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(10)

En 2018, a la vista de su situación fiscal y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que Italia aplique más ajustes con el fin de cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales. De acuerdo con la matriz de ajuste acordada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de un porcentaje de reducción nominal del gasto público primario neto de al menos un 0,2 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural anual de al menos el 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa del requisito en 2018. No está previsto, en principio, que Italia cumpla la norma en materia de deuda en 2017 y 2018. En conjunto, el Consejo considera que Italia debe estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2017 y que será preciso adoptar nuevas medidas en 2018 para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes presupuestarios y los resultados deben tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Italia. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Italia.
(23)

El sector bancario sigue estando bien capitalizado y su rentabilidad se recuperó en 2016 tras la conversión de los préstamos denominados en francos suizos a préstamos en euros en 2015. La ratio de préstamos no productivos en el total de préstamos brutos ha disminuido últimamente pero sigue siendo elevada, en particular en las sociedades no financieras. La disminución parece inducida por las ventas, así como por los requisitos introducidos en 2013 en materia de aprovisionamiento progresivo y automático. Como parte de la reciente reforma tributaria, el Gobierno introdujo también un nuevo tratamiento fiscal para la cancelación de préstamos no productivos, en respuesta a una recomendación específica por país. Deberán seguirse de cerca sus efectos. La eficiencia del marco de insolvencia recientemente reformado para facilitar la resolución de préstamos no productivos merece también un minucioso seguimiento.
(7)

En su Programa de Estabilidad de 2017, Lituania solicitó acogerse a la desviación temporal del 0,5 % del PIB del componente preventivo con arreglo a la «Posición común sobre flexibilidad en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», aprobada por el Consejo ECOFIN en febrero de 2016 con miras a la aplicación de grandes reformas estructurales con efectos positivos sobre la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública. Dentro de estas reformas destaca, en particular, el refuerzo de la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante un aumento de la indexación y un incremento gradual del período de actividad computable a efectos de pensión. Sin embargo, las reformas no han llegado a establecer un vínculo automático entre la edad de jubilación y la esperanza de vida. Además, las reformas modernizan las relaciones laborales mediante la introducción de nuevos tipos de contratos de trabajo, la reducción de los plazos de preaviso, indemnizaciones por despido más bajas y horarios de trabajo más flexibles. Las reformas también refuerzan la cobertura y adecuación de las prestaciones sociales y por desempleo, amplían el alcance de las políticas activas del mercado de trabajo y reducen el nivel de empleo ilegal y no asegurado. Las autoridades consideran que las reformas están teniendo un efecto positivo en la sostenibilidad de la hacienda pública al generar un ahorro medio del gasto anual en pensiones de hasta el 3,8 % del PIB a largo plazo, al tiempo que la parte de la reforma relativa al mercado de trabajo puede aumentar el número anual medio de empleados hasta en un 10 %, lo que parece ser una hipótesis verosímil. Por lo tanto, si se aplican en su totalidad y en los plazos previstos, estas reformas tendrán un efecto positivo sobre la sostenibilidad de la hacienda pública. Hoy por hoy, puede considerarse que Lituania cumple los requisitos para poder acogerse a la desviación temporal que solicita para 2017, siempre que lleve a cabo adecuadamente las reformas acordadas, lo cual será objeto de seguimiento en el marco del Semestre Europeo. No obstante, habida cuenta de la necesidad de garantizar un continuo respeto del valor de referencia mínimo, esto es, un déficit estructural del 1,5 % del PIB, y teniendo en cuenta el margen de maniobra previamente concedido en virtud de la cláusula de reforma sistémica de las pensiones (0,1 % del PIB), puede considerarse actualmente que Lituania puede acogerse a una desviación temporal adicional del 0,4 % del PIB en 2017, es decir, ligeramente por debajo del 0,5 % del PIB requerido.
(7)

A la vista de la situación presupuestaria del Reino Unido y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que el país realice un nuevo ajuste hacia un objetivo presupuestario a medio plazo adecuado. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (4) no supere el 1,8 %. Ello correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una ligera desviación respecto de ese requisito durante el período 2017-2018 y el período 2018-2019, conjuntamente considerados. Al mismo tiempo, no se espera, a priori, que el Reino Unido cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2017-18, pero sí que la cumpla en 2018-2019. En general, el Consejo considera que el Reino Unido ha de estar preparado para adoptar nuevas medidas en 2017-2018 a fin de cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, según lo previsto en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y los resultados presupuestarios debería tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la futura evaluación deberá tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del Reino Unido. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en el Reino Unido.
(18)

