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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 25 de julio de 2005

por la que se autoriza la comercialización de la isomaltulosa como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo

[notificada con el número C(2005) 2776]

(El texto en lengua alemana es el único auténtico)

(2005/581/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (1), y, en particular, su artículo 7,

Considerando lo siguiente:

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La isomaltulosa, tal como se especifica en el anexo, podrá comercializarse en la Comunidad como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario para su utilización en los productos alimenticios.

Artículo 2

La designación «isomaltulosa» deberá figurar en el etiquetado del producto como tal o en la lista de ingredientes de los productos alimenticios que la contengan.

La designación «isomaltulosa» deberá figurar seguida de un asterisco (*) que remita a una nota a pie de página, claramente visible, redactada en los siguientes términos: «La isomaltulosa es una fuente de glucosa y de fructosa». El tamaño de las letras de esta frase deberá ser como mínimo igual al de las de la propia lista de ingredientes.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión será Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Maximilianstraβe 10, D-68165 Mannheim.

(1) DO L 43 de 14.2.1997, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

(2) DO L 276 de 6.10.1990, p. 40. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2003/120/CE (DO L 333 de 20.12.2003, p. 51).

ANEXO

ESPECIFICACIONES DE LA ISOMALTULOSA

Definición

Se trata de un disacárido reductor compuesto de una molécula de glucosa y una molécula de fructosa unidas por un enlace glucosídico de tipo alfa-1,6. Se obtiene de la sacarosa mediante un proceso enzimático. El producto comercial es el monohidrato.

Nombre químico

6-O-α-D-glucopiranosil-D-fructofuranosa, monohidrato

No CAS

13718-94-0

Fórmula química

C12H22O11 · H2O

Fórmula desarrollada

Peso molecular

360,3 (monohidrato)

Contenido

No inferior al 98 % en peso seco

Descripción

Casi inodoro, cristales blancos o casi blancos de sabor dulce

Pérdida al secarse

No más del 6,5 % (60 °C, 5 h)

Plomo

No más de 0,1 mg/kg

Determinar mediante una técnica de absorción atómica adecuada para el nivel especificado. La selección del tamaño de la muestra y del método de preparación de la misma podrá basarse en los principios del método descrito en FNP 5 (1), «Métodos instrumentales».

(1) Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2: Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials, JECFA, 1991, 322 páginas, inglés, ISBN 92-5-102991-1.
(7)

Dado que no se ha demostrado que el producto se ajusta a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 258/97, no debe ser comercializado en la Comunidad.
(1)

El artículo 5 del Reglamento (CEE) no 729/70 y el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1258/1999, así como el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA (3), disponen que la Comisión realice las comprobaciones necesarias, comunique a los Estados miembros los resultados de sus comprobaciones, tome nota de las observaciones de los Estados miembros, convoque reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados y les comunique oficialmente sus conclusiones, basándose en la Decisión 94/442/CE de la Comisión, de 1 de julio de 1994, relativa a la creación de un procedimiento de conciliación en el marco de la liquidación de cuentas de la sección Garantía del FEOGA (4).
(53)

La Comisión opina que la selectividad de la medida no se justifica por la naturaleza y la lógica del régimen, ya que no se ajusta a la lógica interna del régimen impositivo. La bonificación supone, más bien, una clara desviación de la estructura general y del funcionamiento del régimen fiscal. Por otra parte, la Comisión señala que un impuesto sobre la energía tiene un doble objetivo: en primer lugar, debe incitar a las empresas a adoptar medidas de ahorro energético. Aunque las empresas afectadas ya apliquen a gran escala este tipo de medidas para reducir los costes energéticos, eso no significa que el gravamen sobre la energía no produzca un efecto inductor adicional. El consumo energético depende generalmente de la tecnología, por lo que sólo es un parámetro fijo a corto plazo. A largo plazo, cabe esperar una mayor eficiencia gracias a la innovación y al progreso tecnológicos. Además, la Comisión constata que Marienhütte GmbH no ha explicado la supuesta falta de efecto inductor. En segundo lugar, aunque el consumo energético no pueda reducirse más a corto plazo, el impuesto se recauda para disponer de fondos estatales con fines generales, teniendo en cuenta también que el consumo energético ocasiona costes a la sociedad que tiene que sufragar el Estado. Por lo tanto, no puede ser acorde con la naturaleza y la lógica del régimen que las empresas con elevado consumo energético, contaminadoras por definición, queden eximidas del impuesto energético.
a)

