ES Diario Oficial de la Unión Europea L 173/190

DIRECTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 15 de mayo de 2014

por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) no 1093/2010 y (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) La crisis financiera ha puesto de manifiesto la falta de instrumentos adecuados que existe en la Unión para hacer frente de manera eficaz a los problemas de solidez o el peligro de inviabilidad de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión («entidades»). Dichos instrumentos son particularmente necesarios para evitar llegar a una situación de insolvencia, o para que cuando, si esta se produce, puedan minimizarse las repercusiones negativas manteniendo las funciones de importancia sistémica de la entidad en cuestión. Durante la crisis, estos trastornos constituyeron un factor trascendental que obligó a los Estados miembros a rescatar a entidades con dinero de los contribuyentes. El objetivo de un marco creíble de reestructuración y resolución es obviar, no obstante, la necesidad de una acción de ese tipo en la mayor medida de lo posible.

(2) La crisis financiera ha tenido una dimensión sistémica, en el sentido de que ha afectado al acceso de un gran número de entidades de crédito a la financiación. Con el fin de evitar una inviabilidad, con consecuencias para la economía en general, para hacer frente a esta crisis se necesitan medidas destinadas a asegurar el acceso a la financiación en condiciones equivalentes para todas las entidades de crédito que, por lo demás, sean solventes. Dichas medidas requiere un apoyo general a la liquidez por parte de los bancos centrales y garantías de los Estados miembros a los valores emitidos por las entidades de crédito solventes.

(3) Los mercados financieros de la Unión se caracterizan por un elevado grado de integración e interconexión, con muchas entidades que operan, en gran medida, fuera de las fronteras nacionales. Es probable que la inviabilidad de una entidad transfronteriza afecte a la estabilidad de los mercados financieros en los distintos Estados miembros en los que opere. La incapacidad de los Estados miembros de hacerse con el control de una entidad inviable y resolver la crisis evitando eficazmente un daño sistémico más general puede socavar la confianza mutua de los Estados miembros y la credibilidad del mercado interior de servicios financieros. La estabilidad de los mercados financieros es, por lo tanto, una condición esencial para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

(4) Actualmente, en la Unión Europea no están armonizados los procedimientos para resolver las crisis de entidades. Algunos Estados miembros aplican a las entidades los mismos procedimientos que aplican a otras empresas insolventes, adaptándolos en algunos casos. Existen considerables diferencias de fondo y de procedimiento entre las leyes, normas y disposiciones administrativas que regulan la insolvencia de las entidades en los Estados miembros. Asimismo, la crisis financiera ha puesto de manifiesto que los procedimientos generales en materia de insolvencia no son siempre apropiados para las entidades, dado que no siempre garantizan una celeridad suficiente en la intervención, ni una continuidad de las funciones esenciales de las entidades, ni la preservación de la estabilidad financiera.

(5) Por lo tanto, se necesita un marco que dote a las autoridades de una serie de instrumentos creíbles para intervenir con suficiente antelación y rapidez en una entidad con problemas de solidez o inviable, a fin de garantizar la continuidad de las funciones financieras y económicas esenciales de la entidad, al tiempo que se minimiza el impacto de su inviabilidad en el sistema económico y financiero. El régimen debe garantizar que los accionistas soporten en primer lugar las pérdidas y que los acreedores asuman las pérdidas después de los accionistas, siempre que ningún acreedor haya incurrido en pérdidas mayores de las que habría sufrido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios de conformidad con el principio de evitar perjuicios superiores a los acreedores especificado en la presente Directiva. Las nuevas competencias deben permitir a las autoridades, por ejemplo, mantener un acceso ininterrumpido a los depósitos y a las operaciones de pago, así como vender partes viables de una entidad, cuando proceda, y asignar pérdidas de manera justa y previsible. Estos objetivos deben ayudar a evitar la desestabilización de los mercados financieros y minimizar los costes para el contribuyente.

(6) La revisión en curso del marco regulador, en particular el refuerzo de los colchones de capital y liquidez y unas mejores herramientas para las políticas macroprudenciales, reducirá la probabilidad de futuras crisis y reforzará la resistencia de las entidades y las empresas de servicios de inversión a las tensiones, ya estén causadas por perturbaciones sistémicas o por acontecimientos específicos de la entidad o la empresa de servicios de inversión en concreto. No es posible, no obstante, tratar de diseñar un marco de regulación y supervisión que pueda evitar que estas entidades vuelvan a encontrarse en una situación difícil. Los Estados miembros, por tanto, han de estar preparados y han de disponer de los instrumentos de reestructuración y resolución adecuados para hacer frente tanto a crisis sistémicas como a inviabilidades de entidades individuales. Dichos instrumentos deben incluir mecanismos que permitan a las autoridades hacer frente de manera eficaz a las entidades inviables o exista la probabilidad de que lo vayan a ser.

(7) El ejercicio de tales competencias y las medidas adoptadas han de tener en cuenta las circunstancias en que se produce la inviabilidad. Si el problema surge en una entidad o empresa de servicios de inversión concreta y el resto del sistema financiero no resulta afectado, las autoridades deben poder ejercer sus competencias de resolución sin que ello suscite gran preocupación por sus efectos de contagio. En un medio frágil, por otra parte, se ha de prestar una mayor atención a evitar la desestabilización de los mercados financieros.

(8) La resolución de una entidad o una empresa de servicios de inversión a la que se ha mantenido en funcionamiento puede entrañar, en última instancia, instrumentos gubernamentales de estabilización financiera, incluyendo el capital público temporal. Por tanto, resulta esencial estructurar las competencias de resolución y los dispositivos de financiación para la resolución de forma que los contribuyentes sean los beneficiarios de cualquier superávit que pueda derivarse de la reestructuración de una entidad o una empresa de servicios de inversión a la que las autoridades devuelvan a una situación de seguridad. La responsabilidad y la asunción de riesgos deben ir acompañadas de una recompensa.

(9) Algunos Estados miembros ya han promulgado cambios legislativos que introducen mecanismos para la resolución de entidades inviables; otros han indicado su intención de introducir estos mecanismos si no se adoptan a nivel de la Unión. La falta de condiciones, competencias y procesos comunes de resolución de entidades puede constituir una barrera para el buen funcionamiento del mercado interior y obstaculizar la cooperación entre las autoridades nacionales a la hora de hacer frente al problema que plantean los grupos de entidades transfronterizos inviables, especialmente cuando existen enfoques diferentes que delatan que las autoridades nacionales no tienen el mismo nivel de control o la misma capacidad para resolver las crisis de las entidades. Estas diferencias en los sistemas de resolución también pueden incidir de modo diferente en los costes de la financiación de las entidades de crédito dependiendo del Estado miembro del que se trate, y llevar a un falseamiento de la competencia entre entidades. Además, se necesitan sistemas de resolución eficaces en todos los Estados miembros para garantizar que las entidades no vean restringido el ejercicio de los derechos de establecimiento inherentes al mercado interior debido a la capacidad financiera de su Estado miembro de origen para gestionar su inviabilidad.

(10) Estos obstáculos han de ser eliminados; asimismo, deben adoptarse normas para que no se vean afectadas las disposiciones del mercado interior. A tal efecto, las normas para la resolución de entidades deben someterse a unas normas mínimas de armonización.

(11) A fin de garantizar la coherencia con la legislación vigente de la Unión en materia de servicios financieros y el máximo nivel posible de estabilidad financiera en todo el espectro de entidades, el sistema de resolución no solo debe aplicarse a las entidades, y sujetas a los requisitos prudenciales establecidos por el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5). El sistema también debe aplicarse a las sociedades financieras de cartera, a las sociedades financieras mixtas de cartera contempladas en la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y a las sociedades mixtas de cartera y a entidades financieras, cuando estas últimas sean filiales de una entidad de crédito o de una empresa de servicios de inversión. La crisis ha puesto de manifiesto que la insolvencia de una entidad vinculada a un grupo puede repercutir rápidamente en la solvencia de todo el grupo, por lo que puede incluso tener sus propias consecuencias sistémicas. Por ello, las autoridades deben disponer de medios eficaces de acción con respecto a dichas entidades para evitar el contagio y preparar un mecanismo de resolución coherente para el grupo en su conjunto, dado que la insolvencia de una entidad vinculada a un grupo puede repercutir rápidamente en la solvencia de todo el grupo.

(12) Para garantizar la coherencia en el marco regulador, las contrapartes centrales tal como se definen en el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y los depositarios centrales de valores tal y como se definen en el futuro reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores (DCV), pueden estar cubiertos por una iniciativa legislativa que establezca un marco de reestructuración y resolución para estas entidades.

(13) El uso de los instrumentos y competencias de resolución establecidos por la presente Directiva podría afectar a los derechos de los accionistas y los acreedores. En particular, la competencia de las autoridades para transmitir las acciones o los activos, en parte o en su totalidad, de una entidad a un comprador privado sin el consentimiento de los accionistas, afecta a los derechos de propiedad de los accionistas. Asimismo, la competencia de decidir qué pasivos se transmiten de una entidad inviable para garantizar la continuidad de los servicios y evitar efectos perjudiciales sobre la estabilidad financiera podría implicar un trato desigual de los acreedores. En consecuencia, solo debe adoptarse una medida de resolución cuando resulte necesaria en aras del interés público, y toda interferencia con los derechos de los accionistas y acreedores que se derive de la medida de resolución debe ser compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta). En particular, en caso de que acreedores de la misma categoría reciban un trato diferente en el contexto de la medida de resolución, tales diferencias de trato deben estar justificadas por razones de interés público y ser proporcionadas a los riesgos que se han de afrontar, y no deberán ser directa ni indirectamente discriminatorias por motivos de nacionalidad.

