Índice

1. Procedimiento 5

2. Contexto y descripción de las medidas objeto de investigación 7

2.1. Cuadro general 7

2.1.1. Convenios iniciales 7

2.1.2. Prórroga de los convenios iniciales 7

2.1.3. Privatización de Siremar y celebración del nuevo convenio 8

2.2. Medidas incluidas en el campo de aplicación de las Decisiones de 2011 y 2012 9

2.3. Descripción detallada de las medidas a que se refiere la presente Decisión 9

2.3.1. Prórroga del convenio inicial entre el Estado y Siremar 9

2.3.2. Prórroga ilegal de la ayuda de salvamento en favor de Siremar 12

2.3.3. Privatización de Siremar, contragarantía y aumento del capital de CdI 13

2.3.4. Nuevo convenio 20

2.3.5. Prioridad en la asignación de los puntos de amarre 22

2.3.6. Las medidas establecidas en la Ley de 2010 22

2.4. Procedimiento de infracción n. o 2007/4609 22

3. Motivos para iniciar y ampliar el procedimiento 25

3.1. Prórroga del convenio inicial entre el Estado y Siremar 25

3.1.1. Cumplimiento de la sentencia Altmark y ayudas 25

3.1.2. Compatibilidad 26

3.2. Prórroga ilegal de la ayuda de salvamento en favor de Siremar 26

3.3. Privatización de Siremar, contragarantía y aumento del capital de CdI 26

3.3.1. Privatización de Siremar 26

3.3.2. Contragarantía 27

3.3.3. Aumento del capital de CdI 27

3.3.4. Compatibilidad 27

3.4. Nuevo convenio entre el Estado italiano y CdI 27

3.5. Prioridad en la asignación de los puntos de amarre 28

3.6. Medidas establecidas por la Ley de 2010 28

4. Observaciones de Italia 28

4.1. Acerca de las obligaciones de servicio público y el entorno competitivo 28

4.2. Acerca de la posible prórroga ilegal de la ayuda de salvamento en favor de Siremar 29

4.3. Acerca de la privatización del sector de empresa de Siremar 30

4.3.1. Acerca del carácter transparente y no discriminatorio del procedimiento 30

4.3.2. Acerca de la venta de los activos no incluidos en el sector de empresa de Siremar 30

4.3.3. Acerca de la asociación de los activos del sector de empresa de Siremar en virtud de un nuevo convenio 31

4.3.4. Acerca del nombramiento de un experto independiente 31

4.3.5. Acerca de la transparencia del procedimiento 31

4.3.6. Acerca del primer y segundo informe Ecorys 31

4.3.7. Acerca de los litigios nacionales y la adjudicación final a SNS 32

4.4. Acerca de la conformidad del nuevo convenio con los criterios Altmark 33

4.5. Acerca de la prima de riesgo del 6,5 % establecida por la resolución del CIPE a partir de 2010 33

4.6. Acerca de la conformidad del nuevo convenio con la Decisión SIEG de 2011 34

4.7. Contragarantía 34

4.8. Acerca de la prioridad en la asignación de los puntos de amarre 35

4.9. Acerca de las medidas recogidas en la Ley de 2010 35

4.10. Acerca de la ausencia de continuidad económica entre Siremar en AS y CdI 36

5. Observaciones presentadas por los interesados 37

5.1. Observaciones presentadas por Siremar en régimen de administración extraordinaria 37

5.1.1. Acerca del procedimiento de infracción n. o 2007/4609 37

5.1.2. Acerca de la prórroga del convenio inicial 37

5.1.3. Acerca de la posible prórroga ilegal de la ayuda de salvamento en favor de Siremar 38

5.1.4. Acerca del nuevo convenio 39

5.1.5. Acerca de la privatización de Siremar y de la contragarantía 39

5.1.6. Acerca de la ausencia de continuidad económica entre Siremar en AS y CdI 40

5.1.7. Presentación ulterior de la decisión del Consejo de Estado sobre la contragarantía 41

5.2. Observaciones de SNS 41

5.2.1. Primera presentación de observaciones 41

5.2.2. Segunda presentación de observaciones 41

5.2.3. Tercera presentación de observaciones 42

5.3. Observaciones de Pan Med 43

5.4. Observaciones de Grandi Navi Veloci 44

5.5. Carta del alcalde de Lipari 45

6. Observaciones de Compagnia delle Isole 45

6.1. Primera presentación de observaciones 45

6.2. Segunda presentación de observaciones 46

6.3. Tercera presentación de observaciones 46

7. Observaciones de Italia sobre las observaciones y contribuciones de las partes interesadas 47

8. Valoración 47

8.1. Subsistencia de una ayuda en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE 47

8.1.1. Prórroga del convenio inicial entre Siremar e Italia 48

8.1.2. Prórroga ilegal de la ayuda de salvamento en favor de Siremar 50

8.1.3. La adjudicación a SNS del nuevo convenio asociado al sector de empresa de Siremar y su prioridad en la asignación de puntos de amarre, el aumento de capital de CdI y la contragarantía 51

8.1.4. Medidas establecidas en la Ley de 2010 71

8.1.5. Conclusión sobre la existencia de la ayuda 73

8.2. Legalidad de la ayuda 74

8.3. Compatibilidad de la ayuda 74

8.3.1. Prórroga del convenio inicial entre el Estado y Siremar 74

8.3.2. Prórroga ilegal de la ayuda de salvamento en favor de Siremar 83

8.3.3. Exenciones fiscales relativas al proceso de privatización 84

8.3.4. Conclusión sobre la compatibilidad de la ayuda 84

8.4. Respuesta a las observaciones de CdI 85

9. Conclusión 85

10. Recuperación 86

11. Continuidad económica 87

11.1. Alcance de la transferencia 87

11.2. Precio de la transferencia 88

11.3. Identidad de los propietarios 89

11.4. Cronología de la transferencia 89

11.5. Lógica económica de la operación 89

11.6. Conclusión sobre la continuidad económica entre Siremar en AS y SNS 90

DECISIÓN (UE) 2022/448 DE LA COMISIÓN

de 17 de junio de 2021

relativa a las medidas SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) que Italia ha adoptado en favor de Siremar y de su comprador Società Navigazione Siciliana

[notificada con el número C(2022) 4268]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en particular su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber invitado a los interesados a presentar sus observaciones, de conformidad con las citadas disposiciones (1), y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

1. PROCEDIMIENTO

(1) El 6 de agosto de 1999, la Comisión decidió iniciar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo «TFUE») en relación con las ayudas abonadas en virtud de los contratos iniciales de servicio público (en lo sucesivo «convenios iniciales») a las seis empresas que constituían el grupo Tirrenia en aquel momento (2).

(2) Durante la fase de investigación, las autoridades italianas solicitaron que se escindiera el examen del expediente del Grupo Tirrenia para llegar, con carácter prioritario, a una decisión final sobre la empresa Tirrenia di Navigazione (en lo sucesivo «Tirrenia»). Esta solicitud estaba motivada por la voluntad de las autoridades italianas para privatizar el grupo, comenzando con Tirrenia, y su intención de acelerar el proceso en relación con dicha empresa.

(3) La Comisión accedió a la solicitud de las autoridades italianas y por medio de la Decisión 2001/851/CE de la Comisión (3) cerró el procedimiento iniciado con respecto a la ayuda concedida a Tirrenia (en lo sucesivo «Decisión de 2001»). La ayuda se declaró compatible, sin perjuicio del cumplimiento de determinados compromisos por parte de las autoridades italianas.

(4) Mediante la Decisión 2005/163/CE de la Comisión (4) (en lo sucesivo, «Decisión de 2004»), la Comisión declaró que la compensación concedida a las sociedades del grupo Tirrenia distintas de Tirrenia (5) era en parte compatible con el mercado interior, parcialmente compatible a condición de que las autoridades italianas cumplieran una serie de compromisos y en parte incompatible con el mercado interior. La decisión se basó en los datos contables del período 1992-2001 y contenía condiciones destinadas a garantizar la compatibilidad de la compensación durante toda la vigencia de los convenios iniciales (es decir, hasta 2008).

(5) Mediante sentencia de 4 de marzo de 2009 en los asuntos T-265/04, T-292/04 y T-504/04 (6) (en lo sucesivo «sentencia de 2009»), el Tribunal anuló la Decisión de 2004.

(6) El 5 de octubre de 2011, la Comisión inició un nuevo procedimiento de investigación formal contra varias medidas adicionales adoptadas por Italia en favor de las empresas del antiguo grupo Tirrenia (en lo sucesivo, «Decisión de 2011»). La investigación abarcó, entre otras cosas, las compensaciones concedidas a Siremar – Sicilia Regionale Marittima (en lo sucesivo, «Siremar») por la explotación de varias rutas marítimas a partir del 1 de enero de 2009 y el proceso de privatización del sector de empresa de Siremar (véase la sección 2.3.3).

(7) La Decisión de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (7). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las medidas objeto de investigación.

(8) Italia respondió a la Decisión de 2011 por carta de 15 de noviembre de 2011. En lo que respecta a las medidas objeto de la presente Decisión, también se recibieron observaciones de la Società Navigazione Siciliana S.p.A. (en lo sucesivo «SNS»), Pan Med Lines S.r.l. (en lo sucesivo «Pan Med») y Grandi Navi Veloci S.p.A. (en lo sucesivo «GNV») (véase la sección 5). Estas observaciones se remitieron a Italia, que tuvo oportunidad de comentarlas.

(9) El 10 de enero de 2012, las autoridades italianas notificaron formalmente a la Comisión, supuestamente por razones de seguridad jurídica, los proyectos de contratos de servicio público (en lo sucesivo «convenios») que cualquier futuro comprador de los sectores de empresa de Tirrenia y Siremar estaría obligado a firmar y sobre cuya base se pagaría una compensación por la prestación del servicio público.

(10) El 7 de noviembre de 2012, la Comisión amplió el procedimiento de investigación, entre otras cosas, en relación con: i) la prórroga ilegal de la ayuda de salvamento concedida a Siremar, ii) la supuesta ayuda a Compagnia delle Isole (en lo sucesivo, «CdI»), primer comprador del sector de empresa de Siremar, en el contexto de la privatización de Siremar, y iii) la compensación por las obligaciones de servicio público que debe abonarse a CdI en virtud del nuevo acuerdo celebrado con el Estado italiano. El 19 de diciembre de 2012, la Comisión adoptó una versión modificada (8) de dicha Decisión (en lo sucesivo, «Decisión de 2012»; si se cita junto con la Decisión de 2011, las «decisiones de 2011 y 2012»).

(11) La Decisión de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (9). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las medidas objeto de investigación.

(12) Italia respondió a la Decisión de 2012 mediante cartas de 7 y de 13 de diciembre de 2012. En lo que respecta a las medidas objeto de la presente decisión, la Comisión recibió observaciones de Pan Med Lines S.r.l. (en lo sucesivo «Pan Med»), Siremar, SNS y CdI (véanse las secciones 5 y 6). Estas observaciones se remitieron a Italia, que tuvo oportunidad de comentarlas.

(13) El 5 de octubre de 2012, la Comisión encargó a Ecorys Netherlands BV (en lo sucesivo, «Ecorys») que le facilitara una estimación, basada en dos hipótesis alternativas, del valor de mercado de los activos de Siremar pertinentes ofrecidos para la venta (véase la sección 2.3.3.7). Ecorys presentó su informe final el 4 de septiembre de 2013 (en lo sucesivo, «primer informe Ecorys»). El 27 de septiembre de 2013, la Comisión remitió a Italia el informe. El 18 de noviembre de 2013, a petición de las autoridades italianas, la Comisión facilitó una traducción italiana del informe Ecorys. Italia presentó sus observaciones el 17 de diciembre de 2013, así como una contraevaluación elaborada por su experto independiente, Banca Profilo S.p.A.

(14) El 24 de junio de 2013, la Comisión envió una carta a varias compañías que operaban en el sector marítimo pidiéndoles que presentaran voluntariamente información detallada sobre las rutas operadas por Siremar en el período 2009-2012 y sobre las condiciones para su privatización. Solo se recibió una respuesta de CdI, que en aquel momento prestaba el servicio con arreglo al nuevo acuerdo.

