Comunicación de la Comisión relativa a un proyecto de Directiva por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas

(1999/C 377/02)

La Comisión ha aprobado un proyecto de Directiva por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas.

La Comisión tiene la intención de adoptar la Directiva después de oír los comentarios de todas las partes interesadas.

La Comisión invita a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre el proyecto de Directiva que se publica a continuación.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse a la dirección siguiente: Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Dirección H, Unidad 3

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Fax (32-2) 296 95 80

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 86,

(1) Considerando que la Directiva 80/723/CEE de la Comisión(1), cuya última modificación la constituye la Directiva 93/84/CEE(2), obliga a los Estados miembros a garantizar la transparencia de las relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas públicas; que dicha Directiva establecce que los Estados miembros han de conservar determinados datos financieros y proporcionarlos a la Comisión cuando ésta así lo solicite, mientras que otra información debe facilitarse mediante informes anuales;

(2) Considerando que varios sectores de la economía que en el pasado se caracterizaban por la existencia de monopolios nacionales, regionales o locales se han abierto o se están abriendo parcial o totalmente a la competencia en virtud del Tratado o de normas adoptadas por los Estados miembros y por la Comunidad; que este proceso ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar que las normas sobre competencia del Tratado se apliquen de manera eficaz y equitativa en estos sectores y, en particular, que no existan abusos de posición dominante a efectos del artículo 86 del Tratado ni ayudas estatales a efectos del artículo 87 del Tratado, a menos que éstas sean compatibles con el mercado común, sin perjuicio de la posible aplicación del apartado 2 del artículo 86 del Tratado;

(3) Considerando que los Estados miembros conceden con frecuencia derechos especiales o exclusivos a determinadas empresas de estos sectores, o efectúan pagos u ofrecen algún otro tipo de compensación a determinadas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general; que dichas empresas a menudo también compiten con otras empresas;

(4) Considerando que el apartado 1 del artículo 86 del Tratado establece que los Estados miembros no han de adoptar ni mantener ninguna medida contraria a las normas del Tratado respecto de las empresas públicas y de las empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos; que el apartado 2 del artículo 86 del Tratado es aplicable a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general; que, en virtud del apartado 3 del artículo 86 del Tratado, la Comisión debe velar por la aplicación de las disposiciones del artículo 86 y adoptar las Directivas o Decisiones adecuadas, destinadas a los Estados miembros; que, a fin de garantizar la aplicación de las disposiciones del artículo 86 del Tratado, la Comisión debe disponer de la información pertinente; que para ello es preciso determinar las condiciones necesarias para asegurar la transparencia;

(5) Considerando que la complejidad derivada de los diversos tipos de empresas públicas o privadas a las que se han concedido derechos especiales o exclusivos o a las que se ha confiado la gestión de servicios de interés económico general, la variedad de actividades que puede ejercer una misma empresa y los diferentes grados de liberalización del mercado en los distintos Estados miembros tienden a dificultar la aplicación de las normas de competencia y, en particular, del artículo 86 del Tratado; que, por tanto, es necesario que los Estados miembros y la Comisión dispongan de datos pormenorizados sobre la organización interna de tales empresas y, más concretamente, de cuentas separadas y fidedignas sobre las diversas actividades desarrolladas por una misma empresa como las que sería obligatorio llevar si las actividades en cuestión fueran ejercidas por empresas distintas; que esta información no siempre está disponible o no siempre es lo suficientemente detallada o fidedigna;

(6) Considerando que en dichas cuentas han de figurar la distinción entre las diferentes actividades, los costes e ingresos derivados de cada una de ellas, los métodos de asignación y distribución de los costes e ingresos y la utilización de los ingresos netos generados por una actividad determinada; que debe disponerse de cuentas separadas sobre los productos y servicios respecto de los que el Estado miembro haya concedido derechos especiales o exclusivos o confiado a la empresa la gestión de un servicio de interés económico general, así como sobre los demás productos o servicios a que se dedique la empresa

(7) Considerando que imponer a los Estados miembros la obligación de velar por que las empresas en cuestión lleven cuentas separadas es el medio más adecuado para garantizar la aplicación equitativa y eficaz de las normas sobre competencia a tales empresas; que la Comisión ha adoptado una Comunicación sobre los servicios de interés general en Europa(3), en la que pone de relieve su importancia; que es preciso tomar en consideración la importancia de los sectores interesados, que pueden incluir servicios de interés general, la fuerte posición que las empresas en cuestión puedan ocupar en el mercado y la fragilidad de la competencia naciente en los sectores que se están liberalizando; que, con arreglo al principio de proporcionalidad, es necesario y conveniente, a fin de alcanzar el objetivo fundamental de transparencia, regular dichas cuentas separadas; que la presente Directiva se limita a lo que es necesario para alcanzar los objetivos perseguidos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 5 del Tratado;

