ES Diario Oficial de la Unión Europea L 14/1

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 29 de junio de 2011

relativa a la ayuda estatal C 35/08 (ex NN 11/08) concedida por Francia al organismo público «Instituto Francés del Petróleo»

[notificada con el número C(2011) 4483]

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/26/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero, (1)

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a), (2)

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos, (3)

Considerando lo siguiente:

1 PROCEDIMIENTO

(1) En el marco del procedimiento de investigación formal del expediente de ayuda estatal C 51/05 relativo a las medidas de ayuda concedidas por Francia al Instituto Francés del Petróleo (4), las autoridades francesas informaron a los servicios de la Comisión, mediante carta de 18 de julio de 2006, registrada el 19 de julio de 2006, de la transformación, el 7 de julio de 2006, del organismo público IFP, anteriormente organismo profesional a efectos del acto denominado Ley no 43-612, de 17 de noviembre de 1943, sobre la gestión de los intereses profesionales, en ente público de carácter industrial y comercial (denominado en lo sucesivo «EPIC»). Esta transformación se desprende de dos documentos que las autoridades francesas han adjuntado en el anexo de su carta: i) el Decreto no 2006-797, de 6 de julio de 2006, por el que se establecen los nuevos estatutos del organismo público IFP, y ii) el artículo 95 de la Ley no 2005-781, de 13 de julio de 2005, relativa al programa por el que se fijan las orientaciones de la política energética (en aplicación del cual se adoptó dicho Decreto).

(2) Por cartas de 3 de agosto de 2007 y 7 de mayo de 2008, la Comisión envió solicitudes de información a las autoridades francesas, a las que estas respondieron por cartas de 28 de septiembre de 2007 y 26 de junio de 2008, respectivamente.

(3) En un asunto anterior, la Comisión adoptó el 16 de julio de 2008 una Decisión (en lo sucesivo, «la Decisión C 51/2005») sobre una primera medida de ayuda ejecutada por Francia en favor del grupo IFP (5). En esta Decisión, la Comisión destacó que la cuestión de la existencia de una ayuda estatal adicional, en forma de una eventual garantía ilimitada del Estado derivada del estatuto de EPIC del IFP, sería objeto de un examen separado en el marco de otro procedimiento.

(4) Este segundo procedimiento, previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE, fue objeto de una decisión de la Comisión de 16 de julio de 2008 (6) (en lo sucesivo, «la Decisión de incoación»), con arreglo al artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (7) (en lo sucesivo, «el Reglamento de procedimiento») contra la garantía ilimitada del Estado de la que se beneficiaba potencialmente el grupo IFP.

(5) Mediante la publicación, el 11 de octubre de 2008, en el Diario Oficial de la Unión Europea de la Decisión de incoación antes citada, la Comisión invitó a los terceros interesados a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.

(6) La Comisión recibió las observaciones de Francia mediante carta de 14 de octubre de 2008.

(7) Por carta de 6 de noviembre de 2008, registrada por la Comisión el mismo día, los asesores jurídicos de la empresa UOP Limited informaron a la Comisión de la intención de su cliente de formular observaciones sobre la medida en cuestión. Habida cuenta de los plazos de traducción necesarios, solicitaron un plazo adicional para poder enviar sus observaciones hasta el 30 de noviembre de 2008. Por carta de 7 de noviembre de 2008, la Comisión indicó que aceptaba las razones de esta solicitud y que concedía a UOP Limited un plazo de respuesta adicional hasta el 30 de noviembre de 2008. Mediante carta de 28 de noviembre de 2008, registrada por la Comisión el mismo día, los asesores de UOP Limited hicieron llegar las observaciones de su cliente sobre la Decisión de incoación.

(8) En este mismo escrito de 28 de noviembre de 2008, los asesores de UOP Limited solicitaron autorización para que su cliente pudiese presentar nuevos comentarios en el transcurso del procedimiento. Mediante carta de 17 de diciembre de 2008, la Comisión respondió a esta solicitud aceptando ampliar el plazo de respuesta de la empresa UOP Limited hasta el 23 de enero de 2009, de forma que pudiera presentar posibles observaciones complementarias. Mediante carta de 23 de enero de 2009, los asesores de UOP Limited hicieron llegar los comentarios de su cliente.

(9) Mediante carta de 6 de mayo de 2009, la Comisión comunicó a las autoridades francesas el conjunto de observaciones formuladas por UOP Limited a propósito de la Decisión de incoación, en una versión confidencial cuando fue necesario. La Comisión les invitó a remitirle sus observaciones, a más tardar, el 8 de junio de 2009. Mediante carta de 2 de junio de 2009, las autoridades francesas solicitaron una solicitud de ampliación de dicho plazo hasta el 22 de junio de 2009, ya que las observaciones presentadas por el tercer interesado requerían, en su opinión, un análisis detallado y minucioso, y la consulta de varios servicios ministeriales. Por carta de 9 de junio de 2009, la Comisión aceptó esta prórroga hasta el 22 de junio de 2009. Mediante carta de 22 de junio de 2009, las autoridades francesas enviaron sus comentarios sobre las observaciones presentadas por UOP Limited.

(10) Por carta de 29 de julio de 2009, la Comisión solicitó información complementaria a las autoridades francesas, invitándolas a proporcionarle una respuesta antes del 24 de agosto de 2009. Mediante carta de 19 de agosto de 2009, las autoridades francesas solicitaron un plazo adicional de respuesta hasta el 7 de septiembre de 2009, plazo que la Comisión concedió por carta de 20 de agosto de 2009. Mediante carta de 8 de septiembre de 2009, las autoridades francesas facilitaron finalmente la información solicitada.

(11) Mediante carta de 20 de noviembre de 2009, la Comisión solicitó nuevas informaciones complementarias a las autoridades francesas, invitándolas a darle una respuesta en veinte días. Mediante carta de 14 de diciembre de 2009, las autoridades francesas solicitaron un plazo adicional de respuesta hasta el 22 de enero de 2010, plazo que la Comisión concedió por carta de 18 de diciembre de 2009. Mediante carta de 13 de enero de 2010, las autoridades francesas facilitaron finalmente la información solicitada.

(12) El 20 de mayo de 2010, los servicios de la Comisión organizaron una reunión en Bruselas para abordar con las autoridades francesas las consecuencias que para el presente asunto tiene la Decisión adoptada por la Comisión el 26 de enero de 2010, relativa a la ayuda estatal no C 56/07 (ex E 15/05) concedida a La Poste (en lo sucesivo, «la Decisión C 56/2007») (8). Al ser La Poste un ente público que gozaba hasta entonces de un estatuto asimilable a un EPIC (9), el asunto que le concernía («asunto La Poste» o «asunto postal») presentaba grandes similitudes con la medida en cuestión, de modo que las autoridades francesas alegaron los mismos argumentos, mutatis mutandis, en sus observaciones relativas a cada uno de los dos asuntos. El 4 de junio de 2010, se envió por correo electrónico a Francia una lista de preguntas adicionales, ya que los servicios de la Comisión deseaban contar con una contribución por escrito de las autoridades francesas sobre las distintas cuestiones abordadas durante esta reunión. El 16 de julio de 2010, las autoridades francesas facilitaron los elementos solicitados.

(13) Por carta de 29 de septiembre 2010, la Comisión solicitó a las autoridades francesas la transmisión de información complementaria, invitándolas a proporcionarle una respuesta en el plazo de veinte días. Mediante carta de 7 de octubre de 2010, las autoridades francesas solicitaron la prórroga del plazo de respuesta hasta el 26 de noviembre de 2010, a lo cual la Comisión accedió mediante carta de 8 de octubre de 2010. Por carta de 26 de noviembre de 2010, las autoridades francesas facilitaron finalmente la información solicitada.

2 EL GRUPO IFP

(14) Como indicó la Comisión en la Decisión de incoación y en la Decisión C 51/2005 antes citada (10), el organismo público IFP cumple tres cometidos: — una función de investigación y desarrollo en los ámbitos de la prospección de petróleo y gas, las tecnologías de refino y la petroquímica, — una misión de formación de ingenieros y técnicos, y — una misión de información y documentación de dichos sectores. Un contrato de objetivos con el Estado define las orientaciones generales de la acción estatal por períodos de cinco años.

(15) Por otra parte, el organismo público IFP posee directa e indirectamente el control de sociedades comerciales con las que ha suscrito convenios exclusivos de investigación y licencia. Sobre la base de un conjunto de elementos concordantes, cuyo detalle figura en el considerando 137, la Comisión consideró en la Decisión C 51/2005 antes citada que el conjunto formado por las sociedades anónimas Axens, Beicip-Franlab y Prosernat y su sociedad matriz, el organismo público IFP, constituía un grupo económico (en adelante «el grupo IFP») a tenor del Derecho de la competencia.

(16) Axens es una empresa que opera en el mercado de los catalizadores y las tecnologías para la industria de refino y petroquímica. En 2006, año en que se produjo el cambio de estatuto de su sociedad matriz, realizó un volumen de negocios consolidado de 308,45 millones EUR. El vínculo entre el organismo público IFP y Axens son dos acuerdos exclusivos de licencia-marco y licencia-productos, así como un convenio de investigación industrial (11). Como contrapartida, la filial pagará a su matriz, por una parte, cánones en concepto de los contratos de licencia y, por otra, una remuneración […] (13) para el acceso a la capacidad de investigación del organismo público IFP.

(17) Beicip-Franlab está especializada en la edición y difusión de programas informáticos en el ámbito «Exploración-Yacimientos», así como en la realización de estudios y actividades de asesoramiento. En 2006, su volumen de negocios ascendió a 42 millones EUR. Un convenio exclusivo de desarrollo, comercialización y utilización, firmado en 2003, para un período de diez años, establece que Beicip-Franlab [recibe la propuesta de IFP de los resultados de sus investigaciones] (**) sobre los algoritmos, los modelos o los métodos [resultantes de la investigación del] (**) organismo público IFP en el ámbito «Exploración-Yacimientos» y puede solicitar a este último que fabrique productos sobre esta base. Beicip-Franlab cubre la totalidad de los costes de desarrollo de los productos del organismo público IFP. Además, Beicip-Franlab abonará diversos pagos complementarios […] (*) para cubrir el mantenimiento y los derechos de uso. En 2005 se firmó una cláusula adicional convenio que modifica las modalidades de remuneración pero mantiene al mismo tiempo el principio de la cobertura total de los costes de desarrollo por parte de Beicip-Franlab.

(18) Prosernat realiza estudios, servicios y conjuntos de equipos en el ámbito del tratamiento del gas y de la recuperación del azufre. En 2006, su volumen de negocios ascendió a 49,9 millones EUR. El 18 de agosto de 2003, se firmó, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2002 y para un período de diez años, un acuerdo de licencia-marco y un convenio de investigación industrial entre el organismo público IFP y Prosernat, en virtud de los cuales Prosernat dispone de una concesión exclusiva de licencia de patentes del organismo público IFP y [este último le propondrá los resultados de sus] (**) investigaciones realizadas […] (*) en el ámbito de las tecnologías de tratamiento del gas y de recuperación de azufre. Prosernat abona a su sociedad matriz un canon sobre el volumen de negocios anual a modo de remuneración de la licencia para los procesos, así como una tasa definida en cada caso en concepto de equipamiento. La remuneración del organismo público IFP en concepto del acceso de Prosernat a los resultados de los trabajos de investigación asciende al […] (*) % del volumen de negocios anual global realizado por Prosernat.