Unas cualificaciones básicas suficientes son fundamentales para encontrar y conservar puestos de trabajo adecuados y estables y para participar de forma exitosa en la vida económica y social. Los estudios internacionales apuntan a deficiencias graves en las competencias básicas entre los adolescentes rumanos. La elevada tasa de abandono escolar prematuro, el bajo desempeño en la educación superior y una elevada emigración resultan en la escasez de mano de obra cualificada. El acceso a una educación de calidad es limitado en las zonas rurales y para los niños romaníes, en particular. La dificultad para atraer a buenos profesores a las zonas rurales y a las escuelas con mayoría de alumnos romaníes, junto con la segregación y unas actitudes a menudo discriminatorias, se traduce en un desempeño educativo inferior de los niños de etnia romaní. En respuesta a reiteradas recomendaciones específicas por país, Rumanía adoptó y empezó a aplicar una estrategia sobre el abandono escolar prematuro. Entre las medidas recientemente adoptadas cabe destacar intervenciones integradas, un programa piloto de comida caliente, la mejora en el reembolso de los costes de desplazamiento y bonos sociales para fomentar la educación preescolar de los niños pobres. Para el otoño de 2017 se prevén medidas basadas en proyectos con financiación de la Unión destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas desfavorecidas, y se ha emprendido la modernización, si bien incompleta, de los planes de estudio. Se mejoró la legislación en materia de lucha contra la segregación, en particular gracias al refuerzo del mandato de las inspecciones escolares en este ámbito. No obstante, se sigue echando en falta una metodología de seguimiento. Se requieren nuevas medidas para asegurar un progreso sostenido en la lucha contra las desigualdades socioeconómicas en la educación. Hasta la fecha, la Garantía Juvenil ha llegado solo parcialmente a los alumnos que abandonan prematuramente la escuela, y los programas de segunda oportunidad no están disponibles de forma inmediata. El sistema de educación y formación profesional no está suficientemente adaptado a las necesidades del mercado de trabajo y la participación en el aprendizaje de los adultos es muy baja.
(13)

Está apareciendo escasez de mano de obra en todo el espectro de competencias y la adaptación de estas a las necesidades del mercado laboral todavía es incompleta. Una parte sustancial de la mano de obra maltesa sigue siendo poco cualificada. Si bien el nivel educativo está aumentando, la tasa de abandono escolar se mantiene elevada. El nivel de capacidades básicas entre los jóvenes sigue siendo bajo. Está mejorando el acceso y la participación en el aprendizaje permanente —con la implicación de los empleadores—, en particular en el caso de las personas poco cualificadas; pero, habida cuenta de la magnitud del reto, es necesario mantener los esfuerzos. Las importantes inversiones en el sistema de educación y formación deberían dar frutos, sobre todo si las medidas se mantienen y se mejoran en el futuro. Las tasas de empleo mejoran de forma constante y la tasa de desempleo ha caído por debajo del 5 %. No obstante, la participación en el mercado laboral sigue siendo una de los más bajas de la Unión, especialmente en el caso de las mujeres de más edad y poco cualificadas, lo que también apunta a la persistencias de riesgos de exclusión social para aquellos que no están en condiciones de adaptarse a una economía en rápida mutación. Por lo tanto, es preciso mantener las actuales inversiones en estos ámbitos, en particular a través del Consejo Nacional de Capacidades recientemente creado, y seguir de cerca la evolución de la situación.
(8)

Estonia ha tomado medidas para garantizar la prestación y accesibilidad de unos servicios de alta calidad, en particular servicios sociales a nivel local, como parte de su reforma de la administración local. En particular, Estonia ha adoptado la Ley de Reforma Administrativa con vistas a facilitar la creación de entidades locales viables que puedan autofinanciar sus actividades, la planificación del desarrollo y el crecimiento y la oferta de servicios de calidad. Ha completado ya con éxito la fase voluntaria de fusión de entidades locales y está aplicando la Ley de Bienestar Social. Todavía no se han adoptado algunas de las medidas clave para completar la reforma de la administración local. Aún está pendiente la revisión del plan de financiación de los municipios. Se encuentran aún en fase de preparación otros actos legislativos sobre las responsabilidades y la división de tareas entre los municipios y la Administración central. La adopción de estas propuestas es fundamental para garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad, en particular en ámbitos como la educación, el empleo juvenil, la promoción de la salud y el transporte.
(10)

