan las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, son herramientas esenciales para una mayor planificación estratégica en los ámbitos de la energía y el clima. Como parte de dicha comunicación, las orientaciones de la Comisión a los Estados miembros sobre los planes nacionales integrados de energía y clima sentaron las bases para la elaboración por parte de los Estados miembros de sus planes nacionales para el período de 2021 a 2030 y establecieron los pilares principales del mecanismo de gobernanza. Por otra parte, la comunicación especificó que dicha gobernanza tenía que estar anclada en el Derecho.

(15) En sus conclusiones de 26 de noviembre de 2015 sobre el sistema de gobernanza de la Unión de la Energía, el Consejo reconoció que la gobernanza de la Unión de la Energía debe ser una herramienta esencial para la construcción eficiente y eficaz de la Unión de la Energía y para la consecución de sus objetivos. El Consejo subrayó la importancia de basar el mecanismo de gobernanza en los principios de integración de la planificación estratégica y la notificación sobre la ejecución de las políticas de clima y energía y en la coordinación entre los actores responsables de dichas políticas a escala nacional, regional y de la Unión. Asimismo, subrayó que el mecanismo de gobernanza debe garantizar la consecución de los objetivos de energía y clima acordados para 2030, así como determinar el avance colectivo en el cumplimiento de los objetivos de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía.

(16) La resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2015, titulada «Hacia una Unión Europea de la Energía» pedía que el mecanismo de gobernanza de la Unión de la Energía fuera ambicioso, fiable, transparente, democrático e integrase plenamente al Parlamento Europeo, y que garantizase que se alcancen los objetivos energéticos y climáticos para 2030.

(17) El Consejo Europeo ha insistido reiteradamente en la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la consecución de un objetivo mínimo del 10 % de las interconexiones eléctricas. En sus conclusiones de los días 23 y 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo acordó que la Comisión, respaldada por los Estados miembros, debe tomar medidas urgentes a fin de garantizar el logro de un objetivo mínimo del 10 % de las interconexiones eléctricas, con carácter de urgencia y a más tardar en 2020, al menos para los Estados miembros que aún no hayan logrado un nivel mínimo de integración en el mercado interior de la energía. La comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, titulada «Reforzar las redes energéticas de Europa» evalúa los avances hacia la consecución del objetivo de interconexión del 10 % y propone vías para llevar a la práctica el objetivo de interconexión del 15 % para 2030.

(18) Por consiguiente, el principal objetivo del mecanismo de gobernanza debe ser propiciar el logro de los objetivos generales de la Unión de la Energía y, en particular, de los objetivos específicos relativos al marco de actuación 2030 en materia de clima y energía, en el ámbito de la reducción de las emisiones de GEI, de energía procedente de fuentes renovables y de la eficiencia energética. Esos objetivos generales y específicos se derivan de la política de la Unión en materia de energía y de la necesidad de mantener, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y de promover una utilización prudente y racional de los recursos naturales, tal como se establece en los Tratados de la Unión Europea. Ninguno de esos objetivos, vinculados entre sí de modo indisociable, puede ser considerado secundario con respecto a los demás. El presente Reglamento está por tanto relacionado con el Derecho sectorial de la aplicación de los objetivos para 2030 en de energía y clima. Si bien los Estados miembros necesitan flexibilidad para elegir las políticas más idóneas para su combinación y preferencias energéticas, esa flexibilidad debe ser compatible con una mayor integración del mercado, una mayor competencia, la consecución de los objetivos climáticos y energéticos y la transición progresiva a una economía hipocarbónica sostenible.

(19) Una transición socialmente aceptable y justa a una economía hipocarbónica sostenible debe exigir cambios de comportamiento en materia inversora, en lo que respecta tanto a la inversión pública como a la inversión privada, e incentivos en todo el espectro de políticas, teniendo en cuenta los ciudadanos y las regiones para los que la transición a una economía hipocarbónica pueda tener efectos negativos. La reducción de las emisiones de GEI exige impulsar la eficiencia y la innovación en la economía europea y, en particular, debe asimismo crear empleo sostenible, también en los sectores de alta tecnología, y desembocar en mejoras de la calidad del aire y de la salud pública.

(20) Habida cuenta de los compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París, los Estados miembros deben informar sobre las medidas adoptadas para suprimir gradualmente las subvenciones a la energía, y en particular a los combustibles fósiles. Para presentar esos informes, los Estados miembros pueden optar por basarse en las definiciones de subvenciones a los combustibles fósiles ya existentes y utilizadas a escala internacional.

(21) Puesto que los GEI y los contaminantes del aire proceden en general de fuentes comunes, la política elaborada para reducir los GEI puede tener beneficios colaterales para la salud pública y la calidad del aire, especialmente en las zonas urbanas, que pueden compensar los costes a corto plazo de la mitigación de los GEI. Puesto que los datos comunicados de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) representan una información importante para la compilación del inventario de GEI y los planes nacionales, procede reconocer la importancia de la compilación y notificación de datos coherentes entre la Directiva (UE) 2016/2284 y el inventario de GEI.

(22) La experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) indicó la necesidad de sinergias y coherencia con los procedimientos de notificación contemplados en otros instrumentos jurídicos, en particular en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), el Reglamento (CE) n.o 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), el Reglamento (CE) n.o 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y el Reglamento (CE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). La utilización de datos coherentes para la notificación de las emisiones de GEI es esencial para garantizar la calidad de la notificación de las emisiones.

(23) De acuerdo con el firme compromiso de la Comisión de «legislar mejor», y en consonancia con una política que promueva la investigación, la innovación y la inversión, el mecanismo de gobernanza debe tener como consecuencia una reducción significativa de la carga administrativa y de la complejidad para los Estados miembros y las partes interesadas pertinentes, la Comisión y demás instituciones de la Unión, y también debe contribuir a asegurar la coherencia e idoneidad de las políticas y medidas de la Unión al nivel nacional y de la Unión en lo que se refiere a la transformación del sistema energético hacia una economía hipocarbónica sostenible.

(24) El logro de los objetivos generales y de los objetivos específicos de la Unión de la Energía debe garantizarse mediante una combinación de iniciativas de la Unión y de políticas nacionales coherentes establecidas en planes nacionales integrados de energía y clima. El Derecho sectorial de la Unión en los campos de la energía y el clima establece requisitos de planificación que han sido herramientas útiles para impulsar el cambio al nivel nacional. Su introducción en diferentes momentos ha dado lugar a solapamientos y a una atención insuficiente a las sinergias e interacciones entre los distintos ámbitos de actuación, en detrimento de la eficiencia en costes. Procede por tanto racionalizar e integrar en la medida de lo posible los procedimientos específicos actuales de planificación, notificación y seguimiento en los campos del clima y de la energía.

(25) Los planes nacionales integrados de energía y clima deben abarcar períodos decenales y ofrecer una visión global de la situación actual del sistema y las políticas energéticas. Dichos planes deben establecer objetivos nacionales para cada una de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía y las políticas y medidas correspondientes para alcanzar esos objetivos y disponer de una base analítica. Los planes nacionales integrados de energía y clima para el primer período de 2021 a 2030 deben prestar especial atención a los objetivos para 2030 en materia de reducción de las emisiones de GEI, de energías renovables, de eficiencia energética y de interconexión eléctrica. Los Estados miembros deben procurar garantizar que los planes nacionales integrados de energía y clima sean coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y contribuyan a su consecución. En sus planes nacionales integrados de energía y clima, los Estados miembros pueden basarse en estrategias o planes nacionales existentes. En lo que respecta al primer proyecto de plan nacional integrado de energía y clima y al definitivo, se otorga un plazo diferente con respecto a los planes siguientes, a fin de proporcionar a los Estados miembros, tras la adopción del presente Reglamento, un tiempo de preparación adecuado para sus primeros planes. No obstante, se anima a los Estados miembros a presentar sus primeros proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima tan pronto como sea posible en 2018, para que se puedan llevar a cabo los preparativos adecuados, en particular para el diálogo facilitador que se debe convocar en 2018 de conformidad con la Decisión 1/CP.21 de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

(26) En sus planes nacionales integrados de energía y clima, los Estados miembros deben evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética, teniendo en cuenta los servicios energéticos domésticos necesarios para garantizar niveles de vida básicos en el contexto nacional pertinente, la política social vigente y otras políticas pertinentes, así como las orientaciones indicativas de la Comisión sobre los indicadores correspondientes, incluida la dispersión geográfica, basados en un enfoque común de la pobreza energética. En caso de que un Estado miembro constate la existencia de un número importante de hogares en situación de pobreza energética, debe incluir en su plan un objetivo nacional indicativo para reducir la pobreza energética.

(27) Procede establecer un modelo obligatorio para los planes nacionales integrados de energía y clima a fin de asegurar que todos sean lo suficientemente exhaustivos y de facilitar su comparación y agregación, dejando al mismo tiempo la flexibilidad suficiente para que los Estados miembros establezcan los detalles de los planes nacionales que reflejen las preferencias y especificidades nacionales.

