DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 12 de diciembre de 2019

por la que se cursa una notificación a la República de Panamá sobre la posibilidad de ser considerada tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

(2020/C 13/06)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1936/2001 y (CE) n.o 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1093/94 y (CE) n.o 1447/1999 (1), y en particular su artículo 32,

Considerando lo siguiente:

1. INTRODUCCIÓN

(1) El Reglamento (CE) n.o 1005/2008 (en lo sucesivo, «el Reglamento INDNR») establece un sistema de la Unión para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

(2) El capítulo VI del Reglamento INDNR regula el procedimiento que debe seguirse para la identificación de los terceros países no cooperantes en la lucha contra la pesca INDNR, las gestiones que han de realizarse ante los países considerados terceros países no cooperantes, el establecimiento de una lista de terceros países no cooperantes, la supresión de esos países de dicha lista, la publicidad que se debe dar a esta y las eventuales medidas de urgencia.

(3) De conformidad con el artículo 31 del Reglamento INDNR, la Comisión debe identificar los terceros países que considere que no cooperan en la lucha contra la pesca INDNR. Se pueden considerar terceros países no cooperantes a los países que no cumplan la obligación de adoptar medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR que les incumbe, en virtud del Derecho internacional, en su calidad de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización.

(4) La identificación de terceros países no cooperantes en virtud del artículo 31 del Reglamento INDNR debe basarse en un examen de toda la información a la que se hace referencia en el artículo 31, apartado 2, de dicho Reglamento.

(5) Antes de considerar no cooperantes a los terceros países en virtud del artículo 31 del Reglamento INDNR, la Comisión debe cursarles una notificación sobre la posibilidad de ser considerados como tales con arreglo al artículo 32 de dicho Reglamento. Esa notificación tiene carácter preliminar.

(6) La notificación a los terceros países de la posibilidad de ser considerados terceros países no cooperantes debe basarse también en los criterios establecidos en el artículo 31 del Reglamento INDNR.

(7) Además, la Comisión debe tener en cuenta todas las gestiones que se establecen en el artículo 32 del Reglamento INDNR con respecto a los terceros países a los que se haya cursado la notificación. En particular, la Comisión debe incluir en la notificación información relativa a los principales hechos y motivos que la sustentan y ofrecer a esos terceros países la posibilidad de responder y aportar pruebas en contrario o, en su caso, un plan de actuación para mejorar la situación y las medidas adoptadas para corregirla. La Comisión debe dar a los terceros países afectados el tiempo adecuado para responder a la notificación y un plazo razonable para poner remedio a la situación.

(8) De conformidad con el artículo 33 del Reglamento INDNR, el Consejo debe decidir sobre una lista de terceros países no cooperantes. Las medidas recogidas, en particular, en el artículo 38 del Reglamento INDNR son aplicables a esos países que hayan sido considerados no cooperantes.

(9) Con arreglo al artículo 20, apartado 1, del Reglamento INDNR, la aceptación de los certificados de captura validados por un tercer Estado de abanderamiento está supeditada a que la Comisión haya recibido una notificación de ese Estado en la que certifique que cuenta con un régimen de aplicación, control y observancia de las leyes, reglamentos y medidas de conservación y ordenación que deben cumplir los buques de su flota pesquera.

(10) De conformidad con el artículo 20, apartado 4, del Reglamento INDNR, cuando proceda, la Comisión debe cooperar administrativamente con terceros países en ámbitos relacionados con la aplicación de las disposiciones de certificación de captura establecidas en dicho Reglamento.

2. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

(11) El 3 de febrero de 2010, la República de Panamá (en lo sucesivo, «Panamá») presentó a la Comisión su notificación como Estado de abanderamiento con arreglo al artículo 20 del Reglamento INDNR.

