ES Diario Oficial de la Unión Europea L 319/30

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2232 DE LA COMISIÓN

de 4 de diciembre de 2017

por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y de Vietnam y fabricado por determinados productores exportadores de estos dos países, y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), y en particular su artículo 266,

Visto el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (1) («Reglamento de base»), y en particular su artículo 9, apartado 4, y su artículo 14, apartados 1 y 3,

Considerando lo siguiente:

A. PROCEDIMIENTO

(1) El 23 de marzo de 2006, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) n.o 553/2006, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero («calzado») procedentes de la República Popular China («China») y de Vietnam (2) («Reglamento provisional»).

(2) Mediante el Reglamento (CE) n.o 1472/2006 (3), el Consejo estableció derechos antidumping definitivos de entre el 9,7 % y el 16,5 % sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y de China para un período de dos años [«Reglamento (CE) n.o 1472/2006 del Consejo» o «Reglamento impugnado»].

(3) Mediante el Reglamento (CE) n.o 388/2008 (4), el Consejo amplió las medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de China a las importaciones procedentes de la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao, independientemente de que el origen declarado fuera o no la RAE de Macao.

(4) A raíz de una reconsideración por expiración iniciada el 3 de octubre de 2008 (5), el Consejo amplió las medidas antidumping por quince meses mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 (6), es decir, hasta el 31 de marzo de 2011, fecha en que expiraron las medidas [«Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009»].

(5) Brosmann Footwear (HK) Ltd., Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd., Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd. y Risen Footwear (HK) Co. Ltd., así como Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. («los solicitantes»), presentaron recursos contra el Reglamento impugnado ante el Tribunal de Primera Instancia (en la actualidad, el Tribunal General). Mediante las sentencias de 4 de marzo de 2010 en el asunto T-401/06 Brosmann Footwear (HK) y otros contra Consejo, y de 4 de marzo de 2010 en los asuntos acumulados T-407/06 y T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes y Wenzhou Taima Shoes contra Consejo, el Tribunal General desestimó dichos recursos.

(6) Los solicitantes recurrieron dichas sentencias. En sus sentencias de 2 de febrero de 2012 en el asunto C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) y otros contra Consejo, y de 15 de noviembre de 2012 en el asunto C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes contra Consejo («las sentencias Brosmann y Aokang»), el Tribunal de Justicia anuló lasmencionadas sentencias. Determinó que el Tribunal General había incurrido en error de Derecho al considerar que la Comisión no estaba obligada a examinar las solicitudes de trato de economía de mercado («TEM») con arreglo al artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base presentadas por operadores comerciales que no formasen parte de la muestra (véase el apartado 36 de la sentencia en el asunto C-249/10 P, y los apartados 29 y 32 de la sentencia en el asunto C-247/10 P).

(7) A continuación, el Tribunal de Justicia se pronunció en los siguientes términos: «[…] la Comisión debería haber examinado las alegaciones probadas que las recurrentes le habían presentado sobre la base del artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base dirigidas a obtener el TEM en el marco del procedimiento antidumping al que se refiere el Reglamento impugnado. Debe observarse, a continuación, que no se excluye que dicho examen hubiese conducido a que se les impusiera un derecho antidumping definitivo distinto al derecho del 16,5 % que les es aplicable en virtud del artículo 1, apartado 3, del Reglamento impugnado. En efecto, de esta disposición se desprende que se impuso solo un derecho antidumping definitivo del 9,7 % al operador chino que figuraba en la muestra que obtuvo el TEM. Pues bien, como se desprende del apartado 38 de la presente sentencia, si la Comisión hubiese comprobado que las condiciones de una economía de mercado también prevalecían para las recurrentes, al no ser posible calcular un margen de dumping individual, estas también deberían haber gozado de dicho porcentaje.» (apartado 42 de la sentencia en el asunto C-249/10 P y apartado 36 de la sentencia en el asunto C-247/10 P).

(8) Como consecuencia de ello, el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento impugnado por lo que se refiere a los solicitantes afectados.

(9) En octubre de 2013, la Comisión comunicó, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (7), que había decidido retomar el procedimiento antidumping en el mismo punto donde se produjo la ilegalidad y examinar si prevalecían las condiciones de economía de mercado en el caso de los solicitantes durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005. En el anuncio se invitaba a las partes interesadas a presentarse y darse a conocer.

(10) En marzo de 2014, el Consejo, mediante su Decisión de Ejecución 2014/149/UE (8), rechazó la propuesta de la Comisión de adoptar un Reglamento de Ejecución del Consejo que restableciera un derecho antidumping definitivo y percibiera definitivamente el derecho provisional establecido sobre determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y producido por Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd y Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, y puso fin a los procedimientos con relación a dichos productores. El Consejo consideró que los importadores que habían comprado calzado a productores exportadores a los que las autoridades nacionales competentes habían reembolsado los correspondientes derechos de aduana con arreglo al artículo 236 del Reglamento (CEE) n.o 2913/1992, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (9) («el Código aduanero comunitario»), habían adquirido confianza legítima sobre la base del artículo 1, apartado 4, del Reglamento impugnado, que había establecido la aplicabilidad de las disposiciones del Código aduanero comunitario, y en particular su artículo 221, a la percepción de los derechos.

(11) Tres importadores del producto afectado, C & J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») y Timberland Europe B.V. («Timberland») («los importadores afectados») impugnaron las medidas antidumping sobre las importaciones de determinado calzado procedentes de China y Vietnam invocando la jurisprudencia mencionada en los considerandos 5 a 7 ante sus tribunales nacionales, que remitieron los asuntos al Tribunal de Justicia para un procedimiento prejudicial.

(12) El 4 de febrero de 2016, en los asuntos acumulados C-659/13, C & J Clark International Ltd, y C-34/14, Puma SE (10), el Tribunal de Justicia declaró nulos el Reglamento (CE) n.o 1472/2006 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 del Consejo porque la Comisión Europea no examinó las solicitudes de TEM ni de trato individual («TI») presentadas por productores exportadores de China y Vietnam no incluidos en la muestra («sentencias»), incumpliendo las disposiciones del artículo 2, apartado 7, letra b), y del artículo 9, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo (11).

(13) Por lo que respecta al asunto C-571/14, Timberland Europe, el Tribunal de Justicia decidió, el 11 de abril de 2016, archivar el asunto a petición del órgano jurisdiccional nacional remitente.

(14) El artículo 266 del TFUE establece que las instituciones deben adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia. En caso de anulación de un acto adoptado por las instituciones de la Unión en el marco de un procedimiento administrativo, como las medidas antidumping, la ejecución de la sentencia del Tribunal consiste en la sustitución del acto anulado por otro nuevo en el que se elimine la ilegalidad detectada por el Tribunal de Justicia (12).

(15) De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, el procedimiento destinado a sustituir el acto anulado puede reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad (13). En particular, esto implica que, en una situación en la que se anula un acto por el que se concluye un procedimiento administrativo, dicha anulación no afecta necesariamente a los actos preparatorios, como el inicio del procedimiento antidumping. En una situación en la que se anula un reglamento que establece medidas antidumping definitivas, esto significa que, tras la anulación, el procedimiento antidumping permanece abierto, porque el acto por el que se concluye el procedimiento antidumping ha desaparecido del ordenamiento jurídico de la Unión (14), a no ser que la ilegalidad se haya producido en la fase de inicio.

(16) Al margen del hecho de que las instituciones de la Unión no examinaron las solicitudes de TEM y TI presentadas por los productores exportadores de China y Vietnam no incluidos en la muestra, todas las demás conclusiones del Reglamento (CE) n.o 1472/2006 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 del Consejo siguen siendo válidas.

(17) En el presente caso, la ilegalidad se produjo después del inicio del procedimiento. De ahí que la Comisión decidiera reanudar el presente procedimiento antidumping, que se encontraba todavía abierto tras la promulgación de las sentencias, en el punto exacto en que se produjo la ilegalidad, y examinar si se daban las condiciones de economía de mercado para los productores exportadores afectados en el período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005, que era el período de investigación («período de investigación»). La Comisión examinó también, cuando procedía, si los productores exportadores afectados podían optar al TI de conformidad con el artículo 9, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo (15) («Reglamento de base antes de su modificación») (16).

(18) Mediante su Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1395 (17), la Comisión restableció un derecho antidumping definitivo y percibió definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de Clark y Puma de determinado calzado con parte superior de cuero originario de China y fabricado por trece productores exportadores chinos que presentaron solicitudes de TEM y TI, pero que no fueron incluidos en la muestra.

(19) Mediante su Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1647 (18), la Comisión restableció un derecho antidumping definitivo y percibió definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de Clark, Puma y Timberland de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y fabricado por determinados productores exportadores vietnamitas que presentaron solicitudes de TEM y TI, pero no fueron incluidos en la muestra.

(20) Mediante su Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1731 (19), la Comisión restableció un derecho antidumping definitivo y percibió definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de Puma y Timberland de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y fabricado por un productor exportador en Vietnam y dos productores exportadores en China que presentaron solicitudes de TEM y TI, pero que no fueron incluidos en la muestra.

(21) Puma y Timberland impugnaron la validez del Reglamento (UE) 2016/1395, del Reglamento (UE) 2016/1647 y del Reglamento (UE) 2016/1731 ante el Tribunal General en los asuntos T-781/16, Puma y otros contra Comisión, y T-782/16, Timberland Europe contra Comisión. Además, Clark también impugnó la validez del Reglamento (UE) 2016/1395 ante el Tribunal General en los asuntos T-790/16, C & J Clark International contra Comisión, y T-861/16, C & J Clark International contra Comisión.

(22) Con vistas a la ejecución de la sentencia en los asuntos acumulados C-659/13, C & J Clark International Ltd, y C-34/14, Puma SE, mencionados en el considerando 12, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/223, por el que se establece un procedimiento para evaluar determinadas solicitudes de economía de mercado y de trato individual realizadas por productores exportadores de China y Vietnam, y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14 (20). En el artículo 1 de dicho Reglamento, la Comisión pide a las autoridades aduaneras nacionales que transmitan todas las solicitudes de reembolso de derechos antidumping definitivos pagados con respecto a importaciones de calzado originario de China y de Vietnam presentadas por importadores sobre la base del artículo 236 del Código aduanero comunitario y del hecho de que un productor exportador no incluido en la muestra hubiese solicitado el TEM o el TI en la investigación que condujo a la imposición de medidas definitivas mediante el Reglamento (CE) n.o 1472/2006 («la investigación original»). La Comisión debe evaluar la solicitud de TEM o de TI y restablecer el derecho apropiado. Sobre esta base, las autoridades aduaneras nacionales deben posteriormente decidir acerca de la solicitud de devolución o condonación de los derechos antidumping.

