ES Diario Oficial de la Unión Europea L 227/69

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 809/2014 DE LA COMISIÓN

de 17 de julio de 2014

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo (1), y, en particular, su artículo 58, apartado 4, su artículo 62, apartado 2, letras a) a f) y h), su artículo 63, apartado 5, su artículo 77, apartado 8, su artículo 78, su artículo 96, apartado 4, y su artículo 101, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (UE) no 1306/2013 establece normas básicas, en particular las relativas a la obligación de los Estados miembros de proteger los intereses financieros de la Unión. Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y la aplicación uniforme del nuevo marco jurídico establecido por dicho Reglamento, se ha facultado a la Comisión para que adopte determinadas normas en relación con los controles administrativos y los controles sobre el terreno, la medición de superficies, los casos en que pueden corregirse las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, la aplicación y el cálculo de retiradas parciales o totales y la recuperación de pagos indebidos y sanciones, la aplicación y el cálculo de sanciones administrativas, los requisitos relativos a la base de datos informatizada, las solicitudes de ayuda, las solicitudes de pago y las solicitudes de derechos de pago, incluida la fecha límite de presentación, la realización de controles, las cesiones de explotaciones, el pago de anticipos, la realización de controles del cumplimiento de las obligaciones de condicionalidad, el cálculo y la aplicación de sanciones administrativas en el marco de la condicionalidad y las especificaciones técnicas necesarias para la aplicación uniforme de las normas básicas del sistema integrado de gestión y control (en lo sucesivo, «el sistema integrado») en lo que respecta al régimen de condicionalidad.

(2) Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema integrado de gestión y control cuando varios organismos pagadores se ocupen del mismo beneficiario.

(3) Cuando la autoridad competente aún no haya informado al beneficiario de la existencia de errores en la solicitud de ayuda o la solicitud de pago ni le haya anunciado un control sobre el terreno, el beneficiario debe tener derecho a retirar su solicitud de ayuda o solicitud de pago, o partes de las mismas, en cualquier momento. Asimismo, debe permitirse a los beneficiarios corregir o ajustar los errores manifiestos contenidos en la solicitud de ayuda o la solicitud de pago y los documentos justificativos, que en determinados casos han de ser reconocidos por las autoridades nacionales.

(4) Es preciso establecer disposiciones específicas y detalladas para garantizar una aplicación equitativa de las distintas reducciones a la solicitud o las solicitudes de ayuda o de pago presentadas por el mismo beneficiario. Procede determinar por tanto la secuencia para el cálculo de las diversas reducciones potenciales de cada régimen de pagos directos o medida de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado.

(5) Para garantizar la aplicación uniforme del principio de buena fe en toda la Unión, es necesario establecer las condiciones en que puede invocarse dicho principio en relación con la recuperación de importes pagados indebidamente, sin perjuicio del trato dispensado a los gastos correspondientes en el contexto de la liquidación de cuentas de conformidad con el Reglamento (UE) no 1306/2013.

(6) Conviene establecer normas en relación con las consecuencias de la cesión de explotaciones enteras que estén sujetas a determinadas obligaciones de acuerdo con los regímenes de pagos directos o las medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado.

(7) Los Estados miembros deben notificar datos y estadísticas de control anuales a la Comisión para que a esta le sea posible efectuar un seguimiento eficaz del sistema integrado. Del mismo modo, los Estados miembros han de presentar estadísticas anuales sobre los controles de las medidas de desarrollo rural no cubiertas por el sistema integrado, incluidos los resultados de tales controles. Por otra parte, la Comisión debe ser informada, cuando proceda, de cualquier medida adoptada por los Estados miembros en relación con la condicionalidad.

(8) De conformidad con el artículo 75 del Reglamento (UE) no 1306/2013, los Estados miembros pueden abonar anticipos con respecto a los pagos directos siempre que se cumplan determinadas condiciones, entre ellas la conclusión de los controles administrativos y los controles sobre el terreno correspondientes al año de solicitud en cuestión. El artículo 8 del Reglamento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece que el porcentaje de ajuste fijado de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento (UE) no 1306/2013 es aplicable a los pagos directos que superen un umbral determinado. No obstante, de conformidad con el artículo 26, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1306/2013, la Comisión puede, en función de nuevos elementos que obren en su poder, adaptar el porcentaje de ajuste de los pagos directos hasta el 1 de diciembre. Como consecuencia de ello, cabe la posibilidad de que a 16 de octubre aún se desconozca el porcentaje de ajuste que puede aplicarse en el marco de la disciplina financiera. El pago del saldo a partir del 1 de diciembre debe tener en cuenta el porcentaje de ajuste de la disciplina financiera aplicable en ese momento.

(9) Es conveniente establecer el marco general para la introducción de procedimientos simplificados en el contexto de las comunicaciones entre el beneficiario y las autoridades nacionales. Dicho marco ha de contemplar, en particular, la posibilidad de utilizar medios electrónicos. Debe garantizarse, sin embargo, que los datos transmitidos de ese modo son totalmente fiables y que los procedimientos pertinentes se aplican sin discriminación alguna entre los beneficiarios. A fin de simplificar las labores de gestión tanto a los beneficiarios como a las autoridades nacionales, también conviene prever la posibilidad de que las autoridades competentes utilicen directamente la información a disposición de las autoridades nacionales en lugar de tener que pedir a los beneficiarios que proporcionen tal información para comprobar la admisibilidad de determinados pagos.

(10) Al objeto de garantizar la eficacia de los controles en los Estados miembros que dispongan que todas las solicitudes de ayuda de pagos directos y las solicitudes de pago al amparo de las medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado queden cubiertas por la solicitud única de conformidad con el artículo 72, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1306/2013, debe preverse que todas las solicitudes de ayuda o solicitudes de pago que de algún modo estén relacionadas con la superficie se presenten únicamente una vez al año en una sola solicitud.

(11) Es oportuno que los Estados miembros fijen una fecha límite de presentación de la solicitud única o las solicitudes de pago que, a fin de disponer de tiempo para tramitar y controlar dichas solicitudes, no debe ser posterior al 15 de mayo. No obstante, debido a las condiciones climáticas particulares de Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia, es conveniente autorizar a esos Estados a fijar una fecha límite más tardía, que no debe ser posterior al 15 de junio. Además, debe preverse la posibilidad de autorizar excepciones en casos individuales si, en el futuro, las condiciones climáticas de un año concreto así lo exigen.

(12) Los beneficiarios deben declarar en la solicitud única no solo la superficie que destinan a usos agrícolas sino también sus derechos de pago, así como toda la información necesaria que acredite el cumplimiento de las condiciones para causar derecho a la ayuda. Resulta adecuado, sin embargo, que los Estados miembros puedan establecer excepciones a determinadas obligaciones cuando los derechos de pago de un año dado aún no hayan sido aprobados definitivamente.

(13) Con el fin de conceder la mayor flexibilidad posible a los beneficiarios en la planificación del uso de las superficies, es preciso autorizarles a modificar su solicitud única o solicitud de pago hasta las fechas en que suele tener lugar la siembra, siempre que se cumplan todos los requisitos específicos fijados en los diferentes regímenes o medidas de ayuda y que la autoridad competente no haya informado aún al beneficiario de la existencia de errores en la solicitud única o la solicitud de pago ni notificado el control sobre el terreno que haya revelado errores en relación con la parte afectada por la modificación. Una vez efectuada las modificación, es necesario ofrecer la posibilidad de adaptar los justificantes o contratos que deban presentarse.

(14) Dado que incumbe a los beneficiarios presentar una solicitud de ayuda o una solicitud de pago correcta, ha de corresponderles, cuando proceda, introducir las correcciones y cambios necesarios en el impreso precumplimentado.

(15) En el caso de las solicitudes de ayuda que se presenten en el marco de regímenes de ayuda por superficie o de las solicitudes de pago que se presenten en el marco de medidas de ayuda por superficie, debe facilitarse al beneficiario un impreso precumplimentado en formato electrónico y el correspondiente material gráfico mediante una aplicación informática basada en un sistema de información geográfica (SIG) (en lo sucesivo, «impreso de solicitud de ayuda geoespacial»). Los impresos de solicitud de ayuda geoespaciales contribuirán a prevenir errores por parte de los beneficiarios cuando estos declaren sus superficies agrarias y conferirán mayor eficacia a los controles cruzados administrativos. Por otra parte, la información espacial más precisa que proporcionan los impresos de solicitud de ayuda geoespaciales permitirá disponer de datos más fidedignos a efectos de seguimiento y evaluación. Por consiguiente, procede establecer que, a partir de una fecha determinada, todas esas solicitudes de ayuda o solicitudes de pago se presenten sobre la base del impreso de solicitud de ayuda geoespacial electrónico. No obstante, en caso de que a los beneficiarios no les sea posible utilizar dicho impreso, la autoridad competente debe proponerles una alternativa que les permita presentar una solicitud de ayuda o una solicitud de pago. En cualquier caso, la autoridad competente debe cerciorarse de que las superficies declaradas están digitalizadas.

(16) Es preciso que, junto con la solicitud única, o en su caso en una fecha posterior, dependiendo del tipo de información, se presente información específica sobre la producción de cáñamo, la ayuda voluntaria asociada o el pago específico al cultivo del algodón. Debe preverse asimismo que las superficies por las que no se solicite ayuda se declaren en el impreso de solicitud única. Dada la importancia de disponer de información precisa sobre determinados tipos de utilización de las superficies, los datos correspondientes a esos tipos de utilización deben declararse por separado, mientras que los demás pueden declararse en una única rúbrica.

(17) Cuando se exija a los beneficiarios que mantengan superficies de interés ecológico en la superficie agraria para poder optar al pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente contemplado en el artículo 43 del Reglamento (UE) no 1307/2013 («pago de ecologización»), los beneficiarios deben declarar la superficie de interés ecológico junto con sus solicitudes de ayuda al amparo de los regímenes de ayuda por superficie. Cuando una parte de las obligaciones en materia de superficies de interés ecológico se cumpla a escala regional o de forma colectiva, la declaración de las superficies de interés ecológico ha de completarse con una declaración aparte de las superficies de interés ecológico existentes a escala regional o colectiva.

(18) A fin de asegurar un seguimiento y un control eficaces, la solicitud de participación en el régimen para pequeños agricultores debe incluir una referencia a la solicitud única presentada por el mismo beneficiario. Al objeto de hacer posible un control efectivo de las condiciones especiales aplicables al régimen para pequeños agricultores, toda la información necesaria debe facilitarse utilizando el procedimiento de solicitud simplificado previsto en el artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013. Conviene aclarar, además, que los beneficiarios que decidan retirarse del régimen para pequeños agricultores han de estar obligados a informar de ello a la autoridad competente en los plazos establecidos a fin de facilitar la transición a los pagos previstos en los títulos III y IV del Reglamento (UE) no 1307/2013.

