Recomendación del Consejo

de 21 de junio de 2002

sobre las orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la Comunidad

(2002/549/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 99,

Vista la Recomendación de la Comisión,

Visto el debate celebrado por el Consejo Europeo el 21 de junio de 2002 en Sevilla,

Considerando que el Parlamento Europeo ha adoptado una Resolución sobre la Recomendación de la Comisión.

RECOMIENDA LO SIGUIENTE:

ÍNDICE

>SITIO PARA UN CUADRO>

I. ORIENTACIONES GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA

1. INTRODUCCIÓN

La Unión Europea dispone de una estrategia de política económica claramente definida y orientada a unas políticas macroeconómicas basadas en la estabilidad y el crecimiento, capaces de responder satisfactoriamente a la evolución económica a corto plazo, y a una mejora de la capacidad a largo plazo que permita un crecimiento duradero, creador de empleo y no inflacionista. Las Orientaciones generales de política económica de 2002 (OGPE) adaptan y actualizan esta estrategia teniendo en cuenta las orientaciones dadas en el Consejo Europeo de Barcelona (15-16 de marzo de 2002), así como la elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible. Las Orientaciones se establecen con motivo del examen de la aplicación de las OGPE 2001 y de la evaluación de la situación y las perspectivas económicas expuesta en las Previsiones económicas de primavera del 2002 de la Comisión.

En la sección 2 se resume el contexto económico de las Orientaciones y se abordan los principales desafíos en materia de política económica. En la sección 3 se formulan recomendaciones generales dirigidas a todos los Estados miembros y a la Comunidad. Dentro de la estrategia general, hay algunas variaciones en cuanto a prioridades según los Estados miembros, debido a sus diferencias en resultados, perspectivas económicas o características específicas de estructuras e instituciones. Atendiendo debidamente a todos estos factores, la parte II del documento presenta las orientaciones económicas específicas a cada país.

En consonancia con el permanente intento de aprender de la experiencia con vistas a una coordinación reforzada y en respuesta a la petición del Consejo Europeo de Barcelona en el sentido de racionalizar los procesos correspondientes y centrarse en las acciones encaminadas a la ejecución en lugar de la elaboración anual de orientaciones, es posible que la presentación y la frecuencia de las OGPE cambien a partir de 2003. Por ello, las OGPE de 2002 optan por la continuidad con respecto a la edición del año pasado.

2. PRIORIDADES Y REQUISITOS PRINCIPALES

2.1. Inicio de la recuperación económica

La economía de la Unión Europea se caracterizó en 2001 por una acusada e imprevista deceleración de la actividad económica. Las políticas macroeconómicas se vieron puestas a prueba y se produjo una deceleración en el crecimiento del empleo.

Sin embargo, se observan cada vez más indicios de que la economía se ha estabilizado y empieza a recuperarse. La respuesta de la política económica, los fundamentos sanos, la mejora de la confianza y de la demanda externa, unidos a la disipación del impacto de una serie de sacudidas económicas adversas, han creado la base para esta recuperación. La satisfactoria introducción del euro en 1999 y de los billetes y monedas en 2002 supuso un buen impulso a la estabilidad y la confianza. Pese a los riesgos de sobreestimación y a la persistente incertidumbre, cabe esperar que la economía de la Unión Europea cobre fuerza hasta alcanzar una tasa de crecimiento cercana o superior al potencial en el segundo semestre de 2002 y en 2003, momento en que deberán aplicarse las recomendaciones de las presentes Orientaciones.

Dado que la evolución del mercado de trabajo refleja la situación económica con cierto retraso, no es probable que las tendencias de empleo y desempleo mejoren visiblemente antes de 2003. Se espera poder contener las presiones inflacionistas a medio plazo y que, a lo largo de 2002, la inflación del IPCA se estabilice en niveles en torno al 2 %.

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2.2. Principales desafíos

El principal desafío para la política económica de la Unión reside en mejorar el bienestar de sus ciudadanos actuales y futuros. A tal fin, las políticas deben orientarse a la consecución de un desarrollo equilibrado y sostenible de la actividad económica. El Consejo Europeo de Lisboa reflejó este gran desafío al fijar el objetivo global de hacer de Europa la economía del conocimiento más competitiva y dinámica en el año 2010, capaz de un crecimiento sostenible, con más y mejor empleo y mayor cohesión social.

Unos fundamentos sanos, unas políticas económicas adecuadas y la ausencia de grandes desequilibrios colocan a la economía de la Unión en buena situación de partida. El avance de las reformas estructurales hasta la fecha ha contribuido a que los resultados económicos y la creación de empleo hayan mejorado en los últimos años. El reto que ahora se plantea es generalizar estos logros y afianzar más aún las bases para el futuro crecimiento. La inminencia de la ampliación hace más acuciante para la Unión la necesidad de ser lo suficientemente dinámica y flexible.

Pese a los avances realizados, el índice de crecimiento potencial debe incrementarse con objeto de dar a la economía el margen necesario para alcanzar la plena recuperación antes de que factores ligados a la capacidad generen presiones al alza de los precios. Por otra parte, a largo plazo, cuando el impacto del envejecimiento de la población se refleje en un encogimiento de la oferta de trabajo, el índice de crecimiento potencial tenderá a bajar a no ser que se adopten medidas que aceleren la productividad o aumenten la participación de la mano de obra y el empleo.

Es preciso intensificar el ritmo de la reforma económica a fin de lograr resultados económicos más sólidos, responder a los desafíos de la agenda de Lisboa y restablecer las condiciones para un pleno empleo. Habrá que centrarse en cuatro áreas: i) preservar y consolidar el marco macroeconómico, ii) fomentar más y mejores puestos de trabajo, aumentar la tasa de participación de la mano de obra y combatir el persistente desempleo, iii) afianzar las condiciones para un alto crecimiento de la productividad, y iv) fomentar el desarrollo sostenible en interés de las generaciones actuales y futuras.

i) Preservar y consolidar el marco macroeconómico

Preservar y consolidar el marco macroeconómico facilita un control económico adecuado de todas las circunstancias económicas, creando así un entorno en el cual esté garantizado un crecimiento macroeconómico duradero y estable, los ciclos económicos se suavicen y el dinamismo y la capacidad de adaptación internos se vean reforzados. Este entorno favorece el crecimiento a medio plazo, así como una cultura de la iniciativa empresarial y la innovación, e incrementa la prosperidad, a medida que la economía se beneficia plenamente del avance de las reformas económicas.

La reciente deceleración económica ha puesto de relieve la importancia de un marco de acción claro y de una transición rápida hacia las situaciones presupuestarias a medio plazo acordadas en el Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC).

Un marco vigoroso de política macroeconómica

El objetivo primordial de la política monetaria en la zona del euro es mantener la estabilidad de los precios. Sin perjuicio de este objetivo, dicha política respalda las políticas económicas generales de la Comunidad. Al mantener la estabilidad de los precios, la política monetaria desempeña un papel importante, tanto por estabilizar la producción en torno a su tipo tendencial como por crear un entorno que fortalece la oferta y el crecimiento potencial. El compromiso por la estabilidad de precios ha creado una cultura de la estabilidad, la cual ha reducido la incertidumbre y creado condiciones favorables para la moderación salarial, lo que permite sentar las bases para un entorno propicio a la inversión. Prueba de ello es la gran estabilidad de las expectativas de inflación, inferiores al 2 %.

Una política presupuestaria sana es el segundo pilar del marco macroeconómico en la Unión Europea. Como principio general, es importante que las políticas presupuestarias se orienten a evitar medidas procíclicas que puedan exacerbar las oscilaciones en la actividad económica, dar lugar a equilibrios estructurales insostenibles y menoscabar la orientación de la política monetaria común hacia la estabilidad de precios. Dados los riesgos e incertidumbres de los ajustes fiscales, en particular por lo que respecta a su oportunidad, eficacia y carácter irreversible, la norma para las políticas presupuestarias debe consistir en permitir el juego simétrico de los estabilizadores automáticos a lo largo del ciclo económico, respetando el límite de déficit del 3 % del PIB. Unas situaciones presupuestarias a medio plazo próximas al equilibrio o en superávit, además de dar margen de maniobra a los estabilizadores automáticos, que pueden así actuar libremente y de manera simétrica, permiten la continua reducción de la deuda pública y los pagos de intereses en relación con el PIB, lo que refuerza la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad de responder a los retos presupuestarios, en particular los que plantea el envejecimiento de la población. Además, los Estados miembros que quieran recurrir a una política discrecional tendrán que crear el necesario margen de maniobra. La filosofía básica de esta política se fundamenta en el Pacto de estabilidad y crecimiento, que facilita la tarea de la política monetaria de mantener la estabilidad de los precios y, por lo tanto, fomenta unas circunstancias propicias para el crecimiento económico y la constante creación de empleo.

Una estrecha coordinación de las políticas económicas entre los responsables políticos y un diálogo permanente y fructífero entre el Consejo, el Grupo del euro y el Banco Central Europeo (BCE), con la participación de la Comisión y respetando todos los aspectos de la independencia del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), son fundamentales para fomentar una evolución económica armoniosa. La participación de los interlocutores sociales mediante el diálogo macroeconómico desempeña también un importante papel.

La creciente interdependencia entre las economías de la zona del euro exige que los métodos y procedimientos de coordinación de las políticas económicas se revisen periódicamente, con objeto de reforzar su aplicación y mejorar la transparencia.

Llevar a término la transición hacia unas finanzas públicas sanas

Llevar a término la fase de transición hacia situaciones presupuestarias a medio plazo próximas al equilibrio o en superávit es condición indispensable para aprovechar plenamente las ventajas de la UEM y de los mecanismos de coordinación presupuestaria previstos en el PEC. Hasta entonces, y dada la necesidad de no superar el valor de referencia del 3 %, en circunstancias económicas desfavorables podrá darse una conciliación entre, por un lado, el saneamiento presupuestario para alcanzar las situaciones previstas a medio plazo y, por otro, la estabilización de las fluctuaciones de la producción mediante el pleno juego de los estabilizadores automáticos. Por tanto, todos los Estados miembros deben redoblar los esfuerzos para lograr cuanto antes, y a más tardar para 2004, unas situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit. Además de permitir el libre juego de los estabilizadores automáticos, las políticas presupuestarias deben guiarse por la necesidad de aumentar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. El tiempo restante hasta que los efectos del envejecimiento de la población empiecen a notarse con mayor claridad debe aprovecharse para alcanzar situaciones presupuestarias sanas.

ii) Fomentar más y mejor empleo, incrementar la tasa de empleo y remediar el desempleo

El análisis del crecimiento del empleo en la Unión a medio plazo pone de manifiesto que los resultados han sido muy satisfactorios. Además de unas condiciones macroeconómicas favorables, la vigorosa creación de empleo observada desde 1997 también es resultado de las reformas del mercado de trabajo emprendidas por los Estados miembros, en particular, en el contexto de la Estrategia europea para el empleo y de las Orientaciones generales de política económica. Entre ellas se hallan medidas para reducir los costes laborales, aumentar la adaptabilidad de la mano de obra, mantener la moderación salarial, mejorar la flexibilidad de los salarios reales, así como reformas de los regímenes fiscales y, en menor medida, de los sistemas de prestaciones sociales. Los mercados de trabajo también tienden a ser más flexibles, como indica la amplia contribución del empleo a tiempo parcial y el empleo eventual a la creación global de puestos de trabajo.