(15) Mediante la Decisión (UE) 2018/261 de la Comisión (10) (en lo sucesivo, «Decisión de 2014»), la Comisión archivó el procedimiento de investigación formal relativo a determinadas medidas adoptadas por la Región de Cerdeña en favor de Saremar (véase el considerando 36).

(16) El 15 de octubre de 2014, los servicios de la Comisión se reunieron con representantes de Siremar y las autoridades italianas. Además, el 23 de octubre de 2014, los servicios de la Comisión también se reunieron con representantes de CdI y las autoridades italianas. Tras esta última reunión, CdI facilitó información adicional a la Comisión el 30 de octubre de 2014.

(17) Por lo que se refiere a Siremar, la Comisión solicitó información adicional a Italia mediante cartas de 30 de enero de 2012, 16 de marzo de 2012, 1 de agosto de 2012, 22 de noviembre de 2012, 12 de abril de 2013, 12 de junio de 2013, 27 de junio de 2013, 11 de julio de 2013, 29 de julio de 2014, 6 de noviembre de 2014, 16 de octubre de 2015, 25 de enero de 2018, 29 de marzo de 2018, 31 de agosto de 2018, 18 de marzo de 2019, 16 de octubre de 2019, 31 de julio de 2020 y 29 de octubre de 2020.

(18) En lo que respecta a Siremar, Italia presentó información adicional mediante cartas de 28 de marzo de 2012, 5 de octubre de 2012, 23 de octubre de 2012, 13 de mayo de 2013, 8 de agosto de 2013, 19 de septiembre de 2014, 20 de noviembre de 2014, 12 de diciembre de 2014, 12 de febrero de 2015, 13 de noviembre de 2015, 18 de abril de 2016, 2 de agosto de 2017, 26 de abril de 2018, 31 de mayo de 2018, 29 de mayo de 2019, 26 de julio de 2019, 3 de enero de 2020, 24 de enero de 2020, 8 de febrero de 2021 y 11 de marzo de 2021 (11).

(19) Mediante la Decisión (UE) 2020/1411 de la Comisión (12), la Comisión concluyó su investigación sobre las empresas del grupo Tirrenia distintas de Tirrenia, incluida Siremar, para el período 1992-2008 (en lo sucesivo, «Decisión del Grupo Tirrenia de 2020»). La Comisión concluyó que las ayudas concedidas para la prestación de servicios de cabotaje marítimo constituían ayudas existentes, mientras que aquellas concedidas para la prestación de servicios de transporte marítimo internacional eran compatibles con el marco de los servicios de interés económico general (en lo sucesivo «SIEG») de 2011 (en lo sucesivo «Marco SIEG de 2011») (13).

(20) Mediante la Decisión (UE) 2020/1412 de la Comisión (14), la Comisión archivó el procedimiento de investigación formal en relación con las medidas concedidas a Tirrenia y a su comprador CIN para el período 2009-2020 (en lo sucesivo, «Decisión Tirrenia/CIN de 2020»).

(21) La presente Decisión abarca todas las posibles medidas de ayuda en favor de Siremar, CdI y SNS mencionadas en los considerandos 36 y 37 y en las Decisiones de 2011 y 2012, así como la supuesta ayuda concedida a Unicredit a través de la contragarantía (véanse las secciones 2.3.3.5 y 3.3.2). La Comisión tratará todas las medidas restantes cubiertas por estas Decisiones en los asuntos SA.32014, SA.32015 y SA.32016 con arreglo a Decisiones separadas. En particular, las medidas restantes afectan a otras empresas del antiguo Grupo Tirrenia (por ejemplo, Caremar, Laziomar, Saremar y Toremar).

2. CONTEXTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS OBJETO DE INVESTIGACIÓN

2.1. Cuadro general

2.1.1. Convenios iniciales

(22) El grupo Tirrenia pertenecía al Estado italiano a través de la sociedad Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. (en lo sucesivo, «Fintecna») (15) y comprendía seis empresas, a saber, Tirrenia, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar y Toremar. Dichas empresas prestaban servicios de transporte marítimo con arreglo a diferentes contratos de servicio público celebrados con el Estado italiano en 1991 con una vigencia de veinte años, de enero de 1989 a diciembre de 2008 (en lo sucesivo, «los convenios iniciales»). Fintecna poseía el 100 % del capital social de Tirrenia. Tirrenia poseía todas las acciones de Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar y Toremar (en lo sucesivo, conjuntamente, «sociedades regionales»). Adriatica, que operaba en varias rutas entre Italia y Albania, Croacia, Grecia y Montenegro, fusionó con Tirrenia en 2004.

(23) El objetivo de estos contratos de servicio público era garantizar la regularidad y fiabilidad de muchos servicios de transporte marítimo que, en su mayor parte, comunicaban Italia continental con Sicilia, Cerdeña y otras islas italianas más pequeñas. A tal fin, el Estado italiano concedió ayuda financiera en forma de subvenciones pagadas directamente a cada una de las empresas del grupo Tirrenia.

(24) Siremar, propiedad exclusiva de Tirrenia, explotaba varias rutas de cabotaje marítimo, tanto entre Sicilia y varias islas menores vecinas, como entre Milazzo y Nápoles. En el considerando 41 se ofrece una descripción de las rutas concretas en cuestión.

2.1.2. Prórroga de los convenios iniciales

(25) Los convenios iniciales, incluido el aplicable a Siremar, se han prorrogado tres veces.

(26) En primer lugar, el artículo 26 del Decreto-Ley n.o 207, de 30 de diciembre de 2008 (en lo sucesivo, «Decreto-Ley n.o 207/2008»), convertido en Ley n.o 14, de 27 de febrero de 2009, preveía la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2009 de los convenios iniciales, que debían expirar inicialmente el 31 de diciembre de 2008.

(27) En segundo lugar, habida cuenta de la privatización de las sociedades del grupo Tirrenia, el artículo 19 ter del Decreto-Ley n.o 135, de 25 de septiembre de 2009 (en lo sucesivo, «Decreto-Ley n.o 135/2009»), convertido en la Ley n.o 166, de 20 de noviembre de 2009 (en lo sucesivo, «Ley de 2009»), preveía la transferencia de la participación de las sociedades regionales (excepto Siremar) de la sociedad matriz Tirrenia de la siguiente manera: a) Caremar a la Región de Campania. Posteriormente, la Región de Campania transfirió a la Región de Lacio la empresa que explotaba los enlaces de transporte con el Archipiélago Pontino (creando así Laziomar) (16); b) Saremar a la Región de Cerdeña; c) Toremar a la Región de Toscana.

(28) La Ley de 2009 también especificaba que se celebrarían nuevos convenios entre el Estado italiano y Tirrenia y Siremar a más tardar el 31 de diciembre de 2009. Del mismo modo, los servicios regionales estarían regulados por nuevos «contratos de servicio público» que se acordarían entre Saremar, Toremar y Caremar y las respectivas autoridades regionales a más tardar el 31 de diciembre de 2009 (Cerdeña y Toscana) y el 28 de febrero de 2010 (Campania y Lacio). Los nuevos convenios o contratos de servicio público deberían haber sido objeto de licitación, junto con las propias empresas. Los nuevos propietarios de cada una de estas empresas habrían firmado entonces el respectivo convenio o contrato de servicio público (17).

(29) A tal fin, la Ley de 2009 prorrogó los convenios iniciales, incluso aquel aplicable a Siremar, del 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2010.

(30) La Ley de 2009 también fijó los límites máximos de la compensación anual por la prestación de servicios a partir de 2010 (en virtud de la prórroga de los convenios iniciales, así como de los nuevos convenios y nuevos contratos de servicio público) en un importe total de 184 942 251 EUR, desglosados así: Empresa Compensación máxima anual Tirrenia 72 685 642 EUR Siremar 55 694 895 EUR Saremar 13 686 441 EUR Toremar 13 005 441 EUR Caremar 29 869 832 EUR (18) Cuadro 1 – Máximos de compensación desde 2010

(31) Por último, la Ley n.o 163, de 1 de octubre de 2010 (en lo sucesivo, «Ley de 2010»), que convirtió el Decreto-Ley n.o 125, de 5 de agosto de 2010 (en lo sucesivo, «Decreto-Ley n.o 125/2010»), dispuso una nueva prórroga de los convenios iniciales, incluido el aplicable a Siremar, desde el 1 de octubre de 2010 hasta la conclusión de los procedimientos de privatización de Tirrenia y Siremar.

2.1.3. Privatización de Siremar y celebración del nuevo convenio

(32) En octubre de 2010 se puso en marcha un procedimiento de licitación para encontrar un comprador para el sector de empresa de Siremar (véase la sección 2.3.3). En este contexto, se hace referencia a la división de empresa de Siremar en lugar de a Siremar, ya que el procedimiento de licitación se refería únicamente a los activos y contratos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público (19) especificadas en el nuevo convenio que debía celebrarse con el comprador. Por consiguiente, se hace referencia a la «división de empresa de Siremar» en lugar de simplemente a «Siremar». Los restantes activos de Siremar, como el buque rápido Guizzo, utilizado para otros fines, debían venderse mediante procedimientos separados. Además, la venta no dio lugar a la transferencia al comprador de las deudas acumuladas por Siremar hasta la fecha de la venta. Hasta la fecha, Siremar bajo administración extraordinaria («Siremar in AS») sigue existiendo, aunque como entidad separada, con el objetivo principal de ser liquidada después de haber reembolsado a sus acreedores.

(33) Una vez que su oferta fue seleccionada tras el procedimiento de licitación, el 20 de octubre de 2011, CdI firmó el contrato de adquisición de la división de empresa de Siremar. Posteriormente, el 30 de julio de 2012, las autoridades italianas y CdI firmaron el nuevo convenio para la prestación de servicios marítimos. Sobre esta base, el 31 de julio de 2012, se transfirió la propiedad de la división de empresa de Siremar del Estado italiano a CdI.

(34) Sin embargo, SNS, la otra empresa que había presentado una oferta para el sector de empresa de Siremar, impugnó la transferencia ante los tribunales administrativos italianos, que finalmente determinaron que el procedimiento de licitación debía repetirse parcialmente, excluyendo a CdI de la presentación de nuevas ofertas (véanse los considerandos 93 a 100). Tras la confirmación de su anterior licitación, SNS ganó el nuevo procedimiento de licitación, asumiendo el sector de empresa de Siremar y firmando el nuevo convenio con Italia el 11 de abril de 2016.

(35) Desde esa fecha, SNS ha explotado las rutas con arreglo al nuevo convenio, mientras que Siremar en administración extraordinaria (en lo sucesivo, «Siremar en AS») y CdI están en liquidación.

2.2. Medidas incluidas en el campo de aplicación de las Decisiones de 2011 y 2012

(36) En el contexto del procedimiento de investigación formal relativo a las Decisiones de 2011 y 2012 (véase también la sección 3), se evaluaron las siguientes medidas: 1) compensación por la prestación de servicios de interés económico general (SIEG) en virtud de la prórroga de los convenios iniciales (medida 1); 2) prórroga ilegal de la ayuda de salvamento en favor de Tirrenia y Siremar (medida 2); 3) privatización de las empresas del antiguo grupo Tirrenia (20) (medida 3); 4) compensación pagada por la prestación del SIEG en virtud de los futuros convenios/contratos de servicio público (medida 4); 5) prioridad en la asignación de los puntos de amarre (medida 5); 6) medidas previstas por la Ley de 2010 (medida 6); 7) las cinco medidas adicionales adoptadas por la Región de Cerdeña en favor de Saremar (medida 7) (21).

2.3. Descripción detallada de las medidas a que se refiere la presente Decisión

(37) La presente Decisión se refiere únicamente a las medidas 1 a 6 mencionadas en el considerando 36, en cuanto se refieren a Siremar, CdI o SNS. Estas medidas están descritas con mayor detalle en las secciones siguientes.

2.3.1. Prórroga del convenio inicial entre el Estado y Siremar

2.3.1.1. Obligaciones de servicio público

(38) El artículo 1 del convenio inicial con Siremar establecía que los planes quinquenales debían definir detalladamente los puertos a los que se debía prestar servicio, el tipo de buques que debían utilizarse y la frecuencia requerida para el servicio. El convenio inicial con Siremar se modificó en 1994 y 1995.