(19) Con arreglo al artículo 6 de la Decisión C 51/2005 antes citada, en los acuerdos exclusivos que rigen las remuneraciones al organismo público IFP por las filiales Axens y Prosernat se incluyó en 2009 (14) una cláusula para garantizar que se abone a la sociedad matriz una remuneración mínima que no sea a tanto alzado, que cubra al menos el 25 % de los costes de los estudios de viabilidad previos a los trabajos de investigación industrial, el 50 % de los costes de investigación industrial, y, en su caso, el 75 % de los costes de las actividades de desarrollo precompetitivas a tenor del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de estado de investigación y desarrollo, de 17 de febrero de 1996 (15) («el Encuadramiento de I+D de 1996»), realizados por el organismo público IFP en los ámbitos de actividad de las filiales (16).

(20) Con arreglo a la Decisión de incoación, en el marco del análisis de la medida en cuestión es necesario tener en cuenta el impacto potencial de la garantía estatal derivada del estatuto de EPIC del organismo público IFP sobre todas las entidades del grupo IFP (incluidos el organismo público IFP y sus tres filiales de Derecho privado) (17).

3 DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

(21) Hasta 2006, el organismo público IFP estaba constituido como persona jurídica de Derecho privado, organismo profesional a efectos del acto denominado Ley no 43-612, de 17 de noviembre de 1943, sobre la gestión de los intereses profesionales, bajo el control económico y financiero del Gobierno francés.

(22) El artículo 95 de la Ley no 2005-781, de 13 de julio de 2005, por la que se establecen las orientaciones de la política energética, sentó el principio de la transformación del IFP en EPIC. Esta transformación ha pasado a ser efectiva a partir de la publicación en el Diario Oficial de la República Francesa del Decreto no 2006-797, de 6 de julio de 2006, sobre el estatuto del organismo público IFP.

(23) En su calidad de EPIC, el organismo público IFP se convirtió en persona jurídica de Derecho público en la fecha de su cambio de estatuto (18).

(24) Las consecuencias jurídicas de la calificación de EPIC se explican con todo detalle en la parte 2 («Descripción de la medida») de la Decisión C 56/2007, y en la sección 3.2.1 («Consecuencias jurídicas del estatuto de EPIC del IFP») de la Decisión de incoación, a las que la Comisión remite, mutatis mutandis.

4 RAZONES QUE CONDUJERON A LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL

(25) En la Decisión de incoación, la Comisión consideró, en primer lugar, que la medida planteaba dudas en cuanto al hecho de que el régimen excesivo de Derecho común establecido en favor de los EPIC en materia de quiebra se asemeja a un mecanismo de garantía ilimitada del Estado que moviliza recursos públicos: — Los procedimientos de insolvencia y quiebra no son aplicables a los EPIC en su calidad de personas jurídicas de Derecho público, en virtud de un principio general de inembargabilidad de los bienes de las personas jurídicas de Derecho público reconocido por la jurisprudencia francesa desde finales del siglo XIX y, en particular, por el Tribunal de Casación (19). Para más información, la Comisión remite a la sección 3.2.1.1 de la Decisión de incoación, considerandos 38 a 40 (20); — En cambio, la Ley de 16 de julio de 1980 y sus normas de desarrollo sí son aplicables a los EPIC. En ellas se designa expresamente al Estado como autoridad competente para el cobro de las deudas de los organismos públicos, le confieren poderes importantes como la autorización de libramiento de pago de oficio y la creación de recursos suficientes, y establecen un principio de responsabilidad subsidiaria del Estado por las deudas de las personas jurídicas de Derecho público. Para más información, la Comisión remite a la sección 3.2.1.2 de la Decisión de incoación, considerandos 41 a 45 (21); — En el supuesto de disolución de un EPIC, se aplica en general el principio de la transferencia de las deudas al Estado u otra entidad pública, de modo que se garantiza a todo acreedor de un EPIC que en ningún caso perderá la deuda que tenga con un organismo público (22). Para más información, la Comisión remite a la parte 3.2.1.3 de la Decisión de incoación, considerandos 46 a 51 (23); — Los EPIC podrían disponer de un acceso privilegiado a las cuentas de anticipos del Tesoro. Para más información, la Comisión remite a la sección 3.2.1.4 de la Decisión de incoación, considerando 52 (24).

(26) Además, como se especifica en los considerandos 65 a 74 de la Decisión de incoación, a los que remite la Comisión para más información, las aclaraciones legislativas y reglamentarias propuestas por las autoridades francesas no parecían bastar para aclarar estas dudas a priori.

(27) La Comisión alegó posteriormente que no podía descartarse que de esta situación se derivase una ventaja económica especial, principalmente por las condiciones de financiación consideradas más favorables, y ello aunque el organismo público IFP y sus filiales no fuesen objeto de una calificación financiera por parte de una agencia de calificación externa. El grupo IFP también habría podido verse favorecido en sus relaciones con sus clientes y proveedores, en la medida en que estos últimos hubieran creído beneficiarse de una garantía estatal en sus créditos. Por lo tanto, en la fase de análisis preliminar, no podía descartarse que, en caso de suministro o de compra de bienes o servicios que implicasen un crédito, los proveedores o clientes afectados concedieran al organismo público IFP mejores condiciones que las que habrían concedido a una empresa que no se beneficiase de una garantía estatal.

(28) Por otra parte, sobre la base de la información disponible a raíz de su análisis preliminar, la Comisión consideró que el carácter ilimitado de la garantía, en particular en lo que respecta a su duración, importe y alcance, dificultaba enormemente el cálculo del importe de la prima de mercado que el organismo público IFP debería pagar al Estado por la concesión de esta protección.

(29) Por último, la Comisión manifestó albergar dudas sobre la compatibilidad de la ayuda estatal con el mercado interior, habida cuenta de que, entre otras cosas, no parecía prima facie que estuviera destinada a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas.

5 OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE LAS AUTORIDADES FRANCESAS

5.1 OBSERVACIONES INICIALES DE LAS AUTORIDADES FRANCESAS

(30) Tras la Decisión de incoación, las autoridades francesas comunicaron a la Comisión sus observaciones y propuestas mediante carta de 14 de octubre de 2008. Esta carta ha venido a completar las observaciones y propuestas desarrolladas en cartas anteriores de las autoridades francesas (25) y resumidas en la Decisión de incoación del procedimiento.

(31) En sus observaciones de 14 de octubre de 2008, las autoridades francesas recordaron, con carácter preliminar, que el procedimiento incoado contra el grupo IFP se inició en paralelo al asunto postal antes citado, e indicaron que retomaban, mutatis mutandis, los mismos argumentos que habían desarrollado durante la instrucción de este asunto (26). A pesar de estas semejanzas, las autoridades francesas quisieron recordar, sin embargo, las especificidades del organismo público IFP: se trata de un organismo de investigación con una triple misión de interés general (investigación, formación y documentación), cuyas actividades son, en su gran mayoría, no económicas, lo que justificaría la financiación pública que se le ha concedido. Por otra parte, precisaron las razones de su cambio de estatuto en EPIC: la búsqueda de coherencia entre la naturaleza de las actividades y el modo de financiación del IFP, por una parte, y su estatuto jurídico, por otra, habrían justificado el cambio de estatuto, con el fin de acercar al IFP a la esfera pública, abandonando la forma de organismo profesional de Derecho privado.

(32) Las autoridades francesas negaron la existencia de ayuda estatal, ya que, en su opinión, no se cumplían dos de las condiciones impuestas por el artículo 107, apartado 1, del TFUE, habida cuenta de que, por una parte, el mecanismo en cuestión no implica transferencia alguna de recursos estatales (5.1.1), y, por otra, no se concede ninguna ventaja al organismo público IFP (5.1.2).

5.1.1 AUSENCIA DE GARANTÍA IMPUTABLE AL ESTADO Y QUE IMPLIQUE UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES

(33) Según las autoridades francesas, los organismos públicos no se benefician, por una parte, de una garantía en razón de su estatuto (A), mientras que, por otra parte, el razonamiento de la Comisión en la Decisión de incoación es erróneo (B).

A. Ausencia de garantía ilimitada del Estado

(34) Según se indica en los considerandos 41 a 45 de la Decisión C 56/2007 antes citada, a los que remite la Comisión mutatis mutandis, las autoridades francesas desarrollan cinco elementos en apoyo de su argumentación.

(35) En primer lugar, ningún texto ni ninguna decisión asienta el principio de que el Estado garantizaría, por principio e indefinidamente, las deudas de los EPIC.

(36) En segundo lugar, la jurisprudencia del Consejo de Estado se pronunció sobre la ausencia de garantías, en particular en la sentencia Société de l'Hôtel d'Albe (27), así como en las dos decisiones tomadas en el asunto Campoloro (28).

(37) En tercer lugar, la Ley Orgánica de 1 de agosto de 2001, relativa a la legislación de finanzas (LOLF) establece que solamente una disposición de la legislación de finanzas puede crear una garantía (29), lo que, según las autoridades francesas, el Consejo de Estado ha confirmado expresamente en su informe anual de 2006 (30). Por tanto, según el experto que las autoridades francesas nombraron en el asunto postal antes citado, desde la entrada en vigor de la LOLF el 1 de enero de 2005, no se ha podido conceder legalmente ninguna garantía implícita (31). Las deudas contraídas después del 1 de enero de 2005 no se benefician de una garantía implícita. En cuanto a las deudas contraídas antes del 1 de enero de 2005, el experto considera que, a falta de decisión contenciosa, no puede determinarse si podría descartarse o no la caducidad de las garantías implícitas otorgadas antes del 1 de enero de 2005, cuya concesión no haya sido autorizada expresamente por la Ley de Finanzas, sobre la base del respeto de los derechos de los acreedores protegidos constitucionalmente.

(38) En cuarto lugar, Francia considera que, si los EPIC gozaran de una garantía estatal, el cambio de su estatuto requeriría la instauración de medidas de protección de los derechos de los acreedores. Como dicho mecanismo nunca se ha establecido (32), las autoridades francesas deducen de ello que los EPIC no se benefician, por el contrario, de ninguna garantía estatal.

(39) En quinto lugar, las autoridades francesas citan un artículo (33) del Sr. Labetoulle, ex-presidente de la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, según el cual «no hay en Derecho ninguna automaticidad en la concesión, el beneficio y el alcance de dicha garantía [una garantía estatal que se aplicaría de pleno derecho a los organismos públicos del Estado]».

B. Razonamiento erróneo de la Comisión (34)

(40) Las autoridades francesas consideran que, tratándose de los EPIC, a) no está garantizado el reembolso de las deudas individuales, b) como tampoco está asegurada la existencia del organismo público o de sus obligaciones.

a) Ausencia de garantía en cuanto al reembolso de las deudas individuales

(41) Como se explica en los considerandos 46 a 49 de la Decisión C 56/2007 antes citada, a los que remite la Comisión mutatis mutandis, las autoridades francesas consideran que la Ley de 16 de julio de 1980 no puede constituir la base de una garantía. Basándose en los trabajos preparatorios de la Ley, en una interpretación de la jurisprudencia Campoloro, de 10 de noviembre de 1999 (35) y 18 de noviembre de 2005 (36), y en artículos de doctrina (37), Francia indica que, en su opinión, la Ley de 16 de julio de 1980 no establece que el Estado esté obligado a comprometer sus propios recursos: la expresión «velará por ello» mencionada en el artículo 1 sólo otorgaría al Estado un poder de «sustitución» en relación con la persona a la que sustituye, en el ejercicio del cual«[se] parte de la base de que el sustituto tendrá las mismas competencias que el sustituido». Por lo tanto, en el marco de esta sustitución, el Estado solo puede ejercer las competencias ejecutivas, que no incluyen la posibilidad de disponer del presupuesto del Estado, ya que la asignación de una subvención excepcional se encuentra «fuera del ejercicio de un poder de sustitución».

