Decisión de la Comisión

de 13 de noviembre de 2002

relativa a las normas italianas que dispensan de autorización a las empresas y establecimientos que recuperan residuos peligrosos de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos

[notificada con el número C(2002) 4392]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2002/909/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1995, relativa a los residuos(1), modificada por la Directiva 91/156/CEE(2),

Vista la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligroso(3), y, en particular, su artículo 3,

Considerando lo siguiente:

(1) Los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE establecen las condiciones que deben cumplirse si un Estado miembro, de conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva 75/442/CEE, desea dispensar de la autorización contemplada en el artículo 10 de la Directiva 75/442/CEE a establecimientos o empresas que recuperan residuos.

(2) Los Estados miembros que deseen no aplicar la autorización prevista en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE deben cumplir asimismo los requisitos de procedimiento establecidos en el apartado 4 del artículo 3 de dicha Directiva.

(3) El 1 de diciembre de 1999 y el 17 de noviembre de 2000, Italia remitió a la Comisión un proyecto de Decreto, basado en el artículo 33 del Decreto n° 22, de 5 de febrero de 1997, que establece las condiciones necesarias para solicitar una dispensa de autorización con respecto a la recuperación de residuos peligrosos.

(4) La Comisión consultó a los Estados miembros sobre las normas establecidas en el proyecto de Decreto y, durante la fase de consulta, ningún Estado miembro se opuso a la aprobación del proyecto de normas.

(5) De tal consulta y del análisis realizado por la Comisión se dedujo la conformidad del citado proyecto con los requisitos del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE; por tanto, la Comisión propuso la aprobación del proyecto de normas con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE.

(6) El Comité establecido en virtud del artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE emitió, el 6 de septiembre de 2002, un dictamen favorable a la aprobación de las normas en cuestión.

(7) Por consiguiente, las normas se ajustan al dictamen emitido por el Comité establecido en el artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE.

(8) Deben aprobarse, por tanto, las normas del proyecto de Decreto italiano.

(9) El presente acuerdo se refiere únicamente a los requisitos establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE y en la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva 75/442/CEE, sin perjuicio de la aplicación al proyecto de decreto italiano de otras disposiciones incluidas en esas Directivas u otra legislación comunitaria.

I. PROCEDIMIENTO

I.A. Directivas 75/442/CEE y 91/689/CEE

El apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 75/442/CEE dispone que todo establecimiento o empresa que efectúe operaciones de eliminación (incluidas en el anexo II A) deberá obtener una autorización de las autoridades competentes. Dicha autorización se referirá a los tipos y cantidades de residuos, las prescripciones técnicas, las precauciones de seguridad que deban adoptarse, el lugar de eliminación y el método de tratamiento.

El artículo 10 de la Directiva 75/442/CEE dispone también que los establecimientos o empresas que efectúen operaciones de recuperación (incluidas en el anexo II B) deben obtener una autorización de las autoridades competentes.

El apartado 1 del artículo 11 de la Directiva 75/442/CEE permite a los Estados miembros dispensar a establecimientos o empresas de la autorización contemplada en los artículos 9 y 10 para las operaciones de eliminación efectuadas en el lugar de producción, así como para las operaciones de valorización de residuos, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- que las autoridades competentes hayan adoptado normas generales para cada tipo de actividad en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad en cuestión puede quedar dispensada de la autorización (primer guión del apartado 1 del artículo 11), y

- que los tipos o cantidades de residuos y los métodos de eliminación o valorización cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Directiva (segundo guión del apartado 1 del artículo 11).

Las empresas o establecimientos exentos, de conformidad con el apartado 1 del artículo 11, deberán estar registrados ante las autoridades competentes (apartado 2 del artículo 11).

El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE dispone que la dispensa de la autorización para los establecimientos o empresas que se ocupan de la eliminación de sus propios residuos, a que se hace referencia en la letra a) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva 75/442/CEE, no se aplicará a los residuos peligrosos objeto de dicha Directiva.

