DECISIÓN DEL CONSEJO

de 21 de octubre de 2010

relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros

(2010/707/UE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 148, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),

Visto el dictamen del Comité de Empleo (4),

Considerando lo siguiente:

La Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo ayudó a forjar un consenso en torno a la orientación general de las políticas económicas y de empleo de la UE. En virtud de esta Estrategia, tanto directrices generales para las políticas económicas como directrices para las políticas de empleo fueron adoptadas por la Decisión 2005/600/CE del Consejo (5) y revisadas en la Decisión 2008/618/CE del Consejo (6) . Las 24 directrices pusieron las bases de los programas nacionales de reforma, esbozando las principales prioridades de reforma macroeconómica, microeconómica y del mercado laboral para el conjunto de la Unión. No obstante, la experiencia ha puesto de manifiesto que las directrices no fijaron unas prioridades suficientemente claras y que los vínculos entre ellas podrían haber sido más fuertes. Ello limitó sus efectos sobre la elaboración de estrategias nacionales.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se adoptan las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros que figuran en el anexo.

Artículo 2

En sus políticas de empleo, los Estados miembros tendrán en cuenta las orientaciones, sobre las que se informará en los programas nacionales de reforma.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

(1) Dictamen de 8 de septiembre de 2010 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(2) Dictamen de 27 de mayo de 2010 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(3) Dictamen de 10 de junio de 2010 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(4) Dictamen de 20 de mayo de 2010 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(5) DO L 205 de 6.8.2005, p. 21.

(6) DO L 198 de 26.7.2008, p. 47.

(7) DO L 191 de 23.7.2010, p. 28.

ANEXO

ORIENTACIONES PARA LAS POLÍTICAS DE EMPLEO DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Orientación no 7: Aumentar la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, reducir el desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad

La activación resulta esencial para que aumente la participación en el mercado laboral. Los Estados miembros deberán integrar en sus políticas de mercado laboral los principios de flexibilidad y seguridad laboral («flexiguridad») refrendados por el Consejo Europeo y aplicarlos aprovechando adecuadamente el apoyo del Fondo Social Europeo y de otros fondos de la UE, con vistas a aumentar la participación en el mercado laboral y a luchar contra la segmentación, la inactividad y las desigualdades entre sexos, reduciendo a la vez el desempleo estructural. Las medidas para mejorar la flexibilidad y la seguridad deberán ser equilibradas y reforzarse mutuamente. En consecuencia, los Estados miembros deberán introducir una combinación de regímenes contractuales flexibles y fiables, políticas activas del mercado laboral y políticas eficaces de aprendizaje permanente, así como promover la movilidad laboral y unos sistemas adecuados de seguridad social que garanticen las transiciones en el mercado de trabajo, acompañados de una definición clara de los derechos y responsabilidades para que los desempleados busquen trabajo activamente. Debe prestarse también la adecuada atención, juntamente con los interlocutores sociales, a la flexiguridad interna en el lugar de trabajo.

Los Estados miembros deberán redoblar el diálogo social y abordar la segmentación del mercado laboral con medidas para buscar soluciones al empleo precario, el desempleo y el trabajo no declarado. La movilidad profesional deberá compensarse. Deberá abordarse la cuestión de la calidad de los puestos de trabajo y de las condiciones de empleo. Los Estados miembros deberán combatir la pobreza entre los trabajadores y promover la salud y la seguridad en el trabajo. Deberá garantizarse una seguridad social apropiada también para las personas con contratos de duración determinada y los trabajadores autónomos. Los servicios de empleo desempeñan un papel importante en la activación y la adecuación entre competencias y necesidades, por lo que deben reforzarse con servicios individualizados y con medidas de mercado de trabajo activas y preventivas en una fase temprana. Dichos servicios y medidas deben estar abiertos a todos, con inclusión de los jóvenes, de las personas amenazadas de desempleo y de aquellas que se encuentren más alejadas del mercado de trabajo.

