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DIRECTIVA 2004/48/CE D EL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 29 de abril de 2004 
 
relativa al respeto de los derech os de propiedad intelectual 
 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
 
 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,  Visto el Tratado constitutivo de  la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95, 
 Vista la propuest a de la Comisión, 
 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
1, 
 Previa consulta al Comité de las Regiones,  De conformidad con el procedimiento esta blecido en el artículo 251 del Tratado 
2, 
                                                 
1 DO C 32, 5.2.2004, p. 15 
2 Dictamen del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 2004 (no publicado aún en el Diario 
Oficial) y Decisión del Cons ejo de 26 de abril de 2004. 
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Considerando lo siguiente: 
 (1) La realización del mercado interior supone la eliminación de las re stricciones a la libre 
circulación y de las distorsiones de la competencia, al tiempo que se crea un entorno favorable 
a la innovación y la inversión. En este context o, la protección de la propiedad intelectual 
constituye un elemento fundamental para el éx ito del mercado interior. La protección de la 
propiedad intelectual es importa nte no sólo para la promoc ión de la innovación y de la 
creación, sino también para el desarrollo de l empleo y la mejora de la competitividad. 
 (2) La protección de la propiedad intelectual de be permitir que el inventor o creador obtenga un 
beneficio legítimo de su invención o creación. De be permitir asimismo la difusión más amplia 
posible de las obras, ideas y los conocimien tos nuevos. Al mismo tiempo, no debe ser un 
obstáculo para la libertad de e xpresión, para la libre circulación  de la información, ni para la 
protección de los datos persona les, inclusive en Internet. 
 (3) Sin embargo, sin medios eficaces de tutela de  los derechos de propiedad intelectual, la 
innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen. Por consiguiente, es 
preciso garantizar que el Derecho sustantivo de  propiedad intelectual, que actualmente forma 
parte en gran medida del acer vo comunitario, se aplique de ma nera efectiva en la Comunidad. 
A este respecto, los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen una 
importancia capital para el éxito del mercado interior. 
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(4) En el plano internacional, todos los Estados miembros, así como la pr opia Comunidad para lo 
que respecta a los temas de su competencia,  están vinculados por el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intele ctual relacionados con el Comercio («Acuerdo 
sobre los ADPIC»), aprobado, en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda 
Uruguay, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo 1 y celebrado en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio. 
 (5) El Acuerdo sobre los ADPIC contiene, entre ot ras, disposiciones relativas a los medios de 
tutela de los derechos de pr opiedad intelectual, que constituyen normas comunes aplicables a 
nivel internacional y se pone n en práctica en todos los Es tados miembros. La presente 
Directiva no debe afectar a las obligacione s internacionales de los Estados miembros, 
incluidas las contraídas en vi rtud del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 (6) Por otro lado, hay una serie de convenios internacionales de los que  son parte todos los 
Estados miembros y que contienen igualmente di sposiciones relativas a los medios de tutela 
de los derechos de propiedad intelectual. Se tr ata del Convenio de París para la Protección de 
la Propiedad Industrial, el C onvenio de Berna para la Protecc ión de las Obras Literarias y 
Artísticas y la Convención de Roma sobre la  Protección de los Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, los Productores de Fonogram as y los Organismos de Radiodifusión. 
 
                                                
 
1 DO L 336 de 23.12.1994, p. 1. 
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(7) De las consultas realizadas  por la Comisión sobre esta cuestión se desprende que en los 
Estados miembros aún persisten, pese al Acuerd o sobre los ADPIC, importantes disparidades 
por lo que respecta a los medios de tutela de lo s derechos de propiedad intelectual. Así, de un 
Estado miembro a otro varía considerablemente la  forma de aplicar las medidas provisionales 
que se utilizan principalmente para proteger la s pruebas, y lo mismo sucede con el cálculo de 
los daños y perjuicios o las formas de apli cación de los mandamientos judiciales. En algunos 
Estados miembros no existen medidas, procedim ientos ni recursos como el derecho de 
información y la retirada, a expens as del infractor, de las mercancías litigiosas que hubieran 
accedido al mercado. 
 (8) Las disparidades existentes entre los regímene s de los Estados miembros por lo que respecta a 
los medios de tutela de los derechos de propi edad intelectual son perj udiciales para el buen 
funcionamiento del mercado interior y no permite n garantizar que los derechos de propiedad 
intelectual disfruten de un nivel de protecc ión equivalente en toda la Comunidad. Esta 
situación no facilita la libre circulación dentro del mercado interior, ni crea un entorno 
favorable a una competencia sana. 
 
