ES Diario Oficial de la Unión Europea L 192/39

DECISIÓN DEL CONSEJO

de 9 de junio de 2011

sobre la aprobación, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia

(2011/432/UE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 81, apartado 3, párrafo primero, en relación con su artículo 218, apartado 6, letra b), y apartado 8, párrafo segundo, primera frase,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión está trabajando en la creación de un verdadero espacio judicial común basado en el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales.

(2) El Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia («el Convenio») es una buena base para un sistema mundial de cooperación administrativa y para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones y arreglos sobre alimentos, al prever la asistencia jurídica gratuita en prácticamente todos los asuntos de alimentos para los niños y un procedimiento simplificado de reconocimiento y ejecución.

(3) El artículo 59 del Convenio autoriza a las organizaciones de integración económica regional como la Unión a firmar, aceptar y aprobar el Convenio o a adherirse a él.

(4) Las materias reguladas por el Convenio son también objeto del Reglamento (CE) no 4/2009, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (2). Tal y como se acordó con ocasión de la adopción de la Decisión 2011/220/UE del Consejo (3) relativa a la firma del Convenio, la Unión debe aprobar ella sola el Convenio y ejercer la competencia en todas las materias que este regula. Por consiguiente, los Estados miembros han de quedar vinculados por el Convenio en virtud de su aprobación de por la Unión.

(5) En el momento de la aprobación del Convenio, la Unión debe, por tanto, formular la declaración de competencia prevista en su artículo 59, apartado 3.

(6) Además, la Unión, en el momento de la aprobación del Convenio, debe formular todas las reservas y declaraciones adecuadas contempladas en sus artículos 62 y 63, respectivamente, si lo considera necesario.

(7) En este sentido, la Unión debe declarar, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Convenio, que hará extensiva la aplicación de los capítulos II y III del Convenio a las obligaciones de alimentos entre cónyuges y ex cónyuges. Debe formular, al mismo tiempo, una declaración unilateral en la que se comprometa a estudiar, en una fase ulterior, la posibilidad de proceder a una ampliación mayor del ámbito de aplicación.

(8) La Unión debe formular la reserva prevista en el artículo 44, apartado 3, del Convenio, sobre las lenguas aceptadas para las comunicaciones entre las Autoridades Centrales. Los Estados miembros que deseen que la Unión formule dicha reserva con respecto a ellos deben notificarlo con antelación a la Comisión, indicando el contenido de la reserva que ha de formularse.

(9) La Unión ha de formular las declaraciones previstas en el artículo 11, apartado 1, letra g), y el artículo 44, apartados 1 y 2, del Convenio. Los Estados miembros que deseen que la Unión formule dichas declaraciones con respecto a ellos deben notificarlo con antelación a la Comisión, indicando el contenido de las declaraciones que han de formularse.

(10) Un Estado miembro que posteriormente necesite retirar la reserva referente a él que figura en el anexo II, o modificar o retirar la declaración referente a él que figura en el anexo III o añadir a este una declaración referente a él, debe informar de ello al Consejo y a la Comisión. Hecho esto, la Unión debe notificarlo en consecuencia al depositario.

(11) Los Estados miembros deben notificar a la Comisión las Autoridades Centrales designadas de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Convenio y deben comunicarle la información relativa a leyes, procedimientos y servicios a que se refiere el artículo 57 del Convenio. La Comisión debe transmitir esa información a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado («la Oficina Permanente») en el momento en que la Unión deposite su instrumento de aprobación, tal como establece el Convenio.

(12) A la hora de transmitir a la Comisión la información relativa a sus Autoridades Centrales y a sus leyes, procedimientos y servicios, los Estados miembros deben utilizar el formulario de perfil de los Estados recomendado y publicado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, a ser posible en su versión electrónica.

(13) Un Estado miembro que posteriormente necesite modificar la información relativa a su Autoridad Central o a sus leyes, procedimientos y servicios debe informar de ello directamente a la Oficina Permanente y, simultáneamente, notificar la modificación a la Comisión.

(14) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo (no 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido e Irlanda participan en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(15) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (no 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se aprueba, en nombre de la Unión Europea, el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia («el Convenio»).

El texto del Convenio figura adjunto a la presente Decisión.

Artículo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona o personas facultadas para depositar, en nombre de la Unión, el instrumento previsto en el artículo 58, apartado 2, del Convenio.

Artículo 3

Al depositar el instrumento previsto en el artículo 58, apartado 2, del Convenio, la Unión formulará la declaración de competencia prevista en su artículo 59, apartado 3.

El texto de dicha declaración figura en la parte A del anexo I de la presente Decisión.

Artículo 4

1. Al depositar el instrumento a que hace referencia el artículo 58, apartado 2, del Convenio, la Unión declarará, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Convenio, que hará extensiva la aplicación de los capítulos II y III del Convenio a las obligaciones de alimentos entre cónyuges y ex cónyuges.

El texto de dicha declaración figura en la parte B del anexo I de la presente Decisión.

2. Al depositar el instrumento a que hace referencia el artículo 58, apartado 2, del Convenio, la Unión formulará la declaración unilateral cuyo texto figura en el anexo IV de la presente Decisión.

Artículo 5

Al depositar el instrumento a que hace referencia el artículo 58, apartado 2, del Convenio, la Unión formulará la reserva prevista en el artículo 44, apartado 3, del Convenio, relativa a los Estados miembros que se oponen a la utilización del francés o del inglés en las comunicaciones entre las Autoridades Centrales.

El texto de dicha reserva figura en el anexo II de la presente Decisión.

Artículo 6

Al depositar el instrumento a que hace referencia el artículo 58, apartado 2, del Convenio, la Unión formulará las declaraciones previstas en el artículo 11, apartado 1, letra g), del Convenio, en relación con la información o documentación exigida por los Estados miembros, y en el artículo 44, apartado 1, del Convenio, en relación con las lenguas aceptadas por los Estados miembros además de sus lenguas oficiales, así como la declaración prevista en el artículo 44, apartado 2, del Convenio.

El texto de dichas declaraciones figura en el anexo III de la presente Decisión.

Artículo 7

1. A más tardar el 10 de diciembre de 2012, los Estados miembros notificarán a la Comisión:

a) los datos de contacto de las Autoridades Centrales designadas de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Convenio, y

b) la información sobre leyes, procedimientos y servicios a que se refiere el artículo 57 del Convenio.

2. Para transmitir a la Comisión la información contemplada en el apartado 1, los Estados miembros utilizarán el formulario de perfil de los Estados recomendado y publicado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, a ser posible en su versión electrónica.

3. La Comisión transmitirá los distintos formularios de perfil de los Estados, cumplimentados por los Estados miembros, a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado («la Oficina Permanente») en el momento en que la Unión deposite el instrumento a que se refiere el artículo 58, apartado 2, del Convenio.

Artículo 8

Un Estado miembro que desee retirar la reserva referente a él que figura en el anexo II, o modificar o retirar la declaración referente a él que figura en el anexo III o añadir a este una declaración referente a él, informará al Consejo y a la Comisión de la retirada, modificación o adición que desea efectuar.

Posteriormente, la Unión lo notificará en consecuencia al depositario, de conformidad con el artículo 63, apartado 2, del Convenio.

Artículo 9

Un Estado miembro que desee modificar la información facilitada en su formulario de perfil de los Estados después de que lo haya transmitido la Comisión informará directamente de ello a la Oficina Permanente, o realizará la modificación necesaria directamente, si se utiliza el formato electrónico del formulario de perfil de los Estados. Informará simultáneamente a la Comisión.

Artículo 10

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Luxemburgo, el 9 de junio de 2011. Por el Consejo El Presidente PINTÉR S.

(1) Dictamen emitido el 11 de febrero de 2010 (DO C 341 E de 16.12.2010, p. 98).

(2) DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.

(3) DO L 93 de 7.4.2011, p. 9.

ANEXO I

Declaraciones de la Unión Europea en el momento de la aprobación del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia («el Convenio») de conformidad con su artículo 63

A. DECLARACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59, APARTADO 3, DEL CONVENIO SOBRE LA COMPETENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS MATERIAS REGULADAS POR EL CONVENIO

1. La Unión Europea declara que ejerce competencia en todas las materias reguladas por el Convenio. Los Estados miembros quedarán vinculados por el Convenio en virtud de la aprobación del mismo por la Unión Europea.

2. Los miembros actuales de la Unión Europea son el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

3. No obstante, la presente declaración no se aplica al Reino de Dinamarca, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (no 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. La presente Declaración no es aplicable a los territorios de los Estados miembros en los que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se aplica (véase el artículo 355 de dicho Tratado) y se entiende sin perjuicio de los actos o posiciones que puedan adoptar al amparo del Convenio los Estados miembros de que se trate en nombre de dichos territorios y en su interés.

5. La aplicación del Convenio a efectos de la cooperación prevista entre las Autoridades Centrales será responsabilidad de las Autoridades Centrales de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Por consiguiente, siempre que una Autoridad Central de un Estado contratante deba ponerse en contacto con una Autoridad Central de un Estado miembro de la Unión Europea, deberá dirigirse directamente a la Autoridad Central interesada. Los Estados miembros de la Unión Europea, si lo consideran oportuno, asistirán asimismo a todas las Comisiones Especiales a las que pueda encomendarse el seguimiento de la aplicación del Convenio.

B. DECLARACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2, APARTADO 3, DEL CONVENIO

La Unión Europea declara que hará extensiva la aplicación de los capítulos II y III del Convenio a las obligaciones de alimentos entre cónyuges y ex cónyuges.

ANEXO II

Reserva de la Unión Europea en el momento de la aprobación del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia («el Convenio») de conformidad con su artículo 62

La Unión Europea formula la siguiente reserva prevista en el artículo 44, apartado 3, del Convenio:

La República Checa, la República de Estonia, la República Helénica, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, el Reino de los Países Bajos, la República de Polonia, la República Eslovaca, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se oponen a la utilización del francés en las comunicaciones entre las Autoridades Centrales.

