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DIRECTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO
de 29 de abril de 2004
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias
a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros
por la que se modifica el Reglamento (CEE) Nº 1612/68 y se derogan la s Directivas 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL C ONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 12, 18, 40, 44
y 52,
Vista la propuesta de la Comisión 1,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones 3,
De conformidad con el procedimiento es tablecido en el artículo 251 del Tratado 4,
                                                
1DO C 270 E de 25.9.2001. p. 150.
2DO C 149 de 21.6.2002, p. 46.
3DO C 192 de 12.8.2002, p. 17.
4Dictamen del Parlamento Europeo de 11 de febrero de 2003 (DO C 43 E de 19.2.2004, p. 42),
Posición Común del Consejo de 5 de di ciembre de 2003 (DO C 54 E de 2.3.2004, p. 12) y
Posición del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 2004 (no publicada aún en el Diario
Oficial).
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Considerando lo siguiente:
(1) La ciudadanía de la Unión confiere a todo ciudadano de la Unión un derecho primario e
individual a circular y residir libremente en  el territorio de los Estados miembros, con
sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el Tratado y en las disposicionesadoptadas para su aplicación.
(2) La libre circulación de personas constituye una de las libertades fundamentales del mercado
interior, que implica un espacio sin fronteras interiores en el que esta libertad estará
garantizada con arreglo a la s disposiciones del Tratado.
(3) La ciudadanía de la Unión debe ser la condici ón fundamental de los nacionales de los Estados
miembros que ejercen su derecho de libre circ ulación y residencia. Por ello es necesario
codificar y revisar los instrumentos comunita rios existentes trata ndo separadamente a los
asalariados, los trabajadores por  cuenta propia, así como los estudiantes y las otras personas
inactivas, de manera que se simplifique y refuer ce el derecho de libre circulación y residencia
de todos los ciudadanos de la Unión.
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(4) Para rebasar el enfoque sectorial y fragmentari o del derecho de libre circulación y residencia
y con el fin de facilitar el ejercicio de este  derecho, es necesario un acto legislativo único que
modifique el Reglamento (CEE)  nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a
la libre circulación de los trabaj adores dentro de la Comunidad 1, y derogue los siguientes
actos legislativos: la Direc tiva 68/360/CEE del Consejo, de  15 de octubre de 1968, sobre
supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados
miembros y de sus familias dentro de la Comunidad 2, la Directiva 73/148/CEE del Consejo,
de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restri cciones al desplazamiento y a la
estancia, dentro de la Comunidad, de los naci onales de los Estados miembros en materia de
establecimiento y de prestación de servicios 3, la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de
28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia 4, la Directiva 90/36 5/CEE del Consejo,
de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de lo s trabajadores por cuenta ajena
o por cuenta propia que hayan dejado de  ejercer su actividad profesional 5, y la
Directiva 93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, rela tiva al derecho de residencia
de los estudiantes 6.
(5) El derecho de todo ciudadano de la  Unión a circular y residir libr emente en el territorio de los
Estados miembros, para que pueda ejercerse en  condiciones objetivas de libertad y dignidad,
debe serle reconocido también a los miembros de su familia, cualquiera que sea sunacionalidad. A los efectos de la presente Directiva, la definición de miembro de la familiadebe incluir también la pareja registrada si  la legislación del Estado miembro de acogida
equipara la unión registrada al matrimonio.
                                                
1DO L 257 de 19.10.1968, p. 2. Reglamento cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) nº 2 434/92 (DO L 245 de 26.8.1992, p. 1).
2DO L 257 de 19.10.1968, p. 13. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de
adhesión de 2003.
3DO L 172 de 28.6.1973, p. 14.
4DO L 180 de 13.7.1990, p. 26.
5DO L 180 de 13.7.1990, p. 28.
6DO L 317 de 18.12.1993, p. 59.
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(6) Para mantener la unidad de la familia en un sentido amplio y sin perjuicio de la prohibición de
discriminación por motivos de nacionalidad, los Estados miembros de acogida deben estudiar,
basándose en su propia legislación nacional, la situación de las personas no incluidas en la
definición de miembros de la familia con arreglo a la presente Directiva y que, porconsiguiente, no disfrutan del derecho automá tico de entrada y residencia en el Estado
miembro de acogida, con objeto de decidir si se les podría permitir la entrada y la residencia,
teniendo en cuenta su relación con el ciudada no de la Unión o cualquier otra circunstancia,
tales como la dependencia financiera  o física del ciudadano de la Unión.
(7) Conviene definir claramente la naturaleza de  las formalidades relacionadas con la libre
circulación de los ciudadanos de la Unión en el territorio de Estados miembros, sin perjuicio
de las disposiciones aplicables en materia de controles en las fronteras nacionales.
(8) Con objeto de facilitar la libre circulaci ón de los miembros de la familia que no sean
nacionales de un Estado miembro, conviene que qu ienes ya sean titula res de una tarjeta de
residencia queden exentos de la  obligación de visado de entrad a establecida en el Reglamento
(CE) nº 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que  se establecen la lista de
terceros países cuyos nacionales están someti dos a la obligación de vi sado para cruzar las
fronteras exteriores y la list a de terceros países cuyos na cionales están exentos de esa
obligación 
1 o, en su caso, en la le gislación nacional aplicable.
(9) Los ciudadanos de la Unión deben disfrutar de l derecho de residencia en el Estado miembro
de acogida durante un período que no supere lo s tres meses sin estar supeditados a más
condiciones o formalidades que la posesión de un documento de identidad o un pasaporte
válido sin perjuicio de un trat amiento más favorable, reconoci do por la jurisp rudencia del
Tribunal de Justicia, para los que buscan empleo.
                                                
1DO L 81 de 21.3.2001, p. 1. Reglamento cuya úl tima modificación la constituye el
Reglamento (CE) nº 453/ 2003 (DO L 69 de 13.3.2003, p. 10).
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(10) Conviene, sin embargo, evitar que los beneficiarios del derecho de residencia se conviertan en
una carga excesiva para la asis tencia social del Estado miembro de acogida durante un primer
período de estancia. Por ello, debe supeditarse a determinadas condiciones el derecho de
residencia de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia por períodos superioresa tres meses.
(11) El derecho fundamental y personal de reside ncia en otro Estado miembro ha sido otorgado
directamente a los ciudadanos de la Unión po r el Tratado, y no depende de haber completado
los procedimientos administrativos.
(12) Para períodos de residencia  superiores a tres meses, los Estados miembros deben poder
requerir el registro del ciudadano de la Unión ante las autoridades competentes del lugar de
residencia, acreditado por un certif icado del registro a tal efecto.
(13) Debe restringirse la exigencia de una tarjet a de residencia a los miembros de la familia de
ciudadanos de la Unión que no sean naci onales de un Estado miembro por períodos de
residencia superiores a los tres meses.
(14) Los justificantes requeridos por las auto ridades competentes para la expedición de un
certificado de registro o de una tarjeta de residencia deben pr ecisarse de manera exhaustiva
con el fin de evitar prácticas administrativas o interpretaciones diverg entes que constituyan un
obstáculo desproporcionado al ej ercicio del derecho de reside ncia de los ciudadanos de la
Unión o de los miembros de su familia.