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(9) Las disparidades actuales conducen igualmente  a la debilitación del Derecho sustantivo de 
propiedad intelectual y a la frag mentación del mercado interior en  este ámbito. Ello acarrea la 
pérdida de confianza de los sectores económicos en el mercado interior y, por consiguiente, la 
reducción de las inversiones en  innovación y creación. Las infr acciones de los derechos de 
propiedad intelectual parecen ha llarse cada vez más vinculadas a la delincuencia organizada. 
La utilización cada vez mayor de Internet perm ite una distribución instantánea y mundial de 
los productos pirateados. El respeto efectivo de l Derecho sustantivo de propiedad intelectual 
ha de garantizarse mediante una acción especí fica a nivel comunitario. Por consiguiente, la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en es te campo se convierte en una 
condición esencial para el buen funcionamiento del mercado interior. 
 (10) El objetivo de la presente Directiva es apr oximar dichas legislaciones pa ra garantizar un nivel 
de protección de la propiedad intelectual el evado, equivalente y hom ogéneo en el mercado 
interior. 
 (11) La presente Directiva no tiene por objeto establecer nor mas armonizadas sobre cooperación 
judicial, competencia judicial, reconocimiento y ejecución de las decisiones en materia civil y 
mercantil, ni tratar de la legislación aplicable . Estas materias están reguladas con carácter 
general por instrumentos comunitarios, que, en  principio, son igualmente aplicables a la 
propiedad intelectual. 
 
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(12) La presente Directiva no debe afectar a la  aplicación de las normas de competencia, en 
particular los artículos 81 y 82 del Tratado. Las medidas establecidas en la presente Directiva 
no deben utilizarse para restri ngir indebidamente la competencia, de forma contraria al 
Tratado. 
 (13) Es preciso definir el ámbito  de aplicación de la presente Di rectiva de la manera más amplia 
posible con el fin de incluir todos los derechos de propiedad  intelectual cu biertos por las 
disposiciones comunitarias sobre la materia y/o por la legislación nacional del Estado 
miembro de que se trate. No obstante, esta ex igencia no impide que los Estados miembros que 
lo deseen puedan extender, por motivos internos, lo dispuesto en la presente Directiva a actos 
de competencia desleal, incluidas las copi as parásitas, o actividades similares.  
 (14) Las medidas que establecen el apartado 2 de l artículo 6, el apartado 1 del artículo 8 y el 
apartado 2 del artículo 9 tienen que aplicarse sólo con respecto a actos llevados a cabo a 
escala comercial. Ello no afect a a la posibilidad de que los Estados miembros apliquen esas 
medidas también a otros actos. Los actos llevados  a cabo a escala comercial son los realizados 
para obtener beneficios económicos o comerc iales directos o indirectos; esto excluye 
normalmente los actos realizados por lo s consumidores finales de buena fe. 
 
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(15) La presente Directiva no debe afectar al Derecho sustantivo de propi edad intelectual, a la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos 1, a la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la 
firma electrónica 2, ni a la Directiva 2000/31/CE del Pa rlamento Europeo y del Consejo, de 
8 de junio de 2000, relativa a determinados aspect os jurídicos de los servicios de la sociedad 
de la información, en particular el comerc io electrónico en el mercado interior 3. 
 (16) Lo dispuesto en la presente Directiva debe  entenderse sin perjuici o de las disposiciones 
particulares establecidas para el  respeto de los derechos y sobr e excepciones en el ámbito de 
los derechos de autor y derechos afines es tablecidos en instru mentos comunitarios, 
especialmente en la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la 
protección jurídica de programas de ordenador 
4 o en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, re lativa a la armonización de determinados 
aspectos de los derechos de auto r y derechos afines a los derechos  de autor en la sociedad de 
la información 5. 
                                                 
