Decisión del Parlamento Europeo

de 25 de abril de 2002

sobre la decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2000, sección II, "Consejo"; sección IV, "Tribunal de Justicia"; sección V, "Tribunal de Cuentas"; sección VI, "Comité Económico y Social"; sección VII, "Comité de las Regiones"; sección VIII, "Defensor del Pueblo Europeo", y sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para los ejercicios 1996-1999, sección VI, "Comité Económico y Social"

(2002/453/CE)

EL PARLAMENTO EUROPEO,

- Vista la cuenta de gestión y el balance financiero relativos al ejercicio 2000 [SEC(2001) 530 - C5-0240/2001, C5-0241/2001, C5-0242/2001, C5-0243/2001, C5-0244/2001],

- Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000, acompañado de las respuestas de las instituciones (C5-0617/2001)(1),

- Vista la declaración de fiabilidad relativa a la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (C5-0617/2001),

- Vista la Recomendación del Consejo de 5 de marzo de 2002 (C5-0124/2002),

- Visto el apartado 10 del artículo 272 y el artículo 275 del Tratado CE,

- Vistos los apartados 2 y 3 del artículo 22 del Reglamento financiero,

- Visto el informe de la Comisión de control presupuestario (A5-0094/2002),

- Visto el segundo informe de la Comisión de control presupuestario (A5-0113/2002),

A. Considerando que incumbe al Parlamento realizar un seguimiento del uso eficiente del presupuesto de la Unión Europea sobre la base de los Informes del Tribunal de Cuentas y que esta evaluación debería incluir una valoración de la manera en que se gasta el dinero de los contribuyentes y una estimación de la eficacia y del impacto del presupuesto comunitario en la ejecución de las políticas y objetivos establecidos en los Tratados y en el Derecho derivado;

B. Considerando que la noción de relación costes-beneficios es de vital importancia a la hora de evaluar los resultados de todas las instituciones de la UE;

C. Considerando que el Parlamento, en su Resolución de 4 de abril de 2001, decidió posponer su decisión respecto a la aprobación de la gestión del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999, sección VI parte A "Comité Económico y Social"(2), tras aplazamientos similares en los ejercicios 1996, 1997 y 1998;

D. Considerando que el Tratado de Niza modificó la descripción de los miembros del Comité Económico y Social (CES) de manera que en el futuro esta institución, si se ratifica el Tratado de Niza, estará constituida por "representantes de los diferentes componentes de carácter económico y social de la sociedad civil organizada" (artículo 257 del Tratado CE) y que para el Comité de las Regiones (CdR) se establece explícitamente en dicho Tratado que sus miembros tienen que ser titulares de un mandato electoral en un ente regional o local u ostentar responsabilidad política ante una asamblea elegida (artículo 263 del Tratado CE);

E. Considerando que en su Resolución de 31 de mayo de 2001 sobre el Tratado de Niza y el futuro de la Unión Europea(3) (apartado 24) el Parlamento acoge con satisfacción las disposiciones relativas al CES "que resulta reforzado como representante de los diversos sectores de la sociedad" y al CdR que ve reforzada la legitimidad democrática de sus miembros;

F. Considerando que el Reglamento (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por el que se modifica el Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(4) que entró en vigor el 1 de enero de 2000 establece que el presupuesto del Defensor del Pueblo Europeo constituirá en el futuro una sección independiente (sección VIII) en el presupuesto general de la Unión Europea;

G. Considerando que, de conformidad con el apartado 5 del artículo 22 del Reglamento financiero, el Defensor del Pueblo Europeo tiene que ser tratado, a los efectos del Reglamento financiero, como una institución de las Comunidades;

H. Considerando que el Defensor del Pueblo Europeo, aunque es nombrado por el Parlamento Europeo, es completamente independiente en el desempeño de sus funciones y, desde el año 2000, disfruta de plena autonomía presupuestaria, lo que justifica una decisión de aprobación de la gestión separada de la correspondiente a la Secretaría General del Parlamento Europeo,

Asuntos generales que afectan a todas las instituciones

1. Toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas (apartado 7.3 del Informe Anual) en el sentido de que el planteamiento general adoptado por las instituciones con respecto al análisis de la gestión presupuestaria no informa a los lectores de las características más significativas del gasto del ejercicio; conviene con el Tribunal en que las instituciones deberían facilitar en el futuro un análisis más global, centrado en las principales tendencias en los gastos y en los elementos patrimoniales fundamentales, e identificar indicadores clave de economía y eficiencia;

