ES Diario Oficial de la Unión Europea L 225/1

REGLAMENTO (UE) No 806/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 15 de julio de 2014

por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) no 1093/2010

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) Durante los últimos decenios, la Unión ha avanzado en la creación de un mercado interior de servicios bancarios. Para impulsar el crecimiento económico de la Unión y una financiación adecuada de la economía real, resulta esencial que el mercado interior de los servicios bancarios esté mejor integrado. No obstante, la crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto las amenazas que penden sobre el funcionamiento del mercado interior en este ámbito y el riesgo creciente de fragmentación financiera. Esta situación resulta realmente preocupante en un mercado interior en el que los bancos deben poder realizar actividades transfronterizas importantes. Los mercados interbancarios son ahora menos líquidos y se registra una disminución de las actividades bancarias transfronterizas, a causa del miedo al contagio y de la falta de confianza en otros sistemas bancarios nacionales y en la capacidad de los Estados miembros para prestar apoyo a los bancos.

(2) Las divergencias existentes entre las normas de resolución nacionales y las prácticas administrativas correspondientes en los distintos Estados miembros, y la falta de un proceso unificado de toma de decisiones en materia de resolución en la unión bancaria agravan la falta de confianza en los demás sistemas bancarios nacionales y contribuyen a la inestabilidad del mercado, ya que no garantizan la previsibilidad de las posibles repercusiones de la inviabilidad de un banco.

(3) En particular, los distintos incentivos y prácticas de los Estados miembros por lo que respecta al tratamiento de los acreedores de los bancos objeto de resolución y a la reestructuración de los bancos en graves dificultades con el dinero de los contribuyentes inciden en la percepción del riesgo de crédito, la solidez financiera y la solvencia de sus bancos, creando así unas condiciones de competencia no equitativas. Este fenómeno mina la confianza pública en el sector bancario y obstaculiza el ejercicio de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en el mercado interior, ya que los costes de financiación serían inferiores de no existir tales diferencias entre las prácticas de los Estados miembros.

(4) Las divergencias entre las normas de resolución nacionales y las prácticas administrativas correspondientes en los diferentes Estados miembros pueden encarecer los costes de financiación para los bancos y sus clientes, únicamente a causa de su lugar de establecimiento y con independencia de su nivel real de solvencia. Además, los clientes de los bancos han de tomar prestado a tipos de interés más altos en algunos Estados miembros que en otros, con independencia de su propio nivel de solvencia.

(5) En el Consejo Europeo de 18 de octubre de 2012 se concluyó que «A la vista de los cruciales desafíos que se plantean, es precios reforzar la unión económica y monetaria para garantizar el bienestar económico y social, la estabilidad y una prosperidad sostenida» y que «el proceso de creación de una unión económica y monetaria más profunda debe partir del marco institucional y jurídico de la UE y caracterizarse por la apertura y la transparencia de cara a los Estados miembros que no utilizan la moneda única y por el respeto de la integridad del Mercado Único». A tal efecto se crea una unión bancaria, respaldada por un código normativo único de los servicios financieros completo y pormenorizado para el mercado interior en su conjunto. El proceso hacia la creación de una unión bancaria se caracteriza por la apertura y transparencia respecto de los Estados miembros no participantes y por el respeto de la integridad del mercado interior.

(6) En su Resolución de 7 de julio de 2010 con recomendaciones a la Comisión en materia de gestión transfronteriza de las crisis en el sector bancario, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que, «sobre la base de los artículos 50 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, presentara al menos una propuesta legislativa sobre un marco de gestión de crisis de la UE, un fondo de estabilidad financiera de la UE y una unidad de resolución», y en su Resolución de 20 de noviembre de 2012 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica unión económica y monetaria», el Parlamento afirmó que «para un buen funcionamiento de la UEM es fundamental romper las interrelaciones negativas que existen entre la deuda soberana, los bancos y la economía real», y subrayó «la necesidad acuciante de que se tomen medidas adicionales y ambiciosas para resolver la crisis del sector bancario» y «de lograr una unión bancaria europea plenamente operativa», garantizando al mismo tiempo «que el mercado interior de servicios financieros y la libre circulación de capitales sigan funcionando correctamente».

(7) Como primer paso hacia una unión bancaria, el Mecanismo Único de Supervisión creado por el Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo (4) (el MUS) debe garantizar que la política de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito se aplique de manera coherente y eficaz, que el código normativo único de los servicios financieros se aplique de manera homogénea a las entidades de crédito de los Estados miembros de la zona del euro y de los Estados miembros no pertenecientes a dicha zona que opten por participar en el MUS (los Estados miembros participantes) y que estas entidades de crédito sean objeto de una supervisión de la máxima calidad.

(8) Unos mecanismos de resolución más eficaces son un instrumento esencial para evitar los daños derivados de la inviabilidad de los bancos en el pasado.

(9) El mercado interior seguirá fragmentado mientras las normas y las prácticas de resolución y los planteamientos de distribución de cargas sigan siendo nacionales y los recursos financieros necesarios para la financiación de los procedimientos de resolución se obtengan y gasten a nivel nacional. Por otra parte, los organismos nacionales de supervisión tienen incentivos considerables para minimizar los posibles efectos de las crisis bancarias en las economías de sus países mediante la adopción de medidas unilaterales destinadas a acotar las operaciones bancarias, por ejemplo limitando las transferencias y los préstamos dentro de un grupo, o imponiendo en sus jurisdicciones mayores requisitos de capital y liquidez a las filiales de empresas matrices potencialmente en graves dificultades. Esta situación limita las actividades transfronterizas de los bancos y, por tanto, obstaculiza el ejercicio de las libertades fundamentales y falsea la competencia en el mercado interior. A pesar de abordarse en el contexto del MUS y de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), las cuestiones litigiosas entre Estados miembros de origen y de acogida pueden seguir mermando la eficacia de los procesos de resolución transfronterizos.

(10) Para abordar estas cuestiones, ha sido necesario profundizar en la integración del marco de resolución aplicable a las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión («entidades») a fin de reforzar la Unión, restaurar la estabilidad financiera y sentar las bases de la recuperación económica. La Directiva 2014/59/UE representa un paso significativo hacia la armonización de las normas en materia de resolución bancaria en toda la Unión y prevé la cooperación de las autoridades de resolución a la hora de afrontar la inviabilidad de bancos transfronterizos. No obstante, dicha Directiva establece unas normas mínimas de armonización, sin centralizar el proceso de toma de decisiones en materia de resolución; establece esencialmente una serie de competencias e instrumentos comunes de resolución a disposición de las autoridades nacionales de cada Estado miembro, pero les deja un margen de discrecionalidad a efectos de la aplicación de los instrumentos y el uso de los mecanismos nacionales de financiación de los procedimientos de resolución. Se garantiza así que las autoridades dispongan de los instrumentos necesarios para actuar con la suficiente antelación y rapidez ante una entidad con problemas de solidez o en graves dificultades, a fin de asegurar la continuidad de las funciones financieras y económicas esenciales de dicha entidad, al tiempo que se minimiza el impacto de su inviabilidad en el sistema económico y financiero. Pese a que atribuye funciones reguladoras y de mediación a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE), creada por el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), la citada Directiva 2014/59/UE no impide de forma absoluta que los Estados miembros adopten por separado decisiones potencialmente contradictorias que puedan afectar a los costes globales de la resolución. Además, como prevé mecanismos de financiación nacionales, no reduce suficientemente la dependencia de los bancos respecto del apoyo proporcionado con cargo a los presupuestos nacionales ni impide de forma absoluta que los Estados miembros apliquen planteamientos diferentes al utilizar los mecanismos de financiación.

(11) Para los Estados miembros participantes, en el contexto del Mecanismo Único de Resolución (MUR), se establece un poder de resolución centralizado que se confía a la Junta Única de Resolución establecida de conformidad con el presente Reglamento («la Junta») y a las autoridades nacionales de resolución. El establecimiento de ese poder de resolución centralizado forma parte del proceso de armonización en materia de resolución operado por la Directiva 2014/59/UE y por el conjunto de disposiciones uniformes relativas a la resolución establecida en el presente Reglamento. La aplicación uniforme del régimen de resolución en los Estados miembros participantes se verá reforzada por el hecho de confiarla a una autoridad central como el MUR. Además, el MUR está imbricado en el proceso de armonización en el ámbito de la supervisión prudencial, fruto del establecimiento de la ABE, del código normativo único en materia de supervisión prudencial [Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8)] y, en los Estados miembros participantes, del establecimiento del MUS al que se confía la aplicación de las normas de supervisión prudencial de la Unión. La supervisión y la resolución son dos aspectos complementarios del establecimiento del mercado interior de los servicios financieros, cuya aplicación al mismo nivel suele considerarse interdependiente.

(12) Para la compleción del mercado interior es esencial garantizar unas decisiones eficaces en materia de resolución para los bancos en graves dificultades, en particular por lo que respecta a la utilización de los recursos obtenidos a nivel de la Unión. En el mercado interior, la inviabilidad de un banco en un Estado miembro puede afectar a la estabilidad de los mercados financieros de toda la Unión. Garantizar unas normas de resolución uniformes y eficaces y unas condiciones idénticas para la financiación de las medidas de resolución en los distintos Estados miembros redunda en el mayor interés, tanto de los Estados miembros en los que operan los bancos como del conjunto de todos ellos, en general, como medio de asegurar condiciones equitativas de competencia y mejorar el funcionamiento del mercado interior. Los sistemas bancarios están muy interconectados en el mercado interior, los grupos bancarios son internacionales y los bancos tienen un gran porcentaje de activos extranjeros. A falta de un MUR, las crisis bancarias en los Estados miembros participantes en el MUS tendrían un impacto sistémico negativo más grave también en los Estados miembros no participantes. El establecimiento del MUR garantizará un enfoque neutral ante los bancos en graves dificultades, con lo que se reforzará la estabilidad de los bancos de los Estados miembros participantes y se evitará que las crisis tengan repercusiones en los Estados miembros no participantes, facilitando así el funcionamiento del mercado interior en su conjunto. Los mecanismos de cooperación relativos a las entidades establecidas en Estados miembros participantes y no participantes deben ser claros, y no debe haber discriminación alguna contra un Estado miembro o grupo de Estados miembros en cuanto lugar para la prestación de servicios financieros.

(13) A fin de restablecer la confianza y la credibilidad del sector bancario, el Banco Central Europeo (BCE) realiza actualmente una evaluación exhaustiva de los balances de todos los bancos supervisados directamente. Dicha evaluación debe garantizar a todas las partes interesadas que los bancos que se adhieran al MUS y, por tanto, que entren dentro del ámbito de aplicación del MUR, son fundamentalmente sólidos y de confianza.