1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 
(DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).  
2 DO L 13 de 19.1.2000, p. 12. 
3 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 
4  DO L 122 de 17.5.1991, p. 42. Directiva modificada por la Directiva 93/98/CEE (DO L 290 
de 24.11.1993, p. 9). 
5 DO L 167 de 22.6.2001, p. 10. 
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(17) Las medidas, procedimientos y recursos que dispone la presente Directiva deben determinarse 
en cada caso de tal modo que se tengan debida mente en cuenta sus características específicas, 
incluidos los rasgos específicos de cada derec ho de propiedad intelectual y, cuando proceda, 
la naturaleza intencionada o no de la infracción. 
 (18) Conviene que las personas legitimadas para  solicitar la aplicaci ón de dichas medidas, 
procedimientos y recursos sean no solamente los titulares de derechos, sino también las 
personas que tengan un interés directo y legítimo, en la medida en que se permita y conforme a la legislación aplicable, lo que podrá inclui r a las organizaciones pr ofesionales para la 
gestión de los derechos o para la defensa de lo s intereses colectivos e individuales a su cargo.  
 (19) Puesto que los derechos de autor existen desd e la creación de una obra y no exigen un registro 
oficial, conviene incorporar la norma establecida  en el artículo 15 del Convenio de Berna, que 
establece la presunción de que el autor de una ob ra literaria o artística se considera tal cuando 
su nombre aparece estampado en la misma. Co nviene aplicar una presunción similar a los 
propietarios de los derechos afines, puesto que  suele ser el titular de un derecho afín, por 
ejemplo un productor de fonogramas, quien trata de  defender los derechos y lucha contra los 
actos de piratería. 
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(20) Dado que la prueba es un el emento fundamental para el establecimiento de la infracción de 
los derechos de la propiedad intelectual, convien e garantizar que se pongan de manera 
efectiva a disposición de las partes medios  de presentación, obtención y protección de 
pruebas. Los procedimientos deben tener en cuen ta los derechos de la defensa y prever las 
garantías necesarias, incluida la protección de la información confidencial. Para las 
infracciones cometidas a escala comercial es as imismo importante que los tribunales puedan 
autorizar, cuando sea conveniente, el acceso a los documentos bancarios, financieros o 
comerciales que se encuentren bajo  control del presunto infractor. 
 (21) En algunos Estados miembros ya existen ot ras medidas destinadas a garantizar un elevado 
nivel de protección, que se deben ofrecer en t odos los Estados miembros. Es el caso del 
derecho de información, que permite obtener datos precisos sobre el origen de las mercancías 
o servicios litigiosos, los circuitos de distribuc ión y la identidad de cualesquiera terceras 
personas implicadas en la infracción. 
 (22) También es imprescindible establecer me didas provisionales que permitan la cesación 
inmediata de la infracción sin esperar una decisión sobre el fondo, al mismo tiempo que se respetan los derechos a la defensa, se ve la por la proporcional idad de las medidas 
provisionales respecto a las particularidades de cada caso y se proporcionan las garantías 
necesarias para cubrir los gastos y perjuici os ocasionados a la parte demandada por una 
petición injustificada. Estas medidas están especi almente justificadas en los casos en que se 
establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual. 
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(23) Sin perjuicio de cualesquie ra otras medidas, procedimientos  y recursos de que se disponga, 
los titulares de derechos deben tener la posibilidad de solici tar que se dicte un mandamiento 
judicial contra los intermediarios cuyos servic ios se utilicen por ter ceros para infringir el 
derecho de propiedad industrial del titular.  Las condiciones y modalid ades relacionadas con 
esos mandamientos judiciales se dejan a la di screción de las legislac iones nacionales de los 
Estados miembros. Por lo que respecta a las infr acciones de los derechos de autor y derechos 
afines, existe ya una amplia armonización en virtud de la Directiva 2001/29/CE. Por lo tanto, 
la presente Directiva no debe afectar a lo di spuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la 
Directiva 2001/29/CE. 
 (24) Según los casos y si las circ unstancias lo justific an, entre las medidas, procedimientos y 
recursos que han de establecerse deben incluirs e medidas de prohibición destinadas a impedir 
nuevas infracciones de los derechos de propied ad intelectual. Además, debe haber medidas 
correctivas, cuando proceda a expe nsas del infractor, como la retirada y el apartamiento 
definitivo de los circuitos comerciales, o la de strucción, de las mercancías litigiosas y, en su 
caso, de los materiales e instrumentos utilizados  principalmente para la  creación o fabricación 
de dichas mercancías. Dichas medidas correctiv as deben tener en cuenta los intereses de 
terceros y, en particular, de los consumidor es y particulares que actúen de buena fe. 
 
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(25) Cuando una infracción se haya cometido ininte ncionadamente y sin negligencia y las medidas 
correctivas o mandamientos judiciales que establece la presente Directiva resulten 
desproporcionados, los Estados miembros deben poder ofrecer la posibi lidad, cuando proceda 
y como medida alternativa, de que se con ceda una reparación pecuniaria a la parte 
perjudicada. No obstante, cua ndo la utilización comercial de bienes con usurpación de marca 
o el suministro de servicios constituyan una vulneración del Derecho distinta del Derecho de 
propiedad intelectual o puedan perjudicar a lo s consumidores, tal utilización o suministro 
deben seguir prohibidos. 
 (26) Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una in fracción cometida por un infractor 
que haya realizado una actividad  que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con 
motivos razonables para sabe rlo, el importe de la indemn ización por daños y perjuicios 
concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios 
dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, 
así como, cuando proceda, el daño moral ocasio nado al titular. O como alternativa cuando, 
por ejemplo, sea difícil determinar el importe de l perjuicio realmente sufr ido, el importe de la 
indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la au torización de utilizar el derecho de propiedad 
intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer 
indemnizaciones punitivas, sino permitir una inde mnización basada en un criterio objetivo, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos re alizados por el titular, como los gastos de 
identificación e investigación. 
 
