Decisión de la Comisión

de 11 de abril de 2000

relativa a la ayuda estatal concedida por Francia en el sector porcino

[notificada con el número C(2000) 1169]

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(2000/805/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el párrafo primero del apartado 2 de su artículo 88,

Tras haber emplazado a los interesados, de conformidad con el párrafo primero del apartado 2 del artículo 88 del Tratado, a presentarle sus observaciones y examinadas las mismas,

Considerando lo siguiente:

I

PROCEDIMIENTO

(1) A raíz de un artículo de prensa aparecido el 11 de septiembre de 1998, que hacía alusión a una decisión del Gobierno francés relativa a la concesión de ayudas para explotaciones de ganadería porcina, el Director General de la Dirección General de Agricultura envió a las autoridades francesas una solicitud de notificación con fecha de 15 de septiembre de 1998.

(2) Mediante carta de 2 de octubre de 1998, registrada el 9 de octubre de 1998, las autoridades francesas notificaron las medidas en cuestión. El 28 de octubre de 1998 se remitió una solicitud de información complementaria cuyo objetivo era solicitar el envío, sin demora, de los textos que recogían las disposiciones técnicas. Por otra parte, se recordaba el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, que prevé la prohibición de la aplicación de las ayudas estatales, y también se mencionaba el principio de recuperación de las ayudas incompatibles con el mercado común. El 27 de noviembre de 1998 y el 1 y 2 de diciembre de 1998 llegaron a la Dirección General de Agricultura nuevas cartas que incluían información complementaria.

(3) Mediante la carta SG(98) D/12216, de 22 de diciembre de 1998, la Comisión incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a la ayuda en cuestión.

(4) La decisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas(1). La Comisión invitó a los demás Estados miembros y a terceros interesados a presentar sus observaciones sobre las ayudas en cuestión.

(5) La Comisión recibió, mediante carta de 31 de marzo de 1999, las observaciones de las autoridades danesas relativas a la incoación del procedimiento por la Comisión. Francia proporcionó sus observaciones mediante carta de 12 de febrero de 1999.

(6) La Comisión se dirigió de nuevo a las autoridades francesas mediante cartas del Director General de Agricultura de 1 de junio de 1999 y 20 de octubre de 1999. Las autoridades francesas respondieron mediante carta de 24 de noviembre de 1999.

II

DESCRIPCIÓN

(7) Con respecto al mecanismo en cuestión, mediante carta de 2 de octubre de 1998, las autoridades francesas notificaron a la Comisión lo siguiente: "Tras la crisis del sector porcino, caracterizada por una caída dramática de las cotizaciones y un exceso de producción comunitaria sin precedentes, y como complemento de las medidas de mercado decididas a escala comunitaria, las autoridades francesas aprobaron una serie de medidas financieras y sociales". Las medidas notificadas se describen a continuación.

Stabiporc

(8) Las autoridades francesas desean reactivar el sistema de anticipos reembolsables de la Caisse professionnelle de régulation porcine (denominada en lo sucesivo "Stabiporc") que consiste en abonar a las agrupaciones de productores los anticipos de tesorería enteramente reembolsables para permitirles regularizar el precio de los cerdos magros pagado a los ganaderos socios del régimen. Está destinado a regularizar los ingresos de los criadores de cerdos que sufren la crisis de la producción porcina. Stabiporc es una sociedad civil que tiene por objeto movilizar la ayuda de varios socios financieros con el fin de conceder anticipos reembolsables a los productores de cerdos. Esta movilización requiere una concertación entre los diferentes socios.

(9) La Comisión ya tuvo la ocasión de pronunciarse a propósito de dicho sistema. En el pasado se dictaron dos decisiones negativas con respecto a las ayudas(2), juzgadas ilegales, que preveía para sus beneficiarios. En efecto, el tipo aplicado a los anticipos estaba muy por debajo del tipo del mercado y los anticipos no reembolsados por las agrupaciones de productores eran sufragados por la Office national interprofessionelle des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (denominada en lo sucesivo "Ofival").

(10) Este mecanismo se modificará para tener en cuenta las observaciones realizadas por la Comisión Europea en sus decisiones anteriores. Por este motivo:

- la participación de las autoridades públicas se limitará a autorizar a Ofival a convertirse en uno de los socios financieros mediante un préstamo de un importe de 72 millones de francos franceses (aproximadamente 11 millones de euros). Además, Ofival no actuará como avalista en caso de impagados o de retrasos de pago. En las relaciones contractuales entre Ofival y Stabiporc, se hará mención explícita de que en caso de impagados o de retrasos de pago en el reembolso del capital y los intereses del préstamo de Ofival, Ofival tendrá derecho a recuperar de las agrupaciones los importes debidos, más los intereses de demora,

- el tipo de los préstamos se fijará en función del tipo normal del mercado, es decir, tipo PIBOR + 0,6 %. El valor del tipo PIBOR tenido en cuenta será el del último indicador trimestral conocido. La duración de los préstamos concedidos a los ganaderos dependerá de la coyuntura y, en particular, de las cotizaciones del mercado. En cualquier caso, el tipo fijado se aplicará durante un año y nunca será inferior al tipo de referencia vigente relativo a los préstamos de un año o de una duración inferior. Los préstamos sólo se concederán a las agrupaciones solventes.

Aplazamiento de las cotizaciones sociales

(11) Para determinar qué explotaciones pueden benefciarse del aplazamiento de las cotizaciones sociales, las autoridades públicas efectuarán auditorías departamentales. Para evaluar la realidad y el alcance de las dificultades de las explotaciones, se tendrán en cuenta especialmente tres criterios:

- una reducción significativa del volumen de negocios o una disminución del porcentaje de margen constatado en 1996, 1997 y durante los primeros meses de 1998,

- dificultades financieras específicas que se traduzcan en un aumento del porcentaje de endeudamiento a corto plazo de la explotación,

- retrasos en el pago de las obligaciones bancarias o sociales.

