REGLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 2 de diciembre de 2021

que modifica los Reglamentos (UE) n.o 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.o 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.o 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) n.o 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43, apartado 2, su artículo 114, su artículo 118, párrafo primero, y su artículo 349,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas (3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (4),

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunicación de la Comisión de 29 de noviembre de 2017 titulada «El futuro de los alimentos y de la agricultura» establece los retos, objetivos y orientaciones de la futura política agrícola común (PAC) después de 2020. Dichos objetivos incluyen que la PAC se oriente más en función de los resultados, se impulse la modernización y la sostenibilidad, incluida la sostenibilidad económica, social, medioambiental y climática de las zonas agrícolas, silvícolas y rurales, y se contribuya a reducir la carga administrativa que supone para los beneficiarios la legislación de la Unión.

(2) Puesto que la PAC debe pulir sus respuestas a los retos y oportunidades a medida que se manifiestan a nivel de explotación, local, regional, nacional, de la Unión e internacional, es necesario racionalizar la gobernanza de esta política y mejorar su contribución a la consecución de los objetivos de la Unión, así como reducir significativamente la carga administrativa. La PAC debe basarse en el rendimiento. Por consiguiente, la Unión debe fijar los parámetros esenciales de la política, como los objetivos de la PAC y sus requisitos básicos, mientras que los Estados miembros deben asumir mayor responsabilidad en cuanto a la manera en que cumplen dichos objetivos y alcanzan las metas. Una mayor subsidiariedad permite tener más en cuenta las condiciones y necesidades locales y el carácter particular de la actividad agrícola, derivado de la estructura social de la agricultura y de las disparidades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas, y permite adaptar las ayudas para maximizar la contribución al logro de los objetivos de la Unión.

(3) Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Estas normas se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») y determinan, en particular, el procedimiento de establecimiento del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(4) Para garantizar la coherencia de la PAC, todas las intervenciones de la futura PAC deben formar parte de un plan estratégico que incluya tipos de intervenciones en determinados sectores en el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(5) El anexo II del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 establece una serie de definiciones relativas a los sectores comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento. Las definiciones relativas al sector del azúcar establecidas en la parte II, sección B, de dicho anexo deben suprimirse porque ya no son aplicables. A fin de actualizar las definiciones relativas a otros sectores contempladas en dicho anexo, a la luz de los nuevos conocimientos científicos o de la evolución del mercado, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación de dichas definiciones, pero no el poder de añadir nuevas definiciones. Por consiguiente, debe suprimirse de la parte II, sección A, punto 4, de dicho anexo la delegación en la Comisión del poder concreto para modificar la definición del jarabe de inulina. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (7). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(6) Debe simplificarse la parte I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. Deben suprimirse las definiciones superfluas y obsoletas y las disposiciones por las que se faculta a la Comisión para adoptar actos de ejecución.

(7) A la luz de la experiencia adquirida, deben ampliarse determinados periodos de intervención pública. En los casos en los que la apertura de la intervención pública sea automática, el período de dicha intervención debe prorrogarse un mes. En los casos en los que la apertura de la intervención pública dependa de la evolución del mercado, el período de dicha intervención debe ser todo el año.

(8) A efectos de una mayor transparencia, y en el contexto de los compromisos internacionales de la Unión, conviene disponer la publicación de información pertinente sobre el volumen y los precios de compra y venta de productos que se compren en régimen de intervención pública.

(9) La concesión de ayudas para el almacenamiento privado del aceite de oliva ha resultado una herramienta eficaz para la estabilización del mercado. A la luz de la experiencia adquirida y con el fin de garantizar un nivel de vida equitativo y estabilizar el mercado del aceite de oliva y el sector de las aceitunas de mesa, conviene ampliar la lista de productos que pueden optar a ayuda para el almacenamiento privado para así incluir también las aceitunas de mesa.

(10) A raíz de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión, deben actualizarse los límites de la ayuda de la Unión para la distribución de frutas y hortalizas y de leche y productos lácteos en los centros escolares que se recoge en el artículo 23 bis del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. Por razones de seguridad jurídica, conviene establecer la aplicación con efecto retroactivo, a partir del 1 de enero de 2021, de límites reducidos.

(11) Deben suprimirse las disposiciones relativas a los regímenes de ayuda establecidos en la parte II, título I, capítulo II, secciones 2 a 6, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, ya que todos los tipos de intervenciones en los sectores de que trata se establecen en el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(12) La política vitivinícola de la Unión, con su actual régimen de autorizaciones que desde 2016 ha permitido la expansión ordenada de las plantaciones de vid, ha contribuido a aumentar la competitividad del sector vitivinícola de la Unión y a impulsar una producción de alta calidad. Si bien el sector vitivinícola ha logrado un equilibrio entre la oferta de la producción, la calidad, la demanda de los consumidores y las exportaciones en el mercado mundial, dicho equilibrio todavía no es suficientemente duradero ni estable, en particular cuando el sector vitivinícola se enfrenta a graves perturbaciones del mercado. Además, existe una tendencia hacia una continua disminución del consumo de vino en la Unión debido a los cambios en los hábitos de consumo y el estilo de vida. Como consecuencia, la liberalización de las nuevas plantaciones de vid, a largo plazo, puede poner en peligro el equilibrio alcanzado entre la capacidad de oferta del sector, un nivel de vida equitativo para los productores y precios razonables para los consumidores. Con ello se corre el riesgo de comprometer los avances positivos alcanzados mediante la legislación y las políticas de la Unión en las últimas décadas.

(13) El régimen actual de autorizaciones para plantaciones de vid también se considera esencial para garantizar la diversidad de los vinos y responder a las particularidades del sector vitivinícola de la Unión. El sector vitivinícola de la Unión presenta características específicas, entre ellas el largo ciclo de los viñedos, dado que la producción solo tiene lugar varios años después de la plantación pero después continúa durante varias décadas, y dada la posibilidad de que se produzcan fluctuaciones considerables en la producción entre una cosecha y otra. A diferencia de varios terceros países productores de vino, el sector vitivinícola de la Unión también se caracteriza por un número muy elevado de pequeñas explotaciones familiares, lo que da lugar a una gran variedad de vinos. A fin de garantizar la viabilidad económica de sus proyectos y mejorar la competitividad del sector vitivinícola de la Unión en el mercado mundial, los operadores del sector y los productores necesitan, por tanto, una previsibilidad a largo plazo, dada la importante inversión necesaria para la plantación de viñedos.

(14) Con el fin de garantizar los logros obtenidos hasta la fecha en el sector vitivinícola de la Unión y lograr un equilibrio cuantitativo y cualitativo duradero en el sector mediante el crecimiento ordenado y continuo de las plantaciones de vid más allá de 2030, el régimen de autorizaciones para dichas plantaciones debe prorrogarse hasta 2045, es decir, por un periodo equivalente al periodo inicial en vigor desde 2016, pero con dos revisiones intermedias que deberán realizarse en 2028 y 2040, a fin de evaluar el régimen y, en caso necesario, presentar propuestas basadas en los resultados de estas revisiones intermedias para mejorar la competitividad del sector vitivinícola.

(15) Permitir a los productores retrasar la replantación de viñedos podría tener un impacto medioambiental positivo al mejorarse las condiciones sanitarias del suelo con menos insumos químicos. Por consiguiente, con el fin de contribuir a una mejor gestión del suelo en la viticultura, conviene permitir la ampliación de la validez de las autorizaciones de replantación de tres a seis años cuando la replantación tenga lugar en la misma parcela de tierra.

(16) Debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en el sector vitivinícola de la Unión, el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) estableció una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 de la validez de las autorizaciones para nuevas plantaciones o para replantación con expiración en 2020. Debido a los efectos prolongados de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, gran parte de los productores que disponían de autorizaciones para nuevas plantaciones o para replantación con expiración en 2020 o en 2021 siguen sin poder hacer uso de esas autorizaciones en el último año de su validez. Para evitar la pérdida de dichas autorizaciones y reducir el riesgo de deterioro de las condiciones en las que tendría que llevarse a cabo la plantación, conviene permitir una prórroga adicional de la validez de las autorizaciones para nuevas plantaciones o para replantación con expiración en 2020 y una prórroga para las que expiran en 2021. Por lo tanto, todas las autorizaciones de plantación para nuevas plantaciones o para replantación que expiraban en 2020 o 2021 deben prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2022.

(17) Además, teniendo en cuenta los cambios en las perspectivas de mercado, los titulares de autorizaciones de plantación que expiran en 2020 y 2021 deben poder no utilizar sus autorizaciones sin que ello les suponga sanciones administrativas. Además, para evitar cualquier discriminación, los productores que, con arreglo al Reglamento (UE) 2020/2220, declararon a la autoridad competente, a más tardar el 28 de febrero de 2021, que no tenían intención de hacer uso de su autorización sin tener conocimiento de la posibilidad de prorrogar su validez un segundo año la validez, deben poder retractarse de sus declaraciones mediante comunicación por escrito a la autoridad competente a más tardar el 28 de febrero de 2022 y hacer uso de su autorización hasta el 31 de diciembre de 2022.

(18) Debido a las perturbaciones del mercado provocadas por la pandemia de COVID-19 y la incertidumbre económica creada en lo que se refiere al uso de dichas autorizaciones, las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 relativas a las autorizaciones para nuevas plantaciones o para replantación que debían expirar en 2020 y 2021 deben aplicarse retroactivamente a partir del 1 de enero de 2021.

(19) Habida cuenta de la disminución en varios Estados miembros de la superficie realmente plantada con vid en el período 2014-2017 y de la consiguiente pérdida de potencial de producción, a la hora de establecer la superficie para autorizaciones de nuevas plantaciones contemplada en el artículo 63, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, los Estados miembros deben disponer de la posibilidad de elegir entre la base existente y un porcentaje de la superficie total realmente plantada con vid en su territorio a 31 de julio de 2015, incrementado en una superficie correspondiente a los derechos de plantación en virtud del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (10) disponibles para su conversión en autorizaciones en el Estado miembro en cuestión a 1 de enero de 2016.