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(27) En los casos de infracción de los derechos  de propiedad intelectual es conveniente dar 
publicidad a las decisiones para reforzar su as pecto disuasorio frente a futuros infractores y 
contribuir a que el público en genera l tome conciencia del problema. 
 (28) Además de las medidas, procedimientos y recursos de carácter civil y administrativo 
contemplados en la presente Directiva, también las sanciones penales constituyen, en los casos adecuados, un medio de garan tizar el respeto de los derec hos de propiedad intelectual. 
 (29) El sector de la industria debe participar activamente en la  lucha contra la piratería y la 
usurpación de marca. El desarrollo de códigos  de conducta en los círculos directamente 
afectados es un medio más de reforzar el  marco normativo. Los Estados miembros, en 
colaboración con la Comisión, deben fomentar la elaboración de códigos de conducta en 
general. El control de la fabr icación de discos ópticos, princi palmente por medio de un código 
de identificación aplicado a los discos fabrica dos en la Comunidad, contribuye a limitar las 
infracciones de los derechos de propiedad intelect ual en este sector, que es víctima de de la 
piratería a gran escala. No obstante, estas medi das técnicas de protecci ón no deben utilizarse 
de manera abusiva con el fin de aislar los me rcados y controlar las importaciones paralelas. 
 (30) Para facilitar la aplicación uniforme de la presente Di rectiva, es conve niente establecer 
sistemas de cooperación y un intercambio de  información entre los Estados miembros, por 
una parte, y entre estos y la Comisión, por otra, principalmente mediante la instauración de 
una red de interlocutores nombrados por los Estados miembros y mediante la elaboración 
periódica de informes de evaluación sobre la aplicación de la presente Directiva y sobre la 
eficacia de las medidas adoptadas por los diversos órganos nacionales. 
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(31) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros y, por c onsiguiente, pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 de l Tratado. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dic ho artículo, la presente Direc tiva no excede de lo necesario 
para alcanzar dichos objetivos. 
 (32) La presente Directiva re speta los derechos fundamental es y observa los principios 
reconocidos principalmente por la  Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
En particular, la presente Direc tiva tiene por objeto garantizar el  pleno respeto de la propiedad 
intelectual de conformidad con el apar tado 2 del artículo 17 de dicha Carta. 
 HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
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CAPÍTULO I 
 
Objeto y ámbito de aplicación 
 
Artículo 1  
 
Objeto 
 La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y r ecursos necesarios para garantizar 
el respeto de los derechos de propi edad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término 
"derechos de propiedad intelectual" inclui rá los derechos de propiedad industrial. 
 
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Artículo 2  
 
Ámbito de aplicación 
 1. Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse  en la legislación 
comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, 
las medidas, procedimientos y recursos que es tablece la presente Directiva se aplicarán, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad 
intelectual tal y como estén previstos en el De recho comunitario o en el Derecho nacional del 
Estado miembro de que se trate.  2. La presente Directiva se ente nderá sin perjuicio de disposic iones específicas relativas al 
respeto de los derechos y a las excepciones estableci das por la legislación co munitaria en el ámbito 
de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, en particular en la 
Directiva 91/250/CEE, concretamente en su  artículo 7, o en la Directiva 2001/29/CE, 
concretamente en sus artículos 2 a 6 y 8.  
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3. La presente Directiva no afectará a: 
 
a) las disposiciones comunitarias que regulan el Derecho sustantivo de propiedad intelectual, la 
Directiva 95/46/CE, la Directiva 1999/93/CE y la Directiva 2000/31/CE , en general, y los 
artículos 12 a 15 de esta última en particular; 
 b) las obligaciones internacionales de los Esta dos miembros, en particular el Acuerdo sobre 
los ADPIC, incluidas las relativas a procedimientos y sanciones penales; 
 c) ninguna disposición nacional de los Estados miembros rela tiva a los procedimientos o 
sanciones penales con respecto a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. 
 
 
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CAPÍTULO II 
 
Medidas, procedimientos y recursos 
 
Sección 1 
 
Disposiciones generales 
 
 
Artículo 3  
 
Obligación general 
 
1. Los Estados miembros establecerán las medida s, procedimientos y recursos necesarios para 
garantizar el respeto de los der echos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente 
Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán 
inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. 
 2. Dichas medidas, procedimientos y recursos  serán asimismo efectivos, proporcionados y 
disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite  la creación de obstáculos al comercio legítimo y 
se ofrezcan salvaguard ias contra su abuso. 
 
 
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Artículo 4  
 
Personas legitimadas para solicitar la aplicación de medidas, procedimientos y recursos  1. Los Estados miembros reconocerán legitimidad  para solicitar la aplicación de las medidas 
procedimientos y recursos menciona dos en el presente capítulo a: 
 a) los titulares de derechos de propiedad intelectual con arreglo a lo dispuesto en la legislación 
aplicable; 
 b) todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular los licenciatarios, 
en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella; 
 c) los organismos de gestión de derechos colec tivos de propiedad intelectual a los que se haya 
reconocido regularmente el derec ho de representar a los titulare s de derechos de propiedad 
intelectual, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y c on arreglo a lo dispuesto 
en ella; 
 d) los organismos profesionales de defensa a lo s que se haya reconocido regularmente el derecho 
de representar a los titulares de derechos de pr opiedad intelectual, en la medida en que lo 
permita la legislación aplicable y c on arreglo a lo dispuesto en ella. 
 