Siguen teniendo importancia las políticas encaminadas a lograr que trabajar sea rentable. Con objeto de aumentar la competitividad y mejorar los niveles de participación, en especial de las personas menos cualificadas, y de conformidad con la orientación no 2 de las políticas económicas, los Estados miembros deben propiciar las adecuadas condiciones marco para la negociación salarial, y una evolución de los costes laborales compatible con la estabilidad de los precios y las tendencias en materia de productividad. Los Estados miembros deberán examinar los sistemas de fiscalidad y de prestaciones, así como la capacidad de los servicios públicos para dispensar el apoyo necesario, con el fin de aumentar la participación de la fuerza de trabajo y estimular la demanda de mano de obra. Deberán promover el envejecimiento activo, la igualdad entre los sexos, incluida la igualdad retributiva, y la integración en el mercado laboral de los jóvenes, los discapacitados, los inmigrantes en situación regular y otros colectivos vulnerables. Las políticas en materia de equilibrio entre la vida profesional y personal, junto con la prestación de una atención asequible y la innovación en la manera en que el trabajo está organizado, deben orientarse a mejorar las tasas de empleo, especialmente de los jóvenes, los trabajadores de más edad y las mujeres. Asimismo los Estados miembros deberán eliminar los obstáculos para la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral, apoyar el espíritu empresarial y la creación de empleo en todos los ámbitos, incluido el empleo «verde», y promover la innovación social.

La meta principal de la UE, en la que se basarán los Estados miembros para fijar sus objetivos nacionales, teniendo en cuenta sus posiciones y sus circunstancias nacionales iniciales relativas, es alcanzar un índice de ocupación de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años del 75 % para 2020, incrementando la participación de los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los trabajadores con bajas cualificaciones e integrando mejor a los inmigrantes en situación regular.

Orientación no 8: Conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y promover el aprendizaje permanente

Los Estados miembros deben promover la productividad y la capacidad de inserción profesional facilitando conocimientos y competencias adecuadas para responder a la demanda actual y futura en el mercado laboral. La calidad de la educación básica y una formación profesional atractiva se complementarán con incentivos eficaces para el aprendizaje permanente tanto para los trabajadores como para los desempleados, garantizando así que todos los adultos puedan acceder a una nueva formación o conseguir un nivel superior de cualificación, superando los estereotipos de género, con posibilidades de una «segunda oportunidad» y políticas de inmigración e integración adaptadas. Los Estados miembros deberán desarrollar sistemas que reconozcan las competencias adquiridas, eliminar los obstáculos a la movilidad profesional y geográfica de los trabajadores, y favorecer la adquisición de competencias transversales, en apoyo de la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial. Concretamente, deberán dedicarse esfuerzos a apoyar a las personas con cualificaciones bajas y anticuadas, aumentando la aptitud para el empleo de los trabajadores de más edad y mejorando la formación, las aptitudes y la experiencia de los trabajadores más cualificados, incluidos los investigadores y las mujeres en los ámbitos científicos, matemáticos y tecnológicos.

En cooperación con los interlocutores sociales y las empresas, los Estados miembros mejorarán el acceso a la formación y reforzarán la educación y la orientación profesional. Estas mejoras deben combinarse con el suministro de información sistemática sobre nuevas vacantes y oportunidades de empleo, el fomento del espíritu emprendedor y mejores previsiones sobre las cualificaciones necesarias en el futuro. Debe promoverse la inversión en el desarrollo de recursos humanos, la mejora de las competencias y la participación en programas de formación permanente mediante contribuciones financieras conjuntas de los gobiernos, los ciudadanos y los empresarios. A fin de ayudar a los jóvenes, especialmente a los que no tienen trabajo y no siguen ningún tipo de formación, los Estados miembros, en cooperación con los interlocutores sociales, deberán establecer sistemas para que estos puedan encontrar un primer trabajo, adquieran experiencia laboral, o tengan posibilidades de continuar su educación y su formación a través de puestos de formación en prácticas, entre otras cosas, e intervenir rápidamente ante la aparición del desempleo juvenil.

Un seguimiento regular de las políticas de previsión y ampliación de las cualificaciones ayudará a detectar las posibilidades de mejora y permitirá a los sistemas de educación y formación responder mejor a las necesidades nuevas y emergentes del mercado de trabajo, como una economía con bajas emisiones de carbono y eficiente en materia de consumo de recursos. Si procede, los Estados miembros deberían movilizar el FSE y otros fondos de la UE en apoyo de estos objetivos. La adopción de medidas de estímulo de la demanda de mano de obra podría complementar las inversiones en capital humano.