(42) Por otra parte, como se indica en los considerandos 50 a 53 de la Decisión C 56/2007 antes citada, a los que remite la Comisión mutatis mutandis, las autoridades francesas sostienen que la responsabilidad objetiva del Estado no puede exigirse por el mero hecho de una insuficiencia de activos. Así es, según las autoridades francesas, toda garantía supone para el garante la obligación de asumir lo hecho por el garantizado. Cuando la responsabilidad implica asumir una culpa o, en el caso de la responsabilidad objetiva, las consecuencias de una acción propia, no puede tratarse de una garantía. Según las autoridades francesas, no puede recurrirse a la responsabilidad del Estado únicamente por el motivo de que el prefecto o la autoridad de tutela no hayan tomado ninguna medida que permita el reembolso del crédito por razón de la situación financiera y patrimonial del organismo público. Se debe descartar la culpa, puesto que la abstención del prefecto o la autoridad de tutela no es en sí misma culposa. Las autoridades francesas reconocen, no obstante, que la exigencia de continuidad del servicio público se impone al representante del Estado en la aplicación del procedimiento creado por la Ley de 16 de julio de 1980, pero consideran que, aunque el tribunal ordenase la indemnización del acreedor, dicha indemnización volvería a colocar al acreedor en la situación en la que habría estado de acuerdo con el Derecho común, puesto que, en este último caso, se habrá vendido el bien en cuestión y la masa de los acreedores habría percibido el importe correspondiente. Por lo tanto, el acreedor no habría obtenido ventaja alguna.

b) Ausencia de garantía en cuanto al mantenimiento de la existencia del organismo público IFP o de sus obligaciones

(43) Según se indica en los considerandos 54 a 56 de la Decisión C 56/2007 antes citada, a los que remite la Comisión mutatis mutandis, las autoridades francesas consideran que la inaplicabilidad a las personas de Derecho público del procedimiento de recuperación y liquidación judicial de Derecho común no excluye la posibilidad de quiebra de un EPIC o de un procedimiento de quiebra en su contra. Francia cuestiona el análisis de la Comisión basado en la Comunicación relativa a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantías (38) (en lo sucesivo, «la Comunicación sobre las garantías»), y consideran que, en el caso que nos ocupa, la Comisión no ha demostrado la existencia de «condiciones de crédito más ventajosas» imputables a la exclusión de la posibilidad de un procedimiento de quiebra, y no ha acreditado que el organismo público IFP no pueda incurrir en quiebra, ni que sea imposible un procedimiento de insolvencia, en la medida en que la Ley de 1985 solo es una ley de procedimiento y que el hecho de que los EPIC no entren en su ámbito de aplicación no implica que no se pueda aplicar en su contra un procedimiento de recuperación, de liquidación o de «quiebra»ad hoc.

(44) Además, tal como se explica en los considerandos 57 a 67 de la Decisión C 56/2007 antes citada, a los que remite la Comisión mutatis mutandis, las autoridades francesas mantienen que la aplicación del «procedimiento» establecido por la Ley de 16 de julio de 1980, en vez del procedimiento colectivo de Derecho común, no otorga ninguna ventaja al acreedor. Cuestionan la necesidad de respetar los criterios de publicidad (39) y equivalencia (40) establecidos por la Comisión en el considerando 81 de la Decisión de incoación para evaluar si la aplicación de un procedimiento específico en caso de insolvencia confiere una ventaja a la entidad que ha de someterse al procedimiento en relación con las empresas sujetas al Derecho mercantil (41), pero mantienen estos mismos criterios para analizar el procedimiento creado por la Ley de 16 de julio de 1980. Por lo que se refiere al criterio de publicidad, las autoridades francesas estiman que las agencias de calificación considerarían que este procedimiento es perfectamente aplicable en caso de insolvencia de un EPIC, mientras que, en lo que se refiere al criterio de equivalencia, distinguen dependiendo de que sea aplicable o no una exigencia de continuidad de servicio público, sin olvidar que la situación financiera del organismo público IFP y de sus filiales hace poco probable que se produzca una situación de insuficiencia de activos del grupo IFP, cuyas disponibilidades e inversiones (150,3 millones EUR) equivalían a finales de 2007 a aproximadamente cinco veces el importe de los empréstitos y deudas financieras (25,2 millones EUR): a) En el supuesto de que no fuera aplicable ninguna exigencia de servicio público, en caso de insuficiencia de activos del organismo público, la aplicación del procedimiento establecido por la Ley de 1980 no coloca a los acreedores en una situación más favorable que si se aplicase el procedimiento de Derecho común: recuperarían el mismo importe que los acreedores de una entidad sujeta al Derecho mercantil, a saber, el importe resultante de la realización del activo y no tendrían más vías de recurso al final del procedimiento (42), dado que, en opinión de las autoridades francesas, no se puede reclamar la responsabilidad del Estado basándose solo en la insuficiencia de los activos. Solo dos aspectos serían diferentes: — la ausencia de tramitación en masa de los acreedores: contrariamente al procedimiento de Derecho privado en el que las deudas se tramitan en masa y se reembolsa a los acreedores por orden de privilegio decreciente y a prorrata de las cantidades disponibles, el procedimiento establecido por la Ley de 16 de julio de 1980 se caracteriza por el hecho de que solo la acción del acreedor le permite preservar sus derechos. La lógica de la Ley de 16 de julio de 1980 es la del «primer llegado, primer servido»; — es el representante del Estado el que, bajo el control del juez administrativo (control de la falta grave según lo establecido por el Consejo de Estado en la sentencia Campoloro antes citada), asume una función equivalente a la del liquidador y administrador judicial. b) En el supuesto de que deba garantizarse la continuidad del servicio público, las autoridades francesas admiten que el representante del Estado, en el ejercicio de los poderes que le confiere la Ley de 16 de julio de 1980, podría optar por no enajenar determinados activos necesarios para el cumplimiento de una misión de servicio público. Esta decisión de no ceder determinados bienes se traduciría, si no estuviera compensada por el Estado, en una menor realización de activos y por ende en una disminución de los importes recuperables por los acreedores. Según las autoridades francesas, este procedimiento no conferiría a los acreedores del organismo público IFP derechos superiores a los que tendrían en aplicación del Derecho mercantil. No obstante, las autoridades francesas admiten que, en este caso, se podría invocar la responsabilidad objetiva del Estado: en tal caso se traduciría por una indemnización de los acreedores por el importe del perjuicio que hayan sufrido (a lo sumo igual al valor venal de los activos conservados por el Estado para la continuidad del servicio público). Por consiguiente, los acreedores se podrían encontrar en la misma situación que resultase de la aplicación del Derecho común. Las autoridades francesas concluyen que el procedimiento establecido por la Ley de 16 de julio de 1980 no confiere ninguna ventaja respecto al procedimiento de Derecho común y que no se justifica, por tanto, someter directamente al organismo público IFP a dicho procedimiento.

(45) Como se explica en el considerando 68 de la Decisión C 56/2007, al que remite la Comisión mutatis mutandis, las autoridades francesas destacan que los textos legislativos mencionados por la Comisión en la Decisión de incoación, en particular en el considerando 82, incluida la instrucción de codificación no 02-060-M95, de 18 de julio de 2002, sobre normativa financiera y contable de los organismos públicos nacionales de carácter industrial y comercial, y la guía relativa a la organización financiera de la creación, transformación y supresión de organismos públicos nacionales y agrupaciones de interés público, de 14 de noviembre de 2006, no son aplicables ni trasladables al organismo público IFP.

(46) Respecto de la recapitalización de las filiales del organismo público IFP, las autoridades francesas estiman, en primer lugar, que la cuestión planteada en el considerando 80 de la Decisión de incoación no debería tenerse en cuenta para demostrar la existencia de una posible garantía estatal sino más bien para medir sus efectos potenciales, que colocarían al organismo público IFP y sus filiales en una situación preferencial por gozar de mejores condiciones de recapitalización. Las autoridades francesas también estiman que la argumentación de la Comisión se basa en dos ideas erróneas: — Por una parte, la Comisión comete un error de razonamiento en cuanto al posible apoyo que el organismo público IFP podría aportar a sus filiales por medio de una transferencia dentro del propio grupo, dado que las condiciones en las que una sociedad matriz de grupo, aunque sea persona jurídica de Derecho público, puede apoyar a una de sus filiales en crisis se encuentran reguladas estrictamente por el Derecho de sociedades (43) y no están en absoluto relacionadas con el concepto de empresa en el sentido del Derecho de la competencia. — Por otra parte, las autoridades francesas no están de acuerdo en que el estatuto de EPIC del organismo público IFP y la garantía estatal que un estatuto de este tipo supondría en su caso, le permitan recapitalizar sus filiales más fácilmente que a las empresas matrices de grupo que tengan personalidad jurídica de Derecho privado. Según las autoridades francesas, el hecho de que una empresa soporte de manera temporal las pérdidas de una de sus filiales corresponde al funcionamiento normal de un grupo de empresas, como por otra parte así lo ha reconocido el juez de la Unión Europea (44), y un inversor público que actúe con arreglo a las mismas normas de conducta que un inversor privado, no considera que su intervención incluya elementos de ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE (45). Este sería el caso, en particular, del organismo público IFP, que tendría la posibilidad (y no la obligación) jurídica de recapitalizar una filial en crisis según los mismos criterios de apreciación que cualquier inversor prudente. Por último, las autoridades francesas niegan que los EPIC dispongan de ninguna posibilidad de acceso «directo» a las «cuentas del Tesoro». Precisan que el dispositivo presupuestario de la «cuenta de ayuda financiera», regulado por el artículo 24 de la LOLF, contempla la constitución de cuentas de créditos limitativos (limitados por la Ley de Finanzas), que permitan al Estado, si así lo deseara y estuviera en condiciones de hacerlo (en particular en cuanto al Derecho de la Unión Europea), conceder anticipos a diversos organismos. Según las autoridades francesas, los EPIC no disponen de «acceso directo» a estas cuentas.

5.1.2 AUSENCIA DE TODA VENTAJA POR LO QUE RESPECTA AL ORGANISMO PÚBLICO IFP Y SUS FILIALES

(47) Las autoridades francesas consideran, en primer lugar, que la Comunicación sobre las garantías antes citada no permite concluir la existencia de una ventaja en el caso que nos ocupa, que la extensión a las filiales del organismo público IFP, sociedades anónimas de Derecho común, de las posibles ventajas de que disfrutaría este último por su condición de EPIC, estaría en contradicción con la práctica decisoria de la Comisión, y que, en el presente caso, no ha quedado acreditado que el organismo público IFP y sus filiales hayan disfrutado de una ventaja económica real.