Pese a este mejor rendimiento en el segundo lustro de los noventa, en la Unión Europea los recursos humanos siguen infrautilizados y persisten los problemas estructurales. El desempleo -sobre todo el de larga duración- es aún elevado en varios Estados miembros, y debe evitarse que el aumento cíclico del desempleo previsto en 2002 provoque a su vez un aumento del desempleo estructural. El problema se concentra a menudo en las regiones más pobres y entre los colectivos de trabajadores más vulnerables. Sin embargo, en varios Estados miembros, se presentan situaciones en las que el elevado desempleo coincide con escasez de mano de obra, y las condiciones del mercado de trabajo a menudo varían considerablemente entre unas y otras regiones, lo que indica un desfase entre la oferta y la demanda de mano de obra que en parte obedece a los obstáculos a la movilidad geográfica y profesional, así como a una falta de las cualificaciones necesarias y de diferenciación en la evolución salarial.

Por otra parte, la tasa de participación de la mano de obra, sobre todo de las mujeres trabajadoras y de los trabajadores de más edad, es insatisfactoriamente baja, y es necesario trabajar con denuedo para aumentar los niveles de empleo hasta los establecidos como objetivo en Lisboa y Estocolmo, con objeto de prepararse también para las consecuencias del envejecimiento de la población. Conseguir los objetivos de Lisboa implica un aumento de aproximadamente 15 millones de puestos de trabajo en la Unión entre 2002 y 2010. Para prepararse al impacto del envejecimiento, el Consejo Europeo de Barcelona ha abogado por aumentar la edad efectiva de jubilación de la Unión en alrededor de cinco años antes de 2010.

Es pues preciso mantener con decisión una política dirigida a la reducción del desempleo y una estrategia completa encaminada a aumentar las tasas de participación, conforme a lo aprobado por el Consejo Europeo de Barcelona. Esto supone la reforma de los regímenes fiscales y de los sistemas de prestaciones sociales, así como otras medidas para modernizar los mercados de trabajo, reforzar los incentivos para la incorporación al mundo laboral, permitir que las personas participen en el mercado de trabajo, mejorar la información sobre oportunidades de empleo, acompañar la reincorporación de los desempleados de larga duración de políticas activas del mercado de trabajo, promover el espíritu empresarial y mejorar las condiciones en las cuales las empresas pueden gozar de ventajas por emplear a más trabajadores. A este respecto, el fomento de la formación del capital humano a fin de ofrecer niveles de cualificación más elevados y adaptables durante todo el ciclo de vida del trabajador, puede, al contribuir a una mayor calidad en el trabajo, actuar como catalizador. Se están desarrollando otros indicadores de calidad en el trabajo dentro del contexto de los indicadores estructurales.

iii) Reforzar las condiciones para un alto crecimiento de la productividad

A medida que la proporción de la población en edad laboral empieza a disminuir debido al aumento de la longevidad, el mantenimiento de altos niveles de vida dependerá cada vez más de que aumente la productividad. En la Unión Europea, la productividad laboral crece con relativa lentitud (de hecho, retrocedió medio punto porcentual, por término medio, entre la primera y la segunda mitad de los noventa, debido esencialmente a un crecimiento más rico en empleo en un contexto de reforma estructural) y se ha visto notablemente afectado por una mayor presencia en el mercado de trabajo de trabajadores poco cualificados y de otros trabajadores cuyo potencial productivo es inferior a la media. Últimamente se registra un bajo crecimiento de la productividad laboral que, de mantenerse así, no permitirá alcanzar los índices de crecimiento sostenibles del PIB del 3 % que se consideran necesarios para cumplir la agenda de Lisboa.

La inversión y la innovación del sector privado pueden verse beneficiadas por un entorno más competitivo y emprendedor, incrementando a su vez la productividad por trabajador y, por ende, el nivel de vida. Existen considerables perspectivas para mejorar el entorno de la inversión mediante reformas estructurales en los mercados de productos, capital y trabajo. No menos importantes son un entorno normativo adecuado, unos servicios públicos e industrias de red eficaces, la inversión en formación y educación, así como la adaptabilidad de la mano de obra.

Pese al prometedor avance logrado hasta ahora, amplios segmentos de los mercados europeos de productos no están aún lo suficientemente integrados para hacer de la Unión un punto atractivo para la inversión. Nuevas reformas son necesarias para integrar las redes energéticas y de comunicaciones en toda Europa. Para facilitar la prestación transfronteriza de servicios, especialmente en el sector de la distribución, y para incrementar la movilidad cada vez mayor de los trabajadores tanto especializados como no especializados, debe aumentar la coordinación entre políticas comunitarias y nacionales. En materia de servicios financieros y mercados de capitales, la unión económica y monetaria (UEM) ya ha creado nuevas oportunidades de aumentar la eficiencia. Sin embargo, tanto las autoridades nacionales como los agentes privados del mercado deben asumir su responsabilidad de lograr una mayor integración financiera, al tiempo que queda una extensa agenda por realizar, tal como indican varios pasajes de las presentes Orientaciones. El fomento de la competencia dentro del mercado interior halla su lógico complemento en una mayor competencia a nivel mundial. La Unión Europea deberá por tanto seguir adoptando una política exterior común que favorezca un comercio mundial abierto e insistir en que todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) cumplan las normas de la Organización.

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iv) Fomentar el desarrollo sostenible en interés de las generaciones actuales y futuras

Si se atiende a las necesidades de las generaciones actuales y futuras, incluida la sostenibilidad medioambiental y la cohesión social y regional, se garantizará que las medidas de impulso a la prosperidad contribuyan plenamente a un mayor bienestar de sus ciudadanos. Las políticas económicas pueden contribuir significativamente a este objetivo, pero normalmente su realización exige acometer en varios ámbitos importantes actuaciones políticas que suelen trascender las meras consideraciones de política económica.

Por ejemplo, las políticas económicas pueden contribuir mucho a una mayor sostenibilidad del medio ambiente si permiten contabilizar los efectos exteriores de las actividades económicas en el mismo. Las políticas económicas pueden también crear condiciones para lograr la eficacia en el uso de los recursos y la energía, fomentando así la innovación y la creación de empleo. Asimismo, las políticas económicas pueden contribuir de forma notable a una adecuada preparación ante los desafíos del envejecimiento de las sociedades, sobre todo en cuanto a la participación en el mercado de trabajo y sus consecuencias financieras. El objetivo es conseguir una interacción positiva entre las políticas económicas y sociales que posibilite una vida laboral sostenible a largo plazo, haciendo al mismo tiempo un uso óptimo del potencial de recursos humanos y logrando una mayor cohesión social.

Por último, las políticas económicas pueden contribuir de diversas maneras a la cohesión social y económica. Unos buenos resultados económicos ayudan a crear empleo, que es la mejor garantía contra la pobreza y la exclusión social. Un estado del bienestar moderno y activo, que anima a las personas a trabajar, también sería importante a este respecto. Un marco macroeconómico orientado al crecimiento y a la estabilidad, unido a mercados eficientes de productos, capital y trabajo, son de importancia determinante para alcanzar un nivel homogéneo tanto en el ámbito nacional como en el regional. Las políticas económicas pueden perfeccionarse en algunos ámbitos si atienden mejor a condiciones locales específicas. Facilitar el ajuste del mercado de trabajo, impulsando el proceso de formación de salarios para que refleje las diferencias entre las circunstancias locales, en particular por lo que respecta a los niveles de productividad y cualificación, y reduciendo los factores que desincentivan la movilidad laboral geográfica, es un paso importante en el que debe perseverarse. Además, ha de seguir reflexionándose en el modo de aumentar la eficacia del gasto público con incidencia regional mediante la mejora de los sistemas públicos de asignación y concesión de ayudas.

3. RECOMENDACIONES

3.1. Adoptar políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad

Las políticas macroeconómicas desempeñan un papel fundamental de apoyo al crecimiento y al empleo y de mantenimiento de la estabilidad de precios. Su objetivo debe ser respaldar una expansión económica equilibrada y materializar el potencial de crecimiento actual, y deben contribuir a crear las condiciones que permitan fomentar niveles de ahorro e inversión adecuados, a fin de poner la economía en una senda de empleo y crecimiento sostenible, más vigoroso y no inflacionista.

Los Estados miembros deben lograr y mantener una situación presupuestaria sana según lo acordado en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Todos los Estados miembros deben velar por que, de conformidad con el PEC, las situaciones presupuestarias ajustadas al ciclo alcancen o mantengan en los próximos años una situación próxima al equilibrio o de superávit.

Balanza general de las administraciones públicas ((Las balanzas de las administraciones públicas de 2000, 2001 y 2002 excluyen los ingresos procedentes de la venta de licencias de UMTS.

Los importes de UMTS en porcentaje del PIB serían, conforme a las previsiones de primavera de 2002.

en 2000: D: 2,5 %, E: 0,1 %, I: 1,2 %, NL: 0,7 %, A: 0,4 %, P: 0,3 %, zona del euro: 1,1 %, UK: 2,4 % y UE-15:1,2 %.

en 2001: B: 0,2 %, EL: 0,5 %, E: 0,0 %, F: 0,1 %, zona del euro: 0 %, DK: 0,2 % y UE-15: 0 %.

en 2002: E: 0,0 %, F: 0,1 %, IRL: 0,2 %, zona del euro: 0 % y UE-15: 0 %.

En el programa de estabilidad alemán el objetivo para 2004 se fijó en - 1 % del PIB pero en el Consejo Ecofin de febrero el Gobierno alemán se comprometió a alcanzar un presupuesto cercano al equilibrio antes de 2004.

Para Francia, las cifras tienen en cuenta los ajustes realizados por las autoridades francesas en el programa de estabilidad para 2001 mediante carta remitida a la Comisión el 22 de enero de 2002.)):

previsiones de primavera comparadas a los programas de estabilidad y convergencia

>SITIO PARA UN CUADRO>

Por lo que respecta a la zona del euro, el objetivo primordial de la política monetaria del BCE es mantener la estabilidad de los precios. Sin perjuicio de este objetivo, respalda las políticas económicas generales de la Comunidad.

En general, los Estados miembros de la zona del euro deben:

i) orientar y aplicar sus políticas presupuestarias al objetivo de alcanzar o mantener situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit a lo largo del ciclo económico; si aún no se han alcanzado situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit, tomar todas las medidas necesarias -a la hora de aplicar los presupuestos para 2002 y elaborar los correspondientes al 2003- para garantizar que se respeten estos objetivos a medio plazo a más tardar en 2004,

ii) garantizar que se financien adecuadamente las reformas fiscales a fin de cumplir el compromiso de unas finanzas públicas sanas; evitar políticas fiscales procíclicas, contribuyendo así a una combinación adecuada de políticas macroeconómicas a nivel nacional y de la zona del euro; permitir que los estabilizadores automáticos actúen plenamente a medida que se inicia la recuperación; garantizar una ejecución rigurosa de sus presupuestos para evitar apartarse de los objetivos de los programas de estabilidad, y

iii) reforzar aún más las finanzas públicas a fin de asegurar su sostenibilidad a largo plazo, aprovechando el plazo de que se dispone antes de que se asienten las transformaciones demográficas.

