ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(2)

En los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y 1490/2002 (3) de la Comisión, se establecen las disposiciones de aplicación de la segunda y tercera fases del programa de trabajo contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE. Respecto a las sustancias activas para las que el notificante no haya cumplido sus obligaciones con arreglo a estos Reglamentos, no se comprobará si la evaluación está completa ni se evaluará el expediente. Respecto al ácido cresílico, el diclorofeno, el imazametabenz, la kasugamicina y la polioxina no se ha presentado ningún expediente documentalmente conforme o el notificante ha declarado que no se presentaría ningún expediente en el plazo prescrito. En consecuencia, dichas sustancias activas no deben incluirse en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE y los Estados miembros deben retirar todas las autorizaciones de productos fitosanitarios que las contengan.
(83)

De las informaciones disponibles se desprende que hasta el momento Jahnke no ha podido adquirir definitivamente los activos de Hamesta, confirmando ya así que la empresa no es viable. No parece posible que la empresa pueda adquirir dichos activos en un futuro próximo por las razones siguientes: a) el préstamo bancario de 2,5 millones EUR necesario para la financiación del precio de compra de los activos no se concedió; b) el inversor sólo dispone de recursos financieros limitados, y c) Jahnke se declaró en quiebra en el año 2002.
(25)

La Comisión no puede aceptar el argumento esgrimido por Italia, según el cual el régimen tendría un carácter general en la medida en que las empresas que no ejercen actividades comerciales ligadas a la exportación no son comparables a las que sí lo hacen. La Comisión considera que, puesto que la ventaja que resulta de deducir determinados gastos específicos de la base imponible del impuesto de sociedades se limita a las empresas exportadoras y se suma a la deducción fiscal ordinaria, dicha ventaja no puede ser calificada de medida de índole general. La Comisión subraya además que Italia no ha demostrado que la medida esté justificada por la naturaleza o la estructura del sistema fiscal italiano. En cualquier caso, las ventajas concedidas a los beneficiarios no son coherentes con la lógica interna del sistema tributario italiano y tienen un carácter excepcional y temporal.
(8)

En agosto de 2000, apareció en Cerdeña la lengua azul propagándose por toda la isla, a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades públicas. Contribuyeron a su difusión las condiciones climáticas (tiempo cálido y seco). Para combatir esta epizootia, el 28 de agosto de 2000, las autoridades sanitarias italianas prohibieron los movimientos de rumiantes domésticos o salvajes originarios o procedentes de Cerdeña (incluidos esperma, óvulos y embriones) hacia el resto del territorio nacional y hacia los demás Estados miembros de la Unión Europea. Se prohibieron igualmente los movimientos de dichos animales desde la Provincia de Cagliari hacia el resto del territorio regional y se impuso la obligación de que los servicios veterinarios de las otras regiones llevaran a cabo análisis clínicos en las explotaciones en que se hubiera introducido ganado ovino de Cerdeña en un período inferior a los dos meses anteriores. Posteriormente, las autoridades regionales aprobaron el decreto no 34 de 5 de septiembre de 2000, por el que se introducían normas urgentes para el control de la lengua azul (3), y por el que se prohibía en todo el territorio de Cerdeña el traslado desde las explotaciones de ganado ovino, caprino, vacuno, búfalos y otros animales de cría de especies salvajes. El decreto hacía asimismo obligatoria la lucha contra los insectos transmisores de la enfermedad. El 16 de octubre de 2000, las autoridades sanitarias regionales adoptaron el plan de lucha y erradicación de la lengua azul en Cerdeña y el 25 de octubre de 2000 el Consejo regional de Cerdeña aprobó la ley no 22/2000 por la que se establecen ayudas en favor de los ganaderos para hacer frente a la epizootia denominada «lengua azul», posteriormente notificada a la Comisión para su análisis de conformidad con arreglo a los artículos 87, 88 y 89 del Tratado. Las medidas previstas en los artículos 2, 3 y 4 de la ley no 22/2000 se consideraron compatibles con el mercado común (4). La Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado respecto a las ayudas previstas en el artículo 5 de dicha ley.
(97)

