ES Diario Oficial de la Unión Europea L 347/608

REGLAMENTO (UE) No 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 17 de diciembre de 2013

por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 637/2008 y (CE) no 73/2009 del Consejo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 42 y su artículo 43, apartado 2,

Vista el Acta de adhesión de 1979, y en particular el apartado 6 del Protocolo no 4 sobre el algodón, adjunto al Acta,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas (1),

Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (4),

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones que lleva por título "La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario" expuso los posibles problemas, objetivos y orientaciones de la Política Agrícola Común (PAC) después de 2013. A la luz del debate sobre dicha Comunicación, la PAC debe reformarse con efecto a partir del 1 de enero de 2014. Esta reforma debe cubrir todos los instrumentos principales de la PAC, incluido el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo (5) Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la reforma, procede derogar el Reglamento (CE) no 73/2009 y sustituirlo por un nuevo texto. La reforma también debe aligerar y simplificar las disposiciones correspondientes.

(2) Uno de los objetivos principales y de las exigencias esenciales de la reforma de la PAC es la reducción de la carga administrativa. Este objetivo debe tenerse muy en cuenta a la hora de configurar las disposiciones pertinentes del régimen de ayuda directa.

(3) El presente Reglamento debe incluir todos los elementos básicos relacionados con el pago de la ayuda de la Unión a los agricultores y fijar las condiciones de acceso a los pagos que estén inextricablemente vinculados a estos elementos básicos.

(4) Es necesario aclarar que el Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y las disposiciones adoptadas en su ejecución deben aplicarse a las medidas establecidas en el presente Reglamento. En aras de la coherencia con otros instrumentos jurídicos relativos a la PAC, algunas normas actualmente previstas en el Reglamento (CE) no 73/2009 quedan ahora fijadas en el Reglamento (UE) no 1306/2013, en particular las normas establecidas para garantizar la observancia de las obligaciones establecidas por las disposiciones de pago directo, incluyendo el control y la aplicación de medidas y sanciones administrativas en caso de incumplimiento; las normas relativas a la condicionalidad, como los requisitos legales de gestión, las buenas condiciones agrarias y medioambientales, el seguimiento y la evaluación de las medidas pertinentes, y las normas relativas al pago de anticipos y a la recuperación de los pagos indebidos.

(5) A fin de completar y modificar determinados aspectos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, incluso a nivel de expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar la transmisión adecuada, simultánea y oportuna de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(6) En el presente Reglamento se ha de incluir una lista de los regímenes de ayuda mediante pagos directos cubiertos por el mismo. A fin de tener en cuenta la nueva legislación sobre regímenes de ayuda que puede ser adoptada tras la entrada en vigor del presente Reglamento, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos, por lo que respecta a la modificación de dicha lista.

(7) A fin de garantizar la certidumbre jurídica, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos, por lo que respecta a establecer el marco en el que los Estados miembros tienen que definir los criterios a los que deben ajustarse los agricultores para cumplir con la obligación de mantener la superficie agraria en un estado adecuado para el pastoreo o el cultivo y las actividades mínimas que deben realizarse en superficies mantenidas naturalmente en un estado adecuado para el pastoreo o el cultivo así como los criterios que se deben cumplir para determinar el predominio de gramíneas y otros forrajes herbáceos y para determinar las prácticas locales establecidas en lo que atañe a los pastos permanentes y pastizales permanentes ("pastos permanentes").

(8) Con objeto de garantizar que los importes destinados a financiar la PAC respetan los límites máximos anuales contemplados en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1306/2013 debe efectuarse un ajuste del nivel de apoyo directo en cualquier año natural conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de dicho Reglamento. Para garantizar que contribuye a lograr el objetivo de una distribución de los pagos más equilibrada entre los pequeños y los grandes beneficiarios, el ajuste de los pagos directos solo debe aplicarse a los pagos superiores a 2 000 EUR que vayan a concederse a los agricultores en el año natural correspondiente. Teniendo en cuenta los niveles de los pagos directos concedidos a los agricultores de Bulgaria, Croacia y Rumanía en el marco de la aplicación del mecanismo de introducción progresiva a todos los pagos directos concedidos en dichos Estados miembros, este instrumento de disciplina financiera solo debe aplicarse en Bulgaria y Rumanía a partir del 1 de enero de 2016 y en Croacia a partir del 1 de enero de 2022. Se han de disponer normas específicas en relación con ese instrumento de disciplina financiera y con otras disposiciones determinadas cuando se trate de una persona jurídica o de un grupo de personas físicas o jurídicas, en caso de que el Derecho nacional establezca que los derechos y obligaciones de sus miembros individuales son equiparables a los de los agricultores individuales que tienen el estatuto de jefe de explotación, a fin de reforzar las estructuras agrícolas y promover el establecimiento de las personas jurídicas o grupos de que se trate.

(9) Con objeto de garantizar la correcta aplicación de los ajustes de los pagos directos en relación con la disciplina financiera, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos, por lo que respecta a las normas relativas a la base de cálculo de las reducciones que deben aplicar los Estados miembros a los agricultores para la aplicación de la disciplina financiera.

(10) De la experiencia adquirida con la aplicación de los distintos regímenes de ayuda a los agricultores se desprende que, en una serie de casos, el apoyo se concedió a personas físicas o jurídicas cuyo propósito comercial no estaba dirigido a una actividad agrícola, o lo estaba solo marginalmente. Para garantizar una mejor canalización de la ayuda, los Estados miembros deben abstenerse de conceder pagos directos a personas físicas o jurídicas, a menos que puedan demostrar que su actividad agrícola no es marginal. Los Estados miembros deben tener también la posibilidad de no conceder pagos directos a otras personas físicas o jurídicas cuya actividad agrícola sea marginal. No obstante, se debe permitir que los Estados miembros concedan pagos directos a pequeños agricultores a tiempo parcial, dado que estos agricultores contribuyen directamente a la vitalidad de las zonas rurales. Los Estados miembros también deben abstenerse de conceder pagos directos a las personas físicas o jurídicas cuyas superficies agrarias sean principalmente superficies mantenidas naturalmente en un estado adecuado para el pastoreo o el cultivo, y que no realicen determinadas actividades mínimas.

(11) Para garantizar la protección de los derechos de los agricultores, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta al establecimiento de criterios para determinar en qué casos debe considerarse que la superficie agraria de un agricultor es principalmente una zona naturalmente mantenida en un estado adecuado para pastos o cultivo, a los criterios para establecer la distinción entre los ingresos resultantes de las actividades agrícolas y de las actividades no agrícolas, y el importe de los pagos directos pertinente para la aplicación de la prueba de marginalidad y los criterios que han de cumplir lo agricultores para demostrar que su actividad agrícola no es marginal.

(12) Para evitar la carga administrativa excesiva que causa la gestión de pagos de pequeña cuantía, los Estados miembros deben abstenerse, en general, de conceder pagos directos cuando el importe sea inferior a 100 EUR o cuando la superficie admisible de la explotación para la que se solicita la ayuda sea inferior a una hectárea. No obstante, dado que las estructuras de explotación de los Estados miembros varían considerablemente y pueden diferir sensiblemente de la estructura media de explotación de la Unión, debe permitirse a los Estados miembros aplicar umbrales mínimos que reflejen su situación particular. Debido a la estructura particularmente específica de las explotaciones agrícolas de las regiones ultraperiféricas y de las islas menores del Mar Egeo, los Estados miembros deben poder decidir si aplican un umbral mínimo en esas regiones. Además, los Estados miembros deben tener la facultad de optar por la aplicación de uno de los dos tipos de umbral mínimo en función de las peculiaridades de las estructuras de sus sectores agrarios. Habida cuenta de que pueden concederse pagos a los agricultores con explotaciones denominadas "sin tierra", la aplicación del umbral basado en la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, el importe mínimo relacionado con la ayuda debe aplicarse a dichos agricultores. Para garantizar la igualdad de trato de los agricultores de Bulgaria, Croacia y Rumanía, cuyos pagos directos estén supeditados a la introducción progresiva, el umbral mínimo para dichos Estados miembros debe basarse en los importes definitivos que se vayan a conceder al final del proceso de introducción progresiva.

(13) La distribución de la ayuda directa a la renta entre los agricultores se caracteriza por la asignación de importes desproporcionados de pagos a un número bastante reducido de grandes beneficiarios. Los beneficiarios de mayor entidad no necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria para que se logre eficientemente el objetivo de la ayuda a la renta, debido a su capacidad de utilizar las economías de escala. Por otra parte, su potencial de adaptación les facilita en mayor medida funcionar con niveles más bajos de ayuda unitaria. Así pues, los Estados miembros deben reducir al menos en un 5 % la parte del pago básico que haya de concederse a los agricultores y que rebase los 150 000 EUR. Para evitar efectos desproporcionados en grandes explotaciones agrícolas con altas cifras de trabajadores, al aplicar el sistema los Estados miembros podrán decidir tener en cuenta la intensidad del trabajo asalariado. Para que esta reducción del nivel de apoyo sea efectiva, no se ha de compensar a los agricultores que creen artificialmente las condiciones para evitar sus efectos. Los importes obtenidos con la reducción de los pagos a los grandes beneficiarios deben permanecer los Estados miembros donde fueron generados y servir para financiar las medidas de apoyo de la Unión en virtud del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

14) Deben fijarse límites máximos netos para cada Estado miembro para restringir los pagos que deben hacerse a los agricultores tras la aplicación de la reducción de los pagos. A efectos de tener en cuenta las especiales características de la ayuda de la PAC concedida de acuerdo con el Reglamento (UE) no 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), y el Reglamento (UE) no 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y el hecho de que esos pagos directos no están sometidos a la reducción de los pagos, el límite máximo neto para los Estados miembros en cuestión no debe incluir tales pagos directos.

(15) Con el fin de tener en cuenta la evolución de los importes máximos totales de los pagos directos que pueden concederse, incluidos los resultantes de las decisiones que adopten los Estados miembros en relación con las transferencias entre el primer y segundo pilar [y de la aplicación de la reducción y, cuando proceda, de la limitación de los pagos, así como de los resultantes de las notificaciones que debe efectuar Croacia relativas a los terrenos desminados que hayan vuelto a utilizarse para actividades agrícolas, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta a la adaptación de los límites máximos nacionales y netos previstos en el presente Reglamento.