En lo que respecta a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, la política monetaria en Dinamarca se basa en un tipo de cambio fijo con el euro en el marco del MTC2, que se considera útil para lograr la estabilidad de precios. En Suecia y el Reino Unido, las políticas monetarias pretenden mantener la estabilidad de precios actuando sobre la inflación. Si tienen éxito, contribuirán a crear las condiciones para la estabilidad de los tipos de cambio.

En general, los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro también mantendrán situaciones presupuestarias saneadas conforme al Pacto de estabilidad y crecimiento. En general, deben:

i) orientar y aplicar sus políticas presupuestarias al objetivo de alcanzar o mantener situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit a lo largo del ciclo económico,

ii) garantizar que las reformas fiscales se financien adecuadamente a fin de cumplir el compromiso de unas finanzas públicas sanas; evitar políticas fiscales procíclicas, contribuyendo así a una combinación adecuada de políticas macroeconómicas a nivel nacional; permitir que los estabilizadores automáticos actúen plenamente a medida que toma forma la recuperación; garantizar una ejecución rigurosa de sus presupuestos para evitar apartarse de los objetivos de los programas de convergencia, y

iii) reforzar las finanzas públicas a fin de asegurar su sostenibilidad a largo plazo aprovechando el plazo de que se dispone antes de que se asienten las transformaciones demográficas.

Las evoluciones salariales en los Estados miembros deben reflejar las diferentes situaciones económicas y de empleo. Los Gobiernos deben fomentar un marco adecuado para las negociaciones salariales entre los interlocutores sociales. Para que las evoluciones salariales contribuyan a un conjunto de políticas favorables al empleo, los interlocutores sociales deben mantener una trayectoria responsable y celebrar acuerdos salariales en los Estados miembros conforme a los principios generales establecidos en las Orientaciones generales de política económica. Es preciso:

i) que el incremento de los salarios nominales sea compatible con la estabilidad de precios,

ii) que el incremento de los salarios reales no exceda el crecimiento de la productividad laboral, teniendo en cuenta la necesidad de consolidar, en su caso, y posteriormente mantener, la rentabilidad del aumento de capacidades y de las inversiones creadoras de empleo, y

iii) que las instituciones laborales nacionales y los sistemas de negociación colectiva, respetando la autonomía de los interlocutores sociales, atiendan a la relación entre las evoluciones salariales sectoriales y locales y las condiciones del mercado de trabajo, permitiendo así una evolución salarial acorde, entre otras cosas, con la productividad y los diferenciales de cualificaciones. Esto también contribuirá a garantizar la competitividad de la Unión Europea y a mejorar el empleo en toda la gama de cualificaciones y zonas geográficas.

3.2. Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas

Para optimizar la contribución de las finanzas públicas al crecimiento y al empleo y lograr los objetivos acordados en Lisboa y Estocolmo, todos los Estados miembros deben alcanzar y mantener situaciones presupuestarias sanas. Este objetivo es aún más importante en aquellos países que aún no hayan alcanzado situaciones presupuestarias "próximas al equilibrio o en superávit", tal como exige el Pacto de estabilidad y crecimiento. Debe encontrarse el buen equilibrio entre reducir la deuda pública, recortar los impuestos y seguir financiando las inversiones públicas en sectores clave. Los países cuya deuda pública sea elevada, o que aún no hayan logrado el objetivo presupuestario a medio plazo contemplado en el Pacto, deben dar prioridad al saneamiento presupuestario: ello les ayudará a prepararse para los costes presupuestarios adicionales del envejecimiento de la población. La evaluación de la sostenibilidad de la hacienda pública según los programas de estabilidad y convergencia actualizados confirma que, si no se acometen ambiciosas reformas, numerosos Estados miembros corren el riesgo de sufrir en el futuro desequilibrios presupuestarios debidos al envejecimiento.

Con este fin, los Estados miembros deben:

i) proseguir los esfuerzos por que los sistemas de impuestos y prestaciones sociales sean más favorables al empleo, en su caso reduciendo la presión fiscal global, mediante reformas específicas de los sistemas de impuestos y prestaciones, especialmente para los empleos peor remunerados, manteniendo al mismo tiempo la consolidación fiscal y mejorando también la eficiencia de los regímenes tributarios (véase la sección 3.3),

ii) mejorar la calidad del gasto público reorientando los fondos a la acumulación de capital físico y humano y a la investigación y desarrollo,

iii) aumentar la eficacia del gasto público mediante reformas institucionales y estructurales; en particular, introducir o perfeccionar mecanismos que permitan evaluar y controlar el gasto, en particular procedimientos presupuestarios,

iv) potenciar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas mediante la amplia estrategia en tres frentes (aumento de las tasas de empleo, reducción de la deuda pública y adaptación de los sistemas de pensiones) acordada en el Consejo Europeo de Estocolmo. Esto implica una combinación adecuada de medidas, que deben determinar los Estados miembros, destinadas a reducir rápidamente la deuda pública, modernizar los mercados de trabajo para aumentar los niveles de empleo (especialmente entre las mujeres y trabajadores de más edad), así como reformar los sistemas de pensiones y los sistemas de salud para las personas de edad avanzada con vistas a ponerlos en condiciones financieras sanas. En ese contexto, los fondos públicos de reservas de pensiones podrían también contribuir a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, a condición de que reciban contribuciones sustanciales. Los Estados miembros deberían reforzar su capacidad de evaluar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas e introducir este factor de análisis en los procesos de planificación presupuestaria a medio plazo. Esto ayudará a perfeccionar el examen incluido en la vigilancia multilateral, tal como solicitó el Consejo Europeo de Barcelona,

v) reformar las políticas de pensiones, adaptándolas a los grandes objetivos comunes acordados por los Consejos de Gotemburgo y Laeken, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera, mantener la suficiencia de las pensiones y subvenir a unas necesidades sociales en transformación; desarrollar una estrategia global, que tenga en cuenta el equilibrio entre estos objetivos generales y los desafíos a que se enfrenta cada país; en particular, introducir medidas que permitan aumentar la edad de jubilación efectiva; también debería estudiarse una mayor fiabilidad de la financiación, y

vi) proseguir la coordinación fiscal, a fin de evitar una competencia fiscal perniciosa, y aplicar eficazmente el acuerdo del Consejo de noviembre de 2000 sobre el paquete fiscal a fin de cumplir el plazo de diciembre de 2002 para un acuerdo.

Al igual que los Estados miembros, la Comunidad debería poner en práctica una estricta disciplina presupuestaria. Esto debería aplicarse a todas las categorías de las perspectivas financieras, respetando el Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario; debería aprovecharse una asignación flexible de los recursos comunitarios para mejorar la repercusión económica del presupuesto de la Unión Europea.

3.3. Vigorizar los mercados de trabajo

Pese al impacto de la deceleración cíclica, la situación del mercado de trabajo siguió mejorando en 2001, si bien no se repitió la evolución muy favorable registrada el año anterior. La tasa de desempleo media, de un 7,6 %, fue un 0,5 % inferior a la media de 2000 (véase el gráfico sobre la tasa de desempleo). En 2001 se lograron nuevos avances en cuanto a los objetivos de empleo establecidos por los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo, pero fueron más modestos que el año pasado. La tasa de empleo total se sitúa actualmente en el 64 %, la de empleo femenino es del 55 % y la de los trabajadores de más edad (de 55 a 64 años), del 38 % (véanse los gráficos correspondientes a las distintas categorías).

Los avances obtenidos en los años anteriores mediante las reformas estructurales de los mercados de trabajo, y también en el contexto de la estrategia europea de empleo, se han traducido en un crecimiento más creador de empleo. El mantenimiento de la moderación salarial ha permitido que el empleo aumente claramente y que el desempleo disminuya, sin por ello impulsar la inflación; el mayor recurso a contratos temporales y de tiempo parcial ha contribuido a crear mercados de trabajo más flexibles e inclusivos; las reducciones fiscales efectuadas en el extremo inferior de la escala salarial han aumentado los incentivos para aceptar un empleo; y los Estados miembros comienzan a pasar de medidas pasivas a medidas activas del mercado de trabajo. Por desgracia, el ritmo de reformas del mercado de trabajo parece haber disminuido en 2001: debe intensificarse para lograr los objetivos de Lisboa.

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Siguen existiendo importantes desafíos que deben afrontarse mediante nuevas reformas. De acuerdo con lo expuesto en la sección 2.2 ii), cabe citar entre dichos desafíos:

- fomentar más y mejores puestos de trabajo,

- lograr niveles mayores de participación, especialmente en el caso de las mujeres y los trabajadores de mayor edad, a fin de cumplir los objetivos de empleo fijados en Lisboa y Estocolmo y prepararse para las consecuencias del envejecimiento de la población,

- reducir las altas tasas de desempleo,

- reducir el desfase entre la demanda y la oferta de trabajo en las diversas regiones y tipos de empleos,

- promover la inserción social.

Estos desafíos deben tomarse en consideración junto con los demás retos directamente relacionados con el mercado de trabajo, tales como la formación de salarios, el espíritu empresarial y la educación y formación, abordados respectivamente en las secciones 3.1, 3.6 y 3.7. El 18 de febrero de 2002, el Consejo adoptó unas directrices detalladas sobre políticas de empleo para el año 2002, acordes con las prioridades en las Orientaciones generales de política económica de 2001, así como recomendaciones específicas para cada Estado miembro. Para llevar a cabo las reformas del mercado de trabajo, los Estados miembros deben aplicar con rigor las directrices sobre empleo y las recomendaciones a ellos dirigidas.