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(15) Conviene, por otro lado, ofrecer protección jurí dica a los miembros de la familia en caso de
fallecimiento del ciudadano de la Unión o de  divorcio o anulación del matrimonio o de una
unión de hecho registrada. Resulta pues necesar io adoptar medidas que garanticen que, en
tales supuestos, los miembros de la familia que residieran ya en el territorio del Estadomiembro de acogida conserven su derecho de re sidencia, a título exclusivamente personal,
con el debido respeto por la vida familiar y la dignidad humana y bajo ciertas condiciones
para evitar abusos.
(16) Los beneficiarios del der echo de residencia no podrán se r expulsados mientras no se
conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida. Por
ello, el recurso a la asistencia social no podr á tener por consecuencia automática una medida
de expulsión. Conviene que el Estado miembro de  acogida examine si tal recurso obedece a
dificultades temporales y que tenga en cuenta la duración de la reside ncia, las circunstancias
personales y la cuantía de la ayuda concedida an tes de poder decidir si el beneficiario se ha
convertido en una carga excesiva para su asis tencia social y si procede su expulsión. En
ningún caso se podrá adoptar una medida de expulsi ón contra trabajadores por cuenta ajena o
propia, o personas que buscan empleo, tal como las define el Tribunal de Justicia, salvo por
razones de orden público o seguridad pública.
(17) El disfrute de una residenc ia permanente para los ciudadanos  de la Unión que hayan decidido
instalarse de forma duradera en un Estado mi embro de acogida refuerza el sentimiento de
pertenencia a una ciudadanía de la Unión y es  un elemento clave para promover la cohesión
social, que figura entre los objetivos fundame ntales de la Unión. Conviene por lo tanto
establecer un derecho de residencia permanente  para todos los ciudad anos de la Unión que
hayan residido, en el Estado miembro de ac ogida de conformidad con las condiciones
establecidas en la presente Directiva, dura nte un período ininterrumpido de cinco años de
duración y sin haber sido objeto de una medida de expulsión.
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(18) Para que el derecho de residencia perman ente constituya un verdadero instrumento de
integración en la sociedad del Estado miembro de acogida en que reside el ciudadano de la
Unión, una vez obtenido no debe  estar sometido a condiciones.
(19) Conviene mantener ciertas ventajas propias de  los ciudadanos de la Unión, y de los miembros
de sus familias, que ejercen una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, y que lespueden permitir obtener el derecho de residencia permanente tras una residencia en el Estadomiembro de acogida inferior a cinco años, ya que constituyen derechos adquiridos conferidospor el Reglamento (CEE) nº 1251/70 de la Comisión, de 29 de juni o de 1970, relativo al
derecho de los trabajadores a permanecer en el  territorio de un Estado miembro después haber
ejercido en él un empleo 
1, y por la Directiva 75/34/CEE de l Consejo, de 17 de diciembre
de 1974, relativa al derecho de los nacionales de un Estado miembro a permanecer en elterritorio de otro Estado miembro después de haber ejercido en él una actividad por cuenta
propia 
2.
(20) En virtud de la prohibición de discriminar por razones de n acionalidad, cada ciudadano de la
Unión y los miembros de su familia residentes en un Estado miembro con arreglo a lapresente Directiva deben beneficiarse en ese Es tado miembro de la igualdad de trato con los
nacionales en el ámbito de aplicación del Tratado, con supeditaci ón a las disposiciones
específicas expresamente contempladas en el Tratado y el Derecho derivado.
                                                
1DO L 142 de 30.6.1970, p. 24.
2DO L 14 de 20.1.1975, p. 10.
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(21) No obstante, debe dejarse al Estado miembro de acogida determinar si concede a personas que
no sean trabajadores por cuenta ajena o propi a, personas que mantengan dicho estatuto y
miembros de sus familias prestaciones de asistencia social durante los tres primeros meses deresidencia, o un período mayor en el caso de los que buscan empleo, o ayudas de manutención
por estudios, incluida la formación profesi onal, antes de la a dquisición del derecho de
residencia permanente.
(22) El Tratado prevé algunas rest ricciones al ejercicio del de recho de libre circulación y
residencia por razones de orden público, segurid ad pública o salud pública. Para precisar las
condiciones y garantías procesal es con arreglo a las cuales puede adoptarse la decisión de
denegación de entrada o de expulsión de los ciuda danos de la Unión y de los miembros de su
familia, la presente Directiva sustituye a la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de25 de febrero de 1964, sobre coor dinación de las medidas especi ales para los extranjeros en
materia de circulación y de residencia, justif icadas por razones de orden público, seguridad
pública o salud pública 
1.
(23) La expulsión de un ciudadano de la Unión y lo s miembros de su familia por razones de orden
público o seguridad pública constituye una medi da que puede perjudicar seriamente a las
personas que, haciendo uso de los derechos y libertades conferidas por el Tratado, se
integraron verdaderamente en el Estado miembr o de acogida. Conviene por lo tanto limitar el
alcance de estas medidas de conformidad con el principio de proporci onalidad para tener en
cuenta el grado de integración de las personas en cuestión, la duración de la residencia en el
Estado miembro de acogida, su edad, su estado de salud y la situación familiar y económica,así como los vínculos con el país de origen.
                                                
1DO 56 de 4.4.1964, p. 850. Directiva cuya úl tima modificación la constituye la
Directiva 75/35/CEE (DO L 14 de 20.1.1975, p. 14).
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(24) En consecuencia, cuanto mayor sea la integr ación de los ciudadanos de la Unión Europea y de
los miembros de su familia en el Estado miembro de acogida, tanto mayor debería ser laprotección contra la expulsión. Únicamente  en circunstancias excepcionales, cuando
concurran razones de seguridad pública de cará cter imperativo, debería adoptarse una medida
de expulsión contra ciudadanos de la Unión que hayan residi do durante varios años en el
territorio del Estado miembro de acogida, en particular cuando hayan nacido y residido allí
durante toda su vida. Además, este tipo de circunstancias excepcionales deberían también
tenerse en cuenta a la hora de  adoptar una medida de expulsión contra menores, a fin de
salvaguardar sus relaciones familiares de acu erdo con la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.
(25) Conviene también precisar las garantías pro cesales con vistas a proporcionar un elevado nivel
de protección de los derechos del ciudadano de la  Unión y los miembros de su familia en caso
de denegación de entrada o residencia en ot ro Estado miembro, así como el respeto del
principio de motivación suficiente  de los actos administrativos.
(26) En cualquier caso, el ciudadano de la Uni ón y los miembros de su familia a los que se
deniegue el derecho de entr ada y residencia en otro Es tado miembro deberían tener la
posibilidad de recurrir  ante los tribunales.
(27) De acuerdo con la jurisprudenc ia del Tribunal de Justicia, que prohíbe a los Estados miembros
denegar de por vida la entrada a su territorio a los beneficiarios de la presente Directiva,
conviene confirmar el derecho del ciudadano de  la Unión o del miembro de su familia que
haya sido expulsado del terr itorio de un Estado miembro a presentar una nueva solicitud
después de un plazo razonable y, en cualquier ca so, una vez transcurridos  tres años desde la
ejecución de la medida de expulsión definitiva.