(12) En el contexto de la cooperación administrativa prevista en el artículo 20, apartado 4, del Reglamento INDNR, entre el 21 de junio de 2010 y el 15 de noviembre de 2012, la Comisión cooperó con las autoridades de Panamá para verificar la información relativa al régimen nacional de aplicación, control y observancia de las leyes, reglamentos y medidas de conservación y ordenación que debían cumplir los buques de su flota pesquera, así como las medidas adoptadas por ese país para cumplir sus obligaciones en la lucha contra la pesca INDNR.

(13) Conforme al artículo 31, apartado 3, del Reglamento INDNR, la Comisión analizó las obligaciones que incumben a Panamá en su calidad de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización. A los efectos del presente examen, la Comisión tomó en consideración los elementos enumerados en el artículo 31, apartados 4 a 7, del Reglamento INDNR.

(14) Tras examinar toda la información objetiva recopilada y todas las declaraciones efectuadas por el país, la Comisión estableció, con arreglo al artículo 31, apartados 4 a 7, del Reglamento INDNR, que Panamá había incumplido las obligaciones contraídas en virtud del Derecho internacional, en particular en relación con el cumplimiento de las normas internacionales, y que no había garantizado el cumplimiento de la normativa y las medidas de conservación y ordenación por parte de sus buques.

(15) En consecuencia, en virtud de la Decisión 2012/C 354/01 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2012, se notificó a Panamá la posibilidad de ser considerado tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR (2).

(16) Se invitó a Panamá a cooperar con la Comisión sobre la base de un plan de actuación propuesto para rectificar las deficiencias detectadas.

(17) En el marco del diálogo bilateral que siguió a la Decisión 2012/C 354/01 de la Comisión, Panamá presentó observaciones orales y escritas, que fueron tenidas en cuenta por la Comisión. La Comisión siguió recabando y verificando toda la información que consideró necesaria.

(18) Panamá adoptó las medidas pertinentes para la paralización de las actividades de pesca INDNR en cuestión y para su prevención, corrigiendo así las acciones u omisiones que dieron lugar a la notificación de la posibilidad de ser considerado tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR.

(19) En consecuencia, mediante la nota de 15 de octubre de 2014, la Comisión decidió llevar a cabo gestiones con respecto a Panamá, con arreglo al artículo 32 del Reglamento INDNR, en relación con el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Derecho internacional como Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización y sus actuaciones para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR (3).

(20) No obstante, la Comisión insistió en que la conclusión de las gestiones se entendía sin perjuicio de cualquier medida tomada por la Comisión o el Consejo en el futuro en caso de que los hechos demuestren que Panamá no cumple las obligaciones contraídas en virtud del Derecho internacional como Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización con miras a adoptar medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.

(21) Del 29 de enero al 1 de febrero de 2019, la Comisión visitó Panamá en el contexto de la cooperación administrativa prevista en el artículo 20, apartado 4, del Reglamento INDNR.

(22) Durante esta visita se trataron cuestiones relativas al régimen nacional de verificación de los certificados de captura y de aplicación, control y observancia de las leyes, reglamentos y medidas de conservación y ordenación que deben cumplir los buques pesqueros de Panamá. También se abordó la evaluación de la aplicación efectiva de las medidas adoptadas por el país para corregir las deficiencias que condujeron a la notificación mencionada en el considerado 15.

(23) Del 15 al 19 de julio de 2019, la Comisión visitó de nuevo Panamá para hacer un seguimiento de las medidas adoptadas por el país desde la misión anterior.

(24) Estas dos visitas y su seguimiento dieron lugar a un intercambio de observaciones orales y escritas en que la Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria en relación con las medidas adoptadas por Panamá para cumplir sus obligaciones en la lucha contra la pesca INDNR.

(25) Panamá es un Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM) (4), del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios («Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces»), y del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (AMERP). Panamá también ha incorporado a su legislación nacional el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PAI-INDNR) (5).

(26) Panamá es Parte contratante de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) y la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). Panamá es Parte no contratante colaboradora de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (CPPOC), la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROPPS) y la Comisión de Pesquerías del Atlántico del Nordeste (CPANE).