Los Estados miembros deben, en particular, adoptar las medidas siguientes:

i) adaptar sus regímenes de impuestos y prestaciones, a fin de hacer más ventajoso trabajar, y animar a la búsqueda de empleo; reducir los elevados tipos marginales efectivos de imposición, en particular para los salarios más bajos, y reducir las trampas del desempleo; estudiar los efectos incentivadores de los sistemas de prestaciones, tales como la condicionalidad de las prestaciones, la admisibilidad, duración, índice de sustitución, prestaciones vinculadas al ejercicio de un empleo y recurso al crédito fiscal para hacer estos sistemas más favorables al empleo; reexaminar los sistemas administrativos y el rigor de la gestión; reducir los incentivos a la jubilación anticipada; intensificar los esfuerzos por aumentar las posibilidades de que los trabajadores de más edad permanezcan en el mercado de trabajo, a fin de retrasar en cerca de cinco años la edad media de jubilación en la Unión para el 2010, aumentando así su participación en el mercado de trabajo,

ii) reforzar las políticas de activación del mercado de trabajo, aumentando su eficacia tanto en el uso de recursos como en términos de mayor empleo estable, entre otras cosas mediante la modernización de los servicios de empleo. Esto implica, entre otras cosas, orientarlas mejor a los grupos más expuestos al riesgo de desempleo a largo plazo, haciendo hincapié en las medidas que hayan resultado más eficaces, y atender a las exigencias del mercado de trabajo. En este contexto, también es necesaria una política activa y preventiva de adopción de medidas que ofrezcan incentivos para la reincorporación al mercado de trabajo de grupos e individuos que se hallan en situación de riesgo o de desventaja,

iii) reducir los obstáculos a la movilidad dentro de los Estados miembros y entre los mismos. En la línea del plan de acción sobre cualificaciones y movilidad, fomentar el reconocimiento de cualificaciones, facilitar la transmisibilidad de derechos de seguridad social y pensiones, mejorar la información y la transparencia de las posibilidades de empleo y velar por que los sistemas de impuestos y prestaciones, así como los mercados inmobiliarios, no obstaculicen la movilidad,

iv) mantener la empleabilidad de los trabajadores mediante la formación y el reciclaje, así como facilitar la movilidad profesional, mejorando la formación a lo largo de la vida en diálogo con los interlocutores sociales y contribuyendo a una mayor calidad del trabajo y una mayor productividad,

v) fomentar, en concertación con los interlocutores sociales, una organización más flexible del trabajo y revisar las normativas aplicables a los contratos de empleo y, si procede, a sus costes conexos, a fin de fomentar la creación de empleo y crear un buen equilibrio entre flexibilidad y seguridad. Garantizar que una reducción del tiempo de trabajo total no implique un aumento de los costes salariales unitarios, y atender plenamente a las futuras necesidades de la oferta de trabajo, y

vi) suprimir los obstáculos a la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y esforzarse, de acuerdo con las pautas nacionales en materia de prestaciones, por prestar para el 2010 servicios de acogida al menos al 90 % de los niños de edad comprendida entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria, y al menos al 33 % de los niños de menos de tres años; aplicar medidas dirigidas a los factores subyacentes que determinan las diferencias de remuneración entre géneros e impulsar políticas orientadas a la familia con objeto de conciliar la vida laboral y familiar.

3.4. Reactivar las reformas estructurales en los mercados de productos

La aplicación de la agenda de reforma económica prevista en la estrategia de Lisboa ha avanzado de forma irregular. Se observan progresos en la transposición de las directivas sobre el mercado interior en cuanto a legislación nacional, apertura de la contratación pública, refuerzo de las facultades de las autoridades de competencia y reducción de las ayudas estatales. La liberalización de los mercados de telecomunicaciones y electricidad empieza a traducirse en bajadas de precios. Del mismo modo, se esperan efectos positivos del mayor acceso a las redes de transporte de mercancías por ferrocarril. Sin embargo, las perspectivas de nuevas reducciones de precios corren el riesgo de tropezar con puntos físicos de congestión, con la insuficiencia de las estructuras reglamentarias, con una lenta apertura del mercado y con las elevadas cuotas de mercado que se encuentran en manos de las empresas tradicionales en estos sectores. Esto demuestra que, para crear un mercado interior plenamente integrado y eficaz, son precisas nuevas reformas de los mercados de productos (bienes y servicios) y, en particular, en los ámbitos en que los progresos han sido demasiado lentos. Pese a la creciente integración de los mercados de productos, las diferencias que aún subsisten en cuanto a normas y reglamentaciones siguen obstaculizando las actividades transfronterizas. Por otra parte, la creación de un mercado interior de servicios avanza con lentitud. Por ello, los Estados miembros deben:

i) poner plenamente en práctica el mercado interior:

- redoblar los esfuerzos por aumentar al 98,5 % el índice de transposición de las Directivas del mercado interior; transponer íntegramente antes del Consejo Europeo de primavera de 2003 las directivas cuya aplicación tenga un retraso superior a dos años, y velar por la buena aplicación de la legislación relativa al mercado interior,

- poner mayor empeño en eliminar los obstáculos técnicos al comercio, acelerando la elaboración de nuevas normas sobre productos y mejorando la aplicación del principio de reconocimiento mutuo por las administraciones nacionales,

- crear un mercado interior de servicios que funcione eficazmente, eliminando los obstáculos a los intercambios transfronterizos y a la entrada en el mercado, y

- seguir abriendo y hacer más transparentes los mercados de contratación pública, entre otras cosas, poniéndolos en línea en 2003 y adoptando cuanto antes en 2002 el paquete legislativo relativo a este sector.

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ii) garantizar una competencia efectiva, que reporte beneficios reales a los consumidores:

- velar por una independencia efectiva y una capacidad y eficacia suficientes por parte de las autoridades de competencia y reglamentarias, promover la cooperación entre las autoridades de competencia y las de reglamentación y hacer más coherente la aplicación de las normas de competencia por parte de la Comisión y las autoridades nacionales de competencia, y

- garantizar una menor cantidad y mayor calidad de las ayudas estatales en relación con el PIB, reorientando las ayudas a objetivos horizontales de interés común y deficiencias comprobadas del mercado; aumentar la transparencia de las políticas de ayudas estatales y evaluar su eficacia.

iii) acelerar las reformas en las industrias de red, haciendo al mismo tiempo hincapié en la importancia que reviste, para los ciudadanos y para la cohesión territorial y social, el acceso a los servicios de interés económico general:

- fomentar la entrada en el mercado y aumentar las opciones de los consumidores en los mercados liberalizados, en particular, aplicando plenamente para julio de 2003 el nuevo conjunto de normas de telecomunicaciones,

- en los sectores de la electricidad y el gas, garantizar la libre elección de proveedor a partir de 2004 para todos los consumidores no residenciales (que representan al menos un 60 % del total del mercado) y crear una función de reglamentación nacional. En la electricidad, llegar a un acuerdo en 2002 respecto de un sistema arancelario transparente y no discriminatorio para las operaciones transfronterizas. El nivel de las interconexiones eléctricas entre Estados miembros debe representar, en 2005, al menos el 10 % de su capacidad de producción instalada. Corresponde fundamentalmente a las empresas interesadas subvenir a las necesidades financieras,

- garantizar un uso eficiente de la infraestructura existente y ofrecer incentivos a la construcción de nuevas infraestructuras donde sean necesarias, adoptando decisiones antes de finales de 2002 sobre la revisión de las orientaciones y complementando las normas financieras sobre las redes transeuropeas de energía y transportes, y

- en transportes, tomar decisiones antes de finales de 2002 sobre las propuestas referentes a contratos de asignación de franjas horarias en los aeropuertos, servicios de puerto y contratos de servicios públicos, estudiar activamente la adhesión de la Comunidad a Eurocontrol y crear un "cielo único" antes de 2004; abrir a la competencia la red transeuropea de transporte de mercancías por ferrocarril antes del 15 de marzo de 2003 y continuar los trabajos sobre el segundo paquete ferroviario.

3.5. Fomentar la eficacia e integración del mercado de servicios financieros de la Unión Europea

Ante todo, las reformas deben tratar de acelerar la integración de los mercados financieros y de aprovechar plenamente las ventajas de una canalización eficaz del ahorro, reduciendo los costes del capital entrante para fomentar la inversión en la Unión Europea. El elemento central de esta labor es el plan de acción sobre servicios financieros (PASF), que habrá de aplicarse de aquí a 2005, y todas las partes interesadas harán todo lo posible por lograr un mercado de valores integrado para el final de 2003. En este contexto, también existe la necesidad de mejorar la eficacia de las disposiciones en materia de compensación y liquidación transfronterizas a nivel europeo.

El plan de acción sobre capital-riesgo (PACR) debería aplicarse para 2003. Recoge un conjunto de medidas (muchas en común con el PASF) sobre financiación privada (capital riesgo y adquisición) que fomentan la integración del mercado, consagran la reforma estructural en ámbitos tales como reglamentación, fiscalidad, derecho de quiebra, y estimulan una cultura de la empresa.

La integración incrementará la estabilidad financiera en la Unión, siempre y cuando las disposiciones institucionales para la cooperación y coordinación en materia de supervisión prudencial sean las adecuadas. En respuesta a la consolidación en curso en los sectores financieros y entre los mismos, varios Estados miembros han reformado o están reformando sus disposiciones en materia de supervisión. Las disposiciones elegidas varían entre los Estados miembros, lo que probablemente aumenta la necesidad de procedimientos claros de cooperación transfronteriza entre las diversas autoridades nacionales de supervisión.

Recientes acontecimientos con repercusión en los mercados financieros han puesto de manifiesto la necesidad de una mejor administración de la empresa. La Unión Europea, a raíz del mandato otorgado por el Consejo Europeo de Barcelona, ha ampliado las atribuciones de grupos de trabajo ya existentes y tiene el propósito de adoptar otras medidas para mejorar el actual marco institucional en este ámbito.

Para acelerar el progreso de integración financiera, será necesario:

i) velar por que todas las partes interesadas -el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión y los Estados miembros- redoblen los esfuerzos por garantizar una aplicación íntegra del PASF de aquí a 2005, y de la legislación sobre el mercado de valores de aquí a 2003; por estas razones, y tal como destacó el Consejo Europeo de Barcelona, el Consejo y el Parlamento Europeo deben adoptar cuanto antes en 2002 las propuestas de directivas sobre garantías, abuso de mercado, indemnizaciones de seguros, comercialización a distancia de servicios financieros, conglomerados financieros, prospectos y fondos de pensiones, junto con el reglamento sobre las normas internacionales de contabilidad. Además, en Oviedo el Consejo acordó que cada medida concreta cumpla los objetivos de integración y eficacia; los Estados miembros deben garantizar cuanto antes la aplicación de la legislación ya adoptada por el Consejo,

ii) intensificar los esfuerzos por aplicar el PACR de aquí a 2003, reformando los procedimientos de quiebra para ofrecer un mejor equilibrio entre la actividad de las empresas y la protección de los inversores, y elaborar un marco fiscal más favorable a la inversión y el espíritu empresarial, y

iii) seguir mejorando, a nivel nacional, comunitario e internacional, los mecanismos que permitan una cooperación, coordinación e intercambio de información transfronterizos e intersectoriales eficaces con fines prudenciales, y

iv) fomentar decididamente la eliminación de obstáculos a una compensación y liquidación transfronterizas eficaces, así como supervisar su avance.

3.6. Fomentar el espíritu empresarial

Para mejorar la productividad y elevar el nivel del crecimiento potencial de la economía europea es necesario que las empresas inviertan más y de forma más productiva. Establecer un entorno competitivo, apoyado en una infraestructura pública adecuada y una administración moderna y eficaz, es fundamental para fomentar la creación y la expansión de las empresas. Todos los Estados miembros son conscientes de esta necesidad, como lo demuestran las diversas medidas adoptadas para reducir la carga reglamentaria sobre las empresas, estimular su creación y facilitar el acceso de las PYME a la financiación. El estatuto europeo de las pequeñas empresas aprobado en el Consejo Europeo de Feira (junio de 2000) también contribuirá a apoyar a este sector. Sin embargo, las diferencias en cuanto a entornos empresariales entre los Estados miembros -y, en particular, en el ámbito fiscal- siguen siendo importantes. Esto ofrece amplio margen para aprender de las buenas prácticas. Los Estados miembros deben:

i) crear un entorno favorable a la empresa:

- mejorar y simplificar sus regímenes de impuesto sobre las sociedades y el entorno reglamentario; limitar al mínimo estricto los obstáculos al espíritu empresarial, entre otras cosas reduciendo los plazos y costes habituales para la creación de empresas y reduciendo las cargas administrativas,

- incrementar la eficacia de los servicios públicos, entre otras cosas, mediante un mayor uso de la contratación pública y la evaluación comparativa, una mayor participación del sector privado y una mayor competencia entre operadores de servicios públicos, velando al mismo tiempo por que los diversos proveedores de servicios compitan en condiciones de igualdad, y hacer que los servicios de las administraciones públicas estén disponibles en línea, y

- reducir los obstáculos a la actividad económica transfronteriza debidos, en particular, a las disparidades entre Estados miembros en cuanto a normas contables, normas sobre gobernanza de empresas, fiscalidad de las sociedades e IVA;

ii) traducir en acciones los compromisos acordados según el estatuto europeo para la pequeña empresa.

iii) fomentar la asunción de riesgos mediante un mejor acceso a la financiación, en particular, para las PYME en fases iniciales. La oferta de capital asociada a conocimientos técnicos sobre gestión es de especial importancia para las PYME (véase también la sección 3.5).

