ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(12)

Continúa la evolución positiva del mercado laboral, caracterizado por el aumento del empleo y el históricamente bajo nivel de desempleo. No obstante, el desempleo de larga duración sigue siendo uno de los más altos de la Unión y afecta particularmente a los grupos desfavorecidos, como los trabajadores poco cualificados, los jóvenes y las comunidades gitanas marginadas. Como consecuencia de la mejora de las condiciones del mercado laboral, han comenzado a surgir noticias de escasez de mano de obra cualificada en determinados sectores de la economía. Las disparidades regionales en el mercado laboral son acusadas, pues el mayor desempleo se concentra en Eslovaquia oriental y la mayor escasez de mano de obra, en la parte occidental del país. Eslovaquia ha comenzado a aplicar su plan de acción para la integración de los desempleados de larga duración, apoyado por el Fondo Social Europeo. El plan introduce en particular servicios personalizados, asesoramiento social y un nuevo sistema de creación de perfiles de base. No obstante, la aplicación no ha producido aún mejoras estructurales significativas. Siguen existiendo lagunas en la cooperación con los interlocutores privados y las organizaciones no gubernamentales para aliviar la presión sobre los servicios públicos de empleo, mientras que la orientación individualizada se encuentra en una fase inicial. Además, la segmentación poco detallada de los desempleados de larga duración no sirve como instrumento para encaminarlos hacia medidas de activación. Se han reforzado los programas de formación y de reconversión, pero siguen siendo insuficientes, y la atención que prestan a los desempleados de larga duración y los grupos desfavorecidos es limitada. Además, la participación de los adultos en la formación es aún muy baja y la educación compensatoria para los grupos desfavorecidos no está suficientemente desarrollada. Las condiciones para poder recibir prestaciones por desempleo son estrictas y la duración de las prestaciones es corta. Esto se traduce en que pocos desempleados de corta duración reciben prestaciones por desempleo.
(7)

El Programa de Estabilidad indica que el impacto presupuestario de la excepcional afluencia de refugiados y de las medidas de seguridad conexas es considerable y constituye una prueba suficiente del alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales elegibles ascendieron en 2017 al 0,03 % del PIB en relación con la excepcional afluencia de refugiados, mientras que no se incurrió en gastos adicionales en relación con las medidas de seguridad. Las disposiciones recogidas en los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la afluencia de refugiados, así como la gravedad de la amenaza terrorista, son acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas austriacas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, se ha reducido el ajuste requerido para la consecución del objetivo presupuestario a medio plazo para 2017 a fin de tener en cuenta los gastos adicionales relacionados con los refugiados.
(8)

En 2019, en vista de la ratio de la deuda pública de Francia superior al 60 % del PIB y de la brecha de producción prevista del 0,6 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 1,4 %, de conformidad con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión y suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa respecto de este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. En principio, no se prevé que Francia cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y 2019. En general, el Consejo considera que deben adoptarse las medidas necesarias a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente usar cualquier beneficio extraordinario para reducir aún más la ratio de deuda de las administraciones públicas.
(6)

El 16 de junio de 2017, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía en 2016. En vista de la desviación significativa observada, el 16 de junio de 2017 el Consejo recomendó a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (4) no rebasara el 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. El 5 de diciembre de 2017, el Consejo concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017 y emitió una recomendación revisada. En la nueva recomendación, el Consejo pidió a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. El 22 de junio de 2018, el Consejo (5) concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación del Consejo de 5 de diciembre de 2017. Además, atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2017, se constató que Rumanía presentaba una desviación significativa respecto del ajuste recomendado en 2017. De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97, el 23 de mayo de 2018 la Comisión advirtió a Rumanía de que en 2017 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Posteriormente, el 22 de junio de 2018, el Consejo (6) adoptó una Recomendación en la que se confirmaba la necesidad de que Rumanía adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación de dicha Recomendación en 2018.
(7)