(14) Desde el establecimiento del MUS en virtud del Reglamento (UE) no 1024/2013, en cuyo marco los bancos en los Estados miembros participantes son objeto de supervisión, bien centralizada por el BCE, bien a cargo de las autoridades nacionales competentes en el marco del MUS, existe un desajuste entre la supervisión de esos bancos a nivel de la Unión y el tratamiento nacional que reciben dichos bancos en los procedimientos de resolución con arreglo a la Directiva 2014/59/UE, que se subsanará con la creación del MUR.

(15) El presente Reglamento solo se aplica a los bancos cuyo supervisor de origen sea el BCE o la autoridad nacional competente en aquellos Estados miembros cuya moneda es el euro o en aquellos cuya moneda no es el euro pero que hayan establecido una cooperación estrecha de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) no 1024/2013. El ámbito de aplicación del presente Reglamento está vinculado al ámbito de aplicación del Reglamento (UE) no 1024/2013. En efecto, teniendo en cuenta el importante nivel de imbricación entre las funciones de supervisión atribuidas al MUS y la medida de resolución, el establecimiento de un sistema centralizado de supervisión operado en virtud del artículo 127, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), reviste una importancia fundamental en el proceso de armonización de la resolución para los Estados miembros participantes. El hecho de que determinadas entidades estén sujetas al MUS supone un atributo específico que las sitúa, dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) no 1024/2013, en una posición objetiva y caracterizadamente diferente a efectos de resolución. Resulta necesario adoptar medidas para crear el MUR que se aplicará a todos los Estados miembros participantes en el MUS, a fin de facilitar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado interior.

(16) Si bien los bancos de los Estados miembros que permanecen al margen del MUS están sujetos a dispositivos de supervisión, resolución y respaldo financiero armonizados a escala nacional, los bancos de los Estados miembros participantes en el MUS están sujetos a los dispositivos de supervisión de la Unión y a los dispositivos nacionales de resolución y respaldo financiero. Como las instancias de supervisión y resolución se sitúan en dos niveles diferentes dentro del MUS, los procedimientos de intervención y resolución de bancos en los Estados miembros participantes en el MUS no serían tan rápidos, coherentes y eficaces como los aplicados en bancos establecidos en Estados miembros no participantes en ese mecanismo. Por lo tanto, un mecanismo de resolución centralizado para todos los bancos que operan en los Estados miembros participantes en el MUS es esencial para garantizar unas condiciones de competencia equitativas.

(17) Mientras la labor de supervisión siga siendo ajena al MUS, el Estado miembro en que se produzca una inviabilidad bancaria debe seguir siendo responsable de sus consecuencias financieras. Por consiguiente, el MUR solo debe aplicarse a los bancos y las entidades financieras que estén establecidos en los Estados miembros participantes en el MUS y sujetos a la supervisión del BCE y de las autoridades nacionales en el marco del MUS. Los bancos establecidos en los Estados miembros que no participen en el MUS no deben estar sometidos al MUR, pues de lo contrario se generarían incentivos inadecuados para ellos. En particular, los supervisores de esos Estados miembros podrían ser más indulgentes con los bancos de su jurisdicción, pues no tendrían que soportar íntegramente el riesgo financiero de su inviabilidad. Así pues, para garantizar el paralelismo con el MUS, el MUR debe aplicarse a los Estados miembros que participen en el MUS. A medida que los Estados miembros se vayan adhiriendo al MUS, deben pasar automáticamente a estar sujetos también al MUR. A la postre, este podría ampliarse potencialmente a la totalidad del mercado interior.

(18) A fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas dentro del mercado interior en su conjunto, el presente Reglamento es coherente con la Directiva 2014/59/UE. Adapta, por tanto, las normas y los principios de dicha Directiva a las especificidades del MUR y garantiza que este disponga de la financiación adecuada. Cuando la Junta, el Consejo y la Comisión ejerzan los poderes que les atribuye el presente Reglamento, deben estar sujetos a los actos delegados, así como a las normas técnicas de regulación y ejecución, directrices y recomendaciones adoptadas por la ABE sobre la base, respectivamente, de los artículos 10 a 15 y del artículo 16 del Reglamento (UE) no 1093/2010 dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/59/UE. La Junta, el Consejo y la Comisión, con sus respectivas capacidades, deben asimismo cooperar con la ABE de conformidad con los artículos 25 y 30 del Reglamento (UE) no 1093/2010 y responder a las solicitudes de recopilación de información que les dirija la ABE de conformidad con el artículo 35 de dicho Reglamento. Se recuerda que, con arreglo a la última frase del considerando 32 dicho Reglamento, «en los casos en que la legislación pertinente de la Unión confiere a las autoridades competentes […] facultades discrecionales, las decisiones adoptadas por la Autoridad no pueden sustituir al ejercicio de dicha discrecionalidad en cumplimiento del Derecho de la Unión». El mismo principio debe aplicarse al presente Reglamento, al tiempo que se respetan los principios consagrados en el Derecho primario de la Unión. En vista de tales elementos clave, la ABE debe estar en condiciones de desempeñar sus funciones de forma eficaz y de garantizar la igualdad de trato entre la Junta, el Consejo, la Comisión y las autoridades nacionales cuando estos desempeñen funciones similares.

(19) Un fondo único de resolución («el Fondo») es un elemento esencial para el funcionamiento adecuado del MUR. Si la financiación de los procedimientos de resolución hubiera de seguir siendo nacional a largo plazo, no se rompería del todo el vínculo entre los Estados y el sector bancario, y los inversores seguirían estableciendo las condiciones de empréstito según el lugar de establecimiento de los bancos, y no según su nivel de solvencia. El Fondo debe contribuir a garantizar la uniformidad de las prácticas administrativas de financiación de las resoluciones y a evitar la creación de obstáculos para el ejercicio de las libertades fundamentales o el falseamiento de la competencia en el mercado interior a causa de las prácticas nacionales divergentes. El Fondo debe ser financiado por las aportaciones de los bancos recaudadas a escala nacional y agruparse a nivel de la Unión de conformidad con un acuerdo intergubernamental sobre la transferencia y progresiva mutualización de dichas aportaciones (el «Acuerdo»), aumentando así la estabilidad financiera y limitando el vínculo entre la percepción de la situación presupuestaria de los distintos Estados miembros y los costes de financiación de los bancos y las empresas que operan en cada uno de ellos. Para romper aún más ese vínculo, las decisiones tomadas en el marco del MUR no deben afectar a las competencias presupuestarias de los Estados miembros. A ese respecto, debe considerarse que solo una ayuda financiera pública extraordinaria afecta a la soberanía y las competencias presupuestarias de los Estados miembros. En particular, no debe considerarse que afectan a la soberanía ni a las competencias presupuestarias de los Estados miembros las decisiones que impliquen la utilización del Fondo o de un sistema de garantía de depósitos.

(20) El presente Reglamento, junto con y la Directiva 2014/59/UE, establece las modalidades de utilización del Fondo y los criterios generales para determinar la fijación y el cálculo de las aportaciones ex ante y ex post. Los Estados miembros participantes siguen siendo competentes para recaudar las aportaciones de los entes situados en sus respectivos territorios, de conformidad con la Directiva 2014/59/UE y con el presente Reglamento. Por medio del acuerdo, los Estados miembros participantes asumirán la obligación de transferir al Fondo las aportaciones recaudadas a escala nacional, de conformidad con la Directiva 2014/59/UE y el presente Reglamento. Durante un período transitorio, las aportaciones se asignarán a distintos compartimentos correspondientes a cada Estado miembro participante (compartimentos nacionales). Dichos compartimentos serán objeto de una fusión progresiva de modo que dejen de existir al final del período transitorio. El Acuerdo establecerá las condiciones con arreglo a las cuales las partes convendrán en transferir al Fondo las aportaciones recaudadas a escala nacional y en fusionar progresivamente los compartimentos nacionales. Para que las aportaciones recaudadas por las partes se transfieran a los compartimentos nacionales del Fondo, será necesario que entre en vigor el Acuerdo. El presente Reglamento establece las competencias de la Junta en lo relativo a la utilización y gestión del Fondo. El Acuerdo determinará el modo en que la Junta podrá disponer de los compartimentos nacionales progresivamente fusionados.

(21) Solo se puede garantizar la aplicación centralizada de las normas de resolución de entidades establecidas en la Directiva 2014/59/UE por una autoridad única de resolución de la Unión en los Estados miembros participantes si las normas que regulan la creación y el funcionamiento del MUR son directamente aplicables en los Estados miembros, a fin de evitar interpretaciones divergentes. Tal aplicabilidad directa redundará en beneficio del conjunto del mercado interior, al contribuir a garantizar la competencia leal y a evitar los obstáculos para el libre ejercicio de las libertades fundamentales tanto en los Estados miembros participantes como en el mercado interior en su conjunto.

(22) Para reflejar el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) no 1024/2013, el MUR debe aplicarse a todas las entidades de crédito establecidas en los Estados miembros participantes. No obstante, en el marco del MUR debe ser posible proceder directamente a la resolución de cualquier entidad de crédito de un Estado miembro participante con el fin de evitar asimetrías en el mercado interior respecto del tratamiento de las entidades en graves dificultades y los acreedores durante un procedimiento de resolución. Las empresas matrices, las empresas de servicios de inversión y las entidades financieras también deben quedar incluidas en el ámbito de aplicación del MUR en la medida en que estén incluidas en la supervisión consolidada del BCE. Aunque este no supervisará estas entidades de manera individual, será el único organismo supervisor con una percepción global del riesgo al que esté expuesto un grupo e, indirectamente, cada uno de sus miembros. Excluir del ámbito de aplicación del MUR a entes sujetos a la supervisión consolidada del BCE haría imposible planificar la resolución de grupos y adoptar las estrategias correspondientes, lo que reduciría considerablemente la eficacia de cualesquiera decisiones de resolución.

(23) En el marco del MUR, las decisiones deben adoptarse al nivel más adecuado. Cuando adopten decisiones en virtud del presente Reglamento, la Junta y las autoridades nacionales de resolución deben aplicar las mismas normas sustantivas.