3.7. Potenciar la economía del conocimiento

Pese a avances recientes, la Unión Europea sigue a la zaga de Estados Unidos tanto en desarrollo como en difusión de nuevas tecnologías. Por otra parte, hay entre los Estados miembros diferencias importantes, tanto de gasto en I + D en porcentaje del PIB como de número de solicitudes de patentes per cápita. Se requieren mayores y mejores inversiones en capital humano, I + D y TIC, sobre todo por parte del sector privado, a fin de consolidar la competitividad europea. El proyecto de radionavegación por satélite de la Unión Galileo, recientemente aprobado, es digno de señalar en este sentido. Debe animarse a las empresas, a los interlocutores sociales y a los ciudadanos a aprovechar las oportunidades que ofrece la economía del conocimiento. Los sistemas de educación y formación deben adaptarse mejor a las necesidades de las personas más propensas a verse desfavorecidas en el mercado de trabajo. Esto supone que los Estados miembros deben:

i) estimular la I + D y la innovación:

- crear unas condiciones marco propicias para aumentar el gasto global en I + D en la Unión Europea con el fin de acercarse al 3 % del PIB antes de 2010 e incrementar la eficacia de la I + D. Dos tercios de esta inversión deben proceder del sector privado. Esto implica mejorar los incentivos para que las empresas inviertan en I + D, a través de una estrategia integrada con vistas a aumentar el nivel de competencia en los mercados de productos, proporcionar mejor acceso al capital de riesgo, proteger mejor los derechos de propiedad intelectual (incluida la creación de una patente comunitaria asequible), asegurando a la vez una difusión más rápida de las nuevas tecnologías y empleando con eficacia los incentivos fiscales y otros incentivos financieros,

- mejorar los vínculos entre universidades y empresas a fin de facilitar la transferencia de los conocimientos y la comercialización de los resultados de la I + D. Establecer prioridades claras y coherentes de investigación pública,

- mejorar la colaboración en investigación e innovación en toda Europa, y

- adoptar el sexto programa marco de investigación;

ii) fomentar el acceso y utilización de las TIC:

- garantizar la competencia efectiva en las redes de telecomunicaciones locales (el "bucle local") con vistas a acelerar el desarrollo de la red de banda ancha europea, y

- estimular, en particular mediante la definición de un nuevo plan de acción e-Europa 2005, el uso de Internet en todos los estratos de la sociedad (en los hogares, las escuelas, las empresas y las administraciones públicas) y, en particular, aumentar la proporción de ordenadores con conexión a Internet a uno por cada quince alumnos.

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iii) redoblar los esfuerzos de educación y formación:

- tanto públicos como privados, a fin de aumentar la oferta de investigadores con experiencia y el número de expertos cualificados en el ámbito de las TIC, y mejorar el nivel general de estudios de la población a fin de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a unas competencias básicas,

- aumentar las capacidades de los sistemas de educación y formación para responder adecuadamente a los cambios en los requisitos de formación, y, sobre todo, para cubrir las necesidades de los colectivos que suelen verse desfavorecidos en el mercado de trabajo, tales como las mujeres, los trabajadores de más edad o quienes no terminan sus estudios, e

- introducir instrumentos que garanticen la transparencia de los diplomas y cualificaciones.

3.8. Fomentar el desarrollo sostenible

La protección de recursos ambientales tales como el aire, el agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad y la lucha contra las amenazas ambientales a la salud pública requieren una política medioambiental activa, que permita asegurar un uso responsable de recursos naturales escasos y un desarrollo económico, ambiental y socialmente sostenible a largo plazo. Los compromisos contraídos a nivel internacional, especialmente en el campo del cambio climático, también requieren actuación política.

El Consejo Europeo de Estocolmo abogó por integrar el fomento del desarrollo sostenible en las Orientaciones generales de política económica. Tal como subrayó a su vez el Consejo Europeo de Gotemburgo, el desarrollo sostenible es un concepto que trasciende una evaluación meramente económica y aspira a lograr mejoras en la calidad de vida mediante medidas coherentes y basadas en una evaluación global de las dimensiones económica, social y ambiental. De este modo, adopta un planteamiento a largo plazo, que atiende al bienestar de las generaciones tanto presentes como futuras. Por consiguiente, es preciso analizar de forma adecuada y exhaustiva, en cada ámbito, los costes y beneficios sociales, económicos y medioambientales de las medidas políticas.

Se han definido acciones prioritarias concretas en los distintos ámbitos. La presente sección se centra en la integración de los aspectos ambientales en la política económica y, en especial, en el uso de instrumentos basados en el mercado como medio para impulsar el desarrollo sostenible.

La actuación del Gobierno se ve a menudo demorada por la inquietud ante las posibles consecuencias a corto plazo de las políticas de protección del medio ambiente sobre el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de las empresas, los sectores y los Estados miembros. Unos objetivos claros y estables de desarrollo sostenible podrían presentar posibilidades económicas mediante un potencial de innovación e inversión en tecnología, con la consiguiente generación de crecimiento y empleo. En este contexto, los Estados miembros deben hacer mayor uso de instrumentos económicos. Estos instrumentos ofrecen a la industria flexibilidad para reducir la contaminación de manera rentable y fomentar la innovación tecnológica. Además, son a menudo los medios más eficaces para contener los efectos externos negativos, ya que permiten la internalización de los costes externos en los precios. Son por tanto una manera de aplicar de manera regular y productiva el principio de "quien contamina paga". A este respecto, es importante una mejor información a los ciudadanos y las empresas interesadas y una evaluación adecuada de los instrumentos.

Los Estados miembros deben establecer objetivos y calendarios claros para sus políticas, tales como los aprobados por el Consejo Europeo de Gotemburgo, y aplicarlos de manera consecuente, de modo que las empresas y los consumidores puedan adaptarse sin problemas. Es necesaria una actuación continua cada año a fin de desligar gradualmente el crecimiento económico del uso de los recursos y, en especial, el crecimiento del transporte y el consumo de energía y el crecimiento del PIB. Unos cambios coordinados y graduales, pero constantes y creíbles, en el nivel y la estructura de los tipos impositivos, hasta que reflejen plenamente los costes externos en los precios, permitirían reducir al mínimo los problemas de ajuste estructural y favorecerían la adaptación y la introducción de soluciones innovadoras por parte de las empresas. Este planteamiento también reduciría al mínimo las exenciones poco rentables para las empresas o sectores más afectados. Este tipo de exenciones reduce la eficacia ambiental de la medida, falsea la estructura fiscal y resulta a menudo difícil de eliminar más tarde. El establecimiento de un marco para coordinar el uso de instrumentos económicos a nivel comunitario podría ayudar a evitar este tipo de distorsiones y a apoyar el mercado interior.

Por consiguiente,

i) los Estados miembros y la Comunidad deben tratar de facilitar, dentro de sus respectivas competencias, análisis de impacto en los que se estudien las consecuencias sociales y medioambientales de las medidas,

ii) con objeto de lograr una mayor eficacia de los instrumentos basados en el mercado, deberá incrementarse la competencia mediante la desregulación y la conexión de los mercados y mediante la disminución de los obstáculos de entrada y salida,

iii) los Estados miembros deben instaurar y reforzar unas políticas basadas en instrumentos económicos tales como los impuestos, cánones de usuario y de contaminador, regímenes de seguros y responsabilidad civil, compromisos voluntarios y derechos de emisión comercializables. Un sector clave para esta política es el del transporte, en sus diversos modos, que aún carece un sistema coherente e integrado de derechos de uso e impuestos que permita integrar adecuadamente las externalidades y reflejar la utilización de recursos,

iv) para cumplir de manera rentable los requisitos del protocolo de Kioto, los Estados miembros deben prepararse para la introducción del comercio de derechos de emisión a nivel de la Unión Europea, asegurándose, entre otras cosas, de que dispongan de procedimientos suficientemente sólidos para supervisar, informar y verificar las emisiones. Los Estados miembros que ya hayan establecido sistemas de comercio de derechos de emisión para los gases de efecto invernadero, o que prevean hacerlo, deben asegurarse de que sus sistemas sean compatibles con el sistema comunitario que actualmente se debate en el Consejo. Los Estados miembros deben estudiar el modo de asignar los permisos de emisión. En un sentido más general, los Estados miembros deben preparar las medidas y políticas adecuadas para cumplir sus obligaciones adquiridas en Kioto, en particular con objeto de lograr una mayor eficacia en la gestión de las demandas de energía y transporte,

v) los Estados miembros deben fomentar la difusión de información sobre el medio ambiente en las cuentas anuales de las empresas, conforme a la Recomendación de la Comisión de 30 de mayo de 2001,

vi) los Estados miembros, siempre que ello sea coherente con los objetivos del desarrollo sostenible, deben reducir las subvenciones sectoriales, las exenciones fiscales y demás medidas, que tienen consecuencias negativas para el medio ambiente,

vii) los Estados miembros deben, paralelamente al acuerdo sobre la apertura de los mercados de la energía, llegar a un acuerdo, a más tardar en diciembre de 2002, sobre un marco adecuado para la fiscalidad de la energía a nivel europeo, y

viii) para que la Unión Europea "muestre avances sustanciales en la mejora de la eficacia energética para 2010", tal como solicitaba el Consejo Europeo de Barcelona, los Estados miembros deben seguir aplicando medidas sobre la utilización de la energía, en particular en el sector del transporte.

II. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍSES

1. BÉLGICA

La actividad económica belga experimentó una aguda deceleración en 2001, con un crecimiento real del PIB del 1 %, tras un excepcional 2000 en el que la economía creció un 4 %; la deceleración del comercio mundial y el consiguiente deterioro de la confianza empresarial fueron las principales razones de esta evolución. Actualmente se espera que la actividad económica se recupere poco a poco en los primeros trimestres de 2002 y más en el segundo semestre del año, con mayor dinamismo en los volúmenes tanto de exportación como de importación; sin embargo, no se espera que el crecimiento real del PIB en término medio supere los resultados del año anterior. En 2003, la economía registrará un crecimiento algo inferior al 3 %, gracias a un comercio internacional más constantes y una demanda interior más firme. La inflación medida por el IPC, que fue del 2,5 % en 2001, descenderá claramente por debajo de un 2 % en 2002 y se mantendrá moderada en 2003. Se espera que el empleo crezca en 2003, si bien a ritmo menos rápido que recientemente; el desempleo aumentará ligeramente en 2002, antes de descender nuevamente en 2003. El nuevo acuerdo marco que se firmará a finales de 2002 para el período 2003-2004 mantendrá la moderación salarial.