En 2018, en vista de la situación presupuestaria de Bélgica, y en particular de su nivel de deuda, se espera que el país realice un nuevo ajuste orientado hacia la consecución de su objetivo presupuestario a medio plazo, es decir, el logro de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 1,6 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural anual de al menos el 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa de ese requisito en 2018. No se espera, a priori, que Bélgica cumpla la norma en materia de deuda ni en 2017 ni en 2018. En general, el Consejo considera que serán necesarias nuevas medidas a partir de 2017 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y los resultados presupuestarios debería tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Bélgica. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Bélgica.
(9)

Los Estados miembros han pedido una actuación a nivel de la Unión dirigida a mejorar el flujo de información sobre empleabilidad, desajustes de las capacidades y necesidades del mercado de trabajo. En particular, el Informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) (7) propone que se promueva la pertinencia de la educación superior para el mercado de trabajo y la sociedad, en particular mediante una mejor comprensión y previsión de las necesidades y salidas del mercado de trabajo, por ejemplo haciendo un seguimiento de la carrera de los titulados.
2.

Además, los Estados miembros deberán tomar urgentemente las siguientes medidas: a) fomentar y, cuando sea posible y apropiado, requerir el uso de sustancias alternativas o concentraciones más bajas que puedan utilizarse para la misma actividad legítima y planteen menos preocupaciones desde el punto de vista de la seguridad; b) establecer las condiciones de seguridad del almacenamiento de los precursores de explosivos para los operadores económicos, los usuarios profesionales y los miembros del público en general que se encuentren legalmente en posesión de precursores de explosivos; c) ofrecer directrices claras a los operadores económicos sobre la manera de comprobar de manera efectiva y eficaz si una persona forma parte del público en general o no; a tal fin, los Estados miembros podrían aplicar un concepto de «usuario profesional», que designe a las personas que necesitan precursores de explosivos restringidos para fines relacionados con su actividad comercial, empresarial o profesional; d) en caso de que se haya establecido un régimen de licencias de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 98/2013, efectuar controles sobre los antecedentes de la persona que solicita una licencia y, en particular, verificar su registro de antecedentes penales en todos los Estados en que haya residido durante los cinco años anteriores, y e) establecer sistemas de inspección para detectar los casos de incumplimiento por parte de los operadores económicos.
(12)

El nivel de préstamos no productivos está disminuyendo, pero sigue muy elevado, lo que dificulta el funcionamiento del sector bancario y repercute en la oferta de crédito a la economía real. Los bancos no alcanzan los objetivos de reestructuración de préstamos acordados con el Banco Central de Chipre, lo que apunta a la necesidad de ampliar el sistema de selección de objetivos a fin de hacerlo más eficaz y vinculante, particularmente estableciendo objetivos ambiciosos para la reducción de los préstamos no productivos, compatibles con las estrategias de reducción de los préstamos no productivos de los bancos. Las tasas de nuevos impagos se mantienen elevadas, lo que refleja posibles deficiencias en las soluciones de reestructuración de préstamos. Los niveles de provisión de riesgos han aumentado, pero se mantienen por debajo de la media de la zona del euro, subrayando la necesidad de asegurar que las valoraciones de las garantías sean fiables y respalden una provisión de riesgos adecuada. La falta de un mercado secundario para los préstamos y de un marco de titulización de préstamos limita las posibilidades de acelerar el desapalancamiento y de transferir los préstamos no productivos fuera de los balances bancarios; ello requiere nuevas medidas reglamentarias y legislativas a fin de completar los instrumentos necesarios para facilitar la gestión de los balances bancarios. Por otra parte, siguen a un bajo nivel la gobernanza y la capacidad administrativa de la supervisión de los fondos de seguros y pensiones, lo que constituye una amenaza para la estabilidad financiera.
(4)