En el procedimiento de insolvencia relativo a Herlitz AG, el acreedor público del grupo HAG 3 no se comportó como los acreedores privados comparables del grupo HAG 2. Por tanto, la condonación de deudas por su parte constituye una ayuda estatal cuyo importe supera la diferencia entre la parte condonada de su crédito y la parte condonada de los créditos privados. Eso se explica, en particular, por el hecho de que los organismos privados no habrían concedido una condonación de deudas tan elevada sin que los acreedores públicos hubieran concedido una mayor. Del mismo modo, no sólo la parte de las deudas condonadas, sino también el importe absoluto para cada clase de acreedores pueden desempeñar un papel. En estas circunstancias, el importe de la ayuda puede alcanzar el 100 % de la condonación de deudas. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no es necesario calcular el importe exacto; incluso si la ayuda representase el 100 % de la condonación de deudas, sería compatible con el mercado común.
(3)

En el marco de la aplicación de una política de información en el ámbito de la protección de los animales, han de adoptarse medidas para aplicar el Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97 (5). En particular, se necesitan estudios sobre el uso de la tecnología de navegación por satélite, así como sobre el desarrollo de un sistema de información que sea compatible con los existentes, como Traces.
(8)

Durante la evaluación de esta sustancia activa, se han identificado varios motivos de preocupación, en particular respecto al destino y comportamiento ambientales, ya que la forma de degradación de la sustancia activa no está completamente clara y se han encontrado metabolitos desconocidos en estudios sobre la degradación en el suelo, sobre la degradación en el agua/sedimento y sobre el mesocosmos. La ecotoxicología sigue creando una gran inquietud porque, sobre la base de los datos disponibles, no puede abordarse suficientemente el riesgo a largo plazo, en particular debido a la presencia de los metabolitos mencionados anteriormente. Además, en función de dichos datos, se ha considerado que tampoco se ha abordado suficientemente la exposición de los operarios en ambientes cerrados. Por otra parte, el endosulfán es volátil, su principal metabolito es persistente y se ha encontrado en resultados de controles realizados en regiones en las que no se ha utilizado. En consecuencia, como siguen sin resolverse estas preocupaciones, las evaluaciones realizadas basándose en la información presentada no han demostrado que pueda preverse que, en las condiciones de utilización propuestas, los productos fitosanitarios que contienen endosulfán satisfagan en general los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE.
(2)

En los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y 703/2001 (3) de la Comisión se establecen las disposiciones de aplicación de la segunda fase del programa de trabajo contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE. Con respecto a la sustancia activa triazamato, el 7 de julio de 2004 el notificante informó a la Comisión de que ya no deseaba solicitar que se incluyera dicha sustancia en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. En consecuencia, esta sustancia activa no debe incluirse en ese anexo de la Directiva 91/414/CEE y los Estados miembros deben retirar todas las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan triazamato.
(14)

Las ayudas para la flota pesquera fueron instituidas por la Asamblea de Córcega que adoptó el 29 de marzo de 1985, en virtud de su resolución no 85/10 bis, un «Reglamento de ayudas para la modernización de la flotilla». Dicha resolución fue modificada en sucesivas ocasiones: deliberaciones de 30 de noviembre de 1990 (no 90/99), 19 de diciembre de 1991 (no 91/1032), 23 de febrero de 1993 (no 93/25), 9 de marzo de 1995 (no 95/16), 11 de septiembre de 1995 (no 95/79) y 11 de abril de 1997 (no 97/36). Francia precisó que la última resolución citada (no 97/36) no sufrió ninguna modificación hasta el final del período de programación del documento único de programación (DOCUP) relativo a las actuaciones de los Fondos estructurales, vigente en dicha fecha, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1999. En cuanto a las ayudas a la acuicultura, Francia indicó que las autoridades regionales de Córcega habían aplicado directamente la normativa comunitaria, de acuerdo con la «Guía de las ayudas» publicada por la Agencia de Desarrollo Económico de Córcega (ADEC). La parte de esta guía relativa a la pesca y a la acuicultura y que describía las ayudas que podían ser concedidas fue notificada a la Comisión.
(37)

Además, las demás aportaciones no pudieron considerarse contribuciones del beneficiario. Teniendo en cuenta que, pese al requerimiento de información, no se facilitó información complementaria sobre el préstamo de KfW (medida no 7 del cuadro 2), la Comisión no pudo determinar si se trataba de contribuciones en condiciones de mercado. La misma argumentación es aplicable al crédito de Nord LB (medida no 8 del cuadro 2). El flujo de tesorería (medida no 10 del cuadro 2) no pudo calificarse de contribución del beneficiario. Este flujo de tesorería se ha alcanzado en su mayor parte gracias a ayudas estatales previas. Además, en 1996, cuando se elaboró el plan de reestructuración, este flujo de tesorería aún no se había generado y, por tanto, no se conocía su alcance.
(2)

