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Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad, con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa es en líneas generales plausible para 2013 y sujeto a riesgos a la baja en 2014 y en los años posteriores, en comparación con las previsiones de la primavera de 2013 de los servicios de la Comisión. Aunque el Programa de Estabilidad prevé un crecimiento menor para el período 2014-2016 que las previsiones de los servicios de la Comisión de primavera, estas últimas se basan en la hipótesis de políticas constantes, de modo que no tienen en cuenta el saneamiento presupuestario necesario para lograr los objetivos presupuestarios del Programa de Estabilidad. El objetivo de la estrategia presupuestaria expuesta en el Programa de Estabilidad es situar el déficit de la administración pública por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en 2016 a más tardar. El saneamiento se basa, fundamentalmente, en la contención del gasto, con una disminución de la ratio de gasto de 3,7 puntos porcentuales en el período 2012-2016, aunque también en algunas medidas de aumento de los ingresos. Sobre la base del saldo estructural (recalculado) (5), la mejora anual del déficit estructural previsto en el Programa de Estabilidad es de 1,2 %, 0,4 %, 0,9 % y 0,9 % del PIB para los años 2013 a 2016. Tras la corrección del déficit excesivo, el Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo (OMP) de equilibrio presupuestario en términos estructurales, que se conseguiría en 2018 a más tardar. El OMP es más ambicioso que el exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El ritmo previsto de ajuste en términos estructurales en 2017-2018 representa suficientes avances hacia el cumplimiento del OMP. El Programa de Estabilidad prevé que la tasa de endeudamiento público alcance un máximo en 2016 y empiece a disminuir a continuación. Las sendas de ajuste del déficit y de la deuda están sujetas a riesgos a la baja. Las medidas de apoyo al cumplimiento de los objetivos de déficit no están suficientemente detalladas, sobre todo a nivel regional. Para 2016, el Programa de Estabilidad no presenta ninguna medida, y las medidas temporales anteriores podrían extenderse solo pueden extenderse hasta 2014. El ahorro previsto como resultado de la reforma de las Administraciones locales está sujeto a considerables riesgos de ejecución. Además, existen incertidumbres en cuanto a la situación económica, del mercado de trabajo y financiera, así como a la evolución de los ingresos en un contexto de amplios y persistentes desequilibrios macroeconómicos. La plena realización de la reforma de la jubilación anticipada aprobada, así como la consecución de un acuerdo sobre el factor de sostenibilidad, reduciría los riesgos del sistema de la seguridad social. Hay un riesgo adicional que se deriva del pasivo contingente vinculado a los regímenes/garantías de protección de activos. Se han logrado grandes avances en lo que respecta a la presentación de informes sobre la ejecución presupuestaria, pero hay margen para aplicar de modo más transparente y a su debido tiempo los mecanismos preventivos y correctivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No se informa de manera sistemática y a su debido tiempo de los atrasos de la Administración en los pagos, cuyo gran volumen ha necesitado un sistema ad hoc de pago. El establecimiento de una autoridad fiscal independiente va con retraso respecto a lo previsto. La revisión propuesta de las reglas de indexación de todos los ingresos y gastos públicos aportaría un ahorro presupuestario y una mayor respuesta de los precios a la situación económica. Además, el Programa Nacional de Reformas reconoce la necesidad de seguir mejorando la relación coste-eficacia del gasto sanitario y farmacéutico, por ejemplo, revisando los precios de referencia y centralizando la adquisición de productos farmacéuticos, o extendiendo el copago.