(12) En función de los resultados de la auditoría, se propondrá a las explotaciones que tengan dificultades financieras, pero cuya viabilidad no esté en peligro, acogerse a la medida de escalonamiento de las cotizaciones sociales personales, dejando a un lado las cotizaciones patronales. El coste previsto de esta medida es de 6 millones de francos franceses (alrededor de 914000 euros).

Beneficiarios

(13) Sólo podrán acogerse a la medida los ganaderos cuya empresa se considere viable tras una auditoría departamental. Se descartará la concesión de un aplazamiento para los ganaderos que en años anteriores hayan conocido incidentes de pago no justificados. La medida se reservará a los ganaderos cuyo volumen de negocios resultante de la actividad porcina sea igual o superior al 50 % del volumen de negocios total de la explotación (35 % para engorde). Por último, las ganaderías deberán estar en regla en lo que se refiere a su autorización o a su declaración según lo dispuesto en la Ley francesa n° 76-663, de 18 de julio de 1976, relativa a las instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente.

Modalidades

(14) La duración máxima del escalonamiento de los pagos será de dos años. El escalonamiento podrá aplicarse a las cotizaciones técnicas y complementarias de AMEXA, seguros de vejez, prestaciones familiares y seguro de viudedad adeudado al régimen de las personas no asalariadas de las profesiones agrícolas. El escalonamiento sólo se referirá al saldo de las cotizaciones sociales adeudadas para el año 1998 después del pago de los anticipos, lo que, en última instancia, representa del 15 al 20 % del importe total de las cotizaciones.

(15) La fijación de las modalidades de recaudación de las cotizaciones es competencia de cada caja de la mutualidad social agrícola (MSA), a las que corresponde decidir en qué condiciones los agricultores podrán abonar sus cotizaciones sin perder su cobertura social. El incumplimiento por el agricultor del calendario de pago concedido por la caja de la MSA implicará inmediatamente la suspensión de la medida de escalonamiento.

(16) La intervención del Estado tiene por objeto compensar la actuación habitual de las cajas de la MSA, ya que éstas no pueden proponer a todos los ganaderos de porcino un escalonamiento del pago de las cotizaciones sociales, a la vista del alcance de las dificultades y de su concentración en determinadas zonas. En efecto, la gravedad de la crisis por la que atraviesa el sector porcino ha colocado a muchos ganaderos en situaciones muy difíciles, que pueden tener repercusiones sociales y familiares importantes (pérdida, en particular, de toda cobertura social), razón por la cual las autoridades públicas han decidido hacerse cargo parcialmente del coste de aplazamiento de las cotizaciones.

Recientes inversores

(17) Esta medida pretende que los ganaderos de porcino se beneficien de la asunción parcial de los intereses de los préstamos bancarios contraídos. El mecanismo asume del 3 al 5 % del total de los préstamos contraídos en el período 1996-1998. Esta reducción se aplica únicamente al préstamo bancario.

(18) Tendrán preferencia aquellos ganaderos que efectúen por vez primera inversiones en producción porcina. Además, las ganaderías beneficiarias deberán respetar la normativa medioambiental. Se excluirán los préstamos familiares, los que se refieran a la propiedad de la tierra y al ganado.

(19) Las autoridades francesas subrayaron que el sector porcino ya conoció este tipo de mecanismo en 1993 en favor de los "recientes inversores", acerca de cuya compatibilidad con el mercado común tuvo que pronunciarse la Comisión Europea en su decisión de 27 de julio de 1994 (ayuda NN 116/93, posteriormente C 9/94). Según las autoridades francesas, las medidas de apoyo en favor de los pequeños productores se asimilan a las medidas relativas a los recientes inversores. El mecanismo previsto tendrá en cuenta las observaciones formuladas por la Comisión:

- se tratará de préstamos destinados a financiar inversiones ya realizadas,

- el equivalente de subvención acumulado de las posibles ayudas existentes y de la nueva ayuda no podrá superar los tipos generalmente admitidos por la Comisión. Se supervisará especialmente la acumulación con las ayudas para la instalación (los préstamos de instalación para jóvenes agricultores y la dotación de instalación) a fin de que el equivalente de subvención acumulado respete los límites máximos comunitarios de ayuda. Los beneficiarios privilegiados serán los titulares de un préstamo de modernización,

- las asunciones serán consecutivas a reajustes de los tipos de los nuevos préstamos efectuadas para tener en cuenta la variación del precio del dinero o afectarán a explotaciones agrícolas que presenten garantías de viabilidad, en particular, siempre que las cargas financieras resultantes de los empréstitos existentes sean tales que pueda ponerse en peligro, y eventualmente en quiebra, las explotaciones agrícolas.

(20) El coste previsto de la medida es de 30 millones de francos franceses (aproximadamente 4,5 millones de euros).

(21) Por lo que respecta a Stabiporc, la Comisión ha considerado, con ocasión de la incoación del procedimiento de examen de las medidas notificadas, que la intervención oficial en favor de las empresas viables se limitaría a una concesión de préstamos con un tipo de interés normal de mercado. El tipo de interés de mercado figura en el porcentaje de referencia y en enero de 1999 ascendía al 4,30 % (interés interbancario de un año). Las autoridades francesas proporcionaron la prueba de que el tipo de interés aplicado nunca es inferior al tipo de referencia vigente por lo que se refiere a los préstamos de un año o de una duración inferior. En estas condiciones, la Comisión descarta que se trate de una ventaja y, en consecuencia, de una ayuda.