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(28) Los Estados miembros deben poder adoptar las medidas necesarias para  protegerse contra el
abuso de derecho o el fraude de ley, particul armente de los matrimonios de conveniencia o
cualquier otra relación contraída con el exclus ivo objeto de disfruta r del derecho de libre
circulación y residencia.
(29) La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones nacionales que sean más favorables.
(30) Con objeto de analizar cómo facilitar aún más el ejercicio del derecho de libre circulación y
residencia, la Comisión debe elaborar un inform e para evaluar la oportunidad de presentar las
propuestas necesarias a tal efecto, en concreto  la ampliación del período de residencia sin
condiciones.
(31) La presente Directiva respet a los derechos y libertades fundame ntales y observa los principios
reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
De conformidad con la prohibición de discri minación que contiene la Carta, los Estados
miembros deben aplicar las disposiciones de la  misma sin discriminar entre los beneficiarios
de la presente Directiva por razones como el sexo, raza, colo r, origen étnico o social,
características genéticas, lengua , religión o convicciones, opin iones políticas o de otro tipo,
pertenencia a una minoría nacional, patrimoni o, nacimiento, discapacidad, edad u orientación
sexual.
HAN ADOPTADO LA PR ESENTE DIRECTIVA:
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1
Objeto
La presente Directiva establece:a) las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación y resi dencia en el territorio de los
Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia;
b) el derecho de residencia permanente en el  territorio de los Estados miembros de los
ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia;
c) las limitaciones a los derechos establecidos en las letras a) y b) por razones de orden público,
seguridad pública o salud pública.
Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Di rectiva, se entenderá por:
1) "Ciudadano de la Unión": t oda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.
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2) "Miembro de la familia":
a) el cónyuge;b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celeb rado una unión registrada, con
arreglo a la legislación de un Estado miembr o, si la legislación del Estado miembro de
acogida otorga a las unione s registradas un trato equiva lente a los matrimonios y de
conformidad con las condiciones establecida s en la legislación aplicable del Estado
miembro de acogida;
c) los descendientes directos menores de 21 añ os o a cargo y los del cónyuge o de la pareja
definida en la letra b);
d) los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge  o de la pareja defi nida en la letra b).
3) "Estado miembro de acogida": el Estado miembro al que se traslada el ciudadano de la Unión
para ejercer su derecho de lib re circulación y residencia.
Artículo 3
Beneficiarios
1. La presente Directiva se aplicará a cualquier ci udadano de la Unión que se traslade a, o resida
en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros
de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él.
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2. Sin perjuicio del derecho personal de los interesa dos a la libre circulaci ón y a la residencia, el
Estado miembro de acogida facilitará, de conformi dad con su legislación nacional, la entrada y la
residencia de las siguientes personas:
a) cualquier otro miembro de la familia, sea cual fuere su nacionalidad, que no entre en la
definición del punto 2 del artículo 2 que, en el país de proceden cia, esté a cargo o viva con el
ciudadano de la Unión beneficiario  del derecho de residencia con carácter principal, o en caso
de que, por motivos graves de salud, sea estric tamente necesario que el ciudadano de la Unión
se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia;
b) la pareja con la que el ci udadano de la Unión mantiene una  relación estable, debidamente
probada.
El Estado miembro de acogida estudiará detenidame nte las circunstancias personales y justificará
toda denegación de entrada o re sidencia a dichas personas.
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CAPÍTULO II
Derecho de salida y entrada
Artículo 4
Derecho de salida
1. Sin perjuicio de las disposiciones que re gulan los documentos de viaje en controles
fronterizos nacionales, todo ciuda dano de la Unión en posesión de un documento de identidad o un
pasaporte válidos y los miembros de su familia que no sean nacionales de un Estado miembro y queestén en posesión de un pasaporte válido, tendrá n derecho a salir del territorio de un Estado
miembro para trasladarse a otro Estado miembro.
2. A las personas contempladas en el apartado 1 no se les podrá imponer ningún visado de salida
ni obligación equivalente.
3. Los Estados miembros expedirán o renovarán a sus ciudadanos, de acuerdo con su legislación,
un documento de identidad o un pasaporte en el que conste su nacionalidad.
4. El pasaporte será válido al menos para todos  los Estados miembros y para los países de
tránsito entre éstos. En caso de  que la legislación de un Estado miembro no prevea la expedición de
un documento de identidad, la validez del pasa porte, desde el momento de su expedición o
renovación, no podrá ser infe rior a cinco años.
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Artículo 5
Derecho de entrada
1. Sin perjuicio de las disposiciones que re gulan los documentos de viaje en controles
fronterizos nacionales, los Estados miembros ad mitirán en su territorio a todo ciudadano de la
Unión en posesión de un documento de identidad o un pasaporte válidos y a los miembros de su
familia que no sean nacionales de un Estado miembro y que estén en posesión de un pasaporteválido.
A los ciudadanos de la Unión no se les podr á imponer ningún visado de entrada ni obligación
equivalente.
2. Los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro sólo estarán
sometidos a la obligación de visado de entr ada de conformidad con el Reglamento (CE)
nº 539/2001, o, en su caso, con la le gislación nacional. A los efectos de la presente Directiva, la
posesión de la tarjeta de residenc ia válida contemplada en el ar tículo 10 eximirá a dichos miembros
de la familia de la obligación de obtener un visado.
Los Estados miembros concederán a dichas persona s todas las facilidades para obtener los visados
que precisen. Estos visados se e xpedirán gratuitamente lo antes pos ible, mediante un procedimiento
acelerado.
3. El Estado miembro de acogida no pondrá sello de entrada o de salida en el pasaporte de un
miembro de la familia que no sea nacional de un Estado miembro, siempre y cuando el interesadopresente la tarjeta de residenc ia prevista en el artículo 10.
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4. Cuando el ciudadano de la Unión o el miembro de su familia que no sea nacional de un
Estado miembro no dispongan de los documentos de viaje necesarios o, en su caso, de los visadosnecesarios, el Estado miembro de que se trate dará a estas personas, antes de proceder a su retorno,
las máximas facilidades para que puedan obtener o recibir en un plazo razonable los documentosnecesarios o para que se confirme o pruebe por otro s medios su calidad de beneficiarios del derecho
de libre circulación o residencia.
5. El Estado miembro podrá exigir al interesado que notifique su presencia en  el territorio en un
plazo de tiempo razonable y no di scriminatorio. El incumplimiento  de esta obligación podrá dar
lugar a la imposición de sanciones proporcionada s y no discriminatorias contra el interesado.
CAPÍTULO III
Derecho de residencia
Artículo 6
Derecho de residencia por un período de hasta tres meses
1. Los ciudadanos de la Unión tendrán derecho de residencia en el terr itorio de otro Estado
miembro por un período de hasta tres meses sin es tar sometidos a otra condición o formalidad que
la de estar en posesión de un documen to de identidad o pasaporte válidos.
2. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán asimismo a los miembros de la familia en
posesión de un pasaporte válido que no sean na cionales de un Estado miembro y acompañen al
ciudadano de la Unión, o se reúnan con él.
