Decisión de la Comisión

de 13 de diciembre de 2000

relativa al régimen de ayudas ejecutado por el Reino de los Países Bajos en favor de seis empresas de tratamiento de abonos

[notificada con el número C(2000) 4070]

(El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/521/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el primer párrafo del apartado 2 de su artículo 88,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, la letra a) del apartado 1 de su artículo 62,

Visto el Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE,

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos(1),

Considerando lo siguiente:

I. PROCEDIMIENTO

(1) Desde 1994 diversas denuncias han llamado la atención de la Comisión sobre casos de concesión de ayudas destinadas a proyectos de tratamiento de abonos en el marco del régimen de ayudas neerlandés "Bijdrageregeling Proefprojecten Mestverwerking" (en adelante, "el régimen BPM"). La autorización de este régimen por parte de la Comisión expiró en 1994(2). Según las denuncias, la ayuda se siguió concediendo después de esa fecha.

(2) Por carta de 15 de julio de 1999 [SG(99) D/5241], la Comisión instó a los Países Bajos a que, en un plazo de veinte días hábiles desde la recepción del requerimiento, le remitieran toda la información necesaria para poder verificar si las medidas de ayuda se ajustaban al régimen BPM tal y como había sido autorizado por la Comisión; asimismo, debían comunicar si habían concedido otras ayudas en favor de tales proyectos.

(3) Por cartas de 15 de octubre (A/37878) y de 26 de octubre de 1999 (A/38181), las autoridades neerlandesas facilitaron una serie de documentos, pero sin detenerse en las preguntas formuladas por la Comisión en su requerimiento.

(4) Por carta de 17 de mayo de 2000 [SG(2000) D/103702], la Comisión comunicó a los Países Bajos su decisión de incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE respecto de seis casos en los que se concedieron ayudas tras expirar el régimen.

(5) La decisión de la Comisión sobre la incoación del procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europea(3). La Comisión invitó a las partes interesadas a pronunciarse sobre las medidas de ayuda.

(6) La Comisión no ha recibido observaciones de parte de los interesados.

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA

(7) Por decisión de 6 de julio de 1989, la Comisión autorizó el régimen BPM (N 137/89) para el período 1989-1990. Por decisión de 14 de diciembre de 1990, este régimen fue prorrogado hasta finales de 1994 (C 17/90, ex N 88/90). La autorización de la prórroga de este régimen facultaba a las autoridades neerlandesas para conceder ayudas a la inversión de hasta el 35 % de los costes subvencionables a unas veinte grandes empresas de tratamiento de abonos.

(8) El régimen estaba destinado a incentivar unas posibilidades razonables de aprovechamiento de los excesos de abonos en los Países Bajos. Las autoridades neerlandesas centraron su atención en el apoyo a la prevención de una sobreproducción de abonos y en el tratamiento ecológico de las cantidades excedentarias.

(9) Por lo que se refiere al tratamiento de abonos, se concedieron ayudas a la inversión para instalaciones de ensayo (en las que se ensayaban nuevos métodos de tratamiento de abonos), fábricas de ensayo (que abarcaban todas las fases del tratamiento, desde el abono hasta el producto listo para la venta), instalaciones de pretratamiento (que producían efluentes relativamente limpios) y grandes instalaciones de almacenamiento y tratamiento de estiércol de aves (a menudo almacenado al aire libre, con emisión de amoniaco).

(10) Tras expirar el régimen BPM, las autoridades neerlandesas concedieron ayudas por importe de 2501089 euros a las fábricas de tratamiento de abonos Ferm-o-Feed BV, Fleuren Compost BV, Vloet Oploo BV, Smith Markelo, Arev Venhorst y Memon KPI.

(11) Además, una de estas fábricas (Ferm-o-Feed) recibió ayuda estatal en dos ocasiones, sin que se haya demostrado que las ayudas se refirieran a dos proyectos de ensayo distintos.

Importes concedidos tras la expiración del régimen BPM

>SITIO PARA UN CUADRO>

(12) La Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE porque albergaba serias dudas de que los seis casos estuvieran cubiertos por el régimen BPM y pudieran acogerse a las excepciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE, dado que no parecía que fuera aplicable ninguna de estas disposiciones. En cuanto a la primera excepción con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, la Comisión estimaba que no se cumplían las condiciones de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente(4) (en adelante, "las Directrices en favor del medio ambiente"), puesto que no se demostró que la ayuda a la inversión permitiera un nivel notablemente superior de protección medioambiental y porque las intensidades de ayuda previstas superaban los límites fijados en este contexto. Tampoco cabía aplicar las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a pequeñas y medianas empresas(5) (en adelante, "las Directrices PYME"), dado que no estaba excluido que se hubieran concedido ayudas a grandes empresas y superado las intensidades máximas autorizadas por estas Directrices.