Orientación no 9: Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior o equivalente

Para garantizar el acceso universal a una educación y una formación de calidad y mejorar los resultados educativos, los Estados miembros deberán efectuar inversiones eficientes en los sistemas de educación y formación, especialmente a fin de mejorar el nivel de cualificación de la población activa de la UE para responder a las necesidades de los mercados laborales modernos, que cambian a gran velocidad, y de la sociedad en general. En consonancia con los principios del aprendizaje permanente, habrá que intervenir en todos los sectores (desde la enseñanza maternal y las escuelas hasta la enseñanza superior y la formación profesional, así como la formación dirigida a los adultos), teniendo también en cuenta el aprendizaje en contextos no formales o informales. El objetivo de las reformas debe ser garantizar la adquisición de las competencias fundamentales que necesitan todos los ciudadanos para triunfar en una economía basada en el conocimiento, especialmente en términos de capacidad de inserción laboral, de acuerdo con las prioridades mencionadas en la orientación no 4. Deberá fomentarse la movilidad internacional de las personas en proceso de aprendizaje y de los profesores. Se tomarán medidas para que la movilidad de jóvenes y de profesores se convierta en norma. Los Estados miembros deben conseguir sistemas de educación y formación más abiertos y pertinentes, especialmente mediante la aplicación de marcos de cualificaciones nacionales que permitan itinerarios flexibles de aprendizaje y el establecimiento de asociaciones entre el mundo laboral y el mundo de la educación y la formación. Debe darse más atractivo a la profesión docente, y prestarse atención a la formación inicial y al desarrollo profesional permanente de los profesores. Debe hacerse más atractiva la docencia, abrir más la enseñanza superior o equivalente a estudiantes no tradicionales y aumentar la participación en la educación superior. A fin de reducir el número de jóvenes desempleados y que no siguen educación o formación alguna, los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para prevenir el abandono escolar.

El objetivo principal de la UE, a partir del cual los Estados miembros fijarán sus objetivos nacionales, teniendo en cuenta sus posiciones y sus circunstancias nacionales iniciales relativas, consistirá en reducir las tasas de abandono escolar a menos del 10 % y en aumentar al 40 % como mínimo la proporción de la población de entre 30 y 34 años que ha finalizado un ciclo de enseñanza superior o equivalente (1).

Orientación no 10: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza

La ampliación de las oportunidades de empleo constituye un aspecto esencial de las estrategias integradas de los Estados miembros para prevenir y reducir la pobreza y fomentar la plena participación en la sociedad y en la economía. Para ello deben aprovecharse adecuadamente el Fondo Social Europeo y otros fondos de la UE. Deberán concentrarse los esfuerzos en garantizar la igualdad de oportunidades, entre otras cosas mediante el acceso de todas las personas a servicios asequibles, viables y de gran calidad, especialmente en el ámbito social. En tal sentido desempeñan un papel importante los servicios públicos (incluidos los servicios en línea, de conformidad con la orientación no 4). Los Estados miembros deberán establecer medidas efectivas contra la discriminación. La capacitación de las personas, y la promoción de la participación en el mercado laboral de aquellas que están más alejadas del mismo, al tiempo que se combate la pobreza entre los trabajadores, contribuirá a luchar contra la exclusión social. Para ello es necesario reforzar los sistemas de protección social, el aprendizaje permanente y las políticas activas y completas de inclusión, a fin de crear posibilidades en distintas etapas de las vidas de las personas y protegerlas contra los riesgos de exclusión, dedicando especial atención a las mujeres. Es necesario modernizar y desplegar plenamente los sistemas de seguridad social, con inclusión de las pensiones y el acceso a la atención sanitaria —ofreciendo así cohesión social— a la vez que siguen siendo viables desde el punto de vista financiero y propician la participación en la sociedad y en el mercado laboral.

Los sistemas de prestaciones deberán centrarse en garantizar ingresos durante los períodos de transición y en reducir la pobreza, especialmente entre los grupos en riesgo de exclusión social, como las familias monoparentales, las minorías (con inclusión de la población gitana), los discapacitados, los niños y los jóvenes, los hombres y mujeres ancianos, los inmigrantes en situación regular y las personas sin hogar. Asimismo, los Estados miembros promoverán activamente la economía y la innovación sociales en apoyo de las personas más vulnerables. Todas las medidas deberán propender asimismo al fomento de la igualdad entre los sexos.

El objetivo principal de la UE, a partir del cual los Estados miembros fijarán sus objetivos nacionales, teniendo en cuenta sus posiciones y sus circunstancias nacionales iniciales relativas, consistirá en promover la integración social, especialmente mediante la reducción de la pobreza, fijando como meta sustraer al menos a 20 millones de personas al riesgo de pobreza y marginación (2).

(1) El Consejo Europeo subraya que los Estados miembros son competentes para establecer y aplicar objetivos cuantitativos en el ámbito de la educación.

(2) Se define la población como el número de personas con riesgo de pobreza y exclusión según tres indicadores (riesgo de pobreza, privación material, hogar de desempleados); es cosa de los Estados miembros fijar sus objetivos nacionales sobre la base de los indicadores más apropiados, teniendo en cuenta sus circunstancias y prioridades nacionales.