(19) Para que sea posible controlar el cumplimiento de las obligaciones del régimen de condicionalidad, también deben presentar un impreso de solicitud de ayuda los beneficiarios que dispongan de superficie agraria, pero no soliciten ninguna de las ayudas objeto de la solicitud única. Con todo, es oportuno que los Estados miembros puedan eximir a los beneficiarios de esta obligación en caso de que las autoridades competentes ya dispongan de esa información.

(20) A fin de simplificar los procedimientos de solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013 los Estados miembros deben, en la medida de lo posible, suministrar los impresos precumplimentados con la información necesaria al beneficiario para que este pueda presentar una solicitud de ayuda o una solicitud de pago correcta. El impreso precumplimentado ha de diseñarse de forma tal que el beneficiario solo tenga que confirmar la ausencia de cambios con respecto a la solicitud de ayuda o la solicitud de pago presentada el año anterior.

(21) Procede establecer disposiciones comunes sobre los datos que han de consignarse en las solicitudes de ayuda por ganado o las solicitudes de pago en caso de que un Estado miembro opte por la aplicación de la ayuda asociada voluntaria relacionada con los animales o las medidas de desarrollo rural.

(22) De conformidad con el artículo 53, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) no 639/2014 de la Comisión (3), los pagos en el marco de la ayuda asociada voluntaria relacionada con los animales o de las medidas de desarrollo rural solo pueden efectuarse con respecto a animales que estén debidamente identificados y registrados de conformidad con el Reglamento (CE) no 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) o el Reglamento (CE) no 21/2004 del Consejo (5). Por tanto, los beneficiarios que presenten solicitudes de ayuda o solicitudes de pago en el marco de los regímenes de ayuda o de las medidas de ayuda en cuestión deben tener acceso a su debido tiempo a la información pertinente.

(23) Es fundamental que los beneficiarios presenten sus solicitudes de derechos de pago en los plazos fijados para que así los Estados miembros puedan fijar dichos derechos. Procede, pues, fijar una fecha límite de presentación.

(24) Es necesario establecer normas que regulen las situaciones en que se hayan asignado derechos de pago indebidamente, en particular como consecuencia de una sobredeclaración, o en que se haya fijado incorrectamente el valor de tales derechos, por ejemplo, por haberse calculado sobre la base de una cantidad de referencia incorrecta. Conviene aclarar que los ajustes del número o del valor de los derechos de pago no han de dar lugar sistemáticamente a un nuevo cálculo de los derechos de pago restantes. En algunos casos, los derechos de pago asignados indebidamente representan cantidades muy pequeñas, cuya recuperación entraña, empero, considerables costes y una notable carga administrativa. En aras de la simplificación y del equilibrio entre los costes y la carga administrativa, por una parte, y el importe que ha de recuperarse, por otra, es conveniente fijar un importe mínimo por debajo del cual no sea preciso proceder a la recuperación.

(25) El cumplimiento de las disposiciones de los regímenes de ayuda y las medidas de ayuda gestionados en el marco del sistema integrado debe ser objeto de un seguimiento eficaz. Para ello y a fin de garantizar un nivel armonizado de seguimiento en todos los Estados miembros, es preciso especificar detalladamente los criterios y los procedimientos técnicos que han de seguirse en la ejecución de los controles administrativos y los controles sobre el terreno en lo que respecta a los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones establecidos en el marco de los regímenes de pagos directos, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.

(26) Conviene aclarar que, cuando se recurra a la fotointerpretación, por ejemplo durante los controles sobre el terreno o en el contexto de la actualización del sistema de identificación de parcelas agrarias, y no se obtengan resultados concluyentes, deben llevarse a cabo controles de campo.

(27) Resulta conveniente que únicamente se anuncien a los interesados los controles sobre el terreno referidos a las condiciones de admisibilidad y a la condicionalidad cuando ello no vaya a comprometer los controles y, en cualquier caso, que se apliquen plazos adecuados a tal efecto. Por otra parte, cuando las normas sectoriales específicas de actos o normas aplicables en relación con la condicionalidad prevean controles sobre el terreno sin previo aviso, esas normas deben respetarse.

(28) Conviene establecer que los Estados miembros combinen, en su caso, los diversos tipos de controles. No obstante, en el caso de algunas medidas de ayuda, los controles sobre el terreno han de distribuirse a lo largo del año para que así pueda comprobarse el cumplimiento de los compromisos. La duración de un control sobre el terreno debe limitarse al mínimo necesario. Con todo, en el caso de los criterios de admisibilidad, los compromisos o las obligaciones vinculados a un determinado período de tiempo, un control sobre el terreno puede requerir visitas adicionales a un beneficiario en una fecha posterior. En tales casos, conviene especificar que la duración del control sobre el terreno y el número de visitas han de limitarse a lo estrictamente necesario.

(29) Debe velarse por que todo caso de incumplimiento detectado sea objeto de un seguimiento adecuado y se tome en consideración a la hora de proceder a los pagos. En este contexto, cuando se compruebe el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad también se deberán tener en cuenta los posibles casos de incumplimiento notificados por organismos, servicios u organizaciones distintos de los que son directamente responsables de los controles. Los Estados miembros deben garantizar, además, que cualquier constatación pertinente efectuada en el marco de los controles del cumplimiento de los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones sea objeto de notificación cruzada entre las autoridades competentes responsables de la concesión de los pagos. Este principio debe ampliarse a todas las constataciones efectuadas por las autoridades de certificación públicas o privadas con respecto a los beneficiarios que hayan optado por cumplir sus obligaciones de ecologización mediante prácticas equivalentes cubiertas por un sistema de certificación, que deben notificarse a la autoridad responsable de la concesión del pago de ecologización. Por último, cuando los controles en el marco de las medidas de desarrollo rural abarquen prácticas equivalentes, los resultados de esos controles deben ser objeto de notificación cruzada para que puedan tomarse en consideración a la hora de evaluar si se cumplen las condiciones para optar a los pagos de ecologización.

(30) A fin de garantizar una detección eficaz de los casos de incumplimiento durante los controles administrativos, es preciso establecer normas en relación con el contenido de los controles cruzados. Cualquier caso de incumplimiento debe ser objeto de seguimiento mediante los procedimientos pertinentes.

(31) En aras de la simplificación, cuando una parcela de referencia sea objeto de una solicitud de ayuda o una solicitud de pago por parte de dos o más beneficiarios que solicitan ayuda en el marco del mismo régimen de ayuda o medida de ayuda y cuando la superficie declarada en exceso o la superficie superpuesta no supere el margen de tolerancia fijado para la medición de parcelas agrarias, los Estados miembros deben estar autorizados a establecer una reducción proporcional de las superficies consideradas. No obstante, los beneficiarios afectados han de poder recurrir esas decisiones.

(32) Es preciso determinar el número mínimo de beneficiarios que deben ser sometidos a controles sobre el terreno en el marco de los diversos regímenes de ayuda y medidas de ayuda.

(33) La muestra de control destinada a los controles sobre el terreno de los regímenes de ayuda por superficie debe extraerse sobre la base de un método de muestreo estratificado que entrañe una carga administrativa proporcionada y permita mantener el número de beneficiarios que han de someterse a controles sobre el terreno en un nivel razonable. El método de muestreo estratificado debe incluir una parte aleatoria para obtener un porcentaje de error representativo. No obstante, en los controles sobre el terreno efectuados en el marco del pago de ecologización, los regímenes de ayuda por animales o las medidas de desarrollo rural, es conveniente que la muestra se seleccione en parte sobre la base de un análisis de riesgo. La autoridad competente ha de establecer los factores de riesgo centrándose en los ámbitos en que el riesgo de error es más elevado. Para que los análisis de riesgo resulten pertinentes y eficaces, se debe evaluar y actualizar anualmente la eficacia de los criterios de riesgo teniendo en cuenta la pertinencia de cada uno de ellos, comparando los resultados de las muestras elegidas aleatoriamente y de las basadas en el riesgo, la situación específica del Estado miembro y el tipo de incumplimiento.

(34) En algunos casos es conveniente efectuar controles sobre el terreno antes de que se hayan recibido todas las solicitudes. Por tanto, los Estados miembros deben estar autorizados a efectuar una selección parcial de la muestra de control antes del final del plazo de presentación de solicitudes.

(35) La eficacia de los controles sobre el terreno requiere que el personal que los lleve a cabo esté informado de los motivos de la selección efectuada con vistas a esos controles. Los Estados miembros deben llevar registros de esa información.

(36) Los casos graves de incumplimiento detectados durante los controles sobre el terreno deben dar lugar a un incremento de dichos controles durante el año siguiente hasta que se alcance un nivel de garantía aceptable acerca de la exactitud de las solicitudes de ayuda y solicitudes de pago consideradas.

(37) Es necesario establecer en qué condiciones puede considerarse justificada una reducción del nivel mínimo de controles sobre el terreno de determinados regímenes de ayuda y medidas de ayuda sobre la base de un sistema de gestión y control que funcione correctamente y de porcentajes de error que se mantengan en un nivel aceptable.

(38) En aras de un seguimiento adecuado y de un control eficaz, los controles sobre el terreno de los regímenes de ayuda por superficie y las medidas de desarrollo rural deben abarcar todas las parcelas agrarias declaradas. En el caso de algunas medidas de desarrollo rural, los controles sobre el terreno también deben abarcar las tierras no agrícolas. Al objeto de facilitar la aplicación del sistema integrado, conviene prever la posibilidad de limitar la medición real de las parcelas agrarias a una muestra aleatoria del 50 % de las parcelas agrarias declaradas. Es conveniente que los resultados de las mediciones basadas en muestras se extrapolen al resto de la población o que las mediciones se amplíen a todas las parcelas agrarias declaradas.

(39) Procede establecer las normas relativas a los elementos de los controles sobre el terreno, la verificación de las condiciones de admisibilidad, los métodos de medición de superficies y los instrumentos de medición que los Estados miembros tienen que utilizar en los controles sobre el terreno con el fin de que la calidad de las mediciones sea equivalente a la exigida por las normas técnicas elaboradas a escala de la Unión.

(40) Es preciso fijar las condiciones de uso de las técnicas de teledetección en los controles sobre el terreno y disponer la ejecución de controles de campo en todos aquellos casos en que la fotointerpretación no arroje resultados claros. Puede ocurrir que, debido por ejemplo a las condiciones climáticas, no todas las parcelas estén cubiertas por imágenes de calidad suficiente para verificar todas las condiciones de admisibilidad o llevar a cabo la medición de la superficie. En tales casos, los controles sobre el terreno deben realizarse o completarse por medios tradicionales. Por otra parte, es conveniente exigir que la verificación del cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones se realice con el mismo grado de precisión que en un control sobre el terreno efectuado por medios tradicionales.