El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Irlanda está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En concreto, estos desequilibrios se caracterizan por un nivel elevado de deuda exterior, pública y privada (tanto de los hogares como de las sociedades no financieras), que hace que Irlanda sea vulnerable ante las perturbaciones. Los bancos siguen haciendo frente a un elevado nivel de préstamos no productivos, aunque están bien capitalizados y su rentabilidad, pese a seguir siendo baja, está mejorando gradualmente. Los precios de la vivienda están subiendo y la oferta sigue siendo limitada. El volumen de deuda de las sociedades no financieras disminuyó en 2015, aunque continuó siendo más alto que al final de 2014. El volumen de deuda de los hogares disminuyó en 2015 y la deuda pública se encuentra en una firme tendencia a la baja. La posición negativa de la inversión internacional neta de Irlanda se había deteriorado rápidamente antes de 2015, pero esta tendencia se invirtió posteriormente, debido en parte a un cambio de nivel en 2015. Sin embargo, la sostenibilidad de la balanza de pagos del sector nacional no parece estar en peligro. El nivel de préstamos no productivos ha disminuido a lo largo del último año, aunque el ritmo de la reducción se estaba aminorando en cierta medida a finales de 2016. Los precios de los inmuebles siguieron aumentando en 2015, pero de momento no hay indicios significativos de sobrevaloración. Se han tomado medidas en los últimos años para corregir todos los desequilibrios destacados, en concreto en el sector financiero (mejora del marco normativo y medidas para tratar el alto nivel de préstamos no productivos). El Gobierno ha adoptado varias medidas pertinentes para hacer frente a la oferta insuficiente en el mercado de la vivienda, pero tardarán en surtir efecto.
(12)

El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Finlandia que lograra un ajuste presupuestario anual de al menos el 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017. Las previsiones de primavera de la Comisión de 2017 indican que existe margen para una desviación temporal adicional del 0,6 % del PIB en 2017 con arreglo a las cláusulas estructurales y de inversión, sin que ello obste para seguir cumpliendo el criterio de referencia mínimo (es decir, un déficit estructural del 1,1 % del PIB). Sobre esa base, se autorizaría un deterioro del saldo estructural de un 0,5 % del PIB en 2017. Según las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, Finlandia cumple los requisitos del componente preventivo. Si se tuviera en cuenta la actual estimación actualizada del menor impacto presupuestario en 2017 de la afluencia excepcional de refugiados, la conclusión de la evaluación general no cambiaría. Para 2018, Finlandia debe alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta el margen autorizado en relación con acontecimientos inusitados (concedido para 2016), así como los márgenes relacionados con la ejecución de las reformas estructurales e inversiones (concedidos para 2017) (6). Con arreglo a las previsiones de primavera de la Comisión de 2017, ello es coherente con una tasa de crecimiento nominal máxima del gasto público primario neto (7) del 1,6 %, que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,1 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, Finlandia cumpliría en 2018 los requisitos del componente preventivo. Si se tuviera en cuenta la actual estimación actualizada del menor impacto presupuestario en 2017 de la afluencia excepcional de refugiados, la conclusión de la evaluación general no cambiaría. Al mismo tiempo, las previsiones indican, a primera vista, que Finlandia no cumplirá el valor de referencia para la reducción de la deuda ni en 2017 ni en 2018. En general, el Consejo considera que Finlandia debe estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para garantizar el cumplimiento.
(7)

Se están realizando esfuerzos para mejorar la recaudación de impuestos. A pesar de ciertas mejoras, hacer cumplir las obligaciones tributarias sigue siendo un reto. La economía sumergida y el trabajo no declarado se mantienen en niveles elevados. Se ha reducido la carga administrativa tributaria, aunque sigue siendo significativa. Las medidas encaminadas a reducir los trámites burocráticos no han producido hasta la fecha sino resultados limitados, y no hay indicios de grandes mejoras en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Dadas estas circunstancias, la aplicación efectiva de las normas resulta esencial tanto para realizar los controles como para reforzar la prevención del incumplimiento tributario. El Plan de Acción de la Estrategia Nacional Única 2015-2017 para aumentar la recaudación de impuestos, luchar contra la economía sumergida y reducir los costes de cumplimiento está resultando una herramienta útil, especialmente a la hora de evaluar y mejorar la coordinación y la eficiencia de una serie de organismos administrativos que actúan en el ámbito fiscal. El análisis ex post de las repercusiones de las medidas específicas podría contribuir a la evaluación, planificación y orientación adecuadas de futuras medidas de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Estas medidas se incluirán en una estrategia nacional única general que sustituirá a la estrategia actual, la cual expira a finales de 2017.