(20) Conviene aclarar que los Estados miembros que limiten la concesión de autorizaciones a nivel regional para determinadas superficies admisibles para la producción de vinos con denominación de origen protegida, o para superficies admisibles para la producción de vinos con indicación geográfica protegida, pueden exigir que tales autorizaciones sean utilizadas en dichas regiones.

(21) Conviene aclarar que, a efectos de la concesión de autorizaciones para plantaciones de vid, los Estados miembros pueden aplicar criterios objetivos y no discriminatorios de admisibilidad y prioridad a nivel nacional o regional. Además, la experiencia de los Estados miembros pone de manifiesto la necesidad de revisar algunos de los criterios de prioridad para poder dar preferencia a los viñedos que contribuyen a la preservación de unos recursos genéticos de las viñas y a explotaciones cuya mayor eficiencia en términos de costes, competitividad o presencia en los mercados ha quedado acreditada.

(22) A fin de garantizar que no se concede ninguna ventaja a una persona física o jurídica respecto de la cual se demuestre que las condiciones necesarias para obtener esas ventajas se han creado artificialmente, conviene aclarar que debe permitirse a los Estados miembros adoptar medidas para evitar la elusión de las normas relativas al mecanismo de salvaguardia para nuevas plantaciones y los criterios de admisibilidad y prioridad para la concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones.

(23) El plazo último para la presentación de solicitudes de conversión de derechos de plantación en autorizaciones es el 31 de diciembre de 2022. En algunos casos, circunstancias como la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 pueden haber tenido el efecto de limitar la conversión de los derechos de plantación en autorizaciones de plantación. Por este motivo, y a fin de que los Estados miembros preserven la capacidad de producción correspondiente a dichos derechos de plantación, conviene que a partir del 1 de enero de 2023, los derechos de plantación que fuesen admisibles para su conversión en autorizaciones de plantación a 31 de diciembre de 2022 pero que todavía no se hubiesen convertidos en autorizaciones de plantación, permanezcan a disposición de los Estados miembros interesados, que pueden concederlos a más tardar el 31 de diciembre de 2025 como autorizaciones para nuevas plantaciones de vides, sin que dichas autorizaciones se contabilicen a efectos de las limitaciones establecidas en el artículo 63 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(24) En algunos Estados miembros existen viñedos tradicionales plantados con variedades no autorizadas para la producción de vino cuya producción, incluida la producción a los fines de la elaboración delas bebidas de uva fermentadas distintas del vino, no está destinada al mercado vitivinícola. Conviene aclarar que dichos viñedos no están sujetos a obligaciones de arranque y que el régimen de autorizaciones para plantaciones de vid que se establece en el presente Reglamento no se aplica a la plantación y replantación de dichas variedades con fines distintos a la producción de vino.

(25) El artículo 90 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 establece que, salvo disposición en contrario de acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el TFUE, las normas de la Unión sobre las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, el etiquetado, las definiciones, las designaciones y las denominaciones de venta de determinados productos del sector vitivinícola, así como las prácticas enológicas autorizadas por la Unión, son de aplicación a los productos importados en la Unión. Por consiguiente, en aras de la coherencia, conviene establecer también que las normas relativas a los certificados de conformidad y los informes de análisis para la importación de dichos productos también deben aplicarse en función de los acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el TFUE.

(26) En el marco de la reforma de la PAC, las disposiciones relativas a la retirada del mercado de los productos que no cumplen las normas de etiquetado deben integrarse en el Reglamento (UE) n.o 1308/2013. Habida cuenta de la creciente demanda de los consumidores de que se realicen controles de los productos, los Estados miembros deben adoptar medidas para garantizar que no se pongan en el mercado los productos que no estén etiquetados de conformidad con dicho Reglamento o que, si tales productos ya se han puesto en el mercado, se retiren de él. La retirada incluye la posibilidad de corregir el etiquetado de los productos sin retirarlos definitivamente del mercado.

(27) Habida cuenta de la derogación del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) por el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), deben integrarse en el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 las disposiciones sobre controles y sanciones relativos a las normas de mercado, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales protegidos.

(28) Para que los productores puedan hacer uso de variedades de vid mejor adaptadas a condiciones climáticas cambiantes y con mayor resistencia a las enfermedades, deben adoptarse disposiciones que permitan el empleo de denominaciones de origen para productos elaborados a partir de variedades de vid de Vitis vinifera y de variedades de vid resultantes de cruces entre Vitis vinifera y otras especies del género Vitis.

(29) Las definiciones de «denominación de origen» y de «indicación geográfica» que figuran en el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 debe estar en consonancia con las definiciones que figuran en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre los ADPIC»), aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo (13), y en particular con el artículo 22, apartado 1, de dicho Acuerdo, en el sentido de que las indicaciones geográficas identifican el producto como originario de un lugar, una región o un país determinados. En aras de la claridad, conviene establecer explícitamente que la definición revisada de una denominación de origen incluye los nombres utilizados tradicionalmente. Como resultado de ello, la lista de los requisitos para que un nombre usado tradicionalmente constituya una denominación de origen en el sector vitivinícola que se establece en el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 quedará obsoleta y debe suprimirse. Por razones de coherencia, dicha aclaración también debe introducirse en la definición de «denominación geográfica» en el sector vitivinícola que se establece en el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y en las definiciones de «denominación de origen» e «indicación geográfica» en el sector alimentario que se establecen en el Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (14).

(30) El medio geográfico, con sus factores naturales y humanos, es un elemento esencial que afecta a la calidad y las características de los productos vitícolas, los productos agrarios y los productos alimenticios que se benefician de denominaciones de origen o indicaciones geográficas con arreglo a los Reglamentos (UE) n.o 1308/2013 y (UE) n.o 1151/2012. En particular, en lo que se refiere a los productos frescos que se someten a una transformación escasa o nula, los factores naturales pueden ser predominantes a la hora de determinar la calidad y las características del producto en cuestión, mientras que la contribución de los factores humanos a la calidad y las características puede ser menos específica. Por consiguiente, los factores humanos que deben tenerse en cuenta en la descripción del vínculo entre la calidad o las características de un producto y un medio geográfico particular que haya de incluirse en el pliego de condiciones de las denominaciones de origen protegidas con arreglo al artículo 94 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y el artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 no deben limitarse a métodos específicos de producción o transformación que confieren al producto en cuestión una calidad específica, sino que pueden incluir factores como la gestión del suelo y el paisaje, las prácticas de cultivo y cualesquiera otras actividades humanas que contribuyan al mantenimiento de los factores naturales esenciales que determinan predominantemente el medio geográfico y la calidad y las características del producto en cuestión.

(31) A fin de garantizar la coherencia de la toma de decisiones con respecto a las solicitudes de protección y oposición presentadas en el marco del procedimiento nacional preliminar contemplado en el artículo 96 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y el artículo 49 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, debe informarse a la Comisión de forma regular y oportuna cuando se inicien procedimientos ante órganos jurisdiccionales u otros organismos nacionales en relación con una solicitud de protección enviada por el Estado miembro a la Comisión, con arreglo a lo previsto en el artículo 96, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y el artículo 49, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012. Por la misma razón, si un Estado miembro comunica a la Comisión una decisión nacional en la que se basa la solicitud de protección que probablemente sea invalidada al término de un procedimiento judicial nacional, la Comisión debe quedar exenta de la obligación de llevar a cabo el procedimiento de examen establecido en el artículo 97 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y el artículo 50 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 con respecto a la solicitud de protección en el plazo prescrito y de la obligación de informar al solicitante de los motivos de la demora. Con el fin de proteger al solicitante de acciones judiciales temerarias y de preservar su derecho fundamental de velar por la protección de una indicación geográfica en un periodo de tiempo razonable, la exención debe limitarse a los casos en los que la solicitud de protección haya sido invalidada a nivel nacional por una resolución judicial de aplicación inmediata, aunque no firme, o en los que los Estados miembros consideren que el recurso de impugnación de la validez de la solicitud se basa en motivos válidos.

(32) El registro de indicaciones geográficas debe hacerse más simple y más rápido, separando la evaluación del cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y la evaluación del cumplimiento de los pliegos de condiciones con los requisitos establecidos en las normas de comercialización y de etiquetado.

(33) La evaluación llevada a cabo por las autoridades competentes de los Estados miembros es una etapa esencial del procedimiento de registro. Los Estados miembros disponen de los conocimientos teóricos y prácticos y del acceso a los datos, de manera que son los más indicados para verificar si la información proporcionada en la solicitud es correcta y veraz. Por consiguiente, los Estados miembros deben garantizar que el resultado de esta evaluación, que debe registrarse fielmente en un documento único en el que se resuman los elementos pertinentes del pliego de condiciones, sea fiable y exacto. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, la Comisión debe examinar posteriormente las solicitudes para garantizar que no contengan errores manifiestos, con el fin de garantizar, en particular, que incluyan la información exigida, que estén libres de errores materiales manifiestos, que el razonamiento presentado respalde la solicitud, y que se tengan en cuenta las disposiciones del Derecho de la Unión y los intereses de las partes interesadas fuera del Estado miembro de la solicitud y fuera de la Unión.