(14) Las autoridades nacionales deben tener en cuenta la naturaleza de la empresa, la estructura accionarial, la forma jurídica, el perfil de riesgo, el tamaño y el régimen jurídico y la interconexión con otras entidades o sistemas financieros en general de una entidad, el ámbito y la complejidad de sus actividades, su pertenencia a un sistema institucional de protección u otros sistemas de solidaridad mutua de cooperación y cualquier ejercicio de servicios o actividades de inversión y si su inviabilidad y posterior disolución con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios podría tener importantes efectos negativos en los mercados financieros, en otras entidades, en las condiciones de financiación o en la economía en general en el contexto de los planes de reestructuración y resolución y cuando hagan uso de los distintos poderes o instrumentos a su disposición, así como velar por que el régimen se aplique de forma adecuada y proporcionada y por que se reduzca al mínimo la carga administrativa relacionada con las obligaciones que tienen que ver con la preparación del plan de reestructuración y resolución. Habida cuenta de que los contenidos y la información especificados en la presente Directiva y en sus anexos establecen una norma mínima para las entidades que tienen una relevancia sistémica evidente, se permite a las autoridades que apliquen unos requisitos de planificación de la reestructuración o de la resolución y de información diferentes o significativamente reducidos específicos a una institución, y con una frecuencia para las adaptaciones inferior a un año. En el caso de una entidad pequeña o de una empresa de servicios de inversión con poca interconexión y complejidad, el plan de reestructuración podría limitarse a algunas informaciones básicas sobre su estructura, los desencadenantes de la reestructuración y las opciones de reestructuración. En caso de que se permitiera a una entidad declararse insolvente, el plan de resolución podría ser reducido. Además, el régimen debe aplicarse de modo que no se ponga en peligro la estabilidad de los mercados financieros. En particular, en situaciones que se caracterizan por problemas o incluso dudas de mayor amplitud acerca de la resistencia de muchas entidades, resulta esencial que las autoridades examinen el riesgo de contagio derivado de las acciones emprendidas respecto de cualquier entidad.

(15) A fin de garantizar la celeridad necesaria en la intervención, asegurar la independencia de los agentes económicos y evitar conflictos de intereses, los Estados miembros deben nombrar autoridades administrativas públicas o autoridades a las que se hayan encomendado competencias de administración pública para realizar las funciones y tareas relacionadas con la resolución conforme a la presente Directiva. Los Estados miembros deben garantizar que estas autoridades de resolución cuenten con los recursos necesarios. La designación de estas autoridades públicas no debe impedir la delegación de funciones, bajo responsabilidad de una autoridad de resolución. Sin embargo, no es necesario prescribir la autoridad o autoridades concretas que los Estados miembros deben nombrar como autoridad de resolución. Aunque la armonización de este aspecto podría facilitar la coordinación, también interferiría considerablemente con los sistemas constitucionales y administrativos de los Estados miembros. Se puede conseguir un grado de coordinación suficiente con un requisito menos intrusivo: todas las autoridades nacionales implicadas en la resolución de entidades deben estar representadas en colegios de autoridades de resolución, en los que tendrá lugar la coordinación a escala transfronteriza o de la Unión. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener libertad para elegir qué autoridades deben encargarse de aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias previstas en la presente Directiva. Cuando un Estado miembro designe a la autoridad responsable de la supervisión prudencial de las entidades (autoridad competente) como autoridad de resolución, deben establecerse los acuerdos estructurales necesarios para separar las funciones de supervisión y resolución. Tal separación no debe impedir que la función de resolución tenga acceso a toda la información que esté a disposición de la función de supervisión.

(16) A la luz de las consecuencias que la inviabilidad de una entidad o una empresa de servicios de inversión puede tener en el sistema financiero y en la economía de un Estado miembro, así como de la posible necesidad de usar fondos públicos para resolver una crisis, los ministros de finanzas o cualquier otro ministro relevante en los Estados miembros deben participar activamente, desde un primer momento, en el proceso de gestión y de resolución de la crisis.

(17) Para una resolución eficaz de entidades o entidades de grupo que operan en toda la Unión es necesaria la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades de resolución en el marco de colegios de autoridades de supervisión y de resolución, y ello en todas las fases cubiertas por la presente Directiva, desde la elaboración de los planes de reestructuración y resolución hasta la resolución efectiva de la entidad. En caso de desacuerdo entre las autoridades nacionales en torno a las decisiones que hayan de adoptarse en relación con entidades en aplicación de la presente Directiva, Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) («ABE») establecida por el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) debe desempeñar, cuando así se especifique en la presente Directiva, en última instancia, un papel de mediación. En determinados casos, la presente Directiva establece la mediación vinculante de la ABE en relación con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1093/2010. Dicha mediación vinculante no impide el ejercicio de la mediación no vinculante de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (UE) no 1093/2010 en otros casos.

(18) Durante la resolución de entidades o grupos que realizan actividades en la Unión, las decisiones que se tomen deben tener también como objetivo mantener la estabilidad financiera y minimizar los efectos económicos y sociales en los Estados miembros en los que la entidad o el grupo realiza actividades.

(19) Al objeto de tratar de manera eficaz a las entidades inviables, las autoridades deben tener competencias para imponer medidas preparatorias y de prevención.

(20) Habida cuenta de la extensión de las responsabilidades y tareas de la ABE dispuesta en la presente Directiva, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben velar por facilitarle sin demora los recursos humanos y financieros necesarios. A tal efecto, el procedimiento de elaboración, ejecución y control de su presupuesto a que se refieren los artículos 63 y 64 del Reglamento (UE) no 1093/2010 debe tener debidamente en cuenta estas tareas. El Parlamento Europeo y el Consejo deben velar por que se alcancen los mayores niveles de eficiencia.

(21) Es esencial que las entidades preparen y actualicen regularmente planes de reestructuración que establezcan medidas que las entidades en cuestión deben adoptar con miras al restablecimiento de su situación financiera tras un deterioro importante. Los planes deben ser minuciosos y estar basados en hipótesis realistas aplicables a una serie de escenarios sólidos y estrictos. No obstante, la exigencia de preparar un plan de reestructuración debe aplicarse de manera proporcionada, de forma que refleje la importancia sistémica de la entidad y su interconexión, también mediante sistemas de garantía mutua, o del grupo. En ese sentido, el contenido necesario debe tener en cuenta la naturaleza de las fuentes de financiación de la entidad, incluidos los pasivos o fondos de garantía mutua, y el grado en que podría contarse, de forma convincente, con el apoyo del grupo. Las entidades deben presentar sus planes a las autoridades competentes, que realizarán una evaluación completa para determinar si son exhaustivos y permitirían restaurar la viabilidad de una entidad, en el momento oportuno, incluso en períodos de tensión financiera grave.

(22) Los planes de reestructuración deben incluir las posibles medidas que deba adoptar la dirección de la entidad cuando se cumplan las condiciones que determinan la actuación temprana.

(23) A la hora de determinar si una acción del sector privado podría impedir en un plazo de tiempo razonable la inviabilidad de una entidad, la autoridad de que se trate debe tener en cuenta la eficacia de las medidas de actuación temprana adoptadas en el margen de tiempo preestablecido por la autoridad competente. En caso de planes de reestructuración de grupo, a la hora de elaborarlos deben tenerse en cuenta las posibles repercusiones de las medidas de reestructuración en todos los Estados miembros en los que opere el grupo.

(24) Cuando una entidad no presente un plan de reestructuración adecuado, las autoridades competentes deben estar facultados para exigirle que adopte las medidas necesarias a fin de corregir las deficiencias concretas del plan. Este requisito podría afectar a la libertad de empresa, garantizado por el artículo 16 de la Carta. La limitación de este derecho fundamental es, sin embargo, necesaria para cumplir los objetivos de estabilidad financiera. Más específicamente, dicha limitación es necesaria para impulsar la actividad económica de las entidades y evitar que crezcan en demasía o asuman riesgos excesivos sin poder hacer frente a eventuales reveses o pérdidas y restaurar su base de capital. La limitación es proporcionada, pues permite una acción preventiva en la medida en que ello resulte necesario para remediar las deficiencias y cumple, por lo tanto, lo dispuesto en el artículo 52 de la Carta.

(25) La planificación es un componente esencial de una resolución eficaz. Las autoridades deben disponer de toda la información necesaria para determinar las funciones esenciales y garantizar la continuidad de dichas funciones. No obstante, el contenido de un plan de resolución debe ser proporcional a la importancia sistémica de la entidad o el grupo.

(26) Debido al conocimiento privilegiado que tiene la entidad de su propio funcionamiento y de cualquier problema derivado del mismo, los planes de resolución deben elaborarlos las autoridades de resolución basándose, entre otras cosas, en la información facilitada por la entidad en cuestión.

(27) A fin de cumplir el principio de proporcionalidad y de evitar cargas administrativas excesivas, debe permitirse individualmente, en los casos limitados especificados en la presente Directiva, la posibilidad de que las autoridades competentes y, cuando proceda, las autoridades de resolución eximan, según el caso concreto de que se trate, de los requisitos relativos a la elaboración de los planes de reestructuración y resolución. Estos casos incluyen a las entidades afiliadas a un organismo central y que estén exentas total o parcialmente de los requisitos prudenciales previstos en la legislación nacional de conformidad con el artículo 21 de la Directiva 2013/36/UE y a las entidades que pertenezcan a un sistema institucional de protección de conformidad con el artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) no 575/2013. En cada caso, la concesión de la exención estará supeditada a las condiciones que se especifican en la presente Directiva.

(28) Vista la estructura de capital de las entidades afiliadas a un organismo central, y para los fines de la presente Directiva, dichas entidades no estarán obligadas a elaborar cada una de ellas un plan de reestructuración o resolución separado por el simple hecho de que el organismo central al que están afiliadas esté sujeto a la supervisión directa del Banco Central Europeo.

(29) Las autoridades competentes, sobre la base de la evaluación de la viabilidad de la resolución que realicen las autoridades de resolución pertinentes, deben tener la facultad de exigir cambios en la estructura y la organización de entidades directa o indirectamente a través de la autoridad competente, adoptar las medidas que sean necesarias y proporcionadas para reducir o eliminar los impedimentos prácticos e importantes para la aplicación de los instrumentos de resolución y garantizar la viabilidad de la resolución de las entidades de que se trate. Dada la naturaleza potencialmente sistémica de todas las entidades, es fundamental para mantener la estabilidad financiera que las autoridades puedan proceder a la resolución de cualquiera de ellas. Con el fin de respetar el derecho de libertad de empresa, reconocido por el artículo 16 de la Carta de Derechos Fundamentales, el margen de apreciación de las autoridades debe limitarse a lo que resulte necesario para simplificar la estructura y las operaciones de la entidad con el único objetivo de mejorar la viabilidad de la resolución. Además, cualquier medida impuesta con ese fin debe ser coherente con la legislación de la Unión. Las medidas no deben ser discriminatorias, ni directa ni indirectamente, por motivos de nacionalidad, y deben estar justificadas por la razón imperiosa de responder a motivos de estabilidad financiera en bien del interés público. Asimismo, las medidas adoptadas no deben sobrepasar el mínimo necesario para alcanzar los objetivos deseados. A la hora de determinar las medidas que se han de adoptar, las autoridades responsables de la resolución deben tener en cuenta las alertas y recomendaciones de la Junta Europea de Riesgo Sistémico creada por el Reglamento (UE) no 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(30) Las medidas propuestas para abordar o eliminar obstáculos a la viabilidad de la resolución de una entidad o un grupo no deben impedir que las entidades ejerzan el derecho de establecimiento reconocido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(31) Los planes de reestructuración y resolución no deben presuponer un acceso a ayuda financiera pública extraordinaria ni exponer a los contribuyentes al riesgo de sufrir pérdidas.