(24) Teniendo en cuenta que solo las instituciones de la Unión pueden establecer la política de resolución de la Unión y que sigue existiendo un margen de discreción para adoptar cada dispositivo de resolución específico, es necesario prever una intervención adecuada del Consejo y de la Comisión, en cuanto instituciones que, de conformidad con el artículo 291 del TFUE, pueden ejercer competencias de ejecución. La evaluación de los aspectos discrecionales de las decisiones de resolución tomadas por la Junta debe ser efectuada por la Comisión. Dada la considerable repercusión que las decisiones de resolución tienen sobre la estabilidad financiera de los Estados miembros y de la Unión como tal, así como sobre la soberanía presupuestaria de los Estados miembros, es importante que se confieran al Consejo competencias de ejecución para tomar determinadas decisiones en materia de resolución. Debe ser por tanto el Consejo quien, a propuesta de la Comisión, ejerza un control efectivo de la evaluación realizada por la Junta sobre la existencia de un interés público y quien evalúe cualquier modificación significativa del importe del Fondo que deba utilizarse en una medida de resolución concreta. Además, deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados que especifiquen en mayor medida los criterios o las condiciones que la Junta debe tener en cuenta en el ejercicio de sus distintas competencias. Dicha atribución de funciones de resolución no debe obstaculizar en modo alguno el funcionamiento del mercado interior de los servicios financieros. Por consiguiente, la ABE debe mantener su cometido y conservar todas sus prerrogativas y funciones actuales: debe desarrollar la legislación de la Unión aplicable a todos los Estados miembros y contribuir a una aplicación coherente de la misma, así como mejorar la convergencia de las prácticas de resolución en toda la Unión.

(25) Para garantizar la conformidad con los principios establecidos en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE, las instituciones de la Unión, en el ejercicio de las funciones que les confiere el presente Reglamento, deben garantizar que se establezcan las modalidades de organización adecuadas.

(26) El BCE, como organismo supervisor en el marco del MUS, y la Junta deben estar en condiciones de evaluar si una entidad de crédito está en graves dificultades o existe la probabilidad de que lo esté y si no hay ninguna perspectiva razonable de que alguna medida de supervisión o del sector privado pueda impedir su inviabilidad en un plazo razonable. Si la Junta considera que se cumplen todos los criterios para poner en marcha una resolución, debe adoptar el dispositivo de resolución. El procedimiento relativo a la adopción del dispositivo de resolución, en el que intervienen tanto la Comisión como el Consejo, refuerza la necesaria independencia operativa de la Junta, al tiempo que respeta el principio de delegación de poderes en las agencias tal y como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el «Tribunal de Justicia»). Por consiguiente, el presente Reglamento establece que el dispositivo de resolución adoptado por la Junta solo entre en vigor si, en el plazo de 24 horas tras su adopción por la Junta, ni la Comisión ni el Consejo presentan objeciones al mismo, o si el dispositivo de resolución es aprobado por la Comisión. Los motivos por los que el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede presentar objeciones al dispositivo de resolución de la Junta deben limitarse estrictamente a la existencia de un interés público y a modificaciones significativas por parte de la Comisión del importe del Fondo que deba utilizarse con respecto a lo propuesto por la Junta. Debe considerarse significativa toda modificación del importe del Fondo igual o superior a un 5 % respecto de la propuesta original de la Junta. El Consejo debe, bien aprobar la propuesta de la Comisión, bien presentar objeciones a la misma sin modificarla. En su calidad de observadora en las reuniones de la Junta, la Comisión, con carácter permanente, debe comprobar que el dispositivo de resolución adoptado por la Junta sea plenamente conforme con el presente Reglamento, garantice un equilibrio adecuado entre los distintos objetivos e intereses en juego, respete el interés público y que se preserve la integridad del mercado interior. Teniendo en cuenta que la medida de resolución exige un proceso de toma de decisiones sumamente rápido, el Consejo y la Comisión deben cooperar estrechamente, sin que el Consejo repita el trabajo preparatorio ya emprendido por la Comisión. La Junta debe dar instrucciones a las autoridades nacionales de resolución, que deben tomar todas las medidas necesarias para aplicar el dispositivo de resolución.

(27) La elaboración de un dispositivo de resolución de grupo ha de facilitar una resolución coordinada que ofrezca mayores probabilidades de redundar en los mejores resultados para todos los entes de un grupo. La Junta o, en su caso, las autoridades nacionales de resolución deben tener la facultad de aplicar el instrumento de la entidad puente a nivel de grupo (lo que puede suponer, cuando proceda, medidas para el reparto de la carga) a fin de estabilizar un grupo en su conjunto. La propiedad de las filiales puede transferirse a la entidad puente de cara a una venta posterior, bien globalmente o por separado, cuando las condiciones del mercado sean adecuadas. Además, la Junta o, en su caso, las autoridades nacionales de resolución, deben tener la facultad de aplicar el instrumento de recapitalización interna a nivel de la empresa matriz.

(28) La Junta debe, en particular, estar facultada para tomar decisiones en relación con entes o grupos significativos, entes o grupos supervisados directamente por el BCE o grupos transfronterizos. Las autoridades nacionales de resolución deben asistir a la Junta en la planificación de la resolución y en la preparación de las decisiones correspondientes. Para los entes y los grupos que sean menos significativos y no sean transfronterizos, las autoridades nacionales de resolución deben responder, en particular, de la planificación de la resolución, la evaluación de su viabilidad, la supresión de obstáculos a la resolución, las medidas que las autoridades de resolución tienen derecho a tomar en la fase de actuación temprana y las medidas de resolución. En determinadas circunstancias las autoridades de resolución nacionales deben desempeñar sus funciones sobre la base y de conformidad con el presente Reglamento, ejerciendo al mismo tiempo las competencias que tienen atribuidas, y de conformidad con la legislación nacional de transposición de la Directiva 2014/59/UE, siempre que no sean incompatibles con el presente Reglamento.

(29) Para el buen funcionamiento del mercado interior, es fundamental que se apliquen las mismas normas a todas las medidas de resolución, independientemente de que sean adoptadas por las autoridades de resolución con arreglo a la Directiva 2014/59/UE o en el marco del MUR. La Comisión debe evaluarlas con arreglo al artículo 107 del TFUE.

(30) Cuando la medida de resolución conlleve la concesión de una ayuda de Estado en virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE, o una ayuda procedente del Fondo, la decisión de resolución puede adoptarse una vez que la Comisión haya adoptado una decisión positiva o condicionada relativa a la compatibilidad del uso de dicha ayuda con el mercado interior. La decisión de la Comisión sobre la ayuda del Fondo debe poder imponer condiciones, compromisos u obligaciones respecto del beneficiario. Entre las condiciones que puede imponer la Comisión se encuentran las siguientes: requisitos relativos al reparto de la carga, incluido el requisito de que las pérdidas sean absorbidas en primer lugar por el capital propio, y requisitos relativos a las aportaciones de los titulares de capital híbrido, los titulares de deuda subordinada y los acreedores principales, también de conformidad con los requisitos de la Directiva 2014/59/UE; restricciones al pago de dividendos por acciones o cupones sobre instrumentos de capital híbrido, a la recompra de acciones propias o instrumentos de capital híbrido, o a las operaciones de gestión de capital; restricciones a la adquisición de participaciones en cualquier empresa, ya sea a través de la transmisión de activos o de acciones; prohibición de prácticas o estrategias comerciales agresivas o de la publicidad de la existencia de ayudas públicas; requisitos relativos a las cuotas de mercado, la formación de precios, las características de los productos y otros requisitos de actuación; requisitos relativos a los planes de reestructuración; requisitos en materia de gobernanza; requisitos de información y divulgación, incluso en lo relativo al cumplimiento de las condiciones eventualmente establecidas por la Comisión al respecto; requisitos relativos a la venta del beneficiario o de la totalidad o parte de sus activos, derechos y pasivos; requisitos relativos a la liquidación del beneficiario.

(31) Para garantizar la celeridad y eficacia del proceso de toma de decisiones en materia de resolución, conviene que la Junta sea una agencia específica de la Unión, dotada de una estructura específica, ajustada a sus tareas específicas, y que su modelo se aparte del de las demás agencias de la Unión. Su composición debe garantizar que se tengan debidamente en cuenta todos los intereses pertinentes en juego en los procedimientos de resolución. Teniendo en cuenta las funciones de la Junta, el presidente y el vicepresidente y otros cuatro miembros a tiempo completo de esta deben ser nombrados sobre la base de sus méritos, competencias, conocimiento de los asuntos bancarios y financieros, y experiencia pertinente en materia de supervisión y regulación financieras y resolución de entidades. El presidente, el vicepresidente y otros cuatro miembros a tiempo completo de la Junta deben ser elegidos sobre la base de un procedimiento de selección abierto del que debe informarse debidamente al Parlamento Europeo y al Consejo y que debe respetar el principio de equilibrio entre hombres y mujeres, experiencia y cualificación. La Comisión debe facilitar a la comisión competente del Parlamento Europeo la lista restringida de candidatos a los puestos de presidente, vicepresidente y otros cuatro miembros a tiempo completo de la Junta. La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo una propuesta para el nombramiento del presidente, del vicepresidente y de otros cuatro miembros a tiempo completo de la Junta para su aprobación. Una vez aprobada dicha propuesta por el Parlamento Europeo, el Consejo debe adoptar una decisión de ejecución para el nombramiento del presidente, del vicepresidente y de otros cuatro miembros a tiempo completo de la Junta.

(32) La Junta debe funcionar en sesión ejecutiva y en sesión plenaria. En sesión ejecutiva, debe estar compuesta por el presidente, por sus otros cuatro miembros independientes a tiempo completo, que deben actuar con independencia y objetividad en interés de la Unión en su conjunto, y por observadores permanentes nombrados por la Comisión y el BCE. Al deliberar en sesión ejecutiva sobre la resolución de una entidad o grupo establecido en un único Estado miembro participante, la Junta debe convocar y hacer participar en el proceso decisorio al miembro designado por el Estado miembro interesado como representante de la autoridad de resolución nacional. Al deliberar en sesión ejecutiva sobre un grupo transfronterizo, los miembros designados por el Estado miembro de origen y por todos los Estados miembros de acogida interesados como representantes de las autoridades nacionales de resolución competentes deben ser convocados y participar en el proceso de toma de decisiones.

(33) La Junta, en sesión ejecutiva, debe preparar todas las decisiones relacionadas con el procedimiento de resolución y, en la mayor medida posible, adoptar dichas decisiones. Dado que la información contenida en los planes de resolución es de carácter específico para cada entidad, las decisiones relativas a la elaboración, la evaluación y la aprobación de los planes de resolución debe adoptarlas la Junta en sesión ejecutiva. En cuanto a la utilización del Fondo, es importante que no se le dé ventaja «al que llegue primero» y que se controlen los flujos del Fondo. A fin de garantizar la correspondiente toma de decisiones por la Junta, cuando se imponga una medida de resolución que supere el umbral de los 5 000 millones EUR, cualquier miembro del pleno debe poder pedir, dentro de un plazo riguroso, que sea la sesión plenaria quien decida. Cuando la provisión de liquidez no conlleve riesgo alguno o conlleve un riesgo sustancialmente menor al de otras formas de apoyo, en particular en el caso de una prolongación aislada y a corto plazo del crédito a entidades solventes, con garantías adecuadas y de gran calidad, está justificado que se dé a tal forma de apoyo una ponderación inferior de tan solo el 0,5. Una vez que la utilización acumulada del Fondo en los últimos doce meses consecutivos alcance el umbral de 5 000 millones EUR anuales, la sesión plenaria debe evaluar la aplicación de los instrumentos de resolución, incluida la utilización del Fondo, y proporcionar directrices que la sesión ejecutiva deberá seguir en las subsiguientes decisiones de resolución. Las directrices dirigidas a la sesión ejecutiva deben centrarse en particular en garantizar una aplicación no discriminatoria de los instrumentos de resolución, en evitar el agotamiento del Fondo y en diferenciar adecuadamente entre la provisión de liquidez con riesgo bajo o nulo y otros tipos de apoyo.