2. Apoya la recomendación del Tribunal (apartado 7.66) de que las instituciones presentes en Bruselas deberían estudiar la posibilidad de crear una estructura común que se encargue de los diversos aspectos técnicos y financieros de las cuestiones inmobiliarias; insta a las Instituciones a que prosigan sus esfuerzos para crear una estructura común en Luxemburgo;

3. Pide a todas las instituciones que se ajusten a las recomendaciones del Tribunal (apartado 7.35) de modificar la manera en la que presentan su presupuesto para distinguir entre los alquileres, los gastos de adquisición y los demás tipos de gastos, como los cánones enfitéuticos, cuando exista una opción de compra;

4. Recuerda el párrafo 2 del artículo 24 del Reglamento financiero, que establece que los interventores elaborarán un informe anual sobre su trabajo; pide que estos informes anuales correspondientes a cada una de las instituciones se envíen lo antes posible a su Comisión de control presupuestario para que puedan ser tenidos en cuenta en la preparación de la siguiente decisión de aprobación de la gestión;

5. Recuerda el apartado 4 del artículo 24 bis del Reglamento financiero, que establece que los auditores internos elaborarán un informe anual de auditoría interna sobre sus actividades, a la atención de su institución; pide que estos informes se envíen a su Comisión de control presupuestario para ayudar a esta comisión a realizar sus evaluaciones en el contexto de la aprobación de la gestión;

6. Toma nota de que el octavo párrafo del artículo 24 del Reglamento financiero exige que "las medidas relativas a su nombramiento, ascenso, sanciones disciplinarias o traslados y a las diversas modalidades de interrupción o de cese de funciones deberán ser objeto de decisiones motivadas, que serán comunicadas, con carácter informativo, al Parlamento, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas."; insiste en que toda esta documentación se envíe a su Comisión de control presupuestario en el contexto de sus responsabilidades en la aprobación de la gestión;

Sección II - Consejo

7. Toma nota de la respuesta que el 25 de enero de 2002 dio el Presidente del Comité de representantes permanentes al cuestionario enviado por la Comisión de control presupuestario el 6 de diciembre de 2001, y de la información adicional recibida con posterioridad;

8. Agradece las respuestas dadas por el Consejo en relación con los aspectos presupuestarios de la política exterior y de seguridad común; constata que una parte sustancial del presupuesto del Consejo se destina actualmente a actividades en los ámbitos de asuntos exteriores, seguridad y defensa y de justicia y asuntos internos, y que los gastos en dichos ámbitos no están sometidos al mismo control minucioso por el que deben pasar los gastos administrativos y de operaciones de las demás instituciones;

9. Admite que en el pasado el Parlamento Europeo y el Consejo no han supervisado con atención la ejecución de sus respectivas secciones del presupuesto; considera que, a la vista del carácter cada vez más operativo del gasto, financiado con cargo al presupuesto administrativo del Consejo, en los ámbitos de los asuntos exteriores, la política de seguridad y defensa y la justicia y los asuntos de interior, debería aclararse el alcance de este acuerdo con objeto de distinguir entre gastos administrativos tradicionales y operaciones en estos nuevos ámbitos políticos;

Sección IV - Tribunal de Justicia

10. Celebra que por primera vez el balance financiero incluya el valor de los edificios arrendados por el Tribunal de Justicia con opción de compra;

11. Toma nota con satisfacción de la respuesta del Tribunal de Justicia en el sentido de que con ocasión de la elaboración del balance para el ejercicio de 2001 se introducirá una corrección en el valor neto contable con el fin de tener en cuenta la sobreestimación del valor de los edificios (cálculo incorrecto de la amortización) señalada por el Tribunal de Cuentas (apartado 7.14);

12. Toma nota de la observación del Tribunal de Cuentas (apartado 7.14) de que no puede garantizarse la fiabilidad del valor de otro inmobilizado material que aparecen en el balance financiero, es decir, 9800000 euros en total; toma nota de que el Tribunal de Justicia aborda este punto en sus respuestas;

13. Señala a la atención la aparente contradicción existente entre la declaración del Tribunal de Cuentas (apartado 7.14) en el sentido de que el Tribunal de Justicia todavía no ha aplicado el nuevo sistema de gestión de inventario ni ha procedido a un inventario físico completo y las respuestas de Tribunal de Justicia al Informe Anual de 2000 y al cuestionario remitido por la Comisión de control presupuestario;