(32) El tratamiento de grupo para la planificación de la reestructuración y la resolución previsto en la presente Directiva debe aplicarse a todos los grupos de entidades supervisados sobre una base consolidada, incluidos los grupos cuyas empresas estén vinculadas por una relación prevista en el artículo 22, apartado 7, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10). Los planes de reestructuración y resolución deben tener en cuenta la estructura financiera, técnica y empresarial del grupo correspondiente. Cuando se elaboren planes de reestructuración y resolución individuales para entidades que formen parte de un grupo, el objetivo de las autoridades implicadas debe ser, en la medida de lo posible, la coherencia con los planes de reestructuración y resolución para el resto del grupo.

(33) Por norma general se elaborarán planes de reestructuración y de resolución de grupo para la totalidad del grupo de que se trate y se determinarán medidas en relación con la empresa matriz y con todas las filiales que formen parte de un grupo. Las autoridades de que se trate que actúen en el seno del colegio de autoridades de resolución deben realizar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar una decisión conjunta sobre la evaluación y la adopción de dichos planes. No obstante, en aquellos casos específicos en los que se haya elaborado un plan individual de reestructuración o resolución respectivamente, el ámbito del plan de reestructuración del grupo evaluado por el supervisor en base consolidada o el plan de reestructuración del grupo decidido por la autoridad de resolución a nivel de grupo no deberán incluir a las entidades de grupo para las que las autoridades de que se trate hayan evaluado o preparado planes individuales.

(34) En el caso de planes de resolución de grupo, a la hora de elaborarlos deben tenerse específicamente en cuenta las posibles repercusiones de las medidas de resolución en todos los Estados miembros en los que opere el grupo. Las autoridades de resolución de los Estados miembros en los que el grupo tenga filiales deben participar en la elaboración del plan.

(35) Los planes de reestructuración y resolución deben incluir procedimientos de información y consulta con los representantes de los empleados a lo largo de los procesos de reestructuración y resolución cuando ello resulte adecuado. En ese sentido, cuando proceda, deben respetarse los convenios colectivos o demás acuerdos suscritos por los interlocutores sociales, así como la legislación nacional y de la Unión sobre la participación de los sindicatos y los representantes de los trabajadores en los procesos de reestructuración empresarial.

(36) Habida cuenta de la sensibilidad de la información contenida en ellos, las informaciones confidenciales contenidas en los planes de reestructuración y resolución deben estar sujetos a las disposiciones en materia de confidencialidad establecidas en la presente Directiva.

(37) Las autoridades competentes deben transmitir los planes de reestructuración y cualquier modificación de los mismos a las autoridades de resolución pertinentes, quienes transmitirán los planes de resolución y cualquier modificación de los mismos a las primeras, con el fin de que todas las autoridades de resolución pertinentes estén siempre plenamente informadas.

(38) En la actualidad existen diversas normas en las legislaciones nacionales de algunos Estados miembros que prohíben que una entidad de un grupo transfronterizo preste apoyo financiero a otra entidad del mismo grupo. Estas disposiciones están diseñadas para proteger a los acreedores y accionistas de cada entidad. Sin embargo, no tienen en cuenta la interdependencia de las entidades del mismo grupo. Por lo tanto, conviene establecer en qué condiciones pueden transmitirse ayudas financieras entre entidades de un grupo de entidades transfronterizo con el fin de garantizar la estabilidad financiera del grupo en su conjunto sin poner en peligro la liquidez ni la solvencia de la entidad de grupo que presta la ayuda. La ayuda financiera entre entidades de un grupo debe ser voluntaria y debe someterse a unas salvaguardas adecuadas. Conviene que los Estados miembros no hagan depender el ejercicio del derecho de establecimiento, ni directa ni indirectamente, de la existencia de un acuerdo de concesión de ayuda financiera. Las disposiciones relativas a la ayuda financiera dentro del grupo que figuran en la presente Directiva no afectarán a los acuerdos de responsabilidad contractual o legal entre entidades que protegen a las entidades participantes mediante garantías cruzadas y acuerdos equivalentes. Cuando una autoridad competente restrinja o prohíba la ayuda financiera dentro del grupo y cuando el plan de reestructuración del grupo haga referencia a una ayuda financiera dentro del mismo, dicha prohibición o restricción deberá considerarse un cambio material para los fines de revisión del plan de reestructuración.

(39) Durante las fases de reestructuración e actuación temprana previstas en la presente Directiva los accionistas deben mantener en su totalidad la responsabilidad y el control de la entidad, salvo cuando la autoridad competente haya nombrado a un administrador provisional. Dejarán de asumir esta responsabilidad cuando la entidad se someta a resolución.

(40) Con el fin de preservar la estabilidad financiera, es importante que las autoridades competentes puedan corregir el deterioro de la situación financiera y económica de una entidad antes de que llegue a un punto en el que las autoridades no tengan más alternativa que la resolución. Para ello, las autoridades competentes deben contar con competencias de intervención desde el primer momento, incluida la competencia de nombrar a un administrador provisional, ya sea para sustituir o colaborar temporalmente con el órgano de dirección y la alta dirección de una entidad. El cometido del administrador provisional debe ser el de ejercer todas las competencias que se le confieran con miras a promover soluciones para restablecer la situación financiera de la entidad. La designación del administrador provisional no debe, sin embargo, interferir indebidamente en los derechos de los accionistas o propietarios, ni tampoco en los requisitos de procedimiento establecidos por el Derecho de sociedades nacional o de la Unión, y debe respetar las obligaciones internacionales de la Unión o de los Estados miembros en materia de protección de las inversiones. Las facultades de actuación temprana deben incluir las ya especificadas en la Directiva 2013/36/UE para circunstancias distintas a las consideradas actuación temprana, así como otras situaciones consideradas necesarias para restaurar la solvencia financiera de una entidad.

(41) El marco de resolución debe disponer que la incoación de la resolución tenga lugar antes de que la entidad financiera sea insolvente de acuerdo con su balance y antes de que todo su patrimonio haya desaparecido. La resolución debe iniciarse cuando una autoridad competente, previa consulta a una autoridad de resolución, determine que una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser, y que las medidas alternativas especificadas en la presente Directiva impedirían dicha inviabilidad en un plazo razonable. Con carácter excepcional, los Estados miembros pueden prever que, además de la autoridad competente, la determinación de si una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser pueda realizarla también la autoridad de resolución, previa consulta a la autoridad competente. El hecho de que una entidad no cumpla los requisitos de autorización no debe justificar en sí mismo el inicio de una resolución, especialmente si la entidad es o podría resultar aún viable. Debe considerarse que una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser, cuando incumpla o resulte probable que en el futuro próximo incumpla los requisitos necesarios para conservar su autorización, cuando el activo de la entidad sea o vaya a ser probablemente en el futuro próximo inferior a su pasivo, cuando la entidad no pueda o no resulte probable que vaya a poder en el futuro próximo hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de estas, o cuando la entidad necesite una ayuda financiera pública extraordinaria, excepto en las circunstancias particulares mencionadas en la presente Directiva. La necesidad de ayudas de urgencia de un banco central para crisis de liquidez no debe ser, por sí sola, una condición que evidencie de forma suficiente que una determinada entidad no puede o no podrá, en el futuro próximo, hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de estas. Si dicho instrumento estuviera garantizado por un Estado, la entidad que acceda a él estaría sujeta a las normas en materia de ayudas de estado. A fin de preservar la estabilidad financiera, en particular en caso de escasez sistémica de liquidez, las garantías estatales sobre instrumentos de liquidez facilitados por los bancos centrales o las garantías estatales sobre los pasivos de nueva emisión para solventar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro no deben poner en marcha el marco de resolución siempre que se cumplan una serie de condiciones. En particular, las garantías estatales deben ser aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el marco en materia de ayudas de estado y no deben formar parte de un paquete de ayuda más amplio, y además el uso de las garantías debe estar estrictamente limitado en el tiempo. Deben prohibirse las garantías de los Estados miembros para los valores de renta variable. Cuando ofrezcan una garantía, los Estados miembros deberán velar por que la garantía esté suficientemente remunerada por la entidad o la empresa de servicios de inversión. Además, la concesión de ayuda financiera pública extraordinaria no debe poner en marcha la resolución cuando un Estado miembro adquiera, como medida cautelar, una participación en el capital de una entidad, incluida una entidad de capital público, que cumpla sus requisitos de capital. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando se exija a una entidad que amplíe su capital debido al resultado de una prueba de resistencia («stress test») basada en hipótesis o de un ejercicio equivalente efectuado por autoridades macroprudenciales que incluya un requisito cuyo objetivo sea mantener la estabilidad financiera en el marco de una crisis sistémica, pero la entidad sea incapaz de obtener capital privadamente en los mercados. No se considerará que una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser basándose únicamente en que se le haya proporcionado ayuda financiera pública extraordinaria antes de la entrada en vigor de la presente Directiva. Finalmente, el acceso a los instrumentos de liquidez, incluida la ayuda de emergencia en forma de liquidez de los bancos centrales, puede constituir una ayuda pública de conformidad con el marco de ayudas de estado.

(42) En caso de resolución de un grupo con actividades transfronterizas, toda medida de resolución debe tener en cuenta el posible impacto de la resolución en todos los Estados miembros en los que opera la entidad o el grupo.

(43) Las competencias de las autoridades de resolución deben ser también aplicables a las sociedades de cartera cuando la sociedad y una de sus entidades filiales sean inviables o exista la probabilidad de que lo vayan a ser, ya sea en la Unión o en un tercer país. Además, incluso si una sociedad de cartera no es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser, podrán aplicársele las competencias de las autoridades de resolución si una o más entidades cumplen las condiciones de resolución o que una entidad de un tercer país cumple las condiciones de resolución en ese país tercero y si la aplicación de las competencias de resolución respecto a la sociedad de cartera es necesaria para la resolución de una o más de sus filiales o para la resolución del grupo en su conjunto.