ANEXO III

Declaraciones de la Unión Europea en el momento de la aprobación del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia («el Convenio»), de conformidad con su artículo 63

1. DECLARACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, APARTADO 1, LETRA g), DEL CONVENIO

La Unión Europea declara que, en los Estados miembros que se enumera a continuación, una solicitud distinta de la contemplada en el artículo 10, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra a), del Convenio incluirá la siguiente información o los siguientes documentos que se indican respecto de cada Estado miembro que figura en la lista:

Reino de Bélgica:

— Para las solicitudes en virtud del artículo 10, apartado 1, letras e) y f), y apartado 2, letras b) y c), el texto completo de la decisión o decisiones, en copia o copias certificadas.

República Checa:

— El poder de actuar como representante legal otorgado por el solicitante a la Autoridad Central en virtud del artículo 42.

República Federal de Alemania:

— Nacionalidad, profesión u ocupación del acreedor y, según proceda, el nombre y dirección de su representante legal.

— Nacionalidad, profesión u ocupación del deudor, en la medida en que sean conocidas del acreedor.

— En el caso de una solicitud a cargo de un prestatario público de servicios legales a cargo de reclamaciones de cobro de alimentos debida a transmisión de derechos, el nombre y datos de la persona cuya solicitud de cobro se haya transmitido.

— En el caso de una indexación de una reclamación con fuerza ejecutiva, el modo de cálculo de esa indexación y, en caso de obligación de pago de intereses legales, el tipo de interés legal, así como la fecha de inicio de la obligación de pago de intereses.

República de Letonia:

— La solicitud incluye el código personal del solicitantes (si está atribuido en la República de Letonia) o el número de identificación, de haber sido atribuido; el código personal del demandado (si está atribuido en la República de Letonia) o el número de identificación, de haber sido atribuido; los códigos personales (si han sido atribuidos en la República de Letonia) o los números de identificación, de haber sido atribuidos, de todas las personas para las que se pide el cobro de alimentos.

— Las solicitudes mencionadas en el artículo 10, apartado 1, letras a), b), d) y f), y apartado 2, letras a) y c), del Convenio que no se refieren a las solicitudes de alimentos a favor de niños (en el sentido del artículo 15 del Convenio) van acompañadas de un documento que muestra en qué medida el solicitante ha recibido libre asistencia jurídica en el Estado de origen, junto con información sobre el tipo y volumen de la asistencia jurídica pedida, así como la indicación de qué asistencia jurídica adicional se precisará.

República de Polonia:

I. Solicitudes con arreglo al artículo 10, apartado 1, letra b)

1. La solicitud de ejecución de una decisión debe contener el nombre del tribunal que dictó la sentencia, la fecha de la sentencia y los nombres y apellidos de las partes en el litigio.

2. Deben adjuntarse los siguientes documentos: — título ejecutivo original (copia certificada de la sentencia y orden de ejecución), — relación detallada de los atrasos, — información sobre la cuenta bancaria en la que debe ingresarse la deuda reconocida, — copia de la solicitud y de los documentos adjuntos, — traducción de todos los documentos al polaco, realizada por un traductor jurado (profesional).

3. La solicitud, la exposición de motivos, la relación de los atrasos y la información sobre la situación económica del deudor deben ir firmadas del puño y letra del acreedor o acreedores; cuando estos sean menores, de su representante legal.

4. Cuando el acreedor no disponga del título ejecutivo original, deberá exponer en la solicitud el motivo de esta circunstancia (por ejemplo, el documento se ha extraviado o destruido, el tribunal no ha emitido el título ejecutivo).

5. En caso de pérdida del título ejecutivo, se adjuntará la solicitud de un duplicado del título ejecutivo en sustitución del original.

II. Solicitudes con arreglo al artículo 10, apartado 1, letras c) y d)

1. La solicitud de obtención de una decisión que imponga el pago de alimentos debe contener la indicación de la cantidad mensual que se solicita en concepto de alimentos respecto de cada uno de los acreedores.

2. La solicitud y la correspondiente exposición de motivos deberán ir firmadas del puño y letra del acreedor o acreedores; cuando estos sean menores, de su representante legal.

3. En la exposición de motivos de una solicitud de obtención de decisión deberán indicarse todos los hechos en que se basa la petición, en particular procede facilitar información sobre: a) la relación que une al acreedor con el deudor: hijo (hijo dentro del matrimonio; hijo formalmente reconocido por el deudor; la filiación del deudor ha sido establecida mediante procedimiento judicial), otro parentesco, cónyuge, ex cónyuge, pariente por afinidad; b) la situación financiera del acreedor, que deberá contener datos sobre: — edad, estado de salud, nivel de educación del acreedor, — gastos mensuales de manutención del acreedor (alimentación, vestido, higiene personal, medicina preventiva, atención médica, rehabilitación, educación, aficiones, gastos extraordinarios, etc.), — (si se piden alimentos para más de una persona con derecho a ellos, deberá facilitarse la información mencionada respecto de cada una de esas personas), — nivel de educación del progenitor que se ocupa del acreedor menor de edad, formación adquirida y profesión que ejerce, — fuentes y cuantía de los ingresos mensuales del progenitor que se ocupa del acreedor, — gastos mensuales del progenitor que se ocupa del acreedor menor de edad, en lo que se refiere a su propia manutención, así como a la de otras personas, distintas del acreedor, que dependan de él; c) la información sobre la situación financiera del deudor debe referirse también al nivel de educación del deudor, a la formación adquirida y a la profesión que ejerce.

4. Deberá indicarse cuáles de los hechos descritos en la exposición de motivos han de exponerse en la práctica de pruebas (por ejemplo, lectura del documento en la vista, audición de testigos, audición del acreedor o de su representante legal, audición del deudor, etc.).

5. Será necesario indicar cada prueba aducida y toda la información necesaria para que el tribunal pueda practicar la prueba.

6. Habrá que describir los documentos y adjuntarlos a la solicitud en sus originales o como copias certificadas; los documentos redactados en una lengua extranjera deberán ir acompañados de una traducción jurada al polaco.

7. Testigos: deberán indicarse el nombre, los apellidos y la dirección de cada testigo.

III. Solicitud prevista en el artículo 10, apartado 1, letras e) y f)

1. Toda solicitud de modificación de una decisión de obligación de alimentos deberá incluir: a) el nombre del tribunal que ha dictado la sentencia, la fecha de la sentencia y el nombre y apellidos de las partes en el litigio; b) una indicación del importe mensual de los alimentos reclamado en nombre de cada acreedor en lugar de los alimentos adjudicados previamente.

2. En la exposición de motivos de la solicitud deberá figurar el cambio de circunstancias que justifiquen la reclamación de un cambio del importe de los alimentos.

3. La solicitud y la exposición de motivos deberán ir firmadas personalmente por el acreedor (los acreedores) o, en el caso de los menores, por su representante legal.

4. Deberá indicarse cuáles de los hechos descritos en la exposición de motivos han de exponerse en la presentación de pruebas [por ejemplo, lectura del documento en la vista, audición de testigo(s), audición del acreedor o de su representante legal, audición del deudor, etc.].

5. Será necesario indicar cada prueba aducida y toda la información necesaria para que el tribunal pueda practicar dicha prueba.

6. Habrá que describir los documentos y adjuntarlos a la solicitud en sus originales o como copias certificadas; los documentos redactados en una lengua extranjera deberán ir acompañados de una traducción jurada al polaco.

7. Testigos: deberán indicarse el nombre, los apellidos y la dirección de cada testigo.

IV. Solicitud prevista en el artículo 10, apartado 2, letras b) y c)

1. Toda solicitud de modificación de una decisión de obligación de alimentos deberá incluir: a) el nombre del tribunal que ha dictado la sentencia, la fecha de la sentencia y el nombre y apellidos de las partes en el litigio; b) una indicación del importe mensual de los alimentos reclamado en nombre de cada acreedor en lugar de los alimentos adjudicados previamente.

2. En la exposición de motivos de la solicitud deberá figurar el cambio de circunstancias que justifiquen la reclamación de un cambio del importe de los alimentos.

3. La solicitud y la exposición de motivos deberán ir firmadas personalmente por el deudor.

4. Deberá indicarse cuáles de los hechos descritos en la exposición de motivos han de exponerse en la presentación de pruebas [por ejemplo, lectura del documento en la vista, audición de testigo(s), audición del acreedor o de su representante legal, audición del deudor, etc.].

5. Será necesario indicar cada prueba aducida y toda la información necesaria para que el tribunal pueda practicar dicha prueba.

6. Habrá que describir los documentos y adjuntarlos a la solicitud en sus originales o como copias certificadas; los documentos redactados en una lengua extranjera deberán ir acompañados de una traducción jurada al polaco.

7. Testigos: deberán indicarse el nombre, los apellidos y la dirección de cada testigo.

República Eslovaca:

— Información sobre la nacionalidad de todas las partes implicadas.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:

Solicitud a tenor del artículo 10, apartado 1, letra b)

Inglaterra y Gales

Original o copia compulsada de la decisión; certificado de ejecución; documento en el que se indique la cuantía de los atrasos; documento en el que se indique si el deudor compareció en la vista inicial y, de no haber sido así, documento que acredite que el deudor fue debidamente notificado del procedimiento o de la decisión inicial y que tuvo la oportunidad de defensa o recurso; documento en el que se indique el paradero del deudor —residencial y laboral—; documento de identificación del deudor; fotografía del deudor, si se dispone de ella, documento en el que se indique la medida en que el deudor se ha beneficiado de asistencia letrada gratuita; en su caso, copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s); si procede certificado de escolarización o universitario, en su caso; copia compulsada del acta de matrimonio; copia compulsada de la resolución u otro instrumento que dé fe de la disolución del vínculo matrimonial o de otro tipo de relación, si procede.

Escocia

Original o copia compulsada de la decisión; certificado de ejecución; documento en el que se indique la cuantía de los atrasos; documento en el que se indique si el deudor compareció en la vista inicial y, de no haber sido así, documento que acredite que el deudor fue debidamente notificado del procedimiento o de la decisión inicial y que tuvo la oportunidad de recurso; documento en el que se indique el paradero del deudor; documento de identificación del deudor; fotografía del deudor, si se dispone de ella, copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), certificado de escolarización o universitario; en su caso.