(34) Dado que los participantes en el proceso de toma de decisiones de la Junta en sus sesiones ejecutivas variarán en función del Estado o los Estados miembros en que opere la entidad o el grupo de que se trate, los participantes permanentes deben velar por la coherencia, adecuación y proporcionalidad de las decisiones adoptadas en el marco de las distintas formaciones de las sesiones ejecutivas de la Junta.

(35) La Junta debe poder invitar a observadores a sus reuniones. La atribución a la Junta de funciones de resolución debe ser coherente con el marco del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) y su objetivo subyacente de elaborar un código normativo único y reforzar la convergencia de las prácticas de supervisión y resolución en la Unión en su conjunto. En particular, la ABE, de conformidad con el Reglamento (UE) no 1093/2010, debe evaluar y coordinar iniciativas relativas a planes de resolución a fin de promover la convergencia en este ámbito. Por consiguiente y como norma general, la Junta debe invitar siempre a la ABE cuando se debatan asuntos respecto de los cuales la ABE, de conformidad con la Directiva 2014/59/UE, tenga que elaborar normas técnicas o formular directrices. En su caso, también puede invitarse a participar en las reuniones de la Junta a otros observadores, por ejemplo a un representante del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

(36) Los observadores deben estar sujetos a los mismos requisitos de secreto profesional que los miembros y el personal de la Junta y el personal en régimen de intercambio o enviado en comisión de servicios por los Estados miembros participantes con el fin de llevar a cabo funciones de resolución.

(37) La Junta debe poder crear equipos internos de resolución integrados por su propio personal y por personal de las autoridades nacionales de resolución, así como, en su caso, por observadores de los Estados miembros no participantes. Estos equipos internos de resolución deben estar dirigidos por coordinadores, designados por el personal superior de la Junta, a los que se podría invitar a participar como observadores en las sesiones ejecutivas de la Junta.

(38) La Junta y las autoridades de resolución y autoridades competentes de los Estados miembros no participantes deben celebrar memorandos de entendimiento en los que se describa en términos generales cómo van a cooperar entre sí en el desempeño de sus funciones con arreglo a la Directiva 2014/59/UE. Los memorandos de entendimiento podrían, entre otros aspectos, aclarar la consulta sobre las decisiones de la Junta que repercutan en filiales establecidas en un Estado miembro no participante, o en sucursales situadas en un Estado miembro no participante, cuando la empresa matriz esté establecida en un Estado miembro participante. Los memorandos deben revisarse periódicamente.

(39) La Junta debe actuar con independencia. Debe tener la capacidad para tratar con grandes grupos y de proceder de forma rápida e imparcial. La Junta debe garantizar que se tenga debidamente en cuenta la estabilidad financiera nacional y la de la Unión, así como el mercado interior. Los miembros de la Junta deben tener los conocimientos necesarios sobre reestructuración e insolvencia bancarias.

(40) Cuando se tomen decisiones o se adopten medidas en el ejercicio de los poderes conferidos por el presente Reglamento, debe tenerse debidamente en cuenta la importancia que para el mercado interior tiene el ejercicio del derecho de establecimiento previsto en el TFUE y, en particular, cuando sea posible, los efectos sobre la continuidad de las actividades transfronterizas.

(41) Teniendo en cuenta las funciones de la Junta y los objetivos de los procedimientos de resolución, entre los que figura la protección de los recursos públicos, el funcionamiento del MUR debe financiarse mediante aportaciones abonadas por las entidades establecidas en los Estados miembros participantes.

(42) La Junta, el Consejo cuando proceda y la Comisión deben sustituir a las autoridades nacionales de resolución designadas con arreglo a la Directiva 2014/59/UE en lo referente a todos los aspectos relacionados con el proceso decisorio en materia de resolución. Las autoridades nacionales de resolución designadas con arreglo a dicha Directiva deben seguir llevando a cabo las actividades relacionadas con la aplicación de los dispositivos de resolución que adopte la Junta. En aras de la transparencia y el control democrático y para salvaguardar las prerrogativas de las instituciones de la Unión, la Junta debe ser responsable ante el Parlamento Europeo y el Consejo de las decisiones tomadas en virtud del presente Reglamento. Por idénticas razones de transparencia y control democrático, los Parlamentos nacionales deben tener derecho a recabar información sobre las actividades de la Junta y a dialogar con ella.

(43) El Parlamento nacional de un Estado miembro participante, o la comisión competente correspondiente, debe poder invitar al presidente a participar en un intercambio de puntos de vista en relación con la resolución de entidades de ese Estado miembro, junto con un representante de la autoridad nacional de resolución. Es oportuno que los Parlamentos nacionales desempeñen este tipo de funciones, dado el impacto potencial que las medidas de resolución pueden tener en las finanzas públicas, las entidades, sus clientes y empleados, y en los mercados de los Estados miembros participantes. El presidente y las autoridades nacionales de resolución deben aceptar esas invitaciones para intercambiar puntos de vista con los parlamentos nacionales.

(44) En aras de la uniformidad del planteamiento aplicado a los grupos y entidades, la Junta debe estar facultada para establecer planes de resolución para tales grupos y entidades previa consulta a las autoridades nacionales competentes y a las autoridades nacionales de resolución. Por norma general deben elaborarse planes de resolución de grupo para la totalidad del grupo de que se trate y determinarse medidas en relación con la empresa matriz y con todas las filiales que formen parte de un grupo. Los planes de resolución de grupo deben tener en cuenta la estructura financiera, técnica y empresarial del grupo correspondiente. En caso de que se elaboren planes de resolución individuales para entes que formen parte de un grupo, la Junta o, cuando proceda, las autoridades nacionales de resolución deben intentar mantener la coherencia, en la medida de lo posible, con los planes de resolución del resto del grupo. La Junta o, cuando proceda, las autoridades nacionales de resolución deben transmitir los planes de resolución, y cualquier modificación de los mismos, a la autoridad nacional competente, a fin de mantenerla plena y permanentemente informada. La Junta debe evaluar si es viable la resolución de grupos y entidades y adoptar medidas que eliminen los obstáculos a la resolución. Debe exigir que las autoridades nacionales de resolución apliquen cualesquiera medidas oportunas concebidas para eliminar dichos obstáculos a fin de garantizar la coherencia y la resolubilidad de las entidades de que se trate. Dada la sensibilidad de la información contenida en los planes de resolución, estos deben quedar sujetos a los requisitos de secreto profesional previstos en el presente Reglamento.

(45) Al aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución, deben tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad y las particularidades de la forma jurídica de la entidad en cuestión.

(46) La planificación es un componente esencial de una resolución eficaz. Por consiguiente, la Junta debe tener la facultad de exigir cambios en la estructura y la organización de las entidades o los grupos para adoptar medidas que sean necesarias y proporcionadas para reducir o eliminar los impedimentos materiales a la aplicación de los instrumentos de resolución y garantizar la resolubilidad de los entes de que se trate. Dada la naturaleza potencialmente sistémica de todas las entidades, es fundamental, para mantener la estabilidad financiera, que la Junta, o en su caso, las autoridades nacionales de resolución puedan proceder a la resolución de cualquiera de ellas. A fin de respetar la libertad de empresa, reconocida en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta»), el margen de apreciación de la Junta se debe limitar a lo que resulte necesario para simplificar la estructura y las operaciones de la entidad de que se trate, con el único objetivo de mejorar la viabilidad de la resolución. Además, cualquier medida impuesta con ese fin debe ser coherente con la legislación de la Unión. Las medidas no deben ser discriminatorias, ni directa ni indirectamente, por motivos de nacionalidad, y deben estar justificadas por la razón imperiosa de interés general de preservar la estabilidad financiera. Para determinar si una medida se ha adoptado en aras del interés público general, es necesario que la Junta sea capaz, actuando en dicho interés, de lograr los objetivos de resolución sin encontrar impedimentos a la aplicación de los instrumentos de resolución o al ejercicio de las competencias que le hayan sido conferidas por el presente Reglamento. Asimismo, las medidas adoptadas no deben exceder del mínimo necesario para alcanzar los objetivos deseados. Cuando determinen las medidas que deban adoptarse, la Junta o, cuando corresponda, las autoridades nacionales de resolución han de tener en cuenta los avisos y recomendaciones de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) establecida por el Reglamento (UE) no 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(47) Debido a la naturaleza potencialmente sistémica de todas las entidades, es fundamental que la Junta, en cooperación, en su caso, con las autoridades nacionales de resolución, pueda adoptar planes de resolución, evaluar la resolubilidad de cualquier entidad y grupo y, cuando sea necesario, tomar medidas para abordar o eliminar los obstáculos a la resolución de cualquier entidad de un Estado miembro participante. La inviabilidad de entidades de importancia sistémica, incluidas aquellas a las que se refiere el artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE, podría poner en grave peligro el funcionamiento de los mercados financieros y repercutir negativamente en la estabilidad financiera. Sin perjuicio de su independencia y de su obligación de planificar la resolución y evaluar la viabilidad de proceder a la resolución de cualquiera de las entidades sujetas a su ámbito de competencia, la Junta debe ocuparse debida y prioritariamente de establecer los planes de resolución de las entidades de importancia sistémica, de evaluar la viabilidad de su resolución y de tomar todas las medidas necesarias para abordar o eliminar los obstáculos a la resolución de tales entidades.

(48) Los planes de resolución deben incluir procedimientos de información y consulta con los representantes de los empleados a lo largo de todo el procedimiento de resolución, en su caso. En ese sentido, cuando proceda, deben respetarse los convenios colectivos o demás acuerdos suscritos por los interlocutores sociales, así como la legislación nacional y de la Unión sobre la participación de los sindicatos y los representantes de los trabajadores en los procesos de reestructuración empresarial.

