ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(5)

Malta se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento y sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario mejore hasta alcanzar un superávit del 0,1 % del PIB en 2019. El saldo estructural mejorará gradualmente, de manera que el objetivo presupuestario a medio plazo de Malta, consistente en lograr un presupuesto equilibrado en términos estructurales, se alcance en 2019. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB caiga al 62,6 % en 2016 y continúe disminuyendo hasta el 55,5 % en 2019. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil para 2016 y prudente para el período 2017-2019. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, existe un elevado riesgo de desviación importante respecto del ajuste recomendado para lograr el objetivo a medio plazo en 2015 y 2016 considerados en conjunto, debido fundamentalmente a la desviación en 2015, que es necesario corregir en 2016, y suponiendo que las políticas permanecen inalteradas en 2017. La desviación en 2015 se explica en parte por el aumento brusco de la inversión, debido en gran medida a la absorción excepcionalmente alta de fondos de la UE en el período previo a la conclusión del período de programación 2007-2013. Con el fin de reducir la desviación durante el período de dos años 2015-2016, el Programa de Estabilidad de 2016 comprende medidas adicionales para 2016 que no han podido aún incluirse en las previsiones de primavera de la Comisión de 2016. Estas medidas están dirigidas a reducir el gasto primario en un 0,16 % del PIB, especialmente en los ámbitos de la remuneración de los asalariados, el consumo intermedio y las transferencias de capital. Además, las estimaciones de algunas de las medidas relativas a los ingresos para el período 2016-2019 se han revisado con el fin de reflejar información más actualizada, así como el impacto real de las medidas para 2015. Consideradas conjuntamente, estas medidas producen un efecto reductor neto del déficit del 0,2 % del PIB. En comparación con las previsiones de la Comisión, la toma en consideración de estas medidas mejoraría el esfuerzo estructural, y el pilar del saldo estructural apuntaría a una cierta desviación en promedio durante el período de dos años 2015-2016, mientras que el riesgo de desviación significativa se mantendría en 2017. Se prevé que Malta cumpla con el valor de referencia para la reducción de la deuda tanto en 2016 como en 2017. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo opina que existe un riesgo de que Malta no cumpla lo dispuesto en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2016 y 2017.
(6)

Bélgica se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. El 18 de mayo de 2016, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, dado que Bélgica no logró avances suficientes en el cumplimiento de la norma en materia de deuda en 2015. El análisis concluyó que el criterio de deuda debía considerarse cumplido. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario desde un déficit del 2,6 % del PIB en 2015 al -0,2 % del PIB en 2019. Se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo revisado de aquí a 2018, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. No obstante, el saldo estructural recalculado (5) apunta a un déficit estructural del 0,4 % del PIB en 2018. De acuerdo con el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance su máximo del 106,2 % del PIB en 2016 para luego ir bajando hasta el 99,6 % a más tardar en 2019. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, existe un riesgo de desviación considerable respecto del ajuste recomendado en 2016, así como en 2016 y 2017 tomados en conjunto, en el supuesto de que no se modifiquen las políticas. En caso de que la repercusión presupuestaria de la excepcional afluencia de refugiados y de las medidas de seguridad excepcionales sea excluida de la evaluación, la desviación proyectada en 2016 deja de ser significativa. No se prevé que Bélgica cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2016 ni, una vez finalizado el período transitorio, el parámetro de reducción de la deuda en 2017. Basándose en la evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión de la primavera de 2016, el Consejo considera que existe el riesgo de que Bélgica no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2016 y 2017.
(6)

