Iniciativa de la República Portuguesa con vistas a la adopción de una Decisión marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal

(2000/C 243/02)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, la letra e) de su artículo 31 y la letra b) del apartado 2 de su artículo 34,

Vista la iniciativa de la República Portuguesa(1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),

Cosiderando lo siguiente:

(1) Conforme el Plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia(3) y, en particular, la letra c) de su punto 51, según la cual, en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado, se deberá abordar la cuestión del apoyo a las víctimas mediante un estudio comparativo de los sistemas de indemnización para las víctimas y evaluar la viabilidad de una actuación a escala de la Unión.

(2) La Comisión presentó una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social, el 14 de julio de 1999, relativa a las "Víctimas de delitos en la Unión Europea: reflexión sobre las medidas que se deben adoptar".

(3) El Parlamento Europeo aprobó una Resolución el 15 de junio de 2000, relativa a la mencionada Comunicación de la Comisión.

(4) En las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, de los días 15 y 16 de octubre de 1999, en particular la conclusión 32, se establece que deberán elaborarse estándares mínimos sobre la protección de las víctimas de los delitos, en particular sobre el acceso de las víctimas de los delitos a la justicia y sobre su derecho a ser indemnizadas por los daños sufridos, también por lo que respecta a los gastos judiciales. Además, deberán crearse programas nacionales para financiar medidas, tanto públicas como no gubernamentales, de asistencia y protección de las víctimas.

(5) El 24 de febrero de 1997, el Consejo adoptó la Acción común 97/154/JAI(4), relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños.

(6) El Consejo aprobó el 23 de noviembre de 1995 una Resolución(5) relativa a la protección de los testigos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada internacional.

(7) En este ámbito existen ya diversos instrumentos de instancias internacionales:

- la Recomendación n° R (85) 11 del Consejo de Europa sobre la posición de la víctima en el ámbito del Derecho penal y del Derecho procesal penal,

- el Convenio europeo relativo a la indemnización a las víctimas de infracciones violentas firmada en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983,

- la Recomendación n° R (99) 19 del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la mediación en materia penal,

- la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,

- la labor del Foro europeo para los servicios de la víctima, en particular la Declaración sobre los derechos de la víctima en el proceso penal.

(8) Los Estados miembros deben aproximar sus leyes y normativas en materia de proceso penal, en particular, en lo relativo al apoyo de las víctimas de delitos y teniendo especialmente en cuenta los principios que se exponen a continuación.

(9) Es importante concebir y tratar las necesidades de la víctima de forma integrada, amplia y articulada, evitando soluciones parciales o incoherentes que puedan originar perjuicios secundarios para la víctima.

(10) Por lo tanto, el concepto de proceso debe abarcar los contactos de la víctima con las autoridades, servicios públicos y organizaciones de apoyo a la víctima, cuya intervención, aun no estando prevista en el sistema procesal penal, es fundamental para satisfacer los intereses de la víctima, tanto antes como durante o después del proceso penal stricto sensu.

(11) Los términos de la presente Decisión marco se limitan a dar respuesta a la satisfacción de los intereses de la víctima en el marco del proceso penal.

(12) Por este motivo e independientemente del trato global que reciba en el futuro, en el marco de la Unión, la cuestión de la indemnización de la víctima del delito, las normas de la presente Decisión marco relativas a la indemnización, así como las relativas a la mediación, se refieren al proceso penal y, por ende, no atañen a las soluciones propias del proceso civil.

(13) Es necesario aproximar las soluciones, dentro del proceso penal, relativas al estatuto y a los principales derechos de la víctima, prestando especial atención a sus derechos a recibir un trato con respeto de su dignidad, a informar y ser informada, a comprender y ser comprendida, a ser protegida en los diversos momentos del proceso, a que se considere la desventaja de residir en un Estado distinto de aquel en que es víctima, etc.

(14) Es importante facilitar a la víctima la mejor protección jurídica y defensa de sus intereses pertinentes, independientemente del Estado miembro en que se halle.