(44) Si una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser, las autoridades nacionales deben tener a su disposición un conjunto mínimo armonizado de instrumentos y competencias de resolución. Su utilización debe estar sujeta a condiciones, objetivos y principios generales comunes. Una vez la autoridad de resolución haya tomado la decisión de iniciar la resolución de la entidad, debe prescindirse de los procedimientos de insolvencia ordinarios salvo si este procedimiento debe combinarse con la aplicación de instrumentos de resolución y ello a iniciativa de la autoridad de resolución. Los Estados miembros deben otorgar a las autoridades de resolución competencias e instrumentos que se añadirían a los otorgados por la presente Directiva. El uso de estos instrumentos y competencias debe ser coherente, sin embargo, con los principios y objetivos recogidos en ella. En particular, dicho uso no tiene que obstaculizar la resolución efectiva de grupos transfronterizos.

(45) A fin de evitar riesgos morales, una entidad inviable debe poder salir del mercado sin perturbar el sistema, independientemente de su tamaño y su interconexión. En principio, una entidad inviable debe ser liquidada conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Sin embargo, una liquidación realizada conforme a estos procedimientos puede poner en peligro la estabilidad financiera, interrumpir la prestación de funciones esenciales y afectar a la protección de los depositantes. En este caso, es muy probable que exista un interés público a poner una entidad en procedimiento de resolución y a aplicar instrumentos de resolución en lugar de recurrir a un procedimiento ordinario de insolvencia. Los objetivos de la resolución deben ser, por tanto, garantizar la continuidad de las funciones esenciales, evitar los efectos negativos para la estabilidad financiera, proteger los fondos públicos, minimizando la dependencia de ayudas financieras públicas extraordinarias destinadas a entidades inviables y proteger a los depositantes cubiertos, a los inversores, los fondos de los clientes y los activos de los clientes.

(46) Antes de aplicar los instrumentos de resolución, debe considerarse siempre la posibilidad de liquidar la entidad inviable con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Para mantener en funcionamiento las actividades de una entidad inviable recurriendo a los instrumentos de resolución deben utilizarse, en la medida de lo posible, fondos privados. Esto puede conseguirse bien mediante la venta a un comprador del sector privado (o la fusión con el mismo) o, una vez efectuada la amortización («write down») de los pasivos de la entidad o la conversión de su deuda en capital, mediante una recapitalización interna.

(47) Al aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución, las autoridades responsables deben adoptar todas las medidas adecuadas para asegurarse de que la medida de resolución se adopte de conformidad con determinados principios, incluidos los de que los accionistas y acreedores asuman una parte adecuada de las pérdidas, que la dirección sea, en principio, sustituida, que los costes de la resolución de la entidad se minimicen y que los acreedores de la misma categoría reciban un trato equitativo. En particular, en caso de que acreedores de la misma categoría reciban un trato diferente en el contexto de la medida de resolución, tales diferencias de trato deben estar justificadas por razones de interés público y no deben ser directa ni indirectamente discriminatorias por motivos de nacionalidad. Cuando el uso de los instrumentos de resolución implique conceder ayudas de estado, las intervenciones deben ser evaluadas conforme a las disposiciones pertinentes en materia de ayudas de estado. Puede existir ayuda estatal, entre otras cosas, cuando los fondos de resolución o los fondos de garantía de depósitos intervienen para respaldar la resolución de las entidades inviables.

(48) Al aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución, las autoridades de resolución deben informar y consultar, cuando proceda, a los representantes de los empleados. En ese sentido, deben respetarse en su totalidad, cuando ello sea aplicable, los convenios colectivos o de otro tipo adoptados por los interlocutores sociales.

(49) Las limitaciones de los derechos de los accionistas y acreedores deben ser coherentes con el artículo 52 de la Carta. Por lo tanto, los instrumentos de resolución deben aplicarse únicamente a las entidades inviables o exista la probabilidad de que lo vayan a ser, y solo cuando sea necesario para perseguir el objetivo de la estabilidad financiera en aras del interés general. En particular, deben aplicarse cuando no sea posible liquidar la entidad en el marco de un procedimiento concursal ordinario sin desestabilizar el sistema financiero, las medidas sean necesarias para garantizar la transmisión rápida y la continuidad de las funciones de importancia sistémica y no existan perspectivas razonables de otras soluciones alternativas de origen privado, por ejemplo una ampliación de capital efectuada por los accionistas existentes o por terceros que permita restablecer totalmente la viabilidad de la entidad. Además, al aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución, deben tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad y las especificidades de la forma jurídica de una entidad.

(50) La interferencia con los derechos de propiedad no debe ser desproporcionada. Los accionistas y los acreedores afectados no deben incurrir en pérdidas más importantes que las que hubieran sufrido si la entidad hubiera sido liquidada en el momento en que se adopta la decisión de proceder a la resolución. En caso de transmisión parcial de los activos de una entidad objeto de resolución a un comprador privado o a un banco puente, la parte residual de la entidad objeto de resolución debe ser liquidada con arreglo a unos procedimientos de insolvencia ordinarios. Con objeto de proteger a los accionistas y acreedores restantes en el procedimiento de liquidación de la entidad, los mismos han de tener derecho a recibir, como pago o compensación de sus créditos en el proceso de liquidación, no menos de lo que se estima que habrían recuperado si toda la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

(51) Para proteger el derecho de los accionistas y acreedores, deben establecerse unas obligaciones claras en materia de valoración de los activos y pasivos de la entidad objeto de resolución y, en los casos en que así lo exija la presente Directiva, de valoración del trato que habrían recibido los accionistas y acreedores si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Debería ser posible comenzar una valoración ya en la fase de actuación temprana. Antes de emprender una medida de resolución, debe llevarse a cabo una valoración razonable y realista de los activos y pasivos de la entidad. Tal valoración debe poder ser objeto de recurso únicamente junto a la decisión de resolución. Además, cuando así lo exija la presente Directiva, debe llevarse a cabo, una vez aplicados los instrumentos de resolución, una comparación a posteriori entre el trato que se ha dado a accionistas y acreedores y el trato que habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios. Si se determina que los accionistas y los acreedores han recibido, como pago o compensación de sus créditos, menos de lo que habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, deben tener derecho al pago de la diferencia, en los casos en que así lo exija la presente Directiva. Contrariamente a la valoración previa a la medida de resolución, debe disponerse de la posibilidad de oponerse a esta comparación de forma independiente a la decisión de resolución. Los Estados miembros deben ser libres de decidir las modalidades de pago de la eventual diferencia de trato a accionistas y acreedores. Caso de existir, la diferencia debe ser abonada a través de los mecanismos de financiación establecidos de conformidad con la presente Directiva.

(52) Es importante que se reconozcan las pérdidas en caso de inviabilidad de una entidad. La valoración de los activos y pasivos de entidades inviables debe basarse en unos supuestos razonables, prudentes y realistas en el momento en que se aplican los instrumentos de resolución. El valor de las obligaciones no debe, no obstante, verse afectado en la valoración del estado financiero de la entidad. Por motivos de urgencia, las autoridades de resolución deben poder realizar una valoración rápida de los activos o de los pasivos de una entidad inviable. Esta valoración debe ser provisional y aplicarse hasta el momento en que se lleve a cabo una valoración independiente. Las normas técnicas vinculantes de la ABE relativas a la metodología de valoración deben establecer un marco de principios que se utilizará a la hora de realizar dichas valoraciones, y permitir que las autoridades de resolución y los valoradores independientes apliquen, cuando proceda, metodologías específicas diferentes.

(53) Es necesario actuar con rapidez y coordinación para mantener la confianza de los mercados y minimizar el contagio. Una vez que se ha estimado que una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser y que no existe perspectiva razonable de que ninguna acción alternativa del sector privado ni ninguna acción de supervisión puedan impedir la inviabilidad de la entidad dentro de un plazo razonable, las autoridades de resolución no deben demorarse en adoptar medidas adecuadas y coordinadas de resolución. La diversidad de circunstancias en las que puede tener lugar una inviabilidad y, en particular, la posible urgencia que presente la situación, deben poder justificar que las autoridades de resolución emprendan la medida de resolución sin imponer la obligación de recurrir primero a las competencias de actuación temprana.

(54) A la hora de emprender acciones de resolución, las autoridades de resolución deben tener en cuenta y seguir las medidas previstas en los planes de resolución, salvo que estas consideren, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, que los objetivos de la resolución podrán conseguirse más fácilmente mediante acciones no previstas en los planes de resolución.

(55) Salvo que la presente Directiva establezca expresamente otra cosa, los instrumentos de resolución deben aplicarse antes de que se produzca una inyección de capital del sector público, o cualquier ayuda financiera pública extraordinaria equivalente. Esto, sin embargo, no debe impedir la utilización de fondos de los sistemas de garantía de depósitos o de fondos de resolución para absorber las pérdidas que, de no ser así, habrían sufrido los depositantes garantizados o los acreedores discrecionalmente excluidos. A este respecto, la concesión de ayuda financiera pública extraordinaria o de fondos de resolución, incluidos los sistemas de garantía de depósitos, al objeto de respaldar la resolución de entidades en peligro de inviabilidad, debe respetar la normativa en materia de ayudas de estado.

(56) Cuando los problemas en los mercados financieros en la Unión tienen su origen en acontecimientos que afectan al sistema, ello puede tener un efecto adverso en la economía y en los ciudadanos en toda la Unión. Por consiguiente, los instrumentos de resolución deben diseñarse y ser adecuados para hacer frente a una amplia serie de situaciones en gran parte imprevisibles, teniendo en cuenta que puede haber una diferencia entre una única entidad en crisis y una crisis del sistema bancario más amplia.

(57) Cuando la Comisión proceda a la evaluación de la ayuda pública, de conformidad con el artículo 107 del TFUE, de los instrumentos de estabilización a que se hace referencia en la presente Directiva, debe evaluar separadamente si los instrumentos gubernamentales de estabilización financiera no incumplen ninguna disposición de la legislación de la Unión intrínsecamente vinculada, incluidas las relacionadas con el requisito mínimo de absorción de pérdidas del 8 % incluido en la presente Directiva, así como si existe una situación de crisis sistémica realmente extraordinaria que justifica el recurso a dichos instrumentos de conformidad con la presente Directiva, garantizando al mismo tiempo un nivel de igualdad en el mercado interior. De conformidad con los artículos 107 y 108 del TFUE, dicha evaluación debe realizarse antes de que se utilice un instrumento gubernamental de estabilización.