(27) Con el fin de evaluar el cumplimiento por parte de Panamá de las obligaciones internacionales que le incumben en calidad de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización previstas en los acuerdos internacionales que figuran en el considerando 26 y establecidas por las organizaciones regionales de ordenación pesquera pertinentes, la Comisión recabó, recopiló y analizó toda la información necesaria para llevar a cabo tal ejercicio.

3. POSIBILIDAD DE QUE PANAMÁ SEA CONSIDERADO TERCER PAÍS NO COOPERANTE

(28) La información recabada por la Comisión durante el período que siguió a su decisión de concluir las gestiones con respecto a Panamá en 2014 y las deficiencias detectadas durante las visitas al país en 2019 llevaron a la Comisión a plantearse la posibilidad de considerarlo tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR.

(29) Conforme al artículo 31, apartado 3, del Reglamento INDNR, la Comisión analizó las obligaciones de Panamá en su calidad de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño y Estado de comercialización. A efectos de ese análisis, la Comisión tomó en consideración los criterios establecidos en el artículo 31, apartados 4 a 7, del Reglamento INDNR.

3.1. Medidas adoptadas con respecto a la pesca INDNR recurrente y los flujos comerciales de productos derivados de la pesca INDNR (artículo 31, apartado 4, del Reglamento INDNR)

(30) De conformidad con el artículo 31, apartado 4, letra a), la Comisión analizó las medidas adoptadas por Panamá en relación con la pesca INDNR recurrente llevada a cabo o apoyada por buques que enarbolan su pabellón o ciudadanos de ese país, o por buques pesqueros que faenan en su aguas o utilizan sus puertos.

(31) Sobre la base de la información disponible públicamente y de la información facilitada por las autoridades competentes de Panamá, la Comisión estableció que la autoridad nacional responsable del Registro de Buques de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), había registrado buques que habían declarado su intención de no participar en actividades pesqueras, pero que posteriormente lo hicieron. Así, buques que enarbolaban pabellón panameño participaron en actividades pesqueras sin la licencia obligatoria de la autoridad nacional de pesca, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), y, por lo tanto, participaron en actividades pesqueras no sujetas a ninguna forma de seguimiento, control ni vigilancia por parte de la autoridad competente. Esto también impidió la confección de una lista consolidada que incluyera todos los buques pesqueros equipados para ser utilizados en actividades relacionadas con la pesca o efectivamente utilizados para ello que enarbolaran pabellón de Panamá, lo que a su vez demuestra que este país no ejerce un control adecuado sobre sus buques.

(32) Esta ausencia de control por parte de la autoridad competente derivó en graves incumplimientos de las leyes, reglamentos y medidas de conservación y ordenación aplicables. Los buques de transporte que se registraron como buques de carga general se utilizaron de manera efectiva para transportar productos de la pesca sin contar con una licencia de la ARAP ni estar sometidos a ningún otro tipo de control por parte de la ARAP o la AMP. Por ejemplo, en 2016, dos buques de transporte con pabellón panameño que no figuraban en el registro de la OROPPS de buques autorizados a faenar en la zona de la Convención realizaron transbordos en la zona de la OROPPS.

(33) Además, un buque de transporte con el nombre de SUMMER REFER (nombre anterior: OKAPI MARTA, n.o OMI: 7816472) estuvo registrado en Panamá de junio de 2018 a febrero de 2019 como buque de carga general, a pesar de que desde 2016 figuraba en la lista de buques de pesca INDNR de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo. La AMP no consultó a la ARAP antes de registrarlo, a pesar de que se trataba de un buque equipado para el transporte de pescado y, por ende, podría haber participado en actividades relacionadas con la pesca. Cabe señalar que la supresión de este buque del registro no estuvo relacionada con el hecho de que estuviera incluido en la lista de buques INDNR.

(34) Además, se descubrió que NIKA (n.o OMI: 8808654), un buque pesquero registrado en Panamá como buque de carga general desde junio de 2018, había participado, sin contar con una licencia de la ARAP, en actividades de pesca INDNR durante el primer semestre de 2019 en una zona cubierta por la Convención de la CCRVMA.

