ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(6)

Finlandia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. Como en 2015 la deuda pública finlandesa superó el valor de referencia del 60 % del PIB, el 18 de mayo de 2016 la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE. El análisis concluyó que el criterio de deuda debía considerarse cumplido. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno se propone mejorar el saldo global hasta el -2,5 % del PIB en 2016 y el -1,3 % en 2020. Se propone asimismo alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo (déficit del 0,5 % del PIB en términos estructurales) de aquí a 2019. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la tasa de endeudamiento en relación con el PIB alcance un máximo del 67,4 % en 2019 y disminuya gradualmente hasta el 67,2 % en 2020. La hipótesis macroeconómica en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Las medidas que se necesitan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019 no se han concretado suficientemente. Según las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, existe el riesgo de una cierta desviación del ajuste recomendado en 2016. La conclusión para 2016 no cambiaría en caso de que la incidencia presupuestaria de la afluencia excepcional de refugiados se excluyera de la evaluación. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa del ajuste recomendado en 2017. Se prevé que la ratio deuda pública/PIB prosiga su tendencia al alza y alcance el 66,9 % en 2017. Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que existe el riesgo de que Finlandia no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, será necesario adoptar nuevas medidas para garantizar el cumplimiento en 2016 y 2017.
(5)

Croacia se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2016, el Gobierno espera que el déficit global se sitúe ese año por debajo del 3 % del PIB, concretamente en un 2,6 %, y que siga descendiendo después hasta alcanzar en 2019 el 1,0 % del PIB. El Gobierno espera también alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit del 1,75 % del PIB en términos estructurales— a lo largo de todo el período del programa. La ratio deuda pública/PIB alcanzó su nivel máximo en 2015 con un 86,7 %, pero se prevé, según el Programa de Convergencia, que vaya disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar un 80,0 % en 2019. A primera vista, las previsiones del Programa en materia de deuda/PIB se ajustan al valor de referencia para la reducción de la deuda. Sin embargo, mientras el escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil en términos reales, el crecimiento del PIB nominal es superior al contemplado en las previsiones de la Comisión, particularmente para 2016. Por lo tanto, la reducción prevista de la ratio de deuda depende de unas previsiones de crecimiento nominal que sean favorables; requiere, asimismo, que la deuda se reduzca como resultado de ajustes stock-flujo significativos procedentes de la venta de activos financieros, que, sin embargo, no están suficientemente especificados. Además, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado todavía en su mayoría. Atendiendo a las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas alcanzará el 2,7 % del PIB en 2016, en consonancia con el objetivo de déficit global recogido en la Recomendación formulada por el Consejo en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE. Se prevé poder alcanzar el esfuerzo presupuestario recomendado en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Por el contrario, las previsiones de la Comisión no apuntan al cumplimiento del valor de referencia proyectado para la reducción de la deuda. Teniendo presente que, para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, sería suficiente un ajuste estructural del 0,2 % del PIB en 2017, se necesitaría un mayor ajuste estructural para garantizar el cumplimiento de ese valor de referencia. Concretamente, si se tienen en cuenta el elevado nivel de deuda y las condiciones cíclicas actuales de Croacia, parece adecuado un ajuste por encima de la referencia del 0,5 % del PIB. En estos momentos se prevé para 2017 un empeoramiento del saldo estructural de un 0,2 % del PIB. Sobre la base de la evaluación a la que ha sometido el Programa de Convergencia y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que existe el riesgo de que Croacia no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para garantizar que sí se cumplan en 2017.
(5)

Eslovaquia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno prevé una mejora del saldo presupuestario hasta el – 1,9 % del PIB en 2016, mejora que continuará gradualmente hasta llegar al – 1,3 % del PIB en 2017. Según el Programa de Estabilidad, en 2019 se alcanzará el objetivo a medio plazo, consistente en un déficit estructural del 0,5 % del PIB. Según el Programa de Estabilidad, se prevé que la ratio deuda pública/PIB alcance el 52,9 % en 2016 y continúe disminuyendo hasta el 47,3 % en 2019. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. No obstante, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017 no se han concretado suficientemente. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, Eslovaquia corre el riesgo de que se produzca una cierta desviación respecto del objetivo presupuestario a medio plazo en 2016, mientras que se espera que cumpla con el ajuste recomendado en 2017, siempre que sus políticas permanezcan inalteradas. Sobre la base de su evaluación del Programa de Estabilidad, y teniendo en cuenta las previsiones de la primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que es de esperar que Eslovaquia, en líneas generales, cumpla lo dispuesto en el Pacto de estabilidad y crecimiento. No obstante, será preciso adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2016. A tal fin, la largamente pospuesta adopción de límites máximos de gasto vinculantes y la aplicación de un programa de «uso óptimo de los fondos» para aumentar la eficiencia del gasto público, junto con revisiones planificadas del gasto en ámbitos escogidos, serían de vital importancia.
(5)