III. COMENTARIOS DE LOS PAÍSES BAJOS

(13) A juicio de los Países Bajos, la concesión de una ayuda o la decisión de conceder un determinado importe constituye la decisión jurídicamente vinculante de la concesión de una ayuda estatal; mediante tal decisión, las autoridades se comprometen a pagar al solicitante una ayuda por el importe máximo establecido, siempre y cuando el beneficiario cumpla todos los requisitos establecidos en el régimen. La adopción de esta decisión tenía que ser anterior al 31 de diciembre de 1994 y debía ser comunicada al beneficiario mediante un escrito de concesión (toekenningsbrief).

(14) En un momento posterior del procedimiento, las autoridades neerlandesas señalaron que la ayuda concedida tras la expiración del régimen BPM también entraba en el ámbito de aplicación de éste, puesto que los escritos de confirmación (bevestigingsbrief) se enviaron antes del vencimiento del régimen.

(15) Además, las autoridades neerlandesas consideraban que sólo era necesario notificar por separado los grandes proyectos de tratamiento de abonos, razón por la que no notificaron los proyectos afectados.

(16) Por último, el Gobierno neerlandés señaló, en relación con Ferm-o-Feed, que el régimen no excluía que las autoridades concedieran ayudas a dos proyectos distintos presentados por una misma empresa.

IV. EVALUACIÓN DE LA AYUDA

A. Aplicabilidad del régimen BPM

(17) Para determinar si la ayuda a las seis empresas afectadas debe considerarse una ayuda existente, la Comisión debe comenzar por examinar si el régimen BPM es aplicable a los citados proyectos.

(18) Desde el punto de vista jurídico, la cuestión más importante en estos seis casos radica en la interpretación divergente respecto de cuál es la decisión jurídicamente vinculante a la hora de conceder una ayuda. Aunque el Gobierno neerlandés alega que la decisión jurídicamente vinculante de la concesión de una ayuda por parte de las autoridades competentes la constituye el escrito de concesión, al mismo tiempo considera que todas las ayudas afectadas, para las que se envió un escrito de concesión con posterioridad al 31 de diciembre de 1994, están cubiertas por el régimen porque el escrito de confirmación se remitió antes de esa fecha límite.

(19) Tras verificar con minuciosidad los documentos relacionados con el procedimiento administrativo relativo a los citados casos, la Comisión considera que el escrito de concesión constituye la decisión jurídicamente vinculante. El escrito de confirmación no es más que el acuse de recibo de la solicitud de ayuda, remitido antes de comprobarse si se cumplían las condiciones establecidas en el régimen. A ello hay que añadir que la concesión de la ayuda dependía de la valoración por parte de un comité consultivo compuesto por representantes de distintos ministerios. Hasta que no disponía de la valoración de este comité a escala nacional, el Ministerio de Agricultura, Protección del Medio Ambiente y Pesca no enviaba el escrito de concesión, en el que se indicaba el importe de los costes subvencionables, el importe de la ayuda y las condiciones en que ésta se concedía. Por consiguiente, del análisis de las distintas fases del procedimiento se deduce que la ayuda no se concedía automáticamente a los solicitantes, sino sólo después de que las autoridades competentes adoptaran la decisión pertinente.

(20) En consecuencia, la Comisión estima que la fecha del envío del escrito de concesion es la fecha determinante de la concesión de la ayuda, como también lo afirmaron las autoridades neerlandesas en un primer momento. Por consiguiente, la ayuda concedida a estas seis fábricas de tratamiento de abonos no entraba en el ámbito de aplicación del régimen y debe considerarse una ayuda ilegal ejecutada en infracción del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

B. Ayuda a efectos del artículo 87 del Tratado CE

(21) La ayuda a la inversión concedida por el Gobierno neerlandés estaba destinada a posibilitar y fomentar las inversiones en instalaciones de tratamiento y almacenamiento de abonos y, por tanto, beneficiaba a las empresas implicadas. Tras su tratamiento, el abono de origen animal se lanza al mercado fundamentalmente como abono seco granulado. Las fábricas de tratamiento de abonos compiten con otros fabricantes de abonos orgánicos y químicos. Este incentivo financiero, que fortalece la posición financiera de las empresas implicadas, amenaza con perjudicar la competencia en el mercado interior de la Unión Europea, dado que el estiércol de establo utilizado como abono compite con otros abonos orgánicos.