(23) A raíz de una notificación de las autoridades aduaneras francesas de conformidad con el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/223, la Comisión identificó a dos productores exportadores chinos que presentaron solicitudes de TEM y TI en la investigación original, pero que no habían sido incluidos en la muestra. Se identificó a otro productor exportador que era proveedor de Deichmann, un importador alemán que impugnó el pago de derechos. Por consiguiente, la Comisión analizó el formulario de solicitud de TEM y TI de estos tres productores exportadores chinos.

(24) Tras ese análisis, la Comisión, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2257 (21), restableció un derecho antidumping definitivo y percibió definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y fabricado por tres productores exportadores que habían presentado solicitudes de TEM y de TI, pero que no habían sido incluidos en la muestra.

(25) De conformidad con el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/223, las autoridades aduaneras del Reino Unido, de Bélgica y de Suecia notificaron a la Comisión solicitudes de reembolso de importadores, respectivamente, el 12 de julio de 2016 (Reino Unido), el 13 de julio de 2016 (Bélgica) y el 26 de julio de 2016 (Suecia). A raíz de estas notificaciones, la Comisión analizó las solicitudes de TEM y TI de diecinueve productores exportadores y, mediante el Reglamento (UE) 2017/423 (22), restableció un derecho antidumping definitivo y percibió definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y de Vietnam y fabricado por esos diecinueve productores exportadores.

(26) Durante la investigación mencionada anteriormente, gracias a las observaciones de varias partes interesadas tras la comunicación de la información, se identificaron cinco empresas/grupos de empresas adicionales que habían presentado, ellos mismos o a través de un productor exportador chino o vietnamita, un formulario de solicitud de TEM/TI durante la investigación original, pero que no estaban incluidos en la muestra ni habían sido evaluados en ningún ejercicio de ejecución anterior. Estas empresas, que están enumeradas en el anexo VI del Reglamento (UE) 2017/423, formaban parte de cuatro grupos de empresas.

(27) Sobre esta base, la Comisión identificó cuatro grupos de empresas que juntos comprendían siete empresas individuales, a saber, productores exportadores chinos o vietnamitas que no habían sido incluidos en la muestra en la investigación original, y evaluó las solicitudes de TEM/TI que habían presentado durante la investigación original. Como resultado, la Comisión, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1982 (23), restableció un derecho antidumping definitivo y percibió definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y fabricado por tres productores exportadores que habían presentado solicitudes de TEM y de TI, pero que no habían sido incluidos en la muestra.

(28) Además, mediante el artículo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/423, la Comisión suspendió temporalmente la evaluación de la situación de las empresas enumeradas en el anexo III hasta que el importador que solicita el reembolso a las autoridades aduaneras nacionales haya informado a la Comisión de los nombres y direcciones de los productores exportadores afectados a quienes los operadores hayan comprado el calzado. En efecto, si bien la Comisión considera que la carga de la prueba para identificar a los productores exportadores pertinentes en China y/o Vietnam recae en los importadores que solicitan el reembolso de los derechos antidumping abonados, también reconoce que posiblemente no todos los importadores que adquirieron calzado de los operadores eran conscientes de la necesidad de comunicar a la Comisión los nombres de los productores exportadores a quienes adquirieron el calzado. Por lo tanto, la Comisión contactó específicamente a todos los importadores afectados por las notificaciones del Reino Unido, de Bélgica y de Suecia y les invito a proporcionar, en un plazo determinado, la información requerida, esto es, los nombres y direcciones de los productores exportadores de China o Vietnam.

(29) Como consecuencia de ello, tres importadores, a saber, Pentland Brands Ltd., Puma UK Ltd. y Deichmann Shoes UK Ltd., facilitaron los nombres y direcciones de sus respectivos proveedores en China y/o Vietnam el 18 de abril de 2017 (Puma UK Ltd.), el 27 de abril de 2017 (Pentland Brands Ltd.) y el 15 de mayo de 2017 (Deichmann Shoes UK Ltd.), respectivamente.

(30) El 7 de abril de 2017, de conformidad con el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/223, las autoridades aduaneras de Alemania notificaron a la Comisión las solicitudes de reembolso de importadores de la Unión y proporcionaron los documentos justificativos. El 20 de junio de 2017, las autoridades aduaneras de Alemania enviaron una adenda a su notificación original y notificaron a la Comisión solicitudes adicionales de importadores.

(31) El 23 de mayo de 2017, de conformidad con el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/223, las autoridades aduaneras de los Países Bajos notificaron a la Comisión solicitudes de reembolso de importadores de la Unión y proporcionaron los documentos justificativos. El 21 de julio de 2017, las autoridades aduaneras de los Países Bajos enviaron una adenda a su notificación original y notificaron a la Comisión solicitudes adicionales de importadores.

(32) Como resultado, la Comisión recibió los nombres y direcciones de un total de 600 empresas proveedoras de calzado de China y Vietnam.

(33) En relación con 431 de estas empresas (enumeradas en el anexo III del presente Reglamento), la Comisión no tiene constancia de que hayan presentado formulario alguno de solicitud de TEM/TI en la investigación original. Dichas empresas tampoco pudieron demostrar que estaban vinculadas a uno de los productores exportadores chinos o vietnamitas que habían presentado una solicitud de TEM/TI en la investigación original.

(34) De las restantes empresas, diecinueve productores exportadores ya habían sido evaluados individualmente o dentro de un grupo de empresas seleccionado para la muestra de productores exportadores chinos o vietnamitas en el marco de la investigación original (enumerados en el anexo IV del presente Reglamento). Ninguna de estas empresas recibió un tipo de derecho individual, de modo que el derecho que se aplica a las importaciones de calzado procedentes de ellas es el correspondiente a China (16,5 %) o a Vietnam (10 %). Estos tipos no se vieron afectados por la sentencia citada en el considerando 12.

(35) De las empresas restantes, setenta y dos productores exportadores (enumerados en el anexo V del presente Reglamento) ya fueron evaluados individualmente o como parte de un grupo de empresas en el contexto de la ejecución de la sentencia mencionada en el considerando 12, a saber: fundamentalmente, en la Decisión de Ejecución 2014/149/UE o en los Reglamentos de Ejecución (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731, (UE) 2016/2257 y (UE) 2017/1982, respectivamente.

(36) Las empresas o grupos de empresas evaluados en la Decisión de Ejecución 2014/149/UE no habían estado sujetos a ningún tipo de restablecimiento de derechos antidumping, como se menciona en el considerando 10, debido a que el reembolso de los derechos a dichas empresas ya había tenido lugar, lo que les concedía una confianza legítima en que no se les volvería a imponer. Por otro lado, no se deberían conceder las solicitudes de reembolso de los importadores de la Unión en relación con empresas o grupos de empresas evaluados en los Reglamentos de Ejecución (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731, (UE) 2016/2257 y (UE) 2017/1982, respectivamente. El motivo es que estos importadores se encuentran en una situación jurídica diferente a los evaluados por la Decisión de Ejecución 2014/149/UE, principalmente en que no han podido adquirir una confianza legítima.

(37) Las setenta empresas restantes (enumeradas en el anexo II del presente Reglamento) eran productores exportadores chinos o vietnamitas que no habían sido incluidos en la muestra en la investigación original y que habían presentado un formulario de solicitud de TEM/TI. Por tanto, la Comisión evaluó las solicitudes de TEM y TI presentadas por estas empresas.

(38) En resumen, en el presente Reglamento la Comisión evalúa los formularios de solicitud de TEM/TI de las siguientes empresas: Aiminer Leather Products Co., Ltd, Best Health Ltd., Best Run Worldwide Co. Ltd, Bright Ease Shoe Factory, Cambinh Shoes Company, Dong Anh Footwear Joint Stock Company, Dong Guan Bor Jiann Footwear Co., Ltd, Dongguan Hongguo Shoes Co. Ltd., Freetrend Industrial Ltd, Freeview Company Ltd, Dongguan Hopecome Footwear Co Ltd, Dongguan Houjie Baihou Hua Jian Footwear Factory, Dongguan Qun Yao Shoe Co., Ltd, Dongyi Shoes Co., Ltd, Doozer (Fujian) Shoes Co., Ltd, Emperor (VN) Co., Ltd, Everlasting Industry Co., Ltd, Fu Jian Ching Luh Shoes Co., Ltd, Fu Jian Lion Score Sport Products Co., Ltd, Fujian Footwear & Headgear Import & Export (Holdings) Co., Ltd, Fujian Jinjiang Guohui Footwear & Garment Co., Ltd, Gan Zhou Hua Jian International Footwear Co., Ltd, Golden Springs Shoe Co., Ltd, Haiduong Shoes Stock Company, Hangzhou Forever Shoes Factory, Hua Jian Industrial Holding Co., Ltd, Huu Nghi Danang Company, Hwa Seung Vina Co., Ltd, Jason Rubber Works Ltd, Jinjiang Hengdali Footwear Co., Ltd, Jinjiang Xiangcheng Footwear and Plastics Co., Ltd, JinJiang Zhenxing Shoes & Plastic Co., Ltd, Juyi Group Co., Ltd, K Star Footwear Co., Ltd, Kangnai Group Wenzhou Lucky Shoes and Leather Co., Ltd, Khai Hoan Footwear Co., Ltd, Lian Jiang Ching Luh Shoes Co., Ltd, Li-Kai Shoes Manufacturing Co., Ltd, New Star Shoes Factory, Ngoc Ha Shoe Company, Nhi Hiep Transportation Construction Company Limited, Ophelia Shoe Co., Ltd, Ormazed Shoes (Zhao Qing City) Ltd, Ormazed Shoes Ltd (Dong Guan) Ltd, Pacific Joint-Venture Company, Phuc Yen Shoes Factory, Phuha Footwear Enterprise, Phuhai Footwear Enterprise, Phulam Footwear Joint Stock Company, Putian Dajili Footwear Co., Ltd, Right Rich Development VN Co., Ltd, Saigon Jim Brother Corporation, Shenzhen Harson Shoes Ltd, Shunde Sunrise (II) Footwear Co., Ltd, Splendour Enterprise Co., Ltd, Stellar Footwear Co., Ltd, Sung Hyun Vina Co., Ltd, Synco Footwear Ltd, Thai Binh Shoes Joint Stock Company, Thang Long Shoes Company, Thanh Hung Co, Ltd, Thuy Khue Shoes Company Ltd, Truong Loi Shoes Company Limited, Wenzhou Chali Shoes Co, Ltd, Wenzhou Dibang Shoes Co., Ltd, Wenzhou Gold Emperor Shoes Co., Ltd, Xiamen Sunchoose Import & Export Co., Ltd, Xingtaiy Footwear Industry & Commerce Co., Ltd, Zhuhai Shi Tai Footwear Company Limited y Zhuhai Shun Tai Footwear Company Limited.

B. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EN LOS ASUNTOS ACUMULADOS C-659/13 Y C-34/14 PARA LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE CHINA Y VIETNAM

(39) La Comisión tiene la posibilidad de corregir los aspectos del Reglamento impugnado que dieron lugar a su anulación, y dejar inalteradas las partes de la evaluación a las que no afecta la sentencia (24).

(40) El presente Reglamento tiene por objeto corregir los aspectos del Reglamento impugnado que se consideran incoherentes con el Reglamento de base y que dieron lugar a la declaración de nulidad con respecto a los productores exportadores mencionados en el considerando 30.

(41) Todas las demás conclusiones expuestas en el Reglamento impugnado y en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 que no fueron declaradas nulas por el Tribunal siguen siendo válidas y quedan incorporadas al presente Reglamento.

(42) Por tanto, los siguientes considerandos se limitan a la nueva evaluación necesaria para cumplir las sentencias del Tribunal.

(43) La Comisión ha examinado si prevalecían las condiciones para el TEM o el TI en relación con los productores exportadores afectados mencionados en el considerando 38 que presentaron solicitudes de TEM/TI durante el período de investigación. El objetivo de dicho examen es determinar en qué medida los importadores afectados tienen derecho a recibir una devolución del derecho antidumping abonado con respecto a los derechos antidumping pagados sobre las exportaciones de estos proveedores.

(44) Si el análisis pone de manifiesto que debía haberse concedido TEM a los productores exportadores afectados cuyas exportaciones estaban sujetas al derecho antidumping pagado por los importadores afectados, debería concedérseles un derecho individual y la devolución del derecho se limitaría a un importe correspondiente a la diferencia entre el derecho pagado y el derecho individual, a saber, en el caso de importaciones procedentes de China, la diferencia entre el 16,5 % y el derecho del 9,7 % impuesto a la única empresa exportadora de la muestra que obtuvo TEM; y, en el caso de las importaciones procedentes de Vietnam, la diferencia entre el 10 % y el derecho individual calculado para el productor exportador afectado, en su caso.

(45) Si el análisis pone de manifiesto que debía haberse concedido TI a un productor exportador cuya solicitud de TEM fue rechazada, debería concederse al productor exportador afectado un tipo de derecho individual y la devolución del derecho se limitaría a un importe correspondiente a la diferencia entre el derecho pagado (a saber, en el caso de importaciones procedentes de China, un 16,5 %, y en el caso de importaciones procedentes de Vietnam, un 10 %) y el derecho individual calculado para el productor exportador afectado, en su caso.

(46) Por el contrario, si el análisis de dichas solicitudes de TEM y TI muestra que debe rechazarse tanto la solicitud de TEM como la de TI, no puede concederse ninguna devolución del derecho antidumping.

(47) Como se explica en el considerando 12, el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento impugnado y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 con respecto a las exportaciones de determinado calzado de ciertos productores exportadores chinos y vietnamitas, en la medida en que la Comisión no examinó las solicitudes de TEM y TI presentadas por estos productores exportadores.

(48) La Comisión ha examinado, por tanto, las solicitudes de TEM y TI de los productores exportadores afectados para determinar el tipo de derecho aplicable a sus exportaciones. Dicha evaluación puso de manifiesto que la información facilitada no demostraba que los productores exportadores afectados operaran en condiciones de economía de mercado o pudieran optar al trato individual (véase una explicación pormenorizada en los considerandos 49 y siguientes).

1. Evaluación de las solicitudes de TEM

(49) Cabe señalar que la carga de la prueba recae en el productor que desea solicitar TEM con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. A este respecto, el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, dispone que la solicitud presentada por dicho productor debe demostrar adecuadamente, tal como se especifica en esa disposición, que el productor opera en condiciones de economía de mercado. Por consiguiente, no corresponde a las instituciones de la Unión probar que el productor no cumple los requisitos establecidos para el reconocimiento de ese estatus. Corresponde, en cambio, a estas instituciones de la Unión apreciar si los elementos aportados por el productor interesado son suficientes para demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, del Reglamento de base para que se le conceda el TEM, y al juez de la Unión verificar si dicha apreciación adolece de un error manifiesto (apartado 32 de la sentencia en el asunto C-249/10 P, y apartado 24 de la sentencia en el asunto C-247/10 P).

(50) De conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, deben cumplirse los cinco criterios enumerados en dicho artículo para que pueda concederse TEM a un productor exportador. Por consiguiente, la Comisión consideró que el incumplimiento de al menos un criterio era suficiente para rechazar la solicitud de TEM.

(51) Ninguno de los productores exportadores afectados pudo demostrar que cumplía el criterio 1 (decisiones de empresa). Más concretamente, la Comisión constató que las empresas 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 53, 54, 58, 65, 66, 67, 69, 72, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 (25) no podían determinar libremente qué cantidades vendían en el mercado nacional y cuáles se destinaban a la exportación. A este respecto, la Comisión determinó que existían limitaciones de la producción o de las cantidades de venta en mercados específicos (nacional y de exportación). Algunas empresas, a saber, 33, 35, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 96, 97, 101 y 102 no proporcionaron información suficiente sobre la estructura de propiedad de la empresa, los accionistas, el consejo de administración o la selección de directores que demuestre que sus decisiones de empresa se adoptaron de conformidad con las señales de mercado sin interferencias significativas del Estado. Además, algunas empresas no presentaron licencias comerciales o su traducción en inglés (empresas 33, 35, 59, 60, 62, 81 y 87) ni escrituras de constitución o su traducción en inglés (empresas 34, 40, 41, 51, 59, 63, 64, 95, 101 y 102). Por último, algunas empresas no facilitaron información suficiente sobre sus proveedores (empresas 42, 43, 44, 46, 49, 51, 57, 60, 64, 65, 69, 74, 76 y 95) o no pudieron demostrar que la selección de mano de obra se hacía con la suficiente independencia de las autoridades locales (empresas 38, 39, 42, 45 y 46) y, por tanto, no aportaron pruebas suficientes de que las decisiones empresariales se tomaban sin una interferencia significativa del Estado.

(52) Además, las empresas 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101 y 102 no pudieron demostrar que cumplían el criterio 2 (contabilidad). En particular, las empresas 33, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 101 y 102 no pudieron demostrar que tenían un juego de libros contables básicos auditados con la adecuada independencia conforme a las normas internacionales de contabilidad. En concreto, las evaluaciones del TEM pusieron de manifiesto que estas empresas o bien no podían facilitar a la Comisión el dictamen o informe de un auditor independiente, o su contabilidad no se había auditado o carecían de notas explicativas en varios asientos del balance y de la cuenta de resultados. Otras empresas no proporcionaron la correspondiente traducción en inglés (empresas 34, 35, 40, 41, 51, 57, 69, 70, 95 y 100). Por otra parte, se observó que las cuentas auditadas de algunas empresas (43, 44, 45, 57, 65 y 72) presentaban incoherencias significativas, entre otras, discrepancias en los datos comunicados de un año a otro, diferencias entre la versión original y su traducción en inglés, dudas con respecto a la exactitud del método de depreciación, el inventario y el balance, o problemas señalados por el informe de los auditores que no se habían subsanado posteriormente. Por consiguiente, estas empresas no cumplían el criterio 2.

(53) Respecto al criterio 3 (activos y «herencias» del sistema anterior), algunas empresas no pudieron demostrar que no habían heredado distorsiones significativas del sistema no basado en la economía de mercado. En particular, las empresas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 101 y 102 no facilitaron información completa y esencial sobre las condiciones de sus derechos de uso del suelo y el valor de estos. Además, las empresas 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 57, 60, 63, 65, 66, 72, 77, 79, 84, 85, 87, 93, 94, 95 y 98 no facilitaron información sobre las desviaciones respecto al tipo impositivo normal ni sobre el registro del pago de dicho impuesto, mientras que las empresas 37, 42, 43, 44, 57, 84, 87 y 94 no proporcionaron información sobre sus proveedores de electricidad o el precio de esta. Las empresas 40 y 41 no proporcionaron una traducción en inglés de la información esencial relativa a sus activos.

(54) En cuanto al criterio 4 (entorno jurídico), las empresas 76, 101 y 102 no demostraron que estaban gestionadas con arreglo a leyes relativas a la propiedad y la quiebra que garanticen la estabilidad y la seguridad jurídica.

(55) La empresa 70 no demostró que cumplía el criterio 5 (operaciones de cambio), puesto que, según las memorias, utilizó un tipo de cambio fijo en sus operaciones en moneda extranjera, lo cual incumple el criterio 5, según el cual las operaciones de cambio deben efectuarse a los tipos del mercado.

(56) Además, las empresas 56, 71, 78 y 90 no aportaron pruebas de la producción del producto afectado, la propiedad de las principales materias primas, la propiedad del producto afectado y el control sobre la fijación de precios. En consecuencia, sus solicitudes de TEM no fueron objeto de un examen pormenorizado.

(57) La Comisión informó a los productores exportadores afectados de que no debía concederse TEM a ninguno de ellos y los invitó a presentar observaciones. No se recibieron observaciones.

(58) Por lo tanto, ninguno de los setenta productores exportadores afectados cumplía todos los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base y, por consiguiente, se ha denegado el TEM a todos ellos.

2. Evaluación de las solicitudes de TI

(59) Con arreglo al artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base antes de su modificación, cuando sea aplicable el artículo 2, apartado 7, letra a), del mismo Reglamento, podrá no obstante especificarse un derecho individual para los exportadores que puedan demostrar que cumplen todos los criterios establecidos en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base antes de su modificación.

(60) Como se indicó en el considerando 49, es necesario subrayar que la carga de la prueba recae en el productor que desea solicitar el TI con arreglo al artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base antes de su modificación. A tal fin, el artículo 9, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento de base antes de su modificación establece que la solicitud presentada debe estar debidamente motivada. Por lo tanto, no corresponde a las instituciones de la Unión probar que el exportador no cumple los requisitos establecidos para que se le reconozca dicho estatus. Corresponde, en cambio, a las instituciones de la Unión apreciar si los elementos aportados por el exportador interesado son suficientes para demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base antes de su modificación para que se le conceda el TI.

(61) De conformidad con el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base antes de su modificación, los exportadores deben demostrar, sobre la base de una solicitud debidamente motivada, que cumplen los cinco criterios enumerados en dicho apartado para poder obtener el TI. Por consiguiente, la Comisión consideró que el incumplimiento de al menos un criterio era suficiente para rechazar la solicitud de TI.