Irlanda del Norte

Original o copia compulsada de la decisión; certificado de ejecución; documento en el que se indique la cuantía de los atrasos; documento en el que se indique si el deudor compareció en la vista inicial y, de no haber sido así, documento que acredite que el deudor fue debidamente notificado del procedimiento o de la decisión inicial y que tuvo la oportunidad de recurso; documento en el que se indique el paradero del deudor —residencial y laboral—; documento de identificación del deudor; fotografía del deudor, si se dispone de ella, documento en el que se indique la medida en que el deudor se ha beneficiado de asistencia letrada gratuita; en su caso, copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), si procede, certificado de escolarización o universitario; en su caso; copia compulsada del acta de matrimonio.

Solicitud a tenor del artículo 10, apartado 1, letra c)

Inglaterra y Gales

Documentación relativa a la situación financiera —ingresos, gastos y activos—; documento en el que se indique el paradero del deudor —residencial y laboral—; documento de identificación del deudor; fotografía del deudor, si se dispone de ella; copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), si procede; certificado de escolarización o universitario, en su caso; copia compulsada del acta de matrimonio, si procede; copia compulsada de la resolución u otro instrumento que dé fe de la disolución del vínculo matrimonial o de otro tipo de relación, si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; solicitud de asistencia letrada; documento en el que se indique la filiación, si procede; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede.

Escocia

Documentación relativa a la situación financiera —ingresos, gastos y activos—; documento en el que se indique el paradero del deudor —residencial y laboral—; documento de identificación del deudor; fotografía del deudor, si se dispone de ella; copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), si procede; certificado de escolarización o universitario, en su caso; copia compulsada del acta de matrimonio, si procede; solicitud de asistencia letrada; documento en el que se indique la filiación, si procede.

Irlanda del Norte

Documentación relativa a la situación financiera —ingresos, gastos y activos—; documento en el que se indique el paradero del deudor —residencial y laboral—; documento de identificación del deudor; fotografía del deudor, si se dispone de ella; copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s); si procede; certificado de escolarización o universitario; en su caso, copia compulsada del acta de matrimonio, copia compulsada del Decreto Nisi (certificado provisional de divorcio), si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; solicitud de asistencia letrada; documento en el que se indique la filiación, si procede; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede.

Solicitud a tenor del artículo 10, apartado 1, letra d)

Inglaterra y Gales

Copia compulsada de la decisión con arreglo al artículo 20 o al artículo 22, letras b) o e), junto con la documentación pertinente a efectos de la adopción de la decisión; documento en el que se indique la medida en que el deudor se ha beneficiado de asistencia letrada gratuita; documentación relativa a la situación financiera —ingresos, gastos y activos—; documento en el que se indique el paradero del deudor —residencial y laboral—; documento de identificación del deudor; fotografía del deudor, si se dispone de ella; copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), si procede; certificado de escolarización o universitario; en su caso, copia compulsada del acta de matrimonio, si procede; copia compulsada de la resolución u otro instrumento que dé fe de la disolución del vínculo matrimonial o de otro tipo de relación, si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; documento en el que se indique la filiación, si procede; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede.

Escocia

Como en el artículo 10, apartado 1, letra c), anterior.

Irlanda del Norte

Copia compulsada de la decisión con arreglo al artículo 20 o al artículo 22, letras b) o e), junto con la documentación pertinente a efectos de la adopción de la decisión; documento en el que se indique la medida en que el deudor se ha beneficiado de asistencia letrada gratuita; documentación relativa a la situación financiera —ingresos, gastos y activos—; documento en el que se indique el paradero del deudor —residencial y laboral—; documento de identificación del deudor; fotografía del deudor, si se dispone de ella; copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), si procede; certificado de escolarización o universitario, en su caso; copia compulsada del acta de matrimonio, si procede; copia compulsada del Decreto Nisi (certificado provisional de divorcio), si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; documento en el que se indique la filiación, si procede; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede.

Solicitud a tenor del artículo 10, apartado 1, letra e)

Inglaterra y Gales

Copia de la decisión que debe modificarse; documentación relativa a la situación financiera —ingresos, gastos y activos—; solicitud de asistencia letrada; copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), si procede; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación relativa a los cambios en la situación de (de los) niño(s); documentación relativa al estado civil del demandante o demandado, si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede; declaración por escrito en la que conste que ambas partes comparecieron en los procedimientos y, únicamente si compareció el demandante, original o copia compulsada del documento que demuestre que se han notificado los procedimientos a la otra parte.

Escocia

Copia de la decisión que debe modificarse; documentación relativa a la situación financiera —ingresos, gastos y activos—; solicitud de asistencia letrada; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación relativa a los cambios en la situación de (de los) niño(s).

Irlanda del Norte

Copia de la decisión que debe modificarse; documentación relativa a la situación financiera —ingresos, gastos y activos—; solicitud de asistencia letrada; copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), si procede; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación relativa a los cambios en la situación de (de los) niño(s); documentación relativa al estado civil del demandante o demandado, si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede.

Solicitud a tenor del artículo 10, apartado 1, letra f)

Inglaterra y Gales

Original o copia compulsada de la decisión que debe modificarse; documento en el que se indique si el deudor compareció en la vista inicial y, de no haber sido así, documento que acredite que el deudor fue debidamente notificado del procedimiento o de la decisión inicial y que tuvo la oportunidad de recurso; documento en el que se indique la medida en que el deudor se ha beneficiado de asistencia letrada gratuita; documentación relativa a la situación financiera del demandante y del demandado —ingresos, gastos y activos—; certificado de ejecución; copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), si procede; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación relativa a los cambios en la situación de (de los) niño(s), en su caso; copia compulsada del acta de matrimonio; copia compulsada de la resolución u otro instrumento que dé fe de la disolución del vínculo matrimonial o de otro tipo de relación, si procede; documentación relativa al estado civil del demandante o demandado, si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; documento en el que se indique el paradero del deudor —residencial y laboral—; documento de identificación del deudor; fotografía del deudor, si se dispone de ella; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede; declaración por escrito en la que conste que ambas partes comparecieron en los procedimientos y, únicamente si compareció el demandante, original o copia compulsada del documento que demuestre que se han notificado los procedimientos a la otra parte.

Escocia

Original o copia compulsada de la decisión que debe modificarse; documento en el que se indique que el deudor fue debidamente notificado del procedimiento o de la decisión inicial y que tuvo la oportunidad de recurso; documento en el que se indique la medida en que el deudor se ha beneficiado de asistencia letrada gratuita; documentación relativa a la situación financiera del demandante y del demandado —ingresos, gastos y activos—; certificado de ejecución; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación relativa a los cambios en la situación de (de los) niño(s); documentación relativa al estado civil del demandante o demandado, si procede; documento en el que se indique el paradero del deudor; documento de identificación del deudor; fotografía del deudor, si se dispone de ella.

Irlanda del Norte

Original o copia compulsada de la decisión que debe modificarse; documento en el que se indique si el deudor compareció en la vista inicial y, de no haber sido así, documento que acredite que el deudor fue debidamente notificado del procedimiento o de la decisión inicial y que tuvo la oportunidad de recurso; documento en el que se indique la medida en que el deudor se ha beneficiado de asistencia letrada gratuita; documentación relativa a la situación financiera del demandante y del demandado —ingresos, gastos y activos—; certificado de ejecución; copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), si procede; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación relativa a los cambios en la situación de (de los) niño(s), en su caso; copia compulsada del acta de matrimonio; copia compulsada del Decreto Nisi (certificado provisional de divorcio), si procede; documentación relativa al estado civil del demandante o demandado, si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; documento en el que se indique el paradero del deudor —residencial y laboral—; documento de identificación del deudor; fotografía del deudor, si se dispone de ella; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede.

Solicitud a tenor del artículo 10, apartado 2, letra b)

Inglaterra y Gales

Copia de la decisión que debe modificarse; documentación relativa a la situación financiera del demandante y del demandado —ingresos, gastos y activos—; solicitud de asistencia letrada; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación relativa a los cambios en la situación de (de los) niño(s); documentación relativa al estado civil del demandante o demandado, si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede.

Escocia

Copia de la decisión que debe modificarse; documentación relativa a la situación financiera del demandante y del demandado —ingresos, gastos y activos—; solicitud de asistencia letrada; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación relativa a los cambios en la situación de (de los) niño(s).

Irlanda del Norte

Copia de la decisión que debe modificarse; documentación relativa a la situación financiera del demandante y del demandado —ingresos, gastos y activos—; solicitud de asistencia letrada; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación relativa a los cambios en la situación de (de los) niño(s); documentación relativa al estado civil del demandante o demandado, si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede.

Solicitud a tenor del artículo 10, apartado 2, letra c)

Inglaterra y Gales

Original o copia compulsada de la decisión que debe modificarse; certificado de ejecución; documento en el que se indique la medida en que el demandante se ha beneficiado de asistencia letrada gratuita; documentación relativa a la situación financiera del demandante y del demandado —ingresos, gastos y activos—; copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), si procede; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación relativa a los cambios en la situación de (de los) niño(s); en su caso, copia compulsada del acta de matrimonio; copia compulsada de la resolución u otro instrumento que dé fe de la disolución del vínculo matrimonial o de otro tipo de relación, si procede; documentación relativa al estado civil del demandante o demandado, si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; documento en el que se indique el paradero del acreedor —residencial y laboral—; documento de identificación del acreedor; fotografía del acreedor, si se dispone de ella; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y artículo 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede.

Escocia

Original o copia compulsada de la decisión que debe modificarse; certificado de ejecución; documento en el que se indique la medida en que el deudor se ha beneficiado de asistencia letrada gratuita; documentación relativa a la situación financiera del demandante y del demandado —ingresos, gastos y activos—; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación que acredite los cambios en la situación financiera del demandante; documento en el que se indique el paradero del acreedor; documento de identificación del acreedor; fotografía del acreedor, si se dispone de ella.

Irlanda del Norte

Original o copia compulsada de la decisión que debe modificarse; certificado de ejecución; documento en el que se indique la medida en que el demandante se ha beneficiado de asistencia letrada gratuita; documentación relativa a la situación financiera del demandante y del demandado —ingresos, gastos y activos—; copia compulsada de la partida de nacimiento o del certificado de adopción del (de los) niño(s), si procede; certificado de escolarización o universitario, en su caso; documentación relativa a los cambios en la situación de (de los) niño(s), si procede; copia compulsada del Decreto Nisi (certificado provisional de divorcio), si procede; documentación relativa al estado civil del demandante o demandado, si procede; copias de las resoluciones judiciales pertinentes; documento en el que se indique el paradero del acreedor —residencial y laboral—; documento de identificación del acreedor; fotografía del acreedor, si se dispone de ella; todo otro documento especificado en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3, si procede.