Actualmente, Portugal se halla sujeto al componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento. No corrigió el déficit excesivo en el plazo de 2015 y no realizó el esfuerzo presupuestario recomendado por el Consejo. En su Programa de Estabilidad de 2016, el Gobierno tiene previsto corregir el déficit excesivo y alcanzar un déficit global del 2,2 % del PIB en 2016. Una vez lograda la corrección duradera del déficit excesivo, Portugal quedará sujeto al componente preventivo y a la norma transitoria en materia de deuda. Se prevé que el saldo estructural (recalculado (5)) mejore solo en torno a un 0,35 % del PIB al año entre 2016 y 2020, por debajo del 0,6 % del PIB exigido, y no se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo (un superávit estructural del 0,25 % del PIB) en el período del Programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya al 124,8 % en 2016 y que siga disminuyendo hasta el 110,3 % en 2020. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es bastante optimista. Por otra parte, no se han concretado suficientemente las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2017. Sobre la base de las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el déficit de las administraciones públicas alcanzará el 2,7 % del PIB en 2016, por debajo del valor de referencia del Tratado del 3 % del PIB, y el 2,3 % en 2017. Como se prevé que el déficit estructural aumente ligeramente en 2016 y 2017, el esfuerzo presupuestario no está en consonancia con los requisitos del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por otra parte, no está previsto que Portugal se ajuste a la norma transitoria en materia de deuda en 2017. Basándose en su evaluación del Programa de Estabilidad y teniendo en cuenta las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, el Consejo considera que existe un riesgo de que Portugal no cumpla las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto, será preciso adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento en 2016 y 2017.
(6)

Aunque el Gobierno federal ha adoptado una serie de medidas encaminadas a aumentar la inversión en infraestructuras en los próximos años, estos fondos todavía no parecen crear una tendencia al alza sostenible en la inversión pública ni cumplir los requisitos de inversión en infraestructuras. La formación neta de capital fijo ha seguido siendo claramente negativa a nivel municipal, lo que indica una falta de inversión. El gasto global en educación e investigación ha aumentado solo ligeramente en los últimos años y es posible que no haya alcanzado el objetivo nacional del 10 % del PIB en 2015. La inversión continua en educación, investigación e innovación es esencial para garantizar la posición competitiva de Alemania en el futuro. Como se espera que el presupuesto siga siendo equilibrado en términos presupuestarios y estructurales en 2016-2017, sigue existiendo margen presupuestario suficiente para una mayor inversión pública, sin violar las reglas del Pacto de estabilidad y crecimiento y el freno del endeudamiento nacional. La reforma del sistema de pensiones contribuiría a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. El diseño actual de la compensación interterritorial es complejo y tiende a reducir los incentivos para incrementar los ingresos de los distintos Estados federados. La revisión en curso de las relaciones presupuestarias dentro de la estructura federal ofrece la oportunidad de reforzar el marco, en particular garantizando una inversión pública suficiente en todos los niveles de las administraciones públicas, especialmente para los municipios. La actual propuesta de compromiso acordada entre los Estados federados supondría una compensación interterritorial horizontal simplificada. Sin embargo, sigue siendo imprecisa en lo que respecta a la delimitación de las competencias en materia de gasto y está lejos de aumentar la autonomía en materia de ingresos. Al mismo tiempo, los instrumentos alternativos a la financiación estatal tradicional de las infraestructuras de transporte, incluso mediante asociaciones público-privadas, solo se utilizan de forma limitada. Por otra parte, la complejidad de las responsabilidades de planificación entre los distintos niveles de la Administración, los cuellos de botella ligados a las capacidades administrativas y los complicados procedimientos de aprobación constituyen obstáculos a la inversión. Un uso más eficiente de la contratación pública también podría tener un efecto positivo en la inversión, dado que el volumen de licitaciones publicadas a escala de la UE sigue estando muy por debajo de la media de la UE.
(5)

