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ES Diario Oficial de la Unión Europea L 212/5

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 31 de julio de 2008

por la que se nombran miembros y suplentes del Comité Pediátrico para que representen a los profesionales sanitarios y a las asociaciones de pacientes

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/646/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el Reglamento (CEE) no 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) no 726/2004 (1), y, en particular, su artículo 4, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1901/2006 exige a la Comisión que nombre miembros del Comité Pediátrico de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) a representantes de los profesionales sanitarios y de las asociaciones de pacientes.

(2) De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1901/2006, la Comisión procedió a una convocatoria pública de manifestaciones de interés. Asimismo, se consultó al Parlamento Europeo sobre el resultado de la evaluación de las solicitudes recibidas en el marco de dicha convocatoria.

(3) Los miembros y suplentes del Comité deben nombrarse por un período de tres años, a partir del 1 de agosto de 2008,

DECIDE:

Artículo único

1. Se nombra miembros y suplentes del Comité Pediátrico, para que representen a los profesionales sanitarios por un período de tres años a partir del 1 de agosto de 2008, a:

— miembro: Jean Pierre ABOULKNER,

— suplente: Alexandra COMPAGNUCCI,

— miembro: David SPENSER,

— suplente: Alan SMYTH,

— miembro: Adriana CECI,

— suplente: Paolo PAOLUCCI.

2. Se nombra miembros y suplentes del Comité, para que representen a las organizaciones de pacientes por un período de tres años a partir del 1 de agosto de 2008, a:

— miembro: Tsvetana SCHYNS-LIHARSKA,

— suplente: Karen AIACH,

— miembro: Michal ODERMARSKY,

— suplente: Milena STEVANOVIC,

— miembro: Annagrazia ALTAVILLA,

— suplente: Dominique GIOCANTI.

Hecho en Bruselas, el 31 de julio de 2008. Por la Comisión Günter VERHEUGEN Vicepresidente

(1) DO L 378 de 27.12.2006, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1902/2006 (DO L 378 de 27.12.2006, p. 20).
(5)

La Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (3) («Decisión Prüm»), regula, concretamente en su artículo 18, formas de asistencia policial entre los Estados miembros en caso de concentraciones masivas y acontecimientos similares, catástrofes y accidentes graves. La presente Decisión no trata de las concentraciones masivas, las catástrofes naturales o los accidentes graves en el sentido del artículo 18 de la Decisión Prüm, sino que viene a completar las disposiciones de esa Decisión previendo formas de asistencia policial entre los Estados miembros, a cargo de unidades especiales de intervención, en otro tipo de situaciones, a saber, las crisis provocadas por el hombre que supongan una amenaza física directa y grave para personas, bienes, infraestructuras o instituciones, en particular la toma de rehenes, el apoderamiento de aeronaves y casos similares.
(30)

En el cuadro siguiente se comparan los tipos de interés aplicados en virtud de los regímenes con el índice de referencia comunitario aplicable en los respectivos momentos de concesión del crédito. Beneficiario Fecha Tipo de interés aplicado en % Índice de referencia de la UE en % Loan scheme for fish processing Lerwick Fish Traders Ltd 5.1996 7,75 11,18 Shetland Seafood Specialities Ltd 10.1996 9,0 10,26 Whalsay Fish Processing Ltd 8.1997 8,0 8,15 D Watt (Shetland) Ltd 12.1998 8,0/5,0 (9) 7,77 D Watt (Shetland) Ltd 5.2002 6,5 6,01 Salmon Farming Loan Assistance Johnson Seawell Ltd 6.2000 8,0 7,64 North Atlantic Salmon Ltd 6.2000 8,0 7,64 Hoove Salmon Ltd 6.2000 8,0 7,64 Dury Salmon Ltd 6.2000 8,0 7,64 Hoganess Salmon Ltd 9.2000 8,0 7,64 North Isles Seafood Ltd 8.2000 8,0 7,64 Bressay Salmon Ltd 6.2000 8,0 7,06 Wester Sound Salmon Ltd 10.2000 8,0 7,06 Scord Salmon (Shetland) Ltd 2.2001 7,5 7,06 Hoove Salmon Ltd 7.2001 7,5 7,06 Skerries Salmon Ltd 7.2001 7,5 7,06 Unst Salmon Ltd 8.2001 7,5 6,01 SSG Seafoods Ltd 4.2002 6,5 6,01 Cro Lax Ltd 5.2002 6,5 6,01 Aqua Farm Ltd 9.2002 6,5 6,01
(3)