En los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y (CE) no 703/2001 (3) de la Comisión se establecen las disposiciones detalladas de aplicación de la segunda fase del programa de trabajo contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE. Con respecto a la sustancia activa naled, el notificante informó a la Comisión el 2 de diciembre de 2004 de que ya no deseaba solicitar que se incluyera dicha sustancia en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. En consecuencia, esta sustancia activa no debe incluirse en dicho anexo y los Estados miembros deben retirar todas las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan naled.
(8)

En virtud del artículo 104, apartado 9, si un Estado miembro persiste en no poner en práctica las recomendaciones del Consejo, éste podrá decidir formularle una advertencia para que tome medidas tendentes a la reducción del déficit en un plazo determinado. El Consejo considera que no se cumplirá el plazo establecido en la Recomendación del Consejo de 5 de julio de 2004 conforme al artículo 104, apartado 7, que estaba basado en las actuales previsiones de la Comisión. El artículo 5 del Reglamento (CE) no 1467/97 indica que el Consejo deberá adoptar la decisión en la que formule dicha advertencia en el plazo de un mes a partir de su decisión por la que establezca que el Estado miembro en cuestión no ha tomado medidas efectivas de conformidad con el artículo 104, apartado 8.
ES Diario Oficial de la Unión Europea L 95/12

Corrección de errores de la Decisión 2006/109/CE de la Comisión, de 19 de enero de 2006, por la que se acepta un compromiso ofrecido en relación con el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinadas piezas moldeadas originarias de la República Popular China

( Diario Oficial de la Unión Europea L 47 de 17 de febrero de 2006 )

En la página 61, en el artículo 1, en el decimoquinto productor exportador que figura en la lista:

en lugar de:

«Shane City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shane City, Provincia de Hebei»,

léase:

«Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd., West of Nango Village, Shiliting Town, Shahe City, Provincia de Hebei».
(11)

Deben tomarse también las medidas adecuadas, proporcionadas a los intereses financieros de las Comunidades Europeas, con el fin de supervisar tanto la eficacia del apoyo financiero concedido como la eficacia de la utilización de dichos fondos para evitar irregularidades y fraudes, y darse los pasos necesarios para recuperar los fondos perdidos, abonados por error o incorrectamente utilizados, según lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (6), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (7), y el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (8).
(15)

Se tomarán también las medidas adecuadas para evitar irregularidades y fraudes y se darán los pasos necesarios para recuperar los fondos perdidos, abonados por error o incorrectamente utilizados, según lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (4), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (5), y el Reglamento (Euratom) no 1074/99 del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (6).
(15)

Deben tomarse medidas, proporcionadas a los intereses financieros de las Comunidades Europeas, para supervisar tanto la eficacia del apoyo financiero concedido como la eficacia de la utilización de dichos fondos, con objeto de evitar irregularidades y fraudes; deben asimismo darse los pasos necesarios para recuperar los fondos perdidos, abonados por error o incorrectamente utilizados, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (7), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (8), y el Reglamento (CE) no 1073/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (9).
(12)

Deben tomarse también las medidas adecuadas —proporcionadas a los intereses financieros de las Comunidades Europeas— para controlar tanto la eficacia del apoyo financiero concedido como la eficacia de la utilización de esos fondos, con objeto de evitar irregularidades y fraudes, y deben darse los pasos necesarios para recuperar los fondos perdidos, abonados por error o incorrectamente utilizados, según lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (6), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (7), y el Reglamento (CE) no 1073/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (8).
(12)

Deben tomarse también las medidas adecuadas —proporcionadas a los intereses financieros de las Comunidades Europeas— para controlar tanto la eficacia del apoyo financiero concedido como la eficacia de la utilización de esos fondos, con objeto de evitar irregularidades y fraudes, y deben darse los pasos necesarios para recuperar los fondos perdidos, abonados por error o incorrectamente utilizados, según lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002, en el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, en el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (6), en el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (7), y en el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (8).
(12)

Deben tomarse también las medidas adecuadas —proporcionadas a los intereses financieros de las Comunidades Europeas— para controlar tanto la eficacia del apoyo financiero concedido como la eficacia de la utilización de esos fondos, con objeto de evitar irregularidades y fraudes, y deben darse los pasos necesarios para recuperar los fondos perdidos, abonados por error o incorrectamente utilizados, según lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002, en el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002, en el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (6), en el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (7), y en el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (8).
9

MASOEKO, s.r.o.