(49) En relación con la obligación de elaborar planes de resolución, la Junta o, en su caso, las autoridades nacionales de resolución, en el marco de los planes de resolución y cuando se sirvan de los distintos poderes e instrumentos de que disponen, deben tener debidamente en cuenta la naturaleza de las actividades de un ente, la estructura de su accionariado, su forma jurídica, su perfil de riesgo, su tamaño y su estatuto jurídico, su interconexión con otras entidades o con el sistema financiero en general, el ámbito y la complejidad de sus actividades, su pertenencia a un sistema institucional de protección o a otros sistemas cooperativos de solidaridad mutua, y el posible ejercicio por parte de la entidad de servicios o actividades de inversión, así como si su inviabilidad y ulterior liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios podrían afectar de forma significativa a los mercados financieros, a otras entidades, a las condiciones de financiación o a la economía en general, asegurándose de que el régimen de resolución se aplique de forma adecuada y proporcionada y de que la carga administrativa relacionada con las obligaciones de preparación del plan de resolución se reduzca al mínimo. Teniendo en cuenta que el contenido y la información especificados en la sección A del anexo de la Directiva 2014/59/UE establecen una norma mínima para los entes con una importancia sistémica obvia, se pueden aplicar requisitos de información y de planificación de la resolución distintos o sensiblemente reducidos en función de cada entidad específica, y con una frecuencia inferior a un año para las actualizaciones. Para un ente pequeño, de escasa interconexión y complejidad, el plan de resolución podría reducirse. Además, el régimen debe aplicarse de modo que no se ponga en peligro la estabilidad de los mercados financieros. En particular, en situaciones caracterizadas por problemas de mayor calado o incluso cuando se alberguen dudas acerca de la resistencia de un gran número de entes, resulta fundamental examinar el riesgo de contagio de las medidas tomadas respecto de cada ente en particular.

(50) Cuando la Directiva 2014/59/UE prevea la posibilidad de que las autoridades nacionales de resolución apliquen obligaciones simplificadas o exenciones en relación con el requisito de la elaboración de planes de resolución, conviene establecer un procedimiento que permita a la Junta o, en su caso, a las autoridades nacionales de resolución, autorizar la aplicación de esa simplificación de las obligaciones.

(51) De conformidad con la estructura de capital de los entes filiales de un organismo central y a efectos del presente Reglamento, la Junta o, en su caso, las autoridades nacionales de resolución, no deben estar obligadas a elaborar planes de resolución independientes para cada uno de ellos por el simple hecho de que el organismo central del que son filiales se halle bajo la supervisión directa del BCE. En el caso de planes de resolución de grupo, deben tenerse específicamente en cuenta a la hora de su elaboración las posibles repercusiones de las medidas de resolución en todos los Estados miembros en los que opere el grupo.

(52) El MUR debe basarse en los marcos establecidos por el Reglamento (UE) no 1024/2013 y la Directiva 2014/59/UE. Por tanto, la Junta debe estar facultada para actuar en una fase temprana cuando se esté deteriorando la situación financiera o la solvencia de un ente. La información que la Junta obtenga de las autoridades nacionales de resolución o del BCE en esa fase será esencial para determinar las medidas oportunas a fin de preparar la resolución del ente de que se trate.

(53) Con el fin de garantizar la celeridad de los procedimientos de resolución cuando resulten necesarios, la Junta debe vigilar estrechamente, en cooperación con el BCE o la autoridad nacional competente correspondiente, la situación de los entes de que se trate y su conformidad con cualesquiera medidas de actuación temprana adoptadas en relación con ellos. Al determinar si una medida del sector privado podría evitar la inviabilidad de un ente en un plazo de tiempo razonable, la autoridad correspondiente debe tener en cuenta la eficacia de las medidas de actuación temprana tomadas en el plazo señalado por la autoridad competente.

(54) La Junta, las autoridades nacionales de resolución y las autoridades competentes, incluido el BCE, deben, en caso necesario, celebrar memorandos de entendimiento en los que se describa en términos generales cómo van a cooperar entre sí en el desempeño de sus respectivas funciones con arreglo a la legislación de la Unión. El memorando debe revisarse periódicamente.

(55) Al adoptar decisiones o medidas, en particular respecto de entes establecidos tanto en Estados miembros participantes como no participantes, deben tenerse en cuenta asimismo los posibles efectos adversos para esos Estados miembros, como el peligro para la estabilidad financiera de sus mercados financieros, y para los entes establecidos en dichos Estados miembros.

(56) Para minimizar las perturbaciones del mercado financiero y la economía, el procedimiento de resolución debe llevarse a cabo en un corto período de tiempo. Debe garantizarse el acceso más pronto posible de los depositantes a los depósitos con cobertura, y en cualquier caso en los plazos establecidos en la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10). A lo largo de todo el procedimiento de resolución, la Comisión debe tener acceso a cualquier información que considere necesaria para tomar decisiones con conocimiento de causa.

(57) La decisión de someter a un ente a un procedimiento de resolución debe tomarse antes de que el ente financiero sea insolvente de acuerdo con su balance y antes de que todo su patrimonio haya desaparecido. La resolución debe iniciarse una vez se haya determinado que el ente está en graves dificultades o que existe la probabilidad de que lo esté y que ninguna medida alternativa del sector privado podría evitar su inviabilidad en un plazo de tiempo razonable. El hecho de que un ente no cumpla los requisitos de autorización no debe justificar en sí mismo el inicio de una resolución, especialmente si el ente continúa siendo o podría continuar siendo viable. Debe considerarse que un ente se encuentra en graves dificultades o que probablemente va a tenerlas cuando incumpla o vaya probablemente a incumplir en el futuro próximo los requisitos necesarios para conservar su autorización, cuando el activo del ente sea o vaya a ser probablemente en el futuro próximo inferior a su pasivo, cuando el ente no pueda o no resulte probable que vaya a poder hacer frente en el futuro próximo al pago de sus deudas al vencimiento de estas, o cuando el ente necesite una ayuda financiera pública extraordinaria, excepto en las circunstancias especiales especificadas en el presente Reglamento. La necesidad de ayudas en forma de provisión urgente de liquidez del banco central no debe, de por sí, ser una condición que evidencie de forma suficiente que un determinado ente no puede o no podrá hacer frente en el futuro próximo al pago de sus deudas al vencimiento de estas. Si dicho instrumento estuviera garantizado por un Estado, el ente que tuviera acceso al mismo estaría sometido a las normas sobre ayudas estatales. A fin de preservar la estabilidad financiera, en particular en caso de escasez sistémica de liquidez, las garantías estatales de instrumentos de liquidez facilitados por los bancos centrales o las garantías estatales de los pasivos de nueva emisión con el fin de solventar una grave perturbación de la economía de un Estado miembro no deben poner en marcha el marco de resolución siempre que se cumplan una serie de condiciones. En particular, las garantías estatales deben ser aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el marco de ayudas estatales y no deben formar parte de un paquete de ayuda más amplio y, además, el uso de las garantías debe estar estrictamente limitado en el tiempo. Las garantías de los Estados miembros para valores de renta variable deben estar prohibidas. Al prestar una garantía, los Estados miembros deben velar por que esta esté suficientemente remunerada por el ente. Además, la concesión de una ayuda financiera pública extraordinaria no debe poner en marcha la resolución cuando un Estado miembro adquiera, como medida cautelar, una participación en el capital de un ente, incluido un ente de capital público, que cumpla sus requisitos de capital. Tal puede ser el caso, por ejemplo, cuando se exija a un ente que amplíe su capital debido al resultado de una prueba de tensión basada en hipótesis o de un ejercicio equivalente realizado por las autoridades macroprudenciales que incluya un requisito fijado para mantener la estabilidad financiera en el contexto de una crisis sistémica, pero el ente sea incapaz de obtener capital privado en los mercados. No debe considerarse que un ente se encuentra en graves dificultades o que probablemente va a tenerlas por el solo hecho de que se le haya proporcionado una ayuda financiera pública extraordinaria antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. Por último, es posible que el acceso a instrumentos de liquidez, incluida la ayuda en forma de provisión urgente de liquidez del banco central, constituya una ayuda de Estado conforme al marco de ayudas estatales de la Unión.

(58) La liquidación de un ente en graves dificultades en el marco del procedimiento de insolvencia ordinario podría poner en peligro la estabilidad financiera, interrumpir la prestación de los servicios básicos y afectar a la protección de los depositantes. En este caso, existe un interés público en la aplicación de instrumentos de resolución. Los objetivos de la resolución deben ser, por tanto, garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos, mantener la estabilidad del sistema financiero, reducir el riesgo moral, minimizando la confianza en que habrá ayudas públicas para los entes en graves dificultades, y proteger a los depositantes.

(59) No obstante, antes de tomar una decisión sobre el mantenimiento del ente en funcionamiento, debe considerarse siempre la posibilidad de liquidarlo con arreglo a un procedimiento de insolvencia ordinario. Para mantener en funcionamiento un ente insolvente en aras de la estabilidad financiera deben utilizarse, en la medida de lo posible, fondos privados, bien mediante la venta a un comprador privado (o su fusión con este), bien mediante una amortización de los pasivos del ente o la conversión de su deuda en fondos propios a fin de proceder a una recapitalización.

(60) Al tomar o preparar decisiones relativas a las competencias de resolución, la Junta, el Consejo y la Comisión deben asegurarse de que la medida de resolución se adopte de conformidad con determinados principios, incluidos los de que los accionistas y acreedores asuman una parte adecuada de las pérdidas, que la dirección sea, en principio, sustituida, que los costes de la resolución del ente se minimicen y que los acreedores de la misma categoría reciban un trato equitativo. En particular, en caso de que acreedores de la misma categoría reciban un trato diferente en el contexto de la medida de resolución, tales diferencias de trato deben estar justificadas por razones de interés público y no ser directa ni indirectamente discriminatorias por motivos de nacionalidad.

(61) Las limitaciones de los derechos de los accionistas y acreedores deben respetar el artículo 52 de la Carta. Por lo tanto, los instrumentos de resolución deben aplicarse únicamente a los entes que estén en graves dificultades o que probablemente vayan a estarlo, y únicamente cuando sea necesario para conseguir la estabilidad financiera en aras del interés general. En particular, deben aplicarse cuando no sea posible liquidar el ente en el marco de un procedimiento de insolvencia ordinario sin desestabilizar el sistema financiero, las medidas sean necesarias para garantizar la transferencia rápida y la continuidad de las funciones de importancia sistémica y no existan perspectivas razonables de otras soluciones alternativas de origen privado, por ejemplo una ampliación de capital efectuada por los accionistas existentes o por terceros que permita restablecer totalmente la viabilidad del ente.