(22) Por el contrario, la Comisión, con ocasión de dicha incoación del procedimiento, ha considerado que las medidas consistentes en un aplazamiento de las cotizaciones sociales así como la asunción parcial de los intereses de los préstamos bancarios conllevan una ventaja para los productores del sector del ganado porcino. Por ello, estas ayudas no serían, en principio, compatibles con el mercado común, a no ser que puedan beneficiarse de algunas de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado. A partir de la información disponible, la Comisión no dispone de elementos suficientes para poder decidir acerca de la compatibilidad de la ayuda, que parece tener el carácter de una ayuda al funcionamiento. Más concretamente, en la medida en que las autoridades francesas consideran que el mecanismo en cuestión podría situarse en el ámbito de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis(3), ellas no habían ofrecido la información adecuada que permitiera a la Comisión comprobar el cumplimiento de dichas Directrices. Por lo tanto, la Comisión ha considerado necesario incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado.

III

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FRANCIA

(23) Mediante carta de 12 de febrero de 1999, las autoridades francesas presentaron sus observaciones sobre la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado en contra de la ayuda notificada.

(24) Las autoridades francesas confirmaron que la información facilitada anteriormente se refería al sistema Stabiporc, tanto en lo que respecta a su objetivo (abonar a las agrupaciones de productores anticipos de tesorería completamente reembolsables para permitirles regularizar el precio de los cerdos magros pagado a los ganaderos socios del régimen) como al mecanismo de su intervención (concesión de un préstamo al tipo de mercado).

(25) En lo que respecta a las ayudas en forma de aplazamiento de las cotizaciones sociales personales y las medidas en favor de recientes inversores, las autoridades francesas confirmaron la información ya notificada a la Comisión, recalcando al mismo tiempo que ambas medidas se ajustan a las exigencias de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.

(26) Por lo que se refiere al aplazamiento de las cotizaciones sociales personales, las autoridades francesas recuerdan que la medida consiste en escalonar el saldo de dichas cotizaciones adeudadas para el año 1998 después del pago de los anticipos. Señalan que, con relación a los criterios de las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis:

a) Restablecimiento de la viabilidad de la empresa a largo plazo:

Una auditoría departamental de cada beneficiario potencial realizada por una comisión que informe de la misma a la caja de la MSA tiene como finalidad evaluar qué agricultores presentan una situación con visos de recuperación.

b) Prevención del falseamiento de la competencia en un sector caracterizado por un exceso estructural de capacidad mediante una reducción o un cierre irreversible de las capacidades de producción:

Según la excepción prevista en el inciso i) de la letra c) del punto 3.2.5 de las Directrices, para las medidas que tengan por objeto una determinada categoría de productos u operadores, cuando la totalidad de las decisiones tomadas a favor de todos los beneficiarios durante un período de doce meses consecutivos no suponga una cantidad de estos productos que supere el 3 % de la producción anual total en ese Estado miembro, la Comisión, siempre que se cumplan todas las demás condiciones, renunciará a la exigencia de reducir la capacidad de producción.

Las autoridades francesas hacen valer este principio ya que el presupuesto provisional de la medida asciende a 6 millones de francos franceses, mientras que el 3 % de la producción total anual en Francia, tomando como base la media de los tres años anteriores, representa un valor de 780 millones de francos.

c) Proporcionalidad de la ayuda a los costes y ventajas de la reestructuración:

La medida no constituye una asunción de las cotizaciones por parte del Estado. El ganadero paga sus cotizaciones de forma escalonada y sólo se beneficia de una facilidad de pago.

d) Aplicación íntegra del plan de reestructuración e informe anual a la Comisión:

Las autoridades francesas se comprometen a hacer cumplir ambos requisitos.

(27) En lo que respecta a la medida en favor de los recientes inversores, las autoridades francesas precisan que con relación a los criterios de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis:

a) Restablecimiento de la viabilidad de la empresa a largo plazo:

La auditoría a cada beneficiario realizada por Ofival pretende valorar la capacidad de la explotación para superar las dificultades coyunturales. Se traduce, en particular, en el análisis detallado de los préstamos suscritos y de los cuadros de amortización correspondientes.

b) Prevención del falseamiento de la competencia en un sector caracterizado por un exceso estructural de capacidad mediante una reducción o un cierre irreversible de las capacidades de producción:

Las autoridades francesas hacen valer la excepción prevista en el inciso i) de la letra c) del punto 3.2.5 de las Directrices, ya que el presupuesto provisional de la medida asciende a 30 millones de francos franceses y el 3 % de la producción total anual en Francia, tomando la media de los tres años anteriores, representa un valor de 780 millones y un volumen de 780000 cerdos (fuente Eurostat). Un primer cálculo de los servicios franceses evalúa en 60000 el número de cerdos magros incluidos en la medida.

c) Proporcionalidad de la ayuda a los costes y ventajas de la reestructuración:

La medida asume del 3 al 5 % del total de los préstamos contraídos en el período 1996-1998. Los préstamos suscritos en 1996, 1997 y 1998 conllevan, sobre todo en el caso de los más antiguos, tipos de interés elevados muy superiores a los tipos de los que pueden beneficiarse en estos momentos. Tipos del 8,5 %, 7,6 % o 7,1 % son frecuentes mientras que, en la actualidad, el PIBOR se sitúa en el 3,85 %, lo que implica un tipo bancario del 4,5 %. Por consiguiente, la ayuda, que se asimila a la asignación de una suma proporcional al importe, sólo representa una parte de la carga financiera anual, mientras que el productor soporta la mayor parte de la misma.

d) Aplicación íntegra del plan de reestructuración e informe anual a la Comisión:

Las autoridades francesas se comprometen a hacer cumplir ambos requisitos.