14. Señala que las respuestas del Tribunal de Justicia hacen, sin embargo, referencia a incoherencias entre el inventario físico y los datos registrados en el nuevo sistema informatizado;

15. Pide al Tribunal de Justicia, en interés de la clarificación, que presente un informe completo a la Comisión de control presupuestario antes del 1 de julio de 2002 en el que se exponga la posición actual en relación con su sistema de gestión de inventario;

16. Recuerda que en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión para 1999 examinó el Informe Especial n° 5/2000 del Tribunal de Cuentas sobre los gastos inmobiliarios del Tribunal de Justicia(5) y pidió que se le informara de las conclusiones del experto designado conjuntamente con las autoridades luxemburguesas antes de la primera lectura del proyecto de presupuesto para 2002;

17. Toma nota de que, de conformidad con el apartado 7.67 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas, estas investigaciones relativas a anomalías de facturación no se iniciaron hasta junio de 2001 y de que el Tribunal de Justicia(6) espera que se completen durante el primer semestre de 2002;

18. Pide al Tribunal de Justicia que remita el informe del experto sobre las anomalías de facturación tan pronto como esté disponible a la Comisión de control presupuestario, junto con el informe separado del experto en el que se determinan elementos de gasto que no deberían estar incluidos en el estado final de cuentas;

19. Observa que el Tribunal de Cuentas (apartado 7.27 del Informe Anual) detectó cinco casos en que los motivos para solicitar la exención de los procedimientos de licitación eran cuestionables, de los cuales cuatro se referían al Tribunal de Justicia, y un caso (también referente al Tribunal de Justicia) en que un contrato se escindió en varios contratos; toma nota de las respuestas del Tribunal de Justicia, que justifican los procedimientos seguidos en los cinco casos; apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas (apartado 7.30) de que "todas las instituciones deberían aplicar los mismos umbrales a la hora de decidir si una adjudicación de contratos de servicios o suministros recae dentro del ámbito de las Directivas 92/50/CEE y 93/36/CEE sobre adjudicación de contratos públicos";

20. Constata el alargamiento de los plazos en la realización del trabajo jurisdiccional del Tribunal de Justicia y el aumento de los asuntos pendientes; pide al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas que profundicen en las evaluaciones precisas de las causas de estos fenómenos, con el fin de distinguir lo que se deriva de procedimientos jurisdiccionales previstos por el Tratado, de disfunciones administrativas susceptibles de ser corregidas y de insuficiencia de medios en personal y material;

Sección V - Tribunal de Cuentas

21. Toma nota del informe(7) del revisor independiente (KPMG Audit, Luxemburgo) sobre las cuentas del Tribunal de Cuentas relativas al ejercicio 2000;

22. Subraya que, aunque el Tribunal de Cuentas proporciona una declaración única de fiabilidad basada en las cuentas consolidadas para todos los ingresos y gastos de la Comunidad de conformidad con el apartado 1 del artículo 248 del Tratado, esta declaración de fiabilidad contiene no obstante observaciones relativas a la legalidad y la regularidad de las operaciones llevadas a cabo por las instituciones individuales (apartado 7.6); pide al Tribunal, en interés de una mayor transparencia, que examine la posibilidad de emitir una declaración de fiabilidad separada para cada institución en su próximo Informe Anual;

23. Acoge con satisfacción la adición en el apartado 1 del artículo 248 del Tratado de Niza de una disposición destinada a que la declaración de fiabilidad pueda "completarse con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de la actividad comunitaria";

24. Pide al Tribunal de Cuentas que adapte la declaración de fiabilidad a un instrumento que permita a las autoridades encargadas de la aprobación de la gestión y a las autoridades presupuestarias comparar y seguir los progresos en la gestión financiera y el control de las horas extra, preferiblemente en forma cuantitativa;

25. Insta al Tribunal a que llegue a un acuerdo con la Comisión sobre una metodología común para calcular los índices de error por Dirección General o por categoría de gastos; sugiere al Tribunal que utilice los datos de los Estados miembros derivados de los controles obligatorios en el ámbito de la agricultura y de los Fondos estructurales con el fin de incrementar las muestras; espera que el Tribunal publique un índice de errores global e índices de errores por Dirección General o por categoría de gastos en el contexto de la aprobación de la gestión de 2001;

