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En nuestro caso, la imposición de obligaciones de servicio público publicada en el Diario Oficial a petición de la República Italiana contiene varias disposiciones que despiertan serias dudas respecto a su compatibilidad con el artículo 4 del Reglamento y que, por esta razón, podrían restringir indebidamente el desarrollo de las rutas consideradas; en particular: a) no se facilita ninguna explicación detallada, basada en un análisis económico del mercado del transporte aéreo entre Cerdeña y el resto de Italia, que justifique la necesidad de la nueva imposición de obligaciones, ni tampoco su adecuación, o su proporcionalidad con el objetivo perseguido; b) ninguna de las seis rutas ya presentes en la anterior imposición, y recogidas en la nueva, ha sido objeto de balance; c) no está claro que las doce rutas a las que, desde el 1 de enero de 2005, se imponen obligaciones de servicio público, sean vitales para el desarrollo económico de las regiones de Cerdeña en las que están situados los aeropuertos; teniendo en cuenta, en particular: — la naturaleza de las rutas, — que no está demostrado el carácter esencial de estas rutas para el desarrollo económico de las regiones de Cerdeña en las que están situados los aeropuertos, — la existencia de rutas aéreas de sustitución, que permiten garantizar un servicio adecuado y continuo con los aeropuertos considerados a través de las principales plataformas de correspondencia italianas, conectadas de forma satisfactoria con Cerdeña; d) la obligación impuesta a las compañías de explotar las 18 rutas a las que afecta la imposición como un conjunto único, es una restricción particularmente importante del principio de libre prestación de servicios. Esta restricción parece ser contraria a los principios de proporcionalidad y no discriminación; teniendo en cuenta, en particular: — que no está demostrado el carácter esencial de la reagrupación de estas rutas para el desarrollo económico de las regiones de Cerdeña en las que están situados los aeropuertos, — el riesgo de discriminación no justificada entre compañías, ya que sólo las más importantes cuentan con medios suficientes para explotar las rutas en tales condiciones, — además, la obligación no parece tener presente la obligación del Estado miembro que impone las obligaciones de servicio público de tener en cuenta en su apreciación el efecto combinado de todas las compañías aéreas que operen o vayan a operar en la ruta (6). Haciendo un análisis de los hechos da la impresión de que las autoridades italianas han querido imponer la obligación de explotación de las 18 rutas de forma agrupada con el fin de financiar el déficit de explotación de las rutas con una menor densidad de tráfico a través de los ingresos derivados de la explotación de rutas más importantes. Este mecanismo de subvención cruzada es ajeno a los objetivos del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2408/92; e) la obligación de facilitar una garantía por una cantidad tan elevada puede crear también una discriminación no justificada entre las compañías interesadas, ya que sólo las más importantes disponen de medios para ello; f) la brevedad del plazo, 15 días a partir de la publicación de la imposición de obligaciones en el Diario Oficial, con que cuentan las compañías interesadas para comprometerse a cumplir las obligaciones de servicio público, y veintidós para comenzar la explotación (a 1 de enero de 2005) pueden crear una discriminación no justificada entre ellas. Analizando los hechos parece imposible que una compañía que no estuviera ya presente en las rutas con Cerdeña pudiera efectuar en los plazos fijados las gestiones jurídicas y administrativas precisas y movilizar los recursos necesarios para poner en práctica la explotación; g) la obligación, prevista en el punto 4.8 de la imposición, de ofrecer tarifas reducidas a los pasajeros tomando únicamente como base su lugar de nacimiento (en este caso, Cerdeña), o la existencia de vínculos familiares entre dichas personas, puede aparecer en realidad como una discriminación ilegal fundada en la nacionalidad (véase, por ejemplo, el asunto C-338/01, Comisión/Italia, Rec. 2003, p. I-00721).