(58) La aplicación de los instrumentos gubernamentales de estabilización debe ser neutra a medio plazo desde un punto de vista económico.

(59) Entre los instrumentos de resolución debe estar la venta de las actividades o acciones de la entidad objeto de resolución, la constitución de una entidad puente, la segregación de los activos productivos y los activos cuyo valor se haya deteriorado o que sean improductivos de la entidad inviable, y la recapitalización interna por parte de los accionistas y los acreedores de la entidad inviable.

(60) Cuando se hayan utilizado los instrumentos de resolución para transmitir los servicios de importancia sistémica o las actividades viables de una entidad en graves dificultades a una entidad sana, como un comprador del sector privado o una entidad puente, la parte residual de la entidad debe liquidarse en un período de tiempo razonable, teniendo en cuenta la necesidad de que la entidad inviable preste servicios o apoyo que permitan al comprador, o a la entidad puente, ejercer las actividades o servicios adquiridos en virtud de dicha transmisión.

(61) El instrumento de venta del negocio debe permitir a las autoridades efectuar una venta de la entidad o partes de sus actividades a uno o más compradores sin el consentimiento de los accionistas. Al aplicar este instrumento, las autoridades deben dar los pasos necesarios para poner a la venta la mencionada entidad o parte de sus actividades en el marco de un proceso abierto, transparente y no discriminatorio, intentando a la vez maximizar en lo posible el precio de venta. Cuando este procedimiento sea imposible por razones de urgencia, las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para hacer frente a los efectos adversos en la competencia y el mercado interior.

(62) Cualquier ingreso neto procedente de la transmisión de activos o pasivos de la entidad en resolución debe beneficiar a la entidad objeto de resolución al aplicar el instrumento de venta del negocio debe beneficiar a la entidad restante en el procedimiento de liquidación. Todo ingreso neto procedente de la transmisión de acciones u otros instrumentos de capital emitidos por la entidad objeto de resolución al aplicar el instrumento de venta del negocio debe beneficiar a los propietarios de dichas acciones u otros instrumentos de capital. Los ingresos deben calcularse deduciendo los costes derivados de la inviabilidad de la entidad y del proceso de resolución.

(63) Para llevar a cabo sin demora la venta de las actividades y para proteger la estabilidad financiera, la evaluación del comprador de una participación cualificada debe realizarse oportunamente, de manera que no se demore la aplicación del instrumento de venta del negocio de conformidad con la presente Directiva, por lo que es necesaria una excepción respecto a los plazos y procedimientos establecidos en la Directiva 2013/36/UE y en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(64) Es probable que la información relativa a la venta de una entidad inviable y a las negociaciones con los posibles adquirentes antes de aplicar el instrumento de venta del negocio sea de importancia sistémica. A fin de garantizar la estabilidad financiera, es importante que la divulgación de esta información, requerida por el Reglamento (UE) no 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) pueda retrasarse durante el período de tiempo necesario para planificar y estructurar la resolución de la entidad, conforme a los retrasos permitidos en virtud del régimen de abuso del mercado.

(65) Al tratarse de una entidad total o parcialmente perteneciente a una o varias autoridades públicas o controlada por ellas, una entidad puente debe tener como principal objetivo garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos para los clientes de la entidad inviable y el mantenimiento de las actividades financieras esenciales. La entidad puente debe volver a funcionar como una empresa viable y volver al mercado cuando las condiciones sean adecuadas y dentro del plazo especificado en la presente Directiva, o liquidarse si no es viable.

(66) La segregación de activos debe permitir a las autoridades transmitir activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución a otra entidad distinta. Dicho instrumento solo se debe usar en combinación con otros instrumentos, a fin de evitar una ventaja competitiva indebida para la entidad inviable.

(67) Un mecanismo de resolución eficaz debe reducir al mínimo la posibilidad de que los costes de la resolución de una entidad inviable sean asumidos por los contribuyentes. Debe también garantizar que las entidades de envergadura sistémica sean objeto de resolución sin poner en peligro la estabilidad financiera. El instrumento de recapitalización interna (bail-in) persigue este objetivo garantizando que los accionistas y los acreedores de la entidad inviable sufran las pérdidas pertinentes y asuman la parte correspondiente de los costes que se deriven de la inviabilidad de la entidad. El instrumento de recapitalización interna supondrá por tanto un importante incentivo para que los accionistas y los acreedores de las entidades controlen la salud de una entidad en circunstancias normales y cumple la recomendación del Consejo de Estabilidad Financiera de que en el marco de resolución se incluyan competencias estatutarias de reducción y conversión del valor de la deuda como una opción adicional junto con otros instrumentos de resolución.

(68) A fin de garantizar que las autoridades de resolución tengan la flexibilidad necesaria para asignar las pérdidas a los acreedores en diversas circunstancias, es conveniente que puedan utilizar el instrumento de recapitalización interna, tanto cuando el objetivo sea aplicar el procedimiento de resolución a la entidad inviable a la vez que se mantienen sus actividades, si existen perspectivas realistas de restablecimiento de la viabilidad, como cuando se transmitan los servicios de importancia sistémica a una entidad puente y la parte residual de la entidad deje de operar y sea objeto de liquidación.

(69) Cuando se aplique el instrumento de recapitalización interna con el objetivo de restaurar el capital de la entidad inviable y permitir que la misma siga operando, la resolución a través de este instrumento debe ir acompañada de la sustitución de la dirección, salvo en aquellos casos en que mantenerla se considere adecuado y necesario para el logro de los objetivos de la resolución, y la consiguiente reestructuración de la entidad y de sus actividades de tal forma que se aborden los motivos de su inviabilidad. Dicha reestructuración se debe conseguir mediante la aplicación de un plan de reorganización de las actividades. Cuando proceda, estos planes deben ser compatibles con el plan de reestructuración que la entidad debe presentar a la Comisión de conformidad con el marco de ayudas de estado. En particular, además de las medidas tendentes a restablecer la viabilidad a largo plazo de la entidad, el plan debe incluir medidas que limiten las ayudas al reparto mínimo de la carga, y medidas que reduzcan el falseamiento de la competencia.

(70) No es adecuado recurrir al instrumento de recapitalización interna cuando se trate de reclamar créditos, en la medida en que estos estén asegurados, respaldados por activos o por otro tipo de garantía. Sin embargo, a fin de que el instrumento sea eficaz y consiga sus objetivos, resulta deseable que se pueda aplicar al mayor número posible de pasivos no garantizados de una entidad inviable. No obstante, conviene excluir determinados tipos de pasivos no garantizados del ámbito de aplicación de este instrumento. A fin de proteger a los titulares de depósitos garantizados, el instrumento de recapitalización interna no debe aplicarse a los depósitos que estén protegidos en virtud de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13). A fin de garantizar la continuidad de las funciones esenciales, el instrumento de recapitalización interna no debe aplicarse a las deudas con empleados de la entidad inviable, o las demandas de índole comercial en referencia a productos y servicios esenciales para el funcionamiento diario de la entidad. A fin de satisfacer los derechos de pensión y los importes de las pensiones adeudados a fondos de pensiones o a miembros de un fondo de pensiones, el instrumento de recapitalización interna no debe aplicarse al pasivo de una institución inviable con respecto a un sistema de pensiones, salvo en el caso de los pasivos de las pensiones atribuibles a la remuneración variable que no se derivan de un convenio colectivo. A fin de reducir el riesgo de contagio sistémico, el instrumento de recapitalización interna no debe aplicarse a los pasivos surgidos de la participación en sistemas de pago cuyo plazo de vencimiento restante sea inferior a siete días, ni a los pasivos de entidades, excluidas las entidades que formen parte del mismo grupo, cuyo plazo de vencimiento inicial sea inferior a siete días.

(71) Toda vez que la protección de los depositantes es uno de los objetivos más importantes de la resolución, los depósitos garantizados no deben someterse al instrumento de capitalización. El sistema de garantía de depósitos, sin embargo, debe contribuir a la financiación del proceso de resolución absorbiendo pérdidas en función de las pérdidas netas que hubiera tenido que sufrir tras indemnizar a los depositantes en los procedimientos de insolvencia ordinarios. El ejercicio de la competencia de recapitalización interna garantizaría que los depositantes continúen teniendo acceso a sus depósitos, lo que constituye la principal razón de ser de los sistemas de garantía de depósitos. No contemplar la participación de esos regímenes en tales circunstancias constituiría una ventaja injustificada frente al resto de los acreedores que estarían sujetos al ejercicio de las competencias de la autoridad de resolución.

(72) Las autoridades de resolución deben poder excluir total o parcialmente los pasivos, en una serie de circunstancias, entre ellas cuando no sea posible recapitalizar dichos pasivos dentro de un plazo razonable, cuando la exclusión sea estrictamente necesaria y proporcionada con la consecución de la continuidad de las funciones esenciales y las ramas de actividad principales, o en caso de que la aplicación del instrumento de recapitalización interna a los pasivos pudiera originar una destrucción de valor tal que las pérdidas sufridas por otros acreedores serían más elevadas que si dichos pasivos no se hubieran excluido de la recapitalización interna. Las autoridades de resolución deben poder excluir o excluir parcialmente los pasivos cuando ello sea necesario para evitar una extensión del contagio y de la inestabilidad financiera que pudiera dar lugar a serias perturbaciones en la economía de un Estado miembro. Al llevar a cabo dichas evaluaciones, las autoridades de resolución deben tener en cuenta las consecuencias de una posible recapitalización interna de los pasivos procedente de depósitos admisibles de personas físicas y de microempresas, pequeñas y medianas empresas por encima del límite garantizado establecido en la Directiva 2014/49/UE.

(73) Cuando se apliquen dichas exclusiones, podrá incrementarse el nivel de amortización o conversión de otros pasivos admisibles con objeto de tener en cuenta las exclusiones, supeditadas al respeto del principio de evitar a los acreedores perjuicios superiores a los de los procedimientos ordinarios de insolvencia. En caso de que las pérdidas no puedan transmitirse a otros acreedores, el mecanismo de financiación de la resolución podrá aportar a la entidad objeto de resolución una contribución supeditada a una serie de condiciones estrictas, que incluirán la exigencia de que ya se hayan recapitalizado las pérdidas que totalicen más del 8 % de los pasivos totales incluidos los fondos propios, y que la financiación aportada por el fondo de resolución se limite al 5 % de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, o a los medios disponibles para el fondo de resolución y el importe que pueda obtenerse mediante contribuciones ex post dentro de un plazo de tres años.

