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(48)

La Comisión estima que la ayuda al funcionamiento en cuestión no puede considerarse destinada a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, según la letra c) del artículo 87, apartado 3, en particular porque esta disposición exige que las ayudas «no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común», requisito que, en el presente caso, la Comisión considera que no se cumple. La ayuda no reúne ninguno de los requisitos previstos en las orientaciones comunitarias relativas a las ayudas estatales de emergencia y a la reestructuración vigentes en el momento de su concesión (14). No se fija ningún otro objetivo horizontal de interés común. Por último, su aplicación restrictiva al sector financiero no altera la conclusión de la valoración, en particular porque el efecto sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el impacto de esta ayuda en el funcionamiento, en términos de distorsión de la competencia, es particularmente sensible en este sector.
(10)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar de manera definitiva el dumping, el perjuicio y el interés comunitario, y llevó a cabo inspecciones in situ en los locales de las siguientes empresas: a) Productores comunitarios — Computer Support Italcard s.r.l. (Milán, Italia) — Global Digital Disk GmbH & Co KG (Dresde, Alemania) — Manufacturing Advanced Media S.A. (Mulhouse, Francia) — Sony DADC AG (Salsburgo, Austria) — TDK Recording Media Europe SA (Luxemburgo) b) Productores exportadores de China — Fortune (Jiangsu) Multimedia Co., Ltd, Nantong — Prodisc Technology. Inc. («Prodisc China»), Ningbo c) Productores exportadores de Hong Kong — Audio Distributor’s/Artsome Ltd. — Lead Data Inc. — Mediastar Technology Ltd. — MDA Technology Ltd. d) Productores exportadores de Malasia — Daxon Technologies Sdn Bhd. Kuala Lumpur — Digital Data Technologies Sdn Bhd. Kuala Lumpur — Dragon Optical Media Technologies Sdn Bhd. Kuala Lumpur — Memory Tech Sdn Bhd. Kuala Lumpur e) Comerciantes vinculados — Daxon BenQ Inc. (Taiwán) — Prodisc Technology Inc. (Taipei, Taiwán) — Artsome Investment Ltd. (Hong Kong) f) Importadores y comerciantes no vinculados — Emtec International S.p.a. (París, Francia) — Ingram Micro Distribution GmbH (Múnich, Alemania) — Intenso GmbH (Vechta, Alemania) — Maxell Europe Ltd (Londres, Reino Unido) — Philips Recordable Media (Wiesbaden, Alemania) — Sony France S.A. (París, Francia) — Verbatim Ltd (Londres, Reino Unido) g) Distribuidor vinculado — SK Kassetten GmbH & Co KG (Neuenrade, Alemania) h) Mayorista/minorista — Metro Group Buying GmbH (Dusseldorf, Alemania) i) Minoristas — Carrefour Marchandises Internationales (París, Francia) — El Corte Inglés S.A. (Madrid, España) — FNAC S.A. (París, Francia) j) Otros interesados — Philips Intellectual Property & Standards, Eindhoven, Países Bajos
(6)

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (2), el Reino Unido no ha participado en la adopción de la Decisión 2004/512/CE y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación, ya que desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen. Por lo tanto, el Reino Unido no es destinatario de la presente Decisión de la Comisión.
(3)

La sentencia del Tribunal no afecta al estatuto de la Comunidad como Parte en el Convenio. De conformidad con el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no es por tanto necesario depositar un nuevo instrumento de ratificación. No obstante, es preciso adoptar una nueva decisión del Consejo por la que se apruebe el Convenio de Rotterdam y una declaración de competencia modificada para dejar constancia del cambio de base jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, apartado 3, del Convenio de Rotterdam.
(3)

Tras examinar la norma EN 13000:2004, la Comisión ha determinado que incumple varios de los requisitos esenciales de seguridad y de salud del anexo I de la Directiva 98/37/CE, en concreto, el requisito del punto 4.2.1.4 (control de las solicitaciones) junto con los requisitos de los puntos 1.1.2, letra c) (principios de integración de la seguridad), 1.2.5 (selector de modo de marcha), 1.3.1 (estabilidad), 4.1.2.1 (riesgos debidos a la falta de estabilidad) y 4.1.2.3 (resistencia mecánica). En concreto, en lo que respecta a las cláusulas 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 y 4.2.6.3.3 de la norma, las medidas definidas para el diseño y la construcción de grúas móviles no garantizan un nivel de seguridad lo suficientemente elevado para el uso previsible del producto. En particular, la norma no especifica las medidas de protección adecuadas para evitar un uso incorrecto del dispositivo de derivación del limitador de capacidad nominal.
(6)