(28) La aplicación de las políticas y medidas en los ámbitos de la energía y el clima tiene un impacto en el medio ambiente. Los Estados miembros deben por tanto garantizar que se ofrecen de forma temprana y eficaz oportunidades al público para participar y ser consultado sobre la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima de conformidad, llegado el caso, con las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14) y con el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de 25 de junio de 1998 («el Convenio de Aarhus»). Los Estados miembros deben asimismo garantizar la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima y procurar limitar la complejidad administrativa a la hora de cumplir sus obligaciones en materia de consulta pública.

(29) A la hora de realizar consultas públicas, y en consonancia con el Convenio de Aarhus, los Estados miembros deben procurar garantizar una participación equitativa, que se informe al público mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los medios de comunicación electrónicos, que el público pueda acceder a todos los documentos pertinentes, y que se instauren modalidades prácticas en lo relativo a su participación.

(30) Cada Estado miembro debe establecer un diálogo energético multinivel permanente que reúna a las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad empresarial, los inversores y otras partes interesadas pertinentes para debatir sobre las diferentes opciones previstas para las políticas energéticas y climáticas. Los planes nacionales integrados de energía y clima de los Estados miembros, así como sus estrategias a largo plazo, deben poder debatirse en el marco de dicho diálogo. El diálogo puede desarrollarse a través de cualquier estructura nacional, como un sitio web, una plataforma de consulta pública u otra herramienta de comunicación interactiva.

(31) La cooperación regional es clave para garantizar la consecución eficaz de los objetivos de la Unión de la Energía con eficiencia. La Comisión debe facilitar dicha cooperación entre los Estados miembros. Es conveniente que los Estados miembros tengan la oportunidad de formular observaciones sobre los planes nacionales integrados de energía y clima de los demás Estados miembros antes de su finalización a fin de evitar incoherencias y posibles repercusiones negativas en otros Estados miembros y de asegurar el cumplimiento colectivo de los objetivos comunes. La cooperación regional en la elaboración y finalización de los planes nacionales integrados de energía y clima, así como en su aplicación posterior, debe resultar esencial para mejorar la eficacia y la eficiencia de las medidas y para fomentar la integración del mercado y la seguridad energética.

(32) En su cooperación en el marco del presente Reglamento, los Estados miembros deben tomar en consideración los foros existentes de cooperación regional, como el Plan de Interconexión del Mercado Báltico de la Energía (BEMIP), la Conectividad del Gas en Europa Central y Sudoriental (CESEC), el Mercado Regional de la Energía Centro Oeste (CWREM), la Iniciativa de Red Marítima de los Países de los Mares Septentrionales (NSCOGI), el Foro Pentalateral de la Energía, el Grupo Regional para las interconexiones del suroeste de Europa, y la Asociación Euromediterránea. Se alienta a los Estados miembros a prever una cooperación con los signatarios de la Comunidad de la Energía, con los terceros países que sean miembros del Espacio Económico Europeo y, en su caso, con otros terceros países pertinentes. Además, con vistas a fomentar la integración del mercado, unas políticas eficientes en costes, y una cooperación, asociaciones y consultas eficaces, la Comisión puede determinar otras oportunidades de cooperación regional que abarquen una o más de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía de conformidad con el presente Reglamento, con una visión a largo plazo y en función de las condiciones de mercado actuales.

(33) La Comisión puede entablar un diálogo con terceros países pertinentes con el fin de analizar la posibilidad de ampliar a tales países la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento, y especialmente las relacionadas con la cooperación regional.

(34) Los planes nacionales integrados de energía y clima deben ser estables a fin de garantizar la transparencia y la previsibilidad de las políticas y medidas nacionales y, por ende, la seguridad de la inversión. No obstante, los planes nacionales deben actualizarse una vez durante su período decenal de vigencia para dar a los Estados miembros la oportunidad de adaptarlos a cambios significativos de las circunstancias. En relación con los planes que abarquen el período de 2021 a 2030, los Estados miembros deben actualizarlos a más tardar el 30 de junio de 2024. Los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones solamente deben modificarse para reflejar una mayor ambición global, en particular en lo que se refiere a los objetivos para 2030 en materia de energía y clima. En las actualizaciones, los Estados miembros deben esforzarse para mitigar los impactos medioambientales negativos registrados en los informes integrados comunicados.

(35) Las estrategias estables de reducción de emisiones de GEI a largo plazo son clave para contribuir a la transformación económica, el empleo, el crecimiento y el logro de objetivos más amplios de desarrollo sostenible, así como para avanzar de forma justa y eficiente hacia el objetivo a largo plazo establecido por el Acuerdo de París. Además, se invita a las Partes en dicho Acuerdo a comunicar, a más tardar en 2020, sus estrategias de reducción de las emisiones de GEI a largo plazo para mediados de siglo. En ese contexto, el 22 de marzo de 2018 el Consejo Europeo pidió a la Comisión que presentara, en el primer trimestre de 2019 a más tardar, una propuesta de estrategia para la reducción de las emisiones de GEI de la Unión a largo plazo de conformidad con el Acuerdo de París, teniendo en cuenta los planes nacionales integrados de energía y clima.

(36) Los Estados miembros deben elaborar estrategias a largo plazo con una perspectiva de al menos 30 años para contribuir al cumplimiento de los compromisos de los Estados miembros en virtud de la CMNUCC y el Acuerdo de París, en el contexto del objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de esos niveles, así como de lograr a largo plazo una reducción de las emisiones de GEI y un incremento de la absorción por los sumideros en todos los sectores en consonancia con el objetivo asumido por la Unión. Los Estados miembros deben elaborar sus estrategias de forma abierta y transparente, así como garantizar que el público tenga oportunidades reales de participar en su preparación. Sus planes nacionales integrados de energía y clima y las estrategias a largo plazo deben ser coherentes entre sí.

(37) El sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) está muy expuesto y es muy vulnerable al cambio climático. Al mismo tiempo, el sector abriga un enorme potencial para ofrecer beneficios climáticos a largo plazo y contribuir de forma significativa a la consecución de los objetivos climáticos a largo plazo, tanto de la Unión como en el nivel internacional. Dicho sector puede contribuir a la mitigación del cambio climático de diversas maneras, en particular reduciendo las emisiones, manteniendo y mejorando los sumideros y las reservas de carbono, y suministrando materiales biológicos que puedan sustituir a los materiales fósiles o intensivos en carbono. Es esencial contar con estrategias a largo plazo que respalden la inversión sostenible destinada a incrementar la captura efectiva de carbono, la gestión de recursos sostenible, y la estabilidad y la adaptabilidad a largo plazo de los almacenes de carbono.

(38) A la hora de desarrollar nuevas interconexiones, es importante llevar a cabo una evaluación completa de los costes y los beneficios, incluidas todas sus repercusiones técnicas, socioeconómicas y ambientales, tal como se exige en el Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), además de tener en cuenta las externalidades positivas de las interconexiones, tales como la integración de las energías renovables, la seguridad del suministro y el aumento de la competencia en el mercado interior.

(39) Como ocurre con la planificación, el Derecho sectorial de la Unión en los campos de la energía y el clima establece obligaciones en materia de comunicación de información, muchas de las cuales han sido herramientas útiles para impulsar el cambio al nivel nacional, complementarias a las reformas del mercado, pero esas obligaciones han sido introducidas en diferentes momentos, lo que ha dado lugar a solapamientos y a una baja rentabilidad, así como a una atención insuficiente a las sinergias e interacciones entre los distintos ámbitos de actuación, tales como la mitigación de los GEI, las energías renovables, la eficiencia energética y la integración del mercado. A fin de lograr el justo equilibrio entre la necesidad de garantizar un seguimiento adecuado de la aplicación de los planes nacionales integrados de energía y clima y la necesidad de reducir la complejidad administrativa, es conveniente que los Estados miembros establezcan informes de situación bienales sobre la aplicación de los planes y otros hechos relevantes en relación con el sistema energético. No obstante, seguiría siendo necesaria la comunicación anual de información, especialmente en lo que se refiere a las obligaciones de comunicación de información en el campo del clima derivadas de la CMNUCC y del Derecho de la Unión.

(40) Los informes de situación nacionales integrados de energía y clima de los Estados miembros deben reflejar los elementos establecidos en el modelo de planes nacionales integrados de energía y clima. En uno o varios actos de ejecución posteriores debe detallarse un modelo de informe de situación nacional integrado de energía y clima, habida cuenta de su naturaleza técnica y de la circunstancia de que los primeros informes de situación deben presentarse en 2023. Los informes de situación deben elaborarse a fin de garantizar la transparencia respecto a la Unión, los demás Estados miembros, las autoridades regionales y locales, los agentes del mercado, incluidos los consumidores, y otras partes interesadas pertinentes así como el público en general. Dichos informes deben ser exhaustivos en las cinco dimensiones de la Unión de la Energía y, para el primer período, hacer énfasis simultáneamente en los ámbitos cubiertos por los objetivos del marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030.

(41) En virtud de la CMNUCC se obliga a la Unión y a sus Estados miembros a elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los GEI utilizando metodologías comparables acordadas por la Conferencia de las Partes. Los inventarios de GEI son fundamentales para permitir el seguimiento de la aplicación de la dimensión de la descarbonización y para evaluar el cumplimiento de los actos legislativos en el campo del clima, en particular el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento y del Consejo (16) y el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(42) La Decisión 1/CP.16 de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC obliga a establecer mecanismos nacionales para la estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los GEI. El presente Reglamento debe permitir establecer esos mecanismos nacionales.