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Artículo 7
Derecho de residencia por más de tres meses
1. Todo ciudadano de la Unión tien e derecho de residencia en el territorio de otro Estado
miembro por un período superior a tres meses si:
a) es un trabajador por cuenta ajena o por cuen ta propia en el Estado miembro de acogida, o
b) dispone, para sí y los miembros de su familia , de recursos suficientes para no convertirse en
una carga para la asistencia  social del Estado miembro de  acogida durante su período de
residencia, así como de un seguro de enfermed ad que cubra todos los riesgos en el Estado
miembro de acogida, o
c) – está matriculado en un centro público o pr ivado, reconocido o financiado por el Estado
miembro de acogida con arreglo a su legisl ación o a su práctica administrativa, con la
finalidad principal de cursar estudios , inclusive de formación profesional; y
– cuenta con un seguro de enfermedad que cubr e todos los riesgos en el Estado miembro
de acogida y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o
por cualquier otro medio equivalente de su  elección, que posee recu rsos suficientes para
sí y los miembros de su familia para no conver tirse en una carga para la asistencia social
del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, o
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d) es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión, o va a reunirse con él,
y que cumple las condiciones contempl adas en las letras a), b) o c).
2. El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia
que no sean nacionales de un Estado miembro cu ando acompañen al ciudadano de la Unión o se
reúnan con él en el Estado miembro de acogida, siempre que dicho ciudadano cumpla lascondiciones contempladas en las le tras a), b) o c) del apartado 1.
3. A los efectos de la letra a)  del apartado 1, el ciudadano de la Unión que ya no ejerza ninguna
actividad por cuenta ajena o por cuenta propia ma ntendrá la condición de  trabajador por cuenta
ajena o por cuenta propia en los siguientes casos:
a) si sufre una incapacidad laboral temporal  resultante de una enfermedad o accidente;
b) si, habiendo quedado en paro involuntario  debidamente acreditado, tras haber estado
empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin
de encontrar un trabajo;
c) si, habiendo quedado en paro involuntario debi damente acreditado tras concluir un contrato de
trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario
durante los primeros doce meses, se ha inscrito en  el servicio de empleo competente con el fin
de encontrar un trabajo. En este  caso, la condición de trabaj ador se mantendrá durante un
período que no podrá ser inferior a seis meses;
d) si sigue una formación profesional. Salvo que se encuentre en situaci ón de paro involuntario,
el mantenimiento de la condición de trabaja dor exigirá que la formación guarde relación con
el empleo previo.
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4. No obstante lo dispuesto en la letra d) de l apartado 1 y en el ap artado 2, únicamente el
cónyuge, la pareja registrada a que se refiere la letra b)  del punto 2 del artículo 2 y los hijos a cargo
tendrán el derecho de residencia como miembros  de la familia de un ciudadano de la Unión que
cumple los requisitos de la letra c) del apartado 1 an terior. El apartado 2 del ar tículo 3 se aplicará a
sus ascendientes directos a cargo y a los de  su cónyuge o pareja de hecho registrada.
Artículo 8
Trámites administrativos para los ciudadanos de la Unión
1. Sin perjuicio de lo dispuest o en el apartado 5 del artículo  5, para períodos de residencia
superiores a tres meses el Estado miembro de acogida podrá imponer a los ciudadanos de la Unión
la obligación de registrarse ante las autoridades competentes.
2. El plazo fijado para el registro no podrá ser in ferior a tres meses a partir de la fecha de
llegada. Se expedirá inmediatamen te un certificado de registro que precise el nombre y dirección de
la persona registrada y la fecha de registro. El incumplimiento de  la obligación de registro podrá
conllevar, para la persona interesada, castigos  con sanciones proporcionada s y no discriminatorias.
3. Para la expedición del certific ado de registro, los Estados miembros sólo podrán exigir:
/g45 al ciudadano de la Unión contemplado en la le tra a) del apartado 1 del artículo 7, que presente
un documento de identidad o un pasaporte váli dos y una declaración de contratación del
empleador o un certificado de empleo, o una pr ueba de que trabaja por cuenta propia;
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/g45 al ciudadano de la Unión contemplado en la le tra b) del apartado 1 del artículo 7, que presente
un documento de identidad o un pasaporte válidos y una prueba de que cumple las
condiciones estableci das en dicha letra;
/g45 al ciudadano de la Unión contemplado en la le tra c) del apartado 1 del artículo 7, que presente
un documento de identidad o un pasaporte válidos , una prueba de que está matriculado en un
centro reconocido y de que tiene un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos y la
declaración o medio equivalente contemplado en dicha letra. Los Estados miembros no
podrán exigir que la mencionada  declaración haga referencia a una cantidad determinada en
concepto de recursos.
4. Los Estados miembros no podrán establecer  un importe fijo correspondiente a lo que
consideran "recursos suficientes", sino que tendrán que tener en cuenta la situación personal del
interesado. En cualquier caso, dicho importe no supera rá el nivel de recursos por debajo del cual el
Estado miembro de acogida puede conceder asiste ncia social a sus naci onales o, cuando no pueda
aplicarse tal criterio, el nivel de  la pensión mínima de seguridad  social pagada por el Estado
miembro de acogida.
5. Para la expedición del certificado de registro a los miembros de la familia de ciudadanos de la
Unión que sean asimismo ciudadanos de la Unión, los Estados miembros podrán exigir la
presentación de los documentos siguientes:
a) un documento de identidad o un pasaporte válidos;
b) un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada;
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c) en su caso, el certificado de registro del ciud adano de la Unión al que acompañan o con el que
van a reunirse posteriormente;
d) en los casos contemplados en las letras c) y d) del punto 2 del artículo 2, la prueba documental
de que se cumplen los requisitos previstos en dicha disposición;
e) en los casos contemplados en la letra a)  del apartado 2 del artí culo 3, todo documento
expedido por la autoridad competente del país  de origen o procedencia que certifique que
están a cargo del ciudadano de la Unión o que vivían con él en ese país o la prueba de la
existencia de motivos graves de salud que requieran estrictamente que el ciudadano de la
Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia;
f) en los casos contemplados en la letra b) del apartado 2 del artícu lo 3, la prueba de la
existencia de una relación establ e con el ciudadano de la Unión.
Artículo 9
Trámites administrativos para los miembros de la familia
que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro
1. Los Estados miembros expedirán una tarjeta de residencia a los miembros de la familia de un
ciudadano de la Unión que no te ngan la nacionalidad de un Estado miembro cuando el período de
residencia previsto sea superior a tres meses.
2. El plazo para presentar la so licitud de expedición de una tarjeta de re sidencia no podrá ser
inferior a tres meses a part ir de la fecha de llegada.
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3. El incumplimiento de la obligación de solicitar la tarjeta de residencia  podrá conllevar para la
persona interesada sanciones propo rcionadas y no discriminatorias.
Artículo 10
Expedición de la tarjeta de residencia
1. El derecho de residencia de los miembros de  la familia de un ciudadano de la Unión que no
tengan la nacionalidad de un Estado miembro se rá reconocido mediante la expedición de un
documento denominado "tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión" a más tardaren los seis meses siguientes a la  presentación de la solicitud. Se entregará inmediatamente un
resguardo de la presentación de la so licitud de una tarjeta de residencia.