(15) Es importante, en el ámbito del proceso penal, la intervención de organizaciones de apoyo a la víctima, antes, durante y después del proceso.

(16) Es necesaria una formación adecuada y correcta de los agentes que están en contacto con la víctima, algo fundamental para ésta y también para lograr los objetivos del proceso.

(17) La utilización de los mercanismos de articulación de puntos de contacto en red existentes en los Estados miembros, ya sea en el sistema judicial, ya sea sobre la base de organizaciones de apoyo a la víctima, supone una ventaja para la defensa de los intereses de la víctima en el proceso.

HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN MARCO:

Artículo 1

Definiciones

A los efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por

a) "víctima": la persona física objeto de cualquier tipo de delito, en el territorio de cualquier Estado miembro. En caso de fallecimiento de la víctima como consecuencia del delito, podrán también considerarse víctimas los familiares de aquella o las personas que se hallen en situación equivalente, teniendo en cuenta, en ambos casos, lo que estipule la legislación nacional del Estado miembro en que tiene lugar el proceso;

b) "organización de apoyo a la víctima": la organización no gubernamental cuya finalidad de apoyo y cuya actuación adecuada, gratuita y confidencial sean reconocidas por el Estado miembro como complementarias de su acción en este ámbito;

c) "proceso": en sentido lato, un concepto que abarque, además de la tramitación prevista por la ley, todos los contactos relacionados con el proceso que la víctima entable con cualquier autoridad, servicio público u organización de apoyo a la víctima, con anterioridad o posterioridad a la celebración del proceso.

Artículo 2

Respeto y reconocimiento

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las víctimas sean tratadas con respeto de su dignidad personal y reconocerán los derechos e intereses legítimos de la víctima en cada fase del proceso.

2. Se deberán aplicar medidas adecuadas a las víctimas que sean especialmente vulnerables por razón de su edad, sexo u otra circunstancia.

Artículo 3

Derecho a facilitar información

Los Estados miembros garantizarán el derecho de la víctima a ser oída en el proceso y a facilitar elementos de prueba, en las condiciones que se consideren necesarias para el correcto desarrollo del proceso.

Artículo 4

Derecho a recibir información

1. Los Estados miembros garantizarán, mediante fórmulas adecuadas de transmisión de información, que la víctima tenga acceso a la información que sea pertinente para la protección de sus intereses, desde el inicio del proceso, en particular desde el primer contacto con la policía, lo cual abarca, como mínimo, los elementos siguientes:

a) el tipo de servicios o de organizaciones a que puede dirigirse para obtener apoyo;

b) el tipo de apoyo que puede recibir;

c) el lugar y el modo en que la víctima puede presentar una demanda;

d) los procedimientos subsiguientes a la demanda y el papel activo de la víctima respecto de aquéllos;

e) el modo y los términos en que la víctima podrá obtener protección, si así se justifica;

f) el modo y las condiciones en que la víctima tendrá derecho a recibir asesoramiento jurídico o asistencia letrada;

g) los requisitos y condiciones para que la víctima tenga derecho a una indemnización;

h) si reside en otro Estado miembro, los mecanismos especiales de defensa de sus derechos que puede utilizar.

2. El derecho de la víctima a obtener información se mantiene durante el proceso, en particular con posterioridad a la sentencia, en las condiciones que sean adecuadas para el correcto desarrollo del proceso; la víctima tendrá la facultad de renunciar a recibir esa información.

Artículo 5

Garantías de comunicación

Los Estados miembros, en los mismos términos aplicables al procesado, tomarán las medidas necesarias para evitar que problemas lingüísticos o la falta de capacidad de expresión o de comprensión constituyan obstáculos, ya sea para el entendimiento directo o indirecto que tenga la víctima de los actos determinantes del proceso, ya sea para la intervención que aquélla pueda tener en los mismos; recurrirán concretamente para ello a formas adecuadas de interpretación y comunicación.