(16) Cabe precisar que aquellas disposiciones del presente Reglamento que puedan originar un comportamiento de un Estado miembro susceptible de constituir una ayuda estatal quedan excluidas del ámbito de aplicación de las normas en materia de ayuda estatal, habida cuenta de que las disposiciones en cuestión incluyen condiciones adecuadas para evitar que la concesión de la ayuda provoque un falseamiento indebido de la competencia, o prevén la adopción de tales condiciones por la Comisión.

(17) Con el fin de reforzar sus políticas de desarrollo rural, los Estados miembros deben tener la posibilidad de transferir fondos de sus límites máximos de pagos directos a su ayuda asignada al desarrollo rural. Los Estados miembros deben tener también la posibilidad de transferir fondos de su ayuda asignada al desarrollo rural a sus límites máximos de pagos directos. Para garantizar la efectividad de esta medida, los Estados miembros deben tener la posibilidad de reconsiderar una vez su decisión inicial con efectos a partir del año de solicitud 2018, siempre que la decisión basada en dicha reconsideración no suponga una reducción de los importes asignados al desarrollo rural

(18) Para lograr los objetivos de la PAC, los regímenes de ayuda pueden tener que adaptarse a la evolución de la situación, si es necesario en un breve plazo. Es necesario, por tanto, prever una posible revisión de los regímenes de ayuda, en particular en función de los acontecimientos económicos o de la situación presupuestaria, de resultas de lo cual los beneficiarios no pueden dar por sentado que las condiciones de la ayuda permanecerán invariables.

(19) Los agricultores de los Estados miembros que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad recibieron pagos directos de acuerdo a un mecanismo de introducción progresiva contemplado en sus respectivos Acuerdos de Adhesión. En el caso de Bulgaria y Rumanía, dicho mecanismo aún seguirá en vigor en 2015 y en el caso de Croacia estará en vigor hasta 2021. Además, dichos Estados miembros fueron autorizados a conceder pagos directos nacionales complementarios. La posibilidad de conceder tales pagos debe mantenerse en el caso de Croacia y, como complemento al régimen de pago único, en el caso de Bulgaria y Rumanía hasta que finalice por completo la introducción progresiva. Por lo que se refiere a autorizar a Croacia a conceder pagos directos nacionales complementarios, la Comisión debe estar facultad para adoptar actos de ejecución sin aplicar el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (9),

(20) El Reglamento (CE) no 73/2009, modificado por el Acta de Adhesión de 2011, prevé para Croacia una reserva nacional especial para desminado, destinada a financiar durante un período de diez años, a partir de la adhesión a la Unión, la asignación de derechos de pago a los terrenos desminados que se vuelvan a destinar a usos agrícolas cada año. Procede establecer las normas para determinar los importes asignados a la financiación de la ayuda para dichas tierras en virtud de los regímenes de ayuda previstos en el presente Reglamento y de las normas para la gestión de esta reserva. Con el fin de tener en cuenta los importes resultantes de las notificaciones que debe efectuar Croacia relativas a los terrenos desminados que hayan vuelto a utilizarse para actividades agrícolas, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta a la revisión de determinadas disposiciones financieras aplicables a Croacia.

(21) Con el fin de garantizar una mejor distribución de la ayuda entre las tierras agrícolas en la Unión, incluso en aquellos Estados miembros que aplicaron el régimen de pago único por superficie establecido en virtud del Reglamento (CE) no 73/2009, un nuevo régimen de pago básico debe sustituir al régimen de pago único creado en virtud del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo (10), y mantenido en virtud del Reglamento (CE) no 73/2009, que combinó mecanismos de ayuda previamente existentes en un único régimen de pagos directos disociados. Esta iniciativa debe, en principio, poner fin a los derechos de pago obtenidos en virtud de dichos Reglamentos y la asignación de otros nuevos. Esta asignación de nuevos derechos de pago debe continuar basándose, como norma general, en el número de hectáreas admisibles a disposición de los agricultores en el primer año de aplicación del régimen. No obstante, los Estados miembros que aplican actualmente el régimen de pago único a escala regional o híbrida deben tener la posibilidad de mantener sus derechos de pago existentes. Para evitar que en un Estado miembro determinado se dé la situación de que un incremento de la superficie admisible atenúe desproporcionadamente el importe de los pagos directos por hectárea y afecte, por tanto, al proceso de convergencia interna, se debe permitir que, cuando los Estados miembros efectúen la primera asignación de los derechos de pago, apliquen determinadas limitaciones a efectos de establecer el número de derechos de pago.

(22) Debido a la sucesiva integración de varios sectores en el régimen de pago único y al subsiguiente período de ajuste concedido a los agricultores, cada vez resulta más difícil justificar la existencia de importantes diferencias individuales en el nivel de ayuda por hectárea derivadas de la utilización de referencias históricas. Por lo tanto, la ayuda directa a la renta debe distribuirse más equitativamente entre los Estados miembros, reduciendo el vínculo a las referencias históricas y teniendo en cuenta el contexto global del presupuesto de la Unión. Para asegurar una distribución más equitativa de la ayuda directa, pero teniendo en cuenta las diferencias aún existentes en los niveles de salarios y los precios de los insumos, los niveles de ayuda directa por hectárea deben adaptarse progresivamente. Los Estados miembros que tengan pagos directos por debajo del nivel del 90 % de la media de la Unión deben saldar un tercio de la brecha entre su nivel actual y este nivel con todos los Estados miembros que alcancen un nivel mínimo en el ejercicio 2020. Esta convergencia debe ser financiada proporcionalmente por todos los Estados miembros que tengan niveles de pagos directos por encima de la media de la Unión.

(23) Además, como norma general, todos los derechos de pago activados en 2019 en un Estado miembro o en una región deberán tener un valor unitario uniforme. No obstante, con el fin de evitar consecuencias financieras perjudiciales para los agricultores, los Estados miembros deben ser autorizados a tener en cuenta factores históricos al calcular el valor de los derechos de pago que deberían tener los agricultores en 2019, siempre que los derechos de pago en 2019 no tengan un valor inferior al 60 % de la media. Los Estados miembros deben financiar esta convergencia, sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios que han de establecer, mediante la reducción del valor de estos derechos de pago que en 2019 tengan un valor superior al de la media. En este contexto y para evitar pérdidas inaceptablemente perturbadoras para algunos agricultores, los Estados miembros podrán limitar esa reducción al 30 % del valor inicial de los derechos de que se trate aún cuando, debido a tal limitación, la totalidad de los derechos de pago no puedan alcanzar el 60 % del valor medio en 2019. Excepto en el caso de aquellos Estados miembros que opten por un valor unitario uniforme a partir del primer año de aplicación del régimen no, dicha convergencia se llevará a cabo en etapas idénticas. La convergencia de los derechos de pago que tengan un valor superior a la media también debe tener en cuenta los recursos disponibles estimados para los derechos de pago. No obstante para aquellos Estados miembros que hayan mantenido sus derechos de pago existentes y ya hayan optado por las etapas de la convergencia con arreglo al artículo 63, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1782/2003, deben ponerse en práctica dichas etapas de convergencia, cuando proceda, y el valor de todos los derechos de pago debe ser ajustado teniendo en cuenta los recursos disponibles estimados para los derechos de pago

(24) La experiencia adquirida con la aplicación del régimen de pago único ha puesto de manifiesto que deben mantenerse algunos de sus elementos principales, incluida la fijación de límites máximos nacionales para garantizar que el nivel total de la ayuda no rebasa las restricciones presupuestarias vigentes. Los Estados miembros también deben seguir gestionando una reserva nacional, o se les ha de permitir crear reservas regionales. Estas reservas nacionales o regionales deben utilizarse, de manera prioritaria, para facilitar la participación de jóvenes agricultores y agricultores que comienzan su actividad agrícola en el régimen y debe permitírseles que las utilicen para atender otras situaciones específicas. Deben mantenerse las normas sobre la transferencia y la utilización de los derechos de pago.

(25) La experiencia obtenida con la aplicación del Reglamento (CE) no 73/2009 ha demostrado que los Estados miembros no utilizaban el importe total de los fondos disponibles en virtud de los límites máximos nacionales establecidos en dicho Reglamento. Si bien, en comparación con el sistema establecido en dicho reglamento, el del presente reduce el riesgo de que se queden fondos sin gastar, los Estados miembros deberían, no obstante, tener la posibilidad de distribuir derechos de pago por un valor superior al importe disponible para su régimen de pago básico, a fin de facilitar una utilización más eficiente de los fondos. Por consiguiente, se debe autorizar a los Estados miembros a que, dentro de ciertos límites comunes y respetando los límites máximos netos para los pagos directos, calculen el importe necesario por el que pueda incrementarse su pago directo.

(26) Como norma general, cualquier superficie agraria de la explotación, incluidas las superficies que no estuvieran en buenas condiciones agrarias a 30 de junio de 2003 en los Estados miembros que se adhirieron a la Unión el 1 de mayo de 2004 y que optaron por aplicar el régimen de pago único por superficie, que se utilice para una actividad agrícola es admisible para beneficiarse del pago único. Dado el potencial de las actividades no agrícolas para contribuir a la diversificación de los ingresos de las explotaciones agrícolas y a la vitalidad de las zonas rurales, una superficie agraria de una explotación que se utilice también para actividades no agrícolas se considerará admisible a condición de que se utilice predominantemente para actividades agrícolas. A efectos de evaluar dicho carácter predominante, han de establecerse criterios comunes para todos los Estados miembros. En este contexto y para garantizar una mejor canalización de los pagos directos, los Estados miembros deben poder elaborar, en aras de la seguridad y la claridad jurídica, una lista de las superficies que se utilizan predominantemente para actividades no agrícolas y que, por tanto, no son admisibles. Además, para mantener la admisibilidad de las superficies que eran admisibles a efectos de la activación de los derechos de retirada antes de la abolición de la obligación de retirada, debe establecerse que determinadas superficies forestadas, incluidas las que hayan sido forestadas en virtud de regímenes nacionales que cumplan las normas pertinentes del Reglamento (CE) no 1698/2005 (11)del Consejo o del Reglamento (UE) no 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), o las superficies sujetas a determinados compromisos medioambientales, podrán optar al pago básico.