(34) En el sector vitivinícola, el período durante el cual puede formularse una oposición debe ampliarse a tres meses, a fin de garantizar que todas las partes interesadas tengan tiempo suficiente para analizar la solicitud de protección y la posibilidad de presentar una declaración de oposición. A fin de garantizar que se aplique el mismo procedimiento de oposición en virtud de los Reglamentos (UE) n.o 1308/2013 y (UE) n.o 1151/2012 y de permitir a los Estados miembros transmitir a la Comisión, de manera coordinada y eficiente, las oposiciones formuladas por personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en su territorio, las oposiciones presentadas por personas físicas o jurídicas deben enviarse a través de las autoridades del Estado miembro en el que residan o estén establecidas. Para simplificar el procedimiento de oposición, la Comisión debe estar facultada para rechazar declaraciones de oposición inadmisibles en el acto de ejecución que concede protección a la denominación de origen o indicación geográfica de que se trate.

(35) A fin de aumentar la eficiencia del procedimiento y garantizar unas condiciones uniformes para la concesión de protección a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar actos de ejecución por los que se conceda tal protección en el sector vitivinícola sin recurrir al procedimiento de examen en caso de que no se haya presentado ninguna declaración admisible de oposición a la solicitud de protección. En casos en los que se haya presentado una declaración de oposición admisible, deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar actos de ejecución por lo que se conceda protección o se deniegue la solicitud de protección, de conformidad con el procedimiento de examen.

(36) Debe aclararse la relación entre las marcas y las indicaciones geográficas de los productos vitícolas en relación con los criterios de denegación, invalidación y coexistencia. Dicha aclaración no debe afectar a los derechos adquiridos por los titulares de las indicaciones geográficas a nivel nacional o que existen en virtud de acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros durante el período anterior al establecimiento del sistema de protección de la Unión para productos vitícolas.

(37) Las normas relativas a los procedimientos nacionales, el procedimiento de oposición, la clasificación de las modificaciones en modificaciones de la Unión y modificaciones normales, incluidas las principales normas para la adopción de dichas modificaciones, y el etiquetado y presentación temporales que se establecen actualmente en el Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión (15) son un elemento importante del régimen de protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en el sector vitivinícola. Por razones de coherencia con el Reglamento (UE) n.o 1151/2012 y el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) y para facilitar la aplicación de tales disposiciones, estas deben integrarse en el Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(38) En lo relativo a la protección de las indicaciones geográficas, es importante tener debidamente en cuenta el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en particular su artículo V sobre la libertad de tránsito, aprobado mediante la Decisión 94/800/CE. Dentro de dicho marco jurídico, al objeto de reforzar la protección de las indicaciones geográficas y luchar de forma más eficaz contra las falsificaciones, la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas también debe aplicarse a las mercancías que se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión sin ser despachadas a libre práctica y se incluyan en regímenes aduaneros especiales como los de tránsito, el depósito, los destinos especiales o el perfeccionamiento. Como consecuencia, la protección concedida por el artículo 103, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 debe ampliarse a las mercancías que están en tránsito por el territorio aduanero de la Unión, y la protección concedida por el artículo 103, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y el artículo 13, apartado 1, y el artículo 24, del Reglamento n.o 1151/2012 a las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas debe ampliarse a las mercancías que se venden por internet o por otros medios de comercio electrónico. Además, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas del sector vitivinícola también deben protegerse contra cualquier uso comercial directo o indirecto cuando se refieran a productos que se utilicen como ingredientes. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas del sector vitivinícola y las especialidades tradicionales garantizadas deben también protegerse contra el uso indebido, la imitación y la evocación cuando se utilicen para referirse a productos utilizados como ingredientes.

(39) Debe existir la posibilidad de cancelar la protección de una denominación de origen o indicación geográfica cuando ya no esté en uso o cuando el solicitante al que se refiere el artículo 95 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 ya no desee mantener dicha protección.

(40) A la luz de la creciente demanda de los consumidores de productos vitícolas innovadores con un grado alcohólico adquirido inferior al grado alcohólico adquirido mínimo establecido para los productos vitícolas en la parte II del anexo VII del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, ha de ser posible asimismo producir dichos productos vitícolas innovadores también en la Unión. A tal fin, es necesario establecer las condiciones en las que determinados productos vitícolas puedan ser desalcoholizados o parcialmente desalcoholizados y establecer los procedimientos de desalcoholización autorizados. Dichas condiciones deben tener en cuenta las Resoluciones de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), OIV-ECO 432-2012 Bebida obtenida por desalcoholización del vino, OIV-ECO 433-2012 Bebida obtenida por desalcoholización parcial del vino, OIV-ECO 523-2016 Vino con grado alcohólico modificado por desalcoholización y OIV-OENO 394A-2012 Desalcoholización de vinos.

(41) Dichos productos vitícolas innovadores nunca se han comercializado en la Unión como vino. Por este motivo, sería necesario seguir investigando y experimentando para mejorar la calidad de esos productos y, en particular, para garantizar que la eliminación total del contenido de alcohol permita preservar las características diferenciadoras de los vinos de calidad protegidos por una indicación geográfica o una denominación de origen. Por tanto, si bien la desalcoholización parcial y total deben autorizarse para los vinos sin indicación geográfica o denominación de origen, para los vinos con indicación geográfica protegida o denominación de origen protegida solo debe autorizarse la desalcoholización parcial. Además, con el fin de garantizar claridad y transparencia tanto para los productores como para los consumidores de vinos con indicación geográfica o denominación de origen, conviene establecer que, cuando los vinos con indicación geográfica o denominación de origen puedan ser parcialmente desalcoholizados, el pliego de condiciones del producto debe incluir una descripción del vino parcialmente desalcoholizado y, en su caso, de las prácticas enológicas específicas que deban utilizarse para elaborar el vino o vinos parcialmente desalcoholizados, así como las restricciones pertinentes impuestas a su elaboración.

(42) Con el fin de facilitar a los consumidores un mayor nivel de información, las indicaciones obligatorias con arreglo al artículo 119 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 deben incluir información nutricional y una lista de ingredientes. No obstante, los productores deben tener la posibilidad de limitar únicamente al valor energético el contenido de la información nutricional indicada en el envase o en una etiqueta sujeta a este y de poner a disposición la información nutricional completa y la lista de ingredientes por vía electrónica, siempre que eviten toda recopilación o seguimiento de datos de los usuarios y no faciliten información con fines de comercialización. No obstante, la opción de no facilitar información nutricional completa en el envase o en una etiqueta sujeta a este no debe afectar al requisito vigente de enumerar en la etiqueta las sustancias que causan alergias o intolerancias. En el artículo 122 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, deben delegarse a la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 TFUE por los que se complete dicho Reglamento mediante el establecimiento de normas relativas a la indicación y designación de ingredientes. Debe autorizarse que continúe la comercialización de las existencias disponibles de vino después de las fechas de aplicación de los nuevos requisitos de etiquetado, hasta el agotamiento de dichas existencias. Debe darse suficiente tiempo a los operadores para que se adapten a los nuevos requisitos de etiquetado antes de que sean aplicables.

(43) A fin de garantizar que los consumidores estén informados de la naturaleza de los productos vitivinícolas desalcoholizados y que las normas que rigen el etiquetado y la presentación de los productos del sector del vino también se apliquen a los productos vitícolas desalcoholizados o parcialmente desalcoholizados, debe modificarse el artículo 119 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. No obstante, con el fin de mantener el nivel actual de información sobre la duración mínima requerida para las bebidas con un grado alcohólico inferior al 10 % en volumen con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), conviene exigir que los productos que hayan sido sometidos a un proceso de desalcoholización con un grado alcohólico volumétrico adquirido inferior al 10 % indiquen obligatoriamente la fecha de consumo preferente.

(44) Además, el anexo I, parte XII, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, que enumera los productos cubiertos por el sector del vino, incluye actualmente los vinos parcialmente desalcoholizados con un grado alcohólico en volumen superior al 0,5 %. A fin de garantizar que todos los vinos desalcoholizados, incluidos los vinos con un grado alcohólico en volumen de 0,5 % o inferior, estén cubiertos en el sector del vino, procede modificar el anexo I, parte XII, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 añadiendo una nueva entrada.

(45) Por lo que se refiere a las normas relativas a las condiciones de uso de los dispositivos de cierre en el sector del vino, para garantizar que los consumidores estén protegidos frente a la utilización engañosa de determinados dispositivos de cierre relacionados con determinadas bebidas y frente a materiales peligrosos en los dispositivos de cierre que puedan contaminar las bebidas deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(46) Las normas y los requisitos relativos al sistema de cuotas para el azúcar caducaron al final de la campaña de comercialización 2016/2017. El artículo 124 y los artículos 127 a 144 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 han quedado obsoletos y deben suprimirse.

(47) La Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) establece una excepción al plazo máximo de pago para la venta de uvas y mosto en el sector del vino. A fin de contribuir a la estabilidad de la cadena de suministro del vino y proporcionar a los productores agrícolas la seguridad de unas relaciones comerciales de larga duración, las ventas de vino a granel deben tratarse del mismo modo. Procede, por lo tanto, establecer que, como excepción a los plazos máximos de pago aplicables establecidos en la Directiva (UE) 2019/633, a petición de una organización interprofesional los Estados miembros puedan decidir que los plazos máximos de pago aplicables no se apliquen a las ventas de vino a granel, siempre que las condiciones específicas del plazo de pago se reflejen en contratos tipo que hayan sido prorrogados por los Estados miembros con arreglo al artículo 164 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 antes del 31 de octubre de 2021 y que los acuerdos de suministro entre los proveedores de vino a granel y sus compradores directos sean plurianuales o pasen a serlo.

(48) Cuando la entrega de productos agrarios por parte de un productor a un transformador o a un distribuidor esté cubierta por un contrato u oferta por escrito con arreglo a los artículos 148 y 168 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y el precio a pagar por la entrega se calcule combinando varios factores establecidos en el contrato, estos factores, que pueden incluir indicadores objetivos, índices y métodos de cálculo, deben ser fácilmente comprensibles para las partes. Además, los Estados miembros deben poder especificar indicadores facultativos que puedan utilizar las partes en los contratos, sobre la base de la información objetiva de mercado disponible y estudios.