(39) El primer plan quinquenal (1990-1994) fue aprobado mediante Decreto Ministerial de 29 de mayo de 1990 y se aplicó retroactivamente a partir del 1 de enero de 1990. El segundo plan, que abarca el período 1995-1999 y que fue aprobado mediante Decreto Ministerial de 14 de mayo de 1996, dejó sustancialmente inalteradas las rutas y frecuencias.

(40) Por lo que se refiere a los períodos 2000-2004 y 2005-2008, no se adoptó formalmente ningún plan quinquenal para Siremar y la red de rutas y frecuencias siguió siendo sustancialmente la misma entre 1999 y 2008. De hecho, el Decreto interministerial de 9 de marzo de 2004 (en lo sucesivo, «Decreto de 2004») introdujo modificaciones limitadas con respecto a Siremar sobre el reemplazo de los buques viejos y el aumento de la capacidad, manteniendo las mismas frecuencias (22).

(41) Sobre la base del convenio inicial, ampliado y modificado (para algunas rutas), Siremar explotó cinco grupos de rutas a lo largo del año entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de julio de 2012, con frecuencias y horarios variables según la ruta, el tipo de servicio (transbordador o alta velocidad) y la temporada del año, como sigue: — en el grupo Milazzo – Islas Eolias – Nápoles que incluye las islas de Vulcano, Lipari, Salina, Filicudi, Alicudi, Panarea y Stromboli (en lo sucesivo, «Islas Eolias») y las ciudades de Milazzo en Sicilia y Nápoles en Campania, Siremar presta servicios de transbordador y alta velocidad en diez rutas individuales (23); — de 17.6.2021 — en el grupo Palermo – Ustica, Siremar prestó servicios de transbordador y de alta velocidad en dos rutas individuales (24); — en el grupo Porto Empedocle – Islas Pelagias, que incluye las islas de Linosa y Lampedusa («Islas Pelagias»), Siremar prestó servicios de transbordador en una sola ruta; — en el grupo Trapani – Pantelleria, Siremar prestó servicios de transbordador en una sola ruta.

2.3.1.2. Presupuesto y duración

(42) El cuadro que figura a continuación muestra la compensación anual pagada a Siremar por el período comprendido entre 2009 y julio de 2012. Año Compensación 2009 67 009 405 EUR 2010 55 694 895 EUR 2011 55 694 895 EUR 2012 32 348 816 EUR (enero – julio) (25) Cuadro 2 – Compensación 2009-2012 (EUR)

(43) El convenio inicial (modificado en 1994) establece que la compensación anual por servicio público se abonará del siguiente modo: a más tardar el 1 de marzo de cada año, un anticipo inicial igual al 70 % de la compensación pagada el año anterior; a más tardar el 30 de junio, un segundo pago que cubra un 20 % adicional; a más tardar el 30 de noviembre, un pago final del saldo de la compensación para el año de referencia, sobre la base de una estimación de los futuros ingresos y pérdidas (26). Por lo tanto, los resultados finales se verifican cuando la empresa elabora el estado financiero anual. Si Siremar recibía un importe superior al coste neto de los servicios prestados (ingresos menos pérdidas), estaba obligada a reembolsar la diferencia en un plazo de 15 días a partir de la aprobación del estado contable. Desde el 25 de noviembre de 2010, mediante decisión de la Conferencia Interministerial sobre la creación de la subvención anual en virtud del artículo 11 de la Ley n.o 856/1986 entre el Ministerio de Infraestructuras y Transportes (en lo sucesivo, «Ministerio de Transportes»), el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Económico (en lo sucesivo, «Conferencia interministerial»), los importes de las compensaciones excesivas se deducen de los futuros anticipos de las subvenciones.

(44) La compensación se calculó de forma diferente en 2009, en comparación con 2010, 2011 y 2012, como se describe a continuación. — Compensación concedida en 2009

(45) El Decreto del Presidente de la República de 1ode junio de 1979, n.o 501 («D.P.R. 501/79»), precisa los distintos elementos (ingresos y costes) que entran en el cálculo de la subvención abonada a los operadores de servicios públicos marítimos. Asimismo, la Ley n.o 856 de 5 de diciembre de 1986 (en lo sucesivo «Ley n.o 856/86») introdujo modificaciones en el sistema de obligaciones de servicio público marítimo en Italia. Por lo que se refiere a los enlaces con las islas mayores y menores, el artículo 11 de dicha Ley modificó los criterios de cálculo de la compensación por las obligaciones de servicio público. En efecto, se debía calcular la subvención basándose en la diferencia entre los ingresos y los costes del servicio, determinada en función de parámetros medios y objetivos, e incluir un rendimiento razonable del capital. El mismo artículo precisa asimismo que los contratos de servicio público debían incluir la lista de rutas subvencionadas, así como la frecuencia y los tipos de buques que debían utilizarse. Las subvenciones debían ser aprobadas por los ministros competentes. Los convenios iniciales tenían en cuenta los principios establecidos en el D.P.R. 501/79 y en la Ley n.o 856/86.

(46) De hecho, para 2009, se calculó la compensación por SIEG con arreglo a la metodología establecida por los convenios iniciales en vigor desde 1991 y se prorrogó después de su fecha de expiración inicial, el 31 de diciembre de 2008. En particular, la compensación correspondía a las pérdidas netas acumuladas en los servicios gestionados en el contexto del régimen de servicio público, a las cuales se añadió un importe variable correspondiente al rendimiento del capital invertido.

(47) Los diferentes elementos que constituyen el coste, tomados en cuenta para el cálculo de la compensación definida por las autoridades públicas, fueron los siguientes: gastos de adquisición, publicidad y alojamiento, carga, descarga y maniobra, costes de personal, mantenimiento de buques, costes administrativos, seguros, costes de alquiler y combustible, impuestos y costes de amortización. — Compensación concedida en 2010, 2011 y 2012

(48) Desde 2010, se ha determinado la compensación por cumplimiento del SIEG empleando la nueva metodología establecida por la resolución del CIPE (27) de 9 de noviembre de 2007, denominada «Criterios para la definición de las obligaciones de servicio público y las dinámicas tarifarias en el sector del cabotaje marítimo de interés público» (en lo sucesivo «resolución del CIPE») (28). Según su preámbulo, la resolución del CIPE fue adoptada para la inminente privatización de las empresas públicas que explotan los enlaces marítimos en régimen de servicio público (29) Las disposiciones de la resolución del CIPE se aplican a los servicios prestados por las empresas del grupo Tirrenia desde 2010.

(49) El método estipulado en la decisión del CIPE permite a las empresas que prestan los servicios públicos marítimos obtener un rendimiento adecuado. La tasa de rentabilidad del capital se calcularía sobre la base del coste medio ponderado del capital («CMPC»). El rendimiento del capital propio exigido (30) debe ser calculado utilizando el modelo de evaluación de los activos financieros.

(50) Sobre la base de este modelo, el coste de las acciones se calcula sobre la base de: i) la tasa sin riesgo, ii) el valor beta (una estimación del perfil de riesgo de la empresa en relación con el mercado bursátil) y iii) la prima de riesgo de renta variable asignada al mercado bursátil.

(51) En particular, el coste del capital se calcularía aplicando una prima por riesgo adicional a la tasa de rentabilidad de las actividades sin riesgo. Dicha prima debe calcularse como la prima de riesgo del mercado multiplicado por su valor beta, que determina el riesgo que conlleva una actividad con respecto al mercado.

(52) Con arreglo a la resolución del CIPE, la tasa de rentabilidad de actividades sin riesgo corresponde al rendimiento bruto medio de las obligaciones de referencia a diez años con respecto a los doce meses anteriores para los cuales se disponga de datos.

(53) La resolución del CIPE establece una prima de riesgo de mercado del 4 %. Además, en el caso de un servicio prestado de forma no exclusiva, el riesgo supuestamente más elevado soportado por el operador se remunera añadiendo un 2,5 % adicional a la prima de riesgo del mercado.

(54) Sin embargo, en la práctica, el importe de la compensación abonada a Siremar según lo establecido en la Ley de 2009 no puede superar los 55 694 895 EUR anuales (véase el considerando 30). Si bien la Ley de 2009 establece un límite máximo para la compensación anual abonada a todas las sociedades de Tirrenia por la gestión de sus obligaciones de servicio público, la resolución del CIPE contiene algunas medidas de salvaguardia que permiten a dichos operadores cubrir suficientemente sus costes de explotación.

(55) En particular, según la resolución del CIPE, el alcance de los servicios, las tarifas máximas y la compensación deben definirse de forma que se garantice que el prestador de servicios cubra íntegramente todos los costes subvencionables, utilizando la ecuación siguiente: VA(RSP) + VA(AI(X)) = VA(CA) siendo: — VA(RSP) es el valor actualizado de la compensación por la ejecución de las obligaciones de servicio público; — VA(AI(X)) es el valor actualizado de otros ingresos (ingresos por tarifas y otros); — VA (CA) es el valor actualizado de los costes de explotación subvencionables, del reembolso de la deuda y del rendimiento del capital invertido.

(56) En caso de que la ecuación anterior no sea válida, podrá reducirse el perímetro de las actividades subvencionadas; otra posibilidad es revisar la organización de los servicios (por ejemplo, el tipo de buques) o modificar los límites máximos arancelarios.

(57) Además, el límite máximo aplicable a cada servicio, sin impuestos ni tasas portuarias, se ajustará anualmente sobre la base de la siguiente fórmula de cálculo del precio máximo: DT = DR – C siendo: — DT es la variación porcentual anual en el límite máximo tarifario; — DR es la tasa de inflación para el año de referencia; — C es una tasa anual real de adaptación del límite máximo tarifario, fijado en el convenio o en los contratos de servicio público, que permanece constante durante todo el período de vigencia del convenio o de los contratos de servicio público.

(58) La resolución del CIPE también especifica que puede ajustarse el límite máximo tarifario para reflejar las variaciones de los costes del combustible, tomando como referencia los precios estándar a disposición del público.

2.3.2. Prórroga ilegal de la ayuda de salvamento en favor de Siremar

(59) El 16 de noviembre de 2010, la Comisión aprobó una ayuda de salvamento en favor de Tirrenia y Siremar (en lo sucesivo, «Decisión de 2010») (31). La ayuda consistía en una garantía sobre líneas de crédito concedidas por bancos privados de hasta 95 000 000 EUR. Italia se comprometió a comunicar a la Comisión, a más tardar seis meses después de la autorización de la ayuda de salvamento, un plan de reestructuración o una prueba del reembolso total del préstamo o del retiro de la garantía.

(60) Posteriormente, las entidades bancarias privadas Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (en lo sucesivo, «BIIS») y Unicredit autorizaron una línea de crédito de 40 000 000 EUR en favor de Tirrenia y Siremar (25 000 000 EUR para Tirrenia y 15 000 000 EUR para Siremar), cuya fecha de expiración era el 30 de junio de 2011. El Estado garantizó esta línea de crédito el 15 de febrero de 2011.

(61) Por lo tanto, se concedió la financiación de la siguiente manera: a) el primer tramo se desembolsó el 28 de febrero de 2011 (20 000 000 EUR para Tirrenia y 12 000 000 EUR para Siremar); b) el segundo tramo se desembolsó el 23 de marzo de 2011 (5 000 000 EUR para Tirrenia y 3 000 000 EUR para Siremar).

(62) Italia informó a la Comisión de que, dado que el primer pago del préstamo garantizado se había desembolsado solo el 28 de febrero de 2011, con arreglo al apartado 25, letra a), de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (en lo sucesivo, «Directrices de salvamento y reestructuración de 2004») (32) y a los considerandos 32 y 47 de la Decisión de 2010, la expiración del plazo semestral para el reembolso era el 28 de agosto de 2011.

(63) Antes de esta fecha, Tirrenia y Siremar no habían reembolsado el préstamo y, en consecuencia, BIIS invocó la garantía estatal el 11 de julio de 2011. En esa fecha, Siremar pasó a estar en deuda con el Estado por un importe de 15 121 838,33 EUR, incluida la cuota principal de los préstamos correspondientes y los intereses aún adeudados al banco.

