ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(173)

En conclusión, la Comisión considera en lo que respecta al régimen fiscal a tanto alzado en favor de los armadores, tal como establece la Ley-Programa de 2 de agosto de 2002, que: a) la introducción del tipo de 0,05 EUR por tramo de 100 toneladass superior a 40 000 toneladass (artículo 119, apartado 1, de la Ley-Programa) es compatible con el mercado común siempre que los buques en cuestión sean nuevos o hayan estado registrados como mínimo durante los últimos cinco años bajo una bandera no comunitaria; b) la inclusión en el régimen fiscal a tanto alzado (artículo 115, apartado 2, de la Ley-Programa) de las rentas procedentes de las siguientes actividades resulta incompatible con el mercado común: — las actividades anexas y temporales, — la venta de productos no destinados al consumo a bordo, tales como los artículos de lujo, y la prestación de servicios sin relación directa con el transporte marítimo, tales como las apuestas, los juegos de mesa y los casinos, así como las excursiones para los pasajeros, — la inversión a corto plazo del capital de explotación cuando no corresponda a la remuneración de la tesorería corriente de la empresa procedente de actividades subvencionables (44), — la publicidad y la mercadotecnia, cuando no correspondan a la venta de espacios publicitarios a bordo de buques subvencionables, — la actividad de corretaje marítimo por cuenta de buques de terceros, — la enajenación de los activos de explotación cuando su naturaleza no los destine al transporte marítimo; c) la cobertura por el régimen fiscal a tanto alzado de las rentas procedentes de las actividades siguientes (artículo 115, apartado 2, de la Ley-Programa) es compatible con el mercado común: — la inversión a corto plazo del capital de explotación, siempre y cuando corresponda a la remuneración de la tesorería corriente de la empresa procedente de actividades subvencionables (45), — la publicidad y la mercadotecnia, cuando correspondan a la venta de espacios publicitarios a bordo de los buques subvencionables, — la actividad de corretaje marítimo por cuenta de sus propios buques, — la enajenación de los activos de explotación cuando su naturaleza los destine al transporte marítimo; d) la deducción, sobre el impuesto determinado a tanto alzado en función del arqueo, de las pérdidas de otras divisiones que no se hayan podido deducir de los beneficios de cualquier otra división de la sociedad para el ejercicio contable en cuestión (artículo 120, apartado 1, de la Ley-Programa) es incompatible con el mercado común; e) los tipos reducidos utilizados para el cálculo del impuesto a tanto alzado de los buques de menos de 10 años (artículo 119, apartado 2, de la Ley-Programa) son incompatibles con el mercado común.
(137)

Como se ha recordado en el considerando 133, la existencia y el importe de una ayuda deben determinarse ex ante, es decir, en el momento de su concesión, y no, como pretende Francia, una vez que la línea de fianzas haya producido sus efectos. El importe de la ayuda no podría estimarse con respecto al riesgo de los contratos efectivamente cubiertos a posteriori. En el momento de la concesión de la garantía, Francia no había incluido ninguna limitación para la utilización de la línea. Así pues, la contragarantía podía cubrir cualquier contrato en cualquier sector de actividad de Alstom, a condición de no rebasar una duración de siete años. Ex ante, la ayuda contenida en la contragarantía podía llegar hasta el 100 % del importe cubierto, de conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (28) (en lo sucesivo «Comunicación sobre las ayudas en forma de garantía»), que, en su punto 3.2. dispone que «Si, en el momento de conceder el préstamo, la probabilidad de incumplimiento del prestatario es elevada, por ejemplo debido a dificultades económicas, el valor de la garantía podrá alcanzar el importe cubierto por ella». Este riesgo no podría ser asumido por ningún operador privado. En su respuesta al inicio y la ampliación del procedimiento formal de examen, Francia indica que «dado que los bancos ya no podían garantizar por sí solos este mecanismo de fianza habida cuenta de los compromisos ya contraídos, el Estado ha apoyado este flujo de fianzas que es esencial para la buena marcha de Alstom». De esta forma, Francia admite que, sin la contragarantía del Estado, Alstom no hubiera tenido acceso a una nueva línea de fianzas. En esas condiciones, la Comisión observa que la contragarantía examinada funcionaba de hecho como una garantía: era inmediatamente exigible por los bancos en la hipótesis de que alguno de los proyectos garantizados por éstos no hubiera sido realizado o no hubiera sido terminado a tiempo por Alstom.
(5)

En particular, Francia ha propuesto métodos de cálculo para obtener la información estadística para las categorías contempladas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/24/CEE, a la que no se puede acceder directamente en la base de datos contemplada en el título I del Reglamento (CE) no 1760/2000. Francia debería adoptar todas las medidas apropiadas para asegurarse de que dichos métodos de cálculo garantizan la precisión de los datos estadísticos.
(202)

