Decisión de la Comisión

de 21 de junio de 2000

relativa a la ayuda estatal prevista por Italia en favor de la sociedad Siciliana Acque Minerali Srl

[notificada con el número C(2000) 1730]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2000/648/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 10 y el párrafo primero del apartado 2 de su artículo 88,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, la letra a) del apartado 1 de su artículo 62,

Visto el Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE(1),

Vista la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre las transferencias de fondos a las empresas públicas(2),

Vistas las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis(3),

Vista la Decisión de 3 de junio de 1999(4) por la cual la Comisión incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 con respecto a la ayuda C 34/99 y pidió a Italia que le facilitase toda la información necesaria en el plazo de un mes,

Después de haber invitado a los interesados a presentarle sus observaciones de conformidad con dicho artículo,

Considerando lo siguiente:

I. PROCEDIMIENTO

(1) Mediante carta de 19 de agosto de 1997 de la Representación Permanente, las autoridades italianas notificaron a la Comisión, en el sentido del apartado 3 del artículo 88 del Tratado, un proyecto de ayuda de la Región de Sicilia destinada a absorber las pérdidas de la sociedad Siciliana Acque Minerali Srl (en lo sucesivo denominada "la SAM"), cuyo fundamento jurídico lo constituye el artículo 19 de la Ley regional n° 46 de 24 de diciembre de 1997 sobre disposiciones en materia de disciplina del ejercicio de las actividades profesionales de las agencias de viaje y turismo en Sicilia. Teniendo únicamente en cuenta el hecho de que dicho artículo está subordinado, gracias a la cláusula prevista en el artículo 22 de la susodicha Ley n° 46/97, a la aprobación previa por parte de la Comisión en el sentido de los artículos 87 y siguientes del Tratado, la medida en cuestión ha sido inscrita en el registro de ayudas notificadas con la referencia N 576/97.

(2) Mediante carta de 3 de junio de 1999, SG(99)D/4000, la Comisión informó a Italia de la decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a esa ayuda al considerar que la recapitalización en favor de la SAM podía incluir elementos de ayuda estatal en el sentido del artículo 87 del Tratado y que dada la información extremadamente exigua recibida, era necesario que la Comisión pidiese a las autoridades italianas que le facilitasen, en el plazo de un mes, todos los documentos y datos útiles para valorar la compatibilidad de la medida, incluyendo, en su caso, un plan de reestructuración, además de una nota que ilustrara detalladamente el procedimiento seguido para una eventual cesión de la SAM.

(3) Mediante tal Decisión la Comisión informó además a las autoridades italianas de que, a falta de tal documentación, adoptaría una decisión sobre la base de los elementos en su posesión.

(4) La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas(5). La Comisión invitó a los terceros interesados a presentarle sus observaciones sobre la medida en cuestión en el plazo de un mes desde la fecha de publicación.

(5) La Comisión no recibió observaciones al respecto ni de terceros interesados ni de las autoridades italianas.

II. DESCRIPCIÓN

(6) El artículo 19 de la Ley regional n° 46/97 autoriza al Consejero de turismo, comunicaciones y transportes de la Región de Sicilia a conceder una subvención a fondo perdido en favor de la empresa autónoma de las termas de Acireale (institución pública constituida por Decreto del Presidente de la Región de Sicilia n° 12 de 30 de diciembre de 1954), para capitalizar la empresa Siciliana Acque Minerali Srl, controlada por la susodicha empresa autónoma.

(7) La subvención prevista es de 3000 millones de liras italianas (1,5 millones de euros).

(8) El beneficiario final de la ayuda es la SAM, sociedad especializada en la gestión de establecimientos industriales de embotellado y distribución de aguas minerales y bebidas. La SAM fue constituida en 1993 a través de la aportación del 95 % del capital por parte de la empresa autónoma de las termas de Acireale y del 5 % por socios privados. En el momento de su constitución la sociedad contaba con 30 empleados. A 31 de diciembre de 1996 su plantilla era de 26 personas. En 1996 su facturación fue de 3859 millones de liras italianas (cerca de 2 millones de euros), con una pérdida de 710 millones de liras italianas (362000 euros), de los que 500 millones de liras italianas pueden imputarse a la gestión ordinaria de la empresa y 210 a la financiera. Tal pérdida, equivalente al 18 % de la facturación y que siguió a otras pérdidas sustanciales registradas en anteriores ejercicios (1922 millones de liras italianas en 1995, 1075 en 1994 y 376 en 1993), provocó una situación tan crítica que a 31 de diciembre de 1996 los fondos de la sociedad eran negativos: -2584 millones de liras italianas (-1,3 millones de euros).