Pese a disminuir, el coeficiente de deuda pública en porcentaje del PIB es aún muy alto en Bélgica y requiere un ulterior ajuste presupuestario, sobre todo a fin de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de envejecimiento demográfico. Debe continuar la reforma de las pensiones complementarias ya en curso, en particular por lo que respecta a la normativa conducente a la jubilación anticipada y a las pensiones complementarias, con objeto de hacer frente a este desafío. El bajo nivel de empleo, las grandes diferencias regionales en materia de desempleo, la insuficiente competencia en sectores de servicios específicos, las cargas administrativas sobre las empresas y la insuficiente eficacia de la administración pública son otros tantos ámbitos que requieren atención.

Política presupuestaria

Pese a la acusada deceleración de la actividad económica en 2001, los presupuestos del Estado estaban en equilibrio (o en superávit del 0,2 % del PIB si se incluyen los ingresos por las licencias de UMTS); el elevado superávit primario permitió mantener el equilibrio de la balanza de las administraciones públicas, en un 6,6 % del PIB, logrado gracias a la reducción del gasto primario y los altos ingresos tributarios; otros factores específicos, tales como las ventas inmobiliarias, contribuyeron en cerca del 0,3 % del PIB a estos resultados. La actualización de 2001 del programa de estabilidad aspira a un equilibrio de las administraciones públicas en 2002 y a un superávit del 0,5 % del PIB en 2003. El mantenimiento de elevados superávits primarios, del orden de un 6 % del PIB al año, sigue siendo elemento esencial de la estrategia de ajuste presupuestario dado el nivel aún muy elevado de deuda pública y los problemas que planteará a largo plazo el envejecimiento demográfico. El límite del crecimiento real del gasto de la entidad I (que agrupa a la autoridad federal y la seguridad social) al 1,5 % al año se considera adecuado para alcanzar este objetivo. El coeficiente de deuda pública apenas disminuyó en 2001, debido principalmente al escaso crecimiento del PIB nominal y a otros factores específicos; según las proyecciones, a finales de 2003 caerá de nuevo justo por debajo del 100 % del PIB. En este contexto, y dado que Bélgica forma parte de la zona del euro, la política presupuestaria debe contemplar los objetivos siguiente:

i) evitar en 2002 un deterioro de la hacienda pública con respecto a 2001, en particular, limitando el gasto público corriente,

ii) proseguir la consolidación presupuestaria en 2003 y alcanzar un superávit de las administraciones públicas del 0,5 % del PIB, cumpliendo el límite del 1,5 % del crecimiento real del gasto para la entidad I y mediante una estricta vigilancia presupuestaria por parte de todas las instancias públicas, e

iii) intensificar la actual estrategia con objeto de prepararse para las consecuencias presupuestarias del envejecimiento de la población, concretamente reduciendo aún más el nivel de deuda y prosiguiendo la reforma del sistema de pensiones, abordando mejor el problema de la baja edad efectiva de jubilación y cuantificando con mayor claridad los recursos presupuestarios que deben asignarse anualmente al fondo destinado al envejecimiento.

Mercado de trabajo

El mercado de trabajo belga se vio afectado por el debilitamiento del crecimiento económico en 2001. La rápida disminución de la tasa de desempleo registrada en los dos últimos años terminó por detenerse, y ahora se espera que aumente ligeramente en 2002. Si bien la tasa de empleo global aumentó continuamente a lo largo de la segunda mitad de los años noventa, pasando del 56,3 % en 1996 a aproximadamente 61 % a finales de 2000, es aún inferior a la media de la Unión Europea, debido principalmente a las tasas relativamente bajas de trabajadores jóvenes (29 % de 15 a 24 años), trabajadores de más edad (tan sólo el 24 % de 55 a 64 años) y mujeres (51,5 %). Dentro de la introducción de un "Estado del bienestar activo", el paso gradual de medidas pasivas a medidas activas y preventivas de lucha contra el desempleo continuó en 2001. Sin embargo, y a pesar de las medidas ya aplicadas, la dependencia con respecto a las prestaciones sociales es aún relativamente grande en algunos segmentos del mercado de trabajo, y podrían adoptarse nuevas medidas para eliminar las últimas "trampas del desempleo" y animar a los pensionistas en edad de trabajar, aún muy numerosos, sobre todo en el caso de las personas de edad, a retomar una actividad. Siguen siendo grandes las disparidades regionales. El nivel de empleo en Flandes (alrededor del 64 % en 2000) es aún un 8-9 % superior al de Valonia y la región de Bruselas. Esto refleja una inadecuada movilidad laboral y una insuficiente flexibilidad salarial. Las barreras lingüísticas, los altos costes de la vivienda (debido a los fuertes impuestos de registro), la creciente congestión del tráfico y una inadecuada red de transportes públicos son los principales obstáculos a la movilidad. Como elemento adicional, un mejor uso de la legislación existente, que permite que los empleados sean partícipes de los resultados financieros de sus respectivas empresas, podría contribuir a la lucha contra estas diferencias. Teniendo en cuenta todo lo anterior, y además de aplicar rigurosamente todas las recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Bélgica deben ser:

i) reforzar las recientes medidas de reforma de los sistemas de impuestos y prestaciones a fin de reducir la dependencia con respecto a las prestaciones y hacer que "compense trabajar", en particular, eliminando los últimos aspectos que disuaden a las personas de mayor edad de permanecer activas o de reincorporarse al mercado de trabajo,

ii) adoptar medidas para aumentar la movilidad de la mano de obra, en particular animando a los interlocutores sociales a hacer posible que los mecanismos existentes de formación de salarios reflejen mejor las condiciones y cualificaciones locales del mercado de trabajo, manteniendo al mismo tiempo la moderación salarial,

iii) fomentar un equilibrio apropiado entre la flexibilidad y la seguridad y seguir de cerca el impacto en la oferta de mano de obra de las recientes iniciativas a fin de aumentar la flexibilidad de los horarios y, en especial, el nuevo sistema de "crédito de horario", e

iv) intensificar los esfuerzos por aumentar el nivel de empleo de las mujeres, eliminando los factores que disuaden de su entrada o reincorporación al mercado de trabajo.

Mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento

La apertura de la economía belga estimula la competencia en los mercados de productos, lo que lleva a altos niveles de productividad laboral y a unos precios al consumo situados en la media de la Unión Europea. El índice de transposición de directivas del mercado interior alcanzó el objetivo de marzo de 2002, de un 98,5 %. Pese a la ausencia de competencia efectiva en el bucle local, la liberalización del sector de las telecomunicaciones continúa de manera satisfactoria, y la utilización de Internet por banda ancha crece rápidamente gracias a los bajos costes de acceso. En cambio, los vínculos entre colectividades locales y socios privados carecen aún de transparencia, y en algunos sectores de servicios, como el de la energía, la liberalización está menos avanzada. En particular, el retraso en la creación de un operador independiente de sistemas de transmisión de electricidad y la ausencia de autorización reglamentaria de las tarifas de transmisión impiden la entrada en el mercado. Por lo tanto, la competencia sigue limitada en estos sectores, y las tarifas son elevadas. Los gastos en I + D y TIC se ajustan, por término medio, a las normas de la Unión Europea, pero se concentran en determinados sectores y sociedades. Se han emprendido importantes reformas a fin de reducir las cargas administrativas y aumentar la eficacia de los servicios públicos, y ya empiezan a dar resultados. Sin embargo, las trabas administrativas siguen siendo grandes, y los ferrocarriles siguen recibiendo grandes ayudas del Estado. Así, Bélgica debe favorecer las prioridades siguientes:

i) aumentar la competencia en los sectores de electricidad y gas, designando oficialmente a un operador independiente del sistema de transportes sin participación significativa de los operadores tradicionales (desagregación de la propiedad) y tomar medidas de estímulo a nuevos proveedores al por menor garantizando un acceso equitativo a las redes,

ii) incrementar la transparencia de los vínculos entre los sectores público y privado a nivel local y provincial, en especial el papel de las administraciones locales y sus asociaciones en distintos sectores, como el de la energía, con objeto de evitar distorsiones de la competencia y conflictos de intereses, y

iii) adoptar nuevas medidas a fin de reducir las cargas administrativas sobre las empresas, en particular, por lo que respecta a los plazos y gastos de registro de nuevas sociedades, y potenciar la administración en línea.

2. DINAMARCA

En 2001, el crecimiento económico se ralentizó hasta situarse en un 0,9 %, debido fundamentalmente a la acusada deceleración del crecimiento de la inversión y al deterioro del crecimiento de la demanda exterior. Se prevé que el crecimiento de la producción alcance un 13/4 % este año y acelere hasta cerca de un 21/2 % en 2003, principalmente por el impulso de la demanda nacional. En 2002, los factores que sostendrán el crecimiento serán el consumo privado, que se espera aumente al ritmo de los salarios netos reales, y la inversión, que se recuperará ante unas perspectivas más favorables. Se prevé que las exportaciones danesas aumenten en general al ritmo de la demanda exterior y que las importaciones evolucionen siguiendo la demanda final, de modo la contribución de las exportaciones netas al crecimiento será de nuevo negativa este año. En 2003, la demanda nacional se afianzará más aún, mientras que la contribución de las exportaciones netas al crecimiento será en general neutra. La inflación (IPCA), que aumentó un 2,3 % en 2001, permanecerá en torno a ese nivel también este año, dado que los aumentos de los precios en el sector del vestido compensarán los efectos de unos precios del petróleo algo inferiores y de la "congelación fiscal" introducida por el nuevo Gobierno, antes de caer ligeramente en 2003. La situación seguirá siendo satisfactoria en el mercado de trabajo. Se espera que el empleo aumente marginalmente este año y en cerca de 1/2 punto en 2003. Pese a la deceleración de la economía, el desempleo registrado se mantiene en un nivel muy bajo y cabe esperar una ligera disminución de la tasa de desempleo en 2003, a medida que se remonte el crecimiento.

La economía danesa, que funciona actualmente en un nivel próximo al potencial, debe aumentar su potencial de producción concentrándose en una serie de aspectos. En primer lugar, deben reducirse las trabas que limitan la oferta de trabajo, lo que también ayudaría a frenar la fuerte subida de los salarios. La competencia sigue siendo insuficiente en diversos sectores importantes y, dado el tamaño del sector público, la eficacia del mismo debe aún mejorar. Por último, sigue siendo fundamental una verdadera restricción del consumo público, máxime tras la "congelación fiscal", a fin de que las administraciones públicas dispongan de superávit holgados a medio plazo.