(64) El Tribunal concursal autorizó la inclusión del Ministerio de Economía y Hacienda entre los acreedores preferentes (prededucibili) de Tirrenia y Siremar. Según las autoridades italianas, el comisario especial encargado de la gestión de la empresa consideró entonces que Siremar podía reembolsar la financiación antes del 28 de agosto de 2011 con cargo a los ingresos de la privatización prevista de los sectores de empresa de Tirrenia y Siremar.

(65) El contrato de compraventa del sector de empresa de Tirrenia a CIN se firmó el 25 de julio de 2011. Sin embargo, se retardó la transferencia de los activos y, por consiguiente, también del pago, principalmente debido a las dificultades encontradas para obtener las autorizaciones necesarias para la concentración (inicialmente por la Comisión y, posteriormente, por la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [en lo sucesivo, («AGCM»)]. El 21 de junio de 2012, la AGCM aprobó finalmente la operación Tirrenia – CIN y la venta finalizó el 19 de julio de 2012. El contrato de compraventa del sector de empresa de Siremar a CdI se firmó el 20 de octubre de 2011. Sin embargo, la transferencia de estos activos también se pospuso, en este caso hasta el 1 de agosto de 2012 (véanse los considerandos 93 a 95). El 18 de septiembre de 2012, Siremar reembolsó su deuda con el Estado, incluidos los intereses, por un importe total de 15 511 529,35 EUR.

2.3.3. Privatización de Siremar, contragarantía y aumento del capital de CdI

(66) El 23 de diciembre de 2009, Fintecna publicó los primeros anuncios de licitación para la venta de la totalidad del capital social de Tirrenia, incluida su filial Siremar. El 19 de febrero de 2010, se recibieron dieciséis manifestaciones de interés de diecinueve entidades. El 4 de agosto de 2010, tras el fracaso de las negociaciones con el único licitador que había presentado una oferta vinculante, Fintecna declaró el procedimiento cerrado. Según Italia, las negociaciones fracasaron debido a problemas relacionados con los aspectos financieros de la oferta.

(67) Tras el fracaso del primer intento de privatización, Tirrenia y Siremar, que se enfrentaban a serias dificultades financieras, fueron admitidas en el procedimiento colectivo de insolvencia previsto por la legislación italiana para empresas grandes, es decir, el «procedimiento de administración extraordinaria» y poco después fueron declaradas insolventes. Más concretamente, Siremar fue admitida al procedimiento de administración extraordinaria el 17 de septiembre de 2010. El 5 de octubre de 2010, el Tribunal de Roma dictó la sentencia n.o 381/2010 por la que declaraba Siremar insolvente.

2.3.3.1. Las normas relativas al procedimiento de administración extraordinaria

(68) A diferencia de los procedimientos de quiebra ordinarios, cuyo objeto principal es la liquidación de la sociedad insolvente para satisfacer los créditos de los acreedores, el procedimiento de administración extraordinaria, previsto por el Decreto Legislativo n.o 270, de 8 de julio de 1999 (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 270/1999»), es un procedimiento de insolvencia específico para las empresas grandes, cuyo objetivo es salvaguardar los activos y garantizar la continuidad de la actividad.

(69) En el marco de este procedimiento, la gestión de la empresa insolvente se transfiere a un comisario especial nombrado por el ministerio competente. El comisario especial propone un plan de recuperación de la actividad en cuestión, mediante reestructuración o venta de los activos de la empresa insolvente. Este plan está sujeto a la previa autorización del ministerio competente, teniendo en cuenta el dictamen de un consejo de supervisión (compuesto por expertos nombrados por el ministerio).

(70) El Decreto-Ley n.o 347, de 23 de diciembre de 2003, por el que se adoptan medidas urgentes para la reestructuración de las grandes empresas insolventes (en lo sucesivo, «Decreto-Ley n.o 347/2003»), convertido con modificaciones en la Ley n.o 39, de 18 de febrero de 2004 (en lo sucesivo, «Ley Marzano»), rige el procedimiento de administración extraordinaria aplicable a las grandes empresas insolventes que deseen participar en este procedimiento de reestructuración. Estas empresas también deben cumplir acumulativamente determinados criterios relativos al número de empleados durante el año precedente y al nivel de endeudamiento.

(71) El procedimiento exige que la empresa insolvente presente una solicitud al Ministerio italiano de Desarrollo Económico y una petición al Tribunal concursal competente. El Ministerio decide entonces sobre la admisión de la empresa insolvente al procedimiento y nombra al comisario especial bajo la supervisión del consejo de supervisión, mientras que el Tribunal concursal determina el estado de insolvencia de la empresa.

(72) En los 180 días que siguen su nombramiento, el comisario especial debe presentar un plan de reestructuración al Ministerio. El procedimiento ordinario de quiebra se activa únicamente si el Ministerio no aprueba el plan de reestructuración y el procedimiento alternativo de venta de activos no es viable.

(73) El artículo 4, apartado 4 quater, del Decreto-Ley n.o 134, de 28 de agosto de 2008 (en lo sucesivo, «Decreto-Ley n.o 134/2008»), convertido en Ley n.o 166, de 27 de octubre de 2008, por la que se establecen disposiciones urgentes sobre la reestructuración de las grandes empresas en crisis, introdujo varias modificaciones en la Ley Marzano. Estas modificaciones se aplican a las empresas que prestan servicios públicos esenciales y se refieren, entre otras cosas, a la posibilidad de que el comisario especial identifique a un comprador de los activos de la empresa insolvente a través de un procedimiento de negociación con las partes que garanticen tanto la continuidad del servicio público a medio plazo como una intervención rápida. El Decreto-Ley n.o 134/2008 precisa que el precio de venta no podrá ser inferior al valor de mercado de los activos, establecido por un perito independiente designado por decreto ministerial.

(74) El Decreto-Ley n.o 134/2008 introdujo también la posibilidad de aplicar inmediatamente un plan de cesión de activos, a diferencia del régimen anterior, que exigía, en primer lugar, la presentación de un plan de reestructuración al Ministerio. Por último, el Decreto-Ley n.o 134/2008 establece que si el Ministerio no puede aplicar ni aprobar un plan de venta de activos ni un plan de reestructuración, la empresa estará sujeta al procedimiento normal de quiebra.

2.3.3.2. El procedimiento de venta

(75) El 4 de octubre de 2010 se publicó el anuncio de licitación para la venta del sector de empresa de Siremar (33) junto con el nuevo convenio de doce años. El objeto de esta convocatoria era comprobar si había entidades nacionales o internacionales interesadas en la adquisición del sector de empresa de Siremar que pudieran garantizar la continuidad de los servicios de transporte. Este anuncio fue publicado en el sitio web de Siremar, en numerosos periódicos (34) y en varios sitios web especializados (35). La fecha límite para la presentación de manifestaciones de interés en la adquisición del sector de empresa de Siremar era el 20 de octubre de 2010.

(76) A expiración del plazo, seis partes (de las cuales dos conjuntamente) habían presentado cinco manifestaciones de interés por participar en la licitación de Siremar. Todas las partes han demostrado que cumplen los requisitos establecidos en la licitación. En consecuencia, el comisario especial invitó a las parte a realizar una comprobación de la debida diligencia en relación con el sector de empresa de Siremar. Se concedió el acceso a la documentación pertinente con la condición de que las partes interesadas firmaran acuerdos de confidencialidad.

(77) Una de las seis partes decidió no participar en la fase de diligencia debida (36). Durante esta fase, las cinco partes restantes (dos de las cuales presentaron una oferta conjunta) pudieron acceder a salas virtuales de datos (data room), que contenían: a) información técnica, jurídica y financiera detallada relativa al sector de empresa ofrecido a la venta; b) el plan industrial del sector de empresa de Siremar preparado por el comisario especial; c) el informe de diligencia debida del vendedor y las cuentas de la empresa en la fecha de admisión al procedimiento de administración extraordinaria; d) el proyecto del nuevo convenio de doce años que deberá firmarse entre el adjudicatario y el Estado; e) información adicional necesaria para que los compradores potenciales pudieran evaluar adecuadamente el objeto de la venta.

(78) Mediante Decreto Ministerial de 4 de febrero de 2011, el Ministro de Desarrollo Económico nombró a Banca Profilo S.p.A. como perito independiente para que llevara a cabo una evaluación del sector de empresa de Tirrenia y de Siremar con arreglo al artículo 4, apartado 4 quater, del Decreto-Ley n.o 347/2003. El 8 de marzo de 2011, Banca Profilo S.p.A. estimó que el valor del sector de empresa de Siremar era de 55 millones EUR. Esta información se incluyó en la sala de datos puesta a disposición de todos los licitadores potenciales antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas vinculantes.

(79) El 15 de marzo de 2011, al final del plazo inicial para la presentación de ofertas vinculantes, el administrador especial de Siremar constató que no había recibido ninguna oferta conforme con las disposiciones del anuncio de licitación. Por consiguiente, se reabrió el procedimiento con un nuevo plazo de 5 de abril de 2011. En esa fecha, CdI presentó una oferta de 60,1 millones EUR, mientras que Ustica Lines solicitó una prórroga del plazo para obtener la financiación necesaria y presentar su oferta. El comisario especial incluyó la oferta de CdI en la sala de datos e invitó a los demás participantes a mejorarla antes del 23 de mayo de 2011. En esa fecha, se recibieron las siguientes ofertas: a) oferta de 69 millones EUR de CdI, de los cuales 20 millones EUR pueden pagarse por adelantado y el resto aplazado en diez años (con un tipo de interés del 1,5 %); b) oferta de 55,1 millones EUR de SNS, de los cuales 30,1 millones EUR pueden pagarse por adelantado y el resto aplazado en ocho años (con un tipo de interés del 1,5 %).

(80) CdI fue creada por Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A. (en lo sucesivo, «Mediterranea»), Davimar Eolia Navigazione S.r.l. (en lo sucesivo, «Davimar»), Navigazione Generale Italiana S.p.A. (37) (en lo sucesivo, «NGI»), Lauro.it S.p.A., Isolemar S.r.l. y Riccardo Sanges & C. S.r.l. (38) para presentar una oferta en el marco del procedimiento de licitación. Mediterranea tenía una participación del 60 % en CdI (39). Los demás accionistas que poseían el 40 % restante del capital de CdI eran privados. Mediterranea había participado en el procedimiento relativo al primer intento de privatizar Tirrenia (véase el considerando 66) y era propiedad de la Región de Sicilia (en lo sucesivo, «Sicilia») (43,02 %), de Lauro.it S.p.A. (34,36 %), de Isolemar S.r.l. (14,61 %) y de Acies S.r.l. (8,11 %).

(81) SNS fue constituida por Ustica Lines S.p.A. (40) y Caronte & Tourist S.p.A. (41) (con una participación de cada uno del 50 %) para presentar una oferta en el marco del procedimiento de licitación.

(82) El 26 de julio de 2011, a raíz de nuevas solicitudes de información a los dos licitadores, que expiraban el 18 de julio de 2011, el asesor financiero del procedimiento formuló las siguientes observaciones: a) la oferta de CdI era más elevada en términos absolutos que la de SNS, pero el perfil de riesgo de esta última era inferior al de la primera; b) la parte del precio de venta ofrecido con pago anticipado por SNS, es decir, 30,1 millones EUR, estaba totalmente cubierta por garantías, mientras que la parte del precio de venta ofrecido por CdI, es decir, 20 millones EUR, lo estaba solo parcialmente por garantías; c) SNS ya había aprobado y ejecutado un aumento de capital de 25 millones EUR, con respecto al aumento de capital de 12 millones EUR aprobado, pero ejecutado solo parcialmente por CdI.

(83) El 3 de agosto de 2011, Sicilia concedió a Unicredit una contragarantía incondicional e irrevocable, sin pago de contraprestación, de 40 millones EUR. Esta contragarantía muestra que Unicredit había supeditado la concesión de una garantía de 39 millones EUR a CdI a la concesión de una contragarantía de 40 millones EUR por parte de Sicilia.