La Comisión ha llevado a cabo con la asistencia del Grupo Europeo de Organismos de Supervisión de Auditores (EGAOB) una evaluación preliminar de la regulación de las auditorías en algunos países terceros. Aunque esa evaluación no ha permitido la adopción de decisiones finales sobre la equivalencia de los sistemas, sí ha permitido obtener una primera visión del estado de esa regulación en dichos países. Algunos terceros países disponen de sistemas de supervisión pública, pero la información que se tiene de ellos no es suficiente por ahora para tomar decisiones de equivalencia finales. Otros no tienen todavía esos sistemas de supervisión pública pero cuentan con un marco regulador de las auditorías que ofrece una perspectiva de avance hacia ellos.
(23)

Deben tomarse las medidas adecuadas para evitar irregularidades y fraudes y darse los pasos necesarios para recuperar los fondos perdidos, abonados por error o incorrectamente utilizados, según lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (5), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (6), y el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (7).
(27)

Procede tomar las medidas adecuadas para evitar irregularidades y fraudes y dar los pasos necesarios para recuperar los fondos perdidos, abonados por error o incorrectamente utilizados, según lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (8), el Reglamento (CE, Euratom) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (9), y el Reglamento (CE) no 1073/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (10).
(3)

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (2), el Reino Unido no ha participado en la adopción de la Decisión 2004/512/CE y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación, ya que desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen. Por lo tanto, el Reino Unido no es destinatario de la presente Decisión de la Comisión.
(137)

Respecto al argumento de Austria de que una ayuda existente es legal, debe señalarse que una ayuda existente sigue siendo una ayuda concedida por una autoridad pública. En todas las decisiones de los tribunales hasta la fecha se parte del principio de que, al examinar la cuestión de cómo habría actuado un inversor en una economía de mercado, el papel del Estado como vendedor de una empresa, por una parte, y sus obligaciones como autoridad pública, por otra, no pueden mezclarse (47). El punto de vista de Austria no se ve respaldado por ningún precedente en el que un inversor en una economía de mercado haya tenido en cuenta una garantía calificada de garantía estatal: y según se desprende de esta hipótesis, ningún inversor en una economía de mercado habría asumido una garantía que no hubiera correspondido al principio de un inversor en una economía de mercado, y la decisión de abolir la «Ausfallhaftung» confirma que la «Ausfallhaftung» no se concedió en condiciones de mercado. El Tribunal de Justicia ha sostenido que las garantías consideradas ayudas ilegales no podían tenerse en cuenta al calcular los posibles costes de liquidación (48). Esto no significa que, por el contrario, pueda tenerse en cuenta una ayuda existente. En opinión de la Comisión no es relevante que se trate de una ayuda ilegal o existente. Siempre que la medida se haya clasificado como ayuda estatal, ningún vendedor en una economía de mercado la habría concedido y, por consiguiente, no habría tenido en cuenta tal medida (49).
(104)

De acuerdo con lo expuesto, la Comisión no considera ayuda estatal las reducciones fiscales que no superen los 3 000 EUR, siempre que en el momento de su concesión se cumpliesen las disposiciones del Reglamento (CE) no 1860/2004, ni las reducciones que no superen los 7 500 EUR, siempre que en el momento de su concesión se cumpliesen las disposiciones del Reglamento (CE) no 1535/2007.
(115)

Por último, el régimen debe examinarse a la luz del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, que autoriza las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. A este respecto, hay que señalar, en primer lugar, que la ayuda en cuestión no es conforme a ninguno de los marcos o directrices que definen los criterios de compatibilidad de determinados tipos de ayuda con el mercado común. Además, la ayuda no parece estar en consonancia con las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis vigentes en esa época (26). En segundo lugar, dado que la ventaja fiscal se concedió a posteriori para operaciones ya realizadas, se considera que no puede producir los efectos de incentivación necesarios para justificar la aplicación de dicha excepción.
(23)

En la decisión de incoación, la Comisión indicó que las ayudas de un importe superior a 1 millón EUR no se beneficiaban de la exención prevista por el Reglamento (CE) no 68/2001 y por lo tanto debían ser evaluadas directamente sobre la base del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado. Sin embargo, la Comisión aplica por analogía las mismas directrices que figuran en el Reglamento (CE) no 68/2001 lo que se traduce, en particular, en comprobar el cumplimiento de las otras condiciones formales de exención en él enunciadas, pero la Comisión no está obligada a atenerse a esta simple verificación.
(17)