(62) Los cinco criterios son los siguientes: 1) cuando se trate de empresas controladas total o parcialmente por extranjeros o de empresas en participación, los exportadores pueden repatriar los capitales y los beneficios libremente; 2) los precios de exportación, las cantidades exportadas y las modalidades de venta se han decidido libremente; 3) la mayoría de las acciones pertenece a particulares; los funcionarios del Estado que figuran en el consejo de administración o que ocupan puestos clave en la gestión son claramente minoritarios o la sociedad es suficientemente independiente de la interferencia del Estado; 4) las operaciones de cambio se efectúan a los tipos del mercado; así como, 5) la intervención del Estado no puede dar lugar a que se eludan las medidas si los exportadores se benefician de tipos de derechos individuales.

(63) Los setenta productores exportadores afectados que solicitaron TEM también solicitaron TI en caso de que no se les concediera el primero. Por lo tanto, la Comisión evaluó las solicitudes de TI de cada uno de los productores exportadores afectados, además de rechazar sus solicitudes de TEM como se expone en los considerandos 49 a 57.

(64) Respecto al criterio 1 (repatriación de capital y beneficios), las empresas 69, 77, 86 y 95 no demostraron que eran libres de repatriar capital y beneficios y, por lo tanto, no demostraron que cumplían ese criterio.

(65) En cuanto al criterio 2 (ventas y precios de exportación libremente decididos), las empresas 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100 no pudieron demostrar que las decisiones de empresa, tales como precios de exportación, cantidades exportadas y modalidades de venta, se habían tomado libremente en respuesta a las señales del mercado, ya que las pruebas analizadas (por ejemplo, estatutos o licencias comerciales) pusieron de manifiesto limitaciones de la producción y/o de las cantidades de calzado vendidas en mercados específicos.

(66) Por lo que se refiere al criterio 3 (la empresa —puestos clave en la gestión y acciones— es suficientemente independiente de la interferencia del Estado), las empresas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101 y 102 no facilitaron la información necesaria para demostrar que eran suficientemente independientes de la interferencia del Estado. Entre otras cosas, no facilitaron información, o no la suficiente, sobre la estructura de propiedad de la empresa y cómo se toman las decisiones. Además, las empresas33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74,75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 96, 97, 101 y 102 no facilitaron información suficiente sobre cómo se transfirió el derecho de uso del suelo a dichas empresas y en qué términos y condiciones. Las empresas 33, 34, 35, 40, 41, 51, 59, 62, 81 y 95 no proporcionaron una traducción en inglés de los documentos pertinentes.

(67) Por último, la empresa 70 no pudo demostrar que los cambios de divisas se efectuaban al tipo de mercado. Por lo tanto, esta empresa no cumplía el criterio 4 (tipo de cambio basado en el mercado).

(68) Además, las empresas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101 y 102 tampoco demostraron que cumplían el criterio 5 (elusión) puesto que no facilitaron información sobre cómo se tomaban las decisiones dentro de la empresa ni precisaron si el Estado ejercía una influencia significativa en su proceso de decisión.

(69) Las empresas 56, 71, 78 y 90 tampoco aportaron pruebas de la producción del producto afectado, la propiedad de las principales materias primas, la propiedad del producto afectado y el control sobre la fijación de precios. En consecuencia, sus solicitudes de TI no fueron objeto de un examen pormenorizado.

(70) Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, ninguno de los setenta productores exportadores afectados cumplía todas las condiciones establecidas en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base antes de su modificación y, por consiguiente, se denegó el TI a todos ellos. La Comisión informó a los productores exportadores afectados de las correspondientes conclusiones y los invitó a presentar observaciones. No se recibieron observaciones.

(71) En consecuencia, debe imponerse el derecho antidumping residual aplicable a China y Vietnam, del 16,5 % y el 10 %, respectivamente, a las exportaciones de los setenta productores exportadores afectados durante el período de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1472/2006. El período de aplicación de dicho Reglamento abarcaba inicialmente desde el 7 de octubre de 2006 hasta el 7 de octubre de 2008. Tras el inicio de una reconsideración por expiración, el 30 de diciembre de 2009 dicho período se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2011. La ilegalidad declarada en las sentencias es que las instituciones de la Unión no establecieron si los productos fabricados por los productores exportadores en cuestión debían quedar sujetos al derecho residual o a un derecho individual. Sobre la base de la ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia, no existe fundamento jurídico para eximir completamente los productos fabricados por los productores exportadores afectados por un derecho antidumping. Por consiguiente, un nuevo acto destinado a subsanar la ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia únicamente ha de revisar el tipo de derecho antidumping aplicable, y no las propias medidas.

(72) Al haberse concluido que el derecho residual aplicable a China y Vietnam debía restablecerse respecto a los productores exportadores afectados al mismo nivel que el impuesto inicialmente por el Reglamento impugnado y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009, no es necesario modificar el Reglamento (CE) n.o 388/2008. Este último sigue siendo válido.

C. OBSERVACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS TRAS LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

(73) A raíz de la divulgación de la información, la Comisión recibió observaciones en nombre de i) la FESI y la Coalición del Calzado (26), en representación de los importadores de calzado de la Unión; ii) C & J Clark International, Cortina, Deichmann y Wortmann («Clarks et al.»), importadores de calzado en la Unión; iii) Sino Pro Trading, y iv) Schuhhaus SIEMES Einkaufs & Beteiligungs GmBH («SIEMES»), ambos importadores de calzado de China y Vietnam.

Empresas enumeradas en el anexo III del presente Reglamento

(74) La FESI y la Coalición del Calzado alegaron que, con arreglo al expediente de libre acceso de la Comisión, una empresa denominada Fortune Footwear Co. Ltd había presentado una solicitud de TEM/TI para el período de investigación, por lo que no debería aparecer en el anexo III del presente Reglamento. Sin embargo, no consta que esta empresa haya presentado solicitud alguna de TEM/TI, como tampoco la FESI y la Coalición del Calzado presentaron otras pruebas al respecto. Por tanto, se rechaza esta alegación.

(75) La FESI y la Coalición del Calzado alegaron también que una empresa denominada Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear aparecía incorrectamente en el anexo III, a pesar de haber supuestamente presentado una solicitud de TEM/TI. Sin embargo, ni en el anexo III ni en ningún otro anexo del presente Reglamento aparece una empresa denominada Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear. Sí que aparece en el anexo III una empresa de denominación análoga (Nanhai Shyang Ho Footwear Co. Ltd), pero ni la FESI ni la Coalición del Calzado presentaron pruebas de que se trate de la misma empresa que Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear. Portanto, se rechaza esta alegación. En aras de la exhaustividad, hay que señalar que en el Reglamento (UE) 2016/2257 se evaluó una empresa de denominación similar, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. Análogamente, tampoco existen pruebas de que esta última sea la misma empresa que Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear.

(76) La FESI y la Coalición del Calzado alegaron también que Guangzhou Panyu Xintaiy Footwear Industry Commerce Co., Ltd presentó una solicitud de TEM/TI que la Comisión hubiera tenido que evaluar. Se aclara que la solicitud de TEM/TI de esta empresa fue realmente evaluada. La empresa no cumplía los criterios de TEM/TI, por lo que la solicitud fue denegada. En consecuencia, procede a este respecto volver a imponerle un derecho antidumping definitivo, por lo cual esta empresa aparece en el anexo II del presente Reglamento. Por tanto, se rechaza la alegación de la FESI y la Coalición del Calzado a este respecto.

(77) La FESI y la Coalición del Calzado alegaron asimismo que una empresa denominada Mega Power Union Co. Ltd había presentado una solicitud de TEM/TI. Sin embargo, a la Comisión no le consta tal solicitud de TEM/TI, ni tampoco la FESI y la Coalición del Calzado presentaron pruebas de que dicha empresa la haya presentado. Por tanto, se rechaza la alegación de la FESI y la Coalición del Calzado a este respecto.

(78) Por último, la FESI y la Colalición del Calzado alegaron que un grupo denominado «the Evervan group» había presentado una solicitud de TEM/TI, por lo que era incorrecto que este grupo de empresas figurase en el anexo III. Sin embargo, son seis las empresas enumeradas en el anexo III en cuya denominación aparece la palabra «Evervan» (Evervan, Evervan Deyang Footwear Co., Ltd, Evervan Golf, Evervan Qingyuan Footwear Co., Ltd, Evervan Qingyuan Vulcanized, Evervan Vietnam), y ni la FESI ni la Coalición del Calzado presentaron prueba alguna de que formasen realmente parte de una agrupación. La FESI y la Coalición del Calzado tampoco presentaron pruebas de que este grupo, en su conjunto, hubiera presentado realmente una solicitud de TEM/TI. Por tanto, se rechaza esta alegación. En aras de la exhaustividad, hay que señalar que una empresa denominada «Guangzhou Evervan Footwear Co., Ltd» presentó una solicitud de TEM/TI que fue evaluada y rechazada mediante el Reglamento (UE) 2017/1982. No existen pruebas que permitan establecer una relación con las demás empresas enumeradas en el anexo III y en cuya denominación aparece la palabra «Evervan».

Requisitos procedimentales para evaluar los formularios de solicitud de TEM/TI

(79) La FESI y la Coalición del Calzado alegaron que la carga de la prueba en la evaluación de las solicitudes de TEM/TI recae en la Comisión, ya que los productores exportadores chinos y vietnamitas habían quedado exonerados de la carga al presentar las solicitudes de TEM/TI durante la investigación inicial. La FESI y la Coalición del Calzado también alegaron que se deberían haber otorgado a los productores exportadores afectados por la ejecución en curso los mismos derechos procedimentales que a los productores exportadores incluidos en la muestra durante la investigación inicial. La FESI y la Coalición del Calzado arguyeron, en concreto, que solo se había realizado un análisis documental en vez de visitas de inspección in situ y que no se había dado a los productores exportadores chinos y vietnamitas ocasión alguna de completar sus formularios de solicitud de TEM/TI mediante cartas en las que se señalaran las deficiencias.

(80) Asimismo, la FESI y la Coalición del Calzado arguyeron que los productores exportadores afectados por esta ejecución no disfrutaron de las mismas garantías procesales que las aplicadas en las investigaciones antidumping normales, sino que se aplicaron normas más estrictas. La FESI y la Coalición del Calzado alegaron que la Comisión no ha tenido en cuenta el lapso de tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud de TEM/TI en la investigación inicial y la evaluación de dichas solicitudes. Además, durante la investigación inicial los productores exportadores solo dispusieron de quince días para rellenar las solicitudes de TEM/TI, en lugar del plazo habitual de veintiún días.

(81) Por todo ello, la FESI y la Coalición del Calzado alegaron que no se había respetado el principio jurídico fundamental de conceder a las partes interesadas la plena oportunidad de ejercer su derecho de defensa, principio consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. Partiendo de esta base, se arguyó que, al no dar a los productores exportadores la oportunidad de completar la información incompleta, la Comisión había incurrido en una desviación de poder y, de hecho, había invertido la carga de la prueba en la fase de ejecución.