(9) En el sentido del susodicho artículo 19 de la Ley regional n° 46/97, la ayuda se destina a compensar las pérdidas y a reconstituir los fondos de la SAM para permitir su privatización.

(10) El mercado del embotellado y distribución de aguas minerales y bebidas, principal actividad de la SAM, es un mercado en el que compiten empresas de toda la Comunidad Europea. Según los datos disponibles(6), los principales productores están establecidos en Francia, Reino Unido, Italia y España. En 1998 las exportaciones intracomunitarias de bebidas ascendieron a cerca de 13000 millones de euros, de ellos 4485957000 de Francia, 1983600000 del Reino Unido, 1699926000 de Italia y 1159648000 de España(7).

III. OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS

(11) Ninguna tercera parte interesada presentó observaciones tras la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de la Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento(8).

IV. COMENTARIOS DE ITALIA

(12) Tampoco las autoridades italianas formularon comentarios ni contestaron al requerimiento para facilitar información contenido en la decisión de la Comisión por la que se incoó el procedimiento.

V. EVALUACIÓN DE LA AYUDA

(13) Por lo que concierne la existencia de la ayuda, al tratarse de una inyección de capital por parte de los poderes públicos a una empresa ya perteneciente al Estado, la medida tiene que ser valorada sobre la base del "principio del inversionista que opera en una economía de mercado", tal como se indica en la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la transferencia de fondos a las empresas públicas(9).

(14) La SAM es una empresa pública en el sentido del artículo 2 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas(10), modificada por la Directiva 85/413/CEE(11) y por la Directiva 93/84/CEE(12). Con base en dicho artículo, por "empresa pública" se entiende aquella con respecto a la cual los poderes públicos pueden ejercer, directamente o indirectamente, una influencia dominante. La influencia dominante se presupone, además, en el sentido del apartado 2 de dicho artículo 2, en caso de que los poderes públicos, directamente o indirectamente, detengan la mayoría del capital de la empresa. Indudablemente este es el caso de la SAM, cuyo capital es propiedad al 95 % de la empresa autónoma de las termas de Acireale, institución pública de la Región de Sicilia.

(15) Está claro que en determinadas circunstancias las empresas públicas pueden sacar ventaja de la naturaleza de su relación particular con las autoridades públicas. Por consiguiente, "Para garantizar el respeto del principio de neutralidad, la ayuda debe evaluarse como la diferencia entre las condiciones de la aportación de fondos por parte del Estado a la empresa pública y a las condiciones que un inversor privado, que actuara en las condiciones normales de una economía de mercado, aceptaría para realizar la misma operación respecto a una empresa privada" ("principio del inversor en una economía de mercado", punto 11 de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la transferencia de fondos a las empresas públicas).

(16) Pero según se concluye de la información de la que la Comisión dispone, resulta que en 1996, es decir, en el momento de la decisión relativa a su recapitalización, la SAM atravesaba una situación financiera particularmente deteriorada resultado del nivel de pérdidas y de la erosión de los fondos citados en el considerando 8 de la presente Decisión; por otro lado, la Comisión no ha recibido ningún elemento que demuestre que dicha recapitalización, igual a una suma de 3000 millones de liras italianas, tenía tal perspectiva de rentabilidad que podría cubrir el coste del capital que un inversor privado habría estado dispuesto a destinar a la inversión para conseguir una remuneración satisfactoria del capital invertido. Así pues, al no ser conforme al principio del inversor en una economía de mercado, la inyección de capital en favor de la SAM constituye una ayuda estatal.

(17) Efectivamente, la ayuda puede falsear o amenazar con falsear la competencia en cuanto permite a la SAM reforzar su posición sobre el mercado en contra de los competidores. La ayuda también puede incidir en los intercambios intracomunitarios ya que, según los datos disponibles (véase el considerando 10), el mercado del embotellado y distribución de aguas minerales y bebidas se caracteriza por una intensa competencia entre los operadores económicos de la Comunidad. Sin embargo, en el ámbito del procedimiento formal de investigación, las autoridades italianas no han denegado la afirmación de la Comisión según la que, sin la operación de recapitalización, la SAM habría tenido que ser puesta en liquidación, liberando así cuotas de mercado o bien permitíendo a un cierto número de sus competidores comunitarios presentarse como candidatos a la adquisición de sus actividades.

(18) En cuanto a la legitimidad de la ayuda, se debe subrayar que la medida fue incluida en el registro de ayudas notificadas únicamente teniendo en cuenta el hecho de que, gracias a la disposición del artículo 22 de la Ley regional n° 46/1997, el artículo 19 está subordinado a la autorización previa de la Comisión en el sentido del artículo 87 y siguientes del Tratado. A la Comisión no se le facilitó ninguna información en el sentido de que la ayuda habría sido derogada. Por lo tanto, la Comisión tiene que creer que las disposiciones del Tratado han sido respetadas pero no puede excluir que la ayuda haya sido concedida ilegalmente. En efecto, con base en las informaciones disponibles, la SAM todavía sigue funcionando en la fecha de la presente Decisión.