(41) A fin de que las autoridades nacionales y las autoridades competentes de la Unión puedan efectuar un seguimiento de los controles sobre el terreno practicados, es preciso consignar los pormenores de estos en un informe de control. El beneficiario o su representante deben tener la posibilidad de firmar dicho informe. No obstante, en el caso de los controles sobre el terreno por teledetección, conviene autorizar a los Estados miembros a disponer que solo se ofrezca esa posibilidad cuando el control ponga de manifiesto que se ha incumplido la normativa. Cuando se detecte un caso de incumplimiento, con independencia del tipo de control sobre el terreno efectuado, el beneficiario debe recibir una copia del informe.

(42) Se han establecido disposiciones especiales de control sobre la base del Reglamento (CE) no 1082/2003 de la Comisión (6). Cuando se lleven a cabo controles con arreglo a dicho Reglamento, los resultados deben incluirse en el informe de control a los efectos del sistema integrado.

(43) En el caso de los Estados miembros que opten por la aplicación de un régimen de ayuda por animales o de medidas de ayuda relacionadas con los animales, conviene determinar el calendario y el contenido mínimo de los controles sobre el terreno con respecto a la ayuda solicitada al amparo de dichos regímenes de ayuda o medidas de ayuda. Es fundamental llevar a cabo dichos controles sobre el terreno con el fin de comprobar de manera efectiva la exactitud de las declaraciones presentadas en las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago y las notificaciones a la base de datos informatizada para animales. Los controles sobre el terreno de los regímenes de ayuda por animales o las medidas de ayuda relacionadas con los animales han de abarcar, en particular, la comprobación del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad, la exactitud de las anotaciones en el registro y, en su caso, los pasaportes.

(44) A fin de que las autoridades nacionales y las autoridades competentes de la Unión puedan efectuar un seguimiento de los controles sobre el terreno practicados, es preciso consignar los pormenores de estos en un informe de control. El beneficiario o su representante deben tener la posibilidad de firmar dicho informe. Cuando se detecte un caso de incumplimiento, con independencia del tipo de control sobre el terreno efectuado, el beneficiario debe recibir una copia del informe.

(45) A los efectos del artículo 32, apartado 6, del Reglamento (UE) no 1307/2013, deben establecerse normas para la aplicación del sistema que deben utilizar los Estados miembros para verificar el contenido de tetrahidrocannabinol del cáñamo.

(46) En ese contexto, debe preverse un período de tiempo en el que no pueda cosecharse cáñamo destinado a la producción de fibras después de la floración, a fin de permitir el cumplimiento real de las obligaciones de control de tales cultivos.

(47) Son necesarias normas más detalladas para la organización de los controles administrativos y los controles sobre el terreno y para el cálculo de sanciones administrativas en el caso de las medidas de desarrollo rural no cubiertas por el sistema integrado.

(48) Habida cuenta de las características específicas de esas medidas, los controles administrativos han de comprobar el cumplimiento de la legislación nacional o de la Unión y del programa de desarrollo rural aplicable, y abarcar todos los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones que puedan ser verificados mediante tales controles. A fin de comprobar la realización de las operaciones de inversión, procede que los controles administrativos incluyan también en general una visita al lugar de la operación objeto de ayuda o al emplazamiento de la inversión.

(49) Conviene organizar controles sobre el terreno sobre la base de muestras aleatorias y basadas en el riesgo. La proporción de la muestra aleatoria ha de ser suficiente para poder obtener un porcentaje de error representativo.

(50) Al objeto de garantizar controles suficientes, es preciso fijar un nivel mínimo de control para los controles sobre el terreno. Ese nivel debe elevarse cuando los controles indiquen un alto grado de incumplimiento. De igual modo, conviene que los Estados miembros puedan reducir ese nivel cuando los porcentajes de error estén por debajo del umbral de importancia relativa y los sistemas de gestión y control funcionen debidamente.

(51) Es necesario determinar el contenido de los controles sobre el terreno para garantizar una ejecución uniforme de los mismos.

(52) Es preciso efectuar controles a posteriori de las operaciones de inversión para verificar el cumplimiento del requisito de durabilidad definido en el artículo 71 del Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). Procede especificar la base y los contenidos de esos controles.

(53) La experiencia ha puesto de manifiesto que son necesarias disposiciones de control específicas para determinadas medidas de desarrollo rural y para los gastos de asistencia técnica a iniciativa de los Estados miembros.

(54) De conformidad con el Reglamento (UE) no 1306/2013, no deben imponerse sanciones administrativas cuando el incumplimiento sea de carácter menor, inclusive en forma de ligero rebasamiento de un umbral. Conviene establecer normas con respecto a determinadas medidas de desarrollo rural para determinar cuándo es de carácter menor el incumplimiento, incluida la fijación de un umbral cuantitativo, expresado como porcentaje del importe de ayuda admisible. Procede fijar ese umbral que, de sobrepasarse, ha de dar lugar a una sanción administrativa proporcional.

(55) El control de la observancia de las diferentes obligaciones del régimen de condicionalidad exige la creación de un sistema de control y la introducción de sanciones administrativas adecuadas. Con este propósito, las distintas autoridades de los Estados miembros necesitan comunicarse información, en particular referida a las solicitudes de ayuda, las muestras de control y los resultados de los controles sobre el terreno. Es preciso establecer los elementos fundamentales de ese sistema.

(56) El Reglamento (UE) no 1306/2013 establece obligaciones en materia de condicionalidad para los beneficiarios que reciban pagos directos en virtud del Reglamento (UE) no 1307/2013, ayudas en el sector vitivinícola en virtud de los artículos 46 y 47 del Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), y las primas anuales previstas en el artículo 21, apartado 1, letras a) y b), los artículos 28 a 31, 33 y 34 del Reglamento (UE) no 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), y establece un sistema de reducciones y exclusiones en caso de que se incumplan dichas obligaciones. Conviene establecer las disposiciones de aplicación de dicho sistema.

(57) Los controles de condicionalidad pueden concluirse antes o después de que se reciban los pagos y las primas anuales contemplados en el artículo 92 del Reglamento (UE) no 1306/2013. En particular, cuando tales controles no puedan concluirse antes de que se reciban esos pagos y primas anuales, el importe que ha de abonar el beneficiario en concepto de sanción administrativa debe recuperarse de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento o mediante compensación.

(58) Procede establecer normas dirigidas a las autoridades de los Estados miembros responsables del sistema de control de las obligaciones en materia de condicionalidad.

(59) Debe determinarse el porcentaje mínimo de control para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de condicionalidad. Conviene fijar dicho porcentaje en al menos el 1 % del número total de beneficiarios a que se refiere el artículo 92 del Reglamento (UE) no 1306/2013 que estén incluidos en el ámbito de competencia de cada autoridad de control, y disponer que esos beneficiarios sean seleccionados en función de un análisis de riesgos adecuado.

(60) A los efectos del cálculo de la muestra de control, en el caso concreto de las agrupaciones de personas contempladas en los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) no 1305/2013, los Estados miembros deben gozar de flexibilidad para determinar si se ha de considerar la agrupación en su conjunto o cada uno de sus miembros, de forma individual.

(61) Resulta conveniente ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de alcanzar el porcentaje mínimo de control al nivel de cada autoridad de control competente, al del organismo pagador o al de cada acto o norma, o grupo de actos o normas.

(62) Cuando la legislación específica aplicable a los actos o normas prevea porcentajes mínimos de control, los Estados miembros deben respetarlos. No obstante, los Estados miembros deben poder aplicar un porcentaje único de control en los controles sobre el terreno del régimen de condicionalidad. Es necesario que, si optan por esta posibilidad, todos los casos de incumplimiento que se detecten en los controles sobre el terreno que se realicen en virtud de la normativa sectorial se notifiquen y sean objeto de seguimiento en el marco del régimen de condicionalidad.

(63) En aras de la simplificación, en lo que se refiere a las obligaciones en materia de condicionalidad en relación con la Directiva 96/22/CE del Consejo (10), debe considerarse que la aplicación de un nivel de muestreo específico de los planes de seguimiento cumple el requisito del porcentaje mínimo establecido por el presente Reglamento.

(64) Ha de concederse a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para alcanzar el porcentaje mínimo de control utilizando los resultados de otros controles sobre el terreno o mediante la sustitución de los beneficiarios.

(65) A fin de prevenir cualquier relajación del sistema de control, sobre todo en lo que respecta a las muestras destinadas a los controles sobre el terreno de condicionalidad, los controles de seguimiento efectuados con referencia a la norma de minimis contemplada en el artículo 97, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013, no deben tenerse en cuenta en el cálculo constitutivo de la muestra de control mínima de condicionalidad.

(66) La detección de un grado de incumplimiento significativo en materia de condicionalidad ha de acarrear un incremento del número de controles sobre el terreno durante el año siguiente hasta que se alcance un nivel de garantía aceptable acerca de la exactitud de las solicitudes de ayuda. Los controles adicionales han de centrarse en los actos o las normas de que se trate.

(67) En lo que respecta a la aplicación de la norma de minimis con arreglo al artículo 97, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013, es importante determinar el porcentaje de beneficiarios que ha de ser objeto de control para comprobar que se han corregido los casos de incumplimiento detectados.

(68) Una parte de la muestra de control de condicionalidad debe seleccionarse sobre la base de un análisis de riesgos y otra parte, de forma aleatoria. Procede dejar a discreción de las autoridades competentes la elección de los factores de riesgo por ser ellas quienes están en mejores condiciones de hacerlo. Para que los análisis de riesgo resulten pertinentes y eficaces, se debe evaluar y actualizar anualmente su eficacia teniendo en cuenta la pertinencia de cada factor de riesgo, comparando los resultados de las muestras elegidas aleatoriamente y de las basadas en el riesgo, así como la situación específica del Estado miembro.

(69) El muestreo para la realización de controles de condicionalidad sobre el terreno se puede mejorar autorizando a los Estados miembros a tener en cuenta el análisis de riesgos relativo a la participación de los beneficiarios en el sistema de asesoramiento de explotaciones previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) no 1306/2013 y en sistemas de certificación. No obstante, si se tiene en cuenta dicha participación, habrá que demostrar que los beneficiarios que participan en esos sistemas representan menos riesgos que los que no participan en ellos.

(70) En algunos casos, es conveniente efectuar controles de condicionalidad sobre el terreno antes de que se hayan recibido todas las solicitudes. Por tanto, los Estados miembros deben estar autorizados a efectuar una selección parcial de la muestra de control antes del final del plazo de presentación de solicitudes.