(84) El 5 de agosto de 2011, CdI envió al comisario especial una carta de garantía, emitida el mismo día por Unicredit, en la que el banco se comprometía a garantizar los plazos aplazados del precio de venta ofrecido por CdI por un importe máximo de 39 millones EUR (42). La carta de garantía de Unicredit declara que la garantía estaba supeditada a las siguientes condiciones: 1) la firma por parte de CdI del contrato de venta del sector de empresa de Siremar antes de la fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2011 y 2) la verificación de las competencias del contable general de la Región de Sicilia para emitir la contragarantía.

(85) El asesor financiero y los demás consultores implicados en el procedimiento confirmaron que los documentos habían sido presentados por CdI después de la fecha límite del 18 de julio de 2011 para la presentación de nuevas aclaraciones y pruebas documentales, por lo que no podían tenerse en cuenta. Por consiguiente, el 29 de agosto de 2011, el consejo de supervisión de Siremar en AS aprobó la adjudicación del sector de empresa a SNS y el 1 de septiembre de 2011 el comisario especial solicitó al ministerio competente que autorizara dicha adjudicación.

(86) Los días 2, 6 y 7 de septiembre de 2011, Sicilia escribió a dicho Ministerio subrayando que CdI había ofrecido el precio más elevado y que era propiedad en parte de Sicilia, lo que debía considerarse una garantía suficiente de la estabilidad financiera. Sicilia también envió directamente al Ministerio: la carta de garantía de UniCredit, su contragarantía y las conclusiones de asesoramiento jurídico que confirman las competencias del contable general para emitir dicha contragarantía. El 8 de septiembre de 2011, el Ministerio solicitó al comisario especial que facilitara más información y aclaraciones sobre la presentación de CdI, independientemente del retraso en la presentación de los documentos. El 22 de septiembre de 2011, el asesor financiero informó al Comisario Especial de que, a pesar del incumplimiento por CdI de los plazos establecidos en el procedimiento, la nueva documentación reducía significativamente el perfil de riesgo de CdI, lo que significa que el valor actual de la oferta de SNS ya no podía considerarse más ventajoso que el ofrecido por CdI.

(87) El 26 de septiembre de 2011, el Ministerio preguntó a la Presidencia del Consejo de ministros si la contragarantía sobre las obligaciones financieras de CdI proporcionada por Sicilia podía plantear problemas de ayuda estatal. La Presidencia del Consejo de ministros confirmó que, dado que Unicredit había supeditado su decisión de constituir una garantía a que Sicilia aportara una contragarantía, esta debía evaluarse con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE sobre las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (en lo sucesivo, «Comunicación sobre las garantías») (43).

(88) El 27 de septiembre de 2011, el comisario especial solicitó autorización al Ministerio para iniciar una nueva fase del procedimiento. Tras recibir esta autorización, el 29 de septiembre de 2011 el asesor financiero invitó a CdI y SNS a presentar ofertas vinculantes nuevas y mejoradas a más tardar el 13 de octubre de 2011.

(89) CdI presentó una oferta nueva y mejorada, estructurada del siguiente modo: a) 69,15 millones EUR en precio de venta, de los cuales 34,65 millones EUR pueden pagarse por adelantado y el resto aplazado (13,8 millones EUR al final del tercer año, 10,35 millones EUR al final del sexto año, 10,35 millones EUR al final del octavo año, con un tipo de interés del 1,5 %); b) como garantía del precio de venta: carta de garantía del 12 de octubre de 2011, enviada por Unicredit (compromiso de garantizar el importe de los pagos diferidos del nuevo precio de venta ofrecido por CdI, es decir, 34,5 millones EUR); autenticación notarial de la resolución conjunta de un aumento de capital de hasta 21,48 millones EUR (véase la sección 2.3.3.4); dos cartas de MPS Capital Services, en las que este último se compromete a financiar el primer tramo del precio de venta (hasta 20 millones EUR) y a prorrogar la garantía anterior de 5 millones EUR relativa a la oferta de 23 de mayo de 2011.

(90) SNS confirmó la oferta que había presentado el 23 de mayo de 2011.

(91) El 13 de octubre de 2011, la administración extraordinaria y sus asesores constataron que la oferta de CdI era coherente con el valor del sector de empresa estimado por Banca Profilo y era económicamente más ventajosa que la presentada por SNS. Además, el plan de negocio adjunto a la oferta de CdI cumplía los requisitos y había pruebas suficientes de que CdI era capaz de garantizar la continuidad del servicio público marítimo. Como consecuencia de ello, el comisario especial pidió al Ministerio que adjudicara la licitación a CdI.

(92) El 14 de octubre de 2011, el consejo de supervisión emitió un dictamen favorable y el Ministerio autorizó la adjudicación de la licitación a CdI.

(93) El 20 de octubre de 2011, el comisario especial de Siremar y CdI firmaron el contrato de compraventa del sector de empresa de Siremar. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2011, SNS impugnó ante el Tribunal Administrativo Regional (en lo sucesivo, «TAR») de Lacio la decisión del comisario especial de atribuir el sector de empresa a CdI.

(94) El 7 de junio de 2012, el TAR de Lacio declaró que la contragarantía emitida por Sicilia en favor de Unicredit, que cubría una parte del precio de venta ofrecido por CdI, constituía una ayuda estatal, independientemente de que se hubiera invocado o revocado (en lo sucesivo, «Decisión 5172/2012»). El TAR anuló parcialmente el procedimiento de venta del sector de empresa de Siremar (44).

(95) Mediterranea impugnó esta decisión ante el Consejo de Estado (en lo sucesivo, «CdS»). Mediante auto de medidas provisionales de 18 de julio de 2012, dicho órgano jurisdiccional suspendió la ejecución de la Decisión 5172/2012 (sin pronunciarse sobre el fondo del asunto). Como consecuencia de ello, CdI firmó el nuevo convenio de gestión de servicio público el 30 de julio de 2012 y el comisario especial transfirió el sector de empresa de Siremar a CdI el 1 de agosto de 2012.

(96) El 7 de febrero de 2014, el CdS se pronunció sobre el fondo del recurso interpuesto por Mediterranea y concluyó que la contragarantía concedida por Sicilia no había respetado los principios de transparencia y no discriminación establecidos en la legislación nacional (en lo sucesivo, «Decisión 592/14»). En su decisión, el CdS consideró que la contragarantía había menoscabado la plena eficacia del principio de no discriminación entre los dos participantes en la licitación y, por lo tanto, declaró la anulación parcial del procedimiento de adjudicación del sector de empresa de Siremar (al anular el acto de adjudicación de la licitación a CdI). En particular, la garantía concedida por Unicredit estaba condicionada de facto a la concesión de la contragarantía por Sicilia, aunque la primera no mencionaba de forma explícita la segunda (véase la sección 2.3.3.5).

(97) El contrato de compraventa firmado por CdI con el Estado italiano a raíz de la licitación no fue anulado por la sentencia del CdS. Este último anuló la adjudicación, como acto administrativo, pero no anuló ni el contrato de compraventa, ni el nuevo convenio, que eran contratos de derecho civil. Por lo tanto, CdI siguió gestionando el servicio público, tal como lo establece el nuevo convenio (45).

(98) El 9 de febrero de 2015, a solicitud de las autoridades italianas y de SNS, el TAR de Lacio se pronunció sobre la interpretación de su anterior decisión de junio de 2012, así como sobre la decisión de febrero de 2014 emitida por el CdS (en lo sucesivo, «Decisión 2351/15»). En su resolución, el TAR de Lacio decidió que se debía efectuar nuevamente la última fase de la venta de Siremar a partir del 29 de septiembre de 2011 (46). El TAR de Lacio confirmó que CdI debía quedar excluida de esta nueva fase del procedimiento. El TAR de Lacio también decidió que el Ministerio de Economía debía adoptar las medidas necesarias para permitir una nueva ejecución del procedimiento en un plazo de 120 días a partir de la fecha de la sentencia.

(99) A efectos de la aplicación de la sentencia del TAR de Lacio, Siremar in AS: — excluyó del procedimiento la oferta de CdI; — verificó que la oferta de SNS del 23 de mayo de 2011, de 55,1 millones EUR, seguía siendo válida (lo que confirmó SNS el 19 de enero de 2016); — verificó que la oferta de SNS cumplía los requisitos necesarios en términos de prestación de servicios públicos, así como la normativa aplicable; — verificó el valor de los activos a través de un nuevo informe encomendado a Ecorys (en lo sucesivo, «segundo informe Ecorys»), que estimaba un valor entre 34,4 y 39,9 millones EUR (véase el considerando 122); — rescindió el contrato de compraventa del sector de empresa celebrado con CdI y transfirió la deuda de 37,1 millones EUR ya pagada por CdI a SNS (47); — después de recibir la autorización del Ministerio el 6 de abril de 2016, adjudicó el sector de empresa a SNS el 11 de abril de 2016.

(100) En la misma fecha, SNS y el Ministerio de Transportes firmaron el nuevo convenio.

2.3.3.3. Contrato de compraventa con SNS

(101) El contrato de compraventa entre Siremar en AS y SNS define el sector de empresa de Siremar transferido como sector de empresa dedicado a la prestación de servicios de transporte marítimo en el contexto de las obligaciones de servicio público existentes (48). En particular, el artículo 4 especifica que los activos del sector de empresa se enumerarán en un anexo y abarcarán todos los activos intangibles (49) y materiales (50) utilizados por la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público.

(102) En virtud del artículo 5 del contrato de compraventa el precio de venta de 55,1 millones EUR será pagado de la siguiente manera: a) 37,1 millones EUR a partir de la firma del contrato de compraventa (mediante transferencia de la obligación de reembolso con respecto a CdI); b) el importe restante será diferido como sigue, con un tipo de interés del 1,5 %: 9 millones EUR después de 72 meses; 9 millones EUR después de 96 meses.

(103) El artículo 7, apartado 6, letra d), del contrato de compraventa establece que, en virtud del artículo 4, apartado 4 quater, del Decreto-Ley n.o 347/2003, el comprador puede garantizar la continuidad del servicio a medio plazo.

(104) El artículo 7, apartado 9, del contrato de compraventa especifica que el comprador presentará nuevas ofertas de empleo a todo el personal administrativo y de a bordo empleado para cumplir las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta las cualificaciones adquiridas o la equivalencia de las descripciones de puestos de trabajo, así como los posibles acuerdos con los sindicatos. Este artículo también establece que, como exige el artículo 63, apartado 2, del Decreto Legislativo 270/1999, el comprador también debe abstenerse de despidos no disciplinarios durante un período de dos años (en lo sucesivo, «requisito de mano de obra»). En virtud del artículo 7, apartados 11 y 12 del contrato de compraventa, el comprador está obligado a informar regularmente al vendedor del cumplimiento de dichas obligaciones, fijando sanciones económicas por un importe significativo en caso de incumplimiento.

(105) El artículo 8, apartado 12, del contrato de compraventa precisa que, de conformidad con el artículo 63, apartado 5, del Decreto Legislativo 270/1999, el nuevo propietario no estará obligado a reembolsar las deudas contraídas por Siremar antes de la transferencia del sector de empresa.

2.3.3.4. Aumento del capital

(106) El 13 de octubre de 2011, los accionistas de CdI se comprometieron a aumentar su capital a 21 480 236 EUR. El 3 de febrero de 2012, Mediterranea, accionista mayoritario con más del 60 % de las acciones de CdI, también hizo un aumento de capital, por lo que Sicilia ya no era accionista mayoritario, ya que su participación se redujo a alrededor del 43 %.

(107) El aumento de capital de CdI tuvo lugar mientras Sicilia era accionista mayoritario de Mediterranea, que a su vez era (y sigue siendo) accionista mayoritario de CdI. El objetivo del aumento de capital era adquirir el sector de empresa de Siremar y la gestión del nuevo convenio.

2.3.3.5. Contragarantía

(108) Durante la privatización, Sicilia emitió una contragarantía en favor de Unicredit.

(109) En primer lugar, el 3 de agosto de 2011, como se describe en el considerando 83, Sicilia emitió una contragarantía en favor de Unicredit, que permitió a Unicredit presentar una primera carta de garantía dos días más tarde comprometiéndose a garantizar los plazos diferidos del precio de venta ofrecido por CdI (es decir, 39 millones EUR). Este escrito supeditaba expresamente la validez de tal garantía a la validez de la contragarantía de Sicilia.

