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(39)

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento de construcción naval dispone que hasta el 31 de diciembre de 2000 están permitidas las ayudas de funcionamiento ligadas a los contratos para la construcción de buques que no superen un límite máximo del 9 %. Según el artículo 3, apartado 2, del citado Reglamento, el límite máximo de ayuda aplicable a un contrato es el que se encuentre en vigor en la fecha de la firma del contrato definitivo. No obstante, este límite no se aplica a los buques entregados más de tres años después de la fecha de celebración del contrato definitivo. En tales casos, el límite máximo aplicable al contrato es el que se encontraba en vigor tres años antes de la fecha de entrega del buque. Por lo tanto, la fecha límite de entrega de un buque que aún se pueda beneficiar de ayudas de funcionamiento era, en principio, el 31 de diciembre de 2003.
(27)

Contiene tres medidas de reducción fiscal que se presentaron a la Comisión para su aprobación con arreglo a las Directrices medioambientales y que tienen una duración de 5 años: desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009. (i) Las empresas que producen electricidad en instalaciones combinadas de calor y electricidad pueden obtener una reducción fiscal si logran determinados ahorros de energía. En su decisión incoar el procedimiento, la Comisión consideró esta medida compatible con el artículo 87.3.c) del Tratado CE. Aunque la medida era solamente un proyecto de decreto en el momento de adoptarse la susodicha decisión, las autoridades eslovenas confirmaron en su carta de 17 de mayo de 2005 de que la medida no se había modificado. (ii) La segunda categoría de reducciones se refiere a centrales eléctricas conectadas a una red de transmisión de alta tensión y a determinadas grandes instalaciones de combustión enumeradas en el artículo 23 del Decreto. En cuanto a las centrales eléctricas, la Comisión concluyó en su decisión de incoar el procedimiento que esta medida no constituía ayuda estatal. Con respecto a las grandes instalaciones de combustión, la Comisión consideró la reducción fiscal compatible con el Tratado CE. (iii) Según el proyecto de decreto presentado a la Comisión antes de que ésta adoptara su decisión de incoar el procedimiento, todos los operadores que envían electricidad a una red de transmisión de alta tensión pero no son empresas grandes consumidoras de energía ni están cubiertos por un acuerdo medioambiental voluntario o por un régimen de permisos negociables, podrían beneficiarse de una reducción fiscal del 43 % en 2005, que disminuía un 8 % anualmente. Las instalaciones de calefacción urbana en la misma situación podrían beneficiarse de una reducción del 26 % en 2005, que disminuiría un 8 % al año. En su decisión incoar el procedimiento, la Comisión planteaba dudas sobre la compatibilidad de esta medida con el mercado común y, basándose en los artículos 4.4 y 6 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, incoó un procedimiento formal de investigación. Esta era la única categoría de reducción fiscal recogida en el nuevo proyecto de Decreto que estaba sujeto al procedimiento de investigación de la Comisión.
(2)

Lituania se propone aplicar un tipo reducido (5 %) al suministro de calefacción urbana, mientras que el gas natural y la electricidad continuarán sujetos al tipo estándar (18 %). Esta diferencia de tipos no hace que se pase de la calefacción por electricidad o gas natural al consumo de calefacción urbana. Esto se debe principalmente a las normas nacionales sobre establecimiento de precios, que son muy diferentes entre el gas natural, la electricidad y la calefacción urbana, y al hecho de que, desde el punto de vista técnico y tecnológico, estos productos solo pueden servir como sustitutos con fines de calefacción. Por otra parte, en Lituania la electricidad suele destinarse a calefacción solo en los hogares sin posibilidades técnicas para utilizar gas o conectar con las redes de calefacción urbana, por lo que los hogares que actualmente utilizan electricidad no cambiarán a la calefacción urbana ya que no están conectados a la red de calefacción urbana. Asimismo, es poco probable que los hogares que usan calefacción a gas se pasen a la calefacción urbana, ya que, según la información suministrada por las autoridades lituanas, el precio de esta, excluido el IVA, es superior al de la calefacción de gas. En todo caso, solo podrían hacerlo si se crearan las necesarias conexiones a la calefacción urbana.
(32)