(27) Para evitar que se dé la situación de que en un Estado miembro determinado un incremento de la superficie admisible atenúe desproporcionadamente el importe de los pagos directos por hectárea y afecte, por tanto, al proceso de convergencia interna, se debe permitir a los Estados miembros utilizar un coeficiente de reducción para determinar la superficie admisible de pastos permanentes cuando las gramíneas y otros forrajes herbáceos no sean tradicionalmente predominantes en superficies de pastos, sino que como tales formen parte de las prácticas locales establecidas.

(28) En lo que atañe al cáñamo, deben mantenerse medidas específicas a fin de asegurar que no puedan ocultarse cultivos ilegales entre los que puedan acogerse al pago básico, lo que incidiría negativamente en el mercado de cáñamo. Por lo tanto, procede seguir concediendo pagos únicamente para las superficies en las que se hayan sembrado variedades de cáñamo que ofrezcan ciertas garantías en cuanto al contenido de sustancias psicotrópicas.

(29) Con objeto de garantizar la seguridad jurídica y aclarar las situaciones específicas que puedan surgir en la aplicación del régimen de pago básico, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta a las normas sobre admisibilidad y acceso de los agricultores al régimen de pago básico en caso de sucesión inter vivos o mortis causa, herencia bajo arrendamiento, cambio de estatuto jurídico o denominación, transferencia de derechos de pago, y en caso de fusión o escisión de la explotación y en el caso de una cláusula del contrato relativa al derecho a recibir derechos de pago en el primer año de la asignación de los derechos de pago. Además, la delegación de poderes debe también incluir las normas relativas al cálculo del valor y del número o al cambio del valor de los derechos de pago en relación con la asignación de los derechos de pago, incluidas las normas relativas a la posibilidad de determinar un valor y un número o un aumento provisional de los derechos de pago asignados sobre la base de la solicitud del agricultor, las normas relativas a las condiciones para determinar el valor y el número provisionales y definitivos de los derechos de pago y normas relativas a los casos en que una venta o contrato de arrendamiento financiero pueda afectar a la asignación de los derechos de pago. Además, la delegación de poderes debe también incluir las normas relativas al establecimiento y al cálculo del valor y del número de derechos de pago recibidos de las reservas nacional o regionales; las normas relativas a la modificación del valor unitario de los derechos de pago en caso de fracciones de derechos de pago y a la transferencia de los derechos de pago sin tierra. Además, la delegación de poderes debe también incluir los criterios para la asignación de derechos de pago a los agricultores que no recibieron pagos directos en 2013 o con arreglo al uso de la reserva nacional o regional; los criterios para la aplicación de limitaciones al número de derechos de pago que deban asignarse; y los criterios para establecer el coeficiente de reducción para la conversión de determinadas superficies de pastos permanentes en hectáreas admisibles.

(30) Con el fin de garantizar la correcta gestión de los derechos de pago, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta a las normas relativas al contenido de la declaración y a los requisitos para la activación de los derechos de pago.

(31) Para preservar la salud pública, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta al establecimiento de normas que supediten la concesión de los pagos a la utilización de semillas certificadas de determinadas variedades de cáñamo y definan el procedimiento para la determinación de las variedades de cáñamo y el control de su contenido de tetrahidrocanabinol.

(32) A la vista de las dificultades administrativas, técnicas y logísticas que la transición a un régimen de pago básico acarrea para los Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie previsto en el Reglamento (CE) no 73/2009, se debería permitir a dichos Estados aplicar dicho régimen de pago único por superficie a efectos de concesión del pago básico por un nuevo período transitorio que terminará a más tardar a finales de 2020. Si un Estado miembro decide introducir el régimen de pago básico a más tardar en 2018, puede optar por diferenciar los pagos realizados con arreglo al régimen de pago único por superficie según el nivel de determinados pagos concedidos en 2014 en virtud de los regímenes de ayuda específica y los pagos por separado previstos en el Reglamento (CE) no 73/2009, o en el caso de Chipre con arreglo a las dotaciones sectoriales específicas financieras para la ayuda nacional transitoria.

(33) Con objeto de garantizar la seguridad jurídica y aclarar las situaciones específicas que puedan surgir en la aplicación del régimen de pago único por superficie, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta al establecimiento de normas sobre la admisibilidad y el acceso de los agricultores al régimen de pago único por superficie.

(34) En los Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie a los que se les había autorizado a conceder ayudas nacionales transitorias, dichas ayudas han desempeñado un importante papel de apoyo a la renta de los agricultores de sectores específicos. Por esta razón y para evitar una reducción repentina y sustancial de la ayuda a partir de 2015 en esos sectores que hasta 2014 se han beneficiado de las ayudas nacionales transitorias, es conveniente establecer en esos Estados miembros la posibilidad de que se conceda esta ayuda como complemento al régimen de pago único por superficie. Para garantizar la continuidad del apoyo mediante las ayudas transitorias nacionales concedidas hasta la fecha, es conveniente limitar las condiciones de estas ayudas a las que se aplicaban en 2013, o en el caso de Bulgaria y Rumanía a los pagos directos nacionales complementarios autorizados por la Comisión previa solicitud de los Estados miembros. También es conveniente limitar los importes máximos de las ayudas por sector en comparación con sus niveles de 2013 para lograr una reducción constante de los niveles de ayuda y para garantizar su compatibilidad con el mecanismo de convergencia.

(35) Se deben establecer normas específicas para la primera asignación y para el cálculo del valor de los derechos de pago, cuando los Estados miembros que han aplicado el régimen del pago único por superficie con arreglo al presente Reglamento introducen el régimen del pago básico. Para garantizar una transición fluida entre ambos regímenes, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta a nuevas normas sobre la introducción del régimen de pago básico en los Estados miembros que hayan aplicado el régimen de pago único por superficie.

(36) Teniendo en cuenta la necesidad de que la ayuda unitaria que se concede a los agricultores con explotaciones pequeñas sea suficiente para conseguir eficazmente el objetivo de ayuda a la renta, debe permitirse a los Estados miembros redistribuir la ayuda directa entre los agricultores concediéndoles un pago extraordinario en concepto de las primeras hectáreas.

(37) Uno de los objetivos de la nueva PAC es la mejora del comportamiento medioambiental, a través de un componente "ecologización" obligatorio de los pagos directos que apoyará prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, aplicable en toda la Unión. A tal fin, los Estados miembros deben emplear una parte de sus límites máximos nacionales de los pagos directos para conceder, como suplemento del pago básico, un pago anual en el cual se podrá tener en cuenta la convergencia interna del Estado miembro o región, destinado a prácticas obligatorias que deben seguir los agricultores para abordar, prioritariamente, los objetivos de la política climática y medioambiental. Estas prácticas deben adoptar la forma de actuaciones simples, generalizadas, no contractuales y anuales que vayan más allá de la condicionalidad y estén relacionadas con la agricultura, tales como la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes, incluidos los huertos tradicionales en que se cultivan árboles frutales con escasa densidad en pastos permanentes y el establecimiento de las superficies de interés ecológico, Para lograr con mayor eficacia los objetivos de la medida y permitir un control y una administración eficientes de la ecologización, esas prácticas deben aplicarse a la totalidad de la superficie admisible de la explotación. El carácter obligatorio de esas prácticas también debe concernir a los agricultores cuyas explotaciones estén total o parcialmente situadas en zonas de la red "Natura 2000" cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del Consejo (13), y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14), o en las zonas cubiertas por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (15), en la medida en que estas prácticas sean compatibles con los objetivos de esas Directivas.

(38) Los agricultores que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 834/2007 (16) deben beneficiarse del componente "ecologización" sin necesidad de satisfacer ninguna otra obligación, habida cuenta de los reconocidos beneficios medioambientales de los sistemas de agricultura ecológica.

(39) El incumplimiento del componente "ecologización" debe dar lugar a sanciones sobre la base del Reglamento (UE) no 1306/2013.

(40) A fin de dar cabida a la diversidad de los sistemas agrícolas y a las diferentes situaciones medioambientales en la Unión, es justificado reconocer, además de las tres prácticas de ecologización establecidas en el presente Reglamento, las prácticas incluidas en las medidas agroambientales y climáticas o en los regímenes de certificación que son similares a la ecologización y que rinden un beneficio para el clima y el medio ambiente equivalente o superior. En aras de la claridad jurídica, estas prácticas deben recogerse en un anexo del presente Reglamento. Los Estados miembros deben decidir si ofrecen a los agricultores la posibilidad de utilizar prácticas equivalentes y las prácticas de ecologización establecidas en el presente Reglamento, a fin de exigir al agricultor observe las prácticas más adecuadas para el logro de los objetivos de la medidas, y notificarán a la Comisión la decisión adoptada. En aras a la seguridad jurídica, la Comisión debería evaluar si las prácticas incluidas en las medidas notificadas equivalentes figuran en el anexo. Si la Comisión considera que no es el caso, notificará al Estado miembro en consecuencia mediante un acto de ejecución adoptado sin aplicar el Reglamento (UE) no 182/2011. Para permitir una aplicación más sencilla del régimen de equivalencia y por razones de controlabilidad, se deberán establecer normas por lo que respecta al ámbito de aplicación de las medidas equivalentes, teniendo en cuenta las características específicas de las medidas agroambientales y climáticas y los regímenes de certificación. Para garantizar que se aplican de manera adecuada las prácticas equivalentes y se evita una duplicación de la financiación, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos a efectos de añadir prácticas a la lista de prácticas equivalentes, establecer requisitos para los regímenes de certificación nacionales o regionales y, cuando sea necesario, establecer normas detalladas para el cálculo de los importes correspondientes.

(41) Las obligaciones relativas a la diversificación de cultivos deben aplicarse de manera que se tenga en cuenta la dificultad a la que se enfrentan las explotaciones más pequeñas para diversificar y al mismo tiempo continuar avanzando hacia una mayor protección del medio ambiente, y en particular la mejora de la calidad del suelo. Deben establecerse excepciones para las explotaciones que ya cumplen el objetivo de la diversificación de los cultivos, al dedicar una gran parte de sus tierras a pastos o a barbecho y para las explotaciones especializadas en la rotación anual de sus parcelas, así como para las explotaciones que, a causa de su situación geográfica, encuentran excesivas dificultades para introducir un tercer cultivo. A fin de garantizar que las obligaciones relativas a la medida de diversificación de cultivos se apliquen de forma proporcionada y no discriminatoria y lleven a una mayor protección del medio ambiente, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta al reconocimiento de otros géneros y especies y al establecimiento de las normas relativas a la aplicación del cálculo exacto de los porcentajes de los diferentes cultivos.