Los dispositivos anticaídas tienen una serie de importantes desventajas. En primer lugar, representan una limitación para el operador. Esto puede tener como resultado que los operadores, y en particular los que efectúan frecuentes operaciones de mantenimiento, no se pongan los EPI antes de utilizar una escalera fija. En segundo lugar, crean peligros secundarios en caso de que un operador se caiga y se golpee contra las partes fijas de la máquina o la instalación, si no hay un espacio libre mínimo por debajo de él. Además, esta área sin obstrucción debe necesariamente ser más amplia que el área cerrada que necesita una jaula. En tercer lugar, constituyen una limitación organizativa para las empresas (gestión de los EPI y necesidad de compatibilidad entre los EPI y el sistema de sujeción). Esta limitación puede provocar un mal funcionamiento, lo que, a su vez, puede desembocar en accidentes.
(3)

Tras examinar la norma EN 13683:2003, la Comisión ha determinado que incumple los requisitos esenciales de seguridad y de salud de los puntos 1.1.2, letra c) (principios de integración de la seguridad), 1.3.8 (elección de la protección contra los riesgos relacionados con elementos móviles) y 1.4.1 (requisitos generales para resguardos y dispositivos de protección) del anexo I de la Directiva 98/37/CE. En primer lugar, las especificaciones previstas en las cláusulas 5.2.1.1 y 5.2.1.2 de la norma para evitar el acceso a la cuchilla desde el lado de alimentación y la parte superior no son suficientes para evitar el contacto con la cuchilla. Pueden sacarse las virutas acumuladas mientras funciona el aparato y la mano puede ponerse en contacto con la cuchilla al hacerlo. En segundo lugar, las especificaciones previstas en la cláusula 5.2.2 de la norma para evitar el acceso a la cuchilla desde la boca de descarga en la parte inferior no son suficientes. Las dimensiones de la boca de descarga permiten que una mano adulta se ponga en contacto con la cuchilla.
(3)

Los documentos adjuntos a la solicitud aportan pruebas suficientes de que es imposible o poco práctico por el momento conseguir el objetivo de un mercado de la electricidad competitivo, habida cuenta del tamaño y de la estructura del mercado de la electricidad en la isla. En tales circunstancias, la apertura del mercado crearía problemas importantes, en particular en relación con la seguridad del suministro de electricidad, y daría lugar a costes más elevados para los consumidores. Además, no existe otro sistema de transmisión y por lo tanto no puede designarse ningún operador; sin competencia en el suministro, también deja de estar justificado el requisito de la Directiva 2003/54/CE en relación con el acceso de terceros a las redes de distribución.
(1)

Los destinatarios de la presente Decisión son Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG, Para-Chemie GmbH, Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA, Elf Aquitaine SA, Total SA, ICI PLC, Lucite International Ltd y Lucite International UK Ltd, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV y Quinn Plastics GmbH.
e)

condiciones del crédito que las autoridades del país exportador tengan previsto conceder: i) porcentaje pagable a crédito, ii) duración del crédito e inicio del mismo (por ejemplo, a cada entrega, tras la última entrega, en la puesta en marcha), iii) ritmo de reembolso, iv) si los reembolsos no se escalonaren en importes de igual cuantía y espaciados regularmente entre el inicio y la finalización del crédito: modalidades precisas del reembolso (porcentaje de cada importe y fecha exacta del reembolso), v) bonificación efectiva de intereses cuando no contravenga el derecho común; tipo de interés si el crédito se concediese a partir de fondos públicos, vi) primas del seguro de crédito cuando no contravenga el derecho común, vii) amplitud y condiciones de asistencia para los gastos locales;
(10)