(35) Además, en su 23.° período de sesiones, celebrado en junio de 2019, la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI) elaboró una lista de los buques que presuntamente habían llevado a cabo pesca INDNR en su zona de competencia. Dicha lista incluía el buque XING HAI FENG (nombre anterior: OCEAN LION, n.o OMI: 7826233), con pabellón de Panamá.

(36) En contra de lo dispuesto en los apartados 36 y 42 del PAI-INDNR, los procedimientos previos a la matriculación de buques no incluyen una verificación exhaustiva de su trayectoria a fin de evitar el registro de buques pesqueros que tengan un historial o un perfil de cumplimiento dudosos, así como de los buques enumerados en la lista de buques INDNR adoptada por las organizaciones regionales de ordenación pesquera.

(37) El marco jurídico básico por el que se establece un sistema de seguimiento, control y vigilancia es el Decreto Ejecutivo n.o 161 de 2013. El actual régimen de licencias y autorizaciones de pesca tiene como base el Decreto Ejecutivo n.o 162 de 2013. La adopción de estos Decretos, junto con la del Decreto Ejecutivo n.o 160 sobre sanciones, fue decisiva para concluir las gestiones con respecto a Panamá en octubre de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento INDNR, tal como se describe en el considerando 19. Sin embargo, la Comisión observó que esos Decretos no se estaban aplicando correctamente.

(38) Así, en relación con los buques de transporte autorizados por la ARAP para participar en operaciones de transbordo de productos de la pesca, la Comisión constató que Panamá no controlaba la conformidad de esos buques con las disposiciones nacionales que regulaban tales actividades, como la obligación de presentar una notificación previa de transbordo y una declaración de transbordo. Por ejemplo, un buque de transporte pudo operar durante 2018 frente a las costas de África Occidental sin haber presentado la notificación previa de transbordo. Cabe señalar que, con arreglo a la legislación nacional de Panamá, el incumplimiento de estas obligaciones se considera una infracción grave. Esto ha provocado, además, que la OROPPS y la CPPOC señalen, en sus recientes informes de cumplimiento, la existencia de problemas graves en relación con transbordos realizados por buques que enarbolaban pabellón panameño (6).

(39) La Comisión también recopiló información que demuestra que Panamá no está realizando un seguimiento ni un control adecuados de las actividades de captura realizadas por los buques pesqueros que enarbolan su pabellón. Se permitió, por ejemplo, que un buque pesquero operara en el Océano Índico cuando su licencia solo era válida para el Océano Pacífico. Del mismo modo, otro buque participó en actividades pesqueras en la zona de la CIAT conocida como «El Corralito» durante el período en que la pesca en esa zona estaba prohibida. Esto supone una violación de la Resolución C-17-02 de la CIAT.

(40) Respecto de la información antes mencionada, la Comisión llegó a la conclusión de que Panamá había incumplido su obligación, en calidad de Estado de abanderamiento, de evitar que su flota participase en actividades de pesca INDNR en alta mar. Esto contraviene lo dispuesto en el artículo 94, apartados 1 y 2, de la CNUDM, que establece que todo Estado debe ejercer de manera efectiva su jurisdicción y control sobre los buques que enarbolen su pabellón. Tampoco está en consonancia con el apartado 24 del PAI-INDNR, que establece la obligación de realizar un control completo y eficaz de las actividades pesqueras.

(41) De conformidad con el artículo 31, apartado 4, letra b), del Reglamento INDNR, la Comisión analizó las medidas adoptadas por Panamá por lo que se refiere al acceso a su mercado de productos de la pesca INDNR y a los posteriores flujos comerciales.

(42) Tras analizar la documentación y otros datos relativos a los controles de las importaciones, así como los procedimientos de seguimiento y control de buques, la Comisión considera que Panamá no puede garantizar que los productos de la pesca que entren en su mercado y en sus fábricas de transformación no procedan de actividades de pesca INDNR. Las autoridades de Panamá no pudieron demostrar que estuvieran recogiendo y verificando toda la información necesaria para controlar la legalidad del pescado que entra en su mercado, que transita en el país o es transformado en él.