A reserva de lo dispuesto en la letra b), un Estado miembro de la Unión atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto en el Consejo si el importe de su atraso es igual o superior al de la contribución que adeude por el último año completo transcurrido. La suspensión del derecho de voto no liberará a ese Estado miembro de sus obligaciones y no le privará de los demás derechos derivados del presente Convenio.
(17)

Akzo Nobel, BASF y UCB aducen que la infracción o los elementos de la misma no se llevaron a cabo de forma plena o eficaz. La Comisión opina que los acuerdos, en la medida en que afectaban al mercado del EEE, fueron puestos en práctica, al menos por los fabricantes europeos. En particular, se aplicaron en lo que respecta a los elementos clave de los precios, el reparto de clientes en Europa y el control de los transformadores, aunque su aplicación no haya conseguido plenamente tener un impacto real en el mercado debido a la competencia que seguía existiendo en el mercado. Ninguno de los tres fabricantes afectados ha indicado que deseara o que hubiera tomado alguna medida para abstenerse deliberadamente de poner en práctica los acuerdos a los que llegaron sobre el EEE durante el período en que los suscribieron.
(1)

Los destinatarios de la presente Decisión son Chisso Corporation (en lo sucesivo, «Chisso»), Daicel Chemical Industries Ltd (en lo sucesivo, «Daicel»), Hoechst AG (en lo sucesivo, «Hoechst»), The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd (en lo sucesivo, «Nippon») y Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (en lo sucesivo, «Ueno»).
(65)

A este argumento hay que contestar señalando que las autoridades austriacas no han presentado cálculo alguno que apoye tales afirmaciones. Según el informe de KPMG de 17 de junio de 2000, citado en el considerando 13, en caso de una suspensión de pagos del BB, el importe a cubrir por el Estado federado de Burgenland se habría elevado a 247 millones EUR. Esta cifra es inferior al total de las dos garantías, y conviene señalar al respecto que la suma se ha calculado antes de la segunda «amplia» verificación de deudores efectuada en el segundo semestre de 2000 y que por ello, desde el punto de vista actual, debería ser más elevada. Pero existen dudas sobre cómo las autoridades austriacas han calculado la cifra de 247 millones EUR. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido en su sentencia Hytasa (8) que está justificado «distinguir entre las obligaciones que el Estado debe asumir por su condición de propietario accionista de una sociedad y las obligaciones que pueden corresponderle como poder público». Dado que el BB se constituyó como sociedad anónima, el Estado federado responde, como propietario de las acciones de esta sociedad, de las deudas de ésta sólo hasta el importe del valor de liquidación de sus activos. En la sentencia citada el Tribunal de Justicia establece que «las obligaciones derivadas de los costes de despido de los trabajadores, del pago de las prestaciones por desempleo y de las ayudas para la regeneración del tejido industrial no deben tenerse en cuenta a efectos de la aplicación del criterio del inversor privado». Parece que las autoridades austriacas no habían hecho esta distinción y que sus cálculos se basaban también en los costes a los que el Estado federado tenía que hacer frente de acuerdo con la garantía de responsabilidad secundaria prevista por la ley. Estos costes, sin embargo, no estaban relacionados con el papel del Estado federado de Burgenland como propietario accionista del BB. Son más bien el resultado de una obligación jurídica particular, la garantía de responsabilidad secundaria estatal, que no puede afectar nunca a un inversor privado.
ES Diario Oficial de la Unión Europea L 264/1

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 22 de julio de 2005

por la que se conceden excepciones a algunos Estados miembros respecto de las estadísticas que deberán elaborarse para los años de referencia 2004 y 2006 con arreglo al Reglamento (CE) no 1450/2004

[notificada con el número C(2005) 2772]

(Los textos en lenguas alemana, francesa, griega, italiana, y maltesa son los únicos auténticos)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2005/685/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1450/2004 de la Comisión, de 13 de agosto de 2004, por el que se aplica la Decisión no 1608/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la producción y el desarrollo de estadísticas comunitarias sobre innovación (1), y, en particular, la sección 8 de su anexo,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no 1450/2004 contiene el marco de referencia de normas, definiciones y clasificaciones comunes para elaborar estadísticas comunitarias sobre innovación, a fin de obtener de los Estados miembros unos resultados estadísticos de alta calidad conforme a dichas normas, definiciones y clasificaciones.