(43) La experiencia con la aplicación del Reglamento (UE) n.o 525/2013 ha puesto de manifiesto la importancia de la transparencia, la exactitud, la coherencia, la exhaustividad y la comparabilidad de la información. Sobre la base de esa experiencia, el presente Reglamento debe garantizar que los Estados miembros utilicen datos e hipótesis sólidos y coherentes en relación con las cinco dimensiones y pongan a disposición del público una información exhaustiva sobre las hipótesis, los parámetros y los métodos utilizados para los escenarios y proyecciones definitivos, teniendo en cuenta las restricciones estadísticas, los datos sensibles a efectos comerciales y el respeto de las normas en materia de protección de datos, y que notifiquen sus políticas, medidas y proyecciones como un componente esencial de los informes de situación. La información contenida en esos informes debe ser clave para demostrar el puntual cumplimiento de los compromisos derivados del Reglamento (UE) 2018/842. La aplicación y continua mejora de los sistemas a los niveles de la Unión y de los Estados miembros, junto con unas mejores directrices de notificación, deben contribuir significativamente al aumento constante de la información necesaria para hacer un seguimiento de los avances registrados en la dimensión de la descarbonización.

(44) El presente Reglamento debe garantizar la comunicación de información por parte de los Estados miembros sobre su adaptación al cambio climático y la prestación de ayuda económica, tecnológica y de creación de capacidades a los países en desarrollo, facilitando así el cumplimiento de los compromisos de la Unión derivados de la CMNUCC y del Acuerdo de París. Por otra parte, es asimismo importante la información sobre las actuaciones nacionales de adaptación y la ayuda en el contexto de los planes nacionales integrados de energía y clima, especialmente en lo que se refiere a la adaptación a los efectos adversos del cambio climático relacionados con la seguridad de abastecimiento energético de la Unión, tales como la disponibilidad de agua de refrigeración para las centrales eléctricas y la disponibilidad de biomasa para la energía, así como información sobre la ayuda pertinente para la dimensión exterior de la Unión de la Energía.

(45) El Acuerdo de París confirma que las Partes, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, deben respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones en materia de derechos humanos y de igualdad de género. Por consiguiente, los Estados miembros deben integrar adecuadamente las dimensiones de los derechos humanos y de la igualdad de género en sus planes nacionales integrados de energía y clima y en sus estrategias a largo plazo. A través de sus informes de situación bienales deben comunicar la información sobre el modo en que la aplicación de sus planes nacionales integrados de energía y clima contribuye a la promoción de los derechos humanos y de la igualdad de género.

(46) A fin de limitar la carga administrativa para los Estados miembros y la Comisión, esta última debe establecer una plataforma en línea (plataforma electrónica) para facilitar la comunicación, promover la cooperación y facilitar el acceso del público a la información. De esta forma se facilitaría la presentación oportuna de informes así como una mayor transparencia en la notificación de información nacional. La plataforma electrónica debe complementar, aprovechar y beneficiarse de los procesos de notificación, las bases de datos y las herramientas electrónicas existentes, tales como los de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Eurostat, el Centro Común de Investigación, y también de la experiencia adquirida del Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales de la Unión.

(47) La Comisión debe garantizar que los planes nacionales integrados de energía y clima definitivos estén disponibles para el público en línea. La Comisión debe servirse de la plataforma electrónica, una vez que esté operativa, para alojar y poner a disposición del público los planes nacionales integrados de energía y clima definitivos, sus actualizaciones, las estrategias a largo plazo, y otra información pertinente facilitada por los Estados miembros. Hasta el momento en que la plataforma electrónica esté operativa, la Comisión debe utilizar sus propios sitios web para facilitar el acceso del público en línea a los planes nacionales integrados de energía y clima definitivos.

(48) En lo que se refiere a los datos que deben facilitarse a la Comisión mediante los sistemas nacionales de planificación y notificación, la información de los Estados miembros no debe duplicar datos y estadísticas que ya hayan sido facilitados a través de Eurostat en el contexto del Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) en la misma forma que la prescrita por las obligaciones de planificación y notificación establecidas en el presente Reglamento y que estén todavía disponibles en la Comisión (Eurostat) con los mismos valores. Cuando estén disponibles y sean apropiados en cuanto al calendario, los datos y proyecciones comunicados en los planes nacionales integrados de energía y clima deben basarse en los datos de Eurostat y guardar coherencia con los mismos, así como con la metodología de comunicación de las estadísticas europeas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 223/2009.

(49) Con vistas al logro colectivo de los objetivos de la Estrategia de la Unión de la Energía, y en particular la creación de una Unión de la Energía resiliente y totalmente funcional, debe ser esencial que la Comisión evalúe los proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima, los planes nacionales integrados de energía y clima y, sobre la base de los informes de situación, su aplicación. En relación con el primer período decenal, se deben analizar, en particular, la consecución de los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y las contribuciones nacionales a esos objetivos. Esa evaluación debe efectuarse bienalmente, y anualmente solo cuando sea necesario, y debe consolidarse en los informes de la Comisión sobre el Estado de la Unión de la Energía.

(50) Respetando debidamente el derecho de iniciativa de la Comisión, el procedimiento legislativo ordinario y el equilibrio de poderes institucional, el Parlamento Europeo y el Consejo deben abordar cada año los progresos realizados por la Unión de la Energía en todas las dimensiones de las políticas en materia de energía y clima.

(51) La Comisión debe evaluar el impacto global de las políticas y medidas de los planes nacionales integrados de energía y clima en el funcionamiento de las medidas de la Unión en materia de clima y energía, en particular en lo que respecta a la necesidad de políticas y medidas de la Unión adicionales de cara al necesario aumento de la reducción y la absorción de las emisiones de GEI en la Unión con arreglo a los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París.

(52) El clima mundial se ve afectado por el sector de la aviación a causa de las emisiones de CO2, así como de otras emisiones, incluidas las emisiones de óxidos de nitrógeno, y de fenómenos, como el incremento de los cirros. A la luz de la rápida evolución de la comprensión científica de estos impactos, el Reglamento (UE) n.o 525/2013 ya prevé una evaluación actualizada de los impactos de la aviación no provocados por el CO2 en el clima mundial. La modelización utilizada a este respecto debe adaptarse a los avances científicos. Sobre la base de las evaluaciones que haga de esos impactos, la Comisión debe presentar, a más tardar el 1 de enero de 2020, un análisis actualizado de los impactos de la aviación no provocados por el CO2 acompañado, en su caso, de una propuesta con las mejores opciones para abordarlos.

(53) De acuerdo con las actuales directrices de la CMNUCC en materia de notificación de GEI, el cálculo y la notificación de las emisiones de metano se basan en potenciales de calentamiento global (PCG) en relación con un horizonte temporal de 100 años. Habida cuenta del elevado PCG y del tiempo relativamente corto de permanencia del metano en la atmósfera, que tiene un impacto climático significativo a corto y medio plazo, la Comisión debe analizar las consecuencias que tendrían las políticas y medidas de ejecución destinadas a reducir el impacto a corto y medio plazo de las emisiones de metano para las emisiones de GEI de la Unión. La Comisión debe estudiar las opciones políticas para abordar rápidamente las emisiones de metano y presentar un plan estratégico de la Unión para el metano como parte integrante de la estrategia a largo plazo de la Unión.

(54) Para ayudar a garantizar la coherencia entre las políticas nacionales y de la Unión y los objetivos de la Unión de la Energía, debe haber un diálogo permanente entre la Comisión y los Estados miembros y, cuando proceda, entre los Estados miembros. Llegado el caso, la Comisión debe dictar recomendaciones a los Estados miembros, en particular sobre el grado de ambición de los proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima, sobre la posterior aplicación de las políticas y medidas de los planes nacionales integrados de energía y clima notificados, y sobre las demás políticas y medidas nacionales de relevancia para la aplicación de la Unión de la Energía. Si bien las recomendaciones no son vinculantes, tal como establece el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta, no obstante, dichas recomendaciones y explicar en informes de situación posteriores la manera en que lo han hecho. Por lo que respecta a la energía renovable, la evaluación de la Comisión debe basarse en los criterios objetivos. Si la Comisión formula una recomendación sobre un proyecto de plan nacional de un Estado miembro, debe hacerlo con la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta, por una parte, la necesidad de que la Comisión sume determinadas contribuciones previstas cuantificadas de todos los Estados miembros a fin de evaluar la ambición a nivel de la Unión, y, por otra, la necesidad de proporcionar el tiempo oportuno al Estado miembro de que se trate para que tenga debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión antes de finalizar su plan nacional, y la necesidad de evitar el riesgo de retraso del plan nacional del Estado miembro.