(43) En particular, la Comisión detectó incoherencias relevantes en la información comunicada por la fábrica de transformación que visitó en julio de 2019. Por ejemplo, los registros de la fábrica mencionaban la recepción de pescado capturado por un buque cuando este todavía estaba en el mar, sin haber llegado al embarcadero. Dicha fábrica no pudo tampoco proporcionar ninguno de los documentos estadísticos de pez espada de la CICAA que deberían haber acompañado a las veinticuatro importaciones de esta especie efectuadas en 2019 procedentes de la zona de la CICAA. Las autoridades panameñas no habían detectado ninguna de estas cuestiones.

(44) Por otro lado, Panamá valida los certificados de captura sin verificar adecuadamente la información que contienen. Antes de la primera visita de la Comisión en 2019, la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) llevó a cabo un análisis de una muestra de certificados de captura validados por Panamá en 2018. La AECP detectó numerosos errores, como campos en blanco, imprecisiones relativas a las zonas de captura, errores en las cantidades o confusión en torno al nombre del capitán del buque, que llevaron a la conclusión de que las verificaciones previas a la validación de los certificados de captura eran superficiales. La Comisión, al verificar la información que acompañaba a determinados certificados de captura, detectó también información dudosa en el cuaderno diario de pesca.

(45) La Comisión concluyó que la información relativa al origen y la trazabilidad de los productos de la pesca que entraban y salían del país, o que eran capturados por buques que enarbolaban pabellón de Panamá, no era exacta ni fiable. Panamá ha incumplido su obligación de aplicar las normas destinadas a garantizar la trazabilidad del pescado o los productos de la pesca en el mercado, de conformidad con los apartados 67 a 69 y 71 a 72 del PAI-INDNR.

(46) La Comisión también detectó tres casos en los que la ARAP estableció el importe de las multas impuestas a tres buques panameños que pescaban en aguas bajo la jurisdicción nacional del país por cometer infracciones graves de las medidas nacionales de conservación y ordenación sin tener en cuenta la gama de sanciones pecuniarias establecida por la legislación panameña. Como consecuencia de ello, los importes impuestos fueron finalmente muy inferiores al importe mínimo establecido en la legislación panameña, por lo que se consideró que no eran lo suficientemente severos como para asegurar el cumplimiento y desalentar las infracciones y que no privaban a los infractores de los beneficios resultantes de sus actividades ilícitas, tal como exige el artículo 19, apartado 2, del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces.

(47) Además, el examen de la información disponible a bordo de un buque con pabellón extranjero, que ya había sido inspeccionado y autorizado para desembarcar sus capturas en uno de los puertos designados de Panamá, permitió a la Comisión confirmar que dicho buque había participado, sin contar con una licencia, en actividades pesqueras en aguas de un tercer país, y que los inspectores que autorizaron el desembarque en Panamá no lo habían detectado.

(48) Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente sección y atendiendo a toda la información objetiva recopilada por la Comisión, así como a todas las declaraciones efectuadas por las autoridades competentes de Panamá, puede determinarse, con arreglo al artículo 31, apartado 3, y apartado 4, letras a) y b), del Reglamento INDNR, que Panamá incumple las obligaciones contraídas en virtud del Derecho internacional en calidad de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño y Estado de comercialización en relación con los buques INDNR y con la pesca INDNR llevada a cabo o apoyada por buques pesqueros que enarbolan su pabellón o por sus ciudadanos, así como la obligación de impedir el acceso de productos de la pesca procedentes de la pesca INDNR a su mercado.

3.2. Falta de cooperación y de adopción de medidas coercitivas (artículo 31, apartado 5, del Reglamento INDNR)

(49) De conformidad con el artículo 31, apartado 5, letra a), del Reglamento INDNR, la Comisión analizó su colaboración con Panamá para comprobar si las autoridades de dicho país habían cooperado eficazmente contestando a sus preguntas, proporcionando información e investigando cuestiones relacionadas con la pesca INDNR y actividades conexas.