(62) La interferencia con los derechos de propiedad no debe ser desproporcionada. En consecuencia, los accionistas y los acreedores afectados no deben incurrir en pérdidas más importantes que las que hubieran sufrido si el ente hubiera sido liquidado en el momento de la adopción de la decisión de resolución. En caso de transmisión parcial de los activos de una entidad objeto de resolución a un comprador privado o a una entidad puente, la parte residual de la entidad objeto de resolución debe ser liquidada con arreglo a un procedimiento de insolvencia ordinario. Con el fin de proteger a los accionistas y a los acreedores del ente durante el procedimiento de liquidación, los mismos han de tener derecho a recibir no menos de lo que se estime habrían recuperado si el ente en su conjunto hubiera sido liquidado con arreglo a un procedimiento de insolvencia ordinario.

(63) Para proteger los derechos de los accionistas y acreedores, deben establecerse unas obligaciones claras en materia de valoración de los activos y pasivos de la entidad objeto de resolución y, en los casos en que así lo exija el presente Reglamento, de la valoración del trato que habrían recibido los accionistas y acreedores si el ente hubiera sido liquidado con arreglo a un procedimiento de insolvencia ordinario. Debe ser posible comenzar esa valoración ya en la fase de la actuación temprana. Antes de emprender una medida de resolución, debe llevarse a cabo una valoración ecuánime, prudente y realista de los activos y pasivos del ente. Tal valoración debe poder ser objeto de recurso únicamente de manera conjunta a la decisión de resolución. Además, cuando así lo exija el presente Reglamento, debe llevarse a cabo, una vez aplicados los instrumentos de resolución, una comparación a posteriori entre el trato que se ha dado a los accionistas y acreedores y el trato que estos habrían recibido con arreglo a un procedimiento de insolvencia ordinario. Si se determina que los accionistas y los acreedores han recibido, como pago de sus créditos, menos de lo que habrían recibido con arreglo a un procedimiento de insolvencia ordinario, deben tener derecho al pago de la diferencia, en los casos en que así lo exija el presente Reglamento. De haberla, dicha diferencia debe abonarla el Fondo establecido de conformidad con el presente Reglamento.

(64) Es importante que se reconozcan las pérdidas en caso de inviabilidad de un ente. La valoración de los activos y pasivos de entes en graves dificultades debe basarse en supuestos ecuánimes, prudentes y realistas en el momento en que se aplican los instrumentos de resolución. El valor de los pasivos no debe, sin embargo, verse afectado en la valoración por el estado financiero del ente. En caso de urgencia, la Junta debe poder realizar una valoración rápida de los activos o pasivos de un ente en graves dificultades. Esta valoración debe ser provisional y aplicarse hasta el momento en que se lleve a cabo una valoración independiente.

(65) En aras de la objetividad y previsibilidad del proceso de resolución, es necesario establecer el orden en que se deben amortizar o convertir los créditos no garantizados de los acreedores de una entidad objeto de resolución. Para limitar el riesgo de que los acreedores incurran en pérdidas mayores que las que habrían sufrido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a un procedimiento de insolvencia ordinario, el orden que se establezca debe ser aplicable tanto en el procedimiento de insolvencia ordinario como en el proceso de amortización o conversión en el marco de la resolución. Así se facilitaría también la fijación del precio de la deuda.

(66) La Junta debe decidir acerca del dispositivo de resolución pormenorizado. Entre los instrumentos de resolución pertinentes deben figurar la venta del negocio, la constitución de una entidad puente, la recapitalización interna y la segregación de activos, previstos asimismo en la Directiva 2014/59/UE. El dispositivo debe posibilitar también la evaluación del cumplimiento de las condiciones para la amortización y la conversión de los instrumentos de capital.

(67) A la hora de adoptar medidas de resolución, la Junta debe tener en cuenta y atenerse a las medidas previstas en los planes de resolución, a no ser que, en vista de las circunstancias del caso, considere que los objetivos de resolución pueden alcanzarse de manera más eficaz llevando a cabo medidas que no estén previstas en dichos planes.

(68) Entre los instrumentos de resolución debe estar la venta de las actividades o acciones de la entidad objeto de resolución, la constitución de una entidad puente, la segregación de los activos productivos y los activos cuyo valor se haya deteriorado o que sean improductivos, y la recapitalización interna por parte de los accionistas del ente en graves dificultades.

(69) Cuando se hayan utilizado los instrumentos de resolución para transferir los servicios de importancia sistémica o las actividades viables de un ente a un ente sano, como un comprador del sector privado o una entidad puente, la parte residual del ente debe liquidarse.

(70) El instrumento de venta del negocio debe permitir vender el ente o una parte de sus actividades a uno o varios compradores sin requerir el consentimiento de los accionistas.

(71) Al aplicar el instrumento de venta del negocio, todo ingreso neto procedente de la transmisión de activos o pasivos de la entidad objeto de resolución debe beneficiar al ente restante en el procedimiento de liquidación. Al aplicar el instrumento de venta del negocio, todo ingreso neto procedente de la transmisión de instrumentos de propiedad emitidos por la entidad objeto de resolución debe beneficiar a los propietarios de dichos instrumentos de propiedad en el ente restante en el procedimiento de liquidación. Los ingresos deben calcularse deduciendo los costes derivados de la inviabilidad del ente y del proceso de resolución.

(72) La segregación de activos debe permitir a las autoridades transmitir activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución a otra estructura independiente. La segregación de activos únicamente se debe utilizar en combinación con otros instrumentos, a fin de evitar conferir una ventaja competitiva indebida al ente en graves dificultades.

(73) Un régimen de resolución eficaz debe reducir al mínimo la posibilidad de que los costes de la resolución de un ente en graves dificultades sean asumidos por los contribuyentes. Debe también garantizar que las entidades sistémicas puedan ser objeto de resolución sin poner en peligro la estabilidad financiera. El instrumento de recapitalización interna logra este objetivo garantizando que los accionistas y los acreedores del ente en graves dificultades sufran las pérdidas pertinentes y asuman la parte correspondiente de los costes derivados de la inviabilidad del ente. El instrumento de recapitalización interna motivará así en mayor medida a los accionistas y acreedores de los entes para controlar la salud de un ente en circunstancias normales. Asimismo, entronca con la recomendación del Consejo de Estabilidad Financiera según la cual deben incluirse en todo marco de resolución competencias legales de conversión y amortización de la deuda como una opción adicional junto con otros instrumentos de resolución.

(74) A fin de garantizar la flexibilidad necesaria para asignar las pérdidas a los acreedores en una serie de circunstancias, conviene que el instrumento de recapitalización interna pueda utilizarse tanto cuando el objetivo sea aplicar el procedimiento de resolución al ente en graves dificultades a la vez que sigue operando, si existen perspectivas realistas de restablecimiento de su viabilidad, como cuando se transfieran los servicios de importancia sistémica a una entidad puente y la parte residual del ente deje de operar y sea objeto de liquidación.

(75) Cuando se aplique el instrumento de recapitalización interna con el objetivo de restaurar el capital del ente en graves dificultades y permitir que siga operando, la resolución a través de este instrumento debe ir acompañada de la sustitución de la dirección, salvo en aquellos casos en que mantenerla se considere adecuado y necesario para el logro de los objetivos de la resolución, y la consiguiente reestructuración del ente y de sus actividades de tal forma que se aborden los motivos de su inviabilidad. Dicha reestructuración se debe conseguir mediante la aplicación de un plan de reorganización de las actividades. Cuando proceda, estos planes deben ser compatibles con el plan de reestructuración que los entes deben presentar a la Comisión de conformidad con el marco de ayudas estatales de la Unión. En particular, además de las medidas tendentes a restablecer la viabilidad a largo plazo del ente, el plan debe incluir medidas que limiten las ayudas al reparto mínimo de la carga, y medidas que reduzcan el falseamiento de la competencia.

(76) No es adecuado aplicar el instrumento de recapitalización interna cuando se trate de reclamar créditos, en la medida en que estos estén garantizados, respaldados por activos o por otro tipo de garantía. Sin embargo, a fin de que este instrumento sea eficaz y consiga sus objetivos, resulta deseable que se pueda aplicar al mayor número posible de pasivos no garantizados de un ente en graves dificultades. No obstante, conviene excluir de su ámbito de aplicación determinados tipos de pasivos no garantizados. Para proteger a los titulares de depósitos con cobertura, la recapitalización interna no debe aplicarse a los depósitos que estén protegidos en virtud de la Directiva 2014/49/UE A fin de garantizar la continuidad de las funciones esenciales, el instrumento de recapitalización interna no debe aplicarse a las deudas con empleados del ente en graves dificultades, ni a las reclamaciones de índole comercial relativas a bienes y servicios esenciales para el funcionamiento diario del ente. A fin de respetar los derechos a pensión y los importes de pensión debidos a fondos de pensiones y gestores de fondos de pensiones, el instrumento de recapitalización interna no debe aplicarse a los compromisos con el régimen de pensiones de un ente en graves dificultades, excepto en el caso de compromisos relativos a prestaciones de jubilación atribuibles a remuneraciones variables que no deriven de acuerdos de negociación colectiva. A fin de reducir el riesgo de contagio sistémico, el instrumento de recapitalización interna no debe aplicarse a los pasivos surgidos de la participación en sistemas de pago cuyo plazo de vencimiento restante sea inferior a siete días, ni a los pasivos de entes, excluidos los entes que formen parte del mismo grupo, cuyo plazo de vencimiento inicial sea inferior a siete días.

(77) Deben poder excluirse total o parcialmente los pasivos en una serie de circunstancias, entre ellas cuando no sea posible recapitalizar dichos pasivos dentro de un plazo razonable, cuando la exclusión sea estrictamente necesaria y proporcionada con la consecución de la continuidad de las funciones esenciales y las ramas de actividad principales, o en caso de que la aplicación del instrumento de recapitalización interna a los pasivos pudiera originar una destrucción de valor tal que las pérdidas sufridas por otros acreedores serían más elevadas que si dichos pasivos no se hubieran excluido de la recapitalización. También deben poder excluirse total o parcialmente los pasivos cuando ello sea necesario para evitar la propagación del contagio y la inestabilidad financiera que podrían causar un trastorno grave a la economía de un Estado miembro. Al llevar a cabo estas evaluaciones, la Junta o, en su caso, las autoridades nacionales de resolución, deben sopesar las consecuencias de una posible recapitalización interna de los pasivos resultantes de depósitos admisibles en poder de personas físicas, microempresas y pequeñas y medianas empresas que superen el límite de cobertura previsto por la Directiva 2014/49/UE.