El apartado 2 del artículo 3 dispone que un Estado miembro podrá no aplicar el artículo 10 de la Directiva 75/442/CEE a establecimientos o empresas que recuperen residuos:

- si el Estado miembro adopta disposiciones generales en las que se enumeren los tipos y cantidades de residuos y se establezcan condiciones especiales (valores límite del contenido de sustancias peligrosas en el residuo, valores límite de emisión y tipo de actividad) y otras disposiciones necesarias para la realización de las distintas operaciones de recuperación, y

- si los tipos o cantidades de residuos y los métodos de recuperación cumplen las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE.

Los establecimientos o empresas a que se hace referencia en el apartado 2 deberán estar registrados ante las autoridades competentes (apartado 3 del artículo 3).

Si un Estado miembro se propone aplicar las disposiciones del apartado 2 del artículo 3, las normas a las que se hace referencia en dicho apartado deben notificarse a la Comisión en el plazo de los tres meses anteriores a su entrada en vigor. La Comisión debe consultar a los Estados miembros y, a la luz de esas consultas, debe proponer la aprobación definitiva de las normas con arreglo al procedimiento del artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE.

I.B. Medidas notificadas

El 28 de agosto de 1997, las autoridades italianas notificaron, de conformidad con la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas(4), un proyecto de Decreto por el que se establecen las condiciones de aplicación del artículo 11 de la Directiva 75/442/CEE y del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE. El 17 de octubre de 1997, en una reunión del Comité establecido de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE ("el Comité del artículo 18"), las autoridades italianas confirmaron que la notificación debía interpretarse también como una notificación en virtud del apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE. Con esa misma fecha, la Comisión envió una copia del proyecto de medidas italianas a los demás Estados miembros y les invitaba a presentar observaciones por escrito antes del 15 de noviembre de 1997, anunciando que debía tomarse una decisión comunitaria de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE. Tras evaluar el proyecto de medidas y considerar que éstas no cumplían los requisitos del apartado 4 del artículo 3 de la Directiva, la Comisión preparó un proyecto de Decisión por el que se rechazaban las medidas. Este proyecto de Decisión debía someterse a la votación del Comité del artículo 18 el 8 de mayo de 1998, pero Italia retiró las medidas propuestas ese mismo día. No se celebró ninguna votación.

El 1 de diciembre de 1999, Italia notificó a la Comisión un nuevo proyecto de medidas en virtud de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas(5) y del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE. A la luz del debate del Comité del artículo 18 que tuvo lugar el 29 de marzo de 2000 para analizar las nuevas medidas propuestas, Italia manifestó su intención de modificarlas nuevamente.

El 17 de noviembre de 2000, Italia notificó una versión modificada de esa nueva propuesta de medidas. Según la Comisión, el período de statu quo contemplado en el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE para dicha notificación expiró el 17 de febrero de 2001. Tras la solicitud presentada por los Estados miembros en la reunión de 28 de marzo de 2001 del Comité del artículo 18 para que la Comisión redactara un documento de carácter general sobre las condiciones aplicables al apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE, se aplazó el examen del nuevo proyecto de medidas específicas, propuesto por Italia, hasta la difusión del documento. La Comisión preparó un documento general y lo distribuyó en la reunión del Comité del artículo 18 que tuvo lugar el 6 de julio de 2001(6).

II. CONTENIDO DE LAS MEDIDAS NOTIFICADAS

II.A. Legislación italiana en la que se fundamenta el proyecto notificado

El proyecto notificado aplica el artículo 33 del Decreto n° 22 de 5 de febrero de 1997. Este artículo dispone que las actividades de recuperación pueden iniciarse no antes de transcurridos noventa días desde la comunicación del inicio de la actividad a la provincia competente y a condición de que se hayan adoptado normas técnicas sobre las cantidades máximas de residuos que puede utilizarse, el origen, tipo y características de los residuos, u otras condiciones específicas, en particular con objeto de garantizar que los residuos se recuperan, en relación con el tipo y las cantidades de los mismos, sin peligro para la salud humana y sin utilizar procedimientos y métodos que puedan perjudicar al medio ambiente. Por lo que respecta a los residuos peligrosos, las normas deben incluir asimismo condiciones específicas relativas a los valores límite de contenido de sustancias peligrosas en los residuos, valores límite de emisión para cada tipo de residuo, actividad e instalación utilizada (teniendo en cuenta asimismo otras emisiones producidas in situ) y otros requisitos necesarios para efectuar diferentes formas de valorización.