(22) Según un estudio sobre las posibilidades de comercialización en los Países Bajos de estiércol animal tratado(6), elaborado en 1990 para el Ministerio neerlandés competente, el abono animal y vegetal no sólo compite a escala local, sino también en los mercados francés, español, portugués, italiano y griego. En el período 1988-1990, la cuota neerlandesa sobre el comercio intracomunitario total de estos productos oscilaba entre el 44 y el 60 %. Se prevé un aumento de las exportaciones neerlandesas de abono animal tratado a otros Estados miembros, sobre todo a raíz de los citados proyectos.

(23) A pesar de haberse cursado las solicitudes de información pertinentes, las autoridades neerlandesas no facilitaron la información necesaria sobre la situación en el mercado de cada una de las empresas implicadas. Estos datos habrían permitido evaluar la posición de cada una de estas empresas en los mercados de tratamiento de estiércol y de abonos. Por esta razón, la Comisión se basó en los datos relativos al mercado en su conjunto, tal y como se han expuesto anteriormente.

(24) En consecuencia, las ayudas pueden falsear la competencia entre los Estados miembros en este sector y constituyen ayudas estatales a efectos del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

C. Compatibilidad de la ayuda con el artículo 87 del Tratado CE

(25) Las ayudas no estaban cubiertas por un régimen autorizado y vigente en ese momento, dado que el régimen BPM expiró en 1994. Por consiguiente, y en contra de lo que sostiene el Gobierno neerlandés, las ayudas en favor de las empresas de tratamiento de abonos debían haber sido notificadas por separado, independientemente del tamaño de las citadas empresas. Las autoridades neerlandesas no han respetado la obligación que les incumbe en virtud del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE. La Comisión, sobre la base del apartado 3 de dicho artículo, consideró la medida como una ayuda nueva y le aplicó los principios establecidos en el artículo 87 del Tratado CE.

(26) La ayuda proyectada únicamente podría considerarse compatible con el mercado común si fuera aplicable alguna de las excepciones contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE.

(27) En el presente caso no pueden aplicarse las excepciones contenidas en el apartado 2 y en las letras a), b), c)(7) y d) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE por las razones que se exponen a continuación.

(28) No se trata de ayudas de carácter social concedidas a consumidores individuales o destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales, ni de ayudas para la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania afectadas por la división de Alemania. Tampoco cabe aplicar la excepción prevista en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, puesto que no se trata de ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo. En cuanto a la excepción de la letra b) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, la Comisión considera que es manifiesto que la ayuda no estaba destinada a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro. El aspecto regional de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE no es de aplicación, puesto que las empresas no están establecidas en regiones asistidas; la ayuda tampoco está destinada a promover la cultura y la conservación del patrimonio conforme a la letra d) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE.

(29) Las autoridades neerlandesas tampoco han intentado justificar las ayudas por ninguna de las razones citadas.

D. Compatibilidad de las ayudas con la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE

(30) Por lo que se refiere a la segunda parte de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE -ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas-, la Comisión partió en su evaluación de que el objetivo principal del régimen BPM de 1989-1990 era apoyar a las empresas medianas en la construcción de instalaciones de ensayo para el tratamiento de abonos con objeto de poder someter los abonos excendentarios a un tratamiento ecológico con arreglo a lo dispuesto en la normativa neerlandesa -que limita la producción de abonos desde el año 1987- y en la Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura(8) (en adelante, "la Directiva de nitratos").

(31) La Comisión autorizó la prórroga del régimen BPM en 1990 a título excepcional, de modo que el Gobierno neerlandés pudo incentivar la introducción de tecnología innovadora. El éxito de estos proyectos dependía de que los agricultores estuvieran dispuestos a pagar por el tratamiento del estiércol producido en sus granjas. Con motivo de la prórroga, la Comisión ya señaló que, en caso de que los proyectos resultaran ser inviables, a priori se mostraría contraria a la concesión de nuevas ayudas al tratamiento de abonos en los Países Bajo(9). Por tanto, para el Gobierno neerlandés estaba claro que la Comisión había reviso en profundidad su posición en torno al régimen BPM y no podía esperar que otros proyectos de condiciones similares a los adoptados en el marco del régimen BPM fueran compatibles con el artículo 87 del Tratado CE.

