C 320/60

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 13 de julio de 2018

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de Letonia

(2018/C 320/13)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1) El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2) Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Letonia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular las recomendaciones 1 y 2.

(3) El informe específico de 2018 sobre Letonia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Letonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Letonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(4) Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 11 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 16 de abril de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5) En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6) Letonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé un deterioro del saldo global desde un déficit del 0,5 % del PIB en 2017 a un 0,9 % tanto en 2018 como 2019, antes de una mejora hasta el 0,4 % en 2020 y 2021. Se espera que esta evolución sea coherente con el objetivo presupuestario a medio plazo de un déficit estructural del 1 % del PIB, y las desviaciones permitidas deberían basarse en la reforma de las pensiones y en la cláusula de reforma estructural para el sector sanitario. Se estima que el saldo estructural recalculado (6) pasará del – 1,2 % del PIB en 2017 al – 1,7 % en 2018 para luego descender hasta el – 1,5 % en 2019. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB baje del 40,1 % en 2017 a aproximadamente el 36 % en 2021. Las previsiones de crecimiento del PIB recogidas en el Programa de Estabilidad de 2018 parecen claramente favorables para 2018 y verosímiles para 2019 en comparación con las previsiones de la Comisión. Los riesgos para la posición presupuestaria marcan una tendencia a la baja debido a las previsiones optimistas sobre los resultados de las medidas destinadas a mejorar la recaudación tributaria.

(7) El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó que Letonia alcanzara su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018, teniendo en cuenta los derechos vinculados a la aplicación de la reforma del sistema de pensiones y de las reformas estructurales para las que se concede una excepción temporal. Esto es coherente con una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) del 6,0 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,3 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto al objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Sin embargo, debido a unos resultados mejores de lo previsto para 2017, este riesgo puede ser menor en 2018. Al mismo tiempo, el instrumento de verosimilitud basado en las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión indica un alto grado de incertidumbre acerca de la estimación de la brecha de producción de Letonia sobre la base de la metodología común. En caso de confirmarse, estos factores se tendrán en cuenta en la evaluación a posteriori de 2018 que se efectuará en la primavera de 2019.

(8) En 2019, Letonia debería alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta los derechos vinculados a la aplicación de las reformas estructurales en el sector de la sanidad para 2017-2019. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 4,3 % en 2019, que corresponde a una mejora del saldo estructural requerida del 0,4 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé una desviación significativa con respecto a ese criterio en 2019 y en 2018 y 2019 tomados en su conjunto. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2018 deberán tomarse medidas para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(9) La desigualdad de rentas en Letonia es elevada. La proporción de ingresos del 20 % de los hogares más ricos con respecto al 20 % más pobres se situaba en el 6,3 en 2017, una de las más altas de la Unión, ya que la redistribución a través del sistema tributario y de prestaciones es inferior. El sistema tributario letón se ha reorganizado y se ha incrementado la progresividad del impuesto sobre la renta; no obstante, la cuña fiscal sobre los trabajadores con salarios bajos sigue siendo relativamente elevada y desincentiva el empleo formal. La reforma tributaria es limitada en términos de desplazamiento de la fiscalidad a otras fuentes de impuestos menos perjudiciales para el crecimiento y para lograr el objetivo declarado de aumentar la cuota de los ingresos tributarios en el PIB. La baja proporción de los ingresos tributarios en el PIB limita los recursos para la sostenibilidad de la prestación de servicios públicos y la inclusión social. El potencial de ingresos de la tributación sobre los bienes inmuebles y sobre el capital está infrautilizado en relación con otros países de la Unión. A pesar de algunos progresos en la lucha contra la evasión fiscal, el cumplimiento de las obligaciones tributarias sigue planteando un reto importante.

(10) Las insuficiencias de la red de seguridad social se ven reflejadas en la gran proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y plantean retos por lo que respecta a la renta mínima, las pensiones y la inclusión de las personas con discapacidad. Las tasas de pobreza entre las personas con discapacidad y las de edad avanzada ha aumentado en los últimos años y se encuentran entre las más altas de la Unión. La reforma del nivel de renta mínima, anunciada en 2014, no se ha materializado, lo que afecta negativamente a los hogares más pobres. La adecuación de las prestaciones de asistencia social solo aumentó ligeramente y sigue siendo baja. La pensión mínima de jubilación no se ha incrementado desde 2006. El porcentaje de personas que sufren privación grave de vivienda es una de las más altas de la Unión y la vivienda social escasea.

(11) El mercado laboral se está endureciendo debido a la adversa evolución demográfica y a la emigración. Aunque el crecimiento del empleo se ve limitado por la caída de la oferta de mano de obra, las oportunidades de empleo varían entre regiones y niveles de cualificaciones. La reforma de los planes de estudio en la enseñanza y la formación profesionales, cuyo objetivo es adaptarlos a las exigencias contemporáneas, ha progresado. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales para aplicar plenamente la reforma y aumentar la participación en la educación y la formación profesionales inicial y continuada. Ha comenzado la aplicación del nuevo enfoque de aprendizaje basado en el trabajo, con la participación de interlocutores sociales y empresas. Sin embargo, son pocos los estudiantes inscritos en este régimen. La participación de los adultos en actividades de aprendizaje solo ha aumentado ligeramente y la de los desempleados en medidas activas del mercado laboral es inferior a la de la mayor parte de los demás Estados miembros. Esto es preocupante en el contexto de una alta tasa de desempleo de las personas poco cualificadas. En un contexto más amplio, reforzar la capacidad de los interlocutores sociales es importante para fomentar su participación.