(82) Por último, la FESI y la Coalición del Calzado también alegaron que este enfoque era discriminatorio para los productores exportadores chinos y vietnamitas que habían sido incluidos en la muestra en la investigación inicial, así como para otros productores exportadores de países sin economía de mercado que estaban sujetos a una investigación antidumping y que habían presentado solicitudes de TEM/TI en dicha investigación. Así pues, las empresas chinas y vietnamitas afectadas por la presente ejecución no deberían verse sujetas a los mismos requisitos de presentación de información aplicados en una investigación normal de quince meses y no deberían verse sometidas a normas procedimentales más estrictas.

(83) La FESI y la Coalición del Calzado también alegaron que la Comisión había aplicado de hecho la información disponible en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base, aunque no había cumplido las normas procedimentales descritas en el artículo 18, apartado 4, de dicho Reglamento.

(84) La Comisión recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia, la carga de la prueba recae en el productor que desea solicitar el TEM/TI con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. A estos efectos, el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, dispone que la solicitud presentada por dicho productor debe demostrar adecuadamente, tal como se especifica en esa disposición, que el productor opera en condiciones de economía de mercado. Por consiguiente, como estableció el Tribunal en las sentencias Brosmann y Aokang, no corresponde a las instituciones de la Unión probar que el productor no cumple los requisitos establecidos para el reconocimiento de ese estatus. Corresponde, en cambio, a la Comisión apreciar si los elementos aportados por el productor afectado son suficientes para demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, del Reglamento de base para que se le conceda el TEM/TI (véase el considerando 49). A este respecto, se recuerda que ni el Reglamento de base ni la jurisprudencia imponen a la Comisión la obligación de dar al productor exportador la posibilidad de completar la solicitud de TEM/TI con toda la información objetiva que falte. La Comisión puede basar su apreciación en la información presentada por el productor exportador.

(85) En cuanto al argumento de que solo se había hecho un análisis documental, la Comisión señala que un análisis documental es un procedimiento consistente en analizar las solicitudes de TEM/TI basándose en los documentos presentados por el productor exportador. La Comisión somete todas las solicitudes de TEM/TI a un análisis documental. Además, la Comisión puede decidir llevar a cabo visitas de verificación in situ. No obstante, las visitas de verificación in situ no son obligatorias ni se llevan a cabo para todas y cada una de las solicitudes de TEM/TI. Estas visitas, cuando se realizan, suelen tener por objeto confirmar una determinada evaluación preliminar hecha por las instituciones o comprobar la veracidad de la información facilitada por el productor exportador afectado. Dicho de otro modo, si las pruebas presentadas por el productor exportador indican claramente que el TEM/TI no está justificado, normalmente no se organizan visitas de verificación in situ, que es un paso adicional y optativo. Corresponde a la Comisión evaluar si conviene o no hacer una visita de verificación (27). Es esta institución la que dispone del poder discrecional para decidir por qué medios comprobar la información de una solicitud de TEM/TI. Así pues, cuando ocurre como en el presente caso, en que la Comisión decide, basándose en un análisis documental, que posee suficientes pruebas para pronunciarse sobre una solicitud de TEM/TI, no es necesario hacer una visita de verificación ni se puede exigir.

(86) En cuanto a la alegación de que los derechos de defensa no se respetaron adecuadamente por la decisión de la Comisión de no enviar cartas en las que se señalaran las deficiencias, se recuerda, en primer lugar, que los derechos de defensa son derechos individuales y que la FESI y la Coalición del Calzado no pueden invocar la lesión de un derecho individual de otras empresas. En segundo lugar, la Comisión cuestiona la afirmación de que sea práctica de la Comisión proceder a un considerable intercambio de información y a subsanar en detalle las deficiencias encontradas en aquellos casos en que solo se hace uso del análisis documental, en vez de acompañar dicho análisis documental de una visita de verificación in situ. De hecho, la FESI y la Coalición del Calzado no han podido probar lo contrario.

(87) Deben rechazarse asimismo las observaciones de la FESI y la Coalición del Calzado sobre discriminación por carecer de fundamento. Se recuerda que se da una infracción del principio de igualdad de trato cuando las instituciones de la Unión tratan de forma distinta casos similares, lo que da lugar a que algunos operadores queden en desventaja en comparación con otros, sin que esta distinción esté justificada por la existencia de diferencias objetivas sustanciales (28). Y eso es precisamente lo que la Comisión no hace: al pedir a los productores exportadores chinos y vietnamitas no incluidos en la muestra que presenten solicitudes de TEM/TI para volverlas a evaluar, su intención es poner a dichos productores exportadores anteriormente no incluidos en la muestra en pie de igualdad con los que sí fueron incluidos en la muestra en la investigación inicial. Además, puesto que el Reglamento de base no establece en este punto plazos mínimos, mientras los plazos para este fin sean razonables y se proporcione a las partes oportunidad suficiente para reunir (o volver a reunir) la información necesaria, al tiempo que se salvaguardan sus derechos de defensa, no hay discriminación.

(88) En relación con los argumentos relativos al artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base, la Comisión subraya que, en el caso que nos ocupa, no aplicó el artículo 18 del Reglamento de base. De hecho, aceptó la información facilitada por los productores exportadores afectados, no la rechazó y basó su evaluación en ella. Enconsecuencia, no era necesario seguir el procedimiento contemplado en el artículo 18, apartado 4, del Reglamento de base. El procedimiento del artículo 18, apartado 4, del Reglamento de base se aplica en los casos en que la Comisión tiene intención de rechazar determinada información proporcionada por la parte interesada y utilizar, en su lugar, los datos de que dispone.

(89) Otro importador, Sino Pro Trading Limited, alegó que la Comisión no podía haber tenido tiempo suficiente para estudiar las solicitudes de TEM/TI de 600 empresas en solo unos meses, por lo que la investigación de la Comisión no podía dar resultados concluyentes. Esta parte alegó asimismo que el resultado de esta investigación, es decir, que todas las solicitudes de TEM/TI que habían sido evaluadas fueron también rechazadas, era un indicio de que la investigación de la Comisión estaba sesgada. Por otra parte, argumentó también que se había investigado un número insuficiente de solicitudes de TEM/TI, a saber, solo 70 de las 600 originales. Además, el mismo importador alegó que, dado que las evaluaciones de las empresas a que hacen referencia los considerandos 49 a 72 estaban anonimizadas, las partes interesadas no podían vincular las conclusiones a ninguna empresa concreta. Por último, este importador alegó que, pese a figurar en el anexo II del presente Reglamento, su proveedor no había sido investigado, sino que simplemente se le había enviado un cuestionario y se le había dado un plazo insuficiente para responder.

(90) Respecto de todas estas alegaciones, la Comisión comenzó por aclarar que le habían facilitado los nombres de 600 empresas las autoridades aduaneras neerlandesas o alemanas o los tres importadores mencionados en el considerando 29 como proveedores de calzado en China y Vietnam. Tal como se expone en el considerando 33, a la Comisión no le constaba que la mayoría de estas empresas hubieran enviado solicitud alguna de TEM/TI durante la investigación original. En cuanto a muchas de las empresas restantes, la Comisión ya había evaluado su solicitud de TEM/TI en anteriores ejercicios de ejecución. Este procedimiento se explica en detalle en los considerandos 34 a 36, y las correspondientes empresas así como los actos jurídicos pertinentes se enumeran en los anexos IV a VI del presente Reglamento. La alegación de que la Comisión supuestamente investigó a 600 empresas en el presente ejercicio es errónea y, por tanto, debe desestimarse.

(91) Además, la Comisión aclaró que, como se expone en el considerando 17, la Comisión reanudó el presente procedimiento antidumping en el punto exacto en que se produjo la ilegalidad, por lo que examinó si se daban las condiciones de economía de mercado para los productores exportadores afectados entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005, que era el período de la investigación que condujo a la imposición de los derechos antidumping definitivos en 2006. Es decir, la Comisión no recogió nueva información, sino que basó su evaluación en la solicitud de TEM/TI presentada por el correspondiente productor exportador durante la investigación. Las conclusiones de estas evaluaciones se comunicaron a los productores exportadores pertinentes, que tuvieron tiempo para formular observaciones. Como se indica en el considerando 70, ninguno de los exportadores en cuestión (incluido el proveedor de Sino Pro Trading Ltd) presentó observaciones al respecto.

(92) Por último, se destaca que la información facilitada por los productores exportadores en sus solicitudes de TEM/TI se considera confidencial en el sentido del artículo 19 del Reglamento de base. Por ello, para proteger la confidencialidad, los nombres de las empresas se han sustituido por números.

(93) Por lo tanto, se rechazaron dichas alegaciones.

Base jurídica de la reapertura de la investigación

(94) La FESI y la Coalición del Calzado arguyeron que la Comisión estaba infringiendo el artículo 266 del TFUE, ya que este artículo no le proporcionaría una base jurídica para reabrir la investigación relativa a una medida que ha expirado. La FESI y la Coalición del Calzado reiteraron asimismo que el artículo 266 del TFUE no permite imponer derechos antidumping con carácter retroactivo, mencionando la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques contra Consejo (29).

(95) A este respecto, la FESI y la Coalición del Calzado arguyeron que el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de calzado procedentes de China y de Vietnam había concluido el 31 de marzo de 2011 con la expiración de las medidas. La Comisión había publicado a tal efecto el 16 de marzo de 2011 un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea sobre la expiración de los derechos («anuncio de expiración») (30); la industria de la Unión no alegó la continuación del dumping y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no invalidó el anuncio de expiración.

(96) Además, las mismas partes arguyeron que el Reglamento de base tampoco contenía disposiciones que permitieran a la Comisión reabrir la investigación antidumping.

(97) En este contexto, la FESI y la Coalición del Calzado arguyeron también que la reanudación de la investigación y la evaluación de las solicitudes de TEM/TI presentadas por los productores exportadores afectados chinos y vietnamitas en la investigación inicial vulneraría el principio universal de prescripción o limitación. Este principio está establecido en el Acuerdo sobre la OMC, en el Reglamento de base, en el que se establece un límite de cinco años para la duración de las medidas, y en el artículo 236, apartado 1, y el artículo 221, apartado 3, del Código aduanero comunitario, donde se establece un período de tres años para que los importadores soliciten el reembolso de derechos antidumping, por un lado, y para que las autoridades aduaneras nacionales recauden los derechos de importación, por el otro (31). El artículo 266 del TFUE no permite apartarse de este principio.

(98) Por último, se alega que la Comisión no ha aportado ninguna motivación ni jurisprudencia anterior en apoyo de la utilización del artículo 266 del TFUE como base jurídica para la reapertura del procedimiento.