El 23 de mayo de 2018, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, dado que Bélgica no había logrado avances suficientes en el cumplimiento del valor de referencia en la reducción de la deuda en 2017. Tras una evaluación de todos los factores pertinentes, dado que actualmente no hay pruebas suficientemente sólidas para llegar a una conclusión sobre la existencia de una desviación significativa en Bélgica en 2017 y a lo largo de 2016 y 2017 considerados conjuntamente, el informe no pudo determinar plenamente si se cumple o no el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (7). La Comisión volverá a evaluar la conformidad con el valor de referencia en la reducción de la deuda sobre la base de los datos ex post para 2018 que deberán notificarse en la primavera de 2019.
(9)

Durante varios decenios las autoridades luxemburguesas han intentado activamente diversificar la economía mediante el desarrollo de determinados sectores, en particular el de las tecnologías de la información y la comunicación y el sector espacial. Teniendo en cuenta los elevados costes laborales del país, las actividades con mayor valor añadido encierran potencial para aprovechar otras fuentes de crecimiento. Por ello, el éxito de la diversificación de la economía luxemburguesa depende en gran medida de sectores que son menos sensibles a los niveles de costes laborales. Estos sectores se basan en gran medida en la investigación y la innovación, que tienden a requerir una gran intensidad de tecnología y conocimientos. Esta estrategia se ha intensificado recientemente. Se están ejecutando grandes proyectos de inversión pública, incluidos los reglamentos sobre I+D y de mercado, entre otras medidas enfocadas a desarrollar los sectores prioritarios. Entre 2000 y 2016, Luxemburgo quintuplicó su gasto público en I+D, alcanzando el 0,60 % del PIB. Estas inversiones han llevado a Luxemburgo a crear rápidamente un buen sistema público de investigación. Sin embargo, aunque la inversión pública en I+D se sitúa por encima de la media de la zona del euro, ello no ha impedido que la inversión privada en I+D y los resultados de la innovación, medidos con arreglo al cuadro europeo de indicadores de innovación, sigan bajando. La estructura de la economía luxemburguesa explica en parte la menor intensidad de la I+D empresarial con respecto a los resultados internacionales, porque los sectores que aportan el mayor porcentaje del PIB de Luxemburgo, concretamente el sector de los servicios y en particular el sector financiero, invierten tradicionalmente menos en I+D. No obstante, esta tendencia es más acentuada en Luxemburgo en comparación con la media de la Unión, y la intensidad de la I+D empresarial se redujo al 0,64 % del PIB en 2016, desde el 1,5 % registrado en 2000. La tendencia descendente de la inversión privada indica que siguen existiendo obstáculos en dicho ámbito. Esto apunta también a una falta de efecto de apalancamiento de los esfuerzos públicos de I+D sobre la inversión de las empresas. Por consiguiente, la creación de capacidades de investigación pública tendría que estar mejor integrada en un enfoque general del «ecosistema de innovación». En 2017 se aprobó una nueva ley destinada a renovar los regímenes de ayudas para investigación, desarrollo e innovación ampliando el ámbito de aplicación de las ayudas públicas disponibles.
(7)

El Programa de Estabilidad de 2018 recuerda que los costes relacionados con la afluencia excepcional de refugiados aumentaron y que este impacto presupuestario fue significativo en 2015 y 2016. Según el Programa de Estabilidad de 2017, se preveía una reducción de los costes en un 0,15 % del PIB en 2017. Esta cifra no se confirmó en el Programa de Estabilidad de 2018, y por tanto no ha sido tenida en cuenta por la Comisión. Además, en 2017 se concedió a Finlandia una desviación temporal del 0,5 % del PIB con respecto a la senda de ajuste requerida hacia el objetivo presupuestario a medio plazo a fin de tener en cuenta las principales reformas estructurales, en particular, la reforma de las pensiones de 2017 y el Pacto de Competitividad, con un impacto positivo en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. En 2017 también se concedió a Finlandia una desviación temporal del 0,1 % del PIB a fin de tener en cuenta el gasto de inversión nacional en proyectos cofinanciados por la Unión. Por lo que respecta a esta última desviación, uno de los criterios de idoneidad es que la inversión pública total no disminuya. Los datos de ejecución correspondientes a 2017 registraron una disminución de la inversión pública en 2017 en comparación con el año anterior, mientras que la inversión vinculada a los fondos de la Unión se estima que ha permanecido estable. Por tanto, ya no se considera a Finlandia idónea para una desviación temporal del 0,1 % del PIB en relación con el gasto de inversión nacional en proyectos cofinanciados por la Unión en 2017. Las desviaciones temporales de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo se prorrogan para que cubran un periodo de tres años. Por tanto, las desviaciones temporales en virtud de las cláusulas de acontecimientos excepcionales y de reformas estructurales ascienden al 0,67 % del PIB en 2018 y al 0,5 % en 2019.
(6)