Directiva 64/433/CEE del Consejo: Anexo I, capítulo I, punto 1, letras a), b), c) y e) Anexo I, capítulo I, punto 2, letras a) y b) Anexo I, capítulo I, punto 3 Anexo I, capítulo I, punto 4, letras a), b) y c) Anexo I, capítulo I, puntos 5, 10, 11 y 12 Anexo I, capítulo II, punto 14, letras a), b), c), e), f) y h) Anexo I, capítulo III, punto 15, letra b)
b)

como suplentes: — al Sr. Edmundas ČĖSNA, member of Raseiniai district municipal council para sustituir al Sr. Arnoldas ABRAMAVIČIUS, — al Sr. Vytautas RAČKAUSKAS, mayor of Visaginas district municipality para sustituir al Sr. Antanas GUSTAITIS, y — al Sr. Povilas ŽAGUNIS, mayor of Panevėžys district municipality, para sustituir al Sr. Alfredas PEKELIŪNAS
3.

El solicitante pondrá a disposición del organismo notificado una muestra del subsistema (4) que sea representativa de la producción, en lo sucesivo denominada «tipo». Un tipo puede abarcar varias versiones del subsistema, a condición de que las diferencias entre versiones no afecten a las disposiciones de la ETI. El organismo notificado podrá solicitar otras muestras si el programa de ensayo lo requiere. Si fuera necesario para un método de ensayo o examen concreto y se especifica en la ETI o en las especificaciones europeas (5) referenciadas en la ETI, también se entregarán una o varias muestras de un conjunto o subconjunto o una muestra del subsistema premontado. La documentación técnica y las muestras deberán permitir la comprensión del diseño, la fabricación, la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento del subsistema y la evaluación de su conformidad con los requisitos de la ETI. La documentación técnica contendrá: — una descripción general del subsistema, de su diseño de conjunto y de su construcción, — el registro de material rodante, incluidas todas las informaciones especificadas en la ETI, — información sobre el diseño y la fabricación, como planos, esquemas de componentes, subconjuntos, conjuntos, circuitos, etc., — las descripciones y explicaciones necesarias para comprender la información sobre el diseño y la fabricación, el mantenimiento y el funcionamiento del subsistema, — las especificaciones técnicas aplicadas, incluidas las especificaciones europeas, — las pruebas que puedan ser necesarias para demostrar la aplicación de las especificaciones mencionadas, sobre todo en caso de no haber aplicado plenamente las especificaciones europeas y las cláusulas pertinentes, — una lista de los componentes de interoperabilidad que han de incorporarse al subsistema, — copias de las declaraciones «CE» de conformidad o de idoneidad de los componentes de interoperabilidad y todos los elementos necesarios definidos en el anexo VI de las Directivas, — prueba de conformidad con el resto de reglamentaciones derivadas del Tratado (incluidos los certificados), — documentación técnica relativa a la fabricación y el montaje del subsistema, — la lista de fabricantes que han intervenido en el diseño, la fabricación, el montaje y la instalación del subsistema, — las condiciones de utilización del subsistema (restricciones de tiempo o distancia de funcionamiento, límites de desgaste, etc.), — condiciones de mantenimiento y documentación técnica relativa al mantenimiento del subsistema, — todo requisito técnico que deba tenerse en cuenta durante la producción, el mantenimiento o la explotación del subsistema, — los resultados de los cálculos de diseño, controles efectuados, etc., — los informes de ensayo. Si la ETI exige que la documentación técnica incluya información complementaria, ésta deberá incluirse.
(5)

En el artículo 46, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (3), se establece que las solicitudes presentadas antes de la fecha de aplicación de dicho Reglamento en virtud del artículo 4 del Reglamento (CE) no 258/97 se tramitarán de conformidad con el Reglamento (CE) no 258/97, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento (CE) no 1829/2003, en los casos en los que el informe de evaluación complementaria solicitado conforme al artículo 6, apartado 3 o 4, del Reglamento (CE) no 258/97 haya sido enviado a la Comisión antes de la fecha de aplicación del Reglamento (CE) no 1829/2003.
(7)

En el artículo 46, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (4), se establece que las solicitudes presentadas antes de la fecha de aplicación de dicho Reglamento en virtud del artículo 4 del Reglamento (CE) no 258/97 han de tramitarse de conformidad con el Reglamento (CE) no 258/97, no obstante lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento (CE) no 1829/2003, en los casos en los que el informe de evaluación complementaria solicitado conforme al artículo 6, apartados 3 o 4, del Reglamento (CE) no 258/97 haya sido presentado a la Comisión antes de la fecha de aplicación del Reglamento (CE) no 1829/2003.