26. Celebra que, en lo que respecta a la solicitud del Parlamento de "identificar públicamente" a los Estados miembros específicos culpables o sospechosos de insuficiencias en la protección de los intereses financieros de la Unión, el Informe Anual de 2000 y los Informes Especiales publicados durante el año ya contengan referencias a Estados miembros individuales; lamenta que el Tribunal(8) no considere apropiado relacionar en un anexo al informe anual los errores individuales identificados en cada Estado miembro de una manera fácilmente legible;

27. Celebra la prioridad que el Tribunal otorga a la mejora de la presentación de sus observaciones de auditoría en sus informes para hacerlos más accesibles a los consumidores utilizando títulos más informativos y recomendaciones más claramente identificadas, pero va a esperar a que se haya actuado a ese respecto antes de pronunciarse sobre su éxito;

Solicitudes al Tribunal de Cuentas

28. Toma nota de que, al tomar posesión de su cargo, los Miembros del Tribunal, de acuerdo con su código de conducta, rellenan un formulario que contiene información sobre sus intereses y activos financieros que se remite al Presidente del Tribunal; considera que estas declaraciones, al igual que las de los diputados al Parlamento Europeo y de los Miembros de la Comisión, deberían publicarse en Internet tal como se solicitó en el apartado 18 de la Decisión del Parlamento, de 4 de abril de 2001, por la que se aprueba la gestión en lo que se refiere a la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999 de la sección IV, "Tribunal de Justicia", sección V, "Tribunal de Cuentas" y sección VI, "Comité de las Regiones"(9); pide al Tribunal, en su nueva composición tras los nuevos nombramientos hechos con efectos a partir del 1 de enero de 2002, que adopte una decisión formal sobre este asunto y la comunique por escrito a la Comisión de control presupuestario antes del 1 de julio de 2002;

29. Pide al Tribunal que incluya en su programa de trabajo para 2003 un calendario en el que se indique la terminación prevista de los informes especiales del Tribunal;

30. Recuerda el apartado 19 de su Decisión antes mencionada, de 4 de abril de 2001, en el que pedía al Tribunal que ampliara sus actividades de auditoría al Consejo, de forma que, en su caso, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, el Parlamento pudiese formular observaciones sobre la ejecución del presupuesto de dicha institución;

31. Toma nota con satisfacción de que el informe anual para 2001 contiene observaciones relativas al Consejo (gastos de misión, inscripción de la amortización de los inmuebles en el balance financiero) a las que el Consejo se ha mostrado dispuesto a responder (apartados 7.2 y 7.12);

Sección VI - Comité Económico y Social (CES)

Coste-beneficio

32. Subraya que el Parlamento tiene la responsabilidad de garantizar que el contribuyente europeo esté bien servido y tiene asimismo el deber de asegurar una buena relación costes-beneficios;

33. Destaca que en estos últimos años el papel representativo de algunas de las organizaciones representadas en el CES se ha canalizado cada vez más a través del Parlamento Europeo;

34. Señala que el Protocolo Social, al que se hace por primera vez referencia en el Tratado de Maastricht y que se incorporó posteriormente al Capítulo Social del Tratado de Amsterdam (artículo 138), establece que los interlocutores sociales serán consultados a la hora de formular las políticas;

35. Señala que el CES puede sólo ser consultado sobre la formulación de las políticas y puede emitir recomendaciones, pero que el diálogo social puede llevar por el contrario a disposiciones vinculantes;

36. Expresa su inquietud, por un lado, por el hecho de que los interlocutores sociales se muestren críticos sobre la falta de recursos a su disposición para el diálogo social y, por otro, señala que en 2000 el presupuesto final del CES era de 80976436 euros, esperándose que la ampliación incremente sus gastos anuales(10) hasta 99,6 millones de euros para 2004 (aunque en este importe se incluyan gastos conjuntos con el Comité de las Regiones);

37. Señala que es la primera vez que el Parlamento tiene la oportunidad de evaluar la relación costes-beneficios en lo que se refiere al CES desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y desde que se ha establecido el diálogo social;

38. Reconoce que el Comité Económico y Social puede actuar como foro para grupos de interés que de otra manera no podrían hacer oír sus voces en el contexto de la UE;

39. Considera que se plantea realmente el interrogante de mantener al mismo tiempo el CES y el diálogo social desde el punto de vista de la relación costes-beneficios;

40. Señala que la responsabilidad de nombrar los miembros del Comité Económico y Social recae en los Estados miembros; insta a los Estados miembros a que examinen detenidamente su representación en el CES en el contexto de la próxima renovación de sus miembros;