(42) En aras de los beneficios medioambiental de los pastos permanentes y, en particular, de la captura del carbono, se deben establecer disposiciones respecto al mantenimiento de pastos permanentes. Dicha protección consistirá en la prohibición de arar la tierra y en la conversión de la mayoría de las zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental en zonas de "Natura 2020" cubiertas por la Directiva 92/43/CEE y por la Directiva 2009/147/CE, y en una salvaguardia más general basada en una proporción de pastos permanentes frente a la conversión a otros usos. Los Estados miembros deben estar facultados para delimitar las zonas sensibles desde un punto de vista medioambiental que no estén cubiertas por dichas Directivas. Deben además decidir en qué nivel territorial se debe aplicar esa proporción A fin de garantizar una protección eficaz de los pastos permanentes, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos con el fin de definir el marco en el cual los Estados miembros designarán los pastos permanentes no cubiertos por las Directivas 92/43/CEE o 2009/147/CE.

(43) Con el fin de garantizar que la proporción de pastos permanentes en relación con la superficie agraria total está correctamente definida y se mantiene, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta al establecimiento de métodos precisos para determinar dicha proporción, normas detalladas sobre el mantenimiento de pastos permanentes y los plazos pertinentes de la obligación de reconvertir la tierra de los agricultores particulares.

(44) Deben establecerse superficies de interés ecológico para, en particular, salvaguardar y mejorar la biodiversidad de las explotaciones. Por lo tanto las superficies de interés ecológico consistirán en superficies que están directamente destinadas a la biodiversidad, tales como tierras en barbecho, elementos paisajísticos, terrazas, franjas de protección, zonas forestadas o superficies dedicadas a la silvicultura o indirectamente dedicadas a la diversidad mediante una utilización reducida de medios de producción, tales como cultivos intermedios o cubierta vegetal de invierno. Las obligaciones establecidas respecto de la superficie de interés ecológico deben aplicarse de modo que se evite que las explotaciones más pequeñas sufran cargas desproporcionadas en comparación con el refuerzo adicional de la protección del medio ambiente. Deben establecerse excepciones para las explotaciones que ya cumplen los objetivos de la superficie de interés ecológico dedicando una gran parte de sus tierras a pastos o a barbecho. También deben establecerse excepciones para los agricultores que llevan a cabo actividades agrícolas en zonas que se enfrentan a limitaciones naturales en regiones predominantemente boscosas, cuando hay un riesgo importante de abandono de las tierras en Estados miembros predominantemente boscosos. Se debe prever además la posibilidad de que los Estados miembros y las explotaciones cumplan la obligación a escala regional o de manera colectiva a fin de obtener superficies de interés ecológico adyacentes, que son más beneficiosas para el medio ambiente. En aras de la simplificación, los Estados miembros deben tener la opción de normalizar la medición de las superficies de interés ecológico.

(45) Con el fin de garantizar el establecimiento de las superficies de interés ecológico de una manera eficiente y coherente, teniendo en cuenta simultáneamente las características específicas de los Estados miembros, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta a establecer criterios adicionales para la calificación de las superficies como superficies de interés ecológico, reconocer otros tipos de superficies de interés ecológico, establecer los factores de conversión y ponderación para determinados tipos de superficies de interés ecológico, establecer normas para la aplicación, por los Estados miembros, de una parte de la superficie de interés ecológico a nivel regional, fijar las normas para el establecimiento del cumplimiento colectivo de la obligación de mantener las superficies de interés ecológico por parte de explotaciones que se encuentran en estrecha proximidad, definiendo el marco de los criterios, que han de establecer los Estados miembros para determinar dicha estrecha proximidad, y establecer los métodos para calcular la proporción de bosque y tierras agrícolas. Cuando añada otros tipos de superficies de interés ecológico, la Comisión debe garantizar que aspiran a mejorar el rendimiento medioambiental general de una explotación, en particular por lo que se refiere a la biodiversidad, a la mejora de la calidad del suelo o del agua, a la preservación del paisaje y a cumplir los objetivos de mitigación del cambio climático y de adaptación al mismo.

(46) A fin de promover el desarrollo sostenible de la agricultura en zonas con limitaciones naturales específicas, los Estados miembros deben poder utilizar una parte de sus límites máximos para pagos directos para conceder un pago anual por superficie, además del pago básico, a todos los agricultores que operen en esas zonas o en algunas de esas zonas, cuando así lo decida el Estado miembro. Este pago no debe sustituir al apoyo prestado en virtud de los programas de desarrollo rural ni debe concederse a los agricultores en zonas designadas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1698/2005, pero no han sido designadas de acuerdo con el Reglamento (UE) no 1305/2013.

(47) La creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector agrícola por jóvenes agricultores es financieramente complejo y constituye un elemento que debe ser tenido en consideración a la hora de asignar y canalizar los pagos directos. Esta evolución es esencial para la competitividad del sector agrícola en la Unión y, por esta razón, debe instaurarse una ayuda a la renta para los jóvenes agricultores al comienzo de sus actividades agrícolas para facilitar su instalación inicial y el ajuste estructural de sus explotaciones tras la instalación inicial. A tal fin, los Estados miembros deberían poder utilizar para este fin una parte de sus límites máximos nacionales para pagos directos para conceder a los jóvenes agricultores un pago anual, además del pago básico. Los Estados miembros han de poder decidir el método de cálculo de dicho pago y, en caso de que el método suponga la obligación de fijar un límite de pago por agricultor, este límite se debe fijar respetando los principios generales del Derecho de la Unión. Dado que solo se debe aplicar al período inicial del ciclo de vida de la empresa y que no se debe convertir en una ayuda de funcionamiento, este pago solamente debe concederse durante un período máximo de cinco años. Debe estar a disposición de los jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola y no sean mayores de 40 años el año en que presenten por primera vez la solicitud para el régimen de pago básico o el régimen de pago único por superficie.

(48) Con objeto de garantizar la seguridad jurídica y evitar discriminaciones entre ellos, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta a definir las condiciones en virtud de las cuales puede considerarse que una persona jurídica tiene derecho a percibir el pago para los jóvenes agricultores.

(49) En algunos sectores o regiones y en casos claramente definidos, procede autorizar a los Estados miembros a utilizar una parte de sus límites máximos nacionales para pagos directos de ayudas no disociadas. Los recursos que pueden destinarse a cualquier ayuda asociada deben limitarse a un nivel apropiado, permitiendo, al mismo tiempo, que dicha ayuda se conceda en los Estados miembros, en sus sectores o regiones específicas que se enfrenten a situaciones particulares, siempre que tipos específicos de agricultura o sectores agrícolas específicos sean especialmente importantes por razones económicas, medioambientales y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados miembros a utilizar hasta un 8 % de sus límites máximos nacionales para financiar dicha ayuda, o el 13 % en caso de que su nivel de ayuda asociada supere el 5 % en al menos uno de los años del período 2010-2014, o cuando apliquen el régimen de pago único por superficie hasta el 31 de diciembre de 2014. Además, a fin de mantener la autonomía del sector ganadero basada en las proteaginosas, se debe autorizar a los Estados miembros, que decidan utilizar al menos el 2 % de sus límites máximos nacionales para apoyar la producción de proteaginosas, a aumentar hasta dos puntos porcentuales los porcentajes antes mencionados. En casos debidamente justificados en que se demuestren determinadas necesidades sensibles en una región o sector, y previa aprobación por la Comisión, debe autorizarse a los Estados miembros a utilizar más del 13 % de su límite máximo nacional. Como alternativa a los porcentajes antes mencionados, los Estados miembros podrán optar por dedicar hasta 3 millones de euros anuales para la financiación de la ayuda asociada. La ayuda asociada solo debe concederse en la medida necesaria para incentivar el mantenimiento de los niveles actuales de producción en esas regiones o sectores. Esta ayuda también debe ponerse a disposición de los agricultores que posean, a 31 de diciembre de 2013, derechos especiales de pago asignados en virtud del Reglamento (CE) no 1782/2003 y del Reglamento (CE) no 73/2009 y que no posean hectáreas admisibles para la activación de los derechos de pago. En lo que atañe a la aprobación de la ayuda asociada voluntaria superior al 13 % del límite máximo nacional anual fijado por Estado miembro, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución sin aplicar el Reglamento (UE) no 182/2011.

(50) Con el fin de garantizar una utilización eficiente y selectiva de los fondos de la Unión y evitar la doble financiación en virtud de otros instrumentos de apoyo similares, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta a establecer las condiciones para la concesión de la ayuda asociada voluntaria, así como las normas sobre su coherencia con otras medidas de la Unión y sobre la acumulación de ayudas.

(51) Para prevenir cualquier riesgo de perturbación de la producción en las regiones productoras de algodón, una parte de la ayuda al sector del algodón con arreglo al Reglamento (CE) no 73/2009 sigue vinculándose al cultivo del algodón a través de un pago específico por hectárea admisible, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes. Esta situación debe mantenerse de conformidad con los objetivos establecidos en el Protocolo no 4 sobre el algodón, adjunto al Acta de adhesión de 1979.

(52) Para garantizar la aplicación y la gestión eficaz del pago específico al cultivo del algodón, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta al establecimiento de las normas y condiciones de autorización de tierras y variedades a efectos del pago específico al cultivo del algodón; las normas relativas a las condiciones de concesión de dicho pago y a los criterios de admisibilidad y las prácticas agronómicas, los criterios para la autorización de las organizaciones interprofesionales, las obligaciones de los productores, y las normas que rijan la situación en que las organizaciones interprofesionales autorizadas incumplan tales criterios.