En general

Para las solicitudes a tenor del artículo 10, incluidos el, apartado 1, letra a), y el apartado 2, letra a), la Autoridad Central para Inglaterra y Gales desearía recibir tres copias de cada documento, en su caso junto con las correspondientes traducciones al inglés.

Para las solicitudes a tenor del artículo 10, incluidos el apartado 1, letra a), y el apartado 2, letra a), la Autoridad Central para Irlanda del Norte desearía recibir tres copias de cada documento, junto con las correspondientes traducciones al inglés.

2. DECLARACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44, APARTADO 1, DEL CONVENIO

La Unión Europea declara que los Estados miembros que se enumera a continuación aceptan solicitudes y documentos conexos traducidos, además de a su lengua oficial, a las lenguas que se indican respecto de cada Estado miembro que figura en la lista:

República Checa: eslovaco

República de Estonia: inglés

República de Lituania: inglés

República Eslovaca: checo.

3. DECLARACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44, APARTADO 2, DEL CONVENIO

La Unión Europea declara que en el Reino de Bélgica los documentos se redactarán en francés, neerlandés o alemán, o se traducirán a esas lenguas, en función de la parte del territorio belga en la que se deban presentar.

La información sobre la lengua que debe utilizarse en una determinada parte del territorio belga puede encontrarse en el Manual de organismos receptores con arreglo al Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos). Dicho Manual puede consultarse en la página web http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_es.htm

Seleccione:

«Notificación y Traslado de Documentos (Reglamento 1393/2007)»/«Documentos»/«Manual»/«Bélgica»/«Geographical areas of competence» (p. 42 et seq.),

o introduzca directamente la siguiente dirección:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf

y seleccione «Geographical areas of competence» (p. 42 et seq.).

ANEXO IV

Declaración unilateral de la Unión Europea en el momento de la aprobación del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia

La Unión Europea formula la siguiente declaración unilateral:

«La Unión desea subrayar que concede gran importancia al Convenio de La Haya de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. La Unión reconoce que la ampliación del ámbito de aplicación del Convenio a todas las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, filiación, matrimonio o afinidad puede aumentar considerablemente la utilidad del Convenio, al hacer que todos los acreedores de alimentos se beneficien del sistema de cooperación administrativa instaurado por el Convenio. En este sentido, la Unión Europea tiene intención de hacer extensiva, a partir de la entrada en vigor del Convenio por lo que respecta a ella misma, la aplicación de los capítulos II y III del Convenio a las obligaciones de alimentos entre cónyuges y ex cónyuges. Por otra parte, la Unión Europea se compromete a examinar, dentro de un plazo de siete años, a la luz de la experiencia adquirida y de las posibles declaraciones de ampliación hechas por otros Estados contratantes, la posibilidad de hacer extensiva la aplicación de todo el Convenio a todas las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, filiación, matrimonio o afinidad.»

ES Diario Oficial de la Unión Europea L 192/51

CONVENIO

sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia

(hecho el 23 de noviembre de 2007)

LOS ESTADOS SIGNATARIOS DEL PRESENTE CONVENIO,

DESEANDO mejorar la cooperación entre los Estados en materia de cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia,

CONSCIENTES de la necesidad de disponer de procedimientos que den resultados y que sean accesibles, rápidos, eficaces, económicos, flexibles y justos,

DESEANDO basarse en los aspectos más útiles de los Convenios de La Haya existentes y de otros instrumentos internacionales, en particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre la obtención de alimentos en el extranjero de 20 de junio de 1956,

BUSCANDO aprovechar los avances de las tecnologías y crear un sistema flexible capaz de adaptarse a las cambiantes necesidades y a las oportunidades que ofrecen los avances de las tecnologías,

RECORDANDO que, de conformidad con los artículos 3 y 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989,

— el interés superior del niño tendrá consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños,

— todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social,

— los padres u otras personas encargadas del niño tienen la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño, y

— los Estados partes deben tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo la celebración de acuerdos internacionales, para asegurar el pago de los alimentos por parte de los padres u otras personas responsables, en particular, cuando tales personas vivan en un Estado distinto de aquel en que resida el niño,

HAN RESUELTO CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y HAN ACORDADO LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto

El presente Convenio tiene por objeto garantizar la eficacia del cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, en particular:

a) estableciendo un sistema completo de cooperación entre las autoridades de los Estados contratantes;

b) permitiendo la presentación de solicitudes para la obtención de decisiones en materia de alimentos;

c) garantizando el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia de alimentos, y

d) exigiendo medidas efectivas para la rápida ejecución de las decisiones en materia de alimentos.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. El presente Convenio se aplicará:

a) a las obligaciones alimenticias a favor de una persona menor de 21 años derivadas de una relación paterno-filial;

b) al reconocimiento y ejecución o ejecución de una decisión sobre obligaciones alimenticias entre cónyuges y ex cónyuges cuando la solicitud se presente conjuntamente con una demanda comprendida en el ámbito de aplicación del subapartado a), y

c) a las obligaciones alimenticias entre cónyuges y ex cónyuges, con excepción de los capítulos II y III.

2. Cualquier Estado contratante podrá, de conformidad con el artículo 62, reservarse el derecho de limitar la aplicación del Convenio con respecto al subapartado 1 a), a las personas que no hayan alcanzado la edad de 18 años. El Estado contratante que haga esta reserva no podrá exigir la aplicación del Convenio a las personas de la edad excluida por su reserva.

3. Cualquier Estado contratante podrá, de conformidad con el artículo 63, declarar que extenderá la aplicación de todo o parte del Convenio a otras obligaciones alimenticias derivadas de una relación de familia, filiación, matrimonio o afinidad, incluyendo en particular las obligaciones a favor de personas vulnerables. Tal declaración solo creará obligaciones entre dos Estados contratantes en la medida en que sus declaraciones incluyan las mismas obligaciones alimenticias y partes del Convenio.

4. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a los niños con independencia de la situación conyugal de sus padres.

Artículo 3

Definiciones

A los efectos del presente Convenio:

a) «acreedor» significa una persona a la que se deben o a la que se alegue que se deben alimentos;

b) «deudor» significa una persona que debe o respecto de la que se alegue que debe alimentos;

c) «asistencia jurídica» significa la asistencia necesaria para permitir a los solicitantes conocer y hacer valer sus derechos y garantizar que las solicitudes sean tratadas de manera completa y eficaz en el Estado requerido. Tal asistencia puede proporcionarse, según sea necesario, mediante asesoramiento jurídico, asistencia para presentar un asunto ante una autoridad, representación en juicio y exención de los costes del procedimiento;

d) «acuerdo por escrito» significa un acuerdo registrado en cualquier soporte cuyo contenido sea accesible para su ulterior consulta;

e) «acuerdo en materia de alimentos» significa un acuerdo por escrito sobre pago de alimentos que: i) ha sido formalmente redactado o registrado como un documento auténtico por una autoridad competente, o ii) ha sido autenticado, concluido, registrado o depositado ante una autoridad competente, y puede ser objeto de revisión y modificación por una autoridad competente;

f) «persona vulnerable» significa una persona que, por razón de disminución o insuficiencia de sus facultades personales, no se encuentra en condiciones de mantenerse a sí misma.

CAPÍTULO II

COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 4

Designación de Autoridades Centrales

1. Cada Estado contratante designará una Autoridad Central encargada cumplir las obligaciones que el Convenio le impone.

2. Un Estado federal, un Estado con varios sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas, es libre de designar más de una Autoridad Central y especificará el ámbito territorial o personal de sus atribuciones. El Estado que haya hecho uso de esta facultad designará la Autoridad Central a la que pueda dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad Central competente dentro de ese Estado.

3. La designación de la Autoridad Central o las Autoridades Centrales, sus datos de contacto y, en su caso, el alcance de sus atribuciones conforme al apartado 2, deberán ser comunicados por cada Estado contratante a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión o cuando se haga una declaración de conformidad con el artículo 61. Los Estados contratantes comunicarán con prontitud cualquier cambio a la Oficina Permanente.

Artículo 5

Funciones generales de las Autoridades Centrales

Las Autoridades Centrales deberán:

a) cooperar entre sí y promover la cooperación entre las autoridades competentes de sus Estados para alcanzar los objetivos del Convenio;

b) buscar, en la medida de lo posible, soluciones a las dificultades que pudieran surgir en la aplicación del Convenio.

Artículo 6

Funciones específicas de las Autoridades Centrales

1. Las Autoridades Centrales prestarán asistencia con respecto a las solicitudes presentadas conforme al capítulo III. En particular, deberán:

a) transmitir y recibir tales solicitudes;

b) iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos con respecto a tales solicitudes.

2. Con respecto a tales solicitudes, tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) prestar o facilitar la prestación de asistencia jurídica, cuando las circunstancias lo exijan;

b) ayudar a localizar al deudor o al acreedor;

c) facilitar la obtención de información pertinente sobre los ingresos y, en caso necesario, sobre otras circunstancias económicas del deudor o del acreedor, incluida la localización de los bienes;

d) promover la solución amistosa de diferencias a fin de obtener el pago voluntario de alimentos, recurriendo cuando sea apropiado a la mediación, la conciliación o mecanismos análogos;

e) facilitar la ejecución continuada de las decisiones en materia de alimentos, incluyendo el pago de atrasos;

f) facilitar el cobro y la transferencia rápida de los pagos de alimentos;

g) facilitar la obtención de pruebas documentales o de otro tipo;

h) proporcionar asistencia para la determinación de la filiación cuando sea necesario para el cobro de alimentos;

i) iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos para obtener las medidas provisionales necesarias de carácter territorial que tengan por finalidad garantizar el resultado de una solicitud de alimentos pendiente;

j) facilitar la notificación de documentos.