(110) En segundo lugar, el 7 de octubre de 2011, en una fase posterior del procedimiento, Sicilia confirmó su disposición a proporcionar una contragarantía para los pagos diferidos del nuevo precio de venta hasta un importe de 34,6 millones EUR. El 12 de octubre de 2011, Sicilia modificó la contragarantía del 3 de agosto de 2011, garantizando pagos de hasta 36 millones EUR. En la misma fecha, Unicredit envió la segunda carta de garantía mencionada en el considerando 89, sin indicar que la contragarantía de Sicilia todavía era vigente.

(111) El 20 de noviembre de 2011, la contragarantía de Sicilia fue sustituida por una contragarantía de todos los accionistas de CdI. El 31 de enero de 2012, Sicilia envió una carta a Siremar en AS en la que afirmaba que la contragarantía del 12 de octubre de 2011 debía considerarse como revocada. El 3 de febrero de 2012, Unicredit emitió una nota en la que confirmaba que su garantía relativa a los plazos diferidos del precio de venta no estaba supeditada a una contragarantía emitida por Sicilia.

2.3.3.6. Estudio de Banca Profilo

(112) Como se ha descrito anteriormente (véase el considerando 78), el Ministro de Desarrollo Económico nombró a Banca Profilo como experto independiente para llevar a cabo la valoración del sector de empresa de Siremar con arreglo al artículo 4, apartado 4 quater, de la Ley Marzano. El 8 de marzo de 2011, Banca Profilo presentó un informe en el que se describían las metodologías de valoración y los datos utilizados, entre ellos incluso el plan industrial de Siremar para el período 2011-2022. Dicho informe incluía un intervalo estimado de valores para el sector de empresa de Siremar.

(113) Las valoraciones de Banca Profilo se basan en diversos supuestos y, en particular, en la hipótesis de que el nuevo contrato de servicio se aplicará hasta su expiración y que, por consiguiente, el sector de empresa de Siremar recibe una compensación por las obligaciones de servicio público para operar los enlaces de transporte marítimo mencionados en el contrato. En su informe de valoración, Banca Profilo utiliza como métodos principales los «flujos de caja actualizado» y el «valor añadido económico», así como los «múltiplos de mercado» y el «método de ajuste contable» como métodos secundarios para control.

(114) En el contexto de la metodología del flujo de caja actualizado, Banca Profilo tiene en cuenta los siguientes aspectos: i) los flujos financieros generados hasta la fecha de expiración del nuevo convenio; ii) el valor de liquidación del sector de empresa de Siremar en el momento de la expiración del nuevo convenio, suponiendo que no sea posible continuar la actividad después de esa fecha. Según la metodología del valor añadido económico, Banca Profilo evalúa: i) el valor contable ajustado; ii) el fondo de comercio negativo/fondo de comercio; iii) el valor de liquidación del sector de empresa de Siremar en la fecha de vencimiento del nuevo convenio. Esta valoración se basa en los datos del plan industrial de la empresa y en cálculos propios realizados por Banca Profilo.

(115) En cuanto a las metodologías secundarias, estas implicaron lo siguiente. El análisis de los múltiplos de mercado se basa en cálculos de Banca Profilo utilizando datos de Bloomberg para nueve empresas de transporte marítimo comparables. El método de ajuste contable consiste en una estimación del valor neto de los activos registrados en el balance, pero con determinados ajustes en los activos y pasivos y sumando el valor estimado de los activos intangibles.

(116) Banca Profilo llegó a la conclusión de que el valor del sector de empresa de Siremar en el momento de su valoración se situaba entre 55 y 61 millones EUR. Por consiguiente, el precio mínimo para esa empresa debía fijarse en 55 millones EUR.

2.3.3.7. Primer informe Ecorys y segundo informe Ecorys

(117) Durante la investigación, la Comisión encargó a Ecorys que determinara el valor de mercado del sector de empresa de Siremar. Se pidió al asesor: i) determinar el valor de mercado del sector de empresa de Siremar asociado al nuevo convenio, ii) determinar el valor de mercado del sector de empresa sin condiciones previas y iii) determinar si la necesidad de mano de obra no incluía el precio de venta.

(118) A efectos de determinar el valor del sector de empresa de Siremar asociado al nuevo convenio, el primer informe Ecorys también aplicó las principales metodologías utilizadas por Banca Profilo. En particular, Ecorys aplicó las metodologías del flujo de caja actualizado y del valor añadido económico.

(119) En primer lugar, Ecorys concluyó que si se hubiera vendido el sector de empresa de Siremar sin condiciones y, en particular, en ausencia del nuevo contrato de servicio público, la empresa habría sido vendida por su valor de liquidación (51), es decir, 0,3 millones EUR. Ecorys señaló que este valor de liquidación era negativo y, por lo tanto, indicó que la liquidación inmediata (en la práctica, la venta de los buques) no era una alternativa viable para un operador en una economía de mercado. Ecorys basó esta conclusión en la consideración de que el sector de empresa de Siremar no habría podido ejercer su actividad de forma rentable sin compensación por las obligaciones de servicio público. Ecorys especificó que las actividades en las rutas de servicio público explotadas por Tirrenia y Siremar «sufren graves pérdidas, que se caracterizan por un bajo volumen de pasajeros y dependen enteramente de la financiación de los convenios». Además, según Ecorys, «la posibilidad de cambiar la calidad de los servicios y un mayor margen para fijar los precios de los billetes no son condiciones suficientes para hacer que estas rutas sean económicamente rentables desde un punto de vista comercial».

(120) En segundo lugar, para evaluar el sector de empresa de Siremar, asociado al nuevo convenio, Ecorys supuso que no se prorrogaría el nuevo convenio no se prorrogaría en la fecha de expiración y que, por lo tanto, se liquidaría Siremar (52). Sobre esta base, Ecorys estableció que el valor mínimo de mercado del sector de empresa de Siremar era de 57 millones EUR (es decir, un precio que es casi un 5 % superior a aquel estimado por Banca Profilo).

(121) En tercer lugar, Ecorys comparó el personal del sector de empresa de Tirrenia y Siremar con el de muchas empresas de transbordadores comparables y llegó a la conclusión de que los efectivos y las estructuras de coste del personal de Siremar «no son diferentes de aquellas de empresas comparables, en cuanto a la parte del coste de la mano de obra con respecto a los ingresos totales (53) y a la relación coste de la mano de obra/personal» (54). Sobre esta base, Ecorys concluyó que no hay elementos que sugieran que la condición relativa a la mano de obra tuviera un impacto significativo en el valor del sector de empresa de Siremar.

(122) Como se explica en el considerando 99, Italia también encargó el segundo informe Ecorys antes de concluir el procedimiento de venta con SNS, para comprobar si la nueva oferta de esta última reflejaba el valor de mercado del sector de empresa, asociado al contrato de servicio público, el 31 de agosto de 2015. El segundo informe Ecorys, de 28 de octubre de 2015, aplicó el método del flujo de caja actualizado como principal instrumento de valoración y el método de ajuste contable para verificar la fiabilidad de las conclusiones. La nueva estimación de Ecorys basada en el método del flujo de caja actualizado fue de 34,4 millones EUR, suponiendo que el nuevo convenio permanecería en vigor hasta el 31 de julio de 2024. Si se prorrogara el nuevo convenio hasta el 31 de julio de 2026, el valor estimado del sector de empresa de Siremar habría sido de 35,7 millones EUR. El método de valoración del ajuste contable produjo una estimación de 39,9 millones EUR.

(123) Por último, este informe se completó con una comparación entre los dos planes industriales elaborados por SNS: un primer plan que abarca el período 2011-2022 y elaborado en mayo de 2011, y un segundo plan para el período 2016-2027, elaborado en febrero de 2016. Ecorys concluyó que los dos planes no eran idénticos en sus hipótesis y no cubrían el mismo nivel de detalle (por ejemplo, el segundo plan no incluía la lista de rutas y frecuencias). En particular, las principales diferencias entre los planes fueron las siguientes: las hipótesis sobre el uso de la flota, la depreciación, los costes de personal y el uso de datos anteriores facilitados por CdI, que no estaban disponibles en el primer plan. Ecorys también preparó una valoración de una página confirmando a las autoridades italianas la coherencia interna del segundo plan de SNS para el período 2016-2027.

2.3.4. Nuevo convenio

2.3.4.1. Beneficiario

(124) CdI ganó inicialmente el sector de empresa de Siremar y firmó el nuevo convenio para la explotación de las rutas marítimas el 30 de julio de 2012. Posteriormente, el 11 de abril de 2016, SNS sustituyó a CdI y comenzó a explotar las mismas rutas.

2.3.4.2. Rutas

(125) En virtud del nuevo convenio, CdI y posteriormente SNS debían prestar servicios de pasajeros y mercancías en veinte rutas de cabotaje divididas en cinco agrupaciones, a veces con frecuencias o rutas diferentes entre temporada alta y baja (55) (véase el cuadro 3). Enlaces con transbordador (mixtos) Enlaces de pasajeros (buques rápidos) Grupo Milazzo – Islas Eolias – Nápoles C/1: Milazzo – Vulcano – Lipari – Rinella – Panarea – Ginostra – Stromboli – Nápoles y regreso (todo el año, dos conexiones semanales) C/2: Milazzo – Vulcano – Lipari – Rinella – Sala y regreso (todo el año, una conexión diaria, sin servicio el domingo en temporada baja) C/3: Milazzo – Vulcano – Lipari – Salina – Panarea – Ginostra – Stromboli y regreso (todo el año, dos conexiones semanales) C/4: Milazzo – Vulcano – Lipari – Salina – Rinella – Filicudi – Alicudi y regreso (todo el año, cinco conexiones semanales en temporada alta y cuatro conexiones semanales en temporada baja) C/6: Lipari –Vulcano – Milazzo y regreso (todo el año, una conexión diaria) ALC/2: Milazzo – Vulcano – Lipari – Rinella – Salina y regreso (todo el año, al menos una conexión diaria) ALC/3: Milazzo – Vulcano – Lipari – Salina – Panarea – Ginostra – Stromboli y regreso (tudo el año, al menos una conexión diaria) ALC/4: Milazzo – Vulcano – Lipari – Salina – Rinella – Filicudi – Alicudi y regreso (todo el año, al menos una conexión diaria) ALC/6: Lipari –Vulcano – Milazzo y regreso (todo el año, una conexión diaria) ALC/2 BIS: Lipari – Rinella – Salina – Lipari (todo el año, cuatro conexiones semanales en temporada alta, tres semanales y una diaria hasta Salina en temporada baja) Grupo Palermo – Ustica D/1: Palermo - Ustica y regreso (todo el año, una conexión diaria) ALD/1: Ustica – Palermo y regreso (todo el año, al menos una conexión diaria) Grupo Trapani - Islas Egadas D/2: Trapani – Favignana – Levanzo – Marettimo y regreso (todo el año, al menos una conexión diaria) D/3: Trapani – Favignana – Levanzo – Trapani (todo el año, dos conexiones diarias en temporada alta, 12 conexiones semanales y menor frecuencia hacia Levanzo en temporada baja) ALD/2: Trapani – Favignana – Levanzo – Marettimo y regreso (todo el año, dos conexiones diarias) ALD/3: Trapani – Favignana – Levanzo – Trapani (todo el año, al menos una conexión diaria) ALD/2 BIS: Marettimo – Levanzo – Favignana – Trapani y regreso (todo el año, al menos una conexión diaria) ALD/3 BIS: Trapani – Favignana – Levanzo – Trapani (todo el año, al menos dos conexiones diarias) Grupo Trapani – Pantelleria D/4: Trapani – Pantelleria y regreso (todo el año, una conexión diaria en temporada alta, seis conexiones semanales en temporada baja) Grupo Porto Empedocle – Islas Pelagias D/5: Porto Empedocle – Linosa – Lampedusa y regreso (todo el año, seis conexiones semanales) Cuadro 3 – Rutas explotadas por CdI, y posteriormente por SNS en el marco del nuevo convenio

(126) El anexo A del nuevo convenio establece detalladamente las disposiciones de gestión para cada ruta en el cuadro 3 (por ejemplo, tipo de buque y frecuencia estacional). Además, las tarifas aplicadas a los usuarios no podrán superar los límites establecidos en el artículo 6 del nuevo convenio y especificados en el anexo A.