(53) El capítulo 2 del Reglamento (CE) no 637/2008 del Consejo (17) preveía que cada Estado miembro productor de algodón presentase a la Comisión, bien una vez cada cuatro años, y por primera vez, a más tardar el 1 de enero de 2009 un proyecto de programa de reestructuración cuatrienal, o bien a más tardar el 31 de diciembre de 2009 un proyecto único de programa de reestructuración modificado de una duración de ocho años. La experiencia ha demostrado que la reestructuración del sector del algodón obtendría mejores resultados a través de otras medidas, incluidas aquellas en virtud de la programación de desarrollo rural financiadas al amparo del Reglamento (UE) no 1305/2013. Estas medidas también permitirían una mayor coordinación con medidas en otros sectores. Sin embargo, deben respetarse los derechos adquiridos y las legítimas expectativas de las empresas que ya participan en programas de reestructuración. Por lo tanto, procede autorizar la continuación, sin posibilidad de prórroga, de los programas de cuatro y ocho años en curso. Los fondos disponibles de los programas de cuatro años podrían entonces integrarse en los fondos disponibles de la Unión para medidas en virtud del desarrollo rural a partir de 2014. Habida cuenta del período de programación, los fondos disponibles al término de los programas de ocho años no serían útiles para los programas de desarrollo rural en 2018 y, por tanto, podría ser más útil transferirlos a los regímenes de ayuda en virtud del presente Reglamento, tal como ya se prevé en el Reglamento (CE) no 637/2008. Por consiguiente, el Reglamento (CE) no 637/2008 quedará obsoleto a partir del 1 de enero de 2014 o el 1 de enero de 2018 en lo que respecta a los Estados miembros que tengan, respectivamente, programas de cuatro u ocho años y, por consiguiente, debe derogarse.

(54) Se ha de autorizar a los Estados miembros a establecer un régimen simple y específico para los pequeños agricultores a fin de reducir los costes administrativos vinculados a la gestión y el control de la ayuda directa. Para ellos, se ha de autorizar a los Estados miembros a establecer, o bien un pago a tanto alzado que sustituya a todos los pagos directos, o bien un pago basado en el importe debido anualmente a los agricultores. Deben introducirse normas simplificadoras de las formalidades mediante la reducción, entre otras cosas, de las obligaciones impuestas a los pequeños agricultores, como las relativas a la solicitud de ayuda, a las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a la condicionalidad y a los controles establecidos en el Reglamento (UE) no 1306/2013 sin poner en peligro la consecución de los objetivos globales de la reforma, teniendo presente que la legislación de la Unión contemplada en el anexo II del Reglamento (UE) no 1306/2013 se aplica a los pequeños agricultores. El objetivo de dicho régimen debe ser apoyar la estructura de las pequeñas explotaciones agrícolas existentes en la Unión sin contrarrestar el desarrollo hacia estructuras más competitivas. Por este motivo, el acceso al régimen debe limitarse, en principio, a las explotaciones existentes. La participación de los agricultores en el régimen será optativa. No obstante, para seguir aumentando la incidencia del régimen por lo que respecta a la simplificación, se ha de autorizar a los Estados miembros a incluir automáticamente a determinados agricultores en el régimen, con la posibilidad de que ellos opten por la no participación.

(55) Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta al establecimiento de condiciones para la participación en el régimen para los pequeños agricultores cuando cambie la situación de los agricultores participantes.

(56) En aras de la simplificación y para tener en cuenta la situación específica de las regiones ultraperiféricas, los pagos directos en dichas regiones deben gestionarse dentro de los programas de ayuda establecidos por el Reglamento (UE) no 228/2013. Como consecuencia de ello, las disposiciones incluidas en el presente Reglamento, relativas al régimen de pago básico y pagos conexos, a la ayuda no disociada y al régimen para pequeños agricultores no deben aplicarse a esas regiones.

(57) Las notificaciones de los Estados miembros son necesarias a los fines de la aplicación del presente Reglamento y del control, análisis y gestión de los pagos directos. A fin de garantizar la aplicación correcta de las normas establecidas en el presente Reglamento y para que dichas notificaciones sean rápidas, eficaces, precisas, rentables y compatibles con la protección de datos personales, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta al establecimiento de las medidas necesarias relativas a las notificaciones que deben efectuar los Estados miembros a la Comisión, o a efectos de la verificación, control, seguimiento, evaluación y auditoría de los pagos directos, y para cumplir los requisitos establecidos en los acuerdos internacionales, incluidos los requisitos en materia de notificación en el marco de dichos acuerdos y por lo que respecta a otras normas sobre la naturaleza y el tipo de información que habrá de notificarse, las categorías de datos que deben tratarse y los períodos máximos de conservación, los derechos de acceso a la información o a los sistemas de información, así como las condiciones de publicación de la información.

(58) Los datos personales recogidos a efectos de la aplicación de pagos directos deben tratarse de manera compatible con dichas finalidades. También deben ser anonimizados, tratados de forma agregada a efectos de seguimiento o evaluación, y protegidos de conformidad con la legislación de la Unión relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en particular la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18) y el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (19). Se informará a los titulares de los datos de dicho tratamiento, así como de sus derechos.

(59) Se consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos que emitió su dictamen el 14 de diciembre de 2011 (20).

(60) Para garantizar una transición fluida entre las disposiciones del Reglamento (CE) no 73/2009 y las del presente Reglamento, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar determinados actos por lo que respecta a establecer las medidas necesarias para proteger cualesquiera derechos adquiridos y expectativas legítimas de los agricultores.

61) Con objeto de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento y evitar la competencia desleal o la discriminación entre agricultores, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo referente al establecimiento del importe que debe incluirse en la reserva nacional especial para desminado para Croacia, la fijación del límite máximo nacional para el régimen de pago básico, la adopción de normas sobre las solicitudes para la asignación de derechos de pago, la adopción de medidas relativas a la restitución de los derechos de pago no activados a la reserva nacional, la adopción de las modalidades relativas a la notificación de la transferencia de derechos de pago a las autoridades nacionales y los plazos en los que dicha notificación debe llevarse a cabo, la fijación del límite máximo nacional anual para el régimen de pago básico, la fijación de. límites máximos anuales para los pagos redistributivos. Estos poderes deben ser ejercidos de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011.

(62) Con objeto de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento y evitar la competencia desleal o la discriminación entre agricultores, también deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo referente a: la adopción de normas sobre el procedimiento, la inclusión en los calendarios para su presentación de las notificaciones de los Estados miembros y evaluaciones de la Comisión en relación con las prácticas equivalentes; la adopción de determinados límites dentro de los cuales se considerará satisfecha la obligación de mantener los pastos permanentes, el establecimiento del límite máximo anual para el pago de las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente; el establecimiento del límite máximo anual para el pago para áreas con limitaciones naturales, el establecimiento del límite máximo anual para el pago a jóvenes agricultores. Estos poderes deben ser ejercidos de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011.

(63) Con objeto de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento y evitar la competencia desleal o la discriminación entre agricultores, también deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo referente a: la fijación de un límite máximo anual para el pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, la fijación de un límite máximo anual del pago para las zonas con limitaciones naturales; la fijación de un límite máximo anual del pago a los jóvenes agricultores, la fijación de límites máximos anuales de la ayuda asociada voluntaria, la adopción de normas sobre el procedimiento para la evaluación y aprobación de decisiones en el marco de la ayuda asociada voluntaria, la adopción de normas relativas al procedimiento de autorización y las notificaciones a los productores relacionadas con la autorización de las tierras y las variedades a efectos del pago específico al cultivo del algodón, la adopción de normas sobre el cálculo de la reducción del importe de la ayuda específica al cultivo del algodón, la adopción de normas sobre los requisitos y métodos generales de notificación, y la adopción de las medidas necesarias y justificables para resolver los problemas específicos en una emergencia. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011.

(64) Para resolver problemas urgentes que ocurran en uno o más Estados miembros, a la vez que se garantiza la continuidad del régimen de pagos directos, la Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados, se den circunstancias extraordinarias que afecten a la concesión de las ayudas y pongan en peligro la ejecución efectiva de los pagos en virtud de los regímenes de ayuda enumerados en el presente Reglamento.

(65) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden, habida cuenta del vínculo entre el presente Reglamento y los otros instrumentos de la PAC, las disparidades entre las distintas zonas rurales y los limitados recursos financieros de los Estados miembros en una Unión ampliada, lograrse mejor a escala de la Unión, gracias a la garantía plurianual de financiación de la Unión y mediante una concentración en prioridades claramente definidas, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(66) Dado que el Reglamento (UE) n§ 73/2009 continuará aplicándose hasta 2014, el presente Reglamento empezará a aplicarse con carácter general a partir del 1 de enero de 2015. No obstante, las disposiciones del presente Reglamento sobre flexibilidad entre pilares prevén la posibilidad de que los Estados miembros adopten decisiones y se las notifiquen a la Comisión a partir del 31 de diciembre de 2013. Además, algunas otras disposiciones del presente Reglamento requieren que se lleven a cabo actuaciones en 2014. Estas disposiciones deben, por ello, aplicarse a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(67) Por razones de urgencia derivadas de la necesidad de ir preparando la aplicación paulatina de las medidas pretendidas el presente Reglamento debe entrar en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece:

a) disposiciones comunes aplicables a los pagos abonados directamente a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I ("pagos directos");

b) disposiciones específicas relativas a: i) un pago básico a los agricultores ("régimen de pago básico") y un régimen simplificado transitorio ("régimen de pago único por superficie"); ii) ayuda nacional transitoria voluntaria para agricultores; iii) un pago redistributivo voluntario; iv) un pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente; v) un pago voluntario para los agricultores de zonas con limitaciones naturales; vi) un pago para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola; vii) un régimen de ayuda asociada voluntaria; viii) un pago específico al cultivo del algodón; ix) un régimen simplificado voluntario para pequeños agricultores; x) un marco en el que Bulgaria, Croacia y Rumanía puedan complementar los pagos directos.

Artículo 2

Modificación del anexo I

Para garantizar la seguridad jurídica, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 70, con los que se modifique la lista de los regímenes de ayuda que figura en el anexo I, en la medida necesaria para tener en cuenta los nuevos actos legislativos sobre regímenes de ayuda que puedan adoptarse tras la adopción del presente Reglamento.

Artículo 3

Aplicación a las regiones ultraperiféricas y a las islas menores del Mar Egeo

El artículo 11 no se aplicará a las regiones de la Unión a que se refiere el artículo 349 del TFUE ("regiones ultraperiféricas") ni a los pagos directos concedidos en las islas menores del Mar Egeo de acuerdo con el Reglamento (UE) no 229/2013.

Los títulos III, IV y V del presente Reglamento no se aplicarán a las regiones ultraperiféricas.