Asimismo, las autoridades francesas señalan que sólo se beneficiarán de esta última medida las explotaciones pequeñas y medianas (las que posean entre 42 y 200 cerdas en producción en un sistema de cría y engorde), en las que trabajan, en general, el propietario y su cónyuge y, a veces, un asalariado. Los beneficiarios de la medida se incluirían pues en la categoría de pequeña empresa agrícola, es decir, la que emplea menos de diez unidades de trabajo anuales. Por lo tanto, este dispositivo contribuye al mantenimiento de los ganaderos y de su familia en zonas rurales donde escasea el empleo.

IV

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TERCEROS

(28) Mediante carta de 31 de marzo de 1999, la Comisión recibió las observaciones de las autoridades danesas, posteriormente enviadas a las autoridades francesas. Las autoridades danesas manifestaron su acuerdo con las primeras conclusiones de la Comisión relativas a las tres medidas en cuestión, afirmando al mismo tiempo que dichas medidas favorecerían al sector del ganado porcino francés frente al de los demás Estados miembros. También quisieron recordar que el apoyo al sector del ganado porcino no puede efectuarse únicamente a través de los regímenes comunitarios existentes, constatando al mismo tiempo que el recurso a las posibilidades de ayuda en virtud de la organización común de mercado de la carne de porcino ya había provocado una estabilización importante de este mercado.

V

OTRAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR FRANCIA

(29) A la incoación del procedimiento de examen por la Comisión siguieron varios anuncios relativos a la aplicación de otras medidas, no notificadas a la Comisión, en favor del sector del ganado porcino. Según informaciones publicadas en Francia a comienzos de enero de 1999, el Gobierno francés habría concedido una ayuda de aproximadamente 10 millones de francos franceses (alrededor de 1,5 millones de euros) en forma de una prima de 2 francos por kilo de cerdo pagada a algunos negociantes, con el fin de repercutir esta prima a través de los mataderos a los productores. El ministro francés de agricultura, señor Glavany, anunció, el 7 de abril de 1999, ayudas por un valor total de 140 millones de francos franceses (alrededor de 21,3 millones de euros) para ayudar directamente a las explotaciones de ganado porcino. Además, los productores franceses de cerdos anunciaron, el 28 de abril de 1999, una medida que consistía en la retirada de los animales del mercado mediante el sacrificio de cochinillos (80000 entre mayo y agosto de 1999). Por último, el 9 de diciembre de 1999, el señor Glavany presentó a los representantes de las organizaciones profesionales nacionales un mecanismo de acompañamiento de los criadores de ganado porcino en crisis consistente en créditos complementarios del mecanismo de ayuda a la resolución amistosa de las deudas, en el sector del ganado porcino, aplicado en la primavera de 1999, notificado a la Comisión el 5 de julio de 1999 y autorizado por ésta en el ámbito de la ayuda estatal N 405/99(4).

(30) La Comisión quiso disponer de una visión general de todas las medidas que las autoridades francesas habrían podido aplicar en favor del sector del ganado porcino para evitar, en particular, que las ayudas estatales para el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis pudieran concederse a los mismos beneficiarios reiteradamente, lo que violaría uno de los principios consagrados en las directrices comunitarias para la concesión de este tipo de ayudas. La Comisión se dirigió a las autoridades francesas en varias ocasiones (cartas de 11 de enero, 19 de abril, 16 de junio y 14 de diciembre de 1999) para solicitarles que confirmaran o infirmaran las informaciones relativas a esas nuevas ayudas y notificaran cualquier posible ayuda en favor del sector de ganado porcino.

(31) Las autoridades francesas respondieron, mediante carta de 16 de junio de 1999, que la medida relativa al sacrificio de cochinillos no había sido aplicada ni financiada por los poderes públicos y que se trataba de una medida exclusivamente interprofesional. Mediante carta de 24 de noviembre de 1999, confirmaron que en el momento más grave de la crisis, los poderes públicos se vieron obligados a anunciar una serie de medidas en favor de dicho sector. Sin embargo, al mejorarse la situación del mercado durante la primavera de 1999, gracias sobre todo a la aplicación del programa de ayuda alimentaria y a las herramientas de gestión comunitaria (restituciones), las autoridades francesas decidieron cancelar algunos de los mecanismos anunciados. Por ello, aparte de las medidas incluidas en el presente procedimiento, la única medida que se puso en marcha fue la ayuda por cese de actividad, notificada a la Comisión el 5 de julio de 1999 (véase el considerando 29). Sin embargo, hasta el momento, no se ha ofrecido ninguna respuesta con relación al plan presentado el 9 de diciembre de 1999.

VI

VALORACIÓN

(32) Según el apartado 1 del artículo 87 del Tratado, salvo excepciones previstas por dicho Tratado, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(33) El artículo 21 del Reglamento (CEE) n° 2759/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino(5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3290/94(6), establece por su parte que, salvo disposición en contrario de dicho Reglamento, los artículos 87, 88 y 89 del Tratado serán aplicables a la producción y al comercio de la carne de cerdo.

(34) Las medidas notificadas por Francia serían, en principio, ayudas en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado en la medida en que tienen como objetivo eximir a determinados productores de las cargas económicas y financieras frente a sus competidores que no reciben esta ayuda.