(32) La Comisión examinó la compatibilidad de la ayuda en primer lugar desde la óptica de las Directrices PYME.

(33) Conforme al punto 4.2.1 de las Directrices PYME, la Comisión puede autorizar ayudas a pequeñas y medianas empresas situadas fuera de las regiones subvencionables con ayudas nacionales de finalidad regional, siempre y cuando su intensidad no rebase el 15 % para las pequeñas empresas y el 7,5 % para las empresas medianas. Ambas cosas implican que las Directrices PYME no son aplicables en cinco de los casos considerados. Aunque estas empresas cumplieran los criterios del punto 3.2 de las Directrices PYME, la ayuda concedida supera con creces los importes admisibles.

(34) Únicamente en el caso de Fleuren Compost BV, la intensidad de la ayuda se situaba por debajo del importe máximo establecido en las Directrices PYME. A pesar de las dudas formuladas por la Comisión en la solicitud de información cursada con motivo de la incoación del procedimiento en lo relativo al tamaño de las empresas afectadas, las autoridades neerlandesas no demostraron que esta empresa cumpliera los criterios fijados en el punto 3.2 de las Directrices PYME.

(35) Por tanto, las autoridades neerlandesas no han demostrado que las seis empresas cumplan los criterios de pequeñas y medianas empresas establecidos en las Directrices PYME, ni han justificado las ayudas alegando esta razón. Además, no demostraron que se hubieran cumplido los principios generales contenidos en el punto 4.1 de las Directrices PYME. Por consiguiente, la Comisión considera que no pueden aplicarse las Directrices PYME.

(36) La Comisión también ha examinado los proyectos a la luz de las Directrices en favor del medio ambiente.

(37) En particular, ha verificado si las medidas en cuestión cumplen los criterios para la concesión de ayudas a la inversión con arreglo al punto 3.2 de las Directrices en favor del medio ambiente.

(38) La Comisión considera que este punto de las Directrices en favor del medio ambiente no es de aplicación, porque las obligaciones medioambientales que se derivan de la Directiva de nitratos están destinadas a los agricultores y persiguen la reducción de la producción de abonos, mientras que los beneficiarios de la ayuda no son los destinatarios de dichas obligaciones.

(39) Pero aunque fueran aplicables las Directrices en favor del medio ambiente, con arreglo a la letra B del punto 3.2.3, las ayudas destinadas a incentivar a una empresa para que supere el nivel de protección del medio ambiente previsto en las normas obligatorias sólo pueden concederse para inversiones con las que se pretenda alcanzar un nivel de protección ambiental sustancialmente superior al establecido por ley. El Gobierno neerlandés no ha demostrado que esto ocurra en el caso de las ayudas en cuestión. La Comisión duda de que las instalaciones de transformación de abonos puedan contribuir a superar los objetivos establecidos en la Directiva de nitratos, dado que al menos cuatro de las fabricas de ensayo subvencionadas durante la vigencia del régimen tuvieron que ser cerradas posteriormente. Por tanto, a juicio de la Comisión está excluido que las ayudas concedidas tras la expiración del régimen puedan justificarse por las mismas razones que desembocaron en la prórroga excepcional del régimen.

(40) La Comisión ha examinado las medidas asimismo en tanto que ayudas destinadas a permitir la adaptación de las empresas a nuevas normas obligatorias. Sobre la base de la información disponible, la Comisión estima que no se cumplen los requisitos fijados en la letra A del punto 3.2.3 de las Directrices en favor del medio ambiente: de acuerdo con estos requisitos, pueden autorizarse ayudas estatales hasta un máximo del 15 % bruto de los costes subvencionables, pero sólo por un período limitado y destinadas a instalaciones que funcionen desde al menos dos años antes de la entrada en vigor de las nuevas normas u obligaciones. Contrariamente a lo establecido en estos requisitos, las nuevas fábricas de tratamiento de abonos obtuvieron ayudas con una intensidad de hasta el 35 %.