2. Para la expedición de la tarj eta de residencia, los Estados mi embros exigirán la presentación
de los documentos siguientes:
a) un pasaporte válido;b) un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada;
c) el certificado de registro o, a falta de sistema de registro, cualquier ot ra prueba de residencia
en el Estado miembro de acogida del ciudada no de la Unión al que acompañen o con el que
vayan a reunirse posteriormente;
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d) en los casos contemplados en las letras c) y d) del punto 2 del artículo 2, la prueba documental
de que se cumplen las condiciones previstas en dicha disposición;
e) en los casos contemplados en la letra a)  del apartado 2 del artí culo 3, todo documento
expedido por la autoridad competente del país  de origen o procedencia que certifique que
están a cargo del ciudadano de la Unión o que vivían con él en ese país o la prueba de la
existencia de motivos graves de salud que requieran estrictamente que el ciudadano de la
Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia;
f) en los casos contemplados en la letra b) del apartado 2 del artícu lo 3, la prueba de la
existencia de una relación establ e con el ciudadano de la Unión.
Artículo 11
Validez de la tarjeta de residencia
1. La tarjeta de residencia previs ta en el apartado 1 del artículo  10 tendrá una validez de cinco
años a partir de su fecha de e xpedición o por el período previsto de residencia del ciudadano de la
Unión si dicho período fuera inferior a cinco años.
2. La validez de la tarjeta de  residencia no se verá afectad a por ausencias temporales no
superiores a seis meses al año, ni por ause ncias de mayor duración para el cumplimiento de
obligaciones militares, ni por una ausencia no superior a doce meses consecutivos por motivosimportantes como el embarazo y el parto, enfermedad grave, estudios o una formación profesional,o el traslado por razones de trabajo a otro Estado miembro o a un tercer país.
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Artículo 12
Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia
en caso de fallecimiento o partida del ciudadano de la Unión
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el fallecim iento del ciudadano de la Unión
o su partida del territorio del Es tado miembro de acogida no afectarán  al derecho de residencia de
los miembros de su familia que tengan la nacionalidad de un Estado miembro.
Antes de adquirir el derecho de residencia perman ente, los propios interesados deberán cumplir las
condiciones previstas en las letras a), b), c) o d) de l apartado 1 del artículo 7.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el fallecim iento del ciudadano de la Unión
no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros de su familia que no tengan la
nacionalidad de un Estado miembro y que hayan residido en el Estado miembro de acogida encalidad de miembros de su familia durante al menos un año antes del fallecimiento del ciudadano dela Unión.
Antes de adquirir el derecho de residencia perman ente, el derecho de residencia de los interesados
seguirá estando sujeto al requisito de poder demo strar que son trabajadores por cuenta ajena o
propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para noconvertirse durante su período de residencia en una carga para la  asistencia social del Estado
miembro de acogida, así como de un seguro de enfe rmedad que cubra todos los riesgos en el Estado
miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro deacogida, de una persona que cumpla estos requisito s. Los "recursos suficientes" mencionados en el
párrafo segundo serán los definidos en el apartado 4 del artículo 8.
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Dichos miembros de la familia seguirán conserva ndo su derecho de residencia exclusivamente a
título personal.
3. La partida del ciudadano de la Unión o su fa llecimiento no supondrá la pérdida del derecho de
residencia de sus hijos ni del progenitor que tenga la custodia efectiv a de los hijos, con
independencia de su nacionalidad, siempre que los hijos residan en el Estado miembro de acogida y
estén matriculados en un centro de enseñanza para cursar estudios, y ello hasta el final de dichos
estudios.
Artículo 13
Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia
en caso de divorcio, anulación del ma trimonio o fin de la unión registrada
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párraf o segundo, el divorcio, la a nulación del matrimonio
de ciudadanos de la Unión o el fi n de la unión registrada mencionada  en la letra b) del punto 2 del
artículo 2 no afectará al derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de laUnión que tengan la nacionalidad de un Estado miembro.
Antes de adquirir el derecho de residencia pe rmanente, los interesados deberán cumplir las
condiciones previstas en las letras a), b), c) o d) de l apartado 1 del artículo 7.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párraf o segundo, el divorcio, la a nulación del matrimonio o
el fin de la unión registrada mencionada en la letra b) del punto 2 de l artículo 2 no supondrá la
pérdida del derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que notengan la nacionalidad de un Estado miembro:
a) cuando el matrimonio o la unión registrada ha ya durado, hasta iniciarse el procedimiento
judicial de divorcio o de anulaci ón o finalizar la unión registrada mencionada en la letra b) del
punto 2 del artículo 2, al menos tres años, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de
acogida, o
b) cuando la custodia de los hijos del ciudadano de  la Unión hubiere sido confiada al cónyuge o
a la pareja que no tenga la nacionalidad de un Estado miembr o por mutuo acuerdo entre los
cónyuges o la pareja mencionada en la letra b) del punto 2 del ar tículo 2 o por decisión
judicial, o
c) cuando así lo exigieran circuns tancias especialmente difíciles, como por ejemplo, haber sido
víctima de violencia doméstica durante el matrimonio o la unión registrada,
d) cuando, por mutuo acuerdo entre los cónyuges o la s parejas mencionadas en la letra b) del
punto 2 del artículo 2 o por decisión judicial, el cónyuge o la pareja que no tenga la
nacionalidad de un Estado miembro, tenga derec ho a visitar al menor, siempre que el órgano
judicial haya dispuesto que dich a visita tenga lugar en el Es tado miembro de acogida, y por el
período de tiempo que sea necesario.
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Antes de adquirir el derecho de residencia perman ente, el derecho de resi dencia de los interesados
seguirá estando sujeto al requisito de poder demo strar que son trabajadores por cuenta ajena o
propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para noconvertirse durante su período de residencia en una carga para la  asistencia social del Estado
miembro de acogida, así como de un seguro de enfe rmedad que cubra todos los riesgos en el Estado
miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro deacogida, de una persona que cumpla estos requisito s. Los "recursos suficientes" serán los definidos
en el apartado 4 del artículo 8.
Dichos miembros de la familia seguirán conserva ndo su derecho de residencia exclusivamente a
título personal.
Artículo 14
Mantenimiento del derecho de residencia
1. Los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias gozarán del derecho de residencia
previsto en el artículo 6 mientras no se conviertan en una carga excesiv a para la asistencia social del
Estado miembro de acogida.
2. Los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias gozarán del derecho de residencia
establecido en los artículos 7, 12 y 13 mientras cumplan las condiciones en e llos previstas.
En casos específicos en los que existan dudas razonables en cuanto  al cumplimiento, por parte de un
ciudadano de la Unión o de los miembros de su familia, de las condiciones establecidas en losartículos 7, 12 y 13, los Estados miembros podrán comprobar si se cumplen dichas condiciones.
Dicha comprobación no se llevará a cabo sistemáticamente.
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3. El recurso a la asistencia social del Estado mi embro de acogida de un ciudadano de la Unión o
de un miembro de la su familia no tendrá por consecuencia automática una medida de expulsión.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 y sin perjuicio de las disposiciones del
Capítulo VI, en ningún caso podrá adoptarse una medida de expulsión co ntra ciudadanos de la
Unión o miembros de su familia si:
a) los ciudadanos de la Unión son trab ajadores por cuenta ajena o propia, o
b) los ciudadanos de la Unión entraron en el  territorio del Estado miembro de acogida para
buscar trabajo. En este caso, los ciudadanos de la Unión o los miembros de sus familias nopodrán ser expulsados mientras los ciudadanos  de la Unión puedan demostrar que siguen
buscando empleo y que tienen posibilid ades reales de ser contratados.