(99) En relación con la ausencia de base jurídica para reabrir la investigación, la Comisión recuerda la jurisprudencia citada en el considerando 15, en virtud de la cual puede reanudar la investigación en el punto en el que se produjo la ilegalidad. En cualquier caso, como recordó recientemente el Abogado General, la Comisión está, por un lado, facultada a actuar de modo que se restablezca la legalidad, con arreglo a lo expuesto en la sentencia declarativa de invalidez; por otro lado, a tenor del artículo 266 TFUE, está obligada a ajustar su actuación al contenido de aquella sentencia (32). El asunto Comisión contra McBride y otros (33), que invocan la FESI y la Coalición del Calzado, no se aplica en este contexto, ya que en aquel asunto las normas que facultaban para adoptar un acto (en sustitución del invalidado) no formaban ya parte de la legislación de la UE, mientras que en el presente asunto la base jurídica no ha desaparecido y la única modificación ha sido que la Comisión ha sido facultada (34).

(100) Por lo que respecta a la confianza legítima, hay que recordar que la legalidad de un Reglamento antidumping debe evaluarse a la luz de las normas objetivas de la legislación de la Unión y no de una práctica decisoria, incluso cuando exista dicha práctica (lo que no ocurre en este caso). Por lo tanto, una práctica anterior de la Comisión, que no la hay, no puede generar confianza legítima: según jurisprudencia reiterada del Tribunal, solo se puede generar confianza legítima cuando las instituciones han dado garantías concretas que permitan a una parte interesada deducir legítimamente que las instituciones de la Unión van a actuar de determinada manera (35). Ni la FESI ni la Coalición del Calzado han intentado demostrar que en el caso que nos ocupa se hayan dado tales garantías. Cabe añadir, además, que la práctica anterior mencionada no corresponde a la situación fáctica y jurídica del presente caso y las divergencias pueden explicarse por diferencias de hecho y de Derecho con el presente caso.

(101) Dichas diferencias son las siguientes: la ilegalidad señalada por el Tribunal de Justicia no afecta a las conclusiones sobre el dumping, el perjuicio y el interés de la Unión, ni, por lo tanto, al principio de la imposición del derecho, sino solamente al tipo preciso del derecho. Las anteriores anulaciones invocadas por las partes interesadas, por el contrario, se referían a las conclusiones sobre el dumping, el perjuicio y el interés de la Unión. Por lo tanto, se permite a las instituciones volver a calcular el tipo preciso de derecho de los productores exportadores afectados.

(102) En particular, en el caso que nos ocupa no hay necesidad de solicitar información adicional de las partes interesadas. La Comisión debe más bien evaluar información presentada, pero no evaluada, antes de la adopción del Reglamento (CE) n.o 1472/2006. De cualquier forma, como se señala en el considerando 99, la práctica anterior en otros casos no constituye una garantía precisa e incondicional para el caso que nos ocupa.

(103) Por último, se informó a todas las partes contra las que se dirige el procedimiento (es decir, los productores exportadores afectados, así como las partes en los asuntos en el Tribunal de Justicia y la asociación que representa a una de esas partes) mediante la comunicación de los hechos pertinentes sobre cuya base la Comisión piensa adoptar la presente evaluación del TEM/TI. Por lo tanto, sus derechos de defensa están salvaguardados. A este respecto, hay que señalar en particular que los importadores no vinculados no disfrutan, en un procedimiento antidumping, de derechos de defensa, porque dichos procedimientos no se dirigen contra ellos.

(104) Por lo que respecta a la alegación de que las medidas en cuestión expiraron el 31 de marzo de 2011, la Comisión no entiende por qué la expiración de la medida tendría incidencia alguna en la posibilidad de que la Comisión adoptara un nuevo acto para sustituir el acto anulado a raíz de la sentencia de anulación del acto inicial. De acuerdo con la jurisprudencia contemplada en el considerando 15, el procedimiento administrativo debe reanudarse en el momento en que se produjo la ilegalidad. La Comisión volvió a abrir la investigación precisamente en ese punto para ver si las solicitudes de TEM/TI no evaluadas deberían haber sido concedidas y, a la vez, tal vez debió establecerse un tipo de derecho menor (que, a su vez, hubiera hecho posible que estas empresas afectadas solicitaran, a través de sus autoridades aduaneras competentes, la devolución de los derechos pagados en exceso junto con los intereses (36)). Un anuncio de expiración, si bien marca oficialmente el final del procedimiento, no puede tener el efecto de privar a esas empresas el derecho a que se revisen sus solicitudes de TEM/TI, un derecho que, después de todo, ya habían tenido durante la investigación, como reconoció el Tribunal en la sentencia C & J Clark (37). En consecuencia, la investigación se reabrió el 17 de marzo de 2016, y se cerrará mediante el presente Reglamento, de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base.

Artículo 236 del Código aduanero comunitario

(105) La FESI y la Coalición del Calzado también sostuvieron que el procedimiento adoptado para reabrir la investigación e imponer los importes de los derechos con carácter retroactivo constituye una desviación de poder por parte de la Comisión y una infracción del TFUE. A este respecto, la FESI y la Coalición del Calzado mantienen que la Comisión no tiene autoridad para interferir en la aplicación del artículo 236, apartado 1, del Código aduanero comunitario impidiendo el reembolso de los derechos antidumping. Su argumento era que correspondía a las autoridades aduaneras nacionales extraer las consecuencias de la invalidación de los derechos y que dichas autoridades estarían también obligadas a reembolsar los derechos antidumping que el Tribunal había declarado no válidos.

(106) A este respecto, la FESI y la Coalición del Calzado alegaron que el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base no permite a la Comisión hacer excepciones a lo dispuesto en el artículo 236 del Código aduanero comunitario, ya que estos dos actos pertenecen al mismo ordenamiento jurídico y el Reglamento de base no puede considerarse una lex specialis respecto del Código aduanero comunitario.

(107) Además, las mismas partes alegaron también que el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base no hace referencia al artículo 236 del Código aduanero comunitario y se limita a señalar que la Comisión puede adoptar disposiciones especiales, pero no excepciones al Código aduanero comunitario.

(108) Conviene destacar, en respuesta a esa alegación, que el artículo 14, apartado 1, del Reglamento de base no hace automáticamente aplicables las normas que rigen la legislación aduanera de la Unión a la imposición de derechos antidumping individuales (38). Más bien, el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base confiere a las instituciones de la Unión el derecho a incorporar y hacer aplicables las normas que rigen la legislación aduanera de la Unión cuando sea necesario y útil (39).

(109) Esta transposición no exige la plena aplicación de todas las disposiciones de la legislación aduanera de la Unión. En el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base se contempla expresamente la adopción de disposiciones especiales en relación con la definición común del concepto de origen, lo que constituye un buen ejemplo de dónde se produce una desviación respecto a las disposiciones de la legislación aduanera de la Unión. Sobre esta base, la Comisión hizo uso de la potestad que le confiere el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base y pidió que las autoridades aduaneras nacionales se abstuviesen temporalmente de realizar reembolsos. Esto no pone en entredicho la competencia exclusiva de las autoridades aduaneras nacionales en relación con los litigios sobre deudas aduaneras: la autoridad decisoria sigue correspondiendo a las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros, basándose en las conclusiones de la Comisión sobre las solicitudes de TEM y TI, siguen decidiendo si se debe o no conceder un reembolso.

(110) Así pues, aunque es cierto que nada en la legislación aduanera de la Unión permite obstaculizar el reembolso de derechos de aduana abonados erróneamente, no se puede hacer una declaración tan general en relación con el reembolso de los derechos antidumping. En consecuencia, y teniendo en cuenta la necesidad general de protegerlos recursos propios de la Unión frente a solicitudes de reembolso injustificadas y las correspondientes dificultades que hubiera causado posteriormente la recuperación de reembolsos injustificados, la Comisión se vio en la necesidad de apartarse temporalmente de la legislación aduanera de la Unión haciendo uso de la potestad que le confiere el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base.

Falta de motivación de la base jurídica

(111) La FESI y la Coalición del Calzado arguyeron asimismo que, en contra de lo dispuesto en el artículo 296 del TFUE, la Comisión no aportó una motivación adecuada ni una indicación de la base jurídica que justificara el restablecimiento de los derechos con carácter retroactivo y, por consiguiente, la denegación del reembolso de los derechos a los importadores afectados por la ejecución en curso. En consecuencia, la FESI y la Coalición del Calzado alegaron que la Comisión había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes interesadas.

(112) SIEMES, uno de los importadores que presentó observaciones a la comunicación de la información, también alegó que el Reglamento de Ejecución de la Comisión no está debidamente motivado, lo que infringe el artículo 296 del TFUE, pero sin detallar su alegación. Simplemente hizo referencia a la sentencia del asunto T-310/12, Yuanping Changyuan Chemicals contra Consejo (40).

(113) La Comisión considera que el dilatado razonamiento jurídico facilitado en el documento general de divulgación de la información y en el presente Reglamento, que incluye la base jurídica del mismo, constituyen una motivación suficiente de este.

Confianza legítima

(114) La FESI y la Coalición del Calzado también afirmaron que la corrección retroactiva de medidas expiradas vulnera el principio de protección de la confianza legítima. La FESI alegó que, en primer lugar, las partes, incluidos los importadores, habían recibido garantías de que las medidas expiraban el 31 de marzo de 2011 y que, dado el tiempo que había transcurrido desde la investigación inicial, podían tener confianza legítima de que la investigación inicial no se reanudaría o reabriría. Del mismo modo, los productores exportadores chinos y vietnamitas podían tener confianza legítima justificada de que la Comisión no volvería a revisar las solicitudes de TEM/TI que presentaron en la investigación inicial, basándose en el mero hecho de que tales solicitudes no fueron evaluadas en el período de tres meses previsto para ello en la investigación inicial.

(115) En cuanto a la confianza legítima de las partes interesadas en que las medidas antidumping habían expirado y en que ya no se reabriría la investigación, se remite al considerando 104, en que estas alegaciones se abordan en detalle.

(116) En cuanto a la confianza legítima de los productores exportadores chinos y vietnamitas de que no se revisarían sus solicitudes de TEM/TI, se remite al considerando 99, en el que también se examina este punto a la luz de la jurisprudencia del Tribunal en la materia.

Principio de no discriminación

(117) La FESI y la Coalición del Calzado sostuvieron que la imposición de medidas antidumping con carácter retroactivo constituye i) una discriminación de los importadores afectados por la ejecución en curso frente a los importadores afectados por la ejecución de las sentencias Brosmann y Aokang mencionadas en el considerando 6, a los que se reembolsaron los derechos pagados sobre importaciones de calzado de los cinco productores exportadores afectados por dichas sentencias, y ii) una discriminación de los productores exportadores afectados por la ejecución en curso frente a los cinco productores exportadores afectados por las sentencias Brosmann y Aokang, a los que no se había impuesto el pago de derecho alguno a raíz de la Decisión de Ejecución 2014/149/UE.