(19) En cuanto al análisis de la compatibilidad, la Comisión cree que como en este caso no se trata de una ayuda de carácter social concedida a consumidores individuales, ni de una ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, no son aplicables las derogaciones de las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 87. Como tampoco se trata de una ayuda destinada a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinada a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, no puede ser tomada en consideración la derogación de la letra b) del apartado 3 del artículo 87. Además, dada su naturaleza, la derogación de la letra d) del apartado 3 del artículo 87 no es pertinente en este caso. Por fin, al no tratarse de una ayuda destinada a favorecer el desarrollo económico de la Región de Sicilia [aunque ésta, por sí misma, sí pueda acogerse a la derogación de la letra a) del apartado 3 del artículo 87], la única derogación que podría ser tomada en consideración, tal como se expone en la decisión de inicio del procedimiento formal de investigación, es la prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 para el aspecto no regional. En particular, y vista la naturaleza de la ayuda, hará falta analizar la compatibilidad de la medida con las Orientaciones comunitarias para las ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de las empresas en dificultad(13), en donde se tienen en cuenta las exigencias de desarrollo en las regiones asistidas.

(20) La SAM puede ser definida como una "empresa en crisis", incapaz de restablecer los recursos con que cuenta, en el sentido del punto 2.1 de las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales de salvamento y de reestructuración. Sin embargo, los pocos elementos de que dispone la Comisión no le permiten establecer si la inyección de capital prevista por la Región de Sicilia puede ser calificada como ayuda de salvamento o bien como ayuda de reestructuración compatible con el mercado común en el sentido de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado.

(21) Para poder ser autorizada por la Comisión a título de ayuda de salvamento adecuada para apoyar temporalmente a la empresa en dificultad, la recapitalización de la SAM habría tenido que satisfacer el conjunto de las siguientes condiciones:

a) consistir en ayudas de tesorería consistentes en garantías sobre préstamos o en préstamos reembolsables a un tipo de interés equivalente al de mercado;

b) limitarse al importe necesario para mantener a la empresa en funcionamiento;

c) ser concedida solamente por el período necesario (por lo general no más de seis meses) a la definición de las medidas de saneamiento necesarias y realizables;

d) estar motivada por graves dificultades sociales y sin efectos negativos injustificados sobre la situación industrial en otros Estados miembros [véase el punto 3.1 de las Directrices comunitarias(14)].

A este propósito, el hecho mismo de que la inyección de capital en favor de la SAM haya sido prevista bajo forma de contribución a fondo perdido, en violación de la condición de la letra a), y la falta de información para poder comprobar la satisfacción de las otras condiciones, no permite a la Comisión concluir que la ayuda sea compatible con el mercado común a título de ayuda de salvamento.

(22) Para poder ser autorizada por la Comisión a título de ayuda de reestructuración, para restablecer a largo plazo la eficacia económico-financiera de la empresa a través de la reorganización, racionalización o diversificación de sus actividades, la recapitalización en favor de la sociedad SAM y su privatización, previstas por la Ley regional n° 46/97 habría tenido que satisfacer el conjunto de las condiciones generales siguientes:

a) estar supeditada a la ejecución de un plan de reestructuración adecuado para permitir restablecer, en un plazo razonable, la rentabilidad económico-financiera de la empresa a largo plazo;

b) la adopción de medidas que mitiguen en lo posible las consecuencias negativas que la ayuda pueda acarrear para los competidores;

c) estar limitada, en importe e intensidad, a lo estrictamente necesario para permitir la reestructuración;

d) ir acompañada de la plena realización del programa de reestructuración y de la observancia de las condiciones establecidas;

e) implicar el compromiso, por parte del Estado miembro, de presentar anualmente un informe a la Comisión que permita a ésta controlar la realización, el avance y el éxito del plan de reestructuración [véase punto 3.2 de las Orientaciones](15).

A este propósito hace falta subrayar que, a pesar del requerimiento para proveer información recogido en la Decisión de inicio del procedimiento, de 3 de junio de 1999, la Comisión no ha recibido ningún plan de reestructuración de la SAM ni ningún otro elemento adecuado para justificar la recapitalización; por consiguiente, teniendo también en cuenta la falta de informaciones en relación a la observancia de las otras condiciones, la Comisión tampoco puede concluir que la ayuda sea compatible con el mercado común a título de ayuda de reestructuración.

