Estas cifras se han obtenido a partir de las cifras de beneficios del producto afectado, según datos comunicados por los importadores muestreados. En algunos casos, las cifras comunicadas tuvieron que ser revisadas a raíz de comprobaciones sobre el terreno. Como se ha indicado anteriormente, tras la comunicación definitiva, cuatro importadores muestreados cuestionaron sus respectivos análisis de rentabilidad y reiteraron su solicitud de que se admitiesen los datos revisados presentados tras la inspección in situ. Por lo que se refiere a un importador muestreado, hay que señalar que su alegación en cuanto a los gastos de venta, generales y administrativos fue aceptada en parte mediante la corrección de un error material, lo que dio lugar a una pequeña reducción de la rentabilidad de la muestra en relación con lo comunicado a las partes interesadas. Sin embargo, hubo que rechazar su solicitud de que se admitiesen los gastos de venta, generales y administrativos comunicados en un principio y de que, además, se tomase en consideración un importe notable que presuntamente debía ser pagado por derechos de propiedad intelectual a su empresa vinculada fuera de la Unión. Por lo que se refiere a los gastos de venta, generales y administrativos comunicados en un principio, en la inspección in situ se halló que se habían sobreestimado, pues la empresa no pudo probar los importes declarados. Por consiguiente, se hizo una corrección basada en los documentos recibidos durante la inspección in situ. En cuanto a los supuestos costes por derechos de propiedad intelectual, el importe no fue declarado hasta después de la inspección in situ, sin que se fundase suficientemente dicha declaración. Por lo que se refiere al segundo importador muestreado, reiteró también su solicitud de que se admitiesen los datos de rentabilidad revisados sobre la base de los beneficios notificados en un formulario supuestamente presentado a las autoridades de los EE.UU. A este respecto, cabe señalar que la empresa presentó un cuadro de rentabilidad relativo al producto afectado que fue confirmado en la inspección in situ por haberse contrastado satisfactoriamente con las cuentas auditadas y otros datos disponibles.

El documento remitido tras la inspección mencionaba solamente un nivel global de beneficios para «Europa» e incluía todos los productos y probablemente también las operaciones efectuadas fuera de los veintisiete Estados miembros de la Unión, pero dentro de Europa (en Suiza y los Balcanes). Este formulario no pudo relacionarse con los datos comprobados in situ, por lo que se rechazó la solicitud. En su contribución tras la comunicación, la empresa aportó más detalles a este respecto, pero a causa de lo tardío de dicha contribución y de la falta de pruebas fundadas, tampoco pudieron tomarse en consideración. La segunda alegación de esta empresa hacía referencia a determinadas partidas de gasto que debían haber sido tenidas en cuenta; no fue posible relacionar dos de ellas con la información comprobada en la inspección in situ. Sin embargo, sí se aceptó tener en cuenta una tercera partida de gasto, comprobada de manera plenamente satisfactoria en la inspección y había quedado omitida del cuadro. No obstante, la repercusión en la rentabilidad global fue limitada. El tercer importador presentó en un principio solamente datos sobre los beneficios correspondientes a una pequeña parte de sus operaciones en la Unión. Los datos presentados no pueden considerarse representativos de las operaciones de la empresa en la Unión en general, habida cuenta de las notables diferencias existentes entre las regiones en materia de costes e ingresos. Por lo tanto, en la inspección in situ se completaron los datos de rentabilidad con las restantes cifras de las operaciones en la Unión sobre la base de toda la información comprobable disponible. La empresa impugnó los resultados de estos cálculos y presentó al final de la inspección un cuadro de rendimiento revisado que solo difería del cálculo de la Comisión en una partida, la de los costes de compra. Pero como no fue posible vincular los costes de compra propuestos con la información disponible, mientras que sí fue posible hacerlo con los costes de compra establecidos por la Comisión, no se aceptó el cuadro revisado. Por lo tanto, se rechazó la alegación y se utilizaron los datos de rendimiento establecidos en la inspección in situ. El cuarto importador, que durante la inspección in situ había presentado, comprobado y aceptado sin más ajustes sus datos de rendimiento, los impugnó a raíz de la comunicación, alegando que toda la metodología aplicada era inexacta. Pero como la empresa no propuso una metodología alternativa para determinar el rendimiento del producto examinado, hubo que rechazar su alegación por infundada.