Tras la comunicación del inicio de actividad, la provincia competente debe incluir el establecimiento en un registro específico y comprobar, en un plazo de noventa días, que se satisfacen los requisitos prescritos. A tal fin, la comunicación de inicio de actividad debe incluir un informe en el que se den pruebas de los elementos siguientes:

- el respeto de las normas técnicas generales y de las condiciones específicas antes citadas,

- que el establecimiento cumple los requisitos subjetivos prescritos (capacidad financiera, categoría civil y jurídica) para la gestión de los residuos,

- las actividades de recuperación que se pretende realizar,

- el establecimiento, capacidad de recuperación y ciclo de producción o tratamiento en que se van a recuperar los residuos,

- las especificaciones prescritas de los productos derivados de las actividades de recuperación.

Siempre que la provincia establezca que no se cumplen las normas técnicas u otros requisitos, debe prohibir (mediante acto motivado) el inicio o la continuación de la actividad, a menos que el establecimiento cumpla las disposiciones correspondientes, dentro del plazo establecido por la administración.

La comunicación debe renovarse cada cinco años y en todos los casos en los que se haya producido una modificación sustancial de las operaciones de recuperación.

II.B. Descripción sucinta de las medidas notificadas (limitada a los elementos de interés en el contexto de la presente Decisión)

El proyecto modificado del Decreto notificado por Italia, que consta de una parte dispositiva (nueve artículos) y tres anexos, establece la normativa específica para las actividades relacionadas con la recuperación de ciertos tipos de residuos peligrosos (apartado 1 del artículo 1) y se refiere a unos 39 tipos de actividades de recuperación diferentes, que incluyen, en particular, los sectores de metales no ferrosos, metales preciosos, escorias de fusión, lodos y residuos líquidos orgánicos e inorgánicos.

El proyecto modificado prevé una serie de normas específicas relativas a las actividades de recuperación que entran dentro de su ámbito de aplicación. Precisa los tipos de residuos peligrosos contemplados, las normas técnicas, los valores de emisión y los valores límite aplicables a las actividades específicas de recuperación (apartado 4 del artículo 1 y anexo 1). El anexo 1 se divide en dos subanexos: el subanexo 1 incluye normas técnicas generales para la recuperación de determinados materiales contenidos en los residuos peligrosos y los valores límite relativos a las sustancias peligrosas; el subanexo 2 establece los valores límite y las prescripciones para las emisiones en la atmósfera procedentes de las actividades de recuperación de residuos peligrosos. El proyecto modificado incluye, asimismo, normas que establecen las cantidades máximas por tipos de residuos que pueden utilizar las instalaciones anualmente (artículo 5 y anexo 2). Además, prescribe disposiciones específicas sobre los métodos y las normas relativas al almacenamiento de los residuos peligrosos en cuestión (artículo 4 y anexo 3), así como sobre la notificación del inicio de actividad, la toma de muestras y las obligaciones por lo que respecta al personal (artículos 6, 7 y 8). Las operaciones de recuperación no pueden en ningún caso poner en peligro la salud humana o el medio ambiente (apartado 2 del artículo 1). Por otro lado, los bienes y productos derivados de las actividades de recuperación que no satisfagan los requisitos de los anexos y que no se destinen a los ciclos de consumo o producción no entran dentro del ámbito de aplicación del procedimiento simplificado y, por tanto, siguen sujetas a las disposiciones legislativas de carácter general relativas a los residuos peligrosos.