(74) En circunstancias extraordinarias, en caso de que se hayan excluido los pasivos y el fondo de resolución se haya utilizado para contribuir a la recapitalización interna en lugar de dichos pasivos hasta el límite permisible, la autoridad de resolución debe poder tratar de obtener financiación procedente de mecanismos de fuentes de financiación.

(75) El importe mínimo de la contribución tendente a la absorción de las pérdidas y a la recapitalización interna del 8 % del total de los pasivos, incluidos los fondos propios o, en su caso, el 20 % de los activos ponderados por riesgo debe calcularse basándose en la valoración efectuada para la resolución de conformidad con la presente Directiva. Las pérdidas históricas que ya hayan absorbido los accionistas mediante una reducción de los fondos propios antes de efectuar dicha valoración no deben incluirse en los mencionados porcentajes.

(76) Ninguna de las disposiciones de la presente Directiva debe obligar a los Estados miembros a financiar mecanismos de financiación de la resolución con recursos procedentes de su presupuesto general.

(77) Salvo que se especifique otra cosa en la presente Directiva, las autoridades de resolución deben aplicar el instrumento de recapitalización interna de manera que se trate de forma similar a los acreedores y se respete el rango estatutario de las reclamaciones conforme a la legislación aplicable en casos de insolvencia. Las pérdidas deben ser absorbidas en primer lugar por los instrumentos de capital regulador y ser asignadas a los accionistas, bien mediante la cancelación o transmisión de acciones o a través de una fuerte dilución. Si estos instrumentos no son suficientes, debe procederse a una conversión o amortización de la deuda subordinada. Si las categorías subordinadas se han convertido o amortizado ya totalmente, debe procederse a una conversión o liquidación de créditos preferentes.

(78) En los casos en los que haya excepciones con respecto a los pasivos, como en el caso de los sistemas de pago y resolución, empleados o acreedores comerciales, o a un nivel preferencial como para los depósitos de personas físicas y de microempresas, pequeñas y medianas empresas, estas deben aplicarse en terceros países así como en el seno de la Unión. A fin de garantizar la capacidad de amortizar o convertir pasivos, cuando proceda, en terceros países, el reconocimiento de tal posibilidad debe figurar por escrito en los contratos a los que se aplique la legislación de la jurisdicción del tercer país, en particular en el caso de los pasivos que vayan a ser rescatados antes dentro de la jerarquía. No debe exigirse dicha cláusula contractual en el caso de los pasivos excluidos de la recapitalización interna, los depósitos de las personas físicas y de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, o cuando la legislación del tercer país o un acuerdo vinculante celebrado con un tercer país permita que la autoridad de resolución del Estado miembro ejerza sus competencias de amortización y de conversión.

(79) Para evitar que las entidades estructuren sus pasivos de forma tal que se atente contra la eficacia del instrumento de recapitalización interna, es conveniente establecer que las entidades dispongan en todo momento de un importe agregado de fondos propios y pasivos subordinados y de rango superior sometidos al instrumento de recapitalización interna, que sea superior a un determinado porcentaje de los pasivos totales de la entidad. Las autoridades de resolución deben también tener la facultad de exigir, según el caso, que dicho porcentaje se componga total o parcialmente de fondos propios o de un tipo específico de pasivos.

(80) La presente Directiva adopta un planteamiento descendente por lo que respecta a la determinación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles dentro de un grupo. Este planteamiento reconoce además que la medida de resolución se aplica en el nivel de la persona jurídica individual, y que es imperativo que la capacidad de absorción de las pérdidas se sitúe en la entidad del grupo en que se produzcan tales pérdidas, o resulte accesible para dicha entidad. Con tal finalidad, las autoridades de resolución deben garantizar que la capacidad de absorción de pérdidas dentro de un grupo se distribuya por todo el grupo de conformidad con el nivel de riesgo de las personas jurídicas que lo constituyan. El requisito mínimo necesario para cada filial individual debe evaluarse por separado. Además, las autoridades de resolución deben garantizar que todo el capital y todos los pasivos que se contabilicen con miras al requisito mínimo consolidado se sitúen en entidades en las que puedan registrarse pérdidas, o que, de no ser así, estén disponibles para absorber pérdidas. La presente Directiva debe permitir una resolución con una activación múltiple o una activación única. El requisito mínimo de pasivos admisibles debe reflejar la estrategia de resolución que resulta adecuada para un grupo de conformidad con el plan de resolución. En particular, este requisito debe exigirse al nivel adecuado dentro del grupo con objeto de reflejar un enfoque de activación múltiple o un enfoque de activación única incluido en la resolución, teniendo en cuenta que podría haber circunstancias en las que se utilice un enfoque diferente del incluido en el plan, ya que ello permitiría, por ejemplo, alcanzar más fácilmente los objetivos de la resolución. Ante dicho panorama, e independientemente de si un grupo ha elegido el enfoque de activación única o el enfoque de activación múltiple, todas las personas jurídicas del grupo deben contar en todo momento con un requisito mínimo de pasivos admisibles fuertes con el fin de evitar el riesgo de contagio o el pánico bancario.

(81) Los Estados miembros deben garantizar que los instrumentos de capital adicionales de nivel 1 y nivel 2 absorban plenamente las pérdidas al llegarse al punto de no viabilidad de la entidad emisora. Por lo tanto, las autoridades de resolución deben reducir el valor de estos instrumentos en su totalidad, o convertirlos en instrumentos de capital ordinario de nivel 1, al llegarse al punto de no viabilidad y antes de que se adopte cualquier otra medida de resolución. Para ello, por punto de no viabilidad se entenderá el momento en el que la autoridad de que se trate determine que la entidad cumple las condiciones para ser sometida a resolución o el momento en el que la autoridad decida que la entidad deja de ser viable si no se amortiza el valor de estos instrumentos de capital. El hecho de que los instrumentos vean amortizado su valor o sean convertidos por las autoridades en las circunstancias requeridas por la presente Directiva deberá reconocerse conforme a las condiciones que rigen el instrumento, y en cualquier folleto o documento de oferta publicado o suministrado en relación con los instrumentos.

(82) Para permitir un resultado positivo de la resolución, debe ser posible que el instrumento se aplique antes del 1 de enero de 2016.

(83) Las autoridades de resolución deben tener la posibilidad de utilizar solo parcialmente el instrumento de recapitalización interna cuando una evaluación de las posibles repercusiones para la estabilidad del sistema financiero de los Estados miembros afectados y del resto de la Unión demuestre que su aplicación total sería contraria a los intereses públicos generales de los Estados miembros o de la Unión en su conjunto.

(84) Las autoridades de resolución deben tener todas las competencias legales necesarias que, en combinaciones diferentes, puedan ejercer al aplicar los instrumentos de resolución. Se trata de las competencias necesarias para transmitir acciones, activos, derechos o pasivos de una entidad inviable a otro ente, que puede ser otra entidad o una entidad puente; las competencias para amortizar o cancelar acciones, o amortizar o convertir los pasivos de una entidad inviable o convertirla en acciones; y las competencias para sustituir a la dirección e imponer una moratoria temporal al pago de créditos. Serán necesarias otras competencias adicionales, como la de exigir la continuidad de los servicios básicos de otras partes del grupo.

(85) No es necesario imponer a las autoridades encargadas de la resolución las modalidades concretas de su intervención en la entidad inviable. Las autoridades encargadas de la resolución deben poder elegir entre asumir el control mediante la intervención directa en la entidad o a través de una orden ejecutiva, según las circunstancias del caso. Por el momento no parece que sea preciso imponer un único modelo para lograr una cooperación eficiente entre los Estados miembros.

(86) El marco de resolución debe incluir requisitos de procedimiento para que las medidas de resolución sean notificadas y, con sujeción a las excepciones limitadas recogidas en la presente Directiva, publicadas debidamente. Sin embargo, dado que es probable que la información obtenida por las autoridades de resolución y sus asesores profesionales durante el proceso de resolución sea reservada, esta información debe someterse a un régimen de confidencialidad eficaz antes de hacer pública la decisión sobre la resolución. Se ha de tener en cuenta que la información sobre los contenidos y detalles de los planes de reestructuración y resolución y los resultados de cualquier evaluación de estos planes podría tener efectos de gran alcance, en particular para la empresa interesada. Toda información facilitada sobre una decisión antes de que se tome, ya sea sobre si se cumplen las condiciones de la resolución, sobre el uso de un instrumento específico o cualquier acción durante los procedimientos, puede tener presuntamente efectos en los intereses públicos y privados a los que afecte la acción. No obstante, la información de que la autoridad de resolución está examinando a una entidad específica puede ser suficiente para que existan efectos negativos para dicha entidad. Por consiguiente, se ha de velar por que existan los mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de esta información, por ejemplo el contenido y los detalles de los planes de reestructuración y los resultados de cualquier evaluación llevada a cabo en ese contexto.

(87) Las autoridades de resolución deben disponer de competencias auxiliares para garantizar la eficacia de la transmisión de acciones o instrumentos de deuda y de activos, derechos y pasivos. Con sujeción a las salvaguardas previstas en la presente Directiva, estas competencias deben incluir la facultad de eliminar los derechos de terceros en relación con los instrumentos o activos transmitidos, de ejecutar contratos y de asegurar la continuidad de los mecanismos respecto del beneficiario de los activos y acciones transmitidas. Sin embargo, no deben verse afectados los derechos de los empleados a rescindir un contrato de trabajo. Tampoco debe verse afectado el derecho de una parte a rescindir un contrato con una entidad objeto de resolución o, con una filial de esta, por motivos distintos a la resolución de la entidad inviable. Las autoridades encargadas de la resolución también deben tener la competencia adicional de exigir a la entidad residual que está siendo objeto de liquidación conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios que preste los servicios necesarios para que pueda proseguir sus actividades la entidad a la que se han transmitido activos o acciones en virtud de la aplicación del instrumento de venta del negocio o de constitución de una entidad puente.

(88) De conformidad con el artículo 47 de la Carta, las partes afectadas tienen el derecho a un procedimiento legal y a un recurso contra las medidas que les afecten. Por lo tanto, las decisiones adoptadas por las autoridades encargadas de la resolución deben someterse a un derecho de recurso.