(2) En la sección 8 del anexo del Reglamento (CE) no 1450/2004 se prevé que, si es necesario introducir cambios de gran envergadura en los sistemas estadísticos nacionales, la Comisión podrá conceder excepciones a los Estados miembros respecto de las estadísticas elaboradas para el año de referencia 2004. También pueden concederse excepciones suplementarias en relación con la cobertura de las actividades económicas con arreglo a NACE Rev. 1.1 y con los desgloses por tamaño de empresa de las estadísticas que se elaboren para el año de referencia 2006.

(3) Tales excepciones han sido solicitadas por las autoridades respectivas de Grecia, Francia, Malta, Italia y Austria.

(4) Según la información recibida por la Comisión (Eurostat), las solicitudes de los Estados miembros en cuestión se deben a que es necesario realizar modificaciones importantes en sus sistemas estadísticos.

(5) Por tanto, deben concederse las excepciones solicitadas.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se conceden excepciones a Grecia, Francia, Italia, Malta y Austria, de conformidad con el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán la República Helénica, la República Francesa, la República Italiana, la República de Malta y la República de Austria.

Hecho en Bruselas, el 22 de julio de 2005. Por la Comisión Joaquín ALMUNIA Miembro de la Comisión

(1) DO L 267 de 14.8.2004, p. 32.
(22)

La Comisión reconoce que un promotor privado no estaría en condiciones de comprar a ese precio el terreno no urbanizado, urbanizarlo, crear la infraestructura necesaria y vender con beneficios el terreno urbanizado. Algunos de los argumentos aducidos por Alemania, por ejemplo, el marco jurídico de los ayuntamientos, pueden explicarlo. Sin embargo, no es necesario seguir considerando este aspecto, ya que en las condiciones del presente caso, las dos conclusiones mencionadas, la primera, que el ayuntamiento no compró el terreno a un precio superior al de mercado, y la segunda, que el ayuntamiento no compró el terreno en interés de ASL, sino con arreglo a su plan general y basándose en consideraciones políticas de conjunto, bastan para determinar que no se concedió a ASL ninguna ventaja específica. Las demás dudas manifestadas por la Comisión en su decisión de incoar el procedimiento ya no son relevantes.
(16)

A este respecto, en su decisión de incoar el procedimiento formal de investigación, la Comisión expresó diversas dudas en cuanto a la compatibilidad del régimen de ayudas con el mercado común. La Comisión considera que todas las dudas expresadas entonces se han visto confirmadas. En concreto: a) el régimen de ayudas prevé la concesión de ayudas en zonas que no pueden beneficiarse de las excepciones contempladas en el artículo 87, apartado 3, letras a) y c), del Tratado. Sobre la base del mapa italiano de ayudas de finalidad regional para 2000-2006 (13), las provincias de Campobasso, Frosinone, Isernia, Massa Carrara y Viterbo, y los municipios de Tivoli y Formia no pueden en su totalidad beneficiarse de las excepciones anteriormente mencionadas. Por lo tanto, en estas zonas no puede aplicarse ningún régimen de ayudas de finalidad regional; b) el régimen también parece prever ayudas en zonas que pueden beneficiarse de las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 3, letras a) y c), del Tratado. Sin embargo, en tales zonas la Comisión (14) ya autorizó, y por lo tanto pueden aplicarse, regímenes de ayudas que prevean la concesión de créditos fiscales a las inversiones idénticos a los ahora contemplados. Por consiguiente, la Comisión considera posible que el régimen sujeto a examen se aplique principalmente en las zonas indicadas en la letra a) precedente; c) el régimen de ayudas no indica claramente el compromiso de respetar las normas específicas previstas en las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (15), en el Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (16), y en el Reglamento (CE) no 2369/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, que modifica el Reglamento (CE) no 2792/1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca (17).
(27)