(8) Considerando que, en determinados sectores, las disposiciones adoptadas por la Comunidad obligan a los Estados miembros y a determinadas empresas a llevar cuentas separadas; que es necesario garantizar en la Comunidad la igualdad de trato para todas las actividades económicas y hacer extensiva la obligación de llevar cuentas separadas a todas las situaciones comparables; que la presente Directiva no ha de dar lugar a la modificación de las normas específicas establecidas con el mismo objetivo en otras disposiciones comunitarias ni ha de aplicarse a las actividades de las empresas amparadas por tales disposiciones;

(9) Considerando que, habida cuenta de la limitada repercusión potencial en la competencia, no es necesario, en estos momentos, obligar a las empresas cuyo volumen de negocios neto sea inferior a 40 millones de euros a llevar cuentas separadas; que, habida cuenta de los limitados efectos potenciales en el comercio entre los Estados miembros, no es necesario, en estos momentos, exigir cuentas separadas en relación con la prestación de determinadas categorías de servicios; que la presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de cualquier otra norma relativa al suministro de información por parte de los Estados miembros a la Comisión;

(10) Considerando que, cuando una empresa haya obtenido derechos especiales o exclusivos mediante un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, o cuando la compensación por la prestación de servicios de interés económico general se haya fijado con arreglo a un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, no parece necesario, en estos momentos, exigir a las empresas en cuestión que lleven cuentas separadas;

(11) Considerando que el artículo 295 del Tratado establece que lo en él dispuesto no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros; que no debe existir discriminación injustificada alguna entre empresas públicas y privadas a la hora de aplicar las normas sobre competencia; que la presente Directiva es aplicable tanto a las empresas públicas como a las privadas;

(12) Considerando que los Estados miembros tienen diferentes estructuras territoriales administrativas; que la presente Directiva se aplica a los poderes públicos en todos los niveles de gobierno de los Estados miembros;

(13) Considerando que procede modificar la Directiva 80/723/CEE en consecuencia,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 80/723/CEE quedará modificada como sigue:

1) El título se sustituirá por el texto siguiente:

"Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas".

2) Los artículos 1 y 2 se sustituirán por el texto siguiente:

"Artículo 1

1. Los Estados miembros garantizarán, en las condiciones previstas por la presente Directiva, la transparencia de las relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas públicas, poniendo de relieve:

a) las puestas a disposición de fondos públicos efectuadas directamente por los poderes públicos a las empresas públicas de que se trate;

b) las puestas a disposición de fondos públicos efectuadas por los poderes públicos por mediación de empresas públicas o instituciones financieras;

c) la utilización efectiva de esos fondos públicos.

2. Los Estados miembros garantizarán, en las condiciones previstas en la presente Directiva, la transparencia de la estructura financiera y organizativa de cualquier empresa que esté obligada a llevar cuentas separadas, poniendo de relieve:

a) los costes e ingresos derivados de las diferentes actividades;

b) información detallada sobre los métodos de asignación o distribución de los costes e ingresos entre las diferentes actividades; y

c) la utilización de los ingresos netos generados por las diferentes actividades.

Artículo 2

1. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) 'poderes públicos', todos los poderes públicos, incluido el Estado, así como las autoridades regionales y locales y todas las demás autoridades terrritoriales;

b) 'empresa pública', cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen;

c) 'empresas públicas que operan en el sector manufacturero', todas las empresas cuya principal área de actividad, definida como aquella que representa al menos el 50 % de su volumen de negocios global anual, sean las manufacturas. Estas empresas son aquellas cuyas operaciones corresponden a la sección D, 'Industria manufacturera' (de la subsección DA hasta -e inclusive- la subsección DN) de la clasificación NACE (Rev. 1)(4);

d) 'empresa obligada a llevar cuentas separadas', cualquier empresa a la que un Estado miembro haya concedido derechos especiales o exclusivos con arreglo al apartado 1 del artículo 86 del Tratado, o a la que se haya confiado la gestión de un servicio de interés económico general con arreglo al apartado 2 del artículo 86 del Tratado y reciba cualquier tipo de ayuda estatal, ya sea en forma de subvención, apoyo o compensación, por prestar ese servicio;

e) 'diferentes actividades', por una parte, los productos o servicios con respecto a los cuales se hayan concedido derechos especiales o exclusivos a una empresa o los servicios de interés económico general que se hayan confiado a una empresa y, por otra, los demás productos y servicios a que se dedique la empresa;

f) 'derechos especiales', los derechos concedidos por un Estado miembro a un número limitado de empresas a través de cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica determinada:

- limite a dos o más el número de esas empresas, o

- designe varias empresas competidoras, o

- conceda a una o varias empresas ventajas legales o reglamentarias que afecten sustancialmente a la capacidad de cualquier otra empresa de ejercer la misma actividad en la misma zona geográfica en condiciones sustancialmente equivalentes.