(48) Las autoridades francesas consideran que la Comisión realiza una interpretación incorrecta del punto 1.2 de la Comunicación sobre las garantías anteriormente mencionada, que establece que son «(…) asimismo constitutivas de ayuda en forma de garantía las condiciones de crédito más ventajosas obtenidas por empresas cuya forma jurídica impide la posibilidad de quiebra u otros procedimientos de insolvencia o prevé explícitamente una garantía o cobertura de pérdidas por parte del Estado»: — En primer lugar, las autoridades francesas niegan que el organismo público IFP disponga, en su calidad de EPIC, de un estatuto legal que excluya cualquier procedimiento de quiebra o de insolvencia; en cualquier caso, consideran que la Comisión no lo ha demostrado sino que solo ha aportado la prueba de que este estatuto no permite la aplicación de un procedimiento especial (en este caso concreto, el procedimiento establecido por la Ley de 25 de enero de 1985). — En segundo lugar, las autoridades francesas niegan la automaticidad de la relación entre la imposibilidad jurídica y estatutaria de ser objeto de un procedimiento de quiebra o insolvencia y el beneficio de condiciones de financiación más favorables en los mercados; corresponde a la Comisión, en aplicación del punto 1.2 de la Comunicación sobre las garantía, demostrar previamente la existencia de condiciones de crédito más ventajosas para considerar que una empresa cuya forma jurídica impide la posibilidad de quiebra u otros procedimientos de insolvencia se beneficia de una ayuda en forma de garantía.

(49) Por otra parte, en la Decisión de incoación, las autoridades francesas consideran que la Comisión ha ignorado su práctica decisoria en el análisis de las ventajas potenciales que se derivan, para las filiales del organismo público IFP, de la existencia de una garantía ilimitada para el EPIC. En su opinión, la Comisión ha seguido un razonamiento contradictorio con el adoptado en la creación de La Banque Postale (46): mientras que esta última era, como las filiales del organismo público IFP, una sociedad anónima propiedad al 100 % de una entidad asimilable a un EPIC, la Comisión consideró (haciendo abstracción de los compromisos contraídos por Francia en este caso) que el estatuto jurídico de sociedad anónima de Derecho común permitía, por sí mismo, excluir la existencia de una garantía ilimitada a nivel de la filial. El mismo razonamiento debe llevar, según las autoridades francesas, a considerar que las filiales del organismo público IFP que también tengan un estatuto de sociedad anónima de Derecho común tampoco pueden disfrutar de la garantía ilimitada eventualmente conferida por el estatuto de EPIC.

(50) Por último, la Comisión no demuestra, en opinión de las autoridades francesas, la existencia de una ventaja económica real para el organismo público IFP y sus filiales, limitándose a invocar, en la Decisión de incoación, la existencia de condiciones de financiación «consideradas» más favorables, sin aportar una sola prueba efectiva. La jurisprudencia de la Unión Europea requiere, en este caso concreto, que la Comisión demuestre que el estatuto de EPIC del organismo público IFP le ha permitido obtener condiciones de financiación más favorables (47). Ahora bien, durante el procedimiento, las autoridades francesas comunicaron una serie de elementos que demuestran que el estatuto de EPIC del organismo público IFP no había ofrecido ni podía ofrecer ventaja financiera alguna al organismo público IFP y sus filiales, habida cuenta de que la transformación del organismo público IFP se realizó observando un principio general de continuidad, en particular por lo que respecta a su actividad, organización, régimen contable y financiero (recursos y normas contables y financieras), así como régimen fiscal.

(51) Las autoridades francesas consideran que lo anteriormente expuesto demuestra que: — la situación financiera del organismo público IFP y de sus filiales es buena, lo que dejaría sin objeto la cuestión de una posible quiebra y, por consiguiente, de una intervención en última instancia del Estado; — las condiciones de financiación a corto plazo del organismo público IFP y de sus filiales son diferentes para cada una de estas entidades y resultan de negociaciones específicas realizadas intuitu personae con sus bancos respectivos; — las relaciones del organismo público IFP y de sus filiales con sus proveedores y clientes tampoco dan lugar a condiciones preferenciales que se deriven del hecho de que los proveedores y clientes esperen una garantía estatal.

(52) Las autoridades francesas concluyen que: — el análisis desarrollado por la Comisión en su Decisión de incoación del procedimiento es cuestionable, ya que el organismo público IFP y sus filiales no se benefician de ninguna garantía estatal; — la Comisión no ha demostrado la existencia de una ventaja para el organismo público IFP y sus filiales derivada del estatuto de EPIC del IFP; — por lo tanto, la Comisión no ha demostrado la existencia de una ayuda estatal en favor del organismo público IFP y sus filiales.

5.2 PROPUESTAS DE LAS AUTORIDADES FRANCESAS

(53) No obstante, para despejar cualquier duda de la Comisión, las autoridades francesas indicaron que, si la Comisión accedía a sobreseer el procedimiento mediante una decisión de ausencia de ayuda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de procedimiento antes citado, estaban dispuestas a aplicar las siguientes medidas: — clarificar el Decreto de aplicación de la Ley de 16 de julio de 1980; — incluir una mención que precise la ausencia de garantía en los contratos del organismo público IFP que impliquen un crédito; — incluir una mención que precise la ausencia de garantía en los contratos de financiación de las filiales del organismo público IFP.

5.2.1 CLARIFICACIÓN DEL DECRETO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE 16 DE JULIO DE 1980

(54) Según se indica en los considerandos 94 a 96 de la Decisión C 56/2007 antes citada, a los que remite la Comisión mutatis mutandis, las autoridades francesas proponen clarificar la interpretación de la Ley de 16 de julio de 1980 modificando el párrafo cuarto del artículo 3-1 de su Decreto de aplicación (48). La modificación propuesta tiene por objeto, según las autoridades francesas, despejar cualquier duda en cuanto al alcance de la expresión «velará por ello» en la organización del poder de tutela conferido al Prefecto o a la autoridad de tutela, dado que estos últimos han de liberar, en lo sucesivo, los recursos del presupuesto de la colectividad o del organismo (49). Según las autoridades francesas, esta propuesta excluye que, en el ejercicio de su poder de tutela, el representante del Estado pueda aumentar los recursos de la colectividad u organismo de que se trate por una subvención del Estado o una inyección de recursos públicos.

5.2.2 INSERCIÓN DE UNA MENCIÓN QUE PRECISE LA AUSENCIA DE GARANTÍA EN LOS CONTRATOS DEL ORGANISMO PÚBLICO IFP QUE IMPLIQUEN UN CRÉDITO

(55) Según se indica en los considerandos 97 a 100 de la Decisión C 56/2007 antes citada, a los que remite la Comisión mutatis mutandis, las autoridades francesas cuestionan la posición de la Comisión (50) según la cual la responsabilidad del Estado solo puede reclamarse sobre la base de la insolvencia del organismo público IFP. Sin embargo, presentan una propuesta basada en la excepción de riesgo aceptado (véanse las sentencia del Consejo de Estado Sille (51) y Meunier (52) sugiriendo, a semejanza de lo que propusieron en el asunto postal, que se confirme formalmente a los acreedores del organismo público IFP que su crédito no se beneficia de la garantía estatal y que, en caso de insolvencia, el Estado no estará obligado a asumir el pago de la deuda de la empresa. Por lo tanto, los posibles interesados, al exponerse a sabiendas y con pleno conocimiento de causa, no pueden invocar un derecho de reparación. Las autoridades francesas se comprometen pues, conjuntamente con el organismo público IFP, a consignar para cada operación en el contrato de financiación la mención siguiente (para todo instrumento cubierto por un contrato): «La emisión/el programa/el préstamo no se benefician de ninguna garantía de ningún tipo, directa o indirecta, del Estado. En caso de insolvencia, el Estado no estará obligado a sustituir financieramente al IFP para el pago de la deuda».

(56) Como se indicó en el considerando 101 de la Decisión C 56/2007, al que remite la Comisión mutatis mutandis, las autoridades francesas también tomaron nota de las dudas expresadas por la Comisión en el considerando 71 de la Decisión de incoación, en el que se indicaba que, por una parte, la excepción de riesgo aceptado es una norma establecida por la jurisprudencia que podría evolucionar; que, por otra parte, dicha norma se basa en instrumentos de Derecho derivado, que podrían anularse en caso de conflicto; y, por último, que la propuesta de las autoridades francesas no abarcaba todos los casos, puesto que los créditos podían ser no solo financieros, sino también comerciales o de otro tipo.

(57) Según se indica en los considerandos 102 a 104 de la Decisión C 56/2007, a los que remite la Comisión mutatis mutandis, después de haber recordado su oposición de principio en cuanto a la posición de la Comisión sobre el compromiso de la responsabilidad objetiva del Estado exclusivamente por la insuficiencia de activos del organismo público IFP, las autoridades francesas aportaron elementos complementarios para responder a estas dudas: a) Sostienen las autoridades francesas que la primera objeción de la Comisión equivaldría a considerar que, aunque el Derecho interno de un Estado miembro no contemple una disposición a este respecto, el mero riesgo de cambio jurisprudencial, es decir, de modificación del Derecho interno, bastaría para motivar la existencia de ayuda estatal. La Comisión no puede fundamentar una posible medida de ayuda en un eventual cambio de la normativa, que, en este caso, resulta más que improbable, ya que la excepción de riesgo aceptado constituye un principio general del Derecho público ampliamente confirmado por la jurisprudencia, nunca contradicho y muy comentado. b) Por lo que se refiere a la segunda objeción, las autoridades francesas reconocen que la ley y el reglamento prevalecen sobre el contrato, y que una cláusula controvertida siempre puede anularse. No obstante, las partes consideran que esta objeción no alega ningún texto de alcance superior, que no está justificada y que, por lo tanto, no tiene ningún alcance. c) Por último, en lo que se refiere a la tercera objeción, las autoridades francesas consideran que se basa en una simple presunción de convicción o espera, por parte de los proveedores, de una garantía estatal sobre su crédito, presunción que por sí sola no puede fundamentar la existencia de una ventaja, sino que debe ser corroborada por un elemento que acredite que el organismo público IFP y sus filiales se beneficiaron realmente de tal ventaja económica.

(58) Sin embargo, tal como se menciona en el considerando 106 de la Decisión C 56/2007, al que remite la Comisión mutatis mutandis, las autoridades francesas afirman estar dispuestas a ampliar su propuesta de que se mencione la inexistencia de garantía en todos los contratos que impliquen un crédito, con objeto de descartar explícitamente cualquier riesgo de invocación de la responsabilidad objetiva del Estado basado únicamente en la insolvencia del organismo público IFP.

5.2.3 INSERCIÓN DE UNA MENCIÓN QUE PRECISE LA AUSENCIA DE GARANTÍA EN LOS CONTRATOS DE FINANCIACIÓN DE AXENS, BEICIP-FRANLAB Y PROSERNAT, FILIALES DEL ORGANISMO PÚBLICO IFP

(59) Por otra parte, con el fin de completar el dispositivo propuesto, las autoridades francesas presentan a la Comisión una propuesta adicional similar a la que se presentó en la creación de La Banque Postale, consistente en comprometerse, por lo que respecta a las condiciones de los préstamos de las filiales del organismo público IFP (Axens, Beicip-Franlab y Prosernat) en los mercados, a indicar por escrito en el contrato de financiación (para todo instrumento cubierto por un contrato), en cada operación, que «con arreglo al Derecho francés (incluida la necesidad de una autorización legal expresa para cada garantía), la presente operación de financiación no se beneficiará de ninguna garantía de ningún tipo, directa o indirecta, del Estado».