(12) Se han aplicado reformas en el sistema sanitario. Se espera que el aumento de la financiación de la asistencia sanitaria aborde algunas restricciones de acceso relacionadas con los límites del servicio anual y unos largos plazos de espera. Sin embargo, la financiación pública de la asistencia sanitaria sigue estando muy por debajo de la media de la Unión y aún están pendientes de aplicación medidas que incrementen la eficiencia, como medidas de prevención efectivas, la racionalización del sector hospitalario, el refuerzo de la atención primaria y la atención especial prestada a la gestión de la calidad. Los resultados en el campo de la salud son relativamente pobres y el acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible para todos sigue siendo un motivo de preocupación. Los elevados pagos directos y la división de los servicios sanitarios en dos grupos («completo» y «mínimo») podría reducir el acceso de algunos grupos y provocar efectos negativos para la salud.

(13) Las insuficiencias en la calidad de la regulación y la escasa eficacia y eficiencia de la Administración pública obstaculizan las actividades empresariales. En 2017, el Gobierno adoptó un ambicioso plan de reformas para lograr un sector público más eficiente y profesional a través de reducciones de personal y la centralización de las funciones de apoyo, reforzando al mismo tiempo los salarios basados en el rendimiento y aumentando la transparencia. No obstante, este plan se limita a la Administración central, a pesar de que también podría lograrse un aumento significativo de la eficiencia a nivel municipal. Las empresas públicas, que representan una parte considerable de la economía, son coordinadas por el Gobierno. Mientras que las empresas propiedad del Gobierno central están sujetas a una gestión centralizada, los puertos y las empresas de propiedad municipal quedan excluidas de este mecanismo.

(14) La corrupción daña a las actividades empresariales en Letonia, y la prevención de los conflictos de intereses sigue siendo rígida y formalista. Los retrasos a la hora de legislar en materia de protección de los denunciantes obstaculizan la rendición de cuentas y la eficiencia de la Administración Pública. La regulación del proceso concursal se ha reforzado considerablemente en los últimos años, lo que limita las posibilidades de abusos. No obstante, el Consejo del Poder Judicial impulsó la investigación de acusaciones de abusos en el pasado en el sistema concursal mediante la revisión de algunos asuntos, recomendando mejorar la evaluación de las cualificaciones de los jueces y reconsiderando las medidas disciplinarias existentes.

(15) Los bancos letones que tienen clientes no residentes están expuestos a un elevado riesgo de participación en el blanqueo de capitales. Esto crea problemas para la integridad del sector financiero letón, podría dañar su reputación y afectar negativamente a la inversión y al crecimiento económico. La normativa contra el blanqueo de capitales ha sido reforzada recientemente, pero deberán continuar los esfuerzos para lograr una mejora sostenible. Letonia ha adoptado recientemente una ley destinada a limitar la exposición de su sector financiero al riesgo de blanqueo. Sus elementos clave son el refuerzo del intercambio de información entre entidades financieras y organismos policiales y judiciales y la supresión de las operaciones con sociedades ficticias. Las consecuencias de la ley y su eficacia habrán de ser objeto de seguimiento.

(16) En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Letonia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Letonia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Letonia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(17) A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1.

RECOMIENDA a Letonia que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

1. Alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo en 2019, teniendo en cuenta los márgenes ligados a la aplicación de las reformas estructurales para las que se acuerda una desviación temporal. Reducir la tributación para los trabajadores con salarios bajos, trasladando la fiscalidad a otras fuentes, en particular el capital y el patrimonio, y mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

2. Mejorar la adecuación de las prestaciones de renta mínima, las pensiones mínimas de jubilación y las ayudas a la renta para las personas con discapacidad. Mejorar la pertinencia para el mercado laboral de la educación y la formación profesionales, y promover la mejora de las competencias de los trabajadores poco cualificados y los demandantes de empleo. Incrementar la accesibilidad, la calidad y la relación coste/eficacia del sistema sanitario.

3. Reforzar la eficiencia del sector público, especialmente en lo tocante a las autoridades locales y las empresas estatales. Reforzar la rendición de cuentas de la Administración pública mediante la protección de los denunciantes de infracciones, la prevención de conflictos de interés y el seguimiento de los resultados de la evaluación en curso de antiguos procedimientos de insolvencia.

Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018. Por el Consejo El Presidente H. LÖGER

(1) DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

(2) Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).

(3) DO C 179 de 25.5.2018, p. 1.

(4) DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.

(5) Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

(6) Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.

(7) El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se verá facilitada durante un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.

(8) Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.