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Artículo 5  
 
Presunción de derecho de autor 
  A los fines de aplicación de las medidas, procedim ientos y recursos previstos en la presente 
Directiva,  a) para que el autor de una obra literaria o artí stica, mientras no se pr uebe lo contrario, pueda 
considerarse como tal y tener por lo tanto der echo a incoar procedimientos de infracción, será 
suficiente que su nombre figure en  la obra de la forma habitual; 
 b) lo dispuesto en la letra a) se aplicará, mutatis  mutandis, a los titulares de derechos afines a los 
derechos de autor respecto de sus objetos protegidos. 
 
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Sección 2 
 
Pruebas 
 
Artículo 6  
 
Pruebas 
 1. Los Estados miembros garantizarán que, a peti ción de la parte que haya presentado pruebas 
razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones y haya especificado, al 
fundamentar tales alegaciones, qué ot ras pruebas se encuentran bajo c ontrol de la parte contraria, las 
autoridades judiciales competentes puedan ordenar que la parte contraria en tregue dichas pruebas, 
sin perjuicio de que se garantice la protección de los da tos confidenciales. A efectos del presente 
apartado, los Estados miembros podrán disponer que las autoridades judiciales competentes 
consideren que una muestra razonable de un númer o considerable de ejemplares de una obra o 
cualquier otro objeto protegido c onstituye una prueba razonable. 
 2. En las mismas condiciones, en el caso de una infracción cometida a escala comercial, los 
Estados miembros tomarán las medidas necesaria s para permitir a las autoridades judiciales 
competentes, cuando corresponda y a petición de una de  las partes, que se ordene la transmisión de 
documentos bancarios, financieros o comerciales que se encuentren bajo control de la parte 
contraria, sin perjuicio de la protección de los datos confidenciales. 
 
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Artículo 7  
 
Medidas de protección de pruebas 
 1. Los Estados miembros garantizarán que, antes incluso de iniciarse un procedimiento sobre el 
fondo, las autoridades judiciales competentes pueda n, a instancia de una de las partes que haya 
presentado pruebas razonablemente disponibles para respaldar sus alegaciones de que su derecho de 
propiedad intelectual ha sido o va a ser infringido , dictar medidas provisionales rápidas y eficaces 
para proteger pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción, sin perjuicio de que se 
garantice la protección de toda  información confidencial. Dichas medidas podrán incluir la 
descripción detallada, con o sin toma de muestr as, o la incautación efectiva de las mercancías 
litigiosas y, en los casos en que proceda, de lo s materiales e instrument os utilizados en la 
producción o la distribución de di chas mercancías y de los documentos relacionados con las 
mismas. Estas medidas se tomarán, en caso de ser necesario sin que sea oída la otra parte, en 
particular cuando sea probable que el retraso va ya a ocasionar daños irre parables al titular del 
derecho o cuando exista un riesgo demost rable de que se destruyan pruebas. 
 En los casos en que se hayan adoptado las medidas de protección de pruebas sin haber oído a la otra 
parte, se notificarán sin demora a las partes afectadas y a más tardar  después de la ejecución de las 
medidas. A petición de las partes afectadas tendrá lugar una revisión, que incl uirá el derecho a ser 
oídas,  con el fin de decidir, en un plazo razonabl e tras la notificación de las medidas, si éstas serán 
modificadas, revocadas o confirmadas. 
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2. Los Estados miembros garantizarán que las me didas de protección de las pruebas puedan estar 
supeditadas a la presentación de una fianza adecuad a o seguro equivalente por parte del solicitante,  
con el fin de asegurar la indemnización por cu alquier perjuicio sufrido por el demandado con 
arreglo a lo dispuest o en el apartado 4. 
 3. Los Estados miembros garantizarán que las me didas de protección de las pruebas se revoquen 
o, cuando menos, se suspendan sus efectos a petic ión del demandado, sin perj uicio de los daños y 
perjuicios que puedan reclamarse, si el solicitante no interpone en un plazo razonable una acción 
sobre el fondo ante la autoridad judicial competen te, plazo que determinará la  autoridad judicial que 
ordene las medidas cuando la legislación de un Es tado miembro así lo permita, o, en ausencia de 
dicha determinación, en un plazo que no supere los 20 días hábiles o 31 días  naturales, si este 
último fuera mayor.  4. En  los casos en que las medidas de protección de pruebas sean revocadas o dejen de ser 
aplicables debido a una acción u omisión del solicita nte, o en los casos en que se compruebe 
posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad 
intelectual, las autoridades judi ciales podrán ordenar al solicita nte, a petición del demandado, que 
indemnice a éste de manera adecuada para repa rar todos los perjuicios  causados por dichas 
medidas.  5. Los Estados miembros podrán adoptar medidas para proteger la identidad de los testigos. 
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Sección 3 
 