Artículo 6

Derecho de participación en el proceso y asistencia letrada

1. Independientemente de que la víctima pueda participar en el proceso como testigo o como parte, los Estados miembros garantizarán la posibilidad de que la víctima participe en su calidad de tal con arreglo a lo dispuesto en la presente Decisión marco.

2. Los Estados miembros garantizarán que todas las víctimas, independientemente de sus medios, tengan acceso a asesoramiento jurídico, gratuito si es preciso.

3. Los Estados miembros garantizarán la asistencia letrada gratuita cuando así se justifique.

Artículo 7

Costas judiciales

Los Estados miembros dispensarán a las víctimas de pagar costas judiciales o favorecerán la posibilidad de su reembolso.

Artículo 8

Derecho a la protección

1. Los Estados miembros garantizarán un nivel adecuado de protección a las víctimas del delito y a sus familiares o personas en situación equivalente, en particular por lo que respecta a su seguridad y a la protección de la intimidad de la vida privada, siempre que existe una amenaza grave de actos de venganza o claros indicios de que esa intimidad se verá intencionadamente perturbada.

2. Los Estados miembros garantizarán además que, mediante resolución de los tribunales, exista, de oficio o a petición de la víctima, la posibilidad de proteger la intimidad o la imagen de la víctima, de sus familiares o de las personas en situación equivalente, cuando ello sea indispensable para impedir que se produzcan perjuicios secundarios, en particular en el caso de víctimas vulnerables.

3. Los Estados miembros garantizarán además, a efectos de protección de la víctima, que los edificios de los tribunales estén provistos de espacios de espera reservados a las víctimas.

4. Cuando sea necesario proteger a las víctimas de los efectos de sus declaraciones prestadas en audiencia pública, como puede suceder debido a la edad de la víctima, a la índole del delito o a otros motivos, los Estados miembros garantizarán el derecho de la víctima a prestar declaración en privado o mediante videoconferencia, grabación en vídeo u otro medio adecuado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Artículo 9

Derecho a indemnización en proceso penal

1. Los Estados miembros garantizarán que la víctima tenga derecho a optar por ser indemnizada en el ámbito del proceso penal.

2. Los Estados miembros estipularán en su Derecho penal las formas en que se utilizará la indemnización y la restitución como sanciones o medidas penales, prestando especial atención a la sensibilización del condenado respecto de las consecuencias de su acto en la vida de la víctima.

3. Los Estados miembros crearán, como parte del sistema de justicia penal, los mecanismos necesarios destinados a la indemnización de la víctima. Los importes procedentes de las multas u obtenidos de los instrumentos o productos del delito se utilizarán preferentemente para indemnizar a la víctima.

4. Los objetos restituibles pertenecientes a la víctima y aprehendidos en el proceso se devolverán cuanto antes a la víctima.

Artículo 10

Solución de litigios por vía de mediación

1. Los Estados miembros velarán por que, en los casos que se consideren adecuados, la mediación forme parte de las medidas que se puedan utilizar en el sistema del proceso penal.

2. Los Estados miembros velarán por que, en los casos que se consideren adecuados, los acuerdos extrajudiciales entre la víctima y el procesado por vía de mediación se tengan en cuenta, con el beneplácito de la víctima, en el proceso penal que se lleve a cabo posteriormente, mediante el cumplimiento de las condiciones estipuladas a tal efecto.

Artículo 11

Víctimas residentes en otro Estado miembro

1. Los Estados miembros garantizarán la posibilidad de que la víctima que reside en otro Estado miembro tenga una participación adecuada en el proceso penal, reduciendo al mínimo posible la desventaja que se deriva de ello, en particular mediante:

- la posibilidad de prestar declaración nada más iniciarse el proceso,

- la utilización de formularios uniformes, siempre que sea posible, en todas las fases del proceso,

- el recurso a medios modernos de prestar declaración, como la videoconferencia, la conferencia telefónica y la grabación en vídeo.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias que permitan a la víctima permanecer en el Estado miembro en que tiene lugar el proceso cuando ello fuere necesario para el correcto desarrollo del mismo.