La Comisión buscó y verificó toda la información que consideró necesaria para la determinación preliminar del dumping, el perjuicio resultante y el interés de la Comunidad. Se llevaron a cabo inspecciones in situ en los locales de las siguientes empresas: a) Productores de la Comunidad — AB Ekranas (Panevezys, Lituania), y la empresa vinculada Farimex S.A. (Ginebra, Suiza), — Thomson Displays Polska Sp. Zo.o (Piaseczno, Polonia) («Thomson»). b) Productores exportadores de la República Popular China — Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd (Pekín), — Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd (NanJing), y el productor vinculado LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd (Changsha). c) Productor exportador de Corea — LG Philips Displays Korea Co., Ltd (Seúl). d) Productor exportador de Malasia — Chunghwa Picture Tubes (Malasia) Sdn., Bhd. (Shah Alam). e) Productor exportador de Tailandia — CRT Display Technology Co., Ltd (Rayong), y el productor vinculado Thai CRT Co., Ltd (Chonburi). f) Importador vinculado de la Comunidad — LG Philips Displays Netherlands B.V. (Países Bajos).
(4)

En lo que se refiere a las cantidades respecto de las cuales no se hayan presentado pruebas de eliminación, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 60/2004 dispone que debe percibirse a los Estados miembros un importe igual a la cantidad no eliminada, multiplicada por la restitución por exportación más elevada aplicable al azúcar blanco del código NC 1701 99 10 durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de noviembre de 2005. Durante ese período, la restitución por exportación más elevada, fijada por el Reglamento (CE) no 1038/2004 de la Comisión, de 27 de mayo de 2004, que fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco a determinados terceros países para la vigésima octava licitación parcial efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 1290/2003 (3), ascendió a 499,5 EUR/tonelada.
(3)

Como este tipo de dispositivo utiliza el espectro radioeléctrico con una baja potencia de emisión y una capacidad de emisión de corto alcance, sus posibilidades de causar interferencias con otros usuarios del espectro es normalmente muy limitada. Por lo tanto, estos aparatos pueden compartir bandas de frecuencias con otros servicios, sujetos, o no, a autorización particular, sin causar interferencias perjudiciales, y pueden coexistir con otros dispositivos de corto alcance. Por consiguiente, su uso no debe estar sujeto a autorización con arreglo a la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Además, los servicios de radiocomunicaciones, definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tienen preferencia sobre los dispositivos de corto alcance y no están obligados a asegurar la protección contra interferencias de determinados tipos de dispositivos de corto alcance. Por lo tanto, al no poder asegurarse a los usuarios de dispositivos de corto alcance una protección contra interferencias, es responsabilidad de los fabricantes de estos aparatos protegerlos contra interferencias perjudiciales de los servicios de radiocomunicaciones, así como de otros dispositivos de corto alcance que funcionen de acuerdo con las disposiciones nacionales o comunitarias aplicables. En virtud de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (3), los fabricantes deben asegurar que los dispositivos de corto alcance utilicen de forma eficaz el espectro radioléctrico para evitar las interferencias perjudiciales con otros dispositivos del mismo tipo.
(199)

Por otra parte, la circunstancia de la responsabilidad institucional tampoco procede. La responsabilidad institucional obliga al garante a dotar a HLB de los medios necesarios para su correcto funcionamiento, siempre que decida mantener el banco en activo. En la fecha de la aportación, HLB de ningún modo estaba en una situación que ya no permitiera su correcto funcionamiento. Por consiguiente, la aportación de capital no era necesaria para mantener el correcto funcionamiento de HLB. Así, el banco, de acuerdo con un cálculo económico concienzudo del Estado federado en tanto que copropietario, podía aprovechar también en el futuro las oportunidades del mercado en condiciones de competencia. A una decisión económica normal del Estado federado no le es aplicable la «disposición de urgencia» de la responsabilidad institucional. Al no ser aplicable ningún otro régimen de ayudas existente con arreglo al artículo 87, apartado 1, y al artículo 88, apartado 1, del Tratado CE, la aportación de capital debe calificarse, por tanto, de ayuda nueva en virtud del artículo 87, apartado 1 y del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.
(170)