(55) El despliegue eficiente de las energías renovables es uno de los criterios objetivos esenciales para evaluar las contribuciones de los Estados miembros. La estructura de costes del despliegue de las energías renovables es compleja y varía de forma significativa entre los Estados miembros. No solo incluye los costes de los sistemas de apoyo, sino que también incluye, entre otros, los costes de conexión de las instalaciones, sistemas de respaldo, proporcionar la seguridad del sistema y los costes que deben asumirse para cumplir con las restricciones medioambientales. De este modo, cuando se establezcan comparaciones entre los Estados miembros sobre la base de ese criterio, deben tenerse presentes todos los costes relacionados con el despliegue, ya sean asumidos por el Estado miembro, los consumidores finales o los promotores de proyectos. Las recomendaciones de la Comisión relativas a la ambición de los Estados miembros en materia de energías renovables deben basarse en una fórmula establecida en el presente Reglamento, que está basada en criterios objetivos. Por lo tanto, la evaluación de la ambición de los Estados miembros en materia de energías renovables debe indicar el esfuerzo relativo realizado por los Estados miembros, teniendo en cuenta asimismo las circunstancias pertinentes que afectan al desarrollo de las energías renovables. La evaluación también debe incluir datos procedentes de fuentes cuantitativas o cualitativas independientes.

(56) En el caso de que los planes nacionales integrados de energía y clima o sus actualizaciones resultasen insuficientemente ambiciosos para la consecución colectiva de los objetivos generales de la Unión de la Energía y, en particular, respecto al primer período, de los objetivos específicos en materia de energías renovables y de eficiencia energética de la Unión en 2030, la Comisión debe adoptar medidas a nivel de la Unión para garantizar la consecución colectiva de tales objetivos generales y objetivos específicos (y remediar así una eventual «falta de ambición»). En el caso de que los avances registrados por la Unión en la consecución de esos objetivos generales y específicos resultase insuficiente, la Comisión debe, además de dictar recomendaciones, proponer medidas y ejercer sus competencias a nivel de la Unión, o los Estados miembros deben adoptar medidas nuevas, a fin de garantizar la consecución de dichos objetivos generales y objetivos específicos (y remediar así una eventual «falta de resultados»). Tales medidas también deben tener en cuenta los esfuerzos tempranos realizados por los Estados miembros en relación con el objetivo específico para 2030 en materia de energías renovables, mediante la consecución en 2020 o antes de una cuota de energía procedente de fuentes renovables por encima de su objetivo nacional vinculante, o mediante la realización de avances tempranos en su objetivo nacional vinculante para 2020 o en su contribución al objetivo vinculante de la Unión de al menos un 32 % de energías renovables en 2030. En el ámbito de las energías renovables, esas medidas pueden incluir asimismo contribuciones económicas voluntarias de los Estados miembros a un mecanismo de financiación de la energía renovable de la Unión gestionado por la Comisión, que serviría para contribuir a los proyectos de energías renovables más eficientes en costes en toda la Unión, facilitando así a los Estados miembros la posibilidad de contribuir a la consecución del objetivo de la Unión al menor coste posible. Los objetivos específicos nacionales de los Estados miembros en materia de energías renovables para 2020 deben servir de cuotas de referencia de energías renovables a partir de 2021 y deben mantenerse a lo largo de todo el período. En el ámbito de la eficiencia energética, pueden adoptarse nuevas medidas orientadas en particular a mejorar la eficiencia energética de los productos, los edificios y los transportes.

(57) Los objetivos específicos nacionales de los Estados miembros en materia de energías renovables para 2020 que figuran en el anexo I de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (19) deben servir de punto de partida para su trayectoria indicativa nacional para el período comprendido entre 2021 y 2030, a no ser que un Estado miembro decida de forma voluntaria fijar un punto de partida más elevado. Además, deben constituir para el mismo período una cuota de referencia obligatoria que forma igualmente parte de la Directiva (UE) 2018/2001. Por consiguiente, en ese período la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de cada Estado miembro no debe ser inferior a su cuota de referencia.

(58) En caso de que un Estado miembro no mantenga su cuota de referencia medida a lo largo de un año, debe adoptar, en el plazo de un año, medidas adicionales para subsanar dicho desfase respecto de su escenario de referencia. Cuando un Estado miembro haya tomado de manera efectiva las medidas necesarias y haya cumplido su obligación de subsanar ese desfase, debe considerarse que ha cumplido los requisitos obligatorios de su escenario de referencia a partir del momento en que se haya producido el desfase en cuestión tanto con arreglo al presente Reglamento como con arreglo a la Directiva (UE) 2018/2001.

(59) Para permitir un seguimiento adecuado y la adopción temprana de medidas correctoras por parte de los Estados miembros y de la Comisión, y con el fin de evitar el efecto de comportamientos oportunistas, las trayectorias indicativas de todos los Estados miembros (y, en consecuencia, también la trayectoria indicativa de la Unión) deben alcanzar en 2022, 2025 y 2027 al menos ciertos porcentajes mínimos del aumento total de las energías renovables previsto para 2030, según lo establecido en el presente Reglamento. La consecución de esos «puntos de referencia» en 2022, 2025 y 2027 debe ser evaluada por la Comisión sobre la base, entre otras cosas, de los informes de situación nacionales integrados de energía y clima que deben presentar los Estados miembros. Los Estados miembros que se encuentren por debajo de sus puntos de referencia deben explicar en su informe de situación siguiente de qué manera se proponen subsanar el desfase. Si no se alcanzan los puntos de referencia indicativos de la Unión, los Estados miembros que se encuentren por debajo de sus puntos de referencia deben subsanar el desfase aplicando medidas adicionales.

(60) La Unión y los Estados miembros deben procurar facilitar la información más actualizada posible sobre sus emisiones y absorciones de GEI. El presente Reglamento debe permitir que tales estimaciones se preparen en los plazos más breves recurriendo a datos estadísticos y de otra índole, como, cuando proceda, datos espaciales facilitados por el programa Copernicus establecido por el Reglamento (UE) n.o 377/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) y por otros sistemas de satélite.

(61) Con arreglo al Reglamento (UE) 2018/842, debe mantenerse el enfoque del ciclo de compromisos anuales adoptado en la Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (21). Ese enfoque exige un examen exhaustivo de los inventarios de GEI de los Estados miembros para posibilitar la evaluación de la conformidad y la aplicación de medidas correctoras, cuando proceda. Es necesario un procedimiento de examen, a escala de la Unión, de los inventarios de GEI presentados por los Estados miembros para garantizar que la conformidad con el Reglamento (UE) 2018/842 se evalúa de manera creíble, coherente y transparente y en el momento oportuno.

(62) Los Estados miembros y la Comisión deben garantizar una estrecha cooperación en todos los asuntos relacionados con la aplicación de la Unión de la Energía, con la estrecha participación del Parlamento Europeo en los asuntos relacionados con el presente Reglamento. La Comisión debe, llegado el caso, asistir a los Estados miembros en la aplicación del presente Reglamento, en particular en lo que se refiere al establecimiento de los planes nacionales integrados de energía y clima y a la creación de capacidades asociadas, también mediante la movilización de los recursos internos de la capacidad de modelización interna y, en su caso, asesoramiento externo.

(63) Los Estados miembros deben garantizar que sus planes nacionales integrados de energía y clima tengan en cuenta las recomendaciones específicas para cada país más recientes dictadas en el contexto del Semestre Europeo.

(64) Los Estados miembros deben aplicar el principio de «primero, la eficiencia energética», que implica que, antes de adoptar decisiones de planificación, estrategia e inversión en materia de energía, se debe examinar si existen medidas alternativas en materia de eficiencia energética que sean eficientes en costes y adecuadas desde las perspectivas técnica, económica y medioambiental y puedan sustituir total o parcialmente a las medidas de planificación, estrategia e inversión previstas, y que permitan alcanzar aun así los objetivos de las decisiones correspondientes. Ello implica, en particular, que la eficiencia energética se trate como un elemento crucial y una consideración fundamental en las futuras decisiones sobre inversiones en infraestructuras energéticas en la Unión. Entre las alternativas eficientes en costes figuran medidas destinadas a dotar de mayor eficiencia a la demanda y el suministro de energía, en particular mediante ahorros de energía en el uso final eficiente en costes, iniciativas para la respuesta de la demanda y una transformación, transmisión y distribución más eficiente de la energía. Los Estados miembros también deben alentar la difusión de ese principio en las administraciones regionales y locales, así como en el sector privado.

(65) La Agencia Europea de Medio Ambiente debe asistir a la Comisión, según el caso y de conformidad con su programa de trabajo anual, en la labor de evaluación, seguimiento y notificación.

(66) De conformidad con el artículo 290 del TFUE, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con el fin de modificar el marco general (modelo) de los planes nacionales integrados de energía y clima con el objetivo de adaptar el modelo a las modificaciones del marco de actuación de la Unión en materia de clima y energía que están relacionadas de forma directa y específica con las contribuciones de la Unión en virtud de la CMNUCC y del Acuerdo de París, de tomar en consideración las modificaciones de los (PCG y las directrices sobre inventarios acordadas internacionalmente, de establecer requisitos básicos para el sistema de inventario de la Unión, y de crear los registros. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (22). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. Llegado el caso, la Comisión debe tener en cuenta asimismo las decisiones adoptadas en virtud de la CMNUCC y del Acuerdo de París.