Tras la concentración, la nueva entidad podrá impedir el acceso al gas y aumentar los costes de sus rivales de diversas maneras. En el segmento reglamentado del mercado, en el que los precios están regulados, la nueva entidad podría practicar una política de discriminación no basada en los precios (como retrasos en el suministro, disminución de la calidad del servicio, falta de flexibilidad, falta de interés para renegociar, etc.). En el segmento abierto del mercado, podría directamente aumentar el precio de venta al por mayor de gas a los comerciantes o practicar una política de discriminación no basada en los precios.
(6)

El Reino Unido se ha comprometido a examinar los interrogantes que se plantearon durante las inspecciones in situ para evaluar el funcionamiento de estos sistemas y, en particular, a finalizar a tiempo el plan de acción propuesto tomando todas las medidas necesarias de refuerzo de los sistemas a fin de garantizar el cumplimiento del Reglamento (CE) no 21/2004 antes del 31 de diciembre de 2006.
(61)

Más de dos años después de la Decisión 2003/193/CE, Italia no sólo no ha recuperado la ayuda declarada ilegal e incompatible, sino que todavía no ha cuantificado los importes que las empresas municipales deben restituir. Desde 2003, cuando se incoó el procedimiento, la situación no ha experimentado ningún cambio. A esto hay que añadir que la Comisión ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal por no haberse sometido Italia a la Decisión 2003/193/CE (14). El desarrollo más reciente se refiere a la introducción en la legislación comunitaria, para 2004, de una disposición con las principales orientaciones sobre recuperación, no aprobada todavía por el Parlamento, como la petición de que las administraciones locales indiquen los posibles destinatarios o la de que los destinatarios declaren ellos mismos el importe de la ayuda recibida.
(7)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para la determinación de la existencia de dumping, el perjuicio derivado y el interés comunitario, y llevó a cabo inspecciones en las instalaciones de las siguientes empresas: a) Productores comunitarios: — Computer Support Italcard s.r.l. (Milán, Italia) — Manufacturing Advanced Media (Mulhouse, Francia) — TDK Recording Media Europe SA (Luxemburgo) — Sony DADC (Salzburgo, Austria). b) Productores exportadores de Hong Kong: — UME Disc Ltd. — China Shing Manufacturing — MDA Technology Ltd. — Giant Base Technology Ltd. — Pop Hero Holdings Ltd. — Wealth Fair Investment Ltd. c) Productores exportadores de Taiwán: — Prodisc Technology, Inc (Taipei, Taiwán) — Daxon Technology (Taipei, Taiwán). d) Importadores y comerciantes independientes: — Verbatim Ltd (Londres, Reino Unido) — Maxell Europe Ltd (Londres, Reino Unido) — Philips Recordable Media (Wiesbaden, Alemania) — Sony France S.A. (París, Francia) — Ingram Micro Distribution GmbH (Munich, Alemania) — SK Kassetten GmbH & Co KG (Neuenrade, Alemania) — Intenso GmbH (Vechta, Alemania) — Emtec International S.p.a. (París, Francia). e) Mayorista/Minorista: — Metro Group Buying GmbH. f) Minoristas: — Carrefour Marchandises Internationales (París, Francia) — El Corte Inglés S.A. (Madrid, España) — FNAC S.A. (París, Francia). g) Productor en el país análogo: — Taiyo Yuden (Takasaki, Japón).
ES Diario Oficial de la Unión Europea L 279/27

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 10 de octubre de 2006

por la que se adaptan los coeficientes correctores aplicables a partir del 1 de agosto, el 1 de septiembre, el 1 de octubre, el 1 de noviembre, el 1 de diciembre de 2005 y el 1 de enero de 2006 a las retribuciones de los funcionarios, agentes temporales y agentes contratados de las Comunidades Europeas destinados en terceros países

(2006/681/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades, establecidos por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 2104/2005 (2), y en particular su anexo X, artículo 13, párrafo primero,

Considerando lo siguiente:

(1) Mediante el Reglamento (CE, Euratom) no 351/2006 del Consejo (3) se fijaron, en aplicación del párrafo primero del artículo 13 del anexo X del Estatuto, los coeficientes correctores que se aplican desde el 1 de julio de 2005 a las retribuciones pagadas en la moneda del país de destino a los funcionarios, agentes temporales y agentes contratados de las Comunidades Europeas destinados en terceros países.