2.3.4.3. Duración

(127) Tanto el nuevo convenio firmado entre Sicilia y CdI como aquel celebrado entre Sicilia y SNS tienen una duración de doce años. El contrato con SNS entró en vigor el 12 de abril de 2016 y expirará el 11 de abril de 2028.

2.3.4.4. Obligaciones de servicio público

(128) Las obligaciones de servicio público impuestas conciernen a los enlaces marítimos por explotar (véase el considerando 125), el tipo y la capacidad de los buques asignados a las rutas marítimas respectivas, la disponibilidad de un buque de reserva para garantizar la continuidad del servicio, la periodicidad del servicio y las tarifas máximas aplicadas a los usuarios del servicio en cada una de las rutas en cuestión.

2.3.4.5. La compensación

(129) La compensación anual que debe recibir la empresa encargada de las obligaciones de servicio público mencionadas en el nuevo convenio está limitada por ley a 55 694 895 EUR. El importe de la compensación debe determinarse con arreglo al procedimiento establecido en la resolución del CIPE (véanse los considerandos 48 a 58). La compensación se abonó a las dos empresas del siguiente modo: Compensación pagada a CdI Compensación pagada a SNS 2012 23 346 079 EUR (agosto-diciembre) — 2013 55 694 895 EUR — 2014 55 694 895 EUR — 2015 55 694 895 EUR — 2016 15 397 836 EUR 40 297 059 EUR 2017 — 55 694 895 EUR 2018 — 55 694 895 EUR 2019 — 55 694 895 EUR Cuadro 4 – Compensación 2012-2019

(130) El artículo 8 del nuevo convenio prevé una revisión trienal periódica del alcance de las actividades subvencionadas para comprobar que no existen desequilibrios financieros. Además, el artículo 9 del nuevo convenio establece que, en circunstancias muy específicas de variaciones imprevistas y estructurales de los ingresos o costes y, en cualquier caso, solo después del primer año de cada período de tres años, las partes podrán proceder a tal revisión con antelación.

2.3.5. Prioridad en la asignación de los puntos de amarre

(131) El artículo 19 ter, apartado 21, del Decreto-Ley n.o 135/2009 establece que, para garantizar la continuidad territorial con las islas y las obligaciones de servicio público, se concederá a las empresas del antiguo Grupo Tirrenia, incluida Siremar, el mantenimiento de puntos de amarre ya asignados y la prioridad en la asignación de nuevos puntos de amarre, de conformidad con los procedimientos de los que son responsables las autoridades portuarias y marítimas italianas en virtud de la Ley n.o 84, de 28 de enero de 1994, y del Código de navegación italiano.

2.3.6. Las medidas establecidas en la Ley de 2010

(132) La ley de 2010 preveía la posibilidad de que las empresas del antiguo grupo Tirrenia, incluida Siremar, utilizaran los recursos financieros ya utilizados para la modernización y adaptación de la flota (56) para cubrir necesidades urgentes de liquidez. En particular, al utilizar dos líneas de crédito (57), ya se habían reservado 23 750 000 EUR para financiar las mejoras de todo el grupo Tirrenia, de los que se asignó 7 215 800 EUR a Siremar. Las empresas del antiguo grupo Tirrenia que utilizaron estos fondos para liquidez se vieron obligadas a devolverlos en una fase ulterior, a fin de permitir la realización de las renovaciones necesarias en los buques. Estas mejoras eran necesarias para cumplir determinadas normas internacionales de seguridad introducidas a raíz del Acuerdo de Estocolmo de 1996 (58).

(133) Además, la Ley de 2010 preveía también lo siguiente: a) los convenios iniciales se prorrogan a partir del 1 de octubre de 2010 hasta el final de los procesos de privatización de Tirrenia y Siremar (véase también el considerando 31); b) el artículo 19ter del Decreto-Ley n.o 135/2009, convertido, con modificaciones, en la Ley de 2009, queda modificado mediante la introducción del apartado 24 bis, según el que todos los actos y operaciones oficiales en el sentido del artículo 19ter, apartados 1 a 15, del Decreto-Ley n.o 135/2009 se benefician de la exención fiscal. Estos apartados se refieren a la liberalización del sector del cabotaje marítimo mediante la privatización del Grupo Tirrenia; c) para garantizar la continuidad del servicio público y apoyar el proceso de privatización de las empresas del antiguo grupo Tirrenia, las regiones pertinentes podrán utilizar los recursos del Fondo para las zonas infrautilizadas («FAS») (59) a que se refiere la Decisión n.o 1/2009 del CIPE, de 6 de marzo de 2009 (60).

2.4. Procedimiento de infracción n.o 2007/4609

(134) A raíz de anteriores intercambios entre los servicios de la Comisión y las autoridades italianas, el director general de la Comisión responsable de Energía y Transportes envió una solicitud de información a Italia el 19 de diciembre de 2008. Dicha solicitud se refería, entre otras cosas, a la descripción de las rutas de servicio público existentes en ese momento y a la misión de servicio público que Italia preveía con arreglo a los nuevos convenios propuestos. Además, se invitó a Italia a facilitar más detalles sobre los planes de privatización del grupo Tirrenia.

(135) Mediante carta de 28 de abril de 2009, las autoridades italianas enviaron una respuesta detallada: — observando que la prórroga de los convenios iniciales hasta el 31 de diciembre de 2009 era necesaria para lograr la liberalización del sector del cabotaje marítimo en Italia mediante la privatización del grupo Tirrenia; — reiterando que la compensación por las obligaciones de servicio público concedida al grupo Tirrenia era necesaria para garantizar la continuidad territorial con las islas a través de enlaces marítimos no proporcionados por los operadores privados presentes en el mercado; — subrayando que el 10 de marzo de 2009 se había completado un proceso exhaustivo de racionalización de las rutas, teniendo en cuenta los importantes aspectos sociales, laborales y económicos implicados, así como la necesidad de salvaguardar los enlaces esenciales para la continuidad territorial mediante la participación de las seis regiones implicadas en un proceso de consulta. El proceso de racionalización habría dado lugar a una reducción del coste neto del servicio público de aproximadamente 66 millones EUR y al despido de unos 600 marineros empleados en los buques de las empresas del grupo Tirrenia. Italia recordó también que la racionalización de 2009 completó los esfuerzos realizados anteriormente (en 2004, 2006 y 2008) por reducir los servicios operados por el grupo Tirrenia; — explicando que los objetivos del proceso de racionalización son: i) el mantenimiento de los enlaces necesarios para garantizar la continuidad territorial de las islas con las regiones y la protección del derecho a la salud, a los estudios y a la movilidad; ii) la racionalización de los enlaces en presencia de operadores privados que ofrezcan las mismas rutas durante el mismo período, con garantías similares de calidad y continuidad; y iii) la racionalización de los enlaces en temporada alta y el transporte rápido de pasajeros; — facilitando una perspectiva general de las rutas en las que operaban las empresas del grupo Tirrenia durante 2008 y del número reducido de rutas en las que operaría el grupo Tirrenia durante 2009. Según las autoridades italianas, estas últimas rutas constituirían la base de los nuevos convenios que debían celebrarse con los nuevos propietarios de las empresas del grupo Tirrenia.

(136) El 21 de diciembre de 2009, el director general de la Comisión responsable de Energía y Transportes envió una carta a las autoridades italianas señalando, entre otras cosas, que: — en el contexto de la reestructuración radical del sector del cabotaje marítimo en Italia y habida cuenta del impacto social que, según las autoridades italianas, habría tenido las licitaciones sobre la base de un simple contrato de servicio público, la organización de un procedimiento de licitación para adjudicar tales contratos a las compañías navieras era aceptable, en principio y con carácter excepcional, para garantizar el respeto del principio de no discriminación entre armadores europeos establecido en el Reglamento (CEE) n.o 3577/92 del Consejo (61) («Reglamento sobre el cabotaje marítimo»); — La compensación por las obligaciones de servicio público debía limitarse a las rutas para las que la presencia continua de otros operadores a lo largo del año era limitada. A este respecto, se solicitaron aclaraciones sobre la deficiencia del mercado en determinadas rutas explotadas por Tirrenia y Caremar. La carta también indicaba que solo la inclusión de rutas nacionales (y no internacionales) en un contrato de servicio público podía justificarse sobre la base del objetivo de continuidad territorial; — los contratos de servicio público del grupo Tirrenia expiraron el 31 de diciembre de 2008 y existía la posibilidad de que la privatización prevista por Italia tardara más de lo previsto. Por lo tanto, la carta señalaba la posibilidad de enviar un requerimiento por la aplicación incorrecta del Reglamento sobre el cabotaje marítimo.

(137) El 22 de enero de 2010, las autoridades italianas respondieron a la carta de los servicios de la Comisión de 21 de diciembre de 2009: — observando que, en principio, la Comisión ha respaldado el enfoque propuesto para la privatización del grupo Tirrenia y los nuevos contratos de servicio público; — ofreciendo explicaciones sobre las rutas para las que la Comisión ha planteado una serie de preguntas; — mencionando que la convocatoria de manifestaciones de interés para la venta de Tirrenia (incluida Siremar) se publicó el 23 de diciembre de 2009. Italia indicó que tenía previsto finalizar la privatización de todo el grupo Tirrenia antes del 30 de septiembre de 2010; — pidiendo a la Comisión que confirmara expresamente si los argumentos proporcionados con respecto a la deficiencia del mercado eran suficientes.

(138) El 29 de enero de 2010, (62) la Comisión envió una carta de emplazamiento relativa a la infracción del Reglamento sobre el cabotaje marítimo. En esta carta, la Comisión recordó que dicho Reglamento establece que, cuando un Estado miembro celebre contratos de servicio público o imponga obligaciones de servicio público, lo hará de forma no discriminatoria para todos los armadores comunitarios. De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento sobre el cabotaje marítimo, los contratos de servicio público vigentes permanecerán en vigor hasta sus respectivas fechas de expiración. No obstante, la Comisión observó que las empresas del grupo Tirrenia siguieron prestando servicios de transporte marítimo después de la expiración de los respectivos contratos de servicio público («convenios iniciales»). En particular, dichos convenios debían expirar a finales de 2008 pero Italia los prorrogó repetidas veces. Por ello, la Comisión invitó a las autoridades italianas a presentar sus observaciones al respecto.

(139) También el 29 de enero de 2010, el Director General de la Comisión responsable de Energía y Transportes respondió a la carta de las autoridades italianas de 22 de enero de 2010. El Director General declaró que las justificaciones presentadas para las rutas explotadas por Tirrenia bastaban para disipar las reservas expresadas anteriormente. Además, el Director General observó con satisfacción que, a raíz de su solicitud anterior, Italia había suprimido un enlace internacional desde el proyecto del nuevo convenio en lo que respecta a Tirrenia. Con respecto a las preguntas formuladas en relación a las rutas atendidas por Caremar, únicamente se consideraron suficientes las justificaciones correspondientes a algunas de estas rutas. Por consiguiente, se invitó a Italia a aportar más aclaraciones sobre determinadas rutas Caremar. El Director General recordó que los contratos de servicio público solo pueden cubrir aquellas líneas en las que existe una deficiencia del mercado. El Director General también subrayó que su respuesta solo se refería al cumplimiento del Reglamento sobre el cabotaje marítimo y no a cuestiones relacionadas con las ayudas estatales.