(67) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento, en particular por lo que respecta a los informes de situación nacionales integrados de energía y clima; comunicación integrada de las actuaciones nacionales de adaptación, del apoyo financiero y tecnológico proporcionado a países en desarrollo y de ingresos procedentes de las subastas; informe anual sobre los avances de inventario de GEI y la contabilidad de las emisiones y la absorción de GEI; el mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión, los sistemas de inventario nacionales y de la Unión, la revisión de los inventarios; sistemas nacionales y de la Unión relativos a las políticas y medidas y a las proyecciones, y la comunicación de informaciones sobre las políticas y medidas y las proyecciones en materia de GEI, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 (23).

(68) Para ejercer las competencias de ejecución que se establecen en el presente Reglamento, deben asistir a la Comisión en su cometido según el presente Reglamento el Comité del Cambio Climático, que restablece el Comité del Cambio Climático existente, establecido por el artículo 8 de la Decisión 93/389/CEE, el artículo 9 de la Decisión 280/2004/CE y el artículo 26 del Reglamento (UE) n.o 525/2013 y el Comité de la Unión de la Energía. Para garantizar la coherencia de las políticas y tratar de maximizar las sinergias entre los distintos sectores, debe invitarse a expertos tanto en clima como en energía a las reuniones de ambos Comités a la hora de aplicar el presente Reglamento.

(69) La Comisión debe revisar la aplicación del presente Reglamento en 2024 y cada cinco años a partir de esa fecha, y elaborar las propuestas de modificación según proceda para garantizar su correcta aplicación y la consecución de sus objetivos. Las revisiones deben tener en cuenta la evolución y los resultados del balance global del Acuerdo de París.

(70) El presente Reglamento debe integrar, modificar, sustituir y derogar determinadas obligaciones de planificación, notificación y seguimiento que actualmente contiene los actos legislativos sectoriales de la Unión en materia de energía y clima a fin de garantizar un enfoque racional e integrado de los principales elementos de planificación, notificación y seguimiento. Por tanto, deben modificarse en consecuencia los siguientes actos legislativos: — Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (24); — Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (25); — Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (26); — Reglamento (CE) n.o 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (27); — Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (28); — Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (29); — Directiva 2009/119/CE del Consejo (30); — Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (31); — Directiva 2012/27/UE; — Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (32); — Directiva (UE) 2015/652 del Consejo (33).

(71) En aras de la coherencia y la seguridad jurídica, las disposiciones del presente Reglamento no deben impedir la aplicación de las excepciones derivadas del Derecho sectorial pertinente de la Unión en los ámbitos de la electricidad y de la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad.

(72) Asimismo, el presente Reglamento debe integrar plenamente las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 525/2013. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (UE) n.o 525/2013 con efecto a partir del 1 de enero de 2021. No obstante, a fin de asegurar que la Decisión n.o 406/2009/CE siga aplicándose en el ámbito del Reglamento (UE) n.o 525/2013 y que determinados aspectos relacionados con la aplicación del Protocolo de Kioto sigan estando consagrados en el Derecho, es necesario que determinadas disposiciones sigan siendo aplicables después de esa fecha.

(73) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento establece un mecanismo de gobernanza con objeto de: a) aplicar estrategias y medidas concebidas para cumplir los objetivos generales y los objetivos específicos de la Unión de la Energía y los compromisos de la Unión a largo plazo en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con el Acuerdo de París, y, en particular, en lo que respecta al primer período decenal de 2021 a 2030, los objetivos específicos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima; b) estimular la cooperación entre los Estados miembros, también, en su caso, a nivel regional, con el fin de alcanzar los objetivos generales y específicos de la Unión de la Energía; c) garantizar la oportunidad, exhaustividad, exactitud, coherencia, comparabilidad y transparencia de la información presentada por la Unión y sus Estados miembros a la Secretaría de la CMNUCC y del Acuerdo de París; d) contribuir a una mayor seguridad jurídica, así como a una mayor seguridad para los inversores, y ayudar a aprovechar plenamente las oportunidades de desarrollo económico, estímulo de la inversión, creación de empleo y cohesión social. El mecanismo de gobernanza se basa en las estrategias a largo plazo, los planes nacionales integrados de energía y clima que abarquen períodos decenales, con inicio en el período de 2021 a 2030, los informes de situación nacionales integrados de energía y clima correspondientes elaborados por los Estados miembros, y las disposiciones de seguimiento integrado por parte de la Comisión. El mecanismo de gobernanza garantizará oportunidades reales para que el público participe en la preparación de esos planes nacionales y esas estrategias a largo plazo. Comprenderá un proceso iterativo estructurado y transparente entre la Comisión y los Estados miembros con vistas a la finalización de los planes nacionales integrados de energía y clima y su posterior aplicación, que incluirá la cooperación regional, y a la actuación correspondiente de la Comisión. 2. El presente Reglamento se aplicará a las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, que están estrechamente relacionadas y se refuerzan mutuamente: a) seguridad energética; b) mercado interior de la energía; c) eficiencia energética; d) descarbonización; e e) investigación, innovación y competitividad.