Stabiporc

(35) Ahora bien, por lo que respecta a Stabiporc, las autoridades francesas explicaron que la intervención estatal en favor de las empresas viables(7) se limitará a la concesión de un préstamo con un tipo de interés normal de mercado. Éstas aportaron la prueba de que el tipo de interés aplicado nunca es inferior al tipo de referencia vigente para los préstamos a un año o de una duración inferior. Además, en las relaciones contractuales entre Ofival y Stabiporc, se hará mención explícita de que en caso de impagados o de retrasos de pago en el reembolso del capital y los intereses del préstamo de Ofival, Ofival tendrá derecho a recuperar de las agrupaciones los importes debidos, más los intereses de demora. En estas condiciones, la Comisión descarta que se trate de una ventaja y, en consecuencia, de una ayuda. La Comisión está, pues, en condiciones de concluir que el sistema Stabiporc y sus disposiciones de aplicación, tal como están previstas en este momento por las autoridades francesas, cumplen las disposiciones del Tratado en el sentido de que el sistema está desprovisto de cualquier elemento de ayuda incluido en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado. En cualquier caso, si las autoridades francesas prevén conceder en el futuro préstamos que no cumplan estas condiciones, deberán informar al respecto a la Comisión.

(36) Se invita a las autoridades francesas a que envíen a la Comisión un informe anual en el que se recojan los detalles relativos al funcionamiento del sistema y, sobre todo, los anticipos abonados durante el ejercicio, los tipos de interés aplicados, los importes reembolsados o con retraso en el pago, los saldos de los anticipos, etc.

Aplazamiento de las cotizaciones sociales y recientes inversores

(37) Estas dos medidas tienen como finalidad eximir a algunos productores de las cargas económicas y financieras, lo que implica favorecerles con respecto a los competidores que no reciben esta ayuda. Por consiguiente, ambas medidas falsean o amenazan con falsear la competencia en el sentido antes citado y, por ello, se incluyen dentro de la definición de ayudas estatales establecida en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

(38) Parece que estas ayudas pueden afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros en la medida en que favorecen la producción nacional en detrimento de la producción de los demás Estados miembros. De hecho, el sector del ganado porcino se encuentra especialmente abierto a la competencia a escala comunitaria, y por ende en Francia, por lo que es un sector muy sensible a cualquier medida en favor de la producción en cualquier país.

(39) El cuadro siguiente muestra el nivel de los intercambios comerciales entre Francia y los demás Estados miembros en el sector de la carne de porcino:

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

(40) No obstante, existe una serie de excepciones al principio de incompatibilidad enunciado en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

(41) Manifiestamente, las excepciones a dicho principio previstas en el apartado 2 del artículo 87 no son aplicables. Tampoco han sido invocadas por las autoridades francesas.

(42) Las excepciones establecidas en el apartado 3 del artículo 87 deben interpretarse estrictamente al examinar cualquier programa de ayudas de finalidad regional o sectorial o cualquier caso concreto de aplicación de regímenes generales de ayuda. En particular, sólo pueden aplicarse si la Comisión comprueba que la ayuda es necesaria para la consecución de uno de los objetivos considerados. Conceder el beneficio de dichas excepciones a ayudas que no conlleven tal contrapartida equivaldría a autorizar alteraciones de los intercambios entre Estados miembros y distorsiones de competencia sin ninguna justificación desde el punto de vista del interés comunitario y, correlativamente, ventajas indebidas para los operadores de determinados Estados miembros.

(43) La letra c) del apartado 3 del artículo 87 establece que pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(44) Por lo que se refiere más concretamente a la medida consistente en un aplazamiento de las cotizaciones sociales, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia(8), determinadas facilidades de pago de las cotizaciones a la seguridad social concedidas a una empresa de forma discrecional por el organismo encargado de su recaudación constituyen una ayuda estatal de conformidad con el apartado 1 del artículo 87 del Tratado si, teniendo en cuenta la importancia del beneficio económico así concedido, la empresa no hubiera podido obtener facilidades comparables de un acreedor privado que se encontrara en la misma situación que el organismo recaudador con respecto a ella. En ningún momento, las autoridades francesas han defendido que estas relaciones no se incluyan en la noción de ayudas estatales. Además, la Comisión no dispone de elementos que le permitan llegar a la conclusión de que la medida en cuestión no se incluye dentro de la noción de ayuda estatal.

(45) La ayuda que nos ocupa debe evaluarse precisamente al amparo de esta disposición y de aquéllas de carácter especial.

(46) Al incoar el procedimiento, la Comisión consideró que, en la medida en que las empresas beneficiarias sean establecimientos rentables que no hayan sido objeto de un plan de reestructuración o salvamento, no resulta aplicable la excepción prevista en la letra c) (primera parte de la primera frase) del apartado 3 del artículo 87. Sin embargo, las autoridades francesas consideraron, posteriormente, que las ayudas deben examinarse a la luz de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.

(47) Para poder aceptar los regímenes de ayudas de salvamento y de reestructuración es condición imprescindible que los beneficiarios sean pequeñas y medianas empresas en el sentido de la definición comunitaria. Las pequeñas empresas agrarias son aquellas que emplean un máximo de diez unidades de trabajo anuales. La información enviada por las autoridades francesas señala que, por lo que respecta a la medida "recientes inversores", los beneficiarios son pequeñas empresas agrarias, pero no se ofrece ninguna precisión con respecto a la medida "aplazamiento de las cotizaciones sociales personales". En el caso de que la medida se dirigiera a empresas distintas de las pequeñas empresas agrarias, las autoridades francesas deberían haber notificado la medida de forma individual con respecto a cada uno de los beneficiarios.

(48) De acuerdo con las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, este tipo de ayudas debe cumplir los requisitos siguientes:

a) Existencia de dificultades financieras

(49) Según las Directrices de la Comunidad para este tipo de ayudas, la Comisión considera que una empresa se encuentra en crisis "si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a aportarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo.".

(50) De la información facilitada por las autoridades francesas no puede deducirse que las empresas beneficiarias se encuentren en dificultades financieras. Se pretende conceder ayudas a explotaciones que pasan por situaciones financieras delicadas sin que la gravedad de las mismas ponga siempre en peligro su viabilidad.

i) En el caso del aplazamiento de las cotizaciones sociales personales, la medida tendría como objetivo evitar repercusiones indeseables, como la pérdida de toda la cobertura social que podría acarrear el impago de las cotizaciones por parte de los agricultores.