El Programa de Estabilidad indica que el impacto presupuestario de la afluencia excepcional de refugiados es importante y constituye una prueba suficiente del alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales elegibles ascendieron al 0,09 % del PIB en 2015, y se estiman actualmente en el 0,26 % del PIB en 2016. Estos importes representan una revisión al alza respecto a las estimaciones presentadas en el proyecto de plan presupuestario para 2016, en el que los gastos adicionales previstos se situaban en torno al 0,08 % del PIB y el 0,16 % del PIB en 2015 y 2016, respectivamente. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a estos gastos adicionales en la medida en que la entrada de refugiados constituye un acontecimiento excepcional, su impacto en las finanzas públicas austriacas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo a medio plazo. En 2015 Austria alcanzó su objetivo presupuestario a medio plazo, por lo que no utilizó la posible desviación temporal. No obstante, con el fin de garantizar que se permita a Austria la misma desviación temporal que a otros países que aún no han alcanzado su objetivo presupuestario a medio plazo, se permitirá a Austria desviarse de su objetivo presupuestario a medio plazo en 2016 y 2017 en la cantidad considerada elegible para 2015. Por lo que respecta a la posibilidad de una nueva desviación en 2016, en la primavera de 2017 se realizará una evaluación final, en particular de los importes elegibles, sobre la base de los datos proporcionados por las autoridades austriacas.
(2)

El informe específico de 2016 sobre Suecia fue publicado el 26 de febrero de 2016. En él se evaluaron los avances realizados por Suecia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 14 de julio de 2015, así como los avances de Suecia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. El informe específico también incluyó los resultados del examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. El 8 de marzo de 2016, la Comisión presentó los resultados del examen exhaustivo. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Suecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, el elevado y creciente endeudamiento de los hogares asociado a los precios cada vez más elevados de la vivienda en un contexto de flujos de crédito positivos conlleva el riesgo de que se produzca una corrección desordenada con implicaciones para la economía real y el sector bancario. Se han adoptado medidas en el ámbito macroprudencial, que, no obstante, pueden resultar insuficientes. Persisten carencias en las políticas relativas a la fiscalidad de la vivienda, la amortización de las hipotecas, el funcionamiento de la oferta de vivienda y el mercado del alquiler.
(6)

Garantizar la oferta de mano de obra a medida que la población envejece es una condición previa indispensable para un crecimiento sostenible en Dinamarca. Una serie de importantes reformas del mercado de trabajo en los últimos años aspira, en particular, a aumentar los incentivos al trabajo y mejorar la eficiencia de las políticas activas del mercado de trabajo. Estas reformas podrían contribuir a lograr el objetivo de empleo de Europa 2020 de Dinamarca y a la sostenibilidad del modelo danés de Estado del bienestar. Sin embargo, el objetivo nacional de Europa 2020 en materia de inclusión social, que es reducir el número de personas que viven en hogares con una intensidad de trabajo muy baja, está lejos de ser una realidad. La inclusión en el mercado laboral y la mejora de la empleabilidad de colectivos desfavorecidos siguen planteando un reto. Ello es especialmente válido para las personas de origen inmigrante no procedentes de la UE, incluidas las que han residido largo tiempo en Dinamarca y los jóvenes con bajo nivel educativo. Las medidas de integración laboral acordadas en las negociaciones tripartitas de 2016 podrían mejorar la situación de los refugiados y migrantes recién llegados. No obstante, deben adoptarse aún más medidas para incluir en el mercado de trabajo a otros grupos marginados de manera más efectiva.
(17)

El informe conjunto del Consejo y la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) priorizaba en el ámbito de la enseñanza para adultos, entre otros aspectos, la oferta para mejorar las capacidades de lectura, escritura y cálculo y las competencias digitales, así como suficientes segundas oportunidades que conduzcan a una cualificación reconocida en el Marco Europeo de Cualificaciones para aquellas personas que no posean el nivel 4 del Marco Europeo de Cualificaciones. El informe conjunto incluye también objetivos realizables a medio plazo para la enseñanza y formación profesionales, entre otras, un mejor acceso de todos a las cualificaciones a través de sistemas de enseñanza y formación profesionales más flexibles y permeables, en particular mediante la oferta de servicios de orientación integrados y eficientes y haciendo posible la validación del aprendizaje no formal e informal.
10.