(41) En lo relativo a las dos ayudas desembolsadas a Ferm-o-Feed BV, la Comisión considera que la concesión de una segunda ayuda contradice el principio establecido en el régimen BPM de que sólo pueden ser objeto de ayuda los proyectos de ensayo que persigan un tratamiento ecológico de los abonos. Esta valoración de la Comisión se basa en que -según se desprende de un artículo de Agrarisch Dagblad del 26 de noviembre de 1997- las autoridades neerlandesas competentes retiraron a Ferm-o-Feed BV su autorización ecológica debido a que la empresa no respetaba la normativa ambiental neerlandesa. A pesar de ello se le concedió una ayuda sin verificar si seguían cumpliéndose los requisitos establecidos en el escrito de concesión.

(42) Además, de la documentación correspondiente se deduce que la segunda subvención se destinó a la renovación y ampliación de la capacidad de producción de las instalaciones de ensayo que se habían construido con la ayuda estatal concedida por primera vez en 1988. Las autoridades neerlandesas no pudieron aportar pruebas en lo relativo a la pregunta de hasta qué punto el segundo proyecto constituía una innovación respecto del primero.

(43) Por ello, la Comisión considera que la concesión de una segunda ayuda a Ferm-o-Feed BV es incompatible con las Directrices en favor del medio ambiente por las mismas razones que las expuestas respecto de los demás casos en los que se concedió ayuda tras la expiración del régimen.

(44) La Comisión examinó, asimismo, si cabía aplicar el punto 3.4 de las Directrices en favor del medio ambiente. La condición para la autorización de una ayuda de funcionamiento es que compense los costes adicionales con respecto a los costes tradicionales de producción. Además, debe ser temporal y, en principio, decreciente. Cuando en diciembre de 1990 la Comisión decidió no plantear objeciones a la intención de las autoridades neerlandesas de conceder ayudas de inversión del 35 % para la construcción de grandes empresas de tratamiento de abonos para el período que abarcaba hasta finales de 1994, basó su decisión en los objetivos medioambientales y en los grandes riesgos comerciales que conllevaba la operación.

(45) Por lo que se refiere al riesgo comercial, la Comisión señala que las inversiones en grandes fábricas de tratamiento de abonos se consideraron proyectos de ensayo y debían constituir un estímulo especial para construir estas fábricas en el plazo establecido y demostrar la viabilidad de unas fábricas de tratamiento de abonos de gran tamaño.

(46) La Comisión es consciente de que el objetivo principal de las autoridades neerlandesas al subvencionar las fábricas de tratamiento de abonos en cuestión está relacionado con el objetivo de someter los abonos a un tratamiento ecológico a fin de evitar costes externos, sobre todo en forma de contaminación de aguas, emisiones de gas y residuos de metales pesados. El mero hecho de que durante la vigencia del régimen BPM no pudiera autorizarse un número suficiente de proyectos ilustra bien a las claras las dificultades que conlleva la construcción de instalaciones viables de tratamiento de abonos. En este punto se ha de recordar que el tratamiento de abonos en sí no constituye una actividad rentable y que la viabilidad de este tipo de instalaciones depende de la disposición de los agricultores a suministrar su estiércol y pagar por su tratamiento. Estas incertidumbres ligadas a la viabilidad económica de las grandes fábricas de tratamiento de abonos se vieron confirmadas en una denuncia(10), así como en las preguntas escritas de un miembro del Parlamento Europeo(11). De acuerdo con estas opiniones, el tratamiento de abonos resulta demasiado caro y depende de una subvención permanente.

(47) Varias fábricas parecían tener problemas financieros que sólo podían solventarse mediante una ayuda de funcionamiento adicional. En 1992, la Comisión, en consonancia con su práctica reiterada de oposición a las ayudas de funcionamiento, adoptó una Decisión final por la que prohibía este tipo de ayudas para el tratamiento de abonos(12).

(48) Cuatro fábricas de tratamiento de abonos subvencionadas en el marco del régimen BPM tuvieron que ser cerradas porque no eran viables. Por ello, la Comisión considera que los proyectos a los que se concedieron ayudas tras la expiración del régimen -destinadas a la introducción de las mismas tecnologías que las subvencionadas por el régimen- dependen de ayudas permanentes para poder mantener su producción, lo cual excluye que las ayudas sean temporales y decrecientes. Por consiguiente, no se cumple ninguna de las dos condiciones establecidas en el punto 3.4 de las Directrices en favor del medio ambiente.