(118) En cuanto a la alegación de discriminación, la Comisión recuerda, en primer lugar, todos los requisitos necesarios para que haya discriminación, expuestos en el considerando 87.

(119) A continuación, se señala que la diferencia entre los importadores afectados por la ejecución actual y los afectados por la ejecución de las sentencias Brosmann y Aokang es que estos últimos decidieron impugnar el Reglamento (CE) n.o 1472/2006 ante el Tribunal General, mientras que los primeros no lo hicieron.

(120) Una decisión adoptada por una institución de la Unión y no impugnada por su destinatario en el plazo establecido en el párrafo sexto del artículo 263 del TFUE adquiere firmeza frente a él. Esta jurisprudencia se basa especialmente en la consideración de que el objetivo de los plazos de recurso es garantizar la seguridad jurídica, evitando que puedan ponerse indefinidamente en cuestión actos de la Unión que surtan efectos jurídicos (41).

(121) Este principio procedimental del Derecho de la Unión crea necesariamente dos grupos: aquellos que impugnaron una medida de la Unión y que, a consecuencia de ello, pueden haber conquistado una posición favorable (por ejemplo, Brosmann y los otros cuatro productores exportadores) y aquellos que no lo hicieron. Sin embargo, esto no significa que la Comisión haya tratado a las dos partes de forma desigual, vulnerando el principio de igualdad de trato. Reconocer que una determinada parte pertenece a la segunda categoría debido a una decisión consciente de no impugnar una medida de la Unión no constituye una discriminación contra dicho grupo.

(122) Así pues, todas las partes interesadas disfrutaron en todo momento de tutela judicial en los órganos jurisdiccionales de la Unión.

(123) En lo que se refiere a la supuesta discriminación de los productores exportadores afectados por la ejecución en curso que no estaban sujetos a ningún derecho a raíz de la Decisión de Ejecución 2014/149/UE, cabe señalar que la decisión del Consejo de no volver a imponer los derechos fue tomada claramente con respecto a las circunstancias particulares de una situación específica, tal como era en el momento en que la Comisión presentó su propuesta de restablecimiento de dichos derechos, y, en particular, porque los derechos antidumping en cuestión ya habían sido reembolsados y la comunicación inicial de la deuda al deudor en cuestión había sido retirada a raíz de las sentencias Brosmann y Aokang. Según el Consejo, este reembolso había generado confianza legítima en los importadores afectados. En el caso de los demás importadores no se produjo un reembolso comparable, por lo que su situación no es comparable a la de los importadores afectados por la Decisión del Consejo.

(124) De todos modos, el hecho de que el Consejo optase por actuar de una determinada manera, dadas las circunstancias concretas del caso en cuestión, no puede obligar a la Comisión a ejecutar otra sentencia exactamente del mismo modo.

Competencia de la Comisión para imponer medidas antidumping definitivas

(125) Además, la FESI y la Coalición del Calzado alegaron que la Comisión no tiene competencias para adoptar el Reglamento por el que se impone un derecho antidumping con carácter retroactivo en el actual ejercicio de ejecución, y que, en cualquier caso, esto sería competencia del Consejo. Esta alegación estaba basada en el argumento de que, si se reanudase la investigación en el punto preciso en que ocurrió la ilegalidad, serían aplicables las mismas normas que en el momento de la investigación inicial, cuando el Consejo adoptó medidas definitivas. Estas partes arguyeron que, con arreglo al artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2014, por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de determinadas medidas (también denominado «Reglamento Omnibus I») (42), el nuevo procedimiento para tomar decisiones de política comercial común no se aplica en el presente contexto, dado que, antes de que entrase en vigor el Reglamento Omnibus I, i) la Comisión ya había adoptado un acto (el Reglamento provisional); ii) se habían iniciado y concluido las consultas exigidas por el Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea; y iii) la Comisión ya había adoptado una propuesta de Reglamento del Consejo por el que se adoptaban medidas definitivas. Por todo ello, dichas partes llegaron a la conclusión de que se deberían aplicar los procedimientos de toma de decisiones anteriores a la entrada en vigor del Reglamento Omnibus I.

(126) Esta alegación, no obstante, se centra en la fecha de inicio de la investigación (que, ciertamente, es pertinente en relación con las demás modificaciones de fondo que se introdujeron en el Reglamento de base), pero no tiene en cuenta que el Reglamento (UE) n.o 37/2014 utiliza otro criterio (a saber, el inicio del procedimiento para la adopción de las medidas). Por eso, la posición de la FESI y la Coalición del Calzado se basa en una interpretación errónea de la norma transitoria del Reglamento (UE) n.o 37/2014.

(127) En efecto, teniendo en cuenta la referencia a «procedimientos iniciados para la adopción de las medidas» hecha en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 37/2014, en el que se definen las normas transitorias para los cambios introducidos en los procedimientos decisorios de adopción de medidas antidumping, y teniendo en cuenta asimismo el significado del concepto de «procedimiento» en el Reglamento de base, en el caso de una investigación comenzada antes de entrar en vigor el Reglamento (UE) n.o 37/2014 pero en la que la Comisión no hubiese iniciado la consulta del comité pertinente con vistas a adoptar medidas antes de dicha entrada en vigor, las nuevas normas se aplican al procedimiento de adopción de las citadas medidas antidumping. Lo mismo es válido para los procedimientos en los que se hubiesen impuesto medidas basándose en las antiguas normas y se sometiesen a una reconsideración o para las medidas por las que se hubiesen impuesto derechos provisionales con arreglo a las antiguas normas sin que se hubiese iniciado el procedimiento de adopción de las medidas definitivas cuando entró en vigor del Reglamento (UE) n.o 37/2014. Dicho de otra manera, el Reglamento (UE) n.o 37/2014 se aplica a un «procedimiento de adopción» concreto y no a todo el período de una investigación dada o incluso de un procedimiento.

(128) El Reglamento impugnado fue adoptado en 2006. El acto legislativo pertinente aplicable a este procedimiento es el Reglamento (UE) 2016/1036. Por tanto, se rechaza esta alegación.

(129) En lo que respecta a Clarks et al., se alegó en primer lugar que la Comisión carecía de base jurídica para investigar las solicitudes de TEM/TI presentadas por los productores exportadores en la investigación inicial. Según Clarks et al., el procedimiento, que concluyó con la expiración de las medidas el 31 de marzo de 2011, no quedó invalidado por la sentencia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14 y, por tanto, no puede volver a abrirse.

(130) En respuesta a esta observación, la Comisión remite a la explicación dada en los considerandos 99 a 104.

(131) En segundo lugar, Clarks et al. alegó que el procedimiento actual es contrario a los principios de no retroactividad y de seguridad jurídica, consagrados en el artículo 10 del Reglamento de base. También SIEMES, otro de los importadores de calzado, hizo una alegación similar de que no existe base jurídica para imponer derechos antidumping con carácter retroactivo y se remitió a la jurisprudencia, a saber, el asunto C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques contra Consejo (43), y a la práctica anterior de la Comisión a este respecto.

(132) En cuanto a la alegación relativa a la retroactividad con arreglo al artículo 10 del Reglamento de base y al artículo 10 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio («AAD de la OMC»), el artículo 10, apartado 1 del Reglamento de base, que se ajusta al texto del artículo 10, apartado 1, del AAD de la OMC, dispone que solo se aplicarán derechos antidumping provisionales y definitivos a los productos despachados a libre práctica después de la fecha de entrada en vigor de las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 7, apartado 1, o el artículo 9, apartado 4, según sea el caso, del Reglamento de base. En el caso que nos ocupa, los derechos antidumping en cuestión solamente se aplican a los productos que hayan sido despachados a libre práctica después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento provisional y del Reglamento impugnado (definitivo), adoptados respectivamente de conformidad con el artículo 7, apartado 1, y el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base. No obstante, la retroactividad a tenor del artículo 10, apartado 1, del Reglamento de base se refiere únicamente a una situación en la que las mercancías se importaron para su despacho a libre práctica antes de que se introdujeran las medidas, como puede deducirse del propio texto de dicha disposición y de la excepción prevista en el artículo 10, apartado 4, del Reglamento de base.

(133) La Comisión observa también que no hay infracción ni del principio de retroactividad ni del de seguridad jurídica y confianza legítima en el caso que nos ocupa.

(134) En cuanto a la retroactividad, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia distingue, cuando se evalúa si una medida es retroactiva, entre la aplicación de una nueva norma a una situación que se ha convertido en definitiva (también mencionada como situación jurídica existente o definitivamente constituida), y una situación que comenzó antes de la entrada en vigor de la nueva norma, pero que todavía no es definitiva (también mencionada como situación o fase provisional).

(135) En el caso que nos ocupa, la situación de las importaciones de los productos afectados que tuvieron lugar durante el período de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1472/2006 todavía no ha pasado a ser definitiva, ya que el derecho antidumping aplicable a aquellas aún no se ha fijado definitivamente debido a la anulación del Reglamento impugnado. Por otra parte, mediante la publicación del anuncio de inicio y el Reglamento provisional, se había advertido a los importadores de calzado de que ese derecho podía ser impuesto. Es jurisprudencia reiterada de los órganos jurisdiccionales de la Unión que los operadores no pueden albergar confianza legítima hasta que las instituciones de la Unión no hayan adoptado un acto de conclusión de un procedimiento administrativo que haya pasado a ser definitivo.

(136) El presente Reglamento constituye una aplicación inmediata a los efectos futuros de una situación en curso: las autoridades aduaneras nacionales han recaudado derechos sobre el calzado. Como consecuencia de las solicitudes de reembolso, que no se han decidido todavía de manera definitiva, constituyen una situación en curso. El presente Reglamento establece el tipo de derecho aplicable a dichas importaciones y, por lo tanto, regula los efectos futuros de una situación en curso.

(137) En cualquier caso, aunque hubiera retroactividad a tenor del Derecho de la Unión, que no es el caso, dicha retroactividad estaría justificada por el siguiente motivo:

(138) Las normas sustantivas del Derecho de la Unión podrían aplicarse a situaciones existentes antes de su entrada en vigor en la medida en que se deduzca claramente de su tenor, objetivos o régimen general que debe atribuírseles tal efecto. En particular, en el asunto C-337/88 Società agricola fattoria alimentare (SAFA), se sostuvo losiguiente: «Si bien por lo general el principio de la seguridad de las situaciones jurídicas se opone a que la eficacia temporal de un acto comunitario comience en una fecha anterior a la de su publicación, puede ocurrir lo contrario, excepcionalmente, cuando así lo exija el objetivo perseguido y cuando se respete debidamente la confianza legítima de los interesados» (44).