Artículo 2 Definiciones Se entenderá por: 1) «políticas y medidas»: todos los instrumentos que contribuyen a la consecución de los objetivos de los planes nacionales integrados de energía y clima y/o al cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del artículo 4, apartado 2, letras a) y b), de la CMNUCC, que pueden incluir aquellos que no tienen como objetivo principal la limitación y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o el cambio del sistema energético; 2) «políticas y medidas existentes»: las políticas y medidas aplicadas y las políticas y medidas adoptadas; 3) «políticas y medidas aplicadas»: las políticas y medidas a las que corresponden una o varias de las características siguientes en la fecha de presentación del plan nacional integrado de energía y clima o del informe de situación nacional integrado de energía y clima: existe Derecho nacional o de la Unión de aplicación directa vigente, se han establecido uno o más acuerdos voluntarios, se han asignado recursos financieros y se han movilizado recursos humanos; 4) «políticas y medidas adoptadas»: las políticas y medidas respecto de las que se ha adoptado una decisión oficial gubernamental antes de la fecha de presentación del plan nacional integrado de energía y clima o del informe de situación nacional integrado de energía y clima y respecto de las que existe un compromiso claro para proceder a su aplicación; 5) «políticas y medidas previstas»: opciones que se están debatiendo y tienen posibilidades reales de ser adoptadas y aplicadas tras la fecha de presentación del plan nacional integrado de energía y clima o del informe de situación nacional integrado de energía y clima; 6) «sistema de políticas y medidas y proyecciones»: sistema de disposiciones institucionales, jurídicas y procedimentales establecido para la notificación de las políticas y medidas y proyecciones relativas a las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero y al sistema energético, con arreglo, entre otros, al artículo 39; 7) «proyecciones»: previsiones de emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, o de desarrollo del sistema energético, incluidas como mínimo estimaciones cuantitativas de la secuencia de cuatro años acabados en 0 o 5 inmediatamente siguientes al año de notificación; 8) «proyecciones sin medidas»: proyecciones de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, que excluyen los efectos de todas las políticas y medidas previstas, adoptadas o aplicadas con posterioridad al año elegido como punto de partida para la proyección en cuestión; 9) «proyecciones con medidas»: proyecciones de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, que engloban los efectos, en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o de desarrollo del sistema energético, de las políticas y medidas adoptadas y aplicadas; 10) «proyecciones con medidas adicionales»: previsiones de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, o de desarrollo del sistema energético, que engloban los efectos, en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las políticas y medidas adoptadas y aplicadas para mitigar el cambio climático o cumplir los objetivos energéticos, así como de las políticas y medidas previstas a ese efecto; 11) «objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima»: el objetivo vinculante para toda la Unión de una reducción nacional de al menos el 40 % de las emisiones internas de gases de efecto invernadero en toda la economía, en comparación con los niveles de 1990, que deberá lograrse a más tardar en 2030, el objetivo vinculante de la Unión de una cuota mínima del 32 % de energías renovables en la Unión en 2030, el objetivo principal de la Unión de una mejora de la eficiencia energética de como mínimo el 32,5 % en 2030, y un objetivo de interconexión eléctrica del 15 % para 2030, o cualesquiera objetivos posteriores acordados por el Consejo Europeo o por el Parlamento Europeo y por el Consejo para 2030; 12) «sistema de inventario nacional»: sistema de disposiciones institucionales, jurídicas y procedimentales establecido en un Estado miembro para estimar las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, y para presentar y archivar la información de los inventarios; 13) «indicador»: variable o factor cuantitativo o cualitativo que contribuye a una mejor comprensión de los progresos realizados en la aplicación; 14) «indicadores clave»: indicadores de los avances registrados en las cinco dimensiones de la Unión de la Energía propuestos por la Comisión; 15) «correcciones técnicas»: adaptaciones de las estimaciones de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero realizadas en el contexto de la revisión efectuada con arreglo al artículo 38 cuando los datos del inventario presentado estén incompletos o se hayan elaborado sin respetar las normas o directrices internacionales o de la Unión pertinentes, con el fin de sustituir las estimaciones presentadas inicialmente; 16) «aseguramiento de la calidad»: sistema planificado de procedimientos de revisión para garantizar que se cumplan los objetivos de calidad de los datos y que se notifiquen las mejores estimaciones e informaciones posibles para respaldar la eficacia del programa de control de calidad y ayudar a los Estados miembros; 17) «control de calidad»: sistema de actividades técnicas rutinarias para medir y controlar la calidad de la información y las estimaciones elaboradas con el fin de garantizar la integridad, exactitud y exhaustividad de los datos, detectar y subsanar los errores y omisiones, documentar y archivar los datos y otra información procesada y registrar todas las actividades de aseguramiento de la calidad; 18) «primero, la eficiencia energética»: principio por el cual en las decisiones de planificación, estrategia e inversión en materia de energía se deben tener plenamente en cuenta medidas alternativas en materia de eficiencia energética que sean eficientes en costes y que permitan dotar de mayor eficiencia a la demanda y el suministro de energía, en particular mediante ahorros de energía en el uso final eficientes, iniciativas para la respuesta de la demanda y una transformación, transmisión y distribución más eficiente de la energía, y que permitan alcanzar aun así los objetivos de dichas decisiones; 19) «Plan EETE»: el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética establecido en la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, titulada «Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) integrado: Acelerar la transformación del sistema energético europeo»; 20) «esfuerzos tempranos»: a) en el contexto de la evaluación de un posible desfase entre el objetivo de la Unión en materia de energía procedente de fuentes renovables para 2030 y las contribuciones colectivas de los Estados miembros, la consecución por parte de un Estado miembro de una cuota de energía procedente de fuentes renovables superior a su objetivo nacional vinculante para 2020, tal como se indica en el anexo I de la Directiva (UE) 2018/2001, o los avances tempranos de un Estado miembro hacia su objetivo nacional vinculante para 2020; b) en el contexto de las recomendaciones de la Comisión basadas en la evaluación conforme al artículo 29, apartado 1, letra b), relativas a la energía procedente de fuentes renovables, la ejecución temprana por parte de un Estado miembro de su contribución al objetivo vinculante de la Unión de al menos un 32 % de energías renovables en 2030, medido con respecto a sus puntos de referencia nacionales para las energías renovables; 21) «cooperación regional»: cooperación entre dos o más Estados miembros que participen en una asociación que comprenda una o más de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía; 22) «energía procedente de fuentes renovables» o «energía renovable»: energía procedente de fuentes renovables o energía renovable tal como se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 2018/2001; 23) «consumo final bruto de energía»: consumo final bruto de energía tal como se define en el artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 2018/2001; 24) «sistema de apoyo»: sistema de apoyo tal como se define en el artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 2018/2001; 25) «repotenciación»: repotenciación tal como se define en el artículo 2, punto 10, de la Directiva (UE) 2018/2001; 26) «comunidad de energía renovable»: comunidad de energía renovable tal como se define en el artículo 2, punto 16, de la Directiva (UE) 2018/2001; 27) «sistema urbano de calefacción» o «sistema urbano de refrigeración»: sistema urbano de calefacción o sistema urbano de refrigeración tal como se define en el artículo 2, punto 19, de la Directiva (UE) 2018/2001; 28) «residuo»: residuo tal como se define en el artículo 2, punto 23, de la Directiva (UE) 2018/2001; 29) «biomasa»: biomasa tal como se define en el artículo 2, punto 24, de la Directiva (UE) 2018/2001; 30) «biomasa agrícola»: biomasa agrícola tal como se define en el artículo 2, punto 25, de la Directiva (UE) 2018/2001; 31) «biomasa forestal»: biomasa forestal tal como se define en el artículo 2, punto 26, de la Directiva (UE) 2018/2001; 32) «combustibles de biomasa»: combustibles de biomasa reciclado tal como se define en el artículo 2, punto 27, de la Directiva (UE) 2018/2001; 33) «biogás»: biogás tal como se define en el artículo 2, punto 28, de la Directiva (UE) 2018/2001; 34) «biolíquido»: biolíquido tal como se define en el artículo 2, punto 32, de la Directiva (UE) 2018/2001; 35) «biocarburante»: biocarburante tal como se define en el artículo 2, punto 33, de la Directiva (UE) 2018/2001; 36) «biocarburantes avanzados»: biocarburantes avanzados tal como se define en el artículo 2, punto 34, de la Directiva (UE) 2018/2001; 37) «combustibles de carbono reciclado»: combustibles de carbono reciclado tal como se define en el artículo 2, punto 35, de la Directiva (UE) 2018/2001; 38) «cultivos ricos en almidón»: cultivos ricos en almidón tal como se define en el artículo 2, punto 39, de la Directiva (UE) 2018/2001; 39) «cultivos alimentarios y forrajeros»: cultivos alimentarios y forrajeros tal como se define en el artículo 2, punto 40, de la Directiva (UE) 2018/2001; 40) «materiales lignocelulósicos»: materiales lignocelulósicos tal como se definen en el artículo 2, punto 41, de la Directiva (UE) 2018/2001; 41) «desecho»: desecho tal como se define en el artículo 2, punto 43, de la Directiva (UE) 2018/2001; 42) «consumo de energía primaria»: consumo de energía primaria tal como se define en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2012/27/UE; 43) «consumo de energía final»: consumo de energía final tal como se define en el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2012/27/UE; 44) «eficiencia energética»: eficiencia energética tal como se define en el artículo 2, punto 4, de la Directiva 2012/27/UE; 45) «ahorro de energía»: ahorro de energía tal como se define en el artículo 2, punto 5, de la Directiva 2012/27/UE; 46) «mejora de la eficiencia energética»: mejora de la eficiencia energética tal como se define en el artículo 2, punto 6, de la Directiva 2012/27/UE; 47) «servicio energético»: servicio energético tal como se define en el artículo 2, punto 7, de la Directiva 2012/27/UE; 48) «superficie útil total»: superficie útil total tal como se define en el artículo 2, punto 10, de la Directiva 2012/27/UE; 49) «sistema de gestión de la energía»: sistema de gestión de la energía tal como se define en el artículo 2, punto 11, de la Directiva 2012/27/UE. 50) «parte obligada»: parte obligada tal como se define en el artículo 2, punto 14, de la Directiva 2012/27/UE. 51) «autoridad pública de ejecución»: autoridad pública de ejecución tal como se define en el artículo 2, punto 17, de la Directiva 2012/27/UE; 52) «actuación individual»: actuación individual tal como se define en el artículo 2, punto 19, de la Directiva 2012/27/UE; 53) «distribuidor de energía»: distribuidor de energía tal como se define en el artículo 2, punto 20, de la Directiva 2012/27/UE; 54) «gestor de la red de distribución»: gestor de la red de distribución tal como se define en el artículo 2, punto 6, de la Directiva 2009/72/CE y en el artículo 2, punto 6, de la Directiva 2009/73/CE; 55) «empresa minorista de venta de energía»: empresa minorista de venta de energía tal como se define en el artículo 2, punto 22, de la Directiva 2012/27/UE; 56) «proveedor de servicios energéticos»: proveedor de servicios energéticos tal como se define en el artículo 2, punto 24, de la Directiva 2012/27/UE; 57) «contrato de rendimiento energético»: contrato de rendimiento energético tal como se define en el artículo 2, punto 27, de la Directiva 2012/27/UE; 58) «cogeneración»: cogeneración tal como se define en el artículo 2, punto 30, de la Directiva 2012/27/UE; 59) «edificio»: edificio tal como se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2010/31/UE; 60) «edificio de consumo de energía casi nulo»: edificio de consumo de energía casi nulo tal como se define en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2010/31/UE; 61) «bomba de calor»: bomba de calor tal como se define en el artículo 2, punto 18, de la Directiva 2010/31/UE; 62) «combustible fósil»: las fuentes de energía no renovables derivadas del carbono tales como los combustibles sólidos, el gas natural y el petróleo.