La Comisión, si bien acepta que la situación actual que atraviesa el sector puede poner en una situación difícil a algunos productores, considera que el hecho de que una de las condiciones para poder beneficiarse de la ayuda sea la viabilidad de la empresa sitúa al régimen en contradicción directa con las normas comunitarias aplicables a las empresas en crisis. Estos productores atraviesan una situación coyuntural problemática, pero su supervivencia no parece estar amenazada por esas dificultades y, por lo tanto, no se justificaría una intervención estatal.

ii) La aplicación de la segunda medida, inversores recientes, tampoco deja translucir que todos los productores en cuestión se encuentren en una situación que pueda acarrear la bancarrota de sus explotaciones. La Comisión se refiere a la descripción de la medida hecha en los considerandos 17 a 20 y al considerando 27 en lo que respecta a las alegaciones francesas.

(51) En resumen, la Comisión considera inadecuado aplicar, en este caso concreto, las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. Las autoridades francesas, en su carta de 12 de febrero de 1999, intentan demostrar que se cumplen algunas de las condiciones que regulan este tipo de ayuda, pero sin embargo no precisan quiénes son los beneficiarios que pueden acogerse a la misma desde el punto de vista de las normas comunitarias. Las dudas de la Comisión, en cuanto a la situación financiera de cada beneficiario, persisten en lo que respecta a la situación anterior a la incoación del procedimiento (considerando 46).

(52) Por otra parte, la Comisión desea precisar que los argumentos presentados por las autoridades francesas en su notificación inicial y los presentados a raíz de la incoación del procedimiento parecen ser contradictorios. Los primeros no dejan traslucir una situación que pueda ocasionar siempre la muerte económica de la empresa y las ayudas no se presentan como medidas de salvamento y de reestructuración de las empresas correspondientes. Los segundos dejan suponer que las empresas atraviesan por dificultades económicas cuando afirman que el objetivo de la auditoría es evaluar la capacidad del ganadero para afrontar las dificultades coyunturales. Además, no se presenta ningún argumento para sostener esta afirmación e inferir el cumplimiento de la condición de la existencia de dificultades financieras. El carácter coyuntural de las dificultades, tal y como lo presentan las autoridades francesas, corrobora los argumentos expuestos por la Comisión en los considerandos 49 y 50.

b) Restablecimiento de la viabilidad de la empresa a largo plazo

(53) La ayuda de reestructuración deberá estar vinculada a un programa viable de reestructuración o de recuperación que deberá presentarse a la Comisión con todas las precisiones necesarias y ser aprobado por ésta. Este plan deberá permitir restablecer la competitividad de la empresa en un plazo razonable, su duración deberá ser lo más breve posible y deberá incluir un estudio de mercado que contenga una serie de elementos que se especifican en el anexo I de las Directrices. Además, la viabilidad de la empresa deberá derivarse principalmente de las medidas internas contenidas en el plan de reestructuración y, por consiguiente, sólo podrá basarse en factores externos, como la evolución del mercado, sobre los que la empresa apenas puede influir.

(54) Las autoridades francesas señalan que, en el caso de ambas medidas, se realizaron auditorías de cada beneficiario potencial, con la finalidad de evaluar qué agricultores presentan una situación con visos de recuperación (considerandos 26 y 27).

(55) Incluso en el supuesto de que se cumpla la condición contemplada en la letra a), la Comisión considera que la información facilitada no permite sacar una conclusión sobre esta condición, ya que la auditoría de las explotaciones no puede asimilarse a un plan de reestructuración. La auditoría únicamente sirve para certificar la situación económica de la explotación y, todo lo más, comprobar su grado de solvencia, pero no permite garantizar su retorno a la viabilidad a largo plazo. De este modo, la auditoría se limitaría a descartar del beneficio de la ayuda a toda explotación inviable en el momento actual, sin acometer sin embargo, mediante un plan de acción, la viabilidad a largo plazo de numerosas empresas en una situación de excedentes de producción y de crisis cíclicas. La naturaleza de las ayudas notificadas por Francia se aproxima, de facto, a la de las ayudas de salvamento, en el sentido de que pretenden remediar, temporalmente, una situación de crisis económica declarada en numerosos productores, sin que se desarrolle la propia reestructuración mediante un plan ni se garantice a través de las medidas propuestas. Según las Directrices comunitarias, las ayudas de salvamento son ayudas transitorias que permiten mantener activa una empresa en crisis durante un período correspondiente al plazo necesario para la elaboración de una plan de reestructuración o de liquidación o al plazo necesario para que la Comisión tome una decisión sobre dicho plan.

(56) Los planes de reestructuración deben servir, principalmente, para programar las medidas que deben adoptarse para restablecer la competitividad de las explotaciones en un plazo razonable. Por consiguiente, vista la naturaleza de las empresas en cuestión y el medio en el que funcionan, la Comisión considera que el retorno a la viabilidad de las empresas afectadas no está garantizado por el simple desahogo financiero coyuntural de las mismas gracias a una auditoría financiera.

c) Prevención de falseamientos indebidos de la competencia en un sector caracterizado por un exceso estructural de capacidad mediante una reducción o un cierre irreversible de las capacidades de producción

(57) Las autoridades francesas hacen valer la excepción para el sector agrario prevista en el inciso i) de la letra c) del punto 3.2.5. de las Directrices [inciso i) de la letra c) del punto 5.4. de las nuevas Directrices] para las medidas que tengan por objeto una determinada categoría de productos u operadores. Cuando la totalidad de las decisiones adoptadas en favor de todos los beneficiarios durante un período de doce meses consecutivos no suponga una cantidad de productos que supere el 3 % de la producción anual de dichos productos en ese Estado miembro, la Comisión, siempre que se cumplan todas las demás condiciones, renunciará a la exigencia de reducir la capacidad de producción (considerandos 26 y 27).