41. Considera que los miembros del CES deben realizar mayores esfuerzos para asegurar que la información acerca de las actividades del CES llega a los movimientos de masas, por ejemplo, a los sindicalistas en los Estados miembros;

42. Insta al CES a que continúe sus esfuerzos hacia la modernización;

43. Pide al CES que refuerce sus esfuerzos con vistas a consultar a la red más amplia posible de contactos nacionales con el fin de aumentar la visibilidad del CES;

44. Pide a la Comisión que reflexione de nuevo sobre la eficacia y la relevancia del CES en relación los aproximadamente 300 órganos y comités consultivos que se agrupan alrededor de la Comisión, con objeto de evitar solapamientos y doble trabajo;

Informe de la OLAF

45. Recuerda que en procedimientos de aprobación de la gestión relativos a ejercicios anteriores el Parlamento decidió aplazar su decisión en lo que respecta al CES para los ejercicios 1996, 1997, 1998 y 1999 a la espera de que se aclararan las irregularidades relativas al pago de las dietas de viaje para los miembros en 1995-1996;

46. Llama la atención sobre el apartado 2 de su Resolución, de 7 de octubre de 1998, destinada a informar al Comité Económico y Social sobre los motivos por los que se aplaza la decisión de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1996, sección VI, parte A, "Comité Económico y Social"(11) en la que el Parlamento pide que la cuestión se someta al Tribunal de Cuentas y a la UCLAF con dos objetivos:

i) comprobar la fiabilidad del nuevo sistema de reembolso recomendado por el Tribunal de Cuentas y las condiciones de recuperación de los importes pagados indebidamente;

ii) permitir que se identifique plenamente el grado de implicación o de responsabilidad administrativa por lo que se refiere a la contabilización, el compromiso, las órdenes de pago y la liquidación de los gastos;

47. Toma nota de que, a raíz de la mencionada Resolución de 7 de octubre de 1998:

- el Tribunal de Cuentas confirmó en su Informe Anual para 1999 de que entre finales de 1998 y principios de 2000 el CES puso gradualmente en práctica las medidas recomendadas en su dictamen n° 7/98(12) con respecto a la reforma de sus normas y disposiciones para el pago de las dietas a sus miembros;

- el 30 de julio de 2001 la OLAF(13) terminó el informe final que contiene sus conclusiones y recomendaciones con respecto al reembolso de los gastos de viaje de los miembros del CES en 1995 y 1996;

48. Lamenta, sin embargo, que la OLAF no se mostrara dispuesta a proporcionar una copia del informe final al presidente de la Comisión de control presupuestario;

49. Señala que, siguiendo sus prácticas habituales, la OLAF remitió su informe al CES entendiendo que era responsabilidad del CES pasarlo al Parlamento Europeo;

50. Toma nota de la constatación del Comité de vigilancia de la OLAF (Protocolo de la reunión del Comité de vigilancia de los días 15 y 16 de enero de 2002), en el sentido de que la OLAF no pudo gestionar el caso de forma adecuada y su investigación supuso un fracaso en todos los sentidos;

51. Se suma a la petición del Comité de vigilancia de la OLAF de que las razones de dicho fracaso deben ponerse de manifiesto sin paliativos, y constata que hasta ahora no se ha manifestado ninguna explicación al respecto digna de credibilidad, y que:

a) los investigadores se vieron al parecer impedidos por sus superiores jerárquicos para enviar un cuestionario a todos los miembros afectados del CES;

b) que la OLAF no ha preguntado ni siquiera a los 60 miembros del CES más afectados;

c) la OLAF no ha preguntado a los directores generales ni a los secretarios generales del CES, responsables en el período de que se trata, pese a la acusación implícita de que no sólo han protegido y encubierto los fraudes realizados con los reembolsos de los gastos de viaje durante años y a gran escala, sino que además animaron expresamente en parte a los miembros del CES a realizar las manipulaciones;

d) no se recurrió a tiempo a las autoridades judiciales belgas, sino cuando los investigadores de la OLAF, según propias declaraciones, ya sabían que el asunto había caducado y que los tribunales no tendrían más remedio que archivarlo;

52. Pide al Comité de vigilancia de la OLAF que informe a la Comisión de control presupuestario del resultado de sus investigaciones al respecto; espera que se incoen procedimientos disciplinarios, en caso de que se confirmen las sospechas de que los responsables de la OLAF han hecho gala de imprudencia grave y algunos funcionarios hayan torpedeado, con toda intención, las investigaciones;