(78) Cuando se apliquen dichas exclusiones, puede incrementarse el nivel de amortización o conversión de otros pasivos elegibles con objeto de tener en cuenta las exclusiones, supeditadas al respeto del principio de evitar a los acreedores perjuicios superiores a los que habrían soportado de haberse liquidado la entidad en el marco de los procedimientos de insolvencia ordinarios. En caso de que las pérdidas no puedan transferirse a otros acreedores, el Fondo puede aportar a la entidad objeto de resolución una aportación supeditada a una serie de condiciones estrictas, que incluirán la exigencia de que ya se hayan absorbido pérdidas que totalicen como mínimo el 8 % de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, y que la financiación aportada por el fondo de resolución se limite al 5 % de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, o a los medios disponibles para el Fondo y el importe que pueda obtenerse mediante aportaciones ex post dentro de un plazo de tres años, si este segundo importe es menor.

(79) En circunstancias extraordinarias, en caso de que se hayan excluido pasivos y se haya utilizado el Fondo para contribuir a la recapitalización en lugar de dichos pasivos, hasta el límite permisible, la Junta debe poder tratar de obtener financiación procedente de medios de financiación alternativos.

(80) El importe mínimo de la recapitalización interna del 8 % de los pasivos totales a que se refiere el presente Reglamento debe calcularse sobre la base de la valoración llevada a cabo de conformidad con el presente Reglamento. Las pérdidas históricas que ya hayan absorbido los accionistas mediante una reducción de los fondos propios antes de efectuar dicha valoración no deben incluirse en el mencionado porcentaje.

(81) Toda vez que la protección de los depositantes es uno de los objetivos más importantes de la resolución, los depósitos garantizados no deben someterse al instrumento de recapitalización interna. El sistema de garantía de depósitos, sin embargo, contribuye a la financiación del proceso de resolución absorbiendo pérdidas en la medida de las pérdidas netas que hubiera tenido que sufrir tras indemnizar a los depositantes en un procedimiento de insolvencia ordinario. El ejercicio de las competencias de recapitalización interna garantizaría que los depositantes sigan teniendo acceso a sus depósitos, lo que constituye la principal razón de ser de los sistemas de garantía de depósitos. No contemplar la participación de esos sistemas en tales casos constituiría una ventaja injustificada frente a los acreedores restantes, que estarían sujetos al ejercicio de las competencias de la autoridad de resolución.

(82) En caso de que los depósitos se transmitan a otro ente en el contexto de la resolución de un ente, los depositantes no deben estar asegurados más allá del nivel de cobertura previsto en la Directiva 2014/49/UE. Por lo tanto, las reclamaciones relativas a los depósitos remanentes en la entidad objeto de resolución deben limitarse a la diferencia entre los fondos transmitidos y el nivel de cobertura establecido en la Directiva 2014/49/UE. En caso de que los depósitos transmitidos sean superiores al nivel de cobertura, el depositante no debe poder reclamar al sistema de garantía los depósitos que queden en la entidad objeto de resolución.

(83) Para evitar que los entes estructuren sus pasivos de forma tal que se limite la eficacia del instrumento de recapitalización interna, resulta adecuado establecer que los entes deben cumplir en todo momento un requisito mínimo en cuanto a los fondos propios y pasivos elegibles que puedan quedar sujetos al instrumento de recapitalización interna, expresado como porcentaje de los pasivos totales y fondos propios del ente.

(84) Al determinar el requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles dentro de un grupo, debe adoptarse un planteamiento descendente. Ese planteamiento debe reconocer que la medida de resolución se aplica en el nivel de la persona jurídica individual, y que es imperativo que la capacidad de absorción de las pérdidas se sitúe en el ente del grupo en que se produzcan las pérdidas, o resulte accesible para dicho ente. Con tal finalidad, hay que garantizar que la capacidad de absorción de pérdidas dentro de un grupo se distribuya en todo el grupo de conformidad con el nivel de riesgo de las personas jurídicas que lo constituyen. El requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles necesario para cada filial individual debe evaluarse por separado. Además, debe garantizarse que todo el capital y todos los pasivos que se contabilicen con miras al requisito mínimo consolidado de fondos propios y pasivos elegibles se sitúen en entes en los que puedan registrarse pérdidas, o que, de no ser así, estén disponibles para absorber pérdidas. El presente Reglamento debe permitir una resolución de múltiples puntos de entrada o de punto de entrada único. El requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles debe reflejar la estrategia de resolución adecuada para el grupo de conformidad con el plan de resolución. En particular, el requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles debe ser de un nivel adecuado dentro del grupo a fin de reflejar el planteamiento de múltiples puntos de entrada o de punto de entrada único contemplado en el plan de resolución, a la vez que se tiene presente que pueden darse circunstancias en las que se adopte un planteamiento distinto al del plan porque ello permita, por ejemplo, alcanzar los objetivos de la resolución de forma más eficaz. En tal contexto, e independientemente de si el grupo ha optado por un planteamiento de punto de entrada único o de múltiples puntos de entrada, todos los entes del grupo deben cumplir en todo momento un requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles sólido para evitar el riesgo de contagio o de pánico bancario.

(85) En función de las circunstancias del caso ha de elegirse el mejor método de resolución y, a tal efecto, deben estar disponibles todos los instrumentos de resolución previstos en la Directiva 2014/59/UE. Al decidir cuál será el dispositivo de resolución aplicable, la Junta, el Consejo y la Comisión deben optar respectivamente, en la medida de lo posible, por el dispositivo menos costoso para el Fondo.

(86) La Directiva 2014/59/UE ha conferido a las autoridades nacionales de resolución la facultad de amortizar y convertir los instrumentos de capital, ya que las condiciones para la amortización y la conversión de esos instrumentos pueden coincidir con las condiciones para la resolución y, en tal caso, procede realizar una evaluación para determinar si, por sí sola, la reducción del valor y la conversión de los instrumentos de capital basta para restablecer la solidez financiera del ente afectado o si también es necesario emprender una medida de resolución. Por regla general, esta facultad se utilizará en el contexto de la resolución. La Junta, bajo el control de la Comisión o, cuando proceda, del Consejo, debe sustituir a las autoridades nacionales de resolución también en esa función y, por tanto, debe estar facultada para evaluar si se satisfacen las condiciones para la amortización y la conversión de los instrumentos de capital y para decidir proceder a la resolución de un ente, si también se cumplen las condiciones de resolución.

(87) La eficiencia y la uniformidad de las medidas de resolución deben garantizarse en todos los Estados miembros participantes. A tal efecto, cuando una autoridad nacional de resolución no haya aplicado o no haya cumplido la decisión adoptada por la Junta en virtud del presente Reglamento o la haya aplicado de modo que suponga una amenaza para cualquiera de los objetivos de la resolución o para la aplicación eficaz del dispositivo de resolución, la Junta debe estar facultada para transferir a otra persona determinados derechos, activos o pasivos de una entidad objeto de resolución, para exigir la conversión de instrumentos de deuda sujetos a una cláusula contractual de conversión en determinadas circunstancias o para adoptar cualquier medida necesaria que ataje de forma significativa la amenaza que pesa sobre el objetivo de resolución pertinente. Debe excluirse cualquier medida de las autoridades nacionales de resolución que pueda limitar o trastornar el ejercicio de las funciones o atribuciones de la Junta.

(88) Las entidades, los organismos y las autoridades pertinentes que tomen parte en la aplicación del presente Reglamento deben cooperar entre sí con arreglo al deber de cooperación leal consagrado en los Tratados.

(89) A fin de aumentar la eficacia del MUR, la Junta debe cooperar estrechamente con la ABE en todas las circunstancias. Cuando proceda, debe cooperar también con la JERS, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) (AESPJ), establecida por el Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM) establecida por el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), y las demás autoridades que constituyen el SESF. Además, la Junta debe cooperar estrechamente con el BCE y las demás autoridades facultadas para supervisar los entes en el marco del MUS, en particular cuando se trate de grupos sujetos a la supervisión consolidada del BCE. Para gestionar eficazmente el proceso de resolución de los bancos en graves dificultades, la Junta debe cooperar con las autoridades nacionales de resolución en todas las fases del proceso de resolución. Así pues, esta cooperación no solo es necesaria durante la aplicación de las decisiones de resolución que adopte la Junta, sino también antes de la adopción de cualquier decisión de resolución, en la fase de planificación de la resolución o durante la fase de actuación temprana. La Junta debe tener la posibilidad de cooperar con las autoridades de resolución competentes y con los mecanismos de financiación de la aportación financiera pública directa o indirecta.

(90) Al aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución, la Junta debe dar las instrucciones correspondientes a las autoridades nacionales de resolución para asegurarse de que se informe y, cuando proceda, se consulte a los representantes de los empleados de los entes afectados con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2014/59/UE.

(91) Puesto que sustituye a las autoridades nacionales de resolución de los Estados miembros participantes en sus decisiones de resolución, la Junta debe sustituir asimismo a esas autoridades a efectos de la cooperación con los Estados miembros no participantes por lo que respecta a las funciones de resolución, también en los colegios de autoridades de resolución a que se refiere la Directiva 2014/59/UE.

(92) Numerosas entidades operan también fuera de la Unión, por lo que un mecanismo eficaz de resolución debe establecer principios de cooperación con las autoridades pertinentes de terceros países. El apoyo a dichas autoridades debe proporcionarse de conformidad con el marco jurídico establecido en virtud del artículo 88 de la Directiva 2014/59/UE. A fin de garantizar un enfoque coherente para con los terceros países, debe evitarse, en la medida de lo posible, que en los Estados miembros participantes se tomen decisiones divergentes en lo relativo al reconocimiento de los procedimientos de resolución llevados a cabo en terceros países respecto de entidades o empresas matrices que tengan filiales u otros activos, derechos o pasivos situados en los Estados miembros participantes. Por consiguiente, debe facultarse a la Junta para que emita recomendaciones al respecto.

(93) A fin de desempeñar eficazmente sus tareas, la Junta debe tener las competencias de investigación apropiadas. Debe ser capaz de exigir toda la información necesaria, bien por medio de las autoridades nacionales de resolución, bien directamente, previa información a estas, y de realizar investigaciones e inspecciones in situ, cuando proceda, en cooperación con las autoridades nacionales competentes, utilizando plenamente toda la información de que dispongan el BCE y las autoridades nacionales competentes. En el contexto de la resolución, la Junta debería poder recurrir a las inspecciones in situ para garantizar que las decisiones se adoptan sobre la base de información totalmente fidedigna y para supervisar eficazmente la aplicación por las autoridades nacionales.

(94) A fin de garantizar el acceso de la Junta a toda la información pertinente, ni los entes de que se trate ni sus empleados o terceros a los que los entes afectados hayan subcontratado funciones o actividades deben poder acogerse a los requisitos del secreto profesional para evitar la comunicación de información a la Junta. Al mismo tiempo, la comunicación de esta información a la Junta nunca debe considerarse una violación de los requisitos del secreto profesional.