CAPÍTULO 2

Planes nacionales integrados de energía y clima

Artículo 3 Planes nacionales integrados de energía y clima 1. A más tardar el 31 de diciembre de 2019 y, posteriormente, a más tardar el 1 de enero de 2029 y luego cada diez años, cada Estado miembro comunicará a la Comisión un plan nacional integrado de energía y clima. Los planes contendrán los elementos establecidos en el apartado 2 del presente artículo y en el anexo I. El primer plan abarcará el período de 2021 a 2030, teniendo en cuenta la perspectiva a más largo plazo. Los planes siguientes abarcarán el período decenal inmediatamente siguiente al final del período abarcado por el plan anterior. 2. Los planes nacionales integrados de energía y clima estarán compuestos de las siguientes secciones principales: a) una recapitulación del proceso seguido para establecer el plan nacional integrado de energía y clima compuesta de un resumen, una descripción de la consulta pública y la participación de las partes interesadas y de sus resultados, así como de la cooperación regional con otros Estados miembros en la elaboración del plan tal como se establece en los artículos 10, 11y 12 y en el anexo I, parte 1, sección A, punto 1; b) una descripción de los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones nacionales relativos a las dimensiones de la Unión de la Energía a que se refieren el artículo 4 y el anexo I; c) una descripción de las políticas y medidas previstas en relación con los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones correspondientes establecidos en la letra b), así como una visión de conjunto de la inversión necesaria para cumplir los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones correspondientes; d) una descripción de la situación actual de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, inclusive en relación con el sistema energético y las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, así como las proyecciones relativas a los objetivos mencionados en la letra b) con indicación de las políticas y medidas existentes; e) en su caso, una descripción de los obstáculos y trabas reglamentarios y no reglamentarios a la consecución de los objetivos generales, los objetivos específicos, o las contribuciones relativos a las energías renovables y la eficiencia energética; f) una evaluación de los impactos de las políticas y medidas previstas para cumplir los objetivos mencionados en la letra b), en particular su coherencia con los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo en virtud del Acuerdo de París y las estrategias a largo plazo a que se refiere el artículo 15; g) una evaluación general de los impactos de las políticas y medidas previstas en la competitividad en relación con las cinco dimensiones de la Unión de la Energía; h) un anexo, elaborado de acuerdo con los requisitos y la estructura establecidos en el anexo III del presente Reglamento, donde se establecerán las metodologías y las medidas de actuación para cumplir el requisito de ahorro de energía de conformidad con el artículo 7 y el anexo V de la Directiva 2012/27/UE. 3. En lo que se refiere a los planes nacionales integrados de energía y clima, los Estados miembros deben: a) limitar la complejidad administrativa y los costes para todas las partes interesadas pertinentes; b) tener en cuenta las interrelaciones entre las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, en particular el principio de «primero, la eficiencia energética»; c) utilizar datos e hipótesis sólidos y coherentes en relación con las cinco dimensiones cuando corresponda; d) evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética, teniendo en cuenta los servicios energéticos domésticos necesarios para garantizar niveles de vida básicos en el contexto nacional pertinente, las políticas sociales existentes y otras políticas pertinentes, así como las orientaciones indicativas de la Comisión sobre los indicadores correspondientes para la pobreza energética. En caso de que un Estado miembro constate, con arreglo a la letra d) del párrafo primero, la existencia de un número importante de hogares en situación de pobreza energética, basándose en su evaluación de datos verificables, deberá incluir en su plan un objetivo nacional indicativo para reducir la pobreza energética. Los Estados miembros afectados definirán, en sus planes nacionales integrados de energía y clima, las políticas y medidas adoptadas que abordan la pobreza energética, en su caso, incluidas las medidas de política social y otros programas nacionales pertinentes. 4. Cada Estado miembro pondrá a disposición del público su plan nacional integrado de energía y clima presentado a la Comisión con arreglo al presente artículo. 5. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 43, que modifiquen el anexo I, parte 1, sección A, puntos 2.1.1 y 3.1.1, y sección B, puntos 4.1 y 4.2.1, y parte 2, punto 3, a fin de adaptarlos a las modificaciones del Marco de actuación de la Unión en materia de clima y energía que están relacionadas de forma directa y específica con las contribuciones de la Unión en virtud de la CMNUCC y del Acuerdo de París.

Artículo 4 Objetivos generales, objetivos específicos y contribuciones nacionales para las cinco dimensiones de la Unión de la Energía Cada Estado miembro establecerá en su plan nacional integrado de energía y clima los principales objetivos generales, objetivos específicos y contribuciones enumerados a continuación, con arreglo a lo especificado en el anexo I, sección A, punto 2: a) en lo que se refiere a la dimensión «Descarbonización»: 1) con respecto a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, y con vistas a contribuir a la consecución del objetivo específico de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la economía de la Unión: i) el objetivo específico nacional vinculante del Estado miembro respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud del Reglamento (UE) 2018/842, ii) los compromisos del Estado miembro en virtud del Reglamento (UE) 2018/841, iii) en su caso, para cumplir los objetivos generales y los objetivos específicos de la Unión de la Energía y los compromisos de la Unión a largo plazo en materia de emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con el Acuerdo de París, otros objetivos generales y objetivos específicos, incluidos los objetivos específicos sectoriales y los objetivos de adaptación; 2) con respecto a las energías renovables: Con vistas a la consecución del objetivo específico vinculante de la Unión de como mínimo un 32 % de energías renovables en 2030 a que se refiere el artículo 3 de la Directiva (UE) 2018/2001, una contribución a este objetivo específico en términos de la cuota de energía de fuentes renovables del Estado miembro en el consumo final bruto de energía en 2030, con una trayectoria indicativa para esa contribución a partir de 2021. A más tardar en 2022, la trayectoria indicativa alcanzará un punto de referencia de al menos el 18 % del aumento total de la cuota de energía procedente de fuentes renovables entre el objetivo nacional vinculante de dicho Estado miembro para 2020 y su contribución al objetivo para 2030; en 2025, la trayectoria indicativa alcanzará un punto de referencia de al menos el 43 % del aumento total de la cuota de energía procedente de fuentes renovables entre el objetivo nacional vinculante de dicho Estado miembro para 2020 y su contribución al objetivo para 2030; en 2027, la trayectoria indicativa alcanzará un punto de referencia de al menos el 65 % del aumento total de la cuota de energía procedente de fuentes renovables entre el objetivo nacional vinculante de dicho Estado miembro para 2020 y su contribución al objetivo para 2030; A más tardar en 2030, la trayectoria indicativa alcanzará como mínimo la contribución prevista de dicho Estado miembro; si un Estado miembro tiene previsto superar su objetivo nacional vinculante para 2020, su trayectoria indicativa podrá comenzar en el nivel que se haya previsto alcanzar. Las trayectorias indicativas de los Estados miembros, tomadas en su conjunto, corresponderán a los puntos de referencia de la Unión en 2022, 2025 y 2027 y al objetivo vinculante de la Unión de al menos el 32 % de energías renovables en 2030; aparte de su contribución al objetivo de la Unión y de su trayectoria indicativa a efectos del presente Reglamento, los Estados miembros tendrán libertad para indicar objetivos más ambiciosos con fines de política nacional. b) en lo que se refiere a la dimensión «Eficiencia energética»: 1) la contribución nacional indicativa en eficiencia energética para alcanzar el objetivo de la Unión de al menos el 32,5 % de eficiencia energética en 2030 a que se refieren el artículo 1, apartado 1, y el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2012/27/UE, basándose bien en el consumo de energía, ya sea primaria o final, bien en el ahorro de energía primaria o final, o bien en la intensidad energética; Los Estados miembros expresarán su contribución en nivel absoluto de consumo de energía primaria y consumo de energía final en 2020, y en nivel absoluto de consumo de energía primaria y consumo de energía final en 2030, con una trayectoria indicativa respecto de dicha contribución a partir de 2021; los Estados miembros explicarán la metodología subyacente y los factores de conversión utilizados; 2) la cantidad acumulada de ahorro de energía en el uso final adicional que debe conseguirse en el período 2021-2030 en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), sobre las obligaciones de ahorro de energía con arreglo a la Directiva 2012/27/UE; 3) los hitos indicativos de la estrategia a largo plazo para la renovación del parque nacional de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, la hoja de ruta con indicadores de progreso mensurables establecidos a nivel nacional, una estimación basada en datos reales del ahorro de energía previsto y de beneficios generales, y las contribuciones a los objetivos de eficiencia energética de la Unión con arreglo a la Directiva 2012/27/UE de conformidad con el artículo 2 bis de la Directiva 2010/31/UE; 4) la superficie total de los edificios que haya de renovarse o el ahorro de energía anual equivalente que debe conseguirse de 2021 a 2030, en virtud del artículo 5 de la Directiva 2012/27/UE sobre la función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos. c) en lo que se refiere a la dimensión «Seguridad energética»: 1) los objetivos nacionales respecto: — al aumento de la diversificación de fuentes de energía y de suministro desde terceros países, con la posible finalidad de reducir la dependencia de la importación de energía; — al aumento de la flexibilidad del sistema energético nacional, y — a la superación de las limitaciones o interrupciones de suministro de una fuente de energía, con la finalidad de mejorar la resiliencia de los sistemas energéticos regionales y nacionales, incluido un calendario de los plazos de cumplimiento de los objetivos. d) en lo que se refiere a la dimensión «Mercado interior de la energía»: 1) el nivel de interconexión de electricidad que el Estado miembro pretende alcanzar en 2030 habida cuenta del objetivo de como mínimo el 15 % de interconexión de electricidad en 2030, con una estrategia en la que el nivel a partir de 2021 se defina en estrecha cooperación con los Estados miembros afectados, teniendo en cuenta el objetivo del 10 % de interconexión de electricidad en 2020 y los indicadores de la urgencia de la acción sobre la base del diferencial de precios en el mercado mayorista y la capacidad nominal de transporte de los interconectores con respecto a su demanda punta y a la capacidad instalada de producción renovable a que se refiere el anexo I, parte 1, sección A, punto 2.4.1; todo nuevo interconector será objeto de un análisis del coste-beneficio socioeconómico y medioambiental, y solo se construirá si los beneficios potenciales superan los costes; 2) los proyectos clave relativos a la infraestructura de transporte de la electricidad y el gas y, en su caso, los proyectos de modernización necesarios para la consecución de los objetivos generales y los objetivos específicos con arreglo a las cinco dimensiones de la Unión de la Energía; 3) los objetivos generales nacionales relacionados con otros aspectos del mercado interior de la energía tales como: el aumento de la flexibilidad del sistema, en particular mediante políticas y medidas relativas a la fijación de precios basados en el mercado, de conformidad con el Derecho aplicable; la integración y el acoplamiento de los mercados, con objeto de aumentar la capacidad negociable de los interconectores existentes, las redes inteligentes, la agregación, la respuesta de la demanda, el almacenamiento, la generación distribuida, los mecanismos de despacho, redespacho y reducción, y las señales de precios en tiempo real, incluido un calendario de plazos de cumplimiento de los objetivos, y otros objetivos nacionales relacionados con el mercado interior de la energía a que se refiere el anexo I, parte 1, sección A, punto 2.4.3. e) en lo que se refiere a la dimensión «Investigación, innovación y competitividad»: 1) los objetivos nacionales y de financiación en materia de investigación e innovación públicas y, en su caso, privadas en relación con la Unión de la Energía, incluido, si procede, un calendario de plazos de cumplimiento de los objetivos, que reflejen las prioridades de la Estrategia de la Unión de la Energía y, cuando proceda, del Plan EETE; a la hora de establecer sus objetivos generales, objetivos específicos y contribuciones, los Estados miembros podrán basarse en las estrategias o planes nacionales existentes que sean compatibles con el Derecho de la Unión; 2) en su caso, los objetivos nacionales para 2050 relacionados con la promoción de tecnologías energéticas limpias.