53. Considera que deben establecerse procedimientos para que la comisión competente del Parlamento pueda obtener de la OLAF el acceso a informes relacionados directamente con el procedimiento de aprobación de la gestión; reconoce la necesidad de que dicha información sea tratada de forma confidencial cuando se hayan abierto investigaciones judiciales análogas; pide a la OLAF que presente propuestas relativas a la forma de compartir tal información en el futuro, lo que podría estar sujeto en caso necesario a las salvaguardias apropiadas;

54. Elogia al Presidente y al Secretario General actuales del CES por su disposición a facilitar una copia del informe de la OLAF, aunque sobre una base confidencial, y toda la demás documentación solicitada por el presidente de la Comisión de control presupuestario y el ponente;

55. Lamenta que el informe de la OLAF haya tardado tanto y que haya llegado demasiado tarde para permitir aplicar sus recomendaciones con vistas a recuperar otros importes abonados a sus miembros o para desarrollar procedimientos disciplinarios contra funcionarios;

56. Toma nota de que las autoridades judiciales belgas decidieron en agosto de 2001 archivar el asunto sin otros efectos sobre la base, entre otras cosas, de que los hechos revelados eran ahora suficientemente antiguos como para haber prescrito con arreglo al estatuto belga en materia de limitaciones;

57. Toma nota de que el informe revela serios motivos de inquietud como la incapacidad de la OLAF para entrevistar en su calidad de ordenadores a los Secretarios Generales del CES en funciones en el momento de los hechos en cuestión e inmediatamente después; lamenta que en lo que respecta a sus conclusiones sustantivas el informe no permita que se determine plenamente el grado de responsabilidad administrativa;

58. Señala que el propio CES hubiera podido remitir el asunto a la UCLAF o a las autoridades judiciales belgas cuando fue informado por primera vez de los resultados de las investigaciones de su interventor en 1996, pero que no lo hizo;

59. Lamenta que se haya dejado pasar tanto tiempo así como la falta aparente de cualquier esfuerzo real por parte de los que ocupaban puestos de responsabilidad en el CES en el período en cuestión para adoptar medidas tempranas para poner remedio a ello a pesar de tenían claramente conocimiento de la gravedad de las irregularidades relativas al reembolso de los gastos de viaje en 1995-1996;

60. Lamenta que la OLAF se haya visto obstaculizada en el desarrollo de sus investigaciones por la reticencia de determinadas líneas aéreas de confirmar que determinados viajes específicos reclamados por los miembros del CES se hubieran realmente realizado; considera que no es aceptable que se frustren de esta manera las investigaciones legítimas de la OLAF; pide a la OLAF que presente propuestas para hacer frente más enérgicamente a estas situaciones en caso de que se reprodujeran en el futuro;

61. Reconoce que los miembros del CES no reciben ninguna remuneración por parte de dicha institución por sus actividades en su nombre con excepción del reembolso de los gastos de viaje y estancia;

62. Toma nota, en lo que respecta al ejercicio 2000 y al período transcurrido hasta la fecha, de que el CES ha iniciado un programa sustancial de modernización(14) que incluye:

- la reorganización de sus órganos de toma de decisiones incluida una reducción del número de miembros de la Mesa,

- un incremento del número de controles administrativos del reembolso de los gastos de los miembros,

- la generalización de los pagos por transferencia bancaria,

- unos trabajos preparatorios sobre la elaboración de un estatuto de los miembros,

espera que el Comité Económico y Social siga actuando así en los próximos años;

63. Constata que el CES no ha llevado a cabo todos los esfuerzos posibles para limitar los daños originados a los contribuyentes y repararlos en la medida de lo posible; recuerda en este contexto que:

a) el CES ha calculado unos daños demasiado bajos, habida cuenta de que los fraudes se han venido realizando durante años, y que sólo por lo que respecta a 1995 y 1996 se debería haber exigido el reembolso de 830185,77 euros;

b) de hecho sólo se han reembolsado 167432,39 euros y el CES parece haber renunciado a recuperar el resto;

Sección VII - Comité de las Regiones (CdR)

64. Toma nota de las respuestas del Comité de las Regiones al Informe Anual del Tribunal de Cuentas (apartado 7.22) en el sentido de que con frecuencia el CdR no puede utilizar los resultados de las licitaciones convocadas por otras instituciones por razones formales o porque no se han tenido en cuenta las necesidades específicas del Comité;