(95) Para garantizar que se respeten las decisiones adoptadas en el marco del MUR, se deben imponer multas proporcionadas y disuasorias en caso de infracción. La Junta debe estar facultada para imponer multas o multas coercitivas a las empresas en caso de incumplimiento de las decisiones de la Junta que les estén dirigidas.

(96) Cuando una autoridad nacional de resolución infrinja las normas del MUR al no utilizar las facultades que se le hayan conferido en virtud de la legislación nacional para aplicar las instrucciones de la Junta, es posible que el Estado miembro de que se trate esté obligado a reparar los daños causados a los particulares y también, en su caso, a la entidad o el grupo objeto de resolución, o a todo acreedor de cualquier parte de ese ente o ese grupo en cualquier Estado miembro, de conformidad con la jurisprudencia correspondiente.

(97) A fin de garantizar su plena autonomía e independencia, la Junta debe estar dotada de un presupuesto autónomo cuyos ingresos procedan de aportaciones obligatorias de las entidades en los Estados miembros participantes. Es conveniente establecer disposiciones apropiadas sobre el presupuesto de la Junta, que regulen en particular su preparación, la adopción de las normas internas que especifiquen el procedimiento de elaboración y ejecución del presupuesto, y la auditoría interna y externa de las cuentas.

(98) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de cobrar tasas para cubrir los gastos administrativos de sus autoridades nacionales de resolución.

(99) Los Estados miembros participantes han llegado a un acuerdo conjunto para garantizar que se reembolse rápidamente y con intereses a los Estados miembros no participantes el importe que dichos Estados hayan abonado de sus recursos propios por cualquier aplicación del presupuesto de la Unión destinada a cumplir las obligaciones extracontractuales y los costes conexos en relación con las funciones desempeñadas en virtud del presente Reglamento. Los Estados miembros participantes han celebrado un acuerdo para aplicar dicho compromiso.

(100) En algunas circunstancias, la eficacia de los instrumentos de resolución aplicados puede depender de la disponibilidad de financiación a corto plazo para el ente o el ente puente, del hecho de que se ofrezcan garantías a los posibles compradores o de que se proporcione capital a la entidad puente. Sin perjuicio del papel de los bancos centrales a la hora de proporcionar liquidez al sistema financiero incluso en tiempos de tensión, es importante crear un fondo para evitar que los fondos necesarios a tal efecto provengan de los presupuestos nacionales. Debe ser el sector financiero, en su conjunto, el que financie la estabilización del sistema financiero.

(101) Es necesario garantizar que los recursos del Fondo estén plenamente disponibles para la resolución de las entidades que tengan graves dificultades. Por lo tanto, el Fondo solo debe utilizarse para la aplicación eficiente de los instrumentos y competencias de resolución. Además, debe emplearse exclusivamente de conformidad con los objetivos y principios de resolución aplicables. Por consiguiente, la Junta debe velar por que cualesquiera costes, pérdidas u otros gastos derivados de la utilización de los instrumentos de resolución sean asumidos en primera instancia por los accionistas y los acreedores de la entidad objeto de resolución. Solo cuando se hayan agotado los recursos de los accionistas y acreedores deben poder cubrirse con el Fondo los costes, pérdidas u otros gastos derivados de los instrumentos de resolución.

(102) Por regla general, las aportaciones se deben recaudar del sector antes de la aplicación de cualquier operación de resolución y con independencia de ella. Cuando los recursos que se hayan acumulado previamente resulten insuficientes para cubrir las pérdidas o los costes ocasionados por la utilización del Fondo, se deben recaudar aportaciones adicionales para cubrir los costes o pérdidas adicionales. Además, el Fondo debe poder tomar empréstitos o recabar otras formas de apoyo de entidades financieras u otros terceros en el supuesto de que las aportaciones ex ante y ex post no sean inmediatamente accesibles o no cubran los gastos ocasionados por la utilización del Fondo en relación con las medidas de resolución.

(103) Para evitar la duplicación de pagos, los Estados miembros deben poder utilizar los medios financieros disponibles procedentes de las tasas bancarias, impuestos o aportaciones a la resolución establecidos a escala nacional entre el 17 de junio de 2010 y el 2 de julio de 2014 a efectos de las aportaciones ex ante.

(104) Para alcanzar una masa crítica y evitar los efectos procíclicos que surgirían si, en un contexto de crisis sistémica, el Fondo tuviera que basarse únicamente en aportaciones ex post, es indispensable que los recursos financieros ex ante a su disposición asciendan al menos a un nivel determinado.

(105) El objetivo de volumen del Fondo debe establecerse como un porcentaje del importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades de crédito autorizadas en los Estados miembros participantes. No obstante, dado que el total de los pasivos de esas entidades sería, teniendo en cuenta las funciones del Fondo, un nivel de referencia más adecuado, la Comisión debe evaluar si la base más adecuada son los depósitos con cobertura o los pasivos totales y si debe introducirse en el futuro un importe absoluto mínimo para el Fondo, de forma que se mantenga la igualdad de condiciones con la Directiva 2014/59/UE.

(106) Debe fijarse un calendario apropiado para alcanzar el nivel de financiación del Fondo establecido como objetivo. Ahora bien, la Junta debe tener la posibilidad de ajustar el período de aportación para tener en cuenta la realización de desembolsos significativos con cargo al Fondo.

(107) Garantizar una financiación efectiva y suficiente del Fondo es de vital importancia para la credibilidad del MUR. La capacidad de la Junta para contratar medios de financiación alternativos para el Fondo debe reforzarse de forma que se optimicen los costes de financiación y se preserve el nivel de solvencia del Fondo. Inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Junta, en cooperación con los Estados miembros participantes, debe tomar las medidas necesarias para desarrollar los métodos y las modalidades adecuados que permitan reforzar la capacidad de endeudamiento del Fondo y que deban estar establecidos en la fecha de aplicación del presente Reglamento a más tardar.

(108) Cuando los Estados miembros participantes ya hayan establecido mecanismos nacionales de financiación de las medidas de resolución, deben poder disponer que tales mecanismos nacionales utilicen los recursos financieros de que dispongan, procedentes de las aportaciones ex ante que ya hayan abonado en el pasado los entes, para compensarlas por las aportaciones ex ante que deban abonar al Fondo. Dicha restitución debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Directiva 2014/49/UE.

(109) Con el fin de garantizar un cálculo equitativo de las aportaciones y proporcionar incentivos para operar con arreglo a modelos menos arriesgados, las aportaciones al Fondo deben tener en cuenta el grado de riesgo asumido por las entidades de crédito de conformidad con la Directiva 2014/59/UE y con los actos delegados adoptados en virtud de la misma.

(110) En aras de la adecuada distribución de los costes de resolución entre los sistemas de garantía de depósitos y el Fondo, debe exigirse que el sistema de garantía de depósitos al que esté afiliada una entidad objeto de resolución realice una aportación que no supere el montante de las pérdidas que habría tenido que soportar si la entidad hubiera sido liquidado con arreglo a un procedimiento de insolvencia ordinario.

(111) Para proteger el valor de los importes depositados en el Fondo, esos importes han de ser invertidos en activos suficientemente seguros, diversificados y líquidos.

(112) En caso de que se dé por terminada la cooperación estrecha de un Estado miembro participante cuya moneda no sea el euro con el BCE, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) no 1024/2013, las aportaciones acumuladas del Estado miembro participante en cuestión deben ser objeto de un reparto justo, decidido teniendo en cuenta tanto los intereses de dicho Estado miembro participante como los del Fondo.

(113) Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con el fin de determinar las normas aplicables para el cálculo del tipo de interés que deba aplicarse en caso de que se adopte una decisión de recuperación de recursos del Fondo indebidamente utilizados y para garantizar el derecho a una buena administración y el derecho de acceso a los documentos de los beneficiarios en procedimientos relacionados con tal recuperación; determinar el tipo de aportaciones al Fondo y los conceptos a que se refieren, así como el método de cálculo y las modalidades de pago de dichas aportaciones; especificar las normas de registro, contabilidad, notificación y de otro tipo, necesarias para garantizar el pago íntegro y puntual de las aportaciones; determinar las aportaciones anuales necesarias para sufragar los gastos administrativos de la Junta antes de que esta sea plenamente operativa; determinar el sistema de aportación en el caso de las entidades que hayan sido autorizadas a operar después de que el Fondo haya alcanzado el nivel fijado como objetivo; determinar los criterios para el escalonamiento de las aportaciones; determinar los criterios para establecer el número de años por el que puede prorrogarse el período inicial para alcanzar el nivel de financiación fijado como objetivo; determinar los criterios de establecimiento de las aportaciones anuales cuando los medios financieros disponibles del Fondo desciendan por debajo del nivel fijado como objetivo después del período inicial; determinar las medidas para especificar las circunstancias y modalidades en las que las aportaciones ex post puedan posponerse temporalmente para entidades concretas, y determinar las normas pormenorizadas de administración del Fondo y los principios y criterios generales para su estrategia de inversión.

(114) Dentro del marco de los actos delegados adoptados en virtud de la Directiva 2014/59/UE, el Consejo debe adoptar actos de ejecución para especificar la aplicación de la metodología de cálculo de las aportaciones individuales al Fondo, así como las disposiciones técnicas para calcular la aportación fija o la aportación ajustada al riesgo. Esta metodología debe asegurar que, en la fórmula empleada para el cálculo de las aportaciones individuales, tanto el elemento fijo como el elemento ajustado al riesgo se contabilicen de forma coherente con los principios de la resolución y de acuerdo con los actos delegados adoptados en virtud del artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59/UE. La metodología debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad, sin crear distorsiones entre las estructuras del sector bancario de los Estados miembros.

(115) Tal y como se recoge en la Declaración no 39 relativa al artículo 290 del TFUE, la Comisión, conforme a su práctica establecida, debe seguir consultando a expertos nombrados por los Estados miembros para la elaboración de sus proyectos de actos delegados previstos en el presente Reglamento. Asimismo, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo durante la fase preparatoria las consultas oportunas con el BCE y la Junta en sus respectivos ámbitos de competencia.

(116) Las medidas de resolución deben notificarse oportunamente y, salvo en las contadas excepciones previstas en el presente Reglamento, hacerse públicas. Sin embargo, dado que es probable que la información obtenida por la Junta, las autoridades nacionales de resolución y sus asesores profesionales durante el procedimiento de resolución sea sensible, esta información debe estar sujeta a los requisitos del secreto profesional antes de que se haga pública la decisión sobre la resolución. Hay que tener en cuenta que la información sobre el contenido y los pormenores de los planes de resolución, así como el resultado de toda evaluación de dichos planes pueden tener unos efectos de gran alcance, en particular para las entidades afectadas. Debe presumirse que cualquier información facilitada sobre una decisión antes de su adopción, ya