Política presupuestaria

En 2001, el superávit de las administraciones públicas fue del 2,8 % del PIB, excluidos los ingresos de licencias UMTS, que representan un 0,2 %. Se espera que el superávit presupuestario disminuya a un 2,1 % del PIB este año y aumente posteriormente a un 2,4 % del PIB en 2003. La reducción del superávit en 2002 se debe fundamentalmente a que la propuesta de modificación del régimen especial de ahorro-jubilación se ha incorporado a los años objeto de previsión, lo que reduce por razones técnicas el superávit en cerca de 1/2 punto porcentual del PIB(1). La última actualización del programa de convergencia danés mantiene la estrategia basada en una lenta reducción del gasto primario y de los impuestos en proporción del PIB. Como ya ha ocurrido a menudo, el aumento real del consumo público en 2001 rebasó el objetivo fijado por el Gobierno anterior. En cambio, el actual, que entró en funciones en noviembre de 2001, introdujo un nuevo elemento al comprometerse a no aumentar los tipos de imposición tanto directa como indirecta. Además, se ha establecido un límite al impuesto sobre el valor nominal de propiedad de la tierra. Esta "congelación fiscal" no está limitada en el tiempo. Según las previsiones a largo plazo del programa actualizado, la hacienda pública alcanzará superávit de un 1,5 a un 2,5 % del PIB hasta 2010 a fin de poder hacer frente a las consecuencias financieras del envejecimiento. En este contexto, la política presupuestaria debe contemplar los objetivos siguientes:

i) velar por el cumplimiento del objetivo gubernamental de limitar el ritmo de crecimiento real del consumo público a un 1 % anual por término medio, lo que implica que el aumento previsto por las autoridades para 2003 permanezca preferiblemente por debajo del 0,7 % a fin de compensar la subida del 1,3 % prevista en el presupuesto 2002,

ii) velar por el cumplimiento de la congelación fiscal por todos los niveles de administración, en su caso obteniendo compromisos vinculantes por parte de las colectividades locales en el marco de los acuerdos sobre el presupuesto 2003.

Mercado de trabajo

El mercado de trabajo danés es el más potente de la Unión Europea. En 2001 registró un porcentaje de empleo total del 76 %, de un 72 % de mujeres y de un 56 % de trabajadores de más edad. La tasa de desempleo siguió disminuyendo ligeramente en 2001, al 4,3 %, y la situación siguió siendo buena en el mercado de trabajo. No se emprendieron nuevas reformas en 2001. Sin embargo, las reformas anteriores siguen teniendo efectos restrictivos en el número de jubilaciones anticipadas y de asignaciones de pensiones de incapacidad, y los tipos de imposición marginal se reducirán en 2002 conforme al paquete de medidas de Pentecostés de 1999. El nuevo Gobierno anunció recientemente una congelación fiscal. Pese a las reformas anteriores, ha habido una clara tendencia a la negociación de horarios de trabajo más cortos, y la retirada del mercado de trabajo es relativamente alta. La proporción de personas en edad laboral en los regímenes de prestaciones (incluidos los subsidios de desempleo) y los programas activos del mercado de trabajo es del 21 %, lo que contribuye en parte a los persistentes obstáculos a la oferta de mano de obra. Podría fomentarse una nueva expansión de la oferta, necesaria ante el envejecimiento de la población, mediante reformas de los regímenes de impuestos y prestaciones, de modo que la estructura subyacente a dicho régimen sea más favorable al empleo. Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicando al mismo tiempo con rigor todas las Recomendaciones sobre Empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, la prioridad principal para Dinamarca debe ser:

i) procurar que "compense trabajar" prosiguiendo los cambios en los sistemas de transferencias y reducir la presión fiscal sobre el trabajo, en particular sobre los salarios medios y bajos.

Mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento

La economía danesa presenta un grado de apertura (comercio total en relación al PIB) inferior a la mayoría de los demás pequeños Estados miembros, lo que, junto a unos precios relativamente elevados, se debe en parte a la ausencia de competencia en algunos sectores. Por el contrario, son escasas las ayudas estatales ad hoc y sectoriales, y el historial de transposición de las directivas del mercado interior es excelente. Se ha avanzado en cuanto a la liberalización de los mercados de telecomunicaciones y electricidad, así como en la apertura de los contratos públicos. Menos éxito ha habido en la apertura de los mercados del gas a la competencia. La penetración de las TIC es elevada y el gasto en I + D, superior a la media de la Unión Europea. Sin embargo, en el ámbito de la I + D, Dinamarca va a la zaga de los demás Estados miembros nórdicos, debido en particular a la menor contribución de las empresas privadas y a una explotación comercial menos rentable. Además, según una investigación de la OCDE, Dinamarca combina un importante presupuesto destinado a la enseñanza pública con unos resultados relativamente pobres en este ámbito. Por ello, Dinamarca debe favorecer los objetivos siguientes:

i) intensificar los esfuerzos por introducir la competencia en los sectores donde ésta es aún insuficiente,

ii) fomentar la competencia en los servicios públicos a nivel local mediante una mayor participación del sector privado y la competencia entre operadores, y

iii) completar la plena apertura de los mercados de electricidad y gas y garantizar un acceso equitativo a las redes.

3. ALEMANIA

El PIB alemán aumentó un 0,6 % en 2001. En el consumo privado, las reducciones del impuesto sobre la renta introducidas en enero limitaron la disminución de la tasa de crecimiento debida al aumento de los precios de los carburantes petroleros y al empeoramiento del entorno internacional con su efecto negativo en el desempleo, que empezó a aumentar levemente a lo largo del año. En cambio, la inversión sufrió una fuerte caída en un entorno caracterizado por las escasas perspectivas de crecimiento. La reducción de inventarios también tuvo repercusiones en la economía. Por ello, la demanda interior se estancó en 2001. Así pues, el crecimiento obtenido procede sobre todo de las exportaciones netas. Para 2002, los principales indicadores apuntan a una mejoría a mediados de año gracias a la recuperación de la inversión; el consumo, en cambio, seguirá sufriendo las consecuencias del aumento del desempleo. No obstante, y pese a la fuerte mejora esperada, el índice de crecimiento medio del PIB seguirá siendo inferior al 1 % en 2002 debido a un efecto de base estadístico muy negativo a principios de año. La subida media de los precios al consumo alcanzó un 2,4 % en 2001, en un contexto de aumento mayor de lo previsto de los precios del petróleo y la alimentación. La inversión prevista de estos efectos ejercerá presión en favor de unos precios más bajos y mantendrá la inflación en CPI por debajo del 2 %, uno de los niveles más bajos de la zona del euro. El empleo empezó a disminuir en 2001 y, pese a aceleración prevista en la actividad económica, será por término medio más bajo en 2002. Por consiguiente, cabe prever que el desempleo sea en 2002 por término medio algo más alto que en 2001.

Como consecuencia de la reforma fiscal y de la deceleración económica, el déficit público de Alemania alcanzó un 2,7 % del PIB en 2001. Es por ello primordial acelerar el saneamiento de la hacienda pública y velar por la estricta aplicación del programa de estabilidad, procurando, en particular, que el déficit público en 2002 siga siendo inferior al valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. Si bien la actual deceleración cíclica se debe esencialmente a factores exógenos, el potencial de crecimiento de la economía alemana también se ve limitado por las consecuencias indirectas de la reunificación, incluida la crisis del sector de la construcción, y por la lentitud de las reformas estructurales. La máxima prioridad debe ser incrementar y aprovechar plenamente el potencial de crecimiento. Aplicadas en un marco macroeconómico orientado hacia el crecimiento y la estabilidad, las reformas deben tener como finalidad reducir la tasa persistentemente elevada de desempleo, a reducir las disparidades regionales en este ámbito, así como a mejorar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo. Este esfuerzo debe ir acompañado de medidas a fin de aumentar la tasa de empleo, en particular reformando los regímenes de prestaciones, de modo que compense trabajar, y eliminando los factores que disuaden a los trabajadores, y más concretamente a las mujeres, de incorporarse o permanecer en el mercado de trabajo. Con las reformas efectuadas por Alemania en los regímenes fiscales y las pensiones, últimamente se ha ido avanzando en este sentido. Aun cuando la reciente reforma de las pensiones es un importante paso en la buena dirección, es posible que sean necesarias reformas adicionales en el futuro. Las mejoras en el entorno empresarial en general, sobre todo mediante ulteriores reformas de los mercados de productos, capital y trabajo, también contribuirán a reforzar el potencial de crecimiento económico de Alemania.

Política presupuestaria

Según las últimas estimaciones de la Oficina estadística federal, el déficit de las administraciones públicas alcanzó un 2,7 % del PIB en 2001. Este deterioro con respecto a los resultados de 2000 (-1,3 % del PIB, excluidos los ingresos por las licencias UMTS) y a las proyecciones del programa de estabilidad actualizado de octubre de 2000 (que preveía un déficit del 1 1/2 % del PIB) se debe principalmente a una disminución del crecimiento más acentuada de lo previsto y a una serie de revisiones estadísticas. Sin embargo, se produjo cierto rebasamiento del gasto en el sector general de la sanidad y también en los presupuestos de algunos Estados federados. Este año, dado el escaso crecimiento del PIB y el aumento de algunas prestaciones sociales, no cabe esperar que el déficit se reduzca con respecto al año pasado, pese al aumento de algunos impuestos.

En la reunión del Consejo Ecofin de 12 de febrero de 2002, el Gobierno alemán se comprometió a respetar el valor de referencia de un 3 % del PIB para el déficit de las administraciones públicas en 2002 y se comprometió a recuperar una situación presupuestaria próxima al equilibrio en 2004. Tal compromiso se reafirmó a través del acuerdo alcanzado entre la Federación y los Estados federados en la sesión especial del Consejo de planificación financiera (Finanzplanungsrat) celebrada el 21 de marzo de 2002. Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que Alemania es miembro de la zona del euro, la política presupuestaria debe tener por objetivos:

i) velar por que no se supere el valor de referencia del 3 % del PIB para el déficit de las administraciones públicas y utilizar todos los potenciales dividendos del crecimiento para reducir el déficit por debajo del límite máximo del 2 1/2 % del PIB establecido para 2002 en el último programa de estabilidad actualizado,

ii) en 2003, encaminarse a una reducción del déficit que sea suficiente para alcanzar una situación próxima al equilibrio o en superávit en 2004. Con este fin, seguir conteniendo el gasto y velar por que todo posible margen de maniobra presupuestario se destine a reducir el déficit,

iii) llevar a cabo la necesaria reforma del sistema sanitario a fin de reducir las presiones sobre el gasto y contribuir a la mejora de la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorando la calidad y la eficacia económica de la atención sanitaria, y

iv) adoptar en el actual período de sesiones parlamentarias las modificaciones acordadas en la ley del presupuesto (Haushaltsgrundsätzegesetz) y velar por un control efectivo de los acuerdos alcanzados en la sesión especial del Finanzplanungsrat del 21 de marzo 2002.