(71) Por regla general, la muestra de control de condicionalidad debe extraerse de la población total de beneficiarios a que se refiere el artículo 92 del Reglamento (UE) no 1306/2013 y de los que es responsable la autoridad de control competente en cuestión. Como excepción a esa regla, pueden seleccionarse por separado muestras de cada una de las tres categorías de beneficiarios. Los Estados miembros deben quedar autorizados a extraer la muestra de control sobre la base de las muestras de beneficiarios seleccionados para un control sobre el terreno en relación con los criterios de admisibilidad. Asimismo, procede autorizar una combinación de procedimientos únicamente en la medida en que contribuya a una mayor eficacia del sistema de control.

(72) En caso de que se seleccione a una agrupación de personas con arreglo a los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) no 1305/2013 para los controles sobre el terreno, debe garantizarse que todos sus miembros son objeto de controles para comprobar que cumplen los requisitos y normas pertinentes.

(73) Los controles de condicionalidad sobre el terreno requieren, en general, varias visitas de cada explotación agrícola. Para reducir la carga que representan tanto para los beneficiarios como para las administraciones, conviene prever la posibilidad de que los controles se limiten a una visita. Es oportuno aclarar en qué momento debe efectuarse dicha visita. No obstante, los Estados miembros deben garantizar la realización de un control representativo y efectivo de los requisitos y las normas en el mismo año natural.

(74) La limitación de los controles sobre el terreno a una muestra de al menos la mitad de las parcelas en cuestión no debe entrañar una reducción proporcional de la posible sanción correspondiente.

(75) A fin de simplificar los controles de condicionalidad sobre el terreno y aprovechar mejor la capacidad de control existente, ha de preverse la posibilidad de que, cuando la eficacia de los controles sea al menos equivalente a la de los controles sobre el terreno, los controles en las explotaciones se sustituyan por controles administrativos.

(76) Por otra parte, conviene que los Estados miembros tengan la posibilidad de utilizar indicadores objetivos específicos de determinados requisitos o normas al practicar controles sobre el terreno en el marco de la condicionalidad. Esos indicadores deben, sin embargo, estar directamente vinculados a los requisitos o normas que representan y abarcar todos los elementos que han de ser objeto de control.

(77) Los controles sobre el terreno deben llevarse a cabo en el año natural en que se hayan presentado las solicitudes de ayuda y las solicitudes de pago. En el caso de quienes presenten solicitudes al amparo de los regímenes de ayuda del sector vitivinícola en virtud de los artículos 46 y 47 del Reglamento (UE) no 1308/2013, dichos controles han de efectuarse en cualquier momento dentro del período indicado en el artículo 97, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) no 1306/2013.

(78) Procede establecer normas para la elaboración de informes de control de condicionalidad detallados y específicos. Los inspectores especializados en este campo deben comunicar sus observaciones y la gravedad de las mismas con el fin de permitir al organismo pagador fijar las reducciones correspondientes o, en su caso, decidir las oportunas exclusiones de los pagos y primas anuales enumerados en el artículo 92 del Reglamento (UE) no 1306/2013.

(79) La eficacia de los controles sobre el terreno requiere que el personal que los lleve a cabo esté informado de los motivos por los que el beneficiario ha sido seleccionado con vistas a esos controles. Los Estados miembros deben llevar un registro de esa información.

(80) Procede poner los resultados de los controles de condicionalidad a disposición de todos los organismos pagadores encargados de la gestión de los diferentes pagos sujetos a los requisitos de condicionalidad para que, cuando los hechos observados lo requieran, se apliquen las reducciones apropiadas.

(81) Conviene que los beneficiarios sean informados de cualquier posible caso de incumplimiento detectado como consecuencia de un control sobre el terreno. Es adecuado prever un plazo para informar a los beneficiarios. No obstante, de superarse ese plazo, a los beneficiarios en cuestión no les ha de ser posible evitar las consecuencias de cualquier incumplimiento que se haya detectado.

(82) Por lo que se refiere a la norma de minimis o al sistema de alerta rápida previstos en el artículo 97, apartado 3, y el artículo 99, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1306/2013, respectivamente, conviene aclarar que la obligación de informar al beneficiario sobre las medidas correctoras no es aplicable si el beneficiario ya ha adoptado medidas inmediatas.

(83) Es oportuno establecer los requisitos que han de cumplirse para subsanar el incumplimiento de las normas en caso de que un Estado miembro decida no aplicar las sanciones administrativas por incumplimiento previstas en el artículo 97, apartado 3, y el artículo 99, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1306/2013.

(84) Al objeto de mejorar la comunicación entre las partes que intervienen en las actividades de control, debe preverse que los justificantes pertinentes se remitan al organismo pagador o a la autoridad de coordinación o se pongan a su disposición si estos así lo solicitan.

(85) La sanción administrativa debe aplicarse al importe total de los pagos contemplados en el artículo 92 del Reglamento (UE) no 1306/2013 que se hayan hecho o vayan a hacerse efectivos en favor del beneficiario con respecto a las solicitudes de ayuda o solicitudes de pago presentadas en el transcurso del año natural en que se haya detectado el incumplimiento. En el caso de quienes presenten solicitudes al amparo de los regímenes de ayuda del sector vitivinícola en virtud de los artículos 46 y 47 del Reglamento (UE) no 1308/2013, en particular, la sanción administrativa debe aplicarse al importe total recibido en relación con la solicitud correspondiente a los regímenes de ayuda previstos en dichos artículos. Por lo que respecta a las medidas de reestructuración y conversión, el importe total ha de dividirse por tres.

(86) Si se trata de una agrupación de personas como la contemplada en los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) no 1305/2013, la reducción por incumplimiento cometido por un miembro de la agrupación debe calcularse con arreglo a las disposiciones en materia de condicionalidad pertinentes. La aplicación del porcentaje de reducción resultante debe tener en cuenta el hecho de que las obligaciones de condicionalidad son individuales y deben respetar el principio de proporcionalidad. Con todo, conviene que sean los Estados miembros quienes decidan si dicha reducción ha de aplicarse a la agrupación o únicamente a los miembros no conformes.

(87) Procede establecer normas técnicas y de procedimiento pormenorizadas para el cálculo y la aplicación de las sanciones administrativas relativas a las obligaciones en el ámbito de la condicionalidad.

(88) Las reducciones y exclusiones deben ser objeto de una gradación proporcional a la gravedad del incumplimiento y llegar hasta la total exclusión del beneficiario de todos los pagos contemplados en el artículo 92 del Reglamento (UE) no 1306/2013 en el siguiente año natural.

(89) El Comité de Pagos Directos y el Comité de Desarrollo Rural no han emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su Presidente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1306/2013 en relación con:

a) las notificaciones que deben realizar los Estados miembros a la Comisión de acuerdo con su obligación de proteger los intereses financieros de la Unión;

b) los controles administrativos y los controles sobre el terreno que deben practicar los Estados miembros para cerciorarse del cumplimiento de los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones;

c) el nivel mínimo de los controles sobre el terreno y la obligación de aumentar ese nivel o la posibilidad de reducirlo;

d) la notificación de los controles y comprobaciones llevados a cabo y de sus resultados;

e) las autoridades encargadas de realizar los controles del cumplimiento, así como el contenido de dichos controles;

f) las medidas de control específicas y los métodos para determinar los niveles de tetrahidrocannabinol en el cáñamo;

g) la implantación y el funcionamiento de un sistema para la verificación de las organizaciones interprofesionales autorizadas a los efectos del pago específico al cultivo de algodón;

h) los casos en que las solicitudes de ayuda y las solicitudes de pago o cualquier otra notificación, reclamación o petición pueden corregirse y modificarse tras su presentación;

i) la solicitud y el cálculo de la retirada total o parcial de los pagos;

j) la recuperación de los pagos indebidos y las sanciones, así como de los derechos de pago asignados indebidamente y la aplicación de intereses;

k) la aplicación y el cálculo de sanciones administrativas;

l) la manera de determinar que un caso de incumplimiento reviste carácter menor;

m) las solicitudes de ayuda y las solicitudes de pago, así como las solicitudes de derechos de pago, incluida la fecha límite de presentación de solicitudes, los requisitos sobre la cantidad mínima de información que debe incluirse en ellas, las disposiciones relativas a la modificación o la retirada de solicitudes de ayuda, la exención de la obligación de presentar solicitudes de ayuda y disposiciones que permitan a los Estados miembros aplicar procedimientos simplificados;

n) la realización de controles destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones y la exactitud y la exhaustividad de la información que figura en la solicitud de ayuda o la solicitud de pago, incluidas normas sobre los márgenes de tolerancia de las mediciones en los controles sobre el terreno;

o) las especificaciones técnicas necesarias para la aplicación uniforme de las disposiciones del título V, capítulo II, del Reglamento (UE) no 1306/2013;

p) la cesión de explotaciones;

q) el pago de anticipos;

r) la realización de controles del cumplimiento de las obligaciones de condicionalidad, teniendo en cuenta la participación de los agricultores en el sistema de asesoramiento a las explotaciones y en un sistema de certificación;

s) el cálculo y la aplicación de sanciones administrativas en relación con las obligaciones de condicionalidad, incluidos los beneficiarios constituidos por una agrupación de personas.

Artículo 2

Intercambio de información sobre solicitudes de ayuda, solicitudes de pago y otras declaraciones

1. A los efectos de la correcta administración de los regímenes de ayuda y las medidas de ayuda y en caso de que, en un Estado miembro, más de un organismo pagador se encargue de la gestión de los pagos directos y las medidas de desarrollo rural con respecto a un mismo beneficiario, el Estado miembro de que se trate adoptará las medidas adecuadas para garantizar, cuando proceda, que la información requerida en las solicitudes de ayuda, las solicitudes de pago u otras declaraciones se ponga a disposición de todos los organismos pagadores interesados.

2. Cuando los controles no sean efectuados por el organismo pagador responsable, el Estado miembro interesado se asegurará de que dicho organismo recibe información suficiente sobre los controles practicados y sus resultados. Corresponderá al organismo pagador determinar sus necesidades en materia de información.

Artículo 3

Retirada de solicitudes de ayuda, solicitudes de pago y otras declaraciones

1. Una solicitud de ayuda, una solicitud de pago o cualquier otra declaración podrán retirarse total o parcialmente en cualquier momento por escrito. La autoridad competente procederá al registro de tal retirada.

El Estado miembro que haga uso de las posibilidades contempladas en el artículo 21, apartado 3, podrá disponer que las retiradas por escrito sean sustituidas por la notificación a la base de datos informatizada para animales de que un animal ha abandonado la explotación.