65. Pide a las instituciones mayores, en interés de la economía y de la eficiencia, que hagan un mayor uso de las licitaciones interinstitucionales y que garanticen, en las fases preparatorias de las mismas, en la medida de lo posible, que se tomen debidamente en cuenta las necesidades específicas de las instituciones menores; pide a todas las instituciones que examinen la viabilidad de utilizar procedimientos de licitación de otras instituciones sobre la base del "reconocimiento mutuo";

66. Toma nota de que a partir del 1 de enero de 2000 la estructura organizativa común con el CES ha quedado sustituida por un acuerdo de cooperación entre los dos Comités que mantiene las operaciones conjuntas en la mayoría de los departamentos pero establece la autonomía en los departamentos de finanzas y personal; pide al CdR que presente a la Comisión de control presupuestario y a la Comisión de presupuestos antes del 1 de julio de 2002 un informe en el que se evalúen las ventajas presupuestarias de mantener unos departamentos de finanzas y personal separados para los dos Comités;

Política inmobiliaria (CES y CdR)

67. Toma nota de que el 15 de diciembre de 2000 el CES y el CdR firmaron sendos contratos que establecían un arrendamiento de 27 años con opción de compra respectivamente para los edificios Belliard y Montoyer;

68. Celebra la respuesta al apartado 7.33 del CES y del CdR en el sentido de que el valor de los edificios Montoyer y Belliard se inscribirá en su balance para 2001, junto con el anticipo de 26 millones de euros ya abonado;

69. Recuerda la conclusión del Tribunal de Cuentas (apartado 7.68) de que "los Comités (CES y CdR), en el momento de la renovación y de la renegociación del contrato del edificio Belliard, anteriormente ocupado por el Parlamento, se han visto en una situación difícil por la obligación que les impuso el Parlamento de retomar este edificio, por el que el Parlamento había firmado un contrato de arrendamiento vigente hasta 2007";

70. Recuerda que, en el apartado 9 de la mencionada Resolución de 4 de abril de 2001 por la que se aplaza la aprobación de la gestión para 1999 para el CES, el Parlamento se comprometió "a examinar las condiciones de dicho acuerdo en el procedimiento de aprobación de la gestión del próximo año";

71. Señala que las características esenciales del acuerdo global eran las siguientes:

- el Parlamento quedaba liberado de su obligación de continuar arrendando el edificio Belliard hasta 2007,

- los propietarios reembolsarían el alquiler abonado por el Parlamento en lo que respecta al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2001,

- los dos Comités reembolsarían los alquileres abonados por el Parlamento durante 2000,

- el Parlamento quedaría liberado de su obligación de dejar los edificios en su estado original al término de su arrendamiento,

- los dos Comités ocuparían a finales de 2003 o principios de 2004 un edificio adaptado a sus necesidades con instalaciones técnicas modernas y conforme a unas normas ecológicas severas,

- las condiciones implicaban un anticipo de 26 millones de euros destinado a financiar las necesidades específicas de los dos Comités en un edificio totalmente renovado por los propietarios y un pago indexado anualmente de 8,28 millones de euros (reducido a 6709288 euros durante el período de las obras de renovación),

- los Comités tendrían la opción de adquirir la plena propiedad por 1 euro;

72. Recuerda que, mediante carta de 17 de octubre de 2000, el presidente y el ponente de la Comisión de presupuestos informaron al CES y al CdR de que la firma del contrato se ajustaba a los principios establecidos por el Parlamento el 28 de marzo de 2000 cuando aprobó la prórroga de 26 millones de euros destinada a financiar las necesidades específicas funcionales de los dos Comités, por lo que la Comisión de presupuestos no manifestó ninguna objeción en relación con la firma por ambos Comités de unos contratos de arrendamiento de 27 años para los edificios Belliard y Montoyer;

73. Llama la atención, sin embargo, sobre la observación formulada por el Tribunal de Cuentas [apartado 7.27c] en el sentido de que el contrato de arrendamiento incluía también obras de renovación que no se habían licitado; toma nota de que las respuestas de ambos Comités no abordan este punto;

74. Observa que los dos Comités respondieron a la sugerencia del Tribunal de Cuentas (apartado 7.68) de que el contrato debería renegociarse inmediatamente para permitir la opción de un pago anticipado en condiciones económicamente razonables; toma nota, sin embargo, de que los propietarios no se mostraron dispuestos a ofrecer unas condiciones aceptables y de que los dos Comités suspendieron por consiguiente las negociaciones;

