3)

Los artículos 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: «Artículo 3 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros, tal y como se identifican en los sitios web relacionados en el anexo II, podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas y tras haber comprobado que los capitales o recursos económicos: a) son necesarios para sufragar gastos básicos, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos; b) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos; c) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de capitales o recursos económicos inmovilizados. Cuando la autorización se refiera a alguna de las personas, entidades u organismos mencionados en el anexo I, los Estados miembros notificarán al Comité de Sanciones su intención de autorizar el acceso a tales capitales o recursos económicos. No deberán autorizarlo cuando reciban una decisión negativa del Comité de Sanciones en un plazo de dos días hábiles desde tal notificación. 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 2 y siempre que la medida se refiera a alguna de las personas, entidades u organismos mencionados en el anexo I, las autoridades competentes de los Estados miembros, tal y como se identifican en los sitios web relacionados en el anexo II, podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas, tras haber comprobado que los capitales o recursos económicos son necesarios para gastos extraordinarios, siempre que los Estados miembros hayan notificado tal comprobación al Comité de Sanciones y que éste haya aprobado dicha comprobación, en las condiciones contempladas en el apartado 14.e) de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1572 (2004). 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 2 y siempre que la autorización se refiera a alguna de las personas, entidades u organismos mencionados en el anexo IA, las autoridades competentes de los Estados miembros, tal y como se identifican en los sitios web relacionados en el anexo II, podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas, tras haber comprobado que los capitales o recursos económicos son necesarios para gastos extraordinarios, siempre que el Estado miembro haya notificado los motivos por los que considera oportuna la concesión de una autorización específica a todos los demás Estados miembros y a la Comisión como mínimo dos semanas antes de la citada autorización. Artículo 4 No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros , tal y como se identifican en los sitios web relacionados en el anexo II, podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados cuando concurran las siguientes condiciones: a) los capitales o recursos económicos están sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral establecido con anterioridad a la fecha en que la persona, entidad u organismo citados en el artículo 2 quedaron sujetos a lo dispuesto en el presente Reglamento, o a una resolución judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de esa fecha; b) los capitales o recursos económicos se utilizarán exclusivamente para satisfacer obligaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales resoluciones, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores; c) el embargo o la sentencia no beneficia a ninguna de las personas, entidades u organismos citados en los anexos I o IA; d) el reconocimiento del embargo o de la resolución no es contrario a la política pública aplicada en el Estado miembro de que se trate; y e) si la autorización se refiere a alguna de las personas, entidades u organismos citados en el anexo I, los Estados miembros han notificado el embargo o la resolución al Comité de Sanciones.».