(49) A raíz de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión, el volumen total de la producción de leche cruda ha disminuido en la Unión. Con el fin de no socavar las competencias de negociación contractuales otorgadas a las organizaciones de productores en el sector de la leche y los productos lácteos, debe incrementarse el límite cuantitativo aplicable al volumen de leche cruda objeto de dichas negociaciones, expresado como un porcentaje de la producción total de la Unión. Por razones de seguridad jurídica, conviene prever la aplicación del límite cuantitativo incrementado con efecto retroactivo, a partir del 1 de enero de 2021.

(50) Para contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales de la Unión, los Estados miembros deben poder reconocer a las organizaciones de productores que persiguen objetivos específicos relacionados con la gestión y valorización de los subproductos, flujos residuales y residuos, en particular con el fin de proteger el medio ambiente e impulsar la circularidad, así como a las organizaciones de productores que persiguen objetivos relacionados con la gestión de mutualidades para cualquier sector. Procede, por lo tanto, ampliar la lista vigente de objetivos de las organizaciones de productores establecida en el artículo 152 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. En aras de una mayor transparencia de las organizaciones de productores, sus estatutos también deben permitir a los miembros productores controlar democráticamente las cuentas y los presupuestos de la organización. Por otra parte, para facilitar las transacciones comerciales en las que participe la organización de productores, procede establecer que los estatutos de una organización de productores puedan permitir que los miembros productores estén en contacto directo con los compradores, siempre que dicho contacto directo no comprometa la función de dicha organización de concentración de la oferta y comercialización de los productos y siempre que la organización de productores siga disponiendo de discrecionalidad exclusiva sobre los elementos esenciales de una venta que deba efectuar.

(51) A la luz de la experiencia adquirida y de la evolución del sector de la leche y los productos lácteos desde el final del sistema de cuotas, ya no procede mantener normas específicas relacionadas con los objetivos y las disposiciones de reconocimiento establecidos con respecto a las organizaciones interprofesionales del sector de la leche y los productos lácteos.

(52) La experiencia en distintos sectores demuestra que los Estados miembros pueden reconocer a las organizaciones interprofesionales a diferentes escalas geográficas sin socavar el papel y los objetivos de dichas organizaciones. Por lo tanto, conviene aclarar que los Estados miembros pueden optar por el reconocimiento de las organizaciones interprofesionales en una o varias escalas geográficas. Las organizaciones interprofesionales deben perseguir un objetivo específico teniendo en cuenta los intereses de sus miembros y los de los consumidores. A la luz de los objetivos medioambientales de la Unión, procede ampliar la lista de objetivos establecida en el artículo 157 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 para incluir la facilitación de la información necesaria y la realización de la investigación necesaria para desarrollar productos más adaptados a la acción por el clima y a la protección de la salud y el bienestar de los animales, la contribución a la valorización de los subproductos y la reducción y gestión de los residuos, así como la promoción y aplicación de medidas para prevenir, controlar y gestionar la salud de los animales, la protección fitosanitaria y los riesgos medioambientales, por ejemplo estableciendo y gestionando fondos o contribuyendo a estos fondos con vistas a abonar compensaciones financieras a los agricultores por los costes y pérdidas económicas derivadas de la promoción y la aplicación de dichas medidas. Para evitar el riesgo de las organizaciones de una determinada fase de la cadena de suministro alimentario concentren más poder, los Estados miembros deben reconocer únicamente a las organizaciones interprofesionales que se esfuercen por lograr una representación equilibrada de las organizaciones en las diversas fases de la cadena de suministro alimentario que constituyen la organización interprofesional.

(53) La definición de «circunscripción económica» establecida en el artículo 164 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 a efectos de la extensión de las normas y contribuciones obligatorias debe complementarse para adaptar dicho Reglamento a las características específicas de producción de los productos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida reconocidas en virtud del Derecho de la Unión. A fin de fomentar prácticas sostenibles, debe existir la posibilidad de que los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de las organizaciones interprofesionales relacionadas con la fitosanidad, la salud animal, la seguridad de los alimentos y los riesgos medioambientales sean vinculantes para los no miembros. No obstante, debido a la importancia de la biodiversidad en el material de siembra empleado en la agricultura ecológica, las normas relativas al uso de semillas certificadas no deben ser vinculantes por extensión para los no miembros que practiquen la agricultura ecológica.

(54) Habida cuenta de la importancia de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en la producción agrícola de la Unión, y en vista del éxito de la introducción de normas de gestión de la oferta para los quesos y los jamones secos con indicaciones geográficas para garantizar el valor añadido y mantener la reputación de dichos productos y la estabilidad de sus precios, la posibilidad de aplicar normas de gestión de la oferta debería extenderse a productos agrarios con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida en virtud del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 o el Reglamento (UE) n.o 1151/2012. En aras de la claridad y la coherencia, conviene integrar las normas existentes sobre la regulación de la oferta en una única disposición que abarque todos los productos agrarios. Por consiguiente, debe autorizarse a los Estados miembros a aplicar dichas normas para regular la oferta de productos agrarios con indicaciones geográficas cuando lo solicite una organización interprofesional, una organización de productores o un grupo de productores u operadores, siempre que al menos dos tercios de los productores de dicho producto o sus representantes estén de acuerdo y, en su caso, se haya consultado a los productores agrícolas de la materia prima de que se trate y, en el caso del queso, por razones de continuidad, estos hayan dado su consentimiento. Estas normas deben estar sujetas a condiciones estrictas, en particular para evitar perjuicios al comercio de productos en otros mercados y proteger los derechos de las minorías. Los Estados miembros deben publicar y notificar inmediatamente a la Comisión las normas adoptadas, garantizar controles periódicos y derogar las normas en los casos de no conformidad. Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos de ejecución que exijan que un Estado miembro derogue tales normas si la Comisión considera que las normas no cumplen determinadas condiciones, impiden o distorsionan la competencia en una parte sustancial del mercado interior, menoscaban el libre comercio o comprometen el logro de los objetivos del artículo 39 del TFUE. A la luz de las competencias de la Comisión en el ámbito de la política de la Unión en materia de competencia, y dada la naturaleza particular de estos actos, la Comisión debe adoptar tales actos de ejecución sin aplicar el Reglamento (UE) n.o 182/2011.

(55) Las cláusulas de reparto de valor en la cadena de suministro alimentario son de interés no solo en los acuerdos entre los productores y los primeros compradores, sino también si permiten a los agricultores participar en la evolución de los precios en las fases posteriores de la cadena. Por lo tanto, los agricultores y sus asociaciones deben poder acordar este tipo de cláusulas con los agentes posteriores a los primeros compradores.

(56) El valor comercial especial de los vinos amparados por una denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida (IGP) se deriva de su pertenencia a un segmento superior del mercado gracias a su reputación en cuanto a calidad que se deriva de su pliego de condiciones. Tales vinos tienden a alcanzar precios más altos en el mercado, ya que los consumidores valoran las características acreditadas por la denominación de origen y la indicación geográfica. Por lo tanto, a fin de impedir que esas credenciales de calidad se vean erosionadas por una acción perjudicial en materia de precios, las organizaciones interprofesionales que representan a los operadores beneficiarios de dichas credenciales deben poder emitir orientaciones sobre los precios en relación con las ventas de las uvas correspondientes, como excepción a lo dispuesto en el artículo 101, apartado 1, del TFUE. Sin embargo, estas orientaciones deben ser no obligatorias para no eliminar completamente la competencia de precios dentro de las DOP y las IGP.

(57) El artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) incluye los métodos de cálculo que pueden utilizarse para fijar el volumen de activación de la cláusula de salvaguardia en los sectores correspondientes. A fin de tener en cuenta todos los métodos de cálculo posibles para establecer el volumen de activación a efectos de la aplicación de derechos de importación adicionales, incluso cuando no se tenga en cuenta el consumo interior, debe modificarse el artículo 182, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 para reflejar el método de cálculo establecido en el artículo 5, apartado 4, del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.

(58) Los artículos 192 y 193 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 deben suprimirse puesto que las medidas correspondientes ya no son necesarias, habida cuenta de la expiración de la regulación de la producción en el sector del azúcar. A fin de garantizar que el mercado de la Unión esté abastecido de forma adecuada mediante importaciones de terceros países, deben otorgarse a la Comisión competencias delegadas y de ejecución para suspender los derechos de importación de las melazas de caña y de remolacha.

(59) La Decisión Ministerial de 19 de diciembre de 2015 relativa a la competencia de las exportaciones, adoptada en el décimo periodo de sesiones de la Conferencia Ministerial de la OMC en Nairobi, establece normas sobre las medidas de competencia de las exportaciones. Por lo que respecta a las subvenciones a la exportación, los miembros de la OMC están obligados a eliminar sus derechos a otorgar subvenciones a la exportación a partir de la fecha de esa Decisión. Por lo tanto, deben suprimirse las disposiciones de la Unión relativas a las restituciones por exportación establecidas en los artículos 196 a 204 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. En lo que respecta a los créditos a la exportación, garantías de créditos a la exportación y programas de seguro, empresas comerciales del Estado exportadoras de productos agropecuarios y ayuda alimentaria internacional, los Estados miembros pueden adoptar medidas nacionales que respeten el Derecho de la Unión. Dado que la Unión y sus Estados miembros son miembros de la OMC, estas medidas nacionales deben respetar también las normas establecidas en la citada Decisión Ministerial de la OMC de 19 de diciembre de 2015, en el marco del Derecho de la Unión y del Derecho internacional.