(89) Las medidas de gestión de crisis tomadas por las autoridades nacionales de resolución pueden requerir unas evaluaciones económicas complejas y un amplio margen de discreción. Las autoridades nacionales de resolución disponen específicamente de la experiencia necesaria para la realización de estas evaluaciones y para la determinación del uso apropiado del margen de discreción. Conviene, por lo tanto, que, a la hora de revisar las medidas de gestión de crisis en cuestión, los tribunales utilicen las complejas evaluaciones económicas realizadas por dichas autoridades en este contexto. No obstante, la complejidad de estas evaluaciones no debe impedir que los tribunales nacionales examinen si las pruebas en las que se basa la autoridad de resolución son precisas, fiables y coherentes en cuanto a los hechos, si contienen toda la información pertinente que se ha de tener en cuenta para evaluar una situación compleja y si sirven para justificar las conclusiones extraídas.

(90) Puesto que esta Directiva se propone dar soluciones a situaciones de máxima urgencia, y como la suspensión de cualquier decisión de las autoridades de resolución podría obstaculizar la continuidad de las funciones esenciales, es necesario disponer que la presentación de una solicitud de revisión no dé lugar a la suspensión automática de los efectos de la decisión impugnada y que la decisión de la autoridad de resolución sea ejecutable de forma inmediata con la presunción de que su suspensión iría en contra del interés público.

(91) Además, cuando resulte necesario para proteger a terceros que hayan adquirido de buena fe activos, derechos o pasivos de la entidad objeto de resolución en el marco del ejercicio de las competencias de resolución por parte de las autoridades, y para lograr la estabilidad de los mercados financieros, el derecho de recurso no debe afectar a los actos administrativos subsiguientes ni a las transacciones celebradas en virtud de una decisión anulada. En tales casos, las medidas de corrección correspondientes a una decisión o acción incorrecta deben limitarse a una indemnización por el daño sufrido por las personas afectadas.

(92) Habida cuenta de que puede ser necesario adoptar las medidas de gestión de crisis urgentemente debido a la existencia de graves riesgos para la estabilidad en los Estados miembros y la Unión, todo procedimiento del Derecho nacional relativo a la solicitud de aprobación judicial ex ante de una medida de gestión de crisis y al estudio de la misma por el tribunal debe llevarse a cabo con rapidez. Teniendo en cuenta la urgencia con que se ha de adoptar una medida de gestión de crisis, el tribunal debe adoptar una decisión en un plazo de 24 horas y el Estado miembro debe garantizar que la autoridad de que se trate pueda adoptar una decisión inmediatamente después de que el tribunal haya dado su aprobación. Ello se debe hacer sin perjuicio del derecho que las partes interesadas puedan tener a presentar una solicitud al tribunal para que retire la decisión, durante un período de tiempo limitado después de que la autoridad de resolución haya tomado la medida de gestión de crisis.

(93) Para garantizar la eficacia de la resolución, y con el fin de evitar conflictos de jurisdicción, no deben iniciarse o proseguirse los procedimientos de insolvencia ordinarios contra la entidad inviable mientras la autoridad encargada de la resolución esté ejerciendo sus competencias de resolución o aplicando instrumentos de resolución para este fin, salvo por iniciativa de la autoridad de resolución o con su consentimiento. También resultaría útil y necesario suspender durante un período limitado determinadas obligaciones contractuales para que la autoridad tenga tiempo de poner en práctica los instrumentos de resolución. Esto no debe aplicarse, no obstante, a los pasivos en el caso de sistemas mencionados en la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14), las contrapartes centrales y los bancos centrales. La Directiva 98/26/CE reduce el riesgo asociado a la participación en sistemas de pagos y de liquidación de valores, en particular limitando la perturbación en caso de insolvencia de un participante en dicho sistema. Para garantizar que estas protecciones se apliquen adecuadamente en tiempos de crisis, manteniendo al mismo tiempo un grado adecuado de seguridad para los operadores de sistemas de pagos y de liquidación y otros participantes en el mercado, la presente Directiva prevé que una medida de prevención o de gestión de crisis no debe considerarse en sí misma como procedimiento de insolvencia según lo dispuesto en la Directiva 98/26/CE, siempre que sigan ejerciéndose las obligaciones sustantivas con arreglo al contrato. Sin embargo, ningún elemento de esta Directiva prejuzga el funcionamiento de un sistema designado de conformidad con la Directiva 98/26/CE o el derecho a una garantía constituida garantizada por el artículo 9 de la Directiva 98/28/CE.

(94) A fin de que las autoridades de resolución, al transmitir activos y pasivos a un comprador del sector privado o a una entidad puente, tengan un período de tiempo suficiente para identificar los contratos que hay que transmitir, podría ser conveniente imponer restricciones proporcionadas a los derechos de las contrapartes de rescindir, vencer anticipadamente o finalizar de otro modo los contratos financieros antes de que se realice la transmisión. Esa restricción sería necesaria para que las autoridades puedan hacerse una imagen fidedigna del balance de la entidad inviable, sin los cambios de valor y objeto que conllevaría un ejercicio de derechos de rescisión a gran escala. A fin de interferir lo menos posible con los derechos contractuales de las contrapartes, la restricción de los derechos de rescisión debe aplicarse únicamente en relación con la medida de prevención o de gestión de crisis, incluido el acaecimiento de un hecho directamente relacionado con la aplicación de dicha medida, y se deben mantener los derechos de rescisión derivados de cualquier otro incumplimiento, incluida la inviabilidad de pago o la incapacidad de generar un margen.

(95) A fin de respetar las disposiciones legítimas acordadas en los mercados de capital, en caso de que se transmita una parte, pero no la totalidad, de los activos, los derechos y los pasivos de una entidad inviable, conviene incluir mecanismos de salvaguardia para evitar la división de los pasivos, los derechos y los contratos vinculados, cuando proceda. Esta restricción impuesta sobre la selección de contratos vinculados debe hacerse extensiva a los contratos con la misma contraparte cubiertos por acuerdos de garantía, acuerdos de garantía financiera mediante transmisión de títulos, acuerdos de compensación, acuerdos de liquidación por compensación y acuerdos de financiación estructurada. Cuando se aplique el mecanismo de salvaguardia, las autoridades de resolución deben estar obligados a transmitir todos los contratos vinculados dentro de un sistema protegido, o dejarlos todos a la entidad residual inviable. Estas salvaguardas deben garantizar que no se vea afectado el tratamiento de los requisitos de capital en relación con los riesgos cubiertos por un acuerdo de compensación a efectos de la Directiva 2013/36/CE.

(96) Aunque garantizar que las autoridades de resolución cuenten con los mismos instrumentos y competencias facilitará la coordinación de las acciones en caso de inviabilidad de un grupo transfronterizo, parece necesario adoptar más acciones para promover la cooperación y evitar respuestas nacionales fragmentadas. Se debe exigir a las autoridades de resolución que se consulten entre sí y cooperen en la resolución de entidades de grupo vinculadas, en colegios de autoridades de resolución, de cara a acordar un mecanismo de resolución de grupo. Se deben crear colegios de autoridades de resolución integrados en torno al núcleo de los colegios de autoridades de supervisión existentes mediante la inclusión de autoridades de resolución, con la participación de los ministerios competentes, los bancos centrales, la ABE y, cuando proceda, de las autoridades responsables de la supervisión de los sistemas de garantía de depósitos. En caso de crisis, el colegio de autoridades de resolución debe servir de foro para el intercambio de información y la coordinación de las medidas de resolución.

(97) La resolución de los grupos transfronterizos debe encontrar un equilibrio entre, por un lado, la necesidad de procedimientos que tengan en cuenta la urgencia de la situación y encuentren soluciones eficaces, justas y rápidas para el grupo en su conjunto y, por otro, la necesidad de proteger la estabilidad financiera en todos los Estados miembros en los que opera el grupo. Las diferentes autoridades de resolución deben intercambiar sus puntos de vista en el colegio de autoridades de resolución. Las acciones de resolución propuestas por la autoridad de resolución a nivel de grupo deben ser preparadas y debatidas por las diferentes autoridades de resolución en el contexto de los planes de resolución de grupo. Los colegios de autoridades de resolución deben integrar las posiciones de las autoridades de resolución de todos los Estados miembros en los que opera el grupo con el fin de facilitar, siempre que sea posible, unas decisiones conjuntas rápidas. Las acciones de resolución emprendidas por la autoridad de resolución a nivel de grupo han de tener siempre en cuenta el impacto en la estabilidad financiera de los Estados miembros en los que opera el grupo. Para garantizar esta última, las autoridades de resolución del Estado miembro en el que está establecida una filial deben tener la posibilidad de oponerse a las decisiones de la autoridad de resolución a nivel de grupo, no sólo en cuanto a la oportunidad de las acciones y las medidas de resolución, sino también a la necesidad de proteger la estabilidad financiera en dicho Estado miembro.

(98) El colegio de autoridades de resolución no debe ser un órgano decisorio, sino una plataforma que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades nacionales. Las decisiones conjuntas deben ser adoptadas por las diferentes autoridades de que se trate.

(99) El hecho de crear un plan de resolución de grupo facilitaría una resolución coordinada, lo que probablemente redundaría en los mejores resultados para todas las entidades de un grupo. La autoridad de resolución a nivel de grupo debe proponer el dispositivo de resolución de grupo y presentarlo al colegio de autoridades de resolución. Las autoridades nacionales de resolución que no estén de acuerdo con el plan o decidan emprender una medida de resolución independiente deben explicar las razones de su desacuerdo y notificarlas, junto con los pormenores de toda medida de resolución que tengan intención de emprender, a la autoridad de resolución a nivel de grupo y a las demás autoridades de resolución que estén cubiertas por el plan de resolución de grupo. Toda autoridad nacional que decida apartarse del plan de resolución de grupo debe prestar la debida consideración a la posible repercusión en la estabilidad financiera de los Estados miembros en que estén situadas las otras autoridades de resolución, así como a los efectos potenciales en otras partes del grupo.

(100) Como parte de un plan de resolución de grupo, se recomienda a las autoridades que apliquen el mismo instrumento a todas las personas jurídicas que cumplan las condiciones de resolución. Las autoridades responsables de la resolución a nivel de grupo deben tener la facultad de aplicar el instrumento del banco puente a nivel de grupo (lo que podría suponer, cuando proceda, medidas para el reparto de la carga) a fin de estabilizar un grupo en su conjunto. Se podría transmitir la titularidad de las filiales al banco puente de cara a una venta posterior, bien globalmente o por separado, cuando las condiciones del mercado sean adecuadas. Asimismo, la autoridad responsable de la resolución a nivel de grupo debe tener la facultad de recurrir a la recapitalización interna a nivel de la entidad matriz.