(50) Tanto antes como después de la primera visita de la Comisión en 2019, las autoridades de Panamá se han mostrado cooperativas, a rasgos generales, para responder y proporcionar información. Sin embargo, durante el período comprendido entre la conclusión de las gestiones con respecto de Panamá descritas en el considerando 19 y antes de que la Comisión se pusiera en contacto con Panamá para organizar la primera visita de 2019, el país no respondió a varias solicitudes de información que la Comisión o los Estados miembros de la Unión le habían enviado entre 2015 y 2018.

(51) De conformidad con el artículo 31, apartado 5, letra b), la Comisión analizó las medidas coercitivas vigentes para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR en Panamá.

(52) El actual régimen de sanciones tiene como base el Decreto Ejecutivo n.o 160 de 2013. La adopción de este instrumento jurídico, junto con la de los otros dos Decretos Ejecutivos mencionados anteriormente, fue crucial para la conclusión de las gestiones con respecto de Panamá en octubre de 2014. Sin embargo, Panamá no ha aplicado correctamente el Decreto Ejecutivo n.o 160.

(53) La información recopilada por la Comisión y los intercambios con las autoridades de Panamá pusieron de manifiesto que las sanciones impuestas a los buques que participaban o apoyaban actividades de pesca INDNR (actividades calificadas de graves en el Decreto Ejecutivo n.o 160) no eran eficaces ni disuasorias.

(54) Por ejemplo, según ese Decreto Ejecutivo, los importes de las sanciones pecuniarias varían entre 10 001 y 1 000 000 balboas (de 10 001 a 1 000 000 USD), equivalentes a 9 123,23 y 912 231,49 EUR, respectivamente. Sin embargo, el 80 % de las multas impuestas con motivo de infracciones graves durante el período comprendido entre 2014 y 2018 fueron inferiores a 12 000 balboas y solo dos multas fueron superiores a 20 000 balboas. Por lo tanto, las sanciones impuestas por las autoridades de Panamá no son proporcionales al valor de las capturas y los beneficios resultantes de las infracciones graves, ni son suficientemente severas como para asegurar el cumplimiento y desalentar nuevas infracciones.

(55) Como se ha indicado anteriormente, la Comisión detectó tres casos en los que la ARAP estableció el importe de las multas impuestas a tres buques panameños que pescaban en aguas bajo la jurisdicción nacional del país por cometer infracciones graves de las medidas nacionales de conservación y ordenación sin tener en cuenta la gama de sanciones pecuniarias establecida por el Decreto Ejecutivo n.o 160. Los importes impuestos fueron finalmente muy inferiores al importe mínimo previsto en ese instrumento. En estos tres casos, la ARAP impuso sanciones pecuniarias de 3 792,50 balboas, 3 652,00 balboas y 3 652,00 balboas respectivamente, cuando el importe mínimo que debe imponerse, según ese Decreto Ejecutivo, es de 10 001,00 balboas.

(56) Es evidente que el nivel de las sanciones finalmente impuestas no garantiza el efecto disuasorio del régimen de sanciones ni es acorde con el artículo 19, apartado 2, del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces, que establece que las sanciones aplicables en caso de infracción han de ser suficientemente severas como para asegurar el cumplimiento y desalentar las infracciones dondequiera que se produzcan, y han de privar al infractor de los beneficios resultantes de sus actividades ilícitas. Por otra parte, el apartado 21 del PAI-INDNR señala que los Estados deben velar por que las sanciones impuestas a la pesca INDNR por embarcaciones y, en la mayor medida posible, por ciudadanos bajo su jurisdicción sea suficiente para privar a los infractores de los beneficios derivados de este tipo de pesca.

