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(271)

Por lo que se refiere a la tercera transmisión, la Comisión señala, en primer lugar, que, en virtud del Decreto Presidencial n.o 633, de 26 de octubre de 1972, las transferencias de empresas en funcionamiento o unidades de negocio a otra empresa no se consideran suministro de bienes y están, por tanto, exentas de IVA. Por consiguiente, puesto que transacciones como la venta de la actividad de Laziomar a CLN no están sujetas al IVA, la exención fiscal no pudo haber concedido una ventaja a Laziomar con respecto al IVA. Además, la Comisión toma nota de que el contrato de venta de la actividad de Laziomar estipula claramente que el comprador, es decir CLN, debe pagar todos los gastos relacionados con la venta (es decir, tasas de registro, gastos notariales, registro catastral, etc.), sin referencia a ninguna exención del pago de estos gastos en favor de CLN. Por lo que se refiere a la exención del impuesto sobre sociedades, la Comisión considera que dicho impuesto solo se aplicaría a los ingresos de una venta. En este caso, sin embargo, CLN compró Laziomar a la Región de Lacio, lo que significa que esta operación constituía un gasto para CLN y, en consecuencia, no podía ser exigible impuesto de sociedades. Por lo tanto, esta medida no se aplica a CLN. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluye que ni Laziomar ni CLN se han beneficiado de estas exenciones fiscales.
(14)

Atendiendo a lo expuesto, la Comisión estima que deben considerarse cumplidas las condiciones del artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 4, de la Directiva (UE) 2016/797 para las locomotoras y los vagones de los diecinueve trenes en cuestión. Por lo tanto, debe aceptarse la solicitud presentada por Francia de no aplicar los puntos 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 y 4.2.8.2.9 del anexo del Reglamento (UE) n.o 1302/2014, los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 del anexo del Reglamento (UE) n.o 1304/2014 y el punto 4.2.2.1 del anexo del Reglamento (UE) n.o 1300/2014, mitigando la no aplicación de estos puntos mediante la aplicación de las disposiciones vigentes en el momento de su autorización inicial como disposiciones alternativas.
(6)

De conformidad con el artículo 30, apartado 7, letra c), del Reglamento (UE) n.o 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), el Comité de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores ha reevaluado los sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones aplicables a los auditores y sociedades de auditoría en los Estados Unidos de América, sobre la base de la Sarbanes-Oxley Act de 2002, que no se ha modificado sustancialmente desde la adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1155. Teniendo en cuenta esa evaluación técnica, los sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones aplicables a los auditores y sociedades de auditoría de la Securities and Exchange Commission y del Public Company Accounting Oversight Board siguen cumpliendo requisitos equivalentes a los establecidos en los artículos 29, 30 y 32 de la Directiva 2006/43/CE.
(7)

De conformidad con la Sarbanes-Oxley Act de 2002, en los Estados Unidos de América, la Securities and Exchange Commission tiene autoridad de supervisión y ejecución en relación con el Public Company Accounting Oversight Board. La Securities and Exchange Commission es competente para investigar a los auditores y las sociedades de auditoría; por consiguiente, procede que la presente Decisión se refiera únicamente a las competencias de la Securities and Exchange Commission con respecto a la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. La Securities and Exchange Commission impone salvaguardias adecuadas, al prohibir y sancionar la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por los miembros o antiguos miembros de su personal. Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados Unidos de América, la Securities and Exchange Commission puede facilitar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE que guarden relación con investigaciones que pueda llevar a cabo sobre esos auditores y sociedades de auditoría. A la luz de lo anterior, la Securities and Exchange Commission sigue cumpliendo requisitos que deben considerarse adecuados a efectos de lo dispuesto en el artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE.
(6)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en las que Irlanda no participa (3); por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
(21)

Por último, los importadores y los usuarios alegaron que la industria de la Unión todavía no está en condiciones de satisfacer toda la demanda de alcoholes polivinílicos de la Unión. La Comisión señaló que, si bien la industria de la Unión empezó a incrementar su producción tras la imposición de las medidas, de hecho no ha estado en condiciones de satisfacer toda la demanda de la Unión durante el período de investigación de la suspensión, en parte debido a su anterior reducción de la capacidad y a la escasez mundial de monómero de acetato de vinilo. En cualquier caso, no se trata de una circunstancia nueva, ya que durante el período de investigación de la investigación original la industria de la Unión ya no estaba en condiciones de suministrar la totalidad del consumo de alcoholes polivinílicos en la Unión. Sin embargo, la capacidad de suministro de la Unión no es una condición del mercado para la suspensión de las medidas.
Artículo 5

1. Las decisiones se tomarán por mayoría simple; cada Estado miembro tendrá derecho a un único voto.

Las decisiones y dictámenes de la Comisión de Cuentas sobre un litigio con arreglo al artículo 67, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 deben indicar si se han adoptado por unanimidad o por mayoría. Deberán hacer referencia, en su caso, a las conclusiones o las reservas de la minoría.

Los representantes de los países implicados en el litigio no participarán en la aprobación del dictamen de la Comisión de Cuentas sobre dicho litigio con arreglo al artículo 67, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 987/2009. En caso de que un dictamen sobre un litigio con arreglo a dicho apartado 7 no fuera emitido por unanimidad, la Comisión de Cuentas lo someterá a la Comisión Administrativa, acompañado de un informe que contendrá, en particular, la exposición y los motivos de las tesis contrarias. La Comisión de Cuentas nombrará asimismo a un ponente encargado de facilitar a la Comisión Administrativa toda la información que esta considere útil para poder resolver el litigio de que se trate. El ponente no podrá ser elegido entre los representantes de los países implicados en el litigio.
(8)

Según lo dispuesto en el artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE, esta no se aplicará a los contratos destinados a hacer posible la prestación de una actividad contemplada en ella, siempre que, en el Estado miembro en que se efectúe dicha actividad, esta esté sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado. La exposición directa a la competencia se evalúa con arreglo a criterios objetivos, tomando en consideración las características específicas del sector afectado (3). Sin embargo, esta evaluación se ve limitada por la brevedad de los plazos aplicables y por la necesidad de basarse en la información de que dispone la Comisión, que no puede complementarse con métodos que requieren más tiempo, como, en particular, consultas públicas dirigidas a los operadores económicos afectados (4). En este contexto, si bien la cuestión de si una actividad está sometida directamente a la competencia debe resolverse atendiendo a criterios conformes con las disposiciones del TFUE sobre competencia, no es necesario que esos criterios sean precisamente los de las disposiciones en materia de competencia de la Unión (5).
(4)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (3). Por lo tanto, Irlanda no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
(4)

Al no alcanzarse un acuerdo en el grupo de coordinación, el 7 de noviembre de 2019 Bélgica remitió la objeción no resuelta a la Comisión, de conformidad con el artículo 36, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012. Bélgica presentó a la Comisión una exposición pormenorizada de la cuestión sobre la que los Estados miembros no lograban ponerse de acuerdo y de los motivos de su desacuerdo. La exposición se remitió también a los Estados miembros interesados y al solicitante.
(13)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo; por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
(4)

Según el documento de orientación de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (3), todos los organismos vivos o muertos sin procesar o partes de los mismos (por ejemplo, ramas, frutos o flores, etc.) no se consideran sustancias en el sentido del Reglamento (CE) n.o 1907/2006.
(16)

En Colombia, de conformidad con la Circular externa n.o 019 de 2022, una «ECC equivalente de un tercer país» es una ECC que opera en una jurisdicción en la que la SFC considere que se da cumplimiento material a los PIMF, es objeto de una supervisión efectiva y con la que existe un acuerdo de cooperación entre el supervisor del tercer país y la SFC. Las ECC de terceros países reconocidas como equivalentes por la SFC están inscritas en un registro público que se evalúa con el fin de comprobar el cumplimiento de los PIMF. De conformidad con la Circular externa n.o 019 de 2022, las exposiciones de los bancos colombianos a ECC equivalentes de terceros países se benefician de un trato de capital preferente, mientras que las exposiciones a ECC de terceros países que no se consideran equivalentes están sujetas a una ponderación de riesgo punitiva. En la práctica, una ponderación de riesgo tan elevada para las ECC no equivalentes de terceros países es prohibitiva y cabe esperar que sean pocos los bancos colombianos, o acaso ninguno, que compensen en ECC no equivalentes de terceros países. Además, si los bancos colombianos decidieran compensar en una ECC no equivalente de un tercer país, la elevada ponderación de riesgo reduciría el riesgo relacionado con sus exposiciones. A la luz del tratamiento del capital aplicable a las exposiciones a las ECC no equivalentes contempladas en la Circular externa n.o 019 de 2022, puede considerarse que el régimen colombiano cuenta con un sistema equivalente efectivo de reconocimiento de las ECC de terceros países.
(5)

La Unión no es Parte contratante del ADR ni del ADN. No obstante, esta circunstancia no le impide ejercer sus competencias mediante el establecimiento, en el marco de sus instituciones, de la posición que debe adoptarse en su nombre en los organismos creados por esos acuerdos, en particular a través de los Estados miembros que son Partes contratantes de dichos acuerdos, actuando conjuntamente en el interés de la Unión.
(5)

Mediante la consigna de seguridad Marking and handling of sensitive non-classified information (Indicación y gestión de información sensible no clasificada) (2), la Comisión Europea modificó las indicaciones de seguridad de la información sensible no clasificada para su uso interno y recomendó celebrar un acuerdo con los socios externos que estableciera las instrucciones de gestión de toda la información intercambiada entre ellos.
(1)

La Directiva (UE) 2018/2001 establece requisitos para determinados combustibles, a saber, los biocarburantes, los biolíquidos, los combustibles de biomasa, los combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y los combustibles de carbono reciclado, a fin de garantizar que solo puedan contabilizarse a efectos de los objetivos establecidos en esa Directiva si se han producido de forma sostenible y reducen de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles. El artículo 29 de la Directiva establece criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. Además, el artículo 26 de la Directiva y el Reglamento Delegado (UE) 2019/807 de la Comisión (2), establecen los criterios para determinar, por una parte, qué materias primas de los biocarburantes, biolíquidos o combustibles de biomasa presentan un riesgo elevado de cambio indirecto del uso de la tierra, y por otra, qué biocarburantes, biolíquidos o combustibles de biomasa con un riesgo elevado de cambio indirecto del uso de la tierra pueden certificarse como con bajo riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra si cumplen determinadas condiciones. El artículo 25, apartado 2, de la Directiva establece criterios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y los combustibles de carbono reciclado utilizados en el transporte. El artículo 28, apartado 2, de la Directiva exige a los agentes económicos que introduzcan en una base de datos de la Unión información sobre las transacciones realizadas y las características de sostenibilidad de algunos combustibles renovables (biocarburantes, biogás y combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico) y de los combustibles de carbono reciclado utilizados en el transporte.
(6)

La firma del Acuerdo en nombre de la Unión no afecta el reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros. La presente Decisión no debe interpretarse como un uso de la posibilidad de que dispone la Unión de ejercer su competencia externa con respecto a los ámbitos cubiertos por el Acuerdo que son de competencia compartida, en la medida en que la Unión aún no ha ejercido internamente dicha competencia.
DECISIÓN DEL CONSEJO

de 20 de septiembre de 2022

por la que se adopta la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 4 de la Unión Europea para el ejercicio 2022

(2022/C 364/01)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 314, en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular su artículo 106 bis,

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (1), y en particular su artículo 44,

Considerando lo siguiente:

— el presupuesto de la Unión para el ejercicio 2022 quedó definitivamente adoptado el 24 de noviembre de 2021 (2);

— el 1 de julio de 2022, la Comisión presentó una propuesta con un proyecto de presupuesto rectificativo n.o 4 al presupuesto general para el ejercicio 2022,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo único La posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 4 de la Unión Europea para el ejercicio 2022 se adoptó el 20 de septiembre de 2022. El texto completo puede consultarse o descargarse en el sitio web del Consejo: https://www.consilium.europa.eu/.

Hecho en Bruselas, el 20 de septiembre de 2022. Por el Consejo El Presidente M. BEK

(1) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.

(2) DO L 45 de 24.2.2022, p. 1.
(11)

No obstante, durante el período de transición, los Estados miembros podrán empezar a expedir permisos de residencia a los nacionales del Reino Unido en virtud del artículo 18, apartado 1, o del artículo 18, apartado 4, del Acuerdo, cuando así lo decidan por razones administrativas o cualesquiera otras razones. Sin embargo, el Reglamento (CE) n.o 1030/2002 en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/1954 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) todavía no es aplicable en su totalidad. Por consiguiente, los Estados miembros deben utilizar el modelo actual de permisos de residencia para nacionales de terceros países previsto en el Reglamento (CE) n.o 1030/2002 en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 380/2008 del Consejo (6), hasta que el Reglamento (UE) 2017/1954 resulte aplicable en su totalidad.
(7)

A efectos de la producción periódica de las estadísticas de los mercados monetarios conforme al Reglamento (UE) n.o 1333/2014 (BCE/2014/48), los errores de los datos del segmento no garantizado del mercado no corregidos antes del plazo de transmisión establecido por el BCE o el BCN, pueden ser sancionados porque es esencial recibir información estadística sobre el segmento no garantizado del mercado que sea puntual, exacta y completa y que cumpla los elevados estándares de integridad para el desempeño de las funciones del BCE en el ámbito de la política monetaria. Por este motivo, y para garantizar la coherencia con la aplicación del Reglamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31), conviene que los bancos centrales del Eurosistema apliquen la presente Decisión a los tres meses de la notificación en los casos de incumplimiento de las exigencias de información estadística del Reglamento (UE) n.o 1333/2014 (BCE/2014/48).
(202)

Además, como se indica en el considerando 81, las autoridades rumanas se han comprometido a llevar a cabo una venta suficiente de acciones del Estado rumano en CE Oltenia —como mínimo el 20 % de los derechos de propiedad— antes de que finalice el período de reestructuración en 2026. Rumanía presentó un análisis de valoración que calculaba que, a 31 de diciembre de 2026, el 20 % de participación del Estado en el capital de CE Oltenia tenía un valor de mercado indicativo de [...] EUR según el escenario de base o de [...] EUR en el escenario alternativo (considerando 84). Una vez ejecutado, el importe de [...] EUR, que es indicativo, constituirá una remuneración ex post para el Estado por la ayuda concedida a CE Oltenia. Por consiguiente, aunque Rumanía se comprometió firmemente a desinvertir como mínimo el 20 % de los derechos de propiedad, no se comprometió a lograr un precio mínimo específico por dicha desinversión; por el contrario, la horquilla facilitada es indicativa. La Comisión toma [...] EUR como valoración conservadora a efectos del cálculo de la remuneración ex post del Estado. La desinversión en condiciones de mercado reduce el importe de la ayuda ex post. Esta remuneración ex post al Estado puede considerarse adecuada y, por tanto, la ayuda de reestructuración prevista está debidamente remunerada.
1)

En el artículo 3.02, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: «1. Sur le Rhin sont valables les certificats de qualification de l’Union, les livrets de service et livres de bord délivrés en vertu de la directive (UE) 2017/2397, ainsi que les certificats de qualification, les livrets de service et livres de bord délivrés en vertu du présent Règlement, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées dans ladite directive. La qualification pour une fonction à bord doit pouvoir être attestée à tout moment a) par le conducteur, au moyen d’un certificat de qualification de conducteur pour le type et les dimensions du bâtiment concerné ou un certificat de qualification de l’Union de conducteur, assorti le cas échéant des autorisations spécifiques nécessaires; b) par les autres membres d’équipage, au moyen d’un livret de service en cours de validité qui leur est délivré et qui contient un certificat de qualification ou un certificat de qualification de l’Union; c) par les experts en navigation à passagers et les experts en gaz naturel liquéfié, par un certificat de qualification ou un certificat de qualification de l’Union, de même par les secouristes, les porteurs d’appareil respiratoire et le personnel de sécurité à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses, par un certificat relatif à ces opérations spécifiques. Par dérogation aux lettres b) et c), les membres d’équipage de navires de mer naviguant sur le Rhin, à l’exception du conducteur, peuvent attester de leur qualification en présentant un certificat délivré ou reconnu conformément à la convention STCW.».
4.10

Tipo de industria utilizando el código SPIRS. También puede seleccionarse una categoría opcional de industria secundaria que defina en mayor medida la naturaleza del riesgo. (Si un establecimiento se refiere a más de un código SPIRS, deberá distinguirse entre actividad primaria y actividades secundarias)
(1)

en el artículo 1 se añaden las definiciones siguientes: «19. “autoridad competente”, una autoridad nacional competente o el BCE; 20. “autoridad nacional competente” (ANC), la definida en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (*1) y, a efectos de la presente Decisión, también incluye, en lo que respecta a las funciones de supervisión que se les han asignado, a los bancos centrales nacionales a los que se hayan asignado determinadas tareas de supervisión con arreglo a la legislación nacional y que no estén designados como ANC; 21. “autoridad cooperante”, una autoridad pública, distinta de un banco central del SEBC o de una autoridad competente, con la que el SEBC o el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) cooperan en el desempeño de las funciones del SEBC o del BCE con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1024/2013; 22. “autoridad competente participante”, una autoridad competente que utiliza los servicios del SEBC para cooperar con el SEBC y con otras autoridades competentes, a fin de desempeñar sus funciones en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), establecido de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1024/2013. (*1) Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).»;"
(5)

Las autoridades competentes que hagan uso de los servicios del SEBC en el ejercicio de sus funciones con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1024/2013 deben respetar el marco jurídico que regula cada servicio del SEBC, teniendo en cuenta que las autoridades competentes no forman parte del marco de gobierno del SEBC. En particular, dichas autoridades competentes deben contribuir a sufragar los gastos de creación y funcionamiento de los servicios del SEBC en cuestión conforme a un marco de reembolso determinado, que debe basarse en una clave de asignación de costes. Las autoridades competentes no tendrán que presentar una declaración de participación en relación con los servicios del SEBC que deben utilizar, sino que cumplirán los requisitos relativos a dichos servicios establecidos en la presente Decisión.
(4)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (2); por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.