Tras la derogación del procedimiento de déficit excesivo, Eslovenia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento y está sujeto a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario desde el 2,2 % del PIB en 2016 al 0,4 % del PIB en 2019. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo-equilibrio presupuestario en términos estructurales, que no respeta los requisitos del Pacto de estabilidad y crecimiento-se alcance en 2020, más allá del horizonte del Programa. No obstante, el saldo estructural recalculado (5) apunta a un déficit estructural del 1,2 % del PIB en 2019. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública sobre el PIB disminuya hasta el 80,2 % del PIB en 2016 y siga disminuyendo hasta el 73,8 % del PIB en 2019. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Según las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, la brecha de producción de Eslovenia en 2017 se estima en el 1,8 % del PIB, mientras que el crecimiento potencial se prevé sea del 1,1 % y el crecimiento real del PIB del 2,3 %. Sobre esta base, se considera que Eslovenia se encuentra en una coyuntura favorable en 2017, lo que exige un ajuste estructural del 1 % del PIB. No obstante, existe un importante grado de incertidumbre sobre el cálculo del crecimiento potencial y de la brecha de producción en el caso concreto de Eslovenia, debido a la situación específica del mercado de trabajo, la gran contracción de la actividad económica en el período 2008-2013 y las reformas estructurales en curso de ejecución. Las estimaciones alternativas de la brecha de producción que abarca un horizonte temporal más largo, reflejo de la actual revisión del método de estimación, sugieren un perfil de la brecha de producción más suave para Eslovenia, lo que significa que sería prematuro concluir que la economía eslovena estará en una coyuntura favorable en 2017. Por lo tanto, requerir un esfuerzo estructural en 2017 en consonancia con condiciones de tiempos normales parece más apropiado en la coyuntura actual. Parece que hay un riesgo de cierta desviación del ajuste recomendado hacia el objetivo a medio plazo en 2016 y, suponiendo que no haya cambios en las políticas, un riesgo de desviación significativa en 2017. La conclusión para 2016 no cambiaría en el caso de que el impacto presupuestario de la afluencia excepcional de refugiados se excluyera de la evaluación. Se prevé que Eslovenia cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2016 y, en términos generales, en 2017. A tenor de su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de la Comisión de 2016, el Consejo considera que existe el riesgo de que Eslovenia no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas en 2016 y 2017 para garantizar el cumplimiento.
12.

La Comisión considera que las sentencias definitivas y firmes del Tribunal Constitucional de 3 y 9 de diciembre de 2015 todavía no se han ejecutado en lo que respecta al nombramiento de jueces. Dichas sentencias exigen que las instituciones del Estado polaco cooperen lealmente para garantizar, de conformidad con el Estado de Derecho, que los tres Jueces que fueron designados por el Sejm de la anterior legislatura puedan asumir sus funciones de juez del Tribunal Constitucional y que los tres jueces nombrados por la nueva cámara baja sin un fundamento jurídico válido no asuman esta función. El hecho de que estas sentencias no se hayan ejecutado suscita seria preocupación por lo que respecta al Estado de Derecho, ya que el respeto de las sentencias judiciales firmes es uno de los requisitos esenciales inherentes al Estado de Derecho.
8.

En la negociación de proyectos de acuerdo o de convenio, los Estados miembros deben tener plenamente en cuenta las exigencias de la política común de abastecimiento con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 6 del título II del Tratado, y en particular la necesidad de garantizar, sin perjuicio del derecho de la Agencia de Abastecimiento de Euratom a celebrar contratos de suministro, el abastecimiento regular y equitativo de minerales, materiales básicos o materiales fisionables especiales a ningún usuario de la Comunidad. Los Estados miembros han de evitar, en particular, la inclusión de cláusulas que puedan dar lugar a que cualquier usuario en su territorio pase a ser excesivamente dependiente de una única fuente de abastecimiento o de un único prestador de servicios del ciclo del combustible nuclear, o de su equipo o tecnología. Del mismo modo, los Estados miembros pueden optar por no incluir cláusulas que tengan por objeto o por efecto excluir del mercado a otros proveedores o prestadores alternativos o hacer que la aparición de otros proveedores o prestadores resulte excesivamente difícil.
(11)

Con arreglo a la reforma de las pensiones de 2012, un ejercicio de seguimiento y evaluación de la sostenibilidad del sistema de pensiones debe llevarse a cabo cada cinco años a partir de la adopción de la reforma. El Gobierno ha confirmado su intención de adelantar la evaluación a 2016, en lugar de realizarla en 2017 como estaba previsto inicialmente, y ha creado un grupo de trabajo sobre pensiones encargado de realizar la evaluación. No ha habido avances en la vinculación de la edad legal de jubilación a la esperanza de vida como había recomendado el Consejo. Luxemburgo es el único Estado miembro en el que no se han establecido nuevos aumentos de la edad legal de jubilación ni de la edad de jubilación anticipada para el período comprendido entre 2013 y 2060. En el informe sobre el envejecimiento demográfico de 2015, el aumento previsto de los gastos derivados del envejecimiento de la población se revisó a la baja, pero la revisión se explica casi exclusivamente por unas proyecciones demográficas más favorables, en un contexto en el que no se han adoptado nuevas reformas. Incluso después de la revisión, el incremento previsto del gasto en pensiones sigue siendo el más alto de la Unión. Por otra parte, Luxemburgo se enfrenta a riesgos relacionados con el aumento previsto del gasto en cuidados de larga duración, uno de los más altos como proporción del PIB de todos los Estados miembros. Esto, a su vez, parece estar impulsado por el mayor aumento previsto en la proporción de población dependiente de aquí a 2060 en la Unión. Se han llevado a cabo trabajos preparatorios para la reforma destinada a garantizar la sostenibilidad a largo plazo del seguro de cuidados de larga duración.
(6)

Letonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario para alcanzar el 0,5 % del PIB en 2019. La trayectoria de ajuste prevista hacia el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit del 1 % del PIB en términos estructurales— tiene en cuenta las desviaciones requeridas en relación con la reforma sistémica de las pensiones en 2017 y 2018 y la gran reforma estructural del sector sanitario en el período 2017-2019. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB se eleve al 40 % en 2016, para descender posteriormente al 38 % en 2018. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, la evaluación general apunta a un riesgo de cierta desviación en 2016 y, suponiendo que no haya cambios en las políticas, en 2016 y 2017, tomados en conjunto. Sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que es de esperar que Letonia cumpla en términos generales las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. No obstante, será preciso adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2016.
(23)

La inversión pública ha descendido desde 2008 pese a la amplia disponibilidad de financiación, especialmente la procedente de los fondos de la UE. En 2015 se invirtió la tendencia, aunque es previsible que la inversión pública se frene a partir de 2016, ya que la ejecución del programa 2014-2020 todavía no ha comenzado completamente y no hay suficientes proyectos maduros en preparación. Rumanía ha realizado esfuerzos recientemente, y los sigue haciendo, para reforzar la cooperación interministerial y reorganizar el sistema de contratación pública, así como para mejorar la planificación y ejecución de los proyectos de inversión. No obstante, la preparación de los proyectos de inversión pública sigue siendo insuficiente y sensible a la influencia exterior. La selección de los proyectos sigue viéndose dificultada por la falta de prioridades estratégicas y de planificación a medio y largo plazo, la necesidad de alcanzar un acuerdo entre los numerosos responsables de la toma de decisiones y las limitadas competencias de aplicación de la unidad de evaluación de la inversión pública del Ministerio de finanzas públicas, así como por la falta de criterios de selección en el programa nacional de desarrollo local.
(6)

Hungría se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Convergencia de 2016, el Gobierno prevé que el déficit global aumente al 2,4 % del PIB en 2017 y se vaya reduciendo gradualmente hasta alcanzar el 1,2 % en 2020. El Gobierno tiene prevista una mejora gradual del saldo estructural para lograr su objetivo presupuestario a medio plazo revisado (un déficit del 1,5 % del PIB en términos estructurales) de aquí al año 2019. No obstante, el déficit estructural recalculado (4) seguiría siendo superior al objetivo presupuestario a medio plazo. Según el Programa de Convergencia, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya gradualmente del 75,3 % en 2015 a menos del 65 % en 2020. El escenario macroeconómico en el que se apoyan estas previsiones presupuestarias es verosímil en líneas generales hasta 2017 y cada vez más favorable para los años siguientes. Las medidas necesarias para contribuir a alcanzar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 todavía no se han especificado lo suficiente, en particular tras ese año. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, existe un riesgo elevado de que se produzca una desviación importante del ajuste requerido en 2016 y, suponiendo que no haya cambios en las políticas, también en 2016 y 2017, considerados en conjunto. Al mismo tiempo, se prevé que Hungría cumpla el valor de referencia para la reducción de la deuda en 2016 y en 2017. Sobre la base de su evaluación del Programa de Convergencia y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo estima que cabe el riesgo de que Hungría no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para ambos años a fin de garantizar ese cumplimiento.
(5)

Francia se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2017, en consonancia con la Recomendación del Consejo de 10 de marzo de 2015. Está previsto que el déficit global siga reduciéndose para situarse en el 1,2 % del PIB en 2019. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 0,4 % del PIB— se alcance a más tardar en 2018. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB alcance el 96,5 % del PIB en 2017, para bajar luego al 93,3 % del PIB en 2019. El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es, en líneas generales, verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, se prevé que el déficit global alcance el 3,4 % del PIB en 2016, en consonancia con el déficit recomendado por el Consejo en 2015. Por lo que se refiere a 2017, en un escenario sin cambios en las políticas, se prevé que el déficit global alcance el 3,2 % del PIB, lo que pondría en riesgo el cumplimiento del plazo para corregir el déficit excesivo. No se prevé que el esfuerzo presupuestario recomendado se materialice en 2016 ni en 2017, pues la estrategia de saneamiento aplicada por Francia se sustenta fundamentalmente en la mejora de las condiciones cíclicas y en el mantenimiento de los bajos tipos de interés, algo que está fuera del control de las autoridades, con los consiguientes riesgos de incumplimiento. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que, aunque actualmente se prevé alcanzar el objetivo principal en 2016, existe un riesgo de que Francia no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para garantizar una corrección duradera del déficit excesivo de aquí a 2017.
(10)