(49) Dado que las medidas en cuestión no cumplen las condiciones de las Directrices PYME ni las de las Directrices en favor del medio ambiente, no puede presumirse que contribuyan al desarrollo de una actividad económica sin alterar las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Como no cabe aplicar la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, es plenamente aplicable la prohibición general establecida en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Las autoridades neerlandesas tampoco han alegado ningún tipo de razones en lo relativo a la compatibilidad de la ayuda con las disposiciones del Tratado CE.

(50) Cuando queda de manifiesto que una ayuda es incompatible con el mercado común, la Comisión, con arreglo a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 70/71(13), ratificada en los asuntos 310/85(14) y C-5/89(15), debe instar al Estado miembro a que reclame a los beneficiarios todas las ayudas ilegalmente concedidas. Este reembolso es necesario para restablecer la situación anterior mediante la suspensión de todas las ventajas financieras ilícitas otorgadas a la empresa beneficiaria de las ayudas ilegales desde el momento de su concesión. La reclamación de las ayudas incompatibles e ilegales es una obligación que le viene impuesta a la Comisión por el Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE.

(51) La ayuda se ha de reembolsar sin demora y con arreglo a los procedimientos del Derecho neerlandés, siempre y cuando éstos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la Decisión de la Comisión. La ayuda por reembolsar incluirá intereses desde el momento en que la ayuda ilegal fue puesta a disposición del beneficiario hasta la fecha de su devolución efectiva. Los intereses se calcularán sobre la base del tipo de referencia utilizado para la determinación del equivalente de subvención de las ayudas regionales.

E. Conclusiones

(52) Las ayudas desembolsadas a las seis fábricas de tratamiento de abonos implicadas falsearon la competencia y afectaron a los intercambios comerciales entre Estados miembros a tenor del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. La excepción establecida en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 no es de aplicación, porque no se cumplen las condiciones de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente ni las de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas.

(53) Por consiguiente, la ayuda es incompatible con el mercado común. La Comisión concluye que los Países Bajos ejecutaron la medida ilegalmente, en infracción de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE. La ayuda debe ser recuperada.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El régimen de ayudas ejecutado por los Países Bajos en favor de las fábricas de tratamiento de abonos Ferm-o-Feed BV, Fleuren Compost BV, Vloet Oploo BV, Smith Markelo, Arev Venhorst y Memon KPI, por importe de 2501089 euros, es incompatible con el mercado común.

Artículo 2

1. Los Países Bajos adoptarán todas las medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios la recuperación de la ayuda mencionada en el artículo l, que ha sido puesta a su disposición ilegalmente.

2. La recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho neerlandés, siempre que éstos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión. La ayuda recuperable devengará intereses desde la fecha en que estuvo a disposición de los beneficiarios hasta la de su recuperación. Los intereses se determinarán sobre la base del tipo de referencia utilizado para el cálculo del equivalente de subvención en el marco de las ayudas regionales.

Artículo 3

Los Países Bajos informarán a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de los Países Bajos.

Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 2000.

Por la Comisión

Mario Monti

Miembro de la Comisión

(1) DO C 272 de 23.9.2000, p. 22.

(2) Autorización concedida el 6 de julio de 1989.

(3) Véase la nota 1.

(4) DO C 72 de 10.3.1994, p. 3.

(5) DO C 213 de 23.7.1996.

(6) Booz-Allen & Hamilton: Afzetmogelijkheden voor verwerkte dierlijke mest, La Haya, 1990.

(7) Excepción aplicable a las ayudas regionales.

(8) DO L 375 de 31.12.1991.

(9) Ayuda estatal C 17/90 (DO C 82 de 27.3.1991, p. 3).

(10) La fundación Natuur en Milieu presentó una denuncia mediante carta de 30 de noviembre de 1994.

(11) Preguntas escritas E-2746/94 y E-2782/94 de Nel van Dijk (DO C 103 de 24.3.1994, p. 34).

(12) Decisión 92/316/CEE de la Comisión, de 11 de marzo de 1992, relativa a una ayuda prevista por el Gobierno de los Países Bajos para fomentar una eliminación ecológicamente aceptable de las abonos orgánicos, DO L 170 de 25.6.1992, p. 34.

(13) Comisión contra Alemania, (Recopilación 1973, p. 813).

(14) Deufil contra Comisión, (Recopilación 1987, p. 901).

(15) Comisión contra Alemania (Recopilación 1990, p. I-3437).