Artículo 4

Definiciones y disposiciones conexas

1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) "agricultor": toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacional a este grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada en el ámbito de aplicación territorial de los Tratados, tal como se establece en el artículo 52 del TUE, leído en relación con los artículos 349 y 355 del TFUE, y que ejerza una actividad agraria;

b) "explotación": todas las unidades utilizadas para actividades agrícolas y administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro;

c) "actividad agraria":

i) la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, o

ii) el mantenimiento de una superficie agraria en un estado adecuado para pasto o cultivo sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos y maquinaria agrícolas habituales basándose en criterios que fijarán los Estados miembros, sobre la base de un marco establecido por la Comisión, o

iii) la realización de una actividad mínima definida por los Estados miembros, en superficies agrarias naturalmente mantenidas en un estado adecuado para pasto o cultivo;

d) "productos agrícolas": los productos incluidos en la lista del anexo I de los Tratados, a excepción de los productos pesqueros, así como el algodón;

e) "superficie agraria": cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes y pastizales permanentes o cultivos permanentes;

f) "tierras de cultivo": las tierras dedicadas a la producción de cultivos o las superficies disponibles para la producción de cultivos pero en barbecho, incluidas las superficies retiradas de la producción de conformidad con los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento (CE) no 1257/1999, con el artículo 39 del Reglamento (CE) no 1698/2005 y con el artículo 29 del Reglamento (UE) no 1305/2013 con independencia de que se encuentren en invernaderos o bajo protección fija o móvil;

g) "cultivos permanentes": los cultivos no sometidos a la rotación de cultivos, distintos de los pastos y pastizales permanentes, que ocupen las tierras durante un período de cinco años o más y produzcan cosechas repetidas, incluidos los viveros y los árboles forestales de cultivo corto;

h) "pastos permanentes y pastizales permanentes", (conjuntamente denominados "pastos permanentes"): las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados) y que no hayan sido incluidas en la rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más; pueden incluir otras especies como arbustivos y/o arbóreos que pueden servir de pastos, siempre que las gramíneas y otros forrajes herbáceos sigan siendo predominantes, y, cuando los Estados miembros así lo decidan, pueden asimismo incluir tierras que sirvan para pastos y que formen parte de las prácticas locales establecidas, según las cuales las gramíneas y otros forrajes herbáceos no han predominado tradicionalmente en las superficies para pastos;

i) "gramíneas u otros forrajes herbáceos": todas las plantas herbáceas que se suelen encontrar en los pastos naturales o que se incluyen en las mezclas de semillas para pastos o prados de siega en el Estado miembro, tanto si se utilizan como si no, para pasto de los animales.

j) "viveros": las siguientes superficies con plantas jóvenes leñosas cultivadas al aire libre y destinadas a ser trasplantadas:

— viveros vitícolas y de viñas madres de portainjertos,

— viveros de árboles frutales y bayas,

— viveros de plantas ornamentales,

— viveros forestales comerciales excepto los viveros forestales que se encuentren en el bosque y estén destinados a las necesidades de la explotación,

— viveros de árboles y arbustos para la plantación de jardines, parques, caminos, taludes (por ejemplo, plantas para setos, rosales y otros arbustos de adorno, coníferas de adorno) así como sus portainjertos y plantas jóvenes;

k) "árboles forestales de cultivo corto": superficies plantadas con especies arbóreas del código NC 0602 90 41 que serán determinadas por los Estados miembros, que están compuestas de cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o tocones permanecen en el suelo después de la cosecha y de los cuales surgen nuevos vástagos en la estación siguiente y con un ciclo máximo de cosecha que será fijado por los Estados miembros;

l) "venta": la venta o cualquier otra cesión definitiva de la propiedad de la tierra o de los derechos de pago; la definición no incluye la venta de tierras cuando estas se cedan a las autoridades públicas o para uso de interés público, y cuando la cesión se realice con fines no agrícolas;

m) "arrendamiento": un acuerdo de arrendamiento o cualquier transacción temporal similar;

n) "cesión": el arrendamiento o venta o sucesión inter vivos o mortis causa de tierras o derechos de pago o cualquier otra cesión definitiva de los mismos; no incluye la restitución de derechos al expirar un arrendamiento.

2. Los Estados miembros:

a) establecerán criterios que habrán de reunir los agricultores a fin de cumplir su obligación de mantener una superficie agraria en un estado adecuado para pasto o cultivo, tal como se señala en el apartado 1, letra c), inciso ii);

b) definirán cuando proceda en un Estado miembro, la actividad mínima que debe desempeñarse en las superficies agrarias naturalmente mantenidas en un estado adecuado para pasto o cultivo, tal como se señala en el apartado 1, letra c), inciso iii);

c) definirán las tres especies de árboles forestales de cultivo corto y determinarán el ciclo máximo de cosecha para estas tres especies, tal como se señala en el apartado 1, letra k).

Los Estados miembros podrán decidir que la tierra que puede dedicarse a pasto y que se adscribe a prácticas locales establecidas, según las cuales las gramíneas y otros forrajes herbáceos no han predominado tradicionalmente en las superficies para pastos, sea considerada como pastos permanentes, tal como se señala en el apartado 1, letra h).

3. Para garantizar la seguridad jurídica, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 por los que se establecerá:

a) el marco en el que los Estados miembros deberán establecer los criterios que deberán cumplir los agricultores para satisfacer la obligación de mantener la superficie agraria en un estado adecuado para pasto o cultivo, tal como se indica en el apartado 1, letra c), inciso ii);

b) el marco en el que los Estados miembros deberán definir las actividades mínimas que deben realizarse en superficies agrarias mantenidas naturalmente en un estado adecuado para pasto o cultivo, tal como se indica en el apartado 1, letra c), tercer guión;

c) los criterios para determinar el predominio de gramíneas y otros forrajes herbáceos y los criterios para determinar las prácticas locales establecidas a que hace referencia el apartado 1, letra h).

TÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PAGOS DIRECTOS

CAPÍTULO 1

Disposiciones comunes aplicables a los pagos directos

Artículo 5

Disposiciones generales de la Política Agrícola Común (PAC)

El Reglamento (UE) no 1306/2013 y las disposiciones adoptadas en virtud del mismo serán de aplicación para los regímenes establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 6

Límites máximos nacionales

1. Para cada Estado miembro y cada año, el límite máximo nacional que incluye el valor total de todos los derechos de pago asignados, de la reserva nacional o de las reservas regionales y de los límites máximos fijados de acuerdo con los artículos 42, 47, 49, 51 y 53, corresponderá a lo indicado en el anexo II.En caso de que un Estado miembro haga uso de la opción establecida en el artículo 22, apartado 2, podrá rebasarse el límite máximo nacional establecido para dicho Estado miembro en el anexo II para el año respectivo en el importe calculado de conformidad con dicho apartado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, para cada Estado miembro que aplique el régimen de pago único por superficie y para cada año, el límite máximo nacional que abarca los límites máximos fijados de conformidad con los artículos 36, 42, 47, 49, 51 y 53 será el establecido en el anexo II.

3. Con el fin de tener en cuenta la evolución de los importes máximos totales de los pagos directos que pueden concederse, incluidos los resultantes de las decisiones que adopten los Estados miembros, de conformidad con el artículo 14, y los resultantes de la aplicación del artículo 20, apartado 2, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 70, por los que se adapten los límites máximos nacionales previstos en el anexo II.

Artículo 7

Límites máximos netos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, los importes totales de los pagos directos que pueden concederse en un Estado miembro con arreglo a los títulos III, IV y V, a lo largo de un año natural, tras la aplicación del artículo 11, no rebasarán los límites máximos correspondientes establecidos en el anexo III.

Cuando el importe total de los pagos directos que hayan de concederse en un Estado miembro rebase los límites máximos establecidos en el anexo III, los Estados miembros aplicarán una reducción lineal a los importes de todos los pagos directos, con excepción de los pagos directos concedidos en virtud de los Reglamentos (UE) no 228/2013 y (UE) no 229/2013.

2. Para cada Estado miembro y para cada año natural, el producto estimado de la reducción de los pagos a que se refiere el artículo 11 (que se refleja en la diferencia entre los límites máximos nacionales establecidos en el anexo II, a los que se añade el importe disponible de acuerdo con el artículo 58, y los límites máximos netos establecidos en el anexo III) estará disponible en forma de ayuda de la Unión para las medidas en virtud de la programación de desarrollo rural financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), según se especifica en el Reglamento (UE) no 1305/2013

3. Con el fin de tener en cuenta la evolución de los importes máximos totales de los pagos directos que pueden concederse, incluidos los resultantes de las decisiones que adopten los Estados miembros de conformidad con el artículo 14, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 70, por los que se adapten los límites máximos nacionales previstos en el anexo III.

Artículo 8

Disciplina financiera

1. El porcentaje de ajuste fijado de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento (UE) no 1306/2013 únicamente se aplicará a los pagos directos superiores a 2 000 EUR que deban concederse a los agricultores en el año natural correspondiente.

2. Como resultado de la introducción gradual de los pagos directos, prevista en el artículo 16, el apartado 1 del presente artículo se aplicará a Bulgaria y Rumanía a partir del 1 de enero de 2016.

Como resultado de la introducción gradual de los pagos directos, prevista en el artículo 17, el apartado 1 del presente artículo se aplicará a Croacia a partir del 1 de enero de 2022.

3. Para garantizar la correcta aplicación de los ajustes de los pagos directos en relación con la disciplina financiera, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 70, por los que se establezcan las normas relativas a la base de cálculo de las reducciones que deben aplicar los Estados miembros a los agricultores con arreglo al apartado 1 del presente artículo.

4. En el caso de personas jurídicas o de grupos de personas físicas o jurídicas, los Estados miembros podrán aplicar la reducción a la que se hace referencia en el apartado 1 al nivel de los miembros de esas personas jurídicas o grupos, cuando la legislación nacional contemple que cada miembro deba asumir derechos y obligaciones comparables a los de los agricultores individuales que sean titulares de explotaciones agrarias, en particular respecto de su situación económica, social y fiscal, siempre que hayan contribuido a reforzar las estructuras agrarias de las personas jurídicas o grupos de que se trate.

Artículo 9

Agricultor activo

1. No se abonarán pagos directos a las personas físicas o jurídicas, o grupos de personas físicas o jurídicas cuyas superficies agrarias sean principalmente superficies mantenidas naturalmente en un estado adecuado para pasto o cultivo, y que no realicen en dichas superficies las actividades mínimas definidas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 4, apartado 2).