Derecho de información 
 
Artículo 8  
 
Derecho de información 
 1. Los Estados miembros garantizarán que, en el contexto de los procedimientos relativos a una 
infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición  justificada y 
proporcionada del demandante, las autoridades judici ales competentes puedan ordenar que faciliten 
datos sobre el origen y las rede s de distribución de las mercancí as o servicios que infringen un 
derecho de propiedad intelectual el  infractor o cualquier persona que: 
 a) haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial; 
 b) haya sido hallada utilizando serv icios litigiosos a escala comercial; 
 
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c) haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades 
infractoras; o 
 d) haya sido designada por la person a a que se refieren las letras a) , b) o c) como implicada en la 
producción, fabricación o distribuc ión de dichas mercancías o en la prestación de dichos 
servicios. 
 2. Los datos a los que se refiere el  apartado 1 incluirán, según proceda: 
 a) los nombres y direcciones de los productores,  fabricantes, distribui dores, suministradores y 
otros poseedores anteriores de las mercancías  o servicios, así como de los mayoristas y 
minoristas destinatarios; 
 b) información sobre las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, 
así como sobre el precio obtenido por las mercancías o servicios de que se trate. 
 
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3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán sin perj uicio de otras dispos iciones legales que: 
 
a) concedan al titular derechos de información más amplios;  b) regulen la utilización de los datos que se co muniquen con arreglo al presente artículo en 
procedimientos civiles o penales; 
 c) regulen la responsabilidad por abuso del derecho de información; 
 d) ofrezcan la posibilidad de nega rse a facilitar datos que obliguen a la persona a la que se refiere 
el apartado 1 a admitir su propia participación o la de sus parientes cercanos en una infracción de un derecho de propiedad intelectual; o 
 e) rijan la protección de la conf idencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los 
datos personales. 
  
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Sección 4  
 
Medidas provisionales y cautelares 
 
Artículo 9  
 
Medidas provisionales y cautelares 
 1. Los Estados miembros garantizarán que, a petici ón del solicitante, las autoridades judiciales 
puedan:  a) dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier 
infracción inminente de un derecho de propied ad intelectual, a prohibir, con carácter 
provisional y, cuando proceda, si  así lo dispone el Derecho nacional, bajo pago de multa 
coercitiva, la continuación de las infraccione s alegadas de ese derecho, o a supeditar tal 
continuación a la presentación de garantías dest inadas a asegurar la indemnización del titular; 
también podrá dictarse un mandamiento judici al, en las mismas condiciones, contra el 
intermediario cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de 
propiedad intelectual; los mandamientos judiciales  contra intermediarios cuyos servicios sean 
utilizados por un tercero para infringir un der echo de autor o un derecho afín se contemplan 
en la Directiva 2001/29/CE; 
 
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b) ordenar la incautación o la entrega de mer cancías sospechosas de infringir un derecho de 
propiedad intelectual para impedi r su introducción o circulación en los circuitos comerciales. 
 2. En caso de infracciones cometidas a escala comerc ial, los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades judiciales puedan or denar, si la parte perjudicada justifica circunsta ncias que puedan 
poner en peligro el cobro de los da ños y perjuicios, el embargo preventivo de los bienes muebles e 
inmuebles del supuesto infractor, in cluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos. A tal 
efecto, las autoridades competen tes podrán ordenar la transmis ión de documentos bancarios, 
financieros o comerciales o el acceso adecuado a la información pertinente. 
 3. Respecto de las medidas citadas en los aparta dos 1 y 2, las autoridade s judiciales estarán 
facultadas para exigir al solicitant e que facilite todas las pruebas razonablemente disponibles a fin 
de cerciorarse con suficiente seguridad de que él  es el titular del derecho y que se infringe su 
derecho o es inminente tal infracción.  
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4. Los Estados miembros garantizarán que las me didas provisionales a la s que se refieren los 
apartados 1 y 2 puedan adoptarse, cua ndo proceda, sin que sea oída la ot ra parte, en particular en el 
caso de que un retraso  ocasionase un perjuicio irreparabl e al titular del derecho. En este caso, las 
partes serán informadas de ello  sin dilación y a más tardar tras  la ejecución de las medidas.  
 A petición del demandado tendrá lugar una revisión, que incluirá el derecho a ser oído, con el fin de 
decidir, en un plazo razonable tras la notificación de las medi das, si éstas son modificadas, 
revocadas o confirmadas.  5. Los Estados miembros garantizarán que las me didas provisionales a la s que se refieren los 
apartados 1 y 2 se revoquen o, cuando menos, se suspendan sus efectos a petición del demandado, si 
el solicitante no interpone en un plazo razonable una  acción sobre el fondo ante  la autoridad judicial 
competente, plazo que determinará la autoridad judicial que ordene las medidas, cuando la 
legislación de un Estado miembro así lo permita, o, en ausencia de dicha determinación, en un plazo 
que no supere los 20 días hábiles o 31 días  naturales, si este último fuera mayor. 
 