(60) Según se indica en los considerandos 107 a 110 de la Decisión C 56/2007, a los que remite la Comisión mutatis mutandis, las autoridades francesas consideran que las dos medidas aclaratorias propuestas (cuyos pormenores se mencionan en los considerandos 55 y 59) permiten explicar sus derechos a los acreedores del organismo público IFP y sus filiales, de modo que Francia no puede ser considerada, como se ha indicado en el considerando 87 de la Decisión de incoación del procedimiento, «responsable de las expectativas creadas en los acreedores del IFP en cuanto a la existencia de una garantía» y que mantiene voluntariamente una «situación jurídica opaca» que «confiere una ventaja al organismo público IFP y puede comprometer los recursos del Estado».

5.3 COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS AUTORIDADES FRANCESAS

(61) En sus cartas de 16 de julio y 26 de noviembre de 2010, las autoridades francesas aportaron elementos complementarios que demuestran, en su opinión, la ausencia de ayuda estatal por lo que se refiere al organismo público IFP.

(62) A título preliminar, recordando el asunto France Télécom (53), en su escrito de 16 de julio de 2010 subrayan que el juez de la Unión Europea recordó la obligación que recae en la Comisión de demostrar la existencia de una ventaja real a efectos de determinar la existencia de ayuda estatal. Consideran que, en el caso que nos ocupa, la garantía ilimitada derivada, según la Comisión, del estatuto del organismo público IFP, no le otorga en realidad ventaja económica alguna. En su carta de 26 de noviembre de 2010, las autoridades francesas precisan que, a su entender, la carga de la prueba recae en la Comisión. A este respecto, recuerdan los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Unión Europea en materia de prueba y motivación, en particular por el Tribunal en el asunto France Télécom antes citado, y por el Tribunal de Justicia en los asuntos Krantz (54), y más recientemente Deutsche Post AG (55). Las autoridades francesas consideran que el análisis presentado por la Comisión en el caso de autos se basaría «más en hipótesis que en un análisis in concreto».

(63) Por otra parte, las autoridades francesas consideran que la Comisión estima que el organismo público IFP podría beneficiarse de una ventaja a tres niveles: i) en sus relaciones con las entidades bancarias y financieras, ii) en sus relaciones con los proveedores, y iii) en sus relaciones con los socios industriales terceros que recurran a los trabajos de investigación.

(64) Por lo que se refiere a las relaciones del organismo público IFP con las entidades bancarias y financieras, las autoridades francesas consideran que hasta ahora el IFP no ha obtenido ninguna ventaja económica de su estatuto de EPIC. Las autoridades francesas presentan a la Comisión pruebas de que i) a largo plazo, el IFP presentó un endeudamiento nulo en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; ii) a medio plazo, IFP ha negociado anualmente líneas de crédito con diferentes entidades bancarias, pero a tipos comparables a los del mercado, y, en cualquier caso, nunca ha utilizado estas líneas de crédito; y, por último, iii) a corto plazo, su deuda ha sido casi nula o nula durante el período considerado (56).

(65) Por lo que se refiere a las relaciones con los proveedores, las autoridades francesas consideran que el organismo público IFP, en su calidad de entidad adjudicadora, ha de cumplir los requisitos de información y competencia de la Orden no 2005-649 de 6 de junio de 2005 (57), y que, por consiguiente, no puede beneficiarse de ninguna ventaja. En su carta de 26 de noviembre de 2010, las autoridades francesas reiteran este análisis y precisan que someter los pedidos del organismo público IFP a un procedimiento de licitación conforme a la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (58), constituye, en su opinión, una garantía suficiente para evitar distorsiones de la competencia en el mercado. Según las autoridades francesas, al introducir la competencia entre sus proveedores, de conformidad con las obligaciones resultantes del Derecho de la Unión Europea, no podría acusarse al organismo público IFP de haberse beneficiado de una ventaja ilícita, al menos en ausencia de todo elemento de prueba específico. Subrayan que se ha recurrido a sistemas electrónicos de compra precisamente en aras de la eficiencia de la contratación pública, habida cuenta de que el considerando 13 de la Directiva 2004/18/CE afirma, por ejemplo, que «esta técnica de adquisición permitirá […] que los poderes adjudicadores dispongan de una gama especialmente amplia de ofertas […], garantizando así una utilización óptima de los fondos públicos mediante una amplia competencia». A este respecto, las autoridades francesas mencionan un informe (59) de la Comisión en el que se constata la existencia de un impacto positivo de la normativa sobre contratación pública en términos de reducción de los precios, reducción que se presenta como el «beneficio social» de una competencia más justa entre los licitadores. Por consiguiente, y siempre según las autoridades francesas, al «imputar» estos ahorros al estatuto de EPIC del organismo público IFP, la Comisión no es coherente con el espíritu de la Directiva, que vería en los procedimientos de selección el vector esencial de una mayor competencia que conduciría a una reducción de los costes de la contratación pública.

(66) Por último, en cuanto a las relaciones del organismo público IFP con sus clientes, Francia precisa que las actividades de investigación bajo contrato afectadas abarcan las prestaciones realizadas por el organismo público IFP a petición de un cliente, tercero o filial, sobre un aspecto que entre en el ámbito de la misión del IFP, no presente para dicho organismo público intereses estratégicos en el ámbito de la propiedad de los resultados, pueda enriquecer sus conocimientos y competencias en relación con la realización de los programas de I+D pública que lleva a cabo, y no se encuadre en el ámbito de actividades exclusivo de las filiales. Las autoridades francesas señalan que los trabajos de investigación que estos clientes adquieren exige contar con equipos y conocimientos específicos.

(67) A este respecto, Francia alega que, aunque el organismo público IFP se beneficiara de su estatuto de EPIC para el ejercicio de estas actividades económicas, esta ventaja no tendría ningún impacto material en el mercado. No podría, por ejemplo, falsear la competencia ni afectar al comercio entre los Estados miembro. Durante el período que se inicia a partir del cambio de estatuto del organismo público IFP (que tuvo lugar en julio de 2006), las autoridades francesas reconocen, no obstante, que el IFP podría beneficiarse de una reducción de los gastos por no haber suscrito garantías de buen fin, que, sobre la base de los importes reclamados normalmente por los bancos y las compañías de seguros para ofrecer este tipo de servicio, representaría, sin embargo, un importe insignificante. Las autoridades francesas concluyen que dicho efecto no tendría carácter de ventaja, lo que cuestionaría la propia existencia de ayuda estatal al organismo público IFP.

6 OBSERVACIONES DE TERCEROS Y COMENTARIOS DE LAS AUTORIDADES FRANCESAS

6.1 OBSERVACIONES DE LA EMPRESA UOP LIMITED

(68) En su carta de 28 de noviembre de 2008, UOP Limited justifica su interés en actuar como tercero interesado en el procedimiento (60) antes de formular algunos comentarios generales e indicar que, en su opinión, la entidad que se conoce con el nombre de «IFP/Axens» es beneficiaria de una ayuda estatal: — el mercado percibe de manera incontestable como entidad pública al conjunto formado por el organismo público y su filial Axens, «IFP/Axens» (5.1.1); — a su entender, la concesión a «IFP/Axens» del estatuto de EPIC ha permitido y sigue permitiendo un falseamiento significativo de la competencia en el mercado de la tecnología de procesos, mercado en el que opera UOP Limited, ya que confiere ventajas en las relaciones con los proveedores, los inversores de capital y los clientes (5.1.2).

6.1.1 PERCEPCIÓN DE LA ENTIDAD «IFP/AXENS» POR EL MERCADO

(69) Según la empresa UOP Limited, no se sostiene el argumento de las autoridades francesas de que Axens, al igual que las demás filiales de IFP, constituyen entidades empresariales distintas. La Comisión señala acertadamente que i) Axens es propiedad al 100 % del organismo público IFP; ii) la ejecución por parte de Axens de las actividades de I+D del organismo público IFP refleja las prioridades estratégicas decididas por el Estado; iii) los responsables del organismo público IFP participan en la gestión de Axens; iv) Axens goza de un contrato exclusivo con el organismo público IFP, esencial para la actividad económica de la filial; y v) existe, en particular, un acuerdo de primera utilización y de puesta a disposición de personal.

(70) Además de los elementos recogidos en el considerando anterior, la compañía UOP Limited añade que la imagen que IFP y Axens dan de su relación, así como la percepción que tiene el mercado, constituyen también factores determinantes: — IFP y Axens se presentan en el mercado como una entidad económica única «IFP/Axens». En el sitio Internet de Axens se indica, entre otras cosas, que «la sociedad se basa desde hace casi cincuenta años en los éxitos de su política de I+D e industrial» (61). Además, en la publicidad que Axens hace de su tecnología se menciona al organismo público IFP. Por otra parte, el personal de Axens y del organismo público IFP visitan a veces juntos a sus licenciatarios. — La prensa industrial ofrece un ejemplo de la percepción que tiene el mercado de «IFP/Axens» en tanto que entidad económica única. La compañía UOP Limited ha adjuntado extractos de recortes de prensa referentes a las actividades de «IFP/Axens» en el ámbito de las licencias de tecnología de proceso, o mencionando, de forma alternativa, el suministro por parte del organismo público IFP de tales licencias a través de su filial Axens. Por otra parte, UOP Limited ha facilitado ejemplos de artículos o presentaciones en los que los empleados de Axens han insinuado que el organismo público IFP percibe que Axens incluye «la totalidad de las actividades respectivas de la división industrial y de la procatálisis».

6.1.2 VENTAJAS CONFERIDAS POR EL ESTATUTO DE EPIC

(71) La compañía UOP Limited indica que el hecho de que tanto los proveedores como los clientes perciban que Axens cuenta con recursos ilimitados del Estado para financiar sus actividades le otorga una ventaja considerable en el mercado. Aunque no se trate más que de una percepción por parte del mercado, este elemento reviste mayor importancia en un contexto económico mundial de crisis económica.

(72) Por lo que respecta a los clientes, las garantías que ofrece la entidad «IFP/Axens» tienen una importancia específica en un mercado en el que los clientes tienen en cuenta consideraciones económicas a largo plazo antes de elegir una tecnología determinada. Partiendo del ejemplo de las «complejos aromáticos», UOP Limited explica grosso modo que, antes de aplicar tales tecnologías, los clientes deben realizar inversiones muy importantes en el diseño y la construcción de las infraestructuras de producción, que requieren varios años de obras. Sin embargo, el éxito de esos complejos industriales está vinculado al rendimiento de las tecnologías utilizadas, que los clientes quieren, por lo general, ver garantizadas por el vendedor de procesos (62). En el supuesto de que no se alcanzara el nivel de prestaciones exigido, no dudarían en reclamar la responsabilidad del cesionario y exigir el cumplimiento de obligaciones estrictas en materia de rehabilitación. La solvencia a largo plazo del cesionario es, por tanto, un elemento importante en la elección de los compradores, no solo en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino también por las perspectivas ofrecidas en materia de I+D, garantías de futuras mejoras de la eficiencia del proceso adquirido. La entidad «IFP/Axens», que el mercado percibe como dependiente del Estado, dispone pues de una ventaja en relación con sus competidoras, ya que los compradores no tienen razón alguna para dudar de su supervivencia a largo plazo.

(73) Por lo que respecta a los proveedores, UOP Limited considera que la entidad «IFP/Axens» goza de condiciones preferentes frente a sus competidores. A este respecto, se refiere a los contratos firmados conjuntamente por IFP y Axens mencionados en la Decisión de incoación.