2. Cuando la autoridad competente ya haya informado al beneficiario de la existencia de casos de incumplimiento en los documentos contemplados en el apartado 1 o le haya avisado de su intención de efectuar un control sobre el terreno, o cuando un control sobre el terreno haya puesto de manifiesto un caso de incumplimiento, no se permitirá retirar las partes de esos documentos afectadas por el incumplimiento.

3. Las retiradas efectuadas con arreglo al apartado 1 colocarán los beneficiarios en la situación en que se encontraban antes de presentar los documentos en cuestión o una parte de los mismos.

Artículo 4

Corrección y modificación de errores manifiestos

Las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago y cualesquiera justificantes presentados por el beneficiario podrán ser corregidos y modificados en cualquier momento después de su presentación en caso de error manifiesto reconocido por la autoridad competente sobre la base de una evaluación global del caso concreto y siempre que el beneficiario haya actuado de buena fe.

La autoridad competente solamente podrá reconocer errores manifiestos cuando estos puedan detectarse directamente en un control administrativo de la información que figure en los documentos contemplados en el párrafo primero.

Artículo 5

Aplicación de reducciones, denegaciones, retiradas y sanciones

Cuando un caso de incumplimiento sujeto a la aplicación de sanciones de conformidad con el título IV, capítulo II, del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014 de la Comisión (11) sea también objeto de retiradas o sanciones con arreglo al título II, capítulos III y IV, o de conformidad con las disposiciones del título III de dicho Reglamento:

a) se aplicarán las reducciones, denegaciones, retiradas o sanciones previstas en el título II, capítulos III y IV, o en el título III del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014respecto de los regímenes de pagos directos o las medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado;

b) se aplicarán las sanciones establecidas en el título IV, capítulo II, del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014 al importe total de los pagos que se vayan a conceder al beneficiario interesado de conformidad con el artículo 92 del Reglamento (UE) no 1306/2013 que no sean objeto de las reducciones, denegaciones, retiradas o sanciones mencionadas en la letra a).

Las reducciones, denegaciones, retiradas y sanciones contempladas en el párrafo primero se aplicarán de conformidad con el artículo 6 del presente Reglamento, sin perjuicio de las sanciones adicionales previstas por otras disposiciones del Derecho nacional o de la Unión.

Artículo 6

Orden de las reducciones, denegaciones, retiradas y sanciones en cada régimen de pagos directos o medida de desarrollo rural

1. Los Estados miembros determinarán el importe del pago que deba concederse a un beneficiario en virtud de uno de los regímenes enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) no 1307/2013 sobre la base de las condiciones previstas con arreglo a dicho Reglamento y a los programas para las regiones ultraperiféricas de la Unión y las islas menores del mar Egeo establecidos, respectivamente, por los Reglamentos (UE) no 228/2013 (12) y (UE) no 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) para el régimen de ayudas directas de que se trate.

2. Con respecto a cada uno de los regímenes que figuran en el anexo I del Reglamento (UE) no 1307/2013 y a cada medida de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado, tal como se define en el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, punto 6, del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014, las reducciones, retiradas y sanciones se calcularán, en su caso, en el orden siguiente:

a) las reducciones y sanciones previstas en el título II, capítulo IV, del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014, con excepción de las sanciones contempladas en el artículo 16 de dicho Reglamento, se aplicarán en todos los casos de incumplimiento;

b) el importe resultante de la aplicación de la letra a) servirá de base para el cálculo de las denegaciones previstas en el título III del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014;

c) el importe resultante de la aplicación de la letra b) servirá de base para el cálculo de cualquier reducción que deba aplicarse por presentación fuera de plazo de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014;

d) el importe resultante de la aplicación de la letra c) servirá de base para el cálculo de cualquier reducción que deba aplicarse en caso de no declaración de parcelas agrarias de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014;

e) el importe resultante de la aplicación de la letra d) servirá de base para el cálculo de las retiradas previstas en el título III del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014;

f) el importe resultante de la aplicación de la letra e) servirá de base para la aplicación de: i) la reducción lineal prevista en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1307/2013; ii) la reducción lineal prevista en el artículo 51, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1307/2013; iii) la reducción lineal prevista en el artículo 65, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) no 1307/2013; iv) la reducción lineal prevista en el artículo 65, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1307/2013; v) la reducción lineal que deberá aplicarse en caso de que los pagos que se hayan de efectuar con arreglo al artículo 41 del Reglamento (UE) no 1307/2013 sobrepasen el límite máximo nacional fijado en virtud del artículo 42, apartado 2, de dicho Reglamento.

3. El importe resultante de la aplicación del apartado 2, letra f), servirá de base para:

a) aplicar la reducción de los pagos prevista en el artículo 11 del Reglamento (UE) no 1307/2013;

b) aplicar el porcentaje de reducción lineal establecido de conformidad con el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) no 1307/2013;

c) aplicar el porcentaje de ajuste a que se hace referencia en el artículo 8 del Reglamento (UE) no 1307/2013.

4. El importe del pago resultante de la aplicación del apartado 3 servirá de base para el cálculo de las reducciones que deban aplicarse por incumplimiento de la condicionalidad de conformidad con el título IV, capítulo II, del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014.

Artículo 7

Recuperación de pagos indebidos

1. En caso de pago indebido, el beneficiario quedará obligado a reembolsar el importe en cuestión, al que se añadirán, en su caso, los intereses calculados con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.

2. Los intereses se calcularán en función del tiempo transcurrido entre la finalización del plazo de pago para el beneficiario indicado en la orden de recuperación, que no podrá fijarse en más de 60 días, y la fecha de reembolso o deducción.

El tipo de interés aplicable se calculará de acuerdo con el Derecho nacional, pero no podrá ser inferior al tipo de interés aplicable a la recuperación de importes en virtud de las disposiciones nacionales.

3. La obligación de reembolso establecida en el apartado 1 no se aplicará si el pago es fruto de un error de la autoridad competente o de otra autoridad, sin que el beneficiario haya podido detectar razonablemente ese error.

No obstante, cuando el error obedezca a elementos factuales pertinentes para el cálculo del pago correspondiente, el párrafo primero solo se aplicará si la decisión de recuperación no se ha comunicado en un plazo de 12 meses a partir del pago.

Artículo 8

Cesión de explotaciones

1. A los efectos del presente artículo, se entenderá por:

a) «cesión de una explotación»: la venta, arrendamiento o cualquier tipo de transacción similar de las unidades de producción de que se trate;

b) «cedente»: el beneficiario cuya explotación se cede a otro beneficiario;

c) «cesionario»: el beneficiario a quien se cede la explotación.

2. Cuando, después de haberse presentado una solicitud de ayuda o solicitud de pago y antes de que se hayan cumplido todas las condiciones para su concesión, una explotación sea cedida por un beneficiario a otro en su totalidad, no se concederá al cedente ayuda alguna en relación con la explotación cedida.

3. La ayuda o el pago solicitados por el cedente se concederán al cesionario siempre y cuando:

a) en un plazo dado, que deberá ser fijado por los Estados miembros, el cesionario informe a la autoridad competente de la cesión y solicite el pago de la ayuda;

b) el cesionario presente todas las pruebas exigidas por la autoridad competente;

c) se cumplan todas las condiciones para la concesión de la ayuda respecto de la explotación cedida.

4. Una vez que el cesionario haya informado a la autoridad competente y solicitado el pago de la ayuda de acuerdo con el apartado 3, letra a):

a) todos los derechos y obligaciones del cedente que se deriven de la relación jurídica generada por la solicitud de ayuda o la solicitud de pago entre el cedente y la autoridad competente se transferirán al cesionario;

b) todas las actuaciones necesarias para la concesión de la ayuda y todas las declaraciones realizadas por el cedente antes de la cesión se asignarán al cesionario a los efectos de la aplicación de la normativa pertinente de la Unión;

c) la explotación cedida se considerará, cuando proceda, una explotación independiente en relación con año de solicitud considerado.

5. Si procede, los Estados miembros podrán decidir conceder la ayuda al cedente. En tal caso:

a) no se concederá ayuda alguna al cesionario;

b) los Estados miembros aplicarán, mutatis mutandis, los requisitos fijados en los apartados 2, 3 y 4.

Artículo 9

Notificaciones

1. Todos los años, a más tardar el 15 de julio, con respecto a todos los regímenes de pagos directos, las medidas de desarrollo rural y la asistencia técnica y los regímenes de ayuda en el sector vitivinícola contemplados en los artículos 46 y 47 del Reglamento (UE) no 1308/2013, los Estados miembros notificarán a la Comisión los datos de control y las estadísticas de control correspondientes al año natural anterior y, en particular:

a) datos relativos a los beneficiarios individuales en términos de solicitudes de ayuda y solicitudes de pago, superficies y animales declarados u objeto de una solicitud, resultados de controles administrativos, controles sobre el terreno y controles a posteriori;

b) cuando proceda, los resultados de los controles de condicionalidad, incluidas las reducciones y exclusiones correspondientes.

Esta notificación se efectuará por vía electrónica, utilizando las especificaciones técnicas para la transmisión de los datos de control y las estadísticas de control puestos a su disposición por la Comisión.

2. A más tardar el 15 de julio de 2015, los Estados miembros remitirán a la Comisión un informe sobre las opciones elegidas para el control de los requisitos de condicionalidad y los organismos de control competentes encargados de los controles de los requisitos y normas de condicionalidad. Las subsiguientes modificaciones de la información facilitada en el citado informe se notificarán sin demora.

3. Todos los años, a más tardar el 15 de julio, los Estados miembros remitirán a la Comisión un informe sobre las medidas adoptadas para la gestión y el control de la ayuda asociada voluntaria correspondiente al año natural anterior.

4. La base de datos informatizada creada dentro del sistema integrado se utilizará para avalar la información que debe enviarse a la Comisión en el marco de las normas sectoriales.

TÍTULO II

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 10

Anticipos de pagos directos

Los Estados miembros podrán abonar anticipos de los pagos directos sin aplicar el porcentaje de ajuste en el marco de la disciplina financiera a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (UE) no 1307/2013 a los beneficiarios en relación con las solicitudes de ayuda para un año determinado. El pago del saldo que debe hacerse a los beneficiarios a partir del 1 de diciembre tendrá en cuenta el porcentaje de ajuste en el marco de la disciplina financiera aplicable en ese momento al importe total de los pagos directos en el año natural correspondiente.