3. Las funciones de la Autoridad Central en virtud del presente artículo podrán ser ejercidas, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, por organismos públicos u otros organismos sometidos al control de las autoridades competentes de ese Estado. La designación de tales organismos públicos u otros, así como los datos de contacto y el ámbito de sus funciones, serán comunicados por el Estado contratante a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Los Estados contratantes comunicarán con prontitud cualquier cambio a la Oficina Permanente.

4. El presente artículo y el artículo 7 no podrán interpretarse de manera que impongan a una Autoridad Central la obligación de ejercer atribuciones que corresponden exclusivamente a autoridades judiciales, según la ley del Estado requerido.

Artículo 7

Peticiones de medidas específicas

1. Una Autoridad Central podrá dirigir una petición motivada a otra Autoridad Central para que esta adopte medidas específicas apropiadas previstas en el artículo 6, apartado 2, letras b), c), g), h), i) y j), cuando no esté pendiente ninguna solicitud prevista en el artículo 10. La Autoridad Central requerida adoptará las medidas que resulten apropiadas si las considera necesarias para asistir a un solicitante potencial a presentar una solicitud prevista en el artículo 10 o a determinar si se debe presentar dicha solicitud.

2. Una Autoridad Central podrá también tomar medidas específicas a petición de otra Autoridad Central con respecto a un asunto sobre cobro de alimentos pendiente en el Estado requirente que tenga un elemento internacional.

Artículo 8

Costes de la Autoridad Central

1. Cada Autoridad Central asumirá sus propios costes derivados de la aplicación del presente Convenio.

2. Las Autoridades Centrales no impondrán al solicitante ningún cargo por los servicios que las mismas presten en virtud del Convenio, salvo los costes excepcionales que se deriven de una petición de medidas específicas previstas en el artículo 7.

3. La Autoridad Central requerida no podrá recuperar los costes excepcionales indicados en el apartado 2 sin el consentimiento previo del solicitante sobre la prestación de dichos servicios a tales costes.

CAPÍTULO III

SOLICITUDES POR MEDIACIÓN DE AUTORIDADES CENTRALES

Artículo 9

Solicitud por mediación de Autoridades Centrales

Las solicitudes previstas en el presente capítulo se transmitirán a la Autoridad Central del Estado requerido por mediación de la Autoridad Central del Estado contratante en que resida el solicitante. A los efectos de la presente disposición, la residencia excluye la mera presencia.

Artículo 10

Solicitudes disponibles

1. Las categorías siguientes de solicitudes deberán poder presentarse en un Estado requirente por un acreedor que pretende el cobro de alimentos en virtud del presente Convenio:

a) reconocimiento o reconocimiento y ejecución de una decisión;

b) ejecución de una decisión dictada o reconocida en el Estado requerido;

c) obtención de una decisión en el Estado requerido cuando no exista una decisión previa, incluida la determinación de filiación en caso necesario;

d) obtención de una decisión en el Estado requerido cuando el reconocimiento y ejecución de una decisión no sea posible o haya sido denegado por falta de una base para el reconocimiento y ejecución prevista en el artículo 20 o por los motivos previstos en el artículo 22, letras b) o e);

e) modificación de una decisión dictada en el Estado requerido;

f) modificación de una decisión dictada en un Estado distinto del Estado requerido.

2. Las categorías siguientes de solicitudes deberán poder presentarse en un Estado requirente por un deudor contra el que exista una decisión de alimentos:

a) reconocimiento de una decisión o procedimiento equivalente que tenga por efecto suspender o limitar la ejecución de una decisión previa en el Estado requerido;

b) modificación de una decisión dictada en el Estado requerido;

c) modificación de una decisión dictada en un Estado distinto del Estado requerido.

3. Salvo disposición contraria del presente Convenio, las solicitudes previstas en los apartados 1 y 2 se tramitarán conforme a la ley del Estado requerido, y las solicitudes previstas en los apartados 1, letras c) a f), y 2, letras b) y c), estarán sujetas a las normas de competencia aplicables en el Estado requerido.

Artículo 11

Contenido de la solicitud

1. Toda solicitud prevista en el artículo 10 deberá contener, como mínimo:

a) una declaración relativa a la naturaleza de la solicitud o solicitudes;

b) el nombre y los datos de contacto del solicitante, incluidas su dirección y fecha de nacimiento;

c) el nombre del demandado y, cuando se conozca, su dirección y fecha de nacimiento;

d) el nombre y la fecha de nacimiento de toda persona para la que se soliciten alimentos;

e) los motivos en que se basa la solicitud;

f) si es el acreedor quien presenta la solicitud, información relativa al lugar en que debe realizarse el pago o transmitirse electrónicamente;

g) a excepción de las solicitudes previstas en el artículo 10, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra a), toda información o documentación exigida por una declaración del Estado requerido hecha de conformidad con el artículo 63;

h) el nombre y los datos de contacto de la persona o servicio de la Autoridad Central del Estado requirente responsable de la tramitación de la solicitud.

2. Cuando proceda, y en la medida en que se conozcan, la solicitud incluirá igualmente la información siguiente:

a) la situación económica del acreedor;

b) la situación económica del deudor, incluyendo el nombre y la dirección de su empleador, así como la naturaleza y localización de sus bienes;

c) cualquier otra información que permita localizar al demandado.

3. La solicitud estará acompañada de toda información o documentación de apoyo necesaria, incluida toda documentación que permita establecer el derecho del solicitante a recibir asistencia jurídica gratuita. En el caso de las solicitudes previstas en los artículos 10, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra a), solo deberán acompañarse los documentos enumerados en el artículo 25.

4. Las solicitudes previstas en el artículo 10 podrán presentarse por medio de un formulario recomendado y publicado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Artículo 12

Transmisión, recepción y tramitación de solicitudes y asuntos por mediación de las Autoridades Centrales

1. La Autoridad Central del Estado requirente asistirá al solicitante con el fin de que se acompañe a la solicitud toda la información y documentación que, a conocimiento de dicha Autoridad, sean necesarios para el examen de la solicitud.

2. La Autoridad Central del Estado requirente, tras comprobar que la solicitud cumple los requisitos del Convenio, la transmitirá a la Autoridad Central del Estado requerido en nombre y con el consentimiento del solicitante. La solicitud se acompañará del formulario de transmisión previsto en el anexo 1. La Autoridad Central del Estado requirente, cuando lo solicite la Autoridad Central del Estado requerido, proporcionará una copia completa, certificada por la autoridad competente del Estado de origen, de cualquiera de los documentos enumerados en los artículos 16, apartado 3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3.

3. Dentro de un plazo de seis semanas contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, la Autoridad Central requerida acusará recibo de la misma por medio del formulario previsto en el anexo 2 e informará a la Autoridad Central del Estado requirente de las gestiones iniciales que se hayan efectuado o se efectuarán para la tramitación de la solicitud y, podrá solicitar cualesquiera otros documentos o información que estime necesarios. Dentro del mismo plazo de seis semanas, la Autoridad Central requerida deberá proporcionar a la Autoridad Central requirente el nombre y los datos de contacto de la persona o servicio encargado de responder a las consultas sobre el estado de avance de la solicitud.

4. Dentro de los tres meses siguientes al acuse de recibo, la Autoridad Central requerida informará a la Autoridad Central requirente sobre el estado de la solicitud.

5. Las Autoridades Centrales requerida y requirente se informarán mutuamente:

a) del nombre de la persona o del servicio responsable de un asunto concreto;

b) del estado de avance del asunto,

y contestarán a las consultas en tiempo oportuno.

6. Las Autoridades Centrales tramitarán los asuntos con toda la rapidez que el examen adecuado de su contenido permita.

7. Las Autoridades Centrales utilizarán los medios de comunicación más rápidos y eficaces de que dispongan.

8. La Autoridad Central requerida solo podrá negarse a tramitar una solicitud cuando sea manifiesto que no se cumplen los requisitos exigidos por el Convenio. En tal caso, dicha Autoridad Central informará con prontitud a la Autoridad Central requirente sobre los motivos de la negativa.

9. La Autoridad Central requerida no podrá rechazar una solicitud por la única razón de que se necesite documentación o información adicional. No obstante, la Autoridad Central requerida podrá pedir a la Autoridad Central requirente que presente esta documentación o información adicional. Si la Autoridad Central requirente no la presenta en un plazo de tres meses o en un plazo mayor determinado por la Autoridad Central requerida, esta última podrá decidir que no tramitará la solicitud. En ese caso, informará a la Autoridad Central requirente.

Artículo 13

Medios de comunicación

Toda solicitud presentada por mediación de las Autoridades Centrales de los Estados contratantes de conformidad con este capítulo, o toda documentación o información adjuntada o proporcionada por una Autoridad Central, no podrá ser impugnada por el demandado por la única razón del soporte o de los medios de comunicación utilizados entre las Autoridades Centrales respectivas.

Artículo 14

Acceso efectivo a los procedimientos

1. El Estado requerido garantizará a los solicitantes el acceso efectivo a los procedimientos, incluidos los de ejecución y recurso, que se deriven de solicitudes previstas en este capítulo.

2. Para garantizar tal acceso efectivo, el Estado requerido proporcionará asistencia jurídica gratuita de conformidad con los artículos 14 a 17, salvo que sea de aplicación el apartado 3.

3. El Estado requerido no estará obligado a proporcionar tal asistencia jurídica gratuita si, y en la medida en que, los procedimientos de ese Estado permitan al solicitante actuar sin necesidad de dicha asistencia y la Autoridad Central proporcione gratuitamente los servicios necesarios.

4. Las condiciones de acceso a la asistencia jurídica gratuita no deberán ser más restrictivas que las fijadas para asuntos internos equivalentes.

5. No se exigirá ninguna garantía, fianza o depósito, sea cual fuere su denominación, para garantizar el pago de los costes y gastos de los procedimientos en virtud del Convenio.

Artículo 15

Asistencia jurídica gratuita para las solicitudes de alimentos a favor de niños

1. El Estado requerido proporcionará asistencia jurídica gratuita para toda solicitud de obligaciones alimenticias a favor de una persona menor de 21 años que se deriven de una relación paterno-filial, presentada por un acreedor en virtud de este capítulo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Estado requerido podrá denegar asistencia jurídica gratuita, con respecto a aquellas solicitudes distintas a las previstas en el artículo 10, apartado 1, letras a) y b), y los casos comprendidos por el artículo 20, apartado 4, si considera que la solicitud o cualquier recurso es manifiestamente infundado.