(60) El mercado interior se basa en la aplicación coherente de las normas de competencia en todos los Estados miembros. Esto requiere una estrecha cooperación permanente de las autoridades nacionales de competencia y de la Comisión en la red europea de autoridades de competencia, en la que puedan debatirse cuestiones de interpretación y aplicación de las normas de competencia y puedan coordinarse las acciones para aplicar dichas normas, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo (19).

(61) A fin de garantizar la aplicación efectiva del artículo 210 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 por parte de las organizaciones interprofesionales, así como en aras de la simplificación y la reducción de la carga administrativa, no debe exigirse una decisión previa de la Comisión para que los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de las organizaciones interprofesionales no estén sujetos a la aplicación del artículo 101, apartado 1, del TFUE, siempre que tales acuerdos, decisiones y prácticas concertadas cumplan los requisitos establecidos en el artículo 210 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. No obstante, a petición del solicitante, la Comisión debe emitir un dictamen sobre la compatibilidad de tales acuerdos, decisiones y prácticas concertadas con el artículo210 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. Pese a haber emitido un dictamen en virtud del cual dichos acuerdos, decisiones y prácticas concertadas son compatibles con dicho artículo, la Comisión debe reservarse la posibilidad de declarar en cualquier momento posterior a la emisión de tal dictamen que el artículo 101, apartado 1, del TFUE se aplique en el futuro a los acuerdos, decisiones o prácticas concertadas en cuestión, si constata que ya no se cumplen las condiciones pertinentes para la aplicación del artículo 210 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(62) Algunas iniciativas verticales y horizontales relativas a los productos agrarios y alimenticios cuyo objetivo es aplicar requisitos más estrictos que los obligatorios, pueden tener efectos positivos en los objetivos en materia de sostenibilidad. La celebración de tales acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre productores y operadores en diferentes ámbitos de la producción, la transformación y el comercio también puede reforzar la posición de los productores en la cadena de suministro y aumentar su poder de negociación. Por lo tanto, en determinadas circunstancias, dichas iniciativas no deben estar sujetas a la aplicación del artículo 101, apartado 1, del TFUE. A fin de garantizar la aplicación efectiva de esta nueva excepción, y en aras de reducir la carga administrativa, estas iniciativas no deben requerir una decisión previa de la Comisión para no quedar sujetas a la aplicación del artículo 101, apartado 1, del TFUE. Dado que se trata de una nueva excepción, conviene disponer que la Comisión elabore directrices para los operadores sobre la aplicación de la excepción en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. Una vez transcurrido este plazo, los productores también deben poder solicitar un dictamen de la Comisión sobre la aplicación de la excepción a sus acuerdos, decisiones y prácticas concertadas. En casos debidamente justificados, la Comisión debe poder revisar con posterioridad el contenido de su dictamen. Las autoridades nacionales de competencia deben poder decidir que un acuerdo, decisión o práctica concertada se modifique, suspenda o directamente no se lleve a cabo si lo consideran necesario para proteger la competencia, en cuyo caso deben informar a la Comisión de sus acciones.

(63) El artículo 214 bis del Reglamento (UE) no 1308/2013 permite a Finlandia conceder, bajo determinadas condiciones, ayudas nacionales al sur de Finlandia hasta 2022, previa autorización de la Comisión. La concesión de ayudas nacionales debe seguir permitiéndose para el período 2023-2027. A fin de garantizar que dicha ayuda pueda seguir concediéndose durante el período transitorio de 2021 a 2022, las nuevas disposiciones al respecto únicamente deben aplicarse desde el 1 de enero de 2023.

(64) Las restricciones a la libre circulación de los productos del sector de las frutas y hortalizas derivadas de la aplicación de medidas destinadas a combatir la propagación de plagas vegetales pueden causar dificultades en el mercado en uno o varios Estados miembros. Habida cuenta, en particular, del aumento de la frecuencia de las plagas vegetales, procede permitir medidas excepcionales de apoyo para tener en cuenta las restricciones al comercio como consecuencia de plagas vegetales y ampliar la lista de productos respecto a los cuales pueden adoptarse medidas excepcionales en el sector de las frutas y hortalizas.

(65) Los observatorios del mercado y los grupos de trabajo de la Unión existentes para los mercados agrícolas han demostrado tener efectos benéficos a la hora de informar las decisiones de los agentes económicos y las autoridades públicas, así como de facilitar el seguimiento de la evolución de los mercados. Con este objeto, y con el fin de aumentar la transparencia de los mercados agrícolas y alimentarios a escala de la Unión y contribuir a la estabilidad de los mercados agrícolas, deben reforzarse estos instrumentos. Por lo tanto, procede establecer un marco jurídico formal único para la creación y el funcionamiento de los observatorios del mercado de la Unión en cualquier sector agrícola y establecer las obligaciones de notificación y presentación de informes pertinentes para dichos observatorios.

(66) Sobre la base de los datos estadísticos y la información recopilados para el seguimiento de los mercados agrícolas, los observatorios del mercado de la Unión deben determinar en sus informes las amenazas de perturbación del mercado. La Comisión debe presentar periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo información sobre la situación del mercado de los productos agrarios, las amenazas de perturbaciones del mercado y las posibles medidas a adoptar, mediante la participación regular en las reuniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y el Comité Especial de Agricultura.

(67) En aras de la claridad, el papel de la Comisión con respecto a sus obligaciones actuales de cooperación e intercambio de información con las autoridades competentes designadas de conformidad con el artículo 22 del Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) debe establecerse explícitamente en el artículo 223 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(68) Deben suprimirse las obligaciones obsoletas de la Comisión en materia de presentación de informes sobre el mercado de la leche y los productos lácteos y la ampliación del ámbito de aplicación del programa escolar. Las obligaciones de presentación de informes sobre el sector de la apicultura deben incluirse en el Reglamento (UE) 2021/2115. Deben establecerse nuevas obligaciones de presentación de informes sobre la aplicación de las normas de competencia al sector agrícola, sobre la creación de observatorios del mercado de la Unión y el sobre el uso de medidas excepcionales. La Comisión también debe informar sobre la situación de las denominaciones de venta y la clasificación de las canales en el sector de la carne de ovino y caprino.

(69) Deben suprimirse las disposiciones relativas a la reserva para crisis en el sector agrario establecidas en la parte V, capítulo III, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, ya que en el Reglamento (UE) 2021/2116 se establecen disposiciones actualizadas sobre la reserva agrícola.

(70) A la luz de la excepción vigente a las denominaciones de venta que deben utilizarse para la carne de ternera con denominación de origen protegida o indicación geográfica registradas antes del 29 de junio de 2007, en aras de la coherencia y a fin de proporcionar información inequívoca a los consumidores, debe darse a los Estados miembros la posibilidad de permitir a los grupos responsables de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas registradas antes de la misma fecha establecer excepciones a la clasificación obligatoria de canales de ternera.

(71) Deben establecerse normas sobre la evaluación de conflictos entre un nombre cuyo registro se solicita como denominación de origen o indicación geográfica en virtud del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 y el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal producidas en la Unión, con el fin de alcanzar un equilibrio más justo entre los intereses en juego.

(72) Con el fin de aumentar la concienciación de los consumidores respecto a las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales amparadas por el Reglamento (UE) n.o 1151/2012, debe ampliarse al material publicitario el uso obligatorio de los símbolos de la Unión correspondientes.

(73) Deben establecerse excepciones específicas que permitan la utilización de otros nombres junto al nombre registrado de una especialidad tradicional garantizada. La Comisión debe fijar períodos transitorios para el uso de denominaciones que contengan nombres de especialidades tradicionales garantizadas, en consonancia con las condiciones de tales períodos transitorios ya existentes en relación con denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas.

(74) A fin de garantizar que puedan registrarse nuevos nombres dentro de unos plazos más breves, deben racionalizarse y simplificarse los procedimientos relacionados con el registro de denominaciones de origen protegidas, de indicaciones geográficas protegidas y de especialidades tradicionales garantizadas establecidos en el Reglamento (UE) n.o 1151/2012. El procedimiento de oposición debe simplificarse. La declaración motivada de oposición debe establecer todos los motivos de oposición y los pormenores de tales motivos. Esto no debe impedir que la autoridad o persona que haya formulado la oposición añada y amplíe los pormenores en el curso de las consultas a que hace referencia el artículo 51, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012.

(75) El procedimiento para la aprobación de las modificaciones del pliego de condiciones establecido en el Reglamento (UE) n.o 1151/2012 debe simplificarse mediante la introducción de una distinción entre modificaciones de la Unión y modificaciones normales. De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben ser responsables de la aprobación de las modificaciones normales de los pliegos de condiciones, y la Comisión debe mantener la responsabilidad de aprobar las modificaciones de la Unión de dichos pliegos. Debe garantizarse que haya tiempo suficiente para facilitar una transición fluida de las normas establecidas en el Reglamento (UE) n.o 1151/2012 relativas a las modificaciones del pliego de condiciones a las nuevas normas establecidas en el presente Reglamento.

(76) A la luz de la demanda creciente de cera de abejas por parte de los consumidores de la Unión, su uso creciente en el sector de los alimentos y su estrecha relación con los productos agrícolas y la economía rural, debe ampliarse la lista de productos agrícolas y alimentos que figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 para incluir dicho producto.

(77) En vista del limitado número de registros de indicaciones geográficas de productos vitivinícolas aromatizados con arreglo al Reglamento (UE) n.o 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), debe simplificarse el marco jurídico para la protección de las indicaciones geográficas de estos productos. Los productos vitivinícolas y otras bebidas alcohólicas aromatizados, salvo las bebidas espirituosas y los productos vitícolas enumerados en el anexo VII, parte II, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, deben tener el mismo régimen y procedimientos jurídicos que los demás productos agrarios y alimenticios. El ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 debe ampliarse para incluir dichos productos. El Reglamento (UE) n.o 251/2014 debe modificarse para tener en cuenta esta modificación en lo que respecta a su título, ámbito de aplicación y definiciones y por lo que respecta a las disposiciones sobre el etiquetado de los productos vitivinícolas aromatizados. Debe velarse por que la transición relativa a las denominaciones protegidas en virtud del Reglamento (UE) n.o 251/2014 sea fluida.