Mercado de trabajo

El mercado de trabajo alemán sufrió las consecuencias de la deceleración económica en 2001, año en que el crecimiento del empleo se detuvo y el desempleo empezó de nuevo a aumentar. El nivel de empleo global, de un 65 % en 2000, es superior a la media de la Unión Europea. El paro juvenil es relativamente bajo. Sin embargo, el desempleo, la mitad del cual es de larga duración, sigue siendo alto, de un 7,9 %, ligeramente por encima de la media de la Unión. Las tasas de desempleo regionales siguen variando considerablemente. Pese a una reciente flexibilización de las negociaciones salariales, la diferenciación y la movilidad salariales no son suficientes para contribuir adecuadamente a una reducción clara del diferencial regional. Se han adoptado medidas adecuadas (como la ley de empleo AQTIV y el llamado "modelo de Maguncia" para el subsidio de los puestos de trabajo con bajos salarios) a través de una nueva legislación destinada a racionalizar las políticas activas del mercado de trabajo, pero es preciso dar mayor eficacia a los grandes programas de medidas activas en las regiones con desempleo elevado. Por otra parte, la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores poco cualificados es muy escasa, y su riesgo de desempleo es un 60 % superior a la media. Todo aumento adicional de los niveles de empleo dependerá fundamentalmente de superar los aún fuertes factores desintencivadores y los obstáculos a la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores menos cualificados, las mujeres y los trabajadores de edad más avanzada. Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicando al mismo tiempo con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Alemania deben ser:

i) intensificar los esfuerzos por que "compense trabajar", reformando los regímenes de impuestos y prestaciones, en particular en el caso de las mujeres y los trabajadores de más edad; son candidatos para la reforma: los criterios y condiciones de atribución de prestaciones, su duración y tasa de sustitución, así como su retirada en caso de contratación; es preciso reducir las cotizaciones de seguridad social, en particular en el extremo inferior de la escala salarial, respetando al mismo tiempo la necesidad de mantener unas finanzas públicas saneadas,

ii) mejorar la eficacia de los programas de medidas activas del mercado de trabajo, en particular, cuando se aplican a gran escala, y seguir desarrollando la ayuda a la búsqueda de empleo haciéndola al mismo tiempo más eficaz; orientar mejor estos programas a fin de beneficiar a los colectivos más expuestos al desempleo de larga duración y responder a las necesidades del mercado de trabajo,

iii) respetando la autonomía de los interlocutores sociales, fomentar instituciones y sistemas de negociación colectiva que atiendan al vínculo entre la evolución salarial y la situación en el mercado de trabajo, lo que permitiría a los salarios evolucionar en función de la productividad y las divergencias de calificaciones, con vistas a aumentar el empleo en todas las cualificaciones y regiones, manteniendo al mismo tiempo evoluciones salariales orientadas a la estabilidad y el empleo,

iv) promover una organización del trabajo más flexible y revisar la normativa en materia de contratos laborales con objeto de fomentar la creación de más puestos de trabajo y lograr un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad, y

v) eliminar las barreras a la participación femenina en el mercado de trabajo, fomentando, entre otras cosas, la disponibilidad de las instalaciones de cuidado de niños.

Mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento

La economía alemana está relativamente abierta para tratarse de una economía de gran tamaño (coeficiente total entre comercio y PIB), y los niveles de precios al consumo se encuentran cerca de la media de la Unión Europea. Las ayudas estatales van disminuyendo poco a poco. Los requisitos de tiempo y costes para crear sociedades anónimas de responsabilidad limitada se sitúan alrededor de la media de la Unión Europea y son mínimos en el caso de las sociedades unipersonales. Alemania ocupa una posición fuerte en cuanto a economía del conocimiento: gasto de las empresas en I + D, solicitudes de patentes y proporción de trabajadores que cuentan al menos con educación secundaria superior. El progreso en relación con el mercado interior (transposición de directivas del mercado interior, apertura de la contratación pública) ha sido limitado. En parte debido a las medidas nacionales destinadas a lograr objetivos medioambientales, los niveles de precios de la electricidad (hogares) y el gas siguen muy por encima de la media de la Unión, y los antiguos monopolistas regionales siguen disfrutando de una posición fuerte en las actividades de suministro. Por último, el éxito académico de los alumnos de 15 años y la proporción de estudiantes de bachillerato con respecto a los universitarios están por debajo de la media de la Unión Europea. Dos tercios de los alumnos de esta edad inician un programa especial de formación profesional dual, que tiene un efecto positivo en el desarrollo de la juventud y que mantiene el desempleo de este grupo de edad en un nivel relativamente bajo en comparación con otros Estados miembros. Teniendo en cuenta lo anterior, las principales prioridades para Alemania deben ser:

i) garantizar la competencia efectiva en los mercados de la electricidad y el gas con vistas a reducir los niveles y las diferencias regionales de los cánones cobrados por el uso de redes de distribución energéticas; establecer una función reglamentaria del sector de energía a fin de asegurar el control efectivo de las condiciones de determinación de tarifas,

ii) emprender las iniciativas necesarias para mejorar el nivel escolar de los estudiantes en general y, en particular, aumentar la proporción de jóvenes que ingresan en la Universidad, y

iii) incrementar el índice de transposición de la legislación del mercado interior con vistas a alcanzar el objetivo del 98,5 % de directivas del mercado interior y aumentar el valor de las licitaciones públicas en el Diario Oficial.

4. GRECIA

A raíz del deterioro de la economía mundial, la actividad económica en Grecia disminuyó un tanto en 2001, pero se vio sostenida por factores internos. La inversión se vio beneficiada por la considerable reducción de los tipos de interés debido a la entrada en la zona del euro en 2001 y al aumento de las transferencias de los fondos estructurales de la Unión, sumados a los destinados a los preparativos de los Juegos Olímpicos de 2004. Al mismo tiempo, el auge del crédito al consumidor y el aumento de la renta disponible real potenciaron el gasto en consumo. Por el contrario, el comercio exterior tuvo efectos negativos en el crecimiento del PIB real debido al peso de las importaciones en la demanda interior y la insuficiencia de los aumentos de competitividad. Es probable que esta pauta de crecimiento se mantenga en 2002, pero en 2003 se prevé una mejora gracias a la recuperación de la demanda exterior. La situación en el mercado de trabajo mejoró lentamente a lo largo de los últimos años, y el empleo creció a ritmo relativamente escaso en el conjunto de la economía pese a los numerosos empleos creados en los servicios y la construcción. Las tensiones inflacionistas surgidas a principios de 2001 por el efecto retrasado del aumento de los precios del petróleo en 2000 empezaron a remitir en el segundo semestre de 2001. Las negociaciones sobre los salarios del sector privado han llegado a término. En el acuerdo se contempla un aumento nominal del 5,4 y del 3,9 % para 2002 y 2003, respectivamente.

Pese a los avances realizados en los últimos años, los retos a medio plazo a que se enfrenta la economía griega hacen necesario mejorar su funcionamiento. En los últimos años se corrigieron los desequilibrios fiscales, pero el cociente de deuda pública sigue siendo muy elevado y exige mantener un fuerte saneamiento presupuestario, máxime dado el serio riesgo de desequilibrios presupuestarios que puede representar a largo plazo el envejecimiento demográfico. La fase actual de crecimiento del PIB real ofrece posibilidades de acelerar las reformas estructurales a fin de elevar el aún bajo nivel de productividad, aumentar la eficiencia del mercado de trabajo y los mercados de productos y crear un ambiente más favorable a las empresas. Por último, la reducción de la elevada tasa de desempleo estructural y el aumento de las tasas de empleo siguen siendo retos fundamentales.

Política presupuestaria

En 2001, las cuentas de las administraciones públicas registraron un déficit del 0,4 % del PIB, pero se equilibraron si se incluyen los ingresos no presupuestados por las licencias UMTS. La actualización para 2001 del programa de estabilidad prevé un superávit público del 0,8 % del PIB en 2002 y del 1 % en 2003; estas proyecciones presupuestarias se basan en un fuerte crecimiento del PIB real en todo este período (hasta llegar a alrededor un 4 % al año). La estrategia presupuestaria sigue orientada a la obtención de elevados superávits primarios, que no obstante se espera disminuyan durante este período; en realidad, la mejora de los saldos presupuestarios públicos obedece enteramente a un continuo descenso de los pagos de intereses; el gasto primario corriente, en cambio, apenas disminuirá. La ratio de la deuda pública pasará de un 99,6 % del PIB en 2001 a un 94,4 % en 2003, dado que su reducción se vio limitada por factores imprevisibles, a saber, grandes operaciones financieras. Por ello, y dado que Grecia forma parte de la zona del euro, la política presupuestaria debe tener por objetivos:

i) procurar que las orientaciones adoptadas en 2002 y 2003 no contribuyan a exacerbar las tensiones inflacionistas, teniendo también en cuenta el próximo acuerdo nacional sobre los salarios del sector privado, que se espera concluir en 2002,

ii) atenerse a la recomendación ya formulada en las Orientaciones generales de política económica para 2000 de aplicar normas claras y vinculantes para el aumento del gasto corriente en términos reales,

iii) procurar que la reducción del cociente de la deuda pública en el PIB guarde relación con la reducción prevista del déficit público y el aumento del PIB nominal y limitar el recurso a operaciones financieras que repercutan negativamente en el nivel de deuda pública, y

iv) acelerar la reforma de los regímenes de seguridad social y, en particular, reformar el sistema de jubilación a partir de 2002 con vistas a evitar los graves desequilibrios presupuestarios que podría causar el envejecimiento demográfico en los próximos años.

Mercado de trabajo

La recuperación económica de Grecia en los últimos años vino acompañada de un crecimiento del empleo (sin embargo inferior a la media de la zona del euro). Esta creación de empleo, aunque inicialmente compensada por aumentos de la oferta de mano de obra, permite desde hace uno o dos años una leve reducción de la tasa de desempleo, sobre todo en 2000. Con todo, el mercado de trabajo griego aún se caracteriza por un bajo nivel de empleo (el 55,7 % en 2000) y un alto nivel de desempleo estructural. Por otra parte, el mercado se encuentra muy segmentado, con altos índices de desempleo juvenil y femenino y una elevada proporción de desempleo de larga duración. En 2001 las medidas del mercado de trabajo se centraron en aplicar el paquete de reformas del mercado de trabajo de diciembre de 2000 y en la reforma de la oficina pública de empleo y el sistema de formación educativa y profesional. Pese a las medidas recientes, el mercado de trabajo aún presenta una serie de problemas: una reglamentación prolija; una insuficiente diferenciación salarial; un falseamiento de los incentivos al trabajo en el sector formal, incorporado en los derechos de pensión y en el sistema impositivo. Existe un fuerte grado de progresividad en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y una elevada carga sobre los trabajadores por cuenta ajena en comparación con los autónomos, si bien la presión fiscal media es reducida. Por otra parte, el sistema educativo y de formación profesional debe reforzarse a fin de adaptarse mejor a los requisitos del mercado de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicando enérgicamente todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Grecia deben ser:

i) llevar a cabo con urgencia la reforma de los derechos de pensiones a fin de animar a los trabajadores de más edad a trabajar y permanecer activos,

ii) seguir mejorando los sistemas de formación educativa y profesional a fin de aumentar las cualificaciones de la mano de obra y cubrir las necesidades del mercado de trabajo,

iii) seguir avanzando en la eliminación de las principales distorsiones sobre los incentivos al trabajo debidas a la interacción de las cotizaciones a la seguridad social y las rigideces del mercado de trabajo,

iv) impulsar la adaptación de los sistemas de formación de salarios para que reflejen mejor las diferencias de productividad y las condiciones locales del mercado de trabajo velando, en particular, por que las excepciones previstas en los pactos territoriales de empleo puedan aplicarse en la práctica, y

v) aplicar íntegramente los programas de reforma del mercado de traba