Al dar su aprobación, el Consejo hizo hincapié en que se trataba de un paquete de ayudas que podían concederse una única y última vez (one time, last time). El Gobierno español asumió el compromiso de que los astilleros no recibirían más ayudas de reestructuración, salvamento, compensación de pérdidas o privatización. Así quedó reflejado en las condiciones impuestas en la Decisión de la Comisión por la que se autorizó la ayuda. Esta condición figura además en el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, primer guión, del Reglamento sobre construcción naval. Esta disposición establece que no pueden concederse ayudas de salvamento o de reestructuración a una empresa que ya haya recibido una ayuda de estas características en aplicación del Reglamento (CE) no 1013/97.
(82)

La desinversión de Setgás es una medida estructural pero no compensa la pérdida de la competencia futura de EDP/Portgás en el mercado al por menor. Las ventas de Setgás suponen el 8 % del total de las ventas al por menor de gas en Portugal, mientras que Portgás tiene una cuota de mercado del 30 %. El compromiso de no ofrecer suministros de combustible dual a los clientes al por menor de gas que no son todavía cualificados en gas y en electricidad es muy limitado en tiempo y efectos. No se ha propuesto ninguna otra medida para abordar directamente la pérdida de competencia potencial procedente de la capacidad de EDP de basarse en su clientela de electricidad a escala nacional, su fuerte marca y su incentivo para presentar ofertas duales (electricidad/gas) a los clientes.
(130)

En su respuesta a la petición de información, Alemania cita un crédito de proveedor de Vopelius como contribución de un inversor privado. Debe considerarse que esta aportación no constituye un crédito como tal sino que consiste en el aplazamiento durante varias semanas del pago por CWP para suministros de materia prima de Vopelius. La cantidad de 2,75 millones EUR indicada por Alemania como contribución de un inversor privado es una demanda excepcional de Vopelius de enero de 1998. La demanda excepcional fluctúa constantemente. Ascendió a 0,73 millones EUR en enero de 1997, bajó a 0,4 millones EUR en abril de 1997 y aumentó de nuevo hasta enero de 1998. Este aplazamiento a corto plazo del pago de responsabilidades, que no está relacionado con la financiación de los costes de reestructuración, no puede considerarse como contribución privada a la reestructuración.
(19)

Por otro lado, Alemania declaró que la totalidad de la ayuda beneficiaba a los usuarios de los centros. Por lo que se refiere al elemento de ayuda destinado a los usuarios, Alemania en primer lugar afirmó que la intensidad de la ayuda para los usuarios no sobrepasaba en más de un 10-20 % los precios comparables de mercado. Pero en su carta de 22 de septiembre de 2004, Alemania afirma que los usuarios pagan habitualmente los precios de mercado (aunque la franja inferior de la escala de precios de mercado) y que el importe de la ayuda era de cualquier forma inferior a 100 000 EUR durante un período de tres años (hasta 23 000 EUR por año y usuario durante cinco años). Alemania transmitió los informes de todos los Estados federados, algunos de los cuales se referían a estudios que describían las repercusiones positivas de los centros para los usuarios y las regiones. Hasta esa fecha, Alemania no se había comprometido a cumplir todas las condiciones del Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (4), y, en particular, su artículo 3, relativo a la acumulación y control.
(4)

Mediante el Reglamento (CE) no 1601/2001 (7), el Consejo estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados cables de hierro o de acero procedentes de la República Checa, Rusia, Tailandia y Turquía. Las medidas aplicables a dichas importaciones consistieron en un derecho ad valorem, salvo en el caso de un productor exportador checo, otro ruso, otro tailandés y dos turcos, de los cuales se aceptaron compromisos a través del Reglamento (CE) no 230/2001 de la Comisión (8) y de la Decisión 2001/602/CE de la Comisión (9). Los dos compromisos de los productores exportadores turcos han sido retirados a través de los Reglamentos de la Comisión (CE) no 2303/2002 (10) y no 1274/2003 (11).
c)

145 EUR por prueba, para las pruebas discriminatorias moleculares primarias, como se contempla en el anexo X, capítulo C, punto 3.2, letra c), inciso i), del Reglamento (CE) no 999/2001.
(9)