Artículo 16

Declaración para permitir un examen de los recursos económicos del niño

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, un Estado podrá declarar que, de conformidad con el artículo 63, proporcionará asistencia jurídica gratuita con respecto a solicitudes distintas a las previstas en el artículo 10, apartado 1, letras a) y b), y los casos comprendidos por el artículo 20, apartado 4, sujeta a un examen de los recursos económicos del niño.

2. Un Estado debe, en el momento de hacer tal declaración, proporcionar información a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre la manera en que efectuará el examen de los recursos económicos del niño, incluyendo los criterios económicos que deberán cumplirse.

3. Una solicitud referida en el apartado 1, dirigida a un Estado que hizo la declaración a que se refiere dicho apartado, deberá incluir una declaración formal del solicitante indicando que los recursos económicos del niño cumplen los criterios a los que hace referencia el apartado 2. El Estado requerido solo podrá pedir más pruebas sobre los recursos económicos del niño si tiene fundamentos razonables para creer que la información proporcionada por el solicitante es inexacta.

4. Si la asistencia jurídica más favorable prevista por la ley del Estado requerido con respecto a las solicitudes presentadas en virtud de este capítulo sobre obligaciones alimenticias a favor un niño derivadas de una relación paterno-filial, es más favorable que la prevista en los apartados 1 a 3, se proporcionará la asistencia jurídica más favorable.

Artículo 17

Solicitudes que no se beneficien de los artículos 15 o 16

En el caso de solicitudes presentadas en aplicación del Convenio distintas a aquellas a que se refieren los artículos 15 o 16:

a) la prestación de asistencia jurídica gratuita podrá supeditarse a un examen de los recursos económicos del solicitante o a un análisis de sus fundamentos;

b) un solicitante, que se haya beneficiado de asistencia jurídica gratuita en el Estado de origen, tendrá derecho en todo procedimiento de reconocimiento o ejecución, a beneficiarse de asistencia jurídica gratuita al menos equivalente a la prevista en las mismas circunstancias por la ley del Estado requerido.

CAPÍTULO IV

RESTRICCIONES A LA INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Artículo 18

Límites a los procedimientos

1. Cuando se adopte una decisión en un Estado contratante en el que el acreedor tenga su residencia habitual, el deudor no podrá iniciar en ningún otro Estado contratante un procedimiento para que se modifique la decisión u obtener una nueva mientras el acreedor continúe residiendo habitualmente en el Estado en que se adoptó la decisión.

2. El apartado 1 no será de aplicación:

a) cuando en un litigio sobre obligaciones alimenticias a favor de una persona distinta de un niño, las partes hayan acordado por escrito la competencia de ese otro Estado contratante;

b) cuando el acreedor se someta a la competencia de ese otro Estado contratante, ya sea de manera expresa u oponiéndose en cuanto al fondo del asunto sin impugnar dicha competencia en la primera oportunidad disponible;

c) cuando la autoridad competente del Estado de origen no pueda o se niegue a ejercer su competencia para modificar la decisión o dictar una nueva, o

d) cuando la decisión dictada en el Estado de origen no pueda reconocerse o declararse ejecutoria en el Estado contratante en el que se esté considerando un procedimiento para modificar la decisión o dictar una nueva.

CAPÍTULO V

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN

Artículo 19

Ámbito de aplicación del capítulo

1. El presente capítulo se aplicará a las decisiones adoptadas por una autoridad judicial o administrativa en materia de obligaciones alimenticias. El término «decisión» incluye también las transacciones o acuerdos celebrados ante dichas autoridades o aprobados por ellas. Una decisión podrá incluir el ajuste automático por indexación y la obligación de pagar atrasos, alimentos con carácter retroactivo o intereses, así como la fijación de costes y gastos.

2. Si la decisión no se refiere exclusivamente a una obligación alimenticia, la aplicación de este capítulo se limitará a esta última.

3. A los efectos del apartado 1, «autoridad administrativa» significa un organismo público cuyas decisiones, en virtud de la ley del Estado donde está establecido:

a) puedan ser objeto de recurso o revisión por una autoridad judicial, y

b) tengan fuerza y efectos similares a los de una decisión de una autoridad judicial sobre la misma materia.

4. Este capítulo se aplicará también a los acuerdos en materia de alimentos de conformidad con el artículo 30.

5. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a las solicitudes de reconocimiento y ejecución presentadas directamente ante la autoridad competente del Estado requerido de conformidad con el artículo 37.

Artículo 20

Bases para el reconocimiento y la ejecución

1. Una decisión adoptada en un Estado contratante («el Estado de origen») se reconocerá y ejecutará en los otros Estados contratantes si:

a) el demandado tuviera su residencia habitual en el Estado de origen en el momento en que se inició el procedimiento;

b) el demandado se hubiera sometido a la competencia de la autoridad de manera expresa u oponiéndose al fondo del asunto sin impugnar la competencia en la primera oportunidad disponible;

c) el acreedor tuviera su residencia habitual en el Estado de origen en el momento en que se inició el procedimiento;

d) el niño para el que se ordenaron alimentos tuviera su residencia habitual en el Estado de origen en el momento en que se inició el procedimiento, a condición de que el demandado hubiere vivido con el niño en ese Estado o hubiere residido en ese Estado y proporcionado en el mismo alimentos para el niño;

e) las partes hubieran aceptado la competencia en un acuerdo por escrito, salvo en los litigios sobre obligaciones alimenticias a favor de un niño, o

f) la decisión hubiera sido adoptada por una autoridad en el ejercicio de su competencia en un asunto de estado civil o responsabilidad parental, salvo que dicha competencia se basara únicamente en la nacionalidad de una de las partes.

2. Un Estado contratante podrá hacer una reserva, con respecto al apartado 1, letras c), e) o f), de conformidad con el artículo 62.

3. Un Estado contratante que haga una reserva en aplicación del apartado 2 reconocerá y ejecutará una decisión si su legislación, ante circunstancias de hecho semejantes, otorgara o hubiera otorgado competencia a sus autoridades para adoptar tal decisión.

4. Un Estado contratante tomará todas las medidas apropiadas para que se dicte una decisión a favor del acreedor cuando no sea posible el reconocimiento de una decisión como consecuencia de una reserva hecha en aplicación del apartado 2 y el deudor tenga su residencia habitual en ese Estado. La frase precedente no se aplicará a las solicitudes directas de reconocimiento y ejecución previstas en el artículo 19, apartado 5, o a las demandas de alimentos referidas en el artículo 2, apartado 1, letra b).

5. Una decisión a favor de un niño menor de 18 años que no pueda reconocerse únicamente en virtud de una reserva a que se refiere los apartados 1, letras c), e) o f), será aceptada como estableciendo el derecho del niño a recibir alimentos en el Estado requerido.

6. Una decisión solo se reconocerá si surte efectos en el Estado de origen y solo se ejecutará si es ejecutoria en dicho Estado.

Artículo 21

Divisibilidad y reconocimiento y ejecución parcial

1. Si el Estado requerido no puede reconocer o ejecutar la totalidad de la decisión, este reconocerá o ejecutará cualquier parte divisible de dicha decisión que pueda ser reconocida o ejecutada.

2. Podrá solicitarse siempre el reconocimiento o la ejecución parcial de una decisión.

Artículo 22

Motivos de denegación del reconocimiento y ejecución

El reconocimiento y ejecución de una decisión podrá denegarse si:

a) el reconocimiento y ejecución de la decisión fuera manifiestamente incompatibles con el orden público del Estado requerido;

b) la decisión se hubiera obtenido mediante fraude cometido en el procedimiento;

c) se encuentra pendiente ante una autoridad del Estado requerido un litigio entre las mismas partes y con el mismo objeto y dicho litigio se hubiera iniciado primero;

d) la decisión fuera incompatible con otra decisión dictada entre las mismas partes y con el mismo objeto, ya sea en el Estado requerido o en otro Estado, siempre que esta última decisión cumpla los requisitos necesarios para su reconocimiento y ejecución en el Estado requerido;

e) en el caso en que el demandado no hubiera comparecido ni hubiera sido representado en el procedimiento en el Estado de origen: i) cuando la ley del Estado de origen prevea la notificación del procedimiento, si el demandado no hubiera sido debidamente notificado del procedimiento ni hubiera tenido la oportunidad de ser oído, o ii) cuando la ley del Estado de origen no prevea la notificación del procedimiento, si el demandado no hubiera sido debidamente notificado de la decisión ni hubiera tenido la oportunidad de recurrirla o apelarla de hecho o de derecho, o

f) la decisión se hubiera adoptado en infracción del artículo 18.

Artículo 23

Procedimiento para una solicitud de reconocimiento y ejecución

1. Con sujeción a las disposiciones del Convenio, los procedimientos de reconocimiento y ejecución se regirán por la ley del Estado requerido.

2. Cuando se haya presentado una solicitud de reconocimiento y ejecución de una decisión por mediación de Autoridades Centrales, de conformidad con el capítulo III, la Autoridad Central requerida procederá con prontitud a:

a) transmitir la solicitud a la autoridad competente, la cual declarará sin demora la decisión ejecutoria o la registrará para su ejecución, o

b) tomar por sí misma tales medidas, si es la autoridad competente.

3. Cuando se presente directamente una solicitud a una autoridad competente del Estado requerido de conformidad con el artículo 19, apartado 5, esta autoridad procederá sin demora a declarar la decisión ejecutoria o a registrarla a efectos de ejecución.

4. Una declaración o registro solo podrá denegarse por el motivo previsto en el artículo 22, letra a). En esta etapa, ni el solicitante ni el demandado podrán presentar alegaciones.

5. La declaración o registro efectuado en aplicación de los apartados 2 y 3, o su denegación de conformidad con el apartado 4, se notificarán con prontitud al solicitante y al demandado, los cuales podrán recurrirla o apelarla de hecho o de derecho.

6. El recurso o la apelación se presentará dentro de los 30 días siguientes a la notificación efectuada en virtud del apartado 5. Si el recurrente o apelante no reside en el Estado contratante en el que se efectuó o se denegó la declaración o el registro, el recurso o la apelación podrán interponerse dentro de los 60 días siguientes a la notificación.