(74) En cuanto a los mercados financieros, UOP Limited considera que la entidad «IFP/Axens» goza de condiciones y tipos de interés preferenciales en los mercados de capitales, habida cuenta del papel de garante que, en última instancia, desempeña el Estado. Por otra parte, en un contexto de crisis financiera, la presencia del Estado, y la seguridad que representa para los inversores, permiten atraer capitales privados en un periodo de escasez. Los competidores no pueden acceder a financiaciones comparables, o solo pueden obtenerlas en condiciones económicamente menos interesantes. Según la empresa UOP Limited, los efectos de la crisis económica y financiera han reforzado aún más el potencial de falseamiento de la medida.

(75) En su carta de 23 de enero de 2009, UOP Limited remite a sus observaciones anteriores, así como a las transmitidas en el marco del procedimiento relativo a la Decisión C 51/2005. Considera que esta información aporta elementos suficientes que demuestran la importancia de la solvencia de los cocontratantes en el mercado de referencia de las licencias de procesos. UOP Limited reitera el argumento según el cual los clientes de la entidad «IFP/Axens» suponen que mantienen una relación comercial con un organismo estatal cuya viabilidad a largo plazo no presenta ningún riesgo. Por último, la compañía UOP Limited invita a la Comisión a que analice los acuerdos entre Axens y sus clientes, por estar convencida de que no incluyen ninguna indicación que pueda limitar la responsabilidad por parte de Axens.

6.2 COMENTARIOS DE LAS AUTORIDADES FRANCESAS SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA COMPAÑÍA UOP LIMITED

(76) En su carta de 22 de junio de 2009, las autoridades francesas consideraron que las observaciones de la compañía UOP Limited se «basan en afirmaciones erróneas, o incluso totalmente falsas, y en cualquier caso no se fundamentan en ningún elemento que pueda demostrar la existencia de ayuda estatal por parte del organismo público IFP o de Axens».

(77) En esencia, las autoridades francesas niegan toda relevancia a la alegación según la cual en el mercado se percibe a «IFP/Axens» como una entidad pública que goza de ventajas frente a los clientes, los proveedores, y los mercados financieros, y rechazan la afirmación de que la entidad «IFP/Axens» constituye un órgano estatal sin ninguna preocupación de viabilidad a largo plazo.

(78) Las autoridades francesas desarrollan dos argumentos: — en primer lugar, la entidad «IFP/Axens» no es un órgano del Estado con recursos ilimitados, y además nada indica que dicha entidad sea percibida como tal en el mercado (6.2.1); — en segundo lugar, el estatuto de EPIC del organismo público IFP no otorga ninguna ventaja a Axens en el mercado (6.2.2).

6.2.1 «IFP/AXENS» NO ES UN ÓRGANO ESTATAL CON RECURSOS ILIMITADOS

(79) Según las autoridades francesas, en contra de lo que afirma la empresa UOP Limited, los proveedores y clientes de la entidad «IFP/Axens» no la perciben como un «órgano estatal» que goza de recursos ilimitados.

(80) En primer lugar, las autoridades francesas remiten al análisis jurídico que enviaron a la Comisión, y a sus anteriores comentarios, que demuestran, en su opinión, que el estatuto de EPIC del organismo público IFP no confiere ningún tipo de garantía.

(81) En segundo lugar, las autoridades francesas señalan que la compañía UOP Limited alega una «supuesta creencia en una garantía ilimitada del Estado en favor de IFP/Axens», que no existe en Derecho, y que, por sí sola, no basta para justificar la existencia de ayuda estatal.

(82) En tercer lugar, aun suponiendo que el organismo público IFP goce de una garantía pública – lo que niegan las autoridades francesas – sería incorrecto considerar que tal garantía se hace mecánicamente extensiva a las filiales del organismo público IFP porque este último y sus filiales constituyen un grupo económico en el sentido del Derecho de la competencia. En efecto, según Francia, como entidades de Derecho privado sujetas al Derecho de sociedades, las filiales del organismo público IFP y, en particular, Axens, no están cubiertas por dicha garantía, ya que el principio de autonomía de las filiales se opone, en particular, a la teoría propuesta por la compañía UOP Limited de «la ampliación automática» de las garantías dentro de un grupo. La noción de grupo, que puede tener sentido en el Derecho de la competencia, no es reconocida por el Derecho de sociedades, por lo que la concesión de garantías dentro de un grupo queda sujeta a condiciones estrictas de forma y fondo. Tal sería el caso, en particular, del organismo público IFP, que exige la autorización por parte del Consejo de Administración con arreglo al artículo 7 de sus estatutos. Además, las autoridades francesas consideran que la Comisión ya ha tomado nota de este punto, ya que ha reconocido «que el propio estatuto jurídico de La Banque Postale (persona jurídica de Derecho privado) bastaba, de por sí, para descartar la existencia de cualquier garantía ilimitada en La Banque Postale» (63).

6.2.2 AXENS NO SE BENEFICIA DE NINGUNA VENTAJA EN EL MERCADO EN RAZÓN DEL ESTATUTO DE EPIC DEL ORGANISMO PÚBLICO IFP

(83) Las autoridades francesas consideran que el argumento presentado por UOP Limited, según el cual el mercado comparte la creencia de que la entidad «IFP/Axens» es un órgano estatal con recursos ilimitados y goza de ventajas, tanto para los clientes como para los proveedores y acreedores, no se basa «en ningún elemento sólido», y además «los hechos se encargan de desmentirlo».

(84) Las autoridades francesas presentaron una nota de servicio de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Acuerdos (AJA) de Axens, titulada «Principios de seguridad jurídica de Axens» en la que se describe la relación existente entre el organismo público IFP y Axens (64). Estas relaciones se rigen explícitamente por la norma general según la cual Axens no solicita bajo ningún concepto garantía alguna a su sociedad matriz. Las autoridades francesas han precisado que no se admite excepción alguna por lo que respecta a esta norma de ausencia de garantía. Por otra parte, este principio se repite in extenso en el documento en los siguientes términos: «El IFP no garantiza las acciones u omisiones de Axens». Las autoridades francesas han precisado que esta norma se aplica a todo contrato o proyecto que Axens pudiera celebrar o llevar a cabo con clientes, con proveedores y en los mercados financieros.

6.2.2.1 Sobre las relaciones entre Axens y sus clientes

(85) Según Francia, la compañía UOP Limited alega sin ninguna justificación la importancia de la garantía pública sobre la situación financiera a largo plazo de Axens, en particular respecto de las garantías y obligaciones contractuales de mantenimiento previstas tradicionalmente en los acuerdos de licencia, como tampoco justifica las razones por las cuales «está convencida de que la Comisión no encontrará ninguna disposición de limitación de responsabilidad en Axens» (65).

(86) Sobre estos puntos, las autoridades francesas precisaron que la norma descrita en el considerando 84 (según la cual la filial no formula ninguna solicitud de garantía a la sociedad matriz) se aplica también a cualquier garantía que Axens pudiera negociar o concluir con un cliente. Las autoridades francesas ilustraron en sus observaciones su argumento, por ejemplo, de los «complejos aromáticos» mencionado por UOP Limited. Por otra parte, precisaron que, por regla general, Axens se decanta por limitar su responsabilidad a una determinada fracción del canon […] (*). Esta política de limitación de garantías, que constituye uno de los principios de seguridad jurídica de Axens, se distingue netamente, por tanto, de los usos de otras empresas activas en este ámbito, que, según las autoridades francesas, tienen por costumbre conceder en algunos casos garantías ilimitadas.

(87) Por último, las autoridades francesas recuerdan que las obligaciones en materia de mantenimiento/reparación aplicables en caso de siniestro no movilizan la cobertura financiera del organismo público IFP: a) en caso de impago de Axens, la capacidad ofrecida por sus aseguradoras de responsabilidad civil a través de las distintas líneas de seguro de su programa mundial sería considerablemente superior a los límites de responsabilidad de Axens acordados contractualmente con sus licenciatarios; b) la capacidad de movilización inmediata o rápida de recursos de Axens, en particular a través de su bajo nivel de endeudamiento, sería también muy importante; c) los convenios entre el organismo público IFP y Axens limitarían expresamente la responsabilidad del primero en caso de impago de un licenciatario de Axens a importes necesariamente limitados por estar relacionados con el canon percibido por el organismo público IFP; d) la aseguradora de responsabilidad civil de Axens renunciaría explícitamente a cualquier reclamación contra el organismo público IFP, independientemente de su causa.

(88) Las autoridades francesas concluyen que las afirmaciones de la empresa UOP Limited a propósito de la existencia de supuestas ventajas que Axens obtendría en el mercado de las licencias de procesos quedan invalidadas, entre otras cosas, porque Axens no ha cesado de aplicar una política de limitación de las garantías de responsabilidad concedidas a sus clientes.

(89) En su carta de 8 de septiembre de 2009, las autoridades francesas precisaron que la limitación de responsabilidad en relación con los clientes se contempla tanto en el Convenio de licencia-marco (66) como en el Convenio de licencia-productos (67) celebrados entre el organismo público IFP y Axens, y que entraron en vigor el 1 de enero de 2001. Estos dos contratos disponen que si Axens puede demostrar que el origen de su impago se encuentra en las prestaciones facilitadas por el organismo público IFP, la responsabilidad financiera de este último se limitará a un porcentaje (68) de los importes efectivamente percibidos por el IFP en concepto de canon pro rata a la operación de venta generadora de una reclamación (licencia-productos), y a la unidad objeto de una sublicencia o a la venta efectuada en el marco de una sublicencia generadora de una reclamación (licencia-marco). Dicho de otro modo, la responsabilidad del organismo público IFP nunca puede ir más allá del 100 % de los importes percibidos. Por otra parte, la licencia-marco prevé que Axens se haga responsable de las garantías financieras concedidas a sublicienciatarios en materia de rendimiento técnico de los procesos. Por tanto, no se considera responsable al organismo público IFP de las garantías técnicas concedidas por Axens a sus clientes.

(90) Además, conviene precisar que los contratos de licencia celebrados entre Axens y sus clientes establecen, de manera simétrica, que la responsabilidad financiera de Axens suele limitarse a […] (*) % de los derechos abonados por cada unidad objeto de una reclamación. La responsabilidad del organismo público IFP es totalmente independiente de la de Axens, cuando, por razones comerciales, la garantía concedida por esta última a su cliente sea mayor que la que le concede el organismo público IFP. El mismo principio se aplica a toda licencia que el organismo público IFP conceda a terceros distintos de sus filiales.

(91) Por último, las autoridades francesas añadieron que el organismo público IFP tiene por principio limitar su responsabilidad ante sus clientes (filiales o ajenos al grupo) cuando realiza la prestación de servicios por cuenta de estos últimos (estudios, investigaciones por encargo, pruebas, etc.). La responsabilidad admitida por el organismo público IFP consiste en un compromiso de rectificar los trabajos realizados, mientras que en el plano financiero el principio es que la responsabilidad está limitada al […] (*) % de la remuneración realmente percibida, con un límite máximo que puede ir eventualmente hasta el […] (*) %, según el caso. De esta forma, si el cliente considera que el trabajo realizado por el organismo público IFP es defectuoso, a este último no se le podrá obligar en ningún caso a rehacer los trabajos de forma indefinida.

6.2.2.2 Sobre las relaciones entre Axens y sus proveedores y sus condiciones de financiación en los mercados financieros

(92) Las autoridades francesas niegan toda pertinencia a la afirmación de la compañía UOP Limited según la cual la supuesta creencia en la existencia de recursos financieros ilimitados en favor de Axens le otorga condiciones favorables tanto por parte de sus proveedores como de los mercados financieros. Según Francia, la compañía UOP Limited no aporta ningún elemento de prueba en apoyo de esta alegación.