75. Señala que, aunque los contratos firmados el 15 de diciembre de 2000 tienen la ventaja de ofrecer a ambos Comités unos locales actualizados adaptados a sus necesidades que serán totalmente de su propiedad a la larga y eliminar de las cuentas del Parlamento la carga presupuestaria de un edificio que ya no resultaba necesario tras la inauguración del edificio D3 (edificio Spinelli), el edificio Belliard habrá estado desocupado durante unos seis años pero habrá tenido que seguir pagando el alquiler con cargo al presupuesto comunitario desde septiembre de 1997 hasta finales de 2003 o principios de 2004;

76. Observa además que el traslado al edificio Belliard generará otras consecuencias financieras, a saber:

- el coste de las mudanzas desde los locales actuales del CES y del CdR al edificio Ravenstein,

- el coste de restaurar el edificio Ravenstein antes de devolvérselo a los propietarios tras 40 años de ocupación,

- los puestos adicionales necesarios para gestionar el proyecto Belliard en los organigramas de los Comités;

77. Toma nota de que como consecuencia de la instalación del CES en el edificio Belliard los propietarios han evitado una situación en la que hubieran recuperado en 2007 un edificio obsoleto contaminado por amianto(15) y que, por consiguiente, hubiera exigido una renovación total exclusivamente a su cargo para poder ser alquilado de nuevo;

78. Apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas (apartado 7.66), acogida con gran satisfacción por las instituciones en sus respuestas, de que se establezca una estructura común que se encargue de los diversos aspectos técnicos y financieros de las cuestiones inmobiliarias para las instituciones de la UE en Bruselas y en Luxemburgo;

Sección VIII - Defensor del Pueblo Europeo

79. Recuerda que en el apartado 41 de su Decisión de 4 de abril de 2001 sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999, sección I, Parlamento Europeo/Defensor del Pueblo Europeo (anexo)(16) el Parlamento destaca la necesidad de evitar la anulación de una parte significativa de los créditos disponibles para el Defensor del Pueblo Europeo;

80. Toma nota de que en la ejecución por el Defensor del Pueblo del presupuesto de 2000 la proporción de créditos iniciales anulados fue del 17,52 % (1999: 14,46 %; 1998: 8,58 %), lo que representa una tendencia al alza; reitera su solicitud de que el Defensor del Pueblo mejore la utilización de los recursos puestos a su disposición por la Autoridad Presupuestaria;

Decisiones de aprobación de la gestión

81. Aprueba la gestión del Secretario General del Comité Económico y Social en la ejecución del presupuesto para los ejercicios 1996 y 1997;

82. Aprueba la gestión del Secretario General del Comité Económico y Social en la ejecución del Presupuesto para los ejercicios 1998 y 1999;

83. Aprueba la gestión del Secretario del Tribunal de Justicia, de los Secretarios Generales del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones y del Defensor del Pueblo en lo que respecta a la ejecución de sus presupuestos para el ejercicio 2000.

84. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al Defensor del Pueblo Europeo y que la publique en el Diario Oficial (serie L).

El Secretario General

Julian Priestley

El Presidente

Pat Cox

(1) DO C 359 de 15.12.2001.

(2) DO C 21 E de 24.1.2002, p. 236.

(3) DO C 47 E DE 21.2.2002, p. 108.

(4) DO L 326 de 18.12.1999, p. 1.

(5) DO C 109 de 14.4.2000.

(6) Respuestas al cuestionario, apartado 4.3.

(7) DO C 312 de 7.11.2001.

(8) Respuestas al cuestionario, apartado 6.1.

(9) DO L 160 de 15.6.2001, p. 38.

(10) Informe del CES a las autoridades presupuestarias, octubre de 2001.

(11) DO C 328 de 26.10.1998, p. 115.

(12) Dictamen n° 7/98 sobre la eficacia de los métodos de recuperación aplicados por el CES y sobre el nuevo sistema introducido en el CES para la administración y el reembolso de los gastos de viaje.

(13) La unidad de investigación que sustituyó a la UCLAF con efectos a partir del 1 de julio de 1999 (http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/en.htm).

(14) "El CES en la vía hacia a la modernización", octubre de 2000.

(15) "Informe sobre los progresos del CES/CdR a la Comisión de presupuestos", 6.10.2000 y 14.6.2001.

(16) DO L 160 de 15.6.2001, p. 25.