(58) La Comisión no tiene nada que objetar a los datos aportados sobre la medida "recientes inversores". Sin embargo, los relativos a la ayuda "aplazamiento de las cotizaciones sociales" se refieren únicamente a la proporción de la ayuda con relación al valor del 3 % de la producción total nacional. Ahora bien, el elemento importante para la excepción contemplada en el considerando 57 es la cantidad de productos afectados por la ayuda en relación con la producción anual. Los datos ofrecidos no precisan, sin embargo, el número de animales afectados por la ayuda. Debido a esta falta de información, la Comisión no está en condiciones de verificar el cumplimiento de esta condición.

(59) Aunque se acepte que desde un punto de vista puramente aritmético, y a la vista de las cifras eventualmente presentadas por Francia, esta condición puede cumplirse, la Comisión sigue sin poder renunciar a esta exigencia ya que las condiciones contempladas en las letras a) y b) no se cumplen.

d) Principio de ayuda única

(60) Incluso en la hipótesis de que se cumpla la condición contemplada en la letra a), el incumplimiento de la condición contemplada en la letra b) pone en peligro el cumplimiento de este principio. La inexistencia de un plan de viabilidad es un elemento que plantea dudas sobre la recuperación y la viabilidad de las empresas a largo plazo. Más aún cuando la aplicación de los regímenes notificados en un ambiente de crisis global y cíclica del sector del ganado porcino no garantiza que, en el futuro, las propias explotaciones puedan verse enfrentadas de nuevo a situaciones de dificultad financiera coyuntural que podrían incitar al Estado a intervenir una vez más en su favor.

e) La ayuda debe ser proporcional a los costes y ventajas de la reestructuración

f) Aplicación íntegra del plan de reestructuración e informe anual a la Comisión Europea

(61) El incumplimiento de las condiciones contempladas en las letras a), b) y d) hace inútil la valoración de estas dos condiciones. Por lo que se refiere más concretamente a la letra e), y para limitar el importe y la intensidad de la ayuda al mínimo estrictamente necesario, la Comisión recuerda que los beneficiarios de las ayudas deberán contribuir de forma importante al plan de reestructuración con cargo a sus propios recursos o mediante financiación externa obtenida en condiciones de mercado. Este punto no ha sido planteado por las autoridades francesas. De otro lado, el compromiso de las autoridades francesas de cumplir la condición contemplada en la letra f) implica previamente, para su aceptación, el cumplimiento del resto de las condiciones mencionadas.

(62) En lo que respecta al cumplimiento de los principios que acaban de ser expuestos por el régimen objeto de examen, la Comisión considera que las autoridades francesas no han conseguido demostrar el carácter "difícil" de la situación económica del conjunto de las empresas en cuestión. Aunque se hubiera demostrado dicho carácter, tampoco han presentado, en ningún momento del procedimiento y a pesar de las solicitudes de la Comisión, un plan de saneamiento de las empresas en cuestión. De todo ello se deduce que las ayudas sólo podían provocar el desahogo temporal de la falta de liquidez de algunos productores, sin por ello adoptar las medidas necesarias para garantizar su competitividad a largo plazo. La repercusión sobre la competencia no está compensada por la existencia de un plan de futuro concreto. La Comisión tampoco conoce el tamaño de las empresas incluidas en la medida "aplazamiento de las cotizaciones sociales". Esta conclusión sobre el régimen no prejuzga la valoración de posibles casos individuales, no notificados por las autoridades francesas, que cumplan las exigencias de las Directrices comunitarias.

(63) Por otra parte, la Comisión recuerda que, en relación con el comentario de las autoridades francesas al considerando 19, la decisión favorable de 27 de julio de 1994 (ayuda NN 116/93, posteriormente C 9/94) se adoptó basándose en criterios(9) que ya no se aplican al sector agrario desde el 1 de enero de 1998(10) para poder considerar este tipo de ayudas compatibles con el mercado común.

(64) Las autoridades francesas opinan que se cumplen los criterios de las Directrices, subrayando al mismo tiempo la escasa repercusión de la medida en términos de falseamiento de la competencia.

(65) Sin embargo, según las Directrices comunitarias, el principio básico que rige este tipo de ayudas es el de autorizar una ayuda de reestructuración únicamente cuando pueda demostrarse que su concesión no es contraria al interés comunitario. Ello sólo será posible cuando la ayuda cumpla una serie de requisitos estrictos y se tengan garantías de que los posibles falseamientos de la competencia quedarán compensados por las ventajas que implica el mantenimiento de la actividad de la empresa y, en su caso, por contrapartidas suficientes para los competidores.

(66) Ahora bien, las medidas propuestas por las autoridades francesas son una respuesta directa a la situación de crisis existente en el sector del ganado porcino como consecuencia de la caída del precio del cerdo a escala europea (considerando 7). La Comisión cree que, en tal situación, cualquier medida que favorezca a una u otra empresa puede crear falseamientos de la competencia particularmente graves en un sector tan sensible y con un exceso de producción permanente como el del ganado porcino, y que otras empresas comunitarias que se encuentran en la misma situación pueden verse especialmente afectadas. Por ello, únicamente las medidas adoptadas en el ámbito de la política agrícola comunitaria y, más concretamente, en el ámbito de la organización común de mercado correspondiente pueden garantizar que se tienen en cuenta los intereses globales de los agentes económicos de este mercado. Cabe recordar a este respecto que el recurso de un Estado miembro a las disposiciones de los artículos 87, 88 y 89 del Tratado no puede prevalecer sobre las del Reglamento que regula la organización del mercado en cuestión(11). Su aplicación queda sujeta a las disposiciones establecidas por los Reglamentos correspondientes. La Comisión no puede aprobar una ayuda que, por su naturaleza(12), es incompatible con las disposiciones que regulan una organización común de mercado o que dificulta el correcto funcionamiento de la misma.