(93) Las autoridades francesas consideran que la norma descrita en el considerando 84, según la cual la filial no formula ninguna solicitud de garantía a la sociedad matriz, es suficiente para invalidar la hipótesis formulada por UOP Limited.

(94) Además, por lo que respecta a las condiciones de empréstito de Axens, Beicip-Franlab y Prosernat en los mercados financieros, las autoridades francesas recuerdan que estarían dispuestas a comprometerse ante la Comisión a que cada vez que se realice una operación se indique por escrito en cada contrato de financiación, que «con arreglo al Derecho francés (en particular la necesidad de una autorización legal expresa para cada garantía), la presente operación de financiación no se beneficiará de ninguna garantía de ningún tipo, directa o indirecta, del Estado» (69).

7 EVALUACIÓN

7.1 EXISTENCIA DE AYUDA ESTATAL A TENOR DEL ARTÍCULO 107, APARTADO 1, DEL TFUE

(95) El artículo 107, apartado 1, del TFUE, dispone: «salvo las excepciones previstas en el Tratado, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(96) En el caso que nos ocupa, para determinar la existencia de ayuda estatal, procede verificar en primer término si la medida consistente en la concesión por parte de Francia del estatuto de EPIC al organismo público IFP, el 7 de julio de 2006, utiliza recursos estatales (7.1.1) para conceder una garantía pública ilimitada que abarca actividades económicas (7.1.2). Cuando el alcance de la cobertura por parte de la garantía estatal y la naturaleza de las actividades cubiertas permitan definir el alcance de la presente Decisión (7.1.3), habrá que analizar a continuación si la medida en cuestión proporciona una ventaja selectiva al grupo IFP (7.1.4) que pudiera afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros (7.1.5).

7.1.1 UTILIZACIÓN DE RECURSOS ESTATALES EN FORMA DE GARANTÍA ILIMITADA

(97) Habida cuenta de su estructura especial de grupo económico en el sentido del Derecho de la competencia, es necesario tener en cuenta el impacto potencial de la garantía ilimitada del Estado derivada del estatuto de EPIC del organismo público IFP sobre todas las entidades del grupo IFP, es decir, sobre el propio organismo público y sobre sus filiales, procediendo en dos fases: — Con respecto al organismo público IFP, el impacto de la garantía ilimitada se deriva directamente del estatuto de EPIC. En efecto, al organismo público IFP, en calidad de persona jurídica de Derecho público, no se le aplica el Derecho común en materia de recuperación y liquidación judicial de empresas en crisis. Habida cuenta de esta especificidad, la sociedad matriz del grupo IFP puede ejercer directamente sus actividades económicas en condiciones más ventajosas que otros operadores del mercado que no gozan de una protección comparable (7.1.1.1). — Por lo que se refiere a las actividades llevadas a cabo directamente por las filiales de Derecho privado del grupo IFP, que, por su parte, están plenamente sujetas al Derecho común en materia de quiebra, resulta imposible una implicación directa del organismo público, y, por ende, del Estado. Por lo tanto, en caso de insuficiencia de activos de una filial, debe analizarse si los acreedores de Axens, Beicip-Franlab y Prosernat podrían beneficiarse de un mecanismo indirecto sobre la base de una eventual responsabilidad de la sociedad matriz por sus filiales, equivalente a un mecanismo de garantía (7.1.1.2).

7.1.1.1 Cobertura del organismo público IFP por una garantía ilimitada del Estado otorgada por su estatuto de EPIC

(98) En la Decisión C 56/2007, la Comisión concluyó (70) que las características intrínsecas del estatuto de organismo público de La Poste (71) y, en particular, la existencia de una garantía de reembolso de los créditos individuales, y del mantenimiento de la existencia y/o las obligaciones de La Poste, implicaban que el Estado desempeñara una función de garante último subsidiario de las actividades económicas realizadas por el organismo público.

(99) En el caso que nos ocupa, la Comisión considera que los argumentos utilizados en la Decisión C 56/2007 son en su mayor parte aplicables al estatuto de EPIC del organismo público IFP, y que este último también se beneficia de una situación jurídica particular tanto por lo que respecta al reembolso a sus acreedores como al mantenimiento de su existencia en caso de insolvencia. Por ello, a efectos de la presente evaluación, la Comisión remitirá a los argumentos desarrollados en la sección 4.1 («Calificación de la ayuda») de la Decisión C 56/2007.

A. Garantía de reembolso de los créditos individuales

(100) Procede verificar, en primer término, el argumento de las autoridades francesas según el cual la existencia de una garantía estatal en favor de los EPIC queda descartada por la legislación o por la jurisprudencia a), antes de demostrar que, en el supuesto de que el organismo público IFP suspendiese pagos, sus acreedores se beneficiarían de un procedimiento más favorable que los acreedores de empresas sujetas al Derecho común.

a) Rechazo de los argumentos de las autoridades francesas

(101) En contra de lo que afirman las autoridades francesas, la Comisión está en condiciones de concluir que el Derecho francés admite la existencia de garantías implícitas y, más concretamente, la existencia de una garantía estatal derivada del estatuto de organismo público. La Comisión rechaza los argumentos de las autoridades francesas por las razones que se exponen a continuación.

(102) En primer lugar, la Comisión remite a los considerandos 120 y 121 de la Decisión C 56/2007 mutatis mutandis, cuando las autoridades francesas afirman que ningún texto o decisión establece el principio de que el Estado garantizará las deudas de los EPIC. La Comisión considera, por el contrario, que, si bien es cierto que no existe ningún texto o decisión que confirme o excluya la existencia de una garantía explícita del Estado en favor de los EPIC, ello no permite excluir la existencia de una garantía implícita.

(103) En segundo lugar, la Comisión remite a los considerandos 122 a 124 de la Decisión C 56/2007 mutatis mutandis, cuando las autoridades francesas consideran que hay jurisprudencia sobre la ausencia de garantías y, en particular, la sentencia en el asunto Société de l 'Hôtel d'Albe (72) y las sentencias Campoloro (73). En cuanto al primer asunto, como la experta de la Comisión subrayó en el asunto postal, la sentencia Société de l'Hôtel d'Albe no se refiere a la situación concreta en la que puede intervenir la garantía (74). Por lo que se refiere al segundo asunto (75), la Comisión considera, por el contrario, que demuestra que el régimen de responsabilidad del Estado en la aplicación del procedimiento de recaudación de las deudas de los organismos públicos presenta todas las características de un mecanismo de garantía.

(104) En tercer lugar, la Comisión considera que el argumento presentado por las autoridades francesas en el asunto postal, según el cual las deudas contraídas por los EPIC desde la entrada en vigor de la LOLF, el 1 de enero de 2005, no pueden beneficiarse de una garantía implícita, no se sostiene: a) La Comisión destaca que el cambio de estatuto del organismo público IFP se produjo el 7 de julio de 2006, es decir, después de la entrada en vigor de la LOLF. En tales circunstancias, no es necesario examinar los argumentos formulados por el experto de las autoridades francesas en el asunto postal sobre posibles deudas contraídas antes del 1 de enero de 2005, a pesar de que en sus observaciones las autoridades francesas remiten a ello mutatis mutandis. Las deudas contraídas por el organismo público IFP antes del 1 de enero de 2005 lo fueron por un organismo profesional a tenor de lo dispuesto en el acto denominado Ley no 43-612, de 17 de noviembre de 1943, sobre la gestión de los intereses profesionales (y, en consecuencia, por una persona jurídica de Derecho privado), y, por tanto, no pudieron estar cubiertas, en el momento de su suscripción (76), por la garantía ilimitada conferida por el estatuto de EPIC. b) La Comisión señala, sin embargo, como, por otra parte, lo indicó su experto en el asunto postal y, como ya lo explicó la propia Comisión en el considerando 130 de la Decisión C 56/200, a la que remite mutatis mutandis, que el ámbito de aplicación de la obligación de hacer figurar en una Ley de finanzas las garantías del Estado se limita a la «concesión» de tales garantías; que, por lo tanto, el hecho de conceder una garantía abarca los casos en los que por una manifestación explícita de voluntad, el Estado decide otorgar su garantía a un organismo o a una operación; que el ámbito de aplicación de la obligación de inscribir las garantías en la Ley de finanzas no abarca por tanto las garantías procedentes de un estatuto o de una obligación jurisprudencial, que se caracterizan por su carácter implícito y automático; que esta segunda categoría no deriva de una decisión del Estado, sino del hecho de que el Estado se sitúa en un marco jurídico preexistente del que la garantía no es más que una consecuencia (77). c) La Comisión concluye, así como lo había hecho en el considerando 131 de la Decisión C 56/2007, al que remite mutatis mutandis, que el argumento de las autoridades francesas basado en la LOLF no es convincente, pues el hecho de que ninguna ley de finanzas precise que el Estado ofrece su garantía al organismo público IFP por su estatuto no descarta la existencia de una garantía implícita; que, en cualquier caso, la Comisión no está vinculada por la calificación en Derecho francés de la medida como garantía, ni tampoco por el hecho de que se trate de una garantía incluida en la LOLF; que solo es pertinente la calificación de esta medida en virtud del Derecho de la Unión Europea; que este reconoce la existencia de una garantía implícita cuando un Estado miembro está jurídicamente obligado a reembolsar un crédito de otra persona en caso de impago por parte de esta (78).

(105) En cuarto lugar, la Comisión rechaza la alegación de las autoridades francesas según la cual, en caso de existencia de una garantía estatal en favor de los EPIC, la creación de un nuevo EPIC (incluso por cambio de estatuto) requiere la instauración de medidas de garantía destinadas a preservar los derechos de los acreedores generados antes de la transformación y su contraposición (modus tollens), según la cual, habida cuenta de que este mecanismo nunca se ha establecido (79), no existe ninguna garantía en favor del organismo público IFP: a) Como indicó la experta de la Comisión en el asunto postal, y tal como se recordó en el considerando 133 de la Decisión C 56/2007 antes citada, al que remite mutatis mutandis, la Comisión considera que tal afirmación deriva de una interpretación demasiado amplia de la protección constitucional del derecho de propiedad. b) La Comisión desea puntualizar, como ya hizo en el considerando 134 de la Decisión C 56/2007, al que remite mutatis mutandis, que el derecho de propiedad tampoco obliga a que se establezca una medida específica para garantizar los derechos de los acreedores en el momento de la transformación de un EPIC en una sociedad sujeta a los procedimientos de recuperación y liquidación judicial, y que la ausencia de tales medidas no siempre constituye un indicio de la inexistencia de una garantía implícita. c) La Comisión añade, como explicó en los considerandos 135 y 136 de la Decisión C 56/2007, a los que remite mutatis mutandis, que el hecho de que las autoridades francesas decidieran conceder una garantía explícita a La Poste (80) cuando esta obtuvo en 1990 un estatuto parecido al de EPIC no demuestra que no existiera ya una garantía implícita en su favor.

(106) Por último, la Comisión remite a la sección de la presente Decisión relativa a la responsabilidad del Estado, así como a la sección 4.1.1.A.b).3) de la Decisión C 56/2007, en lo que se refiere al artículo del Sr. Labetoulle citado por las autoridades francesas (81), así como a su análisis de la jurisprudencia Campoloro (82).