Artículo 15
Garantías de procedimiento
1. Los procedimientos previstos en los artícu los 30 y 31 se aplicará n, por analogía, a toda
decisión que restrinja la liberta d de circulación del ciudadano de la Unión o los miembros de su
familia por motivos que no sean de orden público, seguridad pública o salud pública.
2. La expiración del documento de identidad o del pasaporte con el que el  interesado entró en el
territorio del Estado miembro de acogida y en base al cual se expidió un ce rtificado de registro o
una tarjeta de residencia no constituirá un mo tivo de expulsión del Estado miembro de acogida.
3. El Estado miembro de acogida no podrá acompañ ar la decisión de expulsión, contemplada en
el apartado 1, de una prohibición de entrada en el territorio.
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CAPÍTULO IV
Derecho de residencia permanente
Sección I
Adquisición
Artículo 16
Norma general para los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia
1. Los ciudadanos de la Unión que hayan resi dido legalmente durante un período continuado de
cinco años en el Estado miembro de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en éste.
Dicho derecho no estará sujeto a las c ondiciones previstas en el Capítulo III.
2. El apartado 1 será asimismo aplicable a los miembros de la familia que no tengan la
nacionalidad de un Estado miembro y que hayan re sidido legalmente durante un período continuado
de cinco años consecutivos con el ciudadano de  la Unión en el Estado miembro de acogida.
3. La continuidad de la residenc ia no se verá afectada por ausenc ias temporales no superiores a
un total de seis meses al año, ni por ausenc ias de mayor duración para el cumplimiento de
obligaciones militares, ni por ausencias no superiores a doce meses consecutivos por motivosimportantes como el embarazo y el parto, una enfe rmedad grave, la realización de estudios o una
formación profesional, o el trasla do por razones de trabajo a otro Estado miembro o a un tercer país.
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4. Una vez adquirido, el derecho de residencia pe rmanente sólo se perderá por ausencia del
Estado miembro de acogida durante más de dos años consecutivos.
Artículo 17
Excepciones para los trabajadores que cesen su  actividad en el Estado miembro de acogida
y los miembros de sus familias
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, tendrá derecho de residencia permanente en el
Estado miembro de acogida antes de que finalice un período continuo de resi dencia de cinco años:
a) el trabajador por cuenta propia o ajena que , en el momento de cesar su actividad, haya
alcanzado la edad prevista por la legislación de este Estado miembro para adquirir el derecho
a una pensión de jubilación o el  trabajador por cuenta ajena que deje de ocupar la actividad
remunerada con motivo de una jubilación anticipa da, cuando haya ejercido su actividad en ese
Estado miembro durante al menos los últimos doce meses y haya residido en el mismo deforma continuada durante más de tres años.
En caso de que la legislación del Estado miembr o de acogida no conceda el derecho a pensión
de jubilación a determinadas categorías de trab ajadores autónomos, el requisito de edad se
considerará cumplido cuando el interesado haya alcanzado los 60 años de edad;
b) el trabajador por cuenta propia o ajena que , habiendo residido de forma continuada en el
Estado miembro de acogida durante más de dos años, cese en su actividad a causa de una
incapacidad laboral permanente.
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Si esta incapacidad es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad
profesional que dé derecho al interesado a una  prestación total o parcialmente a cargo de una
institución del Estado miembro de acogida, no se exigirá ninguna condición de duración de
residencia;
c) el trabajador por cuenta propia o ajena que, des pués de tres años consec utivos de actividad y
residencia en el Estado miembro de acogida, ej erza una actividad por cuenta propia o ajena en
otro Estado miembro, pero conserve su reside ncia en el Estado miembro de acogida, al que
regresa, por norma general, diariame nte o al menos una vez por semana.
A efectos de adquisición de los derechos prev istos en las letras a)  y b) los períodos de
actividad ejercidos en el Estado miembro en que  esté trabajando el in teresado se considerarán
cumplidos en el Estado miembro de acogida.
Los períodos de desempleo involuntario, debidame nte justificados por el  servicio de empleo
competente, o los períodos de suspensión de la actividad independientes  de la voluntad del
interesado, y las ausencias del pu esto de trabajo o las bajas por enfermedad o accidente se
considerarán como períodos de empleo.
2. Las condiciones de duración de residencia y acti vidad previstas en la le tra a) del apartado 1 y
la condición de duración de residencia prevista en  la letra b) del aparta do 1 no se exigirán si el
cónyuge del trabajador por cuenta aj ena o propia, o su pareja conforme  se define en la letra b) del
punto 2 del artículo 2, es ciudadano del Estado mi embro de acogida o si ha perdido la nacionalidad
de este Estado miembro tras su matrimonio c on el trabajador por cuenta ajena o propia.
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3. Los miembros de la familia del trabajador por  cuenta propia o ajena que residan con él en el
territorio del Estado miembro de acogida tendrán, independientemente de su nacionalidad, derecho
de residencia permanente en dicho Estado miembr o cuando el propio trabajad or por cuenta ajena o
propia haya adquirido para sí el derecho de residencia permanente en dicho Estado miembro con
arreglo al apartado 1.
4. No obstante, en caso de que el trabajador por cuenta propia o ajena falleciese durante su vida
profesional antes de haber adquirido el derecho de residencia permanente en el territorio del Estado
miembro de acogida con arreglo al apartado 1, los mi embros de su familia que residan con él en el
Estado miembro de acogida adquirirán el derecho de residencia permanente en el territorio de dicho
Estado, a condición de que:
a) en la fecha de su fallecimiento el trabaja dor por cuenta propia o ajena hubiera residido de
forma continuada en el territorio de este Estado miembro durante dos años, o
b) su fallecimiento haya sido consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad
profesional, o
c) el cónyuge supérstite hubiera perdido la nacionalidad de ese Estado miembro como
consecuencia de su matrimonio con el trabajador por cuenta ajena o propia.
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Artículo 18
Adquisición del derecho de residencia permanente de determinados miembros de la familia
que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, los miembros de la familia de un ciudadano de la
Unión contemplados en el aparta do 2 del artículo 12 y en el apar tado 2 del artículo 13, que cumplan
las condiciones en ellos previstas, adquirirán el  derecho de residencia permanente tras haber
residido legalmente, durante cinco años cons ecutivos, en el Estado miembro de acogida.
Sección II
Trámites administrativos
Artículo 19
Documento acreditativo de la residencia permanente de los ciudadanos de la Unión
1. A petición de los interesados,  los Estados miembros expedirán a los ciudadanos de la Unión
con derecho de residencia permanente un documen to que certifique dicha residencia permanente,
tras verificar la duración de la misma.
2. El documento acreditativo de la residencia  permanente se expedirá lo antes posible.
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Artículo 20
Tarjeta de residencia permanente para miembros de la familia
que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro
1. Los Estados miembros expedirán a los miembros de la familia con derecho de residencia
permanente que no sean nacionales de un Estado miembro una tarjeta de residencia permanente enun plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. La tarjeta de residencia permanente
será renovable automáticamente cada diez años.