7. El recurso o la apelación solo podrán basarse en:

a) los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución previstos en el artículo 22;

b) las bases para el reconocimiento y ejecución previstas en el artículo 20;

c) la autenticidad o integridad de un documento transmitido de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras a), b), o d) o apartado 3, letra b).

8. El recurso o la apelación del demandado también podrá basarse en la satisfacción de la deuda en la medida en que el reconocimiento y la ejecución se refieran a pagos vencidos.

9. La decisión sobre el recurso o la apelación se notificará con prontitud al solicitante y al demandado.

10. Un recurso posterior, si lo permite la ley del Estado requerido, no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que concurran circunstancias excepcionales.

11. La autoridad competente actuará rápidamente para adoptar una decisión sobre reconocimiento y ejecución, incluyendo cualquier recurso.

Artículo 24

Procedimiento alternativo para una solicitud de reconocimiento y ejecución

1. No obstante lo dispuesto por el artículo 23, apartado 2 a 11, un Estado podrá declarar, de conformidad con el artículo 63, que aplicará el procedimiento de reconocimiento y ejecución previsto en el presente artículo.

2. Cuando se haya presentado una solicitud de reconocimiento y ejecución de una decisión por mediación de Autoridades Centrales, de conformidad con el capítulo III, la Autoridad Central requerida procederá con prontitud a:

a) transmitir la solicitud a la autoridad competente que tomará una decisión sobre la solicitud de reconocimiento y ejecución, o

b) tomar por sí misma esa decisión si es la autoridad competente.

3. La autoridad competente dictará una decisión sobre reconocimiento y ejecución después de que el demandado haya sido notificado debidamente y con prontitud del procedimiento y después de que ambas partes hayan tenido la oportunidad adecuada de ser oídas.

4. La autoridad competente podrá revisar de oficio los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución previstos en el artículo 22, letras a), c) y d). Podrá revisar cualquiera de los motivos previstos en los artículos 20, 22 y 23, apartado 7, letra c), si son planteados por el demandado o si surgen dudas evidentes sobre tales motivos de la lectura de los documentos presentados de conformidad con el artículo 25.

5. La denegación del reconocimiento y ejecución también puede fundarse en el pago de la deuda en la medida en que el reconocimiento y ejecución se refieran a pagos vencidos.

6. Un recurso posterior, si lo permite la ley del Estado requerido, no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo circunstancias excepcionales.

7. La autoridad competente actuará rápidamente para adoptar una decisión sobre reconocimiento y ejecución, incluyendo cualquier recurso.

Artículo 25

Documentos

1. Una solicitud de reconocimiento y ejecución en aplicación de los artículos 23 o 24 irá acompañada de los siguientes documentos:

a) el texto completo de la decisión;

b) un documento en el que se indique que la decisión es ejecutoria en el Estado de origen y, si la decisión emana de una autoridad administrativa, un documento en el que se indique que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 19, apartado 3, a menos que dicho Estado haya precisado de conformidad con el artículo 57, que las decisiones de sus autoridades administrativas siempre cumplen tales requisitos;

c) si el demandado no compareció ni fue representado en el procedimiento seguido en el Estado de origen, un documento o documentos acreditando, según el caso, bien que el demandado fue debidamente notificado del procedimiento y que tuvo la oportunidad de ser oído, bien que fue debidamente notificado de la decisión y que tuvo oportunidad de recurrirla o apelarla de hecho y de derecho;

d) si es necesario, un documento en el que se indique la cuantía de los atrasos y la fecha de cálculo de los mismos;

e) si es necesario, cuando se trate de una decisión que establezca el ajuste automático por indexación, un documento que contenga información necesaria para realizar los cálculos correspondientes;

f) si es necesario, un documento que indique la medida en que el solicitante se benefició de asistencia jurídica gratuita en el Estado de origen.

2. En caso de recurso o apelación fundado en el artículo 23, apartado 7, letra c), o a petición de la autoridad competente en el Estado requerido, una copia completa del documento respectivo, certificada por la autoridad competente en el Estado de origen, deberá aportarse lo antes posible por:

a) la Autoridad Central del Estado requirente, cuando la solicitud haya sido realizada en virtud del capítulo III;

b) el solicitante, cuando la solicitud haya sido presentada directamente a la autoridad competente del Estado requerido.

3. Un Estado contratante podrá precisar de conformidad con el artículo 57:

a) que debe acompañarse a la solicitud una copia completa de la decisión certificada por la autoridad competente en el Estado de origen;

b) las circunstancias en las que aceptará en lugar del texto completo de la decisión, un resumen o extracto de la decisión redactado por la autoridad competente del Estado de origen, el cual podrá presentarse mediante formulario recomendado y publicado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, o

c) que no exige un documento que indique que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 19, apartado 3.

Artículo 26

Procedimiento en caso de solicitud de reconocimiento

Este capítulo se aplicará mutatis mutandis a una solicitud de reconocimiento de una decisión, con la salvedad de que la exigencia de ejecutoriedad se reemplazará por la exigencia de que la decisión surta efectos en el Estado de origen.

Artículo 27

Apreciaciones de hecho

La autoridad competente del Estado requerido estará vinculada por las apreciaciones de hecho en que la autoridad del Estado de origen haya basado su competencia.

Artículo 28

Prohibición de revisión del fondo

La autoridad competente del Estado requerido no revisará el fondo de una decisión.

Artículo 29

No exigencia de la presencia física del niño o del solicitante

No se exigirá la presencia física del niño o del solicitante en procedimiento alguno iniciado en el Estado requerido en virtud del presente capítulo.

Artículo 30

Acuerdos en materia de alimentos

1. Un acuerdo en materia de alimentos celebrado en un Estado contratante podrá ser reconocido y ejecutado como una decisión en aplicación de este capítulo, siempre que sea ejecutorio como una decisión en el Estado de origen.

2. A los efectos del artículo 10, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, letra a), el término «decisión» comprende un acuerdo en materia de alimentos.

3. La solicitud de reconocimiento y ejecución de un acuerdo en materia de alimentos irá acompañada de los siguientes documentos:

a) el texto completo del acuerdo en materia de alimentos, y

b) un documento que indique que el acuerdo en materia de alimentos es ejecutorio como una decisión en el Estado de origen.

4. El reconocimiento y ejecución de un acuerdo en materia de alimentos podrá denegarse si:

a) el reconocimiento y ejecución fuera manifiestamente incompatible con el orden público del Estado requerido;

b) el acuerdo en materia de alimentos se hubiera obtenido mediante fraude o hubiera sido objeto de falsificación;

c) el acuerdo en materia de alimentos fuera incompatible con una decisión dictada entre las mismas partes y con el mismo objeto, ya sea en el Estado requerido o en otro Estado, siempre que esta última decisión cumpla los requisitos necesarios para su reconocimiento y ejecución en el Estado requerido.

5. Las disposiciones de este capítulo, a excepción de los artículos 20, 22, 23, apartado 7, y 25, apartados 1 y 3, se aplicarán, mutatis mutandis, al reconocimiento y ejecución de un acuerdo en materia de alimentos, con las siguientes salvedades:

a) una declaración o registro de conformidad con el artículo 23, apartados 2 y 3, solo podrá denegarse por el motivo previsto en el apartado 4, letra a), y

b) un recurso o apelación en virtud del artículo 23, apartado 6, solo podrá basarse en: i) los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución previstos en el apartado 4, ii) la autenticidad o la integridad de un documento transmitido de conformidad con el apartado 3;

c) por lo que respecta al procedimiento previsto en el artículo 24, apartado 4, la autoridad competente podrá revisar de oficio el motivo de denegación del reconocimiento y ejecución previsto en el apartado 4, letra a), de este artículo. Podrá revisar todos los motivos previstos en el apartado 4 de este artículo, así como la autenticidad o integridad de todo documento transmitido de conformidad con el apartado 3 si son planteados por el demandado o si surgen dudas sobre estos motivos de la lectura de tales documentos.

6. El procedimiento de reconocimiento y ejecución de un acuerdo en materia de alimentos se suspenderá si se encuentra pendiente un recurso respecto del acuerdo ante una autoridad competente de un Estado contratante.

7. Un Estado podrá declarar, de conformidad con el artículo 63, que las solicitudes de reconocimiento y ejecución de acuerdos en materia de alimentos solo podrán presentarse por mediación de Autoridades Centrales.

8. Un Estado contratante podrá, de conformidad con el artículo 62, reservarse el derecho a no reconocer ni ejecutar un acuerdo en materia de alimentos.

Artículo 31

Decisiones resultantes del efecto combinado de órdenes provisionales y de confirmación

Cuando una decisión sea el resultado del efecto combinado de una orden provisional dictada en un Estado y de una orden dictada por una autoridad de otro Estado («Estado confirmante») que confirme la orden provisional:

a) a los efectos del presente capítulo, se considerará Estado de origen a cada uno de esos Estados;

b) se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 22, letra e), si se notificó debidamente al demandado el procedimiento en el Estado confirmante y tuvo la oportunidad de recurrir la confirmación de la orden provisional, y

c) se cumple el requisito exigido en el artículo 20, apartado 6, de que la decisión sea ejecutoria en el Estado de origen si la decisión es ejecutoria en el Estado confirmante, y

d) el artículo 18 no impedirá el inicio de procedimientos de modificación de la decisión en uno u otro Estado.

CAPÍTULO VI

EJECUCIÓN POR EL ESTADO REQUERIDO

Artículo 32

Ejecución en virtud de la ley interna

1. La ejecución se realizará de conformidad con la ley del Estado requerido, con sujeción a las disposiciones del presente capítulo.

2. La ejecución será rápida.

3. En el caso de solicitudes presentadas por mediación de Autoridades Centrales, cuando una decisión se haya declarado ejecutoria o se haya registrado para su ejecución en aplicación del capítulo V, se procederá a la ejecución sin necesidad de ninguna otra acción por parte del solicitante.

4. Tendrán efecto todas las normas relativas a la duración de la obligación alimenticia aplicables en el Estado de origen de la decisión.

5. El plazo de prescripción para la ejecución de atrasos se determinará bien conforme a la ley del Estado de origen de la decisión, bien conforme a la ley del Estado requerido, según la que prevea el plazo más largo.