Sin embargo, la evolución reciente muestra que las medidas adoptadas por las autoridades húngaras están resultando insuficientes: — el objetivo de déficit del 3,6 % del PIB para 2005, contemplado en la Recomendación del Consejo (y aprobado en el dictamen del Consejo de marzo de 2005 sobre la actualización de diciembre de 2004 del programa de convergencia), se incumplirá por un amplio margen, y el Gobierno, contrariamente a sus compromisos anteriores, ha decidido no aplicar nuevas medidas para corregir los posibles desvíos; esto queda confirmado por la notificación revisada sobre procedimiento de déficit excesivo que efectuaron las autoridades húngaras el 20 de septiembre de 2005, en la que figuraba un déficit del 6,1 % del PIB para 2005. Los resultados para 2005 serán peores si se producen nuevos desvíos (que no se pueden descartar, especialmente en el ámbito del gasto) y tampoco son compensados por medidas correctoras. Según esta notificación, el ratio deuda/PIB en 2005 se mantendrá por debajo del límite máximo del 60 % (en el 57,1 %), — el objetivo para 2006 de alcanzar un déficit equivalente al 2,9 % del PIB, incluido en la actualización del programa de convergencia y en la Recomendación adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2005, ha sido abandonado por las autoridades. Podría no alcanzarse el nuevo objetivo de déficit —sustancialmente superior— (5,2 % del PIB) (8) incluido en el proyecto de presupuesto para 2006 de no mediar una reducción significativa del gasto, dado que se espera que la reforma tributaria prevista reduzca los ingresos en 1,1 puntos porcentuales del PIB y el proyecto de presupuesto para 2006, recientemente aprobado, no contiene medidas generales de naturaleza estructural que favorezcan una reducción tan sustancial del gasto, — la aplicación de reducciones impositivas, en concreto en 2006, es contraria a la recomendación del Consejo de supeditar la planificación y aplicación de las posibles reducciones impositivas al logro de los objetivos de déficit establecidos en la actualización del programa de convergencia presentada en diciembre de 2004, — el desvío sustancial, tanto en 2005 como en 2006, respecto del plan de ajuste del déficit de Hungría, que estaba encaminado a corregir el déficit excesivo en 2008 y fue establecido por el Gobierno húngaro y aprobado en la Recomendación del Consejo de 8 de marzo de 2005, pone en tela de juicio la credibilidad de dicha corrección y, junto con el lento progreso de las reformas estructurales, compromete la necesaria mejora de los desequilibrios macroeconómicos.
(87)

De ello se deduce que la ayuda en forma de subvención de 2 399 407 EUR concedida por el IGAPE no puede quedar exenta de dicha obligación. Según las autoridades españolas (véase el considerando 24), la ayuda representa el 8 % de la inversión. Por tanto, la inversión asciende a 29 992 588 EUR, cifra superior a la de 25 000 000 EUR establecida en el artículo 6, apartado 1, letra a). Además, la industria siderúrgica ha de considerarse un sector en el que no pueden concederse ayudas regionales de acuerdo con el punto 1, párrafo tercero, de la Comunicación de la Comisión sobre ayudas de salvamento y de reestructuración y ayudas al cierre en favor del sector del acero (30) y con el punto 27 de las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (31). La situación era la misma cuando se concedió la ayuda siderúrgica con arreglo al Código de ayudas a la siderurgia. Como Siderúrgica Añón es una empresa mediana, el punto de partida para determinar el umbral aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra a), inciso i), es, según se indica en el artículo 4, apartado 2, letra b), el 7,5 %. Con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), inciso i), la intensidad bruta de la ayuda no podrá rebasar el 50 % del 7,5 %, o sea, el 3,75 %. La cifra del 8 % está muy por encima de este umbral. En efecto, la intensidad bruta del IGAPE ha de tener en cuenta el importe íntegro de la subvención (que asciende al 8 %), y no el importe desembolsado inicialmente (que asciende al 0,95 %) como alegan las autoridades españolas (véase el considerando 37), porque al evaluar la ayuda ha de considerarse el importe concedido, y no el importe desembolsado.