Por último, no hay que olvidar el carácter no fungible de la inversión, es decir, la imposibilidad de retirar de la empresa en cualquier momento el capital invertido. Normalmente, un inversor puede vender un instrumento de capital en el mercado a un tercero, poniendo así fin a su inversión. Una aportación de capital social normal discurre de la siguiente manera: el inversor aporta los activos (ya sea en efectivo o en especie), que se incorporan al activo del balance. Por regla general, esto se corresponde en el pasivo con una contrapartida negociable a favor del inversor, que, en el caso de una sociedad anónima, reviste la forma de acciones. Estas acciones pueden venderse a terceros. De este modo, si bien el inversor no puede recuperar los activos aportados inicialmente —ya que ahora forman parte del capital de garantía de la sociedad y no puede disponer de ellos—, sí puede realizar su contravalor económico vendiendo las acciones. Por tanto, su inversión es fungible. Debido a las condiciones específicas de la transferencia del capital de IB, el Estado federado no tiene esa posibilidad. No obstante, la Comisión no ve motivos para aplicar otro incremento. Aunque el Estado federado no podía realizar el contravalor económico en virtud de la libre negociabilidad de la inversión, en principio existía en todo momento la posibilidad de retirar el patrimonio especial de LSH por ley y, en su caso, obtener mayor rentabilidad aportándolo a otra entidad. En el acuerdo entre la BdB, el Estado federado de Schleswig-Holstein y HSH Nordbank también se considera que no debe aplicarse un incremento por el hecho de que los activos no sean fungibles.
(21)

Tratándose como se trata de las excepciones contempladas en el artículo 87, la Comisión ha señalado que el municipio de Haaksbergen no está situado en una región asistida y que por lo tanto no puede aspirar a una ayuda regional en virtud de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letras a) y c). Evidentemente no se aplica tampoco la excepción prevista en del artículo 87, apartado 3, letra b). La Comisión ha adoptado una serie de directrices en las que se especifican las condiciones en las que se puede incluir una ayuda entre las exenciones establecidas en el artículo 87, apartado 3, letra c). Ninguna de dichas directrices parece aplicarse al presente caso. También se ha estudiado el caso a la luz de la excepción prevista para las zonas urbanas desfavorecidas (3). Sin embargo, el proyecto no responde a dicha excepción entre otras cosas porque Haaksbergen no es una zona urbana según lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión. Y lógicamente la zona tampoco entra en el programa europeo URBAN II. Por último, tampoco se aplica la excepción cultural prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d) porque el proyecto prevé la construcción de obra nueva y no la renovación de un edificio preexistente y no persigue ningún otro objetivo cultural.
(154)

Por otro lado, a petición de la Comisión, Alemania explicó que las participaciones sin voto en virtud del artículo 10.4 de la Ley bancaria alemana no están amparadas por la responsabilidad institucional y la responsabilidad de garante. A su juicio, esto es consecuencia directa de la participación en las pérdidas prevista en el contrato, requisito previo para su reconocimiento como fondos propios de garantía. Así, el inversor no ha de considerarse acreedor del banco y no está amparado por la responsabilidad de garante. Igualmente, tampoco se beneficia de la responsabilidad institucional, pues de ella sólo se deriva la obligación de asegurar la base económica de la entidad y de poner a disposición las aportaciones necesarias para mantener las actividades comerciales normales. En ningún caso queda descartada la participación de terceros en las pérdidas. En principio, cabe incurrir en pérdidas hasta el agotamiento de los fondos propios de garantía. Así, el partícipe sin voto no está precisamente protegido en sus intereses patrimoniales por la intervención del garante sobre la base de la responsabilidad institucional. Como los inversores en fondos propios no entran en el ámbito de la protección que ofrecen la responsabilidad institucional y la responsabilidad de garante, la Comisión considera que, desde la perspectiva del año 1998, el reforzamiento o mantenimiento de la fortaleza financiera individual de Helaba ejerce una influencia positiva sobre las condiciones en las que el banco podía adquirir capital adicional —como participaciones sin voto— en el futuro.
(168)

Por último, no hay que olvidar el carácter no fungible de la inversión, es decir, la imposibilidad de retirar de la empresa en cualquier momento el capital invertido. Normalmente, un inversor puede vender en el mercado a un tercero un instrumento de capital, poniendo así fin a su inversión. Una aportación de capital social normal discurre de la siguiente manera: el inversor aporta los activos al activo del balance (ya sea en efectivo o en especie). Por regla general, esto se corresponde en el pasivo con una contrapartida negociable a favor del inversor, que, en el caso de una sociedad anónima, reviste la forma de acciones. Estas acciones puede venderlas a un tercero. Aunque no puede recuperar sus activos aportados originalmente, ya que ahora forman parte del capital de garantía de la sociedad y no puede disponer de ellos, sí puede realizar su contravalor económico vendiendo las acciones según la cotización de la bolsa. De esa forma, su inversión es fungible. Debido a las particulares condiciones de la transferencia del patrimonio especial, el Estado federado no tiene esa posibilidad. No obstante, la Comisión no ve motivos para otro incremento. Aunque el Estado federado no tuvo la posibilidad de realizar el contravalor económico mediante la libre negociabilidad de la inversión, en principio existía, y existe, la posibilidad de volver a retirar de BayernLB por ley el patrimonio especial y, en su caso, obtener mayor rentabilidad mediante una nueva aportación en otra institución. En el acuerdo entre la BdB, el Estado federado de Baviera y BayernLB también se considera que no debe aplicarse un incremento por el hecho de que los activos no fueran fungibles.
(22)