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6. Las autoridades judiciales competentes podrán  supeditar las medidas provisionales a que se 
refieren los apartados 1 y 2 a la  presentación por parte del solic itante de una fianza adecuada o 
seguro equivalente destinado a asegurar la even tual indemnización del perjuicio sufrido por el 
demandado, tal y como se prevé en el apartado 5.  7. En los casos en que las medidas provisionales hayan sido derogadas o de jen de ser aplicables 
debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que se compruebe posteriormente 
que no ha habido infracción o amenaza de infracci ón de un derecho de propiedad intelectual, las 
autoridades judiciales estarán f acultadas para ordenar al solicita nte, a petición del demandado, que 
indemnice a éste de manera adecuada para repa rar todos los perjuicios  causados por dichas 
medidas. 
 
 
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Sección 5 
 
Medidas derivadas de una decisión sobre el fondo 
 
Artículo 10  
 
Medidas correctivas 
 1. Sin perjuicio de cualesquiera da ños y perjuicios adeudados al ti tular del derecho a causa de la 
infracción y sin indemnización de ninguna clase, los Estados miembros garantizarán que las 
autoridades judiciales competentes puedan ordena r, a petición del solicita nte, que se tomen las 
medidas adecuadas respecto de las mercancías que dichas autoridades hayan descubierto que 
infringen un derecho de propiedad  intelectual y, cuando proceda, respecto de los materiales e 
instrumentos que hayan servido principalmente a la creación o fabricación de las mercancías en 
cuestión. Estas medidas incluirán lo siguiente: 
 
a) retirada de los circuitos comerciales; 
 b) apartamiento definitivo de los circuitos comerciales;  c) destrucción. 
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2. Las autoridades judiciales ordenarán que estas medidas sean ejecutadas a expensas del 
infractor, excepto si se alegan raz ones concretas para que no sea así. 
 3. Al considerar una petición de medidas corre ctivas deberán tenerse en cuenta tanto la 
necesidad de que las medidas ordenadas sean pro porcionales a la gravedad de la infracción, como 
los intereses de terceros. 
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Artículo 11  
 
Mandamientos judiciales 
 Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar 
una infracción de un derecho de propiedad intelect ual, las autoridades judi ciales puedan dictar 
contra el infractor un mandamiento  judicial destinado a impedir la  continuación de dicha infracción. 
Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el in cumplimiento de un mandamiento judicial estará 
sujeto, cuando proceda, al pago de una multa co ercitiva, destinada a asegurar su ejecución. Los 
Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de 
solicitar que se dicte un mandamiento  judicial contra los intermedia rios cuyos servicios hayan sido 
utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3 del ar tículo 8 de la Directiva 2001/29/CE. 
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Artículo 12  
 
Medidas alternativas 
 Los Estados miembros podrán disp oner que, cuando proceda y a petici ón de la person a a la que se 
puedan aplicar las medidas que se establecen en la presente sección, las autoridades judiciales 
competentes puedan ordenar el pago de una reparación pecuniaria a la parte pe rjudicada, en lugar de 
la aplicación de las medidas de la presente  sección, si dicha pers ona no hubiere actuado 
intencionada ni negligentemente, si la ejecuci ón de dichas medidas pudiere causarle un perjuicio 
desproporcionado y si la parte perjudicada pudiere  ser razonablemente resarcida mediante una 
reparación pecuniaria. 
 
 
Sección 6 
 
Daños y perjuicios y costas procesales 
 
Artículo 13
 
 
Daños y perjuicios 
 1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a 
instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con mo tivos razonables para 
saberlo, haya intervenido en una actividad infr actora, el pago al titular del derecho de una 
indemnización adecuada a los daños y perjuicios ef ectivos que haya sufrido como consecuencia de 
la infracción. 
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Cuando las autoridades judiciales  fijen los daños y perjuicios: 
 a) tendrán en cuenta todos los aspectos pe rtinentes, como las consecuencias económicas 
negativas, entre ellas las pérdidas de benefi cios, que haya sufrido la parte perjudicada, 
cualesquiera beneficios ilegí timos obtenidos por el infracto r y, cuando proceda, elementos 
distintos de los factores económicos, tales como  el daño moral causado por la infracción al 
titular del derecho; 
 o  b) como alternativa a lo dispuesto en la le tra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y 
perjuicios mediante una cantidad a tanto alza do sobre la base de elementos como, cuando 
menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera 
pedido autorización para utilizar el der echo de propiedad intelectual en cuestión. 
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2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con 
motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establ ecer la posibilidad de que las 
autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el  pago de daños y perjuicios que 
podrán ser preestablecidos. 
 