De acuerdo con la Comunicación sobre la radiodifusión, la Comisión no sólo debe garantizar que la financiación pública sea proporcional a los costes netos de la prestación del servicio público, sino que además no existen distorsiones en el mercado con respecto a las actividades comerciales derivadas de las actividades de servicio público para las cuales no es posible proceder a una consignación correcta de los costes con relación a los ingresos y que no son necesarias para la realización de la misión de servicio público. Existiría distorsión, por ejemplo, si RTP provocara una disminución de los precios de la publicidad en el mercado de modo que disminuyeran los ingresos de sus competidores (88). En tal caso, RTP no maximizaría sus ingresos comerciales y aumentaría inútilmente su necesidad de financiación pública. De acuerdo con la Comunicación sobre la radiodifusión, si se demostrara este comportamiento, no podría considerarse intrínseco a la misión de servicio público confiada al organismo de radiodifusión (89).
(5)

En particular, Malta ha propuesto métodos de cálculo para obtener la información estadística para las categorías contempladas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/24/CEE, a las que no se puede acceder directamente en la base de datos contemplada en el título I del Reglamento (CE) no 1760/2000. Malta debería adoptar todas las medidas apropiadas para asegurarse de que dichos métodos de cálculo garantizan la precisión de los datos estadísticos.
(24)

La concentración no permite a la nueva entidad beneficiarse de efectos no horizontales. Su cartera de marcas y sus posiciones de poder en algunos mercados no son suficientes para hacerle beneficiarse de un efecto de palanca, en vista, en particular, de la posición que ostentan sus competidores en estos dos aspectos.
(8)

Pese a que las exportaciones prosiguieron después de la imposición de la prohibición, bien a través de certificados de importación aún vigentes, bien como consecuencia de una actuación jurídica entablada por importadores ante los tribunales brasileños, resulta evidente el cierre progresivo del mercado a los exportadores europeos. Aunque muchos de éstos han conseguido encontrar nuevos mercados, no han logrado compensar la pérdida de gran parte de sus ingresos por exportación. No todos han conseguido hallar nuevos mercados ni crear nuevas líneas de neumáticos recauchutados para vehículos especializados (4×4, deportivos, etc.), por lo que la prohibición junto con otros factores (retraso en el pago por parte de los importadores brasileños o fluctuaciones del tipo de cambio) han llevado a algunos fabricantes comunitarios a la suspensión de pagos.
(14)

Como excepción al régimen fiscal de Derecho común (11), el Real Decreto no 187 en su versión modificada establece que los ingresos imponibles de los centros autorizados se determinan a tanto alzado y corresponden a un porcentaje del importe de los gastos y costes de funcionamiento, según el método llamado «cost plus». Las ventajas en forma de prestaciones gratuitas o a precio anormalmente reducido (12) concedidas al centro por los miembros del grupo no se añaden a la base imponible obtenida según el método cost plus. No obstante, se calcula una base alternativa que abarca, en particular, las ventajas en forma de prestaciones gratuitas o a precio anormalmente reducido con el fin de limitar las transferencias anormales de ingresos hacia el centro de coordinación belga. Los beneficios de los centros se gravan al tipo normal del impuesto de sociedades. La aplicación práctica del método cost plus se hace de manera individual para cada centro, según unas modalidades fijadas en una decisión anticipada individual que emana del Servicio Público Federal de Hacienda. Se entiende por decisión anticipada el acto jurídico por el cual el Servicio Público Federal de Hacienda determina, con arreglo a las disposiciones vigentes, de qué manera se aplicará la Ley a una situación u operación concreta, descrita por el contribuyente, que aún no ha surtido efectos a nivel fiscal. Esta decisión tiene una validez de cinco años y se publica de manera anónima. La decisión anticipada es vinculante en el futuro para la Administración fiscal. No puede dar lugar a una exención o reducción de impuestos. El régimen de las decisiones anticipadas se regula en los artículos 20 a 28 de la Ley de 24 de diciembre de 2002.
(86)

El punto 7.6.2 del contrato de privatización establece: «The projected balance sheet was to reflect a special accrual in the amount of DEM 435 500 000,00 meant to finance catch-up investments to be effected by the Company during the restructuring period and a special accrual in the amount of DEM 450 000 000,00 meant to finance losses incurred by the companies during the restructuring period due to shortfalls in productivity of the company and for other losses due to the presently lacking competitiveness of the company» (El balance provisional debe prever una provisión especial de un importe de 435 500 000,00 DEM para financiar una serie de inversiones muy atrasadas que deberá efectuar la empresa durante el período de reestructuración, y una provisión especial de un importe de 450 000 000,00 DEM destinado en principio a financiar las pérdidas de la empresa durante el período de reestructuración a raíz de deficiencias de la productividad y otras pérdidas debidas a la falta de competitividad actual de la empresa). De esto se deduce que el pago de 450,0 millones DEM para cubrir pérdidas era una condición para adquirir Warnow Werft que se tuvo en cuenta en el balance provisional. Por tanto, el balance provisional incluía partidas que no eran elementos directos de los activos transferidos, sino que KWW recibía para cubrir las pérdidas derivadas de contratos de construcción naval; tales partidas constituyen ayuda estatal.
(12)