III. EVALUACIÓN

III.A. Evaluación de la Comisión

La evaluación de un proyecto de normas generales notificado por un Estado miembro de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE debe hacerse en primer lugar respecto del cumplimiento de todos los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 3 de dicha Directiva. En términos generales, la Comisión considera que, dado que la posibilidad de aplicar el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE es una excepción de la norma general, la dispensa debería aplicarse de forma restringida. Las medidas italianas deben examinarse, por tanto, a la luz de esta observación general, con objeto de determinar si la excepción es demasiado amplia.

Tras analizar desde un punto de vista jurídico el proyecto de decreto modificado, notificado por las autoridades italianas, la Comisión llega a la conclusión de que no tiene motivos para objetar la aprobación de tales medidas de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE.

La Comisión considera que el nuevo proyecto de medidas satisface los requisitos contemplados en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE. El proyecto modificado establece normas generales que enumeran los tipos y las cantidades máximas de residuos peligrosos que entran dentro del ámbito de aplicación de ese proyecto de Decreto. Incluye, además, las condiciones específicas relativas a las operaciones de recuperación previstas (sobre todo los valores límite para el contenido de sustancias peligrosas, los valores límite de emisión y el tipo de actividad). Los tipos de residuos contemplados se identifican de forma adecuada de conformidad con el Catálogo europeo de residuos(7) (CER), que contiene una lista común de residuos peligrosos y no peligrosos para la Comunidad, que debe actualizarse periódicamente con arreglo a lo previsto en la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE y en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE. Además, incluye otros requisitos necesarios relacionados con la realización de las diferentes formas de recuperación y, en particular, disposiciones sobre almacenamiento, notificación de inicio de las actividades, muestreo y personal. Por último, prevé que los tipos o cantidades de residuos y los métodos de recuperación permitan cumplir las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE.

La Comisión considera, asimismo, que se satisface la obligación de registro prevista en el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE. El artículo 33 del Decreto n° 22, de 5 de febrero de 1997, exige el registro de las actividades de recuperación de residuos que entran dentro de su ámbito de aplicación ante la provincia competente. Además, el proyecto modificado precisa que deben aprobarse y autorizarse el diseño y la construcción de las instalaciones o establecimientos donde vayan a realizarse las operaciones de recuperación (apartado 3 del artículo 1), y que debe efectuarse una notificación detallada de inicio de las actividades (artículo 6).

III.B. Consulta a los Estados miembros: resumen de las observaciones orales y escritas recibidas

Se instó a los Estados miembros a que manifestaran su opinión, oralmente o por escrito, sobre el proyecto de normas. Concretamente, el 30 de abril de 2002 la Comisión invitó a los Estados miembros a presentar sus observaciones por escrito y a expresarlas verbalmente en la reunión del Comité del artículo 18, celebrada el 22 de mayo de 2002.

Suecia y el Reino Unido enviaron sus observaciones por escrito a la Comisión el 16 y el 28 de mayo de 2002, respectivamente.

Suecia no formuló ninguna observación sobre el contenido de las normas propuestas, pero solicitó información sobre algunos aspectos de procedimiento relativos al apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE y, en particular, sobre las implicaciones de una exención para los demás Estados miembros y su relación con la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación(8).