Italia se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. El Programa de Estabilidad de 2018 presentado por el Gobierno saliente se basa en la hipótesis de que no haya cambios en las políticas. Las autoridades italianas prevén que el déficit global mejorará, pasando del 2,3 % del PIB en 2017 al 1,6 % en 2018, al 0,8 % en 2019 y a una situación prácticamente de equilibrio presupuestario en 2020. El objetivo presupuestario a medio plazo, suponiendo una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales, debería alcanzarse en 2020 y mantenerse en 2021, mientras que el saldo estructural recalculado (6) apunta a un pequeño déficit estructural (0,2 % del PIB) en ambos años. Tras haber disminuido ligeramente en 2017 (hasta el 131,8 % del PIB, frente al 132,0 % en 2016), en el Programa de Estabilidad de 2018 se estima que la ratio deuda pública/PIB disminuya en un punto porcentual del PIB hasta el 130,8 % en 2018, alcanzando el 122,0 % en 2021, entre otras cosas gracias a los ingresos previstos por privatizaciones, que suman un 0,3 % anual en el período 2018-2020. Sin embargo, los objetivos de privatización no han sido alcanzados en los últimos años. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión se inclinan por un crecimiento del PIB real más bajo y un déficit más elevado en 2019 que en el Programa de Estabilidad de 2018. De hecho, la previsión de la Comisión no incorpora una subida del IVA (0,7 % del PIB) legislada como «cláusula de salvaguardia» para alcanzar los objetivos presupuestarios en 2019.
(6)

Alemania se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé un superávit presupuestario de entre un 1,0 % y un 1,5 % del PIB para el período 2018-2021. El objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 0,5 % del PIB) sigue cumpliéndose con un margen a lo largo de todo el período del programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera un descenso gradual de la ratio deuda pública/PIB, para situarse en el 53 % en 2021. Mientras que el Programa de Estabilidad enumera y describe varias medidas previstas en el acuerdo de coalición de marzo de 2018, que representan en torno a un 1,5 % del PIB durante el período 2018-2021, todavía no están incluidas en las previsiones del Programa de Estabilidad, ya que todavía no han sido adoptadas. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias, que no ha sido respaldado por un organismo independiente, es verosímil (6). Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 1,2 % del PIB en 2018 y del 1,0 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que la deuda de las administraciones públicas siga descendiendo claramente. En general, el Consejo estima que Alemania cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019. Al mismo tiempo y respetando el objetivo a medio plazo, sigue existiendo margen para utilizar las políticas tributarias y estructurales con objeto de lograr un crecimiento sostenido de las inversiones públicas y privadas, en particular el gasto en educación, investigación e innovación.
(6)

Para 2019, en caso de que se lograse una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo, España estaría sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda. En vista de que España registra una ratio de deuda pública superior al 60 % del PIB y de la previsión de una brecha de producción positiva del 2,3 % del PIB, el gasto público primario neto nominal (6) debería disminuir al menos un 0,3 % en 2019, en consonancia con el ajuste estructural del 1,0 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, existen indicios de que la capacidad no utilizada en la economía está subestimada. En 2019, todavía está previsto que España registre una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión, lo que va a contener las presiones salariales, especialmente en el sector privado, y a su vez se espera que la inflación se mantenga muy por debajo del 2 %. Esto apunta a una persistente atonía del mercado laboral. Además, aunque la evaluación por la Comisión de las estimaciones sobre la brecha de producción (basadas en la metodología establecida de común acuerdo) no indica que estas no sean plausibles, muestra una gama bastante amplia de estimaciones realistas sobre la brecha de producción en el caso de España. Sobre esta base, un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a una tasa máxima de crecimiento del gasto público primario neto del 0,6 %, parece adecuado. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa en 2019 del ajuste presupuestario requerido. Además, no se espera que España cumpla los requisitos de la norma transitoria en materia de deuda en 2019. En general, el Consejo considera que España tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas a efectos de garantizar el cumplimiento en 2018, y que a partir de 2019 deberán tomarse las medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente la utilización de los posibles beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.
(8)