(2) Procede adaptar, a partir del 1 de agosto, el 1 de septiembre, el 1 de octubre, el 1 de noviembre, el 1 de diciembre de 2005 y el 1 de enero de 2006, conforme al párrafo segundo del artículo 13 del anexo X del Estatuto, algunos de esos coeficientes correctores puesto que, a la luz de los datos estadísticos de que dispone la Comisión, la variación del coste de la vida, calculada sobre la base del coeficiente corrector y el tipo de cambio correspondientes, ha resultado ser en determinados terceros países superior al 5 % desde que aquéllos se fijaron o adaptaron por última vez.

DECIDE:

Artículo único

Con efectos a partir del 1 de agosto, el 1 de septiembre, el 1 de octubre, el 1 de noviembre, el 1 de diciembre de 2005 y el 1 de enero de 2006 los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios, agentes temporales y agentes contratados de las Comunidades Europeas destinados en terceros países, pagadas en la moneda de su país de destino, quedan fijados como se indica en el anexo.

Los tipos de cambio utilizados para el cálculo de estas retribuciones se establecerán conforme a las disposiciones de ejecución del Reglamento financiero y corresponden a la fecha mencionada en el párrafo primero.

Hecho en Bruselas, el 10 de octubre de 2006. Por la Comisión Benita FERRERO-WALDNER Miembro de la Comisión

(1) DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.

(2) DO L 337 de 22.12.2005, p. 7.

(3) DO L 59 de 1.3.2006, p. 1.
(3)

Hasta la fecha, la Comisión ha evaluado los procedimientos de recuperaciones efectuados por los Estados miembros respecto a las irregularidades comunicadas en virtud del Reglamento (CEE) no 595/91 del Consejo, de 4 de marzo de 1991, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agraria común, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 283/72 (6), antes de 1 de enero de 1999 y que afectan a importes superiores a 500 000 EUR con el fin de decidir acerca de las consecuencias financieras de tales irregularidades con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 729/70. Al actuar de este modo, la Comisión ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 5 de dicho Reglamento y en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA (7).
1.

Información exigida para la identificación: a) código de identificación, si existe, del material de base; b) nombre botánico; c) categoría; d) finalidad; e) tipo de material de base; f) si está genéticamente modificado; g) región de procedencia o código de identidad; h) origen: cuando proceda, si el origen del material es autóctono o indígena, no autóctono o no indígena, o si el material es de origen desconocido; i) procedencia o ubicación geográfica, definida por la latitud y la longitud; j) altitud o franja de altitud; k) año de maduración.
(5)

La Comisión ha realizado otro análisis, en virtud del artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1266/1999, de la medida 1.3 «Desarrollo de prácticas y actividades agrarias favorables al medio ambiente», prevista en el programa Sapard. La Comisión considera que, también en el caso de esta medida, la República de Bulgaria cumple lo dispuesto en los artículos 4 a 6 y en el anexo del Reglamento (CE) no 2222/2000 de la Comisión, de 7 de junio de 2000, que establece normas financieras de aplicación del Reglamento (CE) no 1268/1999 del Consejo, relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación de las medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión (6), y los requisitos básicos establecidos en el anexo del Reglamento (CE) no 1266/1999.
(11)

No obstante, dado que las comprobaciones llevadas a cabo por la Comisión con respecto a las medidas no 1 «Inversiones en explotaciones agrarias» y no 2 «Mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas y productos de la pesca» se basan en un sistema que todavía no es completamente operativo con respecto a todos los elementos pertinentes, resulta oportuno ceder, con carácter provisional, la gestión del programa Sapard a la Agencia Sapard y al Fondo Nacional del Ministerio de Finanzas, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2222/2000.
(8)

De conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (2), el Reino Unido no ha participado en la adopción de la Decisión 2004/512/CE y no está vinculado por ella ni sujeta a su aplicación en la medida en que constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen. El Reino Unido no es por lo tanto destinatario de la presente Decisión de la Comisión.
(25)