(107) Al contrario de lo que sostienen las autoridades francesas – que tal garantía queda, según ellas, excluida por los textos – la Comisión observa que la existencia de garantías implícitas vinculadas al estatuto de organismo público se ve confirmada por una nota del Consejo de Estado de 1995 en el asunto Crédit Lyonnais, que basa la existencia de una garantía implícita del Estado en la propia naturaleza pública del organismo en cuestión (83).

(108) Como se explica en los considerandos 142 a 145 de la Decisión C 56/2007 antes citada, a los que remite mutatis mutandis, la Comisión no comparte la interpretación de las autoridades francesas según la cual este dictamen del Consejo de Estado no sería aplicable al organismo público IFP. Destaca, en particular, que dicho dictamen no hace ninguna referencia a la misión, ni a la presencia o no de un contable público en el organismo público. Por lo demás, las autoridades francesas tampoco explican por qué, según ellas, este dictamen sólo debe aplicarse a los organismos públicos que dispongan de un contable público. La Comisión rechaza por otra parte los argumentos de las autoridades francesas de que el dictamen no es aplicable por ser anterior a la LOLF y contrario a la jurisprudencia posterior del Consejo de Estado, ya que la propia Comisión recordó en el considerando 104 y en la Decisión C 56/2007, que la LOLF no se opone a la existencia de una garantía implícita del Estado en favor del organismo público IFP.

(109) Por último, como se indica en los considerandos 146 y 147 de la Decisión C 56/2007, a los que remite mutatis mutandis, la Comisión toma nota del escrito del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de 22 de julio de 2003, que tiene por objeto el «Censo de dispositivos de garantía implícita o explícita concedida por el Estado» que confirma la existencia de garantías implícitas derivadas de un acto administrativo o legislativo que «produce y tiene repercusiones financieras para el Estado». Esta nota pone de manifiesto que la garantía estatal puede derivar de actos jurídicos de carácter muy diferente (84) y recuerda que la creación de un organismo público puede implicar una garantía implícita del Estado en favor de los acreedores de este organismo (85).

b) Los acreedores del organismo público IFP pueden estar seguros de que su crédito será reembolsado

(110) A semejanza de la demostración presentada en la sección 4.1.1.A.b) de la Decisión C 56/2007, a la que remite mutatis mutandis, la Comisión se propone ahora demostrar que, en caso de suspensión de pagos del organismo público IFP, los acreedores de este último se encontrarían en una situación más favorable que los de una empresa sujeta al Derecho mercantil.

(111) En primer lugar, tratándose de organismos públicos, no son de aplicación las limitaciones tradicionales al pago de un crédito de un organismo de Derecho privado. En cuanto al fundamento de los elementos descritos con mayor detalle en los considerandos 150 a 154 de la Decisión C 56/2007, a los que remite mutatis mutandis, la Comisión concluye sobre este primer punto, que: — al contrario que a los acreedores de empresas sujetas al Derecho mercantil, los acreedores del organismo público IFP (dado que este último no está sometido al Derecho común en materia de recuperación y liquidación judicial de empresas en crisis) no corren el riesgo de ver cómo su crédito desaparece total o parcialmente al término de un procedimiento judicial de liquidación; — la personalidad jurídica del organismo público IFP no supone un obstáculo a la garantía estatal; — en ausencia de limitación explícita de la responsabilidad del Estado respecto del organismo público IFP, los acreedores de este último pueden basarse legítimamente en el principio según el cual el Estado responde de las deudas del organismo público IFP, aunque este último tenga personalidad jurídica.

(112) En segundo lugar, en caso de recaudación de las deudas de los organismos públicos condenados por una resolución judicial, el procedimiento establecido por la Ley de 16 de julio de 1980 (y por distintas normas de desarrollo (86) es, por las razones expuestas en los considerandos 113 a 117, más favorable para los acreedores del organismo público IFP que los procedimientos judiciales de Derecho común, en la medida en que no es susceptible de conducir a la extinción de los importes que el organismo público IFP les adeude.

(113) De conformidad con el análisis desarrollado en los considerandos 157 a 161 de la Decisión C 56/2007, al que remite mutatis mutandis, la Comisión observa, en primer lugar, que la Ley de 1980 (87) y sus normas de desarrollo (88) designan al Estado como autoridad competente para cobrar las deudas de los organismos públicos y le confieren prerrogativas importantes: el libramiento de pago de oficio y la creación de recursos suficientes.

(114) A semejanza de las consideraciones expuestas en los considerandos 162 a 168 de la Decisión C 56/2007, a las que remite mutatis mutandis, la Comisión considera que el procedimiento específico establecido por la Ley de 1980 y sus normas de desarrollo no es más que un procedimiento de cobro de deudas y no un procedimiento de liquidación, y que tras su aplicación, el crédito no desaparece, mientras que, en la aplicación del procedimiento de liquidación de Derecho común, la sentencia de cierre por insuficiencia de activos sin sanción conlleva la prohibición para los acreedores de la reanudación de las actuaciones. La Comisión observa también que la Ley de 1980 y sus normas de desarrollo, al prever el aplazamiento en el tiempo del libramiento y al no contemplar en ningún momento la situación de suspensión de pagos, dejan suponer a los acreedores que siempre hay o habrá recursos necesarios para cobrar el importe que les adeuda el organismo público. Estos dos elementos le llevan a considerar que la situación de insuficiencia de tesorería estará cubierta, en su caso por el Estado, o sólo será temporal. En cambio, ningún procedimiento de liquidación prevé la posibilidad de que un tercero pase a ser responsable de las deudas de la persona insolvente, excepto, obviamente, cuando se trata de un garante.

(115) De conformidad con el análisis desarrollado en los considerandos 170 a 180 de la Decisión C 56/2007, al que remite mutatis mutandis, la Comisión considera que, en caso de insuficiencia de fondos, la legislación francesa autoriza e incluso anima al Estado a aportar capital a organismos públicos, antes que recurrir a préstamos bancarios clásicos, aportaciones que pueden constituir los «recursos suplementarios» contemplados en la Ley de 16 de julio de 1980. Considera también que esta legislación es conocida por los acreedores, que tienen base para considerar que la autoridad de tutela podrá encontrar los recursos necesarios para que su crédito sea satisfecho. Por lo tanto, la Comisión estima que el supuesto de que un acreedor no llegase a obtener el pago de su crédito en virtud de los procedimientos establecidos en la Ley de 16 de julio de 1980 es poco probable.

(116) No obstante, al contrario de lo que había concluido en relación con La Poste en la Decisión C 56/200, la Comisión observa que en este caso los recursos propios movilizables del organismo público IFP son relativamente importantes, en la medida en que, como explicaron las autoridades francesas en el considerando 44, los activos líquidos e inversiones (150,3 millones EUR) equivalían a finales de 2007 a aproximadamente cinco veces el importe de los préstamos y deudas financieras (25,2 millones EUR). Así pues, la Comisión reconoce que, en el estado actual de sus finanzas, parece poco probable, al menos en un futuro próximo, que una falta de recursos propios pueda colocar al IFP en la incapacidad de hacer frente a sus deudas, e implique la necesidad de una intervención estatal.

(117) Aunque sea improbable en la actualidad, una situación de insuficiencia de activos del organismo público IFP de esta naturaleza puede darse a más largo plazo. En tales circunstancias, la imposibilidad de movilizar recursos mediante la venta de bienes supondría tener que recurrir a otros mecanismos de garantía (anticipos, búsqueda de la responsabilidad del Estado, etc.). Por otra parte, la promulgación de un régimen de protección de los bienes por parte del legislador podría alimentar el contencioso sobre la responsabilidad objetiva del Estado ante un eventual impago del organismo público IFP (89). A este respecto, la Comisión toma nota del argumento de las autoridades francesas (90) según el cual, en el supuesto de que el Estado considere que un activo de una institución pública es «indispensable» para el ejercicio de una tarea de servicio público, y se oponga, pues, a su cesión, no por ello estaría obligado a proceder a la compensación mediante mecanismos de garantía. Observa, no obstante, que las autoridades francesas han reconocido (aunque no estén de acuerdo en que el organismo público IFP pueda obtener una ventaja de ello) que al representante del Estado se le impone la exigencia de continuidad del servicio público en la aplicación del procedimiento establecido por la Ley de 16 de julio de 1980 (91). Por ello, la Comisión considera que tal elección del poder público de no proceder a cesiones de activos para mantener un servicio público podría comprometer la responsabilidad objetiva del Estado por incumplimiento del principio de igualdad ante las obligaciones públicas.

(118) En tercer lugar, por las razones ya expuestas en los considerandos 185 a 226 de la Decisión C 56/2007, a las que remite mutatis mutandis, la Comisión considera que, en el caso poco probable de que el procedimiento establecido mediante la Ley de 1980 no permitiera que se reembolsase al acreedor, los recursos que le quedarían para reclamar la responsabilidad del Estado presentan las características de un mecanismo de garantía.

(119) Aunque las autoridades francesas consideran que la responsabilidad del Estado, ya sea objetiva o no (92), no puede en principio reclamarse, reconocen que, en el supuesto de que se imponga una obligación de continuidad del servicio público al representante del Estado en la aplicación de la procedimiento establecido por la Ley de 1980, es posible que el juez ordene la indemnización del acreedor. En ese caso, las autoridades francesas consideran, no obstante, que el acreedor no se beneficiaría de ninguna ventaja, ya que su indemnización sería comparable a la que habría obtenido en caso de aplicación del Derecho común. A este respecto, la Comisión señala algunas especificidades del derecho especial establecido por la Ley de 1980: en aplicación del Derecho común de la liquidación judicial, los acreedores (especialmente los quirografarios) no suelen recuperar la totalidad de los importes que se les adeudan, y, por regla general, la empresa en liquidación no ve sus deudas saldadas por un tercero.

(120) Las autoridades francesas niegan también que las posibilidades de indemnización de que disponen los acreedores por la existencia de la responsabilidad sean asimilables a una forma de garantía. Antes al contrario, la Comisión considera que la implicación de la responsabilidad del Estado (objetiva o no) en la aplicación del procedimiento de cobro de las deudas de las personas de Derecho público contempladas por la Ley de 16 de julio de 1980 equivale a un mecanismo de garantía a efectos del Derecho de la Unión Europea, ya que garantiza a los acreedores el pago de su crédito al obligar al Estado a reembolsarlo en caso de impago del organismo público IFP. Además, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos («TEDH») en el asunto Société de Gestion du Port de Campoloro et Société Fermière de Campoloro / Francia (93) («el asunto Campoloro») tiende a reconocer la existencia de una garantía automática.

(121) Por último, a semejanza del razonamiento expuesto en los considerandos 181 a 184 de la Decisión C 56/2007, al que remite mutatis mutandis, la Comisión considera que la propuesta de las autoridades francesas destinada a aclarar el Decreto de aplicación de la Ley de 1980 no basta para descartar que la liberación de los recursos se efectúe mediante una aportación de recursos públicos. a) Las autoridades francesas propusieron modificar el Decreto de aplicación de la Ley de 1980 de la siguiente forma: «Cuando el requerimiento quede sin efecto al expirar estos plazos, el representante del Estado o la autoridad de tutela procederá a la consignación del gasto en el presupuesto de la entidad o del organismo público deudor. Liberará, en su caso, los recursos necesarios en el presupuesto de la entidad o el organismo, bien reduciendo los créditos destinados a otros gastos que estén todavía sin utilizar, bien aumentando los recursos» (modificaciones subrayadas). b) La Comisión destaca, sin embargo, como ya hizo en el considerando 67 de la Decisión de incoación, que la legislación n