En lo relativo a las peticiones de decisión prejudicial que se refieren a la interpretación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es preciso recordar que, con arreglo a su artículo 51, apartado 1, las disposiciones de esta Carta están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Aunque los supuestos en los que se produce tal aplicación pueden ser muy variados, es preciso, sin embargo, que de la petición de decisión prejudicial se desprenda de modo claro e inequívoco que una norma de Derecho de la Unión distinta de la Carta es aplicable al asunto controvertido en el litigio principal. Como el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas por el órgano jurisdiccional remitente no pueden fundar por sí solas esta competencia.
(3)

El Semestre Europeo, en particular el procedimiento de desequilibrio macroeconómico establecido en el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y el Reglamento (UE) n.o 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), establece un marco para una coordinación y supervisión integradas de la política económica. A fin de estimular el progreso en las reformas estructurales, se debe otorgar a estos mecanismos existentes una marcada dimensión nacional. Con este fin, parece plausible garantizar un análisis independiente a escala nacional y reforzar el diálogo político en los Estados miembros.
(7)

Se estima que en 2016 el saldo estructural de Rumanía registró una desviación del 1,6 % del PIB respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión respecto a la brecha de producción, Rumanía se halla en un período económico normal en 2017, y la ratio de deuda de las administraciones públicas se sitúa por debajo del umbral del 60 % del PIB. El esfuerzo estructural requerido mínimo prescrito por el Reglamento (CE) n.o 1466/97 y la matriz de ajuste, que tiene en cuenta las circunstancias económicas imperantes y los posibles problemas de sostenibilidad, asciende al 0,5 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se prevé un deterioro del saldo estructural del 1,3 % del PIB en 2017. Por consiguiente, una mejora estructural no inferior al 0,5 % del PIB en 2017 exige adoptar medidas con un rendimiento total del 1,8 % del PIB con respecto a la base de referencia actual de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión. Dado el tamaño considerable del esfuerzo de saneamiento estructural exigido a resultas del ajuste mínimo requerido en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no procede exigir ningún ajuste adicional, aparte de los requisitos mínimos del 0,5 % del PIB.
(5)

El intercambio de datos personales en el SAPR debe llevarse a cabo de conformidad con los requisitos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Aunque, por regla general, la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) n.o 45/2001 prohíben el tratamiento de categorías especiales de datos personales, como los relativos a la salud, sí que se autoriza dicho tratamiento cuando es necesario para salvaguardar los intereses esenciales del interesado, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra c), de la Directiva 95/46/CE y con el artículo 10, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) n.o 45/2001, así como por razones de un interés público esencial, siempre que se dispongan las garantías adecuadas contempladas en la legislación de la Unión o de los Estados miembros, de conformidad, respectivamente, con el artículo 8, apartado 4, y el artículo 10, apartado 4, de dichos actos.
(3)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), la ausencia de controles en las fronteras interiores no afecta al ejercicio de las competencias de policía de las autoridades competentes de los Estados miembros en virtud de su Derecho interno, en la medida en que el ejercicio de tales competencias no tenga un efecto equivalente a las inspecciones fronterizas. El ejercicio de las competencias de policía, en particular, no debe considerarse equivalente al ejercicio de inspecciones fronterizas cuando las medidas policiales no tengan como objetivo el control de las fronteras, estén basadas en la información o experiencia policiales de carácter general sobre posibles amenazas a la seguridad pública y estén destinadas, en particular, a combatir la delincuencia transfronteriza, estén concebidas y se ejecuten de un modo claramente diferenciado de las inspecciones sistemáticas de personas en las fronteras exteriores y se lleven a cabo sirviéndose de inspecciones aleatorias. A la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Adil (3), no se trata de una lista de criterios acumulativos ni exhaustivos, entendiendo que no debe considerarse que estos criterios establecen el único conjunto de posibles medidas policiales en las zonas fronterizas (4).
(19)

A nivel de los Estados miembros, el pilar respeta la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como la identidad nacional de los Estados miembros y la organización de sus poderes públicos a escala nacional, regional y local. En particular, el establecimiento del pilar no afecta al derecho de los Estados miembros de definir los principios fundamentales de sus sistemas de seguridad social y no debe afectar al equilibrio financiero de este.