2. La solicitud de tarjeta de residencia permanente  se presentará antes de  que expire la primera
tarjeta de residencia. El incumplimiento de la obligación de solicitar la  tarjeta de residencia
permanente podrá conllevar para la persona  interesada sanci ones proporcionadas y no
discriminatorias.
3. Las interrupciones de la resi dencia no superiores a dos años  consecutivos no afectarán a la
validez de la tarjeta de  residencia permanente.
Artículo 21
Continuidad de la residencia
A efectos de la presente Directiva, la continui dad de la residencia podr á ser acreditada mediante
cualquier medio de prueba vigente en el Es tado miembro de acogida. La continuidad de la
residencia se verá interrumpida por cualquier decisión de expulsi ón ejecutada válidamente contra el
interesado.
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CAPÍTULO V
Disposiciones comunes al derecho de residencia y
al derecho de residencia permanente
Artículo 22
Ámbito territorial
El derecho de residencia y el der echo de residencia permanente se extenderán a todo el territorio del
Estado miembro de acogida. Los Estados miembros sólo podrán establecer limitaciones territoriales
al derecho de residencia o al de recho de residencia permanente cu ando éstas estén previstas también
para sus propios nacionales.
Artículo 23
Derechos derivados
Los miembros de la familia del ciudadano de la  Unión, independientemente de su nacionalidad,
beneficiarios del derecho de re sidencia o del derecho de residencia permanente en un Estado
miembro, tendrán derecho a trabaj ar por cuenta propia o ajena.
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Artículo 24
Igualdad de trato
1. Con sujeción a las disposicione s específicas expresamente es tablecidas en el Tratado y el
Derecho derivado, todos los ciudadanos de la Unió n que residan en el Estado miembro de acogida
en base a la presente Directiva gozarán de iguald ad de trato respecto de los nacionales de dicho
Estado en el ámbito de aplicación del Tratado. El  beneficio de este derecho se extenderá a los
miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, beneficiarios delderecho de residencia o del dere cho de residencia permanente.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, dura nte los primeros tres meses de residencia o, si
procede, el período más largo establecido en la le tra b) del apartado 4 de l artículo 14, el Estado
miembro de acogida no estará obligado a conceder el  derecho a prestaciones de asistencia social, ni
estará obligado, antes de la adquis ición del derecho de residencia permanente, a conceder ayudas de
manutención consistentes en becas o préstamos de estudios, incluidos los de formación profesional,
a personas que no sean trabajadores por cuenta  ajena o propia, personas que mantengan dicho
estatuto o miembros de sus familias.
Artículo 25
Disposiciones generales relativas a los documentos de residencia
1. La posesión del certificado de registro co ntemplado en el artículo 8, un documento
acreditativo de la residencia permanente, un resguar do de presentación de la solicitud de tarjeta de
residencia de miembro de la familia, una tarjeta de residencia o una tarjeta de residencia permanenteno podrá constituir en ningún caso una condición pr evia para el ejercicio de un derecho o la
realización de un trámite administrativo, ya que la situación de beneficiario de los derechos puede
acreditarse por cualquier otro medio de prueba.
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2. Los documentos mencionados en el apartado 1 se expedirán con carácter gratuito o previo
abono de una cantidad que no reba sará la impuesta a los naci onales para la expedición de
documentos similares.
Artículo 26
Controles
Los Estados miembros podrán efectuar controles para verificar el cumplimiento de cualquier
requisito derivado de Derecho n acional de que los no nacionales de ban estar siempre provistos del
certificado de registro o la tarj eta de residencia, a condición de que impongan la misma obligación a
sus propios nacionales por lo que se refiere al documento de iden tidad. En caso de incumplimiento
de esta obligación, los Estados miembros podrán imponer sanciones similares a las que aplican a
sus propios nacionales en caso de no estar provistos de su documento de identidad.
CAPÍTULO VI
Limitaciones del derecho de entrada y de l derecho de residencia por razones
de orden público, segurida d pública o salud pública
Artículo 27
Principios generales
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Capítulo, los Estados miembros podrán limitar la
libertad de circulación y residencia de un ciud adano de la Unión o un miembro de su familia,
independientemente de su naci onalidad, por razones de orden público, seguridad pública o salud
pública. Estas razones no podrán alegarse con fines económicos.
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2. Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad públic a deberán ajustarse al
principio de proporcionalidad y ba sarse exclusivamente en la c onducta personal del interesado. La
existencia de condenas penales anteriores no consti tuirá por sí sola una r azón para adoptar dichas
medidas.
La conducta personal del interesado deberá constitu ir una amenaza real, actual y suficientemente
grave que afecte a un interés f undamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones
que no tengan relación directa con el caso concreto o que se re fieran a razones de prevención
general.
3. Para comprobar si el interesado constituye un peligro para el orde n público o la seguridad
pública, en el momento de expedirs e el certificado de registro o, a fa lta de un sistema de registro, a
más tardar tres meses después de su entrada en el territorio o a partir de la fecha de la notificación
de su presencia en el territori o, tal como se establece en el apartado 5 del artículo 5, o en el
momento de expedirse la tarjet a de residencia, el Estado miem bro de acogida podrá, cuando lo
juzgue indispensable, pedir al Estado miembro de  origen y, en su caso, a otros Estados miembros
información sobre los eventuales antecedentes penales de un interesado. Esta consulta no podrátener carácter sistemático. El Estado miembro cons ultado deberá hacer lleg ar su respuesta en el
plazo de dos meses.
4. El Estado miembro que haya expedido el pasa porte o documento de identidad recibirá sin
trámite alguno en su territorio al titular de dic ho documento que haya sido expulsado por razones de
orden público, seguridad pública o sa lud pública, aun cuando el documento haya expirado o se haya
impugnado la nacionalidad del titular.
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Artículo 28
Protección contra la expulsión
1. Antes de tomar una decisión de expulsión del territorio por raz ones de orden público o
seguridad pública, el Estado miembro de acogida de berá tener en cuenta, en  particular, la duración
de la residencia del interesado en su territor io, su edad, estado de sa lud, situación familiar y
económica, su integración social y cultural en el Es tado miembro de acogida y la importancia de los
vínculos con su país de origen.
2. El Estado miembro de acogida no podrá tomar una  decisión de expulsi ón del territorio contra
un ciudadano de la UE o un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, quehaya adquirido un derecho de residencia permanente en su territorio, excepto por motivos graves de
orden público o seguridad pública.
3. No se podrá adoptar una decisión de expulsión contra un ciudadano de la Unión, excepto si la
decisión se basa en motivos imperiosos de se guridad pública tal que de finidos por los Estados
miembros, cuando éste:
a) haya residido en el Estado miembro de ac ogida durante los diez años anteriores, o
b) sea menor de edad, salvo si la expulsión es n ecesaria en interés del niño, tal como establece la
Convención de las Naciones Unidas  sobre los Derechos del Niño, de
20 de noviembre de 1989.
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Artículo 29
Salud pública
1. Las únicas enfermedades que podrán justific ar una medida que limite la libertad de
circulación serán las enfermedades con potencial epidémico como se definen en los instrumentos
correspondientes de la Organizaci ón Mundial de la Salud, así como otras enfermedades infecciosas
o parasitarias contagiosas siempr e que sean, en el país de acogi da, objeto de disposiciones de
protección para los nacionales.