La Comisión considera que no existe vinculación jurídica alguna de las autoridades regionales ante las solicitudes de subvención consideradas admisibles y que figuran en el orden de prelación publicado en el Boletín Oficial de la Región en el período 1994-1999, por lo que decae también la legítima expectativa de las empresas interesadas. La inexistencia de este factor de incentivación queda confirmada por las siguientes consideraciones: las empresas subvencionables, no existiendo financiación por parte de las autoridades competentes, no tomaron iniciativas para hacer valer sus derechos, que, por otra parte, la Región considera adquiridos, especialmente según el derecho administrativo nacional. Según la Comisión, no se presentaron recursos ya que, no existiendo un compromiso jurídicamente vinculante por parte de las autoridades regionales, los aspirantes a beneficiarios no tenían derecho a solicitar el pago de las ayudas.
(40)

El argumento según el cual la medida no es selectiva al no favorecer a instrumentos de inversión específicos y a empresas de gestión en función de su tamaño, nacionalidad, lugar de registro o composición no es pertinente dado que lo que importa es el hecho de que la medida prevé una reducción fiscal extraordinaria y limitada a instrumentos de inversión especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización y a sus respectivas empresas de gestión. Según la jurisprudencia establecida (21), el hecho de que la ayuda no se dirija a uno o más beneficiarios específicos definido por adelantado sino que esté sujeta a una serie de criterios objetivos no es suficiente para cuestionar la naturaleza selectiva de una medida estatal. La Comisión también considera que el hecho de que la ventaja conferida por el sistema a sociedades de inversión que gestionan instrumentos de inversión especializados sea solamente indirecta no puede excluir la existencia de ayuda estatal siempre que, según la jurisprudencia establecida del Tribunal (22), las ventajas fiscales directas concedidas a los inversores que no son empresas constituyan una ayuda indirecta para las empresas en las que invierten.
(7)

Las citadas intervenciones consistían en la asignación de una ayuda suplementaria para la financiación de las medidas aprobadas para la ayuda no N 313/01 (2), pero, según las indicaciones de la notificación, una parte de dicha ayuda debía servir para financiar medidas de lucha contra el virus de la tristeza de los cítricos no incluidas en el expediente no N 313/01. Una vez constatado que estaban disponibles todas las informaciones necesarias para la evaluación de la refinanciación de las medidas autorizadas en el expediente no N 313/01, pero faltando todavía algunas de las informaciones referentes a las medidas de lucha contra el virus de la tristeza de los cítricos, los servicios de la Comisión decidieron dividir el expediente en dos partes, con la finalidad de no bloquear la refinanciación de las medidas ya aprobadas: una parte A, para la citada refinanciación, y una parte B, para las medidas de lucha contra el virus de la tristeza de los cítricos.
(38)

Las derogaciones previstas en el apartado 2 no son aplicables en el presente caso ya que las medidas de ayuda no revisten carácter social y no se conceden a consumidores individuales, no están destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, y no tienen por objeto favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania afectadas por la división de Alemania. Sucede lo mismo con las derogaciones previstas en el apartado 3, letras b) y d), que no son aplicables manifiestamente.
(165)

Alemania considera, por otra parte, que uno de los motivos para la transferencia eran las posibles sinergias y no el incremento del capital propio del NordLB. La transferencia de los activos tenía también por finalidad, por los menos en parte, satisfacer los requisitos de la directiva de solvencia. En caso de que hubiera sinergias y ahorro para LTS, el beneficiado sería LTS por la reducción de los costes, pero ello no puede considerarse como una contrapartida del NordLB por la aportación de fondos propios básicos. Como estas sinergias no reducen las posibilidades de utilización por parte del NordLB del capital cedido, ni aumentan los costes resultantes de la cesión para el NordLB, tampoco deberían incidir en el importe de la remuneración que un inversor que se basara en los principios de una economía de mercado exigiría al banco en concepto del capital propio aportado. Incluso en el caso de que las sinergias produjeran un beneficio objetivo para el Land, todos los competidores se habrían visto obligados por la competencia a pagar al Land por el instrumento financiero (LTS), además de una compensación apropiada por el capital puesto a disposición, una «remuneración» en forma de dichos beneficios. Por lo demás, los efectos de sinergia que resultan de una operación de concentración se producen normalmente en las dos empresas participantes. Resulta difícil comprender porqué el NordLB no aprovecharía tales ventajas. La Comisión considera por lo tanto que los eventuales efectos de sinergia no constituyen remuneración alguna pagada por el NordLB por la transferencia de LTS.
(229)