(57) Además, el procedimiento coercitivo se ve afectado por la existencia de retrasos muy importantes tanto en la incoación de procedimientos contra buques presuntamente involucrados en actividades de pesca INDNR como en la imposición de sanciones. En la mayoría de los casos, los procedimientos tardan varios años en completarse.

(58) A la luz de la información recopilada sobre el marco jurídico y los procedimientos coercitivos existentes para establecer infracciones e imponer las sanciones correspondientes, la Comisión concluyó que Panamá había incumplido su obligación de aplicar el artículo 19, apartado 2, del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces. Esa disposición establece que todas las investigaciones y procedimientos judiciales han de llevarse a cabo sin demora y que las sanciones aplicables con respecto a las infracciones han de ser suficientemente severas como para asegurar el cumplimiento y desalentar las infracciones dondequiera que se produzcan, y han de privar al infractor de los beneficios resultantes de sus actividades ilícitas.

(59) Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente sección y atendiendo a toda la información objetiva recopilada por la Comisión, así como a todas las declaraciones efectuadas por las autoridades panameñas, puede determinarse, con arreglo al artículo 31, apartados 3 y 5, del Reglamento INDNR, que Panamá ha incumplido las obligaciones contraídas en virtud del Derecho internacional con respecto a la cooperación y las medidas coercitivas.

3.3. Falta de aplicación de las normas internacionales (artículo 31, apartado 6, del Reglamento INDNR)

(60) De conformidad con el artículo 31, apartado 6, letras a) y b), del Reglamento INDNR, la Comisión analizó la ratificación de los instrumentos pesqueros internacionales pertinentes, o la adhesión a ellos, por parte de Panamá y su condición de Parte contratante en organizaciones regionales de ordenación pesquera, o su compromiso de aplicar las medidas de conservación y ordenación adoptadas por tales organizaciones.

(61) Panamá ratificó la CNUDM en 1996 y se adhirió al Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces en 2008. Asimismo, en 2016, se adhirió al AMERP. Además, Panamá transpuso en 2009 el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el PAI-INDNR.

(62) El actual marco jurídico de la pesca lo conforman los Decretos Ejecutivos de 2013 mencionados anteriormente y las normas establecidas en instrumentos internacionales relacionados con la pesca que han sido transpuestas a la legislación nacional de Panamá. La legislación pesquera vigente en la actualidad se remonta a 1959 y no está todavía en consonancia con los instrumentos internacionales contemporáneos pertinentes de los que Panamá es Parte ni con otras normas internacionales al respecto que este país ha aceptado aplicar. Actualmente, Panamá está todavía revisando su legislación pesquera, aunque ya se le había pedido que la actualizara.

(63) En relación con el AMERP, la información recopilada por la Comisión demuestra que Panamá ha aplicado mal las disposiciones del Acuerdo. En julio de 2018, el VLADIVOSTOK 2000 (nombres anteriores: DAMANZAIHAO, LAFAYETTE; n.o OMI: 7913622), un buque factoría de pesca incluido desde 2015 en la lista de buques INDNR de la OROPPS, pudo recibir suministro de combustible en Panamá. Esto contraviene el AMERP y confirma que este no se aplica adecuadamente con vistas a evitar de manera eficaz que los buques de pesca INDNR reciban servicios portuarios en Panamá.

(64) La Comisión también constató que los inspectores solo están presentes en uno de los puertos designados (puerto de Vacamonte) y que las inspecciones realizadas en él no se llevan a cabo correctamente. El examen de la información disponible a bordo de un buque con pabellón extranjero, que ya había sido inspeccionado y autorizado para desembarcar sus capturas, permitió a la Comisión confirmar que dicho buque había participado, sin contar con una licencia, en actividades pesqueras en aguas de un tercer país, y que los inspectores que autorizaron el desembarque en Panamá no lo habían detectado. Además, la Comisión detectó que algunos buques de pesca con pabellón extranjero habían hecho escala en un puerto de Panamá sin estar incluidos en la lista de buques pesqueros extranjeros autorizados para tal fin.