(78) Con el fin de facilitar el comercio con terceros países, debe establecerse que los Estados miembros puedan permitir que los productos vitivinícolas aromatizados producidos para la exportación incluyan en el envase o en una etiqueta sujeta a este las denominaciones de venta requeridas por terceros países, inclusive en lenguas distintas de las lenguas oficiales de la Unión, a condición de que también figuren en el envase o en una etiqueta sujeta a este las denominaciones de venta adecuadas establecidas en el anexo II.

(79) Deben delegarse a la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 TFUE por los que se completen las denominaciones de venta y las descripciones de los productos vitivinícolas aromatizados establecidas en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 251/2014, con el fin de adaptarlas para tener en cuenta el progreso técnico, la evolución científica y del mercado, la salud de los consumidores o las necesidades de información de los consumidores.

(80) Con el fin de facilitar a los consumidores un mayor nivel de información, debe introducirse en el Reglamento n.o 251/2014 el etiquetado obligatorio de los productos vitivinícolas aromatizados con información nutricional y una lista de ingredientes. No obstante, los productores deben tener la posibilidad de limitar únicamente al valor energético los contenidos de la información nutricional indicada en el envase o en una etiqueta sujeta a este y de presentar la información nutricional completa y la lista de ingredientes por vía electrónica, a condición de que eviten toda recopilación o seguimiento de datos de los usuarios y no suministren información con fines de comercialización. No obstante, la opción de no facilitar información nutricional completa en el envase o en una etiqueta sujeta a este no debe afectar al requisito vigente de enumerar en la etiqueta las sustancias que causan alergias o intolerancias. Deben delegarse a la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 TFUE por los que se complete el Reglamento n.o 251/2014 mediante el establecimiento de normas detalladas relativas a la indicación y designación de los ingredientes de los productos vitivinícolas aromatizados. Debe autorizarse que continúe la comercialización de las existencias disponibles de productos vitivinícolas aromatizados después de las fechas de aplicación de los nuevos requisitos de etiquetado, hasta el agotamiento de dichas existencias. Debe darse suficiente tiempo a los operadores para que se adapten a los nuevos requisitos de etiquetado antes de que sean aplicables.

(81) Conviene permitir la adición de una cantidad limitada de bebidas espirituosas para aromatizar los vinos aromatizados de cualquiera de las categorías establecidas en el anexo II, punto A, del Reglamento n.o 251/2014. Dado que el progreso técnico permite actualmente la producción de vermú sin adición de alcohol, debe dejar de exigirse la adición de alcohol al vermú. Habida cuenta de la demanda de los consumidores, conviene permitir la combinación de vino tinto y blanco para producir «Glühwein». A fin de tener en cuenta una bebida aromatizada a base de vino existente en el mercado polaco, conviene crear la nueva categoría «wino ziołowe», estableciendo en el Derecho de la Unión los requisitos tradicionales para su elaboración.

(82) Habida cuenta de su tamaño reducido, de su carácter remoto y de la situación particular en materia de seguridad alimentaria, los mercados locales de la Reunión son especialmente vulnerables a las fluctuaciones de precios. Las organizaciones interprofesionales reúnen a productores y otros operadores de diferentes etapas de la cadena de suministro alimentario y pueden desempeñar un papel de apoyo a la conservación y diversificación de la producción local. En el contexto particular de la seguridad alimentaria de la Reunión, procede establecer, como excepción a lo dispuesto en el artículo 165 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, que, cuando las normas de una organización interprofesional reconocida se hagan extensivas a operadores que no son miembros de tal organización, Francia pueda decidir, tras consultar a las partes interesadas pertinentes, que los operadores que no sean miembros de la organización interprofesional deban pagar contribuciones financieras por las actividades cubiertas por las normas ampliadas que sean de interés económico general de los operadores económicos cuyas actividades son llevadas a cabo exclusivamente en la Reunión respecto de productos destinados al mercado local.

(83) Procede, por tanto, modificar en consecuencia los Reglamentos (UE) n.o 1308/2013, (UE) n.o 1151/2012, (UE) n.o 251/2014 y (UE) n.o 228/2013.

(84) Deben establecerse disposiciones transitorias para las solicitudes de protección y para el registro de las denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas presentados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, para los gastos realizados antes del 1 de enero de 2023 al amparo de los regímenes de ayuda en los sectores del aceite de oliva y aceitunas de mesa, las frutas y hortalizas, el vino, la apicultura y el lúpulo, para los programas operativos de organizaciones de productores reconocidas o sus asociaciones en el sector de las frutas y hortalizas y para los programas de apoyo en el sector vitivinícola establecidos en los artículos 29 a 60 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(85) A fin de garantizar una transición fluida al nuevo marco jurídico establecido por el Reglamento (UE) 2021/2115, las modificaciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 vinculadas a ese nuevo marco jurídico deben aplicarse a partir del 1 de enero de 2023.