(140) El 29 de marzo de 2010, las autoridades italianas respondieron a la carta de emplazamiento de la Comisión de 29 de enero de 2010: — recordando que los servicios de la Comisión, mediante carta de 21 de diciembre de 2009 (véase el considerando 136), se habían mostrado en principio de acuerdo con la privatización del grupo Tirrenia por medio de una vinculación de las empresas con los nuevos contratos de servicio público; — observando que la prórroga de los convenios iniciales se debió únicamente a la necesidad de garantizar la continuidad en el funcionamiento del sector del transporte marítimo público hasta la conclusión de los respectivos procesos de privatización; — confirmando su intención de concluir el proceso de privatización antes del 30 de septiembre de 2010, para liberalizar el sector del cabotaje marítimo antes de esa fecha; — proporcionando una visión general del proceso de privatización de Tirrenia (incluida Siremar). En particular, Italia indicó que, tras la publicación de la convocatoria de manifestaciones de interés, el 19 de febrero de 2010, se habían presentado dieciséis manifestaciones de interés correspondientes a diecinueve entidades. Como parte de la fase de diligencia debida, el 22 de marzo de 2010 se había abierto una sala de datos, que permanecería abierta hasta finales de mayo de 2010. En aquel momento, las autoridades italianas esperaban que el contrato de compraventa pudiera firmarse en la primera mitad de julio de 2010 y que la transferencia fuera efectiva en septiembre de 2010; — precisando que, por lo que se refiere a Toremar, once operadores del sector habían manifestado su interés en participar en las fases siguientes del procedimiento; — subrayando que la permanente incertidumbre que provocaría la continuación del procedimiento de infracción podría poner en peligro los procesos de privatización y provocar también una depreciación del valor de las empresas licitadas; — ofreciendo a la Comisión plena cooperación a fin de aclarar cualquier duda pendiente con respecto al procedimiento de infracción y a las cuestiones de posible ayuda estatal.

(141) El 10 de septiembre de 2010, las autoridades italianas informaron a la Comisión, durante una reunión ad hoc, de que el procedimiento para la privatización de Tirrenia y Siremar se había cancelado en su fase final y que, en consecuencia, no se respetaría la fecha límite del 30 de septiembre. Asimismo, las autoridades italianas informaron de que los procedimientos de licitación para los contratos de Caremar, Saremar, Siremar y Toremar también se habían retrasado. Posteriormente, la Ley de 2010 prorrogó aún más los convenios iniciales hasta la conclusión de los procesos de privatización de Tirrenia y Siremar.

(142) A raíz de esta evolución, la Comisión envió una carta de emplazamiento adicional el 24 de noviembre de 2010. En dicho escrito, la Comisión: — señaló que los convenios iniciales de Tirrenia, Siremar, Caremar, Saremar y Toremar se prorrogaron automáticamente y sin ningún procedimiento de licitación; — destacó que, aunque los contratos de servicio público en cuestión seguían aplicándose, no se había completado ningún procedimiento de licitación; — indicó que se había reservado el derecho a emitir, en su caso, un dictamen motivado (tras tomar nota de las observaciones formuladas por Italia).

(143) El 21 de junio de 2012, la Comisión adoptó un dictamen motivado relativo al retraso en la privatización de tres empresas (Caremar, Laziomar y Saremar) del antiguo grupo Tirrenia. Dado que los procedimientos de licitación de las otras tres empresas (Tirrenia, Toremar y Siremar) se habían completado durante el año 2011 (63), estas no estaban incluidas en el dictamen motivado. La Comisión observó que, más de tres años después de la expiración normal de los respectivos convenios iniciales, Italia no había establecido procedimientos competitivos para la adjudicación de contratos de servicio público para las rutas de cabotaje marítimo explotadas por Caremar, Laziomar y Saremar. Al contrario, dichos acuerdos fueron prorrogados automáticamente por tiempo indefinido, impidiendo así que otros armadores comunitarios compitieran por los contratos.

(144) El 8 de agosto de 2012, las autoridades italianas respondieron al dictamen motivado indicando que las convocatorias para la selección de las empresas encargadas de la ejecución de los nuevos contratos de servicio público estaban publicadas o se publicarían próximamente en el Diario Oficial de la Unión Europea. En particular, por lo que se refiere a Caremar, se publicó la convocatoria el 20 de julio de 2012 y a Laziomar el 1 de agosto de 2012. Finalmente, en el caso de Saremar, el 2 de agosto de 2012 se aprobó una ley que requería la publicación de dicho anuncio antes del 2 de octubre de 2012.

(145) El 13 de enero de 2014, la Compagnia Laziale di Navigazione se convirtió en la nueva propietaria de Laziomar y firmó un contrato de servicio público de diez años para los enlaces con las Islas Pontinas. El 16 de julio de 2015, ATI SNAV-Rifim pasó a ser propietaria de Caremar y firmó un contrato de servicio público de nueve años. Finalmente, tras la Decisión de 2014, Saremar entró en proceso de liquidación y el contrato de servicio público para las rutas entre Cerdeña y otras islas más pequeñas se adjudicó a Delcomar en marzo de 2016.

(146) Mediante carta de 15 de julio de 2016, las autoridades italianas informaron a la Comisión de que se había completado la privatización de todas las empresas del antiguo grupo Tirrenia. El 8 de diciembre de 2016, la Comisión decidió cerrar el procedimiento de infracción.

3. MOTIVOS PARA INICIAR Y AMPLIAR EL PROCEDIMIENTO

3.1. Prórroga del convenio inicial entre el Estado y Siremar

3.1.1. Cumplimiento de la sentencia Altmark y ayudas

(147) En su Decisión de 2011, la Comisión consideró, de forma preliminar, que la definición de las obligaciones de servicio público no había sido suficientemente clara y, por lo tanto, no le permitía concluir definitivamente si contenía o no un error manifiesto. En particular, aunque las autoridades italianas alegaron que los competidores de Siremar en las rutas incluidas en el ámbito de aplicación de la misión SIEG eran operadores que también prestaban servicios marítimos a cambio de una remuneración pública, sin una definición previa del nivel de los servicios requeridos, la Comisión no pudo llegar a una conclusión sobre la existencia de una necesidad real de servicio público en esas rutas.

(148) La Comisión consideró en un primer momento que el segundo criterio de la sentencia Altmark (64) se cumplía, ya que los parámetros que constituían la base del cálculo de la compensación se habían establecido de antemano y cumplían los requisitos de transparencia. En particular, la Comisión señaló que dichos parámetros se describen en el convenio inicial (para la compensación correspondiente a 2009) y en la resolución del CIPE (para la compensación concedida a partir de 2010).

(149) Sin embargo, la Comisión consideró que no se cumplía el tercer criterio Altmark y que los operadores podrían haber recibido una compensación excesiva por el desempeño de las misiones de servicio público. En particular, la Comisión expresó sus dudas sobre si la prima de riesgo del 6,5 %, que se aplica a partir de 2010, refleja un nivel de riesgo adecuado, ya que, a primera vista, Siremar no parecía asumir los riesgos que normalmente afectan al funcionamiento de estos servicios.

(150) La Comisión también concluyó de forma preliminar que no se cumplía el cuarto criterio Altmark porque la prórroga de los convenios iniciales no había sido objeto de un procedimiento de licitación. Además, la Comisión observó que ninguna de las informaciones recopiladas permitía argumentar que Siremar prestaba efectivamente los servicios en cuestión al menor coste para la colectividad.

(151) Por consiguiente, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que la compensación por servicio público abonada a Siremar durante el período 2009-2011 constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Además, la Comisión estimó que dicha ayuda debía considerarse como ayuda nueva.

(152) En la Decisión de 2012, la Comisión consideró que, en la medida en que todas las condiciones se habían mantenido inalteradas en 2012 y hasta la entrada en vigor del nuevo convenio, la compensación concedida a Siremar desde el 1 de enero de 2012 en virtud de la prórroga del convenio inicial constituía también una ayuda estatal.

3.1.2. Compatibilidad

(153) En la Decisión de 2011, la Comisión consideró que, en principio, la compensación por las obligaciones de servicio público correspondiente a los años 2009-2011 quedaba fuera del ámbito de aplicación de la Decisión SIEG de 2005 (65) y del Marco SIEG de 2005 (66). Por consiguiente, la Comisión evaluó esta medida directamente con arreglo al artículo 106, apartado 2, del TFUE y expresó dudas sobre si se cumplían las condiciones de compatibilidad aplicables.

(154) En la Decisión de 2012, la Comisión observó que el 31 de enero de 2012 había entrado en vigor un nuevo paquete SIEG consistente en la Decisión SIEG de 2011 (67) y en el Marco SIEG de 2011. Sin embargo, la Comisión concluyó de forma preliminar que la compensación por las obligaciones de servicio público concedida en virtud de la prórroga del convenio inicial no podía considerarse compatible con el mercado interior y exenta del requisito de notificación con arreglo a la Decisión SIEG de 2011.

(155) La Ley de 2010 establecía la prórroga del convenio inicial desde el 30 de septiembre de 2010 hasta el final del proceso de privatización. Siremar se encontraba en crisis en el momento de la adopción de la Ley de 2010 (véase el considerando 67). Por consiguiente, la compensación recibida por la empresa desde el 1 de octubre de 2010 hasta su privatización no pudo ser evaluada sobre la base del Marco SIEG de 2011. Más bien, con arreglo al punto 9 del Marco SIEG de 2011, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que dicha ayuda debía evaluarse sobre la base de las Directrices de salvamento y reestructuración de 2004.

(156) La Comisión constató que los criterios de compatibilidad establecidos en las Directrices de salvamento y reestructuración de 2004 no se cumplían en este caso y concluyó, por lo tanto, de forma preliminar, que la compensación abonada a Siremar en situación de crisis constituía una ayuda de reestructuración incompatible.

3.2. Prórroga ilegal de la ayuda de salvamento en favor de Siremar

(157) En la Decisión de 2012, la Comisión concluyó de forma preliminar que la ayuda de salvamento se había prorrogado ilegalmente del 28 de agosto de 2011 al 18 de septiembre de 2012, y que la prórroga de la ayuda de salvamento durante este período constituía una ayuda incompatible concedida a Tirrenia y Siremar y posiblemente también a sus respectivos compradores. En particular, la Comisión señaló que Italia no había presentado un plan de reestructuración o liquidación en los seis meses siguientes al pago del primer tramo de la ayuda de salvamento a estas empresas, tal como exigen las Directrices de salvamento y reestructuración de 2004. La Comisión consideró que tampoco se cumplían las condiciones para la prórroga de la ayuda de salvamento establecidas en las Directrices de salvamento y reestructuración de 2004.

3.3. Privatización de Siremar, contragarantía y aumento del capital de CdI

3.3.1. Privatización de Siremar

(158) En la Decisión de 2011, la Comisión expresó sus dudas sobre si el procedimiento de licitación para la venta de las actividades de Siremar había sido suficientemente transparente e incondicional para garantizar que la venta se realizara a precio de mercado.

(159) En primer lugar, la Comisión señaló que, si bien la convocatoria de manifestaciones de interés se publicó en varios periódicos y sitios web, no parecía aclarar el alcance de la venta ni dar a los licitadores instrucciones claras sobre las siguientes fases del procedimiento. Además, la convocatoria no parecía incluir ningún criterio de preselección o de selección, ni otras condiciones que los licitadores tuvieran que cumplir además de la condición obligatoria de seguir prestando el servicio público. Asimismo, toda la información pertinente sobre los activos objeto del procedimiento de venta no se puso a disposición de los licitadores hasta la fase de diligencia debida.

(160) En segundo lugar, la Comisión también consideró que determinados requisitos impuestos por la privatización podían limitar el número de licitadores o influir en el precio de venta. La Comisión reiteró su práctica establecida con respecto a las ventas de activos de empresas públicas por parte del Estado o imputables a este último: consideraciones no económicas que un vendedor privado no haría, como preocupaciones relacionadas con el orden público, el empleo o el desarrollo regional, sugieren la existencia de ayuda estatal si imponen obligaciones onerosas al comprador potencial y, por lo tanto, es probable que reduzcan el precio de venta.

(161) Los procedimientos de venta de los sectores de empresa de Tirrenia y Siremar se basaban en el procedimiento establecido en la Ley Marzano (véase el considerando 70). Por lo tanto, la Comisión evaluó los dos procedimientos de forma conjunta. Consideró que la venta de los sectores de empresa encargados de la ejecución de los nuevos contratos obligaba a los compradores a prestar el servicio público de conformidad con las obligaciones establecidas en términos de calidad, frecuencia y tarifas establecidas en los nuevos convenios. Al imponer dichas obligaciones, la Comisión consideró que el Estado no buscaba obtener el precio más alto, sino,