De conformidad con el apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, no se pueden imponer multas o multas coercitivas a una asociación de empresas. Sin embargo, el texto del apartado 1 del artículo 65 no da pié a considerar que la prohibición impuesta en dicha disposición no se aplique también a una asociación que ha adoptado una decisión tendente a impedir, restringir o falsear el juego normal de la competencia. Por lo tanto, a pesar de que no se le haya impuesto ninguna multa por los comportamientos contrarios a la competencia anteriormente descritos, Federacciai es destinataria de la presente Decisión.
(7)

No obstante, conviene velar por que, en relación con los acuerdos de contratación celebrados de conformidad con las normas del BERD del Fondo de protección de Chernóbil, no se discrimine entre Estados miembros, con independencia de si han celebrado o no convenios individuales de contribución con el BERD.
(6)

Se recibieron dos cuestionarios debidamente cumplimentados de dos productores exportadores chinos, Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd. y Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., que ya habían cooperado en la investigación original. Otro productor exportador, Yale Industrial Products Co. Ltd., facilitó una información bastante incompleta y, por tanto, tras ser debidamente informado al respecto, se decidió considerarlo no cooperante de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base. Otros dos productores exportadores chinos que cooperaron en la investigación original, Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory y Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, no facilitaron ninguna información en esta nueva investigación de absorción.
d)

145 EUR por prueba, para las pruebas discriminatorias moleculares primarias, como se contempla en el anexo X, capítulo C, punto 3.2, letra c), inciso i), del Reglamento (CE) no 999/2001.
(39)

La Comisión desea señalar que los créditos netos de los ayuntamientos a VAOP ascendían a 5 700 000 NLG (2 600 000 euros) (12). Estos créditos no estaban garantizados porque otro acreedor importante, el BNG, tenía derechos prendarios de primer grado sobre activos importantes. Si VAOP se hubiera declarado insolvente y se hubieran liquidado sus activos, las autoridades locales no habrían podido recuperar gran parte de sus créditos. La Comisión ha revisado el cálculo presentado por las autoridades neerlandesas: desde el punto de vista de los acreedores, era un cálculo optimista (13). La Comisión opina, no obstante, que, en caso de insolvencia, los ayuntamientos no habrían esperado recuperar más de 1 200 000 NLG (500 000 euros) de sus créditos de 5 700 000 NLG (2 600 000 euros). Además, el dinero sólo se habría recuperado tras el consiguiente retraso que lleva aparejado una liquidación. En lugar de aceptar esta pérdida de 4 500 000 NLG (2 millones de euros), los socios prefirieron convertir 3 millones de NLG (1 300 000 euros) en un préstamo con intereses y recuperar el saldo. Esta segunda opción era más favorable. Cuando incoó el procedimiento, la Comisión también dudaba de si un inversor en una economía de mercado que aceptara esta conversión no habría exigido un tipo de interés más elevado. Estas dudas han sido despejadas: el poder negociador de los ayuntamientos frente al BNG no les hubiera permitido exigir un tipo de interés más elevado. A largo plazo, la carga de un tipo de interés más elevado habría reducido la capacidad de VAOP de devolver su préstamo al BNG. El BNG estaba en una posición que le permitía resistir a estas exigencias por parte de los ayuntamientos, amenazándoles con provocar la insolvencia de VAOP, lo que, como ya se ha señalado, habría sido menos conveniente para los ayuntamientos. De hecho, aunque éstos hubieran tenido el poder negociador necesario, no les habría interesado aumentar el tipo de interés porque esto simplemente habría incrementado las cargas financieras de VAOP durante los cinco años siguientes. Puesto que los socios pagan a VAOP el coste de los servicios que reciben, los tipos de interés más elevados que habrían obtenido se habrían visto contrarrestados por los pagos, más elevados, a VAOP durante este periodo.