2. Se presumirá que existe influencia dominante cuando los poderes públicos, directa o indirectamente, y respecto de la empresa:

a) posean la mayoría del capital suscrito de la empresa, o

b) dispongan de la mayoría de los votos inherentes a las participaciones emitidas por la empresa, o

c) puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa."

3) En el artículo 3, los términos "artículo 1" se sustituirán por los términos "apartado 1 del artículo 1".

4) Se insertará el artículo 3 bis siguiente:

"Artículo 3 bis

1. A fin de garantizar la transparencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 1, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que en todas las empresas obligadas a llevar cuentas separadas:

a) se lleven por separado las cuentas de explotación correspondientes a las diferentes acitividades;

b) se asignen o distribuyan correctamente todos los costes e ingresos sobre la base de principios de contabilidad de costes, aplicados de forma coherente y objetivamente justificables;

c) se establezcan claramente los principios de contabilidad de costes con arreglo a los que deban llevarse las cuentas separadas.

2. El apartado 1 sólo sera aplicable a las actividades que no estén amparadas por disposiciones específicas establecidas por la Comunidad y no afectará a las obligaciones impuestas a los Estados miembros o a las empresas por el Tratado o por dichas disposiciones específicas.".

5) Los artículos 4 y 5 se sustituirán por el texto siguiente:

"Artículo 4

1. En lo que respecta al criterio de transparencia a que se refiere el apartado 1 del artículo 1, la presente Directiva no se aplicará a las relaciones financieras entre los poderes públicos y:

a) las empresas públicas, en lo que se refiere a las prestaciones de servicios que no puedan afectar de modo significativo a los intercambios entre los Estados miembros;

b) los bancos centrales;

c) las entidades públicas de crédito en lo que se refiere a los depósitos por los poderes públicos de fondos públicos en las condiciones normales del mercado;

d) las empresas públicas cuvo volumen de negocios neto no haya alcanzado un total de 40 millones de euros durante los dos ejercicios anuales anteriores al de la puesta a disposición o utilización de los recursos a que se refiere el apartado 1 del artículo 1. No obstante, por lo que se refiere a las entidades públicas de crédito, este límite será de 800 millones de euros del total del balance.

2. En lo que respecta al criterio de transparencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 1, la presente Directiva no se aplicará:

a) a las empresas, por lo que se refiere a los servicios cuya prestación no pueda afectar de forma significativa al comercio entre los Estados miembros;

b) a las empresas cuyo volumen de negocios neto sea inferior a 40 millones de euros;

c) a las empresas a las que se hayan concedido derechos especiales o exclusivos con arreglo al apartado 1 del artículo 86 del Tratado o a las que se haya confiado la gestión de servicios de intéres económico general con arreglo al apartado 2 del artículo 86 del Tratado durante un período adecuado y mediante un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio.

Artículo 5

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los datos relativos a las relaciones financieras mencionadas en el apartado 1 del artículo 1 permanezcan a disposición de la Comisión durante cinco años desde el final del ejercicio anual durante el cual los fondos públicos hayan sido puestos a disposición de las empresas públicas de que se trate. No obstante, cuando los fondos públicos sean utilizados durante un ejercicio ulterior, el plazo de cinco años empezará a contar a partir del final de ese mismo ejercicio.

2. Los Estados miembros garantizarán que la información relativa a la estructura financiera y organizativa de las empresas a que se refiere el apartado 2 del artículo 1 permanezca a disposición de la Comisión durante cinco años a partir del final del ejercicio anual a que se refiere la información.

3. A petición de la Comisión y en caso de que ésta lo estime necesario, los Estados miembros le transmitirán los datos mencionados en los apartados 1 y 2, así como los elementos de apreciación que fuesen necesarios y, en particular, los objetivos que se persiguen.".

6) En el apartado 3 del artículo 5 bis, el término "ecus" se sustituirá por el término "euros".

7) En el apartado 1 del artículo 6, los términos "apartado 2 del artículo 5" se sustituirán por los términos "apartado 3 del artículo 5".

Artículo 2

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2000. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) DO L 195 de 29.7.1980, p. 35.

(2) DO L 254 de 12.10.1993, p. 16.

(3) DO C 281 de 26.9.1996, p. 3.

(4) DO L 83 de 3.4.1993, p. 1.