En sus observaciones escritas, el Reino Unido se mostró favorable a la propuesta italiana, considerando que, desde un punto de vista general, las exenciones pueden fomentar el reciclado y la reutilización de determinados residuos peligrosos, por ejemplo mediante sistemas de restitución gestionados por el sector de la distribución. El Reino Unido estimaba asimismo que la obligación de obtener una autorización podía desincentivar la participación y provocar un aumento del volumen de residuos eliminados por medios tradicionales, como la descarga en vertederos o la incineración. Además, confirmó que, después de la introducción de una nueva lista de residuos peligrosos que incluye numerosos artículos de uso cotidiano, como lámparas fluorescentes y monitores de ordenadores personales, era aún más importante disponer de un mecanismo fácilmente comprensible para la concesión de exenciones. En resumen, aunque el Reino Unido no pretendía obstaculizar la aprobación de las normas propuestas, que consideraba coherentes con las orientaciones recientemente presentadas por la Comisión, expresó cierta inquietud con respecto a la complejidad de algunas de las exenciones propuestas, sobre todo en relación con la importancia de los costes derivados de la demostración de la conformidad. Por ejemplo, no eran evidentes para el Reino Unido las medidas necesarias para demostrar que los residuos cumplían los límites establecidos para las sustancias peligrosas. En su opinión, aunque esto resultara relativamente fácil en el caso de flujos de residuos homogéneos y uniformes, los residuos heterogéneos plantearían más dificultades. El Reino Unido llegaba a la conclusión de que era posible que el recurso a tales exenciones fuera como mínimo tan costoso como la obtención de una autorización y, por tanto, de poca utilidad práctica para las organizaciones responsables del reciclado. El Reino Unido manifestó asimismo su preocupación en cuanto a la relación entre la legislación marco de la Comunidad en el ámbito de los residuos y otras disposiciones legislativas comunitarias en el ámbito del medio ambiente, como por ejemplo la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos(9).

En la reunión del Comité del artículo 18, celebrada el 22 de mayo de 2002, ningún Estado miembro formuló objeción alguna en cuanto a la aprobación del proyecto de normas.

De tal consulta y del análisis realizado por la Comisión se dedujo la conformidad del citado proyecto con los requisitos del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE; por tanto, la Comisión propuso la aprobación del proyecto de normas con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE. El Comité establecido en virtud del artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE emitió, el 6 de septiembre de 2002, un dictamen favorable a la aprobación de las normas en cuestión.

IV. CONCLUSIÓN

A la luz del contenido del proyecto italiano y de los resultados de las consultas con los Estados miembros descritas en las consideraciones precedentes, la Comisión considera que el nuevo proyecto de medidas notificado por Italia de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE el 17 de noviembre de 2000 debe aceptarse y aprobarse en la medida en que se ha comprobado que se satisfacen los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 3 de esa Directiva, es decir:

- las normas propuestas son normas generales que enumeran los tipos y cantidades de residuos y establecen condiciones específicas (valores límite del contenido de sustancias peligrosas en los residuos, valores límite de emisión y tipo de actividad) y otros requisitos necesarios para efectuar diferentes formas de valorización,

- los tipos y cantidades de residuos y los métodos de valorización permiten satisfacer las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE,

- los establecimientos y empresas en cuestión deben registrarse ante la autoridad competente.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Por la presente Decisión quedan aprobadas las normas establecidas en el proyecto de Decreto italiano remitido a la Comisión el 1 de diciembre de 1999 y modificado el 17 de noviembre de 2000, sobre la base del artículo 33 del Decreto italiano n° 22, de 5 de febrero de 1997, de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos.

Artículo 2

La destinataria de la presente Decisión será la República de Italiana.

Hecho en Bruselas, el 13 de noviembre de 2002.

Por la Comisión

Margot Wallström

Miembro de la Comisión

(1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.

(2) DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.

(3) DO L 377 de 31.12.1991, p. 20.

(4) DO L 109 de 26.4.1983, p. 8.

(5) DO L 204 de 22.6.1998, p. 37.

(6) Punto 3 del orden del día: "Documento de información (DG ENV Unidad A2): Condiciones aplicables a la derogación prevista en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE".

(7) Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, relativa a los residuos, y la Decisión 94/404/CE del Consejo, por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, relativa a los residuos peligrosos (DO L 226 de 6.9.2000, p. 3), modificada por la Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001 (DO L 47 de 16.2.2001, p. 1), la Decisión 2001/119/CE de la Comisión, de 22 de enero de 2001 (DO L 47 de 16.2.2001, p. 32), y la Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001 (DO L 203 de 28.7.2001, p. 18).

(8) DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.

(9) DO L 332 de 28.12.2000, p. 91.