Se han registrado algunas mejoras en la cooperación transfronteriza. Sin embargo, parece que la Autoridad de Servicios Financieros de Malta sigue careciendo de personal suficiente y que subsisten dudas sobre su capacidad para supervisar un gran sistema financiero transfronterizo, en particular su segmento no bancario. Además, mientras que el sector de los servicios (en particular, el de los juegos de azar en línea) ha contribuido significativamente al crecimiento económico sostenido, esto podría menoscabar la integridad del sistema financiero, lo que demanda un sólido marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Malta ha incorporado recientemente la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales; la eficacia de su ejecución deberá evaluarse. Por otro lado, a raíz de la transposición de la Directiva en la legislación nacional, las autoridades maltesas han presentado recientemente una estrategia integrada para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre otras acciones, se ha creado un Comité Nacional de Coordinación de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, compuesto por representantes del Gobierno y de las autoridades nacionales pertinentes. Sin embargo, persisten dificultades para garantizar la correcta aplicación y el efectivo cumplimiento del marco regulador recientemente adoptado.
(8)

A medio y largo plazo, Polonia tendrá que hacer frente a presiones sobre el gasto en varios ámbitos, en particular en relación con el envejecimiento de la población, que requieren nuevos mecanismos para evaluar la eficiencia y la eficacia del gasto público y facilitar una reasignación de los recursos. Con este fin, el Gobierno ha comenzado a trabajar en la reforma del proceso presupuestario, en particular para reforzar el marco presupuestario a medio plazo, e incorporar las revisiones del gasto en el proceso presupuestario. Polonia es el único Estado miembro sin un auténtico consejo presupuestario independiente y sin planes conocidos para crear uno, aunque las instituciones independientes existentes realizan algunas de las funciones de dicho consejo. El informe por país de 2018 concluye que Polonia no ha avanzado en limitar el uso generalizado de los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido. No obstante, el Ministerio de Hacienda polaco está trabajando para simplificar el modo en que los tipos aplicables se asignan a los bienes y servicios.
—

«Como empleador de la persona desplazada, declaro que la información es completa y correcta. Soy consciente del hecho de que la información facilitada puede ser examinada en <nombre del Estado miembro de desplazamiento>, así como en el Estado receptor, por la institución competente. En caso de que la información facilitada no se atenga a la situación de hecho, el documento relativo a la legislación aplicable puede ser retirado con efecto retroactivo. En ese caso, se aplicará la legislación del Estado receptor en el que se desempeña la actividad por cuenta ajena. Me comprometo a informar a la institución competente en <nombre del Estado miembro de desplazamiento> i) si el empleado no ha sido desplazado o si el período de desplazamiento se ve interrumpido durante más de dos meses, o ii) si el desplazamiento concluye antes del final del supuesto período de desplazamiento».
(1)

El 16 de junio de 2017, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), que en 2016 se había observado en Rumanía una desviación significativa del -1 % del PIB respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Habida cuenta de la significativa desviación constatada, el Consejo emitió el 16 de junio de 2017 una Recomendación dirigida a Rumanía para que tomase las medidas necesarias a fin de garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superase el 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. El 5 de diciembre de 2017, el Consejo concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017 y emitió una recomendación revisada. En la nueva recomendación, el Consejo pidió a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. El 22 de junio de 2018, el Consejo concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación revisada del Consejo de 5 de diciembre de 2017.
(13)

En la educación secundaria postobligatoria ocurre frecuentemente que los titulares de cualificaciones que dan acceso a la educación superior en un Estado miembro no saben a ciencia cierta si esas mismas cualificaciones les permiten acceder a la educación superior en otro Estado miembro. En particular, algunos Estados miembros no reconocen las cualificaciones que permiten el acceso a la educación superior a los titulares de cualificaciones de educación y formación profesionales de nivel secundario en otros Estados miembros. Además, si bien los períodos de aprendizaje más breves en el extranjero no ocasionan necesariamente problemas de reconocimiento, la incertidumbre sigue siendo un obstáculo importante en el caso de los períodos de entre tres meses y un año de duración.