Gracias al programa de ajuste macroeconómico, ha habido avances significativos en cuanto a reestructurar y restablecer la confianza en el sistema financiero chipriota. Pero Chipre sigue ante el reto de restablecer las condiciones normales de préstamo a la economía y reducir los préstamos no productivos, que representan en torno al 55 % del total de préstamos a los hogares y las sociedades no financieras. El alto endeudamiento de las empresas las hace menos competitivas y afecta a su capacidad de invertir y crecer. Aunque se están realizando progresos, los esfuerzos de los bancos por reestructurar la deuda de los prestatarios viables aún no han tenido resultados tangibles, y la provisión de la exposición dudosa de las entidades sigue siendo relativamente moderada. Las deficiencias en cuanto a ejecución de contratos y disciplina en la devolución de préstamos lastran la capacidad de hacer frente a los impagos estratégicos y cortar de raíz la formación de préstamos no productivos. Por otro lado, pese a haberse creado un registro de crédito, los bancos tienen un acceso limitado a la información sobre ingresos y patrimonio de los prestatarios.
(8)

La inversión en la República Checa se mantiene por debajo de la media de la UE en términos per cápita y está muy concentrada en la región de la capital. Los obstáculos administrativos y reglamentarios siguen pesando sobre la eficiencia del entorno empresarial y suponen una barrera para la inversión. Existen cuellos de botella específicos en la ejecución de proyectos de infraestructuras de transporte y energía. Por otra parte, la absorción de los fondos de la UE durante el período de programación 2007-2013 fue lenta, debido sobre todo a la complejidad de los trámites, las deficiencias en los sistemas de gestión y control, las ineficiencias en los procedimientos de contratación pública y la escasa capacidad administrativa de los organismos que participan en la ejecución de los proyectos. Por lo que respecta a las infraestructuras de transporte, existen barreras administrativas a la inversión, tales como los largos procedimientos para la expedición de licencias de obras y los retrasos derivados de los procedimientos de reclamación ante la oficina antimonopolios. En cuanto a la eficiencia energética, los programas públicos para reducir la intensidad energética han sido fragmentarios y poco rentables. Hay indicios de que el ahorro de energía no está mejorando en consonancia con el plan nacional de acción para la eficiencia energética. En el ámbito de los servicios, se observan ciertas restricciones reglamentarias. Este es el caso, en particular, de algunos sectores de servicios profesionales, en los que los obstáculos a la entrada y el ejercicio parecen superiores a la media de la UE. La baja utilización de servicios públicos en línea de calidad obstaculiza también el entorno empresarial y es un reflejo de la deficiente oferta. Los servicios de administración electrónica no aprovechan al máximo las posibilidades tecnológicas para mejorar la experiencia del usuario, y su nivel de sofisticación es uno de los más bajos de la Unión. Los datos disponibles apuntan a un índice relativamente elevado de evasión fiscal en la República Checa. La solución de este problema, especialmente en materia de IVA, ocupa un lugar destacado en la agenda política. Por otra parte, no se han previsto medidas para reducir los costes relativamente elevados asociados al pago de impuestos o para simplificar el sistema tributario. Las autoridades fiscales ofrecen unos servicios de presentación previa muy restringidos. Los contribuyentes hacen un uso muy limitado de los sistemas electrónicos de declaración de impuestos, si bien se han hecho ciertos avances en materia de IVA. Además, los costes de la recaudación de impuestos son relativamente elevados, según los últimos informes internacionales. Las elevadas cotizaciones sociales del empresario contribuyen a un nivel general alto de los impuestos sobre el trabajo, mientras que la diversificación en otros ámbitos, tales como los impuestos sobre la propiedad, es limitada.
(5)

En su Programa de Estabilidad de 2016, Lituania ha solicitado una desviación temporal del 0,6 % del PIB con respecto a la senda de ajuste requerida para alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017, con el fin de que se tengan en cuenta importantes reformas estructurales que tendrán efectos positivos sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. No obstante, y a la espera de un acuerdo final, persiste la incertidumbre sobre el conjunto de medidas de reforma y su aplicación. Así, si bien Lituania cuenta con suficiente margen presupuestario como para beneficiarse de una desviación temporal, no parece cumplir el criterio de admisibilidad relativo a la aplicación de la reforma que le permitiría acogerse a la cláusula de reforma estructural. Además, actualmente no es posible evaluar la verosimilitud de las estimaciones del Gobierno sobre las repercusiones de la reforma. Por lo tanto, los efectos de estas reformas aún no se hayan reflejados en el ajuste requerido para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo para 2017.