(139) En el caso que nos ocupa, el propósito es cumplir con la obligación de la Comisión en virtud del artículo 266 del TFUE. Dado que el Tribunal de Justicia, en las sentencias a que se hace referencia en el considerando 12, solo encontró una ilegalidad por lo que se refiere a la determinación del tipo de derecho aplicable, y no en lo que se refiere a la imposición de las propias medidas (es decir, por lo que se refiere a las conclusiones sobre el dumping, el perjuicio, la causalidad y el interés de la Unión), los productores exportadores afectados no hubieran podido esperar legítimamente que no se establecieran medidas antidumping definitivas. Por consiguiente, dicho establecimiento, aunque hubiese tenido carácter retroactivo, que no es el caso, no podía interpretarse como una vulneración de la confianza legítima.

(140) En tercer lugar, Clarks et al. alegó que sería discriminatorio y constituiría una infracción del artículo 266 del TFUE restablecer un derecho antidumping a los setenta productores exportadores afectados, dado que no se volvió a establecer un derecho antidumping a raíz de las sentencias Brosmann y Aokang.

(141) Esta alegación carece de fundamento. Los importadores que importaron de Brosmann y los otros cuatro productores exportadores afectados en las sentencias C-247/10 P y C-249/10 P están en una situación de hecho y de Derecho diferente porque sus productores exportadores decidieron recurrir el Reglamento impugnado y porque se les reembolsaron sus derechos, de manera que están protegidos por el artículo 221, apartado 3, del Código aduanero comunitario. En el caso de los demás, no tuvieron lugar ni la impugnación ni el reembolso. Véanse también a este respecto los considerandos 118 a 122.

(142) En cuarto lugar, Clarks et al. alegó que había varias irregularidades de procedimiento derivadas de la presente investigación. Para empezar, alegó que los productores exportadores afectados pueden no estar ya en condiciones de formular observaciones pertinentes o aportar nuevas pruebas en apoyo de sus solicitudes de TEM/TI formuladas hace varios años. Por ejemplo, es posible que las empresas ya no existan o que documentos pertinentes ya no estén disponibles.

(143) Además, Clarks et al. alegó que, al contrario que en la investigación inicial, las medidas de la Comisión afectarían de facto y de iure únicamente a los importadores, que no disponen de ningún medio para aportar una contribución significativa y no pueden obligar a sus proveedores a cooperar con la Comisión.

(144) La Comisión observa que ninguna de las disposiciones recogidas en el Reglamento de base le obliga a dar a las empresas exportadoras que soliciten el TEM/TI la posibilidad de completar la información que falte. De hecho, como se expone en el considerando 88, la carga de la prueba recae en el productor que desea solicitar TEM/TI con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. El derecho a ser oído se refiere a la evaluación de esos hechos, pero no incluye el derecho a corregir la falta de información. De otro modo, el productor exportador podría prolongar indefinidamente la evaluación facilitando la información poco a poco.

(145) A este respecto, se recuerda que la Comisión no tiene ninguna obligación de solicitar al productor exportador que complemente su solicitud de TEM/TI. Como se menciona en el considerando 84, la Comisión puede basar su apreciación en la información presentada por el productor exportador. En cualquier caso, los productores exportadores afectados no han impugnado la evaluación de sus solicitudes de TEM/TI por la Comisión y no han precisado en qué documentos ya no podían basarse o a qué personas ya no podían recurrir. Por consiguiente, esa alegación es tan abstracta que las instituciones de la Unión no pueden tener en cuenta esas dificultades a la hora de llevar a cabo la evaluación de las solicitudes de TEM/TI. Dado que este razonamiento es de base especulativa y no viene respaldado por indicaciones precisas en cuanto a qué documentos y personas ya no están disponibles, ni en cuanto a cuál es la pertinencia de dichos documentos y personas respecto a la evaluación de la solicitud de TEM/TI, se rechaza ese argumento.

(146) En cuanto a la alegación de que un importador no tendría medios para aportar una contribución significativa, la Comisión observa lo siguiente: primero, los importadores no tienen derecho de defensa, porque la medida antidumping no va dirigida contra ellos, sino contra los productores exportadores; segundo, los importadores tuvieron la oportunidad de formular observaciones sobre este punto durante el procedimiento administrativo previo a la adopción del Reglamento impugnado; tercero, si los importadores consideraban que existía una irregularidad a este respecto, debían adoptar las disposiciones contractuales oportunas con sus proveedores para asegurarse de disponer de la documentación necesaria. Por lo tanto, se rechazó la alegación.

(147) En quinto lugar, Clarks et al. alegó que la Comisión no examinó si el establecimiento de los derechos antidumping redundaría en interés de la Unión y alegó que las medidas serían contrarias al interés de la Unión porque i) ya tuvieron su efecto previsto cuando se impusieron por primera vez; ii) las medidas no aportarían beneficios adicionales a la industria de la Unión; iii) las medidas no afectarían a los productores exportadores, y iv) las medidas supondrían un coste importante para los importadores de la Unión.

(148) El presente caso solo afecta a las solicitudes de TEM/TI porque es el único punto en el que los Tribunales de la Unión han identificado un error jurídico. Para los intereses de la Unión, la evaluación del Reglamento (CE) n.o 1472/2006 sigue siendo plenamente válida. Además, la presente medida está justificada para proteger los intereses financieros de la Unión.

(149) En sexto lugar, Clarks et al. alegó que el derecho antidumping, en caso de restablecerse, ya no podría ser cobrado ya que habían expirado los plazos de prescripción establecidos en el artículo 221, apartado 3, del Código aduanero comunitario (en la actualidad, artículo 103, apartado 1, del código aduanero de la Unión). Según Clarks et al., esta situación constituiría una desviación de poder por parte de la Comisión.

(150) La Comisión recuerda que, con arreglo al artículo 221, apartado 3, del Código aduanero comunitario (artículo 103, apartado 1, del código aduanero de la Unión), el plazo de prescripción no se aplica cuando se interpone un recurso con arreglo al artículo 243 del Código aduanero comunitario (artículo 44, apartado 2, del código aduanero de la Unión), como en los presentes asuntos, que se refieren a recursos interpuestos sobre la base del artículo 236 del Código aduanero comunitario (artículo 119 del código aduanero de la Unión). Un recurso en el sentido del artículo 103, apartado 3, del código aduanero de la Unión, con arreglo a la aclaración del artículo 44, apartado 2, del mismo Reglamento, abarca desde la impugnación inicial de la decisión por parte de las autoridades aduaneras nacionales que imponen los derechos hasta la sentencia definitiva pronunciada por el órgano jurisdiccional nacional, incluida, si procede, una petición de decisión prejudicial. Por lo tanto, el plazo de tres años está suspendido desde la fecha en que se presentó la impugnación.

(151) Por último, Clarks et al. alegó que, a raíz de la expiración del apartado 15, letra a), inciso ii), del Protocolo de Adhesión de China a la OMC el 11 de diciembre de 2016, la Comisión ya no puede basarse en la metodología utilizada para determinar el valor normal para los exportadores chinos en la investigación inicial [es decir, la metodología del país análogo con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base].

(152) El Reglamento impugnado fue adoptado en 2006. El acto legislativo pertinente aplicable a este procedimiento es el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea. Por tanto, se rechaza esta alegación.

(153) Además, SIEMES alegó que la duración del procedimiento relativo a su solicitud de reembolso de derechos antidumping en curso ante las autoridades aduaneras alemanas viola el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En primer lugar, la Comisión recuerda que las decisiones sobre el reembolso de los derechos antidumping son competencia de las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros. En segundo lugar, de la información que le fue facilitada, la Comisión dedujo que la solicitud de reembolso que SIEMES presentó el 19 de marzo de 2012 le había sido denegada porque la sentencia en la que basó su solicitud se limitaba a Brosmann y Aokang, y no era aplicable a otros productores exportadores de China y Vietnam. No fue hasta el 4 de febrero de 2016 cuando el Tribunal de Justicia, en los asuntos acumulados C-659/13 C & J Clark International Limited y C-34/14 Puma SE, declaró inválido el Reglamento en cuanto afectaba a todos los productores exportadores del producto afectado (véase el considerando 12). Solo en dicho momento SIEMES se vio afectado por una sentencia del Tribunal, como debidamente le notificaron las autoridades aduaneras alemanas en su carta de 7 de septiembre de 2016. La Comisión ejecutó la sentencia en lo relativo a determinados productores exportadores, como se expone en los considerandos 18 a 38, así como en lo relativo a los importadores que presentaron solicitudes de reembolso a las autoridades aduaneras alemanas. En particular, por lo que se refiere a las importaciones cuya solicitud de reembolso habían notificado a la Comisión las autoridades aduaneras alemanas, de conformidad con el artículo 1 del Reglamento (UE) 2016/223 (véase el considerando 30), la Comisión respetó plenamente el plazo de ocho meses de ejecución establecido en el artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento. La Comisión, por lo tanto, discrepó del argumento de que este procedimiento fuera en contra del principio de una buena administración y, en consecuencia, rechazó esta alegación.

D. CONCLUSIONES

(154) Teniendo en cuenta las observaciones formuladas y su análisis, la Comisión concluyó que debía restablecerse el derecho antidumping residual aplicable a China y Vietnam —es decir, el 16,5 % y el 10 %, respectivamente— para el período de aplicación del Reglamento impugnado.

(155) Como se indica en el considerando 28, la Comisión suspendió temporalmente la evaluación de las empresas enumeradas en el anexo III del presente Reglamento hasta que el importador que solicita el reembolso a las autoridades aduaneras nacionales haya informado a la Comisión de los nombres y direcciones de los productores exportadores a quienes los correspondientes operadores hayan comprado el calzado o, si no hay respuesta alguna dentro de dicho plazo, hasta la expiración del plazo fijado por la Comisión para facilitar dicha información.

(156) En el artículo 3 del Reglamento (UE) 2017/423, la Comisión también ordenó a las autoridades aduaneras nacionales pertinentes que no reembolsaran los derechos de aduana percibidos hasta que la Comisión no hubiera finalizado la evaluación de las solicitudes de TEM/TI.

(157) Como consecuencia, tal como se indica en el considerando 29, Pentland Brands Ltd., Puma UK Ltd. y Deichmann Shoes UK Ltd se presentaron e identificaron a sus proveedores. La Comisión analizó las solicitudes de TEM/TI de los proveedores identificados en el presente Reglamento y finalizó la evaluación de la situación de las empresas enumeradas en el anexo III del Reglamento (UE) 2017/423. Como resultado, en relación con las empresas enumeradas en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/423 de la Comisión, esta no tiene constancia de que hayan presentado ningún formulario de solicitud de TEM o de TI en la investigación original. Por tanto, las correspondientes solicitudes de reembolso de los importadores no deben concederse, ya que el Reglamento impugnado no ha sido anul