(23) En cuanto al posible procedimiento de cesión al que se refiere la Decisión de la Comisión del 3 de junio de 1999 y que habría podido desarrollarse en el cuadro de la privatización de la SAM, prevista en el artículo 19 de la Ley regional n° 46/97, ningún elemento en posesión de la Comisión permite actualmente establecer que habría tenido lugar. Por consiguiente, la Comisión no es capaz de establecer si los criterios generales en materia de venta de empresas públicas, con base a los que se presume la existencia o de una ayuda(16), han sido observados en el caso de la eventual cesión de la SAM. La presente Decisión no prejuzga por lo tanto la posición que la Comisión podrá adoptar en el marco de una eventual privatización de dicha sociedad.

(24) Para concluir hay que constatar que las autoridades italianas, al omitir facilitar las informaciones necesarias para el análisis del caso, no han cumplido con su deber de prestar la leal colaboración que exige el artículo 10 del Tratado CE.

VI. CONCLUSIONES

(25) La Comisión:

- constata que Italia ha omitido conformarse al requerimiento de facilitar información y que, por consiguiente, en el sentido del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 659/1999, la presente Decisión tiene que ser adoptada sobre la base de la información disponible,

- concluye sobre tal base que, al no poder beneficiarse de ninguna de las derogaciones de los apartados 2 y 3 del artículo 87, la ayuda en cuestión es incompatible con el mercado común y que por tal motivo no puede ser concedida,

- concluye que, en caso de que haya sido concedida a pesar de la disposición suspensiva del artículo 22 de la Ley regional n° 46/97, Ia ayuda debería ser reembolsada. Tal recuperación es necesaria para restablecer la situación anterior, suprimiendo todas las ventajas financieras de que el destinatario de la ayuda se hubiera beneficiado ilegítimamente desde el día de su concesión abusiva. La recuperación de una ayuda incompatible e ilegal está prevista por el Reglamento (CE) n° 659/1999. El reembolso de tal ayuda tiene que ejecutarse sin demora y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, siempre que éstos permitan una ejecución inmediata y efectiva. La ayuda a reembolsar produce intereses desde la fecha en que fue puesta a disposición de los beneficiarios y hasta la fecha de su efectiva recuperación. Los intereses son calculados sobre la base del tipo de referencia utilizado para calcular el equivalente de subvención en el marco de las ayudas de finalidad regional.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1. Se declara incompatible con el mercado común la ayuda estatal que Italia pretende conceder a la sociedad siciliana Acque Minerali Srl por un importe de 3000 millones de liras italianas.

2. La ayuda no podrá ser concedida.

Artículo 2

En un plazo de dos meses desde la notificación de la presente Decisión Italia informará a la Comisión de las medidas adoptadas para su cumplimiento.

Artículo 3

1. En caso de que la ayuda ya hubiera sido concedida ilegalmente, Italia adoptará todas las medidas necesarias para que los beneficiarios la reembolsen.

2. La recuperación se hará sin demora con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional y de modo que permita la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión. La ayuda que debe ser reembolsada producirá intereses desde la fecha en que hubiera sido puesta a disposición de los beneficiarios hasta la fecha de su recuperación efectiva. Los intereses se calcularán sobre la base del tipo de referencia utilizado por el cálculo del equivalente de subvención en el marco de las ayudas de finalidad regional.

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2000.

Por la Comisión

Mario Monti

Miembro de la Comisión

(1) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

(2) DO C 307 de 13.11.1993, p. 3.

(3) Véase el punto 98 de las nuevas Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 288 de 9.10.1999, p. 2) que establece que las ayudas en favor de pequeñas y medianas empresas notificadas antes del 30 de abril de 2000 se evaluarán con arreglo a las directrices vigentes con anterioridad (DO C 368 de 23.12.1994, p. 12).

(4) DO C 365 de 18.12.1999, p. 3.

(5) Véase la nota 4.

(6) Véase la Comisión Europea: Panorama de la industria comunitaria, 1997, 3-146, datos de 1994.

(7) Véase Comext2, datos de Eurostat 1999.

(8) Véase la nota 4.

(9) Véase la nota 2.

(10) DO L 195 de 29.7.1980.

(11) DO L 229 de 28.8.1985, p. 20.

(12) DO L 254 de 12.10.1993, p. 16.

(13) Véase la nota 3.

(14) Véase la nota 3.

(15) Véase la nota 3.

(16) La Decisión de la Comisión del 3 de junio de 1999 (véase la nota 4) implícitamente reenvía a la carta del 14 de julio de 1993 dirigida por el Director General de Competencia a las autoridades francesas; tales criterios han sido repetidos sucesivamente por la Comisión en su XXIII Informe sobre la política de competencia.