2. Las enfermedades que sobrevengan en el período de tres meses siguiente  a la fecha de llegada
no podrán justificar la expulsión del territorio.
3. Si existen indicios graves que lo just ifiquen, un Estado miembro podrá someter a los
beneficiarios del derecho de reside ncia, en los tres meses siguientes a la fecha de su llegada, a un
reconocimiento médico gratuito para que se  certifique que no padecen las enfermedades
mencionadas en el apartado 1. Dichos reconocim ientos médicos no podrán exigirse con carácter
sistemático.
Artículo 30
Notificación de las decisiones
1. Toda decisión adoptada en virtud del aparta do 1 del artículo 27 de berá notificarse al
interesado por escrito, en condici ones tales que le permitan entende r su contenido e implicaciones.
2. Se comunicarán al interesado, con precisi ón y por extenso, las razones de orden público,
seguridad pública o salud pública en las que se base la decisión que le afecte, a menos que a ello se
opongan razones de seguridad del Estado.
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3. En la notificación se indicará la jurisdi cción o instancia administrativa ante la cual el
interesado puede interponer recurso, así como el plazo establecido para ello y, cuando proceda, el
plazo concedido para abandonar  el territorio del Estado miembro. Excepto en casos urgentes
debidamente justificados, dicho plazo no podrá se r inferior a un mes a partir de la fecha de
notificación.
Artículo 31
Garantías procesales
1. Cuando se tome una decisión contra él po r razones de orden público, seguridad pública o
salud pública, el interesado podrá in terponer los recursos judiciales  y, en su caso, administrativos
del Estado miembro de acogida o so licitar la revisión de la misma.
2. Cuando la solicitud de recurso judicial o ad ministrativo de la deci sión de expulsión vaya
acompañada de la solicitud de una orden provis ional de suspensión de la ejecución de dicha
decisión, no podrá producirse la e xpulsión en sí hasta el momento en que se haya adoptado la
decisión sobre la orden provisional excepto si:
/g45 la decisión de expulsión se basa en una decisión judicial anterior, o si
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/g45 las personas afectadas han tenido acceso previo a la revisión judicial, o si
/g45 la decisión de expulsión se ba sa en motivos imperiosos de seguridad pública conforme al
apartado 3 del artículo 28.
3. El procedimiento de recurso permitirá el exam en de la legalidad de la decisión, así como de
los hechos y circunstancias en que se basa la  medida propuesta. Garantizará asimismo que la
decisión no sea desproporcionada, en particular, respecto de los requisito s establecidos en el
artículo 28.
4. Los Estados miembros podrán rechazar la presen cia del interesado en su  territorio durante el
procedimiento de recurso, pero no podrán prohibirle que presente su defensa en persona en la vista
excepto por motivos graves de orden público o se guridad pública o cuando el  recurso judicial o
administrativo se refiera a una dene gación de entrada en el territorio.
Artículo 32
Vigencia de una prohibición de  entrada en el territorio
1. La persona que haya sido objeto de una decisi ón de prohibición de entr ada en el territorio por
razones de orden público, seguridad pública o salud pública podrá presentar una solicitud de
levantamiento de la prohibición tras un plazo razonable en función de las circunstancias y, en
cualquier caso, tres años después de la ejecución de la decisión definitiva  de prohibición que haya
sido válidamente adoptada a efectos del Der echo comunitario, alegando motivos que puedan
demostrar un cambio material de las circunstancias que justificaron la prohib ición de entrada en el
territorio.
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El Estado miembro afectado deberá pronunciarse sobr e dicha solicitud en un plazo de seis meses a
partir de su presentación.
2. La persona contemplada en el apartado 1 no tendrá derecho alguno de en trada en ese territorio
mientras se examina su solicitud.
Artículo 33
Expulsión como pena o medida accesoria
1. El Estado miembro de acogida sólo podrá emitir una orden de expulsión del territorio como
pena o medida accesoria a una pena de privac ión de libertad, cuando dicha orden cumpla los
requisitos de los ar tículos 27, 28 y 29.
2. Cuando una orden de expulsión de las contempl adas en el apartado 1 vaya a ejecutarse más de
dos años después de haberse dictado, el Estado mi embro deberá comprobar la actualidad y realidad
de la amenaza para el orden público o la seguridad  pública que representa el interesado y examinar
cualquier cambio material de circunstancias que  pudiera haberse producido desde el momento en
que se emitió la orden de expulsión.
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CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Artículo 34
Publicidad
Los Estados miembros difundirán información sobr e los derechos y obligaciones de los ciudadanos
de la Unión y los miembros de sus familias con respecto a las materias reguladas por la presenteDirectiva, en particular, mediante campañas de divulgación y concienciación realizadas a través de
los medios de comunicación nacionales y locales u otros medios de comunicación.
Artículo 35
Abuso de derecho
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesa rias para denegar, exti nguir o retirar cualquier
derecho conferido por la presente  Directiva en caso de abuso de derecho o fraude, como los
matrimonios de conveniencia. Estas medidas se rán proporcionadas y estarán sometidas a las
garantías procesales contempl adas en los artículos 30 y 31.
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Artículo 36
Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de  sanciones aplicable a las infracciones de las
disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva y tomarán todas las
medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser efectivas y
proporcionadas. Los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión a más tardar
el … *, y le notificarán cuanto antes cualquie r modificación posterior que pueda producirse.
Artículo 37
Disposiciones nacionales más favorables
Las disposiciones de la presente Directiva no afectarán a las disposic iones legales, reglamentarias y
administrativas de un Estado miembro que sean más favorables para los beneficiarios de la presente
Directiva.
Artículo 38
Derogación
1. Quedan derogados, con efectos a partir de … *, los artículos 10 y 11 del Reglamento (CEE)
nº 1612/68.
2. Quedan derogadas, con efectos a partir de … *, las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/ CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.
                                                
*dos años después de la entrada en  vigor de la presente Directiva.
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3. Las referencias a las disposiciones de las Di rectivas derogadas se entenderán hechas a la
presente Directiva.
Artículo 39
Informe
A más tardar el … *, la Comisión presentará al Parlamento  Europeo y al Consejo un informe sobre
la aplicación de la presente Di rectiva así como cualquier propue sta que considere necesaria, en
particular sobre la oportunidad de  ampliar el período en el que lo s ciudadanos de la Unión y los
miembros de sus familias pueden residir en el territorio del Estado miembro de acogida sincondiciones. Los Estados miembros facilitarán a la  Comisión la información necesaria para elaborar
dicho informe.
Artículo 40
Incorporación al Derecho nacional
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las di sposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes
del … **.
Cuando los Estados miembros adopten dichas dis posiciones, éstas inclui rán una referencia a la
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades  de la mencionada referencia.
                                                
*Cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
**Dos años después de la entrada en  vigor de la presente Directiva.
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2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisi ón el texto de las dis posiciones de Derecho
interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva, así como una tabla de
correspondencias entre las disposic iones de la presente Directiv a y las disposiciones nacionales
adoptadas.
Artículo 41
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Artículo 42
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en Estrasburgo, el 29 de abril de 2004.
Por el Parlamento Europeo Por el Consejo Europeo
El Presidente El Presidente
                     P.COX McDOWELL