La Comisión tiene en cuenta: i) la naturaleza de la infracción, ii) su impacto real sobre el mercado cuando puede medirse, y iii) el tamaño del mercado geográfico pertinente. i) El acuerdo de armisticio es un acuerdo horizontal pensado para limitar la competencia entre empresas con amplias cuotas de mercado. Sin embargo, un acuerdo pensado para controlar a corto plazo los costes de adquisición de mayoristas poniendo fin a una guerra de adquisiciones no puede considerarse una infracción clara equivalente a un acuerdo de fijación de precios. En lo que se refiere al acuerdo para establecer un equilibrio a largo plazo entre las dos redes de distribución de los dos grupos cerveceros, un acuerdo de este tipo es similar a uno para repartirse el mercado. Sin embargo, de lo que se trata no es del reparto del mercado en el sentido «convencional» ya que el acuerdo pretendía principalmente evitar que un grupo dominara el mercado más que eliminar toda la competencia entre los grupos o poner obstáculos a terceros. ii) El acuerdo no se llegó a aplicar por lo que no tuvo efectos sobre el mercado. iii) En lo que se refiere al alcance del mercado geográfico, la Comisión tiene en cuenta el hecho de que el acuerdo cubre todo el territorio continental de Francia, pero se limita al sector de hostelería, que constituye menos de un tercio del volumen total de ventas en Francia.
(225)

No obstante, en el plano jurídico, no se adoptó ningún texto vinculante que previese una financiación del servicio público de recogida y eliminación de residuos animales mediante el producto del impuesto de recogida y eliminación de residuos animales, como se había hecho en 1997. En aquel momento, el artículo 1 de la Ley no 96-1139, de 26 de diciembre de 1996, preveía que el producto del impuesto estaba destinado a un fondo dirigido a financiar la recogida y eliminación de los animales muertos y los decomisos de matadero considerados no aptos para el consumo humano o animal.
(49)

En efecto, la definición de la misión de interés económico general asignada a Bioscope no tiene en modo alguno la precisión exigida por el Tribunal a este respecto. La VDFU no cuestiona el aspecto loable del objetivo de las autoridades públicas francesas de informar divirtiendo al mismo tiempo, pero considera que este objetivo como tal no es suficiente para definir con precisión el alcance de la misión de interés económico general asignada a Bioscope. Para ello, habría sido necesario precisar de manera detallada los medios que deben aplicarse para realizar la misión de servicio público, y excluir cualquier modificación posterior del parque que no se ajuste al objetivo público. La VDFU indica por otra parte que es muy frecuente que los parques de atracciones, incluso cuando están financiados en su totalidad con medios privados, tengan atracciones educativas. El mejor ejemplo sería el de Europa Park, que incluye una réplica del teatro de Shakespeare y de la estación orbital MIR, y permite iniciarse en la protección del medio ambiente por medio de una película «en cuatro dimensiones» realizada en cooperación con el World Wide Fund for Nature (WWF).
(33)

En sus observaciones, Bélgica hizo referencia a la decisión de la Comisión de 28 de julio de 1999 (13) en la que ésta no había planteado objeciones contra una ayuda en favor de Sioen. Bélgica observa que en este caso concreto el aumento de capacidad de Sioen se había apreciado con relación a la capacidad total del mercado y que el aumento resultante del 5 % no se estimó como significativo. No obstante, la Comisión considera que en aquel caso se trataba de una situación diferente, totalmente excepcional y distinta del presente asunto ya que en aquella época la empresa no disponía de ninguna capacidad de extrusión antes de la inversión. La valoración de la nueva capacidad con relación a la capacidad total del mercado se justificaba en aquel caso porque Sioen era una nueva empresa en el mercado que no disponía de ninguna capacidad de producción del producto en cuestión. Si la Comisión hubiera apreciado la capacidad al nivel de la empresa, toda su nueva capacidad en el mercado habría implicado, por definición, un aumento «significativo» y tal enfoque habría sido discriminatorio frente a nuevas empresas llegadas al mercado. Actualmente Sioen es un productor establecido que dispone de una capacidad de producción preexistente y por lo tanto ya no está justificado desviarse de la práctica constante de la Comisión consistente en apreciar la capacidad a nivel de la empresa.
4.