(86) A fin de garantizar la aplicación fluida de las medidas previstas y con carácter de urgencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1 Modificaciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 El Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se modifica como sigue: 1) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 2 Disposiciones generales de la política agrícola común (PAC) El Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo (*1) y las disposiciones adoptadas en virtud del mismo serán de aplicación a las medidas establecidas en el presente Reglamento. (*1) Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 (DO L 435 de 6.12.2021, p. 187).»." 2) El artículo 3 se modifica como sigue: a) se suprime el apartado 2; b) los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: «3. A los efectos del presente Reglamento serán de aplicación las definiciones que figuran en el Reglamento (UE) 2021/2116 y en el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo (*2), salvo disposición en contrario del presente Reglamento. 4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 227, por los que se modifiquen las definiciones relativas a los sectores que figuran en el anexo II en la medida necesaria para actualizar dichas definiciones a la luz de la evolución del mercado sin añadir nuevas definiciones. (*2) Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 (DO L 435 de 6.12.2021, p. 1).»." 3) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 5 Coeficientes de conversión del arroz La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para fijar los coeficientes de conversión del arroz en las diferentes fases de la transformación. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 229, apartado 2.». 4) El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 6 Campañas de comercialización La campaña de comercialización se extenderá: a) del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año, en los sectores de las frutas y hortalizas, de las frutas y hortalizas transformadas y de los plátanos; b) del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente, en los sectores de los forrajes desecados y los gusanos de seda; c) del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, en los sectores de: i) los cereales; ii) las semillas; iii) el lino y el cáñamo; iv) la leche y los productos lácteos; d) del 1 de agosto al 31 de julio del año siguiente, en el sector vitivinícola; e) del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente, en el sector del arroz y con respecto a las aceitunas de mesa; f) del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente, en el sector del azúcar y con respecto al aceite de oliva.». 5) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 12 Periodos de intervención pública El régimen de intervención pública estará disponible: a) para el trigo blando, del 1 de octubre al 31 de mayo; b) para el trigo duro, la cebada y el maíz, a lo largo de todo el año; c) para el arroz con cáscara, a lo largo de todo el año; d) para la carne de vacuno, a lo largo de todo el año; e) para la mantequilla y la leche desnatada en polvo, del 1 de febrero al 30 de septiembre.». 6) El artículo 16 se modifica como sigue: a) se inserta el apartado siguiente: «2 bis. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda la información necesaria, de forma que pueda realizarse un seguimiento del respeto de los principios establecidos en el apartado 1.»; b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: «3. La Comisión publicará anualmente detalles sobre las condiciones en que se haya comprado o se haya dado salida a los productos comprados en régimen de intervención pública durante el año precedente. En dichos detalles figurarán los volúmenes pertinentes y los precios de compra y venta.». 7) En el artículo 17, párrafo primero, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: «b) el aceite de oliva y las aceitunas de mesa;». 8) En la parte II, título I, el capítulo II se modifica como sigue: a) el título se sustituye por el texto siguiente: «CAPÍTULO II Ayuda para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas y de leche y productos lácteos»; b) se suprime el encabezamiento «Sección 1» y su título; c) en el artículo 23, el apartado 11 se sustituye por el texto siguiente: «11. Los Estados miembros seleccionarán los productos que vayan a distribuirse o que pretendan incluirse en medidas educativas de acompañamiento basándose en criterios objetivos, entre los que debe incluirse al menos uno de los siguientes: consideraciones relacionadas con la salud y el medio ambiente y con la temporalidad, la variedad o la disponibilidad de productos locales o regionales, dando prioridad, en la medida de lo posible, a productos que sean originarios de la Unión. Los Estados miembros podrán fomentar, en particular, la compra local o regional, los productos ecológicos, las cadenas de distribución cortas o los beneficios ambientales, incluido el envasado sostenible, así como, si procede, los productos reconocidos en virtud de los regímenes de calidad establecidos en el Reglamento (UE) n.o 1151/2012. Los Estados miembros podrán considerar la posibilidad de dar prioridad en sus estrategias a las consideraciones relativas a la sostenibilidad y el comercio justo.»; d) el artículo 23 bis se modifica como sigue: i) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: «1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, la ayuda enmarcada en el programa escolar que se asigne para la distribución de los productos, las medidas educativas de acompañamiento y los costes afines a los que se refiere el artículo 23, apartado 1, no podrá sobrepasar los 220 804 135 EUR por curso escolar. Dentro de este límite total, la ayuda no podrá sobrepasar: a) en el caso de las frutas y hortalizas para los centros escolares, 130 608 466 EUR por curso escolar; b) en el caso de la leche para los centros escolares, 90 195 669 EUR por curso escolar.»; ii) en el apartado 2, párrafo tercero, se suprime la última frase; iii) en el apartado 4, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: «4. Siempre que no se sobrepase el límite total de 220 804 135 EUR establecido en el apartado 1, los Estados miembros podrán transferir, una vez por curso escolar, hasta el 20 % de una o de otra de las asignaciones indicativas de que dispongan.»; e) se suprimen las secciones 2 a 6 (que incluyen los artículos 29 a 60). 9) El artículo 61 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 61 Vigencia El régimen de autorizaciones para plantaciones de vid establecido en el presente capítulo se aplicará entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2045 con dos revisiones intermedias que deberá realizar la Comisión en 2028 y 2040 para evaluar el funcionamiento del régimen y, en caso pertinente, formular propuestas.». 10) El artículo 62 se modifica como sigue: a) el apartado 3 se modifica como sigue: i) después del párrafo primero se inserta el párrafo siguiente: «Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán decidir que, cuando la replantación tenga lugar en la misma parcela o parcelas en las que se haya efectuado el arranque, las autorizaciones a que se refiere el artículo 66, apartado 1, sean válidas durante seis años a partir de la fecha en que se concedieron. Dichas autorizaciones identificarán claramente la parcela o parcelas en las que se efectuarán el arranque y la replantación.»; ii) los párrafos segundo y tercero se sustituyen por el texto siguiente: «Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, la validez de las autorizaciones concedidas de conformidad con el artículo 64 y el artículo 66, apartado 1, que expiren en los años 2020 y 2021, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022. Los productores que dispongan de autorizaciones de conformidad con el artículo 64 y el artículo 66, apartado 1, del presente Reglamento y que expiren en 2020 y 2021, no estarán sujetos, como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, a la sanción administrativa contemplada en el artículo 89, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, a condición de que informen a las autoridades competentes, a más tardar el 28 de febrero de 2022, de que no tienen intención de hacer uso de su autorización y no desean beneficiarse de la prórroga de su validez con arreglo al párrafo tercero del presente apartado. Si los productores que disponen de autorizaciones cuya validez se haya prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021, declararon a la autoridad competente, a 28 de febrero de 2021, que no tienen intención de hacer uso de dichas autorizaciones, se les permitirá retractarse de sus declaraciones mediante comunicación por escrito a la autoridad competente a más tardar el 28 de febrero de 2022 y hacer uso de sus autorizaciones dentro del periodo de validez prorrogado dispuesto en el párrafo tercero.»; b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: «4. El presente capítulo no se aplicará a la plantación o replantación de superficies destinadas a fines experimentales, al establecimiento de colecciones de variedades de vid destinadas a la conservación de los recursos genéticos o al cultivo de viñas madres de injertos, a las superficies cuyo vino o productos vitivinícolas estén destinados exclusivamente al autoconsumo del viticultor o a las superficies para nuevas plantaciones resultantes de expropiaciones por causa de utilidad pública llevadas a cabo al amparo de la legislación nacional.». 11) El artículo 63 se modifica como sigue: a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: «1. Los Estados miembros pondrán a disposición, cada año, autorizaciones para nuevas plantaciones correspondientes bien: a) al 1 % de toda la superficie realmente plantada con vid en su territorio, calculada el 31 de julio del año anterior, o bien, b) al 1 % de la superficie que comprende la superficie realmente plantada con vid en su territorio, calculada el 31 de julio de 2015, y la superficie cubierta por los derechos de plantación concedidos a productores dentro de su territorio de conformidad con los artículos 85 nonies, 85 decies u 85 duodecies del Reglamento (CE) n.o 1234/2007, disponibles para su conversión en autorizaciones el 1 de enero de 2016, tal como se contempla en el artículo 68 del presente Reglamento.»; b) en el apartado 2 se añade el párrafo siguiente: «Los Estados miembros que limiten la expedición de autorizaciones a nivel regional, para zonas específicas que puedan optar a la producción de vinos con denominación de origen protegida o para zonas que puedan optar a la producción de vinos con indicación geográfica protegida, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero, letra b), podrán exigir que dichas autorizaciones se utilicen en esas regiones.»; c) el apartado 3 se modifica como sigue: i) la letra b) se sustituye por el texto siguiente: «b) la necesidad de evitar un riesgo claramente demostrado de devaluación de una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida concretas;»; ii) se añade la letra siguiente: «c) el deseo de contribuir al desarrollo de los productos en cuestión, preservando al mismo tiempo la calidad de dichos productos.»; d) se inserta el apartado siguiente: «3 bis) Los Estados miembros podrán adoptar todas las medidas reglamentarias necesarias destinadas a evitar que los operadores eludan las medidas de restricción adoptadas en aplicación de los apartados 2 y 3.». 12) El artículo 64 se modifica como sigue: a) en el apartado 1, segundo párrafo, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: «A los efectos del presente artículo, los Estados miembros podrán aplicar a nivel nacional o regional uno o varios de los siguientes criterios objetivos y no discriminatorios de admisibilidad:»; b) el apartado 2 se modifica como sigue: i) la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: «2. Si, en un año concreto, la superficie total cubierta por las solicitudes admisibles contempladas en el apartado 1 supera a la superficie puesta a disposición por los Estados miembros, las autorizaciones se concederán de acuerdo con una distribución proporcional de hectáreas a todos los solicitantes sobre la base de la superficie para la que hayan solicitado la autorización. Dicha concesión podrá estipular un mínimo y/o un máximo de superficie por solicitante, y se conformará también parcial o totalmente a uno o varios de los siguientes criterios de prioridad objetivos y no discriminatorios que puedan ser de aplicación a nivel nacional o regional.»; ii) la letra b) se sustituye por el texto siguiente: «b) que se trate de superficies donde los viñedos contribuyan a la preservación del medio ambiente o a la conservación de los recursos genéticos de las viñas;»; iii) la letra f) se sustituye por el texto siguiente: «f) que se trate de superficies para nueva plantación que contribuyan al incremento de la producción de explotaciones del sector vitivinícola que hayan mostrado una mejora de su eficiencia en términos de costes, de su competitividad o de su presencia en los mercados;»; iv) la letra h) se sustituye por el texto siguiente: «h) que se trate de superficies para nueva plantación en el marco del incremento del tamaño de las pequeñas y medianas explotaciones vitivinícolas.»; c) se inserta el apartado siguiente: «2 ter. Los Estados miembros podrán adoptar todas las medidas reglamentarias necesarias destinadas a evitar que los operadores puedan eludir los criterios restrictivos que apliquen en virtud de los apartados 1, 2 y 2 bis.». 13) En el artículo 65, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: «Al aplicar el artículo 63, apartado 2, los Estados miembros tendrán en cuenta las recomendaciones presentadas por organizaciones profesionales reconocidas que operan en el sector vitivinícola contempladas en los artículos 152, 156 y 157, por grupos interesados de productores contemplados en el artículo 95 o por otros tipos de organizaciones profesionales reconocidas de acuerdo con la legislación de ese Estado miembro, siempre y cuando esas recomendaciones vayan precedidas de un acuerdo concluido con las partes representativas relevantes en la zona geográfica de que se trate.». 