CAPÍTULO II

Solicitudes de ayuda y solicitudes de pago

Sección 1

Disposiciones comunes

Artículo 11

Simplificación de procedimientos

1. Salvo disposición en contrario de los Reglamentos (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 y (UE) no 1307/2013, del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014 o del presente Reglamento, los Estados miembros podrán autorizar o exigir que todo tipo de comunicación del beneficiario a las autoridades y viceversa en el marco del presente Reglamento se efectúe por vía electrónica, siempre que ello no ocasione discriminación alguna entre los beneficiarios y se tomen las medidas adecuadas para garantizar, en particular, que:

a) el beneficiario queda identificado inequívocamente;

b) el beneficiario cumple todos los requisitos del régimen de pagos directos o de la medida de desarrollo rural en cuestión;

c) los datos transmitidos son fidedignos con vistas a la adecuada gestión del régimen de pagos directos o la medida de desarrollo rural correspondiente; cuando se utilicen los datos de la base de datos informatizada para animales definida en el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, punto 9, del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014, dicha base de datos ofrecerá el nivel de garantía y funcionamiento necesario para la adecuada gestión del régimen de pagos directos o la medida de desarrollo rural en cuestión;

d) cuando no pueda transmitirse electrónicamente la documentación complementaria, las autoridades competentes la reciben en plazos idénticos a los correspondientes a la transmisión por vías no electrónicas;

2. Los Estados miembros podrán prever, en las condiciones indicadas en el apartado 1, procedimientos simplificados de presentación de las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago cuando las autoridades ya dispongan de los datos, especialmente cuando la situación no haya cambiado desde la última presentación de una solicitud de ayuda o solicitud de pago al amparo del régimen de pagos directos o la medida de desarrollo rural en cuestión de conformidad con el artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013. Los Estados miembros podrán decidir utilizar los datos obtenidos de fuentes de datos a disposición de las autoridades nacionales a los efectos de las solicitudes de ayuda y las solicitudes de pago. En tal caso, los Estados miembros velarán por que las fuentes de datos ofrezcan el nivel de garantía necesario para la adecuada gestión de los datos a fin de asegurar la fiabilidad, integridad y seguridad de los datos.

3. Cuando sea posible, la autoridad competente podrá recabar directamente de la fuente de información los datos requeridos en los justificantes que deban presentarse junto con la solicitud de ayuda o la solicitud de pago.

Artículo 12

Disposiciones generales relativas a la solicitud única y a la presentación de solicitudes de ayuda al amparo de las medidas de desarrollo rural

1. Si los Estados miembros deciden, de conformidad con el artículo 72, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1306/2013, que las solicitudes de ayuda de pagos directos y las solicitudes de pago correspondientes a las medidas de desarrollo rural se presenten a través de la solicitud única, serán de aplicación, mutatis mutandis, los artículos 20, 21 y 22 del presente Reglamento en lo que respecta a los requisitos específicos establecidos para la solicitud de ayuda o la solicitud de pago en virtud de esos regímenes o medidas.

2. El beneficiario que solicite una ayuda en el marco de los pagos directos por superficie o de las medidas de desarrollo rural solamente podrá presentar una solicitud al año.

3. Los Estados miembros establecerán los procedimientos adecuados para la presentación de las solicitudes de ayuda al amparo de las medidas de desarrollo rural.

Artículo 13

Fecha límite de presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago

1. Los Estados miembros fijarán las fechas límite de presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago. Las fechas límite no podrán ser posteriores al 15 de mayo de cada año. Ello no obstante, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia podrán fijar una fecha ulterior, que no podrá ser posterior al 15 de junio.

Al fijar las fechas límite, los Estados miembros tendrán en cuenta el plazo necesario para la obtención de todos los datos pertinentes para una correcta gestión administrativa y financiera de la ayuda y garantizarán la programación de controles eficaces.

2. De conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 78, párrafo segundo, del Reglamento (UE) no 1306/2013, las fechas límite contempladas en el apartado 1 del presente artículo podrán fijarse en una fecha posterior en determinadas zonas sujetas a condiciones climáticas excepcionales.

Artículo 14

Contenido de la solicitud única o de la solicitud de pago

1. La solicitud única o la solicitud de pago incluirán toda la información necesaria para determinar la admisibilidad del solicitante, en particular:

a) la identidad del beneficiario;

b) pormenores de los regímenes de pagos directos o las medidas de desarrollo rural de que se trate;

c) la identificación de los derechos de pago, de conformidad con el sistema de identificación y registro establecido en el artículo 7 del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014 a los efectos del régimen de pago básico;

d) datos que permitan identificar inequívocamente todas las parcelas agrarias de la explotación, su superficie, expresada en hectáreas con dos decimales, su localización y, en su caso, información suplementaria sobre el uso de las parcelas agrarias;

e) en su caso, datos que permitan la identificación inequívoca de las tierras no agrícolas por las que se solicita la ayuda al amparo de medidas de desarrollo rural;

f) en su caso, cualesquiera justificantes que sean necesarios para determinar la existencia del derecho a acogerse al régimen o a la medida en cuestión;

g) una declaración del beneficiario en la que este afirme tener conocimiento de las condiciones aplicables a los regímenes de pagos directos o las medidas de desarrollo rural en cuestión;

h) cuando proceda, la indicación del beneficiario de que está cubierto por la lista de negocios o actividades no agrarios contemplada en el artículo 9, apartado 2, párrafos primero y segundo, del Reglamento (UE) no 1307/2013.

2. A los efectos de la identificación de los derechos de pago mencionados en el apartado 1, letra c), los impresos precumplimentados que se proporcionen al beneficiario de acuerdo con el artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013 mencionarán la identificación de los derechos de pago de conformidad con el sistema de identificación y registro establecido en el artículo 7 del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014.

3. En el primer año de aplicación del régimen de pago básico, los Estados miembros podrán establecer excepciones a lo dispuesto en este artículo y en el artículo 17 del presente Reglamento con respecto a los derechos de pago.

Artículo 15

Modificaciones de la solicitud única o de la solicitud de pago

1. Después de la fecha límite de presentación de la solicitud única o la solicitud de pago, podrán incluirse o modificarse parcelas agrarias o derechos de pago individuales en la solicitud única o la solicitud de pago, a condición de que se cumplan los requisitos de los regímenes de pagos directos o las medidas de desarrollo rural de que se trate.

Podrán introducirse en las mismas condiciones modificaciones del uso o del régimen de pagos directos o la medida de desarrollo rural respecto de las distintas parcelas agrarias o de los derechos de pago ya declarados en la solicitud única.

Cuando las modificaciones contempladas en los párrafos primero y segundo repercutan en algún justificante o contrato que deba presentarse, tales documentos podrán modificarse en consecuencia.

2. Las modificaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el apartado 1 se notificarán por escrito a la autoridad competente a más tardar el 31 de mayo del año de que se trate, excepto en el caso de Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia, países en que se comunicarán a más tardar el 15 de junio del año de que se trate.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán fijar una fecha límite anterior para la notificación de las modificaciones. Dicha fecha, sin embargo, deberá ser al menos 15 días naturales posterior a la fecha límite de presentación de la solicitud única o la solicitud de pago fijada de acuerdo con el artículo 13, apartado 1.

3. Cuando la autoridad competente ya haya informado al beneficiario de algún caso de incumplimiento en su solicitud única o solicitud de pago, o cuando le haya anunciado su intención de llevar a cabo un control sobre el terreno, o cuando en este control se haya detectado un caso de incumplimiento, no se autorizarán las modificaciones contempladas en el apartado 1 respecto de las parcelas agrarias afectadas por el incumplimiento.

Artículo 16

Corrección de los impresos precumplimentados

Al presentar el impreso de solicitud única, de solicitud de ayuda o de solicitud de pago, el beneficiario corregirá el impreso precumplimentado mencionado en el artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013 si se hubieran producido modificaciones, en especial en lo que se refiere a transferencias de derechos de pago de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento (UE) no 1307/2013, o si hubiera alguna información incorrecta en los impresos precumplimentados.

Sección 2

Solicitudes de ayuda al amparo de los regímenes de ayuda por superficie y solicitudes de pago al amparo de las medidas de ayuda por superficie

Artículo 17

Requisitos específicos aplicables a las solicitudes de ayuda al amparo de los regímenes de ayuda por superficie y las solicitudes de pago al amparo de las medidas de ayuda por superficie

1. A los efectos de la identificación de todas las parcelas agrarias de la explotación o de las tierras no agrícolas contempladas en el artículo 14, apartado 1, letras d) y e), la autoridad competente proporcionará al beneficiario el impreso precumplimentado y el correspondiente material gráfico mencionado en el artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013 a través de una interfaz basada en el SIG que permita el tratamiento de los datos espaciales y alfanuméricos de las superficies declaradas (en lo sucesivo denominado «impreso de solicitud de ayuda geoespacial»).

2. El apartado 1 se aplicará como sigue:

a) a partir del año de solicitud de 2016, al número de beneficiarios necesario para cubrir al menos el 25 % de la superficie total determinada para el régimen de pago básico o el régimen de pago único por superficie el año anterior;

b) a partir del año de solicitud de 2017, al número de beneficiarios necesario para cubrir al menos el 75 % de la superficie total determinada para el régimen de pago básico o el régimen de pago único por superficie el año anterior;

c) a partir del año de solicitud de 2018, a todos los beneficiarios.

3. Cuando el beneficiario no se encuentre en condiciones de presentar la solicitud de ayuda o la solicitud de pago en el impreso de solicitud de ayuda geoespacial, la autoridad competente proporcionará al beneficiario:

a) la asistencia técnica necesaria; o

b) los impresos precumplimentados y el correspondiente material gráfico en papel; en este caso, la autoridad competente deberá transcribir la información facilitada por el beneficiario en el impreso de solicitud de ayuda geoespacial.

4. Los impresos precumplimentados facilitados al beneficiario deberán especificar la superficie máxima admisible por parcela de referencia de conformidad con el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014 y la superficie determinada durante el año anterior en cada parcela agraria a los efectos del régimen de pago básico, del régimen de pago único por superficie o de la medida de desarrollo rural relacionada con la superficie.

El material gráfico facilitado al beneficiario de conformidad con el artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013 indicará los límites y la identificación única de las parcelas de referencia contempladas en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014 y los límites de las parcelas agrarias determinadas el año anterior para que así el beneficiario pueda indicar correctamente el tamaño y la localización de cada parcela agraria. A partir del año de solicitud de 2016, se indicará asimismo el tipo, tamaño y localización de las superficies de interés ecológico determinadas el año anterior.

5. El beneficiario deberá identificar y declarar de forma inequívoca la superficie de cada parcela agraria y, en su caso, el tipo, el tamaño y la localización de las superficies de interés ecológico. En lo que respecta al pago de ecologización, el beneficiario deberá especificar también el uso de las parcelas agrarias declaradas.