2. No se concederán pagos directos a las personas físicas o jurídicas o grupos de personas físicas o jurídicas, que gestionen aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones deportivas y recreativas permanentes.

En su caso y a partir de criterios objetivos y no discriminatorios, los Estados miembros podrán decidir si incluyen otro tipo similar de negocio o actividad no agraria en la lista del párrafo primero, y podrán decidir suprimir posteriormente dichas inclusiones.

Las personas o grupos de personas que entren en el ámbito de los párrafos primero o segundo se considerarán, no obstante, agricultores activos si aportan pruebas verificables, en la forma en que exijan los Estados miembros, que demuestren alguna de las siguientes posibilidades:

a) que el importe anual de los pagos directos es al menos del 5 % de los ingresos totales que obtienen a partir de actividades no agraria s en el ejercicio fiscal más reciente para el que se disponga de dicha prueba

b) que sus actividades agraria s no son insignificantes;

c) que su principal objetivo social o comercial consiste en ejercer una actividad agrícola.

3. Además de los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán decidir, a partir de criterios objetivos y no discriminatorios, que no se concederán pagos directos a personas físicas o jurídicas o grupos de personas físicas o jurídicas:

a) cuyas actividades agraria s representan sólo una parte insignificante del conjunto de sus actividades económicas, y/o

b) cuya actividad principal u objeto social de la empresa no consisten en ejercer una actividad agraria.

4. Los apartados 2 y 3 no se aplicarán a los agricultores que el año anterior solo hayan recibido pagos directos inferiores a un importe determinado. Dicho importe lo decidirán los Estados miembros en base a criterios objetivos, tales como sus características nacionales o regionales, y no será superior a 5 000 EUR.

5. Para garantizar la protección de los derechos de los agricultores, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 70, por los que se establezcan:

a) criterios para determinar los casos en que la superficie agraria de un agricultor debe considerarse principalmente zona naturalmente mantenida en un estado adecuado para pastos o cultivo;

b) criterios para establecer la distinción entre los ingresos resultantes de las actividades agraria s y las actividades no agraria s;

c) criterios para establecer el importe de los pagos directos a que se refieren los apartados 2 y 4, especialmente los relativos a los pagos directos durante el primer año de asignación de los derechos de pago en los casos en que el valor de los derechos de pago aún no se haya establecido definitivamente así como en el caso de los relativos a los pagos directos para los nuevos agricultores;

d) criterios que deben cumplir los agricultores a fin de probar, a los efectos de los apartados 2 y 3, que sus actividades agraria s no son insignificantes y que su principal objetivo social o comercial consiste en ejercer una actividad agraria.

6. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda decisión a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 a más tardar el 1 de agosto de 2014, y, en caso de modificaciones, en un plazo de dos semanas a partir de la fecha de adopción de cualquier decisión de modificación.

Artículo 10

Requisitos mínimos para poder recibir pagos directos

1. Los Estados miembros decidirán no conceder pagos directos a un agricultor en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) cuando el importe total de los pagos directos solicitados o pendientes de concesión antes de la aplicación del artículo 63 del Reglamento (UE) no 1306/2013 en un año natural determinado sea inferior a 100 EUR;

b) cuando la superficie admisible de la explotación por la cual se solicitan o deben concederse pagos directos antes de la aplicación del artículo 63 del Reglamento (UE) no 1306/2013 inferior a una hectárea.

2. Para tener en cuenta la estructura de sus economías agraria s, los Estados miembros podrán ajustar los umbrales establecidos en las letras a) y b) del apartado 1 dentro de los límites establecidos en el anexo IV.

3. Un Estado miembro que haya decidido aplicar un umbral de superficie en virtud de la letra b) del apartado 1 aplicará no obstante la letra a) de dicho apartado a los agricultores que reciban la ayuda asociada relacionada con los animales, contemplada en el título IV, que posean un número de hectáreas inferior al previsto en el umbral de superficie.

4. Los Estados miembros de que se trate podrán decidir no aplicar el apartado 1 en las regiones ultraperiféricas ni en las islas menores del Mar Egeo.

5. En Bulgaria y Rumanía, en el año 2015, el importe solicitado o pendiente de concesión a que se refiere el apartado 1, letra a), se calculará sobre la base del importe correspondiente fijado en el anexo V, letra a.

En Croacia, en los años 2015-2021, el importe solicitado o pendiente de concesión a que se refiere el apartado 1, letra a), se calculará sobre la base del importe pertinente fijado en el anexo VI, letra a.

Artículo 11

Reducción de los pagos

1. Los Estados miembros reducirán el importe de los pagos directos que deban concederse a un agricultor en virtud del capítulo 1 del título III en un año natural en al menos un 5 % para la parte del importe que sobrepase los 150 000 EUR.

2. Antes de aplicar el apartado 1, los Estados miembros podrán restar las remuneraciones relacionadas con la actividad agrícola, realmente pagadas y declaradas por el agricultor en el año natural anterior, incluidos los impuestos y cotizaciones sociales relacionados con el empleo, del importe de los pagos directos que deban concederse a un agricultor de conformidad con el título III, capítulo 1, en un determinado año natural. Cuando no se disponga de los datos relativos a las remuneraciones realmente pagadas y declaradas por el agricultor en el año natural anterior, se utilizarán los datos disponibles más recientes.

3. Cuando un Estado miembro decida conceder un pago redistributivo a los agricultores en virtud del título III, capítulo 2, y utilizar más del 5 % del límite máximo anual nacional establecido en el anexo II a este efecto, podrá decidir no aplicar el presente artículo.

Estado miembro decida conceder un pago redistributivo a los agricultores en virtud del título III, capítulo 2, y la aplicación de los límites máximos fijados en el artículo 41, apartado 4, le impida utilizar más del 5 % del límite máximo anual nacional establecido en el anexo II a este efecto, podrá decidir no aplicar el presente artículo.

4. No se concederá ninguna ventaja consistente en evitar la reducción de los pagos a aquellos agricultores de los que se demuestre que, a partir del 18 de octubre de 2011, han creado artificialmente las condiciones exigidas para evitar los efectos del presente artículo.

5. Tratándose de personas jurídicas o de grupos de personas físicas o jurídicas, los Estados miembros podrán aplicar la reducción a la que se hace referencia en el apartado 1 al nivel de los miembros de esas personas jurídicas o grupos, cuando la legislación nacional contemple que cada miembro deba asumir derechos y obligaciones comparables a los de los agricultores individuales que sean titulares de explotaciones agrarias, en particular respecto de su situación económica, social y fiscal, siempre que hayan contribuido a reforzar las estructuras agrarias de las personas jurídicas o grupos de que se trate.

6. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar el 1 de agosto de 2014, las decisiones que adopten de acuerdo con el presente artículo y el producto previsto de las reducciones para los años 2015 a 2019.

Artículo 12

Solicitudes múltiples

Salvo que explícitamente se disponga lo contrario en el presente Reglamento, la superficie correspondiente al número de hectáreas admisibles, con respecto a la cual haya sido presentada una solicitud de pago básico por un agricultor con arreglo al título III, capítulo 1, podrá ser objeto de una solicitud de cualquier otro pago directo, así como de cualquier otra ayuda no incluida en el presente Reglamento.

Artículo 13

Ayudas estatales

No obstante lo dispuesto en el artículo 211, apartado 1, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) no 1308/2013 (21) los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no se aplicarán a los pagos efectuados por los Estados miembros de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 14

Flexibilidad entre pilares

1. Antes del 31 de diciembre de 2013, los Estados miembros podrán decidir poner a disposición como ayuda adicional para medidas en virtud de la programación del desarrollo rural financiadas con cargo al Feader según lo especificado en el Reglamento (UE) no 1305/2013 hasta el 15 % de sus límites máximos nacionales anuales para 2014 establecidos en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 73/2009 y de sus límites máximos nacionales anuales para los años 2015 a 2019 establecidos en el anexo II del presente Reglamento. Por consiguiente, el importe correspondiente dejará de estar disponible para la concesión de pagos directos.

La decisión a la que hace referencia el primer párrafo deberá notificarse a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de 2013. En dicha decisión se establecerá el porcentaje mencionado en dicho párrafo que podrá variar por año natural.

Los Estados miembros que no hayan adoptado la decisión a que se refiere el párrafo primero respecto del año natural 2014 antes del 1 de agosto de 2014, podrán adoptar dicha decisión respecto de los años naturales 2015 a 2019. Las decisiones adoptadas serán comunicadas a la Comisión antes de dicha fecha.

Los Estados miembros podrán decidir revisar las decisiones a que hace referencia el presente apartado, con efecto a partir del año natural 2018. Toda decisión basada en dicha revisión no implicará una disminución del porcentaje notificado a la Comisión de conformidad con los párrafos primero, segundo y tercero. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda decisión basada en dicha revisión a más tardar el 1 de agosto de 2017.

2. Antes del 31 de diciembre de 2013, los Estados miembros que no hayan adoptado la decisión a que se refiere el apartado 1 podrán decidir poner a disposición como pagos directos hasta un 15 %, o en el caso de Bulgaria, Estonia, España, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido, hasta un 25 % del importe asignado para medidas de apoyo en virtud de la programación del desarrollo rural financiada con cargo al Feader en el período 2015-2020, según lo especificado en el Reglamento (UE) no 1305/2013 Por consiguiente, el importe correspondiente dejará de estar disponible para medidas de apoyo en el marco de la programación del desarrollo rural.

La decisión a la que hace referencia el primer párrafo debe notificarse a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de 2013. En dicha decisión se establecerá el porcentaje mencionado en dicho párrafo que podrá variar por año natural.

Por lo que respecta al período 2016-2020, los Estados miembros que no hayan adoptado la decisión a que se refiere el primer párrafo respecto del ejercicio económico 2015 podrán adoptar, antes del 1 de agosto de 2014, dicha decisión con respecto a los ejercicios económicos de 2016 a 2020. Notificarán a la Comisión toda parecida decisión a más tardar en esa fecha.

Los Estados miembros podrán decidir revisar las decisiones a que hace referencia el presente apartado, con efecto a partir de los ejercicios 2019 y 2020. Toda decisión basada en dicha revisión no implicará una disminución del porcentaje notificado a la Comisión de conformidad con los párrafos primero, segundo y tercero. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda decisión basada en dicha revisión a más tardar el 1 de agosto de 2017.