Artículo 33

No discriminación

En los asuntos comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio, el Estado requerido proporcionará al menos los mismos mecanismos de ejecución aplicables para los asuntos internos.

Artículo 34

Medidas de ejecución

1. Los Estados contratantes deberán prever en su Derecho interno medidas efectivas para ejecutar las decisiones en aplicación del presente Convenio.

2. Estas medidas podrán incluir:

a) la retención del salario;

b) el embargo de cuentas bancarias y otras fuentes;

c) deducciones en las prestaciones de seguridad social;

d) el gravamen o la venta forzosa de bienes;

e) la retención de la devolución de impuestos;

f) la retención o el embargo de pensiones de jubilación;

g) el informe a los organismos de crédito;

h) la denegación, suspensión o retirada de diversos permisos (por ejemplo, el permiso de conducir);

i) el uso de la mediación, conciliación y otros medios alternativos de resolución de conflictos a fin de conseguir el cumplimiento voluntario.

Artículo 35

Transferencia de fondos

1. Se insta a los Estados contratantes a promover, incluso mediante acuerdos internacionales, la utilización de los medios menos costosos y más eficaces de que se disponga para la transferencia de fondos a ser pagados a título de alimentos.

2. Un Estado contratante cuya ley imponga restricciones a la transferencia de fondos, concederá la máxima prioridad a la transferencia de fondos a ser pagados en virtud del presente Convenio.

CAPÍTULO VII

ORGANISMOS PÚBLICOS

Artículo 36

Solicitudes de organismos públicos

1. A los efectos de las solicitudes de reconocimiento y ejecución en aplicación del artículo 10, apartado 1, letras a) y b), y de los asuntos comprendidos por el artículo 20, apartado 4, el término «acreedor» comprende a un organismo público que actúe en nombre de una persona a quien se le deba alimentos, o un organismo al que se le deba el reembolso por prestaciones concedidas a título de alimentos.

2. El derecho de un organismo público de actuar en nombre de una persona a quien se le deba alimentos o de solicitar el reembolso de la prestación concedida al acreedor a título de alimentos, se regirá por la ley a que esté sujeto el organismo.

3. Un organismo público podrá solicitar el reconocimiento o la ejecución de:

a) una decisión dictada contra un deudor a solicitud de un organismo público que reclame el pago de prestaciones concedidas a título de alimentos;

b) una decisión dictada entre un deudor y un acreedor, con respecto a las prestaciones concedidas al acreedor a título de alimentos.

4. El organismo público que solicite el reconocimiento o la ejecución de una decisión proporcionará, previa petición, todo documento necesario para probar su derecho en aplicación del apartado 2 y el pago de las prestaciones al acreedor.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37

Solicitudes presentadas directamente a las autoridades competentes

1. El Convenio no excluirá la posibilidad de recurrir a los procedimientos disponibles en el Derecho interno de un Estado contratante que permitan a una persona (el solicitante) acudir directamente a una autoridad competente de ese Estado respecto de una materia regulada por el Convenio, incluyendo la obtención o modificación de una decisión en materia de alimentos con sujeción a lo dispuesto por el artículo 18.

2. Los artículos 14, apartado 5, y 17, letra b), y las disposiciones de los capítulos V, VI, VII y de este capítulo, a excepción de los artículos 40, apartado 2, 42, 43, apartado 3, 44, apartado 3, 45 y 55 se aplicarán a las solicitudes de reconocimiento y ejecución presentadas directamente a una autoridad competente de un Estado contratante.

3. A los efectos del apartado 2, el artículo 2, apartado 1, letra a), se aplicará a una decisión que otorgue alimentos a una persona vulnerable de edad superior a la precisada en ese subapartado, si la decisión se dictó antes de que la persona alcanzara tal edad y hubiera previsto el pago de alimentos más allá de esa edad por razón de una alteración de sus capacidades.

Artículo 38

Protección de datos personales

Los datos personales obtenidos o transmitidos en aplicación del Convenio solo podrán utilizarse para los fines para los que fueron obtenidos o transmitidos.

Artículo 39

Confidencialidad

Toda autoridad que procese información garantizará su confidencialidad de conformidad con la ley de su Estado.

Artículo 40

No divulgación de información

1. Una autoridad no podrá divulgar ni confirmar la información obtenida o transmitida en aplicación del presente Convenio si juzga que, al hacerlo, podría poner en peligro la salud, la seguridad o la libertad de una persona.

2. La decisión que adopte una Autoridad Central a tal efecto será tomada en cuenta por toda otra Autoridad Central, en particular en casos de violencia familiar.

3. El presente artículo no podrá interpretarse como obstáculo para la obtención o transmisión de información entre autoridades, en la medida en que sea necesario para cumplir las obligaciones derivadas del Convenio.

Artículo 41

Dispensa de legalización

No se exigirá legalización ni otra formalidad similar en el contexto de este Convenio.

Artículo 42

Poder

La Autoridad Central del Estado requerido podrá exigir un poder al solicitante solo cuando actúe en su representación en procedimientos judiciales o ante otras autoridades, o para designar a un representante para tales fines.

Artículo 43

Cobro de costes

1. El cobro de cualquier coste en que se incurra en aplicación de este Convenio no tendrá prioridad sobre el cobro de alimentos.

2. Un Estado puede cobrar costes a la parte perdedora.

3. A los efectos de una solicitud en virtud del artículo 10, apartado 1, letra b), para el cobro de los costes a la parte perdedora de conformidad con el apartado 2, el término «acreedor» en el artículo 10, apartado 1, comprende a un Estado.

4. Este artículo no deroga el artículo 8.

Artículo 44

Exigencias lingüísticas

1. Toda solicitud y todos los documentos relacionados estarán redactados en la lengua original y se acompañarán de traducción a una lengua oficial del Estado requerido o a otra lengua que el Estado requerido haya indicado que aceptará por medio de una declaración hecha de conformidad con el artículo 63, salvo que la autoridad competente de ese Estado dispense la traducción.

2. Un Estado contratante que tenga más de una lengua oficial y que, por razones de Derecho interno, no pueda aceptar para todo su territorio documentos en una de dichas lenguas, indicará por medio de una declaración de conformidad con el artículo 63, la lengua en la que dichos documentos deberán estar redactados o traducidos para su presentación en las partes de su territorio que determine.

3. Salvo que las Autoridades Centrales convengan algo distinto, todas las demás comunicaciones entre ellas se harán en la lengua oficial del Estado requerido, o en francés o en inglés. No obstante, un Estado contratante podrá, por medio de una reserva prevista en el artículo 62, oponerse a la utilización del francés o del inglés.

Artículo 45

Medios y costes de traducción

1. En el caso de las solicitudes previstas en el capítulo III, las Autoridades Centrales podrán acordar, en un caso particular o en general, que la traducción a una lengua oficial del Estado requerido se efectúe en el Estado requerido a partir de la lengua original o de cualquier otra lengua acordada. Si no hay acuerdo y la Autoridad Central requirente no puede cumplir las exigencias del artículo 44, apartados 1 y 2, la solicitud y los documentos relacionados se podrán transmitir acompañados de una traducción al francés o al inglés, para su traducción posterior a una lengua oficial del Estado requerido.

2. Los costes de traducción derivados de la aplicación del apartado 1 correrán a cargo del Estado requirente, salvo acuerdo en contrario de las Autoridades Centrales de los Estados respectivos.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, la Autoridad Central requirente podrá cobrar al solicitante los costes de la traducción de una solicitud y los documentos relacionados, salvo que dichos costes puedan ser cubiertos por su sistema de asistencia jurídica.

Artículo 46

Sistemas jurídicos no unificados — interpretación

1. Con respecto a un Estado en el que se apliquen en unidades territoriales diferentes dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de normas, relativos a las materias reguladas en el presente Convenio:

a) cualquier referencia a la ley o al procedimiento de un Estado se interpretará, en su caso, como una referencia, a la ley o al procedimiento vigente en la unidad territorial pertinente;

b) cualquier referencia a una decisión adoptada, reconocida, reconocida y ejecutada, ejecutada o modificada en ese Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a una decisión adoptada, reconocida, reconocida y ejecutada y ejecutada o modificada en la unidad territorial pertinente;

c) cualquier referencia a una autoridad judicial o administrativa de ese Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a una autoridad judicial o administrativa de la unidad territorial pertinente;

d) cualquier referencia a las autoridades competentes, organismos públicos u otros organismos de ese Estado distintos de las Autoridades Centrales, se interpretará, en su caso, como una referencia a las autoridades u organismos autorizados para actuar en la unidad territorial pertinente;

e) cualquier referencia a la residencia o residencia habitual en ese Estado se interpretará, en su caso, como una referencia, a la residencia o residencia habitual en la unidad territorial pertinente;

f) cualquier referencia a la localización de bienes en ese Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a la localización de los bienes en la unidad territorial pertinente;

g) cualquier referencia a un acuerdo de reciprocidad en vigor en un Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a un acuerdo de reciprocidad en vigor en la unidad territorial pertinente;

h) cualquier referencia a la asistencia jurídica gratuita en ese Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a la asistencia jurídica gratuita en la unidad territorial pertinente;

i) cualquier referencia a un acuerdo en materia de alimentos celebrado en un Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a un acuerdo en materia de alimentos celebrado en la unidad territorial pertinente;

j) cualquier referencia al cobro de costes por un Estado se interpretará, en su caso, como una referencia al cobro de costes por la unidad territorial pertinente.

2. El presente artículo no será de aplicación a una Organización Regional de Integración Económica.

Artículo 47

Sistemas jurídicos no unificados — normas sustantivas

1. Un Estado contratante con dos o más unidades territoriales en las que se apliquen diferentes sistemas jurídicos no estará obligado a aplicar el presente Convenio a situaciones que impliquen únicamente a tales unidades territoriales.

2. Una autoridad competente de una unidad territorial de un Estado contratante con dos o más unidades territoriales en las que se apliquen diferentes sistemas jurídicos no estará obligada a reconocer o ejecutar una decisión de otro Estado contratante por la única razón de que la decisión haya sido reconocida o ejecutada en otra unidad territorial del mismo Estado contratante según el presente Convenio.

3. El presente artículo no se aplicará a una Organización Regional de Integración Económica.

Artículo 48

Coordinación con los anteriores C