En el supuesto de que este procedimiento permita la continuidad de las actividades de New Interline, la Comisión señala que, como se especifica en el punto 67 de la Comunicación «Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales» (en lo sucesivo, «la Comunicación sobre la recuperación») (4), las autoridades nacionales responsables de ejecutar la decisión de recuperación solo podrán apoyar ese plan si este garantiza que la ayuda se recupera íntegramente dentro de los plazos previstos en la decisión de recuperación de la Comisión. En especial, el Estado miembro no podrá renunciar a parte de sus créditos de recuperación, ni podrá aceptar cualquier otra solución que no dé lugar a la terminación inmediata de la actividad del beneficiario que no haya reembolsado completa e inmediatamente la ayuda ilegal. Por consiguiente, a falta de un reembolso completo de la ayuda ilegal, las autoridades italianas deberán tomar, dentro del plazo establecido en la decisión de recuperación, todas las medidas a su alcance para oponerse a la continuación de la actividad de New Interline.
(7)

Esta acción se llevará a cabo mediante un contrato de servicios de conformidad con los procedimientos de contratación para los procedimientos negociados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 91, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4), y el artículo 126 y el artículo 129, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5).
(3)

El artículo 74 del Reglamento (CE) no 1198/2006 dispone que el primer compromiso presupuestario se contraerá antes de que la Comisión adopte la decisión de aprobación del programa operativo. Con arreglo al artículo 75, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4), con anterioridad al compromiso del gasto, la institución o las autoridades designadas por ésta habrán de tomar una decisión de financiación. Con este fin, la presente Decisión de la Comisión también constituye la decisión de financiación correspondiente a los programas operativos de Bélgica, Irlanda, Malta, Polonia, Eslovenia, Hungría y el Reino Unido que no se habían adoptado en 2007, con lo que se hace posible el primer compromiso presupuestario respecto a esos programas operativos antes de la adopción de la Decisión de la Comisión por la que se aprueban dichos programas operativos.
(30)

En segundo lugar, Flavus argumenta que no había condiciones vinculadas a la venta de los módulos viables de Tractorul. El requisito de mantener el objeto de la actividad (es decir, la producción de tractores) durante los siguientes diez años no podía ser calificado de condición, puesto que no implicó la obligación de producir efectivamente tractores. Por otra parte, Flavus indica que ha comprado los módulos viables a causa del potencial económico del terreno para el desarrollo de bienes inmuebles y que no tiene ninguna intención de volver a iniciar la producción de tractores in situ. Así pues, el requisito no era oneroso, sino un simple procedimiento administrativo para registrar el objeto de la actividad en el Registro comercial.
(4)

Los únicos notificantes de Beauveria brongniartii y permanganato de potasio comunicaron a la Comisión el 5 de septiembre de 2007 y el 22 de febrero de 2008, respectivamente, que ya no deseaban participar en el programa de trabajo sobre estas sustancias activas, por lo que no se presentará más información. Por consiguiente, estas sustancias activas no deben incluirse en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.
(3)

Los efectos del triciclazol en la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 1490/2002 en lo relativo a una serie de usos propuestos por el notificante. Dichos Reglamentos designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. Por lo que se refiere al triciclazol, el Estado miembro ponente fue Francia y toda la información pertinente se presentó el 26 de junio de 2006.
(3)

Los efectos del dicofol en la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 1490/2002 en lo relativo a una serie de usos propuestos por el notificante. Dichos Reglamentos designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. Por lo que se refiere al dicofol, el Estado miembro ponente fue España y toda la información pertinente se presentó el 18 de septiembre de 2006.
(3)

Los efectos del propachlor en la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 1490/2002 en lo relativo a una serie de usos propuestos por el notificante. Dichos Reglamentos designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. Por lo que respecta al propachlor, se designó a los Países Bajos como Estado miembro ponente, y toda la información pertinente se presentó el 23 de mayo de 2007.
(5)