 
Artículo 14  
 
Costas procesales 
 Los Estados miembros garantizarán que las cost as procesales, siempre que sean razonables y 
proporcionadas, y demás gastos en que haya podido in currir la parte vence dora corran, como regla 
general, a cargo de la parte perdedora,  salvo que sea contrario a la equidad. 
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Sección 7 
 
Medidas de publicidad 
 
Artículo 15  
 
Publicación de las de cisiones judiciales 
 Los Estados miembros garantizarán que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por 
infracción de un derecho de propiedad intelectual,  las autoridades judiciales puedan ordenar, a 
instancia del solicitante y a expensas del infrac tor, las medidas necesarias para difundir la 
información relativa a la decisión, incluida la divulgación de la decisión y su publicación total o 
parcial. Los Estados miembros podrán establecer ot ras medidas de publicidad adicionales que sean 
adecuadas a las circunstancia s de cada caso, incluidos anunc ios de manera destacada. 
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CAPÍTULO III 
 
Sanciones aplicables por los Estados miembros 
  
Artículo 16
 
 
Sanciones aplicables por los Estados miembros 
 No obstante las medidas, procedimientos y recursos de tipo civil o administrativo establecidos en la 
presente Directiva, los Estados miembros podrán ap licar otras sanciones adecuadas en los casos en 
que se haya infringido un der echo de propiedad intelectual. 
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CAPÍTULO IV 
 
Códigos de conducta y cooperación administrativa 
 
Artículo 17  
 
Códigos de conducta 
 Los Estados miembros fomentarán:  a) la elaboración por las asociaciones u organiz aciones empresariales o profesionales de códigos 
de conducta a nivel comunitario destinados a contribuir al respeto de los derechos de 
propiedad intelectual, principa lmente preconizando la utilización en los discos ópticos de un 
código que permita identificar el  origen de su fabricación; 
 b) la transmisión a la Comisión de los proyect os de códigos de conducta a nivel nacional o 
comunitario y de las posibles evaluaciones rela tivas a la aplicación de  dichos códigos de 
conducta. 
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Artículo 18  
 
Evaluación 
 1. Tres años después de la fecha prevista en el apartado 1 del artículo 20, cada Estado miembro 
transmitirá a la Comisión un informe sobre el esta do de la aplicación de la presente Directiva. 
 Sobre la base de tales informes, la Comisión ela borará un informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva, que incluirá una evaluación de la eficacia de las medidas tomadas, así como una 
valoración de su impacto en la innovación y el de sarrollo de la sociedad de la información. Este 
informe se transmitirá al Parlamento Europeo, al C onsejo y al Comité Económico y Social Europeo. 
Irá acompañado, si es preciso y según evolucione  el ordenamiento jurídico comunitario, de 
propuestas de modificación de la presente Directiva.  2. Los Estados miembros prestará n a la Comisión la ayuda y la asistencia que pueda necesitar 
para la elaboración del informe al que se  refiere el segundo párrafo del apartado 1. 
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Artículo 19  
 
Intercambio de información e interlocutores 
 A fin de fomentar la coopera ción, incluido el intercambio de información entre los Estados 
miembros y entre éstos y la Comisión, cada Estado miembro designará uno o varios interlocutores 
nacionales para cualquier cuestión relacionada con la aplicación de las medidas que establece la 
presente Directiva. Cada Estado miembro comunicar á los datos de los interlocutores nacionales a 
los demás Estados miembros y a la Comisión. 
 
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CAPÍTULO V 
 
Disposiciones finales 
  
Artículo 20
 
 
Adaptación del Derecho inter no a la presente Directiva 
 1. Los Estados miembros pondrán en vigor la s disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más 
tardar el .... 
*. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
 Cuando los Estados miembros adopten dichas dispos iciones, éstas harán refe rencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia  en su publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de  la mencionada referencia. 
 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisi ón el texto de las disposiciones de Derecho 
interno adoptadas en el ámbito re gulado por la presente Directiva. 
                                                
 
*  Veinticuatro meses después de la fecha de adopción de la presente Directiva. 
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Artículo 21  
 
Entrada en vigor 
 La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 
 
 
Artículo 22
 
 
Destinatarios 
 Los destinatarios de la presente Di rectiva serán los Estados miembros. 
 Hecho en Estrasburgo, 29.4.2004. 
 
 
 Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
 El Presidente El Presidente  
  P. COX         M. McDOWELL