A tal efecto, el beneficiario podrá confirmar la información ya facilitada en el impreso precumplimentado. No obstante, cuando la información sobre la superficie, la localización o el límite de la parcela agraria o, en su caso, el tamaño y la localización de las superficies de interés ecológico no sea correcta o esté incompleta, el beneficiario deberá corregir o modificar el impreso precumplimentado.

La autoridad competente evaluará sobre la base de las correcciones o datos complementarios aportados por los beneficiarios en el impreso precumplimentado si es necesario actualizar la parcela de referencia correspondiente, habida cuenta del artículo 5, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014.

6. En caso de que el beneficiario realice prácticas equivalentes de conformidad con el artículo 43, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) no 1307/2013 a través de compromisos asumidos con arreglo al artículo 39, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo (14) o al artículo 28, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1305/2013, el compromiso deberá indicarse en la solicitud de ayuda con referencia a la correspondiente solicitud de pago.

En caso de que el beneficiario realice prácticas equivalentes a través de regímenes nacionales o regionales de certificación medioambiental de conformidad con el artículo 43, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) no 1307/2013, se aplicarán, mutatis mutandis, los apartados 4 y 5 del presente artículo en lo que se refiere al impreso precumplimentado y a la declaración del beneficiario.

A efectos de cumplimiento regional o colectivo a tenor del artículo 46, apartados 5 y 6, del Reglamento (UE) no 1307/2013 y con respecto a la parte de las obligaciones en materia de superficies de interés ecológico que los beneficiarios deben cumplir de manera individual, los beneficiarios que participen en esos sistemas de cumplimiento regional o colectivo deberán identificar y declarar inequívocamente con respecto a cada parcela el tipo, el tamaño y la localización de la zona de interés ecológico de conformidad con el apartado 5 del presente artículo. En su solicitud de ayuda o solicitud de pago, los beneficiarios deberán hacer referencia a la declaración de cumplimiento regional o colectivo a que se refiere el artículo 18 del presente Reglamento.

7. En el caso de las superficies utilizadas para la producción de cáñamo de conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (UE) no 1307/2013, la solicitud única deberá incluir lo siguiente:

a) toda la información necesaria para la identificación de las parcelas sembradas de cáñamo, con indicación de las variedades de semillas utilizadas;

b) la indicación de las cantidades de semillas utilizadas (en kg por hectárea);

c) las etiquetas oficiales utilizadas en los envases de las semillas de conformidad con la Directiva 2002/57/CE del Consejo (15), y en particular su artículo 12, o cualquier otro documento que el Estado miembro considere equivalente.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, letra c), cuando la siembra tenga lugar después de la fecha límite de presentación de la solicitud única, las etiquetas se presentarán el 30 de junio a más tardar. En caso de que las etiquetas también deban presentarse a otras autoridades nacionales, los Estados miembros podrán disponer que esas etiquetas se devuelvan al beneficiario tras haber sido presentadas de conformidad con lo establecido en dicha letra. En las etiquetas devueltas se indicará que han sido utilizadas en una solicitud.

8. En el caso del pago específico al cultivo del algodón previsto en el título IV, capítulo 2, del Reglamento (UE) no 1307/2013, la solicitud única incluirá lo siguiente:

a) el nombre de la variedad de semilla de algodón utilizada;

b) si procede, el nombre y la dirección de la organización interprofesional autorizada a la que pertenezca el beneficiario.

9. Las superficies que no se utilicen a los efectos de los regímenes de ayuda previstos en los títulos III, IV y V del Reglamento (UE) no 1307/2013 o de los regímenes de ayuda del sector vitivinícola contemplados en el Reglamento (UE) no 1308/2013 se declararán en una o varias rúbricas de «otros usos».

Artículo 18

Declaración de cumplimiento regional o colectivo

Con respecto a cada caso de cumplimiento regional o colectivo a tenor del artículo 46, apartados 5 o 6, del Reglamento (UE) no 1307/2013, se presentará una declaración de cumplimiento regional o colectivo que complete la solicitud de ayuda o la solicitud de pago de cada beneficiario participante.

La declaración contendrá toda la información adicional necesaria para verificar el cumplimiento regional o colectivo de las obligaciones de conformidad con el artículo 46, apartados 5 o 6, de dicho Reglamento, en particular:

a) la identificación única de cada beneficiario participante;

b) el porcentaje mínimo que debe cumplir individualmente cada beneficiario participante con arreglo al artículo 46, apartado 6, párrafo segundo, de dicho Reglamento;

c) la superficie total de las estructuras contiguas de las superficies de interés ecológico adyacentes a que se refiere el artículo 46, apartado 5, de dicho Reglamento, o de la superficie de interés ecológico común a que se refiere el artículo 46, apartado 6, de dicho Reglamento, con respecto a la que se cumplan las obligaciones de forma colectiva;

d) material gráfico preestablecido que indique los límites y la identificación única de las parcelas de referencia que deben utilizarse para identificar inequívocamente las estructuras contiguas de las superficies de interés ecológico adyacentes o la superficie de interés ecológico común e indicar sus límites.

En caso de cumplimiento regional, si el plan detallado previsto en el artículo 46, apartado 6, del Reglamento Delegado (UE) no 639/2014 contiene todos los datos enumerados en el párrafo segundo del presente artículo, la declaración contemplada en el párrafo primero podrá sustituirse por una referencia al plan.

En caso de cumplimiento colectivo, la declaración contemplada en el párrafo primero se completará con el acuerdo escrito previsto en el artículo 47, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) no 639/2014.

Artículo 19

Solicitudes relativas a la participación en el régimen para pequeños agricultores o a la retirada de dicho régimen

1. Las solicitudes presentadas en 2015 a fin de participar en el régimen para los pequeños agricultores contemplado en el artículo 62, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1307/2013 deberá incluir una referencia a la solicitud única presentada para el año de solicitud de 2015 por el mismo beneficiario y, cuando proceda, una declaración del beneficiario en la que este afirme tener conocimiento de las condiciones especiales aplicables al régimen para pequeños agricultores previstas en el artículo 64 de dicho Reglamento.

Los Estados miembros podrán decidir que la solicitud mencionada en el párrafo primero se presente junto con la solicitud única o como parte de ella.

2. A partir del año de solicitud de 2016, los Estados miembros establecerán el procedimiento de presentación de solicitudes simplificado contemplado en el artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013.

3. Los impresos precumplimentados que han de utilizarse en el procedimiento de presentación de solicitudes mencionado en el apartado 2 se establecerán sobre la base de la información proporcionada con la solicitud única presentada para el año de solicitud de 2015, y deberán incluir, en particular:

a) toda la información adicional necesaria para determinar el cumplimiento del artículo 64 del Reglamento (UE) no 1307/2013 y, en su caso, toda la información adicional necesaria para confirmar que el beneficiario sigue cumpliendo el artículo 9 de dicho Reglamento;

b) una declaración del beneficiario en la que este afirme tener conocimiento de las condiciones especiales aplicables al régimen para pequeños agricultores previstas en el artículo 64 del Reglamento (UE) no 1307/2013.

Cuando los Estados miembros opten por el método de pago establecido en el artículo 63, apartado 2, párrafo primero, letra a), del Reglamento (UE) no 1307/2013, sin aplicar su párrafo tercero, no obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, los impresos precumplimentados se presentarán de conformidad con la sección 1 del presente capítulo.

4. Los beneficiarios que decidan retirarse del régimen para pequeños agricultores en un año posterior a 2015 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) no 1307/2013 o en el artículo 62, apartado 2, de dicho Reglamento, informarán de ello a la autoridad competente de conformidad con las disposiciones establecidas por los Estados miembros.

Sección 3

Otras solicitudes

Artículo 20

Disposiciones específicas aplicables a las solicitudes de ayuda

Los beneficiarios que no soliciten ayuda en el marco de un régimen de ayuda por superficie pero sí lo hagan al amparo de otro de los regímenes enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) no 1307/2013 o de los regímenes de ayuda del sector vitivinícola de conformidad con los artículos 46 y 47 del Reglamento (UE) no 1308/2013, y dispongan de superficies agrarias, deberán declarar esas superficies en el impreso de solicitud de ayuda de conformidad con el artículo 17 del presente Reglamento.

Los beneficiarios que únicamente estén sujetos a obligaciones de condicionalidad con arreglo a los artículos 46 y 47 del Reglamento (UE) no 1308/2013 deberán declarar en el impreso de solicitud de ayuda las superficies de que dispongan en cada uno de los años naturales a los que se apliquen esas obligaciones.

No obstante, los Estados miembros podrán eximir a los beneficiarios de las obligaciones contempladas en los párrafos primero y segundo cuando las autoridades competentes dispongan de la información en el marco de otros sistemas de gestión y control que sean compatibles con el sistema integrado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento (UE) no 1306/2013.

Artículo 21

Requisitos aplicables a la solicitud de ayuda por ganado y a las solicitudes de pago en el marco de medidas de ayuda relacionadas con los animales

1. Las solicitudes de ayuda por ganado, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, punto 15, del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014 o las solicitudes de pago al amparo de las medidas de ayuda relacionadas con los animales, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, punto 14, de dicho Reglamento, incluirán toda la información necesaria para determinar la admisibilidad de la ayuda, y en particular:

a) la identidad del beneficiario;

b) la referencia de la solicitud única, si esta ya ha sido presentada;

c) el número de animales de cada especie respecto de los que se presenta una solicitud de ayuda por ganado o una solicitud de pago y, en el caso del ganado vacuno, el código de identificación de los animales;

d) en su caso, el compromiso del beneficiario de mantener a los animales contemplados en la letra c) en su explotación durante el período determinado por el Estado miembro, e información sobre el lugar o los lugares donde se encontrarán los animales, con indicación del período de que se trate;

e) en su caso, cualesquiera justificantes que sean necesarios para determinar la existencia del derecho a acogerse al régimen o a la medida en cuestión;

f) una declaración del beneficiario en la que este afirme tener conocimiento de las condiciones aplicables a la ayuda de que se trate.

2. Todos los poseedores de animales tendrán derecho a obtener de la autoridad competente, sin limitaciones, a intervalos razonables y sin demoras excesivas, información sobre los datos que sobre ellos y sus animales consten en la base de datos informatizada para animales. Al presentar sus solicitudes de ayuda por ganado o su solicitud de pago, los beneficiarios declararán que esos datos son correctos y están completos o bien rectificarán los datos incorrectos y añadirán los que falten.

3. Los Estados miembros podrán decidir que es innecesario indicar en la solicitud de ayuda por ganado o la solicitud de pago algunos de los datos contemplados en el apartado 1 si estos ya han sido comunicados a la autoridad competente.