Por último, no hay que olvidar el carácter no fungible de la inversión, es decir, la imposibilidad de retirar de la empresa en cualquier momento el capital invertido. Normalmente, un inversor puede vender en el mercado a un tercero un instrumento de capital, poniendo así fin a su inversión. Una aportación de capital social normal discurre de la siguiente manera: el inversor aporta los activos al activo del balance (ya sea en efectivo o en especie). Por regla general, esto se corresponde en el pasivo con una contrapartida negociable a favor del inversor, que, en el caso de una sociedad anónima, reviste la forma de acciones. Estas acciones puede venderlas a un tercero. Aunque no puede recuperar sus activos aportados originalmente, ya que ahora forman parte del capital de garantía de la sociedad y no puede disponer de ellos, sí puede realizar su contravalor económico vendiendo las acciones según la cotización de la bolsa. De esa forma, su inversión es fungible. Debido a las particulares condiciones de la cesión del patrimonio de Wfa, el Estado federado no tenía esa posibilidad. Sin embargo, partiendo de la primera Decisión sobre WestLB, la Comisión no ve motivos para otro incremento. Aunque el Estado federado no tuvo la posibilidad de realizar el contravalor económico mediante la libre negociabilidad de la inversión, en principio existía, y existe, la posibilidad de volver a retirar el capital de Wfa de WestLB por ley y, en su caso, obtener mayor rentabilidad mediante una nueva inversión en otra institución.
(52)

El Reglamento (CE) no 70/2001, modificado por el Reglamento (CE) no 364/2004 (7), que amplía su alcance a las ayudas de investigación y desarrollo, autoriza las ayudas estatales a las PYME para la investigación fundamental, la investigación industrial y el desarrollo precompetitivo. Si bien la subvención de que se trata se concedió antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 364/2004, es el Reglamento (CE) no 70/2001, en su versión modificada, el que debe aplicarse, ya que según su artículo 9 bis, las ayudas concedidas antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) no 364/2004 sin autorización previa de la Comisión y en incumplimiento del apartado 3 del artículo 88, serán compatibles con el mercado común si reúnen todas las condiciones del Reglamento (CE) no 70/2001, en su versión modificada.
(87)

Debe rechazarse ese punto de vista. El apartado 2 del artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999 se refiere a «cualquier acto» de la Comisión y no a una incoación formal del procedimiento. En el presente caso, las distintas medidas adoptadas por la Comisión, en particular las distintas solicitudes de información relativas al LBB y, en cualquier caso, la de septiembre de 1999, eran suficientes para interrumpir el plazo de prescripción. No es necesario, en este caso, que el LBB conociera las medidas que había tomado la Comisión. En su sentencia de 10 de abril de 2003 en el asunto T-366/00 (Scott SA/Comisión) (24), el Tribunal de Primera Instancia estableció que el simple hecho de que el beneficiario de la ayuda no conociera la existencia de las solicitudes de información de la Comisión no les privaba de su efecto jurídico frente al beneficiario de la ayuda. La Comisión no está obligada a prevenir a las personas potencialmente interesadas, incluido el beneficiario de la ayuda, de las medidas que pudiera estar tomando respecto a las ayudas ilegales antes de iniciar el procedimiento administrativo. El Tribunal concluyó, por consiguiente, que las solicitudes de información de que se trata constituyen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (EC) no 659/1999, un acto que interrumpe el plazo de prescripción antes de que expire dicho plazo, aunque el beneficiario de la ayuda no supiera en ese momento de la existencia de dicha correspondencia (25). Además no parece probable que el LBB no conociera la solicitud de información de la Comisión cuando Alemania le había respondido en diciembre de 1999.