(65) Tal como se describe en el considerando 26, Panamá es miembro de la CIAT, la CICAA y la CCRVMA y es Parte no contratante colaboradora de la CPPOC, la OROPPS y la CPANE.

(66) De conformidad con el artículo 31, apartado 6, letra c), la Comisión analizó si Panamá podía haber incurrido en algún acto u omisión que pudiera haber mermado la eficacia de las leyes, reglamentos o medidas internacionales de conservación y ordenación aplicables.

(67) Por lo que se refiere al cumplimiento por parte de Panamá de sus obligaciones en calidad de Parte contratante o Parte no contratante colaboradora en las organizaciones regionales de ordenación pesquera ya mencionadas, la Comisión ha constatado que el país no ha podido garantizar que sus buques cumplan las normas establecidas en el marco de dichas organizaciones. Tal como se ha indicado en el considerando 39, un buque participó en actividades pesqueras en la zona de la CIAT conocida como «El Corralito» durante el período en que la pesca en esa zona estaba prohibida. Esto contraviene lo dispuesto en la Resolución C-17-02 de la CIAT. Además, como se indica en el considerando 32, en 2016, dos buques de transporte con pabellón panameño que no figuraban en el registro de la OROPPS de buques autorizados a faenar en la zona de la Convención realizaron transbordos en la zona de la OROPPS. Además, tal como se menciona en el considerando 34, se descubrió que un buque pesquero registrado en Panamá como buque de carga general desde junio de 2018 había participado, sin contar con una licencia de la ARAP, en actividades de pesca INDNR durante el primer semestre de 2019 en una zona cubierta por la Convención de la CCRVMA.

(68) Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente sección y atendiendo a toda la información factual recabada por la Comisión, así como a todas las declaraciones efectuadas por las autoridades panameñas, puede determinarse, con arreglo al artículo 31, apartados 3 y 6, del Reglamento INDNR, que Panamá ha incumplido las obligaciones contraídas en virtud del Derecho internacional en relación con las normas, reglamentos y medidas de conservación y ordenación internacionales.

3.4. Dificultades específicas de los países en desarrollo (artículo 31, apartado 7, del Reglamento INDNR)

(69) Con arreglo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (IDHNU) (7), Panamá era considerado en 2018 un país con un índice de desarrollo humano alto (con el puesto 66 dentro de una lista de 189 países).

(70) A la vista de la posición en la clasificación IDHNU a la que se ha hecho referencia y de las observaciones formuladas durante las visitas de 2019, no hay indicios de que el incumplimiento por parte de Panamá de las obligaciones contraídas en virtud del Derecho internacional sea resultado de un bajo nivel de desarrollo. No hay pruebas concretas que vinculen las deficiencias en el marco jurídico y los sistemas de seguimiento, control y vigilancia de la pesca con carencias en materia de capacidad e infraestructuras. La Comisión ha respondido afirmativamente a las solicitudes de ayuda de Panamá para la revisión del marco jurídico de la pesca.

(71) Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente sección y atendiendo a toda la información objetiva recopilada por la Comisión, así como a las declaraciones efectuadas por el propio país, se ha podido determinar, con arreglo al artículo 31, apartado 7, del Reglamento INDNR, que el estado de desarrollo y los resultados obtenidos por Panamá en relación con la gestión de la pesca no se ven menoscabados por su nivel de desarrollo.

DECIDE:

Artículo único Debe cursarse a la República de Panamá la notificación de la posibilidad de ser considerada por la Comisión tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Hecho en Bruselas, el 12 de diciembre de 2019. Por la Comisión Virginijus SINKEVIČIUS Miembro de la Comisión

(1) DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.

(2) DO C 354 de 17.11.2012, p. 1.

(3) DO C 364 de 15.10.2014, p. 2.

(4) https://treaties.un.org/

(5) Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2001.

(6) 14.a reunión del Comité Técnico y de Cumplimiento de la CPPOC, septiembre de 2018, y 5.a reunión del Comité Técnico y de Cumplimiento de la OROPPS, enero de 2018.

(7) http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf