Informe Anual 1999

(2000/C 260/01)

Estrasburgo, Avril 2000

SRA. DÑA. NICOLE FONTAINE

Presidente

Parlamento Europeo rue Wiertz B - 1047 Bruselas Señora Presidente:

De conformidad con el apartado 1 del artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el apartado 8 del artículo 3 de la Decisión del Parlamento Europeo sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, le adjunto mi informe relativo al año 1999.

Jacob SÖDERMAN

Defensor del Pueblo Europeo

SUMARIO

>SITIO PARA UN CUADRO>

1. PRÓLOGO

RESULTADOS

La labor de la Secretaría de un Defensor del Pueblo puede describirse de diversas maneras: entre otras muchas cosas debe perfeccionar el nivel de calidad de la administración pública desde el punto de vista del ciudadano, mejorar las relaciones entre los ciudadanos y la administración, proporcionar normas de buena administración, y corregir los casos de mala administración. Sin embargo, su función clave es ayudar a que los ciudadanos reciban un trato justo y obtengan con prontitud todo aquello que tienen derecho a esperar de la administración.

En mi opinión, este año las actividades del Defensor del Pueblo Europeo han alcanzado el nivel que cabe esperar de un órgano que cuenta con apenas cuatro años de existencia y 25 personas en plantilla, trabando en un entorno legal y administrativo bastante complejo.

En 1999 se recibieron 1577 reclamaciones (frente a las 1372 de 1998), y se iniciaron 206 investigaciones (171 en 1998) sobre posibles casos de mala administración y 5 investigaciones de oficio (sólo una en 1998). De las reclamaciones que condujeron a una investigación, 27 se archivaron con un comentario crítico a la institución u órgano en cuestión, 62 quedaron resueltas por las instituciones a favor del demandante, en una se llegó a una solución amistosa, y se presentaron diez proyectos de recomendación en casos de mala administración (sólo uno en 1998). Dos de los proyectos de recomendación fueron rápidamente aceptados, y uno de ellos dió lugar a un informe especial al Parlamento Europeo. Con posterioridad, la institución afectada aceptó la recomendación contenida en el informe. En 107 reclamaciones (96 en 1998) no se constató mala administración; aún así, se explicaron detalladamente al demandante las razones por las que se había tomado esta decisión.

Por otro lado, y salvo en escasas excepciones, hemos conseguido acusar recibo de las reclamaciones en el plazo de una semana y decidir sobre su admisibilidad antes de que haya transcurrido un mes. Sin embargo, no se ha logrado alcanzar el objetivo de realizar las investigaciones necesarias sobre una reclamación y archivar el asunto en el plazo de un año. En todo caso, si bien continúan abiertos unos 40 asuntos que vienen durando más de un año, el volumen de trabajo atrasado va disminuyendo poco a poco. Siempre queda mucho por hacer para obtener mejores resultados que satisfagan a los ciudadanos; con todo, es obvio que en 1999 se ha conseguido el balance más positivo hasta el momento. Cabe destacar que 62 reclamaciones fueron resueltas por las propias instituciones y órganos comunitarios (51 en 1998), que consiguieron alcanzar una solución amistosa tras la intervención del Defensor del Pueblo. Esto es de particular interés para los demandantes, pues les ahorra un tiempo precioso, y además muestra la buena voluntad de la administración en cuanto a la corrección de sus errores, lo que se debe interpretar como un signo de una actitud más que positiva con respecto a los ciudadanos europeos.

CONTROVERSIAS

La cooperación constructiva que hemos mantenido con las instituciones y órganos comunitarios ha redundado en un trabajo más eficaz en beneficio de los ciudadanos europeos. En la mayoría de los casos las instituciones y los órganos comunitarios han respondido a tiempo, dando explicaciones detalladas en referencia a las alegaciones de los demandantes. Esto ha permitido revelar más fácilmente los hechos clave de cada asunto y la aclaración de lo que realmente había acontecido. Sin embargo, aún quedan algunos problemas sin resolver en relación con la Comisión Europea, institución cuyas actividades constituyen el tema principal de las investigaciones del Defensor del Pueblo: en total, 163 de 206.

Una vez más, los servicios de la Comisión consideraron que únicamente correspondía al Tribunal de Justicia, y no al Defensor del Pueblo Europeo, dirimir las cuestiones relacionadas con la interpretación que hacía la institución del Derecho comunitario. En el propio Informe Anual se explica con más detalle esta controversia, de manera que aquí sólo diré, con la esperanza de que ésta sea la última vez, que el incumplimiento del derecho jamás ha sido buena administración, entendiendo por derecho las normas o principios de obligado cumplimiento para una institución u órgano comunitario. Los dos países europeos en los que el defensor del pueblo nacional no puede tratar determinados asuntos debido a la existencia de una específica solución judicial para los mismos, mencionan expresamente esta limitación en su legislación. Ahora bien, este no es el caso del Defensor del Pueblo Europeo, cuyas competencias quedan definidas en el Tratado de Maastricht.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad del Defensor del Pueblo puede evitar litigios innecesarios y disminuir la ingente cantidad de trabajo actual de los tribunales, esta competencia resulta más que beneficiosa para todas las partes. Tampoco se puede olvidar que, a causa de las limitaciones que impone el Derecho comunitario en cuanto al acceso a los tribunales, en muchos casos en los que se argumenta la existencia de acciones ilícitas por parte de las instituciones y órganos comunitarios, el Defensor del Pueblo parece ser la única alternativa que les queda a los ciudadanos. Y no hay ni que decir que las decisiones del Defensor del Pueblo se basan siempre en la jurisprudencia de los tribunales comunitarios.

Otra controversia con la Comisión que ha ocupado gran parte de nuestro tiempo es la relacionada con el derecho del Defensor del Pueblo a inspeccionar los documentos de las instituciones. Esta cuestión se trató con más detalle en el Informe Anual de 1998. Aunque, tras una serie de malentendidos y curiosas argumentaciones, se volvió a alcanzar un acuerdo satisfactorio, en 1999 he presentado una iniciativa al Parlamento Europeo para enmendar la parte del Estatuto del Defensor del Pueblo que origina tales controversias. Hay que destacar lo importante que resulta para los defensores del pueblo que se les permita acceder sin límites a todos los documentos que necesitan para la investigación de las reclamaciones, igual que se le viene permitiendo a la OLAF desde hace poco tiempo. De otro modo, los ciudadanos no confiarían en las investigaciones del Defensor del Pueblo. Al mismo tiempo, es evidente que el Defensor del Pueblo debe respetar la confidencialidad de los documentos cuando existan razones que la justifiquen, y no revelar su contenido públicamente. Tengo la esperanza de que el Parlamento Europeo trabaje con tesón en esta iniciativa y que las demás instituciones acepten mis argumentos.

TRANSPARENCIA

Durante este año no se han producido avances espectaculares en cuanto a la transparencia o apertura. Se suponía que la Comisión presentaría un proyecto de Reglamento sobre el acceso público a los documentos, en virtud del artículo 255 del Tratado CE, pero este año no se ha publicado ningún texto sobre el tema. Sin embargo, algunas de sus disposiciones han trascendido y se han hecho públicas, y normalmente han sido objeto de duras críticas por parte de las organizaciones de periodistas y otras personas activas de este ámbito. Para el Defensor del Pueblo, esta es una cuestión importante, pues la falta de información y la información incorrecta constituyen la alegación más frecuente en las reclamaciones (23 %).

La razón alegada con más frecuencia para justificar la confidencialidad es la eficiencia, lo que parece bastante paradójico. ¿Acaso fue eficiente para la Comisión de Santer su disolución en marzo obstruyendo las actividades de la Unión durante seis meses debido a la ausencia de guía por parte de una Comisión activa? Una de las razones fundamentales se encontraba tras el manto de la confidencialidad. Además, la experiencia nos demuestra que una administración abierta, como la que existe en muchos Estados Miembros, parece ser un instrumento eficaz contra el fraude y la corrupción, mientras que un tratamiento cerrado y confidencial de los asuntos públicos ofrece oportunidades a los mismos. Me preocupa que quienes se oponen a las cada vez mayores exigencias en favor de la apertura pasen por alto esta cuestión tan esencial.

Sean cuales sean sus argumentos y razones, el hecho es que su obstinada oposición a la necesaria y moderna apertura de la administración de la Unión oscurece los detalles de la financiación comunitaria, una de las cuestiones por las que más se critica a la Unión Europea. Prevenir es la mejor solución, mejor incluso una excelente fuerza policial sólo podrá abordar una pequeña parte de las actividades indeseables que pudieran acontecer en este campo.

¿EN QUÉ CONSISTE LA BUENA ADMINISTRACIÓN?

En el Informe anual de 1997 presentamos una definición del término "mala administración" que el Parlamento Europeo aprobó de manera unánime y que ahora es considerada generalmente como válida. Para avanzar más aún, en julio de 1999 presentamos una propuesta de Código de buena conducta administrativa. La Comisión había estado trabajando en su propia versión del Código desde 1997, pero en marzo, cuando se disolvió, el asunto pareció estancarse. La Secretaría del Defensor del Pueblo decidió entonces aceptar el reto de publicar un Código de buena conducta administrativa. El Código del Defensor del Pueblo no se ocupa de las relaciones entre la administración y los funcionarios, sino de las que unen a los ciudadanos con los funcionarios públicos, y se centra en el servicio que los ciudadanos europeos tienen el derecho a exigir al funcionariado público europeo. Para promover la idea, iniciamos una investigación de oficio sobre el asunto.

En general, la actitud de las instituciones y órganos comunitarios fue positiva. Algunos de ellos nos hicieron saber que ya habían adoptado un Código de ese tipo. Uno de estos órganos, la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, con sede en Londres, adoptó nuestra propuesta con algunas modificaciones positivas, mientras que otros comenzaron a elaborar sus propios proyectos. La Comisión anunció que antes de comenzar las negociaciones con su personal había efectuado una primera lectura de su versión, e invitó al Defensor del Pueblo a que formulara las observaciones que considerase convenientes sobre ella. A primera vista, esta versión parecía bastante imprecisa desde el punto de vista de los ciudadanos europeos.

Un Código de buena conducta administrativa de gran calidad haría llegar a los ciudadanos europeos la idea de una administración orientada hacia un buen servicio. Esto redundaría beneficiando la reputación de la Unión en el conjunto de los Estados Miembros. También serviría para que los ciudadanos europeos dispusiesen de información clara sobre la clase de servicio que tienen derecho a esperar, y para asesorar a los funcionarios sobre el servicio que deben ofrecer. En el Código no se incluye nada que no pueda lograrse con el adecuado compromiso de la administración y con cierta formación del personal. La investigación de oficio continúa abierta, pero en mi opinión, y dado el amplio abanico de respuestas ya recibidas, sería más conveniente estudiar una iniciativa legal para crear un derecho administrativo europeo sobre la buena práctica administrativa, tal y como se ha hecho en muchos Estados Miembros. Esto quiere decir que, o bien la Comisión toma la iniciativa por sí misma adoptando un buen Código como primer paso, o bien el Parlamento Europeo deberá considerar la posibilidad de actuar en su debido momento. Para los ciudadanos, la adopción de un Código de buena conducta administrativa de este tipo significaría que la Unión dispone de una administración moderna, orientada hacia el servicio, con voluntad de trabajar en pro de los ciudadanos, y que no se utiliza como chivo expiatorio de todos los problemas de Europa.

UNA MAYOR COOPERACIÓN

Cuando algo no funciona en el sector público se suele remediar solicitando más fondos o más competencias, en lugar de intentar arreglar el asunto mediante el refuerzo del diálogo o la cooperación.

El porcentaje de reclamaciones ajenas al ámbito de competencias del Defensor del Pueblo sigue en torno al 70 % del total. Muchas de ellas se refieren a la incorrecta aplicación del Derecho comunitario por los Estados miembros. En 1999 aconsejamos a 314 demandantes (259 en 1998) dirigirse a un defensor del pueblo nacional o regional, o la presentación de una petición a su Parlamento. Lo mismo se hizo con muchos otros ciudadanos que contactaron con Secretaría por teléfono o por correo electrónico para solicitar asesoramiento. A medida que se aplique el Tratado de Amsterdam, y principalmente sus disposiciones relativas al espacio de justicia, libertad y seguridad, más Derecho comunitario deberá aplicarse a todos los niveles en los Estados miembros, por lo que existirá una necesidad aún mayor de soluciones rápidas y eficaces, tanto judiciales como extrajudiciales. Por nuestra parte, hemos asumido la responsabilidad de informar a las secretarías de los defensores del pueblo nacionales y regionales, así como a las correspondientes comisiones de peticiones, acerca del Derecho comunitario. Asimismo, hemos creado una red para proporcionarles asesoramiento y apoyo, para lo cual hemos aprovechado al máximo las posibilidades que nos brinda Internet. La reunión de los defensores del pueblo nacionales y órganos similares, que tuvo lugar en París en septiembre, y la que los defensores del pueblo regionales y las comisiones de peticiones celebraron en Florencia en octubre, demostraron que todas estas instituciones y órganos están dispuestos a intervenir más activamente en esta cuestión.

Esto significa que una cooperación constructiva, basada en el auténtico espíritu de la subsidiariedad y en la igualdad, sería el mejor modo de ayudar a los ciudadanos europeos a obtener aquello que les garantiza el Derecho comunitario, en cualquier lugar o nivel de la Unión Europea en que se presente la controversia.

De esta manera, el Derecho comunitario sería una realidad viva para todos los ciudadanos europeos.

Jacob Söderman

Estrasburgo, 31 de diciembre de 1999.

2. RECLAMACIONES PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO

El cometido más importante del Defensor del Pueblo Europeo es hacer frente a la mala administración en la actuación de las instituciones y órganos comunitarios, con la excepción del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. El Defensor del Pueblo conoce de los presuntos casos de mala administración fundamentalmente a través de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos europeos. Asimismo, el Defensor del Pueblo tiene la posibilidad de llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia.

Tanto los ciudadanos europeos como aquellos que no son ciudadanos de la Unión pero que residen en uno de los Estados miembros, pueden presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo. Igualmente están legitimadas para presentar reclamaciones las empresas, asociaciones u otros organismos que dispongan de una oficina registrada en el territorio de la Unión. Las reclamaciones pueden presentarse al Defensor del Pueblo directamente o a través de un diputado al Parlamento Europeo.

El examen de las reclamaciones al Defensor del Pueblo tiene carácter público, a no ser que el demandante solicite su confidencialidad. Es importante que el Defensor del Pueblo actúe con la máxima apertura y transparencia, dando ejemplo a otros, y con el fin de que los ciudadanos europeos puedan seguir y comprender su trabajo.

En 1999, el Defensor del Pueblo se ocupó de 1860 asuntos. De ellos, 1577 fueron nuevas reclamaciones recibidas en 1999; y de éstas, 1458 fueron enviadas por ciudadanos, 90 por asociaciones y 23 por empresas. Las reclamaciones transmitidas por diputados al Parlamento Europeo fueron 11. Desde el año 1998 venían tramitándose 278 asuntos. El Defensor del Pueblo inició, además, 5 investigaciones de oficio.

Como se señaló por primera vez en el Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 1995, existe un acuerdo entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo sobre la mutua remisión de reclamaciones y peticiones, cuando así procede. En 1999, fueron remitidas 3 peticiones al Defensor del Pueblo, previa conformidad de los peticionarios, para que fueran tramitadas como reclamaciones. Se remitieron al Parlamento Europeo 71 reclamaciones, previo acuerdo de los demandantes, para su tramitación como peticiones. Además, en 142 asuntos el Defensor del Pueblo aconsejó al demandante que presentara una petición al Parlamento Europeo (véase el Anexo A, Estadísticas, pág. 168)

2.1. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

El Defensor del Pueblo desempeña su trabajo de conformidad con el artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con el Estatuto del Defensor del Pueblo(1) y con las reglas de aplicación adoptadas por el Defensor del Pueblo en virtud del artículo 14 del Estatuto. Dichas disposiciones están publicadas en todos los idiomas oficiales, en la página de Internet del Defensor del Pueblo (http://www.euro-ombudsman-eu.int), pudiéndose también obtener directamente en la Secretaría del Defensor del Pueblo.

Las reglas de aplicación afectan al funcionamiento interno de la Secretaría del Defensor del Pueblo. Sin embargo, al objeto de hacerlas comprensibles y útiles a los ciudadanos, incluyen también cierta información relativa a otras instituciones y órganos que ya se recogía en el Estatuto del Defensor del Pueblo.

El 30 de noviembre de 1999, el Defensor del Pueblo enmendó sus reglas internas con la intención de aclarar que, de conformidad con el Tratado de Amsterdam, las reclamaciones también se pueden presentar en gaélico (irlandés). Esta enmienda entró en vigor el 1 de enero de 2000. Se han añadido a la página web del Defensor del Pueblo el folleto informativo El Defensor del Pueblo - ¿Puede ayudarle? y el impreso de reclamación en gaélico.

En junio de 1999, el Parlamento Europeo modificó y volvió a numerar, ahora como artículos 177-179, las disposiciones de su Reglamento que se refieren a sus relaciones con el Defensor del Pueblo Europeo. Las enmiendas dejan claro que una misma Comisión responsable (en la práctica, la Comisión de Peticiones) se encarga del Informe Anual y de los Informes Especiales del Defensor del Pueblo.

2.2. ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO

Todas las reclamaciones enviadas al Defensor del Pueblo son registradas, enviándose inmediatamente después acuse de recibo de las mismas. En éste se informa al demandante del procedimiento de examen de su reclamación, mencionándose el nombre y número de teléfono del jurista responsable. El siguiente paso consiste en evaluar si la reclamación entra dentro del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo.

Éste viene delimitado por el artículo 195 del Tratado CE, y faculta al Defensor del Pueblo para la tramitación de reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga una sede registrada en un Estado miembro, en relación con casos de mala administración de las instituciones y órganos comunitarios, con la excepción del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En consecuencia, una reclamación quedará fuera de su ámbito de competencias si:

1. el demandante no es una persona facultada para presentar la reclamación;

2. la reclamación no se dirige contra una institución u órgano comunitario;

3. la reclamación se dirige contra el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, o

4. la reclamación no se refiere a un presunto caso de mala administración.

2.2.1.

EL CONCEPTO DE MALA ADMINISTRACIÓN

En el informe anual de 1997, en respuesta a un llamamiento del Parlamento Europeo para que se incluyera una clara definición de este término, el Defensor del Pueblo concluyó que:

Se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a los que debe obligatoriamente atenerse.

En 1998, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución aprobando la definición.

A lo largo de 1999, el Defensor del Pueblo y la Comisión mantuvieron un intercambio de correspondencia del que se deduce que la Comisión también está de acuerdo con esta definición.

Una interpretación jurídica errónea constituye un caso de mala administración

En octubre de 1998, la Secretaría del Defensor del Pueblo irlandés remitió una consulta al Defensor del Pueblo Europeo relativa a la interpretación del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 3887/92 de la Comisión. La consulta surgió como consecuencia de cierto número de reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo irlandés contra el Departamento de Agricultura y Alimentación irlandés, el cual, de acuerdo con los consejos de la Comisión, había rechazado o restringido a ciertos solicitantes los pagos de las subvenciones concedidas en el marco de los regímenes de primas especiales por carne de vacuno y por extensificación.

En febrero de 1999, la Comisión confirmó su interpretación del Reglamento. En ese punto, la secretaría del defensor del pueblo irlandés afirmó que la interpretación de la Comisión era inadecuadamente restrictiva e injusta con los afectados. En abril de 1999, tras estudiar detenidamente el asunto, el Defensor del Pueblo Europeo decidió iniciar una investigación de oficio sobre el asunto e informó de ello a la Comisión.

En junio de 1999, la Comisión accedió a reconsiderar su postura en cuanto a la interpretación de la disposición en cuestión. Sin embargo, afirmó que:

"La Comisión considera que la interpretación jurídica de un artículo de un Reglamento no constituye un caso de mala administración. De conformidad con el artículo 220 (antiguo artículo 164) del Tratado, en último término corresponderá al Tribunal de Justicia decidir sobre este asunto".

La respuesta del Defensor del Pueblo Europeo a la Comisión sobre esta cuestión incluía las siguientes observaciones:

El Defensor del Pueblo tiene siempre presente que el Tribunal de Justicia es la máxima autoridad en lo referente a la significación e interpretación del derecho comunitario. Además, con arreglo al artículo 195 del Tratado CE, el Defensor del Pueblo no puede realizar investigaciones cuando los supuestos hechos sean o hayan sido objeto de un procedimiento jurisdiccional (subrayado añadido). Con todo, en la práctica, ni el defensor del pueblo irlandés ni el ciudadano irlandés que presentó la reclamación ante él podían incoar fácilmente un procedimiento legal para dirimir esta cuestión. También considero importante señalar que el significado del término "mala administración" es de vital importancia para el trabajo del Defensor del Pueblo, y por esta razón me ocupé del tema ya en primer Informe Anual correspondiente a 1995, en el que explicaba que:

Ni el Tratado ni el Estatuto definen el término "mala administración". Es evidente que podremos hablar de mala administración si una institución u órgano comunitario incumple los Tratados y los actos comunitarios vinculantes o si no respeta las regulaciones y principios de derecho establecidos por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia.

El Informe también incluía una lista no exhaustiva de ejemplos de mala administración.

Las Comisiones responsables del Parlamento Europeo estudiaron el Informe Anual de 1995 y aceptaron la interpretación anterior de mala administración. El 20 de junio de 1996 tuvo lugar un debate plenario del Parlamento Europeo en el que participó el Comisario Sr. Marín. La interpretación del término mala administración incluída en el Informe Annual de 1995 también fue mencionada de manera aprobatoria en la reunión de defensores del pueblo nacionales celebrada en septiembre de 1997.

Durante el debate del Parlamento sobre el Informe Anual de 1996 se solicitó una definición más precisa del término "mala administración", y en la sesión plenaria me comprometí a ofrecer dicha definición. Para ello, pedí a los defensores del pueblo nacionales que me informaran del sentido dado a "mala administración" en sus Estados Miembros. De las respuestas recibidas se desprende la siguiente idea fundamental de mala administración:

Se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a los que debe obligatoriamente atenerse.

Esta definición se incluyó en el Informe Anual de 1997, junto con un comentario que hacía hincapié en que, cuando el Defensor del Pueblo Europeo investiga si una institución u órgano comunitario ha actuado de acuerdo con las normas y principios de obligado cumplimiento por su parte, "su primera y más importante función debe ser comprobar si ha actuado legítimamente".

Tras un debate plenario celebrado el 14 de julio de 1998, durante el cual la Comisaria Sra. Gradin mostró su satisfacción por el hecho de que se hubiese definido el término "mala administración", el 16 de julio de 1998 el Parlamento aprobó una Resolución en la que aprobaba la definición y afirmaba que, tanto ésta como los ejemplos citados en el Informe Anual de 1997, daban una idea clara sobre cuál es el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo Europeo(2). La definición apareció de nuevo en el Informe Anual de 1998, que se debatió en el Parlamento Europeo en presencia del Comisario Sr. Monti.

Por todo esto, me sorprende que la Comisión desee abrir un asunto ya tratado a lo largo de un procedimiento en el que dicha institución tuvo numerosas oportunidades de dar a conocer su opinión.

Si la Comisión considera que los intereses de los ciudadanos europeos estarían mejor salvaguardados reduciendo el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo, tiene la posibilidad de proponer una enmienda al Tratado que permita excluir los casos en los que el demandante puede recurrir a los tribunales para buscar una solución. Esta restricción resultaría bastante insólita, tal y como queda patente en la definición del Consejo de Europa de las funciones de un Defensor del Pueblo, entre las que se incluye una revisión de la legitimidad de los actos administrativos(3). Sin embargo, esas restricciones existen en la práctica en la legislación que regula la función del Comisario Parlamentario del Reino Unido. Con todo, y a menos que el Tratado se modifique para incluir una limitación similar que afecte al Defensor del Pueblo Europeo, éste seguirá actuando conforme a las competencias del presente Tratado, que le permite realizar investigaciones siempre que los supuestos hechos no sean o hayan sido objeto de un procedimiento jurisdiccional.

La Secretaría del Defensor del Pueblo Europeo ha sido creada para mejorar las relaciones entre las instituciones u órganos comunitarios y los ciudadanos europeos. Cuando la institución explica que ha actuado correctamente y conforme a las normas y principios a los que debe atenerse obligatoriamente, por norma general el ciudadano se da por satisfecho con la explicación o, al menos, adquiere un mejor entendimiento de las acciones de la institución.

Asimismo, el Defensor del Pueblo es siempre consciente durante sus investigaciones de que el Tribunal de Justicia es la máxima autoridad en lo referente al significado y la interpretación del derecho comunitario y de la gran experiencia de los funcionarios de la Comisión en la interpretación y la aplicación del Derecho comunitario en distintos ámbitos. Por tanto, es muy probable que, al término de la mayoría de sus investigaciones, el Defensor del Pueblo no encuentre ninguna razón para cuestionar la interpretación de la Comisión sobre una disposición jurídica.

El Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que le comunicase, antes del 31 de julio de 1999, si aceptaba la definición de mala administración incluida en su Informe Anual de 1997 y, en caso de que no fuese así, que le informase sobre las razones de su decisión.

El 15 de julio de 1999, el Secretario General de la Comisión respondió que el 14 de julio de 1998 la Comisaria Sra. Gradin, en nombre de la Comisión, había aceptado la definición ante el Parlamento Europeo. Además, el Secretario General confirmó que la Comisión estaba reconsiderando la interpretación de la disposición en cuestión, y declaró que en breve informaría al Defensor del Pueblo sobre sus conclusiones.

Q5/98/IJH - OI/3/99/IJH

2.2.2.

EL CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA ADMINISTRATIVA

En noviembre de 1998, el Defensor del Pueblo inició una investigación de oficio para determinar si los órganos e instituciones de la Comunidad contaban con un Código de buena conducta administrativa en las relaciones de los funcionarios con el público, y si dicho Código era accesible al público. En el curso de la investigación se preguntó a diecinueve instituciones y órganos comunitarios si habían adoptado o pensaban adoptar un Código de estas características.

El 28 de julio de 1999, el Defensor del Pueblo presentó un Código de buena conducta administrativa en forma de proyecto de recomendación al Parlamento Europeo y al Consejo. En septiembre de 1999 se presentaron proyectos de recomendación similares a las otras instituciones y órganos comunitarios. El Código del Defensor del Pueblo puede consultarse en todas las lenguas comunitarias en la página web (http://www.euro-ombudsman.eu.int).

El Defensor del Pueblo espera poder presentar un informe especial al Parlamento Europeo a principios de 2000.

2.3. ADMISIBILIDAD DE LAS RECLAMACIONES

Una reclamación que queda dentro del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo debe cumplir, además, otros criterios de admisibilidad para que el Defensor del Pueblo pueda iniciar una investigación. Los criterios establecidos por el Estatuto del Defensor del Pueblo son los siguientes:

1. el autor de la reclamación y el objeto de la misma deben quedar patentes (apartado 3 del artículo 2 del Estatuto);

2. el Defensor del Pueblo no puede intervenir en las causas que se sigan ante los tribunales ni poner en tela de juicio la conformidad a derecho de las resoluciones judiciales (apartado 3 del artículo 1);

3. la reclamación deberá presentarse en un plazo de dos años contados desde que el demandante tuvo conocimiento de los hechos que la motivaron (apartado 4 del artículo 2);

4. previamente deberán haberse hecho gestiones administrativas adecuadas ante las instituciones u órganos de que se trate (apartado 4 del artículo 2);

5. en el caso de las reclamaciones relativas a las relaciones laborales entre las instituciones y órganos comunitarios y sus funcionarios u otros agentes, antes de la presentación de la reclamación debe de haberse agotado las posibilidades de solicitud o reclamación administrativas internas (apartado 8 del artículo 2).

Ejemplos de reclamación inadmisible por estar la causa sometida a procedimientos jurisdiccionales en curso

En julio de 1998, la organización Énergie pour l'Arménie presentó una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo. En ella afirmaba que la Comisión Europea se había negado a pagar una factura por un trabajo realizado en el marco de un contrato firmado en el marco del programa Tacis. Se envió la reclamación a la Comisión para que remitiese sus observaciones y se dió al demandante la oportunidad de presentar sus comentarios al respecto. Posteriormente, se hicieron algunas investigaciones.

De conformidad con el artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Defensor del Pueblo Europeo no puede realizar investigaciones cuando los hechos alegados son o han sido objeto de un procedimiento jurisdiccional.

Durante las investigaciones sobre la reclamación, el demandante informó al Defensor del Pueblo Europeo de que los hechos que presentaba en su reclamación estaban siendo objeto de un procedimiento jurisdiccional ante los tribunales belgas.

El apartado 7 del artículo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo prevé que, cuando el Defensor del Pueblo deba dar por terminado el estudio de una reclamación a causa de un procedimiento jurisdiccional, se archive el resultado de las investigaciones que haya llevado a cabo hasta entonces. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo decidió archivar el asunto.

Asunto 739/98/ADB

En julio de 1999, la Sra. P. presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo acerca de la negativa de la Comisión de las Comunidades Europeas a admitirla en el examen escrito del concurso COM/A/12/98.

La reclamación se remitió a la Comisión, junto con una invitación a que presentase sus observaciones. En noviembre de 1999, la Comisión informó al Defensor del Pueblo que la demandante había iniciado procedimientos legales ante el Tribunal de Primera Instancia en relación con los hechos presentados en la reclamación. Dado que la demandante había emprendido una acción ante el Tribunal de Primera Instancia, el Defensor del Pueblo, tras escucharle, dejó de investigar sobre su reclamación en diciembre de 1999, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Tratado CE.

De acuerdo con el apartado 7 del artículo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo, se archivaron los resultados de las investigaciones llevadas a cabo hasta ese momento.

Asunto 867/99/GG

2.4. RAZONES PARA LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN

El Defensor del Pueblo puede examinar las reclamaciones que incidan en su ámbito de competencias y cumplan los criterios de admisibilidad. El artículo 195 del Tratado CE estipula que "el Defensor del Pueblo llevará a cabo las investigaciones que considere justificadas". En algunos casos, puede no haber razones suficientes para que el Defensor del Pueblo inicie una investigación, aunque técnicamente la reclamación sea admisible. Por lo general, cuando una reclamación ha sido tramitada con anterioridad como petición por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo juzga que no hay razones para iniciar una investigación a menos que sean aportados nuevos elementos de juicio.

2.5. ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES

De las 5270 reclamaciones registradas desde el principio de la actividad del Defensor del Pueblo, el 16 % proceden de Francia; el 14 % de Alemania; el 14 % de España; el 9 % del Reino Unido y el 12 % de Italia. En el Anexo A (Estadísticas), se proporciona un análisis completo de la procedencia geográfica de las reclamaciones.

En 1999, el proceso de examen de las reclamaciones se completó en el 93 % de los casos, comprobándose en consecuencia si éstas estaban dentro del ámbito de competencias, cumplían los criterios de admisibilidad y justificaban el inicio de una investigación. El 27 % de las reclamaciones examinadas era de la competencia del Defensor del Pueblo. De éstas, 243 cumplían los criterios de admisibilidad, si bien 42 no justificaban la apertura de una investigación. Por lo tanto, se iniciaron investigaciones en 201 casos.

La mayoría de las reclamaciones que dieron lugar a una investigación se dirigía contra la Comisión Europea (77 %). Teniendo en cuenta que la Comisión es la institución comunitaria que toma más decisiones con repercusión directa en los ciudadanos, es lógico que sea el objeto principal de sus reclamaciones. Se presentaron 24 reclamaciones contra el Parlamento Europeo y 7 contra el Consejo de la Unión Europea.

La mala administración se debió en esos casos a falta de transparencia (66 asuntos), discriminación (31 asuntos), procedimientos insatisfactorios o no observancia del derecho de defensa (33 asuntos), agravio comparativo o abuso de poder (32 asuntos), demoras injustificadas (45 asuntos), negligencia (29 asuntos), omisión de la garantía del cumplimiento de las obligaciones, es decir, incumplimiento por parte de la Comisión Europea del desempeño de su función de "guardiana de los Tratados" frente a los Estados miembros (9 asuntos ), y errores jurídicos (29 asuntos ).

2.6. CASOS EN LOS QUE SE ACONSEJÓ AL DEMANDANTE QUE RECURRIERA A OTROS ÓRGANOS, ASÍ COMO REMISIONES

Si la reclamación queda fuera del ámbito de competencias o es inadmisible, el Defensor del Pueblo trata de aconsejar al demandante que se dirija a un órgano que pueda hacerse cargo de la reclamación. Si ello es posible, el Defensor del Pueblo remite la reclamación directamente al órgano competente, con el consentimiento del demandante y siempre que la reclamación parezca estar motivada.

En 1999 se recomendó este tipo de actuación en 708 asuntos, la mayoría de los cuales guardaban relación con cuestiones de Derecho comunitario. En 314 asuntos se aconsejó al demandante que presentara su reclamación ante el correspondiente defensor del pueblo nacional o regional, o ante un órgano similar. Además, con el consentimiento del demandante, en 8 casos se procedió a remitir directamente la reclamación a un defensor del pueblo nacional. Se aconsejó a 142 demandantes que presentaran una petición al Parlamento Europeo, remitiéndose además 71 reclamaciones al Parlamento Europeo, previo consentimiento del demandante, para que se tramitaran como peticiones. En 149 casos se sugirió que se contactase directamente a la Comisión Europea. En esta cifra se incluyen algunos casos en los que la reclamación contra la Comisión había sido declarada inadmisible por no haberse realizado ante esta institución las gestiones administrativas adecuadas. En 101 asuntos se aconsejó al demandante que recurriera a otros órganos.

2.7. FACULTADES DE INVESTIGACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

En el Informe Anual de 1998, el Defensor del Pueblo proponía que se especificase en qué consistían sus facultades de investigación, tanto en lo referido a la inspección de documentos como a la audición de testigos. El Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que instaba a la Comisión de Asuntos Institucionales a que estudiase las posibles enmiendas al apartado 2 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo, tal y como se proponía en el informe elaborado por la Comisión de Peticiones(4).

Para avanzar en este proceso, el Defensor del Pueblo elaboró la siguiente propuesta de revisión del texto del apartado 2 del artículo 3, y en diciembre de 1999 se la remitió al Presidente del Parlamento Europeo:

Las instituciones y órganos comunitarios estarán obligados a facilitar al Defensor del Pueblo las informaciones requeridas y a permitirle que examine y haga copias de cualquier documento y del contenido de cualquier soporte de datos.

Para dar acceso a los documentos procedentes de un Estado Miembro clasificados como secretos en virtud de una disposición legislativa o reglamentaria será necesario que hayan obtenido el acuerdo previo de dicho Estado Miembro.

Para dar acceso a los demás documentos procedentes de un Estado Miembro será necesario que hayan advertido al mismo de que se trata.

Los funcionarios y otros agentes de las instituciones y órganos comunitarios estarán obligados a prestar declaración cuando lo solicite el Defensor del Pueblo. Darán una información completa y tendrán obligación de mantener el secreto profesional.

El Defensor del Pueblo y sus colaboradores no podrán divulgar información confidencial ni el contenido de los documentos obtenidos durante las investigaciones.

El proyecto anterior se inspira en parte en el Reglamento relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF, que prevé el derecho a acceder, inmediatamente y sin previo aviso, a cualquier información, así como a realizar copias de cualquier documento que obre en poder de las instituciones u órganos comunitarios(5).

2.7.1. AUDICIÓN DE TESTIGOS

Conforme a lo estipulado en el apartado 2 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo:

"Los funcionarios y otros agentes de las instituciones y órganos comunitarios estarán obligados a prestar declaración cuando lo solicite el Defensor del Pueblo. Se expresarán en nombre de la administración de la que dependan y conforme a las instrucciones de ésta y tendrán obligación de mantener el secreto profesional".

En 1999, el Defensor del Pueblo invocó esta disposición por primera vez, y lo hizo en dos asuntos relacionados con la Comisión. Uno de ellos (1140/97/IJH) se archivó en 1999, y cuyo comentario aparece más adelante (pág. 89). La investigación sobre la otra reclamación (995/98/OV) aún sigue abierta en el 2000.

Sobre la base de la experiencia adquirida en las audiciones de testigos, el 7 de julio de 1999 el Defensor del Pueblo escribió al Secretario General de la Comisión para establecer un procedimiento general que se aplicaría en los futuros asuntos:

1. Los servicios del Defensor del Pueblo se ponen de acuerdo con la Secretaría General de la Comisión sobre la fecha, la hora y el lugar en que se tomarán las declaraciones. La Secretaría General informa de estos detalles a los testigos, quienes prestan declaración en las oficinas del Defensor del Pueblo, normalmente en Bruselas.

2. Cada testigo declara por separado y ninguno de ellos está acompañado en el momento de su declaración.

3. Los servicios del Defensor del Pueblo y la Secretaría General de la Comisión se ponen de acuerdo sobre el idioma en que se toma declaración. Si un testigo lo solicita previamente, podrá prestar declaración en su lengua materna.

4. Las preguntas y sus correspondientes respuestas son grabadas y transcritas por los servicios del Defensor del Pueblo.

5. Se envía a cada testigo la transcripción de su declaración para que la firme. Se invita a los testigos a que propongan correcciones lingüísticas a sus respuestas. Si los testigos desean corregir o completar alguna respuesta, la respuesta revisada y las razones que la justifican constan en un documento aparte que se anexa a la transcripción.

6. Las transcripciones firmadas forman parte del expediente del Defensor del Pueblo sobre el asunto.

Con posterioridad se aclaró que el punto 6 también presupone que se enviará una copia de la transcripción firmada al demandante, quien podrá presentar sus observaciones al respecto.

2.7.2. EXAMEN DE DOCUMENTOS

En 1999 el Defensor del Pueblo invocó en varias ocasiones su facultad para examinar expedientes y documentos relacionados con una investigación.

De la correspondencia entre la Comisión y el Defensor del Pueblo se deduce que el derecho a examinar documentos incluye la posibilidad de leerlos, tomar notas y fotocopiarlos.

Las instrucciones del Defensor del Pueblo a sus colaboradores acerca de la inspección de documentos contienen las siguientes observaciones:

El jurista no ha de firmar ningún compromiso, sea de la clase que sea, ni ningún recibo, más que la simple lista de documentos que va a inspeccionar o copiar. Si los servicios de la institución u órgano en cuestión le proponen que lo haga, el jurista debe transmitir una copia del compromiso al Defensor del Pueblo.

Si los servicios de la institución u órgano de que se trate intentan evitar la inspección de cualquier documento o imponen condiciones poco razonables para que se realice, el jurista ha de informarles de que tal comportamiento se considerará como una denegación de la inspección.

Si se deniega la inspección de algún documento, el jurista pedirá a los servicios de la institución u órgano de que se trate que declaren los motivos justificados de confidencialidad en los que se basa su decisión.

La primera de estas observaciones se añadió tras la investigación de un asunto en que los servicios de la Comisión pidieron a los colaboradores del Defensor del Pueblo que firmasen un compromiso de indemnizar a la institución por los posibles daños y perjuicios causados a terceras partes a raíz de la publicidad de la información contenida en el documento.

2.8. DECISIONES TOMADAS A RAÍZ DE UNA INVESTIGACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Cuando el Defensor del Pueblo decide iniciar una investigación sobre una reclamación, el primer paso es transmitir la reclamación y los anexos incluidos en la misma a la institución u órgano comunitario responsable, con el objeto de que éste presente sus observaciones. Éstas, una vez recibidas, se remiten al demandante a fin de que formule comentarios si así lo desea.

En algunos casos, la institución u órgano responsable toma iniciativas para resolver el asunto y dar satisfacción al demandante. Si las observaciones de ambas partes muestran que se ha llegado a tal situación, se archiva el asunto en tanto éste ha sido "resuelto por la institución". En otros casos, el demandante opta por no proseguir su reclamación, procediéndose al archivo de la misma.

Si la institución no resuelve la reclamación y el demandante tampoco decide desistir del procedimiento, el Defensor del Pueblo continúa sus investigaciones. Si en el curso de las mismas no se constata mala administración, se informa al demandante y a la institución u órgano comunitario, procediéndose al archivo del asunto.

Si en las investigaciones del Defensor del Pueblo se constata un caso de mala administración, el Defensor del Pueblo trata, en la medida de lo posible, de encontrar una solución amistosa para remediarlo y satisfacer al demandante.

Si no se logra una solución amistosa, o si no se alcanzan resultados en las gestiones hacia una solución de este tipo, el Defensor del Pueblo archiva el asunto y emite un comentario crítico hacia la institución u órgano afectado, o procede a constatar de manera formal que ha existido mala administración, estableciendo posteriormente proyectos de recomendación.

Se ha considerado apropiado realizar un comentario crítico en los asuntos en los que la mala administración no parece tener consecuencias generalizadas y no resulta necesario un seguimiento por parte del Defensor del Pueblo.

En los casos, por el contrario, en que resulta necesario el seguimiento por parte del Defensor del Pueblo (a saber, en los casos más graves de mala administración o aquéllos que tienen repercusiones generalizadas), éste elabora una decisión en la que se incluyen proyectos de recomendación dirigidos a la institución u órgano afectado. De conformidad con el apartado 6 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo, la institución u órgano afectado debe remitirle un informe detallado al respecto en un plazo de tres meses. Dicho informe puede consistir en la aceptación de la decisión del Defensor del Pueblo y en una descripción de las medidas tomadas para poner en práctica las recomendaciones.

Si una institución u órgano comunitario no responde satisfactoriamente a un proyecto de recomendación, el apartado 7 del artículo 3 dispone que el Defensor del Pueblo remita un informe al Parlamento Europeo y a la institución u órgano afectado. En el informe podrá formular recomendaciones.

En 1999, el Defensor del Pueblo inició 206 investigaciones, 201 a raíz de reclamaciones y 5 de oficio (para más detalles véase el Anexo A, Estadísticas, p. 168).

Las propias instituciones u órganos resolvieron 62 asuntos. En 39 de ellos, la intervención del Defensor del Pueblo indujo a la institución o al órgano afectado a que contestase a correspondencia sin responder hasta ese momento (para más información, véase la sección 2.9 del Informe Anual de 1998). Los demandantes decidieron no proseguir otros cinco asuntos. En 107 asuntos, las investigaciones del Defensor del Pueblo no pusieron de manifiesto mala administración.

Se dirigió un comentario crítico a la institución u órgano afectado en 27 asuntos. Se logró una solución amistosa en un asunto. Se elaboraron diez proyectos de recomendación a las instituciones u órganos afectados. Las instituciones aceptaron dos proyectos de recomendación, uno de los cuales se había presentado en 1998 (reclamaciones 1055/96/IJH y 633/97/(PD)IJH, véanse páginas 254 e 256). En los otros 8 proyectos de recomendación, el plazo concedido a la institución afectada para emitir un informe motivado no expiraba hasta el término del año.

En un caso se presentó un proyecto de recomendación seguido de un informe especial al Parlamento Europeo, a saber, la investigación por iniciativa propia del Defensor del Pueblo (1004/97/(PD)GG) sobre la confidencialidad de los procedimientos de selección de la Comisión.

El informe, publicado en el Diario Oficial(6) y en la página web del Defensor del Pueblo en todas las lenguas, incluye la siguiente recomendación:

En las futuras oposiciones convocadas por la Comisión Europea, y a más tardar a partir del día 1 de julio del año 2000, esta institución debería permitir el acceso de los candidatos que lo soliciten a sus propias pruebas corregidas.

El 7 de diciembre de 1999, el Presidente de la Comisión comunicó al Defensor del Pueblo que:

"La Comisión aprueba las recomendaciones realizadas en este informe y propondrá las medidas jurídicas y de organización necesarias para permitir a los candidatos que lo soliciten el acceso a sus propias pruebas corregidas, a partir del 1 de julio de 2000".

3. DECISIONES TOMADAS TRAS UNA INVESTIGACIÓN

3.1. CASOS EN LOS QUE NO SE CONSTATÓ MALA ADMINISTRACIÓN

3.1.1. PARLAMENTO EUROPEO

TRANSPARENCIA EN LAS DELIBERACIONES DE UN CONCURSO ORGANIZADO POR UN GRUPO POLÍTICO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Decisión sobre la reclamación 1163/97/JMA contra el Parlamento Europeo

Reclamación

En diciembre de 1997, la Sra. M presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo por las supuestas irregularidades cometidas en la oposición general A 1/97 (administradores de lengua española) organizada por el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos. Su reclamación se refería concretamente a la composición del tribunal de la oposición y a su falta de transparencia.

La demandante concursó en dicha oposición general en 1997. De acuerdo con su reclamación, aunque participó en las pruebas orales, y fue entrevistada por el tribunal, su nombre no se incluyó en la lista de reserva de la oposición.

La Sra. M. pidió por escrito a la secretaría del tribunal que le permitiese consultar sus pruebas escritas. El tribunal le contestó que, tal como establece el Estatuto de los Funcionarios y reconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no podía acceder a su petición. Asimismo, le comunicó que, aunque su puntuación en las pruebas escritas había sido alta (83 puntos sobre 100), el resultado que había obtenido en la prueba oral había impedido que su nombre se incluyera en la lista de reserva.

Tras recibir otra petición de la demandante, el tribunal le contestó en noviembre de 1997 que la lista de reserva de la oposición en cuestión estaba formada por tres candidatos, y que otros dos habían sido seleccionados para cubrir los puestos vacantes. La carta mencionaba únicamente los nombres de dichos candidatos, pero no hacía referencia a los resultados que habían obtenido, debido al carácter confidencial de las deliberaciones del tribunal. La presidenta del Grupo político responsable de la organización de la oposición confirmó la decisión.

Tras recibir esta contestación, la demandante presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, en la que declaraba lo siguiente:

1. Violación de los siguientes artículos de procedimiento interno del Grupo Socialista:

- Artículo 8.1.5: Durante las pruebas orales no estaba presente ningún miembro del Comité de Personal del PE. Más de dos miembros del tribunal tenían la nacionalidad correspondiente a la lengua de la oposición (español). La decisión tomada por el tribunal fue firmada por uno de sus miembros sin derecho a voto.

- Artículo 8.1.6: El número de candidatos incluidos en la lista de reserva era inferior al triple de los puestos vacantes.

2. Falta de información:

- La demandante afirmaba no haber recibido respuestas satisfactorias a sus peticiones de información acerca de los criterios de evaluación que el tribunal había seguido en la evaluación de las pruebas. La demandante añadió que la presidenta del Grupo Socialista había demorado dos meses su respuesta, y que la carta que había dirigido al representante del Comité de Personal en el tribunal ni siquiera había obtenido contestación.

- La demandante afirmaba también que las relaciones laborales directas que habían vinculado a ciertos miembros del tribunal con algunos candidatos incluidos en la lista de reserva hacían dudar de la equidad de la decisión.

Investigación

Observaciones del Parlamento Europeo

La reclamación se transmitió al Parlamento Europeo. En sus observaciones, la institución se refirió a los comentarios presentados por el Grupo Socialista.

- Respecto a la ausencia de representante del Comité de Personal, el informe señalaba que, para constituir el tribunal, la presidenta sólo ha de comprobar la presencia del número mínimo de miembros del jurado necesario para que haya quórum, y que ningún candidato presentó reclamación al respecto antes de iniciar las pruebas.

- El Grupo Socialista explicó que, sólo dos miembros del tribunal tenían la misma nacionalidad: Un representante de la delegación española, y uno del grupo de Secretaría General. El segundo era miembro del tribunal debido a su papel institucional en el grupo. Había un segundo representante de la delegación española, que actuaba de todas formas como mero observador, sin derecho a voto. De este modo, solo había un representante de la delegación española con derecho a voto.

- En cuanto al número de candidatos incluidos en la lista de reserva, el Grupo Socialista afirmaba que sólo se incluyó a aquellos que en opinión del tribunal cumplían los criterios de selección.

- Las observaciones rebatían la supuesta parcialidad del tribunal basada en la existencia de relaciones laborales entre algunos de sus miembros y ciertos candidatos incluidos en la lista de reserva. El Grupo Socialista explicó que existían relaciones similares con otros candidatos que no habían sido seleccionados. Además, dado que la oposición había sido organizada por el grupo político, la reclamación sólo habría sido pertinente en caso de que hubiesen existido relaciones laborales previas con el grupo.

Respecto a la falta de información y transparencia, las observaciones indicaban que, teniendo en cuenta la confidencialidad de las deliberaciones del tribunal, la demandante había recibido información suficiente. En consecuencia, el tribunal no estaba obligado a facilitar más datos a la demandante.

El Grupo Socialista explicó que la demora de la respuesta de su presidenta se debía a los frecuentes viajes que ésta realizaba. Respecto a la falta de respuesta del representante del Comité de Personal, el Grupo declaró que, al formar parte del tribunal, dicho representante no estaba autorizado a contestar en nombre del tribunal.

Observaciones de la demandante

En sus observaciones, la demandante se reafirmó en su reclamación.

La demandante se refirió a cada uno de los aspectos relacionados con la violación de los procedimientos internos del Grupo Socialista en que basaba su reclamación:

- En primer lugar, respecto a la ausencia del representante del Comité de Personal, la demandante consideraba que la presencia de un representante del Comité de Personal constituía una garantía, y que su ausencia constituía, por lo tanto, una violación del procedimiento establecido por el Estatuto de los Funcionarios y por el reglamento interno del Grupo Socialista. También señaló que no había cuestionado la composición del tribunal antes de iniciar la prueba porque había supuesto que sus miembros actuaban de buena fe.

- La demandante rechazó también la explicación facilitada por el Parlamento acerca de la presencia de un tercer ciudadano español en el tribunal. Aunque el Parlamento había indicado que el papel de dicho miembro del tribunal había sido meramente consultivo, la demandante consideraba que ello habría debido impedirle firmar el acta.

- La demandante insistió en que no estaba de acuerdo con el número de candidatos incluidos en la lista de reserva.

Respecto a la falta de transparencia, mantuvo que la interpretación extensiva del principio de confidencialidad de las deliberaciones del tribunal que el Parlamento mantenía en su informe derivaba en una falta de transparencia e información. En opinión de la demandante, la confidencialidad de las deliberaciones del tribunal no se vería afectada por el hecho de que se diesen a conocer los criterios de selección empleados en la calificación de sus pruebas. La demandante apoyaba su punto de vista en extractos de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 254/95 (Parlamento Europeo c. Angelo Innamorati)(7).

La demandante rechazaba también la explicación del Grupo Socialista acerca de la demora en las respuestas a sus peticiones de información en razón de los viajes de su presidenta, utilizando para ello como referencia las normas de la Secretaría del Defensor del Pueblo, que establecen que los demandantes deben recibir una respuesta en un plazo razonable.

Otras investigaciones

En febrero de 1999, la demandante volvió a escribir al Defensor del Pueblo Europeo. Tras mantener una conversación con el presidente de la Delegación Socialista española, la demandante creía posible que se pudiera llegar a una solución amistosa si se accedía a incluir su nombre en la lista de reserva de la oposición. El 8 de marzo de 1999, el Defensor del Pueblo remitió al Parlamento Europeo la propuesta en este sentido de la demandante.

Tras varias solicitudes de prórroga, el 15 de junio de 1999 el Defensor del Pueblo recibió las observaciones del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos. En su carta, el Grupo indicaba que no podía aceptar la sugerencia de la demandante. Señalaba que la lista de reserva establecida incluía a los candidatos que se habían considerado aptos para cubrir el puesto, y que la demandante no se encontraba entre ellos. Añadía que cualquier modificación de la lista de reserva resultaría discriminatoria para los otros candidatos no seleccionados.

Decisión

1. Ámbito de competencias del Defensor del Pueblo Europeo

1.1. Dado que la reclamación se dirigía principalmente contra un grupo político del Parlamento Europeo, antes de considerar los méritos del asunto el Defensor del Pueblo estimó necesario expresar ciertas consideraciones sobre el ámbito de sus competencias.

1.2. Los hechos se referían a las decisiones adoptadas por el tribunal de una oposición organizada por un grupo político del Parlamento Europeo para cubrir ciertos puestos temporales en dicho grupo.

1.3. Tal como establece el apartado 1 del artículo 2 de su Estatuto, "el Defensor del Pueblo contribuirá a descubrir los casos de mala administración en la acción de las instituciones y órganos comunitarios". Se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a que ha de atenerse obligatoriamente(8). Existen límites sobre lo que se puede considerar mala administración. Así, las reclamaciones sobre decisiones que tienen un carácter más político que administrativo se han de considerar inadmisibles. Este es el caso de las reclamaciones dirigidas contra el trabajo político del Parlamento Europeo y de sus órganos(9), y más concretamente, contra las actividades de sus grupos políticos.

1.4. Sin embargo, la organización de procedimientos de selección de agentes temporales por parte de grupos políticos parlamentarios no se puede considerar enteramente una actividad política. De acuerdo con el artículo 14 de la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 25 de junio de 1997(10), los grupos políticos están capacitados para seleccionar a sus propios agentes temporales, y al hacerlo ejercen por delegación los poderes de la institución para proceder a la conclusión de contratos de trabajo en virtud del Estatuto de los Funcionarios.

Desde este punto de vista, la organización de oposiciones para seleccionar agentes temporales por parte de los grupos políticos parlamentarios constituye una actividad administrativa sujeta a ciertas normas comunitarias. Por consiguiente, este tipo de situaciones se halla bajo la jurisdicción de los tribunales comunitarios, por lo que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas son competentes para analizar la conformidad de dichas oposiciones con el Derecho comunitario.

1.5. Por esta razón, la investigación del Defensor del Pueblo se había limitado a estudiar si en este asunto se habían respetado debidamente las normas y principios comunitarios.

2. Supuestas irregularidades basadas en las normas internas del grupo político

2.1. La demandante manifestó que durante la oposición se produjeron diversas irregularidades relacionadas con:

a. La composición del tribunal: Ausencia de un representante del Comité de Personal durante las pruebas orales y presencia de más de dos miembros de la misma nacionalidad y lengua en el tribunal; firma del acta final del tribunal por uno de sus miembros sin derecho a voto; y relaciones laborales entre el tribunal y diversos candidatos.

b. El número limitado de los candidatos incluidos en la lista de reserva.

La demandante insistió en que dichas irregularidades contravenían los reglamentos internos del Grupo del Partido de los Socialistas.

2.2. El Defensor del Pueblo observó que los reglamentos supuestamente no respetados se dirigían a los miembros de un grupo político parlamentario. Teniendo en cuenta el carácter político de la cuestión, la supervisión de dichas normas escapa a la competencia del Defensor del Pueblo.

2.3. No obstante, las supuestas irregularidades habían tenido lugar durante un procedimiento de selección en que el grupo político hacía uso de la autoridad que le había delegado el Parlamento Europeo para proceder a la conclusión de contratos de trabajo bajo las condiciones de empleo de otros funcionarios de la Comunidad. Desde este punto de vista, la organización de la oposición constituyó una actividad administrativa en el marco del Derecho comunitario, sujeta en consecuencia al control de los tribunales comunitarios.

Por todo ello, y con el fin de evaluar las supuestas irregularidades, el Defensor del Pueblo intentó aclarar si el tribunal del concurso actuó o no de acuerdo con los principios y/o normas comunitarias a los que debía atenerse obligatoriamente.

2.4. Algunas de las reclamaciones de la demandante se refieren a la composición del tribunal, que juzgaba incorrecta.

Tal como establecen los tribunales comunitarios, la composición de un tribunal se ha de considerar inadecuada si no puede garantizar una evaluación objetiva de las cualidades de los candidatos(11). De la información presentada durante la investigación, el Defensor del Pueblo no podía deducir que el tribunal no hubiese sido objetivo en la evaluación de las cualidades de los candidatos. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consideró que no existían pruebas de mala administración en relación con este aspecto del asunto.

2.5. Respecto al número de candidatos que debían figurar en la lista de reserva de la oposición, la demandante afirmaba que debía ser igual al triple del número de puestos vacantes. El Parlamento declaró en sus observaciones que el Grupo Socialista había señalado que el tribunal sólo incluyó en la lista a los candidatos que consideró adecuados basándose en la oposición.

2.6. El Defensor del Pueblo recuerda que, de acuerdo con el párrafo 5 del artículo 5 del Anexo III del Estatuto de los Funcionarios,

"el tribunal ha de elaborar la lista de candidatos adecuados, que como mínimo deberá contener, cuando sea posible, un número de nombres igual o superior al de los puestos vacantes."

A la vista de las disposiciones anteriores, el tribunal goza de cierta facultad de apreciación en cuanto al número adecuado de candidatos que se han de incluir en la lista de reserva. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consideró que no existían pruebas de mala administración en relación con este aspecto del asunto.

3. Información sobre los criterios seguidos para evaluar las pruebas

3.1. La demandante declaró que, a pesar de las muchas peticiones de información que había presentado al secretario del tribunal, al representante del Comité de Personal y a la presidenta del Grupo, no se le había dado ninguna explicación acerca de los criterios seguidos en la evaluación de las pruebas. En su informe, el Parlamento indicó que la demandante había recibido información sobre la puntuación que le había sido otorgada en las pruebas escritas y orales. Teniendo en cuenta la confidencialidad de las deliberaciones del tribunal, no se le podía facilitar más detalles al respecto.

En el estado actual del Derecho comunitario, no existe base legal para considerar que el Parlamento tenga la obligación de revelar información detallada sobre los criterios seguidos por el tribunal en la evaluación de las pruebas. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consideró que no existían pruebas de mala administración en relación con este aspecto del asunto.

3.2. Sin embargo, el Defensor del Pueblo llamó la atención del Parlamento sobre el hecho de que podría aumentar considerablemente la transparencia del proceso de selección y aligerar el trabajo de los tribunales de Selección, que deben responder a las peticiones y las reclamaciones de los candidatos, si facilitara información más detallada sobre los criterios de evaluación que se aplican.

Conclusión

Sobre la base de las investigaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo en relación con esta reclamación, no se constató mala administración en este caso por parte del Parlamento Europeo, por lo que el Defensor del Pueblo decidió archivar el asunto.

Otras observaciones

Gran parte de los aspectos de la reclamación de la demandante se referían a supuestas violaciones del reglamento interno de un grupo político. Tal como se ha señalado anteriormente, garantizar la correcta aplicación de dichos reglamentos es una cuestión que escapa a la competencia del Defensor del Pueblo Europeo. No obstante, en los procedimientos de selección de agentes temporales, los grupos políticos actúan en nombre de la autoridad del Parlamento para proceder a la conclusión de contratos de trabajo bajo las condiciones de trabajo de otros funcionarios de la Comunidad, por lo que deben respetar los correspondientes principios y normas comunitarios de buena administración. Además, dado que a menudo los ciudadanos equiparan este tipo de procedimientos a las oposiciones a la función pública comunitaria, la propia institución debería desempeñar un papel supervisor que garantizara que dichos procedimientos de selección se realizan adecuadamente, con el debido respeto a las normas y los principios legales de aplicación. Al hacerlo, el Parlamento contribuiría a mejorar las relaciones entre la Unión y sus ciudadanos.

En respuesta a estas observaciones, la Presidenta del Parlamento Europeo escribió al Defensor del Pueblo Europeo el 11 de enero del 2000. En su carta, la Sra. Fontaine expresaba que los grupos políticos deberían respetar los principios de buena administración en sus procedimientos de selección, e hizo hincapié en velar por que la administración del Parlamento los cumpliera.

SOLICITUD DE UNA BECA "ROBERT SCHUMAN": SUPUESTA FALTA DE RESPUESTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Decisión sobre la reclamación 287/98/IP contra el Parlamento Europeo

Reclamación

En marzo de 1998, el Sr. F. presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo acerca de la supuesta falta de respuesta por parte del Parlamento Europeo a su solicitud de beca "Robert Schuman".

En septiembre de 1996 el demandante había solicitado una beca "Robert Schuman" al Parlamento Europeo.

El 16 de septiembre del mismo año, el Parlamento le envió un acuse de recibo en el que le informaba de que la decisión sobre su solicitud se tomaría durante el proceso de selección en noviembre.

En su carta al Defensor del Pueblo, el demandante alegaba que no se le había comunicado esta decisión del Parlamento Europeo.

Investigación

Informe del Parlamento Europeo

La reclamación fue transmitida al Parlamento Europeo que, en síntesis, formuló los siguientes comentarios:

El Parlamento explicó que, en septiembre de 1996, los servicios de su Dirección General de Estudios enviaron al demandante un acuse de recibo de su solicitud. En la misma carta la institución facilitó al demandante información sobre el proceso de selección. En particular, se le informó que la decisión sobre su solicitud se adoptaría durante el proceso de selección de noviembre de 1996.

La institución señaló que dado el corto número de becas previstas, algunas de las solicitudes recibidas se volverían a considerar en alguna de las tres selecciones siguientes.

El Parlamento Europeo adjuntó además, copia de una carta que el demandante había enviado a la institución en Septiembre de 1996, en la que expresaba su disconformidad con la modalidad del proceso de selección y retiraba su solicitud.

El Parlamento afirmó que, a la vista de las circunstancias mencionadas, había considerado innecesario proseguir el intercambio de correspondencia con el demandante. Sin embargo, le contestó por carta el 26 de febrero de 1998 explicándole que su solicitud no se había tenido en cuenta, pues él la había retirado anteriormente.

Observaciones del demandante

El Defensor del Pueblo transmitió el informe del Parlamento Europeo al demandante, junto con una invitación a que formulara los comentarios que considerase convenientes. No recibió respuesta.

Decisión

Supuesta falta de respuesta del Parlamento Europeo

1. Los principios de buena práctica administrativa exigen que las instituciones públicas respondan adecuadamente a las consultas de los ciudadanos.

2. En este asunto el demandante solicitó una beca "Robert Schuman" al Parlamento Europeo. Posteriormente, el demandante reclamó porque no se le había comunicado el resultado del proceso de selección.

3. El Parlamento señaló que sus servicios habían enviado al demandante un acuse de recibo. Más tarde, por carta de 26 de septiembre de 1996, el mismo demandante pidió a la institución que retirara su solicitud, por lo que el Parlamento consideró innecesario proseguir con él el intercambio de correspondencia.

4. El Defensor del Pueblo estimó que el Parlamento había explicado razonablemente las razones por las que no había informado al demandante de los resultados del proceso de selección.

5. El Defensor del Pueblo observó además, que el Parlamento había respondido a una carta del demandante de 26 de febrero de 1998, explicándole por qué no se había tenido en cuenta su solicitud.

Conclusión

Sobre la base de las investigaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo en relación con esta reclamación, no se constató ningún caso de mala administración por parte del Parlamento Europeo. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo decidió archivar el asunto.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE UN CERTIFICADO MÉDICO

Decisión sobre la reclamación 689/98/BB contra el Parlamento Europeo

Reclamación

En junio de 1998 el Sr. C., Diputado al Parlamento Europeo, presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo acerca de la petición que le había formulado la Junta de Cuestores del Parlamento Europeo, para que reembolsase el 50 % de las dietas cobradas por sus gastos generales correspondientes al período comprendido entre septiembre de 1996 y agosto de 1997.

Durante el año parlamentario 1996-1997, el demandante sufrió graves problemas de salud que le impidieron asistir al 50 % de sesiones del Parlamento Europeo, porcentaje obligatorio, si bien sólo estaba le faltaron dos días para cubrir este mínimo. Este hecho fue notificado al demandante, junto con una petición de que devolviera el 50 % de las dietas por gastos generales que le habían sido abonadas por el período en cuestión.

Según el demandante, los dos días mencionados hubieran correspondido al 14, el 17 y/o el 18 de julio de 1996, fechas en las que estuvo hospitalizado. El demandante creyó que el Parlamento estaba cerrado en agosto, por lo que envió los certificados médicos tras las vacaciones de verano. Los certificados no se admitieron, pues el plazo máximo de un mes previsto a tal efecto se había excedido. El demandante indicó que había actuado bona fide y que deseaba conservar la otra mitad de las dietas generales.

Investigación

Informe del Parlamento

En su informe el Parlamento formuló, en síntesis, lo siguiente:

El apartado 1 del artículo 28 de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados al Parlamento Europeo establece lo siguiente:

"Si durante un año parlamentario (del 1 de septiembre al 31 de agosto) se hubiere registrado la ausencia de un diputado durante el 50 % o más de los días fijados por la Mesa para las sesiones plenarias del Parlamento, el diputado deberá reembolsar al Parlamento el 50 % de las dietas para gastos generales previstas en el artículo 13 correspondientes a ese período".

El apartado 2 del mismo artículo reza:

"Los períodos de ausencia mencionados en el apartado 1 podrán ser excusados por el Presidente si están causados por motivos de salud, circunstancias familiares graves o misiones realizadas por el diputado en nombre del Parlamento. Los justificantes se enviarán a la Junta de Cuestores en un plazo máximo de un mes a partir del comienzo de la ausencia".

La condición que los documentos justificativos se presenten en un plazo máximo de un mes a partir de la fecha de inicio de la ausencia, se incorporó al Reglamento por decisión de la Cámara del 15 de enero de 1996. Tras su adopción, la misma está en poder de todos los diputados, de conformidad con el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento.

En el caso del demandante, le faltaban dos días para alcanzar el mínimo del 50 %. Este hecho se le notificó por carta el 16 de septiembre de 1997, y se le pidió que reembolsara el 50 % de las dietas en concepto de gastos generales, correspondientes al período en cuestión. El 26 de septiembre de 1997, el demandante escribió al Cuestor encargado de los asuntos financieros, y le adjuntó un certificado médico expedido el 23 de septiembre 1997 relativo a las pruebas médicas a que se había sometido los días 14, 17 y 18 de julio de 1997. Para que el certificado hubiese sido válido, debería haberse presentado antes de transcurrido un mes de la fecha de inicio de la ausencia, es decir, antes del 14 de agosto de 1997.

El caso se discutió en la reunión que los Cuestores celebraron el 22 de octubre de 1997. La Junta explicó al demandante que el plazo máximo de un mes quedaba claramente establecido en el Reglamento relativo a gastos y dietas, e insistió en que reembolsara el 50 % de las dietas para gastos generales. Esta decisión se le notificó por carta el 5 de diciembre de 1997.

El 17 de diciembre de 1997, el demandante se dirigió, también por carta, al Presidente del Parlamento Europeo pidiéndole que considerase su petición de retener el total de las dietas para gastos generales, señalando también que si no había respetado el plazo límite de un mes había sido por creer que las oficinas administrativas del Parlamento estaban cerradas durante el mes de agosto.

La petición se remitió al presidente de la Junta de Cuestores y se estudió en la reunión que ésta celebró el 14 de enero de 1998. El 11 de febrero de 1998, la Junta respondió por carta que, en el mes de agosto hay funcionarios de guardia trabajando en los servicios administrativos del Parlamento y que, en cualquier caso, el demandante podía haber presentado a tiempo los certificados médicos de haberlos enviado por fax o por carta certificada. Por lo tanto, la Junta confirmaba su decisión anterior.

El 24 de marzo de 1998, el demandante se dirigió de nuevo al Cuestor encargado de los asuntos financieros. Su carta se estudió en la reunión de la Junta de 1 de abril de 1998, pero la decisión volvió a ser confirmada.

De acuerdo con el Parlamento tanto aquella Junta de Cuestores como las anteriores, siempre habían aplicado estrictamente el artículo 28 del Reglamento relativo a gastos y dietas en general y, en particular, la condición de que los certificados médicos se presentasen antes de transcurrido un mes desde el inicio de la ausencia por enfermedad.

La posición adoptada por la Junta era estricta y coherente con sus anteriores intervenciones en casos de presentación tardía de certificados médicos por parte de otros diputados.

Observaciones del demandante

En sus observaciones, el demandante mantuvo su reclamación.

Otras investigaciones

El 30 de abril de 1999 el Defensor del Pueblo envió una carta al Presidente del Parlamento con el propósito de continuar sus investigaciones acerca de la argumentación formulada por el demandante de su actuación bona fide respecto al funcionamiento de los servicios del Parlamento durante el verano. El 21 de junio de 1999, la Junta de Cuestores contestó afirmando que el demandante no presentó el certificado médico hasta después de recibida la carta que le envió el Cuestor responsable de los asuntos económicos. El demandante no podía aducir que actuó de buena fe, alegando su ignorancia respecto al funcionamiento de los servicios del Parlamento durante el verano.

El 19 de julio de 1999, el demandante escribió al Defensor del Pueblo para indicarle que deseaba mantener su reclamación.

Decisión

Reembolso del 50 % de las dietas para gastos generales correspondientes al año parlamentario 1996/1997

1. El demandante afirmó que su incumplimiento del plazo límite de un mes para la presentación de los certificados médicos había sido porque, bona fide, había creído que los servicios administrativos del Parlamento no funcionaban durante el mes de agosto.

2. De acuerdo con el Parlamento, al demandante le faltaban dos días para alcanzar el 50 % mínimo de asistencia. Esto se le notificó por carta el 16 de septiembre de 1997, y se le pidió que reembolsase el 50 % de las dietas para gastos generales correspondiente al período en cuestión. El 26 de septiembre de 1997, el demandante escribió una carta al Cuestor responsable de los asuntos financieros a la que adjuntó un certificado médico emitido el 23 de septiembre de 1997, relativo a las pruebas médicas a las que se había sometido los días 14, 17 y 18 de julio de 1997. Para que el certificado hubiera sido aceptado como válido, debería haberse presentado antes del transcurso un mes desde la fecha de inicio de la ausencia, es decir, antes del 14 de agosto de 1997.

3. Teniendo en cuenta los resultados de sus investigaciones, el Defensor del Pueblo constató que el Parlamento había sido coherente al aplicar lo que era ya práctica reconocida de las actual y anteriores Junta de Cuestores, que siempre habían aplicado estrictamente el artículo 28 del Reglamento relativo a gastos y dietas en general y, en particular, la condición de que los certificados médicos se presentasen antes de transcurrido un mes desde el inicio de la ausencia por enfermedad. Más aún, la posición adoptada por el Parlamento y la Junta era estrictamente coherente con su actuación en anteriores casos de presentación tardía de certificados médicos por parte de otros diputados. Se constató que el demandante no reaccionó hasta haber recibido la notificación. En consecuencia, su afirmación de que no había enviado el certificado médico dentro del plazo estipulado de un mes por creer que los servicios del Parlamento no funcionaban en agosto carecía de base. Por lo tanto, no se constató ningún caso de mala administración por parte del Parlamento.

Conclusión

Sobre la base de las investigaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo en relación con esta reclamación, no se constató ningún caso de mala administración por parte del Parlamento Europeo. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo decidió archivar el asunto.

3.1.2. PARLAMENTO EUROPEO Y COMISIÓN EUROPEA

ACCESO A LOS REGISTROS DE INTERESES

Decisión sobre la reclamación 59/98/OV contra la Comisión Europea y el Parlamento Europeo

Reclamación

En enero de 1998, el Sr S. presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo acerca de la negativa de la Comisión a enviarle una copia del Registro de Intereses de los Miembros de la Comisión.

El 5 de diciembre de 1997, el demandante escribió al Secretario General de la Comisión para pedirle una copia del registro de asuntos e intereses económicos de los Miembros de la Comisión. Según el demandante, la Comisión no le facilitó copia del registro, pero le invitó a consultarlo en sus locales de Bruselas. Sin embargo, el demandante no podía permitirse un viaje a Bruselas con ese objeto, por lo que presentó una reclamación al Defensor del Pueblo. Sostenía que la Comisión le había negado el acceso al registro, que tampoco estaba disponible al público en las diferentes Representaciones de la Comisión en los Estados miembros.

Los días 3 y 10 de marzo, y 1 de junio de 1998, el demandante se dirigió de nuevo al Defensor del Pueblo reclamando asímismo acerca de la imposibilidad de acceder al Registro de Intereses de los Miembros del Parlamento Europeo. Con el fin de que explicase con más precisión el motivo de su reclamación, se le pidió que rellenara el formulario estándar de reclamación. En dicho formulario se apreciaba que el demandante no había realizado ninguna gestión administrativa ante el Parlamento Europeo. Por ello, la Secretaría del Defensor del Pueblo le aconsejó que se dirigiera a la Junta de Cuestores. El 17 de diciembre de 1998, el Defensor del Pueblo recibió un expediente sobre la reclamación en cuestión remitido por la Oficina del Cuestor y Diputado en el Parlamento Europeo Sr. Richard Balfe.

Investigación

Informe de la Comisión

La reclamación fue transmitida a la Comisión. En su informe, la Comisión manifestó al Defensor del Pueblo que el 24 de marzo de 1998 había decidido enviar al demandante los documentos solicitados. Junto con sus observaciones. La Comisión adjuntaba con su informe copia de la carta que había remitido al demandante.

Observaciones del demandante

El demandante envió al Defensor del Pueblo una copia de una carta que había escrito al Secretario General de la Comisión el 23 de abril de 1998, en la que expresaba su insatisfacción respecto al contenido del Registro de Intereses que la Comisión le había hecho llegar. Afirmaba, entre otras cosas, que el Registro de Intereses de algunos Comisarios no tenía fecha, que otros no estaban actualizados y que de algunos, redactados en francés o alemán, no se le había facilitado traducción al inglés. La carta incluía asimismo diversas preguntas sobre las responsabilidades de los Comisarios en relación con sus Registros de Intereses.

Junto con las anteriores observaciones, el demandante escribió asímismo al Defensor del Pueblo acerca del acceso al Registro de Intereses de los Diputados al Parlamento Europeo, que no estaba disponible en la oficina de información del Parlamento Europeo en Londres. El demandante incluía correspondencia sobre el tema entre la Sra. Pauline Green, Miembro del Parlamento Europeo con quien se había puesto en contacto, y el Presidente del Parlamento. En la respuesta que el Presidente envió a la Sra. Pauline Green el 2 de marzo de 1998, éste señalaba que el Registro de Intereses se podía consultar en los tres lugares de actividad del Parlamento. La redacción actual del Anexo I al Reglamento se basa en el segundo Informe Nordmann de 30 de mayo de 1996 (A4-0177/96), aprobado por el Parlamento el 17 de julio de 1996. Sin embargo, el Presidente añadía que la cuestión del acceso público al Registro de Intereses de los Miembros del Parlamento Europeo se estaba discutiendo tanto en la Comisión de Reglamento como en la Junta de Cuestores.

Decisión

1. Acceso a los Registros de Intereses de la Comisión

1.1. La reclamación se refería al acceso al Registro de Intereses de los Miembros de la Comisión, por lo que se debía considerar desde la perspectiva de la Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1994 sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión(12). El 5 de diciembre de 1997, el demandante escribió una breve carta al Secretario General de la Comisión en la que pedía una copia del citado registro, pero no obtuvo respuesta. De conformidad con el artículo 2.4 de la Decisión, la falta de respuesta en el plazo de un mes a una petición de acceso a un documento constituye una negativa a la misma. Sin embargo, tras la intervención del Defensor del Pueblo, la Comisión decidió, el 24 de marzo de 1998, enviar al demandante el documento que había solicitado. Por lo tanto, la Comisión dió satisfacción a la petición de acceso a documentos, y no pareció necesario que el Defensor del Pueblo volviera a intervenir.

1.2. Respecto a las diferentes alegaciones que el demandante planteaba en sus observaciones, incluidas en la carta dirigida al Secretario General de la Comisión, el Defensor del Pueblo señaló que no se habían planteado en la primera reclamación y que, por lo tanto, no podía tratarlas en el procedimiento en curso. El Defensor del Pueblo observó asimismo que el demandante, en su petición de acceso a documentos de 5 de diciembre de 1997 dirigida a la Comisión, no pedía detalles relacionados con el Registro de Intereses, sino una copia de éste. Por consiguiente, al enviarle el documento que solicitaba, la Comisión había respondido adecuadamente a su petición inicial, por lo que no se constató ningún caso de mala administración.

2. Reclamación contra el Parlamento Europeo

2.1. Respecto a la reclamación acerca del Registro de Intereses de los Miembros del Parlamento Europeo, se desprendía del formulario de reclamación enviádo al Defensor del Pueblo que el demandante no había realizado ninguna gestión administrativa previa. Por lo tanto, la Secretaría del Defensor del Pueblo le aconsejó que escribiera a la Junta de Cuestores del Parlamento, que es el organismo competente para tratar del asunto, pues los Cuestores se encargan de los temas administrativos y económicos que afectan directamente a los Miembros del Parlamento (artículo 25 del Reglamento).

2.2. El 17 de diciembre de 1998, el Defensor del Pueblo recibió del Cuestor y Miembro del Parlamento Europeo Sr. Richard Balfe un voluminoso expediente sobre la tramitación de la reclamación en la Junta de Cuestores. En el expediente se podía comprobar que la Junta de Cuestores había respondido detalladamente a las cartas del demandante los días 5 y 19 de noviembre, y 14 diciembre de 1998. La Junta le había facilitado amplia información (unas 100 páginas) sobre el acceso al Registro de Intereses de los Miembros del Parlamento Europeo. En particular, la Junta de Cuestores le había enviado una copia del segundo Informe Nordmann (A4-0177/96) y su anexo, en donde se recogen las reglas sobre la declaración de los intereses económicos de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Se le había enviado, asimismo, una copia del formulario utilizado en las declaraciones de intereses de los Miembros del Parlamento Europeo y una de la nota explicativa anexa del Presidente, así como una copia de las actas de la reunión que la Junta de Cuestores había celebrado el 18 de septiembre de 1996. Por último, la Junta le había enviado copia de dos informes sobre corrupción(13).

2.3. De conformidad con el artículo 3 del Anexo I del Reglamento del Parlamento(14): "El registro será público". En la situación actual, esto significa que el registro se puede consultar en los tres lugares de actividad del Parlamento. Hasta el momento, el Parlamento nunca ha decidido poner el registro a disposición del público en sus oficinas de información de los Estados miembros ni ha enviado copias del mismo a los ciudadanos que lo pudieran solicitar. En su carta al demandante, el Cuestor y Miembro del Parlamento Europeo Sr. Richard Balfe afirmaba que, durante la reunión que la Junta de Cuestores celebró el 18 de septiembre de 1996, había pedido que el público tuviera acceso al registro sobre un Miembro del Parlamento Europeo en el Estado miembro en que éste haya sido elegido. Por último, en su carta a la Sra. Pauline Green del día 2 de marzo de 1998, el Presidente del Parlamento afirmaba que la cuestión del acceso del público al Registro de Intereses de los Miembros del Parlamento Europeo estaba siendo debatido en la Comisión de Reglamento y en la Junta de Cuestores. Teniendo en cuenta las acciones iniciadas por la administración del Parlamento Europeo, no parece necesaria ninguna observación más por parte del Defensor del Pueblo.

Conclusión

Sobre la base de las investigaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo en este asunto, no se constató ningún caso de mala administración por parte de la Comisión Europea ni del Parlamento Europeo. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo decidió archivar el asunto.

3.1.3. CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Y COMISIÓN EUROPEA

CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL: RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN

Decisión sobre la reclamación 41/97/(VK)OV contra el Consejo de la Unión Europea y contra la Comisión Europea

Reclamación

En diciembre de 1996, el Sr. N. presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo acerca de la rescisión unilateral de su contrato por parte del Centro de Desarrollo Industrial (CDI), institución conjunta ACP (países de África, el Caribe y el Pacífico)-CE creada en el marco del Convenio de Lomé y financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo.

El demandante habia firmado un contrato por cinco años como asesor principal en el marco del Convenio de Lomé III (1985-1990). El 30 de junio de 1987, el Director del CDI rescindió unilateralmente el contrato sin ofrecerle ninguna indemnización económica. El 5 de enero de 1988, el demandante inició un procedimiento de arbitraje contra el CDI. El 5 de abril de 1990, el tribunal de arbitraje dictó laudo en contra del CDI, al que condenó a pagar una indemnización de 6 millones de francos belgas, así como los intereses y las costas del arbitraje. El 17 de abril de 1990, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas confirmó e hizo aplicable el laudo. El CDI recurrió la orden del Tribunal y pidió la anulación del laudo, invocando su inmunidad jurisdiccional, entre otras cosas. En juicio de 13 de marzo de 1992, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso por considerar que el CDI había renunciado a su inmunidad judicial al aceptar el procedimiento de arbitraje.

El CDI se negó a ejecutar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas que confirmaba el laudo de arbitraje, por lo que el demandante escribió al Defensor del Pueblo en diciembre de 1996 señalando que el CDI todavía no le había pagado la indemnización ni las costas del arbitraje. El demandante llamaba la atención sobre el hecho de que el CDI había sido establecido en el marco del Convenio de Lomé, cuyas partes contratantes son, por un lado, las Comunidades Europeas, y por el otro, los Estados ACP. El CDI es una institución conjunta ACP-CE financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo, y que la DG VIII de la Comisión es la Dirección General responsable de los asuntos relacionados con el Convenio de Lomé.

Investigación

Informes del Consejo y de la Comisión

En marzo de 1997, la reclamación se transmitió al Consejo y a la Comisión. En sus informes, el Consejo y la Comisión afirmaban que el CDI no es ni una institución ni un órgano comunitario bajo su responsabilidad, a pesar de haberse establecido en el marco del Convenio de Lomé. La Comisión añadía que no disponía de ningún expediente sobre la reclamación y que no tenía conocimiento de que tal expediente existiera. Ambas instituciones observaron que las disposiciones actualmente aplicables al CDI son los artículos 87-97 del IV Convenio de Lomé, complementados por varias decisiones del Consejo de Ministros ACP-CE y del Comité de Embajadores ACP-CE.

En virtud de dichas disposiciones, el Consejo y la Comisión habían designado un representante con estatus de observador en el Consejo de Dirección del CDI, formado por seis miembros independientes y altamente cualificados, nombrados por los países ACP y la Comunidad, y con notable experiencia en los sectores industriales o bancarios públicos o privados o en planificación o promoción del desarrollo industrial. Así el Consejo y la Comisión no tienen representación en el Consejo de Dirección del CDI. La legislación aplicable al CDI y su Consejo de Dirección deriva del Convenio de Lomé, ejecutado mediante decisiones ACP-CE. En concreto, el Comité conjunto de Cooperación Industrial ACP-CE supervisa el CDI (artículo 92) e informa al Comité de Embajadores ACP-CE (artículo 87), organismo encargado de aprobar el Estatuto, los reglamentos económicos y de personal, y el reglamento de procedimiento del CDI (artículo 93).

El Consejo y la Comisión concluían que no tenían responsabilidad de gestión respecto al CDI y que, por consiguiente, la reclamación no entraba en sus ámbitos de competencias. Sin embargo, a pesar de que el observador de la Comisión en el Consejo de Dirección del CDI no tenía derecho a voto, ni podía incluir temas en el orden del día de las reuniones de éste, la Comisión afirmó en sus observaciones que informaría al Director del CDI de la petición del Defensor del Pueblo y recomendaría que la cuestión se examinara en la siguiente reunión del Consejo de Dirección.

Observaciones del demandante

En sus observaciones, el demandante señaló que el Convenio de Lomé, en cuyo marco está establecido el CDI, es responsabilidad directa de la Comisión, que además la gestión del CDI siempre se ha desarrollado de acuerdo con el consentimiento explícito de la Comisión, y que el CDI se financia a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo. Por lo tanto, no se podía poner en duda la competencia del Defensor del Pueblo Europeo en el asunto. El demandante indicó también que su reclamación debía remitirse directamente al Presidente del Consejo de Dirección del CDI y que se debería fijar un plazo para que éste tomara una decisión.

El 6 de octubre de 1997, el demandante envió al Defensor del Pueblo una copia de una carta dirigida al Presidente del Consejo de Dirección del CDI en la que le pedía que el CDI actuase inmediatamente para resolver el problema a que se refería su reclamación. El demandante informaba al Defensor del Pueblo de que la nota de la Comisión Europea no había llegado nunca al Presidente del Consejo de Dirección del CDI, en otra carta fechada el mismo día. El 22 de abril de 1998, el demandante pidió al Defensor del Pueblo que remitiera directamente la reclamación al Presidente del Consejo de Dirección del CDI, pues la Comisión no había comunicado al CDI su reclamación. Además de proceder de acuerdo con esta petición, el 25 de mayo de 1998, el Defensor del Pueblo envió el expediente de la reclamación al Presidente del Consejo de Dirección. El 2 de octubre de 1998, el Defensor del Pueblo envió al CDI una carta en la que pedía que se le informara de los resultados de la reclamación. El CDI no envió esta información. El 4 de diciembre de 1998, el demandante envió al Defensor del Pueblo una copia de una carta dirigida al Presidente del Consejo de Dirección del CDI en la que criticaba la mala administración del centro, que aún no había ejecutado la decisión de arbitraje confirmada por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas.

Decisión

1. Reclamación contra el CDI

De conformidad con el artículo 138E del Tratado CE, el Defensor del Pueblo Europeo está facultado para realizar investigaciones en relación con posibles casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios. Sin embargo, dado que el CDI no es una institución ni un órgano comunitario en el sentido del artículo 138E del Tratado CE, el Defensor del Pueblo no tiene competencia en relación con la reclamación, pues ésta iba dirigida contra el Consejo de Dirección del CDI. En su carta del 27 de noviembre de 1996, el Defensor del Pueblo ya informó al demandante que no podía actuar en relación con la reclamación contra el CDI que había presentado el 26 de agosto de 1996.

2. Reclamación contra el Consejo y la Comisión

En lo que respecta a la reclamación dirigida contra el Consejo y la Comisión, el Defensor del Pueblo observó que el Convenio de Lomé no los hace directamente responsables de las decisiones del Consejo de Dirección del CDI. Ni el Consejo ni la Comisión tienen derecho a voto en el Consejo de Dirección del CDI. En el apartado 1 de su artículo 92, el IV Convenio de Lomé dispone que la Comisión y el Consejo estén presentes como observadores en los procedimientos del Consejo de Dirección. Por lo tanto, la no ejecución de la decisión de arbitraje por parte del Consejo de Dirección del CDI no se puede considerar un caso de mala administración imputable al Consejo ni a la Comisión.

Conclusión

Sobre la base de las investigaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo en relación con esta reclamación, no se constató ningún caso de mala administración por parte del Consejo ni de la Comisión. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo decidió archivar el asunto.

Otras observaciones

El Defensor del Pueblo señaló que el Convenio de Lomé constituye un instrumento sobre el que la Comisión tiene responsabilidad directa. En particular, el Defensor del Pueblo afirmó que, en virtud del Convenio de Lomé, la Dirección General VIII de la Comisión es la Dirección responsable del desarrollo y la cooperación con los Estados ACP, que el Convenio se financia con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo y que la Comisión tiene un representante en el Comité de Embajadores encargado de supervisar la aplicación del Convenio. Por consiguiente, es manifiesto que la Comisión Europea ejerce una gran influencia en la aplicación del Convenio de Lomé. Respecto al CDI, el Defensor del Pueblo señaló que ésta es una institución conjunta ACP-CE financiada por medio del Fondo Europeo de Desarrollo. Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Defensor del Pueblo formuló los siguientes comentarios dirigidos a la Comisión:

En una comunidad como la Unión Europea, en la que impera el Estado de derecho, se deben ejecutar los fallos y mandamientos dictados por los tribunales. La Comisión debería garantizar que los organismos establecidos en el marco de Convenios, como el CDI, respeten el estado de derecho y los principios de buena administración.

En el caso que nos ocupa, se constató que en la DG VIII de la Comisión existe una unidad responsable de las relaciones con el CDI. En sus observaciones, la Comisión prometió al Defensor del Pueblo recomendar que se debatiera la reclamación en la siguiente reunión del Consejo de Dirección del CDI. Sin embargo, de acuerdo con la información que facilitó el demandante, no lo hizo.

Por consiguiente, el Defensor del Pueblo consideró apropiado que la Comisión realizara las gestiones necesarias para llamar la atención del Comité de Cooperación Industrial, que supervisa el funcionamiento del Consejo de Dirección del CDI, sobre el supuesto incumplimiento por parte del CDI de la decisión de arbitraje confirmada por el mandamiento del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas el 17 de abril de 1990. La Comisión debería considerar también la conveniencia de llamar la atención del Director del CDI acerca de este asunto.

3.1.4. COMISIÓN EUROPEA

MOTIVACIÓN INADECUADA DE UNA DECISIÓN

Decisión sobre la reclamación 106/97/PD contra la Comisión Europea

Reclamación

En febrero de 1997, el Sr. B. presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo en nombre de la asociación, "Friends of the Lake District", relativa a una decisión de la Comisión Europea de archivar una reclamación presentada por el Sr. B. contra las autoridades británicas. El demandante afirmaba qu