Artículo 15

Revisión

a la luz de la evolución económica y de la situación presupuestaria. Dicha revisión podrá llevar a la adopción de actos legislativos, actos delegados adoptados en virtud del artículo 290 del TFUE o actos de ejecución adoptados en virtud del artículo 291 del TFUE,

CAPÍTULO 2

Disposiciones aplicables a Bulgaria, Croacia y Rumanía

Artículo 16

Introducción gradual de los pagos directos en Bulgaria y Rumanía

En Bulgaria y Rumanía, los límites máximos fijados de conformidad con los artículos 42, 47, 49, 51, 53 y 65 en 2015 se establecerán sobre la base del importe indicado en el anexo V, letra a.

Artículo 17

Introducción gradual de los pagos directos en Croacia

En Croacia, la introducción de los pagos directos se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente calendario de incrementos, expresados como porcentaje del nivel correspondiente de los pagos directos aplicable a partir de 2022:

el 25 % en 2013,

el 30 % en 2014,

el 35 % en 2015,

el 40 % en 2016,

el 50 % en 2017,

el 60 % en 2018,

el 70 % en 2019,

el 80 % en 2020,

el 90 % en 2021,

el 100 % a partir de 2022.

Artículo 18

Pagos directos nacionales complementarios y pagos directos en Bulgaria y Rumanía

1. En 2015, Bulgaria y Rumanía podrán utilizar pagos directos nacionales para completar los pagos concedidos en el ámbito del régimen de pago básico al que se hace referencia en las secciones 1, 2 y 3 del título III, capítulo 1. El importe total de dichos pagos no superará el importe pertinente indicado en el anexo V, letra b.

2. En 2015, Bulgaria podrá utilizar pagos directos nacionales para completar los pagos concedidos con arreglo a la ayuda específica al cultivo del algodón a la que se hace referencia en el título IV, capítulo 2.El importe total de los pagos no superará el importe indicado en el anexo V, letra c.

3. Los pagos directos nacionales complementarios se concederán con arreglo a criterios objetivos y de tal forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores y se eviten distorsiones del mercado y de la competencia.

Artículo 19s

Pagos directos nacionales complementarios para Croacia

1. Con sujeción a la autorización de la Comisión, Croacia podrá complementar cualesquiera de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I cuando proceda.

2. El importe de los pagos directos nacionales complementarios que podrá concederse en un año concreto y para un régimen de ayuda determinado se limitará a una dotación financiera específica. Esta dotación se establecerá como la diferencia entre:

a) el importe de la ayuda directa disponible por régimen de ayuda en cuestión, después de la total introducción de los pagos directos de conformidad con el artículo 17 en el año natural 2022, y

b) el importe de la ayuda directa disponible por régimen de ayuda en cuestión, después de la aplicación del calendario de incrementos de conformidad con el artículo 17 en el año natural de que se trate.

3. El importe total de pagos directos nacionales complementarios concedidos no será superior al límite máximo establecido en el anexo VI letra b, para el año natural correspondiente.

4. Croacia podrá decidir, basándose en criterios objetivos y previa autorización de la Comisión, los importes de los pagos directos nacionales complementarios que vaya a conceder.

5. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para autorizar pagos con arreglo al presente artículo precisando los regímenes de ayuda pertinentes y determinar el nivel que podrán alcanzar los pagos directos nacionales complementarios.

En lo que atañe a los pagos directos nacionales complementarios destinados a complementar la ayuda asociada voluntaria contemplada en el título IV, capítulo 1, los actos de ejecución también deberán precisar los tipos específicos de producción o los sectores agrícolas específicos, a los que se hace referencia en el artículo 52, apartado 3, a los que pueden destinarse las pagos directos nacionales complementarios.

Se concederá la autorización mediante la ejecución de un acto Estos actos de ejecución serán adoptados sin aplicar el procedimiento a que hace referencia el artículo 71, apartado 2 o 3.

6. Las condiciones de admisibilidad para los pagos directos nacionales complementarios para Croacia serán idénticas a las aplicables a la ayuda en virtud de los regímenes de ayuda correspondiente previstos en el presente Reglamento.

7. Los pagos directos nacionales complementarios para Croacia estarán sujetos a las modificaciones que sean necesarias en función de la evolución de la PAC. Se concederán con arreglo a criterios objetivos y de tal forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores y se eviten distorsiones del mercado y de la competencia.

8. Croacia presentará un informe con datos sobre las medidas adoptadas para la aplicación de los pagos directos nacionales complementarios a más tardar el 30 de junio del año siguiente a su aplicación. El informe cubrirá al menos los aspectos siguientes:

a) cualquier cambio de la situación que repercuta en los pagos directos nacionales complementarios;

b) con respecto a cada pago directo nacional complementario, el número de beneficiarios, el importe total de los pagos directos nacionales complementarios concedida, así como las hectáreas, el número de animales o las demás unidades para las que se haya concedido estos pagos directos nacionales complementarios;

c) un informe sobre las medidas de control aplicadas en relación con los pagos directos nacionales complementarios concedidos.

Artículo 17 ter

Reserva nacional especial para desminado para Croacia

1. A partir de 2015, Croacia notificará a la Comisión, a más tardar el 31 de enero de cada año, las superficies que hayan sido indicadas de conformidad con el artículo 57 bis, apartado 10, del Reglamento (CE) no 73/2009 y que hayan vuelto a utilizarse para actividades agrícolas en el año natural anterior.

Croacia también notificará a la Comisión el número de derechos de pago a disposición de los agricultores el 31 de diciembre del año natural anterior, así como el importe que no haya sido gastado de la reserva nacional especial para desminado en la misma fecha.

Si procede, las notificaciones contempladas en los párrafos primero y segundo se efectuarán por región, definida de conformidad con el artículo 23, apartado 1 del presente Reglamento.

2. Al adaptar el anexo II de conformidad con el artículo 6, apartado 3, la Comisión calculará, sobre una base anual, el importe que deberá añadirse a los importes fijados para Croacia en dicho anexo, para financiar la ayuda que debe concederse en virtud de los regímenes enumerados en el anexo I para las superficies a las que se hace referencia en el apartado 1 del presente artículo. Este importe se calculará a partir de los datos notificados por Croacia de conformidad con el apartado 1 del presente artículo y de la media estimada de los pagos directos por hectárea en Croacia para el año en cuestión.

El importe máximo que deberá añadirse de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero sobre la base de todas las superficies notificadas por Croacia de conformidad con el apartado 1 del presente artículo hasta 2022 ascenderá a 9 600 000 EUR y estará sujeto al calendario de introducción de los pagos directos de acuerdo con el artículo 17. Los importes anuales máximos resultantes figuran en el anexo VII.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer el porcentaje del importe que deberá añadirse de conformidad con el apartado 2. Croacia deberá incluir dicha cantidad en la reserva nacional especial para desminado con objeto de asignar derechos de pago a las superficies mencionadas en el apartado 1. Este porcentaje se calculará sobre la base de la relación entre el límite máximo del régimen de pago básico y el límite máximo nacional fijado en el anexo II antes de que el límite máximo nacional se incremente de conformidad con el apartado 2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen contemplado en artículo 71, apartado 2.

4. Para los años 2015 y 2022, Croacia deberá utilizar la reserva nacional especial para desminado para asignar derechos de pago a los agricultores basándose en las tierras desminadas declaradas por los agricultores en el año de que se trate, siempre y cuando:

a) tales tierras sean admisibles a tenor de lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2 a 5;

b) las tierras en cuestión se volvieron a dedicar a actividades agrícolas durante el año natural anterior; y

c) las tierras han sido notificadas a la Comisión de conformidad con el apartado 1 del presente artículo.

5. El valor de los derechos de pago establecidos en virtud del presente artículo será el valor medio nacional o regional de los derechos de pago en el año de asignación sin rebasar los límites del importe disponible en la reserva nacional especial para desminado.

6. Con el fin de tener en cuenta las consecuencias de que los terrenos desminados hayan vuelto a utilizarse para actividades agrícolas como notifique Croacia con arreglo al presente artículo, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 70 para adaptar los importes establecidos en el anexo VI.

TÍTULO III

RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO, RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO POR SUPERFICIE Y PAGOS RELACIONADOS

CAPÍTULO 1

Régimen de pago básico y régimen de pago único por superficie

Sección 1

Creación del régimen de pago básico

Artículo 21

Derechos de pago

1. La ayuda en virtud del régimen de pago básico será accesible para los agricultores:

a) que obtengan derechos de pago al amparo del presente Reglamento mediante una asignación con arreglo al artículo 20, apartado 4, mediante una primera asignación con arreglo al artículo 24 o al artículo 39, mediante una asignación a partir de las reservas nacional o regionales con arreglo al artículo 30, o mediante una transferencia con arreglo al artículo 34, o

b) que cumplan lo dispuesto en el artículo 9 y posean, en propiedad o en arrendamiento, derechos de pago en un Estado miembro que haya decidido, de conformidad con el apartado 3, mantener sus derechos de pago existentes.

2. Los derechos de pago obtenidos en virtud del régimen de pago único de conformidad con el Reglamento (CE) no 1782/2003 y el Reglamento (CE) no 73/2009 expirarán el 31 de diciembre de 2014.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros que establecieron el régimen de pago único de acuerdo con el título III, capítulo 5, sección I, o el título III, capítulo 6, del Reglamento (CE) no 1782/2003 o el título III, capítulo 3, del Reglamento (CE) no 73/2009 podrán, a más tardar el 1 de agosto de 2014, decidir mantener los derechos de pago existentes. La decisión adoptada será comunicada a la Comisión antes de dicha fecha.

4 Con relación a los Estados miembros que hayan adoptado la decisión a que se refiere el apartado 3, cuando el número de derechos de pago, en propiedad o en arrendamiento, establecido de conformidad con el Reglamento (CE) no 1782/2003 y al Reglamento (CE) no 73/2009 que un agricultor pueda poseer en la fecha final para presentación de solicitudes fijada en virtud de la letra b) del artículo 78 del Reglamento (UE) no 1306/2013 exceda del número de hectáreas admisibles que el agricultor haya declarado en su solicitud de ayuda, de conformidad con el artículo 72, apartado 1, letra a), primer párrafo, del Reglamento (UE) no 1306/2013para 2015, y que se encuentran a su disposición en una fecha fijada por el Estado miembro, la cual no podrá ser posterior a la fecha