Podrán juntarse hasta cinco muestras de la misma especie. Se pondrá especial cuidado en el almacenamiento y transporte de las muestras. Si no está garantizado un transporte rápido al laboratorio en un plazo de 48 horas (en un medio de transporte a 4o C), las muestras se almacenarán y luego se transportarán en hielo seco a – 70° C.
(11)

De resultas de la investigación de mercado se identificaron cuatro mercados geográficos: i) Europa continental (sin dilucidar si procede una nueva subdivisión en una parte septentrional y otra meridional tal como sugirieron algunos operadores), ii) los países escandinavos (sin dilucidar si procede incluir o no a Dinamarca), iii) Finlandia, y iv) Reino Unido/Irlanda. La división del mercado continental y la inclusión o no de Dinamarca en el mercado escandinavo pueden quedar abiertas, puesto que desde el punto de vista de la competencia la evaluación no cambia.
(37)

El hecho de establecer, como en este caso, que el número y la identidad de los competidores en un concurso concreto parecen no tener efecto en el comportamiento de una empresa no prueba de por sí que la concentración no afectará negativamente a los clientes. Puede haber varias razones por las que tal efecto no aparece en los datos sobre la oferta pública. Basándose en la información disponible, no parece posible alcanzar una conclusión final sobre cual de las distintas razones es la más pertinente. Sin embargo, no es necesario que la Comisión llegue a una conclusión sobre esta cuestión, puesto que está claro que la falta de un efecto apreciable de la competencia en el comportamiento de Oracle hace que los datos sobre la oferta pública no sean válidos como prueba determinante de un efecto anticompetitivo de la concentración.
ES Diario Oficial de la Unión Europea L 204/21

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 2 de agosto de 2005

por la que se reconoce el sistema de identificación y registro de animales de la especie ovina en Irlanda, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 21/2004 del Consejo

[notificada con el número C(2005) 2911]

(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2005/597/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE) no 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (1), y, en particular, su artículo 4, apartado 2, letra d),

Considerando lo siguiente:

(1) Las autoridades competentes de Irlanda han presentado una solicitud, acompañada de los documentos adecuados, de reconocimiento del sistema de identificación y registro de los animales de la especie ovina aplicado en este Estado miembro.

(2) Con ocasión de una misión de inspección veterinaria realizada por la Comisión en Irlanda, los expertos de la Comisión consideraron que el sistema de identificación y registro de los animales de la especie ovina era totalmente operativo, a condición de que se cumplieran determinados compromisos.

(3) Irlanda ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento (CE) no 21/2004 el 9 de julio de 2005 a más tardar.

(4) Las autoridades competentes deben llevar a cabo los controles adecuados a fin de asegurarse de la correcta aplicación del sistema de identificación y registro de los animales de la especie ovina.

(5) Por tanto, procede aprobar el sistema de identificación y registro de los animales de la especie ovina, a fin de permitir la sustitución del segundo medio de identificación conforme a este sistema, excepto en el caso de los animales destinados al comercio intracomunitario.

(6) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Por medio de la presente Decisión, se reconoce como totalmente operativo el sistema de identificación y registro de animales de la especie ovina previsto en el artículo 4, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 21/2004 del Consejo aplicado por Irlanda a partir del 9 de julio de 2005.

Artículo 2

Sin perjuicio de las disposiciones establecidas de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 21/2004 del Consejo, cada año las autoridades competentes llevarán a cabo los controles in situ adecuados para verificar que los ganaderos cumplen los requisitos relativos a la identificación y el registro de los animales de la especie ovina.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión será Irlanda.

Hecho en Bruselas, el 2 de agosto de 2005. Por la Comisión Markos KYPRIANOU Miembro de la Comisión

(1) DO L 5 de 9.1.2004, p. 8.
(22)

Christie’s fue la primera en informar a la Comisión de la existencia del cártel, aportando pruebas decisivas sobre el mismo, sin las cuales quizás no se hubiera descubierto el acuerdo. En el momento en que Christie’s divulgó esa información, la Comisión aún no había emprendido una investigación ni disponía de suficiente información para demostrar la existencia del cártel. Además, Christie’s había puesto punto final a su participación en el cártel, como puso de manifiesto al confirmar a la Comisión que no mantenía contactos con Sotheby’s en relación con la conducta comunicada y hacer público un comunicado sobre el nuevo sistema de comisiones aplicado a los vendedores sólo unos días después de haber presentado las pruebas a la Comisión. Por otra parte, Christie’s ha cooperado permanentemente con la Comisión y no se ha probado que obligara a Sotheby’s a participar en el cártel o que tuviera, en comparación con la participación de Sotheby’s, un papel determinante en el cártel.