REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/870 DE LA COMISIÓN

de 24 de junio de 2020

por el que se establece un derecho compensatorio definitivo y se recauda definitivamente el derecho compensatorio provisional establecido sobre las importaciones de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto, y se percibe el derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones registradas de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (1) («el Reglamento de base»), y en particular su artículo 15 y su artículo 16, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO

1.1. Inicio

(1) El 7 de junio de 2019, la Comisión Europea («la Comisión») inició una investigación antisubvención relativa a las importaciones en la Unión Europea («la Unión») de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de base.

(2) La Comisión publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (2) («el anuncio de inicio»).

(3) La Comisión inició la investigación a raíz de una denuncia presentada el 24 de abril de 2019 por la Asociación de Productores de Fibra de Vidrio Europeos («la APFE» o «el denunciante») en nombre de productores que representan el 71 % de la producción total de la Unión.

(4) Durante la investigación, la Comisión encontró nuevas pruebas de otras subvenciones pertinentes que no estaban incluidas en el anuncio de inicio. Por consiguiente, la Comisión decidió, con arreglo al artículo 10, apartado 7, del Reglamento de base, incluir estas subvenciones en el ámbito de la investigación actual y modificar el anuncio de inicio en consecuencia.

(5) El 12 de febrero de 2020, la Comisión publicó un anuncio por el que se modificaba el anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (3). A este respecto, se añadió una nota al expediente y se invitó al Gobierno de Egipto («las autoridades egipcias») a consultas sobre estas subvenciones adicionales.

1.2. Medidas provisionales

(6) El 7 de marzo de 2020, la Comisión impuso derechos compensatorios provisionales a las importaciones en la Unión de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/379 de la Comisión (4) («el Reglamento provisional»).

(7) Como se indica en el considerando 27 del Reglamento provisional, la investigación sobre la subvención y el perjuicio abarcó el período del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019 («el período de investigación» o «PI») y el análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio tuvo por objeto el período que va del 1 de enero de 2016 al final del período de investigación («el período considerado»).

1.3. Procedimiento ulterior

(8) Sobre la base de la publicación de un anuncio por el que se modificaba el anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (véase el considerando 4), la Comisión envió una solicitud de información a las autoridades egipcias, al productor exportador y al Gobierno de la República Popular China («las autoridades chinas»).

(9) La solicitud de información dirigida a las autoridades egipcias se envió para investigar en profundidad la cooperación entre dichas autoridades y las autoridades chinas para beneficiar al productor exportador. A la vista de la estrecha colaboración y cooperación entre las autoridades chinas y las egipcias por lo que se refiere a las subvenciones a los productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto («el producto investigado»), la Comisión señaló a las autoridades chinas como parte interesada en la investigación y les transmitió la solicitud de información enviada a las autoridades egipcias con una invitación a cooperar en la investigación. Sin embargo, las autoridades chinas nunca respondieron a la invitación de la Comisión y no se registraron como parte interesada en la investigación.

(10) Tras la publicación del anuncio por el que se modificaba el anuncio de inicio y una vez las autoridades egipcias recibieron la solicitud de información, estas señalaron, en primer lugar, que no podía pedírseles que proporcionaran información ni que coordinaran la respuesta de las entidades, tanto gubernamentales como privadas, que estuvieran fuera de su jurisdicción.

(11) En segundo lugar, las autoridades egipcias indicaron que la información que les solicitaba la Comisión se encontraba fuera de su jurisdicción. Según las autoridades egipcias, la Comisión le impuso una carga excesiva al pedirles que proporcionaran una información que no era necesaria para la investigación.

(12) En tercer lugar, las autoridades egipcias alegaron que, de hecho, la Comisión estaba incluyendo a la República Popular China («RPC» o «China») en el ámbito de la presente investigación, sin haberla llamado a consultas antes de iniciar la investigación.

(13) En cuarto lugar, las autoridades egipcias recordaron que el Reglamento antisubvenciones de base establece que solo hay una subvención «si existe una contribución financiera por parte de una administración pública en el país de origen o de exportación». Las autoridades egipcias señalaron que el anuncio por el que se modificaba el anuncio de inicio se refería a subvenciones supuestamente concedidas por el Gobierno de la RPC («las autoridades chinas»). Por consiguiente, con el anuncio por el que se modificaba el anuncio de inicio, la Comisión infringió el Reglamento antisubvenciones de base al incluir en la investigación contribuciones financieras que no pueden considerarse subvenciones con arreglo al Derecho de la UE.

(14) Por último, las autoridades egipcias alegaron que la solicitud de información era en realidad el cuestionario inicial que debía enviarse a las autoridades chinas. Por lo tanto, al conceder quince días para responder en lugar de treinta, la Comisión había infringido el artículo 12.1.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias («Acuerdo SMC») y el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

(15) La Comisión manifestó su desacuerdo con el parecer de las autoridades egipcias. Por lo que se refiere a la falta de competencia de las autoridades egipcias y a la inclusión de facto de las autoridades chinas en la investigación como país de exportación, la Comisión consideró que las subvenciones investigadas por la Comisión se concedieron en el marco de una cooperación entre las autoridades egipcias y las autoridades chinas. Por lo tanto, las subvenciones podrían haber sido atribuibles a Egipto en virtud del reconocimiento y la adopción por Egipto de las medidas de las autoridades chinas como suyas. Las conclusiones relativas a este punto se desarrollan con detalle en la sección 3.2.2.

(16) Por otra parte, la Comisión señaló que había pedido a las autoridades egipcias que facilitaran la información relativa al marco jurídico general del sector bancario en China y a las entidades financieras de China porque las autoridades egipcias son el Gobierno afectado por esta investigación y estas subvenciones podrían atribuírseles, como se explica en la sección 3.2.2. La información solicitada era, pues, necesaria para que la Comisión estableciera la existencia de subvenciones.

(17) Además, la Comisión brindó también a las autoridades chinas la oportunidad de registrarse como parte interesada y de proporcionar directamente la información solicitada sobre estas cuestiones. En efecto, como se explica en los considerandos 96 y 97, las autoridades egipcias y las autoridades chinas establecieron un mecanismo de gestión con tres niveles administrativos, previstos en el artículo 8 del Acuerdo sobre la Zona de Cooperación Económica y Comercial China-Egipto de Suez, de 2016, entre el Ministerio de Comercio de la RPC y la Autoridad General para la Zona Económica del Canal de Suez. Este mecanismo se establece, entre otras cosas, para tratar las cuestiones que puedan afectar al funcionamiento de la Zona de Cooperación (incluida la imposición de derechos compensatorios sobre las exportaciones desde esa zona).

(18) Por lo tanto, aunque parte de la información solicitada a las autoridades egipcias no estaba en su poder, la Comisión consideró que estas tenían todos los medios necesarios para obtener la información de las autoridades chinas.

(19) Además, la Comisión no estuvo de acuerdo con las autoridades chinas por lo que respecta a la calificación de la solicitud de información. El envío de dicha solicitud se produjo meses después de haberse enviado el cuestionario inicial destinado a las autoridades egipcias. La solicitud de información respondía a la necesidad de la Comisión de recabar datos adicionales que se habían hecho necesarios tras las nuevas pruebas recopiladas en el curso de la investigación. En este contexto, la Comisión señaló que las autoridades chinas ya habían recibido el cuestionario inicial y que se les habían concedido treinta y siete días para responder.

(20) Además, la Comisión señaló que el contenido real de la solicitud de información se limitaba a otras subvenciones pertinentes detectadas durante la investigación, y que el nivel y la cantidad de la información solicitada no eran en modo alguno comparables a los de un cuestionario inicial. Por último, la Comisión observó que el plazo total concedido a las autoridades egipcias para responder a esta solicitud adicional de información, tras una solicitud de prórroga, ascendió a veintidós días, a pesar de encontrarse ya en una fase muy tardía del procedimiento.

(21) Así pues, al comparar el tiempo asignado a las autoridades egipcias para responder a la solicitud de información más extensa del cuestionario inicial con el período concedido para la solicitud de información adicional, la Comisión consideró que había concedido suficiente tiempo a las autoridades egipcias.

(22) A la luz de las consideraciones anteriores, se rechazaron estas alegaciones de las autoridades egipcias.

(23) Tras la comunicación de los principales hechos y consideraciones que sirvieron de base a la imposición de los derechos compensatorios provisionales («la comunicación provisional»), las autoridades egipcias y el productor exportador egipcio dieron a conocer por escrito sus puntos de vista respecto a las conclusiones provisionales.

(24) Se concedió audiencia a las autoridades egipcias y al productor exportador egipcio.

(25) Las autoridades egipcias celebraron asimismo una audiencia con el Consejero Auditor en procedimientos comerciales.

(26) La Comisión estudió las observaciones presentadas por las partes interesadas y las abordó como se describe en el presente Reglamento.

(27) Debido al riesgo de transmisión de la COVID-19 y las consiguientes medidas adoptadas para hacer frente al brote (5), la Comisión no pudo verificar en su totalidad los datos presentados por el productor exportador y las autoridades egipcias. Dado que esta situación se produjo en una fase muy tardía del procedimiento y que ya no era posible encontrar otra solución (como la organización de una reunión a distancia para cotejar la información presentada con otras fuentes verificables, de conformidad con la Comunicación sobre la COVID-19 de la Comisión), la Comisión utilizó de forma excepcional la información presentada por estas partes para el cálculo de la subvención, que se verificó sobre la base de toda la información disponible.

1.4. Comunicación final

(28) La Comisión informó a todas las partes interesadas de los hechos y las consideraciones principales en función de los cuales tenía la intención de imponer un derecho compensatorio definitivo a las importaciones en la Unión de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto («la comunicación final»).

(29) Tras la comunicación final, las autoridades egipcias, el Grupo Jushi, el denunciante y un grupo de usuarios y distribuidores europeos de productos de fibra de vidrio de filamento continuo remitieron observaciones por escrito, en las que daban a conocer su opinión acerca de las conclusiones definitivas.

(30) Se concedió audiencia a las partes que lo solicitaron. Tras la comunicación final, los servicios de la Comisión mantuvieron audiencias con las autoridades egipcias y el Grupo Jushi.

(31) La Comisión estudió las observaciones presentadas por las partes interesadas tras la comunicación final y las abordó en el presente Reglamento.

1.5. Período de investigación y período considerado

(32) En ausencia de observaciones sobre el período de investigación y el período considerado, se confirmó lo expuesto en el considerando 27 del Reglamento provisional.

2. PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

2.1. Alegaciones relativas a la definición del producto

(33) En ausencia de observaciones sobre la definición del producto, la Comisión confirmó las conclusiones a las que había llegado en los considerandos 44 y 48 del Reglamento provisional.

3. SUBVENCIONES

3.1. Subvenciones y programas de subvención en el ámbito de la presente investigación

(34) Sobre la base de la información contenida en la denuncia, en el anuncio de inicio, en el anuncio por el que se modifica el anuncio de inicio y en las respuestas al cuestionario de la Comisión y a la solicitud de información adicional, se investigó la presunta subvención de las autoridades egipcias mediante las siguientes subvenciones: a) Préstamos oficiales preferentes, líneas de crédito, otras financiaciones, seguros y garantías. b) Concesión de bienes y servicios por parte de los poderes públicos a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. — Suministro de energía por parte de los poderes públicos a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. — Suministro de terrenos por parte de los poderes públicos a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. c) Ingresos no percibidos mediante programas de exenciones y reducciones fiscales directas. — Exenciones a tenor de la Ley sobre el impuesto de sociedades (LIS) para las empresas ubicadas en una zona económica especial. d) Ingresos condonados mediante programas relativos a impuestos indirectos y aranceles de importación — Exenciones del impuesto sobre el valor añadido («IVA») y reducciones de los aranceles de importación para el uso de equipos importados. — Exenciones del IVA y de los aranceles de importación para los insumos importados utilizados en los productos acabados exportados.

3.2. Zona de Cooperación Económica y Comercial de Suez («Zona CECS»)

(35) La presunta subvención en Egipto hace referencia a una empresa de la Zona de Cooperación Económica y Comercial China-Egipto de Suez («la Zona CECS»). Esta zona tiene una superficie de 7,34 km2, dividida en una zona inicial de 1,34 km2 y una zona de expansión de 6 km2.

(36) Esta zona económica especial fue creada conjuntamente por China y Egipto, y su historia se remonta a la década de los noventa En ese momento, el entonces presidente egipcio visitó las zonas económicas especiales de China y expresó su deseo de basarse en la experiencia china en relación con dichas zonas, con el fin de establecer una configuración similar en Egipto. Como consecuencia de ello, en 1997 los primeros ministros de China y Egipto firmaron un memorando de entendimiento en el que los dos países acordaron «cooperar para desarrollar la zona económica libre en el norte del Golfo de Suez, compartiendo la experiencia china en la creación de zonas económicas especiales, participando en la modernización de los estudios relativos a la zona y alentando al sector empresarial pertinente de China a aportar contribuciones para la realización de los proyectos dentro de la zona» (6).

(37) A raíz de este acuerdo, China nombró a Tianjin TEDA Investment Holding Co., Ltd. («TEDA Tianjin»), una empresa pública del Gobierno municipal de Tianjin, para asumir la tarea por parte china. TEDA Tianjin se unió a la Administración Egipcia del Canal de Suez, el Banco Nacional de Egipto y otras cuatro empresas públicas egipcias para crear la empresa Egypt China Joint Venture Company («ECJV»), con el fin de desarrollar y construir la zona económica. La parte china poseía el 10 % de las acciones de la ECJV y la parte egipcia, el 90 %. En 1998, el terreno correspondiente de la zona noroccidental del Golfo de Suez se transfirió de la provincia de Suez a la ECJV. Sin embargo, después de ello, el proyecto no avanzó mucho durante varios años (7).

(38) En 2002, la zona más amplia de 20 km2 en la que se encontraba la Zona CECS, la Zona Económica Noroccidental del Golfo de Suez, fue clasificada oficialmente como zona económica especial por las autoridades egipcias (8). En consecuencia, las disposiciones de la Ley egipcia n.o 83/2002, sobre las Zonas Económicas de Naturaleza Especial («Ley 83/2002»), pasaron a aplicarse también a la Zona CECS.

(39) En 2006 se dio un nuevo impulso, cuando China decidió seguir fomentando la «política de globalización» para que las empresas chinas invirtieran en el extranjero. En este contexto, el Ministerio de Comercio de China propuso la creación de las denominadas «zonas de comercio y cooperación en el extranjero», y la Zona CECS se convirtió en una de las dieciocho zonas oficialmente autorizadas (9). En la cumbre de Pekín del Foro de Cooperación China-África de 2006, el presidente chino, Hu Jintao, anunció que «en los próximos tres años, se establecerán de tres a cinco zonas de cooperación económica y comercial exterior en los países africanos» (10).

(40) En 2007, el Ministerio de Comercio organizó una licitación para nombrar a los promotores del segundo lote de zonas de cooperación comercial y económica en el extranjero oficialmente autorizadas. TEDA Tianjin ganó la licitación relativa a la Zona CECS. En octubre de 2008, TEDA Tianjin creó una empresa en participación con el Fondo de Desarrollo China-África para establecer China-Africa TEDA Investment Co., Ltd. («TEDA China-África») como la principal entidad de inversión china en la zona de cooperación. TEDA China-África se unió con la ECJV para crear una nueva empresa, denominada Egypt TEDA Investment Co. («TEDA Egipto»), con el fin de impulsar el desarrollo de la Zona CECS en Egipto. Esta vez, la parte china poseía el 80 % de las acciones y la parte egipcia (representada por la ECJV), el 20 %. Después de que la empresa se creara oficialmente en 2008, el trabajo en la zona progresó rápidamente. El 7 de noviembre de 2009, los entonces primeros ministros de los dos países inauguraron la zona inicial y presentaron la Zona CECS como un importante proyecto de cooperación económica y comercial entre ambos países (11). A finales de 2011, se había completado toda la infraestructura de la zona inicial (12).

(41) En 2012, después de los disturbios civiles en Egipto, el presidente Morsi realizó una visita a China, durante la cual hizo referencia a la zona como un proyecto clave de la cooperación bilateral entre ambos países, y manifestó que esperaba que cada vez más empresas chinas invirtieran en Egipto a través de la zona y mediante proyectos posteriores, participando así en el programa de recuperación de Egipto (13).

(42) En 2013, TEDA Egipto y las autoridades egipcias firmaron un contrato para el terreno de la zona de expansión de 6 km2. Desde 2013, las zonas de cooperación comercial y económica en el extranjero, tales como la Zona CECS, han seguido desarrollándose también en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Las zonas en el extranjero se han convertido así en un importante vector para las inversiones exteriores de las empresas chinas. Como consecuencia de ello, especialmente desde 2013, la Zona CECS se ha incluido en casi todos los textos de cooperación importantes entre los dos Gobiernos (14).

(43) En 2014, Egipto puso en marcha el «Plan de Desarrollo del Corredor del Canal de Suez». En el contexto de este Plan, la Zona Económica Especial fue incorporada oficialmente en 2015 a la Zona Económica del Canal de Suez, una zona más amplia que comprende toda la región alrededor del Canal de Suez, con 461 km2. Toda esta zona se considera en la actualidad una «zona económica de naturaleza especial», de conformidad con la Ley 83/2002 y sus modificaciones (15).

(44) En diciembre de 2015, el presidente al Sisi realizó una visita a China, donde declaró la aceptación por parte de Egipto de la oferta del presidente Xi Jinping para cooperar en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y seguir desarrollando proyectos en Egipto. El 21 de enero de 2016, los dos presidentes inauguraron oficialmente el proyecto de expansión de la Zona CECS relativo a la superficie de ampliación de 6 km2. Durante la visita de Estado de Xi Jinping a Egipto, los dos Gobiernos firmaron también el «Acuerdo entre el Ministerio de Comercio de la República Popular China y la Autoridad General del Canal de Suez en la Zona Económica del Canal de Suez», de 21 de enero de 2016 (en lo sucesivo, «el Acuerdo de Cooperación»). Este Acuerdo de Cooperación aclara aún más la importancia y el estatuto jurídico de la Zona CECS (16).

(45) El principal objetivo del Acuerdo de Cooperación era proporcionar un marco escrito claro para esta cooperación y formalizarlo en el contexto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, incluido el apoyo de las autoridades chinas a las empresas en el extranjero. Sin embargo, no se proporcionaron más detalles sobre los trabajos preparatorios del Acuerdo de Cooperación, a pesar de las peticiones expresas de la Comisión.

(46) De acuerdo con el Acuerdo de Cooperación, los Gobiernos desarrollan conjuntamente la Zona CECS. Lo hacen en consonancia con sus respectivas estrategias nacionales (Iniciativa de la Franja y la Ruta para China, por una parte, y Plan de desarrollo del Corredor del Canal de Suez para Egipto, por otra). Con este fin, las autoridades egipcias proporcionan el terreno, el trabajo y determinadas desgravaciones fiscales, mientras que las empresas chinas que operan en la zona gestionan las instalaciones de producción con sus activos y sus directivos. Para compensar la falta de fondos egipcios, las autoridades chinas también apoyan este proyecto poniendo los medios financieros necesarios a disposición de TEDA Egipto y de las empresas chinas que operan en la Zona CECS.

(47) El productor de productos de fibra de vidrio de filamento continuo que opera en la Zona CECS, Jushi Egipto, está constituido con arreglo a la legislación egipcia y fue creado por una empresa matriz china, el Grupo Jushi. La empresa matriz del productor de productos de fibra de vidrio de filamento continuo es propiedad de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado («SASAC»). Ha recibido la aprobación de las autoridades públicas chinas pertinentes (17) para la creación de una filial en Egipto. La empresa filial se financia con fondos procedentes de China, utilizan materiales y equipos de insumos importados de China, está dirigida por gestores chinos y utilizan conocimientos técnicos chinos. Fabrica productos de fibra de vidrio de filamento continuo en Egipto, que se exportan a la UE desde la Zona CECS.

(48) Con el fin de garantizar la correcta aplicación del Acuerdo de Cooperación mencionado, los dos Gobiernos establecieron también un mecanismo de consulta de tres niveles. En este contexto, la Autoridad General para la Zona Económica del Canal de Suez de la República Árabe de Egipto y la Comisión Municipal de Comercio de Tianjin de la República Popular China firmaron un «Acuerdo de Cooperación sobre el Establecimiento de la Comisión Administrativa para la Zona de Cooperación Económica y Comercial China-Egipto de Suez», encargada de las consultas intergubernamentales de primer nivel. En el segundo nivel, se creó el Comité de Gestión de la Cooperación Económica y Comercial de Suez, para garantizar el debate a nivel técnico entre los departamentos de la administración competente del Gobierno del municipio de Tianjin, en China, y los departamentos de la administración competente de la Autoridad de la Zona Económica del Canal de Suez, en Egipto. Desde 2017 se celebran reuniones periódicas de estos comités. En el tercer nivel, TEDA Egipto y sus homólogos egipcios informan de los problemas y dificultades que se plantean en los niveles de gobierno anteriores.

3.2.1. No cooperación parcial y uso de los datos disponibles en relación con la Zona CECS

3.2.1.1. Aplicación de las disposiciones del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base en relación con las autoridades egipcias

(49) La Comisión pidió a las autoridades egipcias, en la carta relativa a las deficiencias, en la solicitud de información y durante la visita de inspección, que proporcionara información relativa a la Zona de Cooperación Económica y Comercial de Suez en Egipto. Estas solicitudes de información incluyen, entre otras cosas, cuestiones relativas al marco jurídico e institucional y la existencia de acuerdos intergubernamentales entre China y Egipto.

(50) En particular, tras la modificación del anuncio de inicio, la Comisión pidió a las autoridades egipcias información sobre el funcionamiento de la Zona CECS y el fundamento jurídico en que se basa, haciendo especial referencia a la cooperación entre las autoridades egipcias y las chinas en la creación y configuración de dicha Zona como un entorno empresarial capaz de atraer inversores de China. Por otra parte, la Comisión solicitó información sobre el control y la administración de la Zona CECS por parte de la Egypt-TEDA Investment Company, el conglomerado TEDA y el Grupo de Trabajo Conjunto Chino-Egipcio, así como sobre el papel del Fondo de Desarrollo China-África en el contexto de la inversión exterior china. Por último, la Comisión interrogó también a las autoridades egipcias sobre el estatus de la Zona CECS como zona económica y de cooperación de ultramar aprobada por el Ministerio de Comercio.

(51) Al responder a la solicitud de información, las autoridades egipcias facilitaron solo parte de la información solicitada, y dejaron sin respuesta una parte sustancial de la solicitud.

(52) Las autoridades egipcias facilitaron la información relativa a la base jurídica de la Zona CECS, proporcionando los acuerdos internacionales firmados por las autoridades egipcias y las chinas que constituyen la base jurídica de su cooperación, destinada a beneficiar a las empresas establecidas en la Zona CECS, como es el caso del productor exportador.

(53) Sin embargo, la Comisión sigue careciendo de información sobre acuerdos, memorandos de entendimiento u otros documentos acordados entre las autoridades chinas y las egipcias en relación con la Zona CECS. A modo de ejemplo, la Comisión encontró referencias de acceso libre a las «Directrices de aplicación quinquenal para mejorar la asociación estratégica global entre la RPC y la República Árabe de Egipto», de 2016.

(54) Además, en abril de 2017 se creó oficialmente un comité conjunto de gestión de la Zona de Cooperación Económica y Comercial de Suez de TEDA China-Egipto. En julio de 2017, se creó el Comité de Coordinación Intergubernamental, que celebró su primera reunión conjunta. La Comisión no recibió documentación escrita sobre las reuniones celebradas en el marco de estos diversos mecanismos de consulta, salvo por lo que respecta a la celebración de una reunión de la Comisión Administrativa.

(55) Ante la ausencia de dicha información, la Comisión consideró que no había recibido información fundamental pertinente para este aspecto de la investigación.

(56) Por lo tanto, la Comisión informó a las autoridades egipcias de que, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, podría tener que recurrir a los datos disponibles al examinar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones a empresas situadas en la Zona CECS. Las autoridades egipcias se opusieron y subrayaron que habían cooperado plenamente con la Comisión. Sin embargo, la Comisión consideró que la información sobre la colaboración precisa entre los dos Gobiernos en la creación y administración de la Zona CECS era crucial para la evaluación jurídica del caso, tal como se explica en la sección 3.2.2. Lamentablemente, solo había recibido algunos documentos pertinentes después de la correspondiente verificación, por lo que no pudo comprobar su autenticidad. Además, no pudo realizar ningún debate de seguimiento con las autoridades egipcias sobre detalles significativos que podrían arrojar luz sobre el alcance y el grado de cooperación entre los dos Gobiernos en la zona.

(57) En vista de las consideraciones anteriores, la Comisión aplicó el artículo 28 del Reglamento de base y se basó en los hechos disponibles con respecto a estos puntos.

3.2.2. Valoración jurídica

(58) El funcionamiento de la Zona CECS constituye una estrecha cooperación entre las autoridades egipcias y las autoridades chinas, una cooperación que se refleja particularmente en una empresa en participación en el territorio del país exportador. Los Gobiernos de Egipto y China han puesto en común sus recursos para ofrecer al productor de productos de fibra de vidrio de filamento continuo de la Zona CECS condiciones favorables que le beneficien. Dicha puesta en común de recursos a través de esta cooperación estrecha contribuye a un objetivo común y beneficia a un beneficiario común, Jushi Egipto.

3.2.3. Contribución financiera de un Gobierno o un organismo público

(59) De conformidad con el artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento de base, existe una subvención si existe una contribución financiera por parte de una administración pública en el país de origen o de exportación. De manera similar, con arreglo al artículo 1.1, letra a), punto 1, del Acuerdo SMC, solo existe subvención cuando hay «una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público».

(60) Las autoridades egipcias han proporcionado terrenos y han ofrecido varias ventajas fiscales a Jushi Egipto. Así pues, estas subvenciones son explotadas y concedidas directamente por las autoridades egipcias.

(61) Sin embargo, desde la celebración del Memorando de Entendimiento en 1997, las autoridades egipcias han intentado activamente apoyar a la zona no solo directamente, mediante la entrega de terrenos y la desgravación fiscal, sino también indirectamente, a través de la ayuda acordada por el Gobierno chino para el desarrollo de la Zona CECS en su territorio. De hecho, de conformidad con lo dispuesto en el Memorando de Entendimiento, las autoridades egipcias alentaron expresamente «al sector empresarial de China a aportar contribuciones para la realización de proyectos dentro de la zona». Tras la visita del presidente Morsi a China en agosto de 2012, la Zona CECS recibió «una atención y un apoyo sin precedentes de las autoridades egipcias» (18). En virtud del artículo 1 del Acuerdo de Cooperación de 2016, ambas partes acordaron desarrollar la Zona «de conformidad con […] las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en ambos países».

(62) El artículo 1 de la legislación por la que se aplica el Acuerdo de Cooperación especifica además que «El Comité de Gestión [responsable de la coordinación y de la gestión del trabajo diario de la Zona de Cooperación] se establece en consonancia con los acuerdos bilaterales y multilaterales y con las leyes y reglamentos vigentes firmados o en los que participan la República Popular China y la República Árabe de Egipto». En virtud del artículo 4 del Acuerdo de Cooperación, ambas partes prometen «apoyar y facilitar la construcción, el comercio y el funcionamiento de la Zona de Cooperación». A tal fin, Egipto ha acordado que China lo designe como «zona de comercio y cooperación en el extranjero».

(63) China confirmó en el artículo 4, apartado 1, del Acuerdo de Cooperación que la zona en cuestión «tiene derecho al apoyo político pertinente y a las medidas de facilitación proporcionadas por el Gobierno chino para las zonas de cooperación económica y comercial en el extranjero». Además, en el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación, las autoridades chinas se comprometieron explícitamente a «apoyar» a la zona, entre otras cosas, «mediante el fomento de las instituciones financieras pertinentes para proporcionar asistencia financiera» a las empresas y las inversiones en la zona.

(64) Además, según el artículo 2, apartado IV, del «Acuerdo de cooperación sobre el establecimiento de un Comité de Gestión para la Zona de Cooperación Económica y Comercial China-Egipto de Suez», el Comité de Gestión «realizará los mayores esfuerzos para aplicar sin dificultades todas las políticas de incentivos de las leyes y reglamentos chinos y egipcios», y el artículo 2, apartado V, añade que «coordinará y facilitará el trabajo de las instituciones financieras pertinentes, en particular, pero no exclusivamente, las entidades bancarias, las entidades de seguro y los distintos fondos que prestan apoyo crediticio a la Zona de Cooperación y a las empresas residenciales, y ayudará a la Zona de Cooperación y a las empresas residenciales a explorar más canales de financiación». Por último, según el artículo 7 del mismo Acuerdo, las autoridades egipcias y chinas se comprometieron a que las leyes existentes o futuras que concedan un trato más favorable que el Acuerdo de Cooperación prevalezcan sobre este último. La financiación preferente de las autoridades chinas para el productor de productos de fibra de vidrio de filamento continuo de la Zona es el resultado de estos compromisos y debe considerarse en ese contexto.

(65) Las autoridades egipcias y las autoridades chinas unieron sus fuerzas en pos de varios fines.

(66) Por parte egipcia, como se expresó al más alto nivel político (19), el objetivo era atraer inversiones, conocimientos técnicos y capital chinos para promover el desarrollo económico de la Zona Económica del Canal de Suez y crear empleo. Con arreglo a la Planificación egipcia a largo plazo para 2022, publicada por el Departamento de Planificación de Egipto en noviembre de 2013, la Zona CECS desempeñará un papel importante en la modernización de la industria de Egipto, obteniendo divisas a través de la exportación, creando impuestos y resolviendo el problema del desempleo (20).

(67) Por parte china, la motivación era diferente. Desde el punto de vista de las propias empresas, Egipto tiene ciertas ventajas en términos de costes laborales más bajos y plazos de entrega más cortos en los principales mercados, como la UE. Además, según se menciona en el folleto de las obligaciones emitido por el Grupo Jushi en 2014: «las barreras comerciales proteccionistas han aumentado los precios de mercado de las exportaciones de fibra de vidrio de China encubiertas, lo que tiene un impacto negativo en las exportaciones de fibra de vidrio del Grupo Jushi. […] tras la puesta en marcha de Jushi Egyptian Glass Co., Ltd. en 2013, la demanda de productos de estas tres regiones (21) será satisfecha por Jushi Egipto. Las tres regiones arriba mencionadas no impondrán derechos antidumping a los productos egipcios de Jushi y el impacto de las políticas antidumping en el Grupo Jushi se reducirá considerablemente. El principio de la fijación de precios preliminar de los productos egipcios de fibra de vidrio de Jushi para los clientes de las tres regiones mencionadas es compartir el ahorro arancelario con los clientes y disfrutar el ahorro total de los derechos antidumping y los gastos de envío del expedidor». De hecho, desde 2011 (22) y finales de 2014 (23), las importaciones de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarias de China han estado sujetas a derechos antidumping y compensatorios en la UE, y la Unión es una de las «tres regiones» a las que se hace referencia en el folleto de las obligaciones.

(68) Desde la perspectiva de las autoridades chinas, según el Decimotercer Plan Quinquenal para el Desarrollo del Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, una de las principales tareas de este plan es mejorar la cooperación comercial con los países a lo largo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, con el fin de promover y ampliar las exportaciones de productos de alta tecnología, como los productos de fibra de vidrio de filamento continuo. El plan contiene la siguiente declaración: «Estabilizar las exportaciones de productos beneficiosos, como los productos intensivos, a los países antes mencionados, aprovechar las oportunidades de construir infraestructuras para dichos países, e impulsar las exportaciones de grandes conjuntos completos de equipos, tecnologías, normas y servicios. Adaptarse a la tendencia de transformación y de mejora de las industrias de estos países y acelerar las exportaciones de productos electromecánicos y de alta tecnología. ... Intensificar la expansión de los mercados emergentes y, después de considerar exhaustivamente la dimensión económica, la velocidad de crecimiento, la dotación de recursos, el grado de riesgo y otros factores, seleccionar varios mercados emergentes para la expansión primaria. Ampliar las exportaciones de equipos técnicos avanzados y fomentar las exportaciones de industrias y productos de gran calidad y gama alta comparativamente ventajosos». Las medidas previstas para realizar estas tareas incluyen el «desarrollo de zonas de desarrollo económico y tecnológico y varios parques a nivel estatal».

(69) Como se indica en un artículo, «con arreglo a las orientaciones de los servicios del Gobierno en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y en conexión con la estrategia del país de acogida al más alto nivel, las zonas de cooperación en el extranjero se han convertido en un vehículo para aplicar la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la cooperación internacional en materia de capacidad de producción» (24).

(70) Las zonas en el extranjero tienen, por tanto, varios objetivos estratégicos para China. En primer lugar, podrían contribuir a aumentar la demanda de maquinaria y equipos fabricados en China. En segundo lugar, al producir en el extranjero y exportar a Europa o Norteamérica, las empresas chinas podrían evitar fricciones comerciales y las barreras al comercio impuestas a las exportaciones procedentes de China. En tercer lugar, podrían ayudar a la industria china a impulsar su propia reestructuración interna y ascender en la cadena de valor doméstica (25).

(71) De lo anterior se desprende que el Gobierno egipcio espera y acoge con satisfacción la financiación china para una estrecha cooperación en la Zona CECS, con el fin de impulsar el desarrollo de una de sus regiones más pobres. El Gobierno chino esperaba que las empresas chinas pudieran operar fuera de los territorios chinos y ampliar sus exportaciones en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (posiblemente para no quedar sometido a medidas de defensa comercial).

(72) En estas circunstancias, la Comisión consideró que el término «poderes públicos» del artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento de base debía incluir no solo las medidas que emanan directamente de las autoridades egipcias, sino también las medidas de las autoridades chinas que pueden atribuirse a las egipcias sobre la base de las pruebas disponibles.

(73) Como sostuvo el Órgano de Apelación («OA») en el asunto de la gasolina en los Estados Unidos (26), la legislación de la OMC no puede leerse de forma totalmente aislada del Derecho internacional general. En particular, los principios generales del Derecho internacional forman, de este modo, parte del ordenamiento jurídico de la OMC, que no es un régimen autónomo (27). De conformidad con el artículo 3.2 del ESD y el artículo 31, apartado 3, letra c), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT), en la evaluación del contexto de los términos de un tratado debe tenerse en cuenta «toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes».

(74) Estas «normas» incluyen el Derecho internacional consuetudinario (28), que, por definición, es vinculante para todos los miembros de la OMC, incluidos Egipto, China y la Unión Europea. Un importante sector del Derecho internacional consuetudinario es el régimen de responsabilidad del Estado, que ha sido codificado por la Comisión de Derecho Internacional (CDI, Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos) (29), de conformidad con su mandato en virtud del artículo 13, apartado 1, letra a), de la Carta de las Naciones Unidas.

(75) Las normas de los Artículos de la CDI son también «pertinentes» en el sentido del artículo 31, apartado 3, letra c), de la CVDT, ya que proporcionan orientación para la interpretación del concepto de atribución, es decir, cuándo determinados actos u omisiones pueden atribuirse a un Estado, incluso cuando esos actos u omisiones no emanan directamente de dicho Estado. A este respecto, el concepto de atribución adquiere relevancia para interpretar los términos «de un gobierno» del encabezamiento del artículo 1.1, letra a), punto 1), del Acuerdo SMC, y más en particular para determinar la atribución correcta de una conducta en una situación de cooperación entre dos Estados en relación con las subvenciones, como en el asunto que nos ocupa (30).

(76) Así pues, los Artículos de la CDI pueden utilizarse para interpretar los términos «por el gobierno» del encabezamiento del artículo 1.1, letra a), punto 1), del Acuerdo SMC, a fin de atribuir la conducta (concesión de una subvención) a las autoridades egipcias, incluso en los casos en que estas no hayan realizado directamente la contribución financiera.

(77) A este respecto, la Comisión señaló que el artículo 11 de los Artículos de la CDI establece, en particular, que «la conducta no imputable a un Estado en virtud de los artículos precedentes se considerará no obstante un acto de dicho Estado con arreglo al Derecho internacional siempre y en la medida en que el Estado reconozca y adopte como propio el comportamiento de que se trate». El comentario de la CDI al artículo 11 explica que «los casos de aplicación del principio [de imputación del Estado a través del reconocimiento y la adopción de un comportamiento] pueden encontrarse en las decisiones judiciales y en la práctica estatal» (31). Como se recuerda en el considerando 6 del mismo comentario, es necesario que un Estado «identifique el comportamiento en cuestión y lo haga suyo».

(78) Desde el inicio del proyecto en 1997, el Gobierno egipcio hizo de la financiación china de Jushi Egipto parte de su propia política para la zona. El presidente Morsi dio públicamente la bienvenida a la inversión y el capital chinos durante su visita a China en agosto de 2012, y el Departamento de Planificación de Egipto reconoció en noviembre de 2013 que la Zona CECS desempeñaría un papel importante en la modernización de la industria de Egipto. En otra visita a China de diciembre de 2014, el presidente al Sisi «manifestó que la propuesta del presidente Xi Jinping de establecer conjuntamente la Iniciativa de la Franja y la Ruta ofrecía una oportunidad significativa para la recuperación egipcia y la parte egipcia estaba dispuesta a participar activamente y a prestar su apoyo. La parte egipcia deseaba cooperar con China en el desarrollo de los proyectos del Corredor del Canal de Suez, la Zona de Cooperación Económica y Comercial de Suez, etc., y atraer a las empresas chinas para que invirtieran en Egipto» (32).

(79) Las características de la Iniciativa china de la Franja y la Ruta son públicas. Los artículos 30 a 36 de los «Dictámenes de orientación sobre la promoción de la capacidad de producción internacional y la cooperación en la fabricación de equipos», de 13 de mayo de 2015, enumeran todas las medidas de apoyo a las que pueden acogerse las empresas que operan en el extranjero. Incluyen políticas de apoyo presupuestarias y fiscales, préstamos en condiciones favorables, apoyo financiero a través de préstamos sindicados, créditos a la exportación y financiación de proyectos, inversión en capital y, por fin, seguros de crédito a la exportación. Su artículo 31 hace referencia a «préstamos en condiciones favorables» que «ayudarán a las empresas a participar en la exportación de conjuntos completos de equipo a gran escala, contratación de proyectos y proyectos de inversión a gran escala». En la práctica, esta política ha dado lugar a numerosas financiaciones preferentes por parte de los bancos o por el Fondo de la Ruta de la Seda, creado específicamente con arreglo al artículo 35 de los Dictámenes de orientación del Consejo de Estado, tal como estableció recientemente la Comisión en otro asunto (33).

(80) Dado que los presidentes de Egipto eran sin duda conscientes de que la Iniciativa de la Franja y la Ruta china implica una gran financiación estatal mediante financiación preferente y otros instrumentos financieros, hubo, por tanto, un claro acto de reconocimiento y adopción al más alto nivel político de dicho apoyo financiero de las autoridades chinas mediante la creación conjunta de la Zona CECS con China.

(81) El hecho de que Egipto haya reconocido y adoptado la financiación preferente china se apoya además en el texto del Acuerdo de Cooperación de 2016. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación, Egipto aceptó explícitamente que China pudiera aplicar su legislación con respecto a los operadores de la Zona CECS o las operaciones en dicha zona. Con este fin, el Gobierno egipcio también estuvo de acuerdo en que China designara la Zona CECS como «zona de inversión en el extranjero» con arreglo a su legislación. Dado que las «zonas de inversión en el extranjero» son un vehículo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, como se indica en el considerando 66, y puesto que esta iniciativa utiliza financiación preferente como herramienta, dicha designación en el artículo 4 del Acuerdo de Cooperación, en el que China también confirmó que la zona en cuestión «tiene derecho a un apoyo político pertinente y a la facilitación ofrecida por el Gobierno chino para las zonas de cooperación económica y comercial en el extranjero», tuvo como consecuencia que Jushi Egipto pudiera solicitar préstamos preferentes de las entidades de crédito oficial chinas y condiciones preferentes para el seguro de exportación. Egipto también aprobó el artículo 5, según el cual el Gobierno chino también apoyaría la Zona de Cooperación «animando a las instituciones financieras pertinentes a proporcionar facilidades de financiación para […] proyectos de inversión situados en la Zona de Cooperación, siempre que se cumplan las condiciones de préstamo y los requisitos de utilización del préstamo». Como ya se constató en una investigación previa, la financiación preferente china no se gestiona mediante programas de financiación claramente establecidos con estrictos criterios de subvencionabilidad, sino más bien mediante la identificación al más alto nivel de varias industrias fomentadas (34). La designación oficial de la Zona CECS en Egipto como zona de inversión en el extranjero para las empresas chinas tras un acuerdo común entre los dos presidentes y el «estímulo» del artículo 5 encajan perfectamente en el modelo habitual según el cual las entidades de crédito oficial chinas activan la financiación preferente.

(82) Por lo tanto, las medidas preferentes chinas a favor de las entidades chinas establecidas en Egipto fueron «identificadas» y «hechas suyas» por Egipto.

(83) Además, los funcionarios egipcios estuvieron presentes continuamente en el mecanismo de aplicación de tres niveles mencionado en el considerando 45. La tarea del mecanismo de aplicación es «coordinar y facilitar instituciones financieras pertinentes, en particular, pero no exclusivamente, las entidades bancarias, las entidades de seguro y los distintos fondos que prestan apoyo crediticio a la Zona de Cooperación y a las empresas residenciales, y ayudar a la Zona de Cooperación y a las empresas residenciales a explorar más canales de financiación» de conformidad con el artículo 2, apartado V, del Acuerdo de Aplicación. El artículo 2, apartado 4, del mismo documento obliga a los funcionarios a «hacer todo lo posible para aplicar sin dificultades todas las políticas de incentivos de las leyes y reglamentos chinos y egipcios». Esto refleja el conocimiento compartido de Egipto y China de que la parte china no proporciona dinero a precios de mercado, que Jushi Egipto podría recibir de inversores en el mercado internacional, sino que ofrece proactivamente incentivos estatales, que es otra expresión para beneficios o preferencias.

(84) Al aplicar esta disposición, Egipto también ha expresado su pleno apoyo a la financiación preferente china en beneficio del productor de productos de fibra de vidrio de filamento continuo de la zona. En vista de la falta parcial de cooperación de las autoridades egipcias sobre este aspecto crucial de la investigación, la Comisión no pudo establecer más detalles al respecto; sin embargo, las pruebas disponibles indican que los dos Gobiernos cooperaron como se ha descrito anteriormente en beneficio del productor exportador de productos de fibra de vidrio de filamento continuo situado en la Zona.

(85) De las pruebas se desprende que las contribuciones financieras en forma de financiación preferente de los organismos públicos chinos a Jushi Egipto pueden atribuirse a las autoridades egipcias como Gobierno del país de origen o de exportación con arreglo al artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento de base. Las pruebas mostraron que las autoridades egipcias respaldaron el apoyo financiero preferente que las autoridades chinas otorgaron al productor de productos de fibra de vidrio de filamento continuo de la zona, en consonancia con los compromisos acordados para desarrollar y apoyar las actividades económicas de la zona.

(86) En este contexto, la Comisión señaló además que la posibilidad de que los Gobiernos proporcionen una contribución financiera indirectamente a través de organismos privados no es exógena al Reglamento de base ni al Acuerdo SMC (35). De hecho, en los casos en que los Gobiernos encomiendan a organismos privados un comportamiento determinado o se lo ordenan, una cuestión clave es que debe existir «un vínculo demostrable» entre el acto del Gobierno y el comportamiento del organismo privado (36). De manera similar, en este caso, existe un vínculo claro y explícito entre las acciones positivas adoptadas por China para proporcionar la ayuda financiera acordada al productor exportador de productos de fibra de vidrio de filamento continuo y las autoridades egipcias.

(87) Por consiguiente, la Comisión consideró que la financiación preferente concedida por las autoridades chinas al productor exportador de productos de fibra de vidrio de filamento continuo de la zona equivale a contribuciones financieras de las autoridades egipcias en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base (37).

3.2.4. Beneficio

(88) La Comisión consideró entonces si estas contribuciones financieras atribuibles a las autoridades egipcias otorgaban un beneficio a Jushi Egipto con arreglo al artículo 3, punto 2, del Reglamento de base. Recordó que esta empresa estaba operando en Egipto y se había constituido según la legislación egipcia. Por lo tanto, en principio procede examinar si el destinatario de la financiación recibió mejores condiciones que las que habría recibido en el mercado financiero egipcio. La Comisión verificó este punto y quedó convencida de que así fue, por un elevado margen.

(89) No obstante, la Comisión también tuvo en cuenta las circunstancias excepcionales del presente asunto. Como se indica en el considerando 44, el productor exportador es en última instancia propiedad de la SASAC. Los organismos públicos chinos concedieron la financiación preferente tras la negociación y firma de los documentos pertinentes en China, y los destinatarios la recibieron directa o indirectamente a través de su empresa matriz en China (préstamos entre empresas). Además, tal como se establece en el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación, el Gobierno egipcio aceptó que estas entidades recibieran un apoyo preferente, incluidos, por lo tanto, los préstamos baratos con arreglo a la legislación china, es decir, en condiciones chinas. Los organismos públicos chinos facilitaron dicha financiación de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación, con arreglo a las políticas de financiación preferente aplicadas en China. Como se explica en el considerando 42, estas disposiciones del Acuerdo de Cooperación codifican prácticas previamente establecidas.

(90) Por lo tanto, la Comisión concluyó que la adopción y el reconocimiento por el Gobierno egipcio de las contribuciones financieras de los organismos públicos chinos a Jushi Egipto incluían también su elemento de beneficio. Por consiguiente, estableció tipos de mercado para la financiación preferente y calculó el beneficio en consecuencia. Observó que este enfoque razonable dio lugar a importes de subvención más bajos que los que resultarían de aplicar un hipotético valor de referencia egipcio.

3.2.5. Especificidad

(91) En cuanto al tercer punto, relativo a la especificidad, la Comisión examinó si estas subvenciones eran específicas, tal como se exige en el artículo 4, apartados 2 a 4, del Reglamento de base.

(92) A través del reconocimiento y la adopción, las autoridades egipcias eran la autoridad otorgante con respecto a la financiación preferente. En particular, las autoridades egipcias han reconocido y aprobado la designación por las autoridades chinas de la Zona CECS como territorio de inversión en el extranjero con arreglo al artículo 4 del Acuerdo de Cooperación, y han respaldado su plena aplicación mediante, por ejemplo, la provisión de financiación preferente por las autoridades chinas.

(93) Estas subvenciones están a disposición de Jushi Egipto solo por el hecho de que la empresa opera en la Zona Económica del Canal de Suez (de la que forma parte la Zona CECS). Por consiguiente, la Comisión concluyó que eran subvenciones regionales a tenor del artículo 4, apartado 3, del Reglamento de base y que entraban dentro de la competencia de la autoridad otorgante de conformidad con el artículo 4, apartados 2 a 4, del Reglamento de base.

3.2.6. Conclusión

(94) En conclusión, la Comisión constató que tanto las subvenciones concedidas por Egipto a empresas que operan en la Zona CECS (suministro de terrenos, desgravaciones fiscales), como las subvenciones concedidas indirectamente a través de la financiación preferente de las autoridades chinas, están sujetas a medidas compensatorias con arreglo a los artículos 2 a 4 del Reglamento de base. Estas últimas son atribuibles a Egipto por el hecho de que reconoce y adopta las medidas de las autoridades chinas como suyas, por ejemplo, a través del Acuerdo de Cooperación, la estrecha cooperación y los distintos niveles de mecanismos de cooperación. Las contribuciones financieras también confirieron beneficios y eran específicas. La Comisión examinó todas las subvenciones pertinentes con mayor detalle, como se expone más adelante.

(95) Tras la comunicación definitiva (38), las autoridades egipcias y el productor exportador cuestionaron estas conclusiones exponiendo cinco puntos. En primer lugar, con arreglo al Derecho internacional era imposible atribuir a las autoridades egipcias actos soberanos de las autoridades chinas. En segundo lugar, la Comisión no tuvo en cuenta su propio Reglamento de base, según el cual la autoridad otorgante debe ser una entidad establecida en el territorio del país de origen o de exportación, y no fuera de él. En tercer lugar, la atribución de actos chinos a Egipto también infringió el Derecho de la OMC, que no podía interpretarse a la luz del artículo 11 de los Artículos de la CDI sobre la responsabilidad del Estado. En cuarto lugar, el artículo 11 de los Artículos de la CDI ni siquiera era aplicable a los hechos de que se trata. En quinto lugar, las contribuciones financieras a Jushi no cumplían los requisitos de especificidad establecidos en el artículo 3 del Reglamento de base.

(96) Las autoridades egipcias y el productor exportador pusieron de relieve, en su primer punto, el principio de soberanía en Derecho internacional. Desde su punto de vista, un acto solo puede ser atribuido a un Estado cuando dicho acto se lleve a cabo en virtud de la autoridad de dicho Estado. Por lo tanto, los actos de las entidades con autoridad china solo son atribuibles al Estado chino.

(97) La Comisión rechazó esta alegación. El principio de igualdad soberana en el Derecho internacional, consagrado en el artículo 2, apartado 1, de la Carta de las Naciones Unidas, prohíbe que un Estado ejerza sus competencias en el territorio de otro Estado contra la voluntad del Estado territorial. No obstante, los Estados son libres de autorizar la actuación de otro Estado en su territorio. La actuación del Estado invitado en el territorio del Estado de acogida puede entonces ser imputable al Estado de acogida. Por ejemplo, esta norma se desprende directamente de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1974, sobre la definición de la agresión, considerada en general como codificación del Derecho internacional consuetudinario. Con arreglo al artículo 3, letra f), de dicha Resolución, la agresión de un Estado contra otro Estado se define no solo como un ataque directo a través de sus propios órganos estatales, sino también como «la acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado». Evidentemente, si Cuba hubiera permitido a la Unión Soviética atacar a Estados Unidos con misiles rusos desde el territorio cubano en 1962, ello habría generado la responsabilidad internacional de Cuba por actos de agresión contra Estados Unidos. En consecuencia, el Derecho internacional reconoce la posibilidad de atribuir la acción de un Estado invitado al Estado de acogida e incluso de sancionar al Estado de acogida por ello si la acción del Estado invitado perjudica a un tercer Estado.

(98) En segundo lugar, las autoridades egipcias y el productor exportador alegaron que no hay margen para atribuir el comportamiento de las autoridades chinas a Egipto con arreglo al Reglamento de base de la UE. La definición de «poderes públicos» con arreglo al artículo 2, letra b), del Reglamento de base estaba expresamente vinculada al territorio de la autoridad otorgante. La expresión «que sea de la competencia territorial» que figura en dicha disposición tenía por objeto garantizar la seguridad jurídica y no podía ser interpretada a la luz del Derecho internacional o de la OMC.

(99) A este respecto, la Comisión señaló que el artículo 2, letra b), del Reglamento de base dispone lo siguiente: «se entenderá por "poderes públicos" cualquier organismo público que sea de la competencia territorial del país de origen o de exportación». La Comisión estuvo de acuerdo en que esta disposición abarca la acción de los poderes públicos desde cuyo territorio se exportan los productos subvencionados a la Unión Europea. Así ocurre en el presente caso. El producto considerado se fabrica en Egipto y se exporta desde Egipto a la Unión Europea. Las autoridades egipcias, como autoridad otorgante, están situadas en el territorio de Egipto.

(100) Sin embargo, el artículo 2, letra b), del Reglamento de base no habla de la cuestión distinta de qué acción pueden autorizar los poderes públicos en su territorio y reconocer como propia. Al igual que el concepto de «organismo público», el concepto de «poderes públicos» está abierto a la interpretación, teniendo en cuenta su contexto, objeto y finalidad. Así pues, las acciones atribuibles a los poderes públicos del país de origen o de exportación no solo pueden ser acciones emanadas directamente de dichos poderes públicos, sino también acciones imputables a un poder público de este tipo. Esto queda confirmado también por los términos del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento de base, cuando se refieren a una contribución financiera «de» los poderes públicos. Por las mismas razones, las alegaciones de las autoridades egipcias, que invocan varias disposiciones del Acuerdo SMC [por ejemplo, el artículo 1.1, letra a), punto 1, el artículo 13, el artículo 18.1, letra a), y la nota 63] son inoperantes. Si bien es cierto que las disposiciones del Reglamento de base «deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz de las disposiciones equivalentes del Acuerdo sobre Subvenciones» (39), estas disposiciones no se oponen a la propuesta de que una contribución financiera pueda ser prestada por otro Estado que el gobierno territorial reconoce y adopta como propio.

(101) Por consiguiente, se rechazó la segunda alegación derivada del concepto estricto de territorialidad con arreglo al artículo 2, letra b), del Reglamento de base y al artículo 1.1, letra a), punto 1, del Acuerdo SMC.

(102) La tercera objeción se refería a la importancia de los Artículos de la CDI sobre la responsabilidad del Estado a este respecto. En opinión de las autoridades egipcias y el productor exportador, no existe ninguna facultad para invocar el artículo 11 de los Artículos de la CDI, puesto que el Órgano de Apelación en «Estados Unidos – Derechos antidumping y derechos compensatorios (China)» (40) solo se refirió a sus artículos 4, 5 y 8.

(103) La Comisión rechazó esta alegación. No hay razón para afirmar que solo son pertinentes para la interpretación de las normas de la OMC determinados principios del Derecho internacional consuetudinario consagrados en los artículos 4, 5 u 8 de los Artículos de la CDI sobre la responsabilidad del Estado, pero no otros. El Órgano de Apelación de la OMC siempre ha aplicado los conceptos del Derecho consuetudinario general, que son pertinentes para evaluar los hechos en cuestión. Además de las normas sobre atribución, los principios de «estoppel» o de buena fe también forman parte del ordenamiento jurídico de la OMC, por ejemplo. En el presente asunto, las autoridades egipcias no han rebatido las circunstancias fácticas de haber invitado, reconocido y facilitado la aplicación de la financiación preferente china a las empresas que operan en Egipto. Para este conjunto de circunstancias, se pueden extraer orientaciones interpretativas del artículo 11 de los Artículos de la CDI, que también se ha mencionado en la jurisprudencia sobre inversiones internacionales (41). Por lo tanto, el artículo 11 de los Artículos de la CDI es una norma de Derecho internacional pertinente en el sentido del artículo 31, apartado 3, letra c), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para interpretar el concepto de «gobierno» en el Acuerdo SMC.

(104) Según la cuarta objeción, el artículo 11 de los Artículos de la CDI no es aplicable a los hechos de que se trata. Con arreglo a este artículo, un Estado puede asumir la responsabilidad de un comportamiento como Estado sucesor tras la adquisición de suelo. Un Gobierno también puede reconocer como suyo el comportamiento privado de sus ciudadanos. No obstante, el artículo no prevé que un Estado adopte actos de un poder soberano como propios.

(105) La Comisión también rechazó esta objeción. El título del artículo 11 de los Artículos de la CDI es «Comportamiento que el Estado reconoce y adopta como propio», sin consideración del autor del acto original. Esta norma se desprende directamente de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1974, sobre la definición de la agresión, considerada en general como codificación del Derecho internacional consuetudinario. Con arreglo al artículo 3, letra f), de dicha Resolución, la agresión de un Estado contra otro Estado se define no solo como un ataque directo a través de sus propios órganos estatales, sino también como «la acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado».

(106) Además de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1974 (véase el considerando 97), la Corte Internacional de Justicia también ha afirmado la libertad de los Estados para adoptar actos extranjeros como propios (42). Por lo tanto, la práctica internacional no respalda la opinión de Egipto de que la atribución con arreglo al artículo 11 de los Artículos de la CDI se limita a casos de sucesión territorial o en que el Gobierno reconoce y adopta actos ilícitos privados en el propio territorio del Estado.

(107) En su quinta objeción, las autoridades egipcias y el productor exportador sostuvieron que las contribuciones financieras de las autoridades chinas a entidades en Egipto no eran específicas. Citaron el artículo 4, apartado 2, del Reglamento de base, según el cual el destinatario de la contribución financiera debe estar «dentro de la jurisdicción de la autoridad otorgante». En su opinión, la expresión «autoridad otorgante» no significa «autoridad que reconoce y adopta». Además, en investigaciones anteriores, la autoridad otorgante para las entidades chinas fue siempre el Gobierno chino. Las autoridades egipcias concluyeron que la contribución financiera de las autoridades chinas no puede ser específica «puesto que las empresas establecidas en Egipto no están dentro de la jurisdicción de China».

(108) La Comisión reiteró que consideraba que las autoridades egipcias eran la autoridad otorgante en virtud de su adopción y reconocimiento de los préstamos preferentes chinos. Como Jushi Egipto opera en la Zona Económica Especial, entra también dentro de la jurisdicción de las autoridades egipcias. La recepción de esta ayuda financiera también se limitó específicamente a las empresas que operan en esta zona y era, por lo tanto, específica.

(109) Aunque fuera necesario demostrar que las autoridades chinas habían ejercido su jurisdicción sobre estas empresas antes de que las autoridades egipcias pudieran adoptar el comportamiento chino como propio, lo que no es el caso, el resultado no cambiaría. Al firmar los artículos 1 y 4, apartado 1, del Acuerdo de Cooperación, las autoridades egipcias habían acordado que las empresas que operan en la zona recibirían «apoyo político pertinente y medidas de facilitación proporcionadas por el Gobierno chino para las zonas de cooperación económica y comercial en el extranjero» y que el desarrollo de la zona se haría de conformidad con la legislación de «ambos países». Además de ejercer su propia jurisdicción territorial, las autoridades egipcias también autorizaron, por lo tanto, a China a conceder una ayuda específica a las empresas establecidas en «zonas de cooperación económica y comercial en el extranjero». Por tanto, se rechaza esta alegación.

(110) En resumen, la Comisión confirmó su conclusión de que las autoridades egipcias reconocieron y adoptaron como propio el apoyo a la inversión de capital, los préstamos para Jushi Egipto y la puesta a disposición de terrenos por TEDA Egipto y, por lo tanto, proporcionaron subvenciones específicas en el sentido de los artículos 2 a 4 del Reglamento de base.

3.3. Financiación preferente

3.3.1. Préstamos de entidades de crédito oficial a Jushi Egipto

3.3.1.1. No cooperación parcial y uso de los datos disponibles

Aplicación de las disposiciones del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base en relación con las autoridades egipcias

(111) Como se menciona en el considerando 8, la Comisión envió una solicitud de información a las autoridades egipcias con el objetivo de investigar en profundidad la cooperación entre estas y las autoridades chinas para beneficiar al productor exportador.

(112) En concreto, una parte de la solicitud de información abordaba la conducta de las instituciones financieras chinas de propiedad estatal y, en particular, su conducta en tanto que organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base, leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base, y de conformidad con la jurisprudencia pertinente de la OMC, al conceder préstamos al productor exportador en el marco de la cooperación entre las autoridades chinas y las autoridades egipcias.

(113) A tal fin, la Comisión solicitó a las autoridades egipcias una visión de conjunto del sector financiero de China y el papel de las entidades de crédito oficial, como el CDB y el EXIM, en la concesión de préstamos o créditos a la exportación al Grupo Jushi. La Comisión pidió a las autoridades egipcias, directamente o a través de las autoridades chinas, que enviaran el apéndice A de la solicitud de información a los mencionados bancos.

(114) Las autoridades egipcias no facilitaron ninguno de los datos solicitados y alegaron que no disponían de información sobre las entidades situadas en China ni sobre las normas aplicables en ese país, y que no tenían jurisdicción para solicitar dicha información. Según las autoridades egipcias, al solicitarles dicha información, la Comisión estaba vulnerando su derecho de defensa y el principio de soberanía de los Estados.

(115) La Comisión discrepó de este parecer. Como se ha indicado anteriormente, las autoridades egipcias y las autoridades chinas decidieron conjuntamente cooperar para establecer la Zona CECS, de modo que las subvenciones de las autoridades chinas pudieran atribuirse a las autoridades egipcias. La Comisión señaló además que las autoridades egipcias y las autoridades chinas establecieron un mecanismo de gestión con tres niveles administrativos, previstos en el artículo 8 del Acuerdo sobre la Zona de Cooperación Económica y Comercial China-Egipto de Suez, de 2016, entre el Ministerio de Comercio de la RPC y la Autoridad General para la Zona Económica del Canal de Suez. Esta disposición hace referencia a la obligación de cooperar con respecto a las cuestiones que afecten al funcionamiento de la Zona (como, por ejemplo, situaciones en que terceros países impongan derechos compensatorios sobre las exportaciones procedentes de dicha Zona). Este mecanismo dotaba a las autoridades egipcias de la capacidad de recabar la información solicitada de las autoridades chinas. Asimismo, la Comisión, de conformidad con el Derecho internacional (artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969), estimó que las autoridades chinas habían cumplido sus compromisos con las autoridades egipcias de buena fe respondiendo a la solicitud de información que estas les remitieron.

(116) Por lo tanto, la Comisión consideró que las autoridades egipcias estaban en condiciones de obtener la información solicitada de las autoridades chinas, pero no lo hicieron. Aunque algunas de las informaciones solicitadas solo podían ser facilitadas por las autoridades chinas, la Comisión consideró que la falta de cooperación por parte de las autoridades egipcias y las autoridades chinas a este respecto implicaba que la Comisión solo podía basar sus conclusiones sobre este aspecto de la investigación en la información disponible. Ni las autoridades egipcias ni ninguna de las partes interesadas (incluidas las autoridades chinas) pusieron en duda los hechos en los que se basó la Comisión para su evaluación; solo refutaron su calificación jurídica.

(117) A falta de esos datos, la Comisión consideró que no había recibido información crucial para este aspecto de la investigación.

3.3.1.2. El EXIM y el CDB

(118) En vista de la falta de cooperación de las autoridades egipcias y las autoridades chinas que se explica en la sección 3.2.1, la Comisión recurrió a las disposiciones del artículo 28 del Reglamento de base para evaluar la conducta del EXIM y del CDB como organismos públicos.

(119) A este respecto, el criterio aplicable para establecer que una empresa de propiedad estatal es un organismo público es el siguiente (43): «lo que importa es si una entidad está facultada para ejercer funciones gubernamentales, y no cómo ha obtenido esa facultad. Un gobierno en sentido estricto puede otorgar facultades a las entidades de muy diversas maneras. En consecuencia, diferentes tipos de pruebas pueden ser pertinentes para demostrar que se han conferido esas facultades a una entidad determinada. Las pruebas de que una entidad ejerce, de hecho, funciones gubernamentales pueden constituir una prueba de que posee o se le han otorgado facultades gubernamentales, en particular cuando esas pruebas indican la existencia de una práctica sostenida y sistemática. De ello se desprende, a nuestro juicio, que las pruebas de que un gobierno ejerce un control significativo sobre una entidad y sobre su comportamiento pueden constituir, en determinadas circunstancias, prueba de que la entidad en cuestión posee facultades gubernamentales y actúa en ejercicio de dichas facultades para llevar a cabo funciones gubernamentales. Subrayamos, no obstante, que aparte de una delegación expresa de facultades en un instrumento jurídico, no es probable que la existencia de meros vínculos formales entre una entidad y el gobierno en sentido estricto sea suficiente para establecer la requerida existencia de posesión de facultades gubernamentales. Así, por ejemplo, el mero hecho de que un gobierno sea el accionista mayoritario de una entidad no demuestra que ejerza un control significativo sobre su comportamiento, y menos aún que el gobierno le haya conferido facultades gubernamentales. No obstante, en algunos casos, cuando las pruebas demuestran que hay múltiples indicios formales del control ejercido por el gobierno, y también hay pruebas de que ese control se ejerce de manera significativa, esas pruebas pueden permitir deducir que la entidad en cuestión ejerce facultades gubernamentales».

(120) La Comisión trató de localizar información acerca de la propiedad estatal, así como indicios formales de control gubernamental en los bancos de propiedad estatal. También analizó si el control se había ejercido de manera significativa. A tal efecto, la Comisión tuvo que basarse totalmente en los datos disponibles, ya que las autoridades egipcias y los bancos de propiedad estatal se negaron a proporcionar ninguna prueba.

Propiedad e indicios formales de control

(121) Por lo que respecta a la propiedad y los indicios formales de control por parte de las autoridades chinas, en investigaciones antisubvención anteriores (44) la Comisión constató que el EXIM se formó y funciona a tenor del «Anuncio de creación del Banco de Importación y Exportación de China» del Consejo de Estado y de sus propios estatutos. Según sus estatutos, el Estado nombra directamente a los directores del EXIM. El Consejo de Estado nombra la junta de supervisores de conformidad con el Reglamento provisional relativo a las juntas de supervisores de las instituciones financieras clave de propiedad estatal (Decreto n.o 282 del Consejo de Estado) y demás leyes y reglamentos; y la junta de supervisores rinde cuentas al Consejo de Estado.

(122) Los estatutos también mencionan que el Comité del Partido del EXIM desempeña un cometido central y eminentemente político para que el EXIM aplique las políticas del Estado y vele por el mayor desarrollo del Partido. La dirección del Partido está implicada en todos los aspectos del gobierno corporativo. Los estatutos también contemplan que el EXIM se dedique a potenciar el desarrollo del comercio exterior y la cooperación económica, la inversión transfronteriza, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la cooperación internacional y la fabricación de equipos. Su ámbito de actividad son los préstamos a corto, medio y largo plazo, que se aprueban y están en línea con las políticas estatales de comercio exterior y de «internacionalización», como las de crédito a la exportación y a la importación, préstamos a la ingeniería contratados en el extranjero, préstamos a la inversión en el exterior, préstamos para ayuda al exterior del Gobierno de China y préstamos a las ventas de exportación.

(123) Por otra parte, según su sitio web (45), el EXIM es «una entidad de crédito oficial de propiedad y financiación estatal con el estatuto de entidad jurídica independiente. El banco se encuentra bajo la dirección del Consejo de Estado y se dedica a apoyar el comercio exterior, la inversión y la cooperación económica internacional de China».

(124) Por lo que se refiere al CDB, la Comisión estableció en anteriores investigaciones antisubvención que este banco es propiedad en su totalidad del Estado (46). Dado que no se ha facilitado información que indique lo contrario, la Comisión mantuvo la misma conclusión en la presente investigación.

Ejercicio de un control significativo

(125) La Comisión pidió asimismo información sobre si las autoridades chinas ejercían un control significativo sobre el funcionamiento del banco de propiedad estatal en lo relativo a sus políticas de préstamo y la evaluación del riesgo al conceder préstamos a la industria de los productos de fibra de vidrio de filamento continuo. Debido a la falta de cooperación de las autoridades egipcias, la Comisión recurrió a los mejores datos disponibles y, en particular, a la información de libre acceso y a las conclusiones de investigaciones antisubvención anteriores (47).

(126) A este respecto, se tuvieron en cuenta los siguientes documentos normativos: — el artículo 34 de la Ley de la República Popular China sobre Bancos Comerciales («la Ley Bancaria»); — el artículo 15 de las Normas Generales sobre Préstamos (ejecutadas por el Banco Popular de China); — las «Disposiciones temporales para la promoción del ajuste estructural industrial» (Decisión n.o 40/2005 del Consejo de Estado) («la Decisión n.o 40»); — las medidas de ejecución de la Comisión de Regulación Bancaria de China («CBIRC») en cuestiones de licencias administrativas de los bancos comerciales de financiación china (Orden de la CBIRC n.o 1, 2017); — las medidas de ejecución de la CBIRC en cuestiones de licencias administrativas de los bancos comerciales de financiación extranjera (Orden de la CBIRC n.o 4, 2015); — las medidas administrativas relativas a las cualificaciones de los directores y altos cargos de las instituciones financieras del sector bancario (CBIRC n.o 3, 2013).

(127) Tras haber estudiado estos documentos normativos, la Comisión concluyó que las instituciones financieras chinas operan en un entorno jurídico general que las conduce a alinearse con los objetivos de política industrial de las autoridades chinas al tomar decisiones financieras, por los motivos siguientes.

(128) Por lo que respecta al EXIM, su mandato de función pública está establecido en la «Notificación de la creación del Banco de Importación y Exportación de China» y en sus propios estatutos.

(129) A nivel general, el artículo 34 de la Ley Bancaria, que se aplica a todas las instituciones financieras que operan en China, dispone que «la banca comercial deberá desarrollar su negocio de préstamo con arreglo a las necesidades del desarrollo económico y social nacional y de acuerdo con las orientaciones de las políticas industriales del Estado». A pesar de que el artículo 4 de la Ley Bancaria establece que «la banca comercial realizará sus operaciones empresariales sin interferencias de ninguna unidad o persona» y que «la banca comercial asumirá con independencia la responsabilidad civil con la totalidad de su propiedad como persona jurídica», de la investigación se desprendió que dicho artículo se aplica subordinado al artículo 34 de la Ley Bancaria, es decir, que cuando el Estado establece una política pública, los bancos la aplican y siguen las instrucciones estatales.

(130) Además, el artículo 15 de las Normas Generales sobre Préstamos establece que: «con arreglo a la política del Estado, los departamentos pertinentes podrán subvencionar los intereses sobre los préstamos, con la intención de promover el crecimiento de determinadas industrias y el desarrollo económico de determinadas áreas».

(131) De modo análogo, la Decisión n.o 40 da instrucciones a todas las instituciones financieras para que presten apoyo en forma de créditos específicamente a proyectos «fomentados». El capítulo III de la Decisión n.o 40 hace referencia al «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial», que consta de tres tipos de contenidos, a saber: el de los proyectos fomentados, el de los proyectos limitados y el de los proyectos eliminados. De conformidad con el artículo XVII de la Decisión, «si el proyecto de inversión se enmarca en el contenido de los proyectos fomentados, será examinado, aprobado y registrado con arreglo a la normativa nacional pertinente en materia de inversión; todas las instituciones financieras concederán créditos a estos proyectos con arreglo a los principios crediticios; los equipos importados para uso propio incluidos en el importe total de la inversión, con la excepción de las materias primas incluidas en el contenido de materias primas importadas no exentas (modificado en 2000) emitido por el Ministerio de Hacienda, pueden quedar exentos de derechos de importación y del impuesto sobre el valor añadido vinculado con la importación, a no ser que se adopten nuevas normas relativas al contenido de los proyectos de inversión no exentos. Se ejecutarán otras políticas en los proyectos industriales fomentados con arreglo a las disposiciones nacionales pertinentes».

(132) El «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial (versión de 2011) (modificación de 2013)» (48) incluye en la categoría I, «Fomento»: «XII. Materiales de construcción: […] 6. Tecnología de estirado en hornos de cuba para fibras de vidrio libres de metales alcalinos y desarrollo tecnológico y producción de fibra de vidrio y productos de gran rendimiento hasta 50 000 toneladas/año».

(133) Los proyectos relacionados con la producción de productos de fibra de vidrio de filamento continuo forman parte, por consiguiente, de la categoría «fomentada».

(134) Por ello, la Decisión n.o 40 confirma la anterior constatación, relativa a la Ley Bancaria, de que los bancos ejercen facultades gubernamentales en forma de operaciones de crédito preferente. La Comisión concluyó asimismo que la CBIRC tiene una extensa autoridad de aprobación de todos los aspectos de gestión del conjunto de las instituciones financieras establecidas en China (incluidas las de propiedad privada y las extranjeras), tales como (49): — la aprobación del nombramiento de todos los gestores de las instituciones financieras, tanto de las sedes como de las filiales locales; — la aprobación de la CBIRC es necesaria para la contratación en todos los niveles de gestión, desde los más altos cargos hasta los directores de agencias, lo que también incluye los nombramientos de gestores de filiales en el extranjero y los de funciones de apoyo (como, por ejemplo, la informática); y — una miríada de aprobaciones administrativas: para abrir filiales, iniciar nuevos ramos de actividad o vender nuevos productos, modificar los estatutos del banco, vender más del 5 % de sus acciones, incrementar el capital, trasladar la sede o cambiar de forma organizativa, etc.

(135) Sobre esta base, la Comisión concluyó que las autoridades chinas han creado un marco normativo que deben cumplir los gestores y supervisores por ellas designados, que también deben rendirles cuentas. Por tanto, las autoridades chinas se basan en el marco normativo para ejercer control de forma significativa sobre el funcionamiento del banco de propiedad estatal que cooperó, al conceder préstamos a la industria de los productos de fibra de vidrio de filamento continuo.

(136) Además del marco jurídico general, se aplica el siguiente contexto jurídico a los préstamos concedidos por el EXIM y el CDB a Jushi Egipto.

(137) El 6 de noviembre de 2009, TEDA China-África y el EXIM firmaron un Memorando de Entendimiento de cooperación estratégica, presentando un plan global por un importe total de 6 000 millones CNY, para llevar a cabo una cooperación estratégica general en las zonas de cooperación comercial y económica en el extranjero.

(138) El 7 de noviembre de 2009, seis zonas de cooperación comercial y económica africanas, entre ellas la Zona CECS, firmaron el Pacto de Reunión Conjunta entre las zonas chinas de cooperación comercial y económica en el extranjero (en África) y el Fondo de Desarrollo China-África, una filial de CDB.

(139) Además, en 2013 el Ministerio de Comercio publicó una «Comunicación sobre los aspectos relacionados con el apoyo del Banco de Desarrollo de China al establecimiento y desarrollo de zonas de cooperación económica y comercial en el extranjero». Con arreglo a esta Comunicación, el Ministerio de Comercio y el CDB «proporcionarán apoyo político a la inversión y a la financiación a las empresas e iniciativas que entren en la Zona en zonas de cooperación elegibles». El CDB aclarará «las condiciones básicas de financiación prioritaria en la zona de cooperación de conformidad con los requisitos del Ministerio de Comercio y del Ministerio de Hacienda» y «apoyará selectivamente los proyectos en construcción y los proyectos de cooperación a los que el Ministerio de Comercio haya prestado mucha atención con los Gobiernos anfitriones de la zona de cooperación».

(140) El artículo 4 del Acuerdo de Cooperación entre China y Egipto de 2016 establece que «el Gobierno chino identifica la zona de cooperación como zona de cooperación económica y comercial de China en el extranjero. La zona de cooperación […] tiene derecho al apoyo político pertinente y a las medidas de facilitación proporcionadas por el Gobierno chino para las zonas de cooperación económica y comercial en el extranjero». Además, de conformidad con el artículo 5, el Gobierno chino también apoyará la Zona de Cooperación «animando a las instituciones financieras pertinentes a proporcionar facilidad de financiación para […] proyectos de inversión situados en la Zona de Cooperación, siempre que se cumplan las condiciones de préstamo y los requisitos de utilización del préstamo».

(141) El artículo 2, apartado IV, del «Acuerdo de cooperación sobre el establecimiento de un Comité de Gestión para la Zona de Cooperación Económica y Comercial China-Egipto de Suez», por el que se aplica el acuerdo mencionado, establece además que el Comité de Gestión creado entre los departamentos funcionales pertinentes del Gobierno popular de Tianjin y la Autoridad General para la Zona Económica del Canal de Suez «realizarán los mayores esfuerzos para aplicar sin dificultades todas las políticas de incentivos de las leyes y reglamentos chinos y egipcios» y el artículo 2, apartado V, añade que «coordinará y facilitará el trabajo de las instituciones financieras pertinentes, en particular, pero no exclusivamente, las entidades bancarias, las entidades de seguro y los distintos fondos que prestan apoyo crediticio a la zona de cooperación y a las empresas residenciales, y ayudará a la zona de cooperación y a las empresas residenciales a explorar más canales de financiación».

(142) Por último, la Comisión estableció provisionalmente que todas las instituciones financieras de propiedad estatal, incluidos el EXIM y el CDB, aplicaron el marco jurídico expuesto anteriormente ejerciendo funciones gubernamentales con respecto al sector de los productos de fibra de vidrio de filamento continuo. Por tanto, eran organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base, leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base y de conformidad con la correspondiente jurisprudencia de la OMC.

3.3.1.3. Bancos de propiedad estatal que actúan como organismos públicos

(143) En línea con las conclusiones expuestas en los considerandos anteriores, la Comisión decidió utilizar los datos disponibles para determinar si esos bancos pueden considerarse organismos públicos.

(144) En investigaciones antisubvención anteriores (50), la Comisión concluyó que los siguientes bancos, que habían concedido préstamos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, eran de propiedad total o parcial del Estado, directamente o a través de personas jurídicas: China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank y Huaxia Bank, Hankou Bank, Hubei Bank, Huishang Bank, Dongying Bank, Bank of Tianjin, Bank of Kunlun, Shanghai Rural Commercial Bank, China Industrial International Trust Limited, Daye Trust Co., Ltd. y Sinotruk Finance Co., Ltd. Puesto que no se ha facilitado ninguna información que indique lo contrario, la Comisión mantuvo la misma conclusión en la presente investigación.

(145) La Comisión también estableció la propiedad y el control de las autoridades chinas, en ausencia de información específica en otro sentido procedente de las entidades financieras en cuestión, basándose en indicios formales, por las mismas razones expuestas en la sección 3.3.1.2. En particular, según los datos disponibles, cabría suponer que los gestores y los supervisores de los bancos de propiedad estatal son nombrados por las autoridades chinas, a las que rinden cuentas, igual que el EXIM.

(146) Por lo que respecta al ejercicio de un control de modo significativo, la Comisión consideró que el marco normativo analizado en la sección 3.3.1.2 se les aplica de manera idéntica. A falta de indicación en sentido contrario, según los datos disponibles, la ausencia de pruebas tangibles de evaluaciones de la solvencia crediticia es válida para ellos del mismo modo, por lo cual el análisis de la aplicación concreta del marco normativo que se expone en la sección 3.3.1.2 se les aplica de manera idéntica.

(147) Sobre esa base, la Comisión llegó a la conclusión de que los otros bancos de propiedad estatal que conceden préstamos a las empresas incluidas en la muestra son también poderes públicos en el sentido del artículo 2, letra b), leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

3.3.1.4. Conclusión sobre las instituciones financieras de propiedad estatal

(148) A la luz de estas consideraciones, la Comisión llegó a la conclusión de que todas las instituciones financieras de propiedad estatal china que concedieron préstamos o arrendamiento financiero al productor exportador o a su grupo son organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(149) Además, aunque no hubiera que considerar organismos públicos a las instituciones financieras de propiedad estatal, la Comisión cree que se consideraría que habían recibido encomienda u orden de las autoridades chinas para llevar a cabo funciones que suelen ser propias del Gobierno, en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base, por las mismas razones expuestas en los considerandos 131 a 133. De este modo, su comportamiento sería atribuido a las autoridades chinas en cualquier caso.

3.3.1.5. Encomienda u orden a instituciones financieras privadas

(150) A continuación, la Comisión pasó a estudiar las otras instituciones financieras. Sobre la base de las conclusiones de investigaciones antisubvención anteriores (51), a las que se añadió información de libre acceso, se consideró que las siguientes instituciones financieras eran de propiedad privada: China Minsheng Bank, Sumitomo Mitsui Banking (China) Co., Ltd, Standard Chartered Bank y Ping An Bank. La Comisión analizó si estas instituciones financieras habían recibido encomienda u orden de las autoridades chinas de conceder subvenciones al sector de los productos de fibra de vidrio de filamento continuo en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(151) Según el Órgano de Apelación de la OMC, un Gobierno «encomienda» cuando otorga responsabilidad a una entidad privada, y «ordena» cuando ejerce su autoridad sobre una entidad privada (52). En ambos casos, el Gobierno recurre a una entidad privada para que, en su nombre, efectúe la contribución financiera y «en la mayoría de los casos cabría esperar que la encomienda o la orden impartida a una entidad privada entrañara alguna forma de amenaza o estímulo» (53). Al mismo tiempo, el inciso iv) no permite a los miembros imponer medidas compensatorias a productos «cuando el gobierno solo ejerce sus competencias reguladoras generales» (54) o cuando la intervención gubernamental «puede tener o no un resultado particular simplemente sobre la base de circunstancias de hecho y del ejercicio de la libertad de elección por los agentes en dicho mercado» (55). Al contrario, encomendar u ordenar implican «una función más activa que los meros actos de estímulo» por parte del Gobierno (56).

(152) La Comisión observó que el marco normativo relativo a la industria que se ha mencionado en la sección 3.3.1.2 se aplica a todas las instituciones financieras de China, con inclusión de las instituciones financieras de propiedad privada. Para ilustrarlo, la Ley Bancaria y las diversas órdenes de la CBIRC van dirigidas a los bancos de financiación china y a los bancos con capital extranjero gestionados por la CBIRC.

(153) A falta de información en otro sentido procedente de las instituciones financieras privadas, la Comisión llegó a la conclusión de que, por lo que respecta a la industria de los productos de fibra de vidrio de filamento continuo, todas las instituciones financieras que operan en China bajo supervisión de la CBIRC (también las privadas) habían recibido encomienda u orden del Estado, en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), primer guion, del Reglamento de base, de alinearse con las políticas gubernamentales y conceder a dicha industria préstamos a tipos preferentes.

(154) Además, el marco normativo aplicable a todos los bancos de China es mucho más amplio que las dos normas por las que se rige la CBIRC, como se expone en el considerando 106.

(155) Por lo que respecta al ejercicio de un control de modo significativo, la Comisión consideró que el marco normativo analizado en la sección 3.3.1.2 se les aplica de manera idéntica. A falta de indicación en sentido contrario, según los datos disponibles, la ausencia de pruebas tangibles de evaluaciones de la solvencia crediticia es válida para ellos del mismo modo que para el banco de propiedad estatal que cooperó, por lo cual el análisis de la aplicación concreta del marco normativo que se expone en la sección 3.3.1.2 se les aplica de manera idéntica.

(156) Sobre esa base, la Comisión llegó a la conclusión de que los otros bancos de propiedad estatal que conceden préstamos a Jushi Egipto son también poderes públicos en el sentido del artículo 2, letra b), leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

3.3.1.6. Calificaciones crediticias

(157) En investigaciones antisubvención anteriores (57), la Comisión ya había establecido que las calificaciones crediticias chinas concedidas a empresas chinas no eran fiables, sobre la base de un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (58) que mostraba la divergencia entre las calificaciones crediticias internacionales y las chinas, y en combinación con los hallazgos de la investigación relativa a las empresas incluidas en la muestra. Según el FMI, más del 90 % de las obligaciones chinas están calificadas de AA a AAA por las agencias locales, lo que no es comparable a otros mercados, como el de la UE o el de los EE. UU., en el cual menos del 2 % de las empresas disfrutan de tales calificaciones. Así pues, las agencias de calificación crediticia chinas se inclinan marcadamente hacia la parte alta de la escala de calificación. Sus escalas de calificación son muy amplias, y tienden a agrupar obligaciones con riesgos de impago significativamente distintos en una amplia categoría de calificación (59).

(158) Además, algunas agencias de calificación externas, como Standard & Poor’s y Moody’s, tienden a aplicar un incremento a la calificación crediticia de referencia del emisor partiendo de una estimación de la importancia estratégica de la empresa para el Gobierno chino y de la fortaleza de cualquier garantía implícita al calificar las obligaciones chinas emitidas en el exterior (60). Fitch, por ejemplo, indica claramente, cuando corresponde, que dichas garantías constituyen un elemento fundamental al establecer su calificación crediticia de empresas chinas (61).

(159) Basándose en información de libre acceso, la Comisión estableció, en primer lugar, que el Estado puede ejercer cierta influencia en el mercado de las calificaciones crediticias. Según dos estudios de 2016, eran unas doce las agencias de calificación crediticia activas en el mercado chino, la mayoría de ellas de propiedad estatal. Un 60 % de las obligaciones de empresa calificadas en China lo han sido por una agencia de calificación de propiedad estatal (62).

(160) En investigaciones anteriores (63), las autoridades chinas confirmaron que eran doce las agencias de calificación crediticia activas en el mercado de obligaciones de China, diez de ellas nacionales, como Global Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co. Ltd, Golden Credit Rating International Co. Ltd, China Chengxin Securities Rating Co. Ltd, Pengyuan Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Fareast Credit Rating Co., Ltd, China Bond Rating Co. Ltd, China Securities Index Co. Ltd, o Shanghai Credit Information Services Co. Ltd. También había dos agencias de calificación crediticia en participación chino-extranjera, a saber, China Lianhe Credit Rating Co. Ltd y China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. A falta de información que indicara lo contrario, la Comisión consideró que la situación no había cambiado.

(161) En segundo lugar, no se entra libremente al mercado chino de la calificación crediticia. Se trata, básicamente, de un mercado cerrado, ya que las agencias de calificación tienen que ser aprobadas por la Comisión Reguladora de Valores de China o por el Banco Popular de China antes de empezar a operar (64). A mediados de 2017, el Banco Popular de China anunció que se autorizaría a las agencias de calificación crediticia extranjeras a emitir calificaciones crediticias sobre una parte del mercado de obligaciones nacional, bajo determinadas condiciones. Sin embargo, durante el período de investigación, todavía no se había admitido a ninguna agencia de calificación crediticia extranjera (65). No obstante, entre tanto, algunas agencias extranjeras se establecieron en participación con determinadas agencias de calificación crediticia locales que emiten calificaciones crediticias sobre emisiones de obligaciones nacionales. Con todo, estas calificaciones siguen las escalas de calificación chinas, por lo que no son exactamente comparables con las internacionales, como ya se ha expuesto.

(162) Por último, un estudio reciente realizado por el Banco Popular de China confirma las conclusiones de la Comisión, afirmando que «si el nivel de inversión de las obligaciones extranjeras se sitúa en la calificación internacional BBB– y superior, entonces el grado de inversión de las obligaciones nacionales podría clasificarse en el nivel AA– y superior, teniendo en cuenta la diferencia entre la calificación nacional media y la calificación internacional de 6 o más grados» (66).