Artículo 5 Proceso de establecimiento de las contribuciones de los Estados miembros en el ámbito de las energías renovables 1. En su cuota de contribución de energía de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía en 2030 y en el último año del período abarcado para los planes nacionales siguientes, de conformidad con el artículo 4, letra a), punto 2, cada Estado miembro tendrá en cuenta lo siguiente: a) las medidas previstas en la Directiva (UE) 2018/2001; b) las medidas adoptadas para alcanzar el objetivo de eficiencia energética adoptado con arreglo a la Directiva 2012/27/UE; c) otras medidas existentes destinadas a promover las energías renovables en los Estados miembros y, en su caso, a nivel de la Unión; d) el objetivo específico nacional vinculante de energía procedente de fuentes renovables en su consumo final bruto de energía para 2020 a que se refiere el anexo I de la Directiva (UE) 2018/2001; e) cualquier circunstancia pertinente que afecte al despliegue de las energías renovables, tales como: i) la distribución equitativa del despliegue en toda la Unión, ii) las condiciones y el potencial económicos, incluido el PIB per cápita; iii) el potencial para un despliegue eficiente en costes de las energías renovables; iv) las limitaciones geográficas, medioambientales y naturales, incluidas las de las zonas y regiones no interconectadas; v) el nivel de potencia interconectada entre los Estados miembros; vi) otras circunstancias pertinentes, y en particular los esfuerzos tempranos. En lo que se refiere a la letra e) del párrafo primero, cada Estado miembro indicará en su plan nacional integrado de energía y clima las circunstancias pertinentes que afectan al despliegue de las energías renovables que ha tenido en cuenta. 2. Los Estados miembros garantizarán colectivamente que la suma de sus contribuciones alcance al menos el 32 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo energético final bruto de la Unión en 2030.

Artículo 6 Proceso de establecimiento de las contribuciones de los Estados miembros en el ámbito de la eficiencia energética 1. En su contribución nacional indicativa al objetivo de eficiencia energética para 2030 y en el último año del período abarcado para los planes nacionales siguientes, en virtud del artículo 4, letra b), punto 1, cada Estado miembro tendrá en cuenta que, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2012/27/UE, el consumo de energía de la Unión en 2020 no ha de ser superior a 1 483 Mtep de energía primaria o no ha de superar 1 086 Mtep de energía final, y el consumo de energía de la Unión en 2030 no debe superar 1 273 Mtep de energía primaria y/o 956 Mtep de energía final. Además, cada Estado miembro tendrá en cuenta: a) las medidas previstas en la Directiva 2012/27/UE; b) otras medidas destinadas a promover la eficiencia energética en el Estado miembro y a nivel de la Unión. 2. En su contribución a que hace referencia el apartado 1, cada Estado miembro podrá tener en cuenta las circunstancias nacionales que afecten al consumo de energía primaria y final, tales como: a) el potencial remanente de ahorro eficiente de energía; b) la evolución y previsión del producto interior bruto; c) los cambios en las importaciones y exportaciones de energía; d) los cambios en la combinación energética y los avances en la captura y almacenamiento de carbono, y e) las actuaciones tempranas. En relación con el párrafo primero, cada Estado miembro indicará en su plan nacional integrado de energía y clima qué circunstancias pertinentes que afectan al consumo de energía primaria y final ha tenido en cuenta, si es que ha tenido alguna en cuenta.

Artículo 7 Políticas y medidas nacionales respecto a cada una de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía De conformidad con el anexo I, en su plan nacional integrado de energía y clima los Estados miembros describirán las principales políticas y medidas existentes, así como las previstas, para lograr, en particular, los objetivos establecidos en el plan nacional, incluidas, en su caso, las medidas que prevén la cooperación regional y una financiación adecuada a los niveles nacional y regional, incluida la movilización de programas e instrumentos de la Unión. Los Estados miembros presentarán una visión de conjunto de la inversión necesaria para cumplir los objetivos generales, objetivos específicos y contribuciones establecidos en el plan nacional, así como una evaluación general de las fuentes de dicha inversión.

Artículo 8 Base analítica de los planes nacionales integrados de energía y clima 1. Los Estados miembros describirán, de conformidad con la estructura y el formato especificados en el anexo I, la situación actual respecto a cada una de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, incluidos el sistema energético y las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, en el momento de la presentación del plan nacional integrado de energía y clima o atendiendo a la información más reciente disponible. Los Estados miembros también establecerán y describirán proyecciones respecto a cada una de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, para la duración del plan como mínimo, que previsiblemente se vayan a derivar de las políticas y medidas existentes. Los Estados miembros se esforzarán por describir perspectivas adicionales a más largo plazo para las cinco dimensiones que excedan la duración del plan nacional integrado de energía y clima, cuando sea pertinente y posible. 2. Los Estados miembros describirán en su plan nacional de energía y clima su evaluación al nivel nacional y, llegado el caso, al regional, de: a) los impactos sobre el desarrollo del sistema energético y de las emisiones y absorciones de emisiones de gases de efecto invernadero para la duración del plan y para el período decenal posterior al último año cubierto por el plan, con arreglo a las políticas y medidas o grupos de medidas previstas, incluida una comparación con las proyecciones basadas en las políticas y medidas o grupos de medidas existentes a que hace referencia el apartado 1; b) el impacto macroeconómico y, en la medida de lo posible, sanitario, medioambiental, social y en materia de capacidades de las políticas y medidas o grupos de medidas previstas a que hace referencia el artículo 7 y descritas en mayor detalle en el anexo I, durante el primer período decenal y como mínimo hasta el año 2030, incluida una comparación con las proyecciones basadas en las políticas y medidas o grupos de medidas existentes a que hace referencia el apartado 1 del presente artículo; se pondrá a disposición del público la metodología empleada para evaluar esos impactos; c) las interacciones entre las políticas y medidas o grupos de medidas existentes y las previstas dentro de una dimensión política y entre las políticas y medidas o grupos de medidas existentes y las previstas de distintas dimensiones durante el primer período decenal, y al menos hasta el año 2030; las proyecciones relativas a la seguridad de suministro, infraestructuras e integración de los mercados se basarán en escenarios sólidos de eficiencia energética; d) el modo en que las políticas y medidas existentes y las previstas atraerán la inversión necesaria para su ejecución. 3. Los Estados miembros pondrán a disposición del público una información exhaustiva sobre las hipótesis, los parámetros y los métodos utilizados para los escenarios y proyecciones definitivos, teniendo en cuenta las restricciones estadísticas, los datos sensibles a efectos comerciales y el respeto de las normas en materia de protección de datos.

Artículo 9 Proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima 1. A más tardar el 31 de diciembre de 2018 y, posteriormente, a más tardar el 1 de enero de 2028 y luego, cada diez años, cada Estado miembro comunicará a la Comisión el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima conforme al artículo 3, apartado 1, y al anexo I. 2. De conformidad con el artículo 34, la Comisión evaluará los proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima y podrá dictar recomendaciones específicas por país a los Estados miembros a más tardar seis meses antes del plazo para la presentación de dichos planes nacionales integrados de energía y clima. Esas recomendaciones abordarán en particular: a) el nivel de ambición de los objetivos generales, objetivos específicos y contribuciones con vistas a la consecución colectiva de los objetivos de la Unión de la Energía, y especialmente de los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energías renovables y eficiencia energética, así como el nivel de interconexión de electricidad que el Estado miembro pretende alcanzar en 2030 contemplado en el artículo 4, letra d), teniendo debidamente en cuenta las circunstancias pertinentes que afecten al despliegue de las energías renovables y el consumo de energía indicadas por el Estado miembro de que se trate en el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima y los indicadores de la urgencia de acción en materia de interconectividad establecidos en el anexo I, parte 1, sección A