(101) Para llevar a cabo una resolución eficaz de entidades y grupos que operen a nivel internacional es necesaria la cooperación entre la Unión, los Estados miembros y las autoridades de resolución de terceros países. La cooperación resultará más fácil si los sistemas de resolución de terceros países se basan en los principios y enfoques comunes que están desarrollando el Consejo de Estabilidad Financiera y el G-20. En este sentido, la ABE debe estar facultada para impulsar y emprender, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) no 1093/2010, acuerdos marco de cooperación no vinculantes con autoridades de terceros países, y debe permitirse que las autoridades nacionales celebren acuerdos bilaterales que concuerden con los acuerdos marco de la ABE. El desarrollo de tales acuerdos de cooperación celebrados entre las autoridades nacionales responsables de gestionar las inviabilidades de empresas multinacionales debe ser un medio para garantizar que la planificación, la toma de decisiones y la coordinación resulten eficaces en lo que atañe a los grupos internacionales. En general, debe haber reciprocidad en tales acuerdos. Las autoridades nacionales de resolución, como parte del colegio de autoridades de resolución europeo, deben reconocer y aplicar, cuando proceda, los procedimientos de resolución de un tercer país en las circunstancias establecidas en la presente Directiva.

(102) La cooperación debe producirse tanto entre las filiales de grupos de la Unión o de terceros países como entre las sucursales de entidades de la Unión o de terceros países. Las filiales de grupos de terceros países son empresas establecidas en la Unión, por lo que están plenamente sometidas al Derecho de la Unión, incluidos los instrumentos de resolución contemplados en la presente Directiva. Sin embargo, es necesario que los Estados miembros mantengan también el derecho de actuar en relación con sucursales de entidades que tengan su sede principal en terceros países, si el reconocimiento y la aplicación a una sucursal de procedimientos de resolución de terceros países pudiera poner en peligro la estabilidad financiera de la Unión, o cuando los depositantes de la Unión no recibieran un trato igualitario en comparación con los depositantes de terceros países. En estas circunstancias, y en las demás circunstancias establecidas en la presente Directiva, los Estados miembros deben tener la facultad de rechazar, previa consulta de las autoridades nacionales de resolución, el reconocimiento de los procedimientos de resolución de terceros países con respecto a sucursales de entidades de terceros países en la Unión.

(103) En algunas circunstancias, la eficacia de los instrumentos de resolución aplicados puede depender de la disponibilidad de financiación a corto plazo para la entidad o la entidad puente, del hecho de que se ofrezcan garantías a los posibles compradores o de que se proporcione capital a la entidad puente. A pesar del papel que desempeñan los bancos centrales a la hora de proporcionar liquidez al sistema financiero, incluso en períodos de tensión, es importante que los Estados miembros establezcan mecanismos de financiación para evitar que los fondos necesarios para estos fines provengan de los presupuestos nacionales. Debe ser el sector financiero, en su conjunto, el que financie la estabilización del sistema financiero.

(104) Como norma general, los Estados miembros deben crear su mecanismo de financiación nacional mediante fondos controlados por sus autoridades de resolución, que deberá utilizarse para los fines establecidos en la presente Directiva. No obstante, se debe prever una excepción estrictamente enmarcada que permita a los Estados miembros crear sus mecanismo de financiación nacional mediante contribuciones obligatorias de las entidades autorizadas en su territorio y que no se efectúen a través de un fondo controlado por su autoridad de resolución, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

(105) Como norma general, las contribuciones se deben recaudar del sector antes de la aplicación de cualquier operación de resolución y con independencia de ella. Cuando estos fondos recaudados con anterioridad no sean suficientes para cubrir las pérdidas o los costes incurridos para ejecutar los mecanismos de financiación, se deberán recaudar más contribuciones para asumir costes o pérdidas adicionales.

(106) Para alcanzar una masa crítica y evitar los efectos procíclicos que surgirían si, en un contexto de crisis sistémica, los mecanismos de financiación tuvieran que basarse únicamente en contribuciones ex post, es indispensable que se prevea al menos un determinado nivel mínimo de recursos financieros ex ante a disposición de dichos mecanismos.

(107) Con el fin de garantizar un cálculo equitativo de las contribuciones y proporcionar incentivos para operar con arreglo a modelos menos arriesgados, las contribuciones a los mecanismos nacionales de financiación deben tener en cuenta el grado de riesgo de crédito, liquidez y mercado asumido por las entidades.

(108) Garantizar la resolución efectiva de entidades inviables es para la Unión un componente fundamental de la realización del mercado interior. La inviabilidad de tales entidades tiene repercusiones, no sólo en la estabilidad financiera de los mercados en los que operen directamente, sino también en la de todo el mercado financiero de la Unión. Con la realización del mercado interior en el sector de los servicios financieros ha quedado reforzada la interacción de los diversos sistemas financieros nacionales. Las entidades pasan a operar fuera de su Estado miembro de establecimiento y entran en relaciones de interdependencia a través de los mercados interbancarios o de otros que, por su naturaleza, tienen carácter paneuropeo. Garantizar una financiación efectiva de la resolución de estas entidades para todos los Estados miembros es algo que redunda en interés, no solo de los Estados miembros en los que actúan, sino también de todos los Estados miembros en general, porque constituye un medio para garantizar unas condiciones de competencia en pie de igualdad y para mejorar el funcionamiento del mercado financiero interior. Con el establecimiento de un sistema europeo de mecanismos de financiación se garantiza que todas las entidades que operan en la Unión puedan acogerse a mecanismos de financiación de resoluciones igualmente eficaces y que se preserve la estabilidad del mercado interior.

(109) Con el fin de aumentar la resistencia del sistema europeo de mecanismos de financiación, y de conformidad con el principio que requiere que la financiación corra a cargo fundamentalmente de los accionistas y acreedores de la entidad objeto de resolución y, por lo tanto, de los operadores económicos y no de los presupuestos públicos, los mecanismos de financiación pueden efectuar una petición de préstamo a otros mecanismos de financiación en caso de necesidad. De manera similar, deben tener la posibilidad de conceder préstamos a otros mecanismos que lo necesiten. Este préstamo debe ser estrictamente voluntario. La decisión de otorgar un préstamo a otros mecanismos debe adoptarla el mecanismo de financiación prestamista, aunque, debido a las implicaciones presupuestarias potenciales, los Estados miembros deben poder exigir que se consulte al ministerio correspondiente o que este dé su consentimiento.

(110) Si bien los mecanismos financieros se instituyen a nivel nacional, en el contexto de una resolución de grupo deben ser mutualizados, siempre que se alcance un acuerdo entre las autoridades nacionales sobre la resolución de la entidad. Los depósitos cubiertos por sistemas de garantía de depósitos no deben sufrir pérdida alguna en el proceso de resolución. Cuando una medida de resolución garantice que los depositantes vayan a seguir teniendo acceso continuo a sus depósitos, debe exigirse a los sistemas de garantía de depósitos a los que está afiliada una entidad objeto de resolución que aporten una contribución que no será superior al importe de las pérdidas que hubieran tenido que soportar si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

(111) Si bien los depósitos cubiertos están protegidos contra las pérdidas en la resolución, otros depósitos admisibles están potencialmente disponibles a efectos de absorción de pérdidas. A fin de proporcionar cierto nivel de protección a las personas físicas y a las microempresas y pequeñas y medianas empresas que sean titulares de depósitos admisibles que rebasen el nivel de los depósitos cubiertos, tales depósitos deben tener un rango de prelación superior al de los derechos de los acreedores ordinarios, no garantizados y no preferentes en virtud de la legislación nacional que rige los procedimientos de insolvencia ordinarios. El derecho del sistema de garantía de depósitos debe tener, en virtud de dicha legislación nacional, un rango de prelación aún más elevado que las categorías de depósitos admisibles antes mencionadas. La armonización de la legislación nacional de insolvencia en dicho ámbito resulta asimismo necesaria para reducir al mínimo la exposición de los fondos de resolución de los Estados miembros de conformidad con el principio de evitar perjuicios suplementarios para los acreedores previsto en la presente Directiva.

(112) En caso de que los depósitos se transmitan a otra entidad en el contexto de la resolución de una entidad, los depositantes no deben estar asegurados más allá del nivel de cobertura previsto en la Directiva 2014/49/UE. Por lo tanto, las reclamaciones relativas a los depósitos remanentes en la entidad objeto de la resolución deben limitarse a la diferencia entre los fondos transferidos y el nivel de cobertura establecido en la Directiva 2014/49/UE. En caso de que los depósitos transmitidos sean superiores al nivel de cobertura, el depositante no podrá reclamar al sistema de garantía los depósitos que queden en la entidad de crédito objeto de resolución.

(113) La constitución de los mecanismos de financiación integrantes del sistema europeo de mecanismos de financiación establecido en la presente Directiva debe garantizar la coordinación del uso de los fondos disponibles a nivel nacional para resoluciones.

(114) Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la especificación de los criterios para definir las funciones esenciales y las ramas de actividad principales a efectos de la presente Directiva; las circunstancias en las cuales sea necesaria la exclusión de pasivos de las competencias de amortización o conversión contempladas en la presente Directiva; los tipos de acuerdos que deben estar convenientemente protegidos por los Estados miembros cuando hay transmisiones parciales; la forma en que las contribuciones de las entidades deban ajustarse a los dispositivos de financiación para la resolución en función de su perfil de riesgo; las obligaciones en materia de registro, de contabilización, de suministro de información y cualquier otra obligación destinada a garantizar que las contribuciones ex ante son efectivamente pagadas y las circunstancias y condiciones para que una entidad pueda estar eximida temporalmente de efectuar las contribuciones ex post. Reviste particular importancia que la Comisión celebre las oportunas consultas durante sus trabajos preparatorios, en particular a expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(115) Cuando así lo disponga la presente Directiva, es conveniente que la ABE promueva la convergencia de la prácticas de las autoridades nacionales a través de directrices de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) no 1093/2010. En los ámbitos que no estén cubiertos por normas técnicas de regulación o de ejecución, la ABE debe tener la facultad de emitir directrices y recomendaciones sobre la aplicación del Derecho de la Unión por propia iniciativa.

(116) El Parlamento Europeo y el Consejo deben tener un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación para presentar objeciones al acto delegado. Conviene prever que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan informar a las otras instituciones de que no tienen la intención de formular objeciones.

(117) Las normas técnicas de los servicios financieros deben facilitar una armonización coherente y una protección