En 1999, la investigación llegó a la conclusión de que el procedimiento de evaluación de la conformidad era discriminatorio y más oneroso de lo necesario, y de que, por consiguiente, violaba los artículos 5, apartado 1, puntos 1 y 2, del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (Acuerdo OTC), principalmente porque los productos coreanos, a diferencia de los cosméticos importados, no se sometían a un procedimiento de autorización previo a su comercialización. Se consideró que la documentación obligatoria para el seguimiento administrativo de los productos significaba para los importadores una duplicación innecesaria del trabajo administrativo y era, por tanto, contraria al artículo 5, apartado 1, punto 2, del Acuerdo OTC. Por lo que se refiere al régimen publicitario de los cosméticos, la Comisión no halló pruebas de que la legislación o las medidas para hacerla cumplir fueran discriminatorias. Por último, en lo que se refiere a las demás prácticas mencionadas en la denuncia, la reglamentación coreana relativa al etiquetado ya se ha modificado, y se ha reconocido el inventario de la UE. No ha lugar la denuncia relativa al régimen coreano aplicable a la venta con regalo, pues en algunos Estados miembros también está completamente prohibida. La investigación también concluyó que algunas de las medidas investigadas habían causado, o amenazaban con causar, efectos comerciales adversos acumulativos según se definen en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento.
(3)

Los efectos del diniconazol-M sobre la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 1490/2002 en lo relativo a una serie de usos propuestos por el notificante. Además, dichos Reglamentos designan los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. Por lo que se refiere al diniconazol-M, el Estado miembro ponente fue Francia y toda la información pertinente se presentó el 31 de mayo de 2007.
(3)

Los efectos del triflumizol sobre la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 1490/2002 en lo relativo a una serie de usos propuestos por el notificante. Dichos Reglamentos designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. Por lo que respecta al triflumizol, se designó a los Países Bajos como Estado miembro ponente, y toda la información pertinente se presentó el 4 de enero de 2006.
(3)

Los efectos de la cianamida en la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 1490/2002 en relación con los usos propuestos por el notificante. Dichos Reglamentos designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. En el caso de la cianamida, Alemania fue el Estado miembro ponente y toda la información pertinente se presentó el 3 de enero de 2006.
(137)

Según la información que obre en poder de la Comisión, parece que las intensidades de ayuda calculadas para el régimen (37,05 % en 2004 y 36,89 % en 2005) no superan las establecidas en los diversos puntos de las Directrices sobre el sector agrario antes mencionados. No obstante, no es posible determinar si se cumplen todas las condiciones enumeradas en los puntos 131 a 136 de la presente Decisión, excepto en el caso de las medidas de traslado, en el que las disposiciones del régimen cumplen las normas descritas en el punto 133. Concretamente: — no hay pruebas que demuestren que, entre los costes de funcionamiento enumerados en el punto 22, al término del arrendamiento financiero se proceda a la compra del bien, — no hay pruebas que demuestren que en el cálculo de la ayuda los costes tales como los relacionados con estudios para la aplicación de nuevas tecnologías, el registro de patentes, los estudios sobre la posibilidad de obtener ayudas y los estudios de organización de empresas y mercados solamente se hayan tenido en cuenta hasta un 12 % del total de los gastos subvencionables enumerados en el punto 131, — no hay pruebas que demuestren que las actividades de formación han obtenido apoyo de conformidad con lo dispuesto en el punto 14.1 de las Directrices sobre el sector agrario, — no hay pruebas que demuestren que la ayuda relacionada con la introducción de procesos y la certificación de productos y los estudios relacionados con estas se hayan concedido de conformidad con el punto 13 de las Directrices sobre el sector agrario, — no hay pruebas de que las plantas anuales se hayan excluido del alcance de la ayuda destinada a la compra de plantas, — no hay pruebas que demuestren que todas las explotaciones agrícolas que recibían ayudas en virtud del régimen hayan cumplido las normas mínimas en los ámbitos del medio ambiente, la higiene y el bienestar animal, y que las inversiones se centraron en productos para los cuales podían encontrarse salidas en el mercado.
(69)

En conclusión, a juicio de la Comisión, las autoridades italianas no han demostrado que la concesión de las ayudas se haya ajustado a los términos establecidos en la Decisión de aprobación. La ayuda tampoco podría considerarse compatible incluso en la hipótesis de que se tratase de una ayuda de funcionamiento. Con arreglo a las Directrices de 1998, pueden concederse ayudas de funcionamiento, excepcionalmente, en las regiones elegibles en virtud de la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE. Cerdeña figuraba entre las regiones elegibles a efectos del artículo 87, apartado 3, letra a), durante el período 1998-2006. No obstante, a excepción de las ayudas de minimis, no se aprobaron ayudas de funcionamiento en virtud del régimen considerado. Además, en el marco del presente procedimiento las autoridades italianas no han presentado ninguna prueba de que las ayudas estuviesen justificadas por su contribución al desarrollo regional o por su naturaleza, ni tampoco han demostrado que las ayudas fueran proporcionales a las carencias que pretendían paliar.