3. Los Estados miembros velarán por que el hecho de que la víctima resida en otro Estado miembro y tenga que regresar a él afecte lo menos posible al desarrollo normal del proceso. Para ello, los Estados miembros velarán por que los mecanismos de cooperación internacional presten especial atención a la situación de las víctimas que residen en otro Estado miembro.

4. Los Estados miembros velarán por que la víctima pueda presentar una demanda en el Estado miembro en que reside con respecto al delito de que fue objeto en otro Estado miembro, para que se incoe en éste el respectivo procedimiento.

Artículo 12

Red de apoyo a la víctima en el proceso penal

1. Los Estados miembros deberán, apoyar, desarrollar y mejorar las redes de cooperación entre sí para facilitar una defensa más eficaz de los intereses de la víctima en el proceso, ya se trate de redes existentes en el sistema judicial, ya de redes basadas en organizaciones de apoyo a la víctima.

2. Los Estados miembros deberán, a los fines previstos en el apartado 1, crear un número de teléfono verde europeo para el apoyo a las víctimas que, en particular, esté al servicio de los objetivos enunciados en el artículo 4.

Artículo 13

Servicios especializados y organizaciones de apoyo a la víctima

1. Los Estados miembros favorecerán la intervención en el proceso de sistemas de apoyo a la víctima responsables de organizar la acogida inicial de la víctima y de prestarle apoyo y asistencia, ya sea mediante servicios integrados por personas especialmente preparadas para ello, ya sea mediante el reconocimiento y la financiación de organizaciones de apoyo a la víctima.

2. Los Estados miembros incentivarán la acción en el proceso de servicios públicos o de organizaciones de apoyo a la víctima, en particular por lo que respecta a:

a) la transmisión de información a la víctima;

b) la prestación de apoyo a la víctima según sus necesidades inmediatas;

c) el acompañamiento de la víctima, siempre que sea necesario, durante la celebración del proceso;

d) la asistencia a la víctima después de la sentencia, teniendo especialmente en cuenta la libertad condicional del condenado.

Artículo 14

Formación profesional de personas que intervienen en el proceso y que están en contacto con la víctima

1. Los Estados miembros incentivarán, en los servicios públicos o mediante la financiación de organizaciones de apoyo a la víctima, medidas en virtud de las cuales las personas que intervienen en el proceso o que sencillamente están en contacto con la víctima reciban la adecuada formación profesional.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se justifica especialmente por lo que respecta a los agentes de policía y funcionarios judiciales.

Artículo 15

Condiciones prácticas relativas a la situación de la víctima en el proceso

1. Los Estados miembros crearán las condiciones necesarias, durante el desarrollo del proceso, para prevenir perjuicios secundarios o para evitar presiones innecesarias sobre la víctima. Ello es especialmente importante por lo que respecta a una acogida correcta, sobre todo en un primer momento, así como a la creación de condiciones en el local de espera que sean adecuadas a la situación de la víctima.

2. A efectos de la aplicación del anterior apartado 1, los Estados miembros tendrán especialmente en cuenta los tribunales, comisarías de policía, hospitales, servicios públicos y organizaciones de apoyo a la víctima que puedan participar en el tratamiento de la situación.

Artículo 16

Ejecución

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco a más tardar el ....

2. Los Estados miembros transmitirán, a más tardar el ...(6), a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión, el texto de las disposiciones de transposición al ordenamiento jurídico nacional de las obligaciones impuestas por la presente Decisión marco. El Consejo evaluará, a más tardar el ..., las medidas adoptadas por los Estados miembros en aplicación de lo estipulado en la presente Decisión marco; se basará para ello en el informe elaborado por la Secretaría General del Consejo a tenor de la información recibida de los Estados miembros y en un informe escrito presentado por la Comisión.

Artículo 17

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en ...

Por el Consejo

El Presidente

...

(1) DO C ...

(2) DO C ...

(3) DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.

(4) DO L 63 de 4.3.1997, p. 2.

(5) DO C 327 de 7.12.1995, p. 5.

(6) Fecha indicada en el apartado 1 del artículo 16.