(67) Basándose en la información disponible, y teniendo en cuenta al mismo tiempo la situación de crisis en la que se ha adoptado la medida y consciente de las presiones ejercidas sobre varios Gobiernos de Estados miembros de la Comunidad para que éstos adopten medidas nacionales en favor de dicho sector, la Comisión cree que las ayudas previstas se asemejan a un acto de socorro inducido por la crisis del sector del ganado porcino que no podría ser considerado parte integrante de un verdadero plan de reestructuración en favor de las empresas en cuestión. Por consiguiente, la Comisión debe concluir que las medidas previstas no pueden beneficiarse de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 87, que prevé que pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Por este motivo, se consideran ayudas de funcionamiento incompatibles con el Tratado.

VII

CONCLUSIÓN

(68) La medida notificada por Francia consistente en reactivar el sistema de anticipos reembolsables de la Caisse professionelle de régulation porcine (Stabiporc), en las condiciones previstas actualmente por sus autoridades, no constituye una ayuda estatal en el sentido de los artículos 87 a 89 del Tratado.

(69) Los regímenes de ayuda que consisten, respectivamente, en un aplazamiento de las cotizaciones sociales y en la concesión de ayudas en favor de inversores recientes no pueden beneficiarse de la excepción prevista en el apartado 3 del artículo 87 del Tratado, ya que no se cumplen todas las condiciones previstas en las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. Por este motivo, son incompatibles con el Tratado y no pueden aplicarse.

(70) En caso de incompatibilidad de las ayudas con el mercado común, el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del Tratado CE(13), establece que la Comisión decida que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda. Esa recuperación es precisa para restablecer la situación precedente, de modo que queden eliminadas todas las ventajas económicas de las que el beneficiario de la ayuda otorgada de forma ilegal se hubiera beneficiado indebidamente a partir de la fecha de concesión de la misma.

(71) Sin embargo, habida cuenta de que hasta el momento no se han aplicado las medidas notificadas, hecho confirmado por la carta de las autoridades francesas de 24 de noviembre de 1999 en la que afirman que, en lo que se refiere a las medidas adoptadas en el ámbito de la crisis porcina, "al final, la única medida adoptada ha sido la ayuda para el cese de actividad, notificada el 5 de julio de 1999 (C 405/99)" y que "no se ha concedido ninguna ayuda de salvamento ni de reestructuración", no procede decidir sobre una posible recuperación de las ayudas.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1. La medida notificada por Francia, consistente en reactivar el sistema de anticipos reembolsables de la Caisse professionelle de régulation porcine (Stabiporc), en las condiciones previstas por sus autoridades, no constituye una ayuda estatal en el sentido de los artículos 87 a 89 del Tratado.

2. Los regímenes de ayuda que consisten, respectivamente, en un aplazamiento de las cotizaciones sociales y en una ayuda en favor de inversores recientes no pueden beneficiarse de la excepción prevista en el apartado 3 del artículo 87 del Tratado y, por este motivo, constituyen ayudas de funcionamiento incompatibles con el Tratado.

Artículo 2

Francia deberá suprimir los regímenes de ayudas contemplados en el apartado 2 del artículo 1.

Artículo 3

1. Francia informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, de la medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.

2. Las autoridades francesas entregarán a la Comisión un informe anual en el que se especifiquen los detalles relativos al funcionamiento del sistema de anticipos reembolsables de la Caisse professionnelle de régulation porcine, incluyendo en el mismo, en particular, el importe de los anticipos durante el ejercicio, los tipos de interés aplicados, los importes reembolsados y los retrasos en los pagos así como el saldo de los anticipos. Estas informaciones deberán incluir los elementos necesarios que permitan a la Comisión constatar que las empresas que se han beneficiado del régimen son empresas viables de acuerdo con la definición incluida en las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será la República Francesa.

Hecho en Bruselas, el 11 de abril de 2000.

Por la Comisión

Franz Fischler

Miembro de la Comisión

(1) DO C 61 de 3.3.1999, p. 7.

(2) Decisiones de la Comisión de 27 de julio de 1994, DO L 335 de 23.12.1994, p. 82 (ayuda C 8/94) y de 31 de octubre de 1995, DO L 114 de 8.5.1996, p. 26 (ayuda C 38/94).

(3) DO C 283 de 19.9.1997, p. 2. Estas Directrices fueron sustituidas por una nueva versión (DO C 288 de 9.10.1999, p. 2).

(4) Carta de la Comisión SG(99) D/8509 de 25 de octubre de 1999, a las autoridades francesas.

(5) DO L 282 de 1.11.1975, p. 1.

(6) DO L 349 de 31.12.1994, p. 105.

(7) Por empresa viable debe entenderse cualquier empresa que no sufra dificultades económicas en el sentido de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis

(8) Sentencia de 29 de junio de 1999, asunto C-256/97: Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), Recopilación 1999, p. I-391).

(9) Criterios de la Comisión relativos a las cargas financieras de los préstamos en vías de amortización para inversiones ya realizadas, SG(89) 343/2 de 7 de marzo de 1989.

(10) Fecha de entrada en vigor, para este sector, de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.

(11) Sentencia de 26 de junio de 1979 en el asunto cerdos y beicon, Comisión contra McCarren and Company Limited, (Recopilación 1979, p. 2161).

(12) Véase el considerando 69.

(13) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.