14) El artículo 68 se modifica como sigue: a) se inserta el apartado siguiente: «2 bis. A partir del 1 de enero de 2023, una superficie equivalente a la superficie cubierta por derechos de plantación que fuesen admisibles para su conversión en autorizaciones de plantación a 31 de diciembre de 2022, pero que todavía no se hubiesen convertido en autorizaciones con arreglo al apartado 1, permanecerá a disposición de los Estados miembros interesados, que podrán conceder autorizaciones de conformidad con el artículo 64 a más tardar el 31 de diciembre de 2025.»; b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: «3. Las superficies cubiertas por las autorizaciones concedidas con arreglo al apartado 1 y al apartado 2 bis del presente artículo no serán contadas a efectos del artículo 63.». 15) En el artículo 81 se añade el apartado siguiente: «6. No estarán sujetas a obligación de arranque las superficies plantadas a efectos distintos de la producción de vino con variedades de vid que, en el caso de Estados miembros distintos de los contemplados en el apartado 3, no estén clasificadas o que, en el caso de los Estados miembros contemplados en el apartado 3, no cumplan lo dispuesto en el apartado 2, párrafo segundo. La plantación y replantación de las variedades de vid contempladas en el párrafo primero a efectos distintos de la producción de vino no estarán sujetas al régimen de autorizaciones para la plantación de vid establecido en la parte II, título I, capítulo III.». 16) El artículo 86 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 86 Reserva, modificación y anulación de menciones reservadas facultativas A fin de tener en cuenta las expectativas de los consumidores, también en relación con los métodos de producción y la sostenibilidad en la cadena de suministro, así como el avance de los conocimientos científicos y técnicos, la situación del mercado y la evolución de las normas de comercialización y de las normas internacionales, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 227 por los que: a) se reserva una mención reservada facultativa suplementaria y se establecen sus condiciones de uso; b) se modifican las condiciones de uso de una mención reservada facultativa, o c) se anula una de ellas.». 17) El artículo 90 se modifica como sigue: a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: «1. Salvo disposición en contrario de acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el TFUE, las disposiciones sobre las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y el etiquetado del vino establecidas en la sección 2 del presente capítulo y en las definiciones, designaciones y denominaciones de venta a que se refiere el artículo 78 del presente Reglamento se aplicarán a los productos importados en la Unión y correspondientes a los códigos NC 2009 61, 2009 69, 2204 y, cuando corresponda, ex 2202 99 19 (otro vino desalcoholizado con un grado alcohólico volumétrico que no supere el 0,5 %)»; b) en el apartado 3, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: «3. Salvo disposición en contrario de acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el TFUE, la importación de los productos mencionados en el apartado 1 estará supeditada a la presentación de:». 18) En la parte II, título II, capítulo I, sección 1, se inserta la subsección siguiente: «Subsección 4 bis Controles y sanciones Artículo 90 bis Controles y sanciones relativos a las medidas de mercado 1. Los Estados miembros adoptarán medidas que garanticen que no se pongan en el mercado los productos mencionados en el artículo 119, apartado 1, que no estén etiquetados de conformidad con el presente Reglamento, o se retiren del mercado si ya se encuentran en el mercado. 2. Sin perjuicio de las disposiciones específicas que pueda adoptar la Comisión, las importaciones en la Unión de los productos que se mencionan en el artículo 189, apartado 1, letras a) y b), se someterán a controles para determinar si cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1 de dicho artículo. 3. Los Estados miembros realizarán controles, basándose en un análisis de riesgos, a fin de verificar si los productos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, se ajustan a las normas de la presente sección, y aplicarán, en su caso, sanciones administrativas. 4. Sin perjuicio de los actos relativos al sector vitivinícola adoptados de conformidad con el artículo 58 del Reglamento (UE) 2021/2116, en caso de infracción de las normas de la Unión en el sector vitivinícola, los Estados miembros aplicarán sanciones administrativas proporcionadas, efectivas y disuasorias de conformidad con el título IV, capítulo I, de dicho Reglamento. Los Estados miembros se abstendrán de aplicar dichas sanciones cuando el incumplimiento sea de escasa entidad. 5. Con el fin de proteger los fondos de la Unión y la identidad, procedencia y calidad del vino de la Unión, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 227 que complementen el presente Reglamento referentes a: a) la creación o el mantenimiento de una base analítica de datos isotópicos que ayude a detectar los fraudes, construida basándose en muestras recogidas por los Estados miembros; b) las normas por las que se han de regir los organismos de control y la asistencia mutua entre ellos; c) las normas por las que se ha de regir la utilización común de las conclusiones de los Estados miembros. 6. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución a fin de establecer todas las medidas necesarias para: a) los procedimientos relativos a las respectivas bases de datos de los Estados miembros y la base analítica de datos isotópicos a que se refiere el apartado 5, letra a); b) los procedimientos relativos a la cooperación y asistencia entre autoridades y organismos de control; c) por lo que respecta a la obligación indicada en el apartado 3, las normas para la realización de controles del cumplimiento de las normas de comercialización, las normas por las que se han de regir las autoridades responsables de realizar los controles, así como las normas sobre el contenido y frecuencia de los controles y sobre la fase de la comercialización a la que se han de aplicar estos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 229, apartado 2.». 19) En el artículo 92, apartado 1, se añade el párrafo siguiente: «No obstante, las normas establecidas en la presente sección no se aplicarán a los productos a los que se refiere el anexo VII, parte II, puntos 1, 4, 5, 6, 8 y 9, cuando dichos productos hayan sido sometidos a un tratamiento de desalcoholización con arreglo al anexo VIII, parte I, sección E.». 20) El artículo 93 se modifica como sigue: a) en el apartado 1, las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente: «a) "denominación de origen": nombre, incluido un nombre utilizado tradicionalmente, que identifica un producto contemplado en el artículo 92, apartado 1: i) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él; ii) que es originario de un lugar, una región o, excepcionalmente, un país determinados; iii) que se produce a partir de uvas procedentes exclusivamente de dicha zona geográfica; iv) cuya elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y v) que se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera o de un cruce entre esta especie y otras especies del género Vitis; b) "indicación geográfica": nombre, incluido un nombre utilizado tradicionalmente, que identifica un producto contemplado en el artículo 92, apartado 1: i) cuya calidad, reputación u otras características específicas son atribuibles a su origen geográfico; ii) que es originario de un lugar, una región o, excepcionalmente, un país determinados; iii) en el que al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica; iv) cuya elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y v) que se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera o de un cruce entre esta especie y otras especies del género Vitis.»; b) se suprime el apartado 2; c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: «4. A efectos de la aplicación del apartado 1, letra a), inciso iv), y letra b), inciso iv), el concepto de "elaboración" incluye todas las operaciones efectuadas, desde la vendimia hasta la finalización del proceso de vinificación, a excepción de la vendimia de las uvas que no procedan de la zona geográfica de que se trate según se menciona en el apartado 1, letra b), inciso iii), y a excepción de cualquier proceso posterior a la elaboración.». 21) El artículo 94 se modifica como sigue: a) En el apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: «Las solicitudes de protección de nombres como denominaciones de origen o indicaciones geográficas incluirán los elementos siguientes:»; b) el apartado 2 se modifica como sigue: i) la letra g) se sustituye por lo siguiente: «g) explicación detallada que confirme el vínculo a que se refiere el artículo 93, apartado 1, letra a), inciso i), o, en su caso, letra b), inciso i): i) en el caso de una denominación de origen protegida, el vínculo entre la calidad o las características del producto y el medio geográfico mencionado en el artículo 93, apartado 1, letra a), inciso i); los elementos relativos a los factores humanos de dicho medio geográfico podrán, cuando proceda, limitarse a una descripción de la gestión del suelo, el material vegetal y el paisaje, de las prácticas de cultivo o de cualquier otra contribución humana pertinente al mantenimiento de los factores naturales del medio geográfico mencionado en dicho inciso; ii) en el caso de una indicación geográfica protegida, el vínculo entre una cualidad determinada, la reputación u otra característica del producto y el origen geográfico mencionado en el artículo 93, apartado 1, letra b), inciso i);»; ii) se añaden los párrafos siguientes: «El pliego de condiciones podrá incluir una descripción de la contribución de la denominación de origen o indicación geográfica al desarrollo sostenible. Cuando el vino o vinos puedan ser parcialmente desalcoholizados, el pliego de condiciones incluirá también una descripción del vino o vinos parcialmente desalcoholizados con arreglo al párrafo segundo, letra b), mutatis mutandis y, cuando corresponda, las prácticas enológicas específicas utilizadas para elaborar el vino o vinos parcialmente desalcoholizados, así como las restricciones pertinentes impuestas a su elaboración.». 22) El artículo 96 se modifica como sigue: a) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: «5. En caso de que el Estado miembro que evalúa la solicitud considere que se cumplen los requisitos, llevará a cabo un procedimiento nacional que garantice una publicación adecuada del pliego de condiciones del producto al menos en Internet y enviará la solicitud a la Comisión. Al enviar una solicitud de protección a la Comisión en virtud del párrafo primero del presente apartado, el Estado miembro incluirá una declaración en la que indique que considera que la solicitud presentada por el solicitante cumple las condiciones relativas a la protección previstas en la presente sección y las disposiciones adoptadas con arreglo a la misma y certifique que el documento único a que se refiere el artículo 94, apartado 1, letra d), constituye un resumen fiel del pliego de condiciones. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las oposiciones admisibles recibidas en el marco del procedimiento nacional.»; b) se añade el apartado siguiente: «6. El Estado miembro informará a la Comisión sin demora en caso de que se inicie algún procedimiento ante un órgano jurisdiccional nacional u otro organismo nacional en relación con una solicitud de protección que el Estado miembro haya enviado a la Comisión, de conformidad con el apartado 5, y en caso de que la solicitud haya sido invalidada a nivel nacional por una resolución judicial de aplicación inmediata aunque no firme.». 23) En el artículo 97, los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: «2. La Comisión examinará las solicitudes de protección que reciba de conformidad con el artículo 96, apartado 5. La Comisión comprobará que las solicitudes incluyan la información solicitada y que no contengan errores manifiestos, teniendo en cuenta el resultado del procedimiento nacional preliminar llevado a cabo por el Estado miembro de que se trate. Dicho examen abordará, en particular, el documento único a que se refiere el artículo 94, apartado 1, letra d). La duración del examen por la Comisión no debe rebasar el plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud del Estado miembro. En caso de rebasarse dicho plazo, la Comisión informará por escrito a los solicitantes de los motivos de la demora. 3. La Comisión estará exenta de la obligación de cumplir el plazo de ejecución del examen a que se refiere el apartado 2, párrafo segundo, y de informar al solicitante de los motivos de la demora en caso de que reciba una comunicación de un Estado miembro, en relación con una solicitud de registro presentada ante la Comisión con arreglo al artículo 96, apartado 5, en la cual: a) se informe a la Comisión de que la solicitud fue invalidada a nivel nacional por una resolución judicial de aplicación inmediata, aunque no firme, o b) se pida a la Comisión que suspenda el examen a que se refiere el apartado 2 debido a la incoación de un proceso judicial nacional al objeto de impugnar la validez de la solicitud y el Estado miembro considera que dicho proceso se basa en motivos válidos. La exención surtirá efecto hasta que el Estado miembro informe a la Comisión de que se ha restablecido la solicitud original o de que retira su solicitud de suspensión. 4. En caso de que, sobre la base del examen realizado con arreglo al apartado 2 del presente artículo, la Comisión considere que se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 93, 100 y 101, adoptará actos de ejecución relativos a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del documento único mencionado en el artículo 94, apartado 1, letra d), y de la referencia de la publicación del pliego de condiciones del producto efectuada en el transcurso del procedimiento nacional preliminar. Dichos actos de ejecución serán adoptados sin aplicación del procedimiento a que se refiere el artículo 229, apartados 2 o 3. Cuando, sobre la base del examen realizado de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, la Comisión considere que no se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 93, 100 y 101, adoptará actos de ejecución para rechazar la solicitud. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 229, apartado 2.». 24) Los artículos 98 y 99 se sustituyen por el texto siguiente: «Artículo 98 Procedimiento de oposición 1. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del documento único a que se refiere el artículo 94, apartado 1, letra d), las autoridades de un Estado miembro o de un tercer país, así como cualquier persona física o jurídica que resida o esté establecida en un tercer país y