4. Los Estados miembros podrán implantar procedimientos que permitan emplear a los efectos de las solicitudes de ayuda por ganado o las solicitudes de pago la información contenida en la base de datos informatizada para animales, siempre que dicha base de datos ofrezca el nivel de garantía y funcionamiento necesario para la adecuada gestión de los regímenes de ayuda o medidas de ayuda con respecto a cada animal.

Los procedimientos mencionados en el párrafo primero podrán consistir en un sistema según el cual un beneficiario pueda solicitar ayuda en relación con todos los animales que, en una fecha o durante un período establecidos por el Estado miembro, cumplan los requisitos para la misma según los datos incluidos en la base de datos informatizada para animales.

En tal caso, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para velar por que:

a) de conformidad con las disposiciones aplicables al régimen de ayuda o la medida de ayuda en cuestión, la fecha o el período indicados en el párrafo segundo estén claramente determinados y sean conocidos por el beneficiario;

b) el beneficiario sea consciente de que los animales potencialmente admisibles de los que se haya comprobado que no están correctamente identificados o registrados en el sistema de identificación y registro de animales contarán como animales respecto de los cuales se han detectado incumplimientos con arreglo al artículo 31 del Reglamento Delegado (UE) no 640/2014.

5. Los Estados miembros podrán disponer que algunos de los datos indicados en el apartado 1 puedan o deban enviarse a través de un organismo u organismos autorizados por ellos. No obstante, el responsable de los datos transmitidos seguirá siendo el beneficiario.

Sección 4

Disposiciones específicas aplicables a los derechos de pago

Artículo 22

Asignación o incremento del valor de los derechos de pago

1. Las solicitudes de asignación de derechos de pago o el incremento del valor de los derechos de pago en el marco del régimen de pago básico con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20, el artículo 24, el artículo 30, salvo el apartado 7, letra e), y el artículo 39 del Reglamento (UE) no 1307/2013 se presentarán antes de una fecha que habrán de fijar los Estados miembros. La fecha que se fije no podrá ser posterior al 15 de mayo del año natural pertinente.

Ello no obstante, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia podrán fijar una fecha ulterior, que no podrá ser posterior al 15 de junio del año natural pertinente.

2. Los Estados miembros podrán decidir que la solicitud de asignación de derechos de pago se presente al mismo tiempo que la solicitud de ayuda al amparo del régimen de pago básico.

Artículo 23

Recuperación de derechos de pago indebidos

1. En caso de que, una vez asignados los derechos de pago a los beneficiarios de conformidad con el Reglamento (UE) no 1307/2013, se constate que el número de derechos de pago asignado es demasiado elevado, el número de derechos de pago asignado en exceso revertirá a la reserva nacional o a las reservas regionales a que se hace referencia en el artículo 30 del Reglamento (UE) no 1307/2013.

Cuando el error contemplado en el párrafo primero haya sido cometido por la autoridad competente u otra autoridad y no haya podido ser razonablemente detectado por el beneficiario, el valor de las restantes derechos de pago asignados a tal beneficiario se adaptará en consecuencia.

Si, entretanto, el beneficiario al que se haya asignado un número demasiado elevado de derechos de pago ha cedido derechos de pago a otros beneficiarios, la obligación prevista en el párrafo primero se aplicará también a los cesionarios proporcionalmente al número de derechos que les haya sido cedido, cuando el beneficiario a quien se hubieran asignado inicialmente los derechos de pago no disponga de un número suficiente de derechos para cubrir el número de derechos de pago asignados indebidamente.

2. En caso de que, una vez asignados los derechos de pago a los beneficiarios de conformidad con el Reglamento (UE) no 1307/2013, se constate que los pagos recibidos por un beneficiario para 2014 a que se refiere el artículo 26, apartado 2, párrafo primero, de dicho Reglamento, o el valor de los derechos de pago en poder de un beneficiario en la fecha de presentación de su solicitud para 2014 a que se refiere el artículo 26, apartado 3, párrafo primero, de dicho Reglamento, o el valor unitario de los derechos de ayuda a que se refiere el artículo 26, apartado 5, de dicho Reglamento, o el aumento del valor unitario de los derechos de pago previsto en el artículo 30, apartado 10, de dicho Reglamento, o el importe total de las ayudas recibidas por un beneficiario durante el año natural anterior a la aplicación del régimen de pago básico a que se refiere el artículo 40, apartado 3, párrafo primero, de dicho Reglamento, son demasiado elevados, se ajustará en consecuencia el valor de esos derechos de pago sobre la base de la referencia incorrecta del beneficiario en cuestión.

Se procederá igualmente a ese ajuste respecto de los derechos de pago cedidos entretanto a otros beneficiarios.

El valor de la reducción revertirá a la reserva nacional o a las reservas regionales contempladas en el artículo 30 del Reglamento (UE) no 1307/2013.

3. En caso de que, una vez asignados los derechos de pago a los beneficiarios de conformidad con el Reglamento (UE) no 1307/2013, se constate que, con respecto al mismo beneficiario, se han producido tanto la situación mencionada en el apartado 1 como la contemplada en el apartado 2, el ajuste del valor de todos los derechos de pago a que se refiere el apartado 2 se efectuará antes de que los derechos de pago indebidos reviertan a la reserva nacional o a las reservas regionales de conformidad con el apartado 1.

4. Los ajustes del número o el valor de los derechos de pago previstos en el presente artículo no darán lugar a un nuevo cálculo sistemático de los derechos de pago restantes.

5. Los Estados miembros podrán decidir no recuperar los derechos de pago indebidos cuando el valor total de dichos derechos consignado en el registro electrónico de identificación y registro de derechos de pago en el momento en que se efectúen las verificaciones con miras a la introducción de los ajustes previstos en el presente artículo sea igual o inferior a 50 euros en cualquiera de los años en que se aplique el régimen de pago básico de conformidad con el Reglamento (UE) no 1307/2013.

Los importes abonados indebidamente en relación con los años de solicitud anteriores a los ajustes se recuperarán de conformidad con el artículo 7 del presente Reglamento. Esos importes abonados indebidamente se determinarán teniendo en cuenta los efectos de los ajustes previstos en el presente artículo en el número y, en su caso, el valor de los derechos de pago correspondientes a todos los años en cuestión.

TÍTULO III

CONTROLES

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 24

Principios generales

1. Los controles administrativos y los controles sobre el terreno previstos en el presente Reglamento se efectuarán de modo que se garantice la comprobación efectiva de los siguientes puntos:

a) la exactitud y exhaustividad de la información presentada en la solicitud de ayuda, la solicitud de pago o cualquier otra declaración;

b) el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones del régimen de ayuda o de la medida de ayuda en cuestión, y las condiciones en que se otorguen la ayuda o la exención de obligaciones;

c) los requisitos y normas aplicables en relación con la condicionalidad.

2. Los Estados miembros garantizarán que el cumplimiento de todos los requisitos aplicables establecidos por la normativa de la Unión o en la legislación nacional pertinente y los documentos que contengan las correspondientes disposiciones de ejecución o por el programa de desarrollo rural pueda comprobarse de acuerdo con una serie de indicadores verificables que establecerán los propios Estados miembros.

3. Se evaluarán los resultados de los controles administrativos y de los controles sobre el terreno a fin de determinar si los problemas surgidos pueden, en general, representar un riesgo para otras operaciones similares, otros beneficiarios u otros organismos. La evaluación también indicará las causas de tales situaciones, los posibles exámenes complementarios que deban efectuarse y las medidas correctoras y preventivas necesarias.

4. La autoridad competente deberá realizar inspecciones físicas de campo en caso de que la fotointerpretación de ortoimágenes de satélite o aéreas no arroje resultados que permitan extraer conclusiones definitivas a satisfacción de la autoridad competente acerca de la admisibilidad o el tamaño exacto de la superficie objeto de los controles administrativos o los controles sobre el terreno.

5. El presente capítulo será aplicable a todos los controles que se lleven a cabo en virtud del presente Reglamento, sin perjuicio de las normas específicas establecidas en los títulos IV y V. El apartado 3, sin embargo, no será aplicable al título V.

Artículo 25

Anuncio de controles sobre el terreno

Los controles sobre el terreno se podrán anunciar, siempre que ello no interfiera en su finalidad o eficacia. El anuncio se limitará estrictamente al plazo mínimo necesario y su antelación no podrá ser superior a 14 días.

No obstante, en el caso de los controles sobre el terreno relativos a las solicitudes de ayuda por ganado o las solicitudes de pago correspondientes a medidas de ayuda relacionadas con los animales, el anuncio no podrá efectuarse con una antelación superior a 48 horas, salvo en casos debidamente justificados. Por otra parte, cuando la legislación aplicable a los actos y normas referidos a la condicionalidad exija que el control sobre el terreno se realice sin previo aviso, esas disposiciones también se aplicarán a los controles sobre el terreno del régimen de condicionalidad.

Artículo 26

Calendario de los controles sobre el terreno

1. Cuando así proceda, los controles sobre el terreno previstos en el presente Reglamento y los demás controles establecidos en la normativa de la Unión se llevarán a cabo simultáneamente.

2. A los efectos de las medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado, los controles sobre el terreno se distribuirán a lo largo del año en función de un análisis de los riesgos que presenten los diferentes compromisos relativos a cada medida.

3. En los controles sobre el terreno se comprobará el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones de esos regímenes de ayuda o medidas de ayuda al amparo de los cuales haya sido seleccionado un beneficiario de conformidad con el artículo 34.

La duración de los controles sobre el terreno se limitará estrictamente al plazo mínimo necesario.

4. Cuando determinados criterios de admisibilidad, compromisos y otras obligaciones solo puedan comprobarse durante un período específico, los controles sobre el terreno podrán exigir visitas adicionales en una fecha posterior. En tal caso, los controles sobre el terreno se coordinarán de manera que el número y la duración de esas visitas a un beneficiario se limiten a lo estrictamente necesario. Cuando proceda, tales visitas también podrán llevarse a cabo mediante teledetección con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40.

Cuando sean necesarias visitas adicionales a terrenos en barbecho, lindes de campos, franjas de protección, franjas de hectáreas admisibles a lo largo de lindes forestales, cultivos intermedios o cubierta vegetal declarados superficies de interés ecológico, el número de visitas adicionales se realizará en el 50 % de los casos al mismo beneficiario, seleccionado sobre la base del riesgo, y en el 50 % restante de los casos, a beneficiarios distintos seleccionados adicionalmente. Los distintos beneficiarios adicionales serán seleccionados aleatoriamente entre todos los beneficiarios que dispongan de terrenos en barbecho, lindes de campos, franjas de protección, franjas